Court Opinion

ID: 9916033
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:25.039344+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:38.875794
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

 LINKA MATOS RIVERA                                    Recurso de
      Recurrido                                        Certiorari
                                                       procedente del
                                                       Tribunal de Primera
              v.                                       Instancia, Sala
                                                       Superior de San
                                 KLCE202301331         Juan
    HARRY GONZÁLEZ
      MONTAÑEZ                                         Caso Núm.
       Peticionario                                    SJ2020RF01227

                                              Sobre:
                                              Custodia-
                                              Monoparental o
                                              compartida
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz.

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

       Comparece Harry González Montañez (González Montañez o

peticionario) y nos solicita que revoquemos una orden emitida en

corte abierta, el 16 de noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario). En esta, el foro

primario ordenó la celebración de una vista evidenciaria.1

       Por   los   fundamentos       que   exponemos       a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                      I.

       Conforme surge del expediente, el 3 de diciembre de 2019 las

partes disolvieron su matrimonio, por consentimiento mutuo,

mediante Escritura de Divorcio por Consentimiento Mutuo suscrita

ante notario. Con posterioridad, la Sra. Linka Matos Rivera (Matos

Rivera o recurrida) incoó la demanda de epígrafe sobre custodia y

pensión alimentaria relacionada a la hija menor de ambas partes.

Superadas múltiples incidencias procesales que no son necesarias

1 Véase Minuta de la vista celebrada el 16 de noviembre de 2023. Apéndice págs.

191-196.
Número Identificador

RES2023________
KLCE202301331                                                            2

particularizar, el TPI emitió un dictamen el 15 de diciembre de 2021,

notificada el 20 del mismo mes y año. Dicho foro declaró No Ha

Lugar la solicitud de pago por gastos de la menor de edad, acordados

en la referida Escritura de Divorcio por Consentimiento Mutuo, por

presentarse dentro del presente pleito de epígrafe. Lo antes, fue

objeto de revisión judicial ante esta Curia                 en el recurso

KLAN202200241. Mediante Sentencia notificada el 23 de junio de

2022,    revocamos      el   dictamen    impugnado      y   ordenamos    la

continuación de los procesos, conforme lo allí resuelto.

        Transcurrido más de un año de litigio, el foro primario celebró

una vista el 16 de noviembre de 2023, durante la cual las partes

tuvieron la oportunidad de exponer sus posturas atinentes a la

pensión alimentaria presuntamente adeudada, así como sobre la

prueba a presentarse, entre otros asuntos. Al concluir la audiencia,

el foro primario dejó señalada una vista evidenciaria, a celebrarse el

29 de noviembre, 18 y 19 de diciembre del año en curso.

        Inconforme, el peticionario acude ante nos y señala la

comisión de los siguientes errores, a saber:

        Erró el TPI al ordenar la celebración de vista evidenciaria, a
        pesar de que al día de hoy la parte demandante recurrida no
        ha sometido la inexistente estipulación y acuerdos sobre
        consentimiento mutuo conforme al mandato expreso del TA.

        Erró el TPI al ordenar la celebración de vista evidenciaria
        sobre alegados gastos que emanan de escritura pública que
        está siendo objeto de impugnación por nulidad en un pleito
        independiente.

        Erró el TPI al ordenar la celebración de vista evidenciaria a
        pesar de que la parte demandante-recurrida presentó
        extensa evidencia sorpresiva, esto sin dar oportunidad a la
        parte demandada-recurrente a una investigación y/o un
        descubrimiento de prueba efectivo.

        Junto a su recurso instó una Moción urgente en auxilio de

jurisdicción la cual denegamos mediante Resolución emitida el 28 de

noviembre de 2023. Hemos examinado con detenimiento el recurso

sometido por la parte peticionaria y optamos por prescindir de los

términos, escritos o procedimientos ulteriores "con el propósito de

lograr su más justo y eficiente despacho". Regla 7 (b) (5) del
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b)

(5).

                                  II.

       El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

       Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá “cuando se recurra de una

orden o resolución al amparo de las Reglas 56 y 57 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria de una moción

de carácter dispositivo. Sin embargo, por excepción, el foro apelativo

intermedio podrá revisar -en lo pertinente- una orden o resolución

interlocutoria dictada por el tribunal de instancia cuando se recurra

de la determinación en un caso de relaciones de familia, entre otros.”

(Nota omitida.) Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

       No obstante, la citada la Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de
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decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de

familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier otra

situación en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
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        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia.

        Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio, no constituye una lista

exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que,

de los factores esbozados se deduce que el foro apelativo intermedio

evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida como la etapa

del procedimiento en la cual fue presentada. Lo anterior, a los fines

de determinar si es la más apropiada para intervenir sin ocasionar

un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

        Es norma reiterada que, el foro apelativo no debe intervenir

con el ejercicio discrecional de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que “actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió

en craso abuso de discreción o en error manifiesto o de derecho.”

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020).

                                   III.

        En síntesis, el peticionario solicita que ejerzamos nuestra

función discrecional, para dejar sin efecto el señalamiento de una

vista   evidenciaria   en   este   caso   por   entender   que   existen

controversias sobre la prueba a presentarse. Si bien es cierto que,

el caso de autos trata sobre asuntos de relaciones de familia,

contemplados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, tras

evaluar el recurso de epígrafe, al amparo de los criterios para la

expedición del auto de certiorari de la Regla 40 del Reglamento de

este Tribunal, supra, concluimos que el mismo no presenta un

asunto que justifique nuestra intervención en esta etapa de los

procedimientos. De un examen del expediente colegimos que, el foro

primario tiene a su haber, dentro de su sana discreción, el manejo

de la prueba a presentarse que, estime necesaria y pertinente para

dilucidar las controversias pendientes ante su consideración

conforme a derecho, así como el manejo de su calendario judicial.
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       De nuestro examen sosegado sobre el recurso instado, nada

nos sugiere que, en el ejercicio de sus facultades, el foro recurrido,

haya incurrido en error o en abuso de la discreción que le asiste, de

forma tal que se haga meritorio soslayar la norma de abstención

judicial que, en dictámenes como el de autos, regula el ejercicio de

nuestras funciones.

       Por tal razón, nos abstendremos de intervenir en el manejo del

caso que realiza el foro a quo, en esta etapa procesal. Tampoco nos

encontramos ante una situación excepcional o fracaso irremediable

de la justicia que amerite expedir el auto solicitado. En ausencia de

tales fundamentos, procede denegar la expedición del auto de

certiorari.

                                     IV.

       Por    los     fundamentos    antes   expuestos,   denegamos   la

expedición del auto de certiorari.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones