Court Opinion

ID: 9374134
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:18.278002+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.150740
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                         PANEL II

       HERIBERTO MARTÍNEZ DE DIOS                          Certiorari
                                                           procedente del
                       Recurrido                           Tribunal de
                                             KLCE202300005 Primera
                            v.                             Instancia, Sala
                                                           de San Juan
               ATLANTIC UNIVERSITY
                  COLLEGE, INC.                                   Caso Núm.
                                                                  SJ2022CV10063
                       Peticionaria
                                                                  Sobre:
                                                                  Procedimiento
                                                                  Sumario bajo
                                                                  Ley Núm. 2

        Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
        Romero García y la Juez Méndez Miró.

                                      RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

                                            I.

                 El 16 de noviembre de 2022, el Sr. Heriberto Martínez De Dios

        presentó una Querella contra Atlantic University College Inc. (AUC),

        al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.1 Alegó que

        fue despedido sin justa causa a tenor con la Ley Núm. 80 de 30 de

        mayo de 1976, según enmendada.2 El 4 de diciembre de 2022, AUC

        presentó Contestación a Querella. Adujo que no despidió al señor

        Martínez De Dios injustificadamente y levantó múltiples defensas

        afirmativas. Anejó a su alegación responsiva, 62 documentos de los

        cuales pretende demostrar un posible esquema de fraude a fondos

        estatales y federales por parte del señor Martínez De Dios y su

        familia. En la misma fecha, AUC presentó Solicitud para que se

        Ventile el Caso bajo el Procedimiento Ordinario por razón del Fraude

        Cometido por Heriberto Martínez De Dios. Sostuvo que debía realizar

        un amplio descubrimiento de prueba en posesión de terceros.

        1   32 LPRA § 3118 et seq.
        2   29 LPRA § 185a et seq.

Número Identificador

RES2023__________
KLCE20230005                                                       2

         El 20 de diciembre de 2022, el señor Martínez De Dios radicó

Oposición a la Solicitud de Conversión. Atendidas las solicitudes de

las partes, el 20 de diciembre de 2022, notificada el 22, el Foro

primario emitió Resolución y declaró “No Ha Lugar” la conversión del

procedimiento sumario a uno ordinario. El 21 de diciembre de 2022,

AUC presentó Moción para Informar Intención de Presentar Objeción

Fundamentada al amparo de la Regla 8.4 de Procedimiento Civil de

2009. Solicitó que se le concediera un término de treinta (30) días

para presentarle al Tribunal un escrito de refutación con un cuadro

más certero sobre los hechos pertinentes a la solicitud de

conversión.

         El 21 de diciembre de 2022, notificada el 22, nuevamente el

Foro primario emitió Orden y expuso, “Académico. Véase resolución

de 20 de diciembre de 2022. Adviértase a ambas partes que nuestro

más alto foro ya se ha expresado sobre la controversia de alegaciones

de conducta delictiva en el derecho laboral, GONZÁLEZ V. BAXTER

HEALTHCARE, 2019 TSPR 19.” Insatisfecho, el 3 de enero de 2023,

AUC recurrió ante nos mediante Certiorari. Aduce que el Foro

primario cometió el siguiente error:

         ERRÓ EL TPI Y VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO DE LEY
         DE AUC, LA POLÍTICA PÚBLICA EN CONTRA DE LA
         CORRUPCIÓN EN EL MANEJO DE FONDOS
         PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES DESTINADOS
         A LA EDUCACIÓN Y ACTUÓ DE FORMA ULTRAVIRES
         AL DENEGAR LA SOLICITUD PARA QUE SE VENTILE
         EL CASO BAJO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

         El 18 de enero de 2023, el señor Martínez De Dios presentó

Oposición a Certiorari y Solicitud de Desestimación por Falta de

Jurisdicción. El 23 de enero de 2023, AUC presentó Oposición a

Moción de Desestimación. Contando con la comparecencia de las

partes, procedemos a resolver.

                                   II.

         La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,3 establece un

procedimiento sumario de reclamaciones laborales de obreros y

3   32 LPRA § 3118 et seq.
KLCE20230005                                                                   3

empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y

derechos laborales.4 Su propósito es proveerle al obrero un

mecanismo procesal abreviado mediante el establecimiento de

términos     cortos    que    facilite    y   aligere   el   trámite   de    sus

reclamaciones.5 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado

que la médula y esencia del trámite de la Ley 2, es precisamente el

procesamiento sumario y su rápida adjudicación. La naturaleza

sumaria del procedimiento constituye su característica esencial.6

Por ello se ha exigido su rigurosa observancia en aras de evitar que

las partes desvirtúen su carácter especial y sumario.7

       No obstante, nuestro más alto Foro, en Dávila Rivera v.

Antilles Shipping Inc.,8 explicó que nuestra intervención está

limitada cuando se recurre de resoluciones interlocutorias emitidas

en casos atendidos por el Tribunal de Primera Instancia bajo el

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Razonó que:

       La parte que pretenda impugnar tales resoluciones
       interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e
       instar contra ella el recurso pertinente a base del
       alegado error cometido. De este modo se da
       cumplimiento a la médula del procedimiento analizado
       y, por otro lado, no queda totalmente desvirtuado el
       principio de economía procesal ya que, si tenemos en
       cuenta la rapidez con que sobrevienen los escasos
       eventos procesales previstos por la Ley Núm. 2 veremos
       que la pare podrá revisar en tiempo cercano los errores
       cometidos.9

       Sin embargo, se reconoció que esta norma de autolimitación

judicial no es absoluta. A modo de excepción, se pueden revisar las

resoluciones     interlocutorias         dictadas   por      un   tribunal   sin

jurisdicción y aquellos casos extremos en los cuales los fines de la

4 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Berríos Heredia v. González,
151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 921
(1996).
5 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR

494 (2003); Ríos, 155 DPR; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226 (2000); Berríos,
151 DPR; Rivera, 140 DPR, págs. 923-924.
6 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 929 (2008); Lucero 159 DPR,

pág. 505; Rodríguez Aguiar v. Syntex, 148 DPR 604 (1999); Dávila v. Antilles
Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 DPR 886,
891 (1997); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986); Díaz
v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 316 (1975).
7 Ríos, 155 DPR; Dávila, 147 DPR; Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc.,

135 DPR 737 (1994); Srio. del Trabajo v. J.C.Penny Co., Inc., 119 DPR 660 (1987).
8 147 DPR 483, 497 (1999).
9 Íd.
KLCE20230005                                                                 4

justicia requieran la intervención del foro apelativo.10 Es decir, en

aquellas situaciones en que la revisión inmediata disponga del caso

en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto

de evitar una grave injusticia.11

                                           III.

       En el presente caso, AUC nos plantea que el procedimiento

sumario debe convertirse a uno ordinario debido a la posibilidad de

un fraude multimillonario, sumamente complejo, que requiere un

extenso descubrimiento de prueba. No obstante, luego de evaluadas

las comparecencias de las partes, somos del criterio que no debemos

intervenir en esta etapa de los procedimientos. Debemos recordar

que, la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al

carácter     sumario       del    procedimiento         laboral.12   Además,

consideramos que el recurso incoado no plantea ninguna de las

instancias     que     a   modo     de     excepción      pueden     revisarse

interlocutoriamente en los procedimientos laborales sumarios.

Consecuentemente, aplicados los criterios de nuestra Regla 40,13 y

la doctrina interpretativa,14 no intervendremos con la decisión

recurrida.

                                     IV.

       Por   los     fundamentos     antes        expuestos,   denegamos    la

expedición del presente recurso de Certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10
  Íd., pág. 498.
11
   Íd.; Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 732-733
(2016).
12 Medina, 194 DPR, pág. 733.
13 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
14 Filiberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 838 (1999), 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163,
174 (2020); Medina Nazario v. McNeil Health LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016);
IG Builders Corp. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012); García v. Asociación,
165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-
665 (2000).