Court Opinion

ID: 9928475
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:17:40.971915+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:35.432739
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

                                                   CERTIORARI
                                                   procedente del
ANTONIO ALVAREZ                                    Tribunal de
MOLINA, MILAGROS DÍAZ                              Primera
FIGUEROA                                           Instancia, Sala
                                                   Superior de San
Recurridos                           KLCE202301408 Juan
             v.
                                                         Civil Núm.:
BELLA INTERNATIONAL,                                     SJ2023CV02813
LLC
                                                         Sobre:
Peticionaria                                             Despido
                                                         Injustificado (Ley
                                                         Núm. 80) y otros
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                             RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

        Comparece ante nos Bella International, Inc. (en adelante,

Bella   International    o   parte   peticionaria)   y   solicita   nuestra

intervención para que dejemos sin efecto la Orden emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el

29 de noviembre de 2023, notificada al día siguiente. Mediante la

misma, el TPI determinó que el certificado provisto por el médico de

cabecera del señor Antonio Álvarez Molina (en adelante, señor

Álvarez Molina o parte recurrida) era adecuado, por lo cual no era

necesaria la producción del expediente en su totalidad. Ello, por

razón de impertinencia al caso y porque pudiera contener otra

información de salud protegida.

        Sin embargo, en vista de que se recurre de una orden

interlocutoria dentro de una causa de acción al amparo del

procedimiento sumario de la Ley de Procedimiento Sumario de

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32

Número Identificador
RES2023 ______________
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LPRA sec. 3118, et seq., y no procede la aplicación de ninguna

excepción, denegamos expedir el auto de certiorari solicitado.

                                  I

      Según surge del expediente, el 29 de marzo de 2023, el señor

Álvarez Molina y su esposa, la señora Milagros Díaz Figueroa

presentaron una Querella por despido injustificado, represalia y

discrimen en contra de Bella International, bajo el procedimiento

sumario de la Ley Núm. 2, supra. En esencia, el señor Álvarez Molina

alegó que trabajó para la empresa querellada como mensajero desde

enero de 2005 hasta el 28 de septiembre de 2022, fecha en la cual

fue despedido. Adujo que su despido fue resultado de no inocularse

con la segunda dosis contra el COVID-19, lo cual, a su juicio,

constituyó una causa no justificada por parte de Bella International.

Particularizó que no se vacunó por razones religiosas, así como por

recomendación de los médicos con los cuales se atendió. Destacó

que el patrono incumplió con el manual de empleados aplicable, y

sus propias políticas, incluyendo las relacionadas a la pandemia.

Esbozó que su expatrono tomó represalia en su conta por manifestar

oposición a que se le obligara a vacunarse por encima de sus

creencias y el criterio de su cardiólogo. Solicitó el pago de la

indemnización por despido injustificado, represalia y discrimen, así

como su penalidad, y demás sumas correspondientes. Bella

International contestó la querella oportunamente, en la cual aceptó

algunas alegaciones y negó otras.

      Al cabo de múltiples incidencias procesales, el 25 de octubre

de 2023, las partes presentaron una Moción Conjunta Exponiendo

sus Posiciones en cuanto a la Producción de los Expedientes Médicos

del Querellante. En lo pertinente, expresaron que, a pesar de que

resolvieron parte de las controversias en cuanto al descubrimiento

de prueba, no lograron acordar lo relativo a los expedientes médicos

del señor Álvarez Molina. Bella International razonó que era
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necesaria la producción del expediente del doctor Carlos Maisonet

Correa, toda vez que el señor Álvarez Molina alegó que, a base de su

historial, éste le recomendó no ponerse la vacuna en cuestión.

Esbozó que era esencial conocer sobre el referido historial médico

para respaldar la posición en cuanto a que el señor Álvarez Molina

no mostró tener una condición médica que le impidiera vacunarse y

por la cual se le tenía que eximir de la política patronal.

      Por su parte, el señor Álvarez Molina se opuso a lo solicitado

por Bella International por falta de pertinencia y por el privilegio de

médico-paciente. En lo concerniente al expediente del doctor

Maisonet Correa, el señor Álvarez Molina argumentó que, al este ser

su médico de cabecera, dicha documentación contenía abundante

información privilegiada que no guardaba relación con el asunto del

despido. Precisó que lo pertinente al caso era lo relacionado al

certificado médico que lo excusó de vacunarse, el cual el patrono

tenía en su posesión.

      En atención a lo anterior, el tribunal evaluó los certificados

médicos de los doctores que ofrecieron tratamiento al señor Álvarez

Molina. En específico, mediante Orden dictada el 29 de noviembre

de 2023, el foro primario determinó que el documento suscrito por

el doctor Maisonet Correa era suficientemente detallado como para

no ser necesaria la producción del expediente en su totalidad. Ello,

particularmente ante lo alegado por el señor Álvarez Molina, a los

efectos de que el referido galeno era su médico de cabecera y que su

expediente pudiera contener otra información de salud protegida y

no pertinente al caso de autos. No obstante, el TPI sí ordenó la

producción del expediente del médico especialista que atendió al

señor Álvarez Molina, toda vez que el certificado médico provisto

carecía de información detallada y este estaba íntimamente

relacionado con la controversia en el caso.
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      Inconforme con lo resuelto por el tribunal primario, el 11 de

diciembre de 2023, Bella International acudió ante nos mediante el

presente recurso de certiorari. En el mismo plantea que:

      El Tribunal de Primera Instancia cometió un craso
      abuso de su discreción al denegar la solicitud de
      producción de expediente médico, pues ignoró que el
      requerimiento va dirigido a una de las controversias
      medulares de este litigio.

                                  II

                                  A

      La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales,

supra, provee un trámite especial para atender las querellas

relacionadas con las disputas laborales presentadas por empleados

u obreros en contra de sus patronos. León Torres v. Rivera Lebrón,

204 DPR 20, 30 (2020), citando a Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,

200 DPR 254 (2018). Este mecanismo se distingue por la celeridad

con la cual se deben encausar estos procesos judiciales. El carácter

sumario constituye la médula de esta ley. Íd.

      Con el fin de dar cabal cumplimiento a la intención legislativa

de establecer un procedimiento expedito y sumario, los Tribunales

deben abstenerse de revisar las resoluciones interlocutorias que se

dicten durante dicho proceso. En consecuencia, la parte que

pretenda impugnarlas deberá esperar hasta la sentencia final e

instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error

cometido. En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483,

498 (1999), nuestro Tribunal Supremo concluyó que la revisión de

resoluciones interlocutorias resulta contraria al carácter sumario

del procedimiento laboral de la Ley Núm. 2.

      Ahora bien, esta norma de autolimitación no es absoluta, pues

quedaron exceptuadas de dicha prohibición aquellas resoluciones

dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos extremos

en los cuales los fines de la justicia así lo requieran. Íd., pág. 498.

En específico, el Tribunal Supremo dispuso que procedía la revisión
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inmediata cuando hacerlo dispondría del caso en forma definitiva o

cuando tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Íd. Véase,

además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723,

733 (2016).

                                         B

       El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v.

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.

Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).1

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

1 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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      Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).
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                                  III

      En la presente causa, la parte peticionaria sostiene que erró

el foro a quo al no ordenar la producción del expediente del médico

de cabecera de la parte recurrida. Aduce que, con dicho acto, el TPI,

no solo quebrantó las normas aplicables al descubrimiento de

prueba, sino que se le violentaron sus derechos constitucionales.

Arguye que ante las alegaciones de la parte recurrida sobre la

política de vacunación contra el COVID-19 y las posibles

excepciones por condiciones de salud, resultaba indispensable el

récord médico del doctor Maisonet Correa. Fundamentó la

necesidad de dicho récord en que este podría contener más

información sobre lo que se incluyó en la certificación médica

suscrita por el aludido doctor, el cual le recomendó a la parte

recurrida no vacunarse porque podría ser perjudicial por sus

condiciones de salud existentes. Ante ello, recaba la intervención de

este Foro para evitar lo que entiende sería un fracaso de la justicia.

      Luego de un análisis de los hechos particulares del caso,

concluimos que no procede apartarnos de la norma general de

autolimitación en el ejercicio de la función revisora que se nos

requiere en pleitos de esta naturaleza. Debido a que estamos ante

una Orden interlocutoria dentro de una causa de acción al amparo

del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, y que ninguna de las

excepciones se encuentra presente en el caso de autos, denegamos

la expedición del auto solicitado. Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, R. 40.

      La decisión recurrida no es claramente errónea, tampoco se

dictó sin jurisdicción, ni genera un fracaso de la justicia que

justifique nuestra intervención. Es un hecho que la condición de

salud de la parte recurrida es un requisito para la causa de acción

de referencia. En ese sentido, resulta evidente que el tribunal ejerció

prudentemente su discreción al ordenar la producción de la
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totalidad del expediente del cardiólogo que atendió al señor Álvarez

Molina, toda vez que este se relaciona directamente con la razón por

la cual no se recomendó la vacunación en cuestión.

      Cuando el TPI adjudique en su totalidad la causa de epígrafe,

la parte perjudicada por la decisión final podrá comparecer ante nos

y podrá solicitar la revisión de esta y de las resoluciones

interlocutorias emitidas, de entenderlo procedente.

                                 IV

      Por las consideraciones que preceden, denegamos expedir el

auto de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones