Court Opinion

ID: 9941411
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:32:54.490981+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:37.069688
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

  NELSON DE JESÚS                                 Certiorari
 MORALES VELÁZQUEZ                                procedente del
                                                  Tribunal de
         Recurrida                                Primera Instancia,
                                                  Sala de Caguas
              v.                KLCE202301150
                                                  Sobre:
    MELANIE MÉNDEZ                                Custodia
        RAMOS                                     Compartida

        Peticionaria                              Caso Número:
                                                  GR2022RF00040

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

      La parte peticionaria, Melanie Méndez Ramos, comparece ante

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida y

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el

18 de septiembre de 2023. Mediante el referido dictamen, el foro

primario acogió la recomendación de la Unidad de Trabajo Social, y

no permitió la producción de documentos solicitada por la

peticionaria. Ello, dentro de una acción sobre custodia promovida

por el recurrido, Nelson De Jesús Morales Velázquez.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.

                                    I

      Surge del expediente que, el 8 de junio de 2022, el señor

Morales Velázquez presentó una Demanda pro se en contra de la

peticionaria, en la cual solicitó la custodia compartida de su hijo.

Para entonces, el menor tenía dos (2) años.

      Evaluado el petitorio, el 15 de diciembre de 2022, el foro

primario celebró una Vista en la que comparecieron ambos

Número Identificador
SEN2024 ________________
KLCE202301150                                                      2

progenitores por derecho propio. En la misma, el señor Morales

Velázquez desistió de su solicitud de custodia compartida. No

obstante, los progenitores acordaron que el menor estaría con su

padre durante fines de semana alternos de viernes a las 10:00 a.m.

hasta domingo a las 9:00 p.m. A su vez, estuvieron de acuerdo con

que el recurrido compartiera con su hijo todos los martes y jueves

de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Además, se establecieron otros acuerdos

referentes a ocasiones especiales y días festivos. Por otra parte, se

le impuso al señor Morales Velázquez una pensión alimenticia

provisional de ochenta dólares ($80.00) semanales.1 Ese mismo día,

el tribunal de instancia emitió una Sentencia, notificada el 22 de

diciembre de 2022, en la cual se detalló lo acordado.

       El 22 de diciembre de 2022, la Juzgadora ordenó a la Unidad

de Trabajo Social a realizar un estudio sobre custodia compartida y

relaciones filiales, y a presentar el informe social pertinente en el

término de sesenta (60) días.

       Presentado el Informe Social, el 5 de junio de 2023, el foro

primario emitió una Orden en la que le concedió veinte (20) días a

las partes para que manifestaran si estaban de acuerdo con las

recomendaciones emitidas en el mismo.

        En cumplimiento con los ordenado, el 25 de junio de 2023,

la señora Méndez Ramos presentó una Moción en la que planteó que

el Informe preparado por la Unidad Social no tomó en cuenta el

historial de violencia doméstica del señor Morales Velázquez. En

apoyo a lo anterior, la peticionaria informó que el tribunal había

declarado con lugar una orden de protección en contra del recurrido

por un término de cinco (5) meses, la cual estaría vigente hasta el

23 de noviembre de 2023. Por ello, anunció que estaría impugnando

el Informe Social por medio de la perita Ileana Carrión Maldonado.

1 Apéndice 4 del recurso, págs. 25-26.
KLCE202301150                                                                      3

Así, pues, le solicitó al tribunal que emitiera una orden para que

autorizara a la señora Carrión Maldonado a:

        a. Examinar [el] expediente judicial

        b. Examinar [el] expediente social de la Unidad Social

        c. Examinar [el] Informe social forense

        d. Entrevistar a las partes

        e. Entrevistar [a los] colaterales y profesionales
           entrevistados y/o relacionados a la causa de acción.

        f. Entrevistar a cualquier otra persona que [pudiera]
           tener información pertinente.2

        A su vez, peticionó al tribunal que le concediera hasta finales

de agosto para realizar el descubrimiento de prueba y hasta el 15 de

septiembre de 2023 para notificar el informe pericial al recurrido.3

        Evaluado lo anterior, el 26 de junio de 2023, el foro primario

emitió una Orden en la que autorizó a examinar el Informe Social y

entrevistar a las partes según su voluntariedad, así como también a

los colaterales y profesionales. Además, declaró Ha Lugar el término

solicitado.

        Tras varias incidencias procesales4, el 11 de agosto de 2023,

la parte peticionaria depuso a la trabajadora social, Nayda Díaz

López, quien preparó el Informe Social en cuestión. En la referida

deposición, la señora Díaz López manifestó que evaluó fotos, copias

de mensajes de textos y videos para realizar el referido Informe. En

virtud de ello, la parte peticionaria le solicitó a la Trabajadora Social

durante la deposición, una lista de todos los mensajes de texto y

videos que le proveyeron las partes, con la fecha de cada uno.5 A su

vez, le requirió a la señora Díaz López su currículum vitae, las notas

de las entrevistas que realizó para preparar el Informe Social y las

2 Apéndice 9 del recurso, pág. 34.
3 Íd., pág. 35
4
 Precisa señalar que el señor Morales Velázquez acudió a esta Curia mediante un
recurso discrecional (KLCE202300836), el cual nos negamos a expedir, mediante
el cual solicitó revisión de la Orden emitida el 26 de junio de 2023, por el tribunal
de instancia.
5 Apéndice 13 del recurso, pág. 108.
KLCE202301150                                                       4

hojas de los informes diarios preparadas durante el periodo que

estuvo trabajando el informe.6 La parte peticionaria aclaró al hacer

el referido petitorio que, todo lo redactado en la hojas de informes

diarios que no se relacionara al presente caso, se debía de tachar en

negro.7

        Consta del expediente, que el 13 de septiembre de 2023, la

parte peticionaria le remitió un correo electrónico a la señora Díaz

López. En el mismo, indicó que no había recibido los documentos

solicitados durante la deposición. Así, pues, le advirtió que, de no

recibir la documentación en el término de diez (10) días, acudiría al

tribunal para que ordenara el cumplimiento. Por otra parte, reiteró

que se debían tachar todas las entradas en las hojas de informes

diarios que no se relacionaran al caso de autos.

        En respuesta, el 18 de septiembre de 2023, la Supervisora

Auxiliar de la Unidad de Trabajo Social, Maribel García Cotto, instó

una Moción Informativa y en Solicitud de Orden.        En la misma,

arguyó que la solicitud de la peticionaria “podría entrar en conflicto

con elementos de confidencialidad en el manejo de los casos de la

Unidad Social”.8 A su vez, planteó que no había necesidad de

producir los documentos requeridos, puesto que el Informe Social

contenía todas las preguntas realizadas a los familiares, colaterales

y demás personas que fueron entrevistadas, las evaluaciones

psicológicas efectuadas a ambos progenitores y las conclusiones de

la Perita. Sostuvo, además, que, para impugnar el Informe, bastaba

con que la peticionaria presentara prueba y contrainterrogara a la

Trabajadora Social. Ante lo expuesto, le solicitó al tribunal que

declarara sin lugar la solicitud de la peticionaria.

6 Íd., págs. 73, 76 y 77.
7 Íd., pág. 79.
8 Apéndice 16 del recurso, pág. 188.
KLCE202301150                                                       5

      El 18 septiembre de 2023, la señora Méndez Ramos se opuso

a la moción presentada por la Supervisora Auxiliar. En el escrito,

expresó que la señora García Cotto no tenía legitimación para

objetar la producción de documentos. Ello, esencialmente, porque

esta había omitido rubricar el Informe Social. Así, pues, alegó que la

moción de la Supervisora fue un intento para avalar el contenido del

referido Informe, y subsanar el defecto de no firmar el mismo.

      Por otro lado, la peticionaria aseveró que la producción de

documentos solicitada no infringía la confidencialidad de ninguna

persona, dado a que esta había sido provista por las partes del caso.

Además, acentuó que se le había indicado a la Trabajadora Social

que tachara en las hojas de informes diarios todo lo que no estuviese

relacionado al presente caso. Igualmente, argumentó que la Regla

706 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 706, establece que se le podrá

requerir a la persona perito que revele los hechos y datos en los que

basa su opinión. En virtud de lo anterior, le solicitó al tribunal que

se tuviese por no puesta la moción presentada por la Supervisora,

puesto que esta no tenía legitimación para instar la misma, o que,

en la alternativa, la declarara no ha lugar.

      Evaluadas las posturas de las partes, el 18 de septiembre de

2023, el foro primario emitió una Orden en la cual acogió la

recomendación de la Unidad de Trabajo Social. Consecuentemente,

no permitió la producción de los documentos solicitados por la

peticionaria.

      Inconforme, el 17 de octubre de 2023, la señora Méndez

Ramos    compareció    ante   nos   mediante   el   presente   recurso

de certiorari. En el mismo, propone los siguientes señalamientos:

      Erró el TPI al negar a la parte demandante que la TS
      produjera los documentos solicitados en la deposición a
      pesar de haber autorizado el descubrimiento de prueba
      con relación a esta y sin que hubiera un fundamento en
      derecho válido para impedir ese descubrimiento.
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      Erró el TPI al denegar el descubrimiento amplio y liberal
      y limitar el mismo provocando un estado de indefensión
      y coartando el derecho real de impugnar a la
      trabajadora social con la evidencia que recibió de las
      partes y utilizó, omitió utilizar o fue selectiva al utilizar
      en su proceso para emitir recomendaciones que
      favorecieron al padre. La limitación al descubrimiento
      impuesta por el TPI sin justificación en derecho viola el
      derecho a la confrontación de quien impugna el informe
      social.

      Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y contando

con la postura de la parte recurrida, procedemos a expresarnos.

                                   II

                                   A

      Sabido es que el recurso de certiorari es un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un foro inferior. Rivera Gómez y otros v.

Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ____

(2023); Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728

(2016); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Mediante

la presentación de un recurso de certiorari, se pretende la revisión

de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de

instancia en el transcurso y manejo del caso que atienden. Distinto

al ejercicio de sus funciones respecto a un recurso de apelación, el

tribunal al que se recurre mediante el vehículo procesal del recurso

de certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya

sea expedir el auto solicitado o denegarlo. 800 Ponce de León v. AIG,

supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593

(2011); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). A su vez, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, expresamente delimita

la intervención de este Tribunal para evitar la revisión judicial de

aquellas órdenes o resoluciones que dilatan innecesariamente el
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curso de los procesos. Rivera v. Joe’s European Shop, supra. En lo

pertinente, la referida disposición reza como sigue:

      […] [E]l Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes
      o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. […]

      32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      No obstante lo anterior, “[e]l examen que hace el tribunal

apelativo, previo a expedir un certiorari, no se da en el vacío ni en

ausencia de otros parámetros.” 800 Ponce de León v. AIG, supra; IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra. La Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento

de ejercer nuestra facultad discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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                                 B

       Por otra parte, es menester señalar que la relación entre

padres e hijos está protegida constitucionalmente. Como regla

general, los padres ostentan el derecho de velar por el cuido,

custodia y control de sus hijos. Rentas Nieves v. Betancourt

Figueroa, 201 DPR 416, 428 (2018); Estrella, Monge v. Figueroa

Guerra, 170 DPR 644, 662 (2007); Rivera v. Morales, 167 DPR 280,

290 (2006). Por esta razón, se considera que el lugar más idóneo en

donde puede estar un niño es en su hogar, junto a sus padres y

disfrutando de su compañía. Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia,

147 DPR 556, 563 (1999); Pueblo en interés de los menores R.P.S., et

al., 134 DPR 123, 134 (1993).

       La custodia es la tenencia o control físico que tiene un

progenitor sobre sus hijos. Jusino González v. Norat Santiago, 2023

TSPR 47, 212 DPR ___ (2023). En Puerto Rico, las determinaciones

sobre custodia deben guiarse por el bienestar y los mejores

intereses del menor. Íd.; Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR

645, 651 (2016); Torres, Ex Parte, 118 DPR 469, 476 (1987). Se

trata de una determinación a la cual los tribunales deben llegar a

la luz de un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de las

circunstancias presentes en el caso. Jusino González v. Norat

Santiago, supra; Rivera v. Morales, supra, pág. 293; Marrero Reyes

v. García Ramírez, 105 DPR 90, 104-106 (1976).

       Por tal razón, un tribunal que dilucida custodia no puede

actuar livianamente. De ahí que se le confiere autoridad para citar

a todas aquellas personas que, según su criterio, puedan ayudarle.

Peña v. Peña, 164 DPR 949, 959 (2005). Igualmente, puede ordenar

aquellas investigaciones de índole social o evaluaciones psicológicas

o psiquiátricas que estime convenientes. Jusino Gonzalez v. Norat

Santiago, supra; Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, supra, pág.

430.
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       En virtud de lo anterior, la Unidad Social de Relaciones de

Familia tiene la responsabilidad ofrecerle al juzgador asesoramiento

mediante evaluaciones que le permitan, en el ejercicio de sus

funciones,    tomar   decisiones         fundadas   en    los    casos    a   su

consideración. Oficina de Administración de los Tribunales, Circular

Núm. 6 del 6 de agosto de 2013, pág. 1; Muñoz Sánchez v. Báez de

Jesús, supra, pág. 652. La referida responsabilidad se materializa

en la preparación de un informe social, el cual es el producto final

de la evaluación forense que realiza un trabajador social adiestrado

en los casos de familia y asuntos de menores. Ello, para ilustrar al

juez de forma objetiva y científica sobre la personalidad del individuo

y su entorno familiar. A su vez, el mencionado informe detalla el

conocimiento     teórico       o    razonamiento    que       fundamenta      las

recomendaciones dadas en el mismo. Circular Núm. 6, supra, págs.

8-9.

       Ahora bien, cuando un informe preparado por un especialista

ha de utilizarse en la resolución de un caso regulando las relaciones

de familia, las partes afectadas, así como sus abogados, tienen

derecho a examinarlo. Asimismo, el tribunal sentenciador está en la

obligación de proveer una oportunidad a las partes para que puedan

formular     objeciones    o       presentar   prueba    en    contra    de   las

conclusiones contenidas en el informe. Rentas Nieves v. Betancourt

Figueroa, supra, págs. 431-432.

       Luego de que se ilustra al tribunal sobre el entorno social del

menor mediante el informe social, el derecho constitucional que de

ordinario tienen los padres para decidir sobre el cuido, la custodia y

el control de sus hijos, puede ser limitado en aras del interés

apremiante del Estado en proteger el bienestar de los menores. Íd.,

pág. 428; Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, supra, pág. 662. Sin

embargo, la interferencia con el aludido derecho constitucional debe

estar enmarcada dentro de un proceso justo y equitativo. Hernández
KLCE202301150                                                        10

v. Secretario, 164 DPR 390, 395 (2005). Para ello, se debe cumplir

con las garantías mínimas del debido proceso de ley, a saber: 1)

notificación adecuada del proceso; 2) juez imparcial; 3) oportunidad

de ser oído; 4) derecho a contrainterrogar testigos; 5) examinar la

evidencia presentada en su contra; 6) asistencia de abogado y; 7)

decisión basada en la prueba presentada en juicio. Hernández v.

Secretario, supra, págs. 395-396.

      De otra parte, en lo pertinente al caso de autos, la Regla 706

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 706, dispone que la persona perita

puede declarar sobre sus opiniones o inferencias y expresar las

razones que fundamentan las mismas. Ahora bien, se le podrá

requerir a la persona perita que revele los hechos o datos en los que

basa sus opiniones o inferencias durante el contrainterrogatorio.

Sobre este particular, el tratadista Rolando Emmanuelli Jiménez

precisa que, si en el descubrimiento de prueba se indaga sobre la

base de la opinión pericial, se podrá estar mejor preparado para

contrainterrogar   al   perito.   Prontuario   de   Derecho   Probatorio

Puertorriqueño, Cuarta Edición, Ediciones Situm, 2015, pág. 454.

Igualmente, propone que, a pesar de que la Reglas de Evidencia no

exigen que se descubra la base de la opinión pericial para

determinar la admisibilidad del testimonio, el referido aspecto es

fundamental para establecer el valor probatorio de la evidencia

ofrecida. Emmanuelli Jiménez, op. cit., pág. 454.

                                    C

      Finalmente, nuestro estado de derecho reconoce que el

descubrimiento de prueba es de carácter amplio y liberal,

encontrando su límite en que la materia a descubrirse sea

privilegiada y que la misma sea pertinente al asunto que se

dilucida. Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1;

Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra;

Alvear Maldonado v. Ernst & Young, LLP, 191 DPR 921, 925 (2014);
KLCE202301150                                                        11

SLG Valencia v. García García, 187 DPR 283, 330 (2012). Así, un

adecuado proceso de descubrimiento de prueba facilita el correcto

trámite del pleito de que trate y evita los inconvenientes, sorpresas

e injusticias que surgen cuando alguno de los interesados ignora la

realidad del objeto de litigio. Torres González v. Zaragoza Meléndez,

2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Las reglas que lo delinean, “se

basan en el concepto básico de que, antes del juicio, toda parte en

la litigación tiene el derecho a obtener el descubrimiento de toda la

información que esté en posesión de cualquier persona”. RMCA v.

Mayol Bianchi, 208 DPR 100, 113 (2021); Alvear Maldonado v. Ernst

& Young, LLP, supra, pág. 925, citando a J.A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS,

2011, T. III, pág. 835.

      Ahora bien, aun cuando el descubrimiento de prueba

constituye una etapa a completarse previo a las incidencias

ordinarias   de    una    audiencia   plenaria   mediante   la   activa

participación de las partes, los tribunales de justicia tienen el deber

de velar porque el mismo no resulte en un proceso abusivo y

opresivo. Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, supra, pág. 926.

Es en virtud de este llamado que, de ordinario, los tribunales están

facultados para expedir las órdenes protectoras que estimen

necesarias y así mitigar las consecuencias que se derivan de toda

conducta temeraria. Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V., R. 23.2.      En lo atinente a la presente causa, la referida

disposición, en el inciso aplicable, reza como sigue:

      […]

      (b) A solicitud de una parte o de la persona en relación
      con la cual se utiliza el descubrimiento, presentada
      mediante moción acompañada, de una certificación
      indicativa de que esta ha intentado de buena fe resolver
      la controversia sobre el descubrimiento conforme lo
      dispuesto en la Regla 34.1 de este apéndice, y por justa
      causa, el tribunal podrá emitir cualquier orden que
      requiera en justicia para proteger a dicha parte o
      persona de hostigamiento, perturbación u opresión, así
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      como cualquier molestia o gasto indebido. La orden del
      tribunal podrá incluir una o más de las medidas
      siguientes:

         (1) Que no se lleve a cabo el descubrimiento.

         (2) Que el descubrimiento se realice de conformidad
             con los términos y condiciones que se dispongan,
             incluyendo la designación de fecha y sitio.

         (3) Que se lleve a cabo el descubrimiento por un
             método diferente al seleccionado por la parte que
             lo interesa.

         (4) Que no se lleve a cabo el descubrimiento de
             ciertas materias, que se limite su alcance o que
             son irrelevantes y no conducen al descubrimiento
             de evidencia admisible.

         (5) Que se realice el descubrimiento en presencia de
             aquellas personas autorizadas para ello por el
             tribunal.

         (6) Que una deposición, una vez sellada, sea abierta
             únicamente por orden del tribunal.

         (7) Que un secreto comercial u otra información
             confidencial no sea divulgado que lo sea
             únicamente por orden del tribunal.

         (8) Que las partes presentes simultáneamente, en
             sobre sellado, determinados documentos o
             informes para ser abiertos de acuerdo con las
             instrucciones del tribunal.

            […].

            32 LPRA Ap. V., R. 23.2 (b).

      La norma reitera que los foros judiciales habrán de asumir un

rol más activo en el manejo del descubrimiento de prueba en

aquellos casos que involucren cuestiones complejas o que impliquen

asuntos de interés público. Por tanto, cuando en el mejor ejercicio

de su discreción, los tribunales de justicia consideren meritoria su

intervención en las etapas investigativas del pleito, su actuación

está completamente legitimada. Medina v. M.S. & D. Química P.R.

Inc., 135 DPR 716, 729 (1994).

                                 III

      La parte peticionaria sostiene que el tribunal incidió al no

permitir que se produjera la documentación solicitada. A su vez,
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plantea que, al desconocer los fundamentos de la opinión de la

Trabajadora Social no podrá prepararse adecuadamente para

contrainterrogar e impugnar a la Perita. Por otra parte, asevera que,

en virtud de la Reglas de Evidencia, todo perito está obligado a

notificar sus hallazgos a las partes.

      Aunque reconocemos que los tribunales de instancia tienen

amplia discreción en el manejo de los asuntos sobre descubrimiento

de prueba, luego de evaluar detenidamente el expediente ante

nuestra consideración y entender sobre la controversia de autos,

nos es forzoso acoger los argumentos esbozados por la peticionaria,

y concluir que el foro primario erró al emitir la determinación que

nos ocupa.

      En el presente caso, la parte peticionaria le solicitó a la

Trabajadora Social, Nayda Díaz López, en la deposición que se le

tomó el 11 de agosto de 2023, que produjera una lista de todos los

mensajes de texto y videos que le proveyeron las partes, su

currículum vitae, las notas de las entrevistas que realizó para

preparar el Informe Social y las hojas de los informes diarios

preparadas durante el periodo que estuvo trabajando el referido

informe. La anterior solicitud se realizó con el fin de que la

peticionaria pudiese impugnar el contenido del Informe Social.

      Según reseñamos, la Regla 706 de Evidencia, supra, permite

que la persona perito declare sobre sus opiniones e inferencias y

exprese las razones que la fundamentan. Sin embargo, la referida

Regla expresamente dispone que se le puede requerir al perito que

revele durante el contrainterrogatorio los hechos o datos en los que

basa las mismas. Para poder realizar un contrainterrogatorio

efectivo es esencial que se permita un descubrimiento de prueba

sobre dichos hechos y datos en los cuales que basa su opinión.

      Conforme a lo anterior, resolvemos que no existía fundamento

en ley para que el tribunal no permitiera que se produjera la
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documentación solicitada por la parte peticionaria. Más aún,

cuando los documentos requeridos no afectaban la confidencialidad

de otros casos de la Unidad Social, puesto que la parte peticionaria

reiteró en varias ocasiones que se debía tachar en negro todo lo que

no se relacionara al presente caso. De otra parte, colegimos que el

petitorio de la señora Méndez Ramos no tenía indicios de causar

ninguna molestia o perturbación, y que únicamente servía para que

pudiese impugnar de manera más efectiva el Informe Social y ayudar

al juzgador a determinar el valor probatorio del mismo.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto

de certiorari y se revoca la resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones