Court Opinion

ID: 9941398
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:48.560315+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.577534
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

    EDWIN FRANQUI                                       Revisión
      MARRERO                                           Administrativa
                                                        procedente de la
        Peticionario                                    Negatoria de
                                                        Programa de Pre-
             V.                                         Reinserción a la Libre
                                KLRA202300581           Comunidad
  DEPARTAMENTO DE
    CORRECCIÓN Y                                        Núm. De Confinado:
   REHABILITACIÓN                                       6-54702

         Recurrido                                      Sobre:
                                                        Revisión
                                                        Administrativa
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, juez ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

       Comparece por derecho propio y de forma pauperis ante este

Tribunal el Sr. Edwin Franqui Marrero (en adelante, señor Franqui

Marrero o peticionario), quien se encuentra confinado bajo la

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en

adelante, DCR o parte recurrida). Solicita que revoquemos la

Evaluación Programa de Pre-Reinserción [a la Libre Comunidad]

emitida por el DCR el 17 de agosto de 2023 y notificada el 26 de

septiembre de 2023.1 Mediante dicha resolución, la parte recurrida

denegó al peticionario participar del Programa de Pre-Reinserción a

la Libre Comunidad, debido a la inviabilidad del hogar propuesto.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la determinación del DCR. Explicamos.

                                       I.

       El 9 de febrero de 2023, la parte recurrida remitió a

investigación el plan de salida presentado por el señor Franqui

1 Apéndice del Escrito en cumplimiento de resolución del DCR, Anejo 1, pág. 10.

Número Identificador
SEN2024________________
KLRA202300581                                                      2

Marrero con el fin de participar en el Programa de Pre-Reinserción a

la Libre Comunidad (en adelante, Programa) del DCR.2 Como parte

de este procedimiento, el DCR llevó a cabo una evaluación de la

viabilidad del hogar propuesto por el señor Franqui Marrero,

destinado para el disfrute de pases extendidos en la libre comunidad

y pernoctar regularmente con sus familiares. La residencia incluida

en el plan de salida del peticionario se encuentra ubicada en el

Barrio Maleza del municipio de Mayagüez. El DCR también recibió

el insumo de las víctimas de los delitos por los cuales el señor

Franqui Marrero se encuentra confinado. Además, examinó un

informe que detalla la participación del peticionario en las terapias

Aprendiendo a Vivir sin Violencia.

        Así las cosas, el 3 de marzo de 2023, el DCR suscribió el

Informe [de Investigación del] Programa Pre-Reinserción [a la libre

comunidad] (en adelante, Informe de Investigación).3 En síntesis, la

parte recurrida detalló en dicho informe que: (1) el señor Franqui

Marrero propuso el hogar de su hermano, el señor David Franqui

Marrero; (2) al investigar el hogar propuesto por el peticionario, el

mismo está siendo ocupado únicamente por la señora Verónica

Martínez Vizcarrondo; (3) la señora Martínez Vizcarrondo es

excuñada del señor Franqui Marrero, tiene cincuenta y tres (53)

años y es paciente de desprendimiento de la retina; (4) el hermano

del peticionario se encuentra cumpliendo pena de cárcel por varios

delitos, incluyendo cargos bajo la Ley Núm. 54 de 1989, conocida

como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica, donde la persona perjudicada           en el caso     fue,

precisamente, la señora Martínez Vizcarrondo; y (5) los ingresos

mensuales del hogar son de $1,730.00, mientras que los gastos

2 Íd., Anejo 1, págs. 1-2.
3 Íd., págs. 7-8.
KLRA202300581                                                       3

ascienden a $555.00, contemplando únicamente el canon de

alquiler de la propiedad y los servicios esenciales.

        En cuanto a la opinión de la señora Martínez Vizcarrondo

sobre la residencia propuesta por el peticionario, según el Informe

de Investigación, se determinó que ella accedió a recibirlo en su

hogar a pesar de no conocerlo personalmente. La señora Martínez

Vizcarrondo expresó su deseo de que el peticionario sea liberado de

la institución carcelaria con una alguna oportunidad de empleo para

que solo regrese al hogar a dormir. También expuso que necesitaría

que el señor Franqui Marrero se hiciera cargo de sus gastos y se

encargara de mantener ordenado el espacio que ocupara.4 En

cambio, la opinión de la comunidad fue mixta, ya que algunas

personas expresaron su oposición debido a la naturaleza de los

delitos y otras se mantuvieron neutrales.5

        El 10 de febrero de 2023, el DCR emitió una Certificación de

Notificación [a las víctimas de delito]. En esta, detalló que las

reacciones de las personas que fueron víctimas de los delitos

cometidos por el señor Franqui Marrero, ante la posibilidad de que

el peticionario participara del Programa, fueron similares a la de los

vecinos de la comunidad de Mayagüez.6

        De igual manera, el DCR elaboró el Informe Final de Ajuste y

Progreso de Terapias donde especificó que la experiencia del señor

Franqui Marrero fue positiva, alcanzando un índice de progreso final

de ochenta y tres (83).7 Este índice fue considerado “bueno” en la

evaluación del peticionario.

        Finalmente, el 17 de agosto de 2023, el DCR emitió el

Resumen Evaluación [del] Programa de Pre-Reinserción [a la Libre

Comunidad] mediante el cual declaró “no favorable” la admisión del

4 Íd., pág. 7.
5 Íd., pág. 8.
6 Íd., pág. 4.
7 Íd., págs. 5-6.
KLRA202300581                                                                      4

señor Franqui Marrero al Programa.8 El DCR fundamentó esa

decisión en la ausencia de evidencia en el expediente administrativo

que indique que el peticionario no constituiría un riesgo para su

propia seguridad, la de posibles compañeros, la de la comunidad

donde compartiría regularmente con su familia o la de las víctimas

de los delitos por los cuales fue condenado. Además, el DCR

particularizó que “[d]e la investigación realizada por el Negociado de

Comunidad se desprende que el [h]ogar [propuesto] no es viable”.9

       Inconforme con la decisión, acude el peticionario ante este

foro y alega que la decisión fue irrazonable. Sostiene que su

excuñada es una persona íntegra y moral, sin antecedentes penales,

mayor de edad y dispuesta a brindar apoyo en su reintegración a la

libre comunidad. Respecto a los vecinos, afirmó que estos no lo

conocen personalmente y sugiere que cualquier preocupación sobre

el riesgo que pueda representar su presencia en la comunidad debe

ser respaldada por evidencia documentada. Asegura que la

residencia cuenta con servicios básicos como agua, luz y telefonía,

además de contar con una habitación asignada para él. Asimismo,

niega la presencia de personas de dudosa reputación en la

residencia o la operación de negocios de venta de bebidas

alcohólicas en sus cercanías. Por último, destaca que las víctimas

de los delitos por los cuales fue condenado residen en municipios

diferentes al hogar propuesto en su plan de salida. En consecuencia,

solicita que revoquemos la decisión administrativa impugnada y

ordenemos una reevaluación imparcial y justa.

       Por su parte, en su comparecencia el DCR sostuvo que la

negativa de no permitir la participación del señor Franqui Marrero

en el Programa se fundamenta en la inviabilidad del hogar propuesto

8 Íd., págs. 9-10. Cabe señalar que, el dictamen fue notificado al peticionario el 26

de septiembre de 2023.
9 Íd.
KLRA202300581                                                       5

en su plan de salida. Afirma que el peticionario carece de evidencia

sustancial en el expediente administrativo que tienda a rebatir la

presunción de corrección y legalidad que respalda la decisión

administrativa.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a detallar la normativa aplicable en este caso. Veamos.

                                 II.

      Es norma conocida que los tribunales apelativos debemos

otorgar amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. Oficina de Ética Gubernamental v.

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89. (2022); Super Asphalt v. AFI y

otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla

Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía,

201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606,

626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923,

940 (2010). Por estas razones, dichas determinaciones suponen

una presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no

presente prueba suficiente para derrotarlas. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no es

absoluta, por lo que nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones administrativas que sean

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

      Por esa misma línea, en Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico,

196 DPR 606, 628 (2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las

normas básicas en torno al alcance de la revisión judicial de la forma

siguiente:
KLRA202300581                                                             6

      Los tribunales deben deferencia a las decisiones de una
      agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
      cuando: (1) la determinación administrativa no está
      basada en evidencia sustancial; (2) el ente
      administrativo erró en la aplicación o interpretación de
      las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
      administrar; (3) el organismo administrativo actuó
      arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
      determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
      actuación       administrativa       lesionó     derechos
      constitucionales fundamentales. Es importante destacar
      que si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas
      situaciones, aunque exista más de una interpretación
      razonable de los hechos procede que se valide la
      interpretación que realizó la agencia administrativa
      recurrida.

      Del mismo modo, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de junio

de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

estableció   el   marco   de   revisión     judicial    de    las   agencias

administrativas. Rolón     Martínez   v.      Supte.     Policía, supra. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd.; Oficina de Ética Gubernamental

v.   Martínez     Giraud, supra;   Torres      Rivera    v.     Policía   de

PR, supra; Nobbe v. Jta. Directores, supra; Sec. 4.5 de la LPAU, 3

LPRA sec. 9675. Por lo tanto, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra.

      Ahora bien, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5
KLRA202300581                                                             7

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, los tribunales deberán darles

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Esto, pues el

Tribunal Supremo ha dispuesto que la deferencia que le deben los

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable

o   ilegalmente,     o    (3)   lesionó     derechos     constitucionales

fundamentales. Íd; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez

Giraud, supra.

      Finalmente, destacamos que el criterio administrativo no

podrá prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación

estatutaria realizada por una agencia provoque un resultado

incompatible o contrario al propósito para el cual fue aprobada la

legislación y la política pública que promueve. Lo anterior ya que la

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia. Íd.

                                    B.

      La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

establece como política pública del Estado la reglamentación de las

instituciones penales con el objetivo de facilitar la rehabilitación

moral y social. Artículo IV, Sec. 19, LPRA Tomo I. Para dar

cumplimiento a este mandato, la Asamblea Legislativa otorgó al

Secretario o la Secretaria del Departamento de Corrección y

Rehabilitación (DRC), entre otras atribuciones, la autoridad para

adoptar, establecer, desarrollar e implementar reglas, reglamentos,

órdenes, manuales, normas y procedimientos, con el propósito de

supervisar el funcionamiento eficaz del Departamento y de los
KLRA202300581                                                     8

programas y servicios que ofrece. Plan de Reorganización del

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, según

enmendado, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 7 (aa).

      En virtud de lo anterior, el DCR implementó el Programa de

Pre-Reinserción a la Libre Comunidad (Programa). A través de dicho

programa, los miembros de la población correccional convivirían en

una facilidad correccional, experimentando un ambiente similar a

las condiciones que enfrentarían al reintegrarse a la libre

comunidad. OA-DCR-2018-07, pág. 5. Asimismo, el enfoque

principal del Programa es proporcionar a las personas recluidas

oportunidades laborales, programas educativos o de tratamientos,

así como promover el desarrollo de habilidades que faciliten su

reintegración en la sociedad. Íd.

      Como parte de la evaluación de los candidatos al Programa,

se recoge el insumo de las víctimas de los delitos por los cuales

fueron sentenciados. Íd., págs. 13 y 19-22.    Además, se recopila

información confiable que evidencie que el miembro de la población

correccional no representa un riesgo para su propia seguridad, la de

sus compañeros, la comunidad y las víctimas o partes perjudicadas.

Íd., págs. 9-10.

      Con el propósito de ingresar al Programa, la persona

confinada suscribirá un contrato con el DCR, mediante el cual se

comprometerá a cumplir con las condiciones que le sean

impuestas. Íd., págs. 10-11. En este contexto, cualquier violación

por parte del miembro de la población correccional a las condiciones

impuestas resultará en su reingreso a prisión para cumplir con el

resto de su condena. Íd.

      Además, como parte integral del Programa, las personas que

se encuentran confinadas podrían beneficiarse de pases de salida

para compartir con sus familiares. Íd., pág. 32. Esta alternativa

abarca la posibilidad de que los participantes del Programa
KLRA202300581                                                       9

pernocten fuera de la institución penal. Por lo tanto, cada candidato

es evaluado de acuerdo con el Reglamento Núm. 7595 del DCR del

28 de octubre de 2008, Reglamento para la Concesión de Permisos

a los Miembros de la Población Correccional para Salir a Residir

Fuera de las Institucionales Correccionales (Reglamento Núm.

7595). Íd. Este cuerpo reglamentario también establece la necesidad

de realizar una investigación de campo para cotejar la disponibilidad

e idoneidad del hogar propuesto para las visitas familiares.

Reglamento Núm. 7595, Art. VIII. A.1.b, supra. Este proceso

investigativo implica obtener la opinión de los vecinos del hogar

propuesto, así como de las víctimas o partes perjudicadas.

      Por último, es importante destacar que, la supervisión fuera

de la institucional carcelaria de los participantes del programa se

llevará a cabo a través del mecanismo de supervisión electrónica, la

cual será sufragada por el participante o por sus familiares.

Íd., págs. 10 y 15. De igual forma, estas personas serán sometidas

periódicamente a pruebas de dopaje, las cuales serán costeadas por

el participante del Programa o por sus familiares. Íd., págs. 15-16.

                                 III.

      En el presente caso, debemos determinar si el DCR incidió al

denegarle al peticionario participar del Programa de Pre-Reinserción

a la Libre Comunidad, debido a la inviabilidad del hogar propuesto.

      Es harto conocido que los Tribunales debemos ser deferentes

en torno a las decisiones administrativas, pero tal deferencia cederá

cuando la determinación no esté basada en evidencia sustancial,

cuando el ente administrativo haya errado en la aplicación de la ley

y cuando la actuación resulte arbitraria, irrazonable e ilegal. Torres

Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra. Sin embargo, tras una

evaluación exhaustiva del expediente bajo nuestra consideración y

de la normativa aplicable al caso, no encontramos razones que

justifiquen renunciar a la deferencia otorgada a la decisión
KLRA202300581                                                              10

administrativa. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que el

DCR no incidió en su decisión. Explicamos a continuación.

           Según se desprende del Informe de Investigación, la señora

Martínez Vizcarrondo no conoce personalmente al señor Franqui

Marrero.10 Este escenario llama la atención, ya que no es común ni

razonable abrir las puertas del hogar, para residir bajo el mismo

techo, a personas a quienes desconocemos. Además, al poner a

disposición su hogar, la señora Martínez Vizcarrondo estaría

aceptando ciertas responsabilidades estipuladas por el Programa

con respecto al señor Franqui Marrero, a pesar de no conocerlo

personalmente. Esto suscita dudas sobre si la señora Martínez

Vizcarrondo podría realmente asumir la responsabilidad que implica

supervisar al peticionario y cubrir todos aquellos gastos que, por

alguna razón, este no pueda sufragar.

           En otra instancia, se desprende del Informe de Investigación

que, la señora Martínez Vizcarrondo enfrentó problemas legales con

el hermano del peticionario bajo la Ley Núm. 54 de 1989. El DCR

podía        razonablemente       concluir,   al   evaluar   todo   lo   antes

mencionado, que el hogar propuesto por el peticionario no era

viable.

                                        IV.

           Por      los   fundamentos   que   anteceden,     confirmamos    la

determinación administrativa notificada por el DCR al señor Franqui

Marrero.

           Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10
     Íd., pág. 7.