Court Opinion

ID: 9896772
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:17:38.052769+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:09.442058
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

   PR RECOVERY AND                          Recurso de
 DEVELOPMENT JV., LLC                       Certiorari
                                            procedente del
         Recurrida                          Tribunal de
                                            Primera Instancia,
                                            Sala Superior de
              V.              KLCE202301088 Ponce

                                                Caso Núm.:
 VALLEY PRODUCE, INC.;                          CS1987-689
    FRANK TORRES
  RODRÍGUEZ Y OTROS                             Sobre:
                                                Acción Civil
        Peticionarios
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

      Comparecen ante nosotros VALLEY PRODUCE INC; FRANK

TORRES RODRÍGUEZ Y OTROS (parte peticionaria) mediante

recurso de certiorari y nos solicitan que ordenemos la paralización

de los procedimientos de ejecución de sentencia ordenados por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI). Esto, luego de

que el pasado 26 de julio de 2023 el TPI emitiera una resolución

declarando NO HA LUGAR una Moción en Oposición A Solicitud De

Desestimación Y/O Paralización De Procedimientos presentada por la

parte peticionaria. Examinados los escritos presentados, así como

el derecho aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de

certiorari. Veamos.

                                 -I-

      Los hechos de esta controversia se remontan al 3 de abril de

1987. En esa fecha, la Corporación de Crédito Agrícola (acreedora

original de la parte peticionaria) presentó demanda en cobro de

dinero. El 12 de marzo de 1990, notificada el 1 de agosto de 1990,

el TPI emitió Sentencia contra la parte peticionaria. El 13 de

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301088                                                        2

noviembre de 1997, se solicitó la ejecución de la Sentencia, pero el

21 de junio de 2000, la parte peticionaria presentó una petición de

quiebra ante el foro correspondiente, por lo que se paralizaron los

procedimientos ante el TPI. Luego de varios trámites procesales,

incluyendo varias solicitudes adicionales de protección al amparo de

la Ley de Quiebras federal instadas por la parte peticionaria, el 12

de octubre de 2021 Puerto Rico Recovery and Development JV, LLC

(en adelante, parte recurrida o PPRD) solicitó que se le sustituyera

como parte demandante. El 24 de noviembre de 2021, la parte

recurrida solicitó la continuación de los procedimientos.

      El 6 de abril de 2022, la parte peticionaria presentó su Moción

en Oposición A Solicitud De Desestimación Y/O Paralización De

Procedimientos objeto de controversia. En esta alegó que la parte

recurrida: 1) no prestó la fianza de no residente que requiere la Regla

69.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 69.5; 2) que no

está autorizada a hacer negocios en Puerto Rico y que, por ello,

carece de legitimación activa para reclamar en este pleito; 3) que en

litigio independiente se está impugnando la transacción mediante la

cual PRRD adquirió ciertas facilidades de crédito de parte del Banco

de Desarrollo Económico y 5) que la parte peticionaria instó una

petición de expropiación forzosa a la inversa, lo cual tendría el

resultado de compensar a todas las partes con interés, incluyendo

a los acreedores hipotecarios como lo es la parte recurrida.

      El 25 de abril de 2023, la parte recurrida se opuso a la Moción

de Paralización. En esta oposición, argumentó que: 1) la fianza de

no residente es inaplicable por existir sentencia final y firme desde

hace años; 2) que PPRD cae bajo las excepciones que se establecen

en el Artículo 13.05 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA

§3805 (A) (8), en donde se establece que garantizar o cobrar deudas

o ejecutar hipotecas o garantías en las propiedades que garantizan

las deudas, no constituyen transacciones de negocios en Puerto
KLCE202301088                                                             3

Rico;    (3)   que   es   el   acreedor    de    la   parte   peticionaria,

independientemente        de   lo   que    se   determine     en   el   caso

SJ2019CV11697 (impugnación de la venta del LOAN SALES

AGREEMENT por parte del Gobierno de PR y del Banco de

Desarrollo Económico en el caso SJ2019CV11697), y por lo tanto,

tiene derecho a solicitar la ejecución de la Sentencia ; y (5) que no

resulta apropiada la paralización de los procedimientos debido a

que, según lo resuelto en el caso A.C.T. v. 780.6141m2, 165 DPR

121, 137 (2004), la extinción de la garantía debido a una

expropiación forzosa no supone la desaparición o extinción de la

acreencia.

        El 26 de julio de 2023, el TPI denegó la Moción en Oposición A

Solicitud De Desestimación Y/O Paralización De Procedimientos.

Inconforme, el pasado 2 de octubre de 2023, la parte peticionaria

acudió ante nosotros a través de un recurso de certiorari señalando

los siguientes errores:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a paralizar
        los procedimientos del presente caso sin tomar en
        consideración los potenciales conflictos jurídicos e injusticias
        que pudieran suscitarse en caso que se ejecute la propiedad
        de los recurrentes y luego se determine que dicha propiedad
        es del ELA, en virtud de la expropiación, desde el 2010.

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al negar la paralización
        de los procedimientos ante todas las circunstancias que
        rodean el alegado derecho de los recurridos a ejecutar la
        sentencia dictada décadas previo a la impugnación de la venta
        del LOAN SALES AGREEMENT por parte del Gobierno de PR
        y del BDE en el caso SJ2019CV11697.

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a paralizar
        los procedimientos del presente caso sin tomar en
        consideración los potenciales conflictos jurídicos e injusticias
        que pudieran suscitarse en caso que se ejecute la propiedad
        de los recurrentes y luego se determine que es nula la
        adquisición del acreedor de los pagarés hipotecarios, según
        persigue el BDE en el caso SJ2019CV11697.

                                    -II-

                                    -A-

        El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica

se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor para
KLCE202301088                                                        4

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” McNeil Healthcare

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163 (2020), IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338

(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente

su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). En los procesos civiles,

la expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las

instancias   y   excepciones   contenidas   en   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 DPR

478 (2019). La mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un

recurso de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden

bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla

57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo." 800

Ponce de León v. AIJ, supra.        Ahora bien, en cuanto a las

resoluciones atinentes a asuntos postsentencia, si bien estas no se

encuentran comprendidas entre aquellas determinaciones de

naturaleza interlocutoria categóricamente sujetas a escrutinio

mediante el recurso de certiorari, nuestro Tribunal Supremo ha

dispuesto que este es vehículo procesal para este tipo de

controversia. Ello, pues, “por emitirse este tipo de decisión luego de

dictada la sentencia, usualmente tampoco cualifica para el recurso

de apelación provisto para dictámenes judiciales finales. Se corre el

riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos nunca se vean sujetos a

examen judicial simplemente porque ocurren en una etapa tardía

en el proceso, tal como lo es la ejecución de sentencia.” IG Builders

et al. v. BBVAPR, supra.

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, prescribe los criterios que

debemos tomar en consideración al momento de determinar si

expedimos o denegamos el auto solicitado:
KLCE202301088                                                       5

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
      el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a
      la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados,
      o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
      la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

                                 -B-

      Un instrumento negociable es una promesa u orden

incondicional de pago de una cantidad especifica de dinero si: (1) es

pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión; (2) es

pagadero a la presentación o en fecha específica, y (3) no especifica

otro compromiso o instrucción por parte de la persona que promete

u ordena el pago que no sea el pago del dinero. 19 LPRA § 504(a).

Un pagaré hipotecario es una "promesa", es decir, "un compromiso

escrito de pagar dinero suscrito por la persona que se obliga a

pagar". DLJ Mortgage Capital, Inc. v. Santiago Martinez, 202 DPR 950

(2019) supra, pág. 963; Ley de Transacciones Comerciales 19 LPRA

§ 503(a) (9). Las transacciones comerciales y los instrumentos

negociables, así como su cesión, negociación y exigibilidad, se

regulan especialmente por la Ley de Transacciones Comerciales, Ley

Núm. 209-1995, según enmendada, 19 LPRA § 401. De esta

manera, los principios generales del derecho en nuestra jurisdicción

aplicarán de modo supletorio, a menos que estos sean desplazados

por disposiciones particulares de la referida Ley. DLJ Mortgage

Capital, Inc. v. Santiago Martínez, supra.
KLCE202301088                                                       6

      La Ley de Transacciones Comerciales confiere legitimidad

para exigir el cumplimiento de un instrumento negociable a

cualquier   persona     con   derechos     sobre   el   instrumento,

independientemente si es tenedor de buena fe o no, o si está en

posesión inmediata del mismo. A estos efectos, la Ley se refiere en

su Sección 2-301 a la "persona con derecho a exigir el cumplimiento

de un instrumento" como aquel que es (1) el tenedor del

instrumento, (2) una persona que no está en posesión del

instrumento y tiene los derechos de un tenedor, o (3) una persona

que no está en posesión del instrumento, pero tiene derecho a exigir

el cumplimiento del instrumento de acuerdo a las disposiciones de

la sección 2-309 y de la sección 2-418(d). Una persona tiene derecho

a exigir el cumplimiento del instrumento, aunque la persona no sea

el dueño del instrumento o lo posea indebidamente. 19 LPRA § 601.

      La Ley de Transacciones Comerciales define en su Sección 1-

201 al "tenedor" de un instrumento negociable como la persona en

posesión del mismo si el instrumento es pagadero al portador o, en

el caso de un instrumento pagadero a una persona identificada, si

la persona identificada está en posesión del mismo. 19 LPRA § 451.

Se define además al "portador" como la persona en posesión de un

instrumento, documento de título, o valor con certificado pagadero

al portador o endosado en blanco. Id.

      Un instrumento negociable es pagadero al portador si: (1)

especifica que es pagadera al portador o a la orden del portador o de

otra forma indica que la persona en posesión de la promesa u orden

tiene derecho al pago; (2) no designa un tomador; o (3) especifica

que es pagadera a, o a la orden de, efectivo (cash) o de otra forma

indica que no es pagadera a una persona identificada. 19 LPRA §

509(a). Por su parte, una negociación, para efectos de la referida

Ley, se refiere a la cesión de la posesión del instrumento, voluntaria

o involuntariamente, por una persona que no sea el emisor a una
KLCE202301088                                                        7

persona que con ello se convierta en su tenedor. Si el instrumento

es pagadero al portador, el mismo puede negociarse mediante la

cesión de la posesión solamente. 19 LPRA § 551. La Sección 2-203

de esta Ley establece que una cesión del instrumento ocurre cuando

se entrega por una persona que no sea su emisor con el propósito

de darle a la persona que lo recibe el derecho de exigir el

cumplimiento del instrumento. Esta cesión, sea una negociación o

no, le confiere al cesionario cualquier derecho del cedente a exigir el

cumplimiento del instrumento, incluyendo cualquier derecho que

tuviese como tenedor de buena fe, salvo que haya participado en un

fraude o ilegalidad que haya afectado el instrumento. 19 LPRA §

553(a)-(b). Bajo este precepto, el cedente le transmite al cesionario

un crédito y el cesionario sustituye al acreedor como titular activo

de la obligación. IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986).

Por tal razón, se reconoce al cesionario que se convierte en tenedor

del instrumento como persona con derecho a exigir el cumplimiento

del instrumento.

      Un pagaré al portador se transfiere esencialmente por la mera

entrega del mismo, y es desde ese momento que el tenedor o

portador tiene legitimación activa para reclamar el pago. Lozada

Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 104 (1971); EML Insurance

Company v. Banco Popular, 91 DPR 645, 651 (1965). A su vez, el

portador está cobijado por la presunción legal de que el pagaré es

válido y de que fue otorgado por causa justa y onerosa, causa que

se presume de igual manera por la mera existencia del pagaré. SJ

Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181, 185 (1982); Texas Co. PR v.

Estrada, y Álvarez, Interventor, 50 DPR 743, 749 (1936). Si no fuera

así, no tendría valor alguno para el que lo recibía en garantía y

serían inútiles las disposiciones de ley que autorizan la expedición

de pagarés al portador. Vendrell v. Torres Aguiló, 85 DPR 873, 876

(1962).
KLCE202301088                                                        8

                                 -C-

      Nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto que los derechos

y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen

firme, constituyen la ley del caso. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A.,

152 DPR 599 (2000). Así pues, el Tribunal Supremo ha reiterado

que las determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley

del caso en todas aquellas cuestiones consideradas y decididas.

Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005); Srio. del Trabajo v.

Tribunal Superior, 95 DPR 136 (1967).

      Es de particular importancia destacar que la doctrina de la ley

del caso no se limita a lo decidido mediante sentencia, sino que se

aplica igualmente a las órdenes y resoluciones emitidas por un

tribunal, una vez éstas advienen finales y firmes. A fines de velar por

el trámite ordenado y pronto de los litigios, así como por la

estabilidad y certeza del derecho, un tribunal de instancia, como

una cuestión de sana práctica y no como regla inviolable, debe

resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de un mismo caso

excepto cuando se convenza de que los mismos son erróneos. Mgnt.

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra. Sin embargo, cuando la ley del

caso es errónea y puede causar una gran injusticia, puede

emplearse una norma de derecho diferente. Secretario del Trabajo

v. Tribunal Superior, supra; Rivera Robles v. Insurance Co. of Puerto

Rico, 103 DPR 91 (1974). A tales efectos, el Tribunal Supremo ha

declarado que se trata de un mandato invariable o inflexible y recoge

una costumbre deseable de que las controversias sometidas,

litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa deben

usualmente respetarse como finales. De este modo, las partes en un

litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder en el pleito sobre

unas directrices judiciales confiables y certeras. Mgmt. Adm. Servs,

Corp. v. E.L.A., supra.
KLCE202301088                                                           9

      Dichas determinaciones, como regla general, obligan tanto al

tribunal de instancia como al que las dictó en revisión si el caso

vuelve a su consideración. En específico, las determinaciones

judiciales que constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas

cuestiones finales consideradas y decididas por el Tribunal. Ahora

bien, la doctrina de la ley del caso solo puede invocarse cuando

exista una decisión final de la controversia en sus méritos. Cacho

Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1 (2016); Félix v. Las

Haciendas, supra.      En Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró el alcance de la aplicación

de la doctrina de la ley del caso en lo que respecta a la resolución de

asuntos interlocutorios. Dicho foro precisó que en el contexto de la

adjudicación     de   peticiones     de    certiorari   sobre    asuntos

interlocutorios, se ha resuelto que la denegatoria de un tribunal

apelativo a expedir el auto no implica la ausencia de error en el

dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una adjudicación

en los méritos. Por lo tanto, en esos casos no aplica la doctrina de

la ley del caso. Por el contrario, sí les aplica la doctrina de la ley del

caso a los asuntos atendidos, discutidos y resueltos en los méritos

por el Tribunal de Apelaciones. Id.

                                   -III-

      La parte peticionaria, para persuadirnos en su contención de

que ordenemos la paralización de la orden dictada en el caso en

controversia alude a un caso resuelto por un Panel Hermano de este

Tribunal de Apelaciones. En Frutos De La Montaña De Lares, INC. et

al v. PR Recovery And Development JV, LLC KLAN202300013 (TA PR

20 de abril de 2023) se solicitó que se revocara una Sentencia Parcial

dictada sumariamente el 1 de diciembre de 2022, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. La parte apelante

arguyó ante el referido Panel que no procedía disponer del asunto

sumariamente ni ordenar la venta judicial de varias propiedades
KLCE202301088                                                      10

pertenecientes a la parte Apelante. En este caso, la parte Apelante

argumentó que erró el TPI al declarar con lugar la moción de

sentencia sumaria presentada por PPRD (parte recurrida en el

presente caso) debido a que entendía que existía controversia sobre

hechos materiales que impedían que el caso se resolviera por la vía

sumaria.

      En aquel momento, PPRD alegó en su Solicitud de Sentencia

Sumaria ser tenedora de buena fe de los instrumentos negociables

suscritos por la Apelante. Sin embargo, en su Sentencia el Panel

Hermano de este Tribunal de Apelaciones entendió que debido a que

existía controversia en cuanto a la titularidad de los créditos objeto

de cobro no se justificaba la utilización del mecanismo procesal de

Sentencia Sumaria por parte del foro primario para adjudicar el

caso. El panel hermano consideró que era necesario desfilar prueba

sobre la legitimidad de los alegados endosos utilizados para la cesión

de los pagarés, sobre la naturaleza corporativa de PPRD al momento

de la venta de los préstamos, sobre las formalidades de las

transacciones, sobre la inspección de todos los documentos

originales y sobre la autorización para actuar de ciertas personas a

nombre del Banco de Desarrollo Económico.

      En su determinación, el panel hermano de este Tribunal de

Apelaciones consideró que para determinar la legalidad de la venta

de préstamos había que adjudicar en juicio plenario si PPRD es o no

tenedora de buena fe de los instrumentos negociables suscritos por

la Apelante. Esto pues, si se determinaba que la adquisición de

créditos objeto de la acción del Banco de Desarrollo Económico era

ilegal o que la compraventa de la cartera de préstamos de dicho

banco fuera anulada, ello afecta la titularidad de PPRD sobre los

créditos objeto de la acción de cobro y ejecución de hipoteca

dilucidándose en el referido caso.
KLCE202301088                                                      11

      Establecido lo anterior, la primera razón que nos presenta la

parte peticionaria en su argumentación es que podrían ocasionarse

potenciales conflictos jurídicos e injusticias en caso de que se

ejecute la propiedad de los recurrentes y luego se determine en el

caso de expropiación a la inversa que dicha propiedad pertenece al

ELA. La segunda razón por la cual la parte peticionaria entiende que

el TPI debió paralizar los procedimientos es que, a su entender,

existen circunstancias en controversia sobre la validez de la venta

de la cartera de préstamos que inciden sobre el alegado derecho de

los recurridos a ejecutar la sentencia, la cual no debemos perder de

vista que fue dictada décadas previo a la impugnación de la venta

del LOAN SALES AGREEMENT por parte del Gobierno de PR y del

BDE en el caso SJ2019CV11697. Relacionado a lo anterior, la parte

peticionaria considera que el TPI debía paralizar los procedimientos

está relacionada a los potenciales conflictos jurídicos e injusticias

que pudieran suscitarse en caso de que se ejecute la propiedad de

los recurrentes y luego se determine que es nula la adquisición del

acreedor de los pagarés hipotecarios, según persigue el BDE en el

antes referido caso SJ2019CV11697.

      Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los tres

errores de manera conjunta. En el caso ante nuestra consideración,

la parte peticionaria nos solicita que lleguemos a la misma

conclusión a la que llegó el Panel Hermano de este Tribunal en el

caso Frutos De La Montaña De Lares, INC. et al v. PR Recovery And

Development JV, LLC, supra. Sin embargo, luego de realizar un

análisis de la Ley de Transacciones Comerciales y su jurisprudencia

interpretativa, y considerada la totalidad de las circunstancias

específicas del caso ante nuestra consideración, no podemos avalar

tal pretensión.

      Consideramos que resulta innecesario que el foro primario

dirima en juicio ordinario si PPRD es poseedor de buena fe de los
KLCE202301088                                                                12

pagarés y a su vez, si es el verdadero deudor con derecho a cobrar,

para que se continue con los procedimientos de ejecución de

sentencia. Surge del expediente ante nuestra consideración que

PPRD es el tenedor de los pagarés, por lo tanto, según se desprende

de la Ley de Transacciones Comerciales, tiene el derecho a cobrar

los créditos.1

       Debemos enfatizar que, contrario al caso de Frutos De La

Montaña De Lares, supra, en el caso que nos ocupa nos encontramos

ante una sentencia dictada en 1987. Por lo tanto, los derechos y

obligaciones adjudicados en el dictamen judicial ya son finales y

firmes y constituyen la ley del caso.                De otra parte, debemos

subrayar que el caso de Frutos De La Montaña no tiene valor de

precedente y que existen otros casos de este Tribunal donde el

resultado alcanzado, con la misma parte demandante y donde se

plantearon controversias análogas, ha sido distinto. A manera de

ejemplo tenemos el caso de PR Recovery And Development JV, LLC

v. Grupo Pera, LLC et al v. Banco de Desarrollo Económico de Puerto

Rico, KLAN202100827, Sentencia de 18 de enero de 2022, donde

entre otras cosas otro Panel Hermano concluyó que hasta que un

Tribunal competente no determine que la venta de la cartera de

préstamos es nula, el cesionario de los préstamos vendidos puede

hacer gestiones para cobrar las sumas adeudadas, si el deudor

incumplió con los términos del contrato.2

       El alegado fracaso a la justicia planteado por la parte

peticionaria no afecta el resultado del caso y no anula la obligación

1 Véase Anejo 1 de la oposición a la expedición del certiorari.
2 Véase además, PR Recovery and Development REO, LLC v. Green Recycling
Solutions, LLC et als, KLCE202000496, Sentencia de 31 de agosto de 2020, donde
se concluyó “el tenedor del pagaré, en este caso el recurrido, tiene legitimación
activa para reclamar el cobro de los pagarés endosados a su favor, ya que tiene
una presunción legal de que es válido y que fue otorgado por causa justa y
onerosa. Por consiguiente, no procede que se paralice el procedimiento de cobro
y ejecución de hipoteca radicado por el recurrido, hasta que sea determinado en
un pleito independiente la alegada nulidad de la compraventa del préstamo en
cuestión.”
KLCE202301088                                                           13

que estos deben cumplir. Independientemente de que en un futuro

se resuelva que PPRD no es la acreedora con derecho, o se anule la

referida venta de los préstamos a la parte recurrida, ello no exime a

los peticionarios de cumplir con la deuda. En caso de que un

tribunal    anule    la   referida   venta    de   los   préstamos,   será

responsabilidad del nuevo acreedor cobrarle a PPRD lo que la parte

peticionaria haya pagado.

      Los potenciales conflictos jurídicos e injusticias que pudieran

suscitarse en caso de que se ejecute la propiedad de los recurrentes

y luego se determine que es nula la adquisición del acreedor de los

pagarés hipotecarios o que se determine que la finca en controversia

fue expropiada por el ELA, en efecto son potenciales, y especulativos

por lo que reiteramos que no afectan la obligación que estos deben

cumplir. Recordamos que la hipoteca de una finca, según el artículo

62 de nuestra ley del registro de la propiedad se extiende a las

compensaciones otorgadas por expropiación forzosa. Véase el art.

62 de Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico 30 LPRA § 6089. Véase también Autoridad

de Carreteras v. lñesta, 165 DPR 891 (2005).

      En suma, si consideramos cada uno de los errores y

posibilidades planteados por la parte peticionaria, el resultado

siempre será el mismo, y es que deben cumplir con su obligación

según reconocida en la Sentencia, ya final y firme, y cuya ejecución

ha sido postergada por más de treinta años.

                                     -IV-

      Por   los     fundamentos      que    exponemos    a   continuación,

denegamos la petición de certiorari presentada por la parte

peticionaria.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.
KLCE202301088                                                         14

      El Juez Pagán Ocasio disiente de la determinación de la

mayoría del panel con las siguientes expresiones: Disiento,

respetuosamente, de la determinación tomada por los fundamentos

consignados en la sentencia dictada en el caso Frutos de la

Montaña de Lares, Inc. V. PR Recovery and Development JV

LLC, KLAN202300013, ante idénticos planteamientos.

      Entiendo que, en correcta práctica apelativa, se debe expedir

el auto de certiorari solicitado y paralizar los procedimientos en lo

que se adjudica la titularidad de los créditos objeto de ejecución.

Adviértase que está en controversia la legitimidad de los alegados

endosos utilizados para la cesión de los créditos; la naturaleza

corporativa de PR Recovery and Development JV LLC ( PR Recovery)

al momento de la venta de los préstamos; las formalidades de las

transacciones; la inspección de los documentos originales y la

autorización para actuar de ciertas personas a nombre del Banco de

Desarrollo Económico(BDE), quien precisamente cuestiona la

legalidad de la transacción que se pretende ejecutar.

      Al   tratarse   de   fondos   públicos,   resulta    indispensable

determinar si PR Recovery es o no tenedora de buena fe de los

instrumentos    negociables      que   se   intentan      ejecutar.   De

determinarse que la adquisición de créditos objeto de la acción es

ilegal o que la compraventa de la cartera de préstamos del BDE fuera

anulada, afecta directamente la titularidad de PR Recovery sobre los

créditos que aquí pretende ejecutar.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones