Court Opinion

ID: 9916138
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:24:28.331875+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:07.721177
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL V

HV MECHANICS; HÉCTOR                                 Apelación
O. VARGAS VILLANUEVA                                 procedente del
                                                     Tribunal de Primera
           Apelados                                  Instancia, Sala
                                                     Superior de Cabo
                v.                                   Rojo

 MUNICIPIO DE CABO                KLAN202300920
  ROJO; HON. JORGE                                   Caso Núm.:
MORALES WISCOVICTH,                                  MZ2021CV01339
ALCALDE MUNICIPIO DE
     CABO ROJO
                                                     Sobre:
           Apelante                                  Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

        Comparece el Municipio Autónomo de Cabo Rojo (en adelante

parte apelante y/o Municipio), mediante un recurso de Apelación,

para solicitarnos la revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo (en adelante, TPI)

el 27 de junio de 2023, notificada el 7 de julio de 2023.1 Mediante el

dictamen apelado, el tribunal a quo declaró Ha Lugar una Demanda

en cobro de dinero y condenó al Municipio a pagar la suma de

$18,650.00 dólares, desglosados de la siguiente forma: $17,250.00

dólares por el PO 20210811 y $1,400.00 dólares por el PO

20211126, más el 4.5% por concepto de interés legal según

dispuesto por el Comisionado de Instituciones Financieras, desde la

presentación de la Demanda hasta su satisfacción total.2

        Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia apelada.

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 9-14.
2 Id., a la pág. 14.

Número Identificador

SEN2023______________
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                                   I

        El 15 de octubre de 2021, HV Mechanics y el señor Héctor O.

Vargas Villanueva (en adelante, señor Vargas Villanueva) (en

conjunto, parte apelada) presentaron una Demanda jurada en cobro

de dinero.3 El señor Vargas Villanueva es el dueño de la corporación

HV Mechanics.4 Adujo que el Municipio le adeudaba la suma de

$18,650.00 dólares por concepto de servicios prestados de mecánica

para reparar el motor del Camión Ganchero MU-13049 (Req. –

20210828) con número de orden PO 20210811, los cuales fueron

presuntamente claramente evidenciados y aprobados por el

Departamento de Finanzas y prestados entre diciembre del año

2020 y marzo del año 2021.5 Alegó que el Municipio, a pesar de los

requerimientos de pago, se negó a pagar la deuda y que la misma

era líquida y exigible.6 La parte apelada solicitó que se declarara Ha

Lugar la Demanda y en consecuencia se ordenara el pago de debido

así como una suma por concepto de honorarios de abogados de

$5,000.00 dólares, intereses sobre dichas sumas a partir de la fecha

de radicación, más las costas y gastos que se incurrieran en el

pleito.7 En respuesta, y en lo pertinente, el 25 de enero de 2022, el

Municipio presentó su Contestación a la Demanda.8 En ella, negaron

en esencia, las alegaciones.

        De lo que sigue, el 20 de enero de 2023, se celebró la

Conferencia con Antelación al Juicio.9 Según se desprende de la

Minuta de la vista,10 allí se discutió la teoría de ambas partes y cuál

sería la prueba documental y testifical que estaría presentando cada

parte en el Juicio en su Fondo (en adelante, Juicio). Se desprende,

3 Id., a las págs. 1-3.
4 Id., a la pág. 1.
5 Id.
6 Id., a la pág. 2.
7 Id.
8 Id., a las págs. 4-6.
9 Id., a las págs. 7-8.
10 Id., a la pág. 7.
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además, que, el foro primario aprobó el Informe de Conferencia con

Antelación a Juicio y concedió término a las partes para informar

estipulaciones de hechos.

        El Juicio se celebró el 25 de mayo de 2023.11 En el Juicio, el

foro primario juramentó al testigo de la parte apelada, el señor

Vargas Villanueva. También juramentó a los siguientes testigos de

la parte apelante: (i) señora Ivette Rodríguez; (ii) señor Roberto

Menéndez; (iii) señor Kevin Ramírez Ramírez; (iv) señor Jorge L.

Rodríguez; (v) señor Carlos Santiago; y (vi) señor [Á]lvaro Ayala.12

        En cuanto a la prueba documental, las partes estipularon la

siguiente prueba documental:

        Exhibit I – documento “Solicitud de Servicios”
        Exhibit II – Orden de Compra o Servicio “PO” 20210811
        Exhibit III – Orden de Compra o Servicio “PO” 20211126
        Exhibit IV – Carta enviada por representante legal del
        demandante al Alcalde de Cabo Rojo13

        Durante el Juicio hubo dos (2) documentos que, aun cuando

fueron marcados como identificación por la parte apelada, no se

solicitó la admisión de estos en evidencia por lo que quedaron

excluidos de la prueba admitida.14

        Producto de la celebración del Juicio, el tribunal a quo emitió

una Sentencia el 27 de junio de 2023 y notificó la misma el 7 de julio

de 2023.15 Producto de la prueba recibida y aquilatada en el Juicio,

así como de las alegaciones admitidas, el foro primario emitió treinta

y dos (32) determinaciones de hechos, las cuales transcribimos in

extenso:

        1. LA PARTE DEMANDANTE es HV MECHANICS
           SERVICES CORP., corporación debidamente creada
           bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
           Rico bajo el número de Registro 467479, según surge
           del Registro de Corporaciones de Puerto Rico.
        2. LA PARTE DEMANDADA es el Municipio Autónomo
           de Cabo Rojo y su alcalde, el Honorable Jorge
           Morales Wiscovitch. La dirección física es PR-103,

11 Id., a la pág. 9.
12 Id., a la pág. 9.
13 Id., a la pág. 9.
14 Id., a la pág. 9.
15 Id., a las págs. 9-14.
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       Cabo Rojo, 00623, Puerto Rico. La dirección postal
       es P.O. Box 1308, Cabo Rojo, Puerto Rico, 00623.
    3. El Sr. Héctor Vargas Villanueva (de HV Mechanics)
       es mecánico con licencia.
    4. Desde el año 2020, HV MECHANICS SERVICES
       CORP., por conducto de Héctor O. Vargas Villanueva
       ofreció servicios al Municipio.
    5. En diciembre de 2021, el Municipio de Cabo Rojo
       contrató a HV MECHANICS SERVICES CORP., para
       que reparara el Camión Ganchero MU-13049,
       propiedad del Municipio.
    6. El Sr. Héctor O. Vargas Villanueva se personó al
       taller del Municipio para evaluar el camión en
       cuestión y una vez escaneado el mismo determinó
       que el problema que confrontaba estaba relacionado
       con el motor.
    7. El 4 de diciembre de 2020, se generó la Orden de
       Compra o Servicio “PO” 20210811 para la reparación
       del “camión ganchero MU-13049” con 90 días de
       garantía por la suma de $17,000.00.
    8. El “Work Order” y el PO 20210811 fue aprobado por
       el Municipio.
    9. El Sr. Héctor Vargas, recogió el camión MU13409 en
       el Garaje Municipal de Cabo Rojo el 22 de diciembre
       de 2022 a las 9:50 de la mañana, en grúa, para
       llevarlo a su taller de reparación.
   10. El Sr. Héctor O. Vargas Villanueva realizó labores de
       mecánica en el motor del camión y lo entregó
       corriendo al Municipio el 24 de febrero de 2022. El
       chofer del camión, Kevin Ramírez, estaba presente
       en ese momento y probó el camión.
   11. Kevin Ramírez es el chofer de equipo pesado del
       Municipio de Cabo Rojo desde hace 17 años. Antes
       de eso también se dedicaba a chofer de equipo
       pesado. Kevin Ramírez era el chofer de equipo
       pesado asignado al camión ganchero MU13049.
   12. Entregado el camión, Kevin Ramírez procedió a
       probarlo. Kevin le indicó a H[é]ctor O. Vargas
       Villanueva que el camión presentaba los mismos
       problemas: no tenía fuerza y emanaba gases hacia la
       cabina.
   13. El chofer le comunicó la situación a Jorge Rodríguez,
       y este a su vez a Roberto Menéndez Nazario,
       entonces director del Garaje Municipal y Control
       Ambiental.
   14. Jorge Rodríguez Acosta, es Supervisor del Taller de
       Mecánica del Garaje Municipal y Control Ambiental
       del Municipio de Cabo Rojo. Este ha supervisado el
       taller de Mecánica del Garaje Municipal de Cabo Rojo
       por aproximadamente 28 años. Tiene licencia de
       técnico automotriz y lleva alrededor de 40 años de
       mecánico en todas las ramas de la mecánica,
       incluyendo la mecánica diesel. Su labor como
       supervisor en el taller de mecánica del Municipio es
       el de asegurarse que los vehículos estén en buen
       estado y que las reparaciones se lleven a cabo
       correctamente.
   15. Jorge Rodríguez estaba presente el 24 de febrero de
       2021 cuando se probó el camión, sin embargo, no
       intervino como mecánico en el camión ni realizó
       labor de mecánica en este.
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   16. El testimonio de Jorge Rodríguez se limitó a indicar
       que el camión no había sido reparado ya que
       presentaba los mismos desperfectos, pero no pudo
       establecer que el demandante no trabajó en el motor.
   17. Héctor O. Vargas Villanueva le manifestó a Gerardo,
       encargado de la flota del Municipio, que el problema
       del camión estaba relacionado a “daños ocultos”,
       específicamente, problemas eléctricos y tuberías de
       escape.
   18. Para Héctor O. Vargas Villanueva “daños ocultos”
       son los que no pueden detectarse al abrir el motor ni
       que se relacionan al funcionamiento del motor.
   19. Héctor O. Vargas Villanueva le indicó al Municipio
       que para poder reparar los nuevos desperfectos se
       debía abrir un nuevo PO.
   20. Una vez aprobado y autorizado la Orden de Compra
       o Servicio número 2202111126 el Sr. Héctor O.
       Vargas Villanueva procedió a reparar el camión
       ganchero de conformidad a dicha orden.
   21. El 17 de marzo de 2021, el Sr. Héctor O. Vargas
       Villanueva entregó el camión en las facilidades del
       Municipio.
   22. El 17 de marzo de 2021[,] [Kevin] Ramírez, el ch[o]fer
       (Kevin), no estaba presente en el Garaje Municipal
       para probar el camión, pero lo probó al día siguiente
       encontrando que el camión seguía con el mismo
       problema.
   23. El 18 de marzo de 2021, el Sr. Héctor O. Vargas
       Villanueva entregó las facturas #508 de la referida
       Orden de Compra o Servicio número 20211126.
   24. Roberto Menéndez Nazario conversó varias veces por
       teléfono con Héctor O. Vargas sobre la situación del
       camión y sobre los servicios relacionados al camión
       que no se habían pagado.
   25. Ivette Rodríguez, actualmente Vicealcaldesa del
       Municipio Autónomo de Cabo Rojo, quien para la
       fecha de los hechos era Administradora Municipal,
       testificó que la Orden de Compra o Servicio que
       fueron marcadas como Exhibit II y Exhibit III
       estaban debidamente firmadas y autorizadas.
   26. Ivette Rodríguez testificó, además, que una vez
       firmada la Orden de Compra o Servicio (PO) procedía
       el pago, pero que no pagó porque el camión seguía
       con desperfectos y no se podía utilizar para dar
       servicio.
   27. Héctor O. Vargas Villanueva realizó trámites
       extrajudiciales para cobrar las facturas #508 y #509,
       como el envío de la carta certificada al Municipio de
       Cabo Rojo, de la prueba marcada como Exhibit IV.
   28. El Municipio no pagó las facturas #508 y #509, de
       los PO20210811 y PO20211126.
   29. El 23 de junio de 2021, Héctor Vargas se reunió con
       Ivette Rodríguez en la Alcaldía de Cabo Rojo para
       reclamar el pago de las facturas.
   30. Ivette Rodríguez le indicó a Héctor O. Vargas
       Villanueva que no se podían pagar las facturas hasta
       que no reparara el camión.
   31. Ivette Rodríguez conocía que el camión seguía
       dañado, pero desconocía que hubiese sido llevado a
       otro taller.
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      32. El Municipio llevó el camión para reparación a otro
          taller, puesto que se necesitaba para las labores
          municipales, y había transcurrido el término de la
          garantía.16

        En la Sentencia apelada, la primera instancia judicial

concluyó que, una vez un Municipio contrata mediante una orden

de servicio y esta orden cumple con los requisitos legales o

reglamentarios, lo que rige el negocio entre el Municipio y el

contratista privado es el Código Civil de Puerto Rico (en adelante,

(Código Civil).17 Concluyó además que: (i) entre las partes existía

una solicitud de servicio autorizada legal, o entiéndase, una orden

de compra (PO); (ii) el Municipio no había pagado las órdenes de

compra por los servicios autorizados a la parte apelada, por la

cantidad adeudada; (iii) la parte apelada brindó el servicio descrito

en las órdenes de compra (PO) y sobre las cuales no existía

controversia en torno a su legalidad, entiéndase la PO 20210811 y

la PO20211126; (iv) no surgió de la prueba que los desperfectos del

camión se debieran a un trabajo no realizado por la parte apelada,

empero, este sí ofreció la labor para lo cual fue solicitado; (v) de la

prueba surgió que HV Mechanics realizó la reparación del motor del

camión ganchero MU-13049 y no hubo prueba que estableciera que

el problema específico y persistente del camión obedecía a la

reparación realizada; y, que (vi) aún si el Municipio exigía la

garantía, tal cual hizo, el pago tenía que efectuarse.18 El foro

primario sostuvo, además, que no existía controversia en cuanto a

que la deuda era una líquida y exigible, ya que los PO20210811 y

PO20211126 fueron estipulados entre las partes y nunca fueron

pagados, por lo que la deuda nunca estuvo en controversia.19

Además, razonó que la deuda era líquida y exigible también porque

el Municipio sabía lo que tenía que pagar y la razón para ello,

16 Id., a las págs. 9-12.
17 Id., a la pág. 13.
18 Id., a la pág. 13.
19 Id., a la pág. 13.
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además, por las gestiones de cobro realizadas por la parte apelada.20

Finalmente, la primera instancia judicial expresó que el testimonio

del señor Vargas Villanueva le mereció entera credibilidad y

celebrado el Juicio, declaró Ha Lugar la Demanda.21

        Inconforme, el 20 de julio de 2023, la parte apelante presentó

una Moción Solicitando Determinaciones de Hecho Adicionales.22 En

su escrito, incluyó doce (12) hechos para que el foro primario los

determinara como probados.23 Sostuvo que (i) dichos hechos

surgían claramente del récord, es decir, de la prueba testifical y/o

documental; (ii) que los referidos hechos no fueron impugnados en

forma alguna; y, que (iii) no fueron objeto de presentación de prueba

de refutación por la parte apelada. En respuesta, mediante

Resolución emitida el 15 de agosto de 2023 y notificada el 16 de

agosto de 2023, el tribunal a quo declaró No ha Lugar la solicitud.24

        Insatisfecho aún, el 12 de octubre de 2023,25 compareció ante

nos el Municipio, mediante recurso de Apelación y esgrimió la

comisión de cuatro (4) errores cometidos por el foro primario, a

saber:

    1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el
       apelado prestó “los servicios según lo convenido y los
       conocimientos que exige el arte, la ciencia o la técnica
       constitutiva de los servicios”.

    2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el
       apelante resolvió unilateralmente el contrato.

    3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha
       lugar la moción solicitando determinaciones adicionales
       de hecho presentada por el apelante.

    4. En resumen, erró el Tribunal de Primera Instancia al
       resolver que habiendo sido contratado el apelado para
       reparar un camión de servicios básicos del Municipio, y
       no habiendo podido repararlo por su falta de pericia, ni

20 Id., a la pág. 13.
21 Id., a la pág. 14.
22 Id., a las págs. 15-17.
23 Id., a las págs. 15-16.
24 Id., a la pág. 18.
25 El recurso de Apelación fue presentado el 12 de octubre de 2023, en el Tribunal

de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo. Luego el 16 de octubre de 2023, fue
presentado en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones.
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       honrado la garantía, aun así, procedía su demanda de
       cobro de dinero por haber tratado de arreglarlo.

       El 13 de noviembre de 2023, la parte apelada presentó su

Alegato de la Parte Apelada y Oposición a la Apelación. Contando

con la comparecencia de ambas partes procedemos a resolver la

controversia ante nos.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil26,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.27

       No obstante, la Regla 52.2 (c) de las Reglas de Procedimiento

Civil, dispone que en aquellos casos en que el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y los municipios, sus funcionarios(as) o

una de sus instrumentalidades, excluyendo a las corporaciones

públicas, sean parte en un pleito, el recurso de apelación para

revisar sentencias del TPI deberán ser presentados por cualquier

parte en el pleito perjudicada por la sentencia, dentro del

término jurisdiccional de sesenta (60) días contados desde la

fecha del archivo en autos de copia de la sentencia recurrida.28

(Énfasis suplido).

       Respecto a la interrupción del término para apelar, dispone la

Regla 52.2 (e)(1) de las Reglas de Procedimiento Civil que el

transcurso del término para apelar se interrumpirá por la oportuna

presentación de una moción formulada, y que el referido término

26 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
27 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
28 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (c).
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comenzará a contarse de nuevo desde que se archive en autos copia

de la notificación de cualquier orden en relación con dicha moción.29

Entre dichas órdenes se encuentra las que declaren con lugar, o

denieguen o dicten sentencia enmendada ante una moción bajo la

Regla 43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil30 para enmendar o

hacer determinaciones iniciales o adicionales.31 A tenor con la Regla

43.2 de las Reglas de Procedimiento Civil32, dicha moción

interrumpe el término para solicitar remedios posteriores a la

sentencia, como lo es la presentación de un recurso de apelación.

       La correcta notificación de una sentencia es una característica

imprescindible del debido proceso judicial.33 Como corolario de lo

anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de este Tribunal establece

que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.

       En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de
       sus instrumentalidades que no fuere una corporación
       pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus
       funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el
       recurso de apelación se formalizará, por cualquier
       parte en el pleito que haya sido perjudicada por la
       sentencia, presentando un escrito de apelación
       dentro del término jurisdiccional de sesenta días,
       contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia dictada por el
       tribunal apelado. 34 (Énfasis suplido).

   B. Determinaciones de Hecho Adicionales

       La Regla 43 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo

relativo a las enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales.35

29 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (e)(1).
30 32 LPRA Ap. V, R. 43.1.
31 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (e)(1).
32 32 LPRA Ap. V, R. 43.2.
33 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
34 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
35 32 LPRA Ap. V, R. 43.
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A esos efectos, la Regla 43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil lee

como sigue:

       No será necesario solicitar que se consignen
       determinaciones de hechos a los efectos de una
       apelación, pero a moción de parte, presentada a más
       tardar quince (15) días después de haberse archivado
       en autos copia de la notificación de la sentencia, el
       tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y
       conclusiones de derecho iniciales correspondientes si
       éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de
       acuerdo con la Regla 42.2, podrá enmendar o hacer
       determinaciones adicionales o podrá enmendar la
       sentencia en conformidad. Si una parte interesa
       presentar una moción de enmiendas o determinaciones
       iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo
       juicio, éstas deberán presentarse en un solo escrito y el
       tribunal resolverá de igual manera. En todo caso, la
       suficiencia de la prueba para sostener las
       determinaciones podrá ser suscitada posteriormente
       aunque la parte que formule la cuestión no las haya
       objetado en el tribunal inferior, no haya presentado una
       moción para enmendarlas o no haya solicitado
       sentencia.
       La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o
       adicionales se notificará a las demás partes en el pleito
       dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla
       para presentarla ante el tribunal. El término para
       notificar será de cumplimiento estricto.36

       Por su parte, respecto a la interrupción del término para

solicitar remedios posteriores a la sentencia la Regla 43.2 de las

Reglas de Procedimiento Civil dispone que:

       La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o
       adicionales     deberá     exponer    con     suficiente
       particularidad y especificidad los hechos que el
       promovente estime probados, y debe fundamentarse en
       cuestiones       sustanciales     relacionadas       con
       determinaciones de hecho pertinentes o conclusiones
       de derecho materiales.
       Presentada una moción por cualquier parte en el pleito
       para que el tribunal enmiende sus determinaciones o
       haga determinaciones iniciales o adicionales, quedará
       interrumpido el término para apelar, para todas las
       partes. Este término comenzará a transcurrir
       nuevamente tan pronto se notifique y archive en autos
       copia de la resolución que declara con lugar, deniega la
       solicitud o dicta sentencia enmendada, según sea el
       caso.37

36 32 LPRA Ap. V, R. 43.1.
37 32 LPRA Ap. V, R. 43.2.
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   C. Cobro de Dinero

       La Constitución de Puerto Rico establece que: “Sólo se

dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos

y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del

Estado, y en todo caso por autoridad de ley”.38 A la luz de lo anterior,

y con el propósito de lograr la buena y sana administración de los

fondos públicos, la Asamblea Legislativa ha aprobado legislación

que establecen un control sobre el desembolso de dichos fondos y

sobre la contratación gubernamental.39 A su vez, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal Supremo), a través

de su jurisprudencia, ha delimitado los preceptos de una sana

administración pública.40

       A raíz de ello, bajo nuestro marco doctrinal, los preceptos

legales que rigen las relaciones económicas entre entidades privadas

y los municipios están revestidos de un alto interés público y aspiran

a promover una recta y sana administración pública, a base de los

principios fiduciarios y éticos más altos.41 A tales efectos, la validez

de los contratos con entidades gubernamentales se evalúa de

acuerdo con los estatutos especiales aplicables, en lugar de acudir

a las teorías generales de los contratos.42 Acentuamos, los requisitos

de forma que deben observarse al momento de pactar acuerdos con

los municipios: (i) reducir el contrato a escrito; (ii) mantener un

registro fiel para establecer su existencia; (iii) enviar copia a la

Oficina del Contralor de Puerto Rico; y, (iv) acreditar la certeza de

tiempo, a saber, que el contrato se realizó y otorgó quince (15) días

antes.43

38 Art. VI, Sec. 9, Const. PR, LPRA Tomo 1, ed. 2016, pág. 444.
39 Genesis Security v. Depto. Trabajo, 204 DPR 986, 997-998 (2020). Vicar Builders

v. ELA et al., 192 DPR 256, 262 (2015). Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190
DPR 448, 456 (2014).
40 Genesis Security v. Depto. Trabajo, Id.
41 ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 533, 537 y 558 (2011).
42 Id., 537.
43 Id. Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1013 (2011). Ocasio

v. Alcalde Mun. Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988).
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       Acorde con lo antes expuesto, el Alto Foro ha favorecido la

aplicación de una normativa restrictiva en cuanto a los contratos

entre un ente privado y el gobierno.44 Así, las cosas, el Gobierno, en

su capacidad de contratante, sigue siendo el Gobierno, por tanto, no

puede actuar de un modo que esté reñido con los principios que

encarna el orden constitucional.45 Por otro lado, el Tribunal

Supremo ha advertido reiteradamente que las partes privadas deben

ejercer un rol más activo al contratar con un municipio, pues estas

no están exentas de cumplir con la legislación aplicable.46

   D. Ley Núm. 107-2020

       El Código Municipal de Puerto Rico (en adelante, Código

Municipal) fue creada a los fines de integrar, organizar y actualizar

las leyes que disponen sobre la organización, administración y

funcionamiento de los municipios.47 El Código Municipal define

servicios como: “Operaciones llevadas a cabo por toda industria o

negocio de prestación de servicios al usuario o consumidor,

inclusive, pero no limitados a, los servicios profesionales, siempre

que no estén comprendidos por otros términos de este Código”.48

       En lo que respecta a la contratación de servicios, el Artículo

2.014 del Código Municipal lee como sigue:

       El    municipio     podrá    contratar    los    servicios
       profesionales, técnicos y consultivos que sean
       necesarios para llevar a cabo las actividades, programas
       y operaciones municipales o para cumplir con cualquier
       fin público autorizado por este Código o por cualquier
       otro estatuto aplicable. No obstante, todo contrato que
       se ejecute o suscriba en contravención a lo dispuesto en
       este Artículo será nulo y no tendrá efecto, y los fondos
       públicos invertidos en su administración o ejecución
       serán recobrados a nombre del municipio mediante
       acción incoada a tal propósito.
       […]
       Todo contrato otorgado por el municipio, tendrá que
       cumplir con los siguientes requisitos:

44 Vicar Builders v. ELA et al., supra, 263.
45 De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 268 (1999).
46 Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, supra, 1013-1014.
47 Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, según

enmendada, Art. 1.002, 21 LPRA § 7002.
48 Id., Art. 8.001 (244), 21 LPRA § 8351.
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       (a) que conste por escrito y esté suscrito por todas las
       partes;
       (b) que su vigencia sea prospectiva y que no incluya
       cláusulas de renovación automática ni tácita
       reconducción;
       (c) que contenga una cláusula en la cual se identifica la
       partida presupuestaria que sufragará el contrato;
       (d) que cumpla con las disposiciones de la Ley 237-
       2004, según enmendada, cuando se trate de contrato
       de servicios profesionales;
       (e) cualquier otro requisito contemplado por ley.
       Además, todo contrato será registrado en la Oficina del
       Contralor de Puerto Rico, en cumplimiento con la Ley
       Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada.
       […]
       La facultad de los municipios para otorgar contratos de
       servicios,    servicios   profesionales,   técnicos     y
       consultivos, en virtud de los poderes provistos en este
       Código, excepto cuando exista disposición expresa en
       contrario, es exclusiva del Alcalde o del representante
       en quien este delegue. No será requerido que el Alcalde
       remita a la Legislatura Municipal los contratos de
       servicios,    servicios   profesionales,   técnicos     y
       consultivos, excepto cuando esta u otra Ley
       expresamente disponga lo contrario o expresamente
       requiera la intervención de la Legislatura Municipal.49

   E. Apreciación de la Prueba

       Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.50 Por

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver,

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus

lenguajes no verbales.51 Por su parte, un foro apelativo cuenta

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador

primario de los hechos.52 En ese sentido, y como regla general, no

49 Id., Art. 2.014, 21 LPRA § 7174.
50 Pueblo v. Pérez Núñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad
v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
51 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148
(2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
52 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, supra, 291.
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debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.53

       En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,     salvo     cuando         estén    presentes    circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo

justifique.54 El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

antes de que se someta prueba alguna.55 En consecuencia, al este

tribunal     apelativo    enfrentarse      a    la   tarea   de   revisar   las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un craso abuso de

discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.56

       Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

53 Pueblo v. Pérez Núñez, supra, 529.
54 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
55 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
56 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002).
Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
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evidencia recibida.57 Por tanto, debe existir base suficiente en la

prueba admitida que apoye la determinación del foro.58

       A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la

dirección del proceso.59 Los foros apelativos podremos intervenir con

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.60

       Un tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción: (i)

cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite,

sin fundamento para ello, un hecho material importante que no

podía ser pasado por alto; (ii) cuando el juez, por el contrario, sin

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en

éste; o, (iii) cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el

juez los sopesa y calibra livianamente.61

                                         III

       En el recurso ante nuestra consideración, la parte apelante

acude ante nos y esboza que el TPI cometió cuatro (4) errores: (i) al

resolver que la parte apelada prestó “los servicios según lo convenido

y los conocimientos que exige el arte, la ciencia o la técnica

constitutiva de los servicios”; (ii) al resolver que la parte apelante

resolvió unilateralmente el contrato; (iii) al declarar No Ha Lugar la

Moción Solicitando Determinaciones de Hecho Adicionales; y, (iv) al

resolver que habiendo sido contratado la parte apelada para reparar

un camión de servicios básicos del Municipio, y no habiendo podido

57 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 772.
58 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). Pueblo v. Irizarry, supra.
59 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
60 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
61 Pueblo v. Rivera Santiago, Id.
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repararlo por su falta de pericia, ni honrado la garantía, aun así,

procedía su Demanda de cobro de dinero por haber tratado de

arreglarlo.

      El caso ante nos comenzó con la radicación de una Demanda

jurada en cobro de dinero por la parte aquí apelada. En su

Demanda, la parte apelada esbozó que el Municipio le adeudaba la

suma de $18,650.00 dólares por concepto de servicios prestados de

mecánica para reparar el motor del camión ganchero MU-13049

(Req. – 20210828) con número de orden PO 20210811. Expuso que

los servicios en cuestión fueron prestados entre diciembre del año

2020 y marzo del año 2021.

      Luego de celebrado el Juicio, en su Sentencia el TPI emitió

treinta y dos (32) determinaciones de hechos, entre las cuales

destacamos las siguientes:

      […]
      4. Desde el año 2020, HV MECHANICS SERVICES
      CORP., por conducto de Héctor O. Vargas Villanueva
      ofreció servicios al Municipio.
      5. En diciembre de 2021, el Municipio de Cabo Rojo
      contrató a HV MECHANICS SERVICES CORP., para que
      reparara el Camión Ganchero MU-13049, propiedad del
      Municipio.
      6. El Sr. Héctor O. Vargas Villanueva se personó al taller
      del Municipio para evaluar el camión en cuestión y una
      vez escaneado el mismo determinó que el problema que
      confrontaba estaba relacionado con el motor.
      7. El 4 de diciembre de 2020, se generó la Orden de
      Compra o Servicio “PO” 20210811 para la reparación
      del “camión ganchero MU-13049” con 90 días de
      garantía por la suma de $17,000.00.
      8. El “Work Order” y el PO 20210811 fue aprobado por
      el Municipio.
      […]
      10. El Sr. Héctor O. Vargas Villanueva realizó labores
      de mecánica en el motor del camión y lo entregó
      corriendo al Municipio el 24 de febrero de 2022. El
      chofer del camión, Kevin Ramírez, estaba presente en
      ese momento y probó el camión.
      […]
      12. Entregado el camión, Kevin Ramírez procedió a
      probarlo. Kevin le indicó a H[é]ctor O. Vargas Villanueva
      que el camión presentaba los mismos problemas: no
      tenía fuerza y emanaba gases hacia la cabina.
      […]
      15. Jorge Rodríguez estaba presente el 24 de febrero de
      2021 cuando se probó el camión, sin embargo, no
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      intervino como mecánico en el camión ni realizó labor
      de mecánica en este.
      16. El testimonio de Jorge Rodríguez se limitó a indicar
      que el camión no había sido reparado ya que presentaba
      los mismos desperfectos, pero no pudo establecer que
      el demandante no trabajó en el motor.
      17. Héctor O. Vargas Villanueva le manifestó a Gerardo,
      encargado de la flota del Municipio, que el problema del
      camión estaba relacionado a “daños ocultos”,
      específicamente, problemas eléctricos y tuberías de
      escape.
      […]
      19. Héctor O. Vargas Villanueva le indicó al Municipio
      que para poder reparar los nuevos desperfectos se debía
      abrir un nuevo PO.
      20. Una vez aprobado y autorizado la Orden de Compra
      o Servicio número 2202111126 el Sr. Héctor O. Vargas
      Villanueva procedió a reparar el camión ganchero de
      conformidad a dicha orden.
      21. El 17 de marzo de 2021, el Sr. Héctor O. Vargas
      Villanueva entregó el camión en las facilidades del
      Municipio.
      22. El 17 de marzo de 2021[,] [Kevin] Ramírez, el ch[o]fer
      (Kevin), no estaba presente en el Garaje Municipal para
      probar el camión, pero lo probó al día siguiente
      encontrando que el camión seguía con el mismo
      problema.
      23. El 18 de marzo de 2021, el Sr. Héctor O. Vargas
      Villanueva entregó las facturas #508 de la referida
      Orden de Compra o Servicio número 20211126
      […]
      25. Ivette Rodríguez, actualmente Vicealcaldesa del
      Municipio Autónomo de Cabo Rojo, quien para la fecha
      de los hechos era Administradora Municipal, testificó
      que la Orden de Compra o Servicio que fueron marcadas
      como Exhibit II y Exhibit III estaban debidamente
      firmadas y autorizadas.
      26. Ivette Rodríguez testificó, además, que una vez
      firmada la Orden de Compra o Servicio (PO) procedía el
      pago, pero que no pagó porque el camión seguía con
      desperfectos y no se podía utilizar para dar servicio.
      […]
      28. El Municipio no pagó las facturas #508 y #509, de
      los PO20210811 y PO20211126.
      […]
      30. Ivette Rodríguez le indicó a Héctor O. Vargas
      Villanueva que no se podían pagar las facturas hasta
      que no reparara el camión.
      31. Ivette Rodríguez conocía que el camión seguía
      dañado, pero desconocía que hubiese sido llevado a otro
      taller.
      32. El Municipio llevó el camión para reparación a otro
      taller, puesto que se necesitaba para las labores
      municipales, y había transcurrido el término de la
      garantía.

      No existe controversia respecto a que: (i) entre las partes

existía una solicitud de servicio autorizada legal, o entiéndase, una

orden de compra (PO); y, (ii) que el Municipio no ha pagado las
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órdenes de compra por los servicios autorizados a la parte apelada,

por la cantidad adeudada. Habida cuenta de ello, una vez el

Municipio contrató mediante la orden de servicio y dicha orden

cumplió con los requisitos legales o reglamentarios, lo que rige el

negocio entre las partes es el Código Civil. Nuestro Código Civil

regula lo que es un contrato de servicios.

      Según su relación entre sí el primer, segundo y cuarto error

serán discutidos en conjunto. Mientras que, el tercer error será

discutido por separado. Antes de adentrarnos a la discusión, resulta

menester destacar que no contamos con una transcripción de la

prueba oral (en adelante, TPO) vertida en el Juicio.

      Es de ver que, los municipios están obligados a observar

cabalmente la esencia del principio consagrado en la Sección 9 del

Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, respecto a que los

fondos públicos solo pueden gastarse para fines públicos legítimos.

Consecuentemente, los preceptos legales que rigen las relaciones

económicas entre entidades privadas y los municipios están

revestidos de un alto interés público. Debido a ello, si bien el

Municipio se considera un contratante privado para los efectos de la

aplicación de las disposiciones y doctrinas referentes a los contratos,

la normativa vigente requiere la aplicación rigurosa de las normas

pertinentes a la contratación y desembolso, que involucren bienes o

fondos públicos. Cónsono con lo anterior, los tribunales tenemos el

deber de velar por el cumplimiento de los requisitos y disposiciones

legales dirigidas a proteger los desembolsos públicos. Enfatizamos

que, las normas estatutarias relacionadas con la contratación

gubernamental no persiguen proteger a las partes contratantes, sino

al interés público.

      El primer error esbozado gira sobre si incidió el TPI al resolver

que la parte apelada prestó “los servicios según lo convenido y los

conocimientos que exige el arte, la ciencia o la técnica constitutiva
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de los servicios”. No le asiste razón. Dicho estándar surge del

Artículo 1386 del Capítulo X del Código Civil referente a los

servicios, el cual aborda lo relativo a las obligaciones del comitente

y del prestador de servicios. En lo concerniente al prestador de

servicios, dicho artículo lee como sigue:

       El prestador de servicios está obligado a:
       (a) prestar los servicios según lo convenido y los
       conocimientos que exige el arte, la ciencia o la
       técnica correspondiente a la actividad constitutiva
       de los servicios;
       (b) proveer al comitente la información esencial sobre la
       ejecución;
       (c) aportar los materiales utilizados corrientemente en
       la prestación de los servicios convenidos; y
       (d) prestar los servicios dentro del tiempo convenido o
       en el que razonablemente corresponda.62 (Énfasis
       suplido).

       Debido a que no contamos con una TPO, como ya indicamos,

no nos encontramos en posición de diferir de la determinación

realizada por el TPI sobre que la parte apelada realizó los trabajos

descritos en la PO 20210811 y PO 20211126. De igual forma, no

podemos intervenir con su determinación respecto a que de la

prueba no surge que los desperfectos del camión se deban a un

trabajo no realizado por la parte apelada. Siguiendo esa misma

línea, no podemos intervenir con la determinación del TPI de que,

tras escuchar y evaluar la prueba, no existe prueba que establezca

que el problema específico y persistente del camión obedecía a la

reparación realizada por la parte apelada. Subrayamos, que, en su

Sentencia, el TPI expresó que el testimonio del señor Vargas

Villanueva le mereció entera credibilidad.

       El segundo error versa sobre si erró el TPI al resolver que la

parte apelante resolvió unilateralmente el contrato. No le asiste

razón. El Artículo 1389 del Capítulo X del Código Civil referente a

los servicios, aborda la resolución unilateral ante la ineficacia del

contrato de servicios. Dicho artículo lee como sigue: “El comitente

62 Art. 1386, 31 LPRA § 10312.
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puede resolver unilateralmente el contrato de servicios, aunque la

ejecución haya comenzado. Sin embargo, debe pagar al prestador

los gastos en los que ha incurrido, el trabajo realizado y la

utilidad que pudo obtener”.63 (Énfasis suplido). En su Sentencia,

el foro primario determinó que aún si el Municipio exigía la garantía,

como lo hizo, tenía que efectuar el pago a la parte apelada. Sin

embargo, en ninguna parte de la Sentencia, es decir, ni en las

determinaciones de hechos ni en las conclusiones de derecho, el TPI

hizo alusión alguna a que la parte apelante resolvió unilateralmente

el contrato en cuestión.

       El cuarto error esgrimido fue que erró el TPI al resolver que

habiendo sido contratado la parte apelada para reparar un camión

de servicios básicos del Municipio, y no habiendo podido repararlo

por su falta de pericia, ni honrado la garantía, aun así, procedía su

Demanda de cobro de dinero por haber tratado de arreglarlo. No le

asiste razón. El Artículo 1253 del Capítulo VI del Código Civil sobre

los efectos del contrato, aborda lo relativo al incumplimiento

contractual y la excepción a dicho cumplimiento. Dicho artículo lee

como sigue:

       En los contratos con prestaciones recíprocas, una las
       partes puede rehusar su cumplimiento mientras la otra
       no cumpla su contraprestación u ofrezca cumplirla.
       La excepción no procede si la contraprestación debida
       por el demandante debe cumplirse luego de la
       prestación que está a cargo del excepcionante.
       Si la contraprestación se cumple en forma parcial o
       defectuosa el excepcionante puede reducir su
       prestación en proporción a lo que sigue adeudando el
       demandante.64

       Por último, el tercer error plantea que erró el foro primario al

declarar No Ha Lugar la Moción Solicitando Determinaciones de

Hecho Adicionales. No le asiste razón. Hay que tener presente que,

las determinaciones de hecho que el foro primario estableció en su

63 Art. 1389, 31 LPRA § 10323.
64 Art. 1253, 31 LPRA § 9821.
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Sentencia son el resultado de la evaluación de la totalidad de la

prueba testifical y documental admitida en evidencia durante el

Juicio. Tomando en consideración que no contamos con una TPO,

como señalamos en la discusión que antecede, no nos encontramos

en posición de diferir de la determinación realizada por el TPI cuando

resolvió la moción antes nombrada.

       Señalamos que, esta Curia cuenta solamente con “récords

mudos e inexpresivos”, por lo que le debemos respeto a la

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador primario de

los hechos.65 Reiteramos que, no debemos sustituir nuestro criterio

por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto, o cuando un análisis integral de la

prueba así lo justifique.66 Concluimos puntualizando que, si la

actuación del foro primario no está desprovista de base razonable ni

perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que

prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la dirección del

proceso.67 Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nos, así

como las posiciones de las partes y cónsono a los fundamentos que

anteceden, este Panel juzga que los errores señalados no fueron

cometidos, por lo que procede confirmar la Sentencia apelada.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

65 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, supra. Trinidad v.
Chade, supra.
66 Pueblo v. Calderón Álvarez, supra. Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo,

supra. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra. Sierra v. Tribunal Superior, supra.
67 Sierra v. Tribunal Superior, supra.