Court Opinion

ID: 9941509
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:00.740472+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.136172
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      Panel II

 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO                              Certiorari
         Peticionario                                      procedente del
                                                           Tribunal de
                                                           Primera
                                             KLCE202301158 Instancia, Sala
                   v.                                      Superior de
                                                           Coamo

                                                                Caso Núm.
SUCN.   RUTH      INÉS            RIVERA                        CO2022CV00250
MARTÍNEZ y OTROS
          Recurridos                                            Sobre:
                                                                Cobro de Dinero
                                                                y Ejecución de
                                                                Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Adames
Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                   SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

                                             a.

      El 4 de agosto de 2022, el Banco Popular de Puerto Rico, (el Banco o

peticionario), presentó una Demanda en cobro de dinero y ejecución de

hipoteca contra los miembros de la Sucesión de Ruth Inés Rivera Martínez,

compuesta por Eddie Alexis Santos Rivera, Mariel Enid Santos Rivera,

Carlos Javier Santos Rivera, Eddie Santos Rivera, et al., por el impago de

una obligación evidenciada mediante un pagaré por la cantidad de

$47,005.00 de principal, garantizada mediante hipoteca inscrita en primer

rango, sobre la finca número 7759 del Registro de la Propiedad de Puerto

Rico, Sección de Barranquitas, al folio 76 del tomo 328 de Coamo,

inscripción 6ta.

      Superadas     varias     incidencias   procesales,   no   pertinentes   a   la

controversia ante nuestra consideración, el Tribunal de Primera Instancia

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLCE202301158                                                          2

(TPI) dictó Sentencia en Rebeldía, el 13 de abril de 2023,1 para su

publicación por edicto. Luego, el 23 y 26 de mayo de 2023, ese mismo foro

primario     expidió    Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia,

respectivamente.

       Entre los documentos relativos al proceso de ejecución de subasta

surgió que el inmueble se encontraba afecto a una segunda hipoteca, a

nombre de Doral Mortgage Corporation, garantizando un pagaré por la

cantidad de $21,000.00, por lo que dicha institución también fue notificada

del asunto.

       La primera fecha de subasta se celebró el 7 de agosto de 2023, donde

el señor Melvin Ayala Martínez, en representación de Inmobiliaria Naihomy

Inc., e Inversiones B-Tres Inc., se adjudicó la propiedad hipotecada por la

cantidad de $77,500.00.

       En consecuencia, el Banco, como acreedor en primer rango de la

hipoteca, presentó una moción solicitando el retiro de fondos por la

cantidad de $58,160.63. Por esto, el TPI emitió una Orden autorizando el

retiro de fondos, según el total reclamado por el Banco.

       Sin embargo, luego del TPI haber adjudicado la causa de acción del

Banco, iniciada por este como acreedor en primer rango de la referida

obligación hipotecaria, el 7 de septiembre de 2023, esta misma parte

presentó una Solicitud para el Retiro de Fondos a Favor de Acreedor

Posterior. (Énfasis provisto). En esencia, solicitó que el TPI ordenara el

retiro de la suma restante de la ejecución de hipoteca, por ostentar la

hipoteca en segundo rango pendiente. A tales fines, el Banco incluyó una

declaración jurada haciendo constar ser el acreedor de la segunda hipoteca,

constituida en garantía de pagaré a favor de Doral Mortgage Corporation, o

a su orden, por la suma de $21,000.00, y acreditó que la cantidad

adeudada por concepto de esa segunda hipoteca ascendía a la cantidad de

1 Notificada el 17 de abril de 2023.
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$33,826.59. En definitiva, habiendo advenido con la acreencia que

correspondía a Doral Mortgage Corporation como acreedor en segundo

rango de la hipoteca, el Banco reclamó el pago de lo debido en el proceso

que antes había iniciado para el reclamo de su acreencia, como acreedor en

primer rango de la hipoteca.

       Ante esta nueva petición del Banco dentro del proceso inicial ya

adjudicado, 12 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Orden declarando

No Ha Lugar la solicitud de la parte demandante, dejando establecido que

dicha parte        deberá      radicar      la    acción   correspondiente.2   (Énfasis

provisto).

       Insatisfecho, el 22 de septiembre de 2023, el Banco presentó una

Solicitud de Reconsideración, que también fue denegada.

       Es así como el Banco acude ante nosotros, mediante Recurso de

certiorari, planteado el siguiente error:

       Erró el Honorable Tribunal de Instancia, Sala Superior de
       Coamo al declarar No Ha Lugar el retiro de fondos del sobrante
       de la subasta celebrada el 7 de agosto de 2023, por la cantidad
       de $19,339.37, pertenecientes a la parte demandante Banco
       Popular de Puerto Rico por ser la acreedora de la segunda
       hipoteca que grava la propiedad.

       Examinado el asunto planteado, nos resulta evidente que es

innecesaria la comparecencia de los recurridos para disponer de la petición,

de modo que así obraremos.

                                                 b.

       El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v.

American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio

Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019); Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es, en esencia,

un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior

jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. García

2 Anejo III del Recurso de certiorari, pág. 5.
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v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición del auto descansa en la

sana discreción del tribunal, y encuentra su característica distintiva,

precisamente, en la discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo de

Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711. El concepto discreción implica

la facultad de elegir entre diversas opciones. IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la discreción judicial no es irrestricta y ha

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión justiciera. Municipio Autónomo de

Caguas v. JRO Construction, supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, establece

que   el   recurso     de    certiorari   para     revisar    resoluciones      u    órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u

orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo

y; (3) por vía de excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de

testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia;

(e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

       En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra

facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determinar si el

asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede evaluar

si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento,3 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con

3   A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus
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todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra

jurisdicción. García v. Padró, supra.

      En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal

apelativo    no    intervendrá      con    las    determinaciones       interlocutorias

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155

DPR 62, 78-79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido

que   nuestro     ordenamiento      jurídico     desfavorece    la   revisión    de   las

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC,

supra, pág. 730. Además, en su mayor parte, las determinaciones

interlocutorias pueden esperar hasta la conclusión final del caso para ser

revisadas en apelación, conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito.

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.

                                           c.

      La Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, según enmendada, 30 LPRA

sec. 6001 et seq. (Ley del Registro de la Propiedad), regula el procedimiento

para la ejecución de hipotecas. En lo pertinente al asunto ante nuestra

consideración, el Artículo 98 de la Ley del Registro de Propiedad establece

que los acreedores hipotecarios posteriores y los titulares de derechos

reconocidos en sentencias finales y firmes debidamente anotados o

      fundamentos, son contrarios a derecho.
   B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis
      del problema.
   C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la
      apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
   D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos
      originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más elaborados.
   E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia
      para su consideración.
   F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un
      fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución
      final del litigio.
   G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de
      la justicia.
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asegurados mediante embargo al crédito que se ejecuta, podrán radicar

dentro del procedimiento de ejecución una moción juramentada

estableciendo la cuantía del crédito que se les adeuda. 30 LPRA sec.

6135; Ponce Federal v. Arblas Inds. Supp., Inc., 132 DPR 687,690 (1993).

(Énfasis nuestro). Así las cosas, la referida ley indica que una vez se declare

con lugar la demanda y advenga final y firme la sentencia dictada en el

procedimiento de ejecución de hipoteca, el tribunal ordenará, a instancia del

ejecutante, la expedición del correspondiente mandamiento, para que el

alguacil proceda a la subasta de los bienes hipotecados.      Artículo 99, 30

LPRA sec. 6136. A la referida subasta serán citados los acreedores que

hayan inscrito o anotado su derecho con posterioridad a la hipoteca objeto de

ejecución y con anterioridad a la anotación de demanda. Artículo 101, 30

LPRA sec. 6138. En particular, el Artículo 106 de la Ley del Registro de la

Propiedad establece que en la subasta pueden concurrir como postores

titulares de créditos hipotecarios vigentes y posteriores a la hipoteca que se

cobra y ejecuta, que figuren como tales en la certificación registral. 30 LPRA

sec. 6143. (Énfasis nuestro). Asimismo, dispone que, en tal caso, pueden

utilizar el montante de sus créditos o parte de alguno en sus ofertas. Íd.

(Énfasis nuestro).

      Una vez celebrada la subasta y confirmada la adjudicación o venta, la

Ley del Registro de la Propiedad establece que el precio de venta se

destinará, sin dilación, al pago del crédito hipotecario del acreedor. Artículo

108, 30 LPRA sec. 6145. El sobrante lo depositará el alguacil en la

secretaría del tribunal para que éste disponga lo que proceda

respecto a los acreedores posteriores siguiendo el orden o rango que

cada uno tenga en relación con el crédito ejecutado. Íd. (Énfasis

nuestro). En el caso de no existir crédito o responsabilidad posterior, el

remanente, si alguno, se le entregará al deudor o al tercer poseedor. Íd.

Sobre lo anterior, el Tribunal Supremo ha manifestado que, si hay
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gravámenes posteriores, la ejecución de la hipoteca anterior (senior lien) libera

a la propiedad hipotecada de sus gravámenes posteriores, pero cualquier

exceso sobre la hipoteca que se ejecuta que produzca la subasta se

aplica al pago de los gravámenes posteriores. Vda. De Mari v. Tribunal

Superior, 88 DPR 532, 541 (1963) (Énfasis nuestro).

                                                d.

       El peticionario sostiene que incidió el TPI al declarar sin lugar su

Solicitud para el retiro de fondos a favor de acreedor posterior y decidir que

éste deberá radicar la acción correspondiente.4 En específico, el Banco

arguyó que el foro primario se equivocó al determinar que no procedía el

retiro de fondos del sobrante de la venta de la propiedad subastada en el

pleito de epígrafe, ya que es el acreedor de la segunda hipoteca de la

mencionada propiedad. Tiene razón. Veamos.

       Según señalamos anteriormente, la Ley del Registro de la Propiedad

dispone que una vez se declare con lugar y advenga final y firme la

sentencia dictada en el procedimiento de ejecución de hipoteca, se

procederá a la correspondiente subasta de los bienes que fueron

hipotecados. 30 LPRA sec. 6136. Después que se celebre la referida subasta

y se confirme la adjudicación o venta, el precio de la venta se destinará al

pago del crédito hipotecario. 30 LPRA sec. 6145. En estas condiciones, el

sobrante, si alguno, el alguacil lo depositará en la secretaría del tribunal

para que éste disponga lo que proceda respecto a los acreedores posteriores

siguiendo el orden o rango que cada uno tenga en relación con el

crédito ejecutado. Íd. (Énfasis nuestro).

       En el caso de autos, luego de advenir en final y firme la Sentencia en

Rebeldía emitida por el TPI, se celebró la subasta el 7 de agosto de 2023.

Ese día, la Inmobiliaria Naihomy Inc., e Inversiones B-Tres Inc., se adjudicó

la propiedad hipotecada por la cantidad de $77,500.00. Consecuentemente,

4 Apéndice III del recurso de certiorari, pág. 5.
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el Banco, como acreedor de la hipoteca en primer rango, presentó una

moción solicitando el retiro de fondos por la cantidad de $58,160.63. El 1 de

septiembre de 2023,5 el foro primario le ordenó al Alguacil del Tribunal que

expidiera un cheque al Banco para el pago de la Sentencia por la cantidad

solicitada.6 Posteriormente, el Banco presentó una Solicitud para el Retiro de

Fondos a Favor de Acreedor Posterior requiriendo la suma restante de la

ejecución de hipoteca, por poseer la hipoteca en segundo rango pendiente.

El peticionario acompañó su solicitud con una declaración jurada en la que

hizo constar que es el acreedor de la segunda hipoteca, constituida en

garantía de pagaré a favor de Doral Mortgage Corporation, o a su orden, por

la suma de $21,000.00. Además, acreditó que la cantidad adeudada

ascendía a $33,823.59. A tenor, solicitó el retiro de los fondos por la

cantidad de $19,339.37, para abonar a la deuda pendiente.

       Lo hasta aquí explicado debe servir como claro indicador de las

razones por las cuales juzgamos que se justifica nuestra intervención con la

Resolución cuya revocación nos solicita el peticionario. El Banco estableció

su crédito como acreedor posterior en segundo rango con la presentación de

la declaración jurada que acompañó a su solicitud para el retiro de los

fondos. La Ley del Registro de la Propiedad no requiere procedimiento

adicional para autorizar el retiro de los fondos en favor de los acreedores

posteriores. Luego de confirmarse la venta y pagarse el crédito hipotecario

del acreedor en primer rango, la Ley del Registro de la Propiedad dispone

que el sobrante se depositará en la secretaría para que se disponga del

mismo respecto a los acreedores posteriores siguiendo el orden o rango.

Tal y como discutimos, el Banco acreditó ser el acreedor de la hipoteca en

segundo rango del bien que se subastó, por lo cual, correspondía que el TPI

5 Notificada el 5 de septiembre de 2023.
6Véase la entrada número 54 del expediente digital del caso que obra en el Sistema
Unificado de manejo y Administración de Casos (SUMAC).
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autorizara el retiro del sobrante del precio de venta, y se equivocó al no

obrar de tal manera.

                                    e.

     Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari y

revocamos la determinación recurrida. A tenor, devolvemos el caso al foro

recurrido para que obre según aquí explicado.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones