Court Opinion

ID: 9554687
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:17:17.804269+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:20.301893
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

                                                     Certiorari procedente
           ÁNGEL RUIZ                                del Tribunal de
           MORALES IV                                Primera Instancia,
                                                     Sala Superior de
           RECURRIDO                                 Aguadilla

                  v.                KLCE202300509 Caso Número:
                                                  A1CI201800790
        HEWLETT PACKARD
          ENTERPRISE                              Sobre:
                                                  Reclamación de
        PETICIONARIOS                             salario
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

                                  RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

         Comparece      Hewlett   Packard   Enterprise,   (Hewlett   Packard;

demandada; peticionaria), mediante Petición de certiorari, presentada el 5

de mayo de 2023. Nos solicita la revocación de una Resolución y orden

emitida el 4 y notificada el 5 de abril de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), que concedió un término adicional de

10 días al señor Ángel Ruíz Morales (Sr. Ruíz; demandante; recurrido)

para que acredite la entrega de ciertos documentos e “informe si existe

alguna prueba por descubrir como parte del deber continuo de informar y

la descubra”1 y un término de “20 días finales a las partes [Sr. Ruíz y

Hewlett Packard] para que informen la fecha de la continuación de la

deposición del perito de la parte demandante.”2

         Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari.

                                       I

         El Sr. Ruíz presentó ante el TPI, el 3 de octubre de 2018, una

demanda contra Hewlett Packard sobre discrimen por condición de salud,

represalias, reclamación de salarios, y despido injustificado al amparo de

1 Apéndice del recurso, pág. 5
2 Id.

Número Identificador
RES2023_______________
KLCE202300509                                                             2

la Ley núm. 80.3 El 12 de diciembre de 2018 se presentó la Contestación

a la demanda.4

          El 28 de marzo de 2023, luego de varios trámites y gestiones de

descubrimiento de prueba, las partes comparecieron a una toma de

deposición del doctor Víctor Lladó, un testigo perito anunciado por el Sr.

Ruíz. La toma de deposición tuvo que detenerse. Ese mismo día, el

demandante y recurrido presentó la Moción urgente informativa, Solicitud

de Orden y Señalamiento de Vista5 presentada ese mismo día, en la que

expuso que ciertos documentos le fueron solicitados al Dr. Lladó en la

deposición, y este respondió que no trajo expediente, y se informó por la

representación legal del demandante que los documentois reclamados en

la deposición por la parte demandada ya se le habían entregado durante

el descubrimiento de prueba.6 Por su parte, el 30 de marzo de 2023, la

parte demandada y peticionaria, presentó la Moción urgente en solcitud

de descalificación de abogada; solicitando sanciones por reiterada

violación al proceso de descubrimiento de prueba; y oposición a “Moción

urgente informativa, solicitud de orden y señalamiento de vista7 en la que

expone reclamos sobre la representación legal de la parte recurrida y

también solicita la eliminación de la prueba pericial de esa parte. El TPI,

en atención a las mociones antes citadas de ambas partes emitió el 4 de

abril de 2023 una Resolución y orden8 notificada el 5 de abril de 2023,9 en

la que dispone lo siguiente:

          Como parte del trámite procesal de la deposición, el tribunal
          emitió una orden el 24 de marzo de 2023, ordenando a la
          parte demandante que los documentos solicitados por la
          parte demandada fueran provistos en la deposición. Sin
          embargo, debemos aclarar que dicha orden se refería a
          documentos que no hubieran sido descubiertos y que no
          obraran, el expediente del demandado y que estuvieran en
          posesión del perito. El tribunal entiende que no existe razón
          legal y el demandado no ha provisto ninguna, para ordenar
          un doble descubrimiento de los mismos documentos.

3 Apéndice del recurso, págs. 68-90.
4 Apéndice del recurso, págs. 99-126
5 Apéndice del recurso, págs. 153-155.
6 Apéndice del recurso, págs. 153-155.
7 Apéndice del recurso, págs. 7-18.
8
    Apéndice del recurso, págs. 3-6.
9
    Apéndice del recurso, págs. 1-2.
KLCE202300509                                                        3

     Resulta evidente que, si el perito no tiene los documentos
     en su posesión, no puede entregar lo que no existe.

     Evaluada la tra[n]scripción de la deposición, resulta
     meridanamente claro, que lo que solicitó la parte
     demandada, no eran documentos nuevos que no le
     hubieran sido descubiertos, sino que su requerimiento iba
     dirigido a que el perito llevara copia de los documentos que
     ya le habían sido descubiertos, por la parte demandante
     para el corroborar que fueran los mismos. En más de una
     ocasión la representación legal de la parte demandada,
     parece expresar que su deseo era corroborar los
     documentos que ya obran en su expediente, contra los que
     se le enviaron al perito.

     A base de lo anterior, tenemos que concluir que se
     pretendió un doble descubrimiento de dos fuentes distintas,
     la parte demandante y el perito. Suponiendo para efectos de
     la discusión, que eso procediera como cuestión de derecho,
     el punto es académico, porque en múltiples ocasiones y de
     manera categórica, el perito le informó que no tenia
     expediente físico de ese peritaje ni de los documentos
     solicitados; y que su único acceso a esos documentos era
     mediante un enlace a una carpeta compartida electrónica
     conocida como "DropBox" que le fue enviada y es
     controlada por la parte demandante.

     Es importante señalar que en varias ocasiones la
     representación legal de la parte demandante le informó que
     le enviarían el enlace electrónico del "Dropbox", para que
     pudiera corroborar que los documentos allí contenidos eran
     los mismos que ya se le habían descubierto, (como cuestión
     de realidad una carpeta de "DropBox" puede ser editada por
     su dueño en cualquier momento) pero el demandado no lo
     aceptó. No vemos fundamento de derecho alguno, por el
     cual el demandado tiene derecho a tener acceso a la
     carpeta de "Dropbox" que comparte la parte demandante y
     el perito.

     Atendidos los asuntos, en cuanto a que la representación
     legal de la parte demandante iriteractuara con su perito,
     contratado por ella, anunciado como su testigo e identificado
     con dicha parte y le informara que no era necesario llevar
     prueba documental a la deposición, porque todos los
     documentos solicitados ya habían sido descubiertos, o
     serían entregados electrónicamente; determinamos que no
     existe razón alguna para la descalificación de la Lcda. Ruiz.
     Con relación a la referencia hecha por el perito, en cuanto a
     los documentos examinados por él recientemente, como
     parte de una evaluación pericial continua, resulta obvio que
     la descalificación de la representación legal de la parte
     demandante no procede por ese fundamento.

     Por todo lo antes discutido, se conceden 5 días al
     demandado para que especifique clara e inequívocamente,
     mediante una lista numerada que documento si alguno, de
     los que surgen del informe del perito no le ha sido
     descubierto por la parte demandante. La descripción debe
     establecer categóricamente la identidad del documento que
     se solicita. De no surgir claramente la identidad del
     documento solicitado, no se autorizará el descubrimiento.
KLCE202300509                                                            4

          El tribunal resuelve que el demandado no tiene derecho a
          un doble descubrimiento sobre dichos documentos. Se
          conceden 10 días adicionales a la parte demandante para
          que acredite haber entregado dichos documentos o los
          descubra, e informe si existe alguna prueba nueva por
          descubrir como parte del deber continuo de informar y la
          descubra.

          Además, se conceden 20 días finales a las partes para que
          informen la fecha de la continuación de la deposición del
          perito de la parte demandante. De la transcripción no surge
          fundamento alguno que diera base a que el demandado
          detuviera unilateralmente la deposición. Se advierte que,
          volver a tener una deposición bajo estas condiciones, tendrá
          el efecto de que el tribunal de por renunciado el derecho a
          deponer al perito.10
          Inconforme, la peticionaria presentó el recurso de certiorari del

título en el que expone los siguientes señalamientos de errores:

          PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
          no descalificar a la Lcda. Amy Ruíz Goyco como abogada
          de la parte recurrida ni referir al Tribunal Supremo para
          evaluación de su conducta ética, por haber intervenido con
          el perito testigo instruyéndole no entregar prueba ordenada
          por el Tribunal.

          SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
          no sancionar a la parte demandante, Sr. Ángel Ruíz, ni
          desestimar la demanda como sanción por su incumplimiento
          reiterado con las órdenes del Tribunal.

          TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
          no eliminar el testimonió del perito, Dr. Víctor Lladó, como
          sanción por el incumplimiento reiterado con las órdenes del
          Tribunal.

          CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
          no descalificar al testigo, Dr. Víctor Lladó, como perito a
          pesar de haberse comunicado con la parte recurrida, sin
          informarlo ni pretender entregar los documentos que el
          fueran entregado[s] en relación con dicha comunicación.

          Posteriormente, el 28 de junio de 2023, Hewlett Packard presentó

una Moción informativa en el recurso que nos ocupa en la que retiró el

primer señalamiento por haberse tornado académico, porque los

representantes legales de la peticionaria (Lcda. Ruíz y Lcdo. López)

presentaron una Moción de renuncia de representación legal, la que fue

declarada ha lugar por el TPI mediante la orden emitida el 31 de mayo de

2023 y notificada el 2 de junio de 2023.

10
     Apéndice del recurso, págs.4-6.
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         Al presente, no ha comparecido el recurrido. Conforme a lo

dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5), mediante la cual este foro

revisor puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,

notificaciones o procedimientos específicos”, ello “con el propósito de

lograr    su   más   justo   y eficiente    despacho”,   resolvemos sin    la

comparecencia de la parte recurrida.

                                       II

         El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012), que cita a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al

momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v.

BBVAPR, supra. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el

recurso de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1 (Regla 52.1).

         La Regla 52.1 dispone lo siguiente:

         El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
         interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
         solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
         cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
         Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
         carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
         dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
         revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
         Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
         decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
         peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
         evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
         relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
         en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
         constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
         la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
         Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
         decisión. […]

         De acuerdo con la anterior disposición legal y la jurisprudencia

interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual para determinar si
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se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte

objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer lugar, tenemos que

analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida

dentro de una de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1,

toda vez que esta enumera taxativamente bajo qué materias, solamente,

se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos en los que la materia

no esté comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a

expedir el auto de certiorari automáticamente.

      Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40),

debemos o no expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40

establece los criterios que debemos tomar en consideración para

determinar si expedimos o no un auto de certiorari, como sigue:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

      A su vez, los foros apelativos “no debemos intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184

DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986). Asimismo, con relación a determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales, no debemos sustituir nuestro criterio por el

ejercicio de discreción del tribunal de instancia, “salvo cuando dicho foro
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haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v.

Caribbean Int´l News, 151 DPR 649, 664 (2000).

        Finalmente, es norma reiterada que al denegar la expedición de un

auto de certiorari de acuerdo con la Regla 52.1, este Tribunal no tiene que

fundamentar su decisión.

                                        III

        Según señalamos antes, al determinar si debemos expedir o no el

auto discrecional de certiorari, en primer lugar, nos corresponde

determinar si la materia planteada está contemplada entre los supuestos

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La contestación a dicha

interrogante es en la negativa, ya que se recurre de una orden sobre el

descubrimiento de prueba. Por otro lado, al examinar el recurso de

certiorari del título, así como los documentos adjuntados al mismo, somos

del criterio que no se justifica nuestra intervención, pues no vemos que,

en el manejo del caso ante el TPI, se haya incurrido en un abuso de

discreción o que este haya actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco

se demostró que, el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación

o aplicación de una norma procesal y que, intervenir en esta etapa,

evitaría un perjuicio sustancial contra la parte peticionaria. Por

consiguiente, no se nos persuadió sobre la deseabilidad de intervenir en

esta etapa de los procedimientos.11

                                        IV

        Por lo antes expuesto, este Tribunal deniega la expedición del auto

de certiorari.

        Notifíquese.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones

11 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).