Court Opinion

ID: 9952213
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:29:16.982224+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:07.348233
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

CARIBBEAN PRODUCE                                CERTIORARI
  EXCHANGE, LLC                                  Procedente de la
                                                 Junta
       Recurrente                                Reglamentadora de
                                                 Servicio Público,
             v.                                  Negociado de
                              KLRA202300418      Energía de Puerto
   LUMA ENERGY                                   Rico
    SERVCO, LLC;
   AUTORIDAD DE                                  Caso Núm.:
 ENERGÍA ELÉCTRICA                               NEPR-QR-2022-0018

        Recurridos                               Sobre: Resolución
                                                 Final y Orden de
                                                 Querella sobre
                                                 Revisión Formal de
                                                 Factura

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero 2024.

      Comparece ante nos Carribean Produce Exchange, LLC

(“Caribbean” o “Recurrente”) mediante un Recurso de Revisión

Administrativa presentado el 11 de agosto de 2023. Nos solicita que

revoquemos la Resolución emitida el 12 de julio de 2023, notificada

al próximo día, por el Negociado de Energía de Puerto Rico

(“Negociado”). En el referido dictamen, el Negociado desestimó la

reclamación presentada por Caribbean bajo el fundamento de falta

de jurisdicción.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos

la Resolución recurrida.

                                   I.

      Los hechos que inician la presente controversia se remontan

al año 2006, cuando la parte Recurrente comenzó a objetar unas

facturas emitidas por la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”)

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
KLRA202300418                                                       2

sobre un edificio comercial de su pertenencia, las cuales alegó que

eran excesivas.

        Posteriormente, el 21 de agosto de 2020, Caribbean cursó una

carta a la AEE a los fines de objetar sus facturas de servicio

energético, por unos alegados atrasos ascendentes a la cantidad de

$279,285.30.1 En ésta, señaló que en el año 2006 impugnó su

factura formalmente al amparo de la Ley para Establecer Requisitos

Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos

Esenciales, Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada,

27 LPRA sec. 262, (“Ley Núm. 33-1985”). Alegó que recibió el ajuste

correspondiente al periodo de diciembre de 2004 a agosto de 2006 y

se celebró una vista administrativa como parte del proceso de

objeciones de dicho periodo. No obstante, sostuvo que la AEE nunca

le notificó su determinación final sobre el asunto en controversia,

por lo que infirió que la agencia había acogido sus objeciones. Por

tanto, argumentó que dieciséis (16) años después no podía

recobrarle una deuda de dicho periodo.

        Transcurridos varios meses y luego de varias cartas emitidas

por Caribbean a la agencia, el 12 de noviembre de 2021, un

representante de LUMA Energy Servco, LLC. (“LUMA”), le informó

vía correo electrónico que procedía a referir su caso al Departamento

de Billing y Objeciones.2 Posteriormente, Caribbean continuó

remitiendo correos electrónicos a la compañía de servicio energético.

En éstas, aludió nuevamente a unas objeciones de facturas desde el

2006.

        Al respecto, el 8 de febrero de 2022, el señor Carlos A. Otero

Ortega, en representación de LUMA, le remitió un correo electrónico

a la representación legal de Caribbean, en donde solicitó coordinar

1 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 70.

2 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 83.
KLRA202300418                                                                3

una reunión para atender en detalle los reclamos presentados.3

Añadió que “[l]a reunión sería de carácter informativa para

entender la situación del mismo”. En respuesta, Caribbean indicó

mediante carta que el 12 de octubre de 2021 sostuvo una reunión

presencial con el señor Waldemar Figueroa de LUMA, donde se le

proveyó el trasfondo fáctico de las objeciones. Añadió que, a dicha

fecha,    lo   que   procedía     en    derecho     es   realizar   el   ajuste

correspondiente y eliminar los cargos. No obstante, procedió a

informar dos fechas hábiles para la reunión.

         En vista de que no se habían atendido las objeciones de

Caribbean, el 25 de marzo de 2022, presentó ante el Negociado de

Energía de Puerto Rico (“Negociado”) de la Junta Reglamentadora de

Servicio Público de Puerto Rico un Recurso en Solicitud de Orden

para Obligar a Compañía de Servicio Eléctrico Hacer los Ajustes

Correspondientes en Factura Objetada en contra de LUMA y AEE.4

En esencia, señaló que el 12 de octubre de 2021, un representante

de LUMA le notificó que su reclamación sería investigada y referida

a los departamentos correspondientes, sin embargo, alega que la

agencia nunca emitió una resolución final. Reiteró que desde el 2006

había solicitado el ajuste de factura. Señaló, además, que la agencia

incumplió con su deber ministerial por no haber concluido la

investigación ni haber notificado resolución dentro del término de

sesenta (60) días a tenor con la Ley de Transformación y ALIVIO

Energético, Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, 22 LPRA sec. 1051

et seq. (“Ley Núm. 57-2014”).

         Transcurridos varios trámites procesales, el 20 de mayo de

2022, LUMA presentó una Moción de Desestimación por Falta de

Legitimación Activa.5 En dicha solicitud, advirtió que Caribbean

3 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 89.

4 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs.1-7.

5 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 109-114.
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incumplió con el procedimiento informal de treinta (30) días para

objetar su factura, de conformidad a la precitada Ley Núm. 57-2014,

supra. Por consiguiente, peticionó la desestimación del recurso

administrativo bajo el fundamento de que el Negociado carecía de

jurisdicción para atender los reclamos de Caribbean. En su defecto,

señaló que la causa de acción en su contra debía ser desestimada,

toda vez que las alegaciones contenidas en el recurso versaban sobre

actuaciones de la AEE.

       Por su parte, el 27 de mayo de 2022, Caribbean sometió su

Oposición a “Moción de Desestimación por Falta de Legitimación

Activa” y Otros Extremos.6 En este documento, arguyó que no

procedía la solicitud de desestimación, pues desde el 2006 había

levantado una serie de objeciones ante la agencia sin obtener

remedio alguno.

       El 18 de octubre de 2022, el Negociado celebró una vista

argumentativa       sobre     la   controversia      relacionada        con    la

desestimación por falta de legitimación activa ante el oficial

examinador designado por la agencia. Tras evaluar las posturas de

ambas partes, el 12 de julio de 2023, el Negociado emitió la

Resolución     recurrida    declarando      Ha    Lugar    la      solicitud   de

desestimación presentada por Luma y AEE. En lo concerniente,

formuló las siguientes determinaciones de hechos:

       1. El 25 de marzo de 2022, la parte Querellante, presentó
          ante el Negociado de Energía una Querella contra la
          LUMA Energy, LLC y la Autoridad de Energía Eléctrica, la
          cual dio inicio al caso de epígrafe.
       2. La parte Querellante, alegó en el recurso presentado
          facturación incorrecta, errática y excesiva por parte de la
          Autoridad, ahora LUMA, bajo las disposiciones de la Ley
          Núm. 57-2014 y el Reglamento Núm. 8863.
       3. La parte Querellante alega que los hechos ocurrieron en
          el año 2006 cuando la Autoridad aparentemente envió
          facturas estimadas y luego una factura de ajuste ya que
          se alegaba habían facturado de menos por 24 meses.

6 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 115-118.
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         4. La parte Querellante además sostiene que LUMA ahora
            está haciendo intentos de cobro de dicho balance
            adeudado desde aproximadamente el año 2006.
         5. La presente controversia comenzó hace más de 16 años,
            allá para el año 2006, cuando las objeciones de factura
            se regían por la Ley 33-1985.
         6. En esencia la alegación de LUMA es que el Negociado
            carece de jurisdicción sobre la materia con relación a las
            objeciones de facturas del año 2006, debido a que tanto
            el Art. 6.27(a)(1) de la Ley 57-2014 como la Sección 2.02
            del Reglamento 8863, establecen que cada factura deberá
            ser objetada individualmente, dentro del periodo de
            treinta (30) días de la fecha de su emisión, y mediante los
            mecanismos establecidos por la Compañía de Servicio
            Eléctrico correspondiente. Así mismo, deben agotarse los
            respectivos remedios informales previo a acudir ante este
            Negociado, mediante la presentación de reclamaciones
            independientes por cada una de las facturas.
         7. Surge claramente del expediente del caso y el proceso
            ante el Negociado que el Querellante entre los años 2007-
            2010 litigó esta controversia, que nos presenta en su
            Querella, ante la Autoridad. Al punto que hubo una Vista
            Administrativa en el año 2010 de la cual se alega jamás
            se recibió la resolución o determinación final; dejando la
            parte Querellante el tema latente por más de 10 años
            hasta la presentación de esta Querella.

         En esencia, el Negociado resolvió que la Ley 57-2014, supra,

le confirió jurisdicción para atender controversias relacionadas a

facturas de la AEE. No obstante, carecía de jurisdicción para

resolver objeciones de facturas del 2006, puesto que Caribbean no

podía re litigar o reabrir una controversia luego de 16 años.

Determinó que, si          un Juez Administrativo no emitió               una

determinación final en el 2010, Caribbean tenía remedios de

conformidad con la Ley Núm. 33-1985, supra y otras aplicables,

como acudir al Tribunal de Primera Instancia, lo cual no hizo. Por

lo cual, el Negociado no tenía jurisdicción sobre la materia para

atender hechos que ocurrieron hace más de 16 años. En

consecuencia, desestimó sin perjuicio la querella.

         Inconforme con el dictamen administrativo, el 11 de agosto de

2023, Caribbean acudió ante nos mediante un Recurso de Revisión

Administrativa. En esencia, planteó el siguiente señalamiento de

error:

         Erró en derecho y abusó en su discreción el Negociado
         de Energía, al declararse sin “jurisdicción sobre la
         materia”, y desestimar el recurso de la recurrente,
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      privándole del remedio automático establecido
      categóricamente en el Artículo 6.27 de la Ley de
      Transformación y Alivio Energético, y la Sección 4.11
      del Reglamento Núm. 8863.

      Por su parte, el 20 de septiembre de 2023, LUMA compareció

ante nos mediante un escrito intitulado Alegato de la Parte

Recurrida.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso

ante nuestra consideración.

                                  II.
                    A. Revisión administrativa

      Las determinaciones administrativas están sujetas al proceso

de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Artículo 4.006

de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y;

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022); AAA v. UIA, 200

DPR 903, 910 (2018). La Sección 4.6 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de

30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9676, (“LPAU”),

faculta al tribunal intermedio a revisar decisiones, órdenes y

resoluciones finales de organismos administrativos. Ahora bien, el

proceso de revisión judicial está limitado a determinar: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las

determinaciones de hechos de la agencia están basadas en evidencia

sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) si las

conclusiones de derecho fueron las correctas. Asoc. FCIAS. v. Caribe

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Véase, también, Mun.

de San Juan v. J.C.A. 149 DPR 263, 279 (1999). Los tribunales

apelativos debemos sostener los dictámenes agenciales a menos que

la presunción de legalidad haya sido superada. Capó Cruz v. Jta.

Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v. Policía

de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).
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      Las determinaciones administrativas se sostendrán siempre y

cuando estén fundamentadas en evidencia sustancial que obre del

expediente. Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 9675. La

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011).

En   ese   sentido,   “la   parte    que   impugna     judicialmente   las

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el

peso prueba para demostrar que éstas no están basadas en el

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son

irrazonables”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 89.

      Por otro lado, “cuando de conclusiones de derecho se trata,

los tribunales tenemos una amplia facultad de revisarlas

completa y absolutamente”. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos,

184 DPR 712, 745 (2012); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R.,

144 DPR 425, 436 (1997). La Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos”. Solo intervendremos cuando la actuación administrativa

resulte arbitraria, ilegal o irrazonable. Capó Cruz v. Jta. Planificación

et al., supra, pág. 592. Lo anterior “no equivale a la sustitución

automática     del    criterio   e    interpretación     del   organismo

administrativo”. Íd., pág. 591; Rolón Martínez v. Supte. Policía,

201 DPR 26, 36 (2018). La determinación de una agencia merece

deferencia sustancial aun cuando su interpretación no sea la única

razonable. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003

(2011).

  B. Jurisdicción en casos ante organismos administrativos

      En nuestro ordenamiento jurídico, “la jurisdicción es el poder

o la autoridad que posee un tribunal o un organismo administrativo

para considerar y decidir casos o controversias con efecto vinculante
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para las partes”. Muñoz Barrientos v. Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros, 212 DPR __ (2023), 2023 TSPR 105 resuelto el

1 de septiembre de 2023; Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR

586, 600 (2021). Una agencia administrativa no puede asumir

jurisdicción sobre situación alguna que no esté autorizada por ley.

Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 225 (2004). Si un ente

administrativo no tiene jurisdicción para adjudicar controversia, su

actuación es ultra vires. AAA v. UIA, supra, pág. 916. De hecho,

“cualquier duda en cuanto a la existencia de dicho poder debe

resolverse en contra de su ejercicio”. Raimundi v. Productora, supra.

           C. Doctrina de Agotamiento de Remedios

      La doctrina de agotamiento de los remedios administrativos

requiere que los casos ante el foro agencial culminen previo a acudir

al foro judicial. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001).

Este principio “procura que cuando una parte desea obtener un

remedio en una agencia, dicha parte tiene el deber de utilizar todas

las vías administrativas a su alcance para ello antes de recurrir al

foro judicial”. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002);

Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 401 (2001).

      Ahora bien, ciertas circunstancias permiten prescindir del

procedimiento de agotamiento de remedios en las agencias. La

Sección 4.3 de la LPAU, supra, dispone lo siguiente:

      El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que
      agotar alguno o todos los remedios administrativos
      provistos en el caso de que dicho remedio sea
      inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento
      resultare en un daño irreparable al promovente y en el
      balance de intereses no se justifica agotar dichos
      remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de
      derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar
      los remedios administrativos por la dilación excesiva en
      los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta
      de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto
      estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia
      administrativa. 3 LPRA sec. 9673.

      No obstante, en ausencia de tales criterios, “el foro judicial

debe abstenerse hasta que concluyan los trámites administrativos”.
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Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 802. Esta norma evita que

“se obvie el procedimiento de revisión interna de la agencia a fin de

acelerar la revisión judicial”. Mun. de Caguas v. AT & T, supra, pág.

407. Tal proceder permite que la determinación recurrida refleje la

posición final de la entidad administrativa. Acevedo v. Mun. de

Aguadilla, supra, pág. 802.

 D. Jurisdicción del Negociado de Energía Eléctrica en casos
         de revisión de facturas de servicio energético

      El Artículo 1.2 (p) de la Ley de Transformación y ALIVIO

Energético, Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, según enmendada,

22 LPRA sec. 1051(p), (“Ley Núm. 57-2014”), declara como política

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que “[l]as disputas

sobre facturas o servicios de electricidad se tramitarán de forma

equitativa y diligente”. A esos fines, la precitada Ley reconoce la

facultad de una entidad reguladora para la revisión de tarifas

relacionadas con el servicio energético:

      (p) Habrá un ente independiente regulador de energía,
      que tendrá amplios poderes y deberes para asegurar el
      cumplimiento con la política pública energética, las
      disposiciones y mandatos de esta Ley, y para asegurar
      costos energéticos justos y razonables mediante la
      fiscalización y revisión de las tarifas de la Autoridad
      de Energía Eléctrica y de cualquier compañía de
      servicio eléctrico. (Énfasis nuestro). Artículo 1.2 (r) de
      la Ley Núm. 57-2014, supra, 22 LPRA sec. 1051(r).

      Cónsono con lo anterior, el Artículo 6.3 de la precitada Ley

delimita los poderes del Negociado de Energía de Puerto Rico. El

aludido precepto dispone que el Negociado ostenta la facultad para

revisar determinaciones procedentes de compañías proveedoras de

servicio de electricidad:

      (rr) Revisar decisiones finales de las compañías de
      energía con respecto a querellas y solicitudes de
      investigación de sus clientes.
      […].
      El NEPR aquí creado tendrá, además de los poderes
      enumerados en esta Ley, todos los poderes adicionales
      implícitos e incidentales que sean apropiados y
      necesarios para efectuar y llevar a cabo, desempeñar y
      ejercitar todos los poderes antes mencionados y para
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      alcanzar los propósitos de esta Ley. 22 LPRA sec.
      1054b(rr). (Énfasis nuestro).

      El Artículo 6.4(a)(2) de la precitada Ley preceptúa que la

agencia tendrá jurisdicción primaria exclusiva sobre los siguientes

asuntos:

      (2) Los casos y controversias relacionados con la
      revisión de facturación de las compañías de energía a
      sus clientes por los servicios de energía eléctrica. 22
      LPRA sec. 1054c(a)(2).

      De igual modo, el Artículo 6.4(b)(1) prescribe que posee

jurisdicción general sobre el siguiente aspecto:

      (1) El Negociado de Energía tendrá jurisdicción
      regulatoria investigativa y adjudicativa sobre la
      Autoridad y cualquier otra compañía de energía
      certificada que rinda servicios dentro del Gobierno de
      Puerto Rico. 22 LPRA sec. 1054c(b)(1).

 E. Trámite administrativo para objetar factura por servicio
      energético ante la compañía de energía eléctrica

      El Artículo 6.27(a) de la Ley Núm. 57-2014, supra, fija los

requisitos para que un cliente presente su objeción a sus facturas

de servicio de energía eléctrica, disponiendo lo siguiente:

      (a) Antes de acudir al Negociado de Energía para
          solicitar una revisión de factura de servicio
          eléctrico, toda persona deberá agotar, ante la
          compañía de energía certificada que le cobró
          dicha factura, el procedimiento administrativo
          informal que se establece en este Artículo y en
          los reglamentos que adopte el Negociado de
          Energía. En este proceso administrativo informal no
          aplicarán las disposiciones del Capítulo III de la Ley
          38-2017, según enmendada, de la Ley 38-2017,
          según enmendada, conocida como la “Ley de
          Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
          de Puerto Rico”.
             (1) Todo cliente podrá objetar o impugnar
                cualquier cargo, clasificación errónea de tipo
                de tarifa, cálculo matemático o ajuste de la
                factura de servicio eléctrico y solicitar una
                investigación por parte de la compañía de
                energía certificada dentro de un término de
                treinta (30) días a partir de la fecha en que
                dicha factura sea depositada en el correo
                postal o sea enviada al cliente vía correo
                electrónico.
      […].
      Para poder objetar la factura y solicitar la
         correspondiente investigación, la persona
         deberá pagar la cantidad correspondiente al
KLRA202300418                                                                         11

           promedio de las facturas no disputadas durante
           los últimos seis (6) meses. La compañía de energía
           certificada no vendrá obligada a iniciar la
           investigación hasta que la cantidad indicada haya
           sido pagada.
       (2) La persona podrá notificar su objeción y solicitud
           de investigación de su factura a la compañía de
           energía certificada mediante correo certificado,
           teléfono, fax o correo electrónico, siempre que
           dicha objeción y solicitud se someta a través de
           los contactos específicos provistos para esos
           propósitos por la compañía de energía
           certificada y se pueda establecer con certeza la
           fecha del envío de la objeción y solicitud de
           investigación. (Énfasis y subrayado nuestro). 22
           LPRA sec. 1054z (a)(1).7

7 Cabe destacar que la Ley Núm. 33-185, supra, disponía un procedimiento para

objetar las facturas del servicio de energía eléctrica, estableciendo lo siguiente:
       Toda autoridad, corporación pública u otra instrumentalidad
       gubernamental que provea servicios esenciales a la ciudadanía
       dispondrá un procedimiento administrativo para la suspensión del
       servicio por falta de pago que deberá ajustarse para conceder los
       mecanismos y garantías mínimas al abonado, conforme al
       procedimiento dispuesto a continuación:
       (a) A partir del envío de una factura de cobro por concepto de pagos
       de tarifas, derechos, rentas, u otros cargos facturados, por
       servicios esenciales, el abonado tendrá veinte (20) días para pagar
       u objetar y solicitar una investigación de la misma ante el
       funcionario designado en la oficina local donde ubica la estructura
       que recibe servicio, quien estará facultado para corregir errores o
       sobrecargos. La objeción y solicitud de investigación podrá
       solicitarse mediante correo, teléfono, fax o Internet, siempre
       y cuando la misma se someta a través de las direcciones y/o
       números específicos provistos por la Autoridad de Energía
       Eléctrica de Puerto Rico o la Autoridad de Acueductos y
       Alcantarillados, según corresponda, para estos propósitos.
       (b) La instrumentalidad deberá concluir la investigación e
       informarle el resultado de la misma al abonado dentro de los
       sesenta (60) días de la objeción original, y en aquellos casos en que
       se requiera un tiempo adicional la instrumentalidad, si así lo
       determinara, lo hará según lo dispuesto en la Ley Núm. 170 del 12
       de agosto de 1988. El resultado de la investigación se le
       notificará al abonado por escrito quien, si el resultado de la
       investigación le es adverso, tendrá diez (10) días a partir de la
       notificación para pagar la factura o para objetar la decisión del
       funcionario de la Oficina local ante otro funcionario designado
       representante de la región o distrito en que el usuario recibe el
       servicio, quien tendrá veinte (20) días a partir de la fecha de
       objeción para resolver tal solicitud.
       (c) La decisión del funcionario de la región o distrito se le
       notificará por escrito al abonado, quien, si la decisión le es
       adversa, tendrá diez (10) días a partir de la notificación para pagar
       o solicitar una revisión de esa decisión y vista ante el director
       ejecutivo de la autoridad concernida.
       (d) […].
       (e) Si el abonado solicita la revisión y vista administrativa dispuesta
       en el inciso (c) anterior, deberá pagar, previo a la celebración de la
       vista, una cantidad igual al promedio de la facturación de consumo
       mensual o bimensual, según fuere el caso, tomándose como base
       el historial de consumo del abonado durante los 12 meses
       precedentes. […].
       (f) […].
       (g) […].
KLRA202300418                                                                12

       A su vez, el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión

de Facturas y Suspensión del Servicio Eléctrico por Falta de Pago de

la Comisión de Energía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8863 de

1 de diciembre de 2016 (“Reglamento de Revisión”),8 dispone del

trámite para objetar una factura de luz, estableciendo lo siguiente:

       1. El nombre del Cliente que presenta la objeción;
       2. El número de cuenta de servicio;
       3. El número de identificación de la Factura que se objeta;
       4. Las razones que motivan la objeción;
       5. Su número de teléfono, dirección física y postal, y
          dirección de correo electrónico;
       6. Copia del recibo de pago del promedio de las Facturas
          conforme a lo establecido en la Sección 4.05 de este
          Reglamento. Si el cliente presentare su objeción por
          teléfono, deberá ofrece el número de confirmación del
          recibo del pago.
       Toda objeción de Factura que no cumpla con lo
       dispuesto en esta Sección se tratará como si nunca
       hubiese sido presentada y no tendrá efecto jurídico
       alguno. (Énfasis y subrayado nuestro). Sección 4.07 del
       Reglamento de Revisión, supra.

       Completado cabalmente el trámite de objeción informal, la

compañía de servicio energético estará en posición para iniciar el

proceso investigativo o adjudicativo de conformidad a las siguientes

consideraciones:

       (3) Una vez notificada la objeción y depositada la
       cantidad correspondiente, la compañía de energía
       certificada deberá iniciar la investigación o el proceso
       adjudicativo que proceda dentro del término de treinta
       (30) días, contados a partir de la fecha en que el cliente
       notificó su objeción. En caso de que la compañía de
       energía certificada no inicie el proceso dentro del
       término de treinta (30) días, la objeción será adjudicada
       a favor del cliente. La compañía de energía certificada

       (h) El abonado tendrá veinte (20) días a partir de la notificación
       de la decisión del examinador o árbitro para recurrir en
       revisión al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico
       conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 11 del 24 de julio de
       1952, según enmendada, y a las Reglas Aplicables a los Recursos
       para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal de
       Primera Instancia. El tribunal revisará la decisión del examinador
       a base del récord administrativo y sólo en cuanto a las
       conclusiones de derecho; las determinaciones de hecho serán
       concluyentes para el tribunal si están sostenidas por evidencia
       sustancial. 27 LPRA sec. 262b. (Énfasis nuestro).
8 La Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de

Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 211-2018, establece que toda ley que se
refiera a la Comisión o Comisión de Energía de Puerto Rico se entenderá que se
refiere, respectivamente, al Negociado de Energía.
KLRA202300418                                                       13

      deberá    concluir      la   investigación  o    proceso
      administrativo, emitir la correspondiente resolución e
      informar al cliente el resultado dentro de un término de
      sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
      comienzo de la investigación o proceso adjudicativo. Si
      la compañía de energía certificada no emite la referida
      resolución o no informa al cliente de la misma dentro
      del término de sesenta (60) días, la objeción será
      adjudicada a favor del cliente. 22 LPRA sec. 1054z(a)(3).

F. Agotamiento de remedios previo a acudir al Negociado de
                  Energía de Puerto Rico

      El cliente debe agotar los remedios internos que provea la

compañía de servicio energético antes de acudir al Negociado. En

esa dirección, el Artículo 6.27(a) de la Ley Núm. 57-2014, supra,

preceptúa el procedimiento a seguir:

      (a) Antes de acudir al Negociado de Energía para
      solicitar una revisión de factura de servicio
      eléctrico, toda persona deberá agotar, ante la
      compañía de energía certificada que le cobró dicha
      factura, el procedimiento administrativo informal
      que se establece en este Artículo y en los
      reglamentos que adopte el Negociado de Energía.
      (Énfasis nuestro). 22 LPRA sec. 1054z(a).

      El Artículo 6.27(d) de la aludida Ley prescribe ese requisito de

la siguiente manera:

      (d) Al presentar su querella ante la Comisión el
      cliente querellante deberá demostrar que ha
      cumplido con los requisitos establecidos en este
      Artículo. De la misma manera, la compañía de
      servicio eléctrico querellada deberá establecer en su
      primera comparecencia ante la Comisión que han
      cumplido fielmente con los requisitos establecidos
      en este Artículo. 22 LPRA sec. 1054z (d).

      De igual forma, la Sección 2.02 del Reglamento de Revisión,

supra, establece el requisito de agotamiento de remedios:

      Todo cliente deberá agotar, ante la Compañía de
      Servicio Eléctrico, el Procedimiento Administrativo
      Informal de Objeción de Facturas establecidos en
      este Reglamento previo a solicitar una revisión
      formal de cualquier objeción por parte de la
      Comisión de Energía. Mediante este Procedimiento
      Administrativo Informal, el Cliente explicará los
      fundamentos de su objeción a la Compañía de Servicio
      Eléctrico e intentará alcanzar una solución al asunto
      directamente con la compañía. (Énfasis y subrayado
      nuestro).
KLRA202300418                                                      14

      Cabe destacar que, el cliente ostenta el derecho de solicitar

reconsideración ante la compañía de servicio energético, según

dispone el Artículo 6.27(a)(4) y (5) de la Ley Núm. 57-2014, supra:

      (4) Si el cliente no está conforme con el resultado de la
          investigación de la compañía de servicio eléctrico,
          deberá solicitar por escrito a dicha compañía la
          reconsideración de esa decisión inicial por parte de
          un funcionario de mayor jerarquía. Toda solicitud de
          reconsideración deberá presentarse dentro del
          término de veinte (20) días contados a partir de la
          notificación de la decisión de la compañía de servicio
          eléctrico sobre el resultado de la investigación. El
          cliente podrá presentar y notificar su solicitud de
          reconsideración a la compañía de servicio eléctrico
          mediante correo certificado, fax o correo electrónico,
          siempre y cuando ésta se someta a través de los
          contactos específicos provistos por la compañía para
          estos propósitos.
      (5) La compañía de energía certificada tendrá un
         término de treinta (30) días a partir de la
         presentación de la solicitud de reconsideración para
         evaluarla y notificar por escrito al solicitante su
         determinación final sobre el resultado de la
         investigación. Si la compañía de energía certificada
         no emite la referida notificación por escrito dentro
         del término de treinta (30) días, la objeción será
         adjudicada a favor del cliente. Toda determinación
         final deberá exponer claramente por escrito que el
         cliente tendrá derecho de presentar un recurso de
         revisión ante la Comisión y una breve descripción de
         cómo presentar tal recurso. 22 LPRA sec. 1054z (a)
         (4-5).

      Agotados los remedios descritos, el cliente tendrá legitimación

activa para acudir al Negociado, según dispone la Sección 5.1. del

Reglamento de Revisión, supra, estableciéndolo siguiente:

      Todo Cliente que no esté conforme con la decisión final
      de la Compañía de Servicio Eléctrico referente a una
      querella o una objeción de Factura podrá iniciar un
      procedimiento formal de revisión ante la Comisión de
      Energía dentro del término de treinta (30) días,
      contados a partir de la fecha de notificación de decisión
      final. Al presentar su solicitud de revisión, el
      querellante deberá demostrar que ha cumplido
      fielmente con los requisitos establecidos en el
      Artículo 6.27 de la Ley 57-2014 y en este
      Reglamento. (Énfasis nuestro).

      De exhibir tales criterios, el Negociado tendrá la facultad para

revisar la determinación de la compañía de servicio energético del

siguiente modo:
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      (e) La Comisión revisará de novo la decisión final de la
      compañía de energía certificada sobre la objeción y el
      resultado de la investigación. 22 LPRA sec. 1054z(e).

                                 II.

      En el presente recurso, la parte Recurrente nos alega que erró

el Negociado al desestimar su recurso por falta jurisdicción. En

específico,   contiende   que   el     Negociado   fundamentó       su

determinación en meras alegaciones sin identificar si existía o no

una determinación final por parte de la compañía de servicio de

energía eléctrica. Por lo anterior, argumenta que el Negociado tiene

ampla facultad para atender su reclamo.

      Por su parte, LUMA arguye que Caribbean pretende objetar la

totalidad de sus balances adeudados a través del proceso de

objeción. No obstante, plantea que Caribbean debió cumplir con los

requisitos contenidos en la Ley Núm. 57-2014, supra. De

conformidad con lo anterior, sostiene que cada factura debió

objetarse individualmente dentro del término de treinta (30) días

desde la fecha de su emisión.

      En el presente caso, nos corresponde determinar si el

Negociado     actuó   correctamente    al   desestimar     el   recurso

administrativo por concluir que carecía de jurisdicción.

      Como foro revisor, al evaluar un dictamen administrativo,

nuestro quehacer judicial se limita a determinar si existe una base

racional respaldada en evidencia sustancial que fundamente la

determinación o interpretación impugnada. En ese sentido, los foros

apelativos solo intervendremos si las determinaciones de hechos no

están basadas en evidencia que obre en el expediente o cuando las

conclusiones resultan irrazonables. OEG v. Martínez Giraud, supra.

Tomando en cuenta la doctrina de limitación judicial, somos del

criterio que en este caso procede conferirle deferencia a las

determinaciones de hechos formuladas por el Negociado. Veamos.
KLRA202300418                                                                16

      Tras revisar la totalidad del expediente administrativo,

notamos que el Recurrente comenzó a realizar una serie de

objeciones a su factura del servicio de energía eléctrica desde el

2006. En dicho periodo el procedimiento sobre las objeciones a los

servicios   públicos   esenciales     estaba     regulado   por       la    Ley

Núm. 33-1985, supra, por lo que el proceso de objeción debía

cumplir con los requisitos allí dispuestos. Según nos alega la parte

Recurrente, dichas facturas fueron objeto de litigación por varios

años, inclusive nos advierte que el 2010 se celebró una vista

administrativa. Sin embargo, el Recurrente señala que la agencia no

emitió una determinación final, por lo que asumió que había

resuelto sus reclamos a su favor.

      Las cartas que obran en el expediente administrativo

evidencian que el Recurrente realizó unas objeciones sobre la

facturación del servicio de energía eléctrica, en las cuales alega que

la lectura era una estimada. Aun cuando algunas de las

comunicaciones enviadas por Caribbean a la compañía de servicio

energético hacen referencia al periodo que comprende la objeción,

no existe evidencia de que la agencia inició una investigación formal

sobre las objeciones y se completó el trámite administrativo. El

Recurrente sostiene que en 2010 la agencia realizó una vista

administrativa, pero no presenta evidencia sobre si se dilucidaron

las   controversias    relacionadas    a   las     objeciones     u        otros

planteamientos    de   derecho.     Tampoco      podemos    deducir          del

expediente que el hecho de que la agencia no emitió determinación

final sobre los reclamos del Recurrente dio a lugar a que estas fueron

resueltas a su favor. Ante las dudas del Recurrente sobre si la

agencia acogió o no sus reclamos, dicha parte no podía cruzarse de

brazos y debió acudir al foro judicial a dilucidar sus planteamientos.

      Además,    es    meritorio    destacar   que    mediante        la    Ley

Núm. 57-2014, supra, se creó el Negociado y le confirió la facultad
KLRA202300418                                                       17

a dicha entidad para revisar las decisiones finales de las compañías

de energía con respecto a las querellas y solicitudes de investigación

de sus clientes. Véase 22 LPRA sec. 1054 (rr). La precitada Ley

estableció una serie de requisitos que tendrá que cumplir cualquier

cliente que quiera objetar las facturas de servicio eléctrico,

estableciendo que “[a]ntes de acudir al Negociado de Energía para

solicitar una revisión de factura de servicio eléctrico, toda persona

deberá agotar, ante la compañía de energía certificada que le cobró

dicha factura, el procedimiento administrativo informal que se

establece en este Artículo y en los reglamentos que adopte el

Negociado de Energía”. 22 LPRA sec. 1054z (a).

          En el presente caso, el Recurrente arguye que la compañía de

servicio eléctrico le ha requerido el cobro unas cuantías en concepto

de atrasos que corresponden a facturas que datan del 2006. Del

expediente surgen unas cartas emitidas por el Recurrente a la AEE

que pretendían ser objeciones formales a las facturas de los años

2006, 2007 y 2008.9 Las otras cartas y correos electrónicos que se

incluyeron como anejos del expediente corresponden a los años

2020, 2021 y 2022. Sin embargo, en el expediente no se incluyeron

facturas del periodo de años que comprende del 2008 al 2019. Por

lo cual, es forzoso concluir que el Recurrente no puso en posición a

la agencia para dilucidar sus reclamos de que el cobro de atrasos de

las facturas desde 2020 corresponden a las facturas objetadas desde

el 2006. Por lo cual, coincidimos con el Negociado que no ostenta

jurisdicción para dilucidar los méritos de los reclamos del

Recurrente, con respecto a las facturas del periodo de 2006 al 2008.

A su vez, reiteramos que el Recurrente debió haber iniciado un

proceso judicial desde que se celebró la alegada vista administrativa

9
    Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 8-67.
KLRA202300418                                                     18

en 2010, a los fines de que se obligara a la agencia a emitir una

determinación final con respecto a sus reclamos.

      En vista de lo anterior, el dictamen agencial merece nuestra

deferencia. La Resolución recurrida no es arbitraria, irrazonable ni

caprichosa. La aludida determinación agencial es cónsona los

preceptos legales aplicables y está respaldada en evidencia

sustancial que obra del expediente.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos el dictamen

recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones