Court Opinion

ID: 9952198
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:27:27.664724+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:11.732728
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VI

    EDMANUEL GUERRA                               REVISIÓN
        GUZMÁN                                    ADMINISTRATIVA
                                                  procedente de la
        Recurrente                                Junta de Libertad
                                                  Bajo Palabra
            v.               KLRA202400006
                                                  Caso núm.
    JUNTA DE LIBERTAD                             147463
      BAJO PALABRA

        Recurrida                                 Sobre: No concesión
                                                  del privilegio de
                                                  libertad bajo palabra

Panel integrado por su presidenta, la jueza Ortiz Flores, el juez
Rivera Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

       Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Edmanuel

Guerra Guzmán (el señor Guerra Guzmán o el recurrente) mediante

el recurso de Revisión Judicial y nos solicita que revoquemos la

Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (la Junta

o la recurrida) el 28 de noviembre de 2023, notificada el 7 de

diciembre siguiente. Mediante este dictamen, al recurrente se le

denegó el privilegio de libertad bajo palabra.

       Por los fundamentos que expondremos más adelante, se

confirma la Resolución recurrida.

                                    I.

       Surge del recurso presentado que el señor Guerra Guzmán se

encuentra en la Institución Correccional de Bayamón 501

extinguiendo una pena de quince (15) años por violación a dos

cargos de agresión sexual y dos cargos de actos lascivos contra una

menor de edad.1 El 31 de julio de 2023, la Junta celebró una Vista

1La Sentencia fue dictada el 25 de noviembre de 2013. Véase el Apéndice del
Recurso, Anejo 7.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLRA202400006                                                              2

de Consideración en la cual se desfiló prueba ante el Oficial

Examinador, Sr. Víctor G. Colón Cintrón. El señor Guerra Guzmán

compareció mediante el sistema de videoconferencia y representado

legalmente por la Lcda. Mercedes Peguero Moronta.

       El 28 de noviembre de 2023, la Junta emitió la Resolución

recurrida, en la cual realizó diecisiete (17) Determinaciones de

Hechos y tomando en consideración todos los factores concluyó que

el recurrente no cualifica, “en este momento”, para beneficiarse del

privilegio de libertad bajo palabra.2 Además, determinó que este caso

volverá a ser considerado para noviembre de 2024.

       Inconforme, el 8 de enero de 2024 el recurrente compareció

ante este foro intermedio y le señaló a la Junta la comisión de los

siguientes errores:

            PRIMER ERROR: ERRÓ LA JUNTA AL DETERMINAR
            QUE EL RECURRENTE NO CUMPLÍA CON LOS
            CRITERIOS REQUERIDOS PARA BENEFICIARSE DEL
            PRIVILEGIO  DE   LIBERTAD    BAJO   PALABRA,
            INCUMPLIENDO SU OBLIGACIÓN MINISTERIAL DE
            CONSIDERAR LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE
            ADMINISTRATIVO Y/O QUE LAS CONCLUSIONES A
            LAS    QUE   LLEGÓ      SON    IRRAZONABLES,
            OBSTACULIZANDO      ASÍ     EL     PROPÓSITO
            REHABILITADOR DE SU LEY ORGÁNICA.

            SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA JUNTA AL NO
            CONCEDER LIBERTAD BAJO PALABRA A LA PARTE
            RECURRENTE     CONSIDERANDO     ALEGADOS
            INCUMPLIMIENTOS QUE NO ESTÁN BAJO EL
            CONTROL DEL RECURRENTE, LO QUE CONSTITUYÓ
            UN ERROR DE DERECHO Y UN CLARO ABUSO DE
            DISCRECIÓN.

       El    12   de   enero    de   2024,   dictamos     una    Resolución

concediéndole a la parte recurrida el término de treinta (30) días

para expresarse. El 22 de febrero siguiente, compareció la Oficina

del Procurador General mediante un Escrito en Cumplimiento de

Resolución.3 Así, nos damos por cumplidos y a su vez, decretamos

perfeccionado el recurso de epígrafe.

2 Véase el Apéndice del Recurso, Anejo 1.
3Acompañó Moción solicitando se autorice presentación de escrito en exceso de
páginas bajo la Regla 70 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
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       Analizados los escritos, el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                       II.

Revisión judicial de las decisiones administrativas

       La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin primordial limitar la discreción de las agencias y

asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley.

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). En

el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben conceder

una gran deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado en los

asuntos que les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010).4

       No obstante, esta deferencia reconocida a las decisiones de las

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la

misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia

erró en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina,

185 DPR 800, 822 (2012). Por consiguiente, la revisión judicial de

una decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar

la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, a la pág. 940.

       En este ejercicio, nuestro más alto foro ha sido enfático en que

las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca

suficiente evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168

DPR 66, 91 (2006). Quien las impugne tiene el deber insoslayable,

4 Véanse, también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589, (2005); Otero v. Toyota,

163 DPR 716, 727 (2003).
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para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la

presunción de corrección de la determinación administrativa. El

peso de la prueba descansa entonces sobre la parte que impugna la

determinación administrativa. Íd.

      Como corolario a lo anterior, la Sección 4.5 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAUG), Ley núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, dispone que las

determinaciones     de   hechos     realizadas,   por    una   agencia

administrativa, serán sostenidas por el tribunal revisor si se

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad.

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). De modo, que la

parte afectada deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o

demostrar la existencia de otra prueba que sostenga que la

actuación del ente administrativo no estuvo basada en evidencia

sustancial. Otero v. Toyota, supra, 728 (2005). En consecuencia,

nuestra función se circunscribe a considerar si la determinación de

la agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Íd.

      Por otro lado, las conclusiones de derecho son revisables en

toda su extensión. Sección 4.5, Ley núm. 38-2017, supra. Sin

embargo, ello “no implica que los tribunales revisores tienen la

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e

interpretaciones de la agencia.” Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729.

Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este debe

determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la

apreciación de la prueba. Íd.

      En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la
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agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base racional

para explicar la determinación administrativa. Hernández Álvarez v.

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006).

La Junta de Libertad Bajo Palabra

      Mediante la Ley núm. 118 de 22 de Julio de 1974, conocida

como la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra, (Ley núm. 118), 4

LPRA sec. 1501 et seq., según enmendada, se creó la Junta de

Libertad Bajo Palabra. Esta está adscrita al Departamento de

Corrección y Rehabilitación, según establece su Artículo 1, 4 LPRA

sec. 1501. Dicha entidad, posee autoridad para “decretar la libertad

bajo palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las

instituciones penales de Puerto Rico”. Artículo 3 de la Ley núm. 118,

4 LPRA sec. 1503. “La libertad bajo palabra será decretada para el

mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias presentes

permitan a la Junta creer, con razonable certeza que tal medida

habrá de ayudar a la rehabilitación del delincuente”. Íd. De esta

forma, se permite que una persona convicta y sentenciada a un

término de reclusión cumpla la última parte de su sentencia fuera

de la institución penal, “sujeto al cumplimiento de las condiciones

que se impongan para conceder la libertad”. Maldonado Elías v.

González Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987). Al conceder el privilegio

de libertad bajo palabra, la Junta puede imponer las condiciones

que estime necesarias. De esta forma, el liberado tiene una libertad

cualificada, pues dichas condiciones restringen sus actividades más

allá de las restricciones comunes que se le imponen por ley a cada

ciudadano. Benítez Nieves v. E.L.A. et al., 202 DPR 818, 825 (2019).

      En cuanto a la controversia que nos atañe, el Artículo 3 (a)(6)

de la Ley núm. 118, supra, 4 LPRA sec. 1503, establece que, “[p]ara

determinar si concede o no la libertad bajo palabra, la Junta tendrá

ante sí toda la información posible sobre el historial social, médico,

ocupacional y delictivo de cada confinado, incluyendo la actitud de
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la comunidad respecto a la liberación condicional del sujeto, y una

evaluación que deberá someter la Administración de Corrección”.

       Por su parte, en cuanto al proceso de concesión del privilegio

de libertad bajo palabra, esta ley establece que:

          Una persona recluida en una institución carcelaria en
          Puerto Rico o en cualquier Programa de Desvío que
          cumpla con los requisitos establecidos por la Junta
          mediante reglamento o en esta ley, que muestre un alto
          grado de rehabilitación y que no represente un riesgo a
          la sociedad, podrá solicitar formalmente el privilegio de
          libertad bajo palabra dentro de la jurisdicción de la
          Junta mediante los mecanismos que disponga la
          misma, igualmente mediante reglamento. La solicitud
          por parte de la persona recluida conllevará el
          consentimiento de esta para que la Junta pueda revisar
          y obtener copia de todos los expedientes sobre dicha
          persona en poder de la Administración de Corrección,
          a fin de que pueda ser considerada para la concesión
          de los privilegios contemplados en esta Ley. 4 LPRA sec.
          1503c.

       Ahora bien, “el beneficio de la libertad bajo palabra no es un

derecho     reclamable,    sino   un    privilegio   cuya    concesión   y

administración recae en el tribunal o en la Junta”. Quiles v. Del

Valle, 167 DPR 458, 475 (2006). El mencionado privilegio será

concedido siempre y cuando el convicto “muestre un alto grado de

rehabilitación y que no represente un riesgo a la sociedad”.

Artículo 3(c) de la Ley núm. 118, supra, 4 LPRA sec. 1503c.5 Por

consiguiente, la Junta posee discreción para decretar la libertad

bajo palabra de cualquier persona recluida en las instituciones

penales de Puerto Rico, siempre que no se trate de los delitos

excluidos de dicho beneficio, y que la persona haya cumplido el

término mínimo de la sentencia dispuesto por dicha ley. Artículo 3

de la núm. 118, supra, supra; Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 DPR

161, a la pág. 166 (1993). Así, por tratarse de un privilegio, la Junta

tendrá facultad para concederlo, tomando en consideración ciertos

factores que establece dicha ley en su Artículo 3(d), supra, 4 LPRA

5 Énfasis nuestro.
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sec. 1503d. Entre los factores a considerarse por la Junta se

enumeran los siguientes:

         1) naturaleza y circunstancias del delito o delitos
             por los cuales cumple la sentencia;
         2) veces que el confinado haya sido convicto y
             sentenciado;
         3) relación de liquidación de la sentencia o sentencias
             que cumple el confinado;
         4) totalidad del expediente penal y social e
             informes médicos, completados por cualquier
             profesional de la salud mental, que existan sobre
             el confinado;
         5) historial del ajuste institucional y del historial social
             y psicológico del confinado preparado por el
             Departamento de Corrección y Rehabilitación y el
             historial médico y psiquiátrico preparado por Salud
             Correccional del Departamento de Salud;
         6) edad del confinado;
         7) tratamientos para condiciones de salud que reciba
             o haya recibido el confinado;
         8) opinión de la víctima;
         9) planes de estudio, adiestramiento vocacional o
             estudio y trabajo del confinado;
         10) lugar en el que piensa residir el confinado y actitud
             de dicha comunidad, de serle concedida la libertad
             bajo palabra; y
         11) cualquier otra consideración meritoria que la Junta
             de Libertad Bajo Palabra haya dispuesto mediante
             reglamento. (Énfasis nuestro)

       Por ende, denegar el beneficio de libertad a prueba a un

confinado de forma arbitraria, o revocarle la libertad bajo palabra

sin   garantizarle   el   debido    proceso    de    ley,   constituye   una

interferencia o privación de un interés libertario, lo que justifica la

intervención judicial oportuna para corregir el agravio. Vázquez v.

Caraballo, 114 DPR 272, 279 (1983); Martínez Torres v. Amaro Pérez,

116 DPR 717, 726-727 (1985). Ahora bien, en el ejercicio de la

discreción que la ley le concede a la Junta, es esta la entidad

facultada para decidir si concede o revoca el referido beneficio de

libertad condicional a un confinado. Este foro no ha de invadir esa

autoridad salvo que haya en el expediente indicios de arbitrariedad

o irrazonabilidad.

Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento
Núm. 9232 de 18 de noviembre de 2020

       El Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra,

Reglamento Núm. 9232 de 18 de noviembre de 2020 (Reglamento
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Núm. 9232) establece las reglas procesales y sustantivas que

gobiernan las funciones adjudicativas del mencionado organismo

administrativo. A su vez, este incorpora las disposiciones de la

LPAUG. Además, el mencionado reglamento cimenta los criterios de

elegibilidad para beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra.

      La Sección 9.1 (A) del Artículo IX del Reglamento Núm. 9232

expresa que, “[s]e entenderá solicitado formalmente el privilegio de

libertad bajo palabra mediante el recibo del referido que a tales

efectos remita el Departamento de Corrección y Rehabilitación o a

solicitud por escrito del peticionario”. Del mismo modo el inciso (B)

del previo apartado señala que, “[e]l referido del caso a la Junta

conlleva el consentimiento del peticionario para que la Junta pueda

revisar y obtener copia de todos sus expedientes en poder del

Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los fines de poder

ser evaluado por la Junta”.

      En lo pertinente, el Reglamento 9232, en el inciso (B) (7) de la

Sección 10.1 del Artículo X, establece los criterios de elegibilidad

que   la    Junta     tomará     en   consideración.     A   continuación,

consignamos los relevantes al recurso de epígrafe:

           A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso
           a caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste que
           presente el peticionario durante el término que      ha
           estado en reclusión.
           B. Al evaluar los casos, la Junta tomará en
           consideración los siguientes criterios con relación al
           peticionario:
                  1. Historial delictivo
                      a. La totalidad del expediente penal.
                      b. …
                      c. …
                      d. Naturaleza y circunstancias del delito,
                      por el cual cumple sentencia, incluyendo el
                      grado de fuerza o violencia utilizado en la
                      comisión del delito. […]
                  2. …
                  3. …
                  4. La edad del peticionario.
                  5. La opinión de la víctima.
                      a. La opinión de la víctima constituye un
                      factor a ser considerado por la Junta, pero
                      la determinación sobre el grado de
                      rehabilitación de un peticionario y si está
                      capacitado para continuar cumpliendo su
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                   sentencia en la libre comunidad es
                   prerrogativa de la Junta.
              6. El historial social
                   a. Se tomará en consideración la totalidad
                   del expediente social.
                   b Si anteriormente ha estado en libertad bajo
                   palabra, libertad a prueba o cualquier otro
                   programa de desvío, […]
              7. Si cuenta con un plan de salida estructurado
              y viable en las áreas de oferta de empleo y/o
              estudio, residencia y amigo consejero.
                   a. …
                   b. …
                   c. …
                   d. Oferta de empleo y/o estudio.
                          i. Todo peticionario deberá proveer
                          una oferta de empleo o, en la
                          alternativa,    un     plan   estudios
                          adiestramiento vocacional o estudio y
                          trabajo.
                          ii. La oferta de empleo se presentará
                          mediante carta suscrita por la
                          persona que extiende la oferta de
                          empleo al peticionario, incluyendo la
                          siguiente información: […]
                          iii. …
                          iv. La falta de oferta de empleo o
                          estudio no será razón suficiente para
                          denegar el privilegio.
                          v. …
                   e. Residencia […]
                   f. Amigo Consejero […]
              8. Historial de salud
                   a. Se tomarán en consideración todos los
                   informes       emitidos     por     cualquier
                   profesional de la salud mental, que formen
                   parte del historial psicológico preparado por
                   el    Departamento      de     Corrección   y
                   Rehabilitación y/o el historial psiquiátrico
                   preparado por Salud Correccional, según
                   apliquen. […]
              9. Si se registró en el Registro de Personas
              Convictas por Delitos Sexuales y Abuso
              contra Menores, en aquellos casos en que el
              peticionario cumpla sentencia por alguno de los
              delitos identificados en el Artículo 3 de la Ley
              Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004, según
              enmendada.
             10. …
             11. …
             12. La Junta tendrá discreción para considerar
             los mencionados criterios según considere
             conveniente y cualquier otro meritorio con
             relación a la rehabilitación del peticionado y
             al mejor interés de la sociedad. [Énfasis
             nuestro]

     A su vez, la Sección 12.3 inciso (B) del Reglamento Núm. 9232,

dispone, en cuanto a las determinaciones sobre libertad bajo

palabra que, “[c]uando la Junta deniegue la libertad bajo palabra,

expresará individualmente en su resolución las determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho que fundamentan dicha
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determinación, así como indicará fecha (mes y año) en que volverá a

considerar el caso”.

                                      III.

       El recurrente señaló que la Junta abusó de su discreción y

llegó a conclusiones irrazonables al denegarle el privilegio de libertad

bajo palabra. En esencia, adujo que la Junta erró al concluir que

este no acepta su responsabilidad, lo cual, a su entender, es

contrario a lo consignado en su evaluación psicológica. Señaló,

además, que la Junta no puede, por medios indirectos, excluir al

recurrente por el solo hecho de haber sido condenado a cumplir 15

años por haber cometido delitos de naturaleza sexual contra una

menor. En fin, arguyó que la Junta abusó de su discreción al tomar

en consideración hechos irrelevantes e inmateriales para concluir

que no procede el privilegio.

       De entrada, se hace necesario puntualizar que el beneficio de

la libertad bajo palabra es un privilegio, no un derecho.

Precisamente, por esta razón la Junta puede concederla o denegarla,

tomando en consideración ciertos factores. Como consignamos,

tanto la Ley núm. 118 como el Reglamento Núm. 9232 disponen un

sinnúmero de criterios a considerarse como, por ejemplo, la

naturaleza y circunstancias de los delitos por los cuales cumple;

informes médicos; historial del ajuste institucional; la opinión de

la víctima; si existe un plan de salida estructurado y si cuenta con

oferta de empleo, entre otros.

       De la Resolución recurrida surge que la Junta tomó en

consideración los factores que favorecieron al recurrente; así como

los que no. Por su importancia los desglosamos a continuación:6

       A. Factores positivos:

              •   Se encuentra en custodia mínima,
              •   Estudia barbería en la institución correccional,

6 Véase, Apéndice del Recurso, Anejo 1.
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            •   Posee bachillerato en administración de
                empresas,
            •   Experiencias previas en diversos oficios,
            •   No cuenta con casos pendientes ni querellas
                administrativas,
            •   Completó sus tratamientos de drogas y alcohol;
                Control de Impulsos; y el Programa de
                Aprendiendo a Vivir sin violencia, y
            •   El plan de salida, el hogar y el amigo consejero
                propuestos fueron corroborados.

      B. Factores que no le favorecieron:

            •   En la reevaluación psicológica del SPEA y en el
                FE-1-1, se hace constar que el recurrente no
                acepta su responsabilidad penal sobre los
                delitos imputados y justifica que las relaciones
                sexuales con la menor perjudicada fueron
                consentidas. De igual modo, cambia la edad de
                la perjudicada de 11 a 13 años, para minimizar
                la gravedad del delito.
            •   Conforme a la evaluación psicológica, el
                recurrente requiere seguimiento terapéutico
                individualizado y, necesitaría supervisión
                intensa y rigurosa de su técnico de servicios
                sociopenales, si estuviera en la libre comunidad.
            •   Lo anterior, demuestra que el peticionario no ha
                demostrado un grado de introspección y
                arrepentimiento genuino ante la gravedad del
                delito cometido para reinsertarse a la libre
                comunidad.
            •   El recurrente no se ha beneficiado de ningún
                pase en la libre comunidad y tampoco consta
                haber sido incluido en el Registro de Ofensores
                Sexuales.
            •   El recurrente tiene hijos menores de edad y dos
                de ellos con la hermana de la parte perjudicada,
                lo cual es un factor de riesgo considerado, con
                relación a la zona de exclusión.
            •   Se tomó en consideración la opinión de la
                víctima y sus familiares.
            •   La oferta de empleo no es viable según la
                investigación del Programa de Comunidad de
                Norte Central, pues el negocio de fotografía esta
                inoperante, tiene equipo en desuso y no tiene
                clientes.

      En una apretada síntesis, el recurrente plantea que la Junta

sopesó los factores negativos sobre los positivos por el hecho de que

los delitos por los cuales cumple su sentencia son de naturaleza

sexual. Sin embargo, luego de examinado el Apéndice del Recurso,

el cual contiene la copia del expediente administrativo, resolvemos

que no le asiste la razón al recurrente. Entendemos que, dentro de

la discreción que posee la Junta para conceder el privilegio, su

determinación fue razonable y, por tanto, no debe ser revocada.

Coincidimos con la agencia en cuanto a que, en ese ejercicio de
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ponderar los factores que favorecen y los que afectan la concesión

del privilegio, el balance se inclina en favor de aquellos factores

negativos que no promueven la concesión de la libertad bajo

palabra. Nos explicamos.

       Aunque el señor Guerra Guzmán posee un plan de salida

corroborado, la realidad es que la “oferta de empleo” que presentó

fue considerada como no viable, ya que el negocio de fotografía no

está operando.7 Lo cual corroboró el recurrente al señalar en el

recurso ante nuestra consideración que el negocio comenzará a

operar una vez él se encuentre en la libre comunidad.8 Recordemos

que aunque el Reglamento Núm. 9232 establece que la falta de

oferta de empleo no es razón suficiente para denegar el privilegio,9

ese no fue el único factor que consideró la Junta.

       Por otro lado, el recurrente arguye que la Junta se equivocó al

concluir que él no está arrepentido de su acto. Nos indica que de la

prueba presentada surge que ha reconocido que fue un error y que

las relaciones sexuales con la menor fueron consentidas. Sin

embargo, en el Informe de Evaluación Psicológica surge como

factores de riesgo: (1) el uso de sustancias controladas y alcohol, y

(2) que niega la comisión de los delitos imputados.10 Al respecto,

destacamos que el documento intitulado Informe para Posible

Libertad bajo Palabra (Formulario FE-I-1) del 6 de febrero de 2023,

contiene un acápite para consignar la versión del delito por parte del

confinado. Allí, el recurrente indicó que “sostuvo relaciones sexuales

con su cuñada de 13 años con el consentimiento de ella”. Asimismo,

la Técnico de Servicios Sociopenales, Sra. Catherine Román

Meléndez, consignó en el acápite intitulado Actitud del confinado

hacia el delito cometido que este no acepta su responsabilidad en

7 Véase el Informe de Libertad Bajo Palabra del 11 de octubre de 2023. Apéndice

del Recurso, Anejo 4.
8
  Véase el escrito de Revisión Judicial, a las págs. 28-29.
9 Véase la Sec. 10.1 inciso 7(d)(iv) del Reglamento Núm. 9232, supra.
10 Véase el Apéndice del Recurso, Anejo 6.
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el delito y “lo justifica diciendo que la niña quería tener

relaciones sexuales con él y que no tenía 11 años sino 13 años”.

(Énfasis nuestro). Además, la Técnico de Servicios Sociopenales,

anotó que este alegó que la “relación” duró un año y que “[l]a niña

sentía cargos de conciencia y se lo contó a su maestro y en la escuela

llamaron a la Policía.”11 Una vez más, en dicho informe se concluye

que este no acepta su responsabilidad penal. Por tanto, resulta

forzoso concluir que el señor Guerra Guzmán aún no comprende su

comportamiento delictivo.

        Al respecto, destacamos que la Ley núm. 118, supra,

diáfanamente estatuye que en la concesión del privilegio la Junta

tomará en consideración el alto grado de rehabilitación que

demuestre          el   solicitante.   Lo    que   evidentemente      no   se   ha

demostrado. Recalcamos que, de los antedichos informes, surge que

el   señor         Guerra    Guzmán         necesita   internalizar    elementos

importantes sobre el alcance de sus actos contrarios a la ley y a la

moral. En este sentido, tiene que entender y aceptar que nuestro

ordenamiento jurídico penal, por el cual fue convicto, tipifica como

conducta delictiva los actos lascivos o conducta sexual contra

un(a) menor de 16 años de edad,12 toda vez que esta no tiene la

capacidad de consentir.

        La Dra. Dora Nevarez-Muñiz comenta lo siguiente: “No es

pertinente si la persona prestó el consentimiento al acto sexual,

puesto que, por razón de su inmadurez sicofisiológica, el

ordenamiento jurídico no le reconoce capacidad para prestar su

consentimiento. En esta modalidad no se requiere violencia y, por lo

general, hay el consentimiento viciado del menor. [citas omitidas].”13

Por lo que, pasados diez (10) años de la comisión de los delitos, el

11 Íd., Anejo 7.
12 Véase el Artículo 133 del Código Penal de 2012 (Ley núm. 146), 33 LPRA Sec.

5194.
13 Véase, Nevarez-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 4ta ed. rev., San Juan, PR,

Inst. para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2019, a la pág. 215.
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hecho de continuar con el convencimiento de que las relaciones

sexuales con la menor de edad fueron consentidas e intentar

minimizar la gravedad del delito (aumentando la edad de la víctima)

en nada abona a su proceso de rehabilitación, ni menos al ajuste

social indispensable para que se entienda que no representa un

peligro a la sociedad. Como bien señala la parte recurrida en su

alegato en oposición, “a pesar de que el recurrente cuenta con varios

ajustes como parte de su plan institucional, ello no cumple con

varios de los criterios esenciales para ser acreedor de la libertad bajo

palabra.”14

       En consecuencia, somos del criterio que la Junta, al denegar

el privilegio, actuó adecuadamente al considerar de manera

meritoria el grado de rehabilitación del señor Guerra Guzmán y el

mejor bienestar de la sociedad. Además, relativo a lo anterior, es

menester añadir que, en el Informe de Evaluación Psicológica, la Dra.

Legna M. Ortega Medina, consignó la necesidad de ofrecer un

“seguimiento terapéutico individualizado con el propósito de

fortalecer sus destrezas interpersonales, toma de decisiones, juicio

social y promover de forma saludable su reinserción en la libre

comunidad.”15

       En virtud de lo antedicho, y como destacamos en el derecho

precedente, la determinación de la Junta está investida de una

presunción de legalidad y corrección. Ante la gran deferencia que

merecen sus decisiones, nuestra revisión judicial se limita a

determinar si dicha agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan

irrazonable que implique abuso de discreción.

       Así pues, y luego de haber evaluado minuciosamente el

expediente, reiteramos que la determinación de la Junta fue una

razonable y conforme a su reglamento. Por lo que, nuevamente

14 Véase el Escrito en Cumplimiento de Resolución, a la pág. 27.
15 Íd., Anejo 7. Énfasis nuestro.
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apuntalamos que no vemos razón alguna para descartar otorgarle

deferencia a su decisión administrativa, ni menos existe base para

sustituir el proceso decisional administrativo.

      En fin, los errores señalados por el recurrente no se

cometieron.

      Por último, exhortamos a la Técnico de Servicios Sociopenales

del señor Guerra Guzmán a dar cumplimiento a lo recomendado por

la Dra. Legna M. Ortega Medina, en el mencionado Informe de

Evaluación Psicológica. A su vez, invitamos al recurrente a mantener

los factores positivos y continuar con su proceso de rehabilitación

según previamente advertimos.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen

recurrido.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones