Court Opinion

ID: 9928564
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:25:38.891667+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:06.297576
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

    ANTONIO TORRES                           Apelación
  FERRER y la SUCESIÓN                       procedente del
    DE AGUSTÍN SILVA                         Tribunal de
  RAMÍREZ compuesta por                      Primera Instancia,
     AGUSTÍN SILVA                           Sala Superior de
       MONTALVO                              Mayagüez-
                               KLAN202300676 Aguadilla
            Apelantes

               v.                                 Sobre: División o
                                                  Liquidación de la
  WILMER RODRÍGUEZ                                Comunidad de
  SILVA, SUCECIÓN DE                              Bienes
RAQUEL SILVA RAMÍREZ y                            Hereditarios
          otros
                                                  Caso Núm.:
            Apelados                              MZ2022CV00051

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, la juez
Mateu Meléndez y el juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2023.

      El 3 de agosto de 2023 el Sr. Agustín Silva Montalvo (señor

Silva Montalvo o apelante) acude ante nos para que revoquemos la

Sentencia emitida el 3 de mayo de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI). Allí, se desestimó por

falta de madurez una demanda sobre liquidación de la comunidad

de bienes hereditarios. Oportunamente, los apelados Fernando L.

Sepúlveda Silva, Carmen S. Sepúlveda Silva, Pedro A. Sepúlveda

Torres y Alan J. Sepúlveda Torres presentaron su alegato fijando su

posición.

      Evaluado el recurso, procedemos a revocar la sentencia

apelada por los fundamentos que exponemos a continuación.

                                 -I-

      Don Agustín Silva Arce y Doña Etanislá Ramírez Cáceres

procrearon ocho hijos, todos participantes de la sucesión dejada por

estos; a saber: Raquel Silva Ramírez, Carmen Delia Silva Ramírez,

Número Identificador
SEN2023 ________
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Agapito Silva Ramírez, 1 Agustín Silva Ramírez, Nicolás Silva

Ramírez, Pedro Silva Ramírez, Reinaldo Silva Ramírez y Francisca

Silva Ramírez. 2 Surge del expediente que Reinaldo Silva Ramírez

contrajo nupcias con Luz María Ferrer Rodríguez bajo el régimen de

Sociedad de Bienes Gananciales.3 Durante la vigencia de la referida

Sociedad de Bienes Gananciales, Reinaldo Silva Ramírez adquirió

tres bienes inmuebles enclavados en una finca de carácter privativo

perteneciente a este.4

       Reinaldo Silva Ramírez falleció el 8 de abril de 2005, dejando

como únicos y universales herederos a sus hermanos de doble

vinculo. Años más tarde, Luz María Ferrer Rodríguez falleció y dejó

como único heredero testamentario al Sr. Antonio Torres Ferrer

(señor Torres Ferrer). De manera que, las Comunidades Hereditarias

de Don Agustín Silva Arce y Doña Etanislá Ramírez Cáceres,

Reinaldo Silva Ramírez y Luz María Ferrer Rodríguez se unieron y

quedaron indivisas.

       Ante este cuadro, el 3 de enero de 2022, señor Torres Ferrer

radicó una demanda contra la Sucesión de Reinaldo Silva Ramírez,

Don Agustín Silva Arce y Doña Etanislá Ramírez Cáceres sobre

división de Sociedad de Bienes Gananciales y división de

Comunidad de Bienes.5 Es menester señalar que se incluyeron como

codemandados los siguientes:

       a) Sucesión de Raquel Silva Ramírez, mediante
          presentación de Declaratoria de Herederos, compuesta
          por sus hijos:
          (1) Wilmer Rodríguez Silva.
          (2) Raquel Rodríguez Silva.
       b) Sucesión de Carmen Delia Silva Ramírez, testada,
          compuesta por su hija y viudo:
          (1) Vivian Valentín Silva.
          (2) Carlos Valentín Carrero.

1 También conocido como Luis Silva Ramírez y Agapito Sauly Silva Ramírez.
2 También conocida como Frances Silva Ramírez y Millita Silva.
3 También conocida como Marina.
4 Véase, Apéndice del Apelante, pág. 5.
5 Véase, Apéndice del Apelante, págs. 1-8.
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       c) Sucesión de Agapito Silva Ramírez, mediante
          presentación de Declaratoria de Herederos, compuesta
          por su hijo:
          (1) Luis Ángel Silva Mercado.
       d) Sucesión de Agustín Silva Ramírez, mediante
          presentación de Declaratoria de Herederos, compuesta
          por su hijo y viuda:
          (1) Agustín Silva Montalvo.
          (2) Dora N. Montalvo Ortiz.
       e) Sucesión de Nicolas Silva Ramírez compuesta por sus
          hijos:6
          (1) Nicolás Silva Efre.7
          (2) Carmen Rita Silva Efre.
          (3) Hilda Silva Rodríguez.
       f) Sucesión         de   Pedro    Silva   Ramírez,      mediante
          presentación de Declaratoria de Herederos, compuesta
          por su hija:
          (1) Carmen Silva Rodríguez, quien falleció y dejó como
              herederos a sus hijos:
              (a) Fernando Luis Sepúlveda Silva.
              (b) Pedro Jesús Sepúlveda Silva, quien falleció y dejó
                  como herederos a sus hijos:
                  (i) Pedro Andrés Sepúlveda Torres.
                  (ii) Alla Sepúlveda Torres, quien es menor de edad y
                       se encuentra bajo la custodia y patria potestad de
                       su madre, Luz Nereida Torres Pagán.
              (c) Silvia Sepúlveda Silva.
       g) Sucesión de Reinaldo Silva Ramírez, mediante
          presentación de Declaratoria de Herederos, compuesta
          por sus hermanos de doble vínculo:
          (1) Sucesión de Raquel Silva Ramírez.
          (2) Sucesión de Agustín Silva Ramírez.
          (3) Sucesión de Pedro Silva Ramírez.
          (4) Sucesión de Carmen Delia Silva Ramírez.
          (5) Sucesión de Agapito Silva Ramírez.
          (6) Sucesión de Nicolás Silva Ramírez.
       h) Francisca Silva Ramírez y a su apoderada e hija:
          (1) Gretchen Marie Seda Silva.

       El codemandado Nicolás Silva Efre fue emplazado por edicto

debido a que se desconocía su paradero.8

       En apretada síntesis, el señor Torres Ferrer expresó su deseo

de no permanecer en las Comunidades Hereditarias. Por lo que, le

solicitó al TPI que: (1) ordenara la división de los Bienes Gananciales

6 Nicolás Silva Efre y Carmen Rita Silva Efre también componen la Sucesión de

su madre y viuda de Nicolás Silva Ramírez, Carmen Rita Efre Negrón.
7 También conocido por Nikito Silva Efre.
8 Tomamos conocimiento judicial del nombre de la persona a quien se emplazó

por edicto a través de SUMAC. [Entrada 48].
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adquiridos por Reinaldo Silva Ramírez y Luz María Ferrer

Rodríguez durante la vigencia del matrimonio; (2) que le adjudicara

al demandante la participación correspondiente a Luz María Ferrer

Rodríguez y, a su vez, que adjudicara a los codemandados la

participación que les correspondiera en la herencia de Reinaldo Silva

Ramírez; (3) de igual forma, que se le adjudicara la participación de

los codemandados en la sucesión de Don Agustín Silva Arce y Doña

Etanislá Ramírez Cáceres. A inicios del caso, el señor Silva Montalvo

figuraba como codemandado, pero tras varios incidentes procesales

solicitó al TPI figurar como codemandante y así le fue concedido.

       Trabada así la controversia, y luego de varios trámites

procesales, el señor Torres Ferrer y el señor Silva Montalvo

suscribieron un Acuerdo y Estipulación el 15 de febrero de 2023.

En dicho acuerdo, el señor Torres Ferrer se obligó:

       [D]e forma libre y voluntaria renuncia y transfiere todo,
       derecho, acción, usufructo o participación que pudiera haber
       tenido la viuda Luz María Ferrer Rodríguez conocida como
       “Marina” en cualquier carácter en las mismas a favor de los
       siete (7) hermanos del difunto Reinaldo Silva Ramírez
       conocido como “Rene” hoy a sus herederos.9

       De    manera      que,     el   señor   Torres   Ferrer   renunció

voluntariamente a la participación ganancial que motivó la causa de

acción primaria contra los codemandados.

       Por motivo de ello, el TPI dictó Sentencia Parcial el 3 de mayo

de 2023. En consecuencia, solo restaba dilucidar la tasación y

liquidación vía venta de las únicas tres propiedades que componen

el caudal de Don Agustín Silva Arce y Doña Etanislá Ramírez

Cáceres; a saber: (1) una finca de 493.9819 metros cuadrados, (2)

un solar de 2,420.58 metros cuadrados y (3) una finca de 68.00

cuerdas de terreno zonificada A-P (agrícola productiva) por el

Departamento de Agricultura de Puerto Rico por lo que no puede ser

segregada. A la fecha de radicación de este recurso, el solar de

9 Véase, Apéndice del Apelante, pág. 21.
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493.9819 metros cuadrados y el solar de 2,420.58 metros

cuadrados habían sido tasados por orden del Tribunal y todas las

partes aceptaron dichas tasaciones. Así las cosas, solo restaba

tasar la finca de 68.00 cuerdas de terreno.

       Sin embargo, el mismo 3 de mayo de 2023 el TPI dictó y

notificó Sentencia mediante la cual desestimó sin perjuicio la

demanda de epígrafe. Razonó que, por disposición de ley, se

encontraba impedido de resolver la controversia sobre la partición

de varias sucesiones dentro de un mismo caso. Por otro lado,

encontró que no se habían llevado a cabo una multiplicidad de

acciones para poder presentar un caso maduro ante el Tribunal y,

por lo tanto, no era justiciable. Señaló que de la propia demanda

surgía que la controversia no estaba madura, toda vez, que el

demandante solicitó en su súplica lo siguiente:

       C) Ordene a los co-demandados herederos a producir la
       Declaratoria o Declaratorias de Herederos de aquellos que
       aún se desconoce las hubiesen realizado, así como a
       preparar y presentar sus respectivas Planillas de Caudal
       Relicto, en aquellos casos en que no se hubiesen procesado,
       en la alternativa, los Testamentos que hubiesen otorgado.10

       Además, señala el TPI que los codemandados coherederos

Fernando L. Sepúlveda Silva, Carmen S. Sepúlveda Silva, Pedro A.

Sepúlveda Torres, Alan J. Sepúlveda Torres (Luz Nereida Torres

Pagán) y Carmen Sylvia Sepúlveda Silva plantearon en su

Contestación a Demanda que se negaban al nombramiento de un

ejecutor por ser prematuro ya que existían procesos pendientes por

realizar.

       Inconforme, el 17 de mayo de 2023 el señor Silva Montalvo

presentó una Moción Urgente, Solicitando Reconsideración al Amparo

de la Regla 47 de Procedimiento Civil y Solicitud de Vista Oral. No

obstante, sin que el TPI se expresara, el 2 de junio de 2023 el

10 Véase, Apéndice del Apelante, pág. 8.
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apelante presentó un recurso de apelación cuestionando la

desestimación de la demanda.

      Así las cosas, el 14 de julio de 2023 el señor Silva Montalvo

presentó una Moción Informativa para que este Tribunal adviniese

en conocimiento de que el 5 de julio de 2023 el foro recurrido declaró

No Ha Lugar la reconsideración. Ante ese cuadro, el 21 de julio de

2023, resolvimos desestimar el recurso ante nuestra consideración

por encontrarse prematuro para su resolución.11

      Oportunamente, el 3 de agosto de 2023, el señor Silva

Montalvo presentó el recurso de apelación que nos ocupa y, en

síntesis, plantea que luego de suscribirse el Acuerdo y Estipulación

entre el señor Torres Ferrer y el apelante, lo único que quedaba por

dilucidar era la tasación de la finca restante y, posteriormente, la

liquidación y venta de los bienes inmuebles que componen el caudal

hereditario de Don Agustín Silva Arce y Doña Etanislá Ramírez

Cáceres. Además, plantea el apelante que como aún se desconoce el

paradero del coheredero Nicolás Silva Efre, era necesario que el TPI

mantuviese la demanda de epígrafe activa para que el propio foro de

instancia velara por los derechos del codemandado ausente. Lo

anterior con miras a que, luego de la venta de las fincas, se deje

consignada en el foro a quo la participación correspondiente al

coheredero Nicolás Silva Efre. Ante este cuadro, el señor Silva

Montalvo planteó la comisión del siguiente error:

      Cometió error manifiesto, tanto de hecho como de derecho, el
      Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez AL
      DESESTIMAR LA DEMANDA DE DIVISION HEREDITARIA, SIN
      CELEBRAR UNA VISTA, SIN DAR LA OPORTUNIDAD A LOS
      DEMANDANTES Y LOS DEMANDADOS, DE EXPONER
      RAZONES POR LA QUE NO SE DEBIA DESESTIMAR; y al
      requerirle a las partes (demandantes y demandados) el
      liquidar cada caudal hereditario por separado y al decretar y
      concluir que el caso no está maduro, ni es justiciable sobre el
      fundamento de la súplica de la demanda y de una alegación
      contenida en una de las contestaciones a la demanda, dada
      por un co-demandado.

11 Véase, KLAN202300484.
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       Por su parte, los apelados Fernando L. Sepúlveda Silva,

Carmen S. Sepúlveda Silva, Pedro A. Sepúlveda Torres y Alan J.

Sepúlveda Torres comparecieron mediante Escrito Fijando Posición

de la Parte Apaleada. En síntesis, expresaron su desacuerdo con la

decisión del TPI y se unieron a los planteamientos del apelante.

                                      -II-

                                       -A-

       Es un principio reiterado en nuestro ordenamiento jurídico

que los tribunales solo podemos resolver aquellos casos que sean

justiciables. 12 Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los

tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas,

surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener

un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas. 13

Consecuentemente, se requiere la existencia de un caso o

controversia real es para el ejercicio válido del poder judicial.14 La

doctrina de justiciabilidad impone en nuestro ordenamiento jurídico

ciertas limitaciones al ejercicio del poder judicial con el fin de que

los tribunales podamos determinar el momento oportuno para

nuestra intervención.15

       Para que una controversia sea justiciable se debe evaluar si

es (1) tan definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre

las partes que tienen un interés jurídico antagónico; (2) que el

interés sea real y substancial y que permita un remedio específico

mediante una sentencia de carácter concluyente; y (3) si la

controversia      es    propia     para      una   determinación     judicial

distinguiéndose de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y

de un caso académico o ficticio.16 Por el contrario, se entiende que

12 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 917 (2012).
13 ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958).
14 Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR 219, 251 (2001).
15 Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149, 157 (2006).
16 Asoc.
       Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011); Noriega v.
Hernández Colón, 135 DPR 406, 421-422 (1994); ELA v. Aguayo, supra, pág. 584.
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una controversia no es justiciable cuando (1) se trata de resolver

una cuestión política; (2) una de las partes no tiene legitimación

activa; (3) es o se convierte en académica; (4) se busca obtener una

opinión consultiva; o (5) se promueve un pleito que no está

maduro.17

         El concepto de madurez se enfoca en la proximidad temporal

o inminencia del daño alegado y debe examinarse mediante un

análisis dual; primeramente, debe examinarse si la controversia

sustantiva es apropiada para resolución judicial y segundo, debe

evaluarse si el daño es suficiente para requerir adjudicación.18 De

manera que, el factor determinante es que la controversia esté

definida concretamente de tal forma que el tribunal pueda evaluarla

en sus méritos. 19 Los tribunales deben determinar si existe

realmente una controversia entre las partes de naturaleza

justiciable propia de un pronunciamiento.20

                                       -B-

         En Puerto Rico, con la muerte del causante se provoca la

apertura de su sucesión y, a su vez, nace el derecho a adquirir la

propiedad y la posesión de los bienes que constituyen el caudal

hereditario.21 Cuando son más de uno los herederos llamados a una

sucesión, se configura una comunidad hereditaria.22

         El Código Civil de Puerto Rico dispone que ningún heredero

está obligado a permanecer en la comunidad hereditaria y por ello,

puede      solicitar   que    se    divida    o    se    haga     la     partición

correspondiente.23 Un heredero solo estará obligado a permanecer

en estado de indivisión cuando el testador expresamente hubiese

17 Id.
18 Com. De la Mujer v. Srio. De Justicia, 109 DPR 715, 722 (1980).
19 Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 142 (2004).
20 Id.
21 Arrieta v. Chinea Vda. de Arrieta, 139 DPR 525, 532-533 (1995).
22 Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 DPR 39, 48 (1987).
23 31 LPRA sec. 2857. Se hace referencia al Código Civil de 1930 debido a que

todos los causantes fallecieron antes de la vigencia de la Ley 5-2020.
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prohibido la división del caudal o de alguno de los bienes. 24 En

nuestra jurisdicción la división de la comunidad hereditaria se

puede realizar mediante la partición testamentaria, la partición

convencional o la partición judicial.

        Cuando los herederos no pueden ponerse de acuerdo en

cuanto a la forma de efectuar la partición de los bienes, se realiza la

partición judicial. Mediante este acto jurídico los herederos, quienes

hasta ese momento únicamente son titulares de una cuota abstracta

sobre    la   totalidad    del   caudal      hereditario,   convierten   sus

participaciones indivisas en la herencia en bienes determinados o

cuotas sobre bienes determinados. 25 El Código Civil permite que

cualquiera de los herederos solicite la partición judicial de una

herencia cuando no existe un acuerdo del modo en que se llevará a

cabo la partición. 26 La partición judicial es el procedimiento

adecuado para ponerle fin al estado de indivisión de una herencia,

por lo que su propósito es obtener la terminación de la comunidad

hereditaria.27

                                     -III-

        El señor Silva Montalvo y los apelados Fernando L. Sepúlveda

Silva, Carmen S. Sepúlveda Silva, Pedro A. Sepúlveda Torres y Alan

J. Sepúlveda Torres sostienen que el TPI incidió al desestimar la

demanda de epígrafe por alegada falta de madurez. Tienen razón.

        En primer lugar, cabe indicar que la demanda de epígrafe

surgió primordialmente para la división y liquidación de la Sociedad

de Bienes Gananciales habida entre Reinaldo Silva Ramírez y Luz

María Ferrer Rodríguez. Por ello, resultaba necesario dividir y

liquidar esa sociedad debido a que se habían confundido los bienes

privativos de Reinaldo Silva Ramírez con los bienes gananciales. Así

24 31 LPRA secs. 2871-2872.
25 Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, 125 DPR 401, 405 (1990).
26 31 LPRA sec. 2872.
27 Sucn. Maldonado  v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 176 (2005).]; Arrieta v.
Chinea, supra, pág. 534.
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pues, liquidada la Sociedad de Bienes Gananciales por medio del

Acuerdo y Estipulación habido entre el señor Torres Ferrer y el

señor Silva Montalvo, solo restaba tasar los bienes que componen el

caudal hereditario de Don Agustín Silva Arce y Doña Etanislá

Ramírez Cáceres.

      En segundo orden, si bien es cierto que el señor Torres Ferrer

radicó la demanda de epígrafe con el fin de dividir y liquidar la

sociedad ganancial habida entre Reinaldo Silva Ramírez y Luz María

Ferrer Rodríguez, también es cierto que entre sus reclamos estaba

liquidar y dividir la comunidad hereditaria de Don Agustín Silva Arce

y Doña Etanislá Ramírez Cáceres al igual que la comunidad

hereditaria de Reinaldo Silva Ramírez. Es decir, la división y

liquidación de la Sociedad de Bienes Gananciales es un medio

necesario para poder atender las comunidades hereditarias

restantes.   Nótese,   que      cuando    los   coherederos/apelados

presentaron su contestación a la demanda alegaron que era

prematuro el nombramiento de un ejecutor, porque todavía estaba

pendiente la división y liquidación de la Sociedad de Bienes

Gananciales.   Resuelto   ese    asunto   mediante   el   Acuerdo   y

Estipulación, el caso ante nuestra consideración se encuentra listo

para ser atendido por el foro a quo.

      En tercer orden, solo resta tasar la finca de 68.00 cuerdas de

terreno, para poder disponer mediante venta de todas las

propiedades. Cuando el proceso de venta haya culminado, el

tribunal podrá proseguir con el proceso de dividir y adjudicar las

participaciones entre los coherederos de Don Agustín Silva Arce y

Doña Etanislá Ramírez Cáceres; y de igual modo, procederá dividir

y adjudicar las participaciones entre los coherederos de Reinaldo

Silva Ramírez. Solo así se podrá dividir y liquidar la comunidad

hereditaria. Como bien señalaron el señor Silva Montalvo y los

coherederos apelados, no existe controversia entre las partes ni
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impedimento alguno para resolver los asuntos pendientes. Además,

todos los coherederos comparecieron y el tribunal conoce las

sucesiones que se formaron mediante testamento y las que se

formaron mediante declaratoria de herederos. En fin, obligar a los

coherederos a instar nuevamente una acción de división bajo los

mismos planteamientos sería una duplicidad de esfuerzos.

      Por último, nuestra jurisprudencia señala que no es necesario

acudir a los tribunales para la división y liquidación de comunidades

hereditarias cuando existe unanimidad entre los herederos. En

el caso ante nuestra consideración, aún se desconoce el paradero

del coheredero Nicolás Silva Efre. Por ello, los coherederos

correctamente acudieron al foro de instancia para que se velara por

los derechos y las participaciones que en su día le correspondan al

mismo. Por lo tanto, el TPI debe retener jurisdicción sobre el

coheredero Nicolás Silva Efre y proceder con la tasación de la finca

restante.

      En virtud de lo anterior, revocamos el dictamen recurrido y se

devuelve para la continuación de los procedimientos antes

señalados.

                                -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia

apelada. Se devuelve el caso al TPI para que continúe con los

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones