Court Opinion

ID: 9941337
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:26:03.666557+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:32.530641
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

ERNESTO ROSADO                                  REVISIÓN JUDICIAL
ROSADO                                          procedente de la Junta
                                                de Libertad Bajo
         Recurrente                             Palabra

               v.                 KLRA202300655 Caso Núm.: 145789

JUNTA DE LIBERTAD                               Querella Núm.: 23-072
BAJO PALABRA
                                                Sobre: Vista Final
          Recurrido                             Revocación de libertad
                                                bajo palabra
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Campos Pérez, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       Comparece la parte recurrente, el señor Ernesto Rosado

Rosado (señor Rosado Rosado o recurrente), quien solicita nuestra

intervención para dejar sin efecto la Resolución de la parte recurrida,

la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta o recurrida), emitida el 17

de noviembre de 2023 y notificada el día 21 siguiente.1 El ente

administrativo emitió una Resolución en el caso del título, por virtud

de la cual revocó el privilegio de libertad bajo palabra del recurrente,

al concluir que éste transgredió las Condiciones 9 y 12 del Certificado

de Libertad Bajo Palabra Enmendado (Mandato).

       Por los fundamentos que expondremos, confirmamos la

decisión administrativa.

                                       I.

       Surge del expediente que el señor Rosado Rosado fue

condenado a cumplir una sentencia de reclusión por la comisión de

varios delitos graves, entre éstos una violación al Artículo 3.3 de la

Ley Núm. 54, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica, sobre Maltrato mediante amenaza. No obstante, desde el

1 Apéndice del recurso, págs. 24-29.

Número Identificador

SEN2024 ______________
KLRA202300655                                                      2

12 de octubre de 2022, la Junta le concedió a la parte recurrente la

libertad bajo palabra, la cual fue ratificada el 4 de febrero de 2023.2

Entre las condiciones impuestas para disfrutar del privilegio se

encontraban las siguientes, a las que hemos impartido énfasis:3

        9. Observará buena conducta en la comunidad. Se
        abstendrá de cometer hechos o incurrir en omisiones
        que constituyen delitos de acuerdo con las leyes de los
        Estados Unidos de América, las leyes de Puerto Rico u
        ordenanzas municipales, y cumplirá éstas y los decretos
        administrativos de las agencias del gobierno.

        .     .       .      .         .   .   .   .

        12. La Junta de Libertad Bajo Palabra podrá decretar
        la suspensión indefinida de su libertad bajo palabra en
        la comunidad y ordenar su reingreso, en cualquier
        institución apropiada del gobierno, cuando, a juicio de
        la Junta de Libertad Bajo Palabra, considerare que el
        otorgarle el privilegio de libertad bajo palabra, en su
        caso, fuere incompatible con el bienestar público, con
        su propio bienestar o seguridad, el de sus familiares o
        con personas con quien conviviere.

        Así las cosas, el 29 de agosto de 2023, la Técnico de Servicio

Sociopenal (TSS) Wanda Rivera Vélez suscribió el Informe de

Situación.4 En el documento, la TSS reveló que D.M.C. —expareja

consensual del recurrente y quien a esa fecha se encontraba en el

quinto mes de gestación— le indicó su deseo de que el señor Rosado

Rosado se marchara del hogar. D.M.C. narró que el recurrente la

“tiró por unas escaleras porque le fue a reclamar qu[é] hacía fuera de

la casa y ella le dijo que estaba tomando el aire natural”.5 Añadió que

el recurrente constantemente la insultaba. Explicó que no acudió a

las autoridades, ni a recibir asistencia médica, porque “no recibió

ningún golpe fuerte y se [encontraba] bien”.6 El señor Rosado Rosado

negó los hechos imputados y propuso otra vivienda para establecer el

sistema de monitoreo electrónico. En ese momento, se estableció la

permanencia de un lock down.

2 Apéndice del recurso, págs. 30-32.
3 Apéndice del recurso, págs. 33-34.
4 Apéndice del recurso, págs. 35-36.
5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 35.
6 Id.
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       Por su parte, el 29 de agosto de 2023, D.M.C. solicitó una

orden de protección ex parte al palio de la Ley Núm. 54. En el

formulario se expuso lo siguiente:

       LAS PARTES TIENEN UNA RELACIÓN DE PAREJA HACE
       DOS    AÑOS.   LA   PARTE   PETICIONARIA  ESTÁ
       EMBARAZADA, TIENE 5 MESES DE EMBARAZO. LA
       PARTE PETICIONARIA ES VÍCTIMA DE UN PATRÓN
       PSICOLÓGICO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. EL
       PETICIONADO LA INSULTA CONSTANTEMENTE Y LE
       QUIERE CONTROLAR LA VIDA. EL PETICIONADO HA
       AGREDIDO FÍSICAMENTE EN EL ROSTRO. LA
       PETICIONARIA TEME POR SU SEGURIDAD Y LA DE LA
       HIJA QUE ESTÁ EN SU VIENTRE. SE EXPIDE ORDEN
       DE PROTECCIÓN FINAL Y SE CITAN LAS PARTE PARA
       VISTA FINAL EL 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 AM.
       SE ORDEN[A] EL DESALOJO.7

       A tales efectos, el 30 de agosto de 2023, la Junta emitió una

Orden para el arresto, retención o requisitoria del señor Rosado

Rosado, por la violación de las Condiciones 9 y 12 antes transcritas.8

Además se citó al recurrente a una vista sumaria inicial el 1 de

septiembre de 2023.9 En ambos documentos, se consignaron los

alegados hechos transgresores:

       Surge del informe de situación suscrito por la TSS,
       encargada del caso Wanda E. Rivera Vélez que el 27 de
       agosto de 2023, el liberado - querellado tiró a su
       compañera consensual por unas escaleras luego de
       reclamarle el por qué estaba fuera de la casa.

       La compañera consensual se encuentra en su quinto
       mes de gestación.

       A raíz de estos hechos la compañera consensual del
       liberado - querellado solicitó y se expidió una orden de
       protección ex parte contra el liberado - querellado en el
       Tribunal de Instancia de Utuado la cual fue expedida
       junto a una orden de desalojo y se citó a las partes para
       vista final el 19 de septiembre de 2023.

       Ante la incomparecencia de la TSS y a petición de la

representación legal del recurrente, la vista sumaria inicial y la final

7 Refiérase, Apéndice del recurso, págs. 32-41. En específico, véase, Apéndice del

recurso, pág. 39.
8 Apéndice del recurso, págs. 42-45. El 30 de agosto de 2023, el señor Rosado

Rosado fue encarcelado en la Institución Correccional Bayamón 705. Véase,
Apéndice del recurso, pág. 49, acápite 4.
9 Apéndice del recurso, págs. 46-48.
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se consolidaron para el 5 de octubre de 2023.10 Llegado el día, la

Oficial   Examinadora,       Marie    J.   Díaz    Valcárcel,    presidió    los

procedimientos y el día 23 siguiente rindió el Informe del Oficial

Examinador.11 Previo a estas fechas, específicamente el 19 de

septiembre de 2023, D.M.C. había informado al Tribunal de Primera

Instancia su desistimiento voluntario de la orden de protección. En

consecuencia, el foro compelido emitió una                  Resolución sobre

archivo.12 La Oficial Examinadora consignó el hecho en su escrito.

Además, expuso que la TSS estuvo conteste con la solicitud de la

representación legal del señor Rosado Rosado en cuanto a concederle

una oportunidad a éste, siempre y cuando, la nueva vivienda fuera

viable, no contacte a D.M.C. y provea manutención.13 En suma, la

Oficial Examinadora concluyó que el señor Rosado Rosado infringió

la Condición 9 y desestimó la violación de la Condición 12 imputada.

Por   consiguiente,     amonestó      al   recurrente,     lo   apercibió    del

cumplimiento de las Condiciones impuestas en el Mandato, ordenó

su excarcelación y que se sometiera a tratamiento sicológico.

       Por su parte, la Junta no acogió la recomendación de las

funcionarias. En la Resolución aquí impugnada ponderó los hechos y

expuso las siguientes aseveraciones fácticas:

       1. Las condiciones antes indicadas son parte del
       Mandato, expedido a favor del querellado el 12 de
       octubre de 2022 y firmado por éste. Cumple una
       sentencia de veintiún (21) años, cuatro (4) meses y un (1)
       día por violación al Art. 108 (Asesinato Atenuado), al Art.
       201 (Recibo, disposición y transportación de bienes
       objeto de delito) y al Art. 188 (Amenazas) del entonces
       vigente Código Penal de 2004, según enmendado;
       violación a los Arts. 5.04 (Portación y uso de armas de
       fuego sin licencia) y 5.15 (Disparar o apuntar armas) de
       la entonces vigente Ley Núm. 404 del 11 de septiembre
       de 2000, conocida como la “Ley de Armas de Puerto
       Rico”; y violación al Art. 3.3 (Maltrato mediante amenaza)
       de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según
       enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e

10 Apéndice del recurso, págs. 49-52; en particular, véase, Apéndice del recurso,
pág. 50, acápite 7.
11 Apéndice del recurso, págs. 53-57.
12 Apéndice del recurso, págs. 58-59.
13 Véase, Apéndice del recurso, pág. 54, acápite 8.
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       Intervención con la Violencia Doméstica”. Finaliza,
       tentativamente, la sentencia el 16 de octubre de 2029.

       2. La compañera consensual del querellado se presentó a
       la oficina del Programa de Comunidad del DCR14 e indicó
       a la TSS, entre otras cosas, que tenía desacuerdos con el
       querellado y no lo quería en su casa. Le informó que el
       querellado constantemente la insultaba. Además, le
       expresó que, el 27 de agosto de 2023, el querellado la tiró
       por las escaleras (la compañera tiene 5 meses de
       gestación). La TSS informó que orientó a la pareja del
       querellado respecto a que podía presentar una denuncia
       contra éste y debía ir al médico debido a su caída. No
       obstante, la compañera expresó que sólo quería que el
       querellado saliera de su casa, no tenía interés en
       denunciarlo y no recibió ningún golpe fuerte a
       consecuencia de la caída. Expresó que se encontraba
       bien. La TSS también le orientó en torno a que podía
       solicitar una Orden de Protección y la refirió a la Sala
       Especializada de Violencia Domestica del TPI.

       3. El 29 de agosto de 2023, el TPI expidió una Orden de
       Protección Ex Parte mediante la cual, entre otras cosas,
       ordenó al querellado desalojar la residencia que
       compartía con su compañera consensual y señaló una
       vista para el 19 de septiembre de 2023.

       4. El querellado fue trasladado inmediatamente a la
       residencia de su jefe, ubicada en la Calle Carlos #31 en
       Utuado, P.R. Además, se estableció “Lock Down”, hasta
       que se determinara lo contrario por la Junta.

       5. El TPI archivó la Orden de Protección Ex Parte dado al
       desistimiento de voluntario de la víctima, quien era
       pareja del querellado.

       6. El querellado fue removido del hogar por precaución.
       Luego de la vista del 19 de septiembre de 2023, la TSS
       llamó a la pareja del querellado en varias ocasiones. No
       obstante, ésta no le contestó dichas llamadas telefónicas.

       7. La representación legal solicitó a la Junta de que le
       diera una oportunidad a su representado ya que éste
       estaba cumpliendo con las condiciones de su Mandato y
       esta situación fue una aislada. Además, argumentó que
       la Orden de Protección no procedió. Indicó que podía
       someter una nueva dirección para que su representado
       continuara cumpliendo con el privilegio de libertad bajo
       palabra.

       8. La TSS recomendó que, de concedérsele una
       oportunidad al querellado, se le ordenara una nueva
       vivienda viable al querellado y se le ordenara no tener
       contacto con la pareja. Asimismo, solicitó que, llegado el
       momento del nacimiento de la bebé, el querellado
       realizara las gestiones para la manutención de su hija
       con visitas supervisadas.

14 Siglas de Departamento de Corrección y Rehabilitación.
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      Conforme a los hechos, la Junta coligió que la conducta del

señor Rosado Rosado contra D.M.C., en efecto, violó las Condiciones

9 y 12 establecidas en el Mandato. Aun cuando el ente impugnado

consideró que la orden de protección fue desistida voluntariamente,

expresó que no se presentó prueba en contrario a las alegaciones

realizadas por D.M.C. a la TSS. Añadió que, incluso, la funcionaria

aconsejó que entre el recurrente y D.M.C. no existiera contacto y, en

su día, las relaciones paternofiliales fueran supervisadas. En fin, la

Junta concluyó que el señor Rosado Rosado observó una conducta

inapropiada y que su proceder constituía un riesgo para él y la

comunidad. Justipreció que los hechos cometidos por parte del

recurrente eran incompatibles con el bienestar público, el suyo, el de

sus familiares y el de las personas con quien convivía. Expresó que el

señor Rosado Rosado demostró poco compromiso con su proceso de

rehabilitación, ya que la conducta desplegada fue similar a los delitos

por los cuales cumplía sentencia. Consecuentemente, declaró No Ha

Lugar la solicitud para que el señor Rosado Rosado continuara

disfrutando del privilegio de libertad bajo palabra y devolvió su

custodia al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

       Inconforme, el señor Rosado Rosado acudió oportunamente

ante este foro revisor y señaló la comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR
      Erró el foro administrativo al revocar el privilegio de
      libertad bajo palabra concedido al liberado Ernesto
      Rosado Rosado aun cuando la Técnica Socio-penal y la
      Oficial Examinadora que presidió la vista final
      consolidada y aquilató la prueba recomendaron que éste
      continuara bajo el privilegio de libertad bajo palabra con
      monitoreo electrónico.

      SEGUNDO ERROR
      Erró el foro administrativo al revocar el privilegio de
      libertad bajo palabra concedido al liberado Ernesto
      Rosado Rosado cuando la totalidad de la prueba
      presentada no sostiene una violación patente a las
      condiciones establecidas en su mandato, esto en claro
      abuso de discreción.
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      Acordamos eximir a la parte recurrida de presentar su alegato

en oposición, en armonía con la Regla 7 (B) (5) de nuestro

Reglamento. Como se conoce, la norma provee para que este Tribunal

de Apelaciones prescinda de “términos no jurisdiccionales, escritos,

notificaciones o procedimientos específicos”, ello “con el propósito de

lograr su más justo y eficiente despacho”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)

(5). Resolvemos.

                                  II.

La revisión judicial

      Es sabido que, al revisar las determinaciones administrativas

finales, los tribunales apelativos estamos compelidos a conceder

deferencia, por la experiencia y conocimiento pericial que se presume

tienen los organismos ejecutivos y municipales para atender y

resolver los asuntos que le han sido delegados. Super Asphalt v. AFI y

otro, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla

Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte.

Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196

DPR 606, 626 (2016). Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha reiterado que las determinaciones de los organismos

administrativos “poseen una presunción de legalidad y corrección

que los tribunales debemos respetar mientras la parte que las

impugna no presente la evidencia suficiente para derrotarlas”.

(Énfasis nuestro). Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185

DPR 206, 215 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR

969, 1002-1003 (2011). Por ende, nuestra intervención sólo se

justifica cuando el ente administrativo haya obrado de forma

arbitraria, ilegal o irrazonable. En esas circunstancias, entonces,

cederá   la   deferencia   que   ostenta   en    las   aplicaciones       e

interpretaciones de las leyes y los reglamentos que administra. JP,

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). En
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torno a esto, en Torres Rivera v. Policía de PR, supra, el Tribunal

Supremo expuso las normas básicas sobre el alcance de la revisión

judicial:

      [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una
      agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
      cuando: (1) la determinación administrativa no está
      basada en evidencia sustancial; (2) el ente administrativo
      erró en la aplicación o interpretación de las leyes o
      reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3)
      el organismo administrativo actuó arbitraria, irrazonable
      o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de
      una base racional, o (4) la actuación administrativa
      lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es
      importante destacar que, si el tribunal no se encuentra
      frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más
      de una interpretación razonable de los hechos procede
      que se valide la interpretación que realizó la agencia
      administrativa recurrida. Torres Rivera v. Policía de PR,
      supra, pág. 628.

      Así, pues, es norma asentada que el norte al ejercer nuestra

facultad revisora es el criterio de razonabilidad. Super Asphalt v. AFI

y otro, supra, pág. 821; Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC,

supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626;

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1042-1043

(2012).     Por   lo   tanto,   intervendremos   únicamente   cuando       el

organismo recurrido haya actuado de una manera tan irrazonable

que su actuación constituya un abuso de discreción. Super Asphalt v.

AFI y otro, supra, pág. 821; Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde,

LLC, supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.

El privilegio de la libertad bajo palabra

      La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1501 et

seq. (Ley Núm. 118), creó la Junta de Libertad Bajo Palabra. El ente

administrativo está facultado para conceder el privilegio de cumplir la

última parte de una condena en libertad bajo palabra a cualquier

persona recluida en una institución correccional de Puerto Rico.

Benítez Nieves v. ELA et al., 202 DPR 818, 825 (2019). Al ejecutar la

potestad delegada, la Junta está autorizada a imponer las
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condiciones      que   estime   necesarias     para     la   concesión   del

beneficio privilegiado. Art. 3 de la Ley Núm. 118, 4 LPRA sec. 1503.

Claro    está,   dichas   condiciones    restrictivas   se   suman   a   las

restricciones que, de ordinario, el ciudadano común está obligado a

observar en nuestra jurisdicción. Benítez Nieves v. ELA et al., supra,

que cita a Morrissey v. Brewer, 408 US 471, 478 (1972). Ello

responde a que el beneficio de la libertad bajo palabra es considerado

un privilegio, no un derecho reclamable. A esos fines, la libertad bajo

palabra sólo se otorgará cuando sirva al mejor interés de la sociedad

y propicie la rehabilitación moral y económica del liberado, según la

sana discreción de la Junta y los tribunales. Quiles v. Del Valle, 167

DPR 458, 475 (2006), que cita a Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR

413 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 536 (1999).

        De igual modo, la Junta también tiene la autoridad para

revocar el privilegio de libertad bajo palabra. Previo a este ejercicio

revocatorio, sin embargo, el Estado debe conceder al liberado unas

garantías del debido proceso de ley. Maldonado Elías v. González

Rivera, 118 DPR 260, 266 (1987). Ello así, porque el liberado “tiene

una libertad condicionada o cualificada que representa un interés de

suficiente valor como para exigir las garantías mínimas del debido

proceso de ley cuando se le intente despojar de éste”. (Cursivas en el

original). Quiles v. Del Valle, supra.

        El Artículo 5 de la Ley Núm. 118, 4 LPRA sec. 1505, establece

el procedimiento de revocación que debe seguir la Junta. Dispone,

entre otras cosas, que la Junta está autorizada a ordenar el arresto y

la reclusión de cualquier liberado que transgreda las condiciones

impuestas. Luego de la notificación de las infracciones imputadas y

la celebración de una vista sumaria inicial, la Junta debe celebrar

una vista final, dentro de sesenta días a partir de la fecha del arresto

del liberado, para determinar si procede o no la revocación de la

libertad bajo palabra. 4 LPRA sec. 1505. La disposición provee,
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además, para que la Junta consolide ambas vistas, en el caso que así

lo peticione la representación legal del liberado, entre otras razones.

Id.

      Para implantar las disposiciones de su ley habilitadora, la

Junta adoptó el Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra,

Reglamento Núm. 9232, de 18 de noviembre de 2020, que en su

Artículo XIII establece las normas relacionadas a las personas que

disfrutan de libertad condicionada. La norma referida abarca desde

las vistas de seguimiento hasta los posibles resultados del proceso; a

saber: amonestación, desestimación de la querella, modificación de

las condiciones del Mandato o revocación del privilegio. Es meritorio

mencionar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha refrendado el

procedimiento seguido por la Junta:

      [E]xiste en Puerto Rico un procedimiento válido para la
      revocación de la libertad bajo palabra. Este ha sido
      citado con aprobación en el caso Martínez Torres v.
      Amaro Pérez, [116 DPR 717 (1985)]. Allí se mencionó que
      el mismo incluye ambas garantías constitucionales
      mínimas tales como notificación y vista. El trámite
      estatutario confiere a la Junta la facultad para ordenar
      la investigación preliminar, ordenar el arresto sumario y
      dilucidar finalmente en una vista el hecho de la
      violación a las condiciones fijadas en la orden que
      concedió la libertad, y luego decidir si dicha
      violación amerita revocar la orden anterior. (Énfasis
      nuestro). Maldonado Elías v. González Rivera, supra, pág.
      269.

      Finalmente,   en   cuanto    a   la    recomendación     del   Oficial

Examinador,    la   Junta   la   evaluará,    pero   emitirá   su    propia

determinación mediante la correspondiente resolución. Art. XIV,

Sección 14.2 (D) del Reglamento Núm. 9232. La decisión de la Junta,

formulada a base de la preponderancia de la prueba, se hará por

escrito y contendrá las determinaciones de hecho, la evidencia en que

la decisión se basó y las razones que justifican la revocación. 4 LPRA

sec. 1505; véase, además, Art. XIV, Sección 14.1 (A) del Reglamento

Núm. 9232.
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                                  III.

      En la causa presente, el señor Rosado Rosado impugna la

determinación de la Junta, por ésta no ser cónsona con las

recomendaciones de la TSS y la Oficial Examinadora. Plantea que la

Junta abusó de su discreción y alega que la totalidad de la prueba

presentada no sostiene una violación patente a las condiciones

establecidas en el Mandato. No le asiste la razón.

      Luego de un examen detenido del expediente que revisamos,

opinamos que la Junta realizó un ejercicio adecuado de la amplia

discreción que tiene para revocar la libertad bajo palabra a cualquier

persona sujeta a su jurisdicción, aun cuando la recomendación de la

Oficial Examinadora haya sido distinta. Dicha recomendación no

obliga a la Junta, mientras la decisión final adoptada encuentre

apoyo en el expediente administrativo.

      En este caso, la Resolución que examinamos está basada en la

evidencia sustancial que la Junta relata. Como fue reseñado, la

expareja del recurrente acudió a la Oficina del Programa de

Comunidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación, donde

narró unos actos constitutivos de maltrato sicológico (insultos

constantes) y físico (lanzarla por las escaleras) por parte del

recurrente, con el agravante de que la mujer se encontraba en su

quinto mes de gestación. D.M.C. solicitó una orden de protección por

virtud de la Ley Núm. 54 y desistió de la misma, pues según expresó

a la TSS, se encontraba bien y su interés era que el recurrente

abandonara la residencia en común, lo cual se materializó. Ello, sin

embargo, no borra los hechos cometidos ni minimizan su gravedad.

Además,   en     nuestro   ordenamiento    jurídico,   ni   siquiera     una

absolución penal confiere inmunidad en el campo disciplinario

administrativo    por   los   mismos     hechos,   pues     se   trata    de

procedimientos con fines distintos, que requieren diferentes grados
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de prueba. Véase, Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 37

(2001); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 97 (1997).

      Ciertamente, durante el proceso ante la Junta, el recurrente no

controvirtió los hechos consignados en el Informe de la TSS. Éstos no

pueden considerarse aislados, toda vez que el señor Rosado Rosado

ya cumplía sentencia por infringir otra disposición de la Ley Núm.

54. Contrario a lo alegado, los actos sí demuestran una patente

violación a las Condiciones 9 y 12 del Mandato. Es decir, el

despliegue de la conducta antijurídica del recurrente contra la

perjudicada no responde a la buena conducta en la comunidad que

debió observar. El recurrente tampoco se abstuvo de cometer hechos

que tipifiquen delitos conforme con el ordenamiento legal. En este

caso, luego de cumplir con las garantías mínimas que emanan del

debido proceso de ley durante el proceso adjudicativo, la Junta

revocó la libertad bajo palabra que disfrutaba el señor Rosado

Rosado porque, a su juicio, consideró que el privilegio era

incompatible, no sólo con el bienestar público, el de sus familiares o

su expareja embarazada, sino con su propio bienestar, pues los actos

decididamente     constituyeron   retrocesos   en   su   proceso    de

rehabilitación.

      En la causa de autos, no albergamos duda de que el recurrente

no logró demostrar con evidencia suficiente que la Junta erró en su

interpretación del Derecho, ni nos colocó en posición de concluir que

las determinaciones de hecho reproducidas no estuviesen apoyadas

por el expediente y la evidencia evaluada. Es sabido que, conforme

con el criterio de razonabilidad y deferencia, no debemos intervenir

con los enunciados fácticos de un organismo administrativo, siempre

que éstos estén apoyados por evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo considerado en su totalidad. En la causa

presente, tampoco podemos concluir, ni el señor Rosado Rosado nos
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ha persuadido, que la Junta haya actuado de forma irrazonable al

revocarle el privilegio de libertad bajo palabra.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la

Resolución recurrida.

      Se instruye a la Secretaria del Departamento de Corrección y

Rehabilitación a entregar copia de esta Sentencia al señor Ernesto

Rosado Rosado, en cualquier institución carcelaria donde éste se

encuentre.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones