Court Opinion

ID: 9916028
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:07.234357+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:37.572788
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                                             PANEL III

               JOSÉ ORTIZ COSME                                Certiorari
                                                               procedente del
                       Peticionario                            Tribunal de Primera
                                                               Instancia, Sala de
                           V.                                  Relaciones de Familia
                                                               y Menores, Bayamón
                XAVIANA MOLINA              KLCE202301084
                   FONSECA                                     Caso Núm.:
                                                               BY2019RF01023
                        Recurrida                              (3001)

                                                        Sobre:
                                                        ALIMENTOS
            Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
            Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

            Grana Martínez, Jueza Ponente

                                             SENTENCIA

            En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

                   El peticionario, José Ortiz Cosme, solicita que revisemos la

            resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia le ordenó pagar

            treinta y un mil seiscientos veinticinco dólares ($31,625.00) por gastos

            del litigio y mil dólares ($1,000.00) de honorarios.

                   La recurrida, Xaviana Molina Fonseca, solicitó la desestimación

            del recurso, porque no fue notificada conforme a derecho. La

            desestimación no procede. El recurso se notificó correctamente a su

            abogada, la Lcda. Leticia Maldonado, por correo electrónico, conforme

            a la Regla 48 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

            XXII-B, R. 48.

                   El 13 de octubre de 2023, la recurrida presentó su alegato en

            oposición al recurso.

                   Los hechos esenciales para comprender la determinación que hoy

            tomamos se incluyen a continuación.

                                                   I

                   El     17    de    diciembre   de   2016,   las   partes   acordaron

            extrajudicialmente el pago de una pensión alimentaria para beneficio

            de su hija menor de edad. Ambos acordaron que el peticionario pagaría

Número Identificador

SEN2023________________
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$50.00 semanales por concepto de hogar seguro y doscientos dólares

($200.00) semanales de pensión alimentaria para un pago total de

$250.00 semanales. El padre se responsabilizó por los gastos médicos

de la menor, debido a que la madre pagaba el plan médico. Véase, pág.

24 del apéndice de la oposición.

      El 2 de diciembre de 2019, el peticionario solicitó al TPI que

estableciera la pensión conforme a la ley, porque en los meses de cinco

semanas, el pago era mayor a lo acordado. Véase, pág. 22 del apéndice

de la oposición.

      El 19 de diciembre de 2019 se estableció una pensión provisional

de $800.00 mensuales y el pago del 54.5 % de los gastos médicos no

cubiertos por el plan de salud. El 22 de diciembre de 2021 se estableció

una pensión provisional de $568.02 mensuales y el pago del 54% de

los gastos médicos no cubiertos por el plan de salud y los gastos

extraordinarios. El TPI también tuvo que ordenarle al peticionario que

recibiera los documentos relacionados al descubrimiento de prueba.

      La peticionaria envió el descubrimiento de prueba al peticionario

el 28 de enero de 2020 y el 11 de agosto de 2021. El peticionario

contestó el interrogatorio el 11 de julio de 2022. Sin embargo, no

produjo los documentos solicitados. La recurrida alegó que respondió

con evasivas y anejó las respuestas como evidencia. El TPI tomó

conocimiento de lo informado y ordenó al peticionario cumplir con el

descubrimiento de prueba reiteradamente.

      El 11 de julio de 2022, el peticionario estipuló la existencia de

una deuda por los gastos incurridos desde el 2019 a mayo de 2022. El

peticionario se comprometió a pagar una deuda de $4,266.76 en cuatro

pagos mensuales de $1,066.69. Véase, Anejos XXVII y XXVIII del

apéndice del recurso.

      El 13 de julio de 2022, la EPA concedió 10 días al peticionario

para informar si iba a asumir capacidad económica. El peticionario

insistió en que necesitaba los estados bancarios de la recurrida, lo cual
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ya había sido resuelto el 16 de mayo de 2022. Los diez días

transcurrieron sin que el peticionario aceptara capacidad económica.

La recurrida pidió que el peticionario cumpliera con el descubrimiento

y entregara los estados bancarios de los años 2017 y 2018. El

peticionario alegó que el descubrimiento de prueba era prematuro,

porque no sabía si asumiría la capacidad económica. El TPI denegó su

solicitud. El peticionario pidió reconsideración y le fue denegada.

      El 4 de agosto de 2022, la recurrida pidió que la Corporación JJ

Parts and Services certificara información de los ingresos y beneficios

económicos que recibe el peticionario como accionista. El peticionario

se opuso. El TPI denegó el descubrimiento de prueba sobre la

corporación. La recurrida solicitó reconsideración. El peticionario se

opuso.

      El 6 de septiembre de 2022, el tribunal reiteró que no expediría

órdenes contra las corporaciones aludidas y ese día, el peticionario

informó, por primera vez, que no asumiría capacidad económica. El 16

de septiembre de 2022, la recurrida pidió la transferencia de la vista

del 23 de septiembre de 2022. La señora Molina Fonseca alegó que no

tenía tiempo suficiente para prepararse, porque el peticionario informó

el 6 de septiembre de 2022 que no iba a aceptar capacidad económica.

Su representación legal argumentó que el peticionario tampoco había

cooperado con el descubrimiento de prueba.

      El 21 de septiembre de 2022, el TPI notificó que autorizó reabrir

el descubrimiento de prueba, debido a que el peticionario no aceptó

capacidad económica. El 22 de septiembre de 2022, la recurrida envió

el descubrimiento de prueba al peticionario.

      El peticionario solicitó reconsideración de la orden de reabrir el

descubrimiento de prueba. El tribunal declaró No Ha Lugar la

reconsideración. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones en

el recurso KLCE202201203. El 9 de noviembre de 2022, este tribunal

denegó el recurso. No obstante, el TPI se enteró de la presentación del
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recurso apelativo ese mismo día porque el peticionario no notificó al

foro recurrido el recurso adecuadamente.

      El TPI realizó una vista de status el 9 de noviembre de 2022. La

recurrida pidió el pago de honorarios por temeridad y litis expensas. La

señora Molina alegó que el patrón de incumplimiento del peticionario

ocasionó dilaciones innecesarias e irrazonables. El foro primario

concluyó que el peticionario no justificó sus actos e incumplimientos y

le ordenó contestar el descubrimiento de prueba. Por último, concedió

un término final de quince (15) días para finalizar el descubrimiento de

prueba.

      El peticionario pidió descubrir prueba expirado dicho plazo y la

solicitud le fue denegada. El 29 de noviembre de 2022 contestó el

interrogatorio. La recurrida objetó sus contestaciones. El TPI,

nuevamente, ordenó al peticionario cumplir con el descubrimiento de

prueba.

      El 7 de diciembre de 2022, el TPI ordenó al peticionario a pagar

dos mil dólares ($2,000.00) de honorarios por temeridad y tres mil

dólares ($3,000.00) de litis expensas. El foro primario concluyó que el

peticionario incumplió reiteradamente con el descubrimiento de

prueba, que su comportamiento provocó una dilación innecesaria y que

la recurrida tuviera que realizar esfuerzos excesivos. Según el tribunal,

su incumplimiento vulneró el mejor bienestar de la menor que tiene

varios diagnósticos de salud que han sido evidenciados. Véase, pág. 40

del apéndice de la oposición.

      El 4 de agosto de 2023, el TPI realizó una vista evidenciaria sobre

los gastos del litigio. La señora Molina dio su testimonio y presentó

prueba documental. El TPI analizó la prueba y ordenó al peticionario a

pagar treinta y un mil seiscientos veinticinco dólares ($31,625.00) por

los gastos del litigio y mil dólares ($1,000.00) de honorarios de abogado

por la vista evidenciaria.
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      Según consta en la resolución recurrida, la señora Molina

Fonseca intentó contratar los servicios de Servicios Legales, pero las

oficinas estaban cerradas por el periodo navideño. Por esa razón, pidió

por escrito la transferencia de la vista. El peticionario se opuso. El TPI

le ordenó a la recurrida que contratara representación legal. La

recurrida contrató los servicios de la Lcda. Chrisired Morales, que la

representó a partir del mes de diciembre de 2019 hasta mayo 2020. La

Lcda. Morales envió Primer Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de

Admisiones en el mes de enero de 2020. El peticionario nunca contestó,

a pesar del sinnúmero de gestiones extrajudiciales realizadas para

evitar gastos legales. La conducta del peticionario ocasionó la necesidad

de la intervención judicial para que cumpliera con lo requerido. La

Lcda. Morales tuvo que solicitar extrajudicialmente al peticionario el

pago de la pensión provisional. El peticionario no cumplió con el pago

de la pensión. Su incumplimiento obligó a la Lcda. Morales a litigar en

el tribunal el pago de la pensión. Posteriormente, la Lcda. Morales

renunció por asuntos personales relacionados a su familia.

      El TPI determinó que los gastos del litigio durante la

representación de la Lcda. Morales ascendieron a $2,049.00, debido a

que el peticionario incumplió con el descubrimiento de prueba y con el

pago de la pensión provisional. El foro primario concluyó que su

comportamiento generó la litigación de la representación legal de la

recurrida y la intervención judicial.

      Entonces, la Lcda. Michelle Acosta de la Sociedad de Servicios

Legales de Puerto Rico asumió la representación legal de la recurrida a

partir del 5 de noviembre de 2020 hasta el 24 de enero de 2022. En

cuanto a esta, el TPI concluyó que la Lcda. Acosta tuvo que presentar

múltiples escritos para que el peticionario concluyera con las gestiones

que   realizó   la   Lcda.   Morales    y   para   que   cumpliera   con   el

descubrimiento de prueba y con el pago de la pensión provisional.

Según el TPI, la Lcda. Acosta también tuvo que acudir al tribunal
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porque el peticionario continuó su reiterado incumplimiento con el

descubrimiento de prueba y el pago de la pensión. El foro primario

determinó que el peticionario: (1) se negó a recibir el descubrimiento de

prueba y ocasionó que la recurrida tuviera que pagar ciento cincuenta

($150.00) dólares a un mensajero para que se lo entregara, (2) generó

litigación porque informó que estaba considerando asumir capacidad

económica y nada adujo al respecto, y (3) ocasionó que Servicios

Legales solicitara el relevo de la representación legal, por lo contencioso

de la litigación y a que, sus múltiples mociones, limitaban el tiempo de

la Lcda. Acosta para atender otros casos.

      El TPI concluyó que la señora Molina se vio obligada a

representarse   por   derecho    propio,   porque    los   programas    de

representación legal gratuita declinaron hacerlo, por lo contencioso del

caso. El foro primario determinó que la recurrida hizo múltiples

gestiones para finiquitar los asuntos y evitar litigaciones extensas e

innecesarias. Sin embargo, el peticionario se opuso a que se

representara por derecho propio e insistió en que tenía que asistir con

abogado.

      Posteriormente la representación legal de la señora Molina

Fonseca fue asumida por la licenciada Mariana Bula Mulero. Según el

TPI, luego de largas búsquedas, la recurrida solo logró que la Lcda.

Bula la representara. La recurrida fue representada por la Lcda. Bula

a partir del 2 de mayo de 2022 a enero 2023. El TPI concluyó que la

señora Molina Fonseca presentó facturas que evidenciaron que los

honorarios de la Lcda. Bula Mulero ascendieron a $26,926.00. El foro

primario responsabilizó al peticionario por el gasto. Según el TPI, su

continuo incumplimiento con el pago de la pensión ocasionó la

celebración de vistas y la presentación de escritos. El TPI hizo referencia

a que el 11 de julio de 2022, el peticionario se allanó a la existencia de

una deuda de $4,266.76. y acordó un plan de pago. No obstante,

incumplió con el plan pago y posteriormente, se retractó a pesar de que
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lo estipuló en corte. El foro primario resolvió que la conducta del

peticionario generó la necesidad de litigación y de gastos innecesarios

y que la recurrida solicitara sanciones. Sin embargo, continuó el patrón

de incumplimiento reiterado con el pago de la pensión y el

descubrimiento de prueba.

      El TPI, además, encontró justificados los honorarios de la Lcda.

Bula, porque el peticionario solicitó que la menor asistiera a la escuela

presencialmente y eso ocasionó varias vistas y un sinnúmero de

intervenciones del tribunal. El foro primario responsabilizó al

peticionario porque la menor perdió el cupo en el Colegio Otoqui que él

mismo seleccionó. El tribunal atribuyó la pérdida de cupo, a que el

peticionario no pagó la matrícula a tiempo. Según el TPI, su

incumplimiento generó nuevas intervenciones y vistas judiciales para

que la menor pudiera estudiar en otro colegio. Además, de la

presentación de escritos y el gasto de honorarios. Por último, el tribunal

determinó que la renuncia de la Lcda. Bula, respondía a que la señora

Molina Fonseca no podía pagar sus servicios.

      La recurrida comenzó a representarse nuevamente por derecho

propio. Nuevamente, el peticionario se opuso a que se representara por

derecho propio. Según el TPI, en marzo de 2023, la recurrida tuvo que

contratar a la Lcda. Leticia Maldonado Ruiz y ha sido su abogada hasta

el presente. El foro primario concluyó que la recurrida evidenció que ha

gastado $2,500.00 durante la representación de la Lcda. Maldonado.

El TPI atribuyó esos gastos a que el peticionario continuó incumpliendo

con el descubrimiento de prueba y el pago de la pensión. Además,

determinó de que la Lcda. Maldonado tuvo que darle seguimiento a las

órdenes que la recurrida solicitó por derecho propio y litigar

nuevamente los asuntos del colegio. Según el foro primario, la menor

permaneció en el año escolar 2023-2024 en el Colegio Gedalis, luego de

sus objeciones infundadas y peticiones de prórrogas.
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      El foro recurrido concluyó que el peticionario debía pagar treinta

y un mil seiscientos veinticinco dólares ($31,625.00) y mil dólares

($1,000.00) de honorarios, debido a que, todas las gestiones

extrajudiciales de la recurrida y sus abogados para minimizar las

controversias y evitar gastos innecesarios, fueron infructuosas.

Además, responsabilizó al peticionario porque su conducta obligó a la

recurrida a hacer préstamos para costear el litigio. El TPI concluyó que

la conducta del peticionario causó el endeudamiento y la pobreza de la

madre y ese asunto repercute y perjudica directamente el bienestar de

la menor.

      El peticionario pidió reconsideración. El 1 de septiembre de 2023,

el TPI declaró NO HA LUGAR la reconsideración.

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      IMPONER AL PETICIONARIO LA SUMA EXCESIVA E
      IRRAZONABLE    DE   $31,625.00  DÓLARES    POR
      CONCEPTO DE GASTOS DEL LITIGIO Y $1,000.00
      DÓLARES EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE
      ABOGADO POR LA CELEBRACIÓN DE LA VISTA
      EVIDENCIARIA,   NO   ESTANDO     EN   POSICIÓN
      ECONÓMICA EL PETICIONARIO PARA CUBRIR TAL
      CANTIDAD, SIN LA RECURRIDA PRESENTAR PRUEBA
      DOCUMENTAL CON VALOR PROBATORIO Y TENIENDO
      EL PETICIONARIO GASTOS DE LITIGIO PROPIOS QUE
      COSTEAR, SIENDO LA CANTIDAD IMPUESTA EXCESIVA
      Y HABIENDO EL PETICIONARIO ORIGINADO LA ACCIÓN
      QUE NO HA CULMINADO.

                                    II

                                    A

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); 800 Ponce de Leon Corp. v. American International

Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la

característica principal del recurso reside en el carácter discrecional del

mismo, tal determinación no es irrestricta, está sujeta a los criterios
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señalados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Advertimos que esta

regla ha sufrido modificaciones a través del tiempo para expandir el

marco discrecional que ostentan los foros revisores en la expedición del

recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:

      … para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
      el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre
      la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
      asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones
      de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra situación en la
      cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
      Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación que
      se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en
      la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap.
      V, R. 52.1.

      Superado el análisis al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los criterios de la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para guiar su discreción

al intervenir con la resolución u orden interlocutoria recurrida. La Regla

40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de
      una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.
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      D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      Ha de quedar claro que la denegatoria a expedir un recurso de

certiorari no implica la ausencia de error en el dictamen, cuya revisión

se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Sino que

responde al ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por

el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008).

                                  B.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en Pueblo v.

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009), las guías para

determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción. El abuso de

discreción se constituye cuando el juez: (1) no toma en cuenta e ignora

sin fundamento un hecho material importante que no podía pasar por

alto, (2) sin justificación ni fundamento alguno concede gran peso y

valor en un hecho irrelevante e inmaterial y su decisión se basa

exclusivamente en el mismo, (3) aunque considera y toma en cuenta

todos los hechos materiales importantes y descarta los irrelevantes, los

sopesa y calibra livianamente.

      La Regla 44.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, autoriza a

los tribunales a imponer costas interlocutorias y sanciones económicas

a las partes o a su representación legal, en todo caso y en cualquier

etapa. No obstante, las costas y sanciones interlocutorias solo

procederán cuando la parte a ser sancionada o su representación legal
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han incurrido en demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de

diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia.

      La imposición de sanciones al amparo de la Regla 44.2, supra,

está sujeta a la sana discreción del tribunal. Esta regla agiliza los

procedimientos y evita la demora y congestión en los tribunales. El

tribunal puede sancionar por iniciativa propia a una parte cuya

conducta perjudica la eficiente administración de la justicia. División

de Empleados Públicos de la Unión General de Trabajadores v. Cuerpo

de Emergencias Médicas, 2023 TSPR 107.

      Los tribunales pueden imponer costas interlocutorias a favor de

una parte para reembolsar un gasto extraordinario innecesario en el

que tuvo que incurrir a causa de otra parte. Además, pueden imponer

sanciones económicas interlocutorias. Pérez Torres v. Academia

Perpetuo Socorro, 182 DPR 1016, 1026-1027 (2011).

      La temeridad es un concepto amplio que incluye las actuaciones

de un litigante que ocasionan un pleito que pudo evitarse, que provocan

la prolongación indebida del trámite judicial u obligan a la otra parte a

incurrir en gastos innecesarios para hacer valer sus derechos. Un

litigante perdidoso es temerario cuando por su terquedad, testarudez,

obstinación, contumacia, empecinamiento, impertinencia e insistencia

en una actitud desprovista de fundamentos obliga a la otra parte a

asumir innecesariamente las molestias, los gastos e inconvenientes de

un pleito. Una parte es claramente temeraria cuando insiste

contumazmente en alegar algo, sin alguna prueba fehaciente que lo

apoye, niega los hechos que le constan o son de fácil corroboración y

dilata los procedimientos judiciales para no responder por sus

obligaciones. SLG González Figueroa v. SLG et al, 209 DPR 138, 148-

149 (2022).

      El abogado tiene derecho a recibir una compensación razonable

por los servicios que rinde a su cliente. Nuestro ordenamiento jurídico

ha adoptado la máxima legal quantum meruit que significa tanto como
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se merece. A su amparo, los abogados tienen derecho a reclamar el

valor razonable de los servicios prestados. In re Franco Rivera, 169 DPR

237, 266-267 (2006). Tan reciente como en Ortiz Valle v. Panadería

Ricomini, 210 DPR 831, 840 (2022), utilizó el criterio de la razonabilidad

al momento de evaluar una petición de honorarios de abogado y

reconoció la discreción del tribunal para aceptar o modificar la cuantía

solicitada.

      El criterio de la razonabilidad está presente en el Art. 656 del

Código Civil vigente, 31 LPRA sec. 7534, aplicable cuando el alimentista

se ve compelido a acudir al tribunal o a iniciar un proceso

administrativo para reclamar su derecho a los alimentos. La cuantía

impuesta incluirá una partida razonable para sufragar los gastos del

litigio y los honorarios de abogado.

      La fijación de los honorarios de abogado está regulada en el

Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 24. Al

momento de determinar su cuantía deben considerarse los factores

siguientes:

      (1) el tiempo y trabajo requeridos, la novedad y dificultad
          de las cuestiones envueltas y la habilidad que requiere
          conducir propiamente el caso.

      (2) si el aceptar la representación del caso en cuestión ha
          de impedir al abogado que se haga cargo de otros casos
          que probablemente han de surgir del mismo asunto, y
          en los cuales existe una razonable expectativa de que
          de lo contrario sus servicios serán solicitados o que tal
          representación implique la pérdida de otros asuntos
          extraños al caso en cuestión o el antagonismo con otros
          clientes.

      (3) los honorarios que acostumbradamente se cobran en el
          distrito judicial por servicios similares.

      (4) la cuantía envuelta en el litigio y los beneficios que ha
          de derivar el cliente de los servicios del abogado.

      (5) la contingencia o certeza de la compensación, y

      (6) La naturaleza de la gestión profesional, si es puramente
          casual o para un cliente constante.
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                                         III

       La Regla 52.1, supra, autoriza nuestra intervención en un pleito

de relaciones de familia, como el que está ante nuestra consideración.

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, nos faculta a intervenir para evitar dilaciones innecesarias en

un caso de alimentos de menores que comenzó hace casi cinco años.

       El peticionario cuestiona que el TPI le ordenó pagar treinta y un

mil seiscientos veinticinco dólares ($31,625.00) por los gastos del litigio

y mil dólares ($1,000.00) de honorarios por obligar al tribunal a realizar

una vista evidenciaria.

       La    temeridad      del   peticionario     está    establecida.     Así   lo

confirmamos en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de

Casos (SUMAC) y en el recuento procesal que hizo el TPI en la

resolución dictada el 7 de diciembre de 2022.1 Luego de hacer dicho

recuento, el TPI ordenó al peticionario el pago de honorarios por

temeridad y tres mil dólares ($3,000.00) de litis expensas. Sin embargo,

el peticionario continuó con la conducta sancionada.

       La inacción, demora y falta de diligencia del peticionario en

cumplir con las órdenes del tribunal obligó a la recurrida a incurrir en

gastos innecesarios y ha obrado en perjuicio de la eficiente

administración de la justicia. La conducta temeraria del peticionario

tiene aún más relevancia en un caso de alimentos de menores, debido

a su alto interés público. Al igual que el TPI, concluimos que el

peticionario tiene que pagar las costas interlocutorias que establece la

Regla 44.2, supra. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la cantidad

que el foro primario le ordenó pagar. La regla citada no es una puerta

1 A nuestro juicio, es importante señalar que advinimos en conocimiento de muchos

de los hechos procesales ocurridos en el TPI a través de SUMAC, debido a que el
peticionario no proveyó todas las mociones y escritos pertinentes para la solución de
la controversia. No obstante, en nuestro empeño de cumplir con la Regla 1 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que salvaguarda los derechos de acceso a los
tribunales, la solución justa, rápida y económica de todo procedimiento, obtuvimos
conocimiento del expediente del TPI y de los documentos esenciales para atender y
resolver este recurso, mediante el expediente digital de SUMAC.
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abierta para el reembolso de cualquier cantidad reclamada. Los gastos

del litigio tienen que ser razonables.

      A nuestro juicio, el TPI abusó de su discreción. La cantidad de

treinta y un mil seiscientos veinticinco dólares ($31,625.00) es

exagerada e irrazonable.

      La controversia se circunscribe a determinar cuáles son los

gastos extraordinarios innecesarios, que se vio obligada a pagar la

recurrida por la conducta del peticionario. El criterio que rige el análisis

de la controversia es la razonabilidad.

      El TPI responsabilizó al peticionario de la renuncia de la

representación legal gratuita de la Sociedad de Servicios Legales de

Puerto Rico. El foro primario concluyó que la Lcda. Michelle M. Acosta

Rodríguez renunció, debido a la complejidad de la litigación y a las

múltiples mociones que presentó el peticionario. Sin embargo, no existe

ninguna evidencia para pensar ni concluir que el peticionario fue

responsable de su renuncia. La conclusión del TPI es incorrecta, porque

la Lcda. Acosta Rodríguez informó al TPI que su renuncia obedecía a la

existencia de diferencias irreconciliables de criterios con la señora

Molina Fonseca. Este hecho consta en la Moción urgente solicitando

relevo de representación legal que presentó la Lcda. Acosta el 24 de

enero de 2022. Véase, pág. 118 del apéndice.

      La señora Molina Fonseca declaró que desconocía que podía

solicitar al tribunal abogado libre de costo. Sin embargo, admitió que

se le ofreció servicios pro-bono y que los solicitó. La testigo también

reconoció que el TPI le indicó que solicitara los servicios de Servicios

Legales. Véase, págs. 616, 617, 668-669 de la Transcripción. La señora

Molina Fonseca conocía que podía contratar un abogado de forma

gratuita, porque a inicios del pleito gestionó ser representada por la

Sociedad de Servicios Legales. Además de que, del 5 de noviembre de

2020 al 24 de enero de 2022, su representación estuvo a cargo de

Servicios Legales de Puerto Rico.
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      El TPI ordenó al peticionario reembolsar a la recurrida

$26,926.00 por los honorarios de la Lcda. Bula Mulero. El foro primario

concluyó que los honorarios de la Lcda. Bula constituyen un gasto

extraordinario innecesario en el que la recurrida incurrió a causa del

peticionario. La recurrida admitió que sabía que los honorarios eran

significativos, pero contrató su representación legal, porque pensó que

el caso iba a acabar rápido. La señora Molina Fonseca aceptó que los

abogados le informaron desde el principio sus honorarios. Fue clara en

que los abogados le dijeron que iban a cobrar X cantidad. Véase, págs.

663-664 de la Transcripción.

      A nuestro juicio la cantidad de $26,926.00 es irrazonable, debido

a que la Lcda. Bula representó a la recurrida por aproximadamente

ocho meses. Su representación comenzó el 2 de mayo de 2022 y se

extendió hasta el mes de enero 2023. Los gastos durante la

representación de la Lcda. Bula son desproporcionales con los

cobrados durante las representaciones de las Licenciadas Chrisired

Morales y Leticia Maldonado Ruiz. La Lcda. Morales facturó $2,049.00,

por aproximadamente seis meses. Por su parte la Lcda. Leticia

Maldonado Ruiz cobró $2,500.00 por aproximadamente seis meses.

Las Licenciadas Morales y Maldonado al igual que la Lcda. Bula

hicieron gestiones relacionadas al incumplimiento del peticionario con

el pago de la pensión alimentaria y el descubrimiento de prueba.

      Por último, la recurrida no pudo establecer la cuantía de los

gastos extraordinarios innecesarios en los que tuvo que incurrir a

causa del peticionario. La señora Molina Fonseca declaró que pidió

dinero prestado a sus familiares para pagar los gastos del litigio. Sin

embargo, no existe constancia del dinero que alegó recibió de sus

familiares. La recurrida tampoco pudo contestar ni evidenciar cuánto

dinero le prestaron ni para qué lo utilizó. Véase, págs. 629-634 y 673

de la Transcripción. Aunque dijo que su madre hizo un préstamo
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bancario para ayudarle con los gastos del litigio, no presentó evidencia

del mismo. Véase, pág. 633 de la Transcripción.

                                   IV

      Por lo antes expuesto, se expide el auto, se confirma la obligación

del peticionario de pagar los gastos del litigio y honorarios, pero se

revoca la cantidad impuesta y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que imponga una cantidad razonable al margen

de los criterios establecidos en el Canon 24 del Código de Ética

Profesional.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones