Court Opinion

ID: 9916149
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:21.911484+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:09.752581
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL III

EDWIN PÉREZ HERNÁNDEZ                               Certiorari
POR SÍ Y COMO MIEMBRO                               procedente del
   DEL CONSEJO DE                                   Tribunal de
    TITULARES DEL                                   Primera Instancia,
  CONDOMINIO LAGUNA                                 Sala Superior de
PLAZA Y EL CONSEJO DE           KLCE202301201       San Juan
    TITULARES DEL                                   Civil Núm.:
  CONDOMINIO LAGUNA                                 SJ2023CV05760
        PLAZA
                                                    Sobre:
       Recurridos                                   Sentencia
                                                    Declaratoria;
           v.                                       Afectación
                                                    Servidumbres de
    PASEO CARIBE                                    Paso; Obligaciones
COMMERCIAL, LLC; LAS                                y Contratos;
   BRISAS PROPERTY                                  Cumplimiento
                                                    Específico;
MANAGEMENT, INC.; USA                               Injunction;
  PARKING OF PUERTO                                 Estorbos Públicos;
 RICO, INC.; GEORGE,                                Menoscabo a
         LLC                                        Derecho de Acceso
                                                    Público en Bien de
     Peticionarios                                  Dominio Público

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

     Comparecen        Paseo    Caribe        Commercial,    LLC;     Las

Brisas Property Management, Inc., en adelante Paseo

Caribe y Las Brisas, en conjunto las peticionarias, y

solicitan que revoquemos la Resolución emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en

adelante   TPI.     Mediante     la    misma,     el   TPI   denegó   la

Segunda Moción de Desestimación,                 presentada por las

peticionarias, por entender que la demanda enmendada

presentada    por    el    señor      Edwin    Pérez   Hernández,     en

adelante el señor Pérez, por sí y como miembro titular

del Consejo de Titulares del Condominio Laguna Plaza y

Número Identificador

RES2023_________________
KLCE202301201                                                                           2

el Consejo de Titulares del Condominio Laguna Plaza,

en conjunto los recurridos, “son suficientes al amparo

del        estándar         para     evaluar             las        mociones          de

desestimación, para sostener las reclamaciones de los

remedios solicitados”.1

       Por       los        fundamentos             que        expondremos             a

continuación, se deniega la expedición del recurso de

certiorari.

                                         -I-

       Los recurridos presentaron una demanda enmendada

sobre injuction preliminar y permanente, Artículo 277

del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico y

menoscabo al derecho de acceso público a un bien de

dominio público contra las peticionarias.2

       Transcurridos          varios          trámites         procesales,            que

resulta      innecesario           pormenorizar           para       resolver         la

controversia ante nuestra consideración, Paseo Caribe

y    Las    Brisas     presentaron            una   Segunda         Solicitud          de

Desestimación.3 En síntesis, alegaron que luego de la

suscripción del Convenio Preliminar de Reconocimiento

de    Acceso     Público       a    Perpetuidad           e    Irrestricto            del

Pueblo      de   Puerto       Rico       al    Fortín         San    Jerónimo         de

Boquerón, en adelante Convenio, el Tribunal Supremo de

Puerto      Rico,      en    adelante         TSPR,       resolvió         que    “los

terrenos ganados al mar en el Condado Bay Parcel y el

Coast Guard Parcel fueron debidamente desafectados”.4

Además, rechazan el reclamo sobre la existencia de una

servidumbre       de    paso       por    signo       aparente        porque          San

Gerónimo      Caribe        Project,      Inc.      no    es    titular          de    la

finca       gravada.        Así     pues,        entienden           que     no        es

1 Apéndice de las peticionarias, págs. 619-620.
2 Id., págs. 340-449.
3 Id., págs. 551-569.
4 Véase, San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, 174 DPR 518 (2008).
KLCE202301201                                                                        3

justiciable             otorgar           una     escritura            pública       de

servidumbre de paso porque el Convenio fue suscrito

por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y no por

los recurridos. Por último, alegaron que no se han

consumado los requisitos que dispone el Art. 277 del

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933,

según     enmendado,              para    declarar          estorbo     público      el

tránsito vehicular que entra y sale por el Camino, ni

el     servicio         de    “valet       parking”,         ni    los    vehículos

estacionados en el área.

        Por    su       parte,       los        recurridos        presentaron        su

oposición a la solicitud de desestimación.5 Afirmaron

que las alegaciones contenidas en la Segunda Demanda

Enmendada6 están en controversia. En resumen, adujeron

que con el          Convenio         se acordó          el acceso público a

perpetuidad         e    irrestricto            al     Camino     y     que    así   lo

reconoció el TSPR en San Gerónimo Caribe Project v.

ELA     I,    supra,         de    manera        que    se     dispuso        para   la

creación de una servidumbre de naturaleza personal.

También arguyeron que, al adquirir la parcela mediante

escritura      con       fecha       de    5     de    abril      de    2021,    Paseo

Caribe inscribió en el Registro de la Propiedad el

derecho       de    paso         como     un     gravamen.        Por    lo     tanto,

sostienen que Paseo Caribe reconoció la servidumbre de

paso antes de que prescribiera el Convenio en el año

2022 y que procede otorgar la escritura de servidumbre

de    paso.    Por       otro       lado,       alegaron       que      conforme     al

Convenio, “el derecho de acceso público a perpetuidad,

e irrestricto al Fortín solo puede ser limitado por

aquellas      normas         y     reglas       que    el    gobierno     determine

5   Apéndice de las peticionarias, págs. 596-611.
6   Id., págs. 340-449.
KLCE202301201                                                                         4

pertinentes             establecer    para      el        bien    y        el    orden

público,       y    para     la     conservación          y     protección          del

Fortín”.       Finalmente,           en   su        opinión,          el    tránsito

vehicular que entra y sale por el Camino, así como el

servicio           de     “valet      parking”            y     los        vehículos

estacionados en el área, interrumpen el libre uso de

la propiedad de dominio público y, por ende, deben ser

declarados estorbos públicos.

        Con   el        beneficio    de   la    comparecencia               de    ambas

partes,       el    TPI     la    declaró      no    ha       lugar    la       Segunda

Solicitud de Desestimación.7

        Inconformes,         las     peticionarias             presentaron          una

solicitud de certiorari en la que invocan la comisión

de los siguientes errores:

        ERRÓ EL TPI EN SU RESOLUCIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE
        DE 2023 AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA MOCIÓN DE
        DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENMENDADA AL NO
        DETERMINAR QUE LA CAUSA DE ACCIÓN PROMOVIDA POR
        LA PARTE RECURRIDA BASADA EN QUE EL CAMINO FUE
        OBJETO DE AFECTACIÓN -Y QUE AHORA ES UN BIEN DE
        DOMINIO PÚBLICO- NO PROCEDE COMO CUESTIÓN DE
        DERECHO.

        ERRÓ EL TPI EN SU RESOLUCIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE
        DE 2023 AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA MOCIÓN DE
        DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENMENDADA AL NO
        DETERMINAR QUE TAMPOCO PROCEDE, COMO CUESTIÓN DE
        DERECHO, LA CAUSA DE ACCIÓN PROMOVIDA POR LA
        PARTE RECURRIDA BASADA EN QUE SE DECLARE QUE EL
        CAMINO ES UNA SERVIDUMBRE DE PASO POR SIGNOS
        APARENTES.

        ERRÓ EL TPI EN SU RESOLUCIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE
        DE 2023 AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA MOCIÓN DE
        DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENMENDADA AL NO
        DETERMINAR QUE LA CAUSA DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
        ESPECÍFICO INSTADA POR LA PARTE RECURRIDA NO ES
        JUSTICIABLE Y QUE, POR ELLO, EL TPI CARECE DE
        JURISDICCIÓN SOBRE LA MISMA.

        ERRÓ EL TPI EN SU RESOLUCIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE
        DE 2023 AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA MOCIÓN DE
        DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENMENDADA AL NO
        DETERMINAR QUE LOS REMEDIOS SOLICITADOS POR LA
        PARTE RECURRIDA CONTRA LA OPERACIÓN DEL VALET
        PARKING EN CONTROVERSIA TAMPOCO PROCEDEN, COMO
        CUESTIÓN   DE  DERECHO,   TANTO   POR  FALTA   DE
        JUSTICIABILIDAD COMO POR DEJAR DE EXPONER UNA
        RECLAMACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN
        REMEDIO.

7   Id., págs. 619-622.
KLCE202301201                                                                 5

        Posteriormente, George LLC solicitó unirse a la

petición de certiorari de epígrafe, también reclamando

la desestimación de la demanda enmendada.8

        Luego de examinar los escritos de las partes y

los documentos que los acompañan, estamos en posición

de resolver.

                                  -II-

                                      A.

        Como   cuestión     de        umbral,    la     Regla    52.1        de

Procedimiento       Civil     establece          el    alcance         de    la

revisión discrecional de las resoluciones u órdenes

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia en los siguientes términos:

        El   recurso    de    certiorari    para    revisar
        resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas
        por el Tribunal de Primera Instancia, solamente
        será expedido por el Tribunal de Apelaciones
        cuando se recurra de una resolución u orden bajo
        las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la
        denegatoria    de   una    moción    de    carácter
        dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
        dispuesto    anteriormente,    el    Tribunal    de
        Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
        sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
        peritos    esenciales,    asuntos    relativos    a
        privilegios    evidenciarios,     anotaciones    de
        rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
        casos que revistan interés público o en cualquier
        otra situación en la cual esperar a la apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la
        justicia.[…].9

                                      1.

      Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento        Civil,       supra,        corresponde        a        este

tribunal intermedio determinar si procede revisar la

determinación interlocutoria recurrida.

        A   esos   efectos,      el    auto     de    certiorari       es    el

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

8   Id., págs. 450-469.
9   Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202301201                                                           6

derecho cometido por un tribunal inferior.10 Distinto

al   recurso    de    apelación,      el    tribunal      de    superior

jerarquía    tiene    la   facultad        de   expedir    el   auto   de

certiorari     de    manera   discrecional,        por     tratarse    de

ordinario    de     asuntos   interlocutorios.            Sin   embargo,

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable,

procurando siempre lograr una solución justiciera.11

     Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

     El Tribunal tomará en consideración los siguientes
     criterios al determinar la expedición de un auto
     de certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
         son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
         craso y manifiesto en la apreciación de la
         prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los
         cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
         elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se
         presenta el caso es la más propicia para su
         consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa no causan un fraccionamiento
         indebido del pleito y una dilación indeseable
         en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar   causa evita  un  fracaso  de  la
         justicia.12

                                 B.

      La desestimación es un pronunciamiento judicial

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el

10 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
11 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019);

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008);
Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
12 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301201                                                                  7

demandante    sin     celebrar        un      juicio       en     su    fondo.13

Cónsono     con     dicho       propósito,       la        Regla       10.2    de

Procedimiento Civil permite a un demandado presentar

una moción antes de presentar su contestación a la

demanda,     solicitando        que    se      desestime          la    misma.14

Específicamente,       la        Regla        10.2     reconoce          varios

supuestos    bajo    los    cuales       es    posible       solicitar        una

desestimación, a saber:

     … (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2)
     falta de jurisdicción sobre la persona; (3)
     insuficiencia      del     emplazamiento;     (4)
     insuficiencia     del    diligenciamiento     del
     emplazamiento;   (5)   dejar   de   exponer   una
     reclamación que justifique la concesión de un
     remedio; (6) dejar de acumular         una parte
     indispensable.15

     Al    solicitar       la    desestimación,            “los    tribunales

vienen obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos

de la forma más favorable a la parte demandante”.16 En

consecuencia,       nuestro       ordenamiento             procesal       civil

permite al demandado solicitar la desestimación de la

reclamación cuando de las alegaciones de la demanda es

evidente     que    alguna       de    las      defensas          afirmativas

prosperará.17

     Finalmente, ante una solicitud de desestimación,

el   tribunal      deberá       identificar          los    elementos         que

establecen la causa de acción y las meras alegaciones

13 Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico
Derecho Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis (2017),
sec. 3901, pág. 411; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240,
247 (2022).
14 Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305; 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra.
15 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

(Énfasis suplido).
16 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); González

Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera
Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). Véase,
además, Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, 2023 TSPR 5,
211 DPR ___ (2023).
17 Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020);

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).
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concluyentes que no pueden presumirse como ciertas.18

Así pues, para prevalecer, el demandado deberá probar

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno,

aun interpretando la demanda de la manera más liberal

a su favor.19

                                     -III-

      Los       peticionarios         alegan        que      luego        de   la

suscripción del Convenio Preliminar de Reconocimiento

de   Acceso      Público      a    Perpetuidad        e    Irrestricto         del

Pueblo    de     Puerto       Rico    al    Fortín        San     Jerónimo     de

Boquerón, en adelante Convenio, el TSPR resolvió que

“los terrenos ganados al mar en el Condado Bay Parcel

y    el     Coast       Guard        Parcel         fueron            debidamente

desafectados”.20 Además, arguyen que el reclamo sobre

la existencia de una servidumbre de paso por signo

aparente es improcedente porque San Gerónimo Caribe

Project, Inc. no es titular de las fincas del Pueblo

de Puerto Rico, entre las que se encuentra la finca

gravada.        Por    otra       parte,     aducen        que    el     reclamo

instado,      referente       a    que     se    otorgue        una     escritura

pública     de    servidumbre        de     paso,     no    es        justiciable

porque el Convenio fue suscrito por el Instituto de

Cultura Puertorriqueña y no por los recurridos. Del

mismo modo, argumentan que la otra parte suscribiente

no fue Paseo Caribe, sino San Gerónimo Caribe Project,

Inc.,     que     no    es    parte        del    pleito         de     epígrafe.

Finalmente, sostienen que no se debe declarar estorbo

público el tránsito vehicular que entra y sale por el

18 Véase, Hernández Colón, op. cit., sec. 2604, pág. 307; Ashcroft
v. Iqbal, 556 US 662 (2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550
US 544 (2007).
19 López García v. López García, supra; SLG Sierra v. Rodríguez,

163 DPR 738, 746 (2005). Véase, además, Cobra Acquisitions, LLC
v. Mun. Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022).
20 Véase, San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra.
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Camino,      ni   el    servicio         de       “valet       parking”,        ni     los

vehículos estacionados en el área, en tanto, no se han

cumplido los requisitos que dispone el Art. 277 del

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933,

según enmendado.

        En   cambio,        los    recurridos         insisten          en     que     los

peticionarios          no    presentaron             fundamento          en    derecho

alguno que establezca que un bien desafectado no puede

revertir      a   su    cualidad             de    dominio           público       y   ser

afectado posteriormente. Alegan que                                en San Gerónimo

Caribe Project v. ELA I, supra, el TSPR estableció que

la clasificación de un terreno en cuanto a su uso y

destino no es inmutable. Del mismo modo, reiteran que

Paseo    Caribe    adquirió             la    finca       en       controversia        con

conocimiento       de       la     existencia         del          gravamen     por     un

derecho de acceso público e irrestricto a favor del

Pueblo de Puerto Rico y que, por esta razón, adquirió

la clasificación jurídica de bien de dominio público

por     afectación.          También,             aducen       que     el      Convenio

otorgado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña es

suficiente para que se declare el Camino como uno de

acceso y uso público. De modo, que es innecesario que

San Gerónimo Caribe Project, Inc. sea titular de las

fincas del Pueblo de Puerto Rico para que exista la

servidumbre de paso por signo aparente. Así pues, les

resulta      pertinente           que    se       ordene       a    Paseo     Caribe    a

otorgar una escritura que contenga las condiciones que

ostenta      el   Instituto             de    Cultura              Puertorriqueña        a

beneficio del Pueblo de Puerto Rico sobre el predio en

controversia.           Por        otro           lado,        aducen        que       los

peticionarios transitan y estacionan vehículos en el

Camino, lo que menoscaba y restringe el paso, su uso y
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disfrute. Finalmente, los recurridos arguyen que, como

residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

tienen legitimación activa por haberse constituido a

su beneficio un derecho de acceso público irrestricto

y   a    perpetuidad        conforme      a   lo     dispuesto    en   el

Convenio, la escritura suscrita por Paseo Caribe y la

decisión del TSPR en San Gerónimo Caribe Project v.

ELA I, supra.

        Sin    embargo,      de    la     lectura     atenta     de    los

documentos que obran en autos se desprende que el TPI

procedió conforme al estándar de la Regla 10.2 (5) de

Procedimiento Civil, supra, al declarar no ha lugar la

segunda       moción   de   desestimación          presentada    por   las

peticionarias. Por consiguiente, la disposición de la

decisión recurrida no es contraria a derecho. Regla

40(A)    del     Reglamento       del   Tribunal      de   Apelaciones,

supra.

        Por otra parte, la etapa en que se presenta el

recurso no es la más propicia para su consideración,

por lo que la controversia ante nos no está madura

para su propia adjudicación. Regla 40(E)del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra.

        Finalmente, no encontramos ninguna situación, al

amparo de los restantes criterios de la Regla 40, que

justifique la expedición del auto.

                                   -IV-

        Por los fundamentos antes expuestos, se deniega

la expedición del recurso de certiorari.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones