Court Opinion

ID: 9890350
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:17:57.119872+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:11.925781
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

  LUCIANO VELÁZQUEZ                         Certiorari
       SANTOS                               procedente del
                                            Tribunal de Primera
        Peticionario                        Instancia, Sala de
                                            San Germán
                          KLCE202300955
             V.                             Caso Núm.:
                                            SG2023CV00119
  WASTE COLLECTION,
  SEGUROS MÚLTIPLES                         Sobre:
                                            Daños
        Recurridos

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      Comparece el peticionario Luciano Velázquez Santos quien

solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Germán, dictada el 10 de agosto de 2023,

notificada el 16 de agosto siguiente.    Mediante esta, el foro

primario le impuso una sanción de $2,000 al demandante, luego

reducida a $500, por no haber cumplido con una orden emitida el

27 de junio de 2023.

      Evaluado el recurso y el tracto del caso, determinamos

expedir el recurso y revocar la sanción emitida. Exponemos.

                               I.

      El 27 de febrero de 2023 Luciano Velázquez Santos presentó

una demanda de daños y perjuicios contra Waste Collection Corp.

y la aseguradora Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico

(en adelante, Seguros Múltiples). Reclamó los daños a su vehículo

de motor, a consecuencia de que un camión de Waste Collection

Número Identificador
SEN2023 ________
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impactó un árbol, cuyas ramas cayeron sobre el auto del

demandante.         Reclamó daños por $700, más costas, gastos y

honorarios de abogado.

         El 22 de mayo de 2023 la Cooperativa de Seguros Múltiples

informó al tribunal que fue emplazada y solicitó prórroga para

contestar la demanda. El 23 de mayo de 2023, notificada el día

siguiente, el foro primario le concedió treinta (30) días para

contestar la demanda.

         El 26 de junio de 2023 el señor Velázquez Santos presentó

una Moción solicitando anotación de rebeldía.              Informó que el

término concedido para contestar la demanda había culminado,

por lo que, requirió que se le anotara la rebeldía a Waste Collection

y a la Cooperativa de Seguros Múltiples.

         El 27 de junio de 2023 la Cooperativa de Seguros Múltiples

presentó su Oposición a Moción Solicitando Anotación de Rebeldía.

Alegó que se había comunicado con el demandante para tratar de

lograr una transacción en el caso. Igualmente informó que de los

autos no surgía de que Waste Collection fuese emplazada.1 Ese

mismo día, Seguros Múltiples contestó la demanda.                  Además,

presentó una moción mediante la cual informó que en ese mismo

día le estaba cursando un interrogatorio al demandante.2

         El 27 de junio de 2023 el tribunal denegó la solicitud de

anotación de rebeldía y aceptó la contestación a la demanda de la

Cooperativa de Seguros Múltiples. Dispuso además lo siguiente:

         3. SE TOMA CONOCIMIENTO DEL DESCUBRIMIENTO DE
         PRUEBA CURSADO POR LA PARTE DEMANDANTE Y SE
         CONCEDE A LA PARTE DEMANDADA, EL TÉRMINO
         PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE TREINTA (30) DÍAS
         PARA CONTESTAR EL MISMO E INICIAR DE SU PARTE,
         CUALQUIER DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE DESEE
         O INTERESE LLEVAR A CABO.

1
    Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 9.
2
    SUMAC entrada 11.
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     4. DE ALCANZAR LAS PARTES ALGÚN ACUERDO Y/O
     ESTIPULACIÓN CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTE
     RESOLUCÓN, QUE PERMITA AL TRIBUNAL DISPONER DE
     LA PRESENTE ACCIÓN CIVIL BAJO LA REGLA 35.4 DE LAS
     DE PROCEDIMIENTO CIVIL, NOTIFÍQUESE AL TRIBUNAL.
     DE MANERA TAL QUE PODAMOS DICTAR SENTENCIA,
     SIN LA NECESIDAD DE CELEBRAR VISTA SOBRE EL
     ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS, ORDENAR LA
     COFECCIÓN DEL INFORME DE MANEJO DE CASOS,
     CELEBRAR VISTA SOBRE DISCUSIÓN DE DICHO
     INFORME O PRE-TRIAL Y CALENDARIZAR VISTA PARA EL
     JUICIO EN SU FONDO.

     5. CÚMPLASE CON LO HOY DISPUESTO Y/U ORDENADO,
     SO PENA DE DESACATO Y/O SEVERAS SANCIONES
     ECONÓMICAS BAJO LA REGLA 44.2 DE LAS DE
     PROCEDIMIENTO CIVIL. (Énfasis nuestro).

     Así las cosas, el 1ro de agosto de 2023, el Tribunal emitió

otra orden en la cual le impuso al demandado Waste Collection

una multa por $2,000. Específicamente la orden indicaba así:

     EXAMINADO EL EXPEDIENTE LEGAL DEL CASO DE
     AUTOS Y EL TRACTO PROCESAL DEL MISMO SURGE, QUE
     EL 27 DE JUNIO DE 2023, NOTIFICADA EL 28 DE JUNIO
     DE 2023, SE EMITIÓ RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL
     ATENDIDAS VARIAS MOCIONES, ENTRE OTROS
     ASUNTOS, EN EL ACÁPITE TRES (3) DE LA MISMA SE
     CONCEDIÓ A LA PARTE DEMANDA EL TÉRMINO
     PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE TREINTA (30) DÍAS
     PARA CONTESTAR EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE
     LE FUERA CURSADO POR LA PARTE DEMANANTE. IGUAL
     TÉRMINO SE LE CONCEDIÓ PARA INICIAR DE SU PARTE,
     CUALQUIER DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE
     DESEARA O INTERESARA LLEVAR A CABO.

     LA ORDEN EMITIDA DISPONÍA CLARAMENTE, QUE DEBÍA
     CUMPLIRSE CON LO ORDENADO, SO PENA DE
     DESACATO Y/O SEVERAS SANCIONES ECONÓMICAS
     BAJO LA REGLA 44.2 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

     AL DÍA DE HOY, HABIENDO TRANSCURRIDO EL TÉRMINO
     CONCEDIDO PARA ELLO, LA PARTE DEMANDADA HA
     INCUMPLIDO CON LA ORDEN EMITIDA POR ESTE
     TRIBUNAL, NO SURGIENDO PRETEXTO O EXCUSA
     ALGUNA QUE JUSTIFIQUE SU INCUMPLIMIENTO. EN SU
     CONSECUENCIA, SE ENCUNTRA A LA PARTE
     DEMANDADA WASTE COLLECTION INCURSA EN
     DESCATO Y SEGÚN LE FUERA ADVERTIDO, SE LE
     IMPONE UNA SANCIÓN ECONÓMICA DE $2,000
     DÓLARES A FAVOR DEL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ
     SER SATISFECHA EN LOS PRÓXIMOS DIEZ (10)
     DÍAS SO PENA DE DESACATO Y/O AUMENTAR LA
     CANTIDAD IMPUESTA.

     DE IGUAL FORMA, SE ORDENA A LA PARTE DEMANDANTE
     INFORMAR AL TRIBUNAL SI EL CASO SE ENCUENTRA
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     LISTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO EN SU
     FONDO, CON LA PRUEBA QUE AL MOMENTO TENGA
     DISPONIBLE. TENGA LA PARTE DEMANDANTE IGUAL
     TÉRMINO PARA CUMPLIR LA ORDEN QUE EMITIDA EN
     RELACIÓN A SU PERSONA, SO PENA DE DESACATO Y/O
     SEVERAS    SANCIONES    ECONÓMICAS    Y/O   LA
     DESESTIMACIÓN SIN PERJUICIO DE LA PRESENTA
     ACCIÓN CIVIL.

     SE ORDENA A LA SECRETARÍA COLOCAR EL CASO
     DENTRO DE LOS TÉRMINOS PARA SEGUMIENTO Y
     CORROBORACIÓN AL CUMPLIMIENTO CON LA ORDEN
     EMITIDA EN EL DÍA DE HOY.

     En respuesta, el 9 de agosto de 2023 Seguros Múltiples

presentó una Moción en torno a orden, en la cual expuso que el

tribunal le impuso una sanción económica a Waste Collection, no

obstante, el demandante no presentó evidencia de haber

emplazado a dicha parte en el término de 120 días desde la

expedición del emplazamiento.     Aclaró que la parte demandante

no ha realizado ningún descubrimiento de prueba, sino que fue la

Cooperativa de Seguros de Vida quien notificó un interrogatorio al

demandante el 27 de junio. Aseveró que el demandante contestó

el interrogatorio el 21 de julio de 2023, pero que el demandante

no se lo informó al tribunal. Asimismo, expresó que el caso no se

encuentra listo para el juicio en su fondo, pues aún faltaba que el

abogado del demandante coordine la reunión para la redacción del

Informe para el Manejo del Caso, a tenor con la Regla 37.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

     Así las cosas, el 10 de agosto de 2023, notificada el día 16

del mismo mes y año, el foro primario dictó la Resolución que

revisamos, a saber:

     EXAMINADA LA MOCIÓN PRESENTADA Y EL EXPEDIENTE
     LEGAL DEL CASO DE AUTOS EN ATENCIÓN A LOS
     SEÑALAMIENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA MISMA,
     ASÍ COMO LAS ÓRDENES EMITIDAS, TANTO EL 27 DE
     JUNIO DE 2023, COMOEL 1 DE AGOSTO DE 2023, EL
     TRIBUNAL DISPONE, CORRIJE Y ORDENA:

     1. NO SURGIENDO CUMPLIMIENTO ALGUNO POR LA
        PARTE  DEMANDANTE   (LUCIANO  VELÁZQUEZ
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      SANTOS), CON LA ORDEN EMITIDA EL 27 DE JUNIO
      DE 2023, EN EL ACÁPITE TRES (3), EL CUAL
      CONTIENE UN ERROR AL HABERSE INVERTIDO AL
      DEMANDANTE      POR      EL    CO-DEMANDADO
      (COOPERATIVA DE SEGUROS MÚLTIPLES), QUIEN
      FUE QUIEN CURSÓ UN DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
      A LA PARTE DEMANDANTE, SE IMPONE AL
      DEMANDANTE (LUCIANO VELÁZQUEZ SANTOS) UNA
      SANCIÓN DE $2,000 DÓLARES A FAVOR DEL ESTADO.
      LA CUAL DEBERÁ SER SATSIFECHA EN LOS
      PRÓXIMOS DIEZ (10) DÍAS, SO PENA DE DESACATO
      Y/O AUMENTAR LA CANTIDAD IMPUESTA EN EL DÍA
      DE HOY.

      TÓMESE CONOCIMIENTO, DE QUE LAS PARTES
      VIENEN OBLIGADAS A MANTENER INFORMADO AL
      TRIBUNAL SOBRE EL TRÁMITE LEGAL QUE HAN
      ESTADO LLEVANDO A CABO EN LOS CASOS. EN EL
      PRSENTE CASO, LA PARTE DEMANDANTE NO HA
      CUMPLIDO CON DICHO DEBER. NO HA SOMETIDO
      LOS EMPLAZAMIENTOS DILIGENCOADOS CONTRA LA
      PARTE DEMANDADA, NO HA INFORMADO AL
      TRIBUNAL, SI CONTESTÓ EL DESCUBRIMIENTO DE
      PRUEBA QUE LA PARTE CO-DEMANDA LE CURSÓ.

    2. SE   CONCEDE     AL   DEMANDANTE     (LUCIANO
       VELÁZQUEZ SANTOS), EL TÉRMINO PERENTORIO E
       IMPRORROGABLE DE CINCO (5) DÍAS PARA
       ACREDITAR AL TRIBUNAL EL DILIGENCIAMIENTO DEL
       EMPLAZAMIENTO EXPEDIDO EL 27 DE FEBRERO DE
       2023 A LA PARTE CO-DEMANDADA WASTE
       COLLECTION. ESTO SO PENA DE EMISIÓN DE
       SENTENCIA PARCIAL EN RELACIÓN A DICHO CO-
       DEMANDADO AL AMPARO DE LA REGLA 4.3 (C) DE
       LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

    3. EL TRIBUNAL TOMA CONOCIMIENTO EN EL DÍA DE
       HOY,   A   INSTANCIAS  DEL   CO-DEMANDADO
       (COOPERATIVA DE SEGUROS MÚLTIPLES DE PUERTO
       RICO), QUE EL INTERROGATORIO CUSRADO POR
       DICHO CO-DEMANDADO FUE CONTESTADO POR LA
       PARTE DEMANDANTE EL 21 DE JULIO DE 2023. LO
       CUAL NO SE NOTIFICÓ PREVIAMENTE A ESTE
       TRIBUNAL.

    4. SE ORDENA A LA PARTE DEMANDANTE (LUCIANO
       VELÁZQUEZ SANTOS), COMUNICARSE CON LA PARTE
       CO-DEMANDADA (COOPERATIVA DE SEGUROS
       MÚLTIPLES), PARA COORDINAR LA REDACCIÓN Y/O
       CONFECCIÓN DEL INFORME DE MANEJO DE CASO.
       ESTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE ACREDITE AL
       TRIBUNAL      EL    DILIGENCIAMIENTO    DEL
       EMPLAZAMIENTO EXEDIDO AL CO-DEMANDADO
       WASTE COLLECTION Y EL TRIBUNAL SE SIRVA A
       EMITIR ÓRDENES ADICIONALES EN RELACIÓN A
       DICHO CO-DEMANDADO.
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     5. SE CONCEDE A LA PARTE DEMANDANTE Y AL CO-
        DEMANDADO      (COOPERATIVA    DE   SEGUROS
        MÚLTIPLES DE PUERTO RICO), EL TÉRMINO
        PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE DIEZ (10) DÍAS,
        PARA RADICAR MOCIÓN CONJUNTA A TRAVÉS DE LA
        CUAL SE INFORME LA FECHA SELECCIONADA PARA LA
        REUNIÓN RELACIONADA A LA REDACCIÓN Y/O
        CONFECCIÓN DEL INFORME DE MANEJO DE CASOS,
        SO PENA DE DESACATO Y/O SANCIONES.

     Ese mismo 16 de agosto de 2023, el demandante Velázquez

Santos instó una Moción Informativa y de Reconsideración. Adujo

que entendía que las ordenes iban dirigidas a la parte demandada

y no pudo deducir o inferir que la orden iba dirigida al

demandante.      Explicó que quien compareció contestando la

demanda fue la compañía de seguros, quienes cursaron un

interrogatorio y el demandante lo contestó. Además, informó que

habían estado en otras conversaciones extrajudiciales. Manifestó

que nunca fue su intención el incumplir con las órdenes del

tribunal. Solicitó al Tribunal que reconsidere la sanción impuesta,

ya que no fue intencional el incumplimiento de las órdenes

emitidas, dado que en todo momento se pensó que eran dirigidas

a la parte demandada.         Indicó que estaba incluyendo los

emplazamientos diligenciados.

     Según aseverado, junto a una Moción informativa, el

demandante incluyó los emplazamientos diligenciados a Waste

Collection el 10 de abril de 2023 y a Seguros Múltiples el 12 de

abril de 2023.

     Así, el 16 de agosto de 2023 y notificada el día 18 de agosto,

el foro primario    emitió una Resolución en la cual tomó

conocimiento del emplazamiento diligenciado al codemandado

Waste Collection. Ese mismo día, notificó otra Resolución para

reducir la sanción de $2,000 a $500, más agregó lo siguiente:

     EL TRIBUNAL TOMA CONOCIMIENTO DE LA ORDEN
     EMITIDA PREVIAMENTE, NO OBSTANTE, TOMEN
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     CONOCIMIENTO LAS PARTES, DE LAS ÓRDENES
     PREVIAMENTE EMITIDAS Y LAS CUALES PROMUEVEN
     LA SANCIÓN IMPUESTA Y SOSTENIDA EN EL DÍA DE
     HOY, LUEGO DE LA RECONSIDERACIÓN SOMETIDA.

     ATÉNGASE.

     CÚMPLASE ADEMÁS CON LA PARTE DE LA ORDEN
     EMITIDA, RELACIONADA A LA RADICACIÓN DE
     MOCIÓN CONJUNTA EN RELACIÓN AL INFORME DE
     MANEJO DE CASOS YA REQUERIDO. (VÉASE ORDEN
     EMITIDA SOBRE ESTE PARTICULAR).

     El 17 de agosto de 2023 Waste Collection contestó la

demanda.

     De otro lado, inconforme con la sanción impuesta, el

demandante Velázquez Santos acudió a este foro intermedio y

arguyó que el foro de primera instancia incidió al:

     Primero: Al imponer una sanción económica drástica,
     arbitraria y en claro abuso de su discreción.

     Segundo: Al no dejar sin efecto la sanción de $2,000
     impuesta a la parte demandante-peticionaria.

     Tercero: Al reconsiderarla sanción impuesta a los
     fines de que la cantidad impuesta a la parte
     demandante-peticionaria se reduzca de $2,000 a
     $500.

     Examinado el recurso, el 1 de septiembre de 2023,

notificado el 5 de septiembre, le concedimos veinte (20) días a la

parte recurrida para presentar su posición y no lo hizo.

Evaluamos.

                                II.

                                A.

     El   auto   de certiorari constituye   un   vehículo   procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ (2023), 2023 TSPR 46; McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce
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de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

      La característica distintiva de este recurso se asienta en la

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra. Dicha discreción es "una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v.

ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.

BBVAPR, supra, pág. 338.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, establece excepciones que permiten la revisión de: (1)

decisiones sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, (2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3)

anotaciones de rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5)

asuntos de interés público y (6) situaciones en las cuales esperar

a la apelación constituye un fracaso irremediable a la justicia.

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de    los   asuntos   que   son   planteados mediante      el

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B.    Esta señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
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     C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso
     y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
     Tribunal de Primera Instancia.
     D. Si el asunto planteado exige consideración más
     detenida a la luz de los autos originales, los cuales
     deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

     E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
     el caso es la más propicia para su consideración.

     F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
     causa no causan un fraccionamiento indebido del
     pleito y una dilación indeseable en la solución final del
     litigio.

     G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
     causa evita un fracaso de la justicia.

     Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000).      El adecuado ejercicio de

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto

de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR

414 (2013); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155

(2000). A su vez, es sabido que en nuestro ordenamiento jurídico

impera la norma de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García v.

Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España Service Sta., 117

DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986).

                                B.

     De otro lado, los tribunales de instancia poseen el poder

inherente para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva

su jurisdicción, pronunciamientos y órdenes. In re Collazo I,159

DPR 141 (2003); E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 699,

681 (1999); Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 DPR 529, 535
KLCE202300955                                                     10

(1989); Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 787 (1985). Ahora

bien, el efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y la

rápida disposición de los asuntos litigiosos, requieren que los

jueces de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar

con el diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re

Collazo I, supra; Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282, 287

(1988). Es por ello por lo que, a éstos se les ha reconocido poder

y autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su

consideración y para aplicar correctivos apropiados en la forma y

manera que su buen juicio les indique. In re Collazo I, supra. En

virtud de esos poderes, los tribunales de instancia tienen a su

alcance múltiples mecanismos procesales para mantener el

control y asegurar el orden en los procedimientos ante su

consideración, para hacer cumplir sus órdenes y para realizar

cualquier otro acto que resulte necesario para cumplir a cabalidad

sus funciones. In re Collazo I, supra; E.L.A. v. Asociación de

Auditores, supra.

        A tenor con esta facultad, en nuestro ordenamiento procesal

civil existen varias reglas que confieren a los tribunales la

autoridad de imponer sanciones. En tal virtud, la Regla 44.2 de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta a los tribunales

a   imponer       “costas   interlocutorias   a    las   partes    y

sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una

parte o a su representante legal por conducta constitutiva de

demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en

perjuicio de la eficiente administración de la justicia”. Véase,

además, División de Empleados Públicos de la Unión General de

Trabajadores v. Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico

(CEMPR), 212 DPR ____, 2023 TSPR 107, res. 5 de septiembre de

2023.
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      Al interpretar la Regla 44.2, el Tribunal Supremo ha

expresado que "[e]l propósito de esta regla es proveer al tribunal

un instrumento adicional para agilizar los procedimientos y de esta

manera evitar la demora y congestión en los tribunales". Lluch v.

España Service Sta., supra, págs. 748-749; Pérez Torres v. Acad.

Perpetuo Socorro, 182 DPR 1016, 1027 (2011); División de

Empleados Públicos de la Unión General de Trabajadores v.

Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (CEMPR), supra.

Conforme lo anterior, el tribunal a iniciativa propia "puede

imponer sanciones cuando la conducta de las partes vaya en

perjuicio de la eficiente administración de la justicia". Lluch v.

España Service Sta., supra, pág. 749.

      Como es sabido, los tribunales cuentan con un alto grado de

discreción   al   momento     de   decidir   cómo    conducir    los

procedimientos que presiden. No obstante, esa discreción no es

infinita ni su ejercicio ocurre en un vacío. Está íntimamente ligada

al concepto de razonabilidad. Pueblo v. Santiago Cruz y en interés

Menor FLR, 205 DPR 1149 (2020). Es por eso por lo que, aunque

los tribunales apelativos generalmente nos abstenemos de

intervenir con las decisiones del foro primario relacionadas al

manejo del caso, en algunas ocasiones "la buena discreción y la

justicia parecen ejercerla a veces, y a pesar de nuestra norma de

abstención, resulta ser nuestro deber insoslayable corregir lo

que hubiere de exceso o de injusto en el uso de esa discreción,

para que no se lesionen derechos que estamos llamados a

proteger". Pueblo v. Santiago Cruz y en interés Menor FLR, supra,

citando a Ortiz Rivera v. Agostini, 192 DPR 187, 193-194 (1965).
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                                    III.

       De los hechos que informa esta causa surge que el 27 de

febrero de 2023 el señor Velázquez Santos instó una demanda

contra    Waste    Collection   y    Seguros   Múltiples   por   daños

ocasionados a su vehículo de motor.        El demandante emplazó a

Waste Collection el 10 de abril de 2023 y la Cooperativa de

Seguros Múltiples el 12 de abril de 2023.

       El 22 de mayo de 2023 la Cooperativa de Seguros Múltiples

le informó al Tribunal que fue emplazada y solicitó treinta días

adicionales para contestar la demanda.         El TPI le concedió su

pedido.     Al transcurrir el término, el demandante solicitó la

anotación de rebeldía, tanto para la Cooperativa de Seguros

Múltiples como para Waste Collection.

       La Cooperativa de Seguros Múltiples se opuso e incluyó la

contestación a la demanda. Asimismo, le informó al foro primario

que le estaba cursando un interrogatorio al demandante. El 27 de

junio, el foro primario denegó la anotación de rebeldía y emitió la

siguiente orden:

       SE TOMA CONOCIMIENTO DEL DESCUBRIMIENTO DE
       PRUEBA CURSADO POR LA PARTE DEMANDANTE Y SE
       CONCEDE A LA PARTE DEMANDADA, EL TÉRMINO
       PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE TREINTA (30)
       DÍAS PARA CONTESTAR EL MISMO E INICIAR DE SU
       PARTE CUALQUIER DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE
       DESEE O INTERESE LLEVAR A CABO.
       El foro primario también les instruyó a que si llevan a un

acuerdo deberían notificarlo al Tribunal. Informó que debían

cumplir con lo ordenado so pena de desacato y/o severas

sanciones económicas bajo la Regla 44.2 de las de Procedimiento

Civil, infra.
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      El 1ro de agosto de 2023 el foro primario le impuso al

codemandado Waste Collection una multa por incumplimiento con

la orden del 27 de junio. En respuesta, el 9 de agosto de 2023 la

Cooperativa de Seguros Múltiples presentó una moción y le aclaró

al foro primario que fueron ellos quienes cursaron el interrogatorio

al demandante.        También le informó al Tribunal que el

demandante había contestado el interrogatorio.

      El 16 de agosto el tribunal de instancia notificó la sanción

de $2,000 al demandante por incumplir la orden del 27 de junio

de 2023, luego de reconocer que al emitir la aludida orden incurrió

en un error al invertir al demandante por el codemandado.

      Ese mismo día, el demandante solicitó reconsideración y

explicó que entendía que las órdenes iban dirigidas a la parte

demandada y que no fue su intención incumplir. A su vez, incluyó

copia de los emplazamientos diligenciados.         Tras ello, el foro

primario redujo la sanción a $500, acto que aquí también se

cuestiona.

      Según trasciende de la orden del 27 de junio, la sanción fue

impuesta a tenor con la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, la cual

faculta al foro primario a imponer sanciones “por conducta

constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta

de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la

justicia”.    No obstante, luego de analizado expediente, no

encontramos que el demandante incurriera en la conducta

identificada en la Regla 44.2 de Procedimiento Civil que amerite

una sanción de tal magnitud.

      El     expediente   refleja   que   el   demandante   emplazó

oportunamente a las partes.           Aun cuando no incluyó el

emplazamiento diligenciado al foro primario, sí le notificó al
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Tribunal que los demandados fueron emplazados, cuando solicitó

que se le anotara la rebeldía.

      De otro lado, la orden del 27 de junio requería contestar el

descubrimiento de pruebas en treinta días. No obstante, la orden

estaba dirigida a la parte demandada y no al demandante, lo cual

razonablemente creó confusión a las partes. Por tanto, el foro

primario no debió penalizar a las partes por su error. Aun así, el

demandante no incumplió con la referida orden pues este contestó

el interrogatorio dentro del término de treinta días, según lo

aceptó la Cooperativa de Seguros Múltiples y lo aseveró el

demandante en la Moción informativa y de reconsideración.

      De manera que, no divisamos que el demandante incurriera

en conducta constitutiva de inacción, abandono, falta de diligencia

o incumplimiento con las órdenes del tribunal. Ante ello, el foro

primario debió reconsiderar y eliminar la sanción, la cual

consideramos excesiva.     Al no hacerlo, incidió el Tribunal de

Primera Instancia.

                                 IV.

      En consideración a lo anteriormente expresado, se expide el

auto solicitado y se revoca la Resolución recurrida. Dejamos sin

efecto la sanción de $500 impuesta al demandante.

      Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones