Court Opinion

ID: 9941536
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:31.783144+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.597067
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

      DEPARTAMENTO DE                                 REVISIÓN JUDICIAL
   RECURSOS NATURALES Y                               procedente del
        AMBIENTALES                                   Departamento de
                                                      Recursos Naturales
             RECURRIDO                                y Ambientales
                                     KLRA202300657    _____________
                                                      Caso Número:
                                                      22-103-B
                V.
                                                      ______________
                                                      SOBRE:
                                                      Infracción al
   MANUEL ORTIZ GARCÍA,                               Artículo Núm. 2 de
  LUMARY PADILLA LÓPEZ y                              la Ley 132 de25 de
      la Sociedad de                                  junio de 1968,
  Gananciales Compuesta                               según enmendada.
  por Ambos; ORTIZ GROUP                              Ley 133 de 1 de
      ENGINEERING &                                   julio de 1975,
  CONSTRUCTION SERVICES                               según enmendada,
          CORP.                                       Ley 231-1999 y su
                                                      Reglamento 6765;
          RECURRENTE                                  Ley 416-2004, según
                                                      enmendada.

                                                      Intervención
                                                      Núm. SJIT-054-
                                                      2020/SJIT-055-2020

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas,
el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

                                SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

        Comparece ante nos el Sr. Manuel A. Ortiz García, Lumary

Padilla López, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos    y    Ortiz     Group   Engineering   &   Construction        Services

Corporation       (en     conjunto     Recurrentes)     y     solicitan     que

revisemos      una      Resolución    Interlocutoria        emitida   por   la

Secretaria del Departamento de Recursos Naturales Ambientales

(DRNA), el 17 de octubre de 2023, notificada el 24 de octubre

de 2023. Por medio del referido dictamen, la Secretaria del

DRNA declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación y/o

Resolución Sumaria presentada por los recurrentes.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024___________________
KLRA202300657                                                             Pág. 2 de 8

       Por     los      fundamentos       que     expondremos        a   continuación,

desestimamos el recurso ante nuestra consideración por falta

de jurisdicción.

                                            -I-

       El 5 de abril de 2022, el DRNA presentó una Querella1

contra el señor Manuel A. Ortiz García, Lumary Padilla López,

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y el

señor Ángel Pérez Pérez. En síntesis, el DRNA alegó que los

recurrentes,            sin    los   permisos          requeridos,       realizaron     un

corte, remoción y movimiento de terreno con equipo pesado, el

cual estaba afectando un cuerpo de agua, en la carretera 806,

km 1.2, Barrio Quebrada Arena en el Municipio de Toa Alta,

P.R.

       El 8 de julio de 2022, los recurrentes presentaron una

Contestación a Orden Administrativa.2 En ella, negaron las

alegaciones          en       su   contra    y    levantaron      varias        defensas

afirmativas.

       El 31 de agosto de 2022, el DRNA presentó una Querella

Enmendada3 a los únicos efectos de incluir a Ortiz Group

Engineering & Construction Services Corp., como nuevo dueño

de la propiedad en cuestión. De igual forma, presentó una

moción informativa mediante la cual desistió de la querella

en cuanto al co-querellado Ángel Pérez Pérez.

         Así      las     cosas,     el     l4    de    noviembre        de   2022,   los

recurrentes          presentaron       una       Moción    de   Desestimación         y/o

Resolución Sumaria.4 En síntesis, los recurrentes alegaron

que el DRNA carecía de jurisdicción sobre la materia, pues es

el Departamento de Agricultura la agencia con jurisdicción.

Además, solicitaron la desestimación de la Querella ya que el

asunto       en    controversia           fue     atendido      por      la   Junta     de

1 Apéndice del Recurso, págs. 123-208.
2 Id., págs. 209-215.
3 Id., págs. 216-222.
4 Id., págs. 29-54.
KLRA202300657                                                        Pág. 3 de 8

Planificación, por lo que aplica la doctrina de cosa juzgada

por impedimento colateral.

      El     6    de    diciembre     de    2022,      el   DRNA     presentó      su

respectiva Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación o

Resolución Sumaria. En ella, el DRNA arguyó que nunca ha

litigado un pleito contra los recurrentes por los fundamentos

presentados en la Querella de epígrafe. De igual forma, alegó

que el DRNA nunca ha sido parte en ningún pleito, judicial o

administrativo, en los que se haya obtenido una sentencia

contra los recurrentes. Por lo cual, el DRNA adujo que los

recurrentes erraron en su interpretación de los hechos y, con

esto, pretenden inducir a error al foro administrativo.

      Luego de varios trámites procesales, el 17 de octubre de

2023,      la     Secretaria      del      DRNA     emitió     una     Resolución

Interlocutoria.5 Mediante el referido dictamen, la Secretaria

acogió     el     Informe   preparado      por    la   Oficial     Examinadora      y

declaró      No    Ha   Lugar    la     Solicitud      de    Desestimación      y/o

Resolución Sumaria presentada por los recurrentes.

      El 8 de noviembre de 2023, los recurrentes presentaron

una Moción de Reconsideración a Resolución Interlocutoria.6

La misma, fue declarada No Ha Lugar el 28 de noviembre de

2023.7

      Inconformes, el 21 de diciembre de 2023, los recurrentes

acudieron        ante   este    Tribunal    de    Apelaciones        mediante      un

recurso de Revisión de Revisión Administrativa en el cual

realizaron los siguientes señalamientos de error:

           ERRÓ EL DRNA AL DETERMINAR QUE LA MOCIÓN DE
           DESESTIMACIÓN   PRESENTADA    POR   LA    PARTE
           RECURRENTE FUE BASADA EN LA EXPOSICIÓN DE
           MOTIVOS DE LA LEY NÚM. 140-2015 CONOCIDA COMO
           LA LEY PARA EL MANEJO DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN
           EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, SEGÚN
           ENMENDADA.

5 Id., págs. 24-28.
6 Id., págs. 6-18.
7 Id., págs. 1-5.
KLRA202300657                                                           Pág. 4 de 8

         ERRÓ EL DRNA AL NO RECONOCER LA JURISDICCIÓN
         DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y DETERMINAR
         QUE LA LEY NÚM. 140-2015 CONOCIDA COMO LA LEY
         PARA EL MANEJO DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL
         ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, SEGÚN
         ENMENDADA, ES INAPLICABLE.

         ERRÓ EL DRNA EN SU RESOLUCIÓN AL NO CONSIDERAR
         NI ANALIZAR NUESTROS ARGUMENTOS DE FALTA DE
         JURISDICCIÓN ESBOZADOS EN NUESTRA MOCIÓN DE
         DESESTIMACIÓN YA QUE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
         REALIZADAS POR EL QUERELLADO-RECURRENTE NO
         REQUIEREN PERMISO DEL DRNA, NI DE LA OGP.

                                          -II-

     A. La jurisdicción

       Los   tribunales         tenemos     el    deber     de    proteger     nuestra

jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no la

hay.8 Por ello, es norma reiterada que las cuestiones de

jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas

con    preferencia.9        A    causa      de    ello,      cuando     un     tribunal

determina     que       carece    jurisdicción       para        intervenir      en   un

asunto,      procede      la     inmediata        desestimación         del     recurso

apelativo     en     atención     a   las    leyes      y   reglamentos        para   el

perfeccionamiento de estos recursos.10

       De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias

consecuencias, tales como el que no sea susceptible de ser

subsanada; las partes no puedan conferírsela voluntariamente

a un tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva

la    nulidad      de     los    dictámenes        emitidos;        impone      a     los

tribunales      el      ineludible        deber    de       auscultar     su    propia

jurisdicción; obliga a los tribunales apelativos a examinar

la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y puede

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia

de las partes o por el tribunal motu proprio.11

8  Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204                   DPR   374,   385
(2020).
9 JMG Investment, Inc. v. ELA, 203 DPR 708, 714 (2019).
10 Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra.
11 Id.
KLRA202300657                                                             Pág. 5 de 8

       A   esos    efectos,      la    Regla    83       (C)   del    Reglamento        del

Tribunal de Apelaciones, faculta al foro apelativo a actuar

por iniciativa propia para desestimar un recurso apelativo

ante la ausencia de jurisdicción.12

     B. Revisión de Decisiones Administrativas

       La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

establece un término jurisdiccional de 30 días para presentar

el escrito inicial de revisión judicial ante la Secretaría

del    Tribunal     de    Apelaciones.13        El   término         para      acudir    al

Tribunal de Apelaciones comienza a transcurrir con el archivo

en autos de copia de la notificación de la resolución final

de la agencia administrativa.14 De igual modo, la Sección 4.1

de    la   Ley     de    Procedimiento         Administrativo             Uniforme      del

Gobierno de Puerto Rico (LPAU)15, dispone que la revisión

judicial está disponible para las “órdenes, resoluciones y

providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o

funcionarios administrativos”.

       Este   requerimiento            de   una decisión            final para        poder

recurrir en revisión judicial también surge de la Regla 56

del     Reglamento        del     Tribunal          de     Apelaciones.16 Nuestro

reglamento        establece      en    la   Parte    VII       –sobre      revisión      de

decisiones        administrativas–          gobernará          el    trámite     de     las

revisiones de todos los recursos presentados ante el Tribunal

de     Apelaciones        para        la    revisión       de       las     decisiones,

reglamentos,                  órdenes,                    resoluciones                    y

providencias finales dictadas                 por        organismos        o    agencias

administrativas o por sus funcionarios(as).17

12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C).
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57.
14 Id.
15 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9671.
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56.
17 Id.
KLRA202300657                                                                      Pág. 6 de 8

         Las ordenes o resoluciones finales son aquellas que les

ponen      fin       a        los     procedimientos           administrativos.18                El

propósito legislativo de la Sección 4.1 de la LPAU, supra,

fue      evitar          la      revisión        de     órdenes           o        resoluciones

interlocutorias               que     interrumpieran           injustificadamente                el

trámite      administrativo.19             El    legislador           aseguró           con   esta

disposición que la intervención judicial ocurra luego de la

culminación del trámite administrativo y de la adjudicación

de todas las controversias.20 Las situaciones que justifican

preterir        el    trámite         administrativo           son     similares          a   las

excepciones          a      la      doctrina     de     agotamiento            de        remedios

administrativo,               estas      toman        lugar        cuando:         la    agencia

claramente no tiene jurisdicción; la posposición causa un

daño irreparable o; se trata de un asunto de estricto Derecho

que no requiere de los conocimientos especializados de la

agencia.21

                                                 -III-

         En el presente caso, los recurrentes presentaron una

Moción de Desestimación y/o Resolución Sumaria ante el foro

administrativo.             En ella, alegaron que el DRNA carecía de

jurisdicción sobre la materia, pues era el Departamento de

Agricultura la agencia con jurisdicción. Además, solicitaron

la      desestimación            de   la   Querella           ya    que       el     asunto      en

controversia fue atendido por la Junta de Planificación, por

lo que aplica la doctrina de cosa juzgada por impedimento

colateral.

         Por su parte, el DRNA arguyó que nunca ha litigado un

pleito contra los recurrentes por los fundamentos presentados

en la Querella de epígrafe. De igual forma, alegó que el DRNA

nunca      ha        sido        parte     en    ningún            pleito,         judicial       o

18Crespo   Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 812-813 (2008).
19Id.
20Id.
21Id.,   pág. 491.
KLRA202300657                                                                      Pág. 7 de 8

administrativo, en los que se haya obtenido una sentencia

contra los recurrentes.

       En     atención         a     lo      anterior,          la     Oficial         Examinadora

preparó un Informe. En él, esbozó los fundamentos por los

cuales recomendó se declarara No Ha Lugar la Solicitud de

Desestimación           y/o        Resolución         Sumaria         presentada            por   los

recurrentes. En síntesis, la Oficial Examinadora indicó que

la     moción        presentada                por        los        recurrentes            contenía

controversias de hechos que impedían la resolución sumaria

del caso. Además, señaló en su Informe que la Ley 140 del 31

de agosto de 2015, conocida como la Ley Para el Manejo de

Prácticas Agrícolas no privó al DRNA de jurisdicción, lo que

hizo   fue     "…establecer               la      política       pública          de    armonía     y

colaboración         en       estos       asuntos         entre       el        Departamento      de

Recursos       Naturales            y     el      Departamento             de      Agricultura".

Finalmente, la Oficial Examinadora expuso que, a la fecha de

la radicación de la Querella, el código Civil de Puerto Rico

de 1930 había sido derogado y, el nuevo Código Civil de

Puerto Rico de 2020, derogó las disposiciones sobre "Prueba

de las Obligaciones" que incluían la cosa juzgada, por lo que

el   DRNA     carecía         de    facultad         constitucional               para      declarar

vigente       una       figura          jurídica          derogada         por     la       Asamblea

Legislativa.

        Así    las       cosas,         la     Secretaria            del    DRNA       emitió     una

Resolución Interlocutoria. Mediante el referido dictamen, la

Secretaria       acogió            el     Informe         preparado         por        la    Oficial

Examinadora         y     declaró            No      Ha     Lugar          la     Solicitud        de

Desestimación           y/o        Resolución         Sumaria         presentada            por   los

recurrentes.

       Luego de evaluar lo anterior, es forzoso concluir que la

Querella de epígrafe se encuentra en su etapa inicial. Ello,

debido a que la determinación administrativa recurrida no le
KLRA202300657                                                 Pág. 8 de 8

puso fin al proceso adjudicativo. Claramente, la resolución

recurrida    es      de   carácter     interlocutorio,        por   lo    que

concluimos que la misma no está sujeta a revisión judicial.

Lo anterior no menoscaba el derecho de los recurrentes a, en

su día, presentar un recurso de revisión judicial una vez se

notifique una resolución final en el caso administrativo de

epígrafe.

                                     -IV-

     Por    los   fundamentos     antes     expuestos,    desestimamos      el

Recurso de Revisión Judicial por falta de jurisdicción.

     Lo    acuerda    y   manda   el   Tribunal    y     lo   certifica     la

Secretaria del Tribunal.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones