Court Opinion

ID: 9941409
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:32:39.977438+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.776839
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V

    DAVID FIGUEROA                                    Apelación
                                                      procedente del
          Apelante                                    Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
              v.                                      Superior de Carolina

SANTA REAL REALTY, INC.
D/B/A LAGUNA GARDENS KLAN202301113
 SHOPPING CENTER; YAT              Caso Núm.:
     SING CREAM                    CA2021CV01203
   RESTAURANT, INC.;
   SUPERMERCADOS
 MÁXIMO, INC.; FULANOS
     DE TAL 1-100                  Sobre:
                                   Petición de Orden
       Apelados                    Daños

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente.

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

       Comparece el señor David Figueroa Betancourt (en adelante,

apelante y/o señor Figueroa Betancourt), mediante un Recurso de

Apelación para solicitarnos la revisión de la Sentencia Parcial Final

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Carolina (en adelante, TPI) el 2 de octubre de 2023, notificada el 4

de octubre de 2023.1 Mediante la Sentencia Parcial Final apelada, el

tribunal a quo desestimó la Demanda, con perjuicio en cuanto a la

parte apelada Supermercados Máximo, Inc. (en adelante, parte

apelada y/o SuperMax).

       Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia Parcial Final apelada.

                                       I

       El 18 de mayo de 2021, el señor Figueroa Betancourt presentó

una    Demanda         intitulada   Petición    de   Orden   de   Interdicto

1 Apéndice del apelante, a las págs. 327-331.

Número Identificador

SEN2024______________
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Permanente,2 al amparo de 42 USC § 12188.3 Adujo, que los

codemandados Santa Real Realty INC, D/B/A Laguna Garden

Shopping Center, Yat Sing Cream Restaurant, Inc., SuperMax,

Salom, Inc., Fulanos De tal 1-100 incumplen con las disposiciones

del Título III de la ley federal conocida como American with

Disabilites Act, 42 USC § 12181 et seq (en adelante, Ley ADA). A

tenor, solicitó que se emitiera un interdicto permanente, daños

nominales, daños compensatorios y otros remedios al amparo de la

Sección 504 del Rehabilitation Act, 29 USCA § 794.4

       Según se desprende de la Demanda, el señor Figueroa

Betancourt alegó que sufre de una discapacidad física,5 que le limita

sustancialmente actividades cotidianas o del diario vivir. Durante el

trámite del presente caso el foro primario ha emitido tres (3)

Sentencias Parciales en torno a otros codemandados de epígrafe.6

Conviene señalar que, la acción contra la parte apelada de autos era

la única que quedaba pendiente de adjudicar.

       En lo atinente al asunto objeto de revisión, el señor Figueroa

Betancourt alegó en la Demanda, la presencia de barreras

arquitectónicas en SuperMax, el cual radica en el Centro Comercial

Laguna Gardens en Carolina. El apelante indicó que visitó el

establecimiento el 17 de mayo de 2021. El señor Figueroa

Betancourt solicitó como remedio: (i) que se emitiera una Sentencia

Declaratoria disponiendo que la parte apelada ha violado los

requisitos del Título III de la Ley ADA y la reglamentación de

2 Id, a las págs. 1-34.
3 42 USC § 12188.
4 29 USCA § 794 fue limitado por motivos constitucionales por Reickenbacker v.

Foster, 274 F.3d 974 (2001).
5 El señor Figueroa Betancourt refirió en la Demanda, que es cuadripléjico o que

padece de tetraplejia, que conforme expresó, es una lesión en la médula espinal
en la que el paciente puede sufrir una parálisis.
6 Véase, Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) a las

entradas 40, 78 y 126. En cuanto a Shalom Inc., se emitió una Sentencia Parcial
de desistimiento sin perjuicio, mientras que contra Santa Real Inc. D/B/A Laguna
Gardens Shopping Center se emitió una Sentencia Parcial de desistimiento con
perjuicio. Por otro lado, contra X&Z Corporation, H/N/C Yat Sing Restaurante
se emitió una Sentencia Parcial de desestimación, con perjuicio.
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implementación relevante de la Ley ADA; y, que la propiedad no es

completamente accesible y utilizable de manera independiente para

personas con movilidad limitada como la parte apelante; (ii) un

interdicto permanente de conformidad al 42 USC § 12188 (a)(2) y 28

CFR § 36.504(a) que ordenara a la parte apelada a eliminar las

barreras arquitectónicas descritas en la Demanda y para que las

instalaciones cumpliesen con los requisitos establecidos por la Ley

ADA y sus reglamentos de implementación, para que las

instalaciones     estén     totalmente        accesibles    a,    y   de   forma

independiente, por personas de movilidad limitadas; (iii) una orden

reteniendo jurisdicción sobre el asunto y la designación de un

monitor por un periodo de cinco (5) años para supervisar que la

parte apelada cumpla con los requisitos relevantes de la Ley ADA y

para asegurarse de que haya adoptado y siga una política

institucional para que se cumpla con la ley; (iv) que de continuar

con la con la presunta condición discriminatoria, se ordenara el

cierre y clausura de la propiedad como medida para detener la

condición discriminatoria hasta que se acreditara haber eliminado

el   discrimen;     (v)   daños    compensatorios          al    amparo    de   la

Rehabilitation     Act;   (vi)   daños    nominales        al    amparo    de   la

Rehabilitation Act y la Ley ADA; (vii) el pago de los costos del litigio,

al amparo del 42 USC § 12205; y, (viii) el pago de honorarios de

abogados, al amparo de 42 USC § 12205 y 28 CFR § 36505.

       En lo pertinente, el 29 de septiembre de 2021, la parte apelada

presentó la Contestación a Petición de Interdicto Permanente.7 Negó

que, en SuperMax hubiese barreras ilegales que requirieran su

remoción, así como que también negó que hubiese violado la Ley

ADA. Adujo que, cualquier violación potencial a la Ley ADA había

sido corregida o se encontraban en el proceso de ser corregida.

7 Apéndice del apelante, a las págs. 35-52.
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Alegaron que, los cambios y acomodos que solicita el apelante no

son    fácilmente      alcanzables   ni   estructuralmente   factibles,   y

resultarían en una carga indebida para la parte apelada bajo la Ley

ADA. La parte apelada solicitó como remedio la desestimación de la

Demanda incoada con perjuicio, así como el pago de costas, gastos

y honorarios de abogado a SuperMax.

       El 8 de diciembre de 2022, SuperMax presentó una Moción de

Sentencia Sumaria Parcial.8 La parte apelada hace referencia a que,

en la Demanda, el apelante adujo que las góndolas, pasillos, filas o

caminos de SuperMax no tenían un espacio de al menos treinta y

seis (36) pulgadas. Además, de que el mostrador de servicio al cliente

era muy alto, impidiendo la comunicación con el empleado; y, que

las medidas de los baños no cumplían con la Ley ADA. A esos

efectos, alegaron que SuperMax hizo renovaciones que consistieron

en la remodelación de los baños, colocar rampas de acceso y el

arreglo de los mostradores, tornándose la reclamación en académica

y procediendo su desestimación. Explicaron que, comenzaron a

ocupar el local localizado en el Centro Comercial de Laguna Gardens

para el año 2009. Respecto a las modificaciones al mostrador de

servicio, indicaron que colocaron una mesa frente a este que tiene

un timbre y un rotulo, lo cual les permite a las personas en sillas de

ruedas tener igual acceso a los servicios, constituyendo una

facilidad equivalente en cumplimiento con la Ley ADA. Además,

indicaron que colocaron mostradores con rótulos y timbres en las

áreas de açai, carnicería y repostería en cumplimiento con la ley. A

tales efectos, solicitaron que se dictara sentencia sumaria

desestimando la causa de acción instada al amparo de la Ley ADA,

tras juzgar que era académica y que se denegara la concesión de

honorarios de abogado. Expusieron que el apelante no tenía derecho

8 Id, a las págs. 53-92.
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a honorarios de abogado, ya que SuperMax removió las alegadas

barreras voluntariamente antes de instarse el pleito en cuestión, y

por consiguiente el señor Figueroa Betancourt no era la parte

prevaleciente en el caso.

       Por su parte, el 19 de enero de 2023, el señor Figueroa

Betancourt presentó su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria

Parcial.9 Referente a la acción tomada por SuperMax respecto a los

mostradores, el apelante explicó que no le parece una medida

accesible ni igualitaria, sino una medida marginal que podría ser

movida y trasladada de lugar en cualquier momento. Abundó que,

en dicha mesa no hay ningún empleado, que este tendría que llamar

por el timbre y esperar que un empleado se acerque a él.

       Así, las cosas, el 24 de enero de 2023, el señor Figueroa

Betancourt       presentó      una   Moción    Informativa     para   Someter

Documento.10 Como anejo sometió una Declaración Jurada Sujeta a

Pena de Perjurio.11 Declaró que, debido a su discapacidad física

utiliza una silla de ruedas motorizada desde el 1990.

       Además, 10 de febrero de 2023, SuperMax presentó Réplica a

Oposición a Moción de Sentencia Parcial.12 Expusieron que, la

Declaración Jurada suscrita por el señor Figueroa Betancourt no

controvierte el Informe Pericial (“Inspection Report”)13 de SuperMax.

Abundaron que, las alegaciones que hizo el apelante en su

Declaración Jurada, respecto a que las renovaciones que SuperMax

efectuó, según establecidas en el “Inspection Report” no cumplen con

la   Ley    ADA,     fueron    realizadas     basándose   en    sus   propias

percepciones y especulaciones, sin contar con prueba pericial.

       Luego, el 6 de marzo de 2023, el señor Figueroa Betancourt

presentó una Dúplica a la Réplica a Oposición a Moción de Sentencia

9 Id., a las págs. 93-249.
10 Id., a las págs. 252-265.
11 Id., a las págs. 254-265.
12 Id., a las págs. 269-280.
13 Id., a las págs. 86-92.
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Sumaria Parcial.14 Recalcó que, al momento de radicar la Dúplica,

SuperMax no había eliminado las barreras arquitectónicas, sino que

lo que hizo fue agregar mesas delante de los mostradores objeto del

litigio, las cuales no constituyen una facilidad equivalente.

        De ahí, el 3 de octubre de 2023, el foro primario emitió

Sentencia Parcial Final objeto de este recurso.15 La misma fue

notificada el 4 de octubre de 2023.16 El foro primario declaró Ha

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por

SuperMax y, en virtud de lo anterior, desestimó la Demanda contra

esta parte, con perjuicio. El foro primario concluyó que “no existen

hechos esenciales y pertinentes en controversia”.17 Por tanto,

dispuso que, de conformidad a la Regla 42.2 de las Reglas de

Procedimiento Civil,18 se dictaba sentencia sin determinaciones de

hecho ni de derecho.19

        Inconforme, el 19 de octubre de 2023, el señor Figueroa

Betancourt presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración.20

Por su parte, el 9 de noviembre de 2023, SuperMax presentó su

Oposición a Moción de Reconsideración.21 Finalmente, el 9 de

noviembre de 2023, el foro primario emitió una Resolución mediante

la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración,

notificándose al día siguiente.22

        Insatisfecho aún, el 11 de diciembre de 2023, el señor

Figueroa Betancourt presentó un Recurso de Apelación mediante el

cual esgrimió la comisión de los siguientes tres (3) errores:

        PRIMERO: Erró el TPI al expedir una Sentencia bajo el
        fundamento de que SuperMax realizó arreglos en los
        mostradores cuando estos no han sido modificados en
        su estructura.

14 Id., a las págs. 308-326.
15 Id., a las págs. 329-331.
16 Id., a las págs. 327-328.
17 Id., a la pág. 331.
18 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
19 Apéndice del apelante, a la pág. 331.
20 Id., a las págs. 332-343.
21 Id., a las págs. 345-357.
22 Id., a las págs. 358-360.
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       SEGUNDO: Erró el TPI al expedir una Sentencia sin
       haber realizado el análisis correspondiente de la prueba
       aportada por SuperMax con respecto a si las mesas de
       color negro constituyen o no una “facilitación
       equivalente”.

       TERCERO: Erró el TPI al declarar Ha Lugar la solicitud
       de sentencia sumaria parcial presentada por SuperMax
       cuando en el caso de epígrafe persisten controversias
       fácticas y de derecho frente a los mostradores objeto de
       litigio y las mesas de color negro ubicadas por
       SuperMax en frente de estos.

       Por su parte, el 12 de enero de 2024, la parte apelada presentó

el Alegato de la Parte Apelada. Con el beneficio de la comparecencia

de ambas partes, procederemos a exponer el derecho aplicable.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil23,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.24 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.25 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.26
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

23 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
24 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
25 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
26 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
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oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.27 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.28 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

    B. La Sentencia Sumaria

         Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de las Reglas de

Procedimiento Civil29, la cual desglosa los requisitos específicos con

los que debe cumplir esta figura procesal.30 El mecanismo procesal

de sentencia sumaria es un remedio discrecional extraordinario que

únicamente se concederá cuando la evidencia que se presente con

la moción establezca con claridad la existencia de un derecho.31

Solamente debe ser dictada una sentencia sumaria “en casos claros,

cuando el Tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos

pertinentes”.32

         El propósito de la sentencia sumaria es facilitar la solución

justa, rápida y económica de los litigios civiles que no presenten

controversias genuinas de hechos materiales, razón por la cual no

ameritan la celebración de un juicio en su fondo.33 En otras

palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo

cuando esté claramente convencido que la vista evidenciaria es

innecesaria.34 Al no haber controversia sustancial y real sobre

hechos materiales, sólo falta aplicar el derecho pertinente a la

controversia.35 Por lo tanto, una controversia en torno a hecho no

27 32 LPRA Ap. V, R. 47.
28 Id.
29 32 LPRA Ap. V, R. 36.
30 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).
31 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).
32 Id. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986).

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 726 (1994). Cuadrado Lugo
v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990).
33 García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 337 (2001). Pilot Life Ins. Co. v.

Crespo Martínez, 136 DPR 624, 632 (1994).
34 Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).
35 García Rivera et al. v. Enríquez, supra.
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materiales, de existir, no impide que el tribunal dicte una sentencia

por la vía sumaria.36

       En lo pertinente al término para presentar una solicitud de

sentencia sumaria, la Regla 36.2 de las Reglas de Procedimiento

Civil dispone lo siguiente:

       Una parte contra la cual se haya formulado una
       reclamación podrá presentar, a partir de la fecha en que
       fue emplazado pero no más tarde de los treinta (30) días
       siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal
       para concluir el descubrimiento de prueba, una moción
       fundada en declaraciones juradas o en aquella
       evidencia que demuestre la inexistencia de una
       controversia sustancial de hechos esenciales y
       pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia
       sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier
       parte de la reclamación.37

       En      consonancia         con     lo    anterior,      el      mecanismo

de sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar

los calendarios judiciales y evitar el derroche de dinero y tiempo que

implica la celebración de un juicio en su fondo.38 La Regla 36.3 de

las Reglas de Procedimiento Civil39, detalla el procedimiento que

deben seguir las partes al momento de solicitar que se dicte una

sentencia sumaria a su favor. A esos efectos, establece que una

solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (i) una exposición breve

de las alegaciones de las partes; (ii) los asuntos litigiosos o en

controversia; (iii) la causa de acción, reclamación o parte respecto a

la cual es solicitada la sentencia sumaria; (iv) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

36 H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor, 133 DPR 945, 958 (1993).
37 32 LPRA Ap. V, R. 36.2.
38 Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615, 630 (2009). Padín v. Rossi, 100

DPR 259, 263 (1971). William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203
DPR 687, 699 (2019).
39 32 LPRA Ap. V. R. 36.3.
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evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (v) las

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando

el derecho aplicable; y, (vi) el remedio que debe ser concedido.40

       Por su parte, la Reglas 36.3 inciso (a)(4) de las Reglas de

Procedimiento Civil dispone:

       (a) La moción de sentencia sumaria se notificará a la
           parte contraria y contendrá lo siguiente: …
       (4) una relación concisa, organizada y en párrafos
       enumerados de todos los hechos esenciales y
       pertinentes sobre los cuales no hay controversia
       sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas
       de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en
       evidencia donde se establecen estos hechos, así como
       de cualquier otro documento admisible en evidencia que
       se encuentre en el expediente del tribunal…41

       Por otro lado, la Regla 36.3 inciso (c) de las Reglas de

Procedimiento Civil lee como sigue:

       (b) Cuando se presente una moción de sentencia
           sumaria y se sostenga en la forma provista en esta
           Regla 36, la parte contraria no podrá descansar
           solamente en las aseveraciones o negaciones
           contenidas en sus alegaciones, sino que estará
           obligada a contestar en forma tan detallada y
           específica como lo haya hecho la parte promovente.
           De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria
           en su contra si procede. 42

       Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3 de

las Reglas de Procedimiento Civil establece que:

       La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si
       las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
       interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
       declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia
       demuestran que no hay controversia real sustancial en
       cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como
       cuestión     de     derecho,     el    tribunal    debe
       dictar sentencia sumaria a     favor    de   la   parte
       promovente.43

40 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).

William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra, 698.
41 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a)(4).
42 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c).
43 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e). García Rivera et al. v. Enríquez, supra, 338. Roldán

Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018). Lugo Montalvo v. Sol Meliá
Vacation, supra, 225. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, 430.
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       Sin embargo, el solo hecho de no presentar evidencia que

controvierta la presentada por la parte promovente no implica que

necesariamente proceda la sentencia sumaria.44

       Conforme ha resuelto el Tribunal Supremo, el demandante no

puede descansar en las aseveraciones generales de su demanda,

“sino que, a tenor con la Regla 36.5, estará obligada a demostrar

que [tiene] prueba para sustanciar sus alegaciones”.45 Las meras

afirmaciones no bastan.46 “Como regla general, para derrotar una

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente”.47

       Ahora bien, reiteradamente el Tribunal Supremo ha indicado

que, el mecanismo de sentencia sumaria no es el apropiado para

resolver casos en donde hay elementos subjetivos, de intención,

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad

sea esencial.48 De la misma manera, también ha dicho que “hay

litigios y controversias que por la naturaleza de estos no hacen

deseable o aconsejable el resolverlos mediante una sentencia

sumariamente dictada, porque difícilmente en tales casos el

Tribunal puede reunir ante sí toda la verdad de los hechos a través

de ‘affidavits' o deposiciones”.49

       El Tribunal Supremo se expresó en cuanto al proceso de

revisión de las sentencias sumarias y estableció que en dicho

proceso el Tribunal de Apelaciones debe: (i) examinar de novo el

44 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, 913. García Rivera et al. v. Enríquez,

supra. Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 DPR 538, 549 (1991).
Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, supra, 281. Corp. Presiding Bishop CJS of
LDS v. Purcell, supra, 721.
45 Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 (1983). Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010).
46 Id.
47 Ramos Pérez v. Univisión, supra, 215. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra,

677.
48 Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507, 521 (1999). Soto v. Hotel Caribe

Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR
656, 663 (2017).
49 Elías y otros v. Chenet y otros, supra. García López v. Méndez García, 88 DPR

363, 380 (1963).
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expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de las Reglas de

Procedimiento Civil50, y la jurisprudencia le exigen al foro primario;

(ii) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su

oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la

referida Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil51; (iii) revisar

si en realidad existen hechos materiales en controversia y, de

haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de las Reglas de

Procedimiento Civil52, de exponer concretamente cuáles hechos

materiales encontró que están en controversia y cuáles están

incontrovertidos; y, (iv) y de encontrar que los hechos materiales

realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a

la controversia.53

       En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y

de derecho, el Tribunal Supremo ha llamado la atención a lo

siguiente:

       Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital
       que los tribunales distingan puntualmente entre lo que
       es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho"
       en el campo jurídico es un acontecimiento o un
       comportamiento determinado y pertinente para la
       norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica
       se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para
       arribar a determinada conclusión de derecho.
       [...]
       En todo caso debidamente instado ante un foro judicial
       habrá siempre una controversia de derecho presente y
       es precisamente esa controversia la que vienen los
       tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de
       catalogar las controversias de derecho como
       controversias de hecho se eliminaría virtualmente el
       mecanismo de sentencia sumaria de nuestro
       ordenamiento      procesal,    pues     este    requiere
       expresamente la inexistencia de una controversia de
       hechos materiales para que un tribunal pueda dictar
       sentencia de esa forma.54

50 32 LPRA Ap. V, R. 36.
51 32 LPRA Ap. V, R. 36.
52 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.
53 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 679. Meléndez González v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 118-119 (2015).
54 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, 226-227.
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         La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: (i)

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (ii) haya

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas;

(iii) surja de los propios documentos que se acompañan con la

moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial;

o, (iv) como cuestión de derecho, no proceda.55 Además, al revisar la

determinación del TPI respecto a una sentencia sumaria, estamos

limitados de dos (2) maneras: (i) solo podemos considerar los

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y,

(ii) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó

de forma correcta.56 Las partes no pueden añadir en apelación

exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentados

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el

foro apelativo.57 Mientras que el segundo limita la facultad del foro

apelativo a revisar si en el caso ante su consideración existen

controversias reales en cuanto a los hechos materiales, pero no

puede adjudicarlos.58 También, se ha aclarado que al foro apelativo

le es vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa,

porque dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia.59

    C. Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

         Como regla general, nuestro ordenamiento jurídico requiere

que las sentencias dictadas por los tribunales cumplan con ciertas

exigencias de forma.60 Cónsono con lo anterior, la Regla 42.2 de las

Reglas de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

         En todos los pleitos, el tribunal especificará los hechos
         probados, consignará separadamente sus conclusiones
         de derecho y ordenará que se registre la sentencia que

55 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, 208 DPR 310, 335 (2021).
56 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 114.
57 Id.
58 Id., 115.
59 Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).
60 Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 700 (2019).
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       corresponda. Al conceder o denegar injunction
       interlocutorios, el tribunal, de igual modo, consignará
       las determinaciones de hechos y conclusiones de
       derecho que constituyan los fundamentos de su
       resolución. Las determinaciones de hechos basadas en
       testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que
       sean claramente erróneas, y se dará la debida
       consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal
       sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.
       Las determinaciones de hechos de un comisionado
       especial, en tanto y en cuanto el tribunal las adopte, se
       considerarán como determinaciones de hechos del
       tribunal.

       No será necesario especificar los hechos probados y
       consignar separadamente las conclusiones de derecho:
   (a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1 y 36.2, o
       al resolver cualquier otra moción, excepto lo dispuesto
       en la Regla 39.2;
   (b) en casos de rebeldía;
   (c) cuando las partes así lo estipulen, o
   (d) cuando el tribunal así lo estime por la naturaleza de la
       causa de acción o el remedio concedido en la sentencia.
       En los casos en que se deniegue total o parcialmente
       una moción de sentencia sumaria, el tribunal
       determinará los hechos en conformidad con la Regla
       36.4.61

   D. Ley ADA

       El American with Disabilities Act (por sus siglas, ADA) es una

ley de derechos civiles creada en el 1990 que prohíbe la

discriminación contra las personas con discapacidades en varias

áreas, incluido las instalaciones públicas. Dicha legislación, ofrece

protecciones      contra     la   discriminación   a   personas    con

discapacidades similares a las de la Ley de Derechos Civiles de 1964,

que declaró ilegal la discriminación por motivos de raza, religión,

sexo y origen nacional.

       A tales efectos, el Título III de dicha legislación aborda lo

relativo a entidades privadas que se consideran instalaciones

públicas. Dentro de la categoría de instalaciones públicas se

incluyen los supermercados.62 A raíz de ello, el Título III requiere

que todas las construcciones nuevas y modificaciones sean

accesibles para personas con discapacidades. En el caso de las

61 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
62 42 USCA §12181 (7) (e).
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instalaciones existentes, se deben eliminar las barreras a los

servicios si es posible hacerlo fácilmente, sin mucha dificultad ni

gastos.

       A la luz de lo anterior, el propósito de la Ley ADA es garantizar

que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y

oportunidades que todas las demás personas. Así, pues, este título

ordena a las instalaciones públicas que realicen "modificaciones

razonables" en sus formas habituales de hacer las cosas cuando

atienden a personas con discapacidades. Por lo tanto, a tenor con el

Título III de la Ley ADA, ninguna persona puede ser discriminada

por motivos de discapacidad con respecto al disfrute pleno e

igualitario de los bienes, servicios, instalaciones, privilegios,

ventajas o alojamiento por parte de cualquier persona que posea,

arriende (o arrienda a), u opera una instalación pública.63

       En 2008, el Americans with Disabilities Act Amendments Act

(por sus siglas, ADAAA) se convirtió en ley y entró en vigor el 1 de

enero de 2009. Entre dichas enmiendas, la ADAAA realizó una serie

de cambios significativos en la definición de "discapacidad". Así, las

cosas, se define “disability” o “discapacidad” con respecto a una

persona como un impedimento físico o mental que limita

sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, un

historial de dicho impedimento o que se considere que tiene dicho

impedimento.64 Por actividad importante de la vida se refiere a la

que una persona promedio puede realizar con poca o ninguna

dificultad. En lo que aquí respecta, las actividades de la vida

incluyen, cuidarse a sí mismo, realizar tareas manuales, ver, oír,

comer, dormir, caminar, pararse, levantar objetos, inclinarse,

63 42 USCA § 12182 (a).
64 42 USCA § 12102 (1).
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hablar, respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse

y trabajar.65

       Cónsono con lo anterior, algunas áreas a evaluar para la

accesibilidad son los baños públicos y mostradores de servicio. Por

su parte, en lo que respecta a las góndolas algunas soluciones

alternativas      pueden      ser      recuperar   mercancías   de   estantes

inaccesibles y/o reubicar actividades en lugares accesibles. No

obstante, una instalación pública no está obligado a proporcionar

ninguna ayuda o servicio auxiliar que resulte en una carga indebida.

Mas bien, la ley promueve que las instalaciones públicas realicen

"modificaciones razonables" en sus formas habituales de hacer las

cosas cuando atienden a personas con discapacidades. De ese

modo, una instalación pública debe modificar sus políticas,

prácticas o procedimientos para evitar la discriminación a menos

que la modificación altere fundamentalmente la naturaleza de su

servicio, programa o actividad.66

       El término utilizado por dicha legislación es “readily

achievable”, es decir fácilmente alcanzable. De esta forma, para

determinar si una acción es fácilmente realizable, los factores a

considerar incluyen: (A) la naturaleza y el costo de la acción

necesaria; (B) los recursos financieros generales de la instalación o

instalaciones involucradas en la acción, el número de personas

empleadas, el efecto sobre los gastos y recursos, o el impacto de otra

manera de dicha acción sobre la operación de la instalación; (C) los

recursos financieros generales de la entidad cubierta, el tamaño

total del negocio de una entidad cubierta con respecto al número de

sus empleados, el número, tipo y ubicación de sus instalaciones; y,

(D) el tipo de operación u operaciones de la entidad cubierta,

incluyendo la composición, estructura y funciones de la fuerza

65 42 USCA § 12102 (2) (A).
66 42 USCA § 12182 (b) (2) (A) (ii).
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laboral de dicha entidad, la separación geográfica, relación

administrativa o fiscal de la instalación o instalaciones en cuestión

con la entidad cubierta.67

         Por   consiguiente,       cuando      se    van     a   realizar   nuevas

construcciones y modificaciones en instalaciones públicas aplica lo

siguiente:

         [C]on respecto a una instalación o parte de la misma
         que sea alterada por, en nombre de o para el uso de un
         establecimiento de una manera que afecte o pueda
         afectar la usabilidad de la instalación o parte de la
         misma, la falta de realizar modificaciones de tal manera
         que, en la mayor medida posible, las partes modificadas
         de las instalaciones sean fácilmente accesibles y
         utilizables por personas con discapacidades, incluidas
         las personas que utilizan sillas de ruedas. Cuando la
         entidad esté llevando a cabo una alteración que afecte
         o pueda afectar la usabilidad o el acceso a un área de la
         instalación que contiene una función principal, la
         entidad también deberá realizar las modificaciones de
         tal manera que, en la máxima medida posible, la ruta
         de viaje al área modificada y los baños, teléfonos y
         fuentes que sirven al área modificada, sean fácilmente
         accesibles     y   utilizables   por    personas     con
         discapacidades cuando dichas modificaciones en la
         ruta de viaje o en los baños, teléfonos y fuentes que
         sirven al área modificada sean no desproporcionada con
         respecto a las modificaciones generales en términos de
         costo y alcance.68 (Traducción nuestra).

         En lo concerniente a los remedios disponibles, se encuentra

el uso me medidas cautelares como lo es el interdicto temporero,

preliminar o permanente. De manera que, en el caso de violaciones

de las secciones 12182(b)(2)(A)(iv) y la sección 12183(a) del Título III,

las medidas cautelares incluirán una orden para modificar las

instalaciones para que dichas instalaciones sean fácilmente

accesibles y utilizables por las personas con discapacidades.69

Cuando corresponda, las medidas cautelares también incluirán

exigir el proveer ayuda o servicio auxiliar, la modificación de una

política o proveer métodos alternativos.70 Señalamos, que se ha

67 42 USCA §12181 (9).
68   42 USCA § 12183 (a) (2).
69 42 USCA § 12188 (a) (2). 28 CFR § 36.504 (a) (1) (i) (iii).
70 42 USCA § 12188 (a) (2). 28 CFR § 36.504 (a) (1) (ii).
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establecido que la Ley ADA no autoriza un reclamo por daños

monetarios.

                                 III

       En el recurso de Apelación ante nuestra consideración, el

señor Figueroa Betancourt esbozó tres (3) errores que juzga cometió

el foro primario. En síntesis, sostiene que la primera instancia

judicial incidió al conceder el remedio solicitado por SuperMax y en

consecuencia dictar una Sentencia Parcial Final mediante la cual

desestimó la acción presentada por el señor Figueroa Betancourt.

       Vemos que, el señor Figueroa Betancourt nos invita a concluir

que el foro primario incidió tras dictar la referida Sentencia Parcial

Final, bajo el fundamento de que SuperMax realizó arreglos en los

mostradores sin que hubiesen sido modificados en su estructura;

sin haber realizado el análisis correspondiente de la prueba

aportada por SuperMax con respecto a si las mesas color negro

constituían o no una “facilitación equivalente” y bajo la premisa de

que en este caso existen controversias fácticas y de derecho frente a

los mostradores objeto de litigio y de las mesas color negro. Tras

juzgar que los errores esgrimidos pueden ser discutidos de manera

conjunta, así obraremos. Adelantamos que no le asiste razón al

apelante.

       Según hemos expuesto, el mecanismo de la sentencia sumaria

se encuentra regulado en la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento

Civil.71 Sabido es que, la revisión por este tribunal intermedio de la

determinación de un foro primario, en cuanto a una moción de

sentencia sumaria y su correspondiente oposición acontece de novo.

Siendo así, como cuestión de umbral, debemos revisar si la moción

de sentencia sumaria, así como el escrito en oposición cumplen con

los requisitos de forma que dispone la Regla 36.3 (a) y (b) de las

71 32 LPRA Ap. V, R. 36.
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Reglas de Procedimiento Civil.72 Luego de evaluadas la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial y la Oposición a Moción de Sentencia

Sumaria Parcial, es la apreciación de este foro que ambos escritos

cumplieron con los requisitos de la antes mencionada regla.

Debemos recordar que, el propósito de la sentencia sumaria es

facilitar la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles

que no presenten controversias genuinas de hechos materiales,

razón por la cual no ameritan la celebración de un juicio en su

fondo.73

        Nótese que, SuperMax es una cadena de supermercados que

se entiende como un lugar de acomodo público, según dicho término

está definido en la Ley ADA, por lo que está obligado a cumplir con

las disposiciones del Título III de dicha legislación. SuperMax se

encuentra ocupando el lugar en el Centro Comercial de Laguna

Gardens desde el año 2009. Es decir, SuperMax no tenía control del

local en el cual está ubicada la tienda antes del año 2009.

        Destacamos que, es discriminatorio brindar a una persona,

sobre la base de una discapacidad o discapacidades, directamente

la oportunidad de participar o beneficiarse de un bien, servicio,

instalación, privilegio, ventaja o alojamiento que no es igual al

brindado a otras personas.74 De la misma manera, resulta

discriminatorio negarle la oportunidad de participar o beneficiarse

por completo.75 Igualmente, es discriminatorio proveerle con un

bien, servicio, instalación, privilegio, ventaja o alojamiento que sea

diferente o separado del proporcionado a otras personas.76 Sin

embargo, no es discriminatorio si dicha acción es necesaria para

proporcionarle a la persona un bien, servicio, instalación,

72 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a) y (b).
73 García Rivera et al. v. Enríquez, supra, 337. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez,

supra.
74 42 USCA § 12182 (b) (1) (A) (ii).
75 42 USCA § 12182 (b) (1) (A) (i).
76 42 USCA § 12182 (b) (1) (A) (iii).
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privilegio, ventaja o alojamiento, u otra oportunidad que sea tan

efectiva como la que se brinda a otras personas.77 (Énfasis

suplido).

         Entre las prohibiciones que indica la ley, se encuentra el

discriminar al no eliminar barreras arquitectónicas y barreras de

comunicación que son de naturaleza estructural en instalaciones

existentes, donde dicha eliminación es fácilmente posible.78 Por

barreras arquitectónicas, se entiende que son obstáculos u otras

características en el entorno construido que impiden que las

personas con discapacidad obtengan acceso total y completo a los

bienes y servicios que se brindan. De igual forma, entre las

prohibiciones se encuentra el discriminar cuando una instalación

pública puede demostrar que la eliminación de una barrera no es

fácilmente alcanzable, pero no busca la manera de cómo hacer que

dichos bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o

alojamientos estén disponibles a través de métodos alternativos, si

dichos métodos son fácilmente alcanzables.79

         Algunos    ejemplos      de   medidas      para    eliminar   barreras

arquitectónicas incluyen, entre otras, las siguientes acciones: (i)

instalación de rampas; (ii) reposicionar estantes; (iii) reorganizar

mesas, sillas, máquinas expendedoras, estantes y otros muebles; (iv)

instalación de barras de apoyo en los baños; (v) reorganizar la

distribución del baño para aumentar el espacio de maniobra; (vi)

aislar las tuberías de los lavabos debajo de estos para evitar

quemaduras; (vii) instalar un asiento de inodoro elevado; y, (viii)

reposicionar el dispensador de papel toalla en el baño.80

         Apuntamos que, en el Informe Pericial (“Inspection Report”) de

SuperMax se expuso los siguiente:

77 Id.
78 42 USCA § 12182 (b) (2) (A) (iv). 28 CFR § 36.304 (a).
79 42 USCA § 12182 (b) (2) (A) (v).
80 28 CFR § 36.304 (b). 28 CFR § 36.304 (c) (2) (3) (4).
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       Se proporcionó mobiliario de servicio con mostrador y
       letreros para acomodar sillas de ruedas en todas las
       áreas de servicio, incluido el mostrador de servicios
       generales81, el quiosco de açai82, la carnicería83 y la
       panadería. El espacio libre típico tiene capacidad para
       una huella de 30" de ancho x 48'' de largo con una
       altura máxima de 34'' y un espacio libre mínimo de 27"
       desde el piso hasta la parte inferior del mostrador.
       (Traducción nuestra).

       Además,      se   indicó     que    no    había     obstrucciones      ni

protuberancias en los pasillos. También, se señaló que se instaló

una nueva rampa de acceso a los baños de acuerdo con las normas

de la Ley ADA.84 En lo concerniente al baño, se abundó que: (i)

existía un espacio libre lateral de acceso frontal de la puerta de

acuerdo con las normas de la Ley ADA;85 (ii) que las tuberías del

lavamanos fueron aisladas;86 (iii) se logró un espacio libre para el

inodoro de 60" x 56'';87 y, (iv) la ubicación y la altura de todas las

barras de apoyo para inodoros cumplen con las normas de la Ley

ADA.88

       Puntualizamos        que    era    responsabilidad       del   apelante

demostrar una infracción y, en los casos en los que se alega un

incumplimiento de las medidas detalladas prescritas por las

directrices de la ADA, se requieren las medidas exactas. Luego de

examinar con detenimiento los autos, incluyendo las posiciones de

81 Hecho incontrovertido en Moción de Sentencia Sumaria Parcial Núm. 21: Frente

al mostrador de servicio al cliente se colocó un mueble que tiene u timbre, un
rótulo y mide treinta (30) pulgadas de ancho y treinta y cuatro (34) de alto.
82 Hecho incontrovertido en Moción de Sentencia Sumaria Parcial Núm. 22: El

mostrador ubicado entre el quiosco de açai y la repostería de SuperMax tiene una
altura máxima de treinta y cuatro (34) pulgadas y un espacio libre mínimo de
veintisiete (27) pulgadas desde el suelo hasta la parte inferior del mostrador.
83 Hecho incontrovertido en Moción de Sentencia Sumaria Parcial Núm. 23: El

mostrador colocado en la carnicería tiene un timbre; un rótulo, una altura
máxima de treinta y cuatro (34) pulgadas y un espacio libre mínimo de veintisiete
(27) pulgadas desde el suelo hasta la parte inferior del mostrador.
84 Hechos incontrovertidos en Moción de Sentencia Sumaria Parcial Núm. 25:

SuperMax renovó los baños y colocó rampas de acceso.
85 Hechos incontrovertidos en Moción de Sentencia Sumaria Parcial Núm. 28: La

entrada de los baños tiene una distancia lateral de aproximación frontal en
cumplimiento con la Ley ADA.
86 Hechos incontrovertidos en Moción de Sentencia Sumaria Parcial Núm. 29: Las

tuberías de los baños de SuperMax están insuladas.
87 Hechos incontrovertidos en Moción de Sentencia Sumaria Parcial Núm. 30: El

espacio libre del inodoro es de 60” x 56”.
88 Hechos incontrovertidos en Moción de Sentencia Sumaria Parcial Núm. 31:

Asimismo, SuperMax colocó barras de agarre en los baños que cumplen con las
disposiciones de ADA.
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las partes, no juzgamos que el foro primario hubiese cometido los

errores esgrimidos. Un examen minucioso del expediente ante

nuestra consideración nos ha llevado a la conclusión de que lo

planteado por SuperMax se sostiene. Más aun, juzgamos que el

señor Figueroa Betancourt no logró rebatir o controvertir los hechos

propuestos por la parte apelada con la finalidad de poder colocar en

posición al foro primario para que pudiese concluir que había una

controversia no susceptible de ser atendida por la vía sumaria.

      Es por todo lo anterior que, luego de haber estudiado con

detenimiento la totalidad del expediente ante nuestra consideración

y el derecho aplicable, razonamos que el foro apelado no se equivocó

al determinar que no existían hechos esenciales y pertinentes en

controversia y que, por lo anterior, procedía conceder el remedio

solicitado por la vía sumaria, tal y cual actuado. En virtud de lo

anterior, hemos acordado confirmar el dictamen apelado.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

Parcial Final apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones