Court Opinion

ID: 9952325
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:41:23.576194+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:45.543959
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

    C&C MANAGEMENT                                   CERTIORARI
     HOLDING, CORP                                   Procedente del
                                                     Tribunal de Primera
          Recurrido                                  Instancia, Sala de
                                                     Cabo Rojo
               v.                KLCE202400033
                                                     Civil Núm.:
    VIBEKE LORRAINE                                  CB2022CV00070
   BETANCES LACOURT                                  (0200)
     t/c/c VIBEKE L.
   BETANCES LACOURT                                  Sobre: Cobro de
                                                     Dinero
        Peticionario
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos la señora Vibeke Lorraine Betances

Lacout, (“Sra. Betances Lacout” o “Peticionaria”), mediante Certiorari

presentado el 9 de enero de 2024. Nos solicita que revisemos la

Resolución emitida el 28 de noviembre de 2023, notificada el 5 de

diciembre del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Cabo Rojo (“foro primario” o “foro a quo”). Mediante el

referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud

de reconsideración instada por la Peticionaria.

       Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari.

                                     I.

       El 14 de febrero de 2022, la compañía C&C Management

Holding Corp. (“C&C Management” o “Recurrida”) incoó una

Demanda sobre cobro de dinero contra la Peticionaria.1 En síntesis,

alegó que era el desarrollador de la Urbanización Veredas del Mar

(“Urb. Veredas”) ubicada en el municipio de Cabo Rojo. Sostuvo que

1 Véase entrada número 1 del expediente electrónico del caso CB2022CV00070

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”).

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLCE202400033                                                         2

la Peticionaria es propietaria de una residencia de la Urb. Veredas y

adeudaba una cantidad de $2,225.00 en concepto de cuotas de

mantenimiento atrasadas al 1 de noviembre de 2021, más el 5% de

cada pago mensual vencido. Señaló, además, que la Peticionaria

adeudaba intereses legales a razón del 6% anual por las sumas

adeudadas.

       Así las cosas, el 3 de octubre de 2022, C&C Management

presentó Moción solicitando se dicte sentencia sumaria contra la

parte demandada Vibeke Lorraine Betances Lacourt.2 Mediante esta,

expuso que le cursó un pliego de interrogatorio y requerimiento de

admisiones a la Peticionaria, el cual nunca contestó. Sostuvo que,

de conformidad con la Regla 33(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 33, si la parte incumple con el término para negar u objetar

el requerimiento de admisiones, estas se entenderán admitidas. Por

lo anterior, solicitó que se dieran por admitidas la información

solicitada en los requerimientos de admisiones y en consecuencia,

dictara sentencia sumaria a su favor.

       En vista de tal solicitud, el 7 de octubre de 2022, notificada el

11 del mismo mes y año, el foro a quo emitió Orden en la que le

concedió un término de veinte (20) días a la parte Peticionaria para

que presentara su oposición a la solicitud de sentencia sumaria.3

       Insatisfecha, el 26 de octubre de 2022, la Peticionaria

presentó Reconsideración y Solicitud de Término.4 Señaló que el caso

se encuentra en etapa de descubrimiento de prueba, lo cual le

impedía oponerse a la solicitud de sentencia sumaria. Añadió que

aún se encuentran en proceso de contestar los interrogatorios y que

C&C Management no ha contestado los requerimientos de

documentos que le envió el 22 de julio de 2022. Por lo anterior,

2 Entrada núm.19 de SUMAC.
3 Entrada núm. 20 de SUMAC.
4 Apéndice certiorari, págs. 2-5.
KLCE202400033                                                         3

solicitó que se reconsiderara la Orden emitida el 7 de octubre de

2022.

        De conformidad, el 27 de octubre de 2022, notificada al

próximo día, el foro primario emitió Resolución en la que determinó

lo siguiente:

        Ha Lugar a la Reconsideración.
        Se entretiene la Solicitud de Sentencia Sumaria.
        Se concede término adicional final de 30 días a la parte
        demandada [para] contestar el interrogatorio cursado [el] 8
        de julio de 2022 por la parte demandante.
        La parte demandada tendrá hasta el 19 de enero de 2023
        para cursar algún mecanismo de descubrimiento de prueba
        a la parte demandante. Si se tomaran deposiciones, estas
        deben tomarse en o antes del 23 de enero de 2023.
        Se establece la fecha de 15 de marzo de 2023 como cierre de
        descubrimiento de prueba.5

        Posteriormente, el 18 de mayo de 2023, el Recurrido presentó

un escrito intitulado Moción en apoyo a otra titulada “Moción

solicitando se dicte sentencia sumaria contra la parte demandada

Vibeke Lorraine Betances Lacourt”. Por virtud de esta, señaló que,

pese a la Resolución emitida por el foro primario el 27 de octubre de

2022, la Peticionaria aún no había contestado el interrogatorio y

requerimiento de admisiones. Por tanto, reiteró que procedía que se

dictara sentencia sumaria a su favor.6 Mediante Orden emitida el 19

de septiembre de 2023, notificada el 22 del mismo mes y año, el foro

primario ordenó a la Peticionaria a oponerse a la solicitud de

sentencia sumaria, dentro de un término perentorio de diez (10)

días.

        En desacuerdo con lo ordenado, el 2 de noviembre de 2023,

la Sra. Betances Lacout presentó Reconsideración de orden y

solicitud de orden para que la parte demandante conteste nuestro

interrogatorio.7 En esta, arguyó que no había podido cumplir con el

descubrimiento de prueba ordenado, puesto que para culminar el

5 Íd, pág. 9.
6 Entrada núm. 25 de SUMAC.
7 Entrada núm. 32 de SUMAC.
KLCE202400033                                                       4

proceso de contestar los interrogatorios era necesario que el

Recurrido contestara el interrogatorio cursado desde junio de 2022.

A dicha solicitud se opuso la parte Recurrida.

      Evaluados los argumentos de cada parte, el 28 de noviembre

de 2023, notificada el 5 de diciembre de 2023, el foro a quo emitió

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración instada por la Sra. Betances Lacout.

      Inconforme aún, el 9 de enero de 2024, la Peticionaria acudió

ante esta Curia mediante Certiorari, en el que le imputó al foro

primario la comisión del siguiente error:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
      Superior de Cabo Rojo al declarar No Ha Lugar la moción de
      reconsideración presentada por la demandada para que
      ordenara a la demandante a descubrir lo solicitado previo a
      la contestación a sentencia sumaria.

      El 18 de enero de 2024, esta Curia emitió Resolución en la que

le concedió hasta el 22 de enero de 2024 a la parte Recurrida para

que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el recurso de

certiorari y revocar la determinación impugnada. No obstante, la

parte Recurrida no compareció.

      Sin contar con el beneficio de la parte Recurrida, procedemos

a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante nuestra

consideracion, para la resolución del mismo.

                                  II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023).
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       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

       No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023);

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios

son:

       (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
             diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
             derecho.
       (B)   Si la situación de hechos planteada es la más indicada
             para el análisis del problema.
       (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
             manifiesto en la apreciación de la prueba por el
             Tribunal de Primera Instancia.
       (D)   Si el asunto planteado exige consideración más
             detenida a la luz de los autos originales, los cuales
             deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
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       (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
             es la más propicia para su consideración.
       (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
             no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
             dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
             evita un fracaso de la justicia.

       El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

                           B. Manejo de Caso

       El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y la

rápida disposición de los asuntos litigiosos, requieren que los jueces

de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el

diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re Collazo

I, 159 DPR 141, 150 (2003). Es por ello, que a éstos se les ha

reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos

litigiosos   ante   su   consideración    y   para   aplicar   correctivos

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. Íd.

El Tribunal de Primera Instancia tiene el deber ineludible de

garantizar que los procedimientos se ventilen sin demora, con miras

a que se logre una justicia rápida y eficiente. In re Pagani Padró, 181

DPR 517, 529 (2011). Como regla general, los foros revisores no

intervendrán con el manejo del caso ante la consideración del TPI.

Siendo así, el Tribunal Supremo ha manifestado, que los tribunales

apelativos no deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro

actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de

discreción, o que incurrió en error manifiesto. Citibank et al. v.
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ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018). El ejercicio adecuado de la

discreción se relaciona de manera estrecha con el concepto de

razonabilidad. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).

                                  III.

        Conforme el derecho aplicable, no encontramos razón por la

que debamos intervenir en el presente caso. No se configura ninguna

de las instancias contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, y a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 de

este Tribunal, supra, que debemos evaluar, no encontramos

justificación para intervenir.

        La orden impugnada -que buscaba perfeccionar la sentencia

sumaria para hacerla susceptible de adjudicación- se encuentra

dentro del marco del manejo de caso del foro primario y, además, no

resulta irrazonable ni comporta abuso de discreción, a la luz de las

ordenes que con respecto al descubrimiento de prueba había

emitido anteriormente. Por lo tanto, la determinación recurrida

constituye una decisión dentro del claro ejercicio de discreción

conferido al foro primario y de su facultad de manejar los casos de

la manera que entiendan más adecuada, conforme las normas de

derecho aplicables y los hechos ante su consideración.

        Además, concluimos que el foro a quo no actuó de forma

arbitraria o caprichosa, ni se equivocó en la interpretación o

aplicación de las normas procesales o de derecho al ejercer su poder

discrecional de tomar las medidas protectoras que entendió

necesarias, por lo que no se justifica nuestra intervención en este

caso.

                                  IV.

        Por   lo   fundamentos   antes   expuestos,    denegamos      la

expedición del auto de certiorari.
KLCE202400033                                                     8

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones