Court Opinion

ID: 9890313
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:14:24.771656+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:17.063224
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                                            PANEL VII

                 NICOLE ALEXA                                  Certiorari
                NORIEGA OJEDA                                  procedente del
                                                               Tribunal de Primera
                   Peticionaria                                Instancia, Sala de
                                                               Mayagüez
                          V.
                                                               Caso Núm.:
                                           KLCE202300974
                XAVIER J. SURIS                                MZ2022RF00453
                   CANCEL                                      (302)

                       Recurrido                               Sobre:
                                                               ALIMENTOS –
                                                               MENORES DE EDAD
                                                               Y OTROS
            Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
            Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

            Grana Martínez, Jueza Ponente

                                             SENTENCIA

            En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

                   La señora Nicole Alexa Noriega Ojeda (en “adelante, la

            peticionaria”), nos solicita que expidamos el auto de certiorari

            presentado y revoquemos una determinación en la que la Sala de

            Mayagüez del Tribunal de Primera Instancia, decidió culminar todo

            descubrimiento         de   prueba   con    relación   a   las   circunstancias

            económicas de Xavier J. Suris Cancel (en adelante, “el recurrido”),

            toda vez que, éste aceptó tener capacidad económica para satisfacer

            las necesidades alimentarias del hijo que tiene en común con la

            peticionaria. La determinación recurrida fue dictada el 1 de agosto de

            2023 y debidamente notificada a las partes el 4 de agosto del mismo

            año. Veamos los hechos pertinentes de la controversia ante nos.

                                                   I.

                   El 1 de agosto de 2022, la peticionaria presentó la demanda de

            epígrafe. En lo atinente expresó, que mantuvo con el recurrido una

            relación afectiva análoga a la conyugal. De la referida relación, el 13

            de noviembre de 2020, nació el menor K.A.S.N. Al culminar su

            convivencia con el recurrido, la peticionaria entendió procedente la

Número Identificador

SEN2023________________
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intervención judicial para establecer la custodia, patria potestad y

alimentos de K.A.S.N. Así pues, mediante sus alegaciones, solicitó

tanto la custodia exclusiva como la privación de la patria potestad del

recurrido en relación con el menor. Ambas solicitudes, según adujo,

por alegados actos de violencia doméstica cometidos por el recurrido.

De igual modo, peticionó al foro primario que fijara una cuantía de

alimentos, en favor de K.A.S.N., a ser satisfecha por el recurrido.

Asimismo, suplicó al foro de instancia que refiriera el caso a la Unidad

de Relaciones de Familia para un informe social y forense y a la

Examinadora de Pensiones Alimentarias (en adelante “EPA”). Cabe

señalar, que esta es la primera vez que se solicita una fijación de

pensión alimentaria para el menor K.A.S.N. Antes de esta fecha, solo

se había fijado una pensión provisional, durante un caso de Orden de

Protección, consistente en la cantidad de ciento veinticinco dólares

($125.00).

      El 30 de agosto de 2022, el recurrido presentó escrito intitulado

Contestación a Demanda, Defensas Afirmativas, Reconvención y

Solicitud de Custodia Compartida. En su escrito, aceptó la petición de

alimentos en favor del menor, por el derecho que le asiste a éste como

alimentista. Además, solicitó al foro de origen, que estableciera una

custodia compartida o en la alternativa la fijación de relaciones

paternofiliales. A la luz de ello, peticionó que se realizara una

investigación   social   pericial-forense,   mediante   la   Unidad    de

Relaciones de Familia para dirimir el tema de la custodia del menor.

      Luego de varias incidencias procesales, que no son necesarias

de pormenorizar, el 14 de diciembre de 2022, las partes llevaron a

cabo una “Estipulación de Pensión Alimentaria” ante la EPA. El

referido acuerdo se otorgó, a los fines de establecer una pensión

alimentaria provisional en favor del menor K.A.S.N. El pago mensual

estipulado consistió en la cantidad de doscientos dólares ($200.00).

Su fecha de efectividad se pactó para el 1 de diciembre de 2022.
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      Durante el trámite procesal del caso ante nos, existieron

algunas controversias en torno al descubrimiento de prueba. Luego de

algunas prórrogas concedidas por el foro recurrido y conversaciones

entre las partes de epígrafe, el 17 de enero de 2023, la peticionaria

entregó su Planilla de Información Personal y Económica. El 23 de

enero de 2023, el recurrido presentó la respectiva planilla. Sin

embargo, la peticionaria prosiguió con su descubrimiento de prueba y

a esos efectos solicitó estados de cuentas bancarias del recurrido. Así

las cosas, el 19 de mayo de 2023, el recurrido presentó Moción en

Declaración de Capacidad Económica. Mediante dicha moción, admitió

tener capacidad económica para sufragar los gastos necesarios del

menor K.A.S.N. A tenor con ello, alegó que resulta innecesaria la

solicitud de descubrimiento de prueba de la peticionaria, toda vez

que, su aceptación de capacidad económica le eximía de presentar

evidencia en cuanto a sus ingresos. Por tanto, según adujo, solo

restaba por dilucidar las necesidades económicas del menor y los

gastos declarados en la Planilla de Información Personal y Económica

de la peticionaria.

      En esa misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia se

expresó por medio de una Orden, mediante la cual, se dio por

enterado de la aceptación de capacidad económica del recurrido y, en

consecuencia, detuvo todo descubrimiento de prueba relacionado al

asunto en cuestión. En oposición, el 28 de mayo de 2023, la

peticionaria presentó un documento intitulado Escrito Solicitando

Vista y Protección a Derechos Constitucionales. A través de este, adujo

que la orden emitida por el foro de origen le había violado su derecho

a un debido proceso de ley. Ello, al no brindarle la oportunidad de

expresarse y oponerse al escrito del recurrido, antes de que se diera

por culminado el descubrimiento de prueba. El 1 de junio de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden, la cual fue notificada

el 2 de junio de 2023, mediante la cual expresó el haber adjudicado la
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controversia   en   cuestión   y,    en   consecuencia,   mantuvo   su

determinación inicial.

      Inconforme, el 20 de junio de 2023, la peticionaria presentó

escrito en reconsideración. Así pues, el 1 de agosto de 2023, el

tribunal primario dictó una Resolución, la cual fue notificada el 4 de

agosto de 2023. Mediante la misma, el tribunal de instancia

determinó que no procedía la divulgación de ingresos del recurrido,

por este haber aceptado capacidad económica; se limitó a expresar,

que solo resta que el recurrido cubra el cien por ciento (100%) de los

gastos necesarios del menor, bajo una suma justa y razonable de

pensión alimentaria. En consecuencia, se circunscribió a declarar

improcedente todo descubrimiento de prueba.

      Aun inconforme, el 5 de septiembre de 2023, la peticionaria

instó el recurso de epígrafe, y a través de este colocó el siguiente

señalamiento de error:

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE
      DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DE LA PETICIONARIA
      PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1 DE
      AGOSTO DE 202[2]. HASTA EL 19 DE MAYO DE 2023,
      FECHA EN QUE SE HIZO ACEPTACIÓN DE CAPACIDAD
      ECONÓMICA. LO ANTERIOR EN PERJUICIO DEL
      INTERÉS ÓPTIMO DEL MENOR, ACREEDOR DE LA
      PENSIÓN ALIMENTARIA Y EN CONTRAVERCIÓN DE LA
      POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO.

                                    II.

                                    A.

      El recurso de certiorari está regulado por nuestro ordenamiento

procesal civil. Así pues, en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, se dispone como regla general, que el referido

auto solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u orden

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. A manera de excepción, este Tribunal, ante un recurso de

certiorari, podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias que

versen sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
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esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos que revistan interés

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      En lo relacionado al auto de certiorari, es sabido, que se define

como un vehículo procesal que permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las decisiones de un tribunal inferior. 32 LPRA sec.

3491; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders

et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A su vez, posibilita atender

determinaciones, mayormente interlocutorias, que no son finales del

foro de origen. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 106

(2015). En esencia, este mecanismo procesal permite al foro revisor

corregir algún error cometido por el tribunal de menor jerarquía.

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).

El referido recurso es uno de carácter discrecional. Esta discreción,

ha   sido   definida   jurisprudencialmente    “como    una      forma   de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera.” Negrón v. Srio de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001).

      Cabe señalar, que el auto de certiorari está delimitado por la

Regla 40 de este Tribunal. Mediante la misma, se establecen una serie

de criterios que ayudan a dirigir el juicio de este Foro en la decisión

de   expedir   o   denegar    el   auto   solicitado.   Dichos    criterios

reglamentarios son los siguientes:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.
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      D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
      una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 40.

      El delimitar la revisión judicial a los parámetros de la Regla 40,

supra, contribuye a no caer en una dilación innecesaria de los

procedimientos. Particularmente, se evita revisar controversias que

pudieran esperar a ser esbozadas en un recurso apelativo. Scotiabank

v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486 (2019). En cuanto a la facultad

discrecional de denegar o expedir el auto solicitado, el tribunal, de

forma comedida, puede inclinarse a expedir el recurso y adjudicarlo

en sus méritos. Al tomar la referida decisión, el foro revisor asume

jurisdicción sobre el asunto expuesto ante su consideración. Así pues,

revisa e interviene con las decisiones del foro recurrido, para

auscultar que estas sean justas y conforme a la normativa aplicable.

Negrón v. Srio. de Justicia, supra.

                                      B.

      En nuestra jurisdicción, los casos de alimentos están revestidos

del más alto interés público. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR

706, 717 (2022). A través del referido interés, se pretende velar por el

mejor bienestar del menor, el cual forma una parte vital de la política

pública del Gobierno de Puerto Rico.1 De León Ramos v. Navarro

Acevedo, 195 DPR 157, 169 (2016). Además, es preciso destacar que

el derecho de alimentos de los menores emana del Derecho a la Vida

1Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30

de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 502.
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consagrado en la Constitución de Puerto Rico. Chévere v. Levis, 150

DPR 525, 534 (2000). En virtud de dicho derecho fundamental, los

progenitores están obligados a proveer alimentos a sus hijos menores.

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 711 (2014).

      En nuestro ordenamiento jurídico se ha dispuesto que el

concepto de alimentos se extiende a todo lo relacionado al sustento

del alimentista. Ello, incluye la habitación, el vestido, asistencia

médica y la educación e intrusión, según la posición social de la

familia. 8 LPRA sec. 501(7); Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa,

187 DPR 550, 560 (2012). Al tomar en consideración lo anterior, la

cuantía a fijarse en concepto de alimentos será proporcional con

relación a los recursos que tiene el alimentante y a las necesidades

del alimentista. Asimismo, dicha cuantía aumentará o disminuirá en

armonía a los cambios que acontezcan tanto en las circunstancias del

alimentante como del alimentista. De León Ramos v. Navarro Acevedo,

supra, pág. 171. Cabe señalar, que los alimentos serán exigibles

desde la fecha en que surge la necesidad, pero no serán abonados

sino desde la presentación de la petición en solicitud de pago de

alimentos. 8 LPRA sec. 518; Pesquera Fuentes v. Colón Medina, 202

DPR 93, 104 (2019).

      El referido principio de proporcionalidad también incide en el

deber de prorratear la satisfacción de alimentos entre ambos

progenitores. De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 173. De

igual modo y como norma general, el cómputo de los aludidos

alimentos se llevará a cabo mediante unas “Guías Mandatorias para

Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico,” (en adelante,

“Guías”). 8 LPRA sec. 518. Ahora bien, estas Guías surgen bajo los

fines de implementarse en los casos en que alguno de los progenitores

no responda a sus obligaciones alimentarias o exista disputa sobre la

cantidad a aportar por el progenitor no custodio. Íd, pág. 176. Así

pues, en las controversias que haya negativa de cumplir con la
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obligación que ostenta cada progenitor para con su hijo o exista falta

de consenso sobre el monto específico a satisfacerse en concepto de

pensión alimentaria, es que se activa el descubrimiento de prueba

relacionado a los ingresos de los progenitores, para de esta forma

determinar la suficiencia de pago del alimentante. Santiago, Maisonet

v. Maisonet Correa, supra, pág. 565. Empero, hay casos en los que no

son de aplicabilidad las Guías, para lograr establecer un cómputo de

pensiones alimentarias. Particularmente, se eximen del referido

cálculo, por ser innecesario, las controversias en que el alimentante

acepte capacidad económica. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra,

pág. 719.

      Cuando un alimentante acepta capacidad económica está, por

medio de ello, admitiendo que cuenta con los medios necesarios y

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de sus hijos

menores. De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 173. Es

meritorio destacar, que la aceptación de capacidad económica es una

decisión voluntaria del alimentante, a través de la cual se compromete

a cubrir todos los gastos necesarios que en su día se fijen como parte

de una pensión de alimentos. Íd, pág. 176. Mediante esta asunción de

responsabilidad, el progenitor alimentante promueve el interés púbico

del mejor bienestar de los menores, y agiliza el procedimiento para

establecer una pensión alimentaria. Santiago, Maisonet v. Maisonet

Correa, supra, pág. 565; Chévere v. Levis, supra, pág. 544. En

consecuencia, el aceptar capacidad económica, torna inmeritorio el

descubrimiento de prueba y protege la información patrimonial del

progenitor aceptante. De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág.

174. “Esta limitación se extiende a todo descubrimiento de prueba del

alimentante,   incluyendo   su   estilo   de   vida,   por   entenderse

[innecesario].” Íd, a las págs. 174-175. Una vez el alimentante expresa

tal aceptación de capacidad económica, deberá pagar la totalidad de

la pensión alimentaria que supla las necesidades de su hijo. Díaz
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Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 719. Además, no podrá

impugnar, alegando falta de capacidad económica, la pensión que se

establezca en torno a las necesidades del menor. Santiago, Maisonet v.

Maisonet Correa, supra, pág. 565. De igual modo, ante la referida

aceptación, solo resta por fijar el monto de la pensión, en atención

exclusiva a las necesidades del alimentista.

      Para el logro de ello, le corresponde al progenitor custodio

evidenciar los gastos razonables del menor. De León Ramos v. Navarro

Acevedo, supra, pág. 175. Entiéndase, “solo restaría determinar las

necesidades del menor y la capacidad económica de la madre [o

progenitor no aceptante de capacidad económica], para fijar la cuantía

a la que se está obligado a pagar en concepto de alimentos.” Santiago,

Maisonet v. Maisonet Correa, supra, a la pág. 566, citando a Ferrer v.

González, 162 DPR 172, 181 (2004). Al presentarse tal evidencia por

el progenitor no aceptante de capacidad económica, el tribunal

procederá a determinar “la suma justa y razonable en concepto de

pensión alimentaria”. Íd, a la pág. 565. Estos alimentos serán

abonados desde la fecha en que se presentó la correspondiente

solicitud de pago de alimentos. Pesquera Fuentes v. Colón Medina,

supra, a la pág. 104.

                                        III.

      En    el    caso      ante    nuestra    consideración,   la   peticionaria

argumenta        que   el    foro   recurrido    incidió   al   no   permitir       el

descubrimiento de prueba para el periodo de tiempo anterior a la

aceptación de capacidad económica del recurrido. A la luz de ello, la

peticionaria menciona que erró el foro de instancia al no permitir el

descubrimiento de prueba, específicamente, para el periodo que

comprende desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 19 de mayo de 2023.

      En el quehacer de su discreción, el Tribunal de Primera

Instancia, en esta primera solicitud de alimentos no provisionales, se

limitó a aceptar la alegación de capacidad económica del recurrido y,
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en consecuencia, declarar improcedente el descubrimiento de prueba

en relación con los ingresos del recurrido, según lo requiere la

doctrina jurídica para este tipo de casos. No obstante, el foro primario

no entró a dilucidar el aspecto prospectivo o retroactivo de la

aceptación de capacidad económica, tal cual se plantea en el error

señalado por la peticionaria. Ante tal dictamen del tribunal de origen,

solo resta que la peticionaria presente evidencia sobre los gastos

razonables del menor, para así establecer la cuantía que debe

satisfacer el recurrido en concepto de pensión alimentaria. Es preciso

destacar que, conforme a la doctrina previamente esbozada, el

recurrido debe pagar el cien por ciento (100%) de los gastos

razonables del menor, de acuerdo con la evidencia de las necesidades

del referido alimentista. Ello, no requiere descubrir prueba sobre los

ingresos del recurrido, toda vez que, la referida aceptación de

capacidad económica representa un acto voluntario, el cual nuestro

marco jurídico favorece por ser este cónsono al interés óptimo del

menor.

      De otra parte, se hace meritorio aclarar que, distinto al

precedente establecido en Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, el

caso de epígrafe no versa sobre una adjudicación final y firme de

pensión alimentaria. Por el contrario, el caso de autos se basa en un

trámite inicial de adjudicación de pensión alimentaria, en el cual solo

existe una pensión establecida de forma provisional. Por tanto, la

capacidad económica del alimentante no representa un cambio en las

circunstancias de progenitor que amerite comenzar un proceso de

revisión, a partir de la aceptación de capacidad económica y aparte

del proceso previamente iniciado y adjudicado, tal cual pasó en el

caso de Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, toda vez que, en la

controversia ante nuestra consideración, ni siquiera se ha establecido

un cómputo de pensión alimentaria que no sea provisional. Por tanto,

el no existir una fijación de pensión alimentaria acorde con las
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Planillas de Información Personal y Económica presentadas por las

partes, reitera la realidad fáctica de que nos encontramos ante una

adjudicación inicial de pensión alimentaria, en la que la aceptación de

capacidad económica detiene todo descubrimiento de prueba en

relación con los ingresos del alimentante.

      De igual modo, entendemos que la determinación recurrida es

conforme a la normativa jurídica establecida para este tipo de

controversias, dado que el descubrimiento de prueba para estos casos

se enmarca en las instancias en que un progenitor se niega a

satisfacer los gastos del alimentista o existe disputa en cuanto a la

cuantía a pagar en concepto de alimentos. No existiendo tal negativa

por parte del recurrido, ni la existencia de una pensión alimentaria

sobre la cual no haya consenso entre las partes, procede confirmar al

foro primario en su determinación.

                                  IV.

      Por los fundamentos esbozados, se expide el auto de certiorari

presentado y se confirma la resolución recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones