Court Opinion

ID: 9916061
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:18:29.740928+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:49.355565
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  Panel II

                                                           Apelación
EX PARTE:                                                  procedente del
                                                           Tribunal de
                                                           Primera Instancia
MIGUEL ÁNGEL Y ROSA ELVA                                   Sala de Aguadilla
T/C/P   ROSA    SERRANO  DE KLAN202300670
APELLIDOS MERCADO TIRADO,                 Caso Núm.
ANNETTE Y JOHN DE APELLIDOS               AG2022CV01885
APONTE MERCACO
                                          Sobre:
                                          Expediente de
          Apelantes                       Dominio

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

      Comparecen Miguel Ángel Mercado Tirado, Rosa Elva Mercado

Tirado T/C/P Rosa Serrano, Annette Aponte Mercado y John Aponte

Mercado, (los apelantes), solicitando la revocación de una Sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla,

(TPI), el 10 de julio de 2023. Mediante dicho dictamen el foro primario

declaró No Ha Lugar la Petición de Expediente de Dominio presentada por

los apelantes.

      Examinados los asuntos que tuvo ante su atención el foro apelado,

decidimos confirmar.

I. Resumen del tracto procesal

      El 15 de diciembre de 2022, los apelantes presentaron una Petición

sobre Expediente de Dominio, (la Petición). En esta adujeron ser dueños

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
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en forma privativa y en comunidad de la finca que se describe a

continuación:

          RÚSTICA: Solar de forma irregular identificado en el
          Plano de Mensura para Expediente de Dominio como
          Predio "A˝ ubicado en la carretera Puerto Rico ciento
          quince (PR-115) Kilometro seis punto cuatro interior
          (6.4 int) del Barrio Puntas del término municipal de
          Rincón, Puerto Rico compuesta por una cabida de
          SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PUNTO OCHO MIL
          CERO DIECIOCHO (651.8018 M. C.) METROS
          CUADRADOS equivalentes a cero punto mil
          seiscientos cincuenta y ocho (0.1658 cda) cuerdas, en
          colindancias al NORTE, con María Mercado Moreno y
          Sucesión Santiaga Mercado; al SUR, con Esmeralda
          Feliciano Feliciano y Sucesión Santiago Mercado; al
          ESTE, con Sucesión Santiaga Mercado y Carretera
          Municipal; y al OESTE, con Sucesión Moreno.

          Contiene residencia dedicada a vivienda de hormigón
          y bloque.

          Esta propiedad está gravada por una servidumbre de
          paso de tres (3) metros de ancho por su colindancia
          Sur a favor del predio de la Sucesión Santiaga
          Mercado, transcurriendo la misma desde la carretera
          municipal a la propiedad de la Sucesión Santiaga
          Mercado.

          Catastro número: 095-028-085-27-008.

      Además, afirmaron haber adquirido sus respectivas participaciones

en el inmueble descrito, por el fallecimiento de los causantes Florencio

Mercado Saltares y Angélica Tirado Varela, el 5 de agosto de 2017 y el 11

de febrero de 2022, respectivamente. Aseveraron que estos últimos

habían adquirido el referido predio, a su vez, de los anteriores dueños

por compra informal. Alegaron haber poseído la finca aludida a título de

dueños, de manera quieta, pública y pacífica, sin interrupción, por un

término de treinta años, careciendo de título inscribible en el Registro de

la Propiedad. Por lo cual, ofrecerían prueba testifical y documental para

sostener que aconteció la prescripción adquisitiva, y solicitar que se

declarara justificado su dominio en dicha finca, junto a la inscripción en

el Registro de la Propiedad.
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      A raíz de ello, el 27 de diciembre de 2022, el foro primario emitió

una Orden, señalando que la Petición carecía de cierta documentación

que debía proveerse. Además, el foro primario requirió que los apelantes

explicaran qué significaba compra informal, e indicaran cómo se formó el

predio objeto de la Petición. Asimismo, dispuso que la parte apelante

debía notificar de la acción iniciada a una serie de partes, que identificó.

Determinó finalmente que, luego de los apelantes proveer toda la

documentación e información descrita, y mostraran que las citaciones

fueron diligenciadas, entonces pautaría vista en su fondo.

      En      respuesta,    los   apelantes   presentaron    una      Moción   en

Cumplimiento Parcial. Con relación a la explicación requerida sobre qué

significaba    compra      informal,   respondieron   que   refería   a   aquella

desprovista de las reglas protocolarias, como son la escritura y el

contrato escrito. De igual forma, expresaron que el predio en controversia

nacía de la mensura practicada sobre el terreno dejado en herencia por el

causante, el señor Mercado Saltares, cuya adquisición data del 1957.

      Superados varios trámites procesales, el 12 de mayo de 2023, fue

celebrado el Juicio en su Fondo, mediante videoconferencia. Al juicio

comparecieron los apelantes, mediante su representación legal, el

Ministerio Público, representado por la Procuradora de Menores, además

de LUMA energy, a través de su abogada. La siguiente prueba

documental fue admitida allí como exhibit:

   Exhibit –Certificación del Registro de la Propiedad (negativa)
   Exhibit—Declaratoria de Herederos del causante Florencio Mercado
   Saltar
   Exhibit 3—Planilla de Caudal Relicto de la causante Angélica Tirado
   Valera
   Exhibit 4—Declaratoria de Herederos de la causante Angélica Tirado
   Valera
   Exhibit 5—Planilla de Caudal Relicto de la causante Angélica Tirado
   Valera
   Exhibit—6 Certificación de Mensura del Agrim. Eddie Nelson García
   Vega
   Exhibit 7—Plano de Mensura
   Exhibit 8—Certificación de Valores del CRIM
   Exhibit 9—Notificación de colindantes y agencias del gobierno
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   Exhibit 10—Declaración Jurada del periódico (publicación de edictos)
   Exhibit 11—Carta de Trámite del DTOP indicando no tener objeción

      Además de la prueba documental admitida, fue desfilada prueba

testifical, mediante el testimonio de los dos siguientes testigos, señores

Carlos Ramírez Sánchez y Marcos A. Basora Ruiz

      Examinada la prueba documental, y sopesados los testimonios

de los testigos en sala, el 10 de julio de 2023, el foro primario emitió la

Sentencia cuya revocación nos solicitan los apelantes, declarando No ha

Lugar la Petición, desestimándola sin perjuicio. En resumen, el foro

primario inició su determinación aseverando que, de la prueba testifical

presentada, quedó evidenciado que el predio de terreno objeto de la

Petición no ha sido segregado, y que no consta en el expediente escritura

de autorización de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE)

a esos efectos. Razonó que el procedimiento de expediente de dominio no

podía ser utilizado para obtener una división de una propiedad poseída

en común. Señaló que no constituye justo título, un título de dominio

sobre una porción proindivisa en una finca que no ha sido segregada, ni

el título que recae sobre una finca segregada de una finca inscrita en el

Registro. De igual forma, expuso que el Artículo 191 de la Ley del

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Ley Núm. 210-2015, establece que el expediente de dominio no se

utilizará para justificar el dominio y no equivale a una acción de

declaratoria de usucapión. Concluyó afirmando que, no habiéndose

presentado documentación alguna que evidencie que el predio objeto de

la Petición fue segregado de la finca de mayor cabida, se declaraba No Ha

Lugar la Petición y se desestimaba la misma, sin perjuicio.

      Es así como, en desacuerdo, los apelantes acuden ante nosotros,

mediante recurso de apelación, aduciendo que el foro primario cometió el

siguiente error:
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          Erró el Honorable Tribunal al exigir en el Expediente
          de Dominio la segregación del predio de terreno objeto
          del procedimiento, cuando el mismo no ha sido objeto
          de segregación conocida durante el término de la
          prescripción adquisitiva de los 30 años.

      En respuesta a nuestra Resolución de 11 de agosto de 2023, en la

que requerimos la comparecencia del Ministerio Público, compareció la

Oficina del Procurador General en representación de este, mediante

Escrito en cumplimiento de Resolución.

II. Exposición de Derecho

   A. Expediente de Dominio

      El mecanismo de expediente de dominio es un procedimiento ex

parte que se encuentra regulado por el Artículo 185 de la Ley Núm. 210-

2015, 30 LPRA sec. 6291, conocida como la Ley del Registro de la

Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico, (Ley Núm. 2019-2015). Nuestro

Tribunal Supremo ha dispuesto que este mecanismo puede ser

considerado como un acto de jurisdicción voluntaria, en la medida en

que no se suscite contienda entre las partes conocidas y determinadas.

Benítez v. Registrador, 71 DPR 563, 568 (1950). El mismo alto Foro ha

manifestado que el expediente de dominio tiene el exclusivo efecto de

habilitar de título (posesorio) o de dominio al que no lo tenga, o sea, de

justificar la existencia de un título de dominio, sin que, por lo tanto,

equivalga a una declaración de derechos. Rodríguez v. Registrador, 75

DPR 712, 732 (1953). El mencionado estatuto le permite a toda persona,

que desee inmatricular una finca en el Registro de la Propiedad,

inscribirla, siempre que cumpla con los requisitos dispuestos en la

referida ley. Así pues, dicho procedimiento no declara derechos, sino que

justifica la posesión del bien inmueble por parte del promovente. Íd.

“Tampoco puede utilizarse para obtener la división de una propiedad

poseída en común proindiviso”. Oquendo v. Registrador, 78 DPR 118

(1955). En consecuencia, el juez únicamente está facultado para declarar
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justificado o no el dominio de los bienes. Toro v. Registrador, 25 DPR

472, 476 (1917). Aunque dicho recurso permite justificar el dominio, no

equivale      a     una      acción      declaratoria   de      usucapión.

Art. 191 de la Ley Núm. 210-215, 30 LPRA sec. 6297.

      Por otra parte, la referida Ley Núm. 210-2015 dispone que todo

propietario que carezca de título inscribible de dominio podrá inscribirlo,

si cumple con los requisitos esbozados en esta. Los requisitos aludidos

son, en lo pertinente, los siguientes:

      1. Presentará un escrito jurado en la sala del Tribunal de
         Primera Instancia correspondiente al lugar en que
         radiquen los bienes, o en la de aquél en que radique la
         porción de mayor cabida cuando se trate de una finca que
         radique en varias demarcaciones territoriales. Si se
         presenta el escrito ante una sala sin competencia, el
         tribunal de oficio, lo trasladará a la sala correspondiente.
         El escrito contendrá las siguientes alegaciones:

           a. Nombre y circunstancias personales del promovente y
              de su cónyuge, si lo tuviera, al momento de adquirir la
              propiedad y al momento de hacer la solicitud, si
              hubiera alguna diferencia.

           b. La descripción exacta de la propiedad con sus
              colindancias y cabida de acuerdo a los títulos
              presentados. De haberse practicado alguna mensura,
              deberá contener la cabida y colindancias que hayan
              resultado de la misma. Si la finca se formó por
              agrupación,     deberán,      además,      describirse
              individualmente las fincas que la integraron, y si fue
              por segregación se describirá la finca principal de la
              cual se separó.

           c. Número de Catastro según aparece en el Centro de
              Recaudación de Ingresos Municipales.

           d. Expresión de que la finca, así como las fincas
              constituyentes en caso de tratarse de una agrupación,
              o la finca de la que proviene si se trata de una
              segregación, no constan inscritas en el Registro de la
              Propiedad.

           e. Una relación de las cargas que gravan la finca por sí o
              por su procedencia. En caso de no existir cargas, se
              expresará que está libre de cargas.

           f. Una relación de los anteriores dueños conocidos con
              expresión de las circunstancias personales del
              inmediato anterior dueño.

           g. El modo en que adquirió del inmediato anterior dueño.
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      h. El tiempo que el promovente y los dueños anteriores han
         poseído la propiedad de manera pública, pacífica,
         continua y a título de dueños.

      i. El hecho de que la finca, o en caso de agrupación, las que
         la componen, mantuvieron la misma cabida y
         configuración durante los términos que disponen los
         Artículos 1857 y 1859 del Código Civil de Puerto Rico
         para que operen los efectos de la prescripción adquisitiva.
         Si la finca resulta ser una segregación de una finca de
         mayor cabida que consta inscrita, la segregación tiene
         que haber sido aprobada por la agencia gubernamental
         correspondiente mediante plano de inscripción. No
         constituirá justo título a los efectos de este Artículo, un
         título de dominio sobre una porción pro indivisa en una
         finca no segregada, ni el título que recae sobre una finca
         segregada de una finca inscrita en el registro.

      j. El valor actual de la finca.

      k. Las pruebas legales que se dispone a presentar.

      l. Las demás alegaciones que en derecho procedan en cada
         caso.

   B. Segregación de Fincas

      La segregación de fincas ocurre cuando se segrega parte de una

finca para formar una nueva. Artículo 147 de la Ley Núm. 210-2015,

supra, 30 LPRA § 6221. Cuando esto ocurra, se inscribirá la porción

segregada con un numero diferente. Íd. Se tomará razón de esta

circunstancia al margen de la finca matriz, haciendo referencia a la

cabida del predio que fue segregado y el número de los datos registrales

de la finca bajo el cual ha quedado inscrito. Íd. El Artículo 148 de la ley

citada establece los siguientes tres requisitos para que una escritura de

segregación pueda quedar inscrita:

      1. Resolución de autorización de la agencia o dependencia
      gubernamental estatal o municipal designada por ley para
      autorizar la segregación.
      2. Plano de Inscripción aprobado por la agencia o
      dependencia      gubernamental     estatal   o    municipal
      correspondiente.
      3. Escritura pública en la que comparecen todos los titulares
      y en la que se describa el remanente de la finca principal
      luego de las segregaciones, si alguno, excepto en los casos
      dispuestos por reglamento. Art 148 de la Ley 210-2015,
      supra, 30 LPRA sec. 6291.
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III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Los apelantes sostienen que el foro primario incidió al desestimar

la petición de expediente de dominio bajo el fundamento de que no se

proveyó documentación alguna para evidenciar que el predio objeto de la

Petición fue segregado de la finca de mayor cabida. Sobre este asunto,

arguyen que procedía que el TPI declarara justificado el dominio, según

fue solicitado en la Petición, pues la posesión alegada y probada por estos

resultaba suficiente para tal propósito, sin que fuera necesario tener

justo título, ni buena fe. Añaden que no era necesaria una segregación,

pues ello solo es exigible cuando la finca sobre la que se pretende probar

el dominio ha sido segregada de una finca inscrita, y, en este caso, la

finca no está inscrita.

      A lo anterior el Procurador General opone, en síntesis, que aunque

los apelantes aluden a la prueba documental presentada ante el TPI para

sostener su teoría legal, no tomaron en consideración que en el juicio en

su fondo el foro primario aquilató, además, prueba testifical. Con

relación a la prueba testifical desfilada, el Procurador General aduce que,

precisamente, fue a través de esta que quedaron establecidos los

siguientes tres hechos sobre el predio: (1) que era una finca grande;

(2) que fue segregada; (3) pero no hay evidencia de la segregación. A

partir de lo cual, afirma la misma parte, los apelantes no pusieron en

posición a este Foro intermedio para intervenir con las determinaciones

de hechos del TPI, en tanto no incluyeron, junto al recurso de apelación,

una transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio.

      Tiene   razón   el   Procurador   General,   estamos    impedidos   de

intervenir con la adjudicación apelada, en tanto desconocemos la prueba

testifical desfilada. Por una parte, los apelantes no pueden afirmar haber

probado la posesión alegada, en tanto nos negó auscultar la prueba

testifical desfilada sobre el asunto. Es decir, carecemos por completo de
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la prueba testimonial que tuvo ante sí el foro apelado para llegar a

cualquier conclusión relativa a si los apelantes lograron probar o no la

posesión del predio, y en los términos que alegaron.

      Continuando con el mismo tema, nos resulta claro que la

Sentencia apelada respondió a una evaluación conjunta de la prueba

documental y testifical desfilada ante el foro primario, pues así se hizo

constar en dicho dictamen. Por tanto, la completa ausencia en el recurso

de apelación de algún medio de reproducción de los testimonios vertidos

en sala, nos niega la posibilidad de valorar tal prueba, y con ello, de

intervenir con las determinaciones de hechos del foro primario y las

conclusiones de derecho que se pudieran derivar de esta. En este

sentido, resultaba necesario confrontar toda la prueba que tuvo ante su

consideración el TPI, (la documental, junto a la testifical), para

justipreciar el razonamiento de dicho foro sobre si existía un predio

mayor del cual no se hizo segregación o, de existir la segregación, si

había sido debidamente aprobada por la agencia concerniente. Es decir,

no cabía limitarnos a la sola apreciación de la prueba documental que

tuvo ante su atención el foro primario, cuando, a todas luces, al

considerar el asunto sobre la presunta segregación del predio descrito de

un predio mayor, fue parte de la prueba testifical desfilada. Esto, claro

está, tiene relación directa con el impedimento a que una Petición de

dominio sea utilizada para llevar a cabo una segregación u obtener la

división de una propiedad poseída en común, conclusión a la que llega el

foro apelado.

      Como se sabe, en consideración a la norma de corrección que

cobija a las determinaciones realizadas por el TPI, cuando un

peticionario (aquí apelante) señala errores dirigidos a cuestionar la

apreciación o suficiencia de la prueba, la naturaleza del derecho

apelativo requiere que éste ubique al foro revisor en tiempo y espacio de
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lo ocurrido en el foro primario utilizando alguno de los mecanismos de

recopilación oral, como lo son: (1) transcripción de la prueba;

(2) exposición estipulada; (3) exposición narrativa. Pueblo v. Pérez

Delgado, 2023 TSPR 35. Los tribunales de mayor jerarquía no pueden

cumplir a cabalidad su función revisora sin que se le produzca, mediante

alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí el foro primario.

Íd. Los tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la

prueba oral hecha cuando no se tiene forma de evaluar la evidencia

presentada debido a que la parte promovente no elevó una transcripción

o una exposición narrativa de la prueba. Íd.

      En definitiva, no fuimos puestos en posición de intervenir con la

determinación del TPI al concluir que el apelante pretende inscribir una

porción proindivisa de una finca que no ha sido segregada. Por lo tanto,

adhiriéndonos a la presunción de corrección que acompaña a las

determinaciones del TPI, nos corresponde confirmar. Contrario a lo que

parecen sugerir los apelantes, la determinación apelada no responde

únicamente a la consideración de la prueba documental admitida como

exhibit, sino también a la evaluación de la prueba testifical, que no

hemos podido sopesar.

IV. Parte dispositiva

      Por lo explicado, determinamos confirmar la sentencia apelada.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones