Court Opinion

ID: 9890344
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:17:25.573442+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:21.866065
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                       Apelación
   GRAHAM A. CASTILLO                                  procedente del
        PAGÁN                                          Tribunal de Primera
                                                       Instancia Sala de
            Apelante                                   Superior de Caguas
                                       KLAN202300443
                                                       Caso Núm.:
 LAURA R. RIVERA AVILÉS                                E DI2005-0509

             Apelada                                   Sobre:
                                                       Divorcio

           EX PARTE
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

       Comparece el Sr. Graham A. Castillo Pagán (apelante o señor

Castillo Pagán) y solicita que revisemos dos Resoluciones emitidas

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI).

En particular, se requiere la revisión de una Resolución emitida el

13 de abril de 2023, notificada el 19 de abril, en la que se estableció

la fecha desde cuando surgió una obligación de pago, por parte del

apelante, fijada por el referido foro en una previa Resolución de 28

de febrero de 2023, notificada el 8 de marzo. En esta última, el TPI,

en base de la prueba desfilada y los principios de equidad, reconoció

a la Sra. Laura R. Rivera Avilés (en adelante la senora Rivera Avilés

o la apelada) el derecho a recibir el 50% de la cantidad mensual por

concepto de la pensión militar del apelante. La otra Resolución que

se nos solicita que revisemos, con fecha de 20 de abril de 2023,

declaró Sin Lugar la Solicitud de Determinaciones de Hechos

presentada por el señor Castillo Graham1.

1 Notificada el 21 de abril de 2023.

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300443                                                           2

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y por

los fundamentos que esbozaremos a continuación, confirmamos las

determinaciones del TPI.

                                    -I-

      La controversia ante nuestra consideración se deriva de las

antes indicadas actuaciones del TPI, realizadas, a su vez, como parte

del cumplimiento de dicho Foro con las disposiciones de una

Sentencia emitida el 12 de enero de 2022 por un Panel Hermano en

el caso KLAN2022100774. En este sentido, procedemos a plasmar

una relación fáctica y procesal de lo acontecido en el caso. De igual

manera, debido a su pertinencia, será necesario que hagamos

recurrentes referencias a la antedicha Sentencia en el caso

KLAN202200774.

      El señor Castillo Pagán y la Rivera Avilés estuvieron casados,

bajo el régimen económico de sociedad legal de gananciales, por 24

años. Durante la vigencia del matrimonio, el señor Castillo Pagán

fue miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Así las

cosas, en abril de 2005 las partes solicitaron la disolución del

matrimonio por acuerdo mutuo, por lo que el TPI, luego de celebrar

la vista de rigor, el 15 de abril de 2005 emitió una Sentencia en la

que aprobó los acuerdos alcanzados por las partes y decretó disuelto

el matrimonio. Entre los acuerdos presentados ante el Tribunal y

aprobados por este, se incluyó lo siguiente:

      El peticionario mantendrá a la peticionaria como beneficiaria
      de la pensión militar que se acredita por estar casada por
      veinte años con el militar compartiendo la vida familiar. Este
      beneficio es reconocido por el ejército únicamente a las
      esposas que lleguen a cumplir los 20 años de casadas con el
      militar. Spouse Benefit Plan y Survivor Benefit Plan se otorgan
      al militar morir o retirarse de las Fuerzas Armadas,
      cumpliendo la edad que requiere el estatuto.

      El 17 de septiembre de 2020, la apelada presentó una Urgente

moción solicitud de orden en la que alegó que el señor Castillo

Graham se encontraba en incumplimiento con lo dispuesto en la

cláusula previamente transcrita. Luego de varios incidentes, el TPI
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emitió una orden de retención de ingresos (ORI) dirigida al Defense

Finance and Accounting Services, Garnishment Law Directorate para

que se remitiera en favor de la apelada el 50% de la pensión de retiro

del apelante.

       En aquel momento, y no conforme con el proceder del TPI, el

señor Castillo Pagán presentó ante este tribunal un recurso legal de

apelación.2 Evaluado los planteamientos de las partes, un Panel

Hermano emitió el 12 de enero de 2022 la Sentencia a la que antes

hicimos referencia,3 en la cual, al revocar la orden de retención de

ingresos emitida, dispuso, luego de concluir que los tribunales de

Puerto Rico tienen jurisdicción para adjudicar el derecho de un

excónyuge a participar en la pensión de retiro de un militar de

conformidad con el ordenamiento puertorriqueño sobre división de

bienes gananciales, lo siguiente:

       Ahora bien, al examinar la sentencia de divorcio es evidente
       que el acuerdo objeto de la controversia y cuyo alcance
       podemos revisar, se incluyó entre los acuerdos relacionados a
       la división de bienes. De su lenguaje surge que el señor
       Castillo se obligó a mantener a la senora Rivera como
       beneficiaria de su pensión de retiro militar. Considerando la
       definición del término mantener entendemos que con dicho
       acuerdo el señor Castillo se obligó a darle vigor y permanencia
       al derecho de la señora Rivera a participar de su pensión
       militar por haber estado casada con él por al menos 20 años.
       Además, coetáneo a la estipulación de este acuerdo las partes
       también acordaron que el señor Castillo proveería una pensión
       excónyuge a la señora Rivera durante 15 años o hasta
       contraer nuevas nupcias. Por tanto, del lenguaje del acuerdo
       estipulado y de los actos coetáneos al mismo, es forzoso
       concluir que no se configura una obligación de pensión
       alimentaria ni de pensión excónyuge. (Subrayado y negrillas
       en el original)

       […]

       En síntesis, no procedía que el TPI emitiera una ORI utilizando
       el formulario OMB-0970-0154 para el cumplimiento de una
       obligación de pensión excónyuge, cuando lo que se pretendía
       poner en vigor es una estipulación entre las partes sobre
       división de bienes.

De igual forma, el Panel Hermano concluyó:

       De otro lado, de la estipulación en controversia no surge que
       las partes hayan acordado una cuantía especifica de la
       pensión de retiro a la que la senora Rivera tendría derecho.

2 Como nos solicitó el apelante, tomamos conocimiento judicial del recurso legal

KLAN202100774.
3 Apéndice de Apelación, pp. 15 – 32.
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       De manera que no estamos en posición de asumir si con esta
       estipulación el señor Castillo tenía la intención de ceder una
       porción de su pensión de retiro militar a favor de la señora
       Rivera. Por consiguiente, el lenguaje de la estipulación no
       configuró una obligación para que el señor Castillo pagara
       determinada cantidad una vez comenzara a recibir su pensión
       de retiro. A tales efectos, el foro de instancia no podía ordenar
       de manera arbitraria que se retuviera el 50% de lo que el señor
       Castillo alegadamente recibe como pensión. En ausencia de
       un acuerdo entre las partes en torno a la cuantía, la
       participación de la señora Rivera en la pensión de retiro del
       señor Castillo debía determinarse de conformidad con el
       derecho sustantivo local aplicable a la división de bienes. En
       particular, lo referente al derecho de un excónyuge sobre la
       pensión de retiro de un militar.

       Es preciso reiterar que las órdenes judiciales sobre división de
       bienes que el DFAS puede ejecutar deben incluir, entre otros
       asuntos, la cuantía específica de la pensión militar a la que el
       excónyuge tiene derecho. En este caso la sentencia de divorcio
       no cumple tal formalidad ya que meramente aprobó el acuerdo
       entre las partes el cual no establece cuantía alguna. De
       manera que, ante la ausencia de un acuerdo entre las partes
       sobre la cuantía, es necesario que el foro de instancia
       establezca la cantidad a la que ésta tiene derecho, si alguna,
       y emita la determinación correspondiente. La señora Rivera
       podrá entonces presentar la solicitud correspondiente
       acompañada de dicha orden ante el DFAS para su oportuna
       ejecución.

       Adviértase que nuestro ordenamiento reconoce el carácter
       privativo de la pensión de retiro de un militar. Véase, Delucca
       Román v. Colón Nieves, supra, pág. 723. No obstante, dispone
       que las aportaciones realizadas al plan de retiro a costa del
       caudal común durante el matrimonio, son de naturaleza
       ganancial, por lo que la sociedad legal de gananciales tiene
       derecho a un crédito por el importe total de dichas
       aportaciones al momento de su disolución. Dicho crédito
       corresponde en partes iguales a cada excónyuge.

       Por los fundamentos que anteceden revocamos la
       determinación recurrida y dejamos sin efecto la Orden de
       Retención de Ingresos emitida. Devolvemos el caso al Tribunal
       de Primera Instancia para que, en ausencia de un acuerdo
       entre las partes sobre la cuantía de la pensión del señor
       Castillo a la que la señora Rivera tendría derecho, el foro de
       instancia determine el monto de las aportaciones realizadas
       al plan de retiro durante la vigencia del matrimonio para
       establecer la cuantía a la que tendría derecho según dispone
       nuestro ordenamiento.4

       Como         secuela   de   lo   anterior,    se   reanudaron       los

procedimientos ante el foro primario. Concluidos los mismos, el TPI

emitió su Resolución el 28 de febrero de 2023, en la que consignó

las siguientes determinaciones de hecho:

      1. Las partes contrajeron matrimonio el 20 de diciembre de
         1980 en San Juan, Puerto Rico, bajo el régimen económico
         de sociedad de gananciales. Adquirieron bienes y deudas
         durante la vigencia del matrimonio.

4 Id., pp. 31-32.
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    2. El día 15 de abril de 2005, solicitaron la disolución del
       vínculo matrimonial por la causal de consentimiento mutuo.
       Sometieron Petición por derecho propio debidamente
       juramentada y acompañaron Estipulación recogiendo
       acuerdos de custodia, patria potestad, pensión alimentaria,
       relaciones paternofiliales, pensión excónyuge, división de
       bienes inmuebles y deudas de la sociedad de gananciales
       y división de bienes muebles. Ambos se representaron por
       derecho propio, pues son abogados de profesión.

    3. Las partes acordaron bajo el encasillado DIVISIÓN DE
       BIENES MUEBLES lo siguiente:
          … “12. El peticionario mantendrá a la peticionaria como
          beneficiaria de la pensión militar que se acredita por
          estar casada por veinte años con el militar compartiendo
          la vida militar. Este beneficio es reconocido por el ejército
          (sic) únicamente a las esposas que llegan a cumplir los
          20 años casadas con el militar. Spouse Benefit Plan y
          Survivor Benefit Plan se otorgan al militar morir o
          retirarse de las Fuerzas Armadas, cumpliendo la edad
          que requiere el estatuto. …”

          El señor Castillo prestó su consentimiento a estas
    estipulaciones de forma libre y voluntaria, sin mediar
    coacción, fuerza o violencia.

    4. El Sr. Castillo no solicitó modificación ni enmienda a las
       estipulaciones sometidas y el día 15 de abril de 2005 se
       dictó Sentencia que fue enmendada el 27 de junio y
       notificada el 7 de julio para incluir las estipulaciones sobre
       la liquidación de gananciales. La Sentencia advino final y
       firme por no haberse interpuesto recurso apelativo. El Sr.
       Castillo no solicitó enmienda o reconsideración a la
       Sentencia dictada. Concluimos que las partes estuvieron
       casadas por 24 años.

    5. Ambas partes son abogados. El Sr. Castillo, estando
       casado con la Sra. Rivera, trabajó como Abogado en Fort
       Buchanan, PR, y Asistente de Fiscalía Federal en el Judge
       Advocate General (JAG) como miembro del Judge Advocate
       General Corp. Entró con el rango de Segundo Teniente y
       terminó con el rango de Teniente Coronel.

    6. La Sra. Rivera acompañó al Sr. Castillo durante las
       misiones que fue designado viajando por distintos países
       del mundo.

    7. El Sr. Castillo comenzó para el año 1977 al 1981 en el ROTC
       de Cayey. Estuvo activo desde 1984 hasta 1994 que fue
       transferido a la Reserva. Para los años 2004 – 2005 fue
       reactivado para Bagdad como reservista.

    8. La Sra. Rivera cumple con el test 20/20 para conferirle
       todos los beneficios (“full benefits”). El término mínimo de
       20 años de matrimonio fue dentro del término de servicio
       militar del Sr. Castillo. Veinticinco años de activo y veinte
       años casados durante ese mismo periodo.

    9. La pensión de retiro militar comienza cuando el miembro del
       ejercito cumple 60 años. El Sr. Castillo advino a esa edad
       el 1 de noviembre de 2018.

    10. El Sr. Castillo comenzó a recibir desde el 1 de noviembre de
        2018 la suma mensual de $3,334.97 por concepto de
        pensión militar.
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    11. El sistema de retiro militar de la Reserva del Ejercito de
        E.U.A. (U.S. Army Reserve) está reglamentado por el “Army
        Regulation 140–185 (Training and retirements Points
        Credits and Unit Level Strengh Accouting Records”). Se
        fundamenta en un sistema de “puntos de retiro” que se
        adjudican de acuerdo con la participación anual del
        soldado. Básicamente se le asigna un (1) punto de retiro por
        cada día de participación al soldado en servicio o por cada
        4 horas en adiestramiento/participación inactiva.

    12. Al momento de computar la cuantía de la pensión por retiro
        del soldado, se le asigna un valor en “metálico” a los puntos
        basado en “rango y tiempo de servicio” del soldado.

    13. Al momento de que el Sr. Castillo entró a la Reserva del
        Ejército de Estados Unidos fue al amparo de esta
        reglamentación y estaba casado con la Sra. Rivera. Los
        puntos acumulados durante los años de servicio militar se
        adquirieron durante la vigencia de la Sociedad Legal de
        Gananciales compuesta por las partes.

    14. Aunque no hay contribución económica del soldado bajo
        este sistema, lo cierto es que los “puntos de retiro” tienen
        un valor monetario para convertirlos al estimar la cuantía
        de la pensión de retiro.

    15. Para calificar que en un año de servicio en la US Army
        Reserve sea bueno para retiro tiene que haber acumulado
        no menos de 50 puntos de retiro el soldado.

    16. El Sr. Castillo conocía plenamente este sistema de cómputo
        de puntos de la pensión militar del US Army Reserve por su
        preparación académica militar y su profesión de abogado
        militar y federal en el Fuerte Buchanan, P.R.

    17. El Sr. Castillo, como parte de la liquidación de bienes
       muebles entre ellos, tuvo la intención de que su pensión de
       retiro militar formara parte del inventario de bienes sujetos
       a liquidación. El que no se haya determinado la cantidad o
       por ciento que recibiría la Sra. Rivera, no le resta o despoja
       de su carácter de ser un bien divisible de la sociedad de
       gananciales.

    18. El testimonio del Sr. Castillo de que incluyó la cláusula 12
        de la Estipulación reconociendo a la Sra. Rivera como
        beneficiaria de su pensión militar para complacerla no nos
        convence, dada su educación como abogado en el ejercicio
        de su profesión, así como sus actos posteriores.

    19. El Tribunal de Apelaciones en el caso Núm. KLAN2021–
        00774 en su Sentencia del 12 de enero de 2022, según en
        su análisis concluyó y citamos, … “al examinar la sentencia
        de divorcio es evidente que el acuerdo objeto de
        controversia y cuyo alcance podemos revisar, se incluyó
        entre los acuerdos relacionados a la división de bienes. De
        su lenguaje surge que el Sr. Castillo se obligó a mantener a
        la Sra. Rivera como beneficiaria de su pensión de retiro
        militar. Considerando la definición del término mantener
        entendemos que con dicho acuerdo el Sr. Castillo se obligó
        a darle vigor y permanencia al derecho de la Sra. Rivera a
        participar de su pensión militar por haber estado casada
        con él por lo menos 20 años.” …

    20. La Sra. Rivera declaró que la intención de ambos al llegar a
        dicho acuerdo lo fue protegerla, pues lamentablemente, en
        la jurisdicción de Puerto Rico existe disparidad y no se ha
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           reconocido dicho derecho a los ex-cónyuges de manera
           automática como en la mayoría de los estados de Estados
           Unidos.

      21. La Sra. Rivera declaró sobre cómo finalizados sus estudios
          de derecho y aún sin revalidar, se mudó junto a su esposo
          fuera de Puerto Rico a Indianapolis. Luego a Alemania, de
          donde viajaron a Puerto Rico a tomar la reválida de
          derecho. Ésta comenzó a ejercer como licenciada en 1994.

      22. La Sra. Rivera declaró que, al momento de contraer
          matrimonio en el año 1980, ya el Sr. Castillo pertenecía al
          ROTC. Al igual que al momento del divorcio, el Sr. Castillo
          pertenecía la Reserva de los Estados Unidos. Debido a esto,
          cumplía con el requisito de 20/20, 20 años activo el
          cónyuge y 20 años o más de matrimonio.5 [sic]

       En la citada Resolución, el TPI determinó que la señora Rivera

Avilés tenía derecho a recibir el 50% de la cantidad mensual de la

pensión militar que recibe el señor Castillo Pagán.6 Según el texto

de la referida determinación, surgió de la equidad y en el ánimo de

impartir      justicia.      Posteriormente,       el    apelante       solicitó

determinaciones de hechos adicionales7, oportunamente, la apelada

se opuso8, y el TPI declaró Sin Lugar dicha solicitud9.

       El 13 de abril de 2013 notificada el 19 del mismo mes y año,

el TPI emitió otra Resolución.10 Tal y como se expresó previamente,

luego de establecer el momento desde que surgió la obligación,

concluyó que, según su cómputo a la señora Rivera Avilés se le

adeudaba la cantidad de $71,412.00.

        Inconforme con el proceder del foro de instancia, el apelante

recurrió ante nos mediante el recurso legal epígrafe, y señaló los

siguientes errores:

       1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala de
          Caguas, al no cumplir con las instrucciones del TA que
          instruyó al TPI para que se resolviera el asunto conforme
          al ordenamiento jurídico vigente, para atender cuánto
          fueron las aportaciones de la Sociedad de Bienes
          Gananciales al retiro del militar vigente el matrimonio. Una
          vez se determinará cuánto fue el monto de las
          aportaciones, correspondía entonces adjudicar la mitad de
          las aportaciones a cada cónyuge.

5 Apéndice de Apelación, pp. 10 – 12.
6 Según el TPI, el pago a la Señora Rivera sería retroactivo a la fecha en que se

recibió el primer pago de la pensión militar.
7 Apéndice de Apelación, pp. 33 – 36.
8 Apéndice de Apelación, pp. 37 – 39.
9 Apéndice de Apelación, pp. 1.
10 Apéndice de Apelación, pp. 2 – 3.
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      2. Erró el TPI de Caguas, al resolver a base de equidad
         contrario a nuestro ordenamiento jurídico y no acatar la
         determinación del caso del Tribunal Supremo Rosa Resto
         y De Lucca y de mandato del foro Apelativo.

      3. Erró el TPI de Caguas, al resolver retroactivo no solicitado
         a una fecha que ninguna de las partes solicitó y procedió
         a enmendar Resolución.

      4. Erró el TPI de Caguas, al imponer la temeridad a la parte
         Apelante al resolver una controversia por equidad,
         apartándose del estado de derecho del caso.

                                   -II-

                                   -A-

      El Uniformed Services Former Spouses Protection Act, es un

estatuto federal que autoriza a los tribunales estatales a tratar el

pago de retiro de un militar como propiedad sujeta a división de

bienes. 10 USC sec. 1408 (c)(1). Expresamente esta legislación

incluye a los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

entre aquellos con competencia sobre esta materia. 10 USCA Sec.

1408 (a)(1)(A).

      Así las cosas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto

el derecho sustantivo local es el aplicable cuando lo que está en

controversia es si la pensión de retiro que le conceden las Fuerzas

Armadas a sus miembros se considera como un bien privativo del

miembro, o un bien ganancial de la sociedad de gananciales

constituida por éste y su cónyuge. Delucca Román v. Colón Nieves,

119 DPR 720 (1987). En el citado caso el Tribunal Supremo, luego

de efectuar un análisis de la situación planteada y tras hacer

referencia a jurisprudencia anterior concluyó que en Puerto Rico la

pensión de retiro pertenecía a la persona a quien se le concedía por

los años de servicio que ésta había prestado, y que por lo tanto era

de carácter privativo. Es decir, se reafirmó la naturaleza privativa

de derecho a pensión y se rechazó que éste estuviera sujeto a

división al momento de la disolución de una sociedad de

gananciales.
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                                   -B-

      En el divorcio por consentimiento mutuo, como regla general,

el juez aceptará los acuerdos a los que lleguen las partes, los cuales

tendrán el efecto de cosa juzgada. En relación con la naturaleza de

las estipulaciones incluidas en la petición de divorcio por

consentimiento mutuo, éstas tienen la naturaleza de un contrato

de transacción judicial que obliga a las partes. Esto en atención

a que dichas estipulaciones ponen fin a un litigio e incorporan unos

acuerdos en el proceso judicial en curso. Náter v. Ramos, 162 DPR

616 (2004); Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1 (1998); Ex parte Negrón

Rivera y Bonilla, 120 DPR 61 (1987); Magee v. Alberro, 126 DPR 228

(1990).

      Abundando sobre las estipulaciones establecidas por los

cónyuges en procedimientos de divorcio no contencioso, en Náter v.

Ramos, supra, se citó con aprobación expresiones del Prof. Carlos

María Entrena Klett en su obra Matrimonio, separación y divorcio en

la legislación actual y en la historia:

      En cuanto a las estipulaciones puramente económicas post-
      conyugales (temas de vivienda, ajuar, distribución de los
      bienes, ayuda económica, etc.), las partes son soberanas para
      decidir y acordar, debiendo respetar su criterio el juez salvo
      que lo acordado sea ‘gravemente perjudicial’ para uno de los
      esposos... y al adverbio ‘gravemente’ restringe muy mucho las
      posibilidades de intervención de la autoridad judicial. Como
      vemos, el legislador deja esta materia al arbitrio de los
      esposos, pero no se le oculta la posibilidad de que uno de ellos
      pueda ser de inferior nivel de voluntad o de inteligencia que el
      otro, o pueda estar tan cansado del contencioso planteado, de
      sus problemas y discusiones inherentes que acabe por pasar
      por las horcas caudinas de las exigencias de su contraparte;
      a evitarlo o paliarlo tiene este precepto. Entrena Klett,
      Matrimonio, separación y divorcio en la legislación actual y en
      la historia, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 1984, pág. 663.

                                  -C-

      Como regla general, este tribunal no debe intervenir con las

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad

que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene facultad de

sustituir por sus propias apreciaciones, las determinaciones del foro
KLAN202300443                                                     10

de instancia. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007);

Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999).        Esto es, los

tribunales apelativos debemos mantener deferencia para con la

apreciación de la prueba que realiza un tribunal de instancia.

McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734 (2004). En vista de esta

deferencia, los tribunales apelativos no intervendremos “con la

apreciación de la prueba reflejada en las determinaciones de hechos

del tribunal apelado en ausencia de circunstancias extraordinarias

o indicios de pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió un error

manifiesto”. Gómez Márquez, et als. v. Periódico El Oriental, et als,

203 DPR 783(2020); Ramos Milano v. Wal-Mart Puerto Rico, 168 DPR

112 (2006). En este sentido, para ejercer nuestra función revisora

a cabalidad, la parte que señala un error en la apreciación o la

suficiencia de la prueba testifical debe presentar una transcripción,

una exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba.

Regla 19 (A) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA XXI-B, R. 19

(A). En cuanto al procedimiento a seguir para la producción de la

transcripción de la prueba oral, véase la Regla 76 (A) de nuestro

Reglamento, supra.

                                -D-

      La Regla 43 de Procedimiento Civil, supra, permite a una parte

adversamente afectada por una orden, resolución o sentencia del

TPI, la oportunidad de presentar una moción de determinaciones de

hechos adicionales dentro del término de quince (15) días desde la

fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden,

resolución o sentencia. La moción debe exponer con suficiente

particularidad y especificidad los hechos y el derecho que se estima

deben reconsiderarse.

                                -E-

      Las Reglas de Procedimiento Civil, supra, permiten a los

tribunales imponer el pago de una suma por concepto de honorarios
KLAN202300443                                                           11

de abogado a una parte que actúa con temeridad durante el proceso

judicial. A esos efectos, la Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone:

      (d) En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya
      procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
      imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma
      por concepto de honorarios de abogado que el tribunal
      entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado
      Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios agencias o
      instrumentalidades, haya procedido con temeridad o
      frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una
      suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en los
      casos en que esté expresamente exento por ley del pago de
      honorarios de abogado.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin

fundamentos,    de   un   litigante   que   obliga   a   la   otra   parte

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843

(2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 DPR 695 (1999);

Domínguez v. G.A. Life, 157 DPR 690 (2002). La determinación de

temeridad es un asunto discrecional de los tribunales de instancia

y los tribunales apelativos solo pueden intervenir ante la existencia

de abuso de discreción. Íd. El requisito de la existencia de una

actuación temeraria hace que la Regla 44.1 de Procedimiento Civil,

supra, tenga el propósito de penalizar o sancionar a la parte que

incurre en la conducta proscrita por dicha regla. Corpak, Inc. v.

Ramallo Brothers Printing, Inc., 125 DPR 724 (1990).

                                 -III-

      En su Oposición a Solicitud de Desestimación presentada el 20

de julio de 2023, la parte apelante sostuvo que “Aclaramos que la

apelación de esta parte no es por apreciación de la prueba y que el

abuso de discreción se basa en el craso incumplimiento con la

directriz de este Ilustrado Foro sobre el asunto que tuvo a ante su

consideración bajo el KLAN202100774.” A continuación, añadió:

“Es ante el desvío de la directriz que esta parte alega que el TPI abusó
KLAN202300443                                                                12

de su discreción por lo que por lo menos para el apelante, no

creemos necesario que se eleven los autos, porque la resolución es

clara sobre el uso de la equidad, y no de lo ordenado por el TA.”11

En este sentido, debemos consignar que por elección propia el

apelante no presentó ninguno de los métodos de impugnación de la

prueba oral que contempla la Regla 19 de nuestro Reglamento,

supra.    En consecuencia, no nos puso en posición de revisar la

apreciación de la prueba realizada por el foro sentenciador como

consecuencia de la celebración de los procedimientos ordenados por

el Panel Hermano en el referido caso KLAN202100774. Al respecto,

conviene recordar que cuando se trata de rebatir las conclusiones

de hecho formuladas por el tribunal de primera instancia, los foros

apelativos no podemos intervenir con las determinaciones de hecho,

la apreciación de la prueba oral o la adjudicación de credibilidad

efectuadas por aquel en ausencia de error manifiesto, pasión,

prejuicio o parcialidad. Así lo dispone expresamente la Regla 42.2

de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 42.2.                    De forma

particular, dicha Regla establece que las determinaciones de hecho

que se basen en testimonio oral “no se dejarán sin efecto a menos

que sean claramente erróneas”, además de ordenar a los tribunales

apelativos a prestarle debida consideración a la oportunidad que

tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad los testigos.

Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280 (2001).

       Establecido lo anterior, debemos precisar que no coincidimos

con la interpretación efectuada por la propia parte apelante a los

efectos de que su recurso no se basa en apreciación de la prueba.

En primer lugar, la celebración de la vista evidenciaria -la que se

extendió durante varios días y en la que declararon varios testigos-

ante el foro primario fue con el propósito de, precisamente,

11 Véase Oposición a Solicitud de Desestimación presentada por la parte apelante

el 20 de julio de 2023.
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establecer hechos que permitieran adjudicar la controversia entre

las partes. Cabe señalar que, de su apreciación de la prueba

desfilada en esta vista, el TPI formuló 22 determinaciones de hecho.

Abona a esta conclusión la presentación, por parte del propio

apelante, de una solicitud de determinaciones de hechos adicionales

ante el TPI.

        Así las cosas, considerada la Resolución emitida por el TPI

luego de celebrada la vista evidenciaria concluimos, por los

fundamentos antes expuestos, que la parte apelante no nos ha

puesto en condiciones de dejar sin efectos las determinaciones de

hecho plasmadas por el foro primario.           Esta conclusión, sin

embargo, no dispone de la controversia, pues como establecimos

previamente, en su comparecencia la parte apelante argumenta que

el TPI se apartó de lo instruido por el Panel Hermano del Tribunal

de Apelaciones.    Sin embargo, una lectura de la totalidad de la

Sentencia de dicho Panel, unida a los hechos particulares de este

caso,    consignados    adecuadamente     por     el   TPI   en   sus

determinaciones de hechos, validan la conclusión de dicho foro

como una razonable y correcta.           Además, las antedichas

circunstancias establecen la inaplicabilidad de la norma general

establecida en Delucca Román v. Coló Nieves, supra.

        Tal y como fuera previamente transcrito, en su Sentencia el

Panel Hermano estableció que al evaluar la sentencia de divorcio era

evidente que la estipulación objeto de la controversia se incluyó

entre los acuerdos relacionados a la división de bienes y que de su

lenguaje se desprende que el apelante se obligó a mantener a la

apelada como beneficiaria de su pensión de retiro militar. En

sentido, al igual que el TPI y el Panel Hermano, consideramos que

con dicho acuerdo el señor Castillo Pagán se obligó a darle vigor y

permanencia al derecho de la señora Rivera Avilés a participar de su
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pensión militar por haber estado casada con él por al menos 20

años.

        A lo anterior opone el apelante que es clara la norma en

nuestra jurisdicción sobre el carácter privativo de las pensiones

militares    de   retiro   y   que   ante   dicha   circunstancia,   y   en

cumplimiento con la Sentencia del Panel Hermano, el TPI solo tenía

que determinar el monto de las aportaciones efectuadas por la

sociedad legal de gananciales al referido plan de retiro. Así, una vez

determinado que la aportación económica de la sociedad de bienes

gananciales fue cero, sostiene que el TPI abuso de su discreción al

no determinar que la participación de la apelada debía ser ninguna.

Sin embargo, surge de las determinaciones de hecho consignadas

por el TPI que si bien no hubo una aportación monetaria de la

sociedad de bienes gananciales, el sistema de puntos por retiro

establecido para los miembros de las fuerzas armadas tiene un valor

monetario el que se convierte para estimar la cuantía de la pensión

de retiro.

        Unido a lo anterior, debemos reiterar la particularidad de los

hechos del caso ante nuestra consideración, donde el apelante,

abogado empleado en las Fuerzas Armadas, aceptó y ratificó en las

estipulaciones conducentes al divorcio por consentimiento mutuo

que mantendría el derecho de la apelada de participar de su pensión

por estar casada con él por al menos 20 años. Conforme al estado

de Derecho antes expuesto, las estipulaciones en ese tipo de

procedimiento constituyen cosa juzgada y tienen la naturaleza de

un contrato de transacción judicial que obliga a las partes.             La

determinación de hecho del TPI de que no le convenció el testimonio

del apelante a los efectos de que dicha estipulación fue incorporada

para complacer a la apelada, con el efecto de tornar la misma en

inconsecuente, merece, nuevamente, nuestra deferencia, al igual

que la conclusión de que en este caso al momento de aceptar la
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estipulación el apelante tuvo la intención de hacer partícipe a su ex

cónyuge de su pensión de retiro. Esta es la interpretación lógica y

procedente ante el reconocido principio de que en caso de duda en

cuanto a la interpretación de una estipulación, los tribunales

adoptarán aquella contención que sea más favorable a la parte a

cuyo favor se hizo la estipulación. Sin lugar a dudas, la estipulación

en controversia, adoptada de forma libre y voluntaria por el

apelante, fue en beneficio de la apelada. A esto se añade el hecho

de que el apelante, por su condición de abogado de las Fuerzas

Armadas, debió conocer que para cualificar para pensiones militares

no se efectúan aportaciones económicas y aun así decidió estipular

una división de la misma con su ex cónyuge. En cuanto al porciento

de la pensión que el TPI concluyó que debía serle remitido a la

apelada, notamos que el mismo tiene sustento en la norma general

de que, a falta de acuerdo en contrario, al liquidarse la sociedad

conyugal, los bienes se dividen por mitad, cualquiera que sea el

monto de los aportes de cada cónyuge y aunque uno de ellos no haya

aportado nada.12 Ello debe ser así, por que fue precisamente como

parte de las estipulaciones respecto a la división de los bienes

gananciales que se estipuló la permanencia de la apelada como

beneficiaria, al darle vigor y permanencia a su derecho a participar

de la pensión militar por haber estado casada con el apelante por

más de 20 años.

       Ahora bien, en cuanto a la Resolución de 13 de abril de 2023

en la que se estableció el momento desde que surgió la obligación de

efectuar el pago previamente determinado, sostiene el apelante que

la misma es improcedente porque ninguna parte la solicitó y porque

no se trata de un caso de alimentos.               Ante dicho señalamiento

resulta de aplicación la norma de que de los tribunales tienen el

12 Véase, Art. 1295 del derogado Código Civil, 31 LPRA sec. 3621, vigente a la

fecha de la estipulación y la Sentencia de divorcio.
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poder inherente de      enmendar, corregir o       reconsiderar sus

determinaciones, a solicitud de una parte o motu proprio, siempre

que, al actuar de esa manera, todavía conserven jurisdicción. En

este caso, la Resolución impugnada tuvo el efecto de aclarar la

vigencia de una determinación previa, con el efecto de aclarar a

todas las partes el alcance de la determinación judicial inicial y,

previsiblemente, evitar una controversia adicional sobre un aspecto

que al entender del TPI no resultó claramente finiquitado.

      En vista de lo antes resuelto resulta innecesario expresarnos

sobre el señalamiento de error que cuestiona al foro primario

resolver basado en la equidad. Es suficiente señalar que a pesar de

que el TPI manifestó que resolvía considerando los principios

básicos de la equidad, lo cierto es que en atención a los hechos

particulares ante nuestra consideración, así como el derecho

aplicable, la solución alcanzada por el foro primario se ajusta a los

parámetros de nuestro estado de Derecho, por lo que la referencia a

dichos principios es inconsecuente y no afecta el resultado

alcanzado.

      Por último, y conforme a lo previamente expresado, la

determinación de temeridad es un asunto discrecional de los

tribunales de instancia y los tribunales apelativos sólo podemos

intervenir en dichas adjudicaciones ante la existencia de abuso de

discreción. Toda vez que no surge del expediente tal circunstancia,

no nos corresponde modificar la conclusión del foro primario.

                                 -IV-

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos las

determinaciones recurridas.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones