Court Opinion

ID: 9941522
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:12.425496+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.281584
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

    SAMUEL AYENDE                                Revisión Judicial
    NEGRÓN; MARÍA                                Procedente del
    CAROLINA SUTUJ                               Departamento de la Familia,
                                                 Región de Mayagüez
         Recurrente             KLRA202300654
                                                 Apelación Núm.:
              v.                                 2023 PPSF 00023

  DEPARTAMENTO DE                                Sobre:
     LA FAMILIA                                  Protección a menores con
                                                 fundamento
         Recurrida

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

       El 20 de diciembre de 2023, se recibió en este Tribunal de

Apelaciones un escrito firmado por el Sr. Samuel Ayende y la Sra. María

Carolina Sutuj (en adelante de forma conjunta los peticionarios). En este,

solicitan nuestra intervención en cuanto a la Apelación Núm. 2023 PPSF

00023 ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia.

       Estudiado el escrito sometido por los peticionarios, no tenemos más

alternativa que declararnos sin jurisdicción para atender el asunto traído

ante nos, por estos. Por tal razón, conforme autoriza la Regla 7(B)(5) de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7(B)(5), prescindimos de

cualquier comparecencia y, según explicamos más adelante debemos hacer,

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. Veamos.

                                        I.

                                       -A-

       La jurisdicción es el poder o autoridad con el que contamos los

tribunales para considerar y decidir los casos y controversias que nos son

presentados ante nuestra consideración. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al.,

Número Identificador

SEN2024 _________________
KLRA202300654                                                              2

204 DPR 89, 101 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-

500 (2019).    En Puerto Rico, aun cuando los tribunales poseemos

jurisdicción general, adquirimos autoridad para entender sobre los asuntos

judiciales por virtud de ley. Por tanto, no la podemos atribuir ni las partes

no las pueden otorgar.

       Acorde con la norma imperante, estamos emplazados a ser fieles

guardianes de nuestra jurisdicción y carecemos de discreción para asumirla

donde no la hay. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386

(2020); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ello

es así, toda vez que la ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser

subsanada e incide de forma consustancial con la autoridad que nos ha sido

conferida para atender en los méritos una controversia o un asunto sobre

un aspecto legal. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil

v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012). De esa forma, si al hacer

el análisis jurisdiccional, concluimos, que carecemos de jurisdicción para

adjudicar la cuestión ante nuestra consideración, tenemos el deber de así

declararlo y proceder con la desestimación del recurso apelativo.

                                     -B-

       En nuestro ordenamiento jurídico se le reconoce a todo ciudadano el

derecho estatutario a recurrir de las decisiones de un organismo inferior.

Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585 (2019), al citar a Hernández

Jiménez et al. v. AEE et al., 194 DPR 378 (2015). Tal derecho, sin embargo,

está sujeto a limitaciones legales y reglamentarias, entre las que se

encuentra su correcto perfeccionamiento. Isleta v. Inversiones Isleta

Marina, supra, al mencionar a García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR

632 (2014).

       De otra parte, es harto conocido que las disposiciones reglamentarias

que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben observarse

rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes
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o sus abogados. Íd. Véase también, Hernández Maldonado v. Taco Maker,

181 DPR 281 (2011). Es por ello que, ante el rigor requerido, se autoriza la

desestimación de aquel recurso que incumpla con las disposiciones

reglamentarias de fondo y forma. Íd. Sin embargo, dado a la severidad de

esta sanción, los tribunales deberán cerciorarse primero de que el

incumplimiento haya provocado un impedimento real y meritorio para que

pueda atender el caso en los méritos. Román et als v. Román et als, 158 DPR

163, 167-168 (2002).

        En cuanto a las disposiciones reglamentarias antes aludidas, es de

particular importancia para el caso de autos la Regla 59(C) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 59(C), que establece cuál

es el contenido que deberá tener el recurso de revisión. Así, la referida regla

establece que, entre otras cosas, tal recurso deberá contener: una relación

fiel y concisa de los hechos procesales y de los hechos importantes y

pertinentes del caso, un señalamiento breve y conciso de los errores que a

juicio de la parte recurrente cometió el organismo administrativo y una

discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de la

jurisprudencia aplicable.

        De otra parte, y en lo concerniente al asunto de epígrafe, es

importante señalar que el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de Puerto

Rico, 4 LPRA Sec. 24, et seq., dispone, entre otras cosas, que este Tribunal de

Apelaciones conocerá mediante recurso de revisión judicial de las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos y agencias

administrativas. De igual forma, y en cuanto a ello, la Sección 4.2 de la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, establece

que una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de

una agencia y que haya agotado todos los remedios ante esta, podrá

presentar una solicitud de revisión ante este foro apelativo.1 La solicitud de

1 3 LPRA Sec. 9672.
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revisión deberá ser sometida dentro del plazo de treinta (30) días contados

a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de

la orden o resolución final de la agencia.2

                                             II

        Según arriba señalamos, los peticionarios acuden ante este Tribunal

de Apelaciones en relación con la Apelación Núm. 2023PPSF00023 ante la

Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. En su escrito, en

síntesis, nos explican que fueron acusados de maltrato de sus hijos menores,

por alegadamente mantenerlos hasta altas horas de la noche con el

uniforme de la escuela y gritarles, niegan las alegaciones imputadas y

afirman ser padres responsables. Asimismo, señalan que la Junta

Adjudicativa se negó a atender la apelación que sometieron ante su

consideración por haberse presentado luego de los 15 días desde que se

notificó la determinación que interesaban atender, explicando las gestiones

que realizaron al recibir la misma.

        En cuanto a este último particular, debemos resaltar que, del

documento sometido por los peticionarios, así como de sus propias

manifestaciones y del único documento que acompañaron con su escrito,3

surge claramente nuestra ausencia de jurisdicción. Más allá de la falta de

jurisdicción que pudiéramos decretar ante el incumplimiento craso de los

peticionarios      con     las   disposiciones       reglamentarias        relativas     al

perfeccionamiento de los recursos administrativos citadas antes, una

lectura del propio documento sometido por estos, permite notar que la

2 Igual plazo está establecido en la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B R. 57, para someter el escrito inicial de revisión administrativa.
3 Debido a la copia que produjeron los peticionarios de la Resolución en reconsideración que

la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia emitió el 31 de enero de 2023 para
atender un Escrito de reconsideración es el único documento del caso que nos fue provisto,
desconocemos los hechos procesales importantes y permitentes del caso, las decisiones
específicas alcanzadas contra estos por el Departamento de la Familia y el contenido de
cualquier documento sometido por los peticionarios ante la Junta Adjudicativa del
Departamento de la Familia, así como de cualquier otro documento, más allá del
reproducido, que la agencia hubiera emitido.
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determinación cuya apelación interesaban someter ante la Junta Apelativa

se notificó el 25 de enero de 2022.

       Como antes indicamos, conforme el derecho vigente, quien interese

ejercer su derecho de recurrir de una determinación administrativa podrá

así hacerlo. Sin embargo, y con tal propósito, deberá cumplir con las

limitaciones legales y reglamentarias. Por medio del escrito sometido ante

nuestra consideración, los peticionarios pretenden que intervengamos en

un caso, sin siquiera señalarnos una decisión administrativa que pueda ser

revisable. Más aún, la única determinación administrativa provista por

ellos fue emitida el 31 de enero de 2023, por lo que, de haber estado

inconforme con ella, tenían la obligación de haber comparecido ante este

Tribunal dentro del término jurisdiccional arriba citado. Sin lugar a duda,

y por todas estas razones, carecemos de jurisdicción debiendo desestimar

el recurso sin más.

                                        III

       Por todo lo antes expuestos, desestimamos el recurso de epígrafe por

falta de jurisdicción.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones