Court Opinion

ID: 9928542
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:39.871971+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:58.926701
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

                                                        Certiorari
                                                        procedente del
   DEPARTAMENTO DEL                                     Tribunal de
  TRABAJO Y RECURSOS                                    Primera Instancia,
       HUMANOS                                          Sala Superior de
                                                        San Juan
            Apelante
                                    KLCE202301017 Caso Núm.
                v.                                SJ2023CV04410

 DIVISIÓN DE EMPLEADOS                                  Sobre:
  PÚBLICOS DE LA UNIÓN                                  Impugnación de
       GENERAL DE                                       Laudo:
     TRABAJADORES                                       AQ-20-0416
                                                        Procedente de
            Apelados                                    CASP

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez
Salgado Schwarz y el juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

       Comparece ante nos el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos (DTRH o parte peticionaria), para que revisemos la

Sentencia emitida el 12 de agosto de 2023,1 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), que confirmó el

Laudo Arbitraje que revocó la destitución de cuatro (4) empleados

del DTRH y ordenó la reinstalación a sus puestos de trabajo.

       Examinado el recurso de certiorari,2 se expide el auto

solicitado y se revoca la Sentencia recurrida. Veamos los

fundamentos.

                                        -I-

       Surge de los autos ante nuestra consideración, que cuatro (4)

empleados públicos con puestos de carrera, cuyos empleos e

1 Notificada el 16 de agosto de 2023.
2 Por error, este recurso se presentó como un recurso de apelación, por lo que

correctamente lo acogimos como un recurso de certiorari con el número
alfanumérico KLCE202301017.

Número Identificador
SEN2023 _______________
KLCE202301017                                                           2

ingresos no fueron afectados por la pandemia del COVID-19,

solicitaron los beneficios del Pandemic Unemployment Assistance

(PUA).

       Por lo que, el 6 de octubre de 2020 el Secretario del DTRH,

Hon. Carlos J. Rivera Santiago (Secretario), notificó mediante cartas,

la intención de destituir de sus puestos a: (1) Rafael Acevedo

Acevedo, (2) Ivelisse Rivera Rodríguez, (3) Tito García Bruno y (4)

Emanuel Díaz Reyes (empleados, querellantes o parte recurrida).3

Conforme a la investigación realizada por el DTRH, los cuatro (4)

empleados no incluyeron en la solicitud del PUA que eran empleados

de carrera a tiempo completo del DTRH, como tampoco informaron

los salarios devengados durante el periodo para el cual solicitaron

los beneficios. De igual forma, omitieron notificar que su salario no

había sido interrumpido durante la emergencia.

       Ante tal actuación, el DTRH acusó a los empleados de

contravenir la ley federal Coronavirus Aid Relief and Economy

Security Act (CARES Act) y el Manual de Normas de Conducta y

Procedimientos sobre Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Manual del

DTRH). Razonó que la falta de información esencial en la solicitud

del PUA, demuestra la intención de los empleados en ocultar datos

y el ánimo de someter datos falsos en la reclamación. En efecto, se

les imputó la comisión de las siguientes infracciones al Manual del

DTRH:

       Número 30: Apropiación ilegal de objetos o dinero de fondos
       y bienes del Departamento o intención de esto.
       Número 31: Uso y manejo indebido de fondos y bienes del
       Departamento o intención de esto.
       Número 32: No cumplir con las normas establecidas
       mediante Leyes, Reglamentos y Órdenes Administrativas que
       rigen al Departamento.
       Número 40: Conducta impropia dentro o fuera del trabajo de
       tal naturaleza que afecte el buen nombre, refleje descrédito o
       ponga en dificultad al Departamento o cualquier agencia o
       dependencia del gobierno.

3 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 25 – 32.
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        Número 51: Radicar reclamaciones falsas, viciosas y
        maliciosas en contra del Departamento, funcionarios o
        empleados.
        Número 58: Hacer declaraciones fraudulentas en planillas o
        formularios del gobierno.
        Número 62: Uso impropio, ilegal o indebido de propiedad de
        la agencia.4

        En consecuencia, se les notificó la celebración de una vista

administrativa,5 que fue celebrada el 27 de octubre de 2020 ante el

Oficial Examinador, Lcdo. Phillip Mesa (OE) y determinó que los

empleados infringieron el Manual del DTRH,6 y violaron la Ley Núm.

8–2017;7 al respecto, hizo las mismas determinaciones de hechos

para cada uno de los cuatro (4) empleados:

           El DTRH comenzó una investigación al […] por haber
        solicitado beneficios del PUA, afirmando en su solicitud que su
        trabajo como contratista independiente era su principal fuente
        de ingresos al momento de la pandemia. Sin embargo, omitió
        indicar que era empleado de carrera en el DTRH.
           La Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos del DTRH una
        investigación sobre las alegaciones, rindiendo un informe al
        Secretario. La investigación incluyó la siguiente evidencia, la
        cual fue evaluada por el Oficial Examinador y no fue objetada
        por el empleado:
          1.    Solicitud inicial de beneficios de PUA (PR-PUA--l) con
                fecha de 29 de abril de 2020.
          2.    Copia de la pantalla 01, perfil del reclamante en el
                sistema de SABEN.
          3.    Copia de la pantalla 07, que muestra el historial de
                pago del beneficio regular que ha recibido. El mismo
                fue desde el 28 de marzo de 2020 hasta el 22 de
                agosto del 2020 por la cantidad de $600 semanales.
          4.    Copia de la pantalla 77, que muestra el historial de
                pago del beneficio de PUA recibido. El mismo fue
                desde el 4 de abril hasta el 25 de julio de 2020 por la
                cantidad de $600 semanales.
          5.    Copia de la pantalla 04, que muestra para que
                patrono el reclamante trabajaba o si es un empleado
                por cuenta propia.
          6.    Copia de la pantalla 12, que muestra las
                características del reclamante.

4 Id.
5 Id., en las págs. 33 – 64.
6  El OE emitió una determinación por cada empleado, sin embargo, los
fundamentos esbozados son los mismos. Véase:
   (1) Vista ante el OE del Sr. Rafael Acevedo Acevedo.
   Anejo I del recurso de la parte peticionaria, págs. 33 – 40;
   (2) Vista ante el OE de la Sra. Ivelisse Rivera Rodríguez.
   Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 41 – 48;
   (3) Vista ante el OE del Sr. Tito E. García Bruno.
   Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 49 – 56;
   (4) Vista ante el OE del Sr. Emanuel Díaz Reyes.
    Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 57 – 64.
7 Ley Núm. 8 del 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como Ley

para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno
de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1469 et seq.
KLCE202301017                                                                  4

        7.  Copia de la hoja de anotaciones donde se establece
            que este caso está en investigación.
        8.  Copia de la pantalla del MUNIS. Este es el sistema
            interno de Recursos Humanos que fue utilizado para
            corroborar la dirección de la reclamación.
        9.  Reporte de horas trabajadas en el DTRH durante el
            tiempo que el empleado recibió PUA.
        10. Hoja del historial de nómina, donde se muestra que
            recibió pago por su empleo de carrera en el DTRH.
        11. Documento del Banco Popular donde indica que los
            cheques fueron emitidos pero no han sido
            cambiados.8

       Basado en dichas determinaciones de hechos, el OE

recomendó —y así fue acogido por el Secretario el 17 de noviembre

de 2020—9 la destitución de los empleados por la comisión a las

infracciones 30, 31, 32, 40, 51, 58 y 62 al Manual del DTRH. En

cada uno de los cuatro (4) empleados, concluyó que:

               Nos encontramos en un momento histórico en Puerto
       Rico y el mundo, mientras enfrentamos la pandemia del Covid-
       19. Por tal razón, el Congreso de Estados Unidos extendió los
       beneficios de desempleo para individuos que trabajan por
       cuenta propia, ante el cierre de la economía de la mayoría de
       las jurisdicciones. La extensión de estos beneficios a Puerto
       Rico, obliga al Gobierno a fiscalizar para que haya la
       utilización responsable de los recursos federales.
               Mientras miles de personas no recibían ingresos
       durante la pandemia, al empleado de epígrafe, siendo
       empleado del DTRH (agencia encargada de administrar el
       desempleo en la isla), omitió en su solicitud del PUA sus
       ingresos como empleado. Si bien es cierto que había dejado de
       recibir ingresos como dueño de negocio, lo cierto es que sí
       continuó recibiendo su ingreso como empleado del DTRH.10

       Inconforme, la División de Empleados Públicos de la Unión

General de Trabajadores (UGT) sometió ante la Comisión Apelativa

del Servicio Público (CASP) cuatro (4) escritos de Solicitud de

Arbitraje de Quejas y Agravios,11 de los empleados despedidos.

       Consolidados los casos, las partes acordaron la contención a

ser resuelta por acuerdo de sumisión:

8 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 34–36 (Rafael Acevedo
Acevedo); págs. 42–44 (Ivelisse Rivera Rodríguez); págs. 50–52 (Tito García Bruno
Reyes); y, págs. 58–60 (Emanuel Díaz Reyes).
9 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 25–26 (Rafael Acevedo

Acevedo); 27–28 (Ivelisse Rivera Rodríguez); 29–30; (Tito García Bruno Reyes); y,
31–32 (Emanuel Díaz Reyes).
10 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 39–40 (Rafael Acevedo

Acevedo); 47–48 (Ivelisse Rivera Rodríguez); 55–56; (Tito García Bruno Reyes); y,
63 – 64 (Emanuel Díaz Reyes).
11 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 160 – 167.
KLCE202301017                                                                    5

              Determinar si el Departamento del Trabajo y Recursos
       Humanos destituyó al querellante Rafael Acevedo Acevedo,
       Ivelisse Rivera Rodríguez, Tito E. García Bruno Reyes y
       Emanuel Díaz Reyes, en violación a la ley “Coronavirus Aid,
       Relief and Economy Security” (CARES) de 2020, y al debido
       proceso de ley. De resolver en la afirmativa, ordenar su
       revocación y proveer su reinstalación inmediata en su empleo
       en la Agencia, con los salarios y haberes dejados de recibir.12

       En lo que respecta a la posición de las partes, en síntesis, el

DTRH adujo que los empleados infringieron el buen nombre de la

agencia al solicitar los beneficios del Pandemic Unemployment

Assistance, por sus siglas (PUA), sin tener derecho a ello, ya que

omitieron información de que estaban empleados y recibiendo

ingresos del DTRH durante la Pandemia del Covid-19. Por su parte,

la UGT alegó que los empleados fueron despedidos sin justa causa.

       El 13 de mayo de 2022 y 21 de junio de 2022, se celebraron

las vistas de arbitraje, en las que ambas partes estuvieron

representadas por sus abogados; además, de la prueba documental,

el DTRH presentó a la testigo, Karla Michael Vallejo De Jesús,

oficinista III del Negociado de Seguridad de Empleo, Sección de

Beneficios, Unidad Interestatal del DTRH y la UGT presentó como

testigo al señor Rafael Acevedo Acevedo.

       El testimonio de la señora Karla Michael Vallejo De Jesús

consistió en explicar cuáles eran las personas que tenían derecho a

beneficiarse del PUA y la información que debían cumplir para

recibir la ayuda. En lo relativo a esta controversia, la testigo declaró:

              ÁRBITRO:
              R     Que se haya, verdad, si recibieron un dinero de
       manera ilegal porque … haga esa pregunta, pero
       específicamente a los querellantes.

               LCDA. MARELINE ACEVEDO:
               P    ¿Qué fue lo que pasó?

             TESTIGO:
             R      “Okay”. Lo que sucede es que en este Programa
       555 obviamente se hizo para acelerar los procesos. Sin
       embargo, pues, cuando se llenaba la renovación tenían que
       informar todas las fuentes de ingreso y que pasaba con cada
       uno de esos patronos. Eh, la única manera de detener estos
       pagos era que cuando una persona que hiciera la

12 Nota al calce omitida. Apéndice del recurso de la parte peticionaria, en la pág.

111.
KLCE202301017                                                        6

    reclamación informara un trabajo que creara, como lo que
    nosotros llamamos, un punto controvertible. Por ejemplo, o
    sea, si yo tengo dos trabajos, eh, pues notifico los dos, pero
    yo quedé cesanteado de ambos trabajos y, pues, no hay
    ningún problema, o sea, el caso va a salir. Sin embargo, si
    no hay ninguna situación que evite, que cree como que un
    indicador que diga: “Hay que verificar ese caso antes de
    pagar”, el sistema va a emitir pago, que fue lo que sucede.
    Entonces, ¿qué pasa? Que el último patrono mencionado si
    es él por cuenta propia y yo me vi afectado el sistema
    entiende que eso es lo único, que se perdió la fuente de
    ingresos, no hay que verificar más nada porque ése el último
    y nosotros reportamos el último. Y, pues, por eso, eh,
    (ininteligible).

           LCDO. EDWIN RIVERA:
           P       Árbitro, si me permite continuar con la
    objeción. Puntualmente hablando lo que usted dijo no lo
    contestó, porque no habló de ninguno de los querellantes.
    Rafael, Tito, Ivelisse y Emanuel por qué recibieron el PUA si
    según usted no tenían derecho a recibirlo.

          ÁRBITRO:
          P      ¿Esa explicación es aplicable a Rafael, Tito y
    a… la otra querellante? Disculpe, se me olvidó el nombre.

          LCDO. EDWIN RIVERA:
          R    Ivelisse.

           TESTIGO:
           R      Bueno, si no informaron su patrono, su
    patrono principal, o sea, no está informado. En esos cuatro
    casos no está informado el patrono que continuaba que
    era el Departamento del Trabajo. O sea, ese patrono no
    aparece. Si ese patrono, que si en ese momento todos
    estaban ya empleados, había que notificarlo y entonces
    ese patrono pues si tú estás actualmente trabajando con
    ese patrono el sistema te ponía porque tienes… estás
    hablando por cuenta propia pero tienes otro.               Y
    actualmente, cuando viene la reclamación ese patrono,
    todas las fuentes de ingreso se tenían y ese patrono tenía
    que estar, esa fuente de ingresos tenía que estar y decir:
    “actualmente sigo trabajando”. Esa información no
    estaba. El caso sale automáticamente pago porque si no se
    detiene de esa manera, o sea, si yo estoy trabajando ahora
    mismo y yo digo: “Yo tengo mi negocio por cuenta propia.
    También tengo un empleo a tiempo completo que no me dejan
    de pagar en la pandemia, no me dejaron de pagar. Yo lleno
    una reclamación, me piden todas las fuentes de ingresos,
    todos los patronos”. Si todos se vieron afectados el sistema
    obviamente también va a pagar. Pero si hay uno y tú sigues
    trabajando, el sistema iba a detener porque iba a decir,
    “aquí hay algo que verificar antes de emitir pago”, y
    eso, verdad, eso es uno de los problemas que ocurrió en
    este caso.

          LCDO. EDWIN RIVERA:
          P      Árbitro, si me permite. Seguimos sin hablar de
    un querellante en específico. Que diga entonces si participó
    en la evaluación de los casos de los querellantes porque
    entonces no entiendo ahora porque hubo mucha generalidad
    y no puntual de cada caso del querellante que sus
    circunstancias son distintas.
KLCE202301017                                                                   7

             ÁRBITRO:
             R     “Okay”. Se anota la objeción, y no obstante,
       vamos a permitir que la licenciada continúe con las
       preguntas y…

             LCDA. MARELINE ACEVEDO:
             P      Cuando un caso que fue llenado por el 555,
       ¿hubo intervención de alguna persona?

              TESTIGO:
              R      No, no. Fue el sistema.
              P      Eh, o sea, que lo que usted está hablando es
       que ahí no hubo intervención de nadie.
              R      No.
              P      ¿Y en qué momento iba a haber intervención
       de alguna persona?
              R      Solamente en el caso que hubiese un punto
       controvertible o una situación que no permitiera que saliera
       el pago, que era de acuerdo a la información provista en la
       información que llenara.
              P      ¿Y en estos casos salió el pago?
              R      Salió.
              P      Por lo tanto, no hubo intervención, no hubo
       ninguna persona.
              R      No hubo ninguna intervención.

              ÁRBITRO:
              P    (Inaudible).

             LCDA. MARELINE ACEVEDO:
             P     Eh, ¿qué ayuda, si alguna, había para una
       persona asalariada que hubiese tenido un negocio
       propio que lo ayudara, verdad, a palear la pérdida de
       ingreso, qué ayuda había, si alguna?

              TESTIGO:
              R      Bueno, solamente existía una ayuda, eh, si
       ambos empleos se vieron afectados.            No podía ser
       solamente una. Y esa ayuda es el MEUA, o el “Mix Earning
       Unemployment Assitance”, verdad, que ese beneficio era si la
       persona tenía “mix earning”, por eso habla del “mix”, si una
       persona tenía un empleo, un patrono asegurado y
       adicional tenía un negocio por su cuenta y se vio
       afectado de ambos, podía llenar la reclamación de
       desempleo y adicional solicitar el MEUA o el “Mix
       Earning Unemployment Compensation”, que se llenaba
       por la plataforma de “fast PUA”, eh, y en cada semana
       elegible para desempleo regular el sistema si cualificaba o
       había declarado cinco mil dólares o más y estaba registrado
       en Hacienda y todo eso como comerciante, eh, si hubiese
       ganado cinco mil dólares el año anterior a la reclamación de
       beneficios, se le iba a aprobar cien dólares adicionales a lo
       que cobraba de su reclamación de desempleo. No para casos
       en que solamente se haya visto uno de los dos, verdad.
       Solamente, por ejemplo, si se vio afectado solamente el
       empleo propio y no el, el empleo asegurado, por así
       decirlo, pues no había ningún beneficio, que verdad, que
       ayudara a las personas que habían tenido esa pérdida en
       su negocio solamente, verdad. Tenía que estar los dos.13

13 Véase, Transcripción de la Vista del 13 de mayo de 2022, el testimonio de Karla

Michael Vallejo De Jesús, en el Apéndice del recurso de la parte peticionaria, en
las págs. 218 – 224.
KLCE202301017                                                                     8

       En el contrainterrogatorio, indicó no haber intervenido

directamente con los querellantes ni haber atendido solicitud de

beneficios dado que las mismas se hicieron mediante sistema

operacional      en    computadoras,        que     no    permitían      ninguna

intervención. 14

       En lo que respecta al testimonio del señor Rafael Acevedo

Acevedo, en síntesis, aceptó haber solicitado los beneficios del PUA

por un negocio propio de desempeñaba, pero indicó que no recibió

ningún pago en cheque.15

       Finalmente, el 11 de abril de 2023 se emitió el Laudo de

Arbitraje,16 en la cual fue revocada la Resolución de destitución. En

ese sentido, el árbitro esbozó las siguientes determinaciones de

hechos para cada uno de los empleados destituidos:

                 (AQ-20-041 6, Rafael Acevedo Acevedo)
       1. El querellante, Rafael Acevedo Acevedo trabaja en el
       Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por sus
       siglas (DTRH) como Técnico de Capacitación en la Región de
       Arecibo de Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción
       de Empleo, por sus siglas (SAAPE).
       2. El querellante completó una solicitud de asistencia bajo el
       PUA en línea el 29 de abril de 2020, por concepto de sus
       negocios Café Patria y Consultoría en Contabilidad.
       3. El DTRH no presentó la carta de formulación de cargos
       disciplinarios contra el querellante; tampoco la carta de
       imposición de la destitución.
       4. El querellante tiene un negocio de servicios de contabilidad,
       auditoría y servicios relacionados y además trabaja para
       establecimiento de importación y exportación de productos
       cuyo nombre es "Importadores y Exportadores Cristian
       Somma, Inc." que opera haciendo negocios como “Café Patria”.
       5. El querellante presentó un certificado de registro expedido
       por el Departamento de Estado de Puerto Rico con fecha de 10
       de diciembre de 2019, dando cuenta de que Importadores y
       Exportadores Cristian Somma, Inc., es una corporación
       doméstica con fines lucrativos con el número de registro
       4376974.
       6. El querellante presentó una certificación como “Especialista
       en Planillas”, número de registro 22122, expedida por el
       Departamento de Hacienda de Puerto Rico el 6 de febrero de
       2018.
       7. El querellante presentó un Certificado de Registro de
       Comerciante número 0091404-0022, expedido por el
       Departamento de Hacienda de Puerto Rico a nombre de Rafael
       Acevedo Acevedo el 28 de febrero de 2018.

14 Véase, Transcripción de la Vista del 13 de mayo de 2022, el contrainterrogatorio

de Karla Michael Vallejo De Jesús, en el Apéndice del recurso de la parte
peticionaria, en las págs. 243 – 265.
15 Véase, Transcripción de la Vista del 21 de junio de 2022, el testimonio de Rafael

Acevedo Acevedo, en el Apéndice del recurso de la parte peticionaria, en las págs.
274 – 331.
16 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 110 – 135.
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        8. El querellante presentó un Certificado de Registro de
        Comerciante número 0091404-0022, expedido por el
        Departamento de Hacienda de Puerto Rico a nombre de Rafael
        Acevedo Acevedo el 1 de febrero de 2020.
        9. El querellante presentó un Certificado de Incorporación
        expedido por el Departamento de Estado de Puerto Rico el 10
        de diciembre de 2019, a nombre de Importadores y
        Exportadores Cristian Somma, Inc. Del referido documento
        surge que su presidente es el querellante Acevedo Acevedo.
        10. El querellante presentó además una certificación del
        servicio de rentas internas federal (por sus siglas en ingles
        IRS) de 10 de diciembre de 2019, a nombre Importadores y
        Exportadores Cristian Somma, Inc. con el número de
        identificación patronal XX-XXXXXXX.
        11. El querellante presentó un Certificado de Registro de
        Comerciante número 1099764-0010, expedido por el
        Departamento de Hacienda de Puerto Rico a nombre de
        Importadores y Exportadores Cristian Somma, Inc. (“Café
        Patria”), el 11 de mayo de 2020.
        12. La Sra. Carla Vallejo (testigo de la Agencia), aceptó no
        tener propio y personal conocimiento de los hechos imputados
        a los querellantes, ni haber atendido solicitud alguna del
        Pandemic Unemployment Assistance (PUA), a nombre del
        querellante, Rafael Acevedo Acevedo.
        13. El 25 de noviembre de 2020, el querellante, Rafael
        Acevedo Acevedo, radicó una solicitud de Arbitraje de Quejas
        y Agravios, ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
        Allí alegó que: “El querellante fue destituido de su empleo
        injustificadamente. La falta imputada no fue cometida. La
        medida impuesta es improcedente, desproporcional, contraria
        a la ley y a la reglamentación vigente”. Como remedio solicitó
        la: Revocación de la destitución y se restituya en el empleo con
        los salarios y haber dejados de recibir”.17

                   (AQ-20-0421, Ivelisse Rivera Rodríguez)
        1. En la Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios
        presentada por la UGT el 2 de diciembre de 2020, en
        representación de la querellante Ivelise Rivera Rodríguez se
        alegó que: “La querellante fue destituida de su empleo
        injustificadamente, La falta imputada no fue cometida. La
        medida impuesta es improcedente, desproporcional contraria
        a la ley y a la reglamentación vigente. Como remedio solicitó
        la revocación de la medida disciplinaria impuesta con los
        salarios y haberes dejados de recibir.
        2. El DTRH no presentó la carta de formulación de cargos
        disciplinarios contra la querellante Rivera Rodríguez ni la
        determinación final de destitución.
        3. Con respecto a la querellante, Ivelisse Rivera Rodríguez, la
        Agencia no presentó documento alguno relacionado con
        solicitud y/o recibo de dinero por concepto del PUA.
        4. La Sra. Carla Vallejo (testigo de la Agencia), aceptó no tener
        propio y personal conocimiento de los hechos imputados a
        todos(as) los(as) querellantes, tampoco haber atendido
        solicitud alguna de beneficios sobre el PUA de la empleada,
        Ivelise Rivera Rodríguez.18

                    (AQ-20-0422, Tito E. García Bruno)
        1. En la Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios
        presentada el 2 de diciembre de 2020, por la UGT a nombre
        del querellante, Tito E. García Bruno, se alegó que “El
        querellante fue destituido de su empleo injustificadamente. La
        falta imputada no fue cometida. La medida impuesta es
        improcedente, desproporcional, contraria a la ley y a la
        reglamentación vigente”. El DTRH no presentó la carta de

17 Id., en las págs. 113 – 114.
18 Id., en la pág. 115.
KLCE202301017                                                                10

         formulación de cargos disciplinarios contra el querellante
         García Bruno, ni la determinación final de destitución.
         2. Con respecto al querellante, Tito E. García Bruno, la
         Agencia no presentó documento alguno relacionado con
         solicitud y/o recibo de dinero por concepto del PUA.
         3. La Sra. Carla Vallejo (testigo de la Agencia), aceptó no tener
         propio ni personal conocimiento de los hechos imputados a los
         querellantes, tampoco haber atendido solicitud alguna de
         beneficios sobre el PUA del querellante Tito E. García Bruno.19

                     (AQ-20-0423, Emmanuel Díaz Reyes)
         1. En la Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios
         presentada por la UGT, en representación del querellante,
         Emmanuel Díaz Reyes, el 2 de diciembre de 2020, se alegó
         que: “El querellante fue destituido de su empleo
         injustificadamente. La falta imputada no fue cometida. La
         medida impuesta es improcedente, desproporcional, contraria
         a la ley y a la reglamentación vigente”.
         2. El DTRH no presentó la carta de formulación de cargos
         disciplinarios contra el querellante Díaz Reyes, ni la
         determinación final de destitución.
         3. La Agencia no presentó documento alguno relacionara al
         querellante, Emmanuel Díaz Reyes, con solicitud y/o recibo de
         dinero por concepto del PUA.
         4. La Sra. Carla Vallejo (testigo de la Agencia), aceptó no tener
         propio ni personal conocimiento de los hechos imputados a los
         querellantes, ni haber atendido solicitud de beneficios alguno
         del querellante Emmanuel Díaz Reyes.20

         En consecuencia, determinó que las destituciones fueron sin

justa causa, por lo que ordenó al DTRH la restitución de los

empleados a sus puestos de trabajo y el pago retroactivo a la fecha

de su destitución:

                La destitución impuesta a los querellantes Rafael
         Acevedo Acevedo (AQ-20-0416), lvelisse Rivera Rodríguez
         (AQ-20-0421) Tito García Bruno (AQ-20-0422) y Emanuel Díaz
         Reyes (AQ-20-0423), fue en violación a la Ley CARES del
         2020, por consiguiente, no fue mediante justa causa. En
         consecuencia, se ordena al Departamento del Trabajo y
         Recursos Humanos a que reinstale a los cuatro querellantes a
         sus puestos, les pague todos los haberes dejados de devengar
         desde la fecha de efectividad de la destitución se le hagan los
         descuentos que en ley procedan y se le retire toda carta o
         documento inherente a la destitución, de cualquier expediente
         de recursos humanos que se haya archivado copia. Todo lo
         anterior, en un término de 30 días que transcurrirán a partir
         de la notificación y registro del presente Laudo
                Se apercibe a la parte adversamente afectada por el
         presente Laudo que podrá presentar un recurso de revisión
         judicial ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del
         término jurisdiccional de treinta días, contados a partir de la
         fecha de archivo en autos de la notificación del presente
         Laudo. De igual forma, copia del recurso de revisión judicial
         deberá ser notificado a todas las partes en el presente caso.
         De no presentarse un recurso de revisión judicial dentro de los
         términos antes dispuestos, este Laudo advendrá final y
         firme.21

19 Id.
20 Id., en la pág. 116.
21 Id., en la pág. 134.
KLCE202301017                                                                      11

       En desacuerdo, el 11 de mayo de 2023 el DTRH presentó un

recurso de revisión ante el TPI.22 Entre otras cosas, adujo que el

análisis del árbitro es completamente diferente a la aplicación de las

disposiciones del CARES Act. Señaló, que el árbitro omitió las cartas

de despido y lo alegado por el DTRH para determinar justa causa en

las destituciones. Arguyó que los empleados no eran elegibles para

recibir el PUA, ya que su fuente principal de ingresos como

empleados del DTRH no fue afectada, por lo que, la omisión de dicha

información esencial constituyó una violación a los estatutos del

CARES Act.

       Oportunamente, la UGT sometió su escrito en oposición,23 y

en resumen, alegó que el árbitro actuó correctamente, por lo que su

determinación no adolece de ninguna de las causales de nulidad, ya

que el DTRH no cumplió con el quantum de prueba para sostener la

sanción imputada.

       Examinadas las mociones de ambas partes, el TPI emitió NO

HA LUGAR en la Sentencia del 12 de agosto de 2023,24 en lo

pertinente, expresó:

       Por lo tanto, examinada la petición y los documentos con ella
       sometidos, este Tribunal declara NO HA LUGAR la petición de
       epígrafe y confirma el Laudo de Arbitraje AQ-20-0416
       emitido por el Árbitro Andrés Feliciano Morales del Negociado
       de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y
       Recursos Humanos de fecha 11 de abril de 2023. El Laudo se
       repite e incorpora aquí para que se haga parte de esta
       Sentencia.25

       El 13 de septiembre de 2023, el DTRH acude ante este foro

intermedio y señala la comisión de dos (2) errores:

       1.      Erró el TPI al confirmar el Laudo concluyendo así que
               no procede el despido de los empleados de la Agencia
               a pesar de que el despido fue por violación al Cares Act
               de 2020.
       2.      Erró el TPI al confirmar el laudo arbitraje y no
               considerar las cartas de destitución de los querellantes

22 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 1 – 167.
23 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 168 – 190.
24 Notificada el 16 de agosto de 2023. Apéndice del recurso de la parte peticionaria,

págs. 332 – 343.
25 Id., en la pág. 343. Énfasis nuestro.
KLCE202301017                                                                 12

              ni la determinación del oficial examinador como parte
              del debido proceso de ley.

       Tras varios trámites procesales, el 6 de octubre de 2023 la

UGT sometió “Alegato de la parte recurrida”, y así, quedó

perfeccionado para la consideración de esta Curia.

                                      -II-

                                      -A-

       El auto de certiorari es un vehículo procesal de carácter

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior rango.26 En ese sentido,

la discreción es el poder de decidir en una u otra manera, esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción.27

       Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,28 nos delimita

las instancias en que habremos de atender y revisar vía certiorari las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a

saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].29

       Con el objetivo de que podamos ejercer de una manera

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones,30 nos dicta los siguientes criterios al

determinar si expediremos o no el auto de certiorari:

26 Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019).;

IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
27 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
28 Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
29 Id.
30 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202301017                                                               13

           (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
               recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
               contrarios a derecho.
           (B) Si la situación de hechos planteada es la más
               indicada para el análisis del problema.
           (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
               manifiesto en la apreciación de la prueba por el
               Tribunal de Primera Instancia.
           (D) Si el asunto planteado exige consideración más
               detenida a la luz de los autos originales, los cuales
               deberán ser elevados, o de alegatos más
               elaborados.
           (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
               caso es la más propicia para su consideración.
           (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
               causa no causan un fraccionamiento indebido del
               pleito y una dilación indeseable en la solución final
               del litigio.
           (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
               causa evita un fracaso de la justicia. 31

         Por lo cual, aunque tengamos discreción judicial para expedir

o denegar el auto de certiorari, nuestro Tribunal Supremo ha

dispuesto que:

         [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
         de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
         hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
         prejuicio o parcialidad, o que se equivocó́ en la interpretación
         o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
         sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
         perjuicio sustancial.32
                                       -B-

         A tono con lo antes dicho, el mecanismo procesal que tiene

disponible una parte que desea cuestionar una sentencia final

emitida por un Tribunal de Primera Instancia para revisar un laudo

de arbitraje, lo es el recurso de certiorari. 33

         Como regla general, una vez finaliza un trámite ante el árbitro,

sus determinaciones contenidas en el laudo son finales e

inapelables, por lo que las cuestiones atendidas en un laudo no

pueden litigarse ante los tribunales.34

31 Id.
32 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).;
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
33 Hospital del Maestro v. UNTS, 151 DPR 934, 942 (2000).
34 Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1007 (2010).
KLCE202301017                                                             14

       Ello responde al principio de auto restricción y en la

deferencia que los tribunales otorgamos a la interpretación de los

árbitros.35 Sin embargo, existen situaciones donde los tribunales no

están impedidos de intervenir con estos. Los laudos de arbitraje se

pueden impugnar judicialmente si se demuestra: (a) la existencia de

fraude; (b) conducta impropia del árbitro; (c) falta de debido proceso

de ley; (d) que el laudo resulte contrario a la política pública; (e) falta

de jurisdicción; o (f) que no se resuelvan todas las cuestiones de

controversias que se presentan.36

       Finalmente, cabe señalar además que en cuanto a las

determinaciones laborales que los árbitros emiten mediante laudos,

los tribunales confieren gran deferencia a estos. A esos fines, el

Tribunal Supremo, ha señalado específicamente lo siguiente:

       [L]os tribunales confieren gran deferencia a las
       interpretaciones que haga el árbitro en el laudo de arbitraje
       relacionado a lo acordado en el convenio colectivo. Por tal
       razón, la revisión judicial de los laudos emitidos en el
       procedimiento de arbitraje se limitará a las instancias en las
       cuales quede demostrada la existencia de fraude, conducta
       impropia del árbitro, falta del debido proceso de ley, ausencia
       de jurisdicción, omisión de resolver todas las cuestiones en
       disputa o que el laudo sea contrario a la política pública. Lo
       anterior implica que un laudo no puede anularse por meros
       errores de criterio ya sean éstos en cuanto a la ley o en cuanto
       a los hechos.37
                                     -C-

       En marzo de 2020, el Congreso de los Estados Unidos

promulgó el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act

(CARES Act), mediante el cual creó un programa federal temporero

llamado Pandemic Unemployment Assistance (PUA).38

       A esos fines, Puerto Rico, como parte de los territorios de los

Estados Unidos, fue incluido en el programa de asistencia.39

35 Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR   315, 325 (2011).
36 Id., en las págs. 325 – 326.
37 COPR v. SPU, 181 DPR 299, 328–329 (2011). Casos citados omitidos.
38 15 USCA sec. 9021.
39 15 USCA sec. 9021(a)(5).
KLCE202301017                                                                15

      Específicamente, el PUA se estableció para combatir los

efectos de la pandemia de COVID-19 y proveer un alivio a los

trabajadores.40

      En general, PUA provee hasta un máximo de treinta y nueve
      (39) semanas de beneficios para individuos cubiertos que no
      son elegibles para recibir compensación por desempleo
      regular, y que están desempleados o parcialmente empleados
      por ciertas razones específicas relacionadas al COVID-19.
      Incluye a cuentapropistas, aquellos en búsqueda de empleo a
      tiempo parcial, individuos sin suficiente historial de trabajo y
      aquellos quienes no cualifican para desempleo regular. 41

      En la sección de definiciones, precisa que es un Covered

individual:

      (3) Covered individual
      The term “covered individual”--
      (A) means an individual who--
        (i) is not eligible for regular compensation or extended
        benefits under State or Federal law or pandemic emergency
        unemployment compensation under section 9025 of this title,
        including an individual who has exhausted all rights to
        regular unemployment or extended benefits under State or
        Federal law or pandemic emergency unemployment
        compensation under section 9025 of this title;
        (ii) provides self-certification that the individual--
          (I) is otherwise able to work and available for work within
          the meaning of applicable State law, except the individual
          is unemployed, partially unemployed, or unable or
          unavailable to work because--
            (aa) the individual has been diagnosed with COVID-19 or
            is experiencing symptoms of COVID-19 and seeking a
            medical diagnosis;
            (bb) a member of the individual's household has been
            diagnosed with COVID-19;
            (cc) the individual is providing care for a family member or
            a member of the individual's household who has been
            diagnosed with COVID-19;
            (dd) a child or other person in the household for which the
            individual has primary caregiving responsibility is unable
            to attend school or another facility that is closed as a
            direct result of the COVID-19 public health emergency and
            such school or facility care is required for the individual to
            work;
            (ee) the individual is unable to reach the place of
            employment because of a quarantine imposed as a direct
            result of the COVID-19 public health emergency;
            (ff) the individual is unable to reach the place of
            employment because the individual has been advised by
            a health care provider to self-quarantine due to concerns
            related to COVID-19;
            (gg) the individual was scheduled to commence
            employment and does not have a job or is unable to reach
            the job as a direct result of the COVID-19 public health
            emergency;
            (hh) the individual has become the breadwinner or major
            support for a household because the head of the
            household has died as a direct result of COVID-19;

40  DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, CARTA CIRCULAR NÚM.
2020-04 del 15 de septiembre de 2020.
41 Id.
KLCE202301017                                                                  16

             (ii) the individual has to quit his or her job as a direct
             result of COVID-19;
             (jj) the individual's place of employment is closed as a
             direct result of the COVID-19 public health emergency; or
             (kk) the individual meets any additional criteria
             established by the Secretary for unemployment
             assistance under this section; or
           (II) is self-employed, is seeking part-time employment, does
           not have sufficient work history, or otherwise would not
           qualify for regular unemployment or extended benefits
           under State or Federal law or pandemic emergency
           unemployment compensation under section 9025 of this
           title, and meets the requirements of subclause (I); and
         (iii) provides documentation to substantiate employment or
         self-employment or the planned commencement of
         employment or self-employment not later than 21 days after
         the later of the date on which the individual submits an
         application for pandemic unemployment assistance under
         this section or the date on which an individual is directed by
         the State Agency to submit such documentation in
         accordance with section 625.6(e) of title 20, Code of Federal
         Regulations, or any successor thereto, except that such
         deadline may be extended if the individual has shown good
         cause under applicable State law for failing to submit such
         documentation; and
       (B) does not include--
         (i) an individual who has the ability to telework with pay; or
         (ii) an individual who is receiving paid sick leave or other
         paid leave benefits, regardless of whether the individual
         meets a qualification described in items (aa) through (kk) of
         subparagraph (A)(i)(I).
         […].42

       Con el propósito de mantener la integridad del programa de

desempleo, y atajar la posibilidad de fraude en programas federales,

el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos emitió el 11 de

mayo de 2020, el Unemployment Insurance Program Letter (UIPL),

No. 23-20. Asimismo, en Puerto Rico en pos de combatir el fraude

en los programas federales, el 15 de septiembre de 2020 emitió la

Carta Circular Núm. 2020-04,43 mediante la cual se estableció el

Certificado de Registro de Comerciante como condición para ser

elegible al PUA.44 De igual forma, se hizo un acuerdo colaborativo

entre el Depto. de Hacienda y el DTRH para compartir información

vital de los solicitantes.45

42 15 USCA sec. 9021(a)(3).
43  DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, CARTA CIRCULAR NÚM.
2020-04 del 15 de septiembre de 2020.
44 Id.
45 Orden Ejecutiva Núm. 2020-053, Para brindar acceso al Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos a la Información necesaria en manos del
Departamento De Hacienda con el propósito de agilizar los procesos relacionados a
los Programas de desempleo (13 de julio de 2020).
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                                   -D-

       Ley Núm. 8 del 4 de febrero de 2017, según enmendada,

conocida como la Ley para la Administración y Transformación de los

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 8 - 2017)

enuncia en su Sección 6.6 las Disposiciones sobre Retención.46 En lo

pertinente, establece que cuando la conducta de un empleado no

vaya acorde con las normas y requerimientos instituidos, la agencia

deberá aplicar las medidas correctivas o acciones disciplinarias

necesarias y adecuadas.47 La destitución es una de las medidas

correctivas a considerar.48 En caso de que la Agencia o Autoridad

Nominadora determine destituir a cualquier empleado de carrera

por justa causa, deberá notificar previamente la formulación de

cargos por escrito y apercibirlo de su derecho a solicitar vista previa

conforme a los procesos de disciplina progresiva como se establece

en el reglamento.49 Las Autoridades Nominadoras tendrán la

obligación de imponer la acción disciplinaria que proceda a

cualquier funcionario o empleado que intencionalmente, por

descuido o negligencia incumpla cualquiera de las disposiciones de

esta Ley.50 Cuando la conducta imputada al empleado configure una

situación real o potencial de peligro para la salud, vida, propiedad o

moral de los empleados de la agencia o de la ciudadanía en general,

las   Autoridades    Nominadoras      podrán    efectuar   suspensiones

sumarias. En esos casos, deberá celebrar la vista informal dentro

del término de diez (10) días siguientes a la suspensión.51

       De igual manera, la Sección 6.6 dispone en el inciso 9 las

acciones que el empleado no puede realizar. Entre ellas, establece:

46 La Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como la

Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1469 et seq.
47 3 LPRA sec. 1472f (3).
48 Id.
49 3 LPRA sec. 1472f (4)
50 3 LPRA sec. 1472f (5).
51 3 LPRA sec. 1472f (6).
KLCE202301017                                                                   18

        a.      Aceptar regalos, donativos o cualquier otra recompensa
                por la labor realizada como empleado público a
                excepción de aquellas autorizadas por ley.
        b.      Utilizar su posición oficial para fines político partidistas
                o para otros fines no compatibles con el servicio público.
        c.      Realizar funciones o tareas que conlleven conflictos de
                intereses con sus obligaciones como empleado público.
        d.      Realizar u omitir cualquier acción prohibida por la Ley
                1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de
                Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”.
        e.      Observar conducta incorrecta o lesiva al buen nombre
                de la agencia o al Gobierno de Puerto Rico.
        f.      Incurrir en prevaricación, soborno o conducta inmoral.
        g.      Realizar acto alguno que impida la aplicación de esta
                Ley y las reglas adoptadas de conformidad con la
                misma; hacer o aceptar a sabiendas, declaración,
                certificación o informe falso en relación con cualquier
                materia cubierta por la Ley.
        h.      Dar, pagar, ofrecer, solicitar o aceptar directa o
                indirectamente dinero, servicios o cualquier otro valor a
                cambio de una elegibilidad, nombramiento, ascenso u
                otra acción de personal.
        i.      Incurrir en conducta relacionada con delitos contra el
                erario público, la fe y función pública o que envuelvan
                fondos o propiedad pública.52

        Igualmente, el Manual de Normas de Conducta y Procedimiento

Sobre        Medidas    Correctivas      y     Acciones     Disciplinarias     del

Departamento del Trabajo (Manual del DTRH) recoge una serie de

disposiciones que debe cumplir un empleado de dicha agencia.53

Particularmente, y en lo pertinente a este caso, establece que un

empleado no podrá observar una conducta incorrecta o lesiva al

buen nombre de la agencia o al Gobierno de Puerto Rico.54

                                       -III-

        En resumen, el DTRH nos señala que el TPI incidió al

confirmar el Laudo y concluir que los despidos no fueron en

violación al CARES Act, la Ley Núm. 8–2017 y el Manual del DTRH;

ni considerar, las cartas de destitución ni la determinación del

Oficial Examinador como parte del debido proceso de ley. Tiene

razón.

52 3 LPRA sec. 1472f (9).
53  DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, Manual de Normas de
Conducta y Procedimiento Sobre Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias del
Departamento del Trabajo.
54 Id., en la sec. 5.2.
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      En primer orden, surge del expediente que antes y durante

la Pandemia del Covid-19, Rafael Acevedo Acevedo, Ivelisse Rivera

Rodríguez, Tito E. García Bruno Reyes y Emanuel Díaz Reyes, eran

empleados a tiempo completo del DTRH y sus ingresos principales,

—que provenían de esa agencia— no se vieron afectados por la

emergencia de la pandemia.

      En segundo orden, a tono con la ley federal Coronavirus Aid

Relief and Economy Security Act (CARES Act), que creó el programa

temporero llamado Pandemic Unemployment Assistance (PUA),55 los

empleados del DTRH, Rafael Acevedo Acevedo, Ivelisse Rivera

Rodríguez, Tito E. García Bruno Reyes y Emanuel Díaz Reyes, no

cualificaban para recibir los beneficios del PUA, aunque sus

ingresos por negocios propios menguaran a causa de la pandemia.

No obstante, estos empleados solicitaron los beneficios del PUA y en

la solicitud omitieron informar que eran empleados del DTRH y los

ingresos devengados en la agencia.

      En tercer orden, acordado por las partes que la contención a

dilucidar ante el árbitro de la CASP consistía en, si el DTRH destituyó

a los querellantes en violación a la ley CARES Act y al debido proceso

de ley. Resulta forzoso concluir que el TPI erró al no revocar el laudo

emitido. Nótese, que el 6 de octubre de 2020 el Secretario del DTRH

notificó la carta de intención de destitución a los empleados Rafael

Acevedo Acevedo, Ivelisse Rivera Rodríguez, Tito E. García Bruno

Reyes y Emanuel Díaz Reyes, en las que se les informó los hechos

que lo motivaban y las faltas cometidas. También, se les notificó y

fue celebrada una vista administrativa ante el Oficial Examinador

que basado en la prueba presentada, hizo unas determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho en la que recomendó —y así fue

55 15 USCA sec. 9021.
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acogida por el Secretario el 17 de noviembre de 2020— la destitución

de los empleados aquí recurridos.

      En consecuencia, se expide el auto de certiorari y revocamos

la Sentencia recurrida que confirmó el laudo emitido. De manera

que, se valida la destitución por justa causa de Rafael Acevedo

Acevedo, Ivelisse Rivera Rodríguez, Tito E. García Bruno Reyes y

Emanuel Díaz Reyes.

                                -IV-

      Por los fundamentos antes expresados, expedimos el recurso

de certiorari y en consecuencia revocamos la Sentencia recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones