Court Opinion

ID: 9962637
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:37:13.248739+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.808013
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL1

UNITED SURETY AND                                    CERTIORARI
INDEMNITY COMPANY                                    Procedente del
                                                     Tribunal de Primera
Parte Recurrida                                      Instancia, Sala
                                                     Superior de San
v.                                                   Juan
                                KLCE202300732
VILLAS DE MONTELLANO
ASSOCIATES, S.E. LTD.;
LUIS TRIGO VELA; SU
ESPOSA, FRANCES                                      Caso Núm.:
CÓRDOVA, Y LA                                        K AC2009-1195
SOCIEDAD LEGAL DE                                    (Salón 604)
BIENES GANANCIALES
COMPUESTA POR
AMBOS; UBS FINANCIAL
SERVICES
INCORPORATED OF
PUERTO RICO;                                         Sobre: Acción Civil
INGENIERO MIGUEL L.
NOGUERAS BARRANCO

Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidenta la jueza Cintrón Cintrón, la juez
Barresi Ramos y el juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             RESOLUCION

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Comparece      ante    nos,   Luis   Trigo   Vela   (Trigo   Vela   o

peticionario), su esposa Frances Córdova (Córdova o peticionaria) y

la Sociedad Legal Gananciales compuesta por ambos (SLG),

solicitando que revisemos una “Resolución” del Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, en adelante, TPI-San Juan,

notificada el 21 de junio de 2021.

1 Véase Orden Administrativa OATA-2023-131 del 14 de julio de 2023,
donde se designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución de la
jueza Camille Rivera Pérez.

Número Identificador
RES2024___________________
KLCE202300732                                                         2

      En la misma, el Foro Primario denegó una “Moción de

Sentencia Sumaria” presentada el 28 de enero de 2020 por el

peticionario.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso solicitado.

                                   I.

      Según el recurso que ahora nos ocupa, los eventos que han

producido la controversia del caso de marras tienen su génesis en

la exposición de hechos que a continuación resumimos:2

            Trigo Vela se dedicaba al desarrollo de propiedades,
      bajo un programa de subsidios federales para el desarrollo
      de viviendas. Villas de Montellanos Associates S.E., en
      adelante VMA, también se dedicaba al desarrollo de vivienda
      social bajo el mismo programa.
            VMA contrató a White Construction Inc., en adelante
      White, como contratista de uno de sus proyectos. Sin
      embargo, la relación entre ambos desembocó en una
      demanda presentada el 24 de mayo de 1994, por VMA, por
      incumplimiento de contrato. White reconvino con una
      demanda en cobro de dinero. Eventualmente, White obtuvo
      una orden de aseguramiento de sentencia y embargo sobre
      la propiedad de VMA, el día 7 de marzo de 1996.
            Para levantar el embargo, VMA necesitaba una fianza
      judicial, la cual le solicitó a San Juan Abstract Company, en
      adelante, SJAC. Esta compañía, que ofrece servicios de
      seguros por especialidad y títulos, se encargaba de manejar
      ciertos aspectos financieros del dinero provisto por los
      inversionistas del proyecto de VMA.
            Posteriormente, Caribbean Limited Partnership, en
      adelante CLP, compró el proyecto de VMA. CLP, a su vez,
      contrató a Vivienda Social, Inc., en adelante VS, como
      “Completed Project Developer”.
            VS y VMA otorgaron un contrato de préstamo
      mediante el cual VS se obligó a proveer a SJAC un máximo
      de $885,750 del dinero que tenía en su cuenta de depósitos
      en garantía. De esta manera, se podía terminar el proyecto
      de VMA y garantizar la fianza a través el Certificado de

2 Este insumo se recopiló de los hechos expuestos en la “Moción de
Sentencia Sumaria” del peticionario, y de la “Resolución” de la cual se
recurre. Apéndice del recurso, págs. 16-32; 105-164.
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    Depósito Núm. 1660000520. Por su parte, VS recibiría los
    frutos que generara el Certificado de Depósito.
           A través de SJAC, VMA tramitó la fianza con United
    Surety and Indemnity Company, en adelante, USIC o
    recurrida, quien es una aseguradora financiera de Puerto
    Rico. USIC condicionó la fianza a que se proveyera una
    garantía de cien por ciento en efectivo, y se firmara un
    “General Agreement of Indemnity”, en adelante, GAI. VMA
    firmó el GAI y, por conducto de SJAC, le entregó a USIC la
    posesión física del Certificado de Depósito, y le cedió a este
    los derechos sobre la cuenta del Certificado de Depósito en
    cuestión. USIC, además, aseguró su garantía con el
    documento “Assignment of Bank Account”, en adelante,
    ABA. El 22 de septiembre de 1997 USIC expidió la Fianza
    Para Levantar Embargo Núm. 9747694, en adelante, Fianza
    9747694, garantizando el pago de cualquier sentencia que
    recayera a favor de White hasta un límite de $800,000.00.
           USIC no requirió ninguna otra cosa de VMA. USIC no
    solicitó que VS, ni los peticionarios firmaran un GAI.
    Además, tampoco indagó sobre la relación entre VMA y VS.
    Es decir, USIC desconocía que la corporación principal de la
    fianza era diferente a la corporación colateral.
           Luego de un tiempo, los intereses en la cuenta del
    Certificado de Depósito dado a USIC en garantía comenzaron
    a bajar. Propulsada por VS, VMA se comunicó con USIC para
    sugerirle un cambio en la garantía dada a estos, por una más
    prometedora. Se propuso que se invirtiera el colateral de
    $800,000.00 que estaba en el Certificado de Depósito en una
    cuenta de valores en UBS Financial Services Incorporated of
    Puerto Rico, en adelante, UBS, que tendría acciones
    preferidas de First Bank. Además, la cuenta sería cedida a
    favor de USIC como garantía del cumplimiento de VMA con
    sus   obligaciones   si   USIC   tuviese   que   pagar   alguna
    reclamación bajo la Fianza 9747694.
           El 6 de octubre de 2003 USIC encargó al Sr. Trigo
    Vela, quien representaba a VMA, para que se abriera con
    UBS la cuenta de valores a favor de USIC por la cantidad de
    $800,000.00. A esos efectos, UBS creó la cuenta JX-Q3437-
    5S, con un balance de $800,000.00 en acciones preferidas
    de First Bank, a nombre de “Vivienda Social, Inc., Collateral
    Account    for   United    Surety”,   en    adelante,    Cuenta
    Colateral. Finalmente, en el 2004 recayó sentencia en el
    caso de VMA y White.
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             Así las cosas, el 9 de junio de 2004 el TPI-San Juan
      desestimó la demanda de VMA y declaró con lugar la
      reconvención de White.
             En consecución, el 28 de febrero de 2005 VS solicitó
      la autorización de USIC para retirar de la Cuenta Colateral
      cualquier cantidad en exceso de los $800,000.00, la cual fue
      concedida por USIC. Con dicha autorización UBS le permitió
      a Vivienda Social el retiro del exceso de $800,000.00.
             Posteriormente, el 26 de junio de 2007, USIC y SJAC
      fueron notificados del mandamiento de ejecución de
      sentencia en el caso de VMA y White. Sin embargo, en vista
      de que no se había producido el pago garantizado con la
      fianza, en noviembre de 2008, el TPI-San Juan ordenó a
      USIC radicar copia del expediente de la fianza al Foro
      Primario. No obstante, el recibo de la entrega del Certificado
      de Depósito y el documento ABA no fue entregado con el
      expediente, pues USIC no disponía de él. Por esto, USIC se
      comunica con UBS, quienes le informan que la Cuenta
      Colateral es de VS, por lo que no le pueden entregar las
      acciones de esta. UBS le explica a USIC que estos no tienen
      un gravamen inmobiliario sobre la Cuenta Colateral.
             Ante este cuadro fáctico, USIC le solicitó a SJAC que
      hablara con VMA en el 2009, para que estos informaran
      como pagarían la fianza. En este tiempo, comenzaron las
      conversaciones   transaccionales    con   Trigo   Vela,   como
      representante de VMA. Durante estos esfuerzos, USIC le
      solicita a Trigo Vela y a Córdova que firmaran un GMI. Estos
      últimos se negaron.

      El 29 de septiembre de 2009, USIC presentó la demanda en

este caso contra VMA, el Sr. Trigo Vela, Vivienda Social, UBS y

otros.3 En su petitorio, USIC le solicitó al Foro Primario que,

mediante órdenes a las partes peticionarias, facilitaran el acceso,

disposición y retiro de las acciones en la Cuenta Colateral de VS,

que tiene UBS.

      El 18 de agosto de 2010, se radicó una “Demanda

Enmendada” por primera vez.4 Luego, el 19 de marzo de 2013, se

3 Apéndice del recurso, pág. 1283.
4 Id. pág. 1300.
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radicó una “Segunda Demanda Enmendada”.5 En las mismas, USIC

alega haber sido inducido a error al permitir la sustitución del

Certificado de Depósito por la cuenta de acciones en UBS.

      En cuanto a Trigo Vela, USIC alega que el peticionario le hizo

creer falsamente que podría disponer de las acciones de la Cuenta

Colateral de ser necesario. Por ello, USIC solicitó que se declarara

nulo el contrato que creó la cuenta de UBS. También, solicitó del

Foro Recurrido que sostuviera el acuerdo verbal con Trigo Vela, y

ordenara la restitución – con intereses – de los $800,000.00

depositados en la Cuenta Colateral.

      Durante los próximos siete (7) años, las partes continuaron

litigando la controversia y realizando descubrimiento de prueba.

      Ahora bien, el 28 de enero de 2020, los peticionarios

solicitaron que se dictara sentencia sumariamente, aduciendo, en

esencia, que USIC fue temerario en su manejo del Certificado, por lo

que sus pérdidas son producto de su negligencia.6 Además,

arguyeron que USIC no perfeccionó una garantía mobiliaria, por lo

que no puede reclamar esta. También, planteó que la reclamación

de daños en su contra, por la recurrida, está prescrita. Finalmente,

plantea que el peticionario no puede ser sujeto a responsabilidad en

el caso de epígrafe, basado en una conversación transaccional, pues

sería contrario a lo establecido en la Regla 408 de Evidencia, 32

LPRA Ap. VI, R. 408.

      En su moción, los peticionarios expusieron ciento cincuenta

y cuatro (154) determinaciones de hechos que sustentaron con los

siguientes documentos:

      1. “Disbursement Instructions” de CLP del 5 de marzo de 1997.
      2. “Loan Agreement” entre Miguel Nogueras y Luis C. Trigo, del 6
          de febrero de 1997.
      3. El ABA, del 13 de agosto de 1997.

5 Id. pág. 1326.
6 Apéndice del recurso, pág. 105.
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      4. El GAI del 2 de septiembre de 1997.
      5. La “Fianza para Levantar Embargo” del 22 de septiembre de
         1997.
      6. Cheques de VS a SJAC, del 1997 y 1998.
      7. “Orden sobre Aseguramiento de Sentencia”, del 7 de marzo de
         1996.
      8. Comunicaciones por escrito, fax y correo electrónico entre las
         partes, desde 2003 al 2011.
      9. “Claims Listing – Villa-8” de VMA, del 2 de julio de 2007.
      10. Oferta de UBS a USIC para el cambio de acciones a First Bank
         del 17 de abril de 2009.
      11. Estados de cuenta de VS del Banco R&G de los años 1998,
         2001, 2002 y 2003.
      12. Facturas de USIC a VMA de los años 1999-2003 y 2007-2008.
      13. Estado de cuenta de UBS en abril del año 2005 y octubre del
         año 2007.
      14. Las transcripciones de las deposiciones realizadas a:
            a. Duhamel Iglesias Cacho – Vicepresidente de USIC (16 de
                 mayo de 2011).
            b. Miguel Nogueras Barranco – Presidente de VS (16 de
                 mayo de 2011).
            c. Luis Trigo Vela – Presidente de Indeco Housing Corp. (17
                 de mayo de 2011).
            d. Pablo Dardet Hevia – Presidente de SJAC (18 de mayo de
                 2011).
            e. Nelson Rodríguez Fernández – Consultor financiero de
                 UBS (19 de mayo de 2011).
            f. Frederick Millán Benítez – Presidente de USIC (20 de
                 mayo de 2011).
            g. Carlos Irizarry Lozada – Tesorero y miembro de la Junta
                 de Directores de USIC (8 de junio de 2011).
            h. Raúl Escudero Villetas – Corredor de Valores de UBS (27
                 de septiembre de 2011).7

      El 14 de julio de 2020, USIC presentó su oposición a la

sentencia sumaria.8 Arguyó que, con relación a las alegaciones de

admisibilidad     sobre     conversaciones      transaccionales,      los

peticionarios levantan defensas afirmativas que no presentaron

7 Actualmente trabaja para el Banco Santander, pero al momento de los

hechos, fungía según descrito.
8 Apéndice del recurso, pág. 54. Hacemos constar que del expediente que

obra en autos, no surgen los documentos con los que la aquí recurrida
sustentó su oposición.
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oportunamente. También, argumentó que la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales compuesta por los peticionarios se benefició de

la garantía en cuestión, por lo que Trigo Vela responde. Finalmente

plantea que, por el contrario, la parte peticionaria es la que ha

incurrido en conducta temeraria, al inducirlos a error con respecto

al CD y las relaciones entre VMA y VS.

       El 11 de septiembre de 2020, los codemandados presentaron

una “Moción Solicitando Desglose de la Oposición a Moción de

Sentencia de USIC por Craso Incumplimiento con la Regla 36 y no

Discutir el Derecho Aplicable y Mala Fe”.9 Allí, argumentaron que las

disposiciones de los Capítulos 8 y 9 de la Ley Núm. 208 de 17 de

agosto de 1995, mejor conocida como la Ley de Transacciones

Comerciales, 19 LPRA sec. 401 et al, no son de las defensas

afirmativas enumeradas en la Regla 6.5 de Procedimiento Civil,

supra, 32 LPRA Ap. V, R. 6.5.

       Posteriormente, el 16 de junio de 2021, el Foro Primario emitió

una “Resolución” declarando “No Ha Lugar” a la sentencia sumaria

solicitada por el aquí peticionario.10 En la misma, el TPI-San Juan

hizo las siguientes determinaciones de hechos:

       1. El 6 de febrero de 1997, Vivienda Social suscribió un
           acuerdo de préstamo con VMA y acordó prestarle hasta
           un     máximo   de   $885,750.00   para   garantizar   la
           terminación del proyecto y para que el mismo se pudiera
           vender libre de gravámenes.
       2. El “Loan Agreement” fue suscrito por el Sr. Miguel
           Nogueras Barranco y el Sr. Luis Trigo Vela como
           representantes de Vivienda Social, Inc. y Villas de
           Montellano Associates, S.E. Ltd, respectivamente.
       3. Vivienda Social, Inc. accedió a que $800,00.00 fueran
           utilizados para garantizar la fianza judicial expedida a
           favor de VMA para levantar un embargo sobre la
           propiedad en la que se ubica el mencionado proyecto.

9 Apéndice del recurso, pág. 33.
10 Id. pág. 16.
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      4. El 2 de septiembre de 1997, la demandante United Surety
         and Indemnity Company y la codemandada Villas de
         Montellano Associates otorgaron un contrato titulado
         General Agreement of Indemnity.
      5. El 31 de julio de 1997, RG Premier Bank expidió el
         Certificado de Depósito núm. 1660000520 por la
         cantidad de $800,000.00. Este se expidió a nombre de
         San Juan Abstract-Vivienda Social, Inc.
      6. El 13 de agosto de 1997, el Sr. Pablo Dardet Hervia
         suscribió el Assignment of Bank Account con USIC y le
         cedió el Certificado de Depósito núm. 1660000520.
      7. El 22 de septiembre de 1997, USIC expidió una fianza
         judicial a favor de Villas de Montellano Associates (VMA)
         en el caso civil núm. K AC1994-1608. La fianza fue para
         levantar un embargo y garantizar hasta el límite de
         $800,000.00 el pago de cualquier sentencia que recayera
         a    favor   de   White     Construction,   SE   quien    había
         interpuesto Reconvención contra VMA.
      8. La colateral de $800,000.00 fue el Certificado de Depósito
         (CD) propiedad de Vivienda Social, Inc. a favor de United
         Surety, el que fue sustituido por las acciones preferidas
         de FirstBank a través de la cuenta en UBS.
      9. En el año 2003, el CD núm. 1660000520 fue depositado
         en    una     cuenta   de    valores   administrada      por   la
         codemandada UBS Financial Services Incorporated of
         Puerto Rico, según acordado con el codemandado señor
         Trigo Vela.
      10. En enero de 2009, la parte demandante intentó retirar el
         CD de la cuenta de valores para recuperar la suma de
         $800,000.00 que había prestado como indemnización en
         una acción civil.

      Además, el TPI-San Juan expuso que existía controversia en

los siguientes hechos:

      1. Cuál es la relación del Sr. Luis Trigo Vela con VMA;
      2. Cuál es la relación del Sr. Luis Trigo Vela con Vivienda
         Social;
      3. Cómo fue que Trigo Vela impidió que se vendieran las
         acciones de la cuenta de UBS y si tenía la facultad de
         autorizar la venta de las acciones;
      4. Cuáles eran las funciones, responsabilidades y facultades
         del Sr. Carlos Irizarry en USIC;
      5. Si hubo comunicación alguna entre Trigo Vela y Carlos
         Irizarry de USIC referente al alegado cambio del colateral,
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           antes de que se utilizara el Certificado de Depósito para
           la compra de las acciones preferidas;
       6. Si hubo acuerdo verbal entre USIC, Vivienda Social, VMA
           y/o Luis Trigo Vela para el cambio del Certificado de
           Depósito por acciones que posteriormente se depositaron
           en la cuenta de UBS;
       7. De existir el acuerdo anterior, cuáles fueron los términos
           de dicho pacto y si USIC solicitó que se incluyera algún
           tipo de restricción a su favor en la cuenta de valores que
           se creó en UBS; qué restricción, si alguna, tenía la cuenta
           JX-Q3437-5S en UBS;
       8. Si hubo acuerdo entre USIC, Vivienda Social, VMA y/o
           Luis Trigo Vela con relación al pago de intereses o
           dividendos que resultaban del Certificado de Depósito o
           de la cuenta en UBS;
       9. En qué fecha se abrió la cuenta núm. JX-Q3437-5S en
           UBS denominada Vivienda Social, Inc. Collateral Account
           for United Surety.

       Inconforme, Trigo Vela presentó una “Moción Reconsideración”

el 6 de julio de 2021.11 El 28 de julio de 2021, USIC presentó

oportunamente su oposición a la solicitud de reconsideración.12

Finalmente, el 31 de mayo de 2023, el foro recurrido notificó que

denegaba la reconsideración solicitada.13

       Ante este cuadro fáctico, el peticionario recurrió ante esta

Curia el 30 de junio de 2023, mediante un recurso de certiorari.

Luego de una prórroga concedida, mediante “Resolución” del 18 de

agosto de 2023, la parte recurrida presentó su “Memorando en

Oposición a que se Expida el Auto de Certiorari”, el 5 de septiembre

de 2023.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

11 Apéndice del recurso, pág. 14.
12 Id. pág. 2.
13 Id. pág. 1.
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                                      II.

      A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al.,

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023); Caribbean Orthopedics v.

Medshape et al., 207 DPR 994, 1004, (2021); 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163, 174-175 (2020). Ahora bien, tal discreción no

opera en lo abstracto. Con respecto a lo anterior y para revisar los

dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone,

en su parte pertinente, lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este Foro Apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la
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justicia, entre otras contadas excepciones. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., supra; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703, 710-711 (2019).

      Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Rivera et al. v. Arcos Dorados

et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020);

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

      Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. pág. 848

La precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.
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      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluara tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000);

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);

citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

      B. Sentencia Sumaria

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo

para asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso.

Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023);

Serrano Picón v. Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___

(2023); Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR

___ (2023); González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR

95, 212 DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros,
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2023 TSPR 80, 212 DPR ___ (2023); Universal Ins. y otros v. ELA y

otros, 211 DPR 455, 471 (2023); Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et

al., 208 DPR 964, 979 (2022). Dicho mecanismo permite a los

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así

lo permita. Oriental Bank v. Caballero García, supra. Este

mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que

se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

      Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Ramos Pérez v. Univisión, 178

DPR 200, 214 (2010). Como se sabe, en aras de prevalecer en una

reclamación,    la   parte   promovente    debe   presentar    prueba

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su

causa de acción. Id.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos
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hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Regla

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Oriental Bank

v. Caballero García, supra; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR

687, 698 (2019).

      Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra,

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho la parte

promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte

sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Id.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole,

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues solo procede si

bajo ningún supuesto de hechos prevalece la parte promovida.

E.L.A. v. Cole, supra, pág. 625. Además, al evaluar los méritos de

una solicitud de sentencia sumaria, “el juzgador debe actuar

guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento,

que su determinación puede conllevar el que se prive a una de

las partes de su ‘día en corte’, componente integral del debido

proceso de ley”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin   embargo,   la   sentencia   sumaria   generalmente    no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos
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subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Acevedo y otros v. Departamento de Hacienda y otros,

supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 980.

      Además, existen casos que no se deben resolver mediante

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino

et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001).

      Esta curia reconoce que el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha dispuesto que la complejidad de un caso, por sí sola, no impide

que se dicte sentencia sumariamente. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100, 120 (2015); Segarra Rivera v. Int’l. Shipping

et al., supra, pág. 981. Sin embargo, no es menos cierto que desde

el año 1986, nuestro Alto Foro ha expresado que resolver

sumariamente controversias que son muy complejas, puede resultar

contrario a la adjudicación óptima de un caso. Vera v. Dr. Bravo,

161 DPR 308, 334 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136

DPR 881, 914 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodriguez, 126

DPR 272, 280 (1990); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell,

117 DPR 714, 723 (1986). De manera específica, ha dicho que “no

es aconsejable resolver sumariamente casos complejos […]”. PFZ

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 914. También lo ha

descrito como contrario al “sano ejercicio de esta discreción”. Corp.

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 723.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre

ese particular, nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el
      expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
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      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al
      foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia
      Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de
      forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en
      realidad existen hechos materiales en controversia y, de
      haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
      Procedimiento   Civil,   32   LPRA    Ap.   V,   de   exponer
      concretamente cuáles hechos materiales encontró que están
      en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de
      encontrar que los hechos materiales realmente están
      incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
      Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
      Derecho a la controversia.

      Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.

      Conforme a lo anterior, “nos encontramos en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es

una de novo, y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa. Id.

                                     III.

      Los peticionarios nos solicitan que revisemos la negativa del

TPI-San Juan de declarar con lugar su solicitud de sentencia

sumaria. Conforme la norma estatutaria y jurisprudencial antes

expuesta, hemos evaluado este recurso de novo. Nos resulta forzoso

concluir que nuestra intervención, en esta etapa de los

procedimientos, no resulta oportuna. Toda vez que el dictamen

recurrido es sustancialmente correcto y los fundamentos de su

determinación fueron basados en toda la prueba que tuvo ante sí.

      De un análisis de la totalidad de la prueba, coincidimos con el

foro de instancia en cuanto a que aún existen controversias que

impiden disponer de este caso por vía sumaria. Justipreciamos que,

de la conglomeración de los hechos, el expediente y los documentos

que obran en autos, resulta claro que el caso es uno, a lo sumo,
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complejo. También, hay controversias que versan sobre elementos

subjetivos, como la temeridad y la negligencia. Además, una porción

significativa de la prueba presentada por el peticionario en su

moción para que se dicte sentencia sumaria, descansa en ocho (8)

deposiciones. Nuestra jurisprudencia ha reconocido estas tres (3)

apreciaciones como elementos que justifican no resolver una

controversia de forma sumaria.

      Además, en virtud de que la parte peticionaria no demostró

que el presente recurso se encuentra entre las instancias

contempladas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, la cual nos permite entender sobre el mismo, nos

abstenemos de intervenir en el caso de epígrafe.       Asimismo, es

forzoso colegir que el foro impugnado no erró ni abusó de su

discreción al declarar no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria.

                                    IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el

auto solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones