Court Opinion

ID: 9941356
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:41.275162+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:34.042242
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL X

    EDWARD BERRÍOS GREEN                                     Certiorari
     QUERELLANTE(S)-RECURRIDA(S)                             procedente del Tribunal de
                                                             Primera Instancia, Sala
                                                             Superior de CAGUAS
                 V.                  KLCE202301028

                                                             Caso Núm.
        PEPE ABAD, INC.                                      CY2021CV00250 (802)
    QUERELLADA(S)-PETICIONARIA(S)

                                                             Sobre:
                                                             Despido Injustificado

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Barresi Ramos, juez ponente

                                    SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, hoy día 31 de enero de024.

        Comparece ante nos, PEPE ABAD KIA, INC. (PEPE ABAD) mediante

Petición de Certiorari incoada el 18 de septiembre de 2023. En su recurso, nos

solicita que revisemos la Resolución dictada el 6 de septiembre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.1 Mediante dicho

dictamen, el foro a quo declaró no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria

presentada el 26 de julio de 2022 por PEPE ABAD.

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

                                            -I-

        El 12 de julio de 2021, el señor EDWARD BERRÍOS GREEN (señor BERRÍOS

GREEN) entabló una Querella sobre despido injustificado.2 Expuso que, fue

1
  Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 7 de septiembre de 2023.
Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 301- 312.
2
  Íd., págs. 1– 4.

Número Identificador:
SEN2024___________
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empleado mediante contrato sin tiempo determinado por un (1) año antes de

ser despedido; su empleo era uno a tiempo completo; laboraba cuarenta (40)

horas semanales; y su salario más alto devengado fue de $1,531.88 semanal.

Reclamó la cuantía de $21,446.32 por concepto de mesada en contra de PEPE

ABAD, ello, al amparo de la Ley Núm. 2 de 1961, según enmendada.

        Tiempo después, el 8 de septiembre de 2021, PEPE ABAD presentó su

Contestación a Querella.3 En síntesis, arguyó que el 9 de enero de 2018, el

señor BERRÍOS GREEN comenzó a laborar como ejecutivo de ventas; y fue

despedido por justa causa, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 80 de

1976, según enmendada; la Ley Núm. 4 de 2017, así como la jurisprudencia

interpretativa aplicable. Señaló que se reunieron con el señor BERRÍOS GREEN

para notificarle la decisión de la empresa de despedirlo, ello, en

consideración a los hallazgos de una investigación.

        Luego de varios incidentes procesales, y de haber finalizado el

descubrimiento de prueba, el 26 de julio de 2022, PEPE ABAD presentó una

Moción de Sentencia Sumaria.4 Sostuvo que no existe controversia de hechos

materiales que impidan resolver el caso por la vía sumaria. El 2 de agosto

de 2022, se dictaminó Orden en la cual se le requirió al señor BERRIOS GREEN

exponer su posición en torno a la moción de sentencia sumaria al señor

BERRÍOS GREEN.5

        Así las cosas, el 23 de agosto de 2022, PEPE ABAD presentó su Moción

para que se Dé por Sometida Sin Oposición la Moción de Sentencia Sumaria

Presentada por la Parte Querellada.6 Solicitó que se diera por sometida la

moción de sentencia sumaria sin oposición.

3
  Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 5– 14.
4
  Íd., págs. 16- 234. Dicho petitorio está acompañado de los siguientes documentos: (i) Anejo
1(A)- fragmentos de la Deposición efectuada el 19 de enero de 2022 al señor Edward Berrios
Green; (ii) Anejo 1(B)- fragmentos de la Deposición efectuada el 12 de abril de 2022 al señor
Berrios Green; (iii) Anejo 2– Manual del Empleado (Guía sobre los Estándares, Normas,
Conducta, Procedimientos, Valores, Licencias y Beneficios de la Organización); (iv) Anejo 3–
Acuse de Recibo del Manual de Empleado firmado por el señor Edward Berrios Green; (v)
Anejo 4– manuscrito suscrito por el señor Jonathan Rivera Rivera (empleado de PEPE ABAD);
y Anejo (v) – Declaración Jurada suscrita por la señora Miren Lydia Ayerdi Santiago, gerente
de Recursos Humanos de PEPE ABAD.
5
  Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 235.
6
  Íd., págs. 237– 238.
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        Ese mismo día, el señor BERRÍOS GREEN presentó una Moción de

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Otros Extremos.7 En su escrito,

el señor BERRÍOS GREEN manifestó:

        [Pepe Abad] [n]o tiene razón en ninguno de sus argumentos,
        existe controversia sobre el hecho material, sustancial de la
        querella [esto] es si es o no justificado el despido y, como
        cuestión de derecho no procede el remedio sumario. Por ello
        se solicita a esta Curia declare no ha lugar la solicitud de la
        querellada.

        En horas de la tarde, PEPE ABAD presentó Moción para Que No se

Considere “Moción de Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Otros

Extremos” de la Parte Querellante y, en la Alternativa, Solicitud de Término

para Presentar Replica.8

        El 12 de septiembre de 2022, PEPE ABAD presentó su Réplica a

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria en la cual argumentó que no existe

controversia de hechos; su petitorio permanece incontrovertido; y procede

dictar sentencia sumaria a su favor.9 Consiguientemente, el 25 de octubre de

2022, el tribunal de instancia decretó Orden considerando por sometida la

adjudicación de la solicitud de sentencia sumaria.

        Finalmente, el 6 de septiembre de 2023, el tribunal a quo dictaminó la

Resolución impugnada. El foro primario formuló trece (13) hechos que, a su

juicio, no están en controversia; precisó seis (6) hechos en controversia o

arrojan dudas al juzgador; y pautó la Conferencia con Antelación al Juicio

pautada para el 1 de febrero de 2024 a las 2:30 de la tarde mediante

videoconferencia.10

        El tribunal de instancia determinó que los siguientes hechos no están

en controversia:

        1.      Berríos fue empleado de Pepe Abad desde el 9 de enero de
        2018 hasta el 7 de junio de 2019 como Ejecutivo de Cuentas.
        2.      El 1 de junio de 2019 un cliente acudió a Pepe Abad para que,
        como parte de los servicios adquiridos, se le diera un tratamiento de
        Cilajet a su vehículo Kia Río Quinto.
        3.      El referido vehículo tenía un balance de $25,000.00.

7
   Íd., págs. 241- 247.
8
   Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 249- 251.
9
   Íd., págs. 255- 293.
10
    Íd., pág. 310- 312.
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       4.      El cliente manifestó estar interesado en adquirir una unidad
       más grande.
       5.      Berríos le explicó que, al vehículo Kia Río Quinto ser una
       unidad nueva con un balance alto, no podía darse en “trade-in”, pero
       que tenía dos (2) alternativas: entregar el referido vehículo Kia Río
       Quinto al banco o, venderlo por su cuenta para liberar su crédito.
       6.      El cliente optó por incluir a su esposa en la compra de la
       nueva unidad y el banco le dio su aprobación.
       7.      El cliente y su esposa se retiraron de Pepe Abad en la nueva
       unidad.
       8.      La unidad Kia Río Quinto permaneció en los predios de Pepe
       Abad sin haberse entrado a ninguno de los inventarios.
       9.      El referido vehículo estuvo en posesión de Berríos hasta el 5
       de junio de 2019.
       10.     El 5 de junio de 2019, se celebró una reunión entre Berríos y
       personal gerencial de Pepe Abad y, como resultado, el primero fue
       suspendido hasta tanto se realizar[a] una investigación del asunto.
       11.     El 7 de junio de 2019 Berríos fue despedido.

       Entre los hechos que, a juicio del foro de instancia, están en

controversia se encuentran:

       1. La razón por la que los compradores del vehículo en
          controversia dejaron la unidad Kia Río Quinto en los
          predios de PEPE ABAD.
       2. Acuerdo, si alguno, entre Berríos y los compradores con
          relación a qué iban a hacer con el referido vehículo.
       3. Expediente de personal de Berríos y si existían quejas
          previas por situaciones similares.
       4. Investigación que realizó PEPE ABAD y que motivó el despido
          de Berríos.
       5. Investigación realizada por el Negociado de Normas y
          Trabajo cuyos resultados los hicieron concluir que se le
          adeudaban a Berríos $21,446.32 por alegado despido
          injustificado.
       6. Reclamaciones realizadas a PEPE ABAD por parte del
          Negociado de Normas y Trabajo.

       En desacuerdo, el 18 de septiembre de 2023, PEPE ABAD instó ante este

Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari. En su escrito, señala

el(los) siguiente(s) error(es):

           Primer Error: El TPI cometió prejuicio, parcialidad y error
           craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
           documental al determinar que existía controversia de
           hechos sobre el historial de conducta previa del Recurrido
           y la investigación realizada por Pepe Abad a pesar de que el
           Peticionario presentó evidencia sustancial que no fue
           controvertida.

           Segundo Error: Erró el TPI y abusó de su discreción al no
           dar deferencia a la investigación interna ni a la adjudicación
           de credibilidad realizada por Pepe Abad, a pesar de que el
           proceso de investigación no fue impugnado de forma
           alguna por el Recurrido ni existe evidencia de perjuicio,
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            irrazonabilidad o arbitrariedad en el proceso que justifique
            inmiscuirse con la prerrogativa gerencial en este caso.

            Tercer Error: Erró y abusó de su discreción el TPI como
            cuestión de derecho procesal bajo la Regla 36 de
            Procedimiento Civil al establecer nuevas determinaciones
            de hechos que son totalmente inmateriales, que surgen de
            la oposición que -recordemos- el TPI previamente
            determinó que no iba a considerar y sobre los cuales no hay
            evidencia.

            Cuarto Error: La Resolución del TPI es contraria a derecho
            toda vez que las determinaciones de hechos realizadas por
            el TPI, por sí solas, justifican la terminación de empleo del
            Recurrido a la luz de la Ley 80- 1976, Ley 4-2017 y la
            jurisprudencia interpretativa aplicable.

        El 22 de septiembre de 2023, este foro revisor emitió Resolución en la

cual, entre otras cosas, le concedimos un plazo perentorio de diez (10) días al

señor BERRÍOS GREEN para mostrar causa por la cual no debemos expedir el

auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado. Al día de hoy, el señor

BERRÍOS GREEN no ha presentado contención alguna.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso, nos encontramos

en posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes

a la(s) controversia(s) planteada(s).

                                          - II -

                                          -A-

        El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas

por una corte de inferior instancia judicial. 11 Por ello, la determinación de

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la

discreción judicial.12

        De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.13

11
   Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres
González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun.
Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021).
12
   Íd.
13
   Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
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Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto

del derecho”.14

        Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.15 La mencionada Regla

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo”.16

        En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando:

        (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
        hechos o peritos esenciales;
        (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
        (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
        (4) en casos de relaciones de familia;
        (5) en casos revestidos de interés público; o
        (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la justicia.17

        Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.18

        El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros.19 Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento

14
   Íd.
15
   32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
16
   Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
17
   4 LPRA Ap. XXII – B, R. 40; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012).
18
   McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205
DPR 163 (2020).
19
   McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.
KLCE202301028                                                                 Página 7 de 15

instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no expedir un

recurso de certiorari. A saber:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia
        de sus fundamentos, son contrarios a derecho;
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
        análisis del problema;
        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en
        la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia;
        (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a la
        luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
        alegatos más elaborados;
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más
        propicia para su consideración;
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan
        un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en
        la solución final del litigio; y
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un
        fracaso de la justicia.20

        Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva,

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el

ejercicio de nuestra jurisdicción.21 En otras palabras, los anteriores criterios

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se

encuentra el caso.22 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal

posee discreción para expedir el auto de certiorari.23 La delimitación que

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”24

        Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.25 Esto es, “que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

20
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v.
Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
21
   García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
22
   Mun. de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
23
   Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).
24
   Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. de Caguas v. JRO
Construction, Inc., supra.
25
   García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
KLCE202301028                                                                 Página 8 de 15

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.26

                                            -B-

        La Ley de Procedimiento Sumario de Relaciones Laborales, conocida

como la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, fue

promulgada como un mecanismo procesal, de naturaleza sumaria, cuyo

objetivo es lograr la rápida consideración y adjudicación de las reclamaciones

laborales por empleados en contra de sus patronos.27 En esa dirección, sabido

es que las reclamaciones laborales ameritan ser resueltas con celeridad de

forma tal que se pueda implantar la política pública del Estado, de proteger

los empleos, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero que

resulte despedido los medios económicos para su subsistencia mientras

consigue un nuevo empleo.28

        Es menester señalar que, con la finalidad de continuar promoviendo

el carácter sumario de la ley, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 133

de 2014 en la cual manifestó su intención de extender el carácter sumario del

estatuto a la etapa apelativa para cumplir con el propósito rector de la misma,

de proveer al obrero un remedio rápido y eficaz.29 En armonía con lo antes

expuesto, nuestro Máximo Foro ha resuelto que la revisión de resoluciones

interlocutorias es contrario al carácter sumario que, precisamente, busca

adelantar el procedimiento. En virtud de ello, los tribunales revisores

debemos autolimitar nuestra facultad al efecto.30

        En ese sentido, la parte que pretenda impugnar las resoluciones

interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e instar contra ella el

recurso pertinente a base del alegado error cometido.31 Asimismo, el Tribunal

26
   Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
27
   32 LPRA sec. 3118. Véase también Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446
(2016); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016).
28
   Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018).
29
    Véase Exposición de Motivos, Ley Número 133 de 2014. Véase, además Patino Chirino v.
Parador Villa Antonio, supra, págs. 446– 447.
30
   Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496 (1999).
31
   Íd., pág. 497.
KLCE202301028                                                                Página 9 de 15

Supremo ha reconocido que lo anterior no sería absoluto, y, por tanto,

cedería en aquellos casos en que alguna resolución sea dictada sin

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia; o en los cuales los fines

de la justicia requieran la intervención del foro apelativo.32

        De este modo, a manera de excepción los tribunales apelativos deben

mantener y ejercer su facultad para revisar mediante certiorari aquellas

resoluciones interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario a tenor

con la Ley Núm. 2 de 1961, en aquellos casos extremos en que la revisión

inmediata disponga del caso en forma definitiva; o cuando dicha revisión

inmediata tenga el efecto de evitar una grave injusticia.33

        Esto es, de manera excepcional, los foros revisores deben mantener y

ejercer su facultad revisora mediante certiorari en aquellas resoluciones

interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario (querellas laborales),

en las siguientes instancias: (1) cuando el tribunal primario haya actuado

sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisión inmediata

dispone del caso por completo; o (3) cuando la revisión tenga el efecto

de evitar una grave injusticia.34

                                           -C-

        La sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario

disponible para adjudicar controversias cuando no se requiere la celebración

de un juicio.35 Su propósito o finalidad es propiciar la solución justa, rápida y

económica de los litigios civiles que no presentan controversias genuinas de

hechos materiales, y en los cuales solo resta dirimir una controversia de

derecho.36

32
   Medina Nazario v. McNeil Healthcare, supra, pág. 730. (Énfasis nuestro); Díaz Santiago
v. PUCPR et al., 207 DPR 339, 349 (2021).
33
   Íd.
34
   Díaz Santiago v. PUCPR et al., supra.
35
   Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120; 213 DPR ___; Ramos Pérez v.
Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).
36
   Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189
DPR 414, 430; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331 (2004).
KLCE202301028                                                                    Página 10 de 15

        Este mecanismo se encuentra instituido por la Regla 36 de las de

Procedimiento Civil de 2009.37 Esta prescribe que cualquiera de las partes

“podrá presentar […] una moción fundamentada en declaraciones juradas o

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la

reclamación solicitada”.38

        Lo anterior implica que, la parte promovente debe demostrar que no

existe controversia sustancial sobre algún hecho material, pues la sentencia

sumaria solo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí

la verdad sobre todos los hechos pertinentes.39 Para ello, debe desglosar en

párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, debe especificar

la página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en

evidencia que lo apoya.40 La jurisprudencia interpretativa ha definido que

“[u]n hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”.41

        Por su parte, quien se opone a que se dicte sentencia sumaria está

obligado a controvertir la prueba presentada, contestando de forma detallada

y específica aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe una

controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio.42 Es decir, no

basta con presentar meras afirmaciones. Resulta insuficiente para derrotar

una solicitud de sentencia sumaria una declaración jurada que meramente

exponga conclusiones reiteradas de las alegaciones de la demanda y hechas

sin conocimiento personal de los hechos.43 Empero, será el análisis del

37
   32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.
38
   Acevedo y otros v. Dpto. de Hacienda, 2023 TSPR 80, 212 DPR ___ (2023).
39
   Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 118; 213 DPR ____; Ramos Pérez v. Univisión,
supra, pág. 213.
40
    Regla 36.3(a) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F.
Montalvo, supra.
41
   Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118; 213 DPR ___; Mejías
et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.
42
   Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.
43
   Íd., págs. 215- 216.
KLCE202301028                                                                     Página 11 de 15

derecho aplicable y de la existencia de alguna controversia sustancial de

hechos materiales lo que determinará si procede dictar sentencia

sumariamente, y no el que la parte contraria deje de oponerse a la solicitud,

o lo haga defectuosamente.44

        Al evaluar la procedencia de la solicitud de sentencia sumaria el

tribunal analizará los documentos que acompañan la moción de

sentencia sumaria, los documentos incluidos con la moción en

oposición y aquellos que obren en el expediente del tribunal.45 Por ello,

“[t]oda inferencia que se haga a base de los hechos y documentos que obren

en los autos, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que se

opone a la solicitud de sentencia sumaria”.46

        No obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar una

moción de sentencia sumaria; por el contrario, tiene que ser una duda que

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos

relevantes y pertinentes”.47 Por tanto, “[existe] una controversia real cuando

la prueba ante el tribunal es de tal naturaleza que un juzgador racional de los

hechos podría resolver a favor de la parte promovida”.48

        La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si presenta

prueba incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa

de acción. En cambio, la parte promovida puede derrotar la moción de tres

(3) maneras diferentes: (1) si establece una controversia real de hechos sobre

uno de los elementos de la causa de acción de la parte promovente; (2) si

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba

que establezca una controversia sobre la credibilidad de los testimonios

jurados que presentó la parte promovente.

44
   Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014).
45
   PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). (énfasis nuestro).
46
   Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610- 611 (2000).
47
   Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.
48
   Íd.
KLCE202301028                                                              Página 12 de 15

        Por otro lado, la parte promovida puede prevalecer por la vía sumaria

en escenarios diversos. A modo de ejemplo, puede establecer que no hay

controversia real de hechos relevantes sobre, al menos, uno de los elementos

de la causa de acción de la parte promovente. También puede establecer la

existencia incontrovertible de prueba que sustente una defensa afirmativa.49

        Ahora bien, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar

[denegaciones] o concesiones de mociones de sentencia sumaria.50 Esto

significa que, al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, al igual que el foro

primario, debemos aplicar los criterios de la Regla 36 de las de Procedimiento

Civil de 2009 y su jurisprudencia interpretativa. Ello supone examinar el

expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la

solicitud de sentencia sumaria, llevando a cabo todas las inferencias

permisibles a su favor. Como resultado, tenemos el deber de revisar que tanto

la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los

requisitos de forma instituidos en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil

de 2009.51

        En esencia, si el foro primario acogió la moción y dictó sentencia

sumariamente, nos corresponderá revisar que, efectivamente no existan

hechos materiales en controversia.52 De no existir, procederemos entonces a

revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia adjudicó correctamente el

derecho. Por el contrario, si el foro primario denegó la moción de

sentencia sumaria por entender que existían hechos materiales en

controversia, “el tribunal apelativo solo revisa si el foro primario abusó

de su discreción”.53 En palabras sencillas, los tribunales revisores estamos

limitados a: (1) considerar los documentos que se presentaron ante el foro de

49
   Íd., pág. 217.
50
   Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 809 (2020); Meléndez González et al. v.
M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015).
51
   Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra.
52
   Rivera Matos et al. v. Triple S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020).
53
   Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 116. (énfasis nuestro).
KLCE202301028                                                              Página 13 de 15

instancia; (2) determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

materiales y esenciales; y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma

correcta.54

                                         - III -

        En el caso de marras, PEPE ABAD acudió ante este tribunal intermedio

solicitando nuestra intervención para revisar la Resolución determinada el 6

de septiembre de 2023 mediante la cual se denegó su solicitud de sentencia

sumaria. PEPE ABAD arguyó que el foro primario cometió cuatro (4) errores.

La totalidad de los errores señalados van dirigidos a impugnar la legitimidad

del dictamen, pues, entiende que el tribunal de instancia incurrió en

prejuicio, parcialidad, error craso y abuso de discreción. Esencialmente,

esbozó que el foro primario formuló determinaciones de hechos contrarias a

la apreciación de la prueba documental, puesto que la trascripción de la

deposición tomada, bajo juramento, al señor BERRÍOS GREEN, así como la

evidencia admisible, demuestran la ausencia de controversia, dado que como

patrono realizaron una investigación completa, oportuna y sin ánimo

prevenido. Argumentó, que el despido del señor BERRÍOS GREEN fue con justa

causa y, este foro apelativo ostenta jurisdicción para revisar la Resolución

recurrida.

        Como cuestión de umbral, precisa señalar que, a tenor con la

normativa atinente a la revisión de sentencia sumaria, y luego de evaluar

concienzudamente los respectivos escritos presentados, hallamos que la

Moción de Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Otros Extremos

presentada por el señor BERRÍOS GREEN no cumple con los requisitos de

forma estatuidos en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra.

Esto es, aun cuando el señor BERRÍOS GREEN incluyó una relación en párrafos

enumerados de los hechos esenciales que consideraban incontrovertidos, en

ninguno de ellos hicieron referencia a los párrafos o las páginas de las

54
  Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra, pág. 5; Meléndez González et al. v. M.
Cuebas, supra, págs. 114 – 116.
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declaraciones juradas o cualquier otra prueba admisible en evidencia que

estableciera tales hechos, tal y como lo exige la Regla 36.3 de las de

Procedimiento Civil de 2009, supra. Ello, sin embargo, no dispone sin más de

la controversia ante nuestra consideración.

       Al revisar la totalidad del expediente judicial, este revela que el foro

recurrido aplicó correctamente la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de

2009. En ese sentido, determinó los hechos esenciales y pertinentes sobre los

cuales no hay controversia sustancial, y aquellos que están en disputa. En

consecuencia, acogemos los hechos no controvertidos. Empero, tras un

examen ponderado de los documentos del legajo, se limitan y modifican las

controversias de derecho pendientes. De las seis (6) controversias que están

pendientes a dilucidarse en sus méritos, según el tribunal primario,

solamente entendemos que subsisten las siguientes:

       3. Expediente de personal de Berríos y si existían quejas
          previas por situaciones similares.
       4. Investigación que realizó PEPE ABAD y qué motivó el
          despido de Berríos.

       Es nuestro deber revisar si el foro de instancia aplicó correctamente el

derecho al asunto que nos ocupa. Resolvemos en la afirmativa. Lo cierto es

que sí existen dudas en torno a la investigación realizada por PEPE ABAD

concerniente al señor BERRÍOS GREEN. En definitiva, colegimos que el

tribunal primario no erró ni abusó de su discreción, cometió perjuicio o error

manifiesto al declarar no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada

por PEPE ABAD, toda vez que, su determinación es esencialmente correcta y

está fundamentada en los documentos que obran en el expediente judicial.

En conclusión, no se cometieron los errores señalados.

                                    - IV -

       Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de Certiorari

a los fines de modificar la determinación judicial para eliminar las

controversias números 1, 2, 5 y 6. Así modificada, confirmamos la Resolución
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dictaminada el 6 de septiembre de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Caguas, en todos sus demás extremos.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones