Court Opinion

ID: 9941459
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:04.870239+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:41.830979
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL III

      JORGE RODRÍGUEZ                      Certiorari
      VALENTÍN Y MUNA                      procedente del
   CONCEPCIÓN VEGA, POR                    Tribunal de
  SÍ Y EN REPRESENTACIÓN                   Primera
   DE LA SOCIEDAD LEGAL                    Instancia, Sala
                                           Superior de
      DE GANANCIALES
                                           Bayamón
   COMPUESTA POR AMBOS
                                           Caso núm.:
         Recurridos                        BY2023CV02953
                                           consolidado con
                                           BY2023CV02954
              v.
                                           Sobre:
                                           Sentencia
                                           Declaratoria;
  MUNICIPIO AUTÓNOMO DE                    Orden de Cese y
   CATAÑO, REPRESENTADO                    Desista
    POR EL HON. JULIO                      Permanente
     ALICEA VASALLO;
    HON. JULIO ALICEA
  VASALLO, POR SÍ; Y A Y
            B

        Peticionario
                           KLCE202301429

  ERASTO PELATI NUÑEZ Y
    GRISELLE GONZÁLEZ
  CARMONA, POR SÍ Y EN
  REPRESENTACIÓN DE LA
    SOCIEDAD LEGAL DE
  GANANCIALES COMPUESTA
        POR AMBOS

         Recurridos

              v.

  MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
   CATAÑO, REPRESENTADO
    POR EL HON. JULIO
     ALICEA VASALLO;
    HON. JULIO ALICEA
  VASALLO, POR SÍ; Y A Y
            B

        Peticionario

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                         RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

Número Identificador

RES2024_______________
KLCE202301429                                                               2

       Comparecen        el    Municipio    Autónomo        de        Cataño,

Representado       por    el   Hon.    Julio     Alicea    Vasallo,       en

adelante el Municipio; el Hon. Julio Alicea Vasallo, por

sí, en adelante el Alcalde; y otros, en conjunto los

peticionarios. Solicitan que revoquemos la Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Bayamón, en adelante TPI, mediante la cual denegó la

Solicitud de Desestimación presentada por el Municipio.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del auto de certiorari.

                                   -I-

       El señor Jorge Rodríguez Valentín y la señora Muna

Concepción Vega, en adelante el matrimonio Rodríguez

Concepción,1 Erasto Pelati Nuñez y Griselle González

Carmona, en adelante el matrimonio Pelati González,2 en

conjunto los recurridos, presentaron dos demandas contra

el Municipio, sobre sentencia declaratoria y orden de

cese     y    desista    de    forma   permanente.        En     síntesis,

reclamaron que se declare la prolongación de la Calle

San Alberto como calle sin salida y servidumbre de paso

a su favor; se ordene al Alcalde del Municipio cesar de

impedirles el uso de la calle y no construir una acera;

y   se       restituya    el    cierre     que    existía        en    dicha

prolongación.

       Por contener alegaciones sobre hechos similares,

súplicas idénticas y los mismos asuntos de derecho, el

Municipio presentó una Solicitud de Consolidación3 de

ambas demandas, que el TPI declaró ha lugar4.

1 Apéndice de los peticionarios, págs. 4-18.
2 Id., págs. 19-34.
3 Id., págs. 39-45.
4 Id., pág. 139.
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      Posteriormente, los peticionarios presentaron una

Solicitud de Desestimación en la que adujeron que los

recurridos solicitaron una servidumbre de paso sobre la

finca incorrecta y a las partes inadecuadas; que no están

expuestos a un daño real inmediato y claro, porque sus

alegaciones son infundadas e hipotéticas; y que fallan

en articular alegaciones suficientes que justifiquen la

concesión de los remedios solicitados.5

      En desacuerdo, el matrimonio Rodríguez Concepción

presentó una Oposición a Solicitud de Desestimación por

entender que no cumple con los requisitos de la Regla

10.2(5) de Procedimiento Civil.6 Además, reclamaron su

derecho a presentar prueba y argumentaron que tienen una

causa de acción que justifica la concesión de un remedio.

      Con   el   beneficio   de    la    comparecencia     de   ambas

partes,     el   TPI   declaró    no    ha   lugar   la   moción   de

desestimación.7

      Insatisfechos, los peticionarios presentaron una

Solicitud de Reconsideración en la que reiteraron sus

argumentos.8

      A su vez, los recurridos presentaron su Oposición

a Solicitud de Reconsideración.9

      Por su parte, el Municipio presentó una Réplica a

Oposición a “Solicitud de Reconsideración”.10

      Nuevamente, tras evaluar las alegaciones de ambas

partes, el TPI declaró no ha lugar la reconsideración

sobre desestimación.11

5 Id., págs. 49-66.
6 Id., págs. 86-92.
7 Id., págs. 1-2.
8 Id., págs. 140-151.
9 Id., págs. 152-154.
10 Id., págs. 161-171.
11 Id., pág. 3.
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    Aun insatisfechos, los peticionarios presentaron un

Recurso de Certiorari en el que invocan la comisión de

los siguientes errores:

    ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
    SUPERIOR DE BAYAMÓN, AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN Y
    NO SEGUIR EL MANDATO DE LA REGLA 10.2 DE
    PROCEDIMIENTO CIVIL, AL NO ATENDER LA SOLICITUD DE
    DESESTIMACIÓN COMO UNA SOLICITUD DE SENTENCIA
    SUMARIA,    Y    CONSECUENTEMENTE,    NO    EMITIR
    DETERMINACIONES DE HECHOS Y DE DERECHO EN LA
    RESOLUCIÓN DENEGANDO LA MISMA, SEGÚN ORDENA LA
    REGLA 36.4 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

    ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRESIÓN EL TRIBUNAL DE
    PRIMERA INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN, AL NO
    DESESTIMAR   LA   DEMANDA   DE    EPÍGRAFE,   SEGÚN
    CONSOLIDADA, AÚN CUANDO CARECE DE TODA ALEGACIÓN
    O HECHOS QUE AMERITEN LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO
    POR SOLICITAR UNA SERVIDUMBRE DE PASO SOBRE UNAS
    FINCAS QUE NO ESTÁN ENCLAVADAS, Y EN LA CUAL SE
    ALEGAN   DAÑOS  ASBTRACTOS   E    HIPOTÉTICOS,   EN
    VIOLACIÓN A LO QUE ESTABLECE LA REGLA 59 DE
    PROCEDIMIENTO    CIVIL    Y    SU    JURSIPRUDENCIA
    INTERPRETATIVA.

    Los    recurridos    no   presentaron    su   alegato     en

oposición a la expedición del auto de certiorari, en el

término establecido en el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones.    Por     tal    razón,   el     recurso       está

perfeccionado y listo para adjudicación.

                              -II-

                               A.

    Como    cuestión    de    umbral,   la   Regla    52.1    de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional    de      las     resoluciones      u    órdenes

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia en los siguientes términos:

    El recurso de certiorari para revisar resoluciones
    u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
    de Primera Instancia, solamente será expedido por
    el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
    una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
    este apéndice o de la denegatoria de una moción de
    carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
    a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
    Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
    interlocutorias dictadas por el Tribunal de
    Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
    sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
    peritos    esenciales,    asuntos    relativos   a
    privilegios    evidenciarios,     anotaciones   de
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      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
      casos que revistan interés público o en cualquier
      otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia[…].12

                                 1.

     Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio      determinar       si        procede      revisar    la

determinación interlocutoria recurrida.

      A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior.13 Distinto al recurso

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por   tratarse      de    ordinario    de   asuntos

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.14

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
          criterios al determinar la expedición de un
          auto de certiorari o de una orden de mostrar
          causa:

      A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
           son contrarios a derecho.

      B.   Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

      C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
           craso y manifiesto en la apreciación de la
           prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

12 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
13  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
14 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v.
Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
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       D.   Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los
            cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
            elaborados.

       E.   Si la etapa del procedimiento en que se
            presenta el caso es la más propicia para su
            consideración.

       F.   Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa no causan un fraccionamiento
            indebido del pleito y una dilación indeseable
            en la solución final del litigio.

       G.   Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa evita un fracaso de la
            justicia.15

                                  B.

       La desestimación es un pronunciamiento judicial que

resuelve     el   pleito     de   forma   desfavorable    para    el

demandante sin celebrar un juicio en su fondo.16 Cónsono

con dicho propósito, la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil permite a un demandado presentar una moción antes

de presentar su contestación a la demanda, solicitando

que se desestime la misma.17 Específicamente, la Regla

10.2   reconoce    varios     supuestos    bajo    los   cuales   es

posible solicitar una desestimación, a saber:

       … (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2)
       falta de jurisdicción sobre la persona; (3)
       insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia
       del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar
       de exponer una reclamación que justifique la
       concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una
       parte indispensable.18

       Al   solicitar   la    desestimación,      “los   tribunales

vienen obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos

de la forma más favorable a la parte demandante”.19 En

15 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
16  Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico
Derecho Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis (2017),
sec. 3901, pág. 411; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247
(2022).
17 Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305; 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra.
18 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
19 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); González

Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera
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consecuencia,      nuestro    ordenamiento       procesal           civil

permite al demandado solicitar la desestimación de la

reclamación cuando de las alegaciones de la demanda es

evidente    que    alguna    de    las   defensas          afirmativas

prosperará.20

      Finalmente, ante una solicitud de desestimación, el

tribunal deberá identificar los elementos que establecen

la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes

que no pueden presumirse como ciertas.21 Así pues, para

prevalecer, el demandado deberá probar que el demandante

no tiene derecho a remedio alguno, aun interpretando la

demanda de la manera más liberal a su favor.22

                              -III-

      Por   tratarse    de   la   denegatoria        de    una   moción

dispositiva, debemos atender el recurso ante nuestra

consideración. Veamos.

      Los   peticionarios     aducen,    que    contrario        a    las

Reglas 10.2 y 36.4 de Procedimiento Civil, el TPI no

incluyó determinaciones de hecho y derecho, admitió

hechos impertinentes y acogió alegaciones concluyentes.

Del mismo modo, arguyen que los derechos de acceso y

disfrute de los recurridos sobre su propiedad no se han

afectado, modificado o alterado. En su opinión, estos no

pueden establecer que adquirieron la servidumbre sobre

la   prolongación       de   la    Calle       San        Alberto     por

Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). Véase,
además, Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, 2023 TSPR 5,
211 DPR __ (2023).
20 Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020); Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).
21 Véase, Hernández Colón, op. cit., sec. 2604, pág. 307; Ashcroft

v. Iqbal, 556 US 662 (2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US
544 (2007).
22 López García v. López García, supra; SLG Sierra v. Rodríguez, 163

DPR 738, 746 (2005). Véase, además, Cobra Acquisitions, LLC v. Mun.
Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022).
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prescripción, porque no han alegado la fecha desde que

existe la servidumbre de paso.

     Ahora    bien,    luego   de     examinar   atentamente   el

expediente, consideramos que tanto el remedio como la

disposición de la resolución recurrida son conformes al

derecho procesal vigente. Regla 40(A) del Reglamento del

Tribunal     de   Apelaciones,      supra.   Además,   la   etapa

procesal en que se presenta el caso no es la más propicia

para su consideración. Regla 40(E) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra.

     Finalmente, no existe ningún otro fundamento al

amparo de la Regla 40 de nuestro reglamento, supra, que

justifique la expedición del auto.

                               -IV-

     Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del auto de certiorari.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones