Court Opinion

ID: 9952347
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:43:39.682461+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:58.152996
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

    JEAN C. BORIA                            Certiorari
 FERNÁNDEZ, BERQUIS                          procedente del
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                          Tribunal de Primera
                               KLCE202400169 Instancia, Sala de
         Peticionario                        Bayamón

              v.                                 Caso núm.:
                                                 CAL140-2023-3011
YARELIS SEIJO MORALES
                                                 Sobre: Ley 140
          Recurrida

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez
Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, juez ponente.

                             RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) ordenó el “archivo” de

un caso por no haber “controversia adjudicable” bajo la ley sobre

controversias y estados provisionales de derecho (Ley 140, infra).

Según se explica en detalle a continuación, concluimos que actuó

correctamente el      TPI, pues el asunto presentado ante su

consideración (el promovente interesa recuperar la posesión de una

mascota) no es el tipo de controversia que puede atenderse bajo

dicho estatuto.

                                   I.

      El Sr. Jean C. Boria Fernández (el “Querellante”), por derecho

propio, presentó el recurso de referencia el 9 de febrero de 2024.

Indica que le sometió al TPI una solicitud, bajo la Ley Núm. 140 del

23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la Ley Sobre

Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 32 LPRA sec.

2871 et seq. (la “Ley140”).     Expone que le solicitó al TPI que le

ordenase a la Sa. Yarelys Seijó Morales (la “Querellada”) devolverle

su mascota (una gata llamada Bandi).         Plantea que “todos los

Número Identificador
SEN2024________________
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abogados me dicen” que la Ley 140 “sí es la forma correcta” de pedir

la devolución de la mascota.

       Con el recurso, se acompañó el dictamen del TPI, notificado el

11 de enero de 2024 (la “Resolución”), mediante el cual el TPI, en

efecto, determinó que “no existe controversia adjudicable a tenor con

la Ley 140”. Disponemos1.

                                        II.

       El propósito de la Ley 140 es “establecer un procedimiento de

ley rápido, económico y eficiente para la adjudicación provisional de

controversias por los Jueces Municipales y los Jueces de Distrito”.

Exposición de Motivos de la Ley 140, supra. Dicho estatuto provee

un mecanismo sencillo para que todo ciudadano pueda “dirimir

rápida y eficientemente” cierto tipo de controversias típicas del

“diario vivir”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 140, supra.

       El Artículo 2 de la Ley 140, 32 LPRA sec. 2872, dispone qué

tipo de asuntos se podrán atender bajo dicho estatuto:

       Mediante la presente los magistrados quedan
       facultados a intervenir, investigar, ventilar y resolver
       provisionalmente controversias a solicitud de parte
       interesada, según el trámite dispuesto en esta ley. Esta
       facultad comprende y abarca lo siguiente:

       A.` Controversias sobre colindancias y derecho de paso
       y controversias entre vecinos que afecten la convivencia
       y el orden social.

       B. Controversias en casos de custodia de menores. —
       En estos casos se podrán fijar provisionalmente
       pensiones alimenticias de acuerdo con las necesidades
       del menor y de conformidad con los preceptos de ley que
       regulan esta materia.

       C. Medidas provisionales en casos de separación de
       cónyuges válidamente casados o personas en
       concubinato respecto a la posesión y uso de estructura
       destinada a fines residenciales, y aquellos bienes
       muebles enumerados y comprendidos en los incisos (1),

1 La Ley 140 dispone que es inapelable la determinación en los méritos del TPI al

adjudicarse una controversia bajo dicho estatuto. 32 LPRA sec. 2875 (“Una orden
resolviendo una controversia y fijando un estado provisional de derecho, según
esta ley, será inapelable …”). En esta ocasión, sin embargo, se solicita la revisión
de la determinación del TPI de no resolver la controversia que se presentó ante su
consideración, ello al razonar que la controversia no era “adjudicable”. Esta
determinación, al no constituir la resolución de una controversia bajo la Ley 140,
sí es revisable por este Tribunal a través de una petición de certiorari.
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    (2), (3), (4), (4)(a), (5) y (6) del Artículo 249 del Código de
    Enjuiciamiento Civil, según enmendado, que establece
    las propiedades exentas de ejecución.

    D. Controversias entre arrendadores y arrendatarios
    respecto a mejoras urgentes en propiedades destinadas
    para fines residenciales.

    E. Controversias entre el dueño de obra y contratista,
    maestro o persona encargada, respecto a las
    condiciones, desarrollo y compensación de la obra que
    no excedan de tres mil dólares ($3,000).

    F. Controversias entre el propietario de un vehículo de
    motor con mecánico, hojalatero y pintor respecto a la
    retención del vehículo, condiciones y compensación por
    trabajo.

    G. Controversias en cuanto a la garantía y reparación
    de objetos muebles entre comprador y vendedor que no
    excedan de tres mil dólares ($3,000).

    H. Toda reclamación de tipo salarial de un obrero contra
    su patrono que no exceda la cuantía de tres mil dólares
    ($3,000) o que surja de actuaciones u omisiones del
    patrono en violación de la legislación laboral que exijan
    remedios reparativos de carácter no monetario, tales
    como el cumplimiento estricto de determinada
    obligación o la cesación de determinada práctica.

    I. Controversias en casos de crianzas de animales en
    distritos residenciales.

    J. Controversias en las cuales se alegue la existencia de
    perturbaciones que fueren perjudiciales a la salud o a
    los sentidos, o que interrumpan el libre uso de la
    propiedad, de modo que impidan el cómodo goce de la
    vida o de los bienes, de las que dan lugar a una acción
    bajo el Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil,
    según enmendado, conocido como Ley sobre
    Perturbación o Estorbo.

    K. Controversias en las cuales se alegue que el padre,
    madre o tutor de un menor o incapacitado no cumple
    con el deber de velar por el bienestar del menor o del
    incapacitado o por su comportamiento en la
    comunidad.

    L. Controversias sobre la custodia de los bienes
    muebles del caudal hereditario de conformidad con los
    preceptos de ley que regulan la materia.

    M. Controversias en las cuales se alegue maltrato físico
    o emocional de personas contra sus padres, tutores,
    encargados o con quienes residan o de los cuales
    dependan. En estos casos el Tribunal podrá ordenar
    medidas provisionales para proteger a los padres,
    tutores o encargados o con quienes residan o de los
    cuales dependan de la persona maltratante. Sin
    embargo y acorde a lo establecido por la Ley de la
    Judicatura de 1994, cuando en los procedimientos se
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      involucre a un menor de edad, será el Tribunal superior
      el tribunal con competencia para atender el asunto,
      quien además, nombrará un Defensor Judicial que
      supla la capacidad jurídica del menor.

      N. [Derogado]

      O. Controversias entre profesionales de la salud u
      hospitales con sus pacientes, o entre parte con interés
      legítimo, respecto a la entrega de expedientes o récords
      del paciente.

                                  III.

      Surge claramente del texto de la Ley 140 que la controversia

presentada por el Querellante, sobre si procede o no que se le

devuelva una mascota, no encaja dentro del tipo de controversia que

puede atenderse bajo la Ley 140.         De hecho, el Querellante ni

siquiera intentó explicar bajo qué inciso de la Ley 140 podría el TPI

haber adjudicado su solicitud.

                                  IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la

expedición del auto solicitado.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones