Court Opinion

ID: 9928615
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:29:55.026398+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:24.821844
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                                            PANEL VII

                 GP STRATEGIES                            Certiorari
                 CORPORATION                              procedente del
                                                          Tribunal de Primera
                       Recurrido                          Instancia, Sala
                                                          Superior de Arecibo
                          V.
                                                      Caso Núm.:
                MUNICIPIO DE                          AR2022CV00708
              MOROVIS Y CARMEN          KLCE202301196 (404)
                 MALDONADO
               GONZÁLEZ EN SU                             Sobre:
                CAPACIDAD DE                              COBRO DE DINERO;
               ALCALDESA DEL                              INCUMPLIMIENTO DE
                MUNICIPIO DE                              CONTRATO; DAÑOS
                  MOROVIS                                 CONTRACTUALES

                   Peticionaria
            Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
            Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

            Grana Martínez, Jueza Ponente

                                          SENTENCIA

            En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

                   El peticionario, Municipio de Morovis, solicita que revisemos la

            denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a desestimar la

            demanda en su contra.

                   La recurrida, GP Strategies Corporation, presentó su oposición

            al recurso.

                   Los hechos esenciales para comprender la determinación que

            hoy alcanzamos se incluyen a continuación.

                                                   I.

                   El 25 de abril de 2022, la recurrida presentó una demanda por

            cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y solicitó la

            expedición de emplazamientos y la fijación de fianza de no residente.

                   El 26 de abril de 2022, el TPI expidió los emplazamientos, se dio

            por enterado de la Solicitud de Fijación de Fianza de No Residente e

            informó que dispondría oportunamente.

Número Identificador

SEN2023________________
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        El 24 de enero de 2023, la representación legal de la recurrida

presentó una moción de renuncia. El 25 de enero de 2023, el TPI

autorizó la renuncia y le concedió 45 días para comparecer con nueva

representación legal.

        El 9 de marzo de 2023, la nueva representación legal de la

recurrida cumplió con lo ordenado, presentó una solicitud de

demanda enmendada y la expedición de emplazamientos. El 10 de

marzo de 2023, el TPI aceptó la demanda enmendada y ordenó la

expedición de los emplazamientos que se realizó el 16 de marzo de

2023.

        El 23 de marzo de 2023, la recurrida presentó Moción sobre

Fianza de No Residente, por el mínimo reglamentario de mil dólares

($1,000.00). El TPI tomó conocimiento ese mismo día y registró en

autos el recibo de la consignación. El 31 de marzo de 2023, la

recurrida acreditó que los emplazamientos se diligenciaron el 29 de

marzo de 2023. El TPI tomó conocimiento el 3 de abril de 2023.

        El peticionario pidió la desestimación de la demanda, porque el

emplazamiento no se diligenció en el término de 120 días establecido

en ley.

        La recurrida se opuso, porque es un demandante no residente y

la Regla 69.5, supra, condiciona su acceso al tribunal local al pago de

una fianza. Invocó la aplicación de Martajeva v. Ferré Morris y otros,

210 DPR 612, 622 (2022), donde se resolvió que el término para

emplazar se interrumpió hasta la prestación de la fianza de no

residente.

        El 28 de septiembre de 2023, el TPI declaró HA LUGAR la

Oposición a la Moción de Desestimación y SIN LUGAR, la Moción de

Desestimación. El TPI redujo la controversia a determinar, si el

término para diligenciar los emplazamientos se paralizó, por la

solicitud de la demandante de la fijación de una fianza de no

residente. El TPI resolvió que ese término quedó paralizado, debido al
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carácter mandatorio de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V. El tribunal determinó que la regla citada le privó de discreción

para eximir a la demandante de prestar la fianza de no residente y

continuar con los procedimientos. Según el TPI, el término para

diligenciar los emplazamientos se suspendió el 26 de abril de 2022

hasta el 23 de marzo de 2023, cuando fijó y aceptó la fianza de no

residente y la recurrida la consignó. Por eso resolvió que la

demandante diligenció los emplazamientos oportunamente el 29 de

marzo de 2023.

       Inconforme, la peticionaria presentó este recurso en el que alega

que:

       ERRÓ EL TPI AL RESOLVER, EN CONTRAVENCIÓN A
       LAS REGLAS 4.3 (c) Y 69.5 DE PROCEDIMIENTO CIVIL,
       QUE EL TÉRMINO DE 120 DÍAS QUE TENÍA GP
       STRATEGIES        PARA       DILIGENCIAR     LOS
       EMPLAZAMIENTOS        AL     MUNICIPIO   QUEDÓ
       SUSPENDIDO DESDE EL 26 DE ABRIL DE 2022 HASTA
       EL 23 DE MARZO DE 2023.

                                     II

A.     Certiorari

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento

Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491, hoy conocido como Ley de Recursos

Extraordinarios; Rivera Gómez y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); 800 Ponce de León Corp. v. American International

Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la

característica principal del recurso reside en el carácter discrecional

del mismo, tal determinación no es irrestricta, está sujeta a los

criterios   señalados   en   la   Regla   52.1   de   Procedimiento   Civil.

Advertimos que esta Regla ha sufrido modificaciones a través del
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tiempo para expandir el marco discrecional que ostentan los foros

revisores en la expedición del recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:

      [p]ara revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar a
      la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
      Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación
      que se interponga contra la sentencia sujeto a lo
      dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales.

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Superado    el   análisis   al   amparo   de   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para guiar su discreción al intervenir con la resolución u orden

interlocutoria recurrida. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.
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      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
      una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Ha de quedar claro que la denegatoria a expedir un recurso de

certiorari no implica la ausencia de error en el dictamen, cuya

revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos.

Sino que responde al ejercicio de la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

175 DPR 83, 98 (2008).

      Los   tribunales   apelativos   no   debemos   intervenir   en   las

determinaciones del foro primario a menos que se demuestre que el

juzgador: (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un

craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.

Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Lluch v.

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

B.    El Término para Diligenciar los Emplazamientos

      La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, requiere

que el emplazamiento se diligencie dentro del término de ciento veinte

días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de

expedición de emplazamientos por edicto. El término de 120 días para

emplazar personalmente al demandado es improrrogable y comienza

una vez la Secretaria del tribunal ordena la expedición de los

emplazamientos. Sánchez Báez v. Higueras Pérez, 203 DPR 982, 991-
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992 (2020). El tribunal desestimará la demanda sin perjuicio, cuando

ha transcurrido dicho término sin que se hayan diligenciado los

emplazamientos.     Una    segunda    desestimación     por   el   mismo

fundamento constituye una adjudicación en sus méritos. Regla 4.3(c)

de Procedimiento Civil, supra.

C.    La Fianza de Demandante no Residente

      La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, protege a

quienes son demandados por personas que no son residentes de

Puerto Rico. La intención del legislador es que el demandado que

prevalezca en esos casos recupere las costas, gastos y honorarios de

su defensa. La fianza de no residente desalienta los litigios frívolos e

inmeritorios. Su cumplimiento es mandatorio y todo procedimiento

queda suspendido hasta su prestación. El tribunal solo tiene

discreción para establecer su cuantía, pero no puede ser inferior de

mil dólares. Martajeva v. Ferré Morris y otros, supra, págs. 622-623.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en Martajeva v.

Ferré Morris y otros, supra, págs. 628-629, que el término de ciento

veinte (120) días para diligenciar los emplazamientos se paraliza hasta

la prestación de la fianza de no residente. Nuestro más Alto Foro

judicial local concluyó que el texto de la Regla 69.5, supra, es claro. El

legislador comunicó cabalmente su intención de suspender todos los

procedimientos judiciales hasta la prestación de la fianza. La

suspensión decretada al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento

Civil, supra, incluye el término de 120 días para diligenciar los

emplazamientos establecido en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil,

supra. El término para emplazar queda en pausa cuando el tribunal

decreta la suspensión de los procedimientos hasta el pago de la fianza

de no residente. Los procedimientos se reanudarán nuevamente,

luego de que el demandante no residente paga la fianza. El Tribunal

Supremo aclaró que la paralización no tiene el efecto de prorrogar

dicho término, por lo que no comienza nuevamente a partir de la
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fianza. El efecto de la paralización establecida es virtud de la Regla

69.5 de Procedimiento Civil, supra, es que detiene el plazo con los

días que hayan transcurrido. Una vez se deja sin efecto la suspensión

de los procedimientos, el término continua su decurso desde donde se

quedó cuando ocurrió la suspensión.

      Según determinó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en

Martajeva v. Ferré Morris y otros, supra, el término para diligenciar los

emplazamientos:

      (1) queda en pausa desde que el tribunal suspende los
          procedimientos hasta que la demandante presta la
          fianza.

      (2) se detiene en el momento en el que el tribunal ordena
          la prestación la fianza, pero se descuentan los días del
          término transcurridos a esa fecha.

      (3) continua su decurso donde se quedó, una vez el
          demandante paga la fianza.

                                   III

      La Regla 52.1, supra, nos permite atender este recurso porque

la peticionaria solicita revisión de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Nuestra intervención es necesaria para subsanar

el abuso de discreción y error de derecho que cometió el foro primario

al negarse a desestimar la demanda.

      Las controversias se reducen a determinar cuándo comenzó a

decursar y finalizó el término de 120 días para diligenciar los

emplazamientos y si la solicitud de fianza de no residente tuvo algún

efecto sobre dicho término.

      El peticionario alega que el término para emplazar comenzó el

26 de abril de 2022, cuando el TPI ordenó la expedición de los

emplazamientos. Sostiene que dicho término no se paralizó, porque

ese foro nunca ordenó la prestación de la fianza de no residente. El

peticionario argumenta que procede la desestimación porque la

demandante se cruzó de brazos y no diligenció los emplazamientos

dentro del término establecido. Según el Municipio, la demanda tiene
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que desestimarse porque el término para emplazar venció, debido a

que el tribunal nunca emitió una orden de prestación de fianza de no

residente que lo paralizara.

      La recurrida aduce que el plazo para emplazar se paralizó el 25

de abril de 2022, cuando presentó la demanda y pidió la fijación de

una fianza de no residente. GP Strategies sostiene que en la

alternativa se paralizó, el 26 de abril de 2022, cuando el tribunal se

dio por enterado e informó que atendería el asunto oportunamente.

      El Municipio tiene razón. El error señalado fue cometido. La

desestimación procede. El término para emplazar venció, porque los

emplazamientos no se diligenciaron dentro de los 120 días. Los

emplazamientos se expidieron el 26 de abril de 2022. Sin embargo, se

diligenciaron el 29 de marzo de 2023, vencido el término de 120 días.

      La solicitud de la demandante para que el tribunal le impusiera

una fianza de no residente no tiene ningún efecto sobre dicho

término. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que la

paralización comienza, cuando el tribunal ordena el pago de la fianza

de no residente. El plazo para emplazar no se suspendió, porque el

TPI no ordenó el pago de la fianza de no residente en este caso. El 26

de abril de 2022 se limitó a darse por enterado de la Solicitud de

Fijación de Fianza de No Residente y a informar que dispondría del

asunto oportunamente.

      La falta de la diligencia de la demandante, además, es evidente.

Los emplazamientos fueron expedidos el 26 de abril de 2022. La

demandante se cruzó de brazos y no hizo gestión alguna para

diligenciarlos dentro del término de 120 días. No obstante, el 9 de

marzo de 2023 presentó una demanda enmendada y aprovechó la

oportunidad    para    solicitar   nuevamente    la   expedición    de

emplazamientos. El TPI abusó de su discreción porque el 10 de marzo

de 2023 ordenó, sin razón alguna, la expedición de nuevos

emplazamientos. El foro primario pasó por alto que, el 26 de abril de
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2022, ya había ordenado su expedición y que la demandante no

diligenció los emplazamientos dentro del término establecido en ley.

GP Strategies diligenció los emplazamientos el 29 de marzo de 2023.

El TPI estaba obligado a desestimar la demanda porque a esa fecha

había transcurrido, por mucho, el término de 120 días para

diligenciar los emplazamientos.

       La fianza de no residente no puede ser utilizada para subsanar

la   falta   de   celeridad    de   la    demandante    en   diligenciar   los

emplazamientos. Su propósito es beneficiar al demandado victorioso

en un pleito presentado por un demandante no residente. Así podrá

recuperar los gastos del pleito, cuando la demanda no prosperó.

Martajeva v. Ferré Morris y otros, supra.

                                         IV

       Por lo antes expuesto, se expide el recurso, se revoca la

resolución     recurrida   y   se   desestima   la     demanda   porque     el

emplazamiento no se diligenció dentro del término de 120 días

establecido en ley.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

       La Jueza Domínguez Irizarry concurre sin voto escrito.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones