Court Opinion

ID: 9941476
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:39:24.146471+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.524424
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL XI

                                               REVISIÓN
   SR. CARLOS E.                               ADMINISTRATIVA
 VARGAS FIGUEROA Y                             procedente de la
       OTROS                                   Departamento de
                                               Corrección y
        Peticionarios                          Rehabilitación

                                               Caso Núm.: PA-737-
             V.             KLRA202300623      23
                                               PA-856-22
  DEPARTAMENTO DE                              CEN-23-00156-160
     HACIENDA Y
  DEPARTAMENTO DE                              Sobre: MOCIÓN EN
    CORRECCION Y                               SOLICITUD Y
   REHABILITACIÓN                              REQUIRINMIENTO
                                               DEL PAGO DEL
        Recurridos                             ESTIMULO EN
                                               MANDAMUS U
                                               ORDEN

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2024.

        Comparece ante nos, Carlos E. Vargas Figueroa, José E. Valle

Cardona, Iván Jr. Orta Cuprill, José H. Echevarría Piña y Tomás

Fernández Rodríguez (en conjunto, la parte recurrente), quienes se

encuentran confinados en la Institución Ponce 1,000 Sección 3-P y

recurren por derecho propio in forma pauperis. En su recurso, la

parte recurrente solicitó que se le ordene al Departamento de

Hacienda de Puerto Rico (Hacienda) y al Departamento de

Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (Departamento de

Corrección) a que le hagan entrega de los cheques del estímulo

económico concedidos a raíz de la pandemia del COVID-10, bajo la

ley federal Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES

Act).

Número Identificador
SEN2024_________
KLRA202300623                                                                 2

       Sin necesidad de trámite ulterior y por los fundamentos que

expondremos a continuación, se desestima el recurso de revisión

judicial por falta de jurisdicción.

                                    I.

       Con fecha del 20 de octubre de 2022, el recurrente, Carlos E.

Vargas Figueroa, presentó una Solicitud de Remedio Administrativo

ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de

Corrección. Alegó que había solicitado ayuda para conocer que

había ocurrido con el pago del estímulo económico del CARES Act y

que no había recibido respuesta.

       Consecuentemente, el 28 de noviembre de 2022, la División

de Remedios Administrativos a través de la Técnica Sociopenal,

Michelle    Graniela     Loyola,    emitió    una    Respuesta      del   Área

Concernida/Superintendente.1 En esta, determinó que confirmó la

información ofrecida por el confinado y ciertamente no había

recibido el pago del estímulo económico. Además, esbozó que al

momento no contaba con instrucciones para la acción pertinente a

este tipo de caso. Así, sugirió que el caso fuera referido directamente

a las oficinas de nivel central del Departamento de Corrección,

Oficinas de Programas y Servicios, para que el caso fuera trabajado

conforme a lo establecido entre las agencias.

       Así las cosas, el 18 de agosto de 2023, Carlos E. Vargas

Figueroa presentó una segunda Solicitud de Remedio Administrativo.

En la misma, reiteró los argumentos esbozados en su primera

solicitud. Añadió que se comunicó con las oficinas de nivel central

por escrito y que no recibió una contestación. El 13 de septiembre

de 2023, la División de Remedios Administrativos del Departamento

de Corrección a través de la Asistente de Sistema de Contabilidad

1 La Respuesta del Área Concernida/Superintendente fue notificada el 27 de enero

de 2023.
KLRA202300623                                                                3

emitió        una         segunda             Respuesta        del       Área

Concernida/Superintendente.2 En esta, se le recomendó al confinado

que solicitara una entrevista con su Técnico de Servicio Sociopenal,

para que contactase a un familiar o persona de confianza para que

se comunique al Departamento de Hacienda o acceda bajo sus

credenciales al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), ya que

es allí donde se le indica si en efecto el desembolso fue realizado, si

existe algún error, si requieren información adicional y/o cualquier

otra alegación al respecto. Agregó que para poder beneficiarse del

tercer incentivo económico de $1,400.00, debe someter la Planilla de

Contribución sobre Ingresos, para el período del 2021 y la solicitud

debía ser completada a través de SURI.

         Subsiguientemente, el 25 de octubre de 2023, Carlos E.

Vargas Figueroa presentó una Solicitud de Reconsideración. Acentuó

que solo tiene una hermana, pero esta desconoce los procedimientos

por no estar actualizada en la tecnología y ser una persona mayor.

Asimismo, solicitó una investigación más a fondo, ya que entendía

que podía existir un potencial fraude.

         El 30 de octubre de 2023, la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección emitió una

Respuesta     de    Reconsideración      al    Miembro    de   la    Población

Correccional. Dicha Respuesta de Reconsideración al Miembro de la

Población Correccional fue notificada el 13 de noviembre de 2023. En

apretada síntesis, la División de Remedios Administrativos denegó

la petición de reconsideración. Indicó que las instrucciones

impartidas por el Departamento de Hacienda es que tiene que

solicitar el estímulo a través de SURI. Así, exhortó a que el familiar

se oriente con un contable público autorizado (CPA).

2 La segunda Respuesta del Área Concernida/Superintendente fue notificada el 25

de septiembre de 2023.
KLRA202300623                                                           4

      Inconforme, el 30 de noviembre de 2023, la parte recurrente

presentó   ante   este    Tribunal     una   Moción   en    Solicitud   y

Requerimientos    del    Pago   del   Estimulo   Federal   Covid-19     en

Mandamus u Orden. Afirmó que han estado esperando un promedio

de dos (2) años y seis (6) meses para que se resuelva el asunto. Por

lo cual, solicitó que se le ordene al Departamento de Hacienda y al

Departamento de Corrección a que le hagan entrega de los cheques

del estímulo económico concedidos a raíz de la pandemia del

COVID-10, bajo el CARES Act.

                                II.

A. La jurisdicción

      Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso,

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su

consideración. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909

(2011). Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007). Véase, además,

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003);

Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950).

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación sin

entrar en los méritos de la controversia. MCS Advantage, Inc. v.

Fossas Blanco y otros, 211 DPR 135 (2023); González Santos v.

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).         En consecuencia, la

ausencia de jurisdicción es insubsanable.        S.L.G. Solá-Moreno v.

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128

DPR 513, 537 (1991).

      Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y
KLRA202300623                                                         5

controversias”. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, supra.

Véase, además, S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág.

682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 (2007).

En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado

consistentemente que la falta de jurisdicción “trae consigo las

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada;

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber

de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio”. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, supra. Véase,

además, Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372 (2018);

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

       Por consiguiente, un tribunal que carece de jurisdicción

únicamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el

caso. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 264 (2018). Véase,

además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854,

859-860 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873,

882 (2007). A tenor con lo anterior, les corresponde a los tribunales

ser los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la

cuestión haya sido planteada anteriormente o no. Dávila Pollock et

al. v. R.F. Mortgage and Investment Corp., 182 DPR 86, 97 (2011).

Véase, además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, supra, pág.

859; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.

B. Perfeccionamiento del recurso de revisión

       El perfeccionamiento del recurso de revisión está regulado en

la   Parte   VII   del   Reglamento   del   Tribunal   de   Apelaciones.
KLRA202300623                                                                6

Específicamente, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que:

     Contenido del recurso de revisión

     […]

     (C) Cuerpo

     (1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el orden aquí
     dispuesto, las partes siguientes:

     (a) En la comparecencia, el nombre de los recurrentes.

     (b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la
     jurisdicción y la competencia del Tribunal.

     (c) Una referencia a la decisión, reglamento o providencia
     administrativa objeto del recurso de revisión, la cual incluirá el
     nombre y el número del caso administrativo, organismo o la
     agencia o funcionario o funcionaria que la dictó, la Región Judicial
     correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha en que se
     archivó en autos copia de su notificación a las partes. También,
     una referencia a cualquier moción, resolución u orden mediante
     las cuales se haya interrumpido y reanudado el término para
     presentar el recurso de revisión. Además, se especificará cualquier
     otro recurso sobre el mismo caso o asunto que esté pendiente ante
     el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la fecha
     de presentación.

     (d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los
     hechos importantes y pertinentes del caso.

     (e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de
     la parte recurrente cometió el organismo, agencia o funcionario
     recurrido o funcionaria recurrida.

     (f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las
     disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.

     (g) La súplica.

     […]

     (E) Apéndice

     (1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que contendrá una
     copia literal de:

     (a) Las alegaciones de las partes ante la agencia, a saber, la
     solicitud original, la querella o la apelación y las contestaciones a
     las anteriores hechas por las demás partes.

     (b) En el caso de la impugnación de una regla o reglamento, si no
     hubiere un trámite previo ante el foro administrativo, dicha regla o
     reglamento constituirá la primera parte del Apéndice.

     (c) La orden, resolución o providencia administrativa objeto del
     recurso de revisión que se solicita, incluyendo las determinaciones
     de hechos y las conclusiones de derecho en que esté fundada,
     cuando procedieren.

     (d) Toda moción, resolución u orden necesaria para acreditar la
     interrupción y reanudación del término para presentar el recurso
     de revisión.

     (e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualquiera
     de las partes que forme parte del expediente original
     administrativo, en los cuales se discuta expresamente cualquier
KLRA202300623                                                                  7

      asunto planteado en el recurso de revisión o que sean relevantes a
      ésta.

      (f) Cualquier otro documento que forme parte del expediente
      original en la Agencia y que pueda ser útil al Tribunal de
      Apelaciones en la resolución de la controversia.

      (g) En caso de que en apoyo al recurso de revisión se haga
      referencia a una regla o reglamento, deberá incluirse en el Apéndice
      el texto de la regla o reglas, o la sección o secciones del reglamento
      que sea pertinente o pertinentes.

      (2) El tribunal podrá permitir, a petición del recurrente en el
      recurso, en moción o motu proprio, a la parte recurrente la
      presentación de los documentos a que se refiere el subinciso (1)
      con posterioridad a la fecha de presentación del recurso de
      revisión, dentro de un término de quince días contado a partir de
      la fecha de notificación de la resolución del tribunal que autoriza
      los documentos.

      La omisión de incluir los documentos del Apéndice no será causa
      de desestimación del recurso.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló en Morán v. Martí,

165 DPR 365, 366 (2005), la necesidad de discutir y fundamentar

los errores que se imputan al foro de instancia. Allí explicó que el

promovente del recurso tiene la obligación de poner en posición al

foro apelativo de aquilatar y jurisprudenciar el error señalado. Así

pues, nuestro máximo Foro reconoció que “solamente mediante un

señalamiento de error y una discusión, fundamentada, con

referencia a los hechos y a las fuentes de derecho en que se sustenta,

podrá el foro apelativo estar en posición de atender los reclamos que

le plantean”. Además, señaló como más importante que “el craso

incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se

perfeccione adecuadamente privando de jurisdicción al foro

apelativo”. Íd.

      Así, toda la reglamentación aplicable a los diversos recursos

apelativos requiere que el escrito contenga un señalamiento breve y

conciso de los errores que a juicio del promovente cometió el foro

recurrido. H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de PR, Derecho

Procesal Apelativo, Ed. LexisNexis de PR Inc., Hato Rey, PR, (2001),

pág. 294. El cumplimiento de esa exigencia es importante porque el

tribunal apelativo está obligado a considerar solamente los errores

que el promovente señaló específicamente. Íd. No obstante, esa
KLRA202300623                                                              8

omisión no es fatal, si el litigante de facto alude de otro modo al error

contenido y lo discute en su alegato. Íd.

C. Incumplimiento          con    el     Reglamento     del   Tribunal    de
   Apelaciones

      La Regla 83 (C), 4 LPRA Ap. XXII-B, del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones dispone que ese foro podrá motu proprio, en

cualquier momento, desestimar un recurso porque: (1) no tiene

jurisdicción; (2) se presentó fuera del término establecido en ley y

sin justa causa; (3) no se presentó con diligencia o buena fe; (4) es

frívolo y surge claramente la falta de una controversia sustancial;

(5) es académico.

      Las partes deben observar rigurosamente las disposiciones

reglamentarias para el perfeccionamiento de los recursos ante los

foros apelativos. M-Care Coumpounding et al v. Dpto. de Salud, 186

DPR 159-176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 144

(2008). Así pues, la aplicación flexible del reglamento solo procede

en situaciones muy particulares, en las cuales tal flexibilidad está

plenamente justificada. El Tribunal Supremo de Puerto Rico

reconoció que el reglamento debía aplicarse flexiblemente, cuando

se incumple con un requisito de forma de menor importancia.

Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 130 (1998).

      Asimismo, en Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003), el

Tribunal Supremo de Puerto Rico advirtió que “el hecho de que las

partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que

incumplan con las reglas procesales”.

                                  III.

      En el caso ante nos, el recurso presentado por la parte

recurrente   no     es   revisable.      La   parte   recurrente   incumplió

sustancialmente      con    los   requisitos     reglamentarios    para   su

perfeccionamiento,       necesarios       para    que    podamos     asumir

jurisdicción y atenderlo. Es decir, la parte recurrente incumplió con
KLRA202300623                                                       9

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, al no incluir ni discutir

los errores que imputa al foro administrativo. Tal omisión,

imposibilita   que   podamos   aquilatar   de   forma   adecuada    la

determinación de ese foro.

      Además, la parte recurrente omitió hacer referencia a la ley y

la jurisprudencia aplicable en la que está fundamentada su solicitud

de revisión. Tampoco incluyó una discusión basada en fundamentos

de hecho y derecho cuestionando la decisión de la agencia. Por

último, solo se incluyeron en el apéndice los documentos

relacionados al recurrente Carlos E. Vargas Figueroa, pero se

omitieron los de José E. Valle Cardona, Iván Jr. Orta Cuprill, José

H. Echevarría Piña y Tomás Fernández Rodríguez; por lo que,

estamos imposibilitados de atender su reclamación.

      En fin, la ausencia de señalamientos de error y de una

discusión basada en fundamentos de hecho y de derecho, junto a la

falta de documentos de los recurrentes, nos privan de jurisdicción

para atender el recurso. Ahora bien, no podemos pasar por

desapercibido que la División de Remedios Administrativos del

Departamento de Corrección instruyó a Carlos E. Vargas Figueroa

para que un familiar o persona de confianza de este se comunicara

con el Departamento de Hacienda o accediera a SURI, porque es allí

donde le indica si en efecto el desembolso fue realizado, si existe

algún error, si requieren información adicional y/o cualquier otra

alegación al respecto; en la alternativa, se le instruyó al recurrente

a que su familiar se orientara con un CPA. Sostenemos que, en

primer lugar, Carlos E. Vargas Figueroa debió cumplir con la

instrucción brindada por la División de Remedios Administrativos y

de haber cumplido con esta, el expediente está huérfano sobre el

particular.
KLRA202300623                                                    10

                               IV.

      Por los fundamentos antes expuesto, se desestima el recurso

de revisión judicial por falta de jurisdicción.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solis
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones