Court Opinion

ID: 9896788
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:19:01.638545+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:10.458538
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                Panel Especial

CARLOS   MANUEL              FUENTES                  Certiorari
ALCÁZAR;     y                YARITZA                 procedente del
RODRÍGUEZ OLIVO                                       Tribunal de
                                                      Primera Instancia,
              Recurridos                KLCE202300718 Sala de Bayamón

                   v.                                   Caso Núm.
                                                        BY2023CV00610

AVL     GROUP,      INC.;  y
ALEXANDER ROJAS GONZÁLEZ;                               Sobre:
y JANE DOE; y la SOCIEDAD DE                            Daños y Perjuicios
BIENES    GANANCIALES     DE
ALEXANDER ROJAS GONZÁLEZ
con     JANE       DOE;    y
ASEGURADORA “X”

            Peticionarios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

                                   RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

       Comparecen Alexander Rojas González (señor Rojas González) y

AVL Group Inc. (AVL), (en conjunto, los peticionarios), solicitando la

revocación de una Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Bayamón (TPI), el 20 de junio de 2023.1 En el inicio de

del proceso judicial por una demanda sobre daños y perjuicios, los

demandantes de epígrafe, aquí recurridos, solicitaron tener acceso e

inspeccionar cierta información electrónica contenida en un vehículo

marca Tesla, que, alegadamente, era propiedad de AVL, y conducido por

1 Notificada en esa misma fecha.

NÚMERO IDENTIFICADOR
RES2023______________
KLCE202300718                                                            2

el señor Rojas González, al momento de causar el accidente fatal que dio

lugar a la presentación de la demanda.

      Sin embargo, advirtiendo los peticionarios al foro primario sobre la

posibilidad de la existencia de procesos paralelos, (civil y criminal),

solicitaron al Tribunal que paralizara el proceso iniciado en el ámbito

civil, en lo que concluía el criminal. Adujeron que permitir la

continuación del proceso civil, podría interferir con los derechos del

señor Rojas González, (del Ministerio Público decidir presentarle cargos

criminales por el accidente de autos, que fue la causa de la demanda por

daños y perjuicios). En particular, estos solicitaron que no se permitiera

la inspección y obtención de la información electrónica contenida en el

Tesla por los recurridos.

      A pesar de que el foro primario emitió ciertas órdenes para

confirmar si había un proceso criminal paralelo en contra del señor Rojas

González, denegó la solicitud de los peticionarios para que se paralizara o

desautorizara la inspección del Tesla por el perito de los recurridos. Es

esta la determinación que los peticionarios solicitan que revoquemos.

      Como explicaremos, luego de haber sido presentado el recurso de

certiorari, han sucedido una serie de eventos ante el TPI que, a nuestro

juicio, tornaron la controversia que nos correspondía dilucidar en

académica, por lo que corresponde desestimar.

I. Resumen del tracto procesal

      El 3 de febrero de 2023, el señor Fuentes Alcázar y la señora

Rodríguez Olivo, (los recurridos), radicaron una Demanda en daños y

perjuicios contra AVL, el señor Rojas González, Jane Doe, y la Sociedad

de Bienes Gananciales compuesta por el señor Rojas Gonzáles y Jane

Doe, además de la Aseguradora “X”. Alegaron, en síntesis, que el 12 de

noviembre de 2022, su hijo, el joven Carlos Manuel Fuentes Rodríguez (el

joven Fuentes Rodríguez), transitaba por la carretera #696 en dirección a
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Dorado, cuando el auto que conducía fue impactado por otro vehículo

marca Tesla, Modelo Y año 2022. Se adujo que el vehículo Tesla,

propiedad de AVL, era conducido por el señor Rojas González, cuando

invadió el carril por el cual discurría el auto que manejaba el joven

Fuentes Rodríguez, causándole la muerte. Fue aseverado que la única y

exclusiva causa del accidente descrito fue la conducta del señor Rojas

González, al discurrir por el lugar a una velocidad que no le permitía

mantener el control y dominio del volante cuando invadió el carril

contrario por donde manejaba el joven Fuentes Rodríguez. Fue alegado,

además, que la Policía de Puerto Rico había investigado el asunto, y se

encontraba ante la atención de la Fiscalía de Bayamón para someter

cargos criminales en contra del señor Rojas González.

      En respuesta, el 3 de mayo de 2023, el señor Rojas González

radicó una Moción Solicitando la Paralización de los Procedimientos.

Planteó que la investigación policial en curso pudiera generar la

radicación de cargos en su contra de naturaleza penal, por lo que le

asistía el derecho constitucional a no auto incriminarse. Afirmó que el

proceso de descubrimiento de prueba en el proceso civil, de ser

permitido, podría lesionar sus derechos constitucionales en el ámbito

penal. En consecuencia, solicitó la intervención del foro primario para

paralizar los procesos en el cause civil, mientras se encontrara en curso

la investigación de naturaleza penal.

      Ese mismo día, AVL radicó una Moción Uniéndonos a la Solicitud de

Paralización de los Procedimientos, reproduciendo los argumentos

esenciales de la moción instada por el señor Rojas González, descritos en

el párrafo que precede, y solicitando el mismo remedio.

      Ante ello, el 5 de mayo de 2023, el TPI emitió Orden concediendo

veinte (20) días al señor Fuentes Alcázar y a la señora Rodríguez Olivo
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para que se expresaran sobre las mociones solicitando paralización de

los procesos.

       Conforme a lo ordenado, el 25 de mayo de 2023, los recurridos

instaron Oposición de los Demandantes a la Solicitud de Paralización de

los Procedimientos. Esgrimieron, en síntesis, que AVL no tenía derecho a

invocar el derecho a la no autoincriminación, al ser una corporación.

Sostuvieron, además, que tampoco se había presentado alguna denuncia

contra el señor Rojas González por estos hechos, sino que, más bien,

existía una sospecha sobre una posible investigación y radicación de

cargos criminales, lo que no justificaba que se ordenase la paralización

del pleito civil.

       Pendiente de adjudicarse la moción sobre paralización del proceso

civil instada por los peticionarios, el 13 de junio de 2023, el señor

Fuentes Alcázar y la señora Rodríguez Olivo presentaron una Solicitud de

Orden Para Inspeccionar Vehículo y Copiar Información Electrónica.

Aseveraron que el vehículo marca Tesla que ocasionó el accidente posee

un mecanismo llamado Event Data Recorder (EDR), que registra

información en torno a la dinámica del auto, velocidad, ubicación y

activación de las bolsas de aire al ocurrir un evento. Por lo cual,

solicitaron al TPI que expidiera una Orden autorizando a su perito a

tener acceso a dicho vehículo, ubicado en ese momento en el Cuartel de

la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, con el propósito de

examinarlo y copiar la información electrónica que contuviera pertinente

al impacto. Adujeron que tal información podría perderse, de no ser

recopilada en un tiempo razonable.

        En desacuerdo, el 20 de junio de 2023, AVL instó una Moción en

Réplica a Oposición a Solicitud de Paralización. Esgrimió nunca haber

invocado para sí el derecho a no auto incriminarse, por lo cual entendía

que tal alegación de los recurridos inducía a error al Tribunal. Además,
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adujo que, siendo un hecho que la responsabilidad imputada a la

corporación es una vicaria, la misma está intrínsicamente relacionada a

la persona natural del señor Rojas González, quien sí goza del derecho a

no incriminarse. Añadió, que el mero hecho de que exista una

investigación criminal dirigida hacia el señor Rojas González, activaba el

derecho de este a no auto incriminarse, existiendo una presunción de

que lo que pudiese declarar en el proceso civil, lesionaría sus derechos

en el proceso criminal. Ante lo cual, para evitar lesionar los derechos

constitucionales que acompañan al señor Rojas González en un trámite

criminal, AVL solicitó al TPI que ordenara la paralización de los procesos

civiles ante su consideración, hasta que el cause criminal llegara a su

conclusión.

      Ese mismo día, el señor Rojas González y AVL radicaron una

Urgente Oposición a Solicitud de Orden. Arguyeron que, de conceder el

foro primario autorización a los recurridos para llevar el descubrimiento

de prueba solicitado sobre el Tesla, sin que fuera atendida primero la

solicitud de paralización del pleito civil, convertiría esta última petición

en académica. Resaltaron que el señor Fuentes Alcázar y la señora

Rodríguez Olivo solicitaron que se permitiera la inspección del Tesla, tan

pronto como el 28 de junio de 2023, cuando la petición para la

paralización del proceso civil aún se encontraba sub judice.

       Visto lo anterior, el 20 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden

Dirigida al Ministerio Público, Fiscalía de Distrito de Bayamón, para que

informara, en el término de veinte (20) días, si existía o no una

investigación criminal pendiente contra el señor Rojas González, como

consecuencia del accidente ocurrido el 12 de noviembre de 2022.

      En la misma fecha, el TPI emitió otra tres Órdenes. A través de una

de estas, pautó vista, a ser celebrada el 3 de agosto de 2023, a los fines

de atender la solicitud de paralización y su oposición, y de aclarar algunos
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detalles sobre el status de la alegada investigación criminal.2 Mediante

otra, declaró Ha Lugar la moción instada por los recurridos para que se

les permitiera inspeccionar y copiar data electrónica del EDR-Tesla.3

Finalmente, en su tercera Orden, el foro apelado declaró No Ha Lugar la

moción de los peticionarios para impedir la inspección del Tesla,

plasmando que la orden en torno a la data del vehículo puede ser emitida,

independientemente de la solicitud de paralización, a los fines de

preservar evidencia pertinente en el caso4.

        En desacuerdo, tanto el señor Rojas González, como AVL,

acudieron en conjunto ante este Tribunal de Apelaciones el 26 de junio

de 2023, mediante recurso de certiorari, planteando los siguientes

errores:

        Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
        Superior de San Juan, al permitir la inspección y obtención
        de data por parte del perito de la parte demandante de un
        vehículo que se encuentra en posesión del Estado como
        parte del proceso de investigación criminal contra uno de los
        demandados en el caso civil que simultáneamente se
        presentó por los mismos hechos, sin considerar los riesgos
        de ventaja indebida que ello representa para el Ministerio
        P[ú]blico según esbozados por el Tribunal Supremo en ELA v
        Casta; 162 [DPR] 1 (2004).

        Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
        Superior de San Juan, al permitir la inspección y obtención
        de data por parte del perito de la parte demandante de un
        vehículo que se encuentra en posesión del Estado como
        parte del proceso de investigación criminal contra uno de los
        demandados en el caso civil que tiene presentada una
        Moción de Paralización y que está pendiente de
        argumentación y adjudicación, abusando de su discreción.

        Junto a dicho recurso, los peticionarios instaron una Moción en

Auxilio de Jurisdicción, solicitando que paralizáramos la Orden del TPI

que autorizaba que el perito de los recurridos tuviera acceso al Tesla

para descubrir prueba, hasta tanto atendiéramos la solicitud de

paralización del proceso civil.

2 Apéndice 11 del recurso de certiorari, pág. 40.
3 Apéndice 12 del recurso de certiorari, pág. 43.
4 Íd, pág. 42.
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      A tenor, al día siguiente emitimos una Resolución ordenando la

paralización de los procedimientos en el TPI, y concediéndole un término

de quince (15) días a los recurridos para que se expresen sobre los

méritos del recurso presentado.

      Sin embargo, el 7 de julio de 2023, los recurridos presentaron una

Solicitud   de        Reconsideración,   precisando   que    nuestra   Orden    de

paralización había tenido el efecto de impedir que el TPI considerase la

deseabilidad de que se paralizara todo el proceso civil, en espera de los

asuntos criminales, mientras que los peticionarios solo habían solicitado

que se paralizara la inspección del Tesla. Por tanto, solicitaron que la

paralización se limitara al tema de la inspección del Tesla, pero

permitiéramos al foro primario continuar con los demás procesos.

      Considerado lo anterior, el 19 de julio de 2023, emitimos una

Resolución declarando Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración, a los

solos efectos de que los procedimientos ante el TPI continuaran su curso,

salvo lo relativo a la inspección del Tesla autorizada, la cual no

permitiríamos hasta que dilucidáramos las controversias ante nuestra

consideración.

      Entonces, el 12 de julio de 2023, los recurridos presentaron su

Oposición al Recurso de Certiorari. Adujeron que el señor Rojas González

no tenía legitimación activa para oponerse a la inspección del Tesla, pues

no le pertenecía. Arguyeron que, el señor Rojas González no había

contestado       la    demanda,    tampoco    había   sido   sujeto    de   ningún

procedimiento de descubrimiento de prueba, por lo que se desconocía

cuál sería la información cuyo descubrimiento pudiera poner en riesgo

su aducido derecho constitucional a no auto incriminarse.

      De vuelta a las incidencias que continuaban en el TPI, el 17 de

julio de 2023, el Ministerio Público presentó una Moción Para Intervenir

Mediante Representación Legal, en Cumplimiento de Orden e Informativa,
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confirmando que existía una investigación criminal relacionada al

accidente. Por esto, solicitó al TPI que ordenara la posposición de la

causa civil que estaba ante su consideración, por al menos, sesenta (60)

días, de suerte que pudiera culminar su investigación y determinar si

imputaría delitos graves contra el señor Rojas González. Solicitó,

además, que de imputarse delitos graves contra el señor Rojas González,

concediera un término adicional de paralización del proceso civil, para

que pudiera celebrarse la Vista Preliminar.5

       Atendida la petición del Ministerio Público, el 30 de julio de 2023,

el TPI emitió una Resolución6 ordenando la paralización de los

procedimientos civiles, hasta el 29 de septiembre de 2023, de modo que

se pudiera culminar la investigación criminal y determinar si se estarían

presentando cargos criminales contra el señor Rojas González.

       Como resultado, el 2 de agosto de 2023, el señor Rojas González y

AVL acudieron a este Tribunal de Apelaciones, mediante Moción Para Que

Se Tome Conocimiento Judicial, solicitando que tomáramos conocimiento

judicial de los asuntos explicados en el párrafo que antecede. Es decir,

para que adviniéramos en conocimiento de que, en efecto, existía una

investigación criminal en curso y que el TPI había ordenado la

paralización de los procedimientos, hasta el 29 de septiembre de 2023,

de modo que el Ministerio Público pudiera determinar si presentaría

cargos criminales contra el señor Rojas González.

       Pasado poco más de un mes, el 12 de septiembre de 2023, la

Oficina del Procurador General compareció ante nosotros informando

que, el 1 de septiembre de 2023, el Ministerio Público había presentado

cargos criminales contra el señor Rojas González.

       En concordancia, el 20 de agosto de 2023, el señor Rojas González

y AVL presentaron ante este foro intermedio otra Moción Para Que Se

5 Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23.
6 Notificada el 31 de julio de 2023.
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Tome Conocimiento Judicial. En esta ocasión, informaron que, el 1 de

septiembre de 2023, se llevó a cabo la vista bajo la Regla 6 de

Procedimiento Criminal,7 en la que se determinó causa para arresto y se

impuso      una fianza       diferida de       sesenta mil       (60,000.00) dólares,

encontrándose el caso en etapa de Juicio. A pesar de ello, adujeron que

la   controversia     ante    este      foro   intermedio   subsistía,   por   cuanto

continuaba la autorización del foro primario para autorizar la inspección

del Tesla.

       Finalmente, el 3 de octubre de 2023,8 el TPI emitió Sentencia,

decretando la paralización de los procedimientos sobre la demanda

de daños y perjuicios presentada por los recurridos, y ordenando su

archivo administrativo. En consonancia, el TPI se reservó jurisdicción

para ordenar la reapertura y continuación de los procedimientos, a

solicitud de parte interesada, una vez finalizara el caso criminal

contra el señor Rojas González. Además, ordenó a las partes informar,

en ciento veinte (120) días, la etapa en la cual se encuentra el caso

criminal.

       Por motivo de la Sentencia aludida, el 6 de octubre de 2023, los

peticionarios presentaron ante este foro intermedio una Moción Para Que

Se Tome Conocimiento Judicial. Arguyeron que, la Sentencia emitida por

el foro de instancia era cónsona y validaba sus planteamientos sobre la

procedencia de la paralización del pleito civil, a espera de las resultas del

proceso criminal, por lo cual entendían que el recurso pendiente ante

nosotros se había tornado académico. Tienen razón.

II. Exposición de Derecho

       A. Procesos paralelos (civil y criminal)

       Nuestras Reglas de Procedimiento Civil están enraizadas en el

principio de que las mismas deben interpretarse de modo que faciliten el

7 Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6.
8 Notificada el 4 de octubre de 2023.
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acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen

una solución justa, rápida y económica. 32 L.P.R.A. Ap. V R.1. Conforme

a este principio, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que:

               […] al interpretar las Reglas de Procedimiento
               Civil hay que tener presente, como principio
               rector, que éstas no tienen vida propia, sólo
               existen para viabilizar la consecución del
               derecho sustantivo de las partes. Para poder
               impartir justicia al resolver los reclamos de las
               partes, el tribunal debe hacer un balance
               equitativo entre los intereses en conflicto
               ejerciendo especial cuidado al interpretar las
               reglas procesales para que éstas garanticen una
               solución justa, rápida y económica de la
               controversia. Isla Verde Rental Equip. Corp. v.
               García Santiago, 165 DPR 499 (2005).

       Sin duda, la economía procesal es un pilar importante en nuestro

sistema procesal civil. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR

483, 494 (1999).

       Bajo tal principio, los procesos paralelos se han definido como

aquellos procedimientos adjudicativos simultáneos que: (1) surgen de un

mismo conjunto de transacciones y; (2) que se dirigen contra el mismo

demandado o demandados.9 En cuanto a los procedimientos paralelos,

nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que los tribunales, a solicitud

de partes, pueden utilizar diferentes tipos de mecanismos procesales a

los fines de proteger la constitucionalidad o la integridad de tales

procesos. Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314, 325-326

(2009) E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 18 (2004). El mismo alto Foro ha

expresado que en los casos en que se están llevando a cabo procesos

paralelos, “los tribunales tienen amplia discreción en paralizar un

caso civil, posponer el descubrimiento de prueba o imponer órdenes

9 “Parallel proceedings are simultaneous, adjudicative proceedings that (1) arise out of a

single set of transactions, and (2) are directed against the same defendant or defendant
that may include investigations by any federal regulatory agency, civil injunctive or
penalty actions, administrative disciplinary proceedings, cease and desist proceedings,
private actions (including both class and derivative actions), proceedings by self-
regulatory agencies, various state proceedings, grand jury inquiries, and/or criminal
prosecutions”. (Citas omitidas). M.D. Hunter, SEC/DOJ Parallel Proceedings:
Contemplating the Propriety of Recent Judicial Trends, 68 (Num. 1) Miss. L. Rev. 149
(2003).
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y condiciones protectoras, siempre que el interés de la justicia así lo

requiera.” Íd., pág. 19. (Énfasis provisto).

      En este ejercicio, los tribunales federales han enumerado los

siguientes factores que deben ser evaluados y balanceados al momento

de determinar si procede o no la paralización:

             1. los intereses privados de los demandantes en proceder de
                manera expedita en el litigio civil, contrarrestada contra
                el perjuicio de los demandantes si retrasan.
             2. los intereses privados y el perjuicio sobre el demandado.
             3. la conveniencia de los tribunales.
             4. los intereses de las personas que no son parte en el pleito
                civil.
             5. el interés público.10

      Dichos      parámetros       han     sido     adoptados      por     nuestra

jurisprudencia. Ver, E.L.A. v. Casta, supra.

      B. Academicidad

      Los tribunales solo están llamados a atender asuntos de carácter

justiciable. La doctrina de justiciabilidad exige la adjudicación de

controversias genuinas entre partes opuestas, que tienen un interés

legítimo en obtener un remedio capaz de afectar sus relaciones jurídicas,

permitiendo, de ese modo, la intervención oportuna y eficaz de los

tribunales. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 908

(2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554, 558-559 (1958). Este principio

constituye una autolimitación al ejercicio del Poder Judicial consagrado

en nuestra Constitución. Íd.

       En virtud de lo anterior, se reconoce que la doctrina de la

academicidad da vida al principio de justiciabilidad. Bathia Gautier v.

Gobernador, 199 DPR 59 (2017); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969,

973 (2010); Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003). Como norma,

10Arden Way Associates v. Boesky, 660 F. Supp. 1494, 1497 (S.D. N.Y. 1987); In re
Mid-Atlantic Toyota Antitrust Litigation, 92 F.R.D. 358, 359 (D. Md. 1981); Golden
Quality Ice Cream Co. v. Deerfield Specialty, 87 F. R.D. 53, 56 (E.D. Pa. 1980):
       “(1) The private interests of the plaintiffs in the proceeding expeditiously
       with the civil litigation as balanced against the prejudice to the plaintiffs
       if delayed; (2) the private interests of and burden on the defendant; (3)
       the convenience to the courts; (4) the interest of persons not parties to
       the civil litigation; (5) the public interest.”
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un caso es académico cuando los cambios fácticos o procesales

ocurridos durante su trámite convierten la controversia en una

ficticia, de modo tal que el fallo que emita el tribunal no tendría

efectos prácticos por tratarse de un asunto inexistente. (Énfasis

provisto). Lozada Tirado et al v. Testigos Jehová, supra, pág. 908.

         Las diferentes justificaciones que se esbozan para requerir que un

caso no sea académico antes de resolverse el mismo son: (1) evitar el uso

innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar suficiente contienda

adversativa sobre las controversias para que sean competentes y

vigorosamente presentados ambos lados; y (3) evitar un precedente

innecesario. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 DPR 924 (2000),

citando a Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 437

(1994). Un caso puede resultar académico si el transcurso del tiempo ha

causado que éste pierda su condición de controversia viva y presente. Íd.

      No obstante, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido algunas

excepciones que permiten que se considere un caso posiblemente

académico, a saber: cuando se plantea una cuestión recurrente; si la

situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene

características de permanencia; o donde aspectos de la controversia se

tornan     académicos,    pero   persisten   importantes    consecuencias

colaterales. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 359 (2005); El Vocero v.

Junta de Planificación, 121 DPR 115, 124 (1988).

   A. Desestimación

      La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83,

establece las circunstancias en que este foro intermedio puede

desestimar un recurso presentado. En lo que resulta pertinente al caso

ante nuestra consideración, allí se establece que:

      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los siguientes motivos:
            (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
            jurisdicción;
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             (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
             cumplimiento estricto por ley sin que exista justa
             causa para ello;
             (3) que no se ha presentado o proseguido con
             diligencia o de buena fe;
             (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no
             se ha presentado una controversia sustancial o que ha
             sido interpuesto para demorar los procedimientos, o
             (5) que el recurso se ha convertido en académico.

      (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
      desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
      discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el
      inciso (B) precedente. Íd.

      (Énfasis nuestro y texto omitido del original).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Hemos prestado particular atención a la reproducción de las

incidencias procesales que precedieron a la presentación del recurso de

certiorari ante nosotros, y a las que se han seguido desarrollando hasta el

presente en el tribunal a quo, por cuanto resultan medulares para

sopesar si la controversia ante nuestra atención resulta justiciable.

Según advertimos en la exposición de derecho, la doctrina de la

justiciabilidad exige la adjudicación de controversias genuinas entre

parte opuestas, que tienen un interés legítimo en obtener un remedio

capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo, de ese modo, la

intervención oportuna y eficaz de los tribunales. E.L.A. v. Aguayo, supra.

(Énfasis provisto).

      A través del recurso de certiorari instado por los peticionarios,

estos solicitaron un remedio preciso, la paralización de la Orden del TPI

autorizando al perito de los recurridos a inspeccionar y sustraer la

información electrónica proveniente del Tesla. Tal petición de AVL y el

señor Rojas González, a su vez, estaba enmarcada dentro de la solicitud

más amplia que habían hecho al foro primario, para que paralizara los

procesos en la causa civil por daños y perjuicios, en lo que se dilucidaba

el proceso criminal seguido en contra del señor Rojas Gonzáles. Es decir,

los peticionarios pretendían del foro primario que evitara la continuación
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de   procesos   paralelos,   en     ánimos   de   proteger    los   derechos

constitucionales del señor Rojas Gonzáles en el proceso criminal llevado

en su contra.

      Sin   embargo,    no   cabe     duda   alguna   de     que,   mientras

considerábamos el recurso de certiorari presentado, ocurrieron cambios

procesales que “convirtieron la controversia a dilucidar en una ficticia, de

modo tal que un fallo por este foro intermedio no tendría efectos

prácticos”. Lozada Tirado et al v. Testigos de Jehová, supra. Hacemos

referencia, claro está, a la Sentencia emitida el 3 de octubre de 2023 por

el tribunal apelado, decretando la paralización de los procedimientos

en la causa civil instada, y ordenando su archivo administrativo,

para evitar la continuación de procesos paralelos.

      La paralización de los procedimientos en la causa civil por daños y

perjuicio ordenada por el TPI, tiene la directa e inmediata consecuencia

de impedir que los recurridos continúen cualquier gestión relacionada a

dicho caso, lo que incluye la inspección por su perito del Tesla. Ese fue

precisamente el remedio que los peticionarios solicitaron a este Tribunal

de Apelaciones que concediera, impedir la inspección del Tesla por los

recurridos, al menos hasta que concluyese el proceso criminal paralelo

llevándose a cabo.

      En consecuencia, una vez ordenada la paralización de los

procedimientos en el litigio civil, no subsiste controversia real alguna

entre las partes que justifique nuestra intervención, convirtiendo la

causa de acción en académica. El remedio que pretendía el recurrente a

través del recurso de certiorari que instó ante nuestra consideración ya

fue concedido por el TPI, como efecto directo de la Sentencia de 3 de

octubre de 2023 dictada. La controversia alzada por los peticionarios ha

tornado en académica, pues no tenemos un remedio que conceder,

habiendo sido concedido por el TPI.
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IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, resolvemos que el recurso de

certiorari se tornó académico, a tenor, procede ordenar su desestimación.

Se deja sin efecto la orden de paralización de 27 de junio de 2023, según

modificada el 19 de julio de 2023.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones