Court Opinion

ID: 9890347
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:17:45.399797+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:11.912775
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL ESPECIAL

     ASOCIACIÓN DE                                                 APELACIÓN
RESIDENTES UNIDOS VALLE                                            procedente del
     ANDALUCÍA, INC.                                               Tribunal de Primera
                                                                   Instancia, Sala
              Apelantes                                            Municipal de Ponce
                                          KLAN202300363
                   v.                                              Caso número:
                                                                   PO2022CV01516
   ÁLVARO LUGO MEDINA Y
          OTROS                                                    Sobre:
                                                                   Cobro de Dinero -
              Apelados                                             Regla 60

Panel integrado por su presidenta, la juez Domínguez Irizarry, la juez
Rivera Marchand y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

        Comparece la parte apelante, Asociación de Residentes Unidos

Valle Andalucía, Inc., y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Ponce, el 16 de

marzo de 2023, notificada el 27 del mismo mes y año. Mediante dicho

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda sobre cobro de

dinero sumario incoada por la parte apelante y, en su consecuencia,

archivó el caso.

        Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma el

dictamen apelado.

                                              I

        El 9 de junio de 2022, la Asociación de Residentes Unidos Valle

Andalucía, Inc. (Asociación o apelante) incoó una Demanda sobre cobro

de dinero, al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 60, en contra de Álvaro Lugo Medina (Lugo Medina o apelado) y

Michelle Ramos Román (Ramos Román), por sí y en representación de la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.1 Alegó que la parte

1 Exhibit II del recurso, págs. 9-11. Junto a su acción, la Asociación incluyó los siguientes

documentos: (1) copia de una carta de cobro, con acuse de recibo, dirigida a Lugo Medina,

  Número Identificador
  SEN2023 _______________
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apelada era titular de un inmueble sito en la Urbanización Valle de

Andalucía, en el Municipio de Ponce (Urbanización). Indicó que la

Urbanización tenía acceso controlado y las residencias que la componían

estaban gravadas con condiciones restrictivas, entre las cuales se

encontraba el pago de una cuota mensual de $60.00, destinada a cubrir los

gastos de administración, mantenimiento y control de acceso de la

Urbanización. Arguyó que la parte apelada había incumplido con dicha

obligación, por lo que, al 30 de mayo de 2022, adeudaba $5,544.00 por

concepto de cuotas de mantenimiento y recargos. Sostuvo que había

realizado gestiones extrajudiciales para requerir el pago de la cantidad

adeudada. Planteó, además, que la deuda estaba vencida, líquida y

exigible. En virtud de lo anterior, solicitó el pago de $5,544.00 por cuotas

adeudadas, costas y $1,108.80 por honorarios de abogado, así como las

cuotas mensuales e intereses que se continuaran acumulando hasta el

saldo de la deuda.

       Luego de adquirir jurisdicción sobre la parte apelada mediante la

correspondiente notificación-citación, el 20 de julio de 2022, en lo que debió

ser el juicio en su fondo, Lugo Medina compareció sin representación legal

porque, según adujo, su abogado no pudo estar presente en la vista. A su

vez, Lugo Medina reconoció que le adeudaba dinero a la Asociación.2 En

vista de ello, el Tribunal de Primera Instancia expresó que la parte apelada

tenía derecho a un nuevo señalamiento, sin que la parte apelante le

notificara la citación nuevamente. Por tanto, señaló el juicio en su fondo

para el 18 de agosto de 2022.

       Llegada la fecha para el juicio en su fondo, Lugo Medina compareció

nuevamente por derecho propio, toda vez que, según alegó, su

con fecha del 31 de enero de 2022; (2) copia de Declaración Jurada suscrita por Marieli
Rodríguez Ruiz, con fecha del 6 de junio de 2022; (3) copia de Certificación de Deuda,
con fecha del 16 de mayo de 2022; (4) copia incompleta del Reglamento de la Asociación,
según enmendado; (5) copia incompleta de la Escritura Núm. 61 sobre los Acuerdos de
Restricciones de Valle de Andalucía, con fecha del 16 de febrero de 1999; (6) copia de
Certificación de Propiedad Inmueble, con fecha del 3 de mayo de 2022; (7) copia de
Certificado de Cumplimiento (“Good Standing”), con fecha del 14 de enero de 2022.
Véase, Exhibit II del recurso, págs. 12-22.
2 Exhibit IV del recurso, pág. 31.
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representación legal había sido operada.3 Por otro lado, la abogada de la

Asociación informó que había intentado establecer un diálogo entre las

partes, pero no llegaron a un acuerdo sobre el proceso y la deuda. A

preguntas del foro recurrido sobre la comunicación entre las partes, Lugo

Medina planteó que el procedimiento no se había hecho como lo establecía

el Reglamento de la Asociación.

        Según surge de la Minuta, las partes informaron estar preparadas

para presentar el caso. La abogada de la Asociación expuso que sometería

el caso por los documentos que constaban en el expediente. Por su parte,

Lugo Medina indicó haber examinado los documentos presentados en la

demanda, por lo que fue juramentado y expuso su testimonio ante el foro a

quo. Después de un breve receso, la abogada de la Asociación solicitó que

se transfiriera la vista para poder presentar el historial completo de la

deuda. Asimismo, solicitó que se convirtiera el caso en uno ordinario. En

respuesta, Lugo Medina se opuso a la conversión.

        Así las cosas, la parte apelante comenzó el desfile de prueba

testifical, el cual consistió en el testimonio bajo juramento de Ángel L.

Rivera Ortiz (Rivera Ortiz), quien fue contrainterrogado por Lugo Medina.

Surge de la Minuta que la parte apelada alegó haber hecho un ofrecimiento

a la Junta de la Asociación, basado en un término de cuarenta y ocho (48)

meses. Además, señaló que el “Código Civil Enmendado” establecía que

las deudas, después de sesenta (60) meses, prescribían. Posteriormente,

la abogada de la Asociación interrogó a Lugo Medina.

        Culminado el desfile de prueba, el Tribunal de Primera Instancia

instruyó a Lugo Medina para que le informara a su representación legal de

lo sucedido en sala y que presentara un proyecto de sentencia. De la

misma manera, ordenó a la parte apelante a presentar un proyecto de

sentencia donde se atendieran las preocupaciones del tribunal con relación

a la prueba de referencia y la prueba necesaria para demostrar que la

deuda era líquida y exigible. Ello, en atención a que la declaración jurada

3 Exhibit V del recurso, págs. 32-34.
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presentada fue suscrita por una persona distinta al testigo Rivera Ortiz. En

virtud de lo anterior, concedió a las partes el término de veinte (20) días

para presentar sus respectivos proyectos.

          Luego de asumir la representación legal de Lugo Medina, el 7 de

septiembre de 2022, su abogado solicitó una prórroga de veinte (20) días

para cumplir con lo ordenado.4 Evaluado el petitorio, el 8 de septiembre de

2022, notificado el 12 del mismo mes y año, el foro primario concedió la

prórroga solicitada.5

          Vencida la prórroga otorgada, el 27 de octubre de 2022, la

Asociación presentó una Moción Solicitando se Tenga por Sometido el

Caso.6 Sostuvo que, al no existir nada pendiente y habiéndose celebrado

el juicio en su fondo, en el cual la parte apelada reconoció la existencia de

la deuda, procedía que se tuviera por sometido el asunto y se dictara

sentencia de conformidad con la demanda y los testimonios vertidos en el

juicio.

          Entendido lo anterior, el 8 de noviembre de 2022, notificado el 10 del

mismo mes y año, el foro a quo ordenó a la parte apelada presentar su

posición en un término fatal de diez (10) días, so pena de conceder lo

solicitado por la parte apelante.7

          Transcurrido el referido término, el 22 de noviembre de 2022, la

Asociación instó una Moción en Solicitud de Remedio.8 Indicó que, siendo

el procedimiento uno de naturaleza sumaria, el cual se había extendido

exclusivamente por solicitudes de la parte apelada, procedía que se dictara

sentencia. Ello, de conformidad con la prueba desfilada en el juicio en su

fondo, incluyendo la aceptación bajo juramento de Lugo Medina de la

existencia de la deuda.

          En desacuerdo, al día siguiente, Lugo Medina replicó.9 Sostuvo que,

en cumplimiento con lo ordenado por el foro de instancia, el 11 de octubre

4 Exhibit VII del recurso, págs. 38-40.
5 Exhibit VIII del recurso, pág. 42.
6 Exhibit X del recurso, págs. 45-46.
7 Exhibit XI del recurso, pág. 47.
8 Exhibit XII del recurso, págs. 48-49.
9 Exhibit XIII del recurso, págs. 50-57.
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de 2022, había presentado el proyecto de sentencia requerido. Realizó un

recuento de lo sucedido en el juicio en su fondo, según surgía de una

regrabación a esos efectos, y alegó que la parte apelante no tuvo disponible

la prueba para sustentar la alegada deuda en la vista. Particularizó que la

parte apelante reconoció que no poseía un desglose o auditoría de la

deuda; sin embargo, presentó el testimonio de Rivera Ortiz, vicepresidente

de la Junta de Directores de la Asociación, para intentar acreditar el

alegado monto de la deuda. Según adujo, el testigo Rivera Ortiz declaró

que había revisado un documento donde indicaba que Lugo Medina

adeudaba noventa y un (91) pagos de $60.00 por cuotas de mantenimiento

mensual, así como noventa (90) pagos de $3.00 por concepto de mora

mensual. Lugo Medina arguyó que dicho documento no fue presentado en

evidencia y que el mencionado testigo no pudo precisar la cantidad

adeudada, ya que no tenía consigo el documento que revisó. Alegó que la

parte apelante intentó establecer el monto de la deuda mediante la

presentación de una declaración jurada suscrita por la presidenta de la

Junta de Directores de la Asociación, Marieli Rodríguez Ruiz (Rodríguez

Ruiz); persona que no testificó en el juicio en su fondo y documento que,

según planteó, no fue autenticado. Por último, sostuvo que, si bien había

reconocido la existencia de una deuda por concepto de cuotas de

mantenimiento de la Urbanización, no había aceptado la cuantía reclamada

en la acción de epígrafe.

        Evaluadas las posturas de las partes, el foro recurrido les ordenó

que presentaran los proyectos de sentencia para resolver el pleito.10

        Presentados los respectivos proyectos de sentencia, el 16 de marzo

de 2023, notificada el 27 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera

Instancia emitió la Sentencia que nos ocupa.11 Concluyó que la deuda

reclamada no era líquida, vencida y exigible. Ello, ante la ausencia de

prueba admisible para establecer el monto de la alegada deuda y

10 Exhibit XIV del recurso, pág. 58.
11 Exhibit I del recurso, págs. 1-8.
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existiendo controversia sobre dicha cantidad, conforme a la defensa de

prescripción levantada por Lugo Medina. En su consecuencia, declaró No

Ha Lugar la acción de epígrafe y ordenó el archivo del caso.

       Inconforme, el 26 de abril de 2023, la parte apelante acudió ante

esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló los siguientes errores:

       Erró el TPI al dictar sentencia declarando No Ha Lugar la
       demanda pese al reconocimiento de deuda por el
       demandado-apelado.

       Erró el TPI al dictar sentencia declarando No Ha Lugar la
       demanda fundamentado en que la deuda no es una l[í]quida,
       vencida y exigible.

       Erró el TPI al no conceder la conversión del caso a uno
       ordinario solicitada por la parte demandante-apelante.

       En cumplimiento con nuestra Resolución del 27 de abril de 2023, el

30 de mayo de 2023, la parte apelada compareció mediante Alegato en

Oposición.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                     II

                                     A

       La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, establece

un proceso sumario de cobro de dinero, en el cual las demás reglas de

procedimiento civil para trámites ordinarios aplican de manera supletoria,

siempre que no menoscaben la disposición sumaria del asunto. RMCA v.

Mayol Bianchi, 208 DPR 100 (2021). El propósito primordial de la referida

regla es “agilizar y simplificar los procedimientos en acciones de

reclamaciones de cuantías pequeñas, para así lograr la facilitación del

acceso a los tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en este

tipo de reclamación”. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 97

(2002). (Énfasis omitido). En particular, la Regla 60 de Procedimiento Civil,

supra, dispone lo siguiente:

       Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que no
       exceda los quince mil (15,000) dólares, excluyendo los
       intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el caso bajo
       el procedimiento ordinario, la parte demandante deberá
       presentar un proyecto de notificación-citación que será
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      expedido inmediatamente por el Secretario o Secretaria. La
      parte demandante será responsable de diligenciar la
      notificación-citación dentro de un plazo de diez (10) días de
      presentada la demanda, incluyendo copia de [e]sta, mediante
      entrega personal conforme a lo dispuesto en la Regla 4 o por
      correo certificado.

      La notificación-citación indicará la fecha señalada para la
      vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de los tres
      (3) meses a partir de la presentación de la demanda, pero
      nunca antes de quince (15) días de la notificación a la parte
      demandada. En la notificación se advertirá a la parte
      demandada que en la vista deberá exponer su posición
      respecto a la reclamación, y que si no comparece podrá
      dictarse sentencia en rebeldía en su contra.

      La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o
      mediante representación legal. El tribunal entenderá en todas
      las cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictará
      sentencia inmediatamente. Como anejo a la demanda, el
      demandante podrá acompañar una declaración jurada
      sosteniendo los hechos contenidos en la demanda o copia de
      cualquier otro documento que evidencie las reclamaciones de
      la demanda. Si la parte demandada no comparece y el
      tribunal determina que fue debidamente notificada y que le
      debe alguna suma a la parte demandante, será innecesaria
      la presentación de un testigo por parte del demandante y el
      tribunal dictará sentencia conforme a lo establecido en
      la Regla 45. Si se demuestra al tribunal que la parte
      demandada tiene alguna reclamación sustancial, o en el
      interés de la justicia, cualquiera de las partes tendrá
      derecho a solicitar que el pleito se continúe tramitando
      bajo el procedimiento ordinario prescrito por
      estas reglas o el tribunal podrá motu proprio ordenarlo,
      sin que sea necesario cancelar la diferencia en aranceles que
      correspondan al procedimiento ordinario.

      Para la tramitación de un pleito conforme al procedimiento
      establecido en esta Regla, la parte demandante debe conocer
      y proveer el nombre y la última dirección conocida de la parte
      demandada al momento de la presentación de la acción
      judicial. De lo contrario, el pleito se tramitará bajo el
      procedimiento ordinario. (Énfasis nuestro).

      Según surge de la precitada Regla 60, existen varias instancias en

las cuales es viable convertir una causa de acción incoada bajo esta regla

en un procedimiento ordinario, a saber: (1) si la parte demandada

demuestra que tiene una reclamación sustancial; (2) si, en el interés de la

justicia, las partes solicitan que el pleito continúe bajo el trámite civil

ordinario; y (3) si, partiendo de ese mismo interés, el tribunal motu proprio

lo ordena. RMCA v. Mayol Bianchi, supra, pág. 108, citando a Cooperativa

v. Hernández Hernández, 205 DPR 624, 637-638 (2020). Si bien ambas

partes tienen derecho a solicitar la conversión del procedimiento, ello no
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implica que automáticamente la conversión deba ser concedida, sino que

el foro de origen debe sopesar los méritos de la solicitud. Cooperativa v.

Hernández Hernández, supra, pág. 637.

      Por otro lado, en una acción de cobro de dinero, la parte

demandante tiene que probar ser la acreedora de una deuda vencida,

líquida y exigible. RMCA v. Mayol Bianchi, supra, pág. 108; Ramos y otros

v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001). Sobre ese particular, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico definió que es líquida aquella deuda cierta y

determinada, mientras que        se   considera   exigible porque puede

demandarse su cumplimiento. Íd. Es decir que, “al alegarse que la cuenta

es ‘líquida y exigible’ se están exponiendo hechos, a saber: que el residuo

de la cuantía ha sido aceptado como correcto por el deudor y que está

vencido”. Íd., citando a Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).

(Énfasis omitido).

      El hecho de que la deuda sea líquida y exigible en una demanda

sobre cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil,

supra, es un elemento que, además de la notificación-citación, debe ser

superada por la parte promovente para que el tribunal pueda atender todas

las cuestiones litigiosas y dictar sentencia inmediatamente. RMCA v. Mayol

Bianchi, supra, pág. 109; Cooperativa v. Hernández Hernández, supra,

pág. 636, citando a Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 100.

Respecto a ello, nuestro más Alto Foro, citando al profesor Rafael

Hernández Colón, señaló que la reclamación sustancial que pueda tener la

parte demandada que requiera la conversión del procedimiento puede ser

“porque el derecho de cobro no surge claro, se necesita hacer

descubrimiento de prueba, se tiene una reconvención compulsoria o se

necesita añadir un tercero demandado, entre otras cosas”. Íd., citando a

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2404, pág. 629.
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                                       B

       Sabido es que este Tribunal Apelativo actúa, esencialmente, como

foro revisor. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).

Es por ello que, nuestra encomienda principal es examinar cómo los

tribunales inferiores aplican el Derecho a los hechos particulares de cada

caso. Íd. Cónsono con lo anterior, el desempeño de nuestra función

revisora se fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia desarrolle

un expediente completo que incluya los hechos que haya determinado

ciertos a partir de la prueba que se le presentó. Íd. Es decir, nuestra función

de aplicar y pautar el Derecho requiere saber cuáles son los hechos, tarea

que corresponde, primeramente, al foro de instancia. Íd. Como foro

apelativo, no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el testimonio

oral   de   los   testigos,   no   dirimimos   credibilidad   y no   hacemos

determinaciones de hechos. Íd. Esa es la función de los tribunales de

primera instancia. Íd.

       Por el contrario, al momento de analizar prueba documental, prueba

pericial o testimonios de testigos ofrecidos mediante declaraciones

escritas, estamos en la misma posición que el Tribunal de Primera

Instancia. Ortiz et al. v. S.L.G. Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así, “el

Tribunal Apelativo tendrá la facultad para adoptar su propio criterio en la

apreciación y evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla,

aunque resulte técnicamente correcta”. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

206 DPR 194, 219 (2021), citando a González Hernández v. González

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Asimismo, es norma básica que las

conclusiones de derecho son revisables en su totalidad por el foro

apelativo. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. Ahora bien,

como norma general, los tribunales apelativos aceptan como correctas las

determinaciones de hechos de los tribunales inferiores, así como su

apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la

prueba presentada en la sala. Íd., pág. 771.
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       En nuestro ordenamiento jurídico no se favorece la intervención de

los foros apelativos para revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación

de credibilidad o las determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal

de Primera Instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto. Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850 (2022); Santiago

Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Ello, debido a que el foro de instancia

está en mejor posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta

importante tarea judicial. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.

       En consideración a la norma de corrección que cobija a las

determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando

una parte peticionaria señala errores dirigidos a cuestionar la apreciación o

suficiencia de la prueba, la naturaleza del derecho apelativo requiere que

esta ubique al foro revisor en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro

primario. Ello se logra utilizando alguno de los mecanismos de recopilación

de prueba oral, como lo son: (1) transcripción de la prueba, (2) exposición

estipulada o (3) exposición narrativa. Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR

35, 211 DPR ___ (2023). Los tribunales de mayor jerarquía no pueden

cumplir a cabalidad su función revisora sin que se le produzca, mediante

alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí el foro primario.

Íd.

       A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de

la controversia ante nuestra consideración.

                                      III

       Como primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene que

el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia declarando No Ha

Lugar la demanda de epígrafe, pese al reconocimiento de la deuda por la

parte apelada. En su segundo señalamiento de error, plantea que el foro

primario incidió al fundamentar el referido dictamen en que la deuda no es

líquida, vencida y exigible. A su vez, como tercer y último señalamiento de

error, alega que el foro a quo erró al no conceder su solicitud para la
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conversión del caso a uno ordinario. Por estar los errores relacionados

entre sí, los discutiremos conjuntamente.

         Conforme esbozáramos previamente, como norma general, los

tribunales apelativos aceptamos como correctas las determinaciones de

hechos de los tribunales inferiores, así como su apreciación sobre la

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba presentada en

la sala. Los foros apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la

prueba de los foros primarios, salvo que exista pasión, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto. Es decir, el foro primario merece deferencia ante

planteamientos de error sobre admisibilidad de la prueba presentada y la

apreciación que le confirió, especialmente ante la ausencia de una

transcripción de los procedimientos que nos ponga en posición de lo

contrario. En el caso de autos, la parte apelante no sometió copia de la

transcripción de la prueba oral vertida en el juicio en su fondo, por lo que,

en su ausencia, se presumen correctas las determinaciones de hechos

desglosadas por el foro a quo. En ese sentido, nuestra intervención se ciñe

a atender cuestiones puramente normativas a la luz de la prueba

expresamente contenida en el expediente apelativo que atendemos.

         Luego de examinar sosegadamente el expediente ante nos, se

desprende claramente que la deuda reclamada por la parte apelante no era

cierta, ni determinada. Surge del expediente ante nos que, junto a la

demanda, se incluyó una Declaración Jurada,12 así como una Certificación

de Deuda,13 suscritas ambas por la presidenta de la Junta de Directores de

la Asociación, Rodríguez Ruiz. En dichos documentos, Rodríguez Ruiz

certificó que la parte apelada había incumplido con el pago de la cuota de

administración y mantenimiento adeudando, al 30 de mayo de 2022, la

suma de $5,544.00 de principal y recargo, correspondientes a ochenta y

ocho (88) mensualidades vencidas. No obstante, de la Minuta del juicio en

su fondo, Rodríguez Ruiz no aparece como testigo de la parte apelante. El

12 Véase, Exhibit II del recurso, pág. 14.
13 Íd., pág. 15.
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único testimonio presentado por dicha parte fue el del vicepresidente de la

Junta de Directores de la Asociación, Rivera Ortiz. Sobre ese particular, la

parte apelante sostiene que, en la fecha pautada inicialmente para el juicio

contaba con la disponibilidad de Rodríguez Ruiz para testificar.14 Adujo

que, sin embargo, para la fecha en que se celebró el juicio en su fondo, la

referida funcionaria no pudo comparecer, por lo que optó por el testimonio

de otro integrante de la Junta de Directores de la Asociación. De la referida

Minuta, tampoco surge que la parte apelante presentara testimonio o

prueba adicional para sustentar el monto de la deuda alegado en su

demanda.

         En apoyo de su contención, la parte apelante sostiene que el

apelado reconoció la deuda objeto del pleito. No obstante, de la Minuta del

juicio en su fondo, así como de la totalidad del expediente, no surge que el

apelado reconociera el monto total de la referida deuda. De hecho, este

último sostuvo que existían controversias al respecto y levantó la defensa

de prescripción sobre la cantidad de meses presuntamente adeudados.

Ante dicho escenario, la parte apelante falló en demostrar, tanto por la vía

documental como testimonial, que existía una deuda líquida y exigible,

incumpliendo así con las exigencias de la Regla 60 de Procedimiento Civil,

supra.

         De una revisión de la prueba documental, así como de la Minuta

levantada sobre el juicio en su fondo, reiteramos que la prueba presentada

por la parte apelante no demostró la cantidad exacta que el apelado

presuntamente adeudaba por concepto de cuotas de mantenimiento

vencidas. Si bien la parte apelante demostró que la obligación de pago

contraída por el apelado era válida y no se había cumplido, falló en probar

que la deuda de este último era una líquida y exigible. La parte apelante

tuvo la oportunidad para presentar prueba en apoyo de su acción, así como

del testimonio de su testigo, y, aun cuando ostentó tenerla, no la produjo.

Como hemos manifestado, es la parte promovente de una acción como la

14 Véase, Apelación, pág. 10.
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de epígrafe, quien tiene el peso probatorio y, por consiguiente, debe

presentar evidencia de ser la acreedora de una deuda vencida, líquida y

exigible. En el caso de autos, fue la juzgadora de instancia quien pudo

apreciar el comportamiento de los testigos y la forma en que declararon,

así como la naturaleza o carácter de su testimonio.

        Por otro lado, se desprende de la referida Minuta que, previo al

testimonio de Ruiz Ortiz, la parte apelante solicitó que se transfiriera la vista

y se convirtiera el caso en uno ordinario, para poder presentar el historial

completo de la deuda. Sobre dicha solicitud, la parte apelante plantea que,

ante el cuestionamiento en corte abierta de la cuantía de la deuda, la

ausencia de su testigo principal y de información pertinente no disponible

para sí frente a dichos planteamientos presentados por el apelado, optó por

hacer el petitorio de transferencia de vista o, en la alternativa, de conversión

del procedimiento en uno ordinario.15 Evaluada la Minuta del juicio en su

fondo, se desprende que el apelado se opuso a lo anterior y que el foro

recurrido no concedió la solicitud de transferencia o de conversión.

        Al entender sobre la presente causa, no identificamos las instancias

en las cuales es viable convertir en un procedimiento ordinario una causa

de acción incoada bajo el procedimiento sumario que establece la precitada

Regla 60. La solicitud de conversión presentada por la parte apelante,

además de plantearse en la alternativa, se realizó en corte abierta durante

un juicio en su fondo del cual no contamos con una transcripción de la

prueba oral que nos ponga en posición de sustituir el criterio del Tribunal

de Primera Instancia. Por consiguiente, su proceder merece deferencia

pues, según antes detallado, salvo que exista pasión, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto, los foros revisores no debemos intervenir con la

apreciación de la prueba del foro de origen.

        Examinado con detenimiento el recurso ante nos, así como la

prueba documental que obra en autos, a nuestro juicio, el foro primario no

15 Véase, Apelación, pág. 10.
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incidió en su proceder. En consecuencia, nos resulta forzoso concluir que

los errores imputados por la parte apelante no se cometieron.

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      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el dictamen

apelado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones