Court Opinion

ID: 9896826
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:22:48.085988+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:17.606944
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                CERTIORARI
                                                procedente del
CARLOS AYALA TORRES                             Tribunal de
                                                Primera
Peticionario                                    Instancia, Sala
                                                Superior de
            v.                    KLCE202300871 Aguadilla
JULIA PORTELA
Recurrida                                            Civil Núm.:
                                                     A CU 2010-0236

                                                     Sobre:
                                                     Relaciones Filiales

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

      El señor Carlos Gerardo Ayala Torres (señor Ayala Torres o

peticionario) comparece ante nos mediante Petición de Certiorari y

solicita que revoquemos la Orden notificada el 7 de julio de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de

Aguadilla. Mediante la misma, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud

Reiterando Solicitud de Notificación de Minuta como Resolución del

peticionario.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                  I.

      Según surge del expediente, el señor Ayala Torres y la señora

Delilah Feliciano Portela     (señora Feliciano Portela)      son los

progenitores de CAF y DAF. Mediante Resolución de 13 de julio de

2007, las partes acordaron compartir la custodia de los menores con

su abuela materna, la señora Julia Portela Torres. Ello, con

propósito de que estos se beneficiaran de poder estudiar en una

Número Identificador
RES2023 ______________
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escuela con acceso limitado en la cual laboraba la señora Portela

Torres. En el 2011, el TPI dictó Sentencia en la cual se establecieron

las relaciones paternofiliales y la pensión alimentaria acordada por

las partes.

      Tras varios trámites procesales, el 27 de abril de 2021, la

señora Feliciano Portela instó una Moción en Solicitud de Revisión de

Pensión. En esta, requirió que se refiriera el caso al Examinador de

Pensiones Alimentarias (EPA) para que se revisara la pensión

alimentaria de sus hijos. El EPA pautó una vista para el 11 de marzo

de 2022, pero el señor Ayala Torres se opuso. Lo anterior, bajo en

fundamento de que, debido a que la abuela de los menores asumió

la custodia y gastos de éstos, era necesario que se le brindara la

información relacionada a los ingresos de la señora Portela Torres.

Aseveró que la Panilla de Información Personal Económica de la

abuela de sus hijos era indispensable para el cómputo que en su día

se realizara relacionado a la pensión alimentaria.

      A raíz de lo anterior, el 17 de mayo de 2022, el TPI dictó

Resolución, mediante la cual estableció que la información de los

ingresos de la señora Portela Torres no eran pertinentes a la

controversia del caso de referencia, toda vez que esta no era la

persona llamada legalmente a proveer alimentos a los menores, esto

por no ser la madre con patria potestad. El Tribunal subrayó que los

llamados a proveer alimentos a los menores eran sus padres,

independientemente de que hayan decidido compartir la custodia a

los únicos efectos de que pudieran matricularse en una escuela

particular.

      Celebrada la vista de revisión de pensión alimentaria, a la cual

comparecieron ambas partes con sus respectivas representaciones

legales, el 1 de agosto de 2022, el EPA emitió su Informe Especial y

Recomendaciones de Pensión Final. En este incluyó las siguientes

determinaciones de hecho:
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    1. Las partes procrearon 2 menores de edad que tienen
       19 y 15 años, quienes se encuentran bajo la custodia
       de la madre.
    2. El salario neto del demandante producto de su
       empleo a tiempo completo, y tomando en
       consideración el talonario de empleo presentado
       mediante moción del 18 de febrero de 2022 es de
       $2,214.89 mensual, lo cual representa un 46.538 de
       los gastos del menor.
    3. El salario neto de la demandada Sra. Feliciano
       Portela madre con patria potestad es de $2,614.00
       mensual, 10 cual representa un 53.47% de los
       gastos de los menores. Adicional al ingreso regular
       de la demandada producto de su empleo a tiempo
       completo se le dio credibilidad a un ingreso adicional
       de $300.00 mensuales producto de las gestiones que
       realiza a favor de su unión laboral. Si bien la
       demandada testificó que esta realiza entre 1 a 3
       viajes mensuales para atender asuntos de la unión,
       no se desfiló prueba específica de los gastos por
       concepto de dichos viajes. En ausencia de esa
       prueba no estamos en posición de determinar qué
       cantidad específica si alguna que pudiera
       representar un reembolso. Por otro Lado, el
       testimonio de la demandada estableció que esta
       recibe la cuantía mensualmente.
    4. Existe un gasto de vivienda por concepto de alquiler
       de $810.00 mensuales donde viven 3 personas en la
       residencia.
    5. Los menores se encuentran inscritos en un plan
       médico a través de la abuela materna la Sra. Portela.
    6. No es un hecho en controversia que el menor de 19
       años es estudiante universitario en la Universidad de
       Fordham en los Estados Unidos.

    El EPA recomendó al Tribunal lo siguiente:

    1. El demandante pagará la cantidad de $577.93
       mensual por concepto de pensión alimentaria
       básica, pagará además la cantidad de $251.27 por
       concepto de pensión suplementaria de vivienda,
       para un total de $829.20 mensuales por concepto de
       pensión alimentaria, efectivo 27 de abril de 2022.
    2. Esta cantidad deberá pagarla a través del
       Administrador de ASUME. Las partes deberán
       acudir a la agencia para abrir la cuenta y/o hacer el
       ajuste correspondiente.
    3. Se recomienda al Tribunal ordenar a la secretaria
       notificar su determinación a la Administración de
       Sustento de Menores.
    4. Se ordene al demandante no-custodio pagar el
       balance adeudado por concepto de retroactividad, el
       cual se calcula de la siguiente manera:
          a. mayo a julio 2021: El demandante adeuda la
              cantidad de $1,287.60.
          b. agosto 2021 a julio 2022: El demandante
              adeuda la cantidad de $3,950.40.
    5. En total el retroactivo asciende a la suma de
       $5,238.00. Se recomienda un plan de pago a razón
       de $218.25 mensuales por 24 meses hasta el saldo
       total de la deuda. Este retroactivo es independiente
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         de cualquier deuda de alimentos que pueda tener ya
         vencida en la ASUME.
      6. El demandante no-custodio responderá del 46.53%
         de los gastos escolares y de los gastos universitarios
         de los menores no cubiertos por las ayudas
         económicas de estos. La demandada deberá
         informar al demandante de las ayudas
         económicas recibidas por el menor según las
         certifique la institución académica y las agencias
         pertinentes, presentará además las facturas de
         aquellos gastos certificados por la institución
         académica y no cubiertos por dichas ayudas. Las
         facturas se presentarán en el término de 15 días
         luego de lo cual el demandante tendrá 15 días para
         el pago. Esta recomendación está sujeta a lo que el
         tribunal determine en cuanto una controversia sobre
         el ejercicio de la patria potestad alegada por la parte
         demandante.
      7. El demandante responderá en un 46.53% de los
         gastos médicos no cubiertos por el plan médico,
         previa presentación de evidencia en un término de
         15 días luego de lo cual tendrá 15 días para el pago.
         Informan las partes que los menores se encuentran
         inscritos en un plan médico a través de la Sra.
         Portela.
      8. Se recomienda la suma de $500.00 por concepto de
         honorarios de abogado, a ser pagados por el
         demandado no-custodio en un término de 30 días.

      Consecuentemente, el foro primario dictó Resolución, en la

cual aprobó las recomendaciones del EPA. Se le advirtió al señor

Ayala Torres que podría ser encontrado incurso en desacato de no

cumplir con el pago de la pensión alimentaria. A su vez, el Tribunal

advirtió a las partes que la pensión sería revisable luego del paso de

los tres (3) años desde la fecha de la Resolución o por un cambio

sustancial en sus circunstancias.

      Insatisfecho, el señor Ayala Torres incoó una Urgente Solicitud

de Reconsideración. En lo pertinente, argumentó lo siguiente: (1) que

nunca fue notificado de la universidad a la cual sería matriculado

su hijo CAF, aun cuando, tanto la señora Feliciano Portela, como la

señora Portela Torres conocían su precaria situación económica. A

esos efectos, alegó que, tratándose de una decisión unilateral no

podía ser responsable por los gastos inherentes por dicho concepto.

Añadió que: (2) el EPA determinó que, conforme la pensión

alimentaria establecida, surgía un retroactivo de $5,238.00, el cual
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recomendó que fuera satisfecho a razón de $218.25, por un término

de 24 meses. Al respecto, esbozó que, de cumplir con lo anterior,

contaría   exclusivamente    con   $760.00    para    sufragar     sus

obligaciones económicas y poder subsistir. Así, solicitó al TPI que

ajustara el plan de pago, a razón de $87.30 por espacio de 60 meses.

Además, reiteró que la señora Portela Torres era una parte

indispensable en el pleito de autos.

      Mediante Resolución dictada el 22 de agosto de 2022, el foro

a quo denegó el petitorio del señor Ayala Torres. El tribunal expuso

que no surgía del escrito fundamento o alegación alguna por la cual

el señor Ayala Torres se oponía o estuviera en desacuerdo con la

universidad a la que asiste su hijo. Añadió que tampoco surgía

argumento alguno que estableciera que la universidad que se eligió

para el menor no redundaba en su beneficio. Así, determinó que

existía ausencia total en las alegaciones de la moción en cuanto a

alternativa alguna de a qué universidad estaría asistiendo el menor

si fuera removido de la universidad a la que asiste actualmente.

      Por otro lado, el tribunal explicó que no incluyó como parte de

la pensión mensual recurrente gasto alguno relacionado a la

universidad del menor, sino que el señor Ayala Torres respondiera

en el 46.53% de los gastos universitarios de CAF que no fueran

cubiertos por las ayudas económicas. El TPI expresó que además se

ordenó que la señora Feliciano Portela debía informarle al padre de

sus hijos de las ayudas económicas recibidas por el menor, según

las certificara la institución académica y las agencias pertinentes,

luego lo cual se presentarían las facturas de aquellos gastos no

cubiertos por las ayudas. En esa dirección, el foro de instancia

aclaró que, una vez se presentaran dichas facturas, el señor Ayala

Torres tendría la oportunidad de solicitar los remedios que establece

la ley, de entender que las mismas no eran necesarias a la luz de los

gastos de su hijo o irrazonables a la luz de su condición económica.
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         El 1 de diciembre de 2022, la señora Feliciano Portela

presentó una Moción en Solicitud de Desacato. Arguyó que, a dicha

fecha,     el   señor   Ayala   Torres   no   había   realizado   el   pago

correspondiente al 46.53% de los gastos escolares de los menores y

los gastos universitarios no cubiertos por las ayudas económicas

recibidas. Por lo anterior, requirió al TPI que citara a una vista de

desacato e impusiera $500.00 por concepto de honorarios de

abogado. El señor Ayala Torres se opuso al petitorio de desacato

Alegó que hizo múltiples acercamientos a la madre de los menores

para que se le brindara información relacionada a los beneficios que

recibe CAF en la universidad, sin éxito. Añadió que, tanto la abuela,

como la madre de los menores escondían información sobre los

aludidos beneficios. Apuntaló que se encontraba en una situación

económica sumamente delicada, pues el dinero que generaba

apenas le alcanzaba para vivir. Argumentó que le parecía un fracaso

de la justicia tener que cubrir gastos que no le fueron consultados,

aun cuando su hijo universitario recibía beneficios sustanciales.

Así, solicitó al Tribunal que ordenara a la señora Feliciano Portela y

la señora Portela Torres proveer un desglose de todos los beneficios

y ayudas que recibe el menor previo a tener que emitir cualquier

pago.

         El 13 de abril de 2023 se celebró una vista de desacato de

alimentos, a la cual comparecieron las partes representadas por sus

abogados. La representación legal del señor Ayala Torres argumentó

sobre los ingresos y gastos de su representado y que se activara la

reserva para el prorrateo, por entender que esta no fue aplicada en

la Resolución emitida el 2 de agosto de 2022.

         El 24 de abril de 2023, el señor Ayala Torres solicitó al TPI la

notificación de la Minuta como Resolución debido a su interés de

acudir ante este Foro. Consiguientemente, el tribunal de instancia

notificó una Minuta-Resolución el 2 de junio de 2023, en la cual hizo
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constar que le trajeron a su atención asuntos que fueron

previamente juzgados y, además, “ya transcurrió el término de 30

días para acudir al Tribunal Apelativo…”. Manifestó que, si existía

un cambio en las circunstancias del caso, procedería la modificación

de la pensión alimentaria. Aclaró que la reserva fue aplicada en la

Resolución. Además, el tribunal expresó lo siguiente:

            El tribunal concedió un término de 45 días para
      un abono de $2,000.00. Se conceden tres meses
      adicionales para el pago del balance de $2,005.68.

             Se imponen $250 de honorarios de abogado por
      la presente vista. Luego de acreditar $100 de honorarios
      de abogado recibidos hoy en corte abierta, el balance
      quedaría en $650. Se concede un término de 45 días
      para el pago.

           De ser necesario, la licenciada Rodríguez
      someterá proyecto de orden a la universidad.

      Posteriormente, el señor Ayala Torres instó otra solicitud

notificación de Minuta como Resolución. En esta, insistió que el caso

debía ser referido a la EPA y que la señora Portela Torres era parte

esencial en el caso, por lo cual debía ser incluida. Esbozó que la

Minuta-Resolución    notificada   por   el   foro   primario   recogió

parcialmente lo ocurrido en la vista de desacato, más de esta surgía

que no se atendieron todas sus peticiones. El 7 de julio de 2023, el

TPI notificó la Orden que hoy revisamos, mediante la cual denegó lo

solicitado por el señor Ayala Torres.

      Inconforme, el señor Ayala Torres compareció ante este

Tribunal en recurso de certiorari. En su escrito le imputó al TPI la

comisión de los siguientes errores:

      Primer Error: Erró el TPI al no ordenar a la parte
      recurrida, en cumplimiento con su propia Resolución, a
      documentar todo lo solicitado y relacionado a los
      estudios universitarios del menor CAF, en la
      Universidad de Fordham en el Estado de New York.

      Segundo Error: Erró el TPI al no incluir a la recurrida
      Portela Torres, empleada federal, persona con custodia
      legal de los menores en los procesos para establecer una
      pensión alimentaria aun cuando esta, entre otras cosas,
      provee plan médico a los menores.
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      Tercer Error: Erró el TPI al no referir el caso para una
      modificación de pensión alimentaria a la Examinadora
      de    Pensiones    Alimentarias.     Considerando      la
      incapacidad económica del peticionario Ayala Torres y
      los exorbitantes e irrazonables supuestos gastos del
      menor.

      El 5 septiembre de 2023, la señora Feliciano Portela presentó

su alegato en oposición.

      Mediante   Resolución   del      26   de   septiembre   de   2023,

ordenamos al Hon. Eric M. Ruiz Pérez, juez del Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Agudilla, fundamentar la decisión recurrida, a

tenor con la Regla 83.1 del Reglamento el Tribunal de Apelaciones.

El 2 de octubre de 2023, notificada el 4 del mismo mes y año, el TPI

dictó Resolución, cumpliendo así con lo ordenado. En esta, el foro

primario enfatizó que cualquier cambio en las circunstancias de las

partes que no haya estado presente en dichas instancias [2022], sí

podría ser objeto de una modificación de la pensión alimentaria.

      Así las cosas, procedemos a resolver.

                                 II.

                                 A.

      El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v.

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.

Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);
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Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).1 Entre ellos se

encuentran los casos de relaciones de familia.

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

       Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causan un fraccionamiento indebido del
           pleito y una dilación indeseable en la solución final
           del litigio.

1 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.
           4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

       Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas, por lo que le compete

a la parte que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González,

149 DPR 859, 866 (1999).

                                        B.

       Sabido es que los casos relacionados con los alimentos de los

menores están revestidos del más alto interés público y que, en

estos, el norte siempre es el bienestar del menor. Díaz Rodríguez v.

García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022); Toro Sotomayor v. Colón

Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62

(2001); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 572 (1999).

La Constitución de Puerto Rico establece que la obligación de los

progenitores de alimentar a sus hijos menores de edad es parte del

derecho a la vida.2 De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157

(2016).

       En el ámbito de los procedimientos legales para la imposición,

revisión o modificación de una pensión alimentaria, la Ley Orgánica

de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30

de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 501-529 (a),

le exige al juzgador computar la misma mediante las Guías

2 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo I.
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Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto

Rico.3 En estas Guías se define el concepto de alimento como:

       “Todo lo indispensable para el sustento, habitación,
       vestido y asistencia médica del o de la alimentista según
       el ingreso familiar. Los alimentos comprenden también
       la educación e instrucción del o de la alimentista.”4

       De otro lado, el Código Civil de Puerto Rico5 prescribe los

derechos que cobijan a los menores, entre ellos el derecho de

alimentos. El Artículo 653 de dicho cuerpo legal versa sobre el

contenido de la obligación alimentaria y expone que:6

       Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable
       para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la
       recreación y la asistencia médica de una persona, según
       la posición social de su familia.

       Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos
       comprenden también su educación, las atenciones de
       previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias
       de su entorno familiar y social y los gastos
       extraordinarios para la atención de sus condiciones
       personales especiales.

       31 LPRA sec. 7531.

       La obligación de alimentar al menor es inherente a la

maternidad y a la paternidad, por lo que recae sobre los obligados

desde el momento en el que la relación filial queda establecida

legalmente, independientemente de las fuentes de las cuales emana

la obligación de alimentar. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra,

pág. 718 (citas omitidas); Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187

DPR 550, 559 (2012). Esta obligación es personal de cada uno de los

excónyuges, por lo que debe ser satisfecha del propio peculio y de

forma proporcional a sus recursos y a la necesidad del menor una

3 Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014 del Departamento de la
Familia, ASUME, según enmendado por el Reglamento Núm. 8564 del 6 de marzo
de 2015. Las Guías Mandatorias fueron emitidas de conformidad con el Artículo
19 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, supra.
4Artículo 7 (5) del Reglamento Núm. 8529.
5 Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 55-2020, según enmendada.
6 Por su parte, el Art. 558 del Código Civil de Puerto Rico dispone los derechos

que tienen los hijos. Estos son: (a) llevar el apellido de cada progenitor; (b) recibir
alimentos por parte de ambos progenitores; (c) exigir en su favor la protección que
surge de la patria potestad que sus progenitores ejercen sobre él; y (d) participar
de la herencia de cada uno de los progenitores. 31 LPRA sec. 7104.
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vez decretado el divorcio. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR

93, 108 (2019).

       La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de

Menores y las Guías Mandatorias fomentan la uniformidad del

principio de proporcionalidad. Al respecto, nuestro Tribunal

Supremo expresó en Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 719:

       A través de un descubrimiento de prueba amplio y
       compulsorio sobre la situación económica de las partes,
       las Guías permiten establecer de manera uniforme y
       equitativa la aportación monetaria de cada parte
       mediante criterios numéricos y descriptivos que toman
       en consideración los ingresos de los obligados y las
       necesidades de los menores. De León Ramos v. Navarro
       Acevedo, supra, pág. 170, Santiago, Maisonet v.
       Maisonet Correa, supra, pág. 564.

       Por otro lado, sabido es que los decretos de alimentos son de

carácter variable y que no constituyen cosa juzgada. Figueroa v. Del

Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998). Ello, porque están sujetos a ser

revisados al paso de tres (3) años o en caso de que acontezca un

cambio en las circunstancias que lo justifique. Es decir, si “hay un

cambio sustancial en las circunstancias iniciales en que se

determinó la pensión”. Íd.; Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra,

pág. 106. La justa causa puede consistir en: (1) variaciones o

cambios significativos o imprevistos en los ingresos, la capacidad de

generar ingresos, los egresos, los gastos, el capital del alimentante

o alimentista, los gastos, las necesidades o las circunstancias del

menor, o (2) cuando exista cualquier prueba de cambio sustancial

en las circunstancias. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, pág.

107.

       Un cambio sustancial en las circunstancias se define como

“aquel que afecta la capacidad del alimentante para proveer los

alimentos o las necesidades de los alimentistas” o “si la cantidad de

manutención resulta en una cantidad diferente a la pensión

corriente”. Íd.; McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 748 (2004).
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                                   III.

      Debido a que la controversia bajo nuestra consideración versa

sobre un asunto de alimentos, podemos revisar discrecionalmente

la decisión recurrida vía el auto de certiorari, al palio de la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra.

      Mediante sus tres (3) señalamientos de error, el peticionario

impugna la determinación del Tribunal de no ordenar a la recurrida

documentar lo solicitado por este en relación con los estudios

universitarios del menor CAF en la Universidad de Fordham en el

estado de Nueva York. Añade que el foro primario erró al no incluir

como parte en el caso a la abuela de sus hijos, la señora Portela

Torres, a los efectos de establecer la pensión alimentaria, aun

cuando ésta, entre otras cosas, le provee plan médico a los menores.

Además, entiende que el TPI debió referir el caso a la EPA para

modificar la cuantía de la pensión alimentaria de cual es

responsable, considerando su situación económica y los gastos

universitarios de CAF.

      Por su parte, la recurrida esboza que el 29 de diciembre de

2022 se le envió a la representación legal del peticionario un correo

electrónico con evidencia de los gastos universitarios y las ayudas

del menor CAF para el semestre de enero de 2023. Resalta que dicha

documentación fue evaluada por el TPI y, en la vista de desacato,

testificó al respecto y fue contrainterrogada por la abogada del

peticionario. Asimismo, destaca que se hizo responsable de los

gastos universitarios anteriores a la radicación de la solicitud de

revisión de pensión alimentaria, pues el peticionario no aportó nada.

Argumenta que el foro primario le indicó al peticionario que

presentara un proyecto de orden dirigido a la Universidad de

Fordham     para   solicitar   cualquier   documento      que   estimara

necesario, más este no lo presentó.
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      En cuanto al argumento de incluir como parte a la señora

Portela Torres en el caso, la recurrida entiende que este demuestra

frivolidad. En esencia, discute que este se haca destiempo, porque

no se trajo a la atención del tribunal una vez establecida la pensión.

Por último, la recurrida asevera que no procede referir el caso a la

EPA, toda vez que la pensión se fijó en el 2022 y no han pasado los

tres (3) años que dicta nuestro ordenamiento jurídico. Puntualiza

que no aplica la excepción de modificar antes de ese tiempo, pues el

peticionario no estableció cuáles fueron los cambios sustanciales en

sus circunstancias.

      Analizado el expediente con detenimiento, determinamos no

ejercer   nuestra     función   revisora.     Desde    su     petición   de

reconsideración en cuanto a la pensión alimentaria establecida,

instada el 18 de agosto de 2022 (la cual fue denegada y no se

recurrió en apelación), el peticionario ha reiterado básicamente las

mismas súplicas que incluye en el recurso de referencia. Ello quedó

demostrado tras un examen de la contestación a la solicitud de

desacato y las posteriores solicitudes de notificación sobre la Minuta

concernida. Lo anterior demuestra que los argumentos y peticiones

del peticionario fueron atendidos por el tribunal de instancia de

forma apropiada. Por ende, como correctamente actuó el TPI,

procedía denegar la Solicitud Reiterando Solicitud de Notificación de

Minuta como Resolución.

      Es importante puntualizar que, aun cuando se recurre de una

determinación de alimentos en un caso de relaciones de familia,

conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, concluimos

que el TPI no abusó de su discreción ni la disposición recurrida es

contraria a derecho.

      Así,   ante   la   ausencia   de      alguna    de    las   instancias

contempladas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, procede denegar la expedición del

auto de certiorari.

                                     IV.

      Por los fundamentos que preceden, se deniega la expedición

del auto de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones