Court Opinion

ID: 9916169
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:26:50.543432+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:35.352864
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

   IRIS FIGUEROA ZABALA                              CERTIORARI
                                                     Procedente de la
             Recurrida                               Junta de
                                                     Personal de la
                  v.                   KLCE202300918 Rama Judicial

DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                      Caso Núm.:
   DE LOS TRIBUNALES                                         Q-21-02

           Peticionario                                      Sobre:
                                                             Licencia de
                                                             Vacaciones
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

       Comparece el Director Administrativo de los Tribunales (el

Director Administrativo o el Peticionario) mediante recurso de

certiorari y solicita la revocación de la Resolución emitida el 20 de

abril de 2023 por la Junta de Personal de la Rama Judicial (Junta

de Personal), notificada el 2 de mayo de 2023.1 Mediante la referida

Resolución, la Junta de Personal declaró Ha Lugar la moción de

disposición sumaria presentada por la Sra. Iris Figueroa Zabala

(señora Figueroa Zabala o la Recurrida), y concluyó sumariamente

que la determinación de la autoridad nominadora de cargar a la

licencia de vacaciones de la recurrida el periodo de 13 de abril a 1

de mayo de 2020, durante la vigencia de la Emergencia por la

Pandemia del Coronavirus, fue contraria a la reglamentación

vigente.

       Por los fundamentos que discutiremos a continuación,

expedimos el auto de Certiorari y revocamos la Resolución recurrida.

1 Véase páginas 1-10 el Apéndice de la Petición de Certiorari.

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
KLCE202300918                                                                   2

                                           I

        La Recurrida es empleada del Poder Judicial y se desempeña

como Secretaria Auxiliar del Tribunal de Primera Instancia, Sala de

San Juan. El 5 de noviembre de 2020, la señora Figueroa Zabala

cursó carta al Director Administrativo en la que le solicitó que se

eliminara el descuento realizado a su licencia de vacaciones de los

días marcados por ella en el plan de vacaciones que comprende del

13 de abril de 2020 hasta el 1 de mayo de ese año. Allí expuso que

los días marcados en el plan eran fechas tentativas.2

        De igual forma, el 9 de febrero de 2021, la señora Figueroa

Zabala presentó Querella ante la Junta de Personal en la que

impugnó los días descontados de su balance de vacaciones durante

la vigencia de la Orden Ejecutiva del Gobierno emitida durante la

emergencia por la pandemia del coronavirus. En síntesis, la

Recurrida alegó que no fue convocada a trabajar y que la autoridad

nominadora procedió a cargarle a su licencia de vacaciones los días

del mes abril que ella había incluido en el plan de vacaciones.

Destacó que a los fines de que se dejara sin efecto dicho descuento,

cursó    comunicación          al     Director    Administrativo     sin   obtener

respuesta.3

        El 14 de noviembre de 2022, la señora Figueroa Zabala

presentó Moción en Solicitud de Adjudicación Sumaria ante la Junta

de   Personal.4     En    lo        pertinente,   allí   expuso    como    hechos

incontrovertidos, entre otros, los siguientes:

         “2. La señora Figueroa tenía separadas en el Plan de
         Vacaciones para el año 2020, las fechas que comprenden
         desde el 13 de abril de 2020 al 1 de mayo de 2020, inclusive
         (15 días laborables), para el disfrute de estas. (Ver Exhibit
         1, plan de vacaciones Enmendado y Exhibit 2, Declaración
         Jurada)
                …..
         4. La Querellante nunca llenó una solicitud de Licencia
         para solicitar formalmente que se aprobaran las fechas
         demarcadas en el Plan de Vacaciones, según establecido

2 Véase página 67 del Apéndice de la Petición de Certiorari.
3 Véase página 68 del Apéndice de la Petición de Certiorari.
4 Véase páginas 183-289 del Apéndice de la Petición de Certiorari.
KLCE202300918                                                             3

         en las Normas y procedimientos Sobre Asistencia y
         Licencias aprobadas por la OAT el 17 de noviembre de
         2003. (Ver Exhibit 2, Declaración Jurada)
                …….
         6. La Querellante nunca solicitó en el Sistema KRONOS
         las vacaciones demarcadas en el Plan de Vacaciones
         para las fechas que comprenden desde el 13 de abril de
         2020 al 1 de mayo de 2020, inclusive, previo al 13 de
         marzo de 2020, ni solicitó que su Supervisora las
         aprobara en el Sistema Kronos. (Ver Exhibit 2,
         Declaración Jurada)
         ….
         23. La Querellante no disfrutó las fechas separadas por
         ésta en el Plan de Vacaciones, debido al “lockdown” y
         tampoco fue convocada a trabajar durante el período del
         cierre operacional del Poder Judicial, ni se le asignó trabajo
         remoto.
         24. Al regresar a sus labores, tras la reapertura de las
         operaciones del Poder Judicial, la querellante se percató
         que los quince (15) días que ésta había separado en el Plan
         de Vacaciones para el año 2020, desde el 13 de abril de
         2020 al 1 de mayo de 2020, la OAT se los había descontado
         de su balance de licencia de vacaciones. (Ver Exhibit 2,
         supra)

       En respuesta, el Director Administrativo presentó Oposición a

Moción en Solicitud de Adjudicación Sumaria de la Parte Querellante

a la que anejó entre otros documentos, una Declaración Jurada

prestada por la Directora del Área de Recursos Humanos de la

Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la Sra. Sheila

Ivette Rosado Rodríguez (Anejo I) y una Declaración Jurada prestada

por la Secretaria Regional II de la Región Judicial de San Juan, la

Sra. Griselda Rodríguez Collado (Anejo 2).5 En apretada síntesis,

allí expuso que estaban en controversia entre otros,              los hechos

2,4,6 alegados como incontrovertidos por la recurrida en la Moción

en Solicitud de Adjudicación Sumaria, para lo cual presentó

documentos y contra declaraciones juradas. En esencia, argumentó

el Director Administrativo que contrario a lo esbozado por la señora

Figueroa Zabala, en su Moción en Solicitud de Adjudicación Sumaria,

surge de las declaraciones juradas sometidas con su oposición, que

la recurrida seleccionó en el Formulario OAT 498 el periodo en el

que deseaba tomar sus vacaciones y que su supervisora había

5 Véase páginas 31-51 el Apéndice de la Petición de Certiorari.
KLCE202300918                                                        4

aprobado dicha solicitud. Finalmente, expuso que la controversia

no era susceptible de adjudicación sumaria.

       Mediante Resolución emitida el 20 de abril de 2023, notificada

el 2 de mayo de 2023, la Junta de Personal declaró Ha Lugar la

moción de disposición sumaria presentada por la señora Figueroa

Zabala. Así pues, concluyó sumariamente la Junta de Personal que

la recurrida no realizó una solicitud de vacaciones y que incidió la

autoridad nominadora al cargar a la licencia de vacaciones de la

recurrida el periodo de 13 de abril al 1 de mayo de 2020, durante la

vigencia de la emergencia por la pandemia del coronavirus. Razonó

la Junta de Personal que, conforme a los hechos incontrovertidos

alegados por la recurrida en su Moción en Solicitud de Adjudicación

Sumaria, dicho descuento con cargo a la licencia de vacaciones es

contrario a la reglamentación vigente por lo que ordenó a la

autoridad nominadora eliminarlo.

       En desacuerdo, el 17 de mayo de 2023, el Director

Administrativo solicitó reconsideración.6 Mediante Resolución de 13

de junio de 2023, notificada el 17 de julio del corriente año, la Junta

de Personal declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración

presentada por el Director Administrativo.7

       Inconforme, el Director Administrativo recurre ante nos

mediante Petición de Certiorari y señala la comisión de los siguientes

errores por parte de la Junta de Personal:

        1. ERRÓ LA JUNTA DE PERSONAL AL ASUMIR
           JURISDICCIÓN SOBRE LA QUERELLA, PESE A QUE
           ESTA VERSABA EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA
           ALEGADA “OMISIÓN” EN CONTESTAR LA CARTA DE
           LA EMPLEADA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 QUE
           SOLICITABA   EL  PAGO   DEL   PERIODO   EN
           CONTROVERSIA CONFORME A LAS ÓRDENES
           EJECUTIVAS EMITIDAS POR LA ENTONCES
           GOBERNADORA;     CONTESTACIÓN    QUE    EL
           DIRECTOR ADMINISTRATIVO EMITIÓ EN OCTUBRE
           DE 2021 SIN QUE LA EMPLEADA TOMARA ACCIÓN

6 Véase páginas 11-24 del Apéndice de la Petición de Certiorari.
7 Véase páginas 25-27 del Apéndice de la Petición de Certiorari.
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          ALGUNA DENTRO DEL TÉRMINO JURISDICCIONAL
          DE QUINCE (15) DÍAS PARA ELLO.
       2. ERRÓ LA JUNTA DE PERSONAL AL DEJAR SIN
          EFECTO LO DISPUESTO EN LAS GUÍAS PARA LA
          ASISTENCIA   POR    ENTENDER     QUE    NO
          ESTABLECIERON UNAS EXCEPCIONES PARA EL
          PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL QUE NO
          TRABAJÓ DURANTE LA PANDEMIA. CONSIDERANDO
          QUE LAS NORMAS SOBRE ASISTENCIA REQUIEREN
          QUE EL PERSONAL TRABAJE O QUE ESTÉ
          DISFRUTANDO DE UNA LICENCIA CON PAGA O
          TIEMPO COMPENSATORIO PARA QUE PUEDA
          RECIBIR UN SALARIO, LO ERRÓNEAMENTE
          RESUELTO POR LA JUNTA DE PERSONAL IMPEDIRÍA
          REALIZAR PAGO ALGUNO A LA SEÑORA FIGUEROA
          DURANTE ESE PERIODO DE TIEMPO POR NO
          HABERLO TRABAJADO.
       3. ERRÓ LA JUNTA DE PERSONAL AL DETERMINAR
          QUE NO PROCEDÍA UTILIZAR LA LICENCIA DE
          VACACIONES POR RAZÓN DE QUE LA EMPLEADA
          NO SOLICITÓ EL PERIODO A TRAVÉS DEL SISTEMA
          KRONOS, A PESAR DE QUE ES UN HECHO
          INCONTROVERTIDO     QUE   ELLA  LAS    HABÍA
          SOLICITADO MEDIANTE EL PLAN DE VACACIONES Y
          QUE EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO RELACIONADO
          FUE REALIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA EN
          CONSIDERACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA
          PANDEMIA.
       4. ERRÓ LA JUNTA DE PERSONAL AL CONCEDER LA
          MOCIÓN DE ADJUDICACIÓN SUMARIA DE LA
          RECURRIDA     YA   QUE     EL   DIRECTOR
          ADMINISTRATIVO DEMOSTRÓ QUE VARIOS DE
          LOS HECHOS INCLUÍDOS POR ELLA EN APOYO A
          SU SOLICITUD DE DISPOSICIÓN SUMARIA ERAN
          ERRÓNEOS Y/O ESTABAN EN CONTROVERSIA, LO
          QUE IMPEDÍA SU ADJUDICACIÓN SUMARIA.

      Por su parte, la señora Figueroa Zavala compareció ante

nosotros mediante Moción en Cumplimiento de Resolución y en

Oposición a que se Expida el Auto de Certiorari, presentada el 29 de

agosto de 2023. En ajustada síntesis, la Recurrida señaló que aun

cuando reconocía que el Tribunal Supremo enmendó el Reglamento

de la Junta de Personal de la Rama Judicial, para establecer que la

revisión de las órdenes o resoluciones de la Junta de Personal se

presenten ante el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de

certiorari, carecemos de autoridad para revisar discrecionalmente la

Resolución recurrida mediante una petición de certiorari; por lo que

procede denegar la expedición del auto.
KLCE202300918                                                                      6

       Mediante Resolución de 7 de septiembre de 2023, declaramos

No Ha Lugar la Moción en Cumplimiento de Resolución y en Oposición

a que se Expida el Auto de Certiorari presentada por la recurrida.

                                         II
                                        -A-

       El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía

revise las determinaciones8 de un foro inferior9. Esta facultad

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un

recurso     de   certiorari,    está    limitada    por    la   Regla    52.1    de

Procedimiento Civil de Puerto Rico10, que establece cuáles asuntos

interlocutorios serán revisables. La Regla 52.1, supra, faculta

nuestra intervención, mediante certiorari para revisar resoluciones

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, cuando se recurra de una resolución u orden bajo las

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. De igual forma             y por excepción nos faculta en

situaciones      determinadas       a    revisar    órdenes      o   resoluciones

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia. Regla 52.1 supra. 11

8 “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable

mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al.,
203 DPR 708, 718 (2019).
9 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338
(2012). Véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___
(2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023.
10 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
11 En ese contexto, los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que
pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase,
Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).
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       Ahora bien, el certiorari también es el recurso discrecional

apropiado para solicitar la revisión de una orden o resolución

de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Véase, In re

Enmiendas Rgl. Jta. Personal RJ, 210 DPR 662 (2022). Sobre estos

extremos, el Artículo XIV(d) del Reglamento de la Junta de Personal

de la Rama Judicial, según enmendado el 19 de octubre de 2022

(Reglamento de la Junta de Personal), dispone en lo pertinente lo

siguiente:

        La parte adversamente afectada por una orden o
        resolución de la Junta podrá presentar una petición de
        certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del
        término jurisdiccional de treinta (30) días contados a
        partir de la fecha de la notificación de una orden o
        resolución de la Junta. Cuando se presente una
        moción de reconsideración oportuna ante la Junta, el
        término para presentar petición de certiorari ante el
        Tribunal de apelaciones comenzará a contar desde la
        notificación de la orden o resolución de la Junta que
        resolvió la moción de reconsideración. (Énfasis suplido)

       Al ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para

ello debemos considerar12. Éstos son:

        A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
           a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
           derecho.
        B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.
        C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.
        D. Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
        E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
           caso es la más propicia para su consideración.
        F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
           y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.

12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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                                  B.

      En cuanto al mecanismo procesal de sentencia sumaria, su

propósito cardinal es proveer una solución justa, rápida y

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los cuales no

exista un conflicto o controversia genuina de hechos materiales.

Pérez García v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Nuestro

ordenamiento procesal civil contempla que cualquiera de las partes

pueda solicitar que se disponga sumariamente la totalidad o

cualquier parte de una reclamación. Regla 36 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36; Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 191

DPR 583, 597 (2014). En ese contexto, la Regla 36, supra, exige que

el peticionario de un dictamen sumario establezca su derecho con

claridad y demuestre que no existe controversia sustancial sobre

algún hecho material; es decir, suficiente para que no sea necesario

dirimirlo en un juicio plenario. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo,

189 DPR 414 (2013). Para ello, la parte promovente viene obligada

a desglosar los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no

existe controversia sustancial, en párrafos debidamente numerados

y, para cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de la

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo

apoya. Id.; Regla 36.3(a)(4), supra.

      En lo atinente al estándar de revisión aplicable, en Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 117 (2015), el Tribunal

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este

Tribunal de Apelaciones al “revisar denegatorias o concesiones de

Mociones de Sentencia Sumaria”. A esos efectos, el Tribunal dispuso

en lo pertinente: [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro

primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como

su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la
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referida Regla 36; (3) revisar si en realidad existen hechos materiales

en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla

36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en

controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de encontrar que

los hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó

correctamente el Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M.

Cuebas et al., 199 DPR 664, 679 (2018) (citando a Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119).

                                   III

      Es preciso destacar que la adjudicación sumaria del caso que

nos ocupa, por parte de la Junta de Personal, constituyó un

mecanismo procesal análogo a la sentencia sumaria emitida por un

Tribunal de Primera Instancia o a la disposición sumaria de un caso

por parte de una agencia administrativa en el ejercicio de sus

funciones cuasi judiciales. En ese contexto, conforme a los criterios

de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, los cuales guían el

ejercicio   de   nuestra    discreción   para   intervenir   con     dicha

adjudicación sumaria, expedimos el auto de certiorari solicitado por

el Director Administrativo, y revocamos la Resolución recurrida.

      Aclaramos que si bien expedimos el auto de certiorari,

nuestros pronunciamientos no adjudican los méritos del caso ante

la consideración de la Junta de Personal. Resolvemos que el mismo

no era susceptible de adjudicación sumaria. Ello obedece a que,

como bien sostiene el Director Administrativo en el cuarto

señalamiento de error de          su Petición de       Certiorari, existe

controversia sobre los hechos materiales esenciales allí esbozados,

que   ameritaban     la    celebración   de   vista   evidenciaria   para

dilucidarlos.
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      Al respecto, concluimos que los hechos enumerados en el

cuarto señalamiento de error de la Petición de Certiorari presentada

por el Director Administrativo son hechos materiales en controversia

que impedían la adjudicación sumaria del caso. Añadimos, además,

que en el caso que nos ocupa, existe controversia material sobre los

hechos 2, 4, 6, 23 y 24, enumerados como hechos incontrovertidos

por la recurrida en su Moción de Solicitud de Adjudicación Sumaria.

      En vista de lo anterior, la Junta de Personal incidió al

conceder la moción de adjudicación sumaria presentada por la

recurrida y al determinar sumariamente que la señora Figueroa

Zavala no solicitó vacaciones para el periodo del 13 de abril al 1 de

mayo de 2020. Este a su vez, es un hecho material esencial en

controversia que impedía la adjudicación sumaria del reclamo de la

recurrida.

      Como corolario de lo anterior, procede la expedición del auto

de certiorari y la revocación de la Resolución recurrida, a los fines de

celebrar vista evidenciaria para la adjudicación en los méritos del

caso ante la consideración de la Junta de Personal.

                                  IV

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales

hacemos formar parte de esta sentencia, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones