Court Opinion

ID: 9928566
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:25:46.378034+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:33.146936
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

                                                   CERTIORARI
                                                   procedente del
       MARYMAR 801                                 Tribunal de
      ACQUISITION, LLC                             Primera Instancia,
         Recurrida                                 Sala Superior de
                                                   San Juan
                                KLCE202301345
                v.                                 Caso número:
                                                   SJ2021CV08127

     STEWART TITTLE                                Sobre:
    GUARANTY COMPANY                               Daños y Perjuicios;
        Peticionario                               Incumplimiento de
                                                   Contrato de
                                                   Seguros

 Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
 Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

 Díaz Rivera, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 diciembre de 2023.

        Comparece ante nos, Stewart Tittle Guaranty Company

 (peticionario) y nos solicita que revisemos y revoquemos la Orden

 emitida y notificada el 21 de noviembre de 2023, por el Tribunal de

 Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. Mediante dicho

 dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Urgente Moción en Solicitud

 de Órdenes, que presentó la parte peticionaria.

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y

 el estado de derecho aplicable, denegamos el auto de certiorari, por

 los fundamentos que exponemos a continuación.

                                 I.

        Según surge del expediente ante nos, el 10 de diciembre de

 2021, Marymar 801 Acquisition, LLC. (recurrida) presentó una

 Demanda en contra de la parte peticionaria sobre daños y perjuicios

 e incumplimiento de contrato. En apretada síntesis, reclamó un

 incumplimiento de contrato relacionado con la póliza de seguro de

Número Identificador
RES2023 _______________
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título expedida por la parte peticionaria. Dicha póliza de seguro

asegura un pagaré hipotecario originalmente otorgado por Roberto

Cacho e Ileana Cambó (matrimonio Cacho-Cambó) sobre una

propiedad en el Condominio Marymar en San Juan.

       El 22 de febrero de 2022, la parte peticionaria presentó una

Contestación a Demanda. Luego de varios trámites procesales, el 12

de abril de 2023, el foro de instancia celebró una Vista en la cual

estableció que el descubrimiento de prueba culminaría el 30 de

septiembre de 2023. Posteriormente, la parte recurrida solicitó una

extensión    al     término   para   presentar   mociones   dispositivas.

Consecuentemente, el foro de instancia concedió la extensión del

término hasta el 1 de diciembre de 2023.

       Así las cosas, el 26 de septiembre de 2023, la parte

peticionaria diligenció una citación a un subpoena bajo la Regla 40

de Procedimiento Civil1, al Banco Popular de Puerto Rico (Banco

Popular), quien es un tercero que no forma parte del pleito.

Oportunamente, el 10 de octubre de 2023, Banco Popular envió una

misiva al representante legal de la parte peticionaria mediante la

cual indicó que era necesaria una orden del Tribunal para poder

producir la información solicitada. El 2 de noviembre de 2023, la

parte peticionaria envió una misiva al Banco Popular mediante la

cual intentó llegar a un acuerdo para la inspección ocular preliminar

con el propósito de depurar la prueba que no fuese pertinente y

posteriormente, solicitar la orden judicial para la producción de los

documentos.

       Luego, el 16 de noviembre de 2023, la parte peticionaria

presentó una Urgente Moción en Solicitud de Órdenes. En esta,

solicitó al foro de instancia una orden para que el Banco Popular

produjera la información solicitada mediante subpoena. Además,

1 (32 LPRA Ap V).
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solicitó que el término para presentar mociones dispositivas fuera

aplazado por treinta (30) días adicionales. Acto seguido, el 17 de

noviembre de 2023, la parte recurrida presentó una Oposición a

Urgente Moción en Solicitud de Órdenes.

      El 21 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Orden escueta

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Urgente Moción en Solicitud

de Órdenes. Inconforme con esa determinación, el 30 de noviembre

de 2023, la parte peticionaria acudió ante nos mediante un recurso

de certiorari y señaló la comisión del siguiente error:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No
      Ha Lugar la Urgente Moción en Solicitud de Órdenes
      de la parte demandada-peticionaria y, por
      consiguiente, erró al no ordenar al BPPR producir
      los documentos solicitados por STGC mediante
      subpoena.

      Ese mismo día, la parte peticionaria presentó una Moción

Urgente en Auxilio de Jurisdicción. El 1 de diciembre de 2023,

emitimos una Resolución mediante la cual se le concedió a la parte

recurrida cinco (5) días para que presentara su posición al recurso.

El 8 de diciembre de 2023, la parte recurrida presentó una Oposición

a Petición de Certiorari y Solicitud de Desestimación. Con el beneficio

de la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                               II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González
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v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los
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asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
            diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora      bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio    de    la     discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal
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apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

   B. Abuso de discreción

      Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, los tribunales

apelativos no interferirán con las facultades discrecionales de los

foros primarios, exceptuando aquellas circunstancias en las que se

demuestre que estos: (1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2)

incurrieron en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocaron en

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, supra; Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210

DPR 465 (2022). Por lo cual, se requiere que nuestra intervención

en esta etapa evite un perjuicio sustancial. Rivera Gómez y otros v.

Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Luch v. España Service

Sta., supra.

      En lo pertinente, nuestro máximo Foro ha definido la

discreción judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.

Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra.

Véase, además, Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR

651, 657-658 (1997). Así pues, el ejercicio de este discernimiento se

encuentra      estrechamente   relacionado    con    el   concepto   de

razonabilidad. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. Conforme a lo anterior, la discreción no implica

que los tribunales puedan actuar de una forma u otra en

abstracción del resto del derecho. Íd. Véase, además, SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013).
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      Asimismo, se ha señalado que un tribunal abusa de su

discreción:

      cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que
      emite, sin fundamento para ello, un hecho material
      importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez,
      por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,
      concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial
      y basa su decisión exclusivamente en este, o cuando, no
      obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos
      materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez
      los sopesa y calibra livianamente. Rivera Gómez y otros v.
      Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; SLG Zapata-
      Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

                                III.

      Luego de examinar puntillosamente el expediente del recurso

ante nuestra consideración, declinamos ejercer nuestra discreción

para expedir el auto discrecional solicitado.

      Al examinar el trámite procesal del caso, específicamente la

Urgente Moción en Solicitud de Órdenes que presentó la parte

peticionaria    ante    la   consideración    del   foro   recurrido,   no

encontramos indicio de que el TPI haya actuado de forma arbitraria,

caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o cometido algún

error de derecho al emitir la Orden recurrida. Pueblo v. Rivera

Santiago, supra; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, supra. Véase,

además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709

(2012).

      En el caso ante nos, el foro de instancia evaluó la Urgente

Moción en Solicitud de Órdenes que presentó la parte peticionaria,

así como la Oposición a Urgente Moción en Solicitud de Órdenes que

presentó la parte recurrida y, en consecuencia, declaró No Ha Lugar

la solicitud de la parte peticionaria. Con tal proceder, el foro de

instancia actuó dentro de su discreción y conforme a derecho, pues

el   Tribunal   tiene    amplia    facultad   para    disponer    de    los

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda

asegurar la más eficiente administración de la justicia. Vives

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).
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      No podemos pasar por desapercibido que, el foro de instancia

concedió hasta el 30 de septiembre de 2023 para finalizar el

descubrimiento de prueba y presentar las mociones dispositivas. Así

las cosas, posteriormente, extendió el término hasta el 1 de

diciembre de 2023. Sin embargo, la parte peticionaria esperó hasta

el 16 de noviembre de 2023 para presentar la Urgente Moción en

Solicitud de Órdenes. Es decir, presentó su solicitud catorce (14) días

antes de la fecha límite concedida por el foro recurrido aun cuando

el descubrimiento de prueba se extendió por más de (1) año.

      En fin, conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

y evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar el certiorari

solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos que nos

motiven a expedir el mismo. La Orden que se pretende revisar fue

dictada por un tribunal con jurisdicción y no amerita nuestra

revisión inmediata. La etapa del procedimiento en que se presenta

el caso no es la más propicia para su consideración.

                              IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los que se hacen formar

parte del presente dictamen, se deniega el auto de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones