Court Opinion

ID: 9896822
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:22:30.561392+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:17.526207
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

DALLER DEL CASTILLO                               CERTIORARI
     TRELLES                                      procedente del
                                                  Tribunal de Primera
       Peticionario              KLCE202301162    Instancia, Sala de
                                                  Guaynabo
              v.
                                                  Civil núm.:
     ALTERNATIVE                                  GB2023CV00789
    EXTERMINATING
    COMEJÉN CORP.                                 Sobre: Reclamación
                                                  Laboral
        Recurrida                                 (Procedimiento
                                                  Sumario)

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Daller Del

Castillo Trelles (el señor Castillo Trelles o el peticionario) mediante

el recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que revisemos y

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Guaynabo (el TPI), el 10 de octubre de 2023,

notificada ese mismo día. En el referido dictamen, el foro primario

aceptó la contestación a la demanda “con reconocimiento de una

prórroga de dos días” y denegó la anotación de la rebeldía al patrono

querellado, Alternative Exterminating Comején Corp. (AEC o el

recurrido).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el recurso de certiorari y modificamos el dictamen

recurrido.

                                    I.

      El 9 de septiembre de 2023, el peticionario presentó una

Querella contra su patrono AEC por alegada violación a la Ley núm.

Número Identificador
SEN2023_______________________
KLCE202301162                                                                   2

379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 LPRA sec. 283,

et seq. En esencia, adujo que AEC le hizo trabajar durante su

periodo de tomar alimentos y todos los sábados, por espacio de tres

(3) años, sin recibir el pago de horas extras extraordinarias. También

peticionó el pago costeado por él en el lavado del vehículo asignado

por AEC. En total solicitó una compensación de $43,640, más

$10,910 por concepto de honorarios de abogado. Además, la

querella fue instada bajo el procedimiento especial de carácter

sumario establecido en la Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961,

según enmendada, Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones

Laborales, 32 LPRA sec. 3118, et seq., (Ley núm. 2).

        El    14    de     septiembre         siguiente,   fue   diligenciado   el

emplazamiento de AEC mediante entrega personal al Sr. Omar

Román Collazo.1 El 20 de septiembre, compareció la Lcda. Maritza

Torres Román mediante una moción intitulada Moción asumiendo

representación legal y en solicitud de prórroga. En esta, peticionó un

término de treinta (30) días “para poder evaluar el expediente,

consultar el caso con nuestro representado y poder presentar la

Contestación a la Demanda”.2

        El 26 de septiembre de 2023, el señor Castillo Trelles presentó

una moción en la que argumentó que el término para contestar la

demanda había expirado por lo que el tribunal no tenía jurisdicción

para conceder la prórroga, y procedía dictar sentencia concediendo

el remedio solicitado en la querella. A su vez, instó un Memorando

de Costas.

        Al día siguiente, AEC presentó su oposición a lo solicitado.

Arguyó que la Ley núm. 2 no puede ser interpretada ni aplicada en

el vacío y que en el presente caso se hacen alegaciones de más de

cinco (5) años, por lo que las hojas de asistencia semanales pueden

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 5.
2 Íd., a la pág. 6. Énfasis en el original.
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llegar a 260. Igualmente indicó que “[d]e las propias alegaciones de

la parte querellante no [surge] que … tenga un derecho, no se dan

fechas ciertas, ni horas todo son aproximaciones.”3 Asimismo, en el

referido escrito solicitó la conversión del caso a uno ordinario.

Además, instó la contestación a querella.

        El 10 de octubre de 2023, el TPI dictó la Resolución recurrida

en la cual consignó:4

           …
               La parte querellante es del criterio que la parte
           querellada tenía hasta el 26 de septiembre de 2023,
           para presentar contestación a la querella. Ahora bien,
           no podemos hacer abstracción que estamos ante una
           parte querellada que presentó una solicitud de prórroga
           oportuna, al sexto día del diligenciamiento del
           emplazamiento, refrendada por abogada. Luego
           presentó la contestación a la querella el 27 de
           septiembre de 2023, es decir, uno o dos días en exceso
           del término estatutario original. [Nota al calce
           omitida]. Difícilmente puede catalogarse una prórroga
           tan exigua de irrazonable.
               Si bien la solicitud de prórroga no contiene
           juramento, está suscrita por la representación legal de
           la parte querellada. Adviértase la trascendencia de la
           firma de una abogada en un escrito, en virtud de la
           regla 9.1 de procedimiento civil.
               A su vez, prudente armonizar con las pautas
           doctrinales que favorecen que los asuntos se diluciden
           en sus méritos, con reserva de la anotación de rebeldía
           para casos límites. El sitial del procedimiento sumario
           no se menoscaba o soslaya por la presentación de una
           contestación a la querella a trece días del
           emplazamiento, máxime cuando media una solicitud de
           prórroga oportuna y no caprichosa, dentro del plazo
           original.
               En torno a la solicitud de conversión al
           procedimiento ordinario, reconocemos que la querella
           abarca un período de tres años, dentro de un espacio
           de cinco años, con reclamos semanales de partidas por
           cuatro conceptos diferentes. Ello podría ameritar un
           descubrimiento de prueba razonable adicional, en aras
           del debido proceso de ley. Berríos Heredia v. González,
           151 DPR 327 (2000). Sin embargo, no está presente un
           escenario de prueba pericial, médica o de complejidad
           extraordinaria que justifique el desvío de las virtudes
           del procedimiento sumario. Vizcarrondo Morales v.
           MVM, Inc., 174 DPR 921, 932 (2008).
               Cónsono con lo anterior, se acepta la contestación
           a la querella, con reconocimiento de una prórroga
           de dos días, se provee no ha lugar a la solicitud de
           anotación de rebeldía promovida por la parte
           querellante y no ha lugar a la solicitud de conversión
           del procedimiento a ordinario instada por la parte
           querellada.
               Se concede a las partes plazo de noventa días para
           culminar el descubrimiento de prueba. Se señala

3 Íd., a la pág. 14, Alegación 7.
4 Íd., a las págs. 23 y 24.
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         conferencia con antelación a juicio el 13 de febrero de
         2024, a las 10:00 a.m., por videoconferencia. Deben
         presentar el informe correspondiente el viernes previo a
         la vista.

      Inconforme, el peticionario acudió ante este foro intermedio

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe imputándole al foro

primario como único error el siguiente:

         ERRÓ EL TPI AL ACEPTAR LA CONTESTACIÓN
         TARDÍA A LA QUERELLA PRESENTADA POR EL
         PATRONO EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE NO TENÍA
         JURISDICCIÓN NI DISCRECIÓN PARA ELLO Y EN QUE
         ES MANDATORIO DE ACUERDO AL LENGUAJE
         EXPRESO DE LA LEY 2 ANOTAR LA REBELDÍA AL
         PATRONO Y DICTAR SENTENCIA FINAL A FAVOR DEL
         EMPLEADO QUERELLANTE CONCEDIENDO EL
         REMEDIO SOLICITADO.

      Examinado el recurso presentado, determinamos prescindir

del escrito en oposición. Regla 7 del Reglamento de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-A, (R. 7).

      Así, analizados el recurso y el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                   II.

      Todo recurso de certiorari presentado ante este tribunal

intermedio debe ser examinado primeramente al palio de la Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Esta

regla establece que el recurso de certiorari para revisar resoluciones

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.
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      Por otro lado, aun cuando estén presentes los requisitos de la

Regla 52, supra, la expedición de un auto de certiorari debe

evaluarse también a la luz de los criterios enumerados por la Regla

40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). La precitada regla

exige que, como foro apelativo, evaluemos si alguna de las

circunstancias enumeradas en dicha regla se encuentra presente en

la petición. De estar alguna, podemos ejercer nuestra discreción e

intervenir con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos

impedidos de expedir el auto y; por tanto, deberá prevalecer la

determinación del foro recurrido. Además, la norma vigente es que

un tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal de primera

instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso

abuso de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de

la ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).

      De otra parte, al       tratarse el presente pleito de un

procedimiento especial, al amparo de la Ley núm. 2, supra, es

preciso remitirnos a lo expuesto en dicha ley y la jurisprudencia

interpretativa. El alcance de dicha ley se ha extendido a procesos

judiciales relacionados con reclamaciones por: “(1) cualesquiera

derechos o beneficios laborales; (2) cualesquiera sumas en concepto

de compensación por trabajo o labor realizado; (3) cualesquiera

compensaciones en caso de que dicho obrero o empleado hubiese

sido despedido de su empleo sin justa causa, o (4) cuando el

Legislador lo haya dispuesto expresamente al aprobar otras leyes

protectoras de los trabajadores”. Rivera v. Insular Wire Products

Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).

      En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza

sumaria de este procedimiento responde a la política pública de

“abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos oneroso

posible para el obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147
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DPR 483, 492 (1999). Por ello, solo se ha permitido que este tribunal

revise     resoluciones         interlocutorias   provenientes        de   un

procedimiento sumario al amparo de la referida ley cuando dicha

resolución sea dictada sin jurisdicción, de forma ultra vires o en

casos extremos, en los cuales los fines de la justicia requieran la

intervención de este tribunal. Íd., a la pág. 498. Nuestro Tribunal

Supremo ha sido enfático respecto a este punto en diversas

ocasiones. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723

(2016); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 (2006);

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171 (2001). La razón

de ser de esta norma general de abstención es evitar dilaciones que

normalmente las revisiones de determinaciones interlocutorias

conllevan, lo que precisamente derrotaría el fin perseguido por el

procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc.,

supra, a la pág. 498.

         De igual manera, nuestro alto foro fue contundente en

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a las págs. 925-926, al

expresar sobre “si un tribunal tiene discreción para negarse a

anotarle la rebeldía a un patrono que no contestó una querella

laboral en el término correspondiente ni presentó una solicitud de

prórroga juramentada a esos efectos, …” conforme dispone la Ley

núm. 2. Así claramente, contestó en la negativa y citamos:

              Con el propósito de terminar con la incertidumbre,
           tanto en los tribunales de instancia como en el Tribunal
           de Apelaciones, sobre la correcta aplicación de la Ley
           Núm. 2, supra, resolvemos que, según este estatuto,
           un tribunal no tiene discreción para negarse a
           anotar la rebeldía en las circunstancias descritas.
           No obstante, luego de anotar la rebeldía, el tribunal
           debe celebrar las vistas que sean necesarias para
           que el querellante sustente sus alegaciones y pruebe
           los daños reclamados. Dichas vistas deberán
           realizarse según las normas que rigen los
           procedimientos en rebeldía. (Énfasis y subrayado
           nuestros). 5

5 Íd., a las págs. 925 y 926.
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      De esta manera, se reiteró que el “lenguaje de la ley no es

discrecional”. Íd., a la pág. 935. Así como norma general, una vez se

extingue el término para contestar la querella “el tribunal está

impedido de tomar cualquier otra determinación que no sea anotarle

la rebeldía al querellado. A ello queda limitada la jurisdicción del

tribunal, según establecido por la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra”. Íd.

      Valga aclarar a su vez que, “el hecho de que se haya anotado

la rebeldía no es garantía per se de una sentencia a favor del

querellante. Como es sabido, al dictarse una sentencia en rebeldía

las alegaciones concluyentes, las conclusiones de derecho y los

hechos alegados de forma generalizada no son suficientes para

sostener una adjudicación a favor del demandante o querellante.

[…] Por tanto, el tribunal debe celebrar las vistas que sean

necesarias y adecuadas para tomar una determinación al respecto”.

[citas omitidas]. Íd., a la pág. 937.

                                    III.

      Cual surge de los autos ante nuestra consideración, el

peticionario recurre de la denegatoria de su solicitud para que se le

anotara la rebeldía a su patrono, el recurrido. Además, para que,

anotada    dicha   rebeldía,   se    procediera   a   dictar   sentencia

concediendo lo reclamado al amparo de la Ley núm. 139-1968.

      En primer lugar, opinamos que los hechos procesales del

presente caso, así como la jurisprudencia interpretativa de la Ley

núm. 2, justifica, por excepción, nuestra intervención en la

controversia. Sin duda, esperar a la apelación constituiría un

fracaso irremediable de la justicia. Además, analizada la misma bajo

el crisol de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, procede

nuestra intervención por ser el dictamen uno contrario a derecho.

      En el caso de autos, es un hecho incontrovertido que el

recurrido falló en presentar su contestación a la querella en el

término de diez (10) días, según advertía el emplazamiento
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debidamente diligenciado. Sin bien solicitó de manera oportuna una

prórroga, la misma no le fue concedida por el foro a quo antes de

que expirara dicho término.6 El hecho de que el tribunal recurrido

no hubiese actuado resolviendo la moción de prórroga presentada

por AEC, no le relevaba de la obligación de radicar su contestación

dentro del término legal dispuesto en la Ley núm. 2. Por tanto, era

su responsabilidad presentar la contestación en tiempo, a saber, el

25 de septiembre de 2023.7

       De otra parte, conforme surge del derecho antes consignado,

presentada la solicitud de anotación de rebeldía el 26 de septiembre

de 2023, el tribunal carecía de discreción alguna para denegar

su anotación. Inclusive, el tribunal carecía de jurisdicción para

otorgar la prórroga solicitada dado que el término para contestar

la querella había vencido. Asimismo, en el presente caso no existen

circunstancias extraordinarias que justifiquen una aplicación más

flexible del estatuto. Por ende, solo procedía anotar la rebeldía al

recurrido y examinar las alegaciones de la querella.

       Respecto a este punto, razonamos que de una lectura de las

alegaciones de la querella surge claramente que estas son

generalizadas y no son suficientes para sostener una adjudicación

a favor del señor Castillo Trelles. Realmente estas representan un

ejercicio meramente matemático. Como indicamos, el hecho de que

se haya anotado la rebeldía no es garantía de que proceda dictar la

sentencia a favor del querellante. Ante alegaciones como las del

presente caso, entendemos que corresponde la celebración de las

vistas que sean necesarias y adecuadas para tomar una

determinación al respecto.

6 Por otro lado, es menester señalar que la referida moción no fue debidamente

juramentada ni fundamentada.
7 El término de diez (10) días vencía el 24 de septiembre que, por ser domingo, se

prorrogaba hasta el lunes 25. Regla 68 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
V, R. 68.
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      En resumen, el TPI carecía de jurisdicción para aceptar la

contestación a la querella presentada tardíamente por lo que

procede la anotación de la rebeldía al recurrido. Por otra parte, se

mantiene el plazo de noventa (90) días concedido para culminar el

descubrimiento de prueba. Sin embargo, dado que el presente pleito

es uno sumario,8 en el señalamiento del 13 de febrero de 2024, se

deberá celebrar el juicio en rebeldía.

      En consecuencia, el error en derecho fue cometido por lo que

nos vemos obligados a intervenir, expedir el auto discrecional de

certiorari y modificar la Resolución del tribunal primario.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso

de certiorari de epígrafe y modificamos el dictamen recurrido para

que el TPI le anote la rebeldía al recurrido y proceda a celebrar las

vistas que sean necesarias y adecuadas para adjudicar las

reclamaciones, esto de conformidad a lo antes resuelto.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones

8 Advertimos que el peticionario no impugnó ante este foro apelativo la
determinación del TPI de negarse a convertir el caso a uno ordinario.