Court Opinion

ID: 9896841
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:24:04.57767+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:19.709240
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

                                                CERTIORARI
                                                procedente del
MOISÉS RODRÍGUEZ                                Tribunal de
TORRES y OTROS                                  Primera
                                                Instancia, Sala
Peticionario                                    Superior de San
                                  KLCE202300912 Sebastián
       v.

ÁNGEL M. PÉREZ COLÓN y
                                                      Civil Núm.:
OTROS
                                                      A2CI201600630
Recurridos                                            Sobre:
                                                      Daños y
                                                      Perjuicios;
                                                      Difamación y/o
                                                      Libelo;
                                                      Incumplimiento de
                                                      Contrato
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez
Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2023.

      Comparece ante nos, por derecho propio, el licenciado Moisés

Rodríguez Torres (señor Rodríguez Torres o peticionario) y nos

solicita la revisión de la Resolución notificada el 14 de julio de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San

Sebastián. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada por el

peticionario.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                   I.

      Según surge del expediente, el pleito de referencia versa sobre

una demanda de daños y perjuicios, difamación y/o libelo e

incumplimiento de contrato, instada por el señor Rodríguez Torres,

su esposa Daisy Milagros Serra Pardo, la Sociedad Legal de Bienes

Número Identificador
RES2023 ______________
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Gananciales compuesta por ambos, entre otros, contra la Gran

Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico (Gran

Logia o recurrida), Ángel M. Pérez Colón y Fernando Escabí Ramírez

y otros. El 23 de diciembre de 2016, la demanda fue enmendada. En

esencia, la parte demandante alegó que la Gran Logia quebrantó los

estatutos que la rigen, al validar la suspensión de los derechos

masónicos del señor Rodríguez Torres, a pesar de que esta se hizo

en contravención con la normativa masónica aplicable. En

específico, expuso que la Gran Logia celebró una reunión

extraordinaria el 6 de octubre de 2016, donde el señor Pérez Colón

leyó una carta informando a los miembros de la organización que se

había suspendido al señor Rodríguez Torres de la Gran Logia. La

misiva establecía que el señor Rodríguez Torres había incurrido en

actos de “sustracción maliciosa de documentos, engaño, desacato e

insubordinación”. Dicha carta tenía fecha del 30 de septiembre de

2016 y estaba firmada por los señores Escabí Ramírez y Pérez Colón.

La parte demandante argumentó que las imputaciones al señor

Rodríguez Torres eran difamatorias y/o libelosas y les ocasionó

graves daños emocionales.

       Luego de varios trámites procesales, los cuales incluyeron la

presentación de varias solicitudes de sentencia sumaria por la parte

demandante, el 18 de noviembre de 2020 y 3 de junio de 2021,

respectivamente, el foro primario dictó sentencias parciales a favor

de la parte demandante.1 En estas se resolvieron los siguientes

asuntos: (1) que el contenido de la Carta con fecha del 30 de

septiembre de 2016 es uno falso y difamatorio, (2) que fue realizado

negligentemente por el señor Ángel M. Pérez Colón y el señor

Fernando Escabí Ramírez, (3) que fue publicado a terceras personas

y, por consiguiente, los codemandados Ángel M. Pérez Colón y

1 El 12 de marzo de 2021 el TPI emitió Sentencia Parcial en Rebeldía Enmendada.
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Fernando     Escabí    Ramírez    difamaron     al   demandante      señor

Rodríguez Torres. También se resolvió que: (1) la Gran Logia difamó

al señor Rodríguez Torres al publicar en la Circular Semanal núm.

41 del 10 de octubre de 2016 que la suspensión del señor Rodríguez

Torres fue por “sustracción maliciosa de documentos, engaño,

desacato e insubordinación”, y que (2) la Gran Logia es vicariamente

responsable por la difamación realizada por los demandados Pérez

Colón y Escabí Ramírez en contra del señor Rodríguez Torres.

      En lo pertinente al asunto que hoy atendemos, el 20 de enero

de 2022, el señor Rodríguez Torres instó una tercera moción en

solicitud de sentencia sumaria parcial. Esencialmente, requirió al

TPI que resolviera de forma sumaria: (1) que existía un contrato

entre éste y la Gran Logia, (2) que los términos y condiciones de

dicho convenio se componían de la constitución, estatutos, leyes,

reglamentos y normas masónicas, (3) que la Gran Logia incumplió

con el mencionado acuerdo, ello al validar la suspensión de sus

derechos masónicos a pesar de que la misma se llevó a cabo en

violación a los postulados que gobiernan a la Gran Logia, (4) que la

Gran Logia incumplió con el contrato al no restablecer sus derechos

masónicos, aun cuando el proceso penal masónico entablado en la

Logia de San Sebastián fue desestimado y (5) que dicha

inobservancia fue realizada de manera dolosa por la Gran Logia.2 En

esta ocasión, la parte demandada no se opuso. Consiguientemente,

el foro primario denegó la solicitud de sentencia sumaria parcial.

      En desacuerdo, la parte demandante acudió ante este Foro en

el recurso KLCE202200197. Mediante Sentencia dictada el 6 de abril

de 2022, este Tribunal expidió el auto de certiorari solicitado y revocó

el dictamen del TPI. Lo anterior, por no consignar los hechos

2 Junto a su solicitud, anejó 10 documentos, entre los cuales se encuentran,
sentencias previas del TPI en este caso, Contestación a Requerimiento de
Admisiones y extractos del Código Procesal y Penal Masónico. Apéndice del
recurso, págs. 18-76.
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materiales que encontró de buena fe controvertidos y sobre los que

persistía controversia, conforme lo exige la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil, infra.

         Así las cosas, el foro a quo le concedió a la Gran Logia

oportunidad para oponerse a la petición de sentencia sumaria

parcial de la parte demandante. El 2 de agosto de 2022, la Gran

Logia presentó Moción de Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.

En su comparecencia, arguyó que, a su entender, no procedía dictar

sentencia sumaria a favor de la parte demandante porque existe una

genuina controversia de hecho y derecho. Particularizó que la

relación entre la Gran Logia y sus Logias afiliadas era muy compleja

como para atender el caso y adjudicarlo de forma sumaria. Añadió

que la suspensión del señor Rodríguez Torres fue una cuestión de

la Logia de San Sebastián, por lo que el TPI no debía entrar a

adjudicar este pleito relacionado a procesos disciplinarios sobre los

derechos masónicos. Además, arguyó que la parte demandante no

agotó todos los remedios que estaban a su disposición, pues nunca

apeló la negativa del Gran Maestro en revocar su expulsión. En su

escrito, anejó una Declaración Jurada del señor Aníbal Rosario

Meléndez, Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia. En esta

expuso que la publicación en la circular semanal de la suspensión

de los derechos masónicos de un miembro por su logia no constituye

validación de tipo alguno al proceso por la Gran Logia Soberana de

Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico, por ser un asunto de la

logia concernida con su miembro suspendido. Aseveró que la Gran

Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico no

fue quien suspendió de sus derechos masónicos al señor Rodríguez

Torres.

         El 13 de febrero de 2023, se celebró una vista argumentativa,

a   la    cual   comparecieron   todas   las   partes    mediante   sus
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representaciones legales y expresaron sus argumentos a favor de

sus respectivas posiciones.

      Analizados los escritos de las partes, las normas masónicas y

el derecho aplicable, el 11 de julio de 2023, notificada el 14 de julio

de 2023, el TPI emitió la Resolución que hoy revisamos. En esta

incluyó los 38 hechos sobre los que no existía controversia que

surgen de la primera sentencia parcial dictada el 18 de noviembre

de 2020, según enmendada, y los 24 hechos sobre los que no existía

controversia que surgen de la segunda sentencia parcial dictada el

3 de junio de 2021. A su vez, añadió determinaciones de hechos, a

raíz de la tercera moción de sentencia sumaria incoada por la parte

demandante.

      En primer orden, el TPI concluyó que la oposición presentada

por la Gran Logia no cumplió con las disposiciones de la Regla 36.3

(b), (c) y (d) de Procedimiento Civil. No obstante, expresó que su labor

era determinar si, como cuestión de derecho, procedía declarar con

lugar la moción de sentencia sumaria parcial de la parte

demandante.

      Cónsono con lo anterior, el foro de instancia resolvió que

existía un contrato entre la Gran Logia y el codemandante, señor

Rodríguez Torres. Así, determinó que al momento de la suspensión

del señor Rodríguez Torres y de la publicación de la circular semanal

núm. 41 existía un convenio, cuyos términos y condiciones se

componen de las normas masónicas.

      Ahora bien, sobre la alegación de incumplimiento de contrato

incluida en la demanda de referencia, el Tribunal de Primera

Instancia determinó que existían múltiples interrogantes que

impedían, mediante una sentencia sumaria, disponer de esta. En

particular, enumeró las siguientes interrogantes que debían

atenderse en un juicio plenario:
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      1. Existe controversia en cuanto a si la carta de 30 de
         septiembre de 2016 cumple con el Código Procesal y
         Penal Masónico, particularmente con el Artículo 26.
         Por un lado, es un hecho que dicha comunicación
         solo está firmada por dos personas y no por tres
         como exige el inciso 1 de dicho artículo. No obstante,
         el inciso 2 dispone que también es válida si la
         acusación es de las Logias o de La Gran Logia, por
         delito alegadamente cometido en sesión abierta. Una
         lectura de la referida carta refleja que la acusación I.
         se refiere a una alegación ocurrida en la "Tenida" del
         29 de octubre de 2015. De ser así, que fue un acto
         cometido en sesión abierta, entonces pudiera
         cumplir con el inciso 2 del Artículo 26 y ser una
         acusación válida.

      2. Además, aun cuando es un hecho incontrovertido
         que el 7 de noviembre de 2016, un Panel de Jueces
         instituido por la Logia de San Sebastián desestimó
         unánimemente las imputaciones hechas contra el
         codemandante Moisés Rodríguez Torres contenidas
         en la Carta de 30 de septiembre de 2016, existen
         dudas en cuanto a si dicho procedimiento se llevó a
         cabo conforme a las normas masónicas. Nótese que
         posteriormente, el 21 de noviembre de 2016 el
         codemandado Sr. Ángel M. Pérez Colón notificó al Sr.
         Jorge Ramírez que se estaría constituyendo un
         nuevo panel de jueces para atender la acusación. No
         está claro si ambos o cuál de dichos procedimientos
         fue realizado conforme a las normas masónicas.
         Tampoco conocemos cuál fue el resultado del
         segundo procedimiento ni cómo ni a quién se le
         notificó el resultado.

      3. Otra controversia existente es si el [codemandante]
         Rodríguez Torres apeló a la Gran Logia la
         determinación de la Logia de San Sebastián de llevar
         a cabo un nuevo procedimiento/juicio.

      4. Igual existe controversia en cuanto a qué
         conocimiento    específico,    realizado  por    el
         codemandante Rodríguez Torres, tenía La Gran
         [Logia] sobre la determinación unánime de
         desestimar las imputaciones y, si aun teniendo
         conocimiento, existe una obligación contractual de
         restablecer sus derechos masónicos. De hecho, ante
         nuestra evaluación no tenemos evidencia de gestión
         del codemandante Moisés Rodríguez Torres con la
         Gran Logia para solicitar la reinstalación de sus
         derechos masónicos posteriores al 21 de noviembre
         de 2016 y que, a su vez, provoquen una obligación
         de la Gran Logia de restablecerle los derechos
         masónicos. (Énfasis en el original).

      Al determinar que existe controversia en cuanto a si la Gran

Logia incumplió el contrato concernido, el TPI declaró No Ha Lugar

la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada por la

parte demandante. Además, hizo la salvedad que, para la atención
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de los asuntos en controversia, auscultaría la necesidad del

nombramiento de un Comisionado con conocimiento especializado

en las Normas y Procedimientos Masónicos y/o la posibilidad de

abrir el descubrimiento de prueba, única y exclusivamente para

permitir la contratación, a las partes, de su propio perito en la

materia.

      Inconforme, el 31 de julio de 2023, el señor Rodríguez Torres

incoó una Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de

Determinaciones de Hechos Adicionales. Mediante Resolución

dictada el 3 de agosto de 2023, el foro a quo la declaró No Ha Lugar.

Allí, el juzgador de los hechos reiteró que, luego de una evaluación

de la ley y toda la documentación presentada, determinó que existen

hechos materiales en controversia que requerían ser justipreciados

en un juicio plenario.

      Aun en desacuerdo, el señor Rodríguez Torres acude ante este

Tribunal de Apelaciones. En su recurso, alega que el foro primario

cometió los siguientes errores:

      1. Erró el Hon. Tribunal de Instancia al dictar una
         "Resolución"   en   vez   de    una    Sentencia
         Sumaria Parcial.

      2. Erró el Hon. Tribunal de Instancia al no incluir en
         sus determinaciones de hechos, hechos que no
         fueron controvertidos por [la] Gran Logia.

      3. Erró el Hon. Tribunal de Instancia al expresar que
         existen controversias que no fueron establecidas por
         la Gran Logia.

      4. Erró el Hon. Tribunal de Instancia al no resolver que
         la Gran Logia incumplió con el contrato existente
         entre esta y el demandante aquí compareciente Lcdo.
         Moisés Rodríguez Torres al (1) validar la suspensión
         de los derechos masónicos de la parte demandante
         aquí compareciente Lcdo. Moisés Rodríguez Torres a
         pesar de que la misma se llevó a cabo en violación a
         la constitución, estatutos, leyes y reglamentos de la
         Gran Logia; y (2) al no restablecer los derechos
         masónicos      de   la   parte    demandante     aquí
         compareciente                                   Lcdo.
         Moisés Rodríguez Torres a pesar de que el proceso
         penal masónico empezado en la Logia de San
         Sebastián fue desestimado.
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       5. Erró el Hon. Tribunal de Instancia al no resolver que
          dicho incumplimiento fue realizado de manera
          dolosa por la Gran Logia.

       6. Erró el Hon. Tribunal de Instancia al resolver que
          para poder atender los asuntos en controversia,
          auscultará el nombramiento de un Comisionado con
          conocimiento especializado en normas masónicas
          y/o la posibilidad de abrir el descubrimiento de
          prueba para la contratación de Peritos en la materia.

       El 28 de agosto de 2023, la Gran Logia Soberana de Libres y

Aceptados Masones de Puerto Rico, por encomienda de la Asociación

de Garantía de Seguros Misceláneos (AGSM), presentó su Oposición

a Certiorari.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                        II.

                                        A.

       El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v.

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.

Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).3

3 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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      Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

      Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios
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anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                  B.

      La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap.

V, R. 36. Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto

el 23 de agosto de 2023. El propósito principal de este mecanismo

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. Adorno

v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022); Rivera Matos et al. v.

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024 (2020); González Santiago v.

Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Meléndez González et

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). Los tribunales pueden

dictar sentencia sumaria respecto a una parte de una reclamación

o sobre la totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra. La sentencia sumaria procederá

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como

cuestión de derecho, procede hacerlo. Véase, S.L.G. Zapata Rivera v.

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 213-214 (2010).

      El promovente debe presentar una moción fundamentada en

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y
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pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.1; Zambrana García v. ELA et al., 204 DPR 328, 341-

342 (2020). La controversia sobre los hechos esenciales que genera

el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es decir,

tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe una

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes.

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214, seguido en

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110.

        Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar

dicha    moción    a   través   de   declaraciones   juradas   u   otra

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales

que están en disputa. Si lo hace se corre el riesgo de que se acoja la

solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. Luan

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). Ahora, el

hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria no implica

necesariamente que ésta proceda si existe una controversia legítima

sobre un hecho material. Sin embargo, el demandante no puede

descansar en las aseveraciones generales de su demanda, “sino que,

a tenor con la Regla 36.5, estará obligada a ‘demostrar que [tiene]

prueba para sustanciar sus alegaciones'”. Ramos Pérez v. Univisión,

supra, pág. 215, citando a Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR

521, 525 (1983).

        Nuestro estado de derecho les exige a los tribunales que,

independientemente de cómo resuelvan una moción de sentencia

sumaria, emitan una lista de los hechos que encontró que no están

en controversia en el pleito y los que sí lo están. Meléndez González

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la solicitud de

sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los documentos

que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, los

incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el
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expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, casos en los

cuales existan elementos subjetivos, de intención, propósitos

mentales o negligencia o cuando el factor de credibilidad sea

esencial, no es apropiado dictar sentencia sumaria. Ramos Pérez v.

Univisión, supra, pág. 219.

      En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión que debe

utilizar este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Conforme a ello,

debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera

instancia al determinar si procede dictar sumariamente una

sentencia. En esta tarea sólo podemos considerar los documentos

que se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si

existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La labor de

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio

de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. Véase,

además, Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda de

Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80, resuelto el 26 de junio de 2023.

                                 III.

      En su recurso, el peticionario alega, en síntesis, que erró el

foro recurrido al declarar No Ha Lugar su tercera solicitud de

sentencia sumaria parcial. Ello, al no incluir hechos que no fueron
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controvertidos   por   la   Gran   Logia   y   expresar   que   existen

controversias que no fueron establecidas por la Gran Logia; no

resolver que la Gran Logia incumplió el contrato existente entre ésta

y el peticionario y que dicho incumplimiento se hizo dolosamente; y

al   resolver que auscultaría la posibilidad de nombrar un

Comisionado con conocimiento especializado en normas masónicas

y/o abrir el descubrimiento para la contratación de peritos en la

materia. Además, argumenta que el TPI se equivocó al denominar

“Resolución” en vez de “Sentencia” el pronunciamiento recurrido.

      Luego de revisar el expediente del caso de epígrafe, junto con

el derecho aplicable y las posturas de ambas partes, resolvemos no

intervenir con la discreción ejercida por el foro a quo. Ciertamente,

la controversia del caso de autos es revisable por este Foro conforme

a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, por tratarse de una

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Sin embargo, al

evaluar los criterios que dispone la Regla 40 de nuestro Reglamento,

denegamos expedir el auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Este último no logró demostrar que el TPI actuó con pasión,

prejuicio, parcialidad o que incurrió en error manifiesto al emitir la

Resolución impugnada.

      A juicio del TPI, en este caso existen controversias particulares

relacionadas al contrato existente entre la Gran Logia y el

peticionario que le impiden resolver sumariamente si hubo el

incumplimiento contractual alegado en la demanda. En específico,

hechos que se relacionan a la carta del 30 de septiembre de 2016 y

las firmas que se desprenden de esta. También al TPI le surgió dudas

en cuanto a si el procedimiento que desestimó las imputaciones

hechas contra el peticionario contenidas en la carta mencionada se

llevó a cabo conforme a las normas masónicas. Asimismo, a juicio

del foro primario existe controversia sobre si el peticionario apeló a

la Gran Logia la determinación de la Logia de San Sebastián y si, en
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efecto, el peticionario solicitó a la Gran Logia la reinstalación de sus

derechos masónicos posteriores al 21 de noviembre de 2016. Es

claro que los anteriores hechos involucran elementos subjetivos, lo

cual, según nuestra jurisprudencia, sería apropiado justipreciar en

un juicio en su fondo.

      En consecuencia, coincidimos con la decisión recurrida, toda

vez que es razonable celebrar un juicio en su fondo en el cual se

evalúen los hechos en controversia delineados por el propio

Tribunal.

                                  IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la

expedición del auto de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones