Court Opinion

ID: 9941504
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:41:40.371193+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.853228
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                       Panel II

EDWIN GADIEL PAGÁN BURGOS                                Apelación
         Apelante                                        procedente del
                                                         Tribunal de
                                           KLAN202300872 Primera Instancia,
                    v.                                   Sala de Humacao

                                                              Caso Núm.
    EFRAÍN SANTIAGO ORTIZ                                     HU2019CV001947
            Apelado
                                                              Sobre:
                                                              Libelo y Calumnia

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Jueza Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                        SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

       Comparece Edwin Gadiel Pagán Burgos (el apelante), solicitando la

revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Humacao, (TPI), el 29 de agosto de 2023.1 Mediante dicho

dictamen el foro primario declaró Ha Lugar una Moción Solicitando

Sentencia Sumaria instada por Efraín Santiago Ortiz, (el señor Santiago

Ortiz o apelado), y otros (en conjunto, los apelados), desestimando la

demanda por daños, calumnia y libelo presentada por el apelante.

       En el recurso de apelación se esgrime que incidió el TPI en lo

siguiente:    (1)   su    determinación      sobre   los   hechos   presuntamente

incontrovertidos y; (2) la apreciación de que no se demostraron los

elementos de la causa de acción instada.

1 Notificada el 30 de agosto de 2023.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024___________________
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I. Resumen del tracto procesal

          El 16 de diciembre de 2019, el señor Edwin Pagán Bonilla, padre del

apelante, Edwin Gadiel Pagán Burgos, presentó una Demanda por sí y en

representación de este último, en contra del señor Efraín Santiago Ortiz y

otros. La Demanda tuvo como causa unas alegadas expresiones hechas por

el señor Efraín Santiago Ortiz, el 4 de febrero de 2016, en el programa

televisivo “Jay y sus Rayos X”. Las referidas expresiones aludían a una

denuncia realizada contra el señor Pagán Bonilla, por el delito de

exposiciones deshonestas, a raíz de hechos ocurridos en el baño de varones

de la tienda JC Penny, en Plaza las Américas, el 19 de febrero de 2001,

hechos por los cuales resultó convicto en grado de tentativa.

          En lo específico, en la demanda fue alegado que, en el referido

programa televisivo, el señor Efraín Santiago Ortiz narró su versión de los

hechos ocurridos el 19 de febrero de 2001 en la mencionada tienda,

sosteniendo, entre otros, que: el señor Edwin Pagán Bonilla es un enfermo

que no debe estar en contacto con ningún niño … sabrá Dios a cuántos niños

él le hizo lo mismo;2 que la fiscal del caso le había mencionado que había

otras investigaciones por pedofilia contra el señor Pagán Bonilla, alrededor

de 4 a 5 casos, una de ellas referente a su propio hijo, el aquí apelante,

Edwin Gadiel Pagán Burgos.3

          Los demandantes alegaron que las referidas expresiones del señor

Santiago Ortiz eran totalmente falsas, fueron hechas con conocimiento de

su falsedad y con el único propósito de inducir a error, difamar, crear

opinión negativa y dañar la buena reputación del señor Edwin Pagán

Bonilla. Que tales manifestaciones le han provocado daños emocionales y

personales al señor Pagán Bonilla, afectándole su carrera profesional y de

2
    Anejo I del recurso de apelación, pág. 2.
3
    Íd.
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servicio público, y a su hijo, el aquí apelante, por lo que reclamaron ser

resarcidos.

       Posteriormente, la causa de acción del señor Pagán Bonilla fue

desestimada, mediante Sentencia Parcial de 4 de agosto de 20204, al juzgar

el foro a quo que se encontraba prescrita. Por tanto, solo subsistió el

reclamo de su hijo, el apelante, por haber sido menor de edad a la fecha de

los hechos que dieron lugar al inicio de la acción legal.

       Sin embargo, el señor Santiago Ortiz instó una Moción Solicitando

Sentencia Sumaria, con referencia a la causa de acción restante, la del

apelante. En esta moción el apelado enumeró nueve hechos que identificó

como incontrovertidos, con alusión a la prueba que presuntamente los

sostenían, arguyendo que la causa de acción de Edwin Gadiel Pagán

Bonilla se basaba en los daños a nombre de su padre, y los efectos en el

núcleo familiar, pero no a los daños que sufrió como hijo. Asimismo, alegó

que las expresiones hechas en el programa de televisión eran ciertas,

sostenidas por la convicción del señor Pagán Bonilla, según lo hacía así

constar una Sentencia emitida por el TPI, cuya copia unió, y que tales

manifestaciones formaban parte del derecho a la libre expresión que provee

la Constitución.

       A raíz de ello, el señor Pagán Burgos instó una Moción en oposición a

solicitud de sentencia sumaria presentada por el codemandado Efraín

Santiago Ortiz. Allí, el apelante señaló los hechos que los apelados

promovieron como incontrovertidos en la moción de sentencia sumaria,

para esgrimir argumentos en contrario, incluyendo la prueba documental

que, adujo, servía para controvertirlos. Finalizó arguyendo que: la parte

promovente de la solicitud de sentencia sumaria no había establecido de

forma clara los hechos que sostuvo como incontrovertidos; el foro primario

4 Esta Sentencia no fue incluida en el apéndice del recurso de apelación, sino que la
obtuvimos a través de SUMAC, Entrada #15.
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no contaba con la verdad de todos los hechos y; había elementos subjetivos

que no hacía aconsejable decidir de manera sumaria el asunto.

      Es así como, el 29 de agosto de 2023, el tribunal a quo emitió la

Sentencia cuya revocación nos solicita el apelante, declarando Ha Lugar la

Moción de sentencia sumaria instada por el apelado, por tanto, ordenando

la desestimación de la causa de acción instada. Al así decidir, el foro

primario enumeró diecisiete hechos como incontrovertidos, que a renglón

seguido reproducimos.

      1. La demanda en este caso se presentó el pasado 16 de diciembre
         de 2019 siendo el demandante menor de edad a esa fecha.
      2. La demanda se refiere a hechos ocurridos el 4 de febrero de 2016.
      3. La demanda se refiere a un solo incidente ocurrido en un
         programa de televisión Jay y sus Rayos X y expresiones del
         demandado relacionadas a un incidente que tuvo el hijo del
         demandado con el padre del aquí demandante.
      4. En el programa de televisión el demandado indicó que la fiscal
         que investigó el caso contra Edwin Pagán Bonilla informó que
         había cuatro o cinco casos de pedofilia contra éste pendientes de
         investigación.
      5. El Sr. Edwin Pagán Medina, padre del demandante fue
         denunciado criminalmente por violación al Artículo 106 del
         Código Penal (exposiciones deshonestas) por hechos acaecidos
         en el baño de varones de Plaza las Américas el 19 de febrero de
         2001. En la misma se imputa que expuso sus partes íntimas al
         menor de 16 años Efraín Santiago Gutiérrez, hijo del demandado.
      6. La Querella de la Policía fue la 200113821761, por el delito de
         Art. 106 del Código Penal contra Edwin Pagán Bonilla. ANEJO A,
         página 1 de la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la
         parte demandada.
      7. El Sr. Edwin Pagán Bonilla fue sentenciado por el Tribunal de
         Primera Instancia, Sala de San Juan caso El Pueblo de PR v.
         Edwin Pagán Bonilla, Criminal. Núm. 2001-0698, por tentativa
         de exposiciones deshonestas.
      8. El Tribunal de Apelaciones confirmó la convicción del Sr. Pagán
         Bonilla por la tentativa de exposiciones deshonestas.
      9. El demandado Efraín Santiago Ortiz, padre del entonces menor
         de edad Efraín Santiago Gutiérrez, ha expresado bajo juramento
         que presenció el incidente de que fuera objeto su hijo menor de
         edad en el baño de la tienda JC Penney donde Edwin Pagán
         Bonilla se metió al cubículo del baño y mostró sus genitales al
         menor.
     10. El demandado Edwin Santiago Ortiz fue invitado al programa de
         televisión del presentador Jay Fonseca.
     11. El demandado tenía conocimiento que Edwin Pagán Bonilla
         aspiraba a un puesto electivo en el PNP en el año 2016. Efectuó
         la entrevista, según la deposición, porque no podía permitir que
         un criminal fuera parte del gobierno.
     12. En la entrevista televisada, el demandado Efraín Santiago Ortiz
         expresó que su aseveración de que el demandante Edwin Pagán
         Bonilla tenía otras investigaciones pendientes por pedofilia se lo
         manifestó la fiscal que vio el caso de su hijo, y así lo reveló en la
         entrevista.
     13. El demandado indicó en la entrevista: “Eso me lo informó la fiscal
         del caso en ese momento porque el caso duró bastante tiempo.
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         Porque él cambió de abogado par de veces y la fiscal del caso fue
         la que me dijo que tenía 4 a 5 casos, uno de su propio hijo en
         Humacao.
     14. El demandado Edwin Santiago Ortiz no identifica por nombre al
         hijo del Sr. Pagán Bonilla.
     15. El demandado Edwin Santiago Ortiz no pudo identificar a la
         fiscal que le ofreció dicha información.
     16. En su Contestación al Interrogatorio, el demandante Edwin
         Gadiel Pagán Burgos, expresó bajo juramento que “las
         expresiones del demandado pusieron en entredicho la confianza,
         honra, buen nombre y reputación de mi padre y mía ante
         nuestros amigos, familiares y la comunidad en general. Las
         expresiones del Sr. Efraín Santiago Ortiz provocaron
         sufrimientos daños y angustias mentales que se han perpetuado
         en el mundo cibernético. Lo dicho por el demandado nos afectó
         económicamente ya que contribuye a limitar los ingresos de mi
         papá y los ingresos de nuestro núcleo familiar.”
     17. No se presentó evidencia de ningún tipo relacionado con los
         alegados daños causados por la parte demandada.

      Concluyó el TPI que las expresiones realizadas por la parte apelada

en el programa televisivo aludido: eran ciertas y correctas, (lo que ató al

hecho de que el señor Pagán Bonilla fue convicto por tentativa de

exposiciones deshonestas) y; formaban parte del derecho a la libre

expresión protegido por la Constitución. Añadió que la causa de acción del

apelante, Pagán Burgos, se basaba en daños al nombre de su padre y del

núcleo familiar, pero no relativos a daños causados a él como hijo.

      En desacuerdo, el apelante, Pagán Burgos, acude ante nosotros

mediante recurso de apelación, señalando la comisión de los siguientes

errores por parte del foro primario:

      a. Erró el TPI de Humacao al dictar sentencia sumaria
         considerando como incontrovertidos hechos que no son
         materiales ni esenciales a las controversias del caso.
      b. Erró el TPI de Humacao al dictar sentencia sumaria
         desestimando la demanda al determinar que el demandante
         Edwin Gadiel Pagán Burgos no logró demostrar que existió
         negligencia del demandado Efraín Santiago Ortiz al hacer las
         expresiones difamatorias en su contra.
      c. Erró el TPI de Humacao al dictar sentencia sumaria sin analizar
         todos los documentos incluidos en las mociones y aquellos que
         obren en el expediente del tribunal, y sin determinar si la parte
         opositora controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay
         alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o
         refutadas en forma alguna por los documentos.
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II. Exposición de Derecho

                                        a.

      El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Roldan Flores v. M. Cuebas et al.,

199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195 DPR

769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014).

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho

esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”.

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36; González Santiago

v. Baxter Healthcare, supra; Roldan Flores v. M. Cuebas et al., supra; Lugo

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG Zapata-

Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

      Al revisar sentencias dictadas por Tribunal de Primera Instancia

mediante el mecanismo de la sentencia sumaria, o las resoluciones

denegatorias de una moción de sentencia sumaria, el Tribunal de

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el tribunal inferior para

evaluar su procedencia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Al

disponer de una moción de sentencia sumaria, el tribunal necesariamente

tendrá que escudriñar las alegaciones de la demanda o las defensas

interpuestas para determinar si existen hechos en controversia que deban

esclarecerse mediante un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Los

criterios para seguir por este foro intermedio al atender la revisión de una

sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido enumerados con
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exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Íd. Según los tales, el Tribunal

de Apelaciones debe:

       1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la
          Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia
          le exigen al foro primario;

       2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su
          oposición cumplan con los requisitos de forma
          codificados en la referida Regla 36, supra;

       3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
          controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la
          Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
          exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró
          que están en controversia y cuáles están incontrovertidos;

       4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
          incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
          Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
          Derecho a la controversia.

      Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia

sumaria, estamos limitados de dos maneras: (1) solo podemos considerar

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia;

(2) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar asuntos

que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras que el

segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su

consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos

materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd., pág. 115. También, se ha

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera

instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

                                     b.

      La protección contra ataques abusivos a la honra y reputación surge

del Art. II, Sec. 8 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. Además,

la fuente de protección civil contra ataques difamatorios es el Artículo 1536
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del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10801. Colón Pérez v. Televicentro

de Puerto Rico, 175 DPR 690, 726 (2009).5 En vista de lo cual, la persona

que reclame haber sido lesionada en su honor debe establecer que el

demandado publicó una expresión falsa y difamatoria, por la cual sufrió

daños, y que la conducta del demandado violó el estándar legal de conducta

aplicable a las circunstancias particulares del caso, según las partes

involucradas en el caso. Íd. Las partes involucradas en el caso refiere la

clasificación del demandante, como funcionario o figura pública, o como

persona privada. Íd.

       La causa de acción de difamación conlleva la difícil tarea de

balancear el alcance de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad,

ambos valores reconocidos como de alta jerarquía y de interés público en

nuestro ordenamiento jurídico. Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131

DPR 91, 97–98 (1992).

       Entonces, atendiendo propiamente las normas pertinentes a la

consideración de las mociones de sentencia sumaria en casos sobre

difamación, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que este mecanismo

es parte integral de la protección constitucional disponible al demandado

en casos de difamación. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690,

723 (2009). En estos casos el propósito del aludido mecanismo procesal es

evitar que la prolongación de los litigios tenga un impacto disuasivo sobre

la libertad de expresión. Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 643

(1991).

       En Colón Pérez v. Televicentro de P.R., supra, el Tribunal Supremo

recogió la jurisprudencia que le precedía sobre la utilización de la sentencia

sumaria en los casos sobre difamación, e identificó dos formas distintas

para establecer qué procede en derecho para dictar sentencia bajo dicho

5 En esta Opinión se alude al Artículo 1802 del derogado Código Civil. No obstante, por

cuanto los hechos de este caso acontecieron durante el 2023, resulta de aplicación del
Código Civil de 2020, el cual hemos citado.
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mecanismo procesal. En primer lugar, indicó que se puede demostrar que

no existe controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y

que, como cuestión de derecho, los sucesos alegados no son suficientes

para establecer causa de acción alguna, ya sea porque se incumplen los

requisitos necesarios o se configura una defensa afirmativa. La evidencia

por utilizarse consiste en las declaraciones juradas y prueba documental

admisible que el promovente someta con su moción o que obre en autos.

Una vez el promovente justifique la desestimación sumaria, el demandante

debe controvertir los hechos pertinentes con declaraciones juradas o

prueba documental admisible. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., supra, a

la página 724.

      La segunda manera en que el promovente de la moción de sentencia

sumaria puede cumplir con su carga inicial es alegando y demostrando que

el demandante no tiene evidencia suficiente para establecer los requisitos

de su reclamación, es decir, que carece de prueba para demostrar algún

elemento esencial de la causa de acción. Además, tiene que persuadir al

tribunal de que no es necesario celebrar una vista evidenciaria y que, como

cuestión de derecho, procede que se desestime la reclamación. Luego de

que el promovente satisfaga este requisito, el promovido está obligado a

producir prueba específica que, de ser admitida y creída, demuestre todos

los elementos de la causa de acción. Colón Pérez v. Televicentro de P.R.,

supra, a la página 725.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Como ya se ha dicho, la Sentencia apelada fue dictada a través del

mecanismo procesal que provee la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,

la sentencia sumaria. En tanto la revisión de una Sentencia sumaria por

este foro apelativo acontece de novo, se nos requiere primeramente verificar

si las partes cumplieron con las formalidades que requiere dicha moción

dispositiva, al igual que su oposición, para entonces verificar los asuntos
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atinentes a las determinaciones de hechos presuntamente incontrovertidos

y la aplicación del derecho correspondiente.

      Vistas la moción dispositiva instada, y el escrito en oposición a esta,

juzgamos que las partes cumplieron con los requisitos mínimos de forma

que habilitan a este foro intermedio para examinar los asuntos planteados

en el recurso de apelación.

      Entonces, atendiendo propiamente los señalamientos de error

alzados en el recurso de apelación, juzgamos que son susceptibles de

discusión conjunta, por lo que así procederemos.

      Inicia   el   apelante   arguyendo    que,   del   total   de   diecisiete

determinaciones de hechos incluidas en la Sentencia apelada, solo las

últimas dos, (las dieciséis y diecisiete), pudieran tener relación material con

la causa de acción del apelante. Al así afirmar, advierte que la única causa

de acción que subsiste en esta etapa es la suya, pues la de su padre, el

señor Pagán Bonilla, fue desestimada mediante Sentencia Parcial. A partir

de esta teoría legal el apelante sostiene que las determinaciones de hechos

recogidas en su contra en la Sentencia apelada podrían ser materiales para

la demanda en cuya parte figuraba el señor Pagán Bonilla (su padre), pero

no respecto a su causa de acción. No tiene razón el apelante, y el asunto

no merece mayor elaboración.

      Comenzamos por indicar que, aunque el apelante sostuvo que las

determinaciones de hechos aludidas no resultaban materiales para dirimir

la moción dispositiva presentada, lo cierto es que se trata de una

aseveración genérica a este nivel apelativo, que no particularizó sobre las

razones por las cuales las identifica así, a pesar de que la parte promovida

está llamada a discutir cada determinación de hecho de manera individual.

Regla 36.3(b), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b).

      En cualquier caso, aunque trate de desvincularse de los hechos de

la causa de acción iniciada por su padre, ya desestimada, juzgamos que la
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relación fáctica enumerada por el TPI en la Sentencia apelada sí identificó

hechos materiales en la causa de acción del apelante, al abordar las

manifestaciones públicas del apelado, junto al proceso penal seguido en

contra del señor Pagán Bonilla, y su convicción, presunto origen de los

daños que fueron alegados. Juzgamos que no es siquiera concebible la

causa de acción del apelante sin, como mínimo, partir de la enumeración

de los hechos efectuada por el TPI en la Sentencia apelada, sobre la

entrevista realizada en el programa televisivo, y el proceso penal seguido

en contra del padre del apelante, razón por la cual resultan plenamente

materiales.

      Reiterando, en el contexto de una demanda por daños y perjuicios

por presunta difamación, resulta material la veracidad o falsedad de las

expresiones que alegadamente causaron el daño a indemnizar, además del

contenido de las propias expresiones que se sostiene causaron daño. Las

determinaciones de hecho aludidas precisamente tratan principalmente,

por una parte, del proceso penal que aconteció en contra del padre del

apelante, por exposiciones deshonestas, y del cual resultó convicto en

grado de tentativa, y, por la otra, de las manifestaciones que el apelado hizo

en público y dieron lugar a la causa de acción. Haber establecido, mediante

prueba documental, que el padre del apelante sí resultó convicto por un

cargo de tentativa de exposición deshonesta, como se hizo en este caso,

está imbricado con las manifestaciones que sobre dicho hecho emitió el

apelado en el programa televisivo, para determinar si fueron o no

difamatorias. No tiene razón el apelante al pretender hacer una distinción

entre su causa de acción, y la de su padre, para fines de la materialidad de

los hechos enumerados en la Sentencia apelada.

      Entonces, el apelante pasa a plantear que al foro primario no le

correspondía utilizar el mecanismo de la Sentencia sumaria para dilucidar

la alegación sobre los daños causados, en tanto nuestro Tribunal Supremo
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ha manifestado que ello no es aconsejable cuando resulte necesario

adjudicar elementos subjetivos, de intención y propósitos mentales. En la

misma tónica, asevera que los elementos de acto negligente y relación causal

en este caso son fácilmente constatables y demostrables.6 Sin embargo, más

allá de aseverar sobre la presunta facilidad de demostrar los elementos del

acto negligente, no nos señaló de qué documentos se deriva tal afirmación.

Visto que la causa de acción por difamación dimana del Artículo 1536 del

Código Civil de 2020, supra, y tal articulado incluye entre los elementos a

ser probados la intención o negligencia en el acto que dio lugar a unos

daños alegados, el apelante estaba llamado a dirigirnos para identificar la

prueba documental incluida en la moción dispositiva presentada, o en el

escrito en oposición, que diera cuenta de tal elemento, pero no lo hizo.

       Nos llama la atención, por otra parte, que, aunque en la Sentencia

apelada se hizo mención expresa del derecho a la libre expresión de la parte

apelada al hacer las expresiones públicas aludidas, en el recurso de

apelación no se incluyera discusión alguna al respecto. Aun concediendo

que el TPI se mostró parco al tratar este importante tema en la Sentencia

apelada, según citamos, la causa de acción de difamación conlleva la difícil

tarea de balancear el alcance de la libertad de expresión y el derecho a la

intimidad, ambos valores reconocidos como de alta jerarquía y de interés

público en nuestro ordenamiento jurídico. Giménez Álvarez v. Silén

Maldonado, supra. Tocaba a la parte que solicita la revocación del dictamen

apelado atender el asunto para persuadirnos a cambiar el rumbo decisorio

tomado por el TPI, pero no lo hizo.

       Entonces, para atender de manera breve el señalamiento de error

tercero, discutido en el escrito de apelación en una sola oración, sépase que

en Pérez Vargas v. Office Depot Inc., 203 DPR 687 (2019), nuestro Tribunal

Supremo manifestó que no resulta necesario formular determinaciones de

6 Recurso de apelación, pág. 10.
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hechos al resolver mociones que pueden disponer finalmente de un pleito,

como lo es la sentencia sumaria. Sobre lo mismo, el alto Foro dispuso que

cuando el pleito es resuelto mediante dictamen sumario, el único hecho

adjudicado es justamente la inexistencia de hechos materiales en

controversia, por tanto, no existe necesidad de consignar los hechos sobre

los cuales no hay controversia, dado que éstos son los que fueron

propuestos por la parte promovente de la solicitud. Íd.

      Para finalizar, es necesario citar al Tribunal Supremo cuando señaló

que, no puede perderse de vista que, a fin de cuentas, el propósito cardinal

del mecanismo de sentencia sumaria es proveer una solución justa, rápida

y económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los cuales no exista

un conflicto o controversia genuina de hechos materiales. Pérez Vargas v.

Office Depot Inc., supra. Vista la causa de acción del apelante, junto a la

prueba documental que tuvo ante su consideración el TPI, estamos

convencidos de que la Sentencia sumaria era el mecanismo apropiado para

disponer de manera rápida y económica de una demanda cuya solución no

ameritaba mayor prolongación, pues no tenía oportunidad real de

prevalecer.

IV. Parte dispositiva

      Por lo fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia Sumaria

apelada.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones