Court Opinion

ID: 9941494
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:40:52.503304+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.746433
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

    HANNIA MARÍA                                  CERTIORARI
  ASSOCIATES S.E., Y                              procedente del
       OTROS                                      Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
      Peticionarios              KLCE202301395    Superior de
                                                  Bayamón
             v.
                                                  Caso núm.:
TRIPLE-S PROPIEDAD,                               BY2019CV05166
        INC.                                      (501)

        Recurrida                                 Sobre: Daños y
                                                  otros

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el
juez Rivera Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Hannia María

Associates, S.E.; Albors Properties Corporation; Attenure Holdings

Trust 11; y HRH Property Holdings, LLC (la parte peticionaria)

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos la

revisión de una Minuta-Resolución emitida por el Tribunal de

Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, el 28 de septiembre

de 2023, notificada el 3 de octubre siguiente. Mediante el referido

dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar al descubrimiento de

prueba de los expedientes de suscripción y reservas que solicitó la

parte peticionaria por entender que en este caso dicha prueba no

tiene pertinencia.

      Por    los    fundamentos     que   exponemos   a   continuación,

expedimos el auto solicitado y revocamos la determinación

recurrida.

Número Identificador
SEN2024_______________________
KLCE202301395                                                              2

                                      I.

        A raíz de los daños causados por el huracán María en

Puerto Rico, la parte peticionaria instó demanda el 5 de septiembre

de 2019, la cual fue posteriormente enmendada, contra Triple-S

Propiedad, Inc. (la parte recurrida o Triple-S) por incumplimiento

de   contrato    y    dolo.   En     esencia   se   adujo      que   Triple-S

intencionalmente y a sabiendas, ha realizado representaciones

falsas sobre la cubierta de seguro para evadir el cumplimiento con

su obligación contractual de pagar por las pérdidas cubiertas bajo

la Póliza de Seguro debido a los daños a la Propiedad Asegurada

causados por el huracán María. Se alegó, además, que la

Propiedad Asegurada está compuesta por dos edificios de quince

niveles, de apartamentos para alquiler, localizados en Bellomonte

Development, en el municipio de Guaynabo, y que se emitió una

póliza de propiedad comercial (Póliza Núm. 30-CP-81087372-1) a

favor de Hannia María para asegurar contra todo riesgo de pérdida

física o daños, incluyendo aquellos causados por huracanes. La

parte    peticionaria    valoró    los     daños    en    aproximadamente

$5,041,797.51.

        Triple-S contestó la demanda enmendada, negando las

alegaciones esenciales. Arguyó que las cuantías reclamadas son

harto excesivas al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico y

la   jurisprudencia     aplicable.    Señaló   que       la   propiedad   fue

inspeccionada encontrando que los daños no sobrepasaron los

deducibles de $263,734 establecidos expresamente en la Póliza.

Entre sus defensas afirmativas se encuentra que: “Los daños

alegados, los cuales se niegan, son exageradas, especulativos,

infundados y excesivos. La parte demandante no incluye base o

cálculo alguno razonable y claro del cual surgen las cuantías
KLCE202301395                                                                 3

reclamadas. Las cuantías reclamadas resultan ser excesivas y no

guardan proporción con los daños realmente alegados.”1

       Posteriormente, el 7 de febrero de 2020, Triple-S sometió

una Solicitud de Sentencia por las Alegaciones en la que, en

esencia, expuso que la cesión de derechos y responsabilidades

realizada por la parte peticionaria estaba prohibida expresamente

por la póliza expedida.2 Dicha parte instó su oposición y tras varios

trámites procesales, el TPI emitió Sentencia declarando nula la

cesión de derechos. Asimismo, resolvió que, la parte peticionaria

incumplió con el contrato de póliza, por lo que las cubiertas de la

póliza no surtían efectos, y desestimó sin perjuicio la Demanda

Enmendada.3

       Inconforme con el dictamen, se instó recurso de apelación

(KLAN202000777) el cual fue resuelto mediante Sentencia dictada

25 de marzo de 2022 por un Panel Especial de esta Curia. El

referido dictamen revocó la sentencia apelada al concluir que la

cesión post-pérdida no estaba expresamente prohibida por el

contrato de póliza.4 En consecuencia, el caso fue devuelto para la

continuación de los procedimientos.

       Así las cosas, y atinente a la controversia ante nos, el 8 de

marzo de 2023, la parte peticionaria presentó Solicitud de Orden

bajo la Regla 34.2 de Procedimiento Civil.5 En resumen, arguyó que

en el interrogatorio cursado a Triple-S solicitó información sobre la

cantidad de reserva o reserva de pérdida asignada para la presente

reclamación, y los documentos relacionados a la suscripción

(underwritting).6

1 Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 130, alegación núm. 83. Véase, además,

pág. 114, alegación núm. 11.
2 Íd., a las págs. 154-379.
3 Íd., a la pág. 604.
4 Íd., a la pág. 760.
5 Íd., a las págs. 1575-1663.
6 En el Interrogatorio Núm. 29: Indique cuál es la cantidad de reserva o reserva

de pérdida asignada para la Reclamación. Íd., a la pág. 1577. En el
Requerimiento Núm. 9: Identifique y produzca todos los Documentos y
Comunicaciones relacionados con la Póliza de Seguro o el Asegurado. Este
KLCE202301395                                                                   4

       La parte recurrida presentó su oposición en la cual reiteró

que la información sobre el expediente de suscripción no está

sujeta a descubrimiento por ser impertinente a la controversia.

Indicó que no existe nexo alguno entre el proceso de suscripción, y

el proceso de ajuste. De igual manera, argumentó que no procede

la producción de la información sobre la reserva ya que en el caso

de marras no está en controversia la solvencia de Triple-S o su

capacidad de cumplir con sus obligaciones. Por último, indicó que

la información solicitada está protegida por el privilegio de secreto

de    negocios       de   conformidad        con      las    disposiciones     el

Artículo 53.080 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4538.

       En la vista sobre Conferencia con Antelación a Juicio

celebrada, mediante el sistema de videoconferencia, el 28 de

septiembre      de    2023,    el   TPI    resolvió    las   mociones      antes

consignadas y dictó Minuta-Resolución en la cual dispuso lo

siguiente:

       El Tribunal hace constar que con relación a la solicitud de
       los expedientes de suscripción y reservas que hace la parte
       demandante, se declara No Ha Lugar. En un caso como
       este, dicha prueba no tiene pertinencia a la controversia.
       [Énfasis Nuestro]

       Inconforme con lo resuelto la parte peticionaria solicitó

reconsideración la cual fue declarada No ha lugar el 8 de

noviembre de 2023, notificada ese mismo día.

       Aún en desacuerdo, la parte peticionaria acude ante este

foro intermedio mediante el recurso de certiorari de epígrafe

imputándole al tribunal de primera instancia haber incurrido en

los siguientes errores:

          ERRÓ   EL   TPI            AL  NO   PERMITIR              EL
          DESCUBRIMIENTO             DEL   EXPEDIENTE               DE

requerimiento incluye todos los Documentos relacionados a los borradores,
anejos, endosos, “underwritting”, renovaciones, extensiones, o emisión de la
Póliza de Seguro del Asegurado, al igual que su expediente completo de
“underwritting”, todas las aplicaciones o solicitudes, información sobre historial
de pérdida, todos los Documentos recibidos del Asegurado o sus agentes, y
todos los Documentos que contengan información que Usted usó, generó, refirió,
revisó o descansó en el curso del proceso de “underwritting” de la Póliza de
Seguro. Íd.., a la pág. 1583.
KLCE202301395                                                      5

            SUSCRIPCIÓN,   A  PESAR   DE   QUE   DICHA
            DOCUMENTACIÓN E[S] PERTINENTE AL CASO DE
            EPÍGRAFE POR TRIPLE-S ALEGAR QUE LOS DAÑOS
            RECLAMADOS POR LOS PETICIONARIOS SON
            PREEXISTENTES.

            ERRÓ   EL    TPI   AL  NO   PERMITIR  EL
            DESCUBRIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE
            RESERVAS, TODA VEZ QUE, HACE MÁS O MENOS
            PROBABLE LA CAUSA DE ACCIÓN POR DOLO Y
            MALA FE PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS
            EN CONTRA DE TRIPLE-S.

      El 12 de diciembre de 2023 dictamos Resolución concediendo

a la parte recurrida el término de diez (10) días para expresarse. El

22 de diciembre siguiente se cumplió con lo ordenado por lo que

damos por perfeccionado el recurso.

      Analizados las comparecencias de las partes y el expediente

apelativo, así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a

resolver.

                                 II.

El auto de certiorari

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52, establece las instancias en que el recurso de certiorari será

expedido y así revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, aun

cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, previo a

ejercer debidamente nuestra facultad revisora es menester evaluar

si, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este tribunal

posee discreción para expedir el auto el certiorari. García v. Padró,

165 DPR 324, 334 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera

en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v.

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).
KLCE202301395                                                          6

      Precisa recordar que la discreción ha sido definida como

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera. (citas omitidas).” SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). Así pues,

se ha considerado que la discreción se nutre de un juicio racional

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y

“no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación

alguna. (citas omitidas).” Íd. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, enmarca los criterios que debemos considerar

al momento de determinar si procede que expidamos el auto

discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

regla establece lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
          derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

      En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo,

evaluemos    si   alguna     de    las   circunstancias      enumeradas

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación

del foro recurrido. Además, es norma trillada que un tribunal
KLCE202301395                                                        7

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). También, los criterios

antes transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera

sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la etapa

del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

El descubrimiento de prueba

      Como es sabido, la tendencia moderna en el ámbito del

procedimiento civil es a facilitar el descubrimiento de prueba de

forma tal que se coloque al juzgador en la mejor posición posible

para resolver justamente. Autopistas P.R. v. A.C.T., 167 DPR 361,

379 (2006); E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004). La Regla 23 de

Procedimiento    Civil,   32   LPRA   Ap.   V,   R.   23,   regula   el

descubrimiento de prueba en la litigación civil. Como resultado,

define el alcance y los límites de dicho procedimiento. En lo aquí

pertinente, la Regla 23.1 inciso (a) establece que:

      Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier
      materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto
      en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la
      reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la
      existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y
      localización de cualesquiera libros, información almacenada
      electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles y la
      identidad y dirección de personas que conozcan hechos
      pertinentes. No constituirá objeción el que la información
      solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista
      una probabilidad razonable de que dicha información
      conduzca al descubrimiento de evidencia admisible.
      [Énfasis nuestro]

      De igual forma, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido y

reiterado la importancia de llevar a cabo un descubrimiento de

prueba amplio y liberal. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II,

206 DPR 659, 667 (2021). El fin de este principio es acelerar los

procedimientos, propiciar las transacciones y evitar las sorpresas

indeseables durante la celebración del juicio. Íd.
KLCE202301395                                                                 8

       En virtud de lo anterior, nuestro ordenamiento establece

únicamente dos limitaciones al descubrimiento de prueba, a saber:

1) que la información solicitada sea pertinente a la controversia; y

2) que    la   información     objeto       del    descubrimiento       no   sea

privilegiada. General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32,

39-40 (1986).

       En cuanto a lo primero, el criterio de pertinencia incluye

todos los asuntos que puedan tener cualquier relación posible

con la materia que es objeto del pleito, aunque no estén

relacionados con las controversias específicas que han sido

esbozadas por las alegaciones. ELA v. Casta, supra, a las

págs. 12-13. Incluso, se permite la entrega de materia que sería

inadmisible en juicio, si ésta conduce a prueba admisible. ELA v.

Casta, supra, a la pág. 13; Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc.,

129 DPR 1042, 1049 (1992).

       Ahora bien, el descubrimiento de prueba no es ilimitado. El

tribunal puede restringir su alcance y mecanismos, siempre que

con ello se adelante la solución de controversias de forma rápida,

justa y económica. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158,

168 (2001); General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, a la

pág. 40. De esta forma, se intenta evitar que cualquiera de las

partes     abuse    de    la   utilización        de   los    mecanismos     de

descubrimiento de prueba. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR

140, 154 (2000). Precisamente, la Regla 23.2 de Procedimiento

Civil, supra, provee y faculta para limitación o condiciones

mediante el mecanismo de órdenes protectoras. De esta manera, el

Tribunal puede emitir cualquier orden que se requiera en justicia

para     proteger   a    una   parte    o     persona        de   hostigamiento,

perturbación u opresión, así como de cualquier molestia o gasto

indebido.
KLCE202301395                                                            9

      Por otro lado, en cuanto a la segunda limitación, el Alto Foro

ha resuelto que ‘materia privilegiada’ es aquella que se encuentra

dentro del alcance de algún privilegio reconocido en las Reglas de

Evidencia. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, a la

pág. 674. Debido a que los privilegios impiden el descubrimiento

de cierta información, los tribunales deben interpretar la existencia

de un privilegio probatorio de forma restrictiva. Ponce Adv. Med. v.

Santiago González et. al., 197 DPR 891, 899-900 (2017). Los

privilegios no se concederán de manera automática y solo se

reconocerán cuando se invoquen de forma certera y oportuna. Íd.

      Así, la parte que se considere poseedora de información

privilegiada cuyo descubrimiento se solicita, debe, tan pronto la

misma se solicite: (1) objetar la producción de los documentos, las

comunicaciones o los objetos requeridos; (2) indicar expresamente

el privilegio específico que pretende invocar; (3) exponer con

particularidad los hechos concretos en los que se basa la

aplicabilidad del privilegio; (4) fundar con claridad la existencia de

los elementos legales del privilegio en cuestión, y (5) describir la

naturaleza de la evidencia no producida de forma tal que, sin

revelar la información privilegiada, permita a otras partes evaluar

su reclamación. Íd., a la pág. 900. Además, el tribunal tendrá que

resolver   si   el   poseedor   del     privilegio   estableció,   mediante

preponderancia de la prueba, los elementos del privilegio que

invoca. Íd. Finalmente, si se levanta el reclamo de un privilegio de

manera genérica, vaga o mediante planteamientos estereotipados,

sin cumplir con las cinco exigencias pormenorizadas, el tribunal

puede denegar la objeción y ordenar la producción de la

información. Íd., a la pág. 901.

                                      III.

      En esencia, la parte peticionaria señaló que el TPI erró y

abusó de su discreción al determinar que la prueba sobre reserva y
KLCE202301395                                                                10

la información sobre suscripción era impertinente. Al respecto,

indicó que la prueba sobre reservas y suscripción guarda una

posible relación con las causas de acción en daños por dolo

contractual y violaciones al Código de Seguros.

       Luego de haber revisado los escritos de las partes, el

expediente ante nos en su totalidad y el derecho aplicable,

colegimos que procede nuestra intervención debido a que ante los

asuntos planteados esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia y una dilación innecesaria de los

procedimientos. Asimismo, a la luz de los criterios dispuestos en la

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, la etapa del procedimiento

en que se presenta el caso es la más propicia para su

consideración por lo cual procede la expedición del auto solicitado.

       Como     cuestión     de   umbral     destacamos       que    sobre   la

controversia ante nuestra consideración no existe precedente

establecido por el Alto Foro. Sin embargo, esta Curia ha emitido

varias sentencias relacionadas a la controversia ante nos cuyo

carácter es persuasivo y pueden ser citadas.7 Por estar los errores

relacionados entre si los discutiremos conjuntamente.

       De un análisis de las mociones y escritos de la parte, surge

que la información sobre la reserva contiene los estimados que

hace    la propia aseguradora          sobre la cantidad          que podría

requerírsele pagar con relación a las reclamaciones. Por ello,

mediante su descubrimiento se podría identificar, si la reserva

reconocida por el ajustador al iniciar su gestión en cuanto a una

reclamación es cónsona con los estimados de daños y la posible

oferta de cubierta que posteriormente Triple-S pueda comunicar. A

manera de ejemplo, la diferencia entre la reserva y el estimado

comunicado, de ser sustancial, podría ayudar a sustentar la causa

de acción de daños por dolo contractual y mala fe. Nótese que en el

7 Véase, Ley de la Judicatura del 2023, Articulo 4-005, 4 LPRA sec. 24x.
KLCE202301395                                                                  11

presente caso Triple-S alegó que el total de los daños fue

$101,132.33      y   que    estos    no    sobrepasaron       los   deducibles

establecidos expresamente en la Póliza. En consecuencia, forzoso

es concluir que el interrogatorio cursado Triple-S es pertinente. Por

otra parte, en la litigación sobre derecho de seguros se ha

permitido el descubrimiento de prueba sobre reservas cuando,

como en el caso de epígrafe, la demanda contiene alegaciones de

prácticas comerciales desleales y de mala fe por parte de la

aseguradora.8

       De otro lado, la información sobre la suscripción de la póliza

también es un asunto descubrible en pleitos contra aseguradoras.

Dicha información es pertinente porque arroja luz sobre el riesgo

aceptado al expedir la póliza en cuestión.                 Así que, permite

comparar la póliza que se expidió con la que pudo haberse

expedido.     Por ello, en la litigación de seguros, “policyholder’s

counsel should consider the need for, and request (as appropriate)

the following: . . . [t]he underwriting files; [t]he underwriting

guidelines; [t]he underwriting training materials; […]”.9 De igual

manera, el expediente de suscripción contiene los procesos que

utilizó la aseguradora para la asignación de la prima y la

aceptación de los riesgos que presenta la propiedad a ser

asegurada. Por ende, dicho expediente de suscripción permitiría

verificar si Triple-S actuó conforme sus propios procedimientos al

aceptar asegurar la propiedad aquí en controversia o si, por el

contrario, actuó dolosamente al asegurarlos.

       Por último, puntualizamos que Triple-S alegó como defensa

afirmativa que los daños reclamados son exagerados, excesivos,

8 Courts are about evenly split on discovery of reserves, and whether they are
discoverable depends in large part on what type of case is before the court:
courts are considerably less likely to order discovery of reserves in traditional
coverage cases and are more likely to allow discovery in bad faith and unfair
trade practices litigation. New Appleman Insurance Law, LexisNexis, 2014
Edition, Sec. 20.08[2][a].
9 Íd., Sec. 20.07.
KLCE202301395                                                                        12

especulativos, y no están cubiertos por la póliza, por ende, la

información del expediente de reserva pueda resultar pertinente

para refutar dichas defensas afirmativas. Del mismo modo, el

expediente de suscripción de la póliza es pertinente ya que puede

contener información sobre las condiciones preexistentes del bien

asegurado, pertinentes para rebatir las defensas afirmativas

esbozadas por Triple-S. Por tanto, bien sea por la naturaleza de las

causas de acción contenidas en la demanda o por las defensas

afirmativas invocadas por la parte recurrida, la información sobre

reservas        y     suscripción     es     pertinente     y   en    consecuencia

descubrible. Los argumentos delineados en la oposición instada

por Triple-S al presente recurso no nos convencieron.

       Finalmente, respecto al argumento de que la información

solicitada          constituye   un      privilegio    de   secreto    de        negocio

destacamos que el foro recurrido nada dispuso. Según surge de la

Transcripción de la Vista sobre el Estado de los Procedimientos

realizada el 28 de septiembre de 2023, el foro recurrido se limitó a

señalar que en un caso distinto había resuelto que los expedientes

de suscripción y de reserva no eran pertinentes, y que esta Curia

la confirmó.10          De la transcripción y ni de la Minuta-Resolución

aquí recurrida surge la cita del referido caso. Por otro lado,

conforme a lo resuelto en Ponce Adv. Med. v. Santiago González,

supra,     le       corresponde     al     foro   recurrido     resolver    mediante

preponderancia de la prueba si existen los elementos del privilegio

que invoca Triple-S.

       En resumen, reiteramos que para que una materia pueda ser

objeto de descubrimiento, basta con que exista una posibilidad

razonable de relación con el asunto en controversia.11 Por lo cual,

concluimos           que   los    documentos          solicitados    por    la     parte

10 Véase, Apéndice del Recurso a la pág. 1678 y 1682.
11ELA v. Casta, supra, a la pág. 13 (2004); Rodríguez v. Scotiabank de P.R.,
113 DPR 210, 212 (1982).
KLCE202301395                                                       13

peticionaria son pertinentes a la controversia de autos. La

información solicitada por esta guarda relación con los asuntos en

cuestión y permitirá que el TPI pueda determinar si Triple-S actuó

de mala fe en el manejo de la reclamación. En cuanto a si procede

aplicar el privilegio de secreto de negocio, corresponde al foro

sentenciador celebrar la vista al respecto según explicáramos.

                               IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La jueza Ortiz Flores concurre con el resultado sin opinión

escrita.

                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones