Court Opinion

ID: 9952336
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:42:32.985319+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:55.532538
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL V

   JOSÉ D. SANTIAGO                                    Apelación
       TORRES                                          procedente del
                                                       Tribunal de Primera
            Apelante                                   Instancia, Sala
                                                       Superior de Ponce
               v.                KLAN202400033
                                                       Caso Núm.:
  COMITÉ QUINTAS DE                                    PO2022CV03344
ALTAMIRA, INC. Y OTROS
                                                       Sobre:
            Apelado                                    Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                SENTENCIA

          En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

          Comparece José D. Santiago Torres (en adelante, apelante),

mediante un recurso de Apelación, para solicitarnos la revisión de

la Sentencia emitida el 13 de diciembre de 2023, y notificada al día

siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Ponce (en adelante TPI). Mediante el dictamen apelado el foro

primario ordenó la desestimación de la acción civil presentada, sin

perjuicio, al amparo de la Regla 39.2 (a) de las de Procedimiento

Civil.1

          Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia apelada.

                                       I

          Conforme se desprende del recurso de Apelación, el apelante

presentó una Demanda,2 en daños y perjuicios contra el Comité

Quintas de Altamira, Inc. y Otros (en adelante, parte apelada), por

alegadamente:

1 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).
2 Apéndice de la parte apelada, al Exhibit IV. La Demanda fue presentada el 5 de

diciembre de 2022.
Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202400033                                                                 2

        […] obstruir una carretera p[ú]blica, extensión de la
        Carretera estatal 14, y con un desvío a un desarrollo de
        5 fincas segregadas de una finca matriz de mayor
        cabida, y sin control de Acceso registrado en el Registro
        de la Propiedad ni solicitado por las 5 fincas conforme
        indica la Ley de Control de Acceso de P.R.

        El demandante necesita hacer uso de dicha carretera y
        la Demandada le impide el paso si no es solicitando
        permiso y que no lo concedió.3

        Por su parte, la parte apelada presentó una Contestación a la

Demanda y Reconvención.4 En la contestación, negó prácticamente

todas las alegaciones. Por otro lado, en la reconvención, solicitó al

foro primario que ordenara al apelante a que desistiera de “estar

hostigando” y “demandando […] so pena de sanciones”.5

        De lo que sigue con relación al caso de autos, en torno al

recurso de Apelación, el apelante acude ante nuestra consideración

tras su inconformidad con la Sentencia dictada por el TPI mediante

la cual desestimó sin perjuicio una acción civil sobre daños y

perjuicios presentada por este. Conforme se desprende de la

Sentencia emitida el 13 de diciembre de 2023,6 el foro primario

concluyó lo siguiente:

        Examinado detenidamente la totalidad del expediente
        de autos y de conformidad con el tracto procesal
        tenemos ante nuestra consideración un caso de
        naturaleza civil y una obligación ministerial de cumplir
        con la Regla 1 de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. V
        R.1, y dispensar justicia de forma rápida, económica y
        eficiente. Así surge que las partes con posterioridad al
        12 de junio de 2023, ha[n] demostrado dejadez y falta
        de interés en sus reclamos, se dicta Sentencia de
        archivo por Desestimación, Sin Perjuicio, Regla 39.2 (a)
        de Procedimiento Civil.7

        Inconforme con lo resuelto, el 26 de diciembre de 2023, el

apelante        presentó         una    Moci[ó]n   Adic[i]onal     Solicitando

Reconsideraci[ó]n de Sentencia al Honorable Tribunal.8 Allí, solicitó

3 Recurso de Apelación, a la pág. 2.
4 Apéndice de la parte apelada, Exhibit V.
5 Id., Exhibit V, a la pág. 5.
6 Apéndice del apelante, a la pág. 2.
7 Id., a la pág. 2.
8 Véase el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) a la

entrada 23. En el escrito de Apelación, el apelante adujo que el 19 de diciembre
de 2023, presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia al
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que se revocara la Sentencia y que se ordenara lo que correspondiera

en esa etapa del caso. En respuesta, y en atención a la antes aludida

moción de reconsideración, mediante Resolución emitida el 26 de

diciembre de 2023, y notificada el 27 de diciembre de 2023, el

tribunal a quo denegó la misma y dispuso lo siguiente:

       Concluimos que los fundamentos expuestos por la parte
       demandante no nos mueven a variar nuestra Sentencia,
       por lo que declaramos No Ha Lugar a la Solicitud de
       Reconsideración de Sentencia.9

       En desacuerdo, el 11 de enero de 2024, compareció el

apelante mediante un recurso de Apelación y esgrimió la comisión

de dos (2) errores por el foro primario, a saber:

       Primer Error: Erró el Tribunal de instancia al no tomar
       en consideración mociones urgiéndolo a actuar, que
       fueron mal archivadas por error de numeración.

       Segundo Error: Erró el Tribunal no cotejando la
       correspondencia recibida con el nombre correcto de la
       Demanda y no archivándolo correctamente.

       Por otro lado, en el recurso instado, en la parte intitulada

como Discusión de los Errores Planteados,10 esbozó los siguientes

errores:

       Primer Error: Erró el Tribunal de Instancia al no
       archivar y procesar los documentos [que] demuestran
       [que] el Demandante ha sido diligente.

       Segundo Error: Erró el Tribunal de Instancia al no dar
       cumplimiento a sus deberes judiciales de juzgar
       dándole al caso un debido procedimiento de ley y la
       igual protección de las leyes.

       El 9 de febrero de 2024, la parte apelada del título presentó

su Alegato en Oposición. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, procederemos a exponer el derecho aplicable.

Honorable Tribunal, el cual incluyó en el Apéndice. Véase Apéndice del apelante,
a las págs. 3-5. No obstante, al revisar los autos del TPI en el SUMAC, dado a que
el escrito no contaba con el cintillo distintivo que refleja la fecha y hora de
radicación y con el fin auscultar si el mismo fue presentado de forma oportuna,
nos percatamos de que el mismo no forma parte del expediente judicial. Sin
embargo, se desprende de los autos ante el TPI que la Moci[ó]n Adic[i]onal
Solicitando Reconsideraci[ó]n de Sentencia al Honorable Tribunal fue presentada
de forma oportuna.
9 Apéndice del apelante, a las págs. 6-7.
10
   Recurso de Apelación, a la pág. 2.
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                                      II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil11,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.12 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.13 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.

       En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de
       sus instrumentalidades que no fuere una corporación
       pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus
       funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el
       recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte
       en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia,
       presentando un escrito de apelación dentro del término
       jurisdiccional de sesenta días, contados desde el
       archivo en autos de una copia de la notificación de la
       sentencia dictada por el tribunal apelado. 14

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.15 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

11 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
12 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
13 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
15 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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moción.16 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

         Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en

su Regla 16, en lo aquí pertinente, aborda lo que deberá contener

un recurso de Apelación:

         […]
         (E) Apéndice
         (1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el
         subinciso (2) de este inciso y en la Regla 74, incluirá un
         Apéndice que contendrá una copia literal de:
         (a) las alegaciones de las partes, a saber, la demanda
         principal, las demandas de coparte o de tercero y la
         reconvención, y sus respectivas contestaciones;
         (b) la sentencia del Tribunal de Primera Instancia cuya
         revisión se solicita y la notificación del archivo en autos
         de copia de la misma;
         (c) toda moción debidamente timbrada por el Tribunal
         de Primera Instancia, resolución u orden necesaria para
         acreditar la interrupción y reanudación del término
         para presentar el escrito de apelación y la notificación
         del archivo en autos de copia de la resolución u orden;
         (d) toda resolución u orden, y toda moción o escrito de
         cualesquiera de las partes que forme parte del
         expediente original en el Tribunal de Primera
         Instancia, en las cuales se discuta expresamente
         cualquier asunto planteado en el escrito de apelación, o
         que sean relevantes a éste;
         (e) cualquier otro documento que forme parte del
         expediente original en el Tribunal de Primera
         Instancia y que pueda serle útil al Tribunal de
         Apelaciones para resolver la controversia.

    B. La Desestimación bajo la Regla 39.2 (a) de las de
       Procedimiento Civil

         La Regla 39 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo

relativo al desistimiento y desestimación de los pleitos. En

específico, la Regla 39.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil,17

faculta a los tribunales para desestimar causas de acción debido al

incumplimiento de las partes con sus órdenes.18 Dicha regla lee

como sigue:

         (a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o
         con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa
         propia o a solicitud del demandado podrá decretar la
         desestimación del pleito o de cualquier reclamación
         contra él, o la eliminación de las alegaciones, según

16 Id.
17 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).
18 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 703 (2020).
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       corresponda. Cuando se trate de un primer
       incumplimiento,     la   severa    sanción     de   la
       desestimación de la demanda o la eliminación de las
       alegaciones tan sólo procederá después que el
       tribunal, en primer término, haya apercibido al
       abogado o abogada de la parte de la situación y se le
       haya concedido la oportunidad para responder. Si el
       abogado o abogada de la parte no responde a tal
       apercibimiento, el tribunal procederá a imponer
       sanciones al abogado o la abogada de la parte y se
       notificará directamente a la parte sobre la situación.
       Luego de que la parte haya sido debidamente
       informada o apercibida de la situación y de las
       consecuencias que pueda tener el que ésta no sea
       corregida,     el  tribunal    podrá    ordenar     la
       desestimación del pleito o la eliminación de las
       alegaciones. El tribunal concederá a la parte un
       término de tiempo razonable para corregir la
       situación, que en ningún caso será menor de treinta
       (30) días, a menos que las circunstancias del caso
       justifiquen que se reduzca el término.
       […]

       Sobre la desestimación, el Alto Foro se ha expresado de la

siguiente forma:

       Como regla general, los tribunales están obligados a
       desalentar la práctica de falta de diligencia y de
       incumplimiento con sus órdenes mediante su efectiva,
       pronta y oportuna intervención. Además, tienen el
       poder discrecional, según las Reglas de Procedimiento
       Civil, de desestimar una demanda o eliminar las
       alegaciones de una parte. No obstante, esa
       determinación    se     debe   ejercer   juiciosa   y
       apropiadamente. 19

       Conviene también desatacar que la discreción ha sido definida

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión justiciera”.20 Además, se define

como el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger

entre uno o varios cursos de acción.21

                                          III

       En el recurso ante nuestra consideración el apelante nos ha

solicitado que revisemos la Sentencia emitida en su contra, habida

cuenta de su inconformidad, por el hecho de que el tribunal apelado

19 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., Id., 298. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales,

113 DPR 494, 498 (1982).
20 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
21 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR

203, 211 (1990).
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desestimó su causa de acción, sin perjuicio. Es de ver que, conforme

a nuestro ordenamiento procesal, la Regla 39.2 (a) de las de

Procedimiento Civil,22 faculta a los tribunales para desestimar

causas de acción debido al incumplimiento de las partes con sus

órdenes.23

       Luego de revisar los errores esgrimidos, así como los que

surgen en la parte intitulada Discusión de los Errores Planteados,

juzgamos que los mismos pueden ser discutidos en conjunto, por lo

que así obraremos. En el recurso, el apelante nos convida, en

síntesis, a concluir que el foro primario presuntamente cometió el

error de no cotejar la correspondencia recibida de manera adecuada,

ni archivar y procesar los documentos que demuestran que este fue

diligente y que este incumplimiento le privó de un debido proceso de

ley y de una igual protección de las leyes.

       En primer lugar, debe quedar claro que la acción civil que este

Tribunal tiene ante su consideración es una revisión de la Sentencia

emitida en el alfanumérico PO2022CV03344, y no la de otro

expediente judicial. En segundo lugar, el apelante, quien se ha

autorepresentado, tanto a nivel del TPI, y ahora ante esta Curia,

movido por su inconformidad con el dictamen mediante el cual se

desestimó su causa de acción, nos presenta el argumento de que el

TPI no archivó y procesó los documentos que demuestran que fue

diligente y como tal, no merecía la actuación del foro primario. No

nos convence. Veamos.

       Del apéndice presentado en el recurso ante nuestra

consideración se desprenden únicamente los siguientes documentos

judiciales presentados en el expediente judicial PO2022CV0334424:

22 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).
23 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 703 (2020).
24 Existen otros tres (3) documentos en el Apéndice del apelante, uno que no obra

en los autos ante el TPI en el SUMAC, y dos (2) que fueron presentados en el caso
PO2020CV01394. Véase Apéndice del apelante, a las págs. 3-5, 8 y 9,
respectivamente.
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       •   SUMAC 22 – Sentencia – en la cual se desestimó la
           causa de acción instada, sin perjuicio - emitida el 13
           de diciembre de 2023, y notificada el 14 de diciembre
           de 2023.25

       •   SUMAC 23 – Moci[ó]n Adic[i]onal Solicitando
           Reconsideración de Sentencia al Honorable Tribunal
           – presentada y registrada en SUMAC el 26 de
           diciembre de 2023.26

       •   SUMAC 24 – Resolución – en la cual se resolvió la
           Moción Adicional Solicitando Reconsideración de
           Sentencia – emitida el 26 de diciembre de 2023, y
           notificada el 27 de diciembre de 2023.27

       •   SUMAC 25 – Moci[ó]n a Juez Administradora sobre
           Documentos Extraviados por Numeraci[ón] de Caso. –
           presentada y registrada en el SUMAC el 2 de enero
           de 2024.28

       En atención a lo alegado por el apelante y aun con el exiguo

apéndice ante nos, determinamos examinar los autos del caso ante

el TPI en el SUMAC, en ánimos de comprender adecuadamente sus

reclamos. Luego de analizar lo anterior, así como la totalidad del

expediente ante nuestra consideración, es claro que el foro primario

notificó todas y cada uno de los dictámenes emitidos en el caso al

apelante, por tanto, el apelante conocía la etapa en que se

encontraba el caso y los requerimientos que hizo el TPI. De igual

forma, pudimos constatar las advertencias dadas por el tribunal

apelado en términos de las consecuencias de incumplir con las

órdenes emitidas.29 Falló el apelante al incluir en sus escritos una

información incongruente en el epígrafe del caso y proveer para su

radicación un número de caso distinto, pero en un caso en el que

25 Apéndice del Apelante, a las págs. 1-2.
26 Según expresamos en la exposición de los hechos que antecede, de los
documentos presentados en el recurso de Apelación surge uno intitulado Moci[ó]n
Solicitando Reconsideración de Sentencia al Honorable Tribunal,26 suscrita por el
apelante. El mismo no obra en los autos del TPI, por lo que no lo consideraremos.
Solo consideraremos el que obra en el SUMAC, a la entrada 23.
27 Apéndice del apelante, a la pág. 7.
28 Apéndice del apelante, a las págs. 10-11. Véase, además, SUMAC a la entrada

25. El apelante omitió incluir en el apéndice ciertos documentos que fueron
presentados como anejo a la moción y que presentó en apoyo al escrito
presentado.
29 Véase SUMAC, a las entradas 4, 16, 17 y 21.
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figura como parte.30 Puntualizamos, además, que nuestras reglas

procesales disponen que el Tribunal no está obligado a ilustrar a la

persona que se autorepresenta,31 como en este caso.

       Tras la discusión anterior, forzoso es concluir que a la luz de

la revisión de la totalidad del expediente judicial ante nos, así como

los autos ante el TPI en el SUMAC, en el alfanumérico

PO2022CV03344, el apelante no nos ha colocado en posición de

variar lo actuado por el foro primario al dictaminar la “dejadez y falta

de interés” en su caso. Abona a lo anterior, su omisión en incluir

aquellos documentos en el Apéndice ante nos, los cuales,

examinados de manera integral y en unión a los autos del TPI en el

SUMAC, revelan que incumplió con las órdenes del foro primario y

provocaron el desenlace, la desestimación sin perjuicio de su caso.

Destacamos, además, que, en una Orden previa a la emisión de la

Sentencia desestimatoria, documento que no fue incluido en el

apéndice, fue notificada el 12 de junio de 2023 y en ella, el TPI,

según ya había actuado, apercibió al aquí apelante sobre las

consecuencias de no cumplir con las órdenes del Tribunal.32 Es por

todo lo anterior que juzgamos que los errores esgrimidos no fueron

cometidos, por lo que procede confirmar la Sentencia apelada.

                                       IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

30 El número de caso ofrecido por el apelante en varios escritos presentados para

su radicación fue el alfanumérico PO2020CV01394 y, como tal, según constatado
el TPI obró.
31
   32 LPRA Ap. V, R. 9.4.
32
   Véase SUMAC, a la entrada 21.