Court Opinion

ID: 9952187
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:26:07.521312+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:44.208662
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL X

   ALUMA CONSTRUCTION                                Certiorari
      CORPORATION                                    procedente del
                                                     Tribunal de Primera
          Recurrida                                  Instancia, Sala
                                                     Superior de Vieques
                                 KLCE202400005
               v.                                    Caso Núm.:
                                                     N2CI201400055

   MUNICIPIO DE VIEQUES
                                                     Sobre:
         Peticionario                                Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos el Municipio de Vieques (Municipio o

parte peticionaria) mediante Petición de Certiorari y solicita que

revoquemos la Resolución1 emitida el 4 de octubre de 2023,

notificada el 6 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Vieques (TPI o foro primario). Mediante

el referido dictamen, el TPI determinó que el Municipio está obligado

al pago de la Sentencia sin acogerse a lo dispuesto en el Artículo 8

de la Ley Núm. 66-2014, infra, por estar expresamente excluido de

su aplicación.

       Por   los     fundamentos     que      exponemos   a   continuación,

expedimos el auto de Certiorari y revocamos la Resolución

recurrida.

                                         I.

       Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 23

de junio de 2014, Aluma Construction Corporation (Aluma o parte

recurrida) instó una Demanda2 sobre cobro de dinero en contra del

1 Apéndice del recurso, págs. 210-214.
2 Apéndice del recurso, págs. 1-6.

Número Identificador
SEN2024__________
KLCE202400005                                                              2

Municipio. En esta, alegó que el Municipio le adeudaba la suma de

$576,898.20, más los intereses legales correspondientes, por

concepto de unas obras realizadas y no pagadas durante los diez

(10) años precedentes a la Demanda.

       Luego de los trámites de rigor, el 15 y 16 de junio de 2017 se

celebró el juicio. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2017, las

partes presentaron un Acuerdo de Transacción en el que informaron

al Tribunal haber llegado al siguiente acuerdo:

              1. La cantidad total de la transacción, incluyendo
       intereses hasta el día de su firma es de $450,000.00 dólares,
       a ser pagados por el Municipio de Vieques a Aluma
       Construction Corporation.

             2. Los términos de pago son 10% del total a ser pagado
       en 30 días después de ser firme la Sentencia.

              3. La cantidad restante se dividirá en tres pagos
       iguales a ser estos pagados al final de un año, el primero. Al
       final de dos años, el segundo. Y al final de dos años el tercero,
       a partir de que sea final y firme la Sentencia.

              […]3.

       Consecuentemente, el 28 de noviembre de 2017, notificada el

5 de diciembre de 2017, el foro primario dictó Sentencia, en la que

acogió el Acuerdo de Transacción sometido por las partes4.

       Tras varias incidencias procesales, el 1 de agosto de 2018,

Aluma presentó una Solicitud de Orden5 para hacer efectiva la

Sentencia. Con relación a la anterior, el 24 de agosto de 2018, el TPI

determinó que la parte recurrida debía utilizar los mecanismos

disponibles en la Regla 51 de Procedimiento Civil6 para ejecutar la

Sentencia. El 4 de septiembre de 2018, la parte recurrida presentó

Moción a Tenor con la Regla 51.3 de Procedimiento Civil y/o Solicitud

de Reconsideración7, en la cual reiteró su solicitud de que se

ordenara al Municipio el cumplimiento con lo estipulado en la

3 Apéndice del recurso, págs. 10-11.
4 Apéndice del recurso, págs. 7-9.
5 Apéndice del recurso, págs. 12-13.
6 32 LPRA Ap. V, R. 51.
7 Apéndice del recurso, págs. 14-16.
KLCE202400005                                                                       3

Sentencia. El 11 de enero de 2019, el TPI emitió y notificó una Orden8

en la que declaró No Ha Lugar la moción presentada.

       Por su parte, el 28 de enero de 2019, el Municipio presentó

Moción Consignación Pago Parcial de Sentencia Según Estipulado 9,

mediante la cual informó haber consignado a favor del Secretario del

Tribunal el pago de $45,000.00 correspondiente al 10% de la

Sentencia.

       El 6 de mayo de 2019, Aluma presentó Solicitud de Embargo

de Bienes Muebles en Ejecución de Sentencia10. En su escrito, solicitó

al foro primario que emitiera una orden para embargar bienes

muebles del Municipio hasta satisfacer la suma adeudada de

$135,000.00 dólares, correspondiente al plazo vencido luego del

primer año. El 23 de agosto de 2019, el TPI emitió y notificó una

Orden en la que concedió un término al Municipio para expresarse.

A tales efectos, el 16 de septiembre de 2019, el Municipio se opuso

a la solicitud de embargo mediante Moción en Cumplimiento de

Orden11 por entender que la solicitud de embargo es contraria al

Artículo 29 de la Ley Núm. 66-2014, según enmendada, conocida

como Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico12 (Ley Núm. 66-

2014). El 21 de octubre de 2019, Aluma presentó Réplica a Moción

en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Reconsideración13 en la que

reiteró su solicitud de embargo.

       Posteriormente, el 13 de enero de 2020, Aluma presentó

Moción Solicitando Orden en la que argumentó sobre la procedencia

de la orden de embargo contra activos del Municipio por la cantidad

8 Apéndice del recurso, págs. 17-18.
9 Apéndice del recurso, págs. 19-21. El 8 de febrero de 2019, el TPI emitió y notificó

una Orden en la que declaró Con Lugar la consignación de fondos.
10 Apéndice del recurso, págs. 24-25.
11 Apéndice del recurso, págs. 28-29.
12 3 LPRA sec. 9141.
13 Apéndice del recurso, págs. 30-32.
KLCE202400005                                                        4

de $405,000.00, más el interés legal correspondiente14. Seguido de

esta moción, presentó varias mociones adicionales reiterando su

solicitud15.

       El 20 de mayo de 2020, el Municipio presentó una Réplica al

Demandante16, en la que informó la imposibilidad del Municipio de

realizar los pagos correspondientes por no contar con los fondos

suficientes para pagar.

       Así las cosas, el 11 de junio de 2020, notificada el 26 de junio

de 2020, el TPI dictó Orden17 con relación a la Moción Solicitando

Orden presentada por Aluma. En esta, dispuso lo siguiente:

       No ha lugar de conformidad con el Art. 29 de la Ley Núm. 66
       del 17 de junio de 2014, según enmendada, conocida como
       “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del
       Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

       En desacuerdo con la determinación, el 7 de julio de 2020,

Aluma presentó una Moción Solicitando Reconsideración18. En

síntesis, adujo que la Ley Núm. 66-2014, supra, dispone que si los

fondos del municipio resultaran insuficientes para hacer pago

alguno respecto a una sentencia o plan de pago previamente

autorizado, ello debe certificarse. Por tanto, solicitó que se ordenara

al Municipio proveer una certificación que especifique la utilización

de los fondos presupuestados. Por su parte, el 14 de julio de 2020,

el Municipio presentó Moción en Oposic[i]ón a Reconsideración19, en

la que sostuvo que la referida Ley prohíbe el embargo de fondos

públicos para hacer efectivo un fallo emitido contra el Estado.

Además, añadió que varias crisis presupuestarias posteriores al

Acuerdo de Transacción le han imposibilitado cumplir con la

Sentencia, pero señaló que los plazos vencidos de la deuda se habían

incluido en los presupuestos de los años siguientes.

14 Apéndice del recurso, pág. 35.
15 Apéndice del recurso, págs. 36-46.
16 Apéndice del recurso, págs. 47-48.
17 Apéndice del recurso, págs. 49-50.
18 Apéndice del recurso, págs. 53-56.
19 Apéndice del recurso, págs. 57-58.
KLCE202400005                                                           5

       Tras varias mociones presentadas por las partes sobre el

mismo asunto, el 23 de septiembre de 2020, notificada el 6 de

octubre de 2020, el TPI emitió Resolución20 en la que dispuso lo

siguiente    respecto     a   la   Moción    Solicitando   Reconsideración

presentada el 7 de julio de 2020:

       1. Se ordena al Municipio de Vieques acreditar haber
       incluido en el presupuesto para el Año fiscal 2020-2021 el
       pago de $135,000.0[0] adeudado a la demandante. Tenga
       veinte (20) días para ello.

       2. Deberá, además, conforme al Art. 29 de la Ley Núm. 66
       del 17 de junio de 2014, acreditar, mediante las
       certificaciones correspondientes la falta de fondos para
       realizar dichos pagos, para los años 2017, 2018, 2019. El
       resto de lo solicitado en la moción se declara No Ha Lugar.

       El 19 de octubre de 2020, el Municipio presentó Moción en

Cumplimiento de Orden21, la cual acompañó con los siguientes

documentos: (1) certificación del Sr. Emir T. Mercado Martínez,

director de Finanzas del Municipio de Vieques en la que indicó haber

incluido la cantidad de $270,000.00 en el presupuesto para el Año

Fiscal 2020-2021; (2) certificación de que el Municipio no contó con

fondos disponibles para el pago de la deuda en los años 2017, 2018

y 2019; y (3) certificación, fechada el 13 de octubre de 2020, en la

que señala que el Municipio no cuenta con fondos para pagar la

deuda.

       El 27 de octubre de 2020, Aluma presentó un escrito

intitulado Solicitud de Remedios en Consideración de Certificaciones

del Municipio. En este, cuestionó que el Municipio no incluyera en el

presupuesto       de     2020-2021      la    suma     de     $135,000.00

correspondiente a ese año fiscal más los $270,000.00 adeudados de

los años anteriores; la ausencia de un documento de contabilidad;

y, por último, la falta de evidencia sobre el cumplimiento de los

procedimientos requeridos por ley para alterar el presupuesto y el

uso de fondos. Así, solicitó, entre otras cosas, que se emitiera una

20 Apéndice del recurso, págs. 66-68.
21 Apéndice del recurso, págs. 75-79.
KLCE202400005                                                             6

Orden a la parte peticionaria para que sometiera un presupuesto

modificado con la cuantía de $405,000.0022.

       El 17 de mayo de 2021, el Municipio presentó Moción en

Cumplimiento de Orden y Sometiendo Certificación de Presupuesto

del Municipio de Vieques 2021-202223, en la que certificó, a través

de la directora de la Oficina de Finanzas del Municipio, que para el

presupuesto del año 2021-2022 se incluyó la cantidad de

$135,000.00 y detalló que la suma adeudada a Aluma ascendía a

$551,810.81. Luego, el 21 de mayo de 2021, el Municipio presentó

una moción enmendada a los fines de corregir que la suma

adeudada a la parte recurrida era $405,000.0024.

       En respuesta, el 25 y 27 de mayo de 2021, Aluma presentó

Moción Informativa y Moción Solicitando Orden, respectivamente,

mediante     las   cuales    objetó     la   certificación   enmendada   del

presupuesto para el año 2021-2022. Sostuvo que solo se incluyó el

pago de la cantidad de $135,000.00, cuando aún no se han pagado

los $270,000.00 presupuestados para el año fiscal 2020-2021. Por

tanto, solicitó que se ordenara el pago de los $405,000.00, so pena

de desacato.

       Posteriormente, el 15 de julio de 2021, el Municipio presentó

una Moción informativa sobre Pago25, en la cual hizo constar que en

esa misma fecha remitió a Aluma un pago por la cantidad de

$20,000.00 con el propósito de abonar a la deuda.

       Luego de varios trámites procesales, el 1 de junio de 2022,

Aluma presentó Moción Solicitando Orden. Adujo que, dadas las

circunstancias del caso, procedía ordenar al Municipio al pago total

de la Sentencia26.

22 Apéndice del recurso, págs. 80-81.
23 Apéndice del recurso, págs. 86-87.
24 Apéndice del recurso, págs. 88-90.
25 Apéndice del recurso, págs. 100-101.
26 Apéndice del recurso, págs. 102-106.
KLCE202400005                                                                     7

       Consecuentemente, el 21 de junio de 2022, el TPI emitió y

notificó una Orden en la que concedió al Municipio un término de

treinta (30) días para “presentar un plan detallado de los pagos

pendientes y las fechas específicas para la realización de los pagos,

so pena de sanciones”27.

       El 21 de noviembre de 2022, el Municipio compareció

mediante escrito en Oposición a Moción Reiterando Solicitud de

Sanciones y Solicitud de Término Adicional para Cumplir con Orden

del 26 de septiembre de 2022, en el que argumentó que cualquier

alternativa para satisfacer la Sentencia del caso de autos debía

enmarcarse en los parámetros de la Ley Núm. 66-2014, supra; la

Ley Núm. 3-2017, según enmendada, conocida como Ley para

Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar

el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 3-2017); y,

la Carta Circular Núm. 2020-07 del Departamento de Justicia sobre

Normas a Seguir para los Planes de Pago Propuestos (Carta Circular

Núm. 2020-07). Particularmente, alegó que no procede ordenar el

pago total de la Sentencia por haberse incumplido con el plan de

pago. Asimismo, indicó que no procede el embargo de fondos

municipales, y el único remedio que tiene un acreedor es el pago de

intereses sobre la cuantía adeudada. Por último, sostuvo que el pago

será aplazado para el próximo año fiscal, teniendo el efecto de

extenderse automáticamente28.

       El 29 de noviembre de 2022, notificada el 16 de diciembre de

2022, el TPI emitió una Orden en la que dispuso que concedió al

Municipio un término final y perentorio de veinte (20) días para que

cumpliera con la Orden del 21 de junio de 202229.

27  Apéndice del recurso, págs. 107-108. Inicialmente, la Orden requería la
presentación del plan detallado y fechas de pago a la parte demandante. No
obstante, el 28 de junio de 2022, el TPI aclaró que la misma era dirigida a la parte
demandada.
28 Apéndice del recurso, págs. 131-133.
29 Apéndice del recurso, págs. 134-135.
KLCE202400005                                                       8

       Luego, el 9 de enero de 2023, Aluma presentó una Moción de

Ejecución Renovada en la que reiteró su interés de que se embarguen

las propiedades gubernamentales, pero excluyendo los fondos de

operación del Municipio. Además, solicitó que se ordenara el

nombramiento de un síndico que tome control de los fondos del

Municipio, de modo que se dé cumplimiento a la Sentencia30.

       El 13 de febrero de 2023, el Municipio presentó una Moción

en Cumplimiento de Orden31, en la cual reiteró la aplicación de la Ley

Núm. 66-2014, supra, y la Carta Circular Núm. 2020-07. Además,

informó el interés de someter una extensión del plan de pago para

aprobación del Secretario del Departamento de Justicia, de

conformidad con el Artículo 28 de la Ley Núm. 66-2014, supra. Ante

ello, el Municipio solicitó un término de veinte (20) días para

formular el plan de pago y presentar evidencia de este.

       El 21 de febrero de 2023, el TPI emitió Orden32 en la que se

dio por enterado sobre la Moción en Cumplimiento de Orden

presentada por el Municipio y concedió el término de veinte (20) días

solicitado en la moción.

       En esta misma fecha, Aluma compareció mediante Moción en

Oposición a Segundo Plan de Pago33. En esencia, arguyó que, por

existir un plan de pago acogido mediante Sentencia, el Artículo 28

de la Ley Núm. 66-2014, supra, no aplica al presente caso debido a

que este dispone que no aplicará en casos donde “exista un plan de

pagos previamente acordado por escrito y aprobado por el Tribunal”.

También, adujo que el Municipio no puede realizar modificaciones

al presupuesto que afecten adversamente las obligaciones de pago.

       Más adelante, el 6 de marzo de 2023, el Municipio presentó

una Moción de Prórroga con Relación a Trámite para Extensión del

30 Apéndice del recurso, págs. 136-139.
31 Apéndice del recurso, págs. 143-148.
32 Apéndice del recurso, págs. 149-151.
33 Apéndice del recurso, págs. 155-157.
KLCE202400005                                                     9

Plan de Pago34, en la que solicitó hasta el 15 de marzo de 2023 para

presentar evidencia del trámite de la extensión del plan de pago. En

esta misma fecha, el Municipio presentó Réplica a Moción en

Oposición a Segundo Plan de Pago, en la cual sostuvo que la Ley

Núm. 66-2014, supra, era aplicable al Acuerdo de Transacción en

controversia por haberse acordado durante la vigencia de la referida

Ley.

       Por su parte, el 21 de marzo de 2023, Aluma presentó

Moción35 en la que refirieron al foro primario a su Moción en

Oposición a Segundo Plan de Pago. Además, argumentó que toda

gestión que pueda realizar el Municipio para obtener los fondos

necesarios para cumplir con la sentencia debe llevarse a cabo

simultáneamente se adelantan otros recursos para hacer efectiva la

Sentencia.

       El 23 de marzo de 2023, el Municipio presentó una Moción

Informativa y Extensión de Tiempo en la que nuevamente solicitó

prórroga para presentar el plan de pago36.

       Tras varias mociones en las que las partes reiteraron sus

argumentos previamente expuestos, el 24 de abril de 2023, el

Municipio compareció mediante Moción en Cumplimiento de Orden

en Torno a Plan de Pago37, la cual acompañó con una Certificación

suscrita por el alcalde y la directora de la Oficina de Finanzas del

Municipio, en la cual se hace constar que el Municipio no cuenta

con fondos suficientes para satisfacer la Sentencia en el año fiscal

2022-2023. Asimismo, el Municipio propuso modificar y extender el

plan de pago por tres (3) años fiscales adicionales.

34 Apéndice del recurso, págs. 160-161.
35 Apéndice del recurso, págs. 173-174.
36 Apéndice del recurso, págs. 170-172.
37 Apéndice del recurso, págs. 190-193.
KLCE202400005                                                       10

       El 27 de junio de 2023, notificada el 13 de julio de 2023, el

TPI emitió una Orden en la que señaló vista para el 22 de septiembre

de 2023.

       Así las cosas, el 4 de octubre de 2023, notificada el 6 de

octubre de 2023, el TPI emitió la Resolución38 recurrida. En esta,

determinó que la Sentencia dictada en el presente caso está excluida

de la aplicación del Artículo 28 de la Ley Núm. 66-2014, supra, por

tratarse de una sentencia que incluye un plan de pago previamente

acordado y aprobado por el Tribunal. Asimismo, estableció que el

nuevo plan de pago propuesto por el Municipio excede el término

dispuesto en el mencionado Artículo 28 de la Ley Núm. 66-2014,

supra. Por tanto, concluyó que el Municipio está obligado al pago de

la Sentencia.

       Insatisfecho, el 23 de octubre de 2023, el Municipio presentó

una Moción de Reconsideración39. El 30 de octubre de 2023, Aluma

presentó su Oposición a Moción de Reconsideración40. El 30 de

octubre de 2023, notificada al día siguiente, el TPI emitió

Resolución41 en la que declaró No Ha Lugar la moción de

reconsideración.

       Aún en desacuerdo, el 2 de enero de 2024, el Municipio

presentó ante nos el recurso de epígrafe, en el que le imputó al TPI

la comisión del siguiente error:

              Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       decretar que no era de aplicabilidad la Ley Núm. 66-2014 a
       la Sentencia dictada en este caso.

       Al día siguiente, el Municipio presentó una Moción en Auxilio

de Jurisdicción a los fines de que se paralizaran los procedimientos

ante el foro primario. El 4 de enero de 2024 se emitió y notificó

38 Apéndice del recurso, págs. 210-214.
39 Apéndice del recurso, págs. 215-218.
40 Apéndice del recurso, págs. 219-231.
41 Apéndice del recurso, págs. 232-234.
KLCE202400005                                                                 11

Resolución mediante la cual declaramos No Ha Lugar al auxilio de

jurisdicción.

       El 22 de enero de 2024, Aluma compareció mediante Alegato

del Recurrido. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior42. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial43. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”44. Empero, el ejercicio de la

discreción      concedida    “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”45.

       La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones46,

establece los criterios que este foro debe tomar en consideración al

entender o no en los méritos los asuntos planteados mediante un

recurso de certiorari. La aludida regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

42 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,
337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de
Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
43 Íd.
44 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, supra, pág. 91.
45 Íd.
46 4 LPRA XXII-B, R. 40.
KLCE202400005                                                                  12

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

         Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento        impone     que    ejerzamos         nuestra   discreción    y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

         En lo pertinente a este caso, el certiorari también es el recurso

apropiado       para    solicitar    la      revisión    de   determinaciones

postsentencia47. A esos efectos, el Tribunal Supremo expresó que:

         Las resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se
         encuentran comprendidas entre aquellas determinaciones
         de naturaleza interlocutoria categóricamente sujetas a
         escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra parte,
         por emitirse este tipo de decisión luego de dictada la
         sentencia, usualmente tampoco cualifica para el recurso de
         apelación provisto para dictámenes judiciales finales. Se
         corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos nunca se
         vean sujetos a examen judicial simplemente porque ocurren
         en una etapa tardía en el proceso, tal como lo es la ejecución
         de sentencia48.

                                       -B-

         La Ley Núm. 66-2014, supra, se aprobó a los fines de adoptar

un plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y

económica, de la degradación del crédito de Puerto Rico y “establecer

medidas de reducción de gastos de la Rama Ejecutiva tales como

[…], normas y restricciones sobre concesión de aumentos en

beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria,

disposiciones sobre negociación de convenios colectivos y foros para

dirimir controversias”. Con este estatuto se persigue permitirle al

47 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339.
48 Íd.
KLCE202400005                                                               13

gobierno “contar con liquidez suficiente para poder pagar su nómina

y sufragar servicios esenciales, mediante la implementación de

medidas de reducción de gastos y estabilización fiscal”49.

       En esta ley, se declaró un “estado de emergencia para la

recuperación fiscal y económica”, y se adoptó “un plan para manejar

las consecuencias de la misma y establecer una gerencia

estructurada que permita cumplir con los compromisos del País” así

como la continuación del ofrecimiento de los servicios necesarios

para la ciudadanía50. Aprobada en el ejercicio del poder de razón del

Estado y en virtud de las facultades constitucionales de la Asamblea

Legislativa, esta ley especial tiene “primacía sobre cualquier otra

ley”51. Sus disposiciones aplican a todas las entidades que

componen la Rama Ejecutiva, lo que incluye todas sus agencias,

instrumentalidades y corporaciones públicas52.

       El Capítulo IV de la Ley Núm. 66-2014, supra, establece el

procedimiento para establecer planes de pago respecto a las

sentencias finales y firmes que recaigan sobre el ELA y sus

instrumentalidades, las corporaciones públicas y los municipios. Al

respecto, el Artículo 28 del estatuto dispone:

       Artículo 28.-Aplicabilidad y planes de pago.

       Ante el impacto negativo a la estabilidad fiscal y operacional
       del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los
       gobiernos municipales, que conllevaría el pago mediante una
       suma global, las disposiciones de este Capítulo serán
       aplicables a todas las sentencias finales y firmes, con
       excepción de las relacionadas con expropiaciones, que a la
       fecha de la aprobación de esta Ley se encuentren
       pendientes de pago, así como a las que durante el
       transcurso de la vigencia de esta Ley se emitan, donde las
       agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, los
       municipios o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico estén
       en la obligación de efectuar un desembolso de fondos con
       cargo al Fondo General, el fondo de la corporación pública

49 AAA v. UIA, 200 DPR 903, 921 (2018); Véase, Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 66-2014, supra.
50 3 LPRA sec. 9101.
51 3 LPRA sec. 9102.
52 3 LPRA sec. 9111.
KLCE202400005                                                        14

    que se trate, o con cargo al presupuesto municipal, según
    fuera el caso.

    En aquellos casos donde las agencias, instrumentalidades,
    corporaciones públicas, los municipios o el Estado Libre
    Asociado de Puerto Rico, o funcionarios acogidos a los
    beneficios de esta Ley, estén en la obligación de efectuar un
    desembolso de fondos con cargo al Fondo General, al fondo
    de la corporación pública que se trate o con cargo al
    presupuesto municipal, según fuera el caso, y no exista un
    plan de pagos previamente acordado por escrito y aprobado
    por el Tribunal, se aplicarán las disposiciones contenidas en
    este Artículo. Ello con independencia de la naturaleza del
    fallo, o si se tratare de una transacción administrativa,
    extrajudicial o judicial. El Secretario de Justicia evaluará
    el plan de pago aplicable conforme a la cuantía de la
    sentencia, luego de lo cual solicitará una certificación de
    disponibilidad de fondos al Director de la Oficina de Gerencia
    y Presupuesto, la Junta de Gobierno o cuerpo rector de la
    corporación pública que se trate, o del Alcalde para el
    municipio correspondiente. Para efectos únicos de la
    aplicación de este Artículo el término Estado incluirá el
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las agencias e
    instrumentalidades,       corporaciones    públicas    y   los
    municipios. Los planes de pago serán realizados conforme
    a los siguientes términos:

    […]

    (b) Si la cantidad adeudada por el Estado, corporación
        pública o por un municipio fuere mayor a cien mil
        (100,000.00) dólares, pero menor a un millón
        (1,000,000.00) de dólares, podrá ser satisfecha mediante
        un plan de pago que comprenderá entre tres (3) años y
        un (1) día a cuatro (4) años desde que la obligación de
        pago advenga final y firme.

    […]

    (g) De no haber disponibilidad de fondos para honrar el
        plan de pagos en un año fiscal particular, este será
        aplazado para el próximo año fiscal, teniendo el efecto
        de extender automáticamente dicho plan por el
        número de pagos no realizados.

    […]

    (i) El Estado, la corporación pública o el municipio no
        realizará pago alguno a menos que el acreedor de la
        sentencia provea una certificación oficial emitida por la
        entidad pertinente, que indique la ausencia de deuda con
        el Departamento de Hacienda, el Centro de
        Recaudaciones     de    Ingresos    Municipales    y   la
        Administración para el Sustento de Menores. […]

    […]

    Los planes de pago de sentencias otorgados por virtud de este
    Artículo mantendrán su vigencia y disposiciones por el
    tiempo establecido en el plan de pago, sin que pueda
KLCE202400005                                                          15

       afectarse o invalidarse por haberse expirado el tiempo de la
       vigencia de esta Ley.53 (Énfasis nuestro).

       De otra parte, el Artículo 29 de la Ley Núm. 66-2014, supra,

dispone lo siguiente:

       Artículo 29.-Acciones contra el Estado, Municipios y
       funcionarios.

              No se podrá compeler a las agencias o
       instrumentalidades del Estado, corporaciones públicas o
       municipios, funcionarios o empleados, a hacer pago alguno
       respecto a una sentencia o plan de pago previamente
       autorizado, cuando no existan fondos para ello por haberse
       agotado la asignación legislativa destinada a esos fines, por
       lo que se prohíbe el embargo de fondos para hacer efectivo
       un fallo emitido contra el Estado. La determinación de falta
       de fondos para realizar dicho pago deberá ser certificada por
       la agencia o instrumentalidades del Estado, corporación
       pública o municipio que se trate, y en caso de fondos que
       provengan de asignaciones legislativas, incluyendo del
       Fondo General, deberá ser confirmada por la Oficina de
       Gerencia y Presupuesto, cuya determinación al respecto será
       concluyente.

              El remedio disponible cuando no existan fondos
       para el pago de sentencias será el pago de interés sobre
       la cantidad adeudada conforme a lo establecido en las
       Reglas de Procedimiento Civil y las leyes especiales
       aplicables.

             Lo dispuesto en este Artículo también le será
       aplicable a los Municipios.54 (Énfasis nuestro).

       Por otro lado, conforme a la Ley Núm. 205-2004, según

enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de

Justicia55 (Ley Núm. 205-2004), la Ley Núm. 66-2014, supra, y la

Ley Núm. 3-2017, supra, se aprobó la Carta Circular Núm. 2020-07

del Departamento de Justicia sobre Normas a Seguir para los Planes

de Pago Propuestos (Carta Circular Núm. 2020-07), vigente desde el

18 de diciembre de 2020. La misma tiene el propósito de establecer

las guías, normas y términos que regirán la elaboración y redacción

de los planes de pago que deberán ser cumplidos por las entidades

gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico y los municipios en

aquellos casos en que se emitan en su contra sentencias finales y

firmes56.

53 3 LPRA sec. 9141.
54 3 LPRA sec. 9142.
55 3 LPRA sec. 291, et seq.
56 Carta Circular Núm. 2020-07, pág. 3.
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                                       III.

       En el presente recurso, el Municipio señala que incidió el foro

primario al determinar que no era de aplicabilidad la Ley Núm. 66-

2014, supra, a la Sentencia dictada el 28 de noviembre de 2017,

notificada el 5 de diciembre de 2017, por tratarse de una sentencia

que incluye un plan de pago previamente acordado por escrito y

aprobado por el Tribunal.

       Según se desprende del legajo apelativo, el 28 de noviembre

de 2017, notificada el 5 de diciembre de 2017, el foro primario dictó

Sentencia, en la que acogió el Acuerdo de Transacción sometido por

las partes, el cual disponía para el pago de la suma de $450,000.00

por parte del Municipio a Aluma. De dicho total, el Municipio tenía

la obligación de pagar el 10% en el término de treinta (30) días

después de la Sentencia advenir final y firme y el restante adeudado

dividido en tres (3) pagos iguales. Ante ello, el 28 de enero de 2019,

el Municipio emitió un pago por la suma de $45,000.00,

correspondiente al 10% de la Sentencia, y el 15 de julio de 2021

realizó un pago por la cantidad de $20,000.00. No obstante,

eventualmente alegó, en varias instancias, que debido a la crisis

presupuestaria que enfrenta, no cuenta con los fondos suficientes

para satisfacer la Sentencia.

       Por lo anterior, el Municipio propuso modificar y extender

el plan de pago conforme a las disposiciones reconocidas en la

Ley Núm. 66-2014, supra, y la Carta Circular Núm. 2020-07.

Incluso, el Municipio informó tener interés en someter una

extensión del plan de pago para aprobación del Secretario del

Departamento de Justicia57. Sin embargo, del expediente apelativo

no se desprende gestión alguna al respecto.

57 En cuanto al plan de pago, el inciso b del Artículo 28 de la Ley 66-2014, supra,

establece que:
       El Secretario de Justicia evaluará el plan de pago aplicable
       conforme a la cuantía de la sentencia, luego de lo cual solicitará
       una certificación de disponibilidad de fondos al Director de la
KLCE202400005                                                             17

      Conforme a la normativa precitada, si un municipio confronta

dificultades económicas para cumplir con su obligación, la Ley Núm.

66-2014, supra, provee un mecanismo oportuno para atender esa

circunstancia. Particularmente, el inciso g del Artículo 28 reconoce

que cuando un municipio no tiene fondos suficientes en su

presupuesto para cumplir con el plan de pago durante un año fiscal

particular, tal pago deberá aplazarse para el próximo año fiscal, lo

que   provocará     que    los   pagos    subsiguientes      se   extiendan

automáticamente por la cantidad de pagos que no se hayan

realizado. A pesar de, advertimos que tal remedio no prescinde de la

obligación y responsabilidad del municipio de cumplir con el

dictamen judicial y pagar lo adeudado a la otra parte. Resaltamos

que lo dispuesto en el inciso g únicamente prorroga los términos

para cumplir con la obligación de liquidación de lo adeudado, pero

la responsabilidad del municipio subsiste y deberá ser satisfecha en

su totalidad, según pactado, aunque quede sujeta a los plazos

prorrogados.

      Por tanto, determinar que la Sentencia dictada en el caso de

autos está excluida de la aplicación del Artículo 28 de la Ley 66-

2014, supra, sería contrario al estado de derecho y, a su vez,

desvirtuaría el propósito de la política pública, la cual persigue,

entre otras cosas, manejar las consecuencias de la crisis fiscal y

económica que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico. Precisamente,

con ello se salvaguarda la continuación de la gestión pública y se

garantiza que la parte acreedora reciba su acreencia lo antes

posible. En virtud de lo anterior, colegimos que erró el TPI al

determinar que la Sentencia está excluida de la aplicación de la

normativa antes mencionada.

      Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta de Gobierno o cuerpo
      rector de la corporacion pública que trate, o del alcalde para el
      municipio correspondiente. 3 LPRA sec. 9141.
KLCE202400005                                                                 18

       No obstante, destacamos que habiendo transcurrido más de

seis (6) años desde el acuerdo transaccional entre el Municipio y

Aluma, cinco (5) años desde la solicitud del Municipio al TPI sobre

la aplicabilidad de la Ley Núm. 66-2014, supra, y tres (3) años desde

que se emitió la Carta Circular Núm. 2020-07, el Municipio ha

demostrado falta de interés y escasa diligencia en completar el

trámite instituido en la Ley Núm. 66-2014, supra, y la Carta Circular

Núm. 2020-07.

       Por tanto, ordenamos al Municipio remitir al Departamento de

Justicia su solicitud para evaluación y aprobación del plan de pago

en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de

la presente Sentencia. El Municipio deberá notificar al TPI y a la

parte recurrida del trámite realizado ante el Departamento de

Justicia, así como de cualquier otra incidencia relacionada. Ante

cualquier desvío a esta orden podrá el foro primario imponer las

sanciones económicas progresivas que entienda necesarias para el

cumplimiento con la Ley Núm. 66-2014, supra, y la Carta Circular

Núm. 2020-07.

       Exhortamos al Municipio a actuar diligentemente para el

pronto cumplimiento de su obligación, y a no incurrir en abuso del

derecho ni de los procedimientos judiciales.

                                       IV.

       Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la Resolución recurrida. Al amparo de la

Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento58, el Tribunal de Primera

Instancia puede proceder de conformidad con lo aquí resuelto, sin

que tenga que esperar por nuestro mandato.

58 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá

los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en
contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de
Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos
en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones
disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35.
KLCE202400005                                                     19

     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones