Court Opinion

ID: 9928478
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:18:01.956206+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:35.569340
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  Panel II

   ERIC RAMÍREZ CABRERA                                    Certiorari
        Peticionario                                       procedente del
                                                           Tribunal de
                                                           Primera Instancia,
                                     KLCE202301192         Sala Superior de
               v.                                          Bayamón

                                                           Caso Núm.:
                                                           BY2021RF01242
 JAHZEEL COLÓN MANTILLA
        Recurrida                                          Sobre:
                                                           Custodia

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el
Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

      Comparece el Sr. Eric Ramírez Cabrera (señor Ramírez Cabrera o

peticionario), a través de recurso de certiorari, solicitando la revocación de

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Bayamón, (TPI), el 28 de septiembre de 2023. Mediante dicho dictamen

el foro primario denegó una solicitud del señor Ramírez Cabrera para que

dejara sin efecto la designación de hogar seguro que existe sobre el

inmueble que servía de hogar en común cuando estaba casado con la

señora Jahzeel Colón Mantilla, (la recurrida).

      El peticionario sostiene ante nosotros que el tribunal a quo incidió al

mantener la designación de hogar seguro sobre la referida propiedad

inmueble, a pesar de existir una custodia compartida sobre los hijos en

común, con tiempo igual entre las partes.

I. Resumen del tracto procesal

      El 9 de julio de 2021, el peticionario presentó una Demanda

solicitando la disolución del matrimonio habido con la recurrida.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
KLCE202301192                                                             2

      En respuesta, el 22 de julio de 2021, la recurrida presentó una

Contestación a demanda y reconvención, aceptando las alegaciones,

aunque añadiendo sendos comentarios, y levantando defensas afirmativas.

En lo referente a la reconvención presentada, la recurrida solicitó allí: la

disolución del matrimonio; que se le concediese la custodia mono parental

de las hijas procreadas entre ambos; la designación del inmueble

perteneciente a las partes como hogar seguro de las menores, donde se

encontraban residiendo en ese momento; la imposición de una pensión

alimentaria para el sustento de dichas menores.

      Conforme a la solicitud de divorcio de las partes, el 6 de agosto de

2021, el foro primario decretó roto y disuelto el matrimonio entre estos.

Además, decidió otorgar la custodia provisional de las menores a la

recurrida, asignando el hogar anteriormente matrimonial como hogar

seguro, en beneficio de la recurrida y las menores. Esta última

determinación se mantendría, hasta que fuera emitida una determinación

final en cuanto a quién correspondería la custodia de estas, pues ya se

encontraba referido el asunto para investigación de la Unidad de Trabajo

Social del Tribunal.

      En efecto, concluido el estudio pertinente por la Unidad de Trabajo

Social del Tribunal, esta recomendó que la custodia de las menores fuera

compartida, relacionándose el peticionario con sus hijas en un 50%,

estableciéndose una estructura de semanas alternas, de lunes a lunes.

      Dispuesto lo anterior, el 5 de abril de 2023, el peticionario presentó

Moción en Solicitud de Modificación de Pensión Alimentaria y Otros

Particulares. Inició aseverando que las partes habían acordado el pago de

una pensión alimentaria para las menores, tomando en consideración que

no ostentaba la custodia compartida de las menores en tiempo igual. Por

este mismo fundamento, la adjudicación de la custodia compartida de las

menores a las partes, solicitó que se dejara sin efecto la designación de

hogar seguro en favor de la recurrida.
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      Luego, el 27 de julio de 2023, el recurrente reiteró mediante moción,

idéntico planteamiento al del párrafo que precede, sobre dejar sin efecto la

designación del hogar seguro en favor de la recurrida.

      Superados varios trámites procesales, el 5 de septiembre de 2023, el

tribunal a quo emitió la Orden cuya revocación nos solicita el peticionario,

sosteniéndose en la designación del referido inmueble como hogar seguro

para las menores, hasta que estas alcancen la mayoría de edad.

      Inconforme, el peticionario instó ante el TPI una moción de

reconsideración, que fue denegada.

      Es así como el peticionario acudió ante nosotros, mediante recurso

de certiorari, esgrimiendo el siguiente señalamiento error:

      PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
      PRIMERA INSTANCIA, AL MANTENER LA DESIGNACI[Ó]N DE
      HOGAR SEGURO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
      HABIDA ENTRE LAS PARTES DE EPIGRAFE, ESTO A PESAR
      DE EXISTIR UNA CUSTODIA COMPARTIDA EN TIEMPO
      IGUAL ENTRE AMBAS PARTES, QUE LA RECURRIDA NO
      OSTENTA LA CUSTODIA MONOPARENTAL DE LAS
      MENORES Y SIN LA CELEBRACI[Ó]N DE UNA VISTA
      EVIDENCIARIA, SEGÚN SOLICITADA, EN LA CUAL LAS
      PARTES PUDIERAN PRESENTAR LA EVIDENCIA Y LOS
      ARGUMENTOS EN APOYO DE SUS RESPECTIVAS POSTURAS
      Y EN LA CUAL EL TRIBUNAL PUDIESE EVALUAR LOS
      CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO CIVIL PARA LA
      DESIGNACI[Ó]N DE HOGAR SEGURO .

      Por su parte, el 21 de noviembre de 2023, la recurrida presentó

Alegato en Oposición a Certiorari.

      Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a exponer

la normativa jurídica aplicable.

II. Exposición de Derecho

   A. Certiorari

      El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v.

American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio

Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019);

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es,
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en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición

del auto descansa en la sana discreción del tribunal, y encuentra su

característica distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711. El

concepto discreción implica la facultad de elegir entre diversas opciones.

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la discreción

judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction,

supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52,

establece que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una

resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo y; (3) por vía de excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f)

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un

fracaso irremediable de la justicia. (Énfasis provisto).

      En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra

facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determinar si el

asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede
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evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 401 de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con

todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra

jurisdicción. García v. Padró, supra.

        En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal

apelativo     no   intervendrá      con    las   determinaciones       interlocutorias

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155

DPR 62, 78-79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido

que nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de las

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC,

supra, pág. 730.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

        Según intimamos en la exposición de derecho, por virtud de la Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, estamos facultados para expedir

un auto de certiorari, cuando se recurre de una resolución que atiende

casos    de   relaciones    de    familia, como      la   que    está ante      nuestra

consideración. Con todo, ello no suprime el carácter discrecional que el

Legislador le imprimió a nuestra determinación de acoger el recurso

solicitado. Como ha dicho nuestro Tribunal Supremo, la amplitud del

recurso moderno de certiorari no significa que sea equivalente a una

1   A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus
       fundamentos, son contrarios a derecho.
    B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis
       del problema.
    C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la
       apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
    D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los
       autos originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más
       elaborados.
    E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia
       para su consideración.
    F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un
       fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la
       solución final del litigio.
    G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso
       de la justicia.
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apelación, pues sigue siendo discrecional y los tribunales debemos utilizarlo

con cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913,

918 (2009).

      Examinada la controversia alzada, y el curso decisorio elegido por el

foro recurrido, juzgamos que no acontecen las circunstancias de pasión,

prejuicio,    parcialidad   o   error   manifiesto   que   ameriten   nuestra

intervención.

      Solemos ejercitar nuestra discreción al decidir expedir un recurso de

certiorari, al estar frente a una determinación con la cual no coincidimos o

amerita modificación, ninguna de las cuales observamos en este caso.

Ello, en tanto no contamos con los elementos suficientes para concluir que

el foro primario hubiese errado al persistir en su determinación de

mantener la designación de hogar seguro de las menores, hasta que

alcancen su mayoridad. En este sentido, a todas luces el TPI puso el

acento en el bien jurídico que vela por el mayor bienestar de dichas

menores, antes que el del derecho propietario correspondiente al

peticionario.

      En tanto, no variaríamos la determinación recurrida, solo nos queda

denegar el recurso presentado.

IV. Parte dispositiva

      Por las razones expuestas, se deniega la expedición del auto de

certiorari solicitado.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones