Court Opinion

ID: 9890312
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:14:20.661055+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:17.072171
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

   KAROLINE LINNETTE                        Apelación
    PÉREZ CALDERÓN                          procedente del
                                            Tribunal de Primera
   Demandante-Apelante        KLCE202301013 Instancia, Sala de
                                            Carolina
              v.
                                                 Civil núm.:
   DAVID OMAR ROJAS                              CA2022RF00600
         SOSA                                    (301)

    Demandado-Apelado                            Sobre: Alimentos

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) dejó sin efecto una

pensión alimentaria final que se le impuso a un padre luego de que,

ante su incumplimiento con las órdenes del tribunal, se le imputara

capacidad económica. Según se explica en detalle a continuación,

en el ejercicio de nuestra discreción, declinamos intervenir con la

decisión del TPI de re-abrir el asunto de la pensión final que deberá

imponerse.

                                  I.

      En agosto de 2022, la Sa. Karoline L. Pérez Calderón (la

“Madre”) presentó la acción de referencia en contra del Sr. David O.

Rojas Sosa (el “Padre”) en beneficio de una hija de menor edad

procreada por las partes (la “Hija”).

      El 5 de octubre, durante la celebración de una vista de fijación

de pensión alimentaria, las partes estipularon una pensión

alimentaria provisional de $350.00 mensuales, retroactiva al 30

de agosto de 2022. Subsiguientemente, ambas partes sometieron

sus Planillas de Información Personal y Económica (PIPE).

Número Identificador
RES2023________________
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      Luego de algunos trámites procesales, el 6 de diciembre, el

entonces representante legal del Padre presentó una Moción de

Relevo de Representación Legal. En síntesis, solicitó ser relevado de

la representación legal del Padre por falta de comunicación con este.

Además, solicitó que le concedieran treinta (30) días al Padre para

que anunciara nueva representación legal. El 9 de diciembre, el TPI

declaró Ha Lugar la solicitud de relevo de representación, sin ningún

otro pronunciamiento al respecto.

      El 9 de diciembre, la Madre interpuso una Moción Solicitando

Remedio en la cual informó que, desde el 18 de octubre, le cursó

al Padre un Primer Pliego de Interrogatorio, pero que el Padre

no lo había contestado.         Solicitó que el TPI ordenara el

cumplimiento al Padre en cinco (5) días, so pena de sanciones

económicas.

      El 12 de diciembre, el TPI emitió una Orden en la cual le

ordenó al Padre contestar el interrogatorio en un término de cinco

(5) días, so pena de severas sanciones económicas. El 4 de enero de

2023, la Madre instó una Moción Solicitando Remedio Urgente en la

cual informó que el Padre no cumplió con lo ordenado. Solicitó la

imposición al Padre de sanciones económicas y que se le ordenara

contestar en un término de 5 días finales. De no cumplir el Padre

con lo ordenado, la Madre requirió que se le “imputara capacidad

económica” al Padre.

      El 10 de enero de 2023, el TPI le impuso al Padre una

sanción económica de $200.00 a favor de la Madre y le ordenó

contestar el interrogatorio en un término de cinco (5) días, bajo la

advertencia de imputarle capacidad económica. El 24 de enero, el

TPI ordenó a la Madre informar si el Padre cumplió con el pago de la

sanción económica impuesta.

      El 27 de enero, la Madre incoó una Moción Solicitando Remedio

Urgente. En síntesis, informó que el Padre desatendió la orden y no
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había contestado el interrogatorio. El 31 de enero, el TPI emitió

una Orden mediante la cual le imputó capacidad económica al

Padre. Además, refirió el asunto al Examinador de Pensiones

Alimentarias (el “Examinador”).

      El 17 de abril, la Madre presentó una Moción Desacato.

Informó que, desde febrero de 2023, el Padre no había realizado

pagos por concepto de pensión alimentaria y adeudaba en ese

momento $1050.00.       En vista de lo anterior, solicitó una vista

urgente de desacato.

      El 18 de abril, el TPI le concedió al Padre un término de quince

(15) días finales para pagar la deuda total de pensión alimentaria,

bajo apercibimiento de desacato y arresto. Subsiguientemente, el

22 de mayo, el TPI le requirió a la Madre que, en diez (10) días,

informara si el Padre había pagado la deuda de pensión alimentaria.

      El 23 de mayo, la Madre instó una Moción Desacato en la cual

informó que el Padre no había hecho pago alguno por concepto

de pensión alimentaria.        Aseveró que la deuda ascendía a

$2,100.00 y solicitó una vista de desacato. El 24 de mayo, el TPI

señaló la vista de desacato para el 6 de julio.

      El 5 de junio, el Examinador celebró una vista de fijación de

pensión. Del correspondiente Informe, presentado el 6 de junio, se

desprende que la Madre se conectó oportunamente a la vista

celebrada por videoconferencia, mientras que el Padre se conectó de

manera tardía cuando conducía un vehículo de motor y estaba

acompañado de una persona ajena al pleito. Se decretó un receso,

luego del cual, el Padre no se conectó a la vista.

      El Examinador indicó que los gastos de la menor ascendían a

$930.00 mensuales y recomendó que se fijara dicha suma como

pensión alimentaria retroactiva al 30 de agosto de 2022. Además,

le impuso al Padre el pago de la totalidad de gastos de materiales,

uniformes y gastos médicos extraordinarios; la compra de un juego
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de cuarto para la menor; y $500.00 por la vista del 5 de octubre de

2022 y la vista del 5 de junio de 2023.

         En igual fecha, 6 de junio, el Padre interpuso una Moción

Asumiendo Representación Legal.

         Por su parte, el 8 de junio, la Madre interpuso una Moción

Solicitando Remedio Urgente. De entrada, informó que, hasta mayo

de 2023, el Padre había pagado $1,700.00 de la pensión alimentaria

provisional, por lo cual adeudaba $1,800.00 por tal concepto.

Además, debido a la diferencia de $520.00 mensuales entre la

pensión provisional y la pensión recomendada por el Examinador,

hasta el mes de mayo de 2023 también existiría una deuda

adicional, retroactiva, de $5,200.00, para lo cual solicitó que se

estableciera un plan de pago y se citara a una vista de desacato.

         El 22 de junio, el TPI aceptó la representación legal del Padre.

Además, emitió una Sentencia en la cual acogió la totalidad de las

recomendaciones recogidas en el Informe del Examinador (la

“Sentencia”). En igual fecha, el TPI señaló la celebración de la vista

presencial de desacato para el 6 de julio, que posteriormente fue

reseñalada.

         El 7 de julio, el Padre presentó una Moción que Pide

Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de las de Procedimiento

Civil;    que   Pide   Determinaciones    de   Hechos    Adicionales   y

Conclusiones de Derecho y Otros Extremos (la “Moción de Relevo”).

Expresó que tanto las solicitudes de sanciones de la Madre por el

incumplimiento con el descubrimiento de prueba en enero de 2023,

así como la imposición de dichas sanciones, incluida la imputación

de capacidad económica, ocurrieron sin que antes se acreditara que

el Padre, en ese momento sin representación legal, tuviera en su

poder el interrogatorio.       Aseveró que tampoco surgía de las

solicitudes de sanciones de la Madre una acreditación de

notificación directa al Padre.      Añadió que, aunque el Padre se
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conectó de manera tardía a la vista final de fijación de pensión, se

reanudó la vista sin que el Padre estuviera presente.

      Asimismo, el Padre cuestionó que no se tomara en cuenta su

información económica al fijar la pensión, a pesar de que había

presentado su PIPE desde el 4 de octubre de 2022, ni se le honrara

una reserva de ingresos. Además, sostuvo que no se desprende de

los escritos de la Madre o de la determinación del TPI el fundamento

jurídico para imputarle capacidad económica como sanción.

      El 11 de julio, el TPI le ordenó a la Madre expresarse en torno

a la solicitud de reconsideración del Padre en un término de veinte

(20) días.   Transcurrido dicho término sin que la Madre se

expresara, el 1 de agosto, el Padre instó una Moción Solicitando se

de Asunto por Sometido y Otros Extremos; adujo que la Madre no se

opuso oportunamente a su solicitud de reconsideración, por lo cual

solicito que el TPI diera por sometido el asunto y acogiera su

petitorio.

      El 4 de agosto, el TPI emitió una Resolución mediante la cual

dejó sin efecto la imputación de capacidad económica y la Sentencia

(el “Dictamen”).

      Mientras tanto, en igual fecha, la Madre interpuso su

oposición a la Moción de Relevo. En síntesis, afirmó que la conducta

del Padre al desatender las órdenes del tribunal e incumplir con el

pago de la pensión denotaba falta de respeto al TPI.        Además,

sostuvo que la Moción de Relevo fue tardía y temeraria debido a que

la determinación de imputarle capacidad económica fue decretada

en enero de 2023.

      Por otro lado, el 7 de agosto, la Madre solicitó la

reconsideración del Dictamen. Arguyó que el TPI no podía dejar sin

efecto la imputación de capacidad económica del Padre porque dicha

determinación no fue cuestionada oportunamente por este y advino

“final y firme”. El Padre se opuso; planteó que tanto la imputación
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de capacidad económica, como la sanción y la Sentencia, adolecían

de nulidad por ser producto de una supuesta infracción al debido

proceso de ley.

         Mediante una Orden notificada el 14 de agosto, el TPI denegó

la solicitud de reconsideración de la Madre.

         Inconforme, el 13 de septiembre, la Madre presentó el recurso

que nos ocupa; formula los siguientes dos (2) señalamientos de

error:

         1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la
         reconsideración y dejar sin efecto la sentencia en la que
         se fija una pensión final.

         2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin
         efecto la imputación de capacidad económica en el mes
         de agosto de 2023 aun cuando la misma fuera impuesta
         en enero de 2023 sin que hubiera sido reconsiderada ni
         apelada.

Aunque el recurso se presentó como una “apelación”, el mismo fue

acogido como una petición de certiorari, pues el Dictamen no es una

determinación final y apelable, y se ordenó el cambio del

alfanumérico asignado al recurso.1 Disponemos.

                                    II.

         El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal revisar las determinaciones

de un tribunal de menor jerarquía. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al recurso de

apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el recurso

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de

manera razonable, procurando siempre lograr una solución

justiciera.    Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98

(2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

1  Al presentarse el recurso de epígrafe recibió la siguiente designación
alfanumérica KLAN202300811.
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      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente

(énfasis suplido):

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. …

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:
      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.
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      La denegación de una petición de expedición del auto de

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento

en apelación. Torres Martínez, supra.

                                   III.

      Examinado cuidadosamente el expediente, a la luz de los

criterios de la Regla 40, supra, y en el ejercicio de nuestra discreción,

concluimos que no procede que intervengamos con el Dictamen.

      La determinación del TPI de relevar al Padre de la imputación

de capacidad económica y de la Sentencia y, así, ordenar que se

refiriera nuevamente el asunto de la pensión final al Examinador,

constituye un ejercicio discrecional válido del TPI en cuanto al

manejo del caso ante sí.       La norma es que, de ordinario, los

tribunales apelativos no intervenimos con el manejo de los casos

ante el TPI “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Zorniak Air Servs. v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); ELA v. Asoc. De Auditores,

147 DPR 669 (1999); Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR

649 (2000).    En este caso, no se demostró que el Dictamen sea

resultado de un craso abuso de discreción o de algún error de

derecho.

      De otra parte, y contrario a lo planteado por la Madre, el TPI

tenía autoridad para dejar sin efecto la Orden de 30 de enero

mediante la cual le imputó capacidad económica al Padre. Se trata

de una determinación interlocutoria que, mientras no se emita una

sentencia que advenga final y firme, siempre está sujeta a revisión

por   el   tribunal,   independientemente     del   tiempo   que   haya

transcurrido. Adviértase que, “en nuestra jurisdicción, un juez de

instancia no queda atado por sus determinaciones interlocutorias,
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aun cuando estas no hayan sido objeto de reconsideración”. Mgmt.

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR, 608-609 (2000) (Énfasis en el

original).

       Ahora bien, el récord claramente demuestra que el Padre sí ha

incurrido en un patrón de “demora, abandono, obstrucción [y] falta

de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la

justicia”. Regla 85(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII–B, R. 85(c). Ello porque el Padre: (i) no contestó

oportunamente el descubrimiento de prueba cursado por la Madre

hace casi un año; (ii) no se conectó de forma diligente a un

importante señalamiento virtual y, luego de desconectarse, no se

volvió a conectar, todo ello sin siquiera haber formulado alguna

excusa al respecto al TPI; (iii) no pagó la sanción económica

impuesta por el TPI; y (iv) a principios de junio de 2023, el Padre

solo había pagado aproximadamente la mitad de la pensión

provisional estipulada por las partes varios meses antes. Por todo

lo anterior, se le impone al Padre una sanción económica, a favor de

la Madre, de $1,000.00.

       En la continuación del caso, es de suma importancia que el

TPI, con la debida prontitud, vele por (i) el cumplimiento cabal por

el Padre con el pago de la pensión provisional estipulada por las

partes y (ii) el cumplimiento por el Padre con su obligación de

descubrir prueba y (iii) la adjudicación de una pensión final.

Asimismo, dicho foro deberá utilizar todas las medidas a su alcance

para sancionar debidamente el incumplimiento de cualquiera de las

partes con sus obligaciones en este caso.2

2 Existen dos instancias en las cuales se imputan ingresos a la parte alimentante:

cuando se niega a descubrir prueba y cuando reduce intencionalmente su
capacidad económica con el propósito de evadir su responsabilidad de alimentar.
Véase Artículo 11 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según
enmendada, 8 LPRA sec. 510; Artículo 10 del Reglamento Núm. 8529, del 30 de
octubre de 2014, según enmendado, conocido como las Guías Mandatorias para
Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico.
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                                 IV.

      Por   los   fundamentos   antes   expuestos,   se   deniega   la

expedición del auto de certiorari.      Se le impone una sanción

económica al Sr. David Omar Roja Rosas de $1,000.00, a favor de la

Sa. Karoline Linnette Pérez, la cual deberá ser satisfecha en o antes

de los 20 días siguientes a la notificación de esta Resolución.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones