Court Opinion

ID: 9962742
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:48:04.436731+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.424685
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V

    ANA MARÍA ORTIZ                                   Certiorari
        APONTE                                        procedente del
                                                      Tribunal de Primera
        Peticionaria                                  Instancia, Sala
                                                      Superior de
               v.                                     Aibonito

REGALADO MALDONADO
    HERNÁNDEZ                      KLCE202400058 Caso Núm.:
                                                 AI2022CV00013
          Recurrido

 AIDA LUZ MALDONADO                                   Sobre:
        ORTIZ                                         Liquidación de
                                                      Comunidad
        Interventora                                  Postganancia de
                                                      Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2024.

       Comparece la señora Ana María Ortiz Aponte (en adelante,

señora Ortiz Aponte y/o peticionaria) mediante Petición de Certiorari

para solicitarnos la revisión de la Resolución emitida el 14 de

diciembre de 2023 y notificada el 19 de diciembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito (en

adelante, TPI).1 Mediante la Resolución recurrida, el foro primario

declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Dictamen de Sentencia

Sumaria presentada por la peticionaria.

       Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del auto de Certiorari.

1 Apéndice de la peticionaria, a las págs. 428-456.

Número Identificador

RES2024______________
KLCE202400058                                                           2

                                       I

        El 24 de enero de 2022, la peticionaria presentó una Demanda

sobre liquidación de comunidad postganancial de bienes contra el

señor     Regalado         Maldonado   Hernández   (en   adelante,   señor

Maldonado Hernández y/o recurrido).2 Adujo que estuvo casada con

el recurrido bajo el régimen de Sociedad Legal de Gananciales (en

adelante, SLG) y que posteriormente se divorciaron mediante una

Sentencia notificada el 23 de diciembre de 2021. Sostuvo que,

durante el matrimonio amasaron diversos bienes y también

generaron deudas que en el presente forman parte de una

comunidad postganancial sujeta a una liquidación. En la Demanda,

la peticionaria detalló los bienes muebles e inmuebles, negocios en

marcha, cuentas bancarias y activos líquidos que presuntamente

pertenecían a la referida comunidad. Además, la peticionaria detalló

las deudas.

        Tras razonar que le pertenecía una porción no inferior al

cincuenta por ciento (50%) de los activos generados en la comunidad

e indicar que no deseaba permanecer en un estado de indivisión

comunitaria, solicitó al foro primario que ordenara la confección de

un inventario y avalúo de los activos comunitarios con miras a su

liquidación. También, alegó que el recurrido administró exclusiva y

excluyentemente los activos comunitarios, por lo que expuso que,

de este haber incurrido en actos que hubiesen resultado en pérdidas

para la comunidad, se le determinara como responsable y, en virtud

de lo anterior, le respondiera a la peticionaria de aquella porción que

le hubiese respondido a esta, como resarcimiento del perjuicio

causado.

        Por su parte, el 25 de marzo de 2022, recurrido presentó su

Contestación a Demanda y una Reconvención.3 En síntesis, arguyó

2 Id., a las págs. 1-6.
3 Id., a las págs. 8-11.
KLCE202400058                                                               3

que la peticionaria reclamó la división y disolución de bienes que

son inexistentes y/o que no le pertenecen a la comunidad. Por

ejemplo, en lo concerniente al predio de terreno y la estructura

residencial ubicados en la Urbanización Panoramas de Aibonito,

alegó que la propiedad fue cedida a la hija de las partes la señora

Aida Luz Maldonado Ortiz (en adelante, señora Maldonado Ortiz y/o

Interventora). Abundó que la señora Maldonado Ortiz ha estado

pagando y poseyendo la propiedad en calidad de dueña por los

pasados nueve (9) años. Expresó que, como parte de la comunidad

también existían deudas, las cuales este continuó pagando sin

aportación alguna de la peticionaria. De igual forma, alegó haber

realizado un ofrecimiento a la peticionaria para compensarla por su

participación en la comunidad, la cual fue rechazada. El recurrido

solicitó al TPI que declarara Con Lugar la Reconvención y Sin Lugar

la Demanda.

       En esa misma fecha, el recurrido presentó una Contestación

Enmendada a Demanda con el único fin de alegar que en el presente

caso faltaba la señora Maldonado Ortiz como parte indispensable.4

En respuesta, el 5 de abril de 2023, la peticionaria presentó su

Réplica a Reconvención.5 Alegó que, el ofrecimiento que le hizo el

recurrido no guardaba ni remota proporción con lo que le

correspondía en derecho.

       De ahí, el 11 de abril de 2022, la peticionaria presentó una

Demanda Enmendada.6 En respuesta, el 11 de mayo de 2022, el

recurrido presentó su Contestación a Demanda Enmendada.7

       Luego de varios incidentes procesales, los cuales incluyeron

la celebración de una vista en la cual se determinó dar por

culminado el descubrimiento de prueba y las fechas para la

4 Id., a las págs. 12-15.
5 Id., a las págs. 16-18.
6 Id., a las págs. 19-24. La Demanda fue enmendada a los fines de incluir unas

alegaciones que no son pertinentes a la controversia de autos.
7 Apéndice de la peticionaria, a las págs. 25-28.
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presentación de mociones dispositivas,8 el 20 de junio de 2022, la

señora Maldonado Ortiz presentó una Solicitud Urgente de

Intervención.9 Adujo que las partes en este caso le cedieron un

terreno y estructura ubicado en la Urbanización Panoramas de

Aibonito en octubre de 2013, y que esta era quien costeaba la

totalidad del pago de hipoteca de la misma. Acotó que, lo único que

faltaba para materializar la donación era otorgar la correspondiente

escritura. Suplicó al foro primario que se le permitiera intervenir en

el caso y que se excluyera el inmueble del procedimiento de

liquidación incoado.

        En respuesta, el 28 de junio de 2022, la peticionaria presentó

una Moción en Oposición a Solicitud de Intervención.10 De ahí, el 28

de junio de 2022, notificada el 30 de junio de 2022, el foro primario

emitió una Orden mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud de

intervención.11

        Así las cosas, el 7 de julio de 2023, la peticionaria presentó

una Moción en Solicitud de Dictamen de Sentencia Sumaria.12 En ella,

plasmó cinco (5) hechos que juzgó se encontraban incontrovertidos.

En respuesta, mediante Orden emitida el 7 de julio de 2023 y

notificada el 11 de julio de 2023, el foro primario denegó la solicitud

de presentada por la peticionaria.13

        Inconforme con la determinación de foro primario en torno a

la solicitud de intervención, el 12 de julio de 2022, la peticionaria

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración.14 En

respuesta, mediante Resolución emitida el 22 de agosto de 2022 y

notificada el 25 de agosto de 2022, el foro primario se sostuvo en su

8 Id., a las págs. 268-269.
9 Id., a las págs. 295-298.
10 Id., a las págs. 299-358.
11 Id., a la pág. 359.
12 Id., a las págs. 30-259.
13 Id., a las págs. 260-261.
14 Id., a las págs. 360-366.
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determinación inicial de que la señora Maldonado Ortiz se

mantuviese como Interventora.15

        Por otro lado, en desacuerdo con la denegatoria de la solicitud

de sentencia sumaria, el 17 de julio de 2023, la peticionaria presentó

una Moción en Solicitud de Reconsideración,16 la cual fue denegada

mediante una Orden emitida el 17 de julio de 2023 y notificada el

19 de julio de 2023.17

        Así las cosas, y ante la inconformidad de la peticionaria con

la Resolución emitida por el foro primario, presentó un recurso de

Certiorari en el alfanumérico KLCE202300875. En dicho recurso,

este Panel, mediante una Sentencia emitida el 28 de septiembre de

2023, determinó expedir el auto de Certiorari y revocamos la

Resolución emitida el 7 de julio de 2023 y notificada el 11 de julio de

2023.18 En consecuencia, devolvió el caso al foro primario para que

concediera un término a la parte aquí recurrida para presentar su

oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada en su

contra. Además, dispusimos que el TPI debía evaluar tanto la

solicitud de sentencia sumaria como su oposición y emitir un

dictamen conforme lo exige la Regla 36.4 de las de Procedimiento

Civil.19

        De lo que sigue, el 3 de enero de 2023, la peticionaria presentó

una Moción en Solicitud de Desestimación de la Reconvención.20

Luego, el 26 de enero de 2023, el recurrido presentó una Moción en

Oposición en Solicitud de Desestimación de la Reconvención.21 En

respuesta, mediante Resolución emitida el 29 de enero de 2023, y

15 Id., a la pág. 367.
16 Id., a las págs. 262-265.
17 Id., a la pág. 267.
18 Id., a la pág. 260.
19 Id., a las págs. 284-294. 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.
20 Id., a las págs. 368-378.
21 Id., a las págs. 379-385.
KLCE202400058                                                             6

notificada al día siguiente, el foro primario declaró No Ha Lugar la

solicitud de desestimación de la reconvención.22

        Por otro lado, regresando al trámite procesal ordenado por

esta Curia al TPI en la Sentencia emitida en el alfanumérico

KLCE202300875, el 5 de diciembre de 2023, el recurrido y la

Interventora presentaron una Moción Conjunta en Oposición a

Solicitud de Sentencia Sumaria.23

        En respuesta, mediante Resolución del 14 de diciembre de

2023, notificada el 19 de diciembre de 2023, el foro primario declaró

No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la

peticionaria.24 En su Resolución, el TPI concluyó que no se debía

adjudicar controversia alguna, cuando la controversia real estaba

basada y fundamentada en la credibilidad que le pudiese merecer al

juzgador. Dispuso que existían controversias de hechos y de

derecho, por lo que no se podía disponer del caso mediante el

mecanismo de la sentencia sumaria. Aun cuando el TPI denegó la

solicitud de sentencia sumaria, emitió cinco (5) determinaciones de

hechos incontrovertidos y dispuso que existían seis (6) asuntos en

controversia.

        En desacuerdo, el 17 de enero de 2024, la peticionaria

presentó una Petición de Certiorari en la cual esgrimió la comisión

de catorce (14) errores por el foro primario.25

     Mediante Resolución del 18 de enero de 2024, este Tribunal

concedió término a la peticionaria para acreditar el cumplimiento

con la Regla 33 (A) y la Regla 33 (B) del Reglamento de este Tribunal

de Apelaciones.26 Por su parte, el 22 de febrero de 2024, la

interventora presentó su Memorando en Oposición a Expedición de

22 Id., a la pág. 386.
23 Id., a las págs. 387-427.
24 Id., a las págs. 428-456. Véase, además, el Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC), a la Entrada 349.
25 Véase Petición de Certiorari, a las págs. 5-7.
26 4 LPRA Ap. XXII-B, R.33 (A) y (B).
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Auto de Certiorari. Además, se le concedió a la parte recurrida hasta

el 27 de febrero de 2024, para expresarse en torno al recurso

presentado, quien presentó su Alegato Parte Demandada-Recurrida

el 27 de febrero de 2024. Con el beneficio de la comparecencia de

las partes procederemos a disponer del recurso ante nuestra

consideración.

                                     II

    A. Expedición del Recurso de Certiorari

         Los recursos de Certiorari presentados ante el Tribunal de

Apelaciones deben ser examinados en principio bajo la Regla 52.1

de las Reglas de Procedimiento Civil.27 Esta Regla limita la autoridad

y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal mediante el

recurso de Certiorari sobre órdenes y resoluciones dictadas por los

Tribunales de Primera Instancia. La Regla lee como sigue:

         […]
         El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u
         órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia, solamente será expedido por el
         Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
         resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
         denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
         obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
         el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
         resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
         sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
         esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
         anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
         familia, en casos que revistan interés público o en
         cualquier otra situación en la cual esperar a la
         apelación constituiría un fracaso irremediable de la
         justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
         Certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
         tiene que fundamentar su decisión.28
         […]

         Por su parte, la Regla 52.2 (b) dispone sobre los términos y

efectos de la presentación de un recurso de Certiorari que:

         […]
         (b) Recurso de “certiorari” […]
         Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones
         para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de

27 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
28 Id.
KLCE202400058                                                                  8

       Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar
       las demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal
       de Apelaciones en recursos discrecionales o para revisar
       cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de
       Apelaciones deberán presentarse dentro del término de
       treinta (30) días contados desde la fecha de notificación
       de la resolución u orden recurrida. El término aquí
       dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo
       cuando medien circunstancias especiales debidamente
       sustentadas en la solicitud de certiorari.29
       […]

       El recurso de Certiorari es un vehículo procesal que permite a

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.30 A diferencia del recurso de apelación, el auto de

Certiorari es de carácter discrecional.31 Expedir el recurso “no

procede cuando existe otro recurso legal que protege rápida y

eficazmente los derechos de la parte peticionaria”.32 Conviene

desatacar que la discreción ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”.33 A esos efectos, se ha considerado que “la

discreción se nutre de un juicio racional apoyado en la razonabilidad

y en un sentido llano de justicia y no es función al antojo o voluntad

de uno, sin tasa ni limitación alguna”.34 La Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones35, esboza los criterios que el Tribunal

deberá considerar para expedir un auto de Certiorari, como sigue:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
       B. Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
       D. Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

29 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b).
30 800 Ponce de León, Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163, 174 (2020).
31 Rivera Figueroa v. Joes’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).
32 Id.
33 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
34 Id.
35 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202400058                                                              9

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
       F. Si la expedición el auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal

Supremo) ha establecido que un tribunal revisor no debe sustituir

su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto.36 Quiérase decir, no hemos de

interferir con los Tribunales de Primera Instancia en el ejercicio de

sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en

que se demuestre que este último: (i) actuó con prejuicio o

parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de discreción, o (iii) se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo.37

                                       III

       Habida cuenta de que el recurso ante nuestra consideración

se trata de un Certiorari, este tribunal revisor debe determinar, como

cuestión de umbral, si procede su expedición.

       Esta es la segunda ocasión en que este Panel tiene ante su

consideración la revisión de la denegatoria de una solicitud de

sentencia sumaria presentada por la peticionaria. En la primera

ocasión, determinamos expedir y revocar al foro primario de modo

tal que diese oportunidad a las partes opositoras a fijar posición en

torno a la solicitud instada por la peticionaria puesto a que dispuso

de la referida solitud pretiriendo del expresado trámite procesal.

Cumplido lo anterior, las partes opositoras fijaron posición y el foro

primario     emitió    una     Resolución     en    la   cual   incluyó   sus

36 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
37 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
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determinaciones de hechos no controvertidos, así como que

enumeró los que sí estimó controvertidos y que ameritan la

celebración de una vista evidenciaria.

       Como es sabido, un tribunal apelativo no intervendrá con el

ejercicio de la discreción de los Tribunales de Primera Instancia,

salvo que se demuestre que dicho tribunal actuó con prejuicio o

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.38 Puntualizamos,

que el Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una

decisión de un tribunal inferior.39 A esos efectos, la naturaleza

discrecional del recurso de Certiorari queda enmarcada dentro de la

normativa que le concede deferencia de las actuaciones de los

Tribunales de Primera Instancia, de cuyas determinaciones se

presume su corrección. Ahora bien, la expedición del recurso

de Certiorari al amparo de la Regla 52.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil,40 no opera en el vacío; tiene que anclarse en

una de las razones de peso que establece la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones.41

       Ahora bien, es menester destacar que, la revisión de una

denegatoria de sentencia sumaria procede de novo ante este

Tribunal revisor. Empero, luego de haber evaluado el expediente en

su totalidad, incluyendo, además, la Resolución objeto de revisión,

así como el derecho aplicable, no hemos encontrado que el foro

primario haya actuado con prejuicio o parcialidad, que haya habido

un craso abuso de discreción, ni tampoco que la determinación sea

manifiestamente errónea. Es por lo anterior, que no procede nuestra

intervención en esta etapa de los procedimientos. El señalamiento

38 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
39 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).
40 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
41 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
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de error y los fundamentos aducidos en la petición presentada no

logran activar nuestra función discrecional en el caso de autos. Por

tanto, en virtud de lo dispuesto en la Regla 52.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil,42 y la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal,43 acordamos denegar la expedición del auto de Certiorari.

        El dictamen recurrido encuentra cómodo resguardo en la

sana discreción de la primera instancia judicial. Además, razonamos

que la peticionaria no nos ha persuadido de que, al aplicar la norma

de abstención apelativa en este momento, conforme al asunto

planteado constituirá un rotundo fracaso de la justicia. Por todo lo

antes mencionado, no atisbamos razón para intervenir con la

determinación recurrida.

        Lo aquí resuelto, advertimos, no tiene efecto de juzgar o

considerar en los méritos ninguna de las controversias de derecho

planteadas por las partes, de modo que estas podrían ser planteadas

nuevamente en una etapa posterior. Es decir, la denegatoria de esta

Curia a expedir un recurso de Certiorari no implica que el dictamen

revisado esté libre de errores o que constituya una adjudicación en

los méritos.44 Esto es así, ya que, como es sabido, una resolución de

denegatoria de un auto de Certiorari no implica posición alguna de

este Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata

dicho recurso.45 La resolución denegatoria simplemente es indicio

de la facultad discrecional del tribunal revisor de negarse a revisar

en determinado momento una decisión emitida por el TPI. 46

                                      IV

        Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del auto de Certiorari y se devuelve el caso al foro primario para la

continuación de los procedimientos.

42 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
43 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
44 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 12 (2016).
45 SLG v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992).
46 Id., 756.
KLCE202400058                                                      12

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones