Court Opinion

ID: 9962644
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:38:03.753182+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:15.652205
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                     PANEL ESPECIAL

SORAYA ROSADO RUIZ                              CERTIORARI
                                                procedente del
Recurrida                                       Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
         v.                                     Superior de
                            KLCE202400188       Humacao
NEOMED CENTER,                                  Civil Núm.:
INC.                                            HU2022CV01675
Peticionario
                                                Sobre: Despido
                                                injustificado (LEY
                                                NÚM. 80), Ley de
                                                represalias en el
                                                empleo (LEY NÚM.
                                                115-1991),
                                                Discrimen por
                                                impedimento (LEY
                                                NÚM. 44),
                                                Procedimiento
                                                sumario bajo la
                                                LEY NÚM. 2

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Pérez y la Jueza Martínez Cordero.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

                          RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Mediante Petición de Certiorari presentada el 14 de febrero de

2024, comparece ante nos Neomed Center, Inc. (Neomed o

peticionaria) y solicita que revoquemos la Resolución emitida el 7 de

febrero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante,

TPI) Sala Superior de Humacao. Mediante la misma, el TPI declaró

No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por la parte

peticionaria. Ello, dentro de un pleito incoado al amparo de la Ley

Núm. 2, infra.

      Sin embargo, en vista de que estamos ante una resolución

interlocutoria dentro de una causa de acción al amparo del

procedimiento sumario de la Ley de Procedimiento Sumario de

Número Identificador
RES2024 _______________
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Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32

LPRA sec. 3118, et seq., denegamos expedir el auto de certiorari.

                                  I.

      Según surge del expediente, desde 2013 la señora Soraya

Rosado Ruiz (señora Rosado Ruiz o recurrida) se desempeñaba como

Administradora de Sistemas de Oficinas en Neomed Center, Inc. El

15 de julio de 2022, presentó una querella administrativa ante la

oficina del Departamento de Desarrollo Organizacional y Gerencia

de Talentos (en adelante, DDO&GT) contra la presidenta de la Junta

de Directores de Neomed, la señora Daisy Pérez Montañez, por

alegado maltrato, ambiente hostil y humillaciones.

      En consecuencia, el DDO&GT inició una investigación interna

sobre los alegados incidentes. La investigación y las entrevistas

fueron realizadas por el licenciado Víctor M. Rivera Torres (en

adelante, Lcdo. Rivera Torres) como asesor legal de Neomed. En el

curso de este procedimiento, se entrevistaron a dos (2) testigos de

uno de los alegados incidentes, la señora Pérez Montañez y la propia

señora Rosado Ruiz. El 13 de septiembre de 2022, el licenciado

Rivera Torres preparó un informe, en el cual concluyó que no hubo

acoso laboral y que el testimonio de la señora Rosado Ruiz era falso

y mendaz. En consecuencia, por decisión de la Junta de Directores,

la señora Rosado Ruiz fue despedida de su empleo el 19 de octubre

de 2022.

      Así las cosas, el 7 de diciembre de 2022, la señora Rosado Ruiz

instó una Querella ante el TPI por acoso laboral, represalias, despido

injustificado y discrimen por impedimentos en contra de Neomed. La

querellante se acogió al procedimiento sumario de la Ley Núm. 2,

supra. En esencia, alegó que el patrono violentó la Ley Núm. 115-

1991, infra, y la Ley Núm. 90-2020, infra, toda vez que fue despedida

luego de haber utilizado el procedimiento indicado en la ley para

atender una queja por ambiente hostil en el trabajo. Además, por
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quebrantar las disposiciones de la Ley Núm. 44 del 2 de julio de

1985, 1 LPRA sec. 501, al despedirla mientras se encontraba

solicitando una licencia de salud para acomodo razonable. Solicitó

la indemnización de daños, angustias mentales, pérdida de ingreso,

mesada, más costas y honorarios. De otra parte, Neomed presentó

una Contestación a Querella, mediante la cual negó responsabilidad

y argumentó que el despido de la señora Rosado Ruiz fue uno

justificado.

       Luego de varios trámites procesales relacionados a una

solicitud descalificación del licenciado Rivera Torres1, el 22 de enero

de 2024, Neomed incoó Moción en Solicitud de Desestimación. En

síntesis, arguyó que procedía la desestimación de la querella de

epígrafe debido a que se presentó sin que la señora Rosado Ruiz

agotara el remedio de mediación judicial requerido por la Ley Núm.

90-2020, 29 LPRA sec. 3111. Ese mismo día, la señora Rosado Ruiz

presentó Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación. En su

comparecencia, entre otras cosas, adujo que no existía un remedio

administrativo que agotar.

       El 7 de febrero de 2024, luego de evaluar las posturas de

ambas partes, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación

presentada por Neomed.

       En desacuerdo con la decisión del foro primario, Neomed

comparece ante nosotros mediante el recurso que nos ocupa y alega

que el TPI cometió el siguiente error:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       declarar No Ha Lugar la moción de desestimación,
       presentada cuando la Ley 90 sobre acoso laboral
       establece claramente la obligación del empleado de
       acudir al negociado de métodos alternos para la
       solución de conflictos de la rama judicial antes de

1 El 16 de octubre de 2023, Neomed presentó Moción para Asumir Representación

Legal. La señora Rosado Ruiz presentó moción para descalificar al licenciado
Rivera Torres, por entender que se trataba de un testigo esencial. Sobre el
particular, el TPI emitió una Orden declarando Ha Lugar la solicitud de
descalificación. A su vez, Neomed incoó el recurso de certiorari KLCE202300113,
el cual fue expedido y se confirmó la descalificación del licenciado el 7 de junio de
2023.
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       presentar una reclamación en el tribunal (artículo 10-
       29 LPRA3120). Es requisito sine qua non agotar el
       remedio administrativo prescrito por la ley para que un
       tribunal tenga jurisdicción.

       (Mayúsculas y negrillas suprimidas).

       El 26 de febrero de 2024, la señora Rosado Ruiz presentó su

Oposición a Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, estamos en posición de resolver.

                                          II.

                                         A.

       El recurso certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que

un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores que

cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera Gómez

y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65,

resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); León v. Rest. El Tropical, 154 DPR

249 (2001). La regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos atender

mediante el referido recurso. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et

al., 207 DPR 994 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478

(2019).2

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

2 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

      Así, para que podamos ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos son
          contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado perjuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los asuntos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      De otra parte, es importante enfatizar que todas las decisiones

y actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la

parte que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149

DPR 859, 866 (1999).
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                                  B.

       La Ley Núm. 90 de 7 de agosto de 2020, mejor conocida como

Ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico, 29 LPRA

sec. 3111, et seq., se promulgó con el fin de atender de manera

expresa “una de las peores situaciones que un empleado puede

enfrentar en el ámbito profesional; el acoso laboral”.3 En esa misma

línea, el Art. 4(3) de la Ley Núm. 90-2020, 29 LPRA sec. 3114(3),

define acoso laboral de la siguiente manera:

       […] aquella conducta malintencionada, no deseada,
       repetitiva y abusiva; arbitraria, irrazonable y/o
       caprichosa; verbal, escrita y/o física; de forma reiterada
       por parte del patrono, sus agentes, supervisores o
       empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa
       del patrono, no deseada por la persona, que atenta
       contra sus derechos constitucionales protegidos, tales
       como: la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la
       protección contra ataques abusivos a su honra, su
       reputación y su vida privada o familiar, y la protección
       del trabajador contra riesgos para su salud o integridad
       personal en su trabajo o empleo. […]

       Por otro lado, el Art. 5 de la aludida Ley dispone que todo

patrono que incurra, fomente o permita el acoso laboral, será

civilmente responsable frente a las personas afectadas. 29 LPRA

sec. 3115. Por ello, el referido artículo 5 establece que todo patrono

adoptará e implementará las políticas internas necesarias a los

fines de prevenir, desalentar y evitar el acoso laboral en sus centros

de trabajo […].

       Además, la Ley Núm. 90-2020 también le impone al

empleado que reclame ser víctima de acoso laboral el deber de

recurrir, en primera instancia, al procedimiento establecido

por el patrono y, si este no rinde frutos, deberá acudir a un

proceso de mediación de conflictos. (Énfasis nuestro).          En lo

pertinente, el Art. 10 de la Ley Núm. 90-2020, 29 LPRA sec. 3120,

explica que:

       Toda persona que reclame ser víctima de acoso laboral
       deberá comunicarlo siguiendo el procedimiento y

3 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 90-2020.
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      protocolo adoptado por su patrono, el cual, según ya
      dispuesto, deberá ser amparado en las guías uniformes
      establecidas por el Departamento del Trabajo y
      Recursos Humanos, la Oficina de Administración y
      Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno
      de Puerto Rico, la Rama Legislativa y la Rama Judicial,
      según aplique.

      Si las gestiones realizadas conforme al procedimiento y
      protocolo    adoptado     por   el  patrono    resultan
      infructuosas, el empleado afectado acudirá al
      Negociado de Métodos Alternos para la Solución de
      Conflictos de la Rama Judicial. Si habiéndose
      orientado, las partes no aceptan la mediación o el
      mediador no recomienda la misma, entonces se
      podrá acudir ante la sala del tribunal competente
      presentando evidencia acreditativa de que se agotó
      dicho mecanismo alterno y radicar la acción civil
      que provee esta Ley. (Énfasis nuestro).

      El Art. 7 de la Ley Núm. 90-2020, 29 LPRA 3117, reconoce

que cuando una persona denuncia o alega haber sufrido acoso

laboral, quedará protegida por la propia Ley, en cumplimiento con

las disposiciones de la Ley Núm. 115 del 10 de octubre de 1991,

conocida como “Ley de Represalias contra Empleados por Ofrecer

Testimonios y Causa de Acción”, siempre que las expresiones no

sean difamatorias o constituyan información privilegiada. Íd.

                                C.

      La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales,

supra, provee un trámite especial para atender las querellas

relacionadas con las disputas laborales presentadas por empleados

u obreros en contra de sus patronos. León Torres v. Rivera Lebrón,

204 DPR 20 (2020), citando a Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200

DPR 254 (2018). Este mecanismo se distingue por la celeridad con

la cual se deben encausar estos procesos judiciales. El carácter

sumario constituye la médula de esta ley. Íd.

      Con el fin de cumplir cabalmente con la intención legislativa

de establecer un procedimiento expedito y sumario, los Tribunales

deben abstenerse de revisar las resoluciones interlocutorias que se

dicten durante dicho proceso. En consecuencia, la parte que

pretenda impugnarlas deberá esperar hasta la sentencia final e
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instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error

cometido. En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483,

498 (1999), nuestro Tribunal Supremo concluyó que la revisión de

resoluciones interlocutorias resulta contraria al carácter sumario

del procedimiento laboral de la Ley Núm. 2.

      Ahora bien, esta norma de autolimitación no es absoluta, pues

quedaron exceptuadas de dicha prohibición aquellas resoluciones

dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos extremos

en los cuales los fines de la justicia así lo requieran. Íd., pág. 498.

En específico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que

procedía la revisión inmediata cuando hacerlo dispondría del caso

en forma definitiva o cuando tenga el efecto de evitar una grave

injusticia. Íd.

                                 III.

      En la presente causa, la peticionaria sostiene que erró el foro

primario al denegar su moción de desestimación, toda vez que la

recurrida no agotó el remedio que establece la Ley Núm. 90-2020 de

acudir al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de

Conflictos de la Rama Judicial, previo a instar su causa de acción

en el tribunal. Entiende que el TPI no ostenta jurisdicción para

dilucidar el caso de referencia, por lo que la querella debe ser

desestimada.

      Luego de un análisis de los hechos particulares del caso,

concluimos que no procede apartarnos de la norma general de

autolimitación en el ejercicio de la función revisora que se nos

requiere en pleitos de esta índole.

      Debido a que estamos ante una Resolución interlocutoria

dentro de una causa de acción al amparo del procedimiento sumario

de la Ley Núm. 2 y que ninguna de las excepciones se encuentra

presente en el caso de autos, denegamos la expedición del auto de

certiorari solicitado.   Regla 40 del Reglamento del Tribunal de
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Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, R. 40. Ante el hecho que la

recurrida fue despedida de su empleo en el 2022, es nuestro parecer

que la decisión impugnada no es claramente errónea, ni genera un

fracaso de la justicia que justifique nuestra intervención.4

       Cuando el TPI adjudique en su totalidad la causa de epígrafe,

es que la parte perjudicada por la decisión final podrá comparecer

ante nos y podrá solicitar la revisión de esta y de las resoluciones

interlocutorias emitidas, de entenderlo procedente.

                                        IV.

       Por las consideraciones que preceden, denegamos expedir el

auto de certiorari solicitado.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. La

Jueza Rivera Pérez está conforme con la determinación arribada por

el Panel debido a que, la situación fáctica en la cual se da el contexto

de este caso en particular es distinguible del caso Carmen E. Reyes

Cobián v. Autoridad de los Puertos, KLCE202300445, determinación

de la cual participo.

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones

4 En los casos en que es necesario interpretar una ley, los tribunales “[n]os
encontramos en la obligación y el deber ineludible de lograr un resultado que se
ajuste al propósito y a la política pública que inspiró a la Legislatura al
aprobarlas”. San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 868
(2013). (Citas omitidas). Así pues, “[e]s regla dorada de hermenéutica judicial, que
las disposiciones de una ley deben ser examinadas e interpretadas de modo que
no conduzcan a resultados irrazonables e insostenibles, sino armoniosos”. Id.,
pág. 869; Domínguez Castro et al. v. ELA II, 178 DPR 375, 409 (2010). En
cumplimiento con esta función es necesario que en la interpretación se
armonicen, en la medida de lo posible, “todas las disposiciones de la ley con el
propósito de lograr una interpretación integrada, lógica y razonable de la intención
legislativa.” Matos v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 749 (2005).