Court Opinion

ID: 9916164
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:26:27.562353+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:13.290342
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

   IRIS M. RODRÍGUEZ                              Certiorari
     NÚÑEZ, ET ALS.                               Procedente del Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
        Peticionaria                              Sala de PONCE

              v.                KLCE202301110
                                                  Caso Núm.:
  SERVICIOS MÉDICOS                               J DP2012-0518
    UNIVERSITARIOS,
 INC. H/N/C LA CASA
   DEL VETERANO; ET
         ALS                                      Sobre:
                                                  Daños y Perjuicios
         Recurrida

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

       El 10 de octubre de 2023, Iris Rodríguez Núñez, Julio A. Rivera

Rodríguez y Ricardo Rivera Rodríguez (en adelante, la parte peticionaria)

presentaron ante este Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari. En

este, nos piden que revisemos la Resolución dictada y notificada el 30 de

agosto de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce

(en adelante, TPI o foro primario). Mediante el aludido dictamen, el TPI

autorizó a la Dra. Johanna Santiago Torres y SIMED a utilizar a la Dra.

Anabelle Altieri Ramírez como perito adicional.

       Luego de un estudio minucioso del legajo apelativo, resolvemos no

expedir el auto solicitado. Explicamos.

                                        I.

       La causa de epígrafe trata sobre una Demanda de daños y perjuicios

instada el 5 de diciembre de 2012, por la parte peticionaria en contra de

Servicios Médicos Universitarios, en la que reclaman compensación por los

daños ocasionados por la muerte de Julio Rivera Rivera, esposo y padre de

Número Identificador

RES2023 _________________
KLCE202301110                                                                 2

los peticionarios, causada por su negligencia.1 La reclamación fue

posteriormente enmendada para incluir como parte demandada al Hospital

San Cristóbal, la Dra. Johanna Santiago Torres, SIMED y a la Dra. Carmen

Campos.2

         El descubrimiento de prueba en el caso fue celebrado. En cuanto a la

controversia que hoy atendemos, es importante conocer que durante el

trámite del pleito la Dra. Johanna Santiago Torres y SIMED (en adelante,

Santiago Torres y SIMED) anunciaron al Dr. Luis Catoni Zeppenfeldt (en

adelante, doctor Catoni) como perito, produciéndose un informe pericial

con fecha del 2 de mayo de 2017. El Hospital San Cristóbal, por su parte,

anunció a la Dra. Anibelle Altieri Ramírez (en adelante, doctora Altieri)

como perito, notificándose el correspondiente informe pericial el 5 de julio

de 2017. Igualmente, es necesario saber que, durante el descubrimiento de

prueba, se tomó deposición al doctor Catoni, más no así a la doctora Altieri.

         El 31 de marzo de 2022, se celebró en el caso una vista sobre el estado

procesal, calendarizándose el comienzo del juicio para el 3 de mayo de 2022.

No obstante, el inicio de la vista en su fondo fue suspendido. Así las cosas,

durante una audiencia de estatus celebrada el 4 de mayo de 2022, se

informó al foro primario que la parte peticionaria y el Hospital San

Cristóbal habían alcanzado un acuerdo transaccional. En dicha ocasión,

Santiago Torres y SIMED informaron que estaba considerándose añadir a

la doctora Altieri como perito. Ante ello, la parte peticionaria argumentó

que el descubrimiento de prueba había concluido.3

         Posteriormente, durante la videoconferencia sobre el estado de los

procedimientos del 30 de mayo de 2023, se discutió la añadidura de la

doctora Altieri como perita adicional de Santiago Torres y SIMED. En ese

momento, el foro primario señaló que cualquier planteamiento con relación

1 Exhibit I, Apéndice pág. 1.
2 Exhibits II, III y IV, Ap. Págs. 12, 20 y 24.
3 Véase, pág. 67 del recurso.
KLCE202301110                                                                             3

a la prueba pericial adicional anunciada debía quedar claro en el expediente

y las controversias debidamente planteadas para resolverse a la mayor

brevedad. A tales efectos, y sobre los demás asuntos entonces discutidos, el

TPI estableció el 12 de junio de 2023 como fecha límite para someter

cualquier planteamiento por escrito.4

         El 1ro. de junio de 2023, los peticionarios radicaron una moción para

que no se permita la perita por haber sido prueba pericial anunciada por

otro codemandado.5 La parte recurrida se opuso a dicho escrito. Tras

evaluar estos escritos, el 28 de agosto de 2023, el TPI emitió Resolución en la

que indicó no haber encontrado razón para no permitir que Santiago Torres

y SIMED utilizaran como perito a la doctora Altieri, por lo que les autorizó

adicionarla a su prueba pericial.6 Notificada la Resolución el 30 de agosto de

2023, el 8 de septiembre de 2023 los peticionarios presentaron una Moción

de Reconsideración que fue denegada.7

         El 27 de septiembre 2023 los peticionarios retiraron su solicitud de

reconsideración. No obstante, el TPI la evaluó el 28 de septiembre de 2023

y la declaró "No ha lugar". Ante tal denegatoria, los peticionarios

presentaron el recurso de Certiorari KLCE202301082. Este, fue desestimado

por prematuro, determinándose que el plazo para presentarse ante el TA

aún no había iniciado.

         Posteriormente, el 10 de octubre de 2023 la parte peticionaria

presentó la petición de certiorari de epígrafe en la que aducen el siguiente

error:

         “Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir, a tan solo
         un día del comienzo del juicio en sus méritos, que la parte
         demandada recurrida sumara a Altieri Ramírez como perita
         adicional, sin exigir o demostrársele una justa causa para la
         tardanza en el anuncio ni determinar que fuese una testigo

4 Véase Minuta de vista del 30 de mayo de 2023, transcrita el 2 de junio de 2023; págs. 33-

35.
5 Exhibit VII, Ap. 37.
6 Véase, Resolución; págs. 65-69.
7 Exhibit XII, p. 81.
KLCE202301110                                                               4

       pericial esencial para su defensa, causando a los peticionarios
       con ello un perjuicio sustancial.”

       Atendido el recurso, el 12 de octubre de este año, emitimos

Resolución concediéndole a los recurridos a presentar su posición en un

término de diez (10) días. El 27 de octubre de 2023, estos sometieron Alegato

en oposición. El 9 de noviembre de este año, SMU sometió un escrito titulado

Oposición a Moción en auxilio de jurisdicción. El 13 de noviembre de 2023, los

peticionarios sometieron es escrito al que alude tal moción. Evaluada esta

última, resolvemos No Ha Lugar.

                                     II.

                                     -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo
KLCE202301110                                                                 5

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando:

      (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
          hechos o peritos esenciales,

      (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,

      (3) en casos de anotaciones de rebeldía,

      (4) en casos de relaciones de familia,

      (5) en casos revestidos de interés público o

      (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
          constituiría un fracaso irremediable de la justicia.”

      McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

      El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.

Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
      análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
      en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
      Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a
      la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
      alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
      más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301110                                                                   6

      Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La delimitación que imponen estas

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.

                                       -B-

      La Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 37.4, exige

que los abogados o las abogadas de las partes en los casos señalados para

conferencia con antelación al juicio se reúnan para confeccionar el Informe

preliminar entre abogados. Conforme la citada regla, este informe

contendrá:

      (a) Nombres, direcciones, teléfonos, fax y correo electrónico de los
      abogados y las abogadas que intervendrán en representación de las
      partes en la vista en su fondo del caso.

      (b) Una breve relación de los hechos pertinentes a las reclamaciones
      o defensas de las partes. Si se reclaman daños, un desglose
      detallado de éstos.

      (c) Estipulaciones sobre los hechos, documentos y asuntos sobre los
      cuales no exista controversia y que eviten la presentación de
      evidencia innecesaria.

      (d) Una exposición breve de la posición de las partes con respecto
      a los hechos, documentos y asuntos sobre los cuales exista
      controversia y la base legal que apoye tal posición.

      (e) Un resumen del derecho aplicable a los hechos específicos del
      caso, un resumen de las cuestiones de derecho que las partes
      anticipen que se plantearán o que ya se hayan planteado, señalando
      aquellos en que exista desacuerdo y sus opiniones, y la
      jurisprudencia específica aplicable.

      (f) Una relación detallada de la prueba documental debidamente
      identificada, incluso las deposiciones u otra prueba que se ofrecerá
      y respecto a cuya admisión en evidencia no exista controversia.

      (g) Una relación de la prueba documental que ofrecerá cada parte
      y respecto a cuya admisión en evidencia exista controversia, incluso
      una sucinta exposición de los fundamentos en que se base la
      objeción.

      (h) Una lista de cada parte con los nombres y las direcciones de las
      personas testigos, incluso los peritos y las peritas de ocurrencia, que
KLCE202301110                                                                 7

       testificarán en el juicio (excepto los testigos de impugnación o de
       refutación), incluso un resumen de su testimonio.

       (i) Una lista de cada parte con los nombres de las personas peritos
       que testificarán en el juicio, incluyendo un resumen de su
       testimonio.

       (j) Las reclamaciones o defensas que cada parte alegue que se han
       desistido o renunciado.

       (k) Una lista de todas las mociones presentadas y aquellas que
       consideren someter, sujeto a la discreción del tribunal, para
       permitirlas en esta etapa del procedimiento.

       (l) Las enmiendas a las alegaciones y los fundamentos por los cuales
       éstas no se presentaron con anterioridad.

       (m) Un estimado del número de días y horas requeridas para la
       presentación de la prueba de cada una de las partes en el juicio en
       su fondo.

       (n) La posibilidad de una transacción.

       (o) Considerar cualesquiera otras medidas que puedan facilitar la
       más pronta terminación del pleito. (Énfasis suplido).

       Además de lo antes consignado, la Regla 37.4, supra, permite que

estos asuntos sean discutidos entre los abogados por teléfono,

teleconferencia y otros métodos. Igualmente, establece que el informe

deberá someterse diez (10) días antes del señalamiento para la conferencia

con antelación al juicio. Por último, esta regla señala que, a menos que se

demuestre justa causa, no se permitirá presentar prueba que no haya sido

previamente identificado en el informe a prepararse.

       Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar

y conducir la tramitación de los procedimientos ante su consideración. In

re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). El funcionamiento efectivo de nuestro

sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos

requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y

discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación de los asuntos

judiciales. Id.

       Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que como regla general

este Tribunal no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del

TPI. Ello así, salvo que hubiera prejuicio, parcialidad, craso abuso de
KLCE202301110                                                                8

discreción o error en la aplicación de una norma procesal o de derecho

sustantivo y que nuestra intervención en esa etapa evitará un prejuicio

sustancial. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000) a la pág. 155.

       El principio general aludido reconoce que los tribunales de instancia

son quienes están en mejor posición para determinar cuál debe ser el mejor

manejo del caso ante su consideración. Como corolario de lo anterior, los

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de los

tribunales sentenciadores que estén enmarcadas en el ejercicio de la

discreción que se les ha concedido para encaminar procesalmente los

asuntos que tienen pendientes. En situaciones excepcionales, claro está,

tales actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas de

un craso abuso de discreción, o basadas en una determinación errónea que

a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los partes. Rebollo López

v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999). Si su actuación se funda en una base

razonable que no resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una

parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554

(1959) a la pág. 572.

                                       III.

       Dado que la determinación interlocutoria cuya revocación persiguen

los peticionarios permite a la Dra. Anibelle Altieri como parte de la prueba

pericial que Santiago Torres y SIMED podrá utilizar durante el juicio,

podemos ver que la controversia ante nuestra consideración trata sobre la

admisibilidad de un perito. Como sabemos, este es uno de aquellos asuntos

sobre los que, a modo de excepción, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, podremos expedir el auto de certiorari.

       Así reconocido, procedemos a atender el único señalamiento de

error de los peticionarios mediante el cual reclama que el TPI incidió al

permitir que la parte demandante presentara como parte de su prueba

pericial el testimonio de la Dra. Anibelle Altieri. Más aún, clasifica esta
KLCE202301110                                                                              9

acción como un abuso de discreción por parte del foro primario y reclama

que permitir la prueba sorpresa anunciada a solo 1 día del comienzo del

juicio le causa un perjuicio sustancial.

        Estudiado el legajo apelativo, no encontramos razón por la cual

debamos intervenir con la discreción que según arriba discutimos tienen los

tribunales sobre el manejo de sus casos. Aunque, tal como apuntamos, las

determinaciones discrecionales del TPI pueden ser objeto de revisión si son

arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de discreción, o basadas en una

determinación errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una

de los partes, no encontramos que los argumentos levantados por los

peticionarios ante el foro primario, así como ante este Tribunal de

Apelaciones demuestren el perjuicio sustancial que alega le causaría, ni

evidencia el abuso de discreción reclamado.8

                                              IV.

        Por lo antes consignado, denegamos la expedición del auto de

certiorari peticionado por la parte peticionaria.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones

8 El expediente refleja que el informe pericial que la doctora Altieri preparó en el caso fue

producido a los peticionarios desde al menos el año 2018. El mismo, también fue incluido
como parte de la prueba a utilizarse durante el juicio por el Hospital San Cristóbal en ese
año. Por ello, y considerando que Santiago Torres y SIMED han indicado que el testimonio
de la perito será sobre el reporte que en su momento preparó para el caso, no hallamos el
elemento de sorpresa que le atribuye a dicha prueba.