Court Opinion

ID: 9381073
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:38.556281+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.660508
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

                                            Certiorari
 EL PUEBLO DE PUERTO                        procedente del
         RICO                               Tribunal de Primera
                              KLCE202300183 Instancia, Sala de
          Recurrido                         Humacao

              v.                                 Crim. núm.:
                                                 HSCR202200500 y
    FERNANDO LUIS                                HSCR202200392
  DELGADO RODRÍGUEZ
                                                 Por: Art. 4 B-4 Ley
   Acusado - Peticionario                        284 y Art. 177 CP

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      En un caso penal de acecho, ocurrido mientras estaba vigente

una orden de protección al respecto, el Tribunal de Primera

Instancia (“TPI”) denegó desestimar la acusación por supuesta

violación a los términos de juicio rápido y por supuesta insuficiencia

de la acusación para imputar delito.           Según se explica a

continuación, en el ejercicio de nuestra discreción, declinamos

intervenir con las decisiones recurridas.

                                  I.

      El 21 de agosto de 2022, se presentó una denuncia contra el

Sr. Fernando Luis Delgado Rodríguez (el “Imputado”) por violación

al Artículo 4(b)(4) de la Ley 284-1999 (“Ley de Acecho”), 33 LPRA

sec. 4014(b)(4).   Se le imputó que, mientras estaba vigente una

orden de protección bajo la Ley de Acecho, expedida a favor de la Sa.

Angélica Ruiz Díaz (la “Víctima”), este le “manifestó lo siguiente: Te

vas a tener que ir pendeja con el cabrón mamabicho de tu esposo se

van a tener que ir de la casa canto de cabrones; ustedes no se van

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300183                                                       2

a salir con la suya”. Ese día, se citó al Imputado para la celebración

el 8 de septiembre de la correspondiente vista preliminar.

      No obstante, el 6 de septiembre, a través de su abogado, el

Imputado solicitó la “recalendarización” del señalamiento de vista

preliminar, por un “conflicto de calendario”.

      El 19 de octubre se celebró la vista preliminar; el TPI

determinó causa probable para acusar por el delito al que hemos

hecho referencia. El 3 de noviembre se presentó la acusación.

      A mediados de noviembre, el Imputado presentó dos mociones

(las “Mociones”). En una de ellas, planteó que el delito de acecho,

en la modalidad grave imputada, requería un patrón de conducta y,

sin embargo, la acusación solo hacía referencia a un incidente. Por

tanto, arguyó que la acusación no imputaba delito y debía ser

desestimada.    En la otra moción, sostuvo que la acusación se

presentó fuera del término de juicio rápido porque el mismo

comenzó a transcurrir cuando se presentó la denuncia (el 21 de

agosto).

      El Ministerio Público se opuso a las Mociones. Expuso que

los “recientes actos” del Imputado “configuran hechos suficientes

para establecer un patrón constante o repetitivo de conducta de

acecho”.   En cuanto al asunto de juicio rápido, sostuvo que, al

presentarse la acusación (3 de noviembre), no había vencido el

término de juicio rápido, pues este comenzó a decursar nuevamente

el 8 de septiembre, a raíz de la defensa haber solicitado la

suspensión del señalamiento de vista preliminar para ese día.

      Mediante unas órdenes notificadas el 7 de febrero, el TPI

denegó las Mociones.

      El 27 de febrero, el Imputado presentó el recurso que nos

ocupa, junto con una moción en auxilio de jurisdicción, la cual

denegamos ese mismo día.        A través del recurso, el Imputado

reproduce lo planteado al TPI en las Mociones. Disponemos.
KLCE202300183                                                        3

                                  II.

      El derecho a juicio rápido, protegido por la Sexta Enmienda

de la Constitución Federal y por el Artículo II, Sección 11 de la

Constitución del E.L.A., “se activa desde el momento en que el

imputado está sujeto a responder (held to answer)”. Pueblo v.

Carrión, 159 DPR 633, 640 (2003). En el ámbito estatutario, el

derecho a juicio rápido está reglamentado por la Regla 64(n) de las

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n). Esta regla

dispone que no hay violación al derecho a juicio rápido si existe justa

causa para la demora o si la misma ha sido consentida por la

defensa o solicitada por el propio imputado.

      El “derecho a juicio rápido requiere que el tribunal tome en

consideración las circunstancias específicas que rodean el reclamo

del acusado; es compatible el derecho a juicio rápido con cierta

demora del procedimiento criminal”. Pueblo v. Custodio, 192 DPR

567, 568 (2015).

      Se han establecido cuatro criterios para guiar la discreción de

un tribunal al analizar una posible violación al derecho a un juicio

rápido: (1) duración de la tardanza, (2) razones para la dilación, (3)

si el acusado ha invocado oportunamente su derecho, y (4) el

perjuicio resultante de la tardanza para el acusado. Custodio, 192

DPR a la pág. 568.

      En cuanto a la razón de la demora, resaltamos que debe

evaluarse, en estos casos, si la tardanza fue intencional; es decir, si

tuvo “el propósito de perjudicar a la persona imputada o acusada” o

de “entorpecer la defensa del imputado”. Pueblo v. García Vega, 186

DPR 592, 612 (2012); Pueblo v. Valdés, 155 DPR 781, 793 (2011).

Si el tribunal determina que no se trata de una demora intencional,

debe evaluarla con menos rigurosidad. Pueblo v. Rivera Tirado, 117

DPR 419, 435 (1986).
KLCE202300183                                                         4

      Al alegar una violación a los términos de juicio rápido, le

corresponde al imputado probar el perjuicio que le ocasionó la

tardanza. García Vega, 186 DPR a la pág. 612. Sobre el perjuicio

sufrido, el mismo “tiene que ser específico, no puede ser

abstracto ni puede apelar a un simple cómputo de rigor

matemático; tiene que ser real y sustancial”. Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 576-77 (2009) (énfasis suplido); Rivera

Tirado, 117 DPR a la pág. 438.

      En fin, por la naturaleza variable y flexible del derecho a juicio

rápido, la determinación de qué constituye justa causa bajo la Regla

64(n) de Procedimiento Criminal, supra, debe realizarse caso a caso

y a la luz de la totalidad de las circunstancias. Custodio, 192 DPR a

la pág. 568.

                                  III.

      Es un derecho constitucional que en todo proceso criminal el

acusado debe ser notificado de la causa de acción en su contra. Art.

II, Sec. 11, Const. P.R., LPRA, Tomo 1. Véase, además, Pueblo v.

Pagán Rojas, 187 DPR 465, 480 (2012). Por ende, el Estado tiene el

deber de informar de forma adecuada a todo acusado, acerca de la

naturaleza, extensión y consecuencias del delito por el cual se le

acusa. Pagán Rojas, 187 DPR a la pág. 480; Pueblo v. Montero

Luciano, 169 DPR 360 (2006).

      Para cumplir con dicha obligación de notificación, el

Ministerio Público cuenta con el mecanismo de la acusación o

denuncia (pliego acusatorio), la cual tiene que ser entregada al

acusado. Pagán Rojas, 187 DPR a la pág. 480; Pueblo v. Vélez

Rodríguez, 186 DPR 621 (2012). Según dispone la Regla 34 de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II., R. 34, la acusación es la

“alegación escrita hecha por un fiscal al Tribunal de Primera

Instancia en la cual se imputa a una persona la comisión de un

delito”. Pagán Rojas, 187 DPR a la pág. 481.
KLCE202300183                                                     5

      El inciso (c) de la Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, R. 35 (c), dispone lo referente al contenido de

acusación:

      La acusación y la denuncia deberán contener:

      (c) Una exposición de los hechos esenciales
      constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo,
      claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla
      cualquier persona de inteligencia común. Las palabras
      usadas en dicha exposición se interpretarán en su
      acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción
      de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la
      jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su
      significado legal. Dicha exposición no tendrá que
      emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y
      podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado.
      En ningún caso será necesario el expresar en
      la acusación o denuncia presunciones legales ni
      materias de conocimiento judicial.

      El propósito de la acusación “no es cumplir mecánicamente

con una forma ritual, sino informar al acusado el delito que se le

imputa, de tal suerte que pueda preparar adecuadamente su

defensa”. Pagán Rojas, 187 DPR a la pág. 481 (citando Pueblo v.

Meléndez Cartagena, 106 DPR 338, 341 (1977)).          La acusación

permite al acusado preparar adecuadamente su defensa, conforme

con los hechos que allí se le imputan. Pagán Rojas, 187 DPR a la

pág. 481; Pueblo v. Ríos Alonso, 156 DPR 428 (2002).

      Aun cuando ha sido reiterado que no existe una manera

específica de redactar la acusación o denuncia, es esencial que

constituya una notificación adecuada y completa del delito

imputado. Pagán Rojas, 187 DPR a la pág. 481; Pueblo v. Calviño

Cereijo, 110 DPR 691 (1981). De esta forma, el pliego acusatorio

tiene que exponer todos los hechos que forman parte del tipo

delictivo. Pagán Rojas, 187 DPR a la pág. 481; Pueblo v. Saliva

Valentín, 130 DPR 767 (1992).        La exposición de los hechos

esenciales constitutivos del delito debe estar redactada en lenguaje

sencillo, claro y conciso, para que pueda entenderla cualquier
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persona de inteligencia común. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 DPR

867 (1989).

      Ahora bien, si el pliego acusatorio no contiene todos los

elementos del delito, este adolece de un defecto sustancial. Un

defecto sustancial es aquel que afecta los derechos sustanciales del

acusado, bien porque le impide prepararse adecuadamente para su

defensa o porque, sencillamente, implica una insuficiencia del pliego

acusatorio. En esta determinación, son materia sustancial todos los

hechos que necesariamente deben ser probados para hacer del acto

un delito. Véase Pueblo v. Pérez Feliciano, 183 DPR 1003, 1012

(2011) y casos allí citados. De existir un defecto sustancial, el pliego

acusatorio resulta insuficiente. Cuando el pliego acusatorio es

insuficiente y el defecto no es subsanado antes de recaer el fallo o

veredicto, la convicción es nula. Pueblo v. González Olivencia, 116

DPR 614 (1985); Pueblo en interés del menor R.F.C., 130 DPR 100

(1992); Saliva Valentín, supra. Lo anterior responde a que, en el

derecho procesal penal, contrario al procedimiento civil, la prueba

no puede enmendar las alegaciones.

                                  IV.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders, et al

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012), Pueblo v. Díaz de León,

176 DPR 913, 917 (2009). Contrario al recurso de apelación, el

tribunal revisor tiene discreción para decidir si expide o no el

certiorari. Ahora, la discreción no es irrestricta y debe ejercerse de

forma razonable, procurando siempre una solución justa. Medina

Nazario, 194 DPR en la pág. 729; IG Builders, 185 DPR en la pág.

338; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
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      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que se deben

examinar al determinar si expedimos un auto de certiorari:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

                                  V.

      En el ejercicio de nuestra discreción, declinamos intervenir

con las decisiones recurridas.

      En cuanto al asunto de juicio rápido, del récord claramente

surge que la defensa solicitó al TPI, por escrito, la posposición de la

vista preliminar señalada para el 8 de septiembre.          Por tanto,

contrario a lo planteado por el Imputado, el término de juicio rápido

comenzó a transcurrir nuevamente en esa fecha. De este modo, la

vista preliminar y la presentación de la acusación ocurrieron dentro

del correspondiente término reglamentario.

      Aun de aceptarse la errónea teoría de la defensa (a los efectos

de que el término no se interrumpió), de todas maneras no

procedería desestimar la acusación porque (i) el retraso en presentar

la acusación habría sido de pocos días y (ii) el Imputado no demostró

(de hecho, ni siquiera intentó demostrar) el perjuicio necesario para

justificar la desestimación pretendida. Del récord no surge que la

demora le hubiese causado al Imputado un “estado de indefensión”
KLCE202300183                                                         8

o que este haya sufrido algún perjuicio indebido a su capacidad para

defenderse adecuadamente.

      En cuanto a la suficiencia de la acusación, en el ejercicio de

nuestra discreción, hemos determinado que esta no es la etapa más

propicia para dilucidar dicho asunto.      Adviértase que, aun si la

defensa tuviera razón (sobre lo cual no resolvemos aquí), la norma

es que, cuando una acusación o denuncia tuviese algún “defecto u

omisión sustancial, el tribunal … podrá permitir, en cualquier

momento antes de la convicción o absolución … las enmiendas

necesarias para subsanarlo.”         Regla 38(b) de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 38(b).       Por tanto, al haber todavía

oportunidad para que se enmiende la acusación antes de un posible

fallo adverso, lo cual haría académico el asunto ante nuestra

consideración, no es necesario pronunciarnos al respecto en esta

coyuntura procesal.

      De todas maneras, la realidad es que no está claro que la

acusación, según redactada, le impida al Imputado preparar

adecuadamente su defensa. Más aún, como cuestión de derecho,

tampoco está claro que la modalidad imputada requiera un patrón

de conducta posterior a la emisión de la orden de protección vigente

a la fecha del hecho imputado.

                                  VI.

      Por   los   fundamentos     antes   expuestos,   se   deniega   la

expedición del auto solicitado.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.     El Juez Salgado Schwarz emite opinión de

conformidad por separado.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones
            ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL I

    EL PUEBLO DE PUERTO                          Certiorari
           RICO                                  procedente del
                                                 Tribunal de
        Recurrida                                Primera Instancia,
                                                 Sala Superior de
                                                 Humacao

             V.                KLCE202300183 Criminal Número:
                                             HSCR202200500
                                             HSCR202200392

       FERNANDO LUIS
     DELGADO RODRÍGUEZ                           Sobre:
                                                 64 (A)Y 64 (N) (2)
       Peticionario                              Crasa Violación al
                                                 debido proceso de
                                                 Ley

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez
Ramos, el Juez Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

OPINIÓN DE CONFORMIDAD DEL JUEZ
   CARLOS G. SALGADO SCHWARZ
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

                                  I.

       El peticionario recurre de una escueta resolución

donde el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao, en adelante TPI, le deniega una solicitud de

desestimación de la acusación por el fundamento de que

la misma no imputa delito.1 Lo que el compareciente no

se    percata,    según   se    desprende   de    su   recurso,   es

precisamente que la acusación presentada en su contra si

imputa delito. La posible controversia podría ser, ¿cuál

es el título del delito imputado?

       En el recurso, señala el Peticionario, por voz de

su representante legal, que este:

              «Decidió renunciar a la celebración y
       litigación de la Vista Preliminar en ánimo de
       preservar el craso error de derecho cometido

1 Regla 64(a) de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.
64(a)

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300183                                                                      2

        durante la Regla 62. En aquel entonces, fuimos
        de       la    apreciación           jurídica,     así        como
        actualmente          nos     reafirmamos,         en    que        la
        denuncia       radicada      en      Regla   6,   carecía          de
        hechos suficientes que configuraran el delito
        que pretendía radicar el Ministerio Público.»

Si en la vista de determinación de causa para arresto,

Regla 6, correcta o incorrectamente se le determina

causa para arresto a un ciudadano por un delito grave,

el momento procesal de corregir cualquier controversia

es precisamente la Vista Preliminar3.

        Al renunciar a la Vista Preliminar, el imputado y

su abogado, están relevando al Ministerio Público de

presentar la prueba que éstos tienen sobre los elementos

del delito imputado y la conexión del imputado con la

comisión         de    dicho       delito.      En   esencia,         la       única

alternativa           que    tenía      el    Ministerio           Público       era

presentar la acusación por el delito y la conducta según

fueran presentadas en la denuncia cuando se determinó

causa para arresto.

        Forzoso es concluir que, al renunciar a la Vista

Preliminar,            el      acusado        renunció         a      cualquier

planteamiento          de    que     se      determinó     causa       probable

contrario a derecho, y deberá enfrentar el juicio en su

fondo, donde el Fiscal tiene que probar, mas allá de

duda         razonable,        la     conducta          imputada,          y      no

necesariamente          el     título     del    tipo     delictivo         en    la

acusación. Sabido es en el mundo del derecho, que el

nombre no hace la cosa.

2   Id, R. 6.
3   Id, R. 23.
KLCE202300183                                                    3

                                 II.

      En   cuanto    al   planteamiento     de   error   sobre   la

denegatoria de la desestimación por violación al derecho

a Juicio Rápido, al amparo de la Regla 64(n)(2)4, en

adición    a   lo    planteado    en   la   Resolución    unánime

denegando el recurso, el suscribiente desea añadir que

desde que fue presentado el planteamiento ante el TPI,

la controversia no existía y/o era totalmente académica.

      La Regla 64(n)(2) dispone que, en lo pertinente a

los hechos ante nuestra consideración, «[q]ue no se

presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro

de los sesenta días de su arresto o citación si se

encontraba bajo fianza…». Bajo las teorías alternativas

que tiene este asunto, de haberse determinado causa para

arresto por un delito menos grave en Regla 6, ya que la

misma fue celebrada el día en que fue citado para la

vista, la denuncia automáticamente se convierte en la

acusación, y deja de ser de aplicabilidad dicha regla,

dejando paso al término dispuesto en la Regla 64(n)(4)5.

      Según fuera autorizado en la Vista de Causa para

Arresto en el asunto de autos, la denuncia procedió como

un delito grave, por lo que se requería autorización de

un magistrado para proceder con la acusación, de acuerdo

con lo reglamentado en la Regla 23, supra. Estando el

imputado en libertad bajo fianza, le es de aplicabilidad

la Regla 64(n)(6)6 de las de Procedimiento Criminal,

sobre el término a celebrarse la misma.

      La academicidad del planteamiento del peticionario

estriba en que la petición de recalendarización de la

4
  Id, R. 64(n)(2).
5
  Id, R. 64(n)(4).
6
  Id, R. 64(n)(6).
KLCE202300183                                                4

Vista Preliminar que fuera presentada el 6 de septiembre

de 2022 fue provocada por el acusado, lo que, a su vez,

provoca que comiencen nuevamente los términos de Juicio

Rápido.    En   conclusión,   la   acusación   fue   presentada

dentro de los términos.

                              III.

     Por    los    fundamentos     expuestos   anteriormente,

estamos totalmente de acuerdo con la decisión de denegar

el recurso presentado.

                  Carlos G. Salgado Schwarz
                     Juez de Apelaciones