Court Opinion

ID: 9394861
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:16:49.020861+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.550883
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL XI

COMISIÓN DE JUEGOS                                  Revisión Administrativa
 DEL GOBIERNO DE                                    procedente de
   PUERTO RICO                                      Comisión de Juegos
                                                    del Gobierno de Puerto
        Recurrida                                   Rico, Junta de
                                                    Comisionados
            v.
                                                    Caso Núm.:
  CAMARERO RACE                                     NH-21-46
TRACK; SEÑOR LUCAS
CASTRO BADIA; SEÑOR                         Sobre:
   OMAR CARRIÓN,                            INVESTIGACIÓN bajo
 AGENTE HÍPICO #546                         la Ley Núm. 199 del 8
                              KLRA202300045 de diciembre de 2014,
       Recurrente                           la cual enmienda los
                                            Artículos 3, 4, 6 y 9,
                                            12, 14, 15, 16, 19, 20,
                                            26, 27, 28 y 20 de la
                                            Ley Núm. 83 del 2 de
                                            julio de 1987: Artículo
                                            12 (a) (13) – Facultades
                                            del Administrador
                                            Hípico; Licencias de
                                            Agentes Hípicos,
                                            Reglamento 8944 del 6
                                            de abril del 2017, Cap.
                                            9, Art. XXII, 2201 (a)
                                            (b) (c) (d)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza
Martínez Cordero y el Juez Rivera Colón1.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

       Comparece el señor Omar Carrión (en adelante, el señor

Carrión y/o parte recurrente), mediante recurso de Revisión

Administrativa y solicita que dejemos sin efecto una Resolución2

emitida el 28 de octubre de 2022, notificada el 31 de octubre de

2022 y notificada correctamente3 a las partes el 27 de diciembre de

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-050 del 15 de marzo de 2023, se
designó al Hon. Felipe Rivera Colón para entender y votar en el caso de epígrafe,
en sustitución del Hon. Nery E. Adames Soto.
2 Apéndice a las págs. 1-8.
3 El 28 de octubre de 2022 la Junta de Comisionados emitió Resolución. Dicha

Resolución de la Comisión fue notificada el 31 de octubre de 2022. Luego, la
notificación se efectuó a las partes el 23 de noviembre de 2022, por correo

Número Identificador

SEN2023______________
KLRA202300045                                                                  2

2022 por la Comisión de Juegos de Puerto Rico (en adelante, la

Comisión y/o parte recurrida). Mediante la misma, la Comisión

devolvió la solicitud de licencia de agencia hípica #2412 al Director

Ejecutivo     de   la   Comisión      para     que    continuara      con    los

procedimientos de forma compatible con lo resuelto en la Resolución

y emitiera su determinación denegando o concediendo la licencia

solicitada.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso de Revisión Administrativa presentado por el

recurrente, por falta de jurisdicción.

                                       I

       El caso que se encuentra ante nuestra consideración comenzó

con la presentación de una solicitud de una licencia para la apertura

de una nueva agencia hípica #2412, el 6 de noviembre de 2020, a

nombre del señor Lucas Castro Badia (en adelante, señor Castro

Badia) por medio de la gerente del Sistema de Videojuegos

Electrónico de Camarero Race Track Inc., empresa operadora del

Hipódromo Camarero.4 A raíz de ello, el 2 de marzo de 2021, el señor

Carrión, dueño de la agencia hípica #546, presentó una carta en

oposición, debido a la cercanía del local propuesto con la de su local

ya establecido.5 El 24 de junio de 2021, Camarero recomendó

favorablemente al Director del Negociado del Deporte Hípico (en

adelante, el Negociado) que se aprobase la solicitud y sometió ante

el Negociado de la Comisión la totalidad del expediente levantado

por Camarero.6

electrónico. Sin embargo, por error e inadvertencia el correo electrónico del
licenciado Daniel Martínez, representante legal del señor Carrión, al cual se
notificó la Resolución fue incorrecto. Por ello, el 27 de diciembre de 2022, se
notificó nuevamente la Resolución y se cursó al correo electrónico del licenciado
Martínez.
4 Apéndice a la pág. 1.
5 Id. Exhibit 3.
6 Exhibit 4 y 10 de la copia de expediente administrativo presentado el 15 de

febrero de 2023.
KLRA202300045                                                                     3

       El 7 de julio de 2021, un inspector de la Oficina de

Investigación y Regulación del Negociado realizó una inspección de

la agencia hípica #2412 y rindió un informe de la investigación el 14

de julio de 2021.7 Luego, el 29 de septiembre de 2021, el Director

Ejecutivo de la Comisión procedió a emitir la Orden Administrativa

Núm. NH-21-46, con el fin de iniciar un proceso de investigación, de

conformidad con la autoridad concedida en la Ley de la Industria y

el Deporte Hípico de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987.8

El fin era dilucidar la controversia relacionada con la concesión de

solicitud de licencia de agencia hípica #2412 recomendada por

Camarero a favor del señor Castro Badia.9

       En la Orden Administrativa se procedió a designar al

licenciado José Martínez Ramos como Juez Administrativo (en

adelante, Juez Administrativo), para que se llevara a cabo una

investigación a los fines de determinar si procedía la concesión de la

licencia de agencia hípica y del sistema de videojuegos a favor del

señor Castro Badia.10 Se les advirtió a las partes que debían

comparecer al salón de vistas del Negociado el 21 de octubre de

7 Exhibit 8 y 10 de la copia de expediente administrativo presentado el 15 de
febrero de 2023.
8 Apéndice a la pág. 1. Exhibit 9. Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto

Rico, Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, Art. 5 (a) (10), 15
LPRA § 198k.
Artículo 5. — Facultades del Director Ejecutivo. (15 LPRA § 198k)
(a) El Director Ejecutivo será el funcionario ejecutivo y director administrativo de
toda la actividad hípica en Puerto Rico y tendrá la facultad, sin que por esto se
entienda que queda limitado, para: …
(10) Delegar, cuando lo estime conveniente, en un oficial examinador, quien
deberá ser abogado licenciado, para que reciba prueba en relación con cualquier
asunto o querella presentada al Director Ejecutivo. El funcionario así designado
podrá tomar juramento de los testigos que comparezcan ante él y deberá rendir
un informe al Director Ejecutivo conteniendo sus determinaciones de hechos y
conclusiones de derecho. La parte perjudicada podrá impugnar dicho informe
ante el Director Ejecutivo, dentro de los quince (15) días calendario de
habérsele notificado con copia del mismo. El procedimiento ante el Director
Ejecutivo seguirá lo dispuesto por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. En virtud de la Sección 3.3
de la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
de Puerto Rico”, se permite la designación de jueces administrativos, además de
los oficiales examinadores. El jefe de la agencia puede delegar la autoridad de
adjudicar a los jueces administrativos, quienes deben ser funcionarios o
empleados de la agencia.
… (Énfasis suplido).
9 Apéndice a la pág. 1.
10 Id.
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2021, para prestar testimonio y someter toda la prueba oral y

documental como parte de la investigación.11

       El 1 de noviembre de 2021, Camarero compareció por escrito

ante la Comisión y solicitó que se cumpliera con los procedimientos

para la determinación sobre la apertura de la nueva agencia

hípica.12 La vista fue celebrada en sus méritos el 26 de abril de

2022.13

       El 5 de julio de 2022, el Juez Administrativo procedió a emitir

una Resolución14 denegando la solicitud de agencia hípica #2412,

bajo el fundamento de que no existía un protocolo que estableciera

los requisitos para la aprobación de licencias y denegación de

agentes hípicos conforme lo establece el Reglamento 8944,

Reglamento Hípico Parte General y de Licencias.15 Dicha Resolución

se notificó a las partes por correo postal el 11 de julio de 2022.16

       El 1 de agosto de 2022, el señor Castro Badia presentó un

recurso de Revisión Administrativa17 ante la Junta de Comisionados

de la Comisión de la Resolución del 5 de julio de 2022 emitida por el

Juez Administrativo. Por su parte, el 1 de agosto de 2022, Camarero

presentó una Solicitud de Revisión Administrativa ante la Comisión

solicitando la revocación de la Resolución del 5 de julio de 2022,

emitida por el Juez Administrativo.18 El 28 de octubre de 2022, la

Comisión desestimó sin trámite ulterior el recurso de Revisión

Administrativa por ser uno prematuro y por ser la determinación del

11 Id., a las págs. 1-2.
12 Exhibit 10 y 13.
13 Exhibit 13.
14 Exhibit 16.
15 Apéndice a la pág. 2. Administración de la Industria y el Deporte Hípico – Junta

Hípica, Reglamento Hípico – Parte General y de Licencias, Núm. 8944 (6 de abril
de 2017).
16 Exhibit 16. El correo electrónico está en el expediente, pero el Exhibit no está

enumerado.
17 La Revisión Administrativa se encuentra en el expediente, pero el Exhibit no

está enumerado.
18 La Solicitud de Revisión Administrativa se encuentra en el expediente, pero el

Exhibit no está enumerado.
KLRA202300045                                                       5

Juez Administrativo ultra vires a la luz del poder delegado y devolvió

la solicitud al Negociado.19

          Dicha Resolución de la Comisión fue notificada el 31 de

octubre de 2022.20 No obstante, y según surge de la evidencia

presentada por la parte recurrente, esta no fue notificada

correctamente a la parte recurrente hasta el 27 de diciembre de

2022, dado a que previamente le notificaron a su representante legal

a una dirección de correo electrónica incorrecta.21

          Inconforme con dicha determinación, el recurrente presentó

un recurso de Revisión Administrativa el 26 de enero de 2023 ante

esta Curia en el que alega que la Comisión cometió los siguientes

errores:

          PRIMER ERROR: Erró la Comisión de Juegos de Puerto
          Rico en emitir una Resolución defectuosa que violenta
          el debido proceso de ley por poseer serios defectos de
          notificación.

          SEGUNDO ERROR: Erró la Comisión de Juegos de
          Puerto Rico en redactar una Resolución con
          sustanciales defectos de notificación que afectan las
          garantías procesales mínimas con las que debe cumplir
          toda agencia administrativa.22

          El 24 de marzo de 2023 compareció ante nos la Comisión a

través de una Moción en Solicitud de Desestimación.

                                          II

      A. Falta de Jurisdicción

          Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los

casos y las controversias que sean presentados a su atención.

Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020), Torres Alvarado v Madera

Atiles, 202 DPR 495 (2019); SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182

DPR 675, 682 (2011). Es normativa reiterada que, los tribunales

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo

19   Apéndice a la pág. 2.
20   Id., a la pág. 6.
21   Id., a la pág. 7.
22   Recurso de Revisión Administrativa a la pág. 5.
KLRA202300045                                                       6

que, los asuntos relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben

ser atendidos con prontitud. Torres Alvarado v Madera Atiles, supra,

pág. 500; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856

(2009).   La ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu

proprio, ya que, esta incide de forma directa sobre el poder del

tribunal para adjudicar una controversia. Allied Management Group,

Inc. v Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Torres Alvarado v Madera

Atiles, supra, pág. 500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR

254, 268 (2018); Suffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).

      La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación

del escrito a las partes apeladas. González Pagán v. Moret Guevara,

202 DPR 1062, 1070-1071 (2019). Una de las instancias en que un

tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso

tardío o prematuro. Lo anterior, debido a que, una apelación o

recurso prematuro, al igual que uno tardío adolece del grave e

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. MMR Supermarket, Inc.

v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, 2022 TSPR 99 (2022); Báez

Figueroa v. Administración de Corrección, 2022 TSPR 52 (2022);

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico

v. Carrión Marrero, 2022 TSPR 34 (2022); Yumac Home Furniture v.

Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 107 (2015). Su presentación

carece de eficacia y como consecuencia no produce ningún efecto

jurídico, pues no hay autoridad judicial para acogerlo. MMR

Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, supra;

Báez Figueroa v. Administración de Corrección, supra; Autoridad

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión

Marrero, supra.

      Un recurso de revisión tardío es aquel que se presenta fuera

del término disponible para ello, y que, consecuentemente,

manifiesta la ausencia de jurisdicción. MMR Supermarket, Inc. v.
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Municipio Autónomo de San Lorenzo, supra. Desestimar un recurso

por ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente,

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. Yumac Home Furniture

v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. En cambio, la

desestimación de un recurso por prematuro le permite a la parte que

recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que

estaba ante su consideración.23 Íd.

         Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos,

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. Íd.;

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico

v. Carrión Marrero, supra; Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom,

190 DPR 652, 600 (2014); Suffront v. A.A.A., supra, pág. 674.

         Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones24, confiere facultad a este Tribunal para a

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de

jurisdicción.

      B. Revisión judicial

         Nuestra Alta Curia ha sostenido que, "el derecho a cuestionar

la determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte

del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto

Rico". Para cumplir con ese principio, el artículo 4.006 (c) de la Ley

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorga la

competencia apelativa al Tribunal de Apelaciones para revisar las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de las agencias

23   Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).
24   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLRA202300045                                                             8

administrativas.25        (Citas   omitidas).   (Énfasis   nuestro).   Asoc.

Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014).

         En su Sección 4.226, la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017,

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (Ley de Procedimiento Administrativo)

“instituye un término de treinta días para solicitar la revisión

judicial de una decisión o resolución final de una agencia

administrativa. Este término es de                carácter jurisdiccional.

Específicamente, la regla provee que este plazo comienza a partir de

la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución o

desde la fecha en que se interrumpa ese término mediante la

oportuna presentación de una moción de reconsideración según

dispone la Sección 3.15” de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Id, pág. 847. (Citas omitidas). (Énfasis nuestro).

         A su vez, la Regla 57 del Reglamento de este Tribunal27

estatuye lo relacionado al término para presentar un recurso de

revisión ante este foro apelativo. Dicha regla dispone lo siguiente:

         Regla 57. Término para presentar el recurso de
         revisión
         El escrito inicial de revisión deberá ser presentado
         dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días
         contados a partir de la fecha del archivo en autos de la
         copia de la notificación de la orden o resolución final
         del organismo o agencia. Si la fecha del archivo en
         autos de copia de la notificación de la resolución u
         orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha
         notificación el término se calculará a partir de la fecha
         del depósito en el correo. (Énfasis nuestro).

         A pesar de que la Ley de Procedimiento Administrativo no

define el término “orden o resolución final”, ésta contiene una

descripción de lo que tiene que incluir una “orden o resolución final”.

Además, requiere incluir unas determinaciones de hecho y las

conclusiones de derecho de la decisión y advertir del derecho a

25   Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y(c)).
26   3 LPRA sec. 9672.
27   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57.
KLRA202300045                                                        9

solicitar una reconsideración. 3 LPRA sec. 9654. De este lenguaje

surge que el término “orden o resolución final” se refiere a las

decisiones que ponen fin al caso ante la agencia y que tienen efectos

sustanciales sobre las partes. Véase D. Fernández Quiñones,

Derecho Administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, Colombia, Ed. Forum, 1993, pág. 479. (Énfasis nuestro).

J. Exam. Tec. Med. V. Elías et. al., 144 DPR 483, 489-490 (1997).

      Por ende, una “orden o resolución final” tiene que ser aquella

que pone fin a los procedimientos en un foro determinado. Así

concluimos en Pueblo ex rel. R.S.R., 121 DPR 293 (1988). Allí, al

interpretar el trámite especial y las definiciones contenidas en la Ley

de Menores de Puerto Rico, nuestro Máximo Foro afirmó que una

“orden o resolución final” tiene las características de una sentencia

en el procedimiento judicial porque “resuelv[e] finalmente la

cuestión litigiosa y de la [misma] puede apelarse o solicitarse

revisión”. (Énfasis suprimido.) Id., pág. 299. También nuestra

última instancia judicial aclaró que para que una orden o resolución

sea final tiene que resolver todas las controversias y no puede dejar

pendiente una para ser decidida en el futuro. J. Exam. Tec. Med. V.

Elías et.al., supra. pág. 490.

      Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que el derecho a una notificación adecuada concede a las partes la

oportunidad de tomar conocimiento real de la acción tomada por la

agencia. Además, otorga a las personas cuyos derechos pudieran

quedar afectados, la oportunidad para decidir si ejercen los

remedios que la ley les reserva para impugnar la determinación.

Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de San Juan, 140 DPR 24

(1996). El incumplimiento con los requisitos de notificación

adecuada establecidos en la LPAU resulta en una notificación

defectuosa, por lo que los términos para solicitar los mecanismos

procesales posteriores o la revisión judicial del dictamen no
KLRA202300045                                                                     10

comienzan a transcurrir. 3 LPRA sec. 9654; Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46 (2007).

                                        III

       Expuesto el marco teórico en derecho, procedemos a resolver,

en consideración al mismo. La parte recurrente esgrimió dos (2)

errores en su recurso de Revisión Administrativa. Sin embargo, como

cuestión de umbral, antes de entrar a los méritos del recurso

mediante la discusión de los errores señalados, debemos atender el

aspecto jurisdiccional. El Tribunal Supremo ha reiterado que el

aspecto jurisdiccional es el primer factor por considerar en toda

situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo.28 Esto

se debe a que los tribunales tienen la responsabilidad indelegable

de examinar, en primera instancia, su propia jurisdicción, así como

la del foro de donde procede el recurso ante su consideración.29 Si

el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así y

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

controversia.30 (Énfasis suplido). Es decir, procede la inmediata

desestimación del recurso apelativo según lo dispuesto en las leyes

y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos.31

       Indubitadamente se desprende de los autos en el presente

caso, que nos encontramos impedidos de atender el recurso en

cuestión porque el mismo es prematuro. Es decir, previo a entrar en

otras consideraciones tales como si la Resolución recurrida es una

final, como para ser revisable, así como tampoco en cuanto al

cumplimiento       con    el   proceso        de   agotamiento     de   remedios

administrativos requerido en este tipo de procedimiento, tenemos el

28 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, 2022 TSPR 99.
Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019).
29 Torres Alvarado, Id. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). S.L.G. Szendrey-Ramos v.
F. Castillo, supra, 883.
30 Torres Alvarado, Id., 501. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., Id., 269. Mun.

de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014).
31 Torres Alvarado, Id. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., Id. S.L.G. Szendrey-Ramos

v. F. Castillo, supra.
KLRA202300045                                                               11

deber inicial de auscultar nuestra jurisdicción como tribunal

revisor. Al revisar los autos, específicamente la Resolución recurrida

constatamos       que   la   misma    adolece     de   las   sacramentales

advertencias requeridas por nuestro ordenamiento jurídico para que

pueda activarse nuestra jurisdicción.

      Según hemos expuesto en el marco legal que antecede,

nuestro Alto Foro ha establecido que el derecho a una notificación

adecuada    concede      a   las   partes    la   oportunidad       de   tomar

conocimiento real de la acción tomada por la agencia y la

oportunidad para decidir si ejercen los remedios que la ley les

confiere para acudir en revisión judicial. De esa notificación

adecuada es de lo que carece la Resolución recurrida. Por tanto,

ante la falta de dichas advertencias, este foro revisor se encuentra

impedido de considerar el recurso presentado, por falta de

jurisdicción.

                                     IV.

      Por   los    fundamentos       antes    expuestos,     solo    podemos

declararnos sin jurisdicción, por lo que se desestima el recurso

presentado, por ser uno prematuro.

      Lo aquí resuelto no impide que la parte recurrente comparezca

ante este foro nuevamente, una vez el foro recurrido haya notificado

adecuadamente su determinación.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones