Court Opinion

ID: 9952412
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:50:18.771328+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:52.910604
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

    VIDES BAUTISTA                                    Certiorari procedente
    BURGOS Y OTROS                                    del Tribunal de
                                                      Primera Instancia,
         Recurridos                                   Sala de Bayamón

              v.                KLCE202301179 Civil Núm.:
                                              GB2019CV01056
 GC COMPANY CORP. Y                           consolidado con
       OTROS                                  GB2019CV01079

        Peticionarios                                 Sobre:
                                                      Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el
Juez Pérez Ocasio y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2024.

        Comparece la parte peticionaria de epígrafe y solicita nuestra

intervención para revocar la Resolución emitida el 3 de octubre de

2023, notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). En el referido dictamen,

luego    de   evaluar   una    solicitud    de   sentencia     sumaria     por

insuficiencia de la prueba, interpuesta por los comparecientes, así

como la oposición de la parte recurrida y una réplica, el TPI denegó

resolver el pleito por la vía sumaria, al entender que existían

controversias de hechos medulares.

        Anticipamos la expedición del auto de certiorari peticionado y

su revocación. Veamos el tracto procesal relevante.

                                      I.

        La parte recurrida, conformada por el señor Vides Bautista

Burgos (GB2019CV01056),2 así como por los esposos Aida Burgos

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó a la Hon. Grace M. Grana Martínez, por

virtud de la Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre de
2023.
2 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 17-19.

Número Identificador
SEN2024 ______________
KLCE202301179                                                    2

Nevárez y Julio Pérez Collado (GB2019CV01079),3 el 20 y 22 de

agosto de 2019, respectivamente, presentó sendas reclamaciones

civiles por un accidente de tránsito. Oportunamente, los pleitos

fueron consolidados.4 El señor Bautista Burgos instó, además,

Primera Demanda Enmendada5 contra el conductor del vehículo, el

señor Josué Guihurt Santiago, GC Company Corp., titular del

vehículo, y la aseguradora, Universal Insurance Company, y otros

demandados con nombres desconocidos.

       En esencia, la parte recurrida expuso que el que el 23 de

agosto de 2018 ocurrió un accidente en la intersección entre las

carreteras 199 y 169, jurisdicción de Guaynabo. En específico, el

señor Bautista Burgos cruzaba como peatón la carretera 199 en

dirección de Sur a Norte; mientras el señor Guihurt Santiago

transitaba en el vehículo Mercedes Benz por la carretera 199 en

dirección de Oeste a Este. Indicó que el conductor impactó al señor

Bautista Burgos. Como resultado del atropello, el recurrido sufrió

heridas de gravedad, fractura en la nariz y en el brazo derecho,

fisura en la pelvis, en el coxis, pubis y en las costillas. Además,

sufrió una fractura en el lado frontal de la cabeza, lo que provocó

una hemorragia interna y permaneció en estado de coma. La parte

recurrida alegó que la causa de los daños morales y pecuniarios se

debió exclusivamente a la negligencia de la parte peticionaria. A

tales efectos, le imputó responsabilidad solidaria y reclamó el

resarcimiento de los daños físicos, sufrimientos y angustias

mentales, el lucro cesante y la pérdida de ingresos, así como los

gastos médicos pasados, presentes y futuros.

3 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 175-177.

4 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 24-25; 26.

5 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 20-23.
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       La parte peticionaria presentó Contestación a Demanda el 6

de febrero de 2020.6 Aceptó la ocurrencia del accidente y añadió que

ocurrió entre las 9:30 y 10:00 de la noche. Además, indicó que el

señor Bautista Burgos vestía ropa oscura y cruzó la vía con luz roja.

Aseveró que, con la luz verde a su favor, tocó bocina, aplicó el freno

y giró a la izquierda para evadir al señor Bautista Burgos, pero aun

así impactó al recurrido con el foco frontal derecho del vehículo. Así,

pues, negó toda responsabilidad e imputó negligencia al recurrido,

la asunción de riesgo y no haber mitigado daños, entre otras

defensas afirmativas. Afirmó que el mero hecho de que acontezca un

accidente no da lugar a inferir la negligencia.

       El 1 de diciembre de 2021, los litigantes presentaron en

conjunto el Informe sobre conferencia con antelación al juicio.7 En el

documento estipularon varios hechos esenciales,8 el Informe de

6 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 32-36; véase, además, págs. 27-31 (16

de enero de 2020).
7 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 37-65.

8 Las estipulaciones de los hechos son:

    1. El día 23 de agosto de 2018 ocurrió un accidente en la Carretera 199
    intersección con la Carretera 169 jurisdicción de Guaynabo.
    2. El demandante el Sr. Vides Bautista Burgos cruzaba por la Carretera
    199 en dirección de Sur a Norte como peatón con la luz roja en su contra.
    3. El demandado Sr. José Guihurt Santiago transitaba en el vehículo
    Mercede[s] Benz del año 2016 tablilla IRX-470 por la carretera 199 en
    dirección de Oeste a Este, con la luz verde a su favor.
    4. El vehículo Mercede[s] Benz del año 2016 tablilla IRX-470 es propiedad
    del codemandado GC Company Corp.
    5. El codemandado Sr. Josué Guihurt Santiago impactó al demandante el
    Sr. Vides Bautista Burgos con la parte frontal del vehículo Mercede[s] Benz
    del año 2016 tablilla IRX-470.
    6. El Sr. Bautista Burgos sostuvo múltiples lesiones corporales.
    7. Al momento del accidente, Universal Insurance Company, tenía
    expedida una póliza de responsabilidad pública a favor de GC Company
    Coporation &/or Orlando Guihurt Díaz &/or Advance Sales, Inc. &/or
    Advance Source, Inc. sujeta a las cláusulas, condiciones, límites,
    exclusiones y restricciones de la misma.
    8. Para el día del accidente, 23 de agosto de 2018, el Sr. Josué Guihurt
    Santiago, conducía con su licencia de conducir vigente.
    9. El accidente objeto de esta demanda fue investigado por el Agente
    Jonathan D[í]az Sevilla, Placa #33534, quien preparó el Informe de
    Accidente #2018-7-199-4621
    10. La autenticidad de los récords médicos de la demandante. En cuanto
    a los records [sic] médicos, siempre y cuando sean copia certificada la
    parte codemandada no tiene reparos a su autenticidad y que el Tribunal
    le imparta el valor probatorio que entienda pertinente.
    11. La capacidad jurídica de las partes.
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Accidente #2018-7-199-4621 preparado por el agente Jonathan

Diaz Sevilla y la autenticidad de expedientes médicos certificados.

       Así las cosas, culminado el procedimiento de descubrimiento

de prueba, la parte peticionaria instó Moción solicitando sentencia

sumaria.9 Alegó que la causa de acción no procedía ante la ausencia

de responsabilidad de la parte peticionaria e insuficiencia de la

prueba de la parte recurrida. Planteó que los recurridos no contaban

con prueba pericial para reconstruir el accidente, el señor Bautista

Burgos no recordaba los hechos y la madre y el padrastro del

perjudicado no presenciaron el accidente. Indicó que la única

prueba es el Informe de Accidente, del cual aseveró que no se

desprendía conducta negligente por parte del señor Guihurt

Santiago. Añadió el hecho que el peticionario arrojó 0.00% en la

prueba del alcohol en la sangre; mientras que la muestra del señor

Bautista Burgos resultó en .18%. El recurrido, además, dio positivo

a benzodiazepina. Por consiguiente, el señor Guihurt Santiago adujo

que la alegación de negligencia se reducía a una “descarnada, vacía,

especulativa, carente de una base racional”,10 por lo que la

celebración de un juicio en su fondo resultaba en un ejercicio fútil.

       La parte recurrida incoó Moción en oposición a moción de

sentencia sumaria.11 En esencia, sostuvo que, aun aceptando el

volumen de alcohol en la sangre y la benzodiazepina, ello no eximía

9 Apéndice del recurso, págs. 66-78, con anejos a las págs. 79-91: (1) Informe de

accidente de tránsito; (2) Declaración jurada del señor Guihurt Santiago fechada
el 8 de agosto de 2019; (3) Contestación a primer interrogatorio del señor Bautista
Burgos; (4) Deposición al señor Bautista Burgos, pág. 8; (5) Deposición a la señora
Burgos Nevárez, págs. 11, 16-17 y 27; (6) Informe de análisis toxicológico del señor
Bautista Burgos que arroja .18 en prueba de alcohol; (7) Expediente médico del
señor Bautista Burgos, pág. 647 que muestra positivo a benzodiazepina; (8)
Deposición al señor Pérez Collado, pág. 31; (9) Requerimiento de admisiones de
los peticionarios y contestación de los recurridos.
10 Véase, de la parte peticionaria, pág. 76.

11 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 111-122, con anejos a las págs. 123-

135: (1) Informe de accidente de tránsito; (2) Declaración jurada del señor Guihurt
Santiago fechada el 8 de agosto de 2019; (3-6) Deposición al señor Guihurt
Santiago el 16 de noviembre de 2021, págs. 35-37, 53; (7) Contestación a primer
interrogatorio de los recurridos a los peticionarios; (8) Evaluación médica
independiente del señor Bautista Burgos fechada el 19 de abril de 2021.
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al señor Guihurt Santiago de su deber de responsabilidad como

conductor, quien tenía la obligación de ejercer un alto grado de

cuidado, aun cuando haya tenido el derecho al paso y el peatón

estuviere haciendo uso incorrecto o ilegal de la vía pública. Apuntó

que ese deber de cuidado era más importante cuando el conductor

se aproximaba a una intersección. Acerca de la falta de recuerdo de

los hechos del señor Bautista Burgos y la ausencia de conocimiento

personal de los otros recurridos, la parte recurrida se limitó a

plantear     si,   entonces,      el    conductor    estaría    eximido     de

responsabilidad en caso de que el peatón hubiera fallecido. A tales

efectos, requirió que la determinación de negligencia la tomara el TPI

en un juicio en su fondo. Asimismo, enfatizó las presuntas

discrepancias entre el Informe de Accidente realizado por el agente

Díaz Sevilla12 y las expresiones que el señor Guihurt Santiago vertió

un año después de los hechos en la declaración jurada de 8 de

agosto de 2019.13 A modo de ejemplo, la parte recurrida mencionó

que en el Informe de Accidente se indicó que el peatón se encontraba

en medio de la vía de rodaje y en la declaración el peticionario afirmó

que el peatón comenzaba a cruzar la calle. Advirtió que el documento

oficial tampoco recogía las maniobras de freno, bocina y giro a la

izquierda que, en la declaración jurada, el señor Guihurt Santiago

aseguró haber realizado para evadir al señor Bautista Burgos.

Enunció que el Informe de Accidente no consignaba la observación

de marcas de freno en el pavimento.14 Tampoco se desprende del

documento de la Policía el alegado hecho de que el señor Bautista

Burgos corrió en dirección al vehículo cuando el peticionario tocó la

bocina. En fin, la parte recurrida cuestionó que, a un año de los

hechos, el peticionario recordara detalles que no se plasmaron en el

12 Apéndice de la parte peticionaria, pág. 125.

13 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 92-93.

14 Cabe mencionar que el Informe de Accidente indica que personal especializado

tomó medidas y fotografías en la escena.
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Informe aludido. Apuntaló que el señor Guihurt Santiago, el 17 de

diciembre de 2020, al contestar el interrogatorio, aseveró que había

explicado “todo lo sucedido” al agente Díaz Sevilla.15 No obstante, la

parte recurrida señaló que en la deposición tomada el 16 de

noviembre      de 2021, el peticionario testimonió: “Pero sinceramente

no recuerdo, yo nada más recuerdo haberle relatado lo que pasó por

encima a la policía, pero darle un, una, una descripción detallada

de lo que pasó, como lo que está, como la declaración jurada, yo no

recuerdo haber hablado con nadie sobre eso”.16 Consiguientemente,

la parte recurrida sostuvo que el mecanismo de sentencia sumaria

no era apropiado para resolver las controversias del caso sobre la

negligencia del señor Guihurt Santiago y su credibilidad.

       La parte peticionaria replicó,17 a los fines de establecer que los

recurridos incumplieron las formalidades del mecanismo de

sentencia sumaria al no controvertir los hechos enumerados por el

promovente. Solicitó al TPI que descartara de plano la Oposición.

Insistió en que la parte recurrida no contaba con prueba suficiente

para satisfacer el peso de la evidencia que le correspondía

demostrar, a base de la preponderancia de la prueba.

       El 4 de octubre de 2023, el TPI notificó la Resolución

recurrida.18 En observancia con la Regla 36 de Procedimiento Civil,

infra, desglosó los hechos probados, a los que hemos impartido

énfasis:

       1. El 23 de agosto de 2018 ocurrió un accidente en la
       carretera #199 en la intersección con la carretera #169,
       en el municipio de Guaynabo.

       2. El codemandante, Vides Bautista Burgos, cruzaba
       por la carretera #199, en dirección de Sur a Norte como
       peatón con la luz roja en su contra.

       3. El codemandado, Josué Guihurt Santiago, transitaba
       en el vehículo Mercedes Benz del año 2016, tablilla IRX-

15 Apéndice de la parte peticionaria, pág. 145, acápite 11.

16 Apéndice de la parte peticionaria, pág. 142 líneas 5-9.

17 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 166-174.

18 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1-15; 16.
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    470, por la Carretera 199, en dirección de Oeste a Este,
    con la luz verde a su favor.

    4. El vehículo Mercedes Benz del año 2016, tablilla IRX-
    470, es propiedad de la parte codemandada, GC
    Company Corp.

    5. Según el Informe de la Policía, el codemandado,
    Josué Guihurt Santiago, no pudo evadir al
    codemandante y lo impactó con la parte frontal del
    vehículo Mercedes Benz del año 2016 tablilla IRX-
    470.13 6.

    6. Para el día del accidente, 23 de agosto de 2018, el
    codemandado, Josué Guihurt Santiago, conducía con
    su licencia de conducir vigente.

    7. El accidente objeto de esta demanda fue investigado
    por el agente Jonathan Díaz Sevilla, con número de
    placa 33536, quien preparó el Informe de Accidente
    número 2018-7-199-4621.

    8. Según el Informe de la Policía, se le realizó una
    prueba de alcohol por aliento al codemandado, Josué
    Guihurt Santiago, y esta mostró que el codemandado
    tenía un 0.00% de alcohol en su organismo.

    9. En la Declaración Jurada hecha ante el fiscal Fleming
    Castillo Alfaro, el 8 de agosto de 2019, el codemandado,
    Josué Guihurt Santiago, indicó lo siguiente:

       …Cuando veo al peatón, éste iba por el primer carril
       a mi derecha y le toco bocina al peatón, apliqué el
       freno y giré hacia la izquierda, hacia el lado
       contrario de donde venía el peatón, pero como
       había un vehículo detenido en el SOLO, no me
       pude echar más a mi izquierda. El peatón, después
       que escucha la bocina, lo que hizo fue que comenzó
       a correr hacia el carril donde yo estaba virando, en
       vez de detenerse o correr hacia donde él venía, hacia
       atrás…

    10. Como resultado del accidente, el codemandante
    resultó con heridas de gravedad.

    11. Según el informe de la policía, el codemandante fue
    atendido en el lugar por Manejo de Emergencias y
    Rescate del Municipio de Guaynabo y luego fue
    transportado al Centro Médico de Puerto Rico.

    12. El 24 de agosto de 2018, a la 1:10 am, se le realizó
    una prueba de sangre al codemandante, Vides Bautista
    Burgos, para detectar alcohol en su organismo y la
    misma arrojó 0.18% por volumen de sangre.

    13. Del récord médico de la Administración de Servicios
    Médicos surge que el codemandante, Vides Bautista
    Burgos, arrojó positivo a benzodia[z]epine[s] el día
    del accidente.
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      14. El 19 de abril de 2021, el Dr. Carlos Grovas Badrena
      realizó una Evaluación Médica Independiente en donde
      determinó que el codemandante tiene un impedimento
      de 48% de sus funciones fisiológicas generales.

      15. El codemandante, Vides Bautista Burgos, no
      recuerda cómo ocurrió el accidente.

      16. Los codemandados, Aida Burgos y Julio Pérez no
      estuvieron presentes al momento del accidente.

      El TPI halló cuatro controversias que justipreció impedían

dictar sumariamente la sentencia; a saber:

      1. La negligencia y/o culpa de la parte codemandante.

      2. La negligencia y/o culpa del codemandado, Josué
      Guihurt Santiago.

      3. La valorización de los daños alegados.

      4. La distribución de responsabilidad en cuanto a los
      daños alegados.

      Al tenor de lo anterior, ordenó la continuación de los

procedimientos. Ante su inconformidad, la parte peticionaria

presentó oportunamente el auto de certiorari del epígrafe y señaló la

comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR˸ ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
      INSTANCIA AL DETERMINAR QUE EXISTEN HECHOS EN
      CONTROVERSIA QUE LE IMPIDEN DICTAR SENTENCIA
      SUMARIA POR INSUFICIENCIA DE PRUEBA PARA PROBAR
      LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE ACCIÓN
      DE DAÑOS.

      SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DETERMINAR QUE “EN EL PRESENTE CASO
      NO SE HA PRESENTADO EVIDENCIA SUFICIENTE PARA
      DETERMINAR QUE EL SR. JOSUÉ GUIHURT SANTIAGO
      HAYA CUMPLIDO CON EL DEBIDO CUIDADO IMPUESTO
      POR LEY PARA SER RELEVADO DE FORMA ABSOLUTA DE
      RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS ALEGADOS”. CON
      ESTO, EL TRIBUNAL IGNORÓ QUE ES A LA PARTE
      DEMANDANTE A QUIEN LE CORRESPONDE PROBAR LA
      NEGLIGENCIA ALEGADA.

      TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA OPOSICIÓN
      PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE LA CUAL
      INCUMPLE CRASAMENTE CON LOS REQUISITOS DE LA
      REGLA 36.3(B) DE PROCEDIMIENTO CIVIL REFERENTES A
      LOS REQUISITOS DE FORMA PARA IMPUGNAR LOS
      HECHOS     MATERIALES    QUE    NO     ESTÁN   EN
      CONTROVERSIA      SEGÚN   FORMULADOS      POR   EL
      PROPONENTE DE LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA Y
      LO RESUELTO EN SLG ZAPATA-RIVERA V. J.F. MONTALVO,
      189 DPR 414 (2013).
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      La parte recurrida compareció el 21 de noviembre de 2023.

Con el beneficio de ambas posturas, podemos resolver.

                                  II.

El auto de certiorari

      El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones judiciales

de un foro inferior y corregir algún error cometido por éste. 800

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al., v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, 334 (2005). A diferencia de la apelación, el foro revisor tiene la

facultad para expedir o denegar el recurso de certiorari de manera

discrecional. García v. Padró, supra. El Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha definido discreción como el “poder para decidir en una u otra

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.

Id., que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

Por ende, la discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera…”

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964), citado con

aprobación en García v. Padró, supra, págs. 334-335.

      No obstante, el ejercicio de la discreción no equivale a hacer

abstracción del resto del Derecho, ya que ese proceder constituiría,

en sí mismo, un abuso de discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154

DPR 79, 91 (2001). Por lo tanto, el examen al auto discrecional que

realizamos antes de decidir el curso a seguir no se da en el vacío ni

en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra,

pág. 176. Ello así, porque “el adecuado ejercicio de la discreción

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad”. García v. Padró, supra, pág. 335; Pueblo v. Ortega

Santiago, supra.

      Es sabido que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las cuales este foro
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intermedio tiene autoridad para atender los recursos de certiorari.

En su parte pertinente, la norma dispone como sigue:

      .      .    .      .     .     .     .      .
      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis nuestro).
      .      .      .     .     .      .     .    .

      La regla procesal fija taxativamente los asuntos aptos para la

revisión interlocutoria mediante el recurso de certiorari, así como

aquellas    materias   que,   por   excepción,   ameritan    nuestra

intervención adelantada, ya fuese por su naturaleza o por el efecto

producido a las partes. 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175.

      Además del examen objetivo antes descrito, para ejercer sabia

y prudentemente nuestra facultad discrecional al determinar si

expedimos o denegamos un recurso de certiorari, nos guiamos por

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Criterios

para la expedición del auto de certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Así reza:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
KLCE202301179                                                           11

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
      el caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final
      del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).

      Claro está, es norma asentada que este tribunal intermedio

no interviene con las determinaciones emitidas por el foro primario

ni sustituye su criterio discrecional, “salvo que se pruebe que dicho

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el

ejercicio de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. (Cursivas

en el original). Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018),

que cita con aprobación a Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112,

121 (2006); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155

(2000); Meléndez Vega v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

Véase, además, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771

(2013).

La sentencia sumaria

      La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36,

gobierna el mecanismo de la sentencia dictada sumariamente. Esta

herramienta procesal sirve al propósito de aligerar la conclusión de

los pleitos, sin la celebración de un juicio en sus méritos, siempre y

cuando no exista una legítima controversia de hechos medulares, de

modo que lo restante sea aplicar el derecho. Véase, Jusino et als. v.

Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); Roldán Flores v. M. Cuebas et

al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez González et al. v. M. Cuebas,
KLCE202301179                                                        12

193 DPR 100, 109 (2015). Así se propende a la solución justa, rápida

y económica de los litigios de naturaleza civil en los cuales no exista

una controversia genuina de hechos materiales. Pérez Vargas v.

Office Depot, 203 DPR 687, 699 (2021). En este sentido, un hecho

material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Por ello, “[l]a controversia debe

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que

un juez la dirima a través de un juicio plenario”. (Énfasis

nuestro). Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

      La Regla 36.2 del mismo ordenamiento procesal, establece

que la parte contra la cual se haya formulado una reclamación podrá

presentar “una moción fundada en declaraciones juradas o en

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o

cualquier parte de la reclamación”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. Por su

lado, conforme la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, en su

contestación, la parte promovida “no podrá descansar solamente

en   las   aseveraciones    o   negaciones     contenidas     en   sus

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan

detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente.

De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si

procede”. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). Asimismo,

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, establece unos

requisitos de forma a ser cumplidos por la parte promovente y la

parte promovida. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Véase, Pérez Vargas v.

Office Depot, supra, pág. 698. Por consiguiente, el incumplimiento

del promovente de estas formalidades acarrea que el tribunal no esté

obligado a considerar su pedimento. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, pág. 111. En caso de que el promovido sea quien
KLCE202301179                                                        13

incumple dichos requisitos “el tribunal puede dictar Sentencia

Sumaria a favor de la parte promovente, si procede en derecho”.

(Énfasis nuestro). Id.

       En los casos en que se alegue insuficiencia de la prueba,

luego de celebrado un descubrimiento de prueba amplio y

adecuado, el promovente debe establecer que: “(1) el juicio en su

fondo es innecesario; (2) el demandante no cuenta con evidencia

suficiente para probar algún hecho esencial a su reclamación, y (3)

como cuestión de derecho, procede la desestimación de la

reclamación”. (Énfasis nuestro). Rodríguez Méndez et al. v. Laser

Eye, 195 DPR 769, 786 (2016); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR

200, 217-218 (2010). El juzgador de los hechos y el derecho es “el

único examinador que dirime si una parte cumple con su carga

probatoria para establecer la causa de acción que invoca”. Rodríguez

Méndez et al. v. Laser Eye, supra, págs. 786-787. Una vez el

promovido presenta una oposición a la solicitud de sentencia

sumaria debidamente fundamentada, se podrá disponer del pleito

si queda demostrado que la prueba descubierta no satisface los

elementos necesarios para establecer su causa de acción. Id.

“[N]o puede evadir la moción del promovente por el mero pretexto de

que, a pesar de no contar con evidencia suficiente para probar un

elemento indispensable para su reclamación, merece su ‘día en

corte’ ”. Id.

       Claro está, la sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos

claros. Por tanto, cuando no existe una certeza prístina sobre todos

los hechos materiales que motivaron el pleito, no procede que se

dicte sentencia sumaria. Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág.

699 y los casos allí citados. Por ser éste un remedio de carácter

discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su

uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un

litigante de ‘su día en corte’, principio elemental del debido proceso
KLCE202301179                                                       14

de ley”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611

(2000). Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia

sumaria “cuando surge de manera clara que, ante los hechos

materiales no controvertidos, el promovido no puede prevalecer

ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de

todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia”.

(Énfasis nuestro). Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra,

págs. 109-110, que cita a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR

113 (2012). De haber alguna duda acerca de la existencia de una

controversia sobre los hechos medulares y sustanciales del caso

deberá resolverse contra la parte que solicita la moción, haciendo

necesaria la celebración de un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg.,

Inc. et al., supra, pág. 133.

      En cuanto a la revisión de un dictamen sumario o la

denegación de la resolución abreviada, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al

revisar la determinación del tribunal primario, estamos limitados de

dos maneras: (1) sólo podemos considerar los documentos que se

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo podemos

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

materiales y esenciales, así como si el derecho se aplicó de forma

correcta. Esto es, no estamos compelidos a adjudicar los hechos

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs.

334-335. El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es

una tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al

foro intermedio.

      A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció

el estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo
KLCE202301179                                                      15

pertinente, dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es

una de novo y debe examinar el expediente de la manera más

favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia

Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias

permisibles a su favor”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, pág. 118. Además, reiteró que por estar en la misma posición

que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción de

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los

requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento

Civil. Id. Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión del

expediente, de encontrar que en realidad existen hechos materiales

y esenciales en controversia, debemos tener en cuenta el

cumplimiento de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y exponer

concretamente cuáles hechos materiales están controvertidos y

cuáles están incontrovertidos. Por el contrario, de resultar que los

hechos materiales y esenciales realmente están incontrovertidos,

entonces nos corresponde revisar de novo si el foro impugnado

aplicó correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Id.,

pág. 119. Al dictar una sentencia sumaria, este tribunal deberá

realizar un análisis dual que consiste en: (1) analizar los

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los

que se incluyen con la moción en oposición, así como aquellos que

obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si el oponente

de la moción controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o

refutadas en forma alguna por los documentos. Vera v. Dr. Bravo,

supra, pág. 333. Una vez realizado este análisis el tribunal no

dictará sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la

demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real
KLCE202301179                                                               16

sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de

derecho no procede. Id., págs. 333-334.

La responsabilidad civil extracontractual

       El hoy derogado, pero vigente a los hechos, Artículo 1802 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141,19 disponía que todo

aquél que por acción u omisión cause un daño a otro vendrá

obligado a repararlo, si ha mediado culpa o negligencia. Para que

proceda     una    causa     de    acción     de   responsabilidad       civil

extracontractual, es necesaria la concurrencia de un daño real, el

acto u omisión tiene que ser culposo o negligente y debe existir

un nexo causal entre el daño y la acción u omisión. Nieves Díaz

v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); López v. Porrata

Doria, 169 DPR 135, 150 (2004). La relación causal entre el acto

negligente y los daños producidos debe ser suficiente en Derecho.

López Delgado v. Cañizares, 163 DPR 119 (2004). La teoría de la

causalidad adecuada postula que no es causa adecuada toda

condición sin la cual no se hubiese producido el resultado, sino

aquella que ordinariamente lo produce según la experiencia general.

Es decir, la causa es la condición que ordinariamente produce el

daño, según la experiencia general. López v. Porrata Doria, supra,

págs. 151-152.

                                     III.

       En la presente causa, la parte peticionaria plantea que el TPI

erró al no resolver el pleito a su favor por la vía de apremio, a base

de la insuficiencia de la prueba. Aduce también que la parte

recurrida incumplió crasamente con los requisitos formales que

exige la Regla 36, supra. Por su parte, la parte recurrida sostiene

que corresponde al TPI la adjudicación de la alegada negligencia del

19 Véase, Artículo 1815 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11720, el cual
dispone, en parte, que “[l]a responsabilidad extracontractual, tanto en su
extensión como su naturaleza, se determina por la ley vigente en el momento en
que ocurrió el acto u omisión que da lugar a dicha responsabilidad. […]”.
KLCE202301179                                                         17

conductor en una vista en su fondo, y no por la vía sumaria. Aduce,

en particular, que las declaraciones previas del señor Guihurt

Santiago pueden ser utilizadas como mecanismos de impugnación

en el juicio en sus méritos. En esencia, contrasta la información

vertida por el señor Guihurt Santiago en el Informe de Accidente el

día de los hechos vis a vis la declaración jurada prestada un año

después ante el Ministerio Público. Discutiremos en conjunto los

errores señalados.

      Como cuestión de umbral, nos compete revisar de novo la

petición de sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba y su

oposición. Al evaluar las formalidades que establece la Regla 36 de

Procedimiento Civil, estimamos que la parte peticionaria cumplió

cabalmente    con     la   exposición     de   hechos    esenciales   e

incontrovertidos,    correctamente      enumerados.     Además,   anejó

documentos en apoyo a las aseveraciones que propuso como

incontrovertibles; a saber: las estipulaciones de las partes, la

declaración jurada del señor Guihurt Santiago y fragmentos de las

deposiciones tomadas a la parte recurrida. Por igual, la parte

peticionaria expuso la insuficiencia de la prueba para demostrar la

negligencia imputada, por lo que sostiene que se justifica el

dictamen sumario desestimatorio.

      En cuanto a la parte recurrida, observamos un evidente

incumplimiento de las normas procesales. Ello así, porque no

rebatió los hechos incontrovertidos propuestos, según esbozados

por la parte peticionaria, ni incluyó evidencia capaz de refutar la

prueba ofrecida por el promovente del dictamen sumario. La parte

recurrida se limitó a plantear las presuntas contradicciones del

señor Guihurt Santiago. Opinamos que, ante la falta de prueba y el

incumplimiento       con   las   formalidades     reglamentarias      y

jurisprudenciales de los recurridos, el TPI no debió considerar su

escrito y conceder el remedio solicitado por los peticionarios.
KLCE202301179                                                                      18

       Como se conoce, la parte promovida por una sentencia

sumaria sustentada con evidencia documental y al palio de la

insuficiencia de la         prueba      no puede descansar en                meras

alegaciones, sino que debe responder de forma detallada y

específica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432

(2013). De lo contrario, se expone a que, en observancia con la Regla

36.3 (c), supra, “se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se

resuelva en su contra” como cuestión de Derecho. Ramos Pérez v.

Univisión, supra, pág. 215. En estas instancias, sólo procede

continuar con el pleito si existe una controversia medular y legítima

sobre un hecho material. Éste no es el caso ante nos.

       Según reseñamos, el TPI consignó de manera escueta ciertas

controversias del pleito que impedían su dictamen abreviado. Indicó

que debía determinar la negligencia del señor Bautista Burgos y la

del señor Guihurt Santiago, la distribución de responsabilidad entre

éstos y la valorización de los daños. No obstante, la cuestión a

resolver se suscribe a, si después de celebrado un procedimiento de

descubrimiento de prueba adecuado y de presentarse el Informe

sobre conferencia con antelación al juicio, debidamente aprobado por

el TPI,20 el señor Bautista Burgos, sobre quien descansa el peso de

la prueba, anunció o no evidencia preponderante y suficiente en

Derecho para demostrar todos los elementos de su causa de acción

al palio del anterior Artículo 1802 del Código Civil. Respondemos en

la negativa.

       Ciertamente, el señor Bautista Burgos sufrió serios daños

provocados por un accidente de tránsito, en que el señor Guihurt

Santiago era el conductor del vehículo. Del expediente surge la

propuesta de presentación de prueba testifical y pericial para

20 El Informe sobre conferencia con antelación al juicio fue aprobado por el TPI el 8

de diciembre de 2021. Véase, expediente electrónico en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos, entrada 88.
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evidenciar dichos daños.21 Ahora, el daño aducido está divorciado

del resto de los elementos que deben demostrarse en una causa de

acción    por    responsabilidad        civil   extracontractual:    culpa   o

negligencia y nexo causal. Estos elementos deben concurrir para

poder prevalecer en un pleito de daños y perjuicios. Somos del

criterio que, en este caso, no existe evidencia para demostrar por

preponderancia de la prueba ni la imputada negligencia del señor

Guihurt Santiago y, mucho menos, un nexo causal. Veamos.

       El señor Bautista Burgos, quien estaba bajo la influencia del

alcohol y benzodiazepina,22 no recuerda los hechos del incidente

desgraciado.23 Los otros testigos, la señora Burgos Nevárez y el

señor Pérez Collado, no tienen propio y personal conocimiento de los

hechos, toda vez que no se encontraban en la escena del accidente.24

Asimismo, del Informe de Accidente, fechado el 23 de agosto de

2018, no surge indicio alguno de negligencia por parte del señor

Guihurt Santiago. Ni siquiera se sugiere que el peticionario conducía

a una velocidad exagerada, pues como el propio recurrido reconoce,

en el documento no se consigna el hecho de marcas de freno en el

pavimento resultantes de velocidad excesiva. Citamos el referido

Informe de Accidente:

       Surge de la investigación realizada que mientras el
       conductor del vehículo de motor #1 transitaba de Oeste
       a Este por el carril central en la carretera 199
       jurisdicción del pueblo de Guaynabo, [é]ste al llegar a
       la intersección con la carretera 169 con luz verde a
       su favor intenta eludir a un peatón el cual se
       encontraba en el medio de la vía de rodaje con luz
       roja en su contra, [é]ste no pudo eludirlo y lo
       impacta con la parte frontal derecha de su vehículo al
       peatón el cual se encontraba cruzando la intersección
       de Sur a Norte. […] [E]l agente Gara[y] #248 Municipal
       de Guaynabo le realizó la prueba de alcohol por
       aliento al conductor del vehículo #1 arrojando

21 Véase, Apéndice de la parte peticionaria, págs. 59-60; 147-165.

22 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 102-103.

23 Apéndice de la parte peticionaria, pág. 97 líneas 14-23.

24 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 98 líneas 11-15; 99 líneas 2-5; 104
líneas 9-12.
KLCE202301179                                                         20

       .000% de alcohol en su organismo. […]25 (Énfasis
       nuestro).

       Según expusimos, el 8 de agosto de 2019, el señor Guihurt

Santiago prestó una declaración jurada en la que afirmó lo siguiente:

       El 23 de agosto de 2018, entre 9:45 a 10:00 de la
       noche[,] salía de mi residencia e iba transitando por la
       Avenida Las Cumbre, en dirección hacia Cupey en mi
       guagua, Mercedes Benz GLE 350, color blanca, tablilla
       TRX-470, año 2016. Al llegar a la Carretera 199,
       intersección Calle Carazo donde hay cuatro carriles
       incluyendo el carril del SOLO yo iba transitando por
       el segundo carril de derecha a izquierda, en
       dirección a Cupey. En dicha intersección yo tenía la
       luz del semáforo a mi favor, verde. No había mucha
       iluminación en la calle y no estaba mojada la carretera,
       En ese momento, cuando me voy acercando al cruce,
       veo a un peatón con ropa oscura, que comienza a
       cruzar la calle de derecha a izquierda. Cuando veo al
       peatón, éste iba por el primer carril a mi derecha y
       le toco bocina al peatón, apliqué el freno y giré hacia
       la izquierda, hacia el lado contrario de donde venía el
       peatón, pero como había un vehículo detenido en el
       SOLO, no me pude echar más a mi izquierda. El
       peatón, después que escucha la bocina, lo que hizo
       fue que comenzó a correr hacia el carril donde yo
       estaba virando, en vez [de] detenerse o correr hacia
       donde él venía, hacia atrás. Veo que el peatón corrió
       hacia mi guagua y lo impacto con la parte del foco
       frontal derecho, […]. Todo sucedió en cuestión de
       segundos, 3,4 a 5 segundos.

       […] El agente Jonathan Díaz, placa 33536 de Patrullas
       de Carreteras Bayamón[,] me tomó los datos y le
       expliqué todo lo sucedido. El agente Díaz me explica
       que me tienen que llevar al cuartel para hacerme la
       prueba de alcohol y le indiqué que estaba bien, que no
       había consumido bebidas alcohólicas. Durante el
       tiempo que yo estuve hablando con la policía, se acerca
       el conductor del vehículo que estaba detenido en el
       SOLO y le dice a la policía que él lo vio todo, que yo traté
       de esquivarlo y pensó que yo lo iba a impactar su
       vehículo. La policía me esposó para llevarme al cuartel,
       indicándome que era parte del protocolo. Me llevaron
       al cuartel de Guaynabo donde me hicieron la prueba
       de alcohol la cual dio 0.00 por ciento de alcohol en
       mí. Luego la policía me lleva de regreso al lugar del
       accidente, donde me presentan al fiscal Fleming Castillo
       [Alfaro], el cual me indica que había entrevistado al
       testigo. […]26 (Énfasis nuestro).

       La postura del señor Bautista Burgos es que la controversia

del caso es si “puede probar” su causa. Asevera que impugnaría el

25 Apéndice de la parte peticionaria, pág. 81.

26 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 92-93.
KLCE202301179                                                                     21

testimonio del señor Guihurt Santiago a base de sus previas

declaraciones,      así   como      de   las     expresiones     realizadas     en

deposiciones e interrogatorios. Insiste en que éste incurrió en

inconsistencias porque en un interrogatorio aseveró que “explicó

todo lo sucedido” al agente Díaz Sevilla,27 aun cuando en el Informe

de Accidente no se consignan los detalles incluidos en la declaración

jurada. No nos persuade.

       El señor Guihurt Santiago declaró al ser depuesto el 16 de

noviembre de 202128 que la narración de los eventos al policía fue

“por encima”,29 “más o menos”;30 y acotó:

       Pero de narrarle, mira, exactamente lo que pasó, pues
       no recuerdo eso. No recuerdo.
       .      .     .     .     .      .       .  .
       El oficial, como digo, los detalles de cómo pasó el
       accidente nunca los dije durante esa noche, que yo
       recuerde eso. Al único que le pude haber dicho fue al
       fiscal. Que yo recuerde, fue al fiscal.
       .      .     .     .     .      .       .  .
       Pero sinceramente no recuerdo, yo nada más recuerdo
       haberle relatado lo que pasó por encima a la policía,
       pero darle un, una, una descripción detallada de lo
       que pasó, como lo que está, como la declaración jurada,
       yo no recuerdo haber hablado con nadie sobre eso.31
       (Énfasis nuestro).

       El día de los hechos también conversó sobre lo acontecido con

el fiscal Castillo Alfaro “por encima”.32 Por tanto, es razonable colegir

que, si no hay detalles en el Informe de Accidente se debe a que, a

diferencia de la declaración jurada, el peticionario no los ofreció. De

igual modo, en la deposición prestada como parte del procedimiento

de descubrimiento de prueba, el señor Guihurt Santiago reiteró los

detalles declarados al fiscal Castillo Alfaro bajo juramento; a saber:

que todo ocurrió muy rápido, que tenía la luz verde a su favor; que

frenó, giró a la izquierda, pero que el señor Bautista Burgos corrió

27 Apéndice de la parte peticionaria, pág. 21.

28 Apéndice de la parte recurrida, págs. 4-62.

29 Apéndice de la parte recurrida, pág. 39 línea 5.

30 Apéndice de la parte recurrida, pág. 39 líneas 8-9.

31 Apéndice de la parte recurrida, págs. 39 líneas 9-10; 40 líneas 4-7; 56 líneas 3-

9.
32 Apéndice de la parte recurrida, pág. 40 líneas 10-15.
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hacia ese lado;33 que tocó la bocina y no lo pudo esquivar.34 Al tenor,

concluimos que no existen las alegadas inconsistencias, por lo que

la parte recurrida sólo cuenta con prueba para demostrar los daños

sufridos por el accidente, no así la negligencia que alega incurrió el

señor Guihurt Santiago ni la causa adecuada. Huelga mencionar

que el señor Bautista Burgos tampoco anunció evidencia pericial

para la reconstrucción del accidente, de manera que el TPI pueda

justipreciar si, en efecto, el señor Guihurt Santiago incurrió en la

negligencia imputada. Recuérdese que, de conformidad con nuestro

ordenamiento probatorio, corresponde a la parte demandante la

carga de probar la negligencia y no basta con alegarla. Regla 110

(A)-(B) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Es decir, en un

caso de daños y perjuicios, en el que se alegue haber sufrido daños

como consecuencia de la negligencia de una persona, el peso de la

prueba respecto a dicha negligencia le corresponde a la parte actora.

Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001) y los casos

allí citados. Ello así, porque “[e]n materia de responsabilidad civil

extracontractual, el        hecho     productor          del   daño   nunca     se

presume”. (Énfasis nuestro). Id.

       Luego del examen ponderado del expediente, concluimos sin

ambages que concurren todos los elementos para la procedencia de

una sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba. Reiteramos

que el señor Bautista Burgos no cuenta con evidencia suficiente

para probar la alegada negligencia del señor Guihurt Santiago y

mucho menos se puede determinar el porcentaje de alguna

contribución al daño sufrido, por lo que la celebración de un juicio

es   innecesaria;     y,   como     cuestión      de     derecho,     procede   la

desestimación de la reclamación. Al respecto, nuestro más alto foro

33 Apéndice de la parte recurrida, págs. 51 líneas 9-15; 52 líneas 18-22; 53 líneas

1-2 y 20-23.
34 Apéndice de la parte recurrida, pág. 54 líneas 3-9.
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ha expresado que “[e]s impermisible, de acuerdo con nuestro

esquema procesal civil, que al analizar una moción de sentencia

sumaria por insuficiencia de la prueba los tribunales aseveren

lacónicamente que es inevitable verter la prueba en un juicio

plenario cuando a todas luces la parte demandante no pudo

establecer, como mínimo, los elementos de su causa de acción. Ir a

juicio en esas circunstancias sería un ejercicio fútil”.   Rodríguez

Méndez et al. v. Laser Eye, supra, págs. 790-791.

      En suma, en este caso, luego de que las partes condujeran un

adecuado procedimiento de descubrimiento de prueba, el TPI

aprobara el Informe sobre conferencia con antelación al juicio, así

como ante la clara ausencia de evidencia y el incumplimiento de la

parte recurrida con el ordenamiento procesal que gobierna el

mecanismo de sentencia sumaria, apreciamos que el TPI incidió al

no declarar con lugar la petición sumaria por insuficiencia de la

prueba presentada por la parte peticionaria. Consiguientemente,

acogemos las determinaciones de hechos enunciadas por el TPI en

el dictamen impugnado y decretamos la desestimación con perjuicio

de la reclamación de la parte recurrida.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la Resolución impugnada. En consecuencia,

se desestiman, con perjuicio, las causas de acción de los casos

GB2019CV01056 y GB2019CV01079.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones