Court Opinion

ID: 9928534
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:00.44009+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:54.950145
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

     MARÍA DE LOS                                 CERTIORARI
    ÁNGELES AYALA                                 Procedente del
       LEBRÓN                                     Tribunal de Primera
      Recurridos                                  Instancia, Sala de
                                                  San Juan

             V.                KLCE202301285      Núm.:
                                                  SJ2022CV00085

BEST HEALTH GROUP,                                Sobre:
   LLC Y OTROS                                    Incumplimiento de
    Peticionarios                                 Contrato; Cobro de
                                                  Dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                             RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos Best Health Group, LLC (“Best Health” o

“Peticionaria”) mediante Petición de Certiorari presentada el 16 de

noviembre de 2023.         Nos solicita que revoquemos la Resolución

emitida el 8 de agosto de 2023, notificada al próximo día, por el

Tribunal de Primera de Instancia, Sala Superior de San Juan (“foro

primario” o “foro a quo”). Mediante el aludido dictamen, el foro

primario declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación

presentada por la parte peticionaria.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari.

                                    I.

      El 7 de enero de 2022, la señora María de los Ángeles Ayala

Lebrón (“señora Ayala Lebrón” o “Recurrida”) instó una Demanda

sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y

perjuicios contra la corporación Best Health Group, LLC y su

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
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presidente, el doctor Miguel Sosa Padilla.1 En síntesis, la parte

recurrida alegó ser la única hermana y heredera del señor Carlos

Ayala Lebrón (“Causante”), quien fungió como vicepresidente,

contador y dueño del quince por ciento (15%) de la participación de

Best Health. Por lo anterior, reclamó la liquidación de la aludida

participación, los dividendos pendientes y la compensación a base

del salario del Causante, en virtud del Artículo 2.9 del Contrato

Operacional.

       En respuesta, el 28 de marzo de 2022, Best Health sometió su

Contestación a la Demanda.2 En ésta, adujo que el Causante venía

obligado a pagar su participación de conformidad al aludido

contrato.     Argumentó       que     la   corporación   emitió   el   pago

correspondiente al salario devengado por éste. A su vez, arguyó que

la reclamación incoada no expone hechos que justifiquen la

concesión de un remedio a favor de la parte demandante.

       Así las cosas, el 11 de julio de 2023, Best Health presentó

Moción de Desestimación.3 En ese escrito, solicitó la desestimación

de la demanda bajo el fundamento de que la señora Ayala Lebrón

no incluyó la participación reclamada en la planilla de caudal relicto

del Departamento de Hacienda. Respectivamente, el 31 de julio de

2023, la Recurrida radicó su Oposición a Moción de Desestimación y

Ciertas Mociones de la Demandada Best Health Group LLC, y

Solicitud de Orden de Protección y Otros Extremos.4 En este escrito,

planteó que sus alegaciones resultan claras, y aducen una causa de

acción que justifica la concesión de un remedio. Tras evaluar ambas

posturas, el 8 de agosto de 2023, notificada al próximo día, el foro

primario emitió la Resolución recurrida, en la que declaró No Ha

Lugar la referida moción de desestimación.5

1 Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 1-4.
2 Íd., págs. 5-13.
3 Íd., págs. 22-28.
4 Íd., págs. 30-45.
5 Íd., págs. 68-69.
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          Oportunamente, el 24 de agosto de 2023, la parte peticionaria

presentó        una   Solicitud   de   Reconsideración.6   Mediante   esta,

argumentó que, aun tomando como ciertas todas las alegaciones

contenidas en la demanda, la heredera demandante debió acreditar

que es acreedora de la participación corporativa mediante una

planilla de caudal relicto. Por lo anterior, reiteró que la demanda no

expone hechos que justifiquen la concesión de remedio.

          Consecuentemente, el 13 de septiembre de 2023, la parte

recurrida presentó su Oposición a Moción de Reconsideración.7 En

ésta, adujo que los planteamientos en cuanto a la planilla de caudal

relicto resultan frívolos ante la expedición del relevo de gravamen

sobre caudal emitida por el Departamento de Hacienda. Por tanto,

señaló que Best Health no derrotó la plausibilidad de las alegaciones

contenidas en su demanda. Mediante Resolución emitida y

notificada el 17 de octubre de 2023, el foro primario declaró No Ha

Lugar la solicitud de reconsideración.8

          Inconforme con el dictamen, 16 de noviembre de 2023, Best

Health acudió ante nos mediante Petición de Certiorari, formulando

el siguiente señalamiento de error:

          Erró el Tribunal de Primera Instancia como cuestión de
          derecho procesal al declarar No Ha Lugar la Solicitud de
          Desestimación de la Parte Peticionaria, o, en su defecto,
          ordenar que se someta una planilla de caudal relicto
          enmendada antes de continuar con el pleito, cuando
          evidentemente la Parte Demandante incumplió con su
          obligación de divulgar al Departamento de Hacienda los
          bienes del Causante en la planilla de caudal relicto.

          El 27 de noviembre de 2023 emitimos una Resolución, en la

cual concedimos el término de diez (10) días a la señora Ayala

Lebrón para presentar su postura. En cumplimiento con lo

ordenado, el 4 de diciembre de 2023, la Recurrida presentó Moción

en Cumplimiento de Orden.

6 Íd., págs. 70-75.
7 Íd., págs. 77-80.
8
    Íd., pág. 82.
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       Contando    con   la   comparecencia     de   ambas     partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                 II.
                           A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

determinación de un tribunal inferior. Orthopedics Prod. Of Puerto

Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994 (2021). Véase, también,

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido

como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. La

característica distintiva de este recurso “se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos”. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico,

2023 TSPR 65; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338

(2012).

      Ahora bien, el ejercicio de esta discreción no es absoluto. A

esos fines, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1, nos concede la facultad para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias. La precitada regla dispone lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
      el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión. Regla 52.1 de
      Procedimiento Civil, supra.
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      Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, delimita los criterios para la expedición de un auto de

certiorari. En estos casos, el cuerpo reglamentario establece que el

tribunal tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Tribunal de
          Apelaciones, supra.

      Estos criterios orientan la función del tribunal apelativo

intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional. Rivera

Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. A su vez, la aludida regla

permite que el análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en

el vacío ni se aparte de otros parámetros al momento de considerar

los asuntos planteados. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico,

supra; 800 Ponce de León v. American International, 205 DPR 163

(2020).

      A la luz de tales preceptos, los foros revisores no debemos

intervenir en las determinaciones de hechos del tribunal de

instancia, “salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o

parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o en error

manifiesto. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018); Véase,

además, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

Esta norma permite que el foro primario actúe conforme a su

discreción judicial, que es la facultad que tiene “para resolver de una

forma u otra, o de escoger entre varios cursos de acción”. Id. pág.
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735; Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117,

132 (2019); Citibank v. ACBI, supra, pág. 735.

              B. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,

permite a la parte demandada solicitar al tribunal que desestime la

demanda antes de contestarla “cuando es evidente de las

alegaciones de la demanda que alguna de las defensas afirmativas

prosperará”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1065

(2020) citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569

(2001). La precitada regla fija los siguientes fundamentos para

solicitar la desestimación: (1) falta de jurisdicción sobre la materia;

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del

emplazamiento;     (4)   insuficiencia   del   diligenciamiento    del

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique

la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte

indispensable.

      Al evaluar una solicitud desestimatoria, “el tribunal tomará

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que

hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su

faz no den margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

174 DPR 409 (2008). Cabe destacar que, “no procede la

desestimación a menos que se deduzca con toda certeza que el

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su

reclamación”. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821

(2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407, 423

(2012).

      Ante   una   moción de      desestimación,   “resulta   evidente

interpretar las alegaciones conjunta y liberalmente a favor del

promovido”. Torres, Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 502

(2010); Sánchez v. Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001). El
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tribunal debe examinar “si a la luz de la situación más favorable al

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es

suficiente para constituir una reclamación válida”. Colón v. Lotería,

167 DPR 625, 649 (2006); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.,

137 DPR 497, 505 (1994).

                                 III.

      Tras examinar el caso presente, determinamos que no se han

producido las circunstancias que exijan la intervención de este

Tribunal. A pesar de que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

nos faculta a revisar las determinaciones denegatorias de mociones

de naturaleza dispositiva, como en este caso, en esta etapa de los

procedimientos no contemplamos los fundamentos para ejercer

nuestras facultades revisoras. En particular, no encontramos los

elementos requeridos para dictaminar que el foro primario actuó de

forma arbitraria, caprichosa, incurrió en craso abuso de discreción,

o en aplicación errónea de la ley. Tampoco identificamos los criterios

que nos motiven a expedir el auto de certiorari de conformidad a la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expresados, denegamos la

expedición del auto de certiorari y devolvemos el asunto al Tribunal

de Primera Instancia para la continuidad de los procesos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones