Court Opinion

ID: 9394840
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:14:38.134975+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.479882
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL I
  MUNICIPIO AUTÓNOMO                  REVISIÓN JUDICIAL
      DE DORADO                       procedente del
                                      Departamento de
     RECURRENTE-                      Desarrollo
     INTERVENTOR                      Económico y
                                      Comercio, Oficina
                                      de Gerencia de
          V.            KLRA202300138 Permisos

 OFICINA DE GERENCIA                  Número Caso:
 DE PERMISOS (OGPe);                  2021-385341-PCOC-
  ELITE TOWERS, LLC;                  021928
 FRANCISCO J. RIVERA;
   ESAM A. HUSSEIN
        HASSAN                        SOBRE:
                                      Solicitud de
       RECURRIDOS                     Permiso de
                                      Construcción
                                      Facilidad de
                                      Telecomunicaciones

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez
Ramos, el Juez Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente

                          SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      Comparece ante nos el Municipio Autónomo de Dorado

(Municipio o Recurrente) y solicita que revoquemos una

determinación emitida y notificada el 16 de febrero de

2023 por la División de Revisiones Administrativas de la

Oficina de Gerencia de Permisos (DRA-OGPe). Mediante el

referido dictamen, la DRA-OGPe declaró No Ha Lugar una

Solicitud de Revisión Administrativa presentada por el

Municipio, la cual buscaba dejar sin efecto el Permiso

de Construcción Núm. 2021-385341-PCOC-021928 (Permiso de

Construcción) otorgado a Elite Towers, LLC (Elite Towers

o Recurrida) para la construcción de unas facilidades de

telecomunicaciones.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación,

revocamos la decisión recurrida.

Número Identificador

SEN2023________________
KLRA202300138                                                          2

                                    -I-

        El 19 de octubre de 2022, el Municipio presentó una

Solicitud de Revisión Administrativa ante la DRA-OGPe,

reclamando la revocación del Permiso de Construcción

otorgado por la agencia a favor de Elite Towers el 27 de

septiembre de 2022 y notificado el 29 del mismo mes y

año.1 En su escrito, expresó que el proyecto propuesto

incumplía con el Art. 5(a) de la Ley Núm. 89, conocida

como     la   Ley    sobre     la   Construcción,      Instalación    y

Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico2

y la Sección 9.11.2.2, inciso a, del Reglamento Núm.

9233 del 2 de diciembre de 2020, conocido como el

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de

Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos

(Reglamento Conjunto 2020). Esto pues, a su entender, la

torre de telecomunicación a construirse no guardaba la

distancia requerida por ley (no menos de la altura, más

un diez por ciento de distancia de la residencia más

próxima). Además, expuso que la ubicación de la antena

reduciría       la    capacidad       de    estacionamientos         que

actualmente      tiene    el    predio     objeto   del   Permiso     de

Construcción, lo que entendía violentaba las Secciones

8.5.1.1, 8.5.2.1 y 8.5.3.1 del Reglamento Conjunto 2020.

        Así las cosas, la DRA-OGPe señaló una vista para

evaluar el caso ante su consideración. Luego de escuchar

a las partes que comparecieron a dicho procedimiento, y

estudiar las constancias del expediente administrativo

desarrollado, el ente revisor emitió una Resolución de

Revisión      Administrativa,        en    la   cual   consignó      las

siguientes determinaciones de hechos:

1   Apéndice del Recurso, págs. 385-394.
2   27 LPRA sec. 323(a).
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        1. El 27 de enero de 2022, Elite Towers,
           LLC, por conducto del Ing. Francisco
           Rivera Torres, presentó ante la Oficina
           de Gerencia de Permisos (OGPe), una
           solicitud de permiso de construcción
           para      unas      facilidades      de
           telecomunicaciones. La solicitud fue
           identificada con el número 2021-385341-
           PCOC-021928.
        2. La propiedad objeto de solicitud está
           localizada en la Carretera 698 Km 1.0,
           Mameyal Lote 2 #115, en el Municipio de
           Dorado.
        3. La propiedad ubica en un distrito de
           calificación Residencial Intermedio (R-
           I), según el Mapa de Calificación del
           Municipio de Dorado.
        4. En el Memorial Explicativo que obra en
           el expediente del caso número 2021-
           385341   PCOC-021928,  se   indicó  lo
           siguiente:
                “[…] Descripción del Solar:
                El solar donde se propone la
                instalación   de la    estación de
                telecomunicaciones es un predio de
                350 m.c. (3,767.37 p.c.) arrendado
                por Elite Towers LLC., y está
                ubicado en el Bo. Higuilar del
                pueblo de Dorado, P.R. El acceso
                principal hacia el área del proyecto
                es por la Carretera Núm. 698
                Descripción   de   las   Instalaciones
                Propuestas:
                Esta estación de telecomunicaciones
                consiste     de     4     elementos
                principales: una torre unipolar, 3
                bases de hormigón para equipos, las
                facilidades de energía eléctrica y
                la verja.
                1. Torre Unipolar (Monopole):
                La torre de acero unipolar será
                construida a una altura de 90 pies.
                Esta torre no requiere de tensores.
                Como parte de su diseño estructural
                se   consideraron las     cargas de
                instalación de antenas para tres
                compañías, así como también los
                cables de comunicación que conectan
                a   estas   con   los   equipos   de
                comunicación inalámbrica. Más aun,
                estará debidamente protegida por un
                sistema de pararrayos y disipadores
                de    descargas     electrostáticas.
                También    estará     provista    de
                indicadores para la aviación (si lo
                requiere la Comisión Federal de
                Aviación, mejor conocida por sus
                siglas FAA) mediante una luz roja
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                intermitente que funciona en horas
                de la noche.
                […]
                2. Bases de Hormigón:
                Se   construirán   tres   bases   en
                hormigón para la instalación de los
                equipos de telecomunicaciones de
                uso exterior. Esto es con la
                intención de tener facilidades para
                que los servidores de sistemas de
                telecomunicación   puedan   instalar
                sus equipos en las facilidades
                propuestas. Como anteriormente se
                menciona en este memorial Elite
                Towers LLC., tiene la intención de
                facilitar infraestructura de alta
                calidad a la industria de las
                telecomunicaciones.
                3. Facilidades de Energía Eléctrica
                En el solar propuesto se propone
                instalar facilidades de energía
                eléctrica   de  tipo   normal.   La
                instalación de estas facilidades
                eléctricas será consultada con la
                Autoridad de Energía Eléctrica para
                su evaluación y conexión.
                4. Verja
                Se instalará una verja, en la
                periferia   del    lote   arrendado,
                construida en acero galvanizado a
                una altura de 8 pies mínimo para
                propósitos de seguridad. Esta verja
                cubrirá básicamente el área de la
                torre, así como el área de las bases
                de los equipos de uso exterior.
                El   camino   de   acceso   a   las
                facilidades de telecomunicaciones
                ya está impactado con asfalto, se
                usará este mismo acceso para entrar
                al área arrendada.
                […]”
        5. El solar donde se propone el proyecto
           es un predio de de [sic.] 1,330.9401
           metros cuadrados, según escritura. La
           parte Proponente-Concesionaria arrendó
           350 metros cuadrados, en la azotea para
           la instalación de la plataforma para los
           equipos de telecomunicaciones y 10
           metros   cuadrados   para:   “…para   la
           construcción, operación y mantenimiento
           de las Facilidades de telecomunicación
           del ARRENDATARIO, junto con todas las
           servidumbres necesarias para acceso,
           egreso y utilidades…”, según surge del
           Contrato de Opción y Arrendamiento
           suscrito el 23 de enero de 2019, entre
           Esam A. Hussein Hassan (Arrendador) y
           Elite Towers, LLC. (Arrendatario).
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        6. En el expediente del caso número 2021-
           385341-PCOC-021928, obra un documento
           titulado Radio altura y 10 por ciento y
           radio notificacion [sic.] colindante.
           En el mismo, se identifica el radio de
           seguridad de altura más diez porciento
           [sic.] (10%), un total de 99 pies, y el
           radio de notificación de 100 metros. En
           el mismo se identifican dentro del radio
           de     seguridad     las     siguientes
           propiedades:
                •   Propiedad   del   dueño   de   la
                    propiedad   y   arrendador,   con
                    número de catastro 019-098-191-
                    17, y uso comercial, permiso
                    único   número    2022-421063-PU-
                    127044
                •   Propiedad con número de catastro
                    019-098-191-15, y uso comercial
                    Centro Clínico del Norte, permiso
                    único   número    2022-461219-PU-
                    179123
        7. La escalera de la propiedad con número
           de catastro 019-098-190-20, propiedad
           del vecino opositor Wilfredo Navedo
           Rivera, está identificada dentro del
           radio de seguridad.
        8. En el expediente del caso 2021-385341-
           PCOC-021928 obra Declaración Jurada
           sobre Co-ubicación, suscrita el 16 de
           noviembre de 2021, suscrita por Luis F.
           Ortiz Mercado en representación de
           Elite Towers LLC.
        9. La propiedad ubica en una Zona X de
           inundabilidad, según la hoja núm.
           72000C03101 según el Mapa Sobre Tasa de
           Seguros de Inundación, con vigencia de
           abril de 2018.
        10.     El   Departamento   de   Recursos
          Naturales y Ambientales emitió sus
          comentarios y requerimientos sobre el
          proyecto, mediante comunicación del 1
          de julio de 2021, en el caso 2021-
          385341-SRM-045273,    e    indicó    lo
          siguiente: "El Departamento de Recursos
          Naturales y Ambientales (DRNA) a través
          de su Oficial de Permiso asignado a la
          OGPe realizó una búsqueda en el Sistema
          de Información Geográfica (GIS) de la
          Junta de Planificación y no encontró en
          el área de la actividad propuesta
          hábitat crítico, elementos críticos ni
          área de Prioridad de Conservación. La
          División de Medioambiente no tiene
          objeción al proyecto propuesto. (…)”.
        11.     El  proyecto   cuenta   con   una
          Recomendación Ambiental emitida el 1 de
          noviembre de 2021, caso número 2021-
          385341-REA-006524,     y    con     una
          Determinación de Cumplimiento Ambiental
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           para Evaluación Ambiental emitida el 4
           de febrero de 2022, caso número 2021-
           385341-DEA-006281.
        12.     En el expediente del caso obra la
          Determination of No Hazard To Air
          Navigation, emitida por el Federal 6 de
          abril de 2022.
        13.     El 18 de febrero de 2022, el Sr.
          Israel Class solicitó intervención en
          el caso objeto de revisión, caso número
          2022-SIN-006762. Mediante Resolución
          sobre Solicitud sobre Solicitud de
          Intervención emitida el 18 de febrero
          de 2022, la OGPe declaró ha lugar la
          solicitud de intervención presentada.
        14.     El 24 de febrero de 2022, el
          Municipio Autónomo de Dorado solicitó
          intervención en el caso objeto de
          revisión, caso número 2022-SIN-006821.
          Mediante Resolución sobre Solicitud
          sobre Solicitud de Intervención emitida
          el 4 de marzo de 2022, la OGPe declaró
          ha lugar la solicitud de intervención
          presentada
        15.     El día 27 de septiembre de 2022,
          la   OGPe    expidió  el   permiso  de
          construcción número 2021-385341-PCOC-
          021928, notificado el 29 de septiembre
          de     2022,    para    facilidad   de
          telecomunicaciones.
                           […]
        24.     Durante el testimonio de la Sra.
          Martínez, la parte Recurrente solicitó
          presentar     prueba     sobre     las
          recomendaciones de la Compañía de
          Turismo. Esta alegación se levanta por
          primera vez el día de la vista
          administrativa y no surge del escrito
          de revisión, por lo que la parte
          Proponente-Concesionaria   objetó   la
          línea    del    directo   sobre   esta
          controversia, porque no está preparado
          para argumentar la misma, dejándolo en
          un estado de indefensión. Argumentó el
          Proponente-Concesionario     que    el
          Recurrente tenía la oportunidad en su
          escrito de revisión, de señalar lo que
          el entendiera que fueron los errores
          cometidos por la agencia, y no esperar
          al día de la vista para traer prueba
          sorpresa. Indicó que solamente se
          levantó como errores fueron radio de
          caída y estacionamiento.
        25.     Por su parte, la OGPe indicó que
          la sección 11.1.2.9 del Reglamento
          Conjunto, inciso 2, en la notificación
          de esta División se indicaron los
          aspectos del caso que iban a ser
          revisado, y la notificación de vista
          señala los errores levantados por la
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              parte recurrente solamente al solicitar
              la   revisión. Añadió    que de esos
              alegados errores es que la agencia se
              preparó para la vista administrativa.
            26.     El Examinador declaró ha lugar la
              objeción levantada por el Proponente-
              Concesionario y permitió consignar para
              récord el ofrecimiento de prueba de la
              parte    Recurrente   que   indicó   lo
              siguiente:
              "La   Sra.  Martinez   [sic.]   hubiera
              declarado que la propiedad ubica en una
              zona de interés turístico y surge así
              de la hoja oficial de la Junta de
              Planificación, que esta [sic.] amarada
              [sic.] al sistema MIPR. Que es obvio
              que en el trámite de permiso que nos
              ocupa no obra ninguna recomendación de
              la Compañía de Turismo para que se
              entienda que la solicitud está completa
              bajo la Ley de Certificaciones.
              Además, hizo un segundo ofrecimiento de
              prueba sobre todas las certificaciones
              del expediente del caso ninguna tienen
              el número del caso al que se refiere.
              Lo   que    implica   es    que   están
              certificando un trámite incompleto. No
              se puede determinar con certeza si
              están certificando el caso objeto del
              permiso. en [sic.] específico a las
              certificaciones de los especialistas
              que son requeridas por el Reglamento
              Conjunto”. (Énfasis nuestro).3
        A     base       de    tales   determinaciones     fácticas

anteriores,          y    de   su   interpretación   del   derecho

aplicable, la DRA-OGPe determinó declarar No Ha Lugar la

Solicitud de Revisión Administrativa             instada por el

Municipio. Al así hacerlo, el ente adjudicador razonó

que:

            Según surge del plano con el radio de
            seguridad, dentro del mismo ubica la
            escalera de la residencia del Sr. Navedo.
            De la evidencia presentada surge que la
            misma   no    cuenta    con   permiso   de
            construcción, y que no se encuentra en
            condiciones de ser utilizada de forma
            segura. Tomando en consideración la prueba
            presentada y la evidencia que obra en el
            expediente, concluimos que la torre de
            telecomunicaciones     cumple    con    la
            distancia del radio de seguridad requerida
            en la Sección 9.11.2.1, antes citada.

3   Id., págs. 425-427, 429-430.
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          La parte Recurrente también alegó que erró
          la OGPe, debido a que la ubicación de la
          torre de telecomunicaciones reduciría la
          capacidad   de estacionamientos    de la
          clínica pediátrica localizada en el predio
          objeto del permiso de construcción.
          Durante la vista de revisión, el perito de
          la parte Proponente-Concesionaria, Ing.
          Camilo Almeida Eurite, indicó que se
          evaluó el asunto de los estacionamientos
          y si el remanente es suficiente para el
          uso, y se concluyó que se proveen quince
          (15) estacionamientos funcionales, y se
          requieren once (11), cumpliendo con la
          reglamentación aplicable. No se presentó
          prueba para rebatir lo indicado por el
          Ing. Almeyda.
          Examinada la prueba presentada en Sala y
          la obrante en el expediente, concluimos
          que la presunción de corrección que permea
          a la determinación de la OGPe no fue
          rebatida por la parte Recurrente. Nuestro
          más alto foro ha reiterado que en nuestra
          jurisdicción las determinaciones de las
          agencias administrativas gozan de una
          presunción de regularidad y corrección.
          Rivera Concepción v. Administración de
          Reglamentos y Permisos, 152 D.P.R. 116
          (2000). Por lo tanto, la parte que impugna
          una    determinación   de    una    agencia
          administrativa le corresponde establecer
          que la misma se tomó en ausencia de
          evidencia    sustancial.   Asociación    de
          Vecinos H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150
          D.P.R. 70,75 (2000); Henríquez v. Consejo
          de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210
          (1987). Cuando hablamos de sustancial
          hacemos referencia a "aquella evidencia
          relevante que una mente razonable podría
          aceptar como adecuada para sostener una
          conclusión". Empresas Ferrer Inc. v.
          Administración De Reglamentos, 172 DP.R.
          254;   Hernández   v.   Centro   Unido   de
          Detallistas, 168 D.P.R. 592; Otero v.
          Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005).
          Las    decisiones   de    los    organismos
          administrativos     merecen     la    mayor
          deferencia judicial, por contar con la
          experiencia y conocimientos altamente
          especializados sobre los asuntos a su
          cargo. De ahí que los tribunales deben
          limitarse a indagar sobre la razonabilidad
          de la decisión del foro administrativo sin
          sustituirle por su propio criterio, salvo
          que se infrinjan valores constitucionales
          fundamentales o se trata de actuaciones
          claramente arbitrarias. Rivera Concepción
          v.   Administración   de    Reglamentos   y
          Permisos, 152 D.P.R. 116 (2000) (Énfasis
          nuestro).4

4   Id., pág. 437.
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      Inconforme   con   la   decisión   de   la   agencia,   el

Municipio acude ante este foro apelativo. En su recurso

de revisión judicial, el Recurrente expone que la DRA-

OGPe cometió los siguientes errores:

        PRIMER ERROR
        ERRÓ LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS AL
        EMITIR EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA UNA
        INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACONES EN UN
        PREDIO UBICADO EN UNA ZONA DE INTERÉS
        TURÍSTICO (ZIT) SIN QUE SE OBTUVIERAN,
        PREVIO    A   DICHA   AUTORIZACIÓN,    LAS
        RECOMENDACIONES DE LA COMPAÑÍA DE TURÍSMO,
        VIOLANDO ASÍ LA LEY 374-1949, SEGÚN
        ENMENDADA.
        SEGUNDO ERROR
        ERRÓ    LA    DIVISIÓN    DE     REVISIONES
        ADMINISTRATIVAS DE LA OGPE AL DECLARAR NO
        HA   LUGAR  LA   SOLICITUD    DE   REVISIÓN
        ADMINISTRATIVA     PRESENTADA     POR    EL
        RECURRENTE, A PESAR DE HABER ENCONTRADO
        PROBADO QUE PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA
        RESIDENCIA DEL VECINO OPOSITOR WILFREDO
        NAVEDO RIVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL
        RADIO DE SEGURIDAD DE LA FACILIDAD DE
        TELECOMUNICACIONES    DE    LA    RECURRIDA
        "ELITE" Y QUE, POR LO TANTO, SE VIOLÓ EL
        ARTÍCULO 5, INCISO A DE LA LEY 89-2000,
        SEGÚN ENMENDADA.
        TERCER ERROR
        ERRÓ LA OGPE AL APROBAR EL PERMISO DE
        CONSTRUCCIÓN   DE    LA   INSTALACIÓN   DE
        TELECOMUNCIACIONES A PESAR DE NO OBRAR EN
        EL EXPEDIENTE EL ENDOSO DE LA JUNTA
        REGLAMENTADORA    DE    TELECOMUNICACIONES
        REQUERIDO EN LA LEY 89-2000 Y EL
        REGLAMENTO   CONJUNTO,    CAEN   CASO   DE
        VARIACIONES (INCLUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
        CON ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA LEY 89-2000)
        CUARTO ERROR
        ERRÓ LA OGPE AL EMITIR EL PERMISO DE
        CONSTRUCCIÓN IMPUGNADO, Y ERRÓ LA DIVISIÓN
        DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS AL NO
        REVOCARLO, A PESAR DE QUE EL PROYECTO
        DESCANSA EN UNA CERTIFICACIÓN EMITIDA EN
        VIOLACIÓN A LA LEY 135-1967

      El 17 de abril de 2023, la Oficina de Gerencia de

Permisos compareció y presentó su Oposición a Recurso de

Revisión.
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      Por su parte, el 28 de abril de 2023, Elite Towers

presentó   su        correspondiente      Oposición    a    Recurso     de

Revisión Judicial.

      Contando con la comparecencia de todas las partes,

procedemos a resolver.

                                  -III-

    A. Revisión Judicial de Decisiones Administrativas

      En nuestro ordenamiento, la revisión judicial de

decisiones administrativas tiene como fin primordial

limitar la discreción de las agencias y asegurar que

estas desempeñen sus funciones conforme a la ley.5 Esta

doctrina    dispone       que    corresponde      a   los   tribunales

examinar        si     las      decisiones       de   las     agencias

administrativas fueron tomadas dentro de los poderes

delegados y son compatibles con la política pública que

las origina.6 Por lo general, el ejercicio de revisión

judicial de una decisión administrativa suele ceñirse a

tres áreas: (1) la concesión del remedio apropiado; (2)

la revisión de las determinaciones de hechos conforme al

criterio de evidencia sustancial; y (3) la revisión

completa y absoluta de las conclusiones de derecho.7

      Ahora bien, dentro de este marco, los tribunales

apelativos      deben     concederle      gran    deferencia      a    las

decisiones emitidas por las agencias, debido a la vasta

experiencia      y     conocimiento    especializado        que       estas

tienen en los asuntos que se les han sido encomendados.8

De esta manera, estas determinaciones son amparadas por

una presunción de legalidad y corrección, la cual los

5 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008).
6 Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018).
7 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940

(2010).
8 Rolón Martínez v. Caldero López, supra, pág. 35; Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty et al. II., supra, pág. 940.
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tribunales deben respetar mientras la parte que las

impugna       no     presente        evidencia    suficiente       para

derrotarlas.9 A la luz de lo anterior, los tribunales

deben ser cautelosos al intervenir con las conclusiones

e interpretaciones de los organismos administrativos

especializados.10

      Ahora        bien,    la   deferencia      reconocida    a     las

decisiones      de    las    agencias     administrativas     cede    en

algunas situaciones, tales como: (1) cuando la decisión

no esté basada en evidencia sustancial; (2) cuando la

agencia haya errado en la aplicación de la ley; (3)

cuando su actuación resulte ser arbitraria, irrazonable

o   ilegal;     y    (4)    cuando   la   actuación   administrativa

lesiona derechos constitucionales fundamentales.11

      Entretanto, la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017,

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 38)12

recoge el alcance de la revisión judicial en su Sección

4.5, al establecer que:

        El tribunal podrá conceder el remedio
        apropiado si determina que el recurrente
        tiene derecho a un remedio.
        Las determinaciones de hechos de las
        decisiones   de    las   agencias    serán
        sostenidas por el tribunal, si se basan en
        evidencia sustancial que obra en el
        expediente administrativo.
        Las   conclusiones  de   derecho  serán
        revisables en todos sus aspectos por el
        tribunal.13

      Como es de notar, tanto la Ley Núm. 38 como la

jurisprudencia sostienen que el estándar para evaluar

9 Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35, citando a Torres
Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).
10 García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 892.
11 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012),

citando a Empresas Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007).
12 3 LPRA secs. 9603-9713.
13 3 LPRA sec. 9675.
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las    determinaciones          de    hechos       es    uno    de    evidencia

sustancial. Así lo ha reiterado nuestro Tribunal Supremo

al explicar que los tribunales, aplicando el criterio de

razonabilidad          y      deferencia,           no      alterarán           las

determinaciones de hechos de las agencias, siempre que

surja     del    expediente          evidencia         sustancial      que      las

sustente.14 En este contexto, evidencia sustancial es

aquella prueba relevante que “una mente razonable podría

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.15

        Similarmente, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado

que    estas     determinaciones         deben         respetarse      mientras

quien las impugne no produzca evidencia suficiente para

derrotarlas.16 Es decir, al impugnarse, la parte tiene

el deber insoslayable de presentar ante el foro judicial

la evidencia necesaria que permita descartar la referida

presunción de corrección.17 Esto implica que se debe

demostrar       que    existe    otra     prueba,         que    obre      en   el

expediente,        y    que     reduzca       o     menoscabe         el   valor

probatorio de la evidencia impugnada hasta el punto que

no se pueda concluir que la determinación de la agencia

fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba

ante     su     consideración.18        Todavía          más,    lo    anterior

significa también que, ante los tribunales, el peso de

la    prueba     descansa       sobre    la       parte    que    impugna       el

dictamen.19

        Por   otra     parte,    conforme         lo    dispone       la   propia

sección citada de la Ley Núm. 38 y la jurisprudencia,

las conclusiones de derecho son revisables en todos sus

14 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.
15 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020),
citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).
16 Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).
17 Id.
18 Id., citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).
19 Id.
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aspectos.20      Empero,          ello    no    significa       que    se    podrá

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones

de la agencia para sustituirla por el criterio del

tribunal.21 En ese entonces, el tribunal está llamado a

aplicar      los      criterios          anteriores       de    intervención,

especialmente           en    aquellas          situaciones       en    que        no

encuentre una base racional que fundamente la actuación

administrativa.22            En    virtud       de     este    análisis,      cabe

recordar que los tribunales solo deben intervenir en las

decisiones administrativas cuando concluyan que se ha

actuado arbitraria, ilegal o irrazonablemente.23

     B. Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés
        Turístico

        La Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, conocida

como la Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés

Turístico       (Ley     Núm.       374)       tiene    como    propósito          el

“preservar      los      valores         históricos      de    Puerto       Rico    y

desarrollar        el    turismo         mediante       la     conservación         y

protección       de     especiales         lugares       y     estructuras,         y

mediante la planificación armoniosa de la construcción

de nuevas estructuras”.24

        Cónsono con lo anterior, el Art. 1 de la Ley Núm.

374 dispone, en cuanto a la concesión de permisos de

construcción en este tipo de zonas, que:

           […] [T]oda solicitud de permiso de
           construcción, permiso de uso, o cualquier
           otra solicitud de permiso que se radique
           ante la Oficina de Gerencia de Permisos y
           los Municipios Autónomos con Jerarquía de
           la I a la V para realizarse dentro de los
           límites de una zona antigua o histórica o
           dentro de los límites de una zona de
           interés turístico ha de ser previamente
           realizada y autorizada en cuanto a sus
           detalles,   rasgos    arquitectónicos   y

20   Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627.
21   García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 894.
22   Id., pág. 896.
23   Rolón Martínez v. Caldero López, supra, pág. 36.
24   23 LPRA sec. 161.
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           apropiada relación con el carácter de tal
           zona, en la forma más adelante dispuesta
           y conforme a las demás leyes aplicables.
                               […]
           En el caso de una zona de interés
           turístico, ninguna franquicia, permiso,
           autorización o licencia para obras,
           construcciones, instalaciones, servicios,
           uso o actividades dentro de dicha zona
           podrá ser concedido por la Oficina de
           Gerencia de Permisos y los Municipios
           Autónomos con Jerarquía de la I a la V,
           según se haya determinado por ley sin la
           previa   recomendación  escrita   de   la
           Compañía de Turismo, según se dispone en
           la Ley 161-2009. (Énfasis nuestro).25

        Por otro lado, con respecto al procedimiento para

la aprobación de permisos en una de las zonas previamente

mencionadas, el Art. 4 de la Ley Núm. 374 establece, de

manera específica, que:

           Todo proyecto, plano, elevación y toda
           información con cada solicitud de permiso
           de construcción, de uso, u otro, a
           realizarse dentro de una zona antigua o
           histórica o dentro de una zona de interés
           turístico, serán aprobados o autorizados
           por la Oficina de Gerencia de Permisos y
           los Municipios Autónomos con Jerarquía de
           la I a la V, previa recomendación escrita
           de la Compañía de Turismo de Puerto Rico
           en el caso de las zonas de interés
           turístico, y del Instituto de Cultura
           Puertorriqueña en el caso de las zonas
           antiguas o históricas. […] (Énfasis y
           subrayado nuestro).26

        De igual forma, el Art. 6 del citado estatuto añade

que:

           No podrá implantarse sin la previa
           aprobación de la Junta de Planificación o
           de la Oficina de Gerencia de Permisos,
           según corresponda, acción alguna en una
           zona antigua o histórica o en una zona de
           interés   turístico    que    modifique   el
           tránsito   o    altere     los    edificios,
           estructuras,     pertenencias,      lugares,
           plazas, parques o áreas de la zona por
           parte de personas particulares o agencias
           gubernamentales,        incluyendo       los
           municipios. La agencia pertinente no podrá
           aprobar ninguna de las acciones señaladas
           sin contar con las recomendaciones por

25   Id.
26   23 LPRA sec. 164.
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           escrito    del   Instituto    de   Cultura
           Puertorriqueña, en el caso de una zona
           antigua o histórica y de la Compañía de
           Turismo, en el caso de una zona de interés
           turístico.   […] (Énfasis    y subrayado
           nuestro).27
        Por último, cabe destacar que el Art. 7 de la Ley

Núm.      374    dispone       para     la     imposición     de   ciertas

penalidades           a     toda      persona      que      violente   las

disposiciones contempladas en esta ley. Particularmente,

la referida disposición establece que:

           Toda persona que infrinja esta Ley o
           cualquier reglamento relacionado con las
           mismas y promulgado para implementarlas,
           se le impondrá una multa mínima de
           quinientos dólares ($500) y máxima de
           cinco mil dólares ($5,000) por evento o
           infracción.
           El tribunal, además, especificará en la
           sentencia un término, que no será mayor de
           tres (3) años, durante el cual no se
           podrán expedir permisos de construcción o
           uso   en  propiedades    donde  se   hayan
           infringido esta Ley o cualquier reglamento
           relacionado. El tribunal notificará dicha
           sentencia al Registro de la Propiedad
           correspondiente para su anotación en el
           mismo. (Énfasis y subrayado nuestro).28
                                       -IV-

        En su recurso de revisión judicial, el Municipio

argumentó, en primer lugar, que la DRA-OGPe erró al

confirmar el Permiso de Construcción, debido a que,

presuntamente,            el   mismo    fue     otorgado     sin   haberse

obtenido las recomendaciones de la Compañía de Turismo

conforme lo requiere la Ley Núm. 374. Basado en ello,

solicita        que       dejemos   sin       efecto   la    determinación

recurrida y declaremos nulo el permiso impugnado. Luego

de estudiar el expediente ante nuestra consideración y

el derecho aplicable al mismo, entendemos que le asiste

la razón.

27   23 LPRA sec. 165a.
28   23 LPRA sec. 166.
KLRA202300138                                                            16

        Surge de autos que el proyecto objeto del Permiso

de Construcción ubica en una zona clasificada como de

interés turístico en el Municipio de Dorado.29 Conforme

observamos previamente, para este tipo de construcción

la Ley Núm. 374 requiere, de manera expresa, que la

Compañía           de   Turismo   emita    sus    recomendaciones      por

escrito previo a que la obra propuesta sea aprobada o

autorizada          por   la   Oficina    de    Gerencia     de   Permisos.

Debido a lo anterior, nos es forzoso concluir que, en

este caso, la agencia incidió al conceder el Permiso de

Construcción en cuestión, debido a que falló en requerir

que     se    diera       cumplimiento    al     requisito    estatutario

previamente expuesto. Lo anterior, aun cuando en la

vista celebrada por la DRA-OGPe, el Municipio trajo a la

atención de esta la ausencia en el expediente de los

aludidos comentarios. La denegatoria de la DRA-OGPe de

atender dicho planteamiento basado en que el Municipio

no lo incluyó en su Solicitud de Revisión Administrativa

fue incorrecta, puesto que, como es conocido, todo acto

llevado a cabo en contra de la ley es nulo y, por tanto,

puede        ser    cuestionado    por    las     partes   en     cualquier

momento.30

        Habida cuenta del resultado al que arribamos, nos

parece innecesario atender los restantes señalamientos

de error expuestos por el Municipio en su recurso de

revisión. Sin embargo, un estudio de los fundamentos

utilizados por la DRA-OGPe al emitir su determinación

nos mueve a recordarle a dicha entidad que la doctrina

de deferencia y corrección de las decisiones que emiten

las agencias es de aplicación a los foros judiciales y

29   Apéndice del Recurso, pág. 439.
30   Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 504 (2011).
KLRA202300138                                                            17

no a la revisión intra-agencial que llevan a cabo estas

últimas. Es decir, dicho estándar rige a este Tribunal

en su ejercicio de examinar la determinación emitida por

un foro administrativo y no al ente en su proceso de

revisión interno. Por lo cual, el uso de esta doctrina

por la DRA-OGPe al revisar el Permiso de Construcción en

cuestión fue un proceder errado en derecho y, por tanto,

debe ser evitado por esta al adjudicar controversias

futuras.

      Por último, el Art. 7 de la Ley Núm. 374 es claro

y preciso en requerir la imposición de una penalidad a

toda persona que violente las disposiciones del referido

estatuto. Así pues, habiéndose tramitado en este caso un

permiso de construcción sin contar con los comentarios

de la Compañía de Turismo que requiere expresamente la

ley especial antes citada, entendemos prudente que la

Recurrida satisfaga el pago de quinientos ($500) dólares

en concepto de multa. De igual forma, establecemos un

término de noventa (90) días dentro del cual no se podrán

conceder permisos de construcción para el predio objeto

de este pleito.

                                   -V-

      Por todo lo anteriormente expuesto, revocamos el

dictamen recurrido y dejamos sin efecto el Permiso de

Construcción en cuestión. De igual forma, por haberse

violentado          las   disposiciones     de   la   Ley    Núm.   374,

ordenamos       a    la   Recurrida    a    satisfacer      el   pago    de

quinientos          ($500)   dólares   en    concepto       de   multa    y

establecemos un término de noventa (90) días dentro del

cual no se podrán conceder permisos de construcción para

el predio objeto de este pleito.
KLRA202300138                                           18

      Notifíquese a las partes y a la Sección del Registro

de la Propiedad correspondiente.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones