Court Opinion

ID: 9916158
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:26:02.074356+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:10.978077
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

 COSME COLÓN, YADIRA                              Apelación
REGUEIRA ÁLVAREZ Y LA                             Procedente del
  SOCIEDAD LEGAL DE                               Tribunal de
     GANANCIALES                                  Primera Instancia,
COMPUESTA POR AMBOS                               Sala Superior de
                                                  Aguadilla
          Apelantes

              v.                              Caso Civil Núm.:
                                KLAN202300738 AG2020CV00169
     MÁXIMO SOLAR
INDUSTRIES, INC. Y SUS                            (Sala 601)
     ASEGURADORAS
 (A, B, C), DEMANDADO                             Sobre:
  DESCONOCIDO Y SUS
ASEGURADORAS (D, E, F)                            Fraude, Dolo,
                                                  Incumplimiento de
          Apelados                                Contrato, Daños y
                                                  Perjuicios
                                                  Contractuales

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortíz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

      Comparecen los apelantes, el Sr. Cosme Colón, la Sra.

Regueira Álvarez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos (en adelante, los esposos Cosme Regueira o parte apelante),

y nos solicitan la revisión de la Sentencia dictada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante, TPI), el

18 de julio de 2023, notificada el 20 de julio de 2023. Mediante

dicho dictamen, el TPI ordenó la resolución del contrato suscrito

entre las partes, y ordenó la devolución de la totalidad de lo pagado

por la parte apelante en un término no mayor de noventa (90) días.

Además, el foro primario ordenó a Máximo Solar Industries, Inc. (en

adelante, Máximo Solar o parte apelada) a remover todos los equipos

instalados en la residencia, sin costo alguno, en el término

anteriormente dispuesto. Por último, impuso la cantidad de

$5,000.00 en concepto de honorarios de abogados por temeridad.

Número Identificador

SEN2023____________________
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       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la sentencia apelada.

                                        -I-

       El 9 de febrero de 2020, los esposos Cosme Regueira

presentaron Demanda de fraude, dolo, incumplimiento de contrato,

y daños y perjuicios contractuales en contra de Máximo Solar, sus

Aseguradoras       Desconocidas,        así    como   contra   demandados

desconocidos y sus aseguradoras.1 En síntesis, la parte apelante

alego en su demanda que suscribió un contrato de obra y servicios

con la parte apelada y que esta última se comprometió a instalarle

un sistema de placas solares sobre el techo de su residencia para la

adquisición de energía renovable y que como parte del contrato

emitió un primer pago de $18,000.00 y un segundo pago de

$19,426.00.2 Además, arguyó la parte apelante en su demanda que

Máximo Solar, incumplió sus obligaciones contractuales toda vez

que el sistema de placas solares que éste instaló en su residencia

nunca cumplió con los parámetros de capacidad de producción y

almacenaje de energía establecidos en el contrato, causándoles

daños especiales que consistieron en $6,318.25 por concepto de

compra de alimentos y equipos electrónicos del hogar dañados;

$8,000.00 por concepto de reparaciones a la piscina y terraza;

$25,000.00 por concepto de perdida de venta del inmueble como

resultado del problema de las placas solares no se había resuelto; y

$60,000.00 en concepto de daños por depresión, insomnio,

desesperanza, falta de apetito, irritación continua e inseguridad.3

       El 15 de julio de 2020, Máximo Solar presentó su Contestación

a la demanda en la cual negaron las causas de acción entabladas

en su contra y presentaron sus defensas afirmativas.4

1
  Apéndice 1 de Apelación Civil, págs. 1-5.
2
  Id.
3
  Id.
4
  Apéndice 2 de Apelación Civil, págs. 6-18.
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       Luego de varios trámites procesales, el 6 de septiembre de

2022, las partes presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento

de Orden a la cual se unió la prueba documental estipulada por

ambas partes para el juicio.5 Ese mismo día, las partes presentaron

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio en el cual también

hicieron constar la prueba documental estipulada.6

       Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró el 3 de abril de

2023.7 El TPI dictó Sentencia, el 18 de julio de 2023, notificada y

archivada en autos el 20 de julio de 2023.8 En su dictamen el foro

primario realizó las determinaciones de hechos siguientes:

                       DETERMINACIONES DE HECHOS

       1. El 15 de mayo de 2017 las partes del epígrafe
          otorgaron un contrato de obras y servicios.

       2. La parte demandante emitió un primer pago de
          $18,000.00 y posteriormente, un segundo pago de
          $19,426.00.

       3. En el contrato suscrito por las partes, la parte
          demandada se comprometía a instalar un sistema
          de placas solares sobre el techo de la residencia del
          demandante para la adquisición de energía
          renovable. El contrato fue estipulado por las partes.

       4. El sistema fue adquirido con el propósito de
          conectar tres aires acondicionados y un horno para
          realizar trabajos de artesanía.

       5. La instalación del sistema fue realizada varios días
          antes del paso del Huracán Irma por Puerto Rico.

5
  Apéndice 3 de Apelación Civil, págs. 19-42. Esta orden surge de la Minuta
Enmendada de la vista de 19 de agosto de 2022. Entrada Núm. 87 del expediente
digital del Caso Núm. AG2020CV00169 en el Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (en adelante, SUMAC). Los documentos estipulados
fueron los siguientes: (1) tabla de gastos; (2) recibo de Sam´s Club; (3) recibo de
Costco Wholesale;(4) Factura de A la Orden Discount; (5) Contrato de Randy´s
Service; (6) recibo de Villa Appliance Services; (7) Contrato de Máximo Solar
Industries; (8) Curriculum Vitae de Juan F. Charles (perito).
6 Apéndice 4 de Apelación Civil, págs. 43-51.
7 Apéndice 5 de Apelación Civil, págs. 52-59. Según consta en la minuta del juicio

en su fondo celebrado el 3 de abril de 2023, la prueba documental estipulada por
las partes quedo marcada de la siguiente manera: Exhibit I, Tabla de gastos
Incurridos del 3 de febrero de 2020; Exhibit II, Recibo de Sam´s Club del 7 de
diciembre de 2017; Exhibit III, Recibo de Costco del 30 de noviembre de 2018;
Exhibit IV, Recibo de A la Orden Discount del 4 de junio de 2019; Exhibit V,
Contrato-Recibo de Randy´s Pool Service del 25 de octubre de 2018; Exhibit VI,
Recibo de Villa Appliance Services del 27 de noviembre de 2017; Exhibit VII,
Contrato Máximo Solar suscrito por las partes; Exhibit VIII, Curriculum Vitae del
Dr. Juan F. Charles y Exhibit IX, Informe pericial del Dr. Juan F. Charles.
8 Véase: nota al calce 1.
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          6. Durante el Huracán Irma el sistema solamente
             brindó 4 horas de energía.

          7. Luego del Huracán María, el sistema no estuvo en
             función, y la parte demandada, aun cuando se
             comprometió a evaluar el sistema, este no fue
             corregido.

          8. El sistema, conforme al contrato suscrito por las
             partes, debía generar 16.24 kilowatts, lo que no
             sucedió, provocando que los equipos de la
             residencia no pudieran ser utilizados.

          9. Aun cuando los técnicos Máximo Solar Industries,
             Inc., visitaron la residencia para reiniciar las
             baterías, éstas no funcionaron a la capacidad
             correcta.

          10. Los aires acondicionados están en funcionamiento,
              pero no se pueden encender todos a la misma vez.

          11. El perito de la parte demandada, Ing. Gerald
              Quintero, realizó una visita a la residencia de la
              parte demandante, para evaluar las baterías y los
              micro inversores de monitores.

          12. Como parte de la inspección, surge que una batería
              no funcionaba y el área del [monitoreo] de los micro
              inversores estaba desconectado.

          13. Los problemas técnicos del equipo eran
              responsabilidad de la parte demandada, pero ésta
              no brindó el servicio requerido, lo que provocó que
              los demandantes no tuvieran el servicio disponible.

          El TPI en su dictamen ordenó la resolución del contrato

suscrito entre las partes, y la devolución de la totalidad de lo pagado

por la parte apelante en un término no mayor de noventa (90) días.

El foro primario, además, ordenó a Máximo Solar remover todos los

equipos instalados en la residencia, sin costo alguno, en el término

anteriormente dispuesto. Por último, el TPI impuso la cantidad de

$5,000.00 en concepto de honorarios de abogados por temeridad.

          Inconforme, la parte aquí apelante, presentó ante el TPI

Moción al Amparo de la Regla 43 de Procedimiento Civil.9         En su

moción de determinaciones de hechos adicionales solicitó que el TPI

incluyera en su sentencia determinaciones de hechos adjudicando

9
    Apéndice 7 de Apelación Civil, págs. 66-68.
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los gastos incurridos y daños sufridos por la cantidad de $14,318.25

de conformidad a la prueba documental estipulada y la prueba

testifical desfilada.10 El 4 de agosto de 2023, el TPI declaró No Ha

Lugar la moción en solicitud de determinaciones de hechos

adicionales.11

          Aún inconformes, el 21 de agosto de 2023, los esposos Cosme

Regueira Álvarez acudieron ante nos mediante el recurso que nos

ocupa. Señalaron la comisión de los siguientes errores:

          Primer Error: El Honorable Tribunal de Primera
          Instancia cometió el error de derecho al no otorgar a
          la apelante la cantidad de $14,318.25 en
          resarcimiento por los daños sufridos y probados
          mediante la prueba documental estipulada y la
          prueba testifical desfilada en corte abierta y nunca
          controvertida por la parte apelada.

          Segundo Error: El Honorable Tribunal de Primera
          Instancia erró y abusó de su discreción al no
          considerar conforme a derecho la prueba documental
          estipulada y la prueba testifical desfilada en corte
          abierta y nunca controvertida por la parte apelada.

          Luego de varios trámites procesales apelativos, el 26 de

septiembre de 2023, la parte apelante presentó su Alegato en

Oposición a Recurso de Apelación. El 16 de octubre de 2023,

mediante Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden ambas

partes comparecieron y certificaron que la transcripción del juicio

en su fondo celebrado el 3 de abril de 2023 era una copia fiel a la

regrabación de los procesos; por lo cual quedó estipulada por las

partes la reproducción de la prueba oral. Así las cosas, se dictó

Resolución concediéndole a las partes un término de cinco (5) días

para       que    informaran       si   iban   estar   sometiendo   alegatos

suplementarios y que de no cumplir con el término ordenado se

estaría dando por perfeccionado el recurso. Cumplido el término

10 Íd.
11
     Apéndice 8 de Apelación Civil, pág. 69.
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dispuesto sin que las partes informaran que estarían presentado

escritos suplementarios procedemos a resolver.

                                 -II-

                                 -A-

      Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que,

“ante la ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o

pasión, no se favorece la intervención de los tribunales apelativos

para revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación de

credibilidad o las determinaciones de hechos formuladas por el

Tribunal de Primera Instancia”. Ortiz Ortiz v. Medtronic., 209 DPR

759, 778 (2022), citando a Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206

DPR 194, 219 (2021). Ello implica que un tribunal apelativo debe

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos y la

adjudicación de credibilidad que realizó el foro primario, evitando

descartarlas, modificarlas o sustituirlas por su criterio, aun cuando

en su evaluación particular hubiera emitido un juicio distinto.

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Argüello

v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001). El fundamento de esta norma,

en cuanto a la prueba testifical, yace en que es el foro primario quien

de ordinario se encuentra en mejor posición para aquilatarla, ya que

es quien ve y oye a los testigos, pudiendo apreciar sus gestos,

titubeos, contradicciones, dudas, vacilaciones y, por consiguiente,

formar en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o no la

verdad. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67-

68 (2009). En contraste, los foros apelativos solo contamos con

récords mudos e inexpresivos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291

(2001). Esta norma, sin embargo, no es absoluta, pudiendo un

apelante presentar prueba que demuestre que la apreciación

realizada por el foro sentenciador no fue correcta o no está

refrendada por la prueba presentada y admitida. Serrano Muñoz v.

Auxilio Mutuo, supra, pág. 741. Por todo lo cual, se ha establecido la
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regla fundamental en nuestro ordenamiento de que los tribunales

apelativos no intervendremos con la apreciación de la prueba, la

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos que

realiza el Tribunal de Primera Instancia, a menos que se demuestre

que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o

que incurrió en error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín,

187 DPR 750, 753 (2013). Véase la Regla 42.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.

      En cuanto a la prueba testifical, procede nuestra intervención

con la apreciación de la prueba o la adjudicación de credibilidad de

los testigos en aquellos casos en que, luego de un análisis integral

de la prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad de

conciencia tal que conmueva nuestro sentido básico de justicia.

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). Por tanto, quien

impugne una sentencia o resolución bajo estos parámetros deberá

presentar evidencia sustancial que derrote la presunción de

corrección que cobija la decisión del foro primario. Esto es, evidencia

que en una mente razonable pueda aceptarse como adecuada para

sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171

DPR 1, 25 (2007).

      No obstante, esta norma de deferencia no alcanza la

apreciación de la prueba documental o pericial realizada por el foro

de primera instancia. En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal

Supremo ha sido consistente en que los foros revisores nos

encontramos en igualdad de condiciones con el foro sentenciador

para evaluar y apreciar la prueba documental admitida en evidencia.

Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). Díaz García

v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13-14 (1989).

      Dentro de los diferentes tipos de estipulaciones que pueden
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llegar las partes se encuentran las de materias procesales.12 Por

tanto, uno de los métodos de admisibilidad de la prueba puede ser

por estipulación de las partes. P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior,

103 DPR 223, 230 (1975). La Regla 901 B (8) de Evidencia, 32 LPRA

Ap. VI, R. 901 B (8), permite la autenticación de evidencia mediante

admisión. Esta norma expresamente dispone que: “[u]n escrito, u

otro material, puede ser autenticado mediante evidencia de que la

parte contra quien se ofrece admitió su autenticidad en cualquier

momento, o mediante evidencia de que ha sido aceptado como

auténtico por la parte contra la cual se ofrece.”

       En cuanto a la prueba suficiente para prevalecer en una

acción, la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, establece

algunos parámetros que rigen el proceso de apreciación de la

prueba. En los pleitos civiles, el quantum requerido es el de

preponderancia de la prueba, a base de criterios de probabilidad.

Regla 110(F) de Evidencia, supra. La obligación de presentar

evidencia recae primeramente sobre la parte que sostiene la

afirmativa en el asunto en controversia. El juzgador de los hechos

no tiene la obligación de decidir de acuerdo con las declaraciones de

cualquier cantidad de testigos que no le convenzan contra un

número menor u otra evidencia que le resulte más convincente.

Reglas 110(B) y (E) de Evidencia, supra. En cuanto al grado de

prueba requerido, la Regla 110(C) de Evidencia, supra, dispone que,

para establecer un hecho, no se exige un grado de prueba que,

excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza.

Además, la evidencia directa de un único testigo que merezca entero

crédito al juzgador es prueba suficiente para establecer cualquier

12
  En nuestro estado de derecho se han reconocido tres clases de estipulaciones:
(1) las que constituyen admisiones de hechos y dispensan del requisito de
probarlos; (2) las que reconocen derechos y tienen el alcance de una adjudicación;
(3) las que proponen determinado curso de acción, es decir, que se celebre una
conferencia con antelación al juicio, que se someta una cuestión a un comisionado
especial, o para que se admitan determinadas pruebas. Mun. de San Juan v. Prof.
Research, 171 DPR 219 (2007); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, supra.
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hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley. Regla 110(D) de

Evidencia, supra. Es por ello, por lo que la normativa de derecho

probatorio no reconoce exigencia alguna de corroboración de cierto

tipo de testimonio. Esto es así, aunque no se trate de un testimonio

“perfecto” o libre de contradicciones. Pueblo v. Santiago et al., 176

DPR 133, 147 (2009). En ese caso, corresponderá al juzgador

aquilatar su valor probatorio y credibilidad.

                                       -B-

       En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la

libertad de contratación o autonomía de la voluntad, según el cual

las partes contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y

condiciones que tengan por conveniente, siempre que las mismas

no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público.

Artículo 1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ante sec. 3372;13

Feliciano v. Luxury Hotels Int'l, 210 DPR 712 (2022); Álvarez v.

Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005); Irizarry López v. García Cámara, 155

DPR 713 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001.

       A partir del perfeccionamiento de un contrato, las partes

quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a

las consecuencias que se deriven del mismo, ello conforme a la

buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA

ante sec. 3375; Trinidad v. Chade, supra. De esta manera, cuando

un contrato es legal, válido y carente de vicios del consentimiento,

el mismo constituye la ley entre las partes y debe cumplirse a tenor

de este. Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA ante sec. 2994;

Feliciano v. Luxury Hotels Int'l of P.R. Inc., supra; Constructora

Bauzá, Inc. v. García López; 129 DPR 579, 593 (1991); Cervecería

Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 (1984). Es por ello,

13 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por

la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto
Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Los hechos que originan la presente
controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por lo cual
esta es la ley aplicable.
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que el Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA ante sec. 3018,

sujeta a aquellos que de alguna manera contravengan sus

obligaciones a la indemnización de los daños y perjuicios

causados. Bajo dicho supuesto, todo incumplimiento contractual

dará lugar a un resarcimiento. Álvarez v. Rivera, supra, pág. 18.

      Las acciones ex contractu se basan en el quebrantamiento de

un deber que surge de un contrato expreso o implícito, y tienen por

objeto que se cumplan las promesas sobre las cuales las partes

otorgaron su consentimiento. Íd.; Ramos v. Orientalist Rattan Furnt.,

Inc., 130 DPR 712 (1992); Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc.,

125 DPR 410 (1990); Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 DPR 711,

(1987). Por tanto, para que proceda esta acción tiene que haber

habido un acuerdo de voluntades que genere una obligación,

situación o estado de derecho resultante de un convenio y que haya

creado unas expectativas a base de las cuales actuaron las partes.

Álvarez v. Rivera, supra, pág. 18; Trinidad v. Chade, ante.

      En el caso de las obligaciones recíprocas, el Artículo 1077 del

Código Civil, 31 LPRA ante sec. 3052, dispone lo siguiente:

      “La facultad de resolver las obligaciones se entiende
      implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de
      los obligados no cumpliere con lo que le incumbe.

      El perjudicado podrá escoger entre exigir el
      cumplimiento o la resolución de la obligación, con
      el resarcimiento de daños y abono de intereses en
      ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun
      después de haber optado por el cumplimiento, cuando
      éste resultare imposible.” (Énfasis suplido.)

      De la referida disposición estatutaria surge que, ante un

incumplimiento de una obligación bilateral, el perjudicado puede

optar entre exigir el cumplimiento de la obligación o su resolución,

y en ambos casos, si tal incumplimiento ha tenido repercusiones en

su   patrimonio   de   forma   desfavorable,   puede   reclamar     el

resarcimiento por los daños ocasionados. Álvarez v. Rivera, supra,

pág. 19.
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      Por tanto, únicamente si el cumplimiento parcial o defectuoso

implica la frustración de la finalidad contractual para la parte

perjudicada, procederá entonces, la resolución del contrato. Íd.,

págs. 19-20. En los demás casos, en que la prestación se ha

efectuado parcialmente o resulta defectuosa, será procedente exigir

el cumplimiento total o libre de defectos y, en los casos en que

proceda, una reducción proporcional del precio. Íd.

      Por otra parte, el Artículo 1077 del Código Civil, supra,

reconoce que, ante el incumplimiento de una obligación recíproca,

la parte perjudicada puede exigir su cumplimiento. En decir, si el

que incurre en incumplimiento exige la satisfacción de la prestación

debida, la otra parte puede oponer la defensa del contrato

incumplido. Álvarez v. Rivera, supra, pág. 20; Mora Dev. Corp. v.

Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987). Este principio general en materia

de contratos recíprocos es conocido en la doctrina civilista como la

excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti

contractus). Íd.    Esta excepción de contrato no cumplido se

fundamenta en la regla de la ejecución simultánea de las

obligaciones recíprocas. Artículo 1053 del Código Civil, 31 LPRA sec.

3017; Íd., citando a Puig Brutau, op. cit., pág. 115.

      Existe una modalidad de la excepción de contrato no

cumplido, que la jurisprudencia y la doctrina civilista ha reconocido

como la “excepción de contrato no cumplido adecuadamente” o

“excepción de falta de cumplimiento regular”, denominada en latín

como la exceptio non rite adimpleti contractus. Íd., págs. 20-21. Esta

excepción aplica en el caso que una de las partes haya cumplido la

prestación parcial o defectuosamente sin ajustarse debidamente a

lo que exige el vínculo obligatorio. Íd.

                                  -C-

      El Artículo 1434 regula los contratos de obras y servicios, en

el cual una de las partes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar
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a la otra un servicio por precio cierto. 31 LPRA sec. 4013.                         El

contrato de arrendamiento de obra se define “como esencialmente

uno de trabajo, mediante el cual una de las partes se encarga de

hacer una cosa para la otra, mediante un precio convenido entre

ello.” Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 623-624

(2000). Sin embargo, no existe duda de que el contrato de obra es

uno de carácter consensual, bilateral y oneroso, cuyos elementos

característicos son la obra por realizarse y el precio. Id.; Constructora

Bauzá, Inc. v. García López, supra, pág. 592.

          El dueño de la obra tiene la obligación fundamental de pagar

el precio de ésta en la forma, en la cuantía y en el tiempo convenido.

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra. (citando a M.

Albaladejo).14        “El contratista viene obligado a ejecutar la obra

conforme a lo convenido en el contrato, a las reglas del arte de la

construcción y a los usos o reglas profesionales.” Id. Si el contratista

incumple con su deber, el dueño tiene derecho a pedir la resolución

del contrato, aun hecha la obra, si resulta ser tan imperfecta que el

dueño se ve impedido de usarla para el fin perseguido. Id.

          Una vez perfeccionado un contrato de arrendamiento de obra

-como en todo tipo de contrato- las partes están obligadas por lo

expresamente pactado y, de incurrir en dolo, negligencia o

morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, responde por los

daños y perjuicios causados. Id.; Artículos 1210 y 1054 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3375 y 3018.

                                         -D-

          El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, dispone

que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado […]”.

En estos casos, para probar una causa de acción por daños y

14
     M. Albaladejo, Derecho Civil, 8 va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, pág. 49.
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perjuicios,   el   promovente      deberá     demostrar,     mediante

preponderancia de la prueba: (1) que se ha sufrido un daño; (2) por

medio de un acto u omisión culposo o negligente; y (3) que existe un

nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el daño

sufrido. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207 DPR 965, 976 (2021);

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); García v.

E.L.A., 163 D.P.R. 800, 809 (2005). Así pues, el que un demandante

ostente el derecho a recibir indemnización por un alegado daño

presupone la existencia de un nexo causal entre el daño y el factor

que lo origina. Es decir, sólo corresponde indemnizar los daños que

son consecuencia del hecho que obliga a la indemnización. Rivera

Jiménez v. Garrido & Co., Inc., 134 DPR 840, 851-852 (1993).

      Se ha establecido que la culpa o negligencia consiste en “la

falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de

un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas

circunstancias”. Pérez et al. v. Lares Medical et al., supra; López v.

Porrata Doria, supra. Cuando se alegue haber sufrido daños como

consecuencia de la negligencia de la parte demandada, el peso de la

prueba respecto a la alegada negligencia le corresponde a la parte

demandante. Colón y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510, 521

(2001); Matos v. Adm. Servs. Médicos de P.R., 118 DPR 567, 569

(1987).

      En Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada para

determinar el nexo causal necesario para adjudicar responsabilidad

civil. La causa adecuada es la que, según la experiencia general,

ordinariamente produce los daños imputados. No es otra cosa que

el evento o acto que con mayor probabilidad causó el daño por el

que se reclama indemnización. Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700, 707

(1994); Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 DPR 570, 575 (1984). Así

pues, un daño parece ser el resultado natural y probable de un acto
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negligente si después del suceso, y mirándolo retroactivamente el

acto que se alega ser negligente, tal daño aparece como la

consecuencia razonable y ordinaria del acto. Montalvo v. Cruz, 144

DPR 748, 756-757 (1998), citando a Torres Trumbull v. Pesquera, 97

DPR 338, 343-344 (1969).

        En Puerto Rico, el ámbito de la responsabilidad civil

extracontractual basada en la culpa o negligencia está regida por el

Art. 1802 del Código Civil, supra. Dicho artículo establece que “[e]l

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o

negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” Por

consiguiente, para que exista responsabilidad por los daños al

amparo del referido estatuto legal, es necesario que concurran los

siguientes requisitos: 1) que haya un daño sufrido; 2) nexo causal

entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y 3) que la

acción u omisión sea culposa o negligente. Id.

                                -III-

        La parte apelante alega en síntesis en sus dos (2)

señalamientos de errores que erró el TPI en derecho y abusó de su

discreción al no otorgarle la cantidad de $14,318.25 en

resarcimiento por los daños sufridos y probados al no considerar

la prueba documental estipulada y la prueba testifical desfilada

en corte abierta y nunca controvertida por la parte apelada. Por

estar     íntimamente    relacionados    los     errores   señalados

procederemos a discutirlos en conjunto. Veamos.

        En específico, la parte aquí apelante arguye que la prueba

documental que estableció los daños causados por la parte

apelada se estipuló por ambas partes, y que no hubo controversia

o prueba conflictiva en cuanto a éstos. Además, alega la parte

apelante que la prueba testifical en el juicio en su fondo versó

sobre la prueba documental estipulada y en específico sobre la
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tabla de gastos incurridos de la cual surgen los gastos reclamados

ascendentes a $14,318.25.

      Además, la parte apelante alega que en virtud de lo

dispuesto en el Artículo 1077 del Código Civil de 1930, supra, el

cual dispone que, ante el incumplimiento de una obligación

bilateral como en el caso del contrato de obra objeto de

controversia,   el   perjudicado   puede   optar   entre   exigir   el

cumplimiento de la obligación o su resolución, y en ambos casos,

si tal incumplimiento ha tenido repercusiones en su patrimonio

de forma desfavorable, puede reclamar el resarcimiento por los

daños ocasionados.

      Por su parte, Máximo Solar arguye que en el caso de autos

la parte aquí apelante no estableció mediante prueba testimonial

que los gastos ascendentes a $14,318.25 fueron a causa de sus

actuaciones, ni resultado de su acción o negligencia. Además,

esgrimió que la parte apelante no demostró y testificó sobre el

nexo causal entre el incumplimiento de contrato y los alegados

daños causados. Respecto a la estipulación de la prueba

documental que se hizo constar en el Informe de Conferencia con

Antelación a Juicio, sobre los gastos que en el juicio fue marcado

como Exhibit I, argumenta la parte apelada que esto se limitó al

proceso de autenticación. Por último, arguye la parte apelada

que lo estipulado en el Informe de Conferencia con Antelación a

Juicio no implica una estipulación de hechos entre el nexo causal

de lo estipulado, ni una la admisión de hecho de que la prueba

documental era cierta y que los gastos habían sido incurridos

como consecuencia de los daños directos, si no, la existencia del

documento en el trámite procesal a los fines de simplicidad.
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       Conforme a lo alegado por la parte apelada es importante

puntualizar que la prueba documental estipulada y marcada como

Exhibit I sobre los gastos incurridos por la parte apelante tuvo el

efecto de relevar a la parte apelante del proceso de autenticación

requerido en virtud de la Regla 901 de Evidencia, supra.                     Sin

embrago, el que una parte estipule la autenticidad de prueba

documental no se puede confundir con la estipulación de hechos

probados.      La primera releva del proceso de autenticación de

evidencia como condición previa a su admisibilidad, la segunda

releva a la parte de probar un hecho. En el caso de autos las partes

claramente establecieron en el Informe de Conferencia con

Antelación a Juicio las estipulaciones de la prueba documental y

estipulaciones de hechos que ninguna versa sobre los gastos y

daños reclamados.15 La estipulación de la prueba documental por

la parte apelada solo tuvo el efecto de procesalmente estipular antes

del juicio la autenticación de los documentos más no tuvo el efecto

de probar su veracidad y conexión causal para la reclamación de las

cuantías.

       De la evaluación de la transcripción de la prueba oral del

Juicio en su Fondo celebrado el 3 de abril de 2023, en específico el

testimonio de la Sra. Regueira Álvarez, no surge que haya declarado

una vez su representante legal le pregunta sobre el Exhibit I

estipulado por las partes, sobre los alegados gastos y daños sufridos

y su nexo causal con relación a las acciones u omisiones de Máximo

Solar respecto al contrato de obra y servicio objeto de la

15
   Véase nota al calce 6. En el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio los
hechos estipulados fueron los siguientes:
III. Estipulación de Hechos por ambas Partes
     1. El pasado 15 de mayo de 2017 las partes de epígrafe celebraron un
         contrato de obras y servicios.
     2. La parte demandante emitió un primer pago de $18,000.00 y
         posteriormente un segundo pago de $19,426.00.
     3. Las dos baterías de reemplazo no han sido instaladas aún según la
         recomendación de Tesla.
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controversia.16 Como es conocido, para probar una causa de acción

por daños y perjuicios, el promovente deberá demostrar, mediante

preponderancia de la prueba: (1) que se ha sufrido un daño; (2) por

medio de un acto u omisión culposo o negligente; y (3) que existe un

nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el daño sufrido.

Artículo 1802 del Código Civil, supra. En el caso de referencia, esto

no ocurrió en el juicio en su fondo, la prueba presenta sobre este

aspecto por la parte apelante solamente se limitó a preguntar que

representaba la tabla presentada en evidencia por estipulación de

las partes a lo cual la Sra. Regueira Álvarez contestó “alguno de los

daños más grandes que tuvimos cuando … por los problemas de, de

la electricidad.”17 Además, declaró sobre un tope de la estufa que se

dañó y tuvieron que cambiarlo.18                Por último, la Sra. Regueira

Álvarez declaró sobre una alegada venta de la casa que perdió por

que “las placas solares no estaban funcionando. Y eso era como una

… un highlight para vender la casa.”19 La parte apelante alega que

estos daños ocurrieron, así como los desglosados en el Exhibit I sin

que       se   pormenorizar       las   razones      y    nexo   causal    por   el

incumplimiento de Máximo Solar con el contrato de obra y servicio

suscrito entre las partes.

          A la parte apelada le correspondía probar el nexo causal entre

cada uno de los daños del acto culposo o negligente alegado. Como

correctamente alega Máximo Solar la parte apelante falló en explicar

respecto a los Exhibits II, III, IV, V, VI y VII en el juicio en su fondo

en qué consistían los alegados daños con relación la acción de culpa

o negligencia de Máximo Solar. En ausencia de error manifiesto,

perjuicio,      parcialidad     o   pasión,     no       intervendremos   con    la

apreciación de la prueba y las determinaciones de hechos

16
     Trascripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO), a las págs.129-133, 155-158.
17 TPO, a la pág. 129.
18 TPO, a la pág. 129-130.
19
     TPO, a la pág. 133.
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formuladas por el foro primario. Por tanto, los alegados errores no

fueron cometidos y no corresponde en derecho conceder los daños

alegados.

                                -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones