Court Opinion

ID: 9690462
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-24 19:13:49.316648+00
Date Added: 2024-06-11T09:09:59.686017
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

Miguel Santos Vélez                               Revisión
                                                  Administrativa
       Recurrente                                 procedente del
                                                  Departamento de
            vs.             KLRA202300330         Corrección y
                                                  Rehabilitación
Departamento de
Corrección y                                      Caso Núm.:
Rehabilitación                                    B705-35579

       Recurrida                                  Sobre: Evaluación de
                                                  Custodia / Traslado

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Rivera Colón, Juez Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

      Comparece ante nos, el Sr. Miguel Santos Vélez (señor

Santos Vélez o parte recurrente), quien presenta recurso de

revisión administrativa en el que solicita la revocación de la

“Resolución” notificada el 13 de abril de 2023, por el Comité de

Clasificación y Tratamiento (CCT o parte recurrida). Mediante

dicha determinación, el CCT acordó en reclasificar a la parte

recurrente a custodia mediana, y solicitar su traslado a otra

institución correccional.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

confirmamos       el   recurso   mediante   los    fundamentos      que

expondremos a continuación.

                                   I.

      El 13 de abril de 2023, el CCT se reunió con el propósito de

evaluar el Plan Institucional del señor Santos Vélez.          En igual

fecha, emitió “Resolución” mediante la cual realizó las siguientes

Número Identificador

SEN2023 ___________
KLRA202300330                                                     2

determinaciones de hecho, las cuales hacemos formar parte del

presente dictamen:

     1. El confinado de referencia ingresó sumariado al
     sistema correccional el 19 de octubre del 2008.

     2. Fue sentenciado el 9 de septiembre de 2009 a
     cumplir 38 años de prisión por asesinato en segundo
     grado varios casos de armas y amenaza a testigos.

     3. Fue clasificado inicialmente en custodia máxima el
     30 de septiembre 2009.

     4. El 6 de octubre 2009 se le torna la muestra de ADN
     conforme a la Ley 175.

     5. El 27 de septiembre 2012 se reclasifica en custodia
     mediana.

     6. El 11 de diciembre 2012 se le radica querella
     administrativa por posesión de celular. El 18 de abril
     2013 resultó incurso en la misma.

     7. El 1ero de mayo de 2013 fue sentenciado a cumplir 6
     meses de prisión adicionales, por el delito de posesión
     de celulares en prisión y fue reclasificado a recibo y
     traspaso de bienes objeto de delito.

     8. Fue reclasificado en custodia máxima nuevamente el
     30 de septiembre 2013 al recibirse un nuevo Auto de
     Prisión Provisional.

     9. El 27 de agosto 2014 es reclasificado en custodia
     mediana.

     10. El 4 de diciembre 2014 completó las terapias
     grupales del NRT.

     11. El 21 mayo 2015 la compañera Sra. M. Sánchez,
     que tenía anotada, reportó que hubo un incidente
     durante la visita en la que fue amenazada con una
     navaja, solicito ser borrada del expediente.

     12. El 13 de agosto de 2018 se recibe llamada de una
     amiga con quien mantenía una relación para informar
     que la amenazaba y la chantajeaba. La llamaba a
     través de celulares diferentes. Fue referida a La Policía.

     13. Le someten cargos por maltrato y amenaza de la
     Ley 54 y le imponen fianza. El 5 de septiembre 2019 le
     desestiman los cargos criminales, pero queda vigente la
     Orden de Protección a favor de otra pareja, Sra. S.
     Declet Guevara.

     14. Su custodia es reclasificada en máxima nuevamente
     el 1ero de octubre 2019. Estando en custodia máxima le
     radican querella administrativa por posesión de
     artículos que afectan la seguridad.

     15. Se reclasifica en mediana el 28 de octubre 2020.
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       16. Se reclasifica en custodia mínima el 25 de octubre
       2021.

       17. Se asigna a rendir labores en el ornato y las áreas
       verdes del complejo de Bayamón el 24 de junio 2022.

       18. El 14 de marzo 2022 es dado de baja por
       ausentismo.

       19. El pasado 7 de marzo 2023 nos llama la novia del
       confinado Sra. N. Nieves para solicitar ser borrada del
       expediente pues terminó la relación y el confinado está
       amenazando con tirotearla a ella y a sus hijos. Fue
       referida a la Policía de Puerto Rico.

       20. Se reciben informes de la Maestra Ramos y el
       Sargento Maldonado por incidente surgido en el salón
       de clases el 16 de marzo de 2023. En esa ocasión el
       confinado hizo unas manifestaciones intimidantes y
       amenazantes contra la civil y compartió con otros
       confinados información de la marca y modelo del
       vehículo personal de la maestra.

       Tras examinar la totalidad del expediente, el CCT determinó

reclasificar al señor Santos Vélez a custodia mediana, y a solicitar

su traslado a otra institución correccional.       Lo anterior, por

entender que, al incurrir en un patrón de conducta de violencia de

género, intimidación y amenaza, la parte recurrente representa un

riesgo a la seguridad del personal y sobre el clima institucional.

       Inconforme, el 25 de abril de 2023, el señor Santos Vélez

presentó una solicitud de reconsideración y, en esencia, solicitó ser

clasificado en custodia mínima, ya que no hubo razón alguna para

que fuese reclasificado a custodia mediana. Sostiene que, nunca

cometió los asuntos que se le imputan, ya que no se le denunció o

querelló por éstos.

       Evaluada su petición, el 11 de mayo de 2023,1 el Supervisor

de la Oficina de Clasificación de Confinados no acogió la solicitud

de reconsideración presentada por la parte recurrente.        Razonó

que, la conducta del señor Santos Vélez no avalaba su estancia en

un nivel de mínima supervisión, sino que, demostraba que era un

confinado de difícil manejo que representa amenaza o peligro.

1 Notificada el 13 de junio de 2023.
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      Aún insatisfecho, el señor Santos Vélez recurre ante este foro

apelativo intermedio, y solicita se revoque la determinación del

CCT, se le reclasifique a custodia mínima, y sea trasladado a

Bayamón o Arecibo.

                                 II.

                                 -A-

      La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Art. VI,

establece como política pública referente al sistema correccional

que, el Estado habrá de: “…reglamentar las instituciones penales

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender,

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.

A esos efectos, se adoptó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21

de noviembre de 2011, 3 LPRA, Ap. XVIII, según enmendado, el

cual creó el Departamento de Corrección y Rehabilitación con el fin

de tener un sistema integrado de seguridad y administración

correccional enfocado en la custodia y la rehabilitación.

      Entre las numerosas facultades, funciones y deberes del

Secretario del Departamento se encuentra el “supervisar el

cumplimiento de las condiciones de libertad provisional que les

fueron impuestas a las personas bajo su jurisdicción e informar

con premura a los tribunales y a cualquier otro funcionario

pertinente de cualquier incumplimiento de dichas condiciones”.

Véase 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 7. Además, otorga al Secretario la

facultad   para   adoptar,    establecer,   enmendar,       revocar   e

implementar aquellos reglamentos que sean necesarios para

cumplir con los fines del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de

noviembre de 2011, supra.

      En virtud de esta facultad, el Departamento de Corrección y

Rehabilitación adoptó el “Manual para la Clasificación de los

Confinados” de 22 de enero de 2020, Reglamento Núm. 9151, con
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el propósito de clasificar a los confinados.                Este procedimiento

“consiste en la separación sistemática y evolutiva de estos en

subgrupos, en virtud de las necesidades de cada individuo, y las

exigencias y necesidades de la sociedad, desde la fecha de ingreso

del   confinado    hasta   la   fecha   de       su   excarcelación”.    Véase

Introducción del Reglamento Núm. 9151, supra. El propósito del

sistema de clasificación es ayudar a los confinados en su

readaptación y posible reintegración a la sociedad. Íd.

       Existen cuatro niveles reconocidos de custodia, a saber: (1)

máxima, (2) mediana, (3) mínima, y (4) mínima / comunidad.

Véase, Glosario de Términos del Reglamento Núm. 9151, supra.

En lo pertinente, se encuentran bajo custodia mediana aquellos

confinados “que requieren un grado intermedio de supervisión”.

Íd.    Por su parte, son elegibles para custodia mínima los

confinados que requieren “un mínimo de supervisión”.                    Íd.   La

entidad facultada para determinar el nivel de custodia de un

confinado es el Comité de Clasificación y Tratamiento de la

institución, el cual tiene la función básica de “evaluar a los

confinados sentenciados en lo que respecta a sus necesidades,

aptitudes,   intereses,    limitaciones      y    funcionamiento        social”.

Sección 2 del Reglamento Núm. 9151, supra.

       Dicho esto, es posible reclasificar a un confinado de un nivel

a otro distinto.     Por ejemplo, un confinado que estaba bajo

custodia mínima puede ser posteriormente reclasificado a custodia

mediana.     Así, “se revisará el nivel actual de custodia de cada

confinado con el fin de determinar cuán apropiada es la asignación

de custodia actual”. Sección 7 del Reglamento Núm. 9151, supra.

Hay dos tipos de reclasificación, a saber: (1) revisiones de rutina y

(2) revisiones automáticas no rutinarias.             Íd.    Podrán llevarse a

cabo revisiones automáticas no rutinarias en distintas situaciones,

entre estas, cuando el confinado “[p]resenta un patrón de
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conducta negativa repetitiva, ha incurrido en tres o más

informes de indisciplina en el término de un (1) año o menos, no

cumple con el plan institucional trazado a pesar de haber sido

debidamente orientado”. Íd. (Énfasis nuestro).

       De acuerdo con el Formulario de Reclasificación de Custodia

Escala de Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados) e

instrucciones,2      “[l]a reclasificación de custodia es similar a la

evaluación inicial de custodia, pero da mayor énfasis a la conducta

institucional para reflejar la verdadera conducta del confinado

mientras está encarcelado”. El nivel de custodia dependerá de la

puntuación que resulte de la escala de reclasificación, siendo

custodia mínima 5 puntos o menos, y custodia mediana entre 6 a

10 puntos en los renglones 1-8. Íd. No obstante lo anterior, hay

ciertos factores que pueden considerarse para, de manera

discrecional, modificar el nivel de custodia a uno más alto. Entre

éstos, se encuentra el confinado de difícil manejo,3 y el confinado

que representa amenaza o peligro.4

       Por otro lado, la Sección 8 del Reglamento Núm. 9151,

supra, contiene un esquema de los procesos de clasificación que se

utilizan para el traslado de un confinado de una institución

correccional a otra. Entre los factores para solicitar el traslado se

encuentran los “[c]ambios en el nivel de custodia de los

confiados”, y el “[c]omportamiento continuo que represente un

serio problema de adaptación, que no se ajuste a las normas de

la institución y al plan institucional del confinado”.                     Íd.

(Énfasis suplido).

2 Véase, Apéndice K del Reglamento Núm. 9151, supra.
3 El confinado de difícil manejo es aquel que presentó “problemas de manejo
mientras estuvo confinado o una conducta desordenada mientras estuvo en la
comunidad. Se tiene conocimiento de que el confinado ha incitado, provocado o
agitado a sus compañeros, ha interrumpido las operaciones de la institución, o
ha demostrado en el pasado una falta de cooperación marcada con las figuras de
autoridad”. Íd.
4 Se refiere a aquellos casos en los que “el confinado representa un peligro o

amenaza de violencia a la víctima o perjudicado del delito o comunidad por el
cual el confinado está sirviendo, ya sea porque lo ha expresado verbalmente o
por escrito”. Íd.
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                                   -B-

      En nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las

agencias administrativas están investidas de una presunción de

legalidad y corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204

DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR

870, 893 (2008).   Lo anterior se fundamenta en el conocimiento

especializado y la experiencia (expertise) sobre la materia que su

ley habilitadora le confiere jurisdicción. Assoc. Ins. Agencies, Inc.

v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997); Misión Ind. P.R. v. J.P.

y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997).           En otras palabras, el

conocimiento especializado de la agencia justifica que se sostengan

sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro ejercicio de

revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones

emitidas por los foros administrativos.          Pérez López v. Dpto.

Corrección, 208 DPR 656, 673-674 (2022); Super Asphalt v. AFI y

otros, 206 DPR 803, 819 (2021).

      Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan

irrazonable que implique abuso de discreción. OCS v. Point Guard

Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. A. R.

Pe., 152 DPR 116, 122 (2000).            Esto significa que el tribunal

respetará el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base

racional   que   fundamente   la    actuación     administrativa.   ECP

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v.

J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así, la revisión judicial suele

limitarse a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia

fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho

fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).
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       Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un

dogma inflexible que impide la revisión judicial si no existen las

condiciones que sostienen la deferencia.       En el caso de Torres

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016), el Tribunal Supremo

se expresó sobre el alcance de la revisión judicial y mencionó lo

siguiente:

       [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
       una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando:
       (1) la determinación administrativa no está basada en
       evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en
       la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos
       que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo
       administrativo     actuó    arbitraria,   irrazonable   o
       ilegalmente, realizando determinaciones carentes de
       una base racional, o (4) la actuación administrativa
       lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es
       importante destacar que, si el tribunal no se
       encuentra frente a alguna de esas situaciones,
       aunque exista más de una interpretación
       razonable de los hechos procede que se valide la
       interpretación        que     realizó      la     agencia
       administrativa recurrida. Íd., a la pág. 628.

       (Énfasis suplido).

       Por ende, como norma general, el tribunal revisor le debe

respeto y deferencia al dictamen administrativo. No obstante, si el

foro revisor entiende que uno de estos factores está presente,

podrá entonces modificar la decisión.          De lo contrario, se

abstendrá a ello. Es pertinente enfatizar que la doctrina no exige

que la agencia tome la mejor decisión posible, sino que el criterio a

evaluar es si la misma, dentro de las circunstancias particulares

del caso, es razonable. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123

DPR 407, 417-418 (1989). Por ende, si existe más de una

interpretación razonable de los hechos, ordinariamente se avalará

la decisión del foro administrativo. Super Asphalt v. AFI y otros,

supra, a la pág. 819; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, a la pág.

628.

       En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la

sección 4.5 de la de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
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del Gobierno de Puerto Rico limita la discreción del tribunal revisor

sobre las determinaciones de hecho que realiza la agencia

administrativa. 3 LPRA sec. 9675. Como consecuencia, la revisión

judicial de los tribunales para determinar si un hecho se considera

probado o no se limita conforme la siguiente norma:

       El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si
       determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.

       Las determinaciones de hechos de las decisiones
       de las agencias serán sostenidas por el tribunal,
       si se basan en evidencia sustancial que obra en el
       expediente administrativo.

       Las conclusiones de derecho serán revisables en todos
       sus aspectos por el tribunal. Ley Núm. 38-2017, 3
       LPRA sec. 9675.

       (Énfasis nuestro).

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de

evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind.

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 131. Además, dicho Foro ha reiterado

que:

       Para que un tribunal pueda decidir que la
       evidencia en el expediente administrativo no
       es sustancial es necesario que la parte afectada
       demuestre que existe otra prueba en el récord que
       razonablemente reduzca o menoscabe el peso de
       tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal
       no pueda, concienzudamente, concluir que la
       evidencia sea sustancial, en vista de la prueba
       presentada y hasta el punto que se demuestre
       claramente    que    la   decisión    [del  organismo
       administrativo] no está justificada por una evaluación
       justa del peso de la prueba que tuvo ante su
       consideración. Domínguez v. Caguas Expressway
       Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999); Hilton Hotels v.
       Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1953).

       (Énfasis suplido).

       Por tal razón, es la parte que impugna la decisión

administrativa la que tiene que producir evidencia de tal magnitud

que conmueva la conciencia y tranquilidad del juzgador, de forma
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que éste no pueda concluir que la decisión de la agencia fue justa,

porque simple y sencillamente la prueba que consta en el

expediente no la justifica. Ello implica que “[s]i en la solicitud de

revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra

prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser

sostenidas   por    el   tribunal    revisor”.   Domínguez      v.   Caguas

Expressway Motors, supra, a la pág. 398; Ramírez v. Depto. de

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999).

                                     III.

      En su escrito, el señor Santos Vélez argumenta que el CTT

actuó de forma ilegal, arbitraria y caprichosa. Su contención es

que, no podía ser reclasificado de custodia mínima a custodia

mediana, ya que no incurrió en ninguna falta.              Fundamenta su

posición en que no se le hizo ninguna denuncia o querella por los

actos en que se basa la determinación. No le asiste la razón.

      Aunque,      ciertamente,     el   Supervisor   de   la   Oficina   de

Clasificación de Confinados determinó que, según la escala de

reclasificación, el señor Santos Vélez arrojó una puntuación total

de 4 puntos, no es menos cierto que, aunque en tales casos se

recomienda un nivel de custodia mínima, de manera discrecional,

se puede modificar el nivel de custodia a uno más alto.

      Según se desprende de las determinaciones de hecho de la

“Resolución” recurrida, 7 de marzo 2023, el señor Santos Vélez

contactó a su pareja, la Sra. N. Nieves, y la amenazó con tirotearla

a ella y a sus hijos. A su vez, es un hecho determinado que, el 16

de marzo de 2023, la parte recurrente intimidó y amenazó a la

maestra Ramos, incidente que fue presenciado por el Sargento

Maldonado. Además, el CCT determinó que el señor Santos Vélez

compartió con otros confinados información de la marca y modelo

del vehículo personal de la maestra.
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       Precisamente, por estas razones fue que el Supervisor de la

Oficina   de   Clasificación   de   Confinados   concurrió   con   la

modificación del nivel de custodia a uno más alto, entiéndase, de

mínima a mediana.       Esto, pues, la conducta desplegada por la

parte recurrente constituye un patrón de conducta desordenada, y

representa un peligro o amenaza de violencia para con la Sra. N.

Nieves y la maestra Ramos. Coincidimos con dicha determinación.

       Cónsono con el marco legal discutido, un confinado podrá

ser   reclasificado   mediante revisión   automática   no rutinaria

cuando, como ocurre en este caso, el confinado presenta un patrón

de conducta negativa e incumple con el plan institucional trazado.

Somos del criterio que, (1) incurrir en un patrón de conducta

desordenada, (2) cometer delitos en prisión, (3) incidir en violencia

de género, (4) incumplir con el plan institucional, y (5) efectuar

amenaza de violencia, son actos que ameritan la modificación del

nivel de custodia de mínima a mediana, según lo permite el

Reglamento Núm. 9151, supra.

       Por ende, concluimos que la conducta desplegada por el

señor Santos Vélez demuestra que este último requiere un grado

intermedio de supervisión. Lo anterior, por tratarse de un

confinado de difícil manejo, y por representar amenaza o peligro.

Por tal razón, entendemos que la asignación de custodia efectuada

por el CCT es correcta, y no constituye un abuso de discreción.

       Evaluada la totalidad de la prueba presentada, concluimos

que la determinación de la CCT fue correcta. La parte recurrente

no aportó evidencia suficiente para derrotar la presunción de

corrección que caracteriza la decisión del foro administrativo. Es

importante enfatizar que, al desempeñar nuestra función revisora,

estamos obligados a considerar la especialización, experiencia y las

cuestiones propias de la discreción o pericia de las agencias

administrativas. En vista de lo anterior, consideramos que la
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agencia   recurrida   no   actuó     de   manera   arbitraria,   ilegal,

irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.

La totalidad de la evidencia que obra en el récord nos obliga a

confirmar el dictamen recurrido.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

“Resolución” recurrida, emitida por el Comité de Clasificación y

Tratamiento.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones