Court Opinion

ID: 9916059
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:18:19.987391+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:49.360837
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I
      CHRISTIAN PEÑA                                          CERTIORARI
        BETANCES                                              Procedente del
    Demandante-Recurrido                                      Tribunal de
                                                              Primera Instancia,
                                                              Sala Superior de
                                                              San Juan,
                                      KLCE202301116
                                                              Caso Núm.:
                 V.                                           KDP2016-0895

                                                              Sobre:
                                                              Daños y Perjuicios

 ESTADO LIBRE ASOCIADO
 DE PUERTO RICO Y OTROS

   Demandado-Peticionario

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

                                       -I-

       Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (parte

peticionaria), representado por la Oficina del Procurador General

(OPG) mediante recurso de certiorari y solicita que revisemos una

Resolución notificada el 10 de abril de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), en la que dicho foro

ordenó la reapertura y continuación de los procedimientos en el caso

ante su consideración y dejó sin efecto la sentencia de paralización

emitida el 15 de agosto de 2017.1 Se adelanta la denegatoria a

expedir el auto solicitado. Veamos.

       Los hechos de la controversia ante nuestra consideración se

remontan al 10 de agosto de 2016 con la presentación de una

1 Véase la página 52 del apéndice de la parte peticionaria.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301116                                                       2

Demanda por parte del señor Christian Peña Betances (recurrido).

En la demanda original, el recurrido acumuló como demandados al

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; al Departamento de

Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico

(DTOP); al Municipio de San Juan; a la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (AAA); a Triple S Propiedad; y a varios demandados

y aseguradoras de nombre desconocido, ello con el propósito de

obtener una indemnización en daños y perjuicios tras, sufrir una

alegada caída en el Expreso Román Baldorioty de Castro el 20 de

marzo de 2014.

      Según se alegó, al momento de la caída el recurrido iba

conduciendo su automóvil por la referida carretera y luego de que

su vehículo confrontara problemas se bajó de este y caminó por la

parte de atrás del lugar donde detuvo el vehículo para llegar al lado

del pasajero. En ese momento se cayó en un hueco que resultó ser

una alcantarilla sin cubierta. El peticionario arguyó que el incidente

le ocasionó daños físicos, sufrimientos y angustias mentales, así

como pérdida de ingresos, por lo cual solicitó una indemnización

ascendente a $140,000.00. Caber señalar, que el recurrido había

presentado una demanda en daños y perjuicios por los mismos

hechos el 12 de marzo de 2015. Esta demanda fue desistida sin

perjuicio en contra todas las partes demandadas.

      El Estado contestó la demanda el 9 de mayo de 2017. El 14

de agosto de 2017, el Estado presentó su Aviso de Paralización de

los Procedimientos por Virtud de la Presentación de la Petición

Sometida por el Gobierno de Puerto Rico Bajo el Título III de

PROMESA. El 15 de agosto de 2017, el Tribunal de Primera

Instancia dictó una Sentencia Parcial en la cual decretó la

paralización de los procedimientos en cuanto al Estado y el DTOP,

y, en consecuencia, ordenó su archivo para fines administrativos.

Además, se reservó jurisdicción para decretar la reapertura del caso,
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en caso de que la orden de paralización fuese dejada sin efecto, o

cuando, por otra razón, procediera la continuación de los

procedimientos. Asimismo, resolvió que, en caso de que la

reclamación quedara totalmente adjudicada en el proceso ante la

Sala de Título III, la referida Sentencia Parcial se consideraría

definitiva.

      El 2 de mayo de 2018, la parte peticionaria presentó una

moción informativa sobre el procedimiento para solicitar ante la Sala

de Título III un relevo de la paralización automática aplicable a la

demanda. El 9 de abril de 2019, TPI dictó una Sentencia mediante

la cual ordenó el archivo, sin perjuicio, de la demanda.

      El 17 de abril de 2023, el TPI emitió la Resolución de

Reapertura del Caso de la cual recurre la parte peticionaria.

Mediante ese dictamen, resolvió que la Sentencia de 9 de abril se

dictó únicamente en cuanto a la reclamación contra la AAA. Así las

cosas, el TPI ordenó reabrir el caso y dejó sin efecto la Sentencia de

15 de agosto de 2017 que decretó el cierre administrativo del caso

en cuanto al Estado en virtud de la paralización automática surgida

tras la presentación de la petición de reestructuración de la deuda

de Puerto Rico. En su determinación, el TPI ordenó expresamente la

continuación de los procedimientos, por lo que les concedió a las

partes un término de veinte días para presentar un plan de trabajo

sobre el descubrimiento de prueba pendiente, el cual estableció

debería concluir el 31 de agosto de 2023.

      El 4 de mayo de 2023, la parte peticionaria solicitó

reconsideración. Expuso que el caso de título continuaba paralizado

en virtud de PROMESA, por lo que el Tribunal de Primera Instancia

carecía de jurisdicción para continuar tramitándolo, a tenor con el

interdicto emitido por la Sala de Título III que atiende la petición de

reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, tras ser

confirmado el Plan de Ajuste de esa deuda. Además, solicitó que se
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le ordenara al demandante acreditar si había presentado un "proof

of claim" ante la Sala de Título III y señaló que, de haber ocurrido,

correspondía liquidar la reclamación mediante el proceso de

resolución aplicable al caso de la reestructuración de la deuda del

Gobierno, sobre el cual el TPI carece de jurisdicción. Puntualizó que,

de no acreditarse     la presentación     de un "proof of claim"

correspondería la desestimación de la demanda, con perjuicio. El 10

de mayo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden

que notificó al día siguiente, a través de la cual le concedió al

recurrido un plazo de diez días para expresarse sobre la moción de

reconsideración del Estado. Tras solicitar y concedérsele un término

adicional a esos efectos, la parte recurrida cumplió con dicha Orden

el 31 de mayo de 2023. En su moción, informó que había presentado

un "proof of claim" ante la Sala de Título III, solicitando así que

continuaran los procedimientos ante el TPI. El 7 de junio de 2023,

el TPI dictó y notificó una Orden para concederle a la parte

peticionaria un término de diez días para replicar la moción del

demandante.

      El 11 de julio de 2023, la parte peticionaria presentó una

Comparecencia Especial en Cumplimiento de Orden y Reiterando

Moción de Reconsideración. Expuso que, en virtud de PROMESA,

aún continúa en vigor la protección del mecanismo de la

paralización automática del Código Federal de Quiebras que se

activó con la presentación de la petición de reestructuración de la

deuda del Gobierno de Puerto Rico, por lo que los procedimientos

del caso de título no podían continuar ante el TPI. El 19 de julio de

2023, el TPI emitió una Orden mediante la cual le concedió veinte

días al recurrido para replicar dicha moción del Estado. El 1 de

agosto de 2023, el recurrido presentó una Moción en Cumplimiento

de Orden y en Solicitud para que le permitieran enmendar la

demanda con el propósito de ajustar la cuantía reclamada a los
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límites establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado. Así pues,

el   demandante   unió   a   su   moción   una   Primera   Demanda

Enmendada, la cual dirigió contra el Estado y varios demandados

de nombre desconocido, en la cual reclama una indemnización

monetaria de $75,000.00 contra el Gobierno de Puerto Rico por los

mismos hechos ocurridos el 20 de marzo de 2014 que motivaron la

presentación de la demanda original. El 4 de agosto de 2023, la parte

peticionaria se opuso a esa moción. El 9 de agosto de 2023, el TPI

dictó una Orden en la cual le concedió a la parte recurrida un

término de siete días para replicar, la cual incumplió. El 6 de

septiembre de 2023 el TPI dictó una Resolución mediante la cual

adjudicó definitivamente la moción de reconsideración presentada

por la parte peticionaria contra la Resolución recurrida. A través de

esa Resolución, el TPI denegó la moción de reconsideración y

autorizó la enmienda a la demanda. En desacuerdo, el Estado

comparece ante nosotros mediante recurso de certiorari y nos

solicita la revisión y revocación de la antedicha determinación,

argumentando que el TPI erró al negarse a acatar la orden interdictal

emitida el 18 de enero de 2022 por la Sala de Título III que atiende

el proceso de reestructuración de las deudas del Gobierno de Puerto

Rico y al interpretar incorrectamente el alcance de la modificación

realizada a dicho mandato el 10 de octubre de 2022, al continuar

con los procedimientos del caso de epígrafe, a pesar de que carece

totalmente de jurisdicción para hacerlo.

                                  -II-

                                  -A-

      Distinto al recurso de apelación, el certiorari es un recurso

extraordinario cuya característica se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206

DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); IG
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Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Este Tribunal tiene

la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el

discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR

83 (2008). En los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank

v. ZAF Corp et al., 202 DPR 478 (2019). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil también dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales regulados por la Regla 56, de la Regla 57,

(mecanismo de injunction) o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo." 800 Ponce de León v. AIJ, supra.

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de

ejercer nuestra facultad discrecional:

      A.    Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
            diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B.    Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
            el análisis del problema.

      C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
            Primera Instancia.

      D.    Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
            luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados,
            o de alegatos más elaborados.

      E.    Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
            la más propicia para su consideración.

      F.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
            causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
            indeseable en la solución final del litigio.

      G.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
            un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                  -B-

      En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el

más poderoso instrumento reservado a los jueces. Rodríguez v.
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Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). Así pues, es norma reiterada que este Foro

no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal

de Primera Instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso

abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).

                                  -C-

      La jurisdicción se define como el poder o la autoridad que

posee un tribunal para considerar y decidir casos o controversias

con efecto vinculante para las partes. Adm. Terrenos v. Ponce

Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); Allied Mgmt. Group v. Oriental

Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et

al., 204 DPR 89, 101 (2020). En Puerto Rico, los tribunales son foros

de jurisdicción general por lo que, de ordinario, pueden atender todo

tipo de controversia que sea traída ante su consideración, excepto

que carezcan de jurisdicción sobre la materia. Adm. Terrenos v.

Ponce Bayland, supra; Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra;

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).

      La jurisdicción sobre la materia ha sido definida como "la

capacidad del Tribunal para atender y resolver una controversia

sobre un aspecto legal". Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra,

citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra. Sobre este

particular, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el Estado,

a través de sus leyes, es quien único puede otorgar o privar a un

tribunal de jurisdicción sobre la materia. Beltrán Cintrón et al. v. ELA

et al., supra; Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra; Unisys v.

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 862 esc. 5, 1991 Juris P.R. No. 69

(1991).

      Así pues, para privar a un tribunal de jurisdicción, es

necesario que algún estatuto lo disponga expresamente o que surja

de él por implicación necesaria. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179
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DPR 231, 241, (2010). La falta de jurisdicción sobre la materia

acarrea las siguientes consecuencias: (1) no es susceptible de ser

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal

motu proprio. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra, en las págs.

101-102. Véase También, J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento

Civil Puertorriqueño, 1era Ed. 25. (2010).

                                 -D-

      Con el fin de lidiar con la situación económica de Puerto Rico,

el Congreso de Estados Unidos aprobó el Oversight, Management,

and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USCA sec. 2101 et seq.

El Título III de PROMESA viabilizó el procedimiento para que el

Gobierno de Puerto Rico pudiera invocar protecciones análogas a las

disponibles para una parte que insta una petición de quiebra. Por

esto, incorporó ciertas disposiciones de la Ley de Quiebras federal.

48 USCA sec. 2161. La legislación federal de quiebras se aprobó con

el propósito de ofrecerle al deudor una herramienta que le brinde

solución a sus problemas financieros a largo plazo y le permita

comenzar de nuevo, entre otras cosas. Puerto Rico v. Franklin

California Tax-Free Trust, 136 S. Ct 1938, 1950, 195 L. Ed. 2d 298

(2016); Marrama v. Citizens Bank of Mass., 549 U.S. 365, 367, 127

S. Ct. 1105, 166 L. Ed. 2d 956 (2007). Dentro de las cláusulas de la

Ley de Quiebras federal que fueron incorporadas en PROMESA, se

encuentra la disposición referente a la paralización automática, 11

USCA. sec. 362.
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      La paralización automática es una de las protecciones básicas

que le ofrece el procedimiento de quiebras al deudor. Midlantic Nat'l

Bank v. New Jersey Dep't of Envtl. Prot., 474 U.S. 494, 503, 106 S.

Ct. 755, 88 L. Ed. 2d 859 (1986). Esta paralización tiene como

propósito proteger al deudor de las reclamaciones del acreedor y,

además, proteger a los acreedores de reclamaciones realizadas por

otros acreedores. Alan N. Resnick & Henry H. Sommer, Collier on

Bankruptcy, sec. 362.03. En otras palabras, busca preservar el

caudal del deudor para que se pueda llevar un proceso ordenado de

reorganización. Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, 200 DPR 1

(2018) (Martínez Torres, voto de conformidad) citando a Midlantic

Nat'l Bank v. New Jersey Dep't of Envtl. Prot., supra, en la pág. 503.

El efecto de la paralización automática es detener los pleitos que

involucren reclamaciones monetarias y que se estén llevando contra

el deudor al momento de radicar la petición de quiebra o aquellas

que hayan podido comenzar antes de la presentación de la petición

de quiebra. 11 USCA sec. 362(a). Morales Pérez v. Policía de Puerto

Rico, supra. De otro modo, las reclamaciones que prosiguieran su

curso en los tribunales tendrían una preferencia que la ley no les

concede, pues cobrarían antes que los demás deudores y, a

diferencia de estos, podrían resarcir su deuda de forma íntegra. Id.

Todo ello, empequeñecería indebidamente el caudal del quebrado,

en perjuicio suyo y de los demás acreedores. Id. Para evitar esto, la

paralización opera de forma automática en los pleitos, no importa la

causa de la reclamación monetaria. Por lo tanto, los tribunales

estatales quedan privados de jurisdicción automáticamente y no

pueden continuar atendiendo los casos en los que exista una

reclamación monetaria contra el deudor que presentó la petición de

quiebra. Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, supra, citando a

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490-491, (2010),

In re Jamo, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002). Por su parte, la Sec.
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362(b), 11 USCA 362(b), menciona una serie de excepciones a la

paralización automática. Esta permanecerá hasta que culmine el

proceso o hasta que el tribunal federal la levante parcial o

totalmente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la

Sec. 362(d) de la Ley de Quiebras federal, 11 USCA sec. 362(d).

(Énfasis nuestro). Véase Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico,

supra, citando a In re Jamo, supra, en la pág. 398. Cabe destacar

que siempre que una controversia contenga una reclamación

monetaria y otra reclamación que no lo sea, todas las etapas del

caso quedan paralizadas automáticamente al presentarse la petición

de quiebra, ya que no caen dentro de las excepciones a la

paralización. En caso de que las partes entiendan que se debe

levantar la paralización, deberán acudir al tribunal federal para que

ese foro levante parcial o totalmente la paralización. Id en la pág.

1285.

        Asimismo, el propio texto del Título III de PROMESA, 48 USCA

sec. 2164, indica que "[e]l inicio de un caso bajo este título

constituye una orden de suspensión" (traducción oficial). De lo

contrario, el caudal del deudor disminuiría antes de que el tribunal

de quiebras evalúe la condición económica del deudor y su plan de

pago. Todo esto derrotaría el propósito de proveer un proceso

ordenado y uniforme de reorganización de las finanzas del deudor.

Véase Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, supra (Martínez Torres,

voto de conformidad).

                                 -III-

        Tal como adelantamos, el Tribunal General de Justicia es de

jurisdicción general. Por lo tanto, nuestros Tribunales están

facultados para atender todo tipo de controversias, a menos que no

estemos específicamente limitados por una ley que así lo establezca.

Ciertamente, los Tribunales debemos ser celosos con nuestra

Jurisdicción. Por ello, estamos facultados, a instancia propia, para
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decretar, de así proceder, la falta de jurisdicción sobre la materia en

cualquier etapa de los procedimientos.

      Ahora bien,      ante esta     controversia,    es imprescindible

determinar si la Orden Modificatoria, emitida por el Tribunal Federal

de Distrito en el caso de la restructuración fiscal del Gobierno de

Puerto Rico, dejó sin efecto la paralización y permite que el TPI

readquiera jurisdicción sobre la materia. Entendemos, al igual que

el TPI, que procede la continuación de los procedimientos. La parte

peticionaria argumentó que el caso en controversia está sujeto al

injunction dispuesto en el párrafo declarativo número 59 de la

Orden de Confirmación del Plan de Ajuste Fiscal del Gobierno de

Puerto Rico, el cual provee lo siguiente:

      Injunction on Claims. Except as otherwise expressly
      provided in section 92.11 of the Plan, this Confirmation
      Order, or such other Final Order of the Title III Court that is
      applicable, all Entities who have held, hold, or in the future
      hold Claims or any other debt or liability that is discharged
      or released pursuant to section 92.2 of the Plan or who have
      held, hold, or in the future hold Claims or any other debt or
      liability discharged or released pursuant to section 92.2 of
      the Plan are permanently enjoined, from and after the
      Effective Date, from (a) commencing or continuing, directly
      or indirectly, in any manner, any action or other proceeding
      (including, without limitation, any judicial, arbitral,
      administrative, or other proceeding) of any kind on any such
      Claim or other debt or liability discharged pursuant to the
      Plan against any of the Released Parties or any of their
      respective assets or property, (b) the enforcement,
      attachment, collection or recovery by any manner or means
      of any judgment, award, decree, or order against any of the
      Released Parties or any of their respective assets or property
      on account of any Claim or other debt or liability discharged
      pursuant to the Plan, (c) creating, perfecting, or enforcing
      any encumbrance of any kind against any of the Released
      Parties or any of their respective assets or property on
      account of any Claim or other debt or liability discharged
      pursuant to the Plan, and (d) except to the extent provided,
      permitted or preserved by sections 553, 555, 556, 559, or
      560 of the Bankruptcy Code or pursuant to the common law
      right of recoupment, asserting any right of setoff,
      subrogation, or recoupment of any kind against any
      obligation due from any of the Released Parties or any of their
      respective assets or property, with respect to any such Claim
      or other debt or liability discharged pursuant to the Plan.
      Such injunction shall extend to all successors and assigns of
      the Released Parties and their respective assets and
      property. Notwithstanding the foregoing, without prejudice
      to the exculpation rights set forth in section 92.7 of the Plan
      and decretal paragraph 61 hereof, nothing contained in the
      Plan or this Confirmation Order is intended, nor shall it be
      construed, to be a non-consensual third-party release of the
KLCE202301116                                                             12

      PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related
      Persons by Creditors of the Debtors.

      Según estos términos, el presente caso se encontraría

paralizado y, por tanto, este TPI no tendría jurisdicción sobre la

materia para continuar los procedimientos. No obstante, la parte

peticionaria ignora que la Orden Modificatoria altera los términos

dispuestos en el injunction dispuesto en el párrafo declarativo

número 59 de la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste Fiscal

del Gobierno de Puerto Rico. A esos efectos, el párrafo número 6 de

la Orden Modificatoria dispone lo siguiente con relación al párrafo

número 59 antes relacionado:

      The injunctions contained in section 92.3 of the Plan and
      decretal paragraph 59 of the Confirmation Order are
      modified solely to the limited extent of allowing litigation with
      respect to claims authorized to be asserted pursuant to 32
      L.P.R.A. § 3077(a), to the extent the amount of such claim
      asserted is within such statutory limitation of $75,000 or
      $150,000, as applicable, to proceed to final judgment and
      execution, including any appeals.

      A pesar de esto, la parte peticionaria insiste en que esta orden

solo aplica a reclamaciones surgidas después del 3 de mayo de 2017,

y antes del 15 de marzo de 2022. Además, argumentó que la Orden

Modificatoria solo permite que se continúen los procesos en cuanto

a reclamaciones amparadas en la Ley de Reclamaciones y

Demandas contra el Estado y sus respectivos límites de cuantía. Por

tanto, la parte peticionaria precisó que la Orden Modificatoria no

aplica al presente caso, toda vez que la causa de acción es anterior

a la petición de quiebras del Gobierno y excede los límites de

cuantías que impone la Ley de Reclamaciones y Demandas contra

el Estado. En apoyo a su primer fundamento, la parte peticionaria

se refirió al párrafo número 5 de la Orden Modificatoria, el cual

dispone lo siguiente:

      The requirement to file a proof of Administrative
      Expense Claim pursuant to decretal paragraph 44 of
      the Confirmation Order shall not apply to any of the
      following claims or causes of action arising from and
      after the applicable petition date with respect to the
      Commonwealth, ERS, and PBA and prior to the
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       Effective    Date:   (i)   Eminent        Domain/Inverse
       Condemnation Claims, (ii) claims for property seized by
       the Debtors pursuant to the Uniform Forfeiture Act of
       2021, 34 L.P.R.A. 1724 et seq., (ili) claims for attorneys'
       fees and costs pursuant to the Individuals with
       Disabilities Education Improvement Act, 20 U.S.C.
       1400 et seq., (iv) tax refund claims, and (v) claims
       autorized to be asserted pursuant to 32 L.P.R.A. §
       3077(a), to the extent the amount of such claim
       asserted is within such statutory limitation of $75,000
       o $150,000, as applicable.

       Coincidimos con la interpretación que realizó el TPI sobre el

anterior párrafo de la Orden Modificatoria. Se trata de una excepción

a lo dispuesto en la Orden de Confirmación. Este párrafo establece

el procedimiento a seguir para someter reclamaciones por gastos

administrativos.2 Recientemente, el Tribunal Federal de Distrito

reiteró lo que es un gasto administrativo, precisamente en el caso de

In re Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, 635

B.R. 201, 210 (2021) y, a esos fines, expresó que estos incluyen:

[The actual, necessary costs and expenses of preserving the estate,

including wages, salaries, or commissions for services rendered after

the commencement of the casel.]"'. In re Financial Oversight and

Management Board for Puerto Rico, supra, citando a, Mason v.

Official Comm. of Unsecured Creditors, 330 F.3d 36, 41 (2003).

Coincidimos con la interpretación que realizó el TPI al concluir que

la reclamación del recurrido no se trata de un gasto administrativo

sujeto a lo dispuesto en el referido párrafo número 5 de la Orden

Modificatoria. Por lo tanto, y al amparo de la Orden Modificatoria

concluimos que el TPI posee jurisdicción sobre la materia para

ordenar la continuación de los procedimientos en el presente caso.

       Recordamos que, tal y como mencionamos en la parte

expositiva de esta sentencia, este Tribunal de Apelaciones solo

intervendrá con las determinaciones del TPI cuando encuentre

abuso de discreción, o algún error manifiesto. Considerada la

2 Véase Sentencia del TPI.
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determinación emitida por el TPI, unido a los fundamentos que

anteceden, no observamos que el foro primario haya actuado de tal

forma.

                                     -IV-

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del auto de certiorari solicitado.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones