Court Opinion

ID: 9952220
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:29:57.511811+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:13.628226
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

    Josué Ortiz Colón                                  REVISIÓN
                                                       ADMINISTRATIVA
                                                       procedente del
       Recurrente                                      Departamento de
                                                       Corrección y
            vs.                KLRA202400073           Rehabilitación

    Departamento de                                    Sol. de Remedios,
      Corrección y                                     Núm.:
     Rehabilitación                                    ICG-1732-2023

         Recurrida                                     Sobre: Respuesta a
                                                       Sol. de Remedios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos el señor Josué Ortiz Colón (en adelante

el Sr. Ortiz Colón o parte recurrente), quien presenta recurso de

revisión judicial con el fin de que se revoque la “Respuesta al

Miembro de la Población Correccional”, emitida el 4 de diciembre

de 2023, por la División de Remedios Administrativos del

Departamento de Corrección y Rehabilitación, del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico (en lo sucesivo División de Remedios

Administrativos o parte recurrida), número de solicitud ICG-1732-

2023.1

       El Sr. Ortiz Colón, a su vez, presentó ante nuestra

consideración la “Solicitud y Declaración para que se Exima de

Pago de Arancel por Razón de Indigencia”, formulario OAT 1480,

con el fin de que se le permita comparecer a este Tribunal in forma

1
 La determinación fue recibida por el Sr. Ortiz Colón el 21 de diciembre de
2023.

Número Identificador

SEN2024 ___________
KLRA202400073                                                                    2

pauperis. Ésta, por la condición de confinado de la parte

recurrente, se declara “Ha Lugar”.

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

confirma la determinación recurrida, por los fundamentos que

expondremos a continuación.

                                               -I-

        El Sr. Ortiz Colón, se encuentra sumariado en la Institución

Correccional Guerrero del término municipal de Aguadilla, a razón

de la Sentencia dictada en los casos número CVI1999G0079 y

CVI1999G0080.

        En lo que nos compete atender, el 1ro de noviembre de 2023,

el Sr. Ortiz Colón presentó ante la División de Remedios

Administrativos, una “Solicitud de Remedio Administrativo”, bajo el

número de solicitud ICG-1732-2023.2 En ésta, requirió se le

realizara un referido para recibir una evaluación psicológica

actualizada.       En cuanto a la evaluación, el Sr. Ortiz Colón la

describió como, un requisito necesario para que la Junta de

Libertad       Bajo       Palabra         pudiese     atender      su   expediente

adecuadamente.

        Surge     de      la   “Hoja      de     Control   sobre   Liquidación   de

Sentencias”,3 fechada el 15 de marzo de 2023, que la fecha en que

la parte recurrente alcanza el término mínimo lo es el 16 de agosto

de 2024.

        La solicitud fue atendida el 4 de diciembre de 2023, por la

parte recurrida mediante una “Respuesta al Miembro de la

Población Correccional”.4                En ésta el Sr. Carlos Vélez, Técnico

Socio Penal, informó que, para ordenar el referido a la evaluación

psicológica, era necesario una orden a esos efectos de la Junta de

2 Anejo V del Apéndice
3 Página 9 del Apéndice
4 Anejo VIII, págs. 15-16 del Apéndice
KLRA202400073                                                                           3

Libertad Bajo Palabra.             La determinación fue recibida por el Sr.

Ortiz Colón el 21 de diciembre de 2023.

        Inconforme, el 9 de enero de 2024, la parte recurrente,

presentó ante la División de Remedios Administrativos una

“Solicitud de Reconsideración”.5

        El   29     de     enero    de    2024,      la   División      de    Remedios

Administrativos emitió una “Respuesta de Reconsideración al

Miembro de la Población Correccional”,6 en la cual denegó la

reconsideración del Sr. Ortiz Colón, y aclaró que el Departamento

de Corrección y Rehabilitación tiene proyectado hacer el Informe a

la Junta de Libertad Bajo Palabra, para el mes de marzo de 2024.

Asimismo, la División de Remedios Administrativos arguyó que,

próximamente entrevistarían al Sr. Ortiz Colón, para que éste

retome las terapias psicológicas.

        Aún inconforme con la determinación el Sr. Ortiz Colón, ha

recurrido a este Tribunal con el planteamiento de que el

Departamento          de    Corrección        y    Rehabilitación        cometió       los

siguientes errores:

        Primer Error:    Erró el D.C.R. al no basar su
        determinación en evidencia sustancial, erró en la
        aplicación e interpretación de las leyes y los
        reglamentos que se le ha encomendado administrar,
        lesionando así los derechos fundamentales del
        recurrente, al actuar así, arbitraria, caprichosa,
        irrazonable e ilegalmente habiendo emitido una
        determinación carente de base racional y contraria a
        derecho.
        Segundo Error: Erró D.C.R. al no referir al Recurrente
        para que este sea evaluado y se le realice una
        Evaluación Psicológica Actualizada conforme al Manual
        para la clasificación de los confinados núm. 9151 de;
        22 de enero de 2020, Parte I, Parte IV, letra A, inciso 1 y
        2; y conforme al Plan de Reorganización del D. C. R. del
        2011, Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según
        enmendado Art. 3 Letra w, Art. 5 Letra d, Art. 7, letra 2,
        entre otros.

5 Véase Anejo IX
6 Esta determinación fue notificada a la parte recurrente el 1ro de febrero de 2024.
KLRA202400073                                                             4

        Tercer Error: Erró el D.C.R. al no realizar el referido en
        cuestión ignorando así que su actuación supone un
        grave perjuicio para el recurrente, en tanto interrumpió
        el proceso de rehabilitación emprendido por este
        proceso que constituye la meta principal del sistema
        penal según la carta magna.

                                   -II-

                                   -A-

        La revisión judicial de las decisiones administrativas está

extensamente      regulada   por   el     Capítulo   IV   de   la   Ley   de

Procedimientos Administrativos Uniformes del Gobierno de Puerto

Rico, según enmendada, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601-

9713 (en adelante LPAU). Específicamente, la Sección 4.1 de la

LPAU establece que las órdenes, resoluciones y providencias

adjudicativas    finales   dictadas     por   agencias    o    funcionarios

administrativos serán revisadas por este Tribunal. 3 LPRA sec.

9671.

        Ahora bien, el alcance de la revisión judicial a las

determinaciones emitidas por las Agencias administrativas será

uno limitado.     Ello, pues a tenor con la Sección 4.5 de la LPAU

“[la]s determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias

serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia

sustancial que obra en el expediente administrativo”. 3 LPRA sec.

9675. A su vez, este recurso sólo estará disponible para las

decisiones, órdenes y resoluciones administrativas finales. 3 LPRA

sec. 9676.

        Es norma reiterada que, las decisiones de los organismos

administrativos merecen una gran deferencia judicial. Otero v.

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).           El criterio rector, que deben

emplear los foros judiciales al analizar estas determinaciones, lo

será la razonabilidad de la actuación de la agencia. Graciani

Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019).
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      En particular nuestro más alto Foro dispuso que, los

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de

hechos si éstos se basan en evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo, el cual deberá ser considerado en su

totalidad.     Señala el Tribunal Supremo que, la “evidencia

sustancial” es, “aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”. Otero v. Toyota, supra, a las págs. 727-728.

      Por otro lado, toda determinación administrativa está

cobijada     por   una   presunción     de   regularidad   y   corrección.

Hernández, Álvarez, v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006). Por

ende, la revisión judicial de este tipo de decisiones se circunscribe

a determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o

tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción.

Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729; Ramón Pacheco v. Estancias

de Yauco, 160 DPR 409,432 (2003); Franco v. Depto. de Educación,

148 DPR 703, 709 (1999); Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263,

280 (1999).

      No podemos olvidar que las agencias, contrario a los

tribunales, cuentan con conocimientos altamente especializados

acerca de los asuntos que les son encomendados por el legislador.

Hernández, Álvarez, v. Centro Unido, supra, a las págs. 615–616

                                  -B-

      El mecanismo de Solicitud de Remedios de los miembros de

la población correccional será atendido de conformidad con el

“Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios Administrativos

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional del

Departamento de Corrección y Rehabilitación”, Reglamento Núm.

8583, (en adelante Reglamento de Remedios), aprobado el 4 de

mayo de 2015.
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      Surge de la Regla VI del referido Reglamento de Remedios,

supra, a la pág. 13, que la División de Remedios Administrativos

donde se encuentre sumariado el confinado, tendrá jurisdicción

para atender toda solicitud de remedio radicada. Lo anterior,

condicionado a que lo solicitado esté directa o indirectamente a,

entre otras cosas, actos incidentes que afecten personalmente al

miembro en su bienestar físico, mental o en su plan institucional.

                                -C-

      La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Art. VI,

establece como política pública referente al sistema correccional

que, el Estado habrá de: “…reglamentar las instituciones penales

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender,

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.

Const. PR, art. VI, sec. 19.

      A tono con lo anterior, mediante el Plan de Reorganización

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan 2-

2011, 3 LPRA, Ap. XVIII, Arts. 1-92, según enmendado, (en lo

sucesivo Plan de Reorganización), la Asamblea Legislativa decretó

como política pública del Gobierno de Puerto Rico la creación de

un Sistema Integrado de Seguridad y Administración Correccional.

      Surge del Art. 7 del referido Plan de Reorganización, 3 LPRA,

Ap. XVIII, Art. 7, que dentro de las facultades, custodias y deberes

del Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación se

encuentra el,

                                (…)

      y) administrar los servicios que requieren los miembros
         de la población correccional en los programas de
         supervisión electrónica, restricción terapéutica,
         restricción domiciliaria o bajo las medidas de
         seguridad y en libertad bajo palabra que estén bajo
         la custodia y supervisión del Departamento,
         tomando     en    consideración,      además,    las
         condiciones impuestas por la Junta de Libertad
         Bajo Palabra o los términos de la sentencia o
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         medidas de seguridad impuestas por el Tribunal,
         según sea el caso;
       z) hacer las evaluaciones, investigaciones y rendir los
         informes necesarios sobre la conducta del miembro
         de la población correccional y los transgresores;
         emitir opiniones sobre la imposición de fianzas y
         mantener una coordinación efectiva con la
         Junta de Libertad Bajo Palabra o el Tribunal, Íd.
         (Énfasis Nuestro)

                                  -D-

      La Junta de Libertad Bajo Palabra (en adelante Junta), es un

organismo       adscrito   al   Departamento    de   Corrección   y

Rehabilitación, creado al amparo de la Ley de la Junta de Libertad

Bajo Palabra, Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, según

enmendada, 4 LPRA, sec. 1501-1516.        Ésta concede a la Junta

discreción para, decretar la libertad bajo palabra de cualquier

persona recluida en las instituciones penales de nuestro país. Para

el adecuado ejercicio de tal discreción, la Junta promulga

reglamentos que establecen el marco de criterios para conceder o

denegar privilegios.

      La Junta promulgó el “Reglamento de la Junta de Libertad

Bajo Palabra”, Reglamento Núm. 9232, aprobado el 18 de

noviembre de 2020. La Sección 9.2 del Reglamento de la Junta,

supra, expone que, para que la Junta adquiera jurisdicción y pueda

conceder los remedios de libertad bajo palabra, los funcionarios del

Departamento de Corrección y Rehabilitación deberán realizar un

referido en el formulario oficial publicado por dicho organismo a

esos efectos.

      Lo anterior, condicionado a que el referido se haga en un

periodo no menor de 90 días calendarios, antes de que el

peticionario cumpla el término mínimo de reclusión requerido.

Véase la Sección 9.2 (B) del Reglamento de la Junta, supra.

      En la misma línea, la Sección 10.2 del Reglamento de la

Junta, supra, inciso 12, a la pág. 60, dispone que, el Departamento

de Corrección y Rehabilitación deberá remitir a la Junta, entre
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otras cosas, una evaluación médica, psicológica y/o psiquiátrica.7

Añade el texto de la Sección que,

        a. La Junta podrá requerir la evaluación médica,
           psicológica o psiquiátrica del Negociado de
           Rehabilitación    y    Tratamiento    o   de    Salud
           Correccional, o entidad análoga debidamente
           acreditada por el Estado, en aquellos casos en que
           la persona se encuentre cumpliendo sentencia por
           delitos contra la vida y/o delitos sexuales, conforme
           al estado de derecho vigente a la fecha en que fue
           sentenciado, o en cualquier otro caso en que la Junta
           lo considere necesario.
        b. Estos informes tendrán vigencia de tres (3) años
           desde la evaluación.
        c. La Junta en su discreción podrá requerir otra
           evaluación, aunque tenga una vigente. Íd.

        Nótese que, de la precitada Sección, no surge que la

evaluación psicológica actualizada sea un requisito indispensable o

incluso necesario, para la consideración del referido del confinado.

Por el contrario, el Reglamento de la Junta expone un mandato

limitado a que los funcionarios del Departamento de Corrección y

Rehabilitación entreguen una serie de documentos, que obren en el

expediente del confinado.

        Además, el texto esbozado del Reglamento de la Junta faculta

de discreción a tal organismo, para requerir una evaluación médica,

psicológica y/o psiquiátrica aun teniendo una de estas evaluaciones

vigentes al momento de considerar el caso. En esa misma línea, el

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de analizar el concepto y

definición de discreción en el caso de Ramírez v. Policía de P.R., 158

DPR 320, 340 (2002). En lo particular detalló que,

        “[l]a discreción, naturalmente, significa, tener poder
        para decidir de una u otra forma, esto es, para escoger
        entre uno o varios cursos de acción”. No obstante, en el
        ámbito judicial dicho concepto no es una carta abierta
        para actuar de una forma u otra haciendo abstracción
        del derecho. Razón por la cual reiteradamente hemos
        expresado que la “discreción es, pues, una forma de
        razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para
        llegar a una conclusión justiciera”. Su ejercicio está
        inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la
        razonabilidad. Íd.

7 Véase el acápite 12 del Reglamento de la Junta, supra.
KLRA202400073                                                           9

                                             -III-

          Según reseñado el Sr. Ortiz Colón, recurre ante este Tribunal

en revisión judicial por entender que la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación

erró      al emitir       la “Respuesta al miembro de la población

correccional”.8         Sin embargo, no es la apreciación de este Tribunal

que se hayan cometido dichos errores.

          Por estar íntimamente relacionados los errores planteados en

el Recurso ante nos, procederemos a discutirlos conjuntamente.

          El Sr. Ortiz Colón solicitó, en varias ocasiones, un referido

para ser evaluado por un psicólogo o psicóloga de la parte

recurrida.        Esto con el fin de recibir una Evaluación Psicológica

actualizada. Es la posición de la parte recurrente que la

Evaluación Psicológica actualizada es un criterio o requisito

necesario para que la Junta de Libertad Bajo Palabra considere

adecuadamente su caso y conceda el privilegio de la libertad bajo

palabra. No le asiste la razón.

          Según esbozado la Sección 9.2 del Reglamento de la Junta,

supra, dispone que el Departamento de Corrección y Rehabilitación

referirá los casos, con no menos de 90 días antes de que el

peticionario cumpla con el término mínimo de reclusión requerido,

para que la Junta adquiera jurisdicción. Es decir, en el caso de la

parte recurrente, quien tiene un término mínimo que cumplir

hasta agosto 2024, la parte recurrida deberá realizar el referido no

luego del 16 de marzo de este mismo año.

          Asimismo, se desprende del inciso 12 de la Sección 10.2 del

Reglamento de la Junta, supra, que, al momento de referir un

caso, el Departamento de Corrección y Rehabilitación viene

llamado a entregar a la Junta de Libertad Bajo Palabra una serie

de documentos que obren en el expediente del confinado.

8
    Anejo VIII, págs. 15 y 16 del Apéndice
KLRA202400073                                                       10

Específicamente, requiere que acompañe el referido con una

evaluación médica, psicológica y/o psiquiátrica. Ello con la

salvedad que, la Junta tiene la discreción de requerir otra

evaluación médica, psicológica y psiquiátrica en aquellos casos que

lo considere necesario. Lo anterior, aun teniendo una evaluación

vigente.

      Como vemos, el claro texto del Reglamento de la Junta no

constituye   un   mandato    al   Departamento    de   Corrección   y

Rehabilitación, para que ordene evaluaciones médicas, psicológicas

y psiquiátricas, con cercanía a la fecha del referido a la Junta de

Libertad Bajo Palabra. Por el contrario, el precitado texto del

Reglamento resalta la facultad discrecional que tiene la Junta de

Libertad Bajo Palabra, para solicitar documentos adicionales o más

recientes a los que obran en el expediente del confinado.

      Finalmente, contrario a lo expuesto por el Sr. Ortiz Colón, no

surge del Reglamento de la Junta, supra, que la no presentación

de una evaluación psicológica vigente resulte en una denegación

automática de los privilegios de libertad bajo palabra.

                                  -IV-

      Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar

parte de este dictamen, confirmamos la determinación emitida el 4

de diciembre de 2023, División de Remedios Administrativos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones