Court Opinion

ID: 9394826
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:13:03.973176+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.424666
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL II

                                                Apelación
      BENITO VÁZQUEZ                            procedente del
        RODRÍGUEZ                               Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
            Apelado               KLAN202300120 Superior de Caguas

               v.                                      Caso Núm.:
                                                       EDP2017-0321
      MARÍA VÁZQUEZ                                    (704)
       RODRÍGUEZ
                                                       Sobre:
           Apelante                                    DAÑOS Y
                                                       PERJUICIOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, y la
Jueza Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge
Gómez

Grana Martínez, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

       El 13 de febrero de 2023, la señora María Vázquez Rodríguez

presentó recurso de apelación.1 Mediante su escrito nos solicita

declaremos ha lugar el relevo de cierta Sentencia y a su vez,

decretemos nulo el acuerdo transaccional que dio base a la

sentencia que ahora impugna.               Los hechos esenciales para la

comprensión de la determinación que hoy tomamos se detallan a

continuación.

                                       I

       Entre las partes de epígrafe se suscitó una controversia que

generó una reclamación civil en daños y perjuicios en la cual el

señor Benito Vázquez Rodríguez figuraba como parte demandante y

la señora María Vázquez Rodríguez y la Funeraria la Paz de Cristo

como demandados. De acuerdo con lo alegado por el apelado en su

1 Aunque el recurso fue presentado como una Apelación, realmente estamos ante
un recurso de Certiorari, pues se acude a este tribunal de la determinación del
TPI sobre una Moción de Relevo de Sentencia. No obstante, para efectos de
registro, conservará su numeración original.

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300120                                                                  2

escrito, en octubre de 2016, la madre de la apelante y del apelado

falleció, estos son hermanos.           Cuando el apelado acudió a la

funeraria a darle el último adiós a su madre, la apelante le negó el

acceso a dicha funeraria y le impidió ir al sepelio. Alegó que los

empleados de la funeraria y la apelante llamaron a la policía,

quienes lo escoltaron a marcharse del lugar sufriendo éste la

humillación pública y el daño moral de no poder despedirse de su

madre.       Sostuvo ser atacado en su dignidad, humillado y haber

experimentado un daño irreparable. Por tal evento, reclamó en

daños contra la aquí apelante y la funeraria.2

        El 1 de junio de 2022, los abogados de las partes suscribieron

un acuerdo transaccional que puso fin al pleito una vez el foro lo

acogió emitiendo la Sentencia del 6 de julio de 2022.

        Como parte del acuerdo transaccional, la señora María

Vázquez Rodríguez se comprometió a pagar a Benito Vázquez

Rodriguez $10,000 en un término no mayor de 15 días posteriores

a la presentación del acuerdo.3           Por su parte la codemandada,

Funeraria La Paz de Cristo, pagaría a Benito Vázquez Rodríguez

$1,800 también en un término no mayor de 15 días posteriores a la

presentación del acuerdo.4 Conforme al acuerdo, todas las partes

daban por satisfecha toda reclamación presentada de forma final y

firme    y     eximían    a   todos     los    familiares,    representantes,

causahabientes, herederos y sucesores de toda responsabilidad en

cuanto a los hechos relacionados con la demanda, contestaciones,

reconvención y contestación a reconvención.5 Mediante el acuerdo,

las partes manifestaban su deseo de finalizar el asunto entre las

partes de manera negociada.6                  Reconocían que el acuerdo

2 Hacemos referencia a lo alegado por el apelado en su escrito como una base
fáctica, toda vez que el recurso de la apelante carece de información base que
permita entender el desarrollo de los eventos.
3 Véase inciso 4 y 5 del Acuerdo transaccional, Anejo 4 del apéndice del recurso.
4 Véase inciso 6 y 7 del Acuerdo transaccional, Anejo 4 del apéndice del recurso.
5 Véase inciso 8 del Acuerdo transaccional, Anejo 4 del apéndice del recurso.
6 Véase inciso 10 del Acuerdo transaccional, Anejo 4 del apéndice del recurso.
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transaccional     logrado     ponía    fin   a   todas     las   controversias

presentadas por las partes.7 En consideración al fiel cumplimiento

de las condiciones del acuerdo, las partes se relevaron, exoneraron

y descargaron mutuamente de las reclamaciones judiciales,

extrajudiciales, administrativas o causas de acción que surgiesen

por cualquier motivo, por razón de cualquier daño, pérdida de la

propiedad o a la persona, daños morales o materiales así como

daños especiales que hayan sufrido o que pudiesen en adelante

surgir como consecuencia de los hechos expresados en el acuerdo y

sus posteriores enmiendas o en cualquier otro procedimiento de

índole extrajudicial o administrativo.8             Además, las partes se

obligaron a no testificar o de alguna otra forma envolverse entre sí

en cualquier litigio ante otro foro administrativo, judicial o de

cualquier otra naturaleza, por los hechos alegados en este Acuerdo.9

Las partes dispusieron de las controversias del caso de manera final

y firme.10 Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) acogió

el Acuerdo Transaccional, le impartió su aprobación y dictó

Sentencia de conformidad el 6 de julio de 2022.11

        El 3 de agosto de 2022, la codemandada aquí apelante,

señora María Vázquez Rodríguez presentó Moción Solicitando

reconsideración y que se calendarice Juicio en su Fondo. Reconoció

la firma del acuerdo transaccional y la Sentencia emitida por el foro

recurrido. No obstante, alegó que, al realizar el pago acordado, las

partes no se pudieron poner de acuerdo sobre lo que implicaba dicho

pago.    Para ella, el pago de los $10,000 implicaba el saldo al

señor Benito Vázquez del pago de la estructura construida por este,

según alegado por la apelante, de mala fe. Añadió que, al intentar

efectuar el pago, se le advirtió al apelado que la estructura sería

7 Véase inciso 3 del Acuerdo transaccional, Anejo 4 del apéndice del recurso.
8 Véase inciso 12 del Acuerdo transaccional, Anejo 4 del apéndice del recurso.
9 Véase inciso 14 del Acuerdo transaccional, Anejo 4 del apéndice del recurso.
10 Véase inciso 19 del Acuerdo transaccional, Anejo 4 del apéndice del recurso.
11 Véase Anejo 3, apéndice del recurso.
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demolida y que no se hacían responsables de los daños que

pudieran sufrir algunos vehículos propiedad del apelado en las

inmediaciones de la estructura.                  Afirmó que el apelado, Benito

Vázquez, no estuvo de acuerdo, o sea, los $10,000 no implicaban el

pago de la estructura. Así las cosas, la codemandada suplicó al

tribunal se dejará sin efecto el acuerdo y la sentencia, toda vez que

ella entendía que el pago de $10,000 representaba el pago de la

estructura que también se cuestionaba en otros pleitos consolidados

entre      las   partes,    específicamente,          el   EAC2017-0227   y   el

EAC2017-0226. El 12 de septiembre de 2022, el TPI declaró No

Ha Lugar la reconsideración.

         En lugar de acudir a este tribunal mediante recurso de

apelación oportunamente, la apelante prefirió presentar una Moción

de Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 (A), (C) y (F) el 5 de

diciembre de 2022. En esta reiteró los argumentos presentados en

la solicitud de reconsideración.                 Sostuvo que el apelado, Benito

Vázquez, había cambiado el acuerdo después de las conversaciones

transaccionales. En apoyo a la solicitud de relevo indicó y citamos:

“procede el relevo de Sentencia, ya que esta se dictó en virtud de un

acuerdo con errores, que provoca un grave perjuicio a las

demandantes, quienes aceptaron un acuerdo bajo determinadas

condiciones, las cuales no se están honrando.                      Los sucesos

acontecidos luego de la Sentencia dictada son causa justificada y

suficiente para que este Honorable Tribunal conceda el Relevo de

Sentencia aquí solicitado.”12

                                            II

                                 JURISDICCIÓN

         La jurisdicción es la autoridad o el poder inherente conforme

al cual los tribunales y funcionarios judiciales consideran y

resuelven los pleitos. Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y

12   Véase Anejo 5, apéndice del recurso.
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Para la Naturaleza, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

2023 TSPR 6; Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Ponce

Bayland Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 600 (2021); Gearhart v.

Haskell Burress, 87 DPR 57, 61 (1963); I. Rivera Garcia, Diccionario

de términos Jurídicos, 2nda edición, New Hampshire, Equity,

pág. 147. Para adjudicar un pleito, los tribunales deben asegurarse

de poseer tanto jurisdicción sobre la materia como sobre las partes

litigiosas.   Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y Para la

Naturaleza, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra;

Cobra Acquisitions, LLC. v. Mun. de Yabucoa, 2022 TSPR 104. Este

análisis por parte del foro judicial es imperativo, de primer orden.

Es decir, la primera disyuntiva a considerar en toda situación

jurídica que se presente ante un foro adjudicativo es el aspecto

jurisdiccional. Tanto su propia jurisdicción, así como la del foro de

donde procede el recurso ante su consideración. Torres Alvarado v.

Maderas Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon

Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F.

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). Y es que, en expresiones del

fenecido Juez Scalia:

       “[n]othing is accomplished by trying to persuade
       someone who lacks the authority to do what you´re
       asking-whether its a hotel clerk with no discretion to
       adjust your Bill or a receptionist who cannot bind the
       company to the contract you propose. Persuasion
       directed to an inappropiate audicence is ineffective.” A.
       Scalia y otros, Making your case, The Art of Persuading
       Judges, US, Thomson/West, pág. 3.

       Y esa inefectividad que acarrea la falta de jurisdicción tiene

consecuencias graves en cualquier pleito, pues: (1) no es susceptible

de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela;

(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los

tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción;

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la
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jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las

partes o por el tribunal motu proprio. Cobra Acquisitions, LLC. v.

Mun. de Yabucoa, supra; Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364,

372-373 (2018).

      La Ley de la Judicatura13 le confiere jurisdicción al Tribunal

de Apelaciones para atender, entre otros, los siguientes asuntos:

(a) mediante recurso de apelación de toda sentencia final dictada por

el Tribunal de Primera Instancia; (b) mediante auto de Certiorari

expedido a su discreción, de cualquier resolución u orden dictada

por el Tribunal de Primera Instancia. … 4 LPRA 24y. El Tribunal

Supremo aprobó las reglas internas que rigen los procedimientos y

la organización del Tribunal de Apelaciones, las cuales tienen como

propósito principal proveer un acceso fácil, económico y efectivo a

dicho Tribunal. …4 LPRA 24w.             Los recursos de apelación al

Tribunal      de    Apelaciones   para   revisar    sentencias    deberán

presentarse dentro del término jurisdiccional de 30 días contados

desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia

dictada por el tribunal apelado. En cuanto al recurso de Certiorari

para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera

Instancia, deberán presentarse dentro del término de cumplimiento

estricto de 30 días contados desde la fecha de notificación de la

resolución u orden recurrida.        32 LPRA 52.2 (a) y (b); 4 LPRA

Ap. XXII-B, Reg. 13 (a) y Reg. 32 (d).

                   MOCIÓN DE RELEVO DE SENTENCIA

      Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean

justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante

legal de una sentencia, orden o procedimiento por las razones

siguientes:

13Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley
Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada.
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      (a) error, inadvertencia,      sorpresa   o   negligencia
          excusable;

      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar
          de una debida diligencia, no pudo haber sido
          descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio
          de acuerdo con la Regla 48;

      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha
          denominado “intrínseco” y el también llamado
          “extrínseco”), falsa representación u otra conducta
          impropia de una parte adversa;

      (d) nulidad de la sentencia;

      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
          cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
          fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
          efecto, o no sería equitativo que la sentencia
          continúe en vigor, o

      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de
          un remedio contra los efectos de una sentencia. …
          32 LPRA Ap. V, Reg. 49.2.

      La Moción de Relevo de Sentencia integra en las reglas el

objetivo principal de los tribunales y reconoce la facultad importante

que estos tienen para dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya

por causa justificada. El remedio de reapertura referido se origina

en la propia razón de ser de los foros judiciales: hacer justicia.

Piazza Vélez v. Isla del Rio, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003); Ortiz

Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977); Southern

Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 DPR 903, 905–906 (1963).

La Moción de Relevo proporciona un mecanismo procesal post

sentencia para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren

los fines de la justicia. Nada es más frustrante para el logro de ese

propósito que negar a una parte su día en corte. Ahora bien, aunque

se favorece su interpretación liberal, no quiere decir que “es [una]

llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar

a un lado la sentencia correctamente dictada”. Reyes v. E. L. A. et

al., 155 DPR 799, 809 (2001); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR

445, 449 (1977); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).
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      Al justipreciar una solicitud de relevo al amparo de la

Regla 49.2, el tribunal tiene el deber de tomar en consideración

ciertos criterios inherentes a la regla, entre éstos: si el peticionario

tiene una buena defensa en sus méritos; el tiempo que media entre

la sentencia y la solicitud del relevo, y el grado de perjuicio que

pueda ocasionar a la otra parte la concesión del relevo de sentencia.

Reyes v. E. L. A. et al., supra; Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816,

825 (1998); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR

283, 294 (1988).

      El Peña Lacern v. Martínez Hernández, 2022 TSPR 105, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante una opinión suscrita por

el Juez Asociado Kolthoff Caraballo detalla el raciocinio dirigido a

sustentar la moción de relevo. A tales efectos afirma que:

      para solicitar el relevo de sentencia bajo el motivo de
      error, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia,
      hay que tener en cuenta lo siguiente: [N]o es suficiente
      alegar que la omisión que dio lugar a que se dictase la
      sentencia se debió a error, inadvertencia, sorpresa o
      negligencia excusable. Hay que indicar los hechos y
      causas específicas que constituyen la justificación de la
      omisión. Así, el promovente debe demostrar mediante
      preponderancia de prueba los hechos que justifican la
      moción.      Además de la demostración de error,
      inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable,
      también tiene que existir una defensa meritoria.
      Cuando se solicite el remedio reconocido bajo el inciso
      en discusión, le corresponde al tribunal hacer un
      análisis y balance racional y justiciero de todo el
      expediente del caso para determinar si bajo las
      circunstancias específicas del caso hubo error,
      inadvertencia o sorpresa. En cuanto al error como
      fundamento para la moción de relevo, éste puede ser
      uno de la parte promovente, de la parte adversa, o del
      juez, pero debe ser un error extrínseco a la sentencia u
      orden. Es necesario que la parte que alega la comisión
      del error, presente la prueba extrínseca a los autos que
      lo acredita. Cabe señalar que la moción de relevo de
      sentencia no está disponible para corregir errores de
      derecho ni errores de apreciación o valoración de la
      prueba; estos son fundamentos para reconsideración o
      apelación[,] pero no para el relevo.

                            CERTIORARI

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una
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decisión de un tribunal inferior.   32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La discreción judicial es

la autoridad para elegir entre diversas opciones sin enajenarnos del

derecho.   Los tribunales deben ejercer su discreción de forma

razonable al momento de pasar juicio sobre una controversia, para

así poder llegar a una condición justiciera. IG Builders v. BBVAPR,

supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008); García v. Padró, supra, págs. 334–335.

      La discreción del foro apelativo para atender un recurso de

certiorari procedente de un remedio post-sentencia se ciñe a los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.
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                                  III

      Como reconociéramos anteriormente, la moción de relevo de

sentencia debe interpretarse de manera amplia y liberal, ahora bien,

tampoco quiere decir que procede automáticamente. Además, no

debe usarse en sustitución de los recursos de revisión ni de

reconsideración.

      Precisa comenzar nuestro análisis tomando en consideración

los argumentos presentados por Vázquez Rodríguez en apoyo de su

solicitud de relevo de sentencia. Esta sostiene que procede el relevo

porque las partes acordaron poner fin a un pleito contencioso, en

virtud de un acuerdo que luego fue incumplido por Benito Vázquez

Rodríguez, demandante-apelado.          Esto dejando en un estado de

indefensión total a la apelante, pues es una persona de escasos

recursos que no tiene el dinero para poner frente a lo que significaría

tener que pagar $10,000.00. Alega que procede el relevo por los

incisos a, d y f. Asevera que el acuerdo transaccional firmado por

los representantes legales de las partes es nulo, pues no contenía

los acuerdos discutidos con esta y a los cuales ella consintió. Es

decir, el representante legal afirma que el acuerdo acogido como

Sentencia es nulo porque como abogado firmó algo que no

representa lo que su cliente estaba dispuesta a aceptar. Afirma que

el acuerdo transaccional no fue el que después quiso hacer valer el

demandante, Benito Vázquez Rodríguez. Alega que este quiso

cambiar lo acordado. Finalmente, sostiene que el foro recurrido dejó

desprovista a la apelante, pues tan siquiera le concedió la

oportunidad de una vista para escuchar sus planteamientos.

      Ciertamente, los argumentos presentados por la apelante no

cumplen con el estándar de prueba que justifica el relevo de una

sentencia. Meras alegaciones de error, inadvertencia, sorpresa o

negligencia excusable sin especificar los hechos y causas específicas

que justifican el relevo no son suficiente para derrotar la deferencia
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que le debemos a la determinación del foro recurrido. Tampoco de

los hechos presentados y las explicaciones brindadas tenemos

certeza de los hechos, ni podemos concluir que la apelante ostenta

una defensa meritoria. El apéndice del recurso es uno incompleto,

carece de múltiples documentos pertinentes a la controversia. La

apelante ni siquiera nos ha presentado una copia de la Demanda

que nos ocupa y su correspondiente contestación, privando a este

tribunal de conocer las alegaciones base de las partes. De por sí, tal

conducta justifica la desestimación del recurso por incumplimiento

con las disposiciones reglamentarias de este tribunal.14 La apelante

hace referencia a dos pleitos entre las partes, EAC2017-0227 y

EAC2017-0226, alegadamente, relacionados al que nos ocupa y,

tampoco facilita en su apéndice una copia de estos. De hecho, los

argumentos presentados por la apelante en su moción de relevo son

esencialmente los mismos que presentó ante el foro recurrido

oportunamente mediante Moción de Reconsideración y que fueron

rechazados por el foro primario. En vez de presentar una apelación

de dicha determinación obvió el trámite apelativo y determinó

presentar una Moción de relevo de sentencia conforme la Regla 49.2

con    los   mismos      argumentos       antes    presentados       mediante

reconsideración. Es norma reiterada que la Moción de Relevo de

Sentencia conforme la Regla 49.2 de Procedimiento Civil no se puede

utilizar como sustituto del recurso de revisión. Pagán v. Alcalde

Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 327-328 (1997). En ausencia de una

demostración con hechos concretos de que la apelante tiene una

buena defensa en sus méritos y la carencia de alegaciones sobre el

perjuicio, si alguno, que pueda ocasionar a la otra parte la concesión

14Es a través del apelado que obtenemos cierto detalle de la controversia que da
base a la reclamación inicial y quien acompañó copia de la Demanda con su
escrito.
KLAN202300120                                                      12

del relevo de sentencia procede confirmemos la determinación del

foro recurrido.

                                   IV

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

Certiorari y se confirma la determinación del Tribunal de Primera

Instancia.

      Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones