Court Opinion

ID: 9916025
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:15:54.359445+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:37.044675
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL

                                                         Certiorari
                                                         procedente del
    ANNETTE REYES DÍAZ                                   Tribunal de
                                                         Primera Instancia,
         Peticionaria                                    Sala de Bayamón

               v.                 KLCE202300687 Sobre:
                                                Divorcio
    JOHN RAEVIS TORRES
                                                         Caso Número:
          Recurrido                                      D DI2004-0172

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Rivera Marchand y el Juez Pagán Ocasio1

Domínguez Irizarry, juez ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       La peticionaria, señora Annette Reyes Díaz, comparece ante

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 5 de mayo de

2023, notificada el 19 de mayo de 2023. Mediante la misma, el foro

de origen denegó una Moción de Ejecución de Sentencia promovida

por la peticionaria en contra del aquí recurrido, señor John Raevis

Torres, ello dentro del pleito sobre divorcio y pensión alimentaria de

epígrafe. A tenor con ello, el tribunal primario dispuso que la

acreencia resuelta a favor de la peticionaria fuera acreditada en una

acción independiente entre las partes sobre liquidación de bienes

gananciales.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.

1
 Mediante Orden Administrativa Núm: OATA-2023-108 se designa al Juez Pagán
Ocasio para entender y votar en el caso de epígrafe, debido a la inhibición de la
Juez Aldebol Mora.

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLCE202300687                                                          2

                                   I

      El 24 de enero de 2004, la peticionaria presentó la demanda

de epígrafe. En la misma, solicitó la disolución de su matrimonio

con el recurrido por la causal de trato cruel, así como la fijación de

una pensión alimentaria a favor de los tres (3) hijos habidos entre

las partes durante la vigencia de su unión. De igual forma, solicitó

una pensión pendente lite, la declaración de la propiedad conyugal

como hogar seguro, así como la custodia y patria potestad de los

tres (3) hijos, entonces menores de edad.

      Tras    varias    incidencias,    incluyendo     una       primera

comparecencia ante este Foro, mediante Sentencia Enmendada del

11 de octubre de 2007, se decretó el divorcio entre las partes. La

custodia de hijos comunes se adjudicó a la peticionaria.

       Así las cosas, y en lo aquí pertinente, se suscitaron múltiples

controversias entre las partes, particularmente relacionadas a la

fijación de la pensión alimentaria de sus tres (3) hijos, así como a la

fecha de retroactividad del pago de la misma por parte del recurrido.

En cuanto a este particular, destacamos que, durante los procesos

pertinentes, el recurrido aceptó su capacidad económica. A su vez,

dadas las disputas suscitadas, el 12 de septiembre de 2016, el

Tribunal de Primera Instancia designó un Comisionado Especial

para evaluar el      asunto entre las       partes y así, emitir el

correspondiente Informe. Tras muchos años en un extenso litigio,

desavenencias    y   procedimientos,   y    en   consideración    a   las

recomendaciones del Comisionado, el 23 de abril de 2021, el

Tribunal de Primera Instancia notificó una Resolución por la cual

dispuso que, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de

2001, hasta el 31 de mayo de 2013, la pensión alimentaria en

controversia ascendía a una suma $1,509,742.00. Igualmente,

imputó a la peticionaria una obligación alimentaria de $1,000.00 y

reconoció pagos hechos por el recurrido, ello en un total de
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$1,316,738.00, quedando un balance pendiente a favor de la

peticionaria de $105,004.00.

      En desacuerdo, y tras denegada una previa solicitud de

reconsideración, el 22 de junio de 2021, la peticionaria compareció

ante este Foro mediante el recurso de certiorari KLCE202100780. El

31 de enero de 2022, un Panel hermano emitió una Sentencia por la

cual expidió el auto solicitado y modificó lo resuelto por el foro

primario. En específico, eliminó la imputación de $1,000.00 que, por

concepto de pensión alimentaria para el periodo examinado, se

efectuó respecto a la peticionaria. A su vez, dispuso que el tribunal

de origen erró al no conceder a la peticionaria una partida razonable

de honorarios de abogado. Así, y tras sostener la determinación

relativa al balance pendiente de $105,004.00 a favor de la

peticionaria, devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que celebrara una vista y diera curso a los procesos pertinentes a

tenor con su determinación.

      El   17   de   febrero   de   2022,   el   recurrido   solicitó   la

reconsideración del dictamen en apelación de referencia. Tras

ejercer las facultades revisoras pertinentes, mediante Sentencia en

Reconsideración del 3 de marzo de 2022, este Tribunal de

Apelaciones modificó su previo pronunciamiento. En particular, el

Panel suscribiente resolvió como sigue:

      […] (i) se mantiene la modificación a la determinación
      del Tribunal de Primera Instancia, a los fines de
      eliminar la cuantía de $1,000.00 mensuales impuesta
      a la peticionaria, por lo cual se ordena al recurrido a
      satisfacer a la peticionaria la cantidad adicional de
      $88,000.00, (ii) se mantiene nuestra conclusión de que
      procede el pago de gastos y honorarios de abogado a
      favor de la peticionaria, por lo cual se ordena al
      recurrido a satisfacer […] la cuantía de $127,680.00 por
      dicho concepto, y (iii) se reconsidera nuestra
      determinación de que procede la celebración de una
      vista por el Tribunal de Primera Instancia […], por lo
      cual, se imprime finalidad al análisis de las cuantías
      que razonablemente deben considerarse como
KLCE202300687                                                                   4

       alimentos reembolsables realizado por el Comisionado
       Especial, acogido por el Tribunal de Primera Instancia.2

       Así, a tenor con lo resuelto por esta Curia en reconsideración,

se reconoció a la peticionaria una acreencia total de $320,684.00.

       No conforme con lo resuelto, el recurrido compareció ante el

Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante recurso de certiorari. Sin

embargo, nuestro más Alto Foro denegó la expedición del mismo.3

De conformidad con las formalidades procesales aplicables y luego

de   que    el   Tribunal     Supremo       emitiera    la   Carta     Mandato

correspondiente, el 22 de febrero de 2023, este Foro intermedio

remitió al tribunal primario el Mandato aplicable. Así pues, el caso

advino a ser final y firme.

       Toda vez ello, el 1 de marzo de 2023, la peticionaria presentó

ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción Solicitando

Ejecución de Sentencia, y solicitó que se proveyera para el

desembolso de la suma de $320,684.00, resuelta a su favor

mediante sentencia final y firme. Conjuntamente, la peticionaria

sometió los proyectos de Mandamiento de Ejecución de Sentencia.

       Ahora bien, lejos de proveer para su solicitud, el 6 de marzo

de 2023, el tribunal de origen notificó una Orden por la cual señaló

la celebración de una vista entre las partes para disponer de los

“asuntos pendientes”4 en el caso. Poco después, el 10 de marzo de

2023, el Tribunal de Primera Instancia extendió un plazo de diez (10)

días al recurrido para exponer su posición respecto a la solicitud de

ejecución de sentencia pendiente de adjudicación. Así las cosas, y

tras acontecidas ciertas incidencias, entre ellas, la recalendarización

de la vista antes indicada, el 30 de marzo de 2023, el recurrido

presentó su escrito en oposición a la Moción Solicitando Ejecución de

2 Véase: Apéndice, Sentencia en Reconsideración, pág. 501.
3 Surge que el recurrido solicitó la reconsideración de la referida determinación,

ello en las dos ocasiones reglamentarias permitidas. No obstante, nuestro más
Alto Foro denegó ambas peticiones.
4 Véase: Apéndice, Anejo 65, Notificación, pág. 547.
KLCE202300687                                                             5

Sentencia promovida por la recurrida. Entre sus argumentos,

planteó la falta de recursos económicos para satisfacer la deuda

resuelta.

        El 18 de abril de 2023, se efectuó la vista ordenada por el

tribunal para dilucidar los asuntos pendientes de adjudicación entre

los comparecientes. Según surge, durante las misma, ambas partes

expusieron sus respectivos argumentos en torno a la ejecución de

sentencia en controversia.

        El 5 de mayo de 2023, con notificación del 19 de dicho mes y

año, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución aquí

recurrida. En la misma, expresamente reconoció que, mediante la

Sentencia en Reconsideración emitida por este Foro en el recurso

KLCE202100780, se resolvió la “finalidad al análisis de las cuantías

que     razonablemente       de[bían]    considerarse       como   alimentos

reembolsables realizado por el Comisionado Especial […]”5.               Por

tanto, reconoció la acreencia resuelta a favor de la peticionaria y a

cargo    del   recurrido.    No   obstante     ello,   la   Juzgadora   tomó

conocimiento judicial de un pleito independiente entre las partes,

relacionado a la liquidación de los bienes gananciales entre ellos

habidos, y dispuso como sigue:

        […] Habiéndose establecido el crédito correspondiente
        de $320,684.00 a favor de la señora Reyes, y pudiendo
        incidir esta determinación en esa liquidación, el cobro
        del reembolso deberá ser atendido bajo dicho caso.6

        De este modo, y bajo el antedicho raciocinio, el Tribunal de

Primera Instancia denegó la Moción Solicitando Ejecución de

Sentencia incoada por la peticionaria.

        Inconforme, el 16 de junio de 2023, la peticionaria compareció

ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En el mismo

expone los siguientes señalamientos:

5 Véase, Apéndice, Anejo 77, Resolución, pág. 592.
6 Íd, págs. 592-593.
KLCE202300687                                                       6

      Erró el TPI al entender que puede enmendar y/o
      modificar una sentencia del TA la cual, al día de hoy, es
      final y firme.

      Erró el TPI al no proceder con una ejecución de
      sentencia a pesar de que el TA ya ha emitido su
      mandato.

      Erró el TPI al entrar en una nueva controversia luego de
      que la sentencia es final y firme y determinar que ahora
      le corresponde a la demandante recurrente cobrar su
      sentencia en otro pleito.

      Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a

expresarnos.

                                  II

                                  A

      El mecanismo de ejecución de sentencia pretende garantizar

a los litigantes la continuación de un proceso judicial, luego de

haberse dictado una sentencia, cuando la parte obligada por el

dictamen incumple con los términos del mismo. Mun. de San Juan

v. Prof. Research, 171 DPR 219, 247-248 (2007).

      La Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51,

expresamente regula los términos y el alcance del proceso de

ejecución de sentencia. En específico, se dispone como sigue:

      La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá ejecutarla
      mediante el procedimiento fijado en la Regla 51 de este
      apéndice, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años
      de ésta ser firme. Expirado dicho término, la sentencia
      podrá ejecutarse mediante autorización del tribunal, a
      moción de parte y previa notificación a todas las
      partes. Si después de registrada la sentencia se
      suspende su ejecución por una orden o sentencia del
      tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual ha
      sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del
      cómputo de los cinco (5) años durante los cuales podrá
      expedirse el mandamiento de ejecución.

      32 LPRA Ap. V, R. 51.1.

      De conformidad con el antedicho precepto, toda parte

beneficiada por los términos de un dictamen final y firme dispone

de cinco (5) años, desde concurrida la finalidad, para requerir que

la misma sea ejecutada, sin que sea necesaria la anuencia del
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tribunal ni la notificación a la parte contraria. Ahora bien, una vez

expirado dicho plazo, el ordenamiento exige cumplir con las

referidas formalidades. Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998). Al

respecto, se reconoce que ello responde a lo siguiente: (a) que la

parte afectada advenga en conocimiento de que el acreedor por

sentencia interesa su ejecución, así concediéndole la oportunidad

de expresarse y; (b) que el tribunal quede plenamente convencido,

conforme a las constancias del expediente judicial, de que la

sentencia no ha sido satisfecha y de que no existe razón que impida

su ejecución. Banco Terr. y Agríc. de P.R. v. Marcial, 44 DPR 129

(1932). Por tanto, de lo antes expuesto se puede colegir que la Regla

51.1, supra, no solo exige diligencia por parte de quien obtiene una

sentencia a su favor y pretende hacerla efectiva.     Este precepto

también busca resguardar el derecho de la parte afectada en la

misma, de conocer las intenciones de su acreedor, cuando, luego de

transcurrido un tiempo considerable desde que ha advenido firme,

este procura su ejecución. Íd.

      De ordinario, una petición sobre ejecución de sentencia se

presenta en la misma sala sentenciadora original. Mun. de San Juan

v. Prof. Research, supra, pág. 248. Ello así, puesto que el estado de

derecho interesa promover la economía procesal, evitando que un

caso entre las mismas partes, y sobre un mismo incidente, pueda

estar fragmentado.

                                 B

      Por su parte, sabido es que el recurso de certiorari es un

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, 212 DPR ____ (2023); Mcneil Healthcase v. Mun. Las Piedras II,

206 DPR 659 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174

(2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
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Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se pretende la

revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso que atienden.

Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a un recurso de

apelación, el tribunal al que se recurre mediante el vehículo procesal

del recurso de certiorari tiene discreción para atender el asunto

planteado, ya sea expedir el auto solicitado o denegarlo. 800 Ponce

de León v. AIG, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183

DPR 580, 593 (2011); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). No obstante, “[e]l

examen que hace el tribunal apelativo, previo a expedir un certiorari,

no se da en el vacío ni en ausencia de otros parámetros.” 800 Ponce

de León v. AIG, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300687                                                                9

      Ahora     bien,   la   correcta   consecución       de   la    justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad.     De ahí la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso   que    atiende     conforme   le   dicte   su   buen      juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142

DPR 117 (1987). Cónsono con ello, sabido es que los tribunales

apelativos no “deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste en el ejercicio

de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o

parcialidad incurrió en craso abuso de discreción o en error

manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

La discreción es el más poderoso instrumento reservado al juzgador.

Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004). Al precisar su alcance,

el estado de derecho lo define como la autoridad judicial para decidir

entre uno o varios cursos de acción, sin que ello signifique

abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et al.,

supra. Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al

concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial

empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et al v.

ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 729 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311, 321

(2005). En consecuencia, la doctrina establece que un tribunal
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incurre “en abuso de discreción cuando el juez: ignora sin

fundamento algún hecho material; cuando [el juez] le concede

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a pesar de

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la

determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al.,

supra, pág. 736.

                                  III

      En la causa que nos ocupa, la peticionaria, en esencia, alega

que el Tribunal de Primera Instancia erró al no ordenar la ejecución

de la sentencia final y firme emitida a su favor, impidiéndole, de este

modo, hacer efectiva la acreencia resuelta en su beneficio por

concepto de reembolso de pago de pensión alimentaria. Al respecto,

aduce que el foro primario incidió al modificar un dictamen respecto

al cual ya había sido emitido el correspondiente mandato, ello al

ordenar que el derecho de cobro allí determinado quedara sujeto a

la disposición de un pleito independiente en curso. Habiendo

entendido sobre los referidos planteamientos a la luz de las

incidencias establecidas y del derecho aplicable, expedimos el auto

solicitado y revocamos la resolución recurrida.

      Un examen del expediente que nos ocupa mueve nuestro

criterio a diferir de la gestión adjudicativa efectuada por el Foro de

origen. Es nuestro parecer que el Tribunal de Primera Instancia, no

solo se apartó de las normas procesales que rigen el ejercicio de sus

funciones en escenarios procesales como el de autos, si no que, al

prolongar la controversia entre las partes, soslayó los principios de

celeridad y economía procesal que rigen en nuestro ordenamiento

jurídico.

      Los documentos de autos evidencian que la causa de epígrafe

ha sido una en extremo prolongada. Por años, los comparecientes

se han visto involucrados en un sinnúmero de trámites y
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procedimientos, todos tendentes a finiquitar la cuestión que,

mediante Sentencia en Reconsideración final y firme emitida por este

Foro, quedó resuelta. Así, mediante el referido dictamen se

determina que a la peticionaria le asiste el derecho de cobro frente

al recurrido. Ante ello, y toda vez que las exigencias procesales

inherentes al mecanismo de ejecución de sentencia que solicitó la

respaldan, no vemos razón jurídica alguna que impidiera al tribunal

de instancia acoger su requerimiento. La peticionaria solicitó la

ejecución de la sentencia a su favor dentro del pleito de epígrafe y

dentro del plazo legal dispuesto para hacerlo, sin que resultara

meritorio el cumplimiento de formalidades ulteriores a las

dispuestas en la Regle 51.1, supra.

      Tras diecinueve (19) años de un litigio intenso entre las partes,

el asunto sobre el reembolso por el pago de las pensiones

alimentarias objeto de disputa entre ambos, ya está en su etapa

final. El haber determinado que el derecho de la peticionaria

quedara sujeto a lo dispuesto en un pleito independiente que,

advertimos, aún está en etapas iniciales relacionadas al desfile de

prueba, no solo es incorrecto, sino irrazonable e innecesario. Por

tanto, toda vez que la controversia del derecho de las partes sobre el

pago de los alimentos en disputa quedó resuelta, compete que se

reconozca a la peticionaria la facultad de cobro solicitado mediante

el mecanismo en disputa.

      En mérito de lo anterior, y por concurrir los criterios de la

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, expedimos el auto

solicitado y dejamos sin efecto el pronunciamiento objeto de la

presente intervención. Así, compete que se dé curso a los trámites

relacionados a la ejecución de sentencia solicitada, cuanto antes.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida.
KLCE202300687                                                   12

     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones