Court Opinion

ID: 9928631
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:31:15.420605+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:27.502883
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

      MUNICIPIO DE                                    APELACIÓN
       YABUCOA                                        procedente del
        Apelado                                       Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
                                KLAN202300813         Superior de
             V.                                       Humacao

                                                      Civil. Núm.
 OFICINA PRO-AYUDA A                                  HU2019CV01728
    PERSONAS CON
 IMPEDIMIENTOS, INC.                                  Sobre:
       Apelante                                       INCUMPLIMIENTO DE
                                                      CONTRATO

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

       El 14 de septiembre de 2023, la Oficina Pro Ayuda a Personas

con Impedimento, Inc. (OPAPI o apelante) compareció ante nos

mediante un Recurso de Apelación y solicitó la revocación de una

Sentencia que se dictó y notificó el 18 de agosto de 2023 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI). Mediante el

aludido dictamen, el TPI ordenó a que la propiedad objeto del pleito se

revirtiera inmediatamente al municipio de Yabucoa (Municipio o

apelado), condenó a la parte apelante al pago de las costas y gastos

sujeto a la presentación oportuna de un memorando de costas por

parte del Municipio y, por último, desestimó la reconvención que

presentó la OPAPI con perjuicio.

       Por   los   fundamentos      que    expondremos     a    continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                      I.

       El 1 de noviembre de 2019, el Municipio incoó una Demanda

sobre incumplimiento de contrato contra OPAPI.1 Alegó que, en algún

momento en el 2010, el apelante le solicitó la cesión de un predio de

1 Véase, Apéndice 10 del Recurso de Apelación, págs. 237-242.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
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terreno perteneciente al Municipio. Sostuvo que el 5 de agosto de 2010,

la Legislatura Municipal del Municipio de Yabucoa aprobó la cesión

solicitada mediante la Resolución Núm. 6 y que, al día siguiente, a

saber, el 6 de agosto de 2010, el alcalde del Municipio la firmó. Planteó

que dicha resolución establecía que la propiedad cedida a la OPAPI

sería destinada para el desarrollo de un proyecto de interés social

conocido como Torre Dorada. De igual manera, sostuvo que la

resolución establecía que la propiedad cedida se revertiría al Municipio

cuando no se dedicara a los fines y propósitos allí establecidos.

       Por otro lado, indicó que, el 11 de febrero de 2011, suscribió la

Escritura Núm. 2 con OPAPI sobre cesión y traspaso de bien inmueble.

Adujo que en la aludida escritura se estableció que la cesión sería

regida por las disposiciones aplicables a la Ley Núm. 81-1991, según

enmendada, conocida como la Ley de Municipio Autónomos, 21 LPRA

secs. 4001, et seq. Asimismo, expresó que mediante este instrumento

público se recogió el propósito de la cesión y se especificó que, de no

cumplirse con dicho fin, la propiedad revertiría al Municipio.

       Sin embargo, adujo que desde que la OPAPI advino como el

titular del inmueble, no se había materializado ningún tipo de

desarrollo en el terreno cedido. Indicó que, al momento de la

presentación de la demanda, el predio estaba vacío y las personas de

la comunidad no habían podido disfrutarlo. Por tal motivo, solicitó la

revocación de la cesión y que se revirtiera la titularidad del predio de

terreno a su nombre. Además, solicitó el pago de los honorarios y los

costos notariales. Finalmente, solicitó el pago de honorarios por

temeridad, ya que el apelante se negó a cumplir con su obligación de

revertir la titularidad.

       En respuesta, el 21 de marzo de 2020, OPAPI presentó su

Contestación a Demanda.2 En esta, negó ciertas alegaciones y levantó

sus correspondientes defensas afirmativas. De igual manera, en este

escrito presentó una reconvención. En síntesis, esbozó que ni

2 Véase, Apéndice 11 del Recurso de Apelación, pág. 243-256.
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resolución de la legislatura municipal ni la escritura pública suscrita

por las partes establecían plazo o término para realizar el proyecto de

Torre Dorada. Asimismo, arguyó que el Municipio ocupó ilegalmente la

propiedad en controversia ya que construyó una pista de patinaje en

una parte terreno cedido sin haber hecho la correspondiente

compensación ni haber emitido alguna escritura de segregación o

cesión a tales efectos.

        A tenor con lo anterior, la OPAPI solicitó lo siguiente: (1) el pago

de cien mil ($100,00.00) dólares por haber ocupado ilegalmente los

terrenos; (2) doscientos mil ($200,000.00) dólares por concepto de

daños y perjuicios debido a la negligencia del incumplimiento de

contrato; (3) ciento veinticinco mil ($125,000.00) dólares por concepto

de los gastos, costas, e intereses aplicables; y, por último, (4) la

compensación del valor del terreno ocupado conforme a lo que

concluyera un tasador profesional más la segregación del terreno o en

la alternativa, la devolución de dicho terreno ocupado.

        Luego varios incidentes procesales que no necesarios detallar y

tras haberse concluido el descubrimiento de prueba, el 22 de mayo de

2023, se llevó a cabo una vista en su fondo. Sometido el caso por las

partes, el 18 de agosto de 2023, el TPI dictó y emitió su Sentencia.3 En

esta concluyó que, de acuerdo con la prueba desfilada en el juicio, se

logró establecer que, tras más de una década de haberse cedido el

terreno, este no ha sido dedicado a los fines y propósitos establecidos

en la Resolución Núm. 6. Asimismo, determinó que “de la prueba

desfilada en la vista en su fondo, no surge ninguna acción clara y

especifica de la parte demandada dirigida a desarrollar el proyecto, con

anterioridad a la presentación del caso de autos”.4

        Conforme con este razonamiento, el TPI declaró Ha Lugar la

Demanda presentada por el Municipio y ordenó lo siguiente:

        1) que la propiedad objeto de este pleito revierta
           inmediatamente al Municipio de Yabucoa;

3 Véase, Apéndice 1 del Recurso de Apelación, pág. 1-12.
4 Íd., pág. 11.
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        2) se condena a la parte demandada al pago de las costas
           y gastos necesariamente incurridos por la parte
           demandante en la tramitación de este pleito, sujeto a
           la presentación oportuna del correspondiente
           memorando de costas por parte de la demandante.

        3) se DESESTIMA la reconvención presentada por la
           parte demandada, con perjuicio.5

        En tal sentido, el TPI declaró No Ha Lugar la reconvención de

OPAPI, toda vez que, de la evidencia desfilada en la vista en su fondo,

el apelante no logró presentar prueba que demostrara que el Municipio

actuó de forma ilegal al desarrollar un parque de patinaje.

        Inconforme, el 14 de septiembre de 2023, el apelante recurrió

ante este foro mediante un Recurso de Apelación y formuló los

siguientes señalamientos de error:

        Primer señalamiento de error: Erró el Tribunal de
        Primera Instancia, Sala Superior de Humacao al
        concluir que la prueba desfilada durante la vista en su
        fondo estableció a satisfacción del Tribunal que luego
        de más de una década (12 años aproximadamente) el
        terreno cedido por el Municipio a la OPAPI no ha sido
        dedicado a los fines y propósitos establecidos en la
        Resolución Núm. 6 serie 2010-2011 y en la Escritura
        número 2 Escritura de Cesión y Traspaso de Bien
        Inmueble del 11 de febrero de 2011. De la prueba
        desfilada en la vista en su fondo no surge ninguna
        acción clara y especifica de la parte demandada
        dirigida a desarrollar el proyecto, con anterioridad a la
        presentación del caso de autos.

        Segundo señalamiento de error: Erró el Tribunal de
        Primera Instancia, Sala Superior de Humacao al
        concluir que la parte demandada no cuenta con los
        recursos financieros para realización del proyecto.

        Tercer señalamiento de error: Erró el Tribunal de
        Primera Instancia, Sala Superior de Humacao al
        concluir que el Municipio de Yabucoa no actuó de
        forma ilegal al desarrollar el proyecto del parque de
        patinaje.

        Atendido el recurso, el 27 de septiembre de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole a la parte apelada hasta el 16 de octubre de

2023 para que presentara su oposición. Sin embargo, el 11 de octubre

de 2023, el Municipio compareció con una Moción en Solicitud de

Desestimación al amparo de la Regla (B) (4) del Reglamento del Tribunal

5 Íd., pág. 12.
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de Apelaciones. Fundamentó este escrito en que el apelante incumplió

con nuestro Reglamento al presentar en su apéndice una serie de

documentos que no obraban en el expediente del TPI. Por su parte, el

19 de octubre de 2023, el apelante presentó su oposición a la

desestimación. En esta sostuvo que dichos documentos fueron

anunciados en el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados.

        El 19 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la cual

ordenamos el desglose de los apéndices cinco, siete, ocho y nueve del

apéndice del apelante. Asimismo, le concedimos a la parte apelada

hasta el 30 de octubre de 2023 para que presentara un proyecto de

transcripción de la prueba oral, toda vez que el apelante no realizó

dicha gestión.6 Transcurrido el término para ello, la parte apelada

no presentó un proyecto de transcripción de la prueba oral.

Finalmente, le concedimos al Municipio hasta el 10 de noviembre de

2023 para que presentara su oposición al recurso. Oportunamente, el

Municipio presentó su Alegato en Oposición a Recurso de Apelación y

negó que el TPI cometiera los errores que OPAPI le imputo.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                       II.

                                       -A-

       El   Tribunal     Supremo      de     Puerto   Rico   ha   puntualizado

reiteradamente que los tribunales apelativos no deben intervenir con la

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia.

Dávila Nieves v. Melendez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). En

consideración a lo anterior, los tribunales apelativos deben brindarle

gran deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se encuentra en

mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo y los conflictos

6 Surge de la oposición a la desestimación que presentó la OPAPI que esta última

no presentaría la transcripción de la prueba oral de la vista que se celebró en el
presente caso.
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de prueba deben ser resueltos por el foro primario. Rivera Figueroa v.

A.A.A., 177 DPR 345,356 (2009).

      No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la

función revisora de este Tribunal. Dávila Nieves v. Melendez Marín,

supra, págs. 771-772. Si un análisis integral de la prueba refleja que

las conclusiones del TPI están en conflicto con el balance más racional,

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, éste ha

cometido un error manifiesto. Íd, pág. 772. Por tanto, en vista de dicha

función revisora, este Tribunal -por vía de excepción- puede intervenir

con la apreciación de la prueba que ha hecho el TPI cuando existe error

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del juzgador de los

hechos. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 (2002). Concerniente

a la prueba documental, se exceptúa la regla de deferencia a las

determinaciones de hechos que se apoyan exclusivamente en prueba

documental o pericial, ya que los tribunales apelativos están en

idéntica posición que el TPI al examinar ese tipo de prueba. González

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746,777 (2011).

                                 -B-

      La Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, dispone, en lo pertinente, que “[c]uando la parte apelante

haya señalado algún error relacionado con la suficiencia de la

prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del

tribunal apelado, someterá una transcripción, una exposición

estipulada o una exposición narrativa de la prueba”. (Énfasis

nuestro). Por otro lado, la Regla 76 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, establece lo siguiente:

      (A) Transcripción de la prueba oral en recursos de
          apelación y de certiorari

            Una parte en una apelación o en un recurso de
         certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al
         Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez días
         desde que se presentó el escrito de apelación o se
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         notificó la expedición del auto solicitado, que se
         propone transcribir la prueba oral. En esa moción, la
         parte proponente expresará las razones por las cuales
         considera que la transcripción es indispensable y que
         propicia mayor celeridad en los procesos que la
         presentación de una exposición estipulada o una
         exposición narrativa. En todo caso, la parte proponente
         identificará en la moción las porciones pertinentes del
         récord ante el Tribunal de Primera Instancia cuya
         transcripción interesa, incluyendo la fecha del
         testimonio y los nombres de los testigos.

      (B) Transcripción por transcriptor privado autorizado o
      transcriptora privada autorizada

             Autorizada la transcripción, su proponente podrá
         solicitar al Tribunal de Primera Instancia la
         regrabación de los procedimientos. La moción a esos
         efectos será presentada dentro de los diez días
         siguientes a la notificación de la orden del Tribunal de
         Apelaciones.

      […]

      En cuanto a los términos para presentar las exposiciones

narrativas, la Regla 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, establece que:

      (A) Exposición estipulada en los recursos de apelación y
      de certiorari

      (1) Dentro de los diez días de haberse notificado el escrito
      de apelación o la expedición del auto de certiorari, la parte
      apelante o peticionaria deberá notificar al Fiscal de
      Distrito, la Fiscal de Distrito o a la parte apelada que se
      propone presentar una exposición narrativa estipulada.

      (2) Dentro de los treinta días siguientes a la presentación
      de la apelación, la parte apelante o peticionaria preparará
      y someterá al Tribunal de Apelaciones un proyecto de
      exposición narrativa de la prueba oral pertinente al
      recurso. Notificará copia del proyecto de exposición
      narrativa a la parte apelada, al Fiscal de Distrito o a la
      Fiscal de Distrito, según sea el caso.

      […]

      Al respecto, en Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405,

425 (2001), el Tribunal Supremo explicó que, debido a que las

determinaciones de hecho que hace el Tribunal de Primera Instancia

merecen deferencia, por la oportunidad que tuvo el juzgador de los

hechos de observar y escuchar a los testigos, la intervención del foro

apelativo con esa prueba tiene que estar basada en un análisis

independiente de la prueba desfilada y no a base de los hechos que

exponen las partes.
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        Ante la ausencia de la prueba oral, los foros revisores no cuentan

con los elementos necesarios para descartar la apreciación razonada y

fundamentada de la prueba que realizó el Tribunal de Primera

Instancia. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289-290

(2011).

                                      III.

        En este caso, OPAPI nos solicitó la revisión de la Sentencia que

se dictó y notificó el 18 de agosto de 2023. Específicamente, en su

primer señalamiento de error, planteó que el TPI incidió al concluir que,

según la prueba desfilada en la vista en su fondo, no surgía alguna

acción clara y especifica dirigida a desarrollar el proyecto Torre Dorada.

Específicamente, en su dictamen, el foro primario concluyó:

        La prueba desfilada durante la vista en su fondo,
        estableció a satisfacción del tribunal que luego de más de
        una década (12 años aproximadamente), el terreno cedido
        por el Municipio a la OPAPI, no ha sido dedicado a los
        fines y propósitos establecidos en la Resolución Núm.
        6 serie 2010–2011 y en la Escritura Núm. 2 del 2011.
        Peor aún, de la prueba desfilada en la vista en su fondo,
        no surge ninguna acción clara y específica de la parte
        demandada dirigida a desarrollar el proyecto, con
        anterioridad a la presentación del caso de autos.7 (Énfasis
        nuestro)

        Igualmente, en su segundo señalamiento de error, el apelante

sostuvo que el TPI erró al determinar que la OPAPI no contaba con los

recursos financieros necesarios para la realización del mencionado

proyecto. En tal sentido, el TPI en su dictamen determinó lo siguiente:

“[d]e hecho, de la prueba desfilada durante la vista en su fondo,

quedó claramente establecido que a esta fecha la parte demandada no

cuenta con los recursos financieros para la realización del proyecto”.8

(Énfasis suplido)

          Finalmente, en su tercer señalamiento de error, arguyó que el

TPI erró al concluir que el Municipio no actuó de forma ilegal al

desarrollar un parque de patinaje en el terreno que se le cedió a la

OPAPI. En cuanto a este asunto, el TPI concluyó lo que sigue:

7 Véase, Apéndice 1 del Recurso de Apelación, pág. 10-11.
8 Íd., pág. 11.
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        De igual forma, la reconvención presentada por la parte
        demandante, se declara sin lugar. De la prueba desfilada
        en sala, OPAPI no presentó prueba alguna que nos
        permita concluir que el Municipio haya actuado de
        forma ilegal al desarrollar el proyecto del parque de
        patinaje. Tampoco podemos concluir que el haber
        ocupado un área de 410 pies de largo por 115 pies de
        ancho, le causara daño alguno a la parte demandada. La
        prueba no sustenta tal contención. Por el contrario, la
        prueba desfilada establece que la ocupación de dicho
        predio de terreno se dio con la anuencia escrita de la parte
        demandada.9 (Énfasis suplido).
        Es de notar que los tres señalamientos de error formulados por

la parte apelante versan sobre la apreciación de la prueba presentada

en el juicio, la cual fue tanto documental como testifical. A pesar

de ello, ni la parte apelante ni la apelada nos presentó la

transcripción de la prueba oral requerida para ponernos en

posición de revisar la Sentencia apelada. Sabido es que, cuando los

señalamientos de error están relacionados con la apreciación de la

prueba oral, nuestro reglamento requiere que la parte apelante

presente la correspondiente transcripción para que podamos contar

con los elementos necesarios para evaluar la apreciación razonada y

fundamentada de la prueba que realizó el TPI. Sin ello, nos

encontramos      forzados   a   brindarle   gran   deferencia   a   las

determinaciones de hechos que formuló el TPI basada en la prueba que

tuvo ante su consideración.

        Sin embargo, reconocemos que, como parte de nuestra función

revisora, este Tribunal puede intervenir con las conclusiones del TPI

cuando existe error manifestó, perjuicio, parcialidad o pasión. Pueblo

v. Irizarry, supra, págs. 788-789. Además, estamos conscientes que

estamos en la misma posición que el TPI para evaluar la prueba

documental que surja del expediente. González Hernández v. González

Hernández, supra, pág. 777. Evaluada minuciosamente la prueba

documental que obra del expediente, resolvemos no existe error

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión en las conclusiones que

realizó el juzgador de los hechos por lo que no vamos a intervenir con

la apreciación de la prueba y con las determinaciones de hechos que

9 Íd.
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formuló el TPI. Ante tales circunstancias, resolvemos que no se

cometieron los errores señalados. Por lo tanto, confirmamos el

dictamen apelado.

                                 IV.

      Por   los   fundamentos   antes   expuestos,   confirmamos    la

Sentencia apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones