Court Opinion

ID: 9962702
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:44:05.589459+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:27.786914
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

    DEPARTAMENTO DE                                    Certiorari
   EDUCACIÓN Y OTROS                                   procedente del
                                                       Tribunal de
         Peticionario                                  Primera Instancia,
                                                       Sala de San Juan
               v.                 KLCE202400172
                                                       Sobre:
   RAMONITA ARCE                                       Revisión de Laudo
       RUBERTÉ,                                        de Arbitraje
COMISIÓN APELATIVA DEL                                 Obrero-Patronal
  SERVICIO PÚBLICO                                     Núm. L-21-041
                                                       emitido por la Hon.
          Recurrido                                    Árbitro Jeovany
                                                       Vázquez Ocasio, de
                                                       la Comisión
                                                       Apelativa del
                                                       Servicio Público

                                                       Caso Número:
                                                       SJ2021CV07900

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez
Bonilla Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece     la    parte   peticionaria,   el   Departamento   de

Educación (en adelante, ¨peticionario¨ o ¨DE¨) mediante recurso de

Certiorari Civil y solicita la revisión de la Sentencia dictada el 22 de

diciembre de 2023, notificada el 26 de diciembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en

adelante, ¨TPI¨). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha

Lugar el recurso de revisión judicial presentado por el DE y confirmó

un Laudo de Arbitraje dictado por la Comisión Apelativa del Servicio

Público (en adelante, ¨CASP¨). En la misma, se dejó sin efecto la

destitución de la Sra. Ramonita Arce Ruberté (en adelante,

¨recurrida¨ o ¨Sra. Arce Ruberté¨) y ordenando al DE la devolución

de los salarios y haberes dejados de recibir.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400172                                                      2

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega el auto de certiorari solicitado.

                                      I.

      El 21 de noviembre de 2013, el entonces Secretario del DE,

Hon. Rafael Román Meléndez (en adelante, ¨Secretario¨), le notificó

a la Sra. Arce Ruberté de su intención de iniciar un procedimiento

disciplinario en su contra y la relevó sumariamente de su empleo,

sin privación de sueldo. La misiva le imputó a la recurrida un patrón

de conducta irrespetuosa hacia una compañera de trabajo entre

agosto de 2012 y septiembre de 2013.

      Luego, el 31 de octubre de 2014, el Secretario le cursó a la

Sra. Arce Ruberté una carta de destitución de su puesto permanente

de Contador III en la Región Educativa de Mayagüez.

      Inconforme, el 10 de marzo de 2015, la Sra. Arce Ruberté

presentó una Apelación ante la CASP. Luego de varios trámites

procesales, el 19 de marzo de 2021, se celebró una Vista de

Arbitraje. Durante la Vista, el DE presentó el testimonio de la Sra.

Marta I. Olmos Matías, investigadora de querellas, y del Sr.

Francisco Nieves Sánchez, supervisor directo de la recurrida.

Además, presentó como evidencia documental el Informe de

Investigación realizado por el DE y la declaración jurada del Sr.

Nieves Sánchez.

      Por otro lado, las partes pactaron que el laudo arbitral fuera

conforme a derecho.

      El 24 de septiembre de 2021, la CASP emitió un Laude de

Arbitraje, en el cual concluyó que la destitución de la Sra. Arce

Ruberté no estuvo justificada. A su vez, ordenó al DE a reinstalar a

la recurrida en su puesto de Contador III y devolverle los salarios y

haberes dejados de recibir. La CASP determinó que el DE no
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presentó prueba suficiente para probar la conducta imputada.

Específicamente, resolvió que:

      […] La AGENCIA present[ó] el Informe de
      Investigación de este caso el cual describió unos
      incidentes en que el que est[á] envuelta la
      QUERELLANTE junto con varias Declaracio[es]
      Juradas de otros empleados. Sin embargo, estos
      empleados no fueron presentados como testigos en
      este caso por lo que la parte Querellante no tuvo la
      oportunidad de contrainterrogar a estos testigos ni
      a confrontar la prueba. Por lo tanto, esta evidencia
      no será considerada. Fuera de lo ya mencionado no se
      presentó algún otro testigo[,] solo el Sr. Nieves.

      […]
             Luego de haber evaluado la prueba presentada
      determinamos que la misma no fue suficiente para
      probar todos los hechos que se le imputaron en la
      carta de intención de medida disciplinaria. Es sabido
      que el peso de probar los hechos recae en la AGENCIA
      por ser una medida disciplinaria. Ya que el patrono, de
      ordinario, está en control y en posesión de toda la
      información necesaria para que la cuestión pueda ser
      resuelta. JRT v. AEE, 113 DPR 564. Ante el hecho que
      la AGENCIA no presen[ó] prueba suficiente en este
      caso[,] concluimos que el mismo no fue probado. Por
      tanto, se determinó que no hubo justa causa para la
      imposición de la medida disciplinaria de destitución en
      contra de la QUERELLANTE. (Énfasis suplido).

      Posteriormente, el 1 de diciembre de 2021, el DE presentó un

recurso de Revisión Judicial de Laudo de Arbitraje ante el TPI. Alegó

que la CASP intervino irrazonablemente con la discreción del

Secretario al eliminar la medida disciplinaria impuesta a la Sra. Arce

Ruberté. Además, arguyó que la CASP aplicó incorrectamente las

Reglas de Evidencia al no admitir el Informe de Investigación

presentado por el DE. También, señaló que la CASP actuó arbitraria

e   irrazonablemente     al   no   considerar   el   contenido   de   las

declaraciones de los testigos e impartirle el valor probatorio que

merecían.

      El 6 de diciembre de 2021, el DE presentó la transcripción de

la Vista de Arbitraje.

      El 10 de octubre de 2022, la Sra. Arce Ruberté presentó su

oposición al recurso de revisión. La recurrida alegó que la CASP
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actuó correctamente al excluir el Informe de Investigación, ya que

no fue estipulado ni presentado como evidencia.

      Luego de varios trámites procesales, el 22 de diciembre de

2023, el TPI emitió una Sentencia, notificada el 26 de diciembre de

2023. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar el

recurso de revisión presentado por el DE y confirmó el Laudo de

Arbitraje dictado por la CASP. Particularmente, concluyó lo

siguiente:

            Surge del laudo y de los documentos que obran
      en el expediente judicial que el Departamento
      presentó dos testigos, de los cuales uno fue una
      investigadora, que no fue quien presentó el informe
      de investigación ni realizó las entrevistas de campo.
      Tampoco se presentaron los testimonios de los
      empleados y empleadas involucrados en los
      incidentes que se le imputaron a la señora Arce
      Ruberté. Según expresó la árbitra en el laudo ¨estos
      empleados no fueron presentados como testigos en este
      caso por lo que la parte Querellante no tuvo la
      oportunidad de contrainterrogar a estos testigos ni
      confrontar la prueba¨.

      […]

              Por tanto, determinamos que no se cometió el
      error imputado por el Departamento de Educación. De
      un análisis del caso surge que las determinaciones de
      la Árbitra Vázquez Ocasio tienen base racional en la
      evidencia sustancial que le fue presentada y aquilatada.
      El récord está carente de prueba de que se haya
      actuado erradamente, arbitrariamente, ilegalmente
      o en forma tan irrazonable que su actuación
      constituya un ejercicio fuera de su discreción. En
      fin, la decisión de la árbitra goza de una presunción de
      legalidad y corrección que debe ser respetada mientras
      la parte que la impugna no produzca suficiente
      evidencia para derrotarla. Misión Ind. P R v. JP, 146 DPR
      64 (1998). (Énfasis suplido).

      El 3 de enero de 2024, el DE presentó una Moción de

Reconsideración a Sentencia. Ante ello, el 9 de enero de 2024, el TPI

dictó una Orden declarando No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración.

      Inconforme, el 9 de febrero de 2024, el DE compareció ante

esta Curia mediante Petición de Certiorari y solicitó que se revoque
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el dictamen recurrido y se reinstale la sanción impuesta a la Sra.

Arce Ruberté. El DE realizó el siguiente señalamiento de error:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al confirmar el
      Laudo de Arbitraje de CASP[,] a pesar de que la
      Árbitro abusó de su discreción al no considerar la
      totalidad de la evidencia presentada por el DE.

      El 13 de febrero de 2024, emitimos una Resolución en la cual

le ordenamos a la parte recurrida la presentación de su alegato en

oposición, conforme dispone la Regla 37 de nuestro Reglamento, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 37.

      El 11 de marzo de 2023, el DE presentó tardíamente su

alegato en oposición.

      Perfeccionado el recurso y examinados los documentos que

obran en el expediente, estamos en posición de resolver.

                                     II.

A. El certiorari

      El   auto    de certiorari, constituye   un     vehículo   procesal

discrecional, que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior.             IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).                 En lo aquí

pertinente, debemos mencionar, que el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha expresado que la revisión de órdenes y sentencias emitidas

por el foro primario, confirmando, modificando, corrigiendo o

revocando un laudo de arbitraje, son revisables mediante el recurso

de certiorari. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 23

(2011).

      Los criterios que guían nuestra facultad discrecional al

determinar   la    expedición   de     un   recurso    de certiorari están

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B. Dicha regla dispone lo siguiente:
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            El Tribunal tomará en consideración los
      siguientes criterios al determinar la expedición de un
      auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
            contrarios a derecho.

         B. Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
            y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.

         D. Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los
            cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
            elaborados.

         E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
            el caso es la más propicia para su consideración.

         F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución
            final del litigio.

         G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa evita un fracaso de la justicia.

B. El arbitraje

      El arbitraje es un método alternativo de solución de disputas,

existe como alternativa al litigio tradicional. Aut. Puertos v. HEO,

186 DPR 417, 424 (2012). El proceso de arbitraje le impone un

carácter excluyente al proceso judicial, ya que una cláusula de

arbitraje es un contrato que impide a los jueces y tribunales conocer

en primera instancia de los conflictos o cuestiones litigiosas

sometidas a arbitraje. Indulac v. Central General de Trabajadores,

207 DPR 279, 194 (2021).

      El arbitraje en el ámbito laboral surge como parte del proceso

de negociación colectiva. Íd. Ello surge cuando en un convenio

colectivo se pacta someter a arbitraje las controversias que puedan

surgir entre el patrono y los empleados. Íd. Es importante
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mencionar, que en nuestro ordenamiento jurídico se favorece el

arbitraje, en especial en el entorno obrero-patronal, pues es un

proceso menos técnico, más flexible y menos oneroso que los

tribunales de justicia. Íd.

      Los procedimientos de arbitraje y laudos emitidos en el campo

laboral disfrutan de una gran deferencia por parte de los

tribunales. J.R.T. v. Adm. Muelles Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 325

(1941).     La deferencia brindada cede cuando se demuestra la

existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, falta del debido

proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión de resolver todas

las cuestiones en disputa o que sea contrario a la política

pública. Íd.

      Con relación a la revisión judicial de los procesos de arbitraje,

nuestro más alto foro ha expresado que, aunque la intervención no

esté vedada, ante un convenio de arbitraje lo más prudente es la

abstención judicial. UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR

133 (1994). Por ello, cuando se acuerda el uso del arbitraje como

mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro sustituto

a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece gran

deferencia. López v. Destilería Serrallés, 90 DPR 245 (1964); JRT v.

Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988).

       Es por esto que la revisión de los laudos de arbitraje se

circunscribe al determinar:

      (1)      la existencia de fraude,

      (2)      conducta impropia,

      (3)      falta del debido proceso de ley,

      (4)      violación a la política pública,

      (5)      falta de jurisdicción o,

      (6)      que el laudo no resuelve todos los asuntos en
               controversia. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 319
               (2011).
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      No obstante, si las partes pactan que el laudo arbitral sea

conforme a derecho, los tribunales podrán corregir errores jurídicos

en atención al derecho aplicable. Ello significa que el árbitro no

puede ignorar o dejar pasar por desapercibidas las normas

interpretativas, en el campo laboral, de derecho sustantivo emitidas

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el de Puerto Rico. JRT

v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 119 DPR 62, 68 (1987).

      De igual modo, las decisiones de los tribunales de primera

instancia, de las agencias administrativas y los laudos arbitrales se

reputarán persuasivos. Íd. En tal supuesto, la revisión judicial de

los laudos de arbitraje es análoga a la revisión judicial de las

decisiones administrativas. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808,

821-822 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos PR, 149 DPR

347 (1999); UCPR v. Triangle Engineering Corp., supra. Sin embargo,

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que la intervención

judicial no se justifica por una mera discrepancia de criterio con el

árbitro ya que se destruiría la esencia de los procesos de arbitraje.

UGT v. Hima San Pablo Caguas, 202 DPR 917, 929 (2019). Por lo

tanto, es la norma que los foros judiciales apelativos tendrán la

autoridad para revisar todas las cuestiones de derecho sustantivo

resueltas por el árbitro para poder determinar si son correctas.

COPR v. SPU, supra, pág. 370. Es decir, procede la anulación del

laudo solo si no se ha resuelto la controversia conforme a derecho.

Íd.

                                III.

      Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro
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deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos laudos en los que haya mediado fraude, conducta impropia

del árbitro, falta del debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción,

omisión de resolver todas las cuestiones en disputa o que sea

contrario a la política pública. Reiteramos que en el recurso que aquí

atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de

certiorari solicitado.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones