Court Opinion

ID: 9841268
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-09-21 18:14:14.764308+00
Date Added: 2024-06-11T08:43:32.947314
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL
    CARMEN A. RÍOS LÓPEZ                                Apelación
                                                        procedente del
               Apelada                                  Tribunal de
                                                        Primera Instancia
                                                        Sala de Superior
                                                        de Ponce
                   V.                   KLAN202300558
                                                        Caso Núm.:
                                                        PO2021CV02795
    CARIBBEAN MEDICAL &                                 Sobre:
    REHABILITATION CORP.                                Despido
                                                        Injustificado
              Apelante
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente.

                                  SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2023.

        Comparece ante nos Caribbean Medical and Rehabilitation

Corporation (en adelante, Caribbean Medical o apelante) y solicita

que revoquemos la Sentencia emitida y notificada el 12 de junio de

2023, por el Tribunal de Primera de Instancia, Sala Superior de

Ponce (en adelante TPI).1 En esta, el TPI declaró Ha Lugar una

querella sobre despido injustificado y condenó a la apelante a pagar

a la querellante una mesada por $39,473.50 más gastos, costas y

honorarios         por      15%    de     la   indemnización   otorgada.2

Sorprendentemente, la apelante también solicita la revisión de una

Resolución emitida por el foro primario el 7 de febrero de 2022,

notificada al día siguiente. Observamos que previamente un panel

hermano de este foro apelativo abordó la revisión de la referida

determinación del TPI y resolvió esa controversia en el caso

KLCE202200190 en una Sentencia emitida el 3 de mayo de 2022,

1 Dictada por el Hon. Juez Hamed Santaella Carlo. Apéndice de recurso de
Apelación (en adelante, Apéndice), págs. 1–13.

2 Apéndice, pág. 13.

Número Identificador

SEN2022 _______________
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la cual advino en final y firme luego de que el Tribunal Supremo

rechazara la solicitud de certiorari instada por la parte afectada.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos por falta de jurisdicción.

                                  -I-

       El 30 de noviembre de 2023, la señora Carmen A. Ríos López

(en adelante, la señora Ríos López o recurrida) presentó una

Demanda contra la parte apelante por despido injustificado, al

amparo de la Ley sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30

de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA secs. 185a–185n (en

adelante Ley 80) y acogiéndose al trámite dispuesto en la Ley de

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de

17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA secs. 3118–

3132 (en adelante Ley 2-1961).3 La señora Ríos López alegó haber

prestado servicios para Caribbean Medical en la posición de

Asistente Administrativa desde diciembre de 1995, mediante un

contrato de empleo sin tiempo determinado.4 Que nunca recibió una

amonestación por su desempeño, que nunca fue suspendida de su

empleo y que nunca fue sometida a un plan de mejoramiento. En

resumen, indicó que solicitó condiciones flexibles de trabajo debido

a la crisis provocada por la pandemia del CoViD19 y su situación

como madre con custodia única de hijos menores de edad durante

el periodo en que las escuelas no habían retornado a su modalidad

presencial, a la altura de agosto de 2020. Adujo que Caribbean

Medical denegó su petición y dio por terminada la relación de empleo

entre las partes mediante una carta suscrita el 21 de septiembre de

2020. Informó que presentó una querella ante el Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos (en adelante DTRH) por despido

3 Apéndice, pág. 15–17.
4 Apéndice, pág. 16.
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injustificado y que el DTRH le dio la razón y emitió una carta el 22

de febrero de 2021 informando a Caribbean Medical la cantidad

adeudada como indemnización.5 Expresó que debido a que la

apelante se negó a pagar la indemnización, el DTRH cerró el caso

administrativamente el 25 de marzo de 2021. Sostuvo que su

terminación de empleo fue injustificada porque nunca demostró un

patrón de conducta impropia o desordenada, siempre rindió su

trabajo en forma eficiente y nunca cometió una violación de las

reglas    o   reglamentos     por   la   apelante.6    Solicitó   el   sueldo

correspondiente a seis (6) meses por concepto de indemnización o

un total de $10, 161.50.7 También la indemnización de tres semanas

de sueldo por cada año de servicio prestado a la apelante, para un

total de $29,312.00.8

         Los emplazamientos para la Caribbean Medical se expidieron

el 6 de diciembre de 2021.9

         El término para contestar la querella transcurrió sin que se

presentara una alegación responsiva. En consecuencia, el 10 de

enero de 2022 el TPI emitió una Resolución de Anotación en

Rebeldía.10 Expresó que la anotación de rebeldía tendría el efecto de

que se dieran por admitidas todas las aseveraciones de las

alegaciones afirmativas conforme a la Regla 45 de las de

Procedimiento Civil.

         El 18 de enero de 2022, Caribbean Medical presentó una

moción titulada Comparecencia Especial, Moción de Desestimación

5 Apéndice, págs. 16, 19. Ante el DTRH, Caso Carmen Ana Ríos López v. Caribbean

Medical and Rehabilitation Corp., núm. A4-D1-DP-0022-20. Íd., págs. 19–20. El
DTRH notificó una deuda de $35,272.80. Íd., pág. 41.
6 Apéndice, pág. 17.
7 Ello basado en que la compensación más alta que recibió fue aquella

correspondiente al año 2019 por $20,323.22. Apéndice, pág. 16.
8 $20,323 / 52 semanas = $390.83 semanal

$390.83 * 3 semanas = $1,172.48 por año de servicio prestado.
2020-1995 =25 años de servicio
$1,172.48 * 25 años = $29,312.02
9 Apéndice, pág. 52.
10 Apéndice, pág. 52. Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (en

adelante, SUMAC), Entrada # 7.
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por Falta de Jurisdicción y/o Nulidad de Emplazamientos y/o No

Mediar un Despido Injustificado según la Ley y/o Reconsideración.11

La apelante expresó comparecer sin someterse a la jurisdicción del

TPI. Alegó que en la Querella ante el TPI se reclama una cantidad

superior a la calculada como adeudada por el DTRH.12 A saber, se

reclaman $39,473.50 en la Querella, mientras la carta de la DTRH

a la apelante indica $35,272.80.13 Así, alega que hay una diferencia

de $4,200.70 que no se explica.14 Arguyó que esta diferencia o error

significa que los hechos de la querella no están correctamente

alegados, lo cual impide que se estimen aceptadas en el contexto de

una Anotación de Rebeldía y Sentencia en Rebeldía.

       En la alternativa, solicitó se determinara que no hubo despido

injustificado.    Arguyó      que    la    evidencia     presentada       estaba

incompleta, no despidió a la señora Ríos López, y que si se interpreta

que medió un despido, que este era justificado, ya que esta había

abandonado el empleo. Alegó que también había presentado estas

defensas ante el DTRH mediante cartas vía la representación legal

de la apelante.15 Alegó que existió una reunión con el DTRH en la

cual la señora Ríos rechazó una oferta de regresar a su posición de

empleo.16 Adujo, en general, que el DTRH archivó el caso

definitivamente debido a que la recurrida rechazó una oferta de

regresar al empleo.17

       También en la alternativa, argumentó que procedía la

desestimación con perjuicio al amparo de las Reglas 4.3 y 4.4 de las

de Procedimiento Civil. Alegó que el documento sometido como

emplazamiento diligenciado no cumplía con la ley para probar el

11 Apéndice, págs. 19–40.
12 Apéndice, págs. 19–20.
13 Íd., págs. 20. Véanse, Querella, Carta de notificación de querella ante DTRH de

27 de octubre de 2020, Cómputos de Reclamación de 27 de octubre de 2020 y
Carta de notificación de deuda de 22 de febrero de 2021. Íd., págs. 41–43.
14 Íd., pág. 20.
15 Íd., pág. 22. Véanse cartas suscritas por el Lcdo. Edgardo Santiago Lloréns de

15 de marzo y 22 de marzo de 2022, respectivamente. Íd., págs. 44, 46.
16 Íd., pág. 22.
17 Íd., pág. 22.
KLAN202300558                                                        5
diligenciamiento, por lo cual, era nulo. En particular, arguyó que

este no cumplió con la regla por no estar firmado ni especificar a

quién se le entregó.

      En la alternativa, pidió se reconsiderara la anotación en

rebeldía, dejándola sin efecto.

      Así las cosas, el 12 de junio de 2022, el TPI emitió la Sentencia

apelada, la cual, como se ha indicado, fue dictada en rebeldía. En

la misma se condenó a la apelante al pago de $39,473.50 por

despido injustificado, más el pago de gastos, costas y una partida

de honorarios de abogado equivalente al 15% de la cuantía

concedida.

      Inconforme, el 22 de junio de 2023, la apelante acude ante

nos alegando que el TPI cometió los siguientes errores:

      Primer Error: Erró el TPI al dictar Sentencia y no
      atender la solicitud de celebración de vista.

      Segundo Error: Erró el TPI al dictar Sentencia sobre
      despido injustificado sin una vista.

      Tercer Error: Erró el TPI al dictar Sentencia con
      alegaciones insuficientes.

      Cuarto Error: Erró el TPI al dictar Sentencia sin prueba
      y automáticamente.

      Quinto Error: Erró el TPI al dictar Sentencia sin
      corroborar la veracidad y suficiencia de las alegaciones
      contenidas en la Querella, las cuales son vagas,
      conclusorias, incompletas, inconsistentes, conflictivas,
      contradictorias, especulativas, falsas, entre otras.

      Sexto Error:    Erró el TPI al dictar Sentencia
      determinando que medió un despido injustificado.

      Séptimo Error: Erró el TPI al dictar Sentencia con un
      cálculo de mesada incorrecto, sin prueba, prueba en
      contrario y/o conflictiva.

      Octavo Error: Erró el TPI al dictar Sentencia sin haber
      realizado una determinación de activación de
      presunción.

      Noveno Error: Erró el TPI al no desestimar la querella.

      Décimo Error: Erró el TPI al no declarar que los
      emplazamientos fueron válidos, declararse con
      jurisdicción sobre la querellada, anotar la rebeldía y
      mantener la rebeldía.
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      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

resolvemos.

                                -II-

                                -A-

      La Ley Núm. 2-1961, conocida como la Ley de Procedimiento

Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq.,

provee un procedimiento sumario de reclamaciones laborales para

la rápida consideración y adjudicación de las querellas de obreros y

empleados contra sus patronos que estén relacionadas a salarios,

beneficios y derechos laborales. Ley Núm. 2, supra, sec. 3118;

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008). Dichas

reclamaciones ameritan ser resueltas a la brevedad posible para así

lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar

los despidos injustificados y proveerle al obrero despedido medios

económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo

empleo. Íd.

      La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en

su tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública de

proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. Izagas

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463 (2011). Con el fin de

adelantar su propósito, la ley estableció:

      (1) términos cortos para la contestación de la querella
      presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para la
      concesión de una sola prórroga para contestar la querella;
      (3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono
      querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y
      objeciones; (5) criterios para la aplicación de las Reglas de
      Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre el uso
      de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una
      prohibición específica de demandas o reconvenciones contra
      el obrero o empleado querellante; (8) la facultad del tribunal
      para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono
      querellado no cumpla con los términos provistos para
      contestar la querella, y (9) los mecanismos para la revisión
      y ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. Patiño
      Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439 (2016)
      (énfasis nuestro).
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      En cuanto al término para que el querellado presente su

alegación responsiva, la Ley Núm. 2, supra, dispone:

              El secretario del tribunal notificará a la parte
      querellada con copia de la querella, apercibiéndole que
      deberá radicar su contestación por escrito, con constancia
      de haber servido copia de la misma al abogado de la parte
      querellante o a ésta si hubiere comparecido por derecho
      propio, dentro de diez (10) días después de la notificación,
      si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la
      acción, y dentro de quince (15) días en los demás casos, y
      apercibiéndole, además, que si así no lo hiciere, se
      dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio
      solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de
      la parte querellada, la cual deberá notificarse al abogado de
      la parte querellante o a ésta si compareciere por derecho
      propio, en que se expongan bajo juramento los motivos que
      para ello tuviere la parte querellada, podrá el juez, si de la
      faz de la moción encontrara causa justificada, prorrogar el
      término para contestar. En ningún otro caso tendrá
      jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. (Énfasis
      suplido) […] Sec. 3 de la Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec.
      3120.

      A tenor con lo anterior, la referida Ley dispone que si el

querellado no radica su contestación a una querella instada en su

contra dentro del término de 15 días, el juez, a instancia del

querellante, estará facultado para dictar sentencia en rebeldía

contra el querellado, concediendo el remedio solicitado. Sec. 4 de la

Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3121.             Esta última disposición

establece:

      Si el querellado radicara su contestación a la querella en la
      forma y en el término dispuestos en la Sección 3 de esta Ley,
      el juicio se celebrará sin sujeción a calendario a instancias del
      querellante, previa notificación al querellado.

      Si el querellado no radicara su contestación a la querella en
      la forma y en el término dispuestos en la Sección 3 de esta
      Ley, el juez dictará sentencia contra el querellado, a instancias
      del querellante, concediendo el remedio solicitado. La
      sentencia a esos efectos será final y de la misma no podrá
      apelarse.

      Si ninguna de las partes compareciere al acto del juicio, el
      tribunal pospondrá la vista del caso; si compareciere sólo el
      querellado, a instancias de éste, el tribunal desestimará la
      reclamación, pero si sólo compareciere el querellante, el
      tribunal a instancias del querellante dictará sentencia contra
      el querellado concediendo el remedio solicitado. En uno u otro
      caso, la sentencia será final y de la misma no podrá apelarse.

      Se dispone, no obstante, que la parte afectada por la sentencia
      dictada en los casos mencionados en esta sección podrá
      acudir mediante auto de certiorari al Tribunal de Apelaciones,
      en el término jurisdiccional de diez (10) días siguientes a la
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      notificación de la sentencia para que se revisen los
      procedimientos exclusivamente.

      La determinación dictada por el Tribunal de Apelaciones
      podrá ser revisada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico
      mediante auto de certiorari, en el término jurisdiccional de
      veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la
      sentencia o resolución. (Énfasis suplido)

                                 -B-

      La rebeldía es la posición procesal en que se coloca la parte

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con

su deber procesal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR

580 (2011). El mecanismo de la rebeldía tiene como propósito

principal desalentar el uso de la dilación de los procedimientos como

una estrategia de litigación. Id. La Regla 45.1 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 45.1, contiene las

disposiciones relacionadas con la anotación de rebeldía. La citada

Regla provee lo siguiente:

      Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que
      concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar
      alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone
      en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una
      declaración jurada o de otro modo, el secretario anotará su
      rebeldía.

      El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá
      anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3
      (b)(3).

      Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas
      las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo
      dispuesto en la Regla 45.2 (b).

      La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una
      sentencia dictada en rebeldía.

      De conformidad con las disposiciones contenidas en la Regla

45.1, supra, la anotación de rebeldía es un mecanismo útil para los

tribunales en varias instancias. La más común de ellas se suscita

cuando una parte no comparece al proceso luego de haber sido

emplazada de manera adecuada. Bco. Popular v. Andino Solís, 192

DPR 172 (2015). Si bien es cierto que un demandado tiene el derecho

de actuar de esta manera, el mecanismo de la anotación en rebeldía
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permite que el ejercicio de su prerrogativa no dilate el litigio en su

contra y constituye una renuncia a la realización de ciertos actos

procesales, en perjuicio de sus propios intereses. Rivera Figueroa v.

Joe’s European Shop, supra.

       Además, procede la anotación de rebeldía cuando el

demandado no cumple con el requisito de comparecer a contestar la

demanda u ofrecer una defensa a su favor, por lo que este no

presenta alegación alguna contra las alegaciones hechas por el

demandante o contra el remedio solicitado por este. Íd. Entonces,

tanto el demandante, mediando solicitud, como el TPI, motu proprio,

puede declarar a la parte en rebeldía. Bco. Popular v. Andino Solís,

supra.    Básicamente,       una    anotación      en    rebeldía     tiene    la

consecuencia de que se dan por admitidos todos los hechos bien

alegados en la demanda. Además, tiene el efecto de autorizar al

TPI para que dicte sentencia, si es eso lo procedente como cuestión

de derecho. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.

       Por otra parte, la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V R. 45.2, establece los casos en los que podrá dictarse sentencia

en rebeldía.18 Dispone la Regla 45.2(a), supra, que el tribunal podrá

así actuar cuando la reclamación del demandante contra el

demandado sea por una suma líquida o por una suma que pueda

liquidarse mediante cómputo, siempre y cuando no se trate de un

menor o de una persona incapacitada. Lo anterior, a menos que

estos estén representados por el padre, madre, tutor o defensor

judicial u otro representante que haya comparecido en el pleito.

Ahora bien, si para que se dicte la sentencia en rebeldía se hace

necesario fijar el estado de una cuenta, o determinar el importe de

los daños, o comprobar la veracidad de cualquier aseveración

18 A esto hay que añadir las leyes especiales donde se autorice la anotación de la

rebeldía a una parte, como la antes discutida sec. 4 de la Ley Núm. 2-1961, supra,
que nos ocupa.
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mediante prueba o hacer una investigación de cualquier otro

asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y

adecuadas    o   encomendar    el     asunto   a   un   comisionado   o

comisionada. Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, supra.

      Es menester recalcar que la Regla 45 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V R. 45, no tiene como propósito otorgarle una ventaja

a los demandantes al dictar una sentencia a su favor sin que se

celebre una vista en los méritos, sino que, como hemos mencionado,

es una norma procesal que, como remedio coercitivo, pretende evitar

las dilaciones innecesarias en el curso de los procesos judiciales.

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002).

Finalmente, la anotación de rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía

contra una parte como sanción por su incumplimiento con una

orden del tribunal siempre debe darse dentro del marco de lo que es

justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de

discreción. Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966).

                                    -C-

      En nuestro ordenamiento se ha definido la jurisdicción como

“la autoridad que por una ley o la Constitución se le ha concedido

al foro para considerar y decidir casos o controversias”. Yumac Home

v. Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Horizon Media v. Jta.

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 (2014); Mun. San Sebastián v.

QMC, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra,

182 DPR 675 (2011). Así pues, tanto los foros de instancia como los

foros apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo

caso si poseen jurisdicción para atender las controversias

presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a ser fieles

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las

partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA

Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109

(2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011);
KLAN202300558                                                                      11
Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882

(2007). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122,

127 (1998). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción

sobre un recurso o sobre una controversia determinada, debemos

así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v.

QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012);

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009);

Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). No tenemos

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac Home

v. Empresas Massó, supra.

                                       -III-

       CMR señala diez errores de diversa naturaleza en una

Sentencia dictada en rebeldía, entre estos que se dictara sentencia

sin celebrar una vista, sin prueba, de manera alegadamente

automática, basada en alegaciones insuficientes, y sin corroborar la

veracidad o suficiencia de las alegaciones. Finalmente, alega que el

TPI cometió error al declararse con jurisdicción sobre la apelante, al

declarar que los emplazamientos fueron válidos, y anotarle rebeldía

a la apelante y sostener dicha anotación.

       En primer lugar, descartamos de plano considerar el último

señalamiento de error. Ello, porque un panel hermano abordó ese

señalamiento y lo resolvió en el caso KLCE202200190 una Sentencia

emitida el 3 de mayo de 2022.19 Como se indicó previamente, dicha

19 El panel apelativo que resolvió la controversia de si se emplazó de manera que

se adquirió jurisdicción sobre la parte aquí apelante, allí recurrente, expresó:
           En el presente caso, el emplazamiento fue expedido a nombre
       de Caribbean Medical y fue entregado personalmente el señor
       Javier Lugo, contador de Caribbean Medical en sus oficinas.
       Analizados estos hechos, los requisitos para una notificación
       adecuada a Caribbean Medical, en cuanto a lugar y persona, se
KLAN202300558                                                                12
determinación advino en final y firme, por lo que no es posible que

sea considerado nuevamente por este Tribunal.

       Ahora bien, tal y como se expresara en la discusión de

Derecho que antecede, al amparo de la Ley Núm. 2, si el querellado

no presenta contestación en la forma y manera que se dispone en la

Sec. 3 de la ley, 32 L.P.R.A sec. 3118, el tribunal dictará sentencia

en su contra sin más citarle ni oírle. También, la Sec. 4 de la misma

Ley expresamente establece que si el querellado no presenta su

contestación a la querella en el término dispuesto para ello el

tribunal dictará sentencia concediendo el remedio solicitado, la cual

será final y de la misma no podrá apelarse. No obstante, dicha

sección establece el derecho de recurrir en alzada solamente si es

"para que se revisen los procedimientos", lo que significa, conforme

ha dispuesto nuestro Tribunal Supremo, que dicha revisión es una

limitada a cuestiones exclusivamente procesales. Santiago v. Palmas

del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886 (1997).

       Así las cosas, tenemos que el presente asunto, la apelante ya

ejerció su derecho a cuestionar la jurisdicción del Tribunal, siendo

dicho asunto ya definitivamente adjudicado.               Sobre el aspecto

procesal, debemos añadir que tribunal de instancia no podrá,

automáticamente, dictar sentencia en rebeldía cuando de las

alegaciones no surja que el querellante tiene derecho al remedio

solicitado. Sin embargo, en este caso la parte querellante alegó

correctamente los hechos específicos los cuales, de su faz, eran

demostrativos de que, de ser probados, la convertirían en acreedora

del remedio solicitado. En consideración al mandato de la Sec. 4 de

       cumplieron. Lo cierto es que Caribbean Medical supo mediante el
       emplazamiento y copia de la querella entregada a su contador que
       había sido demandado por despido injustificado.
           En cuanto al emplazamiento, “lo realmente esencial y
       determinante es que el demandado conozca del pleito en su
       contra”.
Apéndice, págs. 49–66; Ríos López v. Caribbean Medical & Rehabilitation
Corporation, KLCE202200190, en la pág. 12 (3 de mayo de 2022), citando en parte
a Nazario Morales v. AEE, 172 DPR 649, 657 (2007) [Sentencia].
KLAN202300558                                                      13
la Ley 2, supra, el resto de los asuntos determinados de forma

sustantiva no es revisable toda vez que la sentencia se dictó en

rebeldía y carecemos de jurisdicción para atenderlos.

      No debemos perder de perspectiva que los tribunales tienen

que aplicar rigurosamente los términos taxativos de la Ley Núm. 2,

supra, a fin de garantizar la sencillez y celeridad de los

procedimientos pretendida por el legislador en los casos de

reclamaciones laborales. Peña Lacern v. Martínez Hernández y Otros,

210 DPR __ (2022), 2022 TSPR 105. Por tales razones, corresponde

que desestimemos la apelación presentada.

                                 -IV-

      Por los fundamentos que se desestima el recurso presentado,

por falta de jurisdicción de este Tribunal.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones