Court Opinion

ID: 9962815
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:55:07.146289+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:37.136393
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

 NAZARENO ENTERPRISES                                  Apelación
   AND SERVICES, INC.                                  procedente del
                                                       Tribunal de
           Apelado                                     Primera Instancia,
                                                       Sala Superior de
              v.                                       Bayamón
                               KLAN202300664
      PUERTO RICO                                      Caso Núm.:
      PROSTHETICS                                      D PE2009-1350
 MANUFACTURING, CORP.;
    JOSÉ HERNÁNDEZ                                     Sobre: Interdicto
  RODRÍGUEZ; MARILUZ                                   Permanente,
  CRUZ TORRES; ROCÍO                                   Interdicto
  PONTÓN FERNÁNDEZ;                                    Preliminar;
     SAMUEL PÉREZ                                      Violación de
  FIGUEROA; VIVIANA A.                                 Contrato, Daños y
   RODRÍGUEZ RIVERA                                    Perjuicios

          Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos el Sr. José Hernández Rodríguez (en

adelante señor Hernández Rodríguez o apelante), quien solicita

que revisemos la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Bayamón, en adelante TPI. Mediante esta, el

foro primario les impuso responsabilidad a los demandados por

violentar una cláusula de no-competencia.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

modificamos        la   Sentencia        apelada   y   así   modificada,

confirmamos.

                                    I.
      El 18 de noviembre de 2009, Nazareno Enterprises and

Services Inc. (Nazareno o parte apelada), una corporación que se

Número Identificador
SEN2024 ________
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dedicaba a la venta de equipos ortopédicos, presentó una

Demanda por incumplimiento de contrato contra Puerto Rico

Prosthetics Manufacturing, Inc. (en adelante PR Prosthetics),

Marilú Cruz Torres, Rocío Pontón Fernández, Samuel Pérez

Figueroa (Sr. Pérez Figueroa) y Vivian A. Rodríguez Rivera (en

conjunto, exempleados o apelantes).                 En síntesis, alegó que

suscribió un Contrato de Empleo con los exempleados que

contenía una cláusula de no competencia que lee de la siguiente

forma:

         El compareciente de la SEGUNDA PARTE se
         compromete a formalizar mediante la firma del
         presente contrato una obligación de No Competencia
         (no    competition)     con la   empresa    que     lo
         contrata. Esta cláusula abarca el concepto de
         “no competencia” durante la vigencia del
         contrato o un (1) año luego de finalizada la relación
         profesional entre las partes. La SEGUNDA PARTE se
         abstendrá de participar, asesorar, intervenir y otros
         directa o indirectamente con negocios, entidades o
         personas que sean o puedan ser competencia al
         negocio que realiza la compareciente de la PRIMERA
         PARTE.1

         Adujo    que    los   codemandados comenzaron a prestar

servicios para PR Prostetics, alrededor del 1 de octubre de 2009 y

que estos visitaron los mismos clientes de la parte demandante,

cubriendo la misma ruta que le asignó Nazareno. Alegó que PR

Prostetics, al contratar a los exempleados, interfirió con los

contratos de empleo y en consecuencia responde por daños. A

base de esto, solicitó daños contractuales y la expedición de

un injunction preliminar y permanente contra sus exempleados.

Reclamó la suma de $768,000.00 por daños contractuales, más

costas, honorarios e intereses legales.

         El 9 de julio de 2010 el foro primario dictó una Sentencia

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud interdictal. En

1
    Apéndice págs. 578-591. Énfasis suplido en el original.
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síntesis, concluyó que la acción se apoyó en una “cláusula de no

competencia que adolece de nulidad.” 2            Esta sentencia fue

revocada el 3 de noviembre de 2010 por el Tribunal de Apelaciones

en la causa KLAN201001337 3 .         Allí el foro determinó que el

contrato no era nulo y devolvió el caso al TPI para que determine

si hubo violación de contrato por infracción de la cláusula de no

competencia y de resolver si Nazareno sufrió daños, el monto y

quiénes deben responderle.

      Posteriormente, el 10 de enero de 2012, Nazareno enmendó

la reclamación para incluir en el pleito al Sr. José Hernández

Rodríguez (en adelante señor Hernández Rodríguez), presidente

de PR Prosthetics, su esposa Melissa Maldonado Rivera (en

adelante señora Maldonado Rivera) y la sociedad legal de bienes

gananciales compuesta por ambos.4 El 2 de mayo de 2012, el

señor Hernández Rodríguez contestó la demanda enmendada. Por

su parte, la señora Maldonado Rivera contestó la demanda

enmendada el 6 de julio de 2012.

      Luego de varios trámites, el 17 de junio de 2014 el foro

primario dictó una sentencia mediante la cual decretó que los

demandados infringieron los contratos de no competencia que

suscribieron los exempleados del demandante. El 21 de enero de

2015 un panel del Tribunal de Apelaciones evaluó la corrección de

la referida sentencia, en la causa KLAN201401440. Después del

análisis de rigor, decretó modificar la Sentencia Sumaria Parcial a

los únicos efectos de eliminar la atribución de responsabilidad

solidaria determinada contra la señora Maldonado Rivera y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por esta y su esposo,

2
  Apéndice págs. 419-430.
3
  Tomamos conocimiento judicial de la causa KLAN201001337.
4
  Apéndice pág. 407-411.
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el señor Hernández Rodríguez.             El foro intermedio confirmó la

sentencia en los demás extremos. Quedando el caso pendiente

para recibir prueba sobre los daños ocasionados.

         Tras varios trámites, el 15 de febrero de 2019 las partes

suscribieron       un   Informe     Enmendado         de   Conferencia   con

Antelación al Juicio. Como parte de la prueba documental,

Nazareno Enterprises incluyó un informe pericial del Dr. Jaime Del

Valle con sus documentos de apoyo.               Además, identificó como

testigo y perito al Dr. Jaime Del Valle por ser un economista y por

haber      preparado      un   informe     de   los    daños    causados   a

Nazareno Enterprises por razón de las acciones torticeras que

conllevaron la violación a los contratos de no competencia. Los

demandados no identificaron perito alguno. 5

         Así las cosas, los días 4, 5 y 6 de junio de 2019 se celebró

la audiencia. El Tribunal admitió en evidencia el Informe Pericial

rendido por el Dr. Jaime Del Valle y su curriculum vitae. Por su

parte, los demandados objetaron la admisibilidad de los anejos al

informe pericial del Dr. Jaime Del Valle. El TPI se reservó el asunto

de la admisibilidad de los anejos del Informe Pericial para

abordarlo en su sentencia.6

         El 12 de agosto de 2019 el codemandado, señor Hernández

Rodríguez, suscribió un Memorando de Derecho sobre valor

probatorio de informe y testimonio pericial. En síntesis, alegó que

el tribunal debió denegar la admisibilidad de los anejos al informe

pericial del Dr. Del Valle, por ser inadmisibles para probar la

veracidad de su contenido como prueba sustantiva de los ingresos

y las alegadas pérdidas experimentadas por Nazareno. Alegó que

5
    Apéndice pág. 341-377, en especial las páginas 359-360.
6
    Véase, Transcripción Vista 6 de junio de 2019, págs. 109-110.
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los documentos fueron objetados por no haber sido autenticados

y porque su contenido constituía prueba de referencia inadmisible.

Arguyó       que    el   demandante     no   presentó,      de   manera

independiente, prueba alguna sobre las pérdidas que Nazareno

Enterprises alega haber experimentado a raíz de la conducta

imputada de la parte demandada. Que, en tal caso, el perito no

podía opinar sobre prueba inadmisible.

         El 22 de agosto de 2019 Nazareno presentó una Réplica a

escritos sobre admisibilidad de documentos anejados a opinión

pericial. Alegaron que los documentos que se anejaron al informe

del perito Dr. Jaime Del Valle fueron los siguientes: (a) Planillas

de contribución para Negocios exentos Acogidos a la Ley 135 de

1997; (b) Planillas de contribución sobre ingresos para negocios

exentos bajo programa de incentivos PR; (c) Estados financieros

suscritos por el CPA Daniel Barreto, Lic. 193; (d) Tablas generadas

por     el   Departamento      de   facturación   de   la   parte      aquí

compareciente. En el referido escrito, el demandante arguyó que

en la vista del 6 de junio de 2019 el tribunal expresó que no

admitiría los Anejos al informe pericial, pero permitió a las partes

expresarse       sobre   el   asunto. 7 Adujo,    en   suma,     que    es

improcedente en derecho la pretensión de los codemandados que

se deje sin efecto su determinación admitiendo el informe pericial

y testimonio del Dr. Del Valle. Reiteró que los anejos del informe

pericial son admisibles por cumplir con las Reglas de Evidencia

números 901, 902 (B) (C) y (K) o en la alternativa, constituyen

documentos en que razonablemente descansaría un perito para

emitir su opinión de conformidad a las Reglas de Evidencia

números 704, 705.8

7
    Apéndice págs. 312-313.
8
    Apéndice pág. 42.
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         Las partes presentaron memorandos sobre los hechos

probados en las vistas. Así las cosas, el 28 de octubre de 2020 el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia mediante la

cual determinó        que     el señor   Hernández   Rodríguez    y los

exempleados violentaron la cláusula de no competencia. Por esta

razón, los condenó al pago solidario de $673,003.00 por los daños

ocasionados mientras que al señor Hernández Rodríguez se le

impuso el pago de $49,500.00 por gastos incurridos en un

seminario y $25,000.00 por concepto de honorarios de abogado.9

         En desacuerdo, y luego de varios trámites procesales que

giraron en torno a la notificación de la sentencia, el 31 de julio de

2023 el señor José Hernández Rodríguez presentó un recurso de

apelación. En este plantea la comisión de los siguientes errores,

a saber:

         Primero:   Erró el Honorable Tribunal de Primera
         Instancia al dictar Sentencia y condenar al Sr.
         Hernández al pago de “$673,003.00” solamente a
         base de un informe y testimonio pericial que carecen
         enteramente de valor probatorio.
         Segundo: Erró el Honorable Tribunal de Primera
         Instancia al imponerle al codemandado, Sr.
         Hernández, el pago de la totalidad de un semanario
         ($49,000) ofrecido a toda la plantilla de empleados de
         Nazareno por tres meses y en el cual la participación
         de los codemandados exempleados se limitó a tan solo
         tres días.
         Tercero: En la alternativa, erró el Honorable Tribunal
         de Primera Instancia al resolver que el daño sufrido
         por Nazareno era a perpetuidad y no por el año que
         dura la cláusula de no competencia y sin ajustar los
         números base para considerar el tiempo que los
         codemandados       exempleados      trabajaron    para
         Nazareno durante el 2009.

         Con el beneficio de la Transcripción Estipulada, el escrito de

Apelación y Alegato Suplementario de la parte apelante y el

alegato en oposición de la parte apelada, evaluamos.

9
    Apéndice págs. 221-262.
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                                          II.

         A. Prueba pericial

         La Regla 702 de Evidencia 32 LPRA Ap. VI, R. 702, regula el

testimonio pericial. Reza la norma, en su parte pertinente:

         Cuando     conocimiento     científico, técnico o
         especializado sea de ayuda para la juzgadora o el
         juzgador poder entender la prueba o determinar un
         hecho en controversia, una persona testigo
         capacitada como perita —conforme a la Regla
         703—podrá testificar en forma de opiniones o de
         otra manera. […] (Énfasis nuestro).

         En nuestro ordenamiento jurídico rige una norma liberal en

cuanto a la capacidad de un testigo para declarar, pero no

necesariamente para cualificarse como perito. Para que pueda

calificarse como un experto o perito, de conformidad con la Regla

703 de Evidencia 32 LPRA Ap. VI, R. 703,10 la persona testigo debe

tener         especial       conocimiento,         destreza,        experiencia,

adiestramiento o instrucción suficiente en la materia sobre el cual

testificará. De la aludida norma surge que, a través de su

educación o experiencia, el perito ha desarrollado un conocimiento

o destreza sobre una materia, por lo cual puede formar una

opinión que sirva de ayuda al juzgador de hechos. McNeil

Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 206 DPR 659, 677

(2021). A esos efectos, una persona puede cualificarse como

10
     La Regla 703 de Evidencia, establece:
      Calificación de la persona perita
      (a) Toda persona está calificada para declarar como testigo pericial si
      posee especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o
      instrucción suficiente para calificarla como experta o perita en el asunto
      sobre el cual habrá de prestar testimonio. Si hubiere objeción de parte,
      dicho especial conocimiento, destreza, adiestramiento o instrucción
      deberá ser probado antes de que la persona testigo pueda declarar como
      perita.
      (b) El especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o
      instrucción de una persona que es testigo pericial podrá ser probado por
      cualquier evidencia admisible, incluyendo su propio testimonio.
      (c) La estipulación sobre la calificación de una persona perita no es
      impedimento para que las partes puedan presentar prueba sobre el
      valor probatorio del testimonio pericial.
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perito por los conocimientos especializados que posee, ya

sean producto de su experiencia o de su educación. Dye–

Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., 150 DPR 658, 663 (2000).

      A su vez, la Regla 704 de evidencia dispone como sigue:

      Fundamentos del testimonio pericial

      Las opiniones o inferencias de una persona como
      testigo pericial pueden estar basadas en hechos o
      datos percibidos por ella o dentro de su conocimiento
      personal o informados a ella antes de o durante el
      juicio o vista. Si se trata de materia de naturaleza tal
      que las personas expertas en ese campo
      razonablemente descansan en ella para formar
      opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en
      cuestión, los hechos o datos no tienen que ser
      admisibles en evidencia.

      La persona proponente de una opinión o inferencia
      fundamentada en hechos o datos que no sean
      admisibles de otra manera, no revelará al Jurado esos
      hechos o datos, a menos que el Tribunal determine
      que su valor probatorio para asistir al Jurado en la
      evaluación del testimonio pericial es sustancialmente
      mayor que su efecto perjudicial. 32 LPRA Ap. VI, R.
      704. (Énfasis nuestro).

      Los foros de instancia tienen amplia discreción al apreciar la

prueba   pericial.   Igualmente,    los   foros    revisores     nos

encontramos en la misma posición de los tribunales

primarios en cuanto a la evaluación de determinaciones de

hechos fundamentadas en la prueba pericial. En tales

situaciones, podemos adoptar nuestro propio criterio en la

apreciación o evaluación de la evidencia pericial o incluso

descartarla,   aunque    resulte    técnicamente   correcta.     Díaz

Hernández v. Pneumatics & Hydraulics, Inc., 169 DPR 273, 297

(2006); Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., supra, págs.

662-663 y los casos allí citados.

      A tenor con la Regla 702 de Evidencia, el valor probatorio

del testimonio pericial dependerá de varios factores, a saber: (1)

si el testimonio está basado en hechos o información
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suficiente; (2) si el testimonio es producto de principios y

métodos confiables; (3) si la persona aplicó los principios y

métodos de manera confiable a los hechos del caso; (4) si

el   principio       subyacente    al   testimonio    ha    sido    aceptado

generalmente            en    la   comunidad         científica;     (5)     las

calificaciones o credenciales de la persona testigo, y (6) la

parcialidad de la persona testigo. (Énfasis nuestro).

          Estos criterios no constituyen una lista taxativa, toda vez

que, para conferir valor probatorio al testimonio pericial, lo

esencial es su confiabilidad. «Existen otros factores que muy

bien pudieran afectar el valor probatorio del testimonio pericial.

Se trata de una determinación en la que el tribunal de instancia

tiene amplia discreción y flexibilidad». Informe de las reglas de

derecho       probatorio,     Tribunal     Supremo      de    Puerto       Rico,

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo de 2007,

pág. 424.

          Por último, el juez tiene una amplia discreción con relación

a    la    admisión     o    exclusión    de   la    prueba   pericial.     Sus

determinaciones deben ser sostenidas a menos que sean

claramente erróneas. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179

DPR 322, 343 (2010); Salem v. United States Lines Co., 370 US

31, 35 (1962).

          B. Cláusula de no competencia

          En Puerto Rico, el derecho de un trabajador a seleccionar y

renunciar a su trabajo goza de una alta estima entre los valores

tutelados por nuestra Constitución. Art. II, Sec. 7 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Oriental

Financial       v.     Nieves,     172     DPR       462,     472    (2007);
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Véase, San Miguel v. ELA, 134 DPR 406, 426-27 (1993); Dolphin

Int’l v. Ryder Truck Line, 127 DPR 869, 878 (1991).

       Existe una clara política pública a favor del derecho de toda

persona a obtener empleo, devengar ingresos y a renunciar a ese

empleo en cualquier momento para dedicarse a otra ocupación.

Oriental Financial v. Nieves, supra, págs. 472-473. Ahora bien,

se ha reconocido que este no es un derecho absoluto y como tal,

"[p]uede ser renunciado o limitado por el propio trabajador. Éste

puede, mediante la celebración de un contrato, establecer las

condiciones razonables de trabajo que regirán la relación obrero-

patronal." Oriental Financial v. Nieves, supra; Dolphin Int’l v.

Ryder Truck Line, supra, pág. 878.

       En cuanto a los contratos, es norma conocida que, en

nuestra jurisdicción, los contratos son una fuente de obligación.

Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.11 De igual forma,

es harto conocido que las obligaciones que surgen de los contratos

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes “y deben

cumplirse al tenor de los mismos”. Art. 1044 del Código Civil, 31

LPRA sec. 2994. No obstante, el vínculo contractual se verá

limitado por la voluntad expresa de las partes y por lo “derivado

de las expectativas razonables de lo que la buena fe dicta”. Paine

Webber Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 307, 311 (2000).

       Es precisamente a base de la libertad de contratación que,

generalmente, se han validado en nuestro ordenamiento las

cláusulas de no competencia. Martín´s BBQ, Inc. v. García de

Gracia, 178 DPR 978 (2010); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136

DPR 157 (1994). Estas son las cláusulas que se incorporan en un

11
  Se hace referencia al Código Civil de 1930 debido a que los hechos que dieron
lugar al recurso de epígrafe ocurrieron antes de la vigencia del Código Civil de
Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020 de 1 de junio de 2020, según
enmendado. 31 LPRA sec. 5311 et seq.
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contrato “con el propósito de restringir que una de las partes se

involucre en un negocio o una actividad mediante el cual pueda

competir con la otra”. Martín´s BBQ, Inc. v. García de Gracia, Id.,

pág. 990. Este tipo de cláusulas usualmente se incluyen, entre

otros, en contratos de empleo siguiendo la regla de razonabilidad.

Id. Esto es, siempre y cuando la cláusula sea razonable a la luz de

los siguientes criterios:

      Primero, el patrono debe tener un interés legítimo en
      dicho acuerdo, esto es, que, de no recibir la
      protección de una cláusula de no competencia, su
      negocio se vería sustancialmente afectado. La
      magnitud de este interés se medirá, entre otras
      cosas, a la luz de la posición del empleado dentro de
      la empresa. Esto es, la existencia del interés del
      patrono     estará    directamente    relacionada   y
      dependerá de que el empleado, por la posición que
      asume en la empresa, esté facultado para competir
      de forma efectiva con su patrono en un futuro.

      Segundo, el alcance de la prohibición debe
      corresponder con el interés del patrono, en cuanto a
      objeto, término y lugar de restricción o clientes
      afectados. El objeto de la prohibición se debe limitar
      a actividades similares a las efectuadas por el
      patrono; no es necesario que se limite a las funciones
      específicas del empleado. El término de no
      competencia no debe exceder de doce (12)
      meses, entendiéndose que cualquier tiempo
      adicional es excesivo e innecesario para
      proteger adecuadamente al patrono. Por último,
      respecto al alcance de la prohibición, el contrato debe
      especificar los límites geográficos o los clientes
      afectados. En cuanto al área geográfica a la que
      aplica la restricción, ésta debe limitarse a la
      estrictamente necesaria para evitar la competencia
      real entre el patrono y el empleado. Cuando la
      prohibición de competencia se refiere a los clientes,
      debe referirse sólo a aquellos que el empleado
      atendió personalmente durante un periodo razonable
      de tiempo antes de renunciar, y que, al hacerlo, o en
      un periodo inmediatamente anterior a la renuncia,
      todavía eran clientes del patrono. Estos elementos se
      evaluarán teniendo en mente la naturaleza de la
      industria involucrada y el posible interés público
      relacionado.

      Tercero,    el   patrono      debe    ofrecer   una
      contraprestación a cambio de la firma del acuerdo de
      no competir por parte del empleado. Esta
      contraprestación puede consistir, por ejemplo, en la
      obtención de un ascenso, de beneficios adicionales
      en el trabajo o del disfrute de cambios sustanciales
KLAN202300664                                                   12

      de similar naturaleza en las condiciones de empleo.
      Incluso sería suficiente que un candidato obtenga el
      empleo deseado en la empresa. Sin embargo, no se
      admitirá como causa del acuerdo de no competencia
      la mera permanencia en el empleo.

      Cuarto, los pactos de no competencia, como todo
      contrato, deben contar con los elementos esenciales
      para su validez: consentimiento, objeto y causa.
      Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Sin
      embargo, en este tipo de contratos seremos
      especialmente estrictos al asegurarnos de que el
      empleado firmó libre y voluntariamente el contrato
      de no competencia… Finalmente, es indispensable
      que los pactos de no competencia consten por
      escrito. Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, págs.
      175-76. Martín´s BBQ, Inc. v. García de Gracia, Id.
      (Énfasis nuestro).

     En la medida en que un pacto de no competencia incumpla

las condiciones antes descritas, será considerado contrario a la

buena fe contractual y al orden público por restringir excesiva e

injustificadamente la libertad del empleado para trabajar y la

libertad del público en general para seleccionar. Arthur Young &

Co. v. Vega III, supra, pág. 177. Descartando la posibilidad de

modificar lo pactado entre las partes para atemperarlo a las

normas razonables, nuestro más alto foro expresó que habrá de

declararse "nulo todo pacto de no competir que no cumpla con las

condiciones anteriores". Martín´s BBQ, Inc. v. García de Gracia,

supra, pág. 992; Arthur Young & Co. v. Vega III, supra. (Énfasis

nuestro).

     En cuanto al remedio a otorgarse en caso de incumplimiento

de contrato, se ha indicado que, al estimar y valorizar la partida

de lucro cesante, permea esencialmente un elemento de

razonabilidad. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 625

(2002); Véase, Suro v. E.L.A., 111 DPR 456, 460 (1981).        De

manera que, lo esencial es que la base utilizada al hacer los

cómputos sea una razonable en aras de una determinación

prudente. Estas están sujetas a los ajustes necesarios para que
KLAN202300664                                                        13
respondan a las situaciones del momento. S.L.G. Rodríguez v.

Nationwide, supra; Véase, además, Mena Pamias v. Jiménez

Meléndez, 212 DPR ___; 2023 TSPR 108.

        C. Interferencia culposa de contrato

        En Gen. Office Prods. v. AM Capen’s Sons, 115 DPR 553

(1984), el Tribunal Supremo reconoció que el Art. 1802 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 5141, permite la acción por interferencia

culposa de terceros con obligaciones contractuales ajenas. Es

decir, una acción en daños contra un tercero que, con intención

cuasi    delictual   o   culposa,   interfiere   con   las   relaciones

contractuales de otro. Jusino Figueroa et al. v. Walgreens, 155

DPR 560, 575 (2001). Para que se incurra en responsabilidad, la

doctrina exige que el tercero que interfiere tenga conocimiento de

la lesión que ha de producirse. Id. Véase, L. Díez-Picazo y A.

Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos,

1982, Vol. II, pág. 109. De igual forma, nuestro máximo foro ha

señalado que la responsabilidad del tercero que interfiere con el

contrato es compartida solidariamente con el contratante que, a

sabiendas, lo incumple. Gen. Office Prods. v. A.M. Capen's Sons,

supra.

        El Tribunal Supremo delineó cuatro elementos constitutivos

de la acción; a saber, debe probarse: (1) la existencia de un

contrato; (2) que medió culpa, es decir, que el tercero actuó

intencionalmente, con conocimiento de la existencia del contrato

y que, al interferir con éste, se causaría perjuicio; (3) que se

ocasionó un daño, y (4) un nexo causal entre el daño y el acto

culposo, o sea, que el daño fue consecuencia de la actuación

culposa del tercero. Dolphin Int’l of PR v. Ryder Truck Lines, supra,

pág. 879.
KLAN202300664                                                               14

       D. Cláusula de reembolso

       En Oriental Financial v. Nieves, supra, el Tribunal Supremo

definió el contenido de una cláusula de reembolso.12 Explicó que

“[l]a cláusula de reembolso es aquella mediante la cual el

empleado se compromete a repagarle al patrono los costes

incurridos por éste en su adiestramiento o educación, si el

empleado finaliza su relación de empleo antes de que el patrono

haya podido recuperar su inversión mediante el rendimiento del

empleado”. Íd., pág. 474. Además de esto, estableció que “[s]u

finalidad es, por lo tanto, garantizar a la empresa la amortización

de los gastos que para ella ha supuesto la inversión económica

efectuada en la especialización del trabajador.” Íd. Resolvió que

una cláusula de reembolso de los gastos incurridos por el patrono

en el adiestramiento de un empleado, pactada entre el empleado

y el patrono, es válida. Específicamente expresó:

       Al igual que el contrato de no competencia, este tipo
       de cláusula será válida en la medida en que proteja
       intereses legítimos del patrono sin imponer cargas, en
       exceso onerosas, sobre el derecho del empleado a
       escoger y renunciar libremente a su empleo. Somos
       del criterio que, en tanto y en cuanto el patrono haya
       ofrecido un adiestramiento o educación especializada
       o extraordinaria al empleado, supliendo de esta forma
       su desconocimiento o falta de experiencia en la
       industria o negocio en que se va [a] desempeñar, el
       patrono tiene un interés legítimo en pactar
       contractualmente para el reembolso de los costes
       incurridos. (Citas omitidas)

       El adiestramiento ofrecido no tan solo tiene que
       ser de carácter especializado –es decir, no del
       proceso de aprendizaje ordinario que ocurre
       simultáneamente al ejercicio de cualquier oficio
       y profesión—sino también, tiene que conllevar

12
  En el citado caso el Tribunal Supremo resolvió una controversia similar a la
que se encuentra ante nuestra consideración. En aquella ocasión el patrono
demandó al empleado reclamándole la suma de $30,000 en virtud de un
contrato de empleo suscrito entre ambos, el cual disponía que el empleado le
reembolsaría al patrono el costo de un adiestramiento en caso de que
renunciara al empleo antes de haber cumplido cuatro años en la
empresa. Oriental Financial Services v. Nieves, supra. En dicho contrato se
pactó que el costo del adiestramiento ascendía a $60,000.00 y se estableció
una escala de prorrateo de ese costo dependiendo de cuántos años el empleado
hubiera trabajado para el patrono al momento de renunciar. Id.
KLAN202300664                                                   15
      una inversión económica considerable de parte
      del patrono. Precisamente por ello, es razonable el
      interés del patrono de proteger o recuperar su
      inversión incorporando cláusulas de reembolso a los
      contratos de empleo.

      Al reconocerle validez a este tipo de cláusula evitamos
      que el patrono sufra un doble daño. Por un lado, el
      patrono tendrá que incurrir en nuevos gastos para
      adiestrar su nuevo personal sin haber podido
      recuperar su inversión original. Además, será su
      competidor quien habrá de capitalizar de la inversión
      hecha en adiestramiento, al reclutar a una persona a
      la que se le han transferido los conocimientos
      especializados sin haber invertido en ello. (Citas
      omitidas). Id. págs. 476-477. (Énfasis nuestro).

      Por otro lado, nuestro máximo foro dispuso de ciertos

criterios referentes a la validez de una cláusula de reembolso. Se

indicó lo siguiente:

      Estas cláusulas serán válidas en la medida en que
      el monto del reembolso guarde relación con los
      costes verdaderamente incurridos por el
      patrono. Véase, Kraus, supra, pág. 51 (“the amount
      of any repayment for the cost of training should be
      commesurate with its actual original cost to the
      employer”); Stone, supra, pág. 755. Igualmente, el
      término pactado para el reembolso debe ser moderado
      y debe existir una correlación entre ese término y los
      costes del adiestramiento. Kraus, supra, pág. 52 (“the
      amount of any repayment for the cost of training
      should be commesurate with its actual original cost to
      the employer. The duration of the obligation to remain
      with that employer should also be moderate and
      reasonably correlated to the cost of the training”.)
      Toda vez que este tipo de cláusula impone
      limitaciones a la libre movilidad del empleado,
      las mismas deberán estipularse ateniéndose
      rigurosamente        a     los    criterios      antes
      mencionados, de lo contrario no serán válidas.
      (Citas omitidas). Id., págs. 477-478. (Énfasis
      nuestro).

      Como todo contrato, el acuerdo de reembolso debe tener los

elementos esenciales para su validez: consentimiento, objeto y

causa. Id. Véase, Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.

El Tribunal Supremo añadió que, al evaluar los acuerdos de

reembolso, los tribunales deben velar celosamente por que el

empleado haya firmado libre y voluntariamente tal acuerdo. Al

igual que en los contratos de no competencia, los tribunales no
KLAN202300664                                                     16

permitirán coacción o presión indebida alguna por parte del

patrono. Id. Véase, Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, pág.

176. El foro máximo hace hincapié en que el acuerdo de reembolso

debe constar por escrito. Id.

      Con estos criterios, se estableció un balance entre el derecho

constitucional que tiene todo empleado en nuestra jurisdicción a

renunciar libremente a su empleo y el interés que tiene un patrono

de   recuperar   y    proteger   su   inversión   hecha   mediante

adiestramientos especializados a sus empleados. Id.

      E. Daños continuos y daños sucesivos

      Nuestro más alto foro ha reconocido y distinguido distintos

tipos de daños. Entre ellos, se encuentran los daños continuos o

continuados y los daños sucesivos. Los daños continuos se

definen como “aquellos producidos por uno o más actos culposos

o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan

en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas

sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen

que también se conozca por ser previsible el carácter continuado

e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento

en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual y por

tanto cierto”. Rivera Ruiz, et al. v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410,

417 (2016). Estos tipos de daños se distinguen por ser daños

derivados de acto ilícito como unidad y no como una pluralidad de

daños particulares.

      Así pues, los daños continuados presentan tres rasgos

distintivos: (1) nace de uno o varios actos culposos o negligentes

imputables al mismo actor; (2) los daños ocasionados se

manifiestan ininterrumpidamente, y (3) esos daños, en conjunto,
KLAN202300664                                                      17
conforman un proceso perjudicial progresivo de carácter unitario.

Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, 197 DPR 656, 665-666 (2017).

                                III.

      El señor Hernández Rodríguez acude ante este foro

intermedio y nos plantea la comisión de tres errores. En primer

lugar, alega que el foro de instancia erró al dictar sentencia a base

de un informe y testimonio pericial que carece de valor probatorio;

Segundo, que el foro primario erró al imponerle el pago total del

seminario que Nazareno le ofreció a su plantilla de empleados; y,

por último, que erró al determinar que el daño que sufrió Nazareno

era continuo.

      Atenderemos en primer orden los planteamientos de error

primero y tercero relacionados a la prueba pericial y la concesión

de daños continuos por la suma de $673,003.

      Nazareno presentó como prueba documental el informe

preparado por el Dr. Del Valle y, posteriormente, el testimonio de

este último como perito. El Dr. Del Valle testificó sobre los daños

económicos que había sufrido Nazareno a causa de las actuaciones

torticeras de los exempleados y de PR Prosthetics. Junto con el

informe, la parte Apelada anejó los siguientes documentos: (a)

Planillas de contribución para Negocios exentos Acogidos a la Ley

135 de 1997; (b) Planillas de contribución sobre ingresos para

negocios exentos bajo programa de incentivos PR; (c) Estados

financieros suscritos por el CPA Daniel Barreto, Lic. 193; (d) Tablas

generadas por el Departamento de facturación de la parte aquí

compareciente.

      El foro de instancia encontró que el testimonio e informe del

Dr. Del Valle estaban basados en hechos e información suficiente.

Además, el Dr. Del Valle era un profesional en el campo de la

economía y tenía amplia experiencia en casos como el de epígrafe.
KLAN202300664                                                           18

Por ello, el tribunal de instancia le otorgó mérito al perito e informe

pericial preparado por este.

         Esta determinación resulta adecuada. Surge del expediente

que el informe pericial del Dr. Del Valle y los anejos fue emitido el

13 de octubre de 2012 y entregado al representante legal del

demandado, sin que fuera objetado por el aquí Apelante. A su

vez, Nazareno incluyó en el Informe de Conferencia con Antelación

a Juicio del 24 de octubre de 2013, enmendado el 15 de febrero

de 2019, el Informe pericial del Dr. Jaime Del Valle con sus

documentos como parte de la prueba documental. Del Informe

de Conferencia con Antelación al Juicio no surge que el Apelante

objetara el informe y los anejos.

         De otro lado, el perito Dr. Del Valle, testificó el 5 de junio de

2019 y el Apelante tuvo la oportunidad de formular preguntas

sobre el contenido del informe pericial y de los documentos

incorporados al informe.           De sus preguntas, el Apelante pudo

aclarar cualquier duda en cuanto a los documentos de apoyo que

consistían en planillas de contribución sobre ingresos, estados

financieros de Nazareno y las tablas de ventas.            Estos son los

documentos en que razonablemente descansaría un perito

económico para emitir su opinión, a tenor con la Regla 704 de

Evidencia.

         Además de los documentos anejados al informe pericial, el

presidente de Nazareno, Sr. Raymond José Matos, testificó que la

conducta de los codemandados le causó “una disminución en

ventas”. 13        Por   tanto,    de   la vista   trascendió, de   forma

independiente, el aspecto de la disminución en ventas.                 Al

considerar las circunstancias de este caso, entendemos adecuada

13
     TPO, vista de 5 de junio de 2019, pág. 50.
KLAN202300664                                                      19
y razonable la decisión del foro primario de aceptar el informe del

Dr. Del Valle, perito en economía. El primer error no fue cometido.

        En el tercer señalamiento de error el apelante alegó que no

existía prueba demostrativa de que la salida de los codemandados

exempleados en octubre de 2009 creó una “bifurcación” en los

eventos futuros de Nazareno de forma permanente, más cuando

la cláusula de no competencia solo prohibía la acción antijurídica

por un año. En esa línea mencionó que la extensión de los daños

tenía que calcularse a base de los doce (12) meses de la duración

de la cláusula de no competencia. Explicó que, de acuerdo con el

contrato de empleo, los exempleados eran a término indefinido,

lo que significa que tenían un derecho constitucional a escoger y

renunciar libremente a su ocupación.       Aseveró que conceder a

Nazareno daños más allá de los doce (12) meses que duraba la

prohibición de no competencia, equivaldría a extender la

prohibición de no competencia a más de un año, lo que es

inconstitucional, según el caso de Arthur Young, 136 DPR 157

(1994). Nos solicitó que revoquemos la determinación del TPI o

en la alternativa, devolvamos el caso al foro primario para que se

determine el total de las pérdidas de Nazareno del período de un

año a partir del 30 de septiembre de 2009 al 30 de septiembre de

2010.

        El apelado, por su parte, alegó que el daño futuro predecible

está basado en la trayectoria y experiencia pasada en las ventas

de los exempleados codemandados exclusivamente. Adujo que

un daño irreparable tiene una causa pasada y unas implicaciones

futuras. Aseveró que “en la medida que las ventas futuras de

Nazareno a partir de diciembre de 2011 hayan continuado siendo

afectadas, entonces se configura la permanencia del daño
KLAN202300664                                                               20

económico, lo que fue estimado por el perito.”14 Sostuvo que no

se puede limitar al periodo de daños a la duración de las cláusulas

de no competencia, ya que contraviene el concepto jurisprudencial

de daños irreparables.15 Evaluamos.

       El Dr. Jaime L. del Valle Caballero rindió un informe pericial

el 13 de octubre de 2012, enmendado 30 de marzo de 2017, para

estimar las posibles pérdidas económicas de Nazareno.16 El perito

propuso dos alternativas para valorar los daños de Nazareno.

       En el primer escenario informó que las ganancias netas

dejadas de recibir por el período de 26 meses entre noviembre

de 2009 y diciembre de 2012 eran por la cantidad de $104,988

($1,003,392      x   0.104633).          La    segunda    alternativa     era

capitalizando esta pérdida por el factor de valor presente de 7.2%

para obtener pérdida capitalizada a su valor presente de

$673,002.      Para llegar a este resultado el perito indicó lo

siguiente:

     1. Se anualizó la pérdida de $104,988 dividiendo esta
        entre los 26 meses que la componen y multiplicándola
                                        $104,988
       por 12 meses de un año:                     x 12=$4,038x 12=
                                          26
       $48,456

     2. La pérdida anualizada ($48,456) se capitaliza
        multiplicándola por el recíproco de la tasa de
                              $48,456
       descuento (7.2%):               =$673,002
                               0.072

       Al aplicar esta segunda opción, el Dr. Del Valle concluyó que

la pérdida a perpetuidad de Nazareno ascendía a $673,002.

Según el testimonio del Dr. Del Valle, este aplicó la última

alternativa, “en caso de que se demuestre que esos eventos han

podido causar un año continuo.”17

14
   Alegato de Nazareno, pág. 39.
15
   Íd.
16
   Apéndice pág. 598.
17
   Testimonio del perito Dr. Del Valle, 5 de junio de 2019, págs. 252, lns 23-
24; 253, ln. 1.
KLAN202300664                                                          21
      En cuanto al contrato de no competencia el perito declaró

que no examinó los contratos de los demandados que tenían una

cláusula de no competencia.18 En el proceso de analizar, el perito

no recordaba si le dijeron que la duración del contrato de

competencia duraba un año.            No recordaba si se lo habían

informado específicamente.19

      Como vemos, el perito brindó dos opciones para que el

tribunal determinara la formula aplicable a los hechos.         A esos

fines, en la vista del 6 de junio de 2019 el foro primario instruyó

a las partes que realizaran un análisis de la extensión del daño.

Requirió que le informaran, “¿Cuál sería el cómputo que llevar a

cabo si este tribunal determina que el periodo de veintiséis (26)

[meses] no era el correcto y que el correcto debió de ser la

cláusula de no competencia que eran doce (12) meses? ¿Cómo

eso cambiaría los números en cuanto a ese impacto?” 20                Más

adelante el juez de instancia indicó: “Si baja doce (12) meses,

pues entonces los números entiendo que van a cambiar. No se si

aumentarán o disminuirán, porque matemático no soy, pero

tienen un impacto.”21

      Finalmente, el tribunal de instancia aplicó la alternativa de

daño continuo o bajo el concepto de perpetuidad para conceder el

daño por $633,003. Entendemos que el foro primario incidió al

extender a perpetuidad los daños contractuales. Nos explicamos.

      Es un hecho que los codemandados exempleados de

Nazareno incumplieron la cláusula de empleo de no competencia

establecida por un año.        Este tipo de cláusulas usualmente se

incluyen    al   contrato    de   empleo,    siguiendo   la   regla    de

18
   Id., pág. 346.
19
   Id., pág. 346, lns. 11-24.
20
   TPO, 6 de junio de 2019, págs. 101-102.
21
   Id, pág. 102.
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razonabilidad, bajo ciertos criterios. Estos parten de la premisa de

que, si el patrono no recibe la protección, el negocio se vería

sustancialmente afectado. Ahora bien, es norma que el término

de no competencia no debe exceder de doce (12) meses. Se

entiende       que    cualquier     tiempo    adicional      es    excesivo    e

innecesario para proteger adecuadamente al patrono. En

la medida en que un pacto de no competencia incumpla las

condiciones antes descritas, será considerado contrario a la buena

fe contractual y al orden público por restringir excesiva e

injustificadamente la libertad del empleado para trabajar y

la libertad del público en general para seleccionar.                          Se

considera nulo todo pacto de no competir que no cumpla con las

condiciones anteriores.22

         En este caso, solo restaba determinar la extensión y cuantía

de los daños. Según el ordenamiento jurídico, las cláusulas de no

competencia se incluyen bajo el supuesto de que, al incumplirse

con lo pactado, el patrono va a sufrir un daño. De manera que

las partes saben de antemano que el incumplimiento acarrea un

daño.      Ahora bien, la prohibición está limitada por el término de

un      año.       Este   es   el   periodo    razonable          para   proteger

adecuadamente al patrono, pues cualquier tiempo adicional se

considera excesivo e innecesario. Por tanto, resulta contrario a

derecho, extender a perpetuidad o a más de un año, los daños

concedidos al patrono.

         Esto es, el acto de otorgar daños por un periodo mayor a

doce meses es contrario a la normativa que establece que la

extensión de los contratos de competencia solo debe subsistir por

doce meses, so pena de nulidad. Conceder una compensación a

22
     Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, págs. 175-177.
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perpetuidad, implicaría extender el contrato de no competencia a

más de un año, lo cual está prohibido en nuestro ordenamiento

jurídico y es contrario a lo pactado entre las partes. Además, ello

trastocaría el derecho a toda persona a escoger un empleo y

renunciar a este para dedicarse a otro empleo. De manera que,

debemos ceñirnos a las únicas limitaciones que contiene el

contrato, que es la limitación de un año para otorgar los daños

correspondientes a ese periodo.

       Tomando como base el informe pericial del Dr. Jaime L. Del

Valle, este proyectó las ganancias netas dejadas de percibir por el

periodo de 26 meses contados desde noviembre de 2009 a

$104,988.     Esa pérdida la llevó a una anualidad de 12 meses,

calculada en $48,456.         Esta cantidad resulta razonable y

adecuada para compensar el daño económico de Nazareno.

Como     el   contrato   no   establece   una   penalidad   por   el

incumplimiento, es correcto concluir que el señor Hernández

Rodríguez y los exempleados demandados respondan por las

pérdidas y la reducción en ventas que provocaron con sus

actuaciones, pero limitado a un año. En ese sentido modificamos

la sentencia para reducir el daño económico a $48,456.

       Por último, otra de las cuantías reclamadas por Nazareno

era la suma de $49,500 correspondiente a un adiestramiento que

la parte apelada adquirió para sus exempleados vendedores y

demás empelados en el departamento de ventas. Arguye

Nazareno que le corresponde al señor Hernández Rodríguez

reembolsar el costo del seminario por haber violado el contrato de

no competencia, cuyo desenlace fue la renuncia simultanea de los

exempleados demandados.

       Por su parte, el señor Hernández Rodríguez argumenta que

no le corresponde cubrir los gastos incurridos por Nazareno en el
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seminario puesto que se trata de una acción de reembolso

prohibida. Arguye el apelante que en el contrato de empleo entre

Nazareno y los empleados demandados no se incluyó una cláusula

de reembolso. Al no constar por escrito una cláusula de esta

naturaleza, Nazareno se ve imposibilitada de recobrarle a sus

empleados los gastos incurridos por esta en recursos tales como

adiestramientos. El señor Hernández Rodríguez plantea que el

recobro del adiestramiento no es más que una acción de

reembolso disfrazada como una acción por daños. Esto es, como

Nazareno no incluyó una cláusula de reembolso en los contratos

de empleo, se ve imposibilitada de recobrarle a los exempleados

demandados el dinero invertido en el adiestramiento. Por ello, el

apelante alega que Nazareno pretende imputarle el cobro del

seminario sin tener un fundamento en derecho que sustente dicho

reclamo.

      Si bien es cierto que PR Prosthetics interfirió de manera

culposa en la relación contractual habida entre Nazareno y los

exempleados demandados, no surge del expediente razón alguna

para conceder la partida de $49,500 correspondientes al

adiestramiento. Tanto es así, que Nazareno no levantó ningún

fundamento en derecho que sustentara su reclamo. Al igual que

el señor Hernández Rodríguez, consideramos que el cobro del

adiestramiento es un subterfugio para que Nazareno pueda

recobrar lo que de otra forma no hubiese podido recobrarles a los

exempleados demandados.

     De ninguno de los anejos incluidos en el apéndice que

constituyan parte del contrato de empleo se desprende una

cláusula de reembolso. Ante ello, decretamos improcedente que

el señor Hernández Rodríguez pague el seminario.
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     Por último, surge de la sentencia que el foro primario le

impuso al apelante José Hernández la suma de $25,000 por

honorarios de abogado por temeridad. Conforme al resultado al

que hemos llegado, procede eliminar la cuantía de honorarios de

abogado pues no hubo temeridad.

     Esta determinación la hacemos acorde a nuestra facultad

inherente de considerar y resolver errores patentes que surjan de

un recurso aun cuando éstos no hayan sido presentados por las

partes. Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 824, 848 (2012); SLG

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008), citando

a Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 264 (1998).

                               IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la

Sentencia apelada, a los fines de reducir el daño económico a

$48,456, eliminar la partida por concepto de honorarios de

abogado y eliminar la partida de $49,500 por concepto del

seminario. Así modificada, se confirma.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones