Court Opinion

ID: 9408094
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:16:44.165734+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.786596
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL VIII

     EL PUEBLO DE                               CERTIORARI
     PUERTO RICO                                Procedente del
                                                Tribunal de Primera
        Recurrido                               Instancia, Sala
                                                Superior de Fajardo
             v
                                                Crim. Núm.:
    JUAN QUIÑONES                               N1VP202200768
      MELÉNDEZ
                                                Por: Art. 106A
        Imputado                                Código Penal
                           KLCE202300607

 PUEBLO DE PUERTO                               Crim. Núm.:
       RICO                                     N1VP202200769

        Recurrido                               Por: Art. 106A
                                                Código Penal
             v.

      JAYSON M.
      RODRÍGUEZ
      GONZÁLEZ

        Imputado

     EL PUEBLO DE                               Crim. Núm.:
     PUERTO RICO                                N1VP202200770

        Recurrido                               Por: Art. 106A
                                                Código Penal
             v.

 CHRISTIAN J. RIVERA
     MELÉNDEZ

      Peticionario
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                          RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      Comparece ante nos, el Sr. Christian Rivera Meléndez (Sr.

Rivera Meléndez o peticionario) mediante una Petición de Certiorari,

Número Identificador

RES2023________
KLCE202300607                                                       2

acompañada de una Urgente: Moción en Auxilio de Jurisdicción.

Solicita que, en auxilio de jurisdicción, paralicemos la continuación

de la vista preliminar pautada para el 31 de mayo de 2023 a la 1:30

pm y que revoquemos la Resolución que notificó el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI o foro primario) el

18 de abril de 2023. Mediante su dictamen, el foro primario denegó

el Memorando en apoyo a solicitud de evidencia exculpatoria que

instó el Sr. Rivera Meléndez.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación, procede

denegar la moción en auxilio de jurisdicción y la expedición del auto

de certiorari. Veamos.

                                   I.

      Surge del expediente ante esta Curia que, el Ministerio Público

presentó denuncias por violaciones al Artículo 106.A del Código

Penal de 2004, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, (asesinato en

primer grado), en contra de los imputados de epígrafe, por hechos

ocurridos el 28 de junio de 2012.

      Superadas las etapas iniciales, dio comienzo la vista

preliminar. En ella, la representación legal del Sr. Rivera Meléndez

discutió extensamente el convenio de inmunidad y cooperación

(convenio) otorgado entre el Ministerio Público y el testigo principal

de este caso, Jan Carlos Velázquez Vázquez (Sr. Velázquez Vázquez).

Surge del expediente que, el convenio menciona que el Sr. Velázquez

Vázquez está cooperando con el Ministerio Público en 13 querellas,

sin embargo, de la faz del documento se desprende que, varias de

ellas estaban tachadas o suprimidas impidiéndole a la defensa del

Sr. Rivera Meléndez ver su contenido, particularmente, el número

de querella y la fiscalía que realiza la investigación.

      En reacción, el Ministerio Público expresó su anuencia a

proveer los números de querellas de los casos ya radicados, mas no

los correspondientes a los casos aún bajo investigación, por motivos

de seguridad, entre otros factores. A esos efectos, durante la vista,
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el Ministerio Público reveló al Sr. Rivera Meléndez los números de 4

querellas que pasaron de la etapa investigativa.

      Así las cosas, el Sr. Rivera Meléndez presentó un Memorando

en apoyo a solicitud de evidencia exculpatoria. Allí, argumentó tener

derecho a obtener como evidencia exculpatoria todos los datos

suprimidos, así como, la información sobre los beneficios que se le

concederán al Sr. Velázquez Vázquez a cambio de su testimonio en

las querellas tachadas. Añadió tener derecho a toda información y

evidencia que examinó el propio Sr. Velázquez Vázquez que surgen

de los expedientes de las querellas tachadas o suprimidas.

      Por su parte, el Ministerio Público presentó una Moción en

oposición a la pretensión de la defensa que no tiene nada que ver con

solicitud de prueba exculpatoria. Argumentó que, no existe prueba

exculpatoria que divulgar y que lo solicitado por la defensa no

constituye    prueba    exculpatoria.    Expuso     que,    los   beneficios

concedidos al Sr. Velázquez Vázquez, surgen íntegramente del

convenio, son los mismos para todos los casos y no guardan relación

con los números de querellas suprimidas. Alegó que, la solicitud del

Rivera Meléndez es una expedición de pesca en los expedientes del

Ministerio Público.

      Evaluadas las posturas de ambas partes, el foro primario

emitió el dictamen impugnado. Allí, concluyó que la defensa no

estableció cuál es la evidencia exculpatoria que posee el Ministerio

Público. Expuso, además, que el Sr. Rivera Meléndez no ha

demostrado el estándar de materialidad en este caso, establecido

jurisprudencialmente.1      El    foro   primario    consideró     que,    el

peticionario no estableció que, las querellas bajo investigación en las

cuales el Sr. Velázquez Vázquez está cooperando, constituyan

prueba exculpatoria relacionada con los delitos imputados en el

caso de epígrafe. Sobre tales determinó denegar el petitorio del Sr.

Rivera Meléndez.

1 El foro primario destacó lo resuelto en Pueblo v Vélez Bonilla, 189 DPR 705
(2013).
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      Inconforme, el peticionario acude ante esta Curia mediante

Petición de Certiorari, acompañada de una Urgente Moción en Auxilio

de Jurisdicción. En su recurso, señala como error lo siguiente:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha
      lugar la petición de descubrimiento de evidencia
      exculpatoria porque: 1) el Ministerio Público indujo a
      error al foro primario y a la defensa en cuanto el número
      de versiones del acuerdo de cooperación e inmunidad
      parcial que firmó el Sr. Velázquez Vázquez (testigo
      estrella) con el estado; 2) procede que el Ministerio
      Fiscal entregue al referido foro judicial los expedientes
      de los casos criminales, incluidos en el (los)
      “convenio(s)”, para que evalúe su contenido y
      proporcione a la defensa la evidencia de carácter
      exculpatorio que obre en dichos sumarios fiscales,
      antes de comenzar el desfile de prueba de cargo en la
      vista preliminar.

      Hemos examinado con detenimiento el recurso sometido por

la recurrente. Optamos por prescindir de los términos, escritos o

procedimientos ulteriores "con el propósito de lograr su más justo y

eficiente despacho". Regla 7 (b) (5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) (5).

                                  II.

   A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que
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debemos tomar en consideración al evaluar si procede expedir el

auto de certiorari. La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

                                 III.

      El peticionario nos solicita la revocación de un dictamen

interlocutorio emitido por el foro primario, pendiente la celebración

de la vista preliminar. En él, el TPI denegó la solicitud de los

imputados de descubrir la información relacionada a los números

de querellas y a la región donde se llevan a cabo varias

investigaciones en curso, por entender que no constituye prueba

exculpatoria que el Ministerio Público esté obligado a descubrir.

      Al entender sobre la expedición de un auto de certiorari de

naturaleza discrecional, a esta Curia le corresponde dilucidar, en

esta etapa de los procedimientos, si el foro primario actuó

arbitrariamente o en exceso de su discreción al denegar la referida
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solicitud interpuesta por el señor Rivera Meléndez. Los estándares

de revisión según la normativa antes expuesta establecen los

parámetros para los tribunales apelativos revisar decisiones

interlocutorias del foro primario. Con esta premisa conceptual

establecida, corresponde al peticionario fundamentar como el TPI

excedió los parámetros legales o no consideró adecuadamente el

derecho aplicable, así como, los factores y criterios que emanan de

la normativa antes expuesta.

      Tras un examen sosegado del recurso de epígrafe, concluimos

que no concurren los criterios que justifiquen nuestra intervención

sobre la Resolución recurrida, la cual no se aparta del estado de

derecho vigente y aplicable a los asuntos relacionados a la prueba

exculpatoria, según analizado por el foro primario. Tampoco

identificamos indicio de pasión, parcialidad o error manifiesto en la

determinación emitida. Por ello, al amparo de los dispuesto en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

colegimos que lo razonable es abstenernos de ejercer nuestra

función revisora en esta etapa de los procedimientos.

                                  IV.

      Por los fundamentos esbozados, declaramos no ha lugar la

Urgente: Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegamos la expedición

del auto de certiorari.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones