Court Opinion

ID: 9916052
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:52.418962+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:48.519642
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

CHEMEX CORPORATION                                     Apelación procedente
                                                       del Tribunal de
         Apelante                                      Primera Instancia,
                                                       Sala Superior de
              v.                                       Ponce
                              KLAN202300913
ALLIANZ GLOBAL
CORPORATE & SPECIALTY                                  Caso Núm.
(AGCS) MARINE                                          PO2019CV03281
INSURANCE COMPANY

         Apelado                                       Sobre:
                                                       Incumplimiento
                                                       Contractual, Daños
                                                       Contractuales,
                                                       Incumplimiento
                                                       Aseguradoras Irma y
                                                       María

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

                             S EN T EN C I A

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

                                       I.

       El 13 de octubre de 2023, Chemex Corporation (Chemex o la

parte apelante) presentó una Apelación en la que solicitó que

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI) el 29 de agosto de 2023,

notificada y archivada en autos el 30 de agosto de 2023.1 En el

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una Demanda Enmendada en

reclamo de incumplimiento contractual y daños, promovida por

Chemex en contra de Allianz Global Corporate & Specialty Marine

Insurance Company (Allianz Global o la parte apelada).

       El 17 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la que

le concedimos a la parte apelada hasta el 13 de noviembre de 2023

para que presentara su alegato en oposición.

1 Apéndice de la Apelación, Anejo 25, págs. 251-273.

Número Identificador
SEN2023________________
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       El 13 de noviembre de 2023, Allianz Global radicó un Alegato

de la parte demandada-apelada Allianz Global Corporate & Specialty

(AGCS) Marine Insurance Company         en   el   que   solicitó   que

confirmemos la Sentencia apelada y que condenemos a Chemex al

pago de costas, gastos y honorarios de abogado por frivolidad y

temeridad al promover la Apelación.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos los hechos atinentes a la Apelación.

                                II.

       El caso de marras tiene su génesis el 19 de septiembre de

2019 cuando Chemex instó una Demanda en contra de Allianz

Global por incumplimiento de contrato, dolo, daños contractuales y

violación al Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 1957,

según enmendada, 26 LPRA secs. 101 et seq., (Código de Seguros).2

Según la reclamación, tras el paso del Huracán María el 20 de

septiembre de 2017, sufrió daños una propiedad perteneciente a

Chemex, la cual estaba asegurada en ese momento por una Póliza

de seguros (Póliza) expedida por Allianz Global bajo el número

CIM0922899. Según alegó, la parte apelante notificó los daños a la

aseguradora y realizó una reclamación para recibir los beneficios

bajo la Póliza, la cual recibió el número 80143837. Sin embargo,

adujo que la misma no fue ajustada por la parte apelada. A su

entender, Allianz Global no tenía base para rehusar el pago de las

pérdidas pese a conocer el valor total de los daños, falló al no

investigar expeditamente la reclamación y no hizo un intento de

buena fe para ajustarla. También, argumentó que dichas acciones

u omisiones podrían constituir prácticas desleales y mala fe y, en

vista de ello, se reservó el derecho a solicitar remedios por

violaciones al Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra sec.

2 Íd., Anejo 1, págs. 1-8.
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2716d. En consecuencia, le solicitó al TPI que dictara sentencia a

su favor y le ordenara a Allianz Global sufragar la totalidad de los

daños a la propiedad cubierta por la póliza de seguro; los daños

contractuales, las costas judiciales y honorarios razonables,

conforme al inciso (4) del Artículo 27.164 del Código de Seguros,

supra; y las costas y honorarios de abogado producto del caso.

       El 9 de julio de 2020, Allianz Global presentó una Moción

solicitando desestimación de causa de acción de mala fe, solicitando

exposición más definida sobre causa de acción de incumplimiento de

contrato y solicitando eliminación de expresiones inflamatorias en la

que arguyó que el TPI debía desestimar la causa de acción

presentada al amparo del Artículo 27.164 del Código de Seguros,

supra, porque incumplió con el requisito de notificación a la Oficina

del Comisionado de Seguros (OCS) y a la aseguradora, que le impone

el estatuto.3 Asimismo, solicitó que se le ordenara a la parte apelante

especificar los daños reclamados y a eliminar una sección de la

Demanda por tratarse de un trasfondo redundante, inmaterial e

impertinente, traído con el propósito de inflamar pasiones en contra

de la industria de seguros.

       El 7 de agosto de 2020, Chemex radicó una Demanda

enmendada en la que eliminó las alegadas expresiones inflamatorias

de la reclamación, así como delineó las alegaciones en cuanto a la

causa de acción por incumplimiento de contrato y los daños sufridos

tras el paso del Huracán María.4

       Ese mismo día, también presentó una Oposición a moción de

desestimación en la que planteó que la petición desestimatoria de

Allianz Global se tornó académica tras la radicación de la Demanda

Enmendada.5

3 Íd., Anejo 4, págs. 13-23.
4 Íd., Anejo 5, págs. 24-29.
5 Íd., Anejo 6, págs. 30-31.
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       El 10 de agosto de 2020, el TPI emitió una Resolución en la

que declaró No Ha Lugar la moción de desestimación promovida por

Allianz Global.6

       El 11 de septiembre de 2020, Allianz Global presentó una

Moción solicitando desestimación de causa de acción de dolo bajo el

artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA §3024 en la que argumentó

que las alegaciones de Chemex respecto al dolo contractual eran

realmente imputaciones de violaciones al Artículo 27.164 del Código

de Seguros, supra.7 Por lo tanto, planteó que el Código de Seguros

era la ley especial para atender dichas alegaciones y, en base a ello,

la parte apelante no podía instar una reclamación bajo estas

disposiciones. Además, arguyó que tampoco las podía promover al

amparo del entonces vigente Artículo 1060 del Código Civil de Puerto

Rico de 1930 (Código Civil de 1930), 31 LPRA ant. sec. 3024.

       El 18 de octubre de 2023, Chemex radicó una Oposición a

moción de desestimación parcial en la que argumentó que no

procedía la desestimación dado que, cuando incluyó referencias al

Código de Seguros, supra, en la Demanda Enmendada, no pretendía

levantar una causa de acción bajo dicho estatuto, sino establecer

un marco de interpretación del contenido y del alcance de las

obligaciones generadas por el contrato de seguros.8 También,

planteó que, en todo caso, los remedios provistos por el Código de

Seguros, supra, son adicionales a las causas de acción reclamadas

en este caso y, por tanto, el presente pleito era independiente y

separado a estos.

       El 19 de julio de 2021, el TPI emitió una Resolución en la que

declaró No Ha Lugar la petición desestimatoria promovida por

6 Íd., Anejo 7, pág. 32.
7 Íd., Anejo 9, págs. 35-40.
8 Íd., Anejo 10, págs. 41-63.
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Allianz Global.9 En consecuencia, le concedió un término de veinte

(20) días a la parte apelada para contestar la Demanda Enmendada.

        Inconforme con la decisión del foro primario, el 13 de agosto

de 2023, Allianz Global acudió ante esta Curia mediante un recurso

de Certiorari en el que cuestionó la determinación, el cual recibió el

alfanumérico KLCE202100992. El 9 de septiembre de 2021, un

panel hermano denegó la expedición del recurso.10 Luego de que la

parte apelada solicitara reconsideración, el 29 de septiembre de

2023, el mismo panel rechazó dicha petición.11 Posteriormente, el

14 de enero de 2022, el Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar la

petición de Certiorari presentada por la parte apelada ante el más

alto foro.12

        El 9 de agosto de 2021, Allianz Global presentó una

Contestación a Demanda Enmendada en la que negó la mayoría de

las alegaciones esbozadas por Chemex.13 Asimismo, planteó que

atendió oportunamente la reclamación, la cual fue cerrada porque

la cantidad total de pérdidas no excedió el deducible aplicable bajo

la Póliza. Por consiguiente, solicitó que se desestimara el pleito y que

se condenara a Chemex al pago de costas, gastos y honorarios de

abogado por temeridad.

        Tras múltiples trámites procesales, el 28 de abril de 2023,

Allianz Global radicó una Moción solicitando sentencia sumaria en la

que solicitó la desestimación con perjuicio de la Demanda

Enmendada, basándose en que, concluido el descubrimiento de

prueba, era evidente que Chemex carecía de prueba para sustentar

sus alegaciones.14

9 Id., Anejo 12, pág. 66.
10 Íd., Anejo 16, págs. 82-86.
11 Íd., pág. 89.
12 Íd., pág. 92.
13 Íd., Anejo 14, págs. 70-75.
14 Íd., Anejo 20, págs. 98-143.
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      A su juicio, el pleito únicamente presentaba los siguientes

asuntos litigiosos: (1) si Allianz Global incumplió con los deberes y

responsabilidades establecidos por la Póliza; (2) si la parte apelada

incumplió con los deberes y responsabilidades impuestos por el

Código   de     Seguros,   supra,   en   cuanto   al   manejo   de   las

reclamaciones; (3) si la parte apelada incurrió en dolo; y (4) si

Chemex fue temeraria al presentar la Demanda. Respecto a estas,

arguyó que no solo Chemex carecía de prueba para demostrar el

alegado incumplimiento de Allianz Global, sino que, como cuestión

de hechos, fue la parte apelante la que incumplió con los términos

de la Póliza.

      En síntesis, la parte apelada alegó la siguiente relación de

hechos: (1) una vez presentada la reclamación de Chemex por los

daños causados a un “tráiler” utilizado como oficina, Allianz Global

la atendió y, luego, determinó cerrarla debido a que los daños

reportados no superaron el deducible de la Póliza, pero dejó abierta

la posibilidad de que la parte apelante sometiera evidencia de daños

adicionales; (2) transcurrido casi un año de dicha comunicación, el

13 de marzo de 2019, la corredora de seguros de Chemex le informó

a Allianz Global que existían daños adicionales y, ese mismo día, la

parte apelada acusó de recibo la comunicación y quedó a la espera

de evidencia de nueva información; (3) posteriormente, el 30 de abril

de 2019, la parte apelada le dio seguimiento a la comunicación de

la corredora sin que esta respondiera; (4) luego, el 17 de mayo de

2019, le envió otra comunicación a Chemex, solicitando evidencia

adicional y concediendo hasta el 1 de junio de 2019 para recibirla;

(5) esa última comunicación nunca fue contestada por Chemex a

través de su corredora de seguros. A partir de esa situación, esbozó

que se debía concluir que Allianz Global acogió la reclamación,

evaluó los daños, notificó el cierre de la reclamación y le otorgó a

Chemex oportunidad de presentar evidencia adicional de daños. En
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contraste, según planteó, la parte apelante no cooperó con el

proceso de la reclamación y, todavía más, incumplió con sus

obligaciones bajo la Póliza. En adición, sostuvo que Chemex incurrió

en temeridad, desidia y conducta contumaz y, por lo tanto, debe ser

condenada con la imposición de costas y honorarios de abogado.

       El 19 de mayo de 2023, Chemex presentó una Oposición a

moción solicitando sentencia sumaria en la que solicitó al TPI que

declarara No Ha Lugar la Moción solicitando sentencia sumaria y

ordenara la continuación de los procesos.15 Por un lado, planteó que

la moción no cumplió con los requisitos establecidos por la Regla

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Respecto a ello,

adujo que los anejos presentados en apoyo a la moción eran

inadmisibles en evidencia por no haber sido autenticados. Por otro

lado, arguyó que existían controversias de hechos materiales que

impedían que se dictara sentencia sumaria, a la vez que alegó que

la solicitud era contraria al interés público protegido por el Código

de Seguros, supra. A su entender, estaba en controversia: (1) la

valoración de las pérdidas sufridas por Chemex; (2) si Allianz Global

violó el Código de Seguros al negarse a reconocer y ajustar los daños

que sufrió Chemex, aún cuando poseía un informe pericial que los

estimó; (3) si Allianz Global incumplió con sus obligaciones bajo al

Póliza; y (4) si la negativa de Allianz Global a hacer un ajuste rápido,

justo, equitativo y de buena fe constituye una violación a las

obligaciones impuestas por el Código de Seguros y sus Cartas

Normativas. En síntesis, esbozó que Allianz Global tenía una

obligación de investigar, inspeccionar, estimar y ajustar los daños y

no lo hizo, puesto que, desde 2021, tuvo en su posesión un informe

pericial junto a cotizaciones para las reparaciones de los daños

reclamados.

15 Íd., Anejo 22, págs. 145-224.
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       El 12 de julio de 2023, Allianz Global radicó una Réplica a

oposición a moción solicitando sentencia sumaria en la que denunció

que Chemex, en su escrito, abandonó las alegaciones de la Demanda

Enmendada y, en su lugar, intentó argumentar que la parte apelada

incumplió obligaciones contractuales en el periodo posterior a la

presentación de la Demanda.16 Todavía más, señaló que los

documentos que acompañaron su Moción solicitando sentencia

sumaria     fueron     producidos       por   Chemex       como   parte   del

descubrimiento de prueba. Por ello, arguyó que la parte apelante no

podía oponerse a su admisibilidad en esta etapa. Además, planteó

que el pleito comenzó el 19 de septiembre de 2019 y, por lo tanto, el

informe     pericial   y   las     cotizaciones   fueron    producidos    con

posterioridad a la presentación de la Demanda y no como parte del

trámite previo de la reclamación. Es decir, en el proceso de ajuste

de la reclamación, Chemex no le suministró a Allianz Global la

evidencia ni alguna otra prueba para constatar los daños

adicionales.

       El 29 de agosto de 2023, el TPI emitió la Sentencia apelada en

la que declaró No Ha Lugar la Demanda Enmendada.17 El dictamen

fue notificado al día siguiente. En concreto, el foro primario consignó

los siguientes hechos incontrovertidos:

       1.   El día 20 de septiembre de 2017 el Huracán María pasó
            por Puerto Rico.
       2.   Para el 20 de septiembre de 2017 CHEMEX
            CORPORATION mantenía en vigor una póliza de seguros
            de propiedad número CIM0922899 (en lo sucesivo la
            Póliza) con Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
            Marine Insurance Company la cual está sujeta a sus
            cláusulas, términos, condiciones, exclusiones, endosos
            y límites.
       3.   El periodo de vigencia de la Póliza es desde el 17 de
            agosto de 2017 hasta el 17 de agosto de 2018.
       4.   Como consecuencia del paso del huracán María, la Parte
            Demandante presentó una reclamación bajo la Póliza a
            la que se le asignó el número 8014383.
       5.   En o alrededor del 16 de noviembre de 2017, Chemex,
            por conducto de sus corredores de seguros Ronald B.
            Castro and Associates, Inc., le notificó a AGCS de una
            posible reclamación a raíz del paso del Huracán María

16 Íd., Anejo 23, págs. 225-246.
17 Íd., Anejo 25, págs. 251-273.
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        por la zona de Puerto Rico. Al momento de notificar de
        esta potencial pérdida, Ronald B. Castro and Associates,
        Inc. no detalló la misma ni produjo información adicional
        relacionada a la misma.
    6. El 28 de diciembre de 2017, AGCS, por conducto del Sr.
        Lucas McVey, se comunicó con el corredor de seguros de
        Chemex y solicitó información relacionada a la supuesta
        pérdida de Chemex. En específico, AGCS solicitó una
        descripción del alcance de la pérdida, estimados de
        reparación y localización de los equipos dañados.
    7. El 3 de abril de 2018, AGCS, nuevamente por conducto
        del Sr. Lucas McVey, cursó una comunicación en
        seguimiento a los corredores de seguro de Chemex
        solicitando, nuevamente, información relacionada a su
        supuesta pérdida.
    8. El mismo 3 de abril de 2018, Ronald B. Castro and
        Associates, Inc. le notificó a AGCS que ya no era corredor
        de seguros Chemex.
    9. En o alrededor del 2 de mayo de 2018, AGCS,
        nuevamente por conducto del Sr. Lucas McVey, se
        comunicó con la Sra. María Nadal de Chapel &
        Associates, Inc., entidad que sustituyó a Ronald B.
        Castro and Associates, Inc. como corredores de seguros
        de Chemex. AGCS solicitó de la Sra. Nadal, nuevamente,
        información detallada de la supuesta pérdida de
        Chemex.
    10. En o alrededor del 12 de junio de 2018, Chemex, por
        conducto de la Sra. María Nadal de Chapel & Associates,
        Inc., indicó a AGCS que el único daño sufrido por
        Chemex a raíz del paso del Huracán María fue a un
        “trailer” utilizado por Chemex como espacio de oficina.
    11. El 25 de julio de 2018, AGCS procedió a enviar una
        misiva formal a Chemex notificándole que, en la medida
        que el único daño siendo reclamado por Chemex no
        excedía los deducibles aplicables a su póliza con AGCS,
        se estaría cerrando la reclamación. AGCS le informó que,
        de Chemex querer reabrir su reclamación, podía hacerlo.
        La misiva de AGCS de 25 de julio de 2018 expresó: “If
        you decide to re-open your claim in the future or find
        additional damage related to this occurrence, please
        notify your agent or our office and we will re-open your
        claim and resume our investigation”.
    12. Tras el cierre de la reclamación que notificara AGCS, el
        25 de julio de 2018, representantes de la parte
        demandante se comunicaron con AGCS para aducir que
        tenían información relacionada a pérdidas adicionales.
    13. El 13 de marzo de 2019, Chemex, por conducto de la
        Sra. María Nadal de Chapel & Associates, Inc., indicó a
        AGCS que supuestamente existían daños adicionales y
        que sometería la información relacionada a estas
        pérdidas en fecha futura.
    14. Entre las fechas de 30 de abril de 2019 y 17 de mayo de
        2019, AGCS, esta vez por conducto del Sr. Tony Ávila, le
        cursó varias comunicaciones a la Sra. la Sra. María
        Nadal de Chapel & Associates, Inc. indicándole que no
        se había recibido información adicional sobre estas
        supuestas pérdidas adicionales y advirtiéndole que, de
        no recibirse información adicional para el 1 de junio
        de 2019, AGCS procedería a cerrar la reclamación
        nuevamente.
    15. La Sra. María Nadal de Chapel & Associates, Inc.,
        corredora de seguros de Chemex, no contestó los correos
        de seguimiento de AGCS de 30 de abril de 2019 y 17 de
        mayo de 2019, ni tampoco envió información adicional
        alguna a AGCS relacionada a las supuestas pérdidas
        adicionales de AGCS.
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       16. Concluido el descubrimiento de prueba en el caso de
           autos, la parte demandante no produjo evidencia alguna
           de que, previo a la presentación de la Demanda que dio
           origen al presente caso, le sometió a AGCS evidencia de
           supuestos daños más allá “trailer” utilizado por Chemex
           como espacio de oficina. Énfasis y subrayado en el
           original.

A base de estos hechos, concluyó que Allianz Global no incurrió en

incumplimiento contractual alguno, puesto que, considerados los

daños que le habían sido reclamados, determinó correctamente que

los mismos no excedían el deducible de la Póliza. A su juicio, no

surgió evidencia que demostrara que Chemex cuestionara la

conclusión de la aseguradora, sino que, siete (7) meses después

del cierre de la reclamación, indicó que tenía daños adicionales y

que sometería información para evidenciarlo en el futuro, lo cual no

hizo. Así, razonó que no había evidencia para establecer que la parte

apelante cooperó en el trámite de la reclamación, ni siquiera para

señalar los alegados daños adicionales para que pudieran ser

investigados. Por todo ello, dictaminó que Allianz Global no incurrió

en dolo y que, por el contrario, actuó en conformidad con el Código

de Seguros al resolver la reclamación mediante el cierre por

inactividad del reclamante.

       El 14 de septiembre de 2023, Chemex presentó una Moción de

reconsideración en la que solicitó al foro primario reconsiderar la

Sentencia.18

       El 15 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Resolución en

la que declaró No Ha Lugar la petición de reconsideración.19

       El 13 de octubre de 2023, Chemex radicó la presente

Apelación ante esta Curia en la que solicitó que revoquemos la

Sentencia dictada por el TPI. En su recurso, la parte apelante le

imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA
       DEMANDA   ENMENDADA  POR   EXISTIR HECHOS

18 Íd., Anejo 28, págs. 278-296.
19 Id., Anejo 30, pág. 303.
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      MATERIALES EN CONTROVERSIA             Y   NO   PROCEDER
      CONFORME A DERECHO.

      SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA
      DEMANDA ENMENDADA Y NO TOMAR MEDIDAS MENOS
      DRÁSTICAS, EN PROTECCIÓN DEL ASEGURADO EN UN
      CASO DE ALTO INTERÉS PÚBLICO, SIN SURGIR QUE LA
      ASEGURADORA HUBIESE CUMPLIDO CABALMENTE CON
      SUS DEBERES Y OBLIGACIONES HACIA EL ASEGURADO
      NI QUE HUBIESE LOGRADO ESTABLECER PERJUICIO
      SUSTANCIAL ALGUNO.

En apoyo de su petición, argumentó que de los documentos que

obran en el expediente del caso surge que: (1) Allianz Global

incumplió con sus deberes bajo el Código de Seguros; (2) que la parte

apelada no logró establecer que la falta de cooperación de Chemex

le causó perjuicio suficiente a la aseguradora como para relevarla de

responsabilidad;   (3)   Allianz   Global   no   implementó   métodos

razonables para la rápida investigación de la reclamación; (4)

tampoco intentó de buena fe llevar a cabo un ajuste rápido, justo y

equitativo de la reclamación; (5) la aseguradora no podía requerir

condiciones irrazonables a Chemex para realizar el ajuste, dilatarlo

o negar el pago bajo el pretexto de información insuficiente cuando

se podía obtener mediante métodos ordinarios de investigación,

conforme al Código de Seguros y su Reglamento; y (6) tampoco envió

personal a inspeccionar los daños sufridos. En suma, a su juicio, la

tardanza u omisión en notificar detalles de daños adicionales a la

aseguradora no era prueba suficiente, por si sola, para justificar la

desestimación de la Demanda Enmendada.

      El 13 de noviembre de 2023, Allianz Global radicó un Alegato

de la parte demandada-apelada Allianz Global Corporate & Specialty

(AGCS) Marine Insurance Company en el que argumentó a favor de

confirmar la Sentencia apelada y de la imposición de sanciones a

Chemex por frivolidad y temeridad. Según esbozó, Chemex no pudo,

ni posee prueba para, evidenciar que Allianz Global actuó en

contravención de la Póliza o del Código de Seguros. En contraste,

planteó que la prueba producida en el descubrimiento de prueba
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demostró lo contrario: que, antes del litigio, la parte apelante no

presentó una reclamación por daños en exceso del deducible de la

Póliza.

       En cuanto a los hechos, recalcó que Allianz Global atendió la

reclamación de la parte apelante según la información provista

inicialmente – el 25 de julio de 2018 – informándole que podría

reabrir la reclamación si existía un daño adicional. Luego, el 13 de

marzo de 2019, la parte apelante informó que existían daños

adicionales, pero quedó pendiente de someter la evidencia de ellos,

según adujo. Ante ello, alegó que el 30 de abril y el 17 de mayo de

2019, le dio seguimiento a la comunicación, apercibiendo a la parte

apelante de que cerraría la reclamación de no recibirse contestación,

lo cual hizo después de que Chemex no contestara ni proveyera

información adicional sobre los daños.

       En los méritos, la parte apelada sostuvo que Chemex no

controvirtió estos hechos materiales a la controversia, los cuales

alegó que demuestran que Allianz Global cumplió con todas sus

obligaciones y que, por el contrario, fue la parte apelante la que

incumplió sus deberes. Por último, arguyó que la presentación de la

Apelación constituyó una secuela del afán de la parte apelante en

reclamar daños que no puede probar y alargar un litigio basado en

una premisa falsa. Por lo tanto, argumentó que procedía la

imposición de sanciones ante semejante conducta temeraria y

frívola.

       En consideración de los errores imputados al foro primario,

exponemos las normas jurídicas atinentes.

                                  III.

                                   A.

       El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1. El propósito de

esta regla es facilitar la solución justa, rápida y económica de litigios
KLAN202300913                                                     13

civiles en los cuales no existe controversia real y sustancial de

hechos materiales que no requieren ventilarse en un juicio plenario.

Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); Bobé et al. v.

UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017); SLG Zapata-

Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

      Mediante este mecanismo, una parte puede solicitar que el

tribunal dicte sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o

de parte de esta. De esta forma se promueve la descongestión de

calendarios, así como la pronta adjudicación de controversias

cuando una audiencia formal resulta en una dilación innecesaria.

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).

      Sin embargo, el mecanismo de sentencia sumaria solo está

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros;

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc.

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).

      El promovente de este recurso deberá demostrar que: (1) no

es necesario celebrar una vista; (2) el demandante no cuenta con

evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) procede como

cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Civil, 2017, pág. 317.

      De acuerdo con las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.1 & 36.2, el promovente de la moción de sentencia

sumaria deberá establecer, mediante declaraciones juradas o con

prueba admisible en evidencia, que no existe controversia real

respecto a hechos materiales de la controversia. Además, según la

Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3(a), tendrá que

desglosar lo siguiente:

             1) una exposición breve de las alegaciones de las
      partes;
             (2) los asuntos litigiosos o en controversia;
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             (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a
      la cual es solicitada la sentencia sumaria;
             (4) una relación concisa, organizada y en párrafos
      enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes
      sobre los cuales no hay controversia sustancial, con
      indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones
      juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se
      establecen estos hechos, así como de cualquier otro
      documento admisible en evidencia que se encuentre en el
      expediente del tribunal;
             (5) las razones por las cuales debe ser dictada la
      sentencia, argumentando el derecho aplicable, y
             (6) el remedio que debe ser concedido.

      En cambio, la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra, R.

36.3(b) dispone que la contestación a la moción de sentencia

sumaria debe contener, además de los sub incisos (1), (2) y (3) del

inciso (a): una relación de los hechos esenciales y pertinentes que

están en controversia, con referencia a los párrafos enumerados por

la parte promovente y con indicación de la prueba en la que se

establecen esos hechos; una enumeración de los hechos que no

están en controversia; y las razones por las cuales no se debe dictar

la sentencia, argumentando el derecho aplicable.

      En este sentido, el promovido tiene el deber de controvertir la

prueba presentada por la parte promovente de la moción de

sentencia   sumaria.     Este   no    puede    descansar     en       meras

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c) de Procedimiento

Civil, supra, R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra;

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215 (2010); Cruz

Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). En

otras palabras, “la parte opositora tiene el peso de presentar

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que están en

disputa”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020).

      Ahora bien, la moción de sentencia sumaria debe resolverse

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias

alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna
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controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, al evaluar los

documentos presentados por las partes, el tribunal deberá utilizar

el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. De haber dudas sobre la

existencia de controversias de hechos materiales, deberán resolverse

a favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015).

Esto, con el propósito de evitar que una de las partes se vea

impedida de ejercer su día en corte. Íd.

      De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal

de Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o

concesión de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de

Sentencia Sumaria”. Íd., págs. 21-22. La revisión que realice el foro

apelativo deberá ser de novo y estará limitado a solamente adjudicar

los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo,

supra, págs. 334-335. Todas las inferencias permitidas deberán ser

a favor de la parte oponente a la moción de sentencia sumaria, de

forma que se evalúe el expediente de la manera más favorable hacia

dicha parte. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

118. Además, deberá constatar que las partes cumplan con los

requisitos de forma que dispone la Regla 36, supra, tanto en la

moción de sentencia sumaria, como en la oposición, y deberá revisar

si existen hechos materiales en controversia. Íd. Si existiesen, el foro

apelativo tendrá que exponer los hechos en controversia y los que

no, como dispone la Regla 36.4, supra. Si el Tribunal Apelativo no

encuentra hechos controvertidos, deberá revisar de novo si el foro

inferior aplicó correctamente el derecho. Íd., pág. 119.
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                                 B.

      En nuestra jurisdicción, conforme ha sido pautado por

nuestro Tribunal Supremo, la industria de los seguros está revestida

de un alto interés público, juega un crucial papel económico porque

le permite a personas y negocios proteger sus recursos transfiriendo

el impacto de ciertos riesgos a cambio del pago de una prima y, por

ello, ha sido extensamente reglamentada por el Estado. Maderas

Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 896-897 (2012).

      De acuerdo con la jurisprudencia, la póliza es el documento

escrito en el que se plasman los términos que rigen el contrato de

seguro, los cuales constituyen la ley entre las partes. Íd., pág. 897.

Este, según lo define el Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA

sec. 102, es aquel contrato “mediante el cual una persona se obliga

a indemnizar a otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico

o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el

mismo”. En otras palabras, a cambio de una prima, el asegurador

se compromete a indemnizar a un tercero, el asegurado o

reclamante, por una pérdida contingente a que ocurra un evento

futuro incierto e imprevisto. Maderas Tratadas v. Sun Alliance,

supra, pág. 897 (citando a R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan,

Pubs. J.T.S., 1999, pág. 387).

      Entre los tipos de seguros regulados por el Código de Seguros,

supra, se encuentra el seguro de propiedad. En específico, el Art.

4.040 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 404, define el seguro de

propiedad como “[…] el seguro de toda clase de bienes raíces o

muebles, e interés sobre los mismos, contra pérdida o daños por

cualquier riesgo o causa, y contra pérdida como consecuencia de

tales pérdidas o daños, que no sea una responsabilidad legal no

contractual por tales pérdidas o daños”.

      En otro extremo, en adición a que la Póliza constituya la ley

entre las partes y establezca los términos del contrato de aseguro, el
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Art. 11.250 del Código de Seguros, supra sec. 1125, reglamenta la

interpretación de las pólizas al disponer específicamente que “[t]odo

contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, a base del

conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en

la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado por

aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte

de ésta”. En este tema, las normas generales del Código Civil sobre

la interpretación de los contratos solo serán aplicables de manera

supletoria. Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 111

DPR 1, 6 (1981).

      A lo anterior se añade que, en nuestra jurisdicción, los

contratos de seguros son contratos de adhesión y, por ello, como

norma    general,   sus   disposiciones   deben   ser   interpretadas

liberalmente a favor del asegurado. Maderas Tratadas v. Sun

Alliance, supra, págs. 898-899. Ahora bien, esta norma no es de

aplicación cuando las cláusulas en cuestión son claras y libres de

ambigüedad, en cuyo caso se hará valer la clara intención de las

partes y el asegurado estará obligado por los términos incluidos en

el contrato. Íd., pág. 899. En este contexto, se entiende por términos

claros aquellos que son bastante lúcidos para ser entendidos en un

único sentido, sin lugar a duda, ni controversias ni diversidad de

interpretaciones ni necesitar razonamientos o demostraciones

impugnables para su comprensión. S.L.G. Francis-Acevedo v.

SIMED, 176 DPR 372, 387 (2009) (citando a Sucn. Ramírez

v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 357, 361 (1959)).

      Por otra parte, el Capítulo 27 del Código de Seguros, supra,

establece las prácticas desleales y fraudes prohibidos en la industria

de los seguros. De acuerdo con el Art. 27.010 del Código de Seguros,

supra sec. 2701, el propósito de dicho capítulo es regular las

prácticas comerciales en el negocio de seguros, definiendo y

prohibiendo todas aquellas que constituyen métodos desleales de
KLAN202300913                                                           18

competencia, o actos o prácticas engañosas. En específico, el Art.

27.161 del Código de Seguros, supra sec. 2716a, dispone que:

      En el ajuste de reclamaciones ninguna persona incurrirá o
      llevará a cabo, cualquiera de las siguientes prácticas
      desleales:
      (1) Hacer falsas representaciones de los hechos o de los
      términos de una póliza, relacionados con una cubierta en
      controversia.
      (2) Dejar de acusar recibo y no actuar con razonable
      diligencia dentro de los noventa (90) días, luego de radicada
      y notificada una reclamación bajo los términos de una póliza.
      (3) Dejar de adoptar e implementar métodos razonables para
      la rápida investigación de las reclamaciones que surjan bajo
      los términos de una póliza.
      (4) Rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una
      investigación razonable basada en la información disponible.
      (5) Rehusar confirmar o denegar cubierta de una
      reclamación dentro de un término razonable luego de
      haberse completado la declaración de pérdida.
      (6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido,
      justo y equitativo de una reclamación de la cual surja
      claramente la responsabilidad.
      (7) Obligar a los asegurados o reclamantes a entablar pleitos
      para recobrar bajo los términos de una póliza, porque se le
      ha ofrecido al asegurado o reclamante una cantidad
      sustancialmente menor que la cantidad que podría ser
      recobrada finalmente en un litigio o porque se le ha negado
      incorrectamente la cubierta bajo los términos de la póliza.
      […]
      (12) Rehusar transigir rápidamente una reclamación cuando
      clara y razonablemente surge la responsabilidad bajo una
      porción de la cubierta, con el fin de inducir a una transacción
      bajo otra porción de la cubierta de la póliza.
      […]
      (17) Negar el pago de una reclamación bajo el pretexto de
      información insuficiente cuando ésta era capaz de ser
      obtenida bajo métodos ordinarios de investigación.
      […]
      (20) Requerir condiciones irrazonables al asegurado o
      reclamante para realizar el ajuste de la reclamación o dilatar
      el mismo.
      […]

De considerar que una aseguradora incurrió en una de estas

prácticas prohibidas y de entender que ello le ha causado daños,

cualquier persona puede incoar una acción civil en contra de la

aseguradora, en virtud del inciso (1) del Art. 27.164 del Código de

Seguros, supra sec. 2716d. Ahora bien, el inciso (3) del mismo

artículo le impone al agraviado la condición previa de notificar la

violación por escrito tanto al Comisionado de Seguros como a la

aseguradora. Íd. Por último, el inciso (6) de dicho artículo preceptúa

lo siguiente:
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             El recurso civil especificado en este Artículo no
      sustituye cualquier otro recurso o causa de acción prevista
      en virtud de cualquier otro estatuto o de conformidad con las
      leyes de Puerto Rico o las leyes federales aplicables.
      Cualquier persona podrá reclamar bajo las disposiciones
      generales referente a materia de contratos o derecho
      extracontractual      o    daños     y    perjuicios,  según
      contemplados en el Código Civil de Puerto Rico. Sin
      embargo, los tribunales o foros adjudicativos están
      impedidos de procesar y adjudicar ambos recursos o
      causas de acción. Los daños recuperables de conformidad
      con este Artículo incluirá aquellos daños que son un
      resultado razonablemente previsible de una violación
      específica de este Artículo por la aseguradora autorizada y
      puede incluir una adjudicación o juicio por un monto que
      exceda los límites de la póliza. (Énfasis nuestro).

De esta forma, se podrá reclamar el incumplimiento del contrato de

seguro o, lo que es lo mismo, la inobservancia de los términos de

una póliza al amparo de los artículos aplicables del Código Civil de

Puerto Rico. Esto, además, es cónsono con el carácter contractual

de los seguros.

      Entretanto, el Art. 27.162 del Código de Seguros, supra sec.

2716b, provee lo siguiente:

      (1) La investigación, ajuste y resolución de cualquier
      reclamación se hará en el período razonablemente más corto
      dentro de noventa (90) días después de haberse sometido al
      asegurador la reclamación.
      (2) En el caso de que un asegurador no pueda resolver una
      reclamación en el término establecido en el inciso (1) de este
      Artículo, deberá mantener en sus expedientes los
      documentos que acrediten la existencia de justa causa para
      exceder el término anteriormente dispuesto.
      (3) El Comisionado en cualquier momento podrá ordenar la
      resolución inmediata de cualquier reclamación si considera
      que se está dilatando o retrasando indebida e
      injustificadamente la resolución de la misma.

Asimismo, el Art. 27.163 del Código de Seguros, supra sec. 2716c,

dispone lo siguiente sobre los métodos para resolver una

reclamación:

      (1) El pago total de la reclamación.
      (2) La denegación escrita y debidamente fundamentada de la
      reclamación.
      (3) El cierre de la reclamación por inactividad del reclamante,
      cuando el reclamante no coopere o no entregue la
      información necesaria para que el asegurador pueda ajustar
      la reclamación. Disponiéndose que el asegurador notificará
      inmediatamente al reclamante del cierre de la misma, salvo
      que en tales circunstancias el cierre será sin perjuicio de
      permitir nuevamente la presentación de dicha reclamación.
KLAN202300913                                                          20

      Respecto a las cláusulas de cooperación por parte del

asegurado, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que este tipo de

disposiciones tienen como propósito proveerle la oportunidad a la

aseguradora de prepararse para atender cualquier reclamación o

para determinar si tiene una defensa genuina. Coop. Seguros

Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 212 (1994) (citando a

Cuebas Fernández v. P.R. American Ins. Co., 85 DPR 626, 638

(1962)). Respecto a las obligaciones del asegurado en este respecto,

el más alto foro ha resuelto:

      […] “[e]l asegurado se obliga a cooperar con la
      aseguradora, al ser requerido acudirá a todas las vistas, le
      ayudará a realizar cualquier transacción aportando
      evidencia y la comparecencia de testigos y cooperará en todo
      lo que se relaciona con la tramitación del pleito”. (Énfasis
      suplido.). Ello implica cumplir en forma razonable y
      sustancial con los términos de la póliza y actuar con la mayor
      honestidad y buena fe. La necesidad de cooperar puede,
      incluso, surgir antes de que se entable cualquier acción
      judicial. El asegurado debe revelar justa, franca y
      verdaderamente la información razonable pedida por el
      asegurador, de forma que le facilite determinar si existe o no
      una defensa genuina. Para que ese deber se estime
      incumplido, la actitud del asegurado tiene que ser de abierta
      y voluntaria obstrucción; la falta, de carácter sustancial y
      material. Íd., pág. 213. (citas omitidas).

Ahora bien, el incumplimiento del asegurado con una condición que

requiera su cooperación, en ausencia de perjuicio, no libera de

responsabilidad al asegurador. Íd., pág. 214.

                                   C.

      En la etapa apelativa, la Regla 85 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85, rige la imposición de

costas y sanciones a las partes en pleitos ante su consideración. En

concreto, la referida regla dispone lo siguiente:

      (A) Las costas se concederán a favor de la parte que
      prevalezca, excepto en aquellos casos en que se
      disponga lo contrario por ley.

      (B) Si el Tribunal de Apelaciones determina que el
      recurso ante su consideración es frívolo o que se
      presentó para dilatar los procedimientos, lo denegará o
      desestimará, según sea el caso, e impondrá a la parte
      promovente o a su abogado o abogadas las costas, los
      gastos, los honorarios de abogado y la sanción
      económica que estime apropiada, la cual deberá
KLAN202300913                                                      21

       reflejar, en lo posible, el costo de la dilación para el
       Estado y para la parte opositora recurrida causado por
       la interposición del recurso, conforme a las guías que
       establezca el Tribunal de Apelaciones.

       El tribunal impondrá iguales medidas a la parte
       promovida o a su abogado cuando determine que la
       contestación al recurso es frívola o que ha sido
       presentada para dilatar los procedimientos.

       (C) El Tribunal de Apelaciones impondrá costas y
       sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa
       a una parte, a su abogado o a su abogada por la
       interposición de recursos frívolos o por conducta
       constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta
       de diligencia en perjuicio de la eficiente administración
       de la justicia.

       (D) A discreción del Tribunal de Apelaciones, la sanción
       económica podrá ser a favor del Estado, de cualquier
       parte o de su abogado o abogada.

       (E) Los dictámenes del Tribunal de Apelaciones bajo
       esta regla, deberán ser debidamente fundamentados.

       Dentro del marco de interpretación de la frivolidad y la

temeridad, nuestro más alto foro ha expresado que la temeridad no

procede: (1) en los litigios que envuelven planteamientos complejos

y novedosos no resueltos en la jurisdicción; (2) cuando la parte

responde a una apreciación errónea del derecho sin que existan

precedentes vinculantes; o (3) cuando existe una desavenencia

honesta en cuanto a cuál de las partes es beneficiada por el derecho

aplicable. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et. al., supra, pág.

926.

                                 IV.

       En este caso, el TPI dictó una Sentencia de forma sumaria en

la que desestimó la reclamación por incumplimiento de contrato y

daños promovida por Chemex en contra de Allianz Global. En su

dictamen, el foro primario concluyó que la aseguradora no

incumplió la Póliza objeto del pleito, que determinó correctamente

que los daños reclamados no excedían el deducible establecido, que

actuó correctamente al cerrar por inactividad la reclamación de la

parte apelante y que no incurrió en dolo. A su entender, no surgió
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evidencia para cuestionar la conclusión de la aseguradora ni para

establecer que la parte apelante cooperó en el trámite de la

reclamación ni en la identificación de los alegados daños

adicionales.

      En oposición, Chemex planteó que existían hechos en

controversia, que la Sentencia sumaria no procedía en derecho y, en

síntesis, que la desestimación no procedía porque no se demostró

que Allianz Global cumplió cabalmente con sus deberes y

obligaciones ni que sufrió perjuicio sustancial alguno. Sobre esto

último, su posición es que la tardanza u omisión de Chemex en

notificar los detalles de daños adicionales no era suficiente para

justificar la desestimación por no probarse que su falta de

cooperación haya causado perjuicio suficiente para relevar de

responsabilidad a la aseguradora. En adición, sostuvo que la parte

apelada incumplió con sus deberes bajo el Código de Seguros, que

la aseguradora no investigó rápidamente la reclamación, que esta

no podía imponer condiciones irrazonables bajo el pretexto de

información insuficiente y que tampoco intentó de buena fe realizar

un ajuste rápido, justo y equitativo.

      En cambio, Allianz Global argumentó a            favor de la

confirmación de la Sentencia y solicitó la imposición de sanciones a

Chemex por frivolidad y temeridad en la presentación de la

Apelación. Por un lado, planteó que Chemex no logró evidenciar que

se incumplió con la Póliza ni con el Código de Seguros y que, por el

contrario, se demostró que no presentó una reclamación que

excediera el deducible de la Póliza. Por el otro, esbozó que fue la

parte apelante quien no proveyó la información necesaria para

acreditar o comenzar una investigación de los supuestos daños

adicionales a los reclamados originalmente, los cuales solo

mencionó en una comunicación a través de su corredora de seguros.

Por todo ello, adujo que la parte apelante no controvirtió los hechos
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materiales que demuestran que, por una parte, Allianz Global

cumplió todas sus obligaciones y, por la otra, que Chemex incumplió

con sus deberes.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente

del caso, en correcta práctica adjudicativa apelativa, resulta

palmario que el TPI no incidió en los errores señalados. La

determinación apelada fue correcta tanto en materia procesal como

en sus fundamentos en derecho. Veamos.

      En primer lugar, Chemex no presentó prueba ni adujo razón

suficiente por la cual se deban rechazar los hechos que Allianz

Global propuso como incontrovertidos ni aquellas determinaciones

de hechos a las que llegó el foro primario. Por el contrario, el cuadro

fáctico considerado por el TPI se sostiene ampliamente en la prueba

que obra en el expediente del caso.

      Por un lado, según se desprende de los propios términos de la

Póliza, la parte apelante tenía una obligación de notificar a Allianz

Global prontamente de cualquier pérdida o daño, incluyendo una

descripción de la propiedad involucrada, y luego, proveer tan pronto

sea posible una descripción de cómo, cuándo y dónde ocurrió la

pérdida o daño. En específico, la Póliza establecía los siguientes

deberes de Chemex en el caso de un evento de pérdida:

      C. Duties In The Event OF Loss
      You must see that the following are done in the event of loss
      or damage to Covered Property:
      […]
      2. Give us prompt notice of the loss or damage. Include a
      description of the property Involved.
      3. As soon as possible, give us a description of how, when
      and where the loss or damage occurred.
      […]
      6. As often as may be reasonably required, permit us to
      inspect the property proving the loss or damage and examine
      your books and records. Also permit us to take samples of
      damaged and undamaged property for inspection, testing
      and analysis, and permit us to make copies from your books
      and records.
      […]
      8. Send us a signed, sworn proof of loss containing the
      information we request to settle the claim. You must do this
      within 60 days after our request. We will supply you with the
      necessary forms.
      […]
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       9. Cooperate with us in the investigation or settlement of the
       claim.20

Ahora bien, los hechos y la prueba documental del caso no

demuestran que la parte apelante haya cumplido con dichas

obligaciones,     sino    todo    lo    contrario,   las   incumplió.   Las

determinaciones de hechos del TPI a estos efectos se sostienen por

la prueba que obra en el expediente del caso.

       Más aún, en su Oposición a moción solicitando sentencia

sumaria, Chemex se dedicó únicamente a: (1) negar la mayoría de

los hechos por ser una descripción restrictiva que inducía a error;

(2) objetar la admisibilidad de tres documentos, los cuales fueron

producidos por la propia parte apelante; (3) rechazar el siguiente

hecho: “[c]oncluido el descubrimiento de prueba en el caso de autos,

la parte demandante no produjo evidencia alguna de que le sometió

a AGCS evidencia de supuestos daños más allá [del] ‘tráiler’ utilizado

por Chemex como espacio de oficina”, aduciendo que notificó un

Informe Pericial de 7 de abril de 2021 y un segundo Informe Pericial

revisado de 3 de noviembre de 2021 con el detalle de las pérdidas

sufridas y cotizaciones de reparaciones para las mismas; y (4) negar

el contenido de una de las cartas de la representación legal de

Allianz Global por contener conclusiones de hecho y derecho

erróneas. De ello, se puede desprender que la oposición de la parte

apelante no realizó una relación de los hechos materiales que

estaban en controversia con indicación de la prueba en la que se

establecían dichos hechos. Es decir, no indicó qué evidencia obraba

en el expediente para impugnar los hechos según fueron propuestos

por Allianz Global y, por lo tanto, estos se sostienen, puesto que

además están apoyados por la prueba.

       En concreto, advertimos que los referidos informes periciales,

entregados por Chemex durante el descubrimiento de prueba,

20 Apéndice de la Apelación, Anejo 23, pág. 244.
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fueron preparados con posterioridad a la presentación de la

Demanda. Por ello, así mismo como el TPI razonó, resulta imperativo

concluir que, previo a la presentación de la Demanda, ni Chemex ni

su corredora de seguros contestaron las comunicaciones enviadas

en el 2019 por Allianz Global ni proveyeron información alguna

relacionada a las alegadas pérdidas adicionales, a pesar de que se

le concedió amplia oportunidad para ello. En ese mismo respecto, es

imposible considerar que la aseguradora incumplió una obligación

contractual que no tenía previo a la presentación de la Demanda,

dado que no se le había notificado sobre el daño alegado según

estipulaban los términos de la Póliza.

      Sobre la falta de cooperación, la parte apelante argumentó que

la jurisprudencia ha establecido que la misma debe ser de tal

magnitud que le cause perjuicio a la aseguradora para que provoque

el relevo de responsabilidad. Según arguyó, en este caso, su

tardanza o falta de notificación a la parte apelada no amerita el

cierre de su reclamación bajo la Póliza. No le asiste la razón. Lo

anterior no debe ser óbice para que concluyamos que, en este caso,

la parte apelante no cooperó y, peor aún, no cumplió con los

términos de la Póliza. Lo contrario sería avalar el incumplimiento

con los términos de la Póliza como la ley entre las partes y

desmerecería la buena fe que deben desplegar las partes en el

contrato de seguro, especialmente en el procesamiento de las

reclamaciones por daños bajo una póliza. Proveer la información

sobre los daños adicionales, según le requirió Allianz Global a hacer,

no era tan solo su deber, sino que estaba en su mejor interés. No

obstante, no proveyeron dicha información y, en el proceso ante el

TPI, tampoco presentaron evidencia de haberlo hecho previo al

comienzo del litigio. Ausente dicha prueba, resulta imposible

razonar que Allianz Global incurrió en incumplimiento alguno de los
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términos de la Póliza y, mucho menos, de sus obligaciones bajo el

Código de Seguros, supra.

      Por otro lado, en adición a los términos de la Póliza, la parte

apelada también tenía la facultad bajo el Art. 27.163 del Código de

Seguros, supra, para cerrar la reclamación ante la inactividad del

reclamante, toda vez que Chemex no cooperó ni entregó la

información necesaria para que Allianz Global pudiese ajustar la

reclamación. En este caso, según se desprende de los hechos, la

parte apelante se quedó de brazos cruzados y los supuestos daños

adicionales que le informó a la aseguradora que tenía se quedaron

en una mera comunicación de la corredora de seguros de Chemex a

Allianz Global. Nada más se realizó.

      Por todo lo anterior, cabe concluir que Chemex incumplió con

sus obligaciones bajo la Póliza y que Allianz Global no contravino las

suyas, ya sean las que emanaron de esta o las que le impone el

Código de Seguros. Asimismo, resulta palmario que la aseguradora

actuó correctamente al decretar el cierre de la reclamación a causa

de la inactividad por segunda vez, así como al cerrarla inicialmente

porque los daños no superaban el deducible de la Póliza. Por todo

ello, el TPI aplicó correctamente el derecho a la controversia y no

procede la revocación o modificación de su dictamen.

      Por último, no encontramos razón para imponer sanciones a

Chemex en esta etapa apelativa. A todas luces, la presentación del

recurso de epígrafe no adolece de clara frivolidad, ni obedece a

intenciones de dilatar los procedimientos, ni constituye conducta

constitutiva de demora, abandono obstrucción o falta de diligencia

en perjuicio de la administración de la justicia. Por el contrario,

parece partir de una apreciación errónea del derecho o una

desavenencia honesta en cuanto a cuál parte es favorecida por el

derecho aplicable.
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                                 V.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      El Juez Sánchez Ramos disiente. Si bien la demandante no

cumplió diligentemente con su deber de cooperación bajo la póliza,

no se demostró que ello hubiese causado perjuicio a la Aseguradora

o que dicha falta hubiese sido “sustancial y material”, producto de

una actitud de “abierta y voluntaria obstrucción”. Coop. Seguros

Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 213 (1994). Por tal razón,

el incumplimiento de la demandante no es de tal naturaleza que le

impidiese instar una reclamación por la vía judicial.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones