Court Opinion

ID: 9962773
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:50:56.840059+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:33.442966
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

     ELLIOT RIVERA                                 REVISIÓN JUDICIAL
        NAZARIO                                    procedente de La
                                                   Junta de la Junta de
        Recurrente                                 Libertad Bajo Palabra
                             KLRA202400110
             v.                                    Caso núm.:
                                                   JLBP #147324
  JUNTA DE LIBERTAD
    BAJO PALABRA
                                                   Sobre: Concesión de
        Recurrida                                  Libertad Bajo Palabra
Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

      Comparece ante este tribunal apelativo, el Sr. Elliot Rivera

Nazario (el señor Rivera Nazario o el recurrente) mediante la Petición

de   Revisión     Administrativa   de   epígrafe    solicitándonos   que

revoquemos la Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo

Palabra (la Junta o la recurrida) el 29 de noviembre de 2023,

notificada el 8 de diciembre siguiente. Mediante este dictamen, la

Junta determinó que el recurrente no cualifica para beneficiarse del

privilegio de libertad bajo palabra.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

procede desestimar el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

                                   I.

       De la Resolución recurrida surge que el señor Rivera Nazario

cumple una Sentencia de 159 años de cárcel por incurrir en delitos

de asesinato en primer grado, robo y secuestro e infracción a la Ley

de Armas. Asimismo, se indica que la Junta adquirió jurisdicción

para considerar su caso para el disfrute del privilegio de libertad

bajo palabra desde el 22 de marzo de 2017. Además, se menciona

que el 10 de julio de 2023 la Junta evaluó el caso, pero determinó

Número Identificador
SEN2024_________________________
KLRA202400110                                                                   2

suspender la determinación por un término de 60 días para contar

con un plan de salida en el área de la vivienda que no estuviese bajo

el Plan 8 Federal. Esto, debido a que en dicho programa está, entre

sus disposiciones, no aceptar en dichas viviendas a personas con

historial de antecedentes penales. Así, se estableció como fecha de

reconsideración octubre de 2023.

        Llegada la fecha, la recurrida analizó los documentos

presentados por el señor Rivera Nazario; así como toda la evidencia

que obra en el expediente, y acorde con su análisis concluyó que el

hogar propuesto no es viable debido a la proximidad de este con la

residencia de las víctimas. Asimismo, coligió que la evaluación

psicológica realizada el 8 de marzo de 2023, refleja que el recurrente

tiene pobre introspección, pobre control de impulsos y dificultad para

posponer la gratificación. Así, entendió que “aún no cualifica para

beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra.”1 No obstante, el

foro administrativo estableció que el caso volverá a ser considerado

para noviembre de 2024, “fecha en el cual el DCR deberá someter

un informe de ajuste y progreso con el plan de salida debidamente

corroborado.”2

        Inconforme con lo determinado, el 28 de diciembre de 2023 el

señor Rivera Nazario instó una Moción de Reconsideración. En dicho

pedido, el recurrente expuso que el único señalamiento de la Junta,

tras la Vista de Consideración del 10 de mayo de 20233, fue que la

vivienda propuesta en el Plan de Salida no podía estar bajo el

Programa de Sección 8, a pesar de que la subvención ha dicho

programa había sido cancelado el 1 de septiembre de 2023.4

Además señaló que, en la vivienda a la cual recibe sus pases sin

custodia, no se ha observado ninguna conducta negativa ni

1 Véase el Apéndice del Recurso, Resolución, a la pág. 31.
2 Íd. Itálicas en el original.
3 Véase la Resolución del 10 de julio de 2023, Apéndice del Recurso, a la pág. 20.
4 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 22-24.
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querellas reportadas en su contra. Mencionó que no surge indicio

de que su presencia en el lugar represente algún peligro, amenaza o

acercamiento de él a las víctimas.

       Analizados los argumentos planteados, la Junta mediante

una Resolución del 16 de enero de 2024, archivada en autos el

18 de enero siguiente, y notificada a la representante legal del

recurrente, Lcda. Yahaira Colón Rodríguez, ese mismo día al

correo electrónico yacolón@salpr.org, y entregada al recurrente en

la institución penal el 1 de febrero de 2024, declaró el petitorio No

Ha Lugar.5

       Todavía insatisfecho, el 1 de marzo de 2024, el recurrente

acude ante este foro intermedio mediante un recurso de revisión

judicial imputándole a la Junta haber incurrido en el siguiente error:

           ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN LA JUNTA DE LIBERTAD
           BAJO PALABRA AL DENEGAR EL PRIVILEGIO DE
           LIBERTAD A PRUEBA DEL PETICIONARIO AL TOMAR
           EN CONSIDERACIÓN EVIDENCIA EX PARTE, EN LA
           INADECUADA      CITACIÓN    DEL     INFORME
           PSICOLÓGICO    EN    LOS   QUE   BASÓ    SU
           DETERMINACIÓN DE DENEGACIÓN, SIN QUE LA
           DEFENSA PUDIERA CONFRONTAR LA EVIDENCIA O
           PRESENTAR     EVIDENCIA    DE   REFUTACIÓN
           ACOGIENDO LA RECOMENDACIÓN DE UN INFORME
           DE UN OFICIAL EXAMINADOR QUIEN NO PARTICIPÓ
           DE LA VISTA DE CONSIDERACIÓN EN CRASA
           VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY.

       Examinado el expediente a la luz del derecho vigente y al tenor

de la determinación arribada, resolvemos sin la comparecencia de

la parte recurrida. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. R. 7(B)(5).6

                                       II.

Jurisdicción, Asunto de Umbral

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción. Cordero et al. v. ARPe et al, 187 DPR 445

5 Íd., a las págs. 46-47.
6 El 6 de marzo de 2024 el recurrente presentó una Moción Informativa en Solicitud

de Corrección de Autos, la cual nos damos por enterados.
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(2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). Las cuestiones relativas

a la jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas con

preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F.

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356,

364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Una

vez un tribunal entiende que no tiene jurisdicción solo tiene

autoridad para así declararlo y, por consiguiente, desestimar el

recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355

(2003).

      La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. ASG v. Mun.

San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. Gobernador,

130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar cuidadosamente

por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla donde no existe.

Vázquez v. ARPe, supra. Es por ello que, como celosos guardianes

de nuestro poder de intervención apelativa, si carecemos de

jurisdicción para atender los méritos de un recurso, nuestro deber

es así declararlo y sin más, proceder a desestimar. García v.

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo

Systems Analysis, Inc., supra.

      De otra parte, la Sección 4.2 de la Ley núm. 38-2017 conocida

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto    Rico   (LPAUG),     según     enmendada,      3    LPRA   sec.

9672, establece, en lo pertinente, que:

          Una parte adversamente afectada por una orden o
          resolución final de una agencia y que haya agotado
          todos los remedios provistos por la agencia o por el
          por el organismo        administrativo        apelativo
          correspondiente podrá presentar una solicitud de
          revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
          término de treinta (30) días contados a partir de la
          fecha del archivo en autos de la copia de la
          notificación de la orden o resolución final de la
          agencia o a partir de la fecha aplicable de las
          dispuestas en la sec. 9655 de este título, cuando el
          término para solicitar la revisión judicial haya sido
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         interrumpido mediante la presentación oportuna de
         una moción de reconsideración. (Énfasis nuestro)

      Relativo a lo anterior, la referida Sección 3.15 de la LPAUG, 3

LPRA sec. 9655, preceptúa que una vez la agencia deniega la moción

de reconsideración, el término para solicitar revisión empezará a

contarse desde la fecha en que se archive en autos copia de la

notificación    de    la   resolución   de   la   agencia   resolviendo

definitivamente la moción de reconsideración.

      Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R 57, establece un término

jurisdiccional de treinta (30) días para presentar un recurso de

revisión judicial, contados a partir de la fecha del archivo en

autos de la copia de la notificación de la orden o resolución

final del organismo o agencia.

      Recordemos       que   el   incumplimiento     con    un   término

jurisdiccional no admite justa causa y, contrario a un plazo de

cumplimiento estricto, es uno fatal, improrrogable e insubsanable,

por lo que no puede ser acortado ni extendido. Martínez, Inc. v.

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). En atención a este

principio, un recurso tardío impide que entremos a considerarlo en

sus méritos ya que “sencillamente adolece del grave e insubsanable

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.” S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883, que cita a Juliá et al.

v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001). Ello se debe a que

su presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto

jurídico alguno, ya que en el momento que fue presentado no había

autoridad judicial alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v.

F. Castillo, supra.

      Por su parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, sobre desistimiento y

desestimación nos concede facultad para desestimar por iniciativa
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propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. La

jurisdicción es un asunto respecto el cual debemos guardar celo y

examinar con cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para

dirimir una causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que

sea para declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v.

Alcalde Mun. De Cataño, 143 DPR 314 (1997).

                                      III.

       Analizado     el   recurso    ante    nuestra     consideración      nos

corresponde, en primera instancia, atender el asunto relativo a la

jurisdicción debido a que debe ser resuelto con preferencia a

cualquiera otra cuestión. Ello, aun cuando ninguna de las partes lo

haya argumentado o solicitado.

       Según esbozamos en el trámite procesal, la Resolución

resolviendo definitivamente la reconsideración instada por el señor

Rivera Nazario fue emitida por la Junta el 16 de enero de 2024, y

archivada en autos el 18 de enero siguiente. Según surge del

expediente, ese mismo día se le notificó el dictamen a la

representante       legal   del    recurrente,      Lcda.    Yahaira     Colón

Rodríguez, al correo electrónico yacolón@salpr.org. Asimismo, la

Resolución le fue entregada al recurrente en la institución penal el 1

de febrero de 2024.

       Por tanto, el término jurisdiccional de 30 días comenzó a

decursar el 18 de enero, fecha en que se ordenó el archivo en autos

de la Resolución, por lo que el recurrente tenía hasta el 20 de febrero

de 20247 para presentar el correspondiente recurso de revisión

judicial ante esta Curia. No obstante, este se presentó el 1 de marzo,

en exceso del plazo jurisdiccional para ello. Recalcamos que la Junta

7 El día 30 fue sábado por lo que se extiende el término hasta el próximo día
laborable el cual fue el martes 20 de febrero por ser el lunes 19 un día feriado.
Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R, 68.1.
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incluyó este apercibimiento en el documento bajo el acápite titulado

ADVERTENCIAS.8

       Por ende, no cabe duda de que se computó incorrectamente el

término para acudir en revisión, esto a partir del 1 de febrero, día

en que se le fue entregada la Resolución al recurrente. Precisa

señalar que, a esta fecha, todavía se contaba con 20 días para

cumplir con el término de revisión.

       Como señalamos, la Sección 4.2 de la LPAUG, antes citada,

así como la Regla 57 de nuestro Reglamento, supra, disponen

claramente que una parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de una agencia podrá presentar una solicitud de

revisión ante este foro apelativo dentro del término de treinta (30)

días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la

copia de la notificación de la resolución final. Por otro lado, cuando

el   término    es   interrumpido       por      una   oportuna   moción   de

reconsideración, la LPAUG establece que el término para solicitar

revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive

en autos copia de la notificación de la resolución de la agencia

resolviendo definitivamente la moción de reconsideración.

        Por tanto, y en atención a la antedicha normativa, forzoso es

concluir que nos encontramos ante un recurso tardío, el cual impide

que entremos a considerarlo en sus méritos. Reiteramos que un

recurso tardío “sencillamente adolece del grave e insubsanable

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.”

Además, como consignamos, el incumplimiento con un término

jurisdiccional no admite justa causa y, contrario a un plazo de

cumplimiento estricto, es uno fatal, improrrogable e insubsanable,

por lo que no puede ser acortado ni extendido.

8 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 46.
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      En consecuencia, la presentación del recurso de epígrafe

carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno, ya

que en el momento que fue presentado no había autoridad judicial

alguna para acogerlo.

                                    IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso por falta de jurisdicción ante su presentación tardía.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones