Court Opinion

ID: 9962643
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:37:56.584354+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:15.340015
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

MARIE LUCIE SINGH,                               CERTIORARI
a.k.a. MARIE LUCIE                               procedente del
VICTOIRE                                         Tribunal de
                                                 Primera Instancia,
Recurridos                  KLCE202400092        Sala Superior de
                                                 San Juan
        v.
                                                 Civil Núm.:
PARMINDER SINGH                                  SJ2022RF00678

Peticionarios                                    Sobre: Divorcio,
                                                 Ruptura
                                                 irreparable

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos el señor Parminder Singh (señor Singh o

peticionario) y solicita que revisemos la Resolución emitida por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan, el

21 de diciembre de 2023. Por virtud del dictamen recurrido, el foro

a quo acogió las recomendaciones del Informe Social Forense y, entre

otras cosas, reafirmó la custodia de la menor SSV a su madre, la

señora Marie Lucie Victoire (señora Victoire o recurrida). Además,

en lo pertinente, reiteró la Orden a la Unidad de Investigaciones

Especiales (UIE) del Departamento de la Familia para que

presentara al Tribunal su informe con los hallazgos de la

investigación en el referido número 10422728.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y modificamos la Resolución

impugnada.

Número Identificador
SEN2024 _________________
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                                       I.

       Según surge del expediente, el señor Singh y la señora Victoire

se casaron el 5 de abril de 2014. Durante su matrimonio procrearon

a SSV, nacida el 9 de diciembre de 2015. Mediante Sentencia de 1

de septiembre de 2022, el Tribunal decretó roto y disuelto el vínculo

matrimonial existente entre las partes. Asimismo, refirió el caso a la

Unidad Social para evaluación y recomendación sobre custodia y

relaciones filiales. En particular, el Tribunal determinó que,

provisionalmente, la custodia de la menor sería ostentada por la

señora    Victoire    y   estableció        las    relaciones     paternofiliales

provisionales. También fijó una pensión excónyuge en beneficio de

la señora Victoire, sujeta al resultado de cualquier pleito de división

de comunidad ganancial y otra cosa que dispusiera el Tribunal.

       El 2 de diciembre de 2022, la trabajadora social asignada al

caso, Rebeca Fuentes Ruiz, incoó una Moción de Prórroga, en la cual

hizo alusión al referido número 10422728, investigado por la UIE

del Departamento de la Familia, concerniente al señor Singh.

Solicitó al TPI que emitiera una orden a la UIE para que

presentaran el informe de los hallazgos. Además, requirió una

prórroga de 30 días para contar con los informes de las evaluaciones

de la Clínica de Diagnóstico, de Alternativas Psicoeducativas y de la

UIE,   por   entender     que    éstos      eran    medulares      para   emitir

recomendaciones y cumplir con el estudio social que prepararía. El

foro primario concedió la prórroga solicitada por la trabajadora

social y, mediante Orden dictada el 27 de diciembre de 2022,

dictaminó a la UIE presentar en 20 días el informe de los

hallazgos del mencionado referido, so pena de sanciones.1

       Con el beneficio del informe de evaluación psicológica, el

informe de evaluación psiquiátrica de la Clínica de Diagnóstico,

1 Apéndice del recurso, págs. 136-137, 140, 141-142.
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evaluaciones de Alternativas Psicoeducativas e informes del

Programa de Reeducación para Manejo de Coraje, el 23 de marzo

de 2023, la trabajadora social Fuentes Ruiz presentó su Informe

Social Forense. A base de sus hallazgos, recomendó al foro

primario, entre otras cosas, lo siguiente:

           CUSTODIA

       1. Que la Sra. Marie L. Victoire, madre, continúe
          ostentando la custodia de la menor Sophie Singh
          Victoire.
           PLAN DE RELACIONES PATERNOFILIALES
           […]
     17. Que se emita orden a la Unidad de Investigaciones
         Especiales (UIE) del Departamento de la Familia,
         para que presente al Tribunal su informe con los
         hallazgos de la investigación en el referido
         10422728. Del caso resultar con fundamento que
         el Sr. Singh cumpla con el plan de servicios que
         establezca la agencia.
           […]

           (Énfasis nuestro).

       El 14 de abril de 2023, el TPI emitió una Orden, por medio de

la cual concedió 20 días para que los abogados de las partes se

expresaran sobre el Informe Social Forense. El foro a quo destacó

que: “[t]ranscurrido dicho término sin que se haya presentado

oposición, el Tribunal lo acogerá como final, sin más citarles, ni

oírles.”

       Mediante Moción en Cumplimiento de Orden sobre Informe

Social Forense instada el 8 de mayo de 2023, el señor Singh se opuso

al aludido informe por varias razones. En lo que nos atañe al recurso

bajo nuestra consideración, el señor Singh puntualizó que el

Tribunal no debía dar el Informe Social Forense como finalizado, toda

vez que aún estaba pendiente de recibirse los hallazgos de la UIE

sobre el referido sometido por la señora Victoire. Resaltó que la

trabajadora social expresó en su escrito que dichos hallazgos eran

“medulares”, por lo que, al ser un factor considerado por ésta, era

muy importante recibir la información de la UIE. Añadió que, “el
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hecho que la trabajadora social enfatizara que el referido al

Departamento de la Familia cumplió los criterios al amparo de la

Ley 246 para ser investigado no es conclusivo ya que el

Departamento de Familia tiene la obligación de investigar cualquier

alegación de maltrato contra menores, incluyendo los referidos

anónimos.”2

         En respuesta a la anterior moción instada por el señor Singh,

el 9 de mayo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó la

siguiente Orden:

         Informe dentro de 20 días si pretende impugnar el
         Informe Social y notifique el perito, si alguno, que
         utilizará. Si va a utilizar un perito, dentro de ese
         término someta su curriculum vitae.

         El 26 de mayo de 2023, el señor Singh solicitó prórroga de 20

días para cumplir con lo ordenado, lo cual fue concedido. El 20 de

junio de 2023, este instó una Moción en Cumplimiento de Orden para

Informar Perito de Impugnación de Informe Social Forense.

         Tras varios trámites, el 30 de octubre de 2023, el señor Singh

enmendó un argumento sometido previamente relacionado a su

oposición al Informe Social Forense. En específico, argumentó que el

informe de hallazgos sobre el referido presentado por la señora

Victoire en el Departamento de la Familia no fue sometido por la

UIE, por lo que la trabajadora social no consideró la información que

surgiera de dicha investigación para las recomendaciones esbozadas

en su estudio social. Lo anterior, aun cuando indicó que los

mencionados         hallazgos    de    la   UIE   formaban    parte   de   las

evaluaciones medulares para emitir recomendaciones. Por tanto, el

señor Singh requirió al TPI que ordenara a la UIE del

Departamento de la Familia presentar su informe de manera que

la Unidad Social pudiera formular sus recomendaciones basadas

2
    Apéndice del recurso, págs. 241-250.
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en los hallazgos. Solicitó que, una vez se emitieran los hallazgos, se

le   concedieran     30    días   para    someter   el   informe   pericial

correspondiente.

       En el ínterin de este proceso sobre el informe social, el 6 de

noviembre de 2023, el foro de instancia designó la residencia que

constituyó el hogar familiar de las partes, localizada en el municipio

de San Juan, como el hogar seguro de la menor SSV hasta que se

determinara finalmente la custodia. El señor Singh solicitó la

reconsideración de la aludida determinación, sin éxito.3

       El 21 de noviembre de 2023, la señora Victoire se opuso al

petitorio del señor Singh de dejar en suspenso el proceso de

impugnación del informe social, por entender que su propósito era

mantener entretenido el asunto de la custodia de SSV, evitando

llegar a una solución final. Destacó que el referido al Departamento

de la Familia no tiene efecto alguno en el Informe Social Forense y la

Unidad Social meramente lo tomó como no terminado. Añadió que

cualquier determinación que tome dicha agencia lo que podría

provocar es un resultado en contra del señor Singh. Detalló que el

tribunal no debía mantener en suspenso el proceso de impugnación

del informe social, sino establecer el estado de derecho provisional

como uno final ante el incumplimiento del señor Singh con sus

órdenes al respecto.

       Mediante Orden dictada el 27 de noviembre de 2023, el TPI

expresó lo siguiente:

       No Ha Lugar a la solicitud del Sr. Parminder Singh de
       dejar en suspenso el proceso de impugnación del
       informe social. La Unidad Social no condicionó su
       evaluación al resultado del referido ante el
       Departamento de la Familia. En todo caso, dicho
       referido es contra el propio Sr. Singh y la
       recomendación del informe es que dicha parte cumpla
       con el plan de servicio, si alguno, que se confeccione. Se
       le concede al Sr. Singh un término perentorio de 20 días
       para que someta los informes de los peritos anunciados

3 Apéndice del recurso, págs. 312, 317-320, 332.
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      desde el 20 de junio de 2023, so pena de acoger el
      informe social.

      Así las cosas, el 21 de diciembre de 2023, la señora Victoire

instó una Urgente Solicitud de Remedio por Incumplimiento del

Demandado con el Término Perentorio para Someter Informe Pericial.

Requirió al Tribunal que acogiera las recomendaciones de la

trabajadora social, toda vez que el señor Singh contravino el término

perentorio concedido en la Orden del 27 de noviembre de 2023 para

someter su informe pericial de impugnación del informe social.

      Consecuentemente, el mismo 21 de diciembre de 2023, el

foro primario dictó la Resolución que hoy revisamos. Mediante la

misma, expuso que:

      Habiéndose     allanado  la   demandante      a   las
      recomendaciones del informe y habiendo vencido el
      término perentorio concedido sin que el demandado
      hubiese cumplido con las órdenes del tribunal en
      cuanto a su intención de impugnar el Informe, se
      acogen las recomendaciones del Informe Social […]

      Según recomendado por la trabajadora social, el Tribunal

reiteró la orden a la UIE del Departamento de la Familia para

que presentara su informe de hallazgos en la investigación del

referido número 10422728. Subrayó que, del caso resultar con

fundamento, el señor Singh deberá cumplir con el plan de servicios

que establezca la agencia.

      En desacuerdo, el señor Singh comparece ante nos mediante

Petición de Certiorari, y alega que el foro primario cometió los

siguientes errores:

      Erró el TPI al privar al recurrente de su debido proceso
      de ley en su vertiente procesal al acoger las
      recomendaciones contenidas en el informe pericial
      Informe Social incompleto presentado el 23 de marzo de
      2023 por la Unidad Social de Relaciones de Familia y
      Asuntos de Menores, toda vez que no se incluyeron los
      hallazgos de la Unidad de Investigaciones del
      Departamento de la Familia pese a que la trabajadora
      social indicó que eran “medulares” para emitir
      recomendaciones y poder rendir el informe.

      Erró el TPI al adjudicar la custodia de la menor
      basándose en las recomendaciones incluidas en un
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       informe social incompleto así privando al Padre de la
       hija menor de su oportunidad de carear la evidencia en
       violación al debido proceso de ley en su vertiente
       procesal.

       Erró el TPI al designar la residencia parte del litigio
       como a la recurrida y adjudicando hogar seguro de la
       menor hasta que se determine finalmente la custodia
       sin la celebración de una vista plenaria en violación al
       debido proceso de ley.

       El 12 de febrero de 2024, la señora Victoire presentó su

alegato en oposición a la expedición del auto de certiorari. En este

solicita la desestimación del recurso por entender que no cumple

con el Reglamento de este Foro. Añade que los argumentos

relacionados a la determinación de hogar seguro son tardíos, pues

dicha determinación no obra de forma alguna en la decisión del

tribunal emitida el 21 de diciembre de 2023. Esboza que, aun en

sus méritos, el certiorari no procede.

       Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,

evaluamos el asunto traído a nuestra atención.

                                        II

                                       A.

       El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera

et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR __ (2023); Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211DPR __ (2023); León v. Rest. El Tropical, 154

DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos atender

mediante el referido recurso. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et

al., 207 DPR 994 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478

(2019).4

4 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
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       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

       Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causan un fraccionamiento indebido del
           pleito y una dilación indeseable en la solución final
           del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.
           4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                  B.

      Como se sabe, la custodia es la tenencia o control físico que

tiene un progenitor sobre sus hijos y es, por tanto, un atributo

inherente al deber que la patria potestad impone a los padres de

tener a su prole no emancipada en su compañía. Torres, Ex parte,

118 DPR 469 (1987). Sin embargo, el derecho a la custodia está

necesariamente subordinado al poder de parens patriae que poseen

los tribunales; es decir, a la facultad que estos tienen de adoptar las

medidas necesarias en aras de velar y procurar el mejor bienestar

de los menores. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645

(2016); Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219 (1993); Rodríguez v.

Gerena, 75 DPR 900 (1954). En vista de ello, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha expresado que el principio cardinal que debe guiar

a los tribunales en las determinaciones de custodia debe responder

al mejor bienestar del menor. Maldonado v. Burris, 154 DPR 161

(2001); Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418 (1989).

      Con el fin de facilitar tan ardua encomienda la jurisprudencia

fijó unos criterios o guías que se deben sopesar al momento de

otorgar la custodia, a saber: (1) la preferencia del menor; (2) su sexo,

edad y salud mental y física; (3) el cariño que puede brindársele por

las partes en controversia; (4) la habilidad de las partes para

satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y
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económicas del menor; (5) el grado de ajuste del menor al hogar, la

escuela y la comunidad en que vive; (6) la interrelación del menor

con las partes, sus hermanos, y otros miembros de la familia; y 7)

la salud psíquica de todas las partes. No obstante, ninguno de estos

factores es por sí solo decisivo, por lo que hay que evaluarlos todos

para alcanzar la solución más justa y razonable posible. Rivera v.

Morales, 167 DPR 280 (2006); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR

495 (1978).

      Enfrentado a un litigio donde se dilucida la custodia, patria

potestad o las relaciones materno y/o paternofiliales, un tribunal no

puede actuar livianamente. Debe contar con la información más

completa y variada posible para resolver de forma correcta. Pena v.

Pena, 164 DPR 949, 958-959 (2005).

      Ante lo expuesto, no cabe duda de que la decisión de a quién

corresponde la custodia de un menor debe ocurrir luego de un

sereno y cuidadoso análisis de todos los hechos que rodean la

controversia entre los padres y la misma siempre debe tener como

norte el mejor bienestar de los menores. Rivera v. Morales, supra;

Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90 (1976); Nudelman v.

Ferrer Bolívar, supra.

      Ahora bien, cabe señalar que un decreto emitido a tales

efectos no constituye cosa juzgada, sino que los tribunales

mantienen jurisdicción para reevaluarlo. Sin embargo, dicha

facultad está circunscrita a los siguientes principios: primero, se

presume la corrección del decreto de custodia original; segundo, el

criterio esencial para ordenar el cambio de custodia es la existencia

de circunstancias extraordinarias. Santana Medrano v. Acevedo

Osorio, 116 DPR 298, 302 (1985); Marrero Reyes v. García Ramírez,

supra.
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                                 III.

      Debido a que la controversia bajo nuestra consideración versa

sobre un asunto de relaciones de familia, podemos revisar

discrecionalmente la decisión recurrida por vía del auto de certiorari,

al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

      Por su estrecha relación, discutiremos los primeros dos

señalamientos de error en conjunto. En esencia, el peticionario

objeta la determinación del TPI de acoger las recomendaciones que

surgen del Informe Social Forense, por entender que este es uno

parcializado, deficiente e incompleto. Aduce que con la actuación del

TPI se genera una mácula que permearía en las decisiones

subsiguientes, al no considerar la custodia compartida o la custodia

monoparental a su favor y la otorgación de hogar seguro sin mediar

una vista plenaria solicitada. Arguye que un informe incompleto

priva a los padres de sus derechos constitucionales y que al

Departamento de la Familia iniciar una investigación sin presentar

sus hallazgos se le privó de su derecho a refutar la evidencia de

manera efectiva.

      Asimismo, el peticionario aduce que el TPI se equivocó al no

ordenar a la UIE otorgar el informe, pues presupone que su

resultado sería negativo para él. Ante ello, argumenta que dicha

suposición lo priva de examinar, aceptar o refutar la evidencia

contenida en el informe. Contrario a lo que concluyó el Tribunal, el

peticionario esgrime que los hallazgos de la UIE son necesarios para

la adjudicación de la custodia de SSV. Por tanto, esboza que, al

impedirle acceder al informe completo, se le vulneró su debido

proceso de ley. Por su parte, la recurrida está conforme con la

decisión objetada y arguye que, a pesar de que el foro primario le

concedió vasta oportunidad al peticionario para cumplir con las

órdenes relacionadas al proceso de impugnación del informe social,

éste no las cumplió. Reitera que la investigación de la UIE no es
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determinante para las recomendaciones de la trabajadora social que

se incluyen en el Informe Social Forense.

      Luego de analizar la totalidad de las circunstancias del caso

de autos, entendemos que procede nuestra intervención con la

Resolución impugnada, a los únicos fines de determinar que el TPI

debe ordenar a la UIE, so pena de sanciones severas, presentar el

informe de hallazgos relacionados al referido presentado por la

recurrida. Es sorprendente el tiempo que ha demorado la UIE en

concluir el mencionado informe, a pesar de que el Tribunal le ha

ordenado en varias ocasiones cumplir con esa encomienda.

Máxime, en un caso en el cual la propia trabajadora social ha

expresado que, entre otras cosas, la información provista por la UIE

es medular para las recomendaciones a incluirse en su informe

social.

      Evidentemente, la trabajadora social no condicionó sus

recomendaciones sobre custodia y relaciones paternofiliales a los

resultados del referido a la UIE, más, sin embargo, es información

sensitiva importante que debe plasmarse en el informe social

forense, independientemente de si favorece o no al peticionario. Es

una cuestión de hechos procesales y que la jurisprudencia ha

establecido que el Tribunal debe contar con la información más

completa y variada posible para resolver de forma correcta los casos

ante su consideración. Pena v. Pena, supra. A fin de cuentas, el

producto de la evaluación de la UIE podría ayudar al juzgador de los

hechos a justipreciar, a la luz de todas las circunstancias existentes,

en qué consiste el mejor bienestar de SSV, criterio rector en casos

de esta naturaleza. Por consiguiente, resulta prudente que el

Tribunal de Primera Instancia ordene, con carácter de urgencia y

en la fecha más próxima posible, a la UIE del Departamento de

la Familia someter definitivamente sus hallazgos en el referido

número 10422728, so pena de sanciones. En la discreción que
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ostenta el tribunal en el manejo de sus casos, este debe asegurarse,

utilizando todo mecanismo disponible, que la UIE del Departamento

de la Familia cumpla con dicha orden.

      Por último, en su tercer señalamiento de error, el peticionario

se limitó a expresar que el tribunal erró al designar la residencia

localizada en el municipio de San Juan como hogar seguro de SSV

porque, previo a dicha determinación, no se llevó a cabo una vista

en su fondo solicitada por éste. El peticionario no discute nada más

en cuanto al hogar seguro. Por su parte, la recurrida razona que este

Foro no tiene jurisdicción sobre este asunto, toda vez que la

designación de hogar seguro se notificó el 6 de noviembre de 2023.

Le asiste la razón a la recurrida. La determinación sobre hogar

seguro es una final, sobre la cual estamos impedidos de pasar juicio.

      Así, toda vez que la expedición del auto de certiorari es de

índole discrecional, resolvemos que, de acuerdo con los criterios

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, existe razón para

ejercer nuestra función revisora con la determinación impugnada en

esta etapa de los procedimientos. La actuación del TPI debe

modificarse.

                                 IV.

      Por las consideraciones que preceden, expedimos el auto de

certiorari y modificamos el dictamen recurrido, a los efectos de

ordenar al TPI a que, en una fecha próxima, ordene a la UIE someter

los hallazgos en el referido número 10422728. Se mantiene el status

quo de la Resolución recurrida hasta que el TPI reciba la

determinación del Departamento de la Familia y emita una nueva

resolución que integre dicha información. Así modificado, se

devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos.
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       Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento,5 el

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con

lo aquí resuelto, sin tener que esperar por el recibo de nuestro

mandato.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

5 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en
contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de
Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos
en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones
disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.