Court Opinion

ID: 9952241
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:32:40.331023+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:36.553379
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

   CARLOS MANUEL                                      Recurso de
  QUIÑONES Y OTROS                                    Apelación
     Peticionarios                                    procedente del
                                                      Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
              v.                                      Superior de
                                                      Carolina

ANA HILDA MEJIA SOTO                                  Caso Núm.
      Recurrida                                       FAC2013-4231
                                                      FAC2014-2089
                                KLAN202301008
                                                      Sobre:
ANA HILDA MEJIA SOTO                                  NIVELACIÓN,
     Demandante                                       REEMBOLSO,
                                                      ENRIQUECIMIEN-
                                                      TO INJUSTO,
              v.                                      COBRO DE
                                                      DINERO, NULIDAD
                                                      DE DONACIONES,
    DIEGO CHEVERE                                     SENTENCIA
    COLÓN Y OTROS                                     DECLARATORIA,
      Demandados                                      CUOTA VIUDAL,
                                                      LEGADO Y DAÑOS
                                                      Y PERJUICIOS

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Rivera Marchand, el
Juez Rodríguez Flores y la Jueza Prats Palerm1.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

      Comparece        ante   nosotros   los   señores    Carlos      Manuel

Quiñones González y Carlos Rafael Quiñones González (en adelante,

¨hermanos Quiñones¨ o ¨peticionarios¨) mediante recurso de

Apelación2. Solicitan la revocación de una Resolución y Orden

dictada el 10 de octubre de 2023 y notificada el 11 de octubre de

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (en

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se

designa a la Hon. Annette M. Prats Palerm en sustitución de la Hon. Sol de
Borinquen Cintrón Cintrón.

2 Mediante Resolución del 14 de noviembre de 2023 se acogió como   Certiorari.

Número Identificador
RES2024________

                                                                                 1
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adelante, ¨TPI¨) en los casos consolidados F AC2013-4231 y

F AC2014-2089. Mediante el referido dictamen, el TPI dejó sin efecto

una Sentencia Enmendada dictada el 5 de julio de 2023, notificada

el 12 de julio de 2023.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del recurso de Certiorari.

                                   I.

      Los hechos de este caso se remontan a una demanda incoada

por los peticionarios el 13 de septiembre de 2013 tras una disputa

sobre la conmutación del usufructo viudal de la Dra. Ana Hilda

Mejía Soto (en adelante, ¨Dra. Mejía¨ o ¨recurrida¨).

      Conforme surge del expediente, el causante, Sr. Carlos M.

Quiñones Aulí falleció testado el 17 de julio de 2012.

      Años previo a la muerte del causante, para el 30 de diciembre

de 2005 y 25 de enero de 2006, este donó en partes iguales a sus

dos hijos, Carlos Manuel y Carlos Rafael Quiñones González, su

participación de las acciones que poseía en el Garaje Isla Verde.

      Una vez iniciado el pleito, el albacea y los coherederos

admitieron ante el TPI que las donaciones del 50% de las acciones

comunes en circulación y preferidas que recibieron de su padre eran

computables para el cálculo de la cuota viudal. A raíz de ello, se

produjo la controversia medular del caso, la fecha en que se deben

valorar las acciones donadas por el causante.

      Luego de celebrado el juicio entre los años 2016 y 2017, el 15

de septiembre de 2017 el TPI dictó una Sentencia. En la misma el

Tribunal resolvió, en lo pertinente, que: (1) el caudal relicto bruto es

de $5,264,281.00; (2) le corresponde a la Dra. Mejías $1,130,002.19

en concepto de usufructo vitalicio, y; (3) los hermanos Quiñones

tienen la obligación de pagarle a la Dra. Mejías $980,912.54 en

concepto de usufructo viudal.
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      Inconforme con el dictamen emitido por el foro de instancia,

las partes acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante los

recursos KLAN201701324, presentado por la Dra. Mejías, y

KLAN201800187, presentado por los hermanos Quiñones

      El 31 de enero de 2019, esta Curia dictó una Sentencia en el

recurso KLAN201701324 en la que confirmó, modificó y revocó en

parte la Sentencia del 9 de febrero del 2015 emitida por el TPI. El

foro apelativo intermedio resolvió:

      1) se revoca la computación del caudal hereditario por no
      incluir el valor de las acciones de GIV y CMQ para el
      cálculo la legítima; 2) se confirma la determinación del TPI
      de no dar por admitida la alegación 31(a) enmendada del
      Informe Conjunto; 3) se confirma la determinación del TPI de
      no aplicar intereses por mora desde el fallecimiento del
      Causante; 4) se modifica el cómputo por concepto de los
      pronto pagos y nivelación; 5) se revoca la determinación del
      TPI de reducir del caudal relicto bruto la mitad de los gastos
      del legado cubiertos por la apelante desde el fallecimiento del
      Causante; 6) se confirma la determinación del TPI a los efectos
      de que no procede una indemnización por daños; y 7)
      se confirma la determinación del TPI en cuanto a la
      inexistencia de temeridad y la improcedencia de imponer
      honorarios de abogado a favor de la apelante. (Énfasis
      suplido).

      Sobre la cantidad a pagar por la Dra. Mejías por concepto de

pronto pago, dispuso que ¨[l]a cantidad correcta por este concepto

que le corresponde pagar a la apelante es 50% de $185,784.46, a

saber, $92,892.23¨. (Énfasis suplido). De otra parte, sobre el pago

correspondiente a los hermanos Quiñones por concepto de

nivelación resolvió que ¨[…] luego de un análisis detenido de la

sentencia apelada, hemos identificado solamente $37,471.38 por

ese concepto¨. (Énfasis suplido).

      En cambio, respecto a la valoración del usufructo viudal

expresó que:

      […] [L]os pasos a seguir para determinar el valor presente de
      la cuota viudal usufructuaria son los siguientes:
      1. Determinar el valor de la cuota usufructuaria al
      momento de la conversión o conmutación;
      2. Determinar la edad del cónyuge supérstite a la fecha de la
      muerte del causante;
      3. Una vez se obtiene la edad del cónyuge supérstite, se
      procede a utilizar la Tabla de Expectativa de Vida Promedio
      en Puerto Rico. Localizar la edad del cónyuge supérstite,
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     según su sexo, en dicha tabla y ésta le indicará la
     expectativa de vida de dicho cónyuge supérstite.
     4. Una vez se obtiene la expectativa de vida del cónyuge
     supérstite, se busca el factor matemático para conmutar el
     valor actual de cada dólar pagadero al final de cada año al
     interés compuesto de un seis porciento (6%) anual en la
     Tabla para determinar la conmutación del usufructo.
     5. Multiplicar el valor de la cuota usufructuaria por el seis
     porciento (6%). El producto obtenido es la renta anual
     pagadera al final de cada año (‘ordinary annuity’).
     6. Multiplicar la renta anual por el factor matemático
     obtenido. El resultado es la cantidad que se debe entregar al
     cónyuge supérstite, tomando éste dicha cantidad como único
     titular. J. Muñiz Belbrú, Herencia, El Usufructo Viudal,
     Determinación y Liquidación, Puerto Rico, 1997, pág.
     42; González Tejera, op. cit., págs. 121-122. (Énfasis
     suplido).

     Por otro lado, el 16 de mayo de 2019, un Panel Hermano de

este Tribunal emitió una Sentencia en el caso KLAN201800187 y

modificó la Sentencia del 15 de septiembre de 2017. Determinó que:

     • Los herederos tienen derecho a recobrar el 50% por
     concepto de pronto pago efectuados por el Sr. Quiñones Aulí,
     eso es, $92,892.23, y la Sra. Ana Hilda Mejía Soto $5,000.00,
     por concepto del 50% del pronto pago efectuado por ésta.

     • Procede que se reconozca el tercio de mejora instituido en
     el testamento otorgado por el Sr. Quiñones Aulí y que se
     compute el usufructo viudal de la Sra. Ana Hilda Mejía Soto,
     utilizando el tercio de mejora.

     • La Sra. Ana Hilda Mejías Soto deberá asumir las cargas y
     gastos incurridos en los bienes legados desde el momento en
     que falleció el Sr. Quiñones Aulí.

     Insatisfecha con la decisión del foro apelativo intermedio en el

caso KLAN201800187, la Dra. Mejías presentó un recurso de

Certiorari ante el Tribunal Supremo. Así las cosas, mediante

Sentencia no publicada el 8 de marzo de 2022 nuestro más alto foro

revocó parcialmente la Sentencia del 16 de mayo de 2019 dictada

por el Tribunal de Apelaciones. En específico, la Sentencia del

Tribunal Supremo revocó lo ordenado por esta Curia respecto al

cómputo del usufructo viudal.

     Además, nuestro más alto foro resolvió que el usufructo viudal

debía ser calculado a base de la legítima larga. Así, confirmó la

Sentencia emitida por el foro apelativo intermedio en sus demás

partes y devolvió el caso al TPI para que determinara, de
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conformidad con lo resuelto en su Sentencia, y como único asunto

pendiente, la cuota de usufructo viudal que le corresponde a la Dra.

Mejías.

      A tenor con lo resuelto en los casos KLAN201701324,

KLAN201800187 y CC2019-512, el 5 de julio de 2023 el TPI dictó

una Sentencia Enmendada, notificada el 12 de julio de 2023. Según

se desprende la Sentencia Enmendada, el Tribunal Supremo ¨[…]

devolvió el caso [al TPI] para determinar la cuota de usufructo viudal

que le corresponde a la doctora Mejía Soto¨.

      A tales efectos, el TPI: (1) corrigió el cómputo de los créditos a

favor de los hermanos Quiñones por concepto de pronto pago a

$92,892.23 y $37,471.38 por concepto de nivelación, según

ordenado en el caso KLAN201701324; (2) valoró las acciones

donadas en $1,751,000.00 (3) calculó el pago de usufructo viudal

en $1,339,839.52, conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo,

y; (4) calculó el usufructo vitalicio en $1,543,482.71.

      De la Sentencia Enmendada, los recurridos presentaron una

Moción Nunc Pro Tunc el 17 de julio de 2023, haciendo alusión a una

cuantía de créditos que no fueron considerados. Por su parte, la Dra.

Mejías presentó una Oposición a Moción Nunc Pro Tunc junto con

Moción de Reconsideración el 24 de julio de 2023. La Dra. Mejías

adujo que la Sentencia Enmendada no incorporó el mandato del

Tribunal de Apelaciones en la Sentencia del caso KLAN201701324

respecto a la valorización de las acciones donadas para efectos del

cómputo y conmutación de la cuota viudal. Añadió, que la cuota

viudal debía computarse utilizando el valor de las acciones al

momento de la conmutación. Por lo tanto, solicitó que la Sentencia

Enmendada fuera dejada sin efecto.

       A tales efectos, el 3 de octubre de 2023 se celebró ante el TPI

una vista argumentativa. Una vez considerados los argumentos de

ambas partes, el 10 de octubre de 2023 el TPI dictó una Resolución
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y Orden y archivó copia de su notificación el 11 de octubre de 2023.

La Resolución dejó sin efecto la Sentencia Enmendada del 5 de julio

de 2023. A su vez, dispuso:

      Se les ordena a los peritos de las partes a coordinar una
      reunión e informar el cómputo de la cuota de usufructo viudal
      que le corresponde a la doctora Mejías Soto en el término de
      30 días, es decir hasta el 30 de noviembre de 2023. Dicho
      cómputo deberá ser calculado a base de las dos terceras
      partes (legítima larga) del caudal hereditario del señor
      Quiñones Aulí, por ser la porción que -como legítima- les
      corresponde a los hermanos Quiñones González. Véase
      Sentencia del Tribunal Supremo emitida el 8 de marzo de
      2022.

      No obstante, al dejar sin efecto la sentencia enmendada se

eliminaron los créditos concedidos a favor de los hermanos

Quiñones por concepto de nivelación y por concepto de pronto pago

reconocidos y ordenados por el TA.

      En desacuerdo, el 10 de noviembre de 2023 los peticionarios

acudieron ante esta Curia imputándole al TPI haber errado al así

actuar. Señalaron los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el TPI al revocar arbitrariamente la
      Sentencia Enmendada eliminando los créditos a favor de los
      hermanos Quiñones por $37,471.38 (nivelación) y $92,892.00
      (pronto pago) reconocidos y ordenados por el TA en los casos
      KLAN 2017-01324 y KLAN 2018-0177.

      SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al revocar arbitrariamente la
      Sentencia Enmendada eliminando la valoración de la
      donación de acciones de GIV-CMQ sin considerar el Informe
      con Antelación al Juicio el cual gobierna el curso de litigio, en
      particular que las partes estipularon que la valoración de las
      acciones GIV-CMQ se realizaría al 2006.

      TERCER ERROR: Erró el TPI al revocar arbitrariamente la
      Sentencia Enmendada ordenando una nueva valoración por
      los peritos sin base jurídica para ello, asunto ya resuelto por
      el Juez Álvarez y que en esta etapa del proceso no es un
      asunto en controversia o no que planteado por la parte
      contraria en el pleito.

      CUARTO ERROR: Erró el TPI al revocar arbitrariamente la
      Sentencia Enmendada sin haber cumplido con lo que dispone
      la Regla 42 de Procedimiento Civil que le impone el deber de
      hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho
      para sostener su decisión.

      QUINTO ERROR: Erró el TPI al revocar arbitrariamente la
      Sentencia Enmendada y dejar al arbitrio de los peritos el
      momento o la fecha en la cual realizar la valoración ya que
      esto es una cuestión de derecho que debe determinarla el
      Juez.
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      El 15 de noviembre de 2023 los hermanos Quiñones

presentaron una Moción Solicitando la Transcripción de la Prueba

Oral de los Peritos y de la Solicitud del Honorable Juez Álvarez, de un

Memorandum de Derecho al Concluir el Juicio. Los hermanos

Quiñones solicitaron la transcripción de la prueba oral pericial y la

autorización   para   presentar   un    alegato   suplementario.    En

oposición, la Dra. Mejía presentó una Oposición a Moción Solicitando

Transcripción el 21 de noviembre de 2023.

      Luego, el 28 de noviembre de 2023 los hermanos Quiñones

presentaron una Moción para la Expedición de Certiorari. Solicitaron

que se expidiera un recurso de Certiorari, en lugar del recurso de

Apelación presentado el 10 de noviembre de 2023. La Dra. Mejía

presentó su Alegato en Oposición a Auto Certiorari el 1 de diciembre

de 2023 en el que adujo que al amparo de la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, no procede la expedición de este

Certiorari.

                                  II.

A. El Certiorari

      El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce

de León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163

(2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723

(2016); véase, además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil,

32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición del auto de certiorari

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Íd.; IG Builders

et al v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).
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      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y

órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, supra; Scotiabank de

Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478 (2019). En lo

pertinente, la referida regla dispone lo siguiente:

      [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,    asuntos    relativos   a   privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones
      de familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

Aun   cuando    al   amparo    del   precitado   estatuto   adquirimos

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). La Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que este foro

tomará en consideración para ejercer prudentemente su discreción

para expedir o no un recurso de certiorari, a saber:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para analizar el problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
         manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
         a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
         la más propicia para su consideración.
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      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

      De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia,

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v.

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012), citando a Lluch v. España Service

Sta., 117 DPR 729 (1986). En el ámbito jurídico la discreción ha sido

definida   como    una   forma    de    razonabilidad   aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). La discreción

se nutre de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y

fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd. Por lo anterior, un

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente

relacionado con el concepto de razonabilidad. Umpierre Matos v.

Juelle Albello, 203 DPR 254 (2019); Rivera y otros v. Bco. Popular,

152 DPR 140 (2000).

B. Ley del Caso

      La doctrina de la “Ley del Caso” es una manifestación

necesaria y conveniente del principio reconocido de que las

adjudicaciones deben tener fin.        Srio. del Trabajo v. Tribunal

Superior, 95 DPR 136 (1967). Es reconocida generalmente la norma

de que las determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la

“Ley del Caso” en todas      aquellas cuestiones consideradas y

decididas pues generalmente obligan tanto al tribunal de instancia

como al que las dictó si el caso vuelve a su consideración. Id.

      Es doctrina reiterada en nuestro sistema que los derechos y

obligaciones adjudicadas en el ámbito judicial, mediante dictamen

firme, constituyen la ley del caso. In re: Fernández Díaz, 172 DPR 38

(2007); Mgmt. Adm. Serv. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000); In re:
KLAN202301008                                                       10

Tormos Blandino, 135 DPR 573 (1994), citando a U.S.I. Properties

Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 (1989). Dicho de otra manera, de

ordinario los planteamientos que han sido objeto de adjudicación

por   el foro de instancia y/o   por    este   Tribunal    no   pueden

reexaminarse. Esos derechos y responsabilidades gozan de las

características de finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de la

“Ley del Caso”. Mgmt. Adm. Serv. Corp. v. E.L.A., supra; Vélez v. Serv.

Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673 (1998), citando a Sánchez

Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701 (1987).

      En Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, supra, el Tribunal

Supremo describió la doctrina señalando:

      Es reconocida generalmente la norma de que las
      determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la
      “ley del caso” en todas aquellas cuestiones consideradas y
      decididas y generalmente obligan tanto al tribunal de
      instancia como al que las dictó si el caso vuelve a su
      consideración. Decimos generalmente, ya que se reconoce que
      “cuando un tribunal se convence de que la ley del caso
      establecida es errónea y que podría causar una grave
      injusticia, debe de tener el poder de aplicar una norma de
      derecho diferente con el propósito de resolver el caso que tiene
      ante su consideración en una forma justa". 1B Moore, Federal
      Practice, Secs. 404(1), 405 (2da. Ed. 1965). Véase, además,
      Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19 (1971).

      Como regla general, los foros apelativos no debemos intervenir

con el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, a menos

que quede demostrado que hubo un craso abuso de discreción; que

el foro apelado erró en la interpretación o aplicación de cualquier

norma procesal; o, que la intervención en esta etapa evitaría un

perjuicio   sustancial. García   v.    Asociación,   165    DPR    311

(2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005); Meléndez v. Caribbean

Int’l News, 151 DPR 649 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117

DPR 729 (1986).

      No obstante, el derecho común preceptúa que un segundo

juez no está irremisiblemente obligado a mantener incólume la

decisión de un primer juez de igual nivel dentro del mismo caso.

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217 (1975). El
KLAN202301008                                                            11

Tribunal Supremo ha reconocido que "si el Tribunal entiende que

la ley del caso antes establecida es errónea y que puede causar una

grave injusticia, el Tribunal puede aplicar una norma de derecho

diferente a fin de resolver en forma justa." Don Quixote Hotel v.

Tribunal Superior, 100 DPR 19 (1971). Por otro lado, nuestro más

alto foro ha reiterado que la doctrina de la ley del caso es una “[...]

al servicio de la justicia, no la injusticia; no es férrea ni de aplicación

absoluta. Por el contrario, es descartable si conduce a resultados

manifiestamente injustos.” Noriega Rodríguez v. Hernández Colón,

130 DPR 919 (1992), citando a Estado v. Ocean Park Dev. Corp., 79

DPR 158 (1956) y otros.

                                   III.

      Los recurrentes solicitan que revoquemos una Resolución y

Orden del TPI en la que dejó sin efecto la Sentencia Enmendada del

5 de julio de 2023. En el caso de autos, lo resuelto por el Tribunal

de Apelaciones y por el Tribunal Supremo en las sentencias emitidas

como parte de los casos KLAN201701324, KLAN201800187 y

CC2019-512, constituyen la ley del caso. Es norma reiterada que

las determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley del

caso y obligan tanto al tribunal de instancia como al que las dictó.

      Luego de lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso

CC2019-512, solo quedaba por resolver el cómputo del usufructo

viudal. Según lo dispuesto por nuestro más alto foro, el caso sería

devuelto al TPI con el único propósito de que se determinara la cuota

de usufructo viudal que le corresponde a la Dra. Mejías.

      A tales efectos, el TPI emitió la Sentencia Enmendada del 5 de

julio de 2023 donde consignó lo resuelto por el Tribunal Supremo y

el Tribunal de Apelaciones. Específicamente, en lo pertinente, el TPI:

(1) consignó los créditos de $92,892.23 por concepto de pronto pago

y $37,471.38 por concepto de nivelación a favor de los hermanos
KLAN202301008                                                     12

Quiñones; (2) valoró el usufructo viudal en $1,339,839.52, y; (3)

valoró las acciones donadas en $1,751,000.00.

      No obstante, mediante la Resolución y Orden del 10 de octubre

de 2023 el TPI dejó sin efecto la Sentencia Enmendada debido a su

omisión de incorporar lo ordenado por el TA en el recurso

KLAN201701324 respecto al cómputo de la cuota viudal. Para

cumplir con lo allí dispuesto, ordenó la reunión de los peritos para

llevar a cabo la valoración de las acciones donadas a los hermanos

Quiñones en los años 2005 y 2006 e incorporar su valor al cómputo

de la cuota viudal.

      El TPI, bajo su facultad discrecional, dejó sin efecto una

determinación propia para incorporar en su totalidad la ley del caso

establecida en los casos KLAN201701324, KLAN201800187 y

CC2019-512. Por ende, tuvo la cautela de dejar sin efecto la

Sentencia Enmendada hasta que culminara el proceso de valoración

de las acciones y, finalmente, se pudiera resolver completamente la

controversia. El referido acto no está fuera de los parámetros de

discreción del foro de instancia.

      Luego de examinar el expediente a la luz de los criterios de la

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no identificamos razón

por la cual este Foro deba intervenir. Ello, ya que no se presentan

ninguna de las situaciones que allí se contemplan. Recordemos que

nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir

en aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.
KLAN202301008                                                       13

                                   IV.

      Por   los     fundamentos    antes   expuestos,   denegamos   la

expedición del recurso de certiorari ante nuestra consideración.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones