Court Opinion

ID: 9896792
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:19:19.682393+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:20.436016
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                              Certiorari
                                                      procedente del
          Recurrido                                   Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
                                                      Superior de San Juan

                                KLCE202301050 Caso Núm.:
              v.                              KLA2022G0053 al
                                              0061; KSC2022G0091

                                                      Sobre:
                                                      Art. 6.08 LA
SERGIO RAMÍREZ PAYANO                                 Art. 6.09 LA
                                                      Art. 6.22 LA
        Peticionario                                  Art. 401 LSC

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

       Comparece ante nos el señor Sergio Ramírez Payano (señor

Ramírez Payano o peticionario) y solicita que revoquemos la

Resolución emitida y notificada el 23 de agosto de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro

primario). Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó

una solicitud de supresión de evidencia presentada por el

peticionario.

       Por   los    fundamentos      que    exponemos       a   continuación,

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos la

Resolución recurrida.

                                       I.

       El 30 de septiembre de 2021, el TPI emitió una Orden de

registro y/o allanamiento1 para ingresar a la estructura que ubica

en el primer nivel de la residencia #1926, calle Gilberto Monroig,

1 Véase Escrito en Cumplimiento de Orden presentado por la Oficina del Procurador

General, Anejo 1, págs. 1-3.

Número Identificador
SEN2023__________
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Barrio Obrero en San Juan, Puerto Rico. La referida orden se

fundamentó en una declaración jurada realizada por el agente Erick

Cordero Pérez (agente Cordero Pérez) y fue diligenciada el 1 de

octubre de 2021.

       Del inventario ocupado en la propiedad, se encontró lo

siguiente: arma de fuego sin licencia, marca Glock, modelo 23,

calibre .40 serie ZKC757; arma de fuego sin licencia, marca Glock,

modelo 22, calibre .40 serie SBB-758; arma de fuego sin licencia,

marca Glock, modelo 19, calibre 9mm serie BEYX-721; arma larga

rifle, modelo Pistol, calibre .556 sin número de serie; arma de fuego

sin licencia, marca Glock, modelo 23, calibre .40 serie VGS927;

arma de fuego sin licencia, marca Glock, modelo 23, calibre .40 serie

BDNR746; arma de fuego de alto calibre sin tener licencia y/o

permiso rifle AK, modelo M92PV, serie M92PV060838; arma de

fuego sin licencia, marca Glock, modelo 23, calibre .40 serie

ZYX824; 524 municiones 9mm; 178 municiones calibre 40; 163

municiones calibre 7.62; 50 municiones calibre .380; 26 municiones

calibre .38; y 1 munición calibre 45; 83 kilos de cocaína2.

       Por estos hechos, el Ministerio Público presentó denuncias

contra el señor Ramírez Payano relacionadas con varios artículos de

la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y de la Ley de

Armas3. A estos efectos, el TPI encontró causa para arresto contra

el peticionario y, posteriormente, habiendo renunciado a la Vista

Preliminar, se procedió con la lectura de acusación.

       El 13 de enero de 2023, el peticionario presentó una Moción

solicitando supresión de evidencia4. En esta, solicitó la supresión de

la evidencia obtenida mediante la Orden de Registro y Allanamiento

emitida por el foro primario. En particular, adujo que la declaración

2 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo II, págs. 11-30.
3 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo I, págs. 1-10.
4 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo III, págs. 31-36.
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jurada prestada por el agente Cordero Pérez, la cual sirvió de base

para la expedición de la Orden de Registro y Allanamiento, constituye

un testimonio irreal o improbable, por lo que se debe suprimir la

evidencia o, en la alternativa, celebrarse una vista de supresión de

evidencia.

       El 17 de abril de 2023, el Ministerio Público presentó su

Oposición a Solicitud de Supresión de Evidencia5. En síntesis, alegó

que la declaración jurada ofrecida por el agente del orden público

fue una detallada, completa, con la descripción total del lugar, las

personas envueltas y la hora de la acción delictiva.

       Posteriormente, el 2 de junio de 2023, se celebró la Vista de

Supresión de Evidencia6. En consecuencia, el 19 de julio de 2023,

el TPI emitió y notificó una Minuta/Resolución7 en la que denegó la

moción de supresión de evidencia. En particular, el foro primario

concluyó que se presume que la intervención fue legal debido a que

se había expedido una orden de registro y allanamiento. Además,

determinó que no se pudo catalogar como irreal o estereotipado los

testimonios del agente Cordero Pérez y del agente Alemán. El

Tribunal hizo constar que, aunque hubo un error en cuanto al

número de la vivienda en la declaración jurada, el agente declaró

que se invirtieron los números por error, pero no existe duda de que

la estructura allanada fue a base de las observaciones.

       En desacuerdo con la determinación, el 2 de agosto de 2023,

el peticionario presentó una Moción de Reconsideración8. El 16 de

agosto de 2023, el Ministerio Público presentó su Oposición a Moción

de Reconsideración9. Ante ello, el 23 de agosto de 2023, el TPI emitió

5 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo IV, págs. 37-50.
6 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo V, págs. 51-52.
7 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo VIII, pág. 78.
8 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo IX, págs. 79-87.
9 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo X, págs. 88-95.
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y notificó una Resolución10 en la que declaró No Ha Lugar la solicitud

de reconsideración instada por el peticionario.

       Inconforme, el 22 de septiembre de 2023, el señor Ramírez

Payano compareció ante nos mediante recurso de Certiorari en el

que destacó los siguientes señalamientos de error:

       Primer error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia, Sala
       Superior de San Juan, al declarar sin lugar la solicitud de
       Supresi[ó]n de Evidencia, a pesar de que la Orden de Registro
       y Allan[a]miento no cumple con el escrutinio legal para la
       expedición de la misma. En específico la Declaración Jurada
       que es la que da base a la Orden de Allanamiento no goza de
       confiabilidad.

       Segundo error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia,
       Sala Superior de San Juan, al declarar sin lugar la solicitud
       de Supresión de Evidencia, a pesar de que la Orden de
       Registro y Allan[a]miento no cumple con el escrutinio legal
       para la expedición de la misma por no ser específica.

       Tercer error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia, Sala
       Superior de San Juan, al declarar sin lugar la solicitud de
       Supresi[ó]n de Evidencia, a pesar de que al diligenciar la
       Orden de Registro y Allanamiento los agentes del orden
       público allanaron una estructura que no era parte de dicha
       Orden.

       El 10 de octubre de 2023, el Pueblo de Puerto Rico,

representado por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,

compareció ante este foro mediante Escrito en Cumplimiento de

Orden, el cual acompañó con una Solicitud para que se acepte escrito

en exceso de páginas Reglamentarias; dicha solicitud se declara Ha

Lugar. Además, solicitó que confirmáramos el dictamen del foro

recurrido debido a que el peticionario no rebatió la legalidad o

razonabilidad de la intervención. A esos fines, indicó que no se había

presentado justificación alguna para que esta Curia intervenga con

el dictamen emitido por el foro recurrido.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

10 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Anejo XI, pág. 96.
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                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior11. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial12. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”13. Empero, el ejercicio de la

discreción    concedida      “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”14.

       Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones15, señala los

criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

11 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023);

800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR,
185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005);
Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
12 Íd.
13 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
14 Íd.
15 4 LPRA XXII-B, R. 40.
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       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento       impone      que    ejerzamos      nuestra     discreción    y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

                                       -B-

       El Artículo II, Sección 10, de la Constitución de Puerto Rico

establece que:

       [s]ólo se expedirán mandamientos autorizando registros,
       allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello
       únicamente cuando exista causa probable apoyada en
       juramento o afirmación, describiendo particularmente el
       lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a
       ocuparse. Evidencia obtenida en violación a esta sección será
       inadmisible en los tribunales16.
       Por su parte, la Enmienda IV de la Constitución de Estados

Unidos consagra el derecho de todo ciudadano a ser protegido

contra registros y allanamientos irrazonables17. De ordinario, se

prohíbe el arresto de personas o registros o allanamientos sin una

previa orden judicial, apoyada la misma en una determinación de

causa probable18. Todo registro, allanamiento o incautación de

material de contrabando que realice el Estado se presume

irrazonable cuando se realiza sin orden judicial previa19. Además, si

la actuación del Estado constituye un registro, es necesario

determinar si la persona afectada tenía una expectativa de intimidad

sobre el lugar o artículo a ser registrado y si tal expectativa es

razonable a la luz de los criterios prevalecientes en la sociedad20.

16 Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 336.
17 Emda. IV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 186-187.
18 Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437, 443 (2009); Pueblo v. Calderón Díaz, 156

DPR 549, 555 (2002).
19 Pueblo v. Serrano Reyes, supra, en la pág. 447; E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co.,

115 DPR 197, 207 (1984). Véase, además, Katz v. United States, 389 US 347
(1967).
20 Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 612 (2009); Pueblo v. Santiago Feliciano,

139 DPR 361, 384 (1995).
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         Ahora bien, para que se pueda realizar un registro o

allanamiento es necesario que un juez emita una orden para tales

efectos. Por lo tanto, es un requisito indispensable que un

magistrado determine que existe causa probable para creer que en

un lugar específico se encuentra un objeto delictivo o un objeto que

constituye evidencia de delito21. Es                por ello, que nuestro

ordenamiento jurídico dispone lo concerniente a la expedición de

este tipo de órdenes judiciales a través de la Regla 231 de las Reglas

de Procedimiento Criminal. La referida regla establece que para que

se expida una orden de allanamiento debe presentarse una

declaración escrita prestada ante un magistrado bajo juramento que

exponga los hechos que sirvan para librarla22. Si el magistrado

entiende que existe causa probable para el registro o allanamiento,

emitirá la orden en la cual se nombrarán o describirán con

particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas

o propiedad a ocuparse23. (Énfasis suplido). El Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha manifestado que este tipo de orden judicial deberá

incluir los fundamentos específicos que dieron base a su

expedición24.

         Por otra parte, nuestro más Alto Foro ha resuelto que si bien

no es necesario una transcripción literal de los fundamentos

contenidos en la declaración jurada, es necesario que la orden

exprese sucintamente los hechos materiales expuestos en la

declaración, sintetizándolos de modo que se haga constar allí cuáles

son los fundamentos de la petición25. De igual manera, es esencial

que la declaración jurada exprese la fecha en que se observaron los

hechos26. No obstante, estas declaraciones pueden impugnarse

21 Pueblo v. Santiago Feliciano, supra.
22 34 LPRA, Ap. II, R. 231.
23 Íd.
24 Pueblo v. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166, 179, (2015).
25 Pueblo v. Cintrón, 80 DPR 360, 363 (1958).
26 Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 28 (1964).
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mediante prueba que demuestre que lo afirmado bajo juramento es

falso27.

       Luego de examinar la declaración jurada, es necesario la

determinación de causa probable por parte del magistrado. Según

la jurisprudencia tanto federal como estatal, la causa probable es

un juicio de probabilidad por parte de una persona prudente y

razonable28. Además, la determinación de causa probable puede

estar fundamentada a base de los hechos percibidos por el que hace

la declaración jurada, por la información que el declarante recibió

de un tercero o por una combinación de ambas circunstancias.29

       Una vez el juez expida la orden, la misma debe ser diligenciada

en un término de 10 días30. Por otro lado, las personas que son

agraviadas por un registro o allanamiento ilegal cuentan con una

serie de remedios. Uno de los remedios más destacables es la

llamada regla de exclusión31. Dicha regla es de origen constitucional

y establece que toda evidencia que se obtenga de manera ilegal no

será admitida en nuestros tribunales. Por lo tanto, en un

procedimiento criminal se podrá solicitar que esta evidencia no sea

considerada a través de una moción de supresión de evidencia.

                                       -C-

       La Regla 234 de Procedimiento Criminal provee el mecanismo

para hacer valer la protección constitucional contra actuaciones

irrazonables del Estado bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución

de Estados Unidos y la Carta de Derechos de nuestra Constitución.

       El Tribunal atenderá la solicitud de suprimir evidencia

ilegalmente obtenida bajo cualquiera de los siguientes fundamentos:

       (a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de
       allanamiento o registro.

27 Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 DPR 381, 391 (1965).
28 Pueblo v. Tribunal Superior, supra, en las págs. 25-26.
29 Pueblo de Puerto Rico v. Santiago Feliciano, supra en la pág. 408; Pueblo de
Puerto Rico v. Muñoz Santiago, 131 DPR 965, 980 (1992).
30 34 LPRA, Ap. II, R. 232.
31 E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa, Estados

Unidos, Publicaciones JTS, 2006, pág. 109.
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       (b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de
       su propia faz.

       (c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado
       no corresponde a la descripción hecha en la orden de
       allanamiento o registro.

       (d) Que no había causa probable para creer en la existencia
       de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento
       o registro.

       (e) Que la orden de allanamiento              fue      librada   o
       cumplimentada ilegalmente.

       (f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió
       de base a la expedición de la orden de allanamiento porque
       lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o
       parcialmente.32

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que una

solicitud de supresión de evidencia deberá exponer “los hechos

precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o

fundamentos en que se basa la moción de supresión presentada”33.

Luego, el Tribunal oirá la prueba y celebrará una vista evidenciaria

ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio, siempre y

cuando haya mediado orden judicial y la parte promovente

demuestre que existe una controversia sustancial de hechos que

amerite la vista34. (Énfasis suplido). Si no se demuestra esta

controversia sustancial, no es necesaria la celebración de la vista

para resolver la moción.35.

       La vista de supresión de evidencia no es el “acto del juicio”

que contempla nuestro ordenamiento jurídico36. No está en

controversia la culpabilidad o inocencia del acusado, lo único que

tiene que determinarse es la legalidad o razonabilidad del registro

realizado37. Por lo cual, el quantum de prueba requerido en una

32 34 LPRA, Ap. II, R. 234.
33 Pueblo v. Serrano Reyes, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 633

(1999); Pueblo v. Maldonado, Rosa, 135 DPR 563, 569 (1994).
34 34 LPRA, Ap. II, R. 234.
35 Pueblo v. Maldonado, Rosa, supra.
36 Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 289 (1986).
37 Íd.
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vista de supresión de evidencia es el de la preponderancia de la

prueba38.

       Por último, es preciso destacar que si bien la determinación

de si una actuación gubernamental es razonable --y, por ende,

válida-- dependerá de los hechos particulares de cada caso, la

adjudicación de una moción de supresión de evidencia no es de

naturaleza fáctica. Deberán aquilatarse las cuestiones de hecho,

empero, el procedimiento bajo la Regla 234 de Procedimiento

Criminal, “se refiere a asuntos de derecho que hay que dirimir como

paso previo a la admisibilidad de evidencia”39.

                                    III.

       En su recurso, el peticionario señala que erró el TPI al declarar

No Ha Lugar su solicitud de supresión de evidencia. Sostiene que la

declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la Orden de

Registro y Allanamiento carece de confiabilidad al hacer referencia a

un número de residencia distinto al que inició la investigación de los

agentes del orden público. Alega que los agentes allanaron una

estructura distinta a la descrita en la Orden de Registro y

Allanamiento. Además, aduce que el testimonio del agente Cordero

Pérez durante la Vista de Supresión de Evidencia es uno

incongruente e improbable.

       Tras evaluar el expediente ante nos, resulta forzoso concluir

que no se nos ha colocado en posición de intervenir y variar el

dictamen del foro primario. Debemos primeramente destacar que el

TPI constató en el dictamen recurrido haberle concedido credibilidad

al testimonio de los agentes del orden público. A esos fines, señaló

que:

       La intervención en el presente caso se presume legal, ya que
       había expedida una Orden de Registro y Allanamiento válida.
       Reiteramos que, aunque reconocemos que hubo un error en
       cuanto al número de la vivienda, de los testimonios de los

38 E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 333.
39 Pueblo v. Blase Vázquez, supra.
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       agentes Cordero y Alemán los cuales nos merecen entera
       credibilidad, surge que se invirtieron los números por error.
       […]40

       Es norma reiterada que, respecto a la apreciación de la

prueba, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las

determinaciones de hechos ni con las adjudicaciones de credibilidad

realizadas por el foro primario, a menos que este último haya

incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad41. Se

presume que nuestros tribunales actúan con corrección por lo que

compete al apelante la obligación de demostrar lo contrario42.

       De tal modo, las determinaciones del foro primario no deben

ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del

tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de base suficiente en

la prueba presentada43. En la argumentación de errores, la parte

peticionaria tiene la obligación de poner en posición al foro apelativo

de aquilatar y justipreciar el error señalado44.

       La intervención del foro apelativo con esa prueba tiene que

estar basada en un análisis de la prueba desfilada y no a base de

los hechos que exponen las partes45. Para ello, cuando en un recurso

se señale algún error relacionado con la suficiencia de la prueba

testifical o con la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de

Primera Instancia, la parte apelante o peticionaria tiene que

presentar una transcripción, una exposición estipulada o una

exposición narrativa de la prueba para que de esta manera el

tribunal apelativo pueda cumplir cabalmente con su función

revisora46.

40 Véase apéndice del recurso de certiorari, Anejo XI, pág. 96.
41 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012).
42 Morán v. Marti, 165 DPR 356 (2005).
43 Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62 (1991).
44 Morán v. Marti, supra.
45 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
46 Regla 29 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R.29 (A).
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      En virtud de lo anterior, al carecer de una transcripción de la

prueba oral o cualquier otro de los métodos propuestos por nuestro

Reglamento para la reproducción de la prueba oral que nos permita

evaluar los testimonios vertidos durante la vista de supresión de

evidencia, estamos impedidos de intervenir con la apreciación de la

prueba oral realizada por el TPI. Además, concluimos que el

peticionario tampoco demostró que el foro primario haya actuado

mediando pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto, o que se

haya equivocado en la interpretación del derecho.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari solicitado y confirmamos la Resolución recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones