Court Opinion

ID: 9941550
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:45:38.909359+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.356871
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL VII-ESPECIAL

MUNICIPIO DE RÍO GRANDE,                           Apelación procedente
 REPRESENTADO POR SU                               del Tribunal de
   ALCALDE, ÁNGEL B.                               Primera Instancia,
                                                   Sala Superior de
   GONZÁLEZ DAMUDT
                                                   Fajardo
        APELADA

              V.                KLAN202300276

   ADQUISICIÓN DE FINCA                            Caso Núm.:
27.661 DE LA URBANIZACIÓN                          RG2022CV00284
 INDUSTRIAL, LAS FLORES,
                                                   Sobre: Expropiación
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE                           Forzosa
        RÍO GRANDE

  CONCILIO DE SALUD
  INTEGRAL DE LOIZA,
      INC., ET ALS
       APELANTE
MUNICIPIO DE RÍO GRANDE,                           CERTIORARI
 REPRESENTADO POR SU                               procedente del
   ALCALDE, ÁNGEL B.                               Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
   GONZÁLEZ DAMUDT
                                                   Superior de Fajardo
       RECURRIDO

              V.                KLCE202300360

   ADQUISICIÓN DE FINCA                            Caso Núm.:
27.661 DE LA URBANIZACIÓN                          RG2022CV00284
 INDUSTRIAL, LAS FLORES,
                                                   Sobre: Expropiación
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE                           Forzosa
        RÍO GRANDE

    CONCILIO DE SALUD
    INTEGRAL DE LOIZA,
        INC., ET ALS

  PARTES CON INTERÉS-
        PETICIONARIOS
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2024.

      Comparece el Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. (CSILO)

mediante una Apelación, correspondiente al recurso KLAN202300276,

sobre la Sentencia Parcial emitida el 10 de marzo de 2023 y notificada

el 13 de marzo de 2023 que desestima una reconvención presentada

Número Identificador
SEN2024______________
KLAN202300276 cons. con el                                                           2
KLCE202300360

por CSILO en un caso de expropiación forzosa y, sobre cuatro (4)

órdenes interlocutorias emitidas en la misma fecha de la sentencia

parcial antes mencionada. Además, CSILO también comparece ante este

Tribunal    de    Apelaciones      mediante      una     Petición   de   certiorari,

correspondiente al recurso KLCE202300360, sobre una Resolución

emitida y notificada el 15 de marzo de 2023 que declaró no ha lugar

una solicitud de desestimación de una petición de expropiación por

falta de jurisdicción sobre la materia.

       Adelantamos, por los fundamentos que vamos a exponer, que se

confirma la Sentencia Parcial apelada en el recurso KLAN202300276 y se

deniega la expedición del auto de certiorari en cuanto a las cuatro órdenes

recurridas en el recurso KLAN202300276; y, se deniega la expedición del

auto de certiorari en cuanto a la la Resolución recurrida en el recurso

KLCE202300360.

                                           I

       El Municipio de Rio Grande (Municipio; recurrido) presentó ante el

TPI, el 6 de julio de 2022, una Petición sobre expropiación forzosa

relacionada a los dos recursos ante nuestra consideración, sobre el

siguiente inmueble:1

       FINCA: 27,661 Inscrita al Tomo Karibe de Río Grande,
       Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección III Carolina,
       con número de catastro 090-086-054-08-000, la cual ubica en
       la URBANIZACIÓN INDUSTRIAL LAS FLORES de Río
       Grande.2

       Surge de la Ordenanza Núm. 2 Serie 2020-2021 y de la Ordenanza

Núm. 28 Serie 2021-2022 que en la finca objeto de la petición de

expropiación, enclava la estructura que fue la sede del Centro Judicial de

Rio Grande.3 El Municipio identificó, en el inciso IV del Exhibit A de la

Petición de expropiación, que las entidades CSILO, SZ Development, S.E.

(SZ) y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales(CRIM) son

1 Apéndice del recurso KLAN202300276,    págs. 1-106.
2 Alegación #2 de la Petición de Expropiación Forzosa.
3 Véase Exhibit C de la Petición, Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 11-23.
KLAN202300276 cons. con el                                                3
KLCE202300360

partes con interés. Acompañaron como Exhibit D24 una Certificación

Registral, de la cual surge que la propiedad está inscrita a favor del

CSILO, quien adquirió por compraventa mediante la Escritura Pública

número 4 del 3 de febrero de 2020, otorgada ante el notario Víctor M.

Rivera Torres.

       El 6 de julio de 2022, conjuntamente con la Petición de expropiación

forzosa, el Municipio de Rio Grande presentó una Moción sobre adquisición

y entrega material de la propiedad,5 en la cual se solicitó la entrega

inmediata de la posesión material de la propiedad objeto de la expropiación

y su inscripción a favor del Municipio de Rio Grande, por parte del

Registrador de la Propiedad, Sección III de Carolina.

       El 7 de julio de 2022, el TPI emitió una Resolución, notificada el

13 de julio de 20226 que decretó la investidura del título de la

propiedad objeto de la petición de expropiación en el Municipio de Rio

Grande y ordenó su incripción en el Registro de la Propiedad a favor del

Municipio, libre de cargas, gravámenes, menciones, y reservas.

       En cuanto a los incidentes posteriores pertinentes ante el TPI,

relacionados a lo reclamado en el recurso KLAN202300276, el 26 de

agosto de 2022, el CSILO presentó una Contestación a petición de

expropiación y reconvención.7 Alegó que el Municipio, con sus acciones y

omisiones, ocupó el inmueble expropiado desde el momento en que

denegó recibir el pago de los arbitrios de construcción y/o eximir del pago,

al privar al CSILO del uso de la propiedad.

       El Municipio de Rio Grande presentó, el 11 de octubre de 2022, una

Solicitud de desestimación de la reconvención por resultar improcedente e

inaplicable al procedimiento in rem de expropiación forzosa.8 Expuso que

la reconvención presentada por CSILO resulta incompatible e inaplicable al

procedimiento in rem de expropiación forzosa y que no está reconocida, ni

4 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 24.
5 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 107-113.5
6 Apéndice del recurso KLAN202300276, pags 114-118.
7 Apéndice del recurso KLAN202300276, pags 114-118.
8 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 675-682.
KLAN202300276 cons. con el                                                 4
KLCE202300360

autorizada por la Ley de Expropiación Forzosa, ni por el Código Municipal,

ni por la Regla 58.5 de las de Procedimiento Civil. En consecuencia, solicitó

la desestimación de la reconvención como cuestión de derecho. El 4 de

noviembre de 2022, CSILO presentó una Oposición a “Solicitud de

desestimación de la reconvención por resultar improcedente e inaplicable

al procedimiento in rem de expropiación forzosa”.9

       El TPI emitió, el 10 de marzo de 2023, una Sentencia Parcial

notificada el 13 de marzo de 2023, que desestimó la reconvención

presentada, por resultar “incompatible e inaplicable al procedimiento in rem

de la expropiación forzosa y no está reconocida, ni autorizada por la Ley

de Expropiación Forzosa, ni por el Código Municipal, ni por la Regla 58.5

de las de Procedimiento Civil”.10

       El 26 de agosto de 2022, el CSILO presentó un escrito titulado

Solicitud de reconsideración y para que se deje sin efecto orden de

investidura de título dictada por este tribunal mediante su resolución del 7

de julio de 2022.11 El 11 de octubre de 2022, el Municipio presentó su

Oposición del Municipio de Río Grande a "Solicitud de reconsideración y

para que se deje sin efecto orden de investidura de título dictada por este

tribunal mediante su resolución del 7 de julio de 2022.12 El 3 de noviembre

de 2022, el CSILO presentó una Réplica a "Oposición del municipio de Río

Grande a solicitud de reconsideración y para que se deje sin efecto orden

de investidura de título dictada por este tribunal mediante su resolución del

7 de julio de 2022.13

       El TPI emitió una Orden (primera orden recurrida en el recurso de

apeacion KLAN202300276) que declaró no ha lugar la Solicitud de

reconsideración y para que se deje sin efecto orden de investidura de título

dictada por este tribunal mediante su resolución del 7 de julio de 2022 antes

9 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 683-687.
10 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 688-689.
11 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 800-805.
12 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 806-813.
13 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 814-820.
KLAN202300276 cons. con el                                                5
KLCE202300360

citada y le ordenó al Municipio de Rio Grande a enmendar el Exhibit A para

incluir al Gobierno Federal.14

       El 23 de febrero de 2023, se presentó una Moción del Municipio de

Río Grande en solicitud de desalojo e imposición de canon de

arrendamiento. 15 CSILO presentó, el 27 de febrero de 2023, un escrito

titulado Oposición a “Moción del Municipio de Rio Grande en solicitud de

desalojo e imposición de canon de arrendamiento" y para reiterar solicitud

de desestimación presentada por el CSILO".16

       El TPI emitió, el 10 de marzo de 2023, una Orden (segunda orden

recurrida) al CSILO para que desaloje inmediatamente la finca expropiada,

notificada el 13 de marzo de 2023, y le impuso un canon de arrendamiento

mensual de $24,000.00 a partir del 10 de septiembre de 2022 y hasta que

acredite haber desalojado la propiedad municipal.17

       El 23 de febrero de 2023, también se presentó una Moción del

Municipio de Río Grande solicitando que se ordene al CSILO que informe

los datos del Perito Tasador que utilizará para litigar la justa

compensación.18 El 27 de febrero de 2023, el CSILO presentó su Oposición

a "Moción del Municipio de Rio Grande solicitando que se ordene al CSILO

que informe los datos del Perito Tasador que utilizará para litigar la justa

compensación" y para reiterar su solicitud de desestimación presentda por

el CSILO.19

       El TPI dictó el 10 de marzo de 2023 una Orden (tercera orden

recurrida), notificada el 13 de marzo de 2023, que le concede al CSILO

el término de veinte (20) días para informar nombre, cualificaciones,

número de teléfono y dirección del perito tasador que estará utilizando para

litigar la justa compensación.20

14 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 821.
15 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 822-823.
16 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 824-826.
17 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 827.
18 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 828-829.
19 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 830-832.
20 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 833.
KLAN202300276 cons. con el                                                 6
KLCE202300360

       Finalmente, el 26 de agosto de 2022, CSILO también presentó una

Moción solicitando eliminación de SZ Development por ser una parte

indebidamente acumulada.21 SZ Development presentó, el 13 de

septiembre de 2022, una Moción en torno a moción solicitando eliminación

de SZ Development por ser una parte indebidamente acumulada y a la

oposicion a comparecencia de la parte con interes SZ Development.22 El

11 de octubre de 2022, el Municipio presentó el escrito titulado Oposición

del Municipio de Rio Grande a "Moción solicitando eliminación de SZ

Development por ser una parte indebidamente acumulada". 23 Por su parte,

el 3 de noviembre de 2022, CSILO presentó una Réplica a "Oposición a

moción solicitando eliminación de SZ Development por ser una parte

indebidamente acumulada". 24

       El TPI emitió una Orden (cuarta orden recurrida), el 10 de marzo de

2023, la cual fue notificada el 13 de marzo de 2023, la cual declaró no ha

lugar la solicitud de eliminación de SZ como parte con interés.25

       Inconforme con lo dispuesto en cuanto a la Sentencia Parcial y las

cuatro(4) órdenes recurridas, el CSILO presentó, el 10 de abril de 2023, un

recurso de apelación ante este el Tribunal de Apelaciones identificado

como el caso número KLAN202300276, el cual fue consolidado con el

recurso KLCE202300360, mediante una Resolucion emitida el 26 de abril

de 2023 por este Tribunal de Apelaciones.

       En cuanto a los incidentes procesales y adjudicativos,

pertinentes ante el TPI relacionados a lo reclamado en el recurso

KLCE202300260, el 26 de agosto de 2022, se presentó por CSILO un

escrito titulado Urgente solicitud de desestimación por falta de jurisdicción

sobre la materia e impugnación de fin público.26 Se reclamó que la

expropiación de la propiedad solicitada por el Municipio de Rio Grande no

21 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 690-786.
22 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 787-789.
23 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 790-795.
24 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 796-799.
25 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 833.
26 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 149-189.
KLAN202300276 cons. con el                                               7
KLCE202300360

procede y debe ser desestimada, conforme a los siguientes tres

fundamentos:

       a. Falta de Jurisdicción sobre la materia según establece el
          28 U.S.C.S Sec. 2409(a)(a). Se sostiene que la ley federal
          (28 U.S.C.S. Sec. 1346(f) y su jurisprudencia
          interpretativa disponen que las cortes de distrito federales
          tienen jurisdicción exclusiva sobre las acciones civiles
          bajo las cuales se reclame el título de una propiedad en la
          cual los Estados Unidos tenga interés. En el escrito de
          desestimación, el CSILO acompañó la certificación
          registral de la propiedad, de la cual surge inscrito el
          "Federal Interest" del Gobierno Federal en la propiedad
          objeto de expropiación de este caso.
       b. La propiedad no está sujeta a ser expropiada por la
          doctrina del Campo Ocupado. No hay ley estatal, ni
          municipal, que pueda ir por encima del destino y propósito
          de esa propiedad según le fue conferido a consecuencia
          del "Federal Interest" y la ley federal.
       c. La Petición deja de exponer una reclamación que
          justifique la concesión de un remedio por la aplicación de
          la doctrina del Fin Público Previo, el cual a su vez resulta
          ser un uso público de mayor supremacía.
       El Municipio de Rio Grande presentó el 9 de noviembre de 2023 una

Oposición del Municipio de Rio Grande a la “Urgente solicitud de

desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia e impugnación de

fin público”.27 El 5 de diciembre de 2022, el CSILO presentó un escrito

titulado Réplica a "Oposición del Municipio de [Rio] Grande a la [‘]Urgente

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia e

impugnación de fin público[’]’’.28 El mismo día, 5 de diciembre de 2022, el

CSILO presentó una Moción para suplementar “Réplica a "Oposición del

Municipio de Rio Grande a la "Urgente solicitud de desestimación por falta

de jurisdicción sobre la materia e impugnación de fin público".29

       El 13 de marzo de 2023, el CSILO presentó una Moción para reiterar

"Urgente solicitud de desestimación por falta de .jurisdicción sobre la

materia e impugnación de fin público".30 El 13 de marzo de 2023 se emitió

una Orden por el TPI, notificada el 14 de marzo de 2023, la cual concedió

al Municipio de Rio Grande el término de veinte (20) días para presentar su

27 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 190-644.
28 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 645-657.
29 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 658-665.
30 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 666-669.
KLAN202300276 cons. con el                                                 8
KLCE202300360

posición sobre la moción para reiterar la solicitud de desestimación

presentada por el CSILO.31

          El 14 de marzo de 2023, el Municipio de Rio Grande presentó una

Moción del Municipio de Rio Grande en cumplimiento a orden del 14 de

marzo de 2023.32 Se expone en esa moción que el Municipio de Rio Grande

se une a la solicitud del CSILO para que el TPI adjudicara la Urgente

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia e

impugnación de fin público.

          Así las cosas, el 15 de marzo de 2023, el TPI emitió una Resolución

notificada el mismo día,33 en la cual el TPI declaró no ha lugar la solicitud

de desestimación por falta de jurisdicción y campo ocupado presentada por

el CSILO.

          Inconforme, el 5 de abril de 2023, el CSILO presentó un recurso de

certiorari ante este el Tribunal de Apelaciones identificado como el caso

número KLCE202300360, consolidado con el recurso KLAN202300276.

          Los señalamientos de errores expuestos en los recursos

consolidados son los siguientes:

                                  KLCE202300276

          1. Incurrió en error el TPI al desestimar la reconvención
             presentada en este caso por el CSILO a pesar de que
             nada en la normativa lo prohibe y a pesar de que se
             trata de acciones y defensas reconocidas en nuestra
             jurisdicción a una parte cuya propiedad le es
             expropiada y/o se trate de una tenencia y/u ocupación
             temporera.
          2. El TPI incurrió en error al no dejar sin efecto la orden
             de investidura de título y ordenar que se inscribiera la
             misma a favor del municipio y libre de cargas,
             gravamnes, menciones y reservas, a pesar de que
             tenía conocimiento de que la propeidad está afecta al
             "Federal Interest" y de que el gobierno federal no se
             ha incluído como parte en este caso. además, el TPI
             incurrió en error al no dejar sin efecto la investidura
             de título hasta tanto se resolviera de forma final y
             firme la controversia sobre la jurisdicción.
          3. Incurrió en error el TPI al ordenar al CSILO a desalojar
             inmediatamente la propiedad a pesar de que aun no

31 Apéndice del recurso KLAN202300276, pág. 670.
32
     Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 671-672.
33
     Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 673-674.
KLAN202300276 cons. con el                                             9
KLCE202300360

         se ha resuelto de forma final ni firme el asunto de la
         jurisdicción del TPI para atender la petición de
         epígrafe.
      4. Incurrió en error el TPI al imponerle al CSILO un canon
         de arrendamiento mensual de $24,000.00 a partir del
         10 de septiembre de 2022 y hasta que el csilo desaloje
         la propiedad a pesar de que dicha suma fue sugerida
         por el propio municipio como una mera alegación y
         sin que esté apoyada en informe pericial o prueba
         alguna.
      5. Incurrió en error el TPI al dictar orden concediendole
         al CSILO 20 dias para informar nombre,
         cualificaciones, número de teléfono y dirección del
         perito tasador que estará utilizando a pesar de que
         aun no se ha resuelto de forma final ni firme el asunto
         de la jurisdicción del tpi para atender la petición de
         epígrafe.
      6. Incurrió en error el TPI al no eliminar a la parte con
         interés SZ, a pesar de que se trata de una parte
         indebidamente acumulada.
                            KLCE202300360

      1. Incurrió en error el TPI al declarar sin lugar la solicitud
         de desestimación sin considerar los antecedentes de
         la propiedad objeto de la peticion de expropiación, la
         cual está gravada por un “Federal Interest” del
         gobierno federal que impide no sólo la expropiación
         de epígrafe, sino que ademas, priva de ju[ris]dicción
         al TPI para atender la petición de expropiación.
      2. Erró crasamente el TPI al asumir jurisdicción a pesar
         de que conforme a lo establecido en 28 U.S.C.S. Sec.
         2499(a)(a), el TPI carece de jurisdicción sobre la
         materia ya que existe jurisdicción exclusiva del
         Tribunal Federal.
      3. Erró el TPI al asumir jurisdicción a pesar de que la
         propiedad no está sujeta a ser expropiada por la
         doctrina del campo ocupado. El TPI al dictar la
         Resolución recurrida pasó por alto que no hay ley
         Estatal, ni Municipal, que pueda ir por encima del
         destino y propósito de la propiedad según le fue
         conferido a consecuencia del “Federal Interest” y la
         Ley Federal.
      4. Erró el TPI al declarar sin lugar la solicitud de
         desestimación a pesar de que la Petición de
         Expropiación deja de exponer una reclamación que
         justifique la concesión de un remedio por la
         aplicación de la doctrina del fin público previo, el cual
         a su vez resulta ser un uso público de mayor
         supremacía.
      5. Incurrió (sic) el TPI al no desestimar la petición a pesar
         de que el Municipio de Rio Grande no pudo levantar
         un argumento en derecho para oponerse.

      Con el beneficio de los escritos presentados por las partes,

resolvemos.
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KLCE202300360

                                       II

                         A. Expropiación forzosa

       El Artículo II, sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico dispone lo siguiente:

       No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso
       público a no ser mediante el pago de una justa compensación
       y de acuerdo con la forma provista por ley. No se aprobará
       ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o
       material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los
       edificios donde se encuentren instaladas solo podrán
       expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad
       publicas mediante procedimientos que fijara la Ley, y solo
       podrán tomarse antes de la declaración judicial, cuando se
       provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda
       instalarse y continuar operando por un tiempo razonable.

       Al presentarse ante el TPI la petición de expropiación forzosa, con

arreglo a lo dispuesto en 32 L.P.R.A. §§2901 et seq., el Estado deposita la

compensación debida “a favor del dueño y de cualquier persona que tenga

derecho, conforme las normas aplicables, a participar de ella.”

Administración de Terrenos de P.R. v. Nerashford Development Corp., 136

D.P.R. 801, 807 (1994), que cita a: Ley de 12 de marzo de 1903, p. 50, sec.

4 & 5(a) (32 L.P.R.A. sec. 2905 & 2907); Reglas 58.3 y 58.9 de las de

Procedimiento Civil de P.R. (32 L.P.R.A. Ap. III R. 58.3 & 58.9).

       Se ha reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo siguiente:

"[e]l derecho del gobierno a expropiar propiedad privada para uso

público ‘es un atributo inherente y necesario de la soberanía… y es

superior a todos los derechos de propiedad.’… El título que se adquiere

mediante la expropiación no se deriva del título del anterior dueño, sino que

es un título nuevo, independiente y absoluto." Administración de

Terrenos de P.R. v. Nerashford Development Corp., supra, a la página 808,

que cita a: Pueblo v. 632 Metros Cuadrados, 74 D.P.R. 961, 970 (1953);

ELA v. Registrador, 111 D.P.R. 117,119 (1981). (Énfasis nuestro.)

       A la fecha de radicación del legajo de expropiación forzosa ante el

TPI que incluya la “declaración de adquisición y entrega y se haga el

depósito en el tribunal, para beneficio y uso de la persona o personas

naturales o jurídicas que tengan derecho al mismo, de la cantidad estimada
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KLCE202300360

como compensación y especificada en la declaración, el título absoluto de

dominio de dicha propiedad, o cualquier derecho o interés menor en la

misma según quede especificado en la declaración, quedará investido en

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, o en la

agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

que hubiere requerido la expropiación […].” (Énfasis nuestro.) 32

L.P.R.A. §2907.

      Además, “[e]n términos generales se ha sostenido que como la

facultad de expropiar es un atributo inherente a la soberanía del Estado,

las únicas limitaciones que pueden reconocerse a su ejercicio son

que la propiedad se dedique a un uso o fin público y se le satisfaga al

demandado una justa compensación por ella.” (Énfasis nuestro.) M.

Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 370 (1962).

      Por lo tanto, “[e]l poder de expropiación forzosa del Estado Libre

Asociado es consustancial mismo con su existencia como Estado, e

inseparable de su poder político” y “[l]a Constitución de Puerto Rico se lo

reglamenta en el sentido de que lo ejerza para utilidad pública, y como

hemos concluido, beneficio e interés o utilidad social y del bien común,

sujeto al pago de una justa compensación […].” E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R.

501, 536 (1967). En consecuencia, “[c]uando la Asamblea Legislativa

misma, quien ejerce el poder de expropiación forzosa del Estado bien por

sí o en forma delegada, hace ella la determinación de utilidad pública o

interés público, resulta poco menos que imperceptible la facultad de

los tribunales para contradecir esa determinación.” Id. (Énfasis

nuestro.) Asimismo, “[u]na vez que la declaración legislativa o del

organismo delegado sea de utilidad pública, en el significado presente del

concepto, no incumbe a las cortes intervenir con la manera y medios

que la Legislatura o sus organismos delegados escogen para ejercer

el poder de expropiar, ni con la selección que hace de los bienes a ser

expropiados.” Id., que cita a McCormick v. Marrero, 64 D.P.R. 260 (1944)

y otros casos. (Énfasis nuestro.)
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KLCE202300360

      Por otro lado, la sección 5(d) de la Ley de Marzo 12 de 1903, según

enmendada, 32 L.P.R.A. §2910, dispone lo siguiente:

      En cualquier procedimiento entablado o que se entable por y
      a nombre y bajo la autoridad del Estado Libre Asociado de
      Puerto Rico o Gobierno Estadual, bien actúe en tales
      procedimientos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o
      Gobierno Estadual por propia iniciativa y para su propio uso,
      o bien a requerimiento y para fines de cualquier agencia o
      instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y
      en todo procedimiento entablado o que se entable por y a
      nombre de la Autoridad de Hogares de Puerto Rico, de
      cualquier Autoridad Municipal de Hogares o de cualquier
      municipio de Puerto Rico el Secretario de Justicia de Puerto
      Rico, o la representación legal de la Autoridad de Hogares de
      Puerto Rico, de cualquier Autoridad Municipal de Hogares, de
      cualquier municipio de Puerto Rico y de cualquier agencia o
      instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
      quedan autorizados para desistir total o parcialmente, a
      nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de las
      agencias, instrumentalidades o subdivisiones del Estado
      Libre Asociado de Puerto Rico que representan, de la
      adquisición de cualquier propiedad o parte de la misma o
      cualquier interés que en la misma haya sido o sea expropiado
      por o para la entidad expropiante por declaración de
      adquisición o de otro modo, y el título de dicha propiedad
      revertirá total o parcialmente, según sea el caso de
      desistimiento, a sus antiguos dueños; […].

      […]

      La facultad antes conferida para el desistimiento total o
      parcial de propiedades adquiridas mediante expropiación y
      en la forma anteriormente dispuesta podrá ser ejercida por
      las personas así autorizadas mediante convenio o
      estipulación. --Marzo 12, 1903, p. 50, adicionada como sec.
      5(d) en Mayo 12, 1949, Núm. 286, p. 845, sec. 1.

      La petición de expropiación forzosa incluye, entre otros documentos,

una declaración sobre adquisición y entrega material la cual deberá

contener y estar acompañada de lo siguiente:

      1. Una relación de la autoridad bajo la cual se pretende
         adquirir la propiedad y el uso público para el cual se
         pretenda adquirirla.
      2. Una descripción de la propiedad que sea suficiente para
         identificarla.
      3. Una relación del título o interés que se pretende adquirir
         de la propiedad para fines públicos.
      4. Un plano en caso de propiedad que pueda ser así
         representada.
      5. Una fijación de la suma de dinero estimada por la
         autoridad adquirente como justa compensación de la
         propiedad que se pretende adquirir. 32 L.P.R.A. sec.
         2907; Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 180 D.P.R.
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KLCE202300360

          206, 217(2010) que cita a A.C.T. v. Iñesta, 165 D.P.R.
          891,902 (2005).
      La Ley de Expropiación Forzosa y la Regla 58 de Procedimiento Civil

reconocen el derecho al dueño de la propiedad expropiada como parte con

interés para “formular sus defensas y objeciones, tanto en el carácter

público del uso a que se destinara la propiedad como a la cuantía declarada

como justa compensación.” A.C.T. v. 780.6141m2, supra, pág. 133. Por otro

lado, al arrendatario del inmueble objeto de expropiación ordinariamente le

asiste el derecho a participar de la compensación que el Estado

deposite. Adm. de Terrenos de P.R. v. Nerashford Dev. Corp., supra, pág.

815. La renuncia a ese derecho debe constar de una manera clara y

expresa. Id.

      En cuanto a la justa compensación, de ser impugnada la cuantía

originalmente consignada con la petición de expropiación forzosa,

corresponde al TPI su adjudicación final. Luego, “[l]a compensación fijada

por el tribunal sustituye los bienes inmuebles y los dueños de cada interés

sobre los mismos recobran de dicha compensación el mismo interés

proporcional que tenían en la propiedad expropiada.” Adm. de Terrenos de

P.R. v. Nerashford Dev. Corp., supra, págs. 811-812 que cita a Pueblo v.

McCormick, Alcaide & Co., 78 D.P.R. 939, 945-946(1956). No obstante, le

corresponde al dueño de la propiedad “cuestionar la cantidad depositada

como justa compensación y presentar la evidencia correspondiente sobre

el valor en el mercado del inmueble expropiado.” A.C.T. v. 780.6141M2,

supra, pág. 133.

                                     III

      En el recurso KLAN202300276, CSILO señaló que el TPI erró como

sigue: (1) al desestimar su reconvención en un pleito de expropiación

forzosa, contrario al derecho aplicable; (2) al no dejar sin efecto la orden

de investidura de título sobre la propiedad inmueble expropiada y

ordenar que se inscribiera la misma a favor del municipio y libre de

cargas, gravámenes, menciones y reservas, con conocimiento de que

la propiedad está afecta(sic) al "federal interest" y de que el gobierno
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KLCE202300360

federal no se ha incluído como parte en este caso y al no dejar sin

efecto la investidura de título hasta tanto se resolviera de forma final y

firme la controversia sobre la jurisdicción; (3) al ordenar el desalojo

inmediato de CSILO de la propiedad expropiada sin haberse resuelto de

forma final ni firme el asunto de la jurisdicción del TPI para atender la

petición de expropiación forzosa; (4) al imponerle a CSILO un canon de

arrendamiento mensual de $24,000.00 a partir del 10 de septiembre de

2022 y hasta que desaloje la propiedad, sin que la cantidad este apoyada

en informe pericial o prueba alguna; (5) al dictar orden que concede a

CSILO 20 días para informar nombre, cualificaciones, número de

teléfono y dirección del perito tasador que estará utilizando en el caso;

y, (6) al no eliminar a la parte con interés identificada como SZ

Development, a pesar de que se trata de una parte indebidamente

acumulada.

      El primer señalamiento de error se refiere a la solicitud de

desestimación de la petición de expropiación forzosa presentada por

CSILO en la Constestación a petición de expropiación y reconvención

presentada el 26 de agosto de 2022. Conforme al derecho aplicable antes

esbozado, el procedimiento civil en los casos de expropiación forzosa es in

rem, es decir, contra la propiedad y no le aplica lo dispuesto sobre

alegaciones responsivas reguladas en las Reglas de Procedimiento Civil

que incluyen las reconvenciones. La causa de acción sobre expropiación

forzosa es un procedimiento civil regulado por la Regla 58 de

Procedimiento Civil y no un procedimiento civil ordinario, por lo que el TPI

no cometió error al emitir la Sentencia Parcial apelada, que desestimó la

reconvención.

      En cuanto a los restantes cinco señalamientos de errores, se

refieren cuatro órdenes interlocutorias emitidas el 10 de marzo de 2023 y

notificadas el 13 de marzo de 2023, a las que identificamos como la

primera, segunda, tercera y cuarta orden recurrida en el recurso de
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apelación KLAN202300276, es decir, se recurre de órdenes de manejo del

caso.

        En cuanto a la primera orden […], el TPI, en atención a la Solicitud

de reconsideración y para que se deje sin efecto orden de investidura de

título dictada por este tribunal mediante su resolución del 7 de julio de 2022

y con el beneficio de los escritos de las partes, declaró no ha lugar la

solicitud de reconsideración para que se dejara sin efecto la investiduta de

título, y ordenó al Municipio a enmendar el Exhibit A para incluir al Gobierno

Federal y presentar el Proyecto de emplazamiento. CSILO no tiene razón

al señalar que el TPI erró al emitir la primera orden recurrida.

        Al presentarse la Petición de Expropiación, el 6 de julio de 2022, el

Tribunal de Primera Instancia emitió el 7 de julio de 2022 y notificó el 13

de julio de 2022, la resolución que decretó la investidura del título de la

propiedad expropiada a favor del Municipio, libre de cargas, gravámenes,

menciones y reservas.

        A partir de la fecha de presentación de la petición, las partes con

interés tienen el término de 20 días para impugnar el fin público.

Transcurrido ese término sin que se impugne el fin público, las partes con

interés solo pueden solicitar una suma adicional a la depositada como justa

compensación sobre el valor de la propiedad expropiada. Al presentar el

reclamo de suma adicional, la parte con interés deberá anunciar

oportunamente su perito tasador, que deberá ser escuchado en una vista

para dirimir si procede el reclamo de suma adicional. Por otro lado, de

forma paralela al proceso sobre el reclamo de suma adicional y de no

haberse desalojado la propiedad expropiada, el Tribunal puede adjudicar

sobre el reclamo de imposición de canones de arrendamiento.

        La segunda orden […], declaró ha lugar la Moción del Municipio de

Río Grande en solicitud de desalojo e imposición de canon de

arrendamiento presentada el 23 de febrero de 2023, y le impuso un canon

de arrendamiento mensual de $24,000.00 a CSILO a partir del 10 de

septiembre de 2022 y hasta que acredite haber desalojado la propiedad
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KLCE202300360

municipal. El TPI dispuso conforme a derecho en el manejo del caso, bajo

lo dispuesto en la Ley de Expropiacion Forzosa, la Regla 58 de

Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable antes reseñada.

       La tercera orden […], le concede al CSILO el término de veinte (20)

días para informar nombre, cualificaciones, número de teléfono y dirección

del perito tasador que estará utilizando para litigar la justa compensación,

en atención a la Moción del Municipio de Río Grande solicitando que se

ordene al CSILO que informe los datos del Perito Tasador que utilizará para

litigar la justa compensación, presentada el 23 de febrero de 2023.

Igualmente, el TPI dispuso conforme a derecho en el manejo del caso, bajo

lo dispuesto en la Ley de Expropiacion Forzosa, la Regla 58 de

Procedimiento Civil y la jurisprudencia applicable antes reseñada.

       La cuarta orden […], declaró no ha lugar la Moción solicitando

eliminación de SZ Development por ser una parte indebidamente,

presentada el 26 de agosto de 2022. CSILO señala que el TPI se equivocó

porque SZ no es parte con interés. Somos del criterio que el no se justifica

nuestra intervención en el manejo del caso.

       En el recurso KLCE202300360, CSILO señaló que el TPI se

equivocó por lo siguiente: (1) al declarar sin lugar la solicitud de

desestimación sin considerar que la propiedad expropiada está gravada

por un “federal interest” del gobierno federal que impide la expropiación de

epígrafe y priva de jurisdicción al TPI para atender la petición de

expropiación; (2) al asumir jurisdicción a pesar de que conforme a lo

estabecido en 28 USCS sec. 2499(a)(a), el TPI carece de jurisdicción sobre

la materia ya que existe jurisdicción exclusiva del tribunal federal; (3) al

asumir jurisdicción porque la propiedad no está sujeta a ser expropiada por

la doctrina del campo ocupado y la resolución recurrida no procede en

derecho, porque no hay ley estatal, ni municipal, que pueda ir por encima

del destino y propósito de la propiedad según le fue conferido a

consecuencia del “federal interest” y la ley federal; (4) al declarar sin lugar

la solicitud de desestimación pues la petición de expropiación deja de
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exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio por la

aplicación de la doctrina del fin público previo, un uso público de mayor

supremacía; y (5) al no desestimar la petición de expropiación forzosa

porque el Municipio no presentó fundamento en derecho para oponerse.

       Los cinco errores señalados se relacionan a un escrito titulado

Urgente solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia

e impugnación de fin público,34 presentado por CSILO el 26 de agosto de

2022. Se reclama que la expropiación de la propiedad solicitada por el

Municipio de Rio Grande no procede y debe ser desestimada, conforme a

los siguientes tres fundamentos:

       a. Falta de Jurisdicción sobre la materia según establece el
          28 U.S.C.S Sec. 2409(a)(a). Se sostiene que la ley federal
          (28 U.S.C.S. Sec. 1346(f) y su jurisprudencia
          interpretativa disponen que las cortes de distrito federales
          tienen jurisdicción exclusiva sobre las acciones civiles
          bajo las cuales se reclame el título de una propiedad en la
          cual los Estados Unidos tenga interés. En el escrito de
          desestimación, el CSILO acompafió la certificación
          registral de la propiedad, de la cual surge inscrito el
          "Federal Interest" del Gobierno Federal en la propiedad
          objeto de expropiación de este caso.

       b. La propiedad no está sujeta a ser expropiada por la
          doctrina del Campo Ocupado. No hay ley estatal, ni
          municipal, que pueda ir por encima del destino y propósito
          de esa propiedad según le fue conferido a consecuencia
          del "Federal Interest" y la ley federal.

       c. La Petición deja de exponer una reclamación que
          justifique la concesión de un remedio por la aplicación de
          la doctrina del Fin Público Previo, el cual a su vez resulta
          ser un uso público de mayor supremacía.

       CSILO reitera, en el recurso KLCE202300360, sus planteamientos

y argumentos ya presentados en mociones previas y discutidos en relación

al recurso KLAN202300276. No tiene razón. Hemos examinado

detenidamente los escritos de las partes y el apéndice presentado, y

estamos convencidos que el TPI no ha cometido los errores señalados en

el recurso KLCE202300276 y en el recurso KLCE202300360. CSILO no ha

demostrado la existencia del aludido gravamen federal y sus reclamos se

alejan del derecho aplicable como reiteradamente resolvió el TPI en ambos

34 Apéndice del recurso KLAN202300276, págs. 149-189.
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KLCE202300360

recursos consolidados. La Certificación Registral que expidió el Registrador

sobre la propiedad expropiada no incluyó mención alguna de un interés

federal. No se cometieron los errores señalados.

      Con el beneficio de los escritos de las partes, el foro recurrido emitió

y notificó el 15 de marzo de 2023 una Resolución que declaró no ha lugar

la solicitud de desestimacion por falta de jurisdicción y campo ocupado,

presentadas por CSILO. No se justifica nuestra intervención, bajo lo

dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimeinto Civil.

                                     IV

      Por los fundamentos antes expuestos, disponemos lo siguiente: (1)

en cuanto al recurso KLAN202300276, se confirma la Sentencia parcial

emitida el 10 de marzo de 2023 y notificada el 13 de marzo de 2023, y

se deniega la expedición del auto de certiorari en cuanto a las cuatro

órdenes recurridas también emitidas el 10 de marzo de 2023 y

notificadas el 13 de marzo de 2023; y, (2) en cuanto al recurso

KLCE202300360 se deniega la expedición del auto de certiorari en

cuanto a la Resolución emitida y notificada el 15 de marzo de 2023.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones