Court Opinion

ID: 9952140
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:21:05.218392+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:06.994740
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL XI

    LYDIA ESTHER REYES                            APELACIÓN
          RAMOS                                   Procedente del
                                                  Tribunal de
            Apelante                              Primera Instancia,
                                                  Sala de Arecibo
                v.              KLAN202400085
                                                  Caso Núm.:
      UNITED STATES                               MT2023CV00617
     DEPARTMENT OF                                (403)
  AGRICULTURE RURAL
   DEVELOPMENT t/c/c                              Sobre: Daños y
   ADMINISTRACIÓN DE                              Perjuicio,
       HOGARES DE                                 Interdicto
 AGRICULTORES; HÉCTOR                             Permanente,
 NUÑES, FULANA DE TAL y                           Sentencia
    la Sociedad Legal de                          Declaratoria
  Gananciales constituida
        entre ambos

            Apelados

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos la señora Lydia Esther Reyes Ramos

(“Sra. Reyes Román” o “Apelante”) mediante Apelación, presentada

el 29 de enero de 2024. Nos solicita que revoquemos la Sentencia

emitida y notificada el 8 de diciembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (“foro primario” o “foro

a quo”). Por virtud de la misma, el foro primario desestimó sin

perjuicio la demanda de epígrafe. En desacuerdo, la Sra. Reyes

Román solicitó la reconsideración del dictamen, el cual fue

declarado No Ha Lugar mediante Resolución emitida y notificada el

28 de diciembre de 2023.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la

Sentencia apelada.

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLAN202400085                                                               2

                                      I.1

   Los hechos que originan la presente controversia surgen cuando

en el año 2014, United States Department of Agriculture/Rural

Development, también conocido como Administración de Hogares de

Agricultores (“Rural Development”) instó una Demanda sobre cobro

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra la Sra.

Reyes Ramos (CD2014-0151). En síntesis, alegó que el 17 de mayo

de 1982, la Sra. Reyes Ramos suscribió un pagaré por la suma de

$37,000.00, el cual estaba garantizado con una propiedad ubicada

en el pueblo de Barceloneta. Sostuvo que la Apelante había

incumplido con el pago de las mensualidades y adeudaba una

cantidad de $172,456.86, más los intereses. Por lo cual, solicitó que

se ordenara el pago de las sumas reclamadas y de no efectuarse el

pago, que se procediera a vender la propiedad en pública subasta.

       Así las cosas, el 10 de septiembre de 2014, se llevó a cabo la

Conferencia con Antelación a Juicio y Conferencia Transaccional, en

donde se informó que la Sra. Reyes Ramos se allanaba a que se

dictara sentencia. En vista de ello, el 26 de septiembre de 2014, se

dictó Sentencia en la que se condenó a la Sra. Reyes Ramos a

sufragar la deuda reclamada en la demanda.

       Transcurridos varios trámites que son inmeritorios reseñar, el

30 de septiembre de 2021, el foro primario emitió Orden, en la que

autorizó la venta en pública subasta de propiedad. Asimismo, emitió

el correspondiente Mandamiento. En desacuerdo, la Apelante

presentó un escrito intitulado Urgente moción de nulidad de

sentencia reiterando paralización de subasta y solicitud de vista

evidenciaria.    Mediante     este,   solicitó   la   paralización   de   los

procedimientos toda vez que había incumplido con las disposiciones

de la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en

1 Los hechos reseñados en el presente dictamen surgen del expediente apelativo

del caso KLCE202200607.
KLAN202400085                                                                   3

los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal,

Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, según enmendada, 32 LPRA

sec. 2881, (“Ley Núm. 184-2012”). Mediante Orden emitida el 20 de

abril de 2022, notificada el 25 del mismo mes y año, el foro primario

declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización.

       Al próximo día, se procedió a la venta en pública subasta de

la propiedad. Inconforme aun, la Apelante presentó un escrito al foro

primario en el cual solicitó que se decretara la nulidad de la

subasta.2 El 9 de mayo de 2022, el foro primario emitió Orden en la

que denegó nuevamente la solicitud y posteriormente, el 31 de mayo

de 2022, se ordenó el lanzamiento de la Apelante de la propiedad.

       En desacuerdo con tales determinaciones del foro primario, el

8 de junio de 2022, la Apelante acudió ante esta Curia mediante

Petición de Certiorari (KLCE202200607). Mediante Resolución

emitida el 27 de junio de 2022, un panel hermano determinó

denegar la expedición del auto. Tras varios trámites ante esta Curia,

el 9 de agosto de 2022, la Apelante presentó un recurso de certiorari

ante el Tribunal Supremo (CC-2022-530), el cual emitió Resolución

el 21 de octubre de 2022 denegando expedir el auto solicitado.

       Así las cosas, el 28 de agosto de 2023, la Sra. Reyes Ramos

incoó Demanda Jurada3 de epígrafe sobre daños y perjuicios,

interdicto y sentencia declaratoria contra Rural Development y el

señor Héctor Núñez. En síntesis, alegó que el 6 de marzo de 2014,

Rural Development incoó una demanda sobre cobro de dinero y

ejecución de hipoteca, y a la fecha de la presentación de la misma

“se hallaba incapacitada mentalmente para manejar sus fondos y

necesitaba ser representada en cualquier procedimiento judicial por

un defensor judicial o tutor”. Añadió que contaba con evidencia

2 Cabe destacar que en la solicitud no se alegó que la Sra. Reyes Ramos no ostenta

capacidad para comprender los procesos en su contra.
3 Apéndice recurso, págs. 1-16.
KLAN202400085                                                              4

documental sobre la incapacidad mental de la Apelante antes de la

presentación de la referida demanda de ejecución de hipoteca.

      Señaló que, el 16 de junio de 2023, el psiquiatra Elías R.

Jiménez Olivo (“Dr. Jiménez Olivo”) emitió una carta a la

Administración del Seguro Social, indicando que debía ser

incapacitada. Adujo que su incapacidad para manejar sus fondos

viciaba de nulidad la sentencia del caso de ejecución de hipoteca y

que en dicho procedimiento nunca estuvo representada por un tutor

o defensor judicial. Por tales razones, solicitó que se dictara

sentencia declaratoria e interdicto permanente, a los fines de que

cesara la apropiación ilegal de su vivienda y pueda regresar a su

hogar. Solicitó, además, una suma de $500.00 por los daños y

angustias mentales sufridas en el proceso de ejecución de hipoteca.4

      Luego de varias incidencias, el 9 de noviembre de 2023, se

expidieron los emplazamientos.5 El mismo día, el foro primario

emitió y notificó Orden en la que dispuso lo siguiente: “Ante la

alegación de incapacidad de la demandante levantada en la

demanda, aclare la representación legal cual es la capacidad que

ostenta esta para instar la presente causa de acción. Tiene 20 días.”6

      Así, el 5 de diciembre de 2023, la Apelante presentó Moción

solicitando nombramiento de defensor judicial.7 Por virtud de esta,

señaló que según las conclusiones del Dr. Jiménez Olivo, la Apelante

no tenía capacidad “para entender y desenvolverse en los asuntos

cotidianos de la vida. No posee capacidad para tomar decisiones

respecto a su persona y bienes.” Por tanto, sostuvo que era un hecho

incontrovertible que necesitaba un defensor judicial. A esos fines,

4 Se acompañó la demanda con una Declaración Jurada suscrita por la Apelante.

Íd, pág. 17.
5 Véase entrada número 7 del expediente electrónico del caso MT2023CV00617

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”).
6 Apéndice recurso, pág. 21.
7 Íd, págs. 22-24.
KLAN202400085                                                        5

recomendó al señor Carlos R. Cruz Reyes (“Sr. Cruz Reyes”), su hijo,

para realizar dicha tarea.

        Evaluada la petición de la Sra. Reyes Ramos, el 8 de diciembre

de 2023, el foro a quo emitió y notificó Sentencia, en la que desestimó

sin perjuicio la demanda. Fundamentó su determinación en que, a

pesar de la presunción que goza toda persona mayor de edad de que

cuenta con capacidad legal para regir sus bienes y su persona, la

Apelante cuestiona su propia capacidad y además, la demanda no

se presentó mediante un tutor o apoderado. Por tanto, determinó

que producto de las alegaciones de la propia Apelante en las cuales

cuestiona su capacidad, no procede la continuación del pleito. A su

vez, concluyó que no procedía la figura de un defensor judicial.

        En desacuerdo con el dictamen emitido, el 21 de diciembre de

2023, la Apelante presentó Moción de Reconsideración y una

Demanda Jurada Enmendada, en la que incluyó a su hijo como

defensor judicial.8 Mediante Resolución emitida y notificada el 28 de

diciembre de 2023, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud

de reconsideración.9

        Inconforme aún, el 29 de enero de 2024, la Sra. Reyes Ramos

acudió ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión de

los siguientes errores:

        Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al
        dictar su sentencia mediante la cual desestimó sin
        perjuicio la demanda sin haber adquirido jurisdicción
        sobre las partes demandadas porque no han sido
        emplazadas ni ha concluido el término de 120 días para
        que la parte apelante diligencie los emplazamientos a
        las partes demandadas. Por tanto, la sentencia emitida
        por el foro de instancia es nula y la parte apelante debe
        ser relevada de la misma conforme a la Regla 49.2 de
        las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.49.2.
        Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al
        desestimar la demanda sin perjuicio aduciendo que la
        parte apelante debió comparecer al foro de instancia
        mediante tutor cuando el ordenamiento jurídico no
        exige como requisito sine que non que una parte
        incapacitada mentalmente o sobre cuya capacidad

8 Íd, págs. 29-57.
9 Íd, pág. 58.
KLAN202400085                                                        6

      mental haya duda acuda necesariamente al Tribunal de
      Justicia en primera instancia representada por tutor o
      defensor judicial. Lo que sí exige el ordenamiento
      jurídico es que el foro de instancia pauta una vista para
      dirimir la capacidad mental de una parte que alegue
      incapacidad mental o haya duda sobre la capacidad
      mental de una parte.
      Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al
      desestimar sin perjuicio la demanda aduciendo que la
      parte apelante debió comparecer representada por
      tutor, pero soslaya que la parte apelante compareció en
      su demanda representada por los abogados
      suscribientes, solicitó oportunamente que se le
      nombrara defensor judicial, enmendó su demanda para
      ser representada por defensor judicial y los abogados
      suscribientes y más importante aún, el foro de instancia
      no llevó a cabo vista para dirimir el asunto medular de
      la falta de capacidad mental para manejar sus finanzas
      de la parte apelante en contravención del ordenamiento
      jurídico.

      Examinado el recurso de epígrafe, procedemos a exponer la

normativa jurídica aplicable a la controversia que aquí nos ocupa.

                                II.
                         A. Defensor judicial

   El Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 (en

adelante “Código Civil”), establece la presunción de capacidad,

disponiendo lo siguiente:

      Se presume la capacidad de la persona natural mayor
      de edad, de obrar por sí misma. Contra esta presunción
      solo se admite la sentencia de incapacitación absoluta
      o de restricción parcial de la capacidad por las causas
      y la extensión que determina la ley. 31 LPRA sec. 5601.

   En los casos en los que se alegue la falta de capacidad —absoluta

o parcial— de una persona mayor de edad o de un menor

emancipado, se puede solicitar su incapacitación. La misma puede

ser solicitada por “[e]l cónyuge, siempre que convivan a la fecha de

la solicitud; los progenitores; y, en todos los casos, cualquier

pariente con plena capacidad de obrar que tenga derecho a

sucederle o el defensor judicial que el tribunal designe”. Artículo 110

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5631.

   El defensor judicial es “un tutor especial si se quiere, nombrado

[por el tribunal] para que represente a un incapacitado o a un menor
KLAN202400085                                                                 7

en un pleito en específico”. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203

DPR 462, 486 (2019), citando a Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 300

(2003). Este nombramiento procede en virtud del parens patriae que

ostenta el Estado, cuyo objetivo principal es asegurar el bienestar

de los menores o incapacitados. Íd.

     Cónsono con lo anterior, la Regla 15.2 de Procedimiento Civil,

establece lo siguiente:

        (a) Un o una menor deberá comparecer por medio de su
        padre o madre con patria potestad o, en su defecto, por
        medio de su tutor o tutora general. Una persona mayor
        de edad o emancipada que esté judicialmente
        incapacitada deberá comparecer por medio de su
        tutor o tutora general. Sin embargo, el tribunal
        podrá nombrarle un defensor o una defensora
        judicial a cualquier menor o persona incapacitada
        judicialmente siempre que lo juzgue conveniente o
        esté dispuesto por ley.

        (b) En los casos previstos en la última oración de la
        Regla 4.4(c),10 y en la Regla 22.2,11 el tribunal
        determinará sobre el estado mental de la parte y si es
        conveniente y procede el nombramiento de un defensor
        o una defensora judicial. 32 LPRA Ap. V., R.15.2.
        (Énfasis nuestro).

     La precitada Regla impone la obligación de notificar al tribunal

sobre la condición mental de la parte demandada, “o cuando exista

fundamento para creer que una parte está incapacitada”. J.A.

Echevarría, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed., 2012, pág.

134. Una vez se alegue la falta de capacidad de un mayor de edad o

10 El inciso (c) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, R.4.4 dispone lo
siguiente:
        (c) A una persona que haya sido declarada judicialmente
        incapacitada y se le haya nombrado un tutor o tutora, entregando
        copia del emplazamiento y de la demanda a dicha persona y a su
        tutor o tutora. Si una persona que no haya sido declarada
        judicialmente incapacitada se encuentra recluida en una
        institución para el tratamiento de enfermedades mentales, deberá
        entregarse copia del emplazamiento y de la demanda a dicha
        persona y al director o directora de la institución. En todos los
        demás casos en que la parte demandante, su abogado, abogada
        o la persona que diligencie el emplazamiento tenga
        fundamento razonable para creer que la persona que será
        emplazada está incapacitada mentalmente, deberá notificarlo
        al tribunal para que éste proceda de acuerdo con lo dispuesto
        en la Regla 15.2(b). (Énfasis nuestro).
11 La Regla 22.2 de Procedimiento Civil, supra, R.22.2, esboza que, si una parte

queda incapacitada, previa moción, el tribunal podrá permitir que el pleito
continúe por o contra su defensor judicial. 32 LPRA Ap. V, R. 22.2.
KLAN202400085                                                       8

de un menor emancipado, el tribunal deberá evaluar su estado

mental y, si así lo determina y encuentra conveniente, puede

designar un defensor judicial. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152

DPR 140, 159 (2000). Bajo ese criterio de conveniencia, el tribunal

tiene la discreción de establecer cualquier otra medida para proteger

los intereses de la parte incapacitada, a la vez que procura que el

caso sea resuelto de una manera justa, rápida y económica. Rivera

Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 486 (2019).

   Aun en los casos en que la parte este representada por abogado,

“ello no exime al tribunal de su obligación de realizar una evaluación

de la condición mental y tomar todas aquellas medidas que sean

necesarias para proteger los intereses de esa parte pues la

representación profesional por un abogado no necesariamente

implica que los intereses de la persona incapacitada estén

debidamente protegidos”. J.A. Echevarría, op cit., pág. 134, citando

a Rivera y otros v. Bco. Popular, supra.

                                  III.

      Expuesto el marco jurídico y analizados los planteamientos de

la parte Apelante, procedemos a disponer de la controversia ante

nuestra consideración.

      La parte Apelante nos alega que erró el foro primario al

desestimar la demanda de epígrafe, toda vez que no tenía

jurisdicción para así hacerlo. En particular, sostiene que a la fecha

en que se emitió la Sentencia, aún no había transcurrido el término

de 120 días para diligenciar los emplazamientos a la parte

demandada. Por lo cual, falta una parte indispensable para disponer

del pleito. Añade que, ante las alegaciones incluidas en la demanda

sobre la falta de capacidad de la Apelante, procedía que el foro

primario celebrara una vista para dilucidar su estado mental.

      Según expusimos, en nuestro ordenamiento se presume la

capacidad de la persona natural mayor de edad, de obrar por sí
KLAN202400085                                                        9

misma. 32 LPRA sec. 5601. “Contra esta presunción solo se admite

la sentencia de incapacitación absoluta o de restricción parcial de la

capacidad por las causas y la extensión que determina la ley.” Íd.

Una vez se alegue la falta de capacidad de un mayor de edad o de

un menor emancipado, el tribunal deberá evaluar su estado

mental y, si así lo determina y encuentra conveniente, puede

designar un defensor judicial. Rivera y otros v. Bco. Popular, supra.

      En el presente caso, la parte Apelante presentó una Demanda

Jurada, en la que alegó que la Sentencia emitida por el foro primario

en el caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca era nula,

puesto que no tenía capacidad para comprender los procesos en su

contra. En particular, arguyó que en dicho pleito la Apelante se

hallaba incapacitada mentalmente para manejar sus fondos y que

contaba con evidencia documental que sostenía dicha alegación. En

vista de las alegaciones de la demanda, el foro primario solicitó a la

representación legal de la Apelante que aclarara cual era la

capacidad de su cliente para instar la reclamación, a lo que dicha

parte solicitó el nombramiento de un defensor judicial.

      Como puede observase, la propia Apelante alegó en su

demanda que no cuenta con capacidad para comprender los

procesos en su contra, por lo que solicitó la nulidad de la Sentencia

y venta en pública subasta de su propiedad en el pleito CD2014-

0151. Ello, pone de manifiesto la necesidad de que el foro primario

constatara si la Apelante ostenta capacidad mental y si es

conveniente la designación de un defensor judicial o de imponer

cualquier otra medida cautelar. No obstante, el foro primario, sin

esperar haber emitido una determinación sobre el estado mental de

la Apelante, determinó que “un presento incapaz” no podía instar

una demanda, para que luego se le nombrara un defensor judicial.

      Contrario a lo resuelto por el foro primario, en el caso de autos

no surge del expediente que se haya emitido un dictamen judicial
KLAN202400085                                                     10

estableciendo la incapacidad de la Apelante. Aun cuando surge de

la propia demanda, la cual fue jurada por la Apelante, que no cuenta

con capacidad para comprender los procesos en su contra, la

presunción de capacidad no ha sido rebatida según dispone nuestro

ordenamiento. Por tanto, somos del criterio que erró el foro primario

al desestimar la demanda. Siendo así, concluimos que procede que

el presente pleito siga su curso ordinario y se proceda a emplazar a

la parte demandada. Una vez sea emplazada la parte demandada, el

foro primario deberá evaluar el estado mental de la Apelante, para

determinar si procede y estima conveniente la designación de un

defensor judicial, o emita cualquier otra medida cautelar.

                                  IV.

      Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia

apelada. En consecuencia, devolvemos el caso ante el foro primario

para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo

aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones