Court Opinion

ID: 9941347
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:26:52.82876+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.139108
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

     ISLAND PORTFOLIO                              Certiorari procedente
    SERVICES, LLC, COMO                            del Tribunal de
    AGENTE DE SERVICIOS                            Primera Instancia,
    DE PR RECOVERY AND                             Sala Superior de
   DEVELOPMENT REO, LLC                            San Juan

          RECURRIDOS
                                               Caso Número:
                 v.              KLCE202400013 KCD2015-2066

   NORTHWEST SECURITY                              Sobre:
     MANAGEMENT, INC,                              Cobro de dinero,
   HARRY COLÓN ALEMÁN,                             Incumplimiento de
   SU ESPOSA MARÍA DEL                             Contrato, Ejecución
 CARMEN AGRONT SÁNCHEZ                             de Hipoteca por Vía
  Y LA SOCIEDAD LEGAL DE                           Ordinaria y Ejecución
    BIENES GANANCIALES                             de Gravamen
  COMPUESTA POR AMBOS;                             Mobiliario)
         Y OTROS

         PETICIONARIOS
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       Comparece la parte demandada Harry Colón Alemán y su esposa

María del Carmen Argot Sánchez (en adelante, peticionarios) mediante

recurso de certiorari y nos solicitan que revoquemos las resoluciones,

órdenes y mandamientos emitidos por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala de San Juan (en adelante, TPI) el 7 de diciembre de 2023 y

notificadas el 8 de diciembre del mismo año. En dichas Órdenes el TPI

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por los

peticionarios el 19 de agosto de 2023. Adelantamos que, por los

fundamentos que expondremos a continuación, denegamos expedir el

auto de certiorari.

                                   I

       El 27 de marzo de 2017, el TPI declaró Ha Lugar una Demanda

instada contra los peticionarios, ordenando el pago de la deuda en

controversia por la cantidad total de $530,070.11 a favor del demandante

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400013                                                             2

original, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.1 También

estipuló una suma de $80,000.00 por concepto de gastos, costas y

honorarios de abogado.2 Dicha deuda es producto de un préstamo y en

garantía de pago de este, los peticionarios habían suscrito un pagaré

hipotecario a favor de la demandante por la suma principal de

$300,000.00.3 En aseguramiento de este pagaré, se constituyó una

hipoteca sobre el siguiente inmueble, propiedad de los peticionarios:

        URBANA: Solar número uno (1), radicado en el Barrio
        Guaniquilla, del Municipio de Aguada, Puerto Rico, con una
        cabida superficial de quinientos veintiocho punto dos mil
        trescientos setenta y tres (528.2373) metros cuadrados. En
        lindes por el NORTE, en diecisiete metros (17.00 m) con
        carretera municipal; por el SUR, en trece punto ochocientos
        noventa y nueve (13.899) metros con Víctor Torres; por el
        ESTE, en veintiséis punto ochocientos treinta y cuatro
        (26.834) metros; y por el OESTE, en veintiséis punto
        quinientos veintiún (26.521) metros con carretera.

        Consta inscrita al folio treinta y dos (32) del tomo ciento
        setenta y cinco (175) de Aguada, finca número nueve mil
        seiscientos sesenta y cuatro (9664), Registro de la Propiedad
        de Puerto Rico, Sección de Aguadilla.

        Esta finca fue objeto de un proceso de expropiación,
        mediante el cual fueron expropiados veintidós punto siete mil
        trescientos cinco (22.7305 m) sin que se describiera el
        remanente de la finca. A tenor con la expropiación, resulta la
        siguiente nueva descripción de la finca:

        URBANA: Solar número uno (1), radicado en el barrio
        Guaniquilla, del Municipio de Aguada, Puerto Rico, con
        cabida superficial de quinientos cinco punto cinco mil sesenta
        y ocho (505.5068) metros cuadrados. En lindes por el
        NORTE, en doce punto seis mil quinientos cuarenta y un
        (12.6541) metros con carretera municipal; por el SUR, en
        trece punto ochocientos noventa y nueve (13.899) metros con
        Víctor Torres; por el ESTE, en veintiséis punto ochocientos
        treinta y cuatro (26.834) metros; y por el OESTE, en veintiséis
        punto nueve mil ciento cuarenta y dos (26.9142) metros con
        carretera Puerto Rico 441 antes carretera 449.

        Después de la venta de un bien inmueble localizado en Hato Rey,

propiedad de uno de los codemandados, mediante pública subasta el 11

de marzo de 2020,4 la deuda aún continuaba insatisfecha. Los recurridos

solicitaron al TPI, mediante Moción en solicitud de embargo de rentas, la

venta del segundo inmueble, localizado en el municipio de Aguada y

1 Véase Apéndice I del Certiorari a la pág. 12.
2 Id.
3 Véase Apéndice I del Certiorari a la pág. 4.
4 Véase Anejo 1 de la Oposición a la pág. 1.
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perteneciente a los peticionarios.5 No obstante, esta venta no se pudo

tramitar a consecuencia de que su hipoteca no se encontraba inscrita en el

Registro de la Propiedad.6 Según surge del expediente, dicha gestión se

logró finalmente el 16 de agosto de 2022 y así se notificó a las partes.7

         Luego de varios trámites procesales la propiedad se vendió en

pública subasta con autorización del TPI el 10 de agosto de 2023.8 Sin

embargo, los peticionarios se opusieron a ello el 18 de julio de 2023

mediante una Moción urgente sobre emisión de orden argumentando que

no se les había notificado el interés de la parte recurrida en ejecutar la

sentencia al amparo de lo establecido en la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.1.9 El 2 de agosto de 2023, el TPI emitió una

Resolución donde la declaró No Ha Lugar fundamentándose en que los

peticionarios fueron notificados del interés de la ejecución de sentencia por

los recurridos el 23 de marzo de 2023.10 Subsiguientemente los

peticionarios sometieron una Moción sobre Reconsideración el 19 de

agosto de 2023 donde además de lo expuesto en la Moción urgente sobre

emisión de orden, también alegaron que el tribunal no llevó a cabo el

procedimiento correcto para emitir el mandamiento de dicha ejecución.11

Dicha Moción sobre Reconsideración fue declarada No Ha Lugar el 7 de

diciembre de 2023, notificada el 8 de diciembre de 2023 a todas las

partes.12

         Insatisfechos, los peticionarios acuden ante nos alegando que el TPI

cometió los siguientes errores:

         A) Erró el TPI al intervenir y emitir órdenes, resoluciones y
            mandamiento de ejecución de hipoteca, sin que
            previamente se haya ordenado y justificado el ejecutar
            una sentencia luego de decursar el término de 5 años de
            firme la misma [,] contrario a lo establecido en la Regla 51
            de Procedimiento Civil.

5 Véase Apéndice II del Certiorari a las págs. 14-16.
6 Id. a la pág. 15.
7 Véase Anejo 5 de la Oposición a las págs. 20-21.
8 Véase Apéndice XXXII del Certiorari a la pág. 94.
9 Véase Apéndice XVI del Certiorari a las págs. 51-52.
10 Véase Apéndice XVIII del Certiorari a la pág. 53.
11 Véase Apéndice XXIV del Certiorari a las págs. 63-68.
12 Véase Apéndice XXX del Certiorari a las págs. 90-91.
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      B) Erró el TPI al ratificar acciones de la demandante de
         ejecución de hipoteca y escritura de venta judicial, durante
         el término en el cual se encontraba pendiente de
         resolución de una moción Solicitando Reconsideración[,]
         la cual había entretenido y concediendo término a la parte
         demandante para replicar.

      C) Está errado el TPI al no intervenir ni dictar orden alguna
         durante el término de 30 días a partir del 8 de diciembre
         de 2023, fecha en que comenzó a decursar el término
         para que se considere firme la orden emitida, declarando
         No Ha Lugar nuestra solicitud de reconsideración.

      El 17 de enero de 2024, emitimos Resolución la cual concedió hasta

el 19 de enero de 2024 a los recurridos para presentar su posición sobre el

recurso. El 19 de enero de 2024 los recurridos sometieron una Oposición

a expedición de certiorari y solicitud de desestimación. Con el beneficio de

la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

                                     II

      El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012),

que cita a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso discrecional, para

el cual existen unos parámetros que sirven de guía al momento de decidir

si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v. BBVAPR, supra. De

esta forma, el asunto que se nos plantee en el recurso de certiorari debe

tener cabida dentro de alguna de las materias reconocidas en la Regla 52.1

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (Regla

52.1). Particularmente, en cuanto al certiorari para revisar dictámenes

interlocutorios del foro primario, en su parte pertinente, la Regla 52.1

dispone lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. […]. Al denegar la expedición de un recurso
      de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones
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       no tiene que fundamentar su decisión. […] (Énfasis
       nuestro.)

       Así pues, a este foro intermedio le corresponde realizar un análisis

dual para determinar si se expide o no un auto de certiorari. Este examen

consta de una parte objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer lugar,

tenemos que        auscultar   si   la   materia   contenida   en   el recurso

de certiorari tiene cabida dentro de alguno de los asuntos establecidos en

la Regla 52.1, toda vez que esta enumera taxativamente bajo qué materias,

solamente, se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos casos en los

que el asunto no esté comprendido dentro de la norma, el tribunal revisor

debe negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente.

       Superada esta etapa, analizamos si bajo la discreción concedida a

este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40), debemos o no expedir

el auto de certiorari. Como se sabe, la Regla 40 establece los criterios que

debemos tomar en consideración para determinar si expedimos o no un

auto de certiorari:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.
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       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       A su vez, los foros apelativos “no debemos intervenir con el ejercicio

de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que hubo

un   craso    abuso    de   discreción,    perjuicio,   error   manifiesto   o

parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709

(2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

Asimismo, con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales

procesales, no debemos sustituir nuestro criterio por el ejercicio de

discreción del tribunal de instancia, “salvo cuando dicho foro haya incurrido

en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Int´l

News, 151 DPR 649, 664 (2000).

       Finalmente, es norma reiterada que al denegar la expedición de un

recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene

que fundamentar su decisión. A su vez, los foros apelativos no debemos

intervenir con las decisiones de los tribunales de instancia, “salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó

con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la]

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” (Énfasis

nuestro). Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                     III

       Los peticionarios recurren de unas Órdenes las cuales, además de

resolver otros asuntos del caso, declaró No Ha Lugar la Moción de

Reconsideración instada por estos el 19 de agosto de 2023. Nos

encontramos ante una situación donde la resolución recurrida es un

remedio de ejecución post-sentencia, revisable mediante auto de certiorari.

Las resoluciones post-sentencia no están comprendidas de forma expresa

bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. V, por lo que esos recursos deben evaluarse bajo los

parámetros establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento. 4 L.P.R.A.

Ap. XXII-B.
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       Evaluada la resolución recurrida, esta no cumple con los criterios

antes esbozados de la Regla 40, supra. Reiteramos que, los tribunales

apelativos no debemos intervenir con las determinaciones de los tribunales

primarios, salvo que se demuestre un claro abuso de discreción, perjuicio,

error manifiesto o parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle

Corp., supra. De un examen del expediente ante nuestra consideración, no

vemos que el TPI haya incurrido en un abuso de discreción durante el

trámite post sentencia del caso o que este haya actuado bajo prejuicio o

parcialidad que acarree un fracaso de la justicia. Además, tampoco se

demostró que el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación o

aplicación de una norma procesal y que, intervenir en esta etapa, evitaría

un perjuicio sustancial contra el peticionario. Consecuentemente, al

amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, y en el ejercicio de nuestra

discreción denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                    IV

       Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto

de certiorari solicitado.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones