Court Opinion

ID: 9554712
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:20:18.779265+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:18.261180
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL III

                                                 Revisión de
    ARMANDO YADIEL                               Decisión
    GONZÁLEZ MEDINA                              Administrativa
                                                 procedente del
        Parte Recurrente           KLRA202300169 Departamento del
                                                 Trabajo y Recursos
               vs.                               Humanos

    SECRETARIO DEL                                       Caso núm.:
  TRABAJO Y RECURSOS                                     M-03023-22A
       HUMANOS
                                                         Sobre:
        Parte Recurrida                                  Sec. 4(B) (3) de la
                                                         Ley de Seguridad de
                                                         Empleo
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

                                 SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

        Comparece Armando Yadiel González Medina, (Recurrente o

señor     González      Medina)      mediante       Recurso      de       Revisión

Administrativa y nos solicita que revisemos y revoquemos una

Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida el 7

de febrero de 20231, que confirmó la Resolución que emitió la

División de Apelaciones del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE

o Negociado) el 13 de septiembre de 20222. En el referido dictamen,

el organismo administrativo confirmó una decisión previa que emitió

el Negociado el 9 de agosto de 2022, en la que denegó la solicitud

del señor González Medina para recibir los beneficios por desempleo.

        Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable,

confirmamos la determinación del Secretario del Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos (Departamento).

1 La Decisión fue notificada y archivada el mismo 7 de febrero de 2023.
2 La Resolución fue notificada y archivada el 6 de octubre de 2022.

Número Identificador
SEN2023________________
KLRA202300169                                                                    2

                                        I.

       El señor González Medina es empleado en el Recinto

Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR),

en donde ha trabajado alrededor de 29 años3. Entre agosto de 2017

y noviembre de 2019, el Recurrente incurrió en alegada conducta

incorrecta. Después de llevar a cabo una investigación, el Recinto

Universitario de Mayagüez (RUM) suspendió de empleo y sueldo al

señor González Medina desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de

diciembre del mismo año4. Según surge del expediente, el

Recurrente no presentó querella contra la UPR, al amparo del

Convenio Colectivo que lo cobija5. Tampoco presentó ninguna queja

relacionada a la suspensión ante la oficina de Recursos Humanos

del RUM6.

       No obstante, el Recurrente decidió acudir al Negociado, para

solicitar los beneficios de compensación del seguro por desempleo.

El 9 de agosto de 2022, el Negociado le denegó los beneficios

solicitados7. El NSE basó su determinación al amparo de la Sección

4 (b) (3) de la Ley de Seguro por Desempleo de Puerto Rico8, por el

hecho de que el Recurrente fue suspendido “al cometer conducta

incorrecta relacionada con su trabajo”9. En desacuerdo con la

determinación, el 18 de agosto de 2022, el señor González Medina

solicitó una audiencia ante un árbitro de la División de Apelaciones

del NSE.

       Evaluada la solicitud presentada, la División de Apelaciones

emitió una Orden y Señalamiento de Audiencia ante el Árbitro

Audiencia Telefónica, en la que señaló la celebración de una

3 Véase la Resolución emitida por la División de Apelaciones a la página 4 del

Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.
4 Íd.
5 Íd.
6 Íd.
7 El señor González Medina no incluyó esta carta como parte del Apéndice del

Recurso de Revisión Administrativa.
8 Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, 29 LPRA sec. 704.
9 Véase la Resolución emitida por la División de Apelaciones a la página 4 del

Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.
KLRA202300169                                                                  3

audiencia telefónica para el 8 de septiembre de 202210. Asimismo,

advirtió a las partes que, en caso de no estar de acuerdo con la

celebración de la vista por vía telefónica, debían presentar una

solicitud por escrito ante la División de Apelaciones cinco días antes

de la fecha pautada para la audiencia11. El 1 de septiembre de 2022,

el Recurrente, por conducto de su abogado, sometió una Moción

Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Vista Presencial12. En

su escrito, solicitó la conversión de la audiencia telefónica señalada

a una presencial. Argumentó que la celebración de la vista por

teléfono resultaría impráctica, pues había que hacer referencia a

una      abundante     prueba     documental,       tales   como     nóminas,

memorandos, documentos de Horas y Salarios del Departamento del

Trabajo Federal, el Convenio Colectivo y varios reglamentos del

Recinto, entre otros13. No surge del expediente en autos que la

División de Apelaciones haya respondido a la petición.

         Tras celebrar la audiencia telefónica y luego de evaluar la

totalidad del expediente y la prueba documental sometida, el 13 de

septiembre de 2022, la División de Apelaciones emitió una

Resolución en la que hizo las siguientes determinaciones de hechos:

         1) La parte reclamante ha trabajado para el patrono,
            Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, por
            alrededor de 29 años.
         2) Fue suspendido de empleo y sueldo, por el periodo entre
            el 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022. La
            suspensión se debió a hechos ocurridos entre agosto del
            2017 a noviembre de 2019.
         3) Es miembro de una unidad apropiada. El convenio
            colectivo entre el patrono y la unidad apropiada provee
            un proceso para querellarse. El reclamante no presentó
            querella contra el patrono bajo dicho convenio colectivo
            por las situaciones que motivaron su suspensión de
            empleo y sueldo y en las que difería del patrono respecto
            a la interpretación de disposiciones del convenio o que
            hubiesen podido ser dilucidadas bajo el convenio.
         4) El reclamante no presentó al área de Recursos Humanos
            queja alguna relacionada a las situaciones que motivaron
            su suspensión de empleo y sueldo.
         5) Previo a los hechos que motivaron la suspensión, el
            reclamante se había quejado del patrono ante una

10 Véase la página 20 en el Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.
11 Íd.
12 Véase la página 18 en el Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.
13 Íd.
KLRA202300169                                                                 4

           agencia federal alegando incumplimiento con la
           legislación federal aplicable respecto a periodo de toma de
           alimentos.
       6) Previo a los hechos que motivaron la suspensión, el
           reclamante se había quejado con el patrono respecto a las
           condiciones de seguridad de los vehículos que conducía
           en el desempeño de sus funciones.
       7) El patrono le suspendió de empleo y sueldo por 6 meses
           porque entendió que había incurrido en varias
           conductas, incluyendo en insubordinación. Los ejemplos
           de insubordinación que consideró el patrono incluyeron:
           desacatar la instrucción de permanecer en su área de
           trabajo;    desacatar     la    instrucción    de     agotar
           oportunamente tiempo compensatorio incurrido y
           negarse a firmar el recibo del balance de dicho tiempo
           compensatorio; desacatar la instrucción de completar el
           registro de compras de gasolina.
       8) El reclamante incurrió en la conducta de desacatar la
           instrucción de permanecer en su área de trabajo. En el
           periodo en el que el reclamante no estaba viajando debía
           permanecer en su área de trabajo. El patrono reiteró por
           escrito dicha instrucción y posteriormente el reclamante
           desacató la misma. El patrono recibió quejas sobre este
           asunto.
       9) El reclamante incurrió en la conducta [de] desacatar la
           instrucción de agotar oportunamente exceso de tiempo
           compensatorio. La supervisora del reclamante le requería
           que estableciera un plan para agotar el tiempo
           compensatorio dentro del período establecido en la
           reglamentación patronal pero el reclamante no firmaba el
           acuse de recibo ni establecía el plan solicitado. En lugar
           de cumplir con lo requerido, éste utilizaba el tiempo
           compensatorio para viajar para atender una situación de
           salud familiar. Como resultado, agotaba el tiempo
           compensatorio en su propio itinerario, no necesariamente
           cumpliendo con el término que establecía la
           reglamentación patronal.
       10) El reclamante incurrió en la conducta de desacatar la
           instrucción de firmar su asistencia (“Tarjeta”). No la
           firmaba porque entendía que al firmarla estaba
           aceptando la corrección de la misma y ello podría
           constituir una renuncia a algún derecho a reclamar
           protección bajo la legislación federal. Previamente había
           sido instruido respecto a que debía firmar la misma y que
           si tenía una objeción debía incluirla. El formato no incluía
           un espacio para exponer la objeción.
       11) El reclamante no incurrió en la conducta de desacatar la
           instrucción de completar el registro de uso de tarjeta
           corporativa para compras de gasolina. El patrono
           consideró como incidentes en los que no completó la
           tarjeta las asignaciones de vehículo dañados que el
           reclamante no utilizó por razón de estar dañados y no
           movió de las instalaciones patronales14.

       Finalmente,      la   División     de    Apelaciones      confirmó     la

determinación del Negociado del 9 de agosto de 2022, luego de

concluir que el señor González Medina era inelegible para recibir los

14 Véase la página 4 en el Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.
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beneficios del seguro por desempleo, según se establece en la

Sección 4 (b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo, supra15.

         De esta decisión, el señor González Medina presentó una

Apelación el 20 de octubre de 2022, ante el Secretario del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos16. En su escrito,

expuso que el Negociado le violó su derecho a un debido proceso de

ley al no acceder a su petición de celebrar una vista presencial. Alegó

que el caso contenía un amplio volumen de documentos y que la

controversia era una compleja, por lo que cumplía con los requisitos

plasmados en el Artículo 6.2 (b) del Reglamento para Administrar el

Programa de Seguro por Desempleo, Reglamento Núm. 9056 de 8 de

noviembre de 2018, que permite que una de las partes pueda objetar

la vista telefónica si cumple con los criterios enumerados en el

referido inciso. Argumentó, además, que no se presentó un solo

documento a los que se hizo referencia en la vista, como tampoco

pudo confrontar a los testigos que emitieron declaraciones mediante

los referidos documentos17.

         El 7 de febrero de 2023, el Secretario del Departamento emitió

una decisión en la que confirmó la Resolución apelada, después de

adoptar por referencia las determinaciones de hechos formuladas

por el árbitro en la Resolución de la División de Apelaciones.

         En desacuerdo con lo decidido, el Recurrente presentó una

Moción de Reconsideración ante el Departamento, mediante la cual

reiteró los argumentos esbozados en su Apelación. El 16 de marzo

de 2023, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos declaró No Ha Lugar la solicitud.

15 Íd.
16 Véase la página 22 en el Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa.
17 Íd.
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      Aún inconforme, el señor González Medina acudió ante este

Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló como

único error el siguiente:

      AL APELANTE SE LE VIOLÓ SU DERECHO A UN DEBIDO PROCESO DE
      LEY AL NO CONCEDÉRSELE UNA VISTA PRESENCIAL DADAS LAS
      CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE SU CASO.

      Sin el beneficio de la comparecencia del Secretario del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, resolvemos.

                                 II.

                                 A.

      La Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según enmendada,

conocida como Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico (Ley de

Seguridad de Empleo), 29 LPRA secs. 701, et seq., creó el Negociado

de Seguridad de Empleo, cuyo propósito es “promover la seguridad

de empleos facilitando las oportunidades de trabajo por medio del

mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de empleo y

proveer para el pago de compensación a personas desempleadas por

medio de la acumulación de reservas”. 29 LPRA sec. 701; Castillo v.

Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97-98 (2000).

      La Sección 3 de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 LPRA sec.

703(a), establece que “se pagarán beneficios del fondo a trabajadores

que estén desempleados y sean elegibles a beneficios”. A esos fines,

la sección 4 indica las condiciones de elegibilidad para recibir los

beneficios de desempleo y las causas que descalifican a un

reclamante de recibirlos. 29 LPRA sec. 704 (b). Así pues, si bien el

carácter de la legislación es remedial, ello no significa que su

interpretación liberal se extienda a tal extremo que se le reconozcan

beneficios a quienes no cualifican. Castillo v. Depto. del Trabajo,

supra, pág. 98.

      En particular, la Sección 4 (b) dispone que:

      (b) Descalificaciones- Un trabajador asegurado no será
      descalificado para recibir crédito por semana de espera
KLRA202300169                                                        7

       o beneficios por cualquier semana de espera o
       beneficios por cualquier semana de desempleo a menos
       que, con respecto a dicha semana, el Director [del
       Negociado de Seguridad de Empleo] determine que:

               .       .       .       .      .       .         .

       (3) fue despedido o suspendido por conducta
       incorrecta en relación con su trabajo, (…).
       .       .      .      .      .      .       . .

       29 LPRA sec. 704(b)(3). (Énfasis suplido).

       Cónsono con lo anterior, el despido o suspensión de un

empleado por conducta indebida relacionada con el trabajo es

motivo para su descalificación. Debido a ello, el patrono tiene

potestad para adoptar las reglas de eficiencia o normas de conducta

necesarias para salvaguardar el buen funcionamiento de su

empresa, siempre que estas satisfagan el criterio de razonabilidad.

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 689- 690 (2004).

       Si una parte no está de acuerdo con la determinación emitida

por el Negociado, ésta puede apelar el dictamen que no le favoreció

ante un árbitro de la División de Apelaciones. El árbitro celebrará

una audiencia que podrá ser presencial o vía telefónica u otro medio

electrónico disponible. Sección 6, inciso c de la Ley de Seguridad de

Empleo, 29 LPRA sec. 706 (c); Artículo 6.2 (b) del Reglamento Núm.

9056. El Art. 6.2 (b) del Reglamento Núm. 9056, expone, además,

que:

          Si alguna de las partes no está de acuerdo con el método
       dispuesto, deberá fundamentar por escrito sus objeciones
       ante el árbitro designado en un término no menor de cinco
       (5) días calendario previo a la fecha de la audiencia y
       notificará a la otra parte dentro de este mismo término. De
       no recibirse objeción, se entenderá que las partes han dado
       su anuencia para la celebración de la audiencia en los
       términos ordenados por la División de Apelaciones.

          Al evaluar las objeciones para la celebración de una
       audiencia por teléfono u otro medio electrónico disponible,
       se podrán considerar los siguientes criterios:

         1.  La complejidad de la controversia planteada;
             […]
         10. Si la evidencia documental es extensa o de
             naturaleza técnica;
             […]
KLRA202300169                                                           8

        El árbitro contestará la solicitud en un término no mayor
      de diez (10) días contados a partir del recibo de la objeción.
      Si el árbitro no emite contestación se entenderá
      denegada. […]. (Énfasis suplido).

      Una vez el árbitro emita el dictamen, “[c]omo cuestión de

derecho, se concederá una apelación por cualquier parte ante el

Secretario si la decisión del árbitro hubiere revocado o modificado la

determinación del Director, o si se presentare alguna cuestión

basada en la Sección (6) o (7). En todos los demás casos se

permitirán apelaciones subsiguientes solamente a discreción del

Secretario. […] El Secretario podrá confirmar, modificar o revocar

las determinaciones o conclusiones del árbitro solamente a base de

evidencia previamente sometida o a base de aquella evidencia

que el Secretario ordene tomar”. (Énfasis suplido). Sección 6,

inciso f de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 LPRA sec. 706(f).

                                   B.

      Es   norma     firmemente     establecida    que    los   tribunales

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las

decisiones de los organismos administrativos. Ello, dado que las

agencias   administrativas     cuentan     con    vasta   experiencia   y

conocimiento especializado en cuanto a los asuntos que les han sido

encomendados. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833,

839 (2021), citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012);

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Pagán

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).

      Como resultado, la decisión de una agencia administrativa

gozará de una presunción de legalidad y corrección que será

respetada, siempre que la parte que la impugna no produzca

evidencia suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores,

185 DPR 206, 215 (2012). Así, en cuanto a las determinaciones de

hecho que realiza una agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que

los tribunales revisores tienen que sostenerlas si se encuentran
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respaldadas por evidencia suficiente que surja del expediente

administrativo al ser considerado en su totalidad. Pacheco v.

Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Véase, además, Sec. 4.5 de la

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Por evidencia sustancial se entiende

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Rolón

Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 36 (2018); González

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota,

163 DPR 716, 728-729 (2005).

      Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo basada

en evidencia sustancial. Otero v. Toyota, supra, pág. 728. En fin, el

tribunal debe limitar su intervención a evaluar si la determinación

de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Íd.

      Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 38-2017, señala que éstas pueden ser revisadas en

todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Ahora

bien, lo anterior “no implica que los tribunales revisores tienen la

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e

interpretaciones de la agencia”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729.

Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un resultado distinto

al de la agencia, éste debe determinar si la divergencia es a

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones

de política pública o en la apreciación de la prueba. Otero v. Toyota,

supra, pág. 729. Dicho de otro modo, “[e]l tribunal podrá sustituir

el criterio de la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar

una base racional para explicar la decisión administrativa”. Íd.
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        Por consiguiente, la deferencia concedida a las agencias

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el

organismo     administrativo   haya      errado   en    la   aplicación    o

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo

actúe     arbitraria,   irrazonable      o   ilegalmente,     al   realizar

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la

actuación     administrativa   lesione       derechos    constitucionales

fundamentales. Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819

(2021); Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628

(2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745

(2012).

                                  III.

        Mediante su recurso de Revisión Administrativa, el señor

González Medina alega que la División de Apelaciones del Negociado

lo privó de su derecho a un debido proceso de ley, al no celebrar una

vista presencial para dirimir la determinación que le denegó los

beneficios por desempleo. Arguye que la División nunca contestó su

petición de convertir la vista en una presencial y continuó con los

procedimientos vía telefónica despojándolo de su derecho a

confrontar la prueba en su contra y presentar evidencia a su favor.

        Además, el Recurrente aduce que durante la audiencia el

Recurrido declaró sobre el contenido de documentos que no obran

en el expediente, porque nunca los sometió. Argumenta, además,

que la parte recurrida hizo referencia a declaraciones de terceros

que nunca testificaron en la vista, pero que estaban contenidas en

los documentos. Asegura que el árbitro no pudo corroborar el

contenido de los documentos mencionados en la vista. Igualmente,

sostiene que no se utilizó la prueba documental en la que se amparó

el Recurrido para suspenderlo de empleo y sueldo. Finalmente,
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subraya que el árbitro llegó a conclusiones sobre derechos bajo el

Convenio Colectivo que no tuvo ante sí.

      Luego de revisar los hechos procesales y las leyes y

reglamentos que aplican a la controversia ante nosotros, resolvemos

que al Recurrente no le asiste la razón. De entrada, el señor

González Medina cuestiona que el ente administrativo no respondió

a su petición de convertir la audiencia por la vía telefónica a una

presencial. Sin embargo, al revisar el Art. 6.2 (b) del Reglamento

Núm. 9056, antes citado, advertimos que el árbitro no estaba

obligado a emitir una respuesta al Recurrente, pues si éste no

contestaba la solicitud en un término no mayor de 10 días, se

entendía denegada la petición. Es decir, ante la falta de respuesta

de la División en el referido plazo, la moción del señor González

Medina se podía entender denegada.

      Ahora bien, el Recurrente afirma que el árbitro no tuvo ante

sí los documentos a los que hizo referencia la parte recurrida y las

declaraciones de los testigos que surgen de los mismos. Sostuvo que

estos documentos no obran en el expediente administrativo. En fin,

éste asegura que el árbitro estuvo carente de la prueba documental

pertinente para establecer las determinaciones de hechos que

esbozó en la Resolución del 13 de septiembre de 2022. Sin embargo,

el señor González Medina no pudo señalar documento alguno en el

expediente que sostuviera tales alegaciones. Veamos.

      Surge del Reglamento Núm. 9056, que, como parte del

procedimiento previo a la audiencia telefónica, el árbitro está

obligado a notificar a las partes que pueden examinar el expediente

en la oficina local del Negociado. También, debe informar la forma

en que las partes deberán presentar la evidencia. Artículo 6.2, inciso

(c)(6)(iii), del Reglamento Núm. 9056. Una vez comienza la

audiencia, el árbitro debe informar la prueba anunciada por las

partes que no obre en el expediente administrativo. Artículo 6.2,
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inciso (d) del Reglamento Núm. 9056. Asimismo, el Reglamento

establece que:

      5. Las copias de los documentos que se marquen como
      evidencia de las partes serán proporcionadas por la parte
      proponente a la otra parte antes de la fecha de la
      audiencia. Si cualquier parte desea presentar evidencia
      escrita u otras pruebas físicas, esa parte debe hacer los
      arreglos para la entrega al árbitro y a las demás partes con
      al menos cinco (5) días de antelación a la fecha de la
      audiencia.
      6. La evidencia documental del patrono y del apelante
      deberá estar disponible a las partes en la fecha y hora de
      la audiencia. No obstante, el árbitro concederá oportunidad
      a las partes, durante y posterior a la audiencia por teléfono
      o medios electrónicos, para presentar cualquier evidencia
      documental o de otra naturaleza que tuvieran en su
      posesión, siempre y cuando se le provea oportunidad a la
      otra parte de revisar dicha evidencia y presentar cualquier
      objeción. […]. Íd. (Énfasis suplido).

      Como vemos, el ente administrativo debe asegurarse que las

partes tengan conocimiento de la prueba que va a desfilar en la

audiencia. Aunque el Recurrente señala que ésta no estuvo

disponible, éste no pudo identificar evidencia alguna que sostuviera

sus alegaciones, como tampoco incluyó con su recurso una

regrabación de los procesos que nos permitiera justipreciar su

impugnación.

      Ante la falta de señalamiento de alguna otra prueba contenida

en el expediente administrativo que controvierta el procedimiento

antes descrito y que, además, revele que la determinación del

organismo administrativo no estuvo amparada en evidencia

sustancial, resolvemos que el error señalado por el señor González

Medina no fue cometido. Otero v. Toyota, supra.

      En mérito de lo anterior, concluimos que el Recurrente no

pudo rebatir la presunción de legalidad y corrección que cobija a las

determinaciones     administrativas,     por   lo   que    procede    su

confirmación.

                                  IV.

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Decisión

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que confirmó la
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Resolución que emitió la División de Apelaciones del Negociado de

Seguridad de Empleo el 13 de septiembre de 2022.

     Notifíquese.

     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones