Court Opinion

ID: 9952410
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:50:04.624126+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:11.319780
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL VII

                                                   Certiorari
    EULOGIO GALARZA                                procedente del
        TORRES                                     Tribunal de
                                                   Primera Instancia,
         Peticionario                              Sala de Fajardo

               v.                 KLCE202400035 Sobre:
                                                Violación de
  HOSPITAL CARIBBEAN                            Derechos Civiles
   MEDICAL CENTER
                                                   Caso Número:
          Recurrido                                FA2023CV00328

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2024.

      El peticionario, señor Eulogio Galarza Torres, comparece ante

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 30 de noviembre

de 2023. Mediante la misma, el foro primario denegó una solicitud

de auto representación legal promovida por el peticionario, ello

dentro de una acción sobre daños y perjuicios incoada en contra de

la parte aquí recurrida, Hospital Caribbean Medical Center.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el presente recurso de certiorari.

                                     I

      El 8 de enero de 2024, el peticionario compareció ante nos,

por derecho propio, mediante la presentación del recurso de

epígrafe. En atención al mismo, el 25 de enero de 2024, con

notificación del 29 de enero siguiente, emitimos una Resolución por

la cual le advertimos que del expediente de autos no surgía la

acreditación de la notificación de su recurso, ni al Tribunal de

Número Identificador
RES2024 ________________
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Primera Instancia, ni a la entidad recurrida. Siendo así, le

ordenamos evidenciar el cumplimiento de dicha gestión, tal cual lo

dispone la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 33. Para ello disponía hasta el 30 de enero de

2024. Llegado el día, el peticionario no cumplió con nuestro

mandato.

      Procedemos a disponer del recurso de autos, a tenor con la

norma que provee la para eficacia de su trámite.

                                 II

      Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en

alzada está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso

conforme a los preceptos legales y reglamentarios que le sean

aplicables, de manera que provea para el cabal ejercicio de nuestras

funciones de revisión. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 363 (2005). Por

tanto, las exigencias que rigen el perfeccionamiento de los recursos

pertinentes, deber observarse con rigor. UGT v. Centro Médico del

Turabo, Inc., 208 DPR 944, 957 (2022). Lo anterior encuentra arraigo

en la premisa que establece que “[l]a marcha ordenada de los

procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro ordenamiento

jurídico”, por lo que las normas que atienden el trámite apelativo de

las causas judiciales deben ser observadas con fidelidad. Soto Pino

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). En o aquí pertinente,

la referida exigencia se extiende a todo compareciente, aun cuando

lo haga por derecho propio. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR

157, 173 (2016).

      Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato

constituye el instrumento por el cual el Tribunal de Apelaciones

puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su

auxilio.   El incumplimiento de los requisitos exigidos para su

contenido imposibilita que el recurso se perfeccione a cabalidad. Lo

anterior redunda en privar al tribunal intermedio de autoridad para
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atender el asunto que se le plantea, puesto que dicha comparecencia

se reputa como un breve y lacónico anuncio de una intención de

apelar. Morán v. Martí, supra, pág. 366. Es por ello que, en aras de

garantizar a las partes su día en corte, se exige el cumplimiento

cabal con los trámites contemplados para el perfeccionamiento de

los recursos en alzada, para que los tribunales apelativos emitan un

pronunciamiento justo y correcto, a la luz de un expediente

completo y claro. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90.

         La verificación de todos los requisitos de forma y de contenido

previstos para las diversas gestiones apelativas, no sólo resulta en

beneficio del foro intermedio, sino también de la parte contra la cual

las mismas se prosiguen. En lo pertinente, la notificación constituye

el medio por el cual se adviene al conocimiento eficaz de un trámite

en alzada en curso, ello mediante la presentación del recurso

correspondiente. El mismo, dado sus efectos, propende al adecuado

perfeccionamiento del recurso de que trate, por lo que su omisión

puede resultar en un decreto de desestimación. Metro Senior v. AVF,

209 DPR 203, 209; González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR

1062, 1071 (2019).

          En este contexto, pertinente a los recursos de certiorari y en

cuanto a lo que nos ocupa, la Regla 33(B) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B), dispone como

sigue:

         Regla 33 - Presentación y notificación

           (A) Manera de Presentarlo

           El recurso de certiorari que se someta a la
           consideración del Tribunal de Apelaciones, y sus tres
           (3) copias, podrá presentarse en la Secretaría del
           Tribunal de Apelaciones o en la Secretaría de la sede
           del Tribunal de Primera Instancia en la cual se
           resolvió la controversia objeto de revisión.

           Cuando el recurso de certiorari, junto con el arancel
           correspondiente, sea presentado en la Secretaría del
           Tribunal de Apelaciones, la parte peticionaria deberá
           notificar copia de la cubierta o de la primera página
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        del recurso debidamente sellada con la fecha y la hora
        de su presentación, a la Secretaría del tribunal
        recurrido, dentro de las setenta y dos (72) horas
        siguientes a la presentación de la solicitud. Este
        término será de cumplimiento estricto. […].

        (B) Notificación del recurso a las partes

         La parte peticionaria notificará la solicitud de
         certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora
         de presentación, a los abogados(as) de récord, o en
         su defecto, a las partes, así como al Procurador(a)
         General y al (a la) Fiscal de Distrito en los casos
         criminales, dentro del término dispuesto para la
         presentación del recurso. Este término será de
         cumplimiento estricto. Efectuará la notificación por
         correo certificado con acuse de recibo o mediante un
         servicio similar de entrega personal por compañía
         privada con acuse de recibo. Cuando se efectúe por
         correo, se remitirá la notificación a los abogados(as)
         de las partes o a las partes, cuando no estuvieron
         representadas por abogado(a), a la dirección postal
         que surja del último escrito que conste en el
         expediente del caso. Cuando del expediente no surja
         una dirección, de estar la parte representada por
         abogado(a), la notificación se hará a la dirección que
         de éste(a) surja del registro que a esos efectos lleve
         el Secretario(a) del Tribunal Supremo. La parte
         peticionaria certificará el hecho de la notificación en
         la propia solicitud de certiorari. La fecha del
         depósito en el correo se considerará como la fecha de
         la notificación a las partes. La notificación mediante
         entrega personal deberá hacerse en la oficina de los
         abogados(as) que representen a las partes,
         entregándola a éstos(as) o a cualquier persona a
         cargo de la oficina. De no estar la parte representada
         por abogado(a), se entregará en el domicilio o
         dirección de la parte o de las partes, según ésta surja
         de los autos, a cualquier persona de edad
         responsable que se encuentre en la misma. En caso
         de entrega personal se certificarán la forma y las
         circunstancias de tal diligenciamiento, lo que se
         hará dentro de las próximas cuarenta y ocho (48)
         horas.     El término aquí dispuesto será de
         cumplimiento estricto.

      A tenor con lo antes esbozado, la parte que promueve un

recurso de certiorari dispone del mismo plazo que el estado de

derecho le provee para acudir en alzada para notificar su gestión a

la parte oponente, a saber, treinta (30) días de notificada la

resolución u orden recurrida. Regla 52.2 (b), Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b); 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D). De igual

modo, la disposición reglamentaria antes transcrita provee un

término de setenta y dos (72) horas, siguientes a la presentación,
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para que se le notifique copia de la cubierta del recurso debidamente

sellada a la Secretaria del tribunal recurrido, cuando el recurso de

certiorari se presenta en nuestra Secretaría. Ambos términos son de

cumplimiento estricto.

      Sabido es que los tribunales pueden eximir a una parte de la

observancia de un término de cumplimiento estricto, siempre que

medie la existencia de justa causa. Rosario Domínguez v. ELA, 198

DPR 197, 210 (2017); Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, págs. 92-

93. Sin embargo, el estado de derecho es enfático al establecer que

la acreditación de la justa causa debe quedar establecida mediante

alegaciones concretas y particulares. Íd; Soto Pino v. Uno Radio

Group, supra, pág. 93. Por tanto, “[a] falta de justa causa o ante

excusas vagas y generales, los tribunales no gozan de discreción

para prorrogar los términos de cumplimiento estricto.” Rivera

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016); Soto Pino v.

Uno Radio Group, supra, págs. 92-93.

                                   III

      Un examen del trámite apelativo de la causa que nos ocupa,

revela que el peticionario incumplió con la exigencia procesal

relativa al deber de notificar su recurso de certiorari, tanto a la parte

recurrida, como al Tribunal de Primera Instancia, ello dentro del

término reglamentario dispuesto.

      El peticionario compareció ante nos el 8 de enero de 2024.

Una vez examinado su recurso, advertimos que, de su contenido, no

surgía certificación alguna sobre su notificación conforme a los

términos dispuestos en la precitada Regla 33 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra. Así, mediante Resolución notificada

el 29 de enero de 2024, le ordenamos evidenciar ante nos la efectiva

notificación del recurso de epígrafe al tribunal primario y a la

entidad recurrida. Para ello, disponía hasta el 30 de enero de 2024.
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      Al presente, el peticionario no ha cumplido nuestra orden. Por

tanto, dado a que la notificación de su recurso constituye un criterio

medular para el perfeccionamiento del mismo, la omisión aquí

señalada nos impide asumir autoridad revisora sobre los méritos

que plantea. Destacamos que de la búsqueda electrónica del caso de

autos en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC), surge que, con fecha del 11 de enero de 2024, la Secretaria

de este Foro, remitió una Carta Informando Presentación de Recurso

en el Tribunal de Apelaciones. Mediante dicho documento, dio parte

al tribunal primario de la comparecencia del peticionario.         En

reacción a la referida carta, mediante Orden del 12 de enero de año

en curso, el Tribunal de Primera Instancia expresamente indicó que,

a dicha fecha no surgía la notificación requerida mediante la

presentación de la cubierta del recurso en alzada, con la

certificación de la fecha y hora de su radicación, lo cual evidencia

sin amagues la inobservancia del requisito de notificación al

tribunal primario, conforme a la Regla 33 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra. Siendo de este modo, resolvemos

que carecemos de jurisdicción para acoger el recurso de certiorari de

epígrafe. Toda vez que el mismo no se perfeccionó según las

exigencias pertinentes, y en ausencia de justa causa que excuse el

incumplimiento antes señalado, únicamente podemos proveer para

su desestimación.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente

recurso de certiorari.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones