Court Opinion

ID: 9941499
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:41:15.823646+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.933457
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V

 GRACIANO ACEVEDO                                     Apelación
   BARRETO; MARÍA                                     procedente del
  MILAGROS BARRETO                                    Tribunal de Primera
     BOSQUES Y LA                                     Instancia, Sala
 SOCIEDAD LEGAL DE                                    Superior de
     GANANCIALES                                      Aguadilla
COMPUESTA POR AMBOS

          Apelantes
                                  KLAN202301090
              v.                                      Caso Núm.:
                                                      SS2022CV00087
 LUIS ANTONIO VARGAS
PÉREZ; DRUCILA ESTHER
CORDERO HERNÁNDEZ Y
LA SOCIEDAD LEGAL DE
     GANANCIALES                                      Sobre:
COMPUESTA POR AMBOS                                   Incumplimiento de
                                                      Contrato y Daños y
          Apelados                                    Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

       Comparece el señor Graciano Acevedo Barreto (en adelante,

señor Acevedo Barreto) y la señora María Milagros Barreto Bosques

(en adelante, señora Barreto Bosques) y la Sociedad Legal de

Gananciales (en adelante, SLG) compuesta por ambos (en adelante

y en conjunto, parte apelante) mediante un recurso de Apelación,

para solicitarnos la revisión de la Sentencia Parcial emitida el 14 de

julio de 2023, y notificada el 17 de julio de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante, TPI).1

Mediante la Sentencia Parcial apelada, el foro primario declaró

parcialmente Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por

la parte apelada por lo que desestimó la Demanda presentada en

cuanto a la señora Drucila Esther Cordero Hernández (en adelante,

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 16-22.

Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202301090                                                                        2

señora Cordero Hernández) y la SLG compuesta con el señor Luis

Antonio Vargas Pérez (en adelante, señor Vargas Pérez y en

conjunto, parte apelada).2 Además, no surgiendo de los autos el

diligenciamiento de los emplazamientos en cuanto a los demás

codemandados, desestimó la acción sin perjuicio, al amparo de la

Regla 4.3(c) y 4.6(c) de las Procedimiento Civil.3

       Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia Parcial apelada en lo concerniente a la desestimación de

la causa de acción por incumplimiento de contrato contra la señora

Cordero     Hernández       y   la   SLG.     No     obstante,    se   revoca        la

desestimación de la causa de acción por daños y perjuicios contra

la señora Cordero Hernández y la SLG. De igual forma, se revoca la

determinación en cuanto a la deposición para autorizar que la

misma le sea realizada a la señora Cordero Hernández.

                                         I

       El caso ante nuestra consideración comenzó el 14 de febrero

de    2022,     con    la    presentación       de    una     Demanda        sobre

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por la

parte apelante contra la parte apelada, entre otros.4 En la Demanda,

la parte apelante adujo que las partes acordaron una opción de

compra de veintisiete (27) cuerdas en el Barrio Voladora en el

municipio de Moca, por la suma de $1,600,000.00 dólares. Arguyó

que luego de varias conversaciones con la parte apelada, le entregó

el pronto que presuntamente le fue requerido, desglosado de la

siguiente forma: $90,000.00 dólares en un cheque y $10,000.00

dólares en efectivo, para un total de $100,000.00 dólares. Alegó que,

tras la entrega del pronto, el contrato5 se perfeccionó y que, como

2 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 20-21.
3 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 21. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c) y 4.6 (c).
4 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-10 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 8-17.
5 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 14 y apéndice de la parte apelada, a la

pág. 48.
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parte de las negociaciones y la opción de compra, acordaron que el

restante precio de venta, entiéndase, $1,500,000.00 dólares se

pagaría en o antes de doce (12) meses a partir de la entrega del

pronto. También alegó que, una vez el señor Vargas Pérez recibió el

pronto de $100,000.00 dólares, ayudó a la parte apelante a redactar

un contrato en manuscrito, el cual se leyó y, tras estar de acuerdo,

el señor Vargas Pérez procedió a firmar. Conforme surge de las

alegaciones, en el acto de la entrega del pronto, y para finiquitar la

opción, los términos y la venta, estuvo presente la señora Cordero

Hernández (esposa del señor Vargas Pérez), quien quedó enterada y

prestó su consentimiento. La parte apelante arguyó que la

negociación antes descrita fue grabada con el fin de mostrársela, en

ánimos de celebración, a la señora Barreto Bosques. Adujo que el

contrato fue fotografiado y enviado al hijo del señor Vargas Pérez,

Antonio Vargas, a través de una aplicación electrónica a solicitud

del primero.

      Posteriormente, y según se desprende de la Demanda, el señor

Vargas Pérez depositó el cheque que le fue entregado. Adujo que, al

día siguiente, este se comunicó con la parte apelante para

informarles que el negocio no se daría y que les haría llegar el dinero.

Arguyó que la parte apelada ha incumplido el contrato y que ha

retenido las sumas de dinero dadas como opción a compra y reclamó

unas partidas por concepto de daños y perjuicios, así como costas,

gastos y honorarios de abogado. Solicitó, además, en síntesis, el

cumplimiento específico con la opción a compra, a que se elevarla la

misma a escritura pública y posteriormente al otorgamiento de la

compraventa. Además, solicitó un pago por los daños causados,

entiéndase: al privar del uso y disfrute de la propiedad, impedir

adquirir   oportunidades    comerciales,    daños   a   la   reputación

comercial y personal, angustias mentales y temeridad en concepto
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de costas, gastos y honorarios de abogado. Por último, solicitó una

orden de prohibición de enajenación o gravamen de la propiedad.

       El 19 de octubre de 2022, la parte apelada presentó su

Contestación a la Demanda.6 En ella, prácticamente negaron todas

las alegaciones de la Demanda y presentaron una serie de defensas

afirmativas.

       De lo que sigue, se desprende de los autos que, el 18 de abril

de 2023, la parte apelada presentó una Moción de Desestimación7 al

amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil;8 y, el

29 de mayo de 2023, la parte apelante una Oposición a Moción de

Desestimación.9 Conforme se desprende, la parte apelada solicitó la

desestimación de la causa de acción por dos (2) fundamentos. El

primero fue una alegada falta de capacidad cognoscitiva del señor

Vargas Pérez, asunto que fue declinado por el TPI, tras razonar que

este asunto ni siquiera surgía de las alegaciones fácticas de la

Demanda, ni tampoco había documentos en apoyo a que este

hubiese sido declarado incapaz.10 El segundo fue que la transacción

objeto de autos careció del consentimiento expreso de la señora

Cordero Hernández, detalle que era necesario por tratarse de una

transacción de un bien inmueble de carácter ganancial y que esta,

además, no estaba en disposición de ratificar el contrato.11

       Por su parte, la parte apelante sostuvo que en el contrato

otorgado hubo consentimiento, objeto y causa, puesto a que se

recibieron las prestaciones y fueron depositadas en una cuenta

bancaria y que al presente la retenían.12 Negó que el señor Vargas

Pérez estuviese incapacitado. En cuanto al consentimiento del

6 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 11-13 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 18-20.
7 En el SUMAC, a la entrada 69.
8 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
9 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 16. En el SUMAC, a la entrada 75.
10 Id.
11 Id.
12 Id.
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contrato por parte de la señora Cordero Hernández esbozó que esta

estuvo presente y consintió al mismo. Como prueba de lo anterior,

expresó contar con un video del momento del otorgamiento y que la

señora a Cordero Hernández se encontraba contenta y satisfecha.13

Aceptó que la señora Cordero Hernández no firmó el contrato, pero

estuvo presente y dio su anuencia.14

          En respuesta, el 14 de julio de 2023, notificada el 17 de julio

de 2023, el foro primario emitió una Sentencia Parcial mediante la

cual declaró parcialmente Ha Lugar la Moción de Desestimación.15

Respecto al señor Vargas Pérez, determinó que no surgía de las

alegaciones o documento que este hubiese sido declarado incapaz.

Dispuso la desestimación de la Demanda en cuanto a la señora

Cordero Hernández y la SLG compuesta por el señor Vargas Pérez y

la señora Cordero Hernández. Además, desestimó la causa de

acción, sin perjuicio en cuanto a los demás codemandados no

habiéndose diligenciado los emplazamientos, amparándose en la

Regla 4.3(c) y 4.6(c) de Procedimiento Civil.16

          Inconforme, el 31 de julio de 2023, la parte apelante presentó

una Moción de Reconsideración.17 Adujo que la Sentencia Parcial

emitida por el foro primario tenía el efecto de desestimar la causa de

acción referente a la opción de compra en favor de la parte apelada

pero, además, desestimaba la causa de acción sobre daños y

perjuicios incoada en la Demanda.18 Expresó que en el presente caso

no       había   concluido    el   descubrimiento       de    prueba,     lo   que

presuntamente le privaba de probar el consentimiento de la parte

apelada y del cual se desprendía la aceptación y satisfacción con la

13 Id.
14 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 17.
15 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 16-22 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 1-7.
16 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 20-21. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c) y 4.6

(c).
17 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 23-36 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 21-29.
18 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 24.
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opción a compra. Además, expresó, en síntesis, que nada se había

solicitado en cuanto a las alegaciones sobre daños y perjuicios por

lo que no debían ser desestimadas.19 La parte apelante solicitó que

se reconsiderara el dictamen emitido y denegara la Moción de

Desestimación.

       Por su parte, el 21 de agosto de 2023, la parte apelada

presentó su Oposición a Moción de Reconsideración.20 En ella, se

opuso a la solicitud presentada por la parte apelante. Alegó que esta

parte nunca consintió a ser grabado en video. Además, expresaron

que el contrato de opción era nulo por no haber sido firmado

también por la señora Cordero Hernández. Por su parte, el 22 de

agosto de 2023, la parte apelante presentó una moción de réplica.

       En respuesta, el 4 de octubre de 2023, el tribunal a quo emitió

y notificó una Resolución mediante la cual declaró Ha Lugar la

Moción de Reconsideración presentada por la parte apelada.21 El foro

primario concluyó que el contrato de opción se hizo constar

mediante un documento privado sin el consentimiento escrito de la

señora Cordero Hernández y determinó que dicho consentimiento

debía ser objeto de prueba, por lo que no procedía la desestimación

de la causa de acción en esa etapa de los procedimientos.22 Además,

dispuso que, en cuanto a la causa de acción en daños y perjuicios

relacionada a la señora Cordero Hernández, habiendo concluido que

no procedía la desestimación contra esta, tampoco procedía hacerlo

en cuanto a esta otra causa de acción.23 Por consiguiente, dejó sin

efecto la Sentencia Parcial emitida el 14 de julio de 2023.

       En desacuerdo con el nuevo curso decisorio de la primera

instancia judicial por vía de reconsideración, el 13 de octubre de

19 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 25.
20 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 37-39 y apéndice de la parte apelante,

a las págs. 30-32.
21 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 40-42 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 33-34.
22 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 41.
23 Id.
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2023, la parte apelada presentó una Moción en Solicitud de

Reconsideración.24 Expusieron que, siendo el contrato de opción un

contrato preparatorio, se requería el consentimiento por escrito de

ambos cónyuges. Abundó que, lo que es nulo, o sea el contrato, no

produce resultados jurídicos y ante la ausencia de consentimiento

no procede la causa de acción por daños y perjuicios. Allí, expuso

que en su dictamen inicial el foro primario había resuelto conforme

a derecho y que, como tal, por vía de reconsideración, debía

reinstalarse la Sentencia Parcial tal y cual resuelta.

       El 23 de octubre de 2023, la parte apelante se opuso a la

solicitud presentada por la parte apelada.25 Expusieron que, debido

a que no existían planteamientos nuevos, el foro primario debía

declarar de plano no ha lugar la Moción en Solicitud de

Reconsideración.

       De ahí, mediante Resolución emitida el 7 de noviembre de

2023 y notificada el 8 de noviembre de 2023, el foro primario declaró

Ha Lugar la solicitud de reconsideración y, en consecuencia,

restituyó la Sentencia Parcial emitida el 14 de julio de 2023.26

Además, no autorizó la deposición a la señora Cordero Hernández.

       Insatisfechos aún, el 5 de diciembre de 2023, la parte apelante

presentó ante este Tribunal un recurso de apelación en el cual

esgrimieron la comisión de los siguientes tres (3) errores:

       PRIMER ERROR PLANTEADO:
       Erró el Tribunal de Instancia al resolver que la Apelada
       Sra. Drucila Cordero Hernández, no prest[ó] su
       consentimiento al contrato de opción de compra o
       preparatorio.

       SEGUNDO ERROR PLANTEADO:
       Erró el Tribunal de Instancia al resolver que el contrato
       de opción de compra o preparatorio tiene que ser
       pactado por escrito y requiere la firma de ambos
       cónyuges.

24 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 43-48 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 35-40.
25 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 49-52 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 41-44.
26 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 53-55 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 45-46.
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       TERCER ERROR PLANTEADO:
       Erró el Tribunal de Instancia al desestimar la demanda
       de daños y perjuicios en favor de la Sra. Drucila Cordero
       Hernández y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales
       compuesta por ésta y el Sr. Luis Antonio Vargas Pérez y
       expresamente prohibir la toma de la deposición de la
       Apelada[,] Sra. Drucila Cordero Hernández.

       El 4 de enero de 2024, la parte apelada presentó su Alegato

en Oposición. Contando con la comparecencia de ambas partes,

procederemos a exponer el derecho aplicable.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil27,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.28 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.29 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.30
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.31 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

27 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
28 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
29 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
31 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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moción.32 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

    B. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

         La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.33

La moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa

especial que formula el demandado en la que solicita que se

desestime la demanda presentada en su contra, aun sin necesidad

de formular una alegación previa.34

         La regla establece que:

         Toda defensa de hechos o de derecho contra una
         reclamación se expondrá en la alegación responsiva
         excepto que, a opción de la parte que alega, las
         siguientes defensas pueden hacerse mediante una
         moción debidamente fundamentada:
         (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
         (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
         (3) insuficiencia del emplazamiento;
         (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
         (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
         concesión de un remedio;
         (6) dejar de acumular una parte indispensable.35

         El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable

posible a la parte demandante para determinar si la misma es

suficiente para constituir una reclamación válida.36 No obstante,

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene

derecho a obtener algún remedio.37

32 Id.
33 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
34 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
35 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
36 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
37 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).
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     C. La Solicitud de Reconsideración

       Una parte adversamente afectada por una orden o una

resolución del TPI podrá presentar una moción solicitando la

reconsideración de la orden o la resolución, dentro del término de

cumplimiento estricto de quince (15) días, contados a partir de la

fecha de la notificación de la orden o resolución. Así lo dispone la

Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil.38

       Al presentar una moción de reconsideración ante el TPI de

manera oportuna, los términos concedidos para acudir en revisión

judicial quedarán paralizados, siempre y cuando su contenido

cumpla con los requisitos expuestos en la Regla 47 de las Reglas de

Procedimiento Civil.39 “[S]alvo mociones escuetas y sin fundamentos

de clase alguna, una moción que razonablemente cuestiona la

decisión y la cual fundamente su planteamiento, será suficiente

para cumplir con la regla”.40 A tales efectos, expone la referida Regla

47:

       […]
       La moción de reconsideración debe exponer con
       suficiente particularidad y especificidad los hechos y el
       derecho que el promovente estima que deben
       reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales
       relacionadas con las determinaciones de hechos
       pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
       La moción de reconsideración que no cumpla con las
       especificidades de esta regla será declarada “sin lugar”
       y se entenderá que no ha interrumpido el término para
       recurrir.41

       En dichas instancias, los términos para recurrir en alzada al

Tribunal de Apelaciones quedarán suspendidos para todas las

partes.42 El término comenzará a decursar nuevamente a partir de

la fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la

38 32 LPRA Ap. V, R. 47.
39 Id. Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330, 338 (2018). Rivera
Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 167 (2016). Mun. Rincón v. Velázquez
Muñiz y otros, 192 DPR 989, 999 (2015). Morales y otros v. The Sheraton Corp.,
191 DPR 1, 8–9 (2014).
40 J.A. CUEVAS SEGARRA, TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL 1366 (2011). Colón

Burgos v. Marrero Rodríguez, Id.
41 32 LPRA Ap. V, R. 47.
42 Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra.
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resolución para resolver la moción de reconsideración.43 Ahora bien,

¿qué ocurre cuando, luego de interrumpido el término para apelar

mediante una moción de reconsideración y, posterior a que esta sea

resuelta y se haya emitido la correspondiente resolución, una parte

afectada por dicha resolución presenta una segunda moción de

reconsideración? ¿Se interrumpe nuevamente el término para

apelar? El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal

Supremo)      tuvo   la oportunidad       de resolver     tal   interrogante

recientemente.

       En Colón Burgos v. Marrero Rodríguez44, nuestro más alto foro

tuvo la tarea de analizar “si la posterior moción de reconsideración

— indistintamente de la parte que la presente— cuyo fin es

reconsiderar    un    dictamen     sustancialmente      modificado     como

consecuencia de la primera reconsideración, tiene el efecto de

interrumpir el término para recurrir al foro apelativo intermedio”.45

Para ello, analizó lo expresado en cuanto a la presentación de una

moción de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho

adicionales ante el TPI, por ser “moción hermana” de la moción de

reconsideración.46

       Tras su análisis, el Tribunal Supremo llegó a la siguiente

conclusión:

       [R]esolvemos hoy que una moción de reconsideración de
       este tipo interrumpe el término para recurrir al Tribunal
       de Apelaciones cuando: (1) el dictamen impugnado fue
       alterado sustancialmente como consecuencia de
       una     Moción      de    Reconsideración       anterior,
       independientemente de quien la haya presentado, y
       (2) cumple con los criterios de especificidad y
       particularidad de la Regla 47 de Procedimiento
       Civil, supra.47 (Énfasis suplido).

43 Id. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 719 (2011). Insular

Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008). Lagares v. ELA, 144 DPR 601,
613 (1997).
44 Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra.
45 Id., 339.
46 Id.
47 Id., 341.
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        En vista de ello, se entiende que la presentación de una

segunda moción de reconsideración interrumpe el término para

acudir ante este Tribunal de Apelaciones solo cuando esta exponga

(i) cuáles son los hechos o el derecho a reconsiderarse, y (ii) cuáles

son    las     alteraciones     sustanciales   producto   de   la    primera

reconsideración cuya reconsideración se solicita por primera vez.48

De esta manera, se impide que el término para recurrir en revisión

judicial quede extendido indefinidamente por la presentación de

subsiguientes mociones de reconsideración frívolas, basadas en los

mismos fundamentos.49

    D. Teoría general de los contratos

        El contrato ha sido definido como el negocio jurídico bilateral

por el cual dos (2) o más partes expresan su consentimiento en la

forma prevista por la ley, para crear, regular, modificar o extinguir

obligaciones.50 Dichas obligaciones contractuales tienen fuerza de

ley entre las partes ante sus sucesores y ante terceros en la forma

que     dispone     la   ley.51    Consecuentemente,      respecto     a   la

indemnización por responsabilidad civil se dispone: “La persona que

de cualquier modo contraviene el tenor de su obligación, debe

indemnizar los daños y perjuicios causados”.52

        De conformidad con lo anterior, son daños y perjuicios

indemnizables los siguientes:

        El deudor de buena fe responde de los daños y
        perjuicios previstos o previsibles al tiempo de
        constituirse la obligación.
        En caso de dolo, el deudor responde de todos los daños
        y perjuicios que se deriven de su incumplimiento.53

        En tanto en cuanto, existe una facultad implícita de

resolución:

48 Id., 341-342.
49 Id., 342.
50 31 LPRA § 9751, Art. 1230.
51 31 LPRA § 9754, Art. 1233.
52 31 LPRA § 9303, Art. 1158.
53 31 LPRA § 9332, Art. 1168.
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       En los contratos con prestaciones recíprocas se
       encuentra      implícita   la   facultad   de    resolver
       extrajudicialmente      el   contrato   por   falta    de
       cumplimiento de una obligación principal, conforme a
       las siguientes reglas:
       (a) la parte incumplidora debe estar en mora;
       (b) debe requerirse a la parte incumplidora, bajo
       apercibimiento de resolver el contrato total o
       parcialmente, que cumpla su obligación, incluyendo el
       daño moratorio;
       (c) las prestaciones parcialmente cumplidas no se
       resuelven y quedan firmes;
       (d) la resolución opera al momento de vencer el
       requerimiento;
       (e) la resolución produce el efecto previsto en este
       Código para la condición resolutoria cumplida; y
       (f) puede reclamarse el cumplimiento y el resarcimiento
       de daños.54
       […]

       Las partes contratantes, bajo el principio de autonomía

contractual, pueden establecer las cláusulas que tengan por

convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral, ni

al orden público.55 Por lo tanto, el contrato queda perfeccionado

desde que las partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto

y la causa, salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de

una formalidad solemne o cuando se pacta una condición

suspensiva.56 Es menester destacar, que las reglas en cuanto a la

interpretación contractual son que: (i) se presume que el negocio

jurídico se otorga de buena fe; (ii) si los términos de un contrato son

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes o

ambigüedades, se estará al sentido literal de sus cláusulas; y, (iii)

para determinar la intención, debe atenderse principalmente a la

conducta de la parte, sea coetánea, posterior o aún anterior al

otorgamiento del negocio jurídico.57

       Por otro lado, un negocio jurídico puede ser nulo o anulable.58

El negocio jurídico es nulo si: (i) el objeto, la causa o el

consentimiento son inexistentes; (ii) el objeto o la causa son ilícitos;

54 31 LPRA § 9823, Art. 1255.
55 31 LPRA § 9753, Art. 1232.
56 31 LPRA § 9771, Art. 1237.
57 31 LPRA § 6342, Art. 354.
58 31 LPRA § 6312, Art. 342.
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(iii) carece de las formalidades exigidas por la ley para su validez; o,

(iv) si es contrario a la ley imperativa, la moral o el orden público.59

Por su parte, es anulable si el otorgante tiene incapacidad de obrar,

si concurre algún vicio de la voluntad, o si el acto adolece de un

defecto de forma no solemne.60 A esos efectos, los vicios de la

voluntad son el error, el dolo, la violencia y la intimidación.61

    E. El Contrato de Opción a Compra

         El Título VIII del Código Civil aborda lo relativo a los derechos

de adquisición preferente. A su vez, las disposiciones del Capítulo II

son referente al derecho de opción. La opción de compra ha sido

definida como el derecho que faculta a su titular para que decida

durante un plazo determinado, mediante la manifestación de su

aceptación, el perfeccionamiento del contrato de compraventa que

ha sido ya acordado en todos sus aspectos fundamentales y

secundarios y a cuyo cumplimiento se mantiene comprometido el

concedente durante el plazo prefijado.62

         El derecho de opción tiene algunos requisitos para su título

de constitución.63 El título de constitución debe contener las

estipulaciones y el domicilio a efectos de las notificaciones

preceptivas y demás pactos que el constituyente o los constituyentes

tengan por conveniente.64 Además, debe contener los siguientes

requisitos: (i) el plazo de duración del derecho y, si procede, el plazo

para su ejercicio; (ii) en su caso, la voluntad del constituyente o de

los constituyentes de configurar el derecho con carácter real; (iii) el

precio o contraprestación para la adquisición del bien o los criterios

para su fijación, cuando se trate de un derecho de opción a una

adquisición onerosa, indicando el precio estipulado para su

59 Id.
60 Id.
61 31 LPRA § 6191, Art. 285.
62 31 LPRA § 8821, Art. 1029.
63 31 LPRA § 8822, Art. 1030.
64 Id.
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adquisición; (iv) cuando se prevean cláusulas de estabilización,

deben contener criterios objetivos y el precio debe poder fijarse con

una simple operación aritmética; y (v) la prima pactada para su

constitución, cuando el derecho se constituye a título oneroso,

indicando el precio convenido.65 Dichos contratos de opción de

compra se pueden inscribir cuando cumplan con los requisitos

antes mencionados y consten en escritura pública.66

                                       III

         Tenemos ante nuestra consideración un recurso de Apelación

en el cual la parte apelante elaboró tres (3) errores que, a su juicio,

cometió el TPI. Tras juzgar que los errores esgrimidos guardan

relación entre sí, procederemos a discutirlos de forma conjunta. La

parte apelante plantea que el foro primario incidió al desestimar la

Demanda, prohibiendo expresamente la toma de una deposición a

la señora Cordero Hernández. También, razonan que incidió al

resolver que esta última no prestó su consentimiento al contrato de

opción de compra o preparatorio y que el susodicho contrato de

opción de compra o preparatorio tiene que pactarse por escrito y

requiere la firma de ambos cónyuges. Veamos.

         Acentuamos que, cuando se presente una moción de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de

Procedimiento Civil, el tribunal interpretará las alegaciones de la

demanda conjuntamente, de forma liberal y de la manera más

favorable posible a la parte demandante para determinar si la misma

es suficiente para constituir una reclamación válida.67 Sin embargo,

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la

65 31 LPRA § 8822, Art. 1030.
66 Id.
67 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Torres, Torres v. Torres et al., supra. Pressure Vessels

PR v. Empire Gas PR, supra.
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demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene

derecho a obtener algún remedio.68

       Debemos recordar, que tanto el señor Acevedo Barreto y la

señora Barreto Bosques, como el señor Vargas Pérez y la señora

Cordero Hernández, están casados bajo una SLG.

       El Código Civil dispone lo concerniente a la gestión conjunta

sobre bienes comunes:

       En ausencia de capitulaciones matrimoniales, la
       administración y la disposición de los bienes
       gananciales corresponde conjuntamente a ambos
       cónyuges. Todo acto que sobre dichos bienes haga
       cualquiera de los cónyuges en contravención a este
       artículo, y lo demás dispuesto en este título, no
       perjudica al otro cónyuge ni a sus herederos.69
       […]

       A la luz de lo anterior, en lo que respecta al consentimiento

dual para actos de disposición el Código explica que:

       […]
       Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre
       bienes gananciales se requiere el consentimiento escrito
       de     ambos    cónyuges.     Tal   consentimiento     es
       indispensable, pero el cónyuge que no ha consentido
       puede ratificarlo posteriormente. En este caso, la
       validez y la eficacia del acto comienzan a partir de la
       ratificación, salvo acuerdo en contrario. A falta de
       ratificación oportuna, el acto es nulo y sus
       consecuencias son de la exclusiva responsabilidad del
       cónyuge que consiente unilateralmente.70

       Así,    las    cosas,     existen     sanciones    cuando    falta   el

consentimiento dual. Quiérase decir, cuando la ley requiere que uno

de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro para realizar

un acto de administración o de disposición sobre bienes comunes,

tal   acto    puede     anularse      a    instancias    del   cónyuge   cuyo

consentimiento se ha omitido, o de sus herederos.71 Así, pues, un

negocio ratificable es ineficaz y no surte efecto jurídico alguno hasta

68 González Méndez v. Acción Social et al., supra.
69 31 LPRA § 6992, Art. 525.
70 31 LPRA § 6994, Art. 527.
71 31 LPRA § 6918, Art. 495.
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tanto no sea ratificado, debido a que falta el consentimiento de una

verdadera parte contratante.72

       Debemos reiterar que, en su Declaración Jurada, la señora

Codero Hernández declaró que:

       […]
       4. Que en relación a la demanda que nos radicó el Sr.
       Graciano Acevedo Barreto yo no participé, ni estuve en
       las negociaciones, ni mucho menos le hice
       recomendaciones.
       Que yo no firmé ni aprobé venta alguna de terreno.
       […]
       8. Que en ningún momento yo autoricé vender terreno
       al Sr. Graciano Acevedo Barreto y no hablé de negocio
       alguno con el caballero.
       9. Que no autoricé, ni autorizo venta de esos terrenos
       que alega el Sr. Graciano Barreto.
       10. Que hago esta declaración jurada a los fines de
       establecer y dejar claro que yo no firmé documento
       alguno, ni acordé negocio alguno con Graciano Acevedo
       Barreto y que no le hice recomendaciones de cómo
       utilizar el terreno.73
       […]

       A raíz de ello, el contrato queda perfeccionado desde que las

partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa,

salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de una

formalidad solemne o cuando se pacta una condición suspensiva.74

       En lo que concierte al contrato preliminar / opción, el Código

indica que:

       Por el contrato preliminar las partes se obligan a
       celebrar un contrato futuro. El contrato preliminar se
       denomina Opción si le atribuye a una sola de las partes
       la facultad de decidir sobre la celebración del contrato
       futuro.
       El contrato preliminar no está sujeto a cumplir las
       formalidades que debe satisfacer el contrato futuro.
       Si la parte requerida se niega al otorgamiento del nuevo
       contrato, el tribunal puede exigir a la misma estricto
       cumplimiento.

       No obstante, además de que el contrato no contenía la firma

de la señora Cordero Hernández, este tampoco cumplía con los

requisitos dispuestos en el Artículo 1030 del Código Civil. Por tanto,

72 Soto v. Rivera, 144 DPR 500, 515 (1997).
73 Apéndice de la parte apelada, a la pág. 47.
74 31 LPRA § 9771, Art. 1238.
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para que advenga a la vida jurídica un contrato de opción de

compra, el mismo debe cumplir con los requisitos mínimos

esenciales dispuestos en el Artículo 1030. Según el Profesor Michel

Godreau, el contrato de opción de compra es:

       [l]a facultad que se le concede a un comprador para que
       decida durante un plazo determinado, mediante la
       manifestación de su aceptación, el perfeccionamiento
       del contrato de compraventa que ha sido ya acordado
       en todos los aspectos fundamentales y secundarios y a
       cuyo cumplimiento se mantiene comprometido el
       concedente durante todo el término de vigencia de la
       opción.75

       Es nuestra apreciación, que el contrato de opción de compra

constituye un gravamen oneroso sobre la propiedad que obliga su

enajenación, si se ejerciera la opción, por lo que claramente se

requeriría para su validez la concurrencia de todas las partes

contratantes. Es un hecho claro que la señora Cordero Hernández

no firmó el documento que recoge el acuerdo de opción de compra,

es decir, este carecía de su consentimiento expreso. De igual forma,

no surge de los autos que exista un documento que le confiera al

señor Vargas Pérez la capacidad para enajenar o realizar actos que

conlleven posteriormente la enajenación del inmueble optado.

Además, se desprende del expediente que la señora Cordero

Hernández no ha ratificado ni ha contemplado de forma alguna

ratificar de alguna manera el acto de su esposo. No erró el foro

primario al desestimar la causa de acción por incumplimiento de

contrato contra la señora Cordero Hernández y la SLG.

       En lo concerniente a la causa de acción de daños y perjuicios,

la parte apelante había solicitado un pago por los daños causados,

entiéndase: al privar del uso y disfrute de la propiedad, impedir

adquirir   oportunidades      comerciales,     daños     a   la   reputación

comercial y personal y angustias mentales. Considerado la totalidad

75 Godreau, Michel J., La opción de compra en Puerto Rico, 53 Rev. Jur. U.P.R.

565, 576 (1984).
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del expediente ante nos, juzgamos que el foro primario incidió al

desestimar la causa de acción de daños y perjuicios contra la señora

Cordero Hernández y la SLG en esta etapa de los procedimientos. El

TPI debe permitir que el descubrimiento de prueba siga su curso,

para así recibir prueba que le ayude a determinar si procede la causa

de acción ejercitada por la parte apelante.

       Por otro lado, en la Resolución, en segunda reconsideración,

emitida por el Tribunal el 8 de noviembre de 2023, este no autorizó

la deposición a la señora Cordero Hernández. La Regla 23 de las

Reglas de Procedimiento Civil aborda las disposiciones generales

respecto al descubrimiento de prueba. Debemos recordar que el

descubrimiento de prueba es amplio y liberal. La Regla 23.2 (a)

dispone que:

       (a) El tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte,
       podrá limitar el alcance de los métodos de
       descubrimiento de prueba si determina lo siguiente: (i)
       que la prueba que se pretende descubrir es un
       duplicado de otra prueba o es irrazonablemente
       acumulativa; (ii) que la prueba puede obtenerse
       mediante otra forma más conveniente, menos onerosa
       y costosa para la parte a quien se le solicita; (iii) que la
       parte que solicita la prueba haya tenido oportunidad de
       obtenerla, o (iv) que los costos para obtener la prueba
       exceden el beneficio que ésta puede aportar al caso.76
       […]

       La Regla 27 de las Reglas de Procedimiento Civil regula las

deposiciones mediante examen oral. A esos efectos, la Regla 27.1

señala cuándo podrán tomarse las deposiciones:

       (a) Luego de iniciado un pleito, cualquier parte podrá
       tomar el testimonio de cualquier persona, incluyendo el
       de una parte, mediante una deposición en forma de
       examen oral sin el permiso del tribunal, excepto que la
       parte demandante no podrá tomar ninguna deposición
       sin el permiso del tribunal dentro de los treinta (30) días
       siguientes a la fecha del emplazamiento de la parte
       demandada.77
       […]

76 32 LPRA Ap. V, R. 23.2 (a).
77 32 LPRA Ap. V, R. 27.1.
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      Vemos que nuestras reglas procesales disponen que la toma

de una deposición está disponible tanto para las partes como para

terceras personas. En este caso, el foro primario desestimó la acción

contra la señora Cordero Hernández y no autorizó la deposición. El

error fue cometido. Conforme al curso decisorio de esta Curia la

causa de acción sobre daños y perjuicios quedó viva, por lo anterior,

la señora Cordero Hernández se mantendrá como parte y puede ser

depuesta. Huelga, además, decir que, independiente a lo anterior, la

señora Cordero Hernández pudo haber sido depuesta. Es por lo

anterior que forzosamente concluimos que incidió el foro primario al

no autorizar la toma de deposición a la señora Cordero Hernández.

                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma en parte y se

revoca en parte la Sentencia Parcial apelada. Se confirma en lo

concerniente a la desestimación de la causa de acción por

incumplimiento de contrato contra la señora Cordero Hernández y

la SLG. No obstante, se revoca en cuanto a la desestimación de la

causa de acción por daños y perjuicios contra la señora Cordero

Hernández y la SLG y se autoriza la toma de deposición. Se devuelve

el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos,

en armonía con lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones