Court Opinion

ID: 9962808
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:54:26.921596+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.940277
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL XI
                                      APELACIÓN
                                      procedente del Tribunal
  FRANCO LUIS ROMÁN                   de Primera Instancia
   QUILES Y YOLANDA                   Sala de Aguadilla
    NIEVES VARGAS
                                      Caso Núm.
      APELANTES         KLAN202400103 AG2023CV00972

               V.                                  Sala: 601

         EX PARTE                                  Sobre:

                                                   EXPEDIENTE DE
                                                   DOMINIO

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

       Comparecen, Franco Luis Román y Yolanda Nieves Vargas (en

adelante, “la parte peticionaria”), mediante el recurso de epígrafe. Ello, a

los fines de solicitar nuestra intervención para que dejemos sin efecto la

determinación emitida el 8 de enero de 2024 y notificada el 9 de enero de

2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla.

Mediante la referida determinación, el foro recurrido declaró No Ha Lugar

la “Petición” sobre inmatriculación de finca, presentada por la parte

peticionaria. Todo, dentro de un procedimiento Ex parte de Expediente de

Dominio.

                                        I.

       El 9 de junio de 2023, la parte peticionaria presentó un escrito

intitulado “Petición” ante el foro recurrido, a los fines de que dicho foro

declarara justificado su dominio sobre una finca localizada en el Barrio

Cibao del pueblo de San Sebastián. Siendo así, peticionó que se

inmatriculara la referida finca a su favor en el Registro de la Propiedad

Inmobiliaria. Especificó, que había poseído la aludida propiedad durante

un período que excedía los cuarenta y un (41) años. Añadió, que había

Número Identificador
SEN2024 ________
KLAN202400103                                                             2

adquirido dicha finca mediante una compraventa efectuada en documento

privado, el cual se había extraviado. Finalmente, solicitó al tribunal de

instancia que ordenara la citación mediante edictos, tanto de las personas

ignoradas que se pudieran perjudicar con la inscripción solicitada, como

de los inmediatos anteriores dueños de la propiedad objeto de la

“Petición.”

         En respuesta, el 10 de julio de 2023, el foro primario notificó una

“Orden.” Mediante esta, informó a la parte peticionaria que su “Petición”

carecía de la siguiente prueba documental: a) Certificación de Valores

Contributivos del Centro de Recaudaciones sobre Ingresos Municipales

(en adelante, por sus siglas, “CRIM”); b) Certificación de Mensura y c)

proyectos de edicto y citaciones. Cónsono con lo anterior, ordenó a la

parte peticionaria que notificara personalmente o por correo certificado al

Alcalde del Municipio en que radique el bien inmueble; el Secretario de

Transportación y Obras Publicas y el Fiscal de Distrito. Ello, conforme el

Art. 185 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Ley Núm.

210-2015, según enmendada, 30 LPRA sec. 6291.

         También ordenó que dicha parte notificara al Departamento de

Recursos Naturales de Puerto Rico (en caso de existir un cuerpo de agua

en las colindancias de la finca en cuestión); Luma Energy; Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados (en lo sucesivo, por sus siglas “AAA”) y el

Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico. Para estas últimas

tres (3), el foro recurrido fundamentó su orden en lo dispuesto por la Ley

de Servidumbres Legales de Servicio Público, Ley Núm. 143 de 20 de

julio de 1979, según enmendada, 27 LPRA sec. 2151 et. seq. Añadió, que

la parte peticionaria debía notificar a los poseedores de las fincas

colindantes. Además, ordenó que citara personalmente al inmediato

anterior dueño o sus herederos. Agregó a la “Orden” la citación por edicto

de las personas ignoradas o desconocidas, según surge del Art. 185,

supra.
KLAN202400103                                                               3

      En reacción, el 18 de julio de 2023, la parte peticionaria presentó

escrito intitulado “Cumplimiento de Orden.” En síntesis, adujo que tenía

una cita en el CRIM en aras de obtener la Certificación de Valores

Contributivos. Por lo cual, solicitó una prórroga al foro primario para

cumplir con la “Orden” notificada. Añadió, que junto a la “Petición” se

había incluido un plano preparado, sellado y firmado por un agrimensor

licenciado. Finalmente, sostuvo que había enviado los proyectos de

edicto. Al día siguiente, el foro primario, concedió a la parte peticionaria

una prórroga de veinte (20) días. Esto, a los efectos de que la parte

peticionaria presentara la siguiente documentación: a) Certificación de

Valor Contributivo emitida por el CRIM; b) Certificación juramentada de

Mensura, suscrita por un agrimensor y en la que se certifique la citación

de los colindantes; c) un proyecto de citaciones dirigido a: el Alcalde de

San Sebastián, Fiscal de Distrito, Secretario del Departamento de

Transportación y Obras Públicas,      LUMA Energy, AAA, Negociado de

Telecomunicaciones y los colindantes.

      Posteriormente, el 7 de agosto de 2023, la parte peticionaria

presentó un nuevo escrito sobre “Cumplimiento de Orden.” Mediante este,

se limitó a presentar la Certificación de Valores Contributivos del CRIM.

Luego de varios tramites procesales que no son necesarios de

pormenorizar, el 11 de septiembre de 2023, el foro recurrido concedió a la

parte peticionaria un término de quince (15) días para que cumpliera con

la orden del 19 de julio de 2023. En atención a ello, el 20 de septiembre

de 2023, la parte peticionaria presentó “Cumplimiento Suplementario de

Orden.” En esencia, arguyó que conforme la Ley de Servidumbre Legales

de Servicio Público, no era necesario notificarle del proceso incoado a

LUMA Energy y a la AAA. Agregó, que la finca en cuestión ha mantenido

la misma cabida y descripción por más de 30 años, por lo cual no era

requerido realizar una mensura, conforme a las disposiciones de la Ley

del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.
KLAN202400103                                                            4

      El 9 de enero de 2024, el tribunal de instancia, notificó el dictamen

que nos ocupa. Mediante este, declaró No Ha Lugar la “Petición” de la

parte peticionaria. Ello, bajo los siguientes fundamentos: a) la falta de

presentación de la parte peticionaria de una certificación de la mensura

que se había practicado a la finca objeto de “Petición;” b) la ausencia de

notificación a LUMA Energy y a la AAA del procedimiento de expediente

de dominio, según surge del el Art. 185, supra y la Ley de Servidumbres

Legales de Servicio Público, supra.

      Inconforme, el 6 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó

el recurso de epígrafe. Mediante este, señaló los siguientes errores:

      PRIMERO: Erró el TPI al desestimar el expediente de
      dominio por no haber cumplido con la orden (Exhibit VI, pág.
      20) en la que requirió “Certificación juramentada de
      Mensura suscrita por el Agrimensor Edwin Olivencia, en la
      cual se certifique las citaciones a los colindantes.

      SEGUNDO: Erró el Tribunal al desestimar el expediente de
      dominio por no haber cumplido con la orden (EXhibit VI, pág
      20) que requería “Proyectos de citaciones dirigidos a:
      Alcalde de San Sebastián, Fiscal de Distrito, Secretario de
      Transportación y Obras Públicas, LUMA [Energy], Autoridad
      de    Acueductos y Alcantarillados, Negociado            de
      Telecomunicaciones, William López Nieves, Alcides Ortiz
      Rodríguez y Orlando Fernández Quiles.

      Al ser el recurso de epígrafe uno que versa sobre un procedimiento

de jurisdicción voluntaria, lo acogemos como un certiorari, según

dispuesto en la Regla 32 (c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (c). Luego de la referida salvedad, pasamos a

esbozar el marco doctrinal aplicable a la controversia que nos ocupa.

                                      II.

      A. El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión

de un tribunal inferior. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023

TSPR 65, 212 DPR ____; Orthopedics Prod. Of Puerto Rico, LLC v.

Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); Art. 670 del Código de

Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como Ley de Recursos
KLAN202400103                                                              5

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. La característica distintiva del

certiorari “se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. Íd. Ahora bien, el

ejercicio de esta discreción no es absoluto. Por ello, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece una serie de

instancias en las que los foros apelativos pueden ejercer su facultad

revisora:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
       Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

       De igual modo, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, delimita los criterios para la expedición de un auto de

certiorari. Así pues, estas consideraciones “orientan la función del tribunal

apelativo intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional”.

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. La aludida regla

permite que el análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en el

vacío ni se aparte de otros parámetros al momento de considerar los

asuntos planteados. Íd.; 800 Ponce de León v. American International,

205 DPR 163, 176 (2020). De conformidad con lo anterior, la Regla 40,

supra, dispone los siguientes criterios:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.
KLAN202400103                                                              6

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

       Los foros revisores no debemos intervenir en las determinaciones

de hechos del tribunal de instancia, “salvo que se pruebe que dicho foro

actuó con prejuicio o parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o

en error manifiesto. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018). Esta

norma permite que el foro primario actúe conforme a su discreción

judicial, que es la facultad que tiene “para resolver de una forma u otra, o

de escoger entre varios cursos de acción”. Id. pág. 735; Graciani

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 132 (2019). El

ejercicio esta discreción “está inexorable e indefectiblemente atado al

concepto de la razonabilidad”. Id.; Pueblo v. Hernández Villanueva, 179

DPR 872, 890 (2010). Así pues, “la discreción es una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 729 (2016). No obstante, un tribunal incurre en abuso de

discreción cuando ignora sin fundamento un hecho material, concede

demasiado peso a un hecho inmaterial, y fundamenta su determinación

en ese hecho irrelevante, o cuando a pesar de examinar todos los hechos

del caso hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable. Id.

pág. 736. En esos casos, los foros apelativos ostentamos la facultad

discrecional para expedir el recurso de certiorari y ejercer nuestra función

revisora.

B. Expediente Dominio
KLAN202400103                                                             7

       Todo propietario que no tenga un título de dominio inscrito a su

favor podrá inscribirlo conforme a la Ley del Registro de la Propiedad

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 210-2015,

según enmendada, 30 LPRA sec. 6291. Para ello, “presentará un escrito

jurado en la sala del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al

lugar en que radiquen los bienes.” Íd. Esto, dará inicio al procedimiento ex

parte conocido como expediente de dominio. El referido proceso consiste

en la ejecución de una serie de requisitos, los cuales se deben cumplir

cabalmente. Véase, Ex parte Rosario, 75 DPR 698, 706-707 (1953).

       El expediente de dominio tiene como efecto el justificar la

existencia de un título de dominio. Rodríguez v. Registrador, 75 DPR

712, 732 (1953). El Tribunal de Primera Instancia celebrará una vista para

atender, entre otras cosas, la prueba presentada, y declarará la

justificación de dicho dominio. 30 LPRA sec. 6293. Posteriormente, el

promovente podrá presentar en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria

una copia certificada de la resolución final y firme dictada por el tribunal

que atendió la petición. 30 LPRA sec. 6294. Sin embargo, esto no implica

una declaración definitiva de derechos. Íd. Por consiguiente, no es óbice

de que posteriormente se celebre un juicio declarativo a instancia de los

interesados. Íd.

                                    III.

       En esencia, la parte peticionaria argumenta que el foro a quo se

excedió en sus facultades al solicitarle una mensura certificada, y un

proyecto de citaciones dirigido a personas que podrían tener cualquier

derecho real sobre la finca objeto del procedimiento.

       Tras evaluar el expediente en su totalidad, concluimos que no

existen motivos para intervenir con la determinación del foro recurrido.

Entendemos, que el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a la

sana discreción que le asiste en este tipo de procedimientos. De la

controversia presentada no se desprende que dicho foro haya actuado de

forma prejuiciosa, parcial o cometido error manifiesto al ejercer sus
KLAN202400103                                                          8

facultades adjudicativas. Ante ello, y cónsono con la comedida discreción

que debemos ejercer al evaluar un auto de certiorari, determinamos

denegar el presente recurso.

                                      IV.

         Por los fundamentos esbozados, denegamos el presente recurso al

amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones