Court Opinion

ID: 9962701
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:43:57.700379+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:27.616403
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

DLJ MORTGAGE CAPITAL,                       Apelación
        INC.                                procedente del
                                            Tribunal de Primera
   Demandante - Apelada                     Instancia, Sala de
                              KLAN202400179 San Juan
              v.
                                                 Civil núm.:
   DAVID SANTIAGO                                K CD2012-2254
MARTÍNEZ, DIANA ORTÍZ
BORGES Y LA SOCIEDAD                             Sobre: Cobro de
LEGAL DE GANANCIALES                             Dinero y Ejecución
COMPUESTA POR AMBOS                              de Hipoteca

 Demandados – Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Por la vía sumaria, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”)

declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de

hipoteca. Según se explica en detalle a continuación, concluimos

que el TPI actuó correctamente, pues el acreedor presentó prueba

documental, no controvertida de forma alguna por el demandado,

que demostraba su derecho a cobrar lo reclamado así como la

existencia y exigibilidad de la correspondiente garantía hipotecaria.

                                  I.

      La acción de referencia, sobre cobro de dinero y ejecución de

hipoteca (la “Demanda”), se presentó inicialmente por CitiMortgage,

Inc. (“Citi”), en septiembre de 2012, en contra del Sr. David Santiago

Martínez, la Sa. Diana Ortiz Borges y la sociedad de gananciales

compuesta por ambos (los “Demandados” o “Apelantes”). Se reclamó

la suma principal de $1,220,000.00, más intereses, cargos por

demora, costas y honorarios de abogado.

Número Identificador
SEN2024________________
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      Luego de que se contestara la Demanda, Citi solicitó

autorización para que DLJ Mortgage Capital, Inc. (“DLJ” o el

“Acreedor”), le sustituyera como demandante debido a que adquirió

el pagaré objeto de la Demanda. En mayo de 2016, el TPI autorizó

la sustitución de Citi por DLJ como parte demandante.

      Tras varios trámites procesales, el 9 de julio de 2020, DLJ

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria (la “Moción”).

Acompañó la Moción con varios documentos, entre ellos, una

declaración jurada suscrita por el Sr. Patrick Riquelme (la

“Declaración”), así como copia del pagaré hipotecario y de la

escritura de hipoteca. Adujo que, ante la ausencia de controversias

sobre los hechos esenciales y pertinentes de su reclamación,

procedía dictar sentencia a su favor por la vía sumaria. Conforme

con ello, DLJ enumeró 10 hechos sobre los cuales a su entender no

existía controversia.

      Luego de varios trámites procesales que no es necesario

pormenorizar, el 4 de octubre de 2021, los Apelantes se opusieron a

la Moción.   En lo pertinente, plantearon que la Declaración era

insuficiente para establecer que el Acreedor era el tenedor del pagaré

objeto de la Demanda (el “Pagaré”), por lo cual dicha parte no había

demostrado que tuviese legitimación activa para cobrar la deuda.

      El Acreedor luego presentó una Moción con Relación al Pagaré

Hipotecario y para que se dicte Sentencia Sumaria; anejó, entre otras

cosas, una Sentencia dictada por este Tribunal de Apelaciones el 27

de agosto de 2014, KLCE201400870 (la “Sentencia de 2014”), y

copia del Pagaré, el cual se había cancelado el 13 de agosto de 2014

(el “Pagaré”). Explicó que el Pagaré había sido cancelado en virtud

de la venta judicial ocurrida luego de una sentencia en rebeldía

dictada en el caso, el 14 de marzo de 2013 (la “Sentencia Inicial”).

No obstante, se aclaró que la Sentencia Inicial fue revocada por la

Sentencia de 2014 (KLCE201400870), ello sobre la base de que el
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TPI había errado al autorizar que se emplazara por edictos a los

Demandados.          En    consecuencia,   solicitó   que   se   tomara

conocimiento de ello y que se reputara válido el Pagaré.

      Posteriormente, DLJ presentó varias mociones reiterando su

solicitud de sentencia sumaria.        Por su parte, los Apelantes

solicitaron la desestimación de la Demanda por falta de legitimación

activa de DLJ para solicitar la ejecución de la hipoteca.          Para

sustentar dicha alegación, los Apelantes sostuvieron que la

Declaración era falsa en la medida que se afirmaba que el Acreedor

estaba en posesión del Pagaré, cuando el mismo había sido

cancelado e inutilizado.

      Mediante una Sentencia notificada el 18 de diciembre de 2023

(la “Sentencia”), el TPI declaró con lugar la Demanda y condenó a

los Apelantes a pagar $1,116,265.08 por el principal reclamado,

más otras partidas por concepto de intereses, cargos por demora,

costas, gastos y honorarios de abogado.        Se ordenó que, de no

satisfacerse la Sentencia, se ejecutara la hipoteca que garantiza la

referida deuda.

      En la Sentencia, el TPI determinó que los siguientes hechos

no estaban en controversia (énfasis suplido):

            1. El 30 de noviembre de 2005, David Santiago
               Martínez y Diana Ortíz Borges suscribieron
               ante notario un pagaré pagadero a Doral
               Financial Corporation, haciendo negocios
               como HF Mortgage Bankers, o a su orden, por
               la suma principal de $1,220,000.00 con
               intereses al 6.00% anual.

            2. Dicho pagaré fue garantizado por primera
               hipoteca constituida mediante la Escritura
               Núm. 858 del 30 de noviembre de 2005 ante
               la Notario Yivette Carrión de Jesús, otorgada
               en San Juan, Puerto Rico.

            3. El gravamen constituido mediante la escritura
               858 recayó sobre el inmueble al que se
               describe a continuación:

                  URBANA: Solar marcado con el número 23
                  del bloque J de la sección Guayacán en la
                  Urbanización Montehiedra radicado en el
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            Barrio Caimito de Río Piedras del término
            municipal de San Juan, Puerto Rico,
            compuesta        de     2086.9119      metros
            cuadrados, equivalentes a 0.5309 cuerdas
            y en lindes por el Norte, con la Avenida
            Periferal, en una distancia de 32.329
            metros; por el Sur, con la calle Bien Te Veo,
            en dos alineaciones un arco de 22.445
            metros y una distancia de 1.497, metros
            lineales; por el Este, con el solar número J-
            22, en una distancia de 65.087 metros
            lineales; por el Oeste, con el solar J-24, con
            área verde que pertenece a A.H.
            Development Corporation en una distancia
            de 79.619 metros lineales. Enclava una
            estructura     para     fines   residenciales,
            diseñada para vivienda de una familia.

            Inscrita al folio doscientos noventa y tres
            (293) vuelto del tomo quinientos ochenta y
            ocho (588) de Río Piedras Sur, finca
            número diecisiete mil novecientos sesenta
            y nueve (17,969) inscripción tercera (3ra).

         4. La escritura de Hipoteca Núm. 858 consta
            inscrita en la sección correspondiente del
            Registro Inmobiliario Digital.

         5. Conforme a la Escritura Núm. 858, la hipoteca
            garantiza el pago al tenedor por endoso del
            pagaré hasta las siguientes sumas: (a) el pago
            de la deuda evidenciada por el pagaré, con sus
            intereses, (b) el cumplimiento de los convenios
            y acuerdos de los deudores bajo la hipoteca,
            (c) una suma equivalente al diez por ciento de
            la cuantía original del principal del pagaré
            para cubrir costas, gastos y honorarios de
            abogado, en caso de que el tenedor del pagaré
            tuviese que ejecutar la hipoteca, o recurrir a
            procedimiento judicial para su cobro, o su
            cobro en cualquier procedimiento de quiebra,
            (d) una suma equivalente al diez por ciento de
            la cuantía original del pagaré para cubrir
            cualquier otro anticipo que deba hacerse bajo
            la hipoteca, y (e) una suma equivalente al diez
            por ciento de la cuantía original del principal
            del pagaré para cubrir intereses en adición a
            los garantizados por ley.

         6. El 14 de marzo de 2013 este tribunal emitió
            una sentencia en rebeldía a favor de DLJ.

         7. La sentencia del 14 de marzo de 2013 fue
            revocada por el Tribunal de Apelaciones por
            sentencia del 27 de agosto de 2014.

         8. A la fecha del dictamen del Tribunal
            Apelativo, ya se había adjudicado la
            propiedad inmueble al acreedor hipotecario
            y se había otorgado la correspondiente
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               escritura de venta judicial ante el Notario
               Roberto A. Combas Martínez.

            9. Por efecto de la revocación de la sentencia
               dictada en rebeldía, tanto la subasta de la
               propiedad como la cancelación del pagaré son
               nulas.

            10. El pagaré en cuestión en este pleito obra
                cancelado en el protocolo del Notario
                Roberto A. Combas Martínez.

            11. Por virtud de la compraventa de un
                inventario de créditos, DLJ advino titular del
                referido préstamo.

            12. De conformidad con lo pactado, la deuda fue
                acelerada y se declaró vencida en su
                totalidad.

            13. La demandada incumplió con el contrato
                de préstamo hipotecario al haber dejado
                de pagar las mensualidades vencidas, a
                pesar de los requerimientos de pago.

            14. Los demandados y la sociedad de bienes
                gananciales compuesta por ambos, adeudan
                a DLJ, la suma de $1,116,265.08 de
                principal y una partida de intereses al tipo
                pactado, que [al] 28 de febrero de 2020,
                ascendía a $576,430.77. Los intereses
                continúan acumulándose al tipo pactado, a
                razón de $139.36 diarios hasta su completo
                pago. Al 28 de febrero de 2020, los
                demandados también adeudan $83,350.26
                por concepto de cuenta plica. Conforme a lo
                pactado, los demandados también adeudan
                una suma equivalente al 10% de la cantidad
                del pagaré, para costas, gastos y honorarios
                de abogados; una suma equivalente al 10%
                de la cantidad del pagaré, para cubrir
                cualquier otro adelanto que pueda hacerse
                bajo hipoteca; una suma equivalente al 10%
                de la cantidad del pagaré, para cubrir
                intereses en adición a los garantizados por
                ley.

            15. Las partes tasaron la propiedad en la
                cantidad de $1,220,000.00, para que dicha
                suma sirva de tipo mínimo en la primera
                subasta en caso de ejecución. (notas al calce
                omitidas).

      El 2 de enero, los Apelantes presentaron una Solicitud de

Determinaciones de    Hechos Adicionales y Enmiendas             y de

Reconsideración. La misma fue denegada por el TPI mediante una

Resolución notificada el 25 de enero.
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      Inconformes, el 26 de febrero (lunes), los Demandados

presentaron la apelación que nos ocupa; formulan los siguientes

señalamientos de error:

             1. Erró el TPI al negarse a atender la “Moción
                Solicitando Enmiendas a Determinaciones de
                Hechos Iniciales o Adicionales y de
                Reconsideración bajo las Reglas 43.1, 43.2
                44.1(d) y 47 de las de Procedimiento Civil.

             2. Erró el TPI al dictar una Sentencia Sumaria
                concediendo el cobro y ejecución de una
                alegada hipoteca a pesar de que el Pagaré que
                la parte Apelante-Demandante alegó poseer
                cuando solicitó el remedio sumario y pretende
                cobrar estaba y está cancelado.

             3. Erró el TPI al dictar la Sentencia Sumaria a
                pesar de los planteamientos levantados por la
                parte demandada en su oposición.

Prescindiendo de trámites ulteriores, conforme lo autoriza la Regla

7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

7(B)(5), resolvemos.

                                  II.

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que se utiliza

para lograr la solución justa, rápida y económica de una

controversia donde resulta innecesario celebrar un juicio en su

fondo. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 109

(2015). Este mecanismo procede cuando no existe una controversia

real sobre hechos materiales. Un hecho es material cuando puede

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213

(2010); Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.

      La Regla 36, supra, impone un número de requisitos tanto al

proponente de la sentencia sumaria como al que se opone a la

misma.    La moción de sentencia sumaria debe contener: una

exposición breve de las alegaciones de las partes, los asuntos

litigiosos en controversia, la causa de acción sobre la cual se solicita

la sentencia sumaria, una relación concisa y organizada en párrafos
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enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los

cuales no hay controversia, con indicación de los párrafos o páginas

de la prueba documental donde se establecen los mismos, la

argumentación del derecho aplicable y el remedio que se solicita. 32

LPRA Ap. V, R. 36.3(a).

       De igual forma, el que se opone a la sentencia sumaria tiene

que cumplir con las exigencias de la Regla 36, supra. En particular,

debe   enumerar      aquellos   hechos   materiales   de   buena   fe

controvertidos y aquellos sobre los cuales no hay controversia. En

ambos casos, por cada hecho, se tienen que indicar los párrafos o

páginas de la prueba documental que establecen o impugnan ese

hecho. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b).

       La parte que se opone a que se dicte sentencia sumariamente

“no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones

contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar

en forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte

promovente”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c). Los hechos enumerados

en la moción de sentencia sumaria que no sean debidamente

controvertidos podrán considerarse admitidos. 32 LPRA Ap. V, R.

36.3(d). De forma similar, “[e]l tribunal no tendrá la obligación de

considerar aquellos hechos que no han sido específicamente

enumerados”. Íd.

       El tribunal podrá dictar sentencia sumariamente cuando, de

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y otra

evidencia, no surja controversia real sustancial sobre algún hecho

material y, además, proceda como cuestión de derecho. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3(e).

                                  III.

       La prueba de referencia es “una declaración que no sea la que

la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en
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evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. Regla 801(c) de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801(c). Como norma general, este tipo

de prueba es inadmisible. Regla 804 de Evidencia, supra; Pueblo v.

Zeno Torres, 211 DPR 1, 17 (2022).

      No obstante, las Reglas de Evidencia reconocen un número de

excepciones a esta regla con el fin de permitir su admisibilidad

durante un juicio. Ese es el caso de los récords de actividades de

negocio que se realizan con regularidad. Al respecto, la Regla 805(f)

de Evidencia, supra, dispone lo siguiente:

            Aun cuando la persona declarante esté disponible
            como testigo, una declaración no estará sujeta a
            la regla general de exclusión de prueba de
            referencia en las siguientes circunstancias:

            […]

            (f) Récords de actividades que se realizan con
            regularidad.

            Un escrito, informe, récord, memorando o
            compilación de datos -en cualquier forma-
            relativo a actos, sucesos, condiciones, opiniones
            o diagnósticos que se hayan preparado en o cerca
            del momento en que éstos surgieron, por una
            persona que tiene conocimiento de dichos
            asuntos, o mediante información transmitida por
            ésta, si dichos récords se efectuaron en el
            curso de una actividad de negocios realizada
            con regularidad, y si la preparación de dicho
            escrito, informe, récord, memorando o
            compilación de datos se hizo en el curso
            regular de dicha actividad de negocio, según lo
            demuestre el testimonio de su custodio o de
            alguna otra persona testigo cualificada, o según
            se demuestre mediante una certificación que
            cumpla con las disposiciones de la Regla 902(k) o
            con algún estatuto que permita dicha
            certificación, a menos que la fuente de
            información, el método o las circunstancias de su
            preparación inspiren falta de confiabilidad. El
            término “negocio”, según se utiliza en este inciso,
            incluye, además de negocio propiamente, una
            actividad gubernamental y todo tipo de
            institución, asociación, profesión, ocupación y
            vocación, con o sin fines de lucro. (énfasis
            suplido).

      Los fundamentos de esta excepción a la regla general de

exclusión de prueba de referencia descansan en razones de

necesidad, confiabilidad, experiencia y en el carácter rutinario del
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documento.       Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 985

(2010). El elemento de confiabilidad de esta prueba se apoya en que

el comerciante busca mantener récords que reflejen la veracidad de

sus negocios y en la regularidad y rutina con que la que se hacen

las anotaciones mercantiles. H.R. Stationery, Inc. v. ELA, 119 DPR

129, 137 (1987).

      Por su parte, la Regla 902 de las de Evidencia, supra,

establece un número de presunciones de autenticidad.               Hay

documentos que, por su naturaleza, son difíciles de alterar o

falsificar y, por tanto, se consideran razonablemente como

auténticos de su faz. Al respecto, la Regla 902(k) de las de Evidencia,

supra, permite que un récord de una actividad que se realice con

regularidad pueda autenticarse prima facie si se acompaña de una

declaración jurada de la persona a cargo de su custodia que

certifique las exigencias previamente discutidas en cuanto a la

autenticidad del documento. En específico, la referida regla dispone

lo siguiente:

                No se requerirá evidencia extrínseca de
                autenticación como condición previa a la
                admisibilidad de:

                (k) Récords certificados de actividades que se
                realizan con regularidad.

                El original o un duplicado de un récord de
                actividades que se realizan con regularidad
                dentro de la jurisdicción del Estado Libre
                Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos de
                América, el cual sería admisible conforme a la
                Regla 805(f) de este apéndice, si se acompaña de
                una declaración jurada de la persona a cargo
                de su custodia o de alguna otra persona
                cualificada, que certifique que dicho récord:

                (1) Se preparó en o cerca del momento en que
                ocurrieron los sucesos o las actividades
                mencionadas por una persona que tiene
                conocimiento de dichos asuntos, o mediante
                información transmitida por ésta;

                (2) se llevó a cabo en el curso de la actividad
                realizada con regularidad, y
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            (3) se preparó como una práctica regular de
            dicha actividad. (énfasis suplido).

      Esta autenticación prima facie se refiere a la preparación de

una declaración jurada que exprese detalladamente los hechos que

establecen los requisitos necesarios bajo la Regla 805(f) de

Evidencia, supra, para la admisibilidad de un récord de actividad

regular de negocios. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho

Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ed. Situm, Inc., 2015,

pág. 582. Por lo tanto, la declaración jurada no solo establece la

autenticidad, sino también la admisibilidad como excepción a la

regla general de prueba de referencia debido a que satisface los

criterios de dicha regla. Íd., págs. 582-583. La utilización de esta

certificación mediante declaración jurada bajo la Regla 902(k)

permite acelerar el proceso de autenticación y admisibilidad de los

récords de una actividad regular de negocios.        Íd., pág. 510.

Resaltamos que el testigo que declare no tiene que ser la persona

que custodie los récords, pero sí tiene que conocer el método de

preparación y la identidad de estos. Íd., pág. 513, citando a US v.

Veytia Bravo, 603 F.2d. 1187 (1979).

      Por otro lado, la Regla 1003 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap.

VI, R. 1003, establece que un duplicado es tan admisible como el

original, “…a no ser que surja una genuina controversia sobre la

autenticidad del original o que, bajo las circunstancias del caso, es

injusto admitir el duplicado en lugar del original”. En ese sentido,

el Profesor Ernesto L. Chiesa señala que, es ante la posibilidad de

falsificación o fraude del duplicado, o si existe alegación de que el

mismo fue alterado, que resulta evidente la necesidad de examinar

el alegado original y compararlo con el alegado duplicado.      E.L.

Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico,

Publicaciones JTS, 2009, pág. 312.
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                                 IV.

        La Ley de Transacciones Comerciales, Ley 208-1995, según

enmendada (Ley 208), 19 LPRA sec. 401 y ss., reglamenta los

instrumentos negociables y las transacciones comerciales en Puerto

Rico.    La Ley 208 define el instrumento negociable como una

promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad

específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en

la promesa u orden, si el mismo: (1) es pagadero al portador o a la

orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la

posesión de un tenedor; (2) es pagadero a la presentación o en una

fecha específica; y (3) no especifica otro compromiso o instrucción

por parte de la persona que promete u ordena el pago que no sea el

pago del dinero. 19 LPRA sec. 504(a).

        En cuanto a si un instrumento negociable es pagadero al

portador o a la orden, la Ley 208, dispone:

             (a) Una promesa u orden es pagadera al
             portador si la misma:

                  1) Especifica que es pagadera al portador o
             a la orden del portador o de otra forma indica que
             la persona en posesión de la promesa u orden
             tiene derecho al pago;

                 2) no designa un tomador;
                 3) especifica que es pagadera a, o a la
             orden de, efectivo (cash) o de otra forma indica
             que no es pagadera a una persona identificada.

             (b) Una promesa u orden que no es pagadera al
             portador es pagadera a la orden si la misma es
             pagadera: (A) a la orden de una persona
             identificada, o (B) a una persona identificada o a
             su orden. Una promesa u orden que es pagadera
             a la orden es pagadera a la persona identificada.

             (c) Un instrumento pagadero al portador puede
             convertirse en pagadero a una persona
             identificada si el mismo recibe un endoso especial
             de acuerdo con lo dispuesto en la sec. 555(a) de
             este título. Un instrumento pagadero a una
             persona identificada puede convertirse en
             pagadero al portador si el mismo es endosado en
             blanco de acuerdo con lo dispuesto en la sec.
             555(b) de este título. 19 LPRA sec. 509.
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      El término “portador” se define como “la persona en posesión

de un instrumento, documento de título, o valor con certificado

pagadero al portador o endosado en blanco.” Sec. 1-201 (5) de la

Ley 208, 19 LPRA sec. 451(5).

      La Ley 208 dispone que, entre las personas que tienen

derecho a exigir el cumplimiento de un instrumento, se encuentran

el tenedor del instrumento y “una persona que no es tenedor pero

está en posesión del instrumento y tiene los derechos del tenedor.”

19 LPRA sec. 601. Si un documento es pagadero al portador, queda

negociado por la entrega, si a la orden, o por el endoso del tenedor

completado por la entrega. E.M.L. Insurance Co. v. Banco Popular,

91 DPR 645, 651 (1965).

      La Ley 208 define también lo que es un endoso de la siguiente

manera:

            [s]ignifica una firma, que no sea la de un
            signatario como firmante, o aceptante, que por sí
            sola o acompañada de otras palabras se añade en
            un instrumento con el propósito de: (1) negociar
            el instrumento, (2) restringir el pago del
            instrumento, o (3) incurrir en la responsabilidad
            del endosante respecto al instrumento, pero
            independientemente     de    la    intención   del
            signatario, una firma y las palabras que la
            acompañen es un endoso a menos que las
            palabras que acompañen la firma, los términos
            del instrumento, el lugar donde está la firma u
            otras circunstancias no ambiguas indiquen que
            la firma fue puesta con un propósito distinto al
            de un endoso. 19 LPRA sec. 554(a).

      Se considera un endoso especial cuando “el tenedor del

instrumento hace un endoso, sea este pagadero a una persona

identificada o al portador; y el endoso identifica una persona a quien

será pagadero el instrumento”. 19 LPRA sec. 555. Esta sección

aclara que cuando haya un endoso especial, el instrumento

solamente podrá negociarse mediante el posterior endoso de la

persona a favor de quien se hizo el endoso especial previo.

      Además, la referida ley establece que, si el tenedor de un

instrumento hace un endoso y no es un endoso especial, el mismo
KLAN202400179                                                                  13

es “un endoso en blanco”. Cuando está endosado “en blanco”, un

instrumento se convierte en pagadero “al portador” y solamente

puede negociarse mediante la cesión de su posesión, hasta que sea

endosado especialmente. 19 LPRA sec. 555(b).

                                       V.

       Concluimos que actuó correctamente el TPI al concluir que el

Acreedor tenía legitimación activa para reclamar el cobro del Pagaré

y la ejecución de su garantía hipotecaria.

       Contrario al planteamiento principal de los Demandados, no

tiene pertinencia, en este contexto, que el Pagaré hubiese sido

cancelado como resultado de la venta judicial que ocurrió como

parte de la ejecución de la Sentencia Inicial. En estricto derecho, y

a raíz de la Sentencia de 2014, la referida venta judicial se anuló y,

de igual forma, advino inexistente la cancelación del Pagaré ocurrida

como consecuencia de la venta judicial.

       Aunque físicamente el Pagaré actualmente pudiese constar

cancelado en un protocolo notarial, la realidad jurídica es que, al

menos en cuanto a los Demandados se refiere y en ausencia de

alguna reclamación de un tercero al respecto, el Pagaré recobró su

validez jurídica como objeto de la garantía hipotecaria cuya

ejecución se solicitó en este caso. Aunque el Acreedor no tiene la

posesión física del mismo, dicha parte le demostró al TPI, de forma

incontrovertida, el tracto del Pagaré y la razón por la cual sí tiene la

legitimación activa necesaria para reclamar su pago y ejecución,

según pactado1.

       Por su parte, la Declaración sustenta de forma adecuada y

válida el reclamo del Acreedor.          La Declaración fue suscrita por

quien trabaja como Representante y Oficial de Control de

1 Tampoco tiene mérito el planteamiento de los Demandados de que el Acreedor

falló en demostrar que la fotocopia del Pagaré fuese una “copia fiel y exacta del
original”. Según arriba expuesto, al no haber surgido ninguna controversia
“genuina” al respecto, el TPI correctamente consideró admisible dicha copia.
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Documentos de Select Portfolio Servicing, Inc. (“SPS”), y en lo

pertinente indica:

              3.    SPS services the mortgage loan which is the
                    subject of this action (the “Loan”), on behalf
                    of its owner DLJ Mortgage Capital, Inc.
                    (“DLJ”). A copy of the Power of Attorney
                    authorizing SPS to act on DLJ’s behalf is
                    annexed hereto as Exhibit 1.

              4.    SPS maintains a computer database of acts,
                    transactions, payments, communications,
                    escrow account activity, disbursements,
                    events and analyses with respect to the
                    mortgage loans which SPS service, including
                    the Loan (the “Loan Records”). The
                    information described herein and referenced
                    below is found in the business records of
                    SPS. The entries in the Loan Records are
                    made in the regular course of business and
                    on or about the time of the events and
                    conditions therein described either by people
                    with first-hand knowledge of those events
                    and conditions or from information provided
                    by people with such first-hand knowledge.

              5.    I have access to the Loan Records with
                    respect to the Loan, and have knowledge of
                    how they are maintained.

              […]

              20. I have examined the Complaint ante the
                  Motion for Summary Judgement, prepared
                  by counsel in connection with this case, and
                  attest as to the certainty and accuracy that
                  the allegations contained therein, of which I
                  have personal knowledge. I also attest that
                  the documents attached to the Motion for
                  Summary Judgement are true and exact
                  copies of the originals.2

       Como puede apreciarse, de la Declaración surge que su

suscribiente tiene conocimiento y control de los récords que

demuestran la exigibilidad de la deuda reclamada. Contrario a lo

planteado por los Demandados, no tiene pertinencia que la

Declaración fuese suscrita por una persona que no es empleada del

Acreedor, ni tampoco era necesario que se presentara “evidencia

fehaciente” sobre la relación de negocios del Acreedor y SPS (la

compañía que administra el préstamo objeto de la Demanda).

2 Véase, Apéndice Recurso de Apelación, Anejo 9, págs. 124-127.
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       Finalmente, los récords de negocio a los que se refiere la

Declaración serían admisibles como excepción a la regla de

exclusión de prueba de referencia. Véanse las Reglas 805(f) y 902(k)

de Evidencia, supra. Surge de la Declaración que su suscribiente,

el Sr. Riquelme, es el encargado de la sección de control de

documentos de SPS con conocimiento sobre los récords de negocios

bajo el control de la empresa. Este declaró bajo juramento que los

récords pertinentes fueron preparados cerca del momento de los

sucesos y como parte del curso ordinario del negocio de SPS como

administrador del préstamo objeto de la Demanda3.

       En fin, la totalidad del récord demuestra de forma concluyente

que el TPI actuó correctamente al condenar a los Demandados al

pago de lo adeudado, pues no se ha controvertido la existencia de la

deuda ni la validez de la garantía hipotecaria correspondiente4.

                                         VI.
       Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia
apelada.
       Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones

3 El TPI no tenía que descartar los aspectos medulares de la Declaración por el

hecho de que, en la misma, se afirmara que el Acreedor es el “current holder” del
Pagaré. En primer lugar, en términos jurídicos, como consecuencia de la
Sentencia de 2014, esa afirmación es correcta y no ha sido controvertida por los
Demandados. En segundo lugar, aun de considerarse que la afirmación se refiere
a la posesión física del pagaré, esta inexactitud fue debidamente explicada al TPI.

4 El planteamiento de los Demandados en torno al incumplimiento del Acreedor

con la Regla 8.9 de las de Procedimiento Civil (sobre divulgación de la identidad
de ciertas personas jurídicas accionistas de una corporación que es parte en un
caso) no requiere la revocación de la Sentencia. En primer lugar, no está claro
que esta Regla aplique en este contexto, pues la misma se activa con la primera
comparecencia de una corporación; sin embargo, la regla se adoptó en el 2018,
dos años luego de que el Acreedor fue incluido como parte en el caso. En cualquier
caso, el único propósito de la regla es facilitar el trabajo del(a) juez(a) a los fines
de determinar si procede inhibirse del caso. Véase Exposición de Motivos de Ley
190-2018 (propósito del requisito de divulgación es “que el juez o la jueza estén
advertidos desde el principio del pleito de la posibilidad de un conflicto ético, si
alguna corporación en la que tiene alguna participación posee el diez por ciento
(10%) o más de las acciones en la corporación que es parte en el pleito ante su
consideración”).    Los Demandados no han explicado cómo el supuesto
incumplimiento con esta regla tendría pertinencia a los fines de determinar si es
correcta y procedente la sentencia apelada.