Court Opinion

ID: 9928521
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:21:56.34563+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:25.795788
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VII

PABLO GONZALEZ                                     APELACION, que
ORTIZ                                              acogemos como
                                                   Certiorari
Peticionario                                       Procedente del
                                KLAN202300864      Tribunal de Primera
v.                                                 Instancia, Sala de
                                                   Guayama
ADMINISTRACION DE
CORRECCION Y                                       Civil núm.:
REHABILITACION DE                                  GM2023CV00389
PUERTO RICO                                        (Salón 303)
P/SECRETARIO DE
JUSTICIA Y OTROS
                                                   Sobre:
Recurridos                                         MANDAMUS

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, juez ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

       Comparece ante nos, Pablo González Ortiz, en adelante,

González Ortiz o peticionario, por medio del recurso de Apelación de

epígrafe, el cual acogemos como Certiorari, pues es el vehículo

procesal    adecuado     para     revisar   órdenes   y   resoluciones

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 52.1.1

       González Ortiz solicita que revoquemos la “Sentencia”

notificada el 25 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia de Guayama, en adelante, TPI-Guayama. Mediante el

dictamen recurrido, el TPI-Guayama ordenó el cierre y archivo de la

demanda incoada por González contra el Departamento de

Corrección y Rehabilitación, en adelante, Departamento o recurrido.

1 Mantenemos la designación alfanumérica provista por la Secretaria de

este tribunal.

Número Identificador
RES2023___________________
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      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso ante nuestra consideración.

                                     I.

      González Ortiz se encuentra confinado desde el 12 de

diciembre de 2013, siendo ingresado inicialmente por una infracción

al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23

de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2404. Posteriormente fue

sentenciado por infracciones al Art. 130 del Código Penal de Puerto

Rico, 33 LPRA sec. 5191 y al Art. 58 de la Ley Para la Seguridad,

Bienestar y Protección de Menores, Ley Núm. 246-2011, según

enmendada, 8 LPRA sec. 1174.2

      El 30 de abril de 2022, González Ortiz presentó un recurso de

revisión administrativa ante un panel hermano de este Tribunal,

solicitando que se le cambiara la custodia penal, y se le transfiriera

a la institución penal de Aguadilla. El 18 de mayo de 2022, el

Tribunal de Apelaciones emitió una “Sentencia” en la que desestimó

el recurso por prematuro, ya que el Departamento no había tomado

una determinación final en cuanto a la solicitud de cambio de

custodia y traslado.3 En agosto del año 2022, la custodia solicitada

y el traslado a Aguadilla le fue concedido. Sin embargo, en enero del

año 2023, González Ortiz fue trasladado a la institución penal 500

de Guayama, en adelante, 500.

      Es por esto que el 12 de mayo de 2023, González presentó una

demanda ante el TPI-Guayama intitulada “Moción informativa con

prop[ó]sito que me trasladen nuevamente a Aguadilla”.4 Indicó el

confinado que en Guayama no podía recibir visitas familiares, entre

otras cosas.

2González  Ortiz v. Departamento de Corrección y Rehabilitación,
KLRA202200253 (Sentencia de 18 de mayo de 2022).
3 Id.
4 Apéndice del “Alegato del Estado”, págs. 1-4.
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         El 24 de agosto de 2023, el Departamento presentó una

“Moción en Cumplimiento de Orden”, en la que acreditó que González

Ortiz se encontraba en la institución penal de Guerrero de Aguadilla

desde mayo del año 2023.5 Además, solicitó la desestimación del

recurso por académico.

         Así las cosas, el 25 de agosto de 2023, el TPI-Guayama notificó

una      “Sentencia”    declarando     “Con   Lugar”   la   solicitud   del

Departamento, cerrando y archivando así el caso por académico.6 No

obstante, el 1 de septiembre de 2023, González Ortiz presentó una

“Moción Incoada Solicitando que se Enmiende Recurso anterior en

Epígrafe”.7 En la mencionada moción, González Ortiz le solicitó al

Foro Primario que enmendara su demanda, para incluir alegaciones

de daños y perjuicios. Aunque admitió haber sido trasladado a la

institución penal de Guerrero en Aguadilla, arguyó haber sufrido

daños irreparables en la institución penal 500.

         El 11 de septiembre de 2023, el TPI-Guayama notificó una

“Orden” en la cual indicó que se refiriera a la sentencia del 25 de

agosto de 2023.8

         Inconforme, el aquí peticionario presentó un recurso de

apelación el 26 de septiembre de 2023, ante esta Curia. El 5 de

octubre de 2023, este Honorable Tribunal le concedió al peticionario

un término de cinco (5) días para evidenciar la notificación a las

partes y el foro primario, conforme al Reglamento del Tribunal de

Apelaciones. Además, le concedió al Departamento un término de

veinte (20) días para hacer alegación responsiva.

         El 24 de octubre de 2023, la recurrido presentó una “Solicitud

de Término Adicional” de veinte (20) días contados a partir del

vencimiento del término inicial concedido para presentar su

5 Apéndice del “Alegato del Estado”, págs. 23-24.
6 Apéndice del recurso, anejo I.
7
    Apéndice del “Alegato del Estado”, págs. 25-29.
8
    Apéndice del recurso, anejo II.
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posición en cuanto al recurso. Esta prórroga fue concedida por este

Tribunal el 27 de octubre de 2023.

      Finalmente, el 14 de noviembre de 2023, el recurrido presentó

ante nos el “Alegato del Estado”. Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

                                     II.

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar el dictamen de un

tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023);

Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004

(2021). A diferencia del recurso de Apelación, la expedición de un

Certiorari es discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352,

372 (2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del TPI, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el TPI, solamente
      será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y
      57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
      de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a
      lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
      podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
      dictadas por el TPI cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,
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cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en aquellas circunstancias en

las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703, 710 (2019).

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a

considerar para “ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias que le son planteadas”. Pueblo v.

Rivera Montalvo, supra, pág. 372; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Así, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones supra, funge como

complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La

precitada Regla 40 de Reglamento del Tribunal de Apelaciones

supra, dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el TPI.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.
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      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005). Por

lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      De ordinario, un tribunal apelativo no debe intervenir con el

ejercicio de la discreción del TPI, salvo que se demuestre que hubo

un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio

o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Dávila

Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 770-771 (2013); Pueblo

v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Zorniak Air Servs. v.

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).

      Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen,

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martinez v. Torres

Ghigliotty, supra, pág. 98.

                                    III.

      El peticionario nos solicita que desestimemos la sentencia

emitida por el TPI-Guayama el 25 de agosto de 2023.
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      Sin embargo, luego de una detenida lectura, y sosegado

estudio de los documentos y alegatos presentados por las partes,

este Tribunal no ha encontrado error, parcialidad o prejuicio

manifiesto por el Foro Primario al emitir su dictamen.

      Luego de la sentencia recurrida, el peticionario quiso

enmendar las alegaciones de su demanda, con el fin de añadir un

reclamo en concepto de daños, por razón del tiempo que fue

transferido a la institución penal Guayama en Aguadilla. En

respuesta a la solicitud de enmienda de González Ortiz, el TPI-

Guayama indicó que se remitiera el aquí peticionario a la

“Sentencia” originalmente dictada, denegando así la petición de

enmendar su demanda.

      Con relación a esto último, es importante que señalemos que

las reglas 13.1 y 13.2 de Procedimiento Civil, supra, 32 LPRA Ap. V,

R. 13.1 y R. 13.2, permiten que una parte enmiende sus alegaciones,

previo a la contestación a la demanda. Además, permiten enmiendas

aun después de la sentencia, siempre que se haga con el permiso, y

a discreción, del Tribunal. Es decir, el TPI-Guayama estaba

facultado para denegar las enmiendas que solicitaba realizar el

peticionario.

                                   IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el

auto solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones