Court Opinion

ID: 9394848
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:15:28.233886+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.010048
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL I

                                                            Certiorari
                                                            procedente del
                                                            Tribunal de Primera
        DAVID FIGUEROA                                      Instancia, Sala de
                                                            Carolina
    Demandante - Recurrido             KLCE202300397
                                                            Caso núm.:
                   v.                                       CA2022CV02272
                                                            (403)
          MUNICIPIO DE
           GUAYNABO                            Sobre: Ley de
                                               Transparencia y
 Demandado - Peticionario                      Procedimiento
                                               Expedito para
                                               Acceso a la
                                               Información Pública
                                               (Ley núm. 141-
                                               2019)
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

          En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

          El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud

de relevo de sentencia instada por un municipio objeto de un

recurso especial sobre acceso a información. Según se explica en

detalle a continuación, concluimos que erró el TPI, pues tanto el

recurso, como la propia sentencia, fueron erróneamente notificados

por el TPI.

                                           I.

          El 20 de mayo de 2022, el Sr. David Figueroa Betancourt (el

“Demandante”) notificó una solicitud de información (la “Petición”)

al municipio de Guaynabo (el “Municipio”), por correo electrónico,

que lee como sigue:

                 Por medio del presente, el Sr. David Figueroa
                 remite, en documento adjunto, solicitud de
                 información al amparo de la Ley Núm. 141-2019
                 y la Carta Circular Núm. 2020-01 del
                 Departamento de Justicia de Puerto Rico.1

1   Véase Petición de Certiorari, Apéndice III-A, pág. 6.

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202300397                                                                     2

        El   correo    electrónico     se    dirigió   a   tres   destinatarios:

lbaez@guaynabocity.gov.pr,2               jtorrenf@guaynabocity.gov.pr            y

jtorrent@guaynabocity.gov.pr.3 El correo electrónico incluyó como

documento adjunto la Petición, la cual fue enviada a: Municipio de

Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, Alcalde, Municipio Autónomo de

Guaynabo, C. José De Diego, Guaynabo, PR 00970, P.O Box 7885

Guaynabo, P.R. 000970-7885; a una Ayudante Especial, Laura

Báez: lbaez@guaynabocity.gov.co; y al Director Interino de Asuntos

Legales, Jaime Torrenf: jtorrenf@guaynabocity.gov.com.4

        El 17 de junio de 2022, el Municipio contestó que objetaba la

Petición por considerarla excesivamente amplia y contraria al

propósito de la Ley 141-2019.5

        El 15 de julio de 2022, el Demandante presentó la acción de

referencia, denominada Recurso Especial de Revisión Judicial para

el Acceso a Información Pública (el “Recurso”), ello bajo la Ley 141-

2019 (“Ley 141”), conocida como la Ley de Transparencia y

Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

        En el Recurso, el Demandante aseveró que la Petición se

había         enviado           por         correo         electrónico           a:

lbaez@guaynabocity.gov.pr             y     jtorrens@guaynabocity.gov.pr.6

Se alegó que el Municipio no brindó acceso a la información

solicitada dentro del término dispuesto por ley.7

        Ese mismo día, el TPI expidió una Notificación sobre Recurso

Especial de Revisión Judicial para el Acceso a Información Pública (la

“Notificación del Recurso”), mediante la cual le informó al Municipio

del recurso presentado en su contra y le ordenó comparecer por

2  La dirección de correo electrónico de la Sra. Ileana Báez es la única escrita
correctamente. Véase Petición de Certiorari, Apéndice XI-2.
3 Véase Petición de Certiorari, Apéndice III-A, pág. 6.
4 Íd., pág. 7. Las direcciones de correo electrónico fueron escritas incorrectamente

pues no utilizaron PR al final, sino CO y COM. Además, el nombre correcto del
Director Interino de Asuntos Legales es Jaime Torrens y no Torrenf.
5 Véase Petición de Certiorari, Apéndice XI-3, págs. 57-58.
6 Las direcciones de los correos electrónicos fueron escritas correctamente. Véase

Petición de Certiorari, Apéndice XI-2, pág. 56.
7 Véase Petición de Certiorari, Apéndice III, pág. 5.
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escrito en un término de 10 días laborables. Aunque el documento

contiene la dirección postal correcta del Municipio (un PO Box)8, la

Notificación del Recurso se envió únicamente a un correo electrónico

incorrecto y diferente al que el propio Demandante aseveró era el

correcto      en    el    Recurso      (lbaez@guaynabocity.gov.co          y

jtorrens@guaynabocity.gov.pr.).         Véase    Formulario       Único   de

Notificación, OAT 1812.9

      El 2 de agosto, el TPI notificó una Orden mediante la cual

concedió 20 días al Municipio para replicar al Recurso; no obstante,

la misma también fue notificada únicamente a la misma dirección

electrónica    incorrecta     usada     para    notificar    el     Recurso

(lbaez@guaynabocity.gov.co.)10

      Como el Municipio no compareció, el 13 de septiembre el TPI

notificó una Sentencia en rebeldía (la “Sentencia”).              Dicho foro

aseveró que el Recurso se había notificado al Municipio mediante

correo ordinario11 y se consignó lo siguiente:

              […] El término de 10 días laborables para
              comparecer por escrito, según dispone el artículo
              9 de la Ley Núm. 141 de 2019, venció.

              Al día de hoy, no obra evidencia de que la
              notificación hecha por la secretaría haya sido
              devuelta, razón por la cual debemos asumir y
              presumir que llegó a su destino. Tampoco obra
              presentado en el expediente electrónico, la
              comparecencia del peticionado, por lo que, según
              lo advertido en la notificación cursada,
              procedemos a anotarle la rebeldía. (Énfasis en
              el original).12

      Una vez más, el TPI únicamente notificó la Sentencia a través

del mismo correo electrónico incorrectamente usado anteriormente

8 Véase Petición de Certiorari, Apéndice IV, pág. 20.
9 Íd., pág. 19. Véase, además, Expediente Electrónico del Sistema Unificado
de Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”), Notificación de Secretaría,
donde surge que el 15 de julio de 2022, la Secretaría del TPI procedió a
notificar el documento en cuestión al Municipio solo por correo electrónico.
10 Véase Petición de Certiorari, Apéndice V, pág. 21.
11 Véase Petición de Certiorari, Apéndice VII, pág. 26.
12 Íd., pág. 32.
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por      el     TPI      para         “notificar”   al     Municipio

(lbaez@guaynabocity.gov.co.)13

      El 26 de octubre, el Demandante solicitó la ejecución de la

Sentencia, a raíz de lo cual, el 31 de octubre, el TPI le concedió 20

días al Municipio para mostrar causa por la cual no debía citar al

Alcalde para una vista de desacato.14

      El 15 de febrero, el Demandante envió una comunicación

electrónica a la Lcda. Lavy Aparicio López en torno al Recurso y la

Sentencia. Solicitó que informara si representaba al Municipio en

el asunto e indagó sobre el término en el que se cumpliría con la

Sentencia.

      El 27 de febrero, el Municipio compareció ante el TPI; informó

que recientemente había conocido sobre el Recurso y, ese mismo

día, presentó una Urgente Moción Solicitando Relevo de Sentencia (la

“Moción”). El Municipio expuso que nunca se le notificó el Recurso,

las órdenes emitidas por el TPI o la Sentencia. Resaltó que todas las

notificaciones fueron enviadas por el TPI a una dirección incorrecta:

lbaez@guaynabocity.gov.co. Sostuvo que advino en conocimiento

del Recurso y la Sentencia cuando la representación legal del

Demandante le envió la comunicación electrónica del 15 de febrero

a la que se hizo referencia arriba.

      El Demandante se opuso a la Moción; aseveró que el TPI había

notificado el Recurso al Municipio por correo regular a su dirección

correcta de apartado postal (PO BOX 7885 Guaynabo PR 00970-

7885).

      Mediante una Resolución notificada el 16 de marzo, el TPI

denegó la Moción, ello sin consignar explicación alguna.

13Íd., pág. 25.
14 La Orden fue notificada al Municipio a la misma dirección errónea:
LBAEZ@GUAYNABOCITY.GOV.CO.
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      El 23 de marzo, el Municipio solicitó reconsideración, lo cual

fue denegado por el TPI mediante una Resolución notificada el 24 de

marzo.

      Inconforme, el 12 de abril, el Municipio presentó el recurso

que nos ocupa; plantea que el TPI cometió los siguientes errores:

              1.      Erró el Tribunal de Primera Instancia al
                      denegar la Solicitud de Relevo de Sentencia
                      no reconociendo que la notificación del
                      recurso al Municipio se realizó a la
                      dirección que surge de la boleta de
                      notificación, y no a la dirección en el
                      documento judicial notificado, por lo que,
                      al actuar sin jurisdicción, la Sentencia
                      expedida es nula.

              2.      Erró el Tribunal de Primera Instancia al
                      denegar la Solicitud de Relevo de una
                      Sentencia que no fue emitida conforme a
                      derecho ya que concede la totalidad del
                      Recurso Especial aún siendo parcialmente
                      improcedente en derecho.

      Le ordenamos al Demandante mostrar causa, en o antes del

25 de abril, por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y

revocar la decisión de denegar la Moción.            Sin embargo, el

Demandante no compareció. Resolvemos.

                                    II.

      La Ley 141 provee un mecanismo para solicitar cierta

información pública a ciertas entidades públicas, incluidos los

municipios.        Art. 2 de la ley 141, 3 LPRA sec. sec. 9912. En lo

pertinente, el Artículo 6 de la Ley 141 establece que:

              Cualquier persona podrá solicitar información
              pública mediante solicitud escrita o por vía
              electrónica, sin necesidad de acreditar algún
              interés particular o jurídico. El Oficial de
              Información tendrá la responsabilidad de
              notificar, por email, fax o correo regular, a todo
              peticionario de información o documentación
              pública que su solicitud fue recibida y el número
              de identificación de la misma. 3 LPRA sec. 9916.

      Por su parte, el Artículo 9 de la Ley 141 permite la

presentación de un Recurso Especial de Acceso a Información

Pública. En específico, se dispone que:
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            Cualquier persona a la cual una entidad
            gubernamental     le    haya    notificado   su
            determinación de no entregar la información
            solicitada o que no haya hecho entrega de la
            información dentro del término establecido o su
            prórroga, tendrá derecho a presentar, por
            derecho propio o a través de su representación
            legal, ante la sala del Tribunal de Primera
            Instancia de la Región Judicial de San Juan un
            Recurso Especial de Acceso a Información
            Pública.

            […]

            La notificación del recurso a la entidad
            gubernamental deberá ser realizada por el
            propio tribunal sin costo alguno. Para esto, el
            Secretario del Tribunal de Primera Instancia en
            que se haya presentado el recurso, emitirá una
            notificación a la entidad gubernamental que haya
            notificado al solicitante su determinación de no
            entregar la información o que no haya hecho
            entrega de la información dentro del término
            establecido para que esta comparezca por escrito,
            apercibiéndole que si así no lo hiciere, se estaría
            allanando a las alegaciones de la demanda y se
            procedería a expedir el remedio solicitado que
            proceda conforme a este capítulo, sin más citarle
            ni oírle.

            […]

            3 LPRA sec. 9919.

                                 III.

      Todo procedimiento adversativo debe cumplir con ciertos

requisitos para satisfacer las exigencias del debido proceso de ley, a

saber: (1) una notificación adecuada; (2) que el proceso se celebre

ante un adjudicador imparcial; (3) la oportunidad de ser oído y

defenderse; (4) el derecho a contrainterrogar a los testigos y a

examinar evidencia presentada en su contra; (5) contar con la

asistencia de un abogado; y (6) que la decisión se base en el récord

o expediente del caso. Véase, Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386,

399 (2011); Vázquez González v. Mun. San Juan, 178 DPR 636, 643

(2010); Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005);

véase, además, López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR

109, 115 (1996).
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      La notificación incluye el mecanismo que la ley contemple

para intentar asegurar que la parte promovida en una acción

conozca sobre la misma y tenga así la oportunidad de defenderse.

Véase León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001); Rodríguez v.

Nasrallah, 118 DPR 93 (1986). En una acción civil ordinaria, ello

típicamente ocurre mediante el emplazamiento personal; no

obstante, en el caso de ciertas otras acciones especiales, se provee

para otros mecanismos de notificación. En cualquier caso, para que

la notificación sea efectiva, la misma debe hacerse correctamente y

de conformidad con el mecanismo autorizado por ley. Román Ortiz

v. OGPe, 203 DPR 947, 956 (2020); véase, además, Ortiz v. ARPe,

146 DPR 720, 723-724 (1998).

      Además, la notificación de las determinaciones judiciales

forma parte importante del debido proceso de ley.            Véase, por

ejemplo, Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Corp., 182 DPR 714, 722

(2011), citando a Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86,

94 (2011).

                                 IV.

      La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 49.2, dispone como sigue (énfasis suplido):

             Mediante moción y bajo aquellas condiciones que
             sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte
             o a su representante legal de una sentencia,
             orden o procedimiento por las siguientes razones:

             (a)   Error,    inadvertencia,      sorpresa,      o
             negligencia excusable;

             (b)    descubrimiento de evidencia esencial que,
             a pesar de una debida diligencia, no pudo haber
             sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo
             juicio de acuerdo con la Regla 48;

             (c)   fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha
             denominado intrínseco y también el llamado
             extrínseco), falsa representación u otra conducta
             impropia de una parte adversa;

             (d)   nulidad de la sentencia;
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               (e)   la sentencia ha sido satisfecha, renunciada
               o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior
               en que se fundaba ha sido revocada o de otro
               modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que
               la sentencia continuara en vigor, o

               (f)  cualquier otra razón que justifique la
               concesión de un remedio contra los efectos de
               una sentencia.

               Las disposiciones de esta regla no aplicarán a las
               sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a
               menos que la moción se funde en las razones (c)
               o (d). La moción se presentará dentro de un
               término razonable, pero en ningún caso después
               de transcurridos seis (6) meses de haberse
               registrado la sentencia u orden o haberse llevado
               a cabo el procedimiento. Una moción bajo esta
               Regla 49.2 no afectará la finalidad de una
               sentencia ni suspenderá sus efectos. Esta regla
               no limita el poder del tribunal para: (1) conocer
               de un pleito independiente con el propósito de
               relevar a una parte de una sentencia, una orden
               o un procedimiento; (2) conceder un remedio a
               una parte que en realidad no haya sido
               emplazada, y (3) dejar sin efecto una sentencia
               por motivo de fraude al tribunal.…

      Así pues, la referida regla establece el mecanismo procesal

para solicitar al TPI el relevo de los efectos de una sentencia por las

razones enumeradas en esta. García Colón et al. v. Sucn. González,

178 DPR 527, 539 (2010).          Este remedio es discrecional, y le

corresponde al tribunal determinar si, bajo las circunstancias

específicas del caso, existen razones que justifiquen el relevo. Íd., a

la pág. 540.

      La Regla 49.2, supra, no puede utilizarse “para alegar

cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas mediante los

recursos de reconsideración y apelación”. Íd.       El mecanismo de

relevo de sentencia “no está disponible para corregir errores de

derecho ni errores de apreciación o valoración de la prueba; estos

son fundamentos para reconsideración o apelación, pero no para el

relevo”. Íd., a las págs. 542-3 (énfasis en el original), citando a R.

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal

civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4803, pág. 352.
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      De igual modo, el término de seis (6) meses de haberse

registrado la sentencia para presentar la moción de relevo es fatal.

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157 (1981); Municipio

de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932, 937 (1971). Es decir,

transcurrido dicho plazo, no puede adjudicarse la solicitud de

relevo. García Colón et al., 178 DPR a la pág. 543. Ello así, toda vez

que las determinaciones judiciales que son finales y firmes no

pueden estar sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido. Piazza

Vélez v. Isla del Río, 158 DPR 440, 449 (2003).

      No obstante, si una sentencia se dicta sin jurisdicción, el

tribunal estará obligado a declararla nula y relevar a la parte

afectada de los efectos de dicha sentencia. Montañez v. Policía de

Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000). Por tanto, una sentencia

dictada sin jurisdicción por un tribunal es una sentencia nula en

derecho e inexistente. Íd. Cuando una sentencia es nula, nunca

tuvo eficacia, ni advino a la vida jurídica, es decir, no existió como

cuestión de derecho. Íd.

      En estos casos, el tribunal, motu proprio o a petición de una

parte interesada, puede dejar sin efecto la sentencia en cualquier

momento, puesto que una sentencia nula es inexistente y, por lo

tanto, no tiene ningún efecto jurídico. Bco. Santander P.R. v. Fajardo

Farms Corp., 141 DPR 237, 244 (1996).

                                 V.

      Concluimos que el TPI debió conceder la Moción y, dejar sin

efecto la Sentencia, así como la anotación de rebeldía al Municipio.

El TPI nunca adquirió jurisdicción sobre el Municipio, pues el

Recurso no fue notificado por el TPI a una dirección correcta. Por

su parte, la Sentencia nunca surtió efecto, pues tampoco fue

notificada a una dirección correcta. De hecho, el correo electrónico

incorrecto utilizado por el TPI (única dirección utilizada por el TPI

antes de que el Municipio compareciera en febrero de este año) es
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distinto al provisto por el propio Demandante en el Recurso. Peor

aún, a pesar de conocer la dirección correcta postal (PO Box) del

Municipio, el TPI tampoco la utilizó en momento alguno.

      En efecto, en el Recurso, el Demandante consignó dos correos

electrónicos   correctos    para   dos    funcionarios    del   Municipio:

lbaez@guaynabocity.gov.pr y jtorrens@guaynabocity.gov.pr.                 A

pesar de ello, el TPI optó por notificar el Recurso y la Sentencia

únicamente a un correo electrónico distinto (y evidentemente

incorrecto de su faz): lbaez@guaynabocity.gov.co.

      Aunque la Notificación del Recurso emitida por el TPI

certeramente contenía la dirección postal correcta del Municipio (PO

Box 7885, Guaynabo PR 00970-7885), del récord surge que, en

realidad, el TPI no notificó el Recurso a través del correo regular a

dicha dirección, sino que únicamente utilizó el correo electrónico

incorrecto arriba indicado.15

      De forma similar, las órdenes posteriores a la Notificación del

Recurso, así como la Sentencia, fueron igualmente notificadas por

el TPI únicamente al correo electrónico incorrecto arriba indicado.

      Por tanto, el TPI claramente no cumplió con su obligación de

notificar correctamente al Municipio en torno al Recurso, según lo

contempla la Ley 141, por lo cual dicho foro no adquirió jurisdicción

sobre dicha parte. Al no haberse tampoco notificado correctamente

la Sentencia, la misma es nula; entiéndase, inoficiosa e inexistente.

Así pues, el TPI erró al denegar la Moción.

                                    VI.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto

solicitado, se revoca la decisión recurrida y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que dicho foro re-inicie el

procedimiento contemplado por ley y, así, adquiera válidamente

15Véase SUMAC, Notificación de Secretaria y Formulario Único de Notificación
OAT 1812.
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jurisdicción sobre el Municipio a través de una notificación correcta

y adecuada dirigida a: Municipio de Guaynabo, PO Box 7885

Guaynabo,     P.R.    000970-7885,       lbaez@guaynabocity.gov.pr;

jtorrens@guaynabocity.gov.pr y wrobles@guaynabocity.gov.pr, así

como para trámites ulteriores compatibles con lo aquí resuelto y

expuesto.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones