Court Opinion

ID: 9374149
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:25:24.798545+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.139748
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

  GLADYS DEL VALLE                               APELACIÓN
   VEGA, Y OTROS                                 procedente del
                                                 Tribunal de Primera
        Apelantes                                Instancia, Sala
                              KLAN202200960      Superior de Caguas
             v.
                                                 Civil núm.:
 WALMART DE PUERTO                               CG2020CV01961
  RICO, INC., Y OTROS                            (703)

         Apelados                                Sobre:
                                                 Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Gladys Del

Valle Vega, el Sr. Roberto Ríos Claudio y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos, (en adelante el matrimonio

Ríos-Del Valle o los apelantes) mediante el recurso de apelación de

epígrafe solicitándonos que revoquemos la Sentencia dictada por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI) el 11

de octubre de 2022, archivada en autos al día siguiente. Mediante

este dictamen, el foro primario declaro Ha Lugar a la solicitud de

sentencia sumaria presentada por Walmart de Puerto Rico (en

adelante Walmart o la apelada).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                   I.

      El 22 de septiembre de 2020 el matrimonio Ríos-Del Valle

presentó la demanda de epígrafe. Alegaron que el 3 de agosto de

2020 acudieron a la tienda Walmart en Caguas donde la Sra. Gladys

Del Valle Vega (en adelante la señora Del Valle Vega) sufrió una

Número Identificador
SEN2023___________________
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caída al ser golpeada por un carrito de bebé manejado por otra

clienta nombrada como Fulana de Tal. Además, se adujo que

Walmart fue negligente al violentar la Orden Ejecutiva emitida por

el Gobierno de Puerto Rico como medida preventiva ante la

pandemia provocada por el Covid-19 permitiendo en su local más

personas de las autorizadas en el decreto. Señaló que, como

resultado de la negligencia de las partes demandadas, esta sufrió

una fractura en el fémur de su pierna izquierda. El matrimonio Ríos-

Del Valle valoró sus daños en $176,200.

         El 2 de marzo de 2020 Walmart contestó la demanda negando

el incumplimiento de la Orden Ejecutiva. Admitió que el matrimonio

Ríos-Del Valle visitó la tienda y que hubo un choque entre la señora

Del Valle Vega con otra clienta que empujaba un coche de bebé

mientras discurrían por el pasillo principal. Entre las defensas

afirmativas alegó no ser un garantizador absoluto y que la causa

próxima fue la negligencia de la clienta que manejaba el coche de

bebé.

         El descubrimiento de prueba culminó el 31 de diciembre de

2021. Posteriormente se llevó a cabo la conferencia con antelación a

juicio. El 8 de febrero de 2022 las partes presentaron una moción

estipulando ocho (8) hechos entre ellos: (a) que el incidente fue

captado por dos cámaras de seguridad de la tienda; (b) hubo un

choque entre la Sra. Gladys Del Valle y un coche de bebé empujado

por una cliente; (c) la señora cayó al piso y comenzó a quejarse, a

gritar y a llorar del dolor que tenía en su pierna izquierda; y (d) el

incidente ocurrió en la intersección de un pasillo principal con

un pasillo lateral.1

1   Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 3, renumerado a la pág. 152.
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          El 22 de febrero de 2022 Walmart presentó una Moción de

Sentencia Sumaria. En la referida moción propuso los siguientes

veintinueve (29) hechos como incontrovertidos:2

             1. Que el 3 de agosto de 2020, los Demandantes
             acudieron a la tienda Walmart de Caguas a realizar
             compras.
             2. A eso de las 9:24am la Co-Demandante sufrió una
             caída en la tienda Walmart Supercenter de Caguas.
             3. El incidente, que fue captado por dos cámaras de
             seguridad de la tienda.
             4. El incidente ocurrió en la intersección de un pasillo
             principal con un pasillo lateral.
             5. La caída fue como resultado de un choque entre
             la Co-Demandante y un coche de bebé empujado por
             una cliente.
             6. Al momento de incidente el área del incidente en el
             pasillo estaba despejada.
             7. Se observa a la Co-Demandante caminando por un
             pasillo lateral (lado derecho) hacia el pasillo principal.
             8. Cuando la Co-Demandante está entrando del pasillo
             lateral al pasillo principal tiene su cabeza girada hacia
             la izquierda.
             9. Seguido se observa a un coche de bebé venir por el
             pasillo principal por el lado derecho de la Co-
             Demandante.
             10. La clienta está empujando el coche y a la misma vez
             mirando hacia su derecha en dirección a un carro de
             compras que le sigue.
             11. Entonces, más a menos a mitad de pasillo, la Co-
             Demandante impacta la esquina delantera izquierda
             del coche con su pierna derecha cayendo al piso
             sobre su lado izquierdo.
             12. La Co-Demandante no vio el coche venir.
             13. El coche de bebé lo empujaba una cliente.
             14. El coche de bebé no era empujado por un empleado
             de la demandada.
             15. Cuando la Co-Demandante cayó al piso comenzó a
             quejarse, gritar y a llorar del dolor que tenía en su
             pierna izquierda.
             16. Luego que cayó al piso varios clientes movieron,
             enderezaron, y acomodaron a la Co-Demandante en
             el piso.
             17. El Co-Demandante levantó a la Co-Demandante
             del piso y fue asistido por un empleado de la tienda
             a sentarla en un carro eléctrico de impedidos.
             18. Los paramédicos movieron en brinquitos a la Co-
             Demandante del carro eléctrico a la camilla.
             19. La Co-Demandante escribió en su relato que
             pasaba por la góndola de comforter y al llegar al pasillo
             principal tropezó con la rueda del coche de bebé de
             una cliente que pasaba en ese momento y se cayó al
             piso.
             20. La cliente Neisha Torres escribió en su relato: “yo
             bajaba por el pasillo de juguetes y la cliente venía
             saliendo de la góndola y tropezó con el coche.”
             21. En el informe de incidente el Asistente de Gerente
             Julio Torres describió el incidente de la siguiente
             manera: “clienta tropezó con el coche de bebé de otra
             cliente, e identificó la causa del incidente como:
             Cliente/miembro.

2   Íd., a las págs. 51-55. [Énfasis Nuestro]
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         22. El Gerente General de la tienda Luis O. Pérez
         Figueroa, estaba caminando la tienda cuando se
         encontró con la escena del incidente.
         23. El coche de bebé no era propiedad de la Demandada
         o fue provisto por la Demandada a la clienta. La tienda
         no provee coches para uso por los clientes.
         24. La Co-Demandante admitió que no sabe cómo el
         haber [alegadamente] permitido la entrada de clientes
         a la tienda sin ningún tipo de control o restricción de
         capacidad contribuyó o tuvo que ver con el accidente.
         25. El Co-Demandante admitió que la cantidad de
         gente que había en la tienda y las medidas del
         COVID no tuvieron nada que ver con el incidente.
         No van al caso.
         26. La Co-demandante fue transportada en ambulancia
         a HIMA, donde fue diagnosticada con una fractura
         intertrocantérica del fémur izquierdo, fue operada, y
         luego recibió terapia física.
         27. Referente a las lesiones físicas resultantes de la
         caída relatada por la Co-Demandante a ambos peritos,
         éstos coinciden en el diagnóstico y tratamiento.
         28. El Dr. Fausto Boria, fisiatra, le dio a la Co-
         Demandante un 2% de impedimento las funciones
         fisiológicas generales y el Dr. Orlando Fernández,
         cirujano ortopeda, le dio un 3% de impedimento las
         funciones fisiológicas generales por la fractura
         intertrocantérica del fémur izquierdo.
         29. Ninguno de los peritos hace una determinación
         de causalidad o agravación de la fractura del fémur
         izquierdo en sus informes periciales.

       Según surge del expediente electrónico dicha moción fue

acompañada con catorce (14) exhibits denominados desde la A

hasta la L. Entre ellos, el Exhibit D-0 a D-21 que son tomas del video

y el Exhibit D es un USB que contiene los videos.3 En esencia,

Walmart argumentó que los apelantes no tienen prueba alguna para

demostrar sus alegaciones y que la causa próxima de la negligencia

fue de la propia apelante, la Sr. Gladys del Valle y de la otra clienta

las cuales “distraídas, no poniendo atención por donde caminaban

y mirando en direcciones opuestas …” chocan y resulta en la

factura.4 Además, señalaron que el matrimonio Ríos-Del Valle

admitió que las medidas cautelares del COVID no tuvieron nada que

ver con el incidente, y también que no pueden establecer cómo es

que contribuyeron o tuvieron que ver con el incidente. Por otro lado,

3 Destacamos que la parte apelante presentó el Apéndice del Recurso el 15 de
diciembre de 2022, según fuese ordenado en nuestra Resolución del 6 de
diciembre. Sin embargo, no acompañó todos los anejos incluidos por la parte
apelada en su solicitud de sentencia sumaria. El Apéndice solo incluyó los
Exhibits E, G, H, I, y J. El Exhibit D y las tomas del video D-0 a D-21 fueron
acompañadas por la parte apelada en el apéndice de su alegato.
4 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 62.
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indicó que “[l]os informes de ambos peritos relacionan la fractura

del fémur con la caída, y no hacen determinación si los actos de

manipular o levantarla del piso agravó o causó la fractura.”5

               El 22 de abril de 2022 el matrimonio Ríos-Del Valle presentó

su Oposición a Sentencia Sumaria en la cual reitera que existe

controversia en cuanto al hecho de si “al levantar a la Co-

Demandante del piso se pudo haber agravado la fractura del fémur

izquierdo causada por el impacto al caer al piso o la agravó.”6 La

moción fue acompañada con extractos de la deposición tomada al

Sr. Roberto Ríos Claudio. Estos argumentaron que de su testimonio

surge que “una vez la demandante cae al piso el gerente de la tienda

ordena a su empleado y al co-demandante a levantar a la

demandante sin esperar por los paramédicos. Sin la autorización de

la actora, y con la objeción del actor, el empleado levanta a la

demandante 28 pulgadas del piso por la rodilla y la coloca en una

silla eléctrica. Ese hecho pudo haber fracturado la rodilla de la

demandante o agravado el daño acaecido.”7 A su vez, para

controvertir los veintinueve (29) hechos propuestos Walmart, los

apelantes solo exponen que:8

                  Dicha argumentación es una falacia, es inocua, in
                  sustancia e impertinente a la controversia aquí en
                  cuestión. LO AQUÍ EXPUESTO NO CONSTITUYE UN
                  HECHO ESENCIAL Y MATERIAL PARA DIRIMIR SI
                  WALMART        ES     RESPONSABLE        POR      LAS
                  ACTUACIONES DE SUS EMPLEADOS “al levantar a la
                  Co-Demandante del piso se pudo haber agravado la
                  fractura del fémur izquierdo causada por el impacto al
                  caer al piso o la agravó”. PEOR AÚN, LA PRUEBA
                  DEMUESTRA LO CONTRARIO.

               Las partes también presentaron sus respectivas réplicas y

dúplicas.

               Analizadas las mociones; así como la prueba acompañada en

los escritos, el TPI declaró Ha Lugar a la solicitud de sentencia

5   Íd.,   a   la pág. 65.
6   Íd.,   a   la pág. 85.
7   Íd.,   a   la pág. 115. [Énfasis nuestro]
8   Íd.,   a   las págs. 87-109.
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sumaria presentada. En consecuencia, el foro primario dictó la

Sentencia apelada en la cual consignó como hechos que no están en

controversia, los veintinueve (29) hechos propuestos por Walmart. A

su vez, concluyó que:9

          …
              Habiendo culminado el descubrimiento de prueba
          en el presente caso y aprobado el informe de
          Conferencia y conforme los hechos incontrovertidos la
          parte demandante no cuenta con prueba para
          establecer la causalidad y negligencia de la parte
          demandada conforme alegado. Veamos.
              Con relación a la negligencia por no cumplir con los
          protocolos del Covid de los hechos no controvertidos
          por la parte demandante surge que los propios
          demandantes admitieron que las medidas cautelares
          del Covid no tuvieron nada que ver con el incidente y
          que ni pueden establecer cómo es que contribuyeron o
          tuvieron que ver con el incidente. La parte demandante
          no cuenta con prueba para establecer la violación de
          los protocolos del Covid y/o causalidad. Tampoco existe
          controversia en cuanto a que no existía condición
          peligrosa o conocimiento de peligrosidad por lo cual
          imputar negligencia a la demandada.
              Con relación a la fractura o agravación de la
          fractura del fémur por haber levantado la demandante
          del piso, ciertamente la parte demandante no cuenta
          con prueba para probar la causalidad y por ende una
          causa de acción bajo el Art. 1802. Conforme los hechos
          no controvertidos la demandante fue manipulada en
          tres ocasiones. Conforme los hechos no controvertidos
          la parte demandante no tiene prueba pericial que
          relaciones el alegado acto de la demanda con el
          daño. Por otro lado, el testimonio de los paramédicos
          no constituye prueba admisible. La única prueba con
          la que cuenta la parte demandante es el testimonio del
          Co-Demandante Roberto Ríos Claudio. Dicho
          testimonio es uno especulativo. Conforme establece
          la jurisprudencia aplicable la relación de causalidad
          no puede establecerse a base de especulaciones o
          conjeturas. En conclusión, la parte demandante no
          cuenta con prueba para probar su caso por lo que
          procede la desestimación de la causa de acción por
          insuficiencia de prueba.” [Énfasis nuestro]

       Inconforme, el matrimonio Ríos-Del Valle presentó una

oportuna solicitud de reconsideración. El 31 de octubre, notificada

el 1 de noviembre de 2022, el TPI dictó Resolución declarando No

Ha Lugar al petitorio.

9 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 12 y 13, renumerado a las págs. 161
y 162.
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         Aún insatisfechos con el dictamen, los apelantes presentaron

el recurso apelativo que nos ocupa imputándole al foro primario la

comisión de los siguientes errores:

            ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
            DICTAR SENTENCIA SUMARIA EN FAVOR DE LA
            PARTE APELADA Y DESESTIMAR LA DEMANDA
            HABIENDO EN AUTOS DOCUMENTOS Y PRUEBA
            ESENCIAL Y MATERIAL QUE ESTABLECE UNA
            GENUINA CONTROVERSIA DE HECHOS QUE
            IMPIDEN SUMARIAMENTE DESESTIMAR LA CAUSA
            DE ACCIÓN DE EPÍGRAFE.

            ERRÓ EL TRIBUNAL AL DARLE CREDIBILIDAD Y
            VALOR PROBATORIO A UNA DECLARACIÓN JURADA
            EN UNA ETAPA PROCESAL Y NO SUSTANTIVA
            DURANTE EL PLEITO.

         El 6 de diciembre de 2022 dictamos una Resolución

concediéndole a la parte apelante el término de cinco (5) días para

presentar la totalidad del apéndice y el plazo de treinta (30) días a

la parte apelada para su oposición. El 15 de diciembre la parte

apelante presentó el Apéndice.10 Por otro lado, concedimos a la parte

apelada la prórroga solicitada.11 El 17 de enero de 2023 la parte

apelada presentó su alegato en oposición. Asimismo, acompañó

Moción Informativa en Torno a Presentación Física de Video en

relación con el Exhibit D, el USB. En consecuencia, nos damos por

cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.

         Evaluado los escritos y el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                          II.

El mecanismo de Sentencia Sumaria

         La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1, autoriza a los tribunales a dictar sentencia de forma

sumaria si mediante declaraciones juradas u otro tipo de prueba se

demuestra la inexistencia de una controversia sustancial de hechos

esenciales y pertinentes. De proceder este mecanismo discrecional

10   Véase la nota al calce núm. 3.
11   Véase la Resolución del 19 de diciembre de 2022.
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se aligeraría la tramitación de un caso, pues el tribunal solo

tendría que aplicar el derecho. Oriental Bank v. Perapi et al., 192

DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214

(2010).

      Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado

de una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Ramos

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra. La controversia sobre el

hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico en Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, a

las págs. 213-214, expresó que: Una controversia no es siempre real

o sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una calidad

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través

de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción

de sentencia sumaria adecuadamente presentada solo puede

negarse si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada

en hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor. Si el juez

se convence de que no existe una posibilidad de que escuchar lo que

lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe

dictar sentencia sumaria.

      Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece de manera

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que

promueve la moción de sentencia sumaria; así como la parte que

se opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe

exponer un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos

en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos,

especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u otra

prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la

moción de sentencia sumaria está obligada a citar específicamente

los párrafos según enumerados por el promovente que entiende

están en controversia y, para cada uno de los que pretende
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controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su

impugnación con cita a la página o sección pertinente. Meléndez

González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata

Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. De este modo, “[s]e facilita ... el

proceso adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que

alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor de

los jueces de instancia y propende la disposición expedita de

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su

adjudicación.” SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra, a la pág.

434.

       De otro lado, la parte que se opone no puede descansar

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro

Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el contrario,

tiene que controvertir la prueba presentada por la parte

solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia real

sustancial sobre los hechos materiales del caso en cuestión.

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Por otro lado,

es conocido que “[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] una

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente.” Ramos

Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, a la pág. 215.

       Además de la sentencia sumaria “tradicional”, existe una

segunda modalidad de sentencia sumaria aplicable cuando una de

las partes alega que la parte contraria no cuenta con suficiente

evidencia para prevalecer en el juicio. La llamada sentencia sumaria

por insuficiencia de prueba fue reconocida por el Tribunal Supremo

en Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716 (1994). Allí

se determinó que, después de que las partes hayan realizado un
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adecuado y apropiado descubrimiento de prueba, el promovente

puede presentar su moción de sentencia sumaria alegando

insuficiencia de prueba por parte del promovido. La moción puede

acompañarla con todos los documentos relacionados con el

descubrimiento de prueba o sin documento alguno, si [e]stos obran en

el expediente del tribunal. La parte promovente tiene el peso de

demostrarle al tribunal que la parte promovida no cuenta con

evidencia admisible suficiente para probar, por lo menos, un elemento

esencial indispensable para su caso. Puede, además, acompañar su

moción con evidencia afirmativa, no necesariamente obtenida

mediante la utilización de los mecanismos de descubrimiento de

prueba, que niegue algún elemento esencial de la reclamación de la

parte promovida. Íd., a la pág. 732.

        Advertimos, sin embargo, que la jurisprudencia citada

requiere que el promovente de la moción de sentencia sumaria por

insuficiencia de prueba alegue y demuestre todos los elementos

requeridos para que prevalezca una moción de sentencia sumaria

“tradicional”, más el elemento adicional de insuficiencia de la

prueba. Esto se debe a que “[a] la modalidad de sentencia sumaria

por insuficiencia de la prueba le aplican todas las normas y

principios que tradicionalmente hemos indicado deben utilizarse por

los tribunales al entender en una moción de sentencia sumaria.” Íd.

a la pág. 734. Si existiera duda sobre si hay prueba suficiente o no

en torno a alguna controversia de hecho relevante, los tribunales

deben    denegar    la   solicitud   de   sentencia   sumaria   por   ese

fundamento. Íd.

        En Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010)

se reitera que bajo esta modalidad de Sentencia Sumaria se requiere

que:

          “Dicha solicitud procede cuando la parte demandante
          no cuenta con evidencia suficiente para probar su caso.
          Bajo esta modalidad, el promovente debe demostrar
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        que: (1) la vista es innecesaria; (2) el demandante no
        cuenta con evidencia suficiente para probar algún
        hecho esencial, y (3) como cuestión de derecho procede
        la desestimación de la reclamación. Id. Para disponer
        de una solicitud de sentencia sumaria por ausencia de
        prueba es indispensable que se le haya brindado al
        promovido amplia oportunidad para realizar un
        descubrimiento de prueba adecuado. Id. En estos
        casos, la parte promovente debe demostrar que la
        promovida no cuenta con “evidencia admisible
        suficiente para probar, por lo menos un elemento
        esencial indispensable para su caso”. Cuevas Segarra,
        op cit, pág. 618.”

      En fin, de la parte promovida se espera lo siguiente; “para

derrotar una moción de sentencia sumaria bajo la modalidad de la

insuficiencia de la prueba, la parte promovida puede, entre otras

cosas, presentar con su oposición prueba [...] que demuestre que

existe evidencia para probar los elementos esenciales de su caso; o

que hay prueba en el récord [...] que derrotaría la contención de

insuficiencia del promovente; o que la moción es prematura porque

el descubrimiento es inadecuado, está a medias o no se ha realizado;

o que [e]ste, por su naturaleza, no es un caso que conviene se

resuelva por el mecanismo expedito de la sentencia sumaria.”

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, a la pág. 734.

      En síntesis, bajo esta segunda modalidad, el promovente tiene

el peso afirmativo de demostrar que las partes realizaron un

descubrimiento de prueba completo, adecuado y apropiado, es decir,

que ha explorado concienzudamente la posibilidad de la existencia

de otra evidencia admisible para probar el caso. Además, tiene que

persuadir al juzgador de los hechos de (1) que no es necesario

celebrar una vista evidenciaria, (2) que su adversario no cuenta con

suficiente evidencia para probar al menos un hecho esencial de su

reclamación, (3) por lo que procede la desestimación de la

reclamación como cuestión de derecho. Íd., a las págs. 733-734.

“Claro está, consumado un descubrimiento de prueba adecuado, la

parte promovida deberá presentar una oposición a la solicitud de

sentencia sumaria debidamente fundamentada. No puede evadir la
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moción del promovente por el mero pretexto de que, a pesar de no

contar   con   evidencia    suficiente   para    probar   un    elemento

indispensable para su reclamación, merece su “día en corte”.”

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 787 (2016). A su vez,

como a ambas modalidades de sentencia sumaria le aplican las

mismas reglas y principios, cuando existe duda sobre si hay o no

prueba suficiente, la moción debe resolverse a favor de la parte

promovida. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, pág. 734.

      En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal

de Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193

DPR 100, 115 (2015). En Meléndez González, el Tribunal Supremo

atemperó este estándar a las exigencias de las nuevas Reglas de

Procedimiento Civil y a lo que ya había establecido hace una década

en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). Así las cosas,

consignó el siguiente estándar:

         “Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v.
         Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se
         encuentra en la misma posición del Tribunal de
         Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de
         Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la
         Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los
         mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le
         exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo
         intermedio estará limitado en cuanto a que no puede
         tomar en consideración evidencia que las partes no
         presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y
         tampoco adjudicar los hechos materiales en
         controversia, ya que ello le compete al foro primario
         luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión
         del Tribunal de Apelaciones es de novo y debe examinar
         el expediente de la manera más favorable hacia la parte
         que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el
         foro primario, llevando a cabo todas las inferencias
         permisibles a su favor.

         Segundo, por estar en la misma posición que el foro
         primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que
         tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su
         Oposición cumplan con los requisitos de forma
         codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil,
         supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. J.F.
         Montalvo, supra.
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             Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
             dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones
             debe revisar si en realidad existen hechos materiales
             en controversia. De haberlos, el foro apelativo
             intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la
             Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer
             concretamente cuáles hechos materiales encontró que
             están en controversia y cuáles están incontrovertidos.
             Esta determinación se puede hacer en la Sentencia que
             disponga del caso y puede hacer referencia al listado
             numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro
             primario en su Sentencia.

             Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos
             materiales realmente están incontrovertidos, el foro
             apelativo intermedio procederá entonces a revisar de
             novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó
             correctamente el Derecho a la controversia.”
             [Énfasis nuestro]. Meléndez González et al. v. M.
             Cuebas, supra, a las págs. 118-119.

La acción de daños y perjuicios

          Como es conocido el Código Civil de 1930 fue derogado por la

Ley núm. 5-2020 la cual entró en vigor el 28 de noviembre de 2020.

Así las cosas, el Artículo 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA

sec. 5141, fue derogado por los Artículos 1536 y 1545 del Código

Civil de 2020, 31 LPRA secs. 10801 y 10810. Sin embargo, estos

últimos no alteraron la normativa relacionada a las reclamaciones

sobre daños y perjuicios ni su jurisprudencia interpretativa.

          Así, el Artículo 1536 dispone que “[l]a persona que por culpa

o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. Nuestro

Tribunal Supremo ha establecido que la culpa o negligencia es la

falta del debido cuidado que consiste esencialmente en no

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la

omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría

de prever en las mismas circunstancias. Cruz Flores et al. v. Hospital

Ryder Memorial, Inc. et al., 2022 TSPR 112, 210 DPR __, del 2 de

septiembre de 2022; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820,

843 (2010); Valle v. ELA, 157 DPR 1 (2002). En Cruz Flores et al. v.

Hospital Ryder Memorial, Inc. et al., supra, el alto foro reiteró:12

12   Las notas al calce fueron omitidas.
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            […] que el deber de previsión es el criterio central
        para que se adjudique responsabilidad por culpa o
        negligencia.
            Ahora bien, el deber de previsión no se extiende a
        todo riesgo posible, más bien, se debe examinar si un
        daño pudo ser el resultado natural y probable de un
        acto negligente. Es decir, debemos evaluar si después
        del suceso, ponderado retrospectivamente, tal daño
        aparece como la consecuencia razonable y ordinaria
        del acto que se alega fue negligente. Pues, la norma
        es que el riesgo que debe preverse debe estar basado
        en probabilidades y no en meras posibilidades.
            En sintonía con lo anterior, es requerido que entre
        dicho acto culposo o negligente y el daño sufrido deba
        existir un nexo causal adecuado. Esto es lo que en
        nuestro ordenamiento jurídico conocemos como la
        doctrina de la causalidad adecuada, la cual pregona
        que “no es causa toda condición sin la cual no se
        hubiera producido el daño, sino la que ordinariamente
        lo produce según la experiencia general”. De manera
        que, para surgir el elemento del nexo causal, debe de
        existir una relación entre el daño y la consecuencia
        razonable, común y natural de la acción u omisión
        imputada al autor demandado. Por lo tanto, es esa
        relación directa la que permite concluir que el acto
        torticero imputado es la causa adecuada del daño
        reclamado. [Énfasis nuestro]

La doctrina de causa interventora

      Una   causa    interventora    se   define   como    aquella   que

“desaparece un mal anterior como la causa próxima del accidente

rompiendo la secuencia entre el mal anterior y los daños sufridos.”

Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 DPR 518, 522 (1962)

citando al American Law Report, 66 A.L.R.1121. “La prueba de la

suficiencia de la causa interventora no es el mero hecho de su

existencia sino su naturaleza y la manera en que afecta la

continuidad de la operación de la primera causa y la única en ella y

los daños alegados.” Íd., citando el 13 A.L.R. 1268. Por ende, “[u]na

causa interventora es aquella que desaparece un mal anterior como

la causa próxima del accidente rompiendo la secuencia entre el mal

anterior y los daños sufridos,” Íd., citando el 66 A.L.R. 1121. Por

ende, “[c]uando la línea de causalidad ha sido interrumpida por la

intervención de alguna causa eficiente e independiente, esa causa

interventora debe ser aceptada como la causa próxima”. Andino v.

Central Victoria, Inc., 57 DPR 310, 319 (1940).
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       En cuanto a la doctrina de causa interventora como eximente

de responsabilidad ocurre cuando el primer acto negligente es tan

solo una circunstancia de los hechos que dieron ocasión a los daños

y no la causa próxima y directa del accidente. Ginés Meléndez v.

Autoridad de Acueductos, supra, a la pág. 522. En fin, “[l]a causa

interventora ha de ser independiente, suficiente y adecuada para

causar los daños resultantes.” Íd.

       Por último, citando el Tratado de Prosser On Torts (2d ed.), el

Tribunal Supremo en Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos,

supra, a la pág. 523, expuso:

              Una causa interventora, … es aquella que participa
          activamente en producir el resultado después que ha
          ocurrido la negligencia u omisión del actor.
          Ordinariamente un demandado no queda relevado de
          responsabilidad por una causa interventora que
          razonablemente pudo ser prevista, ni por una que sea
          un incidente normal del riesgo creado. Por el contrario,
          y como principio general, un demandado será relevado
          de responsabilidad por una causa interventora
          imprevisible y anormal que produce un resultado que
          no pudo ser previsto. La regla general en las
          jurisdicciones americanas es que el mero hecho de que
          haya un acto de un tercero interventor, no convierte la
          actuación del actor en una causa remota, si [e]ste pudo
          o debió haber previsto esta intervención. [citas
          omitidas]”

Responsabilidad        extracontractual        de    los   establecimientos
comerciales

       En armonía con lo anterior y en atención a los elementos

necesarios para establecer la responsabilidad en daños y perjuicios

de los establecimientos comerciales conforme al Art. 1802, supra,

debemos reseñar que las empresas que operan establecimientos

abiertos al público con fines comerciales tienen la obligación de

mantenerlos en condiciones óptimas de seguridad, de manera que

sus clientes no sufran daño alguno. Colón y otros v. Kmart y otros,

154 DPR 510, 518 (2001).13

13 Citando a: Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644 (1985); Aponte Betancourt v.
Meléndez, 87 DPR 652 (1963); Weber v. Mejías, 85 DPR 76, 79-80 (1962);
Santaella Negrón v. Licari, 83 DPR 887 (1961); Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 523
(1956); Gutiérrez v. Bahr, 78 DPR 473 (1955).
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       De lo anterior se deriva, que dicho deber implica que el dueño

u operador del establecimiento ejercerá un cuidado razonable para

mantener la seguridad de las áreas accesibles al público. No

obstante, se ha interpretado que el dueño del establecimiento no

asume una responsabilidad absoluta por todos los daños que

pueden sufrir sus clientes, pues no es un asegurador de estos.

Íd. En consecuencia, [p]ara que se le imponga responsabilidad, el

demandante tiene que probar que el dueño no ejerció el debido

cuidado para que el local fuese seguro. En los casos de accidentes en

establecimientos    comerciales,    este   Tribunal    ha    impuesto

responsabilidad siempre que el demandante pruebe que existían

condiciones peligrosas dentro de las tiendas correspondientes, “las

cuales eran de conocimiento de los propietarios o su conocimiento

podía imputárseles a estos”. (cita omitida). En otras palabras, el

demandante tiene que probar que su daño se debió a la existencia de

una condición peligrosa, y que esa condición fue la que con mayor

probabilidad ocasionó el daño, y que la misma era conocida por el

demandado, o que debió conocerla. (cita omitida). Íd., a las págs. 518-

519.

       Acorde con lo anterior, el demandante tiene que probar que:

(1) su daño se debió a la existencia de una condición peligrosa,

(2) que esa condición fue la que con mayor probabilidad ocasionó el

daño, (3) que la misma era conocida por el demandado, o que debió

conocerla, y si (4) ante la existencia de la condición peligrosa y su

conocimiento, transcurrió un término razonable suficiente para

corregir la situación sin que se hubiera reparado. Si la parte

demandante no establece con prueba estas condiciones, no procede

la imposición de responsabilidad.

Quantum de Prueba

       La Regla 110 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32

LPRA Ap. VI, R. 110, dispone que:
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              La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar
          la evidencia presentada con el propósito de determinar
          cuáles     hechos    han    quedado    establecidos   o
          demostrados, con sujeción a los siguientes principios
          siguientes:
              (a) El peso de la prueba recae sobre la parte que
          resultaría vencida de no presentarse evidencia por
          alguna de las partes.
              (b) La obligación de presentar evidencia
          primeramente recae sobre la parte que sostiene la
          afirmativa en el asunto en controversia.
              […] [Énfasis nuestro]

      Del citado inciso (b) surge la obligación que tiene un litigante,

que asevera un hecho como parte de la teoría de su caso, de probarlo

cumplidamente. Así pues, no le corresponde a la parte demandada

traer prueba para desmentir la alegación formulada por la

demandante. Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111

DPR 527, 531 (1981). La obligación de presentar evidencia

primeramente recae sobre la parte que sostiene la afirmativa.

Además, es norma trillada que meras alegaciones o teorías no

constituyen prueba. Íd. Por tanto, en lo aquí pertinente, destacamos

que la negligencia nunca se puede presumir, pues para concluir que

el acto fue negligente se requiere prueba clara y específica. Colón

y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001).

                                       III.

      En esencia, los apelantes plantearon que el TPI erró al

desestimarle su demanda en daños y perjuicios mediante el

mecanismo de sentencia sumaria. Recordamos que en la modalidad

de insuficiencia de prueba el promovente tiene que demostrar que

las partes realizaron un descubrimiento de prueba completo,

adecuado y apropiado, y que aún así la parte promovida no cuenta

con suficiente evidencia para probar al menos un hecho esencial de

su reclamación. Además, la parte promovida tiene que demostrar

que existe evidencia para probar los elementos esenciales de su caso

o establecer que la moción es una prematura. Adelantamos que,

ninguna de estas instancias, fueron cumplidas por los apelantes.

Veamos.
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       De entrada advertimos que las mociones presentadas por las

partes cumplen con los formalidades procesales dispuestas en la

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra. Por lo que, podía

considerar los escritos y resolver el caso de manera sumaria. Por su

parte, los apelantes no controvirtieron alguno de los hechos

consignados por el foro primario en la Sentencia apelada por lo que

los acogemos y hacemos formar parte de este dictamen.

       En el presente recurso, los errores fueron argumentados

conjunta y primordialmente, el matrimonio Ríos-Del Valle señaló

que el foro apelado dirimió credibilidad, lo cual está expresamente

prohibido al evaluar una petición de sentencia sumaria. A esos

efectos, estos indicaron en el escrito apelativo lo siguiente:14

           […] una vez la apelante cae al piso el gerente de la
           tienda ordena a su empleado y al codemandante a
           levantar a la demandante sin esperar por los
           paramédicos. Sin la autorización de la actora, y con
           la objeción del actor, el empleado levanta a la
           demandante 28 pulgadas del piso por la rodilla y la
           coloca[rla] en una silla eléctrica. Ese hecho pudo
           haber fracturado la rodilla de la demandante o
           agravado el daño acaecido. Así surge de la prueba al
           establecer que:

           P No, no, espérese, espérese, había que moverla, ¿y
           que usted contestó?

           R Que no la podía mover.

           P ¿Por qué?

           R Porque podía tener algún golpe por dentro que
           uno no sabe.

           P ¿Y dónde usted aprendió eso?

           R ¡Ja! Yo, en el trabajo, en el trabajo mío la gente
           se caía y no la podía mover.
           Depo. A la p. 34, supra.

       Por tanto, los apelantes nos invitan a concluir que el

testimonio vertido por el Sr. Roberto Ríos Claudio, en la deposición,

derrota el hecho de la inexistencia de prueba para demostrar que

la factura en el fémur fue agravada o provocada por un empleado

14
  Véase la Apelación Civil, a las págs. 12-13. Énfasis en el original e itálicas
nuestras.
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de Walmart al levantar a la señora Del Valle Vega, 28 pulgadas

del piso por la rodilla, y colocarla en una silla eléctrica. Sin embargo,

de este argumento surge que estos ignoran totalmente que en

nuestro estado de derecho es requerido que entre el acto culposo o

negligente y el daño sufrido exista un nexo causal adecuado.

       Como reseñamos, la doctrina de la causalidad adecuada

dispone que no es causa toda condición sin la cual no se hubiera

producido el daño, sino la que ordinariamente lo produce según

la experiencia general. Así que, para surgir el elemento del nexo

causal, debe de existir una relación entre el daño y la

consecuencia razonable, común y natural de la acción u omisión

imputada al autor demandado.

       Sobre lo antedicho, puntualizamos que en el hecho núm. 29,

el   TPI   estableció   que   ninguno   de   los   peritos   hace   una

determinación de causalidad o agravación de la fractura del fémur

izquierdo en sus informes periciales como consecuencia de haberla

levantado. Más aún, de la oposición a la solicitud de sentencia

sumaria no surge que el matrimonio Ríos-Del Valle cuente con dicha

prueba para poder establecer el hecho que alegan conforme dispone

la Regla 110 de las de Evidencia, antes citada.

       A su vez, tampoco existe prueba de alguna peligrosidad en el

establecimiento que produjera el daño reclamado. Como indicamos,

los propietarios de establecimientos comerciales, como lo es la

apelada, son responsables por los daños ocasionados a causa de

aquellas condiciones de peligrosidad existentes, siempre que

estas sean conocidas por los propietarios o su conocimiento le sea

imputable. En el presente caso, los apelantes ni tan siguiera

argumentan cuál fue esa alegada condición de peligrosidad existente

que provocó que la señora Del Valle Vega se fracturara el fémur. Por

el contrario, reiteramos que estos fallaron en presentar prueba que

controvierta alguno de los veintinueve (29) hechos consignados en
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la Sentencia apelada. Así las cosas, no existe controversia alguna en

la forma en que ocurrieron los hechos. Esto es que:

            El 3 de agosto de 2020 los apelantes visitaron la
            tienda Walmart en Caguas cuando a eso de las 9:24
            am la señora Del Valle Vega fue impactada en su
            pierna derecha por la esquina delantera izquierda
            de un coche de bebé empujado por otra clienta.
            Accidente que ocurrió en la intersección de un
            pasillo principal con uno leteral. Al caer al piso
            comenzó a quejarse, gritar y a llorar del dolor que
            tenía en su pierna. Luego que cayó al piso, varios
            clientes movieron, enderezaron y acomodaron a la
            señora Del Valle Vega. El Sr. Roberto Ríos Claudio,
            esposo de la esta, la levantó del suelo asistido por
            un empleado de la tienda y la sentaron en un carro
            eléctrico de impedidos. Al llegar los paramédicos,
            estos movieron en “brinquitos” a la señora Del Valle
            Vega de la silla a una camilla y fue transportada en
            ambulancia al hospital HIMA donde fue
            diagnosticada con una fractura intertrocantérica
            del fémur izquierdo. La señora Del Valle Vega fue
            operada y luego recibió terapia física.

      Por ende, no existe prueba alguna que respalde cualquier

alegación relativa a que en la intersección del pasillo principal con

el lateral hubiese una condición de peligrosidad conocida por la

apelada. Por el contrario, la causa próxima del daño sufrido por la

señora Del Valle Vega fue la colisión -en dicha área- entre esta

y el coche de bebé empujado por otra clienta y no por un

empleado de Walmart. Cabe resaltar que, como bien expresó el foro

primario, el incidente fue captado por dos cámaras de seguridad de

la tienda. Las fotos obtenidas de las grabaciones, así como las

grabaciones fueron incluidas por la parte apelada en su solicitud de

sentencia sumaria. Sin embargo, la parte apelante no acompañó

dicha prueba en el apéndice del recurso. Por su parte, la apelada

la presentó ante nos y pudimos observar cómo ocurrió el accidente,

lo cual sin duda demuestra que la causa próxima del daño sufrido

por la señora Del Valle Vega fue la colisión entre esta y el coche de

bebé empujado por otra clienta.

      Por otro lado, los apelantes no cuentan con prueba alguna

para demostrar que el hecho de que un empleado de Walmart

ayudara a levantar a la señora Del Valle Vega del suelo constituyó
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un acto negligente por el cual deba responder la empresa. Tampoco

poseen prueba pericial para demostrar que dicho acto agravó el

daño producido por la caída. El que el referido evento “pudo haber”

fracturado la rodilla de la demandante o agravado el daño acaecido

es      puramente       especulativo.      En     cuanto    a   este   aspecto,

puntualizamos que los apelantes no incluyeron en el apéndice

copia de los informes periciales que fueron acompañados por la

apelada en su moción dispositiva. Destacamos que en el informe

rendido por el Dr. Fausto Boria, perito de los apelantes, este

concluyó que:15

                Basado en la información disponible, con un grado
             razonable de certeza médica, existe relación causal
             entre la fractura del fémur izquierdo y los síntomas
             residuales en la extremidad izquierda y la lesión
             recibida en el establecimiento [de] Walmart.

          En el diagnóstico el doctor Boria indicó “[d]olor residual post

fractura y fijación interna del muslo izquierdo.” Íd. A su vez, este

consignó que “[l]a queja principal de la examinada es dolor en la

rodilla izquierda.”16 Por lo que, precisa apuntar que de ninguno de

los informes acompañados en el petitorio desestimatorio sumario

surge que la señora Del Valle Vega sufriera alguna fractura en la

rodilla como resultado de la caída, ni mucho menos que la misma

ocurriera como consecuencia de haberla levantado. Dicha alegación,

no solo resulta especulativa, sino que además se aparta de la

realidad de cómo ocurrieron los hechos. Sobre este punto, y

observados los videos acompañados en el Exhibit D, no surge que el

empleado de Walmart levantara a la señora Del Valle Vega por la

rodilla y mucho menos, que la elevara 28 pulgadas del piso para

luego colocarla en una silla eléctrica como alegó la parte

demandante-apelante.

          Asimismo, cabe enfatizar que, de haber sido cierto, dicho acto

15   Véase el Apéndice de la Parte Apelada, a la pág. 54.
16   Íd., a la pág. 52.
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tampoco constituye una causa interventora. Al respecto, se hace

menester consignar que en el presente recurso los apelantes no

argumentaron los elementos de dicha doctrina para su

aplicación. Por ello, y ante la falta de prueba que demuestre que la

línea de causalidad fue interrumpida al levantar a la señora Del

Valle Vega del piso, es forzoso razonar que este acto es tan solo una

circunstancia del incidente primario, es decir, la caída al suelo

provocada por la colisión con el coche de bebé. Por lo que, es

totalmente desacertado y contrario a derecho la expresión

argumentada por los apelantes al exponer que “[n]o tenemos que ser

médicos, ni cruzar las fronteras del Mar Caribe para saber que

levantar a una persona del piso, que está gritando y te pide que no

lo hagas y aun así lo haces, le puedas ocasionar un daño, ya que es

“la consecuencia natural y probable del acto u omisión.”17 Sin

duda, levantar a una persona del piso en determinadas situaciones

pudieran ocasionar un daño. No obstante, es deber del promovente

presentar evidencia que demuestre los elementos para que se

configure una causa de acción en daños y perjuicios. Esto es, que

efectivamente el acto del empleado al levantar fue negligente y que

el alegado daño ocasionado, la fractura y su agravamiento, fue como

consecuencia razonable y probable de dicho acto. Lo que

evidentemente no hizo. Además, y como expusiéramos, tampoco

existe evidencia que demuestre que el acto de levantarla agravó la

fractura o produjera daños adicionales. Recordamos que en nuestra

jurisdicción fue eliminada la doctrina de Res Ipsa Loquitur, la cual

permitía realizar una inferencia permisible de negligencia.18

          En conclusión, los errores señalados no se cometieron. El foro

apelado no erró al desestimar la demanda epígrafe mediante el

mecanismo de sentencia sumaria en su modalidad de insuficiencia

17   Véase la Apelación Civil, a la pág. 16. [Cita omitida y énfasis en el original].
18   Véase, Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000).
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de prueba.

                               IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen

apelado.

     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones