Court Opinion

ID: 9962659
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:39:28.916213+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:22.561009
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V

GLORINID CANDELARIA                               Apelación
       COLÓN                                      procedente del
                                                  Tribunal de Primera
          Apelante                                Instancia, Sala
                                                  Superior de Cabo
              v.                                  Rojo
                                  KLAN202400114
   MERVIN MARRERO                                 Caso Núm.:
     GUTIÉRREZ                                    CB2023CV00435

           Apelado                                Sobre:
                                                  Liquidación de
                                                  Comunidad de
                                                  Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

       Comparece la señora Glorinid Candelaria Colón (en adelante,

señora Candelaria Colón y/o apelante) mediante un recurso de

Apelación para solicitarnos la revisión de la Sentencia emitida el 20

de diciembre de 2023 y notificada el 11 de enero de 2024 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo (en adelante, TPI).1

Mediante la Sentencia apelada, el TPI desestimó la Demanda instada

por la señora Candelaria Colón.

       Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia apelada.

                                        I

       Según se desprende del expediente ante nos, previo a la

radicación del caso del título, el 2 de marzo de 2023, el licenciado

Alexis Yaphet Muñiz Cruz, representante legal de la apelante, le

remitió un correo electrónico al señor Mervin F. Marrero Gutiérrez

1 Apéndice de la apelante, a las págs. 33-38.

Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202400114                                                      2

(en adelante, señor Marrero Gutiérrez y/o apelado).2 En lo aquí

pertinente, la señora Candelaria Colón interesaba que se le pagara

su parte de la propiedad, que más adelante detallaremos, y se

procediera a realizar la escritura de compraventa en la cual el señor

Marrero Gutiérrez asumiría la hipoteca.

        El 17 de abril de 2023, el licenciado Alfredo Ocasio Pérez,

representando legal del apelado, remitió un correo electrónico al

representante legal de la señora Candelaria Colón.3 En lo aquí

concerniente, se adjuntó evidencia de que el 15 de marzo de 2023,

el señor Marrero Gutiérrez le hizo entrega a la señora Candelaria

Colón de un cheque de gerente número 001291 de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito de Mayagüez por la suma de $50,000.00 dólares.

        De ahí, el 20 de junio de 2023, la señora Candelaria Colón

presentó una Demanda.4 Adujo que las partes sostuvieron una

relación consensual en la que adquirieron el siguiente bien inmueble

en común proindiviso:

        RÚSTICA: Solar número cuarenta y tres (43) del Bloque
        “C”, sito en el proyecto de vivienda conocido como
        Mansiones del Barrio Guanajibo del municipio de Cabo
        Rojo, con una cabida superficial de NOVECIENTOS
        SETENTA PUNTO OCHENTA METROS CUADRADOS
        (970.80 MC) en lindes por el NORTE, con el Solar
        número cuarenta y dos (42) del bloque “C”; por el SUR,
        con el solar número cuarenta y cuatro (44) del bloque
        “C”; por el ESTE, con los solares número cincuenta (50)
        y cincuenta y uno (51) del bloque “C”; y por el OESTE,
        con la calle número cinco (5) de la Urbanización.

        Enclava una estructura dedicada a vivienda.

        Este solar se encuentra afectado por su colindancia
        oeste con servidumbre a favor de la Puerto Rico
        Telephone Company.

        Inscrita al folio 142 del tomo 1000 de Cabo Rojo, finca
        número 34,423, del Registro de la Propiedad de San
        Germán.

        Catastro: 308-035-384-43-000

2 Apéndice de la apelante a las págs. 51-52.
3 Id., las págs. 53-56.
4 Id., a las págs. 1-3.
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        Alegó en la Demanda que dicha propiedad fue adquirida en

comunidad de bienes en proporciones del cincuenta por ciento (50%)

cada parte mediante la escritura número treinta y nueve (39) el 24

de febrero de 2017.5 Abundó que en dicha escritura se estableció el

derecho de hogar seguro conforme a la Ley Núm. 195 del 13 de

septiembre de 2011 (en adelante Ley Núm. 95-2011).6 Ahora bien,

expuso que, a pesar de haber recibido el pago de $50,000.00 dólares

en pago de la participación en dicha comunidad de bienes, el señor

Marrero Gutiérrez se ha negado a otorgar la correspondiente

escritura y realizar el proceso administrativo y notarial con la

institución bancaria para liberar a la apelante de la responsabilidad

de la hipoteca que grava la propiedad a favor de FirstBank Puerto

Rico. Esbozó que dicha negativa le impide tener su crédito

disponible para la adquisición de una nueva propiedad, y que no

puede reclamar el hogar seguro porque el apelado destruyó el

interior de la propiedad en cuestión. Así, las cosas, solicitó que se

ordenara la liquidación de la comunidad de bienes y la liberación de

la señora Candelaria Colón de la hipoteca que grava la propiedad.

        Por su parte, el 8 de agosto de 2023, el señor Marrero

Gutiérrez presentó su Contestación a Demanda.7 Detalló que, el TPI

estaba impedido por ley de liberar a la señora Candelaria Colón de

la deuda hipotecaria voluntariamente asumida por esta mientras el

acreedor hipotecario no consienta a ello. Arguyó haber realizado y

haberse mantenido gestionando con el acreedor hipotecario a los

fines de que este consienta a liberar a la apelante de la deuda que

tiene por razón de dicha hipoteca. Además, negó que hubiese

destruido el interior de la propiedad en cuestión. Expuso que, una

vez adquirida la propiedad, las partes comenzaron un proceso de

5 Id., a las págs. 4-12.
6 Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, Ley Núm.

195 de 13 de septiembre de 2011, según enmendada, 31 LPRA § 1858 nota et seq.
7 Apéndice de la apelante, a las págs. 13-15.
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remodelación y que estando en ese proceso, la señora Candelaria

Colón decidió separarse del señor Marrero Gutiérrez.

       Como parte de los eventos acaecidos, el 25 de septiembre de

2023, la señora Candelaria Colón le cursó un Interrogatorio /

Producción de Documentos al señor Marrero Gutiérrez.8

       Luego, el 3 de octubre de 2023, el señor Marrero Gutiérrez

presentó una Moción de Desestimación.9 Expuso que la Demanda

dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión de

un remedio. Alegó que, a la señora Candelaria Colón solicitar que se

le satisficiera su cuota en el bien común en dinero, fijar el precio de

su cuota en la suma de $50,000.00 dólares y el señor Marrero

Gutiérrez satisfacerle su cuota mediante el pago de la suma

acordada, según dispone el Artículo 854 del Código Civil de Puerto

Rico de 2020,10 se dio la reunión de todas las cuotas del bien común

en la persona del apelado y, según dispone la ley, la comunidad de

bienes quedó extinguida. Así pues, esbozó que el pleito era

académico toda vez que no existía una comunidad de bienes para

dividir. Respecto a que se otorgara la escritura para fines registrales,

expuso que no se podía hacer hasta que ocurriese una de las

siguientes situaciones: (i) el acreedor hipotecario accediera a relevar

a la señora Candelaria Colón de la deuda que tiene con el señor

Marrero Gutiérrez en carácter solidario; (ii) si el acreedor hipotecario

no accediera a relevar a la señora Candelaria Colón de la deuda con

la institución bancaria, el señor Marrero Gutiérrez hiciera un

refinanciamiento de la deuda y de esa forma la apelante quedaría

liberada de la deuda actual; o, (iii) el señor Marrero Gutiérrez

vendiera la propiedad para poder saldar la deuda hipotecaria con la

institución financiera. Adujo que el TPI no puede obligar a la

8 Apéndice de la apelante, a las págs. 66-72.
9 Id., a las págs. 16-20.
10 31 LPRA § 8227, Art. 854.
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institución hipotecaria a liberar a la señora Candelaria Colón de la

deuda, debido a que dicha institución no es parte en el pleito y la

decisión de liberar a un deudor solidario es una obligación exclusiva

del acreedor.

       Por su parte, el 16 de octubre de 2023, la señora Candelaria

Colón presentó su Oposición a Desestimación.11 Alegó que se podía

efectuar la compraventa de la propiedad sin ser necesario el

consentimiento del acreedor, ya que lo que le corresponde al apelado

es liberar a la señora Candelaria Colón de la responsabilidad en

cuanto a la hipoteca. Señaló que, el señor Marrero Gutiérrez no

había provisto ni ninguna documentación que acreditara su falta de

capacidad para asumir la totalidad de la hipoteca. Por consiguiente,

acotó que procedía la venta de la propiedad por la vía judicial para

la liberación de la participación de la señora Candelaria Colón en la

deuda hipotecaria de la propiedad. Además, arguyó que, bajo el

Artículo 64 Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico,12 las partes pueden pactar la

transmisión de la obligación hipotecaria.

       El TPI señaló la celebración de una vista argumentativa, la

cual fue celebrada el 18 de diciembre de 2023. De ahí, el 20 de

diciembre de 2023, notificada el 11 de enero de 2024, el TPI dictó la

Sentencia apelada.13 Mediante la Sentencia, el foro primario declaró

Con Lugar la solicitud de desestimación presentada por el apelado

por lo que desestimó la Demanda e impuso a la apelante el pago de

$1,000.00 dólares por concepto de honorarios de abogado.

       En la Sentencia, el TPI tomó como ciertos los siguientes

hechos alegados en la Demanda:

     1. Las partes adquirieron en común proindiviso el
        inmueble que se describe a continuación:

11 Apéndice de la apelante, a las págs. 21-23.
12 Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según enmendada, Art. 64,
30 LPRA § 6091.
13 Apéndice de la apelante, a las págs. 33-39.
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      a. RÚSTICA: Solar número cuarenta y tres (43) del
          Bloque “C” sito en el proyecto de vivienda conocido
          como Mansiones del Barrio Guanajibo del municipio
          de Cabo Rojo, con una cabida superficial de
          NOVECIENTOS         SETENTA     PUNTO OCHENTA
          METROS CUADRADOS (970.80 MC) en lindes por el
          NORTE, con el Solar número cuarenta y dos (42) del
          bloque “C”; por el SUR con el solar número cuarenta
          y cuatro (44) del bloque “C”; por el ESTE, con los
          solares número cincuenta (50) y cincuenta y uno (51)
          del bloque “C”; y por el OESTE, con la calle número
          cinco (5) de la Urbanización.
          Enclava una estructura dedicada a vivienda.
          Este solar se encuentra afectado por su colindancia
          oeste con servidumbre a favor de la Puerto Rico
          Telephone Company.
          Inscrita al folio 142 del tomo 1000 de Cabo Rojo,
          finca número 34,423, del Registro de la Propiedad de
          San Germán.
          Catastro: 308-035-384-43-000.
   2. La propiedad se encuentra afecta[sic] a una hipoteca
      con una institución financiera.
   3. La parte demandada, con anterioridad a la presentación
      de la demanda del caso de autos, adquirió de la parte
      demandante la participación de esta en el inmueble por
      la suma de $50,000.00.
   4. Las partes no han otorgado escritura al respecto ni han
      solicitado de la institución financiera el relevo de la
      parte demandante sobre la deuda que esta contrajo
      solidariamente con la parte demandada que está
      garantizada con una hipoteca sobre el inmueble
      anteriormente descrito.
   5. En la vista argumentativa señalada, la parte
      demandante admitió que con el pago de su
      participación en el bien inmueble se extinguió la
      comunidad de bienes.

      El TPI determinó que con el pago de los $50,000.00 dólares

las cuotas de los comuneros quedaron reunidas en la persona del

señor Marrero Gutiérrez, quedando así extinguida la comunidad de

bienes. Cónsono con lo anterior, esbozó que no procede dividir lo

que ya no existe y que el Tribunal no puede conceder el remedio que

solicita la señora Candelaria Colón en su Demanda. En lo

concerniente a la liberación de la apelante de la deuda hipotecaria,

indicó que el Tribunal tampoco podía conceder dicho remedio.

Señaló que, la liberación de la señora Candelaria Colón de la

hipoteca que grava la propiedad, es potestad exclusiva del acreedor,

quien no es parte en el caso. Ahora bien, expreso que:

      La parte demandante pide que obliguemos al
      demandado a otorgar la escritura en donde se haga
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       constar que el demandado adquirió la participación de
       la demandante en el inmueble en cuestión, pero no
       existe un remedio en ley por el cual este Tribunal
       obligue a las partes a otorgar dicha escritura. Lo
       aconsejable es que las partes, en algún momento lo
       hagan, para que así el Registro de la Propiedad lo
       publique.

       En su Sentencia, el TPI le impuso a la señora Candelaria Colón

la suma de $1,000.00 dólares en honorarios de abogado.

       El 11 de enero de 2024, el señor Marrero Gutiérrez presentó

un Memorando de Costas y Gastos a tenor con la Regla 44.1(D) de

las Reglas de Procedimiento Civil.14 Solicitaron $90.00 dólares de

arancel de comparecencia. En la misma fecha, el TPI emitió una

Orden en la que declaró Con Lugar el Memorando de Costas y

Gastos.

       El 22 de enero de 2024, la señora Candelaria Colón presentó

una Solicitud de Reconsideración al amparo de la Regla 47 de las

Reglas de Procedimiento Civil.15 Expuso que, el TPI debía

reconsiderar su posición y recibir prueba sobre la intención de las

partes cuando pactaron las condiciones y cláusulas que conducirían

a la extinción de la comunidad con el pago de los $50,000.00

dólares, no solo como bien/activo sino como obligaciones/pasivo

comunes y proporcionales a sus cuotas.

       Por su parte, el 23 de enero de 2024, el señor Marrero

Gutiérrez presentó su Oposición a Moción de Reconsideración.16

Expuso que en la Solicitud de Reconsideración la señora Candelaria

Colón pretendía tardíamente enmendar las alegaciones de su

Demanda e incluir una serie de documentos que no presentó

anteriormente en su Oposición a Desestimación. Además, esbozó que

la apelante intentó presentar nuevas teorías y alegaciones que no

fueron realizadas anteriormente. A esos efectos, añadió que la

14 Apéndice de la apelante, a las págs. 91-92. 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(D).
15 Id., a las págs. 40-78. 32 LPRA Ap. V, R. 47.
16 Id., a las págs. 78-84.
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señora Candelaria Colón incluyó una sección intitulada “Hechos” en

donde procedió a alegar una serie de hechos (#3, #5, #6, #7 y #9)

que no se encuentran en la Demanda, ni en la Oposición a

Desestimación y que no fueron expuestos en la vista argumentativa,

de los cuales no hay prueba. Por consiguiente, señaló que la

Solicitud de Reconsideración no cumple con lo que requiere la Regla

47 de las Reglas de Procedimiento Civil.17

       El 24 de enero de 2024, el TPI emitió una Resolución

declarando No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración.18 El

Tribunal expuso que: “La solicitud no cumple con la Regla 47 de las

de Procedimiento Civil”.

       Inconforme, el 9 de febrero de 2024, la peticionaria presentó

ante nos un Recurso de Apelación donde esbozó que el TPI cometió

sietes (7) errores:

       Primer Error:
       Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al
       dictar Sentencia desestimatoria por no existir una
       comunidad de bienes en común proindiviso entre las
       partes.

       Segundo Error:
       Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al
       dictar Sentencia desestimatoria entendiendo que en
       cuanto a las cargas y obligaciones de un bien cuya
       titularidad está en comunidad no existe comunidad de
       bienes.

       Tercer Error:
       Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al
       dictar Sentencia desestimatoria y no reconoce que en la
       relación interna de los deudores solidarios el contrato
       de transacción en cuanto a las proporciones de las
       cargas y obligaciones que corresponden a cada deudor
       de las obligaciones de una comunidad de bienes.

       Cuarto Error:
       Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al
       dictar  Sentencia    desestimatoria   sin   realizar
       determinación alguna en cuanto al hogar seguro de la
       demandante en el inmueble.

       Quinto Error:
       Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al
       dictar Sentencia desestimatoria reconociendo la

17 32 LPRA Ap. V, R. 47.
18 Apéndice de la apelante, a las págs. 87-88.
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       existencia de un contrato verbal, sin efectuar una vista
       evidenciaria a los fines de recibir y evaluar la prueba de
       la intención de las partes contratantes.

       Sexto Error:
       Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al
       dictar Sentencia desestimatoria y no aplicar lo
       dispuesto en el Artículo 846 del Código Civil de 2020 al
       caso de epígrafe.

       Séptimo Error:
       Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al
       dictar Sentencia desestimatoria e imponer la cantidad
       de $1,000.00 en honorarios de abogado sin cumplir con
       la Regla 44.1 (D) de las de Procedimiento Civil.

       El 16 de febrero de 2024, la señora Candelaria Colón presentó

una Moción Informativa acreditando haber notificado copia del

recurso al apelado, conforme a lo dispuesto en la Regla 13 (B), y al

TPI, conforme a lo dispuesto en la Regla 14 (B) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones. Por su parte, el 23 de febrero de 2024, el

señor Marrero Gutiérrez presentó su Alegato Parte Apelada.

       Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver el recurso ante nuestra consideración.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil19,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.20 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.21 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

19 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
20 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
21 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
KLAN202400114                                                               10

         Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
         civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
         presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
         días contados desde el archivo en autos de una copia de
         la notificación de la sentencia.22
         […]

         No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.23 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.24 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

    B. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

         La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.25

La moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa

especial que formula el demandado en la que solicita que se

desestime la demanda presentada en su contra, aun sin necesidad

de formular una alegación previa.26

         La regla establece que:

         Toda defensa de hechos o de derecho contra una
         reclamación se expondrá en la alegación responsiva
         excepto que, a opción de la parte que alega, las
         siguientes defensas pueden hacerse mediante una
         moción debidamente fundamentada:
         (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
         (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
         (3) insuficiencia del emplazamiento;
         (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
         (5) dejar de exponer una reclamación que justifique
         la concesión de un remedio;
         (6) dejar de acumular una parte indispensable.27
         (Énfasis suplido).

22 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
23 32 LPRA Ap. V, R. 47.
24 Id.
25 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
26 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
27 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
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       El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable

posible a la parte demandante para determinar si la misma es

suficiente para constituir una reclamación válida.28 No obstante,

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene

derecho a obtener algún remedio.29

   C. Honorarios de Abogado por Temeridad

       La Regla 44 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo

relativo a costas, honorarios de abogado e interés legal. La Regla

44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil tiene un fin de índole

disuasivo: desalentar los pleitos temerarios y superfluos.30 En

particular, la Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento Civil

dispone lo siguiente sobre los honorarios de abogados:

       […]
       (d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte
       o su abogado o abogada haya procedido con temeridad
       o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su
       sentencia al o a la responsable el pago de una suma por
       concepto de honorarios de abogado que el tribunal
       entienda correspondan a tal conducta. […]31

       El concepto temeridad no está expresamente definido por la

Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil.32 La temeridad

ha sido definida como:

       […] una actitud que se proyecta sobre el procedimiento
       y que afecta el buen funcionamiento y la administración
       de la justicia. También sujeta al litigante inocente a la
       ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos
       innecesarios y a la contratación de servicios
       profesionales, incluyendo abogados, con el gravamen a
       veces exorbitante para su peculio.33

28 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010); Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
29 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).
30 J.T.P. Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992).
31 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d).
32 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).
33 Id.; H. Sánchez, Rebelde Sin Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982).
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       Existen varias instancias bajo las cuales puede surgir

temeridad,     a   saber:    (i)   contestar    una     demanda       y   negar

responsabilidad total, aunque se acepte posteriormente; (ii)

defenderse injustificadamente de la acción; (iii) creer que la cantidad

reclamada es exagerada y que sea esa la única razón que se tiene

para oponerse a las peticiones del demandante sin admitir

francamente su responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a

la fijación de la cuantía a ser concedida; (iv) arriesgarse a litigar un

caso del que se desprendía prima facie su responsabilidad; y, (v)

negar un hecho que le conste es cierto a quien hace la alegación.34

A tales efectos, el propósito de la imposición de honorarios de

abogado en casos de temeridad es: “establecer una penalidad a un

litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo

e inconveniencias de un pleito”.35

       La determinación de temeridad es de índole discrecional,

por lo que los tribunales apelativos solo debemos intervenir con

ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de discreción.36

(Énfasis suplido). Ahora bien, una vez el tribunal sentenciador

concluye que una parte ha sido temeraria, es imperativa la

imposición de honorarios de abogado.37

   D. Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el
      Hogar Familiar

       La Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el

Hogar Familiar fue creada con el fin de ampliar la protección de

hogar seguro. “En Puerto Rico existe un alto interés social de

34 Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335-336 (1998); Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., Id.
35 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010); Fernández v.

San Juan Cement Co., Inc., Id.
36 S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008); Colón Santos v.

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005).
37 P.R. Oil v. Dayco, Id., 511 (2005).
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proteger la familia y fomentar la adquisición por cada familia de una

vivienda adecuada y segura”.38 A esos efectos, la protección de

“hogar seguro” tiene como finalidad que cada ciudadano propietario

cuente con una protección básica ante el riesgo de ejecución de una

sentencia en contra de su residencia.39 A la luz delo anterior, la

protección del concepto de “hogar seguro” fue incorporada en

nuestra Constitución en la Sección 7 del Artículo II, la cual dispone

que: “[l]as leyes determinarán un mínimo de propiedad y

pertenencias no sujetas a embargos”.40

       El derecho a hogar seguro consiste en que todo individuo o

jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico, tendrá derecho a poseer

y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca consistente en

un predio de terreno y la estructura enclavada en el mismo, o una

residencia bajo el régimen de la Ley de Condominios, o una

residencia edificada bajo el derecho de superficie, que le pertenezca

o posea legalmente, y estuviere ocupado por éste o por su familia

exclusivamente como residencia principal.41 Dicha legislación

provee protección en casos de venta, y dispone que:

       En los casos donde se venda la propiedad que
       constituya hogar seguro conforme a las disposiciones
       de esta Ley, el dueño tendrá un plazo de nueve (9)
       meses, a partir del momento de la venta, para invertir
       el dinero recibido en otra propiedad localizada en Puerto
       Rico y para que ésta constituya su nuevo hogar seguro.
       Entiéndase que en estos casos, el dinero recibido por la
       antigua propiedad, quedará protegido de acreedores
       durante esos nueve (9) meses. La protección económica
       aquí dispuesta se dirige exclusivamente a dictar las
       reglas del derecho a hogar seguro y en nada restringe lo
       dispuesto en las leyes contributivas.42
       […]

38 Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, Ley

Núm. 195 de 13 de septiembre de 2011, según enmendada, Exposición de
Motivos, 31 LPRA § 1858 nota et seq.
39 Id.
40 Id.
41 Id., Art. 3, 31 LPRA § 1858.
42 Id., Art. 8, 31 LPRA § 1858e.
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                                       III

       El recurso ante nuestra consideración versa sobre el dictamen

emitido por la primera instancia judicial mediante el cual desestimó

la acción sobre liquidación de comunidad de bienes presentada por

la aquí apelante. El TPI desestimó la Demanda ya que dejaba de

exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio

conforme a la Regla 10.2 (5) de las Reglas de Procedimiento Civil43.

Bajo nuestro ordenamiento jurídico, procederá la desestimación

cuando existan circunstancias que permitan a los tribunales

determinar, sin ambigüedades, que la Demanda carece de todo

mérito o que la demandante, y aquí apelante, no tiene derecho a

obtener algún remedio.44

       En el recurso, la señora Candelaria adujo que el TPI cometió

siete (7) errores al dictar Sentencia desestimatoria: (i) por no existir

una comunidad de bienes en común proindiviso entre las partes; (ii)

entendiendo que en cuanto a las cargas y obligaciones de un bien

cuya titularidad está en comunidad no existe comunidad de bienes;

(iii) y no reconocer que en la relación interna de los deudores

solidarios el contrato de transacción en cuanto a las proporciones

de las cargas y obligaciones que corresponden a cada deudor de las

obligaciones de una comunidad de bienes; (iv) sin realizar

determinación alguna en cuanto al hogar seguro de la demandante

en el inmueble; (v) reconociendo la existencia de un contrato verbal,

sin efectuar una vista evidenciaria a los fines de recibir y evaluar la

prueba de la intención de las partes contratantes; (vi) y no aplicar lo

dispuesto en el Artículo 846 del Código Civil;45 e, (vii) imponer la

cantidad de $1,000.00 dólares en honorarios de abogado sin

cumplir con la Regla 44.1 (D) de las Reglas de Procedimiento Civil.46

43 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
44 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).
45 31 LPRA § 8208, Art. 846.
46 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (D).
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       Por guardar relación entre sí, comenzaremos discutiendo el

primero, segundo, tercero, quinto y sexto error en conjunto.

Adelantamos que, los errores antes mencionados no fueron

cometidos, veamos. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce

la figura del concubinato como una relación entablada entre dos (2)

personas que cohabitan públicamente, haciendo vida marital, sin

estar unidos en matrimonio.47 El Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha resuelto que la figura de la comunidad de bienes es el régimen

económico aplicable en algunos casos en los cuales dos (2) personas

viven en concubinato. La figura de la comunidad de bienes existe

cuando una cosa o un derecho pertenecen en común proindiviso a

dos (2) o más personas.48 (Énfasis suplido).

       El caso ante nos, surgió tras la presentación de una Demanda

radicada por la señora Candelaria Colón en la que solicitó liquidar

una comunidad de bienes que alegó todavía existía entre ella y el

señor Marrero Gutiérrez sobre un bien inmueble. La comunidad de

bienes originalmente fue creada, ya que las partes sostuvieron una

relación consensual, producto de la cual compraron el bien

inmueble en cuestión. La propiedad fue adquirida en comunidad de

bienes en proporciones del cincuenta por ciento (50%) cada parte el

24 de febrero de 2017. La Demanda de liquidación de comunidad

relacionada a dicho bien inmueble, el 15 de marzo de 2023, el señor

Marrero Gutiérrez adquirió la cuota de la señora Candelaria Colón

mediante el pago de $50,000.00 dólares.

       Existen tres (3) modos de extinción de la comunidad de

bienes: (a) por las mismas causas que se extinguen los derechos

reales; (b) por la reunión de todas las cuotas en una misma

persona; o (c) por la división de la cosa común.49 (Énfasis suplido).

47 Ruth Ortega Vélez, Compendio de Derecho de Familia, Tomo II, Publicaciones

JTS, 2000, pág. 607.
48 31 LPRA § 8191, Art. 835.
49 31 LPRA § 8221, Art. 848.
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Por consiguiente, con el pago de los $50,000.00 dólares, las cuotas

quedaron reunidas en la persona del señor Marrero Gutiérrez.

Destacamos que, en su Sentencia, el TPI expresó que: “Este Tribunal

señaló la celebración de una vista argumentativa, la cual fue

celebrada el 18 de diciembre de 2023. Durante la misma, la parte

demandante aceptó que la comunidad de bienes ya no existía pero

que había varios aspectos de la comunidad de bienes por resolver”.50

       Ahora bien, el bien inmueble objeto de la controversia se

encuentra gravado con una hipoteca a favor de FirstBank. Por

consiguiente, en la Demanda, la señora Candelaria Colón también

solicitó ser liberada de la hipoteca que grava la propiedad. Hacemos

la salvedad que, FirstBank, el banco que financió la compraventa

del inmueble no es parte en este pleito. El Artículo 64 de la Ley del

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico dispone sobre la venta de finca hipotecada que: “En caso

de venta de la finca hipotecada, el deudor obligacional no será

relevado de su responsabilidad hasta tanto el acreedor preste su

consentimiento expreso. […]”51

       Es menester señalar que, en lo que concierne a los derechos

del comunero respecto a su cuota, se dispone que tiene los derechos

inherentes a la plena propiedad de su cuota y de los frutos que le

correspondan y puede enajenarla, cederla, gravarla o sustituir a

otro en su aprovechamiento, salvo que se trate de derechos

personalísimos.52 (Énfasis suplido). A la luz de lo anterior, el efecto

de la enajenación o el gravamen se limita a todos los derechos que

pertenecen al comunero al momento de la división de la

comunidad.53

50 Apéndice de la apelante, a la pág. 35.
51  Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según enmendada, Art. 64,
30 LPRA § 6091.
52 31 LPRA § 8207, Art. 845.
53 Id.
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       Reiteramos que fue mediante un correo electrónico el 2 de

marzo de 2023, que la señora Candelaria Colón le indicó al señor

Marrero Gutiérrez que: “[…] el interés de la Sra. Candelaria Colón es

que se le pague su parte y se proceda a la escritura de compraventa

asumiendo la hipoteca. Al día de hoy la cantidad se entiende es por

la cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00)”.54 En su

Demanda, la señora Candelaria Colón nunca cuestionó el negocio

jurídico realizado por las partes para que el señor Marrero Gutiérrez

adquiriese la cuota de la apelante en el bien inmueble. El negocio

que se realizó entre las partes no constituyó un contrato de

transacción como intenta alegar la apelante por primera vez

mediante su recurso de Apelación, por lo que el TPI no tenía que

resolver que se formó una relación interna de deudores solidarios.

El Código Civil define el contrato de transacción como uno que,

mediante concesiones recíprocas, las partes ponen fin a un litigio o

a su incertidumbre sobre una relación jurídica.55 No obstante,

destacamos que, el tercer error relacionado al contrato de

transacción, según redactado en el recurso de Apelación da la

impresión de ser un pensamiento incompleto.

       Por su parte, en lo que respecta a la enajenación de cuotas se

indica que, la enajenación de cuotas en común proindiviso sobre un

terreno debe constar en instrumento público para que sea válida.56

Dicha cuota puede ser satisfecha en especie o dinero, el Artículo 854

del Código Civil lee como sigue:

       Si algún comunero objeta la continuación de la
       indivisión, los restantes comuneros pueden satisfacerlo
       entregándole su cuota en especie, siempre que sea
       fácilmente separable del resto de la cosa indivisa, o en
       dinero, como él prefiera.57
       […]

54 Apéndice de la apelante, a las págs. 51-52.
55 31 LPRA § 10641, Art. 1497.
56 31 LPRA § 8208, Art. 846.
57 31 LPRA § 8227, Art. 854.
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       Cónsono con lo anterior expuesto, no procede dividir la

comunidad de bienes, ya que quedó extinta ante la reunión de

cuotas en la persona del señor Marrero Gutiérrez, a raíz de ello el

Tribunal no podía conceder el remedio que solicitó la señora

Candelaria Colón en su Demanda.

       En cuanto al cuarto error, en lo que respecta al derecho de

hogar seguro, existe una protección en casos de venta. La protección

consiste en que:

       En los casos donde se venda la propiedad que
       constituya hogar seguro conforme a las disposiciones
       de esta Ley, el dueño tendrá un plazo de nueve (9)
       meses, a partir del momento de la venta, para invertir
       el dinero recibido en otra propiedad localizada en Puerto
       Rico y para que ésta constituya su nuevo hogar seguro.
       Entiéndase que, en estos casos, el dinero recibido por
       la antigua propiedad, quedará protegido de acreedores
       durante esos nueve (9) meses. La protección económica
       aquí dispuesta se dirige exclusivamente a dictar las
       reglas del derecho a hogar seguro y en nada restringe lo
       dispuesto en las leyes contributivas.58
       […]

       En el caso ante nos, la señora Candelaria Colón le vendió su

cuota en el inmueble que constituía el hogar seguro al señor Marrero

Gutiérrez. Esto, debido a que en la escritura número treinta y nueve

(39), mediante la cual adquirieron originalmente el bien inmueble,

se estableció el derecho de hogar seguro conforme a la Ley Núm.

195-2011.59 Como parte de dicha venta, la señora Candelaria Colón

recibió una cantidad de $50,000.00 dólares. El artículo antes citado

no provee ningún remedio que le pudiese haber otorgado el foro

primario a la señora Candelaria Colón. Por lo tanto, no erró el TPI al

dictar Sentencia desestimatoria sin realizar determinación alguna

en cuanto al hogar seguro de la señora Candelaria Colón en el

inmueble.

58 Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, Ley

Núm. 195 de 13 de septiembre de 2011, según enmendada, Art. 8, 31 LPRA §
1858e.
59 Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, Ley

Núm. 195 de 13 de septiembre de 2011, según enmendada, 31 LPRA § 1858 nota
et seq.
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       En lo concerniente al séptimo y último error, la Regla 44.1 de

las Reglas de Procedimiento Civil regula lo concerniente a las costas

y los honorarios de abogados. En particular su inciso (d) sobre

honorarios de abogado dispone que: “En caso que cualquier parte o

su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el

tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el

pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el

tribunal entienda correspondan a tal conducta. […]”60

       Es menester recordar que, la determinación de temeridad es

de índole discrecional, por lo que los tribunales apelativos solo

debemos intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de

abuso de discreción.61 Aunque en la Sentencia no se utilizó

propiamente la palabra temeridad, es lógico concluir que, al imponer

a la señora Candelaria Colón el pago de honorarios, ello se debió a

que se le había considerado temeraria. A la luz de lo anterior, no

erró el TPI al imponer la cantidad de $1,000.00 dólares en

honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1 (D) de las de

Procedimiento Civil.62

       Finalmente, tras juzgar que los errores esgrimidos por la parte

apelante no fueron cometidos, procede que confirmemos la

Sentencia apelada.

                                       IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones

60 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (D).
61 S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg, supra; Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R.,

supra; P.R. Oil v. Dayco, supra.
62
   32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (D).