Court Opinion

ID: 9916043
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:05.485213+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:40.491891
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

  EL PUEBLO DE PUERTO                            Certiorari
          RICO                                   procedente del
       Peticionario                              Tribunal de
                                                 Primera Instancia,
                v.                               Sala de Aibonito
                              KLCE202300982
                                                 Caso Número:
 GILBERTO ORTIZ COLÓN                            B LE2022G0237
       Recurrido
                                                 Sobre:
                                                 Ley 54

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece ante nosotros El Pueblo de Puerto Rico, por

conducto de la Oficina del Procurador General (Ministerio Público),

y solicita la revisión de la Sentencia1 de archivo y sobreseimiento,

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito (TPI

o foro primario), el 9 de mayo de 2023 y notificada el 23 de mayo de

2023. Mediante su dictamen, el foro primario ordenó el archivo y

sobreseimiento de una de las acusaciones presentadas en contra de

Gilberto Ortiz Colón (Ortiz Colón o recurrido), en virtud de la Regla

247(b) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 247(b).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto de certiorari, se revoca la Sentencia de archivo y

sobreseimiento recurrida y se devuelve el caso al foro primario para

la continuación de los procesos.

                                   I.

       El 6 de septiembre de 2022, el Ministerio Público presentó

cuatro (4) denuncias en contra de Ortiz Colón, a saber: dos

infracciones al Artículo 3.2 (d), sobre maltrato agravado de la Ley 54

1 Apéndice, págs. 23-25.

Número Identificador:

SEN2023________
KLCE202300982                                                      2

de 15 de agosto de 1989, según enmendada (Ley 54), Ley para la

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y dos

infracciones al Artículo 59, de la Ley 246 de 16 de diciembre de

2011, según enmendada, Ley para la Seguridad, Bienestar y

Protección de Menores.

       Celebrada la vista de causa al amparo de la Regla 6 de las

Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6, el foro

primario encontró causa probable para arresto y le impuso una

fianza de sesenta mil dolares ($60,000.00). Posteriormente, el 8 de

diciembre de 2022, celebró la vista preliminar2 en la cual encontró

causa para uno de los cargos del Artículo 3.2(d) de la Ley 54 y uno

de los cargos bajo el Artículo 59 de la Ley 246. Como resultado de lo

anterior, el Ministerio Público presentó dos acusaciones en contra

de Ortiz Colón por los delitos por los cuales el TPI encontró causa

para acusar.3

       Surge del expediente que, la acusación por violación al

Artículo 3.2(d) de la Ley 54, supra, lee como sigue:

       El referido imputado, Gilberto Ortiz Colón, allá en y
       para el día 5 de septiembre del 2022[,] y en
       Barranquitas, Puerto Rico, que forma parte de la
       jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
       Aibonito, ilegal, voluntaria, criminalmente, a sabiendas,
       a propósito y con conocimiento, empleó fuerza y
       violencia física en contra de Nallelys A. Díaz Figueroa,
       persona con quien convivió y procreó dos hijas,
       consistente dichas acciones en que le dio con una
       escoba por el lado derecho del costado, sintiéndose la
       perjudicada ofendida, por la conducta impropia del
       imputado. El agravante consiste en que los hechos
       ocurrieron en presencia de tres menores de edad. […]4

       De otra parte, la acusación por infringir el Artículo 59 de la

Ley 246, supra, expone:

       El referido imputado, Gilberto Ortiz Colón, allá en y
       para el día 5 de septiembre de 2022[,] y en
       Barranquitas, Puerto Rico, que forma parte de la
       jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
       Aibonito, ilegal, voluntaria, criminalmente, a sabiendas,
       a propósito y con conocimiento, siendo el padrastro del

2 Apéndice, págs. 11-14.
3 Apéndice, págs. 15-18.
4 Apéndice, pág. 15.
KLCE202300982                                                      3

        menor: D.E.N.D. (de 11 años de edad), incurrió en un
        acto que puso en riesgo de daño a su salud mental y
        emocional, consistente dichas acciones en que cometió
        el delito de[l] Art. 3.2(d) de la Ley 54, en contra de
        Nalle[l]ys Díaz Figueroa, madre del menor, en presencia
        de éste. […]5

        Presentadas las acusaciones, Ortiz Colón instó una Moción

Solicitando Vista al Amparo de Pueblo de Puerto Rico v. Castellón

Ca[l]derón, 15[1] DPR (2000).6 En su comparecencia, alegó que,

conforme a lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico y al

Tribunal Supremo, el TPI debía evaluar los requisitos para ejercer

su discreción de archivar una denuncia o acusación. Asimismo,

solicitó que se señalara una vista a tenor con Pueblo v. Castellón

Calderón, 151 DPR 15 (2000).

        Celebrada la vista correspondiente, el 9 de mayo de 2023,

testificaron las siguientes personas: Ortiz Colón, la Sra. Díaz

Figueroa y el psicólogo, José Figueroa Morales (Sr. Figueroa

Morales). Tras evaluar la prueba, el TPI determinó que no procedía

el archivo de la acusación por el Artículo 59 de la Ley 246. Sin

embargo, archivó la acusación bajo el Artículo 3.2(d) de la Ley 54.

Cónsono con lo anterior, el 9 de mayo de 2023, el foro primario

emitió la Sentencia impugnada en la cual ordenó el archivo del caso

de epígrafe de conformidad con la Regla 247(b) de las Reglas de

Procedimiento Criminal, supra. Como fundamento para el archivo,

puntualizó lo siguiente:

        “Evaluada la prueba presentada, a tenor con lo
        dispuesto en el caso del Pueblo v. Castellón Calderón,
        151 DPR 15 (2000).”7

        En desacuerdo con la determinación del TPI, el 6 de junio de

2023,     el    Ministerio   Público   presentó   una    Moción   de

Reconsideración.8 En síntesis, alegó que, ante la insuficiencia de la

prueba presentada por Ortiz Colón sobre un plan auténtico de

5 Apéndice, pág. 17.
6 Apéndice, págs. 19-21.
7 Apéndice, pág. 25.
8 Apéndice, págs. 26-37.
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convivencia familiar y al no sopesar los factores establecidos por la

jurisprudencia, no procedía ordenar el archivo y sobreseimiento del

Artículo 3.2(d) de la Ley 54. Para sustentar su posición, el Ministerio

Público citó a Pueblo v. Castellón Calderón, supra, dando énfasis a

que el Tribunal Supremo determinó que, aun cuando el tribunal

puede considerar la falta de interés de la víctima para archivar una

causa, esa falta de interés debe responder a un plan auténtico para

establecer una buena convivencia familiar, como, por ejemplo, que

la víctima y el acusado demuestren que están recibiendo ayuda

profesional conducente a modificar la conducta del agresor.

      En respuesta, el 14 de junio de 2023, Ortiz Colón presentó

una Réplica a la Moción de Reconsideración en la cual expuso que,

un auténtico plan de convivencia familiar no es un elemento que el

tribunal debe tomar en consideración al momento de archivar un

caso, a tenor con Pueblo v. Castellón Calderón, supra. Hizo énfasis

en que la jurisprudencia lo que dispone es que el tribunal podrá

considerar si la falta de interés responde a un plan auténtico para

establecer una buena convivencia familiar, por lo que es discrecional

del TPI tomarlo en cuenta.

      Basado en lo anterior y celebrada la vista en la cual las partes

argumentaron sobre los méritos de la reconsideración, el 20 de julio

de 2023, notificada el 7 de agosto de 2023, el TPI emitió una Minuta

Resolución en la cual determinó sostener su decisión y denegar la

solicitud de reconsideración del Ministerio Público.

      Inconforme con el dictamen del TPI, el 6 de septiembre de

2023, el Ministerio Público acude ante este foro revisor y le imputa

al foro a quo haber cometido los siguientes errores:

      El Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar el
      archivo y sobreseimiento de la acusación que imputa
      delito grave, en virtud de la Regla 247(b) de
      Procedimiento Criminal, utilizando como factor
      determinante la falta de interés de la víctima, a pesar
      de que no existe, ni siquiera, un plan autentico de
      reunificación familiar.
KLCE202300982                                                       5

      El Tribunal de Primera Instancia erró al no emitir una
      orden en la que expresara y/o fundamentara las
      causas del sobreseimiento, según requiere la Regla
      247(b) de Procedimiento Criminal.

      En reacción, Ortiz Colón se opone a la expedición del auto de

certiorari. Separadamente, presenta una Moción de Desestimación al

Amparo de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones a

la cual se opone el Ministerio Público mediante Oposición a Solicitud

de Desestimación. Evaluada la referida solicitud, determinamos

denegar el petitorio desestimatorio.

      Superado lo anterior, el 13 de octubre de 2023, mediante

Resolución, concedimos al Hon. Luis S. Barreto Altieri, Juez

Superior del Tribunal de Primera Instancia, el término de diez (10)

días, al amparo de la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones,    4   LPRA   XII-B,   R.83.1,   para   fundamentar   los

dictámenes emitidos el 9 de mayo de 2023 y 20 de julio de 2023,

respectivamente, conforme exige la Regla 247(b) de las Reglas de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 247(b). De conformidad

con lo anterior, el 26 de octubre de 2023, el TPI emitió una

Resolución en Cumplimiento de Orden en la cual fundamentó su

determinación para archivar una de las acusaciones en el caso de

epígrafe. Puntualizamos que, en su Resolución, presentó un

resumen de los testimonios de los testigos que declararon en la vista

del 9 de mayo de 2023 y para sustentar su determinación, expuso

lo siguiente:

      “En conclusión, de la prueba presentada en la vista, la
      testigo principal del Pueblo (perjudicada) expresó no
      tener interés en el caso, que era la primera vez que hubo
      agresión entre ellos, que el acusado es un buen padre,
      que, al ver el cambio en el acusado, luego de las
      terapias, es su interés en reanudar su relación familiar.
      En la vista no se pasó prueba de que el acusado ha sido
      convicto en un caso relacionado o similar. El perito
      presentado por la defensa testificó que el acusado ha
      cambiado su comportamiento, que ambas partes
      dialogan mejor las situaciones y que ambos quieren
      reanudar su relación familiar.”
KLCE202300982                                                       6

      En respuesta, el 6 de noviembre de 2023, Ortiz Colón presenta

una Moción de Determinaciones de Hechos Adicionales. Mediante su

comparecencia arguye que, de la grabación de la vista surge que, el

psicólogo declaró que el cambio de Ortiz Colón y de la Sra. Díaz

Figueroa se ha notado en la manera en que se dirigen uno al otro,

cómo se tratan y en cómo han resuelto situaciones cuando los

comparan con parejas anteriores.

      Por su parte, el Ministerio Público presenta un Escrito en

Cumplimiento de Resolución. En apretada síntesis, reitera su

posición en cuanto a que el foro primario no tomó en consideración

los factores establecidos en Pueblo v. Castellón Calderón, supra, al

evaluar una solicitud de archivo y sobreseimiento. Enfatiza que, en

el dictamen emitido el 26 de octubre de 2023, el TPI se limitó a

exponer un resumen de la prueba oral desfilada durante la vista

celebrada el 9 de mayo de 2023, confirmando así que no evaluó los

factores necesarios para fundamentar su determinación. En

reacción, el 13 de noviembre de 2023, Ortiz Colón insta una Moción

en Oposición a Escrito del Procurador General.

      Con el beneficio de la posición de las partes y la regrabación

de la vista, procedemos a resolver.

                                 II.

   A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,
KLCE202300982                                                        7

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que

debemos tomar en consideración al evaluar si procede expedir el

auto de certiorari. La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

   B. Archivo y Sobreseimiento

      En Pueblo v. Castellón Calderón,    supra,   nuestro    Tribunal

Supremo estableció que, en casos sobre violencia doméstica, no es

conveniente a los fines de la justicia que un tribunal archive

automáticamente la denuncia o acusación, con oposición del
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Ministerio Público, cuando la víctima exprese no tener interés en el

caso. Íd., pág. 28. Ante ello, el Tribunal Supremo concluyó que, el

archivo de una denuncia, tomando en cuenta exclusivamente que la

víctima no tiene interés en proseguir con el caso, constituye un

abuso de discreción. Íd. Recordemos que, la discreción de un

tribunal de archivar una denuncia o acusación motu proprio es

amplia, pero nunca absoluta o ilimitada. Íd. pág. 22. La discreción

no implica la abstracción del resto del Derecho, sino una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200

(1964).

          A los fines de que el tribunal pueda ejercer su discreción de

archivar una denuncia o acusación, deben concurrir ciertos

requisitos, a saber:

          (1) La evidencia con la que cuenta el Ministerio Público para
              establecer su caso;
          (2) Naturaleza del delito;
          (3) Si el acusado está encarcelado o ha sido convicto en un
              caso relacionado o similar;
          (4) Tiempo que el acusado lleva encarcelado;
          (5) Posibilidad de amenaza y hostigamiento;
          (6) Probabilidad de que en el juicio pueda traerse evidencia
              nueva o adicional; y
          (7) Si sirve a los mejores intereses de la sociedad proseguir con
              los procedimientos.9

          Además, el tribunal deberá examinar la naturaleza de la

acusación, incluyendo el tipo de actividad delictiva en cuestión, su

seriedad, la frecuencia con que se archivan casos del mismo tipo, el

impacto del sobreseimiento sobre la administración de la justicia y

los      derechos   del   acusado.10 Aunque       los   factores   anteriores

constituyen elementos necesarios a considerar, esto no significa que

todos deben concurrir para la justificación de un archivo.11 Incluso,

el tribunal puede considerar otros factores para determinar la

procedencia del sobreseimiento en aras de crear un balance entre la

9 Pueblo v. Castellón Calderón, supra, pág. 22.
10 Íd., pág. 23.
11 Íd.
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libertad del individuo y el interés del Estado de encausar a los

responsables de actos delictivos.12

         En cuanto al requisito de la celebración de una vista, el

Tribunal Supremo ha hecho énfasis en que, tanto la defensa como

el Ministerio Público, deben tener derecho a expresarse sobre la

decretación de un sobreseimiento. Aún más, el Tribunal Supremo

señaló que la participación del fiscal en esta vista es fundamental.13

Por ello, cuando la víctima del delito ha manifestado su falta de

interés en el caso y el Ministerio Público se opone a su archivo, el

tribunal     no   puede   decretar   automáticamente     el   archivo   o

sobreseimiento del caso, con las consecuencias que ello acarrea. El

tribunal debe celebrar una vista y considerar los factores

establecidos por la jurisprudencia, pudiendo considerar la falta de

interés en el caso al analizar si el Ministerio Público cuenta con

evidencia para establecer su caso.

         Cónsono con lo anterior, la Regla 247 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 247, establece las instancias en las

cuales se puede sobreseer o archivar una denuncia o acusación,

incluso motu proprio. A esos efectos, el inciso (b) de la citada regla

dispone lo siguiente:

         Cuando ello sea conveniente para los fines de la justicia
         y previa celebración de vista en la cual participará el
         fiscal, el tribunal podrá decretar el sobreseimiento de
         una acusación o denuncia. Las causas de
         sobreseimiento deberán exponerse en la orden que al
         efecto se dictare, la cual se unirá al expediente del
         proceso.

    C. Apreciación de la prueba

         Es norma reiterada que, los foros de instancia están en mejor

posición para aquilatar los testimonios vertidos ante sí debido a que

tienen la oportunidad de escucharlos y de ver y apreciar su

comportamiento al declarar. Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR

12 Íd.
13 Íd.
KLCE202300982                                                           10

850, 864 (2022). Sobre este asunto, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico abundó que “[n]o se favorece la intervención de los tribunales

apelativos para revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación

de credibilidad o las determinaciones de hechos formuladas por el

Tribunal de Primera Instancia, en ausencia de pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto.” Íd. (Énfasis en el original.)

      Cabe apuntalar que, constituye error manifiesto cuando la

apreciación de la prueba que realiza el juzgador de los hechos se

distancia de la realidad fáctica o resulta inherentemente imposible

o increíble. Íd. Cónsono con lo anterior, se considerarán erróneas

las conclusiones del foro de instancia cuando, de un análisis de la

totalidad de la prueba recibida queda demostrado que, tales

conclusiones están en conflicto con el balance más racional,

justiciero y jurídico. Íd. Entiéndase que, si a la luz de la prueba

admitida   no      existe   una   base    suficiente   que   sustente   la

determinación del Tribunal de Primera Instancia, los foros revisores

están facultados para sustituir el criterio del juzgador de los hechos

por el suyo. Íd.

      Como se sabe, es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico que, los tribunales apelativos intervienen con la

apreciación de la prueba cuando: (1) el apelante demuestra la

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto; o (2)

si la apreciación de la prueba no concuerda con la realidad fáctica o

esta es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Arlequín

Vélez, 204 DPR 117, 147 (2020). A esos efectos, la parte que

impugne la apreciación de la prueba es la parte encargada de

señalar y demostrar la base para la intervención apelativa. Pueblo v.

Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).

                                   III.

      En la presente causa, el Ministerio Público sostiene que el TPI

abusó de su discreción al ordenar el archivo y sobreseimiento de
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una de las acusaciones en contra de Ortiz Colón y que, aun

subsanando la omisión de fundamentar su determinación por

escrito, no evaluó los factores establecidos en Pueblo v. Castellón

Calderón, supra, al sólo tomar en consideración la falta de interés

de la víctima y la posible existencia de una reconciliación entre el

recurrido y la víctima. En lo pertinente, apunta a que, el foro

primario no consideró la naturaleza del delito y la acusación, las

cuales tratan sobre maltrato agravado, bajo el Artículo 3.2(d) de la

Ley 54, supra, y alega que tampoco consideró la posibilidad de

amenaza u hostigamiento o la probabilidad de que durante el juicio

pueda traerse evidencia nueva o adicional.

      El Ministerio Público arguye, además, que no existe un plan

auténtico para establecer una buena convivencia familiar. Sobre lo

anterior enfatiza que, Ortiz Colón no aceptó los hechos que dieron

lugar a las acusaciones interpuestas por el Ministerio Público, sino

que los minimizó y ofreció distintas versiones de lo sucedido.

      Por su parte, en su escrito en oposición, el recurrido alega

que, de la regrabación de la vista surge que, tanto Ortiz Colón como

la Sra. Díaz Figueroa declararon que les gustaría retomar su relación

y continuar buscando ayuda. Además, arguye que, el TPI tuvo la

oportunidad de evaluar a los testigos y la evidencia presentada para,

dentro de su discreción, determinar que Ortiz Colón y la Sra. Díaz

Figueroa habían mejorado su relación de pareja, luego de acudir a

una decena de terapias y que el acusado merecía la oportunidad que

el tribunal le ofreció. Finalmente, el recurrido alega que, la prueba

presentada concuerda con la realidad fáctica, por lo que no medió

perjuicio ni parcialidad por parte del foro primario.

      Un examen del expediente de autos, particularmente del

contenido de la grabación de los procedimientos aquí en disputa,

mueve nuestro criterio a concluir que la determinación emitida por

el foro primario dista de lo que debería ser una adjudicación
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razonable, justa y cónsona con la postura asumida en nuestro

ordenamiento jurídico sobre el archivo y sobreseimiento de una

causa.

         El testimonio de la Sra. Díaz Figueroa estableció de manera

patente que, el día en cuestión, fue víctima de un golpe no deseado

por parte de Ortiz Colón. Su declaración fue una detallada en cuanto

a cómo se produjo el incidente en disputa, así como, sobre los

efectos que el mismo le ocasionó a su persona.14 En lo pertinente

declaró que, el día de los hechos, se encontraba sentada en un sillón

lactando a su hija de cinco meses de edad15 y que se suscitó una

discusión por la limpieza de su hogar, lo que causó que Ortiz Colón

le lanzara con una escoba y le diera en el costado derecho.16 Añadió

que, acto seguido, Ortiz Colón la llamó “puta” y “cabrona”.17 Admitió

que el incidente asustó a sus otros dos hijos de 1 y 11 años,

respectivamente.18

       Relató que, tras el incidente, Ortiz Colón se marchó y ella

llamó al Cuartel de la Policía para obtener una orden de

protección.19 Narró que su solicitud respondió a que sintió temor.20

Indicó que previamente habían tenido discusiones en las cuales

Ortiz Colón la había insultado, sin precisar la palabra específica.21

Admitió que Ortiz Colón le prometió en muchas ocasiones que no

volverían a ocurrir incidentes como el del día de los hechos, que

aceptó haberla agredido con un palo y que le pidió perdón por lo

ocurrido.22

       Testificó que, a raíz del incidente, recurrieron a terapias de

pareja para obtener técnicas de control de impulso y control de

14 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 46:14-47:00.
15 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 47:18-47:32.
16 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 47:30-48:20.
17 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 48:45-48:49.
18 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 49:02-49:16.
19 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 49:24-49:36.
20 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 45:16-45:24.
21 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 49:50-50:20.
22 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 53.30:54:00.
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coraje.23 Aseveró que Ortiz Colón consume bebidas alcohólicas.24

Detalló que, durante las terapias, identificaron que sus estresores

fueron tener los hijos todo el tiempo y ser madre lactante,25 sin

recordar cuáles fueron los estresores de Ortiz Colón.26

       Precisó que su relación con Ortiz Colón comenzó hace cuatro

años.27 Declaró que no trabaja y que recibe ayuda económica.28

Atestó que, aunque no depende económicamente de Ortiz Colón, él

le pasa pensión alimentaria.29 Relató que actualmente vive con su

madre.30 Expresó que no se merecía que Ortiz Colón la golpeara con

la escoba.31

       Por su parte, del testimonio de Ortiz Colón y en apretada

síntesis indicó que, tiene una relación con la Sra. Díaz Figueroa,

pero actualmente “no están juntos”.32 Explicó que, recibió servicios

psicológicos de Figueroa Morales desde el 12 de enero de 2023.33

Sobre los hechos sucedidos el 5 de septiembre de 2022 reseñó que,

al regresar de trabajar ese día, encontró la casa desordenada, con

pañales tirados, jugo en el piso, comida y ropa en una esquina

tirada, por lo cual, comenzó a limpiar la casa.34 Narró que, le

reclamó a la Sra. Díaz Figueroa por qué ella no había recogido la

casa durante todo el fin de semana mientras él trabajaba.35 Abundó

que le propuso a la Sra. Díaz Figueroa que ella limpiara y recogiera

la casa mientras él cuidaba a las nenas.36

       Relató que, producto de lo anterior, la Sra. Díaz Figueroa

discutió con él y no siguió su instrucción.37 Detalló que en la

23 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 50:27-50:46.
24 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 50:55-51:06.
25 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 51:14-51:29.
26 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 51:30-51:40.
27 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 51:44-51:48.
28 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 52:33-52:39.
29 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 52:47-52:57.
30 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 52:39-52:42.
31 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 55:36-55:41.
32 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 4:53-5:14.
33 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 5:50-6:12.
34 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 8:10-9:01, 9:10-9:24, 10:41-10:43.
35 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 9:02-9:08.
36 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 11:08-11:16
37 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 11:17-11:26
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discusión la Sra. Díaz Figueroa le reclamó que no la ayudaba, lo

comparó con su expareja, le indicó que no servía para nada y lo

insultó.38 Aclaró que, tres días antes del incidente, le había

comentado a la Sra. Díaz Figueroa sobre el reguero que había en la

casa y pensó que al regresar a la casa el día de los hechos estuviese

ya todo en orden, lo cual no ocurrió.39

       Narró que, las terapias los ayudaron a ambos a mejorar en la

confianza, la comunicación y el trato mutuo.40 Contrario a lo

expresado por la Sra. Díaz Figueroa, Ortiz Colón negó que ingiere

bebidas alcohólicas.41 Alegó que la Sra. Díaz Figueroa le indicó que

el palo de escoba que él tiró le rozó a ella en el área de las piernas.42

A pesar de que su versión de los hechos es que tiró el palo de escoba

al piso y mientras caminaba lo empujó y le dijo a la Sra. Díaz

Figueroa “barre tú”,43 a preguntas de su representación legal,

expresó arrepentimiento por todo lo acontecido.44

       De otra parte, surge del testimonio que vertió el psicólogo Sr.

Figueroa Morales durante la vista sobre Pueblo v. Castellón Calderón

que, lejos de ser una apoyada en aseveraciones suficientes para

derrotar lo alegado por el Ministerio Público, su declaración fue llana

e inmaterial en cuanto a los hechos en disputa. Este atestó que,

brinda servicios a personas de todas las edades.45 Aclaró que no es

psicólogo clínico porque no es doctor en psicología y que no tiene

especialización formal.46 Admitió que es la primera vez que declara

en un tribunal como testigo y que no es su “fuerte” trabajar casos

como el de epígrafe.47

38 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 11:38-12:05.
39 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 13:59-14:07.
40 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 25:36-25:51.
41 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 33:30-33:35.
42 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 32:12-32:18
43 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 30:29-31:39.
44 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 18:08-18:13.
45 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:04:50-1:05:20.
46 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:00:57-1:05:51.
47 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:05:35.
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       Sobre el incidente         que hoy nos ocupa             declaró que,

inicialmente entrevistó a Ortiz Colón y a la Sra. Díaz Figueroa de

forma individual con el objetivo de identificar el problema.48

Producto de ello, comprobó que entre Ortiz Colón y la Sra. Díaz

Figueroa existe un conflicto de violencia doméstica.49 En síntesis

concluyó que, de la información recibida por estos, reconoció que

Ortiz Colón perdió el control y le “lanzó” con la escoba en el costado

a la Sra. Díaz Figueroa.50 Asimismo explicó que, Ortiz Colón y la Sra.

Díaz Figueroa recibieron nueve terapias conjuntamente y una

individual51 y que, entre los temas allí discutidos estuvieron la

confianza, fidelidad, actitud de honestidad, ser más asertivo,

estresores e impulsividad.52

       Respecto a su informe sobre el incidente de violencia

doméstica entre las partes, declaró que, las metas del programa eran

mejorar la comunicación y la confianza entre la pareja, ser más

asertivos y escucharse mutuamente.53 Testificó haber preparado de

15 a 20 informes como el presentado en este caso.54 Aceptó haber

utilizado como modelo para redactar su informe un formato

existente, variando los temas específicos caso a caso.55 Surge del

referido informe que el Sr. Figueroa Morales brindó terapias sobre

bebidas alcohólicas,56 sin embargo, al ser contrainterrogado sobre

este asunto, reconoció que ese tema no fue trabajado con la pareja.57

       De otra parte, a preguntas del Ministerio Público, el Sr.

Figueroa Morales no pudo contestar o explicar qué fortalezas

observó en la relación, ante lo cual, titubeó y mantuvo silencio por

48 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:07:10-1:07:27.
49 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:07:30-1:08:07.
50 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:07:10-1:07:40.
51 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:12:03-1:12:13.
52 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:09:50-1:13:50.
53 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:19:22-1:22:00; 1:32:12-1:33:27.
54 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:46:42-1:47:06
55 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:48:00-1:48:30.
56 Apéndice, pág. 50.
57 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:34:10-1:36:42.
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espacio de 40 segundos.58 Sobre las debilidades identificadas en la

relación atestó que, las inseguridades y los patrones de crianza de

Ortiz Colón.59 En cuanto a cómo aplicó las destrezas psicológicas

que utilizó con la pareja, el psicólogo mantuvo silencio nuevamente

sin poder contestar la pregunta del Ministerio Público.60

       El Sr. Figueroa Morales no precisó cuántos casos de violencia

entre parejas ha trabajado.61 Admitió desconocer si Ortiz Colón tenía

casos previos de agresión.62 Asimismo, atestó que no podía

garantizar, a su juicio, que Ortiz Colón no volviera a agredir a la Sra.

Díaz Figueroa en un futuro.63 Declaró que Ortiz Colón y la Sra. Díaz

Figueroa le informaron su intención de terminar con el caso y

retomar su relación.64

       Por los fundamentos antes reseñados, resulta claramente que,

el Ministerio Público logró impugnar tanto el testimonio como el

informe del psicólogo, Sr. Figueroa Morales65 y, por ende, la

existencia de un plan auténtico de buena convivencia familiar.

Luego de un estudio sosegado del expediente ante nuestra

consideración, escuchados los testimonios vertidos por la Sra. Díaz

Figueroa, Ortiz Colón y el psicólogo, Sr. Figueroa Morales, en

conjunto con su informe pericial pudimos constatar que, no quedó

demostrado -de manera fehaciente- que al presente existe un plan

auténtico para establecer una buena convivencia familiar.

       A nuestro entender, las diez terapias con el Sr. Figueroa

Morales     obedecieron      únicamente       a   aparentar    haber    dado

cumplimiento a lo resuelto en Pueblo v. Castellón Calderón, supra,

para poner fin a la acusación en contra de Ortiz Colón por violencia

58 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:36:58-1:37:40.
59 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:38:51-1:39:22.
60 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:40:19-1:42:00.
61 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:23:57-1:24:26.
62 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:30:18-1:30:30.
63 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:43:22-1:43:45.
64 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 1:17:54-1:18:00.
65 Véase, Regla 608 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA

Ap. VI, R. 608.
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doméstica. A lo antes se añade que, no se colige del expediente que

las partes estén recibiendo la ayuda profesional adecuada,

conducente a reunificar la familia y a modificar la conducta de Ortiz

Colón para evitar la reincidencia.

       En virtud de lo resuelto en Pueblo v. Castellón Calderón,

supra, previo a ordenar el archivo de la acusación en contra de Ortiz

Colón, ante la falta de interés de la Sra. Díaz Figueroa, el foro

primario debió considerar que la naturaleza del delito imputado en

la acusación archivada es violencia doméstica. Adicionalmente, el

TPI debió ponderar que la pareja había tenido discusiones anteriores

similares y que Ortiz Colón le había prometido, en múltiples

ocasiones, que no repetiría tal conducta.66 De igual manera, el foro

primario incidió al determinar que existe un plan auténtico para

establecer una buena convivencia familiar, a pesar de que la prueba

documental y testimonial del psicólogo Sr. Figueroa Morales fue

inequívocamente impugnada.

       Ante las circunstancias antes señaladas, y en consideración a

la insuficiencia de la prueba para sostener el dictamen recurrido,

nos vemos obligados a concluir que, no es conveniente ni deseable

a los mejores intereses de la justicia decretar, en esta etapa de los

procedimientos, el archivo y sobreseimiento de la acusación bajo el

Artículo 3.2(d) de la Ley 54, supra.

       Sobre tales bases, expedimos el auto de certiorari, revocamos

la Sentencia recurrida, reinstalamos la acusación por violación al

Artículo 3.2(d) de la Ley 54, supra, y devolvemos este asunto al foro

primario para la continuación de los procedimientos de conformidad

con lo aquí resuelto.

66 Véase, Regrabación de la Vista, Anejo V, 53.30:54:00.
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                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari, se revoca la Sentencia de Archivo y Sobreseimiento

recurrida y se devuelve el caso al foro primario para la continuación

de los procesos, conforme a lo aquí dispuesto.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones. El Juez Rodríguez Flores, disiente, con la siguiente

expresión:    Contrario al dictamen mayoritario, el cual respeto,

entiendo que el foro primario actuó conforme a lo resuelto en Pueblo

v. Castellón, supra. Por lo anterior, unido a la deferencia a la

apreciación evidenciaria del foro primario y al manejo práctico y

cotidiano de este tipo de asuntos en primera instancia, hubiera

confirmado.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones