Court Opinion

ID: 9928530
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:37.471295+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:45.585121
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

CASITAS BLANCAS LLC                             CERTIORARI
                                                Procedente del
         Recurrida                              Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
             v.                 KLCE20231166    Superior de Humacao

  (SUCN) IRIS TORRES                            Civil Núm.:
   MONTALVO, ET ALS                             HSCI201401095
                                                (208)
       Peticionarios
                                              Sobre: Ejecución de
                                              Hipoteca
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparecen ante nos la Sucesión de la señora Iris Francisca

Torres Montalvo (“Sra. Torres Montalvo” o “Causante”) compuesta

por Yamil Gabriel Rodríguez Dones (menor de edad), Pedro Juan

Rodríguez Torres, Andrés Javier Rodríguez Vega, Natalie Marie

Rodríguez Vega, Karla Marie Rodríguez Vega, Gustavo Alberto

Rodríguez Villanueva, Bianca Melissa Rodríguez Villanueva, Héctor

Manuel Rodríguez Villanueva (en conjunto, “la Sucesión” o “los

Peticionarios”) mediante Petición de Certiorari presentada el 23 de

octubre de 2023. En esta, solicitaron la revisión de la Resolución

emitida el 13 de julio de 2023, notificada el 18 del mismo mes y año,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao

(“foro primario” o “foro a quo”). Mediante el aludido dictamen, el foro

primario declaró No Ha Lugar la moción presentada por los

Peticionarios en la cual solicitaron ejercer el derecho de retracto

litigioso. Inconforme con el dictamen, el 26 de julio de 2023 los

Peticionarios presentaron una solicitud de reconsideración, la cual

fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 19 de

septiembre de 2023, notificada el día 25 del mismo mes y año.

Número Identificador
RES2023 _____________________
                                                                    2

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

                                    I.

       Los hechos que originan la presente reclamación surgen

cuando el 23 de octubre de 2014, Oriental Bank instó una Demanda

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la Sra. Torres

Montalvo.1 En síntesis, Oriental Bank alegó que el 11 de septiembre

de 2002, la Causante suscribió un pagaré de $100,000.00,

devengando un interés de 8.125% anual. Para garantizar el pago del

referido pagaré, se constituyó una primera hipoteca a favor de

Oriental Bank mediante Escritura Número 440, otorgada ante la

notario Elaine Villanueva Martínez. Arguyó que la Sra. Torres

Montalvo le adeudaba la suma de $83,965.12, más los intereses

vencidos que ascienden a $7,390.63, la suma de $482.69 por

concepto de cargos por demora, más una suma de $10,000.00 en

concepto de honorarios de abogado. Sostuvo, además, que la deuda

estaba vencida, era líquida y exigible, por lo que solicitó el pago de

las cuantías reclamadas o que se ordenara la venta en pública

subasta del inmueble objeto de la hipoteca.

       Transcurridos varios trámites en el litigio, el 17 de julio de

2015, notificada el 23 del mismo mes y año, el foro primario dictó

Sentencia Sumaria, en la que declaró Con Lugar la demanda.2 En

consecuencia, condenó a la Causante al pago de las sumas

reclamadas y de no pagarse la totalidad de la deuda, se procedería

con la venta en pública subasta de la propiedad.

       Posteriormente, el 19 de enero de 2016, la Sra. Torres

Montalvo presentó Moción por Derecho Propio.3 Mediante esta,

solicitó que se suspendiera la celebración de la subasta y que se le

1 Apéndice certiorari, págs. 1-5.
2 Íd, págs. 6-10.
3 Íd, págs. 11-12.
                                                                         3

nombrara un defensor judicial, toda vez que se encontraba

incapacitada por la condición de demencia senil y/o Alzheimer.

       En vista de la continuación de los trámites de subasta, el 24

de febrero de 2015, la Sra. Torres Montalvo presentó un escrito

intitulado Moción Asumiendo Representación, Réplica a Moción en

Cumplimiento de Orden, Solicitando se Levante Anotación de

Rebeldía     y       Releve   de   Sentencia   en   Rebeldía,   Solicitando

Nombramiento de Defensor Judicial y Solicitud de Vista.4 Por virtud

de esta, la representación legal de la Causante alegó que el

diligenciamiento del emplazamiento fue defectuoso, puesto que la

Sra. Torres Montalvo reside en la propiedad objeto de la ejecución y

podía ser emplazada personalmente. Sostuvo que la Sra. Torres

Montalvo no estaba capacitada en ninguna etapa del proceso por su

padecimiento de demencia senil y alzhéimer, por lo cual no podía

oponerse al mismo. Expuso, además, que la propiedad objeto de la

ejecución era su residencia principal, por lo que tenía derecho a los

beneficios de la mediación compulsoria instituida en la Ley Núm.

184 de 17 de agosto de 2012.

       Por tales razones, solicitó lo siguiente: 1) que se levantara la

anotación de rebeldía; 2) que se dejara sin efecto la Sentencia

Sumaria emitida; 3) que se señalara una vista para el nombramiento

de un defensor judicial; 4) que le permitiera presentar alegaciones;

5) que refiera el caso a mediación; y 6) paralizaran los

procedimientos hasta que culminara el proceso de mediación.

       Así las cosas, el 26 de junio de 2017, notificada al próximo

día, el foro primario emitió Resolución en la que declaró No Ha Lugar

las solicitudes de la Sra. Torres Montalvo sobre dejar sin efecto el

emplazamiento por edictos, la anotación de rebeldía, la Sentencia

Sumaria dictada y la subasta.5 Razonó el foro primario que en la

4 Íd, págs. 17-21.
5 Íd, págs. 22-29.
                                                                               4

vista evidenciaria celebrada el 21 de febrero de 2017, la Causante

no logró demostrar que Oriental Bank tuviera conocimiento de su

alegada condición de incapacidad. A su vez, concluyó que las cartas

sometidas en evidencia sobre la condición de la Causante no

establecían que esta ha sido diagnosticada con demencia senil o

alzhéimer. Resolvió, además, que el testimonio del emplazador le

mereció entera credibilidad sobre las diligencias realizadas para

lograr emplazar personalmente a la Sra. Torres Montalvo.

       Insatisfecha con la determinación del foro primario y luego de

transcurridos varios trámites procesales, la Sra. Torres Montalvo

acudió     ante      esta   Curia    mediante      recurso     de    apelación

(KLAN201701251). El 22 de febrero de 2018, un panel hermano

dictó Sentencia en la que revocó el dictamen emitido por el foro

primario.6 En particular, este foro apelativo determinó que el

emplazamiento realizado a la Sra. Torres Montalvo fue válido. En

cuanto al asunto de la incapacidad, se resolvió que el foro primario

tenía la obligacion de considerar el estado mental de la Causante

antes de celebrar la segunda subasta. Por lo cual, anuló la venta en

pública subasta de la propiedad y ordenó al foro primario a “hacer

una determinación sobre el estado mental de [la Causante] y, de

entenderlo necesario, nombrar un defensor judicial […].” La aludida

sentencia no fue apelada por lo que la misma advino final y firme.

       Celebrada la vista de incapacidad ordenada por el Tribunal de

Apelaciones7 y luego de la notificación del fallecimiento de la señora

Torres Montalvo, el 23 de marzo de 2023, la Sucesión presentó un

escrito intitulado Moción para Ejercer Retracto de Crédito Litigioso a

Tenor con la Sección 2-306 de Ley de Transacciones Comerciales y el

Nuevo Código Civil.8 En esta, señalaron que San Carlos Mortgage

6 Íd, págs. 59-72.
7 En la vista se determinó que la Causante no tenía capacidad para conocer los

procedimientos en su contra y se le nombró un defensor judicial. Véase Resolución
del 13 de julio de 2023 en el Apéndice certiorari, pág. 101.
8 Íd, págs. 90-94.
                                                                      5

LLC. (“San Carlos”), fue sustituido como parte demandante por ser

el nuevo tenedor del pagaré hipotecario objeto del litigio. Añadió que

San Carlos no es un tenedor de buena fe del pagaré y solicitó el

retracto del crédito litigioso. Posteriormente, la Sucesión presentó

un escrito al foro primario solicitando nuevamente el retracto del

crédito litigioso al haberse adquirido el pagaré por Casitas Blancas

LLC (“Casitas Blancas”).

       Así las cosas, el 13 de julio de 2023, notificada el 18 del mismo

mes y año, el foro primario emitió Resolución. Mediante esta, aclaró

que la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 22 de

febrero de 2018, no tuvo la intención de dejar sin efecto la Sentencia

Sumaria emitida el 17 de julio de 2015. Por tal razón, la Sentencia

Sumaria dictada por el foro primario en 2015 es una final, firme e

inapelable. En vista de que los procedimientos de ejecución de

sentencia se llevaron a cabo antes de hacer la determinación de

incapacidad de la Causante, solo restaba la celebración de una

nueva subasta y posterior venta judicial. Como consecuencia de ello,

resolvió que no procedía la solicitud de retracto de crédito litigioso.

       En desacuerdo, el 26 de julio de 2023, la Sucesión presentó

Moción de Reconsideración y el 13 de septiembre de 2023, la Casitas

Blancas presentó su oposición mediante escrito intitulado Moción en

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Remedio. Mediante Orden

emitida el 19 de septiembre de 2023, notificada el 25 del mismo mes

y año, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración.9

       Insatisfecho, el 23 de octubre de 2023, los Peticionarios

acudieron      ante    esta   Curia   y   formularon   los   siguientes

señalamientos de error:

       Erró el TPI al resolver que el crédito de la recurrida no
       es litigioso, desestimar la moción de retracto de crédito
       litigioso, y omitir que el pagaré de este caso, no se trata

9 Íd, págs. 109-118.
                                                                  6

      de un instrumento negociable, únicos créditos que
      gozan de protección contra el retracto.
      Erró el TPI al concluir que la peticionaria no cumplió
      con la mitigación de pérdidas.
      Erró el TPI por inacción y abuso de discreción debido a
      ello, el crédito consta a nombre del acreedor en el
      Registro de la Propiedad y el CRIM aún cuando la
      subasta fue anulada. Su desatención a múltiples
      mociones solicitándole la acción correspondiente
      provocó que la mitigación de pérdidas no pudiera
      concluirse. Ello, es secuela de otras órdenes emitidas
      por el Tribunal en ausencia de partes indispensables.
      Erró el TPI al determinar que existe una sentencia final
      y firme aún cuando determinó previamente que la
      demandada Torres Montalvo estaba incapacitada a los
      fines de enfrentar el pleito y le nombró un defensor
      judicial.
      Erró el Tribunal al no resolver la moción de la propia
      demandante donde informó que no había notificado su
      moción en cumplimiento de orden y que acceda a que
      se dejara sin efecto la Resolución en reconsideración.

      El 27 de octubre de 2023, le concedimos un término de diez

(10) días a la parte Recurrida para que mostrara causa por la cual

no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar la determinación

recurrida. En cumplimiento con lo ordenado, el 30 de noviembre de

2023, la parte Recurrida presentó un escrito intitulado Moción en

Cumplimiento de Resolución.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la situación

fáctica ante nuestra consideración.

                                II.
                           A. Certiorari

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Los

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
                                                                     7

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

            El tribunal tomará en consideración los
      siguientes criterios al determinar la expedición de un
      auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:
      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de
                                                                     8

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                        B. Crédito Litigioso

      La cesión de crédito es un negocio jurídico entre un acreedor

(cedente) y una tercera persona (cesionario) mediante el cual el

primero transmite al segundo la titularidad de un crédito (crédito

cedido). Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 717 (1993),

citando a IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986). Véase,

además, L. Diez Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial,

Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 789. El Art. 1211 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 9572, protege al deudor que no

es notificado de la cesión y paga al acreedor original. Por ello, el

Tribunal Supremo ha dicho que es necesario establecer por modo

auténtico la fecha de la cesión y notificarle dicho negocio jurídico al

deudor. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 718.

      El Art. 1220 del Código Civil de Puerto Rico, versa sobre la

cesión de los créditos litigiosos y establece:

      Si se cede un crédito litigioso, el deudor tiene derecho a
      extinguirlo mediante el reembolso al cesionario de lo
      que este haya pagado, de las costas ocasionadas y de
      los intereses del pago desde el día cuando se hizo. Se
      tiene por litigioso un crédito desde el momento cuando
      se contesta la demanda. El deudor puede invocar su
      derecho dentro del término de caducidad de treinta (30)
      días, contados desde que el cesionario le reclama el
      pago. 31 LPRA sec. 9581.

      El crédito es litigioso desde que se contesta la demanda y está

en disputa. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 726. Al

momento de la cesión o transmisión del crédito no puede existir

sentencia firme en el pleito que declare el crédito, pues los derechos

deben ser inciertos para reputarse el crédito como litigioso Íd.,

citando a Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 DPR 207, 209

(1951). Véase, además, Cámara Insular etc. v. Anadón, 83 DPR 374,

386 (1961).
                                                                      9

      La cesión de los créditos litigiosos tiene una restricción al

concederle al deudor el derecho al retracto. Consejo de Titulares v.

C.R.U.V., supra. El retracto de un crédito litigioso “es la figura

jurídica que permite a un deudor extinguir una obligación pagando

el precio que el cesionario de su crédito pagó por este.” DLJ Mortgage

v. SLG Santiago-Ortiz, 202 DPR 950, 959 (2019). El propósito del

retracto es “impedir el tráfico inmoral con los créditos litigiosos, que

eran comprados a bajo precio, para obtener luego una excesiva

ganancia al cobrarlos íntegramente del deudor” Íd., citando a D.

Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev.,

Der. Privado, 1983, Vol. III, pág. 240.

      Por otro lado, el Artículo 1212 del Código Civil de Puerto Rico,

dispone que la acción ejercitada por un cesionario en el caso de una

cesión de una cosa litigiosa no aplica a la cesión de un instrumento

negociable. En particular, el precepto dispone como sigue:

      En el caso de la cesión de un derecho litigioso, la acción
      que ejercita el cesionario es sin perjuicio de cualquier
      reclamación en contrario o de otro derecho existente al
      tiempo de notificarse la cesión, o antes; pero esto no es
      aplicable a la cesión de un instrumento negociable,
      traspasado de buena fe y por valor, antes de su
      vencimiento. 31 LPRA sec. 3942a.

                                  III.

      Luego de evaluar la totalidad del expediente, a la luz de los

criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no

identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir con el

dictamen recurrido. Ello, ya que no se configura ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos dictámenes interlocutorios en los que el TPI haya sido

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la

actuación del foro, surja un error en la interpretación o la aplicación

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos
                                                                 10

que en el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que

haya alguno de estos escenarios.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso

de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones