Court Opinion

ID: 9952260
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:34:35.463997+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:19.329216
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

 MARIO ORTIZ MOLINA                         APELACIÓN
                                            procedente del
          Apelado                           Tribunal de Primera
                                            Instancia Sala de
             V.                             Ponce

EL COMISIONADO DE LA KLAN202301116 Caso Núm.
  POLICÍA DE PUERTO                PO2023CV00894
   RICO Y EL ESTADO
  LIBRE ASOCIADO DE
     PUERTO RICO,                  Sobre:
 REPRESENTADOS POR
   EL SECRETARIO DE                Impugnación de
  JUSTICIA DOMINGO                 Confiscación
EMANUELLI HERNÁNDEZ

         Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

      Comparece el Gobierno de Puerto Rico (Estado o parte

apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita que

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Ponce (TPI), el 14 de septiembre de 2023 y

notificada el 18 de septiembre. En su dictamen, el TPI declaró Ha

Lugar la demanda sobre impugnación de confiscación presentada

por el señor Mario Ortiz Molina.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                   I.

      El 30 de marzo de 2023 el señor Mario Ortiz Molina instó

una demanda contra el Comisionado del Negociado de la Policía

Número Identificador
SEN2024 ________
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de Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico. Alegó que el 21 de

febrero de 2023, el agente Gabriel Rodríguez intervino con el

joven Jan Carlos Colón Torres y, en el curso de dicha intervención,

procedió a incautarse, para fines de confiscación, del vehículo

Toyota Camry 2012.          Adujo que la incautación fue ilegal,

inconstitucional y contraria a derecho. Además, que el vehículo

no fue utilizado en la comisión de la actividad delictiva. Mencionó

que la confiscación del vehículo no fue notificada conforme a

derecho, hecho que, por disposición de ley, la anula.

         El 5 de mayo de 2023 el Estado contestó la demanda. Alegó

que se presume la legalidad y corrección de la confiscación.

         El 11 de mayo de 2023 Ortiz Molina presentó una Moción en

Solicitud de Sentencia Sumaria. Sostuvo que luego de presentar

la demanda, recibió la notificación de la confiscación de su

vehículo, la cual resultaba ser tardía.       Adujo como hechos

incontrovertidos que la ocupación del vehículo se llevó a cabo el

21 de febrero de 2023 y que la notificación de la confiscación fue

puesta en el correo el 14 de abril de 2023, habiendo transcurrido

el término de 30 días para la notificación de la confiscación, a

tenor con el Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones.1

Unió a la moción una declaración jurada, la licencia del vehículo y

el certificado de título.

         El 7 de junio de 2023 el Estado presentó la Oposición a la

Sentencia Sumaria. Allí sostuvo que el vehículo fue ocupado el 21

de febrero de 2023 para una investigación por causa de la

comisión de delitos de la Ley de Armas, la cual contiene estatutos

confiscatorios. Afirmó que la Orden de Confiscación fue expedida

por el Ministerio Público a los 24 días de la ocupación del vehículo

1
    34 LPRA sec. 1724j.
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de motor, por lo que conforme al Artículo 13 de la Ley Uniforme

de Confiscaciones, se realizó dentro del término de los 90 días

establecidos para culminar la investigación relacionada con

cualquier acción        penal y emitir   la orden de confiscación

correspondiente. Manifestó que la notificación de la confiscación

fue depositada en el correo el 14 de abril de 2023, a los 28 días

de la expedición de la Orden de Confiscación, al estar relacionado

a una investigación de índole penal. Por lo que, la notificación

está dentro del término de los 30 días establecidos por la Ley

Uniforme de Confiscaciones.       Junto al escrito de oposición a la

sentencia sumaria, el Estado incluyó el inventario del vehículo, la

Orden de Confiscación emitida el 17 de marzo de 2023 y el

Certificado de Inspección de Vehículo de Motor y Equipo Pesado

del 8 de marzo de 2023 y las cartas de 13 de abril de 2023

emitidas por el Departamento de Justicia a Jean Carlos Colón

Torres y a Mario Ortiz Molina.2

         Tras otros trámites, el 13 de julio de 2023 el Tribunal

celebró una vista argumentativa y el 24 de agosto de 2023 la

Conferencia con Antelación al Juicio.

         Trabada la controversia, el 14 de septiembre de 2023 el foro

primario dictó sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar la

demanda de impugnación de confiscación. En esta, esbozó las

siguientes Determinaciones de Hechos:

         1. El 21 de febrero de 2023 se ocupó el vehículo marca
         Toyota, modelo Camry del año 2012 con tablilla JVP-
         925, registrado a nombre de Mario Ortiz Molina, aquí
         demandante, en el Registro de Vehículos del
         Departamento de Transportación y Obras Públicas de
         Puerto Rico.
         2. Conforme el Certificación de Inspección de
         Vehículos de Motor y Equipo Pesado preparada por el
         Negociado de la Policía de Puerto Rico el 3 de marzo

2
    Apéndice págs. 56-90.
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      de 2023 el vehículo objeto del presente caso tiene las
      siguientes piezas cambiadas: guardalodo izquierdo,
      bómper frontal y bonete. Se consignó que estas piezas
      son reemplazo.
      3. La Orden de Confiscación se emitió el 17 de marzo
      de 2023. De esta se desprende que se ordenó la
      confiscación “por considerarse que es producto, ha
      sido utilizado o está relacionado con la comisión de los
      hechos delictivos que se hacen constar en el epígrafe
      de esta Orden”. No surge imputación alguna de que el
      vehículo fue incautado por motivos investigativos.
      4. La notificación de la confiscación tiene fecha del 13
      de abril de 2023, pero fue depositada en el correo el
      14 de abril de 2023, siendo recibida por el Sr. Mario
      Cruz Molina, aquí demandante, el 17 de abril de 2023.
      5. En la notificación de la confiscación se alega que la
      ocupación obedeció a que el 21 de febrero de 2023 el
      vehículo fue utilizado en violación a los Artículos 6.22
      y 6.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico.
      6. En la Certificación de Inspección de Vehículos de
      Motor y Equipo Pesado preparada por el Negociado de
      la Policía de Puerto Rico expedida el día 3 de marzo
      de 2023; a la cual se hace referencia en la notificación
      de la confiscación no se notificó señalamiento alguno
      sobre la Ley 8 de Protección de Propiedad Vehicular.

      Luego de exponer el derecho, el foro primario determinó lo

siguiente:

      Como reseñamos, el 21 de febrero de 2023 se ocupó
      el vehículo Toyota Camry del cual el demandante es
      el titular registral. El Estado retuvo la propiedad
      incautada, no hay prueba que nos permita establecer
      que el Estado inició algún tipo de investigación de
      naturaleza civil, penal o administrativa, la cual de
      alguna manera esté vinculada a la razón para ocupar
      la propiedad incautada. Tampoco se emitió una
      comunicación a los interesados sobre que cursaría una
      investigación ni cual fue la investigación realizada.
      Tampoco surge tal información de la Orden de
      Confiscación, por lo que no estamos en posición de
      concluir que procede aplicar el término excepcional de
      noventa (90) días de conformidad en el Artículo 13 de
      la Ley Uniforme de Confiscación, supra. Véase Reliable
      Financial v. ELA, supra.
      Este Tribunal concluye, que de la única forma en que
      el Estado puede aprovecharse de este plazo adicional
      es estableciendo que la propiedad fue incautada y
      retenida con el propósito de asistir en alguna
      investigación. Sin embargo, en este caso el Estado no
      nos ha colocado en posición de concluir que hay
      controversia sobre si el vehículo fue ocupado para
      investigación. Por otro lado, la parte demandada no
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      abundó sobre la naturaleza de la investigación, ni la
      necesidad de retener la propiedad para fines
      asociados a tal investigación. Véase Reliable Financial
      v. ELA, supra, págs. 302-303.
      El vehículo confiscado alegadamente se utilizó en
      violación de los Artículos 6.05 y 6.22 de la Ley de
      Armas de Puerto Rico 2020. Particularmente, el
      Artículo 6.05 de la Ley de Armas, supra, configura
      como delito el portar, transportar o usar armas de
      fuego sin licencia y el Artículo 6.22 de la Ley de
      Armas, se refiere a la fabricación, distribución,
      posesión y uso de municiones sin licencia. 25 LPRA
      Secs. 466d y 466u, respectivamente. No hay prueba
      que nos permita si quiera establecer que se inició una
      investigación sobre estos delitos señalados.
      Por tanto, concluimos que en este caso aplica la
      norma general de que “[t]oda confiscación se
      notificará por correo certificado dentro de un término
      jurisdiccional de treinta (30) días, siguientes a la fecha
      de la ocupación física de los bienes”. Así pues, el
      término de los treinta (30) días con el que contaba el
      Estado para notificar la confiscación comenzó a
      transcurrir desde la fecha en que se ocupó el vehículo
      de motor, esto es, el 21 de febrero de 2023. En
      consecuencia, el Estado tenía hasta el jueves, 23 de
      marzo de 2023 para notificar a todas las partes con
      interés el hecho de la ocupación. No obstante, en el
      caso de autos, la notificación de la confiscación se
      llevó a cabo el 14 de abril de 2023, es decir, luego de
      transcurrido el término jurisdiccional de treinta (30)
      días para notificar la confiscación. En vista de que el
      Estado notificó la confiscación fuera del término
      provisto por Ley, la confiscación del vehículo resulta
      nula.

      En desacuerdo, el 2 de octubre de 2023 el Estado solicitó

reconsideración. En síntesis, solicitó la celebración de una vista

evidenciaria.

      El 10 de octubre de 2023, notificada el día 13 de ese mes y

año, el foro primario declinó reconsiderar. Inconforme, el 12 de

diciembre de 2023 el Estado presentó el recurso que atendemos

en el que señaló que incidió el Tribunal de Primera Instancia al:

      Darle paso a la moción dispositiva presentada por la
      parte apelada cuando la prueba documental demostró
      la necesidad de retener el vehículo de motor para una
      investigación criminal paralela de conformidad con el
      Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de
      2011 y al no tomar en cuenta que, como mínimo,
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        existe controversia de hechos sobre si el vehículo fue
        ocupado para fines investigativos en cumplimiento
        con ese articulado.
        El apelado Ortiz Molina presentó su alegato en oposición.

Con el beneficio de ambas comparecencias, resolvemos.

                                   II.
                                    A.

        La sentencia sumaria posibilita la pronta resolución de

una controversia cuando no se requiera la celebración de un juicio

en su fondo. Ahora bien, para que proceda este mecanismo es

necesario que de los documentos no controvertidos surja de que

no hay una controversia real y sustancial sobre los hechos del

caso. Universal Company y otros v. ELA, 211 DPR 455 (2023);

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 (2010). Un hecho

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de   acuerdo    con   el   derecho         sustantivo    aplicable. Universal

Company y otros v. ELA, supra; Meléndez González et al. v M.

Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Ramos Pérez v. Univisión, supra,

pág. 213.

        Así pues, para adjudicar en los méritos una controversia de

forma     sumaria,    es    necesario        que,   de    las       alegaciones,

deposiciones,    contestaciones        a     interrogatorios,       admisiones,

declaraciones juradas y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja

de que no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún

hecho material y que, como cuestión de derecho, procede

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Pérez

Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019); Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. La parte promovida no podrá

descansar     solamente     en   las       aseveraciones        o    negaciones

contenidas en sus alegaciones, sino que deberá contestar en

forma     detallada   y    específica,      como    lo    hiciera     la   parte
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solicitante. Bobé et al. v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 21

(2017); 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).

        La omisión en presentar evidencia que rebata aquella

presentada por el promovente, no necesariamente implica que

procede dictar sentencia sumaria de forma automática. Mun. de

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327 (2013); Córdova Dexter

v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011); González Aristud v.

Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 138 (2006).              Solo procede dictar

sentencia sumaria cuando surge de manera clara que, ante los

hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver

la controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra,

pág. 109.

        Si el cúmulo de la evidencia demuestra que en efecto no hay

controversia sustancial respecto a algún hecho esencial y

pertinente, el tribunal deberá dictar sentencia sumaria si procede

como cuestión de derecho. Esto es, si el derecho así lo justifica.

Regla    36.3   de   Procedimiento   Civil,   32    LPRA   Ap.   V,   R.

36.3; Universal Company y otros v. ELA, supra; Oriental Bank v.

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014).

        A tenor con lo anterior, al revisar una determinación de

primera instancia, sobre una solicitud de sentencia sumaria, como

foro intermedio podemos, de novo: (1) considerar los documentos

que se presentaron ante el foro primario, (2) determinar si existe

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y

esenciales, y (3) determinar si el derecho se aplicó de forma

correcta. Segarra Rivera v. Int’l Shipping, et al., 208 DPR 964

(2022); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 114.
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                                 B.

      La confiscación es el acto mediante el cual el Estado, por

mandato de la Asamblea Legislativa y actuación del Poder

Ejecutivo, ocupa e inviste para sí todo derecho de propiedad sobre

cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en la comisión de

determinados delitos. Figueroa Santiago et als. v. ELA, 207 DPR

923 (2021); Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289, 296

(2017); Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917, 924

(2016); Flores Pérez v. ELA,195 DPR 137, 146-147 (2016); Doble

Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014).

      Con el propósito de prescribir las normas que regirán el

procedimiento de confiscaciones en nuestra jurisdicción, el

legislador aprobó la Ley Núm. 119-2011, conocida como la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq.;

Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra; Reliable Financial v. ELA,

supra, pág. 297. Mediante esta pieza legislativa, se estableció un

trámite justo, expedito y uniforme para que el Estado pueda llevar

a cabo las confiscaciones. Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra;

Flores Pérez v. ELA, 195 DPR 137, 146-147 (2016).

      Así pues, la Ley Núm. 119-2011 reconoce el derecho

constitucional que poseen los ciudadanos a la vida, libertad y al

disfrute de la propiedad; así como, la protección de que ninguna

persona será privada de su libertad y propiedad sin un debido

proceso de ley3. Sobre el particular, la Exposición de Motivos de

la Ley de Confiscaciones, dispone que:

      Con    estas   protecciones    constitucionales   en
      consideración, la presente legislación crea un
      procedimiento que garantiza el debido proceso de ley
      a todo dueño de bienes confiscados, dándose fin a

3
  Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011 que menciona el
Artículo II, Sección 7 de nuestra Constitución.
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      procedimientos dilatorios y evitando así que nuestros
      tribunales    continúen   congestionados    por    las
      demandas incoadas para impugnar las confiscaciones
      efectuadas. Esto evita que el transcurso del tiempo
      deteriore las propiedades confiscadas en perjuicio de
      sus dueños. […].
      Con el propósito de cumplir con la política pública del

Estado, el Artículo 2 de la Ley de Confiscaciones, reafirma la

naturaleza in rem de las confiscaciones civiles, independiente de

cualquier acción penal, administrativa o de cualquier otra

naturaleza. 34 LPRA sec. 1724 nota.         Los tribunales venimos

obligados   a   interpretar   las   disposiciones   atinentes   a   las

confiscaciones de manera restrictiva. Reliable Financial v. ELA,

supra, págs. 303.

      En cumplimiento con esta política pública, el Artículo 9 de la

Ley de Confiscaciones, detalla los bienes privados sujetos a

incautación. En lo aquí establece lo siguiente:

      Artículo 9.- Bienes sujetos a confiscación.
      Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno
      de Puerto Rico, toda propiedad que resulte, sea
      producto o se utilice, durante la comisión de delitos
      graves y de aquellos delitos menos graves en los que
      por ley se autorice la confiscación, cuando tales delitos
      graves y menos graves se encuentren tipificados en el
      Código Penal de Puerto Rico, en las leyes de
      sustancias controladas, de armas y explosivos, […];
      así como en otras leyes y en aquellos estatutos
      confiscatorios en los que por ley se autorice la
      confiscación. […]. 34 LPRA sec. 1724f.
      Ahora bien, la Ley Uniforme de Confiscaciones dicta la

manera en que se notificará el hecho de la confiscación a las

partes con interés. A esos efectos el Artículo 13, dispone como

sigue:

      El Director Administrativo de la Junta notificará la
      confiscación y la tasación de la propiedad confiscada
      a las siguientes personas:
      a) a la persona que tuviere la posesión física del bien
      al momento de la ocupación;
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    b) a aquéllas que por las circunstancias, información
    y creencia, el Director Administrativo considere como
    dueños de dicho bien;
    c) en los casos de vehículos de motor, se notificará,
    además, al dueño, según consta en el Registro de
    Vehículos del Departamento de Transportación y
    Obras Públicas y al acreedor condicional que a la fecha
    de la ocupación tenga su contrato inscrito;
    d) en los casos de bienes inmuebles se notificará,
    además, al dueño, según consta en el Registro de la
    Propiedad del municipio donde ubica el bien y a la
    institución hipotecaria que a la fecha de la ocupación
    aparezca en dicho Registro como acreedor hipotecario
    del bien.
    Toda confiscación se notificará por correo
    certificado dentro de un término jurisdiccional
    de treinta (30) días, siguientes a la fecha de la
    ocupación física de los bienes. La notificación se
    hará a la dirección conocida del alegado dueño,
    encargado o persona con derecho o interés en la
    propiedad, según consta del expediente de la
    confiscación.
    En el caso de vehículos de motor que sean ocupados
    en virtud de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987,
    según enmendada, conocida como “Ley para la
    Protección de la Propiedad Vehicular” (9 LPRA secs.
    3201 et seq.), la notificación se hará dentro de los
    treinta (30) días siguientes a partir del término de
    treinta (30) días dispuestos para que los oficiales del
    orden público lleven a cabo una investigación sobre el
    bien ocupado. Un vehículo ocupado al amparo de la
    “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular”, no
    será confiscado a favor del Gobierno de Puerto Rico
    hasta tanto se culmine el procedimiento dispuesto en
    dicha Ley. El mismo se mantendrá bajo la custodia
    de la Policía hasta que se culmine la investigación
    correspondiente.
    En aquellos casos en los que se incaute y retenga
    cualquier propiedad para alguna investigación
    relacionada con cualquier acción penal, civil,
    administrativa o cuando el bien es indispensable
    para la investigación o como evidencia en el
    caso, el término para culminar la investigación y
    emitir la orden de confiscación no excederá de
    noventa (90) días. Los treinta (30) días para notificar
    la confiscación comenzarán a contarse una vez
    concluya dicha acción y se expida la correspondiente
    orden de confiscación. (Énfasis nuestro). 34 LPRA
    sec. 1724j.
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      En Reliable Financial v. ELA, supra, el Tribunal Supremo

evaluó los plazos que establece el Artículo 13 para la notificación

de la confiscación. Por la importancia que ese caso reviste en los

hechos que aquí atendemos, nos referimos al análisis y la

conclusión a la que arribó el Tribunal Supremo.

      En primer lugar, en Reliable Financial v. ELA, supra el foro

indicó que, “como norma general, deberá cursarse la notificación

en los treinta días siguientes a la ocupación de la propiedad.” Íd.

Por vía de excepción, en cuanto al imperativo de que la retención

sea   para propósitos     investigativos,    pertinente   al   caso   que

atendemos, el Tribunal Supremo explicó que, “para el Estado

poder justificar la retención de propiedad confiscada a base del

último supuesto del Artículo 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra,

es menester determinar si esa propiedad fue incautada y retenida

con el propósito de asistir en alguna investigación concerniente a

un caso.” Íd.

      Explicó que, a esos efectos, deben cumplirse los siguientes

requisitos:

      Conforme esta disposición aparece redactada, no es
      suficiente aludir simplemente a una supuesta
      investigación en términos vagos y generalizados. El
      estatuto exige establecer, tanto la naturaleza de la
      investigación, como la necesidad de retener la
      propiedad      para    fines   asociados    a   esa
      investigación. (Énfasis nuestro). Reliable Financial
      v. ELA, supra, págs. 302-303.

      A tono con lo anterior, es preciso que la investigación esté

relacionada con la razón inicial para ocupar el automóvil. Por

consiguiente, el Estado no puede justificar la retención una vez

pasados   los   treinta   días,   a   base   de   eventos      posteriores

desconectados con la incautación inicial, tales como la inspección

mandatoria decretada por la Ley Núm. 8, supra. Íd. Debido a las
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implicaciones de rango constitucional que conlleva la confiscación

de propiedad, el Gobierno no cuenta con discreción absoluta para

retener bienes privados por tiempo suplementario meramente a

causa de una investigación. Reliable Financial v. ELA, supra, pág.

303.

       En Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 303, el Tribunal

Supremo reiteró que el punto medular a evaluarse era, “la

relevancia del vehículo para cualquier investigación en progreso a

raíz de la incautación.”   Agregó que “[e]l hecho que se hayan

ocupado armas en el automóvil no implica que automáticamente

el vehículo sea relevante para alguna investigación ulterior sobre

posibles cargos criminales contra los ocupantes.” En esa línea, el

foro mayor precisó que, “en sus escritos el Gobierno no detalla en

qué consistió la supuesta investigación, cuál fue su propósito y su

nexo con el vehículo. Por ejemplo, no existe ninguna referencia

en el expediente que alerte sobre la necesidad de realizar algún

tipo de inspección ulterior para levantar huellas dactilares, DNA o

residuos de sustancias controladas, sangre o pólvora.” […].

Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 304.

       Más adelante, expresó el Tribunal Supremo que:

       No se infiere de los autos ni el Gobierno ha acreditado,
       que la decisión de retener el vehículo al momento de
       su ocupación fuese para fines investigativos
       relacionados a la ocupación y de este modo refrendar
       la aplicación del último párrafo del Art. 13 de la Ley
       Núm. 119-2011, supra.         A base de lo anterior,
       resolvemos que el Gobierno no presentó razones
       válidas suficientes para establecer que retuvo el
       vehículo ocupado para fines investigativos asociados
       a los motivos que originaron su ocupación. Por lo
       tanto, la notificación de la orden de confiscación en
       este caso debió hacerse en los treinta días a partir del
       17 de febrero de 2011, fecha de la ocupación del
       automóvil. Teniendo en cuenta que no fue hasta el 15
       de abril de 2011, ya expirado este término, que se
       efectuó tal notificación, procede declarar su nulidad.
       Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 305.
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      Así pues, el foro Supremo, Reliable Financial v. ELA, supra,

pág. 305, pautó que, “la mejor práctica es que los motivos

investigativos para retener la propiedad en estos casos se revelen

a los dueños y a las personas con interés lo más cercano posible

a la incautación.”       Agregó que “[d]e este modo, se les alerta

oportunamente           que        el         trámite    confiscatorio     puede

extenderse más allá de los treinta o sesenta días, provistos en los

otros supuestos de este precepto de ley. A la vez se reduce la

posibilidad   de    que       el    Estado         improvise    justificaciones a

posteriori para la demora, vulnerando los derechos propietarios

de los dueños. Igualmente pueden consignarse fehacientemente

en la orden de confiscación los fines investigativos que provocaron

la retención de la propiedad.” Reliable Financial v. ELA, supra, pág.

305. (Énfasis nuestro).

      Según cualquiera de estos dos supuestos, corresponde a la

parte que impugna una notificación por tardía, refutar las razones

de índole investigativa aducidas por el Estado para amparar su

retraso. Así pues, según sea el caso, el dueño o la parte con

interés en la propiedad deberá probar, ya sea que no se dio tal

investigación o que, de ésta haberse realizado, ese trámite no

guardó relación con la incautación. Reliable Financial v. ELA,

supra, pág. 306. Ahora bien, en ausencia de las comunicaciones

mencionadas, una vez impugnada una notificación por tardía, si el

Estado   interesa       valerse         del    periodo   de    tiempo    adicional

consignado en la última modalidad del Art. 13 de la Ley Núm. 119-

2011, supra, por alegada ocupación para fines investigativos, le

corresponde        el    peso           de     probar,    mediante       prueba

fehaciente, la conexión entre el motivo para la ocupación
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de       la      propiedad         retenida      y    la      investigación

correspondiente. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 307.

      El incumplimiento con el término para notificar una

confiscación provoca la nulidad de la acción del Estado. Reliable

v. Depto. Justicia y ELA, supra, pág. 925; Coop. Seguros Múltiples

v. Srio. de Hacienda, 118 DPR 115, 118 (1986).

      A la luz de la antes mencionada normativa, disponemos.

                                       III.

      En su recurso el Estado alega que de los documentos surge

que el Estado cumplió con justificar la ocupación para fines

investigativos. Sostuvo que se creó al menos una controversia de

hechos sobre si el vehículo fue ocupado para fines investigativos,

lo que activó el término de noventa (90) días dispuesto en el

Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones.                   Ante ello,

entendió que, como mínimo, el pleito no se debió resolver

sumariamente por existir controversia sobre el propósito de la

retención del vehículo. No nos persuade.

      El Artículo 13 de la Ley 119-2011, establece un término

jurisdiccional de (30) días siguientes a la fecha de la ocupación

física de los bienes para que toda confiscación sea notificada. A

manera de excepción, el estatuto provee otras dos modalidades

que permiten que la notificación se emita pasados los treinta (30)

días, siempre que se cumpla con lo dispuesto en alguna de estas.

La tercera modalidad, aquí aludida, permite extender ese término

a noventa (90) días, cuando se incaute y retenga cualquier

propiedad para alguna investigación relacionada con cualquier

acción        penal,   civil,   administrativa   o   cuando    el    bien   es

indispensable para la investigación o como evidencia en el caso.
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         Amparado en esa excepción, el Estado alegó en la Oposición

a la Moción de Sentencia Sumaria y en el recurso de apelación,

que el documento de Orden de Confiscación establece que la

ocupación del vehículo fue el 21 de febrero de 2023, para una

investigación por causa de la comisión de delitos de la Ley de

Armas de Puerto Rico, la cual contiene estatutos confiscatorios.

Sostuvo que la Orden de Confiscación fue emitida a los 24 días de

la ocupación del vehículo de motor, por lo que se realizó dentro

del término de 90 días establecidos para culminar la investigación.

         Revisamos el documento intitulado Orden de Confiscación,

al que alude el Estado, y surge que el auto se retuvo por estar

relacionado a los artículos 6.22, 6.05 de la Ley de Armas de Puerto

Rico. La Orden de Confiscación indica que la confiscación era “por

considerarse que es producto, ha sido utilizado o está relacionado

con la comisión de los hechos delictivos que se hacen constar en

el epígrafe de esta Orden”. Esta información quedó plasmada en

las determinaciones de hechos 3 y 5 de la Sentencia que

revisamos. Allí también el TPI pautó en el hecho 5 que, “No surge

imputación alguna de que el vehículo fue incautado por motivos

investigativos.”

         Por tanto, notoriamente la Orden de Confiscación solamente

hace referencia, a la razón por la cual se incautó la propiedad,

pero en ningún lugar se expresa la necesidad de retener la

propiedad para fines asociados a la investigación o para efectos

investigativos.         Aún más, vemos del documento de Hoja de

Inventario que el funcionario marcó el inciso de “confiscado” y

“ocupado para investigación”.4 No obstante, esta sola expresión,

sin más, es una generalizada incapaz de rebasar la regla general

4
    Apéndice pág. 56.
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de treinta (30) días para notificar la ocupación del vehículo. Sobre

este tema, el Tribunal Supremo indicó en Reliable Financial v. ELA,

supra, que no es suficiente aludir simplemente a una supuesta

investigación en términos vagos y generalizados. El estatuto

exige establecer, tanto la naturaleza de la investigación,

como        la    necesidad        de   retener   la   propiedad   para

fines asociados a esa investigación. Reliable Financial v. ELA,

supra. Ninguno de estos requisitos surge de los documentos que

revisamos. Incluso, el Tribunal Supremo ha establecido que en

estos casos el Estado debe detallar en qué consistía la supuesta

investigación, cuál fue su propósito y su nexo con el vehículo.

Véase Reliable Financial v. ELA, supra. Ese trámite era necesario

pues, el hecho de que se ocupen armas en el automóvil, no implica

que automáticamente el vehículo sea relevante para alguna

investigación ulterior.5

         Tampoco consta del expediente, ni de los escritos que ha

sometido el Estado, que se le hubiese notificado oportunamente a

los dueños. o a las personas con interés, sobre la necesidad de

retener el vehículo por un tiempo más prolongado a la norma

general de treinta (30) días. Ello era esencial pues “la mejor

práctica es que los motivos investigativos para retener la

propiedad en estos casos se revelen a los dueños y a las personas

con interés lo más cercano posible a la incautación.”          Reliable

Financial v. ELA, supra.

         En fin, luego de considerar los documentos que se

presentaron ante el foro primario y el derecho que cobija esta

causa, confirmamos el dictamen apelado. El Estado no cumplió

con la exigencia de notificar, en una fecha cercana a la ocupación

5
    Reliable Financial v. ELA, supra.
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del     vehículo,     que    este    había    sido      ocupado   para   fines

investigativos. Tampoco satisfizo el requisito de establecer la

naturaleza de la investigación, como la necesidad de retener la

propiedad para fines asociados a esa investigación.6               Ante ello,

aplica la norma general de notificar en treinta (30) días desde la

fecha de su ocupación, tal como lo decretó el TPI. La ocupación

del vehículo ocurrió el 21 de febrero de 2023, por tanto, debió

notificarse ese hecho en el término jurisdiccional des treinta (30)

días, que era, en o antes del 23 de marzo de 2023. La carta del

13 de abril de 2023, puesta en el correo al siguiente día, resultó

a destiempo por tardía.

         Por lo anterior, confirmamos el dictamen apelado pues no

existe controversia de hechos esenciales y el derecho se aplicó de

forma correcta.

                                       IV.

         Por las razones que anteceden, confirmamos la nulidad de

la confiscación según lo decretó el TPI en la Sentencia apelada.

         Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

6
    Véase Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 304.