Court Opinion

ID: 9928602
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:55.408686+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:18.701211
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL X

        ISRAEL I. CAJIGAS                                   Certiorari
           RODRÍGUEZ                                        procedente del Tribunal
    DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)                              de Primera Instancia, Sala
                                                            Superior de CAROLINA

                V.                   KLCE202301388          Caso Núm.
                                                            TJ2023RF00123 (405)

      MÓNICA A. UMPIERRE                                    Sobre:
           BERRÍOS                                          Divorcio (Ruptura
    DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)
                                                            Irreparable)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

                                   SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, hoy día 12 de diciembre de 2023.

         Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora MÓNICA A.

UMPIERRE BERRÍOS (señora UMPIERRE BERRÍOS) mediante un Recurso de

Certiorari incoado el 8 de diciembre de 2023. Ese mismo día, presentó una

Moción en Auxilio de Jurisdicción. En su escrito, nos solicita que revisemos la

Orden emitida el 3 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Carolina (TPI).1 Mediante dicho dictamen, entre otros

asuntos, el foro primario concedió la custodia compartida provisional;

dispuso un plan filial de semanas alternas desde los martes; concretó que el

lugar de recogido y entrega será en la escuelita (cuido); se pautó audiencia

para el 9 de febrero de 2024 a las 2:00 de la tarde; y se determinó referir a la

Unidad Social de Familia y de Menores para evaluación social forense.

1
 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 4 de diciembre de 2023.
Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 1- 2.

Número Identificador:
SEN2023___________
KLCE202301388                                                     Página 2 de 10

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

                                             -I-

        El día 4 de septiembre de 2023, la señora UMPIERRE BERRÍOS instó una

Petición de Orden de Protección bajo la Ley Núm. 54 (Violencia Doméstica) y

otra bajo la Ley Núm. 246 (Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de

Menores).2 En consecuencia, el mismo día, el foro a quo decretó una Orden

de Protección Ex Parte con vigencia hasta el 27 de septiembre de 2023.3

Además, dispuso lo siguiente: conceder la custodia provisional a la señora

UMPIERRE BERRÍOS; suspender provisionalmente las relaciones paterno

filiales; y ordenar el desarme del señor ISRAEL I. CAJIGAS RODRÍGUEZ (señor

CAJIGAS RODRÍGUEZ).

        El 6 de septiembre de 2023, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ, por derecho

propio, entabló una Demanda de Divorcio por Ruptura Irreparable (Con

Hijos(as).4 En lo aquí pertinente, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ adujo que las

partes contrajeron matrimonio el 17 de noviembre de 2018; procrearon un

hijo menor de edad; la patria potestad fuese compartida; se le concediera la

custodia en consideración al horario de trabajo de la señora UMPIERRE

BERRÍOS; se implantara un plan filial de semanas alternas; se dispusiera una

pensión alimentaria; y se decretara roto y disuelto el vínculo matrimonial.

        Al día siguiente, 7 de septiembre de 2023, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ

promovió una Petición de Orden de Protección al amparo de la Ley Núm. 54

(Violencia Doméstica).5

        Luego, el pasado 7 de noviembre, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ

presentó Moción Urgentísima para Solicitar Celebración de Vista sobre

Custodia Compartida o para Establecer Relaciones Paterno Filiales

Provisionales y para Solicitar Referido a Unidad de Trabajo Social para Estudio

2
  Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 3- 11.
3
  Íd., págs. 12- 17 (Ley Núm. 54).
4
  Íd., págs. 26- 35.
5
  Íd., págs. 18- 23.
KLCE202301388                                                                 Página 3 de 10

Social; y en el caso OPA2023-037598: Urgente Solicitud Jurada para que se

Reestablezca la Relación del Menor con el Peticionario, se Deje Sin Efecto

Orden ExParte y para que Desestime de Forma Sumaria la Querella

Presentada.6

        Así las cosas, el 12 de noviembre de 2023, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ

presentó una Demanda Enmendada de Divorcio por Ruptura Irreparable de los

Nexos de Convivencia Matrimonial.7 Arguyó que las partes están separadas

desde el 4 de septiembre de 2023; la señora UMPIERRE BERRÍOS presentó dos

(2) peticiones de Órdenes de Protección en su contra; y reiteró su petitorio

sobre referido a la Unidad Social, prohibir relocalizar o remover al menor de

la jurisdicción de Puerto Rico, y conceder unos remedios o medidas

cautelares.

        El 20 de noviembre de 2023, el foro impugnado pronunció Orden

pautando audiencia para el 8 de diciembre de 2023 y concediendo plazo de

diez (10) días a la señora UMPIERRE BERRÍOS para replicar a moción.8

        Poco después, 28 de noviembre de 2023, se celebró la audiencia sobre

las Órdenes de Protección ante el Tribunal Municipal de San Juan. Por

consiguiente, escuchados los testimonios, el tribunal de instancia, dictó la

Resolución Denegando Orden de Protección y la Resolución.9 Más tarde, ese

mismo día, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ presentó Urgente Moción para

Informar que el Tribunal Municipal de San Juan Decretó el Cierre y Archivo del

Caso de Orden de Protección Presentada por la Demandada y para Solicitar de

Forma Urgente que se Fije Relaciones PaternoFiliales Provisional de Forma

Inmediata Hasta el Día de la Vista Señalada para el 8 de Diciembre de 2023.10

6
  Véase Apéndice de la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción, págs. 10- 16; y
25- 34.
7
  Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 116- 123. La audiencia ante la Examinador
de Pensiones Alimentarias está pautada para el 10 de enero de 2024. Entrada núm. 21 del
expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC).
8
  Íd., pág. 134.
9
  Íd., págs. 124- 126; 127- 128; 129- 131; y 132- 133.
10
   Véase Apéndice de la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción, págs. 72- 83.
KLCE202301388                                                           Página 4 de 10

       Por su parte, el 30 de noviembre de 2023, la señora UMPIERRE BERRÍOS

presentó Moción Solicitando Suspensión exponiendo estar disponible

únicamente en tres (3) fechas antes de la segunda semana de enero de 2024.11

Así pues, el mismo día, el tribunal primario dictaminó Orden autorizando dos

relaciones filiales y requiriéndole a las partes coordinar días y hora.12

       El 1 de diciembre de 2023, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ presentó su

Urgente Moción en Solicitud de Orden para que el Tribunal Conceda

Relaciones PaternoFiliales desde Hoy Viernes 1 de Diciembre hasta el Lunes 4

de Diciembre y Otros Asuntos; y la Moción sobre Solicitud de ReSeñalamiento

de Vista del 8 de Diciembre de 2023.13

       Seguidamente, el 3 de diciembre de 2023, el tribunal intimó la Orden

recurrida. Al otro día, el 4 de diciembre de 2023, la señora UMPIERRE BERRÍOS

presentó su Contestación a Demanda Enmendada, Defensas Afirmativas y

Reconvención.14 Insatisfecha, el 8 de diciembre de 2023, la señora UMPIERRE

BERRÍOS acudió ante nos mediante el Recurso de Certiorari y presentó

documento intitulado Moción en Auxilio de Jurisdicción. En su escrito, señala

el(los) siguiente(s) error(es):

       Erró y abusó de su discreción el TPI al, previo a haber expirado
       el término de la peticionaria para contestar la Demanda
       Enmendada, sin tener la posición de la madre custodia y en
       violación al debido proceso de ley que a ésta le asiste, conceder
       la solicitud de custodia compartida en tiempo igual del menor
       procreado entre las partes presentada por el recurrido.

       Erró y abusó de su discreción el TPI al conceder la solicitud de
       custodia compartida en tiempo igual del menor procreado
       entre las partes presentada por el recurrido en violación a los
       requerimientos de nuestro ordenamiento desglosados en los
       artículos 602, 603, 604 y 605 del Código Civil de Puerto Rico y
       en la Ley Protectora de los derechos de los menores en el
       proceso de adjudicación de custodia.

       El 8 de diciembre de 2023, decretamos Resolución en la cual, entre

11
   Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 135- 138.
12
   Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 139.
13
    Íd., págs. 140- 142. Véase Apéndice de la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de
Jurisdicción, págs. 7- 9.
14
     Entrada núm. 34 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC).
KLCE202301388                                                               Página 5 de 10

otras cosas, concedimos un plazo perentorio hasta en o antes del lunes, 11 de

diciembre de 2023, a las 4:00 de la tarde, para presentar su posición sobre la

solicitud de auxilio de jurisdicción, y para mostrar causa por la cual no

debemos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado.

        El 11 de diciembre de 2023, a las 10:08 de la mañana, la señora

UMPIERRE BERRÍOS presentó su Moción en Cumplimiento de Orden. A las 3:44

de la tarde, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ presentó Urgente Oposición a

“Moción en Auxilio de Jurisdicción”. A las 7:51 de la noche, el señor CAJIGAS

RODRÍGUEZ presentó Solicitud de Breve Término para Presentar Oposición a

que se Expida Auto de Certiorari. El 12 de diciembre de 2023, a las 12:00 del

mediodía, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ presentó su Urgente Moción de

Desestimación y en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s)

controversia(s) planteada(s).

                                          – II –

                                          –A–

        El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas

por una corte de inferior instancia judicial. 15 Por ello, la determinación de

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la

discreción judicial.16

        De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.17

Sin embargo, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad

15
   Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 211 DPR ___ (2023); Torres
González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun.
Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021).
16
   Íd.
17
   Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
KLCE202301388                                                                 Página 6 de 10

de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho.”18

        Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.19 La mencionada Regla

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.”20

        En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando:

        (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos
        de hechos o peritos esenciales;
        (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
        (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
        (4) en casos de relaciones de familia;
        (5) en casos revestidos de interés público o
        (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la justicia.21

        Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.22

                                       –B–

        El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros.23 Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento

18
   Íd.
19
   32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
20
   Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
21
   4 LPRA Ap. XXII-B; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339-340 (2012).
22
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800
Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).
23
   McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.
KLCE202301388                                                                  Página 7 de 10

instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no expedir un

recurso de certiorari. A saber:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
        diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
        el análisis del problema;
        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
        Primera Instancia;
        (D) Si el asunto planteado exige una consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
        elevados, o de alegatos más elaborados;
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
        la más propicia para su consideración;
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
        causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
        indeseable en la solución final del litigio; y
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
        evita un fracaso de la justicia.24

        Es preciso aclarar que la anterior no constituye una lista exhaustiva, y

ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el

ejercicio de nuestra jurisdicción.25 Esto es, los anteriores criterios nos sirven

de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica

nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el

caso.26 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee

discreción para expedir el auto de certiorari.27 La delimitación que imponen

estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación

que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser

planteadas a través del recurso de apelación.”28

        Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.29 Esto es, “que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

24
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v.
Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
25
   García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
26
   Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, supra.
27
   Feliberty Padró v. Pizarro Rohena, 147 DPR 834, 837 (1999).
28
   Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486 - 487; Mun. de Caguas v. JRO Construction,
supra.
29
   García Rubiera v. Asociación de Suscripción Conjunta, 165 DPR 311, 322 (2005).
KLCE202301388                                                    Página 8 de 10

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.30

                                           –C–

        La discreción encargada a los jueces y juezas se ha definido como “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”.31 Su ejercicio, sin embargo, no permite actuar de una

forma u otra, con abstracción del derecho.32 Puesto de otro modo, a los

juzgadores no les está permitido ignorar los mandatos de las leyes so pretexto

de ejercer su discreción.33

        De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las

decisiones discrecionales de un Tribunal de Primera Instancia a menos que

se demuestre que incurrió en un abuso de discreción, y nuestra intervención

evitaría un perjuicio sustancial.34 Ello responde al reconocimiento de que

“[e]l efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida

disposición de los asuntos litigiosos requieren que los jueces de instancia

tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo y

tramitación de los asuntos judiciales”.35

        Un tribunal abusa de su discreción cuando actúa con prejuicio o

parcialidad, o cuando se equivoca en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 36 En cualquier caso, el

criterio rector al momento de evaluar si un tribunal ha abusado de su

discreción es la razonabilidad de la determinación impugnada, y su

fundamento en un sentido llano de justicia.37

                                          – III –

        Es preciso apuntar que encontramos plenamente justificada nuestra

30
   Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729, 745 (1986).
31
   Vélez Rosario v. Class Sánchez, 198 DPR 870 (2017).
32
   Id.
33
   PV Properties v. el Jibarito, 199 DPR 603, 612 (2018).
34
   SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).
35
   In re Collazo Maldonado, 159 DPR 141, 150 (2003).
36
   Lluch v. España Service Station, supra, pág. 745.
37
   SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, págs. 434-435.
KLCE202301388                                                                   Página 9 de 10

intervención en la etapa en que se encuentra el presente caso. No solo se trata

de una controversia en un caso de relaciones de familia, sino que la

oportuna expedición del auto solicitado podría evitar un posterior fracaso de

la justicia.

        En esencia, la señora UMPIERRE BERRÍOS alega que el Tribunal de

Primera Instancia erró y abusó de su discreción al disponer una custodia

compartida provisional, ello en violación al debido proceso de ley y el

ordenamiento jurídico. Luego de examinados los planteamientos, a la luz de

los hechos y el derecho aplicable, expedimos el auto y modificamos la Orden

recurrida. Veamos.

        Precisamos que, conforme a lo alegado, la señora UMPIERRE BERRÍOS

funge como enfermera graduada en el Hospital de Veteranos (VA Caribbean

Healthcare System) y su horario es desde las 12:00 de la medianoche hasta las

8:00 de la mañana. En consideración a su horario de trabajo, el señor CAJIGAS

RODRÍGUEZ es quien, con mayor frecuencia, está encargado de llevar y

recoger al menor LACU a su escuelita o cuido, así como cuidarlo y tenerlo en

su compañía durante la tarde y la noche. Ante esta circunstancia, y en

ausencia de indicadores de que el menor LACU está en riesgo de maltrato,

toda vez que, se denegaron las órdenes de Protección y está pendiente la

acción sobre divorcio, el tribunal tiene discreción, a solicitud de parte, para

aprobar medidas cautelares provisionales.38

38
  Véase 31 LPRA secc. 6793. Medidas cautelares provisionales respecto a los hijos. Durante el
proceso de disolución, el tribunal puede adoptar, a petición de parte, cualquier medida
cautelar provisional que considere indispensable y adecuada para proteger el interés óptimo
de los hijos habidos en el matrimonio, entre ellas: (a) determinar cuál de los cónyuges tendrá
la custodia de los hijos menores o de los mayores incapacitados que aún están sujetos a la
patria potestad de uno o ambos progenitores; (b) determinar el modo, el tiempo y el lugar
en que cada progenitor puede relacionarse con sus hijos, tenerlos en su compañía y participar
de su crianza y dirección; (c) prohibir a un cónyuge o a terceras personas bajo su influencia
que interfieran con el ejercicio de la custodia provisional de los hijos que se ha adjudicado al
otro; (d) prohibir a cualquiera de los cónyuges que traslade fuera de Puerto Rico a los hijos
menores de edad o a los mayores incapacitados ; o (e) prohibir a los cónyuges suspender o
modificar cualquier plan de seguro de salud u otras atenciones de previsión dispuestas en
este Código, a menos que exista justa causa para ello.
Es la apreciación de esta Curia que, una vez se denegaron las distintas órdenes de protección,
el foro recurrido auscultó la posibilidad de que las partes lograran unos acuerdos sobre las
relaciones filiales. Empero, dicha gestión resultó infructuosa. Por ende, el tribunal adoptó
una medida cautelar. Ello teniendo presente que de la lectura las distintas mociones, surge
de manifiesto que las partes estaban en ánimo de realizar una separación con la ayuda de un
profesional. Véase Apéndice de la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción,
pág. 71.
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                                   – IV –

      En mérito de lo anterior, expedimos el auto de certiorari; y se declara

no ha lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción presentada el 8 de

diciembre de 2023 por la señora UMPIERRE BERRÍOS. En consecuencia,

modificamos la Orden intimada el 3 de diciembre de 2023 a los fines de que

se designe un lugar alterno para el recogido y entrega cuando la escuelita o

cuido este de receso navideño así como fijar una hora específica; el señor

CAJIGAS RODRÍGUEZ será primera opción de cuido para el menor LACU

siempre y cuando la señora UMPIERRE BERRÍOS tenga que laborar; se prohíbe

la relocalización o remoción del menor LACU de la jurisdicción de Puerto

Rico sin la autorización escrita del tribunal; las partes deberán estar

adecuadamente preparadas para la audiencia pautada para el 9 de febrero

de 2024 a las 2:00 de la tarde; se deberá emitir, a la brevedad, la Orden

refiriendo el caso a la Unidad Social de Familia y de Menores; y se devuelve

el caso a la consideración del foro primario para la continuación de los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

      Notifíquese inmediatamente al Tribunal de Primera Instancia,

y a las representaciones legales de las partes mediante vía telefónica,

y correo electrónico.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones