Court Opinion

ID: 9928505
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:20:21.789418+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:21.663079
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

   EL PUEBLO DE PUERTO                                      CERTIORARI
          RICO,                                             procedente del
                                                            Tribunal de Primera
           Peticionaria,                                    Instancia, Sala Superior
                                                            de San Juan.
                 v.
                                     KLCE202301164          Criminal núm.:
      JONATHAN OTERO                                        K BD2022G0345,
          JORGE,                                            K BD2022G0346,
                                                            K LA2022G0195-0197,
            Recurrida.                                      K LA2023G0013 y
                                                            K LA2023G0014.

                                                            Sobre:
                                                            Art. 190(d) C.P. 2012 (dos
                                                            cargos); Art. 6.14 Ley de
                                                            Armas (tres cargos).

 Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, la jueza
 Romero García y el juez Monge Gómez.

 Romero García, jueza ponente.

                                    SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2023.

         La parte peticionaria presentó su recurso discrecional de certiorari el

 20 de octubre de 2023. En él, solicitó que este foro apelativo revocase

 la Minuta-Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

 Superior de San Juan, el 19 de septiembre de 2023, notificada el 20 de

 septiembre de 20231. En lo pertinente, el foro primario autorizó a la

 representación legal del señor Otero Jorge realizar una inspección ocular

 del lugar donde ocurrieron los hechos por los cuales fue acusado.

         La controversia medular propuesta por la parte peticionaria se

 reduce a plantear que el Tribunal de Primera Instancia no podía autorizar

 una inspección ocular del lugar de los hechos sin antes haber concluido si

 la parte recurrida había demostrado la pertinencia y necesidad de la

 inspección, y solo habiendo tomado en consideración exclusivamente los

 intereses de las partes.

 1 La determinación del foro primario fue anunciada inicialmente en la vista de estatus

 celebrada el 3 de mayo de 2023. No obstante, no fue debidamente firmada y notificada
 sino hasta el 19 de septiembre y el 20 de septiembre de 2023, respectivamente. Véase,
 apéndice del recurso, a las págs. 1-6.

Número identificador

SEN2023_________________
KLCE202301164                                                                            2

        Conforme ordenásemos, el recurrido compareció el 17 de noviembre

de 2023, y se opuso a la expedición del auto. Argumentó que el Tribunal

de Primera Instancia había actuado correctamente toda vez que permitir

dicho descubrimiento de prueba salvaguarda el derecho del acusado a una

defensa adecuada. Resaltó que el foro primario solo autorizó que a la

inspección ocular acudiera la representación legal del acusado,

acompañado de personal del Estado, quien se ocuparía de garantizar el

derecho a la intimidad de los ocupantes del lugar a ser inspeccionado,

presuntas víctimas del delito imputado al recurrido2.

        Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el auto

de certiorari y revocamos la Minuta/Resolución emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, y ordenamos que se celebre una vista para evaluar la

pertinencia y necesidad de la prueba solicitada.

                                            I

        La Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, según enmendada,

dispone en su Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de

Apelaciones se         extiende     a   revisar discrecionalmente           órdenes y

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec.

24y(b).

        El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior. Este recurso procede para revisar errores

de derecho en lo procesal y en lo sustantivo. Pueblo v. Colón Mendoza,

149 DPR 630, 637 (1999). Ahora bien, distinto al recurso de apelación, el

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de

certiorari de manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

        Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que

2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 22-25. Se trata de la Minuta-Resolución de la

vista de estatus celebrada el 19 de septiembre de 2023, copia de la cual fue notificada el
20 de septiembre de 2023.
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se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra

intervención. Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari,

debemos tener presente su carácter discrecional, que debe ser ejercido

con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Secretario de

Justicia, 154 DPR, a la pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175

DPR 83, 91 (2008).

       A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de ejercer

nuestra facultad discrecional; a decir:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                      B

       El Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico reconoce el

derecho de toda persona a un debido proceso de ley como condición previa

a ser privado de su libertad. Art. II, Sec. 7, Const. P.R., LPRA, Tomo 1.

       Cónsono con ello, en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el

derecho de toda persona a defenderse de una acusación criminal en su

contra y a obtener, mediante descubrimiento de prueba, la evidencia que

le favorezca. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la

capacidad de descubrir prueba de un acusado es consustancial con el
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derecho a defenderse adecuadamente. Véase, Pueblo v. Sanders Cordero,

199 DPR 827, 835 (2018); Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 585

(2015).

      Así   mismo,    ha    resuelto   que       la   facultad       para   requerir

descubrimiento de prueba no es absoluta, sino que se rige, por lo

general, por las Reglas de Procedimiento Criminal en un contexto práctico.

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR, a la pág. 585. Por tanto, ha establecido

que la solicitud que a esos efectos realice el acusado, pero se sustente en

la cláusula constitucional del debido proceso de ley, no debe tomarse de

manera liviana ni abre las puertas para que se otorgue al acusado el

descubrimiento de cualquier tipo de material o información. Íd.

      En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 95 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, establece lo concerniente al descubrimiento de

prueba del Estado a favor del acusado, en lo pertinente al caso del título

dispone:

      .         .       .         .          .         .         .          .

      Sometida la moción de la defensa conforme a lo dispuesto en
      esta Regla, el Tribunal ordenará al Ministerio Fiscal o a
      cualquier agencia o instrumentalidad pública que permita al
      acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente
      material o información que está en posesión, custodia o
      control del Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o
      instrumentalidad pública:
      .        .       .        .       .      .        .       .

      (b) El Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia
      exculpatoria del acusado que tenga en su poder.

      (c) La defensa deberá incluir, junto con la solicitud de
      descubrimiento de prueba, las órdenes necesarias para
      solicitar el material o la información que prevé que el
      Ministerio Público no tendrá bajo su custodia, dirigidas a las
      personas o entidades que la poseen, custodian o controlan.
      El Ministerio Público deberá entregar la información y/o
      material solicitado que tenga bajo su custodia o control e
      informar al tribunal si existe algún material o información que
      le fue solicitada, pero que no se encuentra bajo su posesión,
      custodia o control, en cuyo caso el tribunal ordenará a la
      persona o entidad que la posea, custodie o controle, que la
      ponga a la disposición del acusado.

      (d) No estarán sujetos a descubrimiento o inspección de la
      defensa los escritos de investigación legal, informes,
      memorandos, correspondencia u otros documentos internos
      que contengan opiniones, teorías o conclusiones del
      Ministerio Fiscal.
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      (e) Toda información y/o material que se pretenda
      solicitar y no esté enumerado en esta regla, deberá venir
      acompañado de una explicación sobre la necesidad o
      pertinencia que tiene el mismo para la defensa del
      acusado.

(Énfasis nuestro).

      En cuanto al descubrimiento de prueba a favor del acusado, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el Ministerio Público tiene

el deber de revelar cualquier indicio de falso testimonio y de descubrir

evidencia exculpatoria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio es, o

debió ser, conocida por este. Véase, Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 539

(2003), citando a E. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico

y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. II, pág. 32. Esto, sin

necesidad de una previa solicitud por parte de la defensa y sin importar si

las Reglas de Procedimiento Criminal proveen o no para tal descubrimiento

en la etapa específica de los procedimientos en que se encuentren. Así

mismo ha aclarado que no hacerlo podría acarrear la revocación de la

convicción y, en su consecuencia, la celebración de un nuevo juicio. Ello

dependerá de la relevancia y materialidad de la evidencia suprimida; esto

es, si la supresión de la evidencia de que se trata socava la confianza en

el resultado del juicio. Íd. Véase, además, las Reglas 104 y 105 de las

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.

      Así, en Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR, a las págs. 587-588, al

expresarse sobre las circunstancias en las que se permitirá un

descubrimiento de prueba que exceda el texto de la Regla 95, el Tribunal

Supremo reafirmó este acercamiento:

      Establecimos que “[l]as reglas que gobiernan el derecho al
      descubrimiento de prueba en casos criminales no pueden ser
      obviadas con la sola mención del derecho del acusado a un
      debido proceso de ley. La jurisprudencia en torno a este
      tema es clara: “no existe un derecho constitucional a
      descubrir prueba antes del juicio”. Añadimos a continuación
      que “[l]a única excepción a esta norma surge ante la
      existencia de evidencia exculpatoria, circunstancia que es
      la única que activa la protección constitucional del debido
      proceso de ley”. Por lo tanto, las circunstancias que activan
      el recurso al debido proceso de ley para sobrepasar el texto
      de la Regla 95 de Procedimiento Civil, giran en torno a
      evidencia en posesión del Ministerio Público que sea
      relevante a la inocencia o el castigo del acusado. Resulta
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       evidente que no es cualquier prueba la que se puede solicitar
       apoyándose en el derecho al debido proceso de ley.

(Citas omitidas).
                                      II

       El Ministerio Público, representado por la Oficina del Procurador

General, acude ante nos y solicita que revoquemos la determinación del

foro primario de permitirle a la defensa del señor Otero Jorge inspeccionar

la escena donde presuntamente se suscitaron los hechos relacionados con

los delitos imputados al señor Otero. La parte peticionaria propone que el

Tribunal de Primera Instancia incidió al autorizar que la representación legal

de la parte recurrida realizara una inspección ocular en la residencia de las

víctimas. Ello, sin antes establecer la pertinencia o necesidad de la referida

inspección.

       Además, arguye que el foro primario debió pasar juicio sobre la

pertinencia y la necesidad de la prueba solicitada, previo a emplear un

análisis basado en el balance de los intereses constitucionales de las

partes involucradas. A saber, el derecho a la intimidad de las presuntas

víctimas y el derecho que le asiste al acusado de una representación legal

adecuada. En atención a ello, añadió que la representación legal del señor

Otero no había logrado justificar la pertinencia, ni la necesidad de la

inspección ocular, sino que se había limitado a plantear que las fotos que

le fueron entregadas por el Ministerio Público le generaron dudas.

       Por su parte, la parte recurrida plantea que el tribunal actuó

conforme a derecho al permitir la inspección ocular. Aduce que el referido

acto salvaguarda el derecho constitucional a una defensa adecuada y a

descubrir prueba que resulte favorable al acusado. A su vez, reiteró que,

examinada la prueba descubierta por el Estado, esta revelaba una serie de

interrogantes e incongruencias que justificaban la inspección solicitada. En

particular, sostuvo que las fotos provistas por el Ministerio Público le

generaron dudas y contradicciones sobre el testimonio de la prueba de

cargo, según esta fue presentada al Tribunal de Primera Instancia, tanto en

la vista preliminar como en la vista preliminar en alzada.
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       Según discutido, debemos revisar si el foro primario evaluó y

ponderó en su totalidad los intereses encontrados. De modo que, en efecto,

se haya asegurado de que la determinación recurrida constituye el balance

que debe conseguir entre los intereses del Estado y el derecho reconocido

al acusado en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.

       Un examen del trámite seguido en este caso nos convence de que

el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al evaluar los

planteamientos de las partes y ordenar la inspección ocular de la escena

de los hechos, que, a su vez, constituye el hogar de las presuntas víctimas.

Nos explicamos.

       En este caso, el foro primario emitió un dictamen sin primero pasar

juicio sobre la pertinencia o necesidad de la evidencia solicitada por la

representación legal del acusado. Evidencia que ciertamente rebasa el

texto de la Regla 95 de Procedimiento Criminal y cuya obtención trastocaría

el derecho a la intimidad que le asiste a las víctimas en su residencia.

       Es por esto que, si bien el foro primario sopesó los intereses

constitucionales de las partes, su determinación no asegura el balance

justo y adecuado que debía conseguir entre los intereses del Estado y el

derecho del acusado. En ese sentido, estamos de acuerdo con el

planteamiento del Ministerio Público en cuanto a que el foro primario debió

primero atender el requisito establecido en la precitada Regla 95, sobre la

pertinencia y necesidad de la evidencia que solicita el señor Otero, y solo

luego realizar el análisis sobre los intereses constitucionales de las partes.

                                     III

       Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari,

revocamos la Minuta/Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, y ordenamos que se celebre una vista para evaluar la pertinencia

y necesidad de la prueba solicitada por la defensa.

      Notifíquese.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones