Court Opinion

ID: 9962690
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:42:47.42413+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:59.465456
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL II

    DIOSDADO GONZÁLEZ                             REVISIÓN
          RIVERA                                  ADMINISTRATIVA
                                                  procedente de la
            Recurrente                            División de
                                                  Remedios
                                                  Administrativos del
                v.                  KLRA202400046 Departamento de
                                                  Corrección y
                                                  Rehabilitación
     DEPARTAMENTO DE
       CORRECCIÓN Y                                      Caso núm.:
      REHABILITACIÓN                                     PA-535-23

            Recurrido                                    Sobre:
                                                         Petición de
                                                         Mandamus en Auxilio
                                                         por Daños y
                                                         Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

       Comparece ante nos, por derecho propio, la parte recurrente,

Diosdado González Rivera, mediante un recurso intitulado Mandamus en

Auxilio y Revisión Administrativa, el cual calificamos como una revisión

judicial. En lo pertinente, solicita nuestra intervención a los fines de que le

ordenemos a la División de Remedios Administrativos del Departamento

de Corrección y Rehabilitación emitir la respuesta final correspondiente a

su Solicitud de Remedio Administrativo presentada el 23 de mayo de 2023,

recibida por la agencia el 5 de junio del mismo año, que atienda todos sus

reclamos.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso por falta de jurisdicción.

                                       I

       El presente recurso tiene su génesis en una Solicitud de Remedio

Administrativo, presentada por Diosdado González Rivera (González

Rivera o recurrente) el 23 de mayo de 2023, recibida por la División de

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
KLRA202400046                                                                 2

Remedios        Administrativos    del    Departamento      de   Corrección   y

Rehabilitación, Institución Correccional Ponce Adultos 1000 (División de

Remedios Administrativos) el 5 de junio del mismo año.1

        Transcurridos todos los términos reglamentarios para que la División

de Remedios Administrativos respondiera sin que ello sucediera, el 25 de

septiembre de 2023, recibida el 3 de octubre del mismo año, el recurrente

acudió ante nos mediante un recurso de revisión judicial de nomenclatura

KLRA202300517. En síntesis, González Rivera reiteró los reclamos

esbozados en la referida solicitud y denunció el incumplimiento del

organismo administrativo con la reglamentación aplicable al no emitir

respuesta alguna a su petitorio pasado el término reglamentario

correspondiente.

        Evaluado el recurso, el 15 de diciembre 2023, emitimos una

Sentencia, mediante la cual desestimamos el recurso por falta de

jurisdicción. Indicamos que, si bien, el 9 de noviembre de 2023, la División

de Remedios Administrativos había emitido en destiempo una Respuesta

al Miembro de la Población Correccional, esta no atendía todos los

reclamos esbozados por el recurrente en su Solicitud de Remedio

Administrativo. En virtud de ello, concluimos que el recurso era prematuro,

toda vez que el dictamen recurrido se encontraba pendiente de

adjudicación ante el organismo administrativo, pues este no había emitido

una determinación final revisable por este Foro.

        Así las cosas, el 16 de enero de 2024, recibida el 29 del mismo mes

y año, el recurrente acudió nuevamente ante nos mediante el recurso de

epígrafe.    En     esencia,   reiteró   los   argumentos   detallados   en   el

KLRA202300517. En lo pertinente, sostuvo que la División de Remedios

Administrativos no había emitido aún la determinación final atendiendo

todos sus reclamos.

        Luego de una revisión del expediente que nos ocupa, el 6 de febrero

de 2024, emitimos la siguiente Resolución:

1 Anejo 1 del recurso.
KLRA202400046                                                             3

            [E]n aras de agilizar los procedimientos y brindar un
      adecuado acceso a la justicia, toda vez que es la segunda
      ocasión en la cual el recurrente le imputa al recurrido el
      incumplimiento con los términos reglamentarios aplicables
      para emitir una respuesta final a su petitorio de remedio
      administrativo, disponemos lo siguiente:

              Tenga la parte recurrida el término de treinta (30) días
      para presentar su alegato. Véase, Regla 63 del Reglamento
      del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 63. Si
      bien el recurrido se expresará en cuanto a la totalidad de los
      planteamientos esbozados por el recurrente en su recurso,
      en particular, deberá expresarse en cuanto al estatus de la
      respuesta final del organismo administrativo que atienda
      todo lo reclamado por el recurrente en su Solicitud de
      Remedio Administrativo, PA-535-23, según descrito por
      esta Curia en las páginas 17-19 de la Sentencia emitida el
      15 de diciembre de 2023 en el KLRA202300517. A su vez,
      deberá expresarse en cuanto a la alegación del recurrente
      sobre el incumplimiento con los términos reglamentarios
      aplicables y su solicitud de acreditación de cualquier proceso
      disciplinario que la agencia llevará a cabo a raíz de lo
      alegado, conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento
      jurídico y según detallado por este Foro en las páginas 14-17
      de la referida determinación en el KLRA202300517. Al
      concluir el referido término sin cumplir, se procederá sin el
      beneficio de su comparecencia.

              Además, tenga el Departamento de Corrección y
      Rehabilitación el término de diez (10) días para elevar copia
      certificada del expediente administrativo en el caso de
      epígrafe.

      Luego de concedida una prórroga, el 14 de marzo de 2024, la Oficina

del Procurador General de Puerto Rico, en representación del

Departamento de Corrección y Rehabilitación (recurrido), compareció

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución. Informó que, el 7 de

marzo de 2024, notificada el 12 del mismo mes y año, la agencia recurrida

emitió una nueva Resolución, mediante la cual atendió todos los reclamos

presentados    por   González    Rivera. En     particular,   el   organismo

administrativo dispuso en el referido dictamen que: (1) González Rivera no

contaba con los prerrequisitos necesarios para ser matriculado en el curso

de Ingeniería; (2) del área escolar se informó que, ante la actualización de

matrícula para el año académico 2024-25, González Rivera sería

matriculado en agosto del año corriente para que se beneficiara de la

totalidad de los cursos; (3) el 12 de febrero de 2024, González Rivera fue

orientado sobre lo anterior; (4) actualmente, González Rivera participaba

en el curso de Jardinería Comercial y Residencial.
KLRA202400046                                                                4

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                      II

       La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar

y decidir casos y controversias. FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521 (2023);

MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 211 DPR 135 (2023); Cobra

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022). Es por ello que,

la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental

Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es norma reiterada que los

tribunales son celosos guardianes de su jurisdicción y que tienen el deber

ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros.

Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 950 (2023).

       De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias,

tales como: (1) que no sea susceptible de ser subsanada; (2) las partes no

puedan conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede

este arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia

jurisdicción; (5) obliga a los tribunales apelativos a examinar la jurisdicción

del foro de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

       En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no la hay.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos, las cuestiones

de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas con

preferencia. Íd.; FCPR v. ELA et al., supra.

       Una de las ocasiones en que un tribunal carece de jurisdicción, es

cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. Pueblo v. Ríos Nieves,

209 DPR 264 (2022). Un recurso tardío es el que se presenta pasado el
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término provisto para recurrir. Íd.; Yumac Home v. Empresas Massó, 194

DPR 96 (2015); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).

Al igual que un recurso presentado tardíamente, un recurso prematuro

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Pueblo v.

Ríos Nieves, supra. Esto, por razón de que su presentación carece de

eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado que no existe autoridad

judicial para acogerlo.

       La Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57,

establece que el término para presentar el recurso de revisión será dentro

del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en

autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final del

organismo o agencia. De otro lado, el mismo Reglamento en su Regla 83,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, dispone que este Tribunal tiene la facultad para,

a iniciativa propia o a petición de parte, desestimar un recurso por falta de

jurisdicción.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a disponer del recurso ante

nos.

                                     III

       Sabido es que los tribunales deben ser celosos guardianes de su

jurisdicción y que no poseen discreción para asumirla donde no la tienen.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra. Por consiguiente, los asuntos

relacionados a la jurisdicción de un tribunal son privilegiados y deben

atenderse con primicia. Íd. Así, este Foro debe expresarse, en primer lugar,

sobre el escollo jurisdiccional que tiene ante su consideración.

       El recurso que nos ocupa fue presentado el 16 de enero de 2024,

recibido en la Secretaría de este Tribunal el 29 del mismo mes y año. A la

fecha de presentación, la respuesta a la Solicitud de Remedio

Administrativo, sometida por el recurrente el 23 de mayo de 2023, se

encontraba pendiente de consideración por la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. No fue

hasta el 7 de marzo de 2024, notificada el 12 del mismo mes y año, que la
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agencia recurrida emitió una nueva Resolución, mediante la cual atendió

todos los reclamos presentados por González Rivera. Por consiguiente, el

recurso incoado ante esta Curia es uno prematuro, privándonos así de

jurisdicción para atenderlo en los méritos.

       Entendemos por prematuro, lo que ocurre antes de tiempo. En el

ámbito procesal, una revisión judicial o recurso prematuro es aquel

presentado en la Secretaría de un Tribunal Apelativo antes de que

este tenga jurisdicción. Una revisión judicial prematura sencillamente

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción.

Independientemente de los méritos que pueda tener un recurso presentado

ante esta Curia, en ausencia de jurisdicción, lo único que podemos hacer

es así declararlo. Después de todo, ante un recurso de revisión judicial, la

determinación final de la agencia correspondiente es necesaria para acudir

ante un tribunal de mayor jerarquía. Es a partir de la fecha en que se archiva

en autos copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia

que los términos para recurrir en alzada comienzan a decursar.

       De estar inconforme con la respuesta final de dicho organismo, la

persona confinada debe solicitar la reconsideración dentro del término

aplicable para ello y, consiguientemente, el cauce administrativo culmina

con la determinación que haga la agencia. En consecuencia, de estar

todavía en desacuerdo, la persona confinada entonces tiene a su

disposición el remedio de la revisión judicial, el cual se manifiesta mediante

un recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones.

       En vista de lo anterior, resulta forzoso desestimar el recurso de

epígrafe por falta de jurisdicción por prematuro.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso por

falta de jurisdicción.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.
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      Notifíquese a las partes, al Procurador General y a la Secretaria del

Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Administrador de

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, en

cualquier institución donde este se encuentre.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones