Court Opinion

ID: 9928513
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:21:13.395054+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:45.155165
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

  TERESITA C. RIERA                               Apelación
      CARRIÓN                                     procedente del
                                                  Tribunal de Primera
         Apelante            KLAN202300611        Instancia, Sala de
                                                  San Juan
             v.
                                                  Caso Núm.
    JUAN C. ALBORS                                K DI2008-1277
     LAHONGRAIS
                                              Sobre:
         Apelado                              Divorcio
                                              Trato Cruel
Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
Grana Martínez y la Jueza Santiago Calderón1

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

                                   I.

      Tras decretarse disuelto el matrimonio entre la Sra. Teresita

Riera Carrión y el Sr. Juan Carlos Albors Lahongrais, en mayo del

2014 el Tribunal de Primera Instancia estableció una pensión

alimentaria a favor de sus tres (3) hijos. Posteriormente, en junio del

2016, el señor Albors Lahongrais solicitó una modificación en la

pensión alimentaria de dos (2) de sus hijos.

      Ante la dificultad de llegar a un acuerdo sobre la modificación

de la pensión alimentaria y luego de que el Foro primario celebrara

varias vistas, las partes plantearon la posibilidad de llegar a un

acuerdo transaccional. A esos efectos, durante una vista celebrada

el 10 de octubre de 2018, la Examinadora de Pensiones Alimenticias

(EPA) les solicitó que presentaran por escrito su posible acuerdo

transaccional. Presentada la estipulación alcanzada por las partes,

la señora Riera Carrión expresó que había sido engañada

dolosamente sobre varios asuntos relacionados a la pensión

alimentaria.

1 Véase Orden Adm. OAJP-2021-086 de 4 de noviembre de 2021.

Número Identificador

SEN2022__________
KLAN202300611                                                       2

      Evaluados los planteamientos de las partes, el Foro primario

emitió Resolución y declaró “No Ha Lugar” la petición de la señora

Riera Carrión para que se anulara la estipulación de pensión

alimentaria suscrita por las partes. A su vez, el Tribunal de Primera

Instancia acogió el alegado acuerdo ofrecido. De dicha Resolución, la

señora Riera Carrión recurrió ante nuestra consideración. Atendido

su recurso, el 7 de julio de 2022 emitimos Sentencia --

KLAN202200108--. En dicha ocasión concluimos que:

      “[L]as partes sí llegaron a un preacuerdo el día de la
      vista ante la EPA, que fue libre y voluntario, sin
      embargo, no fue formalizado por las partes, ni la EPA
      realizó ninguna recomendación al foro primario para
      que lo evaluara y lo acogiera mediante sentencia.
      Resulta meritorio mencionar que, en convenios
      relacionados con pensiones alimentarias, el Tribunal
      deberá asegurarse que lo acordado por los padres no
      sea dañino para los menores. No surge del expediente
      que el Tribunal evaluara si lo acordado por las partes
      satisfacía adecuadamente las necesidades de los hijos.
      Por consiguiente, no habiendo un acuerdo suscrito y
      acogido por el foro primario entorno a la pensión
      alimentaria de los hijos habido entre las partes, procede
      devolver el caso para la continuación del procedimiento
      de revisión de pensión de alimentos ante la EPA”.

      El 14 de diciembre de 2022, transcrita el 23 de enero de 2023,

la EPA emitió por escrito el Informe de la Examinadora de Pensiones

Alimenticias. Allí sostuvo que, el 14 de diciembre de 2022, se había

celebrado una Conferencia sobre el estado de los procedimientos,

según el mandato emitido por el Tribunal de Apelaciones. Además,

estableció que, las partes habían estado de acuerdo en que procedía

la revisión de la pensión alimenticia por cambios sustanciales. Sin

embargo, tanto la señora Riera Carrión como el señor Albors

Lahongrais mantenían interpretaciones encontradas sobre la

determinación del Foro Apelativo. Por lo cual, la EPA concluyó referir

el asunto al tribunal para que determinara el curso a seguir en

cuanto al proceso se revisión pendiente. Finalmente, la EPA

coordinó fechas para comenzar el proceso de revisión.
KLAN202300611                                                     3

      El 24 de enero de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

emitió Orden y consignó que, no existiendo una estipulación formal

de pensión alimentaria, procedía referir el caso a la EPA para que

emitiera su recomendación y posteriormente el tribunal la evaluara.

A esos efectos, el 24 de marzo de 2023, la EPA rindió un segundo

Informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias. Según dicho

Informe, habiendo estado las partes asistidas de abogado al

momento del acuerdo informado y ratificado por las partes el 10 de

octubre de 2018, este se recomendaba por ser a favor de los

menores. En cuanto al monto de la pensión básica, se recomendó

una reducción a $2,544.58 mensuales por haber al momento solo

un menor de edad.

      El 23 de mayo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

emitió Resolución acogiendo el Informe de la EPA con sus

recomendaciones sobre el alegado acuerdo que habían llegado las

partes el 1 de noviembre de 2018. Insatisfecha, el 9 de junio de

2023, la señora Riera Carrión instó Moción de Reconsideración.

Arguyó que, lo que existía entre las partes era un preacuerdo.

Además, sostuvo que, ante ello, la EPA no estaba en posición de

atender aún el asunto.

      El 12 de junio de 2023, notificada el 13, el Foro a quo emitió

Orden declarando “No Ha Lugar” la Moción de Reconsideración.

Inconforme aún, el 13 de julio de 2023, la señora Riera Carrión

acudió ante nos mediante Recurso de Apelación. Plantea:

      ERRÓ EL TPI AL DICTAR UNA RESOLUCIÓN
      ACOGIENDO UNA PROPUESTA DE UNA PARTE
      COMO PENSIÓN ALIMENTARIA SIN CELEBRACIÓN
      DE VISTA, EN CRASO INCUMPLIMIENTO CON LA
      SENTENCIA DICTADA POR ESTE HONORABLE
      FORO, POR LO QUE LA RESOLUCIÓN DEL TPI ES
      CONTRARIA A DERECHO Y ES UN ABUSO DE LA
      DISCRECIÓN DEL FORO PRIMARIO.
      Por su parte, el 11 de agosto de 2023, el señor Albors

Lahongrais presentó ante nuestra consideración escrito intitulado
KLAN202300611                                                                 4

Alegato. Señala que, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a

seguir las directrices de este Honorable Tribunal, pues, una vez

devuelto el caso, la EPA evaluó el preacuerdo de las partes, preparó

su informe y recomendó la pensión alimentaria. Así considerado, el

Foro primario no había errado al emitir la Resolución acogiendo el

informe de la EPA en el mejor bienestar de los menores.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes y el

Derecho, procedemos a resolver.

                                      II.

       En Puerto Rico la obligación de los padres de proveer para los

alimentos de sus hijos menores está revestida del más alto interés

público.2 Dicha obligación, corolario del derecho a la vida

garantizado por el Artículo II, Secs. 1 y 7, de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se funda en principios

universalmente reconocidos de solidaridad humana, asociados al

derecho natural a la vida e imperativos de los vínculos familiares.3

       El derecho de los hijos no emancipados a recibir alimentos de

sus progenitores está expresamente estatuido en los artículos 658 y

590 del Código Civil de 2020.4 El concepto de alimentos que viene

obligado a proveer un alimentante incluye todo aquello que sea

indispensable para el sustento, habitación, vestido, recreación y

asistencia médica de una persona, según la posición social de la

familia.5 También incluye la educación de los alimentistas mientras

sean menores de edad e, inclusive, hasta que terminen alguna

2 Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137 (2012); Fonseca Zayas v. Rodríguez

Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011); Ferrer v. González, 162 DPR 172, 177 (2004);
Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145, 150 (2003); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa,
149 DPR 565, 572 (1999); Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 322 (1995); 8 LPRA
§ 502.
3 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 13 (2004); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 69

(2001); Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492, 498 (2000); Rodríguez
Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 621 (1986).
4 31 LPRA § 7541 y §7242.
5 Íd., § 7531; McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745-746 (2004); Argüello, 155

DPR, pág. 70; Chévere, 152 DPR, pág. 501; Mundo v. Cervoni, 115 DPR 422, 426
(1984).
KLAN202300611                                                                5

carrera iniciada en ese periodo.6            Además, las atenciones de

previsión acomodado a los usos y las circunstancias de su entorno

familiar y social y los gastos extraordinarios para la atención de sus

condiciones personales especiales.7 Incluye además la partida por

concepto de honorarios de abogado en una acción para reclamar

alimentos y los gastos del litigio.8

       La cuantía de los alimentos se fija de forma proporcionada, no

sólo a las necesidades del alimentista, sino también a los recursos

que el alimentante tiene a su disposición.9 En este sentido, el Art.

671 del Código Civil de 2020, establece que: “[l]a cuantía de los

alimentos se reduce o aumenta proporcionalmente según aumenten

o disminuyan las necesidades del alimentista y los recursos del

obligado”.10 Según      este    principio     de    proporcionalidad,       se

considerarán los recursos del obligado y la posición social de la

familia, así como también el estilo de vida que lleva el alimentante.11

De igual modo, al determinar la cuantía de una pensión alimenticia

se deben considerar aspectos tales como el estilo de vida del

alimentante, su capacidad para generar ingresos, la naturaleza y

cantidad de propiedades con que cuenta, la naturaleza de su empleo

o profesión y sus otras fuentes de ingreso.12 La modificación

periódica de las pensiones de los menores de edad se rige por

legislación especial complementaria,13 en este caso, la Ley Orgánica

de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de

30 de diciembre de 1986, según enmendada.14 Los mecanismos que

6 Argüello, 155 DPR, pág. 70; Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 266
(1985).
7 31 LPRA § 7532.
8 Íd., § 7534; Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4 (1983) [Fue revocado por

fundamentos no pertinentes a nuestra discusión].
9 Chévere, 152 DPR, pág. 534; Rodríguez, 117 DPR, pág. 621.
10 31 LPRA § 7567.
11 Fonseca, 180 DPR, pág. 632.
12 Ferrer, 162 DPR, págs. 179-180; Argüello, 155 DPR, págs. 72-73; Chévere, 152

DPR, págs. 502-504; Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 406, 412
(1993); López v. Rodríguez, 121 DPR 23, 33 (1988).
13 31 LPRA § 7567.
14 8 LPRA § 501 et seq.
KLAN202300611                                                                6

esta normativa establece tienen una naturaleza inherentemente

forzosa, pues van dirigidos principalmente a quienes no responden

con sus obligaciones alimentarias o para lograr adjudicar pensiones

cuando existe una disputa sobre la cantidad que los obligados deben

aportar.15

       Por otro lado, la Ley Núm. 5, autoriza la adopción de guías

para determinar y modificar las pensiones alimentarias de los

menores de edad.16 En virtud de ello, la Administración para el

Sustento de Menores adoptó el Reglamento Núm. 8529 de 30 de

octubre      de    2014,17   que   establece     las   guías    mandatorias

correspondientes para la fijación de pensiones alimentarias en

nuestra jurisdicción. Así, a través de un descubrimiento de prueba

amplio y compulsorio sobre la situación económica de las partes, las

Guías permiten establecer de manera uniforme y equitativa la

aportación monetaria de cada parte mediante criterios numéricos y

descriptivos que toman en consideración los ingresos de los

obligados y las necesidades de los menores.18

       La cuantía de la pensión debe ser determinada, en primera

instancia, utilizando dichas guías.          No obstante, si el tribunal

determina que la aplicación de las guías resultaría en una pensión

alimentaria injusta o inadecuada, así lo hará constar en su

resolución y procederá a determinar la pensión alimentaria luego de

considerar, entre otros, los siguientes factores: (1) los recursos

económicos de los padres y del menor; (2) la salud física y emocional

del menor, y sus necesidades y aptitudes educacionales o

vocacionales; (3) el nivel de vida que hubiera disfrutado el menor si

la familia hubiera permanecido intacta; (4) las consecuencias

15 De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 176 (2016).
16 8 LPRA § 518.
17 Enmendado por el Reglamento Núm. 8564 a fin de corregir errores clericales o

tipográficos.
18 De León, 195 DPR, pág. 170, Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR

550, 564 (2016).
KLAN202300611                                                                  7

contributivas para las partes, cuando ello sea práctico y pertinente;

y (5) las contribuciones no monetarias de cada padre al cuidado y

bienestar del menor.

         El Art. 13 de la Ley Núm. 5, dispone además la creación de un

procedimiento expedito, ello con el fin de reducir el tiempo de

tramitación del proceso judicial de fijación o modificación de

pensiones alimentarias.19 Provee para la designación por parte del

Juez     Presidente    del   Tribunal    Supremo       de   un    número      de

examinadores, adscritos a la Sala Superior del Tribunal de Primera

Instancia, para presidir las vistas sobre pensiones alimentarias.20

Éstos     tienen   a    su   vez    la   facultad    expresa      para    hacer

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho y recomendar

remedios al Juez en casos de alimentos y filiación.21 Así, le

corresponde a éstos conducir los procedimientos judiciales para el

descubrimiento de prueba sobre la situación económica del

alimentante y alimentista.22 Una vez el Examinador de Pensiones

Alimentarias somete al Tribunal sus determinaciones de hechos,

sus conclusiones de derecho y su recomendación sobre el monto de

la pensión, éste puede acogerlas o hacer las suyas propias, con o sin

vista previa y emitir la orden, resolución o sentencia que

corresponda.23

         Por otro lado, como norma general un Tribunal debe aceptar

los convenios y estipulaciones a las que lleguen las partes. Sin

embargo, el examen de las estipulaciones por el tribunal cobra

mayor relevancia cuando se relaciona con la pensión de un menor.

En estos casos, el Tribunal debe asegurarse de que el convenio no

es dañino para el menor porque satisface adecuadamente sus

necesidades, así como que el alimentante tiene medios económicos

19 8 LPRA § 512.
20 Íd.
21 Íd.
22 Íd., § 515.
23 Íd., § 517 (5); Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 603-604 (2003). Énfasis nuestro.
KLAN202300611                                                                 8

suficientes para cumplir.24 Es por ello que, a diferencia de otras

estipulaciones a las que lleguen las partes, los acuerdos de

alimentos    no    constituyen     cosa      juzgada   y   están   sujetos    a

revisión.25 Así considerado, la pensión alimentaria (acordada por

las partes y aceptada por el tribunal mediante estipulación) puede

ser   alterada    cuando     existe    un     cambio   sustancial     en     las

circunstancias que originaron el convenio.26

                                      III.

       En el presente caso, la señora Riera Carrión sostiene que erró

el Foro primario al emitir una Resolución acogiendo la pensión

alimentaria recomendada por la EPA a base del preacuerdo

informado en octubre de 2018. Le asiste razón. Veamos por qué.

       Como relacionamos previamente, mediante la Sentencia que

emitimos el 7 de julio de 2022, concluimos que entre las partes

solamente existía un preacuerdo. Así considerado, devolvimos el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que continuara los

procedimientos. Una vez recibido el mandato, el 24 de enero de

2023, el Foro primario le ordenó a la EPA que emitiera sus

recomendaciones. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2022, la EPA

celebró una Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos en el

que ambas partes habían estado de acuerdo en que al momento

existían cambios sustanciales en las circunstancias del caso que

requerían la revisión de la pensión alimenticia. Ante tales

circunstancias, la EPA coordinó varias fechas para comenzar un

nuevo proceso de revisión.

       No obstante, tras la Orden del 24 de enero de 2023, la EPA

realizó un nuevo Informe. Allí, formuló sus recomendaciones a base

24 Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61 (1987). Véase, además, Guías

para Uniformar el Procedimiento de Divorcio por Consentimiento Mutuo,
Conferencia Judicial de Puerto Rico, mayo 1988, pág. 32.
25 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93 (2019); McConnell v. Palau, 161

DPR 734 (2004).
26 Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61 (1987).
KLAN202300611                                                         9

del preacuerdo realizado en el 2018. Posteriormente y de nuevo

sin celebrar vista, el Foro primario emitió Resolución acogiendo

totalmente las recomendaciones de la EPA. Si bien es cierto que, una

vez la EPA emite sus recomendaciones, el Tribunal de Primera

Instancia puede acogerlas con o sin la celebración de una vista

previa y emitir resolución, en este caso existen circunstancias que

ameritaban auscultar la situación económica de las partes y la

necesidad del menor en la actualidad.

      El Foro primario no podía descansar en el preacuerdo que las

partes habían llegado hace cinco (5) años. De la propia Resolución

se desprende que no va acorde con la realidad. De las constancias

del expediente se destaca al menos, que, al presente, dos de los tres

hijos advinieron a la mayoría de edad y el que aún es menor,

comenzó     sus   estudios   universitarios.   Más   aún,   las   partes

coincidieron en comenzar un nuevo proceso de revisión. Ante ello,

no podía el Foro primario utilizar un preacuerdo que había perdido

su valor. En su lugar, debió continuar el proceso de revisión en el

mejor bienestar del menor. Al actuar en contravención de lo antes

mencionado, erró el Tribunal de Primera Instancia.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia

apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí

resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez emite por escrito

Voto Disidente.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

  TERESITA C. RIERA                                Apelación
      CARRIÓN                                      procedente del
                                                   Tribunal de Primera
         Apelante                                  Instancia, Sala de
                                                   San Juan
            v.
                             KLAN202300611
                                                   Caso Núm.
    JUAN C. ALBORS                                 K DI2008-1277
     LAHONGRAIS
                                                   Sobre:
         Apelado                                   Divorcio
                                                   Trato Cruel

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
Grana Martínez y la Jueza Santiago Calderón1

       VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil aprobada y adoptada por

el Tribunal Supremo de Puerto Rico según recomendación del

Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil en

el 2009 disponía:

      Todo     procedimiento   de    apelación,    certiorari,
      certificación, y cualquier otro procedimiento para
      revisar sentencias y resoluciones se tramitará de
      acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas
      que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión.

      Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
      expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
      revisada en el recurso de apelación que se interponga
      contra la sentencia, sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
      sobre los errores no perjudiciales.

In re Aprobación Rs. Proc. Civil, 176 DPR 673, 804 (2009). (Énfasis
nuestro).

1 Véase la Orden Adm. OAJP-2021-086 de 4 de noviembre de 2021.
KLAN202300611                                                       2

      La intención de la normativa era circunscribir la revisión de

las resoluciones u órdenes interlocutorias solamente a cuando se

recurriese de una resolución u orden relacionada a remedios

provisionales, injunction o la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. El objetivo era permitir que los procesos ante los foros

de primera instancia transcurrieran sin dilaciones innecesarias

sobre asuntos que se podrían corregir en la marcha ante el propio

foro o eventualmente en un recurso apelativo.

      La Regla sufrió enmiendas ante la consideración de la

Legislatura, quien eventualmente aprobó el Proyecto de Reglas de

Procedimiento     Civil,   enmendando        algunas     de    estas.

Específicamente, en cuanto a la Regla 52.1 se amplió el alcance

previsto por el Tribunal Supremo para añadir, por excepción, la

revisión de órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurriese de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía

o en casos de relaciones de familia.2

      En la discusión sobre la enmienda propuesta por la

Legislatura a la Regla 52.1, según adoptada por el Tribunal

Supremo, reconocía el entonces Juez Presidente del Tribunal

Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton que, “como

parte del esfuerzo para agilizar la adjudicación de los procesos

civiles, la Regla 52.1 reduce las situaciones en que se pueden

expedir autos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones

interlocutorias, limitándose a resoluciones dispositivas.” Expresaba,

además, que las limitaciones que se proponían disminuían la

práctica de solicitar revisión de órdenes y resoluciones que no

adelantaban el proceso, sino que más bien lo prolongaban y creaban

2 Ley 220-2009.
KLAN202300611                                                            3

dilaciones injustificadas en los pleitos ordinarios. Con acierto, el ex

juez del Tribunal de Primera Instancia y Vicepresidente de Comité

Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, Héctor J.

Conty Pérez, expresaba que “[a]ctualmente los calendarios de los

jueces y juezas están supeditados a que una parte recurra al

Tribunal de Apelaciones para revisar cualquier orden o resolución

dictada en el caso, ya sea temprano en el pleito, durante o hasta en

pleno juicio. Este mecanismo dilatorio es el arma más efectiva que

puede tener una parte para cansar a otra que no tenga los recursos

suficientes para mantenerse litigando en un pleito perennemente.3

       Las limitaciones propuestas a la regla respondían a la

necesidad de agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, durante

la discusión del proyecto, las Comisiones Legislativas propusieron

enmendar la regla para ampliar su aplicación y permitir las

apelaciones de resoluciones interlocutorias, en ciertos casos por

excepción. Así también, poco tiempo después, nuevamente, la

Legislatura se insertó en la discusión de la reglamentación procesal

civil ante los tribunales y aprobó la Ley 177-2010, para enmendar

la Regla 52.1 y ampliar aún más el alcance de la revisión de órdenes

o resoluciones, en esta ocasión, a aquellas que revistan de interés

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

       Finalmente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil hoy dispone

que:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
       obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
       el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
       sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

3 Informe Positivo sobre el P. de la C. 2249, 11 de noviembre de 2009.
KLAN202300611                                                                4

       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés público o en
       cualquier otra situación en la cual esperar a la
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
       certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
       tiene que fundamentar su decisión.
       32 LPRA Ap. V.

       Por lo tanto, aun cuando la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

se enmendó para ampliar el ámbito de revisión de resoluciones u

órdenes interlocutorias, no podemos perder de perspectiva que el

objetivo primordial de la enmienda a las Reglas de Procedimiento

Civil de 1979 era agilizar los procedimientos judiciales.4

       La razón de ser de la enmienda a las reglas es particularmente

importante a la luz de que cada norma tiene un propósito basado en

un principio general de derecho que la inspira, una razón de ser, un

objetivo particular, una política pública que la subyace a la mera

literalidad. La eficiencia y funcionalidad del sistema requiere que los

jueces no solo apreciemos la norma en su sentido literal, sino que

también auscultemos su propósito para que la interpretación y

aplicación a nivel judicial sea cónsona con sus delineamientos.5

       Ciertamente, estamos ante una resolución interlocutoria en

un caso de familia. A mi entender, correctamente el foro primario

hizo el arduo ejercicio de aplicar la resolución de este tribunal en el

KLAN202200108. Producto de dicha resolución, a mi pesar, un

tanto confusa, la peticionaria interpretó que este tribunal les

encomendó a obviar el acuerdo estipulado por las partes en la vista

de 10 de octubre de 2018, el recurrido interpretó que habíamos

compelido a formalizar el acuerdo y el foro recurrido concluyó que

nuestro llamado era a auscultar, si previo a la formalización del

acuerdo, analizar si este beneficiaba a los menores. En aquel

4 Véase, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2nda edición,
USA, Publicaciones JTS, 2011, Tomo I, pág. 11.
5 E. Rivera García, Compendio sobre el sistema acusatorio; reflexiones sobre el

debido proceso legal y la protección a los derechos fundamentales en el sistema
acusatorio, Publicaciones Gaviota, págs. 17-18.
KLAN202300611                                                     5

entonces, la frase “la continuación de los procedimientos de

conformidad con lo aquí resuelto”, encontró una variedad de

interpretaciones que, lejos de agilizar los procesos, sirvieron para

alargar y complicar los mismos. No puedo avalar tal curso

nuevamente, no creo prudente continuar guiando los procesos ante

el foro recurrido. En mi opinión, no existen los criterios que deban

motivar nuestra intervención, una vez más, en este asunto. Si las

circunstancias cambiaron, debido al tiempo que le ha tomado a este

foro la solución de la controversia que se nos presentó, corresponde

a las partes plantearlo ante el foro primario, a este atenderlo de

manera definitiva y entonces podrá ser revisado ante este tribunal.

Solo así garantizaremos el objetivo de la norma, en un área de

derecho para la cual es trascendental que los procesos judiciales

funcionen rápidamente. Por tal razón, denegaría la expedición del

recurso.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

                    Grace M. Grana Martínez
                Jueza del Tribunal de Apelaciones