Court Opinion

ID: 9928532
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:48.146864+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:28.327179
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                    REVISIÓN
                                                    procedente del
KARLA CARRILLO RUSSE                                Departamento
                                                    de Asuntos del
Recurrente                                          Consumidor
                                  KLRA202300520
             v.
                                                    Querella Núm.:
IN HOUSE CLOSETS &                                  SAN-2022-
MORE INTERPRISES, INC.                              0012399
Recurrido                                           Sobre:
                                                    Ley Núm. 5 de 23
                                                    de abril de 1973
                                                    (Ley Orgánica de
                                                    DACO)
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos, mediante Recurso de Revisión Judicial,

y por derecho propio, la señora Karla Carrillo Russe (señora Carrillo

Russe o parte recurrente) y nos solicita que revisemos la Resolución

Nunc Pro Tunc emitida el 1 de septiembre de 2023 y notificada el 5

de septiembre de 2023, por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACo). Mediante la misma, el DACo declaró Con Lugar

la querella presentada por la señora Carrillo Russe y decretó la

resolución del contrato de arrendamiento de obra suscrito entre las

partes, en cuanto a las puertas objeto de la querella. Además,

ordenó a la parte querellada, el señor David Alemán Echevarría

h/n/c In House Closets & More Enterprises, Inc. (In House Closets

o parte recurrida) restituir a la señora Carrillo Russe la suma de

$3,585.00 y a esta última devolver las siete (7) puertas de madera

concernidas.

Número Identificador
SEN2023 ______________
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      Por las razones que expondremos a continuación, se confirma

la resolución recurrida.

                                     I.

      Según surge del expediente, en febrero de 2023, la señora

Carrillo Russe contrató a In House Closets para la manufactura e

instalación de siete (7) puertas de madera con sus marcos, una

puerta corrediza de cristal para un closet del pasillo y un closet en

panel hidrófugo, todo por el precio de $5,900.00. Posteriormente, la

señora Carrillo Russe notó que las puertas instaladas tenían varios

desperfectos, como comején en una de las puertas, por lo que

notificó a In House Closets para el correspondiente arreglo, pero no

tuvo éxito. Lo anterior provocó que esta contratara a otra compañía

para atajar el problema del comején.

      A raíz de lo anterior, el 19 de octubre de 2022, la señora

Carrillo Russe presentó una Querella en el DACo contra In House

Closets. En su querella solicitó el reembolso del costo total de las

puertas, $5,900.00, así como daños y perjuicios.

      El 19 de octubre de 2022, In House Closets fue notificado de

la querella instada en su contra, pero no contestó la misma

oportunamente. El 22 de febrero de 2023, el DACo celebró la vista

administrativa a la cual comparecieron ambas partes por derecho

propio.

      El 24 de febrero de 2023, el DACo emitió la Resolución

original.    Mediante     dicho   dictamen,    emitió    las   siguientes

determinaciones de hechos:

     1.     El 23 de febrero de 2022, la parte querellante
            contrató a la parte querellada para la instalación de
            7 puertas de madrea, un “walk-in closet” y una
            puerta corrediza en aluminio y cristal para el “closet”
            del pasillo, por el precio de $5,900.00.
     2.     El costo de las 7 puertas se detalló en la factura por
            la suma de $3,360.00.
     3.     El 19 de abril de 2022, la parte querellada realizó la
            instalación de las puertas de madera en el
            apartamento de la parte querellante.
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    4.   El 26 de abril de 2022, la parte querellante contactó
         a la parte querellada para informarle que las puertas
         estaban defectuosas, ásperas y con bolsas de aire en
         la pintura. Además, una de ellas también tenía
         arenilla que resultó ser comején, el cual le corrió por
         todo el baño. Algunas de las tablillas del closet
         también quedaron viradas.
    5.   La parte querellada contrató con la parte querellante
         para la fabricación e instalación de dos puertas de
         "closet" adicionales. No obstante, éstas fueron
         entregadas e instaladas sin ningún contratiempo.
    6.   La parte querellada acudió a la residencia de la parte
         querellante para intentar arreglar las puertas y para
         las tablillas. Sin embargo, no pudo resolver el
         problema del comején, ni arreglar la pintura de las
         puertas.
    7.   La parte querellada pudo corregir las tablillas
         viradas en el "walk-in closet".

    8.   El marco de una de las puertas ubicada en el cuarto
         "master" también se infectó con comején.
    9.   La parte querellada indicó que volvería en julio de
         2022, para corregir lo que faltaba en las puertas. Sin
         embargo, no volvió. Dicha parte no contestaba las
         llamadas ni los mensajes de texto.
    10. En agosto la parte querellante arregló la puerta que
        tenía comején con otro contratista lo cual tuvo un
        costo de $225.00. La fumigación para el comején de
        la puerta le costó a la parte querellante, la suma de
        $195.00        La       puerta       nueva       costo
        $870.00.
    11. En el edificio donde vive la parte querellante había
        otros pisos y apartamentos con problema de
        comején.
    12. El 19 de octubre de 2022, la parte querellante radicó
        una querella ante este Departamento. En la misma,
        solicitó la devolución de su dinero.

      Conforme lo anterior, la agencia determinó que la señora

Carrillo Russe cumplió con su obligación de pagar el precio por las

siete (7) puertas de madera, la puerta de cristal y aluminio blanco y

el closet en el panel hidrófugo. Sin embargo, el DACo expresó que In

House Closets no cumplió su obligación de realizar la obra según lo

pactado. Ello, toda vez que las puertas tenían defectos en la pintura,

y las tablillas del walk in closet resultaron viradas. A pesar de que

la señora Carrillo Russe le reclamó en varias ocasiones a la entidad

para que le corrigiera los mencionados desperfectos, In House
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Closets acudió al apartamento una (1) vez y solo logró corregir la

situación que presentaba las tablillas.

       Además, el DACo expuso lo siguiente:

       Es preciso resaltar, que la parte querellante no logró
       establecer que el problema del comején viniera con la
       puerta instalada por la parte querellada, ya que surgió
       de la prueba que había comején en otros pisos y
       apartamentos del condominio. Por lo tanto, la partida
       solicitada por la parte querellante a dichos efectos no
       procede.

       Ahora bien, quedó establecido que la parte querellada
       incumplió al actuar sin pericia al realizar la obra de las
       puertas a pesar de haber tratado de corregir las mismas
       posteriormente. Ante dichas circunstancias, procede la
       devolución de los $3,360 que la parte querellante pagó
       por las puertas, y los $225.00 que ésta pagó por la
       reparación al remover el material instalado.

       El 20 de marzo de 2023, In House Closets presentó Moción de

Reconsideración       de    Resolución.     Solicitó    se    reconsiderara      la

determinación o, en la alternativa, se enmendara para incluir que,

al restituirse el dinero a la señora Carrillo Russe, esta debía devolver

las puertas. La señora Carrillo Russe se opuso a lo anterior

oportunamente. El 11 de mayo de 2023, la señora Carrillo Russe

instó una Moción para Solicitar el Cumplimiento y la Ejecución de la

Resolución. En su comparecencia, le requirió al DACo que ordenara

la ejecución y el cumplimiento de la resolución original, de

conformidad con la Regla 30 del Reglamento 8034 del DACo.

       El 1 de septiembre de 2023, el DACo dictó la Resolución Nunc

Pro Tunc que hoy revisamos.1 Mediante esta, sostuvo su dictamen

inicial, más añadió la siguiente expresión: “Además, recibido el (sic)

la suma antes referida, la parte querellante devolverá a la parte

querellada las 7 puertas de madera objeto de la querella de epígrafe”.

1 El 28 de septiembre de 2023, la señora Carrillo Russe instó una oposición, en

la cual expresó que la Resolución Nunc Pro Tunc consideró tardíamente la moción
de reconsideración de In House Closets y que esta menoscabó sus derechos ya
adquiridos mediane una resolución original que ya era final y firme. Añadió que
la agencia enmendó la resolución original a los efectos de disponer que esta debía
devolver las siete (7) puertas de madera objeto de la querella y que ello constituía
un error de derecho porque afectaba sus derechos sustantivos. No surge del
expediente contestación de la agencia a dicha moción.
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      Inconforme con la determinación del DACo, la señora Carrillo

Russe acude ante este Tribunal de Apelaciones y alega que el foro

administrativo cometió los siguientes errores:

      Erró la Juez Administrativa de DACo y abusó de su
      discreción al emitir una Resolución Nunc Pro Tunc para
      corregir un error de derecho, lo cual es contrario a
      derecho.

      Erró la Juez Administrativa de DACo y abusó de su
      discreción al considerar la moción de reconsideración
      presentada por la parte recurrida, luego de que la
      resolución original adviniera final y firme.

      Erró la Juez Administrativa de DACo y abusó de su
      discreción al no actuar de conformidad con las
      disposiciones    procesales     que    rigen   nuestro
      ordenamiento y al violentar el debido proceso de ley de
      la parte recurrente.

      El 13 de noviembre de 2023, In House Closets presentó su

Oposición a Solicitud de Recurso de Revisión. Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

                                 II.

                                  A.

      Las decisiones administrativas están cobijadas por una

presunción de legalidad y corrección. Por ello, merecen deferencia

por parte de los tribunales apelativos. Graciani Rodríguez v. Garage

Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019); Otero v. Toyota, 163 DPR 716,

727 (2005). Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe

determinar si ésta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable,

constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción. El criterio

rector es la razonabilidad de la agencia recurrida. García Reyes v.

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008).

      De igual forma, al momento de evaluar una decisión

administrativa, los tribunales deben tomar en consideración, no solo

la especialización y experiencia de la agencia sobre las controversias

que tuviera ante sí, sino que también deben distinguir entre

cuestiones relacionadas a la interpretación de las leyes - donde los

tribunales son los especialistas - y aquellos asuntos propios para la
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discreción o pericia administrativa. García Reyes v. Cruz Auto Corp.,

supra, pág. 892; Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 805

(2021); Capó Cruz v. Jta. Planificación, 204 DPR 581 (2020).

      Al aplicar el criterio de razonabilidad y deferencia, se ha

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no deben

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial

que obre en el expediente administrativo. Bajo dicho escenario, los

foros apelativos deberán sostenerlas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-

2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU). Véase

también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75

(2000).

      Del mismo modo, las conclusiones de derecho y las

interpretaciones que realizan las agencias sobre la ley que le

corresponde administrar, a pesar de ser revisables en toda su

extensión, deben sostenerse a nivel apelativo si estas son

razonables, aunque haya alguna otra interpretación igualmente

adecuada. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 283 (2000);

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998).

      Ahora bien, debemos puntualizar que -debido a que las

resoluciones de los organismos administrativos se presumen

correctas- quien las impugne tiene el peso de la prueba, por lo que

deberá presentar evidencia suficiente para derrotar la presunción

que estas poseen. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).

De lo anterior, surge claramente que la carga probatoria le

corresponde a la parte recurrente, por lo que, de incumplir con ella

la decisión administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo.

                                 B.

      La Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada,

mejor conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos
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del Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq. (Ley Núm. 5 del 23 de abril

de 1973), creó al DACo para eliminar el estado de indefensión y

desamparo en el cual estaban sumidos los consumidores. Conforme

a su Exposición de Motivos, este ente administrativo posee el deber

de ventilar y adjudicar las querellas que los consumidores

presenten, fiscalizar el cumplimiento de las leyes que tienen como

objetivo proteger a esta parte de la población, así como educar y

concederle al consumidor representación adecuada en la defensa de

sus derechos. (Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 5 del

23 de abril de 1973, supra). Por lo tanto, el DACo tiene como norte

el vindicar e implantar los derechos del consumidor. Art. 3 de la Ley

Núm. 5 del 23 de abril de 1973, supra, 3 LPRA sec. 341b.

        En concordancia con el propósito perseguido por la referida

disposición de ley, el DACo tiene la autoridad de atender, investigar

y resolver las quejas y querellas presentadas por los consumidores

de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la

economía. Art. 6(c) de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según

enmendado, 3 LPRA sec. 341e(c).

                                 C.

        En Puerto Rico existe el principio de la libertad de

contratación. El contrato es el negocio jurídico bilateral por el cual

dos o más partes expresan su consentimiento en la forma prevista

por la ley, para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones.

Artículo 1230 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec.

9751.

        El contrato queda perfeccionado desde que las partes

manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en

los casos en que se requiere el cumplimiento de una formalidad

solemne o cuando se pacta una condición suspensiva. Existe

consentimiento por el concurso de la oferta y de la aceptación
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cuando el oferente recibe la aceptación. Artículos 1237 y 1238 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 9971 y 9772.

      Es a partir del perfeccionamiento de un contrato, que las

partes quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente

pactado y a las consecuencias que se deriven de éste, ello conforme

a la buena fe, al uso y a la ley. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 19

(2005). Cuando un contrato es legal, válido y carente de vicios del

consentimiento, constituye la ley entre las partes y debe cumplirse

a tenor de éste. Íd. La persona que de cualquier modo contraviene

el tenor de su obligación, debe indemnizar los daños y perjuicios

causados. Artículo 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9303.

      En los contratos con prestaciones recíprocas se encuentra

implícita la facultad de resolver extrajudicialmente el contrato por

falta de cumplimiento de una obligación principal, conforme a las

siguientes reglas:

      (a) la parte incumplidora debe estar en mora;
      (b) debe requerirse a la parte incumplidora, bajo
          apercibimiento de resolver el contrato total o
          parcialmente, que cumpla su obligación, incluyendo
          el daño moratorio;
      (c)     las prestaciones parcialmente cumplidas no se
          resuelven y quedan firmes;
      (d) la resolución opera al momento de vencer el
          requerimiento;
      (e) la resolución produce el efecto previsto en este
          Código para la condición resolutoria cumplida;
      y

      (f) puede reclamarse el cumplimiento y el resarcimiento
          de daños.

      […]

      Artículo 1255 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9823.

      El negocio jurídico puede ser ineficaz debido a su invalidez o

de su inoponibilidad, o por causa sobreviniente en los casos de

resolución, revocación o rescisión. La rescisión es el negocio jurídico

bilateral, o el unilateral previsto en la ley o en el propio negocio

jurídico, en virtud del cual este queda privado de efecto. La

resolución, revocación o rescisión de un negocio jurídico no afecta
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los derechos de terceras personas que han obrado de buena fe y no

han dado su consentimiento a aquellas. Artículos 339 y 340 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6302 y 6303. La sentencia

de invalidez de un negocio jurídico obliga a las partes a restituir, con

sus frutos y productos, lo recibido en virtud del negocio jurídico. La

restitución se rige por las disposiciones relativas a las relaciones

reales de buena o de mala fe, según sea el caso. Artículo 346 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6316.

      En lo pertinente, por el contrato de obra o “contrato de

arrendamiento de obra o de ejecución de obra”, el contratista se

obliga, sin estar subordinado al comitente, a realizar una obra

material o intelectual por el pago de un precio. Artículo 1367 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 10251. Véase, además,

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 428 (2003); Constructora Bauzá,

Inc. v. García López, 129 DPR 579, 592 (1991). El contratista está

obligado, entre otras cosas, a ejecutar la obra según lo convenido y

los conocimientos que exige el arte, la ciencia o la técnica

correspondiente para la ejecución. Artículo 1375 (a) del Código Civil

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 10272.

                                  III.

      En el presente recurso, nos corresponde determinar si el

DACo incidió al dictar la Resolución Nunc Pro Tunc objetada.

Analizados los hechos particulares de la acción a la luz del derecho

aplicable, concluimos que el DACo no erró en su determinación.

Nuestra función se circunscribe a una cuestión de Derecho;

determinar si constituyó un error de forma subsanable mediante

una enmienda nunc pro tunc el añadir en el dictamen de la agencia

que, como parte de la resolución del contrato en cuestión, por el cual

la parte recurrida debe devolverle a la parte recurrente la suma de

$3,585.00, la parte recurrente debe a su vez restituir las siete (7)

puertas de madera objeto de la querella de epígrafe.
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      En síntesis, la parte recurrente alega que la Resolución Nunc

Pro Tunc no procedía porque esta corrigió un error de derecho.

Argumenta que lo anterior menoscabó sus derechos adquiridos

cuando se dictó la Resolución original. Añade que dicho acto tuvo el

efecto de conceder tardíamente la solicitud de reconsideración

presentada por la parte recurrida. En ese sentido, arguye que el

DACo no consideró la moción de reconsideración mencionada

dentro del término aplicable de 15 días. Por otro lado, la parte

recurrida está de acuerdo con el pronunciamiento impugnado, por

entender que, a través de este, el DACo enmendó un error de forma.

      Según expuesto, ante la inobservancia de una de las partes

de un contrato, la parte perjudicada puede solicitar el cumplimiento

de la obligación o su resolución. Asimismo, cuando se declara la

nulidad de un contrato, las partes quedan obligadas a la

restauración del estado primitivo anterior de las cosas. Bosques Soto

v. Echevarría Vargas, 162 DPR 830, 836-837 (2004); Sánchez

Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172 (1985) (Nota al calce 2).

La consecuencia natural de este acto es que se deben devolver las

prestaciones objeto del contrato.

      En la presente causa, somos del criterio que la enmienda nunc

pro tunc en cuestión no menoscabó los derechos sustantivos de la

parte recurrente. Esta se limitó a explicar en que consistía la

resolución del contrato. Nótese que, desde la Resolución del 24 de

febrero de 2023, la agencia ordenó resolver el convenio de

arrendamiento de obra suscrito entre las partes en cuanto a las

puertas concernidas. Así, una vez resuelto el contrato, el remedio a

concederse es el que las partes se restituyan mutuamente las

contraprestaciones. Esto es, la parte recurrida restituirá a la parte

recurrente la suma de $3,585.00 y la parte recurrente devolverá las

aludidas siete (7) puertas de madera.
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                               IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Resolución Nunc Pro Tunc recurrida.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

     La jueza Rivera Marchand disiente sin opinión escrita.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones