Court Opinion

ID: 9941396
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:39.909334+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.340422
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VIII

   ISLAND PORTFOLIO                               Apelación,
  SERVICES, LLC., como                            procedente del Tribunal
    agente de ACE ONE                             de Primera Instancia,
      FUNDING, LLC.                               Sala Superior de
                                                  Guayama
       Parte Apelante          KLAN202301133
                                                  Caso Núm.:
                                                  AY2023CV00087

              v.                                  Sala: 306

 ALEXANDER SANTIAGO                               Sobre:
        CORA                                      COBRO DE DINERO
                                                  REGLA 60
       Parte Apelada

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

       Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Island Portfolio

Services, LLC. (en adelante, “Island” o el “Apelante”), como agente de Ace

One Funding, LLC (en adelante, “ACE”), mediante recurso de apelación

presentado el 18 de diciembre de 2023. Nos solicitó la revocación de la

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Guayama (en adelante, el “TPI”), el 16 de noviembre de 2023, notificada y

archivada en autos al día siguiente. Mediante el referido dictamen, el foro

apelado desestimó, sin perjuicio, la “Demanda” incoada por el Apelante por

falta de jurisdicción.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos

la Sentencia apelada.

                                 I.
       El caso ante nuestra consideración inició el 19 de julio de 2023, con

la presentación de una “Demanda” en cobro de dinero, en virtud del

procedimiento sumario dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32

Número Identificador
SEN2024______________
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LPRA Ap. V. Allí, Island arguyó que el Sr. Alexander Santiago Cora (en

adelante, el “señor Santiago Cora” o el “Apelado”) adeudaba la suma de

$2,132.22 por concepto de cierto préstamo personal. Acreditó haber

enviado una carta por correo certificado, con acuse de recibo, conforme a

lo dispuesto en el Artículo 17(13) de la Ley Núm. 143 de 27 de junio de

1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Agencias de Cobro”,

10 LPRA sec. 981 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 143”). Según los

documentos anejados, surge de los récords del Servicio Postal de los

Estados Unidos que ésta fue recibida por el Apelado mediante un agente.

      Expedida la “Notificación-Citación”, el foro primario señaló juicio

para el 12 de octubre de 2023. Así las cosas, el 29 de septiembre de 2023,

el Apelante presentó “Moción Informativa” en la que acreditó haber

cursado copia de la “Demanda” y de la “Notificación-Citación” a la última

dirección conocida del señor Santiago Cora. Llegado el día del juicio, surge

de la Minuta que el señor Santiago Cora no compareció ni excusó su

ausencia. No obstante, debido a que la carta de cobro había sido

diligenciada a un agente, el foro apelado emitió una Orden el 12 de octubre

de 2023, para que el Apelante presentara una certificación que hiciera

constar que el señor Santiago Cora designó a un agente para recibir su

correspondencia. Asimismo, indicó que de no presentar dicha evidencia

desestimaría la “Demanda” por falta de jurisdicción por el incumplimiento

con el Artículo 17(13) de la Ley de Agencias de Cobro, supra, y con la Regla

16(17) del Reglamento Núm. 6451 del Departamento de Asuntos al

Consumidor de 2 de mayo de 2022, también conocido como “Reglamento

sobre Agencias de Cobro” (en adelante, “Reglamento Núm. 6451”).

      El 20 de octubre de 2023, Island presentó “Moción Informativa” en

la cual expresó que el foro a quo impuso una carga al Apelante de

evidenciar documentos y/o procesos que son del único conocimiento del

señor Santiago Cora y del sistema de correo federal de los Estados Unidos.

De igual manera, indicó que reiteraba su posición en cuanto a que cumplió

con enviar el aviso de cobro a la última dirección conocida del Apelado y

que ésta había sido recibida.
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       No obstante lo anterior, el tribunal de instancia dictó Sentencia el 16

de noviembre de 2023, notificada al día siguiente, mediante la cual

desestimó la “Demanda”, sin perjuicio, por falta de jurisdicción. Allí expuso

que la Ley de Agencias de Cobro, supra, exige prueba de la notificación y

recepción de la carta de cobro. Así pues, indicó que el argumento de Island,

en cuanto a la imposibilidad de poder evidenciar la designación de un

agente, era improcedente pues el Apelante no demostró haber solicitado

dicha información al correo postal. Por tanto, ante la falta de gestión o

intento de gestión para cumplir con la Orden del 12 de octubre de 2023, y

en ausencia de conocer la designación de un agente, el foro primario

concluyó que no se cumplió con el Artículo 17(13) de la Ley de Agencias

de Cobro, supra, y su reglamento, lo cual, privó al TPI de jurisdicción.

       Inconforme, el 18 de diciembre de 2023, Island presentó ante

nuestra consideración el recurso de apelación que nos ocupa. Mediante el

mismo, le imputó al foro primario haber cometido el siguiente error:

       Único error:
       Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       desestimar el caso debido a que el aviso de cobro -
       cursado a la última dirección conocida del demandado-
       apelado- fue marcado como “delivered to agent for Final
       Delivery”, cuando la Ley de Agencias de Cobro y su
       Reglamento, así como las determinaciones del Foro
       Apelativo han determinado que una agencia de cobro
       debe cursar a la última dirección conocida de un deudor
       una carta de interpelación, sin que sea requisito [sine qua
       non] que éste a reciba.

       El 10 de enero de 2024, se le concedió un término al señor Santiago

Cora para presentar su escrito en oposición. Ha transcurrido en exceso del

plazo concedido sin que este último cumpliera con la referida orden.

       En vista de lo anterior, adjudicamos los méritos de la controversia

planteada, sin el beneficio de su comparecencia.

                                     II.

                                     A.

       Reiteradamente, nuestro Tribunal Supremo ha sostenido “que los

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo

cual los asuntos relacionados con esta son privilegiados y deben atenderse

de manera preferente”. Ruíz Camilo v. Trafon Group, Inc, 200 DPR 254,
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268 (2018); Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660

(2014); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014);

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012).

       La ausencia de jurisdicción tiene los siguientes efectos: (1) no es

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente

conferírsela a un tribunal, como tampoco puede éste arrogársela; (3)

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales

el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los

tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio.

Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372-373 (2018); González v.

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde

Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR

513, 537 (1991). Por tanto, si se carece de jurisdicción, solo resta declararlo

así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia.

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 268; Matos Zayas y otro. v.

Registradora de la Propiedad, 2023 TSPR 148, 213 DPR ___ (2023).

                                      B.

       La Regla 60 de Procedimiento Civil regula el procedimiento sumario

de la acción de cobro de dinero para cantidades que no excedan los quince

mil dólares ($15,000.00), excluyendo intereses. 32 LPRA Ap. V, R. 60. Su

propósito es “agilizar y simplificar los procedimientos en acciones de

reclamaciones de cuantías pequeñas, para así lograr la facilitación del

acceso a los tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en este

tipo de reclamación”. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 97

(2002) (énfasis omitido).

       Debido a la naturaleza sumaria del procedimiento bajo la Regla 60,

supra, las reglas de procedimiento civil ordinario sólo aplican de forma

supletoria y en la medida en que sean compatibles con el propósito que

persigue esta regla. Íd., pág. 98; Primera Cooperativa de Ahorro v.

Hernández Hernández, 205 DPR 624, 631 (2020). Así, en el procedimiento
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sumario bajo la Regla 60, supra, se prescinde de la contestación a la

demanda, del descubrimiento de prueba y de las estrictas exigencias del

diligenciamiento ordinario de un emplazamiento. Íd., pág.97.

      Según dispuesto en la referida Regla 60, supra, en lugar del

emplazamiento formal, en este tipo de procesos se notificará mediante una

citación que indique la fecha señalada para la vista en su fondo, con la

advertencia de que en dicho proceso la parte demandada “deberá exponer

su posición respecto a la reclamación, y que si no comparece podrá

dictarse sentencia en rebeldía en su contra”. Íd. Si la parte demandada

comparece a la vista puede refutar el derecho del demandante al cobro de

dinero, así como cualquier otra cuestión litigiosa. Asoc. Res. Colinas

Metro. v. S.L.G., supra, pág. 99.

      Ahora bien, “[s]i la parte demandada no comparece y el Tribunal

determina que fue debidamente notificada y que le debe alguna suma a la

parte demandante, será innecesaria la presentación de un testigo por parte

del demandante y el Tribunal dictará sentencia conforme a lo establecido

en la Regla 45”. Íd. Es decir, que el sólo hecho de que el demandado no

comparezca a la vista no releva al demandante de su obligación de

demostrarle al tribunal que tiene a su favor una deuda líquida y exigible,

que el demandado y que la notificación-citación a éste efectivamente se

diligenció. Por tanto, el Tribunal no puede descansar simplemente en las

alegaciones, aunque éstas contengan hechos específicos y detallados.

Primera Cooperativa de Ahorro v. Hernández Hernández, supra, pág. 632.

                                    C.

      En armonía con la Fair Debt Collection Practices Act, 15 USC secs.

1692 et seq., y debido a la mala práctica, el abuso y la conducta ofensiva y

violenta de los cobradores, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de

Agencias de Cobro, supra, con el fin de reprimir dichas actuaciones y

atropellos en contra de los deudores. Martínez v. Chase Manhattan Bank,

108 DPR 515, 523 (1979).

      En cuanto al caso que nos ocupa, el Artículo 17 de dicho estatuto

dispone aquellas prácticas prohibidas por las agencias de cobro. En
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específico, el inciso 13 del aludido Artículo, en su parte pertinente, lee como

sigue:

         Ninguna agencia de cobros podrá:

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         Radicar acción judicial en cobro de dinero sin antes haber
         requerido por escrito al deudor para que pague lo adeudado
         por correo certificado con acuse de recibo. Ningún
         Tribunal podrá asumir jurisdicción en una acción de cobro de
         dinero tramitada por una agencia de cobro sin que se alegue
         y se pruebe el cumplimiento de este requisito. 10 LPRA sec.
         981p (énfasis suplido).

         Por otro lado, el Reglamento Núm. 6451, aprobado con el propósito

de establecer mecanismos protectores al deudor contra las prácticas

indeseables de las agencias de cobro, reitera en su Regla 16(17) dicha

prohibición. Tanto el estatuto como su cuerpo reglamentario disponen que

el foro de instancia no podrá asumir jurisdicción en aquellos casos en que

no se dé fiel cumplimiento con el requisito de solicitar al deudor, mediante

correo certificado con acuse de recibo, el pago de lo adeudado. Ello fue así

reiterado por nuestro más alto foro judicial en Domínguez Rivera, et al. v.

Tribunal Superior de Puerto Rico, 103 DPR 117 (1974), al establecer que:

         Lo que la ley especial ordena es que el tribunal se abstenga
         de ejercitar tal jurisdicción en pleitos en cobro de dinero
         promovidos por agencias de cobros si no se alega y prueba
         que antes de iniciar la acción judicial la acreedora requirió ‘por
         escrito al deudor para que pague lo adeudado por correo
         certificado con acuse de recibo’. El propio texto del artículo
         supedita la cuestión jurisdiccional a un aviso o notificación a
         la persona demandada. Íd., pág. 119.

         A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo ha establecido que el

propósito de dicha notificación es otorgarle al deudor una oportunidad final

“de cumplir su obligación sin exponerlo a las consecuencias económicas,

la sanción moral y la perturbación que en términos generales descarga todo

litigio sobre un demandado”. Íd., pág. 121.

                                        III.

         En el único error señalado, Island alega que no actuó correctamente

el foro apelado al desestimar la “Demanda” debido a que el aviso de cobro

cursado fue marcado como “delivered to agent for Final Delivery”, cuando

la Ley de Agencias de Cobro, supra, y su reglamento requieren que la
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misma sea enviada a la última dirección conocida del deudor, sin que sea

requisito sine qua non que ésta sea recibida.

      Ciertamente, tanto la Ley de Agencias de Cobro, supra, como el

Reglamento Núm. 6451 expresamente establecen que se tiene que

interpelar por escrito, mediante correo certificado con acuse de recibo, al

deudor para que pague lo adeudado. Asimismo, ambos cuerpos legales

indican que el tribunal tendrá jurisdicción cuando la agencia de cobro

alegue y pruebe el cumplimiento con dicho requisito. Es decir, la

jurisdicción está supeditada al cumplimiento del envío de la misiva al

deudor, de conformidad con la ley y el reglamento.

      En el caso de autos, no existe controversia en que el Apelante envió

al señor Santiago Cora, mediante correo certificado con acuse de recibo a

la última dirección conocida, la interpelación requerida por la Ley de

Agencia de Cobro, supra, y su reglamento. La controversia surge debido a

que del Electronic Delivery Confirmation aparece que la misma fue recibida

por un agente (Delivered to Agent).

      La Ley de Agencias de Cobro, supra, no le exige como requisito a la

agencia de cobro demostrar que la misma haya sido recibida por el propio

deudor, sino que la misma haya sido enviada a la última dirección conocida

de éste mediante correo certificado con acuse de recibo. Recordemos que

el propósito de la interpelación es otorgarle al deudor una última

oportunidad de cumplir con el pago antes de comenzar un proceso judicial.

De igual forma, reiteramos que la finalidad de la Ley Núm. 143 de 1968,

supra, y el Reglamento Núm. 6451, supra, es eliminar la mala práctica, el

abuso y la conducta ofensiva y violenta de los cobradores. Cual discutido,

la Ley de Agencias de Cobros, así como la Fair Debt Collection Practices

Act y la jurisprudencia federal interpretativa no condicionan el recibo

restringido del aviso de cobro por parte del deudor para que una

compañía acreedora pueda iniciar el procedimiento de cobro al

amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil. Así pues, una

agencia de cobro cumple con dicho requisito jurisdiccional cuando acredita

el envío fehaciente del aviso de cobro a la dirección conocida del deudor.
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       En este caso, Island cumplió con el Artículo 17(13) de la Ley de

Agencias de Cobro, supra, y la Regla 16(17) del Reglamento Núm. 6451,

supra, pues envió la misiva a la última dirección conocida del deudor antes

de radicar la “Demanda” de cobro y la misma fue recibida por un alegado

agente del deudor. Distinto hubiese sido si la misma hubiera sido devuelta

por el servicio postal por dirección insuficiente. Más aún cuando los autos

revelan que la dirección a la que Island le remitió al Apelado la interpelación

previo a la iniciación del pleito es la misma a la que le envió la Notificación-

Citación del juicio y la misma aparece como “delivered” o entregada.

       Por tanto, el envío y prueba de ello, cumple con el propósito de

notificación, conforme requiere la Ley de Agencias de Cobro, supra. De

igual forma, al ser recibida se cumple con el propósito de la interpelación

que requiere la ley como requisito jurisdiccional, el cual es notificar al

deudor antes de comenzar un proceso judicial. Así pues, somos de la

opinión que la intención de la Asamblea Legislativa es la garantía de que

ésta sea recibida por su destinatario en la última dirección conocida. Ello,

de ninguna forma, debe interpretarse como que dicha entrega deba ser una

restringida. Sino que basta con que haya sido recibida.

       Por consiguiente, erró el foro de instancia al declararse sin

jurisdicción y desestimar la “Demanda” debido al incumplimiento con la

Orden del 12 de diciembre de 2023, pues Island sí cumplió con el Artículo

17(13) de la Ley de Agencias de Cobro, supra, al alegar y probar que le

requirió al deudor el pago a la última dirección conocida, a través de un

correo certificado con acuse de recibo. En vista de ello, el foro apelado

posee jurisdicción para continuar con el procedimiento sumario, en virtud

de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.

                                      IV.

       Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, se revoca la Sentencia apelada y se

devuelve el caso al foro de instancia para la continuación de los

procedimientos.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones