Court Opinion

ID: 9890343
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:17:18.386164+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:31.366987
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL V

CONSEJO DE TITULARES                                    Apelación
DEL CONDOMINIO VILLAS                                   procedente del
      DEL FARO                                          Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala
            Apelada                                     Superior de
                                                        Humacao
                v.
                                                        Caso Núm.:
    MAPFRE PRAICO                                       HU2019CV01340
 INSURANCE COMPANY
                                  KLAN202300705 Sobre:
           Apelante                             Incumplimiento de
                                                Contrato; mala fe;
                                                cumplimiento
                                                específico;
                                                violaciones al Código
                                                de Seguros de PR;
                                                daños y perjuicios;
                                                reclamación por
                                                Huracán María

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

        Comparece       MAPFRE      PRAICO      Insurance     Company    (en

adelante, MAPFRE y/o parte apelante), mediante un recurso de

Apelación para solicitarnos la revisión y revocación de la Sentencia

Parcial emitida el 6 de junio de 2023 y notificada el 7 de junio de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao (en adelante, TPI).1 Mediante la Sentencia Parcial apelada,

el foro primario declaró Ha Lugar una moción de desestimación,

presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Villas del

Faro (en adelante, Consejo y/o parte apelada) y, en consecuencia,

desestimó la Reconvención presentada por MAPFRE.2

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia Parcial apelada.

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 257-267.
2 Id., a la pág. 267.

Número Identificador

SEN2023______________
KLAN202300705                                                              2

                                         I

       El 4 de septiembre de 2019, el Consejo presentó una Demanda

al amparo de las Reglas 3.1 y 3.4 de las Reglas de Procedimiento

Civil.3 En ella, solicitó que se condenara a MAPFRE al pago de

$18,968,857.09 dólares como compensación por los daños sufridos

por la propiedad a causa del Huracán María y $1,896,885.71

dólares por los daños alegadamente causados por incumplimiento

contractual con los términos y condiciones de la póliza de seguros

expedida a su favor al atender la reclamación de daños, en violación

al Código de Seguros de Puerto Rico (en adelante, Código de

Seguros).4 Alegó que la póliza de seguros cubría el periodo desde el

23 de marzo de 2017 hasta el 23 de marzo de 2018. Expuso que,

como lo demostraban las páginas de declaración de la póliza de

seguros, esta brindaba cobertura para todos los edificios y

estructuras auxiliares por daños cubiertos por tormentas de viento,

hasta $25,131,072.00 dólares, sobre una base de valor acordado.

Sin embargo, alegó que recibió, el 21 de julio de 2018, dos (2)

cheques de parte de General Insurance Brokers, Inc., su agente de

seguros, por las cantidades de $260,502.61 dólares5 y $26,028.37

dólares6, los cuales alegó que aceptaron como un adelanto.

       De ahí, el 16 de diciembre de 2019, MAPFRE presentó una

Solicitud de Sentencia Sumaria.7 Alegó que su oferta final había sido

por la cantidad de $286,030.98 dólares, y que por su parte el

Consejo aceptó y depositó los cheques configurándose la figura de

pago en finiquito. Expuso que en el reverso de los dos (2) cheques y

cerca del espacio para endoso se desprendía lo siguiente: “pago total

y definitivo de toda obligación, reclamación o cuenta comprendida

3 Id., a las págs. 1-11. 32 LPRA Ap. V, R. 3.1 y 3.4.
4 Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de Junio de 1957, según

enmendada, 26 LPRA § 101 et seq.
5 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 190.
6 Id., a la pág. 187.
7 Id., a las págs. 16-194.
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en el concepto indicado en el anverso”. Allí, solicitó al foro primario

la desestimación de la Demanda en su contra, con perjuicio y la

imposición de costas, así como una suma razonable en honorarios

de abogado por temeridad.

        De los autos se desprende que mediante la Resolución emitida

el 12 de diciembre de 2021, el foro primario denegó la referida

solicitud de sentencia sumaria.8 Allí, el foro primario concluyó que:

        [E]xiste una controversia real sobre los daños pagados
        por MAPFRE. Además, y según las alegaciones del
        demandante, existe controversia en cuanto a los daños
        reclamados y los que MAPFRE pagó. Es meritorio tener
        claro estos hechos, en específico, la aseguradora debe
        proveer una explicación, en la que se detalle lo que el
        asegurado reclamó, lo que la aseguradora evaluó y
        concedió, junto a las partidas específicas pagadas y
        aquellas excluidas, para que el pago no sea considerado
        una práctica desleal. En este caso existe controversia
        en cuanto a la aceptación del pago como uno total y
        final de la reclamación. Es decir, al existir controversias
        de hechos no se puede pasar juicio sobre la totalidad de
        las cuestiones que fueron planteadas sin la celebración
        de una vista en la cual se dirima cuestiones de
        credibilidad y se presente la evidencia que amerite.9

        Luego, el 23 de diciembre de 2021, MAPFRE presentó una

Contestación a la Demanda y Reconvención.10 En la Reconvención,

expuso que el 28 de septiembre de 2017, el Consejo le notificó su

aviso de accidente por los daños ocasionados a la propiedad por el

paso del Huracán María. Alegó que, en o alrededor del 26 de abril

de 2018, General Insurance Brokers, Inc. le sometió a nombre del

Consejo un estimado que incluía todos los daños a edificios y demás

riesgos cubiertos bajo las cuales reclamaba. Según MAPFRE, la

reclamación del Consejo era por un total de $398,429.76 dólares.

En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración, MAPRE alzó

que: (i) los demandantes del título incurrieron como mínimo en

fraude, falsas representaciones y sobrestimaron sus daños, por lo

que la póliza de seguros quedaba invalidada y MAPFRE debía quedar

8 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 1-13.
9 Id., a la pág. 12.
10 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 195-211.
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relevada de cumplir con su deber de indemnizar; (ii) los

demandantes del título incumplieron varios de sus deberes

esenciales bajo la póliza de seguros, entre ellos, el de brindar

información completa y veraz respecto a su reclamación, por lo que

la póliza de seguros quedaba invalidada y MAPFRE debía quedar

relevada de cumplir con su deber de indemnizar; y, (iii) solicitaron

que se condenara al asegurado a la devolución de lo pagado, junto

con el pago de todos los gastos de investigación, ajuste y legales

incurridos por MAPFRE, los cuales se estiman en una suma no

menor de $250,000.00 dólares.11

       Por su parte, el 24 de enero de 2022, el Consejo presentó una

Moción de Desestimación de “Reconvención” al Amparo de la Regla

10.2(5) de Procedimiento Civil.12 En síntesis, adujo que la

Reconvención presentada por MAPFRE incumplió con la Regla 7.2

de las Reglas de Procedimiento Civil13 y que, por tanto, procedía la

desestimación de esta, al amparo de la Regla 10.2(5) del mismo

citado cuerpo de reglas14. Adujo que se dejó de exponer una

reclamación que justificara la concesión de un remedio. En

respuesta, el 3 de febrero de 2022, MAPFRE presentó una Oposición

a Moción de Desestimación de Reconvención.15 Adujo que las

alegaciones contenidas en la Reconvención expresaban con claridad

los hechos que alegadamente daban base a la concesión del remedio

solicitado y que, por tanto, el remedio solicitado por el Consejo debía

ser denegado.

       De ahí, el 6 de junio de 2022, el foro primario emitió la

Sentencia Parcial apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar la

solicitud de desestimación presentada por el Consejo y ordenó la

11 Id., a las págs. 210-211.
12 Id., a las págs. 212-225. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
13 32 LPRA Ap. V, R. 7.2.
14 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
15 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 226-232.
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continuación del resto de las reclamaciones.16 Dicha Sentencia

Parcial fue notificada el 7 de junio de 2022. Como parte de la

Sentencia Parcial apelada, el tribunal a quo expresó lo siguiente:

       El día 13 de diciembre de 2021 este tribunal resolvió
       mediante resolución que en este caso no se probaron
       los elementos que configuran el pago en finiquito.
       Precisamente resolvimos sobre la existencia de varias
       controversias, todas relacionadas a los pagos realizados
       por M[APFRE] mediante los dos cheques. Así,
       resolvimos específicamente que: “un análisis de los
       documentos del expediente, revelan que existe una
       controversia real sobre los daños pagados por MAPFRE.
       Además, y según las alegaciones del demandante, existe
       controversia en cuanto a los daños reclamados y los que
       MAPFRE pagó. Es meritorio tener claro estos hechos, en
       específico, la aseguradora debe proveer una explicación,
       en la que se detalle lo que el asegurado reclamó, lo que
       la aseguradora evaluó y concedió, junto a las partidas
       específicas pagadas y aquellas excluidas, para que el
       pago no sea considerado una práctica desleal. En este
       caso existe controversia en cuanto a la aceptación del
       pago como uno total y final de la reclamación. Es decir,
       al existir controversias de hechos no se puede pasar
       juicio sobre la totalidad de las cuestiones que fueron
       planteadas sin la celebración de una vista en la cual se
       dirima cuestiones de credibilidad y se presente la
       evidencia que amerite. Es necesario que se celebre un
       juicio en su fondo. Así se impide que las partes sean
       privadas de su día en corte”.

       Fue por los precitados fundamentos que resolvimos que
       los pagos realizados por M[APFRE] no fueron en ese
       entonces, ni son todavía suficientes para configurar el
       pago en finiquito. Por tanto, la reconvención es
       totalmente improcedente, toda vez que descansa en que
       se realizaron pagos que finiquitaron la obligación de
       indemnizar que tenía M[APFRE]. La reconvención parte
       de la premisa errónea de que luego de ser indemnizados
       la parte contin[ú]a su reclamación fraudulentamente
       cuando en este caso lo que precisamente hay que
       determinar es si la indemnización fue conforme a
       derecho, o si, al contrario, M[APFRE] actuó de mala fe
       en la tramitación de la reclamación.17

       Además, en la Sentencia Parcial apelada, el foro primario

concluyó lo siguiente:

       Examinada la reconvención que obra en autos, surge
       claramente que no solo incumple con el estándar de
       plausibilidad por descansar totalmente en alegaciones
       conclusorias, sino que ignora lo resuelto el 13 de
       diciembre de 2021. Además, el alegado fraude no fue
       detallado conforme la disposición de la [R]egla 7.2 de

16 Id., a las págs. 257-267.
17 Id., a las págs. 265-266.
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        [P]rocedimiento [C]ivil, la reconvención no expone cu[á]l
        es el alegado fraude cometido por la parte demandante.

        La reconvención objeto de controversia, a la luz de las
        circunstancias particulares del caso de autos, incumple
        con el criterio de plausibilidad toda vez que alega
        conclusivamente la existencia de un fraude que
        depende de un descubrimiento de prueba y parte de
        premisas erradas que ignoran las determinaciones del
        tribunal.18

        Inconforme, el 22 de junio de 2023, MAPFRE presentó una

solicitud de Reconsideración al amparo de la Regla 47 de las Reglas

de Procedimiento Civil.19 En su escrito solicitó al TPI que

reconsiderara el desfavorable dictamen, arguyendo que la solicitud

de Reconvención contenía alegaciones fáticas suficientes para

establecer que las actuaciones del Consejo constituyeron fraude y/o

falsas representaciones y que dichas alegaciones, tomadas como

ciertas, exponen un reclamo plausible que amerita un remedio. Por

su parte, el 12 de julio de 2023, el Consejo presentó una Oposición

a “Reconsideración”.20 Finalmente, mediante Resolución emitida el

13 de julio de 2023 y notificada el 14 de julio de 2023, el foro

primario dispuso lo siguiente:

        Consideradas la moción de Reconsideración presentada
        por la parte demandada, así como la correspondiente
        Oposición fijada por la demandante, concluimos que la
        primera no expone con suficiente particularidad y
        especificidad los hechos y el derecho que la parte
        promovente estima que deben reconsiderarse,
        ademá[s], tampoco está fundada en cuestiones
        sustanciales relacionadas con las determinaciones de
        hechos pertinentes o conclusiones de derecho
        materiales que nos lleven a variar nuestra
        determinación. Así, a la Reconsideración se provee No
        Ha Lugar. Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
        V, R. 47. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157
        (2016).21

        Aún insatisfecho, el 11 de agosto de 2023, compareció

MAPFRE, mediante un recurso de Apelación, en el cual esgrimió la

comisión del siguiente error:

18 Id., a la pág. 266.
19 Id., a las págs. 268-274. 32 LPRA Ap. V, R. 47.
20 Id., a las págs. 275-279.
21 Id., a la pág. 280.
KLAN202300705                                                                   7

       ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL
       DESESTIMANDO LA RECONVENCIÓN, CUANDO LAS
       ALEGACIONES CUMPLEN Y EXCEDEN CON TODOS
       LOS CRITERIOS DE SUFICIENCIA, ESPECIFICIDAD Y
       DETALLE.

       De ahí, el 25 de agosto de 2023, compareció ante nos el

Consejo, mediante una Moción de Desestimación de “Apelación” por

Falta de Jurisdicción y por Incumplimiento Craso con el Reglamento

del Tribunal de Apelaciones.             Sobre    el   particular,    mediante

Resolución emitida el 8 de septiembre de 2023, este Tribunal declaró

No Ha Lugar la solicitud de desestimación. De ahí, el 18 de

septiembre de 2023, compareció el Consejo mediante escrito

intitulado Alegato en Oposición a “Apelación Civil”. Con el beneficio

de la comparecencia de ambas partes, procederemos a resolver.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil22, dispone que los

recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término

jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia

de la notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es

insubsanable.23 La correcta notificación de una sentencia es una

característica imprescindible del debido proceso judicial.24 Como

corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de este

Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.

       En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de
       sus instrumentalidades que no fuere una corporación
22 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
23 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
24 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
KLAN202300705                                                               8

         pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus
         funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el
         recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte
         en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia,
         presentando un escrito de apelación dentro del término
         jurisdiccional de sesenta días, contados desde el
         archivo en autos de una copia de la notificación de la
         sentencia dictada por el tribunal apelado. 25

         No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.26

(Énfasis suplido). En tal caso, el curso del término para apelar

comienza a partir del archivo en autos copia de la notificación de la

resolución que resuelve la moción.27 Esto, a pesar de que se haya

declarado la moción No Ha Lugar.

    B. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

         La Regla 10.2 de Procedimiento Civil regula la presentación de

defensas y objeciones a una reclamación judicial.28 La moción de

desestimación al amparo de esta regla es una defensa especial que

formula el demandado en la que solicita que se desestime la

demanda presentada en su contra, aun sin necesidad de formular

una alegación previa.29

         La regla establece que:

         Toda defensa de hechos o de derecho contra una
         reclamación se expondrá en la alegación responsiva
         excepto que, a opción de la parte que alega, las
         siguientes defensas pueden hacerse mediante una
         moción debidamente fundamentada:
         (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
         (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
         (3) insuficiencia del emplazamiento;
         (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
         (5) dejar de exponer una reclamación que justifique
         la concesión de un remedio;
         (6) dejar de acumular una parte indispensable.30
         (Énfasis suplido).

25 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
26 32 LPRA Ap. V, R. 47.
27 Id.
28 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
29 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
30 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
KLAN202300705                                                                     9

       El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable

posible a la parte demandante para determinar si la misma es

suficiente para constituir una reclamación válida.31 No obstante,

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene

derecho a obtener algún remedio.32

   C. Pago en Finiquito

       El Código Civil de Puerto Rico de 1930 reconoce diversas

formas de extinguir las obligaciones.33 En su Artículo 111034

dispone que las obligaciones se extinguen por el pago o

cumplimiento, entre por otras razones. Por su parte, el Artículo

111135 dispone que no se entenderá pagada una deuda, sino cuando

completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación

en la que la obligación consistía.

       No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante,

Tribunal Supremo) por vía de interpretación judicial ha insertado y

reconocido en nuestro derecho otra forma de extinción de las

obligaciones que, aunque no satisface completamente la deuda,

libera al deudor de toda obligación, conocida como pago en

finiquito o acuerdo y pago (“accord and satisfaction”).36 (Énfasis

suplido). El pago en finiquito es un modo de extinguir una

31 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
32 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).
33 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado por el Código Civil de Puerto

Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines
de la presente, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la
ley vigente y aplicable a la controversia que nos ocupa.
34 31 LPRA § 3151, Art. 1110.
35 31 LPRA § 3161, Art. 1111.
36 Gilormini Merle v. Pujals Ayala, 116 DPR 482, 484 (1985). López v. South PR

Sugar Co., 62 DPR 238, 244 (1943). City of San Juan v. St. John’s Gas Co., 195
US 510 (1904).
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obligación, que sirve a su vez, como una defensa afirmativa a quien

le reclaman civilmente la satisfacción de una acreencia.37

       Para que se configure la figura de pago en finiquito se requiere

el concurso de los siguientes tres (3) elementos: (i) una reclamación

ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide sin que exista

una opresión o ventaja indebida de parte del deudor sobre su

acreedor;38 (ii) un ofrecimiento de pago por el deudor; y (iii) una

aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor.39 En lo que

respecta     al   primer     elemento,      cuando      el   acreedor     en    las

circunstancias indicadas recibe del deudor y hace suya una

cantidad menor que la que él reclama, el acreedor está por ello

impedido de reclamar la diferencia entre lo recibido y lo por él

reclamado.40 Por otro lado, en lo respectivo al segundo elemento,

este tiene que ir acompañado por declaraciones o actos que

claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al acreedor

es en pago total, completo y definitivo de la deuda existente entre

ambos.41

       Por último, sobre el tercer elemento, se ha resuelto que la

simple retención del cheque no configura la defensa de pago en

finiquito, se requiere actos afirmativos que indiquen la aceptación,

pues, se entiende lógico y razonable que el acreedor investigue y

consulte sobre cuál es el camino que seguir, lo que necesariamente

conlleva el transcurso de algún tiempo, la razonabilidad del cual,

por necesidad, tendrá que ser determinado según las circunstancias

37 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.
38 El primer elemento del pago en finiquito solo exigía que fuera ilíquida la deuda,

pero esto fue modificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Martínez &
Co. v. Long Const. Co., a partir del cual el máximo foro exigió no solo la iliquidez
de la deuda, sino que la misma tenga “ausencia de opresión o indebida ventaja de
parte del deudor sobre su acreedor”. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR
830, 834 (1973).
39 Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company, 207 DPR 138,

159-160 (2021). H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983). Pagán
Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 282 (1963). López v. South PR Sugar Co., 62 DPR
238 (1943).
40 H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, Id.
41 Id., 242.
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particulares de cada caso.42 Ciertamente, al dirigirle al acreedor un

ofrecimiento de pago sujeto a la condición de que al aceptarlo se

entenderá en saldo de su reclamación, tiene el deber de devolver al

deudor la cantidad ofrecida, si no está conforme con dicha

condición; debido a que, no puede aprovecharse de la oferta de pago

hecha de buena fe por el deudor, para después de recibirla,

reclamarle el balance.43

    D. Fraude

        En cuanto al fraude la Regla 7.2 de las Reglas de

Procedimiento Civil expresa:

        En todas las aseveraciones de fraude o error, las
        circunstancias que constituyen el fraude o error
        deberán exponerse detalladamente. La malicia, la
        intención, el conocimiento y cualquier otra actitud o
        estado mental de una persona puede aseverarse en
        términos generales.44 (Énfasis suplido).

        Por su parte, la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Civil

aborda lo relativo a las normas generales para las alegaciones. A

tales efectos la Regla 6.1 dispone lo relativo a la solicitud de remedio:

        Una alegación que exponga una solicitud de remedio
        contendrá:
        (1) una relación sucinta y sencilla de los hechos
        demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho
        a un remedio, y
        (2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho.
        Podrán ser solicitados remedios alternativos o de
        diversa naturaleza.45

        Por su parte, la Regla 6.5 explica que: “(a) Cada aseveración

en una alegación será sencilla, concisa y directa […]”.46 Quiérase

decir, en contravención a la norma, la Regla 7.2 de las Reglas

Procedimiento Civil exige que se expongan detalladamente las

circunstancias que constituyen un supuesto fraude. (Énfasis

suplido). Consiste en la obligación de “detallar y pormenorizar los

42 Id., 243-244.
43 Id., 240.
44 32 LPRA Ap. V, R. 7.2.
45 32 LPRA Ap. V, R. 6.1.
46 32 LPRA Ap. V, R. 6.5.
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hechos constitutivos del fraude”.47 El Alto Foro ha resuelto que “el

fraude no solo tiene que ser afirmativamente alegado, sino que,

además, deben exponerse detalladamente las circunstancias que

constituyen el mismo”.48

     E. La Reconvención

       La Regla 5 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda las

alegaciones permitidas. A esos efectos, la Regla 5.1 dispone que:

“Las alegaciones permitidas serán la demanda, la reconvención, la

demanda contra coparte, la demanda contra tercero y sus

respectivas contestaciones […]”.49 (Énfasis suplido). Existen dos (2)

tipos de reconvenciones, las compulsorias y las permisibles. En lo

que aquí nos concierne, la Regla 11.1 lee como sigue:

       Una alegación contendrá por vía de reconvención
       cualquier reclamación que la parte que la formula tenga
       contra cualquier parte adversa al momento de notificar
       dicha alegación, siempre que surja del acto, de la
       omisión o del evento que motivó la reclamación de la
       parte adversa y no requiera para su adjudicación la
       presencia de terceros sobre quienes el tribunal no
       pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será
       necesario    incluir  dicha    reclamación    mediante
       reconvención si al momento de comenzarse el pleito tal
       reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente.50

                                       III

       En el recurso ante nos, MAPFRE alega que erró el TPI al dictar

una Sentencia Parcial desestimando la reconvención, cuando las

alegaciones cumplen y exceden con todos los criterios de suficiencia,

especificidad y detalle. El presente caso surgió con la presentación

de    una   Demanda          por   incumplimiento   de   contrato,   daños

contractuales y violaciones al Código de Seguros. El Consejo alegó

que MAPFRE incumplió con un contrato de seguros al subestimar

47   R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal
Civil. 6ta ed., LexisNexis, 2017, sec. 2303, pág. 284.
48 Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 690-691 (1979).
49 32 LPRA Ap. V, R. 5.1.
50 32 LPRA Ap. V, R. 11.1.
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los daños cubiertos por la póliza de seguros y por la tramitación

tardía e ineficaz de la reclamación.

       En lo aquí concerniente, el Consejo solicitó al TPI que

desestimara la Reconvención presentada por MAPFRE al amparo de

la Regla 10.2 (5) de las Reglas de Procedimiento Civil debido a que

dejó de exponer una reclamación que justificara la concesión de un

remedio.51 El Consejo argumentó que se debía desestimar debido a

que la Reconvención se basaba en alegaciones conclusorias y no es

lo suficientemente detallada en cuanto al fraude cometido como

requiere la Regla 7.2 de las Reglas de Procedimiento Civil.52

       Acentuamos que en el caso ante nos, el TPI resolvió que no se

probaron los tres (3) elementos que configuran la figura del pago en

finiquito. Dicha determinación fue realizada a través de una

Resolución emitida el 13 de diciembre de 2021, mediante la cual el

foro primario denegó una solicitud de sentencia sumaria presentada

por MAPFRE. Determinó, además, que existía una controversia real

sobre los daños reclamados por el Consejo, los daños pagados por

MAPFRE y la aceptación del pago como uno total y final de la

reclamación. Además, en dicha Resolución el TPI concluyó que,

debido a que existían controversias de hechos, no se podía pasar

juicio sobre la totalidad de las cuestiones planteadas sin la

celebración de un juicio en su fondo.

       Respecto a la         Reconvención presentada por MAPFRE,

concluyó que partía de la premisa de que luego de indemnizar al

Consejo, la reclamación es una fraudulenta, cuando lo cierto es que

lo que había que determinar es si la reclamación fue conforme a

derecho o si por el contrario MAPFRE actuó de mala fe durante el

trámite de la reclamación. Cónsono con lo anterior mencionado, el

TPI fundamentó que procedía desestimar la Reconvención por ser

51 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
52 32 LPRA Ap. V, R. 7.2.
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improcedente, ya que esta descansaba en que se realizaron pagos

que finiquitaron la obligación de indemnizar que tenía MAPFRE.

       Coincidimos con el foro primario en que la Reconvención no

cumple con el estándar de plausibilidad puesto a que sus

alegaciones son unas conclusorias y, además, fue presentada en

total abstracción a lo resuelto mediante la Resolución del 13 de

diciembre de 2021. Las alegaciones conclusorias sobre que el

Consejo sobreestimó sus daños, sin más, no están fundamentadas

en hechos bien alegados, por lo que fueron correctamente

descartadas.      Una     demanda,       o,   como      en    este   caso,     una

Reconvención, de su faz tiene que contener hechos suficientes para

crear una inferencia razonable de que el demandado incurrió en la

conducta que se le imputa, a base del criterio de la plausibilidad,

superando así la mera especulación. El Tribunal Supremo de los

Estados Unidos incorporó el estándar de plausibilidad como criterio

de desestimación.53 Este estándar exhorta a los tribunales de

primera instancia a eliminar de la demanda aquellas alegaciones

conclusorias que no deben presumirse como ciertas.54 El propósito

es que el foro sentenciador esté en posición de auscultar si las

alegaciones bien fundamentadas establecen una reclamación

plausible, “que justifique que el demandante tiene derecho a un

remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido

común”.55

       A raíz de ello, de incumplir con el criterio de plausibilidad,

procede desestimar la demanda, o, como en este caso, la

Reconvención, e impedir que la causa de acción prosiga bajo el

supuesto de que en el descubrimiento de prueba se probarán las

53  Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544, 545-546 (2007). Ashcroft v.
Iqbal, 556 US 662, 663-664 (2009).
54 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta

ed., Ed. Lexis Nexis, 2017, sec. 2604, pág. 307.
55 Id.
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alegaciones conclusorias.56 El requisito de plausibilidad tiene la

finalidad de evitar que las partes tengan que llegar a etapas más

avanzadas del proceso, principalmente a la del descubrimiento de

prueba, frente alegaciones incapaces de formular y demostrar la

viabilidad de un reclamo judicial que justifique el tiempo y los costos

que acarea ese proceso, tanto para las partes como para el Tribunal.

Por ello, corresponderá al foro judicial ante una moción de

desestimación basado en este defecto, al amparo de la Regla 10.2 de

las Reglas de Procedimiento Civil57, auscultar la plausibilidad de

cada reclamo a la luz de las alegaciones formuladas y, en aquellos

casos en los que haya más de una reclamación, descartar las que

adolecen de hechos demostrativos que justifiquen la concesión de

un remedio y permitir la continuación de los procedimientos con

respecto a aquellas alegaciones que satisfagan esta exigencia.

         Sabido es que las aseveraciones sobre fraude se consideran

materias especiales, las cuales deben exponerse detalladamente en

las alegaciones.58 Coincidimos, además, con el foro primario en que

el fraude alegado tampoco fue detallado conforme dispone la Regla

7.2 de las Reglas de Procedimiento Civil. La Reconvención no incluye

detalle alguno sobre el alegado fraude imputado al Consejo.

Ciertamente las alegaciones de fraude en la Reconvención fueron

escuetas e insuficientes. Las alegaciones de fraude descansan en

una serie de defensas sobre pago en finiquito que fueron

previamente adjudicadas, siendo rechazadas por el TPI mediante su

Resolución del 13 de diciembre de 2021, la cual constituye la ley del

caso.

         Es por todo lo anterior, que juzgamos que el razonamiento y

determinación del foro primario cuando determinó desestimar la

56 Id.
57 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
58 Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 641 (2009).
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reconvención presentada por MAPFRE fue el correcto. Así, las cosas,

el error esbozado por MAPFRE no fue cometido, por lo que cabe

confirmar la Sentencia Parcial apelada.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

Parcial apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones