Court Opinion

ID: 9928598
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:32.045784+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:17.678922
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

                                                    Revisión
   DEPARTAMENTO DE LA                               administrativa
       VIVIENDA P/C                                 procedente     del
    ADMINISTRACIÓN DE                               Departamento de
     VIVIENDA PÚBLICA                               la       Vivienda,
        RECURRIDO                                   Administración de
                                                    Vivienda Pública
                   V.             KLRA202300560
                                                    Querella Núm.
                                                    Q-01-2023
 WANDA JOHANNES MOTTA
     RECURRENTE                                     SOBRE:
                                                    24 CFR 982-551
                                                    No         reportar
                                                    ingresos, actividad
                                                    criminal violenta

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

      Comparece Wanda Johannes Motta (recurrente o Johannes

Motta,) y nos solicita la revocación de la Resolución emitida el 27 de

septiembre de 2023 por la Administración de Vivienda Pública

(recurrido o AVP). Mediante el referido dictamen, la AVP denegó una

solicitud de reconsideración, correspondiente a la determinación

emitida el 23 de agosto de 2023, en la cual la agencia recurrida,

ordenó la cancelación del subsidio para el pago de la renta de

vivienda otorgado al amparo de la Sección 8 de la Ley Federal de

Vivienda y Desarrollo Urbano, según enmendada, 42 USC 1437 (b);

24 CFR sec. 880 et seq.

      Por    los    fundamentos   que   exponemos   a   continuación,

confirmamos el dictamen impugnado. Veamos.

                                   I

      El 19 de diciembre de 2022, la AVP, por conducto de la señora

Doris Grau, supervisora del Programa de Vales para la Libre

Número Identificador

SEN2023________
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Selección de la región de Carolina, le remitió a Johannes Motta, una

Notificación de Cancelación de Subsidio. En la misma se le informó

que su contrato de arrendamiento para la vivienda sita en Carolina

sería cancelado debido a que no cumplió con el proceso de

recertificación anual. Lo antes, específicamente por haber omitido

reportar lo ingresos de su hijo, el señor Juan A. Gerena Johannes y

a su vez, por la señora Johannes y su hijo haber incurrido en

conducta violenta al agredir físicamente a una vecina de éstos.

Inconforme, el 2 de diciembre de 2022, Johannes Motta solicitó la

celebración de una vista administrativa con el fin de exponer su

oposición e interés en seguir ocupando la vivienda arrendada.

      Así las cosas, el 27 de abril de 2023, se celebró la vista

administrativa durante la cual testificaron la peticionaria y la

funcionaria del Programa Vales de AVP. Evaluada lo anterior, así

como la prueba documental presentada, el 23 de agosto de 2023, se

emitió la determinación mediante la cual la agencia consignó diez

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Basado en

ello, ordenó la cancelación del subsidio según las disposiciones del

Fair Housing Act 45 USC sec. 3600 et. seq.

      Por estar en desacuerdo, Johannes Motta instó un petitorio

de reconsideración. En esta sostuvo que le violaron sus derechos el

día de la vista administrativa. Arguyó que las determinaciones de

hechos no son ciertas en su totalidad ya que el video que se llevó a

la oficina de la región de Carolina estaba alterado, que se le está

penalizando por información no corroborada donde envuelve al

investigador Fernando Fernández, el agente Ángel Rojas y personas

influyentes en el Departamento de la Vivienda. Informó que, la

técnica, Maribel Rosario de la región de Carolina, tiene vasto

conocimiento de las veces que acudió a la Oficina Regional a llevar

los documentos necesarios y no fueron recibidos.

      Tras analizar los planteamientos de la peticionaria, la

totalidad del expediente y el derecho aplicable, la agencia, por voz
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de la subadministradora, emitió la Resolución recurrida en la que

denegó la reconsideración y sostuvo la cancelación en controversia.

En particular, consignó que el 15 de febrero de 2023, la señora

Johannes Motta se declaró culpable de violación al artículo 108 del

Código Penal de 20121 en el caso número F MG2022M0340, en la

Sala Superior de Carolina del Tribunal de Primera Instancia. El hijo

de la señora Johannes, el señor Juan A. Gerena Johannes, se

declaró culpable de violación al mismo artículo 108, en el caso

número F MG2022M0339, en la sala superior de Carolina del

Tribunal de Primera Instancia. A su entender, dicha actuación fue

constitutiva de violencia física, la cual comprometió la salud, la

seguridad, el bienestar y el disfrute de la paz del hogar de sus

vecinos, según lo dispone la sección IV(B) del Plan Administrativo

para la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico,

Programa de Vales para la Libre Selección de Vivienda / Sección 8.

Determinó que, lo antes reseñado constituye fundamento para no

aprobar la admisión al programa de Administración de Vivienda

Pública. Además, señaló que, Johannes Motta omitió reportar los

ingresos de su hijo adulto, quien conforma parte de la unidad

familiar por los pasados dos procesos de reexamen, según lo dispone

la sección VIII(C) del Plan Administrativo. En particular lo

establecido en el inciso (b) de la sección 982.551 del Título 24 el

Código de Reglamentos Federales, 24 CFR sec. 982.551 (b), que

establece la obligación que tiene el participante de suplir a la agencia

cualquier información necesaria para          la administración del

Programa Sección 8.

      Inconforme, la señora Johannes Motta acude ante esta Curia

mediante el recurso de epígrafe y señala que:

      Erró el Departamento de Vivienda al considerar prueba
      de referencia para emitir su determinación en violación
      al debido proceso de ley y al derecho de la apelante a
      contrainterrogar y refutar evidencia en su contra.

1 33 LPRA 5161.
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      Erró el Departamento de Vivienda al tomar en
      consideración la alegación de culpabilidad de un delito
      menos grave de la parte apelante para justificar la
      cancelación del subsidio.
      Erró el Departamento de Vivienda al delegar en la
      subadministradora      de    la   propia agencia,   la
      consideración de la solicitud de reconsideración, pues
      esta funcionaria no es un juzgador imparcial según
      requerido por la legislación federal.

      En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 7 de

noviembre AVP presenta su Alegato el 27 de noviembre de 2023, por

lo que, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

resolvemos.

                                II

   A. Revisión Judicial y la doctrina de deferencia judicial

      La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. Véase, además, OEG

v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022), citando a AAA v. UIA,

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006c de la Ley Núm. 201-2003, Ley

de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y y la Regla 56 del Reglamento de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.56.

      La finalidad de la revisión judicial es asegurar que los

organismos administrativos actúen conforme a las facultades

concedidas por ley. OEG v. Martínez Giraud, supra. Es norma

reiterada que, al revisar las determinaciones de los organismos

administrativos, los tribunales apelativos le conceden deferencia,

por la experiencia y el conocimiento especializado que estos

poseen. Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, 2023

TSPR 6, resuelto el 20 de enero de 2023.

      Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial
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que obra en el expediente administrativo". Super Asphalt v. AFI y

otro, 206 DPR 803, 820 (2021). Como vemos, la norma anterior

nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal Supremo ha

resuelto con igual firmeza que, los tribunales no podemos imprimirle

un   sello    de   corrección,   so   pretexto   de   deferencia,   a   las

determinaciones o interpretaciones administrativas irrazonables,

ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Graciani Rodríguez v.

Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019).

      Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. La intervención

judicial en las determinaciones administrativas debe ocurrir cuando

la decisión administrativa no se fundamente en evidencia sustancial

o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de la ley. Rolón

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018), citando a OCS

Universal, 187 DPR 164, 179 (2012). De otra parte, "los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd., págs. 36-

37. Lo anterior responde a la experiencia y al conocimiento

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son

encomendados. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581,

591 (2020).

      Por consiguiente, dada la presunción de corrección y

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas

por las agencias administrativas, estas deben ser respetadas

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra,

pág. 128, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Al

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe
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guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación. Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

      Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

      Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd.

Por tanto, las determinaciones de hecho deberán sostenerse siempre

que estén fundamentadas en evidencia sustancial que surja de la

totalidad   del   expediente   administrativo. Capó     Cruz   v.   Jta.

Planificación et al., supra.

      Así las cosas, cuando una parte afectada por un dictamen

administrativo impugne las determinaciones de hecho, esta tiene la

obligación de derrotar con suficiente evidencia que la decisión del

ente administrativo no está justificada por una evaluación justa del

peso de la prueba ante su consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161

DPR 69, 77 (2004). Véase, también, OEG v. Martínez Giraud, supra.

De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR

98, 118 (2003).

   B. Apreciación de la prueba y las Reglas de Evidencia en
      casos Administrativos

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que “[l]a tarea

de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió
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depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la

prueba presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el

comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio y

escuchar su voz”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 778-779

(2022), citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

771 (2013).

      Como regla general, los tribunales apelativos aceptan como

correctas las determinaciones de hechos de los foros inferiores, sin

intervenir con la apreciación y la adjudicación de credibilidad que

realiza el juzgador de los hechos en relación con la prueba

testifical. Pueblo   v.   Hernández   Doble,   210   DPR   850,   864

(2022); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

Sin embargo, esta regla cede si se demuestra que, el juzgador actuó

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error

manifiesto. Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra.

      Como se sabe, es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico que, los tribunales apelativos intervienen con la

apreciación de la prueba cuando: (1) el apelante demuestra la

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto; o (2)

la apreciación de la prueba no concuerda con la realidad fáctica o

esta es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Arlequín

Vélez, 204 DPR 117, 148 (2020). A esos efectos, la parte que

impugne la apreciación de la prueba es la parte encargada de

señalar y demostrar la base para la intervención apelativa. Pueblo v.

Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986).

      Por ello, la ausencia de la transcripción de la prueba oral

imposibilita que los foros revisores puedan descartar la apreciación

razonada y fundamentada de la prueba que realizó el juzgador de

los hechos. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281,

289 (2011). La intervención con la apreciación de la prueba, sin el

beneficio de la transcripción, regrabación o exposición narrativa,
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conllevaría fundamentar el dictamen en hipótesis o conjeturas sobre

lo ocurrido durante la vista o juicio. Íd.

      De otra parte y atinente al recurso ante nos la LPAU, en el

inciso (e) de la Sección 3.13, establece que las Reglas de Evidencia

no son aplicables en los procedimientos administrativos de carácter

adjudicativo. 3 LPRA sec. 9653. Allí, se expresa lo siguiente:

      […]
      e. Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas
      administrativas, pero los principios fundamentales de
      evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida,
      justa y económica del procedimiento.

      Nuestro más alto foro también ha dejado claro que

las Reglas de Evidencia no       aplican      en      los     procedimientos

administrativos. Torres Santiago v. Dept. de Justicia, 181 DPR 969

(2011); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005) (per curiam). De esta

manera, y debido al “carácter informal y flexible, que distingue a los

procesos administrativos, permite que el juzgador de hechos

conozca      toda   la   información     pertinente    para     dilucidar   la

controversia que tiene ante sí”. Otero v. Toyota, supra, pág. 733. En

cuanto a prueba de referencia en particular, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha dicho que esta no solo es admisible en un

procedimiento administrativo, sino que las agencias pueden

descansar solo en prueba de referencia al tomar determinaciones,

incluso cuando esta ha sido contradicha, siempre y cuando “la

prueba de referencia es del tipo que un hombre prudente y razonable

descansa en ella para llevar a cabo sus negocios”. Torres Santiago v.

Dept. de Justicia, supra, pág. 1005 (citando a Otero v. Toyota, supra,

pág. 734).

                                   III

      Se discutirán los primeros dos señalamientos de error por

estar relacionados entre sí. En su primer señalamiento de error,

Johannes Motta plantea que incidió la AVP y se le violó el debido

proceso de ley al considerar prueba de referencia para emitir su

determinación, mientras que, en su segundo señalamiento de error,
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plantea que erró la AVP al tomar en consideración la alegación de

culpabilidad de un delito menos grave de la parte apelante para

justificar la cancelación del subsidio.

       Conforme reseñamos en la normativa aplicable a la presente

causa,      las   reglas   de   evidencia no   son   aplicables   en   los

procedimientos administrativos de carácter adjudicativo. De una

revisión del recurso colegimos que la agencia recurrida no incidió al

admitir prueba según presentada. En particular, la juzgadora de los

hechos se ciñó a los datos que surgen del expediente administrativo

ante su consideración. Añádase a ello que, la LPAU, en el inciso (d)

de la Sección 3.13, supra, establece que un funcionario que presida

la vista podrá tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudiera

ser objeto de conocimiento judicial en los tribunales de justicia. Por

ello, colegimos que la agencia recurrida podía tomar conocimiento

del proceso criminal y la alegación de culpabilidad de la señora

Johannes Motta y Gerena Motta en los casos F MG2022M0340 y

F M2022M0339 en violación al art. 108 del Código Penal de 2012

(Agresión)2 para sustentar la determinación administrativa. Por ello,

concluimos que, no se cometieron los primeros dos señalamientos

de error.

       Con relación al tercer señalamiento de error la peticionaria

cuestiona la participación de la subadministradora en la etapa

procesal correspondiente a la reconsideración. No le asiste la razón.

Como bien nos señala la parte recurrida, el Artículo 4 (f) de la ley

habilitadora de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto

Rico Ley 66-1989, según enmendado, 17 LPRA 1004a faculta al

Administrador asignar tareas, deberes y responsabilidades a los

funcionarios y empleados de la Administración. A esos efectos, no

identificamos impedimento alguno de que la reconsideración fuera

atendida por la subadministradora de AVP.3

2 33 LPRA sec. 5161.
3Véase además el Reglamento Número 5856, conocido como Reglamento de
Querellas y Señalamientos Programa de Subsidio de Vivienda.
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      Por último, es preciso señalar que, la recurrente omitió

presentar la transcripción de la vista celebrada ante la agencia de

conformidad con la Regla 66 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66. Al así actuar, la recurrente

falló en cumplir con su obligación de poner a esta Curia en posición

de examinar la apreciación de la prueba que realizó el AVP y si sus

determinaciones de hechos están sostenidas por la prueba. En su

consecuencia no cede la presunción de corrección de éstas. De otra

parte, al revisar las conclusiones de derecho no identificamos que el

foro administrativo haya errado en su análisis, al determinar que, la

falta de notificación de cambio de ingreso y los actos de violencia

que conllevaron convicciones de índole penal contra la recurrente y

su hijo, resultan suficientes para sostener la legitimidad de la

determinación administrativa recurrida.

       Tampoco identificamos que el organismo administrativo haya

actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegalmente en su

Resolución. Siendo así, concluimos que, la recurrente no nos ha

puesto en posición para concluir que los errores imputados se hayan

cometido y mucho menos, para derrotar la presunción de corrección

y   legalidad    atribuible    a   la    determinación   administrativa

impugnada.

                                    IV
      Por       los      fundamentos       expuestos,     confirmamos

la Resolución recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones