Court Opinion

ID: 9941525
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:33.870696+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.278291
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     Panel II

WILFREDO G. SANTOS VÁZQUEZ                                    Revisión
        Recurrente                                            Administrativa
                                                              procedente de la
                                                              División de
                                        KLRA202300458         Remedios
                  v.                                          Administrativos del
                                                              Departamento de
                                                              Corrección y
                                                              Rehabilitación
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN
      Y REHABILITACIÓN                                        Caso Núm.
          Recurrida                                           B-701-23

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Adames
Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

      Comparece ante nosotros la parte recurrente de epígrafe, quien es

miembro de la población penal, solicitando que revisemos una determinación

de la División de Remedios Administrativos (DRA) del Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR), de 23 de mayo de 2023. El dictamen

administrativo aludido fue la respuesta que dio el DCR a una solicitud de

estudio y trabajo presentada por la parte recurrente, que se encuentra en

circunstancias particulares de confinamiento.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos la

determinación recurrida y devolvemos el asunto al DCR para que obre según

aquí le instruimos.

I. Resumen del tracto procesal

      El 2 de mayo de 2023, la parte recurrente, que se identifica como trans,

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo ante el DRA. En el primer

párrafo de la referida Solicitud manifestó que, el 20 de abril de 2023, fue

trasladada a una unidad segregada, de tres confinados, donde anteriormente

ubicaban a miembros de la comunidad LGBTTQIA. Luego, la parte recurrente

Número Identificador

SEN2024____________
KLRA202300458                                                                           2

hizo dos afirmaciones precisas en la Solicitud: (1) que se sentía segura en el

lugar donde fue ubicada; (2) pero necesitaba estudiar y trabajar, y estos

privilegios le eran negados encontrándose en segregación. Finalizó

solicitando que se habilitara dicha unidad como ¨N¨, según lo establecía la

Orden Administrativa DCR 2018-05, que dispone lo concerniente a la política

pública de la comunidad LGBTTQIA en las cárceles, y así poder continuar con

su plan institucional.

       Ante lo cual, el 23 de mayo de 2023, la DRA emitió una Respuesta

indicando que se le había concedido espacio a la parte recurrente en el

Edificio 2, Sección G, debido a que el dormitorio que reclamó se encontraba

en Guayama 500. Añadió que, habiéndosele explicado varios pormenores a la

parte recurrente, se le había ubicado en el Edificio 2, Sección G para que

continuara con su ajuste institucional.

       Nótese que, en la referida Respuesta, el DCR no atendió la petición

precisa de la parte recurrente respecto a la continuación de sus estudios y

trabajo desde el nuevo lugar en el que se le ubicó.

       Insatisfecha con la referida Respuesta, el 13 de junio de 2023, la parte

recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración. Cónsono con lo que

planteó en su Solicitud de Remedio Administrativo, la parte recurrente aseveró

en la Solicitud de Reconsideración que la Respuesta administrativa no atendió

su reclamo adecuadamente, pues su solicitud era a los efectos de que le

proveyeran trabajo, estudios y servicios, al habilitar como vivienda la unidad

¨N¨. Sin embargo, habiendo reiterado su reclamo sobre la provisión de

estudios y trabajo, en la Solicitud de Reconsideración, la parte recurrente

procedió a incorporar una nueva y extensa alegación sobre el presunto trato

que se encontraba recibiendo como miembro de la denominada comunidad

LGBTTQIA, no contenida en la Solicitud de Remedio Administrativo con la que

se inició el proceso.1

1
 En específico, aunque en la Solicitud de Remedio Administrativo la parte recurrente afirmó,
sin ambages, sentirse segura en el lugar donde había sido ubicado, en la Solicitud de
Reconsideración adujo confrontar problemas de seguridad por ser trans.
KLRA202300458                                                                3

      Entonces, examinada la Solicitud de Reconsideración, el 12 de julio de

2023, la DRA emitió Respuesta de reconsideración al miembro de la población

correccional, denegando la solicitud de Reconsideración. Al así decidir, el DRA

llevó a la atención de la parte recurrente el hecho de que se encontraba en

custodia máxima, en la Sección 2G, por ser dicho edificio el designado para

albergar a los confinados en custodias máximas, según correspondía a esta.

Añadió que, a tenor, se le estaban brindando servicios como a todos los

miembros de la población correccional, siendo los parámetros de seguridad

en dicho espacio muy rigurosos. Se aludió, además, al hecho de que la parte

recurrente transita libre y voluntariamente a la capellanía.

      Inconforme, el 16 de agosto de 2023, la parte recurrente acudió ante

nosotros, mediante Recurso de Revisión Judicial, en el que hizo los siguientes

señalamientos de error:

      PRIMER ERROR: ERRÓ EL SUPERINTENDENTE EN SU
      ANÁLISIS DEL REMEDIO #B-701-23; MINTIÓ AL INSINUAR QUE
      YO SOLICITÉ ESTAR EN EL 2G.

      SEGUNDO ERROR: ME PREJUICIARON AL DENEGAR LA
      RECONSIDERACIÓN.

      TERCER ERROR: FUI DISCRIMINADA AL SER UBICADA EN LA
      UNIDAD 2G.

      CUARTO ERROR: NO RESPETAN MI IDENTIDAD DE GÉNERO
      [,] IGNORARON SUS PROPIOS REGLAMENTOS.

      QUINTO ERROR: EL PROCURADOR EXPRESA CONFUSIÓN EN
      SU SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN.

      En respuesta al recurso de revisión judicial, el DCR compareció ante

nosotros, a través de la Oficina del Procurador General (el Procurador). En su

escrito, el Procurador llama nuestra atención al hecho de que, a pesar la parte

recurrente haber solicitado como remedio la provisión de servicios relativos a

empleo y estudios, el DCR no respondió a ese reclamo específico, que

constituía la médula del remedio contenido en la Solicitud de Remedio

Administrativo. En consonancia, nos solicitó que ordenáramos como remedio

la devolución del asunto al DCR, con el fin de que la agencia administrativa

ofrezca una verdadera respuesta a tal solicitud de trabajo y empleo.

      Coincidimos con la apreciación del Procurador.
KLRA202300458                                                                   4

II. Exposición de Derecho

   A. Revisión Judicial

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9601

et seq., dispone sobre el alcance de la revisión judicial de las determinaciones

de las agencias. Tanto la referida ley, como la jurisprudencia aplicable,

establecen que la función revisora de las decisiones administrativas

concedida a los tribunales apelativos consiste esencialmente en determinar

si la actuación de la agencia fue dictada dentro de las facultades que le fueron

conferidas por ley y si la misma es legal y razonable. T–JAC, Inc. v. Caguas

Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999). Al respecto, es norma de derecho

claramente establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran

deferencia   y   consideraciones   a    las   decisiones   de    los    organismos

administrativos en vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado.

Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Mun.

de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615–616 (2006). Por lo tanto, los

tribunales   deben   ser   cautelosos    al   intervenir   con    las    decisiones

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995);

Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992).

      Es por las razones expuestas que las decisiones de los foros

administrativos están investidas de una presunción de regularidad y

corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008); Vélez

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR

116, 123 (2000). La presunción de corrección que acarrea una decisión

administrativa deberá sostenerse por los tribunales, a menos que la misma

logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia en contrario que

obre en el expediente administrativo. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130

(1998); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 858, 864 (1989).

      Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector

para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. Rebollo
KLRA202300458                                                               5

v. Yiyi Motors, Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Conforme a lo cual, habrá que

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, caprichosa o

tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción. Mun. De San Juan v.

CRIM, 178 DPR 164, 175 (2010). Por tanto, la revisión judicial de una

determinación administrativa se circunscribe a determinar si: (1) el remedio

concedido por la agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hechos

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra

en el expediente administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron

correctas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA

sec. 9675; Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626-627 (2016).

      Por   otra   parte,   nuestro   Tribunal   Supremo    ha    identificado

circunstancias en que corresponde no observar tal deferencia. En específico,

dicho alto foro ha reconocido que la referida deferencia a las determinaciones

administrativas cederá cuando: (1) la decisión no está basada en evidencia

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la

ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. Acarón, et al v.

D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR

847, 852 (2007).

   B. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos
      Radicados por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento
      Núm. 8538.

      En virtud de la facultad que dimana del Plan de Reorganización Núm.

2-2011, se le confiere al Secretario del Departamento de Corrección y

Rehabilitación la facultad de adoptar Reglamentos, y, en efecto este adoptó,

el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm.

8583 de 5 de mayo de 2015, (Reglamento Núm. 8583). Véase Reglamento

Núm. 8583, Regla II. Mediante éste se creó la División de Remedios

Administrativos como un organismo administrativo con la facultad de atender

cualquier queja o agravio que pudieran tener los confinados en contra del

Departamento o sus funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo los
KLRA202300458                                                                6

servicios médicos. Véase Reglamento Núm. 8583, Introducción. A través de

dicha División los confinados pueden presentar una solicitud de remedio,

referente, en lo pertinente, a actos e incidentes que afecten personalmente al

confinado en su bienestar físico, mental, seguridad personal o en su plan

institucional. Reglamento Núm. 8583, Regla VI (1)(a). (Énfasis provisto).

   De igual forma, el Reglamento Núm. 8583 dispone que el evaluador

utilizará todos los procedimientos que estime necesarios para la obtención de

la información requerida para brindar una respuesta adecuada al miembro

de la población correccional. Reglamento Núm. 8583, Regla XIII (1). (Énfasis

provisto).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Iniciamos por recalcar que, en el recurso de revisión judicial instado

por la parte recurrente se hicieron varios señalamientos de error referentes a

asuntos que no estuvieron ante la consideración de la agencia recurrida al

momento de ser presentada la Solicitud de Remedio Administrativo. Por lo

cual, en nuestra función de revisión nos limitaremos a dilucidar el asunto

que sí estuvo contenido en la Solicitud de Remedio Administrativo, referente a

la presunta carencia de los servicios de empleo y estudio en el lugar donde se

encuentra ubicada la parte recurrente, reclamo medular que inició el proceso

administrativo.

      Sobre ello, la parte recurrente aduce en su recurso de revisión judicial,

que incidió el DCR al no emitir Respuesta a su solicitud de que le proveyeran

trabajo, estudios y servicios.

      Como adelantamos en el tracto procesal, en su Escrito en cumplimiento

de resolución el Procurador aseveró ante nosotros que, en efecto, en la

Respuesta recurrida no se había atendido de manera específica el reclamo de

la parte recurrente, en cuanto a los servicios de estudio y trabajo solicitados.

Abundó el Procurador que el DCR no había dado respuesta precisa a la parte

recurrente, a pesar de que el DCR le informó que esta: (1) se encuentra en

una lista de espera para estudios de barbería y estilismo o sistemas de oficina,

pues al momento no hay cupos en dichos cursos y; (2) no se encuentra
KLRA202300458                                                               7

trabajando pues actualmente las plazas disponibles están siendo ocupadas

por otros confinados. De conformidad, añadió que, aunque la DRA no era el

organismo con la autoridad de conceder trabajos y estudios a un confinado,

por ser esto función del Comité de Clasificación y Tratamiento, el caso debía

ser devuelto a la agencia recurrida para que emita una determinación

que sea responsiva a la solicitud de la parte recurrente aludida.

Coincidimos.

      Según adelantamos, el Reglamento Núm. 8583 creó la División de

Remedios Administrativos para que este fuese un organismo administrativo

con la facultad de atender cualquier queja o agravio que tuviesen los

confinados. De ahí que estos últimos pueden presentar solicitud de remedios,

referentes a actos que les afecten personalmente en su bienestar físico,

mental, seguridad personal o plan institucional. De igual forma, dispone el

citado Reglamento, que el evaluador brindará una respuesta adecuada a la

solicitud del miembro de la población correccional. De tal nomenclatura,

respuesta adecuada, nos queda claro que el cumplimiento con el Reglamento

comporta necesariamente una contestación que atienda con precisión el

asunto que se plantea. Es decir, la respuesta adecuada a la que alude la

reglamentación no supone, en modo alguno, que necesariamente se conceda

el remedio solicitado por el confinado, pero sí que se dé contestación a la

solicitud precisada.

      En el tracto procesal dejamos plasmado que, en su Solicitud de Remedio

Administrativo, la parte recurrente solicitó poder continuar con su plan

institucional, trabajar y estudiar en el lugar donde fue ubicada.

Reiteramos que este constituyó el reclamo esencial y preciso que hizo la parte

recurrente en su Solicitud de Remedio Administrativo. No obstante, y tal cual

certeramente lo señalara el Procurador ante nosotros, en la Respuesta a

Reconsideración el DRA no se expresó sobre qué servicios de trabajo y estudio

podría tener la parte recurrente en el lugar donde actualmente se encuentra

confinada. Aunque el DCR aludió en su Respuesta a Reconsideración a

asuntos pertinentes a la petición de la parte recurrente, como los relativos a
KLRA202300458                                                              8

la calificación de custodia máxima que ostenta, por tanto, sujeto a parámetros

de seguridad sumamente rigurosos, hizo una mención genérica sobre los

servicios que recibe, los de todos los miembros de la población correccional,

sin precisar sobre los servicios de estudio o trabajo, según correspondan a su

calificación.

      En definitiva, concluimos que el DCR no emitió una respuesta

adecuada al petitorio de la parte recurrente contenido en la Solicitud de

Remedio Administrativo, contrario al requerimiento que a esos efectos dimana

del Reglamento Núm. 8583. Por tanto, no habiendo sido responsiva la agencia

administrativa recurrida, procede que ordenemos devolver el caso para que

atienda específicamente el asunto indicado.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación recurrida

y devolvemos el caso al DCR, para que ofrezca una respuesta adecuada, que

se ajuste a lo aquí discutido.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones