Court Opinion

ID: 9953341
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-21 20:17:00.807288+00
Date Added: 2024-06-11T14:45:57.210834
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

           Cecilia James Soto

                Recurrida

                    v.
                                                 Certiorari
          Miguel A. Montes Díaz
                                                2024 TSPR 27
                Recurrido
                                                213 DPR ___
                    v.

         Cecille M. Montes James

              Peticionaria

Número del Caso:   CC-2023-0227

Fecha:   20 de marzo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

     Panel Especial

Abogado de la parte peticionaria:

     Lcdo. Philippe O. Beauchamp Oliveras

Abogada de la parte recurrida:

     Lcda. Lilia M. Quiñones Fuentes

Materia:   Derecho de Familia – Los foros del Tribunal General de
Justicia tienen la autoridad para ordenar y registrar en otra
jurisdicción una determinación de arresto por desacato civil por el
incumplimiento con el deber de prestar alimentos, aun cuando la
persona contra la cual se emite se encuentre residiendo fuera de
Puerto Rico.

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                   EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

      Cecilia James Soto

             Recurrida

                   v.
                                            CC-2023-0227              Certiorari
 Miguel A. Montes Díaz

             Recurrido

                   v.

Cecille M. Montes James

            Peticionaria

El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del
Tribunal

        En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

        Este      caso       nos    presenta      una   nueva        oportunidad       para

reivindicar los poderosos intereses que tiene el Estado en

asegurar          las    condiciones        propicias          para       el     desarrollo

integral de los jóvenes que representan el futuro de Puerto

Rico. En este contexto, venimos llamados a reiterar las

obligaciones            ineludibles       que     tienen       los    progenitores        de

velar       por    sus       hijos    y   proveerles       a    estos          el   sustento

necesario para una vida digna.

        Y    es    que       la    controversia     que    hoy        atendemos        surge

precisamente del deber de un padre de continuar descargando

su obligación moral y legal de prestar alimentos a su hija,

aun     cuando          se    encuentre        ausente     de        la        jurisdicción

territorial             de    Puerto      Rico.    Aprovechamos,               pues,    esta

ocasión, para despejar toda duda sobre la autoridad que
 CC-2023-0227                                                                         2

poseen       nuestros        tribunales          para       hacer          valer      sus

pronunciamientos         en         la    materia          de     las       relaciones

paternofiliales        en        otras    jurisdicciones          de       los    Estados

Unidos,      siempre         y     cuando       conserven         válidamente          la

jurisdicción sobre las personas.

       Por   estos      motivos,         resolvemos        que       los    foros     del

Tribunal     General     de        Justicia     tienen      la       autoridad       para

ordenar y registrar en otra jurisdicción una determinación

de arresto por desacato civil dirigida a un progenitor que

ha incumplido su deber de prestar alimentos, cuando este

último se encuentre residiendo fuera de Puerto Rico.

       En vista de que el Tribunal de Apelaciones concluyó

que    el    Tribunal        de     Primera      Instancia           se     encontraba

desprovisto      de     las       herramientas        necesarias           para     hacer

efectiva una orden de arresto por desacato civil contra el

aquí recurrido, en abstracción del ordenamiento estatal y

federal, forzosamente debemos revocar el aludido dictamen.

       Consecuentemente, devolvemos el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que expida un mandamiento y gestione

el    registro   en     el       Estado    de   Florida         de    la    obligación

alimentaria que tiene el Sr. Miguel A. Montes Díaz para con

su hija, la Sra. Cecille M. Montes James. Ademas, el foro

primario     deberá     registrar          en   la    misma       jurisdicción         su

determinación de que el recurrido se encuentra incurso en

desacato civil.

       Veamos     los            fundamentos         que        informan          nuestra

determinación.
 CC-2023-0227                                                                          3

                                              I

      Este recurso tiene su origen el 4 de enero de 2021,

cuando al Sr. Miguel A. Montes Díaz (señor Montes Díaz o

recurrido) se le impuso el pago de una pensión alimentaria

en   favor     de   su    hija,     la    Sra.         Cecille    M.    Montes       James

(señora      Montes       James     o    peticionaria).            Por       orden     del

Tribunal de Primera Instancia, la obligación alimentaria

consistía en la fijación de un pago mensual de $1,039.84

para el beneficio de la peticionaria, quien cumpliría la

mayoría de edad a finales de ese mismo año.

      Ante el presunto incumplimiento del recurrido con el

pago de pensión alimentaria, la madre de la peticionaria,

la Sra. Cecilia James Soto (señora James Soto), acudió al

foro primario en varias ocasiones. En lo que nos ocupa, el

13 de octubre de 2021, presentó una moción de desacato en

la que expuso que el recurrido no había cumplido con los

pagos correspondientes a los meses de julio a octubre de

2021,      motivo        por   el       cual           solicitó    su        arresto       y

encarcelamiento si no satisfacía la deuda dentro de quince

(15) días.1

      Así     las   cosas,        el     14       de    noviembre       de    2021,    la

peticionaria advino a la mayoría de edad. Al día siguiente,

el recurrido        presentó una          moción         solicitando         que se le

relevara de su obligación de proveer pensión alimentaria a

su hija de veintiún (21) años, a pesar de que no había

      1   Apéndice del Certiorari, Moción Sobre Desacato, pág. 66.
  CC-2023-0227                                                                      4

emitido los pagos correspondientes desde julio.2 Trabado el

asunto,    mediante     una      Orden      que      fue     emitida       el   8   de

noviembre de 2021,          el    Tribunal        de Primera Instancia               le

concedió al recurrido quince (15) días para cumplir con el

pago de los $4,159.36 que debía hasta ese momento.3

     No    obstante,    transcurrido            el     término   concedido,          el

recurrido no pagó. Por el contrario, mediante una moción

del 3 de diciembre de 2021, el recurrido solicitó que se

declarara no ha lugar la moción de desacato presentada por

la madre de la peticionaria y que se dejara sin efecto la

Orden emitida el 8 de noviembre de 2021. Sostuvo, que se le

violó su derecho a un debido proceso de ley porque la

moción presentada no le fue notificada hasta después que el

foro primario emitiera y notificara su Orden.4 Atendida la

moción,    el    Tribunal        de   Primera          Instancia      emitió        una

Resolución      aclarando     que     el    debido       proceso      de    ley     del

recurrido había sido garantizado en todos los aspectos.5

     Luego de varios trámites procesales, la peticionaria

se opuso a la solicitud de relevo de pensión alimentaria,

mediante     moción    presentada          el     24    de    marzo      de     2022.6

Argumentó en favor de la necesidad que tenía de recibir

dicha     pensión     alimentaria          para      sufragar      sus      estudios

      2 Apéndice del Certiorari, Moción Sobre Relevo de la Obligación

de Proveer Pensión Alimentaria, págs. 60-62.
      3 Apéndice del Certiorari, Orden del 8 de septiembre de 2021,

pág. 67.
      4 Apéndice del Alegato de la Parte Recurrida, Moción, págs. 5-7.
      5 Apéndice del Alegato de la Parte Recurrida, Resolución y Orden

del 13 de diciembre de 2021, pág. 8.
      6  Apéndice del Certiorari, Moción en Oposición a Relevo de
Pensión Alimentaria – Solicitud de Pensión Alimentaria, págs. 68-71.
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universitarios y necesidades básicas. También afirmó que el

recurrido contaba con los medios económicos suficientes e

informó al tribunal sobre el reiterado incumplimiento del

recurrido con su obligación parental desde julio de 2021.

      Ante la incomparecencia del recurrido, la peticionaria

volvió a solicitar que se ordenara su arresto, por lo que

el foro primario ordenó al recurrido a mostrar causa por la

cual no debía hallarse incurso en desacato.7 Sin embargo,

transcurrido el término concedido, el recurrido no acató la

Orden del tribunal.

      Tras diecisiete (17) meses de incumplimiento por parte

del recurrido con el pago de los alimentos, la peticionaria

presentó la que fue su quinta (5ta) solicitud de desacato y

orden de arresto.8 Por su parte, el recurrido sometió una

réplica     indicando    que     no   existía    orden    de   pensión

alimentaria vigente desde el 16 de noviembre de 2021, fecha

en que solicitó que se le relevara de su obligación tras la

peticionaria advenir a la mayoría de edad.9

      Tras considerar los escritos de las partes, el 20 de

octubre de 2022 el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Orden     encontrando   al     recurrido   incurso   en   desacato       y

reiterando que la deuda de pensión alimentaria era líquida

y exigible. Sin embargo, señaló que no estaba en posición

      7 Apéndice del Certiorari, Orden del 5 de julio de 2022, pág. 92.
      8   Apéndice  del   Certiorari,  Urgente   Moción  Informativa   y
Reiterando Solicitud de Desacato, págs. 95-96.
      9 Apéndice del Certiorari, Réplica a “Urgente Moción Informativa

y Reiterando Solicitud de Desacato”, págs. 97-98.
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de ordenar su arresto porque el recurrido no era residente

de Puerto Rico y sugirió a la peticionaria presentar una

acción de cobro de dinero en los Estados Unidos.10

      Ambas      partes      estuvieron        inconformes        con      esta

determinación y presentaron sus respectivas solicitudes de

reconsideración.       La    peticionaria        alegó    que     el    remedio

sugerido por el foro primario era muy oneroso, por tratarse

de una deuda que aumentaba mensualmente y que constituía

una condonación de facto de la deuda. Expuso que no existía

impedimento legal para ordenar el encarcelamiento, porque

el recurrido se beneficiaba de los procedimientos legales

de   Puerto     Rico   al   presentar     su   solicitud     de    relevo   de

pensión    en    nuestra     jurisdicción.       Asimismo,      solicitó     la

celebración de una vista de relevo en la cual se dilucidara

dicha petición y ordenara el arresto del recurrido, de ser

necesario.11 Por su parte, el recurrido volvió a plantear en

su moción       que el decreto de         pensión    alimentaria estuvo

vigente hasta que solicitó el relevo de la obligación tras

la peticionaria advenir mayor de edad.12

      Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia notificó

una Orden el 14 de noviembre de 2022 en la que reiteró que

el   recurrido     era      responsable    del     pago    de     la    pensión

alimentaria. Especificó que los alguaciles del Tribunal no

      10  Apéndice del Certiorari, Orden del 19 de octubre de 2022,
págs. 29-30.
      11 Apéndice del Certiorari, Solicitud de Reconsideración del 4 de

noviembre de 2022, págs. 52-56.
      12 Apéndice del Certiorari, Solicitud de Reconsideración del 2 de

noviembre de 2022, págs. 108-110.
  CC-2023-0227                                                                            7

podían realizar el arresto del recurrido, por este residir

fuera de la jurisdicción. Así, señaló que la peticionaria

debía radicar la solicitud en el foro federal para que así

se     pudiesen          activar        los     mecanismos          de        cooperación

interestatal para ejecutar el arresto del recurrido.13

        Insatisfecha,           el      13     de     diciembre          de     2022,     la

peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones y presentó

un     recurso      de    Certiorari           en    donde       expuso       los   mismos

argumentos          que       había          señalado       en      la        moción      de

reconsideración ante el tribunal de instancia. El recurrido

no compareció oportunamente ante el foro a quo.

        Así las cosas, el 22 de febrero de 2023, el foro

intermedio denegó la expedición del recurso de Certiorari

mediante Resolución.                Expuso     que    no se podía             emitir una

orden        de   arresto      en    el      caso    de    epígrafe,          por   ser   un

“remedio que no es ejecutable”.14 Indicó que los alguaciles

de los tribunales puertorriqueños no poseen la autoridad

para     diligenciar          una    orden     de    arresto      en     el    Estado     de

Florida, donde se encuentra el recurrido.15 Concluyó que la

peticionaria debía presentar una acción de cobro de dinero

en     Estados       Unidos         o     utilizar        los     mecanismos           sobre

aseguramiento            de   sentencia         que       proveen      la      Reglas     de

Procedimiento Civil, a pesar de que la deuda objeto de la

        13Apéndice del Certiorari, Orden del 8 de noviembre de 2022,
págs. 58-59.
      14 Apéndice del Certiorari, Resolución del 22 de febrero de 2023,

pág. 13.
      15 Íd., pág. 12.
 CC-2023-0227                                                                     8

controversia es una por concepto de alimentos que vence mes

tras mes, y no una ordinaria de cobro de dinero.16

     Destacamos, que el Juez Sánchez Ramos emitió un voto

disidente en el cual rechazó que la ubicación del recurrido

y la identidad de quien diligenciara la orden de arresto

fueran     hechos        pertinentes.        Además,       recordó          que   las

autoridades      en   todas     las       jurisdicciones       de     los    Estados

Unidos     vienen     obligadas       a    reconocer      la   validez       de   las

órdenes de arresto emitidas en Puerto Rico y estas podrían

asistir a la peticionaria en su ejecución.17

     Inconforme          con    la        Resolución      del       Tribunal      de

Apelaciones,        la     peticionaria        solicitó         sin     éxito      la

reconsideración          del   dictamen.      Así   las    cosas,      compareció

ante esta Curia mediante petición de Certiorari y esbozó

los siguientes señalamientos de error:

     PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al
     concluir    que,     ante    el    incumplimiento
     injustificado de un alimentante con el pago de
     una deuda vencida, líquida y exigible por
     concepto de pensión alimentaria, y que ha sido
     incurso en desacato, los tribunales de Puerto
     Rico se encuentran impedidos de emitir que se
     ordene su arresto por el mero hecho de que el
     alimentante se encuentra en el estado de Florida.

     SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al
     confirmar la condonación de facto de una deuda
     por concepto de pensión alimentaria, a pesar de
     que ello implica:

          (A) Negar que las pensiones alimentarias
     gozan del más alto interés público, aun cuando la
     parte alimentista se trata de una estudiante

     16   Id.
     17   Íd., págs. 15-19.
 CC-2023-0227                                                                   9

       universitaria a tiempo               completo        con   desempeño
       académico excelente; y

            (B) Afirmar que una deuda por concepto de
       pensión alimentaria es equiparable a una deuda
       ordinaria.

       Examinado el recurso, el 26 de mayo de 2023 expedimos

el     auto   solicitado.         Contando     con     el    beneficio     de    la

comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

                                        II

       A.     Obligación de satisfacer alimentos

       Reiteradamente, hemos expresado que la obligación de

todo progenitor de proveer alimentos a sus hijos e hijas

está    revestida      del    más      alto   interés        público.18 Es      una

política que surge del derecho a la vida consagrado en la

Carta    de   Derechos       de   la   Constitución          de   Puerto   Rico.19

Además de ser un deber moral, se trata de un deber jurídico

constituido, en el que los padres o las personas legalmente

responsables son llamados a contribuir a la manutención y

al bienestar de sus hijos menores dependientes.20

       Por     esto,     la Asamblea           Legislativa          plasmó       la

responsabilidad que acarrea todo progenitor de alimentar a

sus    descendientes     en       nuestro     Código    Civil. El      Art.     590

establece que las madres y los padres, por razón de la

patria potestad, tienen el deber de alimentar a sus hijos

      18  Véanse, Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 718
(2022); Santiago Texidor v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012);
Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009).
      19 Const. P.R., Art. II, Sec. 7.
      20  Art. 3 de la Ley Orgánica de la Administración para el
Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según
enmendada, 8 LPRA sec. 502, et seq.
 CC-2023-0227                                                                           10

no emancipados, tenerlos en su compañía y educarlos con

arreglo a su fortuna.21 Por otro lado, el Art. 658 regula lo

relacionado a los alimentos entre parientes, al disponer

que    los       ascendientes            y   descendientes      están      obligados         a

proveerse alimentos de manera recíproca.22

       Por su parte, el Art. 653 del Código Civil define

alimentos         como       todo    lo      indispensable      para      el    sustento,

vivienda, vestimenta, recreación y asistencia médica, según

la posición social de la familia.23 Ese término también

comprende         la     educación           e    instrucción      del     alimentista,

cuando este es menor de edad.24

       Por la vía jurisprudencial, extrapolamos esta norma al

resolver que el proseguir los estudios universitarios o

vocacionales comenzados durante la minoridad también forman

parte       de    las     necesidades            alimentarias      de    un    hijo,    aun

cuando este advenga a la mayoridad.25 Establecimos que un

hijo    que       comenzó         estudios         de    bachillerato         durante    su

minoridad tiene derecho a exigir alimentos de sus padres

con el propósito de obtener ese grado académico, sujeto a

los resultados, diligencia, y continuidad observada en sus

estudios.

       En        cuanto       a     la       adjudicación     de        alimentos       para

completar estudios de post grado, resolvimos que estos se

adjudicarían            de   acuerdo         con   las    circunstancias         de     cada

       21 Art. 590, 31 LPRA sec. 7242.
       22 Art. 658, 31 LPRA sec. 7541.
       23 Art. 653, 31 LPRA sec. 7531.
       24 Íd.
       25 Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985).
    CC-2023-0227                                                       11

caso.26 No obstante, prevalece la norma general que rige en

estos asuntos: la obligación de proveer alimentos no cesa

automáticamente por el mero hecho de que el menor haya

cumplido los veintiún (21) años.27

       Por ello, cuando un menor recipiente de una pensión

alimenticia adviene la mayoría de edad, la obligación del

alimentante        no   cesa hasta tanto       un tribunal    decrete un

relevo de pensión.28 Para ello, el alimentante debe informar

al tribunal de su interés de ser relevado del pago de la

pensión, por razón de que sus hijos están próximos a llegar

a    la     mayoridad.     De   este   modo,    para    evitar   un    daño

irreparable a cualquiera de las partes, es imperativo que

el tribunal atienda con premura estos planteamientos.29

       B.   Desacato civil por incumplir con la obligación
       alimentaria

       Como imperativo constitucional, el encarcelamiento por

deudas      no   está   disponible     en   nuestra    jurisdicción    para

vindicar intereses privados.30              Sin embargo, a lo largo de

nuestra historia jurídica este Tribunal ha reconocido una

excepción a la prohibición al encarcelamiento por deudas:

los casos de alimentos.31 Esta excepción nace justamente por

su     alto      interés   público     y    hemos   reconocido   que     la

obligación de proveer alimentos es de tan alta jerarquía

que el encarcelamiento por deuda mediante desacato civil,

       26Íd., pág. 267.
       27 Véanse, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra; Key Nieves v.
Oyola Nieves, supra.
      28 Véanse, Matos v. Abello, 203 DPR 254, 268 (2019); Art. 19, 8

LPRA sec. 518.
      29 Santiago v. Maisonet, 187 DPR 550, 574 (2012).
      30 Const. ELA, Art. II, Sec. 11.
      31  Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 269; Díaz Aponte v.
Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 803 (1992).
 CC-2023-0227                                                         12

constituye una excepción a la prohibición constitucional.32

Más allá de forzar el pago de una deuda, procura obligar el

descargo de una responsabilidad de mayor rango.33

      Sin embargo, conviene aclarar que el encarcelamiento

que   resulta     del   incumplimiento    con      una   obligación    de

proveer alimentos no surge por el mero hecho de que el

alimentante adeude una cuantía determinada de dinero, sino

que se decreta en virtud de su resistencia a cumplir con

una orden judicial.34       A raíz de ello, hemos razonado que

una orden concediendo alimentos es simplemente "un medio de

hacer cumplir un deber".35          Así, el desacato civil es la

figura que procura garantizar el cobro de las pensiones

atrasadas y provee un mecanismo asequible para lograr el

encarcelamiento de un alimentante que ha incumplido con las

órdenes   judiciales     que   le   imponen   el    deber    de   proveer

alimentos.36

      Contrario    al   desacato    criminal,      el    desacato   civil

tiene un propósito reparador y no punitivo. Esta distinción

resulta pertinente, "ya que es precisamente la naturaleza

reparadora del desacato civil lo que ha dado paso a que se

le reconozca como excepción a la prohibición constitucional

      32 Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 268; Álvarez Elvira      v.
Arias Ferrer, 156 DPR 352, 372 (2002); Viajes Lesana, Inc.             v.
Saavedra, 115 DPR 703, 709 (1984).
      33 Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, supra, pág. 709.
      34 Íd.
      35 Íd.
      36 Véanse, Matos v. Abello, supra, pág. 269; Rodríguez Avilés    v.
Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 626-27 (1986); Otero Fernández          v.
Alguacil Tribunal Superior, 116 DPR 733 (1985).
 CC-2023-0227                                                                             13

contra         el     encarcelamiento            por   deuda        en    los     casos    de

alimentos".37

          No obstante, hemos aclarado que el desacato civil,

"debe          utilizarse          con    prudencia,      por       la     privación       de

libertad que conlleva, y limitado a aquellos casos en que

hubiera         una      desobediencia        voluntaria        y       obstinada    a    una

orden o sentencia concediendo alimentos”.38 Por lo tanto, la

extensión de la encarcelación depende de la eficacia de

ésta como instrumento para dar al alimentista la reparación

necesaria.

         C.      Full Faith and Credit for Child Support Orders
         Act

         Por mandato constitucional, todo estado o territorio

está          obligado     a       reconocer      y    ejecutar          las     sentencias

u órdenes de             otro      estado     o    territorio.39           Ello     incluye

cualquier orden de arresto, incluso las relacionadas con el

proceso de cobro de una pensión alimentaria. Respecto a los

decretos            de   alimentos,         la    norma    general          es    que     los

tribunales de cada estado están obligados a ejecutar una

orden de pensión alimentaria que haya sido emitida por otro

estado         conforme        a    las     disposiciones           y    los     parámetros

establecidos en la Full Faith and Credit for Child Support

Orders Act (FFCCSOA).40

         El FFCCSOA es una ley que se promulgó en 1994 con el

propósito           de    que      ningún    estado       pudiese         modificar       una

         37 Íd., pág. 805.
         38 Sosa Rodríguez v. Rivas Sarieg, 105 DPR 518, 522 (1976).
         39 Const. EE. UU., Art. IV, Sec. 1.
         40 Ley Púb. Núm. 103-383 de 20 de octubre de 1994 (108 Stat.

4063).
 CC-2023-0227                                                                             14

determinación             de pensión       alimentaria         compatible          con    las

leyes        del       estado    emisor,      a    menos     que       se    cumpliese    con

ciertos requisitos jurisdiccionales.41 A tales efectos, la

FFCCSOA requiere que se cumpla con el dictamen original

de pensión alimentaria que establece el estado emisor.

        Una orden de pensión es consistente con los parámetros

de la FFCCSOA si el tribunal emisor actuó con jurisdicción

conforme           a    las     leyes   del       estado.     Es       decir,     si    tenía

jurisdicción             sobre    las   partes        y    cumplió          con   el   debido

proceso de ley en cuanto a la notificación y el derecho que

tienen las partes de ser oídas al momento de emitir la

orden.

         D. Ley Interestatal                      Uniforme    de        Alimentos       entre
        Parientes

        Para el año 1996, el Congreso federal aprobó la Ley

General        de        Responsabilidad           Personal        y        Oportunidad     de

Empleos, denominada en inglés como Personal Responsibility

and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996.42 En su

Sec.     321, se le             exigió a los          estados y             a   Puerto Rico

adoptar la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre

Parientes (LIUAP), mejor conocida por su nombre en inglés,

Uniform        Interstate          Family         Support     Act       (UIFSA),43        como

        41 Congressional Findings and Declaration of Purpose, en US
Government Publishing Office, https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE-
2011-title28/USCODE-2011-title28-partV-chap115-sec1738B (última visita,
12 de diciembre de 2023).
       42 Ley Púb. Núm. 104-194 de 22 de agosto de 1996, (110 Stat.

2105).
       43 El UIFSA no es en sí un estatuto federal, más bien consiste en

una propuesta de ley confeccionada por la Uniform Law Commission, que
ha sido adoptada en todos los estados y territorios. Interstate Family
Support            Act,         Uniform          Law         Commission,
https://www.uniformlaws.org/committees/community-
 CC-2023-0227                                                         15

requisito para que sus Programas de Sustento de Menores y

Asistencia Pública recibieran fondos federales.44 De este

modo, se impuso dicho requisito ya que el procedimiento en

casos donde una parte fuese un no residente, o cuando se

involucrara a dos estados diferentes, se caracterizaba por

una falta de coordinación y uniformidad que afectaba la

comunicación y cooperación entre los estados.

     Con esos fines, nuestra Asamblea Legislativa adoptó la

LIUAP,    e    incorporó     la   UIFSA     a    nuestro    ordenamiento

jurídico.45 La LIUAP es una traducción conceptual de la

UIFSA    que   establece     un   sistema       procesal   uniforme   que

facilita los trámites atinentes a las órdenes de pensión

alimentaria.46 A raíz de ello, Puerto Rico entró en una

relación de reciprocidad con todos los demás                  estados y

jurisdicciones      norteamericanas, y           también    con   países

extranjeros que hubiesen adoptado leyes análogas a la UIFSA

y sus sistemas adjudicativos en materia de paternidad y

alimentos, en la medida que sean compatibles con el debido

proceso de ley.47

     Mediante la LIUAP, se persiguen dos (2) propósitos:

(1) proveer uniformidad a la legislación aplicable a los

procedimientos      de     alimentos      interestatales     entre    los

home?CommunityKey=71d40358-8ec0-49ed-a516-93fc025801fb (última visita,
12 de diciembre de 2023).
      44 Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 DPR 558, 566-567 (1998).
      45 Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes, Ley

Núm. 180-1997, según enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq.
      46 Exposición de motivos, Ley Núm. 180-1997 (1997 [Parte 2] Leyes

de Puerto Rico 838).
      47 S. Torres Peralta, La Ley de sustento de menores y el derecho

alimentario en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones STP, 2007, Tomo II,
Sec. 17.08.
 CC-2023-0227                                                                    16

estados participantes de la UIFSA;48 y (2) establecer un

sistema procesal uniforme para posibilitar la ejecución de

órdenes    de    pensión     alimentaria          emitidas       por     tribunales

emisores en otros estados.49

      La Ley faculta para que se dé entera fe y crédito al

aceptar la validez de una orden de alimentos de un estado a

otro, para que se autorice su ejecución en otro estado, y

prohíbe su modificación.50 Es decir, "permite al estado con

jurisdicción sobre las partes en casos de reclamaciones de

alimentos       interestatales     llevar          a     cabo     procedimientos

administrativos       o    judiciales       para       emitir    órdenes     contra

estas partes, a ser cumplidas en otro estado, sin necesidad

de   recurrir     a   la    intervención          de     ese     otro    estado".51

(Negrillas suplidas).

      En   síntesis,       esta   ley   se        aprobó       para     "establecer

uniformidad      en   la   fijación     y    ejecución          de     obligaciones

alimentarias      entre     personas        que    residen        en     diferentes

estados con el propósito de proteger y hacer valer los

derechos de los menores".52 Asimismo, la LIUAP "establece un

sistema de una sola orden, el cual se apoya en el principio

de la jurisdicción continua y exclusiva del tribunal que

emite una orden de pensión alimentaria o una determinación

de   filiación".53 (Negrillas           suplidas).          El       principio    de

jurisdicción continua y exclusiva tiene como objetivo, en

      48 Torres Peralta, op cit., Sec. 17.09.
      49 Íd.
      50 Exposición de motivos, Ley Núm. 180-1997 (1997 [Parte 2] Leyes

de Puerto Rico 839).
      51 Íd., pág. 840.
      52 Id., pág. 837.
      53  Véase, SLG Solá-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675
(2011).
 CC-2023-0227                                                                17

la medida de lo posible, reconocer que sólo una orden de

pensión de alimentos puede estar vigente.

      De esta forma, una vez que esté vigente una orden de

pensión alimentaria, existen varias maneras de impartirle

vigor interestatalmente. El método preferido por la UIFSA

⎯y adoptado consecuentemente en Puerto Rico⎯ es registrar

la orden en el estado en el que se pretende ejecutar.54 En

términos     prácticos,       esto     implica     que    la       orden    sería

registrada     en   el    tribunal      apropiado        de    ese    estado      y

acompañada con los siguientes documentos:

      (1)    una carta de trámite al tribunal solicitando el
             registro y la ejecución;
      (2)    dos copias, incluyendo una copia certificada, de
             todas las órdenes a ser registradas, junto con
             cualquier modificación de la orden;
      (3)    una declaración jurada de la parte que solicita
             el registro o una declaración certificada del
             custodio de los récords indicando la cantidad
             adeudada;
      (4)    el nombre del alimentante y si se conoce: (i) la
             dirección y el número de seguro social del
             alimentante  deudor;   (ii)  el   nombre   y  la
             dirección del patrono del alimentante deudor y
             cualquiera   otra   fuente    de   ingreso   del
             alimentante; y (iii) una descripción y el lugar
             donde está ubicada la propiedad del alimentante
             en Puerto Rico que no esté exenta de ejecución;
             y
      (5)    el nombre y dirección del alimentista, y si
             aplica, de la agencia o persona a quien se deben
             remitir los pagos por concepto de pensión
             alimentaria.55

      Una vez registrada la orden de pensión de alimentos,

ésta es ejecutable de la misma forma que una orden emitida

por   un    tribunal     de   Puerto    Rico   y   sujeta      a     los   mismos

      54  Véanse, M. DeMaria, Jurisdictional Issues under the Uniform
Interstate Family Support Act, 16 J. Am. Acad. Matrimonial Law 243, 255
(1999).
      55 Sec. 502, 8 LPRA sec. 545a.
    CC-2023-0227                                                                         18

procedimientos.56            Además,      queda      claro    que    la       ley   de    la

jurisdicción emisora rige la naturaleza, alcance, cantidad

y    duración     de        los   pagos,      al    igual    que     cualquier       otra

obligación relacionada con el deber de alimentar.57

       E.   Jurisdicción sobre un alimentante no residente de
       Puerto Rico

       Bajo la Sec. 101 de la LIUAP, un tribunal de Puerto

Rico adquirirá jurisdicción sobre una persona no residente

en     procedimientos             para     fijar,         ejecutar        o     modificar

una pensión alimentaria o para establecer la filiación de

un    menor.58    Particularmente,               dispone     que     la       persona     se

somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal al

consentir,            comparecer          o        presentar        una         alegación

respondiente que tenga el efecto de renunciar a la defensa

de falta de jurisdicción sobre su persona.59

       A su vez, la LIUAP también establece que el tribunal

de Puerto Rico puede servir como tribunal iniciador para

remitir los procedimientos a otro estado.60                               La Sec. 105

viabiliza este principio al consagrar que el tribunal que

emite una orden de pensión alimentaria en beneficio de un

menor solo pierde su jurisdicción continua y exclusiva de

dos    formas:        (1)    cuando      todas      las   partes     han       dejado     de

residir en ese estado, o (2) cuando todas las partes han

consentido por escrito a que un tribunal de otro estado

modifique        la     orden      y     asuma       jurisdicción             continua        y

       56 Sec. 503, 8 LPRA sec. 545b.
       57 Sec. 504, 8 LPRA sec. 545c.
       58 Sec. 101, 8 LPRA sec. 542.
       59 Id., 8 LPRA sec. 542(2).
       60 Sec. 503, 8 LPRA sec. 542b.
 CC-2023-0227                                                                     19

exclusiva.61 Mientras una de estas dos (2) excepciones no

ocurra, el tribunal que emite la orden es el único con

jurisdicción sobre la materia para atender lo relacionado

con alimentos.

       Al presentarse una petición autorizada por la LIUAP,

el tribunal iniciador de Puerto Rico                         remitirá     tres (3)

copias de la petición y de los documentos que la acompañan

al tribunal recurrido o la agencia de sustento de menores

del         estado        recurrido.62        Para     entablar      una      mejor

comunicación, el tribunal de Puerto Rico podrá contactar a

otro estado, mediante cualquier medio a su disposición,

para obtener información relacionada con las leyes de ese

estado, el efecto legal de una sentencia, decreto u orden

de ese tribunal y el estatus de los procedimientos en el

otro estado.63

       En el caso de que un alimentante que reside en otro

estado       sea     acusado      criminalmente       por    incumplimiento       del

deber de prestar alimentos a un alimentista en Puerto Rico,

el     Gobernador         de     Puerto     Rico     podrá   solicitar     que     el

gobernador del otro estado extradite a esta persona.64 Antes

de llevar a cabo esta solicitud, el Gobernador de Puerto

Rico        podrá    requerir          al   Departamento      de   Justicia       que

demuestre          que,    por    lo    menos   con    sesenta     (60)    días    de

       61 Sec. 105, 8 LPRA sec. 542d(a).
       62 Sec. 204, 8 LPRA. sec. 543c.
       63 Sec. 217, 8 LPRA sec. 543p.
       64 Sec. 801, 8 LPRA sec. 548a.
 CC-2023-0227                                                                  20

antelación,        el   alimentista    ha   iniciado        un    procedimiento

para procurar una orden de pensión alimentaria.65

                                      III

      En su primer señalamiento de error, la peticionaria

sostiene que el hecho de que el recurrido resida en el

Estado de Florida no es óbice para que los tribunales de

Puerto      Rico   lo    encuentren    incurso    en    desacato        civil       y

ordenen su arresto por el incumplimiento de su obligación

alimentaria. Le asiste la razón.

      Según nuestra normativa, la obligación del recurrido

está revestida del más alto interés público y surge del

derecho a la vida consagrado en nuestra Constitución.66 Aun

cuando la peticionaria haya advenido a la mayoría de edad,

el recurrido continúa obligado a sustentar sus estudios

universitarios, comenzados durante su minoridad, según fue

reiterado por el Tribunal de Primera Instancia. En esta

etapa, debemos determinar si la pensión fijada por el foro

primario, la cual el recurrido persiste en desobedecer,

puede      ser     implementada     efectivamente           y     mediante     las

herramientas que concede el ordenamiento vigente.

      En      cuanto      a   la   subsistencia        de        la   obligación

alimentaria, basta decir que la norma imperante recaba que

la   obligación         del   alimentante   no   cesa       hasta      tanto    un

tribunal decrete un relevo de pensión alimentaria. Dicho

relevo no ha sido decretado en el caso que nos concierne y

      65   Sec. 802, 8 LPRA sec. 548b.
      66   Const. P.R., Art. II, Sec. 7.
 CC-2023-0227                                                                             21

por    ende      la     obligación        permanece          vigente     y   actualmente

incumplida.

       Visto          así,     debemos        analizar         si      el     patrón       de

comportamiento           del    recurrido         en    este    procedimiento,            uno

caracterizado por su resistencia a dar fiel cumplimiento a

los mandatos del Tribunal de Primera Instancia, permanecerá

impune por el mero hecho de que este se haya radicado fuera

de    la    jurisdicción            de   Puerto    Rico.       Adelantamos          que    no

avalaremos semejante desenlace.

           El historial del caso revela que, pese a estar en un

estado de morosidad respecto a su obligación paternal, el

recurrido no dudó en presentar reiteradas mociones ante el

foro       primario          exigiendo        el       relevo       de       la   pensión

alimentaria. No obstante, el historial igualmente demuestra

que su contención fue rechazada y que, pese a los mandatos

del Tribunal de Primera Instancia para que cumpliera con su

deber, el recurrido ha escogido la desidia.

       La determinación del foro primario es y sigue siendo

que el recurrido se encuentra incurso en desacato ⎯en su

vertiente civil⎯               y que la deuda alimentaria constituye

una    obligación            líquida     y    exigible.        Lo    anterior       es     de

conformidad           con    nuestro      bien     razonado         ordenamiento          que

permite       el      uso    del     mecanismo         del    desacato       para    hacer

cumplir una obligación monetaria de prestar alimentos.

       Sin embargo,            el    Tribunal      de Primera            Instancia        ⎯al

igual      que     el   Tribunal         de   Apelaciones⎯ razonaron                que    no

estaban en posición de ordenar el arresto del recurrido. Si
 CC-2023-0227                                                                22

bien    el    foro        primario   sostuvo      que   el     recurrido      es

responsable del pago de la pensión alimentaria, este acotó

que    los alguaciles         del Tribunal       General de Justicia          no

pueden realizar el arresto porque el recurrido reside fuera

de     Puerto       Rico.      Incorrectamente,         sugirió        que    la

peticionaria debe presentar una acción de cobro de dinero

en Estados Unidos y le exhortó radicar la solicitud en el

foro federal para activar los mecanismos de cooperación

interestatal y ejecutar el arresto del recurrido.

       Indudablemente,           este       raciocinio          se       aparta

innecesariamente de los estatutos que rigen este proceso,

los cuales tienen como propósito primordial facilitar el

tipo de reclamo que comprende este pleito. De entrada, los

foros inferiores aparentan concentrar la controversia en la

autoridad que puedan o no tener los alguaciles de Puerto

Rico para ejecutar órdenes de arresto por desacato fuera de

los    linderos      de    nuestra    jurisdicción.      No    obstante,      el

esquema de colaboración y deferencia interestatal prescinde

de este tipo de curso decisorio y nos ofrece uno mucho más

efectivo. A saber, bajo la LIUAP procede que el estado

emisor registre la obligación parental en el estado en el

que    se    encuentre       residiendo     el   alimentista,         para   que

entonces        procedan       las    autoridades        de     la      segunda

jurisdicción a dar cumplimiento a lo ordenado.

       En    esta   coyuntura,       la   peticionaria       cuenta    con   una

determinación a su favor (1) afirmando la vigencia de la

pensión alimenticia, (2) determinando el incumplimiento del
    CC-2023-0227                                                          23

recurrido y (3) declarándolo incurso en desacato. Para que

pueda lograr que el Estado en el cual su padre reside haga

efectiva la orden del Tribunal de Primera Instancia resta

un solo paso, registrar la orden.

       Para lograr lo anterior debemos recordar que el Estado

de Florida y Puerto Rico incorporaron la UIFSA o LIUAP a

sus respectivos ordenamientos.67 Esto necesariamente incluye

el mecanismo para establecer un sistema procesal uniforme

que facilite la ejecución de órdenes de pensión alimentaria

emitidas por tribunales en otras jurisdicciones. Además, la

Constitución       federal,     el   FFCCSOA   y   el    UIFSA    obligan      a

Florida a darle entera fe y crédito a la orden de pensión

alimentaria emitida por Puerto Rico y, por tanto, autorice

su ejecución.

       Así las        cosas,   para que   Florida       pueda ejecutar      la

orden       de   pensión       alimentaria     aquí      en    disputa,     es

indispensable que Puerto Rico tenga jurisdicción sobre el

recurrido. Como sabemos, nuestra LIAUP reconoce los medios

por los cuales un tribunal puede asumir jurisdicción sobre

la persona del alimentante no residente, entre estos la

sumisión voluntaria.68 Además, el estatuto le reconoce al

tribunal emisor una jurisdicción sobre la materia continua

y     exclusiva,       salvo   que   surjan    ciertas        circunstancias

contempladas en ley.69 No albergamos duda alguna que el

recurrido        se     encuentra     firmemente         sometido    a      la

jurisdicción del Tribunal General de Justicia.

       67 Véase, Sec. 88.0011 et seq., Fla. Stat. Ann.
       68 Sec. 101, 8 LPRA sec. 542.
       69 Sec. 105, 8 LPRA sec. 542d.
 CC-2023-0227                                                                      24

       Lo anterior nos convida a pautar con diafanidad la

siguiente        norma:     un        tribunal     de     Puerto    Rico,          con

jurisdicción sobre las partes, se encuentra facultado para

emitir una orden de encarcelamiento por desacato civil,

contra un alimentista no residente, sujeto a que esta sea

registrada        en      las     dependencias           aplicables       de        la

jurisdicción       donde        este     reside,        conforme   al     esquema

procesal de la LIUAP. El diligenciamiento de la orden de

arresto recaerá en las autoridades de esa jurisdicción.

       Aquí, resta que el Tribunal de Primera Instancia emita

una Orden        que recoja       sus determinaciones          respecto        a    la

pensión alimentaria y su cumplimiento. Esta Orden deberá

ser registrada por su personal en el Estado de Florida.

Recordemos, que la legislación vigente permite a nuestros

tribunales entablar las comunicaciones necesarias con las

autoridades floridanas en aras de agilizar los trámites. A

la luz de lo expuesto, concluimos que los foros inferiores

erraron     en    su   interpretación            del    derecho    aplicable            y

cometieron el primer error señalado.

       Resolver lo contrario propinaría un golpe nefasto a la

política pública de nuestra jurisdicción en favor de los

intereses óptimos de los menores y otros alimentistas. En

este      contexto              muy       especial,          las        fronteras

interjurisdiccionales            no     son   un       obstáculo   para        hacer

cumplir   las      órdenes       de    pensión     alimentaria      y   aquellos

mandatos que de ellas procedan.
 CC-2023-0227                                                               25

                                     IV

     Por     los     fundamentos     que     anteceden,     se    revoca     la

Resolución     emitida por el Tribunal                de Apelaciones    y    se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

expida una Orden en virtud de la cual reitere la vigencia

de la pensión alimentaria en favor de la Sra. Cecille M.

Montes James y ordene el arresto del Sr. Miguel A. Montes

Díaz,    por    estar      incurso     en     desacato     civil     por     el

incumplimiento       de    su   obligación       de    prestar    alimentos.

Consecuentemente, el foro primario deberá valerse de los

mecanismos     que     provee   la   Ley     Interestatal        Uniforme    de

Alimentos      entre      Parientes,       Ley   Núm.     180-1997,    según

enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq., para registrar la Orden

en el Estado de Florida.

        Se dictará Sentencia de conformidad.

                                            Edgardo Rivera García
                                               Juez Asociado
           EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

  Cecilia James Soto
      Recurrida

          v.

 Miguel A. Montes Díaz     CC-2023-0227   Certiorari
       Recurrido

          v.

Cecille M. Montes James
     Peticionaria

                            SENTENCIA

    En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

     Por los fundamentos que anteceden, se revoca la
Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
expida una Orden en virtud de la cual reitere la vigencia
de la pensión alimentaria en favor de la Sra. Cecille M.
Montes James y ordene el arresto del Sr. Miguel A. Montes
Díaz, por estar incurso en desacato civil por el
incumplimiento de su obligación de prestar alimentos.

     Consecuentemente, el foro primario deberá valerse de
los mecanismos que provee la Ley Interestatal Uniforme de
Alimentos entre Parientes, Ley Núm. 180-1997, según
enmendada, 8 LPRA sec. 542 et seq., para registrar la Orden
en el Estado de Florida.

     Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.

                           Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                          Secretario del Tribunal Supremo