Court Opinion

ID: 9962705
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:44:21.638083+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:27.896560
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

  SEVERINO BERMÚDEZ                                    Revisión Judicial
        VARELA                                         Procedente de la Junta
                                                       de Retiro del Gobierno
          Recurrido                                    de Puerto Rico
                                   KLRA202400044
              v.                                       Caso Núm.:
                                                       2022-0049
  JUNTA DE RETIRO DEL
       GOBIERNO                                        Sobre:
    DE PUERTO RICO                                     Beneficios
                                                       Ley Núm. 3 de 2013
          Recurrente

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

       El 29 de enero de este año, el Sr. Severino Bermúdez Varela (en

adelante, señor Bermúdez o peticionario) sometió ante este Tribunal de

Apelaciones Recurso de revisión judicial. En este, nos solicitó la revocación de

la Resolución emitida por la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico (en

adelante Junta). Por virtud de la misma, se resolvió confirmar la decisión

de denegarle al peticionario los beneficios de bono de medicamentos,

aguinaldo de navidad y aportación al plan médico.

       Examinado el recurso, los documentos que le acompañaron y con el

beneficio de la copia certificada del expediente administrativo, al amparo

de las disposiciones legales aplicables que más adelante exponemos,

resolvemos confirmar la determinación recurrida.

                                        I

       Los hechos que concluyeron con la presentación del recurso de

epígrafe conforme surgen del expediente administrativo, son los siguientes:

Número Identificador

SEN2024 _________________
KLRA202400044                                                                            2

        El 15 de junio de 2013, el peticionario suscribió una Solicitud de

pensión por edad y años de servicio.1 Días después, el 19 de junio del mismo

año, este remitió una comunicación al Lcdo. Héctor M. Mayol Kauffman,

como Administrador del Sistema de Retiro. Allí, informó que había

renunciado al puesto que ocupaba como Jefe del Panel Central de

Investigaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico con efectividad del 30

de junio de dicho año. Igualmente, señaló que la presentación de su

renuncia se hizo con el propósito de conservar su derecho a recibir el

beneficio de Bono de Medicamentos, Aguinaldo de Navidad y aportación

para compra de un plan médico. A su vez, indicó que, debido al Addendum

del 3 de junio de 2013 de la Carta Normativa Especial Núm. 2013-01, el

entonces Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández

Denton, extendió su nombramiento en dicho puesto efectivo el 1 de julio de

2013. Por todo lo allí indicado, solicitó que se dejara sin efecto el pago de la

pensión gestionada hasta su separación del servicio activo en la Rama

Judicial.

        Años después, específicamente el 17 de noviembre de 2021, el señor

Bermúdez remitió comunicación dirigida al Lcdo. Luis M. Collazo

Rodríguez, como Administrador de la Administración de los Sistemas de

Retiro (Administrador). En esta, indicó haber renunciado a su puesto como

Jefe del Panel Central de Investigaciones del Tribunal Supremo de Puerto

Rico con efectividad al 30 de noviembre de 2021 y solicitó que se activara

su pensión suspendida. El 11 de agosto de 2022, el peticionario nuevamente

remitió carta al Administrador recordándole las disposiciones de la Carta

Normativa Especial Núm. 2013-01 y reclamando a su favor el beneficio de

Bono de Medicamentos, Aguinaldo de Navidad y aportación para compra

de un plan médico.

1 Según el expediente administrativo, tal solicitud fue completada el 27 de junio de 2013.
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       En respuesta a esta última comunicación, el 21 de octubre de 2022, la

Directora del Área de Servicios y Beneficios de la Junta suscribió una misiva

dirigida al peticionario en la que le indicó que no le correspondían los

beneficios reclamados. Según allí expuesto, el señor Bermúdez no cumplía

con la definición de pensionado de la Ley 447 de 15 de mayo de 1951, pues

esta señalaba que pensionado se refería a, “toda persona que reciba una

pensión o anualidad de acuerdo con las disposiciones de esta Ley o de las

que crean los diferentes Sistemas de Retiro.” Asimismo, se le indicó que

conforme los propios hechos señalados por él, en su caso nunca ocurrió la

separación del servicio público que la Ley 447, supra, dispone, ya que,

trabajó ininterrumpidamente con el mismo patrono y ocupando el mismo

puesto luego de la renuncia.

       El 8 de noviembre de 2022 el peticionario presentó documento

titulado Solicitud de reconsideración. El 28 del mismo mes y año, y sobre este,

la Junta se reafirmó en su postura. Ante este hecho, y por estar inconforme,

el peticionario presentó ante la Junta la Apelación número 2022-0049. Tras

varios trámites que no son necesarios detallar, y habiéndose celebrado la

correspondiente vista administrativa, la Junta emitió la Resolución

recurrida.

       El 15 de diciembre de 2023, el peticionario solicitó la reconsideración

de lo allí resuelto. No habiéndose atendido por la Junta dentro del término

establecido para ello, el señor Bermúdez instó el recurso de epígrafe y alegó

que la Junta erró al denegar los beneficios de Bono de Medicamentos,

Aguinaldo de Navidad y Aportación. Esto, ante el lenguaje claro de la Carta

Normativa Especial Núm. 2013-01, particularmente la enmienda que el

Addendum del 3 de junio de 2013 hizo al inciso C de su Sección VII.

       Atendido el recurso, el 5 de febrero de 2024, emitimos Resolución

mediante la cual le ordenamos a la Junta a someter copia certificada del

expediente administrativo, así como a comparecer y someter su posición.
KLRA202400044                                                                 4

En cumplimiento con ello, el 15 de febrero esta sometió copia certificada del

expediente administrativo. Posteriormente, la Junta compareció mediante

Alegato en oposición a revisión judicial. Con el beneficio de su comparecencia,

damos por sometido el asunto y resolvemos.

                                       I.

                                      -A-

       La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU

dispone sobre la revisión judicial aplicable a aquellas órdenes, resoluciones

y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias, las que serán

revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3

LPRA Sec. 9671. Asimismo, la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia, que

haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el

organismo administrativo apelativo correspondiente, podrá presentar una

solicitud de revisión, dentro de treinta (30) días contados a partir de la fecha

de archivo en autos de la notificación de la orden o resolución final. 3LPRA

Sec. 9672. La finalidad de esta disposición es delimitar la discreción de los

organismos administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR

254, 264 (2007).

       En cuanto a la revisión de cualquier determinación administrativa,

sabido es que los tribunales apelativos vienen llamados a otorgar amplia

deferencia a estas. Ello, en atención a la experiencia y la pericia que se

presume tienen las agencias administrativas para atender y resolver los

asuntos que le han sido delegados. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde,

202 DPR 117, 126 (2019) y casos allí citados. De igual forma, es harto
KLRA202400044                                                                            5

conocido que esta norma no es absoluta, toda vez que los tribunales no

pueden imprimirle un sello de corrección so pretexto de deferencia a las

determinaciones o interpretaciones administrativas irrazonables, ilegales o

simplemente, contrarias a derecho. Íd.

          El criterio rector para examinar una decisión administrativa es la

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. González Segarra et

al. v. CFSE et al., 188 DPR 252, 276 (2013). Por tal razón, quien impugne

judicialmente una determinación administrativa tiene el peso de la prueba

para demostrar que esta no está basada en el expediente o que las

conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. OEG v. Martínez

Giraud, 210 DPR 79, 89 (2022).

          Así pues, la revisión judicial estará limitada a evaluar si la agencia

actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, de manera tal que sus

actuaciones constituyeron un abuso de discreción. Íd. De esta forma, el

ejercicio de la revisión se ciñe a determinar: (1) si el remedio concedido por

la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia

están basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas.

Hasta tanto no se demuestre que la presunción de legalidad fue superada o

invalidada, el respeto hacia la decisión administrativa debe sostenerse. Íd.2

          En lo referente a la revisión judicial de las determinaciones de hechos

dictaminadas por una agencia administrativa, es importante recordar que

dicho ejercicio se circunscribe a evaluar si las mismas se basaron en

evidencia       sustancial     considerando        la   totalidad      del       expediente

administrativo. 3 LPRA, sec. 9675; Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR

803, 820 (2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra. Evidencia

sustancial es toda aquella prueba relevante que una mente razonable podría

aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Íd., a la pág. 127.

2   Ello se hará mediante evidencia suficiente. OEG v. Martínez Giraud, supra.
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       En torno a las determinaciones de hecho, es menester señalar que

estas serán revisables en todos sus aspectos. Así, aunque la doctrina opera

en un marco de deferencia, esta cede si la agencia administrativa erró al

aplicar la ley; actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente; o si lesionó

derechos constitucionales fundamentales. OEG v. Martínez Giraud, supra.

                                      -B-

       La Ley 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 LPRA Sec.

761, et seq., creó el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno de

Puerto Rico bajo un programa de retiro de beneficios definidos. Su

propósito, fue garantizarle a sus participantes un ingreso sustentable una

vez concluida su carrera en el servicio público. Trinidad Hernández et al. v.

ELA et al., 188 DPR 828 (2013). Posteriormente, el 4 de abril de 2013, se

aprobó la Ley Núm. 3-2013. Mediante esta, se creó un sistema nuevo de

retiro basado en un “Programa Híbrido de Contribuciones Definidas”, que

eliminó por completo el criterio de mérito por años de servicio y también

aumentó la edad de retiro a 61 años para los empleados cobijados por la

Ley 447. Íd.

       En cuanto al caso ante nos, es importante conocer que ante la

aprobación de la Ley 3-2013, el 3 de mayo de 2013 la entonces

Administración de Retiro, promulgó la Carta Normativa Especial Núm.

2013-01, en la que se interpreta este estatuto. El 3 de junio de 2013, la

Administración emitió un Addendum a la aludida carta normativa.

Mediante este, se enmendó el Art. III- Beneficios Adquiridos a los fines de

incluir un nuevo inciso, que lee como a continuación transcribimos:

       F. Pensión de reducción actuarial. Aquellos participantes que al 30
       de junio de 2013, tienen derecho a recibir una pensión con
       reducción actuarial y permanecen en servicio activo, tendrán
       derecho a recibir la pensión en cualquier momento que la soliciten.

       Si solicitan su pensión antes de cumplir los 58 años de edad, a la
       misma se hará la reducción actuarial que corresponda. Sin
       embargo, si solicitan la pensión luego de cumplir cincuenta y ocho
       (58) años de edad, la misma no tendrá reducción actuarial.
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       También, se enmendó el Art. VIII- Pensionados que reingresan al

servicio, de la Carta Normativa Especial Núm. 2013-01, a los fines de

añadirle un nuevo inciso C, que lee:

       C. Bono de Medicamentos, Aguinaldo de Navidad y aportación
       para compra de un plan médico. Todo participante que se pensionó
       en o antes del 30 de junio de 2013, y se reintegra o se mantiene en
       el servicio público luego del 1ro de julio de 2013, conservará el
       derecho a recibir el Bono de Medicamentos, Aguinaldo de Navidad
       y aportación para compra de un plan médico.

       Una vez se separe del servicio y se reactive su pensión, continuará
       recibiendo Bono de Medicamentos, Aguinaldo de Navidad y
       aportación para compra de un plan médico, según dispone la Ley
       Núm. 2-2013.”

       Asimismo, exponemos que mediante la aprobación de la Ley para

garantizar el pago a nuestros pensionados y establecer un nuevo plan de

aportaciones definidas para los servidores públicos, (Ley 106-2017), enmendó

sustancialmente las disposiciones de la Ley 447. La misma, entre otras

cosas, creó la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.

                                       III

       Según arriba indicamos, el señor Bermúdez señala que la Junta de

Retiro falló al rechazar su apelación y sostener que no tiene derecho a recibir

bono de medicamentos, aguilando de Navidad y la aportación para plan

médico, según había sido resuelto. A tales efectos, argumenta que la

enmienda que el Addendum hizo a la Carta Normativa Especial Núm. 2013-01 y el

lenguaje introducido en esta claramente demuestra que tiene derecho a

recibir los beneficios reclamados ya que contiene la frase “o se mantiene en

el servicio público”. Con tal propósito, plantea que la determinación

recurrida descansó en una interpretación errónea de este lenguaje,

exigiéndose el cumplimiento de un requisito inexistente: haber estado

pensionado- o sea, recibiendo una pensión o anualidad- en o antes del 30

de junio de 2013. Además de ello, en su recurso el señor Bermúdez reclama

la igual protección de las leyes y señala que la Junta de Retiro tuvo ante su

consideración varios casos con las mismas circunstancias, siendo él la única
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persona a la que le fue denegado el beneficio. Así, reclama discrimen por

nacionalidad por parte de la Junta.

       La Junta, por su parte, al defender la decisión recurrida señala que

los argumentos levantados por el peticionario con el fin de impugnarla se

fundamentan en hechos ajenos al expediente administrativo, así como en

una interpretación desacertada del derecho aplicable. Así, primeramente,

indica que el reclamo del peticionario alegando que actuó contra sus

propios actos o que discriminó en su contra por su nacionalidad carecen de

respaldo. En segundo lugar, tras citar algunas disposiciones de la Ley 447

de 15 de mayo de 1951, la Ley 3-2013 y la propia Carta Normativa Especial

Núm. 2013-01, afirma y discute que la decisión recurrida fue correcta en

derecho, pues el señor Bermúdez nunca advino a ser pensionado, sino hasta

su jubilación el 30 de noviembre de 2022.

       En cuanto a ello, destaca que conforme surge del expediente

administrativo, el 19 de junio de 2013, previo a que fuera efectiva la

renuncia del peticionario y este comenzara a recibir los beneficios del retiro

al que solicitó acogerse, mediante comunicación escrita, este solicitó que se

dejara sin efecto el pago de la pensión gestionada. Asimismo, asevera que

el expediente administrativo demuestra, sin que pueda existir duda, que el

señor Bermúdez ocupó el mismo puesto desde el año 1998 hasta su

separación en el año 2021, que no existe constancia de que haya solicitado

la liquidación de las licencias acumuladas, ni que haya recibido pagos por

concepto de pensión por parte de la Junta, por lo que no hubo una

interrupción de empleo en el servicio público que pueda sostener su

reclamo de que al 30 de junio de 2013, era un pensionado al que le aplicaran

las disposiciones que reclama a su favor.

       Un análisis sopesado de los argumentos levantados por ambas

partes, de la determinación impugnada y de la transcripción oficial de la

vista administrativa contenida en la copia certificada del expediente
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administrativo, así como de las normas de autolimitación judicial arriba

consignadas, nos lleva a concluir que la decisión recurrida merece nuestra

deferencia, por lo que resolvemos confirmarla.

       La discusión ofrecida por el señor Bermúdez al argumentar su único

señalamiento de error es insuficiente en derecho para derrotar la deferencia

que debemos observar hacia las decisiones administrativas. Notamos que

más allá de citar las disposiciones legales que estima pertinentes y

aplicables al caso, se limita a exponer que:

       La actuación de los directivos de los Sistema de Retiro en el caso del
       peticionario colapsa la buena fe y la seguridad jurídica en el tráfico
       de los ciudadanos, que solicitan su retiro, después de haber dado
       los mejores años de su vida. Una parte no puede [contradecir] sus
       actos pasados en beneficio propio o en perjuicio de terceros, como
       lo hizo en este caso el Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto
       Rico.

       […] Como discutimos en la introducción, hubo para la fecha de
       2013, 4 empleados incluyendo al peticionario junto a la Dra.
       Mildred Negrón, Directora de la Academia Judicial; la Sra. Carmen
       Teresa Torres, Secretaria del Juez Presidente, Hon. Federico
       Hernández Denton; y el Sr. Julio Jurado, Alguacil General del Poder
       Judicial. Véase Certificación y declaración jurada, Apéndice Págs.
       237 y 238. Donde se puede constatar sin lugar a dudas que estas dos
       personas que se encontraban en la misma situación que el
       peticionario en su jubilación, si les dieron los beneficios que le
       negaron a Don Severino Bermúdez en violación a la igual
       protección de las leyes. ¿Pero por qué sí a ellos y por qué no a Don
       Severino?, después de dedicarle mucho tiempo a este análisis es
       forzoso concluir que discriminaron contra él por la única razón de
       ser extranjero, ciudadano español, residente en Puerto Rico por más
       de 30 años.

       Definitivamente, debemos considerar que las determinaciones de

hechos de organismos y agencias tienen a su favor una presunción de

regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte que las

impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Según

correctamente señala la Junta, más allá de exponer su interpretación a las

disposiciones legales aplicables, para impugnar la Resolución recurrida, el

señor Bermúdez se limita a reclamar un trato discriminatorio de la Junta

para con su caso por su nacionalidad extranjera. Sin embargo, los

documentos que señala demuestran el discrimen, no fueron admitidos

durante el proceso administrativo. No habiéndose derrotado por el
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peticionario la razonabilidad de la decisión recurrida, no estamos en

posición de concluir que procede su revocación.

      Ahora, previo a concluir nuestra intervención, consideramos

importante realizar un llamado a la representación legal de ambas partes a

observar la máxima precaución en la preparación y presentación de los

recursos    apelativos,   sus   correspondientes   apéndices   y   cualquier

documento a ser sometido ante nuestra consideración. Ello así, ya que al

cumplir con nuestra encomienda revisora y estudiar minuciosamente los

documentos que el señor Bermúdez acompañó con su recurso, así como el

expediente administrativo sometido por la Junta, nos hemos percatado que

estos contienen información confidencial que debió ser tachada.

      Nos referimos específicamente al sinnúmero de documentos

contenidos en el Apéndice y expediente administrativo que contienen el

número de seguro social completo del señor Bermúdez. Por lo antes

expresado, ordenamos el desglose del Apéndice para que este sea devuelto

a la representación legal del peticionario, así como de la copia certificada

del expediente administrativo, para que se devuelva a esta.

                                         IV

      Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Resolución

emitida por la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones