Court Opinion

ID: 9941405
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:32:20.81418+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:48.271421
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

      CARLOS ITURRINO                 Certiorari
      CARRILLO, ISABEL                procedente del
     GARCÍA GALANES Y LA              Tribunal de Primera
     SOCIEDAD LEGAL DE                Instancia, Sala de
        GANANCIALES                   Fajardo
    COMPUESTA POR AMBOS KLCE202301305
                                      Caso núm.:
         Peticionarios                FA2018CV00695
                                      (302)
               v.
                                      Sobre: Daños
     MARINA PUERTO DEL                por Violación a
       REY, ST. JAMES                 Propiedad
    SECURITY, INC. Y OTROS            Intelectual

          Recurridos

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero.1

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

        En un caso de daños y perjuicios por un supuesto vandalismo

a un bote en una marina, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”)

determinó que no se admitiría el testimonio de un perito de los

demandantes.          Según se explica en detalle a continuación,

concluimos que erró el TPI, pues el perito fue anunciado

oportunamente por los demandantes y no está presente situación

extrema alguna que justificara la drástica sanción impuesta.

                                       I.

        En septiembre de 2018, el Dr. Carlos Iturrino Carillo, la Dra.

Isabel García Galanes y la sociedad legal de gananciales por ambos

compuesta      (los    “Demandantes”),       presentaron      la   acción    de

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes
adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202200477 CONS.
KLCE202200489).

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202301305                                                       2

referencia, sobre daños y perjuicios (la “Demanda”), en contra de

Marina Puerto del Rey Operations, LLC (la “Marina”), y de St. James

Security Inc. (“St. James”). Alegaron que su embarcación, modelo

Manta, “center console”, de 28 pies de eslora (el “Bote”), se hundió

el 17 de septiembre de 2017, mientras estaba en las facilidades de

la Marina. Se alegó que ello ocurrió a consecuencia de un acto

vandálico -- la desconexión de una manga -- que fue posible por

negligencia en el deber de los demandados de proveer seguridad.

Los Demandantes adujeron que lo anterior les ocasionó gastos y

perdidas que sobrepasan los $225,000.00, más sufrimientos y

angustias mentales que estimaron en $500,000.00.

      Transcurridos varios trámites procesales, el 21 de mayo de

2021, los Demandantes presentaron una Moción para Informar

Contratación de Perito y Prueba Documental Pericial. Anunciaron la

contratación del Sr. Manuel Valentín Laureano, como perito en el

área de seguridad (el “Perito en Seguridad”), y la utilización de un

estudio publicado en un artículo del Departamento de Justicia

Criminal y Criminología de la Universidad de Carolina del Norte

denominado Understanding Decisions to Burglarize from the

Offender´s Perspective. La Moción estaba acompañada del resumé

del Perito en Seguridad y de una copia del mencionado artículo. En

respuesta, el 1 de junio, el TPI emitió una Orden en la que declaró

Ha Lugar la referida Moción.

      Mientras tanto, el 26 de junio, el Perito en Seguridad participó

de una inspección ocular en el lugar de los hechos. Durante la

inspección ocular se encontraban presentes los representantes

legales de todas las partes.

      Transcurridos varios asuntos procesales, el 9 de agosto de

2023, las partes presentaron el Informe de Conferencia con

Antelación al Juicio.     En cuanto a la prueba pericial, los

Demandantes nuevamente informaron que utilizarían al Perito en
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Seguridad. Celebrada la vista correspondiente, el 17 de agosto, el

TPI notificó una Orden Bajo Regla 37.5.              En lo concerniente al

recurso de referencia, el TPI les concedió a las partes un término a

vencer el 5 de septiembre para presentar cualquier moción in limine

para objetar la prueba.

       El 28 de agosto, la Marina solicitó la eliminación del

testimonio del Perito en Seguridad. La Marina arguyó que, durante

los tres (3) años del descubrimiento, no se presentó un informe o

resumen de lo que sería la opinión pericial. Por su parte, el 1 de

septiembre, por esencialmente las mismas razones aducidas por la

Marina, St. James también solicitó la eliminación del testimonio del

Perito en Seguridad.

       El 18 de septiembre, los Demandantes se opusieron a las

mociones de los demandados; resaltaron que habían anunciado al

Perito en Seguridad con suficiente tiempo y que este había

participado de la inspección ocular del lugar de los hechos en la que

estuvieron presentes los abogados de las partes. Arguyeron que los

demandados pudieron cursar interrogatorios, o citar a deposición,

al Perito en Seguridad, pero optaron por no hacerlo.

       El 25 de septiembre, el TPI notificó una Orden de Exclusión de

Evidencia (la “Orden”). En lo que atañe al recurso de referencia, el

TPI eliminó el testimonio del Perito en Seguridad.               Razonó que,

aunque los Demandantes habían anunciado oportunamente al

Perito en Seguridad, no cumplieron con la Regla 37.1(e) de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.1(e), pues no proveyeron

“su curriculum vitae, ni tampoco un resumen de sus opiniones y una

breve expresión de las teorías, hechos o argumentos que las

sostienen”.2

2 Véase, Orden de Exclusión de Evidencia, Apéndice XVII del recurso, pág. 134.
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      El 28 de septiembre, los Demandantes solicitaron la

reconsideración de la Orden, lo cual fue denegado por el TPI

mediante una Orden notificada el 26 de octubre.

      Inconformes,    el   22   de         noviembre,   los   Demandantes

presentaron el recurso que nos ocupa; señalan que el TPI cometió el

siguiente error:

      1. Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al
      ordenar la eliminación del Sr. Manuel Valentín
      Laureano como perito esencial de la parte demandada-
      peticionaria despojándoles de su derecho a tener su día
      en corte y a un debido proceso de ley.

      Le ordenamos a los demandados mostrar causa por la cual no

debíamos expedir el auto de certiorari y revocar la decisión recurrida.

Oportunamente, los demandados comparecieron; plantearon, como

lo hicieron ante el TPI, que cuando se anunció al Perito en

Seguridad, no se “incluyó materia específica” sobre lo cual se

declararía ni tampoco se suplió un “resumen de sus opiniones”.

Resolvemos.

                                     II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders, et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012), Pueblo v. Díaz de León,

176 DPR 913, 917 (2009). Contrario al recurso de apelación, el

tribunal revisor tiene discreción para decidir si expide o no el

certiorari. Ahora, la discreción no es irrestricta y debe ejercerse de

forma razonable, procurando siempre una solución justa. Medina

Nazario, 194 DPR en la pág. 729; IG Builders, 185 DPR en la pág.

338; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que se deben

examinar al determinar si expedimos un auto de certiorari:
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      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, establece en qué circunstancias este Tribunal

podrá expedir un auto de certiorari en el ámbito civil. El recurso de

certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias

“solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd. Además de

esto, a modo de excepción, podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias   cuando   se   recurra   de   decisiones    sobre   la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en

casos de relaciones de familia, en casos que revistan de interés

público o en cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

                                  III.

      A través del descubrimiento de prueba, se pretende ayudar a

precisar y minimizar las controversias litigiosas; obtener evidencia

que se utilizaría en el juicio; facilitar la búsqueda de la verdad y
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perpetuar la prueba relacionada con las reclamaciones de un caso.

Véase, Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

23.1; Berrios Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962 (2009); García

Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323 (2001); Rivera y otros v. Bco.

Popular, 152 DPR 140 (2000); véanse, además, Medina v. M.S. & D.

Química P.R., Inc., 135 DPR 716 (1994); Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729 (1986).

      En cuanto al alcance del descubrimiento de prueba, este debe

ser amplio y liberal. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR

465, 496 (2022); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR

659, 672 (2021); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152

(2000). El TPI tiene “amplia discreción para regular el ámbito del

descubrimiento, pues es su obligación garantizar una solución

justa, rápida y económica del caso, sin ventajas para ninguna de las

partes”. Rivera Gómez v. Arcos Dorados, 2023 TSPR 65, págs. 9-10,

citando a Cruz Flores et al., 210 DPR a las págs. 496-497.

      Cónsono con lo anterior, el tribunal está autorizado, no tan

solo a limitar o extender el alcance del descubrimiento de prueba,

sino que está facultado para supervisar el proceso, ordenar a una

parte a descubrir prueba y sancionar a aquella que se rehúse a

cumplir las órdenes dirigidas a esos efectos. Ortiz Rivera v. ELA,

National Insurance Co., 125 DPR 65 (1989); Lluch, supra.

      En específico, la Regla 34 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 34, reglamenta las controversias relacionadas con el

descubrimiento de prueba. Cuando una parte se niega a cumplir

con las órdenes relacionadas con el descubrimiento de prueba, la

Regla 34.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.3, le

confiere al tribunal amplia discreción para sancionar de diversas

formas   ese   incumplimiento.      Asimismo,    la   Regla   37.7   de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 37.7, regula lo

concerniente a la imposición de sanciones económicas por incumplir
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con las órdenes y los señalamientos relacionados al manejo del caso,

sin que medie justa causa.

      No obstante, las sanciones drásticas, como la eliminación de

las alegaciones de una parte, solo proceden en casos extremos.

Amaro González v. First Federal Savings Bank, 132 DPR 1042

(1993); Hartman v. Tribunal Superior, 98 DPR 123 (1969). (Énfasis

suplido). Es decir, este tipo de sanción se impone cuando es clara

e inequívoca la desatención y abandono total de la parte que se

pretende sancionar. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288

(2012); véanse, además, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR

217 (2001); Ghigliotti Arzola v. Adm. De Servicios Agrícolas, 149

D.P.R. 902 (2000); Amaro González, supra.

      Así pues, “la medida severa de excluir del juicio el testimonio

de un testigo crucial [o de un perito esencial], que es análoga a la

medida extrema de la desestimación, sólo debe usarse en

circunstancias excepcionales […]”. Rivera Gómez, 2023 TSPR 65, a

la pág. 13, citando a Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 895

(1998).   En Valentín, supra, se resolvió “que tales sanciones

drásticas no son favorecidas judicialmente”.    Con lo anterior, se

promueven “los valores superiores de la búsqueda de la verdad y la

justicia en los procesos adjudicativos.” Rivera Gómez, 2023 TSPR

65, a las págs. 13-14, citando a Valentín, 145 DPR a la pág. 897.

                                 IV.

      Concluimos que el récord no sustenta la extrema sanción

impuesta por el TPI a los Demandantes.               Las siguientes

consideraciones demuestran que no estamos ante una situación

extrema que ameritara la drástica sanción impuesta por el TPI.

      En primer lugar, aproximadamente dos años antes de que los

demandados por primera vez solicitaran la exclusión del testimonio

del Perito en Seguridad, ya los Demandantes habían anunciado que

lo utilizarían. Al así anunciarlo en el 2021, los Demandantes le
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cursaron a los demandados el resumé del Perito en Seguridad. En

segundo lugar, en aquel momento, el TPI autorizó la utilización del

Perito en Seguridad, a pesar de que no se suplió un resumen de lo

que sería su opinión.

      En   tercer   lugar,   los   demandados     tuvieron    amplia

oportunidad, y tiempo para, con o sin la asistencia del TPI, procurar

descubrir la información que ahora indican que no tienen.

Adviértase que estos no citaron a deposición al Perito en Seguridad

ni sometieron interrogatorio alguno a los Demandantes relacionado

con lo que sería el testimonio del Perito en Seguridad. En cuarto

lugar, sin que mediase objeción de los demandados, el Perito en

Seguridad estuvo presente en la inspección ocular de lugar donde

ocurrieron los hechos.

      Así pues, si los demandados entendían que los Demandantes

habían incumplido con la obligación que tenían bajo la Regla 37.1(e),

supra, referente a la “Reunión entre los abogados para el manejo del

caso”, debieron plantearlo años antes del momento en que lo

hicieron. De forma similar, antes de imponer la extrema sanción en

controversia, el TPI debió, a lo sumo, imponer una sanción

económica a los Demandantes y proveerles una oportunidad de

remediar el supuesto incumplimiento.      Asimismo, nada impedía

que, en tal caso, el TPI permitiese un breve descubrimiento de

prueba en relación con el testimonio del Perito en Seguridad.

      En fin, si bien el TPI tiene amplia discreción para pautar el

descubrimiento de prueba, dicha discreción no debe ejercitarse en

un vacío, sino que debe ser el resultado de un balance razonable

entre el interés de garantizar un descubrimiento de prueba amplio

y liberal, y el interés de promover una solución justa, rápida y

económica del caso. El derecho a presentar prueba en apoyo de una

reclamación constituye uno de los ejes centrales del debido proceso

de ley. Valentín, supra. Por la potencial magnitud de la sanción de
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excluir del juicio el testimonio de un perito en un caso de esta

naturaleza,   la   misma    solo    procedía   ante   circunstancias

excepcionales que no están presentes aquí.

                                   V.

      Por los fundamentos que anteceden se expide el auto de

certiorari solicitado y se revoca la Orden recurrida. Se ordena la

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí

resuelto.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones