Court Opinion

ID: 9890363
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:06.051596+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:31.311406
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

   HACIENDA TULIPANES                             Certiorari
       INC Y OTROS                                procedente del
                                                  Tribunal de
          Recurridos                              Primera Instancia,
                                                  Sala de Caguas
                v.
                                   KLCE202300798 Caso Número:
CRIADERO LA GLORIA INC                           CG2023CV00717
       Y OTROS
                                                  Sobre:
         Peticionarios                            Daños y otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

       Comparecen Criadero La Gloria, Inc., Crazy Horse, Inc. y

Edgardo Vélez Ríos (demandados o peticionarios). Nos solicitan la

revocación de una Resolución1 emitida y notificada el 14 de junio de

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI o

foro primario). En ella, el foro primario denegó la solicitud de

desestimación que instaron los peticionarios, junto a otros

codemandados. A su vez, invocan nuestra intervención sobre la

anotación de rebeldía que notificó el TPI el 5 de julio de 2023.2

       Por   los     fundamentos    que   exponemos   a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                     I.

       Hacienda Tulipanes, Inc., Florencio Berríos Castrodad, Irma

Sara Casillas Santos y la sociedad legal de gananciales compuesta

por ambos (demandantes) incoaron la Demanda3 de epígrafe en

contra de Criadero La Gloria, Inc.; Edgardo Vélez Ríos, Gloribel

1 Apéndice, págs. 82-83.
2 Apéndice, pág. 87.
3 Apéndice, págs. 1-17.

Número Identificador:

RES2023________
KLCE202300798                                                                       2

Miranda Navarro y la sociedad legal de gananciales compuesta por

ambos; demandado desconocido X; Crazy Horse, Inc.; Carlos

Villegas; Corporación ABC; Julian André Quintana Mathew;

Asociación de Caballistas de Puerto Rico, Corp,; Caballista Ortiz

ACPR; Javier Ortiz; y Compañía ABC. La aludida demanda contiene

cuatro causas de acción, a saber: incumplimiento de contrato,4

dolo,5 descorrer el velo corporativo,6 costas y honorarios de

abogado.7

       En un pleito independiente (caso CG2022CV01555),8 los

demandantes reclamaron a los demandados $448,000.00 por

concepto de los cánones de arrendamiento, más intereses y

penalidades, correspondientes a los cuatro años que estuvieron en

posesión, uso, disfrute y control absoluto del inmueble arrendado,

previo al dictamen (caso CG2020CV00535)9 mediante el cual, el TPI

ordenó el desalojo de Criadero La Gloria del referido predio.

       En reacción a la demanda instada, el 24 de mayo de 2023, los

demandados        presentaron        una    Solicitud     de   desestimación        y

honorarios de abogado por temeridad.10 En ella, solicitaron la

desestimación de la causa invocando las doctrinas de bifurcación o

fragmentación de los procedimientos, por entender que, lo

4 Surge de las alegaciones de la demanda que, los demandantes son los dueños

de la Hacienda Madrigal sita en Cidra, Puerto Rico y que estos arrendaron dicho
lugar a la Hacienda Tulipanes, Inc., quién a su vez, suscribió con Criadero La
Gloria (Criadero), un contrato de arrendamiento para realizar un negocio dedicado
exclusivamente a caballos de paseo. Surge además que, Criadero, su presidente
Edgardo Vélez y la ex esposa de este, Gloribel Miranda Navarro, subarrendaron
espacios de la finca a vendedores ambulantes. Al mismo tiempo, subarrendaron
parte de la finca a Carlos Villegas y a Julián Quintana, quiénes a su vez,
arrendaron espacios en los potreros a terceros. Según las alegaciones, los
demandados incurrieron en un patrón de incumplimiento contractual ante la falta
de mantenimiento y limpieza de la propiedad arrendada, al realizar allí actividades
prohibidas según el contrato y al no pagar por el servicio de energía eléctrica,
entre otros incumplimientos.
5 En cuanto a su causa de acción por dolo contractual, los demandantes

explicaron que, a la fecha del desalojo, los demandados dejaron el lugar con
animales muertos, equipos de ventanas rotas, baños en deterioro, demostrando
total abandono y daños entre otros.
6 El objetivo de esta reclamación es que los demandados respondan en su carácter

personal por sus presuntos incumplimientos y actos ilegítimos.
7 Según los demandantes, los demandados fueron temerarios al negarse a

reconocer y cumplir sus obligaciones contractuales.
8 Hacienda Tulipanes, Inc. v. Criadero La Gloria, Inc. y Otros, sobre cobro de dinero.
9 Hacienda Tulipanes, Inc. v. Criadero La Gloria, Inc., sobre desahucio sumario.
10 Apéndice, págs. 37-40.
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reclamado en el caso de epígrafe, guarda relación con otro pleito

entre las mismas partes, caso E AC2016-0358.11 Adujeron que, la

parte demandante incoó la causa de acción de epígrafe con el fin de

presentar defensas y alegaciones que no pudo levantar en el referido

caso por estar en rebeldía.

       A lo antes, la parte demandante se opuso12 y señaló que no se

cumplen los elementos de las doctrinas que invocaron los

demandados. Adujo que, la reclamación de epígrafe no es recobrable

en el caso E AC2016-0358 por ser de naturaleza y finalidad distinta.

       Según surge del expediente, mediante Resolución notificada el

14 de junio de 2023, el TPI denegó la moción de desestimación de

los codemandados, por entender que “[…] es en realidad una

solicitud de sentencia sumaria, la cual no cumple con la Regla 36.3

de Procedimiento Civil; ergo se deniega la misma”.13 En igual fecha,

el foro primario emitió otra Resolución14 en la cual citó la Regla 10.1

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.1, para

ilustrar a los demandados en cuanto al término aplicable para instar

una alegación responsiva, luego de la denegatoria de una moción

dispositiva.

       Catorce días después, la parte demandante solicitó la

anotación de rebeldía de los demandados15 tras vencer el término de

diez (10) días que tenían para acreditar su contestación a la

demanda, tal cual dispone la Regla 10.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra. Evaluado lo anterior, el 5 de julio de

2023, el TPI anotó la rebeldía a Criadero, Crazy Horse, Inc. y

Edgardo Vélez.

11  Criadero La Gloria, Inc., et al. v. Hacienda Tulipanes, Inc., et al., sobre
incumplimiento de contrato.
12 Apéndice, págs. 74-81.
13 Apéndice, pág. 83.
14 Apéndice, pág. 84. El TPI expuso y citamos: “La Regla 10.1 de Procedimiento

Civil dispone el término para formular alegación responsiva cuando es denegada
una moción dispositiva.”
15 Apéndice, págs. 85-86.
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       Inconforme, el mismo día, los demandados solicitaron la

reconsideración de la anotación de rebeldía.16 Resaltaron que, el TPI

debería “resguardar” el término para ellos recurrir ante el Tribunal

de Apelaciones sobre la denegatoria de su moción dispositiva.

Atendido el referido petitorio, mediante Resolución emitida el 6 de

julio de 2023, el TPI determinó que “no habiéndose contestado la

demanda, No Ha Lugar”.17

       Insatisfechos, los demandados acuden ante esta Curia y

señalan los siguientes errores:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar
       la demanda en cuanto los comparecientes, en aras de
       evitar la duplicidad y fragmentación indebida de la
       causa de acción de incumplimiento de contrato.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al no reconsiderar
       la anotación de rebeldía a los comparecientes aun
       cuando la denegatoria de la moción dispositiva estaba
       en término para solicitar la revisión de este Tribunal de
       Apelaciones, abusando de su discreción y coartando el
       derecho de requerir revisión apelativa de la resolución.

       En cumplimiento con nuestra Resolución, la parte recurrida

acredita su alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de las

comparecencias de las partes, procedemos a resolver.

                                  II.

   A. Certiorari

       El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

16 Apéndice, págs. 88-89.
17 Apéndice, pág. 91.
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auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar
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en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso

de discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

                                 III.

      Los peticionarios solicitan que ejerzamos nuestra función

discrecional para dejar sin efecto tanto el dictamen del foro primario

que denegó su petitorio de desestimación, así como la Resolución

mediante la cual el TPI anotó la rebeldía a los demandados.

      En su recurso destacan que, para una mejor comprensión del

caso y controversia es pertinente tomar conocimiento sobre el pleito

civil número E AC2016-0358 que, a su entender, versa sobre los

mismos hechos y sobre el mismo contrato de arrendamiento. En el

referido caso, el TPI anotó la rebeldía a la Hacienda Tulipanes,
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determinación que no fue objeto de revisión, toda vez que un panel

hermano de esta Curia se negó a expedir el auto de certiorari en los

recursos     instados      por    ambas      partes       (KLCE202200888   y

KLAN202200806).18 Arguyen que, dicho asunto continúa pendiente

ante la sala 802 del TPI, Sala de Caguas y que la demanda de

epígrafe resulta ser un intento de fraccionar las causas de acción e

instar lo que debió ser una reconvención compulsoria como

estrategia para levantar la rebeldía. De otra parte, sostienen que el

foro primario abusó de su discreción al anotar la rebeldía aun

cuando estaba pendiente el término para recurrir de la denegatoria

de la solicitud de desestimación ante esta Curia.

       Por su parte, los recurridos se oponen a la expedición del auto

de certiorari. Arguyen que, el foro primario actuó conforme a derecho

al denegar la solicitud de desestimación porque no se configuran las

doctrinas de bifurcación e impedimento colateral que invocan los

peticionarios. Discuten además que, el TPI no incidió al anotar la

rebeldía de los peticionarios por estos no presentar su alegación

responsiva oportunamente. Ello, bajo la premisa equivocada de que

la presentación del recurso de certiorari paraliza los procedimientos

ante el foro primario.

       Cabe puntualizar que, ante un auto de certiorari que impugna

la denegatoria a una moción de carácter dispositivo, así como la

anotación de rebeldía, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

nos confiere facultad para determinar si el recurso reúne los

criterios para la expedición del auto, conforme establece la Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

       En virtud de lo anterior, debemos dilucidar, en esta etapa de

los procedimientos, si el foro primario cometió un error de derecho

o si actuó arbitrariamente o en exceso de su discreción al denegar

18 El recurso de apelación fue acogido como certiorari.
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una moción de desestimación de la demanda. Ello, tras evaluar y

luego rechazar los planteamientos de los peticionarios sobre la

duplicidad y fragmentación indebida de la reclamación sobre

incumplimiento de contrato incoada en el caso E AC2016-0358.

      De igual manera, nos corresponde determinar si el TPI se

extralimitó en sus facultades judiciales o si incidió en derecho al

anotar la rebeldía a los peticionarios y al negarse a levantar la

misma. Surge del expediente que, como secuela a la notificación de

la Resolución el 14 de junio de 2023, mediante la cual denegó el

petitorio de desestimación de los demandados, el TPI notificó otra

Resolución, el 16 de junio de 2023, haciendo referencia al término

que dispone la Regla 10.1 de Procedimiento Civil, supra, para los

demandados acreditar una alegación responsiva. El 5 de julio de

2023, a instancias de los demandantes, el foro recurrido anotó la

rebeldía   a   los   demandados.    En   respuesta     al    petitorio   de

reconsideración de los demandados, el TPI notificó una Resolución

el 6 de julio de 2023 haciendo constar que se negaba a reconsiderar

debido a que los demandados no contestaron la demanda.

      Tras un examen detenido del recurso de epígrafe, concluimos

que los argumentos en apoyo a la postura esbozada por los

peticionarios no cumplen con los criterios doctrinales reconocidos a

los fines de validar la expedición del auto y corrección de su reclamo.

Por ello, no procede determinar que el foro primario incurrió en error

manifiesto o de forma arbitraria, caprichosa, o abusiva, en los

pronunciamientos       judiciales   recurridos.   En        ausencia     de

fundamento alguno que haga meritorio soslayar la norma de

abstención judicial que, en dictámenes como los presentes, regula

nuestra facultad discrecional de intervención y revisión, lo razonable

es abstenernos de ejercer nuestra función revisora en esta etapa de

los procedimientos. Añádase a ello que, tampoco los peticionarios
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han acreditado que en la presente causa existan factores que

apunten a un fracaso a la justicia.

                                 IV.

       Por todo lo anterior, denegamos la expedición del auto de

certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones