Court Opinion

ID: 9941427
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:35:13.232189+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.262702
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL II

  LUIS J. ACEVEDO MATÍAS                              REVISIÓN
                                                      ADMINISTRATIVA
            Recurrente                                procedente de la
                                                      División de
                  v.                    KLRA202300582 Remedios
                                                      Administrativos
      DEPARTAMENTO DE
        CORRECCIÓN Y                                            Caso número:
       REHABILITACIÓN                                           CDO-348-2023

             Recurrido

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

        Comparece ante nos, por derecho propio, la parte recurrente, Luis

J. Acevedo Matías, mediante revisión judicial y solicita que revoquemos la

determinación emitida por la División de Remedios Administrativos del

Departamento de Corrección y Rehabilitación el 5 de septiembre de 2023,

notificada al día siguiente. Mediante el referido dictamen, la agencia

denegó la solicitud de remedio administrativo promovida por el recurrente.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma

la determinación administrativa recurrida. Veamos.

                                            I

        El 31 de julio de 2023, recibida el 7 de agosto del mismo año, Luis

J. Acevedo Matías (Acevedo Matías o recurrente) instó una Solicitud de

Remedio Administrativo ante la División de Remedios Administrativos del

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR o recurrido).1 En la

misma, solicitó que se le aplicara la Ley Núm. 66-2022, relacionada con

ciertas bonificaciones. En particular, indicó que, desde el 21 de abril de

2021 hasta el 8 de julio de 2022, había participado de un programa agrícola

en el pueblo de Arecibo, mientras se encontraba cumpliendo –de forma

1 Véase, Solicitud de Remedio Administrativo en el expediente administrativo.

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
KLRA202300582                                                                    2

alternativa– con una sentencia penal de tres (3) años en su contra. Alegó

que, al momento de solicitar una bonificación, solo le aplicaron por buena

conducta, mas no por el tiempo que laboró en el programa agrícola.

En virtud de ello, reclamó la bonificación de un (1) año, dos (2) meses

y diecisiete (17) días, aproximadamente, por los referidos trabajos

realizados.

         Evaluado lo anterior, el 5 de septiembre de 2023, notificada al día

siguiente, el DCR emitió la determinación que nos ocupa, mediante la cual

denegó el remedio solicitado.2 En la misma, anejó copia de la Respuesta

del Área Concernida, la cual reza como sigue:

         En respuesta a la queja del confinado[,] le informo que la Ley
         [Núm.] 66-2022 establece que ser[á]n acreedores para
         bonificacion[es] adicionales los [miembros de la población
         correccional] que se encuentran disfrutando de libertad bajo
         palabra y se encuentran laborando o estudiando. La misma no es
         de aplicabilidad a los casos que est[á]n o estaban en probatoria.

         En desacuerdo, el 6 de septiembre de 2023, recibida el 11 del mismo

mes y año, Acevedo Matías presentó una Solicitud de Reconsideración.3

En síntesis, sostuvo que de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 66-

2022 surgía que el propósito del citado estatuto era extender el beneficio

de bonificación a toda persona que se encontraba cumpliendo una

sentencia bajo algún mecanismo alterno a la prisión; entiéndase, aquellas

personas en libertad bajo palabra, entre otros. Sobre ese particular, arguyó

que las palabras “alterno” y “otros”, utilizadas en la Exposición de Motivos

de la referida pieza legislativa, significaba que no había impedimento para

que le aplicaran dicha ley. Planteó que, lo contrario, violaba la igual

protección de las leyes y el debido proceso de ley. Por ello, reiteró su

solicitud de bonificación.

         Atendida la solicitud, el 2 de octubre de 2023, el DCR denegó la

reconsideración.4 En específico, fundamentó su decisión de la siguiente

forma:

2  Véase, Respuesta al Miembro de la Población Correccional en el expediente
administrativo.
3 Véase, Solicitud de Reconsideración en el expediente administrativo.
4 Véase, Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población Correccional en el

expediente administrativo.
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       Con relación a su solicitud de reconsideración, se evaluó con
       el personal del área de r[é]cord penal CDO en Mayagüez[.]
       Para su conocimiento[,] con relación a la Ley [Núm.] 66[-
       2022], [t]oda persona sentenciada a cumplir [un] término de
       reclusión en cualquier institución, antes de la vigencia del
       Código Penal de Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando
       de un permiso concedido a tenor con los [sic] dispuesto en
       este Plan o que se encuentre recluida en cualquier entidad
       gubernamental o privada como parte de un programa de
       rehabilitación o disfrutando de libertad bajo palabra.
       Recuerde que esto es para confinados que estén en
       [p]rogramas fuera de la [i]nstitución [c]arcelaria. Mientras
       tanto [sic] continúe cumpliendo en una [i]nstitución, [n]o le
       aplica la [L]ey [Núm.] 66[-2022]. Si hubiera [una] nueva
       directriz con relación a esta Ley [Núm.] 66[-2022] por parte
       del Departamento de Corrección de Nivel Central, se le dejará
       saber al respecto.

       Inconforme, el 13 de octubre de 2023, recibida en la Secretaría de

este Foro el 9 de noviembre de 2023, la parte recurrente presentó el

recurso de revisión judicial que hoy nos ocupa. En su escrito, impugna la

determinación administrativa antes indicada y nos solicita que la dejemos

sin efecto.

       Por su parte, el 8 de enero de 2024, la parte recurrida compareció

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución. En esencia, sostiene que

la Ley Núm. 66-2022 aplica a aquellos miembros de la población

correccional que, al estar en libertad bajo palabra, no se les brindaba el

beneficio de las bonificaciones que ya gozan los confinados. En ese

sentido, plantea que los trabajos realizados por el recurrente en el

programa agrícola no fueron ejecutados mientras este se encontraba en

libertad bajo palabra.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como con la

copia certificada del expediente administrativo, nos disponemos a resolver

el recurso que nos ocupa.

                                    II

                                    A

       Sabido es que los tribunales apelativos debemos otorgar amplia

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias administrativas,

puesto que estas cuentan con vasta experiencia y pericia para atender

aquellos asuntos que se les han sido delegados por la Asamblea
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Legislativa. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211

DPR ___ (2023); OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); Super

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v.

Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte.

Policía, 201 DPR 26, 35 (2018). Es por ello, que, tales determinaciones

suponen una presunción de legalidad y corrección que a los tribunales nos

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no presente

prueba suficiente para derrotarlas. Íd.; Batista, Nobbe v. Jta. Directores,

185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no es absoluta. Es por

ello que nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no podemos imprimirle un

sello de corrección, so pretexto de deferencia a las determinaciones

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

       En Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016), nuestro

Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al alcance de la

revisión judicial de la siguiente forma:

       [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una
       agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la
       determinación administrativa no está basada en evidencia
       sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o
       interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
       encomendado administrar; (3) el organismo administrativo
       actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación administrativa lesionó derechos constitucionales
       fundamentales. Es importante destacar que si el tribunal no
       se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque
       exista más de una interpretación razonable de los hechos,
       procede que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. Íd. Véase, además, Super Asphalt v.
       AFI y otro, supra, pág. 819.

       El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v. Martínez

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 820; Graciani

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía

de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita la revisión judicial a

dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan

irrazonable que su actuación constituya un abuso de discreción. Íd.
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       Bajo este supuesto, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017,

3 LPRA sec. 9675 (LPAU), “estableció el marco de revisión judicial de las

determinaciones de las agencias administrativas”. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra, pág. 35. La intervención del tribunal se limita a tres áreas, a

saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su

totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron

correctas. Íd., págs. 35-36; OEG v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera

v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; Batista, Nobbe v. Jta. Directores,

supra, pág. 217. Nuestro Máximo Foro ha expresado que esta intervención

“debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se fundamente en

evidencia sustancial o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de

la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36. Siendo así,

aquellas determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. Íd.; OEG

v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

       Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas

en su totalidad. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675; Rolón Martínez v.

Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág.

627. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares que

administra. Íd.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que la deferencia

que le deben los tribunales a la interpretación que haga el ente

administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que le corresponde

poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales

fundamentales”. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 627-628; OEG
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v. Martínez Giraud, supra. Finalmente, nuestra más Alta Curia ha

expresado que, conforme a lo anterior, el criterio administrativo no podrá

prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria

realizada por una agencia provoque un resultado incompatible o contrario

al propósito para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones

que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 11.

                                      B

       La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución establece que

será política pública “reglamentar las instituciones penales para que sirvan

a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer

posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA,

Tomo I. A raíz de ello, el Artículo 5, inciso f del Plan de Reorganización

Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como

el   Plan   de   Reorganización    del Departamento       de   Corrección    y

Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 5(f) (Plan de Reorganización

Núm. 2-2011), le reconoce al DCR la facultad y deber de “ampliar los

programas de educación y trabajo para que impacten a toda la población

correccional que interese participar y asegure la aplicación correcta de los

sistemas de bonificación por trabajo y estudio que permitan las leyes

aplicables”.

       Conforme a ello, los Artículos 11 y 12 del Plan de Reorganización

Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 11 y 12, establecen el modo en que

se deben computar las bonificaciones, ya sea por buena conducta y

asiduidad o por estudio, trabajo y servicios. Ahora bien, originalmente, el

Artículo 11 disponía que las bonificaciones solo aplicaban a personas

sentenciadas previo a la vigencia del Código Penal de 2004, ya que el

mismo eliminó las bonificaciones automáticas por buena conducta y
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asiduidad. Debido a ello, para efectos de la aplicación de las bonificaciones,

la población penal se dividió en: (1) aquellos sentenciados bajo el Código

Penal de 1974, los cuales cuentan con derecho a las bonificaciones; y

(2) en los sentenciados bajo el Código Penal de 2004, los cuales no tienen

derecho a las bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Véase,

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 87-2020.

       Ante las incongruencias de dicho esquema de bonificaciones, la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 87-2020, para

enmendar el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra,

con el fin de extenderle a toda la población correccional la oportunidad de

solicitar la aplicación de las bonificaciones por buena conducta y asiduidad,

sin distinción del Código Penal mediante el cual fueron sentenciados. La

mencionada enmienda indicaba lo siguiente:

       Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en
       cualquier institución, antes de la vigencia del Código Penal de
       Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un permiso
       concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se
       encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o
       privada como parte de un programa de rehabilitación o
       disfrutando de libertad bajo palabra, que observare una
       buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes
       rebajas del término de su sentencia, las cuales se
       computarán desde su admisión a la institución de que se trate
       o desde que se concede la libertad bajo palabra. Exposición
       de Motivos de la Ley Núm. 87-2020.

       No obstante, nuestra Asamblea Legislativa nuevamente enmendó el

mencionado Artículo para reiterar que las bonificaciones también les

aplicaban a aquellas personas convictas que estuvieren disfrutando de los

beneficios de libertad bajo palabra, puesto que no se estaban concediendo.

Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 66-2022. En particular, la

Legislatura expresó que la Rama Ejecutiva había interpretado que los

programas del DCR y de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) eran

distintos y mutuamente excluyentes y que, a diferencia de las instituciones

correccionales, la JLBP no tenía una estructura administrativa para

clasificar ni proveer tratamiento a las personas convictas liberadas. Íd. Por

consiguiente, se aclaró que:
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      Estando la Junta de Libertad Bajo Palabra adscrita al
      Departamento de Corrección y Rehabilitación, no debe existir
      impedimento alguno para que se maximicen los recursos y se
      cumpla con el claro mandato legislativo de que las personas
      acogidas al privilegio de libertad bajo palabra también puedan
      reducir sus sentencias utilizando el mecanismo de
      bonificaciones. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 66-
      2022.

      En vista de ello, mediante la Ley Núm. 66-2022, nuestra Asamblea

Legislativa incluyó un párrafo aclaratorio al Artículo 11 del Plan de

Reorganización Núm. 2-2011, supra, el cual dispone que:

      Las rebajas de términos de sentencias dispuestas en este
      Artículo por buena conducta y asiduidad, aplicarán a toda
      persona sentenciada a cumplir término de reclusión bajo
      cualquier Código Penal de Puerto Rico o delito cometido bajo
      cualquier ley penal especial que en sus disposiciones no las
      excluya, independientemente se encuentre dentro de una
      institución correccional o esté cumpliendo el restante de su
      sentencia de reclusión a través de un permiso concedido a
      tenor con lo dispuesto en este Plan o que se encuentre
      recluida en cualquier entidad gubernamental o privada como
      parte de un programa de rehabilitación o se encuentre
      disfrutando de libertad bajo palabra. 3 LPRA Ap. XVIII, Art.
      11. (Énfasis nuestro).

      En cuanto al Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011,

supra, el cual establece lo relacionado a las bonificaciones por trabajo,

estudio o servicios, antes de ser enmendado por la Ley Núm. 66-2022, solo

autorizaba al Secretario o Secretaria del DCR a conceder las

bonificaciones. Sin embargo, la Ley Núm. 66-2022 enmendó el aludido

Artículo para aclarar que las bonificaciones adicionales aplicarán a las

personas convictas independientemente bajo qué Código Penal se hubiese

sentenciado. Igualmente, debido a que no se estaba aplicando a aquellas

personas convictas que se encontraban en libertad bajo palabra, incluyeron

a la persona Presidenta de la JLBP como funcionaria autorizada para

conceder las bonificaciones por estudio y trabajo.

      Como resultado, en lo aquí atinente, la Ley Núm. 66-2022 aclara que

las personas convictas que se encuentren en libertad bajo palabra tienen

derecho a las bonificaciones por buena conducta, asiduidad, estudio,

trabajo y otros servicios, según dispuesto en los Artículos 11 y 12 del Plan

de Reorganización Núm. 2-2011, supra. Cónsono con lo anterior, la

Sección 5 de la Ley Núm. 66-2022 ordenó al DCR y a la JLBP a que
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adoptaran o enmendaran aquella reglamentación necesaria para poner en

vigor lo establecido en dicho estatuto.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                     III

       La parte recurrente le solicita a esta Curia que revoquemos la

determinación emitida por el DCR el 5 de septiembre de 2023. En virtud de

esta, el referido organismo administrativo denegó la bonificación solicitada

por el recurrente bajo el fundamento de que la Ley Núm. 66-2022 no le era

de aplicación a este. Sobre ese particular, el recurrente sostiene que el

referido estatuto no es de aplicación solamente a las personas que se

encuentran en libertad bajo palabra. Especificó que la intención legislativa

de la Ley Núm. 66-2022 es que esta le sea aplicable a cualquier programa

alterno a la reclusión, incluyendo las medias casas, los “grilletes” (libertad

a prueba), entre otros. En vista de ello, solicita que le apliquen la

bonificación de un (1) año, dos (2) meses y diecisiete (17) días,

aproximadamente, por los trabajos que realizó en el mencionado programa

agrícola, mientras se encontraba cumpliendo su pena en libertad a prueba.

       Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, así como

de la ley aplicable, entendemos que la interpretación planteada por la parte

recurrente no refleja la intención de la Asamblea Legislativa en la

promulgación de la Ley Núm. 66-2022. De la Exposición de Motivos del

citado estatuto, surge expresamente que su intención fue enmendar los

Artículos 3, 11 y 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, a los

únicos fines de aclarar su lenguaje con el propósito de “que no quepa duda

de que los convictos que estén disfrutando de los beneficios que concede

la Junta de Libertad Bajo Palabra” también reciban las bonificaciones por

buena conducta, asiduidad, trabajo, estudios y otros servicios, toda vez que

estos le eran disponibles a los miembros de la población correccional. Es

decir, el propósito primordial de la Ley Núm. 66-2022 es que se reconozca

la aplicación del sistema de bonificaciones a las personas convictas que se
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encuentran en libertad bajo palabra y que no se le había reconocido, ni

acreditado, anteriormente. Contrario a lo propuesto por la parte recurrente,

la citada ley no le es de aplicación a las personas convictas que se

encuentran en libertad a prueba. Según surge del expediente y bajo la

propia admisión del recurrente, este se encontraba en libertad a prueba

mientras trabajó en el programa agrícola en cuestión. Por tanto, no le asiste

la razón a la parte recurrente en el presente reclamo.

       Asimismo, del recurso ante nos no se desprende razón alguna para

intervenir con la decisión impugnada. La determinación del DCR se presume

correcta y merece nuestra deferencia. Lo que surge del expediente es que,

actualmente, el recurrente se beneficia del sistema de bonificación, según

se desprende de la Hoja Control sobre Liquidación de Sentencias del

recurrente.5 Al evaluar dicho documento, colegimos que el DCR, de

conformidad con el mandato del Plan de Reorganización Núm. 2-2011,

supra, según enmendado por la Ley 87-2020, le está aplicando al

recurrente unas bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Ahora

bien, el recurrente reclama la aplicación de la Ley Núm. 66-2022 en cuanto

a unas bonificaciones por el trabajo realizado mientras se encontraba en

libertad a prueba, por lo que, según mencionáramos, no le aplica por

constituir una enmienda dirigida únicamente a quienes se encuentran en

libertad bajo palabra. Así, pues, no encontramos prueba alguna en el

expediente administrativo que demostrara que la determinación del DCR

fue una irrazonable.

       En mérito de lo antes expuesto, sostenemos la determinación

agencial recurrida. Nada en el expediente de autos sugiere que el

pronunciamiento que atendemos haya resultado de un ejercicio arbitrario

atribuible al DCR. Por tanto, toda vez que el recurrente no derrotó la

presunción de corrección de la resolución que nos ocupa, confirmamos la

determinación administrativa recurrida.

5 Véase, Anejo I del Escrito en Cumplimiento de Resolución.
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                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la determinación

administrativa recurrida.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones