Court Opinion

ID: 9896790
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:19:10.706857+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:10.446567
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                             TRIBUNAL DE APELACIONES
                                       PANEL III

           RAMÓN L. FELICIANO                                     Apelación
                MEJÍAS                                            procedente del
                                                                  Tribunal de
            Demandante-Apelante                                   Primera Instancia,
                                                                  Sala Superior de
                       V.                                         Ponce

           NANCY NEGRÓN CRUZ               KLAN202300579          Caso Núm.:
                                                                  J AC2014-0510
            Demandada-Apelada                                     (601)

                                                         Sobre:
                                                         INCUMPLIMIENTO
                                                         DE CONTRATO
        Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
        Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

        Grana Martínez, Jueza Ponente

                                        SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

               El apelante, señor Ramón Feliciano Mejías, ha comparecido

        ante este tribunal y nos solicita la revocación de una Resolución

        emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce,

        del 12 de junio de 2023. En la Resolución recurrida, el TPI

        desautoriza la venta en pública subasta de cierto bien inmueble al

        ser designado Hogar Seguro conforme las disposiciones de la Ley

        195-2011.1

               El señor Feliciano Mejías afirma que erró el foro primario al

        conceder la protección de hogar seguro a la parte apelada, sin

        considerar que la propiedad inmueble tenía registrado en el Registro

        de la Propiedad un embargo, 150 días antes de que la parte apelada

        solicitara la protección de la ley.

               La controversia presentada requiere que determinemos si la

        protección concedida por el foro recurrido cumplió con los

        parámetros de la Ley 195-2011. Por los fundamentos que

        1 Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familia de 13 de

        septiembre de 2011.

Número Identificador

SEN2023___________
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detallamos en este Sentencia revocamos la resolución recurrida. Los

hechos pertinentes para comprender nuestra determinación se

detallan a continuación.

                                         I

        Alega en su escrito el señor Feliciano Mejías que, en un pleito

alterno al que nos ocupa, obtuvo una Sentencia donde se condenó

solidariamente a los apelados, Nancy, Frank y Andrés, todos de

apellidos Negrón Cruz, a indemnizar al apelante con la suma de

$90,600.00.2

        La antedicha compensación fue parte de una reclamación de

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por el

apelante contra los apelados en la que reclamó, en apretada síntesis,

lo siguiente. Adujo que había suscrito un contrato de arrendamiento

de un negocio de los apelados. Mientras estuvo operando el mismo

invirtió dinero arreglando el local, compró equipos, mercancía y

además      almacenaba       las      herramientas   de   su   negocio   de

construcción. Cierto día, al tratar de entrar al local, encontró dentro

del negocio a los apelados, quienes se apoderaron del mismo, no le

permitieron la entrada y se apropiaron de todos los bienes muebles

en su interior. Alegó que perdió sus equipos, sus herramientas, así

como sus expectativas de ingresos, por lo que radicó el recurso legal

que fue adjudicado a su favor, con la consabida Sentencia antes

mencionada.

        Para asegurar la efectividad de la Sentencia emitida a su favor,

el apelante presentó el 17 de septiembre de 2022 a las 9:48 a.m.

una instancia al Registro de la Propiedad, en la cual solicitó una

anotación de embargo en aseguramiento de sentencia. Instancia

cuyo gravamen fue inscrito el 13 de octubre de 2022 a las 11:33

a.m.3

2 Véase págs. 29 y 30 del apéndice del recurso.
3 Véase págs. 59 y 60 del apéndice.
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       La descripción registral de la propiedad objeto del embargo en

aseguramiento de sentencia es la siguiente:

              RUSTICA: Parcela de terreno radicada en el
       Barrio Real del término municipal de Ponce, Puerto
       Rico, identificada como predio 2 en el plano de
       segregación, con una cabida de 3,539.5803 METROS
       CUADRADOS, equivalentes a 0.9006 CUERDAS. En
       lindes por el NORESTE, en 37.671 y 36.859 metros
       lineales, con solares #1 y #2 del plano de segregación;
       por el NOROESTE, en 33.995, 27.497 y 7.938 metros
       lineales, con parcela dedicada a uso público que la
       separa del Río mahón; por el SURESTE, en 11.015 y
       16.040 metros lineales, con terrenos de Tito Rivera y
       parcela dedicada a uso público del plano de
       segregación; y por el SUROESTE, en 26.699 y 31.017
       metros lineales, con predio de Tito Rodríguez. Enclava
       una casa. Inscrita a nombre de Nancy Negrón Cruz y
       Frank Negrón Cruz, Finca número 27,080 del término
       municipal de Ponce, Tomo 1164 de Ponce II, Folio No.
       82, inscripción Primera. Catastro 341-000-010-44-000.

       Así las cosas, el apelante relató en su recurso que, el 24 de

octubre de 2022 presentó ante el foro primario una Moción

solicitando la ejecución de la Sentencia mediante la venta en pública

subasta de la propiedad antes descrita. El 13 de diciembre de 2022,

el foro primario emitió la Orden ordenando la ejecución de la

Sentencia, mediante la venta en pública subasta del bien inmueble,

la cual quedó señalada para el 1 de febrero del 2023.4

       El 31 de enero de 2023, la co apelada, señora Negrón Cruz,

presentó     Moción     urgente       solicitando   paralización   de   los

procedimientos. En esta arguyó haberse acogido a la Ley de

Quiebras Federal solicitando así la paralización de la venta en

pública subasta de su residencia. Acompañó la evidencia de haber

presentado la solicitud ante la Corte de Quiebras de Estados Unidos,

Distrito de Puerto Rico, ese mismo día, un día antes de la fecha

señalada para la venta en pública subasta.5 El foro recurrido

paralizó los procedimientos el 6 de febrero de 2023.

4 Véase págs. 34 a 37 del apéndice.
5 Véase págs. 38 a 39 del apéndice.
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       Apenas un mes después, el 3 de marzo del año en curso, la

señora Negrón Cruz peticionó al Tribunal Federal de Quiebras que

desestimara su solicitud y dejara sin efecto la reunión de acreedores

pautada para ese mismo día.6 Finalmente, el 20 de marzo de 2023,

según solicitado por la apelada, la Corte de Quiebras accedió a su

solicitud y desestimó la petición.7

       A raíz de la desestimación, el apelante informó al tribunal el

estado de los procesos y peticionó que se continuara nuevamente

con la venta judicial del inmueble.8

       El 21 de abril de 2023, la señora Nancy Negrón Cruz presentó

un escrito ante el foro recurrido en el cual reclamó que, antes de la

presentación de la Demanda cuya sentencia se interesa ejecutar por

el apelante, residía y continuaba viviendo en la propiedad objeto de

la ejecución, consistiendo ésta en su hogar seguro. Al amparo de la

Ley 195-2011 reclamó del foro declarar la propiedad objeto de la

venta judicial como su Hogar Seguro y así proteger el bien conforme

la Ley.9 En apoyo a su petición acompaño una Certificación de

Propiedad Inmueble del 31 de marzo de 2022, en la cual no constaba

el gravamen de embargo en aseguramiento de sentencia que alega

inscribió, el apelante, 190 días previos a la solicitud de Hogar

Seguro.10

       El 27 de abril de 2023, el apelante replicó manifestando que,

la apelada se valía de un extracto de la Ley de Hogar Seguro sin citar

el Artículo 12 completo, olvidando principios medulares del Código

Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Además, llamó la atención a la Certificación Registral presentada

señalando que, no estaba actualizada, por lo que no reflejaba el

6 Véase págs. 41 a 42 del apéndice.
7 Véase pág. 43 del apéndice.
8 Véase págs. 45 a 48 del apéndice.
9 Véase págs. 49 a 51 del apéndice.
10 Véase págs. 53 a 54 del apéndice.
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gravamen de embargo que alegaba fue inscrito el 13 de octubre de

2022 a las 11:33 a.m.

      El 12 de junio de 2023, el TPI emitió una Resolución en la cual

concluyó que la señora Negrón Cruz presentó oportunamente su

solicitud juramentada de Hogar Seguro dentro del término de 30

días posteriores a la determinación judicial de dejar sin efecto la

paralización de los procesos ante la radicación de la quiebra. Para

el foro recurrido, conforme la Ley 195-2011, procedía la designación

del bien inmueble como Hogar Seguro y la revocación de la

autorización de venta judicial.

      Inconforme, el apelante presentó el recurso que nos ocupa y

señaló en su escrito ante este tribunal que, la señora Negrón Cruz

reclamó la protección de la Ley 195-2011 induciendo a error al TPI.

Apoyó su alegación, en que esta presentó una moción para paralizar

la ejecución de una sentencia final y firme de enero de 2018,

acompañando una certificación registral no actualizada del 31 de

marzo de 2022. Esto, con el fin de representar al foro recurrido que

la propiedad estaba libre de gravámenes, cuando le constaba que el

apelante había presentado un gravamen en aseguramiento de

sentencia 190 días antes de la petición de Hogar Seguro. Además,

señaló que la apelada hizo unos planteamientos de derecho

incompletos y acomodaticios.

      El apelante arguye en su escrito apelativo que, la señora

Negrón Cruz no cumplió con ninguno de los dos requisitos del Art.

12 de la Ley 195-2011.

      El 21 de agosto de 2023 emitimos Sentencia revocando la

determinación apelada en este recurso. Oportunamente, el 25 de

agosto de 2023, la parte apelada presentó Moción urgente solicitando

relevo de sentencia y desestimación, la cual acogimos como una

reconsideración declarándola ha lugar y dejando sin efecto nuestra

Sentencia. En esa misma fecha, concedimos a la apelada un término
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de diez (10) días para expresarse en torno al recurso, con la

advertencia de que, transcurrido el término, el recurso se tendría

por perfeccionado.

      El 29 de septiembre de 2023, la parte apelada presentó Moción

solicitando término para recurrir, en la que solicitaba término para

recurrir ante el Tribunal Supremo, además arguyó que no se le

notificó el recurso. Dado que no había presentado su alegato y el

término concedido había transcurrido, se le concedió un término

perentorio para presentarlo.

      Transcurrido el término para presentar su alegato en

oposición al recurso, sin que la apelada haya comparecido,

declaramos perfeccionado el mismo y procedemos a resolver.

                                 II

Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar
     Familiar en adelante “Ley de Protección del Hogar”

      La finalidad de la Ley de Protección del Hogar es que cada

ciudadano propietario cuente con una protección básica ante el

riesgo de ejecución de una sentencia en contra de su residencia. …

De manera que protege el hogar o residencia principal de todos los

domiciliados en Puerto Rico y sus respectivas familias conforme a

ciertas condiciones establecidas en la propia ley. 31 LPRA §1858. La

protección de la ley asegura la propiedad de embargo, sentencia o

ejecución ejercitada para el pago de todas las deudas, excepto las

deudas reconocidas como excepciones en la propia legislación. 31

LPRA §1858b.

      Aun cuando se reconoce la primacía del derecho a la

propiedad en nuestro ordenamiento jurídico, también se ha

determinado que el disfrute de la propiedad no es un derecho

absoluto, sino que está limitado por intereses sociales apremiantes

y normas de convivencia social. Rivera García v. Registradora, 189

DPR 628, 634 (2013). La Ley 195-2011 dispone que, como norma
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general, el derecho a Hogar Seguro es irrenunciable, y cualquier

pacto en contrario se declarará nulo. No obstante, la propia

legislación reconoce que el derecho a hogar seguro se entenderá

renunciado, en las siguientes circunstancias:

      (a) En todos los casos donde se obtenga una hipoteca,
      que grave la propiedad protegida.

      (b) En los casos de cobro de contribuciones estatales y
      federales.

      (c) En los casos donde se le deban pagos a contratistas
      para reparaciones de la propiedad protegida.

      (d) En los casos donde la persona que reclame o haya
      reclamado, previamente el derecho que se reconoce a
      tenor con este capítulo, prefiera reclamar, en una
      Petición bajo el Código de Quiebras Federal, las
      exenciones bajo la Sección 522(b)(2), de dicho Código,
      en vez de las exenciones locales y la de hogar seguro
      que permite el Código de Quiebras bajo la Sección
      522(b)(3). … 31 LPRA §1858a.

      Por otro lado, la legislación incluye específicamente la manera

en que aquella persona propietaria puede constituir dicho derecho.

A tales efectos dispone que:

      [t]odo individuo o jefe de familia que adquiera una finca
      rústica o urbana para establecer y fijar en ella su hogar
      seguro lo hará hacer constar así en el título de
      adquisición, debiendo el notario autorizante advertir al
      adquirente su deber de así hacerlo, de lo cual dará fe, y
      el Registrador de la Propiedad al inscribir el mismo
      tomará razón de dichas manifestaciones en el cuerpo de
      la inscripción, anotando que dicha propiedad ha sido
      designada como hogar seguro por su propietario, lo que
      servirá de aviso público. En los casos donde la finca
      estuviere ya inscrita a nombre de dicho individuo o jefe
      de familia, bastará que el propietario o propietarios de
      la finca otorgue(n) un acta ante notario público, donde
      se haga constar que la finca tiene carácter de hogar
      seguro, para que el Registrador de la Propiedad
      consigne tal carácter en nota marginal de la inscripción
      correspondiente. Asimismo, en el caso de la residencia
      principal del cónyuge supérstite, este podrá comparecer
      para la anotación de la constancia registral del carácter
      de hogar seguro de la propiedad, sin la comparecencia
      de los herederos titulares de la propiedad. Dicha
      protección cobijará la propiedad contra todo
      reclamante, excepto las deudas reconocidas en la sec.
      1858a de este título, mientras permanezca el carácter
      de residencia principal para el cónyuge supérstite.
      Ambos documentos, la escritura de adquisición y el
      acta, según sea el caso, deben expresar el uso
      residencial de la propiedad, y que el propietario no ha
      designado como tal, ninguna otra propiedad en o fuera
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      de Puerto Rico. Además, en ambos documentos se le
      advertirá al propietario de las posibles sanciones a las
      que se expone toda persona que intente o logre inscribir
      en el Registro más de una propiedad como hogar seguro
      o que intente o logre la inscripción ilegal del derecho de
      hogar seguro a favor de otra persona. En los casos
      donde la persona ya posea otra propiedad designada
      como hogar seguro, se reconocerá en el propio
      documento la existencia de la otra propiedad y que la
      misma cesará de ser su hogar seguro a partir de ese
      momento; y además, tendrá la obligación de cancelar en
      el Registro de la Propiedad la anotación de hogar seguro
      en la propiedad anterior para que el Registrador haga
      consignar tal cancelación en nota marginal de la
      inscripción correspondiente. Tal cancelación se podrá
      hacer a través del mismo documento de adquisición de
      la nueva propiedad que tendrá la protección de hogar
      seguro o a través de un acta. Siempre que la propiedad
      sea designada como hogar seguro, el Registrador de la
      Propiedad tendrá la obligación de anotar que tal
      propiedad fue así designada por su propietario. Tales
      manifestaciones o anotaciones sólo constituirán prueba
      prima facie del derecho de hogar seguro sobre esa
      propiedad; ninguna persona podrá designar más de una
      propiedad como hogar seguro. 31 LPRA §1858f.

      Ahora bien, “[e]l hecho de que una finca no esté inscrita en el

Registro de la Propiedad o que el derecho a hogar seguro no esté

inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad, en nada afecta el

derecho de hogar seguro que en ella tenga su propietario, siempre

y cuando el derecho sea levantado oportunamente conforme a

los dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 195-2011”. 31 LPRA

§1858h. Oportunamente se considera cuando “[l]a solicitud del

beneficio de hogar seguro se hace mediante moción que se

presentará en el tribunal, dentro del término de 30 días a contar

desde la fecha en que se solicita la ejecución de propiedades

pertenecientes al demandado para satisfacer una sentencia dictada

por un tribunal competente; o a partir del momento en que se

solicita un embargo o anotación preventiva o cualquier otro

mecanismo preventivo en aseguramiento de sentencia, en contra de

las propiedades del demandado. Además, la moción donde se solicite

el derecho a Hogar Seguro deberá ser juramentada por el o los

propietarios, incluyendo la descripción registral de la propiedad que

se está protegiendo y de una dación de fe de que el o los propietarios
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utilizaban dicha propiedad como residencia principal antes del

emplazamiento de la demanda por la cual se pide ejecución y de que

no han designado como hogar seguro alguna otra propiedad. La

parte que solicite la ejecución tendrá 10 días para reaccionar a la

solicitud de hogar seguro y de existir controversia el Tribunal podrá

citar a una vista evidenciaria, en la cual las partes expondrán sus

argumentos y presentarán la evidencia correspondiente para

sustentar sus alegaciones. El tribunal dictará resolución dentro del

término de 15 días, luego de sometida la prueba. Emitida la

resolución, la parte perjudicada podrá apelar la misma dentro del

término jurisdiccional de 15 días. En los casos donde el Tribunal

decida que no aplica el derecho a hogar seguro, no se celebrará una

venta judicial en relación a dicho inmueble hasta que dicha

resolución sea final y firme. No se hará ninguna venta por virtud de

sentencia o ejecución de una finca urbana o rústica, cuando se

reclamare u ocupare la misma como hogar seguro, inscrita o no

inscrita en el Registro de la Propiedad, a menos que aplique alguna

de las excepciones dispuestas en la sección 1858a de la propia Ley”.

… 31 LPRA §1858i.

                                 III

      No hay duda de que el derecho a Hogar Seguro no estaba

inscrito ni anotado en el Registro de la Propiedad antes de la

presentación de la Moción interesando ejecución de sentencia

mediante subasta pública de propiedad inmueble. Entonces, para

resolver nuestra controversia debemos cerciorarnos si la parte

apelada presentó su reclamo de Hogar Seguro oportunamente,

conforme los criterios dispuestos en el Art. 12 de la Ley 195-2011.

      Como primer remedio en aseguramiento de sentencia, la parte

apelante presentó el 17 de septiembre de 2022 una Instancia de

anotación de sentencia en el Registro de la Propiedad. La apelada

contaba con un término hasta el 17 de octubre de 2022 para
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oponerse y reclamar su derecho a Hogar Seguro oportunamente

ante el foro recurrido, reclamo que no hizo.

      Como segundo remedio dirigido a la ejecución de la sentencia,

el 24 de octubre de 2022, la parte apelante presentó Moción al foro

recurrido solicitando la ejecución de sentencia mediante pública

subasta. La parte apelada contaba con un término de 30 días desde

la fecha en que solicitó la ejecución de propiedad, o sea, hasta el 23

de noviembre de 2022, para oponerse y reclamar su derecho a Hogar

Seguro oportunamente ante el foro recurrido, reclamo que no hizo.

      El 13 de diciembre de 2022, el foro primario emitió la Orden

ordenando la ejecución de la Sentencia, mediante la venta en

pública subasta del bien inmueble. Como anticipáramos, el hecho

de que el derecho a hogar seguro no estuviese inscrito o anotado en

el Registro de la Propiedad, en nada afecta el derecho de hogar

seguro que en ella tenga su propietario, siempre y cuando el derecho

sea   levantado    oportunamente    conforme    los   criterios   antes

señalados.

      No es hasta el 31 de enero de 2023, que la apelada comparece

ante el tribunal solicitando la paralización. No la solicita conforme

la Ley 195-2011, pues ya a dicha fecha, los términos que la ley

concede para peticionar el derecho no solo habían transcurrido, sino

que solicita la paralización, amparada en la radicación de un

proceso ante el Tribunal Federal de Quiebras, Distrito de Puerto

Rico, ese mismo día, horas antes. No obstante, el foro primario

correctamente paralizó los procedimientos el 6 de febrero de 2023

ante el automatic stay dispuesto en la legislación federal.11

      El mismo día en que se celebraría el Meeting of Creditors,

conforme la legislación federal de quiebras, la apelada presentó

Motion to request voluntary dismissal. La solicitud de quiebra fue

11 11 USCA §362.
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finalmente desestimada el 20 de marzo de 2023. Tres días más

tarde, el 23 de marzo de 2023, el apelante solicitó que se dejara sin

efecto la paralización de la sentencia y acompañó evidencia que

justificaba su pedido.12 Nuevamente solicitó la venta de la propiedad

mediante pública subasta. El 21 de abril de 2023, la apelada se

opuso reclamando la Ley de Protección del Hogar. Acompañó con su

solicitud una Certificación Registral de la propiedad del 5 de abril

de 2022, de un año antes y en la cual no constaba la anotación de

la Instancia en aseguramiento de sentencia presentada por el

apelado el 17 de septiembre de 2022 e inscrito el 13 de octubre de

2022. Oportunamente, el apelado se opuso, advirtiendo al foro

recurrido de los incumplimientos de la apelada.

       No obstante, el TPI, el 12 de junio de 2023 determinó no

autorizar la venta en pública subasta, conforme las disposiciones de

la Ley de Protección del Hogar. Concluyó que, y citamos: “la parte

codemandada presentó oportunamente el 21 de abril de 2023 su

solicitud juramentada de hogar seguro dentro del término de 30 días

de la fecha de la solicitud de que se dejara sin efecto la paralización

de la ejecución de sentencia por quiebra presentada por la parte

demandada el 24 de marzo de 2023.” Erro al así concluir. Como

adelantamos, a la fecha en que la parte apelada se opuso a la venta

judicial, ya habían transcurrido los términos que la Ley 195-2011

concede para reclamar el mismo. Además, el foro recurrido debió

advertir de los documentos y, según le señalara la parte apelante,

que la Certificación Registral podía inducir a error al tribunal al ser

de una fecha remota.

       La paralización otorgada por el foro recurrido en virtud de la

Ley de Quiebras no tuvo el efecto de conceder un nuevo término a

la apelada para reclamar su derecho a Hogar Seguro. De hecho, el

12 Véase Order dismissing case, pág. 46 del apéndice.
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derecho a hogar seguro se entiende renunciado, en los casos donde

aplique el Código de Quiebras Federal, en cuyo caso aplicarán las

disposiciones de dicho Código. 31 LPRA §1858a (d).

       En resumen, a la fecha en que la apelada se opuso a la venta,

ya habían transcurrido los 30 días que la Ley de Protección del

Hogar concede para solicitar su beneficio. Si bien la apelada logró

paralizar la ejecución de la venta mediante la Quiebra, escogió

desistir de la misma para proteger su propiedad ante la

imposibilidad de acogerse a la Ley de Protección del Hogar estando

en un proceso de quiebras. Entonces, la Ley no concede dos

términos, ni el desistimiento voluntario elimina los procesos

correctamente conducidos ante el foro primario, por lo que la

solicitud de protección en este caso no es oportuna, es tardía. El foro

recurrido erró en su determinación, por lo que deberá reestablecer

la orden de venta en pública subasta del bien inmueble objeto de

este recurso, conforme lo antes discutido.

       Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rivera García

v. Registradora, supra, págs. 640-641, estableció que el reclamo de

Hogar Seguro requiere la comparecencia de todos los titulares de la

propiedad.13 De las Certificaciones Registrales presentadas se

desprende que la propiedad objeto de esta controversia posee dos

titulares, la señora Nancy Negrón Cruz y el señor Frank Negrón

Cruz. No hay indicio alguno en el expediente que este último haya

comparecido ante el foro recurrido para consentir al reclamo de

Hogar Seguro. Debió el foro recurrido advertir dicha circunstancia

ante las implicaciones penales que tiene para la persona que intente

o logre inscribir a favor de otra persona, la protección de hogar

seguro, a la que ésta no tuviere derecho.14

13 Aun cuando la Asamblea Legislativa enmendó la Ley 195-2011 mediante la Ley

64-2018 para reiterar la protección al cónyuge supérstite contra embargo, sin la
comparecencia de herederos sujeto a ciertas circunstancias, no es la situación de
hechos que nos ocupa.
14 Artículo 10.-Penalidad por Inscripción Ilegal
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                                       IV

      Por las razones antes indicadas se revoca la Resolución

recurrida y se ordena al TPI continuar los trámites conforme a lo

aquí dispuesto.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones

      Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo
      de tres (3) años, toda persona que intente o logre inscribir en el
      Registro de la Propiedad la protección de hogar seguro en más de
      una finca de su propiedad o intente o logre inscribir a favor de otra
      persona la protección de hogar seguro, a la que ésta no tuviere
      derecho. Además, en los casos donde la persona se encuentre
      culpable de tal delito, ésta no tendrá derecho a hogar seguro sobre
      ninguna de las propiedades objeto de su actuación ilegal.

      Cuando el cónyuge supérstite inscriba a su favor la protección de
      hogar seguro sobre su residencia principal y concurra con algún
      heredero cotitular sobre la propiedad, no se considerará la
      inscripción en cuanto a dicho heredero para los propósitos de este
      Artículo, a menos que la propiedad constituya la residencia
      principal de éste. 31 LPRA §1858g.