Court Opinion

ID: 9941543
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:45:03.910328+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.768273
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

                                              CERTIORARI
RICHPORT LLC                                  Procedente del
                                              Tribunal de Primera
                                              Instancia, Sala
Recurridos                                    Superior de Bayamón
                             KLCE202301258

v.                                            Civil Núm.:
                                              BY2022CV1806
                                              (505)
UNIVERSAL
PROPERTIES REALTY                             Sobre:
GOVERNMENT
SERVICES LLC Y                                COBRO DE DINERO
OTROS                                         ORDINARIO Y
                                              OTROS
Peticionarios

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

      Comparece ante nos el Municipio de Luquillo, en adelante,

Municipio o peticionario, solicitando que revoquemos la “Resolución”

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en

adelante, TPI-Bayamón, el día 29 de junio de 2023. En la recurrida

resolución, el Foro Primario declaró “No Ha Lugar” en dos (2)

solicitudes de desestimación, presentadas por el Municipio, en las

que arguyó falta de jurisdicción en la demanda contractual y en

cobro de dinero presentada en su contra, por Richport LLC, en

adelante, Richport o recurrido.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos expedir el auto solicitado.

Número Identificador
RES2023___________________
KLCE202301258                                                       2

                                     I.

       El 1 de julio de 2020, el Municipio delegó en la co-demandada

Universal Properties Realty Government Services, LLC, en adelante,

Universal, la administración del Programa de Control de Estorbos

Públicos, en adelante, Programa, entre otros servicios.1 Entre las

facultades otorgadas por el acuerdo de las partes, se encuentra la

adquisición y venta de las propiedades declaradas como estorbo

público a favor del Municipio.2

       Ahora bien, el 8 de abril de 2022, Richport demandó a

Universal por incumplimiento contractual, y alegó que le había

entregado a Universal la suma de $479,000.00 dólares, como

resultado de once (11) contratos de adquisición y expropiación.3

Richport arguyó que Universal no le había entregado varias

propiedades, objeto de los mencionados contratos. En su demanda,

Richport incluyó al Municipio como co-demandado, alegando que

este había incumplido con su deber de velar por el manejo de fondos

públicos, ya que el dinero entregado por Richport a Universal debió

ser depositado en una cuenta plica, entre otros reclamos.

       El 24 de junio de 2022, el Municipio solicitó una prórroga para

obtener copia de los contratos entre Richport y Universal, y cuarenta

y cinco (45) días le fueron concedidos por el Foro Primario, el 27 de

junio de 2022, mediante “Orden”.4 El 9 de agosto de 2022 Richport

presentó una “Moción solicitando anotación en Rebeldía y Sentencia

en Rebeldía”, a la cual se opuso el Municipio el mismo día, además

de presentar su “Contestación a Demanda”.5

       El 7 de octubre de 2022, fue notificada una “Orden” del TPI-

Bayamón, en la que denegó anotar la rebeldía del Municipio.6

1 Apéndice del recurso, pág. 66.
2 Id. págs. 68-70.
3 Id. pág. 1.
4 Id. págs. 21-23.
5 Id. págs. 24-38.
6 Id. pág. 39.
KLCE202301258                                                         3

         Por otro lado, el 27 de octubre de 2022, el Municipio presentó

ante el Foro Primario dos mociones intituladas “Solicitud de

Desestimación de la Demanda, en cuanto al Municipio de Luquillo, por

Falta de Jurisdicción sobre la Materia debido al incumplimiento con el

Artículo 1.051 del Código Municipal” y “Solicitud de Desestimación de

la Demanda, en cuanto al Municipio de Luquillo, por Falta de

Jurisdicción sobre la Materia por Prescripción”.7 El 16 de noviembre

de 2022, Richport presentó su “Moción en Oposición a Moción de

Desestimación Presentada por el Municipio de Luquillo”.8 Sin

embargo, el 29 de junio de 2023, el TPI-Bayamón dictó una

“Resolución y Orden” en la que declaró “No Ha Lugar” las dos (2)

mociones de desestimación del Municipio.9

         Luego,    el    Municipio     presentó    una   “Solicitud   de

Reconsideración” el 14 de julio de 2023. El 13 de octubre de 2023,

el Foro Primario denegó la solicitud de reconsideración del

Municipio.

         Inconforme con la decisión, el aquí peticionario presentó ante

este Tribunal un recurso de Certiorari, el 16 de noviembre de 2023.

En su solicitud, el Municipio hace los siguientes señalamientos de

error:

         ERRÓ     EL    TPI   AL   DENEGAR    LA   SOLICITUD   DE
         DESESTIMACIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE
         LA MATERIA CUANDO EL DEMANDANTE INCUMPLIÓ CON
         EL   ARTÍCULO        1.051   DEL    CÓDIGO   MUNICIPIAL,
         INDISPENSABLE PARA PODER DEMANDAR AL MUNICIPIO
         DE LUQUILLO.

         ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA
         DEMANDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE
         DAÑOS, CUANDO EL TÉRMINO APLICABLE ERA EL DE UN
         (1) AÑO, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN
         CONTRACTUAL ENTRE EL MUNICIPIO Y RICHPORT.

7 Apéndice del recurso, págs. 40-55.
8 Id. pág. 56.
9 Id. pág. 148.
KLCE202301258                                                           4

      El 27 de noviembre de 2023, la parte recurrida presentó su

“Oposición a Recurso de Certiorari bajo la Regla 37 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones”. Con el beneficio de la comparecencia

de ambas partes, procedemos a atender el auto ante nos.

                                       II.

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar el dictamen de un

tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023);

Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004

(2021). A diferencia del recurso de Apelación, la expedición de un

Certiorari es discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352,

372 (2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del TPI, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el TPI, solamente será expedido
      por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice
      o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el
      Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
KLCE202301258                                                          5

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en aquellas circunstancias en

las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703, 710 (2019).

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a

considerar para “ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias que le son planteadas”. Pueblo v.

Rivera Montalvo, supra, pág. 372; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Así, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones supra, funge como

complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La

precitada Regla 40 de Reglamento del Tribunal de Apelaciones

supra, dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el TPI.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
      ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005). Por

lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo
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intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      De ordinario, un tribunal apelativo no debe intervenir con el

ejercicio de la discreción del TPI, salvo que se demuestre que hubo

un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio

o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Dávila

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); Pueblo v.

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Zorniak Air Servs. v.

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).

      Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen,

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martinez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98.

                                     III.

      El peticionario señala que el TPI-Bayamón erró al denegar las

solicitudes de desestimación presentadas, en las que alegó falta de

jurisdicción, por razón de la materia y prescripción.

      Sin embargo, luego de una detenida lectura, y sosegado

estudio de los documentos y alegatos presentados por las partes,

este Tribunal no ha encontrado error, parcialidad o prejuicio

manifiesto por el Foro Primario al emitir su dictamen.
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      Este Tribunal no encuentra justificación en derecho que

amerite su revisión judicial en el caso de marras. Además, conforme

a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no

nos encontramos facultados para intervenir en el recurso de

Certiorari que nos ocupa.

                                   IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el

auto solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones