Court Opinion

ID: 9962841
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:57:46.978919+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:07.637132
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL1

WM CAPITAL PARTNERS, LLC                                Apelación
                                                        Procedente del
           Apelante                                     Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala
                                                        Superior de San
               V.                                       Juan

                                  KLAN202400019
GOLDEN TRIANGLE REALTY,
S.E., ET AL.                                            Caso Núm.
                                                        K CD2011-2109
           Apelados

                                                        Sobre:
PEARL HOLDINGS, LLC.                                    Cobro de Dinero;
                                                        Ejecución De
     Interventor-Apelado                                Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez                     Bonilla    Ortiz,
el Juez Pagán Ocasio, y el Juez Rivera Torres.

Pagán Ocasio, juez ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2024.

                                       I.

       El 8 de enero de 2024, WM Capital Partners 53, LLC (WM

Capital o parte apelante) presentó una Apelación Civil (Apelación)

ante esta Curia en la que solicitó que revoquemos una Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI, foro primario o foro a quo), el 7 de diciembre de 2023, y

notificada y archivada el 8 de diciembre de 2023.2 En su dictamen,

el TPI declaró a Pearl Holdings, LLC (Pearl Holdings o parte

interventora-apelada) como la parte con derecho preferente sobre los

fondos depositados el 26 de junio de 20183 en la Unidad de Cuentas

1 Véase Orden Administrativa OATA 2024-004, del 11 de enero de 2024.
2  Apéndice de la Apelación, Anejo 14, págs. 212-228. Dicha determinación
dispuso de las solicitudes de sentencia sumaria y sus respectivas oposiciones, y
declaró con lugar la Demanda Enmendada de Intervención. Consecuentemente,
declaró a Pearl Holdings como la parte preferente sobre los fondos consignados
en el TPI y ordenó a la Unidad de Cuentas del foro primario a liberar un cheque a
favor de la parte interventora-apelada por una suma de $3,183,426.82.
3 Íd., Anejo 8, pág. 155.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202400019                                                       2

del TPI por Golden Triangle Realty, S.E. (Golden Triangle o parte

apelada), y consecuentemente ordenó a la Unidad de Cuentas a

liberar un cheque a favor de la parte interventora-apelada por una

suma de $3,183,426.82.

      El 12 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos a la parte apelada y la parte interventora-apelada hasta

el 7 de febrero de 2024 para presentar su alegato en oposición a la

Apelación.

      El 6 de febrero de 2024, la parte interventora-apelada

presentó una Urgente Moción de Prórroga para Someter Alegato de la

Parte Apelada en la que solicitó una prórroga de veinte (20) días para

presentar su alegato en oposición al recurso de apelación.

      Ese mismo día, emitimos una Resolución en la que le

concedimos a Pearl Holdings una prórroga final hasta el 16 de

febrero de 2024.

      El 16 de febrero de 2024, Pearl Holdings presentó un Alegato

en Oposición a Recurso de Apelación en el que solicitó que se

confirmara la Resolución apelada.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por perfeccionado el recurso de epígrafe, y, en adelante,

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes a la Apelación.

                                 II.

     El caso de marras tiene su génesis el 21 de diciembre de 2011

cuando Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) presentó una

Demanda en contra de Golden Triangle, VSJ Realty, S.E., Full House

Development, Inc., Convention Center Parking, Inc., Caribbean Sea

View, Inc., David Santiago Martínez, Diana Ortiz Borges y la

Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos, Fulano de

Tal y Sutano más Cual (en conjunto, co-demandados) en reclamo de
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cobro de dinero, ejecución de prenda y de hipoteca.4 En lo específico,

Scotiabank solicitó al TPI que les ordenara a los co-demandados a

satisfacer la cantidad de $24,163,575.10 en concepto de principal

adeudado, $4,001,901.88 por intereses, y recargos por mora y

honorarios de abogado. Además, solicitó la ejecución simultánea de

todas las prendas, garantías e hipotecas sobre el préstamo otorgado

a favor de Golden Triangle.

      Tras varios trámites procesales, Scotiabank le cedió a la parte

apelante el crédito reclamado en la Demanda, y consecuentemente,

el 13 de octubre de 2015, WM Capital compareció y presentó una

Moción de Sustitución de Parte y Asumiendo Representación Legal,

en la que solicitó a la parte apelante como nueva parte demandante.5

      El 14 de octubre de 2015, los co-demandados reclamaron su

derecho al retracto de crédito litigioso.6 No obstante, luego de varios

trámites procesales, el 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico emitió una Sentencia por la cual dictaminó que la

figura de retracto de crédito litigioso no procede y no aplica en el

presente caso por versar sobre la cesión o venta de varios

instrumentos negociables, a tenor con la Ley de Transacciones

Comerciales, Ley Núm. 208 del 17 de agosto de 1995, 19 LPRA secs.

401 et seq. (Ley Núm. 208-1995). 7 Por lo que revocó la

determinación del foro apelativo intermedio, que confirmó al TPI, y

devolvió el caso al foro primario para la continuación de los

procedimientos de cobro de dinero y la ejecución de las garantías

correspondientes.

4 Véase la Sentencia emitida el 3 de diciembre de 2020 por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico en este caso, AC-2019-0087, de la cual tomamos conocimiento
judicial de este hecho procesal, a tenor con la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA
Ap. VI, R. 201; Apéndice de la Apelación, Anejo 1, págs. 4-5.
5 Véase la Sentencia emitida el 3 de diciembre de 2020, supra, de la cual tomamos

conocimiento judicial de estos hechos procesales, a tenor con la Regla 201 de
Evidencia, supra; Apéndice de la Apelación, Anejo 1, pág. 6.
6 Véase la Sentencia emitida el 3 de diciembre de 2020, supra, de la cual tomamos

conocimiento judicial de este hecho procesal, a tenor con la Regla 201 de
Evidencia, supra; Apéndice de la Apelación, Anejo 1, pág. 6.
7 Apéndice de la Apelación, Anejo 1, págs. 1-15.
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      Como resultado de ello, el 5 de abril de 2021, Pearl Holdings

presentó una Demanda Enmendada de Intervención alegando

específicamente haber perfeccionado un contrato de préstamo con

los co-demandados, por el cual les facilitó la suma de $4 millones

para ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso contra WM

Capital en el caso de marras.8 Sin embargo, las partes contratantes,

mediante ese contrato, pactaron una cláusula resolutoria por la cual

se estableció que la devolución de ese dinero consignado en la

Unidad de Cuentas del foro primario estaba condicionado a dos (2)

eventos; a saber: (1) que el tribunal no reconociera el derecho al

retracto litigioso o (2) que el ejercicio de ese derecho fuese mayor a

los $4 millones.

      El 24 de junio de 2021, el foro primario denegó esa Demanda

Enmendada de Intervención. 9 No obstante, un Panel hermano de

este Tribunal emitió una Sentencia el 12 de enero de 2022, en el

caso KLAN202100500, por la que revocó la determinación del foro

primario e inmediatamente, ordenó la admisión de la participación

de Pearl Holdings como la parte interventora. Específicamente

determinó que Pearl Holdings ostenta un interés propietario sobre

los fondos depositados en el foro a quo y que se configuró un

gravamen mobiliario sobre ese dinero consignado.10

      Luego de varios trámites procesales, el foro primario emitió

una Sentencia el 4 de noviembre de 2021, notificada y archivada el

10 de noviembre de 2021, mediante la cual declaró con lugar la

Demanda en su totalidad.11 Además, determinó, en parte, que los

co-demandados         le    adeudan   a   WM     Capital    una     suma     de

$23,569,530.00        por      concepto   de   principal;    $17,435,913.85

8 Íd., Anejo 2, págs. 16-24.
9 Véase la Sentencia emitida el 10 de abril de 2023 por este Tribunal en el caso

KLAN202200915 de la cual tomamos conocimiento judicial de este hecho
procesal, a tenor con la Regla 201 de Evidencia, supra.
10 Apéndice de la Apelación, Anejo 4, págs. 59-78.
11 Íd., Anejo 3, págs. 25-58.
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correspondientes a intereses, los cuales continúan acumulándose

diariamente, a razón de $3,067.24; $59,793.65, en concepto de las

cantidades pactadas en las hipotecas y adelantos; y otra partida que

asciende a $4,224,248.00, correspondiente a costas, gastos y

honorarios de abogados.

      El 16 de septiembre de 2022, WM Capital presentó una

Contestación      a    Demanda      Enmendada         de    Intervención.   12

Subsiguientemente, el foro primario emitió una Orden el 24 de

febrero de 2023, notificada y archivada el 27 de agosto de 2023, por

la que declaró con lugar la solicitud de anotación de rebeldía en

contra de los co-demandados por no haber contestado la Demanda

Enmendada de Intervención.13

      El 19 de julio de 2022, WM Capital radicó una Moción para

Enmendar Sentencia y Dejar sin Efecto la Paralización.14 Después de

examinar la oposición presentada por los co-demandados, el foro a

quo emitió una Sentencia Enmendada el 29 de agosto de 2022,

notificada y archivada el 1 de septiembre de 2022, por la cual

eliminó la determinación sobre preferencia de WM Capital

respecto a los fondos consignados en la Unidad de Cuentas del

TPI.15 El 10 de abril de 2023, este Tribunal emitió una Sentencia

mediante la cual confirmó la Sentencia Enmendada.16

      Luego de varios trámites procesales, el 24 de mayo de 2023,

WM Capital y Pearl Holdings presentaron una Moción Conjunta para

Permitir Estipulación de Hechos Materiales en Apoyo a que se dicte

Sentencia Sumaria y Solicitud de Prórroga para presentar Mociones

Dispositivas.17 Por medio de esta, informaron los hechos materiales

12 Íd., Anejo 6, págs. 113-115.
13 Íd., Anejo 7, págs. 116-119.
14 Véase la Sentencia emitida el 10 de abril de 2023 en el caso KLAN202200915

de la cual tomamos conocimiento judicial de este hecho procesal, a tenor con la
Regla 201 de Evidencia, supra.
15 Apéndice de la Apelación, Anejo 5, págs. 79-112.
16 Véase la Sentencia emitida el 10 de abril de 2023 en el caso KLAN202200915

de la cual tomamos conocimiento judicial de este hecho procesal, a tenor con la
Regla 201 de Evidencia, supra.
17 Apéndice de la Apelación, Anejo 8, págs. 120-155.
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esenciales e incontrovertidos para resolver la Demanda Enmendada

de Intervención de forma rápida, económica y justa, y para estar en

posición de presentar sus respectivas sentencias sumarias. A esos

efectos, los hechos materiales incontrovertidos estipulados fueron:

            1. El 25 de junio de 2018 Pearl Holdings, LLC.
      ("Pearl") y Golden Triangle Realty, SE. ("Golden
      Triangle"), otorgaron un Term Sheet for Funding
      Acquisition of Mortgage Notes on Real Property Located
      at 602 ave. Manuel Fernández, San Juan, PR 00907 (en
      adelante "Term Sheet").

           2. El Term Sheet se firmó en preparación para un
      futuro contrato de préstamo a otorgarse entre las
      partes.

           3. La cantidad acordada para el préstamo fue
      hasta la suma de $4,000,000.00.

           4. En el Term Sheet Pearl y Golden Triangle
      acordaron en la cláusula 19 como sigue:

                19. The Developers and Owners shall
         continue to vigorously defend any case related
         the administration of the property by the
         developers and existing action that has an
         impact on the property in order to protect Pearl's
         interests. In the event of an adverse result
         during the appellate process, including from the
         Supreme Court of Puerto Rico, any funds
         deposited as part of the transaction shall be
         promptly returned to Pearl counsel's escrow
         account. Pearl or its counsel shall have the right
         to intervene during the proceedings to enforce
         the terms of the Ruling. Pearl's counsel should
         always prepare first any draft of any legal action
         to be taken, with further review and evaluation
         to follow by Developers' Counsel. Pearl's counsel
         shall have the right to withdraw from the Court
         any funds deposited in the event of an adverse
         result in the legal action.

           5. El 26 de junio de 2018 Golden depositó
      $3,183,426.82 en la Unidad de Cuentas del Tribunal en
      cumplimiento con la decisión judicial del 18 de junio de
      2018.

           6. El 26 de junio de 2018 la Unidad de Cuentas
      del Tribunal expidió el recibo oficial #31962 por la
      cantidad depositada de $3,183,426.82.

            7. El 27 de julio de 2018 Pearl y Golden Triangle
      otorgaron un contrato de préstamo (Loan Agreement)
      según acordado en el Term Sheet. En la cláusula 11 del
      referido contrato incorporaron el Term Sheet como parte
      de este.
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            8. El propósito del préstamo de Pearl a Golden
       Triangle fue para que esta última pudiese ejercer el
       derecho de retracto de crédito litigioso en el caso de
       autos según la decisión judicial del 18 de junio de 2018.

             9. En el contrato de préstamo se acordó, en la
       cláusula 3 que: “This loan is guaranteed by a
       promissory note, a UCC lien on the amounts deposited
       at the Clerk's Office of the San Juan Court of First
       Instance, the rents obtained from the rental agreements
       disclosed in Appendix I and the real property described
       in Public Deed 21 granted on July 27, 2018 before
       public notary. In addition to this collateral, the
       forthcoming land transfer from the Puerto Rico Highway
       Authority shall be included as part of the collateral and
       the appropriate documents shall be executed once the
       land transfer is completed.”

            10. El 8 de mayo de 2020 se presentó la
       declaración de financiamiento ante el Departamento de
       Estado. En dicha declaración, Pearl es el "Secured
       Party" y Golden el "Debtor" así como otras entidades.
       Como "Collateral Description" se expresó: "Principal
       amount disbursed on June 24, 2018 at the San Juan
       Court of First Instance was $3,183,426.82".

             11. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante
       sentencia no publicada, determinó posteriormente que
       en el caso de autos no procedía el ejercicio del retracto
       de crédito litigioso.18

      En ese extremo, el foro primario emitió una Orden el 26 de

mayo de 2023, notificada y archivada el 30 de mayo de 2023, por la

cual declaró con lugar la moción conjunta.19

      El 9 de junio de 2023, la parte apelante presentó una Moción

de Sentencia Sumaria para Desestimar Demanda de Intervención

Enmendada.20

       Por su parte, ese mismo día, la parte interventora-apelada

presentó una Moción de Sentencia Sumaria por dos (2) razones

principales: (1) que tiene derecho preferente a los fondos

consignados en la Unidad de Cuentas del foro primario, los cuales

fueron producto de una transacción asegurada, a tenor con la Ley

Núm. 208-1995, supra; y (2) en la alternativa, esos fondos

depositados son propiedad de Pearl Holdings, a tenor con la cláusula

18 Íd., págs. 121-122. (Énfasis en el original).
19 Íd., Anejo 9, págs. 156-157.
20 Íd., Anejo 10, págs. 158-170.
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resolutoria incluida en el contrato de préstamo celebrado con

Golden Triangle.21

       El 27 de junio de 2023, WM Capital presentó una Oposición a

Moción de Sentencia Sumaria del Interventor            reiterando su

argumento de que la parte interventora-apelada perdió control sobre

el dinero en cuestión cuando la parte apelada los consignó en el

tribunal. 22 También alegó que la cláusula resolutoria no activa

derechos reales sino personales, por lo que esa condición resolutoria

no surte efecto contra WM Capital como ente tercero al contrato

suscrito por Pearl Holdings y Golden Triangle.

       El 29 de junio de 2023, Pearl Holdings presentó una Oposición

a Moción de Sentencia Sumaria por la cual sostuvo que la

transacción celebrada con la parte apelada cumplió con todos los

requisitos de la Ley Núm. 208-1995, supra, para la configuración

del gravamen mobiliario y WM Capital, mediante su solicitud de

sentencia sumaria, añade requisitos a la perfección de gravámenes

mobiliarios. 23 Arguyó en la alternativa que, Pearl Holdings tiene

derecho preferente a los referidos fondos por haberse cumplido uno

de los dos (2) eventos para activar la condición resolutoria; a saber,

no aplica el derecho de retracto de crédito litigioso en el caso de

epígrafe.

       En vista de ello, el TPI emitió una Resolución el 7 de diciembre

de 2023, notificada y archivada el 8 de diciembre de 2023, mediante

la cual dictaminó que Pearl Holdings tiene derecho preferente a los

fondos depositados en el foro primario por tener un gravamen

mobiliario con eficacia jurídica sobre esos fondos. En la alternativa,

Pearl Holdings posee mejor derecho sobre esos fondos a tenor con la

cláusula resolutoria.

21 Íd., Anejo 11, págs. 171-192.
22 Íd., Anejo 12, págs. 193-199.
23 Íd., Anejo 13, págs. 200-211.
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      Inconforme, WM Capital acudió ante nos mediante el presente

recurso y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró
      al conceder sumariamente la demanda enmendada de
      intervención de Pearl Holdings LLC. Este interventor no
      perfeccionó una garantía sobre los fondos consignados
      al carecer del control necesario mediante un Deposit
      Account Control Agreement ("DACA").
      SEGUNDO ERROR: El Tribunal de Primera Instancia
      erró al decidir que Pearl Holdings LLC tenía un
      gravamen mobiliario válido porque los demandados
      nunca perdieron el control sobre los fondos
      consignados.
      TERCER ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró
      al concluir que era suficiente para perfeccionar una
      garantía mobiliaria el contrato de préstamo, sin que
      Pearl y los demandados tuvieran que otorgar
      separadamente un contrato de garantía mobiliaria.
      CUARTO ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró
      al concluir, en la alternativa, que Pearl Holdings LLC
      tenía un mejor derecho que WM Capital sobre los fondos
      consignados al estipular con su deudor una alegada
      cláusula resolutoria que requería que el deudor
      devolviera el dinero consignado judicialmente de no
      prevalecer en el ejercicio del derecho de retracto de
      crédito litigioso.
      QUINTO ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró
      al ordenar que la unidad de cuentas desembolse el
      dinero depositado a favor de Pearl. La controversia entre
      WM Capital y Pearl era quién tenía el derecho preferente
      sobre los fondos consignados judicialmente. Pearl
      nunca probó en su moción de sentencia sumaria que
      tenía una deuda líquida, vencida, y exigible y tampoco
      produjo copia del pagaré.

      El 16 de febrero de 2024, Pearl Holdings presentó un Alegato

en Oposición a Recurso de Apelación en el que solicitó que se

confirmara la Resolución apelada, al ser conforme a Derecho.

      Consecuentemente,      el   caso   quedó   perfeccionado    para

determinación judicial.

                                  III.

                                  A.

      El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. El

propósito de esta regla es facilitar la solución justa, rápida y

económica de litigios civiles en los cuales no existe controversia real
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y sustancial de hechos materiales que no requieren ventilarse en un

juicio plenario. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940

(2018); Bobé et al. v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20

(2017); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430

(2013). Mediante este mecanismo, una parte puede solicitar que el

tribunal dicte sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o

de parte de esta. De esta forma se promueve la descongestión de

calendarios, así como la pronta adjudicación de controversias

cuando una audiencia formal resulta en una dilación innecesaria.

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).

      Ahora bien, el mecanismo de sentencia sumaria solo está

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros;

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc.

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). Asimismo, al evaluarse los

méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador debe

actuar guiado por la prudencia, consciente en todo momento de que

su determinación puede privar a una de las partes de su día en

corte. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020). De la

mano con este precepto del debido proceso de ley, el juzgador deberá

utilizar el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción,

lo cual implica que, de haber dudas sobre la existencia de

controversias de hechos materiales, entonces deberán resolverse a

favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015);

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216-217 (2010).

      Para prevalecer en una moción de sentencia sumaria, su

promovente tiene que establecer su derecho con claridad y debe

demostrar que no existe controversia en cuanto a ningún hecho

material, o sea, ningún elemento de la causa de acción. Meléndez
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González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Por hechos

materiales se entienden aquellos que pueden afectar el resultado de

una reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. La controversia sobre el hecho

material debe ser real. Íd. A saber:

             [U]na controversia no es siempre real o
      sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una
      calidad suficiente como para que sea necesario que un
      juez la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula,
      debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia
      sumaria adecuadamente presentada sólo puede
      negarse si la parte que se opone a ella presenta una
      oposición basada en hechos que puedan mover a un
      juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de que
      no existe una posibilidad razonable de que escuchar lo
      que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de
      esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Íd., págs. 213-
      214 citando a P. E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de
      la sentencia sumaria, 3 (Núm. 2) Forum 3, 8 (1987).

      En suma, deberá demostrar que: (1) no es necesario celebrar

una vista; (2) el demandante no cuenta con evidencia para probar

algún hecho sustancial; y (3) procede como cuestión de derecho. R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil, 2017, pág. 317.

      En contraste, el oponente a la moción de sentencia sumaria

está obligado a establecer que existe una controversia que sea real

en cuanto a algún hecho material a la controversia y, en ese sentido,

no es cualquier duda la suficiente para derrotar la solicitud.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. En efecto, la duda

debe ser tal que permita concluir que existe una controversia real y

sustancial sobre los hechos materiales. Íd., citando a Ramos Pérez

v. Univisión, supra, pág. 214. De esta manera, central entre las

responsabilidades de la parte promovida se encuentra que debe

puntualizar los hechos propuestos que pretende controvertir,

haciendo referencia a la prueba específica que sostiene su posición.

León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44. Es decir, “la parte

opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye
KLAN202400019                                                     12

los hechos materiales que alega están en disputa”. Íd. De esta forma,

no puede descansar en meras aseveraciones o negaciones de sus

alegaciones, sino que debe proveer contradeclaraciones juradas y

documentos que sustenten los hechos materiales en disputa. SLG

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; Ramos Pérez v. Univisión,

supra, pág. 215; Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR

526, 550 (2007). Lo anterior, además, es cónsono con los

requerimientos establecidos por las Reglas de Procedimiento Civil,

supra, en lo pertinente a este mecanismo procesal.

      En síntesis, ha quedado establecido que los tribunales no

podrán dictar sentencia sumaria en cuatro situaciones: (1) cuando

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) cuando

existen alegaciones afirmativas en la demanda sin refutar; (3)

cuando surge de los propios documentos que acompañan la moción

en solicitud de sentencia sumaria que existe una controversia sobre

algún hecho material o esencial; o (4) cuando no procede como

cuestión de Derecho. Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 26-27

(2014).

      De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, el Tribunal Supremo delineó el estándar que el Tribunal de

Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o una

concesión de una moción de sentencia sumaria.

      En primer lugar, reafirmó que el Tribunal de Apelaciones se

encuentra en la misma posición que el TPI al momento de revisar

solicitudes de sentencia sumaria, siendo su revisión una de novo y

teniendo la obligación de regirse por la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra, y los criterios que la jurisprudencia le exige al foro

primario. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 115.

Asimismo, deberá examinar el expediente de la manera más

favorable hacia la parte promovida, llevando a cabo todas las

inferencias permisibles a su favor. Íd. Ahora bien, reconoció que el
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foro apelativo esta limitado, toda vez que no podrá tomar en

consideración evidencia que las partes no presentaron ante el foro

primario, ni podrá adjudicar los hechos materiales en controversia.

Íd.

      En segundo lugar, prescribió que el Tribunal de Apelaciones

deberá revisar que tanto la moción en solicitud de sentencia

sumaria, como la oposición, cumplan con los requisitos de forma

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

      En tercer lugar, mandató que, ante la revisión de una

sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones deberá

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y,

de haberlos, estará obligado a exponer específicamente cuáles

hechos   materiales   están   en   controversia   y   cuáles   no,   en

cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R.

36.4. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

      En cuarto lugar, dispuso que, si encuentra que los hechos

materiales realmente no están en controversia, entonces el Tribunal

de Apelaciones deberá revisar de novo si el foro primario aplicó

correctamente el Derecho. Íd., pág. 119.

                                   B.

      Los acreedores garantizados son “persona[s] en cuyo favor se

crea una garantía mobiliaria o se provee bajo un acuerdo de garantía

mobiliaria, indistintamente si la obligación que será garantizada

está o no pendiente de pago”. Ley Núm. 208-1995, supra, sec. 2212.

En ese extremo, la Ley Núm. 208-1995, supra, sec. 451 define las

garantías mobiliarias como “un derecho real sobre propiedad

mueble o inmueble por su destino que garantiza el pago o

cumplimiento de una obligación”. En PR Asset Portfolio 2013-1

International, LLC v. Tropical Heifers, Inc., 206 DPR 559, 571

(2021), el Tribunal Supremo de Puerto Rico particularizó dos (2)
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eventos fundamentales por los cuales los gravámenes mobiliarios

adquieren eficacia jurídica; a saber: la constitución o attachment y

el perfeccionamiento.

      Por un lado, la constitución es cuando los gravámenes

mobiliarios son exigibles contra el deudor con relación a la

propiedad gravada. Ley Núm. 208-1995, supra, sec. 2233. Para la

aludida constitución se requieren tres (3) elementos:

            (1) se haya dado valor;
            (2) el deudor tenga derechos sobre la propiedad
            gravada o el poder de transferir derechos en la
            propiedad gravada al acreedor garantizado; y
            (3) que una de las siguientes condiciones se
            cumpla:
            (A) el deudor haya autenticado un acuerdo de
            garantía mobiliaria que contenga una descripción
            de la propiedad gravada y, (i) si la garantía
            mobiliaria cubre una póliza de seguro de vida, la
            condición establecida en la Sección 9-107.1(b)
            haya sido cumplida, y (ii) si la garantía mobiliaria
            cubre madera en pie, una descripción de la finca
            correspondiente; . . . . Íd. (Énfasis en el original).

      Por otro lado, un acreedor garantizado podrá perfeccionar las

garantías mobiliarias “sobre documentos negociables, bienes,

instrumentos, dinero o papel financiero tangible” y, por ende,

hacerlas oponibles frente a terceros tomando posesión de la

propiedad gravada. Íd., sec. 2263; véase, además, PR Asset

Portfolio 2013-1 International, LLC v. Tropical Heifers, Inc.,

supra, pág. 572; Des. Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR

290, 303 (2017). En esa misma línea, la sección 9-310 de la Ley

Núm. 208-1995, supra, sec. 2260, establece en lo pertinente que,

“[e]xcepto que de otro modo se disponga en la subsección (b) y

Sección 9-312 (b), una declaración de financiamiento deberá ser

radicada para perfeccionar todas las garantías mobiliarias. . .”.

                                  C.

      Según disponía el derogado Código Civil de Puerto Rico del

1930 (Código Civil de 1930), 31 LPRA ant. sec. 2992, las obligaciones

nacen de la ley, los contratos, cuasicontratos, y actos y omisiones
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ilícitos en donde intervenga culpa o negligencia. Véase, además,

López v. González, 163 DPR 275, 281 (2004). Aquellas obligaciones

nacidas de los contratos ostentan fuerza de ley entre las partes

contratantes. Código Civil de 1930, supra, ant. sec. 2994. Incluso,

los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde

entonces “obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Código

Civil de 1930, supra, ant. sec. 3375 (Énfasis suplido); Véase,

además, Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163, 186-

187 (2022).

      Es norma conocida que la existencia de los contratos depende

de   la   concurrencia   de   tres   (3)   requisitos;   estos   son,   el

consentimiento de los contratantes; objeto cierto que sea materia del

contrato; y causa de la obligación que se establezca. Código Civil de

1930, supra, ant. sec. 3391; Véase, además, Pérez Rodríguez v.

López Rodríguez, supra, pág. 186. Igualmente, las partes

contratantes podrán “establecer los pactos, cláusulas y condiciones

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las

leyes, a la moral, ni al orden público”. Código Civil de 1930, supra,

ant. sec. 3372; Véase, además, Pérez Rodríguez v. López

Rodríguez, supra, pág. 187. Como norma general, el cumplimiento

de una obligación constituida mediante contrato es desde que esta

se constituye. López v. González, supra, pág. 282. Sin embargo,

existen tres (3) modalidades en las relaciones jurídicas. Estas son

las obligaciones puras, condicionales y a plazo. Íd.

      En López v. González, Íd., nuestro máximo foro expresó

cuando aplica cada una:

      …[las obligaciones] Puras son las exigibles desde el
      instante mismo de quedar constituida la relación
      obligatoria; las condicionales son aquéllas cuya eficacia
      depende de un acontecimiento incierto, y a plazo o
      a término las que dejan establecida en firme la
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      prestación sin que pueda exigirse todavía en el
      momento de quedar constituida la relación obligatoria.
      Íd. (Subrayado en el original) (citando a J. Puig Brutau,
      Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed. rev., Barcelona,
      Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. II, pág. 81).

      En cuanto a las obligaciones condicionales, estas se dividen

en obligaciones resolutorias y obligaciones suspensivas. En lo

pertinente al caso de marras, las obligaciones con condiciones

resolutorias serán exigibles, sin perjuicio de los efectos de la

resolución. Código Civil de 1930, supra, ant. secs. 3041-3042.

Contrario a las obligaciones con condiciones suspensivas, aquellas

obligaciones sujetas a condiciones resolutorias “surte[n] efecto legal

desde el preciso momento en que surge el concurso de voluntades.

Desde ese instante la obligación existe en su integridad como si la

condición no se hubiera pactado”. Atocha Thom McAn, Inc. v.

Registrador, 123 DPR 571, 579 (1942). Sin embargo, tan pronto

ocurre el hecho resolutorio, la obligación se extingue de forma

automática. J.M. Lete del Río & J. Lete Achirica, Derecho de

Obligaciones, Navarra, Editorial Aranzadi, 2007, Vol. I, pág. 190.

                                 IV.

      En el caso ante nos, el TPI emitió una Resolución por la cual

declaró con lugar la Demanda Enmendada de Intervención y

consecuentemente, determinó que Pearl Holdings es la parte con

derecho preferente sobre los fondos depositados por Golden Triangle

en la Unidad de Cuentas del TPI. Asimismo, ordenó a la Unidad de

Cuentas a liberar dichos fondos a favor de la parte interventora-

apelada por una suma de $3,183,426.82. El foro primario realizó tal

determinación al reconocer que la parte interventora-apelada tiene

constituido y perfeccionado un gravamen sobre los fondos

depositados, lo cual es oponible a WM Capital. En la alternativa,

Pearl Holdings tiene derecho preferente a esos fondos a tenor con la

cláusula resolutoria incluida en el contrato de préstamo constituido

entre Pearl Holdings y Golden Triangle.
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      En desacuerdo, WM Capital le imputó al TPI la comisión de

cinco (5) errores.

      Como primero y segundo error, se alegó que el TPI erró al

conceder sumariamente la Demanda Enmendada de Intervención

cuando Pearl Holdings no tenía control sobre esos fondos, condición

necesaria para perfeccionar una garantía mobiliaria sobre los

mismos. Lo anterior, según WM Capital, fue causado por no haber

constituido un DACA y por el propio acto de consignar los fondos en

la Unidad de Cuentas del TPI. Por su parte, la contención de Pearl

Holdings es que poseer un DACA no es uno de los requisitos

impuestos por la sección 9-203 de la Ley Núm. 208-1995, supra,

sec. 2233 para la constitución de un gravamen mobiliario sobre

dinero, sino una práctica de la industria. Además, alegó no haber

perdido control sobre esos fondos por su consignación, pues al

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolver la improcedencia del

derecho de retracto en el caso de marras, la consignación realizada

para ejercer tal derecho no surtió efecto alguno.

      Por otro lado, y como tercer error, la parte apelante alegó que

el foro a quo erró al concluir que el contrato de préstamo era

suficiente para perfeccionar una garantía mobiliaria sin haber

otorgado un contrato de garantía mobiliaria. Sin embargo, la parte

interventora-apelada argumentó que ese contrato era innecesario

por haber cumplido con los tres (3) requisitos de garantía mobiliaria,

a tenor con la Ley Núm. 208-1995, supra: (1) Pearl Holdings y

Golden Triangle otorgaron un valor al instrumento mediante el Loan

Agreement, (2) Golden Triangle tenía derecho sobre la propiedad

gravada, y (3) Golden Triangle firmó un acuerdo de constitución con

una descripción de la propiedad gravada por medio del Term Sheet

y Loan Agreement.

      En su cuarto error, la parte apelante sostuvo que el foro

primario erró al concluir en la alternativa que la parte interventora-
KLAN202400019                                                     18

apelada tenía un mejor derecho a los fondos depositados a tenor con

la cláusula resolutoria del contrato de préstamo cuando los

contratos son entre las partes y no surten efecto contra terceros

como WM Capital. La contención de Pearl Holdings fue, sin embargo,

que, al no aplicar el derecho de retracto, se activó la cláusula

resolutoria. Además, arguyó que, ante el cumplimiento de la

condición resolutoria supone volver al estado jurídico preexistente

como si el negocio no se hubiera concluido y que las partes se

devuelvan las cosas o prestaciones, siendo estas el dinero

consignado.

      En su último error, WM Capital argumentó que el foro

primario erró al ordenar a la Unidad de Cuentas del TPI a

desembolsar el dinero a favor de Pearl Holdings cuando esta nunca

probó, mediante moción de sentencia sumaria, haber tenido una

deuda líquida, vencida y exigible, y por no haber producido copia del

pagaré. Por su parte, Pearl Holdings sostuvo que la propia cláusula

resolutoria establecía que de no proceder el derecho de retracto

quedaba resuelta la obligación de restitución.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica apelativa adjudicativa, resulta forzoso concluir

que el TPI no incidió en los errores señalados. Todo lo contrario.

Resulta evidente que el foro a quo no se apartó del dictamen emitido

por este foro respecto al gravamen mobiliario sobre los fondos

consignados y la cláusula resolutoria en cuestión, sino que actuó

conforme a la ley del caso. Consecuentemente, la determinación

apelada es correcta en derecho.

      Como cuestión de umbral, de los cinco (5) errores señalados

por la parte apelante se desprenden dos (2) controversias

principales; estas son: (i) si se constituyó un gravamen mobiliario

sobre esos fondos y (ii) quién tiene derecho preferente sobre los

fondos consignados en la Unidad de Cuentas del TPI.
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       Adviértase que la controversia sobre si se perfeccionó una

garantía mobiliaria sobre los fondos consignados es académica. Un

Panel hermano de este Tribunal emitió una Sentencia el 12 de enero

de 2022, en el caso KLAN202100500, mediante la cual se estableció

que de la cláusula resolutoria surgía claramente el interés

propietario de Pearl Holdings para intervenir en el caso de marras,

conforme a la Regla 21.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 21.2, y

que se constituyó un gravamen mobiliario sobre los fondos

consignados. Específicamente, este Tribunal resolvió:

              En su escrito ante nosotros la parte apelada
       insiste en que Pearl Holdings no podía constituir un
       gravamen mobiliario sobre los fondos consignados en
       [la] Unidad de Cuentas del TPI, pues tales fondos ya no
       se encontraban en su patrimonio, por el acto mismo de
       la consignación, y por este haber perdido el control y
       posesión sobre los mismos. No tiene razón.
              Ello por cuanto, mientras el acreedor no haya
       aceptado la consignación, o no haya recaído la
       declaración judicial de la suficiencia del pago, el deudor
       puede retirar la cosa o la cantidad consignada, dejando
       subsistente la obligación. 31 LPRA sec. 9186. Es decir,
       la consignación per se no cuarta la facultad jurídica del
       propietario. Ver, Margarita García Cárdenas, Derecho de
       Obligaciones y Contratos, San Juan, MJ Editores,
       2012.
              Es un hecho incontrovertido que la consignación
       no surtió efecto alguno en este caso pues, por sentencia
       final y firme, el Tribunal Supremo resolvió que no
       procedía el ejercicio del retracto de crédito litigioso. Por
       tanto, no existiendo escenario alguno en el que pueda
       considerarse bien hecha la consignación, y que pudiera
       surtir efectos extintivos sobre la obligación en cuestión,
       nos es forzoso concluir que el deudor demandante
       nunca perdió el uso, control y posesión civil de los
       fondos consignados en la Unidad de Cuentas del TPI.
              En consecuencia: (1) se desembolsó el dinero
       consignado a cambio del gravamen mobiliario; (2) el
       deudor tenía derecho sobre la propiedad gravada; (3) se
       cumplió con la condición de que el deudor firmó un
       acuerdo de constitución de gravamen mobiliario que
       contiene una descripción de la propiedad gravada.
              De conformidad, concluimos que la petición de
       Pearl Holdings para comparecer como parte
       interventora descansa en el interés propietario que tiene
       sobre los fondos que están consignados en la Unidad de
       Cuentas del tribunal, por lo que se debió permitir su
       participación en el pleito original como tal. (Énfasis
       suplido).24

24 Íd., Anejo 4, págs. 76-77.
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      En otras palabras, la determinación sobre la existencia del

gravamen mobiliario se convirtió en final y firme. Por lo tanto, el foro

primario no incidió en su determinación al reafirmar nuestro

dictamen respecto a la existencia de un gravamen mobiliario sobre

los fondos consignados.

      Por último, el TPI actuó correctamente al concederle a Pearl

Holdings el derecho preferente sobre los fondos depositados, a tenor

con la cláusula resolutoria. Del expediente del caso de autos se

desprende que tanto la parte apelante como la parte interventora-

apelada estipularon como hecho incontrovertido que:

             10. El 8 de mayo de 2020 se presentó la
      declaración de financiamiento ante el Departamento de
      Estado. En dicha declaración, Pearl es el "Secured
      Party" y Golden el "Debtor" así como otras entidades.
      Como "Collateral Description" se expresó: "Principal
      amount disbursed on June 24, 2018 at the San Juan
      Court of First Instance was $3,183,426.82". (Énfasis en
      el original).

      En otras palabras, la parte apelante admitió que la parte

asegurada de los fondos consignados en el TPI es Pearl Holdings.

      Además, tal y como fue determinado por este Tribunal, en el

caso KLAN202100500, Pearl Holdings y Golden Triangle acordaron

una cláusula resolutoria mediante el contrato de préstamo. A tenor

con dicha determinación, esta condición resolutoria indica que, si se

determinaba que el crédito litigioso no procedía en el caso de

epígrafe, los fondos depositados en la Unidad de Cuentas del TPI

debían ser retirados por Pearl Holdings. Específicamente, el Loan

Agreement establece en lo pertinente que:

                        LOAN AGREEMENT

      ....

                             RECITALS:

      WHEREAS: On June 24, 2018, the parties to this
      Agreement executed a Term Sheet where Pearl would
      provide to Golden Triangle Realty S.E., Convention
      Center Parking, Inc. and Full House Development, Inc.
      represented by their sole owners, Dr. David Santiago
      and Mrs. Diana Ortiz, a loan of up to $4,000,000 to
KLAN202400019                                                            21

          exercise their litigious credit rights in WM Capital
          Partners 53, LLC v. Golden Triangle Realty, S.E. et
          al, KCD2011-2109 (506).

          ....

      1. SCOPE. Pursuant to the Term Sheet executed on June
         24, 2018, the entities and their principal owners
         obtained a financing structure that will offer it up to
         $4,000,000 in collateralized financing. As the Term
         Sheet states, the amount disbursed will held by the
         Clerk at the San Juan Court of First Instance until the
         highest court of competent jurisdiction issues a ruling
         favorable to the defendant Entities. Once said ruling is
         issued, the Entities will be able to exercise their litigious
         credit rights as established under the laws of the
         Commonwealth of Puerto Rico. . . .

          ....

      3. COLLATERALIZATION OF THE LOAN. This loan is
         guaranteed by a promissory note, a UCC lien on the
         amounts deposited at the Clerk’s office of the San Juan
         Court of First Instance, the rents obtained from the
         rental agreements disclosed in Appendix I and the real
         property described in Public Deed 21 granted on July
         27, 2018 before public notary. In addition to this
         collateral, the forthcoming land transfer from Puerto
         Rico Highway Authority shall be included as part of the
         collateral for this loan and the appropriate documents
         shall be executed once the land transfer is completed. .
         . .25 (Énfasis suplido y subrayado en el original).

          En ese extremo, este Tribunal, en el caso KLAN202100500,

resolvió, en cuanto a estas cláusulas, que:

                 De este modo, no hay duda de que en el referido
          contrato se estableció expresamente, en lo pertinente,
          que los fondos que Pe[ar]l Holdings prestó a los
          demandados se utilizarían únicamente para el ejercicio
          del retracto de crédito litigioso. Es decir, el
          incumplimiento y la devolución del dinero consignado
          en la Unidad de Cuentas del Tribunal quedó
          condicionado a dos eventos: (1) que no se reconociera
          el ejercicio del retracto del crédito litigiosos por el
          tribunal o, (2) que el ejercicio de dicho derecho
          excediese los $4,000,000. Por tanto, como condición
          lógica de una obligación con condición resolutoria, el
          efecto de que no se le reconociera el derecho al ejercicio
          del retracto de crédito litigioso es la reversión del título
          de la cosa que se encontraba consignada, pues así fue
          expresamente pactado. (Énfasis en el original).

25
     Íd., Anejo 8, págs. 140-141.
KLAN202400019                                                     22

      Consecuentemente, no hay duda de que, a tenor con la

cláusula resolutoria, Pearl Holdings es la parte con preferencia a los

fondos depositados.

      Por todo lo anterior, resulta imperativo concluir que el TPI no

cometió los errores señalados por la parte apelante, que el dictamen

es correcto en derecho y, por lo tanto, corresponde la confirmación

de la determinación del TPI.

                                  V.

     Por los fundamentos pormenorizados precedentemente, se

confirma la Resolución apelada.

     Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones