Court Opinion

ID: 9952338
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:42:45.948435+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:50.433577
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

   SOL ANGÉLICA PARÍS                                Apelación
   CALDERÓN Y OTROS                                  procedente del
                                                     Tribunal de Primera
           Apelante                                  Instancia, Sala
                                                     Superior de Carolina
               v.
                                                  Caso Núm.:
ESTRELLA HOMES II, LLC Y            KLAN202400012 LO2023CV00051
        OTROS
                                                     Sobre:
           Apelado                                   Sentencia Declaratoria,
                                                     Interdicto Permanente,
                                                     Ley de Transacciones
                                                     Comerciales

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Jueza
Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

       Comparece Sol Angélica París Calderón, Luis Raúl O’Farril Monserrate

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos (en adelante,

parte apelante), mediante un recurso de Apelación, para solicitarnos la

revisión de la Sentencia emitida el 2 de octubre de 2023, y notificada al día

siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina

(en adelante, TPI). Mediante el dictamen apelado, el foro primario ordenó

la desestimación de la Demanda, con perjuicio.

       Por los fundamentos que expondremos, se confirma la Sentencia

apelada.

                                        I

       El presente caso inició con la presentación de una Demanda Jurada

y Solicitud de Sentencia Declaratoria, Interdicto Permanente el 3 de mayo

de 2023 (en adelante, Demanda).1 En la Demanda, la parte apelante alegó

que el 29 de octubre de 2014, Santander Financial Services, LLC (en

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-18.

Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202400012                                                                   2

adelante, Santander),2 presentó una acción civil en su contra sobre cobro

de dinero, ejecución de hipoteca de la vivienda principal de estos y

ejecución de prenda, en el alfanumérico FCCI201400533. En dicha

Demanda, Santander solicitó que se vendiera en pública subasta la prenda.

El 30 de diciembre de 2014, Santander presentó una Moción Solicitando

Anotación de Rebeldía y que se Dicte Sentencia Conforme a la Regla 45.2

(b) de Procedimiento Civil.3 Adujo que, en dicho expediente judicial, el 17

de marzo de 2015, el foro primario, emitió una Sentencia en rebeldía contra

la parte aquí apelante al amparo de la Regla 45.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil declarando con lugar la Demanda, la misma se notificó

el 30 de marzo de 2015.4 En dicha Sentencia, declaró con lugar la Demanda

instada por Santander. Expuso, además, que el 11 de diciembre de 2015,

notificada el 16 de diciembre de 2015, el TPI notificó una Sentencia Nunc

Pro Tunc.

       Según surge de los autos, y en ese mismo expediente judicial, tres

(3) años más tarde, el 7 de junio de 2018, la parte apelante presentó, en

lo pertinente, una solicitud de nulidad de sentencia en el aludido

alfanumérico, la cual fue denegada. Ante su inconformidad, y luego de

varios trámites procesales, la parte apelante acudió mediante un recurso de

apelación, el cual fue acogido como un Certiorari,5 en el alfanumérico

KLAN201800943. Allí, el 25 de septiembre de 2018, un Panel hermano de

este Tribunal emitió una Sentencia mediante la cual, confirmó la

determinación del foro primario.6

2 Según se desprende de los autos, Santander fue sustituido por Estrella, la parte

apelada de autos.
3 32 LPRA Ap. V, r. 45.2 (b).
4 32 LPRA Ap. V, R. 45.1.
5 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 147. El error esgrimido en el referido

recurso fue el siguiente:
      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al decretar No Ha
      Lugar la acción de nulidad y posterior reconsideración presentada
      por la parte apelante y al no ordenar la paralización y el archivo del
      caso para fines estadísticos cuando en el caso de marras se está
      impugnando la otorgación de un préstamo hipotecario sin
      cumplirse los requisitos y criterios para su aprobación y otorgación,
      lo que constituye “predatory lending”.
6 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 145-157.
KLAN202400012                                                                  3

       Luego de haber transcurrido tres (3) años de dicho dictamen, el 1

de noviembre de 2021, la parte apelante presentó en el referido expediente

judicial, una Urgente Solicitud de Nulidad de Subasta y que se Deje sin

Efecto Lanzamiento.7 Semanas más tarde, el 18 de noviembre de 2021, tras

una solicitud post-sentencia, presentada por la parte apelada para sustituir

a Santander, por Estrella Homes, II, LLC, (en adelante, Estrella y/o parte

apelada) como acreedor hipotecario al amparo de la Regla 22.3 de las

Reglas de procedimiento Civil,8 la parte apelante presentó, además, una

Moción sobre Reclamación de Derecho de Propiedad o de Posesión sobre el

Instrumento Conforme a [la] Ley de Transacciones Comerciales.9 En el

primer escrito, adujeron desconocer que se estaba llevando a cabo el

procedimiento de subasta, a lo que la parte apelada se opuso, arguyendo

que contrario a lo alegado, estos fueron notificados conforme a derecho.

Por otro lado, en el segundo escrito adujo, en síntesis, que, tras haberse

sustituido al acreedor hipotecario como resultado de una transacción

comercial efectiva el 1 de junio de 2021, aplicaba la Sección 2-306 de la

Ley de Transacciones Comerciales (en adelante, Ley Núm. 208-1995),10 y

como tal, el Tribunal debía reconocerles el derecho de propiedad o posesión

sobre el instrumento o su producto. En respuesta, mediante órdenes

separadas,11 el foro primario denegó las solicitudes de la parte aquí

apelante.12 Además, autorizó la sustitución de Santander por Estrella.

       Inconformes con lo anterior, y tras varios trámites procesales ante

el TPI, la parte apelante presentó ante este Tribunal un recurso de

Certiorari, en el alfanumérico KLCE202200367,13 el cual fue denegado 9 de

7 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 158-163.
8 32 LPRA Ap. V, R. 22.3.
9 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 164-166.
10 Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995,
según enmendada, Secc. 2-306, 19 LPRA § 606.
11 Específicamente, la Orden que declara No Ha Lugar la Moción sobre Reclamación

de Derecho de Propiedad o de Posesión sobre el Instrumento Conforme a la Ley de
Transacciones Comerciales, fue emitida el 2 de diciembre de 2021, y notificada el
6 de diciembre de 2021. Véase Apéndice de la parte apelante, a la pág. 169.
12 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 167-169.
13 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 207. Los errores esgrimidos en el

referido recurso fueron los siguientes:
KLAN202400012                                                                      4

mayo de 2022.14 En dicho recurso plantearon que el foro primario había

incidido al declarar no ha lugar la Moción sobre Reclamación de Derecho de

Propiedad o de Posesión sobre el Instrumento Conforme a la Ley de

Transacciones Comerciales. Tras la referida denegatoria de expedición del

auto de Certiorari, la parte aquí apelante presentó ante el Alto Foro un

recurso de Certiorari, en el alfanumérico CC-2022-0410,15 el cual también

fue denegado.16

       Ahora bien, regresando al caso del título, pero con todo lo anterior

en mente, recordemos que la parte apelante presentó la Demanda de autos,

a la cual se le asignó el alfanumérico LO2023CV00051. En la Demanda,

adujeron que en el alfanumérico FCCI201400533, los foros revisores no

    A. ERRÓ EL HONORABLE FORO DE INSTANCIA AL DECLARAR NO
       HA LUGAR LA URGENTE SOLICITUD DE NULIDAD DE SUBASTA
       Y QUE SE DEJE SIN EFECTO LANZAMIENTO DE LA PARTE
       DEMANDADA-RECURRENTE                Y     LA     MOCIÓN      SOBRE
       RECLAMACIÓN DE DERECHO DE PROPIEDAD O DE POSESIÓN
       SOBRE EL INSTRUMENTO CONFORME A LA LEY DE
       TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA PARTE DEMANDADA-
       RECURRENTE.
    B. ERRÓ EL HONORABLE FORO DE INSTANCIA AL DECLARAR NO
       HA LUGAR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN SOBRE
       ÓRDENES DENEGANDO LA NULIDAD DE SUBASTA Y QUE SE
       DEJE SIN EFECTO LANZAMIENTO Y LA RECLAMACIÓN DE
       DERECHO DE PROPIEDAD A LA LUZ DE LA LEY DE
       TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA PARTE DEMANDADA-
       RECURRENTE.
    C. ERRÓ EL HONORABLE FORO DE INSTANCIA AL DICTAR SU
       RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2022, NOTIFICADA EL 3
       DE MARZO DE 2022 SIN HABER TOMADO EN CUENTA LA
       URGENTE SOLICITUD DE LA PARTE DEMANDADA DE EPÍGRAFE
       PARA PRESENTAR RÉPLICA.
14 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 240-244.
15 Apéndice de la parte apelante a la pág. 270. Los errores esgrimidos en el referido

recurso fueron los siguientes:
    A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO
       EXPEDIR EL RECURSO DE CERTIORARI DE LA PARTE
       RECURRENTE ADUCIENDO QUE DICHO RECURSO NO
       SATISFACE LA REGLA 40 DE SU REGLAMENTO, SUPRA, Y QUE
       NO ES APLICABLE AL MISMO LA REGLA 52.1 DE LAS DE
       PROCEDIMIENTO CIVIL, SUPRA.
    B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL
       DENEGAR LA MOCI[Ó]N DE RECONSIDERACI[Ó]N SOLICITANDO
       LA EXPEDICI[Ó]N DEL CERTIORARI DE LA PARTE RECURRENTE.
    C. ERRÓ EL HONORABLE FORO DE INSTANCIA AL DECLARAR NO
       HA LUGAR LA URGENTE SOLICITUD DE NULIDAD DE SUBASTA
       Y QUE SE DEJE SIN EFECTO LANZAMIENTO DE LA PARTE
       RECURRENTE Y LA MOCIÓN SOBRE RECLAMACIÓN DE
       DERECHO DE PROPIEDAD O DE POSESIÓN SOBRE EL
       INSTRUMENTO CONFORME A LA LEY DE TRANSACCIONES
       COMERCIALES DE DICHA PARTE.
    D. ERRÓ EL HONORABLE FORO DE INSTANCIA AL DICTAR SU
       RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2022, NOTIFICADA EL 3
       DE MARZO DE 2022 SIN HABER TOMANDO (SIC) EN CUENTA LA
       URGENTE SOLICITUD DE LA PARTE DEMANDADA DE EPÍGRAFE
       PARA PRESENTAR RÉPLICA.
16 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 286.
KLAN202400012                                                              5

habían atendido en los méritos su reclamo, ni se permitió descubrimiento

de prueba en cuanto a la controversia que estos plantearon. En virtud de

lo anterior, sostuvieron que no existe otro remedio adecuado en ley para

restituir la posesión de la propiedad o del instrumento negociable, conforme

a la Ley Núm. 208-1995, que fue objeto del alfanumérico FCCI201400533,

y ahora, del recurso ante nos.

       En la Demanda, solicitaron que se emitiera una sentencia

declaratoria e interdicto permanente. Solicitaron al TPI que: (i) declarara

nula la sentencia en el caso FCCI201400533 y los procedimientos de

subasta, conforme a la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil;17

(ii) autorizara el ejercicio del derecho de propiedad o posesión sobre el

instrumento negociable, conforme a la Sección 2-306 de la Ley Núm. 208-

1995; (iii) ordenara el cese del estado de privación ilegal de la vivienda

principal de la parte apelante, por la parte apelada a tenor de los

mecanismos de Sentencia Declaratoria e Interdicto Permanente; (iv) se le

restituyera la posesión de la vivienda; y, (v) se le ordene al Registrador de

la Propiedad anular los asientos de escritura de venta judicial y anote una

prohibición de enajenar. Además, solicitaron una suma por concepto de

daños y perjuicios, así como costas, gastos y honorarios de abogado e

intereses.18

       De lo que sigue, y en lo atinente, el 14 de agosto de 2023, Estrella

presentó una Moción de Desestimación por Impedimento Colateral por

Sentencia.19 La parte apelada adujo, en síntesis, que un análisis de las

alegaciones fácticas de la Demanda permitía constatar que la misma no

justificaba la concesión de un remedio.            Expuso, además, que las

alegaciones ya habían sido resueltas y constituían un impedimento colateral

por sentencia. Enfatizó que la Sentencia Nunc Pro Tunc emitida por el TPI

era final, firme e inapelable. Por lo anterior, solicitó al foro primario la

17 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
18 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 16.
19 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 24-286.
KLAN202400012                                                             6

desestimación con perjuicio de la Demanda al amparo de la Regla 10.2 (5)

de las Reglas de Procedimiento Civil.20

       Por su parte, el 17 de agosto de 2023, la parte apelante presentó

una Moción Informativa y Solicitud de Remedio.21 Adujo, en síntesis, que

previo a la presentación de la solicitud de desestimación, las partes habían

estado sosteniendo conversaciones transaccionales, por lo que juzgó que el

proceder de la parte apelada era uno de mala fe y contradictorio. En su

escrito, solicitó como remedio que el foro primario tomara conocimiento de

lo expresado y que emitiera la decisión que mejor se ajustara a dicha

información.22 En respuesta, el tribunal a quo, mediante Orden del 18 de

agosto de 2023, notificada el 22 de agosto de 2023, dispuso: “Se toma

conocimiento. Por el momento, nada que disponer en relación con la

información contenida en la moción”.23

       Por otro lado, el 22 de septiembre de 2023, la parte apelante

presentó su Oposición a Moción de Desestimación por Impedimento

Colateral por Sentencia de la Parte Demandada Objeto de estos

Procedimientos.24 En su escrito, la parte apelante negó que existiese un

impedimento colateral por sentencia arguyendo que la sentencia emitida en

el alfanumérico FCCI201400533 no fue a tenor con la Ley Núm. 208-1995

y que este reclamo se traía por primera vez.       Adujeron, además, que era

inaplicable la doctrina de impedimento colateral por sentencia y cosa

juzgada, puesto a que los foros judiciales que habían tenido ante sí la

controversia no la habían resuelto en sus méritos. En virtud de lo anterior,

solicitaron que se declarara No Ha Lugar la moción de desestimación. Días

más tarde, la parte apelante cursó, además, un descubrimiento de prueba

a la parte apelada.

20 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
21 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 287-289.
22 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 289.
23 Apéndice de la parte apelada, a la pág. 1.
24 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 294-305.
KLAN202400012                                                               7

       Así las cosas, el 2 de octubre de 2023, el foro primario emitió una

Sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación

presentada por la parte apelada; y, en consecuencia, ordenó la

desestimación de la Demanda, con perjuicio, notificándose al día siguiente.

En su Sentencia el tribunal apelado concluyó que, en virtud de la Regla 10.2

y 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil,25 y en atención a lo resuelto

por el Alto Foro en Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019),26

acogía la solicitud de desestimación, sin necesidad de consignar y

especificar todas las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho

que motivaron el curso decisorio.

       En desacuerdo y en lo atinente al asunto ante nuestra consideración,

el 18 de octubre de 2023, la parte apelante presentó una Moción de

Reconsideración y Solicitud de Referido al Centro de Mediación de

Conflictos.27 Por su parte, el 28 de noviembre de 2023, la parte apelada

presentó Oposición a Moción de Reconsideración.28 Luego, el 5 de diciembre

de 2023, la parte apelante presentó una Moción sobre Intención de

Replicar, en cuanto a la oposición presentada por la parte apelada, para lo

que solicitó un término adicional.29 En respuesta, mediante Orden emitida

el 5 de diciembre de 2023, y notificada el 7 de diciembre de 2023, el tribunal

a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por

la parte apelante.30

       Inconforme aún, el 3 de enero de 2024, la parte apelante presentó

un recurso de Apelación mediante el cual esbozaron la comisión de tres (3)

errores por el foro primario, a saber:

   A. ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL FORO DE INSTANCIA
      AL DICTAR SENTENCIA MEDIANTE LA CUAL DESESTIMA CON
      PERJUICIO LA DEMANDA, ADUCIENDO QUE LA MISMA DEJA
      DE EXPONER UNA RECLAMACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA
      CONCESIÓN DE UN REMEDIO CONFORME A LAS REGLAS

25 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 y 42.2.
26 Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019).
27 Apéndice de la parte apelante a las págs. 319-336.
28 Apéndice de la parte apelante a las págs. 356-369.
29 Apéndice de la parte apelante a las págs. 370-372.
30 Apéndice de la parte apelante a la pág. 373.
KLAN202400012                                                                8

       10.2 Y 42.2 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SUPRA, Y LO
       RESUELTO POR EL HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO EN
       PÉREZ VARGAS V OFFICE DEPOT, SUPRA.

   B. ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL FORO DE INSTANCIA
      AL NO ACOGER LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN Y
      SOLICITUD DE REFERIDO A MEDIACIÓN COMPULSORIA DEL
      18 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA QUE SE DISCUTE Y
      FUNDAMENTA LA ACCIÓN DEL FORO DE INSTANCIA AL
      COARTAR EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA EN ESTE CASO,
      AL NO EFECTUAR DETERMINACIONES DE HECHOS Y
      CONCLUSIONES DE DERECHO, AL NO RESOLVER LA MOCIÓN
      INFORMATIVA Y SOLICITANDO REMEDIO SOBRE EL
      PROCEDER DE MALA FE Y CONTRARIO A LOS PROPIOS
      ACTOS DE LA PARTE APELADA EN CUANTO A LAS
      CONVERSACIONES TRANSACCIONALES EN EL CASO DE
      EPÍGRAFE Y LA NO APLICACIÓN EN ESTE CASO DE LA REGLA
      10.2(5) DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SUPRA[,] NI
      TAMPOCO DE LAS DOCTRINAS DE IMPEDIMENTO
      COLATERAL POR SENTENCIA, COSA JUZGADA Y LEY DEL
      CASO.

   C. ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL FORO DE INSTANCIA
      AL OMITIR LA MOCIÓN SOBRE INTENCIÓN DE REPLICAR DE
      LA PARTE APELANTE EN CUANTO A LA OPOSICIÓN A
      MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE APELADA
      COLOCANDO EN DESVENTAJA A LA PARTE APELANTE CON
      RELACIÓN A LA PARTE APELADA.

       Mediante Resolución Nunc Pro Tunc del 5 de febrero de 2024, este

Tribunal tomó conocimiento del expediente judicial ante el TPI en el SUMAC,

específicamente, la entrada 28, en la cual se encuentran los treinta y tres

(33) anejos expresados en el escrito. Por otro lado, el 2 de febrero de 2024,

compareció la parte apelada mediante Alegato en Oposición a la

“Apelación”.

       Con     el   beneficio    de   la   comparecencia   de   ambas   partes,

procederemos a exponer el derecho aplicable.

                                           II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil31, dispone que

los recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término

jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia de la

notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un plazo

31 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
KLAN202400012                                                                   9

jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no admite justa

causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es insubsanable.32 La

correcta notificación de una sentencia es una característica imprescindible

del debido proceso judicial.33 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A)

del Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles
       por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro
       del término jurisdiccional de treinta días contados desde el
       archivo en autos de una copia de la notificación de la
       sentencia.34
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en alzada

puede quedar interrumpido mediante la presentación oportuna de una

moción de reconsideración fundamentada.35 En tal caso, el curso del

término para apelar comienza a partir del archivo en autos copia de la

notificación de la resolución que resuelve la moción.36 Esto, a pesar de que

se haya declarado la moción No Ha Lugar.

   B. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

       La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.37 La

moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa especial

que formula el demandado en la que solicita que se desestime la demanda

presentada en su contra, aun sin necesidad de formular una alegación

previa.38

       La regla establece que:

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación
       se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción
       de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
       mediante una moción debidamente fundamentada:
       (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
       (2) falta de jurisdicción sobre la persona;

32 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
33 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
34 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
35 32 LPRA Ap. V, R. 47.
36 Id.
37 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
38 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
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       (3) insuficiencia del emplazamiento;
       (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
       (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
       concesión de un remedio;
       (6) dejar de acumular una parte indispensable.39 (Énfasis
       suplido).

       El   tribunal   interpretará     las   alegaciones     de   la   demanda

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable posible a la

parte demandante para determinar si la misma es suficiente para constituir

una reclamación válida.40 No obstante, procederá la desestimación cuando

existan circunstancias que permitan a los tribunales determinar, sin

ambigüedades, que la demanda carece de todo mérito o que la parte

demandante no tiene derecho a obtener algún remedio.41

   C. Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil

       Como regla general, nuestro ordenamiento jurídico requiere que las

sentencias dictadas por los tribunales cumplan con ciertas exigencias de

forma.42 Cónsono con lo anterior, la Regla 42.2 de las de Reglas

Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

       En todos los pleitos, el tribunal especificará los hechos
       probados, consignará separadamente sus conclusiones de
       derecho y ordenará que se registre la sentencia que
       corresponda. Al conceder o denegar injunction interlocutorios,
       el tribunal, de igual modo, consignará las determinaciones de
       hechos y conclusiones de derecho que constituyan los
       fundamentos de su resolución. Las determinaciones de
       hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a
       menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida
       consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal
       sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos. […]

       No será necesario especificar los hechos probados y consignar
       separadamente las conclusiones de derecho:
   (a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1 y 36.2, o al
       resolver cualquier otra moción, excepto lo dispuesto en la
       Regla 39.2;
   (b) en casos de rebeldía;
   (c) cuando las partes así lo estipulen, o
   (d) cuando el tribunal así lo estime por la naturaleza de la causa
       de acción o el remedio concedido en la sentencia.

39 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
40 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
41 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).
42 Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 700 (2019).
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       En los casos en que se deniegue total o parcialmente una
       moción de sentencia sumaria, el tribunal determinará los
       hechos en conformidad con la Regla 36.4.43

       Al evaluar los requisitos de forma establecidos en la aludida Regla

42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, el tratadista Rafael Hernández

Colón sostiene que las determinaciones de hechos probados que de

ordinario se consignan en una sentencia “no son más que el resultado del

proceso adjudicativo al que se adentra un tribunal luego de celebrado el

juicio en su fondo”.44 Este proceso, a su vez, consiste en “dirimir los

conflictos que pueda haber, determinar la credibilidad de los testigos,

determinar qué documentos se tendrán por auténticos, y determinar qué

hechos se tendrán por probados”.45 En lo pertinente, Cuevas Segarra

explica que: “Los hechos probados son los que se relacionan en la

sentencia, ya que ésta no puede ser una recapitulación de la prueba

presentada o un informe de todo lo acontecido en el juicio”. La regla no

requiere detalles innecesarios y minuciosos”.46 De igual forma, el Tratadista

expresa que:

       [e]l dejar de exponer por separado un hecho probado como
       una conclusión del tribunal, no es una omisión que motive la
       revocación de la sentencia dictada en el caso. Esto es así
       porque ningún tribunal viene obligado a indicar todos los
       posibles fundamentos en apoyo de una sentencia; y dentro
       de su sentencia, si ha expresado lo que estima suficientes
       para su determinación.47

     D. Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

       La Regla 49 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo relativo a

remedios contra las sentencias u órdenes. En específico, la Regla 49.2 de

las Reglas de Procedimiento Civil dispone lo concerniente a lo que sucede

cuando hay errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable,

43 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
44  Pérez Vargas v. Office Depot, a la pág. 375, citando a R. Hernández
Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,
Ed. Lexis Nexis, 2010.
45 Hernández Colón, op cit., a la pág. 375.
46J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones

JTS 2011, T. IV, pág. 1229.
47 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones

JTS 2011, T. IV, pág. 1230.
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descubrimiento de nueva prueba y/o fraude. Así, pues, la Regla 49.2 de las

Reglas de Procedimiento Civil establece el mecanismo procesal que se tiene

disponible para solicitar al foro de instancia el relevo de los efectos de una

sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos allí expuestos.48

Dicha Regla lee como sigue:

       Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean
       justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
       representante legal de una sentencia, orden o procedimiento
       por las razones siguientes:
       (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
       (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una
       debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo
       para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;
       (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
       “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa
       representación u otra conducta impropia de una parte
       adversa;
       (d) nulidad de la sentencia;
       (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
       cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba
       ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería
       equitativo que la sentencia continúe en vigor, o
       (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
       remedio contra los efectos de una sentencia.
       Las disposiciones de esta regla no aplicarán a las sentencias
       dictadas en pleitos de divorcio, a menos que la moción se
       funde en las razones (c) o (d). La moción se presentará dentro
       de un término razonable, pero en ningún caso después de
       transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la
       sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento.
       Una moción bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de
       una sentencia ni suspenderá sus efectos. Esta regla no limita
       el poder del tribunal para:
       (1) conocer de un pleito independiente con el propósito de
       relevar a una parte de una sentencia, una orden o un
       procedimiento;
       (2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya
       sido emplazada, y
       (3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al
       tribunal.
       Mientras esté pendiente una apelación o un recurso de
       certiorari de una resolución final en procedimiento de
       jurisdicción voluntaria, el tribunal apelado no podrá conceder
       ningún remedio bajo esta regla, a menos que sea con el
       permiso del tribunal de apelación. Una vez que el tribunal de
       apelación dicte sentencia, no podrá concederse ningún
       remedio bajo esta regla que sea incompatible con el mandato,
       a menos que se obtenga previamente permiso para ello del
       tribunal de apelación. En ambos casos, la moción de relevo
       deberá siempre presentarse ante el tribunal apelado dentro
       del término antes señalado, y si éste determina que estaría

48 García Colon v. Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 539 (2010).
                                                          De Jesús Viñas v.
González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007). Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624
(2004).
KLAN202400012                                                                    13

       dispuesto a conceder el remedio, se acudirá entonces ante el
       tribunal de apelación para solicitar el referido permiso.49

       Esta Regla provee un mecanismo post sentencia para impedir que se

vean frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y

sofisticaciones.50 Nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado

que, la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil no es una llave

maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la

sentencia correctamente dictada.51 Empero, la consabida Regla tampoco

sustituye los recursos de apelación o reconsideración.52 Por lo tanto, relevar

a una parte de los efectos de una sentencia es una decisión discrecional,

salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.53

       Por otro lado, la Regla otorga al Tribunal la facultad de relevar a una

parte de los efectos de una sentencia cuando se determine su nulidad.54

Entiéndase, una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o

cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley.55

     E. Las Doctrinas de Cosa Juzgada, Impedimento Colateral por
        Sentencia y la Ley del Caso

       La doctrina de cosa juzgada es un componente parte de nuestro

ordenamiento jurídico valioso y necesario para la sana administración de la

justicia.56 Dicha doctrina fomenta el interés del Estado en que se les ponga

fin a los litigios luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los

tribunales.57 Además, protege el interés de los ciudadanos de no litigar la

misma causa dos (2) veces.58 “El efecto de la aplicación de esta doctrina es

49 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
50  García Colon v. Sucn. González, supra. De Jesús Viñas v. González Lugo,
supra. Náter v. Ramos, supra.
51 Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).
52 García Colon v. Sucn. González, supra, 541. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez,

123 DPR 294, 299 (1989). Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73
(1987). Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).
53 García Colon v. Sucn. González, Id., 540. Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490

(2003). Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 817, 823–824 (1980). R.
Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 4ta ed.,
San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4803, pág. 352.
54 García Colon v. Sucn. González, Id., 543.
55 Id.
56 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 (2012).
57 PR Wire Products v. C. Crespo & Associates, 175 DPR 139, 151 (2008).
58 Id.
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que la sentencia emitida en un pleito anterior impide que se litiguen

posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas causas de

acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que

se pudieron haber litigado”.59 Es decir, para que proceda la presunción

de cosa juzgada, debe concurrir la más perfecta identidad de las cosas, las

causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. 60

       En lo que respecta al requisito de la identidad de cosas, este significa

que el segundo pleito versa sobre el mismo asunto adjudicado en el primer

pleito, aunque en el uno se abordase totalmente y sólo parcialmente en el

otro o las cosas se hayan disminuido y/o alterado.61 La identidad de causa

existe cuando los hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos

en lo que afecta a la cuestión planteada, por lo que al determinar si existe

identidad de causas de acción debemos preguntarnos si ambas

reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de hechos.62

Dicho requisito exige que la parte demandante acumule en un pleito todas

las posibles teorías legales en virtud de las cuales podría tener derecho a

un remedio y que surjan de los mismos hechos transaccionales.63

       El impedimento colateral por sentencia es una modalidad de la

defensa de cosa juzgada.64 Ello, no obstante, esta doctrina se distingue de

la doctrina de cosa juzgada en que, para su aplicación, no es necesario que

se configure el requisito de identidad de causas.65 Conviene destacar, los

requisitos para la aplicación de la doctrina de impedimento colateral son:

(i) se adjudicó un asunto, (ii) en una sentencia previa, (iii) luego de haberse

litigado, (iv) entre las mismas partes y (v) el hecho adjudicado es esencial

59 Municipio de San Juan v. Bosque Real SE, 158 DPR 743, 769 (2003). Pagán
Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732–33 (1978).
60 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274; Fatach v. Triple S, Inc., 147 DPR

882, 889 (1999).
61 Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 220 (1992).
62 Presidential v. Transcaribe, supra, 275 (2012).
63 Martínez Díaz v. ELA, 182 DPR 580, 586 (2011).
64 Rodríguez Ocasio v. ACAA, 197 DPR 852, 862 (2017). Presidential v. Transcaribe,

supra, 276. Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012).
65 Rodríguez Ocasio v. ACAA, Id. Presidential v. Transcaribe, supra, 276-277.
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para un segundo pleito.66 La doctrina de impedimento colateral por

sentencia solo se puede invocar cuando existe un segundo litigio, por

consiguiente, ésta no aplica cuando se trata de asuntos en un mismo

pleito.67

        Existe identidad de objeto cuando un juez, al hacer una

determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en una decisión

anterior.68 Por su parte, la identidad de causa existe cuando los hechos y

los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta a la

cuestión planteada.69 Al considerar lo que respecta a la identidad de las

personas, se ha determinado que los efectos de la cosa juzgada se

extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre y en interés

propio.70

        A luz de lo anterior, las determinaciones judiciales que constituyen

la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales consideradas y

decididas por el Tribunal.71 A raíz de ello, procede invocar esta doctrina

cuando exista una decisión final de la controversia en los méritos.72 Las

determinaciones hechas por el TPI o un tribunal apelativo, de ordinario, no

pueden reexaminarse si el caso retorna a la consideración del foro que las

emitió.73

        Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha establecido que solo

los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante

dictamen firme, pueden constituir la ley del caso.74 Consecuentemente, la

doctrina de la ley del caso solo puede invocarse cuando exista una decisión

final de la controversia en sus méritos.75 Ahora bien, en situaciones

66 Rodríguez Ocasio v. ACAA, Id., a las págs. 862-863.
67 Id., pág. 863.
68 Presidential v. Transcaribe, supra, 275.
69 Id. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 765 (1981).
70 Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 276.
71 Rodríguez Ocasio v. ACAA, supra. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR

1, 9 (2016). Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005).
72 Rodríguez Ocasio v. ACAA, Id., a las págs. 863-864. Cacho Pérez v. Hatton Gotay

y otros, Id.
73 Rodríguez Ocasio v. ACAA, Id., a las pág. 864.
74 Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005).
75 Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 643,653 (2018). Félix v. Las Haciendas, Id.
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excepcionales, si el caso vuelve a la consideración del tribunal y éste

entiende que sus determinaciones previas son erróneas y que pueden

causar una grave injusticia, ese foro podría aplicar una norma de derecho

distinta con el fin de resolver de forma justa.76

    F. La Discreción Judicial

         Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán revocadas a

menos que se demuestre que ese foro abusó de su discreción.77 Es decir,

no se intervendrá con la apreciación que de la prueba desfilada haya hecho

el foro inferior en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto.78 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción

cuando el juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser

pasado por alto; (ii) por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su

decisión exclusivamente en éste; (iii) no obstante considerar y tomar en

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los

irrelevantes, los sopesa y calibra livianamente.79

         A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema de

justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la evidencia

presentada en los casos y controversias.80 Como es sabido los jueces del

TPI son quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba testifical

desfilada, ya que tienen la oportunidad de apreciar de cerca las alocuciones

de los testigos, mientras observan sus gestos, contradicciones, dudas,

manerismos y titubeos.81 No obstante, una apreciación errónea de la prueba

no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un

tribunal revisor.82 Quiérase decir que, en ausencia de los criterios que han

76 Id.
77 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
78 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987).
79 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
80 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011).
81 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).
82 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987).
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sido mencionados, los tribunales revisores no debemos intervenir con las

determinaciones y conclusiones derivadas de la apreciación de la prueba

testifical.83

        El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en pasión,

prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones personales de tal

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a

las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna.84

A esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro apelativo

con la prueba desfilada tiene que estar basada en un análisis independiente

y no a base de los hechos que exponen las partes.85

                                      III

        El recurso de Apelación ante nos tiene la particularidad de estar

relacionado a una acción civil resuelta en un primer expediente judicial. Nos

explicamos. Previamente, entre las partes se ventiló una acción civil sobre

cobro de dinero, ejecución de hipoteca y ejecución de prenda, en el

alfanumérico FCCI201400533. Sobre esta acción se dictó una sentencia y

luego se ventilaron ciertos asuntos post-sentencia. Dicho expediente judicial

tuvo trámite apelativo en dos (2) ocasiones ante este Tribunal intermedio y

en una ocasión ante el Alto Foro. Luego, se presentó un segundo caso, el

alfanumérico LO2023CV00051, el cual, luego de que se dictara una

Sentencia desestimatoria, y tras su inconformidad, la parte apelante ha

comparecido ante nuestra consideración. Elaboramos.

                                      -a-

        Sin ánimos de ser reiterativos, pero con la intención de lograr un

cabal entendimiento, destacamos que se desprende de los autos ante

nuestra consideración el hecho de que durante los trámites post-sentencia

en el primer expediente judicial, en el mes de noviembre del año 2021, la

83 S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 623 (2002).
84 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
85 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
KLAN202400012                                                               18

parte aquí apelante presentó una Moción sobre Reclamación de Derecho de

Propiedad o de Posesión sobre el Instrumento Conforme a la Ley de

Transacciones Comerciales. Fundamentaron su escrito en que a tenor con

las Secciones 2-302 y 2-306 de la referida Ley Núm. 208-1995, dado a que

el acreedor hipotecario Santander fue sustituido por Estrella, entonces,

tenía cabida la aplicación de la figura de la reclamación para rescindir una

negociación y recuperar el instrumento o su producto. En atención a lo

anterior, en diciembre del año 2021, el foro primario resolvió dicha solicitud

denegando la misma. En desacuerdo, la parte apelante acudió a este

Tribunal intermedio, el cual denegó la expedición del auto de Certiorari, por

lo que inconformes con el curso decisorio, acudieron al Alto Foro, quien,

mediante Resolución del 23 de septiembre de 2022, declinó de igual forma,

intervenir con la decisión de la primera instancia judicial.

       En este punto, y basado en los autos ante nuestra consideración, los

procedimientos post-sentencia en el primer expediente judicial quedaron

sin trámites ulteriores. Sin embargo, poco más de siete (7) meses desde

que la última instancia judicial dispusiera que no atendería la petición de

Certiorari, en la cual se planteó el asunto al amparo de la Ley Núm. 208-

1995, la parte aquí apelante presentó la Demanda de autos -el segundo

caso-. En ella, en lo atinente, solicitaron al foro primario que se declarara

nula   la   sentencia del    primer expediente judicial, así como los

procedimientos de subasta, se autorizara el ejercicio del derecho de

propiedad o posesión sobre el instrumento negociable, conforme a la

Sección 2-306 de la Ley Núm. 208-1995, así como el cese del presunto

estado de privación ilegal de la vivienda de estos -utilizando el mecanismo

de la Sentencia Declaratoria y el Interdicto Permanente y se le restituyera

la posesión de la propiedad. Conforme a lo anterior, la parte apelada razonó

que la Demanda debía ser desestimada puesto a que las alegaciones

esbozadas ya habían sido resueltas y, a tenor, constituían un impedimento
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colateral por sentencia. Tras juzgar el tribunal apelado que procedía la

desestimación, la parte apelante compareció ante nos.

                                       -b-

       En lo que respecta al recurso ante nuestra consideración, aun cuando

juzgamos que los errores esgrimidos son susceptibles de ser discutidos de

manera conjunta, previo a obrar como tal, resulta imperioso expresarnos

en torno a una parte específica del señalamiento de error identificado con

la letra B. Nos referimos a lo relativo a la invitación de la parte apelante a

concluir que el foro primario erró al presuntamente no haber resuelto el

escrito intitulado, Moción Informativa y Solicitud de Remedio.86 Sin entrar

en detalles, por juzgarlo innecesario, en síntesis, solicitaron al TPI que

tomara conocimiento de lo expresado en el referido escrito y que emitiera

la decisión que mejor se ajustara a dicha información. A tenor, el foro

primario atendió la moción según solicitado, dándose por enterado y

determinado que no había nada que disponer, a la luz de lo expuesto en el

referido escrito.87

       A este Tribunal le parece inapropiado que, surgiendo claramente de

los autos que dicho escrito fue atendido por el Tribunal apelado, la parte

apelante haya intentado inducir a error a esta Curia. Abona a lo anterior,

su inexplicable omisión al no incluir en el apéndice del recurso instado, la

notificación y Orden que precisamente evidencia dicho trámite procesal y

que tuvo que ser aclarado por la parte apelada.

       Dicho lo anterior, y tras juzgar que sobre dicha Orden no se presentó

una oportuna reconsideración y mucho menos se solicitó la revisión judicial

en tiempo, no intervendremos en dicho asunto, por falta de jurisdicción. Es

norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: “los tribunales deben ser

celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para asumir

86 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 287-289.
87 Apéndice de la parte apelada, a la pág. 1.
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jurisdicción allí donde no la tienen”.88 Por tal motivo, cuando un tribunal

carece de jurisdicción, debe declararlo y desestimar la reclamación sin

entrar en sus méritos.89

                                      -c-

       Retomando la discusión en cuanto a los errores esgrimidos, es de

ver que la parte apelante compareció tras su inconformidad con el dictamen

emitido por el TPI tras desestimar su causa de acción. Conforme a los

errores esgrimidos, y luego de la aclaración del párrafo que precede, la

controversia quedó centrada en determinar si el foro primario incidió al (i)

presuntamente omitir un escrito informando intención de replicar a la

oposición a moción de desestimación; y (ii) dictar una sentencia

desestimatoria con perjuicio y no acoger la solicitud de reconsideración en

la cual, además, se solicitó que el caso fuese referido a mediación.

       En primer lugar, la parte apelante nos invita a concluir que fue un

error el que el tribunal apelado hubiese desestimado el caso, con perjuicio.

A tenor con la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, procederá

la desestimación cuando existan circunstancias que permitan a los

tribunales determinar, sin ambigüedades, que la demanda carece de todo

mérito o que la parte demandante no tiene derecho a obtener algún

remedio.90 Por su parte, la Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

dispone que: “[…] No será necesario especificar los hechos probados y

consignar separadamente las conclusiones de derecho: (a) al resolver

mociones bajo las Reglas 10 […]”.91

       Es menester señalar que, contrario a lo expresado por la parte

apelante en su oposición a la moción de desestimación, a los fines de que

era la primera vez que traían el asunto relacionado a la Ley Núm. 208-

88 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR
289, 296 (2016).
89 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848,

855 (2009).
90 González Méndez v. Acción Social et al., supra.
91 32 LPRA Ap. V, R. 42.2 (a).
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1995 a la consideración del Tribunal, la totalidad de los autos ante nuestra

consideración ha revelado prístinamente lo opuesto. Lo alegado le falta a la

verdad. Los dos (2) expedientes judiciales hablan por sí solos. Recordemos

que allá para el 18 de noviembre de 2021, la parte apelante, en el primer

expediente judicial presentaron una Moción sobre Reclamación de Derecho

de Propiedad o de Posesión sobre el Instrumento Conforme a la Ley de

Transacciones Comerciales,92 la cual no cabe la mínima duda de que fue

considerada por el TPI y resuelta. Entonces, mediante la acción civil del

título, presentaron nuevamente la alegación y solicitud de

remedios relacionados a la Ley Núm. 208-1995, que no es otra cosa que

una pretensión relitigar un asunto final, resguardándose en que los foros

revisores no atendieron la controversia en sus méritos. No les asiste la

razón.

         Acentuamos que el interés de que los pleitos se vean en los méritos

amerita protección, pero no puede, bajo toda circunstancia, prevalecer

sobre los intereses, igualmente justos, de la parte que ha sido diligente en

que se resuelva el caso prontamente y se termine la incertidumbre, y los

intereses del público en general en evitar la congestión en los calendarios

y las demoras innecesarias en el trámite judicial, promoviendo así la

solución justa, rápida y económica de la controversia.93

   En segundo lugar, la parte apelante considera que el tribunal apelado

cometió un error al presuntamente omitir un escrito en el cual estos le

informaban su intención de replicar la oposición a reconsideración. No les

asiste la razón. Es de ver, que los autos ante nuestra consideración revelan

que al momento en que el foro primario emitió la Resolución mediante la

cual denegó la solicitud de reconsideración, obró tomando en cuenta tanto

la solicitud de reconsideración, su oposición y el escrito informando

intención de replicar en cuanto a la oposición. No es correcto lo alegado por

92 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 164-166.
93 Reyes v. E. L. A. et al., 155 D.P.R. 799, 810 (2001). A. Cuevas Segarra, Tratado

de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 784.
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la parte apelante en cuanto a que su escrito informando intención de

replicar fue omitido, todo lo contrario, los autos revelan que el escrito en

cuestión fue atendido por el TPI y tomándolo en consideración, determinó

denegar la solicitud de reconsideración.

         En tercer y último lugar, tras denegarse la solicitud de

reconsideración, tampoco fue acogida la solicitud de la parte apelante, en

torno a referir el caso a mediación. Por lo anterior, la parte apelante razonó

que el TPI también erró. No nos convence. Tanto el escrito informando

intención de replicar la oposición a reconsideración, así como la solicitud de

la parte apelante para que el caso fuese referido a mediación –conforme a

la causa de acción pendiente de adjudicar en el caso de autos– se

encuentran cobijadas dentro del marco de la discreción judicial.

         “El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida

disposición de los asuntos litigiosos requieren que los jueces de instancia

tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo y

tramitación de los asuntos judiciales”.94 Por consiguiente, como regla

general, los foros apelativos no intervendrán en la discreción de los foros

primarios a no ser que las decisiones emitidas resulten arbitrarias o en un

abuso de su discreción.95 Ahora bien, la discreción ha de ceder en las

circunstancias en las que se configura: (i) un craso abuso de discreción o

que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad; (ii) o que se equivocó en

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo; y, (iii) que la intervención en esa etapa evitaría un perjuicio

sustancial a la parte afectada por su determinación.96

         Juzgamos que se hace innecesario imponer nuestro criterio sobre el

del foro primario. En fin, un exhaustivo y responsable análisis de la totalidad

del expediente ante nuestra consideración no nos lleva a otra conclusión

que no sea disponer que los errores esgrimidos no fueron cometidos y que

94 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, 2023 TSPR 145.
95 Id.
96 Id.
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el recurso fue presentado para dilatar los procedimientos. Por tanto,

colegimos que procede confirmar el dictamen emitido por la primera

instancia judicial.

                                        IV

         Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada. Además, dado a la temeridad y contumacia exhibida por la parte

apelante y a tenor con la Regla 85 del Reglamento de este Tribunal,97 se

impone a la parte apelante la suma de $1,000.00 dólares, en concepto de

honorarios a favor de la parte apelada.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones

97
     4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85.