Court Opinion

ID: 9952322
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:41:00.514032+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:38.705117
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL II

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                          Certiorari
                                                  procedente del
           Recurrido                              Tribunal de
                                    KLCE202301440 Primera
                  v.                              Instancia, Sala
                                                  de Aibonito
  HERIBERTO GONZÁLEZ
        GARCÍA                                             Caso Núm.
                                                           B LE2022G0061
          Peticionario                                     B LE2022G0125

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

                                    I.
        El 18 de diciembre de 2023, en una comparecencia por

derecho propio, Heriberto González García, quien se encuentra bajo

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)

en la Institución 1072, acude ante nuestra consideración. Sostiene

que, está extinguiendo una condena de cuatro (4) años, un (1) mes

y quince (15) días por una infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm.

54 de 15 de agosto de 1989, según emendada, Ley para la

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica1.

        En su escueto escrito, nos solicita una reducción de su

condena. Basa su petición en que ya ha cumplido satisfactoriamente

seis (6) meses de su condena. En específico, aduce que ha

participado de los adiestramientos, tratamientos y charlas ofrecidas

por el DCR, logrando así su total rehabilitación.

        Sin embargo, una vez examinado el recurso, no surge que el

señor    González      García    haya    cancelado   los    aranceles   de

presentación, ni que solicitara litigar en forma pauperis. Por ello, el

1 8 LPRA § 631.

Número Identificador

RES2024__________
KLCE202301440                                                                     2

31 de enero de 2024 emitimos Resolución concediéndole un término

de diez (10) días para someter el formulario intitulado Declaración

en apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis).

Adjuntamos el correspondiente documento con la Resolución. En el

mismo término, el señor González García debía presentar todos los

documentos pertinentes, incluido el dictamen por el cual recurre a

este foro. Notificada el 1 de febrero de 2024 la Resolución, el 12 de

febrero de 2024 venció el término, sin que el señor González García

cumpliera con lo ordenado.

       En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la

Regla 7 (B)(5) de nuestro Reglamento,2 preterimos todo trámite

ulterior y, por los fundamentos que expondremos a continuación

desestimamos el presente Recurso.

                                        II.

       Sabemos que los tribunales debemos ser celosos guardianes

de nuestra jurisdicción.3 Cabe puntualizar que “[l]a jurisdicción es

el poder o autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir

casos o controversias”.4 Las cuestiones relativas a la jurisdicción,

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a

cualesquiera otras.5 Por lo que, los tribunales tienen el deber

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder

atender los recursos presentados ante éstos.6 Los tribunales no

2 La Regla 7(B)(5) dispone:

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier
caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente
despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida
impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5).
3 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Vázquez v. ARPE, 128

DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980);
Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).
4 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122

(2012); Asoc. Punta Las Marías v. ARPE, 170 DPR 253, 263 [nota al calce núm. 3]
(2007); Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 456 (2012).
5 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364
(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).
6 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005);

Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
KLCE202301440                                                                      3

pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio

pueden otorgársela.7

        Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el

caso.8 Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.9

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse

ante     este     Tribunal       de     Apelaciones        deben       observarse

rigurosamente.10 Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro

Reglamento sobre desistimiento y desestimación, nos concede

facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso, entre

otras razones, por falta de jurisdicción.11

                                        III.

        Desde la presentación del recurso ante nuestra consideración

González García incumplió con los requisitos reglamentarios para

su     perfeccionamiento,       privándonos        de   auscultar      y    asumir

jurisdicción para atenderlo. No podemos pasar por alto que el

escueto recurso adolece de serios defectos, acorde a la Regla 59 de

nuestro Reglamento.12           El breve escrito no contiene un índice

detallado de la solicitud y de las autoridades citadas conforme lo

dispuesto en la Regla 75 de nuestro Reglamento, inclusive no

sostiene error alguno cometido privándonos de asumir jurisdicción.

        Aunque González García nos solicita que evaluemos su

condena, no nos ha provisto información medular y necesaria para

acreditar nuestra jurisdicción y atender sus planteamientos.

Además, González García aduce que comparece en forma Pro-Se,

7 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
8 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Carattini v. Collazo Systems Analysis

Inc., 158 DPR 345, 355 (2002); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002)
9 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Maldonado, 171 DPR, pág. 55;

Souffront, 164 DPR, pág. 674; Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
10 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR
84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez,
165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
12 Íd., R. 59.
KLCE202301440                                                                   4

pero no presentó la correspondiente petición para litigar por derecho

propio in forma pauperis. Esto a pesar de haber concedido término

para así hacerlo. Recordemos que la falta de jurisdicción sobre la

materia no puede ser subsanada ni el tribunal puede arrogársela

cuando no la hay. Por lo que nos vemos privados de autoridad para

entender en la controversia que se nos presenta.

       La Ley Núm. 201 de 2003, conocida como Ley de la Judicatura

de 2003,13 persigue brindar acceso fácil, económico y efectivo de la

ciudadanía ante este Tribunal, así como permitir la comparecencia

efectiva de apelantes por derecho propio.14 Sin embargo, en Febles

v. Romar,15 el Tribunal Supremo de Puerto Rico advirtió que, “[e]l

hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo,

no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Siendo

doctrina     reiterada      que   las   partes   deben     cumplir     con    las

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la

desestimación, procede que desestimemos el recurso incoado.16

                                           IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso

por craso incumplimiento con el Reglamento de este Tribunal.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13 4 LPRA § 24(t) et seq.
14 Fraya, S.E. v. A.C., 162 DPR 182, 189-190 (2004).
15 159 DPR 714 (2003).
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C); Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145

DPR 122 (1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987); Matos
v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 126 (1975).