Court Opinion

ID: 9916056
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:18:07.59963+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:19.274866
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

 OSVALDO WALKER ISAAC                             Solicitud de
      RECURRENTE                                  Revisión
                                                  Administrativa
                V.                                procedente del
                                                  Departamento de
                                                  Corrección y
    DEPARTAMENTO DE                 KLRA202300502 Rehabilitación
      CORRECCIÓN Y
     REHABILITACIÓN                                          Núm.
        RECURRIDO                                            XXX-XX-XXXX

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

       Comparece ante nosotros, por derecho propio, el señor

Osvaldo Walker Isaac (Sr. Walker Isaac o recurrente). Solicita que

dejemos sin efecto la Resolución1 que emitió el Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR) en la cual declaró con lugar la

Querella Disciplinaria2       instada      en    su   contra,      por   alegadas

violaciones    al      Reglamento    para       establecer    el   procedimiento

disciplinario de la población correccional, Reglamento Núm. 9221.

       Por    los    fundamentos     que    exponemos          a   continuación,

confirmamos el dictamen recurrido.

                                      I.

       El DCR incoó la querella de epígrafe en contra del Sr. Walker

Isaac en la cual le imputaron infringir la Regla 16 del Reglamento

Núm. 9221, particularmente el Código 217 (estar ausente de registro

o interferir con el registro) y el Código 233 (desobedecer una orden

directa). Surge de la querella que, el 21 de junio de 2023, el Sr.

1 Apéndice, pág. 17.
2 Apéndice, pág. 12.

Número Identificador

SEN2023________
KLRA202300502                                                                   2

Walker Isaac interfirió con un registro a su persona o “cacheo” y

desobedeció una orden directa de un oficial del DCR, con lo cual

infringió los Códigos 217 y 233 del Reglamento Núm. 9221.

         Iniciado el procedimiento investigativo, el Sr. Walker Isaac no

declaró durante la vista administrativa disciplinaria.3 Obsérvese

que, tal cual lo autoriza la Regla 12(6) del Reglamento Núm. 9221,

el recurrente proveyó las declaraciones escritas de tres miembros de

la población correccional,4 con sus versiones sobre lo acontecido

durante el incidente que dio curso a la querella de epígrafe. Todos

relataron que, el día de los hechos, no hubo ningún altercado ni

resistencia por parte del recurrente al momento de su registro. Cabe

destacar que, otro confinado, José M. Hernández González añadió

en su declaración que el Oficial Querellante, Luis Vélez Flores,

solicitó al recurrente, de manera hostil, que le enseñara lo que

llevaba en su mano a lo cual el Sr. Walker Isaac ripostó que era un

encendedor y ante su negativa a entregárselo lo llevaron a la “celda

seca”.

         Cabe puntualizar que, obra en el expediente una declaración

escrita del recurrente en la cual hizo constar que “[…] cuando estoy

entrando en la cancha, me pregunta qu[é] tengo en la mano y yo le

digo un laigther [sic] y sigo hacia la cancha. Al estar en la cancha el

Sargento Castro le indica al oficial, que me lleve al área de

admisiones donde permanecí por un espacio de tiempo aproximado

de 1 hora en celda seca […]”5

         Finalizado el proceso investigativo, el DCR entregó al

recurrente el Reporte de Cargos,6 del cual surge los actos prohibidos

imputados y la citación para una vista administrativa disciplinaria,

3 Apéndice, del Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación

que presentó la Oficina del Procurador General de Puerto Rico en representación
del DCR. Cabe puntualizar que, el referido apéndice no consta enumerado por lo
cual estamos impedidos de identificar los anejos con número de página.
4 Obran en el expediente las declaraciones de Mario Durán Hernández, José

Meléndez Sánchez y José M. Hernández González. Véase, Apéndice, del Escrito en
Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación del DCR.
5 Apéndice de la Revisión Judicial, pág. 15.
6 Apéndice de la Revisión Judicial, pág. 13.
KLRA202300502                                                               3

a celebrarse el 4 de agosto de 2023.7 Evaluada la prueba, la Oficial

Examinadora emitió el dictamen impugnado, mediante el cual,

determinó que el Sr. Walker Isaac infringió los Códigos 217 y 233

del Reglamento Núm. 9221. A esos efectos, le suspendió los

privilegios de visita y comisaría durante treinta (30) días.

       Inconforme,        el    recurrente         instó   un   petitorio   de

reconsideración.8 Allí, argumentó que la querella instada en su

contra es frívola. Fundamentó lo anterior en que, no pudo estar

presente durante el registro de su área de vivienda -como lo exige el

Código 217- debido a que el Sargento Castro lo ubicó en la “celda

seca” mientras ocurría el referido registro. De otra parte, negó haber

infringido el Código 233, en la medida en que, no resistió el registro

o “cacheo”. Sobre este tema, aseguró que lo antes se desprende de

las declaraciones de los tres miembros de la población correccional

que proveyó, las cuales presuntamente el DCR no consideró. Nótese

que, admitió haber tenido un encendedor en la mano.

       En respuesta al petitorio de reconsideración, el DCR emitió

una Resolución9, notificada el 6 de septiembre de 2023, mediante la

cual se negó a reconsiderar y se reafirmó en la sanción previamente

impuesta. Insatisfecho, el recurrente acude ante esta Curia en

revisión judicial y señala la comisión de cinco errores, a saber:

       Err[ó] la evaluadora Madeline Morales Santiago al
       declarar incurso a este recurrente por violación al
       [Có]digo 217 del Reglamento Disciplinario esto pese a
       que este no estuvo en el registro debido a que por orden
       del Sargento Castro estaba en celda seca ubicado.

       Err[ó] la evaluadora esto por no permitir que este
       recurrente presentara los testigos a su favor como
       estipula el reglamento disciplinario.

       Err[ó] la evaluadora al declarar incurso a este
       recurrente por violación al [Có]digo 233 desobedecer
       una orden directa esto debido a que esté [sic] fue
       cacheado por el oficial Luis V[é]lez Flores. (Cita omitida.)
       Err[ó] la evaluadora al no desestimar la querella
       presentada esto debido a que la oficial investigadora
       cual tiene el deber de asistir al mpc, no lo realiz[ó] de la
       manera id[ó]nea y no present[ó] la evidencia que lo
       exculpaba.

7 Apéndice de la Revisión Judicial, pág. 14.
8 Apéndice de la Revisión Judicial, págs. 20-22.
9 Apéndice de la Revisión Judicial, pág. 24.
KLRA202300502                                                                  4

       Err[ó] la evaluadora al no acoger la solicitud de
       reconsideración esto debido a que fue la misma persona
       que fungi[ó] como juez en la vista disciplinaria. (Cita
       omitida.)

       En reacción a nuestra Resolución, notificada el 27 de

septiembre de 2023, la Oficina del Procurador General de Puerto

Rico comparece en representación del DCR, mediante un Escrito en

cumplimiento de Resolución y solicitud de desestimación.10 Con el

beneficio de las posturas de ambas partes, resolvemos.

                                        II.

   A. La Revisión Judicial y la doctrina de deferencia judicial

       La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta

disposición     es   delimitar     la    discreción    de   los    organismos

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Andrea Hernández Feliciano

v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero

de 2023. Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de

los organismos administrativos, los tribunales apelativos le

conceden gran consideración y deferencia, por la experiencia y el

conocimiento especializado que estos poseen. Íd.

       Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial

que obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma

anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal

Supremo ha resuelto con igual firmeza que, los tribunales no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas

10 El DCR interpeló la desestimación del recurso del Sr. Walker Isaac por este no

haber cancelado el arancel de presentación, sin antes instar una solicitud para
litigar en forma pauperis.
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irrazonables, ilegales, o simplemente contrarias a derecho. Super

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v.

Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).

      Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Superintendente, 201 DPR 26 (2018). Por ende, "los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior

responde a la vasta experiencia y al conocimiento especializado que

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados.

Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020).

      Por consiguiente, dada la presunción de corrección y

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas

mientras la parte que las impugna no produzca evidencia suficiente

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra. Al

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, aunque

esta no tiene que ser la única o la más razonable. Andrea Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

      Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

      Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de
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la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd.

Por tanto, si una parte afectada por un dictamen administrativo

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de

derrotar, con suficiente evidencia, que la decisión del ente

administrativo no está justificada por una evaluación justa del peso

de la prueba que tuvo ante su consideración. Capó Cruz v. Junta de

Planificación, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).

De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR

98, 118 (2003).

      B. Reglamento Núm. 9221

        La Regla 4, inciso 18 del Reglamento Núm. 9221 define la

función del Oficial Examinador y, en lo pertinente, le otorga facultad

para evaluar las solicitudes de reconsideración de sus propias

decisiones.

        De otra parte, el inciso 6 de la Regla 25 del referido reglamento

establece que “[c]ualquier declaración de testigos solicitada por el

querellado será presentada al Oficial Examinador. Solo el Oficial

Examinador puede determinar si un testigo debe comparecer a la

vista administrativa. Si se permite la presencia de testigos a una

vista administrativa, estos podrán ser sujetos a interrogatorio por el

Oficial Examinador.”

        Con respecto a la presentación de testigos durante la vista

administrativa, la Regla 31(3) dispone que, no es necesaria la

comparecencia de testigos a la referida vista si su conocimiento

sobre el incidente surge claramente de la querella disciplinaria, de

documentos suplementarios o del informe del Oficial de Querellas.

De otra parte, según el inciso 7 de la citada regla, la cantidad de

declaraciones y testigos a declarar durante la vista está sujeta a la

información que estos poseen y varía de caso en caso, conforme a

las    circunstancias   particulares.   Además,    autoriza   al   Oficial
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Examinador a excluir las declaraciones de testigos o a rehusarse a

llamar a un testigo a declarar, si su testimonio es impertinente,

innecesario o repetitivo.

                                  III.

      En su recurso, el Sr. Walker Isaac alega que, no pudo cumplir

con el Código 217 y estar presente durante el registro de su área de

vivienda debido a que, por órdenes del Sargento Castro, debía

permanecer en una celda seca ante la sospecha de que él poseía

contrabando, lo cual niega. Insiste en que, la Oficial Investigadora

no realizó correctamente sus labores investigativas al no permitirle

a sus tres testigos declarar durante la vista administrativa y al no

aceptar el dibujo o croquis con el cual pretende ilustrar el área

donde ocurrieron los hechos y la ubicación del recurrente, oficiales

y testigos, entre otros. Con relación al Código 233, el recurrente

rechaza haber ignorado la orden directa del Oficial Luis Vélez Flores,

quien, a su entender, debió haber sido traído a declarar durante la

vista por ser él quien intervino con el recurrente el día de los hechos.

Por todo lo anterior, solicita que dejemos sin efecto el dictamen

impugnado y que desestimemos la querella instada en su contra.

      Por su parte, el DCR se opone a la solicitud del recurrente y,

en síntesis, expone que la Oficial Examinadora tiene discreción para

denegar la comparecencia de testigos cuando su testimonio consta

en el expediente disciplinario. Asegura que, la Oficial de Querellas

cumplió con las responsabilidades derivadas de un procedimiento

disciplinario correccional. Añade que, disponer de los petitorios de

reconsideración es inherente al rol adjudicativo de un oficial

examinador. Finalmente arguye que, esta Curia no debe intervenir

con la apreciación de la prueba que realizó la Oficial Examinadora

en la medida en que sus determinaciones de hechos están

sustentadas en prueba sustancial.

      Al revisar sosegadamente el expediente presentado ante esta

Curia, en conjunto con las disposiciones del Reglamento Núm. 9221
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aplicables, concluimos que, ninguno de los errores que levantó el

recurrente en su recurso se cometieron. Nos explicamos.

       En el primer y tercer error, el recurrente cuestiona la

apreciación de la prueba que realizó la Oficial Examinadora al

hallarlo incurso en violaciones a los Códigos 217 y 233 del

Reglamento Núm. 9221. Particularmente con respecto al Código 233

(desobedecer una orden directa de un empleado del DCR),

reiteramos que, surge de la declaración de uno de los testigos del

recurrente, José M. Hernández González, que el Sr. Walker Isaac se

negó a entregar al Oficial Vélez el encendedor que llevaba en la

mano. Ello, a todas luces, constituye una desobediencia a un oficial

del DCR y representa una violación al Código 233 del Reglamento

Núm. 9221. En cuanto al Código 217 (interferir con el registro), el

recurrente en su declaración por escrito admitió haber continuado

su rumbo dentro de la cancha luego de ser inquirido y de contestar

al Oficial Vélez que llevaba en la mano un encendedor.11 Al así

actuar, infringió el Código 217. Es preciso aclarar que, la referida

infracción no es por la ausencia del recurrente durante el registro

de su área de vivienda sino por evadir el registro a su persona

coetáneo con su aceptación de que portaba un encendedor en la

mano.

       Ante dos señalamientos de error que versan sobre la

apreciación de la prueba que realizó la Oficial Examinadora es

preciso señalar que, en ausencia de la reproducción de la prueba

oral, y según las normas sobre deferencia judicial, esta Curia está

obligada a tomar como ciertas todas las determinaciones de hechos

realizadas por el foro administrativo por cuanto están sostenidas por

evidencia sustancial. El DCR no incurrió en el primer y tercer error.

       De otra parte, la Regla 25(6) del Reglamento Núm. 9221

concede a la Oficial Examinadora discreción para denegar la

comparecencia de testigos durante la vista administrativa, sin que

11 Apéndice de la Revisión Judicial, pág. 15.
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ello automáticamente represente una violación al debido proceso de

ley del recurrente. Surge del expediente que, durante la etapa

investigativa y, a tenor de la Regla 12(6) del Reglamento Núm. 9221,

el recurrente pudo presentar las declaraciones escritas de tres

miembros de la población correccional, quienes proveyeron sus

versiones sobre el incidente que dio curso a la querella de epígrafe.

Tal cual dispone la Regla 31(3) del referido reglamento, si el

conocimiento de dichos testigos sobre el incidente surge con

claridad de sus declaraciones escritas, la Oficial Examinadora no

está obligada a también requerir su comparecencia durante la vista

ante sí. En virtud de lo antes discutido, resolvemos que el segundo

error no se cometió.

      En lo que concierne al cuarto error, la Oficial de Querellas

cumplió con su deber de apercibir al Sr. Walker Isaac sobre sus

derechos y al rendir un informe luego de recopilar y documentar los

testimonios a favor y en contra del recurrente. En particular, obran

en el expediente las declaraciones escritas de los oficiales José

Mercado Almodóvar y Luis Vélez Flores; las declaraciones escritas

de los tres miembros de la población correccional y la declaración

escrita del propio Sr. Walker Isaac. Sobre tales bases decretamos

que no se configuró el referido error. De igual manera, concluimos

que el quinto error no se cometió debido a que el Reglamento Núm.

9221 -en su Regla 4(18)- faculta a la Oficial Examinadora a evaluar

y disponer sobre la solicitud de reconsideración de sus propios

dictámenes.

      En vista de lo anterior, colegimos que, el recurrente no nos ha

puesto en posición para revertir la determinación administrativa

impugnada.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución

recurrida.
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     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones