Court Opinion

ID: 9952433
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:52:32.038816+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:49.573573
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

                                                  Revisión de
                                                  Decisión
    CÉSAR I. ÁLVAREZ                              Administrativa
        ROHENA                                    procedente del
                                                  Departamento del
        Recurrente                                Trabajo y Recursos
                                                  Humanos

              V.                KLRA202400012     Caso Núm.:
                                                  SJ-02820-23

   NEGOCIADO DE                                   Sobre:
SEGURIDAD DE EMPLEO                               Inelegibilidad a los
       (NSE)                                      Beneficios del
                                                  Seguro por
         Recurrido                                Desempleo
                                                  Sección 4(b)(2) de la
                                                  Ley de Seguridad de
                                                  Empleo de Puerto
                                                  Rico

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2024.

      El 11 de enero de 2024, compareció ante este Tribunal

Apelativo, por derecho propio e in forma pauperis, el señor César I.

Álvarez Rohena (en adelante, parte recurrente o señor Álvarez

Rohena), mediante Revisión de Decisión Administrativa. Por medio

de esta, nos solicita que revisemos la Decisión del Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos en Reconsideración, emitida el 11 de

diciembre de 2023, por el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos de Puerto Rico (en adelante, parte recurrida o DTRH). En

virtud de la aludida determinación, el DTRH concluyó que, el señor

Álvarez Rohena era inelegible para recibir los beneficios de

desempleo.

Número Identificador
SEN2024 ________________
KLRA202400012                                                        2

      Por los fundamentos que adelante se esbozan, se confirma la

decisión recurrida.

                                   I

      Es menester señalar que, la parte recurrente no incluyó

algunos documentos relevantes a la controversia de epígrafe, por

tanto, nos limitaremos a exponer aquellos documentos que forman

parte del expediente, así como la posición del señor Álvarez Rohena.

      Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el

4 de julio de 2023, el DTRH emitió la Determinación. En virtud de

esta, resolvió que, la parte recurrente era inelegible para recibir los

beneficios del desempleo, debido a que, había abandonado su

empleo. El DTRH expresó lo siguiente:

      USTED ABANDON[Ó] SU TRABAJO CUANDO DEJ[Ó]
      DE ASISTIR AL MISMO, SIN NOTIFICAR A SU
      PATRONO.       LA   INFORMACI[Ó]N  OBTENIDA
      DEMUESTRA QUE USTED NO HIZO GESTIONES PARA
      INFORMAR LAS CAUSAS PARA AUSENTARSE DEL
      EMPLEO, NI HIZO ESFUERZOS PARA RETENERLO.

      SE CONSIDERA QUE USTED ABANDON[Ó]                      UN
      TRABAJO ADECUADO SIN JUSTA CAUSA.

      SE DECLARA INELEGIBLE A RECIBIR BENEFICIOS
      DESDE 5/14/23 E INDEFINIDAMENTE HASTA TANTO
      TRABAJE EN EMPLEO CUBIERTO DURANTE UN
      PERIODO NO MENOR DE CUATRO SEMANAS Y GANE
      DIEZ VECES SU BENEFICIO SEMANAL.

      ESTA DECISI[Ó]N EST[Á] BASADA EN LA SECCI[Ó]N
      4(B*)(2) DE LA LEY DE SEGURIDAD DE EMPLEO DE
      PUERTO RICO.

      En desacuerdo, el señor Álvarez Rohena presentó la Solicitud

de Audiencia. En su solicitud, arguyó que, no había abandonado su

empleo. Explicó que, el 31 de octubre de 2022, fue sometido a una

operación, y que, desde ese entonces, hasta el 24 de febrero de 2023,

estuvo en un periodo de descanso. Acotó que, al regresar a su lugar

de empleo, Beginners General Contractors, le encomendaron “buscar

empleados para hacer el grupo de una brigada”, con el propósito de

realizar un trabajo en específico, pero que, no logró conseguirlos.

Alegó que, consecuentemente, acudió a las oficinas de Beginners
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General Contractors, donde les notificó que se proponía solicitar el

beneficio de desempleo. Sostuvo que, era merecedor del beneficio

del desempleo debido a los años que se mantuvo trabajando.

       Posteriormente, para el 14 de septiembre de 2023, el DTRH

emitió la Orden y Señalamiento de Audiencia ante el Árbitro

Audiencia Telefónica. Por medio de esta, le notificó a la parte

recurrente que, se le citaba para la audiencia telefónica ante el

Árbitro, pautada para el 2 de octubre de 2023, a las 10:30 am.

       De acuerdo al expediente, el 11 de diciembre de 2023, la

Oficina de Apelaciones del DTRH, emitió la Decisión del Secretario

del Trabajo y Recursos Humanos en Reconsideración. En la aludida

decisión, el DTRH mencionó que, el señor Álvarez Rohena había

presentado una Reconsideración por estar en desacuerdo con la

Decisión del Secretario1 emitida el 17 de noviembre de 2023.

Mencionó que, mediante la Decisión del Secretario, se confirmó la

Resolución de la División de Apelaciones2 del 12 de octubre de 2023,

donde se declaró que, la parte recurrente era inelegible a los

beneficios del seguro por desempleo bajo la Sección 4(b)(2) de la Ley

de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. A estos efectos, declaró No

Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el señor

Álvarez Rohena e indicó que este no había presentado justa causa

para la no comparecencia a la vista con la árbitro.

       Inconforme con tal determinación, el señor Álvarez Rohena

acudió por derecho propio ante este Foro mediante Revisión de

Decisión Administrativa. Cabe destacar que, la parte recurrente no

planteó ningún señalamiento de error. No obstante, realizaremos

un breve resumen de su posición. En su recurso, el señor Álvarez

Rohena sostiene que, estuvo ausente de su lugar de empleo por un

1 La Decisión del Secretario no fue incluida por la parte recurrente en el expediente

del recurso de epígrafe.
2 Esta no fue incluida por la parte recurrente en el expediente del recurso de

epígrafe.
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accidente que había sufrido y que, al regresar el 23 de febrero de

2023 le indicaron que no tenían trabajo para él.

      Por no entender necesaria la comparecencia de la parte

recurrida, prescindimos de esta.

                                   II

A. Estándar de Revisión            Judicial   de   Determinaciones
   Administrativas

      Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79

(2022); Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 656, 672 (2022);

Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v.

Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Es por ello, que, tales

determinaciones suponen una presunción de legalidad y corrección,

que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras la parte que

las impugne no presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.;

OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no es

absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia

a las determinaciones administrativas que sean irrazonables,

ilegales o contrarias a derecho.

      En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628,

nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al

alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

      [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
      una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
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       cuando: (1) la determinación administrativa no está
       basada en evidencia sustancial; (2) el ente
       administrativo erró en la aplicación o interpretación de
       las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
       administrar; (3) el organismo administrativo actuó
       arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación      administrativa      lesionó     derechos
       constitucionales    fundamentales.      Es   importante
       destacar que si el tribunal no se encuentra frente a
       alguna de esas situaciones, aunque exista más de
       una interpretación razonable de los hechos procede
       que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. (Énfasis suplido).3

       El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v.

Martínez Giraud, supra, pág. 89; Super Asphalt v. AFI y otros, supra,

pág. 820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127;

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se

limita la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma

arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación

constituya un abuso de discreción.              Íd.; Pérez López v. Depto.

Corrección, supra, pág. 673; OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 89;

Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Graciani

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Rolón Martínez v.

Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág.

216.

       Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

“estableció    el   marco     de   revisión    judicial       de   las   agencias

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

3 Véase Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820.
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visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; OEG v. Martínez

Giraud, supra, pág. 90; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs.

626-627; Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Nuestro Máximo Foro, ha expresado que,

esta intervención “debe ocurrir cuando la decisión administrativa no

se fundamente en evidencia sustancial o cuando la agencia se

equivoque en la aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía,

supra, pág. 36. Siendo así, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Íd; OEG v. Martínez

Giraud, supra, pág. 90; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-

820. Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, los tribunales deberán darles

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra, págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág.

627. El Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le

deben los tribunales a la interpretación que haga el ente

administrativo   sobre    aquellas   leyes   y     reglamentos    que   le

corresponde poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar la

ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó

derechos constitucionales fundamentales.          Íd. págs. 627-628; OEG

v. Martínez Giraud, supra, pág. 90. Finalmente, nuestra más Alta

Curia   ha   expresado    que,   conforme    lo    anterior,   el criterio

administrativo no podrá prevalecer en aquellas instancias donde la

interpretación estatutaria realizada por una agencia provoque un

resultado incompatible o contrario al propósito para el cual fue
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aprobada la legislación y la política pública que promueve. Así, “la

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia”. Íd.

B. Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico

      La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74

de 21 de junio de 1956, 29 LPRA sec. 701 et seq. creó el Negociado

de Seguridad de Empleo. Esta entidad, fue creada con la finalidad

de “promover la seguridad de empleos facilitando las oportunidades

de trabajo por medio del mantenimiento de un sistema de oficinas

públicas de empleo y proveer para el pago de compensación a

personas desempleadas por medio de la acumulación de reservas”.

Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97-98 (2000); 29 LPRA

sec. 701. El referido estatuto dispone un remedio, exclusivamente,

para personas desempleadas y que sean elegibles para recibir los

beneficios conforme a las exigencias de éste. 29 LPRA sec. 703.

      En lo pertinente, la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto

Rico, supra, establece los criterios de elegibilidad que necesita el

reclamante para recibir los beneficios por desempleo, así como las

razones para ser descalificado. La sección 4 de la Ley de Seguridad

de Empleo de Puerto Rico, en su inciso (a)(1), dispone que, se

considerará que un trabajador asegurado es elegible para recibir

crédito por semana de espera o beneficio, según sea el caso, por

cualquier semana de desempleo con respecto a la cual no se haya

determinado que esa persona está descalificada bajo el inciso (b) de

esta sección. 29 LPRA sec. 704(a). El reclamante, deberá cumplir,

además, con los siguientes requisitos: (a) haber notificado

oficialmente su desempleo; (b) haberse registrado para trabajar con

una oficina del servicio de empleo; (c) haberse registrado para recibir

crédito por semana de espera o sometido reclamación por beneficios,
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según sea el caso; y (d) participar de los servicios de reempleo

disponibles. 29 LPRA sec. 704(a). El inciso (b) de la sección 4 de la

Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, dispone lo siguiente:

       (b) Descalificaciones. – Un trabajador asegurado no
       será descalificado para recibir crédito por semana de
       espera o beneficios por cualquier semana de desempleo
       a menos que, con respecto a dicha semana, el Director
       determine que:

             (1)   […]

             (2) abandonó         un       trabajo     adecuado
             voluntariamente y sin justa causa, en cuyo caso no
             podrá recibir beneficios por la semana en que
             abandonó el trabajo y hasta que haya prestado
             servicios en empleo cubierto bajo esta ley o bajo la
             ley de cualquier estado de los Estados Unidos
             durante un período no menor de cuatro (4)
             semanas y haya devengado salarios equivalentes a
             diez (10) veces su beneficio semanal; o

             (3)   […]

             (4)   […]       29 LPRA sec. 704 (b) (2).

       Es decir, aquel empleado que abandone su trabajo de forma

voluntaria y sin justa causa, estará descalificado para recibir los

beneficios por desempleo.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso

ante nos.

                                      III

       En esencia, nos corresponde determinar si incidió el DTRH al

confirmar la Resolución4 emitida por la División de Apelaciones del

DTRH, el 12 de octubre de 2023.             Por medio de esta, el DTRH

determinó que, el señor Álvarez Rohena era inelegible a los

beneficios del seguro por desempleo, bajo la Sec. 4(b)(2) de la Ley de

Seguridad de Empleo de Puerto Rico, supra.

       Luego de un examen del expediente administrativo que

atendemos, concluimos que no le asiste la razón a la parte

recurrente. Veamos.

4 La aludida Resolución no fue incluida por la parte recurrente en el expediente

del recurso de epígrafe.
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       Según reseñáramos, el 4 de julio de 2023, el DTRH emitió la

Determinación, donde resolvió que, la parte recurrente era inelegible

para recibir los beneficios del desempleo, debido a que había

abandonado su empleo. Inconforme con tal determinación, el señor

Álvarez Rohena solicitó una audiencia, la cual fue calendarizada

para el 2 de octubre de 2023.

       Posteriormente, el DTRH emitió la Decisión del Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos en Reconsideración. Por medio de esta,

el DTRH manifestó que, el señor Álvarez Rohena había presentado

una Reconsideración por estar en desacuerdo con la Decisión del

Secretario5 emitida el 17 de noviembre de 2023. Expresó, además,

que, mediante la Decisión del Secretario, se confirmó la Resolución

de la División de Apelaciones del 12 de octubre de 20236, donde se

declaró que la parte recurrente era inelegible a los beneficios del

seguro por desempleo bajo la Sección 4(b)(2) de la Ley de Seguridad

de Empleo de Puerto Rico7. A estos efectos, declaró No Ha Lugar la

solicitud de reconsideración presentada por el señor Álvarez Rohena

e indicó que este, no había presentado justa causa para su

incomparecencia a la vista con la árbitro.

       De acuerdo al derecho reseñado, los tribunales apelativos

debemos       otorgar    amplia      deferencia      a   las    determinaciones

administrativas, debido a que, los entes administrativos cuentan

con mayor experiencia y pericia en los tantos asuntos que se les han

5 La Decisión del Secretario no fue incluida por la parte recurrente en el expediente

del recurso de epígrafe.
6 Esta no fue incluida por la parte recurrente en el expediente del recurso de

epígrafe.
7 El precitado estatuto dispone que, un trabajador asegurado será descalificado

para recibir crédito por semana de espera o beneficios por cualquier semana de
desempleo cuando el Director determine que este “abandonó un trabajo adecuado
voluntariamente y sin justa causa, en cuyo caso no podrá recibir beneficios por
la semana en que abandonó el trabajo y hasta que haya prestado servicios en
empleo cubierto bajo esta ley o bajo la ley de cualquier estado de los Estados
Unidos durante un período no menor de cuatro (4) semanas y haya devengado
salarios equivalentes a diez (10) veces su beneficio semanal. 29 LPRA sec. 704 (b)
(2).
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delegado8. En la controversia que nos ocupa, la parte recurrente no

presentó evidencia suficiente que derrotara la presunción de

legalidad     y    corrección     que    suponen       las   determinaciones

administrativas9. A pesar de que la parte recurrente hizo alusión a

que se ausentó de su empleo debido a accidente por un largo periodo

de   tiempo,      este no    presentó        prueba   que    sustentara     tales

alegaciones. De igual manera, surge del expediente que, la agencia

administrativa le brindó oportunidad al señor Álvarez Rohena de

exponer su postura, presentar evidencia y refutar las alegaciones de

su antiguo empleador mediante la celebración de una audiencia

telefónica.    Sin embargo, la parte recurrente se ausentó a dicha

audiencia sin acreditar justa causa.            Cabe destacar además, que,

la parte recurrente presentó un expediente incompleto. Siendo así,

no nos colocó en posición de variar la decisión del ente

administrativo.

       Ante la ausencia de una actuación arbitraria, ilegal,

irrazonable o que constituya un abuso de discreción por parte de la

agencia administrativa, razonamos que resulta innecesario que

intervengamos con su determinación.

                                        IV

       Por los fundamentos expuestos, se confirma la determinación

recurrida.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

8 Véase Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 126; Rolón Martínez

v. Supte. Policía, supra, pág.35; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626;
Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.
9 Véase Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v.

Policía de PR, supra, pág. 626.