Court Opinion

ID: 9928577
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:26:38.801844+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:43.908223
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL I

KARIN J. ROBLES RAMOS                               Revisión Judicial
(DRA. Y LCDA.)                                      procedente de la
                                                    Junta de Gobierno
         Recurrente                                 de la Universidad
                                                    de Puerto Rico

               V.      KLRA202300640 Apelación Núm.:
                                     90.1178
                                     Caso Núm.:
RECINTO DE RÍO PIEDRAS               RP-A-2022-001
UNIVERSIDAD DE PUERTO
RICO                                 Sobre:
                                     Impugnación de
      Recurridos                     reclutamiento
                                     docente la Escuela
                                     de Derecho

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Pagán Ocasio, juez ponente

                           S EN T EN C I A

      En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2023.

                                    I.

      El 13 de diciembre de 2023, la señora Karin J. Robles Ramos

(señora Robles Ramos o recurrente) presentó una Revisión de

decisión administrativa en la que nos solicitó, entre otras cosas, que

dejáramos sin efecto una Decisión de apelación de la Junta de

Gobierno emitida por la Junta de Gobierno (Junta de Gobierno) de

la Universidad de Puerto Rico (UPR) el 17 de octubre de 2023.1 En

la determinación, la Junta de Gobierno concluyó que no tenía

jurisdicción para atender directamente las decisiones emitidas por

rectores de los recintos de la UPR, le ordenó a la recurrente agotar

los remedios disponibles ante la Oficina del Presidente de la UPR y

declaró No Ha Lugar todas las mociones presentadas por la

recurrente ante la Junta de Gobierno.

1 Notificada el 18 de octubre de 2023. Apéndice de la Revisión de decisión
administrativa, Anejo 1, págs. 1-2.

Número Identificador
RES2023________________
KLRA202300640                                                                     2

       Ese mismo día, la recurrente radicó una Moción en auxilio de

jurisdicción en la que nos solicitó que atendiéramos con premura la

controversia de derecho planteada por el recurso de Revisión de

decisión administrativa.

       De umbral, debemos mencionar que la Regla 7 (B) (5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)

(5), le confiere a este foro la facultad para prescindir de escritos, en

cualquier caso, ante su consideración, con el propósito de lograr su

más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de este

caso, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida.

                                        II.

       El caso de marras tuvo su génesis el 10 de noviembre de 2021

cuando la señora Robles Ramos presentó una impugnación de

varios nombramientos docentes realizados por la Escuela de

Derecho ante la Rectoría del Recinto de Río Piedras de la UPR.2

       Posteriormente, el 13 de julio de 2023, la señora Angélica

Varela Llavona (rectora), rectora del Recinto de Río Piedras de la

UPR, declaró No Ha Lugar el recurso de impugnación de la

recurrente.3

       El 14 de agosto de 2023, la señora Robles Ramos radicó una

Apelación Núm. 90.1178 ante la Oficina del Presidente de la UPR en

la que solicitó la revisión del No Ha Lugar de la rectora.4

       El 25 de agosto de 2023, la Oficina de Asuntos Legales de

Administración Central (OALAC) comunicó que el señor Luis A.

Ferrao Delgado, presidente de la UPR, se había inhibido del caso.5

2 El anterior dato surge del tracto procesal detallado por el recurso de epígrafe en

las págs. 2-3.
3 Íd.
4 Apéndice de la Revisión de decisión administrativa, Anejo 3, pág. 4.
5
  El anterior dato surge del tracto procesal detallado por el recurso de epígrafe en
las págs. 2-3.
KLRA202300640                                                                 3

       El 31 de agosto de 2023, la OALAC emitió una Orden en la que

delegó la consideración del caso en la Lcda. Alondra Fraga Meléndez

para que fungiera como oficial examinadora.

       Inconforme con la decisión, la señora Robles Ramos cuestionó

la determinación de delegar la consideración de su caso, planteando

que la Junta de Gobierno debía ser el organismo que evaluara su

caso en los méritos.

       Trabada      esa       controversia   y   luego   de   varios    trámites

procesales, los cuales incluyeron la presentación de diversas

mociones por parte de la recurrente, el 17 de octubre de 2023, la

Junta de Gobierno emitió la Decisión de apelación de la Junta de

Gobierno recurrida en la que declaró No Ha Lugar todas las mociones

radicadas y le requirió a la señora Robles Ramos que agotara los

remedios administrativos ante la Oficina del Presidente de la UPR,

entre otras disposiciones.6 A juicio de la Junta de Gobierno, ni la

Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 del 1966, según

enmendada, 18 LPRA sec. 601, ni el Reglamento de Procedimientos

Apelativos Administrativos de la Universidad de Puerto Rico,

Certificación Núm. 35 (2018-2019) le conferían jurisdicción a la

Junta de Gobierno para revisar directamente las decisiones emitidas

por los rectores de los recintos de la UPR.

       El 29 de octubre de 2023, la recurrente presentó una Moción

de reconsideración ante la Junta de Gobierno, la cual no fue

atendida por dicho ente dentro del término de quince (15) días

dispuesto en ley.7

       El 13 de diciembre de 2023, la señora Robles Ramos radicó la

Revisión de decisión administrativa de epígrafe en la que planteó el

siguiente señalamiento de error:

       SI ANTE LA INCUESTIONABLE INHIBICIÓN DEL
       PRESIDENTE FERRAO DELGADO EL 25 DE AGOSTO DE

6 Apéndice de la Revisión de decisión administrativa, Anejo 1, págs. 1-2.
7 Íd., Anejo 4, págs. 8-27.
KLRA202300640                                                         4

      2023, ACTUANDO COMO FORO APELATIVO INTERMEDIO
      DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, LA JURISDICCIÓN DEL
      CASO LE CORRESPONDE A LA JUNTA DE GOBIERNO
      COMO ÓRGANO APELATIVO, SEPARADO, SUPERIOR Y
      FINAL     DEL      PROCEDIMIENTO       APELATIVO
      ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DOCENTE O SI ESA
      JURISDICCIÓN LA "HEREDAN AUTOMÁTICAMENTE" LOS
      SUBALTERNOS DEL PRESIDENTE Y LA PUEDEN HACER
      OPERATIVA CUALQUIERA DE ELLOS DESDE LA OFICINA
      DEL PRESIDENTE Y SUS DEPENDENCIAS, DE ACUERDO A
      LO DETERMINADO POR LA JUNTA, SIN PRESENTARNOS
      FUNDAMENTO JURÍDICO       ALGUNO Y EN CLARA
      CONTRAPOSICIÓN A LA FINALIDAD DE LA FIGURA
      JURÍDICA DE LA INHIBICIÓN, LA JURISPRUDENCIA AL
      RESPECTO Y LA NORMATIVA VIGENTE.

Entre otras cosas, la recurrente solicitó que: (1) se deje sin efecto la

Decisión de apelación de la Junta de Gobierno recurrida; (2) se le

imponga a la Junta de Gobierno la obligación de asumir jurisdicción

sobre el caso; (3) se declaren nulas las determinaciones de la

OALAC; y (4) se ordene la reanudación del proceso apelativo ante

dicho ente con la presentación de una contestación por la Rectoría

de la UPR.

      A continuación, pormenorizaremos las normas jurídicas

atinentes a la revisión administrativas.

                                  III.

      La Ley Núm. 201-2003, conocida como la “Ley de la

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 4

LPRA sec. 24 et seq., delimita la facultad revisora del Tribunal de

Apelaciones. A esos fines, establece que este Tribunal podrá revisar

las órdenes y resoluciones finales de las agencias y los organismos

administrativos. 4 LPRA sec. 24y. Véase, además, ORIL v. El

Farmer, Inc., 204 DPR 221, 238 (2020). Asimismo, la Regla 56 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 56,

restringe    nuestra   jurisdicción      revisora   a   determinaciones

administrativas finales. A su vez, la Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-

2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (LPAU), 3

LPRA sec. 9671, limita la facultad de este Tribunal para entender en
KLRA202300640                                                                 5

solicitudes de revisión de órdenes o resoluciones finales de una

agencia      administrativa,   luego       de      agotar       los     remedios

administrativos correspondientes.

       En ese sentido, la normativa jurídica es clara en cuanto a que,

para solicitar la revisión judicial de una resolución u orden

administrativa ante este Tribunal, la parte interesada debe recurrir

de una resolución u orden final. Asimismo, el Art. 4.2 de la LPAU

excluye    de    nuestra    jurisdicción        revisora    los       dictámenes

interlocutorios, y citamos: “[u]na orden o resolución interlocutoria

de una agencia, incluyendo aquellas que se emitan en procesos que

se desarrollen por etapas, no serán revisables directamente”. 3 LPRA

sec. 9672.

       Según definido en la LPAU, las órdenes o resoluciones finales

deberán “incluir y exponer separadamente determinaciones de

hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso de

reconsideración o revisión según sea el caso.” 3 LPRA sec. 9654.

Análogamente, el Tribunal Supremo resolvió en Comisionado

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006) que “una orden o

resolución final tiene las características de una sentencia en un

procedimiento judicial, porque resuelve finalmente la cuestión

litigiosa y permite su apelación o solicitarse su revisión”.

       En el caso ORIL v. El Farmer, Inc., supra, págs. 238-240, el

Tribunal Supremo reiteró lo dispuesto en el Art. 4.2 de la LPAU,

supra, el cual establece que el Tribunal de Apelaciones solo podrá

revisar    órdenes    y    resoluciones     finales        de   una      agencia

administrativa.8 Expresó que, aunque esa disposición es distinta a

la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, ambas

tenían un alcance análogo y, generalmente, gozaban de las mismas

8 3 LPRA sec. 9672.
KLRA202300640                                                        6

excepciones. Señaló que ambas disposiciones permitían que los

tribunales discrecionalmente se abstuviesen de revisar actuaciones

de una agencia gubernamental hasta que ésta emitiera un dictamen

final. No obstante, el Tribunal Supremo reconoció varios factores a

considerar a favor de preterir la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos. Estos son:

         (1) cuando el dar curso a la acción administrativa haya
             de causar un daño inminente, material, sustancial y
             no teórico o especulativo;
         (2) cuando el remedio administrativo constituya una
             gestión inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio
             adecuado;
         (3) cuando la agencia claramente no tiene
             jurisdicción sobre el asunto y la posposición
             conllevaría un daño irreparable al afectado, o
         (4) cuando el asunto es estrictamente de derecho.
             (Énfasis nuestro). Íd., pág. 240.

      De estar presente alguno de estos factores, el foro revisor

podrá preterir el trámite administrativo y atender el caso. Íd.

                                  IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del caso de

marras, en correcta práctica apelativa adjudicativa, resolvemos que

carecemos    de   jurisdicción    para    revisar   la   determinación

interlocutoria recurrida, en esta etapa de los procedimientos, toda

vez que no se encuentra presente algún factor excepcional que nos

permita ejercer nuestra función revisora y preterir la doctrina de

agotamiento de remedios administrativos. No estamos ante la

consideración de una determinación final de la UPR. Por ello, debido

a que el asunto se encuentra pendiente ante la consideración del

órgano administrativo, hemos determinado no intervenir con el

proceso adjudicativo interno de la UPR. No obstante, una vez se

emita la determinación final, cualquier parte involucrada podrá

radicar un recurso de revisión administrativa ante esta Curia, de

entenderlo necesario.
KLRA202300640                                                      7

                                 V.

      Por las razones expuestas, se desestima el recurso de Revisión

de decisión administrativa. En vista de nuestra determinación, la

Moción en auxilio de jurisdicción se torna académica.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones