Court Opinion

ID: 9928544
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:50.658647+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:43.432601
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

         DANIEL COLÓN                 Apelación
       GONZÁLEZ, NAYDA                Procedente del
         GONZÁLEZ Y LA                Tribunal de Primera
      SOCIEDAD LEGAL DE               Instancia,
         GANANCIALES                  Sala de Salinas
        COMPUESTA POR
              AMBOS
                v                     Sobre: Daños y
         ELIMINEX PEST                Perjuicios
     EXTERMINATORS, INC.;
        COOPERATIVA DE
     SEGUROS MÚLTIPLES; KLAN202100847 Caso Núm.:
     WIMAT ENTERPRISES,               G4CI2015-00319
       INC.; COMPAÑÍA DE
    SEGUROS A, JOHN DOE,
         RICHARD ROE;
    COMPAÑÍA DE SEGUROS
               ByC

          Apelados
              v.
     WIMAT ENTERPRISES;
       ABC COMPAÑÍA
       ASEGURADORA
          Apelantes

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, la juez
Rivera Pérez y la juez Rivera Marchand.1

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                    SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

        Comparecen ante nos WIMAT Enterprises, Inc. y Universal

Insurance Company (WIMAT, Universal o parte apelante), para la

revocación de la Sentencia emitida y notificada el 31 de agosto de

2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Salinas

(TPI o foro recurrido).

        La   Sentencia    apelada    declaró   Ha Lugar   la   demanda

presentada por el señor Daniel Colón González y su esposa, la

señora Nayda González Sánchez y la sociedad de legal de

gananciales (parte apelada). Cónsono con lo anterior, el TPI impuso

1Conforme a la Orden OATA-2023-040 se designa al Hon. Monsita Rivera
Marchand para entender y votar.

Número Identificador

SEN2023____________________
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a los apelantes el 40% de la responsabilidad de los daños causados

a los apelados. En específico, se condenó al pago global de

$195,622.00.2

       Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma

la Sentencia apelada. Veamos.

                                         -I-

       El 27 de agosto de 2013, el señor Colón González conducía

en horas de la madrugada por la autopista PR-52, km.64.1, sector

Salinas, en dirección Norte a Sur cuando, súbitamente, impactó una

capota que yacía en la vía de rodaje. La referida capota se había

desprendido de un vehículo Ford Ranger, conducido (de manera

autorizada) por el Sr. Ellie Pagán Meléndez. Sin embargo, el referido

vehículo era propiedad de su patrono y/o jefe, Eliminex Pest

Exterminators, Inc. (Eliminex).3 Como consecuencia del impacto, el

apelado sufrió los daños que originan la controversia que hoy nos

ocupa.

       Consecuentemente, el 16 de diciembre de 2015, parte

apelada presenta la demanda de epígrafe contra de Eliminex,

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (Seguros Múltiples),

WIMAT, y otros.4 En resumen, alegó que, como consecuencia del

accidente sufrido por el señor Colón González, sufrió un sinnúmero

de daños: como la pérdida total del vehículo, una serie de lesiones

físicas, la pérdida del empleo en el cual llevaba doce (12) años y una

“depresión mayor moderada, recurrente”.5 Además, se adujo que el

accidente se debió a la negligencia combinada de los codemandados

2  En cuanto al señor Colón González, se fijaron las siguientes partidas:
$70,000.00 por los daños físicos, visita y estadía en la Sala de Emergencia el día
del accidente, placas, exámenes y visitas médicas relacionadas; $7,500.00 por las
25 terapias físicas; $24,000.00 por el impedimento parcial permanente de un 6%
de las funciones fisiológicas generales; $17,500.00 por las angustias mentales; y
$64,122.00 en concepto de lucro cesante. Por otro lado, se le concedió a la señora
González Sánchez una indemnización de $12,500.00 por sus sufrimientos y
angustias mentales.
3 La capota desprendida fue instalada durante el mes de noviembre de 2011, en

las facilidades y, por empleados de la tercera demandada, Wimat Enterprises, Inc.
4 Apéndice I de la Apelación, págs. 1-5.
5 Según diagnosticado por el Dr. Ramon O. Fortuño el 30 de julio de 2015.
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Eliminex y WIMAT. Específicamente, Eliminex, por no haber

mantenido la capota de manera adecuada y con la regularidad

requerida y, WIMAT, por haber instalado la capota en forma

deficiente.

        El 5 de julio de 2016, Eliminex y Seguros Múltiples

presentaron la Demanda Contra Tercero frente a WIMAT y Universal,

aquí apelantes.6 Alegaron que el desprendimiento de la capota era

algo totalmente imprevisible y, de encontrar responsabilidad, le

correspondería a WIMAT. Según estos, “el desprendimiento de la

capota fue el resultado de la instalación defectuosa y/o inadecuada

por el tercero demandado Wimat Enterprises Inc. por lo que los daños

ocurridos se deben a la conducta atribuible a este”.7

        En vista de ello, el 9 de septiembre de 2016, WIMAT presentó

su Contestación a Demanda de Tercero.8 De igual forma, el 30 de

septiembre de 2016, Universal presentó su Contestación a

Demanda.9 En resumidas cuentas, los apelantes alegaron que el

accidente sufrido por la parte apelada había ocurrido por la culpa y

negligencia de Eliminex. En vista de ello, solicitaron al TPI que

declarara sin lugar la            Demanda Contra Tercero y, en su

consecuencia, condenara al tercero demandante (Eliminex y Seguros

Múltiples) al pago de costas y honorarios de abogado.

        Luego de varios tramites procesales, el 11 de enero de 2018,

las partes presentaron el Informe de Conferencia con Antelación al

Juicio.10 En síntesis, la parte apelada reafirmó su postura en cuanto

a que ambos Eliminex y WIMAT eran responsables de los daños

sufridos. Por otra parte, Eliminex expuso que entendía que la

responsabilidad recaía sobre los WIMAT y Universal quienes, por su

6 Apéndice III de la Apelación, págs. 12-14.
7 Id., en la pág. 13.
8 Apéndice IV de la Apelación. págs. 15-17.
9 Apéndice V de la Apelación. págs. 18-22.
10 Apéndice VI de la Apelación. págs. 23-55.
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parte, reiteraron que, basado en la teoría de causalidad, la parte

directamente responsable era Eliminex.

       Finalmente, el juicio en su fondo se celebró durante los días

26, 27, 28 y 29 de junio de 2018; 2 de julio de 2018; 12 y 16 de

octubre de 2018. Como peritos de la parte apelada testificaron los

ingenieros Berlín Cortinas y Juan José Diaz Soultaire. Asimismo,

testificaron los propios apelados, el Sr. Daniel Colón González y su

esposa, la Sra. Nayda González. También, testificaron en favor de la

parte apelada el Dr. Cándido Martínez, quien es fisiatra; Dr. Ernesto

Pérez, quien se especializa en rehabilitación vocacional; y, el CPA

Jorge Rodríguez Suarez. La parte apelante ofreció como prueba

pericial a los propios ingenieros de la parte apelada.

      Luego de examinar la prueba pericial y documental desfilada,

el 31 de agosto de 2021, el TPI dictó Sentencia declarando Ha Lugar

la demanda por daños y perjuicios.11 En su dictamen, hizo las

siguientes determinaciones de hechos que citamos in extenso:

      1. El 27 de agosto de 2013, alrededor de las 3 de la
         madrugada, el Demandante Daniel González Colón
         conducía su vehículo Suzuki Forza del 1987 por la
         autopista PR-52 en el área del Km. 64.1, sector Salinas,
         en dirección Norte a Sur, cuando sufrió un impacto en la
         parte frontal de su vehículo.
      2. Este impacto fue causado por una capota que yacía en la
         vía de rodaje, luego que se desprendiera de la parte trasera
         de una guagua Ford Ranger 2011 que transitaba por la
         PR-52 frente al vehículo del Demandante, en la misma
         dirección de Norte a Sur.
      3. El conductor de esa Ford Ranger era Elle Pagán Meléndez,
         empleado y/o contratista independiente de Eliminex Pest
         Exterminators, Inc. El Sr. Pagán estaba autorizado para
         conducir dicho vehículo.
      4. El vehículo Ford Ranger 2011 era propiedad de la
         compañía Eliminex Pest Exterminators, Inc.
      5. La capota desprendida, marca LEER, fue vendida por
         WIMAT a Eliminex mediante orden de compra del 9 de
         septiembre de 2011. WIMAT instaló la misma en un
         vehículo propiedad de Eliminex en o alrededor del mes de
         noviembre del 2011.
      6. Al momento del accidente, el Demandante se dirigía en su
         vehículo de su residencia en Guayama a su trabajo con la
         compañía LM Waste.
      7. Al llegar al kilómetro 64.1, el Demandante se encontró con
         la capota desprendida - cajón o “canopy" - en la vía de
         rodaje, frente a su vehículo.
      8. La capota yacía en el carril izquierdo de la autopista PR-
         52, en dirección a Juana Díaz.

11 Apéndice VIII de la Apelación. 69-98.
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    9. El Demandante vio la capota cuando se encontraba a unos
        10 o 15 pies de distancia de esta.
    10. La visibilidad al momento del accidente era pobre debido
        a que aún no había amanecido, estaba oscuro y no había
        alumbrado.
    11. El Demandante intentó esquivar la capota, pero no pudo
        hacerlo e impactó la misma con el lado derecho de su
        Suzuki Forza.
    12. Como consecuencia del impacto, el vehículo del
        Demandante se fue hacia el lado izquierdo de la autopista.
    13. Eventualmente, el Demandante pudo controlar y detener
        su vehículo y se salió del mismo. Acto seguido realizó
        algunas llamadas telefónicas para informar sobre lo
        ocurrido.
    14. Como consecuencia del impacto, el lado derecho del
        vehículo del Demandante quedó severamente dañado y
        afectado.
    15. Al momento del accidente, el Demandante tenía puesto y
        utilizaba su cinturón de seguridad.
    16. Luego del accidente, la capota permaneció en la autopista
        hasta que fue removida por agentes de la Policía de Puerto
        Rico y dos empleados de Eliminex.
    17. Mientras un agente de la Policía preparaba el informe del
        accidente, el Demandante indicó que comenzó a sentirse
        mal, por lo que se llamó una ambulancia que lo llevó al
        Hospital Cristo Redentor de Guayama.
    18. En el Hospital examinaron al Demandante y le tomaron
        placas y dieron medicamentos para el dolor.
    19. Su esposa, la codemandante, se encontró con él en la Sala
        de Emergencia entre las 7:30 a 7:40 de la mañana. El
        Demandante permaneció en el hospital hasta las 2:30 o
        3.00 de la tarde de ese día.
    20. Al día siguiente del accidente, 28 de agosto de 2013, el
        Demandante fue a la ACAA, donde lo refirieron a un
        Fisiatra, el Dr. Linares.
    21. El Demandante recibió unas 15 terapias de frío y caliente
        en la oficina del Dr. Linares; tanto lumbares como
        cervicales.
    22. Luego de recibir estas terapias el Demandante indicó no
        sentir mejoría y tener dolor continuo, por lo que el Dr.
        Linares lo refirió a la clínica de manejo de dolor del Dr.
        Martinó.
    23. El Dr. Martinó examinó al Demandante y le diagnosticó
        tres costillas rotas, luego de evaluar unas placas que tomó
        a este.
    24. Eventualmente, el tratamiento del Demandante con el Dr.
        Martinó incluyó 5 bloqueos lumbares, 2 bloqueos
        cervicales y una infiltración.
    25. El Dr. Martinó refirió al Demandante al Centro Médico de
        Puerto Rico.
    26. En la Vista en su Fondo el Demandante no recordó
        detalles sobre este referido.
    27. También quedó establecido que, como consecuencia del
        accidente, el Demandante ha recibido tratamiento
        psicológico, como se indica a continuación.
    28. Comenzó con un referido de ACAA al Dr. Melvin de
        Humacao, para una evaluación. A raíz de esta, el Dr.
        Melvin le ordenó recibir 10 terapias ambulatorias.
    29. El Demandante recibió las 10 terapias ambulatorias.
    30. Además, alrededor de un año después de la fecha del
        accidente, el Demandante continuó su tratamiento
        psicológico en INSPIRA mediante citas mensuales, a cargo
        del Dr. Padró.
    31. El Demandante fue a INSPIRA por iniciativa de su esposa,
        la Sra. González.
    32. Además, en determinado momento de su tratamiento con
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        ISPIRA, el Dr. Padró refirió al Demandante al Hospital
        Panamericano, donde fue internado y recibió tratamiento
        para su depresión.
    33. En el Juicio quedó establecido que el Demandante alega
        sufrir de depresión, pero que no consume medicamentos
        para atender la misma a pesar de haber representado que
        la misma es severa.
    34. El Demandante expresó que, emocionalmente, no se ha
        sentido muy bien y se siente deprimido debido a que "...ya
        no puede realizar las cosas como acostumbraba".
    35. Según el Demandante, no puede trabajar ni ayudar a su
        esposa.
    36. En términos generales, los tratamientos del Demandante
        con la ACAA duraron aproximadamente dos años y medio
        después del accidente.
    37. Sobre los tratamientos y terapias recibidos a raíz del
        accidente, el Demandante declaró sentirse deteriorado,
        deprimido y con ansiedad por no poder trabajar y ayudar
        como antes siempre lo hacía.
    38. El Demandante también declaró que antes del accidente
        realizaba distintas labores en su empleo, tales como como
        mecánica, plomería y construcción, pero que "...por el
        accidente…” no podía realizar las mismas, "...ni ayudar a
        su esposa".
    39. En torno a su condición física, en el Juicio el Demandante
        declaró que no siente bien y que todavía siente dolor en el
        área lumbar y cervical. También indicó que, en torno al
        área de las costillas se siente más aliviado.
    40. El Demandante consume medicamentos diariamente para
        el dolor, incluyendo Neurontin, Tramadol y Flexeril.
    41. El Demandante declaró que solo puede conducir un
        vehículo de motor por tramos cortos, ya que se le
        adormecen las piernas.
    42. Durante el contrainterrogatorio del Demandante, la
        abogada de WIMAT, Lcda. López, le solicitó que levantara
        los brazos. Observamos como el Demandante levantó
        completamente su brazo izquierdo, mientras que alegó no
        poder levantar su brazo derecho más allá de la altura de
        los hombros.
    43. Quedó establecido que el Demandante trabajó en la
        industria de la construcción, comenzando en el año 2000,
        con la compañía Ica Miramar. Luego de ello, el
        Demandante trabajó con LM Waste – su patrono al
        momento de ocurrir el accidente - del 2002 hasta el 26 de
        agosto de 2013.
    44. Como empleado de LM Waste, el Demandante generaba un
        salario de $26,000.00 anuales.
    45. El Demandante alegó haber perdido su trabajo en dicha
        empresa como consecuencia del accidente.
    46. Sobre esto, se estableció que desde la fecha del accidente
        - 27 de agosto de 2013 - hasta la fecha del Juicio de este
        caso, el Demandante no volvió a trabajar.
    47. Esto, a pesar de haber admitido en la Vista en su Fondo
        que no ha recibido ninguna indicación médica o
        especializada a los efectos que no puede volver a trabajar.
    48. El Demandante también declaró que, desde el accidente,
        solo ha ido a buscar trabajo “… al Mall".
    49. Nayda González Sánchez es la esposa del Demandante. La
        Sra. González declaró que tiene una hija con el
        Demandante, la que era menor de edad para la fecha del
        Juicio.
    50. Alrededor de las 3:40 am del 27 de agosto de 2013, la Sra.
        González recibió una llamada de su esposo, relatándole lo
        sucedido.
    51. Por tener a su hija menor y una sobrina en su casa no
        pudo dirigirse inmediatamente al lugar del accidente.
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        Luego de dejar a su hija y a su sobrina en la escuela, la
        Sra. González se dirigió al Hospital.
    52. La Sra. González declaró que llegó al Hospital cerca de las
        7:30 am, donde ya le habían atendido. No habló ni vio al
        médico hasta que dieron de alta a su marido.
    53. En cuanto a los tratamientos recibidos en la ACAA por su
        esposo, el codemandante, la Sra. González declaró que no
        ha visto progreso.
    54. En cuanto a la condición de su esposo, la Sra. González
        indicó que lo encuentra físicamente desmejorado y
        emocionalmente afectado.
    55. La Sra. González entiende que la capacidad del
        Demandante para trabajar quedó limitada por el
        accidente.
    56. Por ello, la Sra. González obtuvo un segundo trabajo, el
        que considera una carga adicional que ha trastocado su
        vida. Actualmente se encuentra trabajando.
    57. En el plano económico-familiar, la Sra. González declaró
        que antes del accidente su esposo trabajaba y en el hogar
        tenían un “…presupuesto manejable”. Sin embargo,
        declaró sentirse agobiada con la carga económica actual
        de su familia y lo difícil que ha sido manejar la situación.
    58. Relató que la hija del matrimonio es asmática y que ha
        tenido que ir a “…tocar puertas..." para poder cubrir el
        deducible de los medicamentos. Para la fecha del Juicio la
        hija de los Demandantes tenía 15 años. Al momento del
        accidente tenía 10 años.
    59. En el plano personal, la Sra. González declaró que el dolor
        de su esposo le causa preocupación y ansiedad. Cada vez
        que tiene oportunidad para comunicarse con él lo llama
        para saber cómo está.
    60. El Juicio continuó con el testimonio del Dr. Cándido
        Martínez Mangual, testigo de los Demandantes.
    61. El Dr. Martínez Mangual es fisiatra y evaluó al
        Demandante el 11 de julio de 2015. Plasmó sus
        hallazgos y conclusiones en el Informe Médico, en cual -
        luego de realizar un examen físico al Demandante -
        diagnosticó los siguientes hallazgos: Esguince
        cervical; Tendinitis del tendón supraespinoso y
        bicipital hombro derecho; Miositis del pectoral mayor
        lado derecho; Trauma a costillas en el aspecto anterior
        del tórax, lado derecho; Costocondritis lado derecho;
        y, Esguince lumbar.
    62. Además, el Dr. Martínez Mangual opinó que el tratamiento
        recibido por el Demandante del Dr. Martinó - en lo
        concerniente al bloqueo cervical - no estaba bien indicado.
        También opinó el Dr. Martínez Mangual que la infiltración
        de músculo practicada por dicho galeno al Sr. Colon fue
        adecuada.
    63. Para determinar la existencia de algún grado de
        impedimento del Demandante como consecuencia del
        accidente, el Dr. Martínez Mangual utilizó las guías de la
        Asociación Médica Americana.
    64. El Dr. Martínez Mangual concluyó que, al sumar el
        impedimento cervical de 1%, el del hombro derecho de
        2%, 1% de Costocondritis y el síndrome lumbar de 2%,
        arrojó un 6% de impedimento.
    65. El Dr. Martínez Mangual no asignó porcentaje de
        incapacidad a la condición emocional alegada por el
        Demandante por no tener la información indicada para
        evaluarla.
    66. Con la excepción del área de hipoestesia en el aspecto
        medial de la planta del pie izquierdo del Demandante, las
        demás condiciones mencionadas en el Informe del Dr.
        Martínez Mangual están directamente relacionadas
        con el accidente en cuestión.
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    67. El Dr. Martínez Mangual opinó que el Demandante no
        debe – ni puede - desempeñarse en oficios que requieran
        una carga física excesiva.
    68. A preguntas de la Lcda. López, el Dr. Martínez Mangual
        expresó que el Sr. Colón podría ejercer labores de oficina,
        pero que ese análisis y recomendaciones correspondería a
        un perito vocacional. Indicó además que cualquier
        condición degenerativa preexistente del Demandante era
        irrelevante para sus hallazgos, ya que esta(s) no
        produce(n) dolor.
    69. A preguntas del abogado de Eliminex y su aseguradora,
        Lcdo. Santaella, el Dr. Martínez Mangual explicó que la
        miositis o “espasmo” es el resultado de dolor y su
        tratamiento depende de la causa. Añadió a esto que los
        bloqueos administrados por el Dr. Martinó al Demandante
        no eran necesarios, ya que este no presentaba un cuadro
        de radiculopatía.
    70. Además, el Dr. Martínez Mangual declaró que obvió el
        proceso de citar las guías y las tablas relacionadas con su
        Informe por entender que es algo tan estándar que no
        creyó necesario citarlas.
    71. En el Juicio declaró el Ingeniero Berlín Ng Cortinas, quien
        fue cualificado como perito de Eliminex y cuya encomienda
        en el caso fue analizar las razones por las cuales se
        desprendió la capota de la Ford Ranger, basando su
        testimonio en su Informe Pericial del 11 de julio de 2O17.
    72. El ingeniero Ng Cortinas realizó una inspección el I de julio
        de 2016 de la capota desprendida, para obtener un perfil
        completo de esta. Además, realizó un análisis estructural
        de los tornillos que esta debió haber tenido.
    73. El ingeniero Ng Cortinas indicó que no pudo evaluar la
        calidad de los tornillos ni tuercas instaladas en la capota
        al momento de los hechos, por no estar disponibles.
    74. Luego de ello, el 15 de julio de 2016, el ingeniero
        inspeccionó la Ford Ranger de la que se desprendió la
        capota el día del accidente.
    75. El ingeniero Ng Cortinas declaró que, de las fotos
        contenidas en las páginas 6 y 7 del Exhibit Núm. 2, surge
        el desgaste de los agujeros y no se desprende ningún
        indicio de desgarre.
    76. Concluyó el ingeniero Ng Cortinas                   que el
        desprendimiento de la capota del vehículo Ford Ranger
        tablilla 898727 ocurrida el día 27 de agosto de 2013,
        fue causado por la instalación incorrecta y/o
        deficiente de la compañía encargada de así hacerlo, al
        no utilizar los aditamentos recomendados por el
        fabricante de la capota y, en su lugar, utilizar tornillos
        incorrectamente instalados, tornillos de baja calidad y
        tornillos no comerciales ni industriales, según
        requeridos.
    77. El juicio [continuó] con el testimonio del Sr. Juan M. Iribas
        Ramos, propietario de la compañía Eliminex.
    78. Eliminex se dedica a la prestación de servicios de control
        de plagas en el comercio. Su operación data de los años
        1997 a 1998 aproximadamente; contando con 7
        empleados al momento del Juicio.
    79. Para prestar servicios alrededor de la Isla, Eliminex cuenta
        con unos 10 vehículos tipo pickup para que sus empleados
        puedan trasladarse con los equipos de fumigación.
    80. El Sr. Iribas Ramos es el encargado de asignar los
        vehículos a sus empleados, quienes pueden llevarse el
        vehículo asignado a sus casas.
    81. Antes de asignar los vehículos, el Sr. Iribas Ramos los
        equipa con cajas de herramientas, capotas y los materiales
        necesarios, según el estándar de la industria.
    82. Eliminex siempre contó con los servicios de WIMAT para la
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        compra e instalación de las capotas en los vehículos de su
        compañía.
    83. La capota desprendida que causó el accidente objeto de
        este caso fue instalada en las facilidades de WIMAT, por
        personal de WIMAT.
    84. El Sr. Iribas Ramos declaró que nunca fue orientado
        sobre el mantenimiento que había que darle a la capota
        y que, luego de ser instalada la capota, solo verificaron que
        su compuerta y la de la Ranger abrieran correctamente.
    85. A preguntas de su abogado el Lcdo. Santaella, el Sr. Iribas
        Ramos indicó que no recibió ningún tipo de
        instrucción adicional luego de ser instalada la capota.
    86. A preguntas de la abogada de WIMAT y Universal la Lcda.
        López, el Sr. Iribas Ramos indicó que, además de la
        guagua objeto de la controversia, posee cuatro vehículos
        modelo Ford F-150 que cuentan con capotas instaladas
        por WIMAT.
    87. WIMAT también ha instalado cajas de herramientas en los
        vehículos de Eliminex, con excepción de la Ford Ranger eje
        de la controversia de autos.
    88. El desprendimiento de la capota ocurrió a unos dos años
        de haberse instalado la capota desprendida.
    89. En el juicio también declaró el perito de los Demandantes,
        Ingeniero Juan José Díaz Soultaire quien, luego de ser
        cualificado como perito, declaró que se le encomendó
        determinar la causa del desprendimiento de capota objeto
        del accidente.
    90. El ingeniero Díaz Soultaire preparó el Informe identificado
        como Exhibit Número 4 de los Demandantes, en el que
        concluyó que podía percibir el desgaste en los agujeros de
        instalación y anclaje de la capota.
    91. Indicó que, al identificar múltiples perforaciones en la
        Ford Ranger en el área de instalación, pudo inferir que la
        capota había sido removida y reinstalada.
    92. Además de lo anterior, declaró el Ingeniero Díaz Soultaire
        que concluyó que el método de anclaje de la capota al
        indicado vehículo - como demuestran las fotos tomadas
        por él - no fue el adecuado; y que la causa de la separación
        y desprendimiento de la capota de la Ford Ranger el día
        del accidente se debió al cotejo y mantenimiento
        inadecuado de la capota instalada por el personal de
        Eliminex.
    93. A preguntas del Lcdo. Santaella, el Ingeniero Díaz
        Soultaire indicó que en WIMAT no tenían un archivo
        completo de los trabajos realizados.
    94. Además, declaró que dos métodos de instalación de las
        capotas LEER aceptables para el fabricante es el
        instalarlas con abrazaderas o tornillos, doble arandela y
        tuercas de seguridad.
    95. El ingeniero Díaz Soultaire expresó que solicitó a WIMAT
        el manual del fabricante de la capota y que éstos no se lo
        produjeron.
    96. También aclaró desconocer el grado los tornillos utilizados
        por WIMAT al instalar la capota, ni si WIMAT siguió las
        recomendaciones del fabricante al instalarla.
    97. El Ingeniero Díaz Soultaire especificó que inspeccionó el
        vehículo Ford Ranger el 11 de noviembre de 2017, unos
        cuatro años después de haber ocurrido el accidente.
    98. A preguntas de la Lcda. López, el Ingeniero Díaz Soultaire
        expresó que el vehículo Ford Ranger que tenía la capota
        instalada no coincide en la orden de capota con el vehículo
        del Informe preparado por RG Adjusters.
    99. También señaló que inspeccionó la capota en la propiedad
        del Sr. Iribas Ramos y no le entrevistó.
    100. El Ingeniero Díaz Soultaire reiteró que se percibía un
        patrón de desgaste de los agujeros donde estaban
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       instalados los tornillos de anclaje de la capota
       desprendida.
    101. Por recomendación de LEER, el manufacturero de la
       capota, los tornillos a utilizarse en su instalación son los
       de grado 5 con arandela y tuerca de 1”. El manufacturero
       también recomienda inspeccionar mensualmente la
       instalación de la capota para verificar su ajuste.
    102. El Juicio continuó con el testimonio del Sr. Jorge
       Rodríguez Suárez, perito en lucro cesante contratado por
       los Demandantes. Su encomienda fue evaluar la
       existencia o no de lucro cesante del Demandante en el
       presente caso y calcular el mismo según el estándar
       utilizado en la industria.
    103. Expresó el Sr. Rodríguez Suárez que se le sometieron
       los documentos que entendió necesarios para la
       preparación de su informe y los utilizó en el mismo, el que
       está compuesto de tres partes. Estas consisten en: parte
       narrativa, tablas de trabajo y anejos.
    104. Su reporte es el Informe del 7 de marzo de 2016,
       donde presenta el resultado de su análisis y cálculo del
       lucro cesante sufrido por los Demandantes, Daniel Colón
       González y Nayda González Sánchez.
    105. El Sr. Rodríguez Suárez explicó el contenido de su
       informe y el análisis que utilizó para determinar el lucro
       cesante del Demandante.
    106. Explicó lo determinado en las dos hojas de trabajo en
       las que calculó el lucro cesante del Demandante a raíz del
       accidente. Según el Sr. Rodríguez Suárez, concluyó lo
       siguiente: Hoja de trabajo 1, la cual suma $419,648
       asumiendo que el Demandante no podrá volver a trabajar;
       y la Hoja de trabajo 2 que suma $222,955 asumiendo que
       el Demandante podrá volver a trabajar.
    107. Continuó el juicio con el testimonio del Dr. Ernesto
       Pérez Cartagena y luego de un voir dire extenso, este fue
       cualificado como perito en Rehabilitación Vocacional de
       manera condicionada.
    108. El Dr. Pérez Cartagena indicó que su encomienda
       consistió en emitir una opinión, desde el punto de vista
       ocupacional, si el Demandante puede volver a trabajar y
       de ser así, cuándo y que tipo de trabajo este podrá ejercer.
    109. Explicó el Dr. Pérez Cartagena que para llegar a su
       conclusión realizó lo siguiente: entrevistó y observó al
       Demandante, estudió la evidencia médico-legal provista y
       realizó un análisis del "Cuestionario de Rasgos
       Ocupacionales" (CRO) administrado por él al Demandante.
    110. El Dr. Pérez Cartagena plasmo sus hallazgos y opinión
       en su “Informe de Consulta Vocacional”, en el que
       concluyó que, según él, el Demandante no reúne los
       requisitos físicos ni mentales para poder trabajar.
    111. A preguntas de la Lcda. López, el Dr. Pérez Cartagena
       señaló que el CRO está basado en el Sistema de
       Clasificación Ocupacional Federal. De acuerdo al doctor,
       el CRO no fue solamente preparado por él, sino que contó
       con la colaboración de colegas en la elaboración de este.
       El documento no está encuentra firmado por el
       Demandante. Tampoco utilizó prueba psicométrica alguna
       al evaluar al Demandante, ni pruebas estandarizadas para
       evaluar la capacidad ocupacional de este.
    112. El Dr. Pérez Cartagena no auscultó los potenciales
       oficios que el Demandante podría ejercer basado en su
       preparación académica. Tampoco indagó en el mercado
       laboral sobre empleos disponibles que sean compatibles
       con la capacidad del Demandante.
    113. El CRO preparado por él no incluyó, ni consideró
       acomodo razonable ni la posibilidad de un acomodo
       razonable de trabajo para el Demandante.
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    114. Además, los documentos evaluados por el Dr. Pérez
       Cartagena indican o expresan que el Demandante no
       puede trabajar ni que esté incapacitado para volver a
       trabajar.
    115. A preguntas del Lcdo. Santaella, el Dr. Pérez
       Cartagena indicó que no buscó alternativas de trabajo
       para el Sr. Colón González debido a que entiende que éste
       no estaba apto para trabajar por lo que, según él, el
       Demandante no debe someterse a ningún proceso de
       rehabilitación.
    116. Asimismo, el Dr. Pérez Cartagena no consideró las
       incongruencias que surgen entre el CRO y un Informe
       Psiquiátrico Forense preparado por el Dr. Ramón O.
       Fortuño Ramírez. Tampoco consideró las incongruencias
       que hay entre el Informe del Dr. Fortuño y el Estimado de
       Capacidad Funcional-Mental preparado por el Psicólogo
       Forense Dr. Padrón Rodríguez.
    117. En su Informe el Dr. Pérez Cartagena aseveró que
       ACAA no autorizó al Demandante regresar a trabajar; a
       pesar que esta determinación no corresponde a la ACAA,
       sino al Fondo del Seguro del Estado.
    118. El Dr. Pérez tampoco administró ningún tipo de
       prueba al Demandante para determinar si este podía
       realizar trabajos sedentarios.
    119. El 16 de octubre de 2018 continuó el Juicio con el
       testimonio del Sr. Ellie Pagán Meléndez, testigo de
       Eliminex, la parte demandada/tercera demandante.
    120. Expresó el Sr. Pagán Meléndez que actualmente se
       dedica a la fumigación con su propia compañía y que
       anteriormente trabajó con Eliminex Pest Control por 10
       años. En Eliminex fungió como Técnico y luego Supervisor.
    121. Relató el Sr. Pagán Meléndez que el 27 de agosto de
       2013, mientras se dirigía Salinas y al pasarle un camión,
       comenzó a sentir una vibración en la Ford Ranger.
    122. Indicó que en la fecha de l[a] ocurrencia del accidente
       se percató que la capota comenzó a deprenderse hasta que
       eventualmente se desprendió completamente del vehículo,
       cayendo la misma en la carretera.
    123. Señaló que, luego del desprendimiento, le dijo al
       empleado que le acompañaba que moviera el vehículo en
       lo que se dirigía hacía la capota. Entonces ocurre el
       choque del Demandante con la capota desprendida.
    124. El Sr. Pagán informó que Eliminex le asignó el vehículo
       relacionado con el accidente cuando era Supervisor y que,
       mientras lo utilizó, no experimentó problemas con este.
    125. El Sr. Pagán también declaró que, tan pronto
       culminaba sus labores, iba a su casa y lo estacionaba
       frente a esta.
    126. Dijo el Sr. Pagan que, después de instalada, la capota
       no fue removida por él.
    127. A preguntas del Lcdo. Santiago, abogado de los
       Demandante, en contrainterrogatorio, el Sr. Pagán
       confirmó que no se trató de un desprendimiento súbito de
       la capota y se mantuvo conduciendo la Ford Ranger a
       pesar de haberse dado cuenta de lo que estaba pasando.
    128. A preguntas de la Lcda. López en contrainterrogatorio,
       el Sr. Pagán señaló que los vehículos asignados
       pernoctaban en las casas de los empleados y que, cuando
       le decían repórtate a la oficina, él iba a esta.
    129. Además, dijo el Sr. Pagán. que el encargado del
       mantenimiento de los vehículos y quien tomaba las
       decisiones sobre los mismos era el Sr. Juan Iribas Ramos,
       dueño de Eliminex.
    130. Así concluyó el desfile de prueba en el caso y quedó
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             sometido.12 (Énfasis nuestro).

           A tales efectos, el TPI impuso a los apelantes el 40% de la

responsabilidad de los daños causados a los apelados. En

específico, condenó a WIMAT y Universal [aquí apelantes] y a

Eliminex al pago global de $195,622.00.

           En cuanto al señor Colón González, se fijaron las siguientes

partidas: $70,000.00 por los daños físicos, visita y estadía en la Sala

de Emergencia el día del accidente, placas, exámenes y visitas

médicas relacionadas; $7,500.00 por las 25 terapias físicas;

$24,000.00 por el impedimento parcial permanente de un 6% de las

funciones fisiológicas generales; $17,500.00 por las angustias

mentales; y $64,122.00 en concepto de lucro cesante.

           Por otro lado, se le concedió a la señora González Sánchez una

indemnización de $12,500.00 por sus sufrimientos y angustias

mentales.

           En desacuerdo, el 22 de octubre de 2021 la parte apelante

acude ante nos mediante el presente recurso de Apelación, y le

atribuye al TPI los siguientes errores:

       1) Erró el TPI al concluir que la parte tercera demandada incurrió
          en un acto negligente y descartar que la causa eficiente por la
          cual se desprendió la capota que causó los daños obedeció a
          un patrón de desgaste por la negligencia de Eliminex, dueño
          del vehículo de motor por falta de mantenimiento y no aplicar
          la doctrina de absorción de culpas.

       2) Erró el Tribunal de Primera Instancia en la indemnización
          concedida a la parte apelada por daños físicos, angustias
          mentales y lucro cesante por resultar en una sumamente
          excesiva y/o especulativa.

       3) Erró el TPI en no reducir de la indemnización concedida la
          exención provista por la Ley de Protección Social por
          Accidentes de Automóviles.

                                         -II-

                                          A.

           Al revisar una determinación de un tribunal de menor

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar

12
     Id.
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si se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares

del caso.13 Como regla general, los foros apelativos no debemos

intervenir con las determinaciones de hechos de los tribunales de

primera instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los

testigos y el valor probatorio conferido a la prueba presentada en

sala, pues solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”.14 Lo

anterior, se fundamenta en la premisa de que el foro primario es

quien tiene la oportunidad de escuchar a los testigos declarar y

apreciar su “demeanor”.15 Sin embargo, la norma de deferencia

antes esbozada encuentra su excepción y cede cuando la parte

promovente demuestra que: “[h]ubo un craso abuso de discreción

o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa

evitará un perjuicio sustancial”.16

       Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción”.17 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está

inexorable     e   indefectiblemente      atado     al   concepto     de    la

razonabilidad”.18 A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha enumerado situaciones que constituyen un abuso de discreción:

       [c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta
       e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material
       importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el
       contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para
       ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e
       inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o
       cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los
       hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes,
       el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.19

13 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).
14 Id., págs. 770-771; SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 356 (2009);

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).
15 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006).
16 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). (Énfasis

nuestro).
17 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
18 Id.
19 Ramírez v. Policía de PR, 158 DPR 320, 340-341 (2002).
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      En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de

base razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde

la dirección del proceso.20 En ese sentido, las conclusiones de

derecho son revisables en su totalidad por los tribunales

apelativos.21

      Ahora bien, la norma de deferencia antes esbozada no es

de aplicación a la evaluación de la prueba pericial y documental.

En lo que respecta a las conclusiones de hecho basadas en prueba

pericial o documental, los foros revisores nos encontramos en igual

posición que los tribunales sentenciadores para apreciarla y adoptar

nuestro propio criterio.22 Incluso, podemos descartarla, aunque sea

técnicamente correcta.23

                                        B.

      Según la normativa antes expuesta, los tribunales apelativos,

de ordinario, aceptan “como correctas las determinaciones de hechos

de los tribunales de instancia, al igual que su apreciación sobre la

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba

presentada en sala”.24 A pesar de ello, en ocasiones, la deferencia al

arbitrio del juzgador de los hechos no es absoluta.25 De manera, que:

      [a]unque alguna prueba sostenga las determinaciones de
      hechos del tribunal, si de un análisis de la totalidad de la
      evidencia este Tribunal queda convencido de que se cometió
      un error, como cuando las conclusiones están en conflicto con
      el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de
      la evidencia recibida, las consideraremos claramente
      erróneas.26

      Por otro lado, en cuanto a las determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil

20 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v.
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
21 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770.
22 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011); Arrieta

v. De la Vega, 165 DPR 538, 551 (2005).
23 Id.
24 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.
25 Id.
26 Id., pág. 772.
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apunta que: “[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio

oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas,

y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas

testigos”.27

       Dicho de otro modo, las determinaciones de hechos basadas

en la credibilidad conferida por el juzgador a los testigos que

declaren ante sí merecen gran deferencia.28 Por tanto, nuestra

intervención con la evaluación de la prueba testifical procede

únicamente cuando un análisis integral de la misma “nos cause una

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca

nuestro sentido básico de justicia”.29 De ahí, que nuestro reglamento

establece que cuando una parte señale algún error relacionado con

la suficiencia de la prueba testifical o la apreciación errónea de la

misma, deberá someter una transcripción, exposición estipulada o

narrativa de la prueba.30

       En cuanto a la evaluación y suficiencia de la prueba, la Regla

110 de Evidencia establece los principios que el juzgador deberá

evaluar a la hora de determinar cuáles hechos quedaron

establecidos.31 En lo que nos concierne, la mencionada regla

preceptúa que:

       (A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría
           vencida de no presentarse evidencia por alguna de las
           partes.
       (B) La obligación de presentar evidencia primeramente recae
           sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en
           controversia.
       (C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de
           prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca
           absoluta certeza.
       (D) La evidencia directa de una persona testigo que merezca
           entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho[.]
       (E) […]

27 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
28 SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, supra, pág. 356.
29 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012).
30 Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

19 (A). Véanse, además, Reglas 19 (B), 20, 76 (A) y (E).
31 32 LPRA, Ap. VI, R. 110.
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         (F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o el
             juzgador se hará mediante la preponderancia de la prueba
             a base de criterios de probabilidad[.]32

         En otras palabras, le corresponde al tribunal determinar si la

prueba desfilada es suficiente para establecer la veracidad de los

hechos alegados.33 Así las cosas, no basta con formular meras

alegaciones o teorías, pues estas no constituyen prueba.34 Respecto

al valor probatorio que le otorgarán los tribunales a los testimonios

periciales, la Regla 702 de Evidencia señala que:

        [e]l valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de:
    (A) si el testimonio está basado en hecho o información suficiente;
    (B) si el testimonio es el producto de principios y métodos
        confiables;
    (C) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de manera
        confiable a los hechos del caso;
    (D) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado
        generalmente en la comunidad científica;
    (E) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, y
    (F) la parcialidad de la persona testigo.35

         La citada regla establece una serie de factores que inciden

sobre el valor probatorio del testimonio pericial, cuyo fin último es

ayudar al juzgador a entender determinada prueba o hecho en

controversia.36 De modo, que: “el juzgador de hechos no está

obligado a aceptar las conclusiones de un perito. Por lo tanto, si luego

de aquilatar el testimonio pericial, el juzgador concluye que no merece

credibilidad, este tiene la facultad de rechazarlo”.37

                                        C.

         En nuestra jurisdicción la responsabilidad civil por actos u

omisiones culposas o negligentes extracontractuales se rige por el

Artículo 1802 del Código Civil.38 Esta disposición establece que

32 Id.
33 Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998).
34 UPR v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond.,

182 DPR 485, 510 (2011).
35 32 LPRA, Ap. VI, R. 702.
36 E. Rivera García, El valor del testimonio pericial en los procesos judiciales, 47

Rev. Jur. U. Inter. P.R. 87, 99-100 (2013).
37 Id., pág. 101.
38 Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 5141. Considerando

que los actos objeto de controversia surgieron durante la vigencia del anterior
Código Civil de 1930, analizaremos los errores planteados a la luz de dicha
legislación y su jurisprudencia interpretativa. Esto de conformidad con el Art.
1812 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11717.
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quien por acción u omisión cause daño a otro, mediando culpa o

negligencia, viene obligado a reparar el daño causado.39 El propósito

de la ley es proveer a todo aquel que sufra daño un medio de

resarcimiento contra aquellos que no ejercen el debido cuidado en

sus actuaciones. El artículo añade que la imprudencia concurrente

del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la

reducción de la indemnización.40

       En materia de responsabilidad civil extracontractual, quien

por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo cualquier

género de culpa o negligencia, vendrá obligado a reparar el daño

ocasionado.41 Esta doctrina reconoce que toda acción sobre

responsabilidad por daños y perjuicios procede únicamente si

concurren los siguientes elementos: (1) una acción u omisión

culposa o negligente; (2) la producción de un daño real; (3) un nexo

causal entre el daño y la conducta culposa o negligente.42

       Conforme dispone nuestro estado de derecho vigente, la culpa

o la negligencia consiste en la falta de cuidado al no anticipar o

prever las consecuencias de un acto, tal y como lo haría una

persona prudente y razonable en iguales circunstancias.43 De ese

modo, la exigencia de la normativa requiere que la actuación se

emplee con un grado de cuidado, diligencia, vigilancia y debida

precaución.44 De ahí a que la previsibilidad sea parte fundamental

de la responsabilidad por culpa o negligencia.45 El grado de

previsibilidad en cada caso varía y dependerá del estándar de

conducta que sea aplicable.46

39 Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598 (1999).
40 García v. ELA, 163 DPR 800, 809 (2005).
41 31 LPRA ant. sec. 5141.
42 Id.; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).
43 Nieves Díaz v. González Massas, pág. 844.
44 Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995).
45 Colón Chévere v. Class Otero, 196 DPR 855, 864 (2016); Elba ABM v. UPR, 125

DPR 294, 309 (1990).
46 Colón Chévere v. Class Otero, supra; Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803,

831 (2006).
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       El deber de cuidado exigible consiste en la obligación de todo

ser humano de anticipar el peligro de ocasionar daños cuya

probabilidad es razonablemente previsible.47 La determinación de si

hubo negligencia se basa en la consideración objetiva de lo que

hubiese podido anticipar o prever bajo idénticas circunstancias un

hombre prudente y razonable.48 Este deber de anticipar y evitar la

ocurrencia de un daño, cuya probabilidad es razonablemente

previsible, no se extiende a todo riesgo posible.49 Lo esencial es que

se pueda prever en forma general las consecuencias de determinada

acción o inacción.50

       El otro factor por considerarse ante la adjudicación de

responsabilidad civil extracontractual es la existencia de un nexo

causal entre el acto culposo o negligente y el daño sufrido. Para

establecer este elemento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha

regido por el principio de causalidad adecuada que establece que

“[n]o es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia

general”.51 Además, es necesario que el daño pueda preverse dentro

del curso normal de los acontecimientos.52 Asimismo, en lo que toca

al elemento del nexo causal, reiteramos que existirá tal conexión

si, al mirar el daño en retrospectiva, este parece ser la

consecuencia razonable, común y natural de la acción u omisión

imputada al autor demandado.53 Es esa relación directa la que

permite concluir que el acto torticero imputado es la causa

adecuada del daño reclamado.54

47 López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 132 (2004); H. M. Brau del Toro, Los
Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., PR, Publicaciones
JTS, Inc., 1986, Vol. I, pág. 184.
48 Id.
49 López v. Dr. Cañizares, 163 DPR, supra, a la pág. 133; Montalvo v. Cruz, 144

DPR 748, 756 (1998).
50 Id.
51 Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974).
52 Jiménez v. Pelegrina, 112 D.P.R. 700, 704 (1982).
53 Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748 (1998), en las págs. 756-757.
54 Id.
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       El propósito de utilizar criterios como el de causa adecuada o

causa próxima es limitar la cadena de responsabilidad civil y evitar

que se extienda a límites absurdos.55 Este concepto de la causa

postula, además, que la ocurrencia del daño que da base a la

reclamación era previsible dentro del curso normal de los

acontecimientos. Es decir, causa es la condición que ordinariamente

produce el daño, según la experiencia general, y este nexo causal

puede romperse ante la ocurrencia de un acto extraño.56

       Siendo así, en Arroyo López v. ELA, nuestro Alto Foro Judicial

de Puerto Rico expresó lo siguiente:

       “[p]ara que exista relación causal, la acción u omisión tiene
       que ser idónea para producir el efecto operado; tiene que
       determinarlo normalmente. A fin de establecer esa vinculación
       de causa y efecto entre esos dos sucesos, tenemos que
       realizar un análisis retrospectivo de posibilidad. En vista de
       ello, no es suficiente que un hecho aparezca como condición
       de un evento, si regularmente no trae aparejado ese
       resultado. La causalidad esta necesariamente limitada por el
       ámbito de la obligación, pues es infinita la serie de daños que,
       en interminable encadenamiento pueden derivarse del
       incumplimiento de una obligación”.57

       Por otro lado, bajo la doctrina de la causa adecuada, el daño

ocasionado puede ser el resultado de la culpa o negligencia de dos o

más    personas.58     Tal   situación      se   ve   presente   cuando    los

cocausantes de un daño actúan independientemente uno del otro y

por culpa o negligencia de ambos causan daño a un tercero.59

Asimismo, ha quedado meridianamente claro que:

       Para que dos o más de los actores sean responsables, la culpa
       o negligencia de éstos ha de ser la causa del daño. Se
       entenderá que hay relación causal, entre el acto u omisión de
       los distintos actores con el daño ocasionado, si están
       presentes los criterios de la doctrina de la causa adecuada.
       Por tanto, la causa adecuada del daño ha de ser la culpa o
       negligencia concurrente de los distintos actores. Expresado de
       otra manera, si los distintos actores no hubiesen sido
       negligentes, el daño no hubiese ocurrido.”60

55 Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700 (1994).
56 Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 310 (1990).
57 Arroyo López v. ELA,126 DPR 682 (1990), en la pág.690.
58  C. J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, Panamericana
Formas e Impresos S.A., 2009.
59 Id.
60 L. Cancel Méndez, Doctrina de la Absorción de Culpas en la Responsabilidad

Civil Extracontractual en Puerto Rico, 38 2 RDPUC 243 (1999).
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       Siendo así, una vez el tribunal sentenciador determina la

existencia de los daños alegados y la relación o nexo causal entre el

daño y quien lo provoca, es decir, la parte demandada, procede

entonces estimar a cuánto ascenderá la compensación monetaria

que será adjudicada a favor de la parte perjudicada.

                                         D.

       Por otra parte, el Artículo 1802 del Código Civil, también

incluye la doctrina de la negligencia comparada al establecer que "la

imprudencia       concurrente       del       perjudicado    no     exime   de

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización".61

Conforme esta doctrina “la negligencia concurrente o contribuyente

del demandante (y la asunción de riesgos por éste), sirve para mitigar,

atenuar o reducir la responsabilidad pecuniaria del demandado, pero

no para eximir totalmente de responsabilidad a éste”.62 Ello requiere

que el juzgador determine el monto de la compensación que

corresponde al demandante y el por ciento de negligencia incurrida

por cada parte y luego reduzca la indemnización del demandante,

conforme a la distribución de la responsabilidad.63 Para determinar

la negligencia de cada parte es preciso hacer un análisis

circunstancial del caso.64

       Cuando se concluye que hay negligencia comparada, puede

aplicar la doctrina de absorción de culpas. La doctrina de absorción

de culpa se puede aplicar cuando existe negligencia comparada,

particularmente       cuando       las    actuaciones       imprudentes     del

demandante fueron lo que lo colocó en una situación de peligro que

causó daño.65 Sin embargo, la aplicación de esta norma ocurre solo

en instancias en las que existe una marcada e indisputable

61 Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 5141.
62 Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 176 (1996).
63  Ramos Milano v. Walmart, 168 DPR 112, 119 (2006); Quiñones López v.
Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996), a la pág. 176.
64 Id., a la pág. 119.
65 Toro Lugo v. Ortíz Martínez, 113 DPR 56 (1982).
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desproporción entre la distribución de culpas del demandante y el

demandado. Cuando esto ocurre, la distribución de negligencia con

la mayor proporción absorbe la negligencia y responsabilidad en

menor proporción de la otra parte.66 De forma simplificada, aquél

que haya sido negligente en mayor grado absorbe la culpa del otro,

quedando este último libre de responsabilidad.67

       Así, para que se ponga en práctica la doctrina, requiere una

desproporción incuestionable de responsabilidad entre las partes.

La diferencia entre los niveles de culpa debe ser preponderante, pero

no se ha predispuesto un porciento exacto de culpas asignadas que

inmediatamente active la doctrina. Por lo tanto, la aplicación de la

doctrina ha quedado al arbitrio de los Tribunales, a los que,

entonces, le corresponde determinar caso a caso qué grado o por

ciento de responsabilidad representa uno tan ínfimo para ser

absorbido por el mayor.68 Esencialmente, queda pendiente a la

discreción del juzgador el determinar si aplica a un caso

determinado la doctrina de absorción de culpas y si la distribución

de responsabilidad entre las partes la justifica.69

       Sin embargo, el uso de la doctrina de absorción de culpas

se ha abandonado o se ha limitado en su aplicación en la

mayoría de las jurisdicciones modernas. Esto se debe en gran

medida a la implementación de la negligencia comparada, la que

ha desplazado el uso de la doctrina de absorción de culpa, por

ser percibida la primera como más acorde con nociones de

justicia y equidad, al igual que más aplicable en los casos de

concurrencia de culpas.70

66 Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).
67 L. Cancel Méndez,   Doctrina de la Absorción de Culpas en la Responsabilidad
Civil Extracontractual en Puerto Rico, supra.
68 C. J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, supra.
69
   Id.
70 Cancel Méndez, op. cit.
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       A pesar de esto, la doctrina sigue presente en nuestro

ordenamiento, pero su aplicación depende enteramente del ejercicio

de discreción reservado para la judicatura.

                                       E.

       La    valoración       del    daño      constituye      un       elemento

fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.71 El concepto

daño      comprende       tanto     pérdidas     patrimoniales          como   no

patrimoniales. Los daños patrimoniales incluyen el valor de la

pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener por un acreedor.72

Entre los daños no patrimoniales, están comprendidos los daños

físicos y las angustias mentales. Se consideran angustias mentales

indemnizables aquellos daños de carácter emocional, tales como

estados     de   pesar,    sufrimiento,     angustia,     dolor     y    ansiedad

causalmente relacionados con un acto culposo o negligente.73 Para

que una reclamación de este tipo proceda, es imprescindible probar

sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría una pena

pasajera como base de la acción.74

       El proceso de valoración de daños es uno de los ejercicios de

la función judicial más complejos, puesto que implica adjudicar un

valor monetario a un daño que solamente puede ser aprehendido en

toda su extensión por quien lo sufre. Las prácticas judiciales

reiteradas dan un marco de referencia adecuado para que los

tribunales puedan hacer dicha gestión estimatoria con alguna

uniformidad.75 No obstante, como no existen casos exactamente

iguales y cada uno depende de sus propias circunstancias al

momento de valorizar los daños, está implícito un ejercicio de

discreción guiado por el sentido de justicia del juzgador.76 La tarea

71 A. J. Amadeo-Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da Ed.,

Bosh Editor, 2012, pág. 19.
72 Art. 1059 del Código Civil de 2020, 31 LPRA ant. sec. 3023.
73 Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990).
74 Ramos Rivera v. ELA, 90 DPR 828 (1964).
75 Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 (2010).
76 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012).
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de valorar el daño lleva consigo cierto grado de especulación e

involucra elementos subjetivos del juzgador, tales como la discreción

y el sentido de justicia y conciencia humana.77

         Ahora bien, son los jueces de instancia los que están en

mejor posición que los tribunales apelativos para hacer esta

evaluación, toda vez que estos son los que tienen contacto

directo con la prueba presentada.78 Por ello, los foros revisores

guardaremos deferencia a las valorizaciones de daños que hagan los

foros de primera instancia.79 De esta forma, los tribunales apelativos

no habremos de intervenir con la valoración de daños que realiza el

foro     primario,    salvo    cuando      la   cuantía     concedida      resulte

ridículamente baja o exageradamente alta.80 En este último caso,

estamos obligados a examinar la prueba desfilada ante el foro de

instancia y las cuantías otorgadas en casos similares resueltos

anteriormente.81

         Ciertamente, las indemnizaciones concedidas en casos

anteriores constituyen un punto de partida y referencia útil para

pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro primario;

aun cuando no existen dos casos exactamente iguales y cada uno

es distinguible según sus circunstancias particulares.82 En todo

caso, las compensaciones otorgadas en casos anteriores deben

ajustarse a su valor presente. En vista de lo anterior, el Tribunal

Supremo determinó lo siguiente:

         Ante ello, nos vemos obligados a advertir a los jueces y las
         juezas sobre la importancia de detallar en sus dictámenes los
         casos que se utilicen como referencia o punto de partida para
         la estimación y valoración de daños y el cómputo realizado
         para establecer las cuantías que se concedan. Este llamado a
         los jueces y las juezas cobra importancia ante la necesidad
         imperante de instruir a las partes y a los miembros de la
         profesión jurídica en torno al método que se utiliza en ese
         difícil y angustioso proceso de estimar y valorar los daños.

77 Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 195 DPR 476 (2016).
78 Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, supra.
79 Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., supra.
80 Id.
81 Id.
82 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 909-910; Herrera, Rivera v. SLG

Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785.
KLAN202100847                                                                      24

         Habida cuenta de que esa tarea lleva consigo cierto grado de
         especulación, es forzoso explicar qué casos se utilizan
         como referencia y cómo las cuantías concedidas se
         ajustan en esos casos anteriores al caso que el tribunal
         tiene ante su consideración.83 (Énfasis nuestro).

         Siendo así, quien solicite modificar la cuantía concedida

tendrá el peso de la prueba.84 De este modo, la parte que solicita la

modificación de la indemnización concedida por el foro de instancia

deberá demostrar que en efecto existen circunstancias que así lo

justifican.85 Sin embargo, a pesar de que la tarea de valoración de

daños puede generar múltiples criterios, tal tarea debe residir,

dentro de lo posible, en el juicio del juzgador de los hechos,

enmarcado dentro de un análisis de razonabilidad. De no existir

algún error manifiesto, parcialidad o prejuicio en tal apreciación, no

corresponde nuestra intervención.86

         Por último, conforme al método establecido por nuestro

Tribunal Supremo, al utilizar casos comparables, los tribunales

vienen obligados a utilizar el cambio en el poder adquisitivo del dólar

a través del tiempo para obtener el ajuste por inflación. El valor

adquisitivo del dólar debe obtenerse del índice de precios al

consumidor que prepara el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos. Una vez obtenido el ajuste por inflación, se realiza un

ajuste adicional por el crecimiento económico ocurrido entre el año

del caso que se utiliza como referencia y el año cuando se dictó

sentencia en el caso actual.

         Por tanto, para calcular el valor adquisitivo del dólar se divide

100 entre el índice de precios al consumidor para el año en que se

dictó sentencia en el caso utilizado como referencia. Luego, para

actualizar esa cantidad y llevarla al año en que se dictó sentencia

en caso actual, se divide el ajuste por inflación (obtenido del cálculo

83 Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., supra, pág. 493.
84 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013).
85 Id.
86 Id.
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anterior), entre el valor adquisitivo del dólar para el año en que se

dictó sentencia el caso actual.87

                                          F.

        El Artículo 1059 del Código Civil de 2020 establece que: “[l]a

indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la

pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya

dejado de obtener el acreedor”.88 Citando a Manresa, el Tribunal

Supremo ha señalado, en lo pertinente, que este artículo: “provee

una compensación cuando se impide a una persona aprovecharse de

lo que le hubiera correspondido”.89 Esta disposición preceptúa que

una indemnización en daños y perjuicios no solo comprende el valor

de la pérdida que haya sufrido la persona, sino que también la

ganancia que esta haya dejado de percibir.90

        Por lucro cesante debe entenderse “[a]quella partida de daño

que debe ser resarcida por concepto de la pérdida de ingresos

ocasionada al perjudicado y la disminución de su capacidad

productiva”.91 De ahí, que el reclamante debe establecer que la

interrupción y cese de sus ingresos fue a consecuencia de las

actuaciones del demandado.92 En otras palabras, el lucro cesante

constituye      “una     ganancia   futura     frustrada     que   con    cierta

probabilidad se esperaba”.93 Así las cosas, “sustituye los ingresos

generados por el trabajo, que se han dejado de percibir por motivo de

un acto culposo o negligente”.94 Cabe señalar, que al estimar y

valorizar la partida que habrá de ser concedida por concepto de

lucro     cesante,       permea     esencialmente       un      elemento     de

razonabilidad.95

87 Véase, Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, págs. 497-498.
88 31 LPRA ant. sec. 3023.
89 El Coquí Landfill v. Mun. Gurabo, 186 DPR 688, 697 (2012).
90 PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 60-61 (2012).
91 SLG Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 623 (2002).
92 Id., págs. 623-624.
93 PRFS v. Promoexport, supra, pág. 61.
94 Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959, 973 (1996).
95 Id., pág. 625.
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         Si bien “los daños compensables en casos de lucro cesante se

refieren a la ganancia neta insatisfecha por la conducta del

demandado, no al ingreso bruto”,96             las ecuaciones matemáticas

utilizadas en decisiones previas no constituyen una fórmula fija y

rígida que deba aplicarse estrictamente en toda determinación de

lucro cesante.97 Además, al computar el lucro cesante se debe

utilizar la expectativa de vida útil de la persona, es decir, lo que en

verdad podía ganar hasta el momento en que terminara de ejercer

su labor.98

         Entre los elementos a ser considerados en la metodología para

determinar el monto de la pérdida económica, nuestro Máximo Foro

Judicial ha seguido lo siguiente:

         1.    […] [V]incula el concepto de lucro cesante a la
               dependencia económica al momento de la […]
               incapacidad.
         2.    […] [T]oma como base los ingresos más recientes de la
               víctima y se reconoce la posibilidad de que estos
               aumenten. Los aumentos pueden ser a base de
               incrementos en los niveles de salario mínimo, aumentos
               en la escala de salarios a que está sujeta la persona y la
               experiencia histórica del ingreso de las personas en
               Puerto Rico. […] Un procedimiento aceptado es usar un
               número de años de la experiencia histórica que sea igual
               al número de años de vida útil que la víctima hubiera
               tenido si no hubiera ocurrido la […] incapacidad.
         3.    Para el estimado de vida útil se ha aceptado 65 años
               como edad límite. […].
                                        […]
        5.    […] [L]os ingresos perdidos antes de la fecha de la vista
              judicial […] no reciben ningún ajuste para reconocer que
              el valor del dinero depende del momento en que se recibe.
              Meramente se suman como un componente de la pérdida
              estimada.
        6.    A los ingresos que se estima se habrían de percibir desde
              la vista judicial en adelante […] se le calcula el valor
              presente. Es decir, que en este elemento del cálculo se
              reconoce que el valor del dinero depende del momento en
              que se recibe. Para computar el valor presente, se suman
              los ingresos futuros y el total se divide entre los años de
              vida útil que restan a la víctima desde la fecha de la vista
              judicial. El promedio se considera como si fuera una
              anualidad y se le calcula el valor presente de la
              anualidad utilizando una tasa de interés de 6%.
                                        […]
        9.    La suma del lucro cesante pretérito y el lucro cesante
              futuro constituye el lucro cesante total al que tienen
              derecho los perjudicados.99

96 El Coquí Landfill v. Mun. Gurabo, supra, págs. 697-698.
97 SLG Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 625.
98 Suro v. ELA, 111 DPR 456, 461 (1981).
99   R. Martínez Cuevas, El Estimado del Valor del Lucro Cesante por Muerte o
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                                        G.

       La Administración de Compensaciones por Accidentes de

Automóviles (ACAA), se creó mediante la Ley de Protección Social por

Accidentes de Automóviles (Ley de la ACAA).100 La corporación

pública administra un sistema de seguro y de compensación por

accidentes de tránsito con el fin de reducir a un mínimo los trágicos

efectos económicos y sociales producidos por estos sobre la víctima,

su familia y demás dependientes.101 Así las cosas, provee servicios

médico-hospitalarios, compensación y otros beneficios, entre ellos,

pagos por incapacidad.102 Si bien el estatuto no es uno de naturaleza

laboral, como ley reparadora atiende un sinnúmero de escenarios,

entre los que se encuentra el de un trabajador que quede

inhabilitado para desempeñar sus labores como consecuencia de un

accidente automovilístico.103

       La Ley de la ACAA, supra, provee que: “tendrá derecho a los

beneficios que dispone [el estatuto] toda persona natural que sufra

daño corporal, enfermedad o la muerte resultante de estas, como

consecuencia del mantenimiento o uso por sí misma o por otra

persona de un vehículo de motor como tal vehículo.[…]”.104 Para poder

recibir los beneficios que provee la ACAA, el accidente deberá ser

notificado a la corporación pública.105 De ahí, que: “[t]oda persona

con derecho a reclamar un beneficio bajo [la ley], deberá radicar su

reclamación con la [ACAA] […] dentro de los quince (15) días

siguientes a la fecha de dicho accidente”.106

Incapacidad en Puerto Rico, 64 Rev. Jur. U.P.R. 75, 83-85 (1995).
100 Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, 9 LPRA sec. 2051 et

seq. Véase, además, 9 LPRA sec. 2060.
101 Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 966-967 (2011).
102 Id., pág. 967. Véase, 9 LPRA sec. 2054(1)(a).
103 Id. En Mercado Santini v. Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico aclaró que era la CFSE quien primeramente viene obligada “a pagar o prestar
los servicios siempre que el accidente automovilístico sea también un accidente del
trabajo”. 101 DPR 523, 531 (1973). Sin embargo, según discutiremos más
adelante, ello no priva al obrero de solicitar los beneficios que provee la ACAA.
104 9 LPRA sec. 2053. Véase, además, 9 LPRA sec. 2052(10).
105 9 LPRA sec. 2057(1).
106 9 LPRA sec. 2057(2).
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       Por otra parte, la Ley de la ACCA le provee un minúsculo alivio

económico al causante de los daños, en aquellos casos donde la

víctima ejercita una causa acción reclamando el resarcimiento de

los daños sufridos. El estatuto en cuestión establece que:

       (2) Se eximirá de la aplicación del principio de responsabilidad
       a base de negligencia a toda persona que sea responsable, en
       virtud de un acto negligente de su parte, por daños o lesiones
       por los cuales se proveen beneficios bajo este capítulo. Dicha
       exención se limitará a:
             (a) La cantidad de $1,000 por sufrimientos físicos y
             mentales incluyendo dolor, humillación y daños
             similares, y de
             (b) la suma de $2,000 por concepto de otros daños o
             pérdidas no incluidas en (a).
       (3) Toda persona a quien un tribunal declare en una
       acción civil responsable de haber causado por
       negligencia lesiones por las cuales la víctima, sus
       sobrevivientes o cualquier otra persona tengan derecho
       a recibir beneficios o servicios médico-quirúrgicos y de
       hospitalización bajo este capítulo, tendrá derecho a una
       reducción en la sentencia a ser impuesta por el tribunal
       hasta la cantidad indicada en esta sección.
             (a) En cada caso en que aplique esta sección el tribunal
             deberá indicar separadamente el importe de la
             indemnización otorgada por daños debido a dolor y
             sufrimientos físicos y mentales y el importe de la
             indemnización otorgada por otras pérdidas.
             (b) La reducción aplicable a daños por sufrimientos
             físicos y mentales será de $1,000.
             (c) La reducción aplicable a daños y pérdidas por causas
             que no sean sufrimientos físicos y mentales será la suma
             de $2,000 o el importe de los beneficios totales pagados
             por la Administración, si dicho importe fuera mayor de
             $2,000.
             (d) […]
             (e) Si la responsabilidad por los daños causados recae
             sobre dos o más personas, las reducciones que provee
             esta sección se deducirán sólo una vez. Las mismas se
             restarán de la sentencia total a pagarse por todos las
             partes. El tribunal determinará el importe de la reducción
             que aplicará a cada una de dichas partes. 107

       En Morales v. Lizarribar, el Tribunal Supremo resolvió que el

causante del accidente se puede acoger a las deducciones que

provee la Ley de la ACAA, supra, independientemente de que la

corporación pública provea o no los beneficios a la víctima.108 Al

respecto, dicho foro dispuso lo siguiente:

       [l]a parte recurrente argumenta que […] la aplicación de los
       límites señalados en la [Ley de la ACAA] […] está condicionada
       a que la Ley provea beneficios a favor de la víctima o sus
       beneficiarios. En otras palabras que el causante del accidente
       sólo podrá acogerse a las deducciones cuando la propia ley

107 9 LPRA sec. 2058. Énfasis nuestro.
108 Morales v. Lizarribar, 100 DPR 717, 724-726 (1972).
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       conceda beneficios por la partida que se desea deducir. […].
       No estamos de acuerdo. La [Ley de la ACAA] […] establece un
       relevo de responsabilidad por negligencia a favor del causante
       del accidente por los conceptos y límites que allí se indican a
       manera de deducciones: (1) sufrimientos físicos y mentales,
       $1,000.00 y (2) otros daños y pérdidas, $2,000.00, o el
       importe de los beneficios totales pagados por la
       Administración si dicho importe fuera mayor de $2,000.00.
       La deducción de $1,000.00 por sufrimientos mentales no
       está condicionada meramente al caso de aquellas
       víctimas de accidentes que hayan recibido los beneficios
       que provee la ley, sino que se extiende a aquellas que
       aunque no se hayan acogido ni recibido los beneficios
       del sistema ‘[t]enga derecho a recibir beneficios o
       servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización ...‘
       bajo el mismo. En el caso que consideramos, la víctima, aquí
       recurrente, sufrió ‘hematomas, contusiones y abrasiones en el
       cuerpo ‘como consecuencia de un accidente de automóviles.
       Como tal, pudo haber reclamado de la [ACAA] los servicios
       médicos, de hospitalización y otros beneficios que ofrece la
       Ley. […]
       Resolvemos que la exención de $1,000.00 por concepto de
       sufrimientos mentales de la víctima de un accidente de
       automóviles es una automática que beneficia al causante del
       accidente. […].
       […]
       Esta disposición, sin embargo, no excluye en forma
       alguna el derecho de la víctima o de sus beneficiarios a
       reclamar por la vía judicial y a base del principio de
       responsabilidad por culpa o negligencia. Sólo reduce,
       por las cantidades antes señaladas, o el importe de los
       beneficios pagados por la Administración […] si
       resultaren en una cantidad mayor, las sentencias que
       en su día imponga un tribunal por concepto de
       indemnización. El exceso corresponderá, como hasta el
       presente ha correspondido, a la víctima y sus
       beneficiarios reclamantes.109

       Cónsono con lo anterior, el Alto Foro ha señalado que la

deducción a favor del causante del accidente y/o su compañía

aseguradora —por concepto de sufrimientos físicos y mentales— es

de carácter mandatoria y automática.110 Al mismo tiempo, “[l]as

exenciones y deducciones dispuestas por [la] ACAA deberán

oponerse al obrero demandante en la vista en su fondo del pleito de

daños”.111 En Urrutia v. AAA,112 nuestro Tribunal Supremo dispuso

que la interpretación lógica del lenguaje de la Ley de la ACAA, supra,

implicaba que:

       [c]uando un reclamante no se acoge a dicho sistema, teniendo
       derecho a ello, le es oponible válidamente la cuantía mayor en

109 Id. Énfasis nuestro.
110 Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 DPR 757, 774 (1978); Zeno Molina v.

Vázquez Rosario, 106 DPR 324, 330 (1977); González v. Chávez, 103 DPR 474,
477 (1975).
111 Administradora F.S.E. v. Maldonado, 107 DPR 527, 529 (1978).
112 Urrutia v. AAA,103 DPR 643 (1975).
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       gastos médico-hospitalarios incurrida fuera del sistema
       debiendo deducirse la suma total en exceso de $2,000.00.
       Concluir lo contrario sería dejar al arbitrio de un reclamante la
       fijación de indemnización por este concepto al poder optar, sin
       consecuencia jurídica alguna, el acudir a tratamiento ajeno al
       sistema de compensación social diseñado haciendo
       inoperante una de las deducciones fijadas en la ley. Resulta
       necesario que nuestras decisiones propicien la canalización de
       agravios y la obtención de remedios a través de los sistemas
       administrativos establecidos para toda la ciudadanía,
       descongestionando a los tribunales del proceso de dirimir
       controversias cuyas soluciones están previstas fuera del
       ámbito judicial. 113

                                      -III-

       A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración.

       De entrada, la Sentencia apelada le impuso a la parte

apelante, WIMAT y Universal un 40% de la responsabilidad de los

daños causados y un 60% de la responsabilidad a Eliminex y

Seguros Múltiples.

       Para lograr un análisis adecuado de los señalamientos de

errores de la parte apelante, discutiremos en primer orden el error

señalado sobre el nexo causal y los daños.114                Luego de ello,

continuaremos con la discusión de los errores relativos a la

valoración de los daños sufridos por los apelados y, en tercer lugar,

la aplicación de las deducciones provistas por la Ley de la ACAA.115

Veamos.

       En primer orden, WIMAT arguye que el TPI incidió al

determinar que incurrieron en un acto negligente, y descartar que

la causa por la cual se desprendió la capota obedeció a un a patrón

de desgaste por la negligencia de Eliminex.

       Surge del expediente que —ante los testimonios de los peritos

de la parte apelada— el juzgador de los hechos determinó que la

instalación de la capota realizada por WIMAT fue defectuosa, ya que

no se instaló acorde a las guías operacionales del fabricante; a ello,

113 Id., págs. 648-649.
114 Señalamiento de error número 1.
115 Señalamiento de error número 2 y 3.
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Eliminex no le dio el mantenimiento adecuado, por lo que el TPI les

atribuyó un 40% y 60% de negligencia respectivamente. Tal

determinación resulta razonable y está sostenida por la evidencia

que obra en el expediente de autos; razón por la cual, no cabe hablar

de la doctrina de absorción de culpa. Por lo tanto, no se cometió el

primer error señalado y se confirma el 40% de responsabilidad

impuesto a la parte apelante.

       En segundo orden, nos corresponde determinar si el TPI

incidió en la valoración de los daños. En atención a esto, nuestro

Máximo Foro Judicial ha resuelto que, quien intente modificar la

cuantía concedida, tendrá el peso de la prueba. De este modo, la

parte que solicita la modificación de la indemnización deberá

demostrar que, en efecto, existen circunstancias que así lo

justifican. A modo de recapitular, indicamos las partidas concedidas

a la parte apelada:

       Daniel Colón González: [p]or todos sus daños $183,122.00
       desglosados en las siguientes partidas
       •    Lesión cervical, lesión de hombro, costocondritis, lesión
            del área lumbar, fractura de costillas, visita y estadía en
            la Sala de Emergencia el día del accidente, placas,
            exámenes y visitas médicas relacionadas, entre otras:
            $70,000.00
       •    Terapias (25 terapias físicas): $7,500.00
       •    Impedimentos permanentes y limitaciones futuras:
            $24,000.00
       •    Angustias Mentales: $17,500.00
       •    Lucro cesante: $64,122.00

       Nayda González: $12,500.00

       Procedemos a discutir las partidas concernientes al co-

apelado, señor Colon González.

       En su alegato, los apelantes hacen referencia a una serie de

casos,116 para impugnar las indemnización concedida por los daños

físicos e impedimento. Sin embargo, al examinar los mismos,

notamos que son distinguibles del caso de autos. Nótese que el

juzgador de instancia expuso claramente en su dictamen la

116 Resto Casillas v. Colon González, 112 DPR 644 (1982); Saurí Rodríguez v. Colón

Martínez, 127 DPR 900 (1991); Portilla v. Carreras de Schira, 95 DPR 804 (1968).
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jurisprudencia que fungió de guía para su determinación,117 por lo

que entendemos que nos corresponde confirmar tanto los $70,000

otorgados al señor Colón por concepto de daños físicos, como los

$24,000 por concepto del seis por ciento (6%) de impedimento.

       En cuanto a la partida por terapias físicas y angustias

mentales, el juez de instancia le otorgó al señor Colón González la

suma de $7,500.00 y $17,500.00 respectivamente. La prueba

presentada por la parte apelada demostró que el señor Colón

González sufrió daños físicos que requirió una serie de tratamiento

médico y terapías físicas por más de dos (2) año; incluso,

tratamiento psicológico en el centro de salud mental INSPIRA.118

Aunque el dictamen apelado no hace referencia a la jurisprudencia

utilizada como punto de partida, la parte apelante no presentó

argumentación sobre qué casos podríamos utilizar para llegar a un

monto distinto. No obstante, en la discreción del juez sentenciador,

vemos que las cantidades adjudicadas son razonables, por lo que

resulta prudente no intervenir con la apreciación de la prueba.

       En cuanto al lucro cesante, la parte apelante arguye que la

prueba pericial presentada por la parte apelada no logró establecer

la relación entre los daños sufridos por el señor Colón González

como consecuencia del accidente, con su incapacidad para trabajar.

No tiene razón. Las determinaciones de hecho que establecen el

lucro cesante están sustentadas por la prueba testifical y

documental desfilada en el juicio.119 Allí, quedó debidamente

establecido que —antes del accidente— el señor Colón González

devengaba un sueldo de $26,000 al año, y como consecuencia de

esos daños, perdió ingresos por no poder trabajar. En ese sentido,

117 Delgado Meléndez v. Browning Ferries Industries of Ponce, Inc., KLAN9701273;

García Aguirre v. Universal Ins. Co., 2016 WL5404742; y Lugo Dijols v. Tamayo
Pasarín, KLAN 9600814.
118 Véase, las determinaciones de hechos 19 – 36 que obran en la Sentencia

apelada, a las págs. 74 – 75 del apéndice.
119 Véase, las determinaciones de hechos 102 – 118 que obran en la Sentencia

apelada, a las págs. 81 – 82 del apéndice.
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el juzgador concluyó que, a pesar de los daños sufridos, el apelado

no estaba impedido de volver a trabajar, el Dr. Martínez, opinó que

el señor Colón González podía volver a laborar pero que, al hacerlo,

no debía desempeñarse en oficios que requieran una carga física

excesiva. También, surgió que el apelado no parecía estar interesado

en volver a trabajar:

          [P]ara las fechas del Juicio en su Fondo, el Demandante no
          aparentaba haber hecho los esfuerzos necesarios para, dentro
          de un tiempo razonable después del accidente tomando en
          consideración las lesiones y daños que sufrió como
          consecuencia de este, procurar rehabilitarse para volver a
          trabajar en algún oficio o labor que pueda desempeñar. El
          propio codemandante declaró, al preguntársele si buscaba
          trabajo, que a veces iba al mall.120

          No obstante, el juez concluyó que: “el Demandante parecer

estar sumido en una depresión que le impide realizar y entender que

es una persona capaz y puede volver a trabajar”.121 En ese sentido,

calculó el lucro cesante hasta el año 2018. Tal determinación es una

se ajusta a la prueba que obra en el expediente, por lo que

sostenemos la partida de $64,122 por lucro cesante por ser

razonable.

          De igual modo, sostenemos la partida de $12,500 por

angustias y sufrimientos mentales otorgada a la esposa del apelado,

señora Nayda González. La prueba presentada demostró que la

señora González sufrió angustias mentales al ver deterioro físico y

depresión mental sufridos por el señor Colón González.122 El TPI

utilizó como punto de partida el caso Delgado Meléndez v. Browning

Ferries Industries of Ponce, Inc., KLAN9701273,123 y la misma

120 Supra, en la nota 9.
121 Id.
122 Véase, las determinaciones de hechos 54 – 59 que obran en la Sentencia
apelada, a las págs. 76 – 77 del apéndice.
123 Conforme al caso KLAN199701273, el índice de precios al consumidor para

mayo de 1997 era de 81.115, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $1.23.
Por lo cual, el ajuste por inflación: $7,500 (Cantidad otorgada por angustias
mentales en el caso KLAN199701273) x $1.23 (Valor adquisitivo del dólar para
mayo de 1997) = $9,225.
Por lo tanto, el ajuste por inflación $9,225 dividido entre el valor adquisitivo del
dólar para agosto de 2021 en que se emite la Sentencia apelada, $0.82 = $11,250
como el valor presente de la cuantía concedida en el caso comparable.
KLAN202100847                                                            34

resulta razonable y guarda relación con las angustias mentales

sufridas por la señora González.

       En tercer orden, la parte apelante alega que incidió el TPI al

no reducir —de la indemnización otorgada la parte apelada— la

exención provista por la Ley de Protección Social por Accidentes de

Automóviles. No tiene razón. Veamos.

       La Resolución del 22 de septiembre de 2021 declaró no ha

lugar una Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales

presentada por la parte apelante. No obstante, el juez sentenciador

hizo una importante aclaración en torno a las referidas deducciones:

       En torno a la sección final de la reconsideración, ACLARAMOS
       que, al establecer y especificar las cuantías de daños
       desglosadas en nuestra Sentencia, aplicamos las
       deducciones aplicables, requeridas por ley. Sin embargo,
       nos percatamos a raíz de lo expresado por las Terceras
       Demandadas que – inadvertidamente – obviamos incluir en el
       borrador final, firmado y notificado de la Sentencia la nota al
       calce aclarando haber realizado las correspondientes
       deducciones requeridas por ley, la que estaba en nuestros
       borradores iniciales de trabajo. Por ende, las cuantías
       concedidas por concepto de daños en la Sentencia ya tienen
       las deducciones requeridas.124

       En virtud de lo anterior, el tercer señalamiento de error no fue

cometido. Razón por la cual, se confirma la Sentencia apelada.

                                        -IV-

       Por los fundamentos antes expresados, se confirma la

Sentencia apelada.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

124 Apéndice XI de la Apelación. págs. 133-134.