Court Opinion

ID: 9941544
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:45:14.618152+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.912310
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

 MARÍA NIEVES CORTÉS                                REVISIÓN
                                                    JUDICIAL
          Recurrida                                 Procedente del
                                                    Departamento de
               v.                                   Asuntos del
                                  KLRA202300460     Consumidor
 WINDMAR P.V. ENERGY,
 INC.; SUNNOVA ENERGY                               Querella Núm.:
          CORP.                                     CAG-2023-0004718

         Recurrente                              Sobre: Compra
                                                 Venta de Equipos
                                                 Electrónicos de
                                                 Energía Renovable-
                                                 Placas
                                                 Solares/Práctica
                                                 Engañosa
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

       Comparece ante nos Sunnova Energy Corp. (“Sunnova” o

Recurrente”)        mediante   Recurso    de   Revisión    de   Decisión

Administrativa presentado el 30 de agosto de 2023. Nos solicita que

anule y deje sin efecto la Orden emitida el 17 de julio de 2023,

notificada el 20 de julio del mismo año, por el Departamento de

Asuntos al Consumidor (“DACo”). Por virtud de esta, el DACo declaró

No Ha Lugar la solicitud de desestimación radicada por Sunnova.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos

la Orden recurrida.

                                     I.

      En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

el 22 de junio de 2023, el DACo notificó a Sunnova de la Querella

presentada en su contra por la señora María Nieves Cortés (“señora

Nieves Cortés” o “Recurrida”) el 16 de junio de 2023. Mediante la

aludida Querella, la Recurrida alegó que suscribió un contrato de

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
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arrendamiento de un sistema solar por diez (10) años con la

compañía de venta de placas solares Windmar Home, por la

cantidad de $14,380.00. Sostuvo que Windmar Home le instaló el

sistema solar y Sunnova, a quien identificó como el banco

financiero, le envió un estado de cuenta cobrándole la cantidad de

$37,981.52 por la compra del sistema, el cual sería financiado por

un periodo de veinticinco (25) años. A su vez, el Recurrente le remitió

un correo electrónico indicándole que tenía dos (2) meses de atraso.

        Arguyó, además, que se comunicó con Sunnova, quien le

notificó que poseía un contrato con su firma por la cantidad

reclamada. Sin embargo, la señora Nieves Cortés negó que la firma

contenida en el documento era suya. Investigado el asunto, a

petición de la Recurrida, esta adujo que Sunnova admitió que no era

su firma, pero le informó que el contrato era vinculante. Por lo cual,

la Recurrida solicitó que se igualara la cantidad acordada y se

mantuviera el arrendamiento del sistema solar, o que este fuera

removido de su propiedad sin penalidad alguna.1

        En respuesta, el 10 de julio de 2023, Sunnova presentó una

Moción Solicitando Referido a Arbitraje y/o Desestimación por Falta

de Jurisdicción.2 Mediante esta, alegó que el DACo carecía de

jurisdicción para atender la reclamación del querellante, por existir

una cláusula de arbitraje en el contrato suscrito entre las partes.

Señaló que la Recurrida reconoció que leyó el contrato y todos sus

anejos y que recibió copia de este, por lo que se debía atener a los

términos del acuerdo. Por tales razones, solicitó que se ordenara la

paralización de los procedimientos ante el foro administrativo para

que se refiriera la controversia al procedimiento de arbitraje.

1 Apéndice del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, Exhibit I, págs. 1-

6.
2 Íd., Exhibit II, págs. 7-123.
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        Evaluados los planteamientos esbozados por las partes, el 17

de julio de 2023, notificada el 20 del mismo mes y año, el DACo

emitió la Orden recurrida en la que declaró No Ha Lugar la solicitud

de desestimación presentada por Sunnova.3 En esencia, determinó

lo siguiente:

        Al amparo de las facultades delegadas por la Ley Núm. 5,
        este Departamento podrá asumir jurisdicción sobre todo lo
        relacionado a la compraventa, instalación y mantenimiento
        de servicios de placas solares, siempre que no estén de por
        medio asuntos en torno a la producción de energía, los
        métodos de facturación, las tarifas o los problemas de
        interconexión. […]. En aquellos casos en que esté de por
        medio una cláusula de arbitraje, la misma no será
        automáticamente exigible. Ello es, así pues, aun pese a
        existir una política pública a favor del arbitraje, se ha
        aclarado que, bajo ciertos escenarios, la misma pudiera ser
        invalidada de configurarse circunstancias suficientes que así
        lo permitan.

        En desacuerdo con la determinación, el 31 de julio de 2023,

Sunnova radicó una Moción de Reconsideración. Mediante esta,

reiteró la falta de jurisdicción de la agencia e insistió en el referido

de la disputa a un procedimiento de arbitraje. Además, argumentó

que dicha Orden no cumplió con la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 38-2017, 3

LPRA sec. 9601 et seq. (“LPAU”), ni con el Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034 del 13 de

junio de 2011 (Reglamento 8034). Sunnova solicitó que se declarase

con lugar la solicitud de reconsideración y se refiriese el caso a

arbitraje, tal y como habían acordado las partes.4

        Ante el silencio de la agencia e inconforme con el dictamen

emitido, el 30 de agosto de 2023, Sunnova compareció ante nos y

formuló los siguientes señalamientos de error:

        PRIMER ERROR: ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
        DEL CONSUMIDOR AL EMITIR UNA DECISIÓN POR LA QUE
        PRETENDE DILUCIDAR UNA CONTROVERSIA PARA LA
        CUAL CARECE DE JURISDICCIÓN PARA CONOCER, POR
        HABER PACTADO LAS PARTES EL ARBITRAJE COMO
        MÉTODO PARA RESOLVER TODAS LAS DISPUTAS.
        SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE
        ASUNTOS   DEL   CONSUMIDOR     AL   EMITIR   UNA

3 Íd., Exhibit III, pág. 124.
4 Íd., Exhibit V, págs. 130-154.
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      DETERMINACIÓN QUE ES CONTRARIA A LA POLÍTICA
      PÚBLICA EXISTENTE EN PUERTO RICO A FAVOR DE LA
      SOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR MEDIO DE ARBITRAJE Y
      QUE HA SIDO RESPALDADA Y RECONOCIDA POR EL
      TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO.

      Tras varios trámites procesales, el 18 de octubre de 2023, esta

Curia emitió una Resolución, en la que le concedió un término de

diez (10) días al DACo, para que fundamentara su Orden emitida el

17 de julio de 2023. Además, ordenó al DACo a elevar el expediente

administrativo. En cumplimiento con lo ordenado, el 30 de octubre

de 2023, el DACo presentó una Moción en Cumplimiento de Orden.

Fundamentó su determinación en la Orden 2022-002 y la

Interpretación Administrativa 2022-003 del DACo, que expone la

consideración de las cláusulas de arbitraje en las querellas

relacionadas a servicios de venta, instalación y mantenimiento de

sistema de placas solares.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.

                                 II.
  A. Revisión Judicial de Determinaciones Administrativas

      La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin garantizar que los ciudadanos tengan un foro al cual acudir

para vindicar sus derechos y para obtener un remedio frente a

posibles actuaciones arbitrarias. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com.

Seg. P.R., 144 DPR 425, 435 (1997); Hernández Denton v. Quiñones

Desdier, 102 DPR 218, 223-224 (1974). Este proceso “forma parte

de un trámite apelativo cuyo diseño responde al principio

constitucional de mayor acceso a los tribunales”. Ríos Martínez,

Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 302 (2016).

      La Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada,

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), 3 LPRA sec. 9601 et
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seq., dispone el alcance de la revisión judicial de las determinaciones

de las agencias. Véase Sec. 4.5 de la LPAU, supra. Tanto la referida

Ley como la jurisprudencia aplicable, establecen que la función

revisora de las decisiones administrativas concedida a los tribunales

apelativos consiste esencialmente en determinar si la actuación de

la agencia fue dictada dentro de las facultades que le fueron

conferidas por ley y si la misma es legal y razonable. T–JAC v.

Caguas Centrum, 148 DPR 70, 80 (1999).

      Ahora bien, “es norma reiterada en nuestro ordenamiento

jurídico que los tribunales apelativos debemos conceder deferencia

a las decisiones de las agencias administrativas”. Torres Rivera v.

Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016). Esto se debe “a la

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre

los asuntos que se les han delegado”. Íd. (Escolio omitido). Es sabido

que las determinaciones de una agencia administrativa gozan de

una presunción de corrección. Graciani Rodríguez v. Garage Isla

Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).

      A tenor con lo anterior, los tribunales deben deferencia a las

agencias administrativas salvo que: (1) las determinaciones no estén

basadas en evidencia sustancial; (2) las conclusiones de derecho

fueran incorrectas; (3) la agencia actuara de forma arbitraria,

irrazonable o ilegal; o (4) que lesionara derechos fundamentales.

Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 819 (2021); Rolón Martínez

v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018). En ausencia de ello,

“aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos,

procede que se valide la interpretación que realizó la agencia

administrativa recurrida”. Super Asphalt v. AFI y otro, supra; ECP

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281-282 (2020).

      Es decir, como excepción los tribunales pueden intervenir
      con las determinaciones de hechos de una agencia cuando
      no están sustentadas por el expediente, ya que el foro judicial
      no debe sustituir su criterio por el del foro administrativo si
      hizo una interpretación razonable de los hechos. OCS v. Point
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      Guard Ins., 205 DPR 1005, 1027 (2020). (Citas y comillas
      omitidas). (Énfasis suplido).

      “Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en su totalidad”. Capó Cruz v. Jta. de Planificación et al.,

204 DPR 581, 591 (2020).

B. Orden 2022-002 e Interpretación Administrativa 2022-003
                          del DACo

      Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada,

conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del

Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq., (“Ley Núm. 5”), faculta al

Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACo”) a “vindicar e

implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias

inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un

control de precios sobre los artículos y servicios de use y consumo”.

3 LPRA sec. 341b. Para cumplir con dicho deber ministerial, el

Artículo 6 de la precitada Ley faculta al DACo para, entre otros:

      (a) Reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los
      precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento
      sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo,
      sobre los artículos, productos y aquellos servicios que
      corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas
      o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en
      aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger
      al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el
      deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la
      economía de presiones inflacionarias. […].
      […].
      (c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas
      presentadas por los consumidores de bienes y servicios
      adquiridos o recibidos del sector privado de la economía. […].
      (d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los
      consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes
      vigentes, a través de una estructura de adjudicación
      administrativa con plenos poderes para adjudicar las
      querellas que se traigan ante su consideración y conceder los
      remedios pertinentes conforme a Derecho. […].
      […].
      (i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran
      necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta ley y
      hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes,
      resoluciones y determinaciones del Departamento. […].
      (j) Reglamentar y fiscalizar los anuncios y las prácticas
      engañosas en el comercio, incluyendo la facultad de
      fiscalizar los reclamos sobre la calidad y demás cualidades
      de los productos y servicios, realizados a través de los
      distintos medios de comunicación, así como requerir de los
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      anunciantes evidencia de la veracidad de los reclamos
      realizados.
      […].
      (l) Promover y establecer normas de calidad, seguridad e
      idoneidad en los servicios y en los productos de uso y
      consumo y requerir su cumplimiento. El Secretario podrá
      requerirle, dentro de un tiempo razonable, a toda empresa
      que venda algún producto u ofrezca algún servicio en Puerto
      Rico y que sea objeto de una querella, investigación rutinaria
      o información que impugne la idoneidad del producto o
      servicio, que lleve a cabo pruebas de calidad, seguridad e
      idoneidad, realizadas según se disponga específicamente en
      cada caso y costeadas por la propia empresa. […].
      […].
      (s) En coordinación con las demás agencias y
      departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
      promover y velar por el cumplimiento de todas las leyes,
      reglas, reglamentos y órdenes que afecten los intereses
      del consumidor.
      […].
      (z) Establecer un sistema de licencias y de fianzas para la
      venta y alquiler de bienes, productos y servicios que se
      ofrezcan en Puerto Rico, cuando ello sea necesario y propio
      para poner en efecto los propósitos de esta ley. […]. (Énfasis
      nuestro). 3 LPRA sec. 341e.

      Asimismo, el Artículo 8 (a) de la Ley Núm. 5, supra, dispone

que “[e]l Secretario tendrá poder para aprobar, enmendar o revocar

aquellas     reglas,   reglamentos,       órdenes,     resoluciones    y

determinaciones necesarias al cumplimiento de esta ley”. 3 LPRA

sec. 341g.

      Al amparo de las facultades conferidas, el 9 de febrero de

2022, el Secretario del DACo emitió la Interpretación 2022-03 para

Aclarar Aspectos Jurisdiccionales del Foro Adjudicativo del DACO

Respecto a los Comercios que Ofrecen Servicios de Venta, Instalación

y/o Mantenimiento de Sistemas de Placas Solares (“Interpretación

2022-03”). El propósito de la Interpretación 2022-03 es aclarar que

tanto el Negociado de Energía de Puerto Rico (“Negociado”), como el

DACo ostentan jurisdicción sobre las posibles controversias

relacionadas a los sistemas de placas solares. Por ello, la aludida

Interpretación sirve a los fines de “delimitar el marco de acción de

cada agencia, así como los efectos que pudiera tener sobre dicha

jurisdicción la existencia de una cláusula de arbitraje”.
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       En lo pertinente a la controversia de autos, de conformidad

con la Interpretación 2022-03, supra, el DACo ostenta jurisdicción

para atender querellas relacionadas a servicios de paneles o placas

solares, siempre que tales reclamaciones no contengan alegaciones

que giren en torno a aspectos de jurisdicción primaria del

Negociado.5 Sobre ello, expone el documento, que el Tribunal de

Apelaciones ha avalado la jurisdicción del DACo en los siguientes

escenarios: 1) controversias relacionadas a los servicios en garantía;

2) alegaciones por incumplimiento contractual, por productos

defectuosos, ya sean placas solares o las baterías; y 3) cualquier

controversia relacionada a la adquisición de un producto (las placas

o las baterías), la instalación y los servicios prestados en relación a

los mismos. A su vez, el DACo ostenta jurisdicción sobre todos los

asuntos relacionados a prácticas engañosas y cuando surjan

alegaciones de daños a la propiedad, como resultado de la

instalación defectuosa de un sistema de placas solares.

       No obstante, la Interpretación 2022-003, supra, expone que

la existencia de una cláusula de arbitraje pudiera suspender el

ejercicio de las facultades del DACo en las querellas relacionadas a

servicios de venta, instalación y mantenimiento de sistema de placas

solares. Cuando existe un acuerdo de arbitraje entre las partes en

controversia, se puede evaluar lo siguiente: 1) si el acuerdo fue

válidamente otorgado; 2) si la cláusula de arbitraje cubre la disputa

en cuestión y es legalmente ejecutable; y 3) si dicha cláusula no está

5 De conformidad con la Interpretación 2022-003, supra, el Negociado tiene
jurisdicción primaria exclusiva sobre los casos y controversias relacionadas con:
    • La política pública energética del Gobierno de Puerto Rico;
    • Las tarifas y cargos que establezca la Autoridad y cualquier productor
        independiente de energía;
    • Trasbordo de energía eléctrica o interconexión entre la Autoridad o sus
        subsidiarias, y toda persona que esté, o interese estar, conectada a la red
        de energía eléctrica o con un interés en esos servicios; y
    • Los contratos entre la Autoridad y los productores independientes de
        energía, así como entre productores independientes de energía, incluidos
        los casos en que se cuestione la razonabilidad de las tarifas de
        interconexión, o la razonabilidad de los términos y condiciones de un
        contrato de compra de energía.
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sujeta a revocación según las razones que existan en ley o equidad

para la resolución de cualquier contrato. Interpretación 2022-03,

supra, citando a Dialysis Access Ctr., LLC v. RMS Lifeline, Inc., 638

F. 3d, a la página 376.

      A tenor, se deben considerar los principios generales del

derecho que rigen el perfeccionamiento de los contratos para decidir

si las partes acordaron arbitrar un asunto particular. Íd. El Tribunal

Supremo de Puerto Rico aclaró que las siguientes circunstancias

hacen inaplicable una cláusula de arbitraje:

      1. Que el foro seleccionado resulta ser irrazonable e injusto.
      2. Que de ventilarse el caso en dicho foro se incurriría en
         una clara y patente inequidad, o sería irrazonable o
         injusto.
      3. Que la cláusula no es válida porque fue negociada
         mediando fraude o engaño.
      4. Que la implantación de la cláusula derrotaría la política
         pública del Estado. Véase Bobé v. USB Fin. Services, 198
         DPR 6 (2017). Véase, además, Unisys v. Ramallo Brothers,
         128 DPR 842 (1991). (Énfasis suplido).

      Mediante la Interpretación 2022-003, supra, se aclaró que, si

la cláusula de arbitraje se da como parte de un contrato de

adhesión, los efectos de su aplicación deben ser ponderados en

detalle, y toda duda deberá interpretarse a favor de la parte débil

en la contratación. En casos donde se alega la falta del

perfeccionamiento de un contrato o la existencia de algún vicio

en el consentimiento, sería innecesario entrar a discutir la

validez o no de una cláusula en particular y la jurisdicción del

DACo sería incuestionable. Interpretación 2022-003, supra.

      En síntesis, el DACo ostentará jurisdicción sobre todo caso

relacionado a la compraventa, instalación y mantenimiento de

servicios de placas solares, “siempre que no estén de por medio

asuntos en torno a la producción de energía, los métodos de

facturación, las tarifas o los problemas de interconexión”. En

aquellos casos en que exista una cláusula de arbitraje, la misma no

será exigible automáticamente. “[A]ntes de ceder o paralizar la
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jurisdicción del foro adjudicativo del [DACo], [habrá que] analizar si

la cláusula en cuestión es válida, o si se configuran los criterios que

la jurisprudencia dispone para decretar su nulidad”. En cualquier

caso que se argumente la nulidad del contrato, se hará innecesario

discutir la validez o no de una cláusula en particular.

      De otro lado, el 9 de febrero de 2023 el DACo emitió la Orden

2022-002 para Detallar los Principales Pasos a Seguir Cuando se

Radique una Querella Relacionada a Servicios de Venta, Instalación

y Mantenimiento de Sistemas de Placas Solares (“Orden 2022-002”).

Dicha orden fue emitida con el propósito de facilitar el trámite al

interior del DACo. Según la referida Orden 2022-002, supra, la

existencia de una cláusula de arbitraje no podrá dar base a la

desestimación automática. Cónsono con lo anterior, en casos donde

exista una cláusula de arbitraje, procederá hacer el análisis

correspondiente, según establecido en la Interpretación 2022-003,

supra.

                                 III.

      La controversia principal ante esta Curia gira en torno a si el

DACo ostenta jurisdicción para atender la controversia de autos, en

la que las partes suscribieron un contrato que contiene una

cláusula de arbitraje. Contestamos en la afirmativa.

      En el presente recurso, Sunnova arguye que el DACo carece

de jurisdicción para atender la reclamación instada por la señora

Nieves Cortés sobre el contrato de servicio de energía solar suscrito

entre las partes. Señala Sunnova que el aludido contrato contiene

una cláusula de arbitraje que impide que cualquier reclamación se

ventile ante el foro administrativo. Sostiene, además, que la cláusula

de arbitraje contenida en el contrato es clara, por lo que las partes

están obligadas a su fiel cumplimiento. Por último, argumenta que,

en virtud del acuerdo entre las partes, el DACo no tiene jurisdicción,

por tanto, la Orden recurrida es nula en derecho y ultra vires.
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      Por su parte, el DACo afirma que la Orden 2022-002, supra,

y la Interpretación Administrativa 2022-003, supra, faculta a la

agencia a entrar a considerar las cláusulas de arbitraje en las

querellas   relacionadas   a   servicios   de   venta,   instalación   y

mantenimiento de sistema de placas solares. Sostiene, además, que

luego de examinadas las alegaciones vertidas por la señora Nieves

Cortés y las alegadas incongruencias que se desprenden de los

contratos suscritos entre las partes, es nuestra contención que es

necesaria la celebración de una vista administrativa que les permita

estar en mejor posición para tomar una determinación sobre el

remedio que ha de otorgarse. Veamos.

      Según obra en el expediente de autos, la señora Nieves Cortes

instó una querella ante el DACo en la que alegó lo siguiente:

      1. Que suscribió un contrato con la compañía de venta de
         placas solares Windmar Home para el alquiler de un
         sistema solar por un término de 10 años, por la cantidad
         de $14,380.00.
      2. Que Sunnova le remitió un estado de cuenta cobrándole
         la compra de un sistema solar por la cantidad de
         $37,981.52, a ser financiado por un término de 25 años.
      3. Que se comunicó con Sunnova y este le informó que tenía
         en su poder un contrato firmado por esta.
      4. Que solicitó copia del contrato y notó que la firma
         contenida en el documento no era suya, por lo que
         Sunnova inició una investigación.
      5. Que cada vez    que se comunica con Windmar Home
         para que la ayuden a resolver el problema le dicen que el
         gerente se va a comunicar y aún no había recibido
         llamada alguna de la compañía.

      De un examen a la querella instada por la señora Nieves

Cortés, notamos que esta alega que firmó un contrato con Windmar

Home para el alquiler de un sistema solar. Sin embargo, arguye que

Sunnova, a quien identificó como el banco financiero, ostenta otro

contrato firmado con términos diferentes a los que la señora Nieves

Cortés alega pactó con la compañía solar. Cabe destacar que la

señora Nieves Cortés niega haber firmado este segundo contrato con

el Recurrente.
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      Lo anterior pone de manifiesto que la querella incoada por la

señora Nieves Cortés contiene alegaciones que pudieran dar lugar a

una práctica engañosa por parte de una compañía solar o que la

cláusula no es válida porque fue negociada mediante fraude o

engaño.   Véase    Interpretación    2022-003,   supra.    Ante   tales

alegaciones sobre una venta engañosa y la existencia de dos

contratos con términos y condiciones incongruentes entre sí, el

DACO ostenta jurisdicción para que se ventile en los méritos esta

reclamación. Al amparo de la Ley Núm. 5, supra, el DACo está

facultado para fiscalizar los anuncios y las prácticas engañosas en

el comercio. Véase Art. 6 (j) de la Ley Núm. 5, supra. Aun cuando el

contrato firmado por la señora Nieves Cortes contiene una cláusula

de arbitraje, tanto la Interpretación 2022-003, supra, como la Orden

2022-003, supra, establecen que en casos donde se alega la falta

del perfeccionamiento de un contrato o la existencia de algún

vicio en el consentimiento, sería innecesario entrar a discutir

la validez o no de una cláusula en particular y la jurisdicción del

DACo sería incuestionable.

      Siendo este el escenario planteado por la señora Nieves

Cortes, coincidimos con el DACo que procede la celebración de una

vista administrativa que permita a dicha agencia a estar en mejor

posición para dilucidar cual sería el remedio que ha de otorgarse a

las partes. Lo anterior no es óbice para que posterior a la celebración

de la aludida vista el DACo pueda referir a las partes al proceso de

arbitraje. Sin embargo, entendemos en esta etapa de los

procedimientos,     procede    que   el   DACo   celebre   una    vista

administrativa para que las partes puedan exponer sus respectivas

alegaciones y dilucidar si existió o no una práctica engañosa en el

otorgamiento del contrato. Conforme a lo antes reseñado, y al

amparo de las facultades conferidas por la Ley Núm. 5, supra, nos
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es forzoso concluir que el DACo, en estos momentos, tiene

jurisdicción sobre el asunto.

      Por tanto, según lo antes esbozado, no se desprende que el

DACo haya abusado de su discreción o haya actuado de manera

arbitraria, irrazonable o ilegalmente al declararse con jurisdicción.

Establecido lo anterior, no encontramos razón para apartarnos de

la norma de deferencia que los tribunales deben conferirle a las

determinaciones finales de los foros administrativos. Por lo cual,

resolvemos que el DACo actuó correctamente al retener jurisdicción

de la querella presentada.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Orden

recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones