Court Opinion

ID: 9946989
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-01 20:20:01.850782+00
Date Added: 2024-06-11T14:25:44.618675
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

         A la Orden Shopping, S.E.

               Peticionaria                      Certiorari
                    v.
                                                2024 TSPR 14
           Autoridad de Energía
         Eléctrica de Puerto Rico               213 DPR ___

                 Recurrida

Número del Caso:    CC-2022-0662

Fecha:    22 de febrero de 2024

Tribunal de Apelaciones:

     Panel VII

Abogados de la parte peticionaria:

     Lcdo. Ricardo E. Carrillo Delgado

Abogados de la parte recurrida:

     Lcdo. Charles Bimbela Quiñones
     Lcda. Brunilda Rodríguez Vélez
     Lcda. Irelis M. Rodríguez Guzmán

Materia: Contratos y Derechos Reales – Aplicación de la Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y las normas de
contratación gubernamental a la Autoridad de Energía Eléctrica;
procedencia de la acción de expropiación forzosa a la inversa
ante la ausencia de un contrato que cumpla con las exigencias del
ordenamiento jurídico.

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             EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

  A la Orden Shopping, S.E.

           Peticionaria

                     v.
                                           CC-2022-0662       Certiorari

  Autoridad     de     Energía
  Eléctrica de Puerto Rico

             Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

     En esta ocasión se nos presenta la oportunidad de

analizar    si   la       Ley    de   Contabilidad    del    Gobierno   de

Puerto   Rico    y    las       reglamentaciones     sobre   contratación

gubernamental        le    aplican     a   la   Autoridad    de   Energía

Eléctrica de Puerto Rico. De aplicarle, debemos entonces

analizar si en la situación de autos, donde no se cumplen

con los requisitos de contratación gubernamental, procedía

desestimar la causa de acción de expropiación forzosa a la

inversa presentada por la parte demandante.

     Por los fundamentos que expondremos a continuación,

resolvemos que la Ley de Contabilidad del Gobierno de

Puerto   Rico    y    las       reglamentaciones     sobre   contratación

gubernamental        le    aplican     a   la   Autoridad    de   Energía

Eléctrica, pero ello no impide una acción de expropiación
CC-2022-0662                                                                          2

forzosa a la inversa, por lo que revocamos la sentencia

emitida por el tribunal apelativo intermedio y remitimos

el caso al foro de instancia para que se continúen los

procedimientos judiciales conforme a nuestros recientes

pronunciamientos         en      Ortiz   Zayas       v.    ELA,       2023    TSPR    43

(2023).

                                          I

       A la Orden Shopping Center (A la Orden) es dueña en

pleno dominio de una propiedad de naturaleza comercial

ubicada en el municipio de Toa Baja, Puerto Rico. A la

Orden suscribió un contrato de arrendamiento comercial

con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que culminó

el    31    de   diciembre        de    2019.       Vencido      el    contrato       de

arrendamiento, la AEE continuó ocupando la propiedad, sin

contrato y sin pagar cánones de arrendamiento durante el

periodo que comprendió desde el 1 de enero de 2020 hasta

el 17 de septiembre de 2020. Del expediente se desprende

que, durante este periodo, A la Orden no instó acción

alguna      de   desahucio        para        recuperar       la      posesión       del

inmueble o de expropiación a la inversa para solicitar

ser   resarcida        por    incautación        ilegal       de      su   propiedad.

Ulteriormente, el 18 de septiembre de 2020, las partes

suscribieron un nuevo contrato de arrendamiento.

       No   obstante,        A   la    Orden     presentó        una       Demanda    en

cobro de dinero donde reclamó el pago por la cantidad de

$114,323.44       en    virtud     de    los     cánones      de      arrendamiento

correspondientes         al      periodo       en    que    la     AEE       ocupó   la
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propiedad sin contrato. En respuesta, la AEE levantó como

defensa     que,    durante    el        referido       periodo,          entre       las

partes no existía un contrato vigente que cumpliese con

los requisitos de contratación gubernamental, incluyendo

el constar por escrito como requisito indispensable, por

lo   cual    no     procedía        el     pago        de        los   cánones        de

arrendamiento solicitados.

     Así las cosas, A la Orden enmendó su Demanda con el

propósito    de     alegar    que    la    AEE,        al    permanecer          en    la

propiedad     inmueble        lucrándose          de        su     uso,        expropió

propiedad privada sin pagar una justa compensación, en

contravención con la Sección 7 del Artículo                               II de la

Constitución de Puerto Rico y la Quinta Enmienda a la

Constitución de los Estados Unidos.

     Enterado de lo anterior, la AEE presentó una Moción

de Desestimación al amparo de la Regla 10.2. En síntesis,

adujo que aun tomando como ciertos todos los hechos bien

alegados en la Demanda, no se justificaba la concesión de

un remedio ya que durante el periodo en controversia no

existía un contrato firmado que cumpliese con todas las

exigencias de nuestro ordenamiento jurídico respecto a la

contratación gubernamental. Por lo anterior, añadió que

la AEE estaba legalmente impedida de desembolsar fondos

públicos para el pago de estos cánones. Asimismo, planteó

que el caso no versa sobre un pleito de expropiación

forzosa,     sino    que     trata       sobre      un       cobro        de    dinero

respecto a un contrato cobijado por la Ley Núm. 230 de
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23 de julio de 1974, conocida como Ley de Contabilidad

del Gobierno de Puerto Rico (Ley de Contabilidad de PR),

3 LPRA sec. 283 et seq.                    Además, la AEE señaló que A la

Orden      pretende          cobrar   una        cuantía    a   la    que    tendría

derecho       bajo      la    doctrina      de    tácita    reconducción,         pero

citando       a     Vicar     Bulders      v.    ELA,   192     DPR   256    (2015),

manifestó que la tácita reconducción no es compatible con

las leyes que regulan la contratación gubernamental, por

lo que no puede aplicarse a un contrato en que el Estado

es parte.1

        Por su parte, A la Orden presentó su réplica, donde

reiteró        que       este       caso     versaba        sobre     su     derecho

constitucional al disfrute de la propiedad, el cual había

sido trasgredido por la AEE al incautar ilegalmente su

propiedad. Señaló que la AEE pretendía liberarse de su

responsabilidad              económica       amparándose         en    legislación

dirigida a la protección de los fondos del Gobierno de

Puerto Rico y evitar la corrupción gubernamental. Además,

argumentó que la Ley de Contabilidad de PR no le aplica a

la   AEE      por      ser    una   entidad       autónoma      del   Gobierno      de

Puerto Rico, dirigida por una Junta de Gobierno, según la

legislación que la creó.2

        Por       no     coincidir         con     lo      expresado        por    los

demandantes en su réplica, la parte demandada presentó

1 Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2, Apéndice de la
Petición de certiorari, págs. 70-95.

2 Réplica a Moción de Desestimación al Amparo de la Regla                         10.2,
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 96-110.
CC-2022-0662                                                                                 5

una     dúplica         donde     además         de     reiterar       sus      anteriores

planteamientos, añadió que la controversia respecto a la

expropiación             forzosa       no        es    justiciable          conforme         la

doctrina de academicidad, debido a que las partes habían

firmado       un    nuevo       contrato          de    arrendamiento.           Asimismo,

insistió en que la demandante no utilizó los remedios

legales       disponibles            mientras           la   controversia                estuvo

madura, es decir, mientras la AEE ocupaba el inmueble sin

contrato válido.3

        Considerados los planteamientos de las partes, el

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en la cual

desestimó          la    Demanda       con       perjuicio.       El     foro     primario

esbozó       que    A     la    Orden       está       impedido     de      recobrar       los

cánones       de    arrendamiento            del       periodo      en      controversia,

ante     la    ausencia         de     un     contrato        que      cumpla        con     la

rigurosidad             exigida      en     la     contratación          gubernamental.

Sostuvo que, sin este contrato, la AEE estaba impedida de

desembolsar fondos del erario. Además, resolvió que el

planteamiento              de     la        demandante            respecto           a      una

expropiación forzosa es académico, según planteado por la

parte demandada en el sentido de que se firmó un nuevo

contrato de arrendamiento.4

        En    desacuerdo           con       dicho       dictamen,          A   la       Orden

presentó      un        recurso      de     apelación        ante      el    Tribunal        de

3 Dúplica a Réplica a Moción de Desestimación al Amparo de                                   la
Regla 10.2, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 112-125.

4   Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 127-138.
CC-2022-0662                                                                                       6

Apelaciones.             En     particular,            señaló          que    el        foro      de

instancia           erró       al        desestimar          la        Demanda      aplicando

erróneamente             las     disposiciones               y    doctrinas         sobre          la

contratación             gubernamental             y       pasando          por     alto          los

planteamientos                 constitucionales                  esbozados.         Asimismo,

resaltó que el foro de instancia no pasó juicio sobre si

la Ley de Contabilidad de PR le aplicaba a la AEE.5

        Evaluados los alegatos, el Tribunal de Apelaciones

confirmó       la    Sentencia            de     desestimación              emitida      por       el

Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, el Tribunal

de Apelaciones validó que como entre el 31 de diciembre

de 2019 y el 18 de septiembre de 2020 no existió un

contrato        de         arrendamiento               que        cumpliera         con           las

formalidades             de    la    contratación                gubernamental,           no       se

generó     una       obligación            jurídica          para      la    AEE.       El     foro

apelativo agregó que A la Orden debió pactar cláusulas

contractuales              sobre          lo     que        procedería            luego           del

vencimiento              del     contrato,             en        qué     condiciones               se

extendería          el        arrendamiento            y    cláusulas         penales          ante

algún     incumplimiento.                 Razonó       que,       al    no    estipularlas,

solamente       tenía          disponible         como       remedio         la    acción          de

desahucio,          la    cual      no     ejerció          oportunamente.          Por        otro

lado,     el    Tribunal            de    Apelaciones            determinó         que       no    es

correcto el planteamiento constitucional de que la AEE

incautó        la    propiedad             sin    mediar          justa       compensación,

debido     a    que       en     realidad         lo       que    ocurrió         fue    que       el

5   Apelación, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 36-51
CC-2022-0662                                                                   7

periodo       reclamado       quedó      descubierto    por    el     paso   del

tiempo.6

        Inconforme,       y    en     síntesis,   A    la     Orden    solicitó

reconsideración en la que presentó dos argumentos para

que      el    foro   apelativo           reconsiderara        su     sentencia

confirmatoria: primero, que atendiera el planteamiento de

naturaleza constitucional obviado por la sentencia, por

este estar dirigido a un efecto posterior a la vigencia

de un contrato válido y por superar las disposiciones

legales en torno a la Ley de Contabilidad de PR. Segundo,

que atendiera el planteamiento sobre la no aplicabilidad

de la Ley de Contabilidad de PR a la AEE, por ser esta

una entidad autónoma del Gobierno de Puerto Rico.7 No

obstante, el Tribunal de Apelaciones se sostuvo en su

dictamen y denegó reconsiderar.8

        Inconforme,    A      la    Orden    acudió    ante    esta    Curia   y

señaló que los foros a quo erraron al sostener que estaba

legalmente        impedida          de      requerir     la     compensación

correspondiente por el uso de la propiedad durante el

periodo donde no mediaba un contrato entre las partes y

en contra de la voluntad de ésta, lo que violentó las

cláusulas constitucionales que prohíben que una persona

sea privada de su libertad o propiedad                        sin el debido

6 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de
certiorari, págs. 2-7.

7 Moción de Reconsideración, Apéndice de la Petición de certiorari,
págs. 9-16.

8   Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 18.
CC-2022-0662                                                              8

proceso de ley y justa compensación. Además, adujo que

los foros erraron al no considerar que las disposiciones

de la Ley de Contabilidad de PR no le aplican a la AEE

por ser un ente jurídico autónomo y separado del Gobierno

de Puerto Rico.

         Perfeccionado el recurso, resolvemos.

                                      II

A. Expropiación forzosa

         Nuestra    Constitución      reconoce    el    derecho    de   cada

ciudadano al disfrute de la propiedad como un derecho

fundamental.9 Sin embargo, este derecho no es absoluto y

cede ante el poder inherente que tiene el Estado para

adquirir       bienes     privados   mediante     el    procedimiento    de

expropiación forzosa,10 pues “el poder del Estado es un

atributo inherente a su poder soberano y, como tal, de

superior jerarquía a todos los derechos de propiedad”.11

         Ahora    bien,    este   poder    de    expropiar   del    Estado

tampoco      es    irrestricto.      Nuestra    Carta    Magna    establece

límites importantes al ejercicio de esta facultad cuando

en su Artículo II, Sección 9 prohíbe que se tome o se

perjudique “propiedad privada para uso público a no ser

9    Art. II, Sec. 7, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

10 Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Ponce Bayland
Enterprises, 207 DPR 586, 603 (2021); Mun. De Guaynabo v.
Adquisición, 180 DPR 206, 216 (2010); A.C.T. v. 780.6141 , 165 DPR
121, 130 (2005).

11   A.C.T. v. 780.6141, 165 DPR 121, 130 (2005).
CC-2022-0662                                                                          9

mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo

con la forma provista por ley”.12

        De     igual     forma,           la     Quinta     Enmienda           de    la

Constitución federal establece que ninguna persona será

privada de su vida, libertad o propiedad sin el debido

proceso de ley, ni se le podrá expropiar su propiedad

para      destinarla          a    un     uso     público       sin    una      justa

compensación.13 Además, la Decimocuarta Enmienda de esa

misma Constitución establece que “ningún estado privará a

persona       alguna     de       su    vida,    de   su   libertad        o    de   su

propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará

a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección

de las leyes”.14          Por lo tanto, para que el Estado pueda

expropiar forzosamente una propiedad privada, se le exige

que      pague     una    justa          compensación,      destine        el       bien

expropiado para uso público y proceda con sujeción a las

leyes        que    regulan            este     procedimiento         en       nuestra

jurisdicción.15

        Por otro lado, existen tres circunstancias en las

cuales       se    entiende        que    el    Estado     ha   expropiado           una

propiedad y, por ende, viene obligado a compensar a su

propietario: (1) cuando se ejerce el poder de dominio

12   Art. II, Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

13   Emda. V, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.

14   Emda. XIV, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.

15 Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Ponce Bayland
Enterprises, 207 DPR 586, 603-604 (2021); Véase Ley de Expropiación
Forzosa, 32 LPRA sec. 2901 et seq.; Véase, también Regla 58 de
Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).
CC-2022-0662                                                              10

eminente        al    presentar   un    recurso   de   expropiación;     (2)

cuando ocurre una incautación de hecho mediante ocupación

física;         (3)    cuando     se    reglamenta     el    uso    de   una

propiedad.16 El segundo de los escenarios es el que está

presente en la controversia que nos ocupa.

        Cuando se trata de una incautación de hecho mediante

ocupación física, el Tribunal Supremo de Estados Unidos

ha expresado que la incautación física de una propiedad

se     considera       la   intrusión    más   seria   de    los   intereses

propietarios de una persona debido a que el propietario

pierde sus facultades básicas de poseer, usar y excluir a

otros      de    su    posesión    y    uso.17    Además,    se    considera

incautación física de una propiedad “cualquier privación

o interferencia sustancial en el dominio o disfrute de

una cosa”.18 Incluso, la incautación puede ser temporal.19

“Sobre      esta       última,    se    ha     dicho   que    ‘existe    una

expropiación temporal cuando se priva a una persona de la

posesión, disfrute y disposición de su propiedad por un

término que se podrá establecer antes de que el evento de

16 Aut. Carreteras v. 8554.741, 172 DPR 1050, 1060 (2008); Velázquez
Velázquez v. E.L.A., 135 D.P.R. 84, 88 (1994); Culebra Enterprises
Corp. v. ELA, 127 D.P.R. 943, 952-953 (1991).

17 Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp., 458 US 419, 435
(1982).

18   ELA v. Northwestern Const. Inc., 103 DPR 377, 384 (2975).

19   Ortiz Zayas v. ELA, 2023 TSPR 43, pág. 15 (2023).
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la privación ocurra o posteriormente, cuando se devuelve

la propiedad’”.20

        En    particular,      para   los     casos    excepcionales    de

ocupación física donde el Estado ha ocupado o incautado

un     derecho    real   sin     haber      iniciado   el   procedimiento

judicial de expropiación forzosa y sin haber consignado

el pago de la justa compensación, existe la acción de

expropiación forzosa a la inversa.21 Es a través de esta

acción que:

        [S]e garantiza el cumplimiento del Estado con
        las    disposiciones    constitucionales    que
        establecen   que nadie será privado de su
        propiedad sin un debido proceso de ley y sin
        haber mediado justa compensación . . . . En
        ausencia de compensación o de un procedimiento
        de expropiación forzosa iniciado por el Estado,
        la insta el dueño de la propiedad contra el
        Estado para obtener la compensación a la que
        tiene derecho.22

        Una    vez   demostrado       que     el   Estado   incautó    una

propiedad, su obligación será compensar al propietario y

colocarlo en una situación económica equivalente a la que

se encontraba con anterioridad a la incautación de su

propiedad.23 Este es el propósito principal de la justa

compensación. Si, como en el caso de autos, se trata de

20Íd. (citando a C. Torres Torres, La Expropiación Forzosa de Puerto
Rico: ley, jurisprudencia, estudio y guía práctica, San Juan, First
Book Pub., 2002, pág. 129).

21Amador Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 279 (2014); ELA v. Northwestern
Const., Inc. supra, pág. 383.

22 Amador Roberts v. ELA, supra, págs. 279-280. (“[G]eneralmente los
tribunales aplican ‘las mismas normas y principios que rigen la
acción de expropiación instada por el Estado’”).

23   Íd. en las págs. 279-281.
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una incautación de hecho al afectar de manera sustancial

el uso de la propiedad, ya sea físicamente o por medio de

reglamentación, la compensación comprenderá “el valor de

uso de la propiedad durante el tiempo en que el Estado

privó al dueño de todo uso productivo de ésta”, aunque el

efecto de la privación haya sido temporero.24

        En lo que respecta a la controversia que nos ocupa,

recientemente           y    luego      que    las    partes       presentaran     su

Certiorari        ante      este     Tribunal,       emitimos      opinión    en   el

caso de Ortiz Zayas v. ELA, 2023 TSPR 43, donde atendimos

una situación           muy similar a la de               autos.         En esencia,

Ortiz Zayas le arrendó una propiedad al Departamento de

Justicia,      pero         luego    del      vencimiento      del    contrato     de

arrendamiento,           este      se   mantuvo      ocupando       la    propiedad.

Después      de    un       tiempo      requiriendo      el     desalojo      de   la

propiedad, Ortiz Zayas presentó una acción de desahucio.

Ante la demanda, el Departamento de Justicia entregó las

llaves,      pero       no      pagó     los    cánones       de     arrendamiento

adeudados. Por tal motivo, Ortiz Zayas instó una acción

de expropiación forzosa a la inversa en contra del ELA

por el periodo en que se le privó del uso de su propiedad

sin pagarle justa compensación, a pesar de diligentemente

y con premura haber requerido desocupar la misma.25

24   Hampton Development Corp. v. ELA, 139 DPR 877, 890 (1996).

25   Ortiz Zayas v. ELA, supra¸ págs. 1-6.
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        Tras     un    ponderado   análisis     de   la    controversia        y

expediente del caso, en Ortiz Zayas concluimos que en

estos      escenarios      “procede     la    acción      de    expropiación

forzosa      a    la    inversa    y,   en    consecuencia,          una   justa

compensación”,26 pues quedaba claro que:

        (1) [E]l Estado . . . ocupó por un periodo de
        tiempo   la  propiedad  objeto  del   presente
        litigio; (2) que dicha ocupación fue para un
        fin público; (3) que la misma ocurrió vencido
        determinado contrato de arrendamiento, y (4)
        que, a pesar de los requerimientos de entrega
        de la propiedad por parte de sus propietarios,
        el Estado hizo caso omiso y continuó ocupando
        la misma.

        . . .

        Ello, a todas luces, constituye una ocupación
        física, por parte del Estado, de la propiedad
        perteneciente al matrimonio Ortiz Mateo que
        activó la figura de la expropiación forzosa a
        la inversa y, en consecuencia, del derecho a
        una justa compensación.27

B. La Ley de Contabilidad                de    PR    y    la        contratación
   gubernamental

        La Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, conocida

como la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico

(Ley de Contabilidad de PR), 3 LPRA sec. 283 et seq.,

establece        la    política    pública     respecto        al    control   y

contabilidad de fondos y propiedad pública en el Gobierno

de Puerto Rico. Sus propósitos principales son: autorizar

al Secretario de Hacienda de Puerto Rico a diseñar e

26   Íd. en las págs. 2-3.

27   Íd. en las págs. 30-31.
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intervenir       en    la     organización    fiscal,       los    sistemas       de

contabilidad y los procedimientos de pagos e ingresos de

las dependencias y entidades corporativas del Estado; y

disponer los principios y normas generales que deberán

seguirse en la contabilidad de ingresos, asignaciones,

desembolsos y propiedad pública.28

        En    específico,        el    Artículo       2     de     la     Ley     de

Contabilidad de PR dispone como política pública que la

contabilidad del gobierno “constituya un control efectivo

sobre      los     ingresos,     desembolsos,        fondos,       propiedad       y

otros     activos      del     gobierno”,29    que    exista       un    “control

previo de todas las operaciones del gobierno y que dicho

control previo se desarrolle dentro de cada dependencia,

entidad corporativa o Cuerpo Legislativo haciendo que el

control      interno        funcione    de    forma       independiente         del

control previo general . . .”.30               Como parte del diseño e

intervención en la organización fiscal y los sistemas y

procedimientos           de     contabilidad,         el        Secretario        de

Hacienda,        “en     coordinación        con     las        dependencias      y

entidades        corporativas,        será   responsable         de     diseñar   o

aprobar       la       organización      fiscal,          los     sistemas        de

contabilidad y los procedimientos de pagos e ingresos de

todas las dependencias y entidades corporativas . . .”. 31

28   Ley Núm. 230-1974, 3 LPRA sec. 283 et seq.

29   3 LPRA sec. 283a(b).

30   3 LPRA sec. 283a(f) (Énfasis suplido).

31   3 LPRA sec. 283c(a) (Énfasis suplido).
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Para esto, puede autorizar a las dependencias o entidades

corporativas            a      diseñar           sus         propios            sistemas        y

procedimientos,             pero       se      requerirá       la       intervención           de

éste, de tiempo en tiempo, y que los mismos cumplan a

cabalidad con su cometido.32

        Hay   que       hacer        notar       que      la    mencionada             Ley      de

Contabilidad           de    PR      en     su       Artículo       3       define        a    las

entidades          corporativas                 como         “[l]as             corporaciones

públicas, con o sin tesoro independiente, en cuyas leyes

creadoras se especifique que el Secretario de Hacienda

ejercerá algún control sobre sus fondos y transacciones

financieras. También incluye a los municipios del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades”.33

        La    capacidad            limitada            para     desembolsar               fondos

públicos      únicamente           para         el    pago     de     obligaciones             que

estuvieran autorizadas por ley, está reglamentada en el

Artículo      8    de   la     Ley        de    Contabilidad            de      PR,    el     cual

establece         que       “todas        las        asignaciones           y    los      fondos

autorizados para las atenciones de un año económico serán

aplicados exclusivamente al pago de gastos legítimamente

incurridos        durante         el      respectivo           año,      o      al     pago    de

obligaciones            legalmente               contraídas             y        debidamente

asentadas         en    los       libros         durante        dicho           año”.34       Cabe

destacar que la ley define el término obligación como

32   3 LPRA sec. 283c(i)-(j).

33   3 LPRA sec. 283b (Énfasis suplido).

34   3 LPRA sec. 283g (Énfasis suplido).
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“[u]n      compromiso       contraído          que     esté       representado           por

orden de compra, contrato o documento similar, pendiente

de pago, firmado por autoridad competente para gravar las

asignaciones         y    que    puede    convertirse             en    el    futuro      en

deuda exigible”.35

        A su vez, la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975,

conocida como la Ley de Registros de Contratos, 2 LPRA

sec. 97 et seq., implantó la obligación a las “entidades

gubernamentales           y las entidades municipales del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción alguna, [de

mantener]       un       registro        de     todos        los       contratos          que

otorguen,       incluyendo         las        enmiendas       a     los      mismos,        y

deberán remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de

otorgamiento del contrato o la enmienda”.36

        Ahora    bien,          ¿qué     incluye        el     término            “entidad

gubernamental”           para     efectos       de     esta       ley?       La    Ley    de

Registros       de       Contratos       establece          que        “incluirá         todo

departamento, agencia, instrumentalidad, oficinas y todo

organismo       del      Estado     Libre       Asociado          de     Puerto      Rico,

incluyendo a toda corporación pública, sus subsidiarias o

cualesquiera entidad gubernamental que tenga personalidad

jurídica      propia,       creada       por     ley    o     que       en    el    futuro

pudiere crearse . . . , sin excepción alguna”.37 Además,

35   3 LPRA sec. 283b(k) (Énfasis suplido).

36   2 LPRA sec. 97(a) (Énfasis suplido).

37   2 LPRA sec.97(b) (Énfasis suplido).
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la legislatura le impuso al Contralor la obligación de

establecer        mediante    reglamento      los   contratos      otorgados

por     las   entidades      gubernamentales        que   se    considerarán

exentos de ser remitidos a la Oficina.38

C. Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica

        La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, conocida como

la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto

Rico, 22 LPRA sec. 191 et seq. (Ley de la AEE), creó la

Autoridad         de   Energía    Eléctrica    (AEE)      como    un   cuerpo

corporativo        y   político    que   constituye       una    corporación

pública       e    instrumentalidad      gubernamental         autónoma   del

Gobierno de Puerto Rico.39 En cuanto a su regulación, en

general, la Sección 3 de la Ley de la AEE establece que:

        La Autoridad creada por la presente es y deberá
        ser una instrumentalidad gubernamental, sujeta
        al control de su Junta de Gobierno, pero es una
        corporación    con    existencia   y  personalidad
        legales separadas y aparte de la del Gobierno
        de Puerto Rico. La Autoridad y su Junta de
        Gobierno serán reguladas por el Negociado y
        deberán someter, en la forma y manera dispuesta
        por el Negociado, toda la información requerida
        y   solicitada    por   el   mismo.  Las   deudas,
        obligaciones, contratos, bonos, notas, pagarés,
        recibos, gastos, cuentas, fondos, empresas y
        propiedades de la Autoridad, sus funcionarios,
        agentes o empleados, debe entenderse que son de
        la mencionada corporación y no del Gobierno de
        Puerto Rico ni de ninguna de sus oficinas,
        negociado, departamento, comisión, dependencia,

38Véase Reglamento Núm. 33 del 15 de septiembre de 2009, Registro de
Contratos, Escrituras y Documentos Relacionados, y Envío de Copias a
la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Art. 11.

39   22 LPRA sec. 193(a) (Énfasis suplido).
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           municipalidad,          rama,    agente,     funcionario     o
           empleado.40

           Por otro lado, y como mecanismo de transparencia, la

Ley de la AEE le impone a esta la obligación de publicar

en     su     portal     de    Internet       todos     los   contratos     que

perfeccione, incluyendo sus exhibits y anejos, donde se

detalle la relación de las partes, la causa y el objeto

de dichos contratos, dentro de un periodo de diez (10)

días calendario de haberse firmado.41 “La Autoridad tendrá

que publicar todos los contratos, independientemente de

si éstos están exentos de radicación ante la Oficina del

Contralor de Puerto Rico”.42                  Además, deberán publicar en

internet          “[t]oda     la    documentación       relacionada    a    los

ingresos, ventas, gastos, desembolsos, activos, deudas,

cuentas           por   cobrar,       y     cualquier    otra      información

financiera de la Autoridad”.43

           En lo concerniente a el dinero y cuentas de la AEE,

la Ley de la AEE dispuso para que “[t]odos los dineros de

la Autoridad se depositaran en depositarios reconocidos

para        los     fondos     del        Gobierno    Estadual”,     pero   se

mantuvieran en una cuenta separada inscrita a nombre de

la AEE.44 Sobre el control de estos fondos, el Secretario

40   22 LPRA sec. 193(b) (Énfasis suplido).

41   22 LPRA sec. 194(b).

42   Íd.

43   22 LPRA sec. 196(k)(iv).

44   22 LPRA sec. 202.
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de     Hacienda,     mediante    consulta     con   la    AEE,    tiene      la

responsabilidad de establecer un sistema de contabilidad

para el adecuado “control y registro estadístico de todos

los gastos e ingresos pertenecientes a, o administrados o

controlados por la Autoridad”.45La Ley de la AEE dispuso

además que:

           [E]l citado Secretario de Hacienda o su
           representante, examinará de tiempo en tiempo
           las cuentas y los libros de la Autoridad,
           incluyendo     sus     ingresos,    desembolsos,
           contratos,     arrendamientos,     fondos     en
           acumulación, inversiones y cualesquiera otras
           materias que se relacionen con su situación
           económica e informará sobre las mismas a la
           Junta   de  la   Autoridad   y   a la   Asamblea
           Legislativa.46

                                     III

           En esencia, la peticionaria plantea que la creación

autónoma de la AEE y su facultad legal de operar sin la

intervención del Gobierno de Puerto Rico la aleja de las

disposiciones        de   la   Ley   de    Contabilidad    de    PR,     y    en

específico de la aplicación de las normas con relación al

no     pago     de   obligaciones    contraídas     si    no     media       una

relación        contractual     bonafide      y   presentada      ante       la

Oficina del Contralor de Puerto Rico. No le asiste la

razón.

           De entrada, la Ley de Contabilidad de PR se creó con

el propósito de autorizar al Secretario de Hacienda a

intervenir en la organización fiscal, y en los sistemas y

45   Íd. (Énfasis suplido).

46   Íd.
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procedimientos           de     contabilidad               de    las     dependencias           y

entidades corporativas. Las entidades corporativas para

efectos     de      esta       ley       son     aquellas,        con     o       sin     tesoro

independiente, en cuyas leyes creadoras se especifique

que el Secretario de Hacienda ejercerá algún control. En

ese contexto, y toda vez que surge claramente de la Ley

de     la   AEE      que       el     Secretario           de     Hacienda,             mediante

consulta        con      la     AEE,           tiene       la    responsabilidad                de

establecer un sistema de contabilidad para el adecuado

control         y       registro           de        los        gastos        e     ingresos

pertenecientes a dicha corporación pública, y de examinar

de tiempo en tiempo sus cuentas y libros, no albergamos

dudas de que el Secretario de Hacienda sí ejerce un grado

de     control          sobre        la        mencionada         corporación.                Como

consecuencia lógica, la Ley de Contabilidad de PR y su

exigencia       principal           de     que      solo    se    desembolsen             fondos

públicos        para      el        pago       de    obligaciones         legítimamente

contraídas, le aplica a la AEE.

       Independientemente                  de       que    la    AEE     sea       un    cuerpo

corporativo         y    político          que       constituye        una        corporación

pública     e       instrumentalidad                gubernamental          autónoma            del

Gobierno de Puerto Rico, reiteradamente hemos expresado

que,    a   pesar        de     la    autonomía            que    caracteriza             a   las

corporaciones públicas, éstas “no pierden su cualidad de

instrumentalidad gubernamental, creadas para responder a
CC-2022-0662                                                                                21

propósitos         de        utilidad       pública”.47           Las       corporaciones

públicas funcionan como herramienta para implantar una

política        pública         en        particular,         cuando             el     Estado

determina que a través de éstas logrará llevar a cabo un

programa o servicio con mayor eficiencia.48 Por lo tanto,

en la medida en que poseen esta función pública, tanto el

Ejecutivo como la Legislatura ejercen diferentes grados

de control sobre sus funciones.49

           Por otro lado, pero en este mismo contexto, a la AEE

se le exige cumplir con las regulaciones impuestas a los

entes públicos respecto a la contratación gubernamental y

el hecho de ser una entidad fiscalmente independiente no

la     exime    de      su    cumplimiento.           La    Ley       de    Registros       de

Contratos          implantó          la     obligación            a        toda       entidad

gubernamental, sin excepción alguna, a remitir copia de

sus contratos a la Oficina del Contralor. Incluso, en la

Ley de la AEE se le impone la obligación de publicar

todos        sus     contratos            en     su        página          de     internet,

independientemente                 de     si     éstos        están             exentos     de

radicación           ante      la       Oficina        del        Contralor.50             Como

mencionáramos,           el     Contralor        puede       establecer               mediante

reglamento         los       contratos         otorgados      por          las    entidades

gubernamentales              que     se     considerarán              exentos         de   ser

47   Huertas v. Cía. Fomento Recreativo, 147 DPR 12, 20 (1998).

48   Íd.

49   Íd. en las págs. 20-21.

50   Véase 22 LPRA sec. 194(b).
CC-2022-0662                                                              22

remitidos     a     la        Oficina.     No    obstante,      esta     ley

habilitadora les exige su divulgación estén o no exentos

de radicación ante el Contralor.51

        Plantear que a la AEE no le aplican las normas de

contratación gubernamental sería ir en contra del propio

texto de la ley y en contra de la intención legislativa

que     ha   inspirado          la   creación       de   esta       entidad

gubernamental     y   sus      enmiendas    a   través   de   los   años.52

Sabemos que, ante un texto claro e inequívoco, es nuestro

deber     validar        la     intención       legislativa.53      No    es

51Cabe señalar que la AEE mantiene un registro de sus contratos en la
Oficina del Contralor, los cuales pueden accederse a través del
portal https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/

52 El 8 de junio de 2009, se promulgó la Ley de Alianzas Público
Privadas, Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009, para establecer la
política pública del Gobierno de Puerto Rico referente a las Alianzas
Público Privadas. En ella, la legislatura expresamente eximió a la
Autoridad de Alianzas Público Privadas, y a todo Contrato de Alianza
Público Privada de las disposiciones de la Ley de Contabilidad de PR
y de ciertos requisitos de contratación gubernamental. Véase
27 L.P.R.A. § 2618(a) & (e). Por consiguiente, cuando la legislatura
ha deseado eximir de la aplicación de la Ley de Contabilidad, así
expresamente lo ha hecho. A la fecha de esta opinión, la AEE
estableció su propio contrato de alianza público-privada con la
entidad Genera PR LLC, y a pesar de tener la posibilidad de no
cumplir con los requisitos regularmente exigidos en materia de
contratación gubernamental, deliberadamente pospusieron la validez de
su contrato de alianza hasta tanto estuviera registrado en la Oficina
del Contralor. Véase Puerto Rico Thermal Generation Facilities
Operation and Maintenance Agreement dated as of January 24, 2023 by
and among the Puerto Rico Electric Power Authority as Owner, the
Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority as Administrator,
and Genera PR LLC as Operator, Section 21.14, Núm. de contrato 2023-
P00093, https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/. A tales efectos, la
propia AEE se impone el cumplimiento con el requisito básico de
publicación de sus contratos ante la Oficina del Contralor.

53 Franklin Credit Management Corp. v. George Riviello, 209 DPR 555,
569 (2022). Cabe señalar que la Sección 27 de la Ley de la AEE,
establece que dicha corporación pública no estará obligada por las
leyes aprobadas para fines de administración gubernamental cuando
éstas estén en conflicto con su estatuto habilitador. No obstante, A
la Orden no nos ha ilustrado de qué manera la Ley de Contabilidad
está reñida con alguna parte de la Ley de la AEE. Los requisitos de
contratación gubernamental en nada vulneran la autonomía de la AEE.
Véase 22 L.P.R.A. § 217.
CC-2022-0662                                                                               23

responsabilidad del Poder Judicial añadir limitaciones o

restricciones que no surgen en el texto de las leyes.

                                                IV

        Establecido que la Ley de Contabilidad de PR y las

reglas sobre contratación gubernamental aplican a la AEE,

debemos       entonces        considerar             si   procedía       desestimar        la

causa    de     acción        de     expropiación           forzosa      a     la    inversa

contra dicha entidad.

        La    AEE       solicitó       la     desestimación             del    pleito      de

epígrafe al considerar que al tomar como ciertos todos

los hechos bien alegados en la Demanda, no se justificaba

la concesión de un remedio, debido a que luego que venció

el contrato de arrendamiento no existía un contrato por

escrito       que       cumpliese         con    las        exigencias         de    nuestro

ordenamiento             jurídico           respecto          a     la        contratación

gubernamental,            así       que     no       podían       desembolsar          fondos

públicos. Añadió que el caso trata de cobro de dinero y

no sobre expropiación forzosa, por lo que A la Orden

tendría derecho a cobrar la cuantía bajo la doctrina de

tácita reconducción, pero esta no aplica a contratos en

que     el    Estado          es     parte.          Además,      argumentó          que   el

planteamiento            de        expropiación           forzosa        era        académico

porque        ya    habían           firmado           un      nuevo      contrato         de

arrendamiento. Tampoco le asiste la razón. Veamos.

        Antes      de    explicar         las    razones          por    las    cuales     no

procedía        desestimar           la     Demanda         de     epígrafe,          debemos

resaltar que este caso no trata sobre la doctrina de
CC-2022-0662                                                                                 24

tácita reconducción, según fue rechazada en el caso Vicar

Builders v. ELA, supra, pues para que opere la tácita

reconducción, ninguna de las partes puede haber expresado

su     intención           de    dar     por    terminado             el      contrato       de

arrendamiento. Asimismo, como bajo esta doctrina luego

del vencimiento del contrato de arrendamiento lo que se

constituye es un nuevo contrato tácitamente, que no está

registrado           en     la     Oficina      del       Contralor,            la      tácita

reconducción no es aplicable a contratos en los que el

Estado         sea    parte.        Además,      en           aquel      caso      no      hubo

planteamiento de índole constitucional por el cual este

Tribunal        pasara          juicio   y     “nada      se       dispuso      sobre       qué

remedio,        si    alguno,       tenía      disponible           el     dueño      de    una

propiedad afectada u ocupada físicamente por una entidad

del gobierno”.54

        Aclarado lo anterior, a pesar de que a la AEE le

apliquen los requisitos de contratación gubernamental, y

aun     cuando        en    este       caso     no       se    configuraron             dichos

requisitos para permitir que la corporación desembolse

fondos públicos por el periodo en que ocupó la propiedad

sin       un     contrato           válido,          A        la      Orden          solicitó

oportunamente,             al    enmendar       su    Demanda,           un     remedio      de

expropiación forzosa a la inversa. Siendo ello así, “a la

doctrina             contractual          se         antepone              la        garantía

constitucional que prohíbe tomar una propiedad privada

54   Ortiz Zayas v. ELA, supra, en la pág. 28.
CC-2022-0662                                                                          25

para un fin público sin consignar el pago de una justa

compensación”.55

        Por     lo     tanto,       y     según       expresamos        ante   hechos

similares       en     el    caso       Ortiz     Zayas      v.   ELA,    supra,      la

expropiación forzosa a la inversa es un posible remedio

que     posee    una       parte    por    la     incautación       física      de    su

propiedad que active el derecho al pago de una justa

compensación         durante        un    periodo       de    tiempo     en    que    no

existía contrato válido con el Estado. El hecho de que se

haya configurado un nuevo contrato entre las partes no

convierte en académica la causa de acción, ya que hemos

manifestado          que    la     incautación          puede     ser    temporal      y

ninguna acción posterior del Estado puede eximirlo de su

deber      de   proporcionar             una    justa     compensación         por    el

periodo de tiempo en que fue efectiva la expropiación.56

Así como el entregar las llaves de la propiedad por parte

del Departamento de Justicia no afectó el derecho a la

justa      compensación            por     expropiación           temporal,          como

ocurrió en Ortiz Zayas v. ELA, supra, tampoco afecta el

firmar un nuevo contrato de arrendamiento como ocurrió en

este caso.

        Adviértase          que     tanto        el     Tribunal         de    Primera

Instancia como el Tribunal de Apelaciones no contaban con

nuestras expresiones en Ortiz Zayas v. ELA, supra, al

tomar     su    decisión         desestimatoria.          Ahora,    si    damos       por

55   Íd. en la pág. 30; Art. II, Sec. 7, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

56   Ortiz Zayas v. ELA, supra, en las págs. 15-16 & 19.
CC-2022-0662                                                        26

ciertos y buenos todos los hechos bien alegados por la

demandante, donde la AEE ocupó por un periodo de tiempo

la   propiedad,       vencido           determinado    contrato     de

arrendamiento y sin el pago de justa compensación, A la

Orden pudiese tener derecho al remedio de expropiación

forzosa a la inversa, siempre y cuando pruebe que se

cumplen con los requisitos de la causa de acción, según

esbozados en Ortiz Zayas v. ELA, supra. Para esto y a la

luz de la situación más favorable, A la Orden merece la

oportunidad de su día en corte.

                                    V

     Por     los    fundamentos          expuestos,    revocamos    la

determinación del Tribunal de Apelaciones y, a su vez,

ordenamos la devolución del caso al Tribunal de Primera

Instancia    para   que   se    continúen        los   procedimientos

judiciales     conforme   a    lo       aquí   resuelto   y   nuestros

pronunciamientos recientes en el caso Ortiz Zayas v. ELA,

supra.

     Se dictará Sentencia de conformidad.

                                        Erick V. Kolthoff Caraballo
                                               Juez Asociado
          EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

  A la Orden Shopping, S.E.

        Peticionaria

              v.
                                 CC-2022-0662   Certiorari

  Autoridad     de     Energía
  Eléctrica de Puerto Rico

          Recurrida

                        SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

     Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, revocamos la determinación del Tribunal de
Apelaciones y, a su vez, ordenamos la devolución del caso
al Tribunal de Primera Instancia para que se continúen
los procedimientos judiciales conforme a lo aquí resuelto
y nuestros pronunciamientos recientes en el caso Ortiz
Zayas v. ELA, 2023 TSPR 43 (2023).

     Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rivera García concurre con el resultado sin opinión
escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no
intervino. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está
inhibido.

                           Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                          Secretario del Tribunal Supremo