Court Opinion

ID: 9374136
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:26.494816+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.064168
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VII

                                                     CERTIORARI
 JOSÉ A. LOZADA RAMOS                                procedente del Tribunal
                                                     de Primera Instancia
       PETICIONARIO                                  Sala de Humacao

               V.                                    Caso Núm.
                                KLCE202300027        HSCI202200211
    SUPERINTENDENTE
       COMPLEJO
     CORRECCIONAL
      BAYAMÓN 705                                    Sobre:
                                                     Habeas Corpus
         RECURRIDO

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

       José A. Lozada Ramos (señor Lozada o peticionario) presentó un

Recurso [de] Certiorari Criminal en el que solicita que revoquemos la

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao (TPI), el 14 de diciembre de 2022. Mediante el aludido dictamen

el tribunal a quo declaró No Ha Lugar la expedición del auto de habeas

corpus que presentara el peticionario bajo el fundamento de que se le

mantenía sumariado ilegalmente tras haber transcurrido el término de

detención preventiva en espera de juicio.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación denegamos

la expedición del auto solicitado.

                                      I

       El Ministerio Público presentó denuncias contra el señor Lozada

Ramos por infringir el Art. 92 (asesinato en primer grado) y el Art. 249

(riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego) del

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA secs. 5141 y 5339; y el Art. 6.05

(portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia), el Art. 6.09

(portación, posesión, y uso de un arma larga semiautomática) y el Art. 6.14

Número Identificador
RES2023 ________
KLCE202300027                                                            2

(disparar o apuntar armas de fuego) de la Ley de Armas de Puerto Rico de

2020, Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA secs. 466 (d) (h) y (m). En esencia, se

le imputó haber asesinado en concierto y común acuerdo con Delwin

Navarro c/p Tuntún, a Juan C. Aponte Figueroa al dispararle con un arma

de fuego, en hechos ocurridos en las Parcelas Martorell de Yabucoa, el 3

de julio de 2021.

      El 26 de mayo de 2022, se celebró la vista de causa probable para

arresto, en ausencia del peticionario. El TPI encontró causa por todos los

delitos imputados y fijó una fianza global de aproximadamente un millón de

dólares. El 31 de mayo de 2022, se diligenció la orden de arresto y al no

prestar la fianza impuesta, el señor Lozada Ramos fue ingresado en el

Complejo Correccional de Bayamón 705, el 1 de junio de 2022.

      Aunque la vista preliminar quedó señalada para el 17 de junio de

2022, debido a varias posposiciones comenzó el 1 de diciembre de 2022 y

su continuación quedó pautada para el 19 de diciembre de 2022. El 2 de

diciembre de 2022, el señor Lozada Ramos presentó, a través de su

defensa, una Solicitud de Auto de Habeas Corpus en la que solicitó ser

excarcelado por haberse vencido el término constitucional de detención

preventiva de seis (6) meses sin que empezara el juicio. Según indicó el

Estado provocó la dilación del caso en la vista preliminar, por haberle

removido a su abogado original y haberle provocado la dificultad de tener

que gestionar nueva representación legal estando preso. El Ministerio

Público se opuso alegando que la única razón para la dilación fue la

inacción por parte del acusado en contratar representación legal. Conducta

que a su juicio estaba claramente dirigida a evitar la continuación del

proceso en su contra.

      El TPI celebró una vista para atender la solicitud del auto de habeas

corpus luego de la cual emitió la Resolución recurrida denegando la

expedición del auto. En dicha determinación el foro de instancia realizó un

minucioso recuento procesal del caso que por su pertinencia al presente

recurso transcribimos a continuación:
KLCE202300027                                                                3

     1. 17 de junio de 2022: Llamado el caso para vista preliminar, el
         imputado no fue provisto de manera presencial al Tribunal por
         el DCR. En representación legal del imputado compareció el
         Lcdo. Orlando Cameron Gordon. La defensa y el Ministerio
         Público informaron estar preparados, se reseñaló la vista
         preliminar.
     a. 23 de junio de 2022: El Ministerio Público presentó una solicitud
         de descalificación del Lcdo. Orlando Cameron Gordon y/o
         Bufete Gordon & Cameron.
     2. 24 de junio de 2022: Llamado el caso para vista preliminar, se
         concedió término a la defensa para replicar a la solicitud
         descalificación instada por el Ministerio Público. Se citó vista
         para el 30 de junio de 2022 para discutir la controversia sobre
         descalificación y vista preliminar para el 7 de julio de 2022. La
         defensa y el Ministerio Público informaron estar preparados.
     3. 30 de junio de 2022: Se celebró vista en la cual se discutió el
         asunto de la descalificación. La defensa y el Ministerio Público
         informaron estar preparados.
     4. 7 de julio de 2022: Llamado el caso para vista preliminar, el
         Tribunal expuso sobre la Resolución emitida declarando Ha
         Lugar la descalificación del Lcdo. Orlando Cameron Gordon y/o
         del Bufete Gordon & Cameron. La vista preliminar fue
         reseñalada, el Ministerio Público informó estar preparado.
     5. 13 de julio de 2022: Llamado el caso para vista preliminar, el
         imputado no fue provisto de manera presencial al Tribunal por
         el DCR, se informó que había arrojado resultado positivo a
         COVID-19. No compareció representación legal del imputado,
         el Ministerio Público informó estar preparado.
     6. 1 de agosto de 2022: Llamado el caso para vista preliminar, el
         imputado compareció sin representación legal. El Tribunal le
         orientó sobre su deber de gestionar representación legal, se le
         apercibió sobre la imposición de desacato de incumplir. A pesar
         del imputado alegar reiteradamente que contaba con los
         medios económicos para costear abogado(a) privado(a), se
         refirió a la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) para ser
         conferenciado el 5 de agosto de 2022; la vista quedó
         reseñalada para el 16 de agosto de 2022. El Ministerio Público
         informó estar preparado.
     7. 16 de agosto de 2022: Llamado el caso para vista preliminar, el
         imputado compareció sin representación legal. Compareció el
         Lcdo. Arcelio Maldonado Avilés, Director de la SAL de
         Humacao, quien luego de haberse aclarado varias
         interrogantes solicitó que el imputado fuese traído nuevamente
         para culminar el proceso de conferencia. El Ministerio Público
         informó estar preparado. Se señaló vista de “estado de los
         procedimientos” y vista preliminar para otra fecha.
     8. 19 de agosto de 2022: A la vista de “estado de los
         procedimientos” compareció el imputado. compareció el Lcdo.
         Carlos R. Nido Escribano de la SAL e informó que había
         conferenciado al imputado y estaba en proceso de
         investigación sobre indigencia.
     9. 25 de agosto de 2022: A la vista de “estado de los
         procedimientos” compareció el imputado. A su vez, compareció
         el Lcdo. Carlos R. Nido Escribano e informó que asumía la
         representación legal del imputado. A solicitud de la defensa
         para prepararse adecuadamente, se recalendarizó la vista
         preliminar para el 8 de septiembre de 2022; se dejó sin efecto
         el señalamiento del 29 de agosto de 2022.
     10. 8 de septiembre de 2022: Llamado el caso para vista preliminar,
         el imputado compareció representado legalmente por el Lcdo.
         Nido Escribano. La defensa informó haber presentado el día
         anterior una solicitud de desestimación. Además, la defensa
         afirmó necesitar más tiempo para prepararse. El Ministerio
         Público informó estar preparado, se reseñaló la vista preliminar.
              a. …
     11. 14 de septiembre de 2022: Llamado el caso para vista
         preliminar, el imputado compareció representado legalmente
         por el Lcdo. Nido Escribano. Inicialmente la defensa solicitó
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         mas tiempo para prepararse. No obstante, el imputado informó
         al Tribunal que sus familiares estaban realizando gestiones
         para contratar la representación legal privada del Lcdo. Luis
         Aponte Bermúdez, y que no le interesaba los servicios de la
         SAL. Que recientemente el Bufete Gordon & Cameron le había
         devuelto el dinero. No se relevó al Lcdo. Nido Escribano de la
         SAL. El Tribunal advirtió que, si las dilaciones obedecían a
         acciones originadas por el imputado, aplicaría un crisol mayor
         para determinar la procedencia de un auto de habeas corpus.
         El Ministerio Público informó estar preparado, se señaló una
         vista de “estado de los procedimientos” para el día siguiente.
     12. 15 de septiembre de 2022: A la vista de “estado de los
         procedimientos” compareció el imputado representado
         legalmente pro el Lcdo. Nido Escribano. Por videoconferencia
         compareció el Lcdo. Luis Aponte Bermúdez, quien solicitó un
         reseñalamiento para conferenciar al imputado e informar si
         estuviese asumiendo la representación legal.
             a. …
     13. 28 de septiembre de 2022: A la vista de “estado de los
         procedimientos” compareció el imputado representado
         legalmente por el Lcdo. Nido Escribano. Se informó al Tribunal
         que el Lcdo. Luis Aponte Bermúdez no asumiría la
         representación legal del imputado. El Sr. Lozada Ramos
         informó tener el interés y los recursos económicos para
         contratar representación legal privada, a esos fines, se relevó
         al Lcdo. Nido Escribano de la representación legal de éste. Se
         señaló vista de “estado de los procedimientos” para el día
         siguiente.
     14. 29 de septiembre de 2022: A la vista de “estado de los
         procedimientos” compareció el imputado sin representación
         legal. El Sr. Lozada Ramos reiteró el interés y los recursos
         económicos para contratar representación legal privada.
         Informó que una prima suya era quien se encontraba
         asistiéndole para completar la contratación privada. Este
         Tribunal     coordinó     la     comparecencia      virtual  por
         videoconferencia de la prima del imputado (Sra. Normarie
         Ramos), quien afirmó que estaba realizando las gestiones para
         la contratación de la representación legal del imputado. Se
         señaló una nueva vista de estatus, la Sra. Normarie Ramos
         quedó citada.
             a. …
     15. 5 de octubre de 2022: A la vista de “estado de los
         procedimientos” compareció el imputado sin representación
         legal, su prima (Sra. Normarie Ramos) no compareció. Al
         presente el Sr. Lozada Ramos no tenía representación legal,
         no se habían efectuado gestiones para ello. Este Tribunal
         orientó nuevamente al imputado, se le apercibió que los
         términos de juicio rápido se continuaban extendiendo en su
         contra. A su vez, se le advirtió que el término de habeas corpus
         podía ser confiscado; todas las suspensiones habían sido
         causadas por el imputado. Por su parte, el Tribunal coordinó
         con el DCR para que se permitiera al imputado realizar las
         llamadas telefónicas necesarias a través de su técnico
         sociopenal para agilizar el proceso de contratación de abogado.
         Se señaló vista de “estado de los procedimientos”.
     16. 11 de octubre de 2022: A la vista de “estado de los
         procedimientos” compareció el imputado sin representación
         legal. El imputado informó que la orden al DCR de que se le
         permitiera comunicarse telefónicamente fue cumplida. Este
         Tribunal realizó un recuento de los reseñalamientos efectuados
         por la falta de contratación de representación legal del Sr.
         Lozada Ramos. El Ministerio Público expuso que ha estado
         preparado en todas las vistas para presentar los méritos del
         caso, que el imputado ha dilatado los procedimientos y las
         razones por las cuales no se ha celebrado la vista preliminar
         son adjudicables exclusivamente a este; el Tribunal acogió las
         referidas expresiones. Por su parte, el Tribunal dispuso
         nuevamente que la cláusula constitucional de detención
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         preventiva podía ser confiscada y no necesariamente
         procedería por tratarse de causas atribuibles al imputado. Se
         señaló vista preliminar y se ordenó al imputado a comparecer
         a la misma con representación legal.
     17. 17 de octubre de 2022: Llamado el caso para vista preliminar,
         el imputado compareció sin representación legal, informó
         desconocer las gestiones concretas realizadas por su prima
         (Sra. Normarie Ramos) para contratar abogado(a) de la
         práctica privada. La mencionada dama no estaba presente en
         el Tribunal. El Ministerio Público informó estar preparado para
         la vista preliminar en sus méritos. El Tribunal realizó
         nuevamente un recuento sobre las incidencias procesales que
         han causado la dilación del proceso. El Tribunal fue enfático en
         que la omisión del imputado en comparecer representado
         legalmente podría causar la denegatoria a un recurso de
         habeas corpus, así como la extensión de los términos de juicio
         rápido en contra de éste. El Tribunal ordenó la designación de
         abogado de oficio y citó conferencia con antelación a la vista
         preliminar para el 21 de octubre de 2022. Se reseñaló la
         correspondiente vista preliminar.
     18. 24 de octubre de 2022: Llamado el caso para vista preliminar,
         el imputado compareció representado legalmente por el Lcdo.
         Ramón I. Vega González, designado de oficio. Se le informó al
         Tribunal que el imputado estaba en conversaciones para
         contratar como su representante legal al Lcdo. Edwin Castro
         Fontánez. Luego de comenzada la vista, el Lcdo. Castro
         Fontánez compareció de manera virtual por videoconferencia e
         informó que se encontraba en conversaciones para asumir la
         representación legal del imputado, sin embargo, no se había
         finiquitado la contratación. El Tribunal no relevó al Lcdo. Vega
         González e instruyó al Lcdo. Castro Fontánez a informar el
         resultado de ello. El Ministerio Público informó encontrarse
         preparado, se señaló vista de estado de los procesos para el 2
         de noviembre de 2022 y vista preliminar para el 7 de noviembre
         de 2022.
     19. 2 de noviembre de 2022: A la vista de “estado de los
         procedimientos” compareció el imputado representado
         legalmente por el Lcdo. Vega González. Compareció, a su vez,
         el Lcdo. Castro Fontánez quien informó que asumiría la
         representación legal del Sr. Lozada Ramos; se relevó al Lcdo.
         Vega González. El Ministerio Público informó que se
         encontraba preparado para la vista preliminar, la defensa
         expuso que la próxima fecha disponible en su calendario era el
         1 y 2 de diciembre de 2022. El Ministerio Público se opuso a un
         reseñalamiento tan prolongado, más aún cuando la fecha
         propuesta sería en exceso de los 180 días. La defensa
         argumentó que lo anterior resultaba prematuro. Considerado lo
         anterior, el Tribunal mantuvo el señalamiento de vista
         preliminar para el 7 de noviembre de 2022, a su vez, se citó
         para el 1 y 2 de diciembre de 2022. El Ministerio Público reiteró
         su oposición a las fechas establecidas pro ser prolongadas.
     20. 7 de noviembre de 2022: Llamado el caso para vista preliminar
         compareció el imputado de manera virtual por videoconferencia
         desde la institución penal; el Lcdo. Castro Fontánez no
         compareció, en la vista anterior había adelantado que no podía
         estar presente por conflicto en el calendario. El Ministerio
         Público informó encontrarse preparado para la vista preliminar.
         El Tribunal dispuso que la vista preliminar se celebraría el 1 y 2
         de diciembre de 2022.
     21. 1 de diciembre de 2022: Luego de varias incidencias y la
         tardanza de la defensa comenzó la vista preliminar y se dejó
         sin efecto el señalamiento del 2 de diciembre de 2022. Se
         señaló la continuación de la vista preliminar para el 19 de
         diciembre de 2022.
KLCE202300027                                                               6

       En desacuerdo con la denegatoria a su solicitud de habeas corpus

el peticionario presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa en el cual

alega que:

       Erró el Honorable Tribunal de Instancia, al declarar No Ha
       Lugar un recurso de habeas corpus, utilizando criterios de
       evaluación de la doctrina de juicio rápido vis a vis la detención
       preventiva, al atribuirle al recurrente la dilación del caso a
       nivel de vista preliminar, cuando fue el propio Estado quien
       provocó la dilación al inhabilitarle al abogado que contrató,
       dejándolo sin representación legal. El derecho a la detención
       preventiva fue abolido por el Hon. Juan Carlos Vera Rivera.
       El peticionario lleva ya siete meses y medio de detenido, no
       se ha celebrado su juicio y sigue confinado ilegalmente.

       En esencia alegó que fue el Estado el que provocó la dilación del

caso en la vista preliminar, al promover la descalificación de sus abogados

originales y requerirle la contratación de un nuevo abogado estando preso.

       De otro lado, a solicitud nuestra, el Pueblo de Puerto Rico,

representado por la Oficina del Procurador General (Procurador General o

peticionado) presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden. En este

sostiene la procedencia de la determinación recurrida al plantear que el

señor Lozada Ramos raptó su derecho a detención preventiva con las

múltiples suspensiones que solicitó a la vista preliminar para contratar un

abogado privado y a pesar de que el foro recurrido le proveyó dos

abogados de oficio que rechazó. Según argumentó, el Ministerio Público

estuvo en todo tiempo preparado para continuar el proceso.

       Contando con la posición de ambas partes, resolvemos conforme al

marco jurídico reseñado a continuación.

                                      II

A. El certiorari

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un

tribunal inferior. Art. 670, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

3491; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). A pesar de la

amplitud de errores que pueden ser revisados mediante el certiorari este

auto sigue siendo un recurso discrecional y los tribunales debemos utilizarlo

con cautela y por razones de peso. Íd., pág. 918. Las resoluciones u
KLCE202300027                                                              7

órdenes dictadas por los tribunales de primera instancia son revisables ante

este Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de certiorari. Ley de la

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm.

201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y.

          La Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-

B, establece los criterios que debemos tomar en consideración a los fines

de ejercer sabia y prudentemente nuestra facultad discrecional para

entender en los méritos los asuntos que nos son planteados mediante

certiorari, a saber:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
              diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
              derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
              para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
              manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
              de Primera Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
              a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
              elevados, o de alegatos más elaborados.
          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
              es la más propicia para su consideración.
          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
              no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
              dilación indeseable en la solución final del litigio.
          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
              evita un fracaso de la justicia.

B. Detención preventiva

      La Constitución de Puerto Rico establece la protección contra una

detención preventiva en exceso de seis (6) meses al disponer que:

          Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo
          fianza antes de mediar un fallo condenatorio.
          La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis
          meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. 1
          Esta protección constitucional surge del derecho de todo acusado a

un juicio justo, rápido y público. Pueblo v. Diaz Rivera, 204 DPR 472, 483

(2020); Ex Parte Ponce Ayala, 179 DPR 18, 29 (2010). Tiene como

propósito dual asegurar la comparecencia del acusado cuando éste no ha

prestado la fianza, y evitar que se le castigue excesivamente por un delito

1   Sec. 11, Art. II de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1.
KLCE202300027                                                                8

que no ha sido juzgado. Ex Parte Ponce Ayala I, supra, pág. 23; Pueblo v.

Pagán Medina, 178 DPR 228, 236 (2010).

      El término detención preventiva se refiere al periodo anterior al juicio,

en el cual el acusado se encuentra detenido preventivamente o sumariado,

porque no prestó la fianza impuesta, y en espera de que se le celebre el

correspondiente proceso criminal. Pueblo v. Pagán Medina, supra; Ruiz v.

Alcaide, 155 DPR 492, 502 (2001). Este término comienza a transcurrir

desde que el imputado queda detenido preventivamente por no poder

prestar la fianza requerida o desde su revocación. De ordinario, esto ocurre

en la vista en que se determina causa probable para arresto. Ex Parte

Ponce Ayala I, supra, pág. 27. Esta es una instancia en la que nuestro

ordenamiento ofrece factura más ancha, pues esta disposición no existe ni

tiene equivalente en la Constitución de Estados Unidos. Pueblo v. Paonesa

Arroyo, 173 DPR 203, 210 (2008).

      Ahora bien, el Tribunal Supremo ha sido consistente al sostener que

esta protección constitucional no es absoluta. Pueblo v. Diaz Rivera, supra,

pág. 484; Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 237. Desde, la Sentencia

emitida en Sánchez v. González, 78 DPR 849 (1955), se reconoció que:

      Como es un derecho que madura normalmente por el mero
      lapso del tiempo, ni la ilegalidad ni el fraude de un acusado –
      en actos tendentes a producir la incapacidad del Estado para
      someterlo a Juicio- ampararía su ejercicio incondicional. Ese
      derecho, no puede ser objeto de renuncia, tampoco puede
      ser objeto de rapto, y de mediar circunstancias del carácter
      de las apuntadas, el acusado no podría reclamarlo hasta que
      el   Estado,    pudiendo        descargar     prontamente    su
      responsabilidad trayéndole a juicio, dejare de hacerlo.
      Sánchez v. González, 78 DPR 849, 858 (1955).

      Aunque en ese caso se resolvió que las solicitudes de posposición

de un acusado no constituyen una renuncia a su derecho a salir en libertad

una vez ha vencido el término de detención preventiva; el Alto Foro

reconoció que esta garantía constitucional tampoco puede ser objeto de

rapto por parte del acusado, mediante actos tendentes a impedir que el

Estado continúe el proceso.

      En esta misma línea y siguiendo lo resuelto en Ruiz v. Alcaide,

supra, en Pueblo v. Pagán Medina, supra, se excluyó del cómputo de
KLCE202300027                                                            9

detención preventiva el tiempo que una persona se encuentra no

procesable. Esto bajo el razonamiento de que mientras el imputado se

encuentra no procesable, el Estado está impedido de continuar con los

procesos en su contra. Íd., pág. 243-244.

      Más recientemente, el Tribunal Supremo resolvió que no procede

conceder un auto de habeas corpus cuando, a pesar de que la detención

preventiva de un acusado excedió seis (6) meses, esta solicitud se

presenta después de que el juicio criminal ha comenzado. Pueblo v. Diaz

Alicea, supra, pág. 487. Esto ya que, el derecho a ser excarcelado

transcurridos los seis meses de detención preventiva, supone el ejercicio

de tal derecho. Íd.

                                    III

       El señor Lozada Ramos fue encarcelado el 1 de junio de 2022, tras

ser arrestado y no prestar la fianza impuesta. La vista preliminar quedó

señalada para el 17 de junio de 2022. No obstante, debido a posposiciones

solicitadas en su mayoría por qué este no contrataba un representante legal

privado, comenzó el 1 de diciembre de 2022, día en que se cumplía el

término de detención preventiva. El 2 de diciembre de 2022, el peticionario

presentó un auto de habeas corpus solicitando ser excarcelado. Luego de

celebrar una vista y escuchar la posición de ambas partes, el TPI denegó

el auto solicitado. En su determinación hizo particular énfasis en que el

Ministerio Público estuvo preparado en todo momento para la continuación

del proceso y que la carencia de acciones concretas del imputado para

cumplir con las órdenes del tribunal de comparecer representado

legalmente fue la razón por la que ello no ocurrió. Según consignó, con sus

actuaciones el señor Lozada Ramos raptó el proceso impidiendo que el

caso se atendiera.

       Luego de haber evaluado detenidamente el recurso instado a la luz

de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no

encontramos razón que nos mueva a variar la determinación recurrida.
KLCE202300027                                                                10

                                       IV

        Por los fundamentos antes expuestos denegamos la expedición del

auto.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

        El Juez Candelaria Rosa disiente con voto escrito.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones
KLCE202300027                                                          11

           ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL VII

     JOSÉ A. LOZADA                               CERTIORARI
         RAMOS                                    procedente del Tribunal
                                                  de Primera Instancia
      PETICIONARIO                                Sala de Humacao

                              KLCE202300027
             v.
                                                  Caso Núm.
                                                  HSCI202200211
   SUPERINTENDENTE
      COMPLEJO
    CORRECCIONAL
     BAYAMÓN 705                                  Sobre:

       RECURRIDO                                  Habeas Corpus
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

                       VOTO DISIDENTE
                    JUEZ CANDELARIA ROSA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      Disiento de la Resolución a la que arriba la mayoría pues la

misma se ensaña, al igual que la Resolución del Tribunal de Primera

Instancia, contra el derecho constitucional al habeas corpus reclamado

por el Peticionario. Ello sin hilar argumento jurídico alguno derivable

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o

refrendado por la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo en torno

a la disposición constitucional que enuncia La detención preventiva

antes del juicio no excederá de seis meses. Art. II, sec. 11, Const. ELA,

LPRA Tomo 1, ed. 2016. Por el contrario, dicha Resolución mas bien

constata el hecho de la reclusión excesiva al incumplir los presupuestos

de la jurisprudencia que cita y sin plantear alguna circunstancia

sancionada por el Tribunal Supremo que le auxilie en su peregrina

búsqueda de razones para excluir alguna porción del tiempo de prisión
KLCE202300027                                                        12

del cómputo de 6 meses, o acaso alegar la existencia de ilegalidad o

fraude que hubiese impedido el inicio puntual del juicio. Cf. Pueblo v.

Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010); Ruíz v. Alcaide, 155 DPR 498

(2001); Sánchez v. González, 78 DPR 849 (1955) (Sentencia).

      En decir, la Resolución pretende construir su argumento jurídico

sobre unos hechos que le desmienten y sobre 3 criterios legales que se

encuentran en sus páginas 8-9. Uno a partir de Sánchez v. González, 78

DPR 849 (1955), otro a partir de Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR

228 (2010), y el último a partir de Pueblo v. Díaz Rivera, 204 DPR 472

(2020).

      En cuanto a Sánchez v. González, supra, la Resolución

mayoritaria expresa que “el Alto Foro reconoció que esta garantía

constitucional tampoco puede ser objeto de rapto por parte del acusado,

mediante actos tendentes a impedir que el Estado continúe el proceso”.

Véase Resolución, pág. 8. Sin embargo, no es cierto que el Tribunal

Supremo “reconociera” tal límite al derecho de habeas corpus, ni es

cierto que lo hiciera en los términos en que se pretende. Lo primero es

que, por ser tal caso una Sentencia, no supone un reconocimiento

jurídico institucional del Tribunal Supremo acerca de nada, excepto

para ese caso específico, y en ese sentido yerra la mayoría en la

valoración del alcance de la jurisprudencia; lo segundo y peor es que -

distinto a como articulado por la mayoría- lo que dice realmente el caso

es que “…ni la ilegalidad ni el fraude de un acusado -en actos tendentes

a producir la incapacidad del Estado para someterle a juicio-

ampararían su ejercicio incondicional”. Id., pág. 858. Es decir, que no

se trata de meros actos que condicionen al estado, sino de aquellos que

revistan ilegalidad o fraude, por lo que si la Resolución mayoritaria
KLCE202300027                                                            13

interpretara bien la jurisprudencia que cita, estaría obligada a señalar en

qué consistió la ilegalidad o fraude del imputado en este caso y por vía

de qué actos lo cometió, cosa que no se ocupa en hacer. Al final, e

irónicamente, lo único que concretamente resuelve ese caso en los

hechos que atiende es que “las solicitudes de posposición de juicio

hechas por el acusado en dos ocasiones antes de transcurrir el período

de 6 meses…” no constituyen una renuncia ni suprimen el ejercicio del

derecho de habeas corpus; exactamente lo contrario a lo que resuelve

la mayoría en el presente recurso. Id., pág. 855.

      En cuanto a Pueblo v. Pagán Medina, supra, dice la Resolución

mayoritaria que este opera “[e]n esta misma línea” -Resolución, pág. 8-

refiriéndose a que sigue la línea que mal le atribuye a Sánchez v.

González, supra, sobre los supuestos “actos tendentes a impedir que el

estado siga el proceso”. Sin embargo, a poco que se revise a Pagán

Medina, queda claro que no se trata de “la misma línea”, sino de un

criterio formal y conceptual distinto -e inaplicable al presente caso- cual

es que cuando un acusado se encuentra en el ámbito de la Regla 240 de

procesabilidad, el estado está imposibilitado de proseguir el proceso

penal en su contra. Tal incapacidad responde, sin embargo, a la no

procesabilidad actual o potencial del acusado y no a ninguna actuación

ilegal o fraudulenta de su parte vía actos tendentes a incapacitar al

estado. Inconsecuente para este recurso.

      Por último, la Resolución mayoritaria alude de forma inocua a

Pueblo v. Díaz, Rivera, supra, pues en dicho caso el Tribunal Supremo

resuelve que el habeas corpus no es reclamable una vez iniciado el

juicio incluso si en alguna etapa previa al inicio del juicio se hubiese

excedido el término de habeas corpus. No obstante, esto tampoco tiene
KLCE202300027                                                          14

nada que ver con el presente recurso, que ni siquiera involucra a un

acusado, sino a un imputado de delito contra quien no se ha encontrado

causa en vista preliminar. Lo único que comparten los casos es que en

ambos se excedió el término de 180 días y en ambos el Tribunal insistió

en el encarcelamiento, aunque claro, con la diferencia de que en los

hechos del Tribunal Supremo estuvo justificado por haber comenzado

el juicio, mientras que aquí ni siquiera acaba la vista preliminar.

      En fin, agotada de ese modo la argumentación jurídica con que

la Resolución mayoritaria intenta fundamentar su determinación de

mantener encerrado en la cárcel al Peticionario después de excedidos

los 180 días sin que se hubiese iniciado el juicio, los foros de primera y

segunda instancia de este caso parecen plantear que los hechos de este

recurso exceden la situación límite considerada por el Tribunal

Supremo en Pueblo v. Aponte Ruperto, 199 DPR 538 (2018), en el que

se rechazó exceptuar la rigidez del término de habeas corpus aún en

circunstancias del cierre de los Tribunales causado por la devastación

ocasionada por el Huracán María. Es decir, el Juez de Primera Instancia

-y este Tribunal- pretenden sustituir el carácter inexorable e

irrenunciable atribuido por la jurisprudencia a la disposición

constitucional que impide la aprehensión por más de 6 meses en espera

de juicio por un criterio de adjudicación análogo al de causa justificada

y, además, contienden que el aplazamiento de vistas sería del carácter

que justifica denegar el habeas corpus a un ciudadano que lleva más de

200 días en prisión sin juicio. Efectivamente atribuyendo a dichas

suspensiones el peso que el cierre de todo un sistema de tribunales no

tuvo para el Tribunal Supremo en Pueblo v. Aponte Ruperto, supra.
KLCE202300027                                                        15

      Lo cierto es que el Tribunal de Primera Instancia y la mayoría de

este Tribunal se equivocan. Resulta palmario que, en el contexto del

presente caso, el Tribunal de Primera Instancia adjudicó la petición de

habeas corpus que tuvo ante sí contrario al estado de derecho. A partir

del recuento procesal efectuado por el foro recurrido, la Resolución

mayoritaria deduce que "debido a posposiciones solicitadas en su

mayoría porque este no contrataba un representante legal privado, [la

vista preliminar]comenzó el 1 de diciembre de 2022, día en que se

cumplía el término de detención preventiva”. Resolución, pág. 9. No

obstante, tal aseveración es evidentemente incorrecta, puesto que en el

propio recuento procesal efectuado por el Tribunal de Primera Instancia

y reproducido en la Resolución mayoritaria, se desprende expresamente

que de las 21 vistas reseñadas solo en la minoría de estas -7 vistas-

enumeradas en los incisos 6, 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de la Resolución, el

Peticionario compareció sin representación legal. Apéndice, págs. 57 a

la 63, reproducido en la Resolución, págs. 3-5.

      Por el contrario, lo que desvela el propio recuento procesal del

foro recurrido, tal cual adoptado en la Resolución mayoritaria, es que

en este caso hubo suspensiones de todo tipo, incluyendo las provocadas

por el Departamento de Corrección por no traer al reo (inciso 1 del

recuento procesal), el proceso de petición de descalificación del

licenciado Cameron Gordon incoado por el Ministerio Público (incisos

2-4 del recuento procesal), el proceso de Covid-19 del Peticionario

(inciso 5 del recuento procesal) y, sobre todo, las suspensiones

efectuadas en 9 vistas en las que el Peticionario sí compareció

representado por abogado y el Tribunal no celebró la vista preliminar a

pesar de que el Ministerio Público estuvo preparado: se trata de las
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vistas reseñadas en los incisos 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 y 21 del

recuento procesal, en las cuales el Tribunal -en lugar de forzar la

realización de la vista en cuestión- permitió la suspensión del proceso

solicitada por 4 abogados distintos (licenciados Nido Escribano,

Aponte Bermúdez, Vega González y Castro Fontánez), relevó a dos de

ellos de la representación legal (Nido Escribano y Vega González) y se

entretuvo con la posibilidad de que uno de ellos asumiera o no la

representación (Aponte Bermúdez). Como si tales determinaciones

judiciales no fueran susceptibles de acreditar al paso del tiempo o

fueran excluibles del término de habeas corpus. Es decir, si alguien

permitió el retraso del procedimiento en este caso fue el Tribunal de

Primera Instancia. ¿Cómo en lugar de obligar la celebración de la vista

preliminar en las 9 ocasiones en que el imputado estuvo representado y

el Ministerio Público preparado, el foro recurrido optó por suspender,

entretener y hasta relevar abogados? Ello tiene que ver más con la

explicación del retraso en este caso que con la teoría del rapto que la

Resolución mayoritaria permite adelantar sin base fáctica ni jurídica

para impedir el ejercicio del derecho constitucional al habeas corpus.

      Por las consideraciones expuestas, disiento de la Resolución que

hoy se emite.

                      Carlos I. Candelaria Rosa
                        Juez de Apelaciones