Court Opinion

ID: 9916142
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:24:50.553186+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:55.500247
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

      JOSÉ ALVARADO VEGA;                 Certiorari
    AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO;               procedente del
    DENNIS CHAPARRO COLÓN;                Tribunal de
     MARIÁ MIRANDA SIERRA;                Primera
        EFRÉN RODRÍGUEZ                   Instancia, Sala
           MARTÍNEZ;        KLCE202300958 Superior de San
         EMPLEADOS 6-50                   Juan
         Parte Recurrida                                    Civil Núm.:
                                                            SJ2022CV06895
                 v.
                                                            Sobre:
         GRUPO LMH, LLC;                                    Salarios Acción
     LATIN MEDIA HOUSE, LLC;                                Representativa
            FF ONE LLC;                                     (Procedimiento
    FERRER FAASS & CO., LLC;                                Sumario Laboral)
      DRSI CALL CENTER, LLC;
    DISTRIBUTION INTEGRATED
          SERVICES, LLC;
            POLEN, LLC;
        MIGUEL A. FERRER;
      HEIKO FAASS; Y OTROS
         Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

                                  SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

        Comparece la parte peticionaria, Grupo LMH, LLC; Latin

Media House, LLC; FF ONE LLC; Ferrer Faass & Co., LLC; DRSI Call

Center, LLC; Distribution Integrated Services, LLC; Polen, LLC;

Miguel A. Ferrer y Heiko Faass (en adelante querellados o

peticionarios)   y    solicitan    la    revisión   y   revocación   de   tres

determinaciones del TPI, notificadas el 21, 25 y 28 de agosto de

2023,     respectivamente.              Las   referidas    determinaciones,

corresponden a cuatro solicitudes que fueron declaradas No Ha

Lugar, por el foro primario.1           En consecuencia el foro apelado

1
 Moción de Reconsideración, véase Índice del Apéndice págs. 151-153, Solicitud
de Reconsideración y Relevo, véase Índice del Apéndice págs. 160-161; Moción
Informativa Urgente, véase Índice del Apéndice págs. 165-166, Solicitud de

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202300958                                                              2

mantuvo en vigor la Orden de Embargo y Ejecución de Sentencia del

19 de agosto de 2023 y notificada el 21 de agosto de 20232. Junto

con el certiorari, los peticionarios presentaron una petición de

paralización de los procedimientos en auxilio de jurisdicción. Así las

cosas, el 1 de septiembre de 2023, ordenamos la paralización de los

procedimientos en el TPI, incluyendo la orden de ejecución de

sentencia y embargo.

       El 14 de septiembre de 2023, los querellantes comparecieron

mediante Alegato en Oposición a las Peticiones de Certiorari.

       Evaluados los argumentos de las partes comparecientes y los

documentos que conforman el apéndice del recurso, resolvemos

expedir el auto de certiorari y revocar la Orden de Ejecución de

Sentencia y Embargo y devolver al foro primario para la

continuación de los procedimientos.

                                         I.

       El 2 de agosto de 2022 los Sres. José Alvarado Vega, Agustín

Criollo Oquero, Dennis Chaparro Colón, Efrén Rodríguez Martínez y

la Sra. María Miranda Sierra, aquí recurridos, presentaron una

querella contra los peticionarios al amparo del procedimiento

sumario que establece la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,

según enmendada, 32 LPRA sec. 3118.                A grandes rasgos los

recurridos reclamaban salarios y beneficios marginales.

       Luego     de    varios     tramites     procesales     innecesarios

pormenorizar, el 1 de mayo de 2023 se celebró una vista

transaccional. En la vista se informó que las partes habían llegado

a un acuerdo privado. Así informado, el TPI procedió a dictar ese

mismo día, la correspondiente Sentencia.

Reconsideración y Relevo de la NHL Solicitud de Relevo de Orden y la Orden de
Ejecución de Sentencia, véase Índice del Apéndice págs. 171-173
2
  Dicho embargo fue dirigido a Grupo LMH, LLC; Latin Media House, LLC; FF ONE
LLC; Ferrer Faass & Co., LLC; DRSI Call Center, LLC; Distribution Integrated
Services, LLC; Polen, LLC; Miguel A. Ferrer y Heiko Faass, por la cantidad de
$69,643.02 más $1,500.00 de honorarios de abogados.
KLCE202300958                                                              3

           Como parte de los procedimientos, durante la vista

transaccional se levantó una Minuta3, la cual lee:

                 Mediante videoconferencia4 se llamó el caso de
                 epígrafe para vista Transaccional. Participó el
                 Lcdo.     Rafael    A.  Ortiz   Mendoza     en
                 representación de la parte querellante. Lcdo.
                 Jaime L. Sanabria Montañez en representación
                 de la parte querellada.

                 Iniciados los procedimientos, el licenciado
                 Sanabria informó que remitió a la parte
                 querellante una oferta transaccional la cual
                 estuvo de acuerdo. También, la parte
                 demandante (sic) le solicitó ciertos documentos
                 para lograr finiquitar este asunto. El pago por
                 transacción informado se hará entre el 15 y 30 de
                 mayo de 2023.

                 A solicitud del licenciado Ortiz, los abogados se
                 acercaron al estrado. Luego de dialogar en el
                 estrado, se decretó un breve receso para que los
                 abogados hicieran algunas diligencias.

                 Reanudada la sesión, el licenciado Sanabria
                 anunció que las partes lograron acuerdos
                 privados. En o antes del 23 de mayo de 2023
                 estarán realizando los pagos que correspondan.

                 Bajo juramento, Max Carranza, José Alvarado
                 Vega, María Miranda Sierra, Dennis Chaparro
                 Colón, Efrén Rodríguez Martínez y Agustín Criollo
                 Oquero ratificaron el acuerdo privado alcanzado.

                 El Tribunal acoge la transacción entre las
                 partes y dictará sentencia por estipulación. Se
                 deja sin efecto la vista pautada para el 24 de
                 mayo de 2023.

                 (Énfasis en el original).

          Por su parte, la Sentencia dictada el 1 de mayo de 2023,

dispuso:

                 Celebrada    la   Vista    Transaccional    hoy,
                 comparecieron los querellantes José Alvarado
                 Vega; Agustín Criollo Oquero; Dennis Chaparro
                 Colón; Efrén Rodríguez Martínez y María Miranda
                 Sierra representados por el Lcdo. Rafael A. Ortiz
                 Mendoza. En representación de la parte
                 querellada compareció el Sr. Max Carranza y el
                 Lcdo. Jaime L. Sanabria Montañez.

                 Las partes han informado haber llegado a un
                 acuerdo privado que pone fin a las controversias
                 en el presente caso.

3 La minuta fue transcrita el 18 de mayo de 2023.
4
    Se aclara que la vista transaccional se celebró de forma presencial.
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              La parte querellada por conducto del Sr. Max
              Carranza y las partes querellantes José Alvarado
              Vega; Agustín Criollo Oquero; Dennis Chaparro
              Colón; Efrén Rodríguez Martínez y María Miranda
              Sierra, bajo juramento ratificaron el acuerdo de
              forma libre y voluntaria.

              Ante ello, el Tribunal aprueba la estipulación en
              sus precisos términos y condiciones. Las partes
              del caso de autos se atendrán al estricto
              cumplimiento de lo estipulado y de esta
              Sentencia.

              Se apercibe a las partes que el incumplimiento de
              las obligaciones acordadas dará lugar a las
              medidas y procedimientos, también acordados,
              para el caso de incumplimiento de lo pactado;
              más cualquier otra medida o sanción que el
              Tribunal pueda entender apropiada conforme el
              incumplimiento, circunstancias y derecho
              aplicable.

              Esta Sentencia se dicta sin especial imposición de
              costas, gastos ni honorarios de abogados, excepto
              aquellas que se hayan pactado entre las partes en
              el acuerdo privado de transacción.

              Se deja sin efecto el Juicio en su Fondo
              señalado para el 24 de mayo de 2023. (Énfasis
              en el original).

       Así las cosas, el 19 de julio de 2023, lo querellantes solicitaron

al TPI que se señalara una vista y emitiera una orden para que los

querellados mostraran causa por las cuales no se debía ejecutar la

Sentencia del 1 de mayo de 2023. En la solicitud, los querellantes

alegaron que los querellados no habían realizado el pago acordado

en o antes del 23 de mayo de 20235.

       El 24 de julio de 2023, el TPI emitió una orden a los

querellados para que mostraran causas por las cuales no se debía

ordenar la ejecución de la Sentencia. El mismo día, los querellados

comparecieron mediante Moción Aclaratoria indicando que los

acuerdos privados incluían que los querellantes renunciasen y/o

desistieran de cualquier tipo de reclamación, causa de acción,

demanda y/o acciones legales. Ante esa contraprestación incluida

5 En dicho escrito es que se mencionan por primera vez cantidades de dinero para

cada querellante. Las cantidades totalizan $69,643.02.
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en el acuerdo privado, los querellados informaron que estaban en

espera que los querellantes desistieran de una querella que había

presentado ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.

      Ante los nuevos detalles del contenido del acuerdo privado y

las versiones irreconciliables de las partes, el 31 de julio de 2023, el

TPI les ordenó que se tenían que reunir (vía telefónica o

videoconferencia) para discutir el asunto e informar en cinco (5)

días. El foro primario concluyó su orden indicando, “De no lograr

solucionar la controversia, el Tribunal intervendrá”.

       Así las cosas y lejos de llegar a un entendido, las partes

comenzaron a presentar mociones y réplicas teorizando lo que cada

uno de ellos entendía era el contenido y las condiciones del acuerdo

privado, según discutido fuera del Tribunal y durante la vista del 1

de mayo de 2023.

      Evaluados los escritos, el 10 de agosto de 2023, el TPI

mediante orden, le solicitó a los querellantes un proyecto de

ejecución de sentencia y mandamiento. El 19 de agosto de 2023, el

TPI concedió la Orden de Ejecución de Sentencia en virtud de la

Regla 51 de las de Procedimiento Civil. La anterior concesión, estaba

basada en la Solicitud de Señalamiento de Vista y Orden de Mostrar

Causa Por La cual No Se Deba Ejecutar La Sentencia e Imponer

Sanciones, la Sentencia dictada el 1 de mayo de 2023 y las réplicas

de las partes.   Dicha orden de ejecución y embargo era por la

cantidad de $69,643.02, más $1,500.00 por honorario de abogados,

más las costas y gastos del proceso.

      El 23 de agosto de 2023, los peticionarios presentaron una

Solicitud de Reconsideración y Relevo. En síntesis, argumentaron

que el acuerdo privado alcanzado era solamente entre Latin Media

House, LLC. y los querellantes. Ante la petición de reconsideración,

el 23 de agosto de 2023 el TPI le ordenó a los querellantes que

replicaran la solicitud de reconsideración y relevo en cinco (5) días.
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En espera de la réplica a la solicitud de reconsideración y relevo,

Latin Media House LLC, le solicitó al TPI que paralizara la ejecución

y embargo autorizada desde el 19 de agosto de 2023. En su escrito,

Latin Media House, LLC. mencionó que los querellantes no habían

desistido o renunciado a todos los casos contra ello, a pesar de

haberlo acordado mediante el acuerdo privado.

      El 24 de agosto de 2023, los querellantes replicaron y se

opusieron a la solicitud de reconsideración y relevo.         Luego de

réplicas y dúplicas adicionales, el 25 de agosto de 2023, el TPI

declaró No Ha Lugar, a la Solicitud de Reconsideración y Relevo de la

“NHL Solicitud de Relevo de Orden” y La “Orden De Ejecución De

Sentencia” presentada por los querellados.

      Inconformes los querellados, el 31 de agosto de 2023, acuden

ante nosotros mediante certiorari y le imputan al foro primario el

siguiente error:

      ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE
      RECONSIDERACIÓN,        SOLICITUD         DE
      RECONSIDERACIÓN     Y    RELEVO,      MOCIÓN
      INFORMATIVA URGENTE, Y LA SOLICITUD DE
      RECONSIDERACIÓN Y RELEVO DE LA “NHL
      SOLICITUD DE RELEVO DE ORDEN” Y LA “ORDEN DE
      EJECUCIÓN DE SENTENCIA” PRESENTADAS POR LA
      PARTE PETICIONARIA AL HABERSE EMITIDO UNA
      EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y ORDEN DE EMBARGO
      EN CONTRA DE OCHO (8) COPETICIONARIOS QUE
      NUNCA FUERON PATRONO DE LA RECURRIDA.

      La parte recurrida compareció mediante Alegato en Oposición

a las Peticiones de Certiorari el 14 de septiembre de 2023.

                                  II.

                                  A.

      El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

Tribunal   de      mayor   jerarquía    revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del Tribunal. Caribbean Orthopedics
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v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce De León v.

AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).

      En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que procede que

este Tribunal de Apelaciones expida el recurso de certiorari.

Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., supra.; Scotiabank v. ZAF

Corp., 202 DPR 478, 486 (2019). La citada Regla establece que el

recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una orden o

resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions

de la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del foro

apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

      Según lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la

expedición de un recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no

tiene que fundamentar su decisión.

      Ahora bien, aun cuando un asunto esté comprendido dentro

de las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla

52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, se justifica nuestra

intervención. Estos criterios son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
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      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia. Íd.

      Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por tanto, de no estar presente

ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de expedir

el auto solicitado.

                                  B.

      El procedimiento de ejecución de sentencia está regulado por

la Regla 51.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.1,

que dispone lo siguiente:

            La parte a cuyo favor se dicte sentencia
      podrá ejecutarla mediante el procedimiento fijado
      en esta Regla 51, en cualquier tiempo dentro de
      cinco (5) años de ésta ser firme. Expirado dicho
      término, la sentencia podrá ejecutarse mediante
      autorización del Tribunal, a moción de parte y
      previa notificación a todas las partes. Si después
      de registrada la sentencia se suspende su
      ejecución por una orden o sentencia del Tribunal,
      o por efecto de ley, el tiempo durante el cual ha
      sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse
      del cómputo de los cinco (5) años durante los
      cuales podrá expedirse el mandamiento de
      ejecución.

      A tales efectos, es necesario recurrir a la ejecución de una

sentencia, cuando la parte obligada incumple con sus términos.

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 247-48 (2007).

Por lo tanto, cuando la ejecución de la sentencia verse sobre el cobro
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de dinero, la Regla 51.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 51.2, dispone lo siguiente:

      El procedimiento para ejecutar una sentencia u
      orden para el pago de una suma de dinero y para
      recobrar las costas concedidas por el Tribunal
      será mediante un mandamiento de ejecución. El
      mandamiento de ejecución especificará los
      términos de la sentencia y la cantidad pendiente
      de pago. Todo mandamiento de ejecución será
      dirigido al alguacil o alguacila para ser entregado
      a la parte interesada. En todo caso de ejecución,
      incluso aquellos en los que se realice una venta
      judicial, el alguacil o alguacila entregará al
      Secretario o la Secretaria el mandamiento
      debidamente diligenciado y cualquier sobrante
      que tenga en su poder dentro del término de
      quince (15) días a partir de la fecha en que se
      realice la ejecución.

                                    C.

      El contrato de transacción está regulado por los artículos

1497 a 1504 del Código Civil de Puerto Rico del 2020 (31 LPRA. secs.

10641-10648).      Allí se establece que mediante concesiones

recíprocas, las partes ponen fin a un litigio o a su incertidumbre

sobre una relación jurídica. Código Civil, Art. 1497, 31 LPRA. sec.

10641.

      Previo al nuevo Código Civil de 2020, el Tribunal Supremo

había interpretado que un contrato de transacción puede surgir a la

vida jurídica tanto de forma judicial, como extrajudicial. Claro está,

siempre se requerirá que cada uno los contratantes cumplan con

una concesión. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR

484, 498 (2009); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860,

870 (1995). La jurisprudencia ha reconocido como necesarios para

que se constituyan estos contratos, los siguientes elementos: a. la

existencia de una controversia o relación jurídica incierta litigiosa;

b. la intención de las partes de sustituir—mediante la transacción—

, la incertidumbre sobre los elementos objetivos de la relación

jurídica por otra "cierta e incontestable"; y c.            concesiones
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recíprocas. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484,

498 (2009).

       Por su parte, el artículo 1237 del Código Civil de 2020,

establece que los contratos quedan perfeccionados desde que las

partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa,

salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de una

formalidad solemne o cuando se pacta una condición suspensiva.

       En otras palabras, el acuerdo transaccional requiere el

consentimiento de los contratantes, que tiene que ser consensual;

su objeto6 es la controversia entre las partes —la polémica judicial

o extrajudicial— pues sin ella no puede existir la transacción; y su

causa consiste en la eliminación de la controversia mediante

recíprocas concesiones, pues si bien tiene el propósito de

desaparecer un conflicto pendiente, se diferencia de otras figuras

contractuales que tienen la misma finalidad, en que ello se logra

mediante renuncias mutuas. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E.,

supra.7

       Si el Tribunal acoge un acuerdo transaccional a fines de dar

por terminado un litigio, lo acordado tendrá efecto de cosa juzgada

entre las partes. Código Civil, Art. 1500, 31 LPRA. sec. 10644 y como

caso relacionado véase Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133

DPR 406, 410 (1993). Igualmente, el contrato de transacción se tiene

que interpretar restrictivamente. Código Civil, Art. 1499, 31 LPRA.

sec. 10643.

       Sin embargo, si las partes deciden no incorporar el acuerdo al

proceso judicial, bastará un aviso de desistimiento de la demanda

para que el Tribunal conceda finalidad a las controversias entre las

6 El Artículo 1502, del Código Civil de 2020 (31 LPRA § 10646) establece como

Objeto ilícito: El contrato de transacción no puede incluir cláusulas relacionadas
con leyes imperativas o derechos irrenunciables, con alimentos futuros ni con
cualquier relación o derecho que no sea estrictamente patrimonial.
7 El artículo allí citado es el actual Artículo 1237, del Código Civil de 2020 (31

LPRA § 9771) - Perfección del Contrato.
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partes. En estos casos, aunque la transacción es extrajudicial,

tendrá el mismo efecto de cosa juzgada. Neca Mortg. Corp. v. A & W

Dev. S.E., supra, pág. 870.

      Por otra parte, resulta importante destacar que el Artículo

1503 (31 LPRA § 10647) requiere que la transacción debe constar

en un escrito firmado por las partes o en una resolución o una

sentencia dictada por el Tribunal. Si se refiere a derechos

constituidos    mediante   escritura     pública,   se   requerirá   esta

formalidad. La inobservancia de estas reglas la hace nula.

      Por último, el Artículo 1504(31 LPRA § 10648) menciona

varias causas para la invalidez de la transacción.         El articulado

establece que además de las causas que invalidan todo acto jurídico,

la transacción es inválida cuando:

      (a) la situación que la genera no se corresponde con los hechos

reales y el litigio o la incertidumbre no hubieran aparecido de

haberse conocido la situación real;

      (b) incluye títulos total o parcialmente inexistentes;

      (c) incluye títulos sobre los cuales se ignora que existe otro

mejor;

      (d) incluye aspectos sobre los cuales se ignora que ya están

resueltos mediante sentencia firme; o

      (e) la efectividad de una prestación es insegura

                                  III.

         Lo peticionarios nos solicitan que revisemos y revoquemos al

foro primario, por denegar las mociones de reconsideración y por

haber emitido una orden de ejecución de sentencia y embargo contra

ocho (8) co-querellados que nunca fueron patronos de los

recurridos.

      Del análisis del expediente apelativo y los argumentos de las

partes, las versiones sobre el acuerdo privado siguen siendo

irreconciliables.    Del recurso presentado y alegatos no surge
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claramente quiénes quedaron obligados por el acuerdo privado,

cuándo y cómo se pactó, y si se cumplieron con los requisitos del

nuevo Código Civil para una transacción. Llamamos la atención que

el propio TPI, con posterioridad a dictar la Sentencia del 1 de mayo

de 2023, estuvo en similar encrucijada. Fue por esto, que el 31 de

julio de 2023, les ordenó a las partes a reunirse para discutir las

diferencias sobre el acuerdo privado.

       En ánimo de conocer qué ocurrió en la vista transaccional del

día 1 de mayo de 2023, nos dimos a la tarea de escuchar la

grabación de ese día.8

       En apretada síntesis, mencionaremos lo vertido para el récord

durante la vista.

       El caso fue llamado. Compareció el Lcdo. Jaime Sanabria

Montañez quien indicó que comparece como representante legal de

Latin Media House LLC9 y el Lcdo. Rafael A. Ortiz Mendoza en

representación de los cinco (5) querellantes.          El Lcdo. Sanabria

Montañez informó que las partes se cursaron una oferta fuera del

récord, la cual entendió fue aceptada por los querellantes. El Lcdo.

Sanabria Montañez, también indicó que había un asunto solicitado

por los querellantes, que estaba pendiente de discutir con su cliente.

Por su parte, el Lcdo. Ortiz Mendoza, indicó que la oferta del

querellado fue recibida el pasado viernes y era muy similar a una

presentada por ellos en el pasado mes de noviembre.

       El Lcdo. Ortiz Mendoza, también informó que quedaba un

asunto relacionado con unos balances de vacaciones de los

querellantes. Ante esto, el Lcdo. Sanabria Montañez indicó que ese

asunto tenía que discutirlo con su representado. En ese momento el

Tribunal indicó que para dictar una sentencia por estipulación, no

8 La grabación fue realizada en DCR Player con una duración de 20 minutos con

14 segundo. La grabación comenzó a las 10:10 am.
9 Grabación, minuto 1:18. El licenciado nunca mencionó que representaba algún

otro co-querellado.
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necesita una cantidad de dinero exacta. En cuanto a la falta de

información para el pago de los balances de vacaciones, el Tribunal

invitó a los abogados que intentaran llegar a un acuerdo que

cubriera ese segundo aspecto (pago de vacaciones).              Ante la

sugerencia, el Lcdo. Sanabria Montañez, informó al Tribunal que no

podía atender el asunto con una llamada telefónica, por lo que

necesitaría varios días.

       El licenciado Sanabria Montañez, aprovechó para informar

que durante esa semana o la próxima le estaría enviando al Lcdo.

Ortiz Mendoza “el borrador del acuerdo” y que se reunirían para

“negociar esas cláusulas” 10. Indicó que en ese borrador se podría

incluir un lenguaje que atendiera el asunto del pago de balances de

vacaciones. Sobre este tema, se mencionó en sala que existe la

controversia si los querellantes son o no acreedores del pago de

vacaciones. No empece a las reservas del licenciado Sanabria

Montañez, el Tribunal reiteró su invitación a que intentaran redactar

un lenguaje en consenso que atendiera el tema, así se dictaría la

sentencia en el momento.      Ante las reiteradas invitaciones para

llegar a un acuerdo, las partes solicitaron un receso.

       Reanudados los trabajos el Lcdo. Sanabria Montañez informó

que llegaron a un acuerdo confidencial sobre el “otro tema” y que

“trabajarían” por un acuerdo. Por su parte, el Lcdo. Ortiz Mendoza

reitera que el contenido del acuerdo es confidencial. Informa que

acordó que sus clientes recibirían los correspondientes pagos entre

el 15 y 30 de mayo de 2023. Por último, el Lcdo. Ortiz Mendoza le

solicitó al Tribunal que mantuviera el señalamiento del 24 de mayo

(fecha señalada para el juicio) en la eventualidad que el pago no se

recibiera, para que entonces, se celebrara el juicio ese día.

10 Minuto 7:32 -7:41
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       El   Tribunal    menciona    que,   ante   una   sentencia   por

estipulación, no sería necesario la celebración de un juicio. Lo único

que procedería sería la ejecución de la sentencia.

       Ante tales pronunciamientos, el Lcdo. Ortiz Mendoza insistió,

como “abundancia de precaución” que el Tribunal mantuviera la

jurisdicción del caso. Indicó que lo solicitó de manera cautelar, por

si los acuerdos no se firman o si no se realizan los pagos11.

       Finalmente, el Tribunal informó que les tomaría juramento a

todas las partes, y que dictaría una sentencia por estipulación,

donde reconocerá que el acuerdo será uno privado. El dictamen solo

recogerá que los “pagos se realizarán en o antes del 23 de mayo de

2023”. El Tribunal indicó que no mencionaría cantidades de dinero,

ya que las mismas pueden variar por querellante.

       Previo a formalizar el acuerdo, se le tomó juramento al Sr. Max

Carranza, en representación de Latin Media House LLC. Igualmente

se juramentó a los cinco querellantes.            Todas las partes se

comprometieron a firmar cualquier documento relacionado al

acuerdo privado. El Tribunal concluyó indicando que los términos y

condiciones específicos de ese acuerdo privado se podrían recoger

en un documento que sería firmado por todos o por los

representantes legales. También indicó que dicho documento sería

vinculante para todas las partes y la parte que incumpla se le podrá

requerir judicialmente el cumplimiento específico de lo acordado.

Por último, advirtió a las partes que en el interín podían haber

renegociaciones adicionales, las cuales deberán ser informadas al

TPI.

       Del relato de la vista transaccional, no se desprenden cuáles

fueron la obligaciones, concesiones o condiciones necesarias para

que se materializara el acuerdo privado entre las partes. Realmente

11 Grabación, minuto 13:00 -13:25
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nos encontramos ante un sinnúmero de alegaciones post sentencia,

irreconciliables e inciertas. De lo discutido en la vista, no surge

cuáles    fueron    las   contraprestaciones,       qué    partes    quedaron

obligadas y la procedencia o no de la orden y mandamiento de

ejecución. Sin embargo, nos llamó la atención durante la vista, que

el Lcdo. Sanabria Montañez sí mencionó que enviaría a los

querellantes un “borrador de acuerdo”. En otro momento, se les

informó a las partes que los “términos y condiciones específicos del

acuerdo se podrían recoger en un documento”. Al final de la vista,

igualmente se les advirtió a las partes que podían surgir

“renegociaciones adicionales”. Estas expresiones, entre otras que

surgen de la grabación, nos llevan a pensar que lo discutido en sala

parecería algo preliminar, sujeto a un borrador por escrito y posibles

renegociaciones.

       Lamentablemente, del récord de la vista transaccional y del

expediente apelativo, no surge información suficiente, ni específica

que nos ayude a resolver la procedencia de la orden y mandamiento,

ante el alegado incumplimiento del acuerdo privado.

                                      IV.

       Visto lo anterior, y ante la incertidumbre jurídica que permea

el acuerdo privado, se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia, para que se dilucide la existencia12 y contenido del

acuerdo privado (concesiones recíprocas) y quiénes quedaron

obligados.     El Tribunal de Primera Instancia, deberá tomar las

providencias necesarias para mantener la privacidad del acuerdo,

salvo las partes renuncien expresamente. Como consecuencia, se

expide el auto de certiorari y se revoca la Orden y Mandamientos de

Ejecución del 19 de agosto de 2023.

12 Se desconoce si la transacción del presente caso cumple con los artículos 1497

a 1504 del Código Civil de Puerto Rico del 2020 (31 LPRA. secs. 10641-10648).
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         Durante la continuación de los procedimientos, el Tribunal de

Primera Instancia deberá evaluar posibles remedios contra la

Sentencia dictada el 1 de mayo de 2023, conforme a la Regla 49 de

Procedimiento Civil. Por el momento, dicho dictamen no es

ejecutable, ya que se ignora la existencia y contenido del acuerdo

final.

         Notifíquese inmediatamente.

         Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones