Court Opinion

ID: 9381070
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:24.959623+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.601134
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                  REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS
                         PANEL ESPECIAL

       EL PUEBLO DE                                  Apelación
       PUERTO RICO                                   procedente del
                                                     Tribunal de Primera
           Apelado                                   Instancia, Sala
                                                     Superior de Caguas

              V.                              Caso Núm.:
                                              E VI2019G0030
                                KLAN202100949 E OP2019G0033
      MARCOS NÚÑEZ                            E FJ2019G0012
        GONZÁLEZ                              E LA2019G0175
                                              E LA2019G0176
           Apelante                           E LA2019G0177
                                              E LA2019G0178
                                              E LA2019G0179

                                             Por:
                                             Art. 93-A CP (2012)
                                             Art. 249-A CP (2012)
                                             Art. 280 CP (2012)
                                             Art. 5.04 LA (2)
                                             Art. 5.15 LA (2)
                                             Art. 5.20 LA (2)
Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Torres, la Jueza
Santiago Calderón y la Jueza Diaz Rivera1.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      Comparece el apelante, Marcos Núñez González, y solicita

nuestra intervención para que revoquemos una Sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 25

de octubre de 2021. Mediante dicho dictamen, se declaró al apelante

culpable y convicto por infringir los Artículos 93, 249a y 280 del

Código Penal de Puerto Rico del 2012 (Código Penal), 33 LPRA secs.

5142, 5339 y 5373 y los Artículos 5.04 (2 cargos), 5.15 (2 cargos) y

5.20 de la derogada Ley Núm. 168-2020 (Ley de Armas), 25 LPRA

secs. 458c, 458n y 458s.

1
 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-140 se designa a la Hon. Karilyn M.
Diaz Rivera en sustitución de la Hon. Gloria L. Lebrón Nieves.

Número Identificador
SEN2023 __________________
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      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                  I.

      Surge del expediente de la apelación ante nos, que por hechos

ocurridos el 29 de septiembre de 2019, el Ministerio Público

presentó ocho (8) acusaciones en contra del apelante, por

violaciones los Artículos 93, 249a y 280 del Código Penal y los

Artículos 5.04 (2 cargos), 5.15 (2 cargos) y 5.20 de la derogada Ley

de Armas.

      En síntesis, se acusó al apelante de que allá para el 29 de

septiembre de 2019, en concierto y común acuerdo con John Marcos

Núñez Rivera y Yadier Alfredo Díaz, en el Municipio de Aguas

Buenas, ilegal, voluntaria, criminal, a propósito, e intencionalmente,

le dio muerte a Pedro José Cotto Rivera, disparándole con dos armas

de fuego desde un vehículo de motor.         Se le acusó, además, de

apropiarse de un arma de fuego tipo rifle, perteneciente a Pedro

Cotto Rivera y de haber ocultado y procurado la desaparición de las

armas de fuego utilizadas en el asesinato.

     Luego del proceso de Desinsaculación de Jurado, el desfile de

prueba del Juicio en su Fondo se llevó a cabo los días 17, 19 y 27

de agosto, los días 16, 17, 21, 24 y 27 de septiembre y el 1 de octubre

de 2021. La prueba documental de cargo presentada para sostener

los cargos imputados consistió en la siguiente: (1) Informe de

Hallazgos de Escena (Exhibit 1); (2) CD Fotos de Escena (Exhibit 2);

(3) CD Videos de Escena (Exhibit 3), (4) Informe Médico Forense con

Toxicología (Exhíbit 4), (5) Sobre sellado con casquillos, bala,

casquillos disparados, fragmento de proyectil recuperado del cuerpo

(Exhíbit 5a-5d), (6) Certificado de Armas de Fuego (Exhíbit 6), (7)

Solicitud y Orden de Registro y Allanamiento de Vehículo (Exhíbit 7),

(8) Solicitud y Orden de Registro y Allanamiento de Residencia

(Exhíbit 8), (9) PPR-128 (Exhíbit 9), (10) Inventario Propiedad
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Ocupada (Exhíbit 10), (11) Certificación Verificación de Información

(Exhíbit 11 y 12), (12) Fotografías de Allanamiento (Exhíbit 13a-13g),

(13) Fotos de Escena (Exhíbit 14a-14g), (14) Copia Libro de

Confidencias (Exhíbit 15), (15) Fotos de Residencia (Exhíbit 16a-16h),

(16) Croquis (Exhíbit 17), (17) Advertencias de Ley a José Rivera

López    (Exhíbit   18a-18b),   (18)   Solicitud   sobre   Investigación

Confidencial (Exhíbit 19), (19) Acta de Rueda de Confrontación

(Exhíbit 20) y (20) Advertencias de Ley a Yadier Díaz y Marcos Núñez

(Exhíbit 21 y 22).      También se presentó la siguiente prueba

documental estipulada por las partes: (1) Solicitud de Servicios

Forenses AF-19-1160 (Exhíbit 1 y 2), (2) Solicitud de Análisis

PAT3833-19, (Exhíbit 3).        Finalmente, la prueba documental

presentada por la defensa consistió en (1) Forma PPR 615.7.

     Además, el Ministerio Público presentó el testimonio bajo

juramento de las siguientes personas: (1) Agte. Tomás Velázquez

Maldonado, (2) Sra. Angie Hernáiz Rivera, (3) Sr. Raymond Rosado

Rentas, (4) Agte. José R. Gracia Vega, (5) Agte. Antonio Berríos

Rosado, (6) Sra. Edmarie Ortiz Rivera, (7) Agte. Alexander Meléndez

Rivera, (8) Agte. Miguel Morales Cotto, (9) Agte. Edwin Santiago

Martínez, (10) Sra. Josefina Rivera Rosario, (11) Agte. Jesús Manuel

Torres Ramírez, (12) Sr. Wilfredo Ayala Rosa, (13) Sr. Steven

González, (14) Sr. Joekeniel Rodríguez Rivera, (15) Sra. Jacqueline

Berríos Rivera, (16) Sr. Amissaday Silva Aponte, (17) Dra. Eda

Rodríguez Morales, (18) Sr. José Rivera López, (19) Sr. Yadier Alfredo

Díaz Rosa, (20) Sra. Zuleyka Rosa Sánchez y (21) Agte. Anthony

Egea Guardarrama.

        Así las cosas, luego de escuchado el testimonio de los testigos

presentados por el Ministerio Público y evaluada la totalidad de la

prueba que tuvo ante sí, el 1 de octubre de 2021, el Jurado emitió

un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, según imputados.

En atención a ello, el 25 de octubre de 2021, el Tribunal de Primera
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Instancia emitió Sentencia en contra del apelante, imponiéndole la

siguiente pena:

       (1) En el cargo por Art. 93 del Código Penal, noventa y

           nueve (99) años de cárcel;

       (2) En el cargo por Art. 249a del Código Penal, veinte

           (20) años de cárcel;

       (3) En el cargo por Art. 280 del Código Penal, tres (3)

           años de cárcel;

       (4) En los dos cargos por Art. 5.04 de la Ley de Armas,

           veinte (20) años de cárcel en cada cargo2;

       (5) En los dos cargos por Art. 5.15 de la Ley de Armas,

           diez (10) años de cárcel en cada cargo3; y

       (6) En el cargo por Art. 5.20 de la Ley de Armas, diez

           (10) años de cárcel.

       Las penas impuestas por las violaciones al Código Penal,

serían concurrentes entre sí, pero consecutivas con las penas

impuestas por las violaciones a la Ley de Armas. Estas, a su vez,

serían consecutivas entre sí, para un total de ciento sesenta y nueve

(169) años de cárcel.

       Inconforme con la Sentencia, el 22 de noviembre de 2021, el

apelante acudió a este Foro y señaló la comisión de los siguientes

errores:

           PRIMER ERROR:
           Erró el Honorable Tribunal al declarar a
           Marcos Núñez González culpable y convicto
           por los delitos imputados ante la prueba
           contradictoria, insuficiente en derecho y
           carente de crédito, que no derrotó la
           presunción de inocencia ni estableció los
           elementos del delito más allá de duda
           razonable.

           SEGUNDO ERROR:
           Erró el Honorable Tribunal al aceptar la
           imputación de concierto y común acuerdo, sin
2
  El TPI impuso la pena fija de 10 años en cada cargo, más la pena duplicada de
conformidad con el Art. 7.03 de la Ley de Armas.
3 El TPI impuso la pena fija de 5 años en cada cargo, más la pena duplicada de

conformidad con el Art. 7.03 de la Ley de Armas
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       realizar un análisis integral de la prueba
       desfilada.

       TERCER ERROR:
       Erró el Honorable Tribunal al no considerar el
       arresto del señor Marcos Núñez González
       como una detención ilegal por tres días
       realizada mediante engaño a través de una
       “invitación al cuartel” y transportarlo en
       vehículo oficial de la policía.

       CUARTO ERROR:
       Erró el Honorable Tribunal al admitir en
       evidencia el testimonio del Agente Jesús
       Torres Ramírez sobre declaraciones del Sr.
       José López sin que se cumpliera con las
       exigencias de prueba de referencia. El señor
       José Rivera López no había declarado en
       ningún procedimiento anterior, por lo cual la
       defensa no había tenido oportunidad de
       contrainterrogar al declarante en el momento
       que ofreció el testimonio del agente.

       QUINTO ERROR:
       Erró el Honorable Tribunal al no permitir que
       el testigo de cargo Yadier Diaz Rosa fuera
       contrainterrogado en relación con su estado
       de sumariado.

       SEXTO ERROR:
       Erró el Honorable Tribunal al omitir la
       instrucción al jurado sobre el testimonio de
       coautor y cooperador bajo la Regla 156 de las
       Reglas de Procedimiento Criminal de 1963,
       según enmendadas, que fue establecida en el
       proyecto de instrucciones trabajadas entre las
       partes y el Honorable Juez.

       SÉPTIMO ERROR:
       Erró el Honorable Tribunal al otorgar
       credibilidad a la confidencia recibida por el
       Agente Antonio Berrios Rosado, la cual debió
       ser evaluada con desconfianza al considerar
       las circunstancias bajo la cual fue recibida y
       su contenido.

       OCTAVO ERROR:
       Erró el Honorable Tribunal al no otorgar
       credibilidad a los hallazgos de la prueba
       pericial presentada por la examinadora de
       armas, la Sra. Jaqueline Berrios Rivera, sobre
       que todos los casquillos de 99 milímetros
       encontrados en la escena correspondían a una
       solo arma de fuego. Tal prueba científica
       contradice las declaraciones del testigo
       principal, Sr. Yadier Diaz Rosa.

       NOVENO ERROR:
       Erró el Honorable Tribunal al otorgar
       credibilidad al testigo principal, Sr. Yadier
       Diaz Rosa, al que debió evaluar con
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         desconfianza y cautela, quien brindó un
         testimonio lleno de contradicciones e
         inconsistencias sobre hechos esenciales y que
         mintió     descaradamente     tanto     en   las
         declaraciones juradas a los agentes del orden
         público como en sus declaraciones durante el
         juicio, atendiendo los hallazgos de la evidencia
         física en la escena y la prueba desfilada.

         DÉCIMO ERROR:
         Erró el Honorable Tribunal al otorgar
         credibilidad a las declaraciones del Sr. Yadier
         Diaz Rosa y el Sr. Steven González en relación
         con el disparo que se realizó desde el vehículo
         frente al negocio de Picadera’s Sport Bar. Tal
         declaración desmiente y contradice la
         evidencia física ocupada en la escena por la
         investigadora forense, Sra. Angie Hernáiz
         Rivera, y en el informe de hallazgos de escena.
         Esta evidencia consistía en un casquillo de
         bala localizado frente a la parada de guagua en
         el kilómetro 21.2.

         UNDÉCIMO ERROR:
         Erró el Honorable Tribunal al otorgar
         credibilidad al Agente Investigador Anthony
         Egea Guardarrama, a quien debió de evaluar
         con cautela por brindar un testimonio
         contradictorio e inconsistente[s] con las
         declaraciones anteriores durante la vista de
         determinación de causa para arresto.

         DUODÉCIMO ERROR:
         Erró el Honorable Tribunal al otorgar
         credibilidad a la testigo, Sra. Edmarie Ortiz
         Rivera, a quien debió evaluar con desconfianza
         y cautela por brindar un testimonio
         contradictorio e inconsistente sobre los
         hechos que pueden comprobarse con los
         siguientes testimonios: la Sra. Josefina Rivera
         Rosario, Sr. Steven González, Sr. Joekeniel
         Rodríguez, Sr. Amisaday Silva Aponte, Agente
         Antonio Berrios Rosado y Agente Anthony
         Egea Guardarrama.

                                 II.

      A. Presunción de Inocencia

      El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, Art. II Const. ELA, LPRA, Tomo 1, garantiza a todo

acusado de delito, el derecho fundamental a la presunción de

inocencia durante todo el proceso criminal. Ese derecho, constituye

uno de los imperativos del debido proceso de ley, según lo ha

reconocido nuestro más alto Foro en múltiples ocasiones. Pueblo v.
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Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011). Además, y de manera más

específica, la Regla 110 (F) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.

II, dispone que, en los casos criminales, la culpabilidad de la

persona debe ser establecida más allá de duda razonable. Es el

Ministerio Público, quien tiene la obligación de presentar evidencia

para cumplir con la carga probatoria de establecer la culpabilidad

del acusado. Dicho de otra forma, el Ministerio Público tiene que

probar - más allá de duda razonable - todos los elementos del delito,

la intención o negligencia criminal en su comisión y la conexión de

la persona acusada con los hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150

DPR 84, 99 (2000).

      No obstante, lo anterior, es necesario señalar que la duda

razonable no es una duda especulativa ni se extiende a cualquier

duda posible. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido como

duda razonable, aquella duda fundada que surge como el raciocinio

de todos los elementos de juicio envueltos en un caso. Nuestro más

alto Foro ha expresado además que, para poder rebatir la

presunción de inocencia, el Ministerio Público deberá probar cada

uno de los elementos del delito imputado y producir certeza o

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un

ánimo no prevenido. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985),

Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3 (1984); Pueblo v. Irizarry, 156

DPR 780 (2002).

      Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, es norma

reiterada que, al enfrentarnos a la tarea de revisar la suficiencia de

la prueba en convicciones criminales, nuestra función revisora está

enmarcada dentro de unas consideraciones que nos limitan. Como

sabemos, al momento de revisar las determinaciones que realizan

los juzgadores de primera instancia, ya sea Juez o Jurado, debemos

otorgarle una gran deferencia en cuanto a la prueba testifical

presentada ante ellos. La regla general es que el tribunal revisor no
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debe intervenir con la adjudicación de credibilidad de los testigos ni

sustituir   las   determinaciones   de   hechos    basadas    en   las

apreciaciones de esa prueba. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834

(2018). Además, el veredicto del jurado, como la sentencia del juez,

es un acto investido con la alta dignidad de la magistratura en la

función juzgadora de la conducta de los hombres, y no es para

echarse a un lado con liviandad e indiferencia. Pueblo v. Figueroa

Rosa, 112 DPR 154 (1992). La norma expuesta, descansa en el

hecho de que los foros de instancia están en mejor posición para

evaluar la prueba desfilada, pues tienen la oportunidad de observar

y escuchar a los testigos y, por ello, su apreciación merece gran

respeto y deferencia. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v.

Rosario Reyes, 138 DPR 591 (1995).

      Claro está, a pesar de que la determinación de culpabilidad

hecha por el juzgador de los hechos merece gran deferencia, ésta

podrá ser revocada en apelación si se demuestra que hubo pasión,

prejuicio o parcialidad y/o si se incurre en error manifiesto debido

a que la prueba no concuerda con la realidad fáctica o es increíble o

imposible. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991); Pueblo v.

Acevedo Estrada, supra, pág. 99. Así, pues, a menos que existan los

elementos mencionados o que la apreciación de la prueba se

distancie de la realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible

o increíble, el tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con

la apreciación de la prueba hecha por el juzgador de los

hechos. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra.

      En el caso Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782

(2013), nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de definir lo

que es pasión, prejuicio o parcialidad y error manifiesto. A esos

efectos, nuestro más alto Foro expresó que se incurre en pasión,

prejuicio o parcialidad cuando se actúa “movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o
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rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

antes de que se someta prueba alguna.” Por su parte, las

determinaciones del foro revisado son un error manifiesto si de un

análisis de la totalidad de la evidencia, el foro revisor queda

convencido de que se cometió un error porque las conclusiones

están en conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico

de la totalidad de la evidencia recibida debido a que se distancian

de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o increíble.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 772.

      Finalmente, en cuanto a la cantidad de prueba requerida para

sostener una convicción, es necesario acudir a la Regla 110 de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Conforme al inciso (D) de dicho precepto

reglamentario, “[l]a evidencia directa de una persona testigo que

merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho,

salvo que otra cosa se disponga por ley.” Por ello, el testimonio de

un sólo testigo - de ser creído por el juzgador de los hechos - es

suficiente para sustentar una convicción; toda vez que no se trata

de un análisis de cantidad.

      B. Detenciones Irrazonables y Regla 22 de Procedimiento
         Criminal

      La Constitución de Puerto Rico establece que ninguna

persona podrá ser privada de su libertad o propiedad sin un debido

proceso de ley. Const. E.L.A., LPRA, Tomo I, ed. 2008, pág. 296. Esta

disposición es la "matriz de la garantía de los derechos individuales

ante la intervención injustificada del Estado con el ciudadano".

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 821-22 (2007). Como

colorario del derecho a un debido proceso de ley, la Regla 22(a) de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, exige que una vez se realice

un arresto, la persona arrestada deberá ser llevada ante un
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magistrado sin dilación innecesaria. Pueblo v. Pérez Rivera, 186 DPR

845, 860 (2012).

      A esos efectos, la Regla 22(a) de Procedimiento Criminal,

supra, establece que “[c]ualquier persona que hiciere un arresto sin

orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora

innecesaria ante el magistrado disponible más cercano, y si la

persona que hiciere el arresto sin orden de arresto fuere una persona

particular, podrá entregar a la persona arrestada a cualquier

funcionario del orden público, quien a su vez deberá llevar a la

persona arrestada sin demora innecesaria ante un magistrado,

según se dispone en esta Regla. Cuando se arrestare a una persona

sin que se hubiere expedido orden de arresto y se le llevare ante un

magistrado, se seguirá el procedimiento que disponen las Reglas 6

y 7, según corresponda”.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico, tuvo la oportunidad de

interpretar lo que constituye una “demora innecesaria” en Pueblo v.

Aponte Nolasco, 167 DPR 578 (2006). En ese caso, nuestro más alto

foro resolvió que, en ausencia de circunstancias extraordinarias,

una persona arrestada debe ser llevada ante un magistrado para la

correspondiente determinación de causa probable para arresto

dentro de un periodo de treinta y seis (36) horas. Añadió que

cualquier demora en exceso se presume injustificada o irrazonable.

Pueblo v. Aponte Nolasco, Id. pág. 586.

      Es necesario resaltar, que el término de treinta y seis (36)

horas es un término directivo, con la consecuencia de que se activa

una presunción, rebatible, de que cualquier detención en exceso es

irrazonable. Claro está, en última instancia, la razonabilidad de una

detención deberá dilucidarse según las circunstancias particulares

de cada caso.

      De otra parte, la consecuencia de una detención ilegal o

irrazonable en una acción penal la encontramos en la Sección 10 de
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la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La propia

sección 10 establece que la “[e]videncia obtenida en violación a esta

sección será inadmisible en los tribunales.”        Cónsono con lo

anterior, una admisión de un sospechoso de delito o evidencia

obtenida producto de una detención ilegal podría ser suprimible

como fruto del árbol ponzoñoso.

      C. Frutos del Árbol Ponzoñoso

      La regla de exclusión conocida como la doctrina del "fruto del

árbol ponzoñoso" fue establecida por el Tribunal Supremo Federal

en Silverthorne Lumber Co. v. U.S., 251 US 385 (1920), en el contexto

de excluir evidencia derivada de una violación a la Cuarta Enmienda

de la Constitución de Estados Unidos. Pueblo v. Fernández

Rodríguez, 188 DPR 165, 175 (2013).       Mientras, en esta doctrina

fue adoptada en nuestro ordenamiento jurídico por vía de

jurisprudencia en casos como Pueblo v. Cedeño Laclaustra, 157 DPR

743 (2002), Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549 (2002), Pueblo v.

Rey Marrero, 109 DPR 739 (1980) y Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91

DPR 456 (1964), entre otros.

      La doctrina de “frutos de árbol ponzoñoso” establece que,

además de la evidencia obtenida directamente de una violación a la

Sección 10 de nuestra Constitución, la evidencia derivada de esa

violación tampoco será admisible en los tribunales. En otras

palabras, la evidencia admitida por los tribunales debe estar

desvinculada de la violación inicial a la protección constitucional.

      Es importante tener en cuenta, que el fruto del árbol

ponzoñoso puede ser de diversa naturaleza. La ilegalidad inicial

puede generar, por ejemplo, una confesión, una identificación del

sospechoso, el testimonio de un testigo, evidencia física, etc. Véase

Ernesto L. Chiesa Aponte, “Procedimiento Criminal y La Constitución:

Etapa Investigativa”, Ediciones Situm 2017, pág. 283. En ese

sentido, la aplicación de la figura no siempre es igual, sino que va a
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depender de la evidencia que se obtenga y de las particulares de

cada caso.

      A su vez, es preciso señalar que la exclusión de la evidencia

fruto del árbol ponzoñoso no es aplicable cuando: 1) la evidencia se

obtuvo de una fuente independiente, desvinculada de la ilegalidad

inicial, 2) el vínculo entre la evidencia objetada y la ilegalidad está

muy atenuado o diluido o 3) cuando la evidencia hubiera sido

descubierta inevitablemente. Id. Pág. 285.

      D. Prueba de Referencia

      La Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.801, define

prueba de referencia como una declaración que no sea la que la

persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en

evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Por su parte, la

Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.804, dispone que “salvo

que de otra manera se disponga por ley, no será admisible prueba

de referencia, sino de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.

Esta regla se denominará Regla de prueba de referencia.”

      Cuando se pretende utilizar prueba de referencia contra un

acusado, se activa la protección constitucional del derecho a

confrontación consagrado tanto en la Enmienda Sexta de la

Constitución de los Estados Unidos, como en la Sección 11 de

nuestra Constitución. Dicha protección constitucional no sólo

garantiza el derecho al careo, sino que también implica que cierta

prueba de referencia, si es testimonial, también será excluida a

pesar de caer bajo alguna de las excepciones a la regla de exclusión

codificadas en las Reglas de Evidencia. Crawford v. Washington,

541 US 36 (2004), Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950 (2010).

      E. Admisibilidad y Pertinencia en la Impugnación de
         Testigos

      La Regla 401 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.401, define lo

que es evidencia pertinente. “Evidencia pertinente, es aquella que
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tiende a hacer la existencia de un hecho, que tiene consecuencias

para la adjudicación de la acción, más probable o menos probable

de lo que sería sin tal evidencia. Esto incluye la evidencia que sirva

para impugnar o sostener la credibilidad de una persona testigo o

declarante”. Además, nos dice la Regla 402 de Evidencia, 32 LPRA

Ap. VI, R. 402 que “[l]a evidencia pertinente es admisible excepto

cuando se disponga lo contrario por imperativo constitucional, por

disposición de ley o por estas Reglas. La evidencia no pertinente es

inadmisible.” Dicho de otro modo, la pertinencia es un requisito

necesario, pero no suficiente para la admisibilidad de prueba.

      F. Instrucciones al Jurado sobre Testimonios de Coautor

      Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que

las instrucciones al jurado constituyen el    mecanismo      procesal

mediante el cual los miembros del Jurado toman conocimiento del

derecho aplicable al caso. Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 292,

297 (2008), citando a E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, Editorial Forum, Colombia,

1992, p. 330. En vista de que el jurado, de ordinario, está compuesto

de personas desconocedoras de las normas jurídicas vigentes en

nuestro ordenamiento jurídico, el magistrado que preside el proceso

tiene el deber ineludible de instruir a sus miembros sobre el derecho

aplicable al caso y de velar que las instrucciones impartidas sean

correctas, precisas y lógicas. Ello asegura, además, que el desenlace

del proceso adversativo, cualquiera que fuere, esté guiado por el

derecho y los hechos. Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 292,

297-298 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 95

(2000); Pueblo v. González Colón, 110 DPR 812, 815 (1981).

      En términos generales, el acusado tiene el derecho a que se

informe al jurado de todos los aspectos del Derecho que, según

cualquier teoría razonable, pudieran ser pertinentes en las

deliberaciones, aunque la prueba de la defensa sea débil,
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inconsistente        o    de   dudosa     credibilidad. Pueblo   v.   Negrón

Ayala, supra, pág.414. Entre los distintos aspectos que deben

incluirse en las instrucciones al jurado se encuentran los elementos

del delito imputado y, si la prueba así lo justifica, los elementos de

los delitos inferiores al imputado o que estén comprendidos dentro

de éste. Además, el tribunal deberá hacer hincapié en que el

Ministerio Público tiene la obligación de establecer todos los

elementos del delito más allá de duda razonable. Pueblo v. Rosario,

160 DPR 592, 604-605 (2003).

      A esos efectos, la Regla 137 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, R. 137, provee para que, antes de que el jurado se retire

a deliberar, el Ministerio Público y la defensa soliciten instrucciones

especiales al foro primario. Esta regla establece, además, las

consecuencias de no efectuar una oportuna solicitud. Si la defensa

no está de acuerdo con las instrucciones que el foro de instancia se

propone impartir, debe solicitar instrucciones particulares. De lo

contrario, las instrucciones se limitarán a las que el juez, motu

proprio, establezca y no podrá plantearse como un error.

      Ante una apelación impugnando las instrucciones impartidas

a un jurado, hay que considerar las instrucciones en conjunto para

determinar      su       corrección   o   incorrección. Pueblo v. Dómenech

Meléndez, 98 DPR 64, 68 (1969).

      No obstante, si el tribunal comete un error al impartir

las instrucciones al jurado, ello no acarrea la revocación automática

de una sentencia, si el error no es perjudicial o no se demuestra que

violara derechos fundamentales o sustanciales del acusado.

Véase: Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 DPR 730, 740 (1987).

      Por su parte, la Regla 156 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 156, establece que “[e]l testimonio de un coautor o del

cooperador será examinado con desconfianza y se le dará el peso

que estime el juez o el jurado luego de examinarlo con cautela a la
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luz de toda la evidencia presentada en el caso. En los casos

celebrados por jurado se le ofrecerán al jurado instrucciones a esos

efectos”.

                                 III.

      Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos el

primer, segundo, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y

duodécimo señalamiento de error de manera conjunta. En el

presente caso, mediante dichos señalamientos de error, el apelante

aduce, básicamente, que el foro primario erró al declararle culpable,

cuando la prueba de cargo no estableció su culpabilidad más allá de

duda razonable, en violación al derecho a la presunción de inocencia

y al debido proceso de ley. Como parte de su discusión de esos

señalamientos de errores, el apelante argumentó que la prueba

presentada por el Ministerio Público durante el Juicio en su Fondo,

fue insuficiente, estuvo plagada de contradicciones, el Tribunal no

debió otorgarle credibilidad a los testigos de cargo y erró en su

apreciación. No le asiste la razón.

      Con relación a la alegada falta de credibilidad de los testigos

de cargo y la suficiencia de la prueba desfilada, el Jurado estuvo en

mejor posición para evaluar la prueba desfilada que este Tribunal

apelativo intermedio. Fue el Jurado, quien tuvo la oportunidad de

observar y escuchar a los testigos de cargo. Es por ello que, de

conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, ante la ausencia en

el expediente de algún indicio de pasión, perjuicio o parcialidad, este

Foro Revisor le otorga completa deferencia a la apreciación de la

prueba - particularmente la adjudicación de credibilidad - que hizo

el Jurado sobre los testigos. No se cometieron los errores señalados.

      En relación con el tercer señalamiento de error, el apelante

arguye que erró el Tribunal al no considerar que el arresto del

apelante, en exceso de treinta y seis (36) horas, fue una detención

ilegal. Sostiene, que su detención se extendió por setenta y dos (72)
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horas, tanto así que los agentes tuvieron que darle comida y sus

medicamentos. Añade, que, conforme a Pueblo v. Aponte Nolasco,

supra, la detención se presume irrazonable y que los agentes que

estuvieron entrevistando al apelante no ofrecieron una justa causa

para extender la detención por tanto tiempo. Concluye diciendo, que

durante el periodo que el apelante estuvo detenido, los agentes

estuvieron tomando declaraciones juradas y entrevistando testigos,

mientras el apelante se vio privado de buscar una adecuada

representación legal, lo que facilitó la investigación del caso. No le

asiste la razón.

         En primer lugar, debemos señalar que, a pesar de su

señalamiento de error, el apelante no solicitó ningún remedio como

parte de este. Tras una evaluación minuciosa del expediente,

pudimos notar que tampoco solicitó ante el Tribunal de Primera

Instancia la supresión de ninguna evidencia producto de la

detención en exceso a las treinta y seis (36) horas. No obstante, las

consecuencias de una detención ilegal ya las discutimos. En

segundo lugar, el apelante se limita a alegar que la detención excedió

las treinta y seis (36) horas, más no sustenta dicha alegación con la

prueba desfilada y que surge del expediente ante nos.

           Sin embargo, de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO)

que obra en el expediente, surge que el Agte. Egea Guardarrama

declaró que el apelante fue arrestado alrededor de las 10:30pm del

1 de octubre de 20194. Ante ello, las treinta y seis (36) horas se

cumplían a las 10:30am del 3 de octubre de 2019. Pudimos

constatar en el expediente de autos que las denuncias del presente

caso fueron presentadas ante el Tribunal a las 2:09pm y

juramentadas a las 2:11pm del 3 de octubre de 2019. Sin duda,

matemáticamente hablando, el Ministerio Público se excedió de las

4
    Véase TPO del 27 de septiembre de 2021, pág. 150 y pág. 156.
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horas en las que se presume razonable tener a una persona detenida

sin una determinación de causa para arresto por parte de un

magistrado. Sin embargo, las consecuencias de dicha dilación no

tienen el alcance que pretende darle el apelante.

      Como mencionáramos anteriormente, la consecuencia de una

detención irrazonable es que la evidencia directamente obtenida y la

evidencia derivada de la misma, no serán admisibles en los

tribunales. Sin embargo, también discutimos que dicha regla de

exclusión tiene unas excepciones entre las que se encuentra el

vínculo atenuado. Esto es, que la evidencia obtenida se obtuvo de

una fuente independiente, desvinculada de la ilegalidad o que el

vínculo es muy atenuado.

      En el presente caso, aunque no lo dice, parece ser que el

apelante pretende que extendamos la regla de exclusión a toda la

evidencia obtenida como parte de la investigación, so pretexto de

que le fue más fácil al Estado llevar a cabo la investigación mientras

el apelante se encontraba detenido en exceso de treinta y seis (36)

horas y sin poder intervenir en la investigación en su contra.

Ciertamente, el apelante no logró establecer una conexión directa ni

derivada entre la detención del apelante y la evidencia obtenida y

presentada en el Juicio en su Fondo. Ello es así, debido a que como

parte de la investigación no se obtuvo confesión o manifestación

alguna del apelante, tampoco se ocupó evidencia física sobre su

persona. Además, las declaraciones juradas de los testigos de cargo

no fueron producto de la detención del apelante. Concluimos, por lo

tanto, que no se cometió el tercer señalamiento de error.

      De otra parte, en su cuarto señalamiento de error, aduce el

apelante que el Tribunal erró al admitir en evidencia el testimonio

del Agte. Jesús Torres Ramírez, sobre las declaraciones del Sr. José

Rivera López, sin que se cumplieran las exigencias de prueba de

referencia. Añadió, que como dicho testigo no había declarado en
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las etapas anteriores al juicio, la defensa no había tenido la

oportunidad de contrainterrogarlo en el momento en que prestó

testimonio al agente.

         Según discutido, la prueba de referencia consiste en una

declaración, que no sea la que la persona declarante hace en el juicio

o vista en cuestión y que se trae para probar la verdad de lo

aseverado. En su argumentación, el apelante sostiene que el Sr.

José Rivera López no fue contrainterrogado al momento de ofrecer

ciertas declaraciones al Agte. Jesús Torres Ramírez. Concluye, que

esas declaraciones no debieron ser admitidas por el Tribunal en el

juicio en su fondo, por constituir prueba de referencia y por violar

su derecho a confrontación. No le asiste la razón.

         Surge de la TPO, que el Sr. José Rivera López testificó bajo

juramento en el juicio en su fondo y fue contrainterrogado por la

defensa5. En ese sentido, no cabe hablar de prueba de referencia,

pues el Tribunal recibió el testimonio directamente del propio Sr.

José Rivera López en el juicio. No se violó el derecho a confrontación

del apelante, pues el testigo declaró en corte y estuvo sujeto a contra

interrogación sobre la declaración en cuestión. Véase Crawford v.

Washington, supra y Pueblo v. Guerrido López, supra. El cuarto

señalamiento de error no fue cometido.

         En relación con el quinto señalamiento de error, el apelante

señala que el Tribunal erró al no permitirle contrainterrogar al

testigo Yadier Díaz Rosa sobre su estatus de sumariado. No

obstante, surge de la TPO6 que la determinación final del Tribunal

en cuanto a las preguntas que permitiría hacer a la defensa en

relación con el testigo Yadier Díaz Rosa, debían cumplir con el

requisito de pertinencia establecido en la citada Reglas 401 y 402 de

Evidencia, supra. El quinto señalamiento de error no fue cometido.

5
    Véase TPO del 21 de septiembre de 2021, págs. 80-115
6   Véase TPO del 24 de septiembre de 2021, pág. 32
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         Por último, en su sexto señalamiento de error, señala el

apelante que erró el Tribunal al omitir la instrucción al jurado sobre

el testimonio de coautor y cooperador que exige la Regla 156 de

Procedimiento Criminal, supra. Sobre el particular, debemos aclarar

que, la Regla 156 de Procedimiento Criminal, supra, debe leerse en

conjunto con la Regla 137 también de Procedimiento Criminal. Ello

es así debido a que, si bien es cierto que la Regla 156 de

Procedimiento Criminal establece una instrucción al jurado sobre el

testimonio de coautores, la Regla 137 establece las consecuencias

de no efectuar una oportuna solicitud a esos efectos. Nos dice la

referida Regla que “[n]inguna de las partes podrá señalar como error

cualquier porción de las instrucciones u omisión en las mismas a

menos que planteare su objeción a ellas…” (Énfasis suplido)

         En el presente caso, surge de la TPO7 que cuando el Tribunal

terminó de impartir las instrucciones al jurado, la defensa no solicitó

la instrucción de coautor omitida. Por el contrario, manifestó no

tener ninguna duda o reparo en las instrucciones impartidas. En

consecuencia, de conformidad con la Regla 137 de Procedimiento

Criminal, supra, concluimos que el sexto señalamiento de error no

fue cometido.

                                       IV.

         Por los fundamentos que anteceden, los cuales se hacen

formar parte del presente dictamen, se confirma la Sentencia

apelada.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones

7   Véase TPO del 1 de octubre de 2021, pág. 108.