Court Opinion

ID: 9952343
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:43:17.111211+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:57.520743
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL X

  AWILDA GONZÁLEZ CRUZ                              Apelación
                                                    procedente del
          Apelante                                  Tribunal de Primera
                                                    Instancia, Sala
                                                    Superior de Bayamón
              v.                 KLAN202301092
                                                    Civil Núm.:
                                                    GB2019CV01507 (505)
  PEDRO JOSÉ DE PEDRO
  MARTÍNEZ                                          Sobre:
                                                    Liquidación de
           Apelado                                  Comunidad de Bienes

 Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
 Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

 Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

        Comparece ante nos la señora Awilda González Cruz (señora

 González Cruz o apelante) mediante recurso de apelación y solicita

 la revisión de la Sentencia Parcial emitida y notificada el 25 de agosto

 de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

 Bayamón (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el TPI

 declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

 presentada por el señor Pedro José De Pedro Martínez (señor De

 Pedro Martínez o apelado). En consecuencia, el foro primario

 determinó     que     treinta   (30)    acciones   de    Refrigerama,   Inc.

 (Refrigerama) y treinta y seis (36) acciones de Empresas R&D de

 Puerto Rico, Inc. (Empresas R&D), fueron adquiridas por el señor

 De Pedro Martínez, mediante donación de su padre y, por lo tanto,

 son privativas.

        Por   los    fundamentos        que   exponemos    a   continuación,

 confirmamos el recurso presentado.

Número Identificador
SEN2024__________
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                                       I.

       Según surge del expediente ante nos, la señora González Cruz

y el señor De Pedro Martínez contrajeron matrimonio el 13 de

noviembre de 1971. Posteriormente, el 4 de marzo de 2019, el señor

De Pedro Martínez presentó demanda de divorcio por la causal de

ruptura irreparable ante el TPI. Consecuentemente, el 15 de julio de

2019, notificada el 23 de julio de 2019, el TPI emitió una Sentencia

mediante la cual decretó roto y disuelto el vínculo matrimonial.

       El 20 de noviembre de 2019, la señora González Cruz presentó

Demanda1 sobre liquidación de bienes contra el señor De Pedro

Martínez. En esencia, reclamó liquidar la comunidad de bienes

procedente de la extinta sociedad legal de gananciales compuesta

por la apelante y el apelado y desglosó los bienes en común entre

estos, incluyendo las acciones en las compañías Refrigerama y

Empresas R&D.

       El 4 de febrero de 2020, el señor De Pedro Martínez presentó

Contestación a Demanda y Reconvención2. En su contestación a

demanda, alegó afirmativamente que las acciones de Refrigerama y

Empresas R&D son privativas, así como los dividendos que fueron

declarados luego de la separación de las partes. En su reconvención,

adujo que tiene créditos a su favor, los cuales estima en una suma

no menos de $200,000.00.

       El 23 de febrero de 2020, la señora González Cruz presentó

su Contestación a Reconvención3 en la que negó la mayoría de las

alegaciones en su contra.

1 Apéndice del recurso, págs. 6-9.
2 Apéndice del recurso, págs. 14-24.
3 Apéndice del recurso, págs. 28-37.
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       Eventualmente, el 1 de diciembre de 2022, el señor De Pedro

Martínez presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial4, en la

cual abordó la controversia sobre si las 30 acciones de Refrigerama

y las 36 acciones de Empresas R&D eran de carácter privativo o

ganancial. En síntesis, adujo que dichas acciones las adquirió

mediante donación de su padre y, por ende, son privativas. El

apelado acompañó su moción con varios documentos corporativos e

incluyó una Certificación de Cancelación de Gravamen emitida por

el Departamento de Hacienda de Puerto Rico el 31 de diciembre de

2003 con un anejo en el que se detalla la donación de treinta y seis

(36) acciones de Empresas R&D y treinta (30) acciones de

Refrigerama, ambas de parte del señor Raúl De Pedro Villamil a favor

de su hijo, el señor De Pedro Martínez5.

       Por su parte, el 21 de diciembre de 2022, la señora González

Cruz presentó una Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria

Parcial6. Argumentó que el apelado no probó la inexistencia de

controversias de hecho y de derecho que demuestren el carácter

privativo de las acciones adquiridas durante el matrimonio.

       El 24 de enero de 2023, el señor De Pedro Martínez presentó

Réplica a “Oposición A Moción Solicitando Sentencia Sumaria

Parcial7. Adujo que la apelante no cumplió con las exigencias y

requisitos que establece la Regla 36.3 de Procedimiento Civil8 y la

jurisprudencia en cuanto a la oposición a una moción de sentencia

sumaria. Además, el apelado reiteró su planteamiento respecto a

que las acciones en controversia son privativas. El 13 de febrero de

2023, la señora González Cruz presentó una Dúplica y Oposición a

Réplica a Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria9. En

4 Apéndice del recurso, págs. 56-94.
5 Apéndice del recurso, págs. 69-71.
6 Apéndice del recurso, págs. 95-183.
7 Apéndice del recurso, págs. 187-216.
8 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.
9 Apéndice del recurso, págs. 222-242.
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síntesis, sostuvo que la prueba presentada por el apelado no derrota

la presunción de ganancialidad de las acciones, por lo que procede

declarar no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial.

       Evaluadas las mociones presentadas por las partes, el 25 de

agosto de 2023, el foro primario emitió y notificó Sentencia Parcial10,

en la cual declaró “Ha Lugar” la sentencia sumaria parcial

presentada por el señor De Pedro Martínez y estableció las

siguientes determinaciones de hechos:

       1. Refrigerama, Inc. es una corporación registrada bajo las
           leyes de Puerto Rico, el 25 de septiembre de 1959.
       2. Empresas R & D de Puerto Rico, Inc., es una corporación
           registrada bajo las leyes de Puerto Rico, el 1 de noviembre
           de 1996.
       3. Las partes de epígrafe contrajeron nupcias el 13 de
           noviembre de 1971, bajo el régimen de Sociedad Legal de
           Bienes Gananciales.
       4. Durante el matrimonio, las partes adquirieron bienes y
           deudas con cargo a la Sociedad Legal de Bienes
           Gananciales.
       5. El 30 de junio de 1999, el Sr. Pedro De Pedro Martínez,
           adquirió 30 acciones de Refrigerama por vía de donación.
       6. Además, el 30 de junio de 1999, el Sr. Pedro De Pedro
           Martínez, adquirió 36 acciones de Empresas R & D de
           Puerto Rico, Inc., por vía de donación.
       7. El 23 de julio de 2019, el tribunal notificó la Sentencia
           emitida el 15 de julio de 2019, mediante la cual declaró
           roto y disuelto el vínculo matrimonial habido entre el Sr.
           Pedro De Pedro Martínez y doña Awilda González.
       8. En marzo del 2020, Refrigerama declaró dividendos a favor
           de varios accionistas, incluyendo al Sr. Pedro De Pedro
           Martínez, por 52 acciones, a razón de $2,252.25 por
           acción.
       9. Conforme la certificación bajo juramento provista por
           Refrigerama, así como sus respectivos anejos, el Sr. Pedro
           De Pedro Martínez es titular de una cantidad mayor de
           30 acciones de Refrigerama.
       10. En marzo del 2020, Empresas R & D declaró dividendos
           por 63 acciones a favor del Sr. Pedro De Pedro Martínez,
           a razón de $1,111.11 por acción.
       11. Conforme la certificación bajo juramento, provista por
           Empresas R & D, el Sr. Pedro De Pedro Martínez es titular
           de una cantidad mayor de 36 acciones de Empresas R &
           D.
       12. Refrigerama y Empresas R & D han consignado en el
           Tribunal de Puerto Rico varias sumas de dinero, producto
           del pago de dividendos de cada una de dichas entidades.
       13. Durante el presente pleito, la parte demandante-
           reconvenida se ha negado a reconocer que las acciones
           aquí identificadas son privativas del Sr. Pedro De Pedro
           Martínez.

       En desacuerdo con la determinación, el 8 de septiembre de

2023, la señora González Cruz presentó una Moción Solicitando

10 Apéndice del recurso, págs. 246-255.
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Reconsideración a Sentencia Sumaria Parcial11. El 3 de noviembre de

2023, el señor De Pedro Martínez compareció mediante Oposición a

Moción de Reconsideración12. En vista de lo anterior, el 7 de

noviembre de 2023, el TPI emitió una Resolución y Orden13 en la que

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.

       Inconforme aún, el 6 de diciembre de 2023, la señora González

Cruz presentó el recurso de Apelación que nos ocupa, en el cual

imputó al TPI la comisión del siguiente error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia
       Sumaria Parcial declarando que las acciones de las
       Empresas Refrigerama y Empresas R&D son de carácter
       privativo del demandado recurrido.

       El 8 de enero de 2024, el señor De Pedro Martínez compareció

mediante Alegato en Oposición a Apelación Civil. Con el beneficio de

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

                                       II.

                                       -A-

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias

ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y

discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una

controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar

el derecho14. En términos generales, al dictar sentencia sumaria, el

tribunal deberá hacer lo siguiente:

       (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de
       sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en
       oposición, así como aquellos que obren en el expediente del
       tribunal;

       (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún
       hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda
       que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna
       por los documentos15.

       Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia

sumaria      cuando      existan      hechos     materiales   y   esenciales

11 Apéndice del recurso, págs. 256-268.
12 Apéndice del recurso, págs. 269-285.
13 Apéndice del recurso, págs. 1-2.
14 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 39 (2004).
15 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).
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controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la demanda

que no han sido refutadas; cuando surja de los propios documentos

que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho

material y esencial, o cuando como cuestión de derecho, no

procede16. La sentencia sumaria se puede dictar a favor o en contra

de la parte que la solicita, según proceda en Derecho17.

         Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante

sí documentos no controvertidos18. Es importante mencionar que,

este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de

Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia

sumaria19.

         Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al

atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes:

         1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que
            la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la
            jurisprudencia le exigen al foro primario;

         2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como
            su oposición cumplan con los requisitos de forma
            codificados en la referida Regla 36, supra;

         3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
            controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
            la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
            exponer concretamente cuáles hechos materiales
            encontró que están en controversia y cuáles están
            incontrovertidos;

         4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
            incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
            Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
            Derecho a la controversia20.

                                        -B-

         En nuestro ordenamiento jurídico, la donación es un acto de

liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una

16 Íd., págs. 333-334.
17 Maldonado v. Cruz, supra, pág. 39.
18 Íd.
19 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679 (2018).
20 Íd.
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cosa a favor de otra que la acepta21. En general, se clasifican en

donaciones entre vivos (inter vivos) o por causa de muerte (mortis

causa), según el momento en que surten efectos jurídicos22.

       Las donaciones entre vivos pueden ser de tres clases, entre

ellas, la donación puramente graciosa o la que se hace sin condición

y por mera liberalidad; la onerosa, o aquella en que se impone al

donatario un gravamen sobre el valor de lo donado y la

remuneratoria o la que se hace a una persona por sus méritos o por

los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan

deudas exigibles23.

       La donación de un bien mueble no requiere formalidades. Sin

embargo, la donación de un bien inmueble tiene que hacerse en

escritura pública para que sea válida24. La aceptación podrá hacerse

en la misma escritura de donación o en otra separada, pero no

surtirá efecto si no se hace en vida del donante25.

                                      -C-

       Al contraer matrimonio, los esposos determinan el régimen

económico que regirá su matrimonio26. De acuerdo con el Art. 1267

del Código Civil de Puerto Rico de 1930, a los matrimonios les aplica

el régimen económico de sociedad legal de gananciales, salvo que

existan capitulaciones matrimoniales27. Se reputan gananciales

todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que

pertenecen privativamente al marido o a la mujer28. El carácter

ganancial de los bienes obtenidos durante el matrimonio es

21 Art. 558 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1981. El referido Código

Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue
derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.,
aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, con
vigencia desde el 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, para propósitos de la
adjudicación de este recurso, citamos el Código Civil derogado debido a que los
hechos en controversia surgieron durante su vigencia.
22 Art. 559 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1982.
23 Art. 560 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1983.
24 Art. 575 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2010.
25 Íd.
26 Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 92-93 (2011).
27 31 LPRA ant. sec. 3551.
28 31 LPRA ant. sec. 3647.
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controvertible. La parte que alegue el carácter privativo de

determinado bien tendrá el peso de la prueba para derrotar

presunción iuris tantum de ganancialidad29.

       Durante la existencia de la sociedad legal de gananciales,

ambos cónyuges son codueños y administradores de la totalidad del

patrimonio matrimonial30. Se reconocen como bienes gananciales:

(1) los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa

del caudal común para la comunidad o para uno solo de los esposos,

(2) los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges

o de cualquiera de ellos y (3) los frutos, rentas o interés percibidos

o devengados durante la vigencia del matrimonio procedente de los

bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges31.

       El Código Civil de Puerto Rico de 1930 establece que el

régimen de bienes gananciales puede coexistir con el patrimonio

individual de cada cónyuge. Así pues, el Art. 1299 del referido

Código, dispone que son bienes propios de cada uno de los

cónyuges: (1) los que aporte al matrimonio como de su pertenencia,

(2) los que adquiere durante el matrimonio a título lucrativo, bien

sea por donación, legado o herencia, (3) los adquiridos por derecho

de retracto o por permuta con otros bienes pertenecientes a uno solo

de los cónyuges, y (4) aquellos bienes comprados con dinero

exclusivo de un cónyuge particular32.

       La disolución del matrimonio trae consigo el nacimiento de

una comunidad ordinaria de bienes entre los excónyuges,

compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial. Ambos

participarán en la comunidad en partes iguales, mediante cuotas

independientes, alienables y homogéneas. Los excónyuges poseen

una cuota abstracta, independiente y alienable y tendrán el derecho

29 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 980 (2010).
30 SLG Báez-Casanova v. Fernández, 193 DPR 192, 197 (2015); Montalván v.
Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004).
31 Art. 1301 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3641.
32 31 LPRA ant. sec. 3631.
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a intervenir en la administración de la comunidad y a pedir su

división. A esta comunidad también se le conoce como comunidad

postganancial33.

                                     -D-

       Conforme al Artículo 6.01 de la Ley Núm. 144 de 9 de agosto

de 1995, conocida como la Ley General de Corporaciones de 1995

(Ley Núm. 144-1995)34, el título de propiedad de las acciones podrá

ser traspasado únicamente:

       a) mediante la entrega del certificado endosado en blanco
       o a favor de persona determinada, por el dueño de las
       acciones según conste en el certificado que las
       representa.

       b) mediante la entrega del certificado y de documento aparte
       en el cual conste la cesión del certificado o un poder para
       vender, ceder o traspasar el certificado o las acciones que
       representa, documento que será firmado por el dueño de las
       acciones según conste en el certificado que las representa.
       La cesión o el poder podrá ser en blanco o a favor de persona
       determinada.

       c) en caso de acciones sin certificado, por inscripción del
       traspaso en los libros de la corporación realizada por un
       oficial registrador o agente de traspaso designado por la
       corporación para dicho propósito.35 (Énfasis nuestro).

       La condición de accionista de una corporación es de carácter

fungible. Un accionista puede sustituirse por otro con la simple

transmisión de las acciones, pues éstas son una expresión de la

condición jurídica del accionista y de los derechos que la misma

confiere sobre la corporación36.

                                     -E-

       La Regla 804 de las Reglas de Evidencia, establece que “[s]alvo

que de otra manera se disponga por ley, no será admisible prueba

de referencia, sino de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.

33 Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 532-533 (2009); Montalván v.

Rodríguez, 161 DPR 411, 421 (2004); Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160
DPR 289, 305-306 (2003).
34 La Ley Núm. 144-1995 fue derogada por la Ley Núm. 164 de 16 de diciembre

de 2009, según enmendada, 14 LPRA sec. 3501 et seq. Sin embargo, para
propósitos de la adjudicación de este recurso, citamos dicha norma debido a que
los hechos en controversia surgieron durante su vigencia.
35 14 LPRA ant. sec. 2851.
36 C. Díaz Olivo, Corporaciones, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., Mayagüez,

Puerto Rico, 1999, pág. 151.
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Esta regla se denominará Regla de prueba de referencia.”37. Como

norma general, este tipo de prueba es inadmisible38. No obstante,

las Reglas de Evidencia reconocen una serie de excepciones a esta

regla con el fin de permitir su admisibilidad durante un juicio. Ese

es el caso de los récords de actividades de negocio que se realizan

con regularidad. Al respecto, la Regla 805 de las Reglas de

Evidencia, supra, dispone lo siguiente:

       Aun cuando la persona declarante esté disponible como
       testigo, una declaración no estará sujeta a la regla general
       de exclusión de prueba de referencia en las siguientes
       circunstancias:

       […]

       (F) Récords de actividades que se realizan con regularidad:
       Un escrito, informe, récord, memorando o compilación de
       datos -en cualquier forma- relativo a actos, sucesos,
       condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan
       preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron,
       por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos,
       o mediante información transmitida por ésta, si dichos
       récords se efectuaron en el curso de una actividad de
       negocios realizada con regularidad, y si la preparación de
       dicho escrito, informe, récord, memorando o compilación de
       datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de
       negocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o
       de alguna otra persona testigo cualificada, o según se
       demuestre mediante una certificación que cumpla con las
       disposiciones de la Regla 902(K) o con algún estatuto que
       permita dicha certificación, a menos que la fuente de
       información, el método o las circunstancias de su
       preparación inspiren falta de confiabilidad. El término
       negocio, según se utiliza en este inciso, incluye, además de
       negocio propiamente, una actividad gubernamental y todo
       tipo de institución, asociación, profesión, ocupación y
       vocación, con o sin fines de lucro.39

37 32 LPRA Ap. VI, R. 804.
38 Pueblo v. Zeno Torres, 211 DPR 1, (2022).
39 32 LPRA Ap. VI, R. 805. La Regla 902(k) de las Reglas de Evidencia, supra,
dispone lo siguiente:
       No se requerirá evidencia extrínseca de autenticación como condición
       previa a la admisibilidad de:
       (A) Documentos reconocidos
           Documentos acompañados de un certificado de reconocimiento o de
       prueba, si el certificado cumple con los requisitos pertinentes en ley
       relativos a certificaciones, particularmente con las disposiciones sobre
       derecho notarial.
       (B) Documentos públicos bajo sello oficial.
           Documentos bajo sello si éste aparenta ser el sello oficial de:
          (1) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
          (2) los Estados Unidos de América;
          (3) un estado, territorio o posesión de los Estados Unidos de América, o
          (4) un departamento, agencia pública, corporación pública o
          funcionario de cualquiera de las entidades enumeradas en las cláusulas
          (1), (2) y (3) de este inciso. Dichos documentos deben estar firmados por
          la persona que aparenta ser la que los otorga.
       (C) Documentos públicos firmados por funcionarios
           Documentos -aunque no estén bajo sello- presuntamente firmados en
       su capacidad oficial por una persona que es funcionaria de cualquiera de
KLAN202301092                                                                   11

       Al comparar la Regla 805 (f) de Evidencia, supra con su

predecesora, Regla 65 (F)40, comenta el profesor E.L. Chiesa Aponte

que “[u]n cambio importante ... es que ya no es absolutamente

necesario el testimonio del custodio de los récords u otro testigo que

declare para autenticarlos y explicar el momento y método de su

preparación. Ahora, tal testimonio puede ser sustituido con ‘una

certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) o

con algún estatuto que permita dicha certificación’41.

                                       III.

       Tras una revisión cuidadosa del expediente ante nuestra

consideración, colegimos que la Oposición a Moción Solicitando

Sentencia Sumaria Parcial42, presentada por la señora González

Cruz, no cumple con los requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento

Civil43. La señora González Cruz no realizó una relación concisa y

detallada de los hechos esenciales y pertinentes que están

controvertidos, ni acompañó prueba admisible que sostuviera los

mismos. La apelante se limitó a indicar los hechos que entendía que

estaban en controversia o necesitaban aclaración sin señalar ni

identificar la evidencia que sustenta sus argumentos.

       Como bien indicó el foro primario, la apelante se limitó a

“incluir en su moción de oposición una lista alternativa de trece (13)

hechos que, según su criterio, no estaban en controversia…”44.

       Ahora bien, según mencionamos anteriormente, si la parte

opositora no cumple con los requisitos de la Regla 36.3(b) de

Procedimiento Civil, supra, no procede conceder el remedio

        las entidades enumeradas en los subincisos (1), (2) y (3) del apartado (B)
        de esta Regla, siempre que tales documentos sean acompañados por una
        certificación bajo sello expedida por la persona que en calidad de
        funcionaria competente da fe de que la firma es genuina y de que es la
        funcionaria con capacidad oficial para firmar los documentos.
        […].
40 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010).
41 E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs.

JTS, 2009, pág. 261.
42 Apéndice del recurso, págs. 95-183.
43 32 LPRA Ap. V, R 36.3.
44 Apéndice del recurso, págs. 96-98.
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solicitado de forma automática, pues es necesario evaluar si existe

una controversia sobre algún hecho material45. Veamos.

         En lo referente a la presente controversia, la señora González

Cruz señala en su recurso un solo error cometido por el TPI. En

esencia, arguye que incidió el foro primario al determinar que las

acciones de Refrigerama y Empresas R&D son de carácter privativo.

Alega que, conforme al Art. 1307 del Código Civil de 1930, “se

reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se

pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer”46.

Además, señala que el documento de la cancelación de gravamen

contributivo es meramente un requisito del Departamento de

Hacienda para cobrar aquellos gravámenes a favor del Gobierno de

Puerto Rico y no para establecer la naturaleza con la que se llevó a

cabo dicha donación o transferencia.

         No cabe duda de que bajo nuestro ordenamiento jurídico

existe una presunción iuris tantum de ganancialidad47. No obstante,

la naturaleza ganancial de los bienes adquiridos durante la vigencia

del matrimonio es controvertible48. Esta presunción puede ser

rebatida por la parte que alega que esos bienes son privativos49. La

parte que alegue el carácter privativo de determinado bien tendrá el

peso de la prueba para derrotar esta presunción de ganancialidad50.

         La Regla 302 de las Reglas de Evidencia51 dispone lo siguiente

sobre el efecto de las presunciones en casos civiles:

                En una acción civil, una presunción impone a la parte
         contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba
         para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la
         parte contra la cual se establece la presunción no ofrece
         evidencia para demostrar la inexistencia del hecho
         presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar la
         existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo de
         la determinación de la inexistencia de tal hecho, la parte que
         interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien juzga

45 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 137 (2015).
46 31 LPRA ant. sec. 3647.
47 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, 980.
48 Íd. 982.
49 Íd.
50 Íd.
51 32 LPRA Ap. VI, R. 302.
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       de que es más probable la inexistencia que la existencia del
       hecho presumido.

       Así pues, nos corresponde evaluar la prueba presentada por

el señor De Pedro Martínez, quien intenta impugnar la presunción

de ganancialidad de las acciones en controversia. Surge del

expediente que la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial52 estuvo

acompañada de once (11) anejos. Los documentos pertinentes a la

controversia ante nuestra consideración son:

       1. Certificación emitida por el Departamento de Hacienda
          con fecha del 1 de diciembre de 2021 en el cual se
          certifica que el documento que se acompaña es una copia
          fiel y exacta del Certificado de Cancelación de Gravamen
          expedido en el caso número 0364436300008 del
          causante o donante De Pedro Villamil Raúl. Copia
          adjunta de Certificación de Cancelación de Gravamen con
          fecha del 31 de diciembre de 2003, el cual incluye Anejo
          A sobre el detalle de las donaciones del 30 de junio de
          1999, en la cual se describe que al señor De Pedro
          Martínez le fueron donadas treinta y seis (36) acciones de
          Empresas R&D y treinta (30) acciones de Refrigerama53.

       2. Declaración Jurada del señor De Pedro Martínez con
          fecha de 1 de diciembre de 202254.

       3. Certificado Núm. 42 emitido el 30 de junio de 1999 por
          Refrigerama, en el cual se certifica que el señor De Pedro
          Martínez es titular registrado de treinta (30) acciones55.

       4. Certificado Núm. 12 emitido el 30 de junio de 1999 por
          Empresas R&D, en el cual se certifica que el señor De
          Pedro Martínez es titular registrado de treinta y seis (36)
          acciones56.

       Apuntalamos que la prueba presentada por el apelado es

suficiente para determinar la inexistencia de la presunción de

ganancialidad57. Concluimos que los hechos incontrovertidos del

presente caso demuestran que las treinta (30) acciones de

Refrigerama y las treinta y seis (36) acciones de Empresas R&D

fueron adquiridas por el señor De Pedro Martínez mediante

52 Apéndice del recurso, págs. 56-94.
53 Apéndice del recurso, págs. 69-71.
54 Apéndice del recurso, págs. 72-73.
55 Apéndice del recurso, pág. 75.
56 Apéndice del recurso, págs. 76-77.
57 Véase, Regla 110(F) de las Reglas de Evidencia, la cual dispone como sigue:

   (F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará
   mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad,
   a menos que exista disposición al contrario. En los casos criminales, la
   culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más allá de duda
   razonable.” 32 LPRA, Ap. VI, R. 110(F).
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donación de su padre, por tanto, las mismas se reputan privativas.

Como bien resolvió el foro primario, la señora González Cruz “no

tiene derecho a reclamar sobre los dividendos que se hayan

declarado y/o pagados en base a estas acciones con posterioridad al

divorcio, entre las partes”58. Por tanto, resolvemos que el TPI no

cometió el error imputado por la apelante.

                                      IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

sentencia apelada.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

58 Apéndice del recurso, págs. 254-255.