Court Opinion

ID: 9952130
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:19:41.431998+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:10.254755
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

  SUCESIÓN MAGDALENA                Apelación
 GONZÁLEZ VILLARRUBIA               procedente del
 COMPUESTA POR: ZULMA               Tribunal de
 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,                Primera Instancia,
NANCY HAYDEE GONZÁLEZ               Sala de Mayagüez
   GONZÁLEZ Y MAGDA   KLAN202300985
    JOSEFA GONZÁLEZ
       GONZÁLEZ

            Apelantes
                                                                 Civil Núm.:
                  v.                                             MZ2023CV00036

ERICK G. CRUZ H/N/C DR.
 ERICK G. CRUZ, FULANA
  DE TAL Y LA SOCIEDAD
 LEGAL DE GANANCIALES
QUE AMBOS COMPONEN,                                              Sobre:
  PUERTO RICO MEDICAL                                            Daños y Perjuicios
DEFENSE, ASEGURADORA
ABC, ASEGURADORA XYZ,
       JOHN DOE

             Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Monge Gómez, el Juez
Cruz Hiraldo y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                   SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

        Comparece        la   parte     demandante,         la    Suc.   Magdalena

González Villarrubia compuesta por la Sra. Zulma Rodríguez

González, la Sra. Nancy Haydee González González y la Sra. Magda

Josefa González González, mediante un recurso de Apelación.

Solicita que revoquemos la Sentencia Sumaria Parcial, dictada el 14

de septiembre de 2023, notificada el 22 de septiembre de 2023, por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).

En la aludida sentencia parcial, el TPI acogió la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por la parte demandada, el

Dr. Erick G. Cruz y desestimó el pleito instado por la parte

1Mediante Orden Administrativa TA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó al

Hon. José I. Campos Pérez en sustitución del Hon. Felipe Rivera Colón.

Número Identificador

SEN2024 ______________
KLAN202300985                                                                    2

demandante-apelante respecto al Dr. Erick G. Cruz por entender

que había prescrito la acción respecto a dicha parte.

          Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos la Sentencia Sumaria Parcial.

                                          I.

          El 11 de enero 2023, la Suc. Magdalena González Villarrubia

compuesta por la Sra. Zulma Rodríguez González, la Sra. Nancy

Haydee González González y la Sra. Magda Josefa González

González, presentó una Demanda contra el Dr. Erick G. Cruz,

PRMD Insurance Company y otros por daños y perjuicios.2 En

síntesis, alegaron que la fenecida Sra. Magdalena González

Villarubia falleció el 17 de junio de 2020 pues el Dr. Erick G. Cruz

incumplió con sus deber de previsibilidad pues “no atendió a

tiempo los nódulos en la tiroides de Doña Magdalena” negándole la

atención médica necesaria para tratar su cáncer.3

          El 18 de abril de 2023, la parte demandada presentó su

Contestación a Demanda.4 En dicho escrito, la parte demandada

negó       algunos    hechos     expuestos      y   presentó     sus    defensas

afirmativas, entre ellas, que la demanda estaba prescrita pues fue

radicada el 11 de enero de 2023, con hechos ocurridos en los años

2019 y 2020”.5

          Así las cosas, el 29 de junio de 2023 la parte demandada

presentó ante el Tribunal una Moción de Sentencia Sumaria.6 En

síntesis, alegó que procedía que se dictara sentencia sumaria pues

de la prueba presentada por dicha parte la presentación de la

demanda el 11 de enero de 2023 había sido fuera del término

2 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 1 págs. 1-4.
3 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 1 en la pág. 3-4.
4
    Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 2 en las págs. 5-10.
5 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 2 en las págs. 5-10.
6 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 3 en las págs.11-31.
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prescriptivo.7 Como hechos materiales y pertinentes que no

estaban en controversia listaron los siguientes:

       1. El 8 de mayo de 2020 se le realizó a la paciente
       Magdalena González Villarrubia una biopsia por
       aspiración por aguja fina mostrando hallazgos
       consistentes con una lesión cancerosa en la tiroides.
       (Véase alegación 19 de la demanda).
       2. El 17 de junio de 2020 la paciente Magdalena
       González Villarrubia falleció. (Véase alegación 22 de la
       demanda).
       3. El 22 de septiembre de 2022 se notificó a la parte
       compareciente un comunicado para paralizar el
       término prescriptivo de la causa de acción. Alegación
       23 de la demanda y Exhibit I).
       4. El 14 de junio de 2021 la parte demandante notificó
       a la parte compareciente un segundo documento que
       alegó constituía una reclamación extrajudicial.
       (Exhibit II).
        5. Las conversaciones extrajudiciales con la
       aseguradora Puerto Rico Medical Defense Insurance
       Company culminaron el 14 de enero de 2022. (Véase
       alegación 23 de la demanda).
       6. Además de la carta de fecha 22 de septiembre de
       2020 y de la carta de fecha 14 de junio de 2021 la
       parte demandante ni su representación legal sometió
       ninguna otra carta con el propósito de interrumpir
       términos prescriptivos. (Exhibit III).
       7. La demanda en el presente caso fue radicada el 11
       de enero de 2023. (Véase fecha de radicación en el
       expediente del Tribunal.)8

       El 21 de agosto de 2023 la parte demandante presentó una

Moción en Oposición a Sentencia Sumaria.9 En dicho escrito que

solicitó que se declarara No Ha Lugar la Moción de Sentencia

Sumaria presentada por la parte demandada, pues entendieron

que las conversaciones hechas entre el 12 de enero de 2022 hasta

el 14 de enero de 2022 reiteraron la intención de agotar el remedio

de manera extrajudicial por lo cual interrumpieron el término

prescriptivo de un año para instar una acción.10

       Finalmente, el 14 de septiembre de 2023, notificado el 22 de

septiembre de 2023, el TPI emitió una Sentencia Sumaria Parcial.11

En dicha sentencia, el Tribunal declaró Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por la parte demandada y concluyó

7 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 3 en las págs.11-31.
8 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 3 en la pág.13.
9 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 4 en las págs.32-75.
10 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 4 en las págs.42-75.
11 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 5 en las págs. 76-80.
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que procedía la desestimación de la demanda respecto al Dr. Erick

G. Cruz por haber prescrito la acción contra este demandado.12

       Inconforme con dicha Sentencia Sumaria Parcial, la parte

demandante presentó una Moción Solicitando Reconsideración a

Sentencia Sumaria Parcial.13 En dicho escrito la parte demandante

reiteró su posición respecto a que el comunicado del 12 de enero

de 2022 y el comunicado cursado el 14 de junio de 2021 fueron

reclamaciones      extrajudiciales     que   interrumpieron       el   término

prescriptivo.14 No obstante, el 5 de octubre de 2023 el TPI emitió

una Resolución declarando No Ha Lugar la moción sometida por la

parte demandante.15

       Inconforme,      la   parte    demandante        acudió     ante    nos

oportunamente mediante el presente recurso de Apelación. En su

escrito, señala los siguientes señalamientos de error:

       Primer Error: Erró el Foro de Instancia al dictar
       sentencia sumariamente y determinar que la acción de
       daños y perjuicios en contra del Dr. Erick Cruz estaba
       prescrita, a pesar de que la evidencia y los autos
       demuestran que la parte apelante mantuvo viva su
       acusa      de    acción    mediante      negociaciones
       extrajudiciales con PDM Insurance, aseguradora que
       actuó en unión y representación de dicho galeno.

       Segundo Error: Erró y abuso de su facultad
       discrecional el Foro de Instancia al no tomar en
       consideración la evidencia presentada ante sí por la
       parte apelante mediante la oposición a la solicitud de
       sentencia sumaria instada por el Dr. Erick Cruz.

       La parte apelada presentó el 27 de noviembre de 2023 su

Alegato en Oposición. Contando con la comparecencia de ambas

partes, procedemos a resolver.

                                       II.

La Sentencia Sumaria

       La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.36,

gobierna el mecanismo de la sentencia dictada sumariamente. Esta

12 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 5 en las págs. 76-80.
13 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 en las págs. 81-84.
14 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 en las págs. 81-84.
15 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 7 en las págs. 85-86.
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herramienta procesal sirve al propósito de aligerar la conclusión de

los pleitos, sin la celebración de un juicio en sus méritos, siempre

y cuando no exista una legítima controversia de hechos medulares,

de modo que lo restante sea aplicar el derecho. Véase, Jusino et

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); Roldán Flores v. M.

Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). Así se propende a la

solución justa, rápida y económica de los litigios de naturaleza civil

en los cuales no exista una controversia genuina de hechos

materiales. Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 699 (2021).

En este sentido, un hecho material “es aquel que puede afectar el

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110.

Por ello, “[l]a controversia debe ser de una calidad suficiente como

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio

plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

      La Regla 36.2 del mismo ordenamiento procesal, establece

que la parte contra la cual se haya formulado una reclamación

podrá presentar “una moción fundada en declaraciones juradas o

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para

que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la

totalidad o cualquier parte de la reclamación”. 32 LPRA Ap. V, R.

36.2. Por su lado, conforme la Regla 36.3 de Procedimiento Civil,

supra, en su contestación, la parte promovida “no podrá descansar

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan

detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. De

no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si

procede”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). Asimismo, la Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, supra, establece unos requisitos de forma a
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ser cumplidos por la parte promovente y la parte promovida. 32

LPRA Ap. V, R. 36.3; Véase, Pérez Vargas v. Office Depot, supra,

pág. 698. Por consiguiente, el incumplimiento del promovente de

estas formalidades acarrea que el tribunal no esté obligado a

considerar su pedimento. Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, pág. 111. En caso de que el promovido sea quien incumple

dichos requisitos “el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a

favor de la parte promovente, si procede en derecho”. Id.

      En cuanto a la revisión de un dictamen sumario o la

denegación de la resolución abreviada, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al

revisar la determinación del tribunal primario, estamos limitados

de dos maneras: (1) sólo podemos considerar los documentos que

se presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo

podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, así como si el derecho se aplicó de

forma correcta. Esto es, no estamos compelidos a adjudicar los

hechos materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161

DPR 308, 334-335 (2004). El deber de adjudicar hechos materiales

y esenciales es una tarea que le compete al Tribunal de Primera

Instancia y no al foro intermedio.

      A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

estableció el estándar específico que debemos utilizar como

tribunal revisor al momento de evaluar determinaciones del foro

primario en las que se conceden o deniegan mociones de sentencia

sumaria. En lo pertinente, dispuso que “[l]a revisión del Tribunal

de Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente de la

manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las

inferencias permisibles a su favor”. Meléndez González et al. v. M.
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Cuebas, supra, pág. 118. Además, reiteró que por estar en la

misma posición que el foro primario, debemos revisar que tanto la

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los

requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento

Civil. Id.

       Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión del

expediente, de encontrar que en realidad existen hechos materiales

y esenciales en controversia, debemos tener en cuenta el

cumplimiento de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y exponer

concretamente cuáles hechos materiales están controvertidos y

cuáles están incontrovertidos. Por el contrario, de resultar que los

hechos materiales y esenciales realmente están incontrovertidos,

entonces nos corresponde revisar de novo si el foro impugnado

aplicó correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Id.,

pág. 119.

       Al dictar una sentencia sumaria, este tribunal deberá

realizar un análisis dual que consiste en: (1) analizar los

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y

los que se incluyen con la moción en oposición, así como aquellos

que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si el

oponente de la moción controvirtió algún hecho material y

esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no han sido

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos.

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333. Una vez realizado este análisis

el tribunal no dictará sentencia sumaria cuando: (1) existen

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de

los propios documentos que se acompañan con la moción una

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como

cuestión de derecho no procede. Id., págs. 333-334.
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La Responsabilidad Civil Extracontractual y La Prescripción

Extintiva

       El hoy derogado, pero vigente a los hechos, Artículo 1802 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141,16 disponía que todo

aquél que por acción u omisión cause un daño a otro vendrá

obligado a repararlo, si ha mediado culpa o negligencia. La

prescripción es una figura del derecho civil el cual extingue el

derecho de una persona a ejercitar una causa de acción

determinada y tiene como propósito “castigar la inercia y estimular

el ejercicio rápido de las acciones”. Nevárez Agosto v. United Surtey

et al., 209 DPR 346, 356 (2022); SLG Haedo-López v. SLG Roldán-

Rodríguez, 203 DPR 324, 336 (2019); Xerox Corp. v. Gómez

Rodríguez y otros, 201 DPR 945, 952 (2019). El Artículo 1861 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA ante. sec.5291, establece que las

acciones prescriben por el mero transcurso del tiempo fijado por la

ley. En las acciones de daños y perjuicios, según el Artículo 1868

del Código Civil de 1930, 31 LPRA ante. sec.5298, el Código Civil

del 1930 establece que cuentan con un término prescriptivo de un

año.

       Nuestro     ordenamiento        jurídico    ha    reconocido      tres

mecanismos para interrumpir los términos prescriptivos, estos

son: (1) la presentación de una acción ante los tribunales; (2) la

presentación de una reclamación extrajudicial y (3) cualquier acto

realizado por el deudor reconociendo la existencia de la deuda.

Artículo 1873 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec.5303;

Nevárez Agosto v. United Surtey et al., supra, en la pág. 357; Díaz

Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, 868 (2016).

Respecto a la interrupción del término prescriptivo mediante una

16 Véase, Artículo 1815 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11720, el cual
dispone, en parte, que “[l]a responsabilidad extracontractual, tanto en su
extensión como su naturaleza, se determina por la ley vigente en el momento en
que ocurrió el acto u omisión que da lugar a dicha responsabilidad. […]”.
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reclamación     extrajudicial,    se    ha   definido   que    es   “…una

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de

su derecho, expresa su voluntad de no perderlo…” Díaz Santiago v.

International Textiles, supra, en la pág. 870. Para que una

reclamación       extrajudicial   pueda      interrumpir      el    término

prescriptivo, nuestro más alto foro ha expresado que debe cumplir

con los siguientes requisitos:

            (1) debe ser oportuna; (2) debe presentarla una
      persona con legitimación; (3) el medio utilizado para
      hacer la reclamación debe ser idóneo, y (4) debe existir
      identidad entre el derecho reclamado y el afectado por
      la prescripción. Díaz Santiago v. International Textiles,
      supra.

      En las reclamaciones por daños y perjuicios, si no se

interrumpe el plazo para ejercitar la acción, utilizando los

mecanismos dispuestos por ley, el término de un año prescribe

desde que lo supo la persona agraviada. Vera v. Dr. Bravo, supra

en la pág. 322.

      Respecto al receptor del acto interruptor, el tratadista Luis

Díez-Picazo ha expresado en su obra que “…los actos de

interrupción de la prescripción, emanados del sujeto activo del

derecho en prescripción, tiene como lógico destinatario al sujeto

pasivo de tal derecho…”. L. Díez-Picazo y Ponce de León, La

prescripción extintiva: en el Código Civil y en la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 20007, pág.

149. De igual forma, “no es discutible que pueden dirigirse a un

representante legal o voluntario del mismo”. Supra. En otras

palabras, por lo general el acto interruptivo llevado acabo por la

persona   con      legitimación    es    realizado    hacia   su    deudor

directamente,      no    obstante,      también      puede    dirigirse   al

representante legal o voluntario del deudor. El Tribunal Supremo

interpretando al tratadista Díez-Picazo ha expresado:

      El mencionado tratadista nos dice que, para precisar
      si una reclamación frente a quien corresponda puede
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      surtir efectos en cuanto a otras personas a las que no
      vaya expresamente dirigida, se pueden evaluar
      factores como: (1) la suficiencia del esfuerzo que el
      interruptor debe realizar para determinar el sujeto
      pasivo de su pretensión, y (2) si el acto de
      interrupción hubiera llegado o podido llegar
      normalmente a ser conocido por los afectados. Íd.,
      pág. 150. También menciona que la buena fe
      constituye un criterio necesario para valorar el
      acto de interrupción de la prescripción en sí mismo
      y su potencial eficacia para producir el efecto
      interruptivo. Íd. Birriel Colón v. Supermercado Los
      Colobos, 2023 TSPR 120, 8 (2023) (Énfasis en el
      original).

El Código de Seguros, el Reglamento Núm. 2080 y la

Responsabilidad Civil Extracontractual

      Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido a la industria

de seguros con el más alto interés público, por tal razón se

encuentra altamente reglamentada mediante la Ley Núm. 77 de 19

de junio de 1957, según enmendada, conocida como el Código de

Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26 LPRA sec. 101, y de

manera supletoria las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico.

Birriel Colón v.   Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120, 6

(2023); San Luis Center Apts. et al. v. Triple-S, 208 DPR 824, 832

(2022).

      En materia de daños, los Artículos 20.010 y 20.030 del

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2001 y 2003, permiten que una

persona que ha sufrido daños y perjuicios causados por un

asegurado reclame contra la aseguradora el pago de dichos daños

y perjuicios. Véase, además, Birriel Colón v. Supermercado Los

Colobos, en la pág. 7. Cuando se pretende instar una acción de

daños y perjuicio contra una aseguradora, nuestro más alto foro

ha reconocido que el término para presentar dicha acción es de un

año como se expresa en el Artículo 1868 del Código Civil de 1930,

31 LPRA ante. sec.5298. Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101

DPR 249, 251 (1973). Como norma general el asegurado y la

aseguradora no responden solidariamente ante las personas
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perjudicadas, pues para que esto sea posible debe surgir

claramente la solidaridad entre ambas partes del contrato de

seguros. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPRA 523, 537

(1999). Cuando no surja del contrato de seguros la solidaridad

entre el asegurado y la aseguradora la persona perjudicada debe

interrumpir el término prescriptivo contra ambos individualmente

si desea ejercer la acción en contra de ambas partes. Supra, en la

pág. 538.

       Recientemente nuestro Tribunal Supremo expresó que a

tenor del Artículo 27.161 del Código Seguros, 26 LPRA sec. 2716a,

y el Reglamento Núm. 2080 de 6 de abril de 1976 (Reglamento

Núm.     2080),   cuando   una    parte   perjudicada    mantiene

comunicación de buena fe encaminadas al trámite ordinario de

una    reclamación,   la   aseguradora    está   actuando    como

representante del causante por lo que queda interrumpido el

término prescriptivo. Se considera una práctica desleal y engañosa

utilizar la figura de la prescripción contra estas personas

perjudicadas que promueven sus acciones de manera diligente y

con buena fe. Birriel Colón v.   Supermercado Los Colobos, 2023

TSPR 120, 12(2023). Nuestro más alto foro fundamentó su

posición basada en el Artículo 27.161 del Código Seguros, 26 LPRA

sec. 2716a, que establece en uno de sus incisos “[n]o intentar de

buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido, justo y equitativo de

una reclamación de la cual surja claramente la responsabilidad”.

                                 III.

       En su recurso de Apelación, la parte apelante señala que

erró el TPI al dictar sentencia sumariamente y determinar que la

acción de daños y perjuicios en contra del Dr. Erick Cruz estaba

prescrita, a pesar de que la evidencia y los autos demuestran que

la parte apelante mantuvo viva su causa de acción mediante

negociaciones extrajudiciales con PDM Insurance, aseguradora que
KLAN202300985                                                                12

actuó en unión y representación de dicho galeno. De igual forma,

señala, además, que erró nuestro foro primario al no tomar en

consideración la evidencia presentada ante sí por la parte apelante

mediante la oposición a la solicitud de sentencia sumaria instada

por el Dr. Erick Cruz. Al tratarse de planteamientos similares entre

sí, procedemos a resolver conjuntamente.

       Examinada de novo la Moción de Sentencia Sumaria y su

Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, concluimos que no

procedía la desestimación de la demanda contra el Dr. Erick Cruz,

veamos.

       Debemos comenzar recordando, que el término prescriptivo

de una acción de daños y perjuicio se puede interrumpir mediante

la presentación de una reclamación extrajudicial hecha por la

parte perjudicada hacia la parte causante del daño.17 De igual

forma, el Tribunal Supremo ha expresado que, a tenor del Artículo

27.161 del Código Seguros, 26 LPRA sec. 2716a, y el Reglamento

Núm. 2080 de 6 de abril de 1976 (Reglamento Núm. 2080), cuando

una parte perjudicada mantiene comunicación de buena fe

encaminadas al trámite ordinario de una reclamación con una

aseguradora, está actuando como representante del causante por

lo que queda interrumpido el término prescriptivo.18 Por los

fundamentos antes expuestos concluimos que le asiste razón a la

parte apelante cuando alega que no procedía dictar sentencia

sumaria parcial a favor del Dr. Erick Cruz, pues de los anejos

acompañados surge que la parte apelante mantuvo conversaciones

con la aseguradora PDM Insurance, en representación de su

asegurado Dr. Erick Cruz, con miras a resolver el asunto

17 Véase Artículo 1873 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec.5303; Nevárez

Agosto v. United Surtey et al., supra, en la pág. 357; Díaz Santiago v.
International Textiles, supa en la pág. 868.
18 Véase Artículo 27.161 del Código Seguros, 26 LPRA sec. 2716a; Reglamento

Núm. 2080 de 6 de abril de 1976 (Reglamento Núm. 2080); Birriel Colón v.
Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120, 12(2023).
KLAN202300985                                                              13

extrajudicialmente hasta el 14 de enero de 2022.19 En esencia, una

mirada a los anejos sometidos por la parte apelante en su Moción

en Oposición a Sentencia Sumaria, las comunicaciones cursadas

por la aseguradora PDM Insurance, en representación y anuencia

de su asegurado Dr. Erick Cruz, hacia la parte apelante nos dejan

saber que esta mantuvo conversaciones con su asegurado durante

el periodo de 12 de julio de 2021 hasta el 14 de enero de 2022

respecto a la reclamación extrajudicial solicitada por la parte

apelante.20 Al culminar las conversaciones habidas entre la parte

apelante y PDM Insurance, en representación de su asegurado

Dr. Erick Cruz, el 14 de enero de 2022, la presentación de la

demanda el 11 de enero de 2023 fue oportuna por lo que no

procedía que se dictara Sentencia Sumaria Parcial por lo que

incidió el TPI al desestimar la acción contra el Dr. Erick Cruz.

                                      IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la

Sentencia Sumaria Parcial dictada el 14 de septiembre de 2023,

notificada el 22 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez y se reinstala la acción en

daños y perjuicios instada por la Suc. Magdalena González

Villarrubia compuesta por la Sra. Zulma Rodríguez González, la

Sra. Nancy Haydee González González y la Sra. Magda Josefa

González González contra el Dr. Erick G. Cruz.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

19 Véase Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 3 en las págs.

24, 27 y 31; Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 4 en las
págs.51, 52, 53, 72,73 y 74.
20 Véase Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 4 en las

págs.53, 72 y 74.