Court Opinion

ID: 9901401
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-21 18:14:02.355537+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:32.269324
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:
                                               2023 TSPR 116

                                                212 DPR ___
 Elaine Santos Negrón

Número del Caso:    TS-9,614

Fecha:    26 de septiembre de 2023

Oficina de Inspección de Notarías:

     Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús
     Director

Oficina del Procurador General:

     Lcdo. Omar Andino Figueroa
     Subprocurador General

     Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
     Procuradora General Auxiliar

     Lcda. Juliana N. Castro Ramos
     Procuradora General Auxiliar

Abogada de Elaine Santos Negrón:

     Por derecho propio

Materia:   Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía por violación a los Cánones 9, 33, 35 y
38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
                   EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

     In re:

     Elaine Santos Negrón                        TS-9,614

Rodríguez emitió una Opinión de conformidad en parte y disidente en parte

                                             PER CURIAM

                     En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

                            Es    nuestro   deber    descargar           cabalmente    nuestra

                     facultad      disciplinaria         sobre     una    integrante    de    la

                     profesión      legal    que    se        ha    apartado      flagrante   y

                     deshonrosamente        de     los     preceptos        éticos     que    la

                     gobiernan.      Por    los     fundamentos           que     exponemos    a

                     continuación, suspendemos a la letrada de epígrafe de

                     la   práctica    de    la    abogacía         de    manera   inmediata   e

                     indefinida.

                                                          I

                            La Lcda. Elaine Santos Negrón (licenciada Santos

                     Negrón      o letrada) fue admitida                al ejercicio de la

                     abogacía en 1990 y al ejercicio de la notaría en 1991.

                            En lo pertinente, tras una petición urgente que
TS-9,614                                                                2

nos realizó la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), el

21 de noviembre de 2022 ordenamos la incautación preventiva

de la obra protocolar y el sello notarial de la licenciada

Santos Negrón. Subsiguientemente, el 29 de noviembre de 2022

el   personal   de   alguacilazgo     diligenció     nuestra    orden       e

incautó tanto la obra protocolar como el sello notarial de la

letrada. El 8 de febrero de 2023, separamos a la licenciada

Santos Negrón de manera indefinida de la práctica de la

notaría por incurrir en múltiples infracciones a la Ley

Notarial de Puerto Rico, Ley Núm.75 de 2 de julio de 1987,

según enmendada, 4 LPRA sec. 2002 et seq. (Ley Notarial), y

por quebrantar el principio de la fe pública notarial. Véase:

In re Santos Negrón, 2023 TSPR 11, 211 DPR __(2023).1

      Ulteriormente, el 2 de junio de 2023 ODIN presentó un

escrito ante este Tribunal en el que informó que obtuvo una

copia de una declaración jurada, con fecha de 24 de abril

de 2023, que aparentaba haber sido autenticada, firmada y

sellada por la licenciada Santos Negrón. Esto, a pesar de

que, el 29 de noviembre de 2022 se incautó preventivamente su

obra protocolar y el sello notarial, los cuales se encontraban

bajo la custodia de ODIN, y de que el 8 de febrero de 2023 se

decretó su suspensión indefinida del ejercicio del notariado.2

A tal efecto, ODIN señaló que, de ser cierto lo anterior, en

1 El patrón de incumplimiento de la licenciada Santos Negrón con los
requerimientos de ODIN en el proceso de inspección de su obra protocolar,
así como sus infracciones a varios preceptos legales que rigen la práctica
de la notaría, redundaron en su suspensión inmediata e indefinida.
2 Según ODIN, del documento se apreciaba lo que parecía ser el sello que

la licenciada Santos Negrón utilizaba en su desempeño notarial antes de
decretarse su suspensión, al igual que una firma que era similar o igual
a aquella registrada en los acervos de la Secretaría de este Tribunal y
que la letrada estampaba en los documentos que remitía a ODIN.
TS-9,614                                                              3

el tráfico jurídico circulaba al menos un documento que podría

considerarse    nulo    en   su   origen,   por   razón   de   que   fue

presuntamente legitimado por una fedataria que carecía de

autorización para actuar como tal.3

      Con su comparecencia, ODIN incluyó una copia de la

declaración jurada en controversia. De esta surge que, el 24

de abril de 2023, la licenciada Santos Negrón autorizó el

testimonio de legitimación de firmas identificado con el

número 51,845, mediante el cual el Sr. Miguel A. Vázquez

Oliveras vendió, por $4,000, al Sr. José D. Vázquez Oliveras

y a la Sra. Carmen Nydia Burgos Vázquez, un panteón localizado

en el lote     l1-A    del cementerio Sinaí Memorial Park del

Municipio de Morovis, Puerto Rico. Además, se hizo constar

que, a partir de ese día, los compradores tomarían posesión

del panteón.

      El 8 de junio de 2023, la licenciada Santos Negrón

replicó a los planteamientos de ODIN y expuso lo siguiente:

      1. Que desde que incautaron su sello notarial el
         29 de noviembre de 2022, “no pos[eía] ningún
         sello notarial adicional”.4

      2. Que a su mejor recuerdo, realizó la declaración
         jurada    objeto    de     este    procedimiento
         disciplinario entre el 25 y 26 de noviembre de
         2022, pero que, en ese momento, no contaba con
         un sello de la Sociedad para Asistencia Legal de
         Puerto Rico (SAL) en su oficina, por lo que
         informó a los comparecientes que pasaran en una
         fecha posterior a recoger el documento.
3 ODIN también señaló que, a la luz de su análisis, la conducta de la
licenciada Santos Negrón podía configurar un acto de práctica ilegal de
la profesión notarial al amparo de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939,
4 LPRA sec. 740. Asimismo, señaló que, en el contexto criminal, las
actuaciones de la promovida podían constituir violaciones a los Artículos
213 y 220 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado, 33 LPRA
secs. 5283 y 5290, respectivamente.
4 Contestación a moci[ó]n, pág. 1.
TS-9,614                                                               4

      3. Que el 25 o 26 de noviembre de 2022 colocó al
         documento su firma y estampó su sello notarial.
         No obstante, afirmó que no le colocó el número
         de testimonio, ni la fecha.

      4. Que el 29 de noviembre de 2022, cuando le
         incautaron su obra notarial, el mencionado
         testimonio se quedó en una bandeja de documentos
         pendientes en su oficina y los otorgantes fueron
         a recogerlo el 24 de abril de 2023.

      5. Que el 24 de abril de 2023, le colocó el número
         de testimonio que pensaba correspondía y “le puso
         la fecha errónea por la costumbre de fechar los
         documento[s] cuando se le entrega el documento”
         a quien los suscribe.5

      6. Que luego de haber sido suspendida de la práctica
         notarial, “no h[a] otorgado ningún documento
         por[que] sabe[...] y es[…] consciente de que [le]
         está prohibido”.6

      Asimismo, aseveró que entendía que le podía entregar el

documento a su cliente en una fecha posterior, toda vez que

lo realizó el 25 o 26 de noviembre de 2022, cuando aún no

había sido separada del ejercicio de la práctica notarial.

Sin embargo, reconoció que, luego de analizar la moción que

ODIN presentó al respecto, se percató de que cometió “una

imprudencia inexcusable” y que su “actuación fue sin pensar

y sin analizarla a profundidad”.7

      Mediante una Resolución de 12 de junio de 2023, esta

Curia ordenó a ODIN a expresarse sobre el escrito que presentó

la licenciada Santos Negrón.8 Oportunamente, ODIN presentó su

posición. En síntesis, planteó que la letrada admitió haber

5 Íd.
6 Íd., pág. 2.
7 Íd., pág. 2 (Énfasis suplido).
8 En la misma Resolución también se le refirió el asunto a la Oficina del

Procurador General para que realizara la investigación de rigor y rindiera
el Informe correspondiente.
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cometido “una imprudencia inexcusable” al desempeñar sus

funciones notariales, por lo que destacó la seriedad y la

sensibilidad del asunto. Además, tras examinar la declaración

jurada en cuestión, con fecha de 24 de abril de 2023, ODIN

destacó que:

        1. Tanto la fecha como el número de testimonio
           asignado (“testimonio de autenticidad”) aparecen
           impresos en el cuerpo del documento, siendo dicha
           impresión similar a aquella que se obtiene
           utilizando    un    programa   (“software”)    de
           procesamiento    de   textos   de    un   sistema
           computarizado.

        2. El recibo del sello a favor de la SAL […]
           adherido al documento cuyas firmas fueron
           legitimadas tiene fecha de 21 de abril de 2023.

        3. Se aprecia en el documento que el sello notarial
           estampado está sobrepuesto al recibo del sello a
           favor de la SAL adherido al documento.

        4. Se aprecia en el documento que el sello notarial
           estampado está sobrepuesto a la última oración
           del juramento redactado (oración que inicia con
           “[. . .] hoy 24 de abril de 2023”.).9
        Tras esta exposición, ODIN aludió a varios aspectos que

la     letrada    no    abordó,    discutió    o   fundamentó     en    su

comparecencia:

        1. [P]or qué no informó a […] ODIN, por conducto de
           la Inspectora de Protocolos a cargo del proceso
           o mediante comunicación al Director, que
           existían documentos en una bandeja de su oficina
           cuyas firmas […] [presuntamente] habían sido
           legitimadas en una fecha previa a su suspensión
           y que estos se encontraban pendientes de entrega
           a las partes requirentes.

        2. Explicar cuántos documentos adicionales de
           similar naturaleza y condición, si alguno,
           mantuvo en su posesión posterior a la fecha de
           su suspensión.

9   Moción en cumplimiento de orden, pág. 3 (Énfasis en el original).
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        3. Si era su práctica (uso y costumbre) el fechar y
           asignar los números de testimonios cuando las
           personas   requirentes   iban  a   recoger   los
           documentos, no cuando legitimaba las firmas.

        4. [P]or qué omitió detallar en su Informe de
           Actividad Notarial Mensual del mes de noviembre
           de 2022 la legitimación del testimonio plasmado
           en    la   Declaración    Jurada   ante    [la]
           […]consideración [del Tribunal].

        5. Exponer cuál fue la razón (justificación) por la
           cual no registró los datos del documento
           legitimado en el Volumen Número 32 (Asientos
           Número 49,927 al Número 51,022) entregado a la
           ODIN, por conducto de la Inspectora de Protocolos
           asignada al proceso, en el mes de enero de 2023.

        6. [P]or qué omitió hacer expresión alguna de que
           el sello notarial estampado se encontraba
           sobrepuesto al recibo del sello a favor de la
           SAL adherido al documento con fecha de 21 de
           abril de 2023, cuando alegó en su escrito que
           dicho “ponche notarial” había sido “colocado" en
           la Declaración Jurada en el mes de noviembre de
           2022.

        7. Explicar […] por qué el sello notarial estampado
           se encontraba sobrepuesto a la última oración
           del juramento, redactada utilizando un programa
           de procesamiento de texto, y que lee 24 de abril
           de 2023.

        8. Toda vez que no contaba con un duplicado de su
           sello notarial por haber sido este incautado en
           noviembre de 2022, qué explicación, si alguna,
           tenía para ilustrar a este Honorable Foro sobre
           la razón por la cual ese sello se encontraba
           sobrepuesto tanto en el recibo del sello a favor
           de la SAL como en la última oración del juramento
           en el documento examinado.10

        Ante ello, ODIN argumentó que las explicaciones de la

licenciada Santos Negrón resultaban inverosímiles y que sus

acciones       indicaban    que    actuó    como    notaria,    a   pesar

de su suspensión, en contravención a las normativas aplicables

vigentes.

10   Moción en cumplimiento de orden, págs. 7-8 (Énfasis en el original).
TS-9,614                                                   7

     Finalmente, el 14 de agosto de 2023 la Oficina del

Procurador General (OPG) nos remitió el Informe que elaboró

sobre los hechos que nos ocupan. En resumen, luego de examinar

las distintas comparecencias de las partes, los documentos

que obran en el expediente y aquellos que obtuvo como parte

de su investigación, OPG concluyó que la licenciada Santos

Negrón infringió los Cánones 9, 33, 35 y 38 del Código de

Ética Profesional, infra. De este modo, OPG puntualizó que no

existía controversia fáctica y que, dada la gravedad de la

conducta desplegada, le recomendaba a esta Curia que se le

impusiera a la letrada una sanción severa, que podría incluir

la suspensión del ejercicio de la abogacía.

     Oportunamente, la licenciada Santos Negrón reaccionó al

Informe de OPG. En síntesis, esbozó que: (a) reiteraba la

explicación que brindó sobre lo sucedido; (b) si bien admitía

haber cometido “una imprudencia inexcusable”, enfatizaba que

el documento se suscribió y selló cuando todavía no se había

incautado la obra protocolar; (c)en ningún momento después de

la incautación de la obra protocolar actuó como notaria; (d)

no violó disposición legal alguna; (e) no les ha causado daño

a sus clientes ni a terceras personas, y (f) no violó los

cánones que señaló OPG.

     Expuesto el trasfondo fáctico, procedemos a consignar el

marco legal aplicable.

                             II

     La conducta de las y los miembros de la profesión legal

se rige por los postulados contenidos en el Código de Ética
TS-9,614                                                                     8

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Este ordenamiento tiene como norte

promover el desempeño profesional de los abogados y las

abogadas conforme a los más altos principios de conducta

decorosa. In re Ocasio Bravo, 209 DPR 1043, 1051 (2022). Esto,

a   su    vez,    redunda en     beneficio     de   la   profesión,     de   la

ciudadanía y de nuestras instituciones de justicia. In re

Rodríguez Lugo, 201 DPR 729, 735 (2019); In re Cruz Liciaga,

198 DPR 828, 834 (2017).

         Toda vez que en los procedimientos disciplinarios contra

los      abogados     y   las   abogadas   puede    afectarse    su    título

profesional y, con ello, el derecho fundamental a ganarse el

sustento,        el   estándar    probatorio    requerido     para     imponer

sanciones disciplinarias a un o una miembro de la profesión

legal es mayor al que se requiere en los procesos civiles. In

re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 663, 667 (2015). De ahí que la

acción     disciplinaria        debe   estar   basada    en   prueba   clara,

robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni

a base de conjeturas. In re Ramírez Salcedo, 199 DPR 208, 216

(2017); In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 584-585 (2001).

La prueba clara, robusta y convincente es aquella que “produce

en un juzgador [o juzgadora] de hechos una convicción duradera

de que las contenciones fácticas son altamente probables”. In

re Irizarry Rodríguez, supra, pág. 667 (Citas omitidas).

         A. Canon 9 del Código de Ética Profesional
         El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra,

requiere que los abogados y las abogadas observen para con

los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
TS-9,614                                                                       9

respeto y diligencia. Como corolario de ese deber, “se exige

que    los   abogados      [y    las    abogadas]        cumplan      pronta       y

diligentemente las órdenes de todos los tribunales”. In re

Hernández López, 197 DPR 340, 348 (2017). Véase también: In

re Villalba Ojeda, 193 DPR 966, 973 (2015). Así pues, es una

norma reiterada que la desatención a las órdenes                           de un

tribunal constituye un grave insulto a su autoridad. In re

Ocasio Bravo, supra, pág. 1052; In re González Vázquez, 200

DPR 224, 227 (2018).

       B. Canon 33 del Código de Ética Profesional

       La práctica de la notaría en Puerto Rico está regida por

las disposiciones de la Ley Notarial, el Reglamento Notarial

de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRA Ap. XXIV, el

Código de Ética Profesional, supra, y las leyes pertinentes

a los negocios y los documentos que este profesional autoriza.

In re Sánchez Reyes, 204 DPR 548, 565 (2020).

       Por   su   parte,    el    Canon       33   del       Código   de   Ética

Profesional, supra, prohíbe la práctica de la abogacía y de

la notaría en Puerto Rico sin la debida autorización de este

Tribunal. Es por ello por lo que aquellas y aquellos miembros

de la profesión legal que ejerzan la abogacía y la notaría en

Puerto Rico, mientras están suspendidas o suspendidos del

ejercicio    de   esta,    podrán       ser   objeto,        naturalmente,     de

sanciones disciplinarias. Véase: S. Steidel Figueroa, Ética

para    juristas:     Ética       del     abogado        y     responsabilidad

disciplinaria, San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 127.
TS-9,614                                                          10

      A tono con lo anterior, esta Curia ha expresado que “[e]s

impropio que durante el periodo en que un abogado [o una

abogada] está suspendido [o suspendida], [e]ste [o esta]

realice actos que constituyan el ejercicio de la profesión o

la apariencia de ello”. In re Gordon Menéndez I, 171 DPR 210,

215 (2007). Además, hemos postulado que “el ejercicio de la

profesión durante el tiempo de suspensión constituye una

práctica ilegal de la abogacía, [...] y [tal proceder] debe

ser   sancionado   severamente    porque   constituye   un   desafío

insólito   a   nuestro   poder   inherente   para   reglamentar   la

profesión”. Íd. Estas enunciaciones son igualmente aplicables

a profesionales del Derecho que ejerzan desautorizadamente el

notariado.

      C. Canon 35 del Código de Ética Profesional

      El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,

dispone:

           La conducta de cualquier miembro de la
      profesión legal ante los tribunales, para con sus
      representados [o representadas] y en las relaciones
      con sus compañeros [o compañeras] debe ser sincera
      y honrada.

           No es sincero ni honrado el utilizar medios
      que sean inconsistentes con la verdad ni se debe
      inducir al juzgador [o la juzgadora] a error
      utilizando artificios o una falsa relación de los
      hechos o del derecho. Es impropio variar o
      distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de
      ellas para transmitir una idea contraria a la que
      el verdadero contexto establece u ocultar alguna
      que le es conocida.

           El abogado [o la abogada] debe ajustarse a la
      sinceridad de los hechos al examinar los [y las]
      testigos, al redactar afidávits u otros documentos,
      y al presentar causas. El destruir evidencia
      documental o facilitar la desaparición de evidencia
TS-9,614                                                                  11

      testifical en un caso es también                       altamente
      reprochable. (Énfasis suplido).

      Al respecto, hemos advertido que “la conducta de un

abogado [o una abogada] debe ser sincera y honrada frente a

todos y ante todo tipo de acto”. In re Molina Oliveras, 188

DPR 547, 553 (2013) (Citas omitidas). Véase también:                  In re

Cardona Estelritz, 2023 TSPR 100, 212 DPR __(2023); In re

Ojeda Martínez, 185 DPR 1068, 1074-1075 (2012). No es defensa

en   estos   casos     el    que   no   se   haya   obrado    de   mala   fe,

deliberadamente o sin la intención de engañar, como tampoco

lo es que no se haya causado daño a un tercero. In re Nieves

Nieves, 181 DPR 25, 41-42 (2011).

      Lo esencial para que se configure una infracción al Canon

35 es que se falte a los valores de honradez y veracidad,

pilares de la profesión legal. In re Molina Oliveras, supra,

pág. 554. De esta forma, todo abogado y toda abogada tiene la

ineludible obligación de ajustarse a la fidelidad de los

hechos, tanto en su gestión profesional como en sus gestiones

personales. In re Meléndez Figueroa, 166 DPR 199, 207 (2005);

In re Sepúlveda Girón, 155 DPR 345, 359 (2001). “Para actuar

de conformidad con el mandato de este canon, es indispensable

que los abogados [o las abogadas] se aseguren de no proveer

información falsa o incompatible con la verdad y de no ocultar

información cierta que deba ser revelada”. In re Aponte

Morales, 2023 TSPR 13, 211 DPR (2023). En conclusión, y muy

relevante     a   la        conducta    que    aquí    nos      corresponde

justipreciar, “el abogado o la abogada que le provee al

tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, o
TS-9,614                                                                             12

que oculte información que deba ser revelada, incumple con el

Canon 35”. In re Jusino Torres, 210 DPR 919, 933 (2022).

     D. Canon 38 del Código de Ética Profesional

     Como    parte    de   los   preceptos             éticos     que        rigen   la

profesión, los abogados y las abogadas tienen el deber de

exaltar el honor y la dignidad de la profesión, así como

evitar la apariencia de conducta impropia. Estas obligaciones

éticas están contenidas en el Canon 38 del Código de Ética

Profesional, supra, el cual, en lo pertinente, dispone:

          El abogado [o la abogada] deberá esforzarse,
     al máximo de su capacidad, en la exaltación del
     honor y dignidad de su profesión, aunque el así
     hacerlo conlleve sacrificios personales y debe
     evitar hasta la apariencia de conducta profesional
     impropia.

                       .    .    .      .     .        .     .      .

          Por razón de la confianza en él [o ella]
     depositada como miembro de la ilustre profesión
     legal, todo abogado [o abogada], tanto en su vida
     privada como en el desempeño de su profesión, debe
     conducirse en forma digna y honorable.

                       .    .    .      .     .        .     .      .

                                 (Énfasis suplido).

     Este Tribunal ha sido enfático en que “cada abogado [y

abogada] es un espejo en el cual se refleja la imagen de la

profesión,    por     lo   que   debe       actuar,         tanto       en   su   vida

profesional como en su vida privada, con limpieza, lealtad y

el más escrupuloso sentido de responsabilidad”. In re Vélez

Lugo, 180 DPR 987, 996 (2011). Por ello, los abogados y las

abogadas     “deben    evitar    incluso          la       mera   apariencia         de

impropiedad ya que esta puede ser […][perjudicial] a la
TS-9,614                                                               13

confianza en las instituciones de justicia y en los miembros

de la profesión legal”. In re Suárez Marchan, 159 DPR 724,

745 (2003).

                                  III

     Procedamos a disponer de la cuestión disciplinaria ante

nuestra consideración. Un estudio puntilloso del expediente

de este asunto, así como de las normas deontológicas que lo

rigen,     nos   llevan    a   coincidir    con    la    apreciación    y

recomendación de ODIN y OPG. La licenciada Santos Negrón ha

desplegado una conducta crasamente antiética que amerita

nuestra intervención y enérgica reprensión. Veamos.

     De    entrada,   es   menester     resaltar   que   la   licenciada

Santos Negrón aceptó que preparó, selló y firmó la declaración

jurada en cuestión. Ahora bien, sostuvo que, según su mejor

recuerdo, legitimó el documento el 25 o 26 de noviembre de

2022 y que estampó su sello notarial y firma antes de que

este fuera incautado; y que en una fecha posterior colocó la

fecha y el sello del arancel. Sin embargo, al examinar a

simple vista el documento, no cabe duda de que el sello

notarial está sobrepuesto sobre el sello de SAL que tiene

fecha de 21 de abril de 2023. A su vez, se aprecia que el

sello notarial de la letrada está sobrepuesto a la fecha del

juramento de 24 de abril de 2023.11 Por ende, la explicación

o la justificación de la licenciada Santos Negrón para la

autorización de este testimonio de autenticidad, con fecha de

11 Cabe destacar que la fecha del documento y el número de testimonio
están mecanografiados en la misma tipografía y tamaño que el resto del
documento que la letrada alegó que preparó el 25 o 26 de noviembre de
2022.
TS-9,614                                                                      14

24 de abril de 2023, es simple y llanamente insostenible e

increíble.12 De hecho, del índice notarial de la letrada de

noviembre de 2022 no surge que se haya legitimado alguna

declaración jurada a los allí firmantes, ni se presenta

evidencia    adicional       para    sostener     que     el    documento     en

cuestión se autorizó en noviembre de 2022 ─previo a la

incautación de su obra protocolar y el sello notarial─, en

lugar de abril de 2023. En esta coyuntura, conviene recordar

la expresión que hiciéramos en Pueblo v. Luciano, 83 DPR 573,

582 (1961), a los efectos de que “[l]os jueces no debemos,

después     de    todo,     ser   tan     inocentes      como    para    creer

declaraciones que nadie más creería”. (Énfasis suplido). Íd.

Ciertamente,      de   la    totalidad     de     las    circunstancias       se

desprende    de    forma    clara,      robusta   y     convincente     que   la

licenciada Santos Negrón fechó y estampó su sello notarial en

una declaración jurada mientras estaba impedida de ejercer la

notaría.

     En consecuencia, concluimos que la licenciada Santos

Negrón infringió los Cánones 9 y 33 del Código de Ética

Profesional, supra, al ejercer ilegalmente la notaría, a

pesar de que este Tribunal ordenó su suspensión el 8 de

febrero de 2023. Asimismo, concluimos que infringió el Canon

35 del Código de Ética Profesional, supra, cuando faltó a la

verdad al informar que estampó en la mencionada declaración

jurada su sello notarial antes de que este fuera incautado y

12Aun si para fines de la argumentación aceptáramos la excusa ofrecida,
como mínimo, la licenciada Santos Negrón exhibió un descuido craso y un
claro menosprecio al rigor que exige el ejercicio de la notaría.
TS-9,614                                                                  15

que no contaba con un sello notarial adicional. De igual

forma, la letrada se apartó de los preceptos del Canon 38 del

Código     de   Ética    Profesional,    supra,      toda    vez   que    sus

actuaciones son indiscutiblemente impropias y no exaltan el

honor y la dignidad de la honrosa profesión de la abogacía.

                                    IV

       Tras colegir que la licenciada Santos Negrón se apartó

de los preceptos de los Cánones 9, 33, 35 y 38 del Código de

Ética Profesional, supra, nos corresponde ponderar la sanción

a imponer. En el pasado hemos delineado varios factores que

han de guiarnos a la hora de emprender esa faena. In re De

León Rodríguez, 190 DPR 378, 396 (2015). En ese sentido, hemos

enunciado los siguientes:

       (1) la reputación del abogado [o la abogada] en la
       comunidad; (2) su historial disciplinario; (3) si
       la conducta es aislada; (4) si medió ánimo de lucro;
       (5) si se presentó una defensa frívola de su
       conducta; (6) si ocasionó perjuicio a alguna parte;
       (7) si resarció al cliente [o la clienta]; (8) si
       demostró aceptación o arrepentimiento sincero por
       la conducta que le fue imputada, y (9) otros
       atenuantes o agravantes que surjan de los hechos.
       (Énfasis suplido). In re Rádinson Pérez, 204 DPR
       522, 542 (2020).

       Asimismo, hemos postulado que “casos similares ameritan

sanciones similares”, por lo que las sanciones impuestas en

casos semejantes sirven como guía. In re González Acevedo,

165 DPR 81, 104 (2005). En atención a esto, es meritorio

señalar que la licenciada Santos Negrón lleva más de treinta

años   ejerciendo       la   profesión   legal   y   la     notaría   y   fue

suspendida el 8 de febrero de 2023 del ejercicio de la última.

Además, esta no reconoció la gravedad de su conducta, no
TS-9,614                                                             16

mostró arrepentimiento, presentó una defensa              increíble y

frívola, y sus actuaciones provocaron que actualmente circule

en el tráfico jurídico un documento con un testimonio de

autenticidad nulo. A la luz de estos elementos, del resultado

de la labor investigativa de la OPG y de la gravedad de la

conducta desplegada sobre la que no existe controversia, la

letrada debe ser reprendida de la forma más severa. Así,

decretamos su suspensión del ejercicio de la abogacía de

manera inmediata e indefinida.13

                                   V

      Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión

de la licenciada Santos Negrón del ejercicio de la abogacía

de manera inmediata e indefinida.

      Le ordenamos a la señora Santos Negrón a notificar a

todos y todas sus clientes de su inhabilidad para continuar

representándoles y a devolverles tanto los expedientes de los

casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos

no realizados. Además, deberá informar inmediatamente de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos en los

que   tenga   algún    asunto    pendiente.    Deberá    acreditar    y

certificar    ante    este   Tribunal    el   cumplimiento     con   lo

anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros a

quienes les notificó de su suspensión, dentro del término de

13En In re Sepúlveda Valentín, 162 DPR 785 (2004), suspendimos por dos
años a un abogado que, mientras estuvo suspendido del ejercicio de la
profesión legal, hizo gestiones a favor de un cliente. En In re López de
Victoria Brás, 164 DPR 193 (2005), suspendimos indefinidamente a un
abogado que firmó y presentó en el tribunal una moción mientras estuvo
suspendido del ejercicio de la abogacía. De otra parte, en In re Scott,
175 DPR 474 (2009), denegamos la petición de reinstalación de un abogado
que incurrió en la práctica ilegal de la abogacía en Florida.
TS-9,614                                                  17

30 días contado a partir de la notificación de la presente

Opinión Per Curiam. No hacerlo pudiera conllevar que no se le

reinstale al ejercicio de la abogacía de solicitarlo en el

futuro.

     Se dictará Sentencia de conformidad.
             EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:
                                TS-9,614
Elaine Santos Negrón

Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez a la que se unió el Juez Asociado señor Estrella
Martínez y el Juez Asociado señoón Pérez

                             SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

               Por los fundamentos expuestos en la Opinión
          Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
          parte de la presente Sentencia, decretamos la
          suspensión de la Lcda. Elaine Santos Negrón del
          ejercicio de la abogacía de manera inmediata e
          indefinida.

               Le ordenamos a la señora Santos Negrón a
          notificar a todos y todas sus clientes de su
          inhabilidad para continuar representándoles y a
          devolverles tanto los expedientes de los casos
          pendientes como los honorarios recibidos por
          trabajos no realizados. Además, deberá informar
          inmediatamente de su suspensión a los foros
          judiciales y administrativos en los que tenga algún
          asunto pendiente. Deberá acreditar y certificar ante
          este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,
          incluyendo una lista de los clientes y los foros a
          quienes les notificó de su suspensión, dentro del
          término de 30 días contado a partir de la
          notificación de la presente Opinión Per Curiam y
          Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no se le
          reinstale al ejercicio de la abogacía de solicitarlo
          en el futuro.

                Notifíquese a la señora Santos Negrón de esta
          Opinión   Per Curiam y Sentencia por medio del correo
TS-9,614                                                  2

electrónico registrado en el Registro Único de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico.

     Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco,
el Juez Asociado señor Rivera García y el Juez Asociado señor
Estrella Martínez no intervinieron.

                              Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                            Secretario del Tribunal Supremo