Court Opinion

ID: 9952286
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:37:10.760894+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:16.253835
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VII

JOSE OSCAR MELENDEZ                               APELACION
PAGAN Y OTROS                                     Procedente del
                                                  Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
Parte apelada                                     Superior de
                                                  Bayamón
v.                             KLAN202301160

HECTOR LUIS
VALDIVIESO MONTALVO                               Civil núm.:
POR SI Y EN                                       TA2023CV00423
REPRESENTACION DE LA                              (403)
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES
COMPUESTO CON
STEPHANIE VAZQUEZ                                 Sobre:
DIAZ Y OTROS                                      Impericia
                                                  Profesional contra
Parte apelante                                    otros Profesionales
                                                  (no médicos)
ANGEL LUIS COLON
CAMACHO

Codemandado-apelante

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             RESOLUCION

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos Ángel Luis Colón Camacho, en adelante,

Colón Camacho o peticionario, solicitando que revisemos la “Orden”

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en adelante,

TPI-Bayamón, notificada el 4 de octubre de 2023. Mediante dicha

misiva, el Foro Primario anotó la rebeldía del peticionario, en el caso

civil TA2023CV00423 sobre daños y perjuicios.

      Colón Camacho no recurre de una sentencia o determinación

del TPI-Bayamón que adjudique finalmente la controversia del caso.

Por recurrir de una “Orden” que no le da finalidad a la controversia,

Número Identificador
SEN2024___________________
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convertimos este recurso de apelación en un certiorari, y como tal lo

atenderemos.1

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos expedir el auto solicitado.

                                   I.

      El 2 de mayo de 2023, el Grupo Meléndez Corp. y José Oscar

Meléndez Pagán, en adelante, recurridos, presentaron una demanda

en Daños y Perjuicios y Daños Económicos en contra de Colón

Camacho, y otros.2 El peticionario presentó una “Moción Solicitando

Prórroga para Contestar Demanda” el 24 de agosto de 2023.3 Unos

días más tarde, el TPI-Bayamón le concedió a Colón Camacho una

prórroga de treinta (30) días, mediante “Orden” notificada el 28 de

agosto de 2023.4

      Vencido el término de la prórroga sin que el peticionario

contestara la demanda, los recurridos presentaron al TPI-Bayamón

una “Solicitud de Anotación de Rebeldía”, el 4 de octubre de 2023.5

El 4 de octubre de 2023 el Foro Primario anotó la rebeldía al

peticionario.6 Al día siguiente, siendo 5 de octubre de 2023, Colón

Camacho presentó una “Moción Solicitando se Dese [sic] sin efecto la

Anotación de Rebeldía contra el Codemandado, Colón Camacho”.7

Ese mismo día, presentó, también, su “Contestación a Demanda”.8

      Habiéndosele concedido un término de quince (15) días para

replicar a la solicitud del peticionario para dejar sin efecto la

rebeldía, los recurridos presentaron la “Réplica a Moción Solicitando

1 Esto lo hacemos en conformidad con lo dispuesto en la Regla 52.1 de

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
2 Apéndice del recurso, pág. 1.
3 Id. pág. 22.
4 Id. pág. 23.
5 Id. pág. 26.
6 Id. pág. 27.
7 Id. pág. 28.
8 Id. pág. 30.
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se deje sin efecto la Anotación de Rebeldía contra el Codemandado

Colón Camacho”, el 10 de octubre de 2023.9

       Luego, el 11 de octubre de 2023, el TPI-Bayamón le concedió

al peticionario un término de diez (10) días para presentar justa

causa a la demora en su contestación a la demanda.10 Por el

incumplimiento de esta orden, el Foro Primario notificó que

sostendría la anotación de rebeldía, el 30 de octubre de 2023.11

       Así las cosas, el peticionario presentó una “Moción en

Solicitud de Reconsideración en cuanto Anotación de Rebeldía

contra el Codemandado, Colón Camacho”.12 Luego de una réplica

por los recurridos, en respuesta a la precitada moción,13 el TPI-

Bayamón, notificó una “Orden” el 29 de noviembre de 2023.14 En la

misma, el Foro Primario denegó la solicitud de reconsideración y

ordenó la continuación de los procedimientos.

       Inconforme, el 28 de diciembre de 2023, Colón Camacho

recurre ante esta Curia mediante un recurso de apelación, ahora

convertido en certiorari, y una “Moción en Auxilio de Jurisdicción”.

En su escrito, el peticionario nos plantea el siguiente error:

       ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD
       DE RECONSIDERACIÓN EN CUANTO A LA ANOTACIÓN DE
       REBELDIA DEL CODEMANDADO, ÁNGEL LUIS COLÓN
       CAMACHO.

       Mediante “Resolución” de ese mismo día, este Tribunal declaró

“No Ha Lugar” la solicitud de auxilio de jurisdicción, y le otorgó a los

recurridos un término de diez (10) días para presentar su Alegato en

Oposición. El 8 de enero de 2024, los recurridos comparecieron con

su “Contestación de Apelación”.

9 Apéndice del recurso, págs. 33-34.
10 Id. pág. 40.
11 Id. pág. 42.
12 Id. pág. 43.
13 Id. pág. 51.
14 Id. pág. 53.
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      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a expresarnos.

                                      II.

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___

(2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-

847 (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391,

403 (2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del TPI, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
      de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos     esenciales,   asuntos     relativos   a    privilegios
      evidenciarios,    anotaciones    de   rebeldía,   en   casos   de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos
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de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Rivera Gómez v. Arcos

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros; supra; Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710 (2019).

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Rivera Gómez y otros v. Arcos

de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v. Rivera

Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020); Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Así, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, funge como

complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848. La precitada Regla

dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
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      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005). Por

lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento     indebido     o   una     dilación    injustificada   del

litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. WMM, PFM et als v. Colegio et als, 211 DPR 871, 902-

903 (2023); VS PR, LLC v. Drift-Wind, 207 DPR 253, 273 (2021);

Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018); Zorniak Air

Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992), citando

a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase,

además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
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                                      III.

      Habiéndose convertido el recurso de autos en uno de

certiorari, resulta meritorio mencionar que la controversia planteada

– relevante a las anotaciones de rebeldía – está contemplada en los

escenarios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que

delimita nuestra facultad para entender sobre los mismos. Sin

embargo, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, nos provee aquellos criterios para evaluar la expedición de

un auto de certiorari.

      El peticionario nos plantea que el TPI-Bayamón incidió en

sostener la rebeldía que el impuso el 4 de octubre de 2023. Sin

embargo, luego de un detenido estudio del expediente ante nos, y

las exposiciones de ambas partes, colegimos que no existe criterio

jurídico que amerite nuestra intervención con lo resuelto por el Foro

Primario. Al entender sobre el planteamiento que la parte

peticionaria propone ante este Foro, concluimos que la sala de

origen no incurrió en prejuicio, abuso de discreción o error

manifiesto al sostener la rebeldía del peticionario.

      En virtud de lo anterior, y en ausencia de prueba que nos

permita    resolver      en     contrario, denegamos expedir    el     auto

de certiorari que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en la Regla 40

de nuestro Reglamento, supra.

                                      IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones