Court Opinion

ID: 9962776
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:51:22.455736+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:33.877840
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

LIZ ARCHILLA                                CERTIORARI
BETANCOURT                                  Procedente del
                                            Tribunal de Primera
Recurrido                                   Instancia, Sala
                              KLCE202400125 Bayamón

 v.                                              Caso Núm.:
                                                 BY2022CV3503
                                                 (401)

GLAXOSMITHKLINE
PUERTO RICO INC. Y                               Sobre: Despido
OTROS                                            Injustificado
                                                 (Ley Núm. 80)
Peticionarios                                    y Otros

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

      La parte peticionaria, GlaxoSmithKline Puerto Rico Inc.

(Glaxo), comparece mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita la

revocación de una “Orden” emitida y notificada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 16 de noviembre de 2023.

Mediante el referido dictamen, el foro primario le ordenó a la parte

peticionaria a abstenerse de ejercer cualquier tipo de gestión de

descubrimiento de prueba, y de interferir con el testigo de la aquí

recurrida, Liz Archilla Betancourt.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                  I.

      El 11 de julio de 2022, la recurrida presentó una “Querella” al

amparo de Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones

Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118

Número Identificador
RES2024___________________
KLCE202400125                                                        2

et seq., en contra de Glaxo. En el escrito, indicó que laboró en la

referida empresa por veintiseis (26) años, principalmente, en la

posición de representante de ventas. Sostuvo que se vio precisada a

renunciar a su puesto, luego de sufrir un patrón de actos

humillantes, abusivos y hostiles.      Aseveró que los mencionados

actos, constituyeron discrimen por razón de sexo y se realizaron en

represalia por prestar una serie de quejas en las cuales alegó trato

desigual. Así pues, le suplicó al tribunal de instancia que condenara

a la parte peticionara a satisfacerle todos los remedios solicitados en

virtud de las leyes laborales.

      Luego de que Glaxo contestara la demanda, y tras varias

instancias procesales, el 16 de noviembre de 2023, Archilla

Betancourt presentó una “Urgente Moción Solicitando Orden para

que se Prohíba a los Abogados de la Querellada Interferir con Testigo

de la Parte Querellante”. En el petitorio, relató que, en respuesta a

una solicitud de sentencia sumaria instada por Glaxo, presentó un

escrito en oposición el cual acompañó con una declaración jurada

de José Diez Sánchez, quien laboró como gerente de ventas en la

referida empresa, y fue su anterior supervisor. En consecuencia,

Glaxo,   alegadamente,    llamó    a   su   antiguo   empleado    para

cuestionarle    sobre    la      mencionada    declaración     jurada.

Posteriormente, el 7 de noviembre de 2023, Glaxo, le envió una

misiva a Archilla Betancourt en la cual expuso que mientras Diez

Sánchez fue empleado de la empresa, firmó un acuerdo de

confidencialidad, en virtud del cual tenían que estar presentes los

abogados de la empresa en toda comunicación que se interesara

tener con él. Sobre este particular, la recurrida resaltó que, a pesar

de que había anunciado a Diez Sánchez como su testigo desde el 9

de septiembre de 2022, fue la primera vez que la corporación

manifestó que existía un presunto acuerdo de confidencialidad con

su antiguo empleado.
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      Por otra parte, la recurrida acentuó que tenían información de

que los abogados de Glaxo habían citado al referido testigo a sus

oficinas para intentar obtener una declaración jurada. A raíz de ello,

Archilla Betancourt solicitó al foro primario que emitiera una orden

en la que se le instruyera a los abogados de Glaxo a abstenerse de

ejercer cualquier tipo de gestión de descubrimiento de prueba,

puesto que el mismo se dio por concluido a solicitud de la misma

entidad. Igualmente, peticionó que se le ordenara a la empresa evitar

interferir con su testigo, sin la autorización y presencia de su

representante legal.

      Evaluada la moción, el 16 de noviembre de 2023, el tribunal

de instancia emitió la “Orden” solicitada.

      Ese mismo día, Glaxo, le suplicó al referido foro que

reconsiderara la “Orden”. Planteó que, Diez Sánchez era parte en el

presente caso y cliente de los abogados que estaban representado a

la corporación, puesto que fungió, anteriormente, como gerencial de

la empresa. Además, sostuvo que, dado a que el mencionado testigo

era una extensión de Glaxo, podían reunirse con él en cualquier

momento que estimaran necesario. Así, arguyó que la orden, debía

ir dirigida a la recurrida, y no a la corporación, para que esta se

abstuviera de reunirse con Diez Sánchez sin su presencia.

      El 17 de noviembre de 2023, Archilla Betancourt se opuso a

la reconsideración. Manifestó que Diez Sánchez no era una

extensión de Glaxo, puesto que habían transcurrido varios años

desde la terminación de su empleo. Además, afirmó que, el mero

hecho de que el mencionado testigo ocupó en el pasado una posición

de gerente en Glaxo, no tuvo el efecto de establecer una relación

abogado-cliente con la representación legal de la empresa. A su vez,

indicó que el testigo tenía su propio abogado. En virtud de lo

expuesto, le peticionó al foro primario que declarara sin lugar la

reconsideración.
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       En reacción, el 17 de noviembre de 2023, Glaxo presentó una

réplica    en    la   cual    enfatizó     los   argumentos        presentados

anteriormente.

       Evaluadas las posturas, el 27 de noviembre de 2023, el

tribunal de instancia señaló una vista para el 4 de diciembre de

2023, con motivo de escuchar los argumentos de las partes.1

       Celebrada la vista, el tribunal concluyó que Diez Sánchez no

era cliente de los abogados de Glaxo, ni parte en el presente caso. A

su vez, dejó claro que el descubrimiento de prueba había concluido.2

De ese modo, determinó que se mantenía en efecto la “Orden”

previamente emitida. Ahora bien, razonó que, si existía un borrador

de la declaración jurada del mencionado testigo, Archilla Betancourt

debía notificarlo a Glaxo en un término de cinco (5) días.

       Inconforme, el 29 de enero de 2024, Glaxo presentó este

recurso, y realizó los planteamientos siguientes:

       ERRÓ EL TPI AL DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO
       CONFIDENCIAL ENTRE GSK Y DIEZ E IMPEDIR A DIEZ
       CUMPLIR CON SU DEBER DE COOPERACIÓN CON GLAXO
       AL ENMENDAR SUA SPONTE Y SIN JURISDICCIÓN LOS
       TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO, A PESAR DE
       QUE LA VALIDEZ DEL ACUERDO NO ES UN ASUNTO ANTE
       LA CONSIDERACIÓN DEL TPI.

       ERRÓ EL TPI AL DISPONER QUE GKS HABÍA RENUNCIADO
       AL PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE CON RESPECTO A
       DIEZ.

       ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE COMO LA DECLARACIÓN
       JURADA SUSCRITA POR DIEZ NO CONTIENE MATERIA
       PRIVILEGIADA NO APLICA EL PRIVILEGIO ABOGADO-
       CLIENTE.

       ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA PARTE
       QUERELLANTE NO TIENE QUE SUPLEMENTAR SU
       DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA BAJO LA REGLA 23 DE
       PROCEDIMIENTO CIVIL.

       Recibido el recurso, ordenamos a la parte recurrida a

presentar su posición en el término de diez (10) días, conforme

1 Precisa señalar que, ese mismo día, Glaxo acudió ante esta Curia en auxilio de

jurisdicción (KLCE202301324). Sin embargo, nos negamos expedir el recurso. En
consecuencia, el 7 de diciembre de 2023, la parte peticionaria instó una Solicitud
Urgente en Auxilio de Jurisdicción ante el Tribunal Supremo (CC-2023-0792). No
obstante, nuestro Alto Foro, igualmente, declaró sin lugar la referida solicitud.
2 Apéndice del recurso, pág. 124.
KLCE202400125                                                      5

dispone la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XII-B, R. 37. Luego de transcurrir un término adicional,

según solicitado, el 8 de febrero de 2024, Archilla Betancourt

presentó su posición.

      Examinado el expediente, y con el beneficio de la transcripción

de la vista del 4 de diciembre de 2023, procedemos a resolver.

                                  II.
      A. Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones
           Laborales

      La     Ley   de   Procedimiento   Sumario   de   Reclamaciones

Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según

enmendada, 32 LPRA sec. 3118, et seq., en adelante Ley Núm. 2,

fue promulgada por nuestra Legislatura, con el fin de librar a los

obreros o empleados del procedimiento judicial ordinario, cuando

entablen una reclamación contra su patrono. León Torres v. Rivera

Lebrón, 204 DPR 20, 30 (2020); Patiño Chirino v. Parador Villa

Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016); Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); Ríos v. Industrial Optic, 155 DPR 1,

10 (2001).

      Como bien propone su nombre, bajo esta disposición, los

empleados con reclamos laborales pueden beneficiarse de un

procedimiento sumario y expedito. La jurisprudencia interpretativa

ha procurado proteger y sostener, la importancia de que los

reclamos de naturaleza laboral sean tramitados con prontitud. León

Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 32-33; Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 732 (2016).

      Cónsono con el espíritu de los procedimientos sumarios al

amparo de la Ley Núm. 2, nuestro Alto Foro estableció que nuestra

intervención en resoluciones interlocutorias es contraria al

carácter sumario de estos, por lo que es preciso restringir, en
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estos casos, nuestra facultad revisora. Dávila Rivera v. Antilles

Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496 (1999). Es por esto último que la

parte que desee impugnar alguna determinación del Foro Primario,

previo a la adjudicación final del caso, deberá esperar a la sentencia

final, e instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado

error interlocutorio cometido. Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc.,

supra, pág. 497.

        “De este modo se da cumplimiento a la médula del

procedimiento analizado y, por otro lado, no queda totalmente

desvirtuado el principio de economía procesal ya que, si tenemos en

cuenta la rapidez con la que sobrevienen los escasos eventos

procesales provistos por la Ley Núm. 2, veremos que la parte podrá

revisar en tiempo cercano los errores cometidos”. Dávila, Rivera v.

Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 497.

        No obstante, nuestra más alta Curia ha reconocido tres (3)

excepciones a la norma precitada, con relación a las revisiones

interlocutorias     en   procedimientos   sumarios.    Los   tribunales

apelativos pueden ejercer su facultad revisora mediante certiorari,

sobre    aquellas   resoluciones   interlocutorias    dictadas   en   un

procedimiento sumario tramitado según la Ley Núm. 2, en las

siguientes instancias: (1) cuando el foro primario haya actuado

sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisión

inmediata dispone del caso por completo; o (3) cuando la

revisión tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Santiago

v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 207 DPR 339, 349

(2021); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 730.

En estas instancias, el carácter sumario y la celeridad que

caracterizan a los procedimientos tramitados bajo la Ley Núm. 2

ceden y los foros apelativos pueden revisar determinada resolución

interlocutoria.
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      La Sección 3 del estatuto en cuestión, dispone que en “los

casos que se tramiten con arreglo a esta Ley, se aplicarán las Reglas

de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con

las disposiciones específicas de las mismas o con el carácter

sumario del procedimiento establecido por esta ley”. Ley Núm. 2,

supra, sec. 3120.

                                   III.
      La acción promovida en el caso de marras surge al amparo de

la Ley Núm. 2, por lo que debe evaluarse a la luz de la normativa en

procedimientos sumarios. El peticionario nos solicita que revisemos

una determinación interlocutoria del Foro Primario. Por ello,

debemos evaluar si en la misma se materializa alguna de las

excepciones que nuestra jurisprudencia ha establecido, para que

este Tribunal pueda intervenir en resoluciones de esta naturaleza.

      Luego de una sosegada evaluación del expediente y la

exposición de ambas partes, justipreciamos que no existe ninguna

de las excepciones que nos permitirían expedir el recurso. El

peticionario no ha demostrado que el Foro recurrido haya tomado

su determinación en ausencia de jurisdicción para hacerlo.

Finalmente, entendemos que nuestra denegatoria no provocará una

grave injusticia.

                                   IV.
      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                            LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones