Court Opinion

ID: 9928470
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:17:13.592027+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:34.726105
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                               TRIBUNAL DE APELACIONES
                                         PANEL III

           EDUARDO M. JOGLAR                                 Certiorari
               CASTILLO                                      procedente del
                                                             Tribunal de
                   Recurrida                                 Primera Instancia,
                                                             Sala Superior de
                       V.                                    San Juan
                                         KLCE202301203
              LUIZ A. PENNA;                                 Caso Núm.:
            GERALD A. TORRES;                                K AC2013-0185
                AWCI, LLC                                    (504)

                  Peticionaria                               Sobre:
                                                             SENTENCIA
                                                             DECLARATORIA
         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
         Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                       SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

                Los peticionarios, Luis A. Penna, Gerald A. Torres y AWCI LLC

         (en adelante parte peticionaria), comparecen el 30 de octubre de

         2023 ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En este

         nos solicitan que revisemos la sentencia emitida el 26 de septiembre

         de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

         Juan, donde les ordenó pagar de forma solidaria los intereses pre-

         sentencia y los honorarios de abogados. El recurrido, Eduardo M.

         Joglar Castillo (en adelante, Joglar-Castillo, o recurrido) presentó su

         oposición al recurso el 9 de noviembre de 2023.

                Con el beneficio de la comparecencia y por los fundamentos

         que se exponen a continuación, expedimos el auto y confirmamos el

         dictamen recurrido.

                Queremos destacar que el presente litigio ha sido objeto de

         múltiples     reclamaciones    judiciales,   con   un   tracto   procesal

         sumamente prolongado. No obstante, nos limitaremos a la

         controversia que nos atañe.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLCE202301203                                                        2

                                  I.

      Los hechos procesales pertinentes para resolver este recurso

son los siguientes.

      El 14 de marzo de 2013, el recurrido presentó una demanda

contra los peticionarios en la que solicitó la liquidación de sus

intereses en la corporación de responsabilidad limitada AWCI. El

señor Joglar Castillo hizo las alegaciones siguientes. Él y los señores

Penna y Torres crearon la compañía AWCI y la registraron en el

estado de Delaware. El 11 de marzo de 2013 informó a los

peticionarios su renuncia por escrito, solicitó la disolución de la

compañía y la liquidación de los activos, conforme a lo acuerdos

suscritos en el acuerdo operacional.

      Luis A. Penna, Gerald A. Torres y AWCI, LLC contestaron la

demanda. Los peticionarios alegaron que el recurrido no tenía

derecho a la liquidación, porque para eso era necesario que

ocurriera la liquidación de AWCI y que los miembros remanentes no

continuaran con su operación. Los señores Torres y Penna

presentaron una reconvención por una alegada transferencia ilícita

de fondos.

      Merrill Lynch compareció al pleito motu proprio, como el

Administrador de las cuentas de AWCI y solicitó autorización para

depositar los fondos de la compañía. El TPI autorizó el depósito y

consignó un cheque por $2,704,887.32.

      El 29 de mayo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia, (en

adelante TPI), dictó una Sentencia Parcial en la que declaró NO HA

LUGAR la petición del recurrido. El foro de primera instancia

concluyó que AWCI no tenía que liquidar la participación del

recurrido, porque el resto de sus miembros continuaron la operación

de la compañía.

      No obstante, el 30 de junio de 2015, el Tribunal de

Apelaciones revocó esa decisión y reconoció el derecho del recurrido
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a recibir la liquidación que le corresponde, a partir de su renuncia.1

El caso fue devuelto al TPI para que continuara los procedimientos

y liquidara la participación del recurrido en AWCI.

      Sin embargo, AWCI solicitó autorización para presentar una

reconvención, porque alegó que el recurrido indujo a Merrill Lynch

a congelar la totalidad de sus fondos. El Tribunal de Primera

Instancia autorizó la reconvención.

      El 14 de septiembre de 2017, el TPI ordenó el desembolso a

AWCI del 66.6% equivalente a $1,710,381.30, pero retuvo el

depósito     del   33.34%    equivalente   a   los    $994,506.02       que

corresponden a la participación del recurrido. El tribunal ordenó la

retención,    para   responder   en    caso    de    que   procediera    la

reconvención.

      El 11 de diciembre de 2017, el recurrido presentó una Moción

sobre Ejecución de Sentencia, en la que cuestionó la jurisdicción del

TPI para aplazar la liquidación de su participación. El señor Joglar

Castillo solicitó la liquidación inmediata y alegó que el mecanismo

apropiado para garantizar la reconvención era el embargo en

aseguramiento de sentencia.

      El TPI declaró NO HA LUGAR la Moción sobre Ejecución de

Sentencia.

      El 15 de marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones revocó al

TPI en el KLCE201800171, porque concluyó que la retención de la

participación      del   recurrido    constituyó     un    embargo      en

aseguramiento de sentencia que no cumplió con la Regla 56.1 de

Procedimiento Civil. El caso fue devuelto al TPI para que analizara

la procedencia del embargo conforme a la regla citada.

      El recurrido solicitó por segunda ocasión la ejecución de la

sentencia y el desembolso de los fondos. El señor Joglar Castillo

1 Véase KLAN201400895, KLAN201401266.
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alegó que el Tribunal de Apelaciones reafirmó la validez de la

sentencia que ordenó la liquidación de su participación y la

ilegalidad de la retención. Además, solicitó el embargo en

aseguramiento del pago de intereses pre y post sentencia.

      El 7 de noviembre de 2018, el TPI dictó una Sentencia Parcial

en la que desestimó las reconvenciones y una Resolución en la que

declaró No Ha Lugar la solicitud de intereses pre y post sentencia.

El TPI concluyó que Joglar Castillo no tenía ese derecho, porque la

sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones el 30 de junio de

2015, no ordenó el pago de una suma líquida, vencida y exigible. El

foro primario resolvió que no podía hacer una determinación de

temeridad, porque existía controversia sobre la cantidad final

adeudada.

      El 13 de febrero de 2019, el TPI ordenó el desembolso de los

fondos al recurrido, pero denegó el pago de intereses pre y post

sentencia.

      El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones revocó

al TPI en el KLAN201900298 y reconoció el derecho del recurrido a

recibir el pago de intereses pre-sentencia y honorarios de abogado,

a partir de su renuncia el 11 de marzo de 2013. No obstante,

confirmó que el recurrido no tenía derecho a cobrar intereses post

sentencia, debido a que el dinero estuvo consignado desde el 28 de

mayo de 2014 y el tribunal ordenó el desembolso al poco tiempo de

desestimadas las reconvenciones.

      AWCI solicitó el desembolso de los fondos y alegó que los

intereses pre-sentencia debían computarse hasta la notificación de

la sentencia en la que el Tribunal de Apelaciones reconoció el

derecho del recurrido a la liquidación de su participación. La

decisión aludida se notificó el 13 de julio de 2015. La compañía

adujo que el interés aplicable a esa fecha era el 4.25% y que la

cantidad adeudada era $98,892.04.
KLCE202301203                                                      5

      El recurrido se opuso al desembolso de fondos a la

peticionaria. Además, solicitó el pago de intereses pre-sentencia y

honorarios hasta la sentencia del 19 de febrero de 2019. El señor

Joglar Castillo alegó que, esa sentencia formaba parte de la

resolución del 13 de febrero de 2019, que ordenó el pago a su favor

de $994,506.02. El recurrido reclamó el pago de $369,533.92 de

intereses pre-sentencia, porque a esa fecha el interés aplicable era

el 6.25%. Por otro lado, reclamó una suma razonable de honorarios

no inferior a $160,000.00. El recurrido arguyó que el grado de

temeridad de los peticionarios fue muy alto y lo obligaron a

desplegar una gran inversión de tiempo y recursos.

      La peticionaria reiteró que los intereses pre-sentencia debían

computarse hasta el 30 de junio de 2015 y que el interés vigente a

esa fecha era el 4.25%. No obstante, negó la temeridad, se opuso a

la cantidad de honorarios que reclamó el recurrido y alegó que, en

todo caso, no debía ser más de $2,000.00. Por último, argumentó

que el recurrido no presentó copia del contrato de servicios que

suscribió con su abogado, ni un memorando con el desglose de los

servicios profesionales.

      Ambas partes presentaron escritos en apoyo a sus respectivas

alegaciones y para refutar a la parte contraria.

      El TPI rechazó las fechas propuestas por las partes para

computar los intereses pre-sentencia, porque en ninguna se ordenó

el pago de una suma determinada. El foro recurrido no estuvo de

acuerdo con la fecha de 19 de febrero de 2019, porque la sentencia

que se dictó ese día tuvo el objetivo de terminar el caso y no era

necesaria para solicitar revisión de la cuantía concedida. Igualmente

expresó su desacuerdo con la fecha de 30 de junio de 2015, que

propuso la peticionaria, porque dicha parte continuó negándose a

hacer el desembolso, luego de esa decisión.
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      El foro primario calculó los intereses pre-sentencia, a partir

del 11 de marzo de 2013, según lo dispuso por el Tribunal de

Apelaciones y hasta el 13 de febrero de 2019, cuando se ordenó el

desembolso de $994,506.02 al recurrido. El TPI rechazó interpretar

literalmente la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

en la que el legislador dispuso que los intereses pre-sentencia se

computan hasta la fecha de dictada la sentencia. Aunque reconoció

que el 13 de febrero de 2019 el tribunal dictó una resolución,

concluyó que lo importante es que dio a conocer la cuantía del

principal a satisfacer. Por eso no le pareció importante si la decisión

se tomó en una sentencia o en una resolución. El TPI concluyó que

el derecho del recurrido a recibir la liquidación se resolvió en la

sentencia que el Tribunal de Apelaciones dictó el 30 de junio de

2015.2 No obstante, concluyó que la cuantía se determinó el 13 de

febrero de 2019 y resolvió que la parte peticionaria debía pagar al

recurrido $368,512.18 por concepto de intereses pre-sentencia.

      Por otro lado, el TPI acogió como razonable la cantidad de-

$160,000.00 que el recurrido reclamó por honorarios de abogado.

El tribunal fundamentó la decisión en el contrato de servicios

profesionales del recurrido y su abogado y en varios factores que no

especificó. Al foro primario le pareció irrazonable, injustificada y

temeraria la cantidad de $2,000.00 propuesta por los peticionarios.

El TPI hizo hincapié en que la parte peticionaria lo dejó desprovisto

de factores para ajustar la cantidad que reclamó el recurrido y para

determinar que la temeridad culminó con la sentencia del 30 de

mayo de 2015. Por el contrario, concluyó que la temeridad de la

peticionaria se configuró porque siempre alegó que la sentencia del

30 de mayo de 2015 no era ejecutable y ahora cambia de opinión

2 Véase KLAN201400895, KLAN201401266.
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con la intención de reducir la cuantía de honorarios e intereses pre-

sentencia.

        El 16 de agosto de 2022, el TPI dictó la resolución recurrida

en la que declaró HA LUGAR la Solicitud de orden de pago de

intereses pre-sentencia y honorarios de abogado y ordenó a los

peticionarios a satisfacer solidariamente al demandante la cantidad

de $528,512.18, desprendiéndose de ahí: (1) $368,512.18 por los

intereses pre-sentencia y (2) $160,000.00 por los honorarios de

abogado.

        Luego de varios trámites procesales, que no son necesarios

pormenorizar, el 16 de agosto de 2022 dictó una Resolución de

Fijación de Cuantía interés pre-sentencia y honorarios de abogado.

El 26 de agosto de 2022, el peticionario recurrió nuevamente a este

Tribunal     cuestionando       la   cuantía   de   los    honorarios.3

Oportunamente, el Sr. Joglar Castillo presentó su oposición al

recurso. Este Foro expidió el recurso y modificó la resolución

recurrida. En esa sentencia, este Tribunal determinó que la

temeridad había sido resuelta en una sentencia previa de este

Tribunal que advino final y firme.

        Acaecidos   múltiples    asuntos   procesales,    que   no   son

necesarios discutir en lo que nos ocupa, el 26 de septiembre de

2023, el TPI dictó la resolución recurrida, cumpliendo con las

órdenes que emitió este Foro para que incluyera el análisis requerido

para satisfacer la cuantía como una razonable. Aun inconforme, la

parte peticionaria presenta este recurso y destaca los mismos

señalamientos de error del recurso anterior:4

        ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
        INSTANCIA AL IMPONER UNA CUANTÍA EN
        HONORARIOS DE ABOGADOS DE CARÁCTER
        PUNITIVO, CONTRARIO A LA NORMATIVA APLICABLE
        EN HONORARIOS DE ABOGADOS.

3 Véase KLCE20220941.
4 Id.
KLCE202301203                                                       8

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL IMPONER EL PAGO DE INTERESES
      PRE-SENTENCIA DE LOS HONORARIOS “REALMENTE
      INCURRIDOS” POR EL RECURRIDO, IGNORANDO LA
      NORMATIVA APLICABLE PARA ELLO.

      Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver.

                                 II.

A. El Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Rivera Gómez y

otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65,

212 DPR ___ (2023); Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico,

LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico,

205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201

DPR 703, 710 (2019). Aunque la característica principal del recurso

reside en el carácter discrecional del mismo, tal determinación no es

irrestricta, está sujeta a los criterios señalados en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil. Advertimos que esta          Regla ha sufrido

modificaciones a través del tiempo para expandir el marco

discrecional que ostentan los foros revisores en la expedición del

recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:

      [p]ara revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando
      se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56
      y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
KLCE202301203                                                       9

      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de
      Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de
      apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
      a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales.

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Superado el análisis al amparo de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para guiar su discreción al intervenir con la resolución u orden

interlocutoria recurrida. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.
KLCE202301203                                                       10

B. Deferencia Judicial

       La discreción de los tribunales de justicia se define como la

facultad para resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios

cursos de acción. Citibank NA v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 735

(2018). No obstante, la amplia discreción que se reconoce a las

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia no es absoluta.

El ejercicio adecuado de esa discreción está atado al concepto de la

razonabilidad. La discreción judicial se nutre de un juicio racional y

no puede ejercerse al antojo y sin limitaciones. SLG Zapata Rivera v.

JF Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013).

       Nuestro esquema probatorio otorga gran deferencia a las

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba testifical y

las adjudicaciones de credibilidad que realiza el juzgador del foro

primario. Como norma general, los tribunales apelativos no

intervenimos con la apreciación de la prueba, la adjudicación de

credibilidad y las determinaciones de hechos que realiza ese foro.

Tal deferencia obedece a que es el TPI el foro que mejor conoce las

particularidades del caso, tiene el contacto con los litigantes y

examina la prueba presentada por estos. Citibank NA v. Cordero

Badillo, supra, págs. 735-736. Por eso, el foro de instancia es el que

está en mejor posición para tomar las medidas para cimentar el

curso a trazar en el caso hasta su disposición final. IG Builders et al

v. BBVAPR, 185 DPR 288, 307 (2012).

       Los tribunales revisores únicamente podremos sustituir el

criterio del foro primario por el nuestro, en circunstancias

extraordinarias en las que se pruebe que actuó con pasión, prejuicio

o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en error

manifiesto o de derecho. Citibank NA v. Cordero Badillo, supra, pág.

736.

       Un tribunal incurre en abuso de discreción, cuando el juez

ignora sin fundamento algún hecho material, le concedió demasiado
KLCE202301203                                                       11

peso a un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en

ese hecho irrelevante, o a pesar de examinar todos los hechos del

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable.

Citibank NA v. Cordero Badillo, supra, pág. 736; Pueblo v. Custodio

Colón, 192 DPR 567, 589 (2015).

C. Honorarios de Abogados y Temeridad

      Los tribunales tienen el deber de imponer el pago de

honorarios al abogado a cualquier parte o abogado que haya

actuado de forma frívola o temeraria. El tribunal adjudicará en la

sentencia la suma que entiende corresponde a esa conducta. Regla

44.1(d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R 44.1(d)

      El concepto de temeridad es amplio. Un litigante es temerario

cuando sus actuaciones ocasionan un pleito que pudo evitarse,

provoca la prolongación indebida del trámite judicial u obliga a la

otra parte a incurrir en gastos innecesarios para hacer valer sus

derechos. La temeridad también es la conducta asumida por un

litigante perdidoso que por su terquedad, testarudez, obstinación,

contumacia,    empecinamiento     e   insistencia   en   una   actitud

desprovista de fundamentos obliga a otra parte a asumir

innecesariamente las molestias, gastos e inconvenientes de un

pleito. SLG González Ramos-Figueroa Colón v. SLG Pacheco Romero-

Fulana de tal, 209 DPR 138, 148-149 (2022); Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 717-719 (1987).

      El tribunal tiene que calcular la cuantía de los honorarios por

temeridad a base de los factores siguientes: (1) el grado de

temeridad, (2) el trabajo realizado, (3) la duración y naturaleza

del litigio, (4) la cuantía involucrada y (5) el nivel profesional de

los abogados. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 342-343 (2011). La

cantidad concedida por los honorarios de abogados no equivale

necesariamente al valor de los servicios legales prestados o pagados.

Dicha cantidad es la suma que el tribunal estima que representa
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razonablemente      el   valor   de   esos   servicios,   tomando   en

consideración el grado de temeridad y demás circunstancias del

caso. Santos Bermúdez v. Texaco PR Inc., 123 DPR 351, 357 (1989);

Domínguez v. Fabián, 37 DPR 667 (1928). (Énfasis nuestro).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en López Vicil

v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574, 583-584 (1997), los criterios

para imponer honorarios de abogado a favor del empleado victorioso

en reclamos al amparo de la Ley 100 de 30 de junio de 1950. Cuando

el abogado del obrero victorioso entiende que se justifica recibir una

cuantía mayor de honorarios, puede solicitar el visto bueno del

tribunal para cobrar sus servicios, a base de horas trabajadas. El

abogado estará obligado a presentar un memorando juramentado

en el que detalle las horas trabajadas y la tarifa que habrá de cobrar

por hora. El tribunal evaluará la procedencia de la solicitud,

conforme al criterio de la razonabilidad. Los tribunales tienen

discreción para aceptar o modificar la suma de honorarios

reclamada en el memorando, pero siempre deberá consignar por

escrito sus razones para llegar a determinada suma. A su vez,

los tribunales apelativos no intervendrán con la determinación

de honorarios del Tribunal de Primera Instancia excepto en

casos de abuso de discreción. (Énfasis suplido).

      La Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R44.3 (b), reconoce la procedencia de los intereses pre-sentencia o

intereses por temeridad. Únicamente se conceden en los casos de

cobro de dinero y daños y perjuicios y están sujetos a que la parte

perdidosa haya sido temeraria en la tramitación de un pleito. Los

intereses pre-sentencia solo proceden sobre la cuantía de la

sentencia, sin incluir las costas y honorarios de abogado. SLG

González Ramos-Figueroa Colón v. SLG Pacheco Romero-Fulana de

tal, supra, pág. 146.
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      El inciso (b) de la regla citada dispone lo siguiente:

      (b) El tribunal también impondrá a la parte que haya
      procedido con temeridad el pago de interés al tipo que
      haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla
      y que este en vigor al momento de dictarse la sentencia
      desde que haya surgido la causa de acción en todo caso
      de cobro de dinero y desde la presentación de la
      demanda en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha
      en que se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía
      de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea
      el Estado Libre Asociado, sus municipios, agencias,
      instrumentalidades o funcionarios(as) en su carácter
      personal. El tipo de interés se hará constar en la
      sentencia.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente en

que la temeridad requerida para imponer intereses pre-sentencia es

la misma que acarrea el pago de honorarios de abogado, debido a

que persiguen el mismo propósito. Los objetivos de ambas sanciones

son disuadir la litigación frívola, compensar en lo posible los gastos

incurridos por la parte que no ha sido temeraria y fomentar las

transacciones en los pleitos. Una vez que el tribunal determina la

temeridad, está obligado a imponer el pago de honorarios de

abogado e intereses a la parte que incurrió en esa conducta. Los

honorarios de abogado proceden en todo tipo de caso. Los intereses

pre-sentencia solo proceden en los casos de daños y cobro de dinero.

SLG González Ramos-Figueroa Colón v. SLG Pacheco Romero-Fulana

de tal, supra. (Énfasis suplido). (Escolios omitidos).

      La imposición de honorarios de abogado e intereses pre-

sentencia a la parte temeraria descansa en la sana discreción del

foro primario. SLG González Ramos y Figueroa Colón v. SLG Pacheco

Romero Fulana de tal, supra, pág. 150. Por esa razón, solo puede

variarse en apelación si se demuestra que abusó de su discreción.

Íd.

      Por otro lado, no debemos perder de perspectiva, que los

criterios establecidos en COPR v. SPU, supra, son cónsonos con el

Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 24. El

Canon 24 regula la Fijación de Honorarios, a saber:
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      La fijación de honorarios profesionales debe regirse
      siempre por el principio de que nuestra profesión es una
      parte integrante de la administración de la justicia y no
      un mero negocio con fines de lucro. Al fijar el valor de
      los honorarios, deben considerarse los siguientes
      factores:

      (1) el tiempo y trabajo requeridos, la novedad y
      dificultad de las cuestiones envueltas y la habilidad
      que requiere conducir propiamente el caso;
      (2) si el aceptar la representación del caso en cuestión
      ha de impedir al abogado que se haga cargo de otros
      casos que probablemente han de surgir del mismo
      asunto, y en los cuales existe una razonable expectativa
      de que de lo contrario sus servicios serán solicitados o
      que tal representación implique la pérdida de otros
      asuntos extraños al caso en cuestión o el antagonismo
      con otros clientes;
      (3) los honorarios que acostumbradamente se cobran
      en el distrito judicial por servicios similares;
      (4) la cuantía envuelta en el litigio y los beneficios
      que ha de derivar el cliente de los servicios del
      abogado;
      (5) la contingencia o certeza de la compensación; y
      (6) la naturaleza de la gestión profesional, si es
      puramente casual o para un cliente constante.
      […]

                                III.

      En   el   presente   caso,    la   parte   peticionaria     alega

incorrectamente que el TPI abusó de su discreción, porque ordenó

el pago de $160,000.00 de honorarios de abogado, de manera

punitiva, contrario a la normativa aplicable. Aduce, además, que el

TPI impuso una cuantía “representativa” ignorando la normativa

para ello. Por estar estrechamente relacionados los señalamientos

de los errores, discutiremos los mismos en conjunto.

      En un recurso anterior, presentado ante este foro, declaramos

que: “[la] cuantía impuesta es irrazonable y contraria a derecho,

debido a que el TPI no siguió las directrices establecidas por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico para calcular la cuantía de

honorarios por temeridad. El foro primario no incluyó un análisis

del grado de temeridad, el trabajo realizado, la duración y

naturaleza del litigio, la cuantía involucrada y el nivel
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profesional de los abogados”.5 Emitido el dictamen previamente

mencionado, el foro de instancia emitió una Resolución sobre

honorarios de abogados por temeridad.6

       Desglosados los criterios establecidos por la jurisprudencia

interpretativa y los que incumben a los profesionales del derecho

emitidos en los cánones de ética, el foro a quo incluyó en su análisis

ciertos factores que es menester destacar: este caso se radicó el 14

de abril de 2013,7 es decir, se ha prolongado por un período de diez

(10) años y refleja aproximadamente 312 entradas en el Sistema

TRIB.8 Actualmente la magistrada que preside los procedimientos,

comenzó los mismos en su etapa post-sentencia, propiamente en el

2021, es decir, este valor de honorarios no lo fijó ella. La temeridad

de ambos quedó evidenciada y adjudicada por este Tribunal de

Apelaciones en una sentencia que es final y firme, que data del año

2015, no es permisible que quieran re-litigar un asunto resuelto.9

De la misma manera, el peticionario de este caso ha radicado

múltiples recursos a nivel apelativo, incluyendo una petición de

certiorari que fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico.10 La cuantía de honorarios impuesta por el TPI se

desprende de la reclamada que asciende a unos $994,506.02.

       El TPI realiza un análisis comparativo entre los porcentajes

que se utilizan a pagar entre las reclamaciones laborales, donde

utilizan un 25% para la imposición base. De manera que, si el foro

primario hubiera utilizado dicho porcentaje, o inclusive el utilizado

para casos de daños y perjuicios y cobro de dinero, para adjudicar

5 Véase, KLCE20220941.
6 Véase, Apéndice 58, pág. 542-546.
7 Véase, Apéndice 1, pág. 1-23.
8 Registro de transacciones para tribunales, Sistema TRIB.
9 Véase, KLAN201400895, KLAN201401266.
10 Véase, Apéndice 6, págs. 48-60, KLAN201400895, KLAN201401266; Apéndice

12, págs.123-131, KLCE201800171; Apéndice 23, págs. 185-203, KLAN
201900298; Apéndice 29, págs. 250-282; págs. 386-399, KLCE202200941;
Apéndice 45, págs. 410-411, KLCE202200941; Apéndice 48, págs. 460-461, CC-
2023-074.
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los honorarios por temeridad, ciertamente serían superiores a la

cuantía que la parte peticionaria está impugnando en este recurso.

       Este litigio se ha prolongado innecesariamente por la

temeridad con la que ha actuado la parte demandada. Este

razonamiento ha sido expresado en varias ocasiones por este

Tribunal. Recordemos que los honorarios concedidos y la

temeridad que se ha determinado son para el cliente, es decir,

para ser adjudicados en este caso a la parte demandante, no a

su representación legal. Tal menester es destacado por los

Cánones de Ética, supra, las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y

la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo de Puerto

Rico

       Concluimos     que        ambos   peticionarios     responden

solidariamente por el pago de los intereses pre-sentencia y los

honorarios de abogado, porque su temeridad quedó evidenciada y se

adjudicó en una sentencia que es final y firme. Toda vez que el TPI

fundamentó su resolución acorde al mandato emitido previamente

por este Foro, no se cometieron los señalamientos de errores

señalados por el peticionario.

       No observamos de la Resolución recurrida algún indicio de

pasión, prejuicio o parcialidad, abuso de discreción o error

manifiesto en la aplicación del derecho. Según el mandato previo de

este Tribunal, el foro primario aplicó los criterios reconocidos en el

ordenamiento legal llegando a una conclusión conforme a derecho.

                                   IV.

       Por los fundamentos antes expuestos se expide el auto y se

confirma la sentencia recurrida.
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     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones