Court Opinion

ID: 9394838
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:14:29.104947+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.804463
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL X

                                                    Revisión
  JOSUÉ ORTIZ COLÓN                                 procedente del
                                                    Departamento de
          Recurrente                                Corrección y
                                                    Rehabilitación
                v.

                                  KLRA202300040 Sobre: Clasificación
   DEPARTAMENTO DE                              de custodia
     CORRECCIÓN Y
    REHABILITACIÓN
                                                    Caso Núm.
          Recurrido                                 12-24867

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                  SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

        Comparece ante nos por derecho propio y de forma pauperis

el Sr. Josué Ortiz Colón (en adelante, señor Ortiz Colón o recurrente)

mediante el recurso de revisión judicial. Solicita la revisión de una

determinación emitida el 22 de diciembre de 2022 por el Comité de

Clasificación y Tratamiento (en adelante, CCT) del Departamento de

Corrección y Rehabilitación (en adelante, DCR), en la cual confirmó

el nivel de custodia mediana del recurrente.

        Examinado el expediente, procedemos a devolver el caso de

epígrafe al CCT del DRC. Explicamos.

                                       -I-

        El señor Ortiz Colón se encuentra confinado en la Institución

Correccional Guerrero en el Municipio de Aguadilla, P.R. Allí,

cumple una sentencia de 198 años, por violación al delito de

Número Identificador

SEN2023 _______________
KLRA202300040                                                                2

Asesinato en Primer Grado1 y violación a la Ley de Armas.2 Dicha

sentencia fue dictada el 15 de marzo de 2000.

       Así las cosas, el 16 de diciembre de 2022 el recurrente

solicitó al CCT la evaluación de su Plan Institucional. Enfatizó dos

asuntos: primero, que había pasado el término para su evaluación

rutinaria, y segundo, solicitando la reclasificación de su custodia a

custodia mínima en virtud de la Ley Núm. 85–2022.3

       El 22 de diciembre de 2022, el CCT emitió una Resolución

ratificando la custodia mediana del recurrente.4

       Inconforme con la resolución del CCT, el 29 de diciembre de

2022, el señor Ortiz Colón solicitó reconsideración.5 Indicó, que el

CCT erró al ratificar su nivel de custodia mediana basado en el

criterio no discrecional por faltarle más de 15 años para ser

considerado a la Junta de Libertad Bajo Palabra, contrario a lo que

establece la referida Ley Núm. 85–2022, supra.6 El 4 de enero de

2023 se recibió dicha reconsideración por la Unidad de Servicios

Sociopenales.7

       Trabada ahí la controversia, y transcurrido el término de

quince     (15)    para     considerar      la    referida     moción       de

reconsideración, se entendió rechazada de plano,8 el 20 de enero

de 2023 el recurrente presentó el recurso de revisión judicial de

epígrafe. En síntesis, los errores que plantea son basados en que el

DCR actuó contrario a las leyes, los reglamentos y los principios de

1 Artículo 83 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4002.
2 Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, conocida como Ley de Armas de Puerto
Rico, derogada.
3 Véase, Ley Núm. 85 de 11 de octubre de 2022. Esta ley enmendó el Art. 308 de

la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico,
y el Art. 3 la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 de la Junta de Libertad Bajo
Palabra, con el fin de atemperar su contenido con las disposiciones de estos
estatutos con la Ley Núm. 168-2019, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico
de 2020. Además, véase el Anejo VI del recurrente, págs. 20 – 22.
4 Id., Anejo I, págs. 1 – 8.
5 Id., Anejo II, págs. 9 – 12.
6 Véase, el Anejo I del recurrido, págs. 17-20.
7 Véase, el Anejo I del recurrido, págs. 15 y 16.
8 Id.
KLRA202300040                                                                3
rehabilitación, al no reclasificar su nivel de custodia de mediana a

mínima.

       No obstante, y de forma tardía, dicha solicitud de

reconsideración fue denegada el 23 de enero de 2023 y, notificada

al recurrente el 14 de marzo de 2023.9

       Ahora bien, de los autos ante nuestra consideración surge

que, el 15 de marzo de 2023 el DCR emitió una nueva Hoja de

Control sobre Liquidación de Sentencia del señor Ortiz Colón, en la

que se le notifica que el computo mínimo de su sentencia se cumple

el 16 de agosto de 2024.10 Dos días después, 17 de marzo de 2023

el recurrente recibió la referida hoja, y el 27 de marzo de 2023 nos

presentó un escrito al expediente de epígrafe en la cual nos informa

que se le redujo el computo mínimo de su sentencia, según lo

dispuesto en la Ley Núm. 85–2022, supra.11

       Por su parte, y en cumplimiento con la orden de este Tribunal,

el 27 de marzo de 2023 el DCR compareció ante nos a través de la

Oficina    del   Procurador       General.     En    síntesis,    solicita   la

desestimación del recurso de epígrafe, ya que el asunto tornó

académico al emitirse la nueva Hoja de Control sobre Liquidación de

Sentencia, en la que se le notifica al recurrente que el computo

mínimo de su sentencia se cumple el 16 de agosto de 2024, en virtud

de lo dispuesto en la Ley Núm. 85–2022, supra.

                                      -II-

       En lo referente a la Ley Núm. 85–2022, supra, aprobada el 11

de octubre de 2022, la Exposición de Motivos señala su propósito de

enmendar el Art. 308 de la Ley 146-2012, conocida como el Código

Penal de Puerto Rico, y el Art. 3 la Ley Núm. 118 de 22 de julio de

1974, conocida como la Ley Junta de Libertad Bajo Palabra, con el

9 Véase, el Anejo I del recurrido, pág. 21.
10 Véase, Anejo III del recurrido, págs. 24-25.
11 Véase en el expediente, escrito intitulado; AL EXPEDIENTE y su anejo.
KLRA202300040                                                           4

fin de atemperar el contenido de estos estatutos con la Ley Núm.

168-2019, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. A

ese fin, expuso los siguientes motivos:

      La sentencia más larga dispuesta en el Código Penal de
      Puerto Rico es de 99 años. No obstante, en variadas
      ocasiones, dependiendo de la naturaleza de los delitos
      cometidos las sentencias imponen sanciones consecutivas
      que pueden llegar a acumular penas de cientos de años de
      cárcel, convirtiéndose prácticamente en sentencias de
      encarcelamiento de por vida sin la posibilidad de libertad
      bajo palabra. Con la presente medida se busca establecer
      una manera justa, retributiva y rehabilitadora, que le
      permita a aquella persona convicta por varios delitos el poder
      ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir con los
      términos de la sentencia más onerosa relacionada
      directamente con alguno de los delitos por los cuales fue
      encontrado culpable.
      La Junta de Libertad Bajo Palabra adquiere jurisdicción y
      puede decretar la libertad bajo palabra “de cualquier persona
      recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto
      Rico… cuando haya cumplido la mitad de la sentencia fija que
      le ha sido impuesta, excepto cuando la persona haya sido
      convicta bajo dicho sistema de sentencia determinada por
      asesinato en primer grado, en cuyo caso la Junta adquirirá
      jurisdicción cuando la persona haya cumplido (25) años de su
      sentencia, o cuando haya cumplido diez (10) años de
      sentencia si la persona convicta por dicho delito lo fue un
      menor juzgado como adulto.” Artículo 3 de la Ley Núm. 118
      de 1974, según enmendada, supra, 4 L.P.R.A. sec.
      1503. Véase, además, Op. Sec. Just. Núm. 7 de 1986.
      Los criterios de elegibilidad a tomarse en consideración para
      conceder el privilegio de libertad bajo palabra son los
      siguientes: (1) la naturaleza y circunstancias del delito o
      delitos por el cual se cumple la sentencia; (2) las veces que
      el convicto haya sido convicto o sentenciado; (3) una relación
      de liquidación de la sentencia o sentencias que cumple el
      confinado; (4) la totalidad del expediente penal, social y los
      informes médicos e informes por cualquier profesional de la
      salud mental sobre el confinado; (5) el historial de ajuste
      institucional; y del historial social y psicológico del
      confinado, preparado por la Administración de Corrección y
      el historial médico y psiquiátrico preparado por Salud
      Correccional del Departamento de Salud; (6) la edad del
      confinado; (7) el o los tratamientos para condiciones de
      salud que reciba el confinado; (8) la opinión de la víctima;
      (9) planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudios
      y trabajo del confinado; (10) lugar en el que piensa residir el
      confinado y la actitud de dicha comunidad, de serle
      concedida la libertad bajo palabra y cualquier otra
      consideración que estime pertinente.
      Tomando en consideración lo anterior, en búsqueda del
      cumplimiento con la política pública constitucional de la
      rehabilitación que debe traducirse en un andamiaje penal
      más humano en la implementación de las penas, y sin obviar
      la responsabilidad de la persona ante el gobierno por sus
      acciones delictivas, es que esta legislatura aprueba la
      presente medida.
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      En cuanto a la enmienda al Art. 308 de la Ley 146-2012,

conocida como el Código Penal de Puerto Rico, la Sección 1 de la

referida Ley Núm. 85-2022, estableció lo siguiente:

      Artículo    308.–     Términos     para    cualificar    para
      consideración de la Junta de Libertad bajo Palabra.
      Toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código
      podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la
      Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco
      por ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Este
      cómputo nunca excederá de quince (15) años cuando se trate
      de un adulto o de cinco (5) años cuando se trate de un menor
      sentenciado y procesado como adulto en delitos para los
      cuales al realizarse el cómputo jurisdiccional para cualificar
      ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra
      este sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija
      señalada en el tipo de cincuenta (50) años.
      En delitos graves cuyo término de reclusión señalada en el
      tipo sea de cincuenta (50) años, la persona podrá ser
      considerada para libertad bajo palabra por la Junta de
      Libertad Bajo Palabra al cumplir quince (15) años de su
      sentencia o cinco (5) años si se trata de un menor de edad
      procesado y sentenciado como adulto.
      En caso de la persona convicta de asesinato en primer
      grado, un delito cuya pena sea de noventa y nueve (99)
      años o reincidencia habitual la persona podrá ser
      considerada para libertad bajo palabra por la Junta de
      Libertad Bajo Palabra, al cumplir veinticinco (25) años de
      su sentencia, o diez (10) años, si se trata de un menor de
      edad procesado y sentenciado como adulto. Las personas
      convictas al amparo del inciso (c) del Artículo 93 estarán
      excluidas del privilegio de libertad bajo palabra.
      En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al
      acusado culpable por más de un delito y se le imponga
      una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, la
      persona convicta tendrá derecho a cualificar para libertad
      bajo palabra al cumplir con el término concerniente a la pena
      mayor recibida por alguno de los delitos cometidos. Cuando
      más de uno de los delitos cometidos conlleve la misma pena,
      la persona convicta cualificará para el beneficio de libertad
      bajo palabra con el mero hecho de haber cumplido con el
      término de una de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de
      aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud de la
      cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial.

      Por otra parte, la Sección 2 de la Ley Núm. 85-2022 enmendó

el Art. 3 la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, de la Ley de la

Junta de Libertad Bajo Palabra, de la siguiente forma:

      Artículo 3. – Autoridades, deberes y poderes de la Junta
      La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la siguiente
      autoridad, poderes y deberes:
      (a) ...
      ...
      (1) ...
      …
      (4) …
      Podrá así mismo decretar la libertad bajo palabra de
      cualquier persona recluida en cualquiera de las
      instituciones penales de Puerto Rico que haya sido convicta
      conforme a las disposiciones de la Ley 146-2012, conocida
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     como “Código Penal de Puerto Rico de 2012” al cumplir el
     setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión
     impuesto. Este cómputo nunca excederá de quince (15)
     años cuando se trate de un adulto o de cinco (5) años cuando
     se trate de un menor sentenciado y procesado como adulto
     en delitos para los cuales al realizarse el cómputo
     jurisdiccional para cualificar ante la consideración de la
     Junta de Libertad Bajo Palabra este sea mayor a lo requerido
     para delitos con pena fija señalada en el tipo de cincuenta
     (50) años.
     En caso de la persona convicta de asesinato en primer
     grado bajo la Ley 146-2012, esta podrá ser considerada
     para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo
     Palabra al cumplir veinticinco (25) años de su sentencia,
     o diez (10) años , si se trata de un menor de edad procesado
     y sentenciado como adulto.
     La Junta podrá considerar para la libertad bajo palabra a
     aquellas personas que hayan utilizado o intentado
     utilizar un arma de fuego ilegal en la comisión de un
     delito grave o su tentativa, según definido en la Ley 146-
     2012, según enmendada. La Junta podrá conceder el
     beneficio cuando se ha determinado reincidencia habitual
     por delitos no violentos al cumplir veinticinco (25) años de
     su sentencia de reclusión, pero no podrá conceder el
     beneficio cuando la persona haya resultado convicta por
     delitos de agresión sexual o pornografía infantil en
     cualquiera de sus modalidades, según definidos en la Ley
     146-2012, según enmendada. Antes de conceder el
     beneficio, la Junta considerará todas las disposiciones
     contenidas en el Artículo 3-B de esta Ley y lo que contemplan
     en la Ley 22-1988, mejor conocida como la Ley de la “Carta
     de Derechos de Víctimas y Testigos de Delito”, según
     enmendada, para garantizarle a las víctimas todos los
     derechos.
     …
     (5) En aquellos procesos judiciales en que se encuentre
     al acusado culpable por más de un delito y se le imponga
     una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, la
     persona convicta tendrá derecho a cualificar para libertad
     bajo palabra al cumplir con el término concerniente a la pena
     mayor recibida por alguno de los delitos cometidos. Cuando
     más de uno de los delitos cometidos conlleve la misma pena,
     la persona convicta cualificará para el beneficio de libertad
     bajo palabra con el mero hecho de haber cumplido con el
     término de una de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de
     aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud de la
     cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial.
     ...
     (b) …
     …
     (k) Podrá acudir al Tribunal a solicitar modificación en la
     sentencia de cualquier persona recluida en cualquiera de las
     instituciones penales de Puerto Rico.

     Por último, y en lo que respecta a la Sección 3 de la

mencionada Ley Núm. 85-2022, se establece lo siguiente:

     Esta     Ley      aplicará    de    manera      retroactiva,
     independientemente del Código Penal o Ley Penal Especial
     vigente al momento de los hechos delictivos, siempre y
     cuando resulte favorable para la persona condenada. Las
     cláusulas de prohibiciones absolutas de libertad bajo
     palabra en los delitos de leyes penales especiales no serán
     aplicables al caso de menores juzgados y sentenciados como
     adultos cuando contravengan lo aquí establecido.
KLRA202300040                                                         7
                                          -III-

          El señor Ortiz Colón solicita que revisemos la determinación

tomada por la CCT en la que se ratificó el nivel de su custodia a

mediana.

          Sin embargo, surge del expediente, que el 15 de marzo de

2023 el DCR emitió una nueva Hoja de Control sobre Liquidación de

Sentencia. En la cual, aplicó el ajuste en virtud de la Ley Núm. 85 –

2022, supra, según solicitado por el recurrente. Entre otros temas,

se le notificó que el computo mínimo de su sentencia del cárcel será

el 16 de agosto de 2024.

          Ante ello, el propio DCR, a través de la OPG, nos solicita que

devolvamos el caso para la correspondiente evaluación del CCT del

DCR, sobre si procede o no la reclasificación de custodia del señor

Ortiz Colón ante la nueva Hoja de Control sobre Liquidación de

Sentencia.12

          Por lo tanto, procedemos a devolver el caso de epígrafe al CCT

del DRC para su oportuna evaluación.

                                          -IV-

          Por los fundamentos antes expuestos, devolvemos el caso de

epígrafe al CCT del DRC para su evaluación.

          Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

12   Véase, la pág. 6 del escrito de la parte recurrida.