Court Opinion

ID: 9962680
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:41:42.15513+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:24.186884
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL1

      EDAN RIVERA                                 Apelación
    RODRÍGUEZ, en su                              Procedente del
 carácter de Secretario del                       Tribunal de Primera
  DEPARTAMENTO DEL                                Instancia, Sala
 CONSUMIDOR Y OTROS                               Superior de
                                                  Caguas
           Apelada
                               KLAN202400238      Caso Núm.:
                                                  CG2022CV03569
              V.                                  (Sala 701)

                                                  Sobre:
    OFFICE 360 LLC                                Petición para hacer
        H/N/C                                     cumplir orden.
 CAGUAS SENIOR LIVING

          Apelante

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos la parte apelante, Office 360 LLC H/N/C

Caguas Senior Living (en adelante, Caguas Senior Living), mediante

un recurso de Apelación y nos solicita que revisemos la Sentencia

emitida el 7 de febrero de 2024 y notificada el 9 de febrero de 2024

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en

adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró “Con Lugar”

la petición para hacer cumplir la Resolución y Orden presentada por

la parte apelada, Departamento de Asuntos del Consumidor (en

adelante, DACo), contra Caguas Senior Living. En este dictamen, el

TPI ordenó a Caguas Senior Living pagarle a la parte querellante,

Norma I. Lizardi Del Valle (en adelante, Sra. Lizardi Del Valle), la

cantidad de $1,666.66 con el interés legal que fija la ley.

1 OAJP2021-086.

Número Identificador

SEN2024 _________
KLAN202400238                                                      2

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                         -I-

       Según surge del expediente, el 3 de junio de 2022, la Sra.

Lizardi Del Valle presentó la Querella Núm. CAG-2022-0003235

ante el DACo en contra de Caguas Senior Living.2 En síntesis, la Sra.

Lizardi Del Valle solicitó la devolución de $2,000.00 pagados al

hogar de cuido de adultos mayores, Caguas Senior Living, por

concepto de cuido de su esposo durante el periodo del 17 de mayo

de 2022 al 17 de junio de 2022.

       Luego de varios trámites procesales, se celebró la vista

administrativa y, finalmente, el 26 de agosto de 2022, el DACo emitió

y notificó una Resolución declarando “Con Lugar” la Querella Núm.

CAG-2022-0003235.3 En su dictamen, el DACo formuló, a base de

la prueba presentada por las partes durante la vista, las

determinaciones de hechos siguientes:

   1. El Querellado es una corporación con fines de lucro,
      inscrita bajo las Leyes del Estado Libre Asociado,
      registrada bajo el n[ú]mero 414263 ante el
      Departamento del Estado. El Querellado opera un
      centro de cuido para personas de edad avanzada
      conocido como Caguas Senior Living.

   2. La Querellante es ama de casa y residente de Caguas,
      Puerto Rico. La Querellante está casada con el señor
      Benito Rodríguez, quien es mayor de edad y tiene un
      diagnóstico de Alzheimer.

   3. Ante la condición de salud y los cuidos continuos que
      requiere el señor Benito Rodríguez, la Querellante
      decidió buscar un centro de cuido para su esposo. En
      vista de ello contactó al Querellado.

   4. El centro de cuido que opera el Querellado se encuentra
      cerca de la residencia de la Querellante, por lo que le
      resultó de gran agrado a esta, para así poder visitar y
      atender con mayor facilidad a su esposo, el señor Benito
      Rodríguez.

   5. El 17 de mayo de 2022 la Querellante acudió al centro
      de cuido para orientarse y contratar los servicios de
      este. En esa misma fecha firmó un “Compromiso de

2 Apéndice del Certiorari, pág. 3 del caso KLCE202301112.
3 Apéndice del Certiorari, págs. 3-12 del caso KLCE202301112.
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     Pago y Acuerdos de Términos de Condiciones” (en lo
     suceso el “Contrato”). Surge del Contrato lo siguiente:

        “[…]
         Me comprometo a cumplir con el pago acordado
         los días 17 de cada mes a partir del 17 de mayo
         de 2022, por la cantidad de $2,000.00
         mensuales.

         […] Bajo ningún concepto se regresará,
        devolverá o reembolsará dinero correspondiente
        al pago mensual una vez iniciados los servicios
        mensuales o que sean asignados para separar o
        reservar algún espacio para residente.
         […]”

  6. En la misma fecha del 17 de mayo de 2022 la
     Querellante pagó al Querellado la cantidad de dos mil
     dólares ($2,000.00), correspondiente a la mensualidad
     de 17 de mayo de 2022 al 17 de junio de 2022. A la
     Querellante no se le requirió el pago de cuota o fianza
     alguna para reservación de espacio.

  7. Al concluir los procesos de contratación y autorización,
     la Querellante procedió a ingresar a su esposo, el señor
     Benito Rodríguez, en el centro de cuido del Querellado.

  8. El sábado, 21 de mayo de 2022 personal del Querellado
     se comunicó con la Querellante para informarle que
     deseaban reunirse con esta para discutir un suceso
     ocurrido con el señor Benito Rodríguez. En esa misma
     fecha la Querellante se personó al centro de cuido.

  9. Una vez llegó al centro de cuido, la Querellante fue
     recibida por personal del Querellado y se le informó de
     un suceso en el que el señor Benito Rodríguez había
     presentado cambios en el comportamiento con su
     compañero de cuarto. Por lo que se le trasladó a un
     cuarto privado[.] Estando en dicho cuarto, en un
     aparente estado de ansiedad, se evacuó y “ensuci[ó]” las
     paredes y a su persona. Además, arrojó contra la pared
     varios recipientes de bebidas suplementarias que se
     encontraban en el cuarto.

  10. Cuando la Querellante llegó al centro de cuido, el señor
     Benito Rodríguez se encontraba evacuado y solo en el
     cuarto, personal del Querellado aún no había atendido
     la situación.   A la Querellante le sorprendió este
     comportamiento de su esposo, toda vez que nunca lo
     había presentado.

  11. Personal del Querellado orientó a la Querellante sobre
     posibles servicios individualizados para el señor Benito
     Rodríguez. No obstante, este suceso motiv[ó] a que la
     Querellante determinara llevarse al señor Benito
     Rodríguez del centro de cuido del Querellado. La
     Querellante además solicitó al Querellado en ese
     momento la devolución de los medicamentos y
     pertenencias del señor Benito Rodríguez.
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   12. Ante la ausencia del señor Jesús Gálvez Orozco, las
      pertenencias y medicamentos del señor [Benito]
      Rodríguez fueron entregadas a la Querellante
      posteriormente por medio de uno de los hijos de la
      Querellante.

   13. El señor Benito Rodríguez estuvo ingresado en el
      centro de cuido durante cinco (5) días. En este tiempo
      se le brindó el servicio contratado. La Querellante
      llamaba a diario y no surge alguna reclamación o
      alegación del servicio durante dichas fechas, adicional
      al evento del 21 de mayo de 2022.

   14. Posteriormente[,] el sábado 21 de mayo de 2022, la
      Querellante presentó Querella ante el Departamento de
      la Familia. Esta Querella motiv[ó] varias investigaciones
      por parte de la Agencia y la Oficina Estatal del
      Procurador de Cuidado de Larga Duración. Como
      resultado de dichas investigaciones no se encontró
      ningún mal manejo o asunto relacionado a maltrato.

   15. El 3 de junio de 2022 la Querellante presentó Querella
      ante este Departamento en la que solicitó la devolución
      de los dos mil dólares ($2,000) pagados en concepto de
      mensualidad de cuido al Querellado.

       Finalmente, el DACo declaró “Con Lugar” la querella y, en

consecuencia, le ordenó a Caguas Senior Living el pago de $1,666.66

a la Sra. Lizardi Del Valle en un término de quince (15) días,

contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución.

       Transcurrido dicho término, el DACo recurrió ante el TPI el 24

de octubre de 2022 mediante un recurso de Petición para Hacer

Cumplir Orden al amparo de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,

según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento

de Asuntos del Consumidor”, 3 LPRA sec. 341 et seq. En su petición,

el DACo alegó que Caguas Senior Living había incumplido con lo

ordenado en la Resolución del 26 de agosto de 2022, por lo que

solicitó que se emitiera un dictamen ordenando su cumplimiento

bajo apercibimiento de desacato.4

       Luego de varios trámites procesales, el 23 de febrero de 2023,

Caguas Senior Living presentó una Moción de Desestimación.5 En

síntesis, Caguas Senior Living alegó que el TPI carecía de

4 Apéndice del Certiorari, págs. 1-2 del caso KLCE202301112.
5 Apéndice del Certiorari, págs. 16-20 del caso KLCE202301112.
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jurisdicción para atender el recurso presentado por el DACo. Según

su contención, mediante la Resolución de 26 de agosto de 2022 el

DACo revisó y dejó sin efecto una determinación emitida por el

Departamento de la Familia sin tener jurisdicción para ello, por lo

que dicho dictamen era nulo.

       El 27 de febrero de 2023, el DACo presentó una Oposición a

Solicitud de Desestimación.6 En síntesis, el DACo alegó que Caguas

Senior Living estaba induciendo a error al TPI al alegar que mediante

la Resolución de 26 de agosto de 2022 se había revisado y dejado sin

efecto una determinación del Departamento de la Familia; que se

trataba de casos y reclamaciones distintas; y que de ninguna

manera el DACo había interferido con la determinación del

Departamento de la Familia. Según explicó, esta última se emitió a

debido a un referido de alegaciones de maltrato institucional que

presentó la Sra. Lizardi Del Valle el 21 de mayo de 2022 en contra

de Caguas Senior Living ante el Departamento de la Familia.

       El 31 de agosto de 2023, notificada el 8 de septiembre de

2023, el TPI emitió una Resolución declarando “Sin Lugar” la Moción

de Desestimación presentada por Caguas Senior Living.7 En su

dictamen, el TPI concluyó lo siguiente:

       “[…] COINCIDIMOS CON LO EXPUESTO POR LA
       PETICIONARIA[,] DACO[,] QUE SU QUERELLA Y
       RESOLUCIÓN      TRATAN    DE  UN     ASUNTO
       COMPLETAMENTE DISTINTO QUE EL DILUCIDADO
       ANTE EL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA […].”

       Así las cosas, Caguas Senior Living acudió ante nos el 10 de

octubre de 2023 mediante recurso de Certiorari, en el que señaló la

comisión del error siguiente: “Erró el Tribunal de Primera Instancia

al asumir jurisdicción donde no tiene, ya que el DACO no la ten[í]a.”

El 23 de octubre de 2023, el DACo presentó su Oposición a

Certiorari.

6 Apéndice del Certiorari, págs. 21-39 del caso KLCE202301112.
7 Apéndice del Certiorari, pág. 40 del caso KLCE202301112.
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       El 30 de octubre de 2023, denegamos la expedición del

recurso de Certiorari.8 En esa ocasión señalamos: “A todas luces la

determinación del DACo no es nula ni contraria a derecho como se

alega y advino final y firme por lo cual se puede solicitar al tribunal

por DACo una acción en cumplimiento de orden.” Surge del

expediente que el 13 de noviembre de 2023, Caguas Senior Living

presentó Reconsideración ante este tribunal la cual fue declarada

“No Ha Lugar” el 16 de noviembre de 2023.9

       Finalmente, el 7 de febrero de 2024, el TPI dictó una

Sentencia, notificada el 9 de febrero de 2024, en la que declaró “Con

Lugar” la petición del DACo y ordenó a Caguas Senior Living a pagar

la cantidad de $1,666.66 con interés legal que fija la ley a la Sra.

Lizardi Del Valle.10

       Inconforme con esta determinación, Caguas Senior Living

interpuso el presente recurso de Apelación el 11 de marzo de 2024

ante este foro revisor y señaló la comisión del siguiente error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       ASUMIR JURISDICCI[Ó]N DONDE NO TIENE, YA QUE
       EL DACO NO LA TEN[Í]A.11

       Examinado el recurso y al tenor de la determinación tomada,

prescindimos de la comparecencia de la parte apelada según nos

faculta la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 7(B)(5).

                                       -II-

                                       A.

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal

para considerar y decidir casos o controversias. Yumac Home v.

Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). Véanse, además: Mun.

de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014);

8 Véase KLCE202301112.
9 Véase expediente del caso KLCE202301112.
10 Apéndice de Apelación, págs. 1-2.
11 Nótese que se trata del mismo error planteado en el caso KLCE202301112.
KLAN202400238                                                       7

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio.

Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda,

184 DPR 393, 403 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182

DPR 675, 682 (2011). En toda situación jurídica que se presente

ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el

aspecto jurisdiccional. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191

DPR 228, 233-234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág.

457; Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403. Esto debido a

que los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de

examinar, en primera instancia, su propia jurisdicción. Cordero et

al. v. ARPe et al., supra, pág. 457. De igual manera, corresponde a

los foros adjudicativos evaluar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso ante su consideración. S.L.G. Szendrey-Ramos v.

F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

      Se ha reafirmado que los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos

relacionados con esta son privilegiados y deben atenderse de

manera preferente. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra,

pág. 660. Véanse, también: Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings,

supra, pág. 234; Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457.

Cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso

cuando no haya sido planteado por estas, les corresponde a los

tribunales, como deber ministerial, examinar y evaluar con

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues este incide directamente

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio.

de Hacienda, supra, pág. 123. Véanse, además: Yumac Home v.

Empresas Massó, supra, pág. 103; Constructora Estelar v. Aut. Edif.

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674

(2005).

      Por su parte, “las agencias administrativas solamente pueden

ejercer los poderes que su ley habilitadora expresamente les ha
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otorgado y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo su

encomienda primordial”. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012),

citando a López Nieves v. Méndez Torres, 178 DPR 803 (2010) y

Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203 (2002). Es decir, la

ley es el medio a través del cual el legislador autoriza a las agencias

administrativas a ejercer sus funciones. Íd. Por ello, una agencia no

puede asumir jurisdicción sobre una actividad, materia o conducta

cuando no está claramente autorizada por ley para ello. ASG v. Mun.

San Juan, 168 DPR 337, 346 (2006). “Es decir, ni la necesidad, ni la

utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto en cuanto a

fuente de poder de una agencia administrativa”. DACo v. AFSCME,

supra, citando a Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 (2005). El

consentimiento de las partes tampoco otorga jurisdicción. Asoc. de

Distribuidores vs. Admón. Estabilización, 81 DPR 212, 220 (1959).

Así pues, una agencia actúa ultra vires cuando opera más allá del

poder delegado o la jurisdicción conferida mediante la ley

habilitadora. Pueblo v. Barahona Gaitán, 201 DPR 567, 577 (2018).

                                  B.

      El DACo tiene como propósito primordial “vindicar e

implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias

inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un

control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo”.

Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, supra.

      A fin de poder cumplir con este propósito, el Secretario del

DACo tiene el deber y la facultad de “[a]tender, investigar y resolver

las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes

y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía.”

Artículo 6(c) de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, supra.

      En aras de vindicar eficazmente los derechos de los

consumidores, el DACo “posee una estructura de adjudicación

administrativa con plenos y amplios poderes para adjudicar las
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querellas   ante   su   consideración,   y   conceder   los   remedios

pertinentes conforme a derecho”. Artículo 6(d) de la Ley Núm. 5 de

23 de abril de 1973, supra; Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales et al., 202

DPR 689, 696 (2019); Artículo 6 (d) de la Ley Núm. 5 de 23 de abril

de 1973, supra.

      En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, sabido

es que las agencias administrativas carecen del “poder coercitivo

que tienen los tribunales para exigir el cumplimiento de órdenes y

resoluciones”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649,

655 (2013). Por ello, la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, supra,

provee para que dichos organismos puedan acudir ante los

tribunales y hacer cumplir sus resoluciones. En particular, faculta

al Secretario del DACo para:

      “Interponer cualesquiera remedios legales que fueran
      necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta
      ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos,
      órdenes,    resoluciones    y    determinaciones    del
      Departamento”. Artículo 6 (i) de la Ley Núm. 5 de 23 de
      abril de 1973, supra.

      A estos efectos, cualquier petición para hacer cumplir una

orden del DACo, “se someterá o presentará en la Sala del Tribunal

de Justicia correspondiente a la Oficina Regional del Departamento

donde se haya llevado a cabo el procedimiento de querella,

independientemente que la parte querellada (demandada) no resida

en el área cubierta por dicha Oficina Regional”. Íd.

                                 -III-

      En su recurso de Apelación, Caguas Senior Living señala como

único error que el TPI erró “al asumir jurisdicción donde no tiene,

ya que el DACo no la ten[í]a.” En síntesis, Caguas Senior Living alega

que la parte apelada debía acudir ante este Tribunal de Apelaciones

y no ante el DACo para revisar la determinación del Departamento

de la Familia. Menciona Caguas Senior Living que el DACo no tenía

ni tiene jurisdicción para revisar la decisión de otra agencia
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administrativa. Expresó, además, que ante la ausencia de

jurisdicción del DACo, el TPI tampoco tenía jurisdicción para

atender el asunto.

      Surge de las determinaciones de hechos del DACo que la

Querella presentada ante el Departamento de la Familia era

relacionada a un asunto de maltrato institucional, mientras que la

Querella que el DACo tenía ante su consideración era una

relacionada a la devolución de los dos mil dólares ($2,000) pagados

en concepto de a Caguas Senior Living por parte de la Sra. Lizardi

Del Valle.

      Por otro lado, se desprende del caso de autos que el DACo

acudió ante el TPI mediante una Petición para Hacer Cumplir Orden.

Por medio de dicha petición, el DACo le solicitó al TPI que dictara

una orden en contra de Caguas Senior Living para que cumpliera

con lo ordenado por la agencia en la Resolución del 26 de octubre de

2022, la cual le imponía el pago de $1,666.66 a favor de la Sra.

Lizardi Del Valle.

      De conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 23 de

abril de 1973, supra, el DACo tiene como propósito el vindicar e

implementar los derechos del consumidor. Asimismo, el DACo tiene

el deber y la facultad atender, investigar y resolver querellas

presentadas por los consumidores de bienes y servicios recibidos del

sector privado de la economía. Íd. Así pues, no tenemos duda de que

el DACo estaba facultado y tenía el deber de atender la Querella

referente a la devolución de los dos mil dólares ($2,000) presentada

por la parte apelada. Esto se trataba de un asunto completamente

distinto al que había presentado la Sra. Lizardi Del Valle en el

Departamento de la Familia por maltrato institucional en contra de

Caguas Senior Living.

      Por otro lado, sabido es que las agencias administrativas

carecen del poder coercitivo para exigir el cumplimiento de órdenes
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y resoluciones. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra. Por

tanto, las agencias deben acudir ante los tribunales para exigir el

cumplimiento de estas. Íd. Así también lo dispone la Ley Núm. 5 de

23 de abril de 1973, supra, la cual establece que el DACo debe

acudir ante los tribunales para interponer cualquier remedio legal

que le permita hacer efectiva sus órdenes y resoluciones. En

atención a ello, el DACo actuó correctamente al acudir ante el TPI

para solicitar el cumplimiento de su Resolución.

      En conclusión, resolvemos que el DACo estaba facultado para

atender la Querella sobre la devolución de los dos mil dólares

($2,000) y el TPI tenía jurisdicción para atender la solicitud de orden

presentada por esta agencia.

                                 -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones