Court Opinion

ID: 9916107
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:21:59.757185+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:55.620209
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

LIME PROPERTIES, LTD.                            Recurso de Certiorari
                                                 procedente del
 Demandante-Recurrida                            Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala
                                                 Superior de San
             V.                                  Juan

    MAPFRE PRAICO
INSURANCE COMPANY;                               Caso Núm.:
   COOPERATIVA DE                                SJ2019CV00997
 SEGUROS MÚLTIPLES            KLCE202301152
   DE PUERTO RICO;
     CONSEJO DE                                  Sobre:
    TITULARES DEL                                Consecuencias del
CONDOMINIO ASHFORD                               Conocimiento de un
    VALENCIA; CRM                                Asegurado sobre un
 MANAGEMENT, INC, L                              Daño previo a la
SUCN. CASTILLO PAVIA;                            expedición de una
 SUCN. DELGADO RUIZ                              Póliza de Seguro

      Demandados-
      Peticionarios
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero
Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

      Comparece MAPFRE PRAICO Insurance Company (MAPFRE o

parte peticionaria) mediante recurso de Certiorari y solicita que

revisemos una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Particularmente, nos

solicita que tomemos conocimiento de ciertos hechos y que

desestimemos con perjuicio una Tercera Demanda Enmendada

presentada por Lime Properties LTD (Lime Properties o parte

recurrida) en contra de la parte peticionaria. En apretada síntesis,

el TPI entendió que, a pesar de la evidencia presentada por la parte

peticionaria para sustentar su contención, existían controversias de

hechos importantes que impedían desestimar la demanda por la vía

sumaria. Luego de analizar el expediente del caso, estamos de

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301152                                                     2

acuerdo con la determinación del TPI. Por lo tanto, denegamos

expedir el auto solicitado. Veamos.

                                        -I-

       La controversia que tenemos ante nuestra consideración se

remonta al 31 de enero de 2019, cuando Lime Properties presentó

Demanda en contra del Consejo de Titulares del Condominio

Ashford Valencia (Consejo), Juan Castillo Pavía y Lydia Esther

Delgado Ruiz, CRM Relation Management, Inc. (CRM), y Cooperativa

de Seguros Múltiples (Cooperativa), por unas alegadas filtraciones

de agua ocurridas en el apartamento número 102 en el Condominio

Ashford Valencia, propiedad de la parte demandante Lime

Properties. Según se alegó en la Demanda, las filtraciones provienen

de una fuga de agua ocurrida en el apartamento que queda en la

parte superior al del 102, es decir, el apartamento 202. En la

demanda también se alegó que dichas filtraciones han provocado

daños a la propiedad de la parte recurrida.

       El 4 de septiembre de 2019, la parte recurrida presentó una

Demanda Enmendada, en la cual incluyó a la parte peticionaria

como codemandado, por haber expedido unas pólizas de seguros

con los números 16001780002649 y 1600188002450 a favor del

Consejo. Véase párrafo Núm. 7 de la Demanda Enmendada.1 El 19

de noviembre de 2019, la parte peticionaria presentó Moción

Solicitando Desestimación por Falta de Póliza de Seguros, debido a

que, según su contención, para el 12 de mayo de 2016 (fecha en la

que comenzaron los alegados daños) MAPFRE no tenía una póliza

de seguros expedida a favor de Consejo. Por lo tanto, argumentó que

no tenía responsabilidad alguna frente a la parte recurrida.2

Oportunamente, Lime Properties presentó su correspondiente

oposición a la Moción Solicitando Desestimación. En la misma,

1 Apéndice 2 del Peticionario, págs. 5-8.
2 Apéndice 3 del Peticionario, págs. 9-19.
KLCE202301152                                                       3

planteó que debido a que las filtraciones de agua se consideraban

un daño continuo, estas alcanzaban y activaban los periodos de las

pólizas expedidas por MAPFRE.

       El 31 de enero de 2020, el TPI notificó una Resolución en

donde declaró no ha lugar la solicitud de desestimación y dispuso

que, a pesar de que MAPFRE no tenía una póliza de seguros

expedida para la fecha de los hechos descritos en la Demanda

Enmendada, el mecanismo de desestimación no era el adecuado

debido a que, si desestimaba, daba por cierto la alegación de daños

continuos.3 A raíz de esto, la parte peticionaria contestó la demanda

el 11 de febrero de 2020, y en esta negó las alegaciones expuestas

en su contra.4

       La    parte    recurrida     presentó   una   Segunda   Demanda

Enmendada, a los fines de incluir como codemandados a las

sucesiones de los causantes Juan Castillo Pavía y Lydia Esther

Delgado Ruiz, quienes eran los dueños del apartamento 202 para la

fecha de los alegados hechos. La parte peticionaria presentó su

Contestación a la Segunda Demanda Enmendada, el 10 de

noviembre de 2021. Como parte del descubrimiento de prueba

llevado a cabo en el caso, se tomó deposición a los representantes

del Consejo, así como también a CRM, quien era la compañía

administradora del Condominio Ashford Valencia para el momento

de los alegados hechos. De dichas deposiciones surgió que el

Consejo tenía conocimiento de las filtraciones de agua que estaban

ocurriendo desde los comienzos del año 2016.5 Para esta fecha, la

parte peticionaria no había expedido póliza alguna a favor del

Consejo. Según surge de una de las deposiciones, esto fue

confirmado por la persona que administraba el Condominio para ese

3 Apéndice 5 del Peticionario, pág. 30.
4 Apéndice 6 del Peticionario, págs. 31-35.
5 Apéndice 11 del peticionario pág. 221.
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momento, la Sra. Maureen Carrero Vidal. En específico, esta declaró

que personalmente le informó a la Junta del Consejo la ocurrencia

de estas filtraciones.6 Luego de culminado el descubrimiento de

prueba, el 9 de diciembre de 2022, la parte peticionaria presentó

una Moción de Sentencia Sumaria Parcial, donde solicitó al TPI

dictar sentencia sumaria a su favor toda vez que las filtraciones de

agua alegadas en la Demanda Enmendada comenzaron en el 2016,

previo a la expedición de las pólizas suscritas por MAPFRE. Al ser

esto conocido por el Consejo, la parte peticionaria alegó que esto

provocó que las pólizas expedidas para los periodos 2017 a 2018 y

2018 a 2019, no se activaran. Basado en ello, solicitó la

desestimación de la acción incoada en su contra.7

        El 19 de diciembre de 2022, la parte recurrida presentó una

Moción de Sentencia Sumaria Parcial, donde solicitó que el TPI

dictara sentencia sumaria su favor, aduciendo una serie hechos

materiales que no estaban en controversia. Entre estos, que para el

2 de marzo de 2017 estaba ocurriendo un evento de filtración de

agua y que el mismo había sido notificado.8 Ese mismo día, el

codemandado CRM también presentó una Moción Solicitando

Sentencia Sumaria Parcial. El 31 de diciembre de 2022, el Consejo

presentó una Moción en Oposición a Sentencia Sumaria Parcial y

Moción de Sentencia Sumaria, siendo esta la única parte que

presentó oposición a la solicitud de la peticionaria. En síntesis, el

Consejo argumentó que existía controversia sobre su conocimiento

en cuanto a las filtraciones de agua para el 2016 y que, a su vez,

procedía que el TPI ordenara a MAPFRE a proveerle defensa y

cubierta a su favor.

6 Id.
7 Apéndice 10 del Peticionario, págs. 49-67
8 Apéndice 11 del Peticionario, págs. 68-674.
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      El 16 de enero de 2023, la parte peticionaria presentó su

Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria Parcial y Oposición a

Moción de Sentencia Sumaria del Consejo, donde expresó que

procedía declarar no ha lugar la oposición y solicitud de sentencia

sumaria del Consejo toda vez que no controvirtió ningún hecho

material   presentado,   incumpliendo      con   la   Regla   36.3    de

Procedimiento Civil. La parte peticionaria añadió que procedía la

desestimación de la reclamación incoada en su contra, pues no

existía póliza expedida por esta para la fecha en que comenzaron las

alegadas filtraciones.

      El 1 de agosto de 2023, el TPI notificó una Sentencia Parcial

donde resolvió todas las mociones dispositivas presentadas,

incluyendo la solicitud de los peticionarios, la cual declaró no ha

lugar. Razonó que debido a que la filtración de agua iniciada en el

2016 fue reparada para el 9 de agosto de 2016 por el entonces

ocupante del apartamento 202, no procedía resolver sumariamente

si las pólizas expedidas por MAPFRE se activaron o no por la

filtración ocurrida posterior a esa fecha. En esta sentencia parcial el

TPI realizó las siguientes determinaciones de hechos:

                           HECHOS ESTIPULADOS
            1. Lime [Properties] es una compañía limitada foránea
               autorizada para hacer negocios en el Estado Libre
               Asociado de Puerto Rico.
            2. El Condominio Ashford Valencia es un condominio
               residencial localizado en la Avenida Ashford del Municipio
               de San Juan.
            3. La parte demandante es dueña del apartamento 102 del
               mencionado condominio.
            4. Los titulares del apartamento 202 del Condominio
               Ashford Valencia a la fecha de los hechos descritos en la
               Segunda Demanda Enmendada eran el Sr. Juan Castillo
               Pavía y su esposa la Sra. Lydia Esther Delgado Ruiz,
               ambos fallecidos.
            5. La parte demandada CRM Relation Management, Inc., es
               la entidad que a la fecha de los hechos descritos en la
               Segunda Demanda Enmendada era la encargada de
               administrar el Condominio Ashford Valencia.
            6. El Reglamento del Condominio en su Art. IX, Sec. 1,
               establece:
                   "In the event of a violation (other than nonpayment of
                   an assessment) by an owner of the provisions of the
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                Horizontal Property Act and/or of the Master Deed
                and/or of these By-laws, as the same may be amended
                from time to time, the Association may notify the
                owner in writing of said default and if such violation
                shall continue for a period of thirty (30) days from the
                date of notice, the Association shall have the election
                to file:
                (a) An action at law to recover damages on behalf of
                the Association and/or the remaining owners,

                (e)An action to enforce performance on the part of the
                defaulting owner,
                (f) An action for such relief, as may be necessary to
                repair the violation, including injunctive relief."

         7. El 6 de abril de 2022, el perito de la parte demandante, el
             Ing. José A. Fernández, y los peritos de las codemandadas
             Consejo y CRM, DYREK Engineering Services, PSC,
             acudieron al edificio Ashford Valencia e inspeccionaron
             los apartamentos 102 y 202.
         8. MAPFRE PRAICO Insurance Co., expidió a favor del
             Consejo de Titulares del Condominio Ashford Valencia las
             pólizas de seguros 1600178002649, con fecha de vigencia
             de 04/18/2017 a 04/18/2018, y 1600188002450, con
             fecha de vigencia de 04/18/2018 a 04/18/2019.
         9. La Cooperativa de Seguros Múltiples expidió la póliza
             número CPP 000715533, con fecha de vencimiento
             04/18/2016 a 04/18/2017 a nombre de Condominio
             Ashford Valencia.
         10. Las pólizas se rigen por sus términos, límites, condiciones
             y exclusiones.

                 DETERMINACIONES DE HECHOS

         1. El 20 de febrero de 1987, el Notario Jacobo Ortiz Murias
            autorizó la Escritura Núm. 6 para establecer el régimen
            de propiedad horizontal en el Condominio Ashford
            Valencia.
         2. CRM es una corporación que se dedica a la
            administración de condominios privados.
         3. El dueño de CRM es Cirilo Rivera González (Rivera
            González).
         4. Maureen Carrero Vidal (Carrero Vidal) es la agente
            administradora de CRM y trabaja todas las operaciones
            de los condominios a los que CRM brinda servicios.
         5. Jesús Castro era supervisor de la ruta en CRM, pero cesó
            funciones el 1 de abril de 2023.
         6. El trabajo de Jesús Castro era visitar los condominios de
            lunes a viernes para recoger pagos de cuotas de
            mantenimiento, entregar los cheques para las firmas,
            comprar materiales de limpieza, buscar cotizaciones,
            supervisar las áreas comunes de los condominios para
            asegurarse de que todo estaba funcionando bien.
         7. Además, si algún titular enviaba alguna solicitud para
            que se atendiera un asunto, Jesús Castro era quien iba a
            investigar para definir los próximos pasos a seguir.
         8. En 1997, CRM comenzó a administrar, mes a mes, el
            Condominio Ashford Valencia.
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         9. El 1 de junio de 2005, la Junta de Directores del Consejo
             de Titulares del Condominio Ashford Valencia suscribió
             un Contrato de servicios profesionales con CRM por un
             año para que esta última se encargara de la
             administración del Condominio Ashford Valencia. El
             acuerdo se renueva automáticamente.
         10. Según se acordó en el Contrato de servicios profesionales,
             CRM debía:
             a. Verificar todo lo relacionado con el mantenimiento de
                 las áreas comunes del Condominio Ashford Valencia;
             b. Orientar a la Junta de Directores para el mejor uso y
                 conservación de las áreas comunes del Condominio
                 Ashford Valencia;
             c. Mantener la custodia de las cuentas de banco de la
                 Junta de Directores;
             d. Utilizar el procedimiento de cotizaciones para
                 reparaciones de servicios de mantenimiento;
             e. Recibir los pagos de las cuotas de mantenimientos de
                 los condóminos;
             f. Preparar estados mensuales de ingresos y gastos
                 mensuales;
             g. Preparar un presupuesto anual de operaciones;
             h. Supervisar los contratos de mantenimiento y
                 reparación de los elementos comunes;
             i. Hacer cumplir con las disposiciones de la Ley de
                 Condominios y del Reglamento del Condominio
                 Ashford Valencia;
             j. Entre otras.
         11. El Contrato de servicios profesionales, dispone, además,
             que CRM "será responsable única y exclusivamente por
             todo aquello a lo que se obliga en este contrato, y no
             responderá bajo ninguna circunstancia a nadie, ya sea
             una persona natural y/o jurídica por nada que no esté
             aquí expresado."
         12. Según Carrero Vidal, algunas de las responsabilidades de
             CRM con el Condominio Ashford Valencia son:
             a. Cobro de cuotas de mantenimiento;
             b. Preparar cheques de los servicios del condominio y
                 enviarlos a la Junta para la firma;
             c. Buscar cotizaciones para reparaciones o alguna obra
                 o mejora del condominio;
             d. Atender la parte operacional del condominio;
             e. Evaluar propuestas;
             f. Hacer convocatorias de asambleas;
             g. Canalizar las deficiencias que reportan los titulares.
         13. CRM participa de las asambleas del Condominio Ashford
             Valencia y toma notas, lleva la asistencia y se asegura de
             quiénes pueden votar y quienes no.
         14. CRM se comunica con la Junta de Directores del Consejo
             de Titulares a través de correo electrónico, mediante
             notificaciones que se colocan por debajo de las puertas o
             a la dirección registrada que el titular provee.
         15. Actualmente, el contacto de la Junta de Directores del
             Consejo de Titulares es el presidente, Ramón Alberto
             Pérez Troche (Pérez Troche). Para el 2016, era Aníbal
             Amador.
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         16. Pérez Troche es el presidente de la Junta de Directores
             del Consejo de Titulares desde, aproximadamente, el
             2021.
         17. Pérez Troche indicó que, cuando tiene dudas sobre el
             Reglamento del Condominio Ashford Valencia o de la Ley
             de Condominios, se comunica con Carrero Vidal, de CRM.
         18. Mensualmente, CRM sostiene reuniones con el
             presidente de la Junta de Directores del Consejo de
             Titulares.
         19. Cuando CRM recibe una queja de algún titular sobre otro,
             el asunto se refiere a la Junta de Directores del Consejo
             de Titulares para que tenga conocimiento y al titular
             sobre el cual se dio la queja.
         20. Si la Junta de Directores del Consejo de Titulares lo
             autoriza, CRM le da seguimiento al titular que está
             violando el reglamento.
         21. Cuando CRM recibe una queja de un titular de que hay
             filtraciones de otro apartamento, se comunica, por
             teléfono, correo electrónico o carta, con el titular del
             apartamento que está causando la filtración para que
             contrate un plomero que pueda identificar el problema.
         22. Si la filtración está causando daño a un área comunal,
             CRM se lo notifica también a la Junta de Directores del
             Consejo de Titulares para que les autorice a contratar un
             plomero.
         23. Cuando la filtración no afecta un área común, CRM le
             notifica a la Junta de Directores del Consejo de Titulares
             para que tengan conocimiento.
         24. Si los titulares involucrados en la situación no vuelven a
             contactar a CRM, este no interviene ni da seguimiento.
         25. Según Pérez Troche, cuando la Junta de Directores del
             Consejo de Titulares recibe una queja de un titular sobre
             algún asunto del condominio, se canaliza a través de
             Carrero Vidal, de CRM.
         26. Según Pérez Troche, cuando la queja es de un titular
             sobre otro, la Junta de Directores del Consejo de Titulares
             trata de que se resuelva el problema entre ellos.
         27. Según Pérez Troche, el procedimiento que sigue la Junta
             de Directores del Consejo de Titulares al recibir una queja
             de filtración de un apartamento a otro es comunicárselo
             a Carrero Vidal, de CRM, para que ella envíe un plomero.
         28. El 27 de mayo de 2014, la Notaria Myrna Torres Santiago
             autorizó la Escritura Núm. 66 sobre la compraventa del
             Apartamento 102 en el Condominio Ashford Valencia a
             Lime Properties.
         29. En 2016, Carrero Vidal recibió una notificación por
             correo electrónico del titular del apartamento 102 del
             Condominio Ashford Valencia en la cual se indicaba que
             tenían un problema de filtración que provenía del
             apartamento 202.
         30. Cuando CRM recibió, a través de Carrero Vidal, la
             notificación de que había unas filtraciones del
             apartamento 202 del Condominio Ashford Valencia que
             estaban afectando al apartamento 102, se comunicó por
             teléfono con Héctor Díaz Castillo (Díaz Castillo), nieto de
             los titulares del apartamento 202, por ser el ocupante en
             ese momento.
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         31. CRM le informó a Díaz Castillo sobre las filtraciones y le
             proveyó la información del titular del apartamento 102
             para que se comunicara.
         32. Además, CRM, a través de Carrero Vidal, le notificó sobre
             la situación a la Junta de Directores del Consejo de
             Titulares.
         33. Carrero Vidal se comunicó con Díaz Castillo en dos
             ocasiones, siendo la última el 8 de marzo de 2019.
         34. Según Pérez Troche, la Junta de Directores del Consejo
             de Titulares nunca realizó una reparación de las
             filtraciones del apartamento 202 del Condominio Ashford
             Valencia.
         35. Gretchen García Santiago (García Santiago) es la
             presidenta de Real Estate Opportunities Puerto Rico
             Corp. (Real Estate Opportunities).
         36. García Santiago posee una licencia de bienes raíces del
             Departamento del Estado.
         37. García Santiago ofrece servicios como agente de bienes
             raíces para Lime Properties
         38. Las tareas de García Santiago para Lime Properties
             incluyen: mercadeo y venta de propiedades, inspecciones
             de los bienes inmuebles y análisis del valor de estos.
         39. García Santiago comenzó a trabajar con el apartamento
             102 del Condominio Ashford Valencia a principios del
             2016.
         40. García Santiago, de Real Estate Oportunities, indicó que
             la Asociación de Residentes del Condominio Ashford
             Valencia tenía conocimiento de la situación de filtración
             aproximadamente desde principios o mediados de 2016.
         41. A mediados de 2016, la Asociación de Residentes del
             Condominio Ashford Valencia realizó varias visitas al
             apartamento 102 para observar la situación del filtrado.
         42. García Santiago, de Real Estate Oportunities, preparó
             una carta, con fecha de 12 de julio de 2016, en la que
             acreditó que este último y un plomero que este contrató,
             visitaron el apartamento 102 del Condominio Ashford
             Valencia y el estacionamiento correspondiente al
             Penthouse de María de Lourdes Ortiz, para evaluar la
             situación de filtración de agua.
         43. Para el 2017, Professional Plumbing había preparado
             tres estimados para sobre la situación de la filtración del
             apartamento 102. Los estimados se produjeron a raíz de
             una situación de filtración entre el apartamento 102 y el
             almacén que queda debajo. El informe lo preparó el
             plomero Carlos Laureano. Los estimados fueron
             facilitados a Real Estate Oportunities, a través de Jean
             Carlos Martínez. Estos, a su vez, le facilitaron los
             estimados a Lime Properties.
         44. Desde principios de 2019, nadie reside en el apartamento
             202 del Condominio Ashford Valencia.
         45. El 8 de marzo de 2019, Díaz Castillo le envió un correo
             electrónico a Carrero Vidal en el que indicó lo siguiente:
             a. Que la reclamación de las filtraciones se hizo en el
                  2016;
             b. Que la reparación inicial se hizo en el 2016 y se
                  terminó el 9 de agosto de 2016;
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             c. Que Lime Properties se encargaría de unas cosas que
                  quedaron pendientes que cotizó el plomero Carlos
                  Laureano.
         46. El 9 de septiembre de 2019, Mapfre emitió un pago de
             $606,089.28 a la Asociación de Condómines del
             Condominio Ashford Valencia como pago de la
             reclamación por daños ocasionados a la propiedad por el
             paso del huracán María a la póliza número
             1600178002649.
         47. Desde el 28 de mayo de 2020, el apartamento 202 del
             Condominio Ashford Valencia no tiene servicio de agua
             potable, debido a que se le cortó, según le notificó Pérez
             Troche, presidente de la Junta de Directores, al Ledo.
             Marcos Pérez Cruz.
         48. El 10 de junio de 2022, FERPO Consulting, PSC (FERPO)
             preparó, para la representación legal de Lime Properties,
             un reporte sobre los daños que se observaron en el
             apartamento del Condominio Ashford Valencia en la
             visita del 6 de abril de 2022.
         49. En su reporte, FERPO indicó que, un plomero que
             contrató realizó unas pruebas de filtraciones desde los
             baños del apartamento 202 del Condominio Ashford
             Valencia, para constatar si había alguna filtración.
         50. Para llevar a cabo la prueba de filtración en el baño
             número 1, el plomero contratado por FERPO utilizó un
             tinte rojo. Básicamente, para hacer esta prueba, vertió el
             tinte rojo en el desagüe y en el borde de la bañera del
             baño del apartamento 202 del Condominio Ashford
             Valencia, y se pudo observar como el tinte se filtró hacia
             el techo del apartamento 102.
         51. Similarmente, para la prueba en el baño número 2, el
             plomero contratado por FERPO utilizó tinte azul. En esta
             ocasión, vertió el tinte azul en el desagüe y en el borde de
             la bañera del baño del apartamento 202 del Condominio
             Ashford Valencia, y se pudo observar como el tinte se
             filtró hacia el techo del apartamento 102 y las paredes.
         52. Luego de que se hicieran las pruebas, FERPO concluyó
             que existen filtraciones del apartamento 202 del
             Condominio Ashford Valencia hacia el apartamento 102,
             lo que ha ocasionado daños en los baños.
             Particularmente, sostuvo que se ha ocasionado daño a los
             techos de gypsum board, a la loza del piso, a los
             accesorios de baño, la puerta, receptáculos y lámparas.
         53. Además, FERPO entiende que, cuando se haga la
             demolición correspondiente, se podría encontrar moho, lo
             cual aumentaría los daños.
         54. De otra parte, FERPO observó que una pequeña pluma
             del apartamento 202 estaba goteando y causó que se
             inundara la cocina del apartamento 102.
         55. FERPO estimó que los materiales para reparar los daños
             del apartamento 102 del Condominio Ashford Valencia
             costarán $48,545.34, más $15,000.00 por los posibles
             daños ocasionados por el moho.
         56. El 7 de julio de 2022, DYREK Engineering Services, PSC
             (DYREK) preparó, para Seguros Múltiples, un reporte
             sobre los daños que se observaron en el apartamento del
             Condominio Ashford Valencia en la visita del 6 de abril de
             2022.
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         57. DYREK indicó que inspeccionó los apartamentos 102 y
             202 del Condominio Ashford Valencia y que, para poder
             hacer pruebas de filtraciones, se abrieron las llaves de
             paso de ambos apartamentos.
         58. DYREK afirmó que se llevaron a cabo unas pruebas de
             filtraciones con tintes, y que se confirmó que el agua de
             los baños del apartamento 202 llegó al apartamento 102
             a través de los paneles, el techo y las tuberías de las
             bañeras.
         59. En su reporte, DYREK recomendó, entre otras cosas, (1)
             que se verifiquen el resto de los apartamentos que están
             encima del apartamento 202 para constatar si existen
             otras filtraciones, (2) que se verifique el drenaje del techo
             del Condominio Ashford Valencia para identificar
             posibles filtraciones de esa área, (3) que los drenajes del
             techo del Condominio Ashford Valencia se mantengan
             destapados y limpios como parte del mantenimiento
             regular.
         60. DYREK estimó que los daños del apartmento 102 del
             Condominio Ashford Valencia, ocasionados por las
             filtraciones provenientes del apartmento 202, ascienden
             a $45,798.00.
         61. Desde el 30 de septiembre de 2022, CRM no ostenta la
             administración del Condominio Ashford Valencia.
         62. El Art. III, Sec. 1 del Reglamento del Condominio Ashford
             Valencia establece que:

                The owners of units shall constitute the Association of
                Owners, called "the Association" hereinafter, which
                will have the responsibility of managing the
                Condominium, preparing and annual budget for the
                expenses of the same and collecting the monthly
                quotas or charges payable by each owner. The
                Association shall have the right to appoint ad
                administrator to lend the administration of the
                Condominium and to fix the compensation therefor.
                [...]
         63. El Art. IV, Sec. 1 del Reglamento del Condominio Ashford
            Valencia dispone que: "The affairs of the Association shall
            be governed by a Board of Directors, called the "Board"
            hereinafter, composed of three (3) who shall be owners in
            good standing of units in the Condominium."
         64. El Art. IV, Sec. 2 del Reglamento del Condominio Ashford
            Valencia establece que: "The Board shall have such
            Powers and duties as be necessary for the administration
            of the affairs of the Association and shall have authority
            to take action not served otherwise by law and/or by
            these By-Laws to the Owners."
         65. El Art. IV, Sec. 3 del Reglamento del Condominio Ashford
            Valencia dispone que:

                In addition to the duties imposed by these By-Laws
                and/or resolution of the Association, the Board shall
                have the following:
                (a) Maintain, repair and supervise the Condominium
                (b) Collect the monthly assessments from the Owners
KLCE202301152                                                            12

                    (c) Hire and fire the personnel necessary for the
                         operation and maintenance of the Condominium
                         and ix the salaries therefor.
              66. Art. IV, Sec. 4 del Reglamento del Condominio Ashford
                 Valencia establece que: "The Board shall be authorized to
                 hire the services of an Administrator for the Association
                 and fix the compensation therefor and determine the
                 duties thereof, including, but without limitation thereto,
                 the duties established by the preceding Section 3."
              67. El Art. Vill del Reglamento del Condominio Ashford
                 Valencia dispone, en lo pertinente, que:

                  The Owners shall:

                  (b) Carry on with due diligence the necessary
                  maintenance and repair work in his unit.
                  (d) Repair and maintain the installation, pipes and
                  conduits in his unit for water, electricity, sewer,
                  telephone and sanitary facilities, as well as doors,
                  windows, lamps and any other equipment or artefacts
                  belonging to his unit.
                  (g) Permit entry to the Administrator or person authorized
                  by the Board or by the Association. In case of an
                  emergency arising in or threatening his unit or the
                  Condominium, whether or not the owner is present.
                  (h) Permit the entry of other Owners, or representatives
                  thereot, when necessary, to make repairs, installations or
                  alteration and when such entry is requested in advance
                  and made at a time convenient to the owner. In case of
                  emergency, the right of entry shall be unqualified and
                  immediate.9

       El dicha Sentencia Parcial, el TPI encontró los siguientes

hechos controvertidos:

       En primer lugar, de los hechos surge con claridad que la
       filtración se reparó en agosto de 2016, por lo que este tribunal
       desconoce si, al momento de contratar las pólizas, se le había
       notificado nuevamente a la Junta de Directores del Consejo de
       Titulares que las filtraciones persistían. Así, no se ha
       demostrado con certeza si las pólizas se podrían activar o no
       por los daños continuados que se alegaron en la demanda. De
       otra parte, es importante destacar que en el expediente no
       constan las pólizas que MAPFRE expidió. Esto es importante
       para poder determinar si los daños que se alegaron están
       incluidos en la cubierta. Por todo lo anterior, se determina que,
       en este momento, el tribunal no está en posición de determinar
       si MAPFRE responde o no. (Énfasis nuestro).

       Cabe mencionar que este tribunal tampoco está en posición de
       determinar si MAPFRE tiene la responsabilidad de representar
       en este pleito al Consejo de Titulares. (Énfasis nuestro).

       De lo que consta en el expediente surge que la Junta de
       Directores tenía conocimiento de las filtraciones y que, por
       gestiones de CRM, como administradora, se hicieron unas
       reparaciones el mismo año que se notificó el problema. Lo que

9 Apéndice 20 del Peticionario, págs. 1188-1198.
KLCE202301152                                                                   13

        no está completamente claro es lo que ocurrió luego de esas
        reparaciones iniciales. (Énfasis nuestro).

        El 10 de agosto de 2023, la parte la recurrida presentó una

Tercera Demanda Enmendada con el fin de añadir nuevos

codemandados a su reclamación. El 15 de agosto de 2023, la parte

peticionaria presentó una Moción de Reconsideración y Solicitud de

Determinación Adicional. En esta moción, también se le solicitó al

TPI reconsiderar su determinación de no considerar su solicitud de

sentencia. La parte peticionaria señaló que existía conocimiento

previo de estas filtraciones por parte del Consejo en un periodo

donde MAPFRE no había expedido póliza alguna. Además,

argumentó que a pesar de que la filtración original se corrigió el 9

de agosto de 2016 y el 18 de abril de 2017 fue que entraron en vigor

las pólizas de MAPFRE, ya para el 2 de marzo de 2017 había un

evento de filtración ocurriendo en el apartamento. Razón por lo que,

insistió que procedía desestimar la causa de acción contra

MAPFRE.10

        El 11 de septiembre de 2023, el TPI, motu proprio, emitió una

Orden concediéndoles a las partes un término de 5 días para

presentar su posición sobre la solicitud de reconsideración y de

determinaciones adicionales de MAPFRE. El 19 de septiembre de

2023, la parte recurrida presentó Moción en torno a la "Oposición a

Moción de Reconsideración y Solicitud de Determinación Adicional".

Allí,   aclaró   que     las   alegaciones    del      Consejo      habían    sido

controvertidas, debido a que se demostró que para el 2016 el

Consejo y CRM sabían sobre las filtraciones provenientes del

apartamento 202 al 102.11 Ese mismo día, el TPI dictó una

Resolución       donde    declaró    "No     Ha       Lugar"   la    Moción    de

Reconsideración y Solicitud de Determinación Adicional de la

10 Apéndice 22 del Peticionario, págs. 1,222-1,233.
11 Apéndice 25 del Peticionario, págs. 1,241-1,243.
KLCE202301152                                                            14

peticionaria.12 Inconforme con dicha determinación, la parte

peticionaria     acude      ante     nos       formulando   los   siguientes

señalamientos de error:

       Primer Error: Erró el TPI al no realizar la determinación de
       hecho adicional, a pesar de tener la prueba para ello, la cual
       demuestra inequívocamente que para el 2 de marzo de 2017
       las filtraciones de agua estaban ocurriendo y estas eran de
       conocimiento del Consejo.

       Segundo Error: Erró el TPI al declarar "No Ha Lugar" la
       Moción de Sentencia Sumaria Parcial, a pesar de que no existe
       controversia de hechos sobre el conocimiento previo del
       Consejo sobre las filtraciones de agua, y que dicho
       conocimiento provocó que las pólizas de seguro expedidas por
       MAPFRE no se activaran.

                                       -II-

                                       -A-

       Distinto al recurso de apelación, el certiorari es un recurso

extraordinario cuya característica se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206

DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Este Tribunal tiene

la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el

discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR

83 (2008). En los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank

v. ZAF Corp et al., 202 DPR 478 (2019). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil también dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales regulados por la Regla 56, de la Regla 57,

(mecanismo de injunction) o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo." 800 Ponce de León v. AIJ, supra.

12 Apéndice 26 del Peticionario, pág. 1,244.
KLCE202301152                                                       15

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de

ejercer nuestra facultad discrecional:

      A.    Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
            diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.

      B.    Si la situación de hechos planteada es la más indicada
            para el análisis del problema.

      C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.

      D.    Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los cuales
            deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E.    Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
            es la más propicia para su consideración.

      F.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
            dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                    -B-

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee

nuestro ordenamiento jurídico para propiciar la solución justa,

rápida y económica de controversias en las cuales resulta

innecesario celebrar un juicio plenario. Meléndez González et al. v.

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,

189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR

113 (2012); Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).

      La función principal de la sentencia sumaria es que, en litigios

de naturaleza civil, una parte pueda mostrar previo al juicio que,

tras las partes contar con la evidencia que ha sido debidamente

descubierta, no existe una controversia material de hecho que deba

ser dirimida en un juicio plenario y que, por tanto, el tribunal está

en posición de aquilatar esa evidencia para disponer del caso ante

sí. Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo
KLCE202301152                                                             16

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); Const. José

Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128.

      El mecanismo de la sentencia sumaria está regido por la Regla

36 de Procedimiento Civil. R.P. CIV. 36, 32 LPRA Ap. V (2010). Esta

Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por

medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. En estos casos,

procederá dictarse sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones,    contestaciones      a    interrogatorios    y   admisiones

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si

alguna, se logra demostrar que no hay controversia real y sustancial

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de

Derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil,

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

      La sentencia sumaria procede únicamente en aquellos casos

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto

los hechos materiales, por lo que lo único que queda, por parte del

poder judicial, es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi

S.E., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra;

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). Un hecho

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

al amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914

(2010). La calidad del "hecho material" debe ser suficiente como para

que sea necesario que un juez o jueza la dirima a través de un juicio

plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra. Es decir, luego de

aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad.

      Se ha establecido el formato y la manera específica de

demostrar   la   inexistencia   de       controversia   de   hechos   y   la
KLCE202301152                                                       17

correspondiente manera de derrotar la propuesta de que no existe

controversia de hechos. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil,

supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 432; Regla

36.3 (b) (2), supra; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117

DPR 714 (1986).

                                 -C-

      Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no

puede descansar en meras alegaciones y afirmaciones. Por el

contrario, debe someter evidencia sustancial de los hechos

materiales que están en disputa y demostrar que tiene prueba para

sustanciar sus alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra. De no

oponerse, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia sumaria

sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos Pérez

v. Univisión, supra; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR

652 (2000). Toda duda sobre la existencia de una controversia de

hechos bona fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la

sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra;

Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011). Por lo

tanto, al determinar si existen controversias de hechos que impiden

dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los documentos

que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos

incluidos con la Moción en Oposición, así como los que obren en el

expediente. Dicho examen debe ser guiado por el principio de

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia

sumaria. Rosado Reyes v. Global Health Group, LLC, 205 DPR 796,

809 (2020); Ramos Pérez v. Univisión, supra. De existir dudas sobre

la existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse

en contra del promovente ya que este mecanismo procesal no

permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Íd.; Mgmt.

Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo
KLCE202301152                                                     18

v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272 (1990); Corp. Presiding Bishop

v. Purcell, supra, pág. 720.

      En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro

Tribunal Supremo estableció el estándar específico que debe utilizar

este Foro Apelativo Intermedio al momento de revisar denegatorias

o concesiones de mociones de sentencia sumaria. En primer lugar,

este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del

TPI al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria. Por lo

tanto, estamos regidos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,

y nos aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla

36, supra, le exigen al foro primario. En segundo lugar, por estar

este foro apelativo en la misma posición que el primario, estamos en

la obligación de revisar que tanto la moción de sentencia sumaria

como su oposición, en caso de presentarse, cumplan con los

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra, según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF

Montalvo, supra. En tercer lugar, cuando consideremos la revisión

de una Sentencia dictada por la vía sumaria, este tribunal tiene que

examinar si en realidad existen hechos materiales en controversia.

      De haberlos, estamos obligados a cumplir con la exigencia de

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, por lo que tenemos la

ineludible   obligación   de   exponer   concretamente   los   hechos

materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos,

cuáles resultan ser incontrovertidos. Esta determinación procede

ser hecha en la Sentencia que disponga del caso. También estamos

facultados para hacer referencia al listado enumerado de hechos

incontrovertidos que determinó el TPI. Finalmente, de encontrar este

Tribunal de Apelaciones que los hechos materiales realmente

resultan ser incontrovertidos, procede entonces revisar de novo si el

TPI aplicó correctamente el Derecho.
KLCE202301152                                                     19

                                -D-

      Nuestro Tribunal Supremo, reiteradamente ha destacado que,

en nuestro ordenamiento jurídico, el negocio de seguros está

revestido de un alto interés público debido a su importancia,

complejidad y efecto en la economía y la sociedad, razón por la cual

ha sido ampliamente reglamentado por el Estado. S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011); Jiménez López et al.

v. SIMED, 180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176

DPR 372 (2009).

      El contrato de seguro juega un papel económico crucial tanto

a nivel individual como en el ámbito comercial, ya que le permite,

tanto a las personas, como a los negocios, proteger sus recursos al

transferir el impacto monetario de ciertos riesgos a cambio del pago

de una prima. L. Benítez de Lugo y Reymundo, El Riesto Jurídico,

Madrid, Imp. Viuda Galo Sáez, 17 (1961).

      La póliza configura el documento escrito donde se plasman los

términos que rigen el contrato de seguro. Éste se ha descrito como

aquel pacto que suscriben las partes a través del cual “el

asegurador, se compromete, a cambio del pago de una prima, a

indemnizar a un tercero, por lo general al asegurado o un

reclamante, por una pérdida contingente al ocurrir un evento futuro

incierto previsto”. R. Cruz, Derecho de Seguros, 1ª ed., San Juan,

Pubs. JTS, 1999, pág. 387. Similar a todo contrato, sus términos

constituyen la ley entre las partes. Véase S.L.G. Ortiz-Alvarado v.

Great American, supra.

      El Código de Seguros pauta la norma que ha de regir en el

descargo de nuestra función interpretativa de las cláusulas

contenidas en una póliza de seguro. A esos efectos, dicho cuerpo

normativo dispone en su artículo 11.250 que “[t]odo contrato de

seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total

de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza y
KLCE202301152                                                      20

según se hayan ampliado, extendido, o modificado”. Ley 77 de 19 de

junio de 1957, según enmendada 26 LPRA sec. 101 et seq. Capítulo

1. Véase, además, Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Echandi

Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008); Monteagudo Pérez v.

E.L.A., 172 DPR 12 (2007).

      Por tanto, los principios generales de hermenéutica atinentes

a los contratos, según se explican en los Artículos 1233 a 1241 de

nuestro vigente Código Civil se utilizarán únicamente de manera

supletoria. CÓD. CIV. PR arts. 1233-1241, 31 LPRA § 5141 (2020 &

Supl. 2023). Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Echandi Otero v.

Stewart Title, supra; Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 260 (2005).

En aquellos casos en que surjan dudas en torno a la interpretación

de los términos de una póliza, éstas deben resolverse de manera que

se cumpla con el designio intrínseco de la misma, es decir, proveer

protección al asegurado. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra;

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996).

      Cónsono con lo anterior y similar al proceso de interpretación

de las leyes, se examinarán las palabras contenidas en la póliza “en

su más corriente y usual significación, sin atender demasiado al

rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las

voces”. CÓD. CIV. PR art. 1247, 31 LPRA § 5141 (2020 & Supl.

2023). S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra; Jiménez López

et al. v. SIMED, supra. Como regla general, las disposiciones de un

contrato de seguro deben de ser interpretadas liberalmente a favor

del asegurado por constituir éste un contrato de adhesión. S.L.G.

Ortiz-Alvarado v. Great American, supra.

      No obstante, este principio de hermenéutica no tendrá

aplicación cuando las cláusulas en cuestión resulten claras y libres

de ambigüedad. En tales casos, se hará valer la clara voluntad de

las partes y el asegurado vendrá obligado por los términos allí

manifestados. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra;
KLCE202301152                                                               21

Jiménez López et al. v. SIMED, supra; S.L.G. Francis-Acevedo v.

SIMED, supra. Los términos de un contrato se reputan claros

“cuando por sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en

un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad

de    interpretaciones     y    sin   necesitar    para   su   comprensión

razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación”.

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra, en la pág. 387.

       De otra parte, cabe notar que las cláusulas de exclusión, que

operan para limitar la cubierta provista por la aseguradora y, de este

modo, no responder por determinados eventos, riesgos o peligros,

son    generalmente       desfavorecidas.     Así    pues,     éstas    serán

interpretadas restrictivamente en contra del asegurador para, de

este modo, cumplir con el propósito intrínseco de la póliza, es decir,

dar mayor protección al asegurado. No obstante, si las cláusulas de

exclusión son claras y aplican a determinada situación, la

aseguradora      no     será    responsabilizada    por   aquellos     riesgos

expresamente excluidos. Jiménez López et al. v. SIMED, supra;

Echandi Otero v. Stewart Title, supra; Molina v. Plaza Acuática, supra.

Véase también, Maderas Tratadas, Inc., v. Sun Alliance, CBI

Securities, 185 DPR 880 (2012).

                                      -E-

       Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido y distinguido

diferentes tipos de daños. Entre ellos se encuentran los daños

continuos o continuados y los daños sucesivos. El Tribunal

Supremo define los daños continuos como aquellos producidos por

uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor,

coetáneos    o    no,     que     resultan   en     consecuencias      lesivas

ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas

entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca

por ser previsible el carácter continuado e ininterrumpido de sus

efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto
KLCE202301152                                                       22

compuesto por elementos de daño actual y por tanto cierto”. Rivera

Ruiz, et al. v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 417-418 (2016). Estos

tipos de daños se distinguen por ser daños derivados de acto ilícito

como unidad y no como una pluralidad de daños particulares.

         Sobre los daños sucesivos, nuestro Tribunal Supremo sostuvo

que estos constituyen una secuencia de daños individuales y

concretos que se producen en intervalos finitos de tiempo. Cacho

González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215, 222-223 (2019).

Cada lesión a causa de un acto u omisión culposa o negligente

produce un daño distinto, que a su vez genera una causa de acción

independiente. Id. Se tratan pues de daños ciertos que se van

repitiendo, sin que necesariamente sean idénticos, y que no son

previsibles o susceptibles de ser descubiertos empleando diligencia

razonable. Id. Aunque tradicionalmente se han referido a las

doctrinas bajo estudio como daños continuos o daños sucesivos, lo

que en realidad es continuo o sucesivo en estos escenarios es el acto

u omisión que produce el daño y no, necesariamente, la lesión

sufrida. Id.

         Los daños continuados tienen tres rasgos distintivos: (1) nace

de uno o varios actos culposos o negligentes imputables al mismo

actor;      (2)    los    daños     ocasionados     se     manifiestan

ininterrumpidamente, y (3) esos daños, en conjunto, conforman un

proceso perjudicial progresivo de carácter unitario. Velázquez Ortiz

v. Mun. Humacao, supra, en las págs. 665-666.

                                   -III-

         En el caso ante nuestra consideración, el TPI tomó en

consideración el hecho de que las pólizas expedidas por la parte

peticionaria entraron en vigor luego de ocurrido el primer evento de

filtraciones de agua en el edificio 202 del Condominio Ashford

Valencia. Sin embargo, correctamente se negó a desestimar la

demanda presentada en contra de la parte aquí peticionaria.
KLCE202301152                                                        23

Ciertamente, el contrato de seguro suscrito entre la parte

peticionaria y el Consejo establecía que la póliza cubriría eventos

prospectivos. Sin embargo, es necesario que se ventile en juicio

ordinario toda la evidencia que pueda demostrar o descartar que en

efecto el daño provocado por las filtraciones de agua se trata de un

daño continuado provocado por un mismo evento o si, por el

contrario, se trata de un hecho independiente y posterior. Si de la

prueba que se ventile en juicio, el TPI considera que se trata de un

daño continuado, entonces la parte peticionaria podrá replicar los

argumentos que presentó en su Moción de Sentencia sumaria ante

el TPI y en su petición de certiorari ante este Tribunal. Si el TPI

concluye que se trata de un evento independiente, entonces será

tarea del TPI analizar el alcance de la cubierta del contrato de seguro

y resolver el asunto de responsabilidad de la parte peticionaria.

      Luego de analizar el expediente cuidadosamente, hemos

llegado a la misma conclusión a la que llegó el TPI. Es necesario que

la parte peticionaria presente prueba ante el Tribunal que

demuestre que previo a expedir la póliza, el evento de fuga de agua

que provocó los alegados daños ya había comenzado. De otra parte,

la parte recurrida debe demostrar que en efecto la primera fuga de

agua fue totalmente reparada en aquella primera ocasión y que

definitivamente    el   segundo     incidente    es   completamente

independiente, permitiendo así que la póliza expedida por la parte

peticionaria se active. Para determinar si se trata de un daño

continuo o sucesivo, es necesario que el TPI considere otra prueba.

      Debemos señalar también, que, según la Sentencia Parcial

dictada por el foro primario, éste no tuvo ante su consideración las

pólizas que se expidieron por la parte peticionaria. Sin embargo, la

parte peticionaria incluyó como parte de sus anejos las pólizas en

controversia. Ello, en contravención de la norma básica del derecho

procesal apelativo de que, de ordinario, las partes que acuden a este
KLCE202301152                                                        24

foro no pueden ni litigar asuntos ni presentar evidencia que no

fueron traídas a la atención del foro primario. En este sentido,

estamos impedidos de considerar prueba que no fue presentada

ante el TPI.

      Considerados los criterios establecidos en la Regla 40 de

nuestro Reglamento, supra, concluimos que no está presente

circunstancia alguna que amerite nuestra intervención, en esta

etapa de los procedimientos, con la discreción ejercida por el TPI.

Coincidimos con el TPI, en su conclusión de que no era posible

desestimar la Demanda Enmendada en contra de la parte

peticionaria por la vía sumaria. No erró el TPI al no realizar la

determinación     de   hecho   adicional   solicitada   por   la   parte

peticionaria, y al declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia

Sumaria Parcial.

                                 -IV-

      Por los anteriores fundamentos, denegamos expedir el auto de

certiorari presentado por la parte peticionaria.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones