Court Opinion

ID: 9408101
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:17:23.751833+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.671431
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        PANEL III

            CENTRO MÉDICO DEL                               Certiorari
          TURABO INC. H/N/C HIMA                            procedente del
            SAN PABLO FAJARDO                               Tribunal de Primera
                                                            Instancia, Sala
                       RECURRIDO                            Superior de
                                                            San Juan
                          v.
                                                       Caso núm.:
             TRIPLE-S SALUD, INC.                      SJ2023CV00834
                                                       (906)
                                         KLCE202300378
                                                       SJ2022CV08198
                   PETICIONARIO          KLCE202300453 (908)
                                         KLCE202300469 SJ2023CV00867
                                                       (908)

                                                            Sobre:
                                                            Cobro de Dinero
                                                            Regla 60 de las
                                                            Reglas de
                                                            Procedimiento Civil
                                                            2009, según
                                                            enmendada

         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
         Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                      SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

                La peticionaria, Triple-S Salud, Inc., solicita que revisemos la

         denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a convertir al

         procedimiento ordinario, los casos que el Centro Médico del Turabo

         presentó en su contra al amparo de la Regla 60 de Procedimiento

         Civil, 32 LPRA Ap. V. Además, cuestiona la denegatoria del Tribunal

         de Primera instancia a consolidarlos.

                La aseguradora ha traído ante nuestra consideración los

         recursos KLCE202300378, KLCE202300453 y KLCE202300469

         sobre el mismo asunto. El 26 de mayo de 2023, ordenamos la

         consolidación de los tres recursos en el ejercicio de la autoridad

         conferida en la Regla 80.l del Reglamento del Tribunal de

         Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, y de acuerdo con los criterios de la

         Regla 38.1 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V.

Número Identificador

SEN2023________________
KLCE202300378
KLCE202300453                                                        2
KLCE202300469

        El recurrido, Centro Médico del Turabo, presentó su oposición

en los recursos KLCE202300378 y KLCE202300469. No obstante,

no presentó oposición en el KLCE202300453, en el término

concedido.

                                   I.

        Los hechos procesales pertinentes para atender y resolver este

recurso son los siguientes.

        El 30 de enero de 2023, el recurrido presentó la demanda

correspondiente al KLCE202300378, basada en una reclamación de

cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V. El Centro Médico solicitó al TPI que ordenara a la

peticionaria a pagarle la cantidad de $10,374.20 por los servicios

médicos ofrecidos a la paciente YMR desde el 30 de enero de 2018

al 7 de febrero de 2018. El recurrido adujo que la paciente era

beneficiaria del plan Triple-S Advantage y la aseguradora se negaba

a pagar los servicios prestados.

        El Centro Médico del Turabo también presentó ese día la

demanda correspondiente al recuso KLCE202300469, al amparo de

la Regla 60, supra. El recurrido alegó que Triple-S le debía mil ciento

cuarenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos ($1,145.35)

por los servicios ofrecidos a otro paciente del 22 al 28 de enero de

2018.

        El 13 de septiembre de 2022, el recurrido presentó otra

demanda contra Triple-S al amparo del procedimiento sumario de la

Regla 60, supra. El Centro Médico del Turabo alegó que la

aseguradora le adeudaba siete mil quinientos dólares ($7,500.00)

por los servicios médicos ofrecidos a un paciente del 1 al 11 de marzo

de 2018.

        La peticionaria alegó en todos los casos que, el procedimiento

debía convertirse en ordinario, porque el recurrido pretendía

fragmentar una reclamación de millones de dólares, compleja y
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altamente técnica. Triple-S argumentó que el recurrido intentaba

evitar el descubrimiento de prueba porque sabía que su reclamo no

tenía méritos. La aseguradora arguyó que el Centro Médico presentó

múltiples demandas porque estaba en desacuerdo con la revisión de

las facturas del contrato del año 2018. Triple-S argumentó que el 18

de marzo de 2022 le informó al recurrido que realizó el proceso

alterno acordado y que únicamente procedía el pago de unos dos

millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos veinte y

cinco dólares con setenta centavos ($2,459,325.70). La peticionaria

alegó que el recurrido facturó por servicios que había pagado y por

otros que no procedían contractualmente.

      Triple-S sostuvo que el recurrido presentó las reclamaciones

individualmente, pero todas surgen de los mismos hechos y de la

misma   relación   contractual.   La   aseguradora   adujo   que   la

controversia no debe resolverse sumariamente, porque el tribunal

tiene que hacer una determinación sobre miles de facturas. La

peticionaria sostuvo que evaluó las reclamaciones conforme al

proceso interno de revisión acordado contractualmente y que las

facturas fueron objeto de varios años de negociaciones, en los que

le adelantó cinco millones ochocientos mil dólares ($5,800,000.00)

al recurrido. Finalmente, alegó que es el recurrido el que le adeuda

dinero a Triple-S por los adelantos recibidos, y que es necesario

realizar un descubrimiento de prueba, debido a que existe

controversia sobre la cuantía reclamada y la complejidad de la

relación contractual.

      El Centro Médico del Turabo adujo que la peticionaria

pretendía dilatar el pago de la reclamación sometida desde el año

2018 y que el Tribunal de Apelaciones se negó a ordenar la

consolidación. El recurrido alegó que Triple-S no justificó la

necesidad de convertir el procedimiento a ordinario, porque no

demostró que tiene una reclamación sustancial y que no existe un
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interés de justicia que lo amerite. Por último, alegó que no se

justifica que Triple-S pretenda descubrir prueba sobre las razones

por las que denegó el pago.

      La     aseguradora   estipuló   en   la   vista   realizada   en   el

SJ2023CV00834 que, el Centro Médico prestó sus servicios

individualmente a cada paciente. No obstante, alegó que ambas

partes acordaron que la facturación seria por año contrato y que le

envió un correo electrónico al recurrido con evidencia de que había

pagado algunas de las facturas. Además, alegó que la controversia

era sumamente compleja y que procedía la consolidación para evitar

decisiones inconsistentes.

      Durante esa vista, el recurrido alegó que su reclamo es por

una deuda menor de quince mil dólares ($15,000.00) y que la

aseguradora le instruyó a someter cada caso individualmente. El

Centro Médico del Turabo adujo que Triple-S presentó una carta con

fecha del 18 de marzo de 2022, en la que aceptó la deuda y realizó

un adelanto de pago sujeto a reconsideración.

      El 8 de marzo de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud

de Triple-S de convertir el procedimiento a ordinario en el caso

SJ2023CV00834 que originó el KLCE202300378. El foro recurrido

concluyó que fue la aseguradora la que instruyó al recurrido a

realizar un proceso interno individual y no conjuntamente.

      El 20 de abril de 2023, el TPI declaró por separado NO HA

LUGAR las mociones de desestimación que Triple-S presentó en el

caso SJ2022CV08198 que originó el KLCE202300453 y en el caso

SJ2023CV00657 que originó el recurso KLCE202300469. El TPI

declaró NO HA LUGAR, la solicitud de desestimación por

insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento, la solicitud

de consolidación y la solicitud de convertir el caso al procedimiento

ordinario.
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       La peticionaria alega en los recursos consolidados que:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANIA (TPI) AL DENEGAR LA SOLICITUD DE
       CONVERSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO, BAJO
       LA REGLA 60 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL,
       SUPRA, A UNO ORDINARIO AUN CUANDO LA
       ALEGADA DEUDA NO ES LÍQUIDA NI EXIGIBLE, POR
       EXISTIR ENTRE LAS PARTES CONTROVERSIAS
       RESPECTO A SU CUANTÍA, LA CUAL ES PARTE DE UN
       PAQUETE DE RECLAMACIONES DEL DEMANDANTE
       RECURRIDO, QUE EXCEDE LA CANTIDAD DE
       $15,000.00 Y QUE REQUIERE DE UN AMPLIO
       DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.

                                 II.

                                 A.

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La discreción judicial se

ha definido como la autoridad para elegir entre diversas opciones

sin enajenarnos del derecho. Los tribunales deben ejercer su

discreción de forma razonable al momento de pasar juicio sobre una

controversia para así poder llegar a una condición justiciera. IG

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, págs. 334–

335.

       La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, dispone que:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
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         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
         y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
         el caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

                                  B.

      El texto de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

es el siguiente:

      Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que
      no exceda los quince mil (15,000) dólares, excluyendo
      los intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el
      caso bajo el procedimiento ordinario, la parte
      demandante deberá presentar un proyecto de
      notificación-citación que será expedido inmediatamente
      por el Secretario o Secretaria. La parte demandante será
      responsable de diligenciar la notificación-citación que
      será expedido inmediatamente por el Secretario o
      Secretaria. La parte demandante será responsable de
      diligenciar la notificación-citación dentro de un plazo de
      diez (10) días de presentada la demanda, incluyendo
      copia de esta, mediante entrega personal conforme a lo
      dispuesto en la Regla 4 o por correo certificado.

      La notificación-citación indicará la fecha señalada para
      la vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de
      los tres (3) meses a partir de la presentación de la
      demanda, pero nunca antes de quince (15) días de la
      notificación a la parte demandada. En la notificación se
      advertirá a la parte demandada que en la vista deberá
      exponer su posición respecto a la reclamación, y que si
      no comparece podrá dictarse sentencia en rebeldía en
      su contra.

      La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí
      o mediante representación legal. El tribunal entenderá
      en todas las cuestiones litigiosas en el acto de la vista y
      dictará sentencia inmediatamente. Como anejo la
      demanda, el demandante podrá acompañar una
      declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos
      en la demanda o copia de cualquier otro documento que
      evidencie las reclamaciones de la demanda. Si la parte
      demandada no comparece y el tribunal determina que
      fue debidamente notificada y que le debe alguna suma
      a la parte demandante, será innecesaria la presentación
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      de un testigo por parte del demandante y el tribunal
      dictará sentencia conforme a lo establecido en la Regla
      45. Si se demuestra al tribunal que la parte demandada
      tiene alguna reclamación sustancial o en el interés de
      la justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho a
      solicitar que el pleito se continue tramitando bajo el
      procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o el
      tribunal podrá motu proprio ordenarlo, sin que sea
      necesario cancelar la diferencia en aranceles que
      correspondan al procedimiento ordinario.

      Para la tramitación de un pleito conforme al
      procedimiento establecido en esta Regla, la parte
      demandante debe conocer y proveer el nombre y la
      última dirección conocida de la parte demandada al
      momento de la presentación de la acción judicial. De lo
      contrario, el pleito se tramitará bajo el procedimiento
      ordinario.

      El propósito primordial de la Regla 60 es agilizar y simplificar

los procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías

pequeñas. Así se facilita el acceso a los tribunales y una justicia más

rápida, justa y económica. Las Reglas de Procedimiento Civil aplican

supletoriamente, siempre que no sean incompatibles con el

procedimiento    sumario.     El   emplazamiento     por    edicto,   la

contestación a la demanda, el descubrimiento de prueba, las

reconvenciones, la demanda contra terceros, entre otros, son

incompatibles con el procedimiento sumario de la Regla 60. RMCA

v. Mayor Bianchi, 208 DPR 100, 107-108 (2021); Cooperativo v.

Hernández Hernández, 205 DPR 624, 630-631 (2020).

      El propio texto de la Regla 60, supra, permite que cualquiera

de las partes solicite que el pleito continue tramitándose de forma

ordinaria. El tribunal también puede hacerlo motu proprio. La

conversión del caso a uno ordinario no es automática. El tribunal

tiene que sopesar sus méritos. El litigio puede convertirse en

ordinario si: (1) el demandado demuestra que tiene una reclamación

sustancial, (2) cuando las partes solicitan en el interés de la justicia

que el pleito se ventile de forma ordinaria, (3) el tribunal tiene

discreción para ordenarlo motu proprio, en el interés de la justicia y

(4) la demandante no conoce ni provee el nombre y dirección del
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deudor, (5) es necesario emplazar por edictos. RMCA v. Mayor

Bianchi, supra, pág. 108; Cooperativo v. Hernández Hernández,

supra, pág. 638.

      Las únicas deudas que pueden reclamarse judicialmente son

las vencidas, líquidas y exigibles. Una deuda es líquida porque es

cierta y determinada y exigible, debido a que puede demandarse su

cumplimiento. El demandante que expone que una deuda es líquida

y exigible está dando por hecho que el deudor aceptó la cuantía

como correcta y que la deuda está vencida. El promovente de un

pleito al amparo de la Regla 60 tiene que demostrar que la deuda

que reclama es líquida, vencida y exigible. El demandado puede

requerir la conversión del proceso a ordinario cuando el derecho de

cobro no es claro y es necesario descubrir prueba, se tiene una

reconvención   compulsoria   o   se   necesita   añadir   un   tercero

demandado. RMCA v. Mayor Bianchi, supra, págs. 108-109.

      El descubrimiento de prueba garantiza el cumplimiento de la

garantía constitucional al debido proceso de ley. Los mecanismos de

descubrimiento de prueba deben estar disponibles en todo pleito

que pueda privar a una persona de su propiedad o libertad. El

propósito del descubrimiento de prueba es garantizarles a los

litigantes la oportunidad de estar adecuadamente preparados

cuando el caso se vea en sus méritos. Un efectivo descubrimiento de

prueba evita los inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen

cuando los litigantes ignoran los hechos en controversia. La

tendencia existente en el procedimiento civil es facilitar el

descubrimiento de prueba de forma tal que el juzgador esté en la

mejor posición para resolver justamente. RMCA v. Mayor Bianchi,

supra, págs. 112-113.

                                 C.

      La Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite

la consolidación de pleitos que comprendan cuestiones comunes de
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hecho o de derecho. El tribunal podrá ordenar una sola vista o juicio

sobre cualquiera o todas las cuestiones litigiosas comprendidas en

dichos pleitos. Igualmente, podrá ordenar la consolidación de todos

los pleitos y dictar órdenes que eviten gastos o dilaciones

innecesarias.

      El propósito principal de la consolidación es evitar la

proliferación de las causas de acción entre las mismas partes, lograr

la economía e impedir la indeseable probabilidad de fallos

incompatibles sobre un mismo asunto. Crespo Quiñones v. Santiago

Velázquez, 176 DPR 408, 415-416 (2009). Los jueces tienen

discreción para determinar si procede la consolidación. Meléndez

Vega v. Caribbean Intern. News, 151 DPR 649 (2000).

      El juzgador debe evaluar si la consolidación contribuye a una

resolución justa, rápida y económica y si evita resultados

inconsistentes entre disputas que presentan cuestiones similares de

hechos y derecho. Los tribunales también han considerado los

perjuicios que la consolidación puede ocasionar a los litigantes y al

sistema de impartir justicia. Además de evaluar la posibilidad de

que los perjuicios no puedan evitarse mediante órdenes cautelares,

prestando especial atención a las circunstancias particulares del

caso. La consolidación promueve la buena administración de la

justicia, la aceleración de disputas y la reducción de los costos de la

litigación. Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 136 (1996).

      La posibilidad de perjuicios necesariamente no impide la

consolidación. El tribunal deberá hacer un balance de los intereses

involucrados y ponderar si existe un perjuicio real, versus el interés

de lograr una solución justa, rápida y económica. Igualmente, tiene

que considerar si las órdenes cautelares pueden evitar los efectos

perjudiciales de la consolidación. La etapa procesal en la que se

solicita la consolidación es importante. La complejidad del caso es

otro asunto a considerar, porque la consolidación es utilizada para
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atender adecuadamente los casos complejos. Vives Vázquez v. ELA,

supra, págs. 137-138.

      La   decisión   de   consolidar      requiere   medir   todas   las

consideraciones a su favor y en su contra. El tribunal debe prestar

atención particular a los hechos ante su consideración y su relación

con todos los casos que se solicita que sean consolidados. La

determinación descansa en la sana discreción del juez de instancia,

ejercida a base de la totalidad de las circunstancias que están

presentes en los casos cuya consolidación se solicita. El tribunal

revisor, dará gran deferencia a la decisión del juez de instancia. La

deferencia solo será obviada, cuando se omitió considerar algún

factor importante o el tribunal abusó de su discreción. Vives

Vázquez v. ELA, supra, págs. 137, 139, 142.

      La determinación judicial inicial sobre una solicitud de

consolidación merece gran deferencia, cuando está basada en un

análisis ponderado de la totalidad de las circunstancias de los casos

cuya consolidación se solicita. Hospital San Francisco v. Srio. de

Salud, 144 DPR 586, 594 (1997).

                                  III.

      La peticionaria alega que el TPI erró al negarse a tramitar los

casos que originaron los recursos consolidados, mediante el

procedimiento civil ordinario.

      Triple-S sostiene que el recurrido no tiene una causa de

acción al amparo de la Regla 60, supra, porque no existe una deuda

líquida, vencida y exigible. La aseguradora aduce que, la cuantía de

la supuesta deuda no está clara, y que el recurrido pretende cobrar

por servicios que fueron pagados y por otros cuyo pago no procede.

Por último, arguye que es el recurrido el que le adeuda dinero,

debido a que recibió un adelanto de pago.

      Según Triple-S, la Regla 60, supra, no aplica porque la

controversia   está   basada     en   un    asunto    de   interpretación
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contractual. La aseguradora argumenta que la controversia versa

sobre cuál es el método de facturación acordado por las partes y si

procede el pago de algunos de los servicios facturados. Triple-S alega

que revisó las facturas por año servicio conforme a lo pactado, pero

el recurrido utiliza el procedimiento sumario para burlar ese

acuerdo y poder cobrar por el servicio ofrecido a cada paciente

individualmente. La peticionaria arguye que es necesario que el caso

se ventile por la vía ordinaria para que se garanticen sus derechos

al debido proceso de ley, a presentar una reconvención y a descubrir

prueba que demuestre que el recurrido no tiene una causa de acción

y que le adeuda dinero a la aseguradora.

      El Centro Médico del Turabo alega que tiene un contrato

independiente por cada paciente y que la propia Triple-S lo instruyó

a presentar las facturas individualmente.

      Nos corresponde determinar, si la controversia está basada en

una deuda líquida, vencida y exigible de quince mil dólares

($15,000.00) o menos, o en el método de facturación acordado.

      La parte peticionaria tiene razón, la expedición del recurso es

necesaria porque en el expediente hay prueba suficiente para

concluir que existe controversia sobre la veracidad de la deuda y su

cuantía. El recurrido no ha establecido que tiene derecho a cobrar

una deuda vencida, líquida y exigible al amparo de la Regla 60,

supra. El Centro Médico del Turabo no puede alegar que la deuda

está vencida, líquida y exigible, cuando es evidente que existe

controversia   sobre   el   método   de   facturación   pactado.   La

aseguradora sostiene que la facturación debe ser por el año del

contrato, mientras que el Centro Médico del Turabo alega que debe

ser por paciente. Esta controversia incide directamente sobre la

demanda del recurrido e imposibilita que el caso se tramite al

amparo de la Regla 60, supra.
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      La etapa en que se encuentra el caso es la más propicia para

intervenir y frenar la gran cantidad de litigios al amparo de la Regla

60, supra, que congestionan las salas del tribunal. Nuestra

intervención evita que continúen las decisiones inconsistentes sobre

la misma controversia, ya que en algunos se ha permitido la

conversión al proceso ordinario. Otros casos han continuado al

amparo de la Regla 60, supra, y existen otros en los que el tribunal

no se ha expresado. La expedición del recurso lejos de fragmentar

los procedimientos y ocasionar dilaciones innecesarias, pone fin a la

controversia sobre la procedencia del trámite sumario de la Regla

60, supra.

      Por último, nuestra intervención evita un fracaso de la

justicia, porque la Regla 60, supra, impide que la peticionaria ejerza

su derecho al debido proceso de ley. Triple-S no tendría oportunidad

de descubrir prueba, ni de presentar una reconvención.

      El TPI erró al dar por hecho que Triple-S instruyó al recurrido

a   facturar   por   los   servicios   ofrecidos   a   cada   paciente

individualmente. El expediente incluye evidencia de que se facturó

de forma global por los servicios ofrecidos en el año 2018 y no por

cada paciente atendido en ese año. La carta enviada por el recurrido

a la aseguradora el 9 de abril de 2021 estable lo contrario. Véase,

pág. 36. El Centro Médico escribió lo siguiente:

      En vías de buscar una solución, se preparó una
      compilación de todas las facturas lo cual queremos
      someter por año de servicio con el objetivo de simplificar
      el proceso y que sea más manejable de trabajar.

      Actualmente se realizó un proceso de verificar, contra
      historiales de pagos de Triple-S las facturas pendientes
      de pago para el año 2018. Tenemos todas las facturas
      impresas con la evidencia requerida, incluyendo el
      resumen de su historial de pago. A continuación, le
      presento un resumen que refleja lo que Triple-S le
      adeuda a HIMA San Pablo.

      El recurrido incluyó una tabla en la que la deuda se facturó

por el año 2018 y que ascendió a $6,281,972.72. Del documento es
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evidente que el recurrido no facturó por paciente, sino por año de

servicio. El recurrido admitió en la misiva que la controversia es

compleja, debido a la naturaleza del servicio que se ofrece y a la

cantidad de facturas procesadas mensualmente.

      El 12 de noviembre de 2021, las partes otorgaron un

ACUERDO DE ADELANTO DE PAGO. Véase, pág. 39 del apéndice.

Triple-S adelantó el pago de las reclamaciones nuevas y pendientes

de las líneas de negocio Triple-S Comercial, Medical Advantage y

Plan de Salud del Gobierno. No obstante, las partes acordaron que

la   aseguradora   obtendría   el   repago   de   las   reclamaciones

presentadas para pago. Ambas pactaron textualmente que:

      En consideración a este adelanto de pago de
      reclamaciones y para que Triple-S pueda identificar
      eficazmente los balances reclamados por el Hospital, el
      Hospital enviará a Triple-S el detalle de las
      reclamaciones por fecha de envejecimiento (aging) de
      cada una de las tres (3) líneas de negocio, cuyas fechas
      de servicio sean de los años calendarios 2018 a 2020,
      siguiendo en formato ya provisto por Triple-S para el
      proceso de reconsideración que hemos estado
      realizando. El Hospital se compromete al someter los
      mismos y completar el cierre del año de servicio 2018
      en o antes del 31 de diciembre de 2021. (Énfasis
      nuestro).

      Las partes otorgaron otro contrato de pago por adelantado por

los servicios prestados entre el 1 de enero de 2019 y 30 de junio de

2021. Véase, pág. 41 del apéndice.

      La carta que Triple-S envió el 18 de marzo de 2022 es otra

razón para concluir que las partes acordaron facturar por año de

servicio. La aseguradora informó al recurrido que analizó todas las

reclamaciones del año 2018 sometidas a reconsideración y

conducente al cierre del período. La peticionaria advirtió que el

proceso se realizó en coordinación con el equipo del Centro Médico

del Turabo y de acuerdo con el plan de trabajo acordado. Triple-S

reconoció una deuda de $2,458,325.70, pero le restó el adelanto de

pago que hizo al recurrido. Luego de esa resta, estimó la deuda en

$959,226.70. La aseguradora informó al recurrido que podía apelar
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mediante los mecanismos de resolución de disputas establecidos en

el Manual del Proveedor. El recurrido fue advertido de que el Primer

Panel Apelativo evaluaría toda la información y documentos

incluidos con la solicitud de apelación. Véase, pág. 44 del apéndice.

      El recurrido alegó que el Adelanto de Pago se concedió por los

servicios prestados entre el 1 de enero de 2019 y 30 de junio de

2021. Véase, pág. 45 del apéndice. El Centro Médico reclamó ante

el Primer Nivel de Apelación de Triple-S el pago de $10,373.20 por

los servicios provistos a un solo paciente. El Centro alegó que:

      6. La Notificación se envió de manera globalizada
         para todas las líneas rechazadas para pago, pero
         también se incluyeron líneas no rechazadas para
         pago, sino inconclusas y líneas que se identifican
         como pendientes de consulta. Es evidente que el
         proceso de cerrar la revisión estuvo atropellado y que
         existen numerosas líneas que no estaban maduras
         para la Notificación sobre cierre y derecho de
         apelación. Este proceder es abusivo y descuidado y
         hacerlo de manera globalizada tiene el efecto de
         obligar al proveedor a someter apelaciones para
         asuntos no resueltos por Triple-S. La Notificación es
         defectuosa para todas las líneas que no han sido
         pagadas, sin que se haya informado la razón para la
         falta de pago o que se hayan identificado como que
         están pendientes de consulta.

      7. No existen acuerdos formales vigentes entre las
         partes, por lo que el proveedor no está obligado a
         cumplir con el proceso de apelación adoptado
         unilateralmente por Triple-S. (Énfasis nuestro).

Véase, pág. 16 del apéndice.

      El Primer Foro Administrativo Apelativo se reafirmó en la

decisión emitida por los servicios ofrecidos del 1 de enero de 2018

al 30 de marzo de 2018. Véase, pág. 22 del apéndice.

      El 9 de junio de 2022, Triple-S informó al recurrido que cobró

el adelanto de pago realizado el 23 de noviembre de 2021 de los

$958,226.70 que le correspondía recibir por los servicios del año

2018. No obstante, le advirtió que todavía tenía una deuda de

$3,340,674.30 por el adelanto que recibió el 23 de noviembre de

2021. Véase, pág. 46 del apéndice.
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        El 28 de junio de 2022, el recurrido acudió al Segundo Foro

Apelativo de Triple-S. Dicho foro le informó que se reunió con su

personal y le aclaró las razones específicas de la decisión emitida en

cada uno de los casos trabajados durante el proceso de

reconciliación. Además, le contestó que la información sobre la

reconciliación consta en correos electrónicos y le recordó que ambas

acordaron los mecanismos de notificación. Véase, pág. 24 del

apéndice.

        La evidencia documental nos convence de que el recurrido no

ha cumplido con la carga procesal que exige la Regla 60, supra. El

Centro Médico no ha demostrado que tiene derecho a reclamar el

pago de una deuda vencida, líquida y exigible. Tampoco existe

evidencia de que la peticionaria aceptó la deuda. Por el contrario,

son evidentes sus cuestionamientos a la existencia de la deuda. La

prueba documental nos deja claro que la controversia real está

basada en el método de facturación que acordaron las partes. La

carta que la recurrida envió a la aseguradora el 9 de abril de 2021

genera controversias sobre el método de facturación acordado. El

proceso ante el Primer y Segundo Nivel Apelativo de Triple-S nos

obliga a hacer la misma conclusión. El recurrido aceptó que la

notificación relacionada a todas las líneas rechazadas para pago se

envió de forma globalizada. Véase, pág. 16 del apéndice.

        Por otro lado, es imposible obviar que el recurrido admitió en

su oposición al recurso, la complejidad de la controversia y la

existencia de un acuerdo de pago adelantado y que el 9 de abril de

2021 reclamó una deuda de $6,281 972.77 por los servicios del año

2018.

        Triple-S tiene derecho a que el procedimiento se convierta en

ordinario. La tramitación del caso al amparo de la Regla 60, supra,

privaría a la aseguradora de las garantías mínimas del debido

proceso de ley. La peticionaria estaría impedida de presentar una
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reconvención y descubrir prueba para demostrar que ambas partes

acordaron facturar por años de servicio y no por paciente, que pagó

algunas facturas y que otras no proceden, y que es el recurrido quien

tiene una deuda con Triple-S.

      La peticionaria, además, manifiesta la necesidad de que se

consoliden todos los pleitos presentados por el recurrido. La

aseguradora tiene razón. El TPI no realizó un análisis ponderado de

la totalidad de las circunstancias que existen en los casos cuya

consolidación solicita. La consolidación procede porque en todos los

pleitos el denominador común es el método de facturación acordado

por las partes. Todos esos casos comprenden cuestiones comunes

de hecho o de derecho que ameritan la consolidación. La

complejidad de la controversia es otro factor para ordenar la

consolidación. La controversia es complicada porque está basada en

los miles de facturas que el recurrido pretender cobrar por sus

servicios. La consolidación evitaría la multiplicidad de pleitos entre

el Centro Médico y Triple-S sobre el proceso de facturación, la

existencia de una deuda y su cuantía. Además, evitaría las órdenes

y decisiones inconsistentes sobre dicho asunto y los gastos o

dilaciones   innecesarias      para   las   partes   y   el   tribunal. Por

consiguiente, la consolidación también lograría una resolución

justa, rápida y económica, ya que evitaría la multiplicidad de pleitos.

Tampoco existen indicios de que la consolidación ocasione un

perjuicio real al recurrido.

                                      IV

      Por lo antes expuesto, se expide el recurso, se revoca al TPI y

se ordena la conversión del caso al procedimiento ordinario y la

consolidación.
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     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones