Court Opinion

ID: 9941360
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:28:11.647519+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:34.417174
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

RITA ALTAGRACIA ARISTY                 Certiorari
    LÓPEZ, MIRANDA                     procedente del
   PATRICE PURCELL                     Tribunal de Primera
  ARISTY, ALEJANDRA                    Instancia, Sala de
   CAMILLE PURCELL                     San Juan
    ARISTY Y OTROS       KLCE202400061
                                       Caso núm.:
Demandantes - Recurridos               SJ2023CV04458

              v.                                Sobre:
                                                Impericia Médica
METRO SANTURCE, INC.,
 H/N/C HOSPITAL PAVIA
 SANTURCE, HATO REY
      PATHOLOGY
   ASSOCIATES, INC.,
  H/N/C HRP LABS, DR.
LUIS F. GARCÍA PAREDES
        Y OTROS

        Demandados

      LUIS F. GARCÍA
         PAREDES

         Peticionario

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez
Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) autorizó una

enmienda a una demanda, sobre daños por supuesta impericia

médica, dirigida a añadir una causa de acción por lucro cesante.

Según se explica a continuación, como la reclamación por lucro

cesante surge del mismo núcleo de hechos por el cual se presentó la

demanda, no había impedimento para que el TPI autorizara la

enmienda, con el efecto de que la misma se retrotraiga a la fecha de

la presentación de la demanda.

                                 I.

      En mayo de 2023, las señoras Rita Altagracia Aristy López,

Miranda Patrice Purcell Aristy y Alejandra Camille Purcell Aristy

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400061                                                      2

presentaron la acción de referencia, sobre daños y perjuicios por

alegada impericia médica (la “Demanda”), en contra, en lo

pertinente, del Dr. Luis F. García Paredes (el “Médico”). Alegaron

que el Sr. Carlos Caonabo Purcell Cabrera, quien era esposo de la

Sa. Aristy y padre de las otras demandantes, falleció como

consecuencia de la impericia del Médico y de otros demandados.

Reclamaron $1,500,000 en daños heredados y, por los daños y

angustias propios, también reclamaron $1,500,000.

      El 13 de noviembre, las demandantes presentaron una

Solicitud de Enmienda a la Demanda, ello con el fin de incluir una

reclamación por lucro cesante. El TPI ordenó a los demandados que

se expresaran en un término de 10 días; varios se opusieron al

plantear que la enmienda debía entenderse como una reclamación

distinta y separada a la original, por lo cual estaría prescrita. Las

demandantes replicaron.

      Mediante una orden notificada el 30 de noviembre (la

“Orden”), el TPI autorizó la presentación de la referida enmienda a

la Demanda.

      El 13 de diciembre, el Médico solicitó la reconsideración de la

Orden, lo cual fue denegado por el TPI mediante una Resolución

notificada el 18 de diciembre.

      Inconforme, el 17 de enero, el Médico presentó el recurso que

nos ocupa; formula el siguiente señalamiento de error:

            Erró el TPI al autorizar una enmienda a la
            demanda para incluir una nueva causa de acción
            de daños especiales no reclamados a tiempo.

Disponemos.

                                 II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,
KLCE202400061                                                       3

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene discreción para

determinar si expide el auto y, así, revisa los méritos de la

determinación recurrida. Sin embargo, esta discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente:

         El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
         órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia, solamente será expedido por el
         Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
         resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
         apéndice o de la denegatoria de una moción de
         carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a
         lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
         Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
         interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
         Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
         admisibilidad de testigos de hechos o peritos
         esenciales,    asuntos     relativos  a    privilegios
         evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
         relaciones de familia, en casos que revistan interés
         público o en cualquier otra situación en la cual
         esperar a la apelación constituiría un fracaso
         irremediable de la justicia. … .

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:

         El Tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
         y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.
KLCE202400061                                                                4

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
         el caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      La denegación de una petición de expedición del auto de

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento

en apelación. Torres Martínez, supra.

                                     III.

      Como cuestión de umbral, no está claro que estemos

autorizados, bajo los términos de la Regla 52.1, supra, a intervenir

con la decisión recurrida. Adviértase que se trata de si se autoriza

una enmienda a una demanda, asunto no contemplado en la

referida regla.

      En cualquier caso, aun partiendo de la premisa, sin resolverlo,

que   estaríamos       autorizados    a     expedir   el   auto     solicitado,

determinaríamos no expedirlo bajo los criterios de la Regla 40,

supra. Ello porque el TPI no cometió error de derecho alguno al

autorizar la enmienda a la Demanda, ni tampoco podemos concluir

que, al así actuar, el TPI haya abusado de su discreción.

      La reclamación por lucro cesante surge del mismo núcleo de

hechos por el cual se presentó la Demanda. Por tanto, y contrario

a lo que arguye el Médico, la presentación de la Demanda

interrumpió       el   término   prescriptivo    para      instar   cualquier

reclamación de las demandantes que surgiera del referido núcleo de

hechos, como lo es la causa de acción por lucro cesante. Ortiz Díaz

v. R & R Motors Sales Corp., 131 DPR 829 (1992). Así pues, no hay

impedimento jurídico para que aplique la norma general a los efectos
KLCE202400061                                                                5

de que la enmienda a una demanda se retrotrae al momento de la

presentación de la demanda original. Véase, Regla 13.3 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.3.

       Tampoco podemos concluir que el TPI hubiese abusado de su

discreción al autorizar la enmienda en esta etapa del caso.

Resaltamos que la autorización para enmendar una demanda debe

concederse liberalmente, aun en etapas avanzadas del pleito,

tomando en consideración el impacto del tiempo transcurrido previo

a la enmienda, la razón de la demora y el perjuicio a la otra parte.

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 (2020); S.L.G. Sierra v.

Rodríguez, 163 DPR 738, 750 (2005); véase, además, Epifanio Vidal,

Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 796 (1975).          Se causará un perjuicio si

la enmienda transforma sustancialmente la naturaleza y el alcance

del caso o si obliga a la otra parte a incurrir en nuevos gastos, alterar

su estrategia en el litigio o comenzar nuevamente el descubrimiento

de prueba. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 204 (2012).

       En este caso, el proceso se encuentra en una etapa temprana1

y la enmienda no transforma sustancialmente la naturaleza del

caso. Por tanto, no se ha demostrado que el Médico sufriría algún

perjuicio indebido como consecuencia de la enmienda presentada.

                                     IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se deniega expedir el

auto de certiorari solicitado.

       Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

1 De hecho, casi simultáneamente con la autorización de la enmienda, el TPI le

ordenó a las partes presentar, en 30 días, el Informe de Manejo de Caso. Véase,
Apéndice del recurso, pág. 80.