Court Opinion

ID: 9408077
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:14:34.80597+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.496302
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL I

PRÓSPERO TIRES EXPORT,                     Apelación
   INC., JOSÉ ÁNGEL                        Procedente del
  RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,                       Tribunal de
  AMARYLIS FONTÁNEZ                        Primera
ROBERTO y la Sociedad                      Instancia, Sala
   Legal de Bienes                         Superior de
Gananciales Compuesta KLAN202300318        Carolina
      por Ambos
                                           Civil Núm.:
Demandantes- Apelantes                     TJ2019CV00041
                                           (409)

            V.                             SOBRE:
                                           Incumplimiento de
  EDGARDO VELÁZQUEZ                        Contrato; Daños y
SÁNCHEZ, JANE DOE y la                     Perjuicios,
  Sociedad Legal de                        Disolución de
  Bienes Gananciales                       Corporación,
 compuesta por Ambos,                      Sindicatura,
  MULTI RECYCLING &                        Injunction
 MANUFACTURING CORP.,                      Preliminar,
 COMPAÑÍA ASEGURADORA                      Injunction
    ABC, RESOURCE                          Permanente,
RECYCLING LLC, ROSTAM                      Cumplimiento de
   PIRASTEH, MINOUH                        Específico de
PIRASTEH y la Sociedad                     Contrato
   Legal de Bienes
Gananciales Compuesta
 por Ambos, GRETCHEN
GRONAU SANTIAGO, JOHN
 DOE y la Sociedad de
  Bienes Gananciales
 compuesta por Ambos
 Demandados- Apelados

   ROSTAM PIRASTEH,
 MINOUH PIRASTEH y la
  Sociedad Legal de
  Bienes Gananciales
 Compuesta por Ambos;
CARIBE VIVA RECYCLING,
    INC.; EDGARDO
 VELÁZQUEZ SÁNCHEZ Y
  MULTI RECYCLING &
 MANUFACTURING CORP.
      Reconvinentes
Panel integrado por su presidente el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.
Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente

                         SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      Comparecen Próspero Tires Export, Inc., José Ángel

Rodríguez    Sánchez,    Amarylis   Fontánez   Roberto   y   la
Número Identificador
RES2023_______________
KLAN202300318                                                      2

Sociedad        Legal   de    Gananciales    compuesta   por   ambos

(apelantes) mediante el presente recurso de Apelación en

el que solicitan la revocación de una Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Trujillo Alto

(TPI) emitida el 24 de abril de 2020, notificada tres

días después. En su dictamen, el TPI desestimó la Demanda

Enmendada que los apelantes promovieron en contra de

Edgardo Velázquez Sánchez y su esposa; Multi Recycling

& Manufacturing Corp.; Resource Recycling Corp.; Rostam

Pirasteh y su esposa; y Gretchen Gronau Santiago y su

esposo (apelados). En el pleito, el matrimonio Pirasteh,

el Sr. Velázquez Sánchez, Caribe Viva Recycling, Inc.,

y Multi Recycling Manufacturing Corp. figuraron como

reconvinentes tras presentar contrarreclamaciones a los

apelantes.

                                   -I-

        Los hechos de este caso ocurrieron en el contexto

de una relación de negocios habida entre las partes, la

cual también ha provocado otros pleitos. Por este motivo

y teniendo en mente el ratio decidendi del TPI en la

Sentencia impugnada, realizamos una relación del trámite

procesal conjunta para lograr la mejor comprensión del

recurso y de lo que hoy resolvemos.

        El 25 de enero de 2019, los apelantes instaron una

Demanda en contra de la Sra. Gretchen Gronau Santiago,

su esposo, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por     ambos    y   una     aseguradora.1   Esta   reclamación   se

presentó en la Sala de Bayamón del TPI y recibió la

nomenclatura GB2019CV00087.              Las causas de acción de

dicha Demanda fueron: (1) incumplimiento de contrato;

1   Apéndice de la Apelación, págs. 310-323.
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(2) conflicto de intereses y violación al deber de

fiducia y lealtad; (3) mala práctica de la profesión de

Contador Público Autorizado (CPA) y negligencia en el

cumplimiento        del     deber        profesional;     (4)       perjurio,

conspiración       para      defraudar,       fraude      y    engaño;    (5)

interferencia torticera con relaciones contractuales; y

(6) libelo, calumnia, difamación y daños y perjuicios.

En esencia, el recurso le imputó a la Sra. Gronau

Santiago que, mientras fungía del 2014 al 2018 como la

CPA de los apelantes, trabajó para beneficiar tanto al

Sr.     Pirasteh     como      a    sí     misma.   Los       actos    fueron

catalogados        por    la       parte    como    esquemas        contables

fraudulentos       bajo     la      instrucción     del       Sr.   Pirasteh.

Estos, a su vez, incluyeron: (1) sueldos por trabajo no

realizado; (2) gastos reembolsables sin aprobación; (3)

préstamos a intereses excesivos; (4)                      desembolsos de

intereses o pagos al principal a la mera solicitud del

Sr. Pirasteh, sin tomar en cuenta las necesidades de

dinero de Próspero Tire Export (PTE); (5) negocios con

terceros valiéndose del dinero, contactos o recursos de

PTE; (6) creación de entes paralelos competitivos para

erosionar los negocios de PTE; (7) apropiación ilegal de

dinero de PTE; (8) encubrimiento mediante perjurio y

sustracción ilegal de documentos. Según la reclamación,

todo lo anterior ocurrió en común acuerdo con el Sr.

Pirasteh.

        El 30 de enero de 2019, los apelantes radicaron una

Demanda contra el Sr. Edgardo Velázquez Sánchez, su

esposa, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos y Multi Recycling & Manufacturing Corp (MRMC).2

2   Id. en las págs. 1-12.
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Este pleito se instó en la Sala de Trujillo Alto del

TPI, recibió la nomenclatura TJ2019CV00041 y, una vez

culminó, desembocó en el recurso de epígrafe. En esta

ocasión,      las     causas     de    acción     por    las       cuales   los

apelantes reclamaron fueron: (1) sentencia declaratoria;

(2) incumplimiento de contrato; (3) conspiración para

defraudar, fraude y engaño; y (4) cobro de dinero,

enriquecimiento            injusto,    y   daños    y        perjuicios.     En

síntesis, el pleito alegó que el Sr. Velázquez Sánchez,

en conjunto con el Sr. Pirasteh, logró obtener mediante

engaño un préstamo de $60,000, provisto por PTE, para la

compra del 50% de las acciones de MRMC bajo el pretexto

de que la adquisición se haría a nombre de él, pero luego

las acciones se transferirían al Sr. Rodríguez Sánchez

o a PTE. Sin embargo, el recurso sostuvo que el Sr.

Velázquez Sánchez nunca remitió las acciones a PTE y,

por el contrario, se convirtió en el dueño del total de

MRMC. Además, le imputó asociarse con el Sr. Pirasteh y

la    Sra.        Gronau     Santiago      para    extraer          cantidades

adicionales de dinero ascendentes a $575,000, así como

para adquirir propiedades, construir y realizar mejoras

a favor de MRMC. Así, arguyó que el Sr. Velázquez Sánchez

incumplió su obligación contractual como mandatario de

PTE   en     la    compra    y   transferencia          de    las   referidas

acciones;          infringió      su       obligación         de     devolver

$548,746.40; conspiró y cometió fraude para engañar al

apelante y obtener el referido préstamo y la pérdida del

dinero; y, en consecuencia, les adeudaba a los apelantes

un total de $567,496.40 más los $60,000 en concepto de

préstamo. Como remedio, los apelantes reclamaron: (1)

que se declarara a PTE como dueño del 50% de MRMC; (2)

que se condenara al Sr. Velázquez Sánchez a pagar no
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menos de $1,000,000 en daños y perjuicios; y (3) que se

les ordenara a pagar $673,500, más costas, gastos y

honorarios de abogados.

        El 19 de febrero de 2019, los apelantes presentaron

una     Demanda      Enmendada     con   el   fin   de     incluir     como

demandados       a    Resource   Recycling     LLC,      al     Sr.   Rostam

Pirasteh, su esposa Minouh Pirasteh, la Sra. Gronau

Santiago, su esposo y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos, y expandir las reclamaciones en su

contra.3 Cónsono con la adición, también sumaron varias

alegaciones y causas de acción en contra de estos nuevos

demandados. En específico, a la tercera causa de acción

se le añadió conflicto de intereses y violación al deber

de fiducia y lealtad, mientras que se agregó el fraude

de acreedores como una quinta causa. En resumen, al Sr.

Pirasteh y a la Sra. Gronau Santiago se les imputó que

ejecutaron un esquema, junto al Sr. Velázquez Sánchez,

para adquirir terrenos de MRMC mediante un préstamo de

$13,750     provisto      por    PTE,    escondiendo       el    verdadero

propósito y apropiándose de la propiedad a favor del Sr.

Pirasteh. También, se incluyó a los tres en los esfuerzos

para obtener cerca de $600,000 a título de préstamo para

invertirlos en MRMC. En total, se alegó la existencia de

tres     sumas       apropiadas:    $548,746.40       en      gastos    que

favorecieron a MRMC, $13,750 para la adquisición de un

terreno y $60,015 para la compra del 50% de las acciones

corporativas de MRMC. Por último, alegó que los tres

crearon Resource Recylcing para transferir todos los

activos y las licencias de MRMC y, de esta forma, evitar

que los apelantes cobraran sus acreencias y derechos

3   Id. en las págs. 12-27.
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sobre      esa    compañía.      Por        otra    parte,       los   remedios

solicitados quedaron modificados de la siguiente manera:

(1) que se declarara a PTE como dueño del 50% de MRMC o

de    Resource     Recycling;         (2)     que    se    condenara       a   los

apelados al pago solidario de $622,511.40; (3) que se

condenara a los apelados al pago solidario de una suma

adicional de $100,000 a favor del Sr. Rodríguez Sánchez;

y    (4)   que    se    anularan          todas    las    transferencias       de

derechos,        activos   y     propiedades         de    MRMC    a   Resource

Recycling o, de no ser posible, que se condene a los

apelados al pago solidario de $5,000,000, más costas,

gastos y honorarios de abogados.

        El 21 de mayo de 2019, los apelados contestaron la

Demanda      Enmendada4         y,    a     su     vez,     presentaron        una

Reconvención.5 En la Contestación a la demanda enmendada,

además      de    negar    la        mayoría        de     las    alegaciones,

plantearon que el Sr. Pirasteh y el Sr. Velázquez Sánchez

establecieron una empresa común con el Sr. Rodríguez

Sánchez y que cumplieron con todas sus obligaciones como

socios      o     empleados          de     PTE.     Entretanto,        en      la

Reconvención,           arguyeron           que,         contrario     a       las

alegaciones, era PTE y los apelantes quienes le debían

al Sr. Pirasteh por las inversiones que este hizo para

salvar la corporación, las cuales ascendían a más de

$1,000,000. Los apelados llamaron la atención a que,

debido a esa controversia, promovieron en el pasado un

litigio      en    la    Sala    de        Carolina       del    TPI   bajo    la

nomenclatura CA2018CV02635, el cual concluyó con un

Acuerdo de Transacción. Según el acuerdo, autorizado en

la Sentencia del TPI en ese caso, el Sr. Rodríguez

4   Id. en las págs. 49-59.
5   Id. en las págs. 60-100.
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Sánchez y PTE le pagarían al Sr. Pirasteh un total de

$800,000 y también renunciarían a cualquier reclamación

que tuvieran en contra de este como resultado de sus

relaciones de negocios.6 Conforme a la Reconvención, el

Acuerdo fue incumplido y, por lo tanto, procedía: (1)

declarar   dicho   acuerdo    rescindido,       relevando   a   las

partes de su cumplimiento y ordenando la devolución de

las   contraprestaciones;     (2)    ordenar    el   cumplimiento

específico de uno de los acuerdos previos entre las

partes y la transferencia de las acciones de PTE y sus

activos a favor de MRMC; (3) ordenar el pago de todos

los   daños     sufridos;    y      (4)    la   declaración      de

reconocimiento de los derechos del Sr. Pirasteh y el Sr.

Velázquez Sánchez como codueños mayoritarios de PTE.

      El 7 de agosto de 2019, la Sra. Gronau Santiago

sometió una Solicitud de consolidación y traslado7 en la

que    arguyó    que    procedía      la    consolidación       del

TJ2019CV00041 con el GB2019CV0087. La petición también

se le hizo al TPI en el GB2019CV0087, puesto que a este

le correspondía atender la cuestión por tratarse del

caso de mayor antigüedad.

      El 11 de octubre de 2019, los apelantes solicitaron

la desestimación parcial de la reconvención.8

      El 4 de noviembre de 2019, en el GB2019CV0087, el

TPI emitió una Resolución en la que determinó que no

procedía la consolidación de los pleitos.9

6  Véase Sentencia del TPI del 5 de diciembre de 2018 en el
CA2018CV02635, obtenido del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC), CA2018CV02635, Entrada Núm. 79.
7 Id. en las págs. 122-133.
8 Id. en las págs. 141-153.
9 Este documento no fue incluido por los apelantes en el Apéndice

de la Apelación. El mismo fue sustraído del SUMAC, GB2019CV0087,
Entrada Núm. 60.
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        El 28 de febrero de 2020, en el TJ2019CV00041, el

TPI expresó mediante una Orden que, aunque no se oponía

al     traslado      y    la    consolidación     del   pleito      con   el

GB2019CV0087, la solicitud tenía que hacerse en el otro

caso por ser más antiguo.10

        Después de varios trámites, los cuales incluyeron

el señalamiento de una vista que no se celebró por el

estado de emergencia del COVID-19, el 24 de abril de

2020, en el TJ2019CV00041, el TPI dictó una Sentencia en

la que desestimó tanto el pleito promovido por los

apelantes como la reconvención de los apelados.11 El

dictamen fue notificado el 27 de abril de 2020.

        Inconformes, ambas partes solicitaron que el foro

inferior reconsiderara la determinación, pero el 31 de

agosto de 2020, el TPI emitió una Resolución en la que

rechazó únicamente la petición de los apelados.12 En

cambio, quedó pendiente la petición de los apelantes.

        El    24     de        agosto    de     2021,   los       apelantes

comparecieron ante esta Curia bajo el KLCE202101021

mediante       una       Petición       de    certiorari     en    la     que

sostuvieron que el TPI erró al no atender su solicitud

de reconsideración.13 De igual manera, sometieron una

Moción de desestimación.

        El 18 de octubre de 2021, el Tribunal de Apelaciones

dictó una Sentencia en el KLCE202101021 en la que expidió

el      certiorari        solicitado,         rechazó   la    Moción      de

desestimación de los apelantes y revocó la Orden del TPI

del 9 de junio de 2021.14 Así devolvió el pleito al foro

10   Apéndice de la Apelación, pág. 260.
11   Id. en las págs. 263-273.
12   Id. en la pág. 354.
13   Id. en las págs. 505-515.
14   Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el KLCE202101021.
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inferior         para     que     resolviera         la     reconsideración

solicitada por los apelantes.

        Posteriormente,          el     13    de   marzo     de    2023,        los

apelantes le solicitaron al TPI que resolviese la Moción

de reconsideración pendiente, en conformidad con las

órdenes del Tribunal de Apelaciones.15

        El 14 de marzo de 2023, el TPI dictó una Resolución,

notificada el mismo día, en la que declaró No Ha Lugar

a la reconsideración solicitada por los apelantes.16

        Inconformes, el 13 de abril de 2023, los apelantes

comparecieron           ante    esta    Curia      mediante       el    presente

recurso de Apelación en el que solicitan la revocación

de la Sentencia del TPI del 24 de abril de 2020. En su

escrito, le imputan al foro inferior la comisión del

siguiente error:

             ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR MOTU PROPRIO LA
        DEMANDA ENMENDADA DE LOS APELANTES BASADO EN
        QUE LAS ALEGACIONES Y CAUSAS DE ACCIÓN DE ESTA
        YA SE ESTABAN LITIGANDO EN OTRO CASO, CUANDO
        LO CIERTO ES QUE EN AMBOS CASOS SE ALEGAN
        CAUSAS DE ACCIONES DIFERENTES Y CUANDO TAMBIÉN
        EXISTEN PARTES DIFERENTES EN CADA CASO.

        Pasado el término provisto a los apelados para la

presentación de su Alegato sin que estos sometieran

escrito alguno, contamos con la sola comparecencia de

los apelantes. Procedemos a resolver.

                                       -II-

A. Consolidación

        La Regla 1 de Procedimiento Civil establece que las

Reglas serán interpretadas a fin de facilitar tanto el

acceso a los tribunales como el manejo del proceso y de

forma      que    garanticen       la    solución         justa,       rápida    y

15   Id. en las págs. 546-559
16   Id. en las pág. 560.
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económica    de       todo    procedimiento.17     Así,    si   bien   se

favorece que los casos se ventilen en sus méritos, las

Reglas también dotan a los tribunales con diferentes

herramientas para descongestionar el tráfico de casos

que se ven en sus salas y, de esa forma, se descarten

los   pleitos     que    atrasan    su   proceder.18      Una   de   esas

herramientas es la consolidación de pleitos, la cual se

rige por lo dispuesto en la Regla 38.1 de Procedimiento

Civil.19 En específico, dicha Regla dispone lo siguiente:

            Cuando estén pendientes ante el tribunal
       pleitos que comprendan cuestiones comunes de
       hechos o de derecho, el tribunal podrá ordenar
       la celebración de una sola vista o juicio de
       cualquiera   o   de   todas    las  cuestiones
       litigiosas comprendidas en dichos pleitos,
       podrá ordenar que todos los pleitos sean
       consolidados y podrá dictar, a este respecto,
       aquellas   órdenes   que    eviten  gastos   o
       dilaciones innecesarias. 20

En sus expresiones sobre este vehículo procesal, el

Tribunal Supremo ha dejado claro que su finalidad es

“evitar la proliferación de acciones, lograr la economía

procesal y evitar la indeseable probabilidad de que

surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo

incidente”.21 En este sentido, la consolidación se ha

presentado como un mecanismo útil para los tribunales

atender adecuadamente casos complejos,22 y para darle

concreción       al    principio     rector   de     las    Reglas     de

Procedimiento Civil de proveer la solución rápida, justa

y    económica    de    las    controversias,      según   predica     la

mencionada Regla 1.23

17 32 LPRA Ap. V, R. 1.
18 Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 720, 721
(2009).
19 32 LPRA Ap. V. R. 38.1.
20 Id.
21 Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 125 (1996) (citas omitidas).
22 Id. en las págs. 137-138.
23 Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, 144 DPR 586, 592 (1997).
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        Procesalmente, la consolidación de pleitos puede

ser ordenada a solicitud de parte o motu proprio por el

tribunal      y   podría      utilizarse    en    pleitos     ante   foro

apelativos.24

        Ahora bien, de un análisis del texto de la Regla

38.1 se desprende que existen dos requisitos para que

proceda una solicitud de consolidación: (1) que los

casos     presenten      cuestiones      comunes    de   hechos      o   de

derecho      y    (2)   que     éstos   estén    pendientes    ante      el

tribunal.25

        Respecto al primer requisito, nuestro más alto foro

ha expresado que la consolidación puede permitirse sin

que sea necesario que la totalidad de las cuestiones de

hecho y de derecho sean idénticas.26 En ese respecto, las

consideraciones particulares sobre alguno de los casos

no impiden que se conceda la consolidación ni se requiere

que las cuestiones de hechos o derechos sean comunes,

sino que es suficiente que haya similitud entre una y

otra.27 De igual manera, si bien la identidad de partes

en los pleitos a consolidar es un aspecto que puede pesar

en la mente del juzgador, no es un requisito.28 De

ordinario, tampoco es un requisito indispensable que las

acciones a consolidarse sean de la misma naturaleza.29

        Sobre el segundo requisito, ha quedado establecido

que     “[c]uando       estén     pendientes     ante    el   tribunal”

únicamente requiere que los casos a consolidarse se

hayan presentado y su trámite esté pendiente ante alguna

sala del TPI.30

24   Domínguez Castro et al. v. ELA II, 178 DPR 375, 417 (2010).
25   Id. en la pág. 416.
26   Id. en la pág. 417.
27   Id.; Vives Vázquez v. E.L.A., supra en la pág. 127.
28   Id.
29   Vives Vázquez v. E.L.A., supra en la pág. 128.
30   Domínguez Castro et al. V. ELA II, supra en la pág. 417.
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       Otros criterios que el juzgador deberá considerar

ante una solicitud de consolidación son: (1) si la misma

propende a una resolución justa, rápida y económica de

las acciones; (2) si la consolidación tiende a evitar

resultados inconsistentes entre las distintas disputas

que    presenten    cuestiones        similares     de     hechos    o   de

derecho; (3) si existen perjuicios que la consolidación

podría causarle a los litigantes o al tribunal y la

posibilidad de que no se puedan evitar mediante órdenes

cautelares,        prestando     especial          atención      a       las

circunstancias de cada caso; (4) la etapa procesal en la

que se encuentran las acciones cuya consolidación se

solicita; y (5) cuando sea pertinente, la complejidad de

los casos.31

       Ahora bien, una determinación judicial sobre una

solicitud de consolidación, la cual ha sido efectuada

tras   un    análisis    ponderado      de    la   totalidad      de     las

circunstancias, merecerá gran deferencia por parte del

tribunal     que   la    revise.32     Por   tanto,       será   alterada

únicamente      cuando    se   haya    omitido      considerar       algún

factor      importante     o   cuando        se    haya     abusado       de

discreción.33

B. El abuso de discreción

       En nuestra jurisdicción, se entiende la discreción

como el poder que se tiene para decidir en una forma u

otra, escoger entre uno o varios cursos de acción, y

cuyo ejercicio está atado inexorablemente al concepto de

la razonabilidad.34 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado

diferentes maneras en las que se puede manifestar el

31 Vives Vázquez v. E.L.A., supra en las págs. 136-137.
32 Id. en la pág. 142.
33 Id.; Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, supra en la pág.

594.
34 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005) (citas omitidas).
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abuso de este poder, entre las cuales se encuentran las

siguientes: (1) cuando el juez no toma en cuenta e ignora

un hecho material importante que no podía ser pasado por

alto en su decisión, sin tener fundamento para ello; (2)

cuando el juez le concede gran peso y valor a un hecho

irrelevante          e        inmaterial       y     basa     su    decisión

exclusivamente           en    él,   sin   que      haya    justificación    y

fundamento alguno para ello; y (3) cuando, pese a tomar

en cuenta todos los hechos materiales e importantes,

descartando los irrelevantes, el juzgador livianamente

sopesa y calibra los mismos.35

        Desde el punto de vista apelativo, el Tribunal

Supremo ha dejado claro que en nuestro ordenamiento

jurídico impera la norma de que un tribunal apelativo

solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales del tribunal sentenciador si

este último ha incurrido en arbitrariedad o craso abuso

de discreción.36

C. Principios procesales

        Los principios procesales se tratan del fundamento

del    proceso       judicial        y   son   el   instrumento     para    la

interpretación de las normas contenidas en las Reglas.37

Entre       estos,    se      pueden      destacar     dos:    la   economía

procesal y la accesibilidad o derecho al proceso.38 La

primera de estas encarna el repetido adagio jurídico de

que los procedimientos deben propender a una solución

rápida de los pleitos. La segunda, consagra la máxima de

que:

        “[t]oda persona tiene el derecho de acudir a
        los tribunales a presentar una reclamación u

35 Pueblo   v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990).
36 García   v. Asociación, supra en la pág. 322.
37 Rafael   Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal    Civil, 6ta edición, LexisNexis, 2017, pág. 5.
38 Id. en   las págs. 6 y 8.
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           oponerse a una interpuesta, y a realizar los
           actos procesales vinculados a la defensa de
           cada posición. La garantía del acceso implica
           la obtención de una decisión justa y
           ponderada,   derivada  de   un  proceso   sin
           dilaciones y requerimientos gravosos, y al
           derecho a reclamar su ejecución”.39

Con        esto      en     mente,    a    lo    largo     y    ancho       de   nuestra

jurisdicción                se     puede    apreciar       cómo        estas      normas

revisten los procesos civiles y, especialmente, los

mecanismos para despachar los casos como la sentencia

sumaria o la desestimación. Esta última se destaca por

su pertinencia. La interpretación más amplia del término

desestimación               se      refiere      al   pronunciamiento             de   un

tribunal que le pone fin a la litigación promovida por

el     demandante.40               Ahora    bien,     en   nuestras         Reglas      de

Procedimiento Civil, se pueden encontrar varias clases

de desestimación, las cuales se diferencian por sus

fundamentos.                Entre     los       motivos        para     dictarla       se

encuentran: (1) la Regla 10.2 de Procedimiento Civil;

(2)        el   que       una      parte   no    cumpla        con    una    orden     del

tribunal, bajo la Regla 39.2; (3) el que no se presente

prueba que justifique la reclamación de un remedio; y

(4) que la parte demandante deje de proseguir el proceso,

bajo el inciso (b) de la Regla 39.2.41 Independientemente

del fundamento, la desestimación de un pleito sin los

elementos de juicio que ofrece una prueba que haga

posible           encontrar          el    derecho     que       le    es    aplicable

constituye una acción drástica del tribunal, lo cual

puede llevar a negar el derecho a ser oído a cabalidad.42

De ahí que, por sus efectos, sea menester que los

tribunales atemperen la aplicación de la desestimación

39   Id.   en   la   pág.   8
40   Id.   en   la   pág.   411.
41   Id.   en   la   pág.   412.
42   Id.   en   la   pág.   411.
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frente a la política pública de que los casos se ventilen

en sus méritos y que se recurra a la desestimación con

perjuicio de forma excepcional.43 De lo contrario, su uso

desmesurado       podría      vulnerar     el   propósito   de     los

tribunales de impartir justicia.44

                                  -III-

        En la    Sentencia       impugnada mediante la presente

Apelación, el TPI desestimó tanto la Demanda de los

apelantes como la Reconvención de los apelados bajo el

razonamiento jurídico de que procedía proteger la sana

administración de la justicia y evitar posibles fallos

contradictorios entre el pleito que produjo el presente

recurso y el caso llevado por los apelantes en la Sala

de San Juan. En más de una ocasión, el foro inferior

permitió descubrir su opinión al expresar repetidamente

que su preferencia era consolidar los casos, aunque la

moción a esos efectos fue promovida en la Sala de la

capital. En ese sentido, manifestó en su dictamen que

“[s]omos de la opinión que acceder a la consolidación de

este caso con el de San Juan era el mecanismo adecuado

para atender todos los asuntos en una misma sala y evitar

la posibilidad de incurrir en fallos contradictorios en

cuestiones        que      son     esencialmente      similares       e

indivisibles”.45        En    otro   momento,    encontró   preciso

puntualizar que “tanto en el caso de epígrafe como en el

que se está ventilando en San Juan existen reclamaciones

en común y resolver dichas cuestiones en diferentes

foros podría impedir que se cumpla con la economía

procesal que procuran nuestras Reglas de Procedimiento

Civil,      además   que     propendería    a   la   bifurcación   de

43   VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 264 (2021).
44   Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra en la pág. 721.
45   Apéndice de la Apelación, pág. 272.
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procedimientos”.46           Así,        en     aras     de    justificar       su

determinación, comparó las causas de acción de cada caso

y     concluyó       que,     a     su        juicio,     ambas     realizaban

reclamaciones similares y respecto a las mismas partes.

Esto       último    lo     dedujo       del    permiso       del   TPI    a    la

intervención del Sr. y la Sra. Pirasteh en el caso de

San Juan. Por último, también desestimó la Reconvención

por estimar que se trataba de una solicitud de relevo de

sentencia.

          Examinado el expediente, las demandas de cada caso

y    el    trámite    procesal       del       presente       pleito,     resulta

preciso descartar la decisión desestimatoria del TPI. El

siguiente axioma recoge el juicio de esta Curia: la

desestimación motu proprio no puede proceder si los

fundamentos jurídicos en los que se basó el foro inferior

son incorrectos tanto en los hechos como en el derecho.

Veamos.

          En primer lugar, contrario al razonamiento del TPI,

no procedía la consolidación de los pleitos comparados.

Así lo determinó el foro con competencia para consolidar

los casos, decisión que merece gran deferencia. Más aún,

el caso que llevó al recurso de epígrafe es distinto al

pleito promovido en el GB2019CV00087, puesto que hay

diferencias entre las partes, las causas de acción y las

etapas       procesales       en     que        se     encuentran.        En    el

GB2019CV00087, los apelantes instaron su                            Demanda     en

contra       de      la     Sra.     Gronau            Santiago     por:       (1)

incumplimiento de contrato; (2) conflicto de intereses

y violación a su deber de fiducia y lealtad; (3) mala

práctica de la profesión de CPA y negligencia en el

46   Id. en la pág. 271.
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cumplimiento      del     deber     profesional;      (4)    perjurio,

conspiración      para    defraudar,       fraude    y     engaño;    (5)

interferencia torticera con relaciones contractuales; y

(6) libelo, calumnia, difamación y daños y perjuicios.

Al   presente,    ese     pleito    se   encuentra       señalado    para

Conferencia con antelación a juicio para el 18 de agosto

de 2023.47 También, cabe destacar que el TPI en este caso

permitió únicamente la intervención del Sr. Pirasteh, su

esposa y la Sociedad Legal de Gananciales y no la del

Sr. Velázquez Sánchez y MRMC. Empero, el 1 de junio de

2021, luego de que el Sr. Pirasteh y compañía comunicaran

su intención de desistir de la intervención, el foro

inferior autorizó el desistimiento y liberó a estos de

su participación en el pleito.48 Mientras tanto, en el

TJ2019CV00041, los apelantes reclamaron al Sr. Velázquez

Sánchez; a MRMC; al Sr. Pirasteh y su esposa; a Resource

Recycling; y a la Sra. Gronau Santiago y su esposo.

Contra   ellos,    promovieron       las    siguientes       causas    de

acción: (1) sentencia declaratoria, (2) incumplimiento

de contrato; (3) conspiración para defraudar, fraude y

engaño, conflicto de intereses y violación al deber de

fiducia y lealtad; (4) cobro de dinero, enriquecimiento

injusto,    y    daños     y   perjuicios;     y     (5)    fraude    de

acreedores.      Previo    a   la   desestimación        motu   proprio

impugnada en este recurso, el caso tenía señalada una

Vista y Adjudicación para el 17 de marzo de 2020, la

cual no se llevó a cabo por la pandemia del COVID-19. En

su Sentencia, el TPI estimó innecesaria la celebración

de dicha vista por entender que la controversia estaba

madura para ser resuelta. Lógicamente, las alegaciones

47SUMAC, GB2019CV0087, Entrada Núm. 60.
48Ver Resolución del TPI de 1 de junio de 2021 en el GB2019CV0087,
SUMAC, GB2019CV0087, Entrada Núm. 104.
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de este pleito contra las referidas partes no están

comprendidas      en     el   caso       que    los       apelantes     llevan

exclusivamente en contra de la Sra. Gronau Santiago en

la Sala de San Juan.

      Visto     así,    resulta         evidente         que    ambos   pleitos

presentan materias distintas, contra partes diferentes,

en   instancias        incompatibles           y,    por       tal   razón,   no

procedía la consolidación. Más aún, estuvo errado el TPI

en su    juicio de que la desestimación era la mejor

herramienta para proteger la sana administración de los

tribunales y evitar la bifurcación de casos.

      En segundo lugar, rechazada la consolidación por la

Sala de San Juan – el foro competente para evaluar la

solicitud – la acción correcta por el foro a quo no era

desestimar la acción. En cambio, lo indicado era ver el

caso en sus méritos. Por un lado, el TPI le debía dar la

merecida      deferencia      a    la    decisión         de    la   otra   Sala

respecto a la consolidación. Por el otro, erradamente,

el TPI no basó su drástico dictamen en disposición

doctrinal o de las Reglas de Procedimiento Civil, sino

que derivó su razonamiento de la intención de proteger

la sana administración de la justicia. A juicio de esta

Curia,   el     foro    inferior        abusó       de    su    discreción    al

desestimar el caso sin que alguna de las partes lo

solicitara y por motivos equivocados en Derecho.

      En tercer lugar, no deben ser pasados por alto los

evidentes efectos nocivos de la desestimación de este

pleito. Lejos de promover la sana administración de la

justicia, como pretendió el foro a quo en su Sentencia,

la inflexibilidad demostrada por el juzgador privó a las

partes de su día en corte y de ejercer su derecho a ser

oídos.   En     esencia,      la    determinación              desestimatoria
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impidió tanto que PTE y el Sr. Rodríguez Sánchez como el

Sr. Pirasteh y el Sr. Velázquez Sánchez promovieran las

recíprocas reclamaciones que realizaron en la Demanda y

en    la    Reconvención.        Aún        más    preocupante,        la

desestimación no ocurrió tras la petición de alguna de

las partes, sino por motivación propia del Tribunal

cuando, por el contrario, las partes estaban preparadas

para continuar ventilando sus respectivas reclamaciones.

      Por       último,    cónsono      con       lo     anterior,     la

desestimación       de    la   Reconvención            también    resulta

prematura       e   improcedente.       Si    bien       los     apelados

reconvinieron bajo la causa de incumplimiento con el

Acuerdo de Transacción entre las partes, acogido en la

Sentencia del TPI en el CA2018CV02635, esta reclamación

no   significó      una   petición     de    alterar,      relitigar    o

retirar     dicho    dictamen.       Por     el    contrario,       estas

imputaciones de los apelados en contra de PTE y el Sr.

Rodríguez Sánchez constituyeron el cumplimiento de estos

con la Regla 11.1 de Procedimiento Civil, la cual los

obligó a alegar cualquier reclamación que tuvieran en

contra de los apelantes que surgiera de los hechos que

motivaron la Demanda.

      Por todo lo anterior, procede la revocación de la

Sentencia apelada y, por consiguiente, la continuación

del procedimiento.

                                -IV-

      Conforme a los fundamentos antes expuestos, se

revoca la Sentencia apelada. Se devuelve el pleito para

la continuación de los procesos en conformidad con el

dictamen de esta Curia.

      Notifíquese.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones