Court Opinion

ID: 9394836
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:14:14.702255+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.713212
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                            TRIBUNAL DE APELACIONES
                                       PANEL X

     LUIS E. PAGÁN RIVERA                                  Revisión procedente
                                                           de la Oficina de
              Recurrente                                   Clasificación del
                                                           Departamento de
                    V.                                     Corrección

       DEPARTAMENTO DE                     KLRA202300084
         CORRECCIÓN Y                                      Caso de ref. Núm.:
        REHABILITACIÓN                                     T4-17696

               Recurrido                                   Sobre:
                                                           Revisión
                                                           Administrativa
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente.

                                         SENTENCIA

           En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

            Comparece el señor Luis E. Pagán Rivera (el recurrente) y nos

solicita revisemos una determinación de la Oficina de Clasificación

de Confinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (OCC) notificada el 27 de enero

de 2023.1 En esta, la OCC se reiteró en su posición en cuanto a que

el recurrente             no    reúne los requisitos necesarios para ser

considerado para libertad bajo palabra y, por lo tanto, debía

permanecer en una institución de custodia mediana. Por los

fundamentos que abordaremos, consideramos que incurrió en error

la OCC al no tomar en consideración lo dispuesto por la Ley Núm.

85-2022, por lo que devolvemos el caso a dicha entidad para la

correspondiente evaluación sobre si procede o no la reclasificación

de custodia del peticionario.

1
    Véase apéndice de Revisión Administrativa, p. 13.

Número Identificador
SEN2023________________
KLRA202300084                                                               2

                                                 -I-

            El 12 de noviembre de 2012 el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan, sentenció al peticionario a cumplir

diferentes penas, a saber: 1 año y 9 meses de reclusión por

infracción al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54-1989; 10 años de reclusión

por infracción a la a la Tentativa al Art. 106 en segundo grado del

Código Penal de 2004; 20 años de reclusión por infracción al art.

5.04 de la Ley de Armas del 2000, los cuales, conforme a las

disposiciones del Ar. 7.03 de la referida Ley se duplicaron a 40 años;

10 años de reclusión por infracción al art. 5.15 de la Ley de Armas

del 2000, el cual se duplicó a 20 años; 10 años de reclusión por

infracción al art. 5.15 de la Ley de Armas del 2000, el cual se duplicó

a 20 años; y 90 días de reclusión por infracción al Art. 207 del

Código Penal de 2004. Lo anterior para un total de 91 años, 9 meses

y 90 días de reclusión.

           Así, y poco más de 10 años luego de que el peticionario fuera

sentenciado, el 27 de diciembre de 2022 el Comité de Clasificación

y Tratamiento (el Comité) determinó que, al amparo del Manual para

la Clasificación de Confinados #9151 del 22 de enero de 2022, este

debía permanecer en custodia mediana.2 También, destacó que la

reevaluación de custodia no necesariamente tiene como resultado

un cambio en la Clasificación de la Custodia de un miembro de la

comunidad correccional, pues su función primordial es supervisar

la adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier

situación pertinente que pueda surgir. Finalmente, concluyó que:

                  “Al evaluar el caso del confinado en referencia se toma
           en consideración que cuenta con una sentencia de 91 años 9
           meses 90 días de los cuales ha cumplido 11 años 8 días. La
           Escala de Reclasificación de Confinados lo ubica en un nivel
           de custodia Mediana por aplicar modificación no discrecional
           ya que le faltan más de 15 años antes de la fecha máxima de
           Libertad Bajo Palabra lo cual lo ubica en un nivel de Custodia
           Mediana. Cabe señalar que el confinado no ha sido objeto de
           informes de indisciplina o querellas administrativas durante
           su reclusión. Además, ha cumplido con su Plan Institucional

2
    Véase apéndice de Revisión Administrativa, pp. 1-7.
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           en cuanto a Tratamientos, Trabajo, Estudio y Conducta.”

           Ante la decisión del Comité, el 28 de diciembre de 2022, el

peticionario presentó su Recurso en Reconsideración por entender

que el mencionado ente erró al no reclasificar su custodia al nivel

menos restrictivo de custodia mínima.3 Arguyó, además, que no se

tomaron en cuenta los cambios incorporados por la Ley Núm. 85 del

11 de octubre de 2022, la cual dispone los nuevos términos para

acceder a la jurisdicción y evaluación de la Junta de Libertad Bajo

Palabra y que, en su caso, el referido estatuto le coloca fuera de la

modificación no discrecional de que aún debe de cumplir 15 años

para ser evaluado por esta. Por lo tanto, solicitó que su caso fuera

reevaluado y atemperado al referido estatuto.

           No obstante, lo anterior, el 11 de enero de 2023 la OCC

informó que no acogería la solicitud de reconsideración, pues el

mínimo de su sentencia sería el 19 de abril de 2049 y el máximo el

17 de mayo de 2083. Por lo tanto, destacó que al momento de la

evaluación el peticionario aún debía cumplir 26 años, 3 meses y 22

días para ser considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra y

que era necesario que permaneciera en custodia mediana hasta que

le restaran 15 años o menos para ser considerado a reclasificación

para custodia mínima. Destaca la OCC que, a modo de excepción,

un confinado que haya cumplido 10 años clasificado en custodia

mediana puede ser reclasificado a custodia mínima, pero que esto

no le aplicaría al peticionario ya que fue asignado el 28 de diciembre

de 2017 a custodia mediana y, consecuentemente, no cualifica para

la excepción. Finalmente, concluyó indicando que no ha recibido

instrucciones en cuanto a la aplicabilidad de la Ley Núm. 85-2022

ya que, a su entender, la misma se encuentra en contravención con

3
    Véase apéndice de Revisión Administrativa, pp. 11-13.
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otras leyes y reglamento que cobijan al ente administrativo y resolvió

que concurría con el Comité en cuanto a lo pertinente a la custodia.

         Inconforme, acude el peticionario ante este primer foro

apelativa y alega que la OCC incidió de la siguiente manera:

         Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y el CCT
         al realizar una evaluación y determinación sin tomar en
         consideración lo establecido en la Ley Núm. 85 de 2022, la
         cual entró en vigencia el 11 de octubre 2022.

         En cuanto a esto, destacó el peticionario que su evaluación

arrojó una puntuación de cero puntos, por lo cual su nivel de

custodia debía ser reducido de custodia mediana a custodia mínima.

También, arguyó que con la entrada en vigor de la Ley Núm. 85-

2022 y su disposición a los efectos de que la misma aplicaría

retroactivamente en todo aquello que favorezca a la persona

condenada, solo tenía que cumplir con una de sus convicciones de

20 años por infracción a la Ley de Armas de 2000 para acceder a la

jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra.4 Por lo tanto, y

amparándose a la sección primera de la Ley Núm. 85-2022, nos

solicita que revoquemos la determinación administrativa por

entender que la misma es contraria al referido estatuto.

         Por su parte, y en representación del Departamento de

Corrección y Rehabilitación, arguye la Oficina del Procurador

General que al momento de ser evaluado en diciembre de 2022, el

recurrente tenía que cumplir, como mínimo, hasta el 2049 para ser

elegible para la Junta de Liberta Bajo Palabra. No obstante, destaca

que a la luz de la Ley Núm. 85-2022, el nuevo término mínimo para

ser elegible a la Junta sería el cumplimiento del 75% de su sentencia

mayor. Es decir, resultaría elegible tras cumplir 30 años del término

de 40 años impuesto como resultado de su contravención al Art.

5.04 de la Ley de Armas de 2000. Ahora, trae a nuestra atención el

Procurador General que la Ley Núm. 85-2022 dispone que el mínimo

4
  En su comparecencia ante este foro, el peticionario obvia que la pena mayor por sus sentencias por
infracciones a la Ley de Armas de 2000 es de 40 años.
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para ser elegible a la Junta nunca debe exceder 15 años y que

cuando el peticionario fue evaluado le restaban menos de 15 años

para ser elegible a la Junta. Por lo tanto, nos solicita que devolvamos

la petición de reclasificación a la DCR para que la agencia

administrativa evalúe la procedencia de todo el conjunto de factores

y modificaciones a la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 85-

2022.

                                   -II-

                                   -A-

        Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. Oficina de Ética Gubernamental v.

Martínez Giraud, 2022 TSPR 93 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros,

206 DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202

DPR 117 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018);

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016); Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923 (2010). Es por ello, que, tales

determinaciones suponen una presunción de legalidad y corrección,

que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras la parte que

las impugne no presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.;

Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista,

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal

norma no es absoluta, por lo que nuestro Máximo Foro ha enfatizado

que no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia,    a las determinaciones administrativas que sean

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

        Por esa misma línea, en Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico,

196 DPR 606 (2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas
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básicas en torno al alcance de la revisión judicial de la forma

siguiente:

      Los tribunales deben deferencia a las decisiones de una
      agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: (1)
      la determinación administrativa no está basada en evidencia
      sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o
      interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
      encomendado administrar; (3) el organismo administrativo
      actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
      determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
      actuación administrativa lesionó derechos constitucionales
      fundamentales. Es importante destacar que si el tribunal no
      se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque
      exista más de una interpretación razonable de los hechos
      procede que se valide la interpretación que realizó la agencia
      administrativa recurrida.

      Del mismo modo, el criterio rector bajo el cual los tribunales

deben revisar las decisiones administrativas es el criterio de

razonabilidad. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud,

supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra; Graciani Rodríguez v.

Garaje Isla Verde, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Bajo

este criterio, se limita la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó

de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su

actuación constituya un abuso de discreción. Íd.; Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra; Rolón

Martínez v. Supte. Policía, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores,

supra. Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

estableció   el   marco    de   revisión   judicial   de   las   agencias

administrativas. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.               La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd; Oficina de Ética Gubernamental
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v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra;

Nobbe v. Jta. Directores, supra; Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec.

9675. Así, esta intervención debe ocurrir cuando la decisión

administrativa no se fundamente en evidencia sustancial o cuando

la agencia se equivoque en la aplicación de la ley. Rolón Martínez v.

Supte. Policía, supra. Por lo tanto, aquellas determinaciones de

hechos formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse

cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo considerado en su totalidad. Íd; Oficina

de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v.

AFI y otros, supra.

      Ahora bien, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, los tribunales deberán darles

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Esto, pues el

Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le deben los

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable

o   ilegalmente,      o   (3)   lesionó     derechos     constitucionales

fundamentales. Íd; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez

Giraud,    supra.     Finalmente,     destacamos       que    el    criterio

administrativo no podrá prevalecer en aquellas instancias donde la

interpretación estatutaria realizada por una agencia provoque un

resultado incompatible o contrario al propósito para el cual fue

aprobada la legislación y la política pública que promueve.              Lo

anterior ya que la deferencia judicial al expertise administrativo,

concedido cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder
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ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que

conduzcan a la comisión de una injusticia. Íd.

                                     -B-

      En cuanto al principio de favorabilidad, nuestro Tribunal

Supremo lo siguiente:

      En armonía con la doctrina continental europea, al derogar el
      Código Penal que regía desde el 1902, adoptamos en Puerto
      Rico el "principio de favorabilidad", que quedó consagrado en
      el Art. 4 del Código Penal de 1974, (33 L.P.R.A ant. sec. 3004).
      Pueblo v. González, 165 DPR 675, 684 (2005). Posteriormente,
      el Art. 9 del Código Penal de 2004, (33 LPRA ant. sec. 4637)
      introdujo una disposición de más amplio alcance en cuanto al
      principio de favorabilidad. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53
      (2015)

      Añadió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el precitado

caso, que, dicho principio se encuentra regulado actualmente por el

Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, el cual

dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

      La ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión
      de los hechos.

      La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la
      persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las
      siguientes normas:

      (a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta
      de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la
      sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna.

      (b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la
      sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la
      pena o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente.

      (c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la
      sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el
      Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el
      hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de
      estar recluida o en restricción de libertad.

      En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión
      judicial operarán de pleno derecho. Id.

      Conforme al principio de favorabilidad, procede la aplicación

retroactiva de una ley penal cuando favorece a la persona imputada

de delito. Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 (2012). A esos

fines, comenta el Prof. Luis Ernesto Chiesa Aponte que ese principio

tiene como propósito evitar la aplicación arbitraria e irracional de la

ley penal, ya que el principio republicano de gobierno exige la
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racionalidad de la acción del estado y esta es afectada cuando, por

la mera circunstancia de que un individuo haya cometido el mismo

hecho con anterioridad a otro, se le trate más rigurosamente. L.E.

Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, 2da ed., San Juan, Pus.

JTS, 2013, pág. 59, citando a E. R. Zaffaroni, Derecho Penal, Parte

general, 2da ed., Buenos Aires, Ed., Ediar, 2002, pág. 122. Id., págs.

59-60.

      No obstante, a diferencia de la prohibición constitucional de

leyes ex post facto que contiene el Art. II, Sec. 12 de la Constitución

de Puerto Rico, LPRA Tomo 1, el principio de favorabilidad

corresponde a un acto de gracia legislativa, cuyo origen es

puramente estatutario. Pueblo v. González, supra. De esa manera,

le corresponde a la Asamblea Legislativa establecer y delimitar el

rango de aplicación del principio de favorabilidad. Id.

      Por otra parte, la Prof. Dora Nevares-Muñiz comenta que el

principio de favorabilidad incluido en el Art. 4 del Código Penal de

2012, supra, aplicará a conducta delictiva realizada a partir del 1

de septiembre de 2012 cuando se apruebe una ley que sea más

favorable que el Código Penal según vigente al momento de

aprobación de la ley posterior con respecto a la situación de la

persona. D. Nevares-Muñiz, Derecho penal puertorriqueño, 7ma ed.

rev., San Juan, Inst. para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág.

102. Adicionalmente, y conforme al texto del Art. 4 del Código Penal

vigente, supra, la ley favorable puede surgir mientras se está

procesando al imputado, al momento de imponerle la sentencia o

durante el término en que se cumple. Art. 4 del Código Penal, supra;

L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op cit., pág. 66.

Asimismo, los cambios que se aplicarán retroactivamente pueden

ser en cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, las causas

de exclusión de responsabilidad, los requisitos de prueba, las

penas, así como disposiciones procesales. D. Nevares-Muñiz,
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Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed. rev., San Juan, Inst. para el

Desarrollo del Derecho, 2015, pág. 10. Id.

        Dicho de otro modo, lo que el mencionado postulado nos

indica es que, si una ley penal, cuyos efectos resultan en un

tratamiento más favorable para una persona acusada, se aprueba

con posterioridad a la comisión de los hechos delictivos, esta se debe

aplicar retroactivamente, de modo que la persona acusada disfrute

de sus beneficios. Pueblo v. DiCristina Rexach, 204 DPR 779 (2020).

        Ahora bien, y al igual que el derecho penal norteamericano,

nuestro derecho estatutario también contempla cláusulas de

reserva generales que aseguran la aplicación de leyes que han sido

derogadas o enmendadas a aquellos hechos ocurridos durante el

período en que las mismas estuvieron formalmente vigentes. Pueblo

v. González, supra.5 Así, mediante la incorporación de las cláusulas

de reserva en los códigos penales se ha advertido la intención del

legislador de imponer limitaciones al principio de favorabilidad.

Pueblo v. González, supra, págs. 698-699; D. Nevares-Muñiz,

Derecho Penal Puertorriqueño, op cit., pág. 102. Por consiguiente, es

razonable concluir que, en nuestra jurisdicción, la aprobación de

cláusulas de reserva opera como una limitación al principio de

favorabilidad; principio que, al carecer de rango constitucional, está

dentro de la prerrogativa absoluta del legislador. Pueblo v. González,

supra. Finalmente, destacamos que en Pueblo v. Negrón Rivera, 183

DPR 271 (2011), el Tribunal Supremo aclaró que la cláusula de

reserva que contiene el Art. 303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA

sec. 5412, no tiene el alcance de impedir que aplique en este caso

el principio de favorabilidad. Dicha cláusula de reserva lo que

prohíbe es que se utilicen las disposiciones del Código Penal de

5 El Código Penal de Puerto Rico de 2012 contempla la cláusula de reserva en el Artículo
303. El derogado Código Penal de 2004 también contemplaba la referida cláusula de
reserva, en el Artículo 308.
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2012 para juzgar la conducta cometida mientras estuvo vigente el

Código Penal de 2004.

        Por su parte, el Artículo 303 del vigente Código Penal de

20126, según enmendado, dispone lo relacionado a la aplicación de

este Código en el tiempo. Específicamente, dicho artículo dispone,

lo siguiente:

        La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este
        Código en violación a las disposiciones del Código Penal aquí
        derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal se
        regirá por las leyes vigentes al momento del hecho. (Énfasis
        nuestro).

        Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse el
        encausamiento, las acciones en trámite deberán sobreseerse,
        y las sentencias condenatorias deberán declararse nulas y
        liberar a la persona. Sólo se entenderá que un delito ha sido
        suprimido cuando la conducta imputada no constituiría delito
        alguno bajo este Código. El hecho de que se le cambie el
        nombre o denominación a un delito, o que se modifique la
        tipificación del mismo no constituirá la supresión de tal delito.

                                           -C-

        En lo pertinente al caso de autos, dispone el Art. 5.04 de la

Ley de Armas de Puerto Rico de 2000, Ley Núm. 404-2000, que:

        Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte
        de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier
        arma de fuego sin tener su correspondiente permiso para
        portar armas, incurrirá en delito grave y convicta que fuere,
        será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de
        diez (10) años, sin derecho a sentencia suspendida, a salir en
        libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún
        programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión
        reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años
        naturales la totalidad de la pena impuesta. De mediar
        circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser
        aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar
        circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un
        mínimo de cinco (5) años.

        No obstante, cuando se trate de una persona que (i) esté
        transportando o portando un arma de fuego que está
        registrada a su nombre, (ii) tenga una licencia de armas o
        permiso para portar armas expedido a su nombre que está
        vencido o expirado, (iii) no se le impute la comisión de
        cualquier delito grave que implique el uso de violencia, (iv) no
        se le impute la comisión de un delito menos grave que implique
        el uso de violencia, y (v) el arma de fuego transportada o
        portada no esté alterada ni mutilada, dicha persona incurrirá
        en un delito menos grave y, a discreción del Tribunal, será

6Este artículo mantiene el mismo texto del primer párrafo y la última oración del Artículo
308 del Código de 2004. Se eliminó el texto que disponía que, “si este Código suprime algún
delito no deberá iniciarse el encausamiento, las acciones en trámite deberán sobreseerse,
y las sentencias condenatorias deberán declararse nulas y liberar a la persona”. Dora
Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 2012, Instituto para el Desarrollo del
Derecho, Inc., págs. 428-429.
KLRA202300084                                                           12

      sancionada con una pena de cárcel que no excederá de seis
      (6) meses o una multa de cinco mil dólares ($5,000.00).

      Asimismo, el Art. 5.15 del antes referido estatuto dispone que:

              (A) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo
       en casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones
       en el desempeño de funciones oficiales o de actividades
       legítimas de deportes, incluida la caza, o del ejercicio de la
       práctica de tiro en un club de tiro autorizado:

              (1) voluntariamente dispare cualquier arma en un
       sitio público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause
       daño a persona alguna, o

              (2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte
       hacia alguna persona con un arma, aunque no le cause
       daño a persona alguna. La pena de reclusión por la
       comisión de los delitos descritos en los incisos (1) y (2)
       anteriores, será por un término fijo de cinco (5) años.

              De mediar circunstancias agravantes, la pena
       establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez
       (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser
       reducida hasta un mínimo de un (1) año.

              Disponiéndose que, aquella persona que cometa el
       delito descrito en el inciso (1) anterior, utilizando un arma
       de fuego y convicto que fuere, no tendrá derecho a
       sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a
       disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío,
       bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida en
       esta jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la
       totalidad de la pena impuesta.

              Del mismo modo, cuando una persona cometa el
       delito descrito en el inciso (2) anterior, utilizando un arma
       de fuego, mediando malicia y convicto que fuere, no tendrá
       derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo
       palabra o a disfrutar de los beneficios de algún programa
       de desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión
       reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años
       naturales la totalidad de la pena impuesta.

      Finalmente, y en lo aquí pertinente, dispone el Art. 7.03 de

esta ley que:

      Todas las penas de reclusión que se impongan bajo esta Ley
      serán     cumplidas      consecutivamente      entre     sí   y
      consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley.
      Además, si la persona hubiere sido convicta anteriormente por
      cualquier violación a esta Ley o por cualquiera de los delitos
      especificados en el Artículo 2.11 de esta Ley o usare un arma
      en la comisión de cualquier delito y como resultado de tal
      violación alguna persona sufriera daño físico o mental, la pena
      establecida para el delito se duplicará. Toda violación a esta
      Ley en una zona escolar o universitaria según definida en el
      Artículo 1.02, conllevará el doble de la pena establecida.

                                    -D-

      En su exposición de motivos, la Ley Núm. 85-2022, dispone

que la misma fue promulgada para cumplir con la política pública
KLRA202300084                                                               13

constitucional de la rehabilitación que debe traducirse en un

andamiaje penal más humano en la implementación de las penas,

pero sin obviar la responsabilidad de la persona ante el gobierno por

sus acciones delictivas. Esencialmente, el referido estatuto enmendó

el artículo 308 la Ley Núm. 146-2012, conocido como el Código

Penal de Puerto Rico, y el artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de

julio de 1974, conocida como la Ley de la Junta de Libertad Bajo

Palabra.

       En ese sentido, el Art. 308 del Código Penal vigente dispone

que:

       Toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código
       podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta
       de Libertad Bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco por
       ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Este cómputo
       nunca excederá de quince (15) años cuando se trate de un
       adulto o de cinco (5) años cuando se trate de un menor
       sentenciado y procesado como adulto en delitos para los
       cuales al realizarse el cómputo jurisdiccional para cualificar
       ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra
       este sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija
       señalada en el tipo de cincuenta (50) años.
       En delitos graves cuyo término de reclusión señalada en el
       tipo sea de cincuenta (50) años, la persona podrá ser
       considerada para libertad bajo palabra por la Junta de
       Libertad Bajo Palabra al cumplir quince (15) años de su
       sentencia o cinco (5) años si se trata de un menor de edad
       procesado y sentenciado como adulto.
       En caso de la persona convicta de asesinato en primer grado,
       un delito cuya pena sea de noventa y nueve (99) años o
       reincidencia habitual la persona podrá ser considerada para
       libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra,
       al cumplir veinticinco (25) años de su sentencia, o diez (10)
       años, si se trata de un menor de edad procesado y
       sentenciado como adulto. Las personas convictas al amparo
       del inciso (c) del Artículo 93 estarán excluidas del privilegio de
       libertad bajo palabra.
       En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al
       acusado culpable por más de un delito y se le imponga una
       sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, la persona
       convicta tendrá derecho a cualificar para libertad bajo palabra
       al cumplir con el término concerniente a la pena mayor
       recibida por alguno de los delitos cometidos. Cuando más de
       uno de los delitos cometidos conlleve la misma pena, la
       persona convicta cualificará para el beneficio de libertad bajo
       palabra con el mero hecho de haber cumplido con el término
       de una de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de
       aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud de la
       cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial.
KLRA202300084                                                           14

      Por otro lado, el acápite (6) del inciso (a) del Art. 3 de la Ley de

la Junta de Libertad bajo palabra fue enmendado para que

dispusiera:

      Podrá así mismo decretar la libertad bajo palabra de cualquier
      persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de
      Puerto Rico que haya sido convicta conforme a las
      disposiciones de la Ley 146-2012, conocida como “Código
      Penal de Puerto Rico de 2012” al cumplir el setenta y cinco por
      ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Este cómputo
      nunca excederá de quince (15) años cuando se trate de un
      adulto o de cinco (5) años cuando se trate de un menor
      sentenciado y procesado como adulto en delitos para los
      cuales al realizarse el cómputo jurisdiccional para cualificar
      ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra
      este sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija
      señalada en el tipo de cincuenta (50) años.
      …
      La Junta podrá considerar para la libertad bajo palabra a
      aquellas personas que hayan utilizado o intentado utilizar un
      arma de fuego ilegal en la comisión de un delito grave o su
      tentativa, según definido en la Ley 146-2012, según
      enmendada. La Junta podrá conceder el beneficio cuando se
      ha determinado reincidencia habitual por delitos no violentos
      al cumplir veinticinco (25) años de su sentencia de reclusión,
      pero no podrá conceder el beneficio cuando la persona haya
      resultado convicta por delitos de agresión sexual o pornografía
      infantil en cualquiera de sus modalidades, según definidos en
      la Ley 146-2012, según enmendada. Antes de conceder el
      beneficio, la Junta considerará todas las disposiciones
      contenidas en el Artículo 3-B de esta Ley y lo que contemplan
      en la Ley 22-1988, mejor conocida como la Ley de la “Carta
      de Derechos de Víctimas y Testigos de Delito”, según
      enmendada, para garantizarle a las víctimas todos los
      derechos.
      […]

      Adicionalmente, dispone la Sección 3 de la Ley Núm. 85-2022

que   la      referida   ley     aplicará     de   manera      retroactiva,

independientemente del Código Penal o Ley Penal Especial vigente

al momento de los hechos delictivos, siempre y cuando resulte

favorable para la persona condenada. También, dispone que las

cláusulas de prohibiciones absolutas de libertad bajo palabra en los

delitos de leyes penales especiales no serán aplicables al caso de

menores       juzgados   y     sentenciados    como    adultos     cuando

contravengan lo aquí establecido. Por último, la Sección 4 del

referido estatuto establece que las disposiciones de la referida Ley

prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no

estuviera en armonía con lo establecido por el mismo.
KLRA202300084                                                       15

                                 -III-

      El asunto planteado ante nuestra consideración nos requiere

a resolver si un miembro de la comunidad correccional cuya

convicción fue producto de infracciones tanto al Código Penal de

2004 como a la Ley de Armas de 2000 puede aprovecharse de las

enmiendas a la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Ley Núm.

118-1974, que surgieron como resultado de la aprobación de la Ley

Núm. 85-2022. Luego de un minucioso análisis del expediente ante

nuestra consideración y del derecho aplicable, resolvemos en la

afirmativa.

      Al evaluar el Código Penal de 2012, notamos que el mismo

cuenta con una cláusula de reserva en su Art. 303, supra. En

esencia, este artículo dispone que la conducta realizada con

anterioridad a la vigencia del Código Penal de 2012 será evaluada

conforme a las disposiciones del Código Penal de 2004 y de

cualesquiera otras leyes penales especiales vigentes al momento de

los hechos. Similarmente, al evaluar el Art. 7.25 de la Ley de Armas

de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA secc. 467l, notamos que este

dispone que la conducta realizada con anterioridad a la vigencia de

dicha Ley se regirá y juzgará conforme a las disposiciones de la Ley

de Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000. Ahora bien, el referido

artículo hace hincapié en que todas las penas de reclusión que

surjan como resultado de ambas leyes penales especiales pueden

ser consideradas para la libertad bajo palabra por la Junta de

Libertad Bajo Palabra al cumplir 75% del término de reclusión

impuesto. Por lo tanto, aunque la Ley de Armas de 2000 seguiría

vigente en cuanto a la conducta proscrita, la misma no surtiría

efecto alguno en las disposiciones relativas a la imposibilidad de que

los convictos al amparo de sus diferentes artículos estén impedidos

de cualificar para el beneficio de quedar en libertad bajo palabra.
KLRA202300084                                                                                   16

Finalmente, al anterior análisis hay que añadirle las disposiciones

de la Ley Núm. 85-2022, la cual aplican de manera retroactiva.

         Con lo anterior presente, es forzoso concluir que las

disposiciones de la Ley Núm. 85-2022 enmendaron aquellas

contenidas en la Ley de Armas de 2000 que le impedían a los

convictos por las disposiciones de esta Ley ingresar a la jurisdicción

de la Junta de Libertad Bajo Palabra.7

         Así las cosas, tenemos que en su comparecencia, la Oficina

del Procurador General también concluyó que las disposiciones de

la Ley Núm. 85-2022 le aplican a la pena del peticionario y nos

solicita que devolvamos el caso ante nuestra consideración a la

OCC. Según se desprende de los anejos a las comparecencias de las

partes, el personal del mencionado foro administrativo alegó no

haber recibido directriz específica en cuanto a cómo incorporar las

disposiciones de la Ley Núm. 85-2022, pues, según se consignó en

la documentación del trámite administrativo, la misma es contraria

a múltiples leyes que inciden en sus actuaciones. Sin embargo,

precisamente, esa fue la intención legislativa al aprobar dicha ley.

Es decir, en la exposición de motivos del estatuto, el legislador

reconoce que ciertos delitos conllevan sanciones consecutivas cuya

sumatoria llega a acumular cientos de años de cárcel. Lo anterior,

en algunos casos, sin la posibilidad de libertad bajo palabra. Por lo

tanto, la Ley Núm. 85-2022 se aprobó para establecer una manera

justa, retributiva y rehabilitadora que le permite a aquella persona

7
  Reconocemos que la redacción de la sección tercera de la Ley Núm. 85-2022 puede inducir a la
conclusión de que las cláusulas de prohibiciones absolutas de libertad bajo palabra bajo leyes
especiales anteriores permanecerían intactas, excepto en los casos de menores juzgados y
sentenciados como adultos. No obstante, al analizar la sección cuarta de esta ley y la exposición de
motivos de la misma, concluimos que la salvedad hecha por el legislador tuvo el propósito de ubicar
nuestra jurisdicción en la misma posición que la federal. Véase lo resuelto por el Tribunal Supremo
de los EE. UU. en los casos de Roper v. Simmons, 543 US 551 (2005), Graham v. Florida, 560 US
48 (2010), Miller v. Alabama, 567 US 460 (2012) y Montgomery v. Louisiana, 136 S. Ct. 718 (2016).
En síntesis, se ha creado una diferencia entre los menores y los adultos, pues los primeros tienen
una culpabilidad atenuada inherente a su desarrollo neuropsicológico, por lo que el máximo foro
federal ha establecido que imposibilitar alguien que comete actos delictivos durante su minoría de
edad es contrario a la prohibición contra castigos crueles e inusitados dispuesta en la Octava
Enmienda de la Constitución Federal. Véase además la opinión disidente del Hon. Estrella Martínez
en Pueblo v. Chevalier, 199 DPR 735 (2018).
KLRA202300084                                                      17

convicta por diferentes delitos ser considerada para libertad bajo

palabra al cumplir con la sentencia más onerosa relacionada

directamente con algunos de los delitos por los cuales fue

encontrado culpable.

      Así las cosas, en cuanto al peticionario, resolvemos que le

asiste la razón en cuanto a que es beneficiario de las disposiciones

de la Ley Núm. 85-2022, pero, considerada la documentación que

obra en el expediente, este debe cumplir la pena de 40 años

impuesta por infringir el Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000. Ello,

debido a que la Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022 enmendó el Art.

308 del Código Penal de 2012 a los efectos de que cuando una

persona sea hallada culpable por más de un delito y se le imponga

una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, esta tendrá

derecho a cualificar para libertad bajo palabra al cumplir con el

término concerniente a la pena mayor recibida por alguno de los

delitos cometidos. Lo anterior independientemente a que la ley en

virtud de la cual la persona haya sido convicta sea el Código Penal

de 2012 o una ley penal especial.

      A la luz de lo antes esbozado, concluimos que la OCC cometió

el error imputado por no tomar en consideración lo dispuesto por la

Ley Núm. 85-2022. Adicionalmente, y en atención a la solicitud del

Procurador General a los efectos de que devolviéramos el caso a la

OCC para la correspondiente evaluación sobre si procede o no la

reclasificación de custodia del peticionario, así lo ordenamos para

que se proceda en dicho foro conforme a lo aquí resuelto,

considerando, además, el resto de las normativas estatutarias y

reglamentarias aplicables.

                                -IV-

      Por   los   fundamentos    que    anteceden,   revocamos     la

determinación administrativa impugnada y se ordena la devolución

del asunto al CCT del DRC para su oportuna evaluación.
KLRA202300084                                                      18

     Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones