Court Opinion

ID: 9928625
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:30:43.412794+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:26.262509
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

 CARMEN LYDIA DAVIS                           Apelación
 CARRASQUILLO y OTROS                         procedente del
                                              Tribunal de Primera
        Apelantes                             Instancia
                                KLAN202300900 Sala Superior de
             v.                               CAROLINA

  MUNICIPIO AUTÓNOMO                             Civil Núm.
  DE CAROLINA Y OTROS                            CA2023CV00680

          Apelados                               Sobre:

                                                 Daños y Perjuicios

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2023.

       Comparecen      ante      este    foro   Carmen    Lydia   Davis

 Carrasquillo, Jimmy Morales Davis y Yarimil Morales

 Davis (en conjunto “parte apelante”), y nos solicitan

 que revisemos dos sentencias parciales emitidas por el

 Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, las

 cuales fueron notificadas el 14 de agosto de 2023.                  En

 virtud    de     estas,    el    foro    primario    desestimó     con

 perjuicio la Demanda de autos contra el Estado Libre

 Asociado de Puerto Rico (ELA), debido a que a falta de

 vigilancia y supervisión del Departamento de Recursos

 Naturales      no   fue   la    causa   adecuada    ni   próxima   del

 accidente.       A su vez, declaró con lugar la solicitud de

 sentencia sumaria parcial presentada por el Municipio

 Autónomo de Carolina y Mapfre Praico Insurance Company

 (Municipio de Carolina), por consiguiente, ordenó el

 archivo de las reclamaciones en su contra.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 REVOCAMOS las determinaciones apeladas.

Número Identificador
SEN2023 ______________
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                                  I.

       El 7 de marzo de 2023, la parte apelante presentó

una Demanda sobre daños y perjuicios al amparo de las

disposiciones del Artículo 1536 del Código Civil de

Puerto Rico, en contra del Municipio de Carolina, Mapfre

Praico, el Centro Comercial Plaza Carolina, Sedgwick

Claims Management Services, Inc., Sedgwick Puerto Rico,

Inc., ELA y su agencia el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA), y el Hospital Regional

UPR Dr. Federico Trilla (Hospital UPR), entre otros de

nombres desconocidos (en conjunto, “los apelados”).1               El

30 de marzo de 2023, la parte apelante presentó una

Demanda Enmendada.2

       En esencia, alegaron que, el 22 de septiembre de

2022, aproximadamente a las 6:30 p.m., el Sr. Jimmy

Morales Cruz (señor Morales) salió en bicicleta hacia el

Hospital UPR por la Avenida Fragoso del Municipio de

Carolina, sin embargo, el portón se encontraba cerrado.

Por    consiguiente,    expresaron     que,     el    señor   Morales

continuó    su   marcha       dentro   de       los    predios    del

estacionamiento de Plaza Carolina, rodeando el Hospital

UPR.     Añadieron     que   el   estacionamiento       del   centro

comercial    carece    de    iluminación    y    de   letreros   que

prohibiera la entrada o divulgaran sobre algún posible

peligro.    Según las alegaciones de la demanda, el señor

Morales al llegar a la salida de la marginal que colinda

con la carretera número 3, viró hacia la izquierda por

un área de grama donde tampoco había mucha iluminación,

ni vallas o barreras que impidieran el paso, tampoco

rótulos que advirtieran sobre el peligro en dicha área.

1 Demanda, anejo VII, págs. 36-42 del apéndice del recurso.
2  Demanda Enmendada, anejo VIII, págs. 43-49 del apéndice del
recurso.
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Como     consecuencia,         el        señor       Morales          cayó   por      un

precipicio a una altura de aproximadamente 20 pies en el

canal conocido como “Canal Blasina”, provocándole la

muerte.

        Arguyeron       que   los        apelados,        son        solidariamente

responsables          ante    la    negligencia             y    omisión        de    no

mantener el área iluminada, con rótulos, barreras y/o

vallas que impidieran el paso, y así evitar tragedias.

Por lo tanto, sostienen que han sufrido daños entre

angustias        y    sufrimientos        mentales          y    morales        por   la

pérdida     del       señor   Morales,           y    estimaron           los    daños

sufridos por la cantidad de $700,000.00.

        El 2 de mayo de 2023, Sedgwick Claims Management

Services Inc. y Sedgwick Puerto Rico, Inc. presentaron

Contestación a Demanda Enmendada.3

        De otra parte, el 20 de junio de 2023, el Municipio

de     Carolina       presentó       Moción          de     Sentencia           Sumaria

Parcial.4        Mediante la cual, alegó que el lugar donde

ocurrió     el       accidente      no    está       bajo       su    jurisdicción,

control, ni mantenimiento, así como tampoco el deber de

brindar iluminación.               Por consiguiente, solicitó que el

foro primario dictara Sentencia Parcial desestimando la

Demanda Enmendada en cuanto a dicho municipio y su

aseguradora MAPFRE.            Posteriormente, el 11 de julio de

2023,     presentó       Suplemento          en       Apoyo          de   Moción      de

Sentencia Sumaria Parcial.5                En síntesis, reiteró que la

Quebrada Blasina, y sus terrenos adyacentes, no son

3  Contestación a Demanda Enmendada, anejo IX, págs. 56- 61 del
apéndice del recurso. El 31 de agosto de 2023, el foro primario
emitió una Sentencia Parcial, mediante la cual declaró “Ha Lugar”
una solicitud de desistimiento voluntario contra dicha parte.
Véase, anejo XX, pág. 124 del apéndice del recurso.
4 Moción de Sentencia Sumaria Parcial, anejo XI, págs. 63-76 del

apéndice del recurso.
5 Suplemento en Apoyo de Moción de Sentencia Sumaria Parcial, anejo

XIV, págs. 94-97 del apéndice del recurso.
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propiedad de dicho municipio.            Sin embargo, alegó que la

responsabilidad del lugar recae sobre el DRNA.

       En la misma fecha, el ELA supliendo en la capacidad

jurídica de sus agencias: el Departamento de Salud y

Departamento       de    Recursos     Naturales     y     Ambientales,

presentó una moción de desestimación.6                  Mediante esta,

solicitó que se desestimara con perjuicio la Demanda

presentada en su contra, al amparo de la Regla 10.2(5)

de Procedimiento Civil.          Señaló que, el Hospital UPR es

una    corporación       pública      con   personalidad        jurídica

propia, y funciona como una entidad independiente y

separada del ELA.         Además, arguyó que conforme a la Ley

49-2003,    según       enmendada,    conocida    como     la    Ley   de

Política Pública sobre la Prevención de Inundaciones en

Puerto Rico, la conservación de ríos y la dedicación a

uso público de fajas verdes, el DRNA no es la entidad

responsable       de    la    quebrada      conocida     como     “Canal

Blasina”.

       El   5     de    julio   de     2023,    Servicios       Médicos

Universitarios, Inc. contestó la demanda enmendada.7                   En

síntesis, negaron que haya una relación causal entre la

negligencia que se le atribuye, y los daños por los

cuales reclaman.          Por lo tanto, solicitó se declarara

“no ha lugar” la demanda.

       El 21 de julio de 2023, la parte apelante presentó

su    oposición    a    la   moción    de   sentencia     sumaria      que

presentó el Municipio de Carolina.8               Manifestó que hay

6 Moción de Desestimación, anejo XII, págs. 77-84 del apéndice del
recurso.
7 Contestación a Demanda Enmendada, anejo XIII, págs. 85-93 del

apéndice del recurso.
8 Oposición a: Moción de Sentencia Sumaria parcial y a Suplemento

en Apoyo de Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentadas por la
parte codemandada MAC, anejo XV, págs. 98-108 del apéndice del
recurso.
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asuntos en controversia, entre ellos: determinar a quién

le corresponde la titularidad del Canal Blasina; quién

es la parte responsable del mantenimiento, iluminación,

rotulación        sobre          el   peligro,      ubicación       de    vallas     o

barreras; entre otros.                     Por lo tanto, le solicitaron al

foro primario que declara “no ha lugar” los escritos

presentados por el Municipio de Carolina.

       En    la       misma      fecha,      la   parte   apelante         presentó

Oposición         a    Moción         de    Desestimación       del      ELA.9     En

esencia, sostuvo que, la moción del ELA no fue presentada

con evidencia que demostrara que la faja de terreno

adyacente al Canal Blasina fuera cedida al Municipio de

Carolina.              A    su    vez,      arguyeron     que       ambas       partes

codemandadas, tanto el ELA, como el Municipio están

cuestionándose entre ellas la responsabilidad del lugar

donde ocurrió el accidente.

       Tras evaluar la postura de las partes, el 14 de

agosto de 2023, el foro primario notificó la Sentencia

Parcial       apelada,            mediante        la    cual    desestimó         con

perjuicio la Demanda contra el ELA, en representación

del         DRNA.10                   En      esencia          determinó           que

“[d]esafortunadamente, el lugar por donde el Sr. Morales

Cruz   intentó             acceder     no    es    la   entrada       principal     o

secundaria            para       llegar      al    hospital.             Bajo    esta

normativa, concluimos que, en el caso de autos, la falta

de vigilancia y supervisión del Departamento de Recursos

Naturales         no       fue   la    causa      adecuada     ni     próxima     del

lamentable accidente.”

9 Oposición a Moción de Desestimación del ELA, anejo XVI, págs. 109-
115 del apéndice del recurso.
10 Sentencia Parcial, anejo III págs. 5-13 del apéndice del recurso.
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        A su vez, en la misma fecha notificó la segunda

Sentencia Parcial apelada.11           Mediante la cual consignó

las siguientes determinaciones de hechos:

           1. El 30 de marzo de 2023, la parte
              demandante presentó demanda en contra de
              Municipio Autónomo de Carolina, por un
              alegado accidente ocurrido el 22 de
              septiembre de 2022 en el Canal o Quebrada
              Blasina ubicado en la carretera PR-3 en
              Carolina, P.R. Alegó que mientras el
              fallecido Morales Davis corría bicicleta
              por un área verde aledaña a la Quebrada
              en la PR-3, cayó por un precipicio, lo
              cual alegadamente le causó la muerte.

           2. El Municipio Autónomo de Carolina emitió
              una declaración jurada donde estableció
              que el lugar del accidente, la Quebrada
              Blasina y sus terrenos a ambos lados, no
              están bajo la jurisdicción, control ni
              mantenimiento de dicha municipalidad. A
              su vez, certificó que la responsabilidad
              de implementar medidas de seguridad o
              protección, así como instalar, corregir
              y brindar mantenimiento a la iluminación
              ubicada en la quebrada o canal y sus
              terrenos    adyacentes   no   recae    en
              municipio, toda vez que dicho lugar no es
              de su propiedad. Igualmente, certificó
              que la PR-3, también conocida como la
              Avenida 65 de Infantería, no está bajo su
              jurisdicción, control ni mantenimiento.
        Así    las   cosas,   determinó    que,    el   lugar   donde

ocurrió el alegado accidente, la Quebrada Blasina, no

está bajo la jurisdicción, control ni mantenimiento del

Municipio de Carolina.           Añadió que, “el municipio no

tiene la responsabilidad de instalar, corregir y brindar

mantenimiento a la iluminación ubicada en la Quebrada

Blasina y sus terrenos adyacentes.”               Por consiguiente,

declaró “con lugar” la solicitud de sentencia sumaria

parcial       presentada   por   el   Municipio    de   Carolina,   y

ordenó el archivo de las reclamaciones en su contra.

        Insatisfechos, el 28 de agosto de 2023, la parte

apelante       presentó    Moción     de   Reconsideración      sobre

11   Sentencia Parcial, anejo IV págs. 14-25 del apéndice del recurso.
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Sentencia Parcial a favor del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.12         Alegaron que, incidió el foro primario

al dictar la Sentencia Parcial, puesto que, todavía

existe una controversia medular en cuanto al hecho de

saber    quién    es    la   parte   responsable    del   control   y

mantenimiento del área donde ocurrió el accidente.                Por

consiguiente, insistieron en que se debía llevar a cabo

un descubrimiento de prueba a estos efectos.

        De   igual        forma,      presentaron      Moción       de

Reconsideración sobre Sentencia Parcial a favor del

Municipio Autónomo de Carolina, en la cual reiteraron el

argumento de que hay controversia sobre quién es la parte

responsable       del    mantenimiento    del   área      del   Canal

Blasina.13       Sostuvieron que, la solicitud de sentencia

sumaria era prematura, por lo que, el foro primario debió

posponer la evaluación de la moción o denegarla.                  Así

las cosas, solicitó reconsiderara la Sentencia Parcial.

        En respuesta, el 11 de septiembre de 2023, el

Municipio de Carolina presentó Oposición a Moción de

Reconsideración sobre Sentencia Parcial a favor del

Municipio Autónomo de Carolina.14           En esta, reiteró su

postura en cuanto            a que la Quebrada Blasina          y sus

terrenos adyacentes, no son de su propiedad, pues no han

sido cedidas.

        Habiendo analizado los escritos de ambas partes, el

12 de septiembre de 2023, el foro primario notificó una

12 Moción de Reconsideración sobre Sentencia Parcial a favor del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, anejo V, págs. 26-30 del
apéndice del recurso.
13 Moción de Reconsideración sobre Sentencia Parcial a favor del

Municipio Autónomo de Carolina, anejo VI págs. 31-35 del apéndice
del recurso.
14 Oposición a Moción de Reconsideración sobre Sentencia Parcial a

favor del Municipio Autónomo de Carolina, anejo XXII, págs. 129-
134 del apéndice del recurso.
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Resolución       declarando     No   Ha   Lugar    a     la   moción    de

reconsideración de la parte apelante.15

      De otra parte, el 21 de septiembre de 2023, el ELA

presentó Oposición a Moción de Reconsideración, mediante

la cual, sostuvo que, por disposición de ley, el DRNA no

es la parte responsable del Canal Blasina, ni es el

titular de las fajas verdes que discurren por ésta,

puesto     que,        éstas   son   cedidas   al        municipio     con

jurisdicción por el titular de ellas.16

      El    22    de    septiembre   de   2023,     el    foro   apelado

notificó una Resolución, en la cual denegó la moción de

reconsideración de la parte apelante.17

      Aun en desacuerdo, el 11 de octubre de 2023, la

parte apelante acudió ante este Foro mediante Recurso de

Apelación. En virtud de esta, adujo que el foro primario

cometió los siguientes errores:

           Primer Error: Erró el Tribunal de Primera
           Instancia, Sala de Carolina, al declarar Ha
           Lugar la Solicitud de Desestimación y
           desestimando la Demanda instada en contra
           del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

           Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera
           Instancia, Sala de Carolina, al declarar Ha
           Lugar la solicitud prematura de Sentencia
           Sumaria Parcial desestimando la Demanda
           instada en contra del Municipio Autónomo de
           Carolina.

      El 8 de noviembre de 2023, el Municipio de Carolina

presentó su alegato en oposición.              De igual forma, el

ELA, el 21 de noviembre de 2023, presentó su Recurso de

Apelación.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos        a      resolver    el   asunto         ante    nuestra

consideración.

15 Resolución, anejo I págs. 1-2 del apéndice del recurso.
16 Oposición a Moción de Reconsideración, anejo XXIII págs. 135-140
del apéndice del recurso.
17 Resolución, anejo II págs. 3-4 del apéndice del recurso.
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                                     II.

                                     A.

         En   nuestro     ordenamiento      jurídico,         conforme      al

derogado Código Civil, en su Artículo 1042, disponía

que, los actos y las omisiones en los que intervenga

culpa o negligencia son fuentes de obligaciones que

generan responsabilidad civil extracontractual.                           Art.

1042 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2992.

A su vez, el Artículo 1802 del Código Civil de 1930,

establecía que quien que por acción u omisión causa daño

a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado

a reparar el daño causado.            31 LPRA ant. sec. 5141.              Por

su parte, el Artículo 1536 del Código Civil de 2020,

actualmente vigente, establece que, “la persona que por

culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a

repararlo.”         31 LPRA sec. 10801.              En virtud de lo

anterior, es norma firmemente establecida en nuestra

jurisdicción que, para reclamar el resarcimiento por los

daños y perjuicios sufridos al amparo del artículo de

referencia,       un    demandante        debe   establecer:        (1)     la

existencia de un daño real; (2) el nexo causal entre el

daño y la acción u omisión del demandado, y (3) el acto

u omisión, el cual tiene que ser culposo o negligente.

Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465

(2022).

         Sobre esto último, la jurisprudencia de nuestro

Tribunal        Supremo    ha    establecido        que       la   culpa    o

negligencia consiste en la falta del debido cuidado, que

a   su    vez     consiste      en   no    anticipar      o    prever      las

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de

un acto, que una persona prudente habría de prever en

las      mismas    circunstancias.               Siempre       tomando      en
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consideración que entre ese acto culposo o negligente y

el   daño    causado       se    debe   establecer      un    nexo    causal

adecuado.      Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al.,

supra.

      Sobre el término del nexo causal adecuado o causa

adecuada, es norma reiterada en nuestro ordenamiento

jurídico que no es causa de toda condición sin la cual

no   se   hubiera     producido         el    resultado,      sino    la    que

ordinariamente lo produce, según la experiencia general.

Mena Pamias v. Jimenez Melendez y otros, 2023 TSPR 108,

212 DPR ____ (2023).

      También es un principio firmemente establecido por

la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que, en

el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual,

“el concepto de la culpa es tan infinitamente amplio

como la conducta de los seres humanos e incluye cualquier

falta de una persona que produce un mal o un daño.”

López v. Porrata Doria, 2006 169 DPR 135, 150, (2006).

Por eso, los conceptos de culpa y negligencia equivalen

al incumplimiento con el deber de cuidado.                     Íd.     Lo que

a su vez concierne, en esencia, en no anticipar o prever

las probables consecuencias de los actos, que hubieran

sido previstas por una persona prudente y razonable.

Íd., pág. 151.

      Ahora bien, cuando tomamos en consideración lo

anterior, los tribunales no estamos obligados a imaginar

de manera precisa la universalidad de consecuencias que

pueden      surgir    por       determinada      conducta.           Pons    v.

Engebretson, 160 DPR 347, 355, (2003).                  En este sentido,

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que lo

esencial      es     que    exista       un    deber    de     prever       las

consecuencias.              Para        analizar       este     deber        de
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previsibilidad, es importante recurrir a la figura de la

persona razonablemente prudente.                 Recurrir a esta figura

es importante para fines de determinar cómo debe obrar

una persona de diligencia normal u ordinaria, en virtud

de unas circunstancias particulares.                   López v. Porrata

Doria, supra, págs. 150-151.                 Por tanto, el principio

cardinal      para     analizar       esta   figura     de     la   persona

razonablemente prudente es determinar si el daño causado

era previsible.        Si lo era, habrá responsabilidad; si no

lo era, se considerará un evento fortuito.                          Pons v.

Engebretson, supra.

        Nuestro más Alto Foro también ha indicado que el

deber de cuidado y el deber de prever los posibles daños

no se extiende a cualquier peligro imaginable que pueda

ocasionar un perjuicio.               Más bien debe estar basado en

probabilidades, no en meras posibilidades.                    Es decir, un

daño podrá ser considerado como el resultado probable y

natural de un acto u omisión negligente si luego del

suceso, al mirarlo retrospectivamente, el daño parece

ser la consecuencia razonable y común de la acción u

omisión.      Íd., págs. 355-356.

                                      -B-

        La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.   36,    atiende     todo   lo      referente       al    mecanismo   de

sentencia sumaria.        En específico, dispone que una parte

podrá       presentar      una         moción       fundamentada         “en

declaraciones        juradas      o     en   aquella        evidencia    que

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial

de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte      sentencia    sumariamente         a    su   favor     sobre   la

totalidad      o     cualquier         parte      de    la     reclamación
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solicitada”.       Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.1.

        Así pues, la parte que solicite la disposición de

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre

todo,     deberá      demostrar   que     no    existe    controversia

sustancial sobre algún hecho esencial.                 González Aristud

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

        De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte

sentencia       sumaria       deberá     controvertir          la    prueba

presentada por la parte que la solicita, por lo que

deberá cumplir con los mismos requisitos que tiene que

cumplir    la    parte      proponente.        Además,    su    solicitud

deberá contener una relación concisa y organizada, con

una referencia a los párrafos enumerados por la parte

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que

están realmente y de buena fe controvertidos.

        También,      debe    contener    la     indicación         de   los

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen

estos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia       que    se    encuentre    en     el    expediente        del

tribunal.       Véase, Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil,

32 LPRA V, R. 36.3; Meléndez González v. M. Cuebas, 193

DPR 100, 136 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,

189 DPR 414, 432 (2013).

        Una vez las partes cumplan con las disposiciones

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de Procedimiento

Civil requiere que se dicte sentencia sumaria, solamente

si   las    alegaciones,       deposiciones,          contestaciones       a

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
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declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo

justifica.     SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra,

págs. 430-434.

     Por último, en Meléndez González et al. v M. Cuebas,

supra, págs. 116-117, nuestro Tribunal Supremo amplió el

estándar   específico    que   este   foro   debe    utilizar   al

momento de revisar la concesión de una solicitud de

sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en la

misma posición que el foro primario para evaluar la

procedencia de una sentencia sumaria.               Además, quedó

resuelto     que   nos   regiremos    por    la   Regla   36    de

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su

jurisprudencia interpretativa.          Al así concluir, el

Tribunal Supremo resolvió que:

       Segundo, por estar en la misma posición que
       el   foro   primario,    el   Tribunal   de
       Apelaciones debe revisar que tanto la
       Moción de Sentencia Sumaria como su
       Oposición cumplan con los requisitos de
       forma codificados en la Regla 36 de
       Procedimiento Civil, supra, y discutidos en
       SLG Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra.

       Tercero, en el caso de revisión de una
       Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal
       de Apelaciones debe revisar si en realidad
       existen hechos materiales en controversia.
       De haberlos, el foro apelativo intermedio
       tiene que cumplir con la exigencia de la
       Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe
       exponer    concretamente    cuáles    hechos
       materiales    encontró   que     están    en
       controversia       y      cuáles       están
       incontrovertidos. Esta determinación puede
       hacerse en la Sentencia que disponga del
       caso y puede hacer referencia al listado
       numerado de hechos incontrovertidos que
       emitió el foro primario en su Sentencia.

       Cuarto, y[,] por último, de encontrar que
       los hechos materiales realmente están
       incontrovertidos,   el    foro   apelativo
       intermedio procederá entonces a revisar de
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        novo si el Tribunal de Primera Instancia
        aplicó correctamente el Derecho a la
        controversia.    Meléndez González v. M.
        Cuebas, supra, págs. 118-119.

                                -C-

      Una   parte   contra    quien   se   haya   presentado   una

reclamación judicial puede solicitar su desestimación

cuando, de la faz de las alegaciones de la demanda, surja

que   alguna    defensa      afirmativa    puede    derrotar   la

pretensión del demandante.        Véase, Conde Cruz v. Resto

Rodríguez, 205 DPR 1043, 1077-1078 (2020); Trans-Oceanic

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).

      A tales efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone lo siguiente:

        Toda defensa de hechos o de derecho contra
        una reclamación se expondrá en la alegación
        responsiva excepto que, a opción de la parte
        que alega, las siguientes defensas pueden
        hacerse mediante una moción debidamente
        fundamentada:

        (1) Falta de jurisdicción sobre la materia;
        (2) Falta de jurisdicción sobre la persona;
        (3) Insuficiencia del emplazamiento;
        (4) Insuficiencia del diligenciamiento del
        emplazamiento;
        (5) Dejar de exponer una reclamación que
        justifique la concesión de un remedio;
        (6)   Dejar    de   acumular    una   parte
        indispensable;

        [...] Si en una moción en que se formula la
        defensa   (5)   se   exponen   materias   no
        contenidas en la alegación impugnada, y
        éstas no son excluidas por el tribunal, la
        moción deberá ser considerada como una
        solicitud de sentencia sumaria y estará
        sujeta a todos los trámites ulteriores
        provistos en la Regla 36 hasta su resolución
        final, y todas las partes deberán tener una
        oportunidad razonable de presentar toda
        materia pertinente a tal moción bajo dicha
        regla. Regla 10.2 de Procedimiento Civil,
        supra.

      La citada regla establece los fundamentos para que

una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación

de una demanda en su contra, mediante la presentación de

una moción fundamentada en cualquiera de los motivos en
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ella expuestos.     El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187

DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). En particular, la Regla

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el

demandado   puede   fundamentar      su   solicitud     en    que   la

demanda no expone “una reclamación que justifique la

concesión   de    un     remedio.”        En    tales     casos,    la

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la

controversia y no a los aspectos procesales.                 Montañez

v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).

     En fin, la desestimación de la reclamación judicial

procede cuando surja de los hechos bien alegados en la

demanda que la parte demandante no tiene derecho a

remedio alguno.        Torres, Torres v. Torres et al., 179

DPR 481, 501 (2010).      Para alcanzar dicha conclusión, es

necesario que el tribunal considere ciertas todas las

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera

clara en la demanda.         Rivera Sanfeliz et al. v. Jta.

Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón v. Lotería,

167 DPR 625, 649 (2006).

     Así,   el    Tribunal    Supremo      de    Puerto      Rico   ha

expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay

que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la

manera más favorable posible para la parte demandante.

Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Dorante v. Wrangler

of PR, 145 DPR 408, 414 (1998).

                               -D-

     En lo pertinente a los hechos del caso, debemos

destacar la Ley Núm. 49-2003, mejor conocida como Ley

para Establecer la Política Pública sobre la Prevención

de Inundaciones, Conservación de Ríos y Quebradas y la
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Dedicación a Uso Público de Fajas Verdes en Puerto Rico,

según enmendada por la Ley Núm. 55-2004, para clarificar

la    política    pública      a     seguir   por       las   agencias

ambientales del ELA.

      En el Artículo 1 la Ley Núm. 49-2003, dispone que

“[s]e declara política pública del Gobierno de Puerto

Rico preservar los ríos y quebradas como ecosistemas que

proveen múltiples beneficios.”            A su vez, establece que:

         El Departamento no es responsable de la
         limpieza y conservación de quebradas y
         causes de cuerpos de agua de dominio
         privado. No obstante, esta disposición no
         impedirá al Departamento llevar a cabo, en
         coordinación con municipios y personas
         privadas, obras de conservación y limpieza
         de quebradas o arroyos de acuerdo a un
         programa de trabajo sufragado por la
         Asamblea Legislativa o por municipios.

         Se dispone que cualquier obra de limpieza y
         conservación en estos cuerpos de agua
         deberá ser aprobada por el Departamento y
         deberá incluir el análisis de costos y
         beneficios de los impactos ambientales
         directos,    indirectos   y    acumulativos
         ocasionados por las obras y el costo de
         mitigación de tales impactos.

      De otra parte, el Artículo 2, en síntesis, dispone

que   cualquier    obra   de       urbanización,    o    lotificación

colindante con una quebrada, o cualquier cuerpo de agua

se dedicará a uso público, en interés general de la

conservación del cuerpo de agua, mediante inscripción en

el Registro de Propiedad, una faja de terreno con un

ancho mínimo de cinco metros lineales a ambos lados de

la quebrada.      Añade que, “cuando se trate una quebrada

o arroyo, la faja deberá ser cedida al Municipio con

jurisdicción.”

                                   III.

      En el caso de autos, la parte apelante arguye que

incidió el foro primario al desestimar la demanda contra

el ELA y el DRNA, como a su vez, declarar Con Lugar la
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sentencia sumaria que presentó el Municipio de Carolina,

a pesar de que habían hechos que todavía estaban en

controversia.             En        esencia,            sostienen        que     hay

controversia        sobre           la        titularidad,             control      y

mantenimiento de la Quebrada Blasina.                           A su vez, sobre

quién es la parte responsable de implementar medidas de

seguridad y protección, como el instalar y brindar el

mantenimiento       e     iluminación           en       la    quebrada      y    sus

terrenos adyacentes.

       Por su parte, el ELA manifiesta que, conforme a la

Ley    Núm.   49-2003,       supra,           las    obras      de     limpieza    y

conservación       de     las       quebradas           en    Puerto     Rico    son

responsabilidad de los dueños de los terrenos por los

cuales discurren dichos cuerpos de agua.                                A su vez,

menciona que la faja de terreno a ambos lados de una

quebrada son cedidas al                   Municipio con jurisdicción.

Mientras que, el Municipio de Carolina expresó, a través

de una certificación jurada, que, para la fecha del

alegado accidente, la faja de terreno adyacente a la

quebrada      Blasina          no        ha    sido           cedida     a      dicha

municipalidad, por lo que, no es de su propiedad.                                  De

igual forma, alegan que, conforme la precitada ley, la

faja de terreno debe ser inscrita a nombre del DRNA en

el    Registro     de   la     Propiedad,           y    posteriormente,         ser

cedida al municipio donde se ubica.                           Por consiguiente,

sostienen que, al no ocurrir el traspaso en este caso,

dichas fajas de terreno a ambos lados de una quebrada

quedaron bajo responsabilidad del DRNA.

       Mediante la Ley Núm. 6 del 29 de febrero de 2000

que se creó en el Departamento de Transportación y Obras

Públicas      un   Área      de     Prevención           de     Inundaciones       y

Conservación de Playas y Ríos.                      12 LPRA sec. 255.            Esta
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Área tiene a su cargo el estudio y control de las

inundaciones; la vigilancia, conservación y limpieza de

las playas; el control de la extracción de arena y grava

en las playas y en las orillas de los ríos; el control

de la erosión de las playas; el deslinde y saneamiento

de    la    zona      marítimo-terrestre,         y    la    vigilancia    y

atención de los manglares pertenecientes al ELA.                    3 LPRA

sec. 255(a).

       Posteriormente, al promulgarse la Ley Orgánica del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ley

Núm. 23 del 20 de junio de 1972, 3 LPRA sec. 151, et

seq.,      se   le    transfirieron       a    dicha    dependencia      los

poderes, facultades, funciones y actividades mencionados

anteriormente sobre la prevención de inundaciones que le

habían sido conferidas al Secretario de Transportación

y Obras Públicas.             3 LPRA sec. 156(c).           De una lectura

de las anteriores piezas legislativas, nos encontramos

con     que     las        obligaciones       impuestas      al   DRNA    no

consideraban          la    obligación    de     dar   mantenimiento       a

quebradas.       No fue hasta el año 2003, cuando mediante la

Ley Núm. 49-2003, que se enmendó la Ley Núm. 23, y aclaró

la responsabilidad ministerial del DRNA en cuanto al

mencionado cuerpo de agua.               Conforme a la exposición de

motivos, la ley tuvo el propósito de evitar pleitos

frívolos contra el Estado por alegada negligencia al no

llevar a cabo la limpieza de cauces de quebradas y ríos.

Véase, Exposición de Motivos, de la Ley Núm. 49-2003.

En específico, se esbozó que “[e]l Departamento no es

responsable de la limpieza y conservación de quebradas

y cauces de cuerpos de agua de dominio privado.”                          No

obstante, se mencionó que ello no impide al DRNA a que

lleve a cabo en coordinación con los municipios obras de
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conservación y limpieza de quebradas.              A su vez, la Ley

Núm. 49-2003, dispone que la faja de terreno con un ancho

mínimo de cinco metros lineales en ambos lados de la

quebrada será cedida al Municipio con jurisdicción.

     En el caso que nos ocupa, el foro primario desestimó

la Demanda contra el ELA, ya que, la falta de vigilancia

y supervisión del DRNA no fue la causa adecuada ni

próxima del accidente.           A su vez, declaró con lugar la

solicitud       de    sentencia     sumaria   del    Municipio    de

Carolina, puesto que, el lugar donde ocurrió el alegado

accidente no está bajo la jurisdicción, control, ni

mantenimiento del Municipio.

     No obstante, conforme a los hechos del caso, el

señor Morales, al dirigirse al Hospital UPR tomando la

salida de la marginal que colinda con la PR-3, hizo un

viraje a la izquierda por un área de grama, donde al no

haber iluminación, ni vallas o barreras, ni rótulos que

prohibieran el paso o la advertencia de peligro, cayó

por un precipicio, hacia el Canal Blasina o Quebrada

Blasina,    a    una    altura    de   aproximadamente    20   pies,

provocándole la muerte.

     Acorde con la legislación vigente al momento en que

se suscitaron los hechos que originaron la demanda, y la

prueba presentada, hay controversias sobre a que quién

le corresponde dar mantenimiento a la quebrada y fajas

de terreno en el Canal/Quebrada Blasina.              Según la Ley

Núm. 49-2003, supra, es política pública que el DRNA

preserve    los      ríos   y   quebradas   como   ecosistemas   que

proveen múltiples beneficios.           A pesar de que dicha ley

establece que el DRNA no es responsable de la limpieza

y conservación de quebradas, también dispone que no es

impedimento para que el Departamento sí las lleve a cabo.
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A su vez, dispone que cualquier obra de urbanización o

cualquier lotificación colindante con una quebrada, o

cualquier cuerpo de agua se dedicará a uso público, en

interés general de la conservación del cuerpo de agua,

mediante        inscripción     en   el   Registro    de    Propiedad.

Deberá inscribirse una faja de terreno con un ancho

mínimo de cinco metros lineales a ambos lados del cauce

normal del río, arroyo o quebrada o del lecho de la

laguna o lago. No obstante, si es una quebrada o arroyo,

la faja deberá ser cedida al Municipio con jurisdicción.

        De la prueba documental presentada por el Municipio

de Carolina, ante el foro primario, certificaron que la

faja de terreno adyacente a la Quebrada Blasina no era

de su propiedad, pues no había sido cedida, conforme

dispone la ley. De otra parte, los apelantes presentaron

una declaración jurada, indicando que habían visto a

funcionarios        del   Municipio       de   Carolina      brindando

mantenimiento en el área donde ocurrió el accidente.

        Es por todo lo anterior, que procedemos a revocar

la determinación del foro primario de declarar Con Lugar

la solicitud de sentencia sumaria presentada por el

Municipio de Carolina, y desestimando la Demanda contra

el ELA.     En el caso de autos, aún adoptando los hechos

que determinó el foro de instancia, lo cual hacemos,

surge     que    existe   una    controversial       real    sobre   la

titularidad, mantenimiento y control                 de la    Quebrada

Blasina, y sus terrenos adyacentes en la PR-3.

        En cuanto a la moción para desestimar del ELA, al

tomar favorablemente los hechos bien alegados de la

demandada enmendada, los mismos no demuestran una clara

falta de causa de acción de la parte apelante.                 Si bien

el señor Morales estaba tratando de accesar el Hospital
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por algún acceso que no era el primario o el secundario

casi al anochecer, es correcto que se permita completar

el descubrimiento de prueba para verificar que parte

tenía algún deber provisorio y si existe relación causal

con el accidente alegado en la presente causa de acción.

     Conforme a lo anterior, revocamos las sentencias

parciales apeladas, por lo que, se debe completar el

descubrimiento de prueba, y así determinar la parte

responsable de lugar del accidente.

                          IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS las

sentencias parciales apeladas y devolvemos el caso para

que se continúen los procedimientos en este caso, de

forma cónsona con los pronunciamientos esbozados en esta

Sentencia.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones