Court Opinion

ID: 9916022
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:15:39.961975+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:36.733288
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL

 RAFAEL ÁNGEL RIVERA                                    CERTIORARI
   TORRES Y OTROS                                       Procedente del
      Recurridos                                        Tribunal de
                                                        Primera Instancia,
                v.                                      Sala Superior de
                                     KLCE202301219      San Juan
HON. SIGFRIDO STEIDEL
      FIGUEROA                                          Núm.:
      Recurridos                                        SJ2021CV04850

 UNCLAIMED PROPERTY                                     Sobre:
 RECOVERY SERVICES,                                     Sentencia
         LLC                                            Declaratoria
     Peticionario
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Torres, Santiago
Calderón, Álvarez Esnard

Álvarez Esnard, jueza ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece ante nos Unclaimed Property Recovery Services,

LLC., (“Unclaimed Property” o “Peticionario”), mediante Certiorari

presentado el 3 de noviembre de 2023. Nos solicita que revoquemos

una Resolución emitida el 2 de octubre de 2023, notificada al

próximo día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan (“foro primario” o “foro a quo”). Mediante esta, el foro a

quo declaró No Ha Lugar la solicitud de orden protectora presentada

por la parte Peticionaria.

       Por      los     fundamentos         expuestos   a   continuación,

desestimamos el auto de certiorari, por falta de jurisdicción.

                                       I.

       El presente caso tiene su origen en una Demanda de Clase1

instada contra el Honorable Sigfrido Steidel Figueroa (“Hon. Steidel

Figueroa”), en su calidad de director de la Oficina de Administración

de Tribunales (“OAT”) y la OAT, (en conjunto, “los Recurridos”), por

1 Apéndice certiorari, págs. 1-13.

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
KLCE202301219                                                      2

un grupo de ciudadanos que reclamaban por sí y en representación

de todos los miembros que podrían formar parte de la clase, el

desembolso de intereses de intereses acumulados de ciertos fondos

depositados y que estuvieron bajo custodia judicial. Posteriormente,

el 10 de noviembre de 2021, los demandantes presentaron Segunda

Demanda de Clase Enmendada.2

       Tras varios trámites en el litigio, los Recurridos presentaron

un escrito intitulado Moción para que se Emita Orden Bajo la Regla

40.8 de Procedimiento Civil.3 Por virtud de esta, los Recurridos

solicitaron al foro primario que emitiera una orden al amparo de la

Regla 40.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.40.8, a los fines

de que ordenara a Unclaimed Property a recibir la citación a la toma

de una deposición. Señalaron que el Peticionario se había negado a

recibir la aludida citación y que esta tendría como fin obtener

información pertinente a la causa de acción.

       En respuesta a la aludida solicitud de los Recurridos, el 1 de

octubre de 2023, Unclaimed Property presentó, sin someterse a la

jurisdicción, un escrito intitulado Comparecencia Especial.4 En

síntesis, alegó que los Recurridos pretendían diligenciar la citación

a la deposición por conducto del abogado de la parte demandante,

con fines de obtener la descalificación de dicho bufete como

representantes legales de dicha parte. Expuso, además, que la

información que será objeto de la deposición es una impertinente a

la resolución de la controversia planteada.

       Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 2 de

octubre de 2023, notificada al próximo día, el foro a quo emitió

Resolución, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de orden

protectora instada por el Peticionario.

2 Íd, págs. 14-37.
3 Íd, págs. 53-66.
4 Íd, págs. 67-70.
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      Inconforme, el 3 de noviembre de 2023, el Peticionario

acudió ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión del

siguiente error:

      Cometió error y craso abuso de su discreción el Tribunal
      de Primera Instancia al denegar la orden protectora
      solicitada por una entidad jurídica que no es parte del
      litigio como lo es Unclaimed Property Recovery Services,
      LLC y ordenarle a someterse a una deposición mediante
      la cual la demandante-recurrida pretende obtener
      información que no es pertinente a la única controversia
      jurídica que pende ante el Tribunal de Primera
      Instancia.

      El 8 de noviembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en la

que le concedimos un término de diez (10) días a la parte Recurrida

para que mostrara causa por la cual no se debía expedir el auto de

certiorari y revocar la determinación recurrida. El 8 de junio de 2023,

la parte Recurrida presentó su Oposición a Petición de Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                  II.
                          A. Jurisdicción

      Como cuestión de umbral, antes de considerar los méritos de

un recurso, a este Tribunal le corresponde determinar si posee

jurisdicción para atender el recurso ante su consideración. SLG

Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). “[L]a

jurisdicción es la autoridad con la que cuenta el tribunal para

considerar y decidir los casos y controversias que tiene ante sí”.

Miranda Correa v. Departamento de Desarrollo Económico et als., 211

DPR ___ (2023), 2023 TSPR 40, resuelto el 3 de abril de 2023,

citando a Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384

(2022). “Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos

guardianes de su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción

para asumir jurisdicción allí donde no la hay”. Beltrán Cintrón et al.

v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020); García Ramis v. Serrallés, 171
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DPR 250, 254 (2007). Esto nos impone el deber de examinar la

jurisdicción antes de expresarnos.

      Cuando los tribunales carecen de jurisdicción deberán así

declararlo y desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort &

Casino, 176 DPR 848, 855-856 (2009). Sobre ello, nuestra máxima

Curia ha expresado lo siguiente:

             Reiteradamente hemos expresado que la
      ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las
      consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser
      subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente
      conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste
      arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los
      dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el
      ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5)
      impone a los tribunales apelativos el deber de examinar
      la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y
      (6) puede presentarse en cualquier etapa del
      procedimiento, a instancia de las partes o por el
      tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al.,
      supra, págs. 101-102 (Comillas y citas omitidas). Véase,
      además, SLG Solá-Moreno et al. v. Bengoa Becerra,
      supra, pág. 682.

      Como corolario de ello, la Regla 83(C) del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), nos faculta, a iniciativa

propia, a desestimar un recurso por falta de jurisdicción. “Una

apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío,

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Juliá et al v. Epifanio

Vidal, SE, 153 DPR 357, 366 (2001).

      Por otro lado, tanto la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil,

supra, R. 52.2 (b), al igual que la Regla 32 (D) de nuestro

Reglamento, establecen que los recursos de certiorari al Tribunal de

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de

Primera Instancia deben ser presentados dentro del término de

treinta (30) días contados desde la fecha del archivo en autos de

copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. Este

término es de cumplimiento estricto.
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      Un término de cumplimiento estricto, al igual que uno

jurisdiccional, su inobservancia priva al tribunal de su autoridad

para atender el asunto. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198

DPR 197, 207 (2017); SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR

873 (2007). No obstante, estos se pueden aplazar a discreción del

tribunal. “El tribunal solamente tiene discreción para prorrogar los

términos de cumplimiento estricto cuando se demuestra que la

dilación se debió a justa causa”. Íd.

      Para así proceder, el tribunal deberá antes observar el

cumplimiento de dos condiciones:

      (1) que en efecto exista justa causa para la dilación;
      (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal
      las bases razonables que tiene para la dilación; es decir,
      que la parte interesada acredite de manera adecuada la
      justa causa aludida.

      Si no se cumplen estas dos condiciones, el Tribunal no

tendría discreción para extender el término de cumplimiento

estricto. Íd.

                                 III.

      Antes de entrar en los méritos de los reclamos presentados

por la parte aquí Peticionaria, este foro tiene el deber ineludible de

auscultar   si   ostenta   jurisdicción   sobre   el   caso   ante   su

consideración. SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, supra.

Efectuado tal ejercicio, notamos que esta Curia carece de

jurisdicción para atender el presente caso, por tal razón, nos

tenemos otra alternativa que desestimarlo.

      En el caso de autos, la parte Peticionaria nos solicita que

revoquemos Resolución emitida el 2 de octubre de 2023, notificada

al día siguiente. Inconforme con la determinación del foro primario,

el 3 de noviembre de 2023, Unclaimed Property acudió ante esta

Curia mediante recurso de Certiorari.

      Según expusimos, tanto la Regla 52.2 (b) de Procedimiento

Civil, supra, R. 52.2 (b), al igual que la Regla 32 (D) de nuestro
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Reglamento, establecen que los recursos de certiorari al Tribunal de

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de

Primera Instancia deben ser presentados dentro del término de

treinta (30) días contados desde la fecha del archivo en autos de

copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. En

el caso de autos, el foro primario emitió la determinación que aquí

se cuestiona el 2 de octubre de 2023 y su correspondiente

notificación se efectuó al próximo día, es decir, el 3 de octubre de

2023. En vista de ello, la parte aquí Peticionaria contaba con treinta

(30) días para presentar el recurso discrecional de certiorari, esto es,

hasta el 2 de noviembre de 2023. No obstante, transcurrido el

término concedido en ley, y sin mediar justa causa para la dilación,

Unclaimed Property presentó su recurso de manera tardía el 3 de

noviembre de 2023. Como consecuencia de la inobservancia de la

parte Peticionaria, carecemos de autoridad para atender el asunto

ante nuestra consideración. A tenor con lo anterior, el recurso de la

Peticionaria es tardío y procede su desestimación.

                                   IV.

      Por los fundamentos expuestos, desestimamos el auto de

certiorari, por falta de jurisdicción.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones