Court Opinion

ID: 9928649
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:32:46.493267+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:35.147572
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL1

  MAYRIM VILLALOBOS                                  Certiorari
   SOLÍS, POR SÍ Y EN                                Procedente del
 REPRESENTACIÓN DE LA                                Tribunal de
     MENOR, M.C.V.                                   Primera Instancia,
                                                     Sala Superior de
           Recurrida                   KLCE202300877 Bayamón

                v.                                     Caso Núm.:
                                                       GB2021CV00123
   ARQUIDIÓCESIS DE
 SAN JUAN BAUTISTA DE                                  Sobre: Daños y
  LA IGLESIA CATÓLICA,                                 Perjuicios;
 ROMANA Y APOSTÓLICA,                                  Acometimiento o
      INC. Y OTROS                                     Agresión

         Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez
Rodríguez Flores y la juez Rivera Pérez.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2023.

       Comparece el Colegio Nuestra Señora de Belén (Colegio o

co-peticionaria), en el recurso de certiorari, para que revoquemos la

Resolución emitida el 11 de julio de 2023,2 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), en la que declaró No Ha

Lugar la Moción Solicitando Reconsideración sobre la entrega del

récord de tratamiento psicológico de la Sra. Mayrim Villalobos Solís.

       Examinado el escrito de ambas partes, resolvemos denegar el

auto de certiorari solicitado.

                                         -I-

       El 22 de febrero de 2021, la Sra. Mayrim Villalobos Solís

(Villalobos Solís), por sí y en representación de su hija menor de

edad M.C.V., (parte recurrida) presentó una acción en contra del

1 Conforme a la Orden OATA-2023-144 se designa al Hon. Fernando L. Rodríguez

Flores para entender y votar.
2 Notificada el 12 de julio de 2023.

Número Identificador
RES2023____________________
KLCE202300877                                                                    2

Colegio, la Arquidiócesis de San Juan (Arquidiócesis), la Iglesia

Católica (Iglesia) y el Sr. Jesús Canales Bruno (Canales Bruno o

maestro).3     Alegó    daños     físicos   y    angustias    mentales      como

consecuencia de un patrón de abuso sexual cometidos por el

maestro, señor Canales Bruno.4

       Tras la contestación de la demanda por la Arquidiócesis el 15

de diciembre de 2021,5 y luego de varias incidencias procesales, el

9 de noviembre de 2022, la parte recurrida enmendó la demanda,6

para —entre otras cosas— anunciar que en abril del 2019, advino

en conocimiento de que su hija había sido víctima de actos lascivos

mientras estudiaba en el Colegio a manos del maestro Canales

Bruno, entre los años 2016 a 2018. Arguyó que el Colegio no

supervisó adecuadamente al maestro. Por lo cual, instó las causas

de acción en daños y perjuicios al amparo de los artículos 1802 y

1803 del Código Civil de 1930.7 Consecuentemente, la Arquidiócesis

y el Colegio contestaron individualmente la demanda enmendada.8

       El 3 de febrero de 2023, el Colegio informó al TPI el envío de

avisos de deposición.9 Sin embargo, la información solicitada para

la preparación de la deposición no había sido recibida, por lo que, el

foro primario ordenó a la contraparte la entrega de dicha

información.10       No     obstante,       la   parte     recurrida      solicitó

reconsideración.11 Entre otras cosas, señaló que los expedientes

estaban disponibles, pero solicitó una orden para que en caso de

requerir cualquier otro récord, fuera evaluada la pertinencia por un

profesional. Sin embargo, el Colegio manifestó que, ante las

3 En el transcurso del caso, la Sra. Marielle Cardona Villalobos alcanzó su mayoría

de edad.
4 Apéndice 4 de la Petición de Certiorari, págs. 8 – 16.
5 Id., Apéndice 5, págs. 17 – 22.
6 Id., Apéndice 10, págs. 46 – 56.
7 Artículos 1802 & 1803 del Código Civil de Puerto Rico (1930), 31 LPRA ant. secs.

5141 – 5142.
8 Véase los Apéndices 12 y 13 de la Petición de Certiorari, págs. 58 – 76.
9 Apéndice 14 de la Petición de Certiorari, pág. 77.
10 Id., Apéndice 16, pág. 97.
11Id., Apéndice 18, págs. 100 – 102.
KLCE202300877                                                              3

alegaciones de la parte recurrida, los récords médicos eran

fundamental para defenderse.12

         Examinadas las mociones, el TPI emitió Orden el 8 de marzo

de 2023.13 En lo pertinente, expresó:

          [E]n cuanto a los récords médicos deben ser entregados en su
         totalidad a la parte demandada en el término perentorio de
         diez (10) días, so pena de sanciones.14

         Luego de varios trámites procesales, la parte recurrida

argumentó sobre la producción del récord que custodia la Dra.

Mabel Quiñones (Dra. Quiñones), psicoterapeuta de la co-recurrida

Villalobos Solís,15 eran confidenciales bajo las Reglas de Evidencias

y las Reglas de Procedimiento Civil,16 por lo cual, levantó el privilegio

entre psicoterapeuta y paciente que provee la Regla 507 de las

Reglas de Evidencia.17 Reconoció que el descubrimiento de prueba

era amplio, pero no infinito, por lo que el récord médico debía ser

limitado a lo pertinente al caso.

         Por su parte, el Colegio replicó el 21 de abril de 2023,18 que

la misma es académica, ya que fue la parte recurrida quien puso en

controversia su estado de salud mental. Así, pues, el 21 de abril de

2023, el TPI determinó que a base de las alegaciones de la demanda,

el expediente médico en posesión de la Dra. Quiñones era

pertinente.19

         El 1 de mayo de 2023, la parte recurrida presentó una

solicitud de reconsideración.20 En particular, solicitó delimitación

del alcance sobre la producción del récord médico por la existencia

de una relación psicoterapéutica y paciente. En oposición a la

12 Id., Apéndice 19, págs. 103 – 110.
13 Id., Apéndice 20, pág. 111.
14 Id.
15 Id., Apéndice 25, págs. 127 – 135.
16 Reglas de Evidencias, 32 LPRA Ap. VI.; Reglas de Procedimiento Civil 2009,
32 LPRA Ap. V.
17 Regla 507 de las Reglas de Evidencias de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 507.
18 Apéndice 26 de la Petición de Certiorari, págs. 136 – 139.
19 Id., Apéndice 27, pág. 140.
20 Id., Apéndice 28, págs. 141 – 151.
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reconsideración, tanto el Colegio como la Arquidiócesis replicaron.21

Ambos co-peticionarios alegaron que, ante las alegaciones en la

demanda de los daños mentales, era necesario auscultar la prueba

referente a ello. Adujeron que de no ser posible, estarían en un

estado de indefensión.

        Mediante Resolución y Orden emitida y notificada el 5 de junio

de 2023, el TPI acogió la reconsideración presentada por la parte

recurrida,22 y expresó lo siguiente:

        [E]n cuanto a la entrega del expediente médico completo de la
        Dra. Quiñones, se emite orden protectora a los efectos de que
        únicamente se entregue evidencia de fecha de comienzo de
        tratamiento de la demandante Mayrim Villalobos Solís y la
        culminación (de aplicar), fechas de visitas y toda la
        información que no contenga anotaciones y conversaciones
        relativas a tratamiento, conclusiones y recomendaciones.23

        Inconforme, el Colegio presentó el 9 de junio de 2023 una

“Moción Solicitando Reconsideración”,24 arguyendo que la orden

protectora impuesta por el TPI los colocaba en un estado de

indefensión.

        Al no comparecer la parte recurrida,25 y ante la solicitud

promovida por el Colegio,26 el TPI emitió y notificó su Resolución el

7 de julio de 2023.27 En lo pertinente, expresó:

        Examinada la Moción de Reconsideración presentada el 9 de
        junio de 2023, por la codemandada Colegio Nuestra Señora
        de Belén, el tribunal reconsidera la resolución y orden emitida
        el 5 de junio de 2023. En consecuencia, se ordena a la Dra.
        Mabel Quiñones la entrega de diagnósticos y tratamientos que
        contenga el expediente de la demandante Mayrim Villalobos
        Solís, además de lo dispuesto en la resolución y orden emitida
        el 5 de junio de 2023, que incluye fecha de comienzo y
        culminación de tratamiento (de aplicar) y fechas de visitas. Se
        excluye de la entrega toda la información que contenga
        anotaciones sobre conversaciones entre pacientes y
        psicoterapeuta.28

21 Véase, los Apéndices 29 y 30 de la Petición de Certiorari, págs. 152 – 163.
22 Id., Apéndice 31, págs. 164 – 165.
23 Id., en la pág. 165.
24 Id., Apéndice 32, págs. 166 – 175.
25 Véase, Apéndice 33 de la Petición de Certiorari, pág. 182.
26 Apéndice 31 de la Petición de Certiorari, págs. 183 – 186.
27 Id., Apéndice 35, págs. 187 – 188.
28 Id., en la pág. 188.
KLCE202300877                                                                5

       Aún en desacuerdo, el 10 de julio de 2023 el Colegio sometió

una solicitud de reconsideración.29 Alegó que de no contar con la

totalidad del récord médico en manos de la Dra. Quiñones, se les

dificultaría y/o afectaría la evaluación a sus peritos. Por lo que,

solicitó la obtención del expediente médico completo.

       Así, el 11 de julio de 2023 notificado el 12 del mismo mes y

año, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud presentada por el

Colegio.30

       Por lo cual, el 9 de agosto de 2023, el Colegio Nuestra Señora

de Belén recurrió ante este foro apelativo. Mediante la presente

petición de certiorari señaló la comisión del siguiente error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL, A QUO, AL DICTAR ORDEN
       PROTECTORA PARA EVITAR SE ENTREGUE EL RÉCORD
       PSICOLÓGICO  DE LA CO-DEMANDANTE MAYRIM
       VILLALOBOS SOLÍS.

       Atendido el presente auto de certiorari, el 16 de agosto de

2023 emitimos una Resolución concediéndole a la parte recurrida

un término de diez (10) para mostrar causa. Ante el incumplimiento

de la parte recurrida, procedemos a considerar el caso sin el

beneficio de dicha parte.

                                     -II-

                                     -A-

       Sabido es que el auto de certiorari es “un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un tribunal inferior”.31 Por discreción se entiende

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger

entre uno o varios cursos de acción”.32

       Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,33 delimita

las instancias en que habremos de atender y revisar vía certiorari las

29 Id., Apéndice 3, págs. 3 – 7.
30 Id., Apéndice 1, pág. 1.
31 Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019).;

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
32 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
33 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300877                                                                 6

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a

saber:

         [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
         interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
         solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
         cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
         56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
         dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
         anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
         órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
         de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
         admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
         asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
         rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
         revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
         esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
         la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
         en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
         fundamentar su decisión. […].34

         Con el objetivo de que podamos ejercer de manera sabia

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos del

asunto esbozado en un certiorari— contamos con la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,35 que establece los

siguientes criterios:

         El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
         determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
         orden de mostrar causa:
            (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
            contrarios a derecho.
            (B) Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
            (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.
            (D) Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los cuales
            deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
            (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
            (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
            y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
            (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa evita un fracaso de la justicia. 36

         Por lo que, al tener discreción judicial, este foro apelativo tiene

la reserva para expedir o denegar el auto; bajo el siguiente crisol:

         [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
         de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
         hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́ con

34 Id.
35 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
36 Id.
KLCE202300877                                                                     7

       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.37

       De manera, que si la actuación del TPI no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes,

deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a quien le

corresponde la dirección del proceso.38

                                       -III-

       En síntesis el Colegio Nuestra Señora de Belén nos señala que

el TPI erró al emitir una orden protectora en favor de la parte

recurrida.

       Conforme el derecho aplicable, resolvemos que el caso ante

nos, aunque presenta una de las circunstancias contempladas en la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, por tratar de un asunto

relativo al privilegio de psicoterapeuta y paciente, y a la luz de los

criterios establecidos en la Regla 40 de este tribunal, supra, que

debemos evaluar, no encontramos justificación para intervenir. Por

lo tanto, la determinación recurrida constituye una decisión dentro

del claro ejercicio de discreción conferido a los tribunales de primera

instancia y de su facultad de manejar los casos de la manera que

entiendan más adecuada, conforme las normas de derecho

aplicables y los hechos ante su consideración. Además, concluimos

que el TPI no actuó de forma arbitraria o caprichosa, ni se equivocó

en la interpretación o aplicación de las normas procesales o de

derecho al ejercer su poder discrecional de tomar las medidas

protectoras que entendió necesarias, por lo que no se justifica

nuestra intervención en este caso.

37 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).; Lluch

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
38 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
KLCE202300877                                                      8

                                -IV-

      Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos la petición

de certiorari presentada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones