Court Opinion

ID: 9928540
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:28.841129+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:57.572899
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL II

   EL PUEBLO DE PUERTO                                          CERTIORARI
           RICO                                                 procedente del
                                                                Tribunal de Primera
             Recurrido                                          Instancia, Sala
                                                                Superior de
                                                                Guayama
                  v.                    KLCE202301106
                                                                Caso número:
                                                                G LA2020G0053
 EFRAÍN RAMOS FIGUEROA                                          G LA2020G0054

            Peticionario                                        Sobre:
                                                                Art. 5.01 de la Ley de
                                                                Armas

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

        Comparece ante esta Curia la parte peticionaria, Efraín Ramos

Figueroa, y nos solicita que revisemos la Orden emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, el 18 de julio de 2023,

notificada el 24 del mismo mes y año. Mediante su dictamen, el foro a quo

declaró No Ha Lugar una solicitud para la devolución de huellas y

fotografías digitales, promovida por la parte peticionaria.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

auto solicitado y se revoca el dictamen recurrido. Veamos.

                                           I

        El presente caso tuvo su génesis, el 10 de agosto de 2020, con la

presentación de cargos en contra de Efraín Ramos Figueroa (Ramos

Figueroa o peticionario) por la presunta comisión de delitos graves.1 Luego

de varias incidencias procesales, el 20 de julio de 2021, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una sentencia, posteriormente enmendada,

1 Anejo 3 del recurso, pág. 11. Véase, además, Anejo 1 del recurso, págs. 1-2.

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
KLCE202301106                                                               2

mediante la cual desestimó las acusaciones en contra de Ramos Figueroa

por violación al derecho a juicio rápido.2

        Posteriormente, el 23 de junio de 2022, Ramos Figueroa, por

derecho propio, sometió una moción ante el foro primario en la cual solicitó

la devolución de huellas y fotografías digitales tomadas a su persona por

habérsele imputado la comisión de delitos graves.3 En desacuerdo, el

Ministerio Público se opuso por escrito y, evaluadas las posturas de las

partes, el 18 de agosto de 2022, el foro a quo declaró la referida solicitud

No Ha Lugar. Concluyó que no estaban presentes ninguna de las

circunstancias por las que debía ordenar la devolución solicitada.

        Así las cosas, el 10 de julio de 2023, la representación legal de

Ramos Figueroa instó una Moción en Solicitud de Órdenes.4 En esta, indicó

que habían transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha de los

hechos imputados, por lo cual los cargos desestimados no podían ser

sometidos nuevamente. En virtud de ello, solicitó que se le ordenara al

Negociado de la Policía de Puerto Rico (Policía) la eliminación o devolución

de las fotografías y huellas dactilares y que se suprimiera la publicidad de

la información en el portal electrónico del Poder Judicial de Puerto Rico.

Igualmente, peticionó la eliminación de información sobre los siguientes

sistemas: Automated Fingerprint Identification System, Computer Aid

Dispatcher, Registro Electrónico de Armas y Licencias, Registro de

Querellas, Sistema de Información Sensitivo y de Crimen Organizado,

Arrestos Especiales, Crimen Cibernético, Investigación e Información

Criminal, Antecedentes Penales Convicciones, Real Time Crime Center;

License Plate Reader System, Registro Criminal Integrado, Departamento

de Corrección y la Administración de Compensaciones por Accidentes de

Automóviles.

        Atendida la moción, el 18 de julio de 2023, notificada el 24 del mismo

mes y año, el foro recurrido la declaró No Ha Lugar e instruyó que se viera

2 Anejo 2 del recurso, págs. 3-10.
3 Anejo 3 del recurso, pág. 11.
4 Anejo 4 del recurso, págs. 13-14.
KLCE202301106                                                               3

la Resolución emitida el 18 de agosto de 2022.5 Concluyó que, el hecho de

que el Estado retuviera las huellas y fotografías de Ramos Figueroa en

nada afectaba sus intereses o derechos. Determinó que la información se

mantenía confidencial en los archivos de la Policía. Señaló que esta no

sería divulgada como parte del récord de arresto o certificado de conducta.

        Insatisfecho, el 3 de agosto de 2023, Ramos Figueroa presentó una

Moción en Solicitud de Reconsideración.6 Sostuvo que el Artículo 4 de la

Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave, Ley Núm. 45 de 1

de junio de 1983, según enmendada, 25 LPRA sec. 1154, disponía para la

devolución de fotografías y huellas cuando mediara una orden o resolución

del tribunal absolviendo a la persona acusada. Sobre ese particular,

argumentó que, el efecto de la Resolución desestimando los cargos en su

contra, así como el transcurso del término prescriptivo del delito, equivalían

a una absolución. Arguyó que, debido a ello, en el presente caso no existían

circunstancias especiales, debidamente justificadas, para que la Policía

retuviera sus fotografías y huellas, sobre un caso que no prosperó, que no

existe y que no podía ser sometido nuevamente a la consideración del foro

primario. Por tanto, solicitó la reconsideración de la determinación y que se

ordenara a la Policía la eliminación o devolución de sus fotografías y

huellas. Además, solicitó que se ordenara a la Directoría de Informática de

la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) suprimir la publicidad

de la información de este en el portal electrónico del Poder Judicial de

Puerto Rico.

        El 14 de agosto de 2023, notificada el 17 del mismo mes y año, el

foro de instancia emitió una Resolución y Orden.7 Mediante esta, ordenó al

Director de la OAT a suprimir la publicidad de la información relacionada a

los casos de epígrafe contenida en la pantalla Consulta de Casos, a través

del portal de internet del Poder Judicial.

5 Anejo 5 del recurso, págs. 15-16.
6 Anejo 6 del recurso, págs. 17-19.
7 Anejo 7 del recurso, págs. 20-21.
KLCE202301106                                                                  4

        En respuesta, el 1 de septiembre de 2023, Ramos Figueroa sometió

una Moción en Relación a Solicitud de Reconsideración, en la cual indicó

que, en la determinación anterior, nada se dispuso sobre su solicitud de

devolución de las huellas y fotografías.8 Por ello, reiteró dicho petitorio.

        Evaluado lo anterior, el 5 de septiembre de 2023, notificada el 7 del

mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

y Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración.9

        Inconforme con el referido dictamen, el 6 de octubre de 2023, la

parte peticionaria comparece ante esta Curia mediante el presente recurso

de certiorari y le imputa al foro primario la comisión del siguiente error:

        Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de
        Guayama, al declarar No Ha Lugar la solicitud de devolución
        de fotos y huellas, cuando los cargos presentados fueron
        desestimados, de manera final y firme y cuando los delitos
        imputados están prescritos.

        En cumplimiento con nuestra Resolución del 23 de octubre de 2023,

y concedida una prórroga a esos efectos, el 7 de noviembre de 2023, la

Oficina del Procurador General, en representación del Pueblo de Puerto

Rico (recurrido), compareció mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.

        Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en

posición de resolver.

                                       II

                                       A

        El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por el cual

un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que revise y corrija

las determinaciones de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3491; Pueblo v. Rivera

Montalvo, 205 DPR 352 (2020). A diferencia del recurso de apelación, el

tribunal superior puede expedir el auto de certiorari de manera discrecional.

Íd.; Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009). Sin embargo, esa

8 Anejo 8 del recurso, pág. 22.
9 Anejo 9 del recurso, págs. 23-24.
KLCE202301106                                                                5

discreción no es irrestricta. Íd. Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que los jueces, so pretexto de ejercer su discreción, no pueden

olvidarse de, ni relegar a un segundo plano, los mandatos y dictados de

nuestra Constitución y los de las leyes, pertinentes a la cuestión en

controversia. De esa forma, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, fija unos criterios para que el

tribunal revisor intermedio ejerza prudentemente su discreción al decidir si

atiende en los méritos el recurso. Íd. La referida Regla dispone lo

siguiente:

       El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. Íd.

       La deferencia que se le confiere al foro primario descansa en un

marco de discreción y razonabilidad. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra,

pág. 373. En ese sentido, esa discreción es una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.

Íd. Los tribunales revisores podremos sustituir el criterio que utilizó el foro

primario por el nuestro únicamente cuando existen circunstancias

extraordinarias en las que se pruebe que el foro primario actuó con pasión,

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en error
KLCE202301106                                                                 6

manifiesto o de derecho. Íd. Un juzgador incurre en pasión, prejuicio o

parcialidad si actúa movido por inclinaciones personales de tal intensidad

que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes

o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba

recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna. Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 374, citando a Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). Por otro lado, un tribunal puede incurrir

en abuso de discreción cuando el juez: (1) ignora sin fundamento algún

hecho material importante que no podía pasar por alto; (2) concede

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente

en ese hecho irrelevante, o (3) a pesar de examinar todos los hechos del

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable. Íd.;

Pueblo v. Sanders Cordero, 199 DPR 827, 841 (2018), citando a Pueblo v.

Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). Por último, un juzgador

incurre en error manifiesto que justifica la intervención del tribunal apelativo

cuando la apreciación de la prueba se distancia de la realidad fáctica o es

inherentemente imposible o increíble. Íd., citando a Pueblo v. Irizarry, 156

DPR 780, 816 (2002).

                                       B

       Sabido es que la toma de fotografías y huellas dactilares a las

personas detenidas para responder de un delito constituye una práctica

aceptable en la labor investigativa de la policía. Dicha práctica tiene un

propósito dual: por un lado, identificar a la persona que incurrió en el acto

delictivo; y por otro, ayudar a su procesamiento si reincidiera. Pueblo v.

Torres Albertorio, 115 DPR 128 (1984); Archevali v. E.L.A., 110 DPR 767,

771 (1981).

       La Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave, Ley Núm.

45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, 25 LPRA sec. 1151 et seq.

(Ley Núm. 45-1983), específicamente establece lo relativo a la práctica de

la toma de huellas digitales y fotografías. Este estatuto autoriza al

Superintendente de la Policía o cualquier persona autorizada por este a
KLCE202301106                                                                 7

tomar las huellas digitales y fotografías a cualquier persona que, previa

determinación de causa probable para arresto, se le impute la comisión de

un delito grave. 25 LPRA sec. 1151.

       En lo atinente, el Artículo 4 de la Ley Núm. 45-1983, 25 LPRA sec.

1154, dispone que cualquier persona a la que se le impute la comisión de

un delito grave o menos grave producto de una misma transacción o evento

que resulte absuelta luego del juicio correspondiente, o por orden o

resolución del tribunal o toda persona que reciba un indulto total y absoluto

del Gobernador, podrá solicitar al tribunal la devolución de las huellas

digitales y fotografías. El peticionario notificará al Ministerio Público y, de

este no presentar objeción dentro del término de diez (10) días, el tribunal

podrá ordenar, sin vista, la devolución solicitada. De haber objeción del

Ministerio Público, el tribunal señalará vista pública a esos efectos. 25

LPRA sec. 1154.

       En dicha vista, corresponde al Fiscal presentar prueba convincente,

que existen circunstancias especiales que ameriten que la Policía

conserve, en cuanto a la persona afectada, las huellas digitales y

fotografías que le hubieren sido tomadas. En las ocasiones en que luego

de la vista se concluya que la información debe mantenerse en los archivos

de la Policía, deberá ser guardada como confidencial, para uso exclusivo

de la Policía, y no deberá divulgarse como parte del récord de arresto o

certificados de conducta de la persona. Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 DPR

820, 832-833 (1989); Pueblo v. Torres Albertorio, supra, págs. 136-137.

       Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que,

el Artículo 4 de la precitada ley, “parece dejar a la discreción del tribunal la

decisión sobre devolver al imputado absuelto las huellas digitales y

fotografías tomadas”. Pueblo v. Torres Albertorio, supra, pág. 136. No

obstante, tal discreción no puede ejercerse livianamente “[a]nte el

reconocimiento constitucional de la inviolabilidad de la dignidad del ser

humano y del derecho a la protección de su intimidad”. Íd. Por lo tanto, el

foro de instancia podrá denegar la solicitud únicamente cuando se
KLCE202301106                                                               8

justifique, mediante prueba convincente, que existen circunstancias

especiales que ameriten que la Policía conserve las huellas digitales y

fotografías tomadas. Íd.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                      III

       La parte peticionaria sostiene que el Tribunal de Primera Instancia

incidió al declarar No Ha Lugar su solicitud de devolución de fotografías y

huellas, aun cuando los cargos presentados en su contra fueron

desestimados y los delitos imputados están prescritos. Por otro lado, la

parte recurrida se opone a la devolución de las huellas y fotografías, toda

vez que, según alega, Ramos Figueroa no acreditó haber notificado al

Ministerio Público dicho petitorio, ni el foro primario solicitó su

comparecencia. Plantea que el incumplimiento con el requisito de

notificación lo privó de expresarse en torno a la mencionada solicitud,

acceder a ella o demostrar que existían circunstancias especiales que

ameritaban que la Policía conservara las huellas y fotografías.

       Hemos evaluado cuidadosamente el expediente ante nuestra

consideración y entendemos que, conforme a la normativa aplicable,

tenemos autoridad para atender el asunto ante nuestra consideración en

aras de evitar un fracaso a la justicia. De igual forma, el recurso ante nos

cumple con los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, por lo que procede expedir el auto de certiorari y

revocar el dictamen recurrido. Nos explicamos.

       Sabido es que, una solicitud al amparo del Artículo 4 de la Ley Núm.

45-1983, supra, requiere la notificación al Ministerio Público para que este,

de entenderlo necesario, se oponga. De no presentar objeción dentro del

término de diez (10) días, el tribunal podrá ordenar, sin vista, la devolución

solicitada. Ahora bien, de haber objeción del Ministerio Público, el tribunal

señalará una vista pública a esos efectos.
KLCE202301106                                                                9

       Surge del expediente ante nos que la Moción en Solicitud de

Órdenes presentada por la parte peticionaria al amparo del citado

articulado no contiene una certificación de notificación al Ministerio Público,

según requerido por nuestro ordenamiento jurídico vigente. De igual forma,

tampoco surge de los documentos que tenemos a nuestro haber alguna

comparecencia del Ministerio Público durante las incidencias procesales

desde la presentación de dicho petitorio. Por tanto, la parte recurrida no

tuvo la oportunidad de expresar su parecer sobre la solicitud de devolución

de fotografías y huellas instada por la parte peticionaria.

       Ante dicho escenario fáctico, en aras de salvaguardar el propósito

principal de la Ley Núm. 45-1983, supra, y su jurisprudencia interpretativa,

así como para evitar un fracaso a la justicia, concluimos que el Tribunal de

Primera Instancia incidió en su proceder, por lo que se hace necesaria

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos, pues procedía

solicitar la comparecencia del Ministerio Público para que expresara su

postura sobre el petitorio de Ramos Figueroa. Por consiguiente, y al

amparo de lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, procede expedir

el auto de certiorari, revocar el dictamen recurrido y devolver el caso al foro

a quo para que celebre una vista pública con la comparecencia de ambas

partes para que expongan sus posturas en cuando a la solicitud en

cuestión.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto solicitado y

revocamos el dictamen recurrido. En su consecuencia, devolvemos el

presente caso al foro de origen y ordenamos la celebración de una vista

pública con la comparecencia de ambas partes, conforme a lo aquí

resuelto.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones