Court Opinion

ID: 9890375
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:20:12.947164+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:12.195297
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VII

    REINA VICTORIA                                   APELACION
        MOTA                                         Procedente del
                                                     Tribunal de Primera
        Recurrida                                    Instancia, Sala
                                                     Superior de Bayamon
                              KLCE202300923

                                                     Caso Núm.:
                                                     BY2023CV03512
        EX PARTE                                     (402)

       Peticionario
                                            Sobre: Solicitud de
                                            Orden/Citación a
                                            Testigos para
                                            Deposición en Puerto
                                            Rico
Panel integrado por su presidenta la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, juez ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 septiembre de 2023.

       Comparece la parte peticionaria, Alejandro Veras y Ricardo

Nieves Olivero, y nos solicitan la revocación de la “Resolución”

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón, el 27 de junio de 2023, notificada el 28 del mismo mes y

año. En el referido dictamen, se ordenó la expedición de las

citaciones solicitadas por la parte recurrida para deponer a los

peticionarios.

      El 17 de agosto de 2023, emitimos una “Resolución” en la cual

acogimos    el   recurso     de    epígrafe   como    Certiorari.   Por   los

fundamentos que expondremos a continuación, se expide el auto

de Certiorari y se revoca la “Resolución” recurrida.

                                      I

      El 23 de junio de 2023, Reina Victoria Mota, en adelante Reina

Victoria o recurrida, presentó una “Petición Ex Parte”, en la cual

expresó que era parte en un caso sobre relaciones domésticas en la

Número Identificador
SEN2023___________________
KLCE202300923                                                        2

Corte del Noveno Circuito Judicial de Florida.1 Alegó que en el

referido caso se demostró la necesidad de deponer a cuatro testigos

que residían en Puerto Rico, entre ellos, Alejandro Veras y Ricardo

Nieves Olivero, en adelante peticionarios. Indicó que, en virtud de lo

anterior, dicha corte emitió una rogativa y comisión para que el foro

primario citara a los testigos conforme a derecho. Junto a su

petitorio, Reina Victoria incluyó lo siguiente:

      1. cuatro (4) documentos intitulados “Commission to
         Subpoena Witness Testimony From Out of State
         Witness”, suscritos el 22 de mayo de 2023 por el Juez
         Michael J. Snure;

      2. cuatro (4) documentos intitulados “Notice of Taking
         Video Deposition”, en los que se le indicó a los testigos
         que la deposición sería tomada el 20 de septiembre de
         2023, por el licenciado Juan Carlos Montes de Oca en
         Kissimmee, Florida, mediante video y examinación oral,
         y

      3. cuatro (4) documentos intitulados “Subpoena for
         Deposition Duces Tecum”, suscritos el 10 de mayo de
         2023, en los que se le advirtió a los testigos que, si no
         se presentaban ante el referido licenciado para la toma
         de la deposición, podrían incurrir en desacato al
         Tribunal. A su vez, se les instruyó que llevaran a la
         deposición todo documento y material recopilado y
         discutido en las compañías que tuviesen en común con
         Armando Arístides Rodríguez Díaz.2

          Examinada la petición de Reina Victoria, ese mismo día, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una “Orden” en la que le

concedió diez (10) días para que fundamentara en derecho el

remedio que solicitó y la competencia del tribunal para concederlo.3

          En cumplimiento con lo ordenado, el 24 de junio de 2023,

Reina Victoria presentó una “Moción en Cumplimiento de Orden,

Informativa de Ausencia de Jurisdicción y Solicitud de Remedios”.4

Esencialmente, planteó que su petición estaba apoyada en la Regla

25.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 25.2, sobre toma de

1
    Apéndice del recurso, págs. 1-28.
2 Íd., págs. 7-28.
3
    Íd. págs. 32.
4 Íd., págs. 33-37.
KLCE202300923                                                               3

deposiciones fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Arguyó que la

reciprocidad reconocida entre Puerto Rico y Florida obligaba al

tribunal a reconocer el procedimiento dispuesto por nuestro

ordenamiento civil a la inversa. Al amparo de lo anterior, arguyó que,

al haber presentado una petición debidamente juramentada, en la

que anejó las comisiones y rogativas suscritas por un juez con

autoridad para ello, el foro primario debía expedir las citaciones

solicitadas.

       El 27 de junio de 2023, notificada el 28 del mismo mes y año,

el Tribunal de Primer Instancia emitió una “Resolución” en la que

declaró ha lugar el remedio solicitado por Reina Victoria y ordenó a

expedir las citaciones a los testigos para la toma de las

deposiciones.5 Fundamentó su determinación en el Judiciary and

Judicial Procedure Act, 28 USC sec. 1738. Expresó que dicho

estatuto federal exigía dar entera fe y crédito a los documentos y

procedimientos judiciales de los tribunales de los estados, territorios

y posesiones de los Estados Unidos. A su vez indicó que en virtud

de la Regla 40.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 40.6,

nuestro ordenamiento civil reconocía la comisión o suplicatoria

como mecanismo para viabilizar la comparecencia de testigos que se

encontraban fuera de la jurisdicción a una deposición.

       Así las cosas, el 11 de julio de 2023, los peticionarios

comparecieron ante el foro primario, sin someterse a su jurisdicción,

mediante una “Moción de Desestimación al Amparo de la Regla

10.2(1) de Procedimiento Civil”.6        En lo pertinente, alegaron que la

petición presentada por Reina Victoria debía ser desestimada

porque no existía en nuestro ordenamiento ninguna disposición que

facultara     al      Tribunal   de   Primera   Instancia   a   autorizar   el

diligenciamiento de citaciones para tomar deposiciones en casos que

5 Apéndice del recurso, págs. 38-40.
6 Íd., págs. 41-52.
KLCE202300923                                                        4

se estuviesen tramitando en otros estados. Arguyeron, además, que

la referida petición no cumplió con los requisitos para que se le diera

entera fe y crédito, porque no fue acompañada de documentos

certificados y/o autenticados como requiere el Judiciary and Judicial

Procedure Act, supra. De otra parte, alegaron que no tenían

autoridad para entregar los documentos solicitados en el “Subpoena

for Deposition Duces Tecum”, y que, dichos documentos, contenían

información privilegiada.

        En atención a la moción presentada por los peticionarios, el

11 de julio de 2023, el foro primario emitió una “Orden”, notificada

el 12 de julio de 2023, en la que indicó que el caso de epígrafe era

uno con resolución final del 27 de junio de 2023.7

       Inconforme, el 31 de julio de 2023, la parte peticionaria acude

ante nos mediante el recurso del epígrafe y realiza los siguientes

señalamientos de error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar
       la Petición de epígrafe, ya que las Reglas de
       Procedimiento Civil carecen de disposiciones que
       faculten al Tribunal de Primera Instancia “para
       autorizar el diligenciamiento en Puerto Rico de
       citaciones para tomar deposiciones en casos
       tramitándose en otros estados, territorios o el Distrito
       de Columbia o una suplicatoria expedida por el
       Tribunal de un país extranjero.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar
       la Petición de epígrafe y sustentar su Resolución
       básicamente en la cláusula de entera fe y crédito
       cuando la referida petición no cumple con las
       disposiciones legales para darle entera fe y crédito, pues
       la misma, entre otros, no fue acompañada de
       documentos debidamente autenticados y/o certificados
       conforme se requiere por el “State and [t]erritorial
       statutes and judicial proceedings; full faith and [c]redit”
       28 U.S.C. sec. 1738.

       Erro el Tribunal de Primera Instancia al no atender la[s]
       objeciones     debidamente         fundamentadas        y
       oportunamente      presentadas      a     las  citaciones
       ilegalmente hechas a los peticionarios violándose así el
       debido proceso de ley que le asiste a los comparecientes.

       Erro el TPI al no evaluar y resolver una moción de
       desestimación mediante la cual se advirtió de la falta de

7 Apéndice del recurso, pág. 65.
KLCE202300923                                                      5

      jurisdicción sobre la materia y la persona, así como se
      levantaron las objeciones a las citaciones diligenciadas,
      se objetó la producción de documentos por constituir la
      misma una expedición de pesca y por solicitar o requerir
      la entrega de documentos o recabar la información
      privilegiada y confidencial de varias corporaciones que
      no son parte del caso.

      Habiendo transcurrido el término que dispone la Regla 37 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 37,

para que la parte recurrida se opusiera al recurso de epígrafe, sin

que compareciera oportunamente, procedemos a resolver.

                                 II.

   A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
KLCE202300923                                                        6

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Municipio de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera Gómez

y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v.

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020). Así, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, funge como

complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla dispone

lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
KLCE202300923                                                       7

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170,

181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729,

745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR

140, 155 (2000).
KLCE202300923                                                      8

   B. Convalidación de Procedimientos Judiciales de otros

      estados

      La Constitución de los Estados Unidos, en la Sección I de su

Artículo IV, dispone que se dará entera fe y crédito en cada estado a

los actos públicos, documentos y procedimientos judiciales de los

otros estados. Tras la aprobación de las Reglas de Procedimiento

Civil de 2009, se codificó lo dispuesto en dicha cláusula en las

Reglas 55.1 a la 55.6, 32 LPRA Ap. V, R. 55.1 a la 55.6, del referido

cuerpo normativo. Dichas reglas indican el trámite correspondiente

al procedimiento de convalidación y reconocimiento judicial de una

sentencia de otra jurisdicción por nuestros tribunales, conocido

como el procedimiento de exequátur. Regla 55.1 de Procedimiento

Civil, supra. No obstante, dicho cuerpo normativo no provee para

convalidar citaciones a deposiciones u órdenes de producción de

documentos emitidas por estados de Estados Unidos por medio del

proceso de exequátur.

      Sin embargo, cabe señalar que la Regla 40.6 de Procedimiento

Civil, supra, permite citar a testigos que estén fuera de la

jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico mediante “una

comisión o suplicatoria dirigida a la autoridad judicial competente

del lugar donde se encuentra la persona testigo”. Por lo que, aun

cuando nuestras Reglas de Procedimiento Civil carecen de una

norma que regule el manejo por parte de los tribunales de Puerto

Rico de órdenes emitidas por estados de Estados Unidos, lo cierto

es que nuestro ordenamiento reconoce la figura de “la comisión o

suplicatoria” como mecanismo para viabilizar la comparecencia de

testigos a una deposición. Este procedimiento, por su naturaleza,

no supone el inicio de un pleito contencioso, pues en él no se

adjudicarán derechos de partes.

      A pesar de que en nuestro ordenamiento no se ha estatuido

un procedimiento para convalidar las órdenes de otros estados en
KLCE202300923                                                       9

las que se solicita la comparecencia de testigos radicados en Puerto

Rico a una deposición, el Judiciary and Judicial Procedure Act,

supra, aplicable a Puerto Rico en virtud de la Cláusula de

Supremacía, dispone las formalidades necesarias para que nuestros

tribunales hagan valer órdenes emitidas por las cortes de otros

estados. Véase, Art. VI, Cláusula 2, Const. EE. UU. El referido

estatuto dispone en lo pertinente,

      The records and judicial proceedings of any court of any
      such State, Territory or Possession, or copies thereof,
      shall be proved or admitted in other courts within the
      United States and its Territories and Possessions by the
      attestation of the clerk and seal of the court annexed, if
      a seal exists, together with a certificate of a judge of
      the court that the said attestation is in proper form.

      Such Acts, records and judicial proceedings or copies
      thereof, so authenticated, shall have the same full faith
      and credit in every court within the United States and
      its Territories and Possessions as they have by law or
      usage in the courts of such State, Territory or
      Possession from which they are taken. Judiciary and
      Judicial Procedure Act, supra. (Énfasis nuestro).

      En virtud de lo anterior, los tribunales de primera instancia

podrán dar entera fe y crédito a las órdenes judiciales de otros

estados si están acompañadas de: 1) la firma del secretario y el

sello de la corte, y 2) una certificación de un juez con autoridad

para atestar que el documento es auténtico. A su vez, indica

dicho estatuto que la fe y crédito que se le provea a dichas órdenes

será conforme a la ley y la costumbre de la corte que las valide. Íd.

                                 III

      Los peticionarios plantean que el Tribunal de Primera

Instancia incidió al aceptar una carta rogatoria como procedimiento

válido para citar a testigos que se encuentran en Puerto Rico, para

que comparezcan a otra jurisdicción de los Estados Unidos y que

provean su testimonio oral. Arguyen que el mecanismo de la carta

rogatoria es únicamente válido cuando se pretende citar a una

persona que se encuentra en un país extranjero. Indicaron, además,
KLCE202300923                                                        10

que el foro primario erró al conceder el remedio solicitado en virtud

del Judiciary and Judicial Procedure Act, supra, sin exigir que se

cumplieran las formalidades dispuestas por dicho estatuto. Les

asiste razón.

      Conforme esbozamos en nuestra previa exposición doctrinal,

el foro primario tenía la potestad de reconocer y validar la rogativa

de la Corte del Noveno Circuito Judicial de Florida, en la que se le

solicitó al tribunal de instancia que citara a los peticionarios y a

otros testigos, para la toma de una deposición sobre un caso de

relaciones domésticas instado en dicho estado. No obstante, la

mencionada rogativa debía estar firmada por el secretario y

estampada con el sello de la corte. A su vez, la rogatoria debía estar

acompañada de una certificación de un juez con autoridad, en la que

se afirmara que el documento era auténtico. Surge del expediente que

las rogatorias adjuntadas a la petición de la recurrida eran copias

simples, y no cumplían con las formalidades requeridas por

Judiciary and Judicial Procedure Act, supra.

      De otra parte, precisa señalar que la rogatoria indicaba que la

deposición sería tomada en Kissimmee, Florida. La Regla 40.4(a) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 40.4 (a), dispone:

      La parte que solicite la expedición de una citación o el
      abogado o abogada que expida una citación deberá
      tomar las medidas que considere razonables para
      evitar imponerle una carga o unos gastos onerosos a
      la persona sujeta a la citación. […]. (Énfasis nuestro).

      Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha expresado que

entre los criterios que debe ponderar el juez, antes de decidir el lugar

donde se debe tomar la deposición a una parte, está el lugar de

residencia y empleo del deponente. Irizarry Seda v. Almacenes

Rodríguez, Inc., 124 DPR 794, 799 (1989). “No debe perderse de

perspectiva que[,] en cuanto a toma de deposiciones se refiere[,] lo

primordial debe ser facilitarle al deponente la accesibilidad al lugar

de la deposición”.Íd.
KLCE202300923                                                     11

      En mérito de lo anterior, y en virtud de la facultad que nos

confiere la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, expedimos el auto solicitado y dejamos sin efecto lo resuelto

por el foro primario.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto

de Certiorari y se revoca la “Resolución” recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones