Court Opinion

ID: 9941384
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:30:31.133148+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.090212
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

      THE STADIUM, LLC,                                      APELACIÓN
                                                             procedente del Tribunal
               Apelante,                                     de Primera Instancia,
                                                             Sala Superior de San
                  v.                                         Juan.
                                      KLAN202301083
    COMISIÓN DE JUEGOS                                       Civil núm.:
     DEL GOBIERNO DE                                         SJ2023CV09566.
   PUERTO RICO; PUERTO
   RICO HOTEL & TOURISM                                      Sobre:
       ASSOCIATION,                                          injunction y sentencia
                                                             declaratoria.
           Apelada.
 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                     SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

         Comparece la parte apelante The Stadium, LLC (Stadium), y nos

 solicita que revoquemos la Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de

 Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 13 de noviembre de 2023.

 Mediante la misma, el foro primario desestimó la demanda de injunction y

 sentencia declaratoria presentada por la apelante, dada la ausencia de un

 daño irreparable y por falta de legitimación activa.

         Por     los   fundamentos       que    expondremos        a     continuación,

 confirmamos la sentencia apelada.

                                            I

         El 24 de octubre de 2023, Stadium presentó una Demanda

 Enmendada1 contra la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico

 (CJPR)2. Ello, al amparo de las Reglas 57 y 59 de Procedimiento Civil, 32

 LPRA Ap. V, y los Artículos 675-678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

 LPRA sec. 3421-3533.

         En lo pertinente, alegó que la Orden Administrativa OACJ-AD-23-16,

 publicada y notificada por la CJPR el 22 de septiembre de 2023, resultaba

 1 La demanda original había sido presentada el 11 de octubre de 2023.

 2 Véase, apéndice del recurso, a las pags.170-205.

Número identificador

SEN2024_________________
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contraria al texto de la Ley Núm. 81-2019, según enmendada, intitulada Ley

de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, 15 LPRA sec. 981-

984d, toda vez que, como resultado de la orden promulgada, la CJPR había

comenzado a autorizar puntos temporales de registro de apostadores en

lugares abiertos al público en general.

        Adujo, de modo general, que dicha acción le ocasionó daños

irreparables. En particular, sostuvo que había incurrido en gastos y en

aquellas medidas necesarias para cumplir con la Ley Núm. 81-2019, así

como había incurrido en los costos de licenciamiento, mientras que la

referida orden permitía que aquellas personas, con una licencia menos

costosa, acaparasen el mercado mediante el establecimiento de puntos

temporales. Por tanto, solicitó al foro primario que declarara la orden

administrativa ultra vires y, por tanto, inválida. Además, solicitó que se

ordenase a la CJPR cesar y desistir de autorizar el registro de jugadores

en cualquier lugar que no fuere uno autorizado como operador.

        Por su parte, la Puerto Rico Hotel & Tourism Association, quien

solicitó intervenir en el pleito, y la CJPR presentaron sendas mociones de

desestimación3. En síntesis, adujeron que Stadium carecía de legitimación

activa para presentar la solicitud de injunction preliminar y permanente, en

tanto no había demostrado un daño claro y palpable. Señalaron que la

solicitud de Stadium no cumplía con el requisito esencial para la emisión

de un injunction; a decir, un daño irreparable.

        El 6 de noviembre de 2023, Stadium presentó su oposición a las

mociones de desestimación4. En ella, reiteró su postura en cuanto a la

ilegalidad de la OACJ-AD-23-16. Respecto a los daños, adujo que

conforme había expuesto en su demanda emendada, la OACJ-AD-23-16

permitió a los jugadores registrarse en lugares no autorizados por la

legislación y, en consecuencia, ello había reducido el número de jugadores

3 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 298-325.

4 Íd., a la págs. 326-349
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potenciales que se podrían registrar con Stadium. En esencia, planteó que

la orden administrativa reducía el volumen de su negocio.

        Evaluados los escritos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Sentencia el 13 de noviembre de 20235, en la que declaró con

lugar las mociones de desestimación presentadas por la CJPR y por la

asociación.

        Inconforme, el 1 de diciembre de 2023, Stadium compareció ante

nos y formuló los siguientes señalamientos de error:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la
        Orden Administrativa es consistente con a Ley Núm. 81,
        supra, en contravención al claro lenguaje de la Ley y su
        intención legislativa y a pesar de concluir que la parte
        apelante carecía de legitimación activa por no haber sufrido
        un daño.

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la
        parte apelante carecía de legitimación activa, tanto para
        promover un recurso de interdicto, como para instar un
        recurso de sentencia declaratoria, por no haber sufrido un
        daño.

(Énfasis suprimido).

        Por su parte, el 29 de diciembre de 2023, la CJPR presentó su

alegato en oposición. En lo pertinente, reiteró sus argumentos relacionados

a la falta de legitimación activa y a la ausencia de daños irreparables

sufridos por Stadium.

        Con el beneficio de la comparecencia de las partes litigantes,

resolvemos.

                                           II

                                           A

        La intervención judicial se puede ejercer únicamente cuando esté

presente un caso o controversia, y no en aquellas circunstancias en las que

exista “una disputa abstracta cuya solución no tendrá consecuencias para

las partes”. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010).

Ello asegura que quien promueva una acción posea un verdadero interés

en el litigio de su causa de acción y, con toda probabilidad, la proseguirá

5 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 350-364.
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enérgicamente. Íd. Para determinar que existe un caso o controversia, se

han establecido varias doctrinas de autolimitación. Entre ellas, se evalúa la

legitimación activa de quien acude ante el foro judicial. Muns. Aguada y

Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 131 (2014).

       La legitimación activa se refiere a la condición o atributo que permite

a una persona comparecer a un foro judicial a reclamar un derecho. Es uno

de los requisitos que dan vitalidad al principio de justiciabilidad. PPD v.

Gobernador I, 139 DPR 643, 665-666 (1995). Esta doctrina dicta:

       [C]uando un litigante solicita la revisión judicial sobre la
       constitucionalidad de una acción o decisión administrativa a
       través de un pleito civil, este tiene que demostrar que: (1) ha
       sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real,
       inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe
       una relación causal razonable entre la acción que se ejercita
       y el daño alegado, y (4) la causa de acción debe surgir al
       amparo de la Constitución o de alguna ley.

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR, a la pág. 572. (Énfasis
nuestro).

                                      B

      La Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y los Artículos

675 y 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521, et seq.,

son las disposiciones de ley que regulan en nuestro ordenamiento el

recurso del injunction. En particular, la Regla 57 de Procedimiento Civil

establece la existencia de tres modalidades de injunction, a saber: (a) el

entredicho provisional, (b) el injunction preliminar y (c) el injunction

permanente.

      En Puerto Rico, el interdicto es el instrumento más eficaz para

vindicar los derechos protegidos por nuestra Constitución. Pedraza Rivera

v. Collazo Collazo, 108 DPR 272, 276 (1979). Este remedio provisional se

emite en cualquier momento de un pleito, después de celebrada una vista

en la que las partes hayan presentado prueba en apoyo y en oposición de

tal solicitud. Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994). Su

propósito fundamental es mantener el statu quo, hasta tanto se celebre un

juicio en los méritos para adjudicar la controversia en cuestión. Asoc. Vec.

Villa Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 173 DPR 304, 316 (2008).
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       Con la expedición de una orden de injunction preliminar, sea para

requerir o prohibir un acto, se evita que la conducta del demandado

produzca una situación que pueda convertir en académicos los reclamos

del demandante y, por ende, la sentencia que en su día se dicte. Íd.

Además, este recurso extraordinario tiene como fin evitar que se causen

perjuicios inminentes o daños irreparables a alguna persona, en los casos

en que no hay otro remedio adecuado en ley. E.L.A. v. Asociación de

Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). El Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha reiterado que la expedición de un injunction preliminar descansa en el

ejercicio de la sana discreción del tribunal. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.,

142 DPR 656, 680 (1997).

       Del mismo modo, el Tribunal Supremo estableció en Puerto Rico

Telephone Company v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975), y

reiteró en Asoc. Vec. Villa Caparra, 173 DPR, a la pág. 319, los criterios

que el foro judicial deberá evaluar al determinar si concede o no un

injunction: “a) la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a

las partes de concederse o denegarse el injunction; b) su

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; c) la

probabilidad de que la parte promovente prevalezca en los méritos”.

(Énfasis nuestro).

       Valga aclarar que tales criterios se acogieron y consignaron en la

Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil de 2009, disposición que añade

los siguientes criterios: “(d) la probabilidad de que la causa se torne en

académica; (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se

solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte

peticionaria”.

       De otra parte, el concepto “irreparable” significa aquello que no

puede repararse, restablecerse o recompensarse de modo adecuado con

dinero, o cuando la compensación no puede estimarse con seguridad.

Loíza Sugar Co. v. Hernández y Albandoz, 32 DPR 903 (1924).
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       Estos requisitos no son absolutos, más bien se trata de unas guías

que dirigen al tribunal al momento de determinar si se justifica la expedición

del recurso. Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 487 (2014).

“La concesión del remedio descansará en la sana discreción judicial, que

se ejercerá al considerar tanto los intereses como las necesidades de las

partes involucradas en el caso.” Íd. (Citas omitidas). Debe expedirse ante

“una demostración de clara e inequívoca violación de un derecho.” Íd. La

determinación que haga el tribunal primario está revestida de una

presunción de corrección y “no se revocará en apelación, a menos que

se demuestre que el foro abusó de su facultad.” Íd. (Énfasis nuestro).

Por otro lado, de haberse ejecutado los actos que se tratan de impedir

mediante injunction, la apelación contra la sentencia denegatoria del auto

se convierte en ilusoria. Arias v. Díaz, 56 DPR 91 (1940).

       Además, resulta preciso aclarar que el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha reiterado que el recurso de injunction no es el procedimiento

adecuado para determinar la constitucionalidad o la validez de la actuación

de una agencia o corporación pública si su actuación esta amparada en

una ley. Véase, Arrarás v. Tribunal Superior, 100 DPR 379, 383 (1972). Así

mismo surge del Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, que establece

que un injunction no podrá otorgarse:

       .        .        .        .         .      .         .       .

       (3) Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley
       de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento
       de cualquier actuación autorizada por ley de la Asamblea
       Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario público, de una
       corporación pública, o de una agencia pública, o de cualquier
       empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a
       menos que se hubiera determinado por sentencia final,
       firme, inapelable e irrevisable que dicha ley o actuación
       autorizada por ley es inconstitucional o inválida.

       .        .        .        .         .      .         .       .

32 LPRA sec. 3424. (Énfasis nuestro).

                                      III

       Los planteamientos de la parte apelante se reducen a argüir que el

Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que la Orden
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Administrativa OACJ-AD-23-16 resulta incompatible con la Ley Núm. 81-

2019, 15 LPRA sec. 981, et seq., y que, a su vez, incidió al concluir que

carecía de legitimación activa, tanto para promover un recurso de interdicto,

como para instar un recurso de sentencia declaratoria, por no haber sufrido

un daño.

       Por la naturaleza de los errores señalados, nos corresponde

determinar si el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la

demanda de injunction instada por la parte apelante.

       En su recurso, Stadium insiste en que los daños económicos que

podría sufrir, los cuales alegó de manera escueta, son suficientes para

satisfacer el requisito de daño claro y palpable exigido para considerar que

se cuenta con legitimación activa para instar una demanda. Aún más, que

cumple con el requisito esencial de daño irreparable que el tribunal debe

considerar antes de expedir un recurso extraordinario, como lo es un

injunction.

       Según discutimos, al determinar si procede la expedición de un

injunction el tribunal deberá evaluar la naturaleza de los daños que pueden

ocasionársele a la parte de concederse o denegarse el mismo, su

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley y, finalmente,

la probabilidad de que la parte promovente prevalezca en los méritos. De

igual modo, aclaramos que el recurso de injunction no es el procedimiento

adecuado para determinar la constitucionalidad o la validez de la actuación

de una agencia o corporación pública si su actuación está amparada en

una ley.

       Por tanto, colegimos, al igual que el Tribunal de Primera Instancia,

que en este caso la orden administrativa impugnada goza de una

presunción de corrección.

       El estudio del expediente revela que los daños alegados por la

apelante en su demanda resultan, como bien determinó el foro primario,

escuetos y conclusorios. Ello así, pues se refieren estrictamente a daños

económicos futuros y especulativos. A la vez, concluimos que los daños
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alegados por la parte en su demanda, y reiterados en su escrito de

apelación, no son irreparables, pues la parte apelante cuenta con otros

remedios para establecer su reclamo. Es decir, que no se cometió el error

señalado por la parte apelante y esta falló en demostrar la naturaleza

irreparable de los daños, así como los daños claros y palpables sufridos,

criterios requeridos para demostrar que poseía legitimación activa para

instar el recurso al amparo de las Reglas 57 y 59 de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y de los Artículos 675-678 del Código

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421-3533.

       De otra parte, la apelante sostiene que la orden administrativa

emitida por la CJPR, que autorizó el registro de apostadores deportivos en

cualquier lugar que no necesariamente sea considerado como un lugar

autorizado de un operador con licencia, contraviene el mandato de la Ley

Núm. 81-2019, 15 LPRA sec. 981-984d. Ello, pues la orden impugnada

provee para el establecimiento de puntos temporales de registro de

apuestas, los cuales no están contemplados en el estatuto. Por tanto,

según la apelante, la orden administrativa resulta ultra vires y nula. No le

asiste la razón.

       La precitada Ley Núm. 81-2019 define operador como una entidad

con una franquicia autorizada por una licencia emitida por la CJPR para

aceptar y pagar las apuestas deportivas, ya sea de manera presencial

dentro de un lugar autorizado, o a través de una plataforma móvil de

apuestas deportivas, dentro de los límites territoriales de Puerto Rico.

Además, el referido estatuto incluye dentro de su definición de operador el

término “operador principal” como aquel que, mediante un acuerdo de

administración de apuestas deportivas, le podría ofrecer servicios a otros

tenedores de licencias para que operen como satélite.

       Por su parte, la Orden Administrativa OACJ-AD-16-23 meramente

establece que, de conformidad con la Ley Núm. 81-2019, el operador podrá

registrar jugadores en sus satélites o puntos de venta, y podrá solicitar
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autorización a la CJPR para el establecimiento de puntos temporales de

registro, siempre que cumplan con los requisitos dispuestos por ley.

      Por tanto, concluimos que la Orden Administrativa OACJ-AD-16-23

no contraviene el mandato de la Ley Núm. 81-2019, según enmendada,

intitulada Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, 15

LPRA sec. 981-984d

                                    IV

      En mérito de lo antes expuesto, confirmamos la Sentencia emitida

y notificada el 13 de noviembre de 2024, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones