Court Opinion

ID: 9941431
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:35:32.508356+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.189361
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL V

 GARAJE RIVERA, ET                        Apelación
 AL.                                      procedente del
                                          Tribunal de Primera
       Apelantes                          Instancia,
                            KLAN202300846 Sala Superior de
           v.                             Bayamón

 MARÍA DE LOS                                  Civil Núm.
 ÁNGELES OCASIO                                D DP2014-0131
 LARACUENTES Y
 PATRICIA NICHOLE                              Sobre:
 FARÍA OCASIO                   CONSOLIDADO    Daños y Perjuicios

       Apeladas

 GARAJE RIVERA, ET                        Apelación
 AL.                                      procedente del
                                          Tribunal de Primera
       Apelantes                          Instancia,
                            KLAN202300852 Sala Superior de
           v.                             Bayamón

 MARÍA DE LOS                                  Civil Núm.
 ÁNGELES OCASIO                                D DP2014-0131
 LARACUENTES Y
 PATRICIA NICHOLE                              Sobre:
 FARÍA OCASIO                                  Daños y Perjuicios

       Apeladas

 Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández
 Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2024.

       Comparecen        ante    este   foro   el   Garaje     Rivera,

 Gilberto Rivera Torres, Universal Insurance Company y

 Caribbean      Alliance    Insurance     Company    (en     conjunto,

 UNIVERSAL-CAICO       o   “los     apelantes”).        Mediante    los

 recursos consolidados de epígrafe, nos solicitan que

 revisemos la Sentencia emitida el 31 de mayo de 2023 por

 el   Tribunal    de     Primera    Instancia,   Sala    Superior   de

 Bayamón, notificada el 24 de agosto de 2023.                En virtud

 del referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar

Número Identificador
SEN2024 ______________
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                     2

la    Demanda     instada   por   María    Ocasio   Laracuente     (en

adelante, María Ocasio) y Patricia Faria Ocasio (en

adelante, Patricia Faria; en conjunto, “las apeladas”).

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el daño

sufrido por las apeladas se debió a la negligencia de

los apelantes y estableció la siguiente proporción de

responsabilidad: (1) UNIVERSAL-CAICO en un 75% de los

daños; y (2) Garaje Rivera y Gilberto Rivera Torres en

un 25% de los daños.          Además, el foro primario concedió

las siguientes partidas de compensación: (A) $50,000.00

en concepto de daños morales a favor de María Ocasio;(B)

$10,000.00 en concepto de daños morales a favor de

Patricia Faria; y (C)$3,000.00 por la pérdida de uso del

vehículo de motor.          Por último, el Tribunal de Primera

Instancia impuso el pago de $12,000.00 en concepto de

honorarios de abogados y el pago de costas e intereses

legales.

        Por los fundamentos que se exponen a continuación,

REVOCAMOS la sentencia apelada en cuanto a UNIVERSAL-

CAICO y CONFIRMAMOS la misma en cuanto a Garaje Rivera.

                                     I.

        Conforme    surgen     del   expediente         ante   nuestra

consideración, los hechos procesales que precedieron al

recurso      de    epígrafe    son   los    que     a    continuación

exponemos.

        El 22 de junio de 2010, Patricia Faria sufrió un

accidente de tránsito          mientras conducía un vehículo

Mitsubishi Outlander Gris del año 2005.1 Para esa fecha,

María Ocasio era la propietaria registral de la referida

unidad y      contaba con      una póliza de seguro de auto

1   Con tablilla GCN-261, número de serie JA4LX31F55U010532.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                       3

expedida por UNIVERSAL-CAICO.            Por ello, presentaron la

reclamación       correspondiente,       la    cual     fue   acogida,

evaluada y ajustada por el señor Eliud Gómez Cruz (en

adelante, Gómez Cruz) del Departamento de Reclamaciones

de UNIVERSAL-CAICO.            En seguida, UNIVERSAL-CAICO les

cursó una oferta de reparación por los daños que recibió

el vehículo asegurado y, a su vez,                    les proveyó      un

Directorio de Red de Talleres de Referencia.

      Entonces,      Patricia       Faria      solicitó       que     le

recomendaran un taller para reparar su vehículo y Gómez

Cruz le indicó que “aunque se supone que no te recomiende

a nadie, llévale el vehículo a Garaje Rivera y dile a

Gilberto Rivera que vas de mi parte”.2                 Eventualmente,

Patricia Faria acudió a Garaje Rivera donde fue reparado

el vehículo en cuestión.           No obstante, María Ocasio y

Patricia    Faria    al   recoger    el     vehículo     reparado     se

percataron que la puerta trasera del pasajero del lado

del conductor tenía un sello que había sido fijado con

cinta adhesiva y le solicitaron al Garaje Rivera que

resolvieran el asunto del sello.

      El 5 de noviembre de 2012, luego de dos años de la

reparación    y    por    el   interés    de   adquirir       un    nuevo

vehículo, Patricia Faria acudió a la Unidad de Vehículos

Hurtados de la Policía de Puerto Rico en Ponce (en

adelante, Unidad de Vehículos Hurtados) para asegurarse

que las piezas reemplazadas por Garaje Rivera estuviesen

debidamente registradas.         Sin embargo, el 7 de noviembre

de 2012, María Ocasio tuvo que encargarse de la referida

gestión por ser la propietaria registral del vehículo y

allí fue recibida por el Agente Torres.               Posteriormente,

2 Sentencia del 31 de mayo de 2013, Anejo I, págs. 1-23 del Apéndice
del recurso KLAN20230846.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                               4

el Agente Torres le notificó a María Ocasio que ocuparía

el vehículo, ya que las piezas de reemplazo estaban

registradas        bajo   otro      vehículo.             María     Ocasio   fue

sometida       a   interrogatorio          y     transportada        hasta    su

residencia en una patrulla de la Policía de Puerto Rico.

       En enero de 2013, la Unidad de Vehículos Hurtados

trasladó el referido vehículo hasta el Garaje Rivera

para    la    remoción       de    las    piezas.          Luego     de   varios

trámites, el Garaje Rivera entregó el vehículo reparado

el viernes, 1 de marzo de 2013.                     Es decir, cuatro meses

más tarde desde la ocupación.

       Así las cosas, el 20 de mayo de 2013, María Ocasio

y, su hija, Patricia Faria presentaron una Demanda sobre

daños y perjuicios en contra de Garaje Rivera, Gilberto

Rivera       Torres,    su    esposa       y     la     Sociedad    de    Bienes

Gananciales (en adelante, Garaje Rivera); y en contra de

UNIVERSAL-CAICO.3             En      síntesis,          alegaron     que    los

apelantes eran responsables por los daños y angustias

mentales que sufrieron como resultado de la ocupación

del     referido       vehículo.            Además,        solicitaron       las

siguientes indemnizaciones: (A) $50,000.00 por daños y

angustias mentales de María Ocasio; (B) $25,000.00 por

daños    y    angustias       mentales         de     Patricia      Faria;   (C)

$10,000.00 por la pérdida del uso de su vehículo; (D)

$500.00 por el alquiler de un vehículo; (E) $500.00 por

gastos médicos y, finalmente, (F) una suma por las costas

y honorarios de abogados.

       El 13 de junio de 2013, UNIVERSAL-CAICO presentó

Contestación a Demanda donde negaron la mayoría de las

3  Demanda, Anejo      II,    págs.      24-35    del    Apéndice   del   recurso
KLAN20230846.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                          5

alegaciones de la Demanda.4         Mientras que el 27 de junio

de 2013, Garaje Rivera presentó Contestación a Demanda5

negando     responsabilidad       y,        a     su    vez,     presentó

Reconvención donde reclamó daños por el incumplimiento

del Artículo 13 de la Ley para la Protección de la

Propiedad     Vehicular   de   1987,        según       enmendada,6     que

responsabiliza al dueño del vehículo a reinscribir y/o

identificar con la Policía de Puerto las piezas que se

instalen en un vehículo.

      Posteriormente,     el   16      de       septiembre      de     2013,

UNIVERSAL-CAICO presentó una Demanda Coparte en contra

de   Garaje   Rivera   alegando     que         estos   fueron       quienes

realizaron    el   reemplazo   de      las       piezas   del    vehículo

asegurado y que de existir responsabilidad era única y

exclusivamente atribuible al Garaje Rivera.7                     De igual

manera, el 1 de octubre de 2013, Garaje Rivera presentó

su Contestación a Demanda Coparte.8

      Luego de varios trámites procesales, el 10 de agosto

de 2015, el foro primario dictó Sentencia Parcial y anotó

la rebeldía9 contra UNIVERSAL-CAICO.10                  Como resultado,

el 1 de abril de 2016, UNIVERSAL-CAICO acudieron en

4  Contestación a Demanda, Anejo IV, págs. 52-58 del Apéndice del
recurso KLAN20230846.
5 Contestación a la Demanda y Reconvención, Anejo III, págs. 36-51

del Apéndice del recurso KLAN20230846.
6 Ley Núm. 8 del 5 de agosto de 1987, 9 LPRA § 3212.
7 Demanda Coparte, Anejo V, págs. 59-60 del Apéndice del recurso

KLAN20230846.
8 Contestación a Demanda Coparte, Anejo V, págs. 61-63 del Apéndice

del recurso KLAN20230846.
9
  En cuanto a la anotación de rebeldía el tribunal expresó: “[U]n
análisis sosegado del tracto procesal del caso nos obliga a
razonablemente concluir que, a pesar de las ordenes emitidas por el
Tribunal, ni Universal Insurance Co. (Universal) ni Caribbean
Alliance Insurance Co. (CAICO) cumplieron con lo establecido por
las Reglas 6.2, 6.4, 34.1, 34.2(b) y 34.3(b)(3) y (c) de
Procedimiento Civil, por lo que procede que dictemos Sentencia en
Rebeldía contra amabas, eliminándoles las alegaciones de la
Contestación de la Demanda, y dando por admitidas las alegaciones
de la parte demandante contra estas. “
10 Sentencia Parcial del 10 de agosto de 2015, Anejo VI, págs. 64-

75 del Apéndice del recurso KLAN20230846.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                6

recurso de Apelación identificado con la codificación

alfanumérica KLAN201600442.

     Así las cosas, el 19 de mayo de 2017, un panel

hermano de este Tribunal de Apelaciones confirmó la

anotación de rebeldía, revocó el dictamen recurrido y

ordenó que se celebrara una vista evidenciaría a los

efectos de determinar una cuantía en concepto de daños

y perjuicios.11

     En desacuerdo, UNIVERSAL-CAICO acudió al Tribunal

Supremo mediante recurso de Certiorari identificado con

la codificación alfanumérica CC-2017-0660. Sin embargo,

el 1 de diciembre de 2017, nuestro más alto foro declaró

No Ha Lugar la solicitud de Certiorari y envío el caso

de epígrafe a la sala correspondiente del Tribunal de

Primera Instancia.12

     A esos efectos, el 5 de junio de 2019, el foro

primario celebró la vista evidenciaría y, el 11 de junio

de 2019, dictó Sentencia Parcial donde concedió las

siguientes partidas: (A) $30,000.00 por daño moral a

favor de María Ocasio; (B) $10,000.00 por daño moral a

favor de Patricia Faria; y (C) $3,000.00 por la pérdida

del uso del vehículo.13

     En lo aquí pertinente, el 22 de agosto de 2019,

UNIVERSAL-CAICO     presentó    un   recurso    de     Apelación,

identificado      con     la    codificación         alfanumérica

KLAN201900943, donde alegó que el foro primario erró al

concluir que se habían probado los daños.         Este Tribunal

de Apelaciones dictó Sentencia, el 30 de junio de 2020,

11 Sentencia del 19 de mayo de 2017, Anejo VII, págs. 56-69 del
Apéndice del recurso KLAN20230852.
12 Resolución del 1 de diciembre de 2017, Anejo VIII, págs. 70-71

del Apéndice del recurso KLAN20230852.
13 Sentencia Parcial del 11 de julio de 2019, Anejo XI, págs. 109-

123 del Apéndice del recurso KLAN20230852.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                               7

y determinó que la sentencia recurrida no incluyó los

casos guías examinados para valorizar los referidos

daños ni los cómputos para ajustar las cuantías al valor

actual.14     Por ello, ordenó que se celebrara un juicio

plenario para adjudicar la responsabilidad en proporción

al grado de negligencia.15

      En consecuencia, el 24 de marzo de 2021, el foro

primario llevó a cabo una vista de estado sobre los

procedimientos       donde       Garaje     Rivera       no    compareció.

Debido al incumplimiento de Orden y a solicitud de las

apeladas, el Tribunal de Primera Instancia eliminó la

contestación a la demanda y anotó la rebeldía contra el

Garaje Rivera.       Posteriormente, el 9 de junio de 2021,

dictó      Sentencia         e     impuso      lo        siguiente:           (1)

responsabilidad de un 75% de los daños a UNIVERSAL-

CAICO; (2) responsabilidad de un 25% de los daños a

Garaje     Rivera;     (3)       compensación       de     $30,000.00         en

concepto de daños morales a favor de María Ocasio; (4)

compensación de $10,000.00 en concepto de daños morales

a favor de Patricia Faria; (5) el pago de $3,000.00 por

la pérdida de uso del vehículo de motor y, por último,

(6)   el    pago   costas,        intereses    legales         y    una   suma

adicional de $10,000.00 en concepto de honorarios de

abogados.16    No obstante, el 16 de junio de 2021, el foro

primario     realizó    una       enmienda     NUNC      PRO   TUNC       a   la

Sentencia del 9 de junio de 2021.17                       Mediante dicha

Sentencia     NUNC     PRO       TUNC,    el   Tribunal        de    Primera

14 Sentencia del 30 de junio de 2020, Anejo XII, págs. 124-150 del
Apéndice del recurso KLAN20230852.
15 Íd.
16 Sentencia del 9 de junio de 2021, Anejo XVI, págs. 167-185 del

Apéndice del recurso KLAN20230852.
17 Sentencia Nunc Pro Tucn del 9 de junio de 2021, Anejo XVII, págs.

186-204 del Apéndice del recurso KLAN20230852.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                                  8

Instancia        aumentó      la    compensación        a   favor     de    María

Ocasio a $50,000.00.18

      Inconforme, el 28 de junio de 2021, UNIVERSAL-CAICO

presentó     una    Moción          de   Reconsideración         en   la     cual

solicitó que se reconsidera la Sentencia NUNC PRO TUNC

por   no    cumplir       con       la   Orden     de   este    Tribunal        de

Apelaciones.19          Asimismo, el 1 de julio de 2021, Garaje

Rivera presentó una                Moción de Reconsideración                donde

solicitó un relevo de sentencia bajo la regla 49.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.20                                  Sin

embargo, el 21 de diciembre de 2021, el Tribunal de

Primera Instancia dictó Resolución para confirmar su

determinación inicial.21

      Aun en desacuerdo, UNIVERSAL-CAICO presentó el 27

de enero de 2022 un recurso de Apelación identificado

con    la        codificación            alfanumérica        KLAN202200069.

Igualmente,        el    24   de     marzo    de    2022,      Garaje      Rivera

presentó un recurso de Apelación.                       En síntesis, ambas

partes     plantearon         los    mismos      fundamentos      que      en    la

Moción      de    Reconsideración            presentada      ante     el     foro

primario. Por lo cual, el 5 de abril de 2022, este Panel

del Tribunal de Apelación ordenó la consolidación de

ambos casos.            Así las cosas, el 15 de junio de 2022,

dictamos Sentencia y revocamos la sentencia apelada en

cuanto a los daños concedidos.22                    Además, ordenamos la

celebración de una vista evidenciaría para analizar y

adjudicar el porciento de responsabilidad de cada parte

18 Íd.
19  Moción de Reconsideración, Anejo XVIII, págs. 205-219 del
Apéndice del recurso KLAN20230852.
20 Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia al Palio de la

Regla 49.2, Anejo XXII, págs. 252-262 del Apéndice del recurso
KLAN20230852.
21 Resolución del 21 de diciembre de 2021, Anejo XXI, págs. 247-251,

del Apéndice del recurso KLAN20230852.
22 Sentencia del 15 de junio de 2022, Anejo XXIII, págs. 263-287,

del Apéndice del recurso KLAN20230852.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                 9

y efectuar los cómputos correspondientes por conceptos

de daños.23

     En cumplimiento con nuestra Orden, el Tribunal de

Primera Instancia celebró una vista evidenciaría para el

29 de marzo de 2023.       Finalmente, el foro primario dictó

Sentencia el 31 de mayo de 2023 y concluyó que el daño

sufrido por las apeladas se debió a la negligencia de

los apelantes.24    Por ello, estableció lo siguiente: (1)

responsabilidad de un 75% de los daños a UNIVERSAL-

CAICO; (2) responsabilidad de un 25% de los daños a

Garaje   Rivera;     (3)    compensación    de   $50,000.00     en

concepto de daños morales a favor de María Ocasio; (4)

compensación de $10,000.00 en concepto de daños morales

a favor de Patricia Faria; (5) compensación de $3,000.00

por la pérdida de uso del vehículo de motor y, por

último, (6) el pago costas, intereses legales y una suma

adicional de $12,000.00 en concepto de honorarios de

abogados.25 Sobre la imposición de honorarios abogados,

el Tribunal de Primera Instancia expresó que:

           “A    través     del   transcurso    de    los
      procedimientos, los demandados se aferraron al
      planteamiento de que las demandantes no sufrieron
      daños. Sin embargo, surge de los testimonios de la
      Sra. Ocasio Laracuente y su hija Patricia Faria,
      vertidos en dos ocasiones, que enfatizaron sobre
      los sufrimientos y angustias mentales sufridos.
      Aun así, los demandados continuaron con el
      argumento de la inexistencia de daños prolongando
      este litigio por más de doce años. Además, no
      podemos   perder   de   perspectiva   el   abultado
      expediente del caso que refleja los reiterados
      incumplimientos de las Ordenes del Tribunal, y la
      evasión al cumplimiento con las disposiciones
      legales relevantes al mecanismo del descubrimiento
      de prueba y las Reglas de Procedimiento Civil por
      parte de los codemandados. A pesar de los
      procedimientos hechos por el Tribunal sobre las
      consecuencias    de    sus   incumplimientos,    la
      desatención a las ordenes emitidas fue de tal
      grado, que nos obligo dictar sentencia en rebeldía
      tanto contra UNIVERSAL/CAICO, como contra Garaje
      Rivera y Gilberto Rivera Torres. Muchos de los

23 Íd.
24 Sentencia del 31 de mayo de 2023, Anejo XXVI, págs. 293-315, del
Apéndice del recurso KLAN20230852.
25 Íd.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                               10

      gastos, trabajos, molestias y sacrificios que han
      sufrido innecesariamente las codemandantes muy
      bien pudieron haberse evitado.” Íd.

      Inconformes con lo resuelto, Garaje Rivera sometió

el   recurso   KLAN20230846   que   nos   ocupa   y   señaló   la

comisión de los siguientes errores:

      ERR[Ó] EL TPI EN LA DETERMINACI[Ó]N DE LA CUANT[Í]A
      DE DAÑOS LA CUAL ES EXAGERADA Y/O IMPROCEDENTE POR
      SER PASAJERA.

      ERR[Ó] EL TPI AL IMPONER EN LA SENTENCIA LA
      CANTIDAD DE $3,000.00 A LA PARTE DEMANDADA POR
      P[É]RDIDA DE VEH[Í]CULO CUANDO DE LA PRUEBA NO SE
      SUSTENTA DICHA CANTIDAD.

      ERR[Ó] EL TRIBUNAL AL HACER UNA DETERMINACI[Ó]N DE
      TEMERIDAD A LA PARTE DEMANDADA IMPONIENDO LA
      CANTIDAD DE $12,000.00.

      De otra parte, UNIVERSAL-CAICO sometió el recurso

KLAN20230852 que nos ocupa y señaló la comisión de los

siguientes errores:

      Primer error
      Erró el TPI al evaluar la prueba y determinar que
      la recomendación del empleado de la parte apelante
      fue la causa eficiente de los daños reclamados por
      la parte apelante.

      Segundo error
      Erró el TPI al evaluar la prueba y determinar que
      los daños de la parte apelada se debieron con mayor
      probabilidad a la negligencia de la parte
      apelante.

      Tercer error
      Erró el TPI en la distribución del porciento de
      responsabilidad que impuso a cada codemandado.

      Cuarto error
      Erró el TPI al evaluar la prueba y valorar los
      daños morales de la demandante MOL en $50,000.00
      y los daños morales de PFO en $10,000.00.

      Quinto error
      Erró el TPI al conceder a la parte apelada
      $3,000.00 por la pérdida del uso del vehículo.

      Sexto error
      Erró el TPI al conceder a la parte apelada
      $12,000.00 en concepto de costas, intereses
      legales y honorarios de abogado.

      Luego de evaluar ambos recursos, el 27 de septiembre

de 2023, emitimos una Resolución en la que ordenamos la

consolidación de ambos casos, a tenor con lo dispuesto
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en    la   Regla       17    del    Reglamento           del    Tribunal      de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 17.

      Sobre esto, el 30 de noviembre de 2023, las apeladas

sometieron       su    Alegato          en     Oposición       de    la    Parte

Demandante Apelada.            Tras varias mociones presentadas

por todas las partes, el 30 de octubre de 2023, emitimos

otra Resolución en la que autorizamos la presentación de

una    transcripción         de     la        prueba     oral       debidamente

estipulada.      A esos efectos, el 29 de noviembre de 2023,

las partes de manera conjunta presentaron la referida

transcripción de prueba oral estipulada.

      En   consecuencia,           el    14     de     diciembre      de   2023,

UNIVERSAL-CAICO presentó su Alegato Suplementario. De

igual forma, el 18 de diciembre de 2023, Garaje Rivera

presentó su Alegato Suplementario.

      Transcurrido el término concedido, las apeladas no

presentaron su Alegato Suplementario.

      Con el beneficio de la comparecencia escrita de

ambas partes en ambos recursos y la transcripción de la

prueba oral, damos estos por perfeccionados y procedemos

a resolver.

                                             II.

                                             -A-

      El Código Civil de 2020, en su Artículo 1815,

establece que la responsabilidad civil extracontractual

“se determina por la ley vigente en el momento en que

ocurrió     el        acto    u     omisión            que     da     lugar    a

dicha responsabilidad.” 31 LPRA §11720.                         La cadena de

sucesos que motivó la Demanda en el caso de epígrafe

aconteció en el 2010, previo a la vigencia del nuevo

ordenamiento.          Por    ende,          aplican    los    preceptos      del

derogado Código Civil de 1930.                       Es decir, el derecho
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aplicable en este caso será aquel vigente al momento de

los hechos.

       En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 1802

del Código Civil de 1930 rigió, durante su vigencia, la

responsabilidad derivada de actos u omisiones culposas

o negligentes.       La referida disposición establece, en lo

pertinente, que “el que por acción u omisión causa daño

a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado

a reparar el daño causado”.           31 LPRA § 5141.

       Es decir que, para probar una causa de acción por

daños y perjuicios, es necesario que la parte demandante

demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) que

ha habido un acto u omisión culposa o negligente; (2) que

hay una relación causal entre el acto y el daño sufrido;

y (3) que se ha causado un daño real al reclamante.

Véase, Camacho Rivera v. Richard Mitchell, Inc., 202 DPR

34 (2019); Doble Seis Sport TV v. Depto. Hacienda, 190

DPR 763 (2014); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR

820 (2010).

       El Tribunal Supremo define el concepto de culpa o

negligencia como “la falta del debido cuidado, que a la

vez consiste esencialmente en no anticipar y prever las

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de

un acto, que una persona prudente habría de prever en

las    mismas    circunstancias”. Nieves      Díaz   v.     González

Massas, supra.       De este modo, precisa destacar que, en

casos de responsabilidad extracontractual, el factor de

previsibilidad es un elemento indispensable. Íd.

       En Puerto Rico, rige la doctrina de causalidad

adecuada.       Sobre este principio, el Tribunal Supremo ha

manifestado que “no es causa toda condición sin la cual

no    se   hubiera   producido   el    resultado,    sino    la   que
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ordinariamente            lo     produce    según        la     experiencia

general”. Íd.; Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. PR, 173

DPR 170 (2008); Toro Aponte v. ELA, 142 DPR 464 (1997);

Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 298 (1995); Jiménez v.

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982).                       El deber de

previsión, a su vez, está regido por la figura del hombre

prudente y razonable, o buen padre de familia. Nieves

Díaz v. González Massas, supra.

       En síntesis, el deber de previsión “no se extiende

a todo peligro imaginable […] sino a aquel que llevaría

a      una       persona           prudente        y        razonable       a

anticiparlo”. Pacheco              v.   A.F.F.,    112      DPR    296,   300

(1982).      Se trata de un riesgo que debe estar apoyado en

“probabilidades y no en meras posibilidades”.                       López v.

Porrata Doria, 169 DPR 135, 164-165 (2006).

       Nuestro      más    alto     foro   ha    expresado        que   “daño”

constituye el menoscabo material o moral que sufre una

persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su

propiedad o en su patrimonio, causado en contravención

de una norma jurídica y por el cual ha de responder otra

persona. Nieves Díaz v. González Massas, supra. Existen

dos tipos de daños: (1) los daños especiales, conocidos

como    daños       físicos,        patrimoniales,          pecuniarios     o

económicos; y (2) los daños generales, conocidos como

daños morales.            Por un lado, los daños especiales se

refieren a “toda aquella pérdida que recae sobre bienes

objetivos,      pues       éstos    admiten      valoración        económica

debido a que impactan directamente el patrimonio del

perjudicado.” Íd.              Mientras que los daños generales son

aquellos infligidos a las creencias, los sentimientos,

la dignidad, la estima social o la salud física o

psíquica      del    perjudicado.          Íd.         No     obstante,    la
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valoración de los daños generales descansa en la sana

discreción      del   juzgador       basada     en    los   hechos     que

considere probados. Íd.

                                       -B-

     En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha

expresado que, en las acciones de daños y perjuicios, la

estimación y valoración de daños es una tarea difícil y

angustiosa,      dado    que     “no       existe      un   sistema     de

computación que permita llegar a un resultado exacto en

relación con el cual todas las partes queden satisfechas

y complacidas".       Santiago Montañez v. Fresenius Medical,

195 DPR 476, 490 (2016); Rodríguez et al. v. Hospital et

al., 186 DPR 889, 909 (2012).

     Por tal razón, los tribunales apelativos deben

guardar deferencia a las valorizaciones de daños que

realizan los foros de primera instancia, debido a que

estos son los que tienen contacto directo con la prueba

testifical y están en mejor posición para emitir un

dictamen. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra.

Ahora bien, los tribunales apelativos intervendrán con

las estimaciones de daños realizadas por el Tribunal de

Primera    Instancia      cuando      la     cuantía    concedida      sea

exageradamente alta o ridículamente baja. Íd. Véase,

además, Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179

DPR 774, 787 (2010); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux.

Mutuo, 177 DPR 484, 509-510 (2009).

     Por otro lado, el ejercicio de valoración de daños

conlleva    cierto      grado   de     especulación         y   elementos

subjetivos, tales como la discreción y el sentido de

justicia    y   conciencia      humana        del    juzgador     de   los

hechos. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra.
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Además, no existen dos casos idénticos, debido a que

cada uno tiene sus circunstancias particulares. Íd.

        Por tanto, al comparar las cuantías concedidas en

casos      previos,     hay        que     ajustarlas          al        valor

presente. Santiago       Montañez         v.       Fresenius        Medical,

supra; Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123

(2013); Rodríguez        et    al.        v.       Hospital     et        al.,

supra; Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra.

        En Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra,

el Tribunal Supremo advirtió a los jueces del Tribunal

de   Primera   Instancia      respecto         a   la   importancia         de

detallar específicamente en los dictámenes los casos

similares utilizados como referencia o punto de partida

para la estimación y valoración de daños, y el cómputo

realizado para establecer las cuantías que se concedan.

Esto, debido a que las compensaciones otorgadas en casos

previos constituyen un punto de partida y referencia

útil para que los tribunales apelativos puedan pasar

juicio    sobre   las   concesiones        otorgadas      por       el    foro

primario. Íd.

                                     -C-

        La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, faculta a los tribunales

a    imponer   el     pago    de    una     cuantía      por        concepto

de honorarios de abogado.                Al respecto, la referida

disposición establece lo siguiente:

        En caso que cualquier parte o su abogado o
        abogada haya procedido con temeridad o
        frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su
        sentencia al responsable el pago de una suma
        por concepto de honorarios de abogado que el
        tribunal   entienda    correspondan   a    tal
        conducta. […]

        El concepto de temeridad es amplio. Torres Montalvo

v. García Padilla, 194 DPR 760, 778 (2016). El propósito
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de este mecanismo es penalizar al que, con su conducta,

ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir

en gastos y, con ello, le ha causado innecesariamente

molestias e inconvenientes.                 S.L.G. Flores-Jiménez v.

Colberg, 173 DPR 843, 867 (2008); Rivera v. Tiendas

Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).                  De este modo, se

persigue imponer una penalidad a un litigante perdidoso

que,    por     su    terquedad,          obstinación,        contumacia          e

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos,

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las

molestias,      gastos,       trabajo      e    inconveniencias            de    un

pleito.      Montalvo v. García Padilla, citando a Andamios

de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010).

       En fin, la temeridad es una conducta que afecta el

buen        funcionamiento          de     los     tribunales             y      la

administración         de    la    justicia.       Montalvo         v.    García

Padilla, supra.            Por tanto, la imposición del pago de

honorarios      de    abogado,       de    conformidad        con    la       Regla

44.1, supra,          supone       que     el    tribunal           haga        una

determinación         de     temeridad.           Dicha       determinación

“…descansa       en     la        sana    discreción      del        tribunal

sentenciador”.         Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR

464, 468 (1983).            Así, el tribunal impondrá la cuantía

que    el    juzgador       entienda      corresponde     a    la    conducta

temeraria.       Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR

123, 212 (2013); citando a Andamios de PR v. Newport

Bonding, supra.

                                          -D-

       Según nuestro Tribunal Supremo, la rebeldía “es la

posición procesal en que se coloca la parte que ha dejado

de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con su

deber procesal”.             Rivera Figueroa v. Joe’s European
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Shop,   183   DPR   580,    587     (2011).          El     propósito   del

mecanismo de la rebeldía es evitar la dilación como

estrategia de litigio. Íd.

     Ahora bien, el mecanismo de la anotación de la

rebeldía se encuentra codificado                    en nuestro derecho

procesal civil en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 45.1.           Particularmente, esta dispone

que la anotación de rebeldía procederá en las siguientes

situaciones:

     Cuando una parte contra la cual se solicite una
     sentencia que concede un remedio afirmativo haya
     dejado de presentar alegaciones o de defenderse en
     otra forma según se dispone en estas reglas, y
     este hecho se pruebe mediante una declaración
     jurada o de otro modo, el Secretario o Secretaria
     anotará su rebeldía.

     El tribunal a iniciativa propia o a moción de
     parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier parte
     conforme a la Regla 34.3(b)(3).

     Esta anotación tendrá el efecto de que se den por
     admitidas las aseveraciones de las alegaciones
     afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla
     45.2(b).

     La omisión de anotar la rebeldía no afectará la
     validez de una sentencia dictada en rebeldía.

     En esencia, un tribunal -motu proprio o a solicitud

de parte- podrá anotarle la rebeldía a una parte que:

(1) no compareció al proceso después de haber sido

debidamente emplazada; (2) no contesta o alega en el

término concedido por ley, habiendo comparecido mediante

alguna moción previa de donde no surja la intención clara

de defenderse; (3) se niega a descubrir su prueba después

de   habérsele      requerido       mediante          los     métodos   de

descubrimiento      de    prueba;    o,       (4)   ha    incumplido    con

alguna orden del tribunal. Véase, Rivera Figueroa v.

Joe’s European Shop, supra, pág. 588.

     Con referencia a la parte a la que se le anota la

rebeldía, esta renuncia a presentar prueba contra las

alegaciones    de    la     demanda       y    a     levantar    defensas
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afirmativas, con excepción de las defensas de falta de

jurisdicción y la de dejar de exponer una reclamación

que justifique la concesión de un remedio.                     Ocasio v.

Kelly Servs., 163 DPR 653, 671-672 (2005); Hernández v.

Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998); Continental Ins. Co.

v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978). Entre los

derechos que retiene el litigante en rebeldía que ha

comparecido previamente están el de ser notificado de

los   señalamientos       del      caso,    asistir      a   las    vistas,

contrainterrogar a los testigos de la parte adversa,

impugnar la cuantía de daños reclamada y apelar la

sentencia.      Íd.

                                        III.

      De entrada, debemos destacar que el foro primario

le    anotó   la      rebeldía      a    UNIVERSAL-CAICO       desde      la

Sentencia Parcial emitida el 10 de agosto 2015 y, a los

apelantes en conjunto, desde la Sentencia emitida el 31

de mayo de 2023.        Sin embargo, tal y como repasamos en

el derecho aplicable, dicha anotación de rebeldía no les

impide a los apelantes presentar el recurso de autos

ante este honorable Tribunal de Apelaciones y señalar

los errores interpuesto.                Por ello, podemos revisar el

grado de negligencia y los daños por los cuales estos

fueron encontrados responsable.

                                         -A-

      A continuación, procedemos a la discusión conjunta

del   primer,      segundo    y    tercer      señalamiento        de   error

planeados por UNIVERSAL-CAICO.                 En síntesis, argumentan

que el foro primario erró: (1) al determinar que los

daños    reclamados      se       debieron      a   la   negligencia       y

recomendación ofrecida por UNIVERSAL-CAICO, y (2) al
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                      19

distribuir el porciento de responsabilidad entre los

apelantes. Tienen razón. Veamos.

      El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la

situación de peligro, que produjo los daños sufridos en

el   caso   de   autos,    fue   creada   por    UNIVERSAL-CAICO.

Explicó que los daños sufridos por las apeladas fueron

el   resultado     de     la   negligencia      del       empleado    de

UNIVERSAL-CAICO al recomendar a Garaje Rivera, pese a

que este conocía la prohibición impuesta por su patrono

en cuanto a no sugerir proveedores de servicios.                 A esos

efectos,    el    foro     primario   estableció          un    75%   de

responsabilidad     sobre      UNIVERSAL-CAICO        y    un   25%   de

responsabilidad sobre Garaje Rivera.

      Sin embargo, surge de las propias determinaciones

de hechos emitidas por el foro primario lo siguiente:

      “[…]
      7. El Garaje Rivera era uno de los talleres
         incluidos en el Directorio Red de Talleres de
         referencia de UNIVERSAL/CAICO.

      8. El Sr. Gilberto Rivera Torres es el propietario
         del Garaje Rivera.

      9. La reparación del vehículo se realizó en el
         Garaje Rivera.

      10. Todas las piezas utilizadas para realizar la
         reparación   del   referido   vehículo  fueron
         compradas e instaladas por el Garaje Rivera.

      […]
      28. El Sr. Gilberto Rivera Torres recibió la
         unidad a finales de enero en el Garaje Rivera,
         pero le indico a la Sra. Ocasio que tenía que
         esperar por la reparación porque tenía el taller
         lleno.

      29. El viernes 1 de marzo de 2013, casi cuatro
         (4) meses más tarde desde la ocupación, la Sra.
         Ocasio   recibió    finalmente   el    vehículo
         reparado.” 26

26Sentencia del 31 de mayo de 2023, Anejo XXVI, pág. 299-300, del
Apéndice del recurso KLAN20230852.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                                   20

     Como podemos ver, el propio expediente es claro y

demuestra que Garaje Rivera fue quien: (1) reparó el

vehículo, (2) compró e instaló las piezas pertenecientes

a otro vehículo; (3) omitió el trámite para reasignar y

registrar        los    cambios       de     piezas       a     la    autoridad

pertinente; y (4) tardó casi cuatro meses en reparar el

vehículo.    Los hechos determinados no indican o sugieren

participación          de     UNIVERSAL-CAICO            en     la   compra        e

instalación de la referida puerta o el mal manejo del

sello de la misma.

        Además,        determinamos        que     no    le    correspondía         a

UNIVERSAL-CAICO          supervisar,         regular      o    monitorear         la

forma   y   manera       en    que    Garaje       Rivera      realizaba          una

reparación que fue pagada con la compensación dada por

UNIVERSAL-CAICO          a    la     parte    apelada         por    los        daños

cubiertos por la póliza de seguro.                            Igualmente, las

alegaciones       bien       formuladas       de    las       apeladas      y     las

determinaciones de hechos no establecen que UNIVERSAL-

CAICO interviniera de ninguna forma en la reparación del

vehículo.

     Al     análisis          anterior       debemos       añadir         que     las

apeladas no presentaron prueba adicional que nos ayude

a establecer una participación directa de UNIVERSAL-

CAICO en la cadena de eventos conducentes a establecer

la alegada negligencia de estos.                        Por ejemplo, no hay

prueba que demuestre que UNIVERSAL-CAICO o alguno de sus

empleados condicionara el pago de la reclamación al uso

de Garaje Rivera; que la aseguradora o alguno de sus

empleados recibiera algún tipo de comisión (legal o

ilegal) por referir a la parte apelada al Garaje Rivera;

tampoco     se     estableció         que     UNIVERSAL-CAICO              tuviera

conocimiento       de        actuaciones         negligentes         de     Garaje
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                         21

Rivera,    tales       como    determinaciones     en    su    contra    de

tribunales o agencias administrativas.

      En las determinaciones de hechos de este caso se

establece que UNIVERSAL-CAICO les facilitó a apeladas el

Directorio       de      Red     de    Talleres     de        Referencia.

Igualmente, uno de sus empleados recomendó a Garaje

River.        Esos son las únicas instancias en las que

UNIVERSAL-CAICO participó de la cadena de hechos de este

caso.     Como antes indicado, esos hechos, sin otro tipo

de prueba de participación directa, no son suficientes

para establecer que los mismos fueran la causa o parte

de la causa que provocó los daños de este caso.                         Por

tanto, es forzoso concluir que Garaje Rivera tiene única

y    exclusivamente       la     responsabilidad        por   los    daños

reclamados en el caso de autos.              Por ello, determinamos

que erró el foro de instancia en adjudicarle negligencia

a UNIVERSAL-CAICO.

                                       -B-

      Por estar relacionados, atendemos en conjunto el

primer    y     segundo       señalamiento    de   error      de    Garaje

Rivera.27 En síntesis, estos apelantes alegan que el

Tribunal de Primera Instancia erró al valorar los daños

morales    de    las    apeladas      en   $50,000.00     y    $10,000.00

respectivamente, y asignar una partida de $3,000.00 en

compensación de la pérdida del uso del vehículo.

      Tras evaluar detalladamente la Sentencia apelada,

consideramos que el Tribunal de Primera Instancia llevó

a cabo un ejercicio prudente, razonable y consonó con la

normativa de derecho aplicable a la teoría de valoración

de daños, al cuantificar los daños sufridos por las

27UNIVERSAL-CAICO también alegó como error el monto de los daños,
sin embargo, ante la ausencia de negligencia de parte de estos
discutimos este error en cuanto a Garaje Rivera.
KLAN202300846 CONS KLAN202300852                                                   22

apeladas.         Conforme      al    derecho          aplicable,         el     foro

primario evaluó y utilizó casos como referencia o punto

de partida para su estimación y valoración de daños.

      Somos del criterio que este tribunal revisor no

debe intervenir con la estimación de daños realizado por

el foro primario, debido a que las cuantías concedidas

no   son    exageradamente           altas       ni    ridículamente            baja.

Además, el foro primario tuvo contacto directo con la

prueba testifical y, por ello, se encontró en mejor

posición para emitir el referido dictamen.

      Igualmente, consideramos que nuestra jurisprudencia

ha   sido      consiste      en      expresar:          que     el       ejercicio

de valoración       de    daños        conlleva          cierto         grado      de

especulación y elementos subjetivos, y que no existe un

sistema de computación que asegure un resultado exacto

donde todas las partes estén satisfechas.                                 Santiago

Montañez v. Fresenius Medical, supra.

      En consideración a lo antes expuestos, el primer y

segundo       señalamiento      de    error       de    Garaje        Rivera,      no

fueron cometidos. Por ello, confirmamos la sentencia

apelada en cuanto a los daños estimados y adjudicados

por el foro primario.

                                        -C-

      Por     último,    atendemos          el    sexto      señalamiento          de

error de UNIVERSAL-CAICO y el tercer señalamiento de

error    de    Garaje    Rivera.       En    conjunto,          los      apelantes

alegan      que   el     foro     primario            erró    al        hacer     una

determinación       de    temeridad          e        imponer      el     pago     de

honorarios de abogados, costas e intereses legales.

      Tal como indicamos al exponer el derecho aplicable,

la determinación de temeridad y subsecuente imposición

de una cuantía por concepto de honorarios de abogado
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descansa en el ejercicio discrecional del tribunal, al

que debemos deferencia.

     Así las cosas, tras evaluar la actuación del foro

primario en el caso de autos, concluimos que no estamos

en posición de interferir con el ejercicio discrecional

a los efectos de anotar la rebeldía a la parte apelante

Garaje Rivera. Sin embargo, en vista a que revocamos

parcialmente       el   dictamen   impugnado,       no    procede    la

imposición    de    honorarios     de    abogados    en     cuanto   a

UNIVERSAL-CAICO.

     En síntesis, se cometió el sexto señalamiento de

error de UNIVERSAL-CAICO y no así el tercer señalamiento

de error de Garaje Rivera. Se confirma la sentencia

apelada en cuanto a la imposición de honorarios de

abogados contra Garaje Rivera y se revoca en cuanto a

UNIVERSAL-CAICO.

                                   IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA en

su totalidad la sentencia apelada en cuanto a Universal

Insurance    Company      y    Caribbean    Alliance        Insurance

Company.      Además,     se   CONFIRMA    en   su       totalidad   la

Sentencia en contra de Garaje Rivera.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones