Court Opinion

ID: 9928549
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:24:19.639638+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:01.931881
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VIII

SUSSET M. RODRÍGUEZ                                        Certiorari,
    HERNÁNDEZ                                              procedente del Tribunal
                                                           de Primera Instancia,
       Parte Recurrida                                     Sala Superior de San
                                                           Juan
                                    KLCE202301383
          EX PARTE
                                                           Caso Núm.:
                                                           SJ2020RF01223
     JORGE J. LÓPEZ
       RODRÍGUEZ
                                                           Sala 705
      Presunto Incapaz

     JORGE A. LÓPEZ
       ALBARRÁN;
     GBS GROUP, INC.                                       Sobre:
                                                           Declaración de
     Parte Peticionaria /                                  Incapacidad y
       Interventores                                       Designación de Tutor

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                                     SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

        Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, GBS Group, Inc.1

(en adelante, “GBS” o la “Peticionaria”) mediante recurso de Certiorari y

“Moción en Auxilio de Jurisdicción y de Paralización”, ambos

presentados el 7 de diciembre de 2023. Nos solicitó la revocación de la

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (en adelante, el “TPI”), el 15 de octubre de 2023,

notificada y archivada en autos el 19 del mismo mes y año. Mediante el

referido dictamen, y en lo pertinente a la controversia ante nos, el TPI

declaró No Ha Lugar la “Moción en Oposición a Descubrimiento de

Prueba y Desacato y Réplica a Moción de Reconsideración de

Intervención” presentada por GBS. Por tanto, ordenó a la Peticionaria a

cumplir con la Orden del 7 de junio de 2023, en la cual se le requirió producir

1 Corporación con fines de lucro debidamente registrada y autorizada para hacer negocios

en Puerto Rico, dedicada a la distribución y venta de productos con exclusividad en Puerto
Rico para comercios dedicados a la venta de alimentos, café y bebidas alcohólicas.

Número Identificador
SEN2023______________
KLCE202301383                                                              2

la documentación solicitada en la “Moción para Orden en contra de GBS

Group Inc.” presentada por la Sra. Susset Rodríguez Hernández (en

adelante, la “señora Rodríguez Hernández” o la “Recurrida”), dentro de un

término improrrogable de treinta (30) días.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el

auto de certiorari y revocamos la Resolución y Orden.

                                     I.

      El presente recurso tiene su génesis con la presentación de una

“Petición” ex parte interpuesta por la señora Rodríguez Hernández,

mediante la cual solicitó al TPI que declarara incapaz a su hijo mayor de

edad, Jorge Jonel López Rodríguez (en adelante, “López Rodríguez”) y se

le nombrara como tutora o, en la alternativa, que se le restituyera la patria

potestad y custodia exclusiva de éste. Tras varios trámites procesales

impertinentes a la controversia que nos ocupa, el 2 de agosto de 2022 el

foro de instancia dictó una Sentencia, en la cual concedió y restauró la

custodia y patria potestad exclusiva de López Rodríguez a la señora

Rodríguez Hernández. A raíz de ello, el 23 de septiembre de 2022 la

Recurrida presentó “Moción de Pensión Alimentaria”, en la cual le solicitó

al TPI que ordenare al padre de López Rodríguez, el Sr. Jorge A. López

Albarrán (en adelante, el “señor López Albarrán”) al pago de una pensión

alimentaria. A tenor con lo anterior, el 31 de octubre de 2022, el foro

recurrido ordenó el pago de $500.00 como pensión alimentaria provisional.

      Comenzado el descubrimiento de prueba sobre la pensión

alimentaria solicitada, el 7 de junio de 2023 la señora Rodríguez Hernández

radicó “Moción para Orden en Contra de GBS Group, Inc.”. En ésta,

arguyó que tenía una creencia de que el señor López Albarrán, quien es el

único accionista, presidente, tesorero, agente residente y director de GBS,

recibe ciertas ganancias, beneficios y frutos directos e indirectos de GBS

que no está reportando en su Planilla de Información Personal y Económica

(PIPE) o en sus Planillas de Contribución sobre Ingresos. Por tanto, solicitó

al foro de instancia que emitiera una orden contra GBS para que ésta

produjera la siguiente información y documentación financiera y contributiva:
KLCE202301383                                                            3

       (1) Copia de las planillas de contribución sobre ingresos.
       (2) Identificar todas las tarjetas de crédito a nombre de GBS y
           producir todos los estados mensuales de todas las tarjetas
           de crédito a nombre de GBS.
       (3) Contratos de arrendamiento
       (4) Estados de cuentas bancarias de la corporación.2
       En la misma fecha, el TPI emitió una Orden en la que declaró “Con

Lugar” la moción e instruyó a GBS a producir la siguiente documentación

y/o información:

       (1) Copia de las planillas de contribución estatal y federal de
           GBS Group, Inc., para los años 2020, 2021 y 2022.
       (2) Todas las tarjetas de crédito a nombre de GBS Group, Inc.
           y todos los estados mensuales de todas las tarjetas de
           crédito a nombre de GBS Group., Inc., para los años
           2021, 2022 y 2023.
       (3) Copia completa del contrato de arrendamiento del
           inmueble localizado en el 1462 Avenida Paz Granela, Urb.
           Santiago Iglesias, San Juan, Puerto Rico 00921, y los
           recibos de pago de renta desde mayo de 2022 hasta junio
           de 2023.
       (4) Todas las cuentas en bancos y cooperativas de ahorro y
           crédito a nombre de GBS Group., Inc. y todos los estados
           mensuales de todas las cuentas en bancos y cooperativas
           de ahorro y crédito a nombre de GBS Group, Inc., para los
           años 2021, 2022 y 2023.
       (5) Todos los formularios W-2 y 480 del señor López Albarrán
           para los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

       Para ello se le concedió un término de diez (10) días, a partir de la

notificación de la Orden. No empece lo anterior, el 16 de agosto de 2023 la

Recurrida presentó “Moción de Desacato” en la cual expuso que GBS

había incumplido con producir la información y documentos, según lo

ordenado por el TPI. Así pues, solicitó la celebración de una vista de

desacato, con la consecutiva imposición de sanciones económicas. El

tribunal a quo concedió un plazo de diez (10) días al señor López Albarrán

para que se expresara. El 5 de septiembre de 2023, GBS compareció

mediante “Moción de Intervención como Cuestión de Derecho y

Solicitud de Término para Expresarse sobre Descubrimiento”, en la cual

se opuso a la divulgación de la información, por entender que ésta muy

probablemente era confidencial y constituía secretos de negocio. Así las

cosas, el foro de instancia declaró “Con Lugar” la solicitud de intervención

el 11 de septiembre de 2023. El 26 de septiembre de 2023, la señora

Rodríguez Hernández presentó una “Moción de Reconsideración en

2 Véase, Entrada Núm. 97 SUMAC.
KLCE202301383                                                              4

Oposición a Intervención de GBS Group, Inc.” mediante la que solicitó al

foro recurrido que dejara sin efecto la acumulación de GBS al pleito. Expuso

que la Peticionaria podía oponerse a la producción de documentos sin tener

que ser acumulada en el caso, ello puesto que el mismo era un asunto de

la competencia de la sala de familia a la cual no debía tener acceso.

      Luego de varios trámites procesales, GBS presentó “Moción en

Oposición a Descubrimiento de Prueba y Desacato y Réplica a Moción

de Reconsideración de Intervención” en la que reiteró su objeción al

descubrimiento de prueba. Además, indicó que existía una determinación

en el caso Susset M. Rodríguez Hernández v. Jorge A. López Albarrán y

GBS Group, Inc., civil núm. SJ2019CV12503, en el cual se estableció que

la Recurrida no podía tener acceso a las planillas de GBS ni a otra

información de naturaleza financiera y contributiva de dicha entidad, debido

a que ésta no pudo demostrar ser accionista de la corporación. Por otro

lado, arguyó que la Recurrida incumplió con los mecanismos de certificación

de la Regla 34 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34, por lo que el

tribunal debía rechazar la “Moción de Desacato”. Analizados los

planteamientos de las partes, el TPI emitió la Resolución y Orden recurrida

el 15 de octubre de 2023, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la “Moción

de Desacato” presentada por la señora Rodríguez Hernández y “No Ha

Lugar” la “Moción en Oposición a Descubrimiento de Prueba y Desacato

y Réplica a Moción de Reconsideración de Intervención” presentada por

GBS. En atención a ello, ordenó a esta última a producir lo solicitado por la

Recurrida, según establecido en la Orden de 7 de junio de 2023, dentro de

un término improrrogable de treinta (30) días.

      A tenor con lo anterior, el 3 de noviembre de 2023 la Peticionaria

presentó “Moción en Reconsideración” en la que solicitó al foro recurrido

que dejara sin efecto la Orden antes mencionada, y que se limitare el

descubrimiento de prueba únicamente a los formularios W-2 y 480 del señor

López Albarrán para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, por ser la única

prueba pertinente a la controversia. No obstante, el foro a quo declaró “No

Ha Lugar” la solicitud mediante Orden de 7 de noviembre de 2023. Así pues,
KLCE202301383                                                                     5

el 21 de noviembre de 2023 GBS presentó “Moción en Cumplimiento de

Orden e Informativa”. Expuso que produjo y notificó a la señora Rodríguez

Hernández los formularios W-2 y 480, según solicitados y ordenado por el

TPI. No obstante, peticionó un término adicional de veinte (20) días para

completar la recopilación del restante de los documentos y agotar los

remedios para proteger la información. El foro de instancia declaró “Con

Lugar” la moción mediante Orden dictada el 27 de noviembre de 2023,

notificada al próximo día. Entretanto, el 29 de noviembre de 2023, se celebró

una vista de seguimiento. De la Minuta del referido señalamiento se

desprende que el tribunal expresó que una vez la Recurrida sometiera los

proyectos de orden, procedería a suscribirlos y expedirlas.3

         Inconforme, la Peticionaria acudió ante nos mediante recurso de

Certiorari. En su recurso, GBS formuló los siguientes señalamientos de

error:

                            PRIMER ERROR

   A. ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA OBJECIÓN DE
      GBS AL DESCUBRIMIENTO Y ORDENARLE A PRODUCIR LAS
      PLANILLAS SOBRE INGRESOS, CUENTAS BANCARIAS E
      INFORMACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO, ENTRE OTROS,
      TODA VEZ QUE LA MISMA ES IMPERTINENTE POR TRATARSE
      DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONFIDENCIAL DE LA
      CORPORACIÓN Y NO INFORMACIÓN DEL ALIMENTANTE, EL
      SR. LÓPEZ ALBARRÁN, QUIEN YA PRODUJO SU
      INFORMACIÓN FINANCIERA.

                           SEGUNDO ERROR

   B. ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA PRUEBA SOLICITADA
      POR LA SRA. RODRÍGUEZ A GBS NO GOZA DE PRIVILEGIO
      ALGUNO QUE PROTEJA DE SU DIVULGACIÓN.

         Mediante Resolución de 8 de diciembre de 2023, declaramos “No Ha

Lugar” la “Moción en Auxilio de Jurisdicción y de Paralización” y le

concedimos un término a la señora Rodríguez Hernández para que

presentara su alegato en oposición. El 12 de diciembre de 2023, la

Recurrida solicitó una prórroga para presentar su escrito. Ante esto,

emitimos una Resolución en esa misma fecha, mediante la cual le

concedimos hasta el 14 de diciembre de 2023 para presentar su escrito.

3 Véase, Entrada Núm. 130 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC).
KLCE202301383                                                               6

       En cumplimiento con la Resolución, la señora Rodríguez Hernández

presentó “Alegato de Oposición a Certiorari” el 14 de diciembre de 2023.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                      II.

                                     A.

       El descubrimiento de prueba dentro del proceso civil está regulado

por la Regla 23 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23. El

inciso (a) de la Regla 23.1 de dicho cuerpo reglamentario dispone que las

partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier (1) información que no

sea privilegiada y (2) que sea pertinente al asunto en controversia. E.L.A. v.

Casta, 162 DPR 1, 10 (2004); Alvarado v. Alemany, 157 DPR 672, 683

(2002). El concepto de pertinencia como limitación al descubrimiento de

prueba, “aunque impreciso, debe ser interpretado en términos amplios”.

General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40 (1986). Para que

un asunto pueda estar sujeto a descubrimiento lo único necesario es que

esté presente una posibilidad razonable de relación con la cuestión que

se pretende adjudicar. E.L.A. v. Casta, supra, pág. 13. Así pues, el Tribunal

Supremo ha establecido lo siguiente:

       [S]urgen dos limitaciones fundamentales para el proceso de
       descubrimiento de prueba de la Regla 23.1 de Procedimiento
       Civil de 2009, supra. “En primer lugar, es imperioso que el
       asunto que se pretende descubrir sea pertinente a la
       controversia que se dirime. Segundo, la materia que se
       pretende descubrir, aunque sea pertinente, no puede ser
       privilegiada o quedará excluida del alcance del
       descubrimiento de prueba”. McNeil Healthcare v. Mun. Las
       Piedras I, 206 DPR 391, 406 (2021) (énfasis en el original y
       suplido).

       La referida Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra, señala que no

constituirá objeción el que la información solicitada sea inadmisible en el

juicio, siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha

información conduzca al descubrimiento de evidencia admisible. Íd. La

amplitud del descubrimiento persigue dos (2) propósitos: garantizar la

pronta solución de las controversias y evitar que en la vista en su fondo

surjan sorpresas. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 742-743

(1986).
KLCE202301383                                                            7

      Igualmente, se ha reconocido que los tribunales de instancia poseen

amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento de prueba, con

el objetivo de garantizar una solución justa, rápida y económica. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65,

212 DPR ___ (2023). No obstante, cuando se reclama un privilegio como

límite al descubrimiento de prueba, se requiere que la petición sea expresa

y fundamentada, con especificación de la naturaleza de los documentos,

comunicaciones o de los objetos no producidos o revelados “de forma que,

sin revelar información privilegiada, las demás partes puedan evaluar la

aplicabilidad del privilegio o protección, y expresarse sobre éstos”. Regla

23.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.3.

      Así, una parte no podrá objetar un requerimiento de descubrimiento

de prueba, salvo que invoque oportunamente un privilegio específico

reconocido en nuestras Reglas de Evidencia. Ponce Adv. Med. v. Santiago

González et al., 197 DPR 891, 899 (2017). Dicha norma tiene su fin ulterior,

toda vez que los privilegios probatorios “rompen con el propósito principal

de las Reglas de Evidencia: ‘el descubrimiento de la verdad en todos los

procedimientos judiciales’”. Íd. Adviértase que los privilegios excluyen

prueba que de otro modo sería pertinente y descubrible. Íd.

      Debido a que los privilegios impiden el descubrimiento de hechos,

comunicaciones     o   actos,   los   tribunales   debemos    interpretarlos

restrictivamente. Por tanto, su concesión no será automática y deberán

invocarse oportunamente y de manera certera. Íd., pág. 900. Por cuanto, la

parte que se considere poseedora de cierta materia privilegiada cuyo

descubrimiento se procura, tan pronto le sea solicitada dicha información

deberá:

      (1) objetar la producción de los documentos, las
      comunicaciones o los objetos requeridos; (2) indicar
      expresamente el privilegio específico que pretende invocar;
      (3) exponer con particularidad los hechos concretos en los
      que se basa la aplicabilidad del privilegio; (4) fundar con
      claridad la existencia de los elementos legales del privilegio
      en cuestión, y (5) describir la naturaleza de la evidencia no
      producida de forma tal que, sin revelar la información
      privilegiada, permita a otras partes evaluar su reclamación.
      McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 408.
KLCE202301383                                                              8

      A tono con lo anterior, cuando surgen controversias entre las partes

en torno a la existencia y alcance del privilegio, “el tribunal tendrá que

resolver si el poseedor del privilegio estableció, mediante preponderancia

de la prueba, los elementos del privilegio que invoca”. Ponce Adv. Med. v.

Santiago González et al., supra, pág. 900 (énfasis en el original). Por

consiguiente, una vez se establece el mismo, su aplicación dependerá de si

éste es absoluto o condicional. Son absolutos aquellos privilegios que una

vez se cumplan con los requisitos que los constituyen se descarta la

discreción judicial para obligar la divulgación de la materia protegida. J.E.

Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de

Puerto Rico y federales, San Juan, Pubs. JTS, 1998, T. I, pág. 193. Por su

parte, “los privilegios condicionales son aquellos cuya aplicación puede

ceder ante intereses sociales, aunque se cumpla con los requisitos que lo

constituyen”. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 408.

      Para que pueda reconocerse una comunicación como privilegiada,

se deberá demostrar que están presentes las siguientes condiciones:

      1) la comunicación tiene que haberse originado en la
      confianza de que no será divulgada; 2) este elemento de
      confidencialidad tiene que ser esencial para mantener plena
      y satisfactoriamente la relación entre las partes; 3) la relación
      debe ser una que la comunidad considere que debe ser
      diligentemente promovida[,] y 4) que el perjuicio que causaría
      la divulgación de la comunicación sea mayor que el beneficio
      obtenido por la correcta disposición del pleito. Ortiz v.
      Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005).

      Nuestras Reglas de Evidencia definen la “evidencia pertinente” como

aquella que tiende a aumentar o disminuir la probabilidad de la existencia

de un hecho que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción.

Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 43 (2017); véase, Regla 401 de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 401. En esencia, se trata de evidencia que

“tiene algún valor probatorio, por mínimo que sea, para adjudicar la acción”.

Íd., citando a E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009,

San Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 114.

      La evidencia pertinente es admisible excepto cuando se disponga lo

contrario por imperativo constitucional, por disposición de ley o por las

Reglas de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 402. En otras palabras, la
KLCE202301383                                                                 9

pertinencia es una condición necesaria pero no suficiente para la

admisibilidad de evidencia, pues podría no ser admitida por razón de la

aplicación de una regla de exclusión. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 73. Ahora

bien, la evidencia no pertinente bajo la definición de la Regla 401 es

inadmisible sin ulterior consideración. Es decir, que el tribunal no tiene

discreción para admitir evidencia no pertinente. Íd., págs. 73-74.

                                       B.

       Es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la obligación de

brindar alimentos es parte esencial del derecho a la vida, protegido por el

Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico. Torres Rodríguez v.

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 738 (2009). Su origen está cimentado

en principios generalmente reconocidos de solidaridad humana, asociados

al derecho natural y unido por imperativo de los vínculos familiares.

Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 13 (2004).

       El Artículo 658 del Código Civil regula todo lo relacionado a las

pensiones alimentarias entre parientes y dispone, entre otras cosas, que

“[e]stán obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos, en toda la

extensión que señalan los artículos precedentes: (a) los cónyuges; (b) los

ascendientes y descendientes; (c) los hermanos”. 31 LPRA sec. 7541

(énfasis suplido). Dicha obligación es de naturaleza personalísima,

imprescriptible, irrenunciable, variable y condicional de tracto

sucesivo. R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y

Legislación Comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica

Continua de la UIPR, 2002, Vol. II, pág. 1422. A tenor con lo anterior, el

Artículo 162 del Código Civil dispone que los tribunales fijarán “la pensión

alimentaria de un menor o incapaz, de acuerdo con sus necesidades

particulares y con los recursos disponibles para ello”. 31 LPRA sec. 5727.

Así pues, en la vista para recibir el inventario, “el tribunal determina la parte

de los bienes que el tutor destinará a dicha pensión. La cuantía puede

modificarse según aumente o disminuya el patrimonio o cambien las

circunstancias y las necesidades personales y económicas del tutelado”. Íd.
KLCE202301383                                                              10

       Asimismo, en cuanto a la cuantía de los alimentos debidos al mayor

de edad, el Artículo 665 del Código Civil dispone que deberá ser

proporcional a los recursos del alimentante y a las necesidades del

alimentista. 31 LPRA sec. 7561. Por tanto, “[a]l estimar los recursos de uno

y de otro se toma en cuenta el patrimonio acumulado, el potencial de

generar ingresos, los beneficios directos e indirectos que recibe de terceras

personas, el perfil de sus gastos que no son indispensables y su estilo de

vida”. Íd.

       En vista de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico provee los

mecanismos para asegurar la efectividad del pago de las pensiones

alimentarias. Entre éstos, se encuentran los siguientes: la acción

independiente en cobro de dinero, la emisión de órdenes de retención de

ingresos, el embargo de bienes, retención de ingresos de reintegros de

contribuciones estatales o federales, imposición de fianza u otra garantía de

pago determinada, solicitud de información sobre crédito, limitación a la

expedición de licencias (de conducir vehículos de motor, ocupacional o

profesional, tiro al blanco, venta de artículos, de portar armas, contratación

y empleo con el Gobierno) o la solicitud de desacato civil o criminal. Véanse,

Reglas 51 y 56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51 y R. 56.

                                     III.

       En su primer señalamiento, GBS arguye que erró el foro de instancia

al ordenarle producir las planillas de ingresos, cuentas bancarias e

información de tarjetas de créditos, entre otros, cuando éstos no son

pertinentes por ser información financiera y confidencial de la corporación y

no información del alimentante, el señor López Albarrán, quien ya había

entregado su información financiera.

       Por su parte, la Recurrida reitera ante este Tribunal que surgió del

descubrimiento de prueba que GBS le paga al señor López Albarrán su

vehículo de motor y su vivienda, por lo que se hace indispensable conocer

el estatus financiero de dicha corporación para saber la situación económica

en la que se encuentra el alimentante. Igualmente, argumenta que como el
KLCE202301383                                                             11

señor López Albarrán es el único accionista de GBS, esta última es una

entidad ficticia que no es realmente el patrono del alimentante.

       Es harto conocido en nuestro ordenamiento que, aunque el alcance

del descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal, ello no significa que

el mismo sea ilimitado. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra. Por

consiguiente, el mismo se permite restringir cuando: (1) la información

objeto del descubrimiento de prueba sea privilegiada o (2) no sea pertinente

a la controversia. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras,

supra, pág. 673. De igual forma, es norma reiterada que los foros primarios

gozan de amplia discreción para regular el descubrimiento de prueba, por lo

que los foros apelativos no debemos intervenir con dicha discreción. No

empece lo anterior, dicha intervención se nos ha permitido en caso de que

se compruebe prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la aplicación de

una norma procesal o sustantiva. Íd., pág. 672.

       Establecido lo anterior, en el presente caso, la señora Rodríguez

Hernández solicitó y el foro recurrido ordenó a GBS a producir sus planillas,

estados mensuales de las tarjetas de créditos y de las cuentas bancarias

que posee la corporación, así como el contrato de arrendamiento de cierto

inmueble. Ello, bajo el fundamento de que surgió durante el descubrimiento

de prueba que dicha entidad le pagaba al señor López Albarrán su vehículo

de motor y su vivienda. Asimismo, alegó la Recurrida que:

       Como único accionista, presidente, tesorero y director de
       GBS, Jorge A. López tiene a su disposición los recursos
       económicos de GBS para cubrir sus gastos personales, tales
       como vehículo de motor, vivienda, entretenimiento,
       restaurantes, viajes, etc… Las ganancias, beneficios y frutos
       que Jorge A. López obtiene como único accionista, presidente,
       tesorero y director de GBS son ingresos para el computo de
       pensión alimentaria a tenor con el segundo párrafo del artículo
       665 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 7561).4

       Un análisis ponderado de las circunstancias expuestas por la señora

Rodríguez Hernández que, según su postura, justifican la producción

solicitada a GBS conduce a la conclusión de que la misma no puede formar

parte del descubrimiento de prueba en este caso. Los documentos

4 Véase, “Moción de Reconsideración en Oposición a Intervención de GBS Group,

Inc.”, Entrada Núm. 113 de SUMAC.
KLCE202301383                                                             12

solicitados por la Recurrida no son pertinentes para demostrar el estado

económico y financiero del señor López Albarrán, a fin de establecer el

monto de la pensión alimentaria solicitada. Somos de la opinión que la

Recurrida tiene a su alcance otros mecanismos de descubrimiento de

prueba dirigidos al alimentante que no requieren que un tercero (GBS) tenga

que producir documentación o su información económica. El mero hecho de

que el señor López Albarrán es el único accionista, presidente y director de

GBS no activa la posibilidad razonable de relación que requiere nuestro

ordenamiento para que dicha información sea parte del descubrimiento de

prueba en el caso, pues no está racionalmente atado a la cuestión que se

pretende adjudicar en el presente litigio.

       Es decir, la pretensión de la señora Rodríguez Hernández es

descubrir qué beneficios adicionales pudiese recibir el alimentante mediante

el descubrimiento de prueba de documentación relativa a los ingresos y

egresos del ente corporativo. Dicho argumento parecería intimar que la

información económica producida por el señor López Albarrán está

incompleta o que este último oculta ingresos. No obstante, ello son meras

alegaciones cuyo efecto práctico sería abrir las puertas en el presente caso

una expedición de pesca cuando, al momento, no se ha puesto al tribunal

en posición de entender que se está ocultando información. El mero hecho

de que la Recurrida conoce que GBS costea el pago del vehículo de motor

y la vivienda del señor López Albarrán es precisamente un indicador claro y

patente de que la señora Rodríguez Hernández tiene a su disposición las

herramientas necesarias para descubrir, si alguno, cualquier otro beneficio

que recibe el alimentante de la corporación sin tener que obtener

documentación económica de esta última.

       Adviértase que en el caso de epígrafe no se ha presentado prueba o

tan siquiera alegación alguna relacionada con que GBS se ha utilizado como

un alter ego del señor López Albarrán que justifique la producción solicitada

por la Recurrida. Tampoco se ha alegado específicamente que el señor

López Albarrán ha cometido fraude al descubrir la prueba relacionada con

su situación económica para propósitos de fijar la pensión alimentaria
KLCE202301383                                                           13

solicitada por la señora Rodríguez Hernández. Por tanto, a esta etapa de

los procedimientos, los únicos documentos solicitados por la señora

Rodríguez Hernández que son pertinentes al caso son los formularios de W-

2 y 480 del señor López Albarrán, y no los documentos o información de la

corporación. Recordemos que la obligación de alimentar es una

personalísima. Dicho de otra forma, la información económica pertinente al

caso es la correspondiente al señor López Albarrán.

      A lo anterior, se le suma el hecho de que como regla general, una

corporación y sus accionistas o directores se consideran entidades

separadas, por lo que el simple hecho de que el señor López Albarrán sea

el único accionista, presidente, tesorero y director de GBS no supone que

no haya distinción entre éstos. Santiago v. Rodríguez, 181 DPR 204, 214

(2011). Mantener el dictamen del TPI equivaldría a permitir un

descubrimiento de prueba que no encuentra apoyo en nuestro estado de

derecho. Una mera alegación sobre posibles beneficios económicos que

pudiese estar recibiendo el señor López Albarrán de GBS no es suficiente.

      El descubrimiento de prueba obligatorio en los casos de alimentos se

limita a la situación económica del alimentante y las necesidades del

alimentista. No es extensivo a terceras personas que no sean parte del

proceso de alimentos, excepto que se ponga en posición al tribunal de

concluir que se justifica tal incursión sobre bases razonables. Ello no ha

ocurrido en el caso de autos, pues lo único que existen son meras

alegaciones o premisas especulativas que no encuentran apoyo en otra

prueba descubierta que permita trazar el puente de la razonabilidad que

requiere nuestro estado de derecho para una información o documentación

forme parte del descubrimiento de prueba.

      La pretensión de la Recurrida es descubrir prueba sobre una

corporación con personalidad jurídica independiente al alimentante.

Reiteramos, si bien es cierto que los beneficios directos e indirectos que

recibe el señor López Albarrán de terceras personas podrían ser pertinentes

al caso, no es menos cierto que la señora Rodríguez Hernández tiene a su

disposición otros mecanismos y herramientas procesales para descubrir
KLCE202301383                                                             14

dicha prueba que no implique la producción de información y documentación

de un ente independiente y ajeno al caso.

      En vista de lo anterior, no son suficientes las alegaciones generales

en cuanto a que el señor López Albarrán pudiese recibir ganancias y/o

beneficios adicionales que presuntamente no está reportando en su PIPE o

en sus planillas de contribución sobre ingresos personales para justificar la

solicitud de información financiera de GBS. Ante este escenario, no procede

la divulgación de las planillas de GBS, los estados mensuales de tarjetas de

créditos y de cuentas bancarias que posee la corporación, ni los contratos

de arrendamientos que posea, al no ser pertinentes para establecer la

situación económica del alimentante.

      Establecido que la documentación ordenada por el foro de instancia

el 7 de junio de 2023 es impertinente para fijar los alimentos en el caso de

autos, se hace innecesaria la adjudicación y discusión del segundo

señalamiento de error. Recuérdese que, en este tipo de casos, primero es

imperioso establecer si el asunto que se pretende descubrir es o no

pertinente a la controversia que se dirime. Únicamente si se concluye que

la misma es pertinente, entonces se requiere determinar si está protegida o

no por un privilegio y, por tanto, excluida del descubrimiento de prueba.

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 406. Habiendo

determinado expresamente que la información y documentación que el TPI

ordenó producir es impertinente para dirimir la controversia que se ventila,

queda descartada del descubrimiento de prueba y se hace innecesario

analizar si la misma está protegida por el manto de algún privilegio.

                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral de la presente Sentencia, expedimos el auto de certiorari y

revocamos la Resolución y Orden recurrida por entender que la información

y documentación que el TPI requirió que se produjera es impertinente a la

controversia que se dirime ante dicho foro y debe estar fuera del

descubrimiento de prueba, a la luz de la realidad jurídica actual del caso.
KLCE202301383                                                              15

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones