Court Opinion

ID: 9962709
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:44:45.51173+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.049290
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL II

 MAYRA APONTE GARCIA                          Certiorari
                                              procedente del
          Recurrida                           Tribunal de Primera
                                KLCE202400147 Instancia, Sala de
              v.                              Aibonito

    SAMUEL FUENTES                                Caso Núm.
       MIRANDA                                    AI2020CV00335

        Peticionario                              Sobre:
                                                  Liquidación de
                                                  Comunidad de
                                                  Bienes

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

                                 I.

      El 9 de noviembre de 2020, la Sra. Mayra Aponte García

presentó Demanda sobre liquidación de comunidad de bienes contra

el Sr. Samuel Fuentes Miranda. Alegó que había convivido

consensualmente y en público concubinato con el señor Fuentes

Miranda, por un término aproximado de treinta y cuatro (34) años.

Añadió, que durante la vigencia de la convivencia consensual

adquirieron bienes y deudas que pertenecían a la comunidad de

bienes construida por ambos. En su Demanda, la señora Aponte

García presentó un inventario con los bienes que alegaba

pertenecían a la comunidad de bienes y de los cuales le correspondía

un cincuenta (50) porciento. Entre ellos se encontraban: tres (3)

cuentas bancarias, diez (10) vehículos de motor, nueve (9) bienes

inmuebles, joyería, bienes muebles, un jet sky y catorce (14)

anualidades de un Premio de Lotería, valoradas en trece (13)

millones. Finalmente, solicitó al tribunal que la nombrara

administradora de los bienes y se realizara el inventario y las

Número Identificador

SEN2024__________
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operaciones de avalúo, tasación y división de la comunidad de

bienes. Esta Demanda fue enmendada en varias ocasiones, siendo

la última el 22 de julio de 2021, mediante Tercera Demanda

Enmendada.

      Luego de un extenso trámite procesal, el 17 de octubre de

2023, el señor Fuentes Miranda presentó Contestación a Tercera

Demanda Enmendada. Negó que se hubieran adquirido bienes o

deudas pertenecientes a una comunidad de bienes. Añadió, que

entre él y la señora Aponte García no existía una comunidad de

bienes por pacto implícito, ya que dicho pacto era nulo por falta de

consentimiento, pues al momento de comenzar la relación eran

menores de edad. En síntesis, alegó que los bienes en controversia,

incluyendo el boleto de lotería, le pertenecía exclusivamente a él y

que nunca hubo un acuerdo de que estos pertenecieran a una

comunidad de bienes.

      Concluido el término de descubrimiento de prueba el 16 de

octubre de 2023, el 26 de octubre de 2023 el señor Fuentes Miranda

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria. Expuso, nuevamente, que

no existía una comunidad de bienes entre las partes y que la

evidencia respaldaba la afirmación de que no se había configurado

ningún pacto, ni expreso ni implícito que estableciera la misma, por

lo que la señora Aponte García no tenía derecho a los bienes

alegados. Añadió, que las partes eran menores de edad por lo que

no podían llegar a un pacto de crear una comunidad de bienes. El 5

de diciembre de 2023, la señora Aponte García presentó Moción en

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.

      El 2 de enero de 2024, el Tribunal de Primera Instancia emitió

Resolución declarando No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia

Sumaria. Concluyó que, se trataba de un caso, el cual versaba

únicamente en la credibilidad que el juzgador le pueda merecer al

testimonio de las partes que está en controversia. En su Resolución,
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el Foro primario estableció los siguientes hechos como no

controvertidos:

      1. Las partes demandante y demandado convivieron en
         público concubinato desde el 21 de diciembre de
         1985.

      2. Las partes demandante y demandado convivieron en
         público concubinato por un periodo aproximado de
         35 años.

      3. Las partes demandante y demandado convivieron en
         público concubinato en Aibonito, Puerto Rico.

      4. Durante la relación, procrearon tres (3) hijas cuyos
         nombres son Gisela, Mayra Enid y Yesenia todas de
         apellido[s] Fuentes Aponte y mayores de edad. La
         primera nació en 1987, la segunda en 1988 y la
         última en 1991.

      5. La relación entre Mayra Aponte y Samuel Fuentes
         comenzó cuando ambos eran menores de edad, ella
         tenía 15 años y él 18 años.

      6. Las partes demandante y demandada no otorgaron
         convenio expreso sobre las normas o acuerdos que
         regirían los asuntos económicos entre ellos.

      7. Durante los años de convivencia las partes
         demandante y demandada adquirieron bienes y
         deudas.

      8. El 23 de mayo de 2009, se otorgó escritura de
         compraventa número 72 ante el notario José Ángel
         Santini Bonilla donde Samuel Fuentes y Mayra
         Aponte adquirieron la propiedad sita en la calle
         Primitivo Santiago número 100 en Aibonito por el
         precio de $73,000.00.

      9. Las partes demandante y demandada tomaron un
         préstamo en la Cooperativa de Aibonito para la
         compra de la propiedad antes mencionada por
         $85,000 el 3 de mayo de 2009 donde compareció ella
         como deudora y él como garantizador.

     10. Las partes demandante y demandada el 23 de mayo
        de 2009 otorgaron pagaré a favor de la Cooperativa
        de Ahorro y Crédito San José por la suma de $85,000
        vencedero el 1 de junio de 2039.

     11. El sorteo de la Lotería Electrónica del 17 de enero de
        2014 tenía un premio de $23,000,000.00.

     12. El billete ganador de la Lotería Electrónica fue
        jugado en el Maestro Liquor Store por Samuel
        Fuentes García y contenía 5 jugadas con revancha.
        La combinación ganadora estaba en el inciso (D) del
        boleto con los números: 08, 27, 32, 34, 44, 46.
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    13. Según carta fechada el 21 de enero de 2014 del
       Secretario Auxiliar del Negociado de las Loterías,
       Samuel Fuentes Miranda seleccionó recibir el premio
       en anualidades de $1,150,000.00 a deducirse la
       cantidad de $230,000.00 por concepto de las
       contribuciones para el pago neto de $920,000.00 a
       ser pagado anualmente por 19 años.

    14. Las partes demandante y demandado poseen cuenta
       bancaria número 3107258484 en el Banco
       Santander.

    15. Las partes demandante y demandada adquirieron
       mediante escritura número 2 sobre segregación y
       compraventa otorgada el 6 de febrero de 2014 ante el
       notario Pedro Vélez Vargas a razón del 50% cada uno
       el solar 22 de la calle 4 en la Urbanización Colinas del
       Paraíso en el Barrio Llanos en Aibonito.

    16. Las partes demandante y demandada otorgaron
       escritura número 35 sobre compraventa ante el
       notario Pablo Manuel Cruz Mercado donde vendieron
       el solar 22 de la calle 4 en la Urbanización Colinas del
       Paraíso en el Barrio Llanos en Aibonito por el precio
       de $135,981.00 a su hija Yesenia Fuentes Aponte.

    17. El 12 de abril de 2014 se otorgó escritura número 56
       sobre compraventa ante el notario Valenry J. Rivera
       Santiago donde tanto la parte demandante y
       demandada adquirieron en un 50% cada uno el solar
       número 2 del Bloque A en la Urbanización Praderas
       de Aibonito por el precio de $75,000.

    18. Las partes demandante y demandada tomaron un
       préstamo en la HUD para la compra de la propiedad
       en Reina de las Flores por $226,000.00 el 29 de
       septiembre de 2014 donde compareció él como
       deudor y ella como codeudora.

    19. AJF Corp. representada por su presidente Samuel
       Fuentes Miranda adquirió mediante escritura de
       compraventa número 9 otorgada el 13 de febrero de
       2015 ante el notario Pablo Manuel Cruz Mercado
       predio de terreno radicado en el Barrio Pasto en
       Aibonito con una cabida superficial de 1,721.51
       metros cuadrados.

    20. Samuel Fuentes Miranda adquirió mediante
       escritura número 12 de compraventa otorgada el 13
       de marzo de 2015 ante el notario Eddie G. Malavé
       Colón solar compuesto de 88 metros cuadrados en la
       calle San José en Aibonito por el precio de
       $61,000.00.

    21. Según certificación expedida por la Cooperativa de
       Ahorro y Crédito Aiboniteña las personas autorizadas
       en la cuenta de AJF Corp. del 4 de diciembre de 2015
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       al 3 de octubre de 2021 eran Samuel Fuentes
       Miranda, Mayra Enid Fuentes Aponte y Mayra Aponte
       García. A partir del 4 de octubre de 2021 hubo
       cambio de firmas quedando como persona autorizada
       Gisela Fuentes Aponte.

    22. Mediante escritura número 1 sobre Permuta por
       Acciones del 10 de enero de 2018 ante el notario Iván
       Alonso Costa, Samuel Fuentes Miranda cedió a SM
       House Rental, Inc. representada por Mayra Aponte
       García la propiedad compuesta de 88 metros
       cuadrados en la Calle San José en Aibonito por 860
       acciones comunes del capital corporativo.

    23. Mediante escritura número 23 ante la notaria
       Dilianette Santini Rivera otorgada el 11 de mayo de
       2018 sobre dación en pago Samuel Fuentes Miranda
       recibió predio de terreno localizado en el barrio Pasto
       en Aibonito compuesto de 0.1272 cuerdas.

    24. Mayra Aponte García radicó planilla sobre ingresos
       para el año contributivo 2019.

    25. Mediante escritura número 12 ante la notaria
       Dilianette Santini Rivera otorgada el 1 de julio de
       2020 sobre compraventa Samuel Fuentes Miranda
       adquirió predio de terreno de forma rectangular sito
       en el barrio Pastos en Aibonito con cabida superficial
       de 0.3667 cuerdas por el precio de $40,000.00.

    26. Mediante escritura número 25 el 31 de agosto de
       2020 ante la notaria Dilianette Santini Rivera las
       partes demandante y demandada cancelaron
       hipoteca constituida a favor de la Cooperativa de
       Ahorro y Crédito Aiboniteña por la suma principal de
       $226,000.00 que garantizaba la propiedad radicada
       en el barrio Pasto en Aibonito. Dicha propiedad fue
       adquirida mediante compraventa en virtud de
       escritura número 39 otorgada el 30 de septiembre de
       2014 ante el notario Pedro R. López de Victoria
       Gómez por el precio de $219,400.00 y en proporción
       de 50% cada uno.

    27. Samuel Fuentes Miranda posee cuenta bancaria
       número 000029507 en BoniCoop (Cooperativa de
       Ahorro y Crédito Aiboniteña).

    28. Emmanuel Rivera Rivera nació el 19 de noviembre
       de 1986 y falleció el 20 de marzo de 2011.

    Por otro lado, estableció que existía controversia en cuanto a:

(1) si se llevaron a cabo los acuerdos implícitos; (2) qué

comprendieron esos acuerdos y; (3) la intención de las partes.

Añadió, que estas controversias serán presentadas ante el Foro
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primario mediante evidencia testifical y que será dicho foro quien

adjudicará la credibilidad correspondiente, dado a que por haber

controversias de hecho y de derecho, no podía ser desestimado el

caso por virtud de sentencia sumaria.

     El 15 de enero de 2024, el señor Fuentes Miranda presentó

Solicitud   de   Reconsideración   de   Resolución   y   Solicitud   de

Determinación de Hechos Adicionales. El 16 de enero de 2024,

notificada 19, el Foro primario emitió Orden negándose a

reconsiderar. Aún insatisfecho, el 6 de febrero de 2024, el señor

Fuentes Miranda acudió ante nos mediante Recurso de Certiorari.

Sostiene:

      PRIMER ERROR:
      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al
      encontrar como controvertidos hechos materiales
      propuestos por la peticionaria, a pesar de que la parte
      recurrida descansó solamente en las aseveraciones o
      negociaciones contenidas en sus alegaciones y
      mociones sin contestar en la forma tan detallada y
      específica, como lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento
      Civil.

      SEGUNDO ERROR:
      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al no
      dictar Sentencia Sumaria a favor de la Peticionaria, a
      pesar de que una vez concluido el descubrimiento de
      prueba, la prueba descubierta no satisface los
      elementos necesarios para establecer su causa de
      acción para la creación de una comunidad de bienes
      romana sobre un boleto de lotería premiado y demás
      bienes.

      TERCER ERROR:
      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al no
      resolver que no es posible la creación de una comunidad
      de bienes de índole germánica por medio de un alegado
      pacto que carece de objeto, consentimiento y causa,
      dado que el pacto implícito no tiene el alcance de crear
      una comunidad universal sobre todos los bienes,
      presentes y futuros adquiridos por dos personas
      solteras menores de edad.

      CUARTO ERROR:
      Erró el Tribunal de Primera Instancia, al no resolver que
      es nulo y contrario a la ley, la moral y al orden público
      cualquier alegado pacto de índole patrimonial realizado
      entre dos menores de edad.
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      QUINTO ERROR:
      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al no
      excluir de los bienes alegados las cosas pertenecientes
      a terceras personas que no son parte de este pleito.

      SEXTO ERROR:
      Erró el Tribunal de Primera Instancia, al no dictaminar
      que para probar la existencia de una comunidad de
      bienes es requisito que se cumpla con el estándar de
      prueba clara, robusta y convincente.

      El 8 de febrero de 2024 emitimos Resolución concediéndole a

la señora Aponte García término de diez (10) días para expresarse

sobre el recurso incoado. Posteriormente, el 16 de febrero de 2024,

la señora Aponte García presentó Solicitud de Prórroga para

presentar su alegación responsiva debido a la extenso del recurso

presentado. El 20 de febrero de 2024, emitimos Resolución

concediendo dicha prórroga. En cumplimiento, el 5 de marzo de

2024 la señora Aponte García presentó Escrito en Cumplimiento de

Orden Mostrando Causa por la cual no se Debería Expedir el Auto de

Certiorari y por la cual no se debe Revocar la Resolución Recurrida.

En su escrito, la señora Aponte García reiteró sus planteamientos

presentados en la Tercera Demanda Enmendada, además solicitó

que no se expidiera el auto de certiorari. Alegó que la existencia o no

existencia de una comunidad de bienes era un hecho que no podía

adjudicarse sumariamente.

      El 8 de marzo de 2024, el señor Fuentes Miranda presentó

Solicitud de Vista Oral al Amparo de la Regla 80 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones. Argumentó, que consideráramos celebrar

una vista oral por tratarse de un caso que cuestiona la aplicabilidad

de la figura del pacto implícito en contextos donde están

involucrados asuntos aleatorios, como lo es un premio de lotería.

Añadió,   que   debido   a   la   creciente   cantidad   de   relaciones

concubinarias en nuestra sociedad, este caso es uno de alto interés

público y que el resultado de este podría crear un precedente
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importante. El 8 de febrero de 2024, este Panel decidió no conceder,

en esta etapa, la vista oral solicitada.

                                       II.

       Como es sabido, el auto de Certiorari es un remedio procesal

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un

error cometido por un tribunal inferior. Sin embargo, distinto a los

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la

facultad de expedir el auto de Certiorari de manera discrecional1.

       La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone los criterios a tomar en

consideración al determinar si procede la expedición de un auto de

Certiorari. Dispone:

             El Tribunal tomará en consideración los
       siguientes criterios al determinar la expedición de un
       auto de certiorari o de una orden para mostrar causa:
  A.          Si el remedio y la disposición de la decisión
              recurrida a diferencia de sus fundamentos
              son contrarios a derecho.
  B.          Si la situación de hechos planteada es la
              más indicada para el análisis del problema.
  C.          Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
              craso y manifiesto en la apreciación de la
              prueba por el Tribunal de Primera
              Instancia.
  D.          Si el asunto planteado exige consideración
              más detenida a la luz de los autos
              originales, los cuales deberán ser elevados,
              o de alegatos más elaborados.
  E.          Si la etapa del procedimiento en que se
              encuentra el caso es la más propicia para
              su consideración.
  F.          Si la expedición del auto o de la orden de
              mostrar     causa     no     causan      un
              fraccionamiento indebido del pleito y una
              dilación indeseable en la solución final del
              litigio.
  G.          Si la expedición del auto o de la orden de
              mostrar causa evita un fracaso de la
              justicia.

1 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, págs. 90-91 (2001).
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       Ninguno de los criterios antes expuestos en la precitada Regla

40, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción,

y no constituye una lista exhaustiva.2 Por lo que, los criterios antes

transcritos nos sirven de guía para poder, de manera sabia y

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en el

caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.3

       Como foro apelativo intermedio debemos abstenernos de

intervenir con los dictámenes interlocutorios que emita el foro de

instancia durante el transcurso de un juicio, a menos que se

demuestre      claro   abuso     de   discreción     o   arbitrariedad.4      Por

imperativo de la naturaleza extraordinaria y discrecional del auto de

certiorari, debemos determinar si el ejercicio de nuestra facultad

revisora es oportuno y adecuado. Su propósito es que corrijamos

errores cometidos por un tribunal de menor jerarquía no sin antes

determinar si por vía de excepción, procede que expidamos o no el

auto solicitado.5

       El Tribunal de Instancia incurre en abuso de discreción

cuando: “la decisión que emite no toma en cuenta e ignora, sin

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía

ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación

y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en

el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el

juez livianamente sopesa y calibra los mismos”.6

2 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de
Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, 165 DPR 324, 335
esc. 15.
3 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
4 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l News,

151 DPR 649, 664 (2000).
5 García, 165 DPR, pág. 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).
6 Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990).
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                                      III.

       En esencia, el señor Fuentes Miranda nos solicita que

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia mediante la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Sentencia Sumaria presentada por este y no desestimó la Demanda

presentada. No obstante, de la Resolución recurrida, surge que el

Foro primario examinó el expediente, consideró las alegaciones de

las partes, aplicó adecuadamente las doctrinas relevantes y

determinó que, por existir hechos en controversia, no estaba en

posición de desestimar por virtud de sentencia sumaria. Entendió,

en su discreción judicial, que el caso debía continuar los

procedimientos con la celebración del juicio a su fondo por este

versar en asuntos de credibilidad, los cuales deben ser evaluados

por el Foro primario. No encontramos que, con su proceder, dicho

foro haya incurrido en abuso de discreción. Procede, por tanto,

denegar la expedición del presente recurso.

       Lo anterior no es óbice para que, ante la final adjudicación

que del caso haga el Foro de Instancia, la parte afectada acuda en

su revisión al foro correspondiente mediante el procedimiento

dispuesto por ley.7

                                      IV.

       Por los fundamentos antes expresados, denegamos la

expedición del Auto de Certiorari solicitado. El juez Bermúdez

Torres, aunque está conforme con el curso decisorio arribado,

considera hubiese sido en extremo útil la celebración de la vista oral

solicitada. Estamos ante un caso nobel y de alto interés público, que

requiere evaluar, como cuestión de derecho, la aplicabilidad de la

figura del pacto implícito entre concubinos y la adjudicación de

ganancialidad o no, de premios aleatorios como el de lotería.

7 García v. Asociación, 165 DPR 311, 336 (2005).
KLCE202400147                                                     11

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones