Court Opinion

ID: 9952254
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:33:57.028225+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:32.089521
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      PANEL II

       FERNANDO COLÓN                                    CERTIORARI
          SERRANO                                        procedente del
                                                         Tribunal de Primera
              Recurrido                                  Instancia, Sala
                                                         Superior de Arecibo
                   v.                  KLCE202301423
                                                         Caso número:
 MAURO IRANZO GONZÁLEZ                                   MT2023CV00471
        Y OTROS
                                                         Sobre:
            Peticionarios                                Impericia Médica

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

        Comparece ante esta Curia la parte peticionaria, Mauro Iranzo

González, y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida y notificada

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, el 14 de

noviembre de 2023. Mediante su dictamen, el foro a quo declaró No Ha

Lugar la solicitud de desestimación promovida por la parte peticionaria.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

auto solicitado, se modifica y, así modificada, se confirma la Resolución

recurrida. Veamos.

                                         I

        El 10 de julio de 2023, Fernando Colón Serrano (Colón Serrano o

recurrido) incoó una Demanda sobre daños y perjuicios por impericia

médica en contra del doctor Mauro Iranzo González (Iranzo González o

peticionario), Doctors’ Center Hospital, Inc. (Doctors’ Center), entre otros.1

Señaló que, el 29 de marzo de 2018, se sometió a una operación con el

doctor Iranzo González en Doctors’ Center, la cual originó complicaciones

en la herida producto de la operación hasta el 6 de febrero de 2020. En

esencia, alegó que tanto Iranzo González como Doctors’ Center eran

1 Apéndice I del recurso, págs. 1-6.

  Número Identificador
  SEN2024 _______________
KLCE202301423                                                                    2

responsables por haberse desviado del estándar aplicable a la profesión

médica al no brindarle el tratamiento adecuado luego de dejarle varios

objetos extraños dentro de su cuerpo, el último de ellos por casi dos (2)

años. Arguyó que ello le causó dolores, daños continuos, constantes,

innecesarios, infección, supuración diaria en la herida, uso de antibióticos

en exceso, una intervención quirúrgica innecesaria y una hospitalización de

diez (10) días que pudo ser evitada. Por otro lado, indicó en una nota al

calce que había radicado una demanda original el 5 de febrero de 2021 en

el Caso Núm. MT2021CV00061, la cual fue desestimada sin perjuicio

mediante Sentencia del 15 de diciembre de 2022, notificada al día

siguiente.2 Sostuvo que presentó la acción de epígrafe nuevamente dentro

del año de haberse desestimado la primera.

        Luego de varios trámites procesales, el 16 de octubre de 2023,

Iranzo González instó una Moción en Solicitud de Desestimación por

Prescripción, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 10.2, a la cual se unió Doctors’ Center posteriormente.3 Especificó

que la demanda inicial incoada el 5 de febrero de 2021, se desestimó sin

perjuicio porque no se diligenciaron los emplazamientos correspondientes

dentro del término de ciento veinte (120) días, según requerido por las

Reglas de Procedimiento Civil. Adujo que dicha acción interrumpió el

término prescriptivo aplicable. No obstante, arguyó que el término aplicable

de un (1) año comenzó a decursar el 10 de junio de 2021, fecha en que

culminó de forma automática el proceso judicial al haber transcurrido el

término para emplazar sin hacerlo. Planteó que el dictamen emitido en

diciembre de 202[2] por el foro primario era una mera formalidad y no tenía

efecto alguno con relación al plazo para volver a presentar la reclamación,

ya que la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c),

establecía que la causa de acción dejaba de existir automáticamente con

el transcurso del término para emplazar. Abundó que dicho argumento

2 Véase, Apéndice II y IV del recurso, págs. 7-12, 17-18.
3 Apéndice V del recurso, págs. 19-28. Véase, además, Entrada Núm. 19 del Caso Núm.

MT2023CV00471 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC).
KLCE202301423                                                            3

encontraba su analogía con la Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 39.1, en la medida en que, ante un desistimiento voluntario,

el término prescriptivo comenzaría a transcurrir en la fecha en la cual se

presentara tal aviso y no cuando el tribunal emitiera la correspondiente

sentencia a esos efectos. Sobre tal postura, argumentó que Colón Serrano

tenía hasta el 10 de junio de 2023 para presentar nuevamente su causa de

acción. En virtud de ello, sostuvo que, toda vez que la demanda de epígrafe

se había incoado el 10 de julio de 2023, procedía la desestimación con

perjuicio de la demanda de epígrafe por prescripción.

        En desacuerdo, el 13 de noviembre de 2023, Colón Serrano se

opuso.4 Alegó que, contrario a lo propuesto por Iranzo González, la primera

demanda fue desestimada sin perjuicio mediante sentencia notificada el 16

de diciembre de 2022, fecha en la cual comenzó a transcurrir el año para

presentar nuevamente la acción, vencedero el 16 de diciembre de 2023.

Sostuvo que la acción de epígrafe no estaba prescrita, ya que se instó el

10 de julio de 2023, aproximadamente siete (7) meses después de

notificada la Sentencia desestimatoria del caso original. Argumentó que la

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, disponía que, una vez

transcurriera el término de ciento veinte (120) días para diligenciar el

emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la

desestimación. Planteó que dicha regla no dispuso nada sobre la

desestimación automática –sin la intervención del tribunal– pasado dicho

término.

        Asimismo, Colón Serrano adujo en su oposición que no existía

interpretación jurisprudencial que sustentara las posturas de Iranzo

González. Sobre ese particular, especificó que Iranzo González citó a

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), en su

solicitud de desestimación y se limitó a indicar que nuestro más Alto Foro

había dejado claro que, una vez transcurrido el referido término sin

diligenciar los emplazamientos, el foro de origen venía obligado a

4 Apéndice VI del recurso, págs. 29-36.
KLCE202301423                                                              4

desestimar la demanda de forma automática, sin concesión de prórroga

alguna. Por el contrario, alegó que el citado caso sencillamente reiteró el

contenido de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, a los efectos de

que el foro a quo venía obligado a desestimar pasados los ciento veinte

(120) días sin diligenciar el emplazamiento, mas no establecía en ninguna

parte que dicha desestimación era automática y surtía efectos desde que

pasaba dicho término sin diligenciar. Señaló que tanto la regla como su

jurisprudencia interpretativa dejaban claro el papel protagónico que tenía el

tribunal sentenciador a los fines de implementar la desestimación. En

cuanto a la analogía realizada por Iranzo González sobre el desistimiento

voluntario, argumentó que era inaplicable porque el elemento de

voluntariedad estaba ausente en el caso de autos, pues el no diligenciar el

emplazamiento provenía de una falta de proactividad a pesar de existir un

deseo de continuar con la demanda.

        Evaluadas las posturas de las partes, el 14 de noviembre de 2023,

el Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó la Resolución que nos

ocupa, mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación

promovida por Iranzo González y Doctors’ Center.5 En esta, determinó que

la acción de epígrafe no estaba prescrita, toda vez que el nuevo término

prescriptivo había comenzado a decursar el 16 de diciembre de 2022, fecha

en la cual se dictó sentencia en el Caso Núm. MT2021CV0006. En vista de

ello, ordenó la continuación de los procedimientos.

        Inconforme con el referido dictamen, el 14 de diciembre de 2023, la

parte peticionaria compareció ante esta Curia mediante el presente recurso

de certiorari y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes

errores:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia, que amerita su revisión
        y revocación[,] al negarse a dictar Sentencia Parcial
        desestimatoria en cuanto al Dr. Mauro Iranzo González.

        Erró el Tribunal de Primera Instancia, que amerita su revisión
        y revocación[,] al declarar No Ha Lugar a la solic[i]tud de
        desestimación y determinar que no es hasta que el Tribunal

5 Apéndice VII del recurso, pág. 37.
KLCE202301423                                                                5

        de Instancia emite Sentencia es que [sic] comienzan a
        decursar los términos para acciones ulteriores.

        En cumplimiento con nuestra Resolución del 18 de diciembre de

2023, y luego de solicitar una prórroga a esos efectos, la parte recurrida

compareció mediante Oposición a Petición de Certiorari el 4 de enero de

2024.

        Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en

posición de resolver.

                                       II

                                       A

        El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

        El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
        solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
        cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
        56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
        de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
        dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
        revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
        Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
        decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
        peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
        evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
        relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
        en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
        la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
        Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
        decisión.

        [. . .]

        Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando
KLCE202301423                                                               6

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o

peritos   esenciales,   asuntos   relativos   a   privilegios   evidenciarios,

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas

excepciones.

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al.

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352,

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla

dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
      ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301423                                                                  7

       Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante,

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

(Énfasis omitido).

       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario,

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).

                                       B

       Nuestro ordenamiento jurídico promueve el interés de que todo

litigante tenga su día en corte. Esta postura responde al principio

fundamental y política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos

y se resuelvan de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Banco Popular v. S.LG. Negrón,

164 DPR 855, 874 (2005); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132

DPR 115, 124 (1992); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042,

1052 (1993). No obstante, nuestro ordenamiento permite la presentación

de mociones dispositivas con el propósito de que todos o algunos de los

asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio en su

fondo. Los tribunales tienen el poder discrecional, bajo las Reglas de
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Procedimiento Civil, de desestimar una demanda o eliminar las alegaciones

de una parte; sin embargo, ese proceder se debe ejercer juiciosa y

apropiadamente. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498

(1982). Es decir, la desestimación de un pleito constituye el último recurso

al cual se debe acudir. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005).

        La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula la parte demandada

antes de presentar su alegación responsiva, mediante la cual solicita que

se desestime la demanda presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR

625, 649 (2006). Dicho petitorio deberá basarse en uno de los siguientes

fundamentos: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4)

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer

una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de

acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Cobra

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022); Conde Cruz v.

Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 1065-1066 (2020).

                                           C

        La prescripción es un asunto de derecho sustantivo y no procesal.

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008); Padín v. Cía.

Fom. Ind., 150 DPR 403, 410 (2000). En ese sentido, el Artículo 1830 del

Código Civil de Puerto Rico de 1930,6 31 LPRA sec. 5241, establece que

los derechos y las acciones se extinguen por medio de la prescripción.

Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). A tales

efectos, el Artículo 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec.

5291, dispone que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo

fijado por la ley”. Nevárez Agosto v. United Surety et al., 209 DPR 346

(2022); Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 1067 (2020).

6 El derecho aplicable en el caso de autos se remite al Código Civil de Puerto Rico de

1930, 31 LPRA sec. 1 et seq. (derogado), toda vez que nos encontramos ante hechos
ocurridos con anterioridad a la aprobación y vigencia del Código Civil de Puerto Rico de
2020, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
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El propósito de la figura de la prescripción extintiva es ponerles certidumbre

a las relaciones jurídicas y castigar la inacción de quien no ejerce sus

derechos de manera oportuna. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR

120, 213 DPR __ (2023); Santos de García v. Banco Popular, supra. Así,

pues, esta figura busca evitar la extensión indefinida e innecesaria de la

protección del poder público, dando paso a que opere una presunción legal

de abandono, cuando el término legal dispuesto para una acción en

específico transcurra sin que medie gestión alguna por parte de su

acreedor.

       Los términos prescriptivos varían según el tipo de derecho o acción.

En lo pertinente al caso de autos, el Código Civil de Puerto Rico establece

que las acciones de responsabilidad civil extracontractual prescriben por el

transcurso de un (1) año. 31 LPRA sec. 5298; Birriel Colón v. Econo y otros,

supra. Dicho término prescriptivo se computa de conformidad con la teoría

cognoscitiva del daño adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 243-247 (1984).

       El estado de derecho permite la interrupción de los términos

prescriptivos mediante tres mecanismos expresamente determinados por

ley. Nevárez Agosto v. United Surety et al., supra; Conde Cruz v. Resto

Rodríguez et al., supra. A estos fines, el Artículo 1873 del Código Civil de

1930, 31 LPRA sec. 5303, dispone que la prescripción de las acciones se

interrumpe por el ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial

de la persona acreedora y por cualquier otro acto de reconocimiento de la

deuda por la persona deudora. Íd.; Ross Valedón y otro v. Hospital Dr.

Susoni Health Community Services, Corp. y otros, 2024 TSPR 10, resuelto

el 7 de febrero de 2024; Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR

862 (2016).

       En lo aquí atinente, cuando se produce una interrupción judicial, el

efecto cronológico primordial es que el término se congela por completo,

“de manera que el nuevo término prescriptivo iniciará cuando culmine

efectivamente el proceso judicial” iniciado. Díaz Santiago v. International
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Textiles, supra, pág. 869. Es decir, el momento crucial en el cual ocurre la

reactivación y el transcurso del término prescriptivo es cuando termina

definitivamente el reclamo ejercido originalmente. Ross Valedón y otro v.

Hospital Dr. Susoni Health Community Services, Corp. y otros, supra. En

específico, en aquellos casos en que la culminación efectiva requiere la

intervención del tribunal, el nuevo término comenzará a contarse desde que

el foro judicial emite una sentencia y esta adviene final y firme. Íd.; Durán

Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623 (1982).

                                     D

       El Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, prohíbe que cualquier persona sea privada

de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Esta garantía está

consagrada también en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los

Estados Unidos. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881

(1993). De conformidad con la cláusula constitucional del debido proceso

de ley, un tribunal solo actuará sobre la persona de un demandado o

demandada cuando haya adquirido jurisdicción sobre este o esta. SLG

Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al., 207 DPR 636 (2021); Bernier

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). Véase, además,

Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379 (2021).

       Reiteradamente, nuestro Alto Foro ha expresado que, como regla

general, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el emplazamiento como

el mecanismo procesal mediante el cual un tribunal adquiere jurisdicción in

personam. Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health Community

Services, Corp. y otros, 2024 TSPR 10, resuelto el 7 de febrero de 2024;

Martajeva v. Ferré Morris y otros, 210 DPR 612 (2022); SLG Rivera-Pérez

v. SLG Díaz-Doe et al., supra; Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra; Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 199 DPR 458, 467 (2017).

El propósito del emplazamiento es notificarle a la parte demandada que se

ha presentado una acción judicial en su contra, a la vez que se le llama

para que ejerza su derecho a ser oída y defenderse. Íd. En virtud de ello, y
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por estar revestido de una de las mayores garantías constitucionales,

nuestro sistema de derecho exige que, tanto su forma como su

diligenciamiento, cumplan estrictamente con los requisitos legales

provistos. De este modo, si se prescinde de los mismos, la sentencia que

en su día recaiga carecerá de validez. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164

DPR 855, 863 (2005); Quiñones Román v. Cía ABC, 152 DPR 367, 374

(2000).

       En lo pertinente, la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 4, regula lo relacionado a los emplazamientos. Específicamente, su

inciso (c) dispone un término improrrogable de ciento veinte (120) días para

diligenciar el emplazamiento, a partir del momento en que se presenta la

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. En

particular, dicha regla establece lo siguiente:

       […]

       (c) El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento
       veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o
       de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El
       Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el
       mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o
       Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que demore
       será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán
       para diligenciar los emplazamientos una vez la parte
       demandante haya presentado de forma oportuna una
       solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que
       se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá
       dictar sentencia decretando la desestimación y archivo
       sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por
       incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto
       de una adjudicación en los méritos. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c).
       (Énfasis nuestro).

       Surge del citado inciso que, si el Secretario o Secretaria no expide

los emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda, el tiempo

que demore será el mismo término adicional que los tribunales otorgarán

para diligenciar los emplazamientos, una vez la parte demandante

oportunamente haya presentado una solicitud de prórroga. Ello, constituye

la única ocasión de excepción en la cual el tribunal competente proveerá

para una extensión del plazo legal establecido. Al respecto, nuestro

Tribunal Supremo explicó en Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra, pág. 650, que:
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       [L]a propia [R]egla [4.3(c) de Procedimiento Civil, supra,]
       establece que el tiempo que se demore la Secretaría en
       expedir los emplazamientos será el mismo tiempo adicional
       que otorgarán los tribunales, nos lleva a concluir que no se
       trata de solicitar una prórroga como tal. Más bien, se trata del
       deber de presentar una moción al tribunal solicitando la
       expedición de los emplazamientos. En consecuencia, una
       vez la Secretaría expide el emplazamiento, entonces
       comenzará a transcurrir el término de 120 días. Por eso, no
       se trata en realidad de una prórroga debido a que, en ninguna
       de estas circunstancias, la parte contará con más de 120
       días.

       De transcurrir el término de los ciento veinte (120) días, el tribunal

deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio.

32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). Sobre ello, nuestro Tribunal Supremo ha

manifestado que “[e]ste término es improrrogable, [por lo que], si en 120

días [la parte] demandante no ha podido diligenciar el emplazamiento

automáticamente[,] se desestimará su causa de acción”. Bernier González

v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 649. Ello resulta a manera de sanción

por no haberse desplegado una diligencia razonable en adquirir jurisdicción

sobre la persona de la parte demandada en el pleito, eventualidad que

incide en el principio rector de resolver las controversias de forma justa,

rápida y económica de nuestro ordenamiento procesal civil. 32 LPRA Ap.

V, R. 1. A su vez, implica que, como consecuencia, el tribunal no adquiere

jurisdicción sobre la persona. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra.

       Ahora bien, en cuanto a lo dispuesto en Bernier González en torno

a la desestimación automática, nuestro más Alto Foro especificó

recientemente en Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health

Community Services, Corp. y otros, supra, que ello se relacionó en el

contexto de la no concesión de prórroga para diligenciar el emplazamiento.

       En Ross Valedón, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró el

lenguaje de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, en cuanto a que

“el tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo

sin perjuicio”. Sobre ese particular, expresó que de la propia regla:

       se desprende claramente que la desestimación aludida cobra
       eficacia en aquella instancia en la que [la parte] demandante
       no diligenció los emplazamientos dentro del término de 120
       días. No obstante, enfatizamos que eso no significa que
       desde el momento en que no se emplazó la acción se
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      desestima por sí sola, ya que es claro que es indispensable
      la intervención judicial así dictaminándolo. Dicho de otro
      modo, la desestimación y el archivo sin perjuicio
      contenidos en la regla antes aludida exige
      necesariamente que el foro judicial en cuestión emita la
      correspondiente sentencia con esa finalidad. Ross
      Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health Community
      Services, Corp. y otros, supra, pág. 11. (Énfasis nuestro).

      Asimismo, en una nota al pie de página, el último Foro revisor hizo

hincapié en que la intervención judicial en dicho escenario se acuñó con la

aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, toda vez que,

mediante el cuerpo reglamentario civil anterior se disponía que, una vez

transcurrido el término sin que los emplazamientos hubieren sido

diligenciados, se tendría a la parte actora por desistida, con perjuicio. Por

consiguiente, dicho Foro pautó sin ambages que, ante un primer

incumplimiento con el término de ciento veinte (120) días para diligenciar

los emplazamientos, los tribunales están obligados a dictar prontamente

una sentencia decretando la desestimación y el archivo sin perjuicio de la

reclamación judicial. Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health

Community Services, Corp. y otros, supra, pág. 12. Es decir, la

desestimación mandatoria por incumplir con los requisitos de la Regla

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, no cobra eficacia automáticamente,

sino que requiere que el tribunal de origen intervenga prontamente y emita

una sentencia desestimando y archivando el caso, después de cerciorarse

que así proceda. Íd., pág. 15.

      Por otro lado, en Ross Valedón nuestro Tribunal Supremo determinó

cuándo comienza a transcurrir nuevamente el término prescriptivo

interrumpido por una reclamación original en el contexto antes descrito. En

particular, resolvió que cuando una reclamación judicial interruptora se

archiva sin perjuicio, debido al incumplimiento con el emplazamiento

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.3(c) de Procedimiento

Civil, supra, el término prescriptivo para incoar un reclamo judicial

comenzará a decursar nuevamente cuando tal determinación advenga

final y firme. Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health Community

Services, Corp. y otros, supra, pág. 18.
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       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                     III

       La parte peticionaria sostiene, como primer señalamiento de error,

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no desestimar la acción de

epígrafe a su favor. En su segundo y último señalamiento de error, plantea

que el foro a quo erró al determinar que el término prescriptivo para

acciones ulteriores comienza a decursar cuando se emite la sentencia. En

esencia, argumenta que dicho término comenzó a transcurrir nuevamente

cuando venció el plazo de ciento veinte (120) días para emplazar en la

primera demanda, por lo que el caso de autos está prescrito y procede

desestimarlo.

       Hemos evaluado cuidadosamente el expediente ante nuestra

consideración y entendemos que, conforme a la normativa aplicable,

tenemos autoridad para atender el asunto ante nuestra consideración en

aras de evitar un fracaso a la justicia. De igual forma, el recurso ante nos

cumple con los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, por lo que procede expedir el auto de certiorari y

modificar el dictamen recurrido. Nos explicamos.

       Según detallado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente

pautó sin ambages en Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health

Community Services, Corp. y otros, supra, que ante un primer

incumplimiento con el término de ciento veinte (120) días para diligenciar

los emplazamientos, los tribunales están obligados a dictar prontamente

una sentencia decretando la desestimación y el archivo sin perjuicio de

la reclamación judicial. Es decir, la desestimación mandatoria por

incumplir con los requisitos de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil,

supra, no cobra eficacia automáticamente, sino que requiere que el

tribunal de origen intervenga prontamente y emita una sentencia

desestimando y archivando el caso, después de cerciorarse que así

proceda. Por otro lado, resolvió que cuando una reclamación judicial
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interruptora se archiva sin perjuicio, debido al incumplimiento con el

emplazamiento de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.3(c) de

Procedimiento Civil, supra, el término prescriptivo para incoar un

reclamo judicial comenzará a decursar nuevamente cuando tal

determinación advenga final y firme.

        Surge del expediente ante nos que, el foro de origen notificó su

Sentencia archivando sin perjuicio la primera acción, Caso Núm.

MT2021CV00061, el 16 de diciembre de 2022. De esta determinación no

se recurrió a Foro revisor alguno. Por tanto, tal determinación advino final

y firme el 16 de enero de 2023.7 Habiéndose incoado la segunda Demanda

el 10 de julio de 2023, concluimos que esta se presentó dentro del término

de un (1) año desde que la primera acción advino final y firme. Es decir, la

acción de epígrafe instada por el recurrido no está prescrita, según lo

resuelto correctamente por el foro a quo.

        Ahora bien, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia

fundamentó la determinación recurrida en que el nuevo término prescriptivo

había comenzado a decursar el 16 de diciembre de 2022, fecha en la cual

se dictó sentencia en la primera demanda, contrario a lo recientemente

resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Ross Valedón y otro v. Hospital

Dr. Susoni Health Community Services, Corp. y otros, supra. Ante dicho

escenario, y de conformidad con el estado de derecho actual, procede

expedir el auto de certiorari, al amparo de lo dispuesto en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, y

modificar la determinación recurrida a los únicos efectos de aclarar que,

según lo pautado por nuestro más Alto Foro en Ross Valedón, el término

prescriptivo en cuestión comenzó a decursar cuando la primera acción

advino final y firme. Así modificada, procede confirmar la Resolución

recurrida.

7 Cabe destacar que el término de treinta (30) días para apelar venció el domingo, 15 de

enero de 2023, por lo que el próximo día hábil para ello fue el lunes, 16 de enero de 2023.
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                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto solicitado y

modificamos el dictamen recurrido, a los únicos fines de aclarar que el

término prescriptivo en cuestión comenzó a decursar cuando la primera

acción advino final y firme. Así modificada, confirmamos la Resolución

recurrida.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones