Court Opinion

ID: 9408081
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:15:01.758726+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.566569
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

     LILIA MOLINA RUIZ                              Mandamus
                                                    procedente del
          Recurrida                                 Tribunal de Primera
                                                    Instancia, Sala de
              V.                                    Bayamón

                                                    Caso Núm.
       ESTADO LIBRE
                                                    D AC2016-1155
    ASOCIADO DE PUERTO                              (502)
           RICO
                                                    Sobre:
         Peticionaria                               Impugnación de
                                                    confiscación
                               KLRX202300005
     LILIA MOLINA RUIZ                              Certiorari
                                                    procedente del
                                Consolidado con Tribunal de Primera
          Recurrida
                                                    Instancia, Sala de
                               KLCE202300195 Bayamón
              V.
                                                    Caso Núm.
       ESTADO LIBRE                                 D AC2016-1155
    ASOCIADO DE PUERTO                              (502)
           RICO
                                                    Sobre:
          Recurrido                                 Impugnación de
                                                    confiscación
        MUNICIPIO
      AUTÓNOMO DE
        BAYAMÓN

         Peticionario
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
Grana Martínez y el Juez Monge Gómez1.

Grana Martínez, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

       El peticionario, Municipio Autónomo de Bayamón, presentó el

recurso de certiorari KLCE202300195, para que revisemos la

decisión del Tribunal de Primera de Instancia de no permitirle

intervenir en la impugnación de confiscación.

       El Gobierno de Puerto Rico presentó el recurso de mandamus

KLRX20230005 en el que solicita que ordenemos al TPI a cumplir

1Mediante Orden Administrativa OATA-2023-031, se modificó la integración del
Panel debido a inhibición del Juez Fernando L. Rodríguez Flores.
KLRX202300005 Consolidado con                                       2
KLCE202300195

con el deber ministerial de resolver la moción de reconsideración del

7 de septiembre de 2016.

      El 17 de febrero de 2023 ordenamos la paralización del caso

en el TPI.

      El Gobierno de Puerto Rico solicitó la consolidación urgente

porque ambos recursos giran en torno a la orden de entregarle a la

recurrida los animales bajo la custodia del Municipio.

      La consolidación procede porque en ambos recursos se

cuestiona que el TPI hizo efectiva la sentencia, a pesar de que nunca

atendió la moción de reconsideración y de que existe falta de parte

indispensable.

                                  I.

      Los hechos pertinentes para atender y resolver este recurso

son los siguientes.

      El 8 de octubre de 2015, el agente Eliezer Cruz Pagán observó

unos animales con la movilidad restringida y expuestos al agua y

sol, sin donde refugiarse. Todos los animales se veían sucios y

enfermos.

      El 9 de octubre de 2015, el Tribunal expidió una Orden de

Registro o Allanamiento en la propiedad ubicada en la Carr. 812,

Bo. Dajaos, Camino Antosanti en Bayamón. La orden se expidió a

base de la declaración jurada del agente Eliezer Cruz Pagán que

observó: ocho canes, dos ponis, un burro y varios caballos en una

residencia que aparentaba estar abandonada. El agente vio un can

con poca movilidad, atado con un cable bien pegado a las rejas del

balcón de un segundo piso. Otros canes estaban expuestos a la

lluvia y al sol y no tenían donde refugiarse. El lugar estaba en total

abandono, sucio y mal oliente. Todos los animales se veían sucios y

enfermos. El agente declaró que estaba lloviendo y los caballos no

tenían donde refugiarse. Cruz Pagán declaró que habló con una

vecina que se identificó como Zoe Cruz Gil. Esta vecina le dijo que
KLRX202300005 Consolidado con                                       3
KLCE202300195

era rescatista, que el problema existía hacia aproximadamente un

año y que las gestiones que hizo con la policía para que removieran

los animales fueron infructuosas. La señora Cruz le dijo que la

dueña de los animales era Lilia Molina Ruiz y le dio su dirección. El

agente fue dos veces a esa dirección, pero no salió nadie.

Posteriormente acudió a la Fiscalía de Bayamón, porque los

animales estaban en un estado crítico y podían morir. El fiscal Jesús

Soto autorizó solicitar una Orden de Allanamiento para que todos

los animales se removieran de la propiedad. Véase, pág. 232 del

apéndice.

      El 15 de octubre de 2015, la Policía de Puerto Rico ocupó los

animales pertenecientes a la señora Lilia Molina Ruiz, por violación

a la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, Ley Núm.

154 de 2008.

      El 1 de febrero de 2016, la señora Molina presentó una

demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la que

impugnó la confiscación. La demandante alegó que la Orden de

Registro y Allanamiento era nula e ineficaz de su faz. Además, alegó

que la confiscación era nula porque el Estado no la notificó dentro

del término jurisdiccional establecido. Véase, pág. 228 del apéndice.

      El Gobierno de Puerto Rico pidió la desestimación del pleito,

porque de las alegaciones de la demanda era evidente que no

confiscó    los   animales   y   que   la   demandante   los   entregó

voluntariamente al Municipio Autónomo de Bayamón. El apelante

argumentó que el tribunal autorizó el registro y allanamiento al

amparo de la Ley de Maltrato de Animales. El Gobierno sostuvo que

no tenía que notificar a la demandante de la confiscación, porque

nunca confiscó su propiedad. Véase, pág. 193 del apéndice.

      El 18 de agosto de 2016, el TPI dictó sentencia sumaria a favor

de la señora Molina. El foro primario aplicó por analogía el Art. 1671

de la Ley Núm. 154, supra, en el que se autoriza la confiscación de
KLRX202300005 Consolidado con                                      4
KLCE202300195

gallos de pelea conforme a la Ley Uniforme de Confiscaciones. El

tribunal resolvió a base de ese artículo que la Ley Núm. 154, supra,

se rige según lo establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones.

No obstante, determinó que el Gobierno no probó de forma

fehaciente que la demandante fue acusada por infracción a la Ley

Núm. 154, supra. Finalmente resolvió que el Estado incumplió con

la notificación requerida y tampoco realizó una investigación

conducente a obtener una orden de confiscación dentro del término

de 90 días. Por consiguiente, declaró nula la confiscación. Véase,

pág. 149 del apéndice.

      El Estado presentó una Moción de Relevo de Sentencia, en la

que alegó que: (1) la demandante no tiene legitimación activa

conforme a la Ley de Confiscaciones, (2) el Estado no confiscó los

animales y (3) el Municipio Autónomo de Bayamón era una parte

indispensable que no había sido incluido en el pleito. Véase, pág.

135 del apéndice.

      El 6 de febrero de 2017, el TPI denegó la solicitud de

reconsideración. Véase, pág. 118 del apéndice. La decisión se

notificó el 13 de febrero de 2017. El 21 de marzo de 2017, el TPI

enmendó la notificación para incluir al Departamento de Justicia

porque no fue notificado originalmente. El Gobierno solicitó

reconsideración a la decisión de no autorizar el relevo de sentencia.

El TPI denegó la reconsideración. El Gobierno acudió al Tribunal de

Apelaciones donde alegó que el TPI nunca atendió la moción de

reconsideración a la sentencia sumaria.

      El 8 de junio de 2017, el Tribunal de Apelaciones revocó al

TPI, le devolvió el caso para que atendiera la moción de

reconsideración y dejó sin efecto la orden notificada el 21 de marzo

de 2017. Véase, pág. 94 del apéndice.

      El 17 de noviembre de 2017, el TPI declaró no ha lugar la

reconsideración. Sin embargo, a esa fecha carecía de jurisdicción,
KLRX202300005 Consolidado con                                          5
KLCE202300195

porque el caso estaba paralizado debido a la Ley PROMESA. Véase,

pág. 91 del apéndice.

      El 23 de noviembre de 2022, la señora Molina alegó que

obtuvo un relief o stay y solicitó la continuación de los

procedimientos y la entrega de los animales.

      El Gobierno alegó que la sentencia era nula, debido a la

ausencia de parte indispensable. El apelante adujo que el Municipio

de Bayamón era parte indispensable, porque tiene la custodia de los

animales. Además, adujo que la orden del 17 de noviembre de 2017

era nula porque se dictó durante la paralización de la Ley

PROMESA. El Gobierno alegó que la Ley Uniforme de Confiscaciones

no aplica, porque los animales nunca fueron confiscados. Según el

apelante, no existe una orden de confiscación, los animales no se

entregaron a la Junta de Confiscaciones y no se tasaron y la

confiscación no se notificó a las partes interesadas. Véase, pág. 53

del apéndice.

      El Municipio Autónomo de Bayamón solicitó autorización

para intervenir en el pleito. El peticionario alegó que es el propietario

y dueño de los animales, porque el 15 de octubre de 2015, la señora

Molina le entregó voluntariamente los 9 caballos y cuatro burros. El

Municipio adujo que la señora Molina firmó un documento de Relevo

de Responsabilidad, luego de ser orientada de las implicaciones de

la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. Véase, pág.

21 del apéndice del certiorari. El peticionario alegó que la señora

Molina tiene que pagarle $371,935.90, por los gastos en que incurrió

para el cuidado de los animales, si es que el tribunal ordena su

devolución. El Municipio adujo que su intervención es necesaria,

porque la controversia incide sobre los fondos públicos municipales

y su interés propietario sobre los animales, derecho que la señora

Molina perdió cuando se los entregó. Véase, pág. 8 del apéndice del

certiorari.
KLRX202300005 Consolidado con                                        6
KLCE202300195

      El 7 de febrero de 2023, el TPI denegó la intervención del

Municipio,    porque   el   caso   versa   estrictamente   sobre   una

impugnación de confiscación. El tribunal señaló que el Municipio

podía presentar sus reclamos en un pleito independiente de cobro

de dinero. Véase, pág. 7 del apéndice del certiorari.

      El TPI denegó la moción de reconsideración que presentó el

Gobierno. El 10 de febrero de 2023, el TPI ordenó al Gobierno de

Puerto Rico que entregara los animales.

      Inconforme, el Municipio presentó el recurso que nos ocupa

en el que alega que:

      ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE
      INTERVENCIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO.

                                   II.

                                   A.

      La falta de jurisdicción es la autoridad o poder del tribunal

para atender y decidir un caso o controversia. Las cuestiones de

jurisdicción son privilegiadas y deben resolverse con preferencia.

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde

no existe. Los asuntos jurisdiccionales deben atenderse con

primacía, porque una sentencia dictada sin jurisdicción es nula. La

falta de jurisdicción obliga al tribunal a desestimar la reclamación

sin entrar en sus méritos. Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208-

209 (2022).

                                   B.

      La Regla 16. 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

establece que, aquellas personas que tienen un interés común y sin

cuya presencia no puede adjudicarse la controversia, se acumularán

como demandantes o demandados, según corresponda. Una parte

indispensable es aquella cuya presencia es imprescindible para

adjudicar la controversia correctamente, porque de lo contrario, sus

derechos quedarían afectados. La Regla 16.1, supra, es parte del
KLRX202300005 Consolidado con                                       7
KLCE202300195

esquema constitucional que prohíbe que una persona sea privada

de la libertad y propiedad, sin el debido proceso de ley. Además,

garantiza que el dictamen judicial emitido sea completo. El interés

de la parte indispensable en el pleito no es cualquiera. Su ausencia,

imposibilita la confesión de un derecho adecuado, sin que sus

intereses resulten afectados o destruidos. El interés común al que

se refiere la Regla 16.1, supra, tiene que ser real e inmediato y no

puede ser futuro ni especulativo. López García v. López García, 200

DPR 50, 63-64 (2018).

      La determinación final de si parte debe acumularse en un

pleito, depende de los hechos específicos de cada caso. La decisión

exige evaluar factores como tiempo, lugar, modo, alegaciones,

prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, resultado y

formalidad. Los tribunales tienen que hacer un análisis juicioso de

los derechos de la parte ausente y de las consecuencias de que se

unan al proceso. La pregunta fundamental es si el tribunal puede

hacer justicia y conceder un remedio final y completo a las partes

presentes, sin afectar los derechos de la parte ausente. La falta de

parte indispensable constituye una defensa irrenunciable que puede

presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso, los

foros apelativos pueden y deben levantar motu proprio la falta de

parte indispensable, debido a que es un asunto que incide sobre su

jurisdicción. López García v. López García, supra, págs. 64-65.

      La Regla 16.1, supra, protege a las personas naturales o

jurídicas ausentes en el pleito de los efectos de la sentencia y evita

la multiplicidad de casos mediante un remedio efectivo y completo.

La ausencia de una parte indispensable constituye una violación al

debido proceso de ley. El mecanismo procesal de relevo de sentencia

está disponible, cuando el dictamen se dictó en ausencia de una

parte indispensable. Por tratarse de una violación a un derecho
KLRX202300005 Consolidado con                                        8
KLCE202300195

constitucional, la sentencia es nula. López García v. López García,

supra, págs.65-67.

                                  C.

      La Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite

la consolidación de pleitos que comprendan cuestiones comunes de

hecho o de derecho. El tribunal podrá ordenar una sola vista o juicio

sobre cualquiera o todas las cuestiones litigiosas comprendidas en

dichos pleitos. Igualmente, podrá ordenar la consolidación de todos

los pleitos y dictar órdenes que eviten gastos o dilaciones

innecesarias.

      La consolidación evita la proliferación de las causas de acción

entre las mismas partes, lograr la economía e impide la indeseable

probabilidad de fallos incompatibles sobre un mismo asunto. Crespo

Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 415-416 (2009).

      El juzgador debe evaluar si la consolidación contribuye a una

resolución justa, rápida y económica y si evita resultados

inconsistentes entre disputas que presentan cuestiones similares de

hechos y derecho. Los tribunales han considerado los perjuicios que

la consolidación puede ocasionar a los litigantes y al sistema de

impartir justicia. Además de evaluar la posibilidad de que los

perjuicios no puedan evitarse mediante órdenes cautelares,

prestando especial atención a las circunstancias particulares del

caso. La consolidación promueve la buena administración de la

justicia, la aceleración de disputas y la reducción de los costos de la

litigación. Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 136 (1996).

      La posibilidad de perjuicios necesariamente no impide la

consolidación. El tribunal deberá hacer un balance de los intereses

involucrados y ponderar si existe un perjuicio real, versus el interés

de lograr una solución justa, rápida y económica. Igualmente, tiene

que considerar si las órdenes cautelares pueden evitar los efectos

perjudiciales de la consolidación. La etapa procesal en la que se
KLRX202300005 Consolidado con                                        9
KLCE202300195

solicita la consolidación es importante. La complejidad del caso es

otro asunto a considerar, porque la consolidación es utilizada para

atender adecuadamente los casos complejos. Vives Vázquez v. ELA,

supra, págs. 137-138.

      La   decisión   de   consolidar   requiere   medir   todas    las

consideraciones a su favor y en su contra. El tribunal debe prestar

atención particular a los hechos ante su consideración y su relación

con todos los casos que se solicita que sean consolidados. La

determinación descansa en la sana discreción del juez de instancia,

ejercida a base de la totalidad de las circunstancias en los casos

cuya consolidación se solicita. El tribunal revisor, dará gran

deferencia a la decisión del juez de instancia. La deferencia solo será

obviada, cuando se omitió considerar algún factor importante o el

tribunal abusó de su discreción. Vives Vázquez v. ELA, supra,

págs.137, 139, 142.

      La determinación judicial inicial sobre una solicitud de

consolidación merece gran deferencia, cuando está basada en un

análisis ponderado de la totalidad de las circunstancias de los casos

cuya consolidación se solicita. Hospital San Francisco v. Srio. de

Salud, 144 DPR 586, 594 (1997).

                                  D.

      El mandamus es un recurso extraordinario altamente

privilegiado y discrecional. A través de este recurso, el tribunal

ordena a una persona natural o jurídica o un tribunal de inferior

jerarquía que cumpla o ejecute un deber ministerial en función del

cargo que ocupa. La obligación que se ordena cumplir tiene que ser

cierta, porque el mandamus no aplica a obligaciones discrecionales.

El mandamus no procede cuando existen remedios adecuados y

eficaces disponibles. La parte que lo solicita tiene que haber

interpelado previamente al funcionario responsable de cumplir la

obligación ministerial. No obstante, ese requisito puede obviarse
KLRX202300005 Consolidado con                                      10
KLCE202300195

cuando es inútil o el deber reclamado es público. Bhatia Gautier v.

Gobernador, 199 DPR 59, 75 (2017); AMPR v. Srio. Educación, 178

DPR 253, 263-266 (2010).

      El deber ministerial no tiene que ser expreso. El tribunal tiene

autoridad para interpretar, si surge o no claramente de la

disposición aplicable. La decisión no depende de un juicio a priori

fundado exclusivamente en la letra del estatuto. La determinación

tiene que estar basada en un análisis de todos los elementos útiles

a la función interpretativa, el examen paciente y riguroso basado en

la letra de la ley y la evaluación de todos los elementos de juicio

disponibles para descubrir el verdadero significado y propósito de la

ley. La determinación final dependerá de la interpretación que haga

el tribunal sobre el grado de discreción que confirió el legislador.

AMPR v. Srio. Educación, supra, págs. 264-265.

                                 E.

      La presentación oportuna de una moción de reconsideración

ante el Tribunal de Primera Instancia paraliza los términos

concedidos por ley para acudir en revisión judicial al foro apelativo

intermedio. No obstante, la paralización solo ocurre cuando la

moción de reconsideración cumple con los requisitos expuestos en

la Regla 47 de Procedimiento Civil. El término para solicitar revisión

comenzará a transcurrir nuevamente desde que se archivó la copia

de la notificación de la resolución en la que se resolvió la moción de

reconsideración. Marrero Rodríguez v. Colón Burgos, 201 DPR 330,

338 (2018).

                                 F.

      Nuestra legislatura aprobó la Ley Núm. 154, supra, para

adoptar la nueva visión mundial asumida en el siglo 21 hacia los

animales. Las naciones de vanguardia reconocen que los animales

son parte fundamental de nuestras vidas y de la sociedad. Los

animales son vistos como seres sensitivos y dignos de un trato
KLRX202300005 Consolidado con                                     11
KLCE202300195

humanitario y de derechos como el respeto, atención, cuidado y

protección del ser humano. El legislador reconoció que la indignidad

de la violencia es independientemente quien sea la víctima. A

nuestra legislatura le quedó claro que una persona que abusa de los

animales pudiera no tener empatía con otros seres vivos y tiene el

riesgo de generar violencia hacia los demás. La legislatura de Puerto

Rico concluyó que era preciso evitar el maltrato de animales y

expresó la necesidad que nos destaquemos como una sociedad

sensible y vanguardista. Exposición de Motivos.

      La Ley 154, supra, define y establece una serie de delitos

contra los animales y las penalidades que conllevan. Arts. 2.1 a

2.15, 5 LPRA secs. 1664-1678, Art. 2.17, 5 LPRA sec. 1680.

      Según lo dispuesto en el Art. Núm. 2.16, 5 LPRA sec. 1679:

      (a) Cuando una persona haya sido acusada por actos de
          maltrato a un animal, el tribunal o los funcionarios
          del orden público podrán, como medida cautelar y
          preventiva en beneficio del animal, remover u
          ordenar la remoción provisional del mismo en lo que
          se ventila el caso. De igual modo, el tribunal podrá
          tomar u ordenar aquellas medidas cautelares que
          entienda conveniente y necesarias para la protección
          y el bienestar del animal, incluyendo la emisión de
          una orden de protección. El animal deberá ser
          entregado al albergue del municipio de la residencia
          del guardián o a aquella organización privada que
          haya intervenido en la situación de maltrato, si esta
          lo solicitase.

      (b) Si luego de un juicio en sus méritos o vista no se
          demostrase la existencia de maltrato hacia el animal,
          este deberá ser devuelto a su guardián.

      Por su parte, el Art. 2.18, 5 LPRA sec. 1681, permite el

embargo del animal confiscado para recuperar cualquier gasto

incurrido en su cuidado mínimo. El costo de este cuidado deberá

satisfacerse antes de que sea devuelto o después que el acusado

haya sido encontrado no culpable o de que se hayan desestimado

los cargos criminales. Si el costo no es satisfecho en el término

establecido, su custodia será transferida inmediatamente a la

agencia o a persona que tiene la custodia. No obstante, el costo del
KLRX202300005 Consolidado con                                      12
KLCE202300195

cuidado seguirá siendo responsabilidad del guardián contra quien

la agencia o persona con custodia podrá llevar una acción civil de

cobro de dinero.

                                  G.

        La Junta de Confiscaciones está adscrita al Departamento de

Justicia. Su función es custodiar, conservar, controlar y disponer de

la propiedad adquirida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

mediante el procedimiento de confiscación. Art. 3, 34 LPRA sec.

1724.

        La confiscación es un proceso civil independiente de cualquier

otro penal, civil o administrativo realizado contra el dueño o

poseedor de los bienes ocupados. Los procesos de confiscación

podrán llevarse a cabo y culminarse antes de que se acuse, declare

culpable o absuelva el acusado. La confiscación va dirigida contra

los bienes. La culpabilidad o inocencia del acusado no deberá

tomarse en cuenta en el proceso de confiscación. Únicamente deberá

tomarse en cuenta la adjudicación de los hechos en sus méritos. Lo

determinante es si el bien se utilizó en la comisión de un delito

independientemente del resultado de la acción criminal o de alguna

otra naturaleza. Art. 8, 34 LPRA sec. 1724 (e).

        El Gobierno de Puerto Rico podrá confiscar toda propiedad

producto o utilizada en la comisión de todo delito grave o menos

grave en los que la ley autorice la confiscación. Toda propiedad

sujeta a una sentencia de confiscación será confiscada a favor del

Gobierno de Puerto Rico. Art. 9, 34 LPRA sec. 1724 (f).

        La ocupación de la propiedad sujeta a confiscación se llevará

a cabo por la agencia del orden público o el funcionario encargado

de la implantación de la ley por sí o por conducto de sus delegados,

policías o agentes del orden público, mediante orden de un

magistrado o tribunal competente o sin orden del tribunal en los

casos expresamente contemplados. Art. 10, 34 LPRA sec. 1724g.
KLRX202300005 Consolidado con                                    13
KLCE202300195

      El Director Administrativo de la Junta podrá disponer que la

propiedad ocupada permanezca bajo la custodia de la agencia que

la ocupó hasta un máximo de 45 días. Luego de ese plazo ordenará

el traslado a aquel lugar que provea mayor protección y seguridad.

Art. 14, 34 LPRA sec. 1724k.

      Las personas notificadas que demuestren ser los dueños de la

propiedad podrán impugnar la confiscación dentro de los treinta

días siguientes a fecha en que recibió la notificación, mediante una

demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el

funcionario que autorizó la ocupación. La parte demandante deberá

emplazar al Secretario de Justicia dentro de los quince (15) días

siguientes a la presentación de la demanda. El tribunal ordenará

una vista de legitimación, luego de contestada la demanda. Durante

la vista el demandante tiene que demostrar que ejercía el control y

dominio sobre la propiedad antes de la confiscación. Art. 15, 34

LPRA sec. 1724(l).

                                III.

      Nos corresponde primero evaluar la procedencia de las

alegaciones sobre falta de parte indispensable, ya que esa

controversia incide directamente sobre nuestra jurisdicción.

      El   Municipio   Autónomo    de    Bayamón    es   una   parte

indispensable, porque sin su presencia, la controversia no puede

adjudicarse correctamente. Su omisión en el proceso tiene la grave

consecuencia de lesionar los fondos públicos municipales, sin las

garantías del debido proceso de ley.

      El derecho del Municipio sobre los animales que la

demandante alega que el Estado confiscó ilegalmente es más que

claro. No es posible hablar de confiscación, cuando el expediente

tiene evidencia incuestionable de que la demandante entregó los

animales voluntariamente al Municipio.
KLRX202300005 Consolidado con                                      14
KLCE202300195

      El 15 de octubre de 2015, la demandante firmó un documento

de Relevo de Responsabilidad con el Municipio. El documento se

firmó el mismo día que se diligenció una orden judicial de

allanamiento y que los animales fueron ocupados por violación a la

Ley Núm. 154, supra. La demandante reconoció en ese documento

que fue orientada y que estaba consciente de la Ley para el bienestar

y protección de los animales de Puerto Rico, por lo que hizo entrega

voluntaria al Municipio de 9 caballos y 4 burros y eximió a la ciudad

de Bayamón y a sus empleados de toda responsabilidad. A partir del

15 de octubre de 2015, el Municipio ha tenido la custodia y posesión

de los animales y ha incurrido en los gastos que eso conlleva. El

Relevo de Responsabilidad nos hace pensar que la demandante

incluso pudo haberle transmitido al Municipio la titularidad de los

animales. No obstante, del documento no surge intervención alguna

del Estado con los animales. Véase, pág. 21 del apéndice. El interés

del Municipio es inmediato y real, porque evidenció que desembolsó

unos $371,935.90 de sus fondos para el mantenimiento de los

animales.

      El TPI erró al no desestimar la demanda, a pesar de que es

evidente que el Municipio es una parte indispensable. Al tribunal le

es imposible hacer justicia y conceder un remedio completo, sin

lesionar los derechos del Municipio. La ausencia del Municipio

Autónomo de Bayamón conlleva la nulidad de toda acción y

procedimiento incluyendo la sentencia, porque el tribunal no tiene

jurisdicción para atender el caso. La falta de jurisdicción nos obliga

a ordenar la desestimación de la demanda.

      El Gobierno de Puerto Rico alega que el tribunal tiene el deber

ministerial de atender la solicitud de reconsideración que presentó

el 7 de septiembre de 2016. No obstante, es inmeritorio pasar juicio

sobre ese error, debido a que ordenamos la desestimación de la

demanda.
KLRX202300005 Consolidado con                                    15
KLCE202300195

                                IV.

      Por lo antes expuesto, se desestima la demanda y se declara

nulo todo procedimiento y decisión dictada en el caso, porque el

tribunal no tiene jurisdicción para atender un caso en ausencia de

falta de parte indispensable.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones