Court Opinion

ID: 9928645
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:32:24.025814+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:49.395342
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL

                                                        Apelación
                                                        Procedente del
    JOSÉ ANTONIO BÁTIZ                                  Tribunal de
        MELÉNDEZ                                        Primera
                                                        Instancia,
            Apelado                                     Sala de Ponce

                v.                                 Sobre:
                                     KLAN202100787 Incumplimiento
    UNIVERSAL INSURANCE                            de Contrato;
         COMPANY                                   Daños y
                                                   Perjuicios
            Apelante
                                                        Caso Núm.:
                                                        JAC2011-0416
                                                        (602)

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, la juez
Rivera Pérez1 y el juez Candelaria Rosa.2

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

      Universal Insurance Company (Universal o parte apelante)

comparece ante nos para que revisemos la Sentencia Enmendada

por Orden del Tribunal Apelativo (“Sentencia Enmendada”) dictada el

27 de mayo de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Ponce (TPI), que le concedió al Sr. José Antonio Bátiz

Meléndez (Sr. Bátiz o apelado) la suma de $100,000.00 en concepto

de angustias mentales causados por incumplimiento en el pago de

una póliza de seguros.

      Considerado el recurso a la luz del derecho aplicable,

resolvemos revocar la Sentencia Enmendada apelada. Veamos.

                                     -I-

      En agosto de 2011, el Sr. Bátiz presentó la acción de

referencia contra Universal por incumplir su obligación de proveer

1 Mediante la orden administrativa OATA–2022–065, la juez Rivera Pérez
sustituyó a la juez Soroeta Kodesh.
2 Mediante la orden administrativa OATA– 2023– 040, el juez Candelaria Rosa

sustituyó a la juez Gina Méndez.

Número Identificador

SEN2023____________________
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cubierta por la pérdida de su propiedad en violación del contrato de

seguros pactado entre las partes. En julio de 2017, el TPI dictó una

Sentencia mediante la cual condenó a Universal a pagar al apelado

las siguientes sumas: (1) $269,900.00 por concepto de pago de la

póliza de seguros; (2) $100,000.00 por concepto de daños y

angustias mentales por el incumplimiento del pago de dicha póliza;

y (3) $15,000.00 en honorarios de abogado.

       La Sentencia fue objeto de apelación (“Apelación Anterior”), y

como resultado, en lo pertinente, mediante una Sentencia de 23 de

junio de 2020, KLAN201701081 (“Sentencia del TA”), otro Panel de

este Tribunal devolvió el asunto al TPI para que expusiera de forma

específica los casos similares utilizados y los cómputos realizados

para otorgar la cuantía concedida por concepto de angustias

mentales. En cuanto a la apreciación de la prueba de daños, la

Sentencia del TA indicó que

                     […] para que la parte apelada prevaleciera
              en su reclamo sobre los daños por el
              incumplimiento contractual del apelante que
              alegó, no bastaba que estableciera haber sufrido
              unos daños, sino que también precisaba
              establecer mediante la prueba que estos fueron
              previsibles al momento de haberse constituido la
              obligación (firma de la póliza) y consecuencia de
              la falta de cumplimiento. Sin embargo, la
              aplicación del derecho expuesto dependía de la
              consideración de la prueba testifical desfilada, y
              la ausencia de la transcripción de la prueba oral
              nos ha negado la posibilidad de efectuar tan
              importante ejercicio, por lo que solo podemos
              confirmar las determinaciones de hechos del TPI
              al respecto.3

       La sentencia antes citada advino final y firme e inapelable,

por lo que, devuelto el mandato al TPI, el 27 de mayo de 2021 dictó

la Sentencia Enmendada. En esta, declaró que “[a]l momento las

determinaciones de hechos del caso de epígrafe, así como las

compensaciones concedidas y confirmadas son cosa juzgada. Por lo

que procedemos a cumplir con la Sentencia del “TA”, la cual en su

3 Véase Apéndice del recurso, pág. 60.
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parte dispositiva nos ordena que únicamente que con relación a los

daños morales valorizados en cien mil dólares ($100,000.00),

hiciéramos dicho computo según sus instrucciones”.4 Además, la

Parte III y IV de la Sentencia Enmendada expresa, en lo pertinente,

lo que a continuación transcribimos:

              III.    DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRACTUALES

                      […]

                    En el caso de autos, del testimonio
              incontrovertido del demandante, éste demostró
              que esa propiedad era la casa de su vida. Que la
              había estado siguiendo hasta que se la compró al
              Banco Popular.

                     El intento de impugnación del testimonio
              del demandante Batiz [aquí apelado] no fue tan
              crítico. El demandante fue desalojado, tomó
              acciones dirigidas a su sustento y habitación.
              Todo en espera de una compensación la cual fue
              denegada por la demandada, quien teniendo la
              obligación de pagar por dicha pérdida/colapso,
              no lo hizo y provocó que el demandante, en su
              vida cotidiana, tuviera que utilizar su crédito,
              comprometiendo el mismo, en espera de su
              compensación por parte de la demandada, lo cual
              lo llevó a tomar dinero de su línea de crédito
              comercial para proporcionarse otra propiedad, no
              pudiendo satisfacer las obligaciones comerciales,
              a pesar de haber tomado los pasos necesarios
              para cumplir con su obligación, incluyendo una
              modificación de pagos en la cual se obligaba para
              con el Banco Popular a satisfacerle una suma no
              menor de setenta y cinco mil dólares ($75,000,00)
              dentro del término de cinco días luego del pago
              que recibiere de la reclamación sobre su
              propiedad localizada en Reparto Cerca del Cielo
              A-11, Ponce, Puerto Rico.

                    Con relación a los daños morales, hacemos
              referencia nuevamente a lo dicho en las
              DETERMINACIONES DE HECHO, 23, 24, 25 26
              y 27, las cuales NO fueron modificadas ni
              revocadas por el “TA”. Toda [sic.] esos sucesos y
              pérdidas, provocaron que la parte demandante
              [aquí apelado] sufriera profundos daños y
              angustias mentales, que lo llevaron de ser un
              comerciante próspero, con tres estaciones de
              gasolina, de las cuales dependían de una línea de
              crédito para generar ganancias, las cuales le
              generaban lo suficiente como para tener un hogar
              como el que tenía asegurado, a terminar
              conduciendo un taxi para ganar su sustento;
              tales    daños     morales    ocurrieron    como

4 Véase Apéndice del recurso, pág. 4.
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         consecuencia directa del incumplimiento en el
         pago de la a[se]guradora Universal Insurance
         Company y se valoran en la suma de cien mil
         [$100,000.00] dólares.
               Según la instrucción dadas por el “TA”, a
         los únicos efectos de fundamentar la cantidad
         concedida de $100,000.00, en concepto de
         angustias mentales, adoptamos lo previamente
         expresado y procedemos a suplementar conforme
         al caso, Santiago Montañez v. Fresenius Medical
         Care, 195 DPR 476,490 (2016).

                […]

               El “TA” ordenó que se modificara la
         Sentencia para que la misma reflejara a tenor con
         sus instrucciones, valorizaciones comparables de
         los daños que había adjudicado el “TPI” por la
         cantidad    de   $100,000.00,      siguiendo    lo
         establecido en el caso, Santiago Montañez v.
         Fresenius Medical, supra.

               Dicho caso requiere a los jueces detallar en
         sus dictámenes cuál fue el cómputo utilizado
         para determinar las cuantías concedidas, lo que
         necesariamente requiere plasmar los casos
         usados como referencia con sus citas y hechos,
         cuyas compensaciones o puntos de partida sean
         usados para la estimación y valoración de los
         daños.

                […]

               Con relación a los cien mil ($100,000.00)
         dólares en concepto de angustias mentales, el
         normativo Santiago Montañez v. Fresenius
         Medical,    supra,    nos    muestra    aspectos
         metodológicos de la valorización del daño. En lo
         pertinente el mismo establece que la valorización
         del daño, no es una tarea judicial de fácil
         estimación o ejercicio matemático con resultados
         exactos y reconoce que no existen dos casos
         exactamente iguales y que cada caso es
         distinguible    según      sus    circunstancias
         particulares.

                Por lo tanto, en el fino ejercicio de hacer
         justicia, un foro judicial está obligado a
         resolver y aquilatar daños aunque tenga ante
         sí una situación novel o una inexistencia de
         precedentes jurídicos exactos o parecidos.
         Entendemos que la ausencia de precedentes
         exactos o parecidos, no puede ser excusa u
         óbice para no dar una justa compensación o un
         valor razonable al daño. Aunque puedan existir
         casos parecidos, el ejercicio de valoración del
         daño involucra cierto grado de especulación y
         elementos subjetivos, tales como la discreción
         y el sentido de justicia y conciencia humana
         del juzgador de los hechos. (Énfasis nuestro).
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                […]

         IV.    VALORIZACIÓN DEL DAÑO

               De conformidad con el método adoptado en
         Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra,
         los Tribunales debemos de conseguir casos
         idénticos o parecidos y hacer comparaciones y
         correlaciones en los daños concedidos y si son
         casos antiguos, debemos de actualizar las
         compensaciones usando el índice de precios del
         consumidor     que    es  adoptado    por    el
         Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

                En el ejercicio de la valorización del daño,
         el “TA” en su Sentencia, página 26, nos ordena “la
         cita de casos y los hechos de los casos anteriores
         cuyas compensaciones está comparando, así como
         los cómputos realizados, según la fórmula que
         para esos efectos fue establecida en Rodríguez et
         al. v. Hospital et al., 186 DPR 916 (2012). El
         ejercicio anterior no fue llevado por el TPI, y
         corresponde llevarse a cabo”.

               No obstante, el caso Rodríguez et al. v.
         Hospital et al., supra, indica que si la
         compensación es reciente, no se requiere ningún
         ajuste adicional.

               En el caso de auto[s], hemos realizado
         una búsqueda exhaustiva tratando de
         encontrar precedentes judiciales comparables
         en Puerto Rico y que sean idénticos o
         similares a los hechos de marras. Por la
         particularidad de los hechos, NO hemos
         encontrado         jurisprudencia        que
         justicieramente podamos comparar. (Énfasis
         nuestro).

                Lo más parecido que hemos encontrado es
         el caso Ángel A. Jiménez Muñoz v. Haydee Vélez
         Valls, KLAN 2011-01734 (LEXTA20130419-020)
         (2013-WL2313908), citado por el Lcdo. Antonio J.
         Amadeo-Murga, en su libro “El Valor de los Daños
         en la Responsabilidad Civil”, Tomo 2, Tercera
         Edición (2019), Bosh Editor, pág. 980.

                El problema con ese caso es que NO ES
         JURISPRUDENCIA, tampoco es una Opinión del
         “TA”, es una mera Sentencia que confirma al TPI,
         por la razón de que el apelante no le brindó los
         elementos necesarios al “TA” para que el mismo
         entrara a revisar las compensaciones por daños
         morales, por lo tanto el foro revisor, dio deferencia
         a la apreciación de la prueba que hizo el juzgador
         de los hechos en el TPI.

               En ese caso, el contrato incumplido era un
         acuerdo transaccional y por motivo de ese
         incumplimiento se arruinó económicamente el Sr.
         José Jiménez. En el caso de epígrafe, el contrato
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         incumplido es uno de seguro, en el cual el
         demandante tenía asegurado su hogar y al
         arruinarse el hogar, la compañía de seguros le
         manifestó por escrito que tenía cubierta hasta por
         $400,000.00, pero posteriormente se negó hacer
         pago alguno. El demandante de epígrafe, que
         esperaba y contaba con el pago del seguro, hace
         uso de una línea de crédito comercial, contando
         con el dinero que nunca le llegó. Así las cosas,
         incumple con sus acreedores y pierde tres (3)
         garajes de gasolina, pasando de próspero
         comerciante, a chofer de Taxi.

                Entendemos       que    incidiríamos       en
         derecho y haríamos un flaco servicio a la
         justicia, si tomáramos como caso referencial
         el caso supra, toda vez que es una Sentencia
         del “TA”, no una opinión y para colmo, el “TA”
         se vio en la obligación de confirmar al TPI,
         porque el apelante no los puso en posición de
         cuestionar el monto de los daños concedidos.
         Por lo tanto, tales daños [$50,000.00] per - sé, son
         la óptica de un Tribunal de igual jerarquía a la
         nuestra. Contrario a los Tribunales del “Common
         Law” donde imperan por la naturaleza de su
         sistema, los precedentes judiciales, nuestro
         sistema es distinto, es uno de carácter civilista,
         donde casos resueltos por Sentencias, aún en el
         Tribunal Supremo, no tienen el efecto de ser
         precedentes obligatorios. (Énfasis nuestro).

               Por las razones antes expresadas, el caso
         Ángel A. Jiménez Muñoz v. Haydee Vélez Valls,
         KLAN2011-0173, no puede ser usado como el
         “Gold Standard” o caso referencial, para
         resolver la controversia del caso de autos. Pero
         tampoco podemos dejar desprovista a la parte
         de un remedio por la inexistencia de casos
         comparables y que le hagan justicia. Hacer lo
         contrario o traer por los cabellos un caso con el
         ánimo de forzar una comparable, no sería algo
         complicado, pero inquietaría el ánimo y la
         conciencia de este juzgador, que tuvo ante sí el
         beneficio del “demeanor” de las partes y
         escuchó de primera mano toda la prueba.
         (Énfasis nuestro).

                […]

                Nuestro más alto foro judicial en el caso
         Santiago Montañez v. Fresenius Medical, pág. 40
         supra, con relación a la valoración del daño nos
         dice que el mismo “involucra cierto grado de
         especulación y elementos subjetivos, tales como
         la discreción y el sentido de justicia y conciencia
         humana del juzgador de los hechos. Además, el
         foro primario es el que tiene contacto directo con
         la prueba testifical presentada y, por ende, está
         en mejor posición de emitir juicio sobre la
         valorización de daños.” Por todo lo antes
         expresado se le impone al demandado el pago
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              de cien mil ($100,000.00) dólares por
              concepto de daños y angustias mentales más
              el interés legal post sentencia, esto sin
              perjuicio alguno en las compensaciones
              previamente confirmadas por el “TA” y sin
              perjuicio de los honorarios previamente
              eliminados. Tales asuntos constituyen cosa
              juzgada, y solo restaba dictar Sentencia
              Modificada, para finiquitar exclusivamente el
              asunto de los daños morales. (Énfasis nuestro).5

       Insatisfecho, el 10 de junio de 2021, Universal presentó una

Moción de Reconsideración. En esencia, argumentó, que incidió el

TPI al conceder la suma de $100,000.00 a pesar de que la prueba

en el presente caso no fue suficiente para establecer la existencia de

daños y angustias mentales. Señaló, además, que el TPI incumplió

con el mandato de este Tribunal toda vez que no utilizó el

procedimiento establecido jurisprudencialmente para la valoración

de los daños.

       El 23 de agosto de 2021, el TPI emitió una Resolución en la

que denegó el reclamo de Universal. Concluyó que:

                     Fue el demandado, Universal Insurance
              Company, quien produjo toda la sucesión de
              eventos que llevaron al demandante a perder sus
              negocios. Cabe señalar que de la prueba
              estipulada surgió un documento que demostraba
              que el demandante ciertamente tenía derecho a la
              reclamación,     pero     posteriormente     otro
              funcionario de la parte demandada alegaba que
              no tenía derecho. Eso produjo la extensión de
              tiempo en este caso, que muy bien pudo haberse
              resuelto favorablemente para todas las partes.

                    Al Tribunal no le queda la menor duda que
              los daños en concepto de angustias mentales por
              la cantidad indicada, es sumamente razonable y
              no exageradamente alta.

       Insatisfecho,     Universal     acude      ante    este   Tribunal      de

Apelaciones y alega que el TPI cometió el siguiente error:

              Incidió el Tribunal de Instancia al emitir el 27 de
              mayo de 2021, Sentencia Enmendada en la cual
              incumple con la instrucción específica de ese
              Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones en
              el recurso número KLAN201701081 de que “se
              ordena valoración del caso al foro apelado parra

5 (Citas omitidas y énfasis en el original). Véase Apéndice del recurso, págs. 22-

34.
KLAN202100787                                                                  8

              [sic.] que efectúe la valoración de daños
              concedidos en concepto de angustias mentales,
              según las instrucciones que proceden.

       El 7 de febrero de 2023, Universal presentó la transcripción

del juicio, la cual se dio por estipulada. El 21 de abril de 2023,

Universal presentó su alegato suplementario. Por su parte, el 30 de

mayo de 2023, el Sr. Bátiz presentó su alegato en oposición. Así,

quedó perfeccionado el caso de epígrafe.

                                      -II-

       La valoración del daño constituye un elemento fundamental

en nuestro ordenamiento jurídico.6 El concepto daño comprende

tanto pérdidas patrimoniales como no patrimoniales. Los daños

patrimoniales incluyen el valor de la pérdida sufrida y la ganancia

dejada de obtener por un acreedor.7 Entre los daños no

patrimoniales, están comprendidos los daños físicos y las angustias

mentales. Se consideran angustias mentales indemnizables aquellos

daños de carácter emocional, tales como estados de pesar,

sufrimiento, angustia, dolor y ansiedad causalmente relacionados

con un acto culposo o negligente.8 Para que una reclamación de este

tipo proceda, es imprescindible probar sufrimientos y angustias

morales profundas y no bastaría una pena pasajera como base de la

acción.9

       El proceso de valorar los daños es uno de los ejercicios de la

función judicial más complejos, puesto que implica adjudicar un

valor monetario a un daño que solamente puede ser aprehendido en

toda su extensión por quien lo sufre. Las prácticas judiciales

reiteradas dan un marco de referencia adecuado para que los

tribunales puedan hacer dicha gestión estimatoria con alguna

6 A. J. Amadeo-Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da Ed.,

Bosh Editor, 2012, pág. 19.
7 Art. 1059 del Código Civil Derogado, 31 LPRA sec. 3023.
8 Elba A.B.M. v. U.P.R.,125 DPR 294 (1990).
9 Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828 (1964).
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uniformidad.10 No obstante, como no existen casos exactamente

iguales y cada uno depende de sus propias circunstancias al

momento de valorizar los daños, está implícito un ejercicio de

discreción guiado por el sentido de justicia del juzgador.11 La tarea

de valorar el daño lleva consigo cierto grado de especulación e

involucra elementos subjetivos del juzgador, tales como la discreción

y el sentido de justicia y conciencia humana.12

           Ahora bien, son los jueces de instancia los que están en mejor

posición que los tribunales apelativos para hacer esta evaluación,

toda vez que estos son los que tienen contacto directo con la prueba

presentada.13 Por ello, los foros revisores guardaremos deferencia a

las valorizaciones de daños que hagan los foros de primera

instancia.14 De esta forma, los tribunales apelativos no habremos de

intervenir con la valoración de daños que realiza el foro primario,

salvo cuando la cuantía concedida resulte ridículamente baja o

exageradamente alta.15 Conviene mencionar que la base para esa

estimación, lógicamente, es la prueba aportada, cuya apreciación

por el foro primario está cobijada por una presunción de

corrección.16 En este último caso, estamos obligados a examinar la

prueba desfilada ante el foro de instancia y las cuantías otorgadas

en casos similares resueltos anteriormente.17 Ciertamente, las

indemnizaciones concedidas en casos anteriores constituyen un

punto de partida y referencia útil para pasar juicio sobre las

concesiones otorgadas por el foro primario; aun cuando no existen

dos casos exactamente iguales y cada uno es distinguible según sus

10 Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 (2010).
11 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012).
12 Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, 195 DPR 476 (2016).
13 Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra.
14 Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, supra.
15 Ibid.
16 Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Blás v. Hosp.
Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).
17 Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, supra. Véase, además, Suc. Mena

Pamias y otros v. Jiménez Meléndez y otros, 2023 TSPR 108, 212 DPR___ (2023).
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circunstancias particulares.18 En todo caso, las compensaciones

otorgadas en casos anteriores deben ajustarse a su valor presente.

       Ante ello, nos vemos obligados a advertir a los jueces y las

juezas sobre la importancia de detallar en sus dictámenes los

casos que se utilicen como referencia o punto de partida para la

estimación y valorización de daños y el cómputo realizado para

establecer las cuantías que se concedan. Este llamado a los

jueces y las juezas cobra importancia ante la necesidad

imperante de instruir a las partes y a los miembros de la

profesión jurídica en torno al método que se utiliza en ese difícil

y angustioso proceso de estimar y valorar los daños. Habida

cuenta de que esa tarea lleva consigo cierto grado de

especulación, es forzoso explicar qué casos se utilizan como

referencia y cómo las cuantías concedidas se ajustan en esos

casos anteriores al caso que el tribunal tiene ante su

consideración.19

       Una vez identificado un caso similar al que actualmente está

bajo la consideración del juzgador, se debe calcular el valor presente

de la indemnización a la fecha en que se dicta sentencia. Esto, por

medio del método que utiliza el Índice de Precios al Consumidor

(IPC), con el 2006 como año base.20 El IPC es preparado

mensualmente por el Negociado de Estadísticas del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para medir los cambios en

el costo de vida en Puerto Rico.21 El caso Santiago Montañez v.

Fresenius Medical, supra, no solo constituye un precedente a seguir,

sino que es aleccionador, ya que el Tribunal Supremo brindó

18 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 909-910; Herrera, Rivera v. S.L.G.

Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785.
19 (Énfasis nuestro). Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, supra, pág.

493.
20 Ibid, pág. 496; Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 913-914.
21 Véase, tablas estadísticas disponible en la página cibernética del DTRH:

http://www.mercadolaboral.pr.gov/Tablas_Estadisticas/Otras_Tablas/T_Indice_
Precio.aspx. (última visita el 1 de diciembre de 2023). Rodríguez et al. v. Hospital
et al., supra, pág. 911; Herrera Rivera v. SLG Ramírez–Vicéns, supra, págs. 787-
788.
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múltiples ejemplos concretos de los dos pasos esenciales del

procedimiento.

       Es importante mencionar que, en dicho análisis, puede

darse el caso que las cuantías resultantes sean muy bajas. Ello

responde probablemente a que las partidas concedidas en la

sentencia comparable también lo eran, por lo que procedería

aumentar la indemnización si las circunstancias particulares

del caso ante el juicio del TPI lo justifican.22

       Claro está, quien solicite modificar la cuantía concedida

tendrá el peso de la prueba.23 De este modo, la parte que solicita la

modificación de la indemnización concedida por el foro de instancia

deberá demostrar que en efecto existen circunstancias que así lo

justifican.24 Sin embargo, a pesar de que la tarea de valoración de

daños puede generar múltiples criterios, tal tarea debe residir,

dentro de lo posible, en el juicio del juzgador de los hechos,

enmarcado dentro de un análisis de razonabilidad. De no existir

algún error manifiesto, parcialidad o prejuicio en tal apreciación, no

corresponde nuestra intervención.25

                                     -III-

       En el presente caso Universal señala que incidió el TPI al

conceder una compensación de $100,000.00 sin que el Sr. Bátiz

presentara prueba alguna para establecer la existencia de esos

daños. Es decir, la parte apelante pretende que intervengamos con

la apreciación de la prueba y la adjudicación de credibilidad del TPI,

en esta segunda ocasión que acude ante nosotros. Sin embargo,

estamos impedidos de considerar dicho planteamiento de error,

pues el mismo ya fue adjudicado por este Tribunal en la Sentencia

KLAN201701081. Mediante el referido dictamen, se confirmaron las

22 (Énfasis nuestro). Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, págs. 496-

497.
23 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013).
24 Ibid.
25 Ibid.
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determinaciones de hechos del TPI ante la ausencia de una

transcripción de la prueba oral, resolviéndose así la controversia

referente a la compensación por concepto de angustias mentales.

Por tanto, entrar en los méritos de ese planteamiento de error

equivaldría a restarle finalidad a un dictamen de este foro, el cual

advino final y firme e inapelable y, por tanto, es concluyente entre

las partes y no puede volverse a pasar juicio sobre la apreciación de

la prueba ni de las determinaciones de hechos del TPI.

      Aclarado dicho asunto, pasemos a evaluar si en efecto el TPI

aplicó el procedimiento que establece nuestro ordenamiento jurídico

para la valorización de los daños, según el mandato recibido de este

Tribunal.

      De lo transcrito en la Parte III y IV de la Sentencia Enmendada

podemos ver que, el TPI declaró que encontró únicamente una

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 19 de abril de 2013, Ángel

A. Jiménez Muñoz v. Haydee Vélez Valls, KLAN201101734, del que

se desprende que este Tribunal confirmó la compensación de

$50,000.00 por los daños y angustias mentales como consecuencia

del incumplimiento de un acuerdo de transacción judicial. Sin

embargo, el TPI no utilizó dicho caso por considerar que la sentencia

no constituía un precedente judicial para establecer la valorización

de los daños por el incumplimiento en el pago de la póliza de

seguros, y concluyó que era razonable valorar los daños en

$100,000.00.

      A nuestro juicio, aunque el TPI entendiese que el caso Ángel

A. Jiménez Muñoz v. Haydee Vélez Valls, supra, no constituía un

precedente judicial obligatorio para los tribunales de menor

jerarquía por lo menos debió atribuirle a éste un alto valor

persuasivo26 para evaluar y conceder la partida de angustias

26 Sabido es que las decisiones del Tribunal de Apelaciones solo pueden ser
citadas con carácter persuasivo, pero no sientan precedente ni normativa
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mentales, y luego seguir las directrices emitidas por el Tribunal

Supremo a los efectos de ajustar la compensación al valor presente.

Esto siempre considerando la posibilidad de que la cuantía

concedida en la sentencia comparable sea muy baja y que, en

atención a ello, proceda conceder lo que corresponda de acuerdo

con las circunstancias particulares del caso.27 La Sentencia del

TA fue clara al ordenar al TPI que expusiera de forma específica los

casos similares utilizados y los cómputos realizados para establecer

la cuantía concedida por concepto de angustias mentales. No

obstante, el TPI incumplió con el mandato expreso, final y firme de

este Tribunal al no incluir dicho cómputo, por lo que su análisis

estuvo incompleto. Por tal razón, procede revocar el dictamen

apelado y devolver el caso a dicho foro para que incluya en su

dictamen el cómputo realizado para determinar la cuantía otorgada

y así conste en la sentencia.

                                      -IV-

       Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia

Enmendada y se devuelve el caso al TPI para que, en el término de

30 días a partir del recibo del mandato, dicte una nueva sentencia

conforme a lo expuesto en este dictamen.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

aplicable. Regla 11(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap.
XXII-B, R. 11(D). Véase, además, Art. 4.005 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4
LPRA sec. 24x.
27 Véase Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, págs. 496-497.