Court Opinion

ID: 9962613
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:34:44.540126+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:13.227021
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                     PANEL XI-ESPECIAL

     FEDERACIÓN DE                    Apelación
       EMPLEADOS                      procedente del
   GERENCIALES DE LA                  Tribunal de Primera
    CORPORACIÓN DEL                   Instancia, Sala
FONDO DEL SEGURO DEL                  Superior de
ESTADO, representada por              Bayamón
su presidente, Juan Osorio
 Flores, en representación
de todos sus miembros y de
sus miembros individuales;            Caso Núm.:
    MARÍA DE LA CRUZ                  SJ2022CV08617
 OLIVERAS DÍAZ; LILLIAN KLAN202300220
SÁNCHEZ ROMÁN y FÉLIX
  RODRÍGUEZ MERCADO
                                      Sobre:
         Apelantes                    Interdicto Preliminar
                                      y Permanente;
             v.                       Sentencia
                                      Declaratoria
    CORPORACIÓN DEL
FONDO DEL SEGURO DEL
 ESTADO, por conducto de
su Administrador, Jesús M.
      Rodríguez Rosa

          Apelado

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                          SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

      Comparece la Federación de Empleados Gerenciales de la

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, parte

apelante y/o Federación), representada por su presidente el señor

Juan Osorio Flores, en representación de todos sus miembros y de

sus miembros individuales: las señoras María de la Cruz Oliveras

Díaz y Lillian Sánchez Román, y el señor Félix Rodríguez Mercado,

mediante un recurso de Apelación, para solicitarnos la revisión de

la Sentencia emitida y notificada el 10 de febrero de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en

Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202300220                                                                     2

adelante, TPI), mediante la cual desestimó la Demanda incoada, con

perjuicio.1

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                         I

       El 3 de octubre de 2022, la Federación presentó una Demanda

sobre interdicto preliminar y permanente y sentencia declaratoria

contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante,

parte apelada y/o CFSE), al amparo del Artículo 676 del Código de

Enjuiciamiento Civil y de las Reglas 57.2 y 59.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil.2 La Federación es una organización bonafide

que representa a empleados gerenciales de carrera de la CFSE al

amparo de la Ley Núm. 134 de 19 de julio de 1960.3

       Se esbozó que, el 3 de agosto de 2020, se aprobó la Ley del

Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros

Servidores Públicos (en adelante, Ley Núm. 80-2020), a los fines de

establecer un Programa de Retiro Incentivado (en adelante,

Programa) mediante el cual ciertos empleados elegibles del Gobierno

de Puerto Rico (en adelante, Gobierno) pudieran, voluntariamente,

separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de

retiro.4 Adujo que, la Junta de Supervisión y Administración

Financiera para Puerto Rico (en adelante, JSF) indicó que permitiría

la implementación parcial del Programa, con respecto aquellos

empleados cuyos puestos se consideraban no esenciales para la

continuación de servicios a la ciudadanía, y que, por consiguiente,

podrían ser eliminados para lograr los ahorros necesarios. En

consecuencia, la JSF requirió al Gobierno designar los puestos de

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 188-203.
2 Id., a las págs. 1-25; 32 LPRA § 3422, Art. 676; 32 LPRA Ap. V, R. 57.2 y R. 59.1.
3 Ley para Autorizar el Descuento de Cuotas de Asociaciones, Federaciones, o
Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 19 de
julio de 1960, según enmendada, 3 LPRA § 702 Inciso (a) et seq.
4 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
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los empleados no esenciales participantes del Programa, así como

los puestos eliminados propuestos, y certificar que las agencias e

instrumentalidades gubernamentales serían capaces de mantener

servicios públicos adecuados después de la eliminación permanente

de los mismos.

       La Federación también expuso que el Gobierno acordó que

notificaría a los empleados que ocupan los puestos que se acordó

eliminar antes del 28 de julio de 2022, de que sus puestos serían

eliminados permanentemente, conforme a su elección previa de

retiro temprano, a menos que optaran por no participar en o antes

del 11 de agosto de 2022. Adujo que, dicha determinación permitiría

a unos 1,700 empleados no esenciales de la Rama Ejecutiva que

cotizaron al retiro bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 y la

Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, pudieran retirarse con el

cincuenta por ciento (50%) de su salario.5 A esos efectos, alegó que,

a inicios del mes de agosto del año 2022, la CFSE envió cartas a

varios empleados mediante las cuales les notificaron que cumplían

con los requisitos para acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 80-

2020.6 Sin embargo, alegó que, a la mayoría de los empleados que

llenaron el Formulario de Elección Programa de Retiro Incentivado, no

se les había informado el resultado de la evaluación. Entre dichos

empleados se encuentran los apelantes, las señoras María de la Cruz

Oliveras Díaz y Lillian Sánchez Román, y el señor Félix Rodríguez

Mercado.

       Como remedio, en la Demanda se solicitó: (i) que se informara

a los empleados sobre la aprobación o denegación de su solicitud de

acogerse a la Ley Núm. 80-2020,7 con expresión de los términos y el

5 Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 LPRA §
761 et seq; Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus
Instrumentalidades – Enmiendas, Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990.
6 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
7 Id.
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foro correspondiente para solicitar revisión; y, (ii) que se proveyera

a la parte apelante información sobre lo siguiente: (a) el

procedimiento interno y/o criterios utilizados por la CFSE para

definir lo que se consideran servicios públicos esenciales para los

fines de la Ley Núm. 80-2020,8 (b) una lista de los puestos

eliminados propuestos por la CFSE y sometida a la JSF, (c) una lista

de los puestos que la CFSE determinó que no eran esenciales y que

cualificaban para los fines de la Ley Núm. 80-2020,9 y (d) una lista

con nombre, puesto y región de los empleados a los cuales la CFSE

les notificó que cualificaban para los fines de la Ley Núm. 80-2020.10

La Federación solicitó, además, una suma por concepto de gastos y

honorarios de abogado.

         El 18 de octubre de 2022, se celebró la Vista de Interdicto

Preliminar, en la cual se determinó que la sentencia declaratoria se

ventilaría por la vía ordinaria.11

         Por su parte, el 20 de octubre de 2022, la CFSE presentó

Oposición a Expedición de Interdicto Preliminar y Permanente;

Sentencia Declaratoria y Solicitud de Desestimación.12 Fundamentó

su oposición en el Artículo 678 (3) del Código de Enjuiciamiento

Civil.13 En primer lugar, esbozó que si la Federación quería

participar de la decisión, lo que hubiese correspondido era intervenir

oportunamente en el procedimiento adversativo que se celebró ante

el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de

Puerto Rico (en adelante, Tribunal de Distrito Federal). Dicho

procedimiento adversativo se refiere a que, el 20 de diciembre de

2021, la JSF radicó ante el Tribunal de Distrito Federal una solicitud

para que se determinara que la Puerto Rico Oversight, Management,

8 Id.
9 Id.
10 Id.
11 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 190.
12 Id., a las págs. 26-161.
13 32 LPRA § 3424, Art. 678 (3).
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and Economic Stability Act (por sus siglas en inglés, PROMESA)

prevalecía sobre la Ley Núm. 80-2020,14 así como, sobre la

Resolución Conjunta Núm. 33-202115, entre otras, y que tales

medidas resultaban incompatibles con el Plan Fiscal. Adujo que no

podía obviar dicho trámite, instando un pleito tardíamente en el foro

local para atacar de forma colateral una determinación acordada

mediante estipulación federal (en adelante, la Estipulación).16

Esbozó, además, que la adjudicación de la controversia ante el foro

local constituiría una opinión consultiva. También, alegó que el foro

local carecía de jurisdicción sobre la materia sobre la Estipulación y

orden emitida por el Tribunal de Distrito Federal, respecto a los

empleados específicos que se acordó formarían parte del Listado de

Puestos Eliminados Propuestos.

       En segundo lugar, explicó que el Listado de Puestos

Eliminados Propuestos fue un acuerdo entre la JSF y el Gobierno. A

base de lo anterior, alegó que los empleados públicos sobre los

cuales se determinó que no formarían parte del Listado, no tenían

derecho a solicitar una revisión administrativa. Adujo que, de existir

algún reclamo, el foro con jurisdicción era el Tribunal de Distrito

Federal por ser el ente con jurisdicción sobre la Estipulación. En

tercer lugar, recalcó que, el 28 de diciembre de 2021, se presentó

ante el Tribunal de Distrito Federal una Estipulación, mediante la

cual se invalidaron las disposiciones de la Ley Núm. 80-2020,17

excepto lo acordado en la Estipulación. A la luz de lo anterior,

alegaron que cualquier derecho reclamado al amparo de la Ley Núm.

14 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
15 Resolución Conjunta para Ordenar a la OGP y a la ASR Implantar el Programa

de Retiro Incentivado Creado Bajo la Ley 80–2020, Resolución Conjunta Núm. 33
de 15 de diciembre de 2021.
16 Stipulation and Order Resolving Oversight Board Complaint Dated December

20, 2021, Concerning Acts 80-2020, 81-2020, and 82-2020 and Joint Resolution
33-2021, October 20, 2022.
17 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
KLAN202300220                                                                 6

80-2020,18 que sea contraria a lo dispuesto en la Estipulación es

inexistente.

         En cuarto lugar, argumentó que la Carta Circular de la

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de

Gobierno y la Judicatura (en adelante, ASR) Núm. 2023-01, solo

requería que la CFSE notificara a sus empleados elegibles el

Comunicado Oficial de Implementación Parcial del Programa de Retiro

Incentivado.19 A tales efectos, solicitó la desestimación de la

Demanda al amparo de la Regla 10.2 (5) de las Reglas de

Procedimiento Civil por falta de un remedio en ley.20 Por su parte,

alegó que, debido a que la JSF, la Oficina de Gerencia y Presupuesto

(en adelante, OGP) y la ASR formaron parte de la determinación,

constituyen partes sin cuya presencia no podría adjudicarse la

controversia. A raíz de ello, solicitó la desestimación al amparo de la

Regla 10.2 (6) de las Reglas de Procedimiento Civil por falta de parte

indispensable.21

         Posteriormente, el 3 de noviembre de 2022, la Federación

presentó una Réplica a Oposición a Expedic[i]ón del Interdicto

Preliminar y Permanente; Sentencia Declaratoria y Solicitud de

Desestimación.22 Esbozó que, su petición es un interdicto para que

se cumpla con la notificación de la determinación final de la agencia

que requiere el debido proceso de ley, toda vez que, no hacerlo les

ocasiona daños. Advirtieron que, fue la CFSE quien presentó el

Listado de Puestos Eliminados Propuestos elegibles bajo la Ley Núm.

80-2020 a la JSF.23 Añadió que, en la Demanda se hicieron

alegaciones conducentes a que existen empleados con puestos y/o

18 Id.
19  Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico & Oficina de Gerencia y
Presupuesto, Carta Circular Núm. 2023-01, 22 de julio de 2022.
20 32 LPRA Ap. V., R. 10.2 (5).
21 32 LPRA Ap. V., R. 10.2 (6).
22 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 162-170.
23 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
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funciones similares que sí fueron notificados sobre que cualificaban.

Respecto a la alegación de parte indispensable por parte de la CFSE,

adujo que, ni la OGP, ASR ni la JSF lo son, ya que a quien

corresponde el remedio solicitado es a la CFSE. Explicó que,

conforme al Artículo 9 de la Ley Núm. 80-2020, le correspondía a la

CFSE establecer mediante un procedimiento interno en su Plan de

Retiro los criterios para definir lo que se consideran servicios

públicos esenciales.24 En lo concerniente a su solicitud de que se le

entregara el Listado de los Puestos Eliminados Propuestos y la lista

de los puestos que se determinó que no son esenciales, y que por

tanto, cualifican bajo la Ley Núm. 80-2020,25 esbozó que ninguna

contiene información confidencial. En cuanto a su solicitud sobre

que se les entregara una lista con nombre, puesto y región de los

empleados a los cuales se les notificó que cualificaban, indicó que

tampoco es información confidencial, pero que, si existían reparos,

se podía entregar sin los nombres de los empleados.

       Siguiendo el mismo curso de acción, el 10 de noviembre de

2022, la CFSE presentó una R[é]plica a Oposición a Expedición del

Interdicto Preliminar y Permanente; Sentencia Declaratoria y Solicitud

de Desestimación.26 Expresó que, la Federación venía obligada a

demostrar su interés propietario para entonces activar su derecho a

las garantías procesales del debido proceso de ley. Luego, el 18 de

noviembre de 2022, la Federación presentó una Oposición a Réplica

a Oposición a Expedic[i]ón del Interdicto Preliminar y Permanente;

Sentencia Declaratoria y Solicitud de Desestimación.27

       El 10 de febrero de 2023, el foro primario emitió la Sentencia

apelada, en la cual desestimó con perjuicio la Demanda presentada

24 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, Art. 9 3 LPRA § 10019.
25 Id., 3 LPRA § 10011 et seq.
26 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 171-178.
27 Id., a las págs. 179-187.
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por la Federación.28 El foro primario concluyó que no contaba con

jurisdicción para entender en la controversia por versar sobre la

implementación, interpretación o cuestionamientos jurídicos de los

planes de retiro incentivados de las leyes mencionadas en cuestión.

Además, concluyó que faltaba parte indispensable en atención a que

la JSF no era parte en el pleito. Mediante la misma, desestimó con

perjuicio, la Demanda presentada por la Federación. En su

dictamen, el foro primario expresó:

       Evaluadas las mociones presentadas y adoptados por
       referencia    los   fundamentos       antes   expuestos,
       haciéndolos formar parte integral de la presente
       Sentencia, se declara Ha Lugar la Oposición a
       Expedición de Interdicto Preliminar y Permanente:
       Sentencia Declaratoria y Solicitud de Desestimación,
       presentada por la parte demandada, Corporación del
       Fondo del Seguro del Estado, el 20 de octubre de 2022.
       El Tribunal desestima con perjuicio la Demanda, ya
       que falta parte indispensable. La Junta de Control
       Fiscal y la Jueza Laura Taylor Swain ostentan
       jurisdicción exclusiva sobre la materia de cualquier
       controversia relacionada a la implementación,
       interpretación o cuestionamiento jurídico de los planes
       de retiro incentivados, establecidos en las Leyes 80, 81
       y 82, según se determinó de manera específica en su
       resolución. (Énfasis en el original).

       Inconforme, 13 de marzo de 2023, la Federación presentó

recurso de Apelación en el cual esgrimió la comisión de tres (3)

errores por el TPI, a saber:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL RESOLVER QUE LA JUNTA DE
       CONTROL FISCAL Y LA JUEZA LAURA TAYLOR SWAIN
       OSTENTAN JURISDICCIÓN EXCLUSIVA SOBRE LA
       MATERIA    DE     CUALQUIER    CONTROVERSIA
       RELACIONADA      A    LA    IMPLEMENTACIÓN,
       INTERPRETACIÓN O CUESTIONAMIENTO JURÍDICO
       DE LOS PLANES DE RETIRO INCENTIVADOS,
       ESTABLECIDOS EN LAS LEYES 80, 81 Y 82.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DESESTIMAR CON PERJUICIO LA
       DEMANDA POR FALTA DE PARTE INDISPENSABLE.

       TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL NO ATENDER LA SOLICITUD DE
       DOCUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.

28 Id., a las págs. 188-203.
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       El 12 de abril de 2023, la CFSE, por conducto de su

Administrador, Jesús M. Rodríguez Rosa presentó el Alegato de la

Parte Apelada. Con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procederemos a resolver.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil29, dispone que los

recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término

jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia

de la notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es

insubsanable.30 La correcta notificación de una sentencia es una

característica imprescindible del debido proceso judicial.31 Como

corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de este

Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.

       En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de
       sus instrumentalidades que no fuere una corporación
       pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus
       funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el
       recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte
       en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia,
       presentando un escrito de apelación dentro del término
       jurisdiccional de sesenta días, contados desde el
       archivo en autos de una copia de la notificación de la
       sentencia dictada por el tribunal apelado. 32

   B. Jurisdicción Sobre la Materia y Desestimación

       Es norma reiterada que los asuntos relacionados con la

jurisdicción del Tribunal son privilegiados y deben atenderse con

29 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
30 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
31 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
32 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
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prioridad.33 Les corresponde a los tribunales ser celosos guardianes

de su jurisdicción ya que no tienen discreción para asumir

jurisdicción donde no la tienen.34 Como sabemos, la jurisdicción es

el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y

decidir casos o controversias presentadas ante su consideración.35

Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las

partes o, incluso, cuando no haya sido planteado por éstas, el foro

examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional como

parte de su deber ministerial, pues éste incide directamente sobre

el poder mismo para adjudicar una controversia.36 Para que el

tribunal pueda atender y adjudicar un caso debe tener jurisdicción

sobre la materia. La jurisdicción sobre la materia se refiere a la

capacidad del tribunal para atender y resolver una controversia

sobre un aspecto legal. Se ha señalado que:

       [La] ausencia de jurisdicción sobre la materia trae
       consigo las consecuencias siguientes: (1) no es
       susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden
       voluntariamente conferírsela a un tribunal como
       tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad
       de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales
       el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción;
       (5) impone a los tribunales apelativos el deber de
       examinar la jurisdicción del foro de donde procede el
       recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del
       procedimiento, a instancia de las partes o por el
       tribunal motu proprio.37

       Cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el tribunal

carece de autoridad y poder para entender en el asunto.38 De ese

modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así y

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

33 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019); Ruiz Camilo v.
Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).
34 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v.
CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).
35 AAA v. UIA, 199 DPR 638, 651-52 (2018).
36 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.
37 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).
38 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).
KLAN202300220                                                                     11

controversia.39 Así lo expone la Regla 10.8(c) de las Reglas de

Procedimiento Civil40, que establece:

       [. . .]
       (c) Siempre que surja, por indicación de las partes o de
       algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción
       sobre la materia, éste desestimará el pleito.

       Esto significa que al amparo de la Regla 10.8(c) los tribunales

locales deben desestimar una acción civil cuando surge la falta de

jurisdicción sobre la materia ante el foro aludido.41

       Ahora bien, las cortes estatales pueden ejercer jurisdicción

concurrente sobre litigios basados en la Constitución, las leyes y los

tratados de Estados Unidos, excepto cuando tal jurisdicción es,

expresa o implícitamente, exclusiva de las cortes federales.42 Esto

debido a que la jurisdicción federal exclusiva representa la

excepción y no la regla.43 Por consiguiente, se presume la

jurisdicción concurrente en ausencia de expresión contraria por el

Congreso o condición necesariamente implícita.44

   C. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil regula la presentación de

defensas y objeciones a una reclamación judicial.45 La moción de

desestimación al amparo de esta regla es una defensa especial que

formula el demandado en la que solicita que se desestime la

demanda presentada en su contra, aun sin necesidad de formular

una alegación previa.46 El tribunal interpretará las alegaciones de la

demanda conjuntamente, de forma liberal y de la manera más

39 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83; Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo

v. Trafon Group, Inc., supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.
40 32 LPRA Ap. V, R.10.8 (c).
41 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.
42 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 DPR 256, 259 (1982); Claflin v.

Houseman, Assignee, 93 U.S. 130, 136 (1876).
43 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, Id.; Dowd Box Co. v. Courtney, 368 U.S. 502,

507-508 (1962).
44 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, Id.; Note, State Enforcement of Federally

Created Rights, 73 Harv. L. Rev. 1551 (1960).
45 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
46 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
KLAN202300220                                                                    12

favorable posible a la parte demandante para determinar si la misma

es suficiente para constituir una reclamación válida.47

       La regla establece que:

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una
       reclamación se expondrá en la alegación responsiva
       excepto que, a opción de la parte que alega, las
       siguientes defensas pueden hacerse mediante una
       moción debidamente fundamentada:
       (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
       […]48

       Ahora bien, cuando se plantea la desestimación por falta de

jurisdicción sobre la materia, es necesario determinar si, tomando

como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene jurisdicción

para atender el reclamo.49

                                       III

       Tenemos ante nuestra consideración un recurso de Apelación

presentado por la Federación para que se revise la Sentencia emitida

por el foro primario mediante la cual desestimó la Demanda con

perjuicio, luego de concluir que no contaba con jurisdicción sobre la

materia para entender sobre la misma, y disponiendo que es el

Tribunal de Distrito Federal quien la ostenta, así como que faltaba

parte indispensable. Como parte de su determinación, el TPI declaró

Ha Lugar la Oposición a Expedición de Interdicto Preliminar y

Permanente, Sentencia Declaratoria y Solicitud de Desestimación.

       En el recurso, la Federación esgrimió tres (3) errores los cuales

versan sobre si erró el TPI: (i) al desestimar la Demanda con

perjuicio, por falta de parte indispensable; (ii) al resolver que la JSF

y la jueza Laura Taylor Swain ostentan jurisdicción exclusiva sobre

la materia; y, (iii) al no atender la solicitud de documentos de la parte

apelante. Puntualizamos que, nos encontramos ante la revisión de

47 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010); Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
48 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (1).
49 Colón Rivera et. al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Harguindey Ferrer v.

U.I., 148 DPR 13, 30 (1999).
KLAN202300220                                                                      13

una Sentencia desestimatoria al amparo de la Regla 10.2 (1) de las

de Procedimiento Civil.50

         Acentuamos que, los asuntos relacionados con la jurisdicción

del Tribunal son privilegiados y deben atenderse con prioridad.51

Consecuentemente, al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal

por alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado

por éstas, el foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto

jurisdiccional como parte de su deber ministerial, pues éste incide

directamente       sobre     el   poder     mismo       para    adjudicar       una

controversia.52 Ahora bien, debemos recordar que la jurisdicción

sobre la materia se refiere a la capacidad del tribunal para atender

y resolver una controversia sobre un aspecto legal. Así, pues, si el

tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar

la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia al amparo

de la Regla 10.8 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil.53 A la luz

de lo anterior, la ausencia de jurisdicción sobre la materia impone a

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro

de donde procede el recurso.54 Señalamos que, las cortes estatales

pueden ejercer jurisdicción concurrente sobre litigios basados en la

Constitución, las leyes y los tratados de Estados Unidos, excepto

cuando tal jurisdicción es, expresa o implícitamente, exclusiva de

las cortes federales.55

         La controversia principal que, como cuestión de umbral, este

Tribunal debe determinar, es si fue un error desestimar la acción

instada por la Federación por falta de jurisdicción sobre la materia.

50 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (1).
51 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.
52 Id.
53 32 LPRA Ap. V, R. 10.8 (c); 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83; Torres Alvarado v. Madera

Atiles, Id.; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., Id.; González v. Mayagüez Resort &
Casino, supra.
54 González v. Mayagüez Resort & Casino, Id.
55 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, Id.; Claflin v. Houseman, Assignee, supra.
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Dicha controversia se encuentra enmarcada en el primer error

esgrimido en el recurso de Apelación. Elaboramos.

       Tras examinar la Sentencia apelada, vemos que el foro

primario dispuso que la JSF es una parte indispensable en el

presente caso, ya que conforme a la Ley PROMESA esta es el ente

regulador de cualquier controversia que surja, al amparo de la

Quiebra de Puerto Rico. Pero, más aún, dispuso que es el Tribunal

de Quiebras quien tiene la jurisdicción original y exclusiva sobre

todos los casos dispuestos bajo la referida Ley. Lo anterior, tras

concluir que es el referido foro el que tiene la jurisdicción exclusiva

para entender en controversias relacionadas a la Leyes Núm. 80, 81

y 82,56 según determinado por voz de la jueza Laura Taylor Swain.

En resumidas cuentas, el foro primario razonó que no tiene

jurisdicción sobre la materia para entender en la acción instada.

       Por ser los asuntos jurisdiccionales cuestiones privilegiadas,

comenzaremos por determinar, específicamente, si se equivocó el

foro primario al desestimar la causa de acción instada por la

Federación, por falta de jurisdicción sobre la materia.

       En específico, nos compete dirimir si el TPI tenía facultad para

intervenir en la controversia esgrimida por la parte apelante o si el

campo ha sido ocupado por virtud del proceso seguido en el foro

federal, según instrumentalizado por el Public Law 114-187, de

2020 de junio de 201657, conocido como PROMESA. Es de ver, que

PROMESA provee un enfoque integral a los problemas y ajustes

fiscales, de gestión y estructurales en el que no se exime a ninguna

56 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq; Ley para
Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los
Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos los Miembros del Cuerpo de
Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas,
comúnmente conocidos como Paramédicos, del Negociado del Cuerpo de
Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal,
incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias; Ley Núm.
81 de 3 de Agosto de 2020, 3 LPRA § 787c nota, Suplemento 2020 et seq; Ley Para
enmendar el Artículo 2.11 de la Ley Núm. 26 de 2017, Ley de Cumplimiento con
el Plan Fiscal, Ley Núm. 82 de 3 de agosto de 2020.
57 48 USCA secs. 2101 et seq.
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parte del Gobierno, y que involucra una supervisión independiente

y una autoridad estatutaria federal para que el Gobierno

reestructure las deudas en un proceso justo y ordenado.58 Predicado

en ello, una de las responsabilidades delegadas a la JSF fue la de

desarrollar      planes       fiscales     para      el     Gobierno       y     sus

instrumentalidades, con el propósito de proveer un método de

responsabilidad fiscal y acceso al mercado de capital.59

       Debemos reiterar que, por virtud del proceso autorizado por

PROMESA, el 20 de diciembre de 2021, la JSF inició un

procedimiento adversativo ante el Tribunal de Distrito Federal,

mostrando reservas con la implementación de la Ley Núm. 80-

202060 y de la Resolución Conjunta Núm. 33-202161, debido a que

su aplicación resultaba incompatible con el Plan Fiscal. Como

resultado del proceso, en el cual participó el Gobierno, las partes

acordaron y el aludido foro federal aprobó, la Estipulación que fue

presentada el 28 de diciembre de 2021. Como parte de la

Estipulación, se determinó que dicho foro federal permanece con la

jurisdicción exclusiva para atender todo asunto relativo a esta,

según los poderes que así se reconocen por la ley PROMESA, de

modo      que,    el   TPI   estaba      impedido      de    actuar     sobre     los

planteamientos alzados relativos a la aplicación de la Ley Núm. 80-

2020.62

       Merece reseñar que, previo a la radicación de la acción de

autos ante el TPI, el 3 de agosto de 2020, se aprobó la Ley Núm. 80-

2020.63 La finalidad de la precitada legislación fue a los fines de

establecer un Programa mediante el cual ciertos empleados elegibles

58 48 USC sec. 2194(m)(4).
59 In re Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico, 32 F.4th 67,74 (1st Cir. 2022).
60 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
61 Resolución Conjunta para Ordenar a la OGP y a la ASR Implantar el Programa

de Retiro Incentivado Creado Bajo la Ley 80–2020, Resolución Conjunta Núm. 33
de 15 de diciembre de 2021.
62 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
63 Id.
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del Gobierno pudiesen, voluntariamente, separarse de forma

incentivada de su empleo antes de la edad de retiro.64

       Por su parte, el propósito de la Resolución Conjunta para

Ordenar a la OGP y a la ASR Implantar el Programa de Retiro

Incentivado Creado Bajo la Ley 80–2020 (Resolución Conjunta Núm.

33-2021) era ordenar que la OGP y a la ASR tomaran todas las

medidas necesarias y requirieran a las agencias, corporaciones

públicas y municipios elegibles las acciones correspondientes para

implantar el Programa, creado bajo la Ley Núm. 80–2020, en cuanto

a los empleados no esenciales ya identificados en cada entidad.65

       No obstante, mediante la antes aludida Estipulación, se

invalidaron las disposiciones de la Ley Núm. 80-2020,66 excepto lo

acordado en esta. En dicha Estipulación, en lo atinente, se acordó lo

siguiente:

       5. No party hereto shall take any acts inconsistent with
       this agreement.
       6. This is the entire agreement among the parties in
       respect of its subject matter and all oral statements and
       acts are merged herein.
       7. This agreement may only be amended by a writing
       signed by the party to be charged and approved by the
       Title III Court.
       8. No party releases any claims except as expressly set
       forth herein.
       9. The Title III Court shall retain subject matter
       jurisdiction to enforce this agreement. (Énfasis
       suplido).67

        Nótese que, entre las estipulaciones autorizadas por el

referido Tribunal, se dispuso que, de existir algún reclamo, el foro

con jurisdicción era el Tribunal de Distrito Federal. Lo anterior,

por ser el ente con jurisdicción sobre la Estipulación. Luego de

autorizada la Estipulación, se creó la Carta Circular Núm. 2023-01

64 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
65 Resolución Conjunta para Ordenar a la OGP y a la ASR Implantar el Programa

de Retiro Incentivado Creado Bajo la Ley 80–2020, Resolución Conjunta Núm. 33
de 15 de diciembre de 2021.
66 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
67 Stipulation and Order Resolving Oversight Board Complaint Dated December

20, 2021, Concerning Acts 80-2020, 81-2020, and 82-2020 and Joint Resolution
33-2021, October 20, 2022.
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de la ASR en conjunto con la Carta Circular Núm. 0006-2022 de la

OGP.68    La    Carta    Circular     abordaba     la   primera     fase    de

implementación parcial del Programa de la Ley Núm. 80-2020 para

empleados que ocuparan puestos identificados por las agencias

como no esenciales, conforme a acuerdo entre el Gobierno y la JSF.

Entre los objetivos se encontraba establecer las directrices

necesarias para que las agencias y entidades gubernamentales

elegibles les notificaran a aquellos empleados que ocuparan puestos

catalogados como no esenciales, que se disponían a eliminar tales

puestos, conforme a la elección previa del empleado de acogerse al

Programa bajo la Ley Núm. 80-2020, a excepción de que tales

empleados decidieran retractarse de participar en el referido

Programa.

       Ahora bien, independientemente de lo anterior, es claro que

una lectura integral de la Estipulación entre la JSF y el Gobierno

revela que quién único tiene autoridad para entender en asuntos

relacionados a la Estipulación es el Tribunal de Distrito Federal y

no el foro apelado. Existe jurisdicción exclusiva del Gobierno federal

sobre los asuntos de derecho federal cuando el Congreso dispone

expresamente para ello o cuando la intención clara de la ley es privar

a los tribunales estatales de la autoridad sobre ese asunto

federal.69 Es menester señalar que, que la jurisdicción federal

exclusiva representa la excepción y no la regla.70

       En fin, luego de haber juzgado que el foro primario no incidió

al desestimar la causa de acción por falta de jurisdicción sobre la

materia, por estar el campo ocupado por el foro federal, se hace

innecesario revisar los demás señalamientos de error. Lo anterior ya

que, conforme a lo dispuesto por el Alto Foro, ante la ausencia de

68  Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico & Oficina de Gerencia y
Presupuesto, Carta Circular Núm. 2023-01, 22 de julio de 2022.
69 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, 856; Rodríguez v. Overseas

Military, 160 DPR 270, 277–278 (2003).
70 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra; Dowd Box Co. v. Courtney, supra.
KLAN202300220                                                                  18

jurisdicción sobre la materia, un tribunal sólo puede desestimar el

asunto ante sí; nada más.71 Entiéndase, cuando la desestimación se

basa en la jurisdicción exclusiva de otro foro, precisamente es ese

otro foro el que está llamado a dilucidar la controversia; ya que la

adjudicación no puede ser válidamente hecha por un foro sin

jurisdicción.72 Por último, reiteramos que, un tribunal no puede

asumir jurisdicción donde no la tiene.73 Una sentencia que es

dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia nula en

derecho y, por lo tanto, inexistente.74

                                       IV

         Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones

71 González v. Mayagüez Resort & Casino, Id., 864.
72 Id.
73 Id., 864-865; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Morán v. Martí, 165

DPR 356, 364 (2005); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).
74 Szendrey-Ramos v. F. Castillo, Id.