Court Opinion

ID: 9890388
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:21:22.019603+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:39.472920
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

                                                               Certiorari
                                                               procedente del
     BANCO POPULAR DE                                          Tribunal de
       PUERTO RICO                                             Primera Instancia,
                                                               Sala Superior de
              Apelado                                          Aguadilla

                   v.                     KLCE202300806
                                                               Sobre:    Cobro de
       AMÉRICO VEGA                                            dinero, Ejecución
      HERNÁNDEZ, et al.                                        de hipoteca por la
                                                               vía ordinaria
             Apelante

                                                               Caso Núm.
                                                               ACD2014-0014
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Pérez.1

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                    RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

        La Sra. Grace Monge La Fosse (Monge La Fosse o peticionaria),

nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 15 de mayo de

2023,2 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Aguadilla (TPI). La aludida resolución, declaró No Ha Lugar la

solicitud de la peticionaria y determinó que ésta carecía de

legitimación activa en el pleito ACD2014-0014.

        El    referido       dictamen      fue   objeto   de   una      Moción   de

Reconsideración que el 5 de julio de 2023, se declaró No Ha Lugar.3

        Examinada la naturaleza del recurso, lo acogemos como auto

de    certiorari        y   solicitamos    el    cambio   de    la    identificación

alfanumérica.           Evaluados    los    planteamientos       de    las   partes,

resolvemos denegar el auto de certiorari.

1 Se modifica la composición del Panel conforme a la Orden Administrativa OATA-

2023-120 del 10 de julio de 2023, que designa a la Hon. Cintrón Cintrón para
entender y votar en el recurso de epígrafe.
2 Notificada el 17 de mayo de 2023.
3 Notificada el 6 de julio de 2023.

Número Identificador

RES2023 _______________
KLCE202300806                                                              2

                                     -I-

      El 14 de marzo de 2014 Banco Popular de Puerto Rico (BPPR

o recurrido) incoó una demanda enmendada,4 por cobro de dinero y

ejecución de hipoteca contra los codemandados, Américo Vega

Hernández y María Magdalena Castillo Morales.5 El señor Vega

Castillo contestó la demanda enmendada el 19 de junio de 2014.6

      Luego de varios tramites procesales, el 12 de junio de 2017,7

el TPI dictó Sentencia Sumaria a favor de BPPR.8

      Advenida dicha sentencia final y firme, el 14 de enero de

2022 la señora Monge La Fosse presentó Aviso al Tribunal sobre la

Cesión de Crédito Litigioso en Pago a Acreedora Grace Monge La

Fosse.9 En síntesis, adujo, que se había efectuado una cesión del

crédito litigioso por parte del señor Vega Castillo a la peticionaria en

pago de su crédito.

      En ese sentido, el 29 de marzo de 2022 la peticionaria

presentó el documento CESIÓN CRÉDITO LITIGIOSO A ACREEDOR

EN PAGO DE SU CRÉDITO;10 y luego, el 8 de mayo de 2022

presentó:    MOCIÓN      AL    AMPARO      DE    LA    REGLA     22.3    DE

PROCEDIMIENTO CIVIL […].11 En resumen, arguyó en favor de que

se le acumulara en el pleito y se le concediera una vista

argumentativa. El 15 de mayo de 2023 el TPI declaró No ha lugar

las referidas solicitudes.12. El aludido foro expresó:

      [E]n el caso de autos se ha resuelto en múltiples ocasiones y
      así fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones en los casos
      núm. KLAN202200365 y KLAN202200912, que la señora
      Monge La Fosse carece de legitimación activa. Así las cosas,
      no procede aplicarse la Regla 22.3 de Procedimiento Civil, 32
      LPRA Ap.V. En cuanto a la prueba presentada para

4 La demanda se enmendó con el propósito de sustituir a los codemandantes
Américo Vega Hernández y María Magdalena Castillo Morales por sus herederos:
Américo, José y Ricardo de apellidos Vega Castillo. Además, se incluyó a Jonh
Doe y Richard Roe como herederos desconocidos.
5 Apéndice 2 del recurso del Peticionaria, págs. 6 – 8.
6 Apéndice 3 del recurso del Peticionaria, págs. 10 – 11.
7 El 28 de junio de 2017 se emitió una notificación enmendada.
8 Apéndice 6 del recurso de la Peticionaria, págs. 36 – 46.
9 Apéndice 7 del recurso de la Peticionaria, págs. 48 – 49.
10 Apéndice 10 del recurso de la Peticionaria, págs. 73.
11 Apéndice 16 del recurso de la Peticionaria, págs. 128 – 153.
12 Notificada el 17 de mayo de 2023. Véase, Apéndice 17 del recurso de la

Peticionaria, págs. 155 – 156.
KLCE202300806                                                                3
        fundamentar el derecho de cesión de la señora Monge,
        determinamos que esta es insuficiente para determinar que
        posee legitimación activa para reclamar la aplicación de la
        figura sobre cesión de crédito litigioso. Cuando la señora
        Monge la notificó la cesión en autos, ya se había dictado
        sentencia, la cual es final y firme. Además, se llevó a cabo la
        ejecución de sentencia y subasta. Por tanto, el crédito cedido
        no puede catalogarse como litigioso al ya haber sido
        adjudicado mediante sentencia final y firme. Cónsono con lo
        anterior, denegamos incluir el nombre de la señora Monge La
        Fosse en el epígrafe y la vista argumentativa solicitada. [sic].13

        El 30 de mayo de 2023 la señora Monge La Fosse solicitó

reconsideración,14 y el 5 de junio de 2023 fue declarada No Ha

Lugar.15

        El 5 de julio de 2023, la señora Monge La Fosse acudió ante

nos y señaló el siguiente error:

        EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL DENEGAR
        LA MOCIÓN DE REGLA 22.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL QUE
        PRESENTÓ LA CESIONARIA PARA QUE SE LE ACUMULARA
        COMO PARTE DEMANDADA TRAS LA CESIÓN DE INTERÉS
        QUE MEDIÓ ENTRE EL DEMANDADO–CEDENTE Y LA
        CESIONARIA.

        Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por

sometido el asunto.

                                       -II-

        El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto

de certiorari es un vehículo procesal de carácter discrecional que

permite a un foro judicial de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un tribunal inferior.16 Por carácter discrecional

se entiende como el poder de decidir en una forma u otra, esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción.17

        Bajo el palio discrecional la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

delimita las instancias en que habremos de atender y revisar las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a

saber:

13 Id., pág. 156.
14 Apéndice 18 del recurso de la Peticionaria, págs. 158 – 174.
15 Notificada el 6 de junio de 2023. Véase, el Apéndice 19 del recurso de la
Peticionaria, pág. 176.
16 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703,

711 (2019).; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
17 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
KLCE202300806                                                                  4

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].18

       Con el objetivo de que podamos ejercer nuestra facultad

discrecional que nos ha sido delegada para entender o no en los

méritos del recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, dispone:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:
          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
          a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
          derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
          y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 19

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que:

       [d]e ordinario, no se intervendrá́ con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́ con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó́ en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.20

18 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
19 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
20 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
KLCE202300806                                                            5
       De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.21

                                     -III-

       En el presente recurso certiorari la señora Monge La Fosse

indica que, el TPI erró al denegar la moción de cesión de interés al

amparo de la Regla 22.3 de Procedimiento Civil,22 ya que la cesión

del crédito litigioso por parte del señor Hernández Castillo le

permitía ser parte del pleito. Por lo cual, solicita que se ordene la

acumulación de la peticionaria en el caso de autos conforme a dicha

Regla 22.3.

       Resolvemos que el TPI ejerció su discreción sin abuso alguno

o error manifiesto que nos impulse al intervenir con la Resolución

recurrida. Conforme el derecho aplicable, este caso no presenta

ninguna de las circunstancias contempladas en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, que nos permita expedir el auto

solicitado. Tampoco existe justificación alguna para intervenir con

la Resolución recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la

Regla 40 de este tribunal, supra.

                                     -IV-

       Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de

certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

21 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
22 32 LPRA Ap. V., R. 22.3.