Court Opinion

ID: 9952335
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:42:27.946837+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:55.220810
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL III

 KARLA NICOLE VÉLEZ                                Certiorari
      SANTANA                                      procedente del
                                                   Tribunal de
 Demandante-Recurrida                              Primera Instancia,
                                                   Sala de Ponce
             v.              KLCE202400093
                                                   Sobre:
JOSÉ ANTONIO ROCHE                                 Alimentos
      NEGRÓN
                                                   Caso Número:
 Demandado-Recurrente                              J AL2017-0286

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez
Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

        Comparece la parte demandada-recurrente, José Antonio

Roche Negrón (¨recurrente¨ o ¨Sr. Roche Negrón) mediante recurso

de Certiorari. Solicita que revoquemos dos (2) órdenes dictadas por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (¨TPI¨).

Mediante la primera Orden, dictada el 18 de diciembre y archivada

en autos y notificada el 22 de diciembre de 2023, el TPI le impuso al

demandado una sanción económica de $500.00 por incomparecer a

una Vista de Desacato y $200.00 por concepto de honorarios de

abogado. En el segundo dictamen, Orden Para Mostrar Causa,

dictada el 28 de diciembre de 2023 y notificada el 8 de enero de

2024, el TPI señaló una Vista de Desacato para el 30 de enero de

2024.

        El Sr. Roche Negrón argumenta que las notificaciones de las

órdenes no fueron adecuadas, ya que no se le notificaron

personalmente. Ambas órdenes recurridas fueron notificadas

mediante correo electrónico a los abogados de las partes.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del recurso de Certiorari.

Número Identificador
SEN2024____________
KLCE202400093                                                           2

                                        I.

       Los hechos del caso se remontan a la presentación de una

demanda ante el TPI sobre alimentos incoada por Karla Nicole Vélez

Santana (¨recurrida¨ o ¨Sra. Vélez Santana¨) en contra del Sr. Roche

Negrón.

       Luego de varios trámites procesales, que no son necesarios

pormenorizar, el TPI dictó una Orden el 10 de noviembre de 2023,

notificada el 21 de noviembre de 2023. Mediante la referida Orden,

el TPI señaló una Vista de Desacato para el 5 de diciembre de 2023.

Llegado el 5 de diciembre de 2023, el Sr. Roche Negrón no

compareció a la Vista de Desacato. Alega, como excusa, que no fue

notificado conforme a la Regla 40 de Procedimiento Civil de la Orden

emitida el 10 de noviembre de 2023.

       Según surge del expediente, las partes fueron notificadas de

la Orden mediante correo electrónico enviado el 21 de noviembre de

2023    a     sus       abogados,   Lcda.    Adamarys   Feliciano   Matos,

representante legal del Sr. Roche Negrón, y Lcdo. Iván R. Ayala Cruz,

representante legal de la Sra. Vélez Santana. Las partes fueron

notificadas         a      los      siguientes   correos     electrónicos:

afm@lcdafeliciano.com, correspondiente a la Lcda. Feliciano, y;

bufeteayalacadiz@gmail.com, correspondiente al Lcdo. Ayala.

       Como consecuencia, el 18 de diciembre de 2023, el TPI dictó

una Orden, notificada el 22 de diciembre de 2023. Mediante el

referido dictamen, el TPI le impuso al demandado una sanción

económica de $500.00, adicionales a otra cantidad previamente

impuesta, para un total de $1,000.00, más $200.00 por concepto de

honorarios a ser pagados dentro de treinta (30) días.

       Posteriormente, el 18 de diciembre de 2023, la Sra. Vélez

Santana presentó una Moción de Desacato. Alegó que el Sr. Roche

Negrón había incumplido con el pago de las sanciones económicas
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impuestas mediante Orden. A su vez, solicitó la imposición de

honorarios y que encontraran al demandado incurso en desacato.

      El 28 de diciembre de 2023, el TPI emitió una Orden Para

Mostrar Causa, notificada el 8 de enero de 2024, donde señaló una

Vista de Desacato para el 30 de enero de 2024. Nuevamente, el

referido dictamen fue notificado el 8 de enero de 2024 mediante

correo electrónico a los abogados de las partes.

      Así las cosas, el 23 de enero de 2024, el Sr. Roche Negrón

presentó un recurso de Certiorari. Solicita que revoquemos las

órdenes dictadas por el TPI el 18 de diciembre y 28 de diciembre de

2023. Alega que el TPI incurrió en los siguientes errores:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al celebrar
      Vista de Desacato el 5 de diciembre de 2023 e imponer
      sanciones al recurrente por su incomparecencia a pesar de
      que no realizó una oportuna y adecuada notificación, violando
      el debido proceso de ley.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, al imponer sanciones
      adicionales que le fueron notificadas el 22 de diciembre de
      2023 por el incumplimiento de sanciones previas impuestas
      por su incomparecencia sin la oportuna y adecuada
      notificación que garantizara el debido proceso de ley.

      El 24 de enero de 2024 emitimos una Resolución en donde le

concedimos a la parte recurrida hasta el 5 de febrero de 2024 para

presentar su oposición a la expedición del recurso.

      Luego, el 29 de enero de 2024, el Sr. Roche Negrón presentó

una Urgentísima Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de

Paralización de los Procedimientos. Solicitó de este Tribunal que

paralizáramos los procedimientos ante el TPI, ya que, la celebración

de la Vista de Mostrar Causa tornaría académico el caso ante el

Tribunal de Apelaciones. Ese mismo día, el 29 de enero de 2024,

emitimos una Resolución dictando No Ha Lugar la moción

presentada por el recurrente.

      Transcurrido el término concedido a la parte recurrida para

expresar su oposición, se da por sometido el recurso y procedemos

a resolver.
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                                  II.

A. El certiorari

      El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce de

León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163 (2020);

Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 728-729

(2016); véase, además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil,

32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición del auto de certiorari

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Íd.; IG Builders

et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y

órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, supra; Scotiabank de

Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo

pertinente, la referida regla dispone lo siguiente:

      [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones
      u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia, solamente será expedido
      por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra
      de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
      hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
      privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía
      o en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra
      situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
      Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari, en estos casos, el Tribunal de
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      Apelaciones no tiene que fundamentar            su
      decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

   Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que

este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente su

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos
         son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para analizar el problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error
         craso y manifiesto de la apreciación de la
         prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración,
         más detenida a la luz de los autos originales,
         por los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se
         presenta el caso es la más propicia para su
         consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa no causan un fraccionamiento
         indebido del pleito y una dilación indeseable
         en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B.

      De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia,

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v.

Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-

435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en
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la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd.

Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.

Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Notificaciones a las partes representadas por abogado

      La Regla 67 de Procedimiento Civil, regula lo correspondiente

a la notificación y a la presentación de los escritos. Establece en su

inciso 1 y 2 cuándo se requiere la notificación y la forma de

hacerla. En lo que aquí nos concierne, esta regla dispone lo

siguiente:

      Regla 67.1. Notificación; cuándo se requiere
      Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito presentado
      por las partes será notificado a todas las partes. La
      notificación se efectuará el mismo día en que se emita la
      orden o se presente el escrito.
      […].

      Regla 67.2. Forma de hacer la notificación
             Siempre que una parte haya comparecido
      representada por abogado o abogada, la notificación será
      efectuada al abogado o abogada, a menos que el tribunal
      ordene que la notificación se efectúe a la parte misma. La
      notificación al abogado o abogada, o a la parte se efectuará
      entregándole copia o remitiéndola por correo, fax o medio
      electrónico a la última dirección que se haya consignado en
      el expediente por la parte que se autorrepresenta o a la
      dirección del abogado o abogada que surge del registro del
      Tribunal     Supremo      para    recibir notificaciones,   en
      cumplimiento con la Regla 9. Si la dirección se desconoce, se
      notificará de ello al tribunal con copia del escrito de que se
      trate. […]. (Énfasis suplido). 32 LPRA Ap. V.

      Conforme surge de la citada normativa legal, toda orden

emitida por el tribunal será notificada a todas las partes y siempre

que una parte haya comparecido representada por abogado,

la notificación será efectuada al abogado, salvo que el tribunal

ordene que la notificación se efectúe a la parte misma.

La notificación al abogado se   efectuará   entregándole    copia   o

remitiéndola por correo, fax o medio electrónico a la dirección del

abogado que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir

notificaciones.
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                                 III.

      El Sr. Roche Negrón solicita que dejemos sin efecto dos (2)

órdenes emitidas por el TPI bajo la premisa de que no fueron

notificadas adecuadamente. Alega, en ambos señalamientos de

error, que el TPI violó su debido proceso de ley al no realizar una

oportuna y adecuada notificación y/o citación bajo la Regla 40 de

las de Procedimiento Civil.

      Ambas órdenes fueron adecuadamente notificadas mediante

correo electrónico a los abogados de las partes, conforme dispone la

Regla 67 de Procedimiento Civil, supra.

      Según surge de los documentos ante nuestra consideración,

la Secretaría del TPI notificó ambas órdenes al correo electrónico de

la Lcda. Feliciano Matos, afm@lcdafeliciano.com, representante

legal del Sr. Roche. Así, cumpliendo con el requisito de notificación

adecuada esbozado en las Reglas de Procedimiento Civil. Bajo

ninguna circunstancia habría que citarlo personalmente conforme

la Regla 40 de Procedimiento Civil, si el TPI notificó correcta y

oportunamente a su representante legal.

      Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que cuando la

parte en un pleito haya comparecido representada por un abogado,

como sucede en el presente caso, la notificación será efectuada

al abogado salvo que el TPI ordene que la notificación se efectúe a la

misma parte, cosa que aquí no se demuestra. Por tanto, la

notificación de las órdenes recurridas al correo electrónico de la

abogada del recurrente es suficiente. No existe razón para que el

demandado fuera notificado o citado de manera distinta.

                                    IV.

      Por todo lo anterior, se deniega la expedición del recurso de

Certiorari.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones