Court Opinion

ID: 9941422
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:34:33.914953+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:39.640086
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                                            TRIBUNAL DE APELACIONES
                                                        PANEL VII

                                  OFICINA DE LA                           Revisión
                               PROCURADORA DE LAS                         administrativa
                                 MUJERES: KRISTAL                         procedente de la
                                RODRÍGUEZ ROMAN                           Oficina de la
                                                                          Procuradora de las
                                     RECURRIDA                            Mujeres

                                         y.                           Caso Núm.
                                                        KLRA202300432 OPM-Q-2022-08
                                   POINT BLANK
                               PROTECTIVE APPAREL &                       Sobre:
                                  UNIFORMS, LLC                           Ley Núm. 20-200 1,
                                                                          según enmendada;
                                    RECURRENTE                            Ley 427-2000, según
                                                                          enmendada; Ley
                                                                          Núm. 9-2020, según
                                                    enmendada
____________________________
      Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
      Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

                    Grana Martínez, Jueza Ponente

                                                       SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

                                  La recurrente, Point Blank Protective Apparel Uniform, LLC,

en adelante Point Blank, recurrente o patrono, solicita que

revisemos una Resolución en la que la Oficina de la Procuradora de

la Mujer le ordenó pagar más de $34,524.00 y $900.00 en

honorarios de abogado.
                                  La recurrida, Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM),

presentó oposición al recurso.

                                  Los hechos esenciales para comprender la determinación que

hoy tomamos son los siguientes.

                                                            I.

                                  El 6 de abril de 2021, la señora Kristal Rodríguez Román, en

adelante señora Rodríguez, llamó a la OPM para pedir orientación

sobre sus derechos como madre lactante. A raíz de su llamada, la

OPM acudió a las facilidades del patrono el 15 de abril de 2021 e

inspeccionó la sala de lactancia o espacio habilitado para extracción

de leche materna. La inspección confirmó que el patrono no contaba
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COn. un espacio habilitado o sala de lactancia para la extracción de

leche materna. El 21 de octubre de 2021, la OPM emitió el Informe

Final de Investigación. La OPM hizo constar que, el 22 de abril de

2021 acudió nuevamente a las facilidades del patrono y encontró

que convirtió el espacio en una sala de lactancia y que cumplió con

los requisitos inspeccionados, reemplazó los plafones del techo y

colocó una unidad nueva de aire. Véase, pág. 40 del apéndice.

      Sin embargo, el 11 de marzo de 2022, la OPM advirtió por

escrito a Point Blank que comenzó una investigación en su contra,

porque no tenía un espacio habilitado para la lactancia o para la

extracción de leche materna, conforme lo establece la Ley para
Reglamentar el Periodo de Lactancia o de Extracción de Leche

Materna, Ley Núm. 427-2000. La OPM informó al patrono que,

advino en conocimiento de su incumplimiento a través de la Sra.

Krystal Rodríguez Román, quien labora en Point Blank y es madre

lactante. Según consta en la misiva, la señora Rodríguez se

reincorporO a trabajar el día 15 de marzo de 2021, luego de disfrutar

su periodo de maternidad. La OPM advirtió al patrono que la señora

Rodríguez le informó lo siguiente. El 10 de marzo de 2021, le notificó

al patrono en una llamada telefónica que era madre lactante a

tiempo completo y que necesitaba un espacio para extraerse la

leche. Dos semanas después de reincorporase al trabajo habló con

la Sra. Ana González, Gerente General de Point Blank. La señora

González le dijo que no tenían cuarto de lactancia en la planta donde

ella trabajaba, pero había un lugar en la otra planta que podía usar.

Sin embargo, dicho espacio no tenía ventanas seguras y era

constantemente interrumpida en el proceso de extracción, debido a

que los demás empleados usaban el área para comer.

      Además, consta en dicha carta que, la OPM inspeccionó las

facilidades el 15 de abril de 2021, informó al patrono los hallazgos y

le concedió un término para corregirlos. El 22 de abril de 2021
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acudió a reinspeccionar el espacio destinado para la extracción de

leche y encontró que el patrono corrigió los señalamientos y que

cumplía con los requisitos de ley y las políticas públicas

promulgadas por la OPM. No obstante, señaló que el patrono

incumplió con las Leyes Núm. 427-2000 y Núm. 9-20 19, porque la

Sra. Rodríguez Román estuvo privada de la sala de lactancia desde

el 15 de marzo de 2021 hasta el 22 de abril de 2021. La OPM advirtió

que, la Sra. Krystal R. Rodríguez Román estuvo desprovista de un

espacio para extraerse la leche por veinticinco (25) días desde el 15

de marzo de 2021 y eso representa una compensación de $4,350

conforme la Ley Núm. 427-2000. A tales efectos, la OPM pidió al
patrono que realizara el pago en o antes del 30 de marzo de 2022

porque, de lo contrario, acudiría al foro con jurisdicción para hacer

valer los derechos de la madre lactante. Véase, págs. 8-10 del

apéndice.

      El 25 mayo de 2022, el patrono contestó la carta de la OPM.

Su representación legal cuestionó la multa de $4,350.00, porque

alegó que el patrono no privó a la señora Rodríguez de una sala de

lactancia, durante el periodo señalado. Point Blank adujo que
concedió el tiempo dispuesto por ley para extraerse la leche materna
y que hizo uso de este. Según el patrono, de la carta de la OPM surge

claramente que la señora Rodríguez Román no se quejó de que le
negó el periodo de extracción de leche o de que no pudo hacer uso

de este. El patrono señaló que la señora Rodríguez únicamente se

quejó de que las ventanas eran inseguras y de las interrupciones en

el proceso de extracción de leche. Point Blank contestó a la OPM que

no tenía que compensar a la señora Rodríguez, porque el patrono

solo podrá ser multado cuando le niega a la empleada el periodo

para lactar o extraerse la leche. Véase, págs. 5-6 del apéndice.

      El 9 de agosto de 2022, la señora Kristal Rodríguez Román

presentó una querella en la Oficina de la Procuradora de la Mujer
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contra su patrono Point Blank. La querellante alegó que trabajó a

tiempo completo para la querellada durante el horario regular de

6:00am a 2:30pm. La señora Rodríguez Román adujo que el patrono

no tenía un lugar discreto, seguro e higiénico para la extracción de
leche materna cuando regresó al trabajo. Según la querellante, las

condiciones del cuarto no eran aptas para poder extraerse la leche

porque no tenía ventilación adecuada, el plafón estaba despegado,

no tenía lavamanos, no había toallas para secar los equipos,

compartía el cuarto de lactancia con el personal que almorzaba en

él y que utilizaba la nevera para sus alimentos. Véase, pág. 24 del

apéndice.

      El 9 de septiembre de 2022, la OPM activO el procedimiento

de acción inmediata y emitió una ORDEN PARA MOSTRAR CAUSA,

por la cual el patrono no debía recibir las multas siguientes:

      1. Diez mil dólares por incumplir con la Ley 427-2000
         según enmendada conocida como Ley para
         Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción
         de Leche Materna.

      2. Diez mil dólares por incumplir con las disposiciones
         de la Ley Núm. 9-2020 conocida como la Carta de
         Derechos de la Mujer Trabajadora.

      3. Compensación establecida para la querellante en la
         Ley Núm. 427, supra, equivalente a tres veces el
         sueldo que devenga la empleada que se le negó el
         periodo para lactar o extraerse la leche materna o
         una cantidad no menos de tres mil dólares lo que sea
         mayor.

Véase, pág. 15 del apéndice.

      El 6 de octubre de 2022, el patrono adujo que la querellante

no alegó la ausencia de una sala de lactancia. Según el patrono, la

querellante fundamentó su reclamo en la falta de un espacio con

ventanas seguras y que el proceso de extracción de leche era

interrumpido constantemente por empleados que utilizaban el área

como comedor.

      Durante la vista adjudicativa se presentaron los testimonios

de la querellante, de la Investigadora de OPM y de la Directora de
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Recursos Humanos de la querellada, Angela María Restrepo, y se

admitió la prueba documental siguiente: (1) Carta del 11 de marzo

de 2022 emitida por la OPM, (2) Orden de Mostrar Causa del 7 de

septiembre de 2022, (3) Querella del 9 de agosto 2022 y documento

anejado, (4) Informe Investigadora del 22 de octubre de 2021, (5)

Hoja de Inspección Sala de Lactancia del 15 de abril de 2021, (6)

Hoja de Inspección Sala de Lactancia del 22 de abril de 2021, (7)

Hoja de Inspección Políticas Públicas del 15 y 27 de abril de 2021,

(8) Hoja de Inspección Políticas Públicas del 15 y 27 de abril de 2021

y (9) cuatro fotos.

      El   Oficial    Examinador,   (en   adelante   Examinador      o

funcionario), advirtió que los hechos originaron dos procedimientos

administrativos distintos. El 9 de septiembre de 2022, esa oficina
activO el Procedimiento de Acción Inmediata y ordenó al patrono a

mostrar causa por la cual no imponerle el pago de tres multas

administrativas cada una de diez mil dólares por violar las Leyes
Núm. 9-2020 conocida como la Carta de la Mujer Trabajadora, 427-

2000 conocida como Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia

o de Extracción de Leche Materna y 20-200 1 conocida como Ley de
la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Además, reclamó la

compensación económica establecida en la Ley Núm. 427, supra,

como indemnización para la querellante por la falta del espacio
seguro, privado e higiénico que el patrono está obligado a proveer a

las madres trabajadoras lactantes. El Examinador rechazó que la

reclamación de la querellante estuviera prescrita, debido a que el

patrono no presentó     esa defensa durante la contestación a la
querella y esperó a la vista adjudicativa. Igualmente, concluyó que

la OPM interrumpió el término con la carta que envió el 11 de marzo

de 2022.

      El funcionario determinO los hechos siguientes. La querellante

era empleada de la querellada y madre lactante. El 10 de marzo de
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2021 notificó al patrono que era madre lactante. La querellante se

reportó al trabajo el 15 de marzo de 2021, luego de concluir su

período de maternidad. La señora Rodríguez solicitO a la Gerente

General de la querellada, la señora Ana González, que le proveyera
su período de lactancia conforme la Ley Núm. 427, supra. El período

de lactancia o extracción de leche materna fue establecido del 15 de

marzo de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022. Durante ese período,
el querellado concedió a la querellante el tiempo establecido en la

Ley Núm. 427, supra. La gerente general de la querellada informó a

la querellante que el patrono no tenía un cuarto de lactancia en la

planta donde ella laboraba, ni un lugar que pudiera habilitar.

Determinaciones de hecho 1 a 8.
      El informe del Examinador también incluye los hechos a

continuación. El espacio provisto para la lactancia es utilizado como

comedor, para guardar los alimentos por los empleados y almacén

de cajas con documentos, archivadores metálicos y otros materiales

de oficina. El espacio tenía una mesa para ingerir alimentos, una
silla, microondas, una nevera compartida con los empleados que

guardaban sus alimentos, no tenía toma de agua, ni ningún material

como toallas o químicos para higienizar el área de extracción y los

equipos de lactancia. La querellante no tenía una nevera exclusiva

y limpia para almacenar la leche materna extraída y se vio obligada

a guardarla junto a los alimentos de los empleados. El área tenía
mala ventilación, solo había un abanico que no funcionaba siempre

y no existía otro mecanismo de ventilación. Determinaciones de

hecho 9 a 14.

      Según el Examinador quedó evidenciado que la querellante se

sentía incómoda porque tenía que desnudar su torso para extraerse

la leche y estaba preocupada de que alguien pudiera observarla. El

patrono y la querellante acordaron un horario de lactancia que se

publicó en la puerta del salón. La puerta tenía escrito: NO PASAR,
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Período de lactancia 9:00-1 0:30 am y 12:30-1 0:00 pm y NOTICE NO

EATING OR DRINKING IN THIS AREA, A VISO PROHIBIDO CONSUMIR

BEBIDAS Y ALIMENTOS EN ESTA AREA. A pesar de esa nota, la
querellante a menudo era interrumpida por los empleados que

entraban a buscar sus alimentos en la nevera compartida o a

calentar sus almuerzos en el microondas. La querellante encontraba
frecuentemente la mesa sucia con los envases desechables de los
almuerzos de otras personas que usaban el espacio para ingerir

alimentos. El salón tenía el olor particular que destaca algo
guardado, debido a las cajas y demás objetos que estaban

almacenados. Las superficies de las cajas y los archivadores tenían
una capa de polvo acumulado. Determinaciones de hecho 15-19.

      Otros hechos que constan en el informe del Examinador son

los siguientes. El 6 de abril de 2021, la querellante pidió a la OPM

una orientación sobre sus derechos como madre lactante. El 15 de
abril de 2021, la OPM inspeccionó las facilidades del patrono. La

investigadora de la OPM, Nohemí Rodríguez Rosa, compareció a las

facilidades de la querellada para verificar el cumplimiento de la
política pública sobre los derechos de las mujeres que esa oficina

fiscaliza, corroborar la existencia de una sala de lactancia o espacio

habilitado para extracción de leche materna y el cumplimiento con
la ley y las políticas públicas promulgadas por la OPM, para el

disfrute de cualquier madre lactante, en particular de la querellante.

La directora de Recursos Humanos, Angela Restrepo, recibió a la

investigadora que analizó la información entregada e inspeccionO el

área designada a la lactancia. La OPM verificó que el cumplimiento

del patrono con las Leyes Núm. 9, supra, Núm. 20, supra y Núm.

427, supra, entre otras, y le informó las áreas que debía atender

para cumplir con la normativa sobre el derecho a la extracción de

leche materna en el área del trabajo. El organismo administrativo le

concedió cinco (5) días para corregir sus señalamientos. La
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inspección confirmó que el patrono no contaba con un espacio

habilitado o sala de lactancia para la extracción de leche materna
conforme establecen las leyes aplicables. La OPM concedió a la

querellada treinta (30) días para cumplir con un plan correctivo de

sala de lactancia. Determinaciones de hecho 20-28.

      Igualmente constan en el Informe del Examinador, los hechos

siguientes. El 16 de abril de 2021, el Sr. Wilfredo Castillo se

comunicó con la investigadora en representación del patrono, para
solicitar un término adicional para cumplir con los señalamientos.

La investigadora denegó la solicitud, porque la decisión afectaba a

tres madres lactantes. El 22 de abril de 2021, la OPM acudió

nuevamente a las instalaciones del patrono y encontró que el

patrono había corregido todos los señalamientos. El patrono contó

con una sala de lactancia privada, segura e higiénica a partir del 22
de abril de 2021 y hasta la finalización del período de lactancia.

Determinaciones de hecho 29-31.

      Finalmente, constan en el informe del Oficial Examinador

estos hechos. El patrono respetó en todo momento los períodos de

lactancia durante la jornada laboral de la querellante que consistió

en 2 períodos de 30 minutos cada uno y un total de 60 minutos. El
patrono no penalizó a la querellante por el tiempo que tomaba en

moverse de su lugar de trabajo al espacio designado para lactar. El

tiempo en que se trasladaba al cuarto de lactancia, no era

descontado de los 30 minutos otorgados para la extracción de la

leche materna. Las continuas interrupciones de otros empleados
obligaban a la querellante a detener la extracción, cubrirse y abrir

la puerta. El 11 de mayo de 2022, la OPM envió una carta al patrono

exigiéndole el pago de $4,350.00, a favor de la querellante por

incumplir las leyes 427 y 9, supra. El 22 de mayo de 2022, el patrono

contestó la carta y negó haber cometido infracción alguna. El 9 de

agosto de 2022, la querellante presentó la querella de epígrafe. El 9
KLRA202300432

de septiembre de 2022, la OPM notificó al patrono la Acción

Adjudicativa       Inmediata        y    Orden      para      Mostrar      Causa.

Determinaciones de hecho 3238.1
        Luego de evaluar la prueba, el Examinador hizo las

conclusiones siguientes. El patrono no tenía un lugar designado
para la extracción de la leche materna. El lugar provisto era utilizado

por otros empleados como área para ingerir alimentos, almacén de

artículos y documentos de oficina. El patrono acordó con la

querellada que utilizaría el espacio desde las 12:30 del mediodía. No

obstante, el patrono no pudo prever razonablemente que sería

interrumpida, por los empleados ingerían alimentos durante ese

mismo periodo. Point Blank se conformó con colocar un letrero para

prohibir el uso del espacio. La hora acordada para la extracción de

leche, convertía el espacio en inadecuado, porque era el horario en
que los empleados ingerían sus alimentos. El espacio tampoco era

higiénico, porque estaba lleno de cajas polvorientas y plafones

sucios. La mesa en ocasiones estaba sucia con rastros de alimentos
y no había una superficie esterilizada para la desinfección y secado

de los materiales para la extracción. Tampoco era higiénico el

almacenamiento de la leche junto a los alimentos de los otros
empleados, por el riesgo a una contaminación cruzada. El patrono

debió reforzar los procedimientos de limpieza, debido a que el

espacio era utilizado por tres madres lactantes.

       El funcionario, además, concluyó lo siguiente. El espacio tenía

mala ventilación, porque solo había un abanico de pedestal que

tenía desperfectos. Las ventanas abiertas no era una opción, porque

1 Aunque el Informe del Oficial Examinador hace referencia a 11 de mayo de 2022,

como la fecha en que la Oficina de la Procuradora de la Mujer le requirió al patrono
el pago a la madre lactante de la indemnización que le concede la ley, la fecha
correcta de esa misiva es el 11 de marzo de 2022. Véase, pág. 8 del apéndice del
recurso. Por otro lado, consta erróneamente en el informe, que el patrono contestó
esa carta el 22 de mayo de 2022, no obstante, consta en el expediente que su
contestación tiene fecha de 25 de mayo de 2022. Véase, pág. 5 del apéndice del
recurso.
KLRA202300432                                                     lo

no tenían cortinas. Las madres lactantes, en ocasiones, tuvieron que

usar el lugar sin ninguna ventilación. Algunas de las ventanas
podían ser abiertas fácilmente con las manos porque no tenían

operadores. El espacio no cumplía con los requisitos de

tranquilidad, sosiego y seguridad, por la incertidumbre que

ocasionaba que la ventana no funcionara y la inseguridad de que
abrieran la puerta. La interrupción constante es una causa estrés

innecesario en la madre lactante que impacta su producción de

leche y la disponibilidad de alimento para su criatura. El patrono no
realizó actos preparativos ante la inminente llegada de una tercera

madre lactante y es sorpresivo que no tuviera el área habilitada, a

pesar de la gran porción de empleadas.

      El Examinador concluyó que Point Blank optO por actuar,

luego de recibir la visita de la OPM. Según el funcionario, no se

puede fomentar que un patrono incumpla con la ley hasta que las

agencias fiscalizadoras tomen acción. Este hecho pesa más, ante el

desconocido número de madres lactantes que se ven obligadas a

usar espacios inadecuados, ante la falta de acción oportuna de sus

patronos. Aunque el patrono intentó cumplir con la ley, no hizo lo

suficiente. Sus intentos tampoco fueron fructíferos. La prueba

demostró que la querellante no pudo extraerse la leche en un

espacio adecuado durante 26 días entre marzo y abril de 2021. El

patrono   no derrotó la credibilidad de los testimonios de la

querellante y de la inspectora de la OPM. Point Blank no tomó cartas

en el asunto hasta abril de 2021, cuando la inspectora de la OPM le

exigió que cumpliera con la ley. El 11 de mayo de 2022, la OPM le

requirió por escrito que indemnizara a la querellante. No obstante,

negó su incumplimiento con la ley y no quiso pagar la indemnización

que corresponde a la querellante. Por consiguiente, obligó a la OPM

a activar su andamiaje adjudicativo. La OPM utilizó sus recursos

para otorgarle representación legal a la querellante. Durante el
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proceso administrativo, la OPM le ofreció al patrono renunciar a las

multas por violación a la ley, a cambio de que indemnizara a la

querellante. El patrono se negó y solicitó vista administrativa.

Durante la vista, el patrono no presentó prueba a su favor que

refutara la evidencia en favor de la querellante.

      La prueba convenció al Examinador de que el patrono fue

frívolo y temerario porque no reconoció ante su empleomanía, que

es casi toda del sexo femenino, que estuvo mal. Según el

Examinador quedó demostrado que el espacio designado para la

lactancia, durante marzo a abril de 2021, no era apto ni adecuado
para esos fines. El funcionario concluyó que el patrono incurrió en

temeridad al no reconocer su falta y obligar a que este sencillo

asunto fuese litigado.

      El Examinador calculó la cantidad que el patrono debía pagar

a la querellante a base de su jornada laboral de 40 horas semanales
y 8 horas diarias. El funcionario concluyó que el patrono no proveyó

a la querellante un cuarto de lactancia desde su reincorporación al
trabajo el 15 de marzo de 2021 hasta el 21 de abril de 2021. Según

el Examinador, durante ese período el salario de la querellante era

$290.00 semanales, equivalente a $58.00 diarios, por una jornada
de ocho horas o veinticinco dólares ($25.00) por hora. El

Examinador determinó de su testimonio, que trabajó 11 días del 15

de marzo de 2021 al 21 de marzo de 2021 y 15 días del 1 de abril al

21 de abril de 2021, para un total de 26 días. Según el funcionario,

la querellante tiene derecho a recibir tres veces el sueldo que

devengó por cada día que fue privada del derecho a la lactancia. El

Examinador determinO que el patrono tenía que pagar a la

querellante $4,524.00, por el tiempo que trabajó sin poder extraerse

la leche materna en un lugar adecuado, o sea, privado e higiénico.
KLRA202300432                                                    12

      El Examinador recomendó:

      (1) Una multa de diez mil dólares por incumplir con la
          Ley Núm. 427, supra.

      (2) Una multa de diez mil dólares por incumplir con la
          Ley Núm. 20, supra.

      (3) Una multa de diez mil dólares por incumplir con la
          Ley Núm. 9, supra.

      (4) Una compensación de cuatro mil quinientos
          veinticuatro dólares para la querellante conforme lo
          establece la Ley Núm. 427, supra.

      (5) Novecientos dólares de honorarios de abogado por
          temeridad a favor de la OPM equivalentes al 20% de
          la compensación de la querellante.

      El 7 de octubre de 2023, la Procuradora acogió las

recomendaciones del Informe de la Oficial Examinadora y dictó la
resolución recurrida.
      El patrono pidió reconsideración oportunamente. El 18 de

julio de 2023, la OPM declaró NO HA LUGAR la reconsideración.

      Inconforme, la recurrente presentó este recurso en el que

alega que:

      ERRÓ LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS
      MUJERES AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN
      VIOLENTANDO LA REGLA 4.3 DE SU PROPIO
      REGLAMENTO        SOBRE      PROCEDIMIENTOS
      IN VESTIGATI VOS Y ADJUDICATI VOS EL CUAL
      DISPONE QUE SE IMPONDRÁN MULTAS ANTE
      INCUMPLIMIENTOS         CON       CUALQUIER
      REQUERIMIENTO DE UNA INVESTIGACIÓN, LO CUAL
      EN ESTE CASO NO OCURRIÓ, ADEMÁS DE QUE
      VIOLENTÓ LA REGLA 8.6 DEL MISMO REGLAMENTO
      AL TRAMITAR Y PROCESAR UNA QUERELLA CONTRA
      POINT BLANK CUANDO EL REGLAMENTO INSTRUYE
      EL     ARCHIVO DE LA QUERELLA ANTE LA
      SUBSANACIÓN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO LO
      CUAL POINT BLANK HIZO A TIEMPO Y A CABALIDAD.

      ERRÓ LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS
      MUJERES AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN
      IMPONIENDO SANCIONES Y MULTAS A POINT BLANK
      ASCENDENTES A $34,524.00 MÁS UNA SUMA
      ADICIONAL DE $900.00 POR CONCEPTO DE
      HONORARIOS DE ABOGADO EN AUSENCIA DE
      DISPOSICIÓN    REGLAMENTARIA    ALGUNA     O
      DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA ALGUNA QUE LE
      PERMITIERA A DICHA ENTIDAD CONOCER CON
      ANTICIPACIÓN LA POSIBILIDAD DE LA IMPOSICIÓN
      DE TALES MULTAS.
KLRA202300432                                                     13

      ERRÓ LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS
      MUJERES AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN
      VIOLENTANDO LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
      DE POINT BLANK A UN DEBIDO PROCESO DE LEY
      PROCEDIENDO A IMPONER MULTAS EXCESIVAS Y
      SIN PREVIA NOTIFICACIÓN.

      ERRÓ LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS
      MUJERES AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN
      IMPONIENDO A POINT BLANK MULTAS QUE SON
      CONTRARIAS A DERECHO Y FUERA DEL ALCANCE
      DE LO PERMITIDO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

      ERRÓ LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS
      MUJERES AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN AL
      DESCANSAR EN LO RESUELTO EN SIACA V. BARIA
      BEACH RESORT GOLF CLUB, LLC ET ALS, 194 DPR
      559 (2016), CUANDO DICHO CASO TRATA DE UNA
      RECLAMACIÓN EN DAÑOS Y PERJUICIOS POR
      VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA
      INTIMIDAD, CONTROVERSIA INEXISTENTE EN EL
      CASO DE AUTOS.

      ERRÓ LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS
      MUJERES AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN
      DETERMINANDO QUE POINT BLANK INCURRIÓ EN
      TEMERIDAD SIMPLEMENTE POR NO ESTAR
      DISPUESTA  A   LLEGAR  A   UN  ACUERDO
      TRANSACCIONAL Y OPTAR POR SU DERECHO A
      PRESENTAR ARGUMENTOS Y DEFENSAS EN UN
      PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO.

                                II

                    Revisión Administrativa

      Las determinaciones de las agencias administrativas están

sujetas a la revisión judicial del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA

sec. 24y. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico autoriza expresamente la revisión de las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de los organismos

administrativos. 3 LPRA sec. 9672.

      Ahora bien, la revisión judicial de las determinaciones de

hecho de las decisiones de las agencias será sostenida por el

tribunal, si se basa en evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo. 3 LPRA sec. 9675. El examen jurídico de

las determinaciones administrativas se circunscribe a determinar si

las agencias han actuado en forma arbitraria, caprichosa, ilegal o

tan irrazonablemente que constituya un abuso de discreción. Al
KLRA202300432                                                       14

evaluar, los tribunales revisores hemos de otorgar deferencia a las

decisiones     administrativas,     pues         estos    organismos

gubernamentales gozan de experiencia y conocimiento especializado
sobre los asuntos ante su consideración, lo cual ampara sus
dictámenes con una presunción de legalidad y corrección. OEG u.

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022); Moreno Lorenzo y.

Departamento de la Familia, 207 DPR 833, 839 (2021); Capá Cruz u.

Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); Municipio de San

Juan y. GRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). En fin, los dictámenes de

las agencias gozan de una presunción de legalidad y corrección que

subsiste mientras no se produzca suficiente prueba para derrotarla.

OEG y. Martínez Giraud, supra, pág. 88-89; Rebollo u. Yiyi Motors,

161 DPR 69, 77 (2004); Misión md. P.R. u. IP., 146 DPR 64, 130

(1998).
      La parte que impugna judicialmente las determinaciones de

hechos de una agencia tiene el peso de demostrar que no están

basadas en el expediente o que las conclusiones del foro
administrativo son irrazonables. La razonabilidad es el criterio
rector al momento de pasar juicio sobre la decisión de una agencia.

OEG u. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Otero u. Toyota, 163 DPR

716,727(2005); González Segarra et al. u. CFSE, 188 DPR 252, 276-
278 (2013); OCS y. Universal, 187 DPR 164, 178-179 (2012).

      La evidencia sustancial que surge de la totalidad del

expediente y en la que debe estar basada la determinación

administrativa, ha sido definida jurisprudencialmente como aquella

que es relevante y que una mente razonable podría aceptar como

adecuada para sostener una conclusión. Ahora bien, ha de quedar
claro que la deferencia no implica que la evidencia sustancial este

sostenida por un ligero destello de evidencia o por simples
inferencias.   De   manera   que   el   crisol    evaluativo   de   las

determinaciones administrativas siempre estará guiado por el
KLRA202300432                                                         15

concepto de razonabilidad conforme la evaluación del expediente

administrativo en su totalidad. OEG y. Martínez Giraud, supra, pág.
89. Amparados en la deferencia y razonabilidad, los tribunales

analizarán las determinaciones de hechos de los organismos

administrativos. González Segarra et al. y. CFSE, supra.
       En cuanto a las determinaciones de derecho de las agencias,

estas son revisables en todos sus aspectos. 3 LPRA 9675. La revisión

se ciñe a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue
el apropiado, (2) las determinaciones de hecho de la agencia están

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. El
respeto a la resolución administrativa se sostiene hasta que no se

presente   evidencia suficiente para derrotar la presunción de
legalidad. OEG y. Martínez Giraud, supra, pág. 89.

      La deferencia a la interpretación que las agencias hacen sobre

las leyes que le corresponde poner en vigor, cede cuando: 1) erró al

aplicar la ley, 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente o 3)

lesionó    derechos    constitutivos     fundamentales.   El   criterio

administrativo no prevalece, cuando la interpretación estatutaria
que realiza la agencia provoca un resultado incompatible o contrario

al propósito para el cual se aprobó la legislación y con la política

pública promovida.      Es decir,      la deferencia cede ante una

determinación que resulte irrazonable, ilegal o que conduzca a la
comisión de una injusticia. OEG y. Martínez Giraud, supra, pág. 90-
91. Por ello, los tribunales tienen que armonizar, siempre que sea

posible,   todos los    estatutos   y    reglamentos   administrativos
involucrados para la solución justa de la controversia, de modo que

se obtenga un resultado sensato, lógico y razonable. Moreno Lorenzo
y. Departamento de la Familia, supra, pág. 843.
KLRA202300432                                                      16

 Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Ley Núm.
               20-2001, 1 LPRA sec. 311 y sigs.

      La Ley de la Procuradora de las Mujeres, supra, establece a la

OPM como una entidad jurídica independiente y separada de

cualquier otra agencia o entidad pública. Art. 4 de la Ley Núm. 20,

supra, 1 LPRA sec. 312. La Procuradora de las Mujeres será
responsable de fiscalizar la implantación de esa política pública y de

vigilar su cumplimiento. El poder conferido, la autoriza a radicar a

su discreción ante los tribunales, foros administrativos e
instrumentalidades y subdivisiones políticas del Estado Libre
Asociado por sí o en representación de la parte interesada, las
acciones que estime pertinentes para atender las violaciones a la

política pública que le corresponde defender. Art. 9 de la Ley Núm.

20, supra, 1 LPRA sec. 317 (b), (c).

      El Art. 10 de la Ley Núm. 20, supra, 1 LPRA sec. 318, faculta

a la Procuradora de las Mujeres para:

      (a) Atender, investigar, procesar y adjudicar querellas
          relacionadas con acciones y omisiones que lesionen
          los derechos de las mujeres, les nieguen los
          beneficios y las oportunidades a que tienen derecho,
          y afecten los programas de beneficio para las
          mujeres y conceder los remedios pertinentes
          conforme a derecho, así como ordenar acciones
          correctivas a cualquier persona natural o jurídica, o
          cualquier agencia que niegue, entorpezca, viole o
          perjudique los derechos y beneficios de las mujeres.

      (c) Realizar investigaciones por su propia iniciativa o en
          relación con las querellas que investigue, obtener la
          información que sea pertinente, celebrar vistas
          administrativas y llevar a cabo inspecciones
          oculares.

      (h) imponer y cobrar multas administrativas hasta un
          máximo de $10,000 por acciones u omisiones que
          lesionen los derechos de la mujer amparados por la
          Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de
          Puerto Rico, de conformidad y fijar la compensación
          por daños ocasionados, en los casos que así proceda.
KLRA202300432                                                       17

      La Procuradora establecerá los sistemas necesarios para el

acceso, recibo y encausamiento de las reclamaciones y quejas que
insten las mujeres, por las acciones y omisiones de las agencias

gubernamentales y las entidades privadas que lesionen sus

derechos constitucionales, legales y reglamentarios. Art. 11 de la Ley

Núm. 20, supra, 1 LPPA sec. 319. Las querellas serán tramitadas

conforme al reglamento que a estos efectos se apruebe. Art. 12 de la

Ley Núm. 20, supra, 1 LPRA sec. 320.

    La Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de
 Extracción de Leche Materna, Ley Núm. 427-2000, 29 LPRA
                      sec. 478 y sigs.

      La Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de

Extracción de Leche Materna, Ley Núm. 427 de 16 de diciembre

2000, según enmendada, 29 LPRA sec. 478 et seg., se legislo para

adelantar la política pública de la lactancia como el método más

idóneo de alimentación para los infantes. La intención del legislador

es que no exista ningún impedimento legal, para que la madre
trabajadora continue lactando a su bebé cuando regresa al trabajo.

Siaca u. Bahía Resort, 194 DPR 559, 577-578 (2016). Esta

legislación concede a las madres trabajadoras la oportunidad de

tener un lugar habilitado para extraer la leche materna en su

espacio de trabajo. La madre tendrá una hora dentro de cada

jornada de tiempo completo, la cual se puede distribuir en dos

periodos de 30 minutos o en tres periodos de 20 minutos. La ley

especifica que el lugar provisto para estos fines deberá garantizar a

la madre lactante privacidad, seguridad e higiene y contar con tomas

de energía eléctrica y ventilación. Art. 3 de la Ley Núm. 427, supra,

29 LPRA sec. 478(a). El legislador dio el mandato expreso a los

patronos de proveer a las madres trabajadoras lactantes un lugar

habilitado para extraerse la leche materna o para lactar a sus hijos.

El lugar tiene que ser privado, seguro e higiénico, porque de nada
KLRA202300432                                                        1g.]

sirve que no tenga esas características. Siaca y. Bahía Resort, supra,

pág. 593.

        El Art. 10 de la Ley Núm. 427, supra, 29 LPRA sec. 478 (h),

provee un remedio monetario para la empleada lactante a la que el

patrono le ha privado del periodo para lactar o extraerse la leche

materna. Su texto es el siguiente:

        Toda madre lactante a quien su Patrono le niegue el
        periodo otorgado mediante este capítulo para lactar o
        extraerse la leche materna podrá acudir a los foros
        pertinentes para exigir que se le garantice su derecho.
        El foro con jurisdicción podrá imponer una multa al
        Patrono que se niegue a garantizar el derecho aquí
        establecido por los daños que sufra la empleada y que
        podrá ser igual a: (1) tres veces el sueldo que devenga
        la empleada por cada día que se le negó el período para
        lactar o extraerse la leche materna, o (2) una cantidad
        no menor de tres mii (3,000) dólares lo que sea mayor....

Ley 9   -
            Carta de Derecho de la Mujer Trabajadora, 29 LPRA sec.
                             510 (1) y sigs.

        El Art. 3 de la Ley Núm. 9, supra, 29 LPRA sec. 510 (n),

contiene los derechos de la mujer trabajadora. Los incisos j, k y 1

están relacionados al periodo de extracción de leche y lactancia.

        U) tener acceso a un área privada, segura, higiénica con
        ventilación y energía eléctrica para lactar a su bebé o
        extracción de leche materna en un lugar habilitado a
        esos efectos en su taller de trabajo y dicha área no podrá
        coincidir con el área destinada para los servicios
        sanitarios, comúnmente conocidos como baños;

        (k) disfrutar de un periodo de lactancia o extracción de
        leche materna de una (1) hora por jornada de trabajo a
        tiempo completo. El referido periodo podrá ser
        distribuido en dos (2) periodos de treinta (30) minutos o
        tres (3) periodos de veinte (20) minutos.

        (1) disfrutar de un periodo de treinta (30) minutos de
        lactancia o extracción de leche materna por cada
        periodo de cuatro (4) horas consecutivas de trabajo en
        caso de que la jornada diaria de trabajo sea parcial y
        exceda de las cuatro (4) horas.

        Las violaciones a la Ley Núm. 9, supra, constituirán causa de

acción de daños y perjuicios y estarán sujetas a toda causa civil o

penal que conlleve tales violaciones, según el ordenamiento jurídico

vigente. Art. 7 (d) Ley Núm. 9, supra, 29 LPRA sec. 510q. Esta
KLRA202300432                                                         19

legislación no limita los derechos adquiridos mediante cualquier

otra disposición estatutaria o reglamentaria. Su contenido tiene un

propósito informativo y no crea derechos sustantivos exigibles ante

foros judiciales, administrativos o de cualquier otra índole

adicionales a los concedidos por la legislación protectora del trabajo.
Los derechos enumerados estarán sujetos a la aplicabilidad y

excepciones del estatuto laboral correspondiente. Art. 7 de Ley Núm.

9, supra, 29 LPRA sec. 510r.

                    Honorarios Por Temeridad

      Los tribunales tienen el deber de imponer el pago de

honorarios al abogado a cualquier parte o abogado que haya
actuado de forma frívola o temeraria. El tribunal adjudicará en la

sentencia la suma que entiende corresponde a esa conducta. Regla

44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Así también las

agencias están facultadas para imponer honorarios por temeridad.

3 LPRA sec. 9661 (d).

      El concepto de temeridad es amplio. Un litigante es temerario

cuando sus actuaciones ocasionan un pleito que pudo evitarse,
provoca la prolongación indebida del trámite judicial u obliga a la

otra parte a incurrir en gastos innecesarios para hacer valer sus

derechos. La temeridad también es la conducta asumida por un
litigante perdidoso que por su terquedad, testarudez, obstinación,

contumacia,    empecinamiento     e   insistencia en una actitud
desprovista de fundamentos obliga a otra parte a asumir

innecesariamente las molestias, gastos e inconvenientes de un
pleito. SLG González Ramos -Figueroa Colón u. SLG Pacheco Romero      -

Fulana de tal, 2022 TSPR 43; Fernández y. San Juan Cement Co.,
Inc., 118 DPR 713, 717-719 (1987).

      El tribunal tiene que calcular la cuantía de los honorarios por

temeridad a base de los factores siguientes: (1) el grado de

temeridad, (2) el trabajo realizado, (3) la duración y naturaleza del
KLRA202300432                                                          20

litigio, (4) la cuantía involucrada y (5) el nivel profesional de los

abogados. COPRv. SPU, 181 DPR299, 342-343 (2011). La cantidad

concedida    por     los   honorarios   de     abogados    no    equivale

necesariamente al valor de los servicios legales prestados o pagados.

Dicha cantidad es la suma que el tribunal estima que representa

razonablemente el valor de esos servicios, tomando en consideración

el grado de temeridad y demás circunstancias del caso. Santos
Bermúdez y. Texaco PR Inc., 123 DPR 351, 357 (1989).

      Reglamento sobre Procedimientos Adjudicativos e
 Investigativos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres,
       Reglamento Núm. 8454 de 10 de marzo de 2014

      El Reglamento Núm. 8454, supra, aplica a todo trámite

investigativo, adjudicativo, correctivo o imposición de multas que se

lleve a cabo por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Art. 1.3.

La OPM podrá iniciar una investigación bajo los poderes y facultades

de las leyes y reglamentos que administra y en cualquier momento

antes o después de radicada una querella de acuerdo con sus

normas internas. Art. 4.1.

      Según lo dispuesto en el Art. 4.3, el incumplimiento con

cualquier requerimiento de una investigación de la OPM conllevará

la imposición de una multa administrativa de hasta $10,000.00 por

cada violación. Luego de realizada la investigación, la OPM

determinará el curso de acción a seguir, que puede ser presentar

una querella, desestimar la misma o referir a la reclamante a otra

agencia. Art. 4.9.

      Todo    procedimiento     adjudicativo     se   iniciará   con   la
presentación de una querella, donde se expresen los hechos que

motivan la reclamación. Art. 5.1. Según lo dispuesto en el Art. 7. 1,

la OPM notificará a todos los querellados, por escrito, mediante

correo certificado con acuse de recibo. Se expresarán los motivos de
la presentación de la querella. El querellado deberá contestar en

treinta días, a partir del recibo de la notificación. La notificación
KLRA202300432                                                          21

consistirá en copia de la querella, un aviso escrito de cualquier vista

que señale la OPM y la advertencia de que podrá anotársele la

rebeldía, si no contesta a tiempo.
      El Art. 8 regula el procedimiento adjudicativo de acción

inmediata. Una vez recibida la querella, la OPM podrá, sin tener que
celebrar una vista, emitir órdenes de mostrar causa y disponer los
términos y condiciones correctivas que entienda pertinentes, de

acuerdo con la evidencia a su disposición y el derecho aplicable. La

parte querellada será notificada que su incumplimiento con las leyes

que la OPM administra y que surge de la faz de la querella, se

especificarán las disposiciones legales infligidas y se le concederán

20 días para mostrar causa por la cual no debe imponérsele una

multa de hasta $10,000.00 con especificación de la cuantía de la

multa. Se advertirá que, en su comparecencia por escrito, podrá

acreditar que corrigió la deficiencia, solicitar un término adicional

para cumplir, o una vista administrativa evidenciaria. Además, será

apercibido de que su incomparecencia en ese término conllevará la

imposición de la referida multa, sin más citarle ni oírle y de su

derecho a solicitar revisión judicial de la multa dentro de los 30 días.
      No obstante, el Art. 8.6 establece que, cuando la parte

querellada notifica que subsanO el incumplimiento que dio lugar a

la querella, la OPM ordenará el archivo, luego de confirmar el

cumplimiento. Cuando la OPM determina que el patrono no subsanó

el incumplimiento, le concederá un término para que lo haga. Si el

querellado no cumple en dicho término, la OPM le impondrá la

multa administrativa de la cual le apercibió.

                                  Ill

      Los errores señalados serán discutidos conjuntamente porque

están íntimamente relacionados. La recurrente sostiene que la OPM

violO su derecho al debido proceso de ley, porque lo multó sin previa

notificación y transcurrido más de un año de la reinspección. Point
KLIA202300432                                                   22

Blank aduce que la multa no procede porque actuó con celeridad y

la OPM corroboró que corrigió sus señalamientos. El patrono señala

que no puede ser multado porque la empleada siempre utilizó el

salón de lactancia. Por otro lado, aduce que la Ley Núm. 9, supra,

no provee para la imposición de multas, que el medio provisto es

una acción de daños y perjuicios y que la querellante no hizo ese

reclamo. Además, alega que la OPM erró al aplicar Siaca u. Bahía

Beach Resort Golf supra, porque está basado en una reclamación

por daños y perjuicios, por violación a un derecho constitucional y

aquí, la querellante siempre pudo usar el tiempo para extraerse la

leche. Finalmente cuestiona la determinación de temeridad en su

contra, por simplemente no llegar a un acuerdo transaccional.

      La recurrida aduce que el cumplimiento del patrono en

corregir sus señalamientos, no lo exime de compensar a la madre

trabajadora lactante, por el tiempo que no tuvo a su disposición un

lugar adecuado para extraerse la leche materna.

      La OPM tiene razón. El patrono estaba obligado a pagar la

indemnización establecida en el Art. 9 de la Ley Núm. 427, supra,

en beneficio de la madre trabajadora lactante que ha sido privada

de un lugar higiénico, privado y seguro para la extracción de leche

materna. El expediente administrativo tiene evidencia sustancial

más que suficiente que demuestra que durante el periodo del 15 de

marzo al 22 de abril de 2021, el patrono no proveyó a la madre

lactante un espacio con esas condiciones para la extracción de la

leche materna. La Ley Núm. 427, supra, es clara. No es suficiente

que el patrono provea un lugar para la lactancia y la extracción de

la leche materna. La ley, además, exige que el espacio provisto

cumpla con las condiciones señaladas. Así lo reconoció el Tribunal

Supremo de Puerto Rico en Siaca y. Bahía Beach Resort, supra.

      Durante   la vista administrativa quedó evidenciado el

incumplimiento del patrono. La querellante declaró que el área
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destinada era un comedor de empleados, al que todos tenían acceso
y que no cumplía con la ley porque no era seguro, privado ni limpio.

Según la querellante, faltaban algunos plafones, las ventanas no

eran seguras, el abanico solo funcionaba en ocasiones, no había
screens y era interrumpida constantemente por los empleados que

utilizaban el lugar como comedor. La querellante dijo que no tenía
dónde almacenar la leche porque compartía la nevera con las

personas que guardaban sus alimentos. Además, testificó que el

lugar no era limpiado y que, a veces, encontraba cajas de comida o

platos sucios en la mesa donde ponía los materiales para extraerse

la leche. Véase, págs. 44 a 46 de la Transcripción. La señora

Rodríguez declaró que la falta de un lugar seguro para extraerse la

leche le ocasionO estrés y afectó su producción y, como

consecuencia, a su bebé. Véase, pág. 49 de la Transcripción.

      La querellante también declaró siguiente. El lugar provisto

para la extracción estaba ocupado por unos archivos y no había

toallas secantes. Véase, pág. 53 de la Transcripción. La nevera, en

ocasiones, no tenía espacio para guardar la leche porque estaba

llena de bebida y comida de otras personas. Véase, pág. 6 de la

Transcripción. La puerta tenía seguro, pero no tenía la llave. Véase,

pág. 68 de la Transcripción. Se comunicó con la OPM y la orientaron

de que su patrono debía proveerle un lugar seguro y privado y que

no podía ser compartido como comedor y cuarto de lactancia. Véase,

pág. 50 de la Transcripción. Desde el 15 al 31 de marzo de 2021 y

del 1 al 27 de abril de 2021 estuvo desprovista de una sala para la
extracción de leche. Véase, págs. 58-59 de la Transcripción.
      Las partes estipularon que, luego del 22 de abril, el patrono

corrigió   las   deficiencias   señaladas.   Véase,   pág.   79   de   la

Transcripción. A partir de esa fecha, el lugar ya contaba con llave,

tenía libreta de registro, lavamanos portátil, ventilación mediante

aire acondicionado, nevera para guardar la leche y artículos de
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limpieza para desinfectar la mesa. Véase,            pág.   73 de la

Transcripción.

      El testimonio de la investigadora de la OPM, Nohemi

Rodríguez Rosa, confirmó la falta de cumplimiento con las

exigencias de la ley. La testigo declaró lo siguiente. La ventana tenía

una cortina que ocasionaba una situación de riesgo y peligrosidad,
no había sala de lactancia, sino un espacio habilitado a esos efectos.
La nevera era compartida. La participante le manifestó que no tenía

problemas en cuanto al tiempo para extraerse la leche, pero a veces

tenía que interrumpir el proceso, porque le tocaban la puerta para

buscar los almuerzos en la nevera. Había cajas de plafones y

archivos con cosas encima y no había toma de agua. Véase, pág. 96
de la Transcripción. Le recomendó al patrono que instalara un

lavamanos portátil o un dispensador de agua. Véase, pág. 97 de la

Transcripción. El lugar no se veía limpio y era riesgoso porque había

una cortina mal puesta que se podía caer en cualquier momento.

Véase, pág. 106 de la Transcripción.

      La señora Nohemí Rodriguez reafirmO que no había una sala

de lactancia y que era solo un espacio destinado con ese propósito.

Véase, pág. 97 de la Transcripción. Según sus hallazgos, el lugar era

un comedor de empleados y lo hizo constar en la hoja de inspección.

Véase, pág. 112 de la Transcripción. La testigo dijo que las otras dos

madres lactantes le confirmaron que era un espacio de comer y que

había instrucciones de no hacerlo, pero no obedecían. Véase, págs.

113, 124-126 de la Transcripción. Igualmente se reafirmó en que

encontró el área sucia y desorganizada y que hacía calor. Véase, pág.

127 de la Transcripción. Según su testimonio, el área no era un

espacio habilitado porque no tenía agua, ni ventilación y estaba

sucio. Fue enfática en que no se extraería la leche y ni siquiera

comería en ese lugar, debido a cómo estaba. Véase, págs. 129-130

de la Transcripción. Además, dijo que, mientras entrevista a las
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lactantes estaba sudando, que fue interrumpida en varias ocasiones
por empleados que iban a buscar sus alimentos y que encontró

alimentos en la nevera. Véase, págs. 130 y 135 de la Transcripción.
      No obstante, la testigo reconoció que regresó a las facilidades

del patrono el 22 de abril de 2021 y encontró que todos los hallazgos

habían sido atendidos y corregidos. El patrono había provisto el
acceso al agua, había un aire acondicionado nuevo, se quitó la
cortina y limpió el área y se cambiaron los plafones. Véase, pág. 101

de la Transcripción.

      La prueba presentada en la vista administrativa demostró que

la querellante no contó con una área higiénica, privada y segura

para la extracción de leche materna durante el periodo del 15 de

marzo de 2021 al 22 de abril de 2021. Sin embargo, el patrono se

ha negado consistentemente en cumplir su obligación de pagarle la

compensación establecida en el Art. 9 de la Ley Núm. 427, supra.

      El 11 de marzo de 2022, la OPM requirió por escrito al patrono

el pago de la compensación correspondiente que la querellante tenía

derecho porque se vio privada de un cuarto de extracción de leche
que cumpliera con los requisitos de ley. La OPM advirtió al patrono

que, de no cumplir, acudiría al foro con jurisdicción para hacer valer

los derechos de la madre trabajadora lactante. El 25 de mayo de

2022, su representación legal se negó a indemnizar a la querellante,

porque fue diligente en corregir los señalamientos y siempre tuvo un

espacio para extraerse la leche y lo hizo. Su obstinación en no

cumplir con el Art. 9 de la Ley Núm. 427, supra, obligó a la madre

trabajadora lactante a presentar una querella el 9 de agosto de 2022,

en la que reclamó su derecho a recibir la compensación establecida

en ese artículo.
      La OPM activó correctamente el procedimiento adjudicativo de

acción inmediata establecido en el Reglamento Núm. 8454, supra,

porque de la evidencia a su disposición, surge claramente el derecho
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de la querellante a recibir la compensación reclamada. La orden de

mostrar causa cumplió con todas las formalidades requeridas en el

Art. 8 de ese Reglamento. El patrono fue notificado que de la querella

surge su incumplimiento con la Ley Núm. 427, supra, la Ley Núm.

9, supra, y la Ley Núm. 20, supra, y las disposiciones específicas

infringidas, se le concedió el término para mostrar causa por la cual

no debía ser multado, fue advertido de que podía acreditar la

corrección de la deficiencia señalada o solicitar término adicional

para hacerlo o una vista evidenciaria.

      El patrono no puede invocar el Art. 8.6 del Reglamento Núm.

8454, supra. La desestimación solo procede cuando la querellada

subsana el incumplimiento con la ley que ocasionó la querella y eso

no ocurrió en este caso. La querellante reclamó la compensación que
le provee la ley y el patrono insiste en no pagarle. La corrección, a

tiempo, de los señalamientos de la OPM, no exime al patrono de

pagar la compensación a la querellante.
      Point Blank optó por solicitar una vista evidenciaria. La OPM

realizó la vista con todas las garantías del debido proceso de ley. La

evidencia sustancial presentada en la vista confirmó el derecho de

la madre trabajadora lactante a ser compensada.

      Al igual que la OPM concluimos que el patrono fue temerario

porque sometió a la querellante y a la Procuradora a un

procedimiento adjudicativo, a pesar de que el derecho reclamado

está claramente estableció en la ley. Por esa razón, confirmamos su

temeridad y la cantidad establecida, en vista de que no demostró

que es irrazonable.

      Sin embargo, diferimos de la OPM por la cantidad de multas

impuestas. Según el Art. 10 (h) de la Ley Núm. 20, su facultad de

multar se limita a una multa administrativa de $10,000.00. Este

faculta a la OPM para:
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      (h)   imponer y cobrar multas administrativas hasta
      un máximo de $10,000 por acciones u omisiones que
      lesionen los derechos de la mujer...

                                 Iv

      Por lo antes expuesto se confirma la resolución recurrida, en

lo que respecta al pago de una compensación de cuatro mil

quinientos veinticuatro dólares ($4,524.00) para la querellante

conforme lo establece la Ley Núm. 427, supra, y novecientos dólares

($900.00) de honorarios de abogado por temeridad a favor de la
OPM. Se modifica la imposición en multas administrativas

reduciéndolas a una multa de diez mil dólares ($10,000.00).

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

      El Juez Pérez Ocasio emite Voto de Conformidad en parte y

Disidente en parte.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                                                   ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                                                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                                                        PANEL VII

                                             OFICINA DE LA                                  Revisión
                                          PROCURADORA DE LAS                                administrativa
                                            MUJERES: KRISTAL                                procedente de la
                                            RODRÍGUEZ ROMAN                                 Oficina de la
                                                                                            Procuradora de las
                                                  RECURRIDA                                 Mujeres

                                                       y.                             Caso Núm.
                                                                        KLRA202300432 OPM -Q-2022-08
                                             POINT BLANK
                                         PROTECTIVE APPAREL &                         Sobre:
                                            UNIFORMS, LLC                             Ley Núm. 20-200 1,
                                                                                      según enmendada;
                                                RECURRENTE                            Ley 427-2000, según
                                                                                      enmendada; Ley
                                                                                      Núm. 9-2020, según
                                                                                      enmendada
        _____________________________
                                        Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
                                        Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

                                         VOTO DE CONFORMIDAD EN PARTE Y DISIDENTE EN PARTE
                                                      DEL JUEZ PÉREZ OCASIO

                                               Respetuosamente consigno mi conformidad, en parte, con el

                                        dictamen mayoritario, por entender que, en esta etapa del litigio,
                                        procede en lo que respecta al pago de una compensación de cuatro

                                        mil quinientos veinticuatro dólares ($4,524.00) para la querellante

                                        conforme lo establece la Ley Núm. 427-2000, según enmendada.

                                               No obstante, disiento en la parte donde se le conceden los

                                        novecientos dólares ($900.00) de honorarios de abogado por

                                        temeridad a favor de la OPM y se modifica la imposición en multas

                                        administrativas reduciéndolas a una multa de diez mil dólares

                                        ($10,000.00), toda vez que del propio Reglamento sobre
                                        Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Oficina de la

                                        Procuradora de las Mujeres (OPM),l (en adelante Reglamento), se
                                        desprende en el artículo 8.6 lo siguiente:

                                              8.6 Cuando la parte querellada notifique que ha
                                              subsanado el incumplimiento con la ley que dio
                                              lugar a la querella, la OPM determinará si en efecto
                                              se ha cumplido con la ley, en cuyo caso se ordenara
                                              el archivo de la querella. Cuando la OPM determine

                                        'OPM, Reglamento sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la
                                        Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Núm. 8454, (10 de marzo de 2014).

Número Identificador

SEN2024
KLRA202300432                                                          2

        que tales actuaciones no subsanan el incumplimiento
        con la ley que dio lugar a la querella, le concederá a la
        parte querellada un término final para que subsane.
        Transcurrido el referido termino sin que la parte
        querellada haya cumplido, se le impondrá la multa
        administrativa de la cual se le apercibió.
        (Énfasis suplido)

        Es decir, surge del propio Reglamento, que una vez el

querellado, corrija el incumplimiento con la ley, la OPM determinará

si en efecto cumplió, y de ser el caso, ordenará el archivo de la
querella. De ordinario, este cumplimiento fue determinado por la

propia agencia, basado en el Reglamento antes mencionado.

            Así las cosas, según se desprende del "Informe Final de

Investigación",2 suscrito por la señora Nohemi Rodríguez Rosa,

Investigadora de Querellas de la OPM, consignó que el recurrente

corrigió los defectos señalados. Incluso, del Informe de autos surge:

        "El 22 de abril de 2021, acudimos a re -inspeccionar el
        espacio destinado para la extracción de leche.
        Encontramos que el espacio había sido transformado en
        una sala de lactancia y cumplió con todos los
        requisitos inspeccionados. Cabe señalar que los
        plafones del techo fueron reemplazados y colocaron una
        unidad nueva de aire".
        (Énfasis suplido)

        V. Conclusiones

        "Podemos concluir que luego de nuestra primera
        intervención, Point Blank corrigió las fallas señaladas por
        nuestra oficina con gestiones sencillas y económicas. Luego
        de re -inspeccionar, podemos concluir que existe una sala de
        lactancia y pudimos corroborar que las correcciones
        realizadas cumplen con los requisitos de la ley y las
        políticas públicas promulgadas por la OPM.4 [...]

        (Énfasis suplido).

2 Recurso   de Apelación, Apéndice, pág.000029
 Id. Pág. 000040.
41d. Pág. 000041.
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       Es decir, la propia OPM reconoce que el defecto fue corregido,

por lo que antes de proceder con una multa y honorarios por

temeridad por el incumplimiento, procedería un archivo de la

querella por corregir las faltas señaladas.

      Por ello, respetuosamente expreso mi conformidad en parte y

disidencia en parte sobre el dictamen mayoritario.
En San Juan, Puerto Rico, a    ?de enero de 2024.

                             LUIREASI
                 Juez del Tribunal de Apelaciones