Court Opinion

ID: 9554667
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:15:02.71124+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:06.348978
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL III

                                                  Revisión de
      MIGDALIA VIERA                              Decisión
          TORRES                                  Administrativa
       Parte Recurrida                            procedente la
                                    KLRA202200680 Comisión Industrial
               v.                                 de Puerto Rico

 OFICINA DE SERVICIOS                                     Caso núm.:
     LEGISLATIVOS                                         C.I. 20-228-55-
        Patrono                                           9559-01
                                                          Caso C.F.S.E. 18-
  CORPORACIÓN DEL                                         15-37224
  FONDO DEL SEGURO
      DEL ESTADO                                          Sobre:
    Parte Recurrente                                      Incapacidad Total
                                                          Preexistente
                                                          Derecho a
                                                          Tratamiento
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.1

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

(Recurrente o Corporación del Fondo) mediante Recurso de Revisión

y nos solicita que revisemos y revoquemos la Resolución que emitió

la Comisión Industrial de Puerto Rico (Recurrida o Comisión

Industrial) el 8 de septiembre de 20222. En el dictamen, la Comisión

Industrial    decidió     revocar    la   determinación       que       emitió   el

Administrador de la Corporación del Fondo el 23 de enero de 2020,

al resolver que la señora Migdalia Viera Torres (Recurrida o señora

Viera Torres) tenía derecho a recibir los beneficios reconocidos en la

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida

como la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, 11 LPRA sec. 1 et seq., (Ley de Compensaciones).

1 Véase Orden Administrativa OAJP-2022-099A.
2 La Resolución fue registrada y notificada el 20 de octubre de 2022.

Número Identificador
SEN2023________________
KLRA202200680                                                                 2

       Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable,

modificamos la determinación de la Comisión Industrial.

                                       I.

       El 18 de mayo de 2018, la señora Viera Torres se presentó a

la Corporación de Fondo del Seguro del Estado (CFSE) e invocó la

protección de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según emendada (11 LPRA sec.

1 et seq.) En su reclamo alegó espasmos en el hombro derecho,

debido al movimiento de grandes expedientes y cajas. La señora

Viera Torres se desempeñaba como Funcionaria Ejecutiva en la

Oficina de Servicios Legislativos del Senado de Puerto Rico3 y el

movimiento de esos expedientes y cajas eran funciones inherentes a

su trabajo4. Al momento de la radicación del caso ante la CFSE, la

señora Viera Torres llevaba ocho (8) años trabajando para ese

patrono.

       Como parte del trámite administrativo de la reclamación de

mayo 2018, la CFSE encontró que a la señora Viera Torres se le

había otorgado beneficios y compensación de una Incapacidad Total

y Permanente por una reclamación que instó hace más de 30 años,

por unas lesiones sufridas en un antiguo empleo5. En aquel

entonces, la señora Viera Torres cobró la totalidad de la incapacidad

determinada por la CFSE el 13 de septiembre de 19876. Debido a

ello, y luego de aplicar las normas y leyes pertinentes, el 27 de

diciembre de 2019 la CFSE determinó sobre la segunda reclamación

de la señora Viera Torres, que:

       La ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11
       LPRA, sec. 3, según enmendada por la Ley Número 98 de 10
       de julio de 1986, dispone expresamente que los obreros o
       empleados a quienes se les haya otorgado una incapacidad
       total permanente por la pérdida total y permanente de la
       visión industrial de ambos ojos; ambos pies por el tobillo o

3 Véase el Apéndice 18.
4 Íd. Véase también el Apéndice 21.
5 El accidente del trabajo ocurrió el 26 de mayo de 1983 y el 13 de noviembre de

1984 se le otorgó una Incapacidad Total y Permanente. Caso CFSE 83-64-04593.
6 Véanse los Apéndices 18 y 20.
KLRA202200680                                                                   3

       más arriba; una mano y un pie; por haber quedado
       parapléjico o cuadrapléjico o por haber perdido
       permanentemente las funciones de ambas piernas y por ello
       se vea obligado a moverse en silla de ruedas, podrán retener
       los beneficios y la compensación que le hubiese sido otorgada
       si fuesen rehabilitadas en otra área industrial y volviesen a
       trabajar.
       Conforme lo anterior, los obreros que sufran lesiones como
       las antes descritas son los únicos a quienes se les reconoce
       la posibilidad de desarrollarse en otro tipo de trabajo luego
       de haber sido declarados totalmente incapacitados por el
       Fondo.
       La Incapacidad Total Permanente otorgada a la lesionada en
       el caso 83-64-04593 no cae en ninguna de las categorías
       previamente mencionadas. Por lo tanto, de conformidad con
       las normas administrativas establecidas por el Asegurador
       para estas situaciones, se concederán únicamente beneficios
       económicos a la reclamante.
       Visto lo anterior, se resuelve, que la peticionaria sólo tendrá
       derecho a recibir tratamiento médico7.

       En desacuerdo con lo resuelto, la señora Viera Torres

presentó, por derecho propio, un Escrito de Apelación ante la

Comisión Industrial el 3 de febrero de 20208. En su escrito,

manifestó que no estaba conforme con la decisión tomada por la

Corporación del Fondo sobre su caso, “ya que la lesión sufrida es

distinta a la lesión del año 1987”. Por ello, solicitó la protección

íntegra de la Ley de Compensaciones.

       Después de varios trámites procesales, el 10 de julio de 2020,

la Comisión Industrial citó a las partes para una vista médica que

se celebraría el 3 de agosto de 2020. El 5 de agosto de 2020, la

Comisión Industrial emitió una Resolución en la que acogió las

recomendaciones del médico asesor y ordenó el señalamiento de una

vista pública.

       La vista pública fue señalada para el 25 de agosto de 2021,

bajo la causal de incapacidad total, condición pre-existente, derecho

a tratamiento. El día de la vista pública la CFSE no presentó los dos

expedientes relacionados a los casos de la señora Viera Torres, los

cuales habían sido solicitados por la Comisión Industrial. Así las

7 Véase el Apéndice 18.
8 La Corporación del Fondo no incluyó en el Apéndice del recurso copia del Escrito

de Apelación.
KLRA202200680                                                      4

cosas, la vista pública quedó pendiente de un nuevo señalamiento.

El nuevo señalamiento de vista pública fue para el 19 de enero de

2022. Al mismo no compareció la representación legal de la señora

Viera Torres.     Sin embargo, la Oficial Examinadora hizo constar

mediante Resolución Interlocutoria que era necesario el expediente

del caso CFSE 83-64-04593. Nuevamente el caso quedó pendiente

de un señalamiento futuro.

       Finalmente, la vista pública se celebró el 17 de agosto de

2022. Tras la celebración de la audiencia, el Juez Administrativo le

solicitó a la CFSE un Memorando de Derecho que sostuviera las

alegaciones vertidas en la vista. Dicho Memorando de Derecho fue

presentado el 29 de agosto de 2022.

       Así las cosas, el 8 de septiembre de 2022, la Comisión

Industrial emitió una Resolución en la que revocó el dictamen

emitido por la CFSE9. La Resolución de la Comisión Industrial,

contenía once (11) determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho. Las determinaciones de hechos parecen ser el producto de

las alegaciones contenidas en los escritos, de los incidentes

procesales ordinarios, de los argumentos de los abogados vertidos

en sala y del Memorando de Derecho de la CFSE. No surge de dichas

determinaciones de hecho ningún detalle o narración de testimonio

alguno.

       En las conclusiones de derecho, la Comisión Industrial

destacó el carácter reparador de la legislación. En su dictamen

discutió a Negrón Marrero v. CJJ, 11 DPR 651 (1981) al resaltar, en

apretada síntesis, que una primera compensación por incapacidad

no puede impedir una segunda compensación ante una nueva

incapacidad causada por un nuevo accidente de trabajo. Por otra

parte, distinguió, que los Artículos 3 y 5 de la Ley 45, supra10, van

9 Véanse los Apéndices 6 al 10.
10 Según enmendados por la Ley 98 de 10 de julio de 1986.
KLRA202200680                                                        5

dirigidos a no suspender los beneficios por compensación que

reciben los empleados que tengan una incapacidad total y

permanente anterior, bajo las condiciones designadas, y que se

reintegran a la fuerza laboral una vez rehabilitados. No obstante,

determinó que la referida enmienda no aplica a los empleados que

sufren un nuevo accidente o enfermedad ocupacional, y que ya

fueron compensados por otro caso distinto. Por consiguiente,

determinó que:

           […] la parte apelante tiene derecho a recibir los
       beneficios establecidos en la Ley Núm. 45 de 18 de abril de
       1935, según enmendada, conocida como Ley del Sistema de
       Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. § 1
       et seq., para casos de Incapacidad Total Permanente por
       Factores Socioeconómicos.

       Insatisfecho con lo resuelto, la Corporación del Fondo

presentó una Moción de Reconsideración11. Argumentó que la

determinación de la Comisión Industrial era errada, ya que la

decisión en controversia solamente resuelve que la señora Viera

Torres solamente tendrá derecho a recibir tratamiento médico sin

que se hubiese emitido una decisión final. La CFSE añadió que la

decisión de la Comisión Industrial le otorga a la señora Viera Torres

los beneficios de la Ley de Compensaciones sobre Incapacidad Total

Permanente por Factores Socio-Económicos, pero no se presentó

prueba sobre ello, por lo que no era objeto de revisión.

       A su vez, la Corporación del Fondo razonó que la enmiendas

a los Artículos 3 y 5 de la Ley de Compensaciones, supra, establecen

que los beneficios por concepto de una incapacidad total

permanente tienen que suspenderse cuando el empleado es

rehabilitado, excepto en los casos designados en las precitadas

enmiendas.

11 Véanse los Apéndices 2 al 5.
KLRA202200680                                                            6

       En respuesta a la petición de reconsideración, la Comisión

Industrial emitió una Resolución Enmendatoria Nun[c] Pro Tunc,

mediante la cual determinó lo siguiente:

           […] enmendar nuestra resolución de Vista Pública
       notificada el 20 de octubre de 2022, a los únicos efectos de
       aclarar en el primer (1er) párrafo de la dispositiva que la
       Incapacidad Total y Permanente concedida es desde el
       punto     de    vista   médico    y   no     por    Factores
       Socioeconómicos, para que lea de la siguiente manera:
           REVOCAR la decisión del Administrador de la
       Corporación del Fondo del Seguro del Estado notificada el 23
       de enero de 2020. En su consecuencia, se DETERMINA que
       la parte apelante tiene derecho a recibir los beneficios
       establecidos en la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según
       enmendada, conocida como Ley del Sistema de
       Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. § 1
       et seq., para casos de Incapacidad Total Permanente.
           Queda en toda su fuerza y vigor los demás extremos de
       nuestra resolución antes citada. (Énfasis suplido)12.

       Aún inconforme, la CFSE acudió ante nosotros y señaló la

comisión de los siguientes dos errores:

       COMETIÓ ERROR DE DERECHO LA HONORABLE COMISIÓN
       INDUSTRIAL, AL OTORGAR UNA INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE
       EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 3 DE LA
       LEY.

       COMETIÓ ERROR DE DERECHO DE (SIC) HONORABLE COMISIÓN
       INDUSTRIAL, AL OTORGAR UNA INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE
       DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO, SIN QUE SE PRESENTARA
       PRUEBA MÉDICA ALGUNA.

                                        II.

                                        A.

       Es la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

que a los empleados se le brinde la mejor y más amplia protección

contra los riesgos en el empleo. Art. II, Sec. 16, Carta de Derechos

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA,

Tomo 1; Artículo 1-A de la Ley de Compensaciones, 11 LPRA sec. 1a.

A esos fines, la Ley de Compensaciones, supra, estableció un

sistema que funciona como un seguro compulsorio y exclusivo, cuyo

propósito es proveer una ayuda económica a los trabajadores que

sufran    lesiones        o   les   sobrevenga   una   incapacidad    como

12 Véase el Apéndice 1.
KLRA202200680                                                        7

consecuencia de accidentes ocurridos en sus trabajos, hasta que

puedan reintegrarse a la fuerza laboral. Íd.; Marrero Cancel v.

Caribbean Hospital Corp., 156 DPR 327 (2002). También, quedan

asegurados los obreros que mueran por causa de algún accidente

del trabajo. Íd.

      El propósito principal de la Ley de Compensaciones es

promover el bienestar de los empleados, establecer el deber de los

patronos de compensar a sus empleados o a sus beneficiarios y

establecer el sistema de seguros y el método para proceder con las

reclamaciones. Rivera Rivera v. Insular Wire, 158 DPR 110, 118-119

(2002); Rivera González v. Blanco Vélez Stores, Inc., 155 DPR 460

(2001); López v. F.S.E., 146 DPR 778 (1998).

      Las disposiciones de la Ley de Compensaciones aplicarán a

todos los obreros y empleados que sufran lesiones y se inutilicen, o

que pierdan la vida por accidentes ocurridos como consecuencia de

las funciones inherentes a su trabajo, mientras se desempeñan

como empleados y obreros para los patronos dueños de negocio,

industria o patronos individuales. Artículo 2 de la Ley de

Compensaciones, 11 LPRA sec. 2.

      Por ser una legislación de carácter remedial, deberá

interpretarse liberalmente. Íd.; Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 DPR 367,

373 (1994). Cualquier duda que surja al momento de su aplicación

“respecto a la relación causal entre el trabajo o la ocupación del

obrero y la lesión, incapacidad o muerte del empleado reclamante,

deberá resolverse a favor de éste”. Íd., pág. 374.

      Al interpretar este estatuto, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico resolvió que es compensable un accidente que cumpla con los

siguientes requisitos: (a) que provenga de cualquier acto o función

del obrero; (b) que sea inherente al trabajo o empleo del obrero; y (c)

que ocurra en el curso de éste. Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial,

101 DPR 56 (1973).
KLRA202200680                                                            8

      En su parte pertinente, el Artículo 3 de la Ley de

Compensaciones, supra, según enmendado y el cual citaremos in

extenso, dispone que todo obrero o empleado que sufriere lesiones o

enfermedades ocupacionales bajo las condiciones establecidas en el

estatuto, tendrá derecho a recibir asistencia médica, recibir

compensación por incapacidad transitoria, incapacidad parcial

permanente, incapacidad total permanente y compensación por

muerte.

      El    referido   precepto   considera    la   incapacidad       total

permanente como:

          […] la pérdida total y permanente de la visión industrial
      de ambos ojos, la pérdida de ambos pies por el tobillo o más
      arriba; la pérdida de ambas manos por la muñeca o más
      arriba; la pérdida de una mano o un pie; perturbaciones
      mentales totales que sean incurables, y las lesiones que
      tengan por consecuencia la incapacidad total y
      permanente del obrero o empleado, para hacer toda clase
      de trabajo u ocupaciones remunerativas. (Énfasis suplido).

      No obstante lo anterior, la Ley Número 98 del 10 de julio de

1986, enmendó los Artículos 3 y 5 de la Ley de Compensaciones,

supra, para proveer que el empleado incapacitado total y

permanentemente, bajo las condiciones determinadas en la norma,

no pierda los beneficios ni compensación por causa de su

rehabilitación e integración a la fuerza laboral. Así pues, el Artículo

3, supra, quedó conformado como sigue:

           […] si un obrero o empleado incapacitado total y
      permanentemente        por     haber    perdido    total   y
      permanentemente la visión industrial de ambos ojos; ambos
      pies por el tobillo o más arriba; ambas manos de la muñeca
      o más arriba; una mano y un pie; o por haber quedado
      parapléjico o cuadrupléjico o por haber perdido
      permanentemente las funciones de ambas piernas en forma
      tal, que se vea obligado a moverse en un sillón de ruedas; a
      pesar de dicha condición es rehabilitado en cualquier
      otra área de la industria, no se le suspenderán los
      beneficios ni la compensación a que tiene derecho por
      concepto de la incapacidad total y permanente, aunque
      la Comisión Industrial determinase que ha cesado dicha
      incapacidad. (Énfasis suplido).

      […]
KLRA202200680                                                              9

       A tenor, el Artículo 5 de la Ley de Compensaciones, supra,

dispone lo siguiente:

           […] En los casos de incapacidad parcial permanente y
       total permanente, el obrero o empleado, a instancias del
       Administrador, está obligado a comparecer ante la
       Comisión Industrial para someterse a examen a fin de
       determinar si ha cesado su incapacidad durante el
       período que recibe su compensación, la que suspenderá
       tan pronto cese tal incapacidad; Disponiéndose, que si
       un obrero o empleado incapacitado total y permanente
       por haber perdido total y permanentemente la visión
       industrial de ambos ojos, ambos pies por el tobillo o más
       arriba, ambas manos por la muñeca o más arriba, una
       mano y un pie o por haber quedado parapléjico o
       cuadrupléjico o por haber perdido permanentemente las
       funciones de ambas piernas, en forma tal que se vea
       obligado a moverse en un sillón de ruedas, a pesar de
       dicha condición, ha sido rehabilitado en cualquier otra
       área de la industria, no se le suspenderá la
       compensación a que tiene derecho por concepto de la
       incapacidad total y permanente, aunque la Comisión
       Industrial    determinase       que     ha      cesado    dicha
       incapacidad, de conformidad con el inciso (d) del
       Artículo 3 de esta ley. Se entenderá que una vez
       transcurridos tres (3) años desde el cierre definitivo del caso,
       no habrá reapertura a excepción de los casos expresamente
       señalados en el Artículo 3 (a)(1) de esta ley. (Énfasis suplido).
       11 LPRA sec. 6.

       Al enfrentarse a una situación similar a la de autos y luego de

examinar las disposiciones precitadas antes de ser enmendadas, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, dispuso que sería injusto que la

Corporación del Fondo le negara compensación a un empleado por

una nueva incapacidad que surja como consecuencia de un segundo

accidente del trabajo. Negrón v. C.I.T. Fin. Serv., 111 DPR 657, 665

(1981).

       El Alto Foro razonó que la incapacidad total definida no es

sinónimo de incapacidad absoluta. Negrón v. C.I.T. Fin. Serv., supra,

pág.   664.    Por    consiguiente,     determinó      que    una    persona

incapacitada puede ejercer otros oficios o profesiones que su

condición incapacitante le permita. Íd. Asimismo, sentenció que

prohibir a estas personas que se reintegren a la fuerza laboral en un

empleo remunerado no incompatible con su condición sería “injusto

y opresivo” y chocaría con el Art. II, Sec. 16 de la Constitución del

Estado Libre Asociado, supra, que específicamente establece “‘el
KLRA202200680                                                              10

derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a

renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario

mínimo razonable’”. Íd., pág. 665. En consecuencia, el Máximo Foro

pronunció que “[l]a compensación que una vez se pagó no puede

impedir otra compensación”. Íd., pág. 666.

      Así, luego de analizar otras jurisdicciones estatales, el

Tribunal   Supremo      adoptó    los     criterios    que    citaremos     a

continuación, para determinar si un caso es compensable bajo la

Ley de Compensaciones, en aquellas instancias en que se ha

decretado la incapacidad total permanente de un empleado y, por

causa de un nuevo accidente de trabajo, sufre otra incapacidad. De

forma tal, que se pueda evitar una doble compensación. Negrón v.

C.I.T. Fin. Serv., supra, pág. 668.

      En particular, resolvió que se deberá examinar primero, si la

segunda incapacidad debe ser el resultado de otro accidente, no del

anterior; segundo, la segunda incapacidad no debe guardar relación

con la primera; y, tercero, el empleado no tiene que estar total y

permanentemente incapacitado para realizar el tipo de trabajo en

que se desempeña cuando sobreviene la segunda incapacidad. Íd.

                                  B.

      Es   norma    firmemente        establecida     que    los   tribunales

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las

decisiones de los organismos administrativos. Ello, dado que las

agencias   administrativas    cuentan       con     vasta    experiencia    y

conocimiento especializado en cuanto a los asuntos que les han sido

encomendados. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833,

839 (2021), citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012);

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Pagán

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).

      Como resultado, la decisión de una agencia administrativa

gozará de una presunción de legalidad y corrección que será
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respetada, siempre que la parte que la impugna no produzca

evidencia suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores,

185 DPR 206, 215 (2012). Así, en cuanto a las determinaciones de

hecho que realiza una agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que

los tribunales revisores tienen que sostenerlas si se encuentran

respaldadas por evidencia suficiente que surja del expediente

administrativo al ser considerado en su totalidad. Pacheco v.

Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Véase, además, Sec. 4.5 de la

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Por evidencia sustancial se entiende

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Rolón

Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 36 (2018); González

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota,

163 DPR 716, 728-729 (2005).

      Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo basada

en evidencia sustancial. Otero v. Toyota, supra, pág. 728. En fin, el

tribunal debe limitar su intervención a evaluar si la determinación

de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Íd.

      Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 38-2017, señala que éstas pueden ser revisadas en

todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Ahora

bien, lo anterior “no implica que los tribunales revisores tienen la

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e

interpretaciones de la agencia”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729.

Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un resultado distinto

al de la agencia, éste debe determinar si la divergencia es a

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la
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discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones

de política pública o en la apreciación de la prueba. Otero v. Toyota,

supra, pág. 729. Dicho de otro modo, “[e]l tribunal podrá sustituir

el criterio de la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar

una base racional para explicar la decisión administrativa”. Íd.

        Por consiguiente, la deferencia concedida a las agencias

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el

organismo     administrativo   haya      errado   en    la   aplicación    o

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo

actúe     arbitraria,   irrazonable      o   ilegalmente,     al   realizar

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la

actuación     administrativa   lesione       derechos    constitucionales

fundamentales. Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819

(2021); Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628

(2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745

(2012).

                                  III.

        Es la posición de la CFSE que después de las enmiendas a los

Artículos 3 y 5 de la Ley de Compensaciones, supra, la

compensación y beneficios que recibe una persona con incapacidad

total permanente tienen que ser suspendidos después de que ésta

es rehabilitada, con excepción de los casos específicamente

preceptuados en los referidos artículos. Asegura que todas las

demás situaciones no contempladas en los artículos precitados dan

lugar a la negación del beneficio por incapacidad total permanente,

aunque ésta surja de un nuevo accidente o lesión en el trabajo. Bajo

este fundamento, sostiene que la señora Viera Torres no tiene

derecho a ser compensada por un segundo accidente de trabajo, ya

que ésta recibió los beneficios de una primera incapacidad total
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permanente el 13 de noviembre de 1984. Alega que los diagnósticos

que se establecen en la decisión del caso de 1984, no se encuentran

bajo las excepciones contenidas en el Artículo 3 y 5 de la Ley de

Compensaciones, supra.

      Por otro lado, argumenta que la Comisión Industrial incidió al

otorgar una incapacidad total permanente a la señora Viera Torres,

a pesar de que lo único que estaba en controversia no era la revisión

de una incapacidad, sino el remedio único a que tiene derecho una

persona que sufre un accidente del trabajo, posterior a recibir los

beneficios de una incapacidad total permanente.

      Sobre este particular, arguye que en la vista pública que

celebró la Comisión Industrial no se desfiló prueba sobre otro

aspecto que no fuera la interpretación del Artículo 3 de la Ley de

Compensaciones. Aduce que no hubo testimonio médico que

sostuviera la concesión de una incapacidad total permanente como

se establece en la determinación de la Comisión Industrial. Veamos.

      Tenemos ante nuestra consideración decidir si la Comisión

Industrial, al interpretar el Artículo 3 de la Ley de Compensaciones,

supra, incidió al reconocer que la señora Viera Torres es acreedora

de los beneficios que provee el estatuto a los empleados lesionados

por causa de las funciones inherentes a su empleo.

      Ciertamente, por tratarse de un estatuto interpretado por la

agencia que lo administra, merece nuestra deferencia, a menos que

su conclusión sea una irrazonable y contraria al propósito

legislativo. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 524 (1991). Es un

principio fundamental de hermenéutica que en la interpretación de

las disposiciones de una ley se debe considerar su propósito y la

intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla. Vázquez v.

A.R.P.E., supra, pág. 523. La función de los tribunales es darle

efectividad a la intención legislativa. Asimismo, “[a]l interpretar y
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aplicar un estatuto, hay que hacerlo teniendo presente el propósito

social que lo inspiró”. Íd.

        En el ejercicio de nuestra función       revisora debemos

determinar si la interpretación dada por el ente administrativo es

cónsona con el propósito de la ley que administra. No lo es. De una

lectura de la política pública contenida en el Artículo 1-A de la Ley

de Compensaciones, 11 LPRA 1a, encontramos que la intención de

la Asamblea Legislativa fue proveer una protección a todo

trabajador contra los riesgos a su salud en el empleo. Ciertamente,

dejar desprovista a la señora Viera Torres de la protección íntegra

que provee la Ley de Compensaciones va en contra del propósito

principal del estatuto.

        Como mencionamos en la parte precedente, esta legislación,

de carácter remedial, creó un sistema de seguro compulsorio y

exclusivo para compensar a los empleados “que sufran lesiones, se

inutilicen o mueran como consecuencia de accidentes ocurridos en

sus trabajos o de enfermedades ocupacionales”. Íd.; Rodríguez v.

Méndez & Co., 147 DPR 734, 739 (1999). En estos casos, la

obligación del patrono asegurado es absoluta y los empleados

perjudicados tienen derecho a recibir los remedios compensatorios

que provee el estatuto. Artículo 3 de la Ley de Compensaciones,

supra. En cambio, los patronos gozan de inmunidad con relación a

los daños y perjuicios sufridos por el trabajador. Artículos 23 y 25

de la Ley de Compensaciones, 11 LPRA secs. 26 y 28.

        En consideración a lo anterior, hacemos eco de las palabras

del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Negrón v. C.I.T. Fin.

Serv., supra, pág. 665, cuando pronunció que “[s]i ese patrono paga

las correspondientes primas al Fondo del Seguro del Estado no sería

justo que el Fondo negara compensación por una nueva incapacidad

[…]”.
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      En el caso de marras, la señora Viera Torres recibió una

compensación por una incapacidad total permanente que sufrió en

1984, por un accidente distinto al que reclama hoy. La nueva

condición de salud no guarda relación alguna con la primera

incapacidad que sufrió la empleada, según surge de los documentos

contenidos en el Apéndice del recurso y de las propias alegaciones

del Fondo. Tampoco, la señora Viera Torres tenía que estar total y

permanentemente incapacitada en su empleo actual, cuando le

sobrevino la segunda enfermedad. Negrón v. C.I.T. Fin. Serv., supra,

pág. 668.

      Cumplidos los anteriores requisitos consignados en Negrón v.

C.I.T Fin. Serv., supra, nos parece que la alegación de la Corporación

del Fondo, cuando sostiene que la señora Viera Torres no tiene

derecho a que se le otorgue una nueva incapacidad, va en contra de

la intención que tuvo la Asamblea Legislativa al crear la Ley de

Compensaciones, que es proveer protección a los obreros y

trabajadores de las lesiones, incapacidad o muerte que puedan

sufrir en sus empleos. Por ser una legislación de carácter remedial,

ésta debe interpretarse liberalmente y cualquier duda en su

aplicación deberá resolverse a favor del trabajador. Artículo 2 de la

Ley de Compensaciones, supra.

      Por ello, concluir que la intención de las enmiendas a los

Artículos 3 y 5 de la Ley de Compensaciones, supra, fue eliminar el

derecho a recibir compensación por una nueva incapacidad que

surgiere por un accidente distinto en un nuevo trabajo, luego de que

el empleado se haya rehabilitado, es irrazonable y contrario al

propósito de la Ley de Compensaciones, que es proveer no solamente

asistencia médica, sino ayuda económica a aquellos empleados que

por razones de su incapacidad no cuentan con los medios

económicos para subsistir.
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      Al examinar en conjunto las enmiendas a los Artículos 3 y 5

de la Ley de Compensaciones, supra, podemos deducir que el

propósito de enmendar las disposiciones fue asegurarse que los

empleados incapacitados total y permanentemente por haber

perdido total y permanentemente la visión industrial de ambos

ojos, ambos pies por el tobillo o más arriba, ambas manos por la

muñeca o más arriba, una mano y un pie, o por haber quedado

parapléjicos    o     cuadripléjicos,     por    haber     perdido

permanentemente las funciones de ambas piernas en forma tal

que se vean obligados a moverse en un sillón de ruedas, no

quedaran desprovistos de los beneficios ni compensación a los que

tienen derecho por concepto de la incapacidad total y permanente,

aunque la Comisión Industrial determinase que ha cesado dicha

incapacidad.

      No obstante, lo anterior no aplica a los trabajadores que han

recibido una incapacidad parcial permanente y total permanente por

otras lesiones distintas a las antes mencionadas. Éstos están

obligados a comparecer ante la Comisión Industrial para que el

organismo determine si ha cesado su incapacidad durante el período

que recibe su compensación, la que será suspendida tan pronto cese

la incapacidad. Artículo 5 de la Ley de Compensaciones, supra. Esto

no quiere decir que aquellos empleados a los que se le haya

concedido una incapacidad total y permanente por otras lesiones no

contenidas en la excepción no tengan derecho a solicitar y a recibir

los beneficios y compensación que ofrece la legislación si le

sobreviene una nueva incapacidad como consecuencia de una lesión

o accidente en un nuevo empleo.

      Por tanto, colegimos que la intención de las enmiendas a los

Artículos 3 y 5 de la Ley de Compensaciones, supra, fue reconocerle

a los empleados incapacitados total y permanentemente por las

condiciones de salud especificadas, la continuación de los
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beneficios y compensación otorgada, aunque la Comisión Industrial

haya determinado el cese de la incapacidad.

      Consecuentemente, entendemos que las referidas enmiendas

no dejaron sin efecto la interpretación a la Ley de Compensaciones

que plasmó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Negrón v.

C.I.T. Fin. Serv., supra, el cual continúa vigente.

      En mérito de lo anterior, resolvemos que la Comisión

Industrial no incidió al reconocer que a la señora Viera Torres le

corresponde recibir todas las protecciones y beneficios reconocidos

en la Ley de Compensaciones.

      No obstante, la Corporación del Fondo también nos señala

que la Comisión Industrial erró al decidir otorgar una incapacidad

total permanente a la señora Viera Torres. Sostuvo que en la vista

pública no se desfiló prueba a esos fines y que no hubo ningún

testimonio médico que sostuviera tal concesión. Veamos.

      Para atender la apelación presentada por la señora Viera

Torres, la Comisión Industrial celebró una vista médica el 3 de

agosto de 2020, en la que los médicos asesores de la Corporación

del Fondo y de la Comisión Industrial evaluaron el caso de la señora

Viera Torres. Sin embargo, no surge si hubo testimonios médicos o

cuál fue la prueba documental que se consideró.

      Tras acoger las recomendaciones del médico asesor de la

Comisión Industrial, la Dra. Elsa Arias Ríos, el organismo

administrativo decidió ordenar la celebración de una vista pública,

con el fin de determinar finalmente, a base de las disposiciones en

controversia, si la señora Viera Torres era merecedora de recibir los

beneficios que provee la Ley de Compensaciones, supra, y que le

fueron denegados por la Corporación del Fondo. Finalmente, la

Comisión Industrial falló a favor de la señora Viera Torres.

      No cabe duda de que, en la Resolución enmendada, la

Comisión Industrial se reafirmó en que la señora Viera Torres tiene
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derecho a recibir todos los beneficios que provee la Ley de

Compensaciones. Sin embargo, catalogó los beneficios “para casos

de Incapacidad Total Permanente”. Aunque entendemos que el

organismo    administrativo   se    refirió   a   la   Incapacidad   Total

Permanente, como uno de los posibles beneficios que podría tener

la señora Viera Torres, en esta etapa de los procedimientos no existe

una determinación de la CFSE o de la Comisión Industrial donde se

haya clasificado a ésta como una beneficiaria de una incapacidad

total permanente.

      Por tanto, hasta que el caso de la señora Viera Torres no sea

evaluado en su totalidad y se determine que ésta se encuentra

incapacitada total y permanentemente, nos parece prematuro que

la Comisión Industrial haya determinado que la señora Viera Torres

tenía derecho a recibir los beneficios para los casos de Incapacidad

Total Permanente.

                                   IV.

      Por   los   fundamentos      que   anteceden,     se   modifica   la

Resolución recurrida a los fines de aclarar, que la señora Migdalia

Viera Torres tiene derecho a recibir todos                los beneficios

establecidos en la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según

enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensación por

Accidentes del Trabajo, 11 LPRA seccs. 1 et seq.

      En su día se deberá determinar, por la autoridad competente,

si procede o no conceder algún tipo de incapacidad a la señora

Migdalia Viera Torres, a raíz de la reclamación por accidente de

trabajo de mayo de 2018 y de la prueba médica que en su día se

presente.

      Así modificada, se confirma.
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     Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones