Court Opinion

ID: 9916035
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:34.487066+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:39.068632
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                      REGIÓN JUDICIAL DE PONCE
                                 PANEL X

                                                     Certiorari
ERIC JORGE RODRÍGUEZ                                 procedente del
                                                     Tribunal de
         Recurrido                                   Primera Instancia,
                                                     Sala Superior de
                                                     Ponce
              V.
                                KLCE202301197 Caso Núm.:
                                              JD2022CV00218
 PLAZA LAS AMÉRICAS,                          (605)
     INC. Y OTROS
                                                     Sobre:
        Recurrente                                   Despido
                                                     Injustificado (Ley
                                                     Núm. 80) y otros

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

      El 30 de octubre de 2023, compareció ante este foro revisor,

Plaza Las Américas, Inc. (en adelante, parte peticionaria) mediante

recurso de Certiorari. Mediante el aludido recurso, nos solicita que

revisemos una Resolución interlocutoria emitida el 13 de octubre de

2023 y notificada el 18 de octubre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. En la misma, el foro a

quo declaró No Ha Lugar, la Oposición a “Moción Solicitando Orden y

Oposición a Desestimación” y en Torno a Orden emitida el 7 de

septiembre de 2023, relacionada con el alegado incumplimiento de

la parte recurrida con cierto descubrimiento de prueba.

      Por los fundamentos que en adelante se esbozan, se desestima

el recurso de certiorari incoado por falta de jurisdicción.

                                      I

      Los    eventos     procesales   y   fácticos   que   suscitaron     la

controversia de epígrafe son los que adelante se esbozan. En

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202301197                                                                 2

apretada síntesis, surge del expediente que, el 19 de abril de 2022

el señor Eric Jorge Rodríguez (en adelante señor Jorge Rodríguez, o

parte recurrida) presentó una Querella en contra de Plaza Las

Américas,     Inc.    (en    adelante,   Plaza   Las    Américas     o    parte

peticionaria), Empresas Fonalledas, Inc., (en adelante Empresas

Fonalledas). A su vez, acumuló a las compañías aseguradoras como

partes desconocidas. En su Querella, el recurrido alegó despido

injustificado, represalias y discrimen por edad, entre otras

alegaciones.1 Alegó, además, incumplimiento de Plaza Las Américas

con el protocolo de seguridad para la prevención y manejo contra

COVID-19 en las instalaciones de trabajo. Posterior al despido, el

señor    Jorge       Rodríguez    presentó    una      reclamación       en   el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico para

recibir los beneficios de desempleo.2

        Trabada la controversia entre las partes, Plaza Las Américas

solicitó la desestimación parcial de la reclamación bajo la Ley

Núm.115-1991, al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2, sobre desestimación.3                A su vez,

Empresas Fonalledas también solicitó la desestimación de la

Querella, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra,

arguyendo que no era el patrono del señor Jorge Rodríguez, y que

en la alternativa, solicitaba desestimación basado en los argumentos

expuestos por Plaza Las Américas en su moción dispositiva.4

        Así las cosas, el 23 de junio de 2022, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó a las partes coordinar el descubrimiento de prueba

e informarle las fechas acordadas.           Asimismo, determinó que la

fecha límite para culminar el descubrimiento de prueba sería el 30

1Véase Apéndice 1 pág. 1-7.
2 Véase Apéndice 1 pág. 4.
3 Véase Apéndice 4 pág. 42-79.
4 Véase Apéndice 5. Pág. 80-86.
KLCE202301197                                                             3

de noviembre de 2022, y la presentación del Informe de Conferencia

con Antelación a juicio, no más tarde de diciembre de 2022.5

       Posteriormente, Plaza Las Américas solicitó la conversión del

procedimiento bajo la Ley Núm. 2-1961, a uno bajo la vía ordinaria,

toda vez que, existía una multiplicidad de planteamientos en la

Querella incoada.6 A su vez, el señor Jorge Rodríguez presentó su

oposición a dicha solicitud, replicando que eran planteamientos

relacionados entre sí. Sin embargo, el 15 de agosto de 2022, el foro

primario denegó dicha solicitud. Subsiguientemente, la parte

recurrida contestó la moción de desestimación luego de un término

concedido por el TPI.7 El foro primario declaró No Ha Lugar las

mociones       de   desestimación     presentadas,       por   considerarlas

prematuras.8

       Con     posterioridad,    la   parte     peticionaria   comenzó    el

descubrimiento de prueba, tal como había sido ordenado, más no

así, la parte recurrida. Según surge del expediente, el recurrido

solicitó varias prórrogas para cumplir con el descubrimiento de

prueba cursado por Plaza Las Américas y Empresas Fonalledas.9

Por su parte, Plaza Las Américas solicitó al TPI que se dieran por

admitidos los requerimientos de admisiones, según habían sido

cursados, por estos no haber sido contestados, de conformidad a las

Reglas    de    Procedimiento       Civil,    supra.10   Ulteriormente,   la

documentación solicitada fue remitida a Plaza Las Américas.

Empero, Plaza las Américas objetó la contestación al descubrimiento

de prueba, por no estar conforme con las contestaciones brindadas.

A esos efectos, el 28 de noviembre de 2022, el TPI les concedió un

término improrrogable de 5 días para que la parte recurrida

5 Véase Apéndice 7 pág. 93.
6 Véase Apéndice 8 pág. 94-99.
7 Véase Apéndice 6 pág. 87-92.
8 Véase Apéndice 13 pág.122.
9 Véase Apéndice 15 pág. 124-163.
10 Véase Apéndice 1 pág. 159.
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remitiera las contestaciones solicitadas, con la imposición de una

sanción económica de $200.00 por el incumplimiento del recurrido

con el descubrimiento de prueba.

       Posteriormente, el TPI dejó sin efecto la sanción económica, a

petición de la parte recurrida. No obstante, mantuvo el término

dispuesto para remitir a la parte peticionaria, la evidencia

solicitada.11 Esta controversia se prolongó durante varios meses y

tras varias solicitudes de ambas partes, el TPI concedió cinco (5) días

a ambas partes para solucionar la polémica del descubrimiento de

prueba.12 Acaecidas varias incidencias procesales, innecesarias

pormenorizar, surge de la Minuta del 7 de julio de 2023 que, el TPI

dictó órdenes para finalizar las controversias relacionadas al

descubrimiento de prueba, someter el informe de conferencia con

antelación a juicio y el señalamiento de juicio.13

       Aunque las controversias en cuanto al descubrimiento de

prueba se prolongaron, el 15 de agosto de 2023, el TPI emitió Orden

en la que dejó sin efecto los señalamientos, debido a un intercambio

administrativo de casos, conforme a una Determinación de

Inhibición y la Orden Administrativa Núm. 2004-4 del 1 de

septiembre de 2004.14 Posteriormente, el TPI reanudó sus labores

regulares de calendario.

       Como mencionamos previamente, el 13 de octubre de 2023 y

notificada el 18 de octubre de 2023, el foro primario emitió una

Resolución interlocutoria, en la que declaró No Ha Lugar, la

Oposición a “Moción Solicitando Orden y Oposición a Desestimación”

y en Torno a Orden emitida el 7 de septiembre de 2023, relacionada

al incumplimiento de la parte recurrida con cierto descubrimiento

de prueba.

11 Véase Apéndice 19 pág. 168.
12 Véase Apéndice 21 pág. 265.
13 Véase Apéndice 21 págs. 276-277.
14 Véase Apéndice 31 pág. 302.
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       Inconforme con lo dictaminado, la parte peticionaria incoó el

recurso que nos ocupa y señaló que, el Tribunal de Primera

Instancia cometió el siguiente error:

       •    Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
            declarar No Ha Lugar la oposición a “moción
            solicitando orden y oposición a desestimación” y en
            torno a orden emitida el 7 de septiembre de 2023,
            aun cuando dicha moción detallaba los crasos
            incumplimientos de la parte recurrida con el
            descubrimiento de prueba, así como con las órdenes
            emitidas por el Tribunal de Primera Instancia.

       Por no entender necesaria la comparecencia de la parte

recurrida, prescindimos de la misma.15

                                         II

       Como Tribunal Apelativo, en primer lugar, estamos obligados

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso

presentado. Veamos.

A. Jurisdicción

       En     reiteradas     ocasiones        nuestra    Máxima       Curia     ha

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias.

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante un

foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto

jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su

propia jurisdicción. (Citas omitidas). Así, nuestro Tribunal Supremo

ha reafirmado que los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos relacionados con ésta,

son privilegiados y deben atenderse de manera preferente. Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018).

15 En virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier
caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera
eficiente.
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       Como es sabido, es deber ministerial de todo tribunal,

cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso

cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y evaluar con

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide directamente

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Ruiz Camilo

v. Trafon Group, Inc., supra.

       Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis,

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación

ante sí sin entrar en sus méritos. Lo anterior, basado en la premisa

de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires. Cordero et al. v.

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012).

       Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones,16 confiere facultad a este Tribunal para a

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de

jurisdicción.

B. El Certiorari

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
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LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no
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ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

      El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v.

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular,

152 DPR 140, 155 (2000).

C. Ley Núm. 2-1961

      La Ley Núm. 2-1961, también conocida como la Ley de

Procedimientos Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec.

3118 et. seq., provee un procedimiento sumario para la tramitación

y adjudicación de pleitos laborales. La esencia del trámite sumario

creado por la Ley Núm. 2-1961, supra, es proveer un mecanismo

judicial para que se consideren y adjudiquen querellas de obreros o

empleados    de   manera    rápida,   principalmente     en   casos   de

reclamaciones salariales y beneficios. Bacardí Corporation v. Torres

Arroyo, 202 DPR 1014, 1019 (2019) Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, supra, pág. 732. Con su adopción, el legislador

pretendió brindarle a los obreros y empleados un mecanismo

procesal judicial capaz de lograr la rápida consideración y

adjudicación de las querellas que éstos presenten contra sus
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patronos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928

(2008); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923

(1996).

      La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en

su tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública de

proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. Izagas

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011). Con el fin

de adelantar su propósito, la ley estableció:

      [. . .] (1) términos cortos para la contestación de la
      querella presentada por el obrero o empleado; (2)
      criterios para la concesión de una sola prórroga para
      contestar la querella; (3) un mecanismo para el
      emplazamiento del patrono querellado; (4) el
      procedimiento para presentar defensas y objeciones; (5)
      criterios para la aplicación de las Reglas de
      Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre
      el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba;
      (7) una prohibición específica de demandas o
      reconvenciones contra el obrero o empleado
      querellante; (8) la facultad del tribunal para dictar
      sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no
      cumpla con los términos provistos para contestar la
      querella, y (9) los mecanismos para la revisión y
      ejecución de las sentencias y el embargo preventivo.
      Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, págs. 923-
      924. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR
      439, 446 (2016).

      Reiteradamente nuestro más Alto Foro ha expresado que "[l]a

esencia y médula del trámite fijado para casos sobre reclamaciones

de salarios consagrado en la Ley Núm. 2… constituye el

procesamiento sumario y su rápida disposición. Desprovisto de esta

característica, resulta un procedimiento ordinario más...". (Citas

omitidas). Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 DPR 838, 856 (2001).

Es por ello que, la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones

Laborales introdujo a nuestro ordenamiento jurídico un trámite

especial y expedito para atender las querellas relacionadas con

disputas laborales presentadas por empleados o empleadas, u

obreros u obreras en contra de sus patronos. En estos casos se

aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no

esté en conflicto con las disposiciones específicas de las mismas
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o con el carácter sumario del procedimiento establecido por

esta ley. Díaz Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto

Rico, 207 DPR 339, (2021). (Escolios omitidos) (énfasis suplido)

      Como podrá observarse, el procedimiento sumario creado por

la Ley Núm. 2-1961, supra, es uno abarcador que al hacer un

balance de los intereses envueltos impone la carga procesal más

onerosa al patrono, sin que esto signifique que éste queda privado

de defender sus derechos. Rivera v. Insular Wire Products Corp.,

supra, pág. 924. En vista de su carácter reparador, esta ley debe ser

interpretada liberalmente a favor del empleado. (Cita omitida). Ruiz

v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 232 (1998).

      Por otra parte, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147

DPR 483, 501 (1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la

oportunidad de expresarse en relación con el alcance de la revisión

judicial   de   resoluciones    interlocutorias   dictadas    en    un

procedimiento sumario instado al amparo de la Ley Núm. 2-1961,

supra. Allí expresó lo siguiente:

      De una lectura de los preceptos anteriores se desprende
      que el legislador no tuvo la intención expresa de que
      estuviera disponible un mecanismo de revisión directa
      de las resoluciones interlocutorias. Más aún, en todos
      los debates celebrados en la Cámara y el Senado en
      torno al P. del S. 194 --que dio origen a la ley que
      analizamos-- no se hizo mención de la posibilidad de
      que tales resoluciones interlocutorias fueran
      revisables. Todo lo anterior abunda a nuestra
      conclusión de que la revisión de resoluciones
      interlocutorias es contraria al carácter sumario del
      procedimiento y que, debido a ello, debemos autolimitar
      nuestra facultad al efecto. Id., pág. 496.

      Concluyó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Díaz

Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, supra, a la

pág. 349, y citando a Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra,

pág. 498, lo siguiente:

      […] En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra,
      reconocimos que esta norma de autolimitación de
      revisión contempla una serie de instancias en las que
      una resolución interlocutoria sí es revisable por este
      Tribunal Supremo o por el Tribunal de Apelaciones,
KLCE202301197                                                      11

      según corresponda. A estos efectos, a modo de
      excepción, concluimos que los tribunales apelativos
      deben mantener y ejercer su facultad para revisar
      mediante        certiorari     aquellas     resoluciones
      interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario
      tramitado según la Ley Núm. 2 en las siguientes
      instancias: (1) cuando el foro primario haya actuado
      sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la
      revisión inmediata dispone del caso por completo, y
      (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una
      grave injusticia. ́Id., pág. 498. Véase, además, (citas
      omitidas). En estas instancias, el carácter sumario y la
      celeridad que caracterizan a los procedimientos
      tramitados bajo la Ley Núm. 2 ceden y los foros
      apelativos pueden revisar determinada resolución
      interlocutoria. (énfasis suplido).

      Así las cosas, nuestro más Alto Foro, ha reiterado que las

resoluciones interlocutorias que emita el Tribunal de Primera

Instancia no son revisables por este tribunal.     Dávila, Rivera v.

Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 497. En función del interés

protegido por esta legislación social, consistentemente hemos

destacado la importancia de asegurar que los trámites judiciales

encaminados bajo el palio de la Ley Núm. 2-1961, supra, no pierdan

su esencia expedita. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. Por lo

tanto, corresponde a los tribunales asegurar la estricta observancia

del proceso sumario […]’’. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR

20,33, (2020).

      Esbozada la norma jurídica, procedemos a disponer del

recurso ante nuestra consideración.

                                 III

      En el caso que nos ocupa, la parte peticionaria nos solicita

que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la

Resolución interlocutoria emitida 13 de octubre de 2023 y notificada

el 18 de octubre de 2023, en la que el foro primario denegó la

Oposición a “Moción Solicitando Orden y Oposición a Desestimación”

y en Torno a Orden Emitida el 7 de septiembre de 2023.

      Empero, al examinar el recurso de epígrafe, colegimos que nos

encontramos impedidos de intervenir en los méritos de la resolución
KLCE202301197                                                        12

recurrida, ya que de lo contrario se desvirtuaría el propósito sumario

que le quiso imprimir el legislador a los procedimientos tramitados

bajo la Ley Núm. 2-1961. El legislador fue claro cuando dispuso

que las revisiones interlocutorias en un procedimiento sumario bajo

la Ley Núm. 2-1961, supra, no serían revisables por este foro. De

ordinario,    el   mencionado    estatuto   contiene   las   excepciones

establecidas por la jurisprudencia interpretativa del Tribunal

Supremo donde limitaron las intervenciones de este foro.             En

particular, destacamos las excepciones establecidas en Dávila,

Rivera, supra, donde el Alto Foro limitó nuestra intervención a

ciertas instancias, a saber: (1) cuando el foro primario haya actuado

sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisión inmediata

dispone del caso por completo; y (3) cuando la revisión tenga el

efecto de evitar una grave injusticia.

      En el caso ante nos, la orden que se pretende revisar fue

dictada por un tribunal con jurisdicción y la misma no amerita

nuestra revisión inmediata para evitar un fracaso de la justicia, toda

vez que, no se cumplen ninguna de las excepciones establecidas. En

consecuencia, procede la desestimación del recurso de certiorari

solicitado.

                                   IV

      Por todo lo anterior, se desestima el recurso de Certiorari

solicitado por falta de jurisdicción.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.        La Juez Barresi Ramos concurre sin

opinión escrita.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones