Court Opinion

ID: 9890364
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:10.767438+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:31.704682
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

      EL PUEBLO DE                                Certiorari
      PUERTO RICO                                 procedente del
                                                  Tribunal de
        Peticionario                              Primera Instancia,
                                                  Sala de Caguas
              v.
                                                  Por:
    NORBERTO POLO                                 Tent. Art. 95 CP,
      CALDERÍN                                    Art. 249 CP, Art.
                                                  6.14 LA
         Recurrido
                                               Casos Números:
                                               E VI2023G0001,
                                 KLCE202300845 E OP2023G0003,
                                               E LA2023G0002
_________________________                      __________________
     EL PUEBLO DE                              Certiorari
     PUERTO RICO                               procedente del
                                               Tribunal de
        Peticionario                           Primera Instancia,
                                               Sala de Caguas
              v.
                                                  Por:
    NORBERTO POLO                                 Art. 6.05 LA
      MARTÍNEZ
                                             Caso Número:
        Recurrido                            E LA2023G0003
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      El peticionario, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto del

Procurador General, comparece ante nos para que dejemos sin

efecto las determinaciones emitidas y notificadas por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 16 de junio de 2023. Mediante

las mismas, el foro primario declaró ha lugar una solicitud de

desestimación respecto a los cargos imputados en contra de los aquí

recurridos, Norberto Polo Calderín1 y Norberto Polo Martínez2, ello

1 Criminal Núm. E V2023G0001; E OP2023G0003 y; E LA2023G0002.
2 Criminal Núm. E LA2023G0003.

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLCE202300845                                                      2

al amparo de lo dispuesto en la Regla 64 (n)(4) de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (n)(4).

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto

solicitado y se revoca la Resolución recurrida.

                                  I

      Por hechos ocurridos el 30 de agosto de 2022, el Ministerio

Público presentó tres (3) denuncias en contra del recurrido Polo

Calderín, por infracción a las siguientes disposiciones de ley: 1)

Artículo 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, Ley 168-

2019, 25 LPRA sec. 466m, que tipifica el delito de disparar o apuntar

armas de fuego; 2) Artículo 249 (c) del Código Penal de Puerto Rico

de 2012, Ley 146-2012, 33 LPRA sec. 5339, sobre riesgo a la

seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, y; 3)

Artículo 93 del Código Penal, supra, 33 LPRA sec. 5142, por el delito

de asesinato en primer grado, ello en su grado de tentativa. Por su

parte, respecto al recurrido Polo Martínez, se radicó una denuncia

por violación al Artículo 6.05 de la Ley de Armas, supra, 25 LPRA

sec. 466d, que tipifica el delito de portación, transportación o uso

de armas de fuego sin licencia.

      Tras los procesos de rigor, y luego de celebrada la vista

preliminar, el 20 de enero de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

determinó que existía causa probable para acusar al recurrido Polo

Calderín por la tentativa del Artículo 95 del Código Penal, supra,

sobre asesinato atenuado, 33 LPRA sec. 5144, así como por la

infracción al Artículo 249 (c) del Código Penal, supra y al Artículo

6.14 B de la Ley de Armas, supra. En cuanto al recurrido Polo

Martínez, se emitió una determinación de causa probable para

acusar por infracción al Artículo 6.05 de la Ley de Armas, supra.

Como resultado de lo anterior, el 24 de enero de 2023, el Ministerio

Público presentó los correspondientes pliegos acusatorios.
KLCE202300845                                                                3

       Así las cosas, el 3 de febrero de 2023, se llevó a cabo el acto

de la lectura de las acusaciones. De la Minuta pertinente surge que

la celebración del juicio quedó señalada para el 1 de marzo de 2023.

Igualmente, también se desprende que el Tribunal de Primera

Instancia entregó a los recurridos copia de sus respectivas

acusaciones, les extendió un término de cinco (5) días para que

formularan su alegación y les advirtió que debían someter cualquier

escrito procedente en derecho, “incluyendo la solicitud de Juicio por

Jurado”3.

       Llegado el 1 de marzo de 2023, día señalado para la

celebración del juicio en su fondo, el Ministerio Público informó al

tribunal no estar preparado para dar curso a los procedimientos,

toda vez la ausencia de varios de sus testigos.                 Por su parte,

conforme se hizo constar en la Minuta correspondiente, el

representante legal del recurrido Polo Martínez, el licenciado

Eduardo González De León, se comunicó con el tribunal para

notificar su indisponibilidad para comparecer por razón de

enfermedad. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia

señaló la celebración de una vista sobre el estado de los

procedimientos para el 10 de abril de 2023.

       Así las cosas, el 27 de marzo de 2023, los peticionarios Polo

Calderín y Polo Martínez, de manera independiente, presentaron

unos     pliegos    intitulados     Moción     Solicitando      Renuncia    de

Representación Legal. En esencia, ambos expusieron la existencia

de “diferencias irreconciliables e insalvables que ha[cían] inexistente

la relación abogado-cliente”4 con sus respectivos abogados. En los

referidos pliegos se hizo constar que los peticionarios fueron

instruidos     sobre    la   importancia       de   procurar      una     nueva

3 Véase: Apéndice, Anejo XI, Minuta del 3 de febrero de 2023, pág. 024.
4 Véase: Apéndice, Anejos: XIII y XIV, Moción Solicitando Renuncia de
Representación Legal, págs. 026 y 028.
KLCE202300845                                                                    4

representación, así como de comparecer a la vista señalada para el

10 de abril de 2023.

        Tal cual pautado, el 10 de abril de 2023, se dio inicio a la

celebración de la vista sobre el estado de los procedimientos. Según

surge    de   la   Minuta     correspondiente,      los   abogados      de      los

peticionarios notificaron al tribunal su determinación de desistir de

la solicitud de renuncia a la representación legal previamente

sometida. No obstante ello, el Tribunal de Primera Instancia hizo

constar que el referido requerimiento había sido denegado. Por su

parte, a tenor con la Minuta, el tribunal expuso que el Ministerio

Público expresó al tribunal que, tras examinar su sumario, indicó

que no estaba añadida la prueba de balística del Instituto de

Ciencias Forenses. Sin embargo, destacamos que, de conformidad

con la regrabación de los procedimientos, la aseveración que hizo el

Ministerio Público al respecto fue que en el presente caso no se

presentaría prueba de balística ni de patología. Igualmente,

conforme establecido en récord del proceso, el Ministerio Público

notificó que la parte perjudicada en el caso no estaba presente, dado

al fallecimiento de su señor padre.

        De igual forma, de la Minuta y de la regrabación de la vista del

10 de abril de 2023, surge que la defensa solicitó “de 5 a 10 días

para informar si el caso [habría de verse] por Tribunal de Derecho o

por Jurado”5. De este modo, el Tribunal de Primera Instancia

nuevamente señaló la celebración de una vista sobre el estado de los

procedimientos para el 26 de abril de 2023, a los efectos de que, de

conformidad con lo consignado por el tribunal en la regrabación

pertinente     y   en   la   Minuta,     los   recurridos     informaran        su

determinación sobre cómo habría de celebrarse el juicio pendiente.

5 Véase: Apéndice, Anejo XV: Minuta, vista del 10 de abril de 2023, pág. 030.
KLCE202300845                                                        5

        Iniciada la vista sobre el estado de los procedimientos en el

día pautado, los peticionarios informaron su determinación de que

el juicio en su contra se celebrara por tribunal de derecho. Conforme

surge de la Minuta, el Ministerio Público aclaró en sala que la

ausencia del perjudicado en la audiencia anterior se produjo por

razón de una situación familiar. De igual forma, se dispuso que uno

de los testigos de cargo no estaba presente. De este modo, el

Tribunal de Primera Instancia, por segunda ocasión, señaló la

celebración del juicio en su fondo, esta vez para el 5 de junio de

2023.

        Llegado el 5 de junio de 2023, se iniciaron los procedimientos

inherentes al juicio. A tenor con el contenido de la Minuta pertinente,

una vez llamado el caso, los acusados no habían comparecido. En

cuanto al recurrido Polo Martínez, su representación legal informó

que su incomparecencia obedeció a inconvenientes relacionados a

los trámites en el Programa de Servicios con Antelación al Juicio

(PSAJ), a los fines de procurar el permiso correspondiente. Con

relación al recurrido Polo Martínez, también se estableció que su

representante legal, el licenciado González De León, tampoco estaba

presente en la vista toda vez que, pese a que la misma había sido

debidamente pautada para horas de la mañana, se encontraba

atendiendo otros casos en procesos independientes al de autos. Por

su parte, de la Minuta y de la regrabación del proceso se desprende

que, por parte de la prueba de cargo, estaban presentes en sala dos

(2) de los testigos anunciados, mas no así el perjudicado. Ante este

cuadro fáctico, el Tribunal de Primera Instancia concedió un turno

posterior para iniciar el proceso.

        Tras nuevamente llamarse el caso para dar inicio al juicio

pendiente, ambos recurridos figuraron representados por sus

respectivos abogados. En cuanto al Ministerio Público, se estableció

que, a pesar de la ausencia de la parte perjudicada, indicó estar
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hábil para comenzar el desfile de prueba con los dos (2) testigos de

cargo presentes en sala. Ante ello, el tribunal advirtió que, de

proceder de conformidad y de culminarse el desfile de prueba ese

mismo día, el caso habría de entenderse por sometido, ello de

conformidad con el estado de derecho vigente. Ahora bien, según

surge de la Minuta y de la regrabación de los procedimientos, la

defensa argumentó la procedencia de la desestimación de los cargos

imputados, ello bajo el fundamento de incumplimiento con los

términos de juicio rápido. En específico, planteó que las acusaciones

se habían radicado el 24 de enero de 2023, por lo que, a partir de

dicha fecha, ya habían transcurrido 133 días sin que se hubiera

celebrado el juicio. A su vez, expuso que la parte perjudicada en el

caso no había comparecido a los procedimientos.

      El Ministerio Público replicó al referido argumento, ello al

sostener que la defensa estaba impedida de levantar el mismo, toda

vez que nunca estuvo preparada para iniciar el juicio. A fin de

validar su afirmación, el Ministerio Público aludió a la previa

solicitud de renuncia de representación legal de los recurridos, así

como al hecho de que, en atención a una solicitud por éstos

propuesta, el tribunal señaló la celebración de una vista sobre el

estado de los procedimientos, para que la defensa informara cómo

habría de celebrarse el juicio en su fondo, si por tribunal de derecho

o por jurado. Al abundar, el Ministerio Público expresó que las

anteriores incidencias constituían una renuncia implícita a los

términos procesales en disputa. A su vez, sostuvo que, en ausencia

de una expresa afirmación por parte de los recurridos en cuanto a

estar listos para celebrar el juicio, estaban impedidos de oponer la

defensa de desestimación en controversia. En réplica a los referidos

argumentos, la defensa de los recurridos se reafirmó en siempre

haber estado preparada para iniciar la celebración del juicio.
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      Surge de la regrabación del juicio que el tribunal se remitió al

récord de los procedimientos acontecidos. Por igual, se desprende

que el Ministerio Público no solo se reafirmó en la falta de

preparación de la defensa para ver el juicio, sino que, a su vez,

cuestionó la falta de citación formal por el Tribunal de sus testigos.

Sobre este particular, la defensa expuso que la ausencia de los

testigos de cargo, particularmente de la parte perjudicada en el caso,

evidenciaba que era el Ministerio Público quien no estaba listo para

la celebración del juicio, por lo que reprodujo sus argumentos de

desestimación de los cargos en controversia. Ante ello, el Ministerio

Público aludió específicamente a las incidencias particulares

acontecidas el 10 de abril y el 26 de abril de 2023, ello para validar

su contención en cuanto a que, en las referidas fechas, la defensa

de los recurridos no estaba preparada para ver el juicio en su fondo.

      Se desprende que, ante una solicitud del Ministerio Público,

el tribunal permitió la presentación del testimonio del agente Jesús

Rodríguez    Colón.       En   esencia,    declaró    sobre   sus   gestiones

infructuosas       para   procurar    la   comparecencia      de    la   parte

perjudicada en el juicio.

      Por su parte, al continuar con los procesos, el Juzgador aclaró

que   la   parte    perjudicada      nunca    había    comparecido       a   los

procedimientos. Ahora bien, ante los planteamientos de las partes

sobre la procedencia de la desestimación de las acusaciones, el Juez,

extendió un término de diez (10) días a estas para exponer por

escrito sus respectivos argumentos. Finalmente, surge de la Minuta

y de la regrabación de los procedimientos del 5 de junio de 2023,

que el Tribunal de Primera Instancia señaló la celebración tentativa

del juicio en su fondo para el 14 de julio de 2023, ello de no

prosperar el reclamo al amparo de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(4).
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      Así las cosas, y en ausencia de una argumentación escrita por

parte de los recurridos, el 8 de junio de 2023, el Ministerio Público

presentó su Oposición a Desestimación bajo la Regla 64 N 4. En el

pliego,   esbozó   los   criterios   doctrinales   establecidos   por   el

ordenamiento jurídico para disponer de una alegación sobre

violación al derecho a juicio rápido, conforme lo estatuido en la Regla

64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra. En particular, planteó

que, a tenor con la norma pertinente, ante tal reclamo, el Ministerio

Público está llamado a demostrar la existencia de una causa

justificada para la demora de la ejecución de los términos provistos

en el estatuto, la existencia de una renuncia expresa y voluntaria

del derecho por parte del imputado, o que este haya sido el causante

de la tardanza aducida. A ello añadió que, a fin de determinar si se

transgredió el derecho a juicio rápido, los tribunales vienen en la

obligación de considerar conjuntamente la duración y razones de la

tardanza, así como la invocación oportuna del derecho del acusado

y el perjuicio resultante, si alguno.

      Al amparo del anterior raciocinio, el Ministerio Público indicó

que, si bien, en un estricto cómputo matemático, desde el 24 de

enero de 2023, fecha en la que se presentaron los pliegos

acusatorios en disputa, hasta el 5 de junio de 2023, día en el que se

dio inicio al juicio en contra de los recurridos, habían transcurrido

más de los 120 días dispuestos por ley para celebrar el mismo, el

trámite de los procesos justificaba la extensión del plazo en cuestión.

Al explicarse, indicó que, tras la suspensión del primer señalamiento

de juicio, el tribunal ordenó la celebración de dos (2) vistas sobre el

estado de los procedimientos, efectuadas el 10 y el 26 de abril del

año corriente, ello para dilucidar asuntos específicamente invocados

por la defensa. Al respecto, afirmó que no podía considerarse que,

al momento de celebradas las vistas de referencia, la defensa de los

recurridos estaba preparada para ver el juicio, toda vez que, en una
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de ellas se dilucidó un asunto relacionado a una moción de renuncia

de representación legal y, en otra, en respuesta a una petición de la

defensa, la notificación formal de los recurridos en cuanto a cómo

habría celebrarse el juicio en su contra. Así, el Ministerio Público

se reafirmó en que fue la defensa de los recurridos, dados sus

requerimientos, quien propició la tardanza de trece (13) días en

controversia. De esta forma, y tras añadir que la defensa de los

recurridos no había argumentado la existencia de un daño real o

sustancial, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Primera

Instancia que denegara la desestimación peticionada al amparo de

la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, y proveyera para

la continuación de los procedimientos.

       El 16 de junio de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

notificó los dictámenes aquí recurridos. Mediante estos, resolvió

que, del tracto del caso de autos, surgía que la prueba del Ministerio

Público nunca estuvo completa a los fines de poder dar inicio al

juicio correspondiente. Por igual, determinó que no existía justa

causa para el incumplimiento con los términos de juicio rápido y

que los recurridos plantearon de manera oportuna su reclamo de

violación al derecho a un juicio rápido. No obstante, de los

pronunciamientos en controversia surge que el Tribunal de Primera

Instancia expresamente reconoció que “no sur[gían] de los autos

argumentos suficientes para dar por cumplido el criterio de

‘perjuicio sustancial resultante de la tardanza’.”6              Así, el foro

primario desestimó las acusaciones presentadas y dejó sin efecto el

señalamiento tentativo de juicio en su fondo según pautado.

       Inconforme, y tras denegada una previa solicitud de

reconsideración, el 31 de julio de 2023, el peticionario compareció

6 Véase Apéndice, Anejo XX1, Sentencia, a las págs. 062 y 072.
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ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En el mismo,

expone lo siguiente:

      El Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar
      prematuramente las acusaciones contra los señores
      Polo Martínez y Polo Calderín, pues el plazo de ciento
      veinte días comenzó a discurrir nuevamente a partir del
      10 de abril de 2023, fecha en que los recurridos
      solicitaron término para determinar cómo se ventilaría
      el juicio.

      En la alternativa, abusó de su discreción el foro
      primario cuando, ante una demora de apenas 12 días,
      desestimó sin que los recurridos demostraran un
      perjuicio real y sin considerar el tiempo adicional que le
      tomó a la Defensa escoger cómo se atendería su caso.

      Luego de examinar el expediente de autos, así como la

regrabación de los procedimientos, procedemos a expresarnos.

                                  II

      La Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el

Artículo II, Sección II de la Constitución de Puerto Rico, consagran

el derecho a un juicio rápido. LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Martínez

Hernández, 208 DPR 872 (2022). La referida prerrogativa es una

variable y flexible, que responde a un propósito dual: salvaguardar

el orden público, a la vez que protege la libertad individual. Pueblo

v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 580 (2015), Pueblo v. Carrión, 159

DPR 633 (2003). Así, el derecho a juicio rápido garantiza los

derechos del acusado en la medida en que procura protegerlo de una

indebida y opresiva encarcelación antes del juicio, minimiza la

ansiedad y preocupación que genera una acusación pública, y limita

las posibilidades de que una dilación extensa menoscabe su

capacidad para defenderse. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592

(2012); Pueblo v. Carrión, supra. Por su parte, el mismo no excluye

la protección a los derechos de la justicia pública, puesto que

pretende que se enjuicie con prontitud a quienes violentan la ley y

trata de evitar que las demoras indebidas retrasen la efectiva gestión

estatal de procesar toda conducta criminal. Pueblo v. García Vega,

supra.
KLCE202300845                                                       11

      El derecho a un juicio rápido se activa desde que el imputado

de delito es detenido o está sujeto a responder (held to answer).

Pueblo v. Carrión, supra; Pueblo v. García Vega, supra. Se entiende

que una persona está sujeta a responder cuando viene obligada a

contestar una acusación o denuncia, o cuando está expuesta a ser

convicta. Íd. En atención a tal principio, el alcance y ejecución del

derecho a juicio rápido están específicamente determinados por las

disposiciones de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 64(n). En lo pertinente, el inciso (4) de la precitada

disposición establece que el acusado que no fuese sometido a juicio

dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de

la denuncia o acusación, tiene derecho a solicitar la desestimación

de la misma. Una desestimación por violación a los términos de

juicio rápido acarrea la eliminación de los cargos en contra del

acusado y, en consecuencia, concluye la acción penal. Pueblo v.

Martínez Hernández, supra.

      Ahora bien, la mera inobservancia del término, sin más, no

necesariamente constituye una violación al derecho a juicio rápido,

ni conlleva la desestimación de la denuncia o acusación. Pueblo v.

Valdés et al., 155 DPR 781 (2001). La norma vigente sostiene que,

tanto los derechos del acusado, como los de la sociedad interesada

en juzgarlo, no son prisioneros de la tiesa aritmética de la regla.

Pueblo v. García Vega, supra; Pueblo v. Valdés et al, supra. Así,

existen elementos de justa causa para la demora que concilian el

derecho a juicio rápido con las circunstancias de cada caso,

atemperándose, los derechos del acusado, con la administración

práctica de la justicia. Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315 (1987).

Lo anterior, toda vez que se reconoce que, si bien el derecho a juicio

rápido es de carácter fundamental, el mismo no es absoluto. Pueblo

v. García Vega, supra.
KLCE202300845                                                      12

      Para determinar si ha mediado una transgresión al derecho a

juicio rápido conforme preceptuado en la Regla 64(n), de

Procedimiento Criminal, supra, el ordenamiento jurídico impone a

los tribunales examinar conjuntamente los siguientes criterios: (1)

duración de la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el

acusado reclamó o invocó oportunamente ese derecho; y (4) el

perjuicio resultante de la tardanza. Pueblo v. Custodio Colón, 192

DPR 567 (2015); Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591 (1999); Pueblo

v. Ramos Álvarez, 118 DPR 782 (1987). La duración de la tardanza

o magnitud de la dilación se refiere a cuánto tiempo transcurrió a

partir del vencimiento del término establecido en la Regla 64(n) de

Procedimiento Criminal, supra.       Si no se venció el término

dispuesto, entonces no debe prevalecer un planteamiento de

violación al derecho a juicio rápido.   Por su parte, en cuanto al

criterio del perjuicio sufrido se reconoce que, aunque no se tiene que

demostrar un estado de indefensión, la alegación pertinente debe

ser específica, no abstracta, ni fundada en un simple cómputo

matemático. Así, debe tratarse de un perjuicio real y sustancial.

Pueblo v. Valdés et al, supra.

      Una vez el acusado reclama oportunamente una violación a

los términos de juicio rápido, compete al Ministerio Público

demostrar la existencia de justa causa para la demora. A su vez,

ante el reclamo correspondiente, el Ministerio Público puede

también establecer que el acusado fue el causante de la demora o

que renunció a su derecho en forma expresa, voluntaria y con pleno

conocimiento de causa.      Pueblo v. Santa Cruz, 149 DPR 223

(1999). Ahora bien, para que el motivo de una demora constituya

justa causa, debe estar enmarcado dentro de parámetros de

razonabilidad. Pueblo v. Rivera Colón, supra. Una dilación mínima o

la mera inobservancia del término no necesariamente resultan en

una violación al derecho a juicio rápido. Tampoco conlleva la
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desestimación de la denuncia o de la acusación, pues dicho remedio

es extremo y debe considerarse después de haberse llevado a cabo

un    análisis     circunstancial        de      los      criterios     antes

mencionados. Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591 (1999); Pueblo v.

Santa Cruz, supra.

                                   III

      En la presente causa, el peticionario sostiene que erró el

Tribunal de Primera Instancia al desestimar las acusaciones

presentadas en contra de los aquí recurridos, al aplicar los términos

contenidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. En

esencia, plantea que el foro primario debió haber considerado como

la fecha desde la cual nuevamente comenzó a decursar el plazo de

ciento veinte (120) días en disputa para celebrar un juicio, el

momento desde el cual estos notificaron su determinación de ver el

juicio por jurado. A su vez, el peticionario afirma que el tribunal

primario abusó de su discreción al desestimar las acusaciones en

disputa ante una demora de, apenas, trece (13) días, sin que se

hubiera demostrado ante sí que los recurridos sufrieron algún

perjuicio real. Habiendo examinado los referidos argumentos a la

luz de los trámites acontecidos y del derecho aplicable a la disputa,

expedimos el auto solicitado y revocamos las determinaciones

recurridas.

      Al entender sobre el contenido del expediente que nos ocupa,

así como sobre las incidencias acontecidas durante el trámite en

controversia,    según   constatadas     en     la     regrabación    de   los

procedimientos,    no    podemos    sino      concluir    que   el    ejercicio

adjudicativo impugnado, en efecto, es uno errado. Una cuidadosa

consideración de las instancias procesales acontecidas desde que se

presentaron los pliegos acusatorios en contra de los recurridos,

hasta la fecha pautada para el inicio del juicio en disputa, permite

entrever que, la dilación del término de juicio rápido advertida por
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los recurridos no obedeció sólo a causas imputables al Ministerio

Público. Veamos.

       Luego de suspendido un primer señalamiento de juicio, el

Tribunal de Primera Instancia calendarizó la celebración posterior

de dos (2) vistas sobre el estado de los procedimientos. A tenor con

las Minutas pertinentes y la regrabación de los procedimientos que

tuvimos a nuestro haber examinar, surgen ciertas incidencias que

claramente revelan acciones afirmativas atribuibles a los recurridos

que afectaron la ejecución idónea del derecho a juicio rápido dentro

del plazo de ley dispuesto. En específico, en la vista sobre el estado

de los procedimientos celebrada el 10 de abril de 2023, la defensa

de los recurridos expresamente solicitó que se le extendiera un plazo

de “5 a 10 días”7 para informar si el caso habría de celebrarse por

tribunal de derecho o por jurado. Esta incidencia particular, supuso

una extensión implícita del plazo en disputa, ello a instancias de a

quienes el mismo aprovechaba. Por igual, el referido petitorio

redundó en la necesidad de que se señalara una ulterior vista sobre

el estado de los procedimientos, efectuada el 26 de abril de 2023, a

los únicos fines de que, los recurridos, por conducto de su defensa,

notificaran la determinación correspondiente. Ciertamente, ello

provocó una dilación adicional del término en controversia,

nuevamente atribuible a los recurridos que, en forma alguna, debió

haberse imputado a la gestión del Ministerio Público. Además, esta

incidencia particular, tal cual expone el peticionario en su

comparecencia, reinició el término de ciento veinte (120) días, por lo

que la misma debió acogerse como un nuevo punto de partida para

los términos de juicio rápido.

       De otra parte, precisa destacar que los recurridos, al plantear

la procedencia de la desestimación al amparo de los términos de la

7 Véase: Apéndice, Anejo XV:   Minuta de 10 de abril de 2023, pág. 030.
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Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, se limitaron a

apoyar su solicitud en un mero cálculo matemático del rigor

establecido en la ley. Sin embargo, nada expusieron sobre la

concurrencia de un perjuicio real y específico resultante de la

dilación en los términos de juicio rápido que hubiese lesionado sus

derechos dentro de los trece (13) días advertidos en exceso. En este

sentido, precisa destacar que, en los dictámenes que nos ocupan, el

Juzgador expresamente hizo constar que los recurridos no sufrieron

perjuicio alguno. Ello, unido al hecho indudable de que fueron estos

quienes dilataron los procedimientos al solicitar término cierto para

decidir cómo habría de celebrarse el juicio, debió haber movido el

criterio del foro primario para validar la demora en la celebración del

juicio correspondiente. A esto, a su vez, se le debió sumar el hecho

de que el exceso de días en controversia era uno mínimo.

      Tal cual esbozáramos, si bien el derecho a juicio rápido es de

carácter fundamental, el mismo no es absoluto. Su carácter flexible

permite conciliar la letra de la ley con las circunstancias particulares

de cada caso, todo a los fines de que, en la determinación de que

trate, prevalezca la más adecuada y justa conciliación de los

derechos involucrados. En el caso de autos, el Tribunal de Primera

Instancia tenía ante sí un claro escenario sobre una demora en los

términos, atribuible a los recurridos. Por tanto, el más correcto

quehacer adjudicativo le exigía considerar esa circunstancia y

proveer para la continuación de los procedimientos, conforme lo

reconocido en el ordenamiento jurídico. Así pues, toda vez que el

foro de origen erró en la interpretación y aplicación del derecho

atinente a la materia que nos ocupa, expedimos el auto solicitado y

dejamos sin efecto lo resuelto.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de

certiorari solicitado y se revocan las determinaciones recurridas. Se
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ordena la restitución de los cargos y la continuación de los

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones