Court Opinion

ID: 9941474
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:39:17.364631+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.540863
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

  CARMEN A. BAEZ                                        APELACIÓN
     MEDINA                                             Procedente del
                                                        Tribunal de Primera
 SANTOS A. NIEVES                                       Instancia, Sala
      CAEZ                                              Superior de San Juan

                                                        Caso Núm.:
                                                        K DI2013-0990
                               KLAN202300274            (703)
       EXPARTE

                                                        Sobre: DIVORCIO

Panel integrado por su presidente el juez Rodríguez Casillas, el juez
Marrero Guerrero y el juez Pérez Ocasio.1

Pérez Ocasio, Juez Ponente.

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

        Comparece ante nos, la señora Carmen A. Báez Medina, en

adelante Báez Medina o apelante solicitando que revisemos la

“Resolución” 2 emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San

Juan, (en adelante TPI-San Juan), el 2 de febrero de 2023, que a su

vez fue notificada el 7 de febrero de 2023. En la misma, se determinó

“No Ha lugar” a la contención de que se le acreditaran en crédito la

mitad de los pagos de la hipoteca. Posteriormente, la parte apelante

presentó una “Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales”

y “Reconsideración” el 22 de febrero de 2023, que fue declarada “No

Ha Lugar” por el TPI- San Juan el 27 de febrero de 2023 y notificada

el 6 de marzo de 2023. La parte apelada, Santos A. Nieves Cáez, en

adelante el apelado o Nieves Cáez, compareció ante este Tribunal el

13 de octubre de 2023.

1 Véase Orden Administrativa OATA-2023-131del 14 de julio de 2023, donde se

designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución de la juez Ana M. Mateu
Meléndez.
2 Nota: el TPI-San Juan llamó a dicha disposición “Resolución”, no obstante, el

Foro a quo dispuso de la totalidad de los asuntos ante sí, por lo que se configura
como una Sentencia.

Número Identificador
SEN2024___________________
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         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos al TPI- San Juan en el recurso de epígrafe.

                                        I.

         Los hechos se remontan para el año 2014 aproximadamente,

cuando Báez Medina estuvo casada con Nieves Cáez, mediante el

régimen de Sociedad Legal de Gananciales, en adelante SLG. La

Petición de Divorcio Consentimiento Mutuo, en adelante Petición, fue

presentada el 1 de agosto de 2013 y dicho vínculo fue declarado roto

y disuelto mediante sentencia final y firme dictada el 8 de agosto de

2013 según surge de la “Resolución”.3 Surge de la Petición,4 que

durante el matrimonio se procrearon dos (2) hijos y que, al momento

del divorcio, la hija mayor, ya habría advenido a la mayoría de edad,

más no así el hijo menor.

         Según se desprende de las estipulaciones de la Petición de

Divorcio, el apelado continuaría pagando la hipoteca que gravaba la

residencia principal, configurándose como “Hogar Seguro” hasta que

su hijo (S.N.B.) en ese momento, menor de edad, adviniera a la

mayoría de edad.5 Toda vez que el hijo menor de edad advendría a

la mayoría de edad el 24 de enero de 2014, el apelado continuó

pagando la residencia por aproximadamente seis (6) meses

posteriores al divorcio según lo estipulado. Este pago por el

cumplimiento de la hipoteca de la residencia principal equivaldría al

pago mensual de una pensión alimentaria por la cantidad de

$915.00, más el pago del plan médico.

         Se desprende de la determinación en la “Resolución” emitida

por el TPI-San Juan, que “[s]e estableció que por ser esta la pensión,

Nieves Cáez no tendría créditos por estos pagos a la hipoteca”.6

Luego de que se cumpliera la mayoría de edad del hijo del extinto

3
    Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo I pág.000002-005.
4 Id., Anejo IV-V, pág.000114-119.
5 Id., Anejo V, pág.000117.
6 Apéndice del Recurso, Anejo I, pág.000002.
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matrimonio, la obligación de pagar la hipoteca como “Hogar Seguro”

del hijo menor Nieves Cáez cesaría.7 No obstante, el apelado

continuó efectuando los pagos de la hipoteca hasta febrero del año

2019.8

       Como parte de las estipulaciones de la Petición de divorcio,

ambos peticionarios compartirían en partes iguales el pago del

préstamo por un término máximo de un (1) año. A su vez, ambos

realizarían las gestiones para vender o para que la señora Báez

Medina adquiriera la participación del apelado en un término no

mayor de sesenta (60) días.9 Según surge de la propia estipulación

de la Petición de divorcio, se pactó expresamente:

                                      […]

       (d) Si por alguna razón uno de los copropietarios no efectuara
       la mitad del pago que le corresponde con respecto al
       préstamo hipotecario, el otro copropietario podrá aportar
       dicha parte con tal de no afectar el crédito, ni poner en
       riesgo la propiedad, pero esa aportación se considerará
       un crédito que le será retribuido al momento de la venta
       de la propiedad descontando dicha cantidad de la parte
       del producto de la venta del copropietario (a) que falló en
       pagar.10 (énfasis suplido).

       El apelado incumplió algunos pagos de la hipoteca. En el año

2017 incurrió en pago tardío y tuvo que pagar una penalidad de

$113.38.11 Así mismo, para el año 2018 incurrió en una penalidad

de $94.33 y para el año 2019, hasta mayo del mismo año pagó

$179.15 en concepto de penalidades o “Late Fees”. Cabe subrayar,

que durante el período comprendido desde el año 2014 hasta el año

2019, la apelante no realizó pago alguno al préstamo

hipotecario, y así se desprende como un hecho incontrovertido en

la “Resolución”.12

7
  Id., Anejo IV, pág. 000117.
8
  Id. Anejo I, pág. 000003.
9 Id., Anejo IV, pág.000117.
10Id, Anejo V, pág.000118.
11
   Id. Anejo 1, pág. 000003.
12 Apéndice del Recurso Anejo I, pág.000004. (Énfasis suplido).
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        Finalmente, el 12 de febrero de 2021,13 las partes pudieron

llevar a cabo la venta de la propiedad. Así las cosas, Nieves Cáez

reclamó un crédito a su favor por los pagos efectuados desde el año

2014 hasta el año 2019. La obligación de la hipoteca por Nieves

Cáez, era pagar hasta el 24 de enero de 2014, fecha en que su hijo

advendría a la mayoría de edad. Posterior a esta fecha, la obligación

de pago del préstamo hipotecario era vinculante a los dos.

        La controversia surge cuando Nieves Cáez solicita los créditos

a su favor por los pagos emitidos durante los años previos a la venta

de la propiedad. Según se desprende de la “Resolución” emitida por

el Foro Primario, la alegación de que Nieves Cáez no evidenció la

procedencia del pago a los créditos hipotecarios no fue controvertida

por la parte apelante ante el Foro Primario.14 El TPI- San Juan

determinó en su “Resolución” que Báez Medina no realizó pago

alguno, que, aunque lo argumentó, no lo demostró ni lo evidenció.15

        Emitida la “Resolución” el 2 de febrero de 2023 y notificada el

7 de febrero de 2023, la apelante solicitó el 22 de febrero de 2023

una “Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales y

Reconsideración” (sic), que fue declarada “No Ha Lugar” por el TPI-

San Juan el 27 de febrero de 2023 y notificada el 6 de marzo de

2023.

        Báez Medina interesaba que se añadieran las siguientes

determinaciones de hechos:

     1. Los pagos efectuados por el señor Nieves desde el mes de agosto
         de 2013 hasta el mes de enero de 2014 se realizaron como pago
         de pensión alimentaria.
     2. La cantidad depositada en la cuenta conjunta fue $48,900.31.
     3. Del pago mensual de la hipoteca $716.00 mensuales se aplicaba
         una parte al principal, una parte a los intereses y otra parte a la
         cuenta (sic) plica. (Exhibit 8).

13 Si bien es cierto que la “Resolución” del TPI-San Juan hace alusión a la venta

de la propiedad el 12 de abril de 2021, lo cierto es que los alegatos de ambas
partes hacen referencia a la venta de la propiedad como el 12 de febrero de 2021.
14
   Apéndice del Recurso, Anejo I, pág.000004.
15
   Id.
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     4. La cantidad aplicada a los intereses desde febrero a diciembre de
         2014 fue $3,160.56 (Id).
     5. La cantidad aplicada a los intereses en el año 2016 fue $2,558.10
         (Id).
     6. La cantidad aplicada a los intereses en el año 2017 fue $2,228.72
         (Id).
     7. La cantidad aplicada a los intereses en el año 2018 fue $1,879.02
         (Id).
     8. La cantidad aplicada a los intereses en el año 2019 fue $544.93
         (Id).
     9. La entidad LearnTek nunca ha sido una corporación desde su
         creación hasta el presente.
     10. El señor Nieves es miembro de LearnTek y, por lo tanto, dueño
           de la misma. Actualmente, es el único miembro de la CRL
           LearnTek. (Exhibit III).
     11. El Banco Popular de PR no puede identificar de que cuentas se
           efectuaron los pagos de la hipoteca. (Exhibit VII).
     12. El señor Nieves nunca fungió como secretario o presidente de
           LearnTek.
     13. El        señor   Nieves        proveyó   un        Certificado   de   Resolución
           Corporativa de donde surge que era Presidente de LearnTek.
           Mediante dicha Resolución la CRL lo autoriza a cobrar cualquier
           pago efectuado por ella, desde el 2013 hasta el presente, para
           beneficio de cualquiera de las cuentas de las cuales el señor
           Nieves reclamó créditos en este caso, que incluye la hipoteca. 16

       El 5 de abril de 2023, la apelante recurre ante esta Curia,

apelando la “Resolución” emitida y notificada por el Foro Primario el

2 de febrero de 2023 y notificada el 7 de febrero de 2023.17 En su

recurso,      la     apelante       le     imputa       al     TPI-San     Juan    sendos

señalamientos de errores:

            PRIMERO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
            PRIMERA INSTANCIA AL IMPONERLE EL PESO DE
            LA PRUEBA A LA COMPARECIENTE A PESAR DE
            HABER EMITIDO UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA
            CUAL DETERMINÓ LO CONTRARIO. CON ESE
            PROCEDER PUSO EN DESVENTAJA A LA
            COMPARECIENTE Y LA PRIVÓ DE UN JUICIO
            JUSTO EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE
            LEY.

16Apéndice del Recurso, Anejo I, II, pág.000006,07.
17Nota: el TPI San Juan llamó a dicha disposición “Resolución”, no obstante, el

Foro a quo dispuso de la totalidad de los asuntos ante sí, por lo que se configura
como una Sentencia. Recurso de Apelación pág. 5, ¶21.
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          SEGUNDO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
          PRIMERA INSTANCIA AL NO HABER EFECTUADO
          DETERMINACIONES DE HECHO ADICIONALES.

          TERCERO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
          PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE NO
          EXISTE CONTROVERSIA EN RELACIÓN A QUE FUE
          EL SEÑOR NIEVES QUIEN EFECTUÓ LOS PAGOS
          DE LA HIPOTECA DESDE FECHO (SIC) DE 2014 AL
          2019.

          CUARTO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
          PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LAS
          PARTES NO UTILIZARON LOS MECANISMOS DE
          DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DISPUESTOS POR
          LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

          QUINTO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
          PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE NO
          EXISTE EVIDENCIA EN EL RÉCORD DE QUE LA
          ENTIDAD LEARNTEK FORMA PARTE DE LA
          SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES ENTRE LAS
          PARTES.

          SEXTO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
          PRIMERA INSTANCIA AL CONFUNDIR O UTILIZAR
          INDISTINTAMENTE       LOS       TÉRMINOS
          “ADMINISTRADOR” Y “MIEMBRO” DE UNA
          CORPORACIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
          O “LLC”.

          SÉPTIMO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE
          PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDERLE AL SEÑOR
          SANTOS UN CRÉDITO POR LA MITAD DE LA
          TOTALIDAD DE LOS PAGOS REALIZADOS Y NO
          SOLO POR EL PRINCIPAL.

      La parte apelada, compareció ante este Tribunal el 13 de

octubre de 2023 y con el beneficio de las partes, procedemos a

disponer del Recurso ante nos.

                              II.
A. Apelación

      Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía,

los tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).

      Como regla general, los foros apelativos no tenemos facultad

para sustituir las determinaciones de hechos del tribunal de
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instancia con nuestras propias apreciaciones. Íd., pág. 771; Serrano

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).

      De manera que, si la actuación del tribunal no está

desprovista   de    base   razonable,   ni   perjudica   los    derechos

sustanciales de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de

instancia a quien corresponde la dirección del proceso. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Sierra v. Tribunal

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959);

      Sin embargo, la norma de deferencia esbozada encuentra su

excepción y cede cuando la parte promovente demuestra que hubo

un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o

parcialidad. BPPR v. Gómez Alayón, 2023 TSPR 145 (2023), 213 DPR

____ (2023); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689

(2012).

      Además, se requiere que nuestra intervención en esta etapa

evite un perjuicio sustancial. BPPR v. Gómez Alayón, supra; Rivera

et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); VS

PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253,273 (2021); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

      Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción”. BPPR v. Gómez Alayón, supra; García v. Asociación, 165

DPR 311, 321 (2005), citando a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR

203, 211 (1990).

      No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está

inexorable    e    indefectiblemente    atado   al   concepto    de   la

razonabilidad”. Íd. en la pág. 211.

      Así, pues, la discreción no implica que los tribunales puedan

actuar de una forma u otra en abstracción del resto del derecho.

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra.
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B. Debido Proceso de Ley

      La Constitución de Puerto Rico reconoce una serie de

derechos, incluido entre estos el debido proceso de ley. Const. ELA,

Art. II, 1 LPRA sec. 7. Esta garantía tiene dos (2) vertientes – la

sustantiva y la procesal.

      La vertiente sustantiva del debido proceso de ley busca

proteger los derechos fundamentales de la persona, mientras que la

vertiente procesal le impone al Estado la obligación de garantizar un

proceso justo y equitativo cuando se interfiera con los intereses de

libertad y de propiedad del individuo. Fuentes Bonilla v. ELA et al.,

200 DPR 364, 394 (2018); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178

DPR 1, 35 (2010).

      La jurisprudencia normativa ha identificado componentes

básicos del debido proceso de ley, tales como una notificación

adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de defenderse. Pueblo

v. Pagán Rojas et al.,187 DPR 465, 480 (2012); Garriga Villanueva v.

Mun. San Juan, 176 DPR 182, 197 (2009).

      Ahora bien, parte de las funciones revisoras de este Tribunal

lo faculta a evaluar si los foros administrativos o inferiores han

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su

función, como, por ejemplo, que respeten y garanticen los

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes.

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744

(2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998,

1015 (2008).

      Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro

al cual recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio

frente a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Comisión

Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, en la pág. 1015.

C. Deferencia Judicial
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   Es bien sabido que el Foro Primario es el que tiene la oportunidad

de ver y observar a los testigos y su manera de declarar, de poder

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, ademanes, dudas y

vacilaciones, e ir formando gradualmente en su conciencia la

convicción de si dicen o no la verdad. Pueblo v. Torres Martínez, 200

DPR 834, 857-858 (2018); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 136

(2004); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, 202 DPR

117,127 (2019); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712,

746   (2012);   Argüello    v.   Argüello,    155   DPR    62    (2001).

Consecuentemente,     los   tribunales       apelativos   no    debemos

intervenir con la apreciación de la prueba que realizan los

tribunales de instancia, en ausencia de pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto. Torres González v.              Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ____ (2023); Super Asphalt

Pavement Corp. V. Autoridad para el Financiamiento de la

Infraestructura de Puerto Rico, 206 DPR 803, 820 (2021); Gómez

Márquez v. Periódico el Oriental Inc., 203 DPR 783, 784 (2020);

Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008). S.L.G.

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 623 (2002). (Énfasis

suplido).

   El fundamento principal a esta deferencia es que el juzgador del

Foro Primario tuvo la oportunidad de observar toda la prueba

presentada, y por ende se encuentra en mejor situación que el

Tribunal Apelativo para considerarla. Pueblo v. González Rivera, 207

DPR 846, 848 (2021); Argüello v. Argüello, supra, en la pág. 78.

   De esta manera, “la llamada deferencia judicial está

predicada en que los jueces de las salas de instancia están en

mejor posición para aquilatar la prueba testifical porque

tienen la oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento

del testigo”. Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 865 (2022);

Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co. 209 DPR
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759,779-780 (2022) Gómez Márquez v. Periódico el Oriental Inc., 203

DPR 783,793 (2020) (Énfasis suplido). “Por lo tanto, la facultad

de los tribunales apelativos para sustituir el criterio de los

tribunales de instancia se reduce a aquellas circunstancias en

las que, a la luz de la prueba admitida, no exista base suficiente

que apoye su determinación”. Santiago Ortiz v. Real Legacy

Assurance Company, Inc. 206 DPR 194, 220 (2021). (Énfasis

suplido).

   Así mismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que

[c]uando la impugnación de las determinaciones de hecho se base

en la prueba oral desfilada, así como en la credibilidad que le

mereció […] este Tribunal ha expresado que “[E]s imprescindible

que   se    traiga   a   la   consideración     del   foro   revisor   la

transcripción de la vista celebrada o una exposición narrativa

de la prueba”. Graciani Rodríguez v. Garage Isla verde, supra, en la

pág. 129. (Énfasis suplido).

   Cónsono con los pronunciamientos del Máximo Foro de Puerto

Rico se ha establecido que:

      “[e]n consideración a la norma de corrección que cobija a las
      determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera
      Instancia, cuando un peticionario señala errores dirigidos a
      cuestionar la apreciación o suficiencia de la prueba, la
      naturaleza del derecho apelativo requiere que éste ubique al
      foro revisor en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro
      primario utilizando alguno de los mecanismos de
      recopilación de prueba oral, como lo son: (1) transcripción de
      la prueba, (2) exposición estipulada o (3) exposición
      narrativa”.
      Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR 35, 211 DPR ___ (2023).

      Así pues, sentencia nuestro Más Alto Foro que: “Ante la

presunción de corrección que revisten las determinaciones del foro

primario, quien desee impugnar las mismas deberá colocar al

tribunal revisor en posición de atender correctamente sus

planteamientos sobre la apreciación y la credibilidad de la prueba

oral desfilada”. Id. en la pág. 11.
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      En síntesis, nuestro Más Alta Curia ha afirmado numerosas

veces que “los tribunales tienen amplia discreción en la apreciación

de la prueba pericial pudiendo aun, adoptar su propio criterio en la

apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla, aunque

resulte técnicamente correcta”. Pueblo v. Hernández Doble, supra,

pág. 865. Pueblo v. Perez Delgado, 2023 TSPR 35; 211 DPR ___

(2023); Dye-Tex Puerto Rico, Inc. V. Royals Ins. Co. Of Puerto Rico,

Inc., 150 DPR 658, 663 (2000) Culebra Enterprises Corp. v. ELA, 143

DPR 935, 952 (1997); Valldejuli Rodríguez v. AAA, 99 DPR 917, 921

(1971); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970).

      Por otro lado, es principio cardinal de nuestro ordenamiento

jurídico que el peso, o la responsabilidad, de probar o presentar

prueba que sustente su postura, recae sobre aquel que promueve

una acción. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894,

913 (2011); E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009,

Análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa (Publicaciones JTS, 2009) pág.

98. Con relación a esto, la Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 32

LPRA Ap. IV R. 110, dispone que el juzgador de los hechos deberá

evaluar la evidencia presentada, sujetado a los siguientes principios:

   (A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría
   vencida de no presentarse evidencia por alguna de las partes.

   B) La obligación de presentar evidencia primeramente recae
   sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en
   controversia.

      […]

      Esto responde al entendido jurídico de que el peso de la

prueba es una obligación que tiene la parte que afirma la cuestión

en controversia, y de convencer al juzgador sobre la forma particular

en que ocurrieron los hechos que alega. Rivera Figueroa v. The Fuller

Brush Co., supra, en la pág. 913. Nuestro sistema evidenciario

impone la obligación inicial o primaria de presentar evidencia

a la parte que sostiene la afirmativa de la cuestión en

controversia. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho
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Probatorio Puertorriqueño, Segunda Edición, Ediciones Situm,

2005, pág. 148; E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas

de Evidencia de Puerto Rico y Federales, Tomo II, Publicaciones

J.T.S., 2005, pág. 1003. (énfasis suplido).

      Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones no debe elaborar

sobre la pasión, el prejuicio y la parcialidad si no puede

fundamentar que esto ocurrió en el caso ante su consideración.

Quien señale que el juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o

parcialidad debe sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente,

pues estas no deben convertirse en un instrumento para ejercer

presión contra el Tribunal de Primera Instancia. Gómez Márquez v.

Periódico el Oriental Inc., 203 DPR 783,785 (2020).

D. Descubrimiento de Prueba

      El procedimiento para llevar a cabo el descubrimiento de

prueba está regido por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto

Rico, 32 LPRA Ap. V, R 23.1. El descubrimiento de prueba es “la

médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la

deportiva teoría de justicia que tanta mina la fe del pueblo en el

sistema judicial”. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras

II, 206 DPR 659, 672 (2021), Rivera et al. v. Arcos Dorados et al.,

supra, en la pág. 321.; Alvarado v. Alemany, 157 DPR 672, 682

(2002). El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado por

las partes para “obtener hechos, título, documentos u otras cosas

que están en poder del demandado o que son de su exclusivo

conocimiento y que son necesarias [...] para hacer valer sus

derechos”. (Citas omitidas).

      Los foros primarios gozan de amplia discreción para regular

el descubrimiento de prueba, por lo que los foros apelativos no

deben intervenir con dicha discreción, salvo que medie prejuicio,

parcialidad o error manifiesto en la aplicación de una norma
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procesal o sustantiva. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140,

154–155 (2000).

       Este criterio también concierne a la intervención de los foros

apelativos con las determinaciones interlocutorias de los tribunales

de primera instancia. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las

Piedras II, supra, pág. 672. Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 151

DPR 649, 664 (2000).

       De la misma forma, en términos generales, el propósito del

descubrimiento de prueba es: (1) delimitar las controversias; (2)

facilitar la consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el

juicio; (4) facilitar la búsqueda de la verdad, y (5) perpetuar la

prueba. Además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2802, págs. 333-

334.

       Es por ello, que nuestro Máximo Foro Judicial ha reiterado:

“que el alcance del descubrimiento de prueba es amplio y

liberal”. Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc. 210 DPR 465,

29 (2022). McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 672;

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019);

Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., 198 DPR 1040, 1054

(2017). (Énfasis suplido).

E. Determinaciones de Hechos Adicionales

       Como parte de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V R. 43.1, se incluye las Determinaciones de Hechos Adicionales. En

lo pertinente, la referida regla dispone:

          No será necesario solicitar que se consignen
       determinaciones de hechos a los efectos de una apelación,
       pero a moción de parte, presentada a más tardar quince (15)
       días después de haberse archivado en autos copia de la
       notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las
       determinaciones de hechos y conclusiones de derecho
       iniciales correspondientes si éstas no se hubiesen hecho
       por ser innecesarias, de acuerdo con la Regla 42.2, podrá
       enmendar o hacer determinaciones adicionales o podrá
       enmendar la sentencia en conformidad. […]
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        32 LPRA Ap. V, R.43.1. (Énfasis suplido).

        Consecuentemente, la razón de ser de la solicitud al tribunal

sentenciador para que determine hechos específicos y consigne sus

conclusiones de derecho. Se ha dicho que se le debe brindar al juez

de instancia una oportunidad para que éste quede satisfecho de que

ha atendido todas las controversias de forma propia y completa;

además, permitirles a las partes y al foro apelativo estar

completamente informados de la base de la decisión o dictamen

emitido por el tribunal primario. Carattini v. Collazo Syst. Analysis,

Inc. 158 DPR 345, 356 (2003).

        En lo relativo a la moción de determinaciones de hechos

adicionales, hemos de recordar que dicho mecanismo, utilizado

legítimamente, va dirigido a la consecución de un ideal de justicia

exento de errores. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra,

pág. 357; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 890-891 (2000).

Si bien es cierto que este mecanismo ayuda a una función revisora

adecuada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que:

        “Hemos advertido, además, que de la letra clara de la citada
        Regla 43.3 se desprende y resulta obvio que el tribunal de
        instancia no está obligado a hacer determinaciones de hecho
        y de derecho adicionales luego de ser solicitadas por una o
        más partes; ello, de estimar que estas no proceden”.
        Blás v. Guadalupe, 146 DPR, 267, 319 (1998).

        Por otro lado, el Tribunal Supremo ha enfatizado que

“Ciertamente, el juez tiene discreción para denegar tal moción,

pues,     en   esencia,    sólo   procede     para    corregir    errores

manifiestos de hechos o de derecho”. Carattini v. Collazo Syst.

Analysis, Inc., supra, en la pág. 358. (Énfasis suplido)

F. Sociedad Legal de Bienes Gananciales y Comunidad Post
   Ganancial
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       La Sociedad Legal de Bienes Gananciales comienza el mismo

día en que se celebra el matrimonio.18 Ésta es una entidad

económica familiar sui géneris que, por ser su propósito principal y

razón de ser diferentes a las de otras empresas, comunidades o

sociedades regulares; no tiene el mismo grado de personalidad

jurídica que las sociedades ordinarias o entidades corporativas.

García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 322 (1978); Reyes v.

Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 928–929(1996).                  Pues según

expresa nuestro Más Alto Foro:

           “Contraído el matrimonio bajo el régimen de la sociedad
           legal de gananciales, la gestión económica que realiza
           cada cónyuge se hace en beneficio de dicha sociedad y no
           para beneficio individual.” (Citas omitidas). Muñiz
           Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 978, (2010)

       El artículo 1308 del Código Civil de Puerto Rico, 1930, en

adelante Código Civil,19 establece como obligaciones de la SLG, lo

siguiente, pero sin limitarse:

       (1) las deudas y obligaciones contraídas durante el
           matrimonio por cualquiera de los cónyuges; (2) los
           atrasos     o   créditos    devengados     durante      el
           matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen
           afectos así los bienes propios de los cónyuges como
           los gananciales; (3) las reparaciones menores o de mera
           conservación hechas durante el matrimonio en los
           bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges;20 (4) las
           reparaciones mayores o menores de los bienes
           gananciales; (5) el sostenimiento de la familia y la
           educación de los hijos comunes y de cualquiera de los
           cónyuges, y (6) los préstamos personales en que incurra
           cualquiera de los cónyuges. 31 LPRA, sec. 6981.
           Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 982. (Énfasis
           suplido).21

       Ahora bien, estas deudas y obligaciones no deben catalogarse

gananciales luego de presentada la demanda de divorcio. Señala el

Tribunal Supremo de Puerto Rico que “[e]l divorcio lleva consigo la

18 Se hace referencia a los artículos del Código Civil de Puerto Rico, 1930, 31
LPRA, hoy, derogado ya que son los artículos aplicables a los hechos del caso.
Cód. Civ. PR 31 LPRA sec. 3661.
19 Id.
20Las reparaciones mayores no serán a cargo de la sociedad. 31 LPRA sec. 3661.
21Hacemos constar, que a pesar de que los hechos ocurrieron bajo el Código

Civil,1930, 31 LPRA 3661, hoy derogado, el Código Civil, 2020, 31 LPRA sec. 6981,
mantuvo inalterado las disposiciones de la Responsabilidad de la SLG en su
artículo 520, 31 LPRA sec. 6981.
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ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de

propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges”.22

       De esa manera, surge entonces una comunidad de bienes

compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial, en la cual

cada partícipe posee una cuota independiente y alienable con el

correspondiente derecho a intervenir en la administración de la

comunidad y a pedir su división. Montalván v. Rodríguez, 121 DPR

411, 421 (2004)

       Cuando la comunidad de bienes postganancial no es

liquidada simultáneamente en el divorcio, adviene un período en el

que se mezclan y confunden provisionalmente los bienes de los

excónyuges, ya sea porque se producen frutos, se saldan deudas, se

obtienen ganancias o se sufren pérdidas y gastos.

       Así, la presunta igualdad de cuotas está sujeta a ser rebatida

por una prueba pertinente. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR

706, 707 (2022). El goce exclusivo de uno de los comuneros afecta

el derecho de disfrute que tiene el otro comunero sobre los bienes

que pertenecen a estos. Id. en la pág. 707

       Adviértase que “aun cuando se mantiene la indivisión de la

comunidad de bienes postganancial por cierto tiempo después del

divorcio, su liquidación no tiene que ser automáticamente por

partes iguales. En estos casos, la presunción legal que dispone

nuestro ordenamiento civilista de que esa división debe hacerse en

partes iguales, la puede rebatir cualquiera de los excónyuges si

se demuestra que el aumento en el valor del bien común o en

el nivel de producción de los frutos industriales, se debe a la

gestión y trabajo de uno solo de los comuneros. Montalván v.

Rodríguez, supra, pág. 439. (Énfasis suplido).

                                 III.

22 31 LPRA sec. 381
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      La parte apelante comparece ante esta Curia solicitando que

dejemos sin efecto la determinación del TPI-San Juan sobre

concederle un crédito a Nieves Cáez y que ordene a que se les

entregue la mitad del dinero depositado a cada uno. En la

alternativa, que reconsideremos la cuantía y determinemos aplicarle

el crédito de $4,296.00 a la apelante y se le acredite a Nieves Cáez

la mitad de la cantidad aplicada al pago del principal del préstamo

hipotecario. Por otro lado, también nos solicita la revocación de la

sentencia emitida por el TPI-San Juan, la desestimación de la

demanda o la devolución del caso para la continuación de los

procedimientos.

      La apelante Báez Medina nos plantea siete (7) errores que a

continuación discutiremos.

A. Peso de la Prueba y Violación del Debido Proceso de Ley

      Como Primer Error, Báez Medina señala que se equivocó el TPI-

San Juan, al imponerle el peso de la prueba a la apelante a pesar de

haber emitido una resolución mediante la cual determinó lo

contrario. Alega que con ese proceder puso en desventaja a la

compareciente y la privó de un juicio justo en violación al debido

proceso de ley. No le asiste la razón.

      Los tribunales apelativos no debemos intervenir con la

apreciación de la prueba que realizan los tribunales de instancia, en

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. El

fundamento principal a esta deferencia es que el juzgador del Foro

Primario tuvo la oportunidad de observar toda la prueba presentada,

y por ende se encuentra en mejor situación que el Foro Apelativo

para considerarla. Argüello v. Argüello, supra, en la pág. 78.

      Aduce la parte apelante que según se presumía que la entidad

de LearnTek LLC era ganancial, toda vez que Nieves Cáez trabaja

desde el año 2013 en una compañía, registrada por su único

miembro el señor Arturo González, conocida como “Learntek,
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LLC”,23 por lo que le correspondía a Nieves Cáez rebatir dicha

presunción de acuerdo con las Reglas de Evidencia, supra. Sin

embargo, más que una presunción, esta alegación no fue sustentada

con evidencia por parte de la apelante.24 De la propia “Resolución”

se desprende que las alegaciones se basaron en especulaciones que

no se sustentaron en evidencia alguna. No se configura una

violación al debido proceso de ley. Toda vez que siendo ella la

promovente era quien tenía el peso de la prueba ante el Tribunal.

Del expediente del caso de marras no surge evidencia que pruebe

las alegaciones de Báez Medina. Sólo surgen declaraciones

contradictorias e incompletas, las cuales no demuestran que el TPI-

San Juan la haya puesto en desventaja y la privaran de un juicio

justo en violación del debido proceso de ley. No se cometió el error

señalado.

B. Determinaciones de hechos y Mecanismos de Prueba

          La apelante arguye en el Segundo y Cuarto Error, que el TPI-

San Juan erró al no haber efectuado determinaciones de hecho

adicionales ni al determinar que las partes no utilizaron los

mecanismos de descubrimiento de prueba dispuestos por las Reglas

de Procedimiento Civil. No le asiste la razón.

          De ordinario, los tribunales de instancia tienen amplia

discreción para regular el ámbito del descubrimiento. En este caso,

ambas partes llevaron a cabo el descubrimiento de prueba según

consideraron conveniente.25 Ciertamente, el juez tiene discreción

para denegar tal moción, pues, en esencia, sólo procede para

23Nota:  La Compañía “Learntek” fue creada por Arturo González. El señor
González fue el Administrador y Presidente de la compañía desde el 2013 hasta el
2019.
24 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo I, pág.000005.
25
   Apéndice del Recurso, Anejo XV, pág.000039.
Nota: según surge de la “Transcripción del Juicio en su fondo”, pág. 14 líneas 13-
20, pág. 15, líneas 1-20, pág. 16, línea 1, se desprende que las partes no pudieron
llegar a acuerdos para estipular hechos, que forman parte de la solicitud que hizo
la apelante en la “Moción en Solicitud de Hechos Adicionales”. Por lo que estos
fueron dirimidos expresamente y en corte abierta por el TPI-San Juan.
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corregir errores manifiestos de hechos o de derecho. Carattini v.

Collazo Syst. Analysis, Inc. supra a la pág. 358.

       Además, de las trece (13) determinaciones de hecho solicitada

por la parte apelante, cinco (5) de ellas se encuentran contenidas

expresamente       en    la    “Resolución”   (1,2,9,11,12).   Sobre   las

determinaciones solicitadas a los intereses, ya había sido resuelto

en el juicio en su fondo, según se desprende de la Transcripción del

Juicio en su Fondo de 1 de febrero de 2023 (3,4,5,6,7,8). De la

propia transcripción surge que el TPI- San Juan le ordenó múltiples

veces que estipularan los créditos, y que ambas partes incumplieron

su orden. Por lo tanto, fue el TPI-San Juan quien, a través del

testimonio vertido del apelado y la prueba documental aquilatada,

adjudicó las determinaciones emitidas en la “Resolución”.26

       Sobre las alegaciones dirigidas a LearnTek, LLC, surgen como

especulaciones por parte de la apelante (9,12,13). La prueba

desfilada ante el TPI- San Juan, sostienen que Nieves Cáez no fue

dueño, presidente, ni ostentó ningún puesto de autoridad durante

el año final del matrimonio. Este asunto no fue controvertido en el

TPI-San Juan, ni se nos ha colocado a nosotros en posición para

determinar lo contrario. Por lo que el TPI-San Juan no tenía por qué

acoger una moción de “Solicitud de Determinaciones de Hechos

Adicionales y Reconsideración” (sic) ni reconsiderar la misma

basada en especulaciones sin pruebas ni evidencia.                 No se

cometieron los errores señalados.

C. Pagos de la Hipoteca, evidencia de pagos y créditos post
   gananciales

       De igual forma procederemos a discutir los Errores Tercero,

Quinto, Sexto y Séptimo por estar intrínsecamente atados. Señala la

apelante que erró el TPI- San Juan al determinar que no existe

controversia en relación con que Nieves Cáez fue quien efectuó los

26 Transcripción pág. 15, líneas 13-20.
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pagos desde el año 2014 hasta el año 2019. De la misma forma Báez

Medina indica que no existe evidencia en récord de que la entidad

LearnTek, LLC forma parte de la Sociedad Legal de Gananciales

entre las partes. Por otro lado, señala que erró el TPI- San Juan al

concederle a Nieves Cáez un crédito por la mitad de la totalidad de

los pagos realizados y no solo el principal. No le asiste la razón.

         Señala     la   parte   apelante,   que   “el   hecho   de   que   la

compareciente no haya efectuado los mismos, no significa que

Nieves Cáez los haya hecho”.27 Indubitablemente, la apelante no

realizó los pagos del crédito hipotecario y dicha evidencia fue prueba

aquilatada por el Foro de Instancia y no fue controvertida. Ahora

plantea que, no necesariamente fue Nieves Cáez quien los haya

hecho. Aduce la apelante que, por el apelado, ser el actual y único

miembro de Learntek, LLC desde enero del año 2019, se debe

retrotraer a todos los pagos emitidos a los créditos de la hipoteca y

se debe reputar en carácter ganancial, por lo que no procede un

crédito a favor del apelado. No obstante, lo anterior, se desprende de

la propia “Resolución” y de la Apelación que nos ocupa, que no se le

podrían acreditar los “late charges” a Nieves Cáez por los pagos

tardíos que el realizó.28 Cabe destacar, que la apelante tampoco

realizó ni subsanó esos pagos, ni los pagos tardíos para evitar los

“Late Fees”. Ante la apreciación del TPI- San Juan, quien entendió

este hecho incontrovertido, no nos                 corresponde alterar su

determinación porque simplemente la apelante se basó en una

“alegación” sin fundamento.

         Por otro lado, insiste en que la entidad LearnTek, LLC forma

parte de la SLG porque fue fundada mientras todavía estaban

casados. Sin embargo, y hasta de la propia evidencia que la parte

apelante proveyó, surge que la misma fue fundada por el señor

27 Recurso de Apelación, pág. 17.
28
     Recurso de Apelación, pág. 2.
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Arturo González, y que Nieves Cáez era empleado.29 Que se mantuvo

en el mismo puesto hasta el año 2019, cuando advino a ser

administrador.30 Nieves Cáez se mantuvo en el mismo puesto como

empleado contable hasta el año 2019 y de la propia certificación

emitida del Departamento de Estado, Nieves Cáez no figuraba ni

como presidente, accionista, secretario ni actuaba en calidad de

ninguno de esos puestos.31 Así mismo, la apelante incide en que

para algunas cosas LearnTek es una “corporación” y para otras una

“LLC”. Arguye la apelante que, como parte de las diferencias, los

términos “administrador” y “miembro” se utilizan indistintamente

entre las corporaciones o las LLC. Al momento en que Santos Cáez

advino administrador en el 2019, el matrimonio estaba roto y

disuelto, por lo que esta alegación es improcedente en derecho.

Dicha aclaración surge de la “Resolución” y de la Transcripción oral

del Juicio, de que la entidad LearnTek, es una LLC.32 Por lo que

resulta forzoso concluir que es una entidad distinta de la SLG.33 No

se cometieron los errores señalados.

          Al evaluar los documentos que nos ocupan, coincidimos con

que, al adjudicar el asunto, el TPI- San Juan actuó de conformidad

con las normas que prevalecen en las materias que atendemos. No

se cometieron los errores señalados.

                                           IV.

          Durante el procedimiento de divorcio las partes liquidaron

todos sus bienes con excepción de la vivienda familiar. Esto, pues

las partes acordaron permanecer en comunidad con respecto al

inmueble hasta que su hijo llegara a la mayoría de edad,

posteriormente debían hacer las gestiones para disponer de la

propiedad. No habiendo controversias en que Nieves Cáez emitió

29 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo XX, pág.000104-105.
30 Id., Anejo XVII, pág.000046.
31
     Id., Anejo I, pág.000104-105.
32 Id., Anejo I, pág.000002.
33
     Transcripción, pág. 25, líneas 3-9.
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todos los pagos referentes al crédito hipotecario con dinero privativo,

no procede disminuirle el crédito a su favor.

      Luego de evaluar detenidamente el expediente que nos ocupa,

justipreciamos que el Foro Primario no abusó de su discreción en la

evaluación de la prueba ante sí. No hallamos sugerencia alguna en

los documentos evaluados que indique error de derecho o abuso

discrecional por parte del TPI- San Juan. De la misma manera,

confirmamos la “Resolución” emitida. Así las cosas, lo que procede

es el crédito a favor del señor Medina Cáez sin deducirle ningún

crédito a favor de la apelante, toda vez que los pagos fueron

realizados con dinero privativo.

                                     V.

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos al TPI- San

Juan en su “Resolución” dictada.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones