Court Opinion

ID: 9941448
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:37:05.561919+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:41.285083
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                      Certiorari
                                              procedente del
       Peticionario                           Tribunal de Primera
                                KLCE202301406 Instancia, Sala de
              v.                              San Juan

MIGUEL ANTONIO PARDO
ORTIZ                                                  Caso Núm.
                                                       K SC2023G0127-129
         Recurrido

                                                       Sobre:
                                                       Art. 401 Ley 4 (3CS)

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

                               S EN T EN C I A

       En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

                                        I.

       El 11 de diciembre de 2023, el Pueblo de Puerto Rico (Pueblo

de Puerto Rico o parte peticionaria) presentó ante esta Curia una

petición de Certiorari Criminal en la que solicitó que revoquemos una

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San

Juan (TPI o foro primario) el 23 de octubre de 2023, notificada el 25

de octubre de 2023.1 En el dictamen, el TPI desestimó tres

acusaciones de delitos graves que pesaban en contra del señor

Miguel Antonio Pardo Ortiz (señor Pardo Ortiz o recurrido) por

entender que el Ministerio Público infringió, sin demostrar justa

causa, el término de juicio rápido establecido por la Regla 64 (n)(4)

de Procedimiento Criminal, 24 LPRA Ap. II, R. 64(n)(4).

1 Apéndice del recurso de Certiorari Criminal, Anejo 13, págs. 31-33. Si bien la

determinación recurrida tiene como título Sentencia, la misma se trata de una
resolución final, toda vez que no constituye una sentencia condenatoria según la
define la Regla 162 de Procedimiento Criminal, 24 LPRA Ap. II, R. 162, y, por ello,
el recurso indicado para su revisión es el certiorari.

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202301406                                                      2

       El 13 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la

que le concedimos diez (10) días al recurrido para exponer su

posición sobre los méritos del recurso.

       El 26 de diciembre de 2023, el señor Pardo Ortiz radicó un

Escrito en cumplimiento de orden en el que solicitó que deneguemos

la expedición del certiorari y, en consecuencia, que confirmemos la

determinación recurrida.

       Contando con la comparecencia de las partes, damos por

perfeccionado el recurso y pormenorizamos los hechos procesales

atinentes a la petición de Certiorari Criminal.

                                  II.

       El caso de marras tiene su génesis el 11 de mayo de 2023,

cuando el Ministerio Público presentó tres denuncias en contra del

señor Pardo Ortiz por infracciones al Art. 401(a) de la Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio

de 1971, según enmendada, 24 LPRA sec. 2401.2

       Ese mismo día, el TPI encontró causa para arresto y le impuso

una fianza al recurrido, la cual fue prestada por este.

       El 22 de junio de 2023, el TPI emitió una Resolución en la que

encontró causa para acusar al recurrido y señaló una fecha para la

celebración del juicio.3

       El 23 de junio de 2023, el Ministerio Público radicó tres

acusaciones contra el señor Pardo Ortiz, correspondientes a cada

una de las tres denuncias.4 Al recurrido se le imputó poseer con la

intención de distribuir tres sustancias controladas distintas.

       El 27 de junio de 2023, el TPI celebró el acto de lectura de

acusación, lo cual quedó recogido en una Minuta transcrita ese

mismo día.5

2 Íd., Anejo 1, págs. 1-6.
3 Íd., Anejo 2, págs. 7-8.
4 Íd., Anejo 3, págs. 9-14.
5 Íd., Anejo 4, pág. 15.
KLCE202301406                                                          3

       El 17 de julio de 2023, el señor Pardo Ortiz presentó una

Moción al amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal en

la que solicitó que el Ministerio Público entregara una multiplicidad

de documentos como parte del descubrimiento de prueba.6 Entre lo

solicitado, incluyó toda evidencia en poder de la Policía de Puerto

Rico como consecuencia de análisis forense relacionado al caso.

       El 19 de julio de 2023, se llevó a cabo la primera vista del

juicio en su fondo, cuyas incidencias quedaron recogidas en una

Minuta, transcrita ese mismo día.7 En lo pertinente, según surge de

la Minuta, el TPI consignó que el Ministerio Público no contestó la

moción      de   descubrimiento   al   amparo   de   la   Regla   95   de

Procedimiento Criminal, supra, R. 95, promovida por el recurrido.

Asimismo, el foro primario citó a la químico Flor V. Chinea Torres

del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a instancias del Ministerio

Público. Más aún, concluyó que el Ministerio Público no estaba

preparado para el comienzo del juicio en su fondo, le concedió diez

(10) días adicionales al Estado para contestar el descubrimiento de

prueba y señaló la celebración del juicio en su fondo para el 18 de

septiembre de 2023.

       El 21 de julio de 2023, el Ministerio Público radicó una

Contestación para contestar solicitud de descubrimiento de prueba y

moción para solicitar descubrimiento de prueba a favor del Ministerio

Público al amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal y

el debido proceso de ley en la que informó que se sometió al ICF la

solicitud del Análisis Químico, proveyendo los datos del receptor de

la evidencia en cuestión, que el análisis químico de la prueba no

estaba en posesión de la Fiscalía y que se entregaron otras piezas

de evidencia solicitadas por el Sr. Pardo Ortiz.8 En suma y en lo

6 Íd., Anejo 5, págs. 16-19.
7 Íd., Anejo 6, pág. 20.
8 Íd., Anejo 7, págs. 21-24.
KLCE202301406                                                          4

pertinente, planteó que, para dar cumplimento cabal a la Regla 95

de Procedimiento Criminal, supra, únicamente faltaba la entrega del

análisis químico y del tracto de cadena de custodia de la prueba.

       El 18 de septiembre de 2023, se llevó a cabo el segundo

señalamiento de juicio en su fondo, cuyas incidencias quedaron

recogidas en una Minuta, transcrita el 20 de septiembre de 2023.9

De acuerdo con la Minuta, el TPI consignó que el Ministerio Público

aún no contaba con el análisis químico de la prueba ocupada, así

como que no estaba presente una agente de la Policía, citada como

testigo. Por dichas razones, el TPI señaló vista de juicio en su fondo

para el 25 de septiembre de 2023.

       El 25 de septiembre de 2023, se celebró el tercer señalamiento

de juicio en su fondo, cuyas incidencias fueron recogidas por el TPI

en una Minuta, transcrita al día siguiente.10 En la Minuta, el foro

primario consignó que el Ministerio Público informó que aún no

contaba con el análisis químico. Por ello, el Estado solicitó al TPI

que emitiera una orden dirigida al ICF para que entregara el análisis

químico. En respuesta, el foro primario le solicitó al Ministerio

Público que presentara un proyecto de orden a esos fines. Por lo

anterior, hizo constar que el último día de los términos era el sábado,

21 de octubre de 2023 y, por lo tanto, señaló vista de juicio en su

fondo para el próximo día hábil, el 23 de octubre de 2023.

       El 23 de octubre de 2023, se llevó a cabo el cuarto

señalamiento de juicio en su fondo, lo cual quedó recogido en una

Minuta, transcrita ese mismo día.11 Concretamente, dicha Minuta,

la cual no está firmada por la jueza que preside el caso, consignó lo

siguiente:

               A la celebración del juicio en su fondo, comparece la
       fiscal Zulma Delgado Colón, en representación del Ministerio
       Público.

9 Íd., Anejo 9, págs. 27-27A.
10 Íd., Anejo 11, pág. 29.
11 Íd., Anejo 12, pág. 30.
KLCE202301406                                                              5

                 Comparece el imputado (bajo fianza), y su
         representación legal, el Lcdo. Alexis Álvarez del Valle.
                 Están presentes: Agte. Lisbell Mateo Rivera y Agte.
         Xavier Rivera Báez (36958).
                 El alguacil informa que los funcionarios del Instituto
         de Ciencias Forenses están disponibles.
                 Expresa el Ministerio Público que el análisis químico
         llegó el 20 de octubre de 2023 y ese mismo día fue enviado a
         la Defensa.
                 La Defensa expresa que le enviaron un correo
         electrónico, que no ha visto la documentación, de todas
         maneras, no cumple con los cinco días antes del juicio para
         la entrega.
                 A preguntas del Tribunal, y con relación a si el
         Instituto de Ciencias Forenses puede informar alguna justa
         causa, ya que los hechos son del 10 de mayo de 2023, para
         no cumplir con lo establecido en la Regla, el Ministerio
         Público expresa que no está en posición para informar, que
         el dio seguimiento, pero no sabe la razón.
                 Siendo la solicitud de la Defensa la desestimación, el
         Tribunal convierte esta vista en una vista evidenciaria que
         establece la Regla 64 N de procedimiento criminal, en donde
         las partes tendrían que demostrar la justa causa.
                 Que la defensa, quien reclama la duración de la
         demora, las razones de la demora, si fue provocada por el
         acusado, que en este caso no ha sido provocada por este, ya
         que el imputado ha comparecido consistentemente, ni
         tampoco consintió dicha demora, que el Ministerio Público
         demuestre la existencia de justa causa para la demora y los
         perjuicios que la demora haya podido causar.
                 No habiéndose demostrado la justa causa para la
         demora, el Tribunal declara ha lugar la solicitud,
         ordenando la desestimación, por la Regla 64 N4 de
         procedimiento criminal.
                 Advertido el imputado que, siendo un delito de
         carácter grave, el Ministerio Público puede volver a radicar la
         denuncia.12 (Énfasis en el original).

         Ese mismo día, el TPI emitió la Sentencia recurrida en la que

desestimó las tres acusaciones radicadas en contra del señor Pardo

Ortiz, bajo las disposiciones de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento

Criminal, supra.13 En el escueto dictamen, el foro primario consignó

concretamente lo siguiente: “Por los fundamentos aducidos en corte

abierta bajo la Regla 64 (n)(4) para solicitar la desestimación, el

Tribunal declara Ha Lugar la solicitud y por consiguiente ordena la

desestimación de este(os) caso(s) bajo las disposiciones de la Regla

64 (n)(4) de Procedimiento Criminal”.

         El 7 de noviembre de 2023, el Ministerio Público presentó una

Moción en reconsideración a desestimación al amparo de la Regla 64

12 Íd.
13 Íd., Anejo 13, págs. 31-33.
KLCE202301406                                                       6

N(4) de Procedimiento Criminal en la que le solicitó al TPI que

reconsiderara su determinación.14 Según esbozó, aunque el

descubrimiento de prueba fue completado fuera de los términos

establecidos en las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, la

defensa no argumentó sobre el perjuicio que le causaría extenderlos

para realizar el juicio en su fondo. Asimismo, hizo hincapié en que

el acusado estaba bajo fianza y planteó que, según la totalidad de

las circunstancias, la extensión de los términos para celebrar el

juicio no causaría perjuicio sustancial al acusado.

       El 8 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Orden en la que

denegó la solicitud de reconsideración promovida por el Ministerio

Público.15

       Inconforme, el 11 de diciembre de 2023, el Pueblo de Puerto

Rico radicó la petición de Certiorari Criminal de epígrafe y le imputó

al TPI la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       ERRÓ AL DEJAR DE CONSIGNAR POR ESCRITO LOS
       FUNDAMENTOS DE SU DECISIÓN DE DESESTIMAR LAS
       ACUSACIONES CONTRA EL RECURRIDO, AL AMPARO DE
       LA REGLA 64(n) DE LAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL,
       CONTRAVINIENDO LA INSTRUCCIÓN DE DICHA REGLA Y
       PRIVANDO A LAS PARTES DE COMPRENDER LAS BASES
       PARA SU DETERMINACIÓN.

       SEGUNDO ERROR: EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       ERRÓ AL DESESTIMAR TRAS CELEBRAR UNA VISTA
       EVIDENCIARIA EN LA QUE NO SE PRESENTÓ PRUEBA EN
       TORNO AL ASPECTO DE PERJUICIO CAUSADO AL
       ACUSADO, DEJANDO CON ESTE PROCEDER DE TOMAR
       EN CUENTA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LA REGLA
       64(N) EXIGE SE CONSIDEREN PARA DETERMINAR SI
       DESESTIMAR POR VIOLACIÓN A LOS TÉRMINOS DE
       JUICIO RÁPIDO.

En suma, la parte peticionaria arguyó que el foro recurrido erró al

no consignar por escrito los fundamentos que motivaron la

desestimación. Asimismo, adujo que el TPI omitió considerar el

perjuicio que la dilación haya podido causar al acusado, lo cual

constituyó un error craso en violación de los criterios dispuestos en

14 Íd., Anejo 14, págs. 34-36.
15 Íd., Anejo 15, págs. 37-39.
KLCE202301406                                                           7

la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. Asimismo, el

Estado    acompañó     su   recurso      con   la   regrabación   de   los

señalamientos de juicio en su fondo y, en específico, planteó que la

regrabación del 23 de octubre de 2023 confirma que el TPI manifestó

una diversidad de argumentos, ideas y expresiones que no

articularon ni comunicaron qué convenció al Tribunal respecto a la

desestimación. En consecuencia, solicitó que revoquemos la

Sentencia recurrida.

      El 26 de diciembre de 2023, el señor Pardo Ortiz presentó un

Escrito en cumplimiento de orden en el que argumentó, en suma, que

el TPI consignó las razones para la desestimación y, más aún, que

el recurso promovido por la parte peticionaria no satisface los

requisitos estatuidos que la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece para el ejercicio

de nuestra discreción al considerar una petición de certiorari. En

concreto, alegó que la Minuta del 23 de octubre de 2023 demuestra

que la jueza consignó por escrito los hechos que dieron paso a la

desestimación, lo cual también incorporó por referencia a la

Sentencia. Igualmente, enfatizó en que el Ministerio Público nunca

radicó el proyecto de la orden para requerir la entrega del análisis

químico al ICF, según lo solicitó el foro primario. Asimismo, esbozó

que tanto los argumentos del Estado como las grabaciones de las

vistas celebradas demuestran que el TPI no abusó de su discreción

ni actuó bajo prejuicio o parcialidad alguna.

                                 III.

                                    A.

      El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite   a   un   tribunal    de     mayor     jerarquía   revisar    las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia
KLCE202301406                                                                8

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.16

       Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra;

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

16 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de
       mostrar causa:
       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
           análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
           en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
           Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
           luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o
           de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
           más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
           causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
           indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
           un fracaso de la justicia.
KLCE202301406                                                        9

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451,

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009);

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello,

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al.

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                  B.

      Tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en la Sección 11 del Artículo 2, como la Constitución de los

Estados Unidos, en la Sexta Enmienda, protegen el derecho de los

acusados en todo proceso criminal a tener un juicio rápido. Art. II,

Sec. 11 Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1; Emda. VI, Const.

EE. UU., LPRA, Tomo 1. Siguiendo la normativa federal respecto a

los términos de juicio rápido, en nuestra jurisdicción, la Regla 64(n)

de Procedimiento Criminal, supra, R. 64, establece el alcance de este

derecho en varias etapas del proceso penal entre el arresto y el

juicio. Entre los fundamentos para desestimar las acusaciones o

denuncias, dicho inciso de la Regla estatuye los plazos para celebrar

vista preliminar a partir del arresto, para presentar la acusación,
KLCE202301406                                                          10

para celebrar la vista de causa probable para arresto en alzada, para

celebrar la vista preliminar en alzada y, más importante aún por su

pertinencia, para comenzar el juicio. Concretamente, en lo

pertinente al caso de autos, la Regla 64 prescribe:

      La moción para desestimar la acusación o denuncia, o
      cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o
      más de los siguientes fundamentos:
            […]
            (n) Que existen una o varias de las siguientes
            circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa
            para la demora o a menos que la demora para someter
            el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a
            su consentimiento:
                   […]
                   (4) Que el acusado no fue sometido a juicio
                   dentro de los ciento veinte (120) días siguientes
                   a la presentación de la acusación o denuncia.
                   Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra, R.
                   64.

      Ahora bien, la referida Regla dispone varias instrucciones

adicionales al momento de evaluar una desestimación bajo los

fundamentos del inciso (n). Expresamente, la Regla prescribe:

      Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una
      acusación o denuncia, bajo este inciso, sin antes celebrar
      una vista evidenciaria. En la vista, las partes podrán
      presentar prueba y el tribunal considerará los siguientes
      aspectos:
            (1) Duración de la demora;
            (2) razones para la demora;
            (3) si la demora fue provocada por el acusado o
            expresamente consentida por éste;
            (4) si el Ministerio Público demostró la existencia de
            justa causa para la demora, y
            (5) Los perjuicios que la demora haya podido causar.

      Una vez celebrada la vista, el magistrado consignará por
      escrito los fundamentos de su determinación, de forma tal
      que las partes tengan la oportunidad efectiva y objetiva de
      evaluar, si así lo solicitan, la reconsideración o revisión de
      dicha determinación. Íd. (Subrayado nuestro)

      Según ha reiterado nuestro Tribunal Supremo, el derecho a

un juicio rápido requiere que se tomen en cuenta las circunstancias

que rodean cada reclamo particular. Pueblo v. Santa Cruz, 149

DPR 223, 238 (2015). Es decir, la evaluación debe ser caso a caso.

Íd.; Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315, 322 (1987). Es a base de

esto que nuestro más alto foro validó el requisito de justa causa

provisto por la Regla 64(n), supra, y, por ello, esbozó que los

tribunales están obligados a examinar si existió justa causa para la
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demora que llevó al reclamo del acusado o si la dilación se debió a

la solicitud del acusado o a su consentimiento. Íd., págs. 238-239.

       De este modo, ante un planteamiento de violación a los

términos de juicio rápido bajo esta Regla, el peso de demostrar la

causa justificada para la demora – así como la influencia del

acusado sobre la dilación o su renuncia a su derecho – recaerá sobre

el Ministerio Público. Íd., pág. 239. Por su parte, la evaluación por

el Tribunal de qué constituye justa causa deberá hacerse caso a caso

y a base de la totalidad de las circunstancias. Íd., pág. 240.

Asimismo, lo hará desde la perspectiva de los factores antes

discutidos y no por el rígido cálculo aritmético de días. Pueblo v.

Rivera Colón, supra.

                                    IV.

       En el caso de autos, el TPI emitió una Sentencia en la que

desestimó las tres acusaciones promovidas por el Estado en contra

del señor Pardo Ortiz por entender que se violó el término de juicio

rápido establecido en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal,

supra. En la escueta determinación, el foro primario indicó que

tomaba dicha determinación por los fundamentos aducidos en corte

abierta durante la vista de juicio en su fondo llevada a cabo el 23 de

octubre de 2023, la cual quedó plasmada en una Minuta transcrita

ese mismo día, más no está firmada por la jueza que preside el

caso.17 De igual forma, las expresiones del Tribunal a estos efectos

se pueden apreciar en la regrabación de dicha vista, la cual fue

sometida por la parte peticionaria en el Apéndice de la petición de

Certiorari Criminal de epígrafe. De ello surge que el Ministerio

Público expresó que el análisis químico en cuestión fue recibido y

luego entregado al señor Pardo Ortiz el 20 de octubre de 2023. Ante

17 Véase Regla 32 (B) del Reglamento para la Administración del Tribunal de
Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, R. 32 (B); Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR
264 (2022).
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la dilación e incumplimiento con el término dispuesto para la

culminación del descubrimiento de prueba en la Regla 95 de

Procedimiento Criminal, supra, R. 95, el Estado manifestó, a

preguntas del Tribunal, que no estaba en posición para informar

justa causa para la demora y que desconocía la razón para ello. Por

lo anterior, el TPI determinó convertir la vista en una vista

evidenciaria para evaluar el incumplimiento a la luz de la Regla 64

de Procedimiento Criminal, supra. Adviértase que no se desfiló

evidencia alguna en dicha vista y completada la misma, decretó que

no había encontrado justa causa para la demora y ordenó la

correspondiente desestimación, realizando la salvedad de que, por

tratarse de un delito grave, el Ministerio Público podía volver a

radicar las respectivas denuncias de cada delito desestimado.

      En desacuerdo, el Pueblo de Puerto Rico instó el recurso de

epígrafe en solicitud de la revocación de la Sentencia. Es su posición

que el TPI debió consignar por escrito, en el dictamen, los

fundamentos considerados para desestimar. En adición, sostuvo

que el foro recurrido no sopesó todos los criterios dispuestos en la

referida Regla, obviando el examen del posible perjuicio que la

dilación le causó al acusado. A su entender, el señor Pardo Ortiz no

demostró qué perjuicio enfrentaría ante la continuación de los

procedimientos y, por consiguiente, el foro primario no analizó ese

factor. Según planteó, esa omisión constituyó un error craso que

debe provocar la revocación del dictamen desestimatorio.

      En defensa de la Sentencia recurrida, el señor Pardo Ortiz

argumentó, en esencia, que el TPI no erró al desestimar el caso,

habiendo consignado por escrito, en una Minuta, los fundamentos

para desestimar. Según esbozó, ese hecho implica que el caso no

estaba huérfano de los criterios ponderados por el foro primario para

desestimar el mismo. En adición, alegó que el Ministerio Público

tampoco    argumentó    el   incumplimiento   en   su   solicitud   de
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reconsideración. Asimismo, respecto al factor de perjuicio al

acusado, adujo que la falta de diligencia del Ministerio Público y el

retraso en la celebración del juicio provocaron que el proceso se

extendiera innecesariamente, prolongando la incertidumbre de una

posible convicción, causándole ansiedad y preocupación al acusado

y su familia. Sin embargo, según afirmó, el Estado no proveyó una

justa razón para entregar el análisis químico de forma tardía,

admitiendo que no tenía justificación, ni tomó medidas para ponerle

fin a la demora, pudiendo someter el proyecto de orden al ICF que

solicitó el TPI. Por último, arguyó que no procede expedir el auto

solicitado, puesto que, según planteó, el recurso no cumple con los

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, para la expedición del certiorari.

        Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica adjudicativa apelativa, resolvemos que debemos

ejercer nuestra función revisora. Dos son las razones que motivan

nuestra intervención. Veamos.

        En primer lugar, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal,

supra, es clara en cuanto al curso de acción que el foro primario

debe seguir al desestimar una acusación bajo este inciso. Por un

lado, el foro primario tiene que celebrar vista evidenciaria. Por el

otro,   debe   consignar   por   escrito   los   fundamentos   de   su

determinación, de forma tal que las partes tengan la oportunidad

efectiva y objetiva de evaluar si procede la reconsideración o revisión

de la determinación. En otras palabras, su responsabilidad supera

el requisito de manifestar por escrito las bases de su decisión y se

extiende a hacerlo de una manera que permita que las partes

puedan contemplar la posibilidad de recurrir de la decisión. En este

caso, la escueta Sentencia emitida por el TPI no expresa los

fundamentos de la determinación y, de esa forma, incumple con la

referida Regla. Por el contrario, la decisión hace referencia a los
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fundamentos aducidos en corte abierta, los cuales únicamente

constan por escrito en una Minuta que no cuenta con la firma de la

jueza a cargo del caso. Ese cuadro fáctico impide el entendimiento

efectivo y objetivo de los criterios contemplados por el Tribunal para

desestimar. De esta forma, dejó a las partes desprovistas de la

oportunidad de solicitar efectivamente la reconsideración del

dictamen. Lo anterior constituye un error craso que justifica la

necesaria intervención correctora de esta Curia.

      En segundo lugar y más importante aún, incluso tomando

como válida la inclusión en la Minuta de los fundamentos

ponderados para desestimar, del documento no se desprende que el

TPI haya tomado en consideración la duración de la demora (que fue

mínima) ni el perjuicio que la dilación le haya podido causar al

acusado. Por un lado, la dilación en la entrega del análisis químico

por el ICF provocó que el Ministerio Público lo entregara al recurrido

tres días antes de la vista. Por el otro, tanto de la Minuta como de la

regrabación de la vista, sometida por la parte peticionaria, surge que

el recurrido no adujo qué perjuicio sufriría, si alguno, a causa de un

señalamiento breve posterior para la celebración del juicio en su

fondo. Más aún, carente dicha prueba y encontrándose el acusado

en libertad bajo fianza, concluimos que el riesgo de perjuicio es

mínimo.

      Por lo anterior, corresponde expedir el auto solicitado y

revocar la Sentencia recurrida. El foro primario incidió en los errores

señalados.

                                  V.

      Por las razones expuestas, se expide el auto de certiorari y se

revoca la Sentencia recurrida. En consecuencia, se devuelve el caso

para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo

aquí resuelto, se deberá recalendarizar la celebración del juicio de

forma inmediata.
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     Al amparo de la Regla 211 de Procedimiento Criminal, supra,

R. 211, dejamos sin efecto la suspensión de los procedimientos que

opera por virtud de expedir el auto de certiorari. El Tribunal de

Primera Instancia puede proceder de conformidad con lo aquí

resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones