Court Opinion

ID: 9394842
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:14:51.776699+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.534332
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

  LUNA COMMERCIAL II,                    Certiorari
         LLC                             procedente del
                                         Tribunal de Primera
 Demandante - Peticionario KLCE202300334 Instancia, Sala de
                                         San Juan
           v.
                                         Caso núm.:
   HOMERO GONZÁLEZ                       K CD2013-1582
     LÓPEZ; ET ALS                       (504)

  Demandada - Recurrido                         Sobre: Ejecución de
                                                Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) ordenó a la parte

demandante, en un caso de ejecución de hipoteca, entregar

información general, de naturaleza operacional, sobre la forma en

que ciertas instituciones manejaban cierto tipo de préstamo,

además de información sobre préstamos de otros deudores. Según

explicamos a continuación, concluimos que erró el TPI, pues no se

ha explicado qué pertinencia podría tener la información solicitada

ni tampoco cómo la misma podría llevar al descubrimiento de

evidencia pertinente.

                                 I.

      En el 2013, Doral Bank (“Doral”) presentó la acción de

referencia, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, contra el

Lcdo. Homero González López, su esposa, la Sa. Marie Elsie López

Adames y la sociedad de gananciales compuesta por ambos (los

“Deudores”). En síntesis, alegó ser la tenedora de un pagaré que los

Deudores suscribieron a su favor por la suma de $297,500.00, y el

cual fue garantizado mediante una hipoteca constituida sobre un

Número Identificador
SEN2023________________
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bien inmueble comercial sito en San Juan, Puerto Rico. Se alegó

que los Deudores incumplieron con los términos de la obligación

contraída. Los Deudores contestaron la Demanda.

      Oportunamente, Doral presentó una Moción de Sustitución de

Parte, en la cual solicitó autorización para que se sustituyera a Doral

por el Banco Popular de Puerto Rico (“Popular”); el TPI así lo

autorizó.

      En agosto de 2016, Condado 3, LLC (“Condado 3”) presentó

una Moción Solicitando Sustitución de Parte; informó que había

adquirido de Popular el pagaré hipotecario en controversia. El TPI

autorizó la sustitución de parte, según solicitada.

      En mayo de 2022, Luna Commercial II, LLC (la “Peticionaria”),

presentó una Moción Para Sustituir Parte Demandante; informó que

había adquirido el préstamo objeto de la Demanda mediante el

endoso del correspondiente pagaré y solicitó la sustitución de la

parte demandante.

      Luego de varios trámites, y en lo pertinente, el 21 de

noviembre de 2022, los Deudores presentaron una Moción Bajo la

Regla 34 (la “Moción”). En síntesis, arguyeron que la Peticionaria

no fue adecuadamente responsiva al contestar un requerimiento de

admisiones, interrogatorios y producción de documentos.              En

consecuencia, solicitó que el TPI le ordenara a la Peticionaria

producir los documentos solicitados y contestar los requerimientos

objetados.

      El 20 de diciembre, la Peticionaria objetó la Moción; objetó los

siguientes requerimientos y preguntas cursados por los Deudores y

los cuales, a través de la Moción, los Deudores habían solicitado al

TPI que le ordenase contestar a la Peticionaria (énfasis suplido):

      1) Requerimiento 5: Copia de todas las comunicaciones
      escritas, sean mediante carta, correo electrónico, fax o
      cualquier otro medio hechas por y para Doral Bank
      donde se discutan los “balloons riders” como el que
      tenía la hipoteca objeto de la presente Demanda.
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       2) Requerimiento 7: Copia de todas las comunicaciones
       escritas, sean mediante carta, correo electrónico, fax o
       cualquier otro medio hechas por y para Doral Bank,
       Banco Popular y/o Westernbank donde se discutan las
       razones por las cuales Doral Bank no cumplió con
       las disposiciones del contrato de hipoteca y/o el
       balloon ryder (sic) de la misma.

       3) Requerimiento 8: Toda documentación sobre
       aquellos casos donde deudores de Doral Bank, al
       igual que los demandados, siguieron pagando el
       “balloon rider” aunque ya el mismo estaba vencido y le
       devolvieron el dinero, así como toda la documentación
       que evidencie las razones, motivos y/o fundamentos por
       las cuales a dichas personas le devolvieron el dinero.

       4) Pregunta 8. Identifique todas las personas envueltas
       en la decisión de venta de (los) pagaré(s) y especifique
       el rol de cada individuo.

       5) Pregunta 9: Provea acceso para examen del
       expediente de sistema de contabilidad del préstamo.

       6) Pregunta 12: Produzca copia de todas las
       comunicaciones generadas por Doral Bank y/o Banco
       Popular de Puerto Rico en relación con los “balloon
       riders” de los préstamos comerciales, incluyendo
       memorandos internos que contengan instrucciones
       al personal de cómo proceder con esos préstamos
       con “balloon riders”.

       7) Pregunta 13: Produzca copia de toda documentación
       generada por Doral bank y/o (sic) Banco Popular en la
       que se discutan las normas de refinanciamiento de
       los préstamos con “balloon rider”.

       8) Pregunta 14: Identifique todas las reclamaciones
       judiciales presentadas por Doral Bank y/o Banco
       Popular y/o Condado 3 desde 2011 al presente,
       relacionados con la ejecución de préstamos con
       “balloon rider”.1

       Mediante una Orden notificada el 7 de marzo, el TPI le ordenó

a la Peticionaria contestar el referido descubrimiento.

       Inconforme, el 29 de marzo, la Peticionaria presentó el recurso

que nos ocupa; plantea la comisión del siguiente error:

       Primer Error

       Erró el TPI y abusó de su discreción al no conceder una
       orden de protección a la compareciente y ord[enarle]
       (sic) a contestar unos requerimientos de producción de
       documentos e interrogatorios que son perturbadores,
       onerosos y opresivos.

1 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Orden, Apéndice 32 del
recurso, págs. 215-216.
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La Peticionaria resaltó que, en agosto de 2022, le había solicitado al

TPI que le ordenara a Popular producir “copia fiel y exacta de todos

y cada uno de los documentos que obraran en sus expedientes

físicos y/o digital del préstamo” de los Deudores, a lo cual el TPI

accedió.

      Además, la Peticionaria arguyó que el descubrimiento en

controversia “va dirigido a documentos generados por Doral Bank

y/o Westernbank Puerto Rico y/o Banco Popular, en préstamos que

no son del presente caso”. Es decir, que se pretendía la entrega de

“documentación en general operacional, instrucciones a su persona,

normas de refinanciamiento de préstamos, información sobre

cuentas de clientes que también habían firmado un balloon rider [y]

listado de reclamaciones judiciales”.   La Peticionaria expuso que

tanto Doral como Westernbank habían cerrado y ya no operaban, y

que si los Deudores interesaban documentación de Popular,

adicional a la provista por dicha entidad, debía solicitar una orden

al TPI al respecto.

      Luego de que le ordenáramos a los Deudores mostrar causa

por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar el

dictamen recurrido, estos presentaron su alegato.        En síntesis,

arguyeron que “no ha[n] solicitado información de terceros, sino la

relacionada a este tipo de préstamo que arroje el manejo de estos

dentro de la institución” [sic]. Expusieron que, de no permitirse el

descubrimiento solicitado, quedarían en un “estado de indefensión”.

Resolvemos.

                                 II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders, et al

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012), Pueblo v. Díaz de León,
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176 DPR 913, 917 (2009). Contrario al recurso de apelación, el

tribunal revisor tiene discreción para decidir si expide o no el

certiorari. Ahora, la discreción no es irrestricta y debe ejercerse de

forma razonable, procurando siempre una solución justa. Medina

Nazario, 194 DPR en la pág. 729; IG Builders, 185 DPR en la pág.

338; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que se deben

examinar al determinar si expedimos un auto de certiorari:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, establece en qué circunstancias este Tribunal

podrá expedir un auto de certiorari en el ámbito civil. El recurso de

certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias

“solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd. Además de

esto, a modo de excepción, podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias   cuando   se   recurra   de   decisiones    sobre   la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en

casos de relaciones de familia, en casos que revistan de interés
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público o en cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

                                  III.

      El descubrimiento de prueba está reglamentado por la Regla

23 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 23. Se favorece

una etapa de descubrimiento de prueba amplia y adecuada con el

fin de evitar inconvenientes, sorpresas e injusticias por ignorancia

de las cuestiones y los hechos realmente en litigio. Medina v. M.S.

&D. Química P.R., Inc., 135 DPR 718, 730 (1994).

      El descubrimiento de prueba coloca a las partes y al tribunal

en posición de: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) obtener

evidencia para ser utilizada en el juicio y así evitar sorpresas en esta

etapa de los procedimientos; (3) facilitar la búsqueda de la verdad y;

(4) perpetuar evidencia. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140,

152 (2000).

      El descubrimiento de prueba, a pesar de ser amplio y liberal,

se limita a materia pertinente y no privilegiada. Medina, 135 DPR a

las págs. 730-731; General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR

32, 38-39 (1986). La prueba pertinente que puede ser objeto de

descubrimiento es aquella donde existe “una posibilidad razonable

de relación con el asunto en controversia”. Medina, 135 DPR a la

pág. 731; General Electric, 118 DPR a la pág. 40. En ese sentido, el

concepto de pertinencia en la etapa de descubrimiento de prueba es

más amplio que el utilizado para resolver aspectos de admisibilidad

de prueba al amparo de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32

LPRA Ap. VI.; Íd.    En síntesis, prueba pertinente es aquella que

produzca o pueda producir, entre otras:          (a) prueba que sea

admisible en el juicio; (b) hechos que puedan servir para descubrir

evidencia admisible; (c) datos que puedan facilitar el desarrollo del

proceso; (d) admisiones que puedan limitar las cuestiones realmente

litigiosas entre las partes; (e) datos que puedan servir para impugnar
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la credibilidad de los testigos; (f) hechos que puedan usarse para

contrainterrogar a los testigos de la otra parte; (g) nombres de los

testigos que la parte interrogada espera utilizar en el juicio. Sierra

v. Tribunal, 81 DPR 554, 573 esc. 10 (1959). Véanse también: E.L.A.

v. Casta, 162 DPR 1, 13 (2004); Alvarado v. Alemañy, 157 DPR 672,

683 (2002), citando a García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323,

334 (2001); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,

2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 839.

       Por otro lado, en lo concerniente a materia privilegiada, se

refiere exclusivamente a los privilegios reconocidos en las Reglas de

Evidencia, 31 LPRA Ap. VI; E.L.A., 162 DPR a la pág. 9. Ante la

ausencia de un privilegio específico reconocido por dichas reglas

probatorias no procede objeción alguna a un descubrimiento de

prueba bajo ese fundamento. García Rivera et al., 153 DPR a la pág.

323, 333.

       Así pues, el descubrimiento de prueba debe ser amplio y

liberal.    No obstante, esto no significa que el ámbito del

descubrimiento de prueba sea ilimitado.       Los tribunales “tienen

amplia discreción para regular el ámbito del mismo”. Rivera y otros

v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).       “[L]os tribunales de

instancia están facultados para modificar los términos y concluir el

descubrimiento de prueba conforme a las particularidades y

circunstancias de cada caso.” Íd.; Lluch v. España Service Sta., 117

DPR 729, 742 (1986).

       A tales efectos, la Regla 23.2(b) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 23.2(b), faculta al tribunal a emitir órdenes

protectoras para evitarle a cualquier parte o persona ser objeto de

hostigamiento, perturbación u opresión, así como cualquier gasto o

molestia indebida que el descubrimiento pueda ocasionarle.

Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, 394-395 (2003); Vincenti v.
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Saldaña, 157 DPR 37, 54 (2002). Asimismo, cualquier limitación al

descubrimiento de prueba deberá hacerse de forma razonable.

      El ejercicio de discreción en materia de descubrimiento de

prueba no es revisable por los tribunales apelativos a menos que se

demuestre que el Tribunal de Primera Instancia: (1) actuó movido

por prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de

discreción; o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Trans-Oceanic

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).

                                   IV.

      Examinadas las circunstancias particulares de este caso, a la

luz de la totalidad del récord, concluimos que se justifica nuestra

intervención, pues esperar a la apelación produciría un fracaso

irremediable de la justicia. La información que el TPI ordenó se

produjera a los Deudores no es pertinente y no está bajo el control

de la Peticionaria, por lo cual erró el TPI.

      En efecto, un examen de los requerimientos y preguntas

impugnados por la Peticionaria revela que estamos ante solicitudes

carentes   de   pertinencia   y,   además,     excesivamente   amplias.

Adviértase que se trata de información ajena al trámite del préstamo

objeto de la Demanda; en vez, se solicita información general sobre

ciertas políticas operacionales. No obstante, ni ante el TPI, ni ante

este Tribunal, los Deudores han intentado explicar, con un mínimo

de coherencia, cómo esta información podría ser pertinente al

asunto que el TPI tendrá que adjudicar.

      En efecto, el TPI le ordenó a la Peticionaria proveer: copia de

toda comunicación relacionada con balloon riders; copia de toda

documentación relacionada con otros deudores de Doral que

“siguieron pagando” ciertos préstamos y les “devolvieron el dinero”;

todas las personas involucradas en la venta de pagarés y la función

de cada una; acceso al expediente del “sistema de contabilidad”;
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todas las comunicaciones relacionadas con ballon riders en

préstamos comerciales, incluido cualquier memorando interno; toda

documentación generada en torno a las normas de refinanciamiento

de préstamos con balloon riders; y todas las reclamaciones judiciales

desde el 2011 en adelante presentadas por Doral, Popular o

Condado 3 relacionadas con “ejecuciones de préstamos” con balloon

riders.

      De lo anterior surge claramente que se pretende el

descubrimiento de información ajena al trámite del préstamo objeto

de este caso, sin que se explique por qué lo solicitado podría tener

pertinencia en el mismo. Peor aún, por sus propios términos, la

información estaría en manos de terceros, algunos de los cuales ya

no existen. Aunque la Peticionaria, al comprar el préstamo, tiene la

obligación de procurar y producir el expediente del mismo, ello ya

ocurrió aquí. Lo que no tiene la Peticionaria es la obligación de

obtener información general y operacional de entidades ajenas, ni

información sobre los préstamos de otros deudores con quien la

Peticionaria no tiene relación. Debe recordarse que existen otros

mecanismos para que se descubra prueba de terceros ajenos al

pleito. Véase, García Rivera v Enríquez Marín, 153 DPR 323 (2001).

                                 V.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el

auto de certiorari solicitado y se revoca el dictamen recurrido. Se

devuelve el caso al TPI para procedimientos ulteriores compatibles

con lo aquí resuelto y consignado.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones