Court Opinion

ID: 9890361
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:18:54.118945+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:40.256746
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                    Certiorari
      MAGDA NARAH                                   procedente del
     MARTÍNEZ SALAS                                 Tribunal de
                                                    Primera Instancia,
          Recurrida                                 Sala de Familia y
                                    KLCE202300805   Asuntos de
      VÍCTOR GALÁN                                  Menores de
        FUNDORA                                     Bayamón

         Peticionario                               Caso Núm.:
                                                    DDI2014-1238
           Ex Parte
                                                    Sobre:
                                                    Divorcio

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

       Comparece ante nos el Sr. Víctor Galán Fundora (señor Galán

Fundora o peticionario) mediante el recurso de certiorari para que

revisemos la Resolución que emitida el 13 de junio de 2023,1 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Allí,

se declaró No Ha Lugar la reconsideración instada por el peticionario

ante la imposición de pago por $5,000.00 en concepto de honorarios

de abogado en una acción por incumplimiento con el pago de la

pensión alimentaria.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

resolvemos denegar el auto de certiorari. Veamos.

                                        -I-

       El 15 de noviembre de 2022, el señor Galán Fundora radicó

“Moción En Solicitud a Crédito por Renuncia de Hogar Seguro y Pagos

Realizados en un Claro Enriquecimiento Injusto a Favor de la Co-

1 Notificadas el 16 de junio de 2023.

Número Identificador
RES2023_____________
KLCE202300805                                                               2

Peticionaria y en Abuso del Beneficio de Alimento del Menor …”.2 En

síntesis, adujo que hubo un enriquecimiento por parte de la Sra.

Magda Narah Martínez Salas (señora Martínez Salas o recurrida),

dado que, desde el mes de marzo 2022, la recurrida y el menor (hijo

de ambos) se habían mudado a un apartamento, pero abandonaron

la   propiedad      declarada      como   Hogar   Seguro;3    mientras,     el

peticionario realizaba el pagó de la hipoteca. Razón por la cual,

solicitó un crédito ya que la propiedad fue arrendada a un tercero.

       Por otra parte, el 17 de enero de 2023 la señora Martínez

Salas presentó: “Moción Solicitando el Desacato y Retiro de Fondos”.4

Entre otras cosas, adujo, que el señor Galán Fundora debía la

cantidad de $3,750.00 en concepto de pensión alimentaria del

menor. No obstante, el peticionario incumplía con su obligación de

pago de pensión alimentaria, razón por la cual, el 9 de marzo de

2023 la recurrida presenta una segunda: “Moción se Ordene el

Arresto y Encarcelamiento del Alimentante”.5 Arguyó que, a marzo de

2022 el padre alimentante adeudaba la cantidad de $15,000.00.

Todavía sin resultado, la recurrida presentó un tercer escrito en el

que reiteró nuevamente el incumplimiento del peticionario y señaló

la suma adeudada por alimentos de $16,500.00 más los intereses

por mora.6

       La vista de desacato fue celebrada el 13 de abril de 2023, en

la cual, el señor Galán Fundora aceptó no haber pagado la pensión

básica desde diciembre 2022. Evaluados los planteamientos de las

partes, el TPI emitió varias resoluciones el 24 de abril de 2023.7 En

2 Apéndice del Certiorari, págs. 1 – 3.
3 Dicha propiedad había sido declarada Hogar Seguro del menor en la Resolución

emitida el 8 de octubre de 2019. Dicha Resolución modificaba los asuntos de
pensión alimentaria y establecía en específico que gastos el padre estaría
sufragando del menor. Véase, además, Apéndice del Certiorari, págs. 10 – 23.
4 Apéndice del Certiorari, págs. 4 – 5.
5 Apéndice, págs. 6 – 7.
6 Apéndice, págs. 8 – 9.
7 Apéndice, págs. 10 – 23, 24 – 25.
KLCE202300805                                                        3

lo pertinente, le ordenó al peticionario pagar la cantidad de

$3,750.00 que adeudaba en concepto de pensión alimentaria.8

       No obstante, el 10 de mayo de 2023 la señora Martínez Salas

incoó un escrito de reconsideración y solicitó honorarios de

abogado.9 Evaluado el asunto, el 12 de mayo de 2023 el TPI le

impuso al señor Galán Fundora el pago de $5,000.00 en concepto

de honorarios de abogado.10

       Inconforme, el 30 de mayo de 2023 señor Galán Fundora

presentó una “MOCIÓN SOLICITANDO LA RECONSIDERACIÓN DE

IMPOSICIÓN        DE     HONORARIOS            DE   ABOGADO   POR   SER

EXCESIVOS”.11 En síntesis, alegó que la cantidad de $5,000.00 por

honorarios de abogado era excesiva y solicitó se reconsiderara y se

estableciera una no mayor de $300.00.

       El 13 de junio de 2023,12 el TPI determinó No Ha Lugar la

reconsideración de imposición de honorarios de abogado.13

       El 17 de julio de 2023 el señor Galán Fundora recurre ante

nos y señala el siguiente error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA
       IMPOSICIÓN DE $5,000.00 DE HONORARIOS DE ABOGADO
       A TENOR CON LA LEY DE SUSTENTO DE MENORES, PUES
       DICHA CUANTÍA ES IRRAZONABLE, EXAGERADA Y NO
       GUARDA RELACIÓN CON EL TIEMPO LEGAL INVERTIDO EN
       LA RESOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA DE DESACATO POR
       PENSIÓN BÁSICA RESUELTA, ABUSANDO DE SU
       DISCRECIÓN JUDICIAL.

       El 21 de agosto de 2023 la señora Martínez Salas se opuso.

                                        -II-

                                        -A-

       El certiorari constituye un vehículo procesal de naturaleza

discrecional que nos permite como tribunal de mayor jerarquía

8 Apéndice, págs. 24 – 25.
9 Apéndice, págs. 26 – 30.
10 Apéndice, pág. 37.
11 Apéndice, págs. 31 – 35.
12 Notificada el 16 de junio de 2023.
13 Apéndice, pág. 36.
KLCE202300805                                                                 4

revisar las determinaciones del tribunal de primera instancia.14 La

discreción es el poder para decidir en una forma u otra; es decir,

para escoger entre uno o varios cursos de acción.15 En ese sentido,

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,16 delimita las instancias en que

habremos de atender las resoluciones y órdenes emitidas por los

tribunales de instancia, a saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].

       Para    que   podamos      ejercer    de   manera      sabia   nuestra

discrecionalidad, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones,17 nos brinda los siguientes criterios:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
              recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
              contrarios a derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
              indicada para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
              manifiesto en la apreciación de la prueba por el
              Tribunal de Primera Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
              detenida a la luz de los autos originales, los cuales
              deberán ser elevados, o de alegatos más
              elaborados.
          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
              caso es la más propicia para su consideración.
          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
              causa no causan un fraccionamiento indebido del

14 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703,

711 (2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
15 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
16 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
17 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202300805                                                               5

             pleito y una dilación indeseable en la solución final
             del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa evita un fracaso de la justicia.

      Al palio de nuestra discreción judicial, el Tribunal Supremo

de P.R., ha dispuesto que:

      [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
      de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
      hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
      prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
      o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
      sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
      perjuicio sustancial.18

      De manera, que si la actuación del TPI no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes,

deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a quien le

corresponde la dirección del proceso.19

                                    -B-

      Al igual que la cuantía de los alimentos que se fije a favor del

menor    debe    resultar   razonable,     de   igual   forma        la   suma

correspondiente a los honorarios de abogado —que es parte de los

alimentos a los que tiene derecho el menor alimentista— debe

regirse por el criterio de la razonabilidad.20

      En consecuencia —no procede intervenir con los honorarios

de abogado que conceda el foro primario— salvo que la partida

concedida sea irrazonable.21 Ciertamente, la extensión del pleito es

un factor a considerar al fijar los honorarios de abogado a favor del

menor alimentista.22 Sin embargo, pueden existir otros factores

asociados al curso de los procedimientos y las circunstancias del

caso en particular, que incidan en el criterio del juzgador en el

ejercicio de establecer una cuantía de honorarios justa y

razonable.23

18  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
19 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
20 Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1035 (2010).
21 Id.
22 Id., en la págs. 1035 – 1036.
23 Id., en la pág. 1036.
KLCE202300805                                                       6

                                -III-

      En señor Galán Fundora indica que el TPI erró al imponerle el

pago de $5,000.00 en concepto de honorarios de abogado. Arguye

que dicha cuantía es irrazonable, exagerada y no guarda relación

con el tiempo legal invertido; en consecuencia, solicita que se expida

el recurso de certiorari y se modifique dicha cuantía.

      Surge del expediente el reiterado incumplimiento del señor

Galán Fundora con el pago de la pensión alimentaria, desde el 17

de enero de 2023, cuando la señora Martínez Salas hizo la primera

—de tres solicitudes— que culminó en la celebración de una vista

de desacato el 13 de abril de 2023 en la que el peticionario aceptó

que adeudaba el pago de la referida pensión alimentaria; razón por

la cual, el 24 de abril de 2023 el TPI ordenó el pago de $3,750.00

por dicho concepto. No es hasta el 12 de mayo de 2023 que —a

solicitud de la recurrida— se le impone el pago de $5,000.00 en

honorarios de abogados.

      Nos parece razonable la cantidad impuesta por concepto de

honorarios de abogado, dado el reiterado incumplimiento del señor

Galán Fundora con su obligación alimentaria y el tiempo

transcurrido para que cumpliera con la misma. Razón por la cual,

no encontramos fundamento para entender que el TPI abusó de su

discreción o actuó con prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Así,

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                 -IV-

      Por lo fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición

del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones