Court Opinion

ID: 9952250
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:33:33.128548+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:18.731795
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VI

    CHRISTOPHER                                        Revisión Judicial
 HERNÁNDEZ COLLAZO                                     procedente del
                                                       Departamento de
        Recurrente                                     Corrección y
                                                       Rehabilitación
              v.                 KLRA202400064

  DEPARTAMENTO DE                                      Caso Núm.:
    CORRECCIÓN Y                                       PA-840-23
   REHABILITACIÓN

         Recurrido
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Campos Pérez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

       El 5 de febrero de 2024, el señor Christopher Hernández

Collazo (señor Hernández Collazo o recurrente), quien se encuentra

confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y

Rehabilitación (DCR) presentó in forma pauperis y por derecho

propio1 un escrito ante este foro intermedio, al que se refirió como

Demanda. En esencia, nos solicita la asignación de representación

legal para el reclamo de sus derechos. Entre sus contenciones,

alegó que el DCR no ha calculado correctamente la extinción de su

sentencia. Indicó que le “tienen que disminuir la sentencia”, en

virtud de las bonificaciones por estudio presuntamente adquiridas,

así como tres meses y cuatro días de reclusión preventiva. Asevera

que el máximo de su tabla no ha variado y exige un nuevo

cómputo. Sobre este particular, enunció que se entregó el 28 de

diciembre de 2022, sin embargo, dijo que el DCR no consideró ese

hecho y, en su lugar, consignó el día 29. A esos efectos, arguye que

“le están robando” un día. Por igual, el recurrente peticiona la

aplicación de la Ley Núm. 85 de 11 de octubre de 2022, la cual,

1 El señor Hernández Collazo no presentó la Solicitud y declaración para que se

exima de pago de arancel por razón de indigencia (OAT 1480).

Número Identificador

SEN2024 ______________
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entre otras disposiciones, enmendó el Artículo 308 del Código

Penal de 2012,2 con el fin de establecer los términos para cualificar

para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra. De otro

lado, plantea que al palio de la Ley Núm. 87 de 4 de agosto de

2020, que enmendó el Plan de Reorganización del DCR de 2011,3 le

concedieron un 20%, pero asegura que es acreedor de un 23%.

Sostiene que está rehabilitado y nos intima a ordenar su inmediata

excarcelación. Además, el señor Hernández Collazo exige un

cambio de custodia de mediana a mínima.

       El recurrente acotó que llevará “esta demanda hasta las

últimas consecuencias”, toda vez que denuncia un abuso de poder

y la violación de derechos por parte de los funcionarios del DCR.

En su pedimento también solicita que notifiquemos a las partes

demandadas y a otras entidades.

       Por otra parte, el recurrente indica que ha agotado todos los

remedios administrativos; y menciona, por ejemplo, el caso PA-

840-23. No obstante, el señor Hernández Collazo no anejó junto a

su escrito copia de alguna respuesta a una solicitud de remedios,

ni una resolución en reconsideración a la cual recurrir. A pesar de

sus alegaciones, el recurrente tampoco incluyó una relación de los

hechos procesales y pertinentes a la referida acción administrativa,

ni un señalamiento de los errores que entiende fueron cometidos

por el DCR.

       En vista de lo anterior, acordamos eximir a la parte recurrida

de presentar su alegato en oposición, en armonía con la Regla 7 (B)

(5) de nuestro Reglamento. Como se conoce, la norma provee para

que este Tribunal de Apelaciones prescinda de “términos no

jurisdiccionales,     escritos,     notificaciones      o    procedimientos

específicos”, ello “con el propósito de lograr su más justo y eficiente

2 Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq.
3Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 3 LPRA, Ap.
XVIII.
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despacho”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). Anticipamos la

desestimación de la causa del título por falta de jurisdicción.

                                  I.

      El Artículo 4.002 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de

2003, Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq., dispone sobre la jurisdicción y

competencia de este tribunal intermedio para revisar, como

cuestión de derecho, las decisiones finales de las agencias y los

organismos administrativos. 4 LPRA sec. 24u. Por su parte, el

Artículo 4.006 del estatuto establece la revisión de las resoluciones

finales de los entes administrativos mediante el recurso de revisión

judicial. 4 LPRA sec. 24y. Cónsono con ello, la Ley Núm. 38 de 30

de junio de 2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq., en la Sección 4.5

establece el alcance de la revisión judicial. 3 LPRA sec. 9675. En

particular, dispone que este tribunal de segunda instancia

sostendrá las determinaciones de hechos de las decisiones de las

agencias, si se basan en evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo; revisará en todos sus aspectos las

conclusiones de derecho; y podrá conceder al recurrente el

remedio apropiado si determina que a éste le asiste el derecho.

Por consiguiente, en ausencia de un dictamen final revisable,

estamos impedidos de ejercer nuestra función judicial.

      En lo atinente a este caso, si bien dejar de incluir algún

documento no implica la desestimación automática del recurso,

debemos ponderar la naturaleza e importancia del documento

suprimido para la consideración del recurso.

      Aunque la exigencia del apéndice sea un requisito
      jurisdiccional —lo cual implica que la omisión de la
      totalidad del apéndice produce necesariamente la
      desestimación del recurso— el dejar de incluir algún
      documento o página de un documento no acarrea,
      automáticamente, la desestimación del recurso sino
      que presupone un análisis, en cuanto a la naturaleza
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      del documento o folio omitido y su importancia para la
      consideración del recurso. Como principio de
      aplicación general diremos que únicamente la omisión
      de documentos que puedan ser considerados
      esenciales acarrean la desestimación del recurso.
      (Énfasis nuestro). H.A. Sánchez Martínez, Derecho
      Procesal Apelativo, Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis de
      Puerto Rico, Inc., 2001, § 1507, pág. 333.
            .     .      .     .    .      .     .   .

      El apéndice es particularmente importante en los recursos

de revisión judicial, toda vez que los foros apelativos dependemos

exclusivamente de los documentos anejados para revisar la

decisión del ente administrativo impugnado. En este tipo de

recurso, el apéndice equivale al expediente del caso, a base del

cual actuó la agencia recurrida. Id., § 2906, pág. 537. A esos fines

“es responsabilidad exclusiva de la parte peticionaria preparar un

apéndice con todos los documentos que sean indispensables para

el tribunal”. Id. Ello así, el apéndice es esencial para dirimir los

méritos o deméritos de la determinación administrativa, así como

para constatar nuestra jurisdicción sobre la causa. Id.

      En el caso de las revisiones judiciales, la Parte VII del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59,

dispone todo lo concerniente a estos recursos. En lo que nos atañe,

el inciso (E) de la Regla 59 de nuestro Reglamento, supra, versa en

particular sobre el contenido de los apéndices:

            .     .     .      .     .      .     .       .
      (E) Apéndice
      (1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que
      contendrá una copia literal de:
      (a) Las alegaciones de las partes ante la agencia, a
      saber, la solicitud original, la querella o la apelación y
      las contestaciones a las anteriores hechas por las
      demás partes.
            .     .     .      .     .      .     .       .
      (c)  La    orden,    resolución   o   providencia
      administrativa objeto del recurso de revisión que
      se solicita, incluyendo las determinaciones de
      hechos y las conclusiones de derecho en que esté
      fundada, cuando procedieren.
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       (d) Toda moción, resolución u orden necesaria para
       acreditar la interrupción y reanudación del término
       para presentar el recurso de revisión.
       (e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de
       cualquiera de las partes que forme parte del
       expediente original administrativo, en los cuales se
       discuta expresamente cualquier asunto planteado en
       el recurso de revisión o que sean relevantes a esta.
       (Énfasis nuestro.)
             .        .     .      .          .        .         .        .

       Así, pues, se colige que, cuando la omisión en el apéndice se

trate de documentos esenciales para resolver la controversia, de

manera que impida la revisión judicial en sus méritos, procede

decretar la desestimación. Véase, Emmanuelli v. Palmas, 160 DPR

182, 191 (2003). En armonía, el Reglamento de Tribunal de

Apelaciones nos concede facultad para desestimar un recurso

cuando carecemos de jurisdicción. En específico, el inciso (C) de la

Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C),

dispone que, a iniciativa propia, este foro intermedio puede

desestimar       un    recurso    por     cualesquiera               de   los   motivos

consignados en el inciso (B) precedente. A tales efectos, el inciso

(B) de la citada norma establece, entre sus fundamentos para la

desestimación,        aquellas   instancias       en       que       el   Tribunal   de

Apelaciones carece de jurisdicción, así como cuando el recurso no

se haya presentado con diligencia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1)

(3).

                                        II.

       En el caso del epígrafe, el señor Hernández Collazo no

incluyó ningún documento de apéndice, tal como es requerido por

la reglamentación de este foro revisor. En particular, el recurrente

omitió incluir alguna determinación administrativa final revisable.

Tampoco solicitó someter los documentos con posterioridad,

conforme se contempla en nuestra reglamentación. Refiérase a la
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Regla 59 (E) (2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E) (2).

      A pesar de que alegó que procedía una rebaja a su condena y

un cambio a la custodia mínima, el recurrente omitió incluir los

documentos      relacionados      con    sus   alegaciones   y    las

determinaciones finales con la postura del DCR ante los reclamos.

Por ende, la petición de revisión judicial adolece de los documentos

indispensables para, primero, auscultar si tenemos jurisdicción; y

segundo, para justipreciar si las determinaciones de hechos de la

agencia se sustentan en el expediente administrativo, si el DCR

aplicó o no correctamente el derecho y si el recurrente es

realmente acreedor de los remedios que peticiona.

      De conformidad con lo expuesto, somos del criterio que el

incumplimiento sustancial del señor Hernández Collazo, al dejar

de perfeccionar el recurso, nos priva de jurisdicción para atender

sus contenciones. Consecuentemente, al palio de la Regla 83 de

nuestro Reglamento, supra, procede la desestimación de la revisión

judicial de autos.

                                  III.

      Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de

revisión judicial.

      Se instruye a la Secretaria del Departamento de Corrección y

Rehabilitación a entregar copia de esta Sentencia al señor

Christopher Hernández Collazo, en cualquier institución carcelaria

donde éste se encuentre.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones