Court Opinion

ID: 9952196
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:27:05.721883+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:11.373293
License: Public Domain

STADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                            APELACIÓN
    L&S, LLC., ROBERT M.                                    procedente del
    LAVIE                                                   Tribunal de
                                                            Primera
    Recurrida                                               Instancia, Sala
                                              KLAN202300988 Superior de San
                 v.                                         Juan
    SANTOS CARDENAS
    CONSUELO; GISELLE                                                   Civil Núm.:
    GUERRERO; PARADISE                                                  SJ2023CV05415
    REAL ESTATE GROUP, LLC;
    COMPANY ABC; INSURANCE                                              Sobre:
    COMPANY XYZ; JOHN &                                                 Declaratory
    JANE DOE                                                            Judgment; Breach
                                                                        of Contract;
    Peticionario                                                        Unjust
                                                                        Enrichment; and
                                                                        Tort Damages
Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza
Mateu Meléndez y la Jueza Boria Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                      SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

         Comparecen L&S, LLC y Robert M. Lavie (los Apelantes) y nos

solicitan revocar una Sentencia Parcial emitida el 5 de octubre de

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI).1 Por virtud del aludido dictamen, el TPI desestimó

parcialmente y sin perjuicio la Demanda contra Consuelo Santos

Cárdenas y Paradise Real Estate Group, LLC (las Apeladas) por no

haber diligenciado el emplazamiento personal dentro de los ciento

veinte (120) días otorgados por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c).

         El 2 de febrero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos un término de diez (10) días a la parte apelada para

exponer su posición en torno a los méritos del recurso. Transcurrido

1
 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo IV, págs. 38-41. Archivada y notificada en autos el 5
de octubre de 2023.

Número Identificador
RES2024 ______________
KLAN202300988                                                Página 2 de 7

el término concedido sin que la parte apelada haya comparecido,

prescindimos de la comparecencia de la parte apelada con el

propósito de lograr el más justo y eficiente despacho y proveer el

más amplio acceso al Tribunal a tenor con la Regla 7(B)(5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

7(B)(5).

         Por      los    fundamentos   que   exponemos   a    continuación,

revocamos la Sentencia Parcial emitida por el TPI, y devolvemos el

caso al TPI para que continúe con los procedimientos.

                                        I.

         El caso de epígrafe se originó el 5 de junio de 2023, cuando

los Apelantes instaron una Demanda contra las Apeladas, Giselle

Guerrero, Company ABC, Insurance Company XYZ y John & Jane

Doe (las Demandadas).2 El 7 de junio de 2023, la Secretaría del

Tribunal expidió los emplazamientos.3 El 23 de junio de 2023, el

emplazador, Alberto A. Segarra Cordero, emplazó personalmente a

la Sra. Guerrero, pero no logró emplazar a las otras partes

demandadas.4 Según la declaración jurada suscrita por el Sr.

Segarra Cordero, se estableció que infructuosamente se intentó

localizar a la Sra. Santos Cárdenas y las oficinas de Paradise Real

Estate Group, LLC.5

         Así las cosas, el 5 de octubre de 2023, los Apelantes radicaron

una Moci[ó]n informativa sobre gestiones infructuosas de diligenciar

el emplazamiento personal y solicitud de autorizaci[ó]n y expedici[ó]n

de emplazamiento por edicto bajo la Regla 4.3(c) y conforme caso

S[á]nchez v. Higuera, 203 DPR 982 (2020).6 En la misma, le

solicitaron al TPI autorizar y expedir el emplazamiento por edicto de

las Apeladas.

2
  Íd., Anejo I, págs. 1-13.
3
  Íd., Anejo II, págs. 14-20.
4
  Íd., Anejo III, págs. 30 y 31.
5
  Íd.
6
  Íd., págs. 21-37.
KLAN202300988                                            Página 3 de 7

      Sin embargo, el mismo día, el TPI emitió una Sentencia Parcial

desestimando       la   Demanda    contra    las   Apeladas   por   haber

transcurrido ciento veintiún (121) días desde que se expidieron los

emplazamientos, entiéndase 7 de junio de 2023.

      Inconformes, el 6 de noviembre de 2023, los Apelantes

recurren a nuestro foro mediante un Recurso de Apelación y señalan

los siguientes errores:

      A. ERR[Ó] EL TPI AL DESESTIMAR LAS
      RECLAMACIONES CONTRA LAS APELADAS CUANDO
      LOS     APELANTES     SOLICITARON      LOS
      EMPLAZAMIENTOS POR EDICTO DENTRO DEL
      TERMINO DE CIENTO VEINTE (120) D[Í]AS.
      B. ERR[Ó] EL TPI AL DESESTIMAR LAS
      RECLAMACIONES CONTRA LAS APELADAS CUANDO
      CALCUL[Ó] ERRONEAMENTE QUE TRANSCURRI[Ó]
      CIENTO VEINTUNO (121) D[Í]AS DESDE QUE SE
      EXPIDIERON LOS EMPLAZAMIENTOS POR EL TPI.

      En esencia, nos solicitan que revoquemos la determinación

del TPI que desestimó la Demanda contra la Sra. Santos Cárdenas

y Paradise Real Estate Group, LLC. También nos solicitan que

aclaremos si para el 5 de octubre de 2023 habían transcurrido

ciento veinte (120) o ciento veintiún (121) días desde que se

expidieron los emplazamientos personales.

      Esbozados los hechos, procedemos a discutir el derecho

aplicable.

                                    II.

      “El emplazamiento es un acto procesal mediante el cual se

comunica al demandado la demanda presentada en su contra y se

le requiere a comparecer en autos para formular la alegación que

proceda”. Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6.a ed.

rev., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 256. Por

lo general, los tribunales de justicia adquieren jurisdicción sobre la

persona      del   demandado      mediante    el   diligenciamiento   del

emplazamiento. Íd., págs. 257-58. La Regla 4 de Procedimiento Civil,
KLAN202300988                                           Página 4 de 7

supra, R. 4, dispone los procesos, efectos, clases y términos del

emplazamiento.

      En lo pertinente al caso de autos, la Regla 4.3(c), Íd., R. 4.3(c),

dispone que:

      El emplazamiento será diligenciado en el término de
      ciento veinte (120) días a partir de la presentación de
      la demanda o de la fecha de expedición del
      emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria
      deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que
      se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria
      no los expide el mismo día, el tiempo que demore
      será el mismo tiempo adicional que los tribunales
      otorgarán para diligenciar los emplazamientos una
      vez la parte demandante haya presentado de forma
      oportuna una solicitud de prórroga. (Énfasis nuestro).

      “[A]nte un primer incumplimiento con el término de 120 días

para diligenciar los emplazamientos, los tribunales están obligados

a dictar prontamente una sentencia decretando la desestimación y

el archivo sin perjuicio de la reclamación judicial”. Ross Valedon v.

Hospital Dr. Susoni Health Community Services, Corp., 2024 TSPR

10. La demora en la expedición del emplazamiento por parte de la

Secretaría del Tribunal no se debe entender como una concesión de

tiempo adicional a los ciento veinte (120) días para diligenciarlo,

puesto que el término comienza a transcurrir luego de que esta

expida el emplazamiento. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200

DPR 637, 649-650 (2018). Aun así, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha reconocido que esta norma no es absoluta. Sánchez Ruiz v.

Higuera Pérez et. al, 203 DPR 982 (2020).

      Nuestro ordenamiento reconoce que el emplazamiento se

puede diligenciar de forma personal y mediante edictos. Reglas de

Procedimiento Civil, supra, Rs. 4.4 y 4.6. La Regla 4.6, Íd., R. 4.6,

dispone lo pertinente al emplazamiento por edicto. Esta requiere que

antes de solicitar un emplazamiento por edicto, se intente emplazar

personalmente. Íd. El emplazamiento por edicto, por lo tanto, es “un

procedimiento     para    sustituir    la   entrega     personal     [del

emplazamiento] cuando ésta no puede efectuarse […]”. Hernández
KLAN202300988                                         Página 5 de 7

Colón, op. cit., pág. 269. La imposibilidad de diligenciar el

emplazamiento personalmente debe acreditarse mediante una

declaración jurada que debe “expresar hechos específicos y no

meras conclusiones o generalidades. De este modo, se deben incluir

las personas con quiénes se investigó y su dirección”. Sánchez Ruiz

v. Higuera Pérez et. al, supra, pág. 988.

       En Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et. al, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico resolvió lo que ocurre con el término de ciento veinte

(120) días cuando un demandante solicita inicialmente emplazar

personalmente, pero luego opta por emplazar por edicto. Íd.

Recordemos que la Regla 4.3 de Procedimiento Civil dispone que el

término de ciento veinte (120) días comienza a transcurrir “a partir

de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del

emplazamiento por edicto”. Reglas de Procedimiento Civil, supra,

R.4.3(c).

       En Sánchez Ruiz, la parte demandante presentó su demanda

el 30 de junio de 2017 y ese mismo día se expidieron los

emplazamientos. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et. al, supra. Luego

de varios trámites procesales y el paso del Huracán María, el

Tribunal Supremo emitió una resolución que extendió los términos

de presentación de los recursos hasta el 1 de diciembre de 2017. Íd.

El 10 de noviembre de 2017, la demandante presentó una moción

de emplazamiento por edictos, cumpliendo con los requisitos de la

Regla 4.6 de Procedimiento Civil. Íd. El 15 de noviembre de 2017, el

Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de

emplazamiento por edicto, los cuales fueron expedidos el 29 de

diciembre de 2017. Íd. Los edictos fueron publicados el 16 de enero

de 2018. Íd. Los demandados insistieron en que el término

improrrogable para emplazar culminó el 1 de diciembre de 2017, por

lo que el emplazamiento por edicto fue tardío. Íd. El Tribunal resolvió

que:
KLAN202300988                                            Página 6 de 7

           [U]na vez se intenta sin éxito emplazar personalmente a
           un demandado, y tras acreditar las diligencias
           realizadas para citarlo personalmente se solicita
           emplazarlo por edictos dentro del plazo de ciento veinte
           días, comienza a [de cursar] un nuevo término
           improrrogable de ciento veinte días para emplazar
           por edictos, una vez se expida el correspondiente
           emplazamiento. Íd., pág. 994 (Énfasis nuestro).

           Al haber solicitado el emplazamiento por edicto dentro de los

términos para diligenciar el emplazamiento personal, un término

nuevo de ciento veinte (120) días comenzó a trascurrir.

           Para calcular el plazo para diligenciar el emplazamiento,

debemos recurrir a las Reglas de Procedimiento Civil, supra. La

Regla 68.1 de Procedimiento Civil, Íd., R. 68.1, dispone como se

computan los términos establecidos por las mismas, por orden de

tribunal o por cualquier estatuto aplicable. Para el cómputo de los

términos, “no se contará el día en que se realice el acto, evento o

incumplimiento después del cual el término fijado empieza a

transcurrir”, Íd., pero sí se incluirá el último día del término,

siempre y cuando este no sea un sábado, domingo, día de fiesta legal

o día concedido.

                                     III.

           El 5 de junio de 2023, los Apelantes en el caso de autos

radicaron una demanda en contra de varias demandadas,

incluyendo a las Apeladas.7 El 7 de junio de 2023, la Secretaría del

Tribunal expidió los emplazamientos personales con un término de

ciento veinte (120) días para ser diligenciados.8 Este término

comenzó a transcurrir desde que la Secretaría expidió los

emplazamientos. Recordemos que no se cuenta el día 7 de junio de

2023 en el cómputo de términos, ya que fue el día en que el

emplazamiento fue expedido. Por lo tanto, la fecha límite para

7
    Íd., Anejo I, págs. 1-13.
8
    Íd., Anejo II, págs. 14-20.
KLAN202300988                                                        Página 7 de 7

diligenciar el emplazamiento era el jueves, 5 de octubre de 2023,

ciento veinte (120) días luego del 7 de junio de 2023.

           El 5 de octubre de 2023, los Apelantes solicitaron mediante

moción el emplazamiento por edicto.9 La moción fue acompañada

por una declaración jurada del Sr. Segarra Cordero, quien declaró

haber realizado esfuerzos para localizar a las Apeladas. La

declaración jurada cumple con los requisitos de la Regla 4.6 de

Procedimiento               Civil,   supra,    R.   4.6,   y   con    las   normas

jurisprudenciales esbozadas. La solicitud fue radicada dentro del

término para diligenciar el emplazamiento personal, lo cual resulta

en el inicio de un término nuevo de ciento veinte (120) días para

diligenciar el emplazamiento por edicto.

           Por cuanto, resolvemos que los Apelantes radicaron la Solicitud

de autorizaci[ó]n y expedici[ó]n de emplazamiento por edicto10 dentro de

los términos establecidos por ley y conforme a la jurisprudencia

vigente. No habían transcurrido los ciento veinte (120) días para

diligenciar el emplazamiento personal.

                                              IV.

           Por       los     fundamentos      que    anteceden,      revocamos   la

determinación del TPI y devolvemos el caso para que continúen los

procedimientos.

           Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones

9
    Íd., Anejo III, págs. 30-31.
10
     Íd., págs. 21-37.