Court Opinion

ID: 9928571
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:26:11.515349+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:48.408217
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL XI-ESPECIAL

  MARIANGELIE CRUZ                             Apelación
      MERCED                                   procedente del
                                               Tribunal de Primera
          Apelante                             Instancia, Sala
                                               Superior de
              v.                 KLAN202300591 Bayamón, Sala de
                                               Familia y Menores
KELVIN BONILLA DE LOS
       SANTOS                                         Caso Núm.:
                                                      BY2022RF00873
          Apelado
                                                      Sobre:
                                                      Alimentos

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2023.

       Comparece la señora Mariangelie Cruz Merced (en adelante,

apelante y/o señora Cruz Merced) para solicitarnos la revisión de la

Sentencia emitida y notificada el 31 de marzo de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en

adelante, TPI), mediante la cual se impuso una pensión alimentaria

a favor de los tres (3) menores de edad, hijos de las partes, sin incluir

en el cómputo de la misma, una alegada partida por concepto de

gasto de vivienda, como gasto suplementario.1

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                       I

       El 16 de mayo de 2022, la apelante presentó una Petición de

Alimentos ante el foro primario.2 En la Petición adujo que las partes

son los progenitores de los siguientes tres (3) menores de edad:

K.G.B.C., K.Z.B.C. y K.Y.B.C (en adelante, menores alimentistas) y

1 Apéndice de la apelante, a las págs. 25-26. Véase Sistema Unificado de Manejo

y Administración de Casos (SUMAC) a la entrada 241.
2 Apéndice de la apelante, a las págs. 1-4.

Número Identificador

SEN2023______________
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solicitó que se estableciera una pensión alimentaria a favor de

estos.3

        Consecuentemente, el 3 de junio de 2022, se celebró una Vista

sobre Fijación de Pensión Alimentaria ante la licenciada Judit

Rodríguez Morales, Examinadora de Pensiones Alimentarias (en

adelante, EPA).4 Como parte de las incidencias acaecidas en la vista

ante la EPA, y según surge de los autos, el 3 de junio de 20225, la

EPA rindió un Acta.6 De dicha Acta se desprende que la EPA

examinó los ingresos de las partes, así como las necesidades de los

menores alimentistas. A esa fecha, la apelante ya había presentado

su Planilla de Información Personal y Económica (en adelante, PIPE),

que fue examinada por la EPA7, mientras que el señor Kelvin Bonilla

De Los Santos (en adelante, apelado y/o señor Bonilla De Los

Santos), no había presentado la suya. Producto de la vista celebrada,

y conforme surge del Acta, la EPA consignó las siguientes trece (13)

determinaciones de hechos preliminares:

              1. El Sr. Kelvin Bonilla De Los Santos y la Sra.
                 Mariangelie Cruz Merced son los padres de los
                 menores: K.G.B.C., de 10 años, K.Z.B.C., de 6
                 años, y K.Y.B.C., de 4 años.
              2. Los menores residen bajo la custodia de su
                 madre en Toa Baja, Puerto Rico.
              3. El Sr. Kelvin Bonilla De Los Santos, trabaja como
                 gruero por cuenta propia; de acuerdo con su
                 testimonio devenga un ingreso neto mensual
                 aproximado de $1,516.66.
              4. La Sra. Mariangelie Cruz Merced, trabaja a
                 tiempo parcial como técnica de uñas de AZ Salón
                 en Plaza del Sol, de acuerdo con su testimonio
                 devenga un ingreso neto mensual aproximado de
                 $953.33. Para efectos del por ciento de su
                 participación en la pensión de los menores, se le
                 imputó el ingreso mínimo federal, a razón de 40
                 horas semanales, para un total de $1,160.53
                 mensual.
              5. La residencia donde habita la promovente y los
                 menores paga de $800.00 mensuales de renta.
                 Residen allí 6 personas. Sin embargo, este gasto

3 Id.
4 Id., a las págs. 5-7.
5 El Acta fue suscrita por la EPA con fecha del 4 de junio de 2022, pero de los

autos ante el TPI en el SUMAC surge que fue presentada el 3 de junio de 2022, a
las 11:51:51 am, a la Entrada 9.
6 Id.
7 La PIPE de la apelante fue presentada el 2 de junio de 2022. Apéndice de la

apelante, a las págs. 40-48.
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                no fue considerado para el cómputo de la
                pensión alimenticia, ya que la promovente
                testificó que la vivienda la pagaba su esposo y
                ella ayudaba con el pago. No se presentó
                evidencia del pago de la vivienda y tampoco de la
                aportación realizada. La promovente alegó que
                su esposo le paga en efectivo, ella deposita el
                dinero en su cuenta y luego para la renta por
                ATH Móvil desde su teléfono. Indicó que intenta
                aportar $300.00 mensuales. La licenciada Rivera
                objetó que no se incluyera el gasto de vivienda.
                Se informó que luego de que se presentara la
                prueba de su aportación y la de su esposo, según
                los estados de cuenta y las transacciones
                registradas en ath móvil, así como el contrato de
                arrendamiento, podríamos evaluar la totalidad
                de la misma y hacer las recomendaciones que
                procedan.
             6. Los menores se benefician de educación pública
                gratuita.
             7. El señor Bonilla De Los Santos sufragará el 57%
                de los gastos escolares.
             8. Los menores se benefician del plan médico del
                gobierno.
             9. El señor Bonilla De Los Santos sufragará el 57%
                de los gastos médicos no cubiertos.
            10. Conforme a las Guías Mandatorias para
                Computar Pensiones Alimenticias en Puerto Rico,
                Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de
                2014, al Sr. Kevin Bonilla De Los Santos le
                corresponde pagar $441.31 de pensión
                alimenticia básica. Los gastos suplementarios
                serán sufragados al porciento correspondiente.
            11. La pensión total asciende a $441.31 mensuales.
                Dicha cantidad será pagada a razón de $204.00
                bisemanales, los sábados alternos, mediante
                ATH Móvil, depósito a cuenta bancaria, cheque o
                giro, directamente a la señora Cruz Merced,
                efectivo el 4 de junio de 2022.
            12. La deuda por retroactividad será calculada en la
                vista final de alimentos.
            13. No se solicitaron honorarios durante la vista; de
                acuerdo con las vistas que se celebren, se
                recomendarán con la pensión final.8

        Del Acta se desprende, además, que la EPA citó a las partes

para una continuación de vista que debía efectuarse el 8 de agosto

de 2022.9

        En atención al Acta, el 3 de junio de 2022 el foro primario

emitió Orden de Pensión Alimentaria Provisional.10 Mediante esta

Orden, el foro a quo estableció, en síntesis, una pensión alimentaria

8 Apéndice de la apelante, a las págs. 6-7.
9 Id., a la pág. 7.
10 Véase SUMAC, a la entrada 13.
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provisional. En ella ordenó al apelado a pagar: (i) la suma de $204.00

dólares por concepto de pensión alimentaria, con frecuencia

bisemanal; y, (ii) el 57% de los gastos escolares y de los gastos

médicos no cubiertos.

         Previo a que la EPA presentara la aludida Acta en el Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos (en adelante,

SUMAC), y más aún, previo a que el foro a quo emitiera la Orden de

Pensión Alimentaria Provisional, se desprende de los autos que, el 3

de junio de 2022, la apelante presentó una Moción Solicitando

Reconsideración y Solicitud de Honorarios de Abogado.11 Abona a lo

anterior, que, presentada en el SUMAC el Acta y notificada la Orden

de Pensión Alimentaria Provisional, el 3 de junio de 2022, la apelante

presentó una Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales.12

Sobre esta última, mediante Orden en esa misma fecha, el foro

primario, refirió el asunto a la atención de la EPA.13

         En respuesta, el 13 de junio de 2022, la EPA rindió y presentó

un Acta.14 Allí, en lo pertinente, expresó en torno a la solicitud de

reconsideración que “[…] esta solicitud no procede en derecho, por

haber sido presentada a destiempo”.15 Empero, expresó que la

apelante: “[…] solicita se reconsidere el hecho de que no se incluyó

en el cómputo de la pensión provisional un gasto de vivienda que no

fue probado”.16 Expresó, además, que: “Se apercibió a la parte que

de presentarse prueba fehaciente de que ella realiza el pago de la

vivienda, se incluiría en la pensión final”.17 En resumidas cuentas,

la EPA recomendó al juez que presidía los procedimientos en este

caso, que no acogiera la reconsideración solicitada. En relación con

la solicitud de determinaciones de hechos adicionales, recomendó

11 Apéndice de la apelante, a las págs. 8-9.
12 Id., a las págs. 10-11.
13 Véase SUMAC, a la entrada 15.
14 Apéndice de la apelante, a las págs. 12-13.
15 Id., a la pág. 12.
16 Id.
17 Id.
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igual curso de acción. Concluyó que los hechos probados utilizados

para la recomendación provisional y acogidos por la primera

instancia judicial fueron los únicos que se incluyeron en las

determinaciones provisionales.18 Destacó que no se consideran

hechos probados las alegaciones de las partes, ni que todo lo que se

manifiesta en la vista se incluye en las determinaciones de hechos;

así como que, ninguno de los hechos cuya inclusión se solicitó

mediante el escrito presentado por la apelante, cambiarían la

recomendación de pensión alimentaria provisional emitida.19

         De ahí, mediante Orden emitida el 13 de junio de 2022, el foro

primario acogió la recomendación emitida por la EPA, es decir,

denegó la solicitud de reconsideración, así como la solicitud de

determinaciones         de   hechos     adicionales   presentada   por   la

apelante.20 Así las cosas, el caso atravesó por un descubrimiento de

prueba en el cual el foro primario tuvo que intervenir en varias

ocasiones tras sobrevenir controversias entre las partes.

         Superados los asuntos antes descritos, el 6 de marzo de 2023,

se celebró la Vista Final de Alimentos ante la EPA.21 Como parte de

las incidencias acaecidas en la vista ante la EPA, y según surge de

los autos, el 31 de marzo de 2023, la EPA rindió un Informe de la

Examinadora de Pensiones Alimentarias.22 Conforme surge de los

autos, en la Vista Final, la EPA recibió prueba documental, la cual

fue considerada. También, recibió prueba testimonial, que consistió

en el testimonio de las partes, sobre la cual se ponderó la

credibilidad que le mereció.23 Producto de la Vista Final celebrada,

y conforme surge del Informe de la Examinadora de Pensiones

Alimentarias, la EPA consignó veinte (20) determinaciones de

hechos, conclusiones de derecho y emitió una recomendación al juez

18 Id., a la pág. 13.
19 Id.
20 Véase SUMAC, a la entrada 17.
21 Apéndice de la apelante, a la pág. 14.
22 Apéndice de la apelante, a las págs. 14-24.
23 Id., a la pág. 14.
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que preside los procedimientos en este caso. Las determinaciones

de hechos emitidas fueron las siguientes:

      1. El Sr. Kelvin Bonilla De Los Santos y la Sra.
         Mariangelie Cruz Merced son los padres de los
         menores: K.G.B.C., de 11 años; K.Z.B.C., de 7 años
         y K.Y.B.C., de 5 años.
      2. Los menores residen bajo la custodia de su madre en
         el estado de Florida, EU.
      3. El Sr. Kelvin Bonilla De Los Santos, trabaja como
         gruero por cuenta propia. Además, trabajó como
         chofer de camiones, mientras su grúa estuvo
         averiada. De acuerdo con los estados bancarios
         presentados, que cubren los meses de mayo de 2022
         a enero de 2023, su ingreso promedio mensual es de
         $1,568.24.
      4. El señor Bonilla declaró que anteriormente vendía
         ganado, pero no era un negocio de volumen.
         Aseguró que la finca donde tenía el ganado no era
         suya. Señaló que nunca vendió cerdos u otro animal.
         Surge de los estados bancarios alguna transacción
         que identificó como ganancia por la venta del último
         ganado vendido. Ese ingreso fue imputado en el mes
         en que se recibió. La prueba que se recibió sobre el
         ganado consta de fotografías de redes sociales del
         año 2021; en algunas de las fotografías no se puede
         identificar la fecha específica en que se publicaron.
      5. Se presentaron fotografías de redes sociales en las
         que se promovía el arrendamiento de un vehículo de
         motor para transporte de ganado. Surgió durante la
         vista que ese vehículo mencionado fue reposeído por
         el banco, ya que no se cumplió con el acuerdo de
         pago suscrito.
      6. La Sra. Mariangelie Cruz Merced trabaja a tiempo
         completo como empacadora en TNT Supplements y,
         devenga un ingreso neto mensual de $1,57144 (sic).
      7. En este caso fue necesario hacer varios cómputos de
         pensión alimentaria ya que hubo cambios de trabajo
         e ingresos de ambas partes.
      8. Durante los meses de mayo de 2022 a octubre de
         2022, el ingreso de la señora Cruz, según imputado
         de acuerdo con sus estados bancarios, fue de
         $3,083.48 mensual. En noviembre y diciembre de
         2022, el ingreso mensual de la señora Cruz fue de
         $1,799.13. El ingreso actual de la señora Cruz es de
         $1,571.44 mensual.
      9. La residencia donde habita la promovente y los
         menores paga un canon de arrendamiento. De
         acuerdo con el testimonio de la promovente, residen
         allí 6 personas. Sin embargo, este gasto no fue
         considerado para el cómputo de la pensión
         alimentaria, ya que la promovente testificó que la
         vivienda era un pago que se compartía con su
         esposo. Aunque se presentaron recibos del pago de
         una vivienda, no se presentó evidencia de que el pago
         surgiera de un estado bancario suyo, sino de su
         esposo; tampoco de la aportación realizada por ella.
     10. Uno de los menores se beneficia de educación
         pública gratuita.
     11. El menor en etapa prescolar participa de un cuido
         (Kids of Distinction Learning Center). Al momento y
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          hasta julio de 2023, el gasto de cuido demostrado es
          de $101.83 mensual. Este gasto fue contemplado en
          el cómputo de la pensión alimentaria, en los meses
          de enero de 2023 a julio de 2023.
      12. Durante parte del mes de octubre de 2022 y
          principios de noviembre de 2023, el menor participó
          del cuido Amazing Kids. El pago total satisfecho por
          la promovente por este cuido fue de $115.92. De esta
          cantidad, el señor Bonilla debe reembolsar el 47%.24
      13. A partir de agosto de 2023, el menor que se
          encuentra en cuido, comenzará a estudiar en la
          escuela pública, por lo que el gasto de cuido será
          eliminado a partir de esa fecha.
      14. Conforme a las Guías Mandatorias para Computar
          Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento
          Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014, al Sr. Kevin
          Bonilla De Los Santos le corresponde pagar por los
          meses de mayo a octubre de 2022, una pensión
          alimentaria básica de $420.74 mensuales ($194.00
          bisemanal), sin gastos suplementarios. Para este
          periodo, el señor Bonilla De Los Santos sufragará el
          34% de los gastos escolares y de los gastos médicos
          no cubiertos.
      15. Conforme a las Guías Mandatorias para Computar
          Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento
          Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014, al Sr. Kevin
          Bonilla De Los Santos le corresponde pagar en
          noviembre 2022, hasta diciembre de 2022, una
          pensión alimentaria mensual básica de $449.29, y
          una pensión suplementaria de $47.51 por el gasto
          de cuido, para una pensión alimentaria total de
          $496.79 mensual ($299.00 bisemanal). Para este
          periodo, el señor Bonilla De Los Santos sufragará el
          47% de los gastos escolares y de los gastos médicos
          no cubiertos.
      16. Conforme a las Guías Mandatorias para Computar
          Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento
          Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014, al Sr. Kevin
          Bonilla De Los Santos le corresponde pagar los
          meses de enero a julio de 2023, una pensión
          alimentaria mensual básica de $445.05 mensuales,
          y una pensión suplementaria de $50.86 por gasto de
          cuido, para una pensión alimentaria total de
          $495.91 mensual ($229.00 bisemanal). Para este
          periodo, el señor Bonilla De Los Santos sufragará el
          50% de los gastos escolares y de los gastos médicos
          no cubiertos.
      17. Conforme a las Guías Mandatorias para Computar
          Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento
          Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014, al Sr. Kevin
          Bonilla De Los Santos le corresponde pagar, desde el
          1 de agosto de 2023, una pensión alimentaria
          mensual básica de $445.05 ($205.05 bisemanal), sin
          gastos suplementarios. Para este periodo, el señor
          Bonilla De Los Santos sufragará el 50% de los gastos
          escolares y de los gastos médicos no cubiertos.
      18. Los menores se benefician del plan médico del
          gobierno.

24 En su Informe, la EPA incluyó la siguiente nota al calce: “Por tratarse de una

cantidad que no es fija, se incluyó para el pago mediante reembolso y no en un
cómputo mensual”.
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      19. La      pensión     alimentaria     será     pagada
          bisemanalmente, los sábados alternos mediante
          ATH Móvil, depósito a cuenta bancaria, cheque o
          giro, directamente a la señora Cruz Merced, efectivo
          el 1 de abril de 2023.
      20. La licenciada Rivera solicitó honorarios de abogado
          por la comparecencia a las vistas de alimentos. Esta
          Examinadora recomienda el pago por 3 vistas
          provechosas.25

       A base de las determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho que fueron emitidas en el Informe y Recomendaciones de la

Examinadora de Pensiones Alimentarias, producto de la Vista Final,

la EPA emitió, en síntesis, las siguientes recomendaciones: (i) que se

estableciera una pensión alimentaria de $194.00 dólares con

frecuencia bisemanal para el periodo de mayo a octubre de 2022,

así como, el 34% de los gastos escolares y gastos médicos no

cubiertos en este periodo; (ii) que se estableciera una pensión

alimentaria     de   $229.00      dólares,       con   frecuencia   bisemanal,

incluyendo una pensión alimentaria básica por $449.29 dólares y

una suplementaria de $47.51 dólares, para cuido de menor

alimentista para el periodo de noviembre a diciembre de 2022, y el

47% de los gastos escolares y gastos médicos no cubiertos en este

periodo; (iii) que se estableciera una pensión alimentaria de $229.00

dólares, con frecuencia bisemanal, incluyendo una pensión

alimentaria básica $445.05 dólares y una suplementaria de $50.86

dólares para cuido de menor alimentista para el periodo de enero a

julio de 2023, y el 50% de los gastos escolares y gastos médicos no

cubiertos para este periodo; (iv) que a partir del 1 de agosto de

2023, se estableciera una pensión alimentaria de $205.05

dólares bisemanales, a ser pagada por el apelado a favor de los

menores alimentistas; (v) que se emitiera una orden para que el

pago de la pensión alimentaria fuese en forma directa a la apelante;

(vi) que se emitiera una orden al apelado para que a partir del 1

de agosto de 2023 pague el 50% de los gastos escolares y de los

25 Apéndice de la apelante, a las págs. 14-17.
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gastos médicos no cubiertos, en un término de quince (15) días,

previa presentación de evidencia; (vii) que se emitiera una orden

al apelado para que pague $375.38 dólares por concepto de

retroactividad de la determinación de pensión alimentaria; (viii) que

se determinara que los menores alimentistas se benefician del plan

médico del Gobierno; (ix) que se determinara sobre la concesión y

fijación de honorarios de abogado por la comparecencia a tres (3)

vistas; y, (x) que se instruyera a las partes sobre informar cualquier

cambio en dirección, patrono o salario que tengan, así como

cualquier otro pronunciamiento.26 En apoyo al Acta presentada,

incluyó Hojas de Trabajo para Pensiones Alimentarias, formulario

OAT-1310.27

        De ahí, el 31 de marzo de 2023, el foro primario emitió la

Sentencia apelada.28 En ella, el tribunal a quo acogió todas las

recomendaciones contenidas en el Informe de la Examinadora de

Pensiones Alimentarias, por lo que la pensión alimentaria quedó

establecida. Estableció, además, la cantidad de $250.00 dólares por

concepto de honorarios de abogado.29

        Inconforme, el 3 de abril de 2023, la apelante presentó escrito

intitulado Reconsideración.30 Adujo que entendía que el foro

primario había errado: (i) al no imputar una partida para la vivienda

de los menores alimentistas; así como (ii) en haber impuesto la suma

de $250.00 dólares por concepto de honorarios de abogados tras

haber sido el mismo uno extremadamente litigioso. En relación con

el asunto que nos ocupa, la apelante adujo, en síntesis, que el foro

primario      erró      en   la   apreciación    de   la   prueba   al   omitir

determinaciones de hecho de evidencia sustancial.31 Esboza la

apelante que, en la Vista Final declaró que el canon de

26 Apéndice de la apelante, a las págs. 23-24.
27 Véase SUMAC, a la entrada 240 (anejo).
28 Apéndice de la apelante, a las págs. 25-26.
29 Id., a la pág. 26.
30 Id., a las págs. 27-31.
31 Id., a la pág. 28.
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arrendamiento es de $1,772.00 dólares mensuales, de los cuales

esta aporta $700.00 dólares. Explicó que le entrega el dinero a su

esposo, quien hace el pago del canon de arrendamiento, desde su

tarjeta de crédito, ya que están casados bajo el régimen económico

de separación total de bienes.32 Añadió que su testimonio nunca fue

impugnado.

         En respuesta, a la solicitud de Reconsideración, mediante

Orden emitida el 3 de abril de 2023, el foro a quo determinó lo

siguiente:

         Se refiere a la EPA para evaluación sobre la partida del
         canon de arrendamiento. En cuanto a los honorarios de
         abogados se aumentan a $1,000 pagaderos en el
         término de 90 días.33

         Con este curso decisorio del foro primario, quedó atendida la

segunda parte de la solicitud de Reconsideración, pero quedó

pendiente la primera. Es decir, quedó pendiente lo relacionado a la

negativa de la EPA a imputar una partida para la vivienda de los

menores alimentistas.

         Así las cosas, el 7 de mayo de 2023, la apelante presentó

Moción Solicitando Remedio Adecuado.34 Adujo que “lleva más de un

mes esperando la determinación en reconsideración sobre el gasto

de la vivienda de los menores”.35 En respuesta, mediante Orden

emitida el 8 de mayo de 2023, el foro primario refirió el asunto a la

EPA para su pronta atención.36 De ahí, el 8 de mayo de 2023, la EPA

ordenó al apelado a expresarse en torno a la solicitud de la apelante

para que se incluyera gasto de vivienda en el cómputo de pensión

alimentaria.37

         En cumplimiento con lo ordenado, el 28 de mayo de 2023, el

apelado presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, mediante

32 Id., a las págs. 83-89.
33 Véase SUMAC, a la entrada 243.
34 Id., a la entrada 244.
35 Id.
36 Véase SUMAC, a la entrada 245.
37 Id., a la entrada 246.
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la cual se opuso a la solicitud de Reconsideración.38 Arguyó que no

existía error en la apreciación de la prueba según alegado por la

apelante, pero sí ausencia total de prueba en concepto de pago de

vivienda.39 Adujo que lo único que probó o demostró la apelante fue

que existía una vivienda con un contrato de arrendamiento40, donde

ella residía con sus hijos y su esposo, nada más.41

         De ahí, la EPA, quien tenía el asunto referido por

determinación del juez que preside los procedimientos, rindió y

presentó un Acta el 26 de junio de 2023.42 Allí, recomendó que la

solicitud de Reconsideración fuese declarada No Ha Lugar. En apoyo

a su recomendación, expuso lo siguiente:

         De acuerdo con la prueba presentada durante la vista
         del 6 de marzo de 2023, no encontramos razón para que
         se incluya el gasto de vivienda en este caso, ya que
         entendemos que no es cubierto ni en todo ni en parte
         por la señora Cruz. De los documentos presentados,
         específicamente, la identificación 3 de la promovente,
         surgen 5 recibos de pago43, alegadamente de la
         vivienda, de los cuales 4 de ellos fueron pagados con
         una tarjeta de crédito que no es de la señora Cruz.
         Aclaramos que los recibos de pago varían en cantidad y
         ninguno es por la cantidad alegada del pago de vivienda.
         El único recibo que reconoció la señora Cruz que
         proviene de una cuenta suya, fue identificado como el
         pago de enero de 2023, sin embargo, no tiene fecha. Ya
         en la vista de pensión alimentaria provisional habíamos
         determinado no incluir el pago de vivienda, también por
         falta de prueba de pago y, porque el testimonio de la
         señora Cruz no nos mereció credibilidad, en cuanto a
         su aportación para el pago.44

         Finalmente, mediante Orden emitida el 26 de junio de 202345,

el foro primario resolvió el asunto que quedó pendiente en cuanto a

la solicitud de Reconsideración presentada por la apelante.

Mediante su dictamen, el tribunal a quo determinó lo siguiente:

38 Apéndice de la apelante, a las págs. 32-36.
39 Id., a la pág. 34.
40 Id., a las págs. 54-77.
41 Id.
42 Apéndice de la apelante, a las págs. 37-38.
43 Id., a las págs. 78-82.
44 Id., a la pág. 37.
45 Véase SUMAC, a la entrada 253.
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“Acogida el Acta presentada por la Examinadora de Pensiones, se

declara NO HA LUGAR la reconsideración”.46

       Inconforme aún, el 7 de julio de 2023, la apelante presentó un

recurso de Apelación, en el cual esgrimió la comisión de un (1) error

por el foro primario, a saber:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al no imputar una
       partida de gasto suplementario, para el pago de la
       vivienda donde residen los menores, en detrimento del
       mejor bienestar de estos, y dem[o]strando la existencia
       de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

       El 21 de julio de 2023, la apelante presentó una Moción

Informativa y en Solicitud de Añadir Documento al Apéndice. Solicitó

añadir un recibo del canon de arrendamiento al apéndice en la

página 90. El 9 de agosto de 2023, mediante Resolución autorizamos

incluir como parte del apéndice el documento presentado.

       Igualmente, el 21 de julio de 2023, presentó la apelante

Moción Informativa y Solicitud de Reconsideración. Esbozó que,

conforme      a   la   Regla    19   del    Reglamento   del   Tribunal   de

Apelaciones47, consideraba que el método de reproducción de la

prueba oral más conveniente era la exposición estipulada de la

prueba oral. Abundó que, la prueba pertinente al único error

señalado se presentó durante una hora de la vista ante la EPA,

mientras que las otras dos (2) horas y cincuenta y tres (53) minutos

era prueba impertinente al error señalado. El Proyecto de Exposición

Narrativa de la Prueba Oral fue anejado a dicha moción. En la misma

Resolución antes mencionada, declaramos Ha Lugar la solicitud de

reconsideración y autorizamos la presentación del aludido Proyecto.

       Por su parte, el 18 de agosto de 2023 el apelado presentó, por

derecho propio, una Moción en Oposición a Recurso de Apelación.

Luego, el 11 de septiembre de 2023, el apelado presentó Moción:

Oposición a Narrativa. Expuso que, la apelante solo presentó en la

46 Apéndice de la apelante, a la pág. 39.
47 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19.
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vista cinco (5) recibos del pago del canon de arrendamiento. Añadió

que el monto a pagar del canon de arrendamiento no es el mismo en

todos los recibos. Por último, mencionó que la apelante, en tres (3)

ocasiones diferentes, expresó que aportaba un monto de dinero

diferente.

       Examinadas las mociones, el 13 de septiembre de 2023,

mediante Resolución ordenamos a la apelante a presentar un

proyecto de exposición narrativa de la prueba oral presentada y no

solo de parte de esta. El 26 de septiembre de 2023, la apelante

presentó una Moción en Cumplimiento con Resolución 13 de

septiembre de 2023. A la luz de lo anterior, el 4 de octubre de 2023

el apelado presentó un escrito mediante el cual, en síntesis, solicitó

que esta Curia diera por estipulada el Proyecto de Exposición

Narrativa de la Prueba Oral. De ahí que, mediante Resolución del 6

de octubre de 2023, dimos por estipulado el Proyecto de Exposición

Narrativa de la Prueba Oral.

       A raíz de ello, el 31 de octubre de 2023, la apelante presentó

su Alegato Suplementario. Por su parte, el 28 de noviembre de 2023,

el apelado presentó una moción intitulada Alegato, entiéndase,

alegato en oposición.

       Contando con la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver la controversia ante nos.

                                  II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil48,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

48 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
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incumplimiento es insubsanable.49 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.50 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.51
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.52 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.53 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

   B. Pensión Alimentaria a Menores de Edad

       El Artículo 590 del Código Civil de 2020 en adelante, Código

Civil) expone los deberes y facultades que tienen los progenitores

sobre el hijo sujeto a patria potestad: “[…] (b) alimentarlo y

proveerle lo necesario para su desarrollo y formación integral;

[…]’’.54 Según, el Artículo 653 del Código Civil se entiende por

alimentos lo siguiente:

       Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable
       para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la
       recreación y la asistencia médica de una persona,
       según la posición social de su familia.
       Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos
       comprenden también su educación, las atenciones de
       previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias
       de su entorno familiar y social y los gastos
       extraordinarios para la atención de sus condiciones
       personales especiales.55

49 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
50 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
51 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
52 32 LPRA Ap. V, R. 47.
53 Id.
54 31 LPRA § 7242, Art. 590.
55 31 LPRA § 7531, Art. 653.
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       En lo que respecta a los gastos de la reclamación, el Artículo

656 del Código Civil dispone que: “Cuando el alimentista se vea

compelido a acudir al tribunal o a iniciar un proceso administrativo

para reclamar su derecho a los alimentos, la cuantía que se imponga

al alimentante incluirá una partida razonable para sufragar los

gastos del litigio y los honorarios de abogados”.56

       En lo que concierne a la cuantía de los alimentos del menor

de edad, el Artículo 666 del Código Civil establece que se fija

siguiendo      los    criterios    dispuestos      en   la   ley   especial

complementaria.57 Sobre la modificación de la obligación, el Artículo

671 del Código Civil explica que:

       La cuantía de los alimentos se reduce o aumenta
       proporcionalmente según aumenten o disminuyan las
       necesidades del alimentista y los recursos del obligado.
       Cuando el alimentista es menor de edad […], la cuantía
       se modifica únicamente cuando median cambios
       sustanciales que alteran significativamente las
       necesidades del alimentista y los recursos del
       alimentante.
       La modificación periódica de las pensiones de los
       menores de edad […] se rige por la legislación especial
       complementaria.58

       La doctrina jurídica ha establecido que, las determinaciones

de alimentos y de custodia de menores de edad no constituyen

propiamente cosa juzgada, ya que están sujetas a revisión judicial,

en el TPI, si ocurre un cambio en las circunstancias que así lo

justifique, siempre, claro está, tomando en consideración los

mejores intereses y el bienestar de los menores.59

   C. Ley Núm. 5-1986

       La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de

Menores aborda la política pública del Gobierno de Puerto Rico de

que los padres y madres o las personas legalmente obligadas

56 31 LPRA § 7534, Art. 656.
57 31 LPRA § 7562, Art. 666.
58 31 LPRA § 7567, Art. 671.
59 Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998).
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asuman la responsabilidad que tienen para con sus hijos.60 A tales

efectos, parte    integral    de    la   política    pública     es   la    de

fortalecer los sistemas de determinación, recaudación y distribución

de las pensiones alimenticias.61 Aduce que, se declara política

pública del Gobierno procurar que los            padres    y madres o      las

personas legalmente responsables contribuyan, en la medida en

que sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar de sus

hijos o dependientes.62

       Dicha ley en su Artículo 2 (4) define alimentante como:

“Persona natural que por ley tenga la obligación de proveer

alimentos, hogar seguro y cubierta de seguro médico”.63 El mismo

artículo en su inciso (6) define alimentista como:

       Persona natural que por ley tiene derecho a recibir
       alimentos, hogar seguro o cubierta de seguro médico.
       Incluye cualquier agencia del Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico o de cualquier entidad gubernamental
       estatal de otra jurisdicción o federal, que haya provisto
       beneficios a un alimentista o a la que un alimentista
       haya cedido sus derechos de alimentos y este haya
       suministrado los mismos. En estas últimas
       circunstancias la entidad gubernamental, estatal o
       federal, podrá subrogarse en los derechos del
       alimentista y reclamar al alimentante el costo de los
       beneficios provistos, más los intereses y gastos
       legales.64
       Ahora bien, el Artículo 2 (7) define alimentos como sigue:

       Es parte integral del derecho fundamental a la vida
       y a la subsistencia de la persona. Se refiere a todo lo
       que es indispensable para el sustento, habitación,
       vestido y asistencia médica según la posición social de
       la familia. También comprenden la educación e
       instrucción del alimentista menor de edad. Asimismo,
       se dispone que dicho término incluya los conceptos que
       de tiempo en tiempo sean establecidos o adoptados por
       las leyes federales y estatales que rigen sobre el
       particular.65 Énfasis suplido.

       En el inciso 27 del referido artículo se indica que se considera

un menor toda persona natural con una edad inferior a la

60 Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de

30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 501, Exposición de
Motivos.
61 Id.
62 Id., Art. 3.
63 Id., Art. 2 (4). Reglamento Núm. 8529-2014, Art. 7 (3).
64 Id., Art. 2 (6). Reglamento Núm. 8529-2014, Art. 7 (4).
65 Id., Art. 2 (7). Reglamento Núm. 8529-2014, Art. 7 (5).
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establecida en el Código Civil de Puerto Rico para propósito de

mayoridad y que tiene derecho a recibir servicios de sustento de

menores al amparo de esta Ley.66 En lo que respecta a los deberes

recíprocos, el Artículo 4 dispone que:

        Los padres e hijos, los cónyuges, los excónyuges y los
        parientes están obligados recíprocamente a ayudarse y
        sostenerse económicamente, según dispuesto en el
        Código Civil y en la jurisprudencia interpretativa. Los
        padres de un menor son responsables de su
        manutención y el tribunal o el Administrador podrá
        ordenarles pagar una suma justa y razonable por
        concepto de pensión alimentaria a tenor con el Artículo
        19 de esta Ley.67

        Acorde con esta legislación, se considera una orden de

pensión alimentaria:

        Cualquier      determinación,     resolución,     orden,
        mandamiento o sentencia para fijar, modificar, revisar
        o hacer efectivo el pago de una pensión por concepto de
        alimentos, plan o seguro médico, emitida a tenor con
        los Reglamentos y las Guías mandatorias para
        computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico
        adoptadas al amparo de esta Ley y la legislación federal
        aplicable, por un Tribunal del Estado Libre Asociado de
        Puerto Rico, o mediante el procedimiento administrativo
        establecido en esta Ley […].68

        Así pues, la revisión de dicha orden de pensión alimentaria

puede darse a través de:

        Nueva consideración o examen de la pensión que se
        efectúa cada tres (3) años luego de que fuera
        originalmente fijada o modificada o antes del término de
        tres (3) años previamente señalado, si cualquiera de las
        partes puede demostrar que ha ocurrido un cambio
        sustancial en las circunstancias de la persona custodia,
        de la persona no custodia o del menor alimentista.69

        El Artículo 13 de la Ley aborda el procedimiento judicial

expedito ante examinadores de pensiones. De acuerdo con el inciso

(2):

        El Examinador […] hará determinaciones de hecho y
        conclusiones de derecho y recomendará remedios a un
        juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior,
        en cualquier procedimiento referente a pensiones
        [alimentarias], […].
        El Examinador tendrá autoridad para:

66 Id., Art. 2 (27). Reglamento Núm. 8529-2014, Art. 7 (28).
67 Id., Art. 4.
68 Id., Art. 2 (29). Reglamento Núm. 8529-2014, Art. 7 (29).
69 Id., Art. 2 (41).
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        […]
        (d) Recibir y evaluar la evidencia y rendir un informe al
        tribunal que contenga las determinaciones de hechos,
        conclusiones de derecho y sus recomendaciones
        referentes a fijar, modificar y hacer efectivas las órdenes
        de pensión alimenticia y establecer la filiación.70
        […]

        Por su parte, el Artículo 18 (5) aborda lo relacionado a la vista

en el procedimiento judicial expedito:

        El informe de un Examinador incluirá determinaciones
        de hechos, conclusiones de derecho y recomendaciones
        sobre la pensión alimenticia, el cual será referido al
        Tribunal de Primera Instancia. El juez del Tribunal de
        Primera     Instancia    podrá    hacer    suyas    las
        determinaciones, conclusiones y recomendaciones del
        Examinador o hacer sus propias determinaciones de
        hecho o conclusiones de derecho con o sin vista previa
        y emitir la orden, resolución o sentencia que
        corresponda, la cual será notificada al alimentante y
        alimentista o al Secretario de la Familia, según sea el
        caso. Toda orden, resolución o sentencia para fijar o
        modificar una pensión alimenticia o para asegurar la
        efectividad del pago de las pensiones alimenticias,
        establecida mediante el procedimiento expedito
        dispuesto en esta Ley tendrá, para todos los efectos de
        ley, la misma fuerza y efecto que una orden, resolución
        o sentencia establecida a través del procedimiento
        judicial ordinario.71

        Por último, en lo que concierne a la determinación, revisión y

modificación de la orden de pensión alimentaria conforme a las

Guías Mandatorias, el Artículo 19 de la Ley indica el proceso a

seguir.72

    D. Reglamento Núm. 8529-2014

        Las        Guías   mandatorias   para   computar    las   pensiones

alimentarias en Puerto Rico se emitió de conformidad con el Artículo

19 de la Ley Núm. 5-1986.73 En su Artículo 7 (14) define gastos

suplementarios como:

        Gastos que tanto la persona custodia como la persona
        no custodia deben sufragar para satisfacer las
        necesidades del o de la alimentista, que no se
        contemplan en la pensión alimentaria básica. Incluye
        gastos de educación, vivienda, y gastos de salud no
        cubiertos por un plan de seguro médico. También

70 Id., Art. 13 (2)(d).
71 Id., Art. 18 (5).
72 Id., Art. 19.
73 Guías mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico,

Reglamento Núm. 8529, 30 de octubre de 2014, Art. 2.
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        incluye los gastos por concepto de cuido del o de la
        alimentista, cuando la persona custodia se vea obligada
        a incurrir en los mismos para poder estudiar o ejercer
        una profesión u oficio. Al momento de determinar los
        gastos suplementarios, el juzgador o la juzgadora
        deberá considerar no solo los gastos que efectivamente
        se pagaron, sino también aquellos que son necesarios
        sufragar para satisfacer todas las necesidades del o de
        la alimentista.74 (Énfasis suplido).

        Debido a lo anterior, existe la pensión alimentaria básica y la

pensión alimentaria suplementaria. El Artículo 7 (30) define la

pensión alimentaria básica como:

        Cantidad monetaria que la persona no custodia debe
        proveer para el pago de gastos básicos en los que es
        necesario incurrir para la crianza del o de la
        alimentista. Los gastos básicos incluyen aquellos gastos
        por concepto de alimentación, servicios públicos o
        utilidades,       transportación,      entretenimiento,
        vestimenta, excepto gastos de uniforme.75

        Por otro lado, define la pensión alimentaria suplementaria de

la siguiente manera: “Cuantía que la persona no custodia debe

destinar para pagar la parte proporcional que le corresponde por

concepto de gastos suplementarios”.76 El Artículo 20 (1)(d) indica

como se hace el cómputo de la pensión alimentaria suplementaria:

        […]
        Vivienda: Se toma en consideración la cantidad
        mensual que, en efecto, la persona custodia paga o
        tiene que pagar por concepto de renta o hipoteca de
        la vivienda en la cual residen los o las alimentistas,
        o cualquier cantidad que la persona custodia aporta
        o tiene que aportar por la vivienda en la que residen
        estos o estas. La cantidad mensual se divide por el
        número de personas que residen en la vivienda para
        obtener una cantidad per cápita que se multiplica por
        el número de alimentistas para los o las cuales se está
        computando la pensión alimentaria. El resultado es la
        cuantía por la cual la persona custodia y la no custodia
        deberán responder proporcionalmente.
        El concepto vivienda incluye las cuotas de
        mantenimiento, pero, excluye los gastos relacionados
        con    los    servicios  públicos   o utilidades,     el
        mantenimiento rutinario de la residencia para el uso y
        disfrute, mejoras, reparaciones, compra de mobiliario,
        derramas o cualquier otro gasto que no sea recurrente
        ni periódico.
        En los casos en los que la persona custodia se mude
        a una nueva residencia por la cual deba pagar una
        renta o hipoteca mensual sustancialmente mayor a

74 Id., Art. 7 (14).
75 Id., Art. 7 (30).
76 Id., Art. 7 (33).
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        la renta o hipoteca que mensualmente pagaba o
        aportar una cantidad sustancialmente mayor a la
        que entregaba en la residencia anterior, el juzgador
        o la juzgadora, determinará la cantidad que se
        pagará por concepto de vivienda mensual para cada
        uno o una de los o las alimentistas.
        Para el análisis de razonabilidad, se tomará en
        consideración: (a) la capacidad económica de las
        personas custodias y no custodias para absorber dicho
        incremento; (b) la cantidad que anteriormente se
        pagaba o aportaba por concepto de vivienda; (c) la
        cantidad que pagará o aportará la persona custodia en
        el nuevo hogar; (d) la cantidad per cápita que le
        correspondía al o a la alimentista, y la que le
        corresponde luego del cambio de residencia; (e) el estilo
        de vida familiar; (f) las circunstancias que motivaron la
        mudanza o el cambio de residencia;             y (g) las
        circunstancias particulares del o de la alimentista y de
        las persona custodia y no custodia.77
        […]

    E. Deferencia Judicial

        Las determinaciones hechas por los foros inferiores sobre la

prueba recibida merecen gran deferencia de los foros revisores.78 En

ese sentido, y como regla general, no debemos intervenir con las

determinaciones que este haya efectuado en virtud de la presunción

de corrección de la que gozan.79 A esos efectos, aunque no está

exenta de la posibilidad de toda revisión, si la actuación del tribunal

a quo no está desprovista de base razonable ni perjudica los

derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el

criterio del TPI a quien corresponde la dirección del proceso.80 Se

puede preterir esta deferencia cuando el juzgador de hechos haya

incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad, error manifiesto, o

cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique.81 El nivel

de pasión, prejuicio o parcialidad que hace falta demostrar para

impugnar exitosamente las determinaciones del TPI sobre los

hechos varía de caso a caso.82 Los foros apelativos podremos

intervenir con tal apreciación luego de realizar una evaluación

77 Id., Art. 20 (1)(d).
78 Pueblo v. Pérez Núñez, 208 DPR 511, 514 (2022).
79 Id., 529.
80 Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
81 Id. Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996).
82 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 775-776 (2013).
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rigurosa y que, de esta, surjan serias dudas, razonables y

fundadas.83

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que un

juez incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones,

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que

no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala

e incluso antes de que se someta prueba alguna.84 Por otro lado, un

tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción cuando el

juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía

ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin justificación ni

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste;

o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los sopesa y

calibra livianamente.85 Cuando lo que se impugna es la adjudicación

de credibilidad y la determinación de los hechos, la conducta,

participación y expresiones del juez durante el proceso judicial serán

los elementos que se tomarán en consideración para evaluar este

incurrió en pasión, prejuicio o parcialidad.86

       En el caso Torres Pérez v. Colón García, nuestro Alto Foro

expresó:

       Donde se halla la médula del problema adjudicativo es
       cuando toca al juez dirimir conflictos en la prueba,
       decidir sobre probabilidades, descartar imposibles,
       hurgar más allá de los testimonios para encontrar las
       verdades que muchas veces se ocultan tras meras
       apariencias, suplir a base de sus propias experiencias y
       conocimientos de la vida aquellos hechos no aportados
       articuladamente por los testimonios, pero inescapables
       al proceso inductivo de su inteligencia.87

83 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
84 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 782.
85 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
86 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 776.
87 Torres Pérez v. Colón García, 105 DPR 616, 623 (1977).
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       A luz de lo anterior, la llamada deferencia judicial está

predicada en que los jueces de las salas de instancia están en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical porque tienen la

oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento de la persona

testigo.88 Recalcamos que, la tarea de adjudicar credibilidad y

determinar lo que realmente ocurrió depende en gran medida de la

exposición del juez a la prueba presentada.89 Por su parte, un foro

apelativo cuenta solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por

lo que se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad realizada

por el juzgador primario de los hechos.90 No obstante, si la

apreciación de la prueba no representa el balance más racional,

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y cuando la

evaluación     se   distancie     de   la   realidad     fáctica   o   esta    es

inherentemente imposible o increíble tenemos la responsabilidad

ineludible de intervenir.91 Sin embargo, a pesar de que existe esta

norma de deferencia judicial, también hemos indicado que, cuando

las conclusiones de hecho del foro de instancia estén basadas en

prueba pericial o documental, el tribunal revisor se encuentra en la

misma posición que el foro recurrido.92

       En consecuencia, al este tribunal apelativo enfrentarse a la

tarea de revisar las determinaciones del foro de instancia, no debe

intervenir con las determinaciones de hechos, con la apreciación de

la prueba ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el

mismo, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que

este último: (i) actuó con prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un

88 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013).
89 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 771.
90 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).
91 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. González Hernández v. González

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).
92 González Hernández v. González Hernández, Id.
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craso abuso de discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.93

                                       III

       La apelante acude ante nos mediante recurso de Apelación y

esboza que el TPI erró al no imputar una partida de gasto

suplementario, para el pago de la vivienda donde residen los

menores alimentistas, en detrimento del mejor bienestar de estos, y

demostrando la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto. El error alude al sopesar de la prueba que tuvo ante su

consideración la EPA para establecer la pensión alimentaria

final. Debido a que, la determinación de hecho impugnada se basa

en la prueba testifical desfilada en la vista evidenciaria, y la

credibilidad que esta le mereció al juez, la apelante presentó ante

nosotros una exposición narrativa de la prueba.

       El caso ante nos surge debido a la determinación realizada

por el TPI respecto a una Solicitud de Pensión Alimentaria

relacionada a tres (3) menores alimentistas. En un inicio, luego de

una Vista Sobre Fijación de Pensión Alimentaria celebrada el 3 de

junio de 2022, ese mismo día la EPA rindió un Acta en la cual se

encontraba la siguiente determinación de hecho:

       5. La residencia donde habita la promovente y los
       menores paga de $800.00 mensuales de renta. Residen
       allí 6 personas. Sin embargo, este gasto no fue
       considerado para el cómputo de la pensión alimenticia,
       ya que la promovente testificó que la vivienda la pagaba
       su esposo y ella ayudaba con el pago. No se presentó
       evidencia del pago de la vivienda y tampoco de la
       aportación realizada. La promovente alegó que su
       esposo le paga en efectivo, ella deposita el dinero en su
       cuenta y luego para la renta por ATH Móvil desde su
       teléfono. Indicó que intenta aportar $300.00
       mensuales. La licenciada Rivera objetó que no se
       incluyera el gasto de vivienda. Se informó que luego de
       que se presentara la prueba de su aportación y la de su
       esposo, según los estados de cuenta y las transacciones
       registradas en ath móvil, así como el contrato de

93 González Hernández v. González Hernández, Id., 776. Ramírez Ferrer v. Conagra

Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140,
155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). Pueblo v. Maisonave, 129
DPR 49, 62-63 (1991).
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         arrendamiento podríamos evaluar la totalidad de la
         misma y hacer las recomendaciones que procedan.

         Luego de varios trámites procesales, el 6 de marzo de 2023,

se celebró la Vista Final de Alimentos ante la EPA. En la Vista Final

testificó la apelante y el apelado. Consecuentemente, el 31 de marzo

de 2023, la EPA rindió un Informe de la Examinadora de Pensiones

Alimentarias en el cual se emitió la siguiente determinación de

hecho:

         9. La residencia donde habita la promovente y los
         menores paga un canon de arrendamiento. De acuerdo
         con el testimonio de la promovente, residen allí 6
         personas. Sin embargo, este gasto no fue considerado
         para el cómputo de la pensión alimentaria, ya que la
         promovente testificó que la vivienda era un pago que se
         compartía con su esposo. Aunque se presentaron
         recibos del pago de una vivienda, no se presentó
         evidencia de que el pago surgiera de un estado
         bancario suyo, sino de su esposo; tampoco de la
         aportación realizada por ella. (Énfasis suplido).

         Según surge del Proyecto de Exposición Narrativa de la Prueba

Oral, la apelante declaró que el canon de arrendamiento de la

vivienda era de $1,772.00 dólares, de los cuales, su esposo paga la

mitad y ella la otra mitad.94 Sin embargo, ante pregunta de la EPA

al apelado sobre si existía alguna controversia, manifestaron que en

la vista pasada la apelante había indicado que ella aportaba $772.00

dólares y su esposo el resto.95 La EPA le indicó a la apelante que,

ante su alegación de que paga la mitad del canon de arrendamiento,

esto representaría una cantidad mayor a ochocientos y pico de

dólares.96 Entiéndase, la mitad del pago de los $1,772.00 dólares

sería $886.00 dólares. Por tanto, subrayamos que el testimonio de

la apelante fue inconsistente en cuanto a la cantidad de dinero que

esta atestiguaba presuntamente aportaba para el canon de

arrendamiento de la vivienda.

94 Proyecto de Exposición narrativa de la Prueba Oral, a la pág. 2.
95 Id., pág. 3.
96 Id.
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         Entonces, la EPA le preguntó a la apelante cuál era la cantidad

que ella aportaba para el canon de arrendamiento, a lo que contestó

$860.00 dólares.97 A preguntas sobre el cambio en la cantidad, la

apelante adujo a que se debía a que ahora pagaba el internet, pero

que su aportación para el pago del canon de arrendamiento

continuaba siendo $772.00 dólares. En la Vista Final como en el

apéndice se presentaron seis recibos, este es el desglose de estos98:

         1. 30 de septiembre (no se indica año): Visa XXXX-
            3235: $1,701.4599
         2. 14 de noviembre (no se indica año): Visa XXXX-
            3235: $1,995.49
         3. 1 de diciembre (no se indica año): Visa XXXX-3235:
            $1,839.84
         4. (No se indica fecha): Visa XXXX-8594: $1,984.00
         5. 4 de febrero de 2023: Visa XXXX-0852: $1,836.09
         6. (No se indica fecha): Visa XXXX-8594: $1,984.00100

         De los recibos antes mencionados, notamos varios detalles

que nos merece la pena mencionar: (i) no pudimos constatar a qué

año corresponden los primeros tres (3) recibos; (ii) no pudimos

constar a qué fechas corresponden los recibos número cuatro (4) y

seis (6); (iii) en lo que a fechas respecta, solo nos consta que el recibo

número cinco (5) es del 4 de febrero de 2023; (iv) los primeros tres

(3) pagos se realizaron con la tarjeta Visa 3235; (v) los pagos número

cuatro (4) y seis (6), los cuales no tenemos forma de distinguir que

sean dos (2) pagos separados, se realizaron con la tarjeta Visa 8594;

(vi) por su parte, el pago número cinco (5) se realizó con una tercera

tarjeta Visa 0852; y, (vii) a excepción de los recibos cuatro (4) y seis

(6), que como ya mencionamos, no tenemos forma de constatar que

correspondan a dos (2) pagos distintos, en los demás pagos varía la

cantidad que fue pagada por razón del canon de arrendamiento de

la vivienda. En torno a las distintas cantidades emitidas en los

pagos, la apelante testificó, sin tener ante nos constancia de esto ser

97 Id.
98 Id., págs. 3-4.
99 No se presentó ningún recibo para el mes de octubre.
100 Documento añadido como página 90 del apéndice a través de Moción
Informativa y en Solicitud de Añadir Documento al Apéndice presentada ante esta
Curia el 21 de julio de 2023.
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así, que se debía a que le cobraban el pago del recogido de basura,

del seguro, del internet, del agua y del laundry.

          La EPA determinó que el recibo por la cantidad de $1,984.00

dólares correspondía al mes de enero, sin indicar a cuál año.101

Además, surge que hubo una controversia sobre el recibo del mes

de marzo (no se indica año), sobre si la cantidad era $1,843.00 o

$2,045.00 dólares. Sin embargo, dicho recibo no se encuentra en el

apéndice del recurso presentado ante nos.102

          En lo que respecta a los números de las tarjetas Visas, la

apelante testificó que las cuentas pertenecían a esta y a su

esposo.103 A preguntas sobre cuál pertenecía a cada uno, contestó

que no recordaba el número de la de ella, pero que la de su esposo

era la 3235.104 Es decir, tres (3) de los recibos ante nuestra

consideración corresponden a pagos emitidos desde la tarjeta del

esposo de la apelante. La apelante testificó que de su tarjeta también

se habían emitido pagos y que debía entenderse que era la 8594.105

Destacamos que, existe un pago desde una tarjeta Visa 0852, quien

la apelante testificó entiende pertenece a su esposo.106

          Según surge del testimonio de la apelante, esta y su esposo

no tenían cuentas conjuntas.107 A preguntas de la EPA, contestó que

los pagos se emitían de cualquiera de las dos (2) cuentas, ya fuera

que él le pasara el dinero a ella o ella se los depositara a él.108

Siguiendo esa línea de preguntas, testificó que las transferencias

y/o depósitos se realizaban a través de cash app y/o depósito en el

banco Fairwinds.109 Destacamos que de la Vista Final no surge que

101 Proyecto de Exposición narrativa de la Prueba Oral, a la pág. 4.
102 Id.
103 Id.
104 Id.
105 Id.
106 Id., pág. 5.
107 Id.
108 Id.
109 Id.
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se haya presentado evidencia de dichas transacciones en cash app

o de los depósitos en el banco.

      Acentuamos que la obligación de alimentar a los menores de

edad se fundamenta en el derecho a la vida, configurado como un

derecho inherente a la persona.110 Cónsono con lo anterior, el

derecho de alimentos de los menores alimentistas está revestido del

más alto interés público.111 Debido a ello, en la eventualidad que se

perciba un conflicto entre intereses ajenos y el mejor interés de un

menor de edad, se debe resolver a favor del menor alimentista.112

      La obligación general de proveer alimentos entre parientes se

encuentra regulada por los Artículos 653 al 678 del Código Civil113,

y    por     la    Ley      Núm.      5-1986.114      Destacamos        que

la pensión alimentaria provisional es        una temporera, establecida

para cubrir las necesidades de los menores alimentistas hasta tanto

la pensión alimentaria final sea dilucidada.115 Quiérase decir, que el

ejercicio evaluativo a realizarse para determinar el monto a ser

pagado como pensión alimentaria final es separado del efectuado

para la pensión alimentaria provisionalmente ya impuesta.

      La apelante nos invita a concluir que su testimonio no fue

impugnado, sin embargo, un estudio del expediente en su totalidad,

incluyendo el Proyecto de Exposición Narrativa de la Prueba Oral

revela que, peor aún, su testimonio tampoco fue creído. De los autos

ante nos, se desprende que la EPA se encargó de establecer que, de

la prueba desfilada, no le mereció credibilidad el testimonio y los

documentos presentados por la apelante. Por su parte, a pesar de

que la apelante asevera que la EPA cometió un erró al no imputar

una partida de gasto suplementario para el pago de la vivienda

110 Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5

de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, Art. 3.
111 Id.
112 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). Ortiz v.

Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005).
113 31 LPRA secs. 7531-7574, Art. 653-678.
114 8 LPRA sec. 501 et seq.
115 8 LPRA sec. 501, Art. 17.
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donde residen los menores alimentistas, no precisa sobre la prueba

que sostiene su argumentación. Los recibos presentados en la Vista

Final, y que se encuentran en el apéndice del recurso, no sostienen

que la apelante pague parte del canon de arrendamiento de la

vivienda en cuestión. Debemos reiterar que, la llamada deferencia

judicial está predicada, como surgió en este caso, en que los jueces

de las salas de instancia están en mejor posición para aquilatar la

prueba testifical porque tienen la oportunidad de oír, ver y apreciar

el comportamiento de las personas testigos, quienes en este caso

fueron la apelante y el apelado.116 Sin embargo, esta Curia cuenta

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que le

debemos respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el

juzgador primario de los hechos.117

       Es importante recalcar que la obligación de presentar

evidencia recae sobre quien sostiene la alegación. En el caso ante

nuestra consideración es la apelante quien sostiene que aporta una

cantidad de dinero al pago del canon de arrendamiento de la

vivienda. Debemos recordar que, los foros apelativos podremos

intervenir con la apreciación del TPI, luego de realizar una

evaluación rigurosa y que, de esta, surjan serias dudas, razonables

y fundadas.118 Consecuentemente, las decisiones discrecionales que

toma el TPI no serán revocadas, a menos que se demuestre que ese

foro abusó de su discreción.119 No contamos con elementos

suficientes para determinar que hubiese intervenido pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto respecto a la adjudicación

de este asunto por el foro de primera instancia.

116 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Meléndez Vega v. El Vocero de PR,

supra.
117 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, supra. Trinidad v.

Chade, supra.
118 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
119 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, supra.
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      De la prueba desfilada y cónsono a las determinaciones de

hechos emitidas por la EPA y acogidas por el foro primario, no nos

alberga duda de que, en efecto, los menores residen en una vivienda

en la cual convive un total de seis (6) personas y que tiene un canon

de arrendamiento. Con todo, este tribunal revisor luego de estudiar

serenamente la totalidad del expediente ante nuestra consideración,

incluyendo una revisión de los autos ante el TPI en el SUMAC,

juzgamos que el foro primario no incidió al determinar no incluir

una partida por concepto de gasto de vivienda al momento de

establecer la pensión alimentaria. Razonamos que, cónsono al

testimonio ofrecido por la señora Cruz Merced, incluyendo las

preguntas realizadas por la propia EPA, no logró establecer que esta

tuviese responsabilidad económica sobre el pago de la vivienda

donde residen los menores alimentistas. Es harto conocido que los

alimentos   incluyen   el   concepto   vivienda.   Ahora   bien,   de

determinarse que existe una necesidad de vivienda para un menor

y para cubrir dicha necesidad hay que incurrir en un gasto, el

Tribunal viene obligado a incluir una partida para cubrirla como

parte de la pensión alimentaria.

      Ahora bien, no debemos pasar por alto que los tribunales, son

tribunales de prueba, no de meras alegaciones, y que, para que

proceda el establecimiento de una partida de dinero por concepto de

pensión alimentaria suplementaria para cubrir el gasto de vivienda,

debió probarse a satisfacción del tribunal. Es decir, debía

establecerse mediante prueba creíble que, en efecto, la señora Cruz

Merced era responsable de pagar una suma de dinero mensual -o

con alguna frecuencia- pero de manera específica. Sostenemos que,

la tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente

ocurrió, depende en gran medida de la exposición del juez a la

prueba presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el

comportamiento de la persona testigo mientras ofrece su testimonio
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y escuchar su voz.120 Como es sabido, el TPI está en mejor posición

que esta Curia para llevar a cabo esta importante tarea judicial.121

Forzoso es concluir que la apelante no pudo probarlo durante la

vista probatoria. Concluimos que, conforme al curso decisorio del

foro primario, la apelante no pudo demostrar lo anterior. Esto quedó

evidenciado en la vista de pensión alimentaria provisional, pero,

fatalmente, y en lo atinente, tampoco lo logró en la Vista Final. Es

por todo lo anterior que cabe confirmar la Sentencia apelada.

          Recordemos que, nuestro trasfondo doctrinario recae en que,

nuestro sistema judicial es uno adversativo de derecho rogado que

descansa en la premisa de que las partes, cuidando sus derechos e

intereses, son los mejores guardianes de la pureza de los procesos,

y de que la verdad siempre aflore salga a relucir.122

                                       IV

          Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

          Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

120 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.
121 Id.
122 Fundación Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563, 585 (2010).