Court Opinion

ID: 9952159
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:22:58.175452+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:08.292979
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

EL PUEBLO DE PUERTO                         CERTIORARI
RICO                                        Procedente del
                                            Tribunal de Primera
Recurrido                                   Instancia, Sala
                              KLCE202400100 Mayagüez

 v.                                            Caso Núm.:
                                               ISCI202300198
                                               (402)

EDWIN LUGO CARDOZA
                                               Sobre:
Peticionario                                   Determinación
                                               Causa en Alzada

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos, Edwin Lugo Cardoza, en adelante, Lugo

Cardoza o peticionario, solicitando que revisemos una “Resolución”

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en

adelante, TPI-Mayagüez, y notificada el 3 de enero de 2024. En el

dictamen recurrido, el Foro Primario declaró “No Ha Lugar” la

solicitud de desestimación hecha por el peticionario, mediante su

“Escrito en Cumplimiento de Orden” del 22 de septiembre de 2023.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos expedir el auto solicitado.

                                 I.

      Por hechos acaecidos el 31 de marzo de 2023, se denunció a

Lugo Cardoza por una alegada infracción al Artículo 7.02 de la Ley

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, en adelante, Ley 22-2000, 9

Número Identificador
RES2024___________________
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LPRA sec. 5202.1 Según el recurso ante nuestra consideración, el

Agente que intervino con el peticionario el día de los hechos, no

compareció a las citaciones para la vista de determinación de causa

para arresto, los días 4 y 18 de mayo y 14 de junio de 2023.

Finalmente, el 12 de julio de 2023 se celebró la vista al amparo de

la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6.2 En la

misma, se determinó “No Causa” contra Lugo Cardoza.

        Según nos indica la Oficina del Procurador General de Puerto

Rico, en adelante, Procurador o recurrido, el 1 de agosto de 2023, el

Ministerio Público solicitó que se celebrara una vista para la

determinación de causa para arresto, es decir, en alzada. Expone,

además, que el TPI-Mayagüez emitió una resolución el 7 de agosto

de 2023, señalando la vista en alzada para el 18 de agosto del mismo

año.3 En su escrito, comenta el recurrido que a la vista en alzada no

compareció el peticionario ni los testigos del Ministerio Público, por

lo que esta fue pospuesta para el 8 de septiembre de 2023. Añadió

que, durante esta vista, el agente investigador del caso de epígrafe

declaró sobre las gestiones que hizo para citar al peticionario a la

misma. Indicó que el Ministerio Público arguyó que este, Lugo

Cardoza, se escondía, y por eso no había sido notificado. Nos

comenta el Procurador que, por ello, el Ministerio Público solicitó la

expedición de nuevas citaciones.

        Por su parte, Lugo Cardoza alega en sus escritos que la vista

fue finalmente celebrada el 15 de septiembre de 2023 porque fue

cuando, por medio de su representación legal, se le notificó de la

misma. De los alegatos surge que, en la vista en cuestión, el

peticionario arguyó que habían transcurrido sesenta y cinco (65)

días desde la vista para determinación de causa para arresto, en

1
  Apéndice del recurso, pág. 1.
2
  Id. pág. 43.
3
  Aclaramos que este documento no obra en el expediente.
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violación a los términos de juicio rápido, al amparo de la Regla

64(n)(7) de Procedimiento Criminal, supra, Ap. II, R. 64.

         El Procurador expone que, a la luz de las alegaciones hechas

por el peticionario, el TPI-Mayagüez emitió una orden en la que

requirió a las partes expresarse. Ese mismo día, el peticionario

presentó su “Escrito en Cumplimiento de Orden”.4 En su escrito, la

defensa de Lugo Cardoza expuso que la demora para la vista en

alzada en cuestión no estuvo justificada, que era responsabilidad

del Ministerio Público citar al peticionario dentro de los sesenta (60)

días dispuestos estatutariamente y que no media evidencia de que

Lugo Cardoza se ocultó para impedir ser citado.

         Por su parte, el 29 de septiembre de 2023, el Ministerio

Público       presentó        su   “Moción   en   Oposición   a   Solicitud   de

Desestimación al Amparo de la Regla 64(n)”.5 En su oposición, el

Ministerio Público arguye que el exceso de los sesenta (60) días para

la celebración de la vista en alzada no fue opresiva o injustificada,

que el cálculo matemático de los términos no es suficiente para la

desestimación, que el peticionario sí se ocultó para evitar ser citado

y que este no ha sufrido un perjuicio con la tardanza.

         El 29 de diciembre de 2023, el Foro Primario emitió una

“Resolución”, que notificó el 3 de enero de 2024, en la que declaró

“No Ha Lugar” la desestimación solicitada por Lugo Cardoza.6 En el

mencionado dictamen, el TPI-Mayagüez indicó que, en atención a la

solicitud del Ministerio Público del 1 de agosto de 2023, señaló la

vista en alzada para el 18 de agosto de 2023. Además, desglosó lo

testificado por el agente investigador durante los señalamientos de

vistas en alzadas. Según las determinaciones de hechos que el Foro

Primario expuso en su dictamen, el peticionario no pudo ser

4
  Apéndice del recurso, pág. 4.
5
  Id. pág. 26.
6
  Id. pág. 40.
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contactado, no empece a la diligencia del agente en cuestión. Añadió

que, ante este cuadro fáctico, el Ministerio Público solicitó nuevas

citaciones, y el auxilio de la Oficina de Alguaciles del Tribunal.

      Así las cosas, el peticionario acudió ante esta Curia mediante

un auto de certiorari el 19 de enero de 2024. En su recurso, Lugo

Cardoza expone los siguientes errores:

      COMETIÓ ERROR EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE
      DESESTIMACIÓN Y RESOLVER QUE NO SE HABÍA
      QUEBRANTADO       EL   DERECHO      FUNDAMENTAL       DEL
      PETICIONARIO A JUICIO RÁPIDO.
      COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EL TPI AL HACER UNAS
      DETERMINACIONES DE HECHOS SIN HABER RECIBIDO
      EVIDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA DEMOSTRAR
      QUE HABÍA JUSTA CAUSA PARA LA DÉMORA O QUE
      DICHA DEMORA RESPONDIÓ A LA SOLICITUD DEL
      PETICIONARIO       O     QUE      ESTE     BRINDÓ      SU
      CONSENTIMIENTO A LA MISMA.

      A través de una “Resolución” del 25 de enero de 2024, este

Tribunal concedió a la recurrida un término de diez (10) días para

expresarse sobre el recurso. El 5 de febrero de 2024, el Procurador

compareció mediante una “Moción de Desestimación y Escrito en

Cumplimiento de Orden”.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a expresarnos.

                                  II.

      A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al v. Arcos Dorados et al,

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023); Caribbean Orthopedics v.

Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
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      Expedir el recurso “no procede cuando existe otro recurso

legal que protege rápida y eficazmente los derechos de la parte

peticionaria”. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 918 (2009).

Conviene destacar que la discreción ha sido definida como “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, supra, pág. 847; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201

DPR 703, 712 (2019); Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588

(2015). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435

(2013). A esos efectos, se ha considerado que “la discreción se nutre

de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y en un sentido

llano de justicia y no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa

ni limitación alguna”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera et al v.

Arcos Dorados et al, supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352,

372 (2020). La precitada Regla dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de

mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.
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      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992),

citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

(Énfasis suplido).

      B. Términos de Juicio Rápido
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      El derecho fundamental, reconocido a los imputados de delito,

a un juicio rápido se encuentra consagrado en el Art. II, Sec. 11, de

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA,

Tomo 1. Pueblo v. Torres Rivera II, 204 DPR 288, 296-297 (2020);

Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 580; Pueblo v. Rivera Santiago,

176 DPR 559, 569 (2009). La protección constitucional se activa

cuando se pone en movimiento el mecanismo procesal criminal que

atribuye la comisión de un delito a un imputado. Pueblo v. Custodio

Colón, supra, págs. 580-581.

      La Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, establece los

términos de juicio rápido que rigen cada etapa del proceso penal.

Generalmente, el incumplimiento con los términos allí establecidos

conlleva que el acusado pueda solicitar la desestimación de la

denuncia o acusación. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 141

(2011).

      A tales efectos, y en lo pertinente a la controversia ante

nuestra consideración, la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal,

supra, dispone lo siguiente:

      La moción para desestimar la acusación o denuncia, o
      cualquier cargo de estas solo podrá basarse en uno o más de
      los siguientes fundamentos:
      (n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias,
      a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a
      menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a
      la solicitud del acusado o a su consentimiento:

      (7) Que se celebró una vista de causa probable para
      arresto   o   citación    luego   de   los   60   días   de   la
      determinación de no causa.

      (Énfasis suplido).

      Ahora bien, el derecho a juicio rápido no es absoluto ni opera

en el vacío. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 610 (2012).

      La   evaluación      de   los   tribunales   sobre   las   presuntas

violaciones a estos términos, en el ejercicio de su discreción, fue
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circunscrita y delimitada por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo

v. Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986). En este caso, nuestro Alto

Foro adoptó cuatro (4) criterios ideados por el Tribunal Supremo de

Estados Unidos, en el caso de Barker v. Wingo, 407 US 514 (1972).

Estos cuatro términos acogidos por nuestra jurisprudencia en el año

1986 contemplan: (1) la duración de la dilación, (2) la razón de esta,

(3) el perjuicio que haya provocado la tardanza y (4) la diligencia del

que alegue estar afectado por la misma, al reclamar incumplimiento

con los términos. Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 582-583;

Pueblo v. García Vega, supra, pág. 610; Pueblo v. García Colón I,

supra, pág. 143.

      De igual forma, la determinación respecto a la existencia de

justa causa para la extensión de los términos de juicio rápido debe

realizarse caso a caso y dentro de los parámetros de razonabilidad.

Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 582.

      Por esa razón, ante un planteamiento de violación a los

términos de juicio rápido “es importante tomar en cuenta las

circunstancias que rodean su reclamo… Es decir, se trata de un

derecho que puede ser compartible con cierta tardanza o demora”,

máxime cuando es atribuible al imputado. Pueblo v. García Vega,

supra, pág. 610; Pueblo v. Rivera Santiago, supra, págs. 570-571.

“En fin, este derecho no está limitado por la tiesa aritmética de la

regla que lo concibe”. Id.

      C. Regla 6 de Procedimiento Criminal

      El requisito de determinación de causa probable, como

condición para el arresto, es de rango constitucional. Pueblo v.

Cosme Andino, 200 DPR 440, 444 (2018); Pueblo v. Rueda Lebrón,

187 DPR 366, 372 (2012); Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601,

608 (2008); Pueblo v. North Caribbean, 162 DPR 374, 379 (2004);

Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol.
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III, pág. 47. A tales efectos, la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 10, dispone que

sólo se emitirán mandamientos para el arresto de una persona

mediante autoridad judicial y cuando exista causa probable

apoyada en juramento afirmación. Implantando dicho mandato, la

Regla 6 de Procedimiento Criminal, establece el procedimiento para

la   determinación   de   causa        probable   para   arresto   de   una

persona. Es    precisamente       la     determinación    de   causa     de

conformidad con la regla en cuestión, hecha por un magistrado, la

que da comienzo al proceso criminal en nuestro sistema penal.

Pueblo v. Rueda Lebrón, supra, pág. 372; Pueblo v. Rivera Martell,

supra, pág. 608; Pueblo v. North Caribbean, supra, pág. 379; Pueblo

v. Jiménez Cruz, 145 DPR 803, 810 (1998); Pueblo v. Martínez Rivera,

144 DPR 631, 642-643 (1997).

       Mediante la aprobación de la Ley Núm. 80 del 9 de julio de

1986, en adelante, Ley Núm. 80, se enmendó la Regla 6 para

añadirle el inciso (c), éste a los efectos de autorizar la Ministerio

Público a comparecer en alzada de la determinación del Tribunal de

que no existe causa probable para arrestar a una persona. De esta

manera, la enmienda adoptó lo resuelto en Álvarez v. Tribunal

Superior, 102 DPR 236, 238 (1974); 34 LPRA Ap. II, R.6 (c).

       Ahora bien, para que un Tribunal adquiera jurisdicción sobre

un imputado de delito en las vistas en alzada, se debe cumplir con

los requisitos del debido proceso de ley. Pueblo v. North Caribbean,

supra, pág. 382. Harto conocido es que uno de esos requisitos es la

debida citación del imputado, para que, al hacer su determinación

de causa, el Tribunal así adquiera jurisdicción sobre él. Id. Nuestro

Alto Foro ha sido consistente en su postura en cuanto a que la tarea

de citar al imputado es, primordialmente, responsabilidad del

Tribunal. Pueblo v. Cosme Andino, pág. 449; Pueblo v. Rivera Martell,

supra, pág. 617; Pueblo v. North Caribbean, pág. 382.
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                                    III.

      El peticionario nos plantea que el Foro Primario se equivocó

al denegar su solicitud de desestimación, por razón de que el

término de sesenta (60) días había vencido. Sin embargo, nos vemos

obligados a concluir que Lugo Cardoza no ha puesto a este Tribunal

en posición de evaluar y adjudicar sobre sus alegaciones.

      Entendemos que la controversia versa sobre la citación del

imputado, aquí peticionario, a la vista en alzada. Lugo Cardoza

indica que durante la vista al amparo de la Regla 6 de Procedimiento

Criminal, supra, en la que se determinó “No Causa”, “nada se

informó sobre una posible vista de determinación de causa para

citación en alzada”. Por su parte, el Procurador indicó que el 1 de

agosto de 2023, el Ministerio Público solicitó, mediante moción, vista

en alzada. También arguye que el Foro Primario expidió en más de

una ocasión citaciones para la vista en alzada.

      Expuesta la divergencia en ambas posturas, precisa subrayar

que nos sorprende la insuficiencia de los escritos presentados ante

nos. Nada obra en el expediente que arroje claridad sobre lo

sucedido en el TPI-Mayagüez, con relación a la citación – o la falta

de esta – al imputado para la vista en alzada. No contamos con la

prueba oral, ni petitorio alguno para presentar la misma, sobre las

vistas que sí se celebraron en el caso de epígrafe. Tampoco obra en

autos las presuntas resoluciones y citaciones expeditas por el Foro

Primario, relevantes a la vista en alzada.

      Ante las posiciones fragmentadas de las partes, y un examen

sosegado del expediente y el pronunciamiento del cual se recurre,

colegimos que no existe criterio jurídico que amerite nuestra

intervención con lo resuelto por el foro primario.

      Nuestra decisión de expedir o denegar recursos como el

solicitado es una discrecional y no constituye una adjudicación en
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los méritos. Por tanto, al amparo del sentido de la prudencia y

conforme a los criterios reglamentarios esbozados en la Regla 40,

supra, los cuales delimitan nuestra intervención en este tipo de

recursos, concluimos que nuestra intervención, en esta etapa de los

procedimientos, no resulta oportuna.

                                IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el

auto solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones