Court Opinion

ID: 9554686
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:17:14.564162+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:16.749383
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL IX

    JOSÉ RUIZ VEGA,                               CERTIORARI
  YARITZA HERNÁNDEZ                               procedente del
    NIEVES por si y en                            Tribunal de
   representación de la                           Primera Instancia,
          clase                                   Sala Superior de
        Recurrido                                 San Juan
                              KLCE202300550
            v.                                    Caso número:
                                                  SJ2019CV11920
   BEST BUY STORES
  PUERTO RICO LLC; y
           otros                              Sobre: SENTENCIA
       Peticionario                           DECLARATORIA
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                          RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      Comparece ante nos, Best Buy Puerto Rico, LLC (Best Buy) y

nos solicita que revisemos y revoquemos la Resolución emitida el 11

de abril de 2023 y notificada el 13 de abril de 2023, por el Tribunal

de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. Mediante

dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de

Desestimación que presentó Best Buy.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación,

denegamos la expedición del auto de Certiorari.

                                I.

      El 15 de noviembre de 2019, José E. Ruiz Vega (Ruiz Vega) y

Yaritza Hernández Vega (Hernández Vega) presentaron una

Demanda en contra de Best Buy y otros. En apretada síntesis,

alegaron que Best Buy les cobró el Impuesto sobre Ventas y Uso

(IVU) a dos (2) transacciones que realizaron con relación a compras

de garantías extendidas. Señalaron que, conforme al Código de

Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, las compras de

 Número Identificador
 RES2023 _______________
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garantías extendidas están expresamente excluidas de tributar el

IVU.

       Así pues, sostuvieron que procedía la certificación del caso

como un pleito de clase al amparo de la Ley de Acción de Clase por

Consumidores de Bienes y Servicios. Asimismo, los recurridos

indicaron que procede que se declare la ilegalidad del cobro del IVU

por parte de Best Buy sobre las garantías extendidas pagadas en los

artículos adquiridos en cualquiera de las tiendas en Puerto Rico,

desde su apertura en febrero de 2008 y consecuentemente, la

devolución de dichas sumas. Finalmente, solicitaron el pago de una

doble compensación en daños por ser consumidores de bienes y

servicios más las costas, gastos y el interés legal, así como el pago

de honorarios de abogado.

       Así las cosas, el 22 de enero de 2020, Best Buy presentó una

Moción de Desestimación al       amparo    de   la   Regla 10.2   de

Procedimiento Civil. En esta, solicitó la desestimación de todas las

causas de acción presentadas en su contra, por entender que no

están presentes los elementos de la causa de acción por presunto

cobro de lo indebido ya que, bajo los hechos y el derecho aplicable,

el cobro del IVU impugnado está justificado. Además, sostuvo que

no medió enriquecimiento injusto, pues las sumas pagadas se

remitieron al Departamento de Hacienda. En la alternativa, Best

Buy solicitó la desestimación por ser de aplicación las Reglas 10.2

(1) y 10.2 (6) de Procedimiento Civil, relativas a la falta de

jurisdicción sobre la materia y por dejar de acumular una parte

indispensable, a saber, Hacienda.

       Posteriormente, el 5 de marzo de 2020, los recurridos

presentaron una Oposición a Moción de Desestimación. En igual

fecha, los recurridos presentaron una Petición de Certificación de

Pleito de Clase.
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      Luego de varias incidencias procesales, el 11 de abril de 2023,

notificada el 13 de abril de 2023, el TPI emitió una Resolución

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación

que presentó Best Buy. En dicha Resolución, el TPI razonó que

tomando como ciertas las alegaciones de la Demanda no procede la

desestimación     que    solicitó     Best     Buy.        Sostuvo   que,

independientemente de que Best Buy le llame Plan de Servicios al

servicio que vende y por el que cobra IVU, lo cierto es que, en esta

etapa de los procedimientos y a los efectos de una solicitud de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

ese Plan de Servicios resulta inmensamente similar a los servicios de

garantía y servicios de garantía extendida regulados por el Código

de Rentas Internas. Añadió que, de ser así la parte recurrente

definitivamente tendría derecho a un remedio en contra de Best Buy.

      Asimismo, el TPI señaló en su Resolución que tampoco

procedía la solicitud de desestimación bajo el argumento de falta de

jurisdicción. Indicó que, la Ley de Acción de Clase por Consumidores

de Bienes y Servicios faculta a los consumidores de bienes y

servicios a instar un pleito de clase a nombre de dichos

consumidores por razón de daños y perjuicios, así como acciones de

Injunction bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil. Así pues, expresó

que    tiene    jurisdicción   para     atender       la     reclamación.

Consecuentemente, el TPI concluyó que Hacienda es parte

indispensable y ordenó que fuera unida al pleito.

      Insatisfechos con esa determinación, el 15 de mayo de 2023,

el peticionario presentó un recurso de Certiorari ante ese Tribunal y

alegó la comisión de los siguientes errores:

      Erró el TPI al extender la aplicación de la Acción de
      Clase por Consumidores de Bienes y Servicios, cuyo
      propósito es proteger a los consumidores de bienes
      y servicios, a un pleito que no envuelve el consumo
      de un bien o servicio, sino el cobro de una
      contribución (el IVU) a nombre del gobierno, y del
      cual el negocio que lo cobra no deriva ganancia o
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      beneficio alguno, pues lo remite completamente al
      gobierno.

      Erró el TPI al no desestimar una demanda por
      alegado cobro de lo indebido contra una parte que
      recibe el impuesto a nombre del Estado y contra
      quien no se alega que se enriqueció injustamente al
      llevar a cabo el trámite a favor del Estado al
      entender que tiene un mandato legislativo.

      Erró el TPI al asumir jurisdicción en una demanda
      de sentencia declaratoria, injunction permanente y
      cobro de indebido que pretende desplazar
      indebidamente las disposiciones del Código de
      Rentas Internas sobre reintegro, que es el remedio
      legislado.

      Erró el TPI al extender la aplicación del Código de
      Seguros a una parte que no está cubierta por sus
      disposiciones.

      Examinado el recurso de Certiorari, este Tribunal emitió una

Resolución el 13 de junio de 2023, concediéndole hasta el 28 de junio

de 2023 a la parte recurrida para que expresara su posición al

recurso. El 22 de junio de 2023, la parte recurrida presentó su

Oposición a Expedición de Certiorari. Con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                              II.

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009).

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
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      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
      el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia, al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición

reglamentaria dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari, o de una orden de mostrar causa:

            A. Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida a diferencia de sus fundamentos son
            contrarios a derecho.

            B. Si la situación de hechos planteada es la
            más indicada para el análisis del problema.

            C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la
            prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

            D. Si el asunto planteado exige consideración
            más detenida a la luz de los autos originales,
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               los cuales deberán ser elevados, o de alegatos
               más elaborados.

               E. Si la etapa del procedimiento en que se
               presenta el caso es la más propicia para su
               consideración.

               F. Si la expedición del auto o de la orden de
               mostrar causa no causa un fraccionamiento
               indebido del pleito y una dilación indeseable
               en la solución final del litigio.

               G. Si la expedición del auto o de la orden de
               mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el   Tribunal    Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de     la    discreción    judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

                                III.

       Examinado el recurso de certiorari de epígrafe, a la luz de la

Resolución recurrida, declinamos ejercer nuestra discreción para

expedir el auto discrecional solicitado. Veamos.

       Al examinar el trámite procesal del caso y la Moción de

Desestimación que presentó Best Buy ante la consideración del TPI,
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no encontramos indicio de que el foro recurrido haya actuado de

forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción,

o cometido algún error de derecho. Pueblo v. Rivera Santiago, supra.

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689,

709 (2012).

      En este caso, el TPI evaluó la Moción de Desestimación que

presentó Best Buy, así como los demás escritos presentados por las

partes, y declaró No Ha Lugar la solicitud de los peticionarios. Sin

embargo, ordenó que se acumulara al Departamento de Hacienda

por entender que es una parte indispensable. Con tal proceder, el

foro primario actuó dentro de su discreción y conforme a derecho.

      En conclusión, conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, y evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar

el certiorari solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos

que nos motiven a expedir el mismo. La Resolución que se pretende

revisar fue dictada por un tribunal con jurisdicción y no amerita

nuestra revisión inmediata. La etapa del procedimiento en que se

presenta el caso no es la más propicia para su consideración.

                              IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición

del auto de certiorari solicitado. Devolvemos el asunto al foro de

origen para la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones