Court Opinion

ID: 9554673
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:15:39.077243+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:20.810054
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL I

HIRAM TORRES MONTALVO,                       Apelación
  en su carácter de                          Procedente del
 Secretario Interino                         Tribunal de
 del Departamento de                         Primera
Asuntos del Consumidor                       Instancia, Sala
a Favor del Consumidor                       Superior de San
 EDDIE ÁVILA y BRENDA                        Juan
      MALDONADO             KLAN202300461
                                             Caso Núm.:
 Demandante- Apelados                        SJ2023CV02205
                                             (Salón 907)

            V.                               SOBRE:
                                             Petición de
  EURIBIADES CABRERA                         hacer cumplir
 CASTILLO H/N/C GARAJE                       Orden (DACO-Ley
  LAS PALMAS CABRERA                         Núm. 5 del 23 de
                                             abril de 1973, 3
 Demandados- Apelantes                       LPRA 341E(I))

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos,
el juez Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente

                         SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      Comparece el apelante, Euribiades Cabreras Castillo

h/n/c Garaje Las Palmas, mediante recurso de Apelación

presentado el 25 de mayo de 2023, y solicita la revisión

de la Sentencia dictada el 25 de abril de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).

Mediante    el   referido   dictamen,   el   TPI   ordenó    el

cumplimiento de una Resolución administrativa en la cual

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) impuso

el pago de $14,553.81 por la reparación de un vehículo

de motor; más $9,006.05 en daños. Además, ordenó pagar

$3,000 en honorarios de abogado y $1,150 por el perito

utilizado en la presente reclamación.

      Evaluado el recurso ante nuestra consideración y el

alegato en oposición, a la luz del derecho aplicable y

Número Identificador
SEN2023_______________
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por   los    fundamentos       que    explicamos        a    continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                      I.

      Según surge del expediente, el 10 de marzo de 2022,

el DACo presentó una Petición para Hacer Cumplir Orden

contra el Apelante. La agencia alegó que adjudicó la

Querella Número SAN-2021-0010174 el 4 de noviembre de

2022 y, a pesar de ésta advenir final y firme, el

Apelante no cumplió con lo ordenado en dicho dictamen.

En    consecuencia,       le       solicitó       al   TPI   que   dictara

sentencia        para   ordenar      el    fiel    cumplimiento     de    la

Resolución administrativa del DACo. Asimismo, la agencia

solicitó     que    le   impusiera         al   Apelante      el   pago   de

honorarios de abogado bajo apercibimiento de desacato.1

      La Resolución que el DACo interesa poner en vigor

concluyó que el Apelante incumplió con un contrato de

arrendamiento de servicios suscrito con los querellantes

Brenda Maldonado y Eddie Ávila. Por ello, el DACo le

ordenó      al    Apelante     a     pagarle       a   los    querellantes

$14,553.81 por la reparación de un vehículo de motor y

$9,006.05 en daños. Además, le ordenó pagar $3,000 en

honorarios de abogado y $1,150 por el perito utilizado

en la presente reclamación.2

      El 10 de marzo de 2023, el TPI emitió una Orden de

Mostrar Causa por la cual no debía dictarse sentencia

contra el Apelante para ordenar el cumplimiento de la

Resolución emitida por el DACo.3

      El 3 de abril de 2023, el Apelante presentó una

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Remedio.

Alegó, que la Resolución del DACo no le fue debidamente

1 Recurso de apelación, Anejo 1, págs. 1-2.
2 Íd., págs. 5-15.
3 Recurso de apelación, Anejo 2, pág. 17.
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notificada, pues la agencia no cumplió con las Secciones

3.2 y 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA secs. 9642

y 9655. Específicamente sostuvo que:

            […] cuando se envió la notificación por
            correo electrónico en este caso, según
            surge del documento sometido por la
            propia parte peticionaria en la entrada
            número 1 de SUMAC (véase anejo) puede
            observarse que la notificación viene de
            Microsoft Outlook y con el nombre de
            Viviana Lebrón Rivera. En ninguna parte
            de la notificación se hace referencia al
            Departamento de Asuntos del Consumidor o
            DACO, por tanto, la misma no es adecuada
            ya que adolece de lo más obvio e
            importante;   informar  que   la   misma
            proviene de DACO.4

      El 17 de abril de 2023, el DACo presentó una Moción

en Cumplimiento de Orden.         Alegó, que cumplió con la

normativa       aplicable   a   las   notificaciones     en   los

procedimientos administrativos pues:

            3. … la resolución fue a las partes y los
            abogados, y en la certificación y
            notificación de la resolución se incluyó
            el nombre de las partes y sus abogados y
            sus respectivos correos electrónicos.
            Igualmente, los apercibimientos en la
            resolución   sobre   los    procesos    de
            reconsideración    y   revisión     fueron
            incluidos    conforme     la    Ley     de
            Procedimientos            Administrativos
            Uniformes.

            4. […]

            5. El documento de notificación, a través
            de la Jueza Administrativa Lilliana M.
            Lebrón Rivera, tiene el anejo referente
            a la resolución de la Agencia en caso
            número SAN-2021-10174 y la constancia de
            que fue notificada a las partes y
            abogados:          eddiehavila@gmail.com;
            epololaw@gmail.com;                     y
            grajelaspalmas@gmail.com.

            6. Así también, el certifico de la
            notificación de la resolución especifica
            a las partes y abogados y los correos
            electrónicos a los que fueron enviados.5

4 Recurso de apelación, Anejo 3, pág. 20. Véase, además, Anejo 1,
pág. 3.
5 Recurso de apelación, Anejo 4, pág. 22.
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        El 18 de abril de 2023, el Apelante replicó. Reiteró

que la notificación de la Resolución administrativa no

fue adecuada porque no se hizo referencia al DACo, sino

a Viviana Lebrón Rivera. Añadió, que “[u]na persona no

viene obligada a abrir todos sus correos electrónicos,

sobre todo cuando recibe cientos al día, como sucede en

los negocios como el de la parte peticionada, que recibe

muchos anuncios, promociones, “spam”, etc. Es por tal

razón, que la notificación sobre el remitente debe ser

adecuada en informar al destinatario que se trata de una

notificación del DACO”.6 Por último, sostuvo que el DACo

no controvirtió su planteamiento ya que “la única manera

de ver un anejo en un correo electrónico es abriéndolo,

lo que recae precisamente sobre nuestro planteamiento de

que     la    parte   peticionada     no   va    a   abrir    un   correo

electrónico que no reconoce su procedencia.7

        El 25 de abril de 2023, el TPI celebró una vista

evidenciaria          a   la    que   comparecieron          las   partes

representadas por sus respectivos abogados. En la misma,

las partes estipularon la siguiente prueba documental

anunciada por el DACo: 1) Resolución de 4 de noviembre

de 2022 y su notificación de resolución; 2) Correo

electrónico de 4 de noviembre de 2022 de Viviana Lebrón

Rivera bajo el asunto SAN-2021-0010174 con anejo de

resolución y moción informativa conforme a la Sección

3.02     de   LPAU    a   los   siguientes      correo   electrónicos:

eddiehavila@gmail.com,                           epololaw@gmail.com,

garagelaspalmas@gmail.com; 3) Acuse de recibo generado

por el sistema de Microsoft Outlook el 4 de noviembre de

2022 del correo electrónico previo a los siguientes

6   Recurso de apelación, Anejo 5, pág. 24.
7   Íd.
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correos          electrónicos:      eddiehavila@gmail.com,

epololaw@gmail.com,       garagelaspalmas@gmail.com;     4)

Certificación de la Directora Regional del DACo de San

Juan, Lcda. Mildred López Pérez de 24 de abril de 2023,

en la Querella número SAN-2021-0010174, referente a los

Anejos 1, 2 y 3; y 5) Declaración jurada del Oficial

Principal de Informática del DACo, Sr. Efraín Huerta

Muñiz de 24 de abril de 2023, referente a los Anejos 2

y 3. Por su parte, el Apelante no presentó ningún testigo

o prueba documental.

      Evaluada la prueba documental estipulada, el TPI

dictó la Sentencia apelada. En su dictamen, el TPI hizo

las siguientes determinaciones de hechos:

            1.   El 1 de diciembre de 2021, Eddie
                 Ávila y Brenda Maldonado (“parte
                 querellante”) radicaron en el DACO la
                 querella núm. SAN-2021-0010174 en
                 contra de Euribides Cabreras Castillo
                 h/n/c Garaje Las Palmas Cabrera II
                 (“parte    querellada”    o    “parte
                 peticionada”),     sobre     alegados
                 servicios    prestados   de    manera
                 defectuosa.

            2.   Luego de varios trámites procesales,
                 el 12 de septiembre de 2022 se
                 celebró una vista administrativa a la
                 cual   comparecieron    las   partes,
                 incluyendo la parte peticionada por
                 derecho propio.

            3.   Dicha   [vista]  administrativa   se
                 celebró ante la Jueza Administrativa
                 del DACO, Lcda. Viviana M. Lebrón
                 Rivera.

            4.   El 4 de noviembre de 2022 se archivó
                 en autos copia de la Resolución final
                 del DACO, emitida por la mencionada
                 Jueza   Administrativa,    licenciada
                 Lebrón Rivera.

            5.   La dirección electrónica oficial de
                 la Jueza Administrativa del DACO,
                 licenciada    Lebrón   Rivera,   es
                 vlebron@daco.pr.gov.

            6.   La licenciada Lebrón Rivera certificó
                 que notificó la mencionada Resolución
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                 a las partes, incluyendo a la parte
                 querellada     a    su     dirección
                 electrónica:
                 garajelaspalmas@gmail.com.

            7.   El DACO, por conducto del correo
                 electrónico oficial de la Jueza
                 Administrativa,   licenciada   Lebrón
                 Rivera, en efecto notificó dicha
                 Resolución a las partes, incluyendo a
                 la parte peticionada, el 4 de
                 noviembre de 2022.

            8.   Del   propio    cuerpo    del    correo
                 electrónico     remitido     por     la
                 licenciada Lebrón Rivera se desprende
                 claramente    que    ésta     es    una
                 comunicación    oficial    del    DACO,
                 emitida y notificada por la Jueza
                 Administrativa de dicha agencia que
                 tenía asignado el caso y que presidió
                 la vista administrativa el 12 de
                 septiembre de 2022, a la cual había
                 comparecido la parte peticionada.
                 Además, dicho correo electrónico
                 notifica claramente que su subject es
                 el número del caso ante la agencia a
                 la cual se anejó una resolución y
                 orden administrativa.

            9.   Es un hecho incontrovertido, pues así
                 lo admitió dicha parte en la vista de
                 mostrar   causa,    que   el   correo
                 electrónico de [la] parte peticionada
                 en        este        caso        es:
                 garajelaspalmas@.gmail.com.

            10. Es   un   hecho  incontrovertido   -e
                incluso      admitido      por     la
                representación legal de la parte
                peticionada-     que     el    correo
                electrónico mediante el cual el DACO
                notificó como anejo la resolución
                emitida por la Jueza Administrativa
                del DACO, licenciada Lebrón Rivera,
                fue    recibido   en   la   dirección
                electrónica de dicha parte.

            11. El   correo    electrónico   con   la
                Resolución anejada que fue enviado a
                la parte querellada no fue devuelto
                al servicio de correo electrónico del
                DACO (y de su Jueza Administrativa,
                licenciada Lebrón Rivera), a saber,
                Microsoft Outlook (ni tampoco fue
                rechazado por el servicio de correo
                electrónico de la parte peticionada:
                Gmail). Ello fue certificado tanto
                por la Juez Administrativa como por
                la Directora Regional y el Oficial
                Principal de Informática del DACO.
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                    (Énfasis nuestro)      (Notas     al    calce
                    omitidas).8

        Conforme tales determinaciones, el TPI concluyó que

la notificación electrónica que recibió el Apelante fue

adecuada y oportuna. En consecuencia, declaró ha lugar

la Petición para Hacer Cumplir Orden presentada por el

DACo.     En    particular,       ordenó   al   Apelante     a   pagar

$14,553.81 por la reparación del vehículo de motor,

$9,006.05 en daños, $3,000 en honorarios de abogado y

$1,150      por     el   perito     utilizado    en    la     presente

reclamación.

        Inconforme con dicha determinación, el Apelante

presentó el recurso de epígrafe. Alega que el TPI cometió

los siguientes errores:

               1.   Erró el TPI al determinar que la
                    notificación hecha por el DACo fue
                    adecuada a pesar de que la propia
                    evidencia   presentada  por   DACo
                    demuestra lo contrario.

               2.   Erró el TPI al no aplicar el
                    Reglamento 8034 del DACo, cuando este
                    concede garantías mayores a la parte
                    adversamente    afectada    por    la
                    resolución dictada que las garantías
                    mínimas establecidas por la Ley de
                    Procedimiento Adjudicativo Uniforme
                    (LPAU).

               3.   Erró el TPI al colocar el peso de la
                    prueba sobre la parte apelante,
                    requiriéndole demostrara que el DACo
                    no notificó adecuadamente cuando la
                    Ley y Reglamento requieren que sea la
                    agencia quien notifique cumpliendo
                    con las garantías mínimas procesales.

        Contando con la comparecencia del DACo, en el que

sostiene       la    corrección      del    dictamen        recurrido,

procedemos a resolver la controversia en virtud del

derecho aplicable.

                                   II.

8   Recurso de apelación, Apéndice, Sentencia, págs. 30-31.
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      El procedimiento adjudicativo administrativo debe

ceñirse a las garantías mínimas del debido proceso de

ley, conforme al interés involucrado y a la naturaleza

del procedimiento que se trate. Álamo Romero v. Adm. de

Corrección, 175 DPR 314, 329, 330 (2009); López Vives v.

Policía de P.R., 118 DPR 219, 231 (1987).

      Todo procedimiento adversativo debe cumplir con

unos requisitos básicos para satisfacer las exigencias

del   debido    proceso,      a    saber:   (1)    una   notificación

adecuada; (2) que el proceso se celebre ante un juez

imparcial; (3) la oportunidad de ser oído y defenderse;

(4) el derecho a contrainterrogar a los testigos y a

examinar evidencia presentada en su contra; (5) contar

con la asistencia de un abogado; y (6) que la decisión

se base en el récord. Véase, Vázquez González v. Mun.

San   Juan,     178    DPR    636,   643    (2010);      Hernández   v.

Secretario,      164    DPR       390,   395-396    (2005);    Rivera

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889

(1993). Cónsono con lo anterior, la Sección 3.1(a) de la

Ley Núm. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU), 3 LPRA sec. 9641(a), reconoce las garantías

antes indicadas.

      En cuanto al requisito de notificación en el ámbito

del derecho administrativo, las agencias administrativas

están obligadas a notificar adecuadamente los dictámenes

emitidos en los procedimientos administrativos. Román

Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947, 954 (2020). En particular,

la Sección 3.14 de la LPAU, establece lo siguiente:

            La agencia deberá notificar con copia
            simple por correo ordinario o electrónico
            a las partes, y a sus abogados de
            tenerlos, la orden o resolución a la
            brevedad posible, y deberá archivar en
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            autos copia de la orden o resolución
            final   y  de   la   constancia   de   la
            notificación. Una parte no podrá ser
            requerida a cumplir con una orden final
            a menos que dicha parte haya sido
            notificada de la misma. 3 LPRA sec. 9654.
            (Énfasis nuestro).

      Por su parte, la Regla 7(b) del Reglamento Núm.

8034 del 14 de junio de 2011, conocido como Reglamento

de Procedimientos Adjudicativos del DACo (Reglamento

8034),   dispone   que    la    dirección     “que   obre    en   el

expediente      será     la      dirección        para      recibir

notificaciones,    entendiéndose        que      cumple     con   la

notificación establecida en el ordenamiento jurídico”.

(Énfasis   nuestro).     En    cuanto   a   la   notificación     de

escritos, la Regla 28 del Reglamento 8034 establece lo

siguiente:

            Regla 28 – Notificación de Escritos.

            28.1. Toda parte que radique un escrito
            ante el Departamento vendrá obligada a
            notificarlo de inmediato a las demás
            partes que hayan comparecido en el
            procedimiento administrativo.

            Toda notificación se llevará a cabo
            mediante el envío de una copia del
            escrito por correo a las partes o sus
            representantes,    a   las    direcciones
            postales   que   hayan   informado.    La
            notificación   por   correo   puede   ser
            sustituida por notificación personal o
            por transmisión electrónica, digital
            mediante correo electrónico y tele-
            copiador (fax) cuando así las partes lo
            soliciten por escrito y el Departamento
            tenga los recursos disponibles.        El
            Departamento vendrá obligado a notificar
            toda orden, resolución u otra actuación
            oficial a todas las partes que hayan
            comparecido    en    el     procedimiento
            administrativo. (Énfasis nuestro).

                               III.

      En síntesis, el Apelante alega que la notificación

de la Resolución administrativa no fue adecuada porque

provino de Viviana Lebrón Rivera y “no apercibe a la

parte querellada de que la misma es una notificación
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oficial del DACO”. Contrario a lo planteado por el

Apelante, concluimos que el DACO notificó adecuadamente

la Resolución administrativa. Veamos.

        Según señalamos, a los fines de dirimir la presente

controversia, el 25 de abril de 2023, el TPI celebró una

vista evidenciaria. En la misma, las partes estipularon

4 documentos que se hicieron formar parte del récord y

que apoyan todas las determinaciones de la Sentencia

apelada, entre estos: el Acuse de recibo generado por el

sistema de Microsoft Outlook el 4 de noviembre de 2022.9

En dicho documento surge el nombre de Viviana Lebrón

Rivera, Jueza Administrativa del DACO quien presidió la

vista administrativa del 12 de septiembre de 2022, y en

su Subject se indica claramente el número SAN-2021-

10174, que es el número del caso ante la agencia.

        Además, surge de los hechos determinados en la

Sentencia       que   el     Apelante      compareció     a   la   vista

administrativa         que      se    celebró      ante       la   Jueza

Administrativa del DACo, Lcda. Viviana Lebrón Rivera.

Por tal razón, es razonable concluir que el Apelante

debía saber que la remitente del recibo generado por el

sistema de Microsoft Outlook el 4 de noviembre de 2022,

Viviana      Lebrón    Rivera,       era    precisamente      la   Jueza

Administrativa        que     presidió     la   vista   administrativa

sobre la querella presentada contra el Apelante.

        Debemos destacar también que el Apelante incluso

admitió que recibió la notificación de la Resolución

administrativa mediante correo electrónico, y que dicho

hecho no estaba en controversia. Así pues, es razonable

9   Véase, Anejo 1, pág. 3.
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concluir que el Apelante fue notificado de la Resolución

emitida por el DACo.

      Finalmente,     si   el   Apelante   no    consintió   a   ser

notificado de los escritos mediante correo electrónico

debió alertar oportunamente al DACo al respecto.                 No

obstante, como bien advirtió el DACo en su Sentencia, el

Apelante no hizo el planteamiento ante la agencia, por

lo que nada impedía que fuera notificado de la Resolución

Administrativa      al   correo    electrónico    que   surge    del

expediente administrativo.

      En vista de lo anterior, no encontramos razón que

justifique nuestra intervención con la determinación

apelada, por lo que debe confirmarse.

                                  IV.

      Por    los   fundamentos     expuestos,    se   confirma   la

Sentencia apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones