Court Opinion

ID: 9941472
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:39:02.389643+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.571188
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL XI

CONSEJO DE TITULARES                        APELACIÓN,
DEL CONDOMINIO FIRST                        acogido como
  FEDERAL SAVINGS                           Certiorari,
                                            Procedente del
           Apelada                          Tribunal de
                              KLAN202301011 Primera
               v.                           Instancia, Sala
                                            Superior de San
    EDGAR FRANCISCO                         Juan
    MORALES RAMÍREZ
                                                Caso Núm.:
      LION CREST                                SJ2023CV02677
   INVESTMENTS, LLC
                                                Sobre:
           Apelante                             Cobro de Dinero,
                                                Incumplimiento
                                                de Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el
Juez Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz
Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

      Comparece ante nos Lion Crest Investment, LLC (“Lion

Crest” o “Peticionario”) mediante escrito intitulado Recurso de

Apelación presentado el 10 de noviembre de 2023. Nos solicita

que revoquemos la Sentencia emitida el 26 de julio de 2023 y

enmendada el 10 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (“foro primario” o “foro a

quo”). Por virtud de la misma, el foro primario declaro Ha Lugar

la demanda de cobro de dinero instada por el Consejo de Titulares

del Condominio First Federal Savings (“Consejo de Titulares” o

“Recurrido”) y condenó al Peticionario y al señor Edgar Francisco

Morales Ramírez (“Sr. Morales Ramírez”) a pagar la suma de

$93,819.21. Inconforme con la determinación, Lion Crest solicitó

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLAN202301011                                                                    2

reconsideración y/o relevo de sentencia, la cual fue declarada No

Ha Lugar mediante Resolución emitida y notificada el 11 de

octubre de 2023.1

       Por     los    fundamentos            expuestos      a    continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                        I.

       La controversia ante nuestra consideración tiene su origen

cuando el 24 de marzo de 2023 el Consejo de Titulares incoó una

Demanda sobre cobro de dinero de las cuotas de mantenimiento

de un apartamento comercial contra el Peticionario y el Sr.

Morales Ramírez.2 En síntesis, el Consejo de Titulares alegó que

el Sr. Morales Ramírez adquirió la oficina 619 del Condominio

First Federal Savings y posteriormente, dicha oficina fue

adquirida por Lion Crest. Señaló que, a la fecha de la radicación

de la demanda, el Peticionario y el Sr. Morales Ramírez

adeudaban la suma de $93,819.21, por concepto de cuotas de

mantenimiento vencidas y no pagadas,                       más intereses y

penalidades. Sostuvo que la deuda estaba vencida, era líquida y

exigible, por lo que, solicitó que decretara el embargo preventivo

de los bienes de los deudores y que se condenara a los

demandados a sufragar solidariamente las cuantías reclamadas.3

       Transcurridos varios trámites que son inmeritorios reseñar,

el 26 de julio de 2023, notificada el 1 de agosto del mismo año, el

foro primario emitió Sentencia.4 Mediante esta, el foro a quo dictó

1 En vista de que el foro primario acogió la solicitud del Peticionario como una de

relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V, R. 49.2, acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo
procedente en derecho, aunque por razones de economía procesal conserve la
designación alfanumérica (KLAN202301011). Véase IG Builders v. BBVAPR, 185
DPR 307 (2012).
2 Apéndice recurso, Anejo 4, págs. 21-25.
3 Cabe destacar que el 17 de mayo de 2023, se diligenció emplazamiento mediante

entrega personal a Lion Crest. Véase Apéndice Recurrido, págs. 8-9.
4 Apéndice recurso, Anejo 5, pág. 26.
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sentencia en rebeldía declarando Ha Lugar la demanda instada

por el Consejo de Titulares. En consecuencia, condenó al Sr.

Morales Ramírez al pago de la suma de $93,819.21, más intereses

del tipo legal sobre dicha cantidad, contados a partir de la fecha

de la radicación de la demanda hasta su completo pago. En

cuanto a Lion Crest, el foro primario expresó lo siguiente:

       Por último, examinados los autos, surge que a esta fecha
       ha transcurrido el término de 120 días dispuesto por la
       Regla 4.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico sin que se
       haya acreditado el diligenciamiento de los emplazamientos
       por la parte demandante a los demandados Lion Crest
       Investments, LLC. Ante esta realidad, el Tribunal carece
       de jurisdicción en cuanto a esta, por lo que se
       desestima, sin perjuicio dicha reclamación, toda vez
       que no tenemos discreción para prorrogar el término
       para emplazar a base de lo resuelto en Bernier González
       v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018). (Énfasis
       nuestro).

       Así las cosas, el 10 de agosto de 2023, el Consejo de

Titulares presentó Moción de Reconsideración.5 En esta, llamó a

la atención al foro primario de que se había diligenciado el

emplazamiento al Peticionario mediante entrega personal, dentro

del término dispuesto en ley. Por lo cual, solicitó que

reconsiderara la determinación de desestimar sin perjuicio la

demanda contra Lion Crest.

       El mismo 10 de agosto de 2023, notificada el 15 del mismo

mes y año, el foro primario emitió Sentencia Enmendada, a los

fines de incluir a Lion Crest en los efectos de la sentencia. En

consecuencia, se le anotó la rebeldía al Peticionario y condenó a

los codemandados a sufragar solidariamente la cantidad de

$93,819.21 al Consejo de Titulares. En vista de que una de las

partes codemandadas se le había anotado la rebeldía, el 15 de

agosto de 2023, la Secretaría del foro primario emitió Notificación

de Sentencia por Edicto por SUMAC. Posteriormente, el 28 de

5 Apéndice Recurrido, págs. 12-13.
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agosto de 2023, el Consejo de Titulares presentó Moción

Informativa en Torno a Publicación de Edicto. Mediante esta,

informó que el 24 de agosto de 2023 se publicó el edicto.6

      En desacuerdo con la Sentencia Enmendada, el 11 de

septiembre de 2023, Lion Crest instó Solicitud de Reconsideración

y Asumiendo Representación, en la que alegó que el Consejo de

Titulares no le había notificado los escritos presentados en el

caso, ni el foro primario le había enviado notificación escrita de

sus determinaciones.7 A su vez, solicitó, al amparo de la Regla

49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.49.2, que se le

relevara de la sentencia dictada en su contra, toda vez que era un

adquirente involuntario y sólo venía obligado a pagar los últimos

seis (6) meses de atraso de las cuotas de mantenimiento de la

propiedad.

      En respuesta, el Consejo de Titulares presentó Oposición a

Solicitud de Reconsideración.8 Por virtud de esta, señalo que la

solicitud de reconsideración fue presentada tardíamente. En

cuanto a la solicitud de relevo de sentencia, sostuvo que no

procede el relevo de sentencia puesto que Lion Crest es un

adquirente voluntario.

      En vista de ello, el 11 de octubre de 2023, el foro primario

emitió y notificó Resolución, en la que acogió los planteamientos

de la oposición a la solicitud de reconsideración presentada por

el Consejo de Titulares y declaró No Ha Lugar la petición del

Peticionario.

6  Véase entradas números 19 y 20 del expediente electrónico del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”), en el caso
SJ2023CV02677.
7 Apéndice recurso, Anejo 7, págs. 28-35.
8 Íd., Anejo 8, págs. 35-52.
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      Inconforme aún, el 10 de noviembre de 2023, Lion Crest

acudió ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión de

los siguientes errores:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar en
      rebeldía y modificar sentencia contra la parte apelante sin
      haber notificado a esta luego de haber desestimado en su
      contra.
      Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que
      Lion Crest es deudor solidario con el codemandado
      Morales Ramírez en cuanto al pago de la totalidad de la
      deuda reclamada ya que Lion Crest es un adquiriente
      involuntario y no surge de ningún documento la
      solidaridad entre las partes.

      El 16 de noviembre de 2023, esta Curia emitió Resolución

en la que le concedió un término de treinta (30) días a la parte

Recurrida para que presentara su oposición al recurso. En

cumplimiento con lo ordenado, el 18 de diciembre de 2023, el

Consejo de Titulares presentó Alegato en Oposición a Apelación

y/o Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                   II.
                             A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019).   “El     recurso   de certiorari es   un   vehículo   procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto

el 12 de abril de 2023.
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      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además,

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR

__ (2023); 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023.

Estos criterios son:

      (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
            a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.
      (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
      (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713.

                       B. Relevo de Sentencia

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.49.2, dispone que una parte puede solicitar que el tribunal la

releve de los efectos de una sentencia. Lo anterior, procederá

cuando      ocurra   alguna     de   las   siguientes    circunstancias

excepcionales:
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      (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
          una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta
          a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con
          la Regla 48;
      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
          “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa
          representación u otra conducta impropia de una parte
          adversa;
      (d) nulidad de la sentencia;
      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
          cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
          fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
          efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe
          en vigor, o
      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
          remedio contra los efectos de una sentencia.

      Este mecanismo post sentencia, tiene el propósito de

proveer un justo balance entre dos intereses conflictivos de

nuestro ordenamiento jurídico. “Por un lado, se encuentra el

principio de que todo caso se resuelva justamente, mientras que

por otro lado se encuentra el interés de que los litigios concluyan.”

HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689 (2020), citando a García Colón

et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010). Por ello, el

Tribunal   Supremo      ha   reiterado   que    la   Regla   49.2   de

Procedimiento Civil, supra, debe “interpretarse liberalmente y

cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje

sin efecto una anotación de rebeldía o una sentencia”. HRS Erase

v. CMT, supra, citando Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 87

(1966).

      Ahora bien, es menester señalar que los tribunales tienen

la discreción de sopesar estos factores y determinar si procede

relevar a una parte de los efectos de una sentencia. Íd, citando a

Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). Además, el promovente

de la solicitud de relevo de sentencia deberá presentarla “dentro

de un término razonable, pero en ningún caso después de

transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia”.
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Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, tales

normas ceden cuando se trata de una sentencia que adolece de

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. HRS Erase v.

CMT, supra, citando Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003).

Sin embargo, la consabida regla no constituye una llave maestra

para reabrir controversias, ni sustituye los recursos de apelación

o reconsideración. Es decir, el precepto no está disponible para

alegar cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas

mediante los recursos de reconsideración y apelación. García

Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541.

      Sobre ello, nuestro máximo foro ha resuelto lo siguiente:
      […] una interpretación liberal de la regla permite que se
      considere una moción de reconsideración como una de
      relevo de sentencia. Esto aunque haya transcurrido el
      término para considerar la reconsideración o aun después
      de que haya advenido final y firme la sentencia, siempre y
      cuando la referida moción cumpla estrictamente con los
      requisitos establecidos en dicha regla. Es decir, una
      moción de reconsideración que aduzca los fundamentos
      subsumidos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,
      supra, puede ser considerada como una moción de relevo
      de sentencia, aun si es presentada después de los quince
      días. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541.

      De otro lado, si una parte solicita el relevo de sentencia al

amparado en el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, y demuestra que la sentencia es nula, el foro

primario no tendrá discreción para denegar la misma. “[S]i una

sentencia     es    nula,     tiene    que     dejarse     sin        efecto

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o

la reclamación del perjudicado”. HRS Erase v. CMT, supra,

citando a García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 543-

544. “[C]uando una sentencia es nula, se tiene por inexistente,

por lo que no surte efecto alguno”. López García v. López García,

200 DPR 50, 62 (2018). “[A]nte la certeza de nulidad de una

sentencia, resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica;

ello independientemente del hecho de que la solicitud a tales
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efectos se haga con posterioridad a haber expirado el plazo de seis

(6) meses”.   HRS Erase v. CMT, supra, citando a Montañez v.

Policía de P.R., 150 DPR 917 (2000). Así, que la parte promovente

no está limitada por el término de seis (6) meses dispuesto en la

Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

      Sobre ello, nuestro máximo foro ha expresado lo siguiente:
      El esquema amplio y abarcador de remedios que provee la
      Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de esta
      acción independiente a los casos en que ha transcurrido
      el término fatal de seis meses y las circunstancias sean
      de tal índole que el tribunal pueda razonablemente
      concluir que mantener la sentencia constituiría una
      grave injusticia contra una parte que no ha sido
      negligente en el trámite de su caso y que, además,
      tiene una buena defensa en los méritos. (Énfasis
      nuestro). Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680,
      689 (1979).

      De igual modo, se considera que una sentencia es nula

cuando el tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se quebrantó

el debido proceso de ley de alguna de las partes. HRS Erase v.

CMT, supra, citando a García Colón et al. V. Sucn. González,

supra, pág. 543. Cuando se alega que la nulidad de la sentencia

por alguna violación al debido proceso de ley, el profesor Rafael

Hernández Colón señaló que el “[q]uebrantamiento del debido

proceso de ley es un concepto mucho más amplio y pueden haber

tantas manifestaciones del mismo como principios del debido

proceso existen y que se hayan quebrantado en un caso en

especial”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010,

sec. 4807, pág. 408. Así que, se ha resuelto que la ausencia de

una parte indispensable es una violación al debido proceso de ley

que conlleva obligatoriamente el relevo de la sentencia. HRS Erase

v. CMT, supra, citando a García Colón et al. V. Sucn. González,

supra, pág. 551.
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             C. Adquirente Voluntario e Involuntario

   La figura del adquirente voluntario o involuntario ha sido

definida por el Tribunal Supremo de la siguiente manera:

      [e]l [adquirente] voluntario es un comprador que bien
      informado de los gravámenes y cargas del apartamento lo
      adquiere porque es un buen negocio. El adquirente
      involuntario es originalmente un acreedor cuyo interés
      fundamental no es hacerse dueño del apartamento sino
      proteger su acreencia constituida usualmente antes de
      que empiece a acumularse la deuda por gastos comunes
      del condominio. Con. Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, 210
      DPR 403 (2022), citando a Asoc. Condómines v. Naveira,
      106 DPR 88, 97 (1977).

   Asimismo, se ha establecido que un adquirente voluntario:

      (1) puede ser un comprador, un donatario, un permutante
      o aquel que se lleva la buena pro en una subasta pública;
      (2) quien adquiere el crédito hipotecario o el apartamento
      con el ánimo de hacer un buen negocio; (3) quien tiene la
      oportunidad y los medios de enterarse de la deuda por
      gastos comunes del condominio, y (4) quien tiene el poder
      de decisión para asumirlos como gravamen del inmueble
      que adquiere. Íd, citando a Condominio First Federal v.
      LSREF2, 202 DPR 934, 944-945 (2019); Asoc. de
      Condómines v. Naveira, supra, pág. 97.

   Por el contrario, el adquirente involuntario posee las siguientes

características:

      (1) es un acreedor hipotecario; (2) la razón o el interés
          fundamental no es convertirse en dueño del inmueble,
          sino proteger su acreencia constituida --usualmente--
          antes de que empiece a acumularse la deuda de las
          cuotas por mantenimiento; (3) para este, la deuda no
          es elemento u objeto de contratación, y (4) su acreencia
          no debe sufrir disminución porque el deudor incumpla
          otra obligación ajena y extraña a la suya. Íd.

      Otra fuente de derecho que establece una distinción entre

la figura del adquirente voluntario e involuntario está contenida

en la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de

agosto de 2020, según enmendada, (“Ley 129-2020”), dispone lo

siguiente:

      b) Adquiriente Involuntario – El acreedor hipotecario que,
      para proteger su acreencia, adquiera una propiedad
      como parte de un proceso de ejecución de hipoteca,
      licitando o sin licitar, o de dación en pago, total o parcial.
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       c) Adquiriente Voluntario – Persona que, luego de ejercer
       su criterio en el curso usual de los negocios,
       deliberadamente adquiere el bien inmueble porque le
       resulta un buen negocio. Se entiende que incluye a un
       comprador convencional, un donatario, un heredero, un
       legatario, un permutante o un licitador que se lleva la
       buena pro en la subasta. 31 LPRA sec. 1921b (b) y (c).
       (Énfasis nuestro).

       En cuanto a los pagos de las cuotas de mantenimiento de

un condominio sujeto al régimen de propiedad horizontal, el

Artículo 60 de la precitada Ley 129-2020, supra, establece lo

siguiente:

              La obligación del titular de un apartamento por su
       parte proporcional de los gastos comunes constituirá un
       gravamen sobre dicho apartamento. Por lo tanto, luego de
       la primera venta, el adquirente voluntario de un
       apartamento será solidariamente responsable con el
       transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a
       tenor con el Artículo 59, hasta el momento de la
       transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente
       a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades
       que hubiese pagado como deudor solidario. Un
       adquirente involuntario será responsable solamente de
       las deudas por gastos comunes surgidas y no
       satisfechas durante los seis (6) meses anteriores al
       momento de adquirir la propiedad excepto las partidas
       correspondientes a penalidades por atrasos o mora,
       derramas, intereses y sanciones atribuibles al titular,
       incluirá el balance corriente que se acumule desde la
       adquisición de dicho inmueble por parte del adquiriente
       involuntario.
       (Énfasis y subrayado nuestro). 31 LPRA sec. 1923e.9

   Al hacer la distinción entre un adquirente voluntario y uno

involuntario lo primordial yace en el interés por el cual se

adquiere la propiedad. Con. Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, supra.

La búsqueda de dicho interés “no radica, principalmente, en

el momento de la adquisición del crédito hipotecario o del

9 El Artículo 41 de la derogada Ley de Condominios de 2003, Ley Núm. 104 de 25

de junio de 1958, disponía lo siguiente:
       La obligación del titular de un apartamiento por su parte
       proporcional de los gastos comunes constituirá un gravamen sobre
       dicho apartamiento, una vez anotado en el Registro de la
       Propiedad. Por lo tanto, luego de la primera venta, el adquirente
       voluntario de un apartamiento será solidariamente responsable
       con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor
       con el Artículo 39, hasta el momento de la transmisión, sin
       perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro
       otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor
       solidario. Sin embargo, un adquirente involuntario será
       responsable solamente de las deudas por gastos comunes surgidas
       y no satisfechas durante los seis meses anteriores al momento de
       adquirir la propiedad. 31 LPRA sec. 1293e.
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inmueble, sino en la razón para adquirir o el interés

fundamental por el cual se convierte en titular”. Íd, citando a

Condominio First Federal v. LSREF2, supra. (Énfasis nuestro).

   “[A]un cuando la intención de una institución financiera es

proteger su garantía hipotecaria, se considera un adquirente

voluntario al acreedor hipotecario que, deliberadamente o

por un acto volitivo, se convierte en titular del inmueble

mediante dación en pago”. (Énfasis suplido). Íd. A su vez,

nuestro Máximo Foro ha resuelto que los créditos hipotecarios

contra cualquier titular que son preferentes “son aquellos cuyo

acreedor es el banco o institución financiera que facilitó la

adquisición de un apartamento en condominio y que, como regla

general, la deuda por cuotas de mantenimiento no existía al

momento de la constitución de la hipoteca que garantizó el

precio de compra”. (Énfasis nuestro). Íd, págs. 947-948.

                               III.

      Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos

presentados por ambas partes, acogemos la solicitud de la parte

aquí Peticionaria como una solicitud de relevo de sentencia al

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No

obstante, luego de una revisión del expediente del caso de

epígrafe, resolvemos que no se han producido las circunstancias

que exijan nuestra intervención. Al amparo de los criterios que

guían nuestra discreción no intervendremos en la determinación

recurrida. En ausencia de abuso de discreción, este foro no debe

intervenir con las determinaciones del foro primario. La parte

Peticionaria no ha demostrado que el foro de instancia se excedió

en el ejercicio de su discreción, ni que erró en la interpretación

del derecho. Tampoco constató que el abstenernos de interferir
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en   la   determinación    recurrida    constituiría   un   fracaso

irremediable de la justicia, ni que la sentencia emitida por el foro

primario ameritara nuestra intervención. Por tanto, procede que

se deniegue el recurso de certiorari de epígrafe.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición

del auto de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones