Court Opinion

ID: 9941444
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:36:46.149427+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.723484
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

                                                   CERTIORARI
     EDWIN GABRIEL                                 procedente del
       ACEVEDO                                     Tribunal de
                                                   Primera Instancia,
          Recurrido             KLCE202301479      Sala Superior de
                                                   Bayamón
              v.
                                                   Caso núm.:
 YVONNE ELISA AGUIAR                               BY2023CV02746
    LUNA Y OTROS
                                                   Sobre: Accidente
        Peticionarios                              de tránsito,
                                                   acometimiento o
                                                   agresión
Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

       Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Yvonne Elisa

Aguiar Luna, John Doe, la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos y la Cooperativa de Seguros Múltiples de

Puerto Rico (los peticionarios), mediante recurso de Certiorari,

solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida el 30 de

noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (TPI), notificada el 1 de diciembre posterior.

Mediante este dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar al

petitorio desestimatorio presentado por los peticionarios.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.

                                       I.

      El 17 de mayo de 2023, el Sr. Edwin Gabriel Morales Acevedo

(el señor Morales Acevedo o el recurrido) instó demanda sobre daños

y perjuicios en contra de los peticionarios. En esencia, se alegó que

Número Identificador

SEN2024___________________________
KLCE202301479                                                             2

la Sra. Yvonne Elisa Aguiar Luna, en las inmediaciones del Complejo

Deportivo del Coliseo Rubén Rodríguez, impactó al recurrido con su

vehículo de manera intencional. Añadió que esta le pasó la goma

del carro por encima de su pie izquierdo y no se detuvo posterior al

incidente. Indicó que dicho acto violento le provocó lesiones al pie,

pierna y parte lateral del cuerpo, y estimó los daños en una suma

no menor de $100,000 los que podrían aumentar una vez tenga el

resultado final de las evaluaciones y tratamientos médicos.

      El 10 de noviembre de 2023, la Sra. Yvonne Elisa Aguiar Luna,

John Doe, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos,

sin someterse a la jurisdicción, presentó Moción Solicitando

Desestimación por Insuficiencia en el Diligenciamiento de los

Emplazamientos.1 En esta, argumentó que el tribunal no adquirió

jurisdicción sobre ellos debido a que se incumplió con los requisitos

de la Regla 4 de las de Procedimiento Civil.           El señor Morales

Acevedo se opuso y solicitó, como alternativa, que el TPI expidiera

nuevos emplazamientos.2

      Ahora bien, ese mismo día, la Cooperativa de Seguros

Múltiples de Puerto Rico (CSMPR o la Cooperativa) instó Moción

Solicitando Desestimación por Prescripción en la cual arguyó que,

conforme a los hechos de la demanda, el señor Morales Acevedo no

interrumpió    el   término    prescriptivo   contra    ninguno    de   los

codemandados incluidos en la misma.3 No obstante, en su

pedimento la CSMPR solicitó solamente la desestimación de la

demanda instada en su contra por estar prescrita. Esto al haberse

radicado la demanda en su contra pasados dos (2) años de los

hechos del caso. Expresó, además, que las conversaciones

1 Véase entrada núm. 15 del expediente electrónico BY2023CV02746 del Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Apéndice del Recurso
a las págs. 041-044.
2 Íd., entrada núm. 21 de SUMAC. Apéndice del Recurso a las págs. 060-063.
3 Íd., entrada núm. 16 de SUMAC. Apéndice del Recurso a las págs. 051-055.
KLCE202301479                                                                3

transaccionales con la Cooperativa no constituyen un método para

interrumpir la prescripción.

        El recurrido en su moción de oposición apuntaló que la

demanda no está prescrita a tenor con la normativa dispuesta por

el Tribunal Supremo en Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR

120, 213 DPR ___.4          Al respecto, explicó que se “produjo una

creencia razonable de que la aseguradora estaría actuando en

representación del asegurado (demandados) en el curso de las

negociaciones extrajudiciales. En este sentido, en este caso – al

igual que en Birriel Colón- cuando el Demandante no se comunicó

con posterioridad directamente con los demandados conocían que

la parte recurrida se encontraba en negociaciones con su

aseguradora para llegar a un posible acuerdo extrajudicial”.5

        Así las cosas, el 30 de noviembre de 2023 el tribunal primario

emitió la Resolución recurrida, la cual fue notificada el 1 de

diciembre posterior. En este, declaró y citamos:6

             A   LA  SOLICITUD  DE DESESTIMACI[Ó]N
           PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA
           RESOLVEMOS NO HA LUGAR.

              TENGA LA PARTE DEMANDADA EL T[É]RMINO
           DISPUESTO POR LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO
           CIVIL PARA CONTESTAR DEMANDA. [Énfasis nuestro]

        Por otro lado, el foro a quo dictó Orden, “con relación a la

oposición [22]”, el 4 de diciembre de 2023, notificada al día

siguiente, en la que señaló: 7

             V[É]ASE RESOLUCI[Ó]N DICTADA EL 1                  DE
           DICIEMBRE DE 2023 (ENTRADA #23 DE SUMAC).

        Inconformes los peticionarios acuden ante esta Curia,

mediante el recurso de epígrafe, imputándole al TPI haber incurrido

en los siguientes errores:

           ERRÓ EL TPI AL PERMITIR UN EMPLAZAMIENTO EN
           BLANCO PARA ADQUIRIR JURISDICCIÓN SOBRE
           YVONNE ELISA AGUIAR LUNA, JOHN DOE Y LA

4 Íd., entrada núm. 22 de SUMAC. Apéndice del Recurso a las págs. 064-068.
5 Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 066.
6 Íd., a la pág. 069.
7 Íd., a la pág. 070.
KLCE202301479                                                         4

         SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES                 ENTRE
         YVONNE ELISA AGUIAR LUNA Y JOHN DOE.

         ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR UNA DEMANDA EN
         CONTRA DE UN ASEGURADOR, CUYO TÉRMINO
         PRESCRIPTIVO PARA SER DEMANDADO, NUNCA FUE
         INTERRUMPIDO CONFORME A DERECHO.

      El 2 de enero de 2024, la parte peticionaria presentó ante este

foro Moción Informativa sobre Cumplimiento con la Regla 33 de la

cual nos damos por enterados.

      El 10 de enero siguiente el señor Morales Acevedo instó

Oposición a Expedición del Auto de Certiorari Solicitado, por lo que

decretamos perfeccionado el recurso.

      Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo,

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                      II.

El auto de certiorari

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52, establece las instancias en que el recurso de certiorari será

expedido y así revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, aun

cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, previo a

ejercer debidamente nuestra facultad revisora es menester evaluar

si, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este tribunal

posee discreción para expedir el auto el certiorari. García v. Padró,

165 DPR 324, 334 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en

el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

      Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para
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llegar a una conclusión justiciera. (citas omitidas)”. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). Así pues, se ha

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.

(citas omitidas)”. Íd. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, enmarca los criterios que debemos considerar al

momento de determinar si procede que expidamos el auto

discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

regla establece lo siguiente:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
             recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
             contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
             indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
             manifiesto en la apreciación de la prueba por el
             Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
             detenida a la luz de los autos originales, los cuales
             deberán ser elevados, o de alegatos más
             elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
             caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causan un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución final
             del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa evita un fracaso de la justicia.

      En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo,

evaluemos     si   alguna    de    las   circunstancias      enumeradas

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del

foro recurrido. Además, es norma trillada que un tribunal apelativo

no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este
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último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). También, los criterios antes

transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera sabia

y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la etapa del

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

      De otra parte, la moción de desestimación al palio de la Regla

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que

formula un demandado antes de presentar su contestación a la

demanda, en la cual solicita que se desestime la demanda

presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625 (2006). La

referida Regla dispone:

            Toda defensa de hechos o de derecho contra una
        reclamación se expondrá en la alegación responsiva
        excepto que, a opción de la parte que alega, las
        siguientes defensas pueden hacerse mediante una
        moción debidamente fundamentada: (1) Falta de
        jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción
        sobre     la   persona;    (3)     Insuficiencia     del
        emplazamiento; (4) Insuficiencia del diligenciamiento
        del emplazamiento; (5) Dejar de exponer una
        reclamación que justifique la concesión de un
        remedio; (6) Dejar de acumular una parte
        indispensable." [Énfasis nuestro]

      Cuando se considera una moción de desestimación al amparo

de esta regla, los tribunales tienen que tomar como ciertos todos los

hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la forma

más favorable para la parte demandante. Cobra Acquisitions v. Mun.

Yabucoa et al, 210 DPR 384 (2022).

      La demanda no deberá desestimarse a menos que se

demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno,

bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Aut. Tierras v. Moreno

& Ruiz Dev. Corp., supra, a la pág. 429. En fin, se debe considerar,

si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo
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toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir

una reclamación válida. Íd.8

       En lo aquí pertinente, “[s]i de las alegaciones de la demanda

surge que la acción prescribió, un demandado puede presentar una

moción de desestimación por prescripción al amparo de la Regla

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, es decir, fundada en que la

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión

de un remedio. [citas omitidas]”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al.,

205 DPR 1043 (2020).

       Por otro lado, el Alto Foro ha resuelto que los tribunales de

primera instancia tienen gran discreción sobre cómo proceder

cuando se plantee la defensa de falta de jurisdicción sobre la

persona, ya fuese mediante alegación responsiva o en una moción

de desestimación. En particular, se ha desarrollado un esquema de

cuatro alternativas para que el foro de instancia seleccione cómo

proceder cuando un demandado impugna la jurisdicción sobre su

persona a través de una petición de desestimación al amparo de la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. A esos efectos, el tribunal de

instancia puede: (1) simplemente evaluar la moción tomando en

consideración sólo las alegaciones de la demanda; (2) si se

acompañan documentos y declaraciones juradas, analizar éstos

conjuntamente       con    las   alegaciones      y   los   documentos      y

contradeclaraciones juradas que presente el demandante en su

oposición; (3) señalar vista preliminar evidenciaria (decisión motu

proprio o a solicitud de parte); o (4) posponer la cuestión para

decidirla después de la vista en su fondo al resolver el caso. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp. 184 DPR 689, 709 (2012); Molina v.

Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 339 (1987).

8 Véase, además, Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994);

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991).
KLCE202301479                                                      8

                                III.

      En esencia, los peticionarios señalaron que el TPI erró al no

acoger sus respectivas solicitudes desestimatorias. La Regla 52.1 de

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, nos permite la revisión de

un dictamen denegatorio de una moción de carácter dispositivo. Por

otro lado, y luego de analizados los escritos de las partes, el

expediente electrónico y el derecho aplicable, colegimos que a la luz

de los criterios dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento,

procede expedir el recurso solicitado.

      Como es sabido, este Tribunal Apelativo actúa, esencialmente,

como foro revisor. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

770 (2013). Es por ello que nuestra encomienda principal es

examinar cómo los tribunales inferiores aplican el Derecho a los

hechos particulares de cada caso. Íd.

      En el caso de autos, el foro recurrido tenía ante su

consideración dos (2) mociones de desestimación presentadas el

mismo día por cada uno de los codemandados. A pesar de que

ambos petitorios fueron presentados al palio de la Regla 10.5 de las

Reglas de Procedimiento Civil, supra, los fundamentos de cada una

son distintos. El TPI no especifica en su dictamen cuál de las

mociones atendió, ni estableció fundamento que nos permitiera

identificar cuál de las mociones desestimatorias resolvió. Solo con

un escueto no ha lugar atendió “la solicitud de desestimaci[ó]n

presentada por la parte demandada.” [Énfasis nuestro]. Lo cual,

reiteramos, no define cuál de las dos (2) mociones resolvió. Incluso,

el TPI solo menciona la oposición presentada por el recurrido en

cuanto a la solicitud de desestimación de CSMPR (Entrada núm. 22

de SUMAC) . Por lo que, claramente se obvió la oposición presentada

sobre la solicitud de desestimación sometida por la Sra. Yvonne
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Elisa Aguiar Luna, John Doe, y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (Entrada núm. 21 de SUMAC).

       De hecho, destacamos que del expediente electrónico surge

que el foro recurrido emitió dos órdenes separadas al señor Morales

Acevedo para que expusiera su posición en cuanto a los petitorios

desestimatorios presentados.9           El recurrido cumplió con lo

ordenado. Por tanto, ante este atropellado trámite procesal, estamos

impedidos de ejercer nuestra función revisora.

       De otra parte, el primer error aquí señalado está basado en el

pedido desestimatorio por insuficiencia en el diligenciamiento de los

emplazamientos. Como reseñáramos en el derecho que antecede,

respecto a una moción de esta naturaleza el TPI tiene, en su

discreción, cuatro alternativas para disponer de la misma.

Reiteramos que el dictamen recurrido impide su revisión por esta

Curia ante la falta de una resolución clara y particularizada.

       Por otro lado, el segundo error va dirigido a la solicitud de

desestimación que presentara la Cooperativa en la cual, si bien, solo

requiere examinar si de las alegaciones de la demanda surge que la

acción prescribió, el presente caso requiere que el foro de primera

instancia analice y determine si le es aplicable lo resuelto por el Alto

Foro en Birriel Colón v. Econo y otros, supra, como reclama el

recurrido en su oposición.10 Según destacó nuestro Tribunal

Supremo en dicho caso, la determinación sobre si una persona tiene

un interés real e inmediato en su causa de acción requiere una

evaluación caso a caso en la que el tribunal deberá evaluar los

diversos intereses envueltos.11

9 Véase, entradas núms. 15 y 16 de SUMAC. Apéndice del Recurso, a las págs.

058 y 059
10 Destacamos, además, que la referida moción fue acompañada de prueba

documental.
11 Véase, además, Nevárez Agosto v. United Surety et al., 209 DPR 346 (2022),

donde el Tribunal Supremo analiza la interrupción del término prescriptivo al
palio de la Ley Núm. 242-2018. Dicha ley enmendó el Artículo 11.190 del Código
de Seguros, 26 LPRA sec. 1119.
KLCE202301479                                                    10

      En fin, procede revocar el dictamen aquí recurrido y devolver

al foro recurrido para que disponga de ambas mociones conforme a

lo aquí resuelto.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso

de certiorari solicitado y revocamos la Resolución recurrida. En su

consecuencia, devolvemos el caso al foro de primera instancia para

que, una vez expedido el mandato, actúe conforme a lo aquí resuelto.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones