Court Opinion

ID: 9962600
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:33:22.87644+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.332099
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

   ÁNGEL LUIS ROSADO                                              Revisión Judicial
       ARROYO                                                     Procedente de

            Recurrente                                            Caso Núm.:
                                        KLRA202400027             Q-22-283-013
                 v.
                                                                  Sobre:
     COOPERATIVA DE                                               Saldo de préstamo
    AHORRO Y CRÉDITO
       DE ARECIBO

            Recurrido

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                       SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

        El 19 de enero de 2024, el Sr. Ángel Luis Rosado Arroyo (en adelante,

señor Rosado o el peticionario) sometió ante este Tribunal de Apelaciones

por derecho propio un Recurso de revisión administrativa.1 En este, señaló la

comisión de los siguientes cuatro (4) errores:

        1. La denegación de COOPACA a varias solicitudes a través de mi
           persona por la Sra. Miriam Montalvo Matos, mi compañera
           conse[n]sual por más de 30 años, socia de COOPACA.

        2. Falta de COOPACA de un proceso uniforme para atender casos
           de socios, hospitalizados, encamados o impedidos a
           presentarse a hacer alguna gestión en las sucursales.

        3. La falta de notificación de acciones ejecutadas en las cuentas de
           los socios.

        4. Desviar cuál es el propósito real de mi querella, que es señalar
           el acto de saldar el préstamo, cuando ya había COOPACA
           denegado en (3) tres instancia[s] las solicitudes de saldar el
           préstamo y se depositara el balance restante en la cuenta de
           ahorro de mi compañera y estuviera disponible ante una
           eventualidad por su condición de salud.

        Luego de así señalar, el señor Rosado expuso una serie de sucesos

que datan del 18 de octubre de 2021 y señaló que desde esa fecha ha estado

1 Ese día, también presentó una Solicitud y declaración para que se exima de pago de arancel por

razón de indigencia.

Número Identificador

SEN2024 _________________
KLRA202400027                                                                              2

realizando gestiones con COOPACA en todos los niveles, denunciando la

situación y solicitando que se investigue, más todo el mundo hizo caso

omiso. Apunta que no es hasta que decidió radicar una querella ante la

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas de

Puerto Rico (en adelante, COSSEC) que todo cambió.

        En su relato, el peticionario manifiesta que lleva años denunciando

las acciones de COOPACA y reclama que el récord demuestra que se violó

el proceso del saldo del préstamo y el manejo de la situación. Ante ello, nos

solicita que aceptemos revisar la decisión administrativa de la Junta de

Directores de COSSEC; le ordenemos llevar a cabo una investigación en

cuanto al proceso para el saldo de préstamos de su fallecida compañera

consensual y que impongamos las sanciones a quienes ocultaron la verdad

de los hechos.

        Atendido el recurso, el 29 de enero de 2024, emitimos Resolución

ordenándole al peticionario diez (10) días para someter copia de la decisión

que señala emitió COSSEC al atender la Querella número Q-22-283-013 a la

que hizo referencia en su recurso.2 Por no haber comparecido dentro del

plazo brindado, el 21 de febrero de 2024, emitimos Sentencia mediante la

que desestimamos el recurso. El 8 de marzo del año en curso, el señor

Rosado sometió Moción en cumplimiento y Moción pidiendo disculpas. Allí,

explicó que no se había percatado- por entender que cualquier notificación

de este Tribunal llegaría por correo regular- que la Resolución que emitimos

le fue notificada por correo electrónico. Así, tras disculparse por tal

inobservancia, sometió copia del Informe del Oficial Examinador en el caso

Núm. Q-22-283-013 ante COSEEC y de las resoluciones dictadas el 25 de

septiembre de 2023 y 19 de diciembre de 2023.

2 El dictamen fue notificado el 30 de enero de 2024, por lo que la aplicación más beneficiosa

de Regla 68 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68 en favor del señor Rosado
establece que el término para someter el documento ordenado venció el 13 de febrero de
2024.
KLRA202400027                                                                             3

        El 14 de marzo del año en curso, acogimos los escritos presentados

el 8 de marzo por el señor Rosado Arroyo, como una solicitud de

reconsideración, declarando la misma ha lugar. Por tal razón, dejamos sin

efecto la Sentencia dictada en el caso el 21 de febrero de 2024 y así resuelto,

luego de estudiar cuidadosamente los documentos producidos por el

peticionario, tal cual nos autoriza a hacer nuestro Reglamento,

prescindimos de la comparecencia de las partes y procedemos a resolver.3

                                             II

                                            -A-

        La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU

dispone sobre la revisión judicial aplicable a aquellas órdenes, resoluciones

y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias, las que serán

revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3

LPRA Sec. 9671. Asimismo, la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia, que

haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el

organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una

solicitud de revisión dentro de treinta (30) días contados a partir de la fecha

de archivo en autos de la notificación de la orden o resolución final. 3LPRA

Sec. 9672. La finalidad de esta disposición es delimitar la discreción de los

organismos administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR

254, 264 (2007).

3 La Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento reconoce nuestra facultad y discreción para

“prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos
específicos en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo
y eficiente despacho, y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida
impartir justicia apelativa a los ciudadanos.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).
KLRA202400027                                                                    4

          En cuanto a la revisión de cualquier determinación administrativa,

sabido es que los tribunales apelativos vienen llamados a otorgar amplia

deferencia a estas. Ello, en atención a la experiencia y la pericia que se

presume tienen las agencias administrativas para atender y resolver los

asuntos que le han sido delegados. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde,

202 DPR 117, 126 (2019) y casos allí citados. De igual forma, es harto

conocido que esta norma no es absoluta, toda vez que los tribunales no

pueden imprimirle un sello de corrección so pretexto de deferencia a las

determinaciones o interpretaciones administrativas irrazonables, ilegales o

simplemente, contrarias a derecho. Íd.

          El criterio rector para examinar una decisión administrativa es la

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. González Segarra et

al. v. CFSE et al., 188 DPR 252, 276 (2013). Por tal razón, quien impugne

judicialmente una determinación administrativa tiene el peso de la prueba

para demostrar que esta no está basada en el expediente o que las

conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. OEG v. Martínez

Giraud, 210 DPR 79, 89 (2022).

          Así pues, la revisión judicial estará limitada a evaluar si la agencia

actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, de manera tal que sus

actuaciones constituyeron un abuso de discreción. Íd. De esta forma, el

ejercicio de la revisión se ciñe a determinar: (1) si el remedio concedido por

la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia

están basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas.

Hasta tanto no se demuestre que la presunción de legalidad fue superada o

invalidada, el respeto hacia la decisión administrativa debe sostenerse. Íd.4

          En lo referente a la revisión judicial de las determinaciones de hechos

dictaminadas por una agencia administrativa, es importante recordar que

4   Ello se hará mediante evidencia suficiente. OEG v. Martínez Giraud, supra.
KLRA202400027                                                                  5

dicho ejercicio se circunscribe a evaluar si las mismas se basaron en

evidencia    sustancial    considerando       la   totalidad    del    expediente

administrativo. 3 LPRA, sec. 9675; Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR

803, 820 (2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra. Evidencia

sustancial es toda aquella prueba relevante que una mente razonable podría

aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Íd., a la pág. 127.

       En torno a las determinaciones de hecho, es menester señalar que

estas serán revisables en todos sus aspectos. Así, aunque la doctrina opera

en un marco de deferencia, esta cede si la agencia administrativa erró al

aplicar la ley; actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente; o si lesionó

derechos constitucionales fundamentales. OEG v. Martínez Giraud, supra.

                                        III

       Según arriba indicamos, el peticionario en su recurso nos pide que

examinemos la decisión administrativa de la Junta de Directores de

COSSEC contenida en su Resolución del 25 de septiembre de 2023, así como

su negativa a reconsiderar de esta. También nos solicita que le ordenemos

a la recurrida a llevar a cabo una investigación en cuanto al proceso para el

saldo de préstamos de su fallecida compañera consensual y que

impongamos las sanciones a quienes ocultaron la verdad de los hechos.

       La Resolución emitida por COSSEC del 25 de septiembre de 2023,

acogió el Informe del Oficial Examinador que atendió la querella. En dicho

informe, tras detallarse los trámites procesales y exponerse el derecho

aplicable, el Oficial Examinador dictamina lo que a continuación

transcribimos:

       […]

       Luego de estudiado con detenimiento los argumentos de las partes,
       es forzoso concluir que la presente querella adolece de dos
       requisitos jurisdiccionales que privan de jurisdicción a este foro de
       atenderla en este momento. En primer lugar, es correcta la
       aseveración de que de las propias alegaciones de la querella se
       desprende que la cuenta sobre la cual se reclama le pertenece en
       carácter privativo a la Sra. Miriam Montalvo Matos (QEPD), que
       al pleito no se trajo los herederos forzosos de esta, ni se presentó
KLRA202400027                                                                           6

        prueba admisible que confiera autoridad representativa al
        querellante. Se desprende, además, que la cooperativa impartió
        instrucciones de cómo completar el proceso para el cierre de una
        cuenta de un socio fallecido.

        Existen planteamientos jurisdiccionales de peso que impiden la
        intervención de COSSEC en este caso, a saber: falta de parte
        indispensable y legitimación activa. Los remedios que se solicitan
        [inciden] directamente sobre los derechos de la sucesión de la Sra.
        Miriam Montalvo Matos quien no se hizo formar parte del caso.
        Además, de las alegaciones no controvertidas presentadas por la
        querellada se desprende que lo hechos que dan base a su
        reclamación pudiera tener una solución si se completa el trámite
        administrativo provisto por la cooperativa para el cierre de la
        cuenta.

        […] (Énfasis nuestro)

        Según puede notarse de la porción arriba transcrita, COSSEC se

declaró sin jurisdicción para atender la querella instada por el señor Rosado

debido a que la cuenta sobre la cual este levantó sus reclamos le pertenecía

a la Sra. Miriam Montalvo Matos, en carácter privativo, quien había

fallecido y porque ante el fallecimiento de ésta, este no compareció con

prueba admisible que demostrara la autoridad legal para así hacerlo.

        Luego de considerar sus argumentos, así como la determinación

impugnada, al amparo de la norma de autolimitación judicial arriba

consignadas, concluimos que la decisión recurrida explicada en la porción

transcrita merece nuestra deferencia y debe ser confirmada. Explicamos.

        Según los propios documentos que el señor Rosado sometió indican,

la señora Montalvos Matos era la única a cuyo nombre estaba la cuenta en

COOPACA. Entiéndase pues, que esta era la única persona legalmente

autorizada a firmar y tomar determinaciones con relación a dicha cuenta.

Asimismo, tal cual el peticionario informa, la señora Montalvo Matos

falleció.

        Una vez una persona fallece, se abre en ese momento su sucesión.

Esta, o sea la sucesión, es la transmisión de los derechos y de las

obligaciones de quien falleció que no se extinguen por su muerte. 5 La

5 Artículos 1546 y 1547 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA Secs. 10911 y 10912.
KLRA202400027                                                                          7

sucesión puede ser testamentaria, intestada o mixta.6 La herencia, por su

parte, comprende los derechos y las obligaciones transmisibles por causa

de la muerte de una persona, así como las donaciones computables, y los

derechos y obligaciones que le son inherentes después de abierta la

sucesión.7

        Cuando hay una sucesión intestada, las personas que tengan algún

interés en la herencia podrán solicitar a los tribunales mediante el proceso

establecido para ello que se declare el auto de declaración de herederos. Así

lo establece en nuestro sistema legal el Código de Enjuiciamiento Civil. 32

LPRA Sec. 2301. Mediante esta declaración, el tribunal intenta garantizar la

transmisión de los bienes relictos de las personas fallecidas a sus legítimos

herederos, cuando no hay testamento válidamente otorgado.8 Cabe señalar

que conforme el Código Civil vigente, cuando el causante muere sin hacer

testamento, la sucesión corresponde en primer lugar a los descendientes en

línea recta y al cónyuge que le sobrevive.9

        Conforme a los principios de derecho aquí expuestos, vemos que

ante la muerte de la señora Montalvo quedó abierta su sucesión. Esto,

consecuentemente exigía que se tramitara ante los tribunales el

procedimiento de declaratoria de herederos concerniente de forma tal que

el tribunal declare quienes son los herederos forzosos de esta. Así, estos

podrán, mediante la documentación legal pertinente, demostrar ante

COOPACA su autoridad legal para indagar sobre cualquier asunto

relacionado con la cuenta que la señora Montalvo tenía en vida en la

cooperativa y/o comparecer a cualquier foro pertinente en relación a lo

mismo.

                                               IV

6 31 LPRA Sec. 10913. Según expone el Código civil, la sucesión testamentaria es aquella

en que la voluntad de quien fallece se recoge en un testamento, mientras que la intestada
es aquella que establece la ley cuando así no se hizo. 31 LPRA Secs.10914-15.
7 31 LPRA Sec. 10917.
8 Pueblo v. Flores Betancourt, 124 DPR 867, 879 (1989).
9 31 LPRA Sec. 11432
KLRA202400027                                                          8

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución del 25 de

septiembre de 2023 emitida por COSSEC mediante la cual acogió el Informe

del Oficial Examinador que atendió la querella Q22-283-013 y desestimó la

misma.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones