Court Opinion

ID: 9408086
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:15:49.520294+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.462067
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL I

    NATALIA MARÍA GUZMÁN                     Certiorari
           PÉREZ                             procedente del
                                             Tribunal de
         Recurrida                           Primera Instancia,
                                             Sala Superior de
                                             Bayamón

            V.                 KLCE202300531 Caso Número:
                                             BY2020CV04184
                                             (SALÓN 505)
    OWEN THOMAS CALLAHAN                     Sobre:
        Recurrente                           Desahucio en
                                             Precario

Panel integrado por su presidente el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

                          RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

        Comparece ante nos el Sr. Owen Thomas Callahan

(señor Thomas Callahan o Recurrente) y solicita que

revoquemos una Orden emitida y notificada el 1 de marzo

de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (TPI o foro primario). Mediante el

referido    dictamen,     el    TPI   concedió   un   Memorando   de

Costas presentado por la Sra. Natalia María Guzmán Pérez

(señora Guzmán Pérez o Recurrida).

        Por los fundamentos que exponemos a continuación

desestimamos     el presente recurso de          certiorari, por

falta de jurisdicción, pues su presentación fue tardía.

                                  -I-

        El 28 de diciembre de 2020, la señora Guzmán Pérez

presentó una Demanda de desahucio en precario en contra

del señor Thomas Callahan.1

1 Este documento no fue incluido por el Recurrente en el apéndice
de su recurso. El mismo fue obtenido de SUMAC; anotación núm. 1.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300531                                                      2

      Luego de llevarse a cabo los procedimientos de

rigor, el 2 de noviembre de 2021 el TPI emitió una

Sentencia, notificada al día siguiente, mediante la cual

declaró Ha Lugar la reclamación y ordenó al señor Thomas

Callahan a que desalojara el inmueble ocupado.2

      El 24 de noviembre de 2021, la señora Guzmán Pérez

presentó un Memorando de Costas al amparo de la Regla

44.1 de Procedimiento Civil,3 para reclamar el pago de

las siguientes partidas, presuntamente necesarias para

la tramitación de su caso:

     1. Sello de Radicación Tribunal                    $90.00
        Primera Instancia-

     2. Costo Diligenciar Emplazamiento-                $90.00

     3. Sello de Suspensión de Vista-                   $20.00

     4. Sellos Oposición Apelación-                    $102.00

                                          TOTAL        $302.004

      Previo    a   que   el   TPI   se    expresara   sobre   dicha

petición, el señor Thomas Callahan acudió ante este

Tribunal de Apelaciones y solicitó que revisáramos la

Sentencia emitida. El 18 de abril de 2022, luego de

evaluar el caso ante su consideración, un panel hermano

de este foro emitió un dictamen mediante el cual confirmó

la decisión apelada.5

      Inconforme, el Recurrente presentó un recurso de

certiorari ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el 8

de julio de 2022, nuestro Máximo Foro judicial emitió

una Resolución proveyendo No Ha Lugar a dicha petición.6

2 Apéndice del Recurso, págs. 4-9. El foro primario estableció una
fianza para apelar de $3,700.
3 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.
4 Apéndice del Recurso, págs. 10-12. (Énfasis en el original).
5 Id., págs. 13-30. Notificada el 19 de abril de 2022.
6 Id., págs. 31-32. Notificada el 14 de julio de 2022.
KLCE202300531                                                    3

La Carta de Trámite Sobre Mandato fue notificada el 8 de

febrero de 2023.7

      Así las cosas, el 17 de febrero de 2023, la señora

Guzmán Pérez procedió a presentar otro Memorando de

Costas ante el TPI. En el mismo, reclamó el pago de

ciertas cuantías adicionales relacionadas al trámite

apelativo suscitado. En específico, el nuevo Memorando

de   Costas     solicitó   el   reembolso   de   las    siguientes

partidas:

     1. Sello de radicación ante el TPI -              $90.00
     2. Servicio de Diligenciamiento de                $90.00
        Emplazamiento -

     3. Estudio de Título DR #38 y su                  $120.00
        Juramentación -

     4. Sello de Suspensión de Vista -                 $20.00

     5. Sello Oposición Apelación -                    $102.00

     6. Costo Fotocopias (original y tres
        copias) de la Oposición a la
        Apelación al TA –                              $17.40

     7. Costo Fotocopias (original y diez               $8.80
        copias) de la Oposición al
        Recurso de Certiorari al TS -

     8. Costo Fotocopias (original y diez
        copias) de la Oposición a
        (Segunda) Solicitud de                          $7.70
        Reconsideración al TS -
                                        TOTAL      $455.908

      El 1 de marzo de 2023, el TPI notificó una Orden

declarando Con Lugar el Memorando de Costas ante su

consideración.9      El 6 de marzo de 2023, el señor Thomas

Callahan presentó una Solicitud de Reconsideración, la

cual fue declarada No Ha Lugar el 11 de abril de 2023.10

7 Id., pág. 33.
8 Id., págs. 34-36. (Énfasis en el original).
9 Id., pág. 37.
10 Id., págs. 1, 38-44.
KLCE202300531                                                       4

       Inconforme, el 11 de mayo de 2023, el señor Thomas

Callahan compareció ante este Tribunal de Apelaciones y

alegó que el foro primario cometió el siguiente error de

derecho:

            Erró el TPI al aprobar un memorando de
            costas presentado más de 21 días después
            de archivada en autos copia de la
            notificación de su sentencia y, por lo
            tanto, sin jurisdicción para ello.

       Contando con la comparecencia de ambas partes,

resolvemos.

                                -II-

     A. Falta de Jurisdicción

       Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico

que los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra       jurisdicción,     por    lo   que,    toda   cuestión

relacionada      a   dicho    asunto   es   privilegiada    y    debe

atenderse       de   manera     preferente.11      Cuestionada     la

jurisdicción por alguna de las partes, o incluso cuando

no haya sido planteado por estas, les corresponde a los

tribunales, como deber ministerial, examinar y evaluar

con rigurosidad si la poseen, debido a que la misma

incide directamente sobre el poder para adjudicar un

asunto o controversia.12

       Un    requisito   jurisdiccional      es    aquel   que   debe

cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer del

pleito.13 En particular, un término jurisdiccional es

fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede

acortarse ni extenderse.14 El incumplimiento de una parte

con un término jurisdiccional establecido por ley priva

11 Mun. Autónomo de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660
(2014).
12 Shell v. Srio. de Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012).
13 Ruiz Camilo v. Trafon Group., Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).
14 Id., pág. 269.
KLCE202300531                                                       5

al foro de jurisdicción para atender los méritos de la

controversia.15

       Entre las ocasiones en las que un tribunal carece

de jurisdicción encontramos aquellas en que se presenta

un recurso de manera tardía o prematura.16 En estas

instancias      la   presentación     carece   de   eficacia    y   no

produce ningún efecto jurídico, ya que en ese momento o

instante en el tiempo todavía no ha nacido autoridad

judicial o administrativa para acogerlo.17 Debido a esto,

si se carece de jurisdicción, solo resta así declararlo

y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de

la controversia.18

     B. El Desahucio

       Conforme expuesto por nuestro Tribunal Supremo, la

característica medular de un procedimiento civil sumario

es lograr, de la manera más rápida y económica posible,

la reivindicación de determinados derechos, reduciendo

al mínimo constitucionalmente permisible el elenco de

garantías procesales. Ello, conlleva acortar términos —

en ocasiones, hacerlos improrrogables — y prescindir de

ciertos trámites comunes al proceso ordinario sin negar

al    demandado      o   querellado   una   oportunidad      real   de

presentar        efectivamente        sus      defensas.19     Estos

procedimientos sumarios, en el fondo, constituyen unos

tratos privilegiados y su justificación responde a un

interés         gubernamental         legítimo      de       atender

prioritariamente ciertas causas de acción.20 Por ser la

excepción, su aplicación está limitada a situaciones en

15 Shell v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 123.
16 Torres Martínez v. Belford Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98
(2008).
17 Id.
18 Mun. Autónomo de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 660.
19 Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226 (1992).
20 Id.
KLCE202300531                                                             6

que la Asamblea Legislativa expresamente ha reconocido

la necesidad y trascendencia de reparar, en un breve

plazo, algún agravio.21

      El caso de autos representa una de esas situaciones

en las que estatutariamente se contempla un trámite

agilizado para una causa de acción particular, a saber:

el desahucio. Como es conocido, la acción de desahucio

es “el mecanismo que tiene el dueño de un inmueble para

‘recuperar      la      posesión     de   hecho   de   una   propiedad,

mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o

precarista que la detenta sin pagar canon o merced

alguna’”.22       En    particular,       el   desahucio     sumario     se

encuentra reglamentado por los Arts. 620-634 del Código

de Enjuiciamiento Civil.23 Dicha reglamentación recoge

el   interés      del       Estado   de   atender   expeditamente        la

reclamación del dueño de un inmueble, cuyo derecho a

poseer y disfrutar su propiedad ha sido interrumpido.24

En cuanto al proceso de revisión de una determinación

final emitida en este tipo de procedimiento, el Art. 629

del Código de Enjuiciamiento Civil establece que:

        Las apelaciones deberán interponerse en el
        término de cinco (5) días, contados desde
        la fecha de archivo en autos de la
        notificación de la sentencia, por las
        partes perjudicadas por la misma o sus
        abogados. (Énfasis nuestro).25

      Sobre este aspecto, nuestro Máximo Foro judicial ha

reconocido que el término establecido por el citado

artículo     es       uno    jurisdiccional.26      Asimismo,       se   ha

expresado       que     la    apelación    que    presente    una    parte

21 Id.
22 Cooperativa v. Colón Lebrón, 203 DPR 812, 820 (2020), citando a
Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 247 (1956).
23 32 LPRA secs. 2821-2838.
24 Cooperativa v. Colón Lebrón, supra, pág. 820; Adm. Vivienda

Pública v. Vega Martínez, 200 DPR 235, 240 (2018); ATPR v. SLG
Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016).
25 32 LPRA sec. 2831.
26 ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 10.
KLCE202300531                                                                   7

quedará          perfeccionada        solo    si,     dentro      del    referido

término, se presta una fianza equivalente al monto que

fije el Tribunal de Primera Instancia para ello.27

                                       -III-

           Los    foros    judiciales             debemos    examinar,        como

cuestión de umbral, si contamos con la jurisdicción

necesaria para adentrarnos en las controversias que son

presentadas ante nuestra consideración. En este caso, al

llevar a cabo dicha encomienda, precisamos que carecemos

de dicha facultad, puesto que el Recurrente presentó su

recurso luego de transcurrido el término dispuesto por

nuestro ordenamiento para solicitar la revisión de una

determinación          emitida        en     un    proceso     de      desahucio,

tramitado         y   adjudicado       al     amparo    del       procedimiento

sumario.

           Como mencionáramos previamente, para estos casos la

Asamblea Legislativa desarrolló un esquema agilizado

mediante el cual             los términos            procesales ordinarios

fueron       acortados       y   reducidos          significativamente.         Lo

anterior, con el propósito de que las reclamaciones que

presentaran los dueños de propiedades inmuebles, cuyos

derechos de posesión y disfrute se viesen interrumpidos,

se atendieran de manera expedita y a la mayor brevedad

posible. Cónsono con esto, la reglamentación estableció

un plazo de cinco (5) días jurisdiccionales para que las

partes pudieran apelar, de interesarlo, la determinación

final que en su momento emitiese el TPI.

           En lo pertinente al caso de autos, debemos expresar

que,       aunque     la   legislación        no     dispuso      de    un   plazo

particular            para       la        revisión          de        decisiones

27   Id.
KLCE202300531                                                          8

interlocutorias,       o   para    los    asuntos    post-sentencia,

entendemos que cualquier término en exceso de los cinco

(5)    días       jurisdiccionales         previamente      expuestos

desvirtuaría la naturaleza y el propósito mismo del

proceso sumario en cuestión.

      Basado en ello, nos resulta forzoso concluir que el

recurso de certiorari del señor Thomas Callahan fue

presentado tardíamente, puesto que habiéndose concedido

el Memorando de Costas el 1 de marzo de 2023, este

contaba con cinco (5) días a partir de dicha fecha para

recurrir en revisión ante nos.28 Así pues, el plazo que

tenía el Recurrente a su disposición para instar su

petición venció el 10 de marzo de 2023.29 Por lo cual,

presentado      su   recurso el 11 de mayo de 2023,                este

Tribunal    se    encuentra     incapacitado        para   ejercer    su

facultad    revisora       sobre    el    mismo.    En   vista   de   lo

anterior, y al amparo del derecho aplicable, procede su

desestimación.

                                   -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos desestimamos el

presente        recurso    de      certiorari,       por   falta      de

jurisdicción, pues su presentación fue tardía. El Juez

Sánchez Ramos disiente con opinión escrita.

      Notifíquese.

28Si bien es cierto que el 6 de marzo de 2023 el Recurrente presentó
una Solicitud de Reconsideración ante el foro primario, entendemos
que el término para recurrir ante esta Curia no quedó interrumpido
por esta. Ello pues, nuestro Tribunal Supremo ha dictaminado que
las mociones de reconsideración son improcedentes en procesos
sumarios, debido a que representan una extensión de los trámites,
incompatible con la finalidad de los mismos. Véase: Patiño Cirino
v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439 (2016) y Medina Nazario v.
MacNeill Healthcare, 194 DPR 723 (2016).
29En Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, 200 DPR 235 (2018) el
Tribunal Supremo resolvió que el mecanismo provisto por la Regla
68.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 88.1, aplica al
término jurisdiccional de cinco (5) días que el Art. 629 del Código
de Enjuiciamiento Civil provee para apelar una sentencia de
desahucio sumario. Es decir, por ser un término menor de siete (7)
días, los sábados, domingos y días festivos se excluyen del cómputo.
KLCE202300531                                        9

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones
          ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL I
                                          Certiorari
     NATALIA MARÍA                        procedente del
     GUZMÁN PÉREZ                         Tribunal de Primera
                                          Instancia, Sala
        Recurrida           KLCE202300531 Superior de
                                          Bayamón
             v.
                                                Caso Número:
     OWEN THOMAS                                BY2020CV04184
      CALLAHAN                                  (SALÓN 505)

        Recurrente                              Sobre: Desahucio en
                                                Precario

Panel integrado por su presidente el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

         VOTO DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS

      No procedía la desestimación de este recurso.        La norma

general vigente, y aplicable en este contexto por no haberse

establecido para el mismo alguna otra, es que el término para

recurrir en certiorari de una determinación post-sentencia es de

treinta (30) días y que dicho término se interrumpe con la oportuna

presentación de una moción de reconsideración.

      No existe norma reglamentaria, estatutaria o jurisprudencial

a los efectos de que, en un caso de desahucio sumario, (i) la

reconsideración es inoficiosa o (ii) el término para recurrir en

certiorari es de solo cinco (5) días.         Cuando de términos

jurisdiccionales (o de cumplimiento estricto) para acudir a este

Tribunal se trata, debemos descansar únicamente en normas

claramente establecidas, pues es sobre las mismas que los litigantes

dependen y descansan para presentar un recurso.

      En este contexto (número de días de un término jurisdiccional

o de cumplimiento estricto), no es apropiado, ni justo, aplicarle a un

litigante una norma nueva que es producto únicamente de una

interpretación analógica y que, por tanto, no ha sido expuesta, ni
KLCE202300531                                                      11

consta, en lugar alguno que le permitiese al litigante advertir su

contenido.

      Finalmente, al tratarse este caso de la revisión de una

determinación   post-sentencia,    no   cabe   hablar   de   que   la

reconsideración o el término ordinario de 30 días de algún modo

desvirtuaría la naturaleza sumaria del trámite, pues, al emitirse

dicha determinación, el trámite ya había concluido con la

notificación de una sentencia final.

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

                           HON. ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS
                               JUEZ DE APELACIONES