Court Opinion

ID: 9952317
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:40:33.487396+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:58.544425
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

    MOROVIS COMMUNITY                                       REVISIÓN
    HEALTH CENTER                                           procedente del
                                                            Departamento
    Recurrente                                              del Trabajo y
                                              KLRA202400066 Recursos
                 v.                                         Humanos
    NEGOCIADO DE SEGURIDAD
    DE EMPLEO (NSE)                                                    Caso Núm.:
                                                                       A-03857-22S
    Apelada-Recurrida
                                                                       Sobre:
    BETSY N. RODRÍGUEZ                                                 Elegibilidad a los
    ORTIZ                                                              Beneficios de
                                                                       Compensación por
    Reclamante-Recurrida
                                                                       Desempleo

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                      SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

         Mediante Recurso de revisión administrativa comparece ante

nos Morovis Community Health Center (MCHC). Nos solicita la

revisión de una Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos de 10 de enero de 2024 que le confirmó la concesión de

los beneficios del seguro por desempleo a Betsy N. Rodríguez Ortiz

(Sra. Rodríguez Ortiz).1

         Por     los    fundamentos            que     discutimos         en      adelante,

desestimamos el Recurso de referencia.

                                              I.

         Para propósitos de la decisión de esta Curia, los hechos serán

limitados únicamente a los pertinentes a nuestra determinación.

         La Sra. Rodríguez Ortiz era empleada de MCHC. El 15 de

febrero de 2022, MCHC despidió a la Sra. Rodríguez Ortiz. El 28 de

1
 Apéndice de Recurso de revisión administrativa, Anejo I, págs. 1-14. Archivada y notificada en
autos el 10 de enero de 2024.

Número Identificador
RES2024 ______________
KLRA202400066                                                                Página 2 de 7

marzo de 2022, el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) le

denegó a la Sra. Rodríguez Ortiz los beneficios de compensación de

seguro por desempleo por haber sido despedida por cometer

conducta incorrecta relacionada con el trabajo.2 El 26 de junio de

2023, la División de Apelaciones emitió una Resolución donde revocó

la determinación del NSE y le concedió a la Sra. Rodríguez Ortiz los

beneficios de compensación de seguro por desempleo.3 El 10 de

enero de 2024, el Secretario del Departamento de Trabajo y

Recursos Humanos confirmó la Resolución mediante la Decisión de

referencia.4

         Inconforme con la determinación, el 8 de febrero de 2024,

MCHC presentó el caso de epígrafe.

                                                II.

         Como cuestión de umbral, debemos atender el aspecto

jurisdiccional del caso. ¿Tiene un patrono privado legitimación

activa para impugnar la determinación del NSE que le concedió los

beneficios del seguro por desempleo a una empleada despedida? En

reiteradas ocasiones este Foro se ha enfrentado con esta

controversia y siempre hemos resuelto en la negativa.5 En esta

ocasión no cambiaremos de postura.

                                                A.

         Los tribunales solo pueden atender casos que son justiciables,

donde exista una controversia, y no en aquellas circunstancias

donde exista una disputa abstracta, cuya resolución no tendrá

consecuencias para las partes. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.,

2
  Íd., Anejo II, pág. 15.
3
  Íd.
4
  Íd., Anejo I, págs. 1-14.
5
  Véanse, KLRA201500278, panel compuesto por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez
Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres (juez ponente); KLRA201401090, panel compuesto por su
presidenta, la Jueza Fraticelli Torres (jueza ponente), la Juez Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres;
KLRA 201401215, panel compuesto por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres (jueza ponente), la
Juez Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres; KLRA201100410, panel compuesto por su presidenta, la
Jueza Fraticelli Torres (jueza ponente), el Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres.
KLRA202400066                                         Página 3 de 7

178 DPR 563, 571 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). La

justiciabilidad es una autolimitación de los tribunales. Solo

podemos resolver “controversias genuinas surgidas entre partes

opuestas que tienen interés real en obtener un remedio que haya de

afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, supra, págs. 558-

559. Nuestro Tribunal Supremo ha desarrollado criterios que los

tribunales deben considerar para determinar si un caso es

justiciable.

      Para que una controversia sea justiciable se debe
      evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las
      relaciones jurídicas entre las partes que tienen un
      interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real y
      substancial y que permita un remedio específico
      mediante una sentencia de carácter concluyente, y
      finalmente (3) si la controversia es propia para una
      determinación judicial, ya que se distingue de una
      disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso
      académico o ficticio. Por lo tanto, no será justiciable
      aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver
      una cuestión política; (2) una de las partes no tiene
      legitimación activa; (3) después que ha comenzado el
      pleito, hechos posteriores la convierten en académica;
      (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o
      (5) se promueve un pleito que no está maduro. Asoc.
      Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 932.
      (Énfasis nuestro).

      “Una de las doctrinas de autolimitación derivadas del

principio de ‘caso o controversia’ es la legitimación de la parte que

acude ante el foro judicial”. Fund. Surfrider v. A.R.Pe., supra, pág.

572. Legitimación es la capacidad jurídica y la capacidad para

actuar. “Es la capacidad para realizar con eficiencia actos procesales

y para comparecer como litigante en un juicio. J.A. Echevarría

Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1ra ed. rev., San Juan,

2012, pág. 34. En Fund. Surfrider v. A.R.Pe., supra, el Tribunal

Supremo aclaró que para que una parte tenga legitimación, tiene

que haber sufrido un daño claro y palpable, real, inmediato y

preciso, no abstracto o hipotético. Debe existir una relación causal

razonable entre la acción que se ejercita y el daño alegado, y la causa

de acción debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley.
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      En cuanto al ámbito administrativo, la sección 4.2 de la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 38-2017, (3 LPRA sec. 9601 et seq.) (LPAU) dispone

que “[u]na parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de una agencia y que haya agotado todos los

remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión

ante el Tribunal de Apelaciones […]”. (Énfasis nuestro). Por lo tanto,

es indispensable que la persona que solicite la revisión judicial de

una determinación administrativa sea una parte y que esté

adversamente afectada por la decisión administrativa. Lozada

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 918 (2012). Esta sería la única

persona legitimada para radicar dicha acción.

      Una parte adversamente afectada es aquella que “tiene un

interés sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una

lesión o daño particular que es causado por la acción administrativa

que se impugna mediante recurso de revisión judicial”. Fund.

Surfrider v. A.R.Pe., supra, pág. 579. Esta parte tiene el peso de

probar su legitimación “mediante la alegación de hechos que

permitan [a]l foro judicial constatar que es parte adversamente

afectada por la decisión que se impugna”. Íd., pág. 585.

                                 B.

      Los tribunales han reiterado que los patronos no sufren un

daño real por las determinaciones del NSE. La Ley de Seguridad de

Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, (29

LPRA sec. 701 et seq.) (Ley Núm. 74) creó el Negociado de Seguridad

de Empleo que tiene como propósito:

      [P]oner en vigor la Ley de Seguridad de Empleo de
      Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956 (29
      L.P.R.A. sec. 701 et seq.), cuya finalidad, según surge
      de la Sec. 1, es ‘promover la seguridad de empleos
      facilitando las oportunidades de trabajo por medio del
      mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de
      empleo y proveer para el pago de compensación a
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       personas desempleadas por medio de la acumulación
       de reservas’. Esta ley establece los requisitos para
       cualificar para beneficios por desempleo y los
       parámetros para determinar las contribuciones que
       deben pagar los patronos para sufragar el fondo de
       desempleo. Acevedo v. Western Digital Caribe Inc., 140
       DPR 452, 466 (1996).

       El NSE tiene la responsabilidad de evaluar cualquier solicitud

de beneficios del seguro por desempleo. En esta labor, el NSE puede

citar al patrono para que testifique sobre la razón por la que el

empleado solicitante ya no está rindiendo labores y su elegibilidad.

La Ley Núm. 74 también dispone que el patrono puede ser notificado

sobre los procedimientos relacionados con su exempleado si provee

información de acuerdo con las disposiciones de la sección 5 (c). Ley

Núm. 74, supra, sec. 5 (e). La sección 6 (b) autoriza a cualquier

parte con derecho a recibir notificación a solicitar la apelación de

la determinación del NSE ante un árbitro de la División de

Apelaciones del NSE. Íd., sec. 6 (b). En esta etapa, un patrono puede

solicitar la apelación ante el árbitro si cumple con la sec. 5 (e).

Finalmente, la decisión del árbitro podrá ser apelada al secretario

de Trabajo y Recursos Humanos, cuya decisión será final y firme,

salvo que un aparte solicite reconsideración o revisión judicial. Íd.,

sec. 6 (i).

       A base de las disposiciones de la Ley Núm. 74, el Tribunal

Supremo ha resuelto que el patrono no es parte adversamente

afectada en un caso ante el NSE. Acevedo v. Western Digital Caribe

Inc., supra, págs. 466-467. Las únicas partes legitimadas para

impugnar una determinación del NSE en el Tribunal de Apelaciones

son la empleada afectada y el Secretario de Trabajo y Recursos

Humanos.

       La comparecencia del patrono al procedimiento
       administrativo ante el Negociado no fue en calidad
       de parte ni a modo contencioso o adversativo, sino
       como testigo en cumplimiento de una citación del
       Negociado de Seguridad de Empleo en virtud de la
       Sec. 15(c) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto
       Rico, 29 L.P.R.A. sec. 715(c). A pesar de que el patrono
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        disfruta del derecho a ser notificado sobre los
        procesos que impliquen a un [exempleado], esto no
        lo convierte en parte. Cabe mencionar que el
        Secretario del Trabajo y Recursos Humanos no se
        encuentra en relación mutua con el patrono, ni
        representa los intereses de éste en estos procesos
        administrativos. Íd. (Énfasis nuestro).

        En consecuencia, un patrono no tiene legitimación para

impugnar las determinaciones del NSE cuando este concede los

beneficios del seguro por desempleo. “[E]l patrono no está expuesto

a pérdida económica alguna ante una determinación del fondo de

reserva y no de los recursos del patrono”. Íd., págs. 467-468. Para

enfatizar este punto, contamos con el análisis que hizo un panel

hermano, mediante voz de la Jueza Fraticelli Torres.6

        ¿Existe un impedimento jurisdiccional claro y
        contundente que excluya al patrono de este proceso de
        revisión judicial? Como vemos, en lo que atañe al
        asunto jurisdiccional, el patrono no es propiamente
        parte en estos procesos, aunque el Secretario le
        permita participar para oponerse a la concesión del
        beneficio. No olvidemos que la Ley de Seguridad de
        Empleo establece los parámetros que determinan las
        contribuciones que deben hacer los patronos para
        sufragar el fondo de desempleo. Aunque se admita que
        los patronos no son los que pagan los beneficios, sino el
        fondo de reserva que administra el NSE, no podemos
        pasar por alto que la concesión de beneficios de
        desempleo a un exempleado pudiera tener algún efecto
        negativo sobre el monto de las aportaciones de un
        patrono al fondo de reserva. Nos consta que por eso el
        Departamento autoriza la participación de los patronos
        hasta la fase de apelación ante la Oficina del Secretario,
        pues así surge de otros recursos que hemos
        considerado. No obstante, esa laxitud en los procesos
        administrativos que permite que los patronos
        intervengan en los procesos para fijar la elegibilidad
        de un exempleado para recibir los beneficios del
        desempleo, no los convierte en “parte” con derecho
        a pedir la revisión de la decisión de interés social
        que beneficia a un obrero que perdió su fuente
        regular de ingreso. KLRA201100410, Sentencia de 30
        de septiembre de 2011. (Énfasis nuestro).

                                           III.

        En reiteradas ocasiones, hemos determinado que un patrono

no tiene legitimación activa para impugnar las determinaciones del

6
 Véase, KLRA201100410, panel compuesto por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres (jueza
ponente), el Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres.
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NSE. Hoy nos reafirmamos en esta determinación. MCHC fue

patrono de la Sra. Rodríguez Ortiz. Su participación en los

procedimientos ante el NSE fue en capacidad de testigo y no como

parte. Como hemos señalado, el patrono no sufre daños reales por

las determinaciones del Departamento de Trabajo y Recursos

Humanos.

                                 IV.

      Por los fundamentos que preceden, desestimamos el caso de

epígrafe.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones