Court Opinion

ID: 9928586
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:27:24.278717+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:14.822391
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

   EUGEN E. SCHNEE                                  CERTIORARI
       ANGHRN                                       procedente del
                                                    Tribunal de Primera
         Recurrido                                  Instancia, Sala
                                  KLCE202301337     Superior de San
              v.                                    Juan

  Oriental Bank y otros                             Caso núm.:
                                                    SJ2022CV04516
       Peticionarios                                (805)

                                                    Sobre: Daños

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

        Comparece ante este tribunal apelativo, Oriental Bank

(Oriental o el peticionario), mediante el recurso de epígrafe y nos

solicita la revocación de la Orden dictada y notificada el 30 de

octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de San Juan (TPI). En el referido pronunciamiento, el foro primario

declaró “no ha lugar” a la segunda Moción de Sentencia Sumaria

instada por el compareciente.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la Orden

impugnada.

                                        I.

       La causa del título se inició el 27 de mayo de 2022, ocasión

en que la parte recurrida, el Sr. Eugen Schnee Anghrn (señor Schnee

Anghrn o el recurrido), presentó una Demanda sobre daños y

perjuicios contra Oriental y otros demandados de nombres

desconocidos.1 En esencia, alegó que, en el 2015, otorgó un

1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 2-7.

Número Identificador
SEN2023_______________________
KLCE202301337                                                           2

préstamo hipotecario con Scotiabank, fusionado con Oriental, cuyos

pagos remitió puntualmente. Expuso que, a finales de febrero de

2021, “para [su] sorpresa” recibió una carta del Departamento de

Cobros de Hipoteca del peticionario, mediante la cual se le notificó

acerca de un atraso en sus pagos. La comunicación no explicó el

motivo ni la fecha del atraso. El recurrido recibió sendas misivas en

marzo, abril y mayo de 2021, con notificaciones de deudas

ascendentes a $1,472.72, $2,902.72 y $3,276.08, respectivamente.

El señor Schnee Anghrn sostuvo que realizó sus pagos por la

cantidad pactada originalmente de $1,267 y que sus gestiones para

comunicarse con Oriental fueron infructuosas. No fue hasta

mediados de abril de 2021 que recibió una nueva libreta de pago,

efectiva a marzo de 2021, la cual consignaba un pago mensual de

$1,430.00. Entonces, el recurrido advino en conocimiento que,

debido a los presuntos atrasos en su cuenta hipotecaria, Oriental

notificó a las agencias de crédito. Al solicitar su calificación, el señor

Schnee Anghrn constató que esta arrojó un puntaje de 624, grado

D, cuando su calificación anterior era de 859, grado B. El recurrido

supo que Oriental realizó la notificación a las agencias crediticias en

febrero de 2021.

      Al tenor de lo anterior, el recurrido adujo que Oriental fue

negligente al incumplir con la práctica bancaria de notificar

mensualmente un estado (Statement D) de préstamos hipotecarios

con el desglose de su pago y al omitir explicar de manera oportuna

que el aumento en su pago hipotecario se debió a un alza en las

contribuciones sobre la propiedad. El señor Schnee Anghrn acotó

que Oriental incurrió en negligencia cuando, sin aviso previo y

prematuramente, realizó una notificación a las agencias de crédito,

lo cual provocó que su puntuación crediticia mostrara un declive

sustancial. Así, pues, solicitó una indemnización ascendente a

$50,000.
KLCE202301337                                                         3

        El 22 de julio de 2022, Oriental presentó su Contestación a

Demanda.2 Es esta, se limitó a negar las alegaciones en su contra al

palio del estribillo “por falta de información y/o creencia sobre la

veracidad de su contenido”. Entre sus defensas afirmativas, apuntó

que el reporte a las agencias de crédito fue conforme con los

procesos y regulaciones existentes. Afirmó también que no era

responsable del aumento de las contribuciones sobre la propiedad y

que no había incumplido ninguno de los deberes que le

correspondían.

        Así las cosas, el 23 de marzo de 2023, Oriental interpuso una

Moción de Sentencia Sumaria.3 El señor Schnee Anghrn se opuso;4 y

el peticionario replicó.5 El TPI evaluó los escritos ante sí y, el 12 de

julio de 2023, notificada al día siguiente, emitió una Resolución,

mediante la cual denegó resolver el pleito por la vía sumaria.6 En

cumplimiento con las normas procesales, esbozó los siguientes

hechos medulares que consideró probados:

           1. El Sr. Schnee es una persona mayor de edad, casado
           con Noemi Falero bajo el régimen de separación de
           bienes y reside en San Juan, Puerto Rico.

           2. Oriental Bank es [una] corporación organizada y
           autorizada a hacer negocios en Puerto Rico conforme a
           las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
           radicada en San Juan, PR, 00918.

           3. El 30 de mayo de 2015, el Sr. Schnee otorgó una
           hipoteca a favor de Oriental Bank con el número treinta
           y uno (31) ante el notario público autorizado Lcdo.
           Ángel A. Colón Vázquez.

           4. El 30 de mayo de 2021, el Sr. Schnee firmó el pagaré
           hipotecario, bajo el testimonio 23,289 ante el notario
           Ángel A. Colón Vázquez, a favor de Oriental Bank.

           5. La mencionada escritura se identifica como préstamo
           hipotecario con el número 60064791.

           6. Previo al 1 de marzo de 2021, el pago mensual del
           préstamo hipotecario era de 1,267.00.

2 Íd., a las págs. 8-12.

3 Íd., a las págs. 13-23, con anejos a las págs. 24-156.

4 Íd., a las págs. 157-165, con anejos a las págs. 166-269.

5 Íd., a las págs. 270-276, con anejo a las págs. 277-278.

6 Íd., a las págs. 279-288.
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        7. El 29 de enero de 2021, Oriental Bank envió una
        carta a la dirección del Sr. Schnee. En esta, el banco le
        indicó al Sr. Schnee que el Centro de Recaudación de
        Ingresos Municipales “CRIM” creó un suplemento de
        ampliación en el que habría un aumento por el valor
        tasado de su propiedad efectivo el segundo semestre
        2019-2020 en adelante.

        8. El 29 de enero de 2021, Oriental Bank le envió al Sr.
        Schnee una carta con el título: “Annual Escrow
        Account Disclosure Statement”. En esta, el banco le
        notificó al Sr. Schnee que, por motivo de la deficiencia
        en su cuenta, su pago mensual aumentaría a
        $1,430.00. Efectivo el 1 de marzo de 2021.

        9. El préstamo hipotecario sufrió un aumento de
        $163.00, cambiando su mensualidad a 1,430.00.

        10. El aumento en el pago del préstamo hipotecario fue
        efectivo el 1 de marzo de 2021.

        11. El 9 de marzo de 2021, Oriental Bank le envió la
        libreta de pago al Sr. Schnee.

        12. El 21 de abril de 2021, Transunion expidió un
        informe de crédito a solicitud del Sr. Schnee, en el que
        se refleja que, para el 31 de marzo de 2021, existía una
        mora de 30 días en la cuenta hipotecaria del Sr. Schnee
        con Oriental Bank por 1,472.00. Esta cantidad
        adeudada se debía a un pago programado por 1,430.00
        que se debió efectuar, según Transunion, en febrero de
        2021.

        13. El término que se estipula en el reglamento interno
        de Oriental Bank para reportar a las agencias de crédito
        los pagos morosos es de treinta (30) días.

        14. Una vez Oriental Bank envió la libreta de pago y el
        Sr. Schnee la recibió, el banco no tenía obligación de
        enviar estados de cuenta periódicos con el ajuste del
        nuevo pago mensual adeudado.

      De igual modo, el TPI consignó los hechos en controversia que,

según su discreción, justificaban la celebración de un juicio

plenario:

        1. Si Oriental Bank cumplió o no con el término
        estipulado en su política interna de reportar a las
        agencias crediticias las incidencias en los pagos
        morosos en los préstamos hipotecarios al haber referido
        los pagos del Sr. Schnee a las agencias de crédito previo
        al 1 de marzo de 2021.

        2. Si al Oriental Bank cumplir o no con su política
        interna ocasionó algún daño en el crédito del Sr.
        Schnee, incluyendo cierres de cuentas de crédito y
        denegatorias de nuevas líneas de crédito.
KLCE202301337                                                                  5

          3. Si el Sr. Schnee incurrió en algún grado de
          negligencia al haber continuado pagando su préstamo
          hipotecario durante los meses posteriores a marzo de
          2021 por la mensualidad pautada luego de haber
          recibido [una] libreta de pagos nueva, en la que se
          reflejaba el aumento del préstamo hipotecario.

       El TPI recalcó la existencia de elementos subjetivos, de

intención y propósitos mentales, así como la adjudicación de

credibilidad, los cuales impedían la resolución de forma sumaria. El

dictamen aludido no fue objeto de impugnación.

       Posteriormente, luego de observados otros trámites de rigor,7

el 14 de septiembre de 2023 y con la anuencia del TPI, Oriental

presentó una segunda Moción de Sentencia Sumaria, en su

modalidad de insuficiencia de la prueba. En esta, solicitó la

desestimación con perjuicio de la Demanda.8 En suma, alegó que el

señor Schnee Anghrn carecía de prueba para demostrar los

elementos de acción del estatuto federal que ocupa el campo, Fair

Credit Reporting Act, 15 USC sec. 1681 et seq. (FCRA, 26 de octubre

de 1970), ni los de la legislación estatal, Ley núm. 364 de 2 de

septiembre de 2000, Ley de Agencias de Informes de Crédito, 7 LPRA

sec. 2031, et seq. (Ley núm. 364-2000).9 En particular, Oriental

adujo que, culminado el descubrimiento de prueba, el recurrido

adolecía de evidencia sobre los elementos de información falsa

proporcionada con malicia o intención deliberada de hacerle daño,

establecidos en el precepto federal.10

7 Refiérase al Apéndice del Recurso, a las págs. 289-305; 306-307.

8 Íd., a las págs. 311-321, con anejo a las págs. 322-430.

9 La Ley núm. 364-2000 provee a los consumidores un recurso administrativo
para la resolución de disputas relativas a su historial de crédito. El estatuto
adopta la política federal expresada en el FCRA. En esencia, establece que un
consumidor puede impugnar la información crediticia ante las agencias
concernidas y presentar una reclamación judicial sobre daños y perjuicios, sujeta
a los lineamientos federales. Art. 11, Ley núm. 364-2000, 7 LPRA sec. 2039.
10 El FCRA otorga inmunidad cualificada a las agencias proveedoras de

información de crédito. Con relación a las acciones en daños que los clientes
puedan instar por la divulgación de su información crediticia, así reza:
    Except as provided in sections 1681n and 1681o of this title, no consumer
    may bring any action or proceeding in the nature of defamation, invasion
    of privacy, or negligence with respect to the reporting of information
    against any consumer reporting agency, any user of information, or any
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       El señor Schnee Anghrn incoó una Oposición a Segunda

Moción de Sentencia Sumaria el 16 de octubre de 2023.11 Arguyó

que, como parte demandante, expuso en el Informe con Antelación al

Juicio las controversias pendientes de adjudicación.12 Enfatizó que

el litigio no versaba sobre si Oriental proveyó intencionalmente

información crediticia falsa, sino si Oriental incumplió su política

interna al reportar a las agencias crediticias los alegados atrasos del

préstamo hipotecario del recurrido desde el primer mes del alegado

atraso, así como la valorización de los daños reclamados por el

incumplimiento imputado.

       El 30 de octubre de 2023, el TPI notificó la Orden recurrida,

en la que determinó: “Evaluada la posición de ambas partes, y a

base de los fundamentos esbozados por la parte demandante, se

declara no ha lugar a la solicitud de sentencia sumaria”.13

       Inconforme, Oriental acudió ante este foro intermedio

imputándole al TPI haber cometido los siguientes errores:

          PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
          INSTANCIA AL PASAR POR ALTO QUE EL FAIR
          CREDIT REPORTING ACT OF 1970 OCUPA EL CAMPO
          Y AL PROCEDER CON UN RECLAMO PARA EL CUAL
          NO PUEDE PROVEER EL REMEDIO SOLICITADO POR
          EL DEMANDANTE.

     person who furnishes information to a consumer reporting agency, based
     on information disclosed pursuant to section 1681g, 1681h, or 1681m of
     this title, or based on information disclosed by a user of a consumer report
     to or for a consumer against whom the user has taken adverse action,
     based in whole or in part on the report except as to false information
     furnished with malice or willful intent to injure such consumer.
     (Énfasis nuestro). 15 USC sec. 1681h (e).
11 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 431-436.

12 Las controversias mencionadas son: “1. Existe controversia en cuanto a la fecha

que el demandante se enteró por primera vez del aumento de los pagos del
préstamo hipotecario efectivo el 1 de marzo de 2021, al recibir la libreta de pagos
en o alrededor del 15 de abril de 2021. 2. Existe controversia en cuanto al atraso
en el pago del préstamo hipotecario reportado por Oriental Bank en el mes de
marzo de 2021, reportando que el demandante tenía en dicho mes una deuda
vencida de 23 días y un alegado total de deuda en atraso de $1,272.72. 3. Existe
controversia sobre si Oriental cumplió con su política de reportar los alegados
atrasos del préstamo hipotecario del demandante a las agencias crediticias. 4.
Valorización de los daños reclamados por el demandante al demandado Oriental
incumplir con su política de reportar los alegados atrasos del préstamo
hipotecario del demandante y las agencias crediticias desde el primer mes del
alegado atraso”. Íd., a la pág. 294.
13 Íd., a la pág. 1.
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         SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL NEGARSE A DICTAR SENTENCIA
         SUMARIA POR INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA Y, POR
         ESTA NEGATIVA, SOMETER A LAS PARTES A LAS
         EXPENSAS DE UN PROCESO EN EL QUE LA PARTE
         DEMANDANTE NO PODRÁ, EN FORMA ALGUNA,
         OBTENER EL REMEDIO QUE RECLAMA.

         TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL —LUEGO DE AUTORIZAR LA
         PRESENTACIÓN DE UNA MOCIÓN DE SENTENCIA
         SUMARIA— NO CEÑIRSE AL MANDATO DE LA REGLA
         36.4  DE   PROCEDIMIENTO    CIVIL   Y   NO
         PORMENORIZAR LOS HECHOS SOBRE LOS QUE NO
         HAY CONTROVERSIA Y DETERMINAR AQUELLOS
         QUE PERMANECEN EN DISPUTA.

      Analizado el recurso y al tenor de la determinación arribada,

acordamos prescindir del escrito de la parte recurrida “con el

propósito de lograr [el] más justo y eficiente despacho”, según nos

faculta la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B.

                                     II.

El auto de certiorari

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92

(2001). Esta discreción ha sido definida en nuestro ordenamiento

jurídico como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión justiciera. No significa poder

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de

discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 91.

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1, delimita nuestra autoridad para revisar las órdenes y

resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales de primera

instancia por medio del recurso discrecional del certiorari. La

referida norma fija taxativamente los asuntos que podemos atender.
KLCE202301337                                                            8

Su propósito es agilizar la resolución de los pleitos que se dilucidan

ante   las   primeras   instancias    judiciales    y   evitar   dilaciones

injustificadas durante la tramitación de un litigio. IG Builders at al.

v. BBVAPR, supra, pág. 336. En lo que compete al caso del título, la

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, establece que

este foro revisor puede expedir un auto de certiorari que recurra

la denegación de una moción de carácter dispositivo.

       Asimismo, para determinar si procede la expedición de un

recurso de certiorari en el que se recurre de una resolución

interlocutoria, debemos acudir también a lo dispuesto en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 40, a la que hemos impartido énfasis y lee como sigue:

         El tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari:

         A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
         el caso es la más propicia para su consideración.

         F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final del
         litigio.

         G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

       Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se
KLCE202301337                                                         9

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no

procede nuestra intervención.

La sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba

      La    sentencia    sumaria    es    un    mecanismo      procesal

extraordinario y discrecional que tiene el propósito de facilitar la

solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presenten

controversias genuinas de hechos materiales y que, por tanto, no

ameritan la celebración de una vista en su fondo. Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes Sánchez v. Eaton

Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). Se trata de una herramienta

para aligerar la tramitación de un caso, cuando de los documentos

que acompañan la solicitud surge que no existe disputa sobre algún

hecho material y lo que procede es la aplicación del derecho. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.

      La Regla 36.3(e) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36.3(e), autoriza al tribunal a dictar sentencia sumaria cuando

“no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho debe dictarse

sentencia sumaria a favor de la parte promovente”.

      En cuanto a la modalidad de sentencia sumaria por

insuficiencia de prueba promovida por Oriental, el Tribunal

Supremo ha opinado que procede cuando la parte demandante no

cuenta con evidencia suficiente para probar su caso. El promovente

debe demostrar y satisfacer los siguientes requisitos: (1) que el juicio

en sus méritos es innecesario; (2) que el demandante no cuenta con

evidencia suficiente para probar algún hecho esencial de su

reclamación, y (3) que, como cuestión de derecho, procede la

desestimación de la demanda. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195

DPR 769, 786 (2016). Además, el ordenamiento exige que, al
KLCE202301337                                                        10

disponer de un pleito mediante una solicitud de sentencia sumaria

por ausencia de prueba, es indispensable que se le haya brindado a

la parte promovida una oportunidad amplia para que realice un

descubrimiento de prueba adecuado. Una vez concluye el proceso

de descubrimiento, el demandado debe demostrar que la prueba

descubierta   no    satisface    los   elementos      necesarios    para

establecer la causa de acción reclamada. Por su parte, el

demandante debe fundamentar su oposición para justificar que,

en efecto, merece su “día en corte”. Íd., a la pág. 787; véase,

además, Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 732-

734 (1994). Claro está, el tribunal resolverá lo que proceda en

derecho y no necesariamente lo que solicita el promovente.

La Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil

      De otra parte y relacionado con la controversia que dispone

del caso que nos ocupa, cuando el Tribunal de Primera Instancia

determina que no procede dictar sentencia sumaria en el pleito ante

sí, o que no procede conceder ese remedio en su totalidad, es

obligatorio que cumpla con lo expuesto en la Regla 36.4 de las

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, que dispone lo

siguiente:

        Si en virtud de una moción presentada bajo las
        disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre
        la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio
        solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar
        juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la
        moción mediante una determinación de los hechos
        esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay
        controversia sustancial y los hechos esenciales y
        pertinentes que están realmente y de buena fe
        controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de
        los daños u otra reparación no está en controversia,
        ordenando los procedimientos ulteriores que sean
        justos en el pleito, incluso una vista evidenciaría
        limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse
        el juicio, se considerarán probados los hechos así
        especificados y se procederá de conformidad. A base de
        las determinaciones realizadas en virtud de esta regla,
        el tribunal dictará los correspondientes remedios, si
        alguno. (Énfasis nuestro).
KLCE202301337                                                         11

       El texto de la Regla 36.4, supra, claramente exige que se

consignen los hechos controvertidos e incontrovertidos cuando

se deniegue total o parcialmente una moción de sentencia

sumaria. En otras palabras, la única “excepción a la excepción”

provista en la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 42.2, es la denegación parcial o total de una solicitud de

sentencia sumaria”. Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 706

(2019). Como se conoce, la Regla 42.2, supra, establece como

excepción a la normativa de especificar los hechos probados y sus

conclusiones de derecho por separado “[a]l resolver mociones bajo

las Reglas 10 o 36.1 y 36.2 de este apéndice, o al resolver cualquier

otra moción [. . .]”. Íd.

       Al respecto, el tratadista Rafael Hernández Colón reiteró en su

obra que, de no proceder la moción de sentencia sumaria o no

concederse el remedio solicitado, el tribunal está obligado a resolver

la petición mediante determinación de los hechos esenciales y

pertinentes sobre los cuales no hay controversia y los que están

realmente y de buena fe controvertidos. R. Hernández Colón,

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., San

Juan, LexisNexis, 2017, sec. 2620, pág. 322. Asimismo, en torno a

esta exigencia, el también tratadista José Cuevas Segarra explicó:

         Esta regla se modificó para disponer que el tribunal [...]
         está obligado a determinar, mediante resolución, los
         hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe
         controversia sustancial, así como aquellos hechos que
         estén controvertidos, a los fines de que no se tenga[n]
         que relitigar los hechos que no están en
         controversia.

         Lo importante de esta regla es que el nuevo texto
         mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de
         la determinación de los hechos materiales sobre los
         cuales no hay controversia sustancial y los hechos
         materiales que están realmente y de buena fe
         controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una
         revisión adecuada por los foros apelativos. (Énfasis
         nuestro). J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
         Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T.
         III, págs. 1074-1075.
KLCE202301337                                                     12

      El Tribunal Supremo ha determinado que este foro apelativo

también debe cumplir con lo establecido en la citada Regla 36.4,

supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118

(2015). No obstante, estamos limitados de dos formas: (1) solo

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro

de primera instancia y las teorías allí esbozadas; y (2) únicamente

podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, así como si el derecho se aplicó de

forma correcta, ya que no estamos compelidos a adjudicar los

hechos   medulares    en   disputa.    Esa   tarea   le   corresponde

exclusivamente al foro de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo,

161 DPR 308, 334-335 (2004).

      En fin, cuando nos encontramos ante una denegación, total o

parcial, de una moción de sentencia sumaria, es al foro primario a

quien le corresponde cumplir con la obligación de consignar en el

dictamen que emita los hechos que entiende están en controversia

y los que no lo están, según dispone la Regla 36.4 de las de

Procedimiento Civil, supra. Solo así, estaremos en posición de poder

revisar adecuadamente tal dictamen.

                                III.

      En el tercer señalamiento de error, Oriental planteó que el TPI

incidió al no ceñirse al mandato de la Regla 36.4 de las de

Procedimiento Civil, supra, toda vez que omitió pormenorizar los

hechos incontrovertibles, así como determinar las cuestiones en

controversia que ameritan la celebración de un juicio en sus

méritos. Adelantamos que le asiste la razón.

      Como cuestión de umbral, por tratarse de la denegación de

una moción dispositiva, el recurso cumple con los criterios de la

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, antes citada. Además,

examinado el expediente al palio de la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, concluimos que procede la expedición del auto
KLCE202301337                                                                   13

debido a que la decisión recurrida incumplió con las formalidades

exigidas    en   las   normas      procesales     de    casos    civiles   y   su

jurisprudencia interpretativa. Incluso, estimamos que la etapa de

los procedimientos en la que se encuentra el caso ante el foro

primario es la más propicia para intervenir, toda vez que propende

a que el TPI pueda delimitar con especificidad las controversias que

habrá de dirimir en su día y el derecho aplicable a estas. Esto

incluye también sobre qué no versa el pleito, ya que los litigantes

manifiestan cierto desfase entre sus respectivas reclamaciones y

defensas.14

       Según indicamos, en virtud de la Regla 36.4 de las de

Procedimiento Civil, supra, al denegar una solicitud de sentencia

sumaria, el TPI viene obligado a consignar los hechos esenciales y

pertinentes sobre los cuales no existe controversia sustancial y los

hechos medulares que están realmente y de buena fe controvertidos.

No constituye un asunto discrecional para el TPI decidir si cumple

o no con la referida norma. Más bien, estamos ante una regla de

procedimiento imperativa que impone al foro a quo el deber

ineludible de emitir un pronunciamiento preciso de los hechos

esenciales que considera se encuentran en controversia y que, a su

entender, exigen el trámite ordinario del pleito. De este modo, se

posibilita el poder revisar adecuadamente el dictamen que se emita.

       Según reseñamos, el TPI cumplió a cabalidad con la Regla

36.4 de las Procedimiento Civil, supra, ante el examen de la primera

solicitud de sentencia sumaria interpuesta por Oriental. Sin

embargo, luego de autorizar y evaluar la segunda moción para la

resolución por la vía de apremio, bajo la modalidad de insuficiencia

de la prueba, dictó una escueta Orden en la que pronunció un “no

14 Tomamos conocimiento judicial de la Minuta correspondiente a la vista de 30

de noviembre de 2023, en que el TPI señaló juicio en su fondo para el 20 de agosto
de 2024. Refiérase a la entrada 74 en el expediente electrónico del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos.
KLCE202301337                                                          14

ha lugar”. Con este proceder, se alejó del mandato procesal. Ello así,

porque del dictamen que revisamos no surgen por separado los

hechos medulares probados y aquellos que serán evaluados en la

vista en su fondo.

       En virtud de lo apuntalado, concluimos que el dictamen

impugnado incumple con las disposiciones de la Regla 36.4 de las

de Procedimiento Civil, supra. En consecuencia, revocamos la Orden

recurrida y devolvemos el caso al foro primario para que emita un

dictamen que se ajuste a las formalidades de la norma procesal

omitida y, a su vez, permita que podamos ejercer adecuadamente

nuestra función revisora de ser peticionado. Conforme con la

determinación arribada, es innecesario atender los señalamientos

de error primero y segundo según imputados, toda vez que el TPI

debe justipreciar sus méritos o deméritos.

                                     IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari   solicitado   y    revocamos    la   Orden   recurrida.    En

consecuencia, devolvemos el caso ante el Tribunal de Primera

Instancia para que emita una resolución que cumpla con las

disposiciones de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil, supra.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones