Court Opinion

ID: 9952356
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:32.896474+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:10.556936
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

ANTONIO RAMOS CRUZ                            Revisión
                                              Administrativa
       Recurrente                             Procedente de la
                                              Junta de Libertad
            v.                                Bajo Palabra
                           KLRA202300594
 JUNTA DE LIBERTAD                            Caso Núm.
    BAJO PALABRA                              147307

       Recurrida
                                              Sobre:
                                              Denegación de
                                              Privilegio de
                                              Libertad Bajo
                                              Palabra

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                          SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico a 14 de febrero de 2024.

      Comparece el señor Antonio Ramos Cruz (señor Ramos Cruz

o recurrente), quien nos solicita que revoquemos una Resolución

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP, Junta o

recurrida) el 26 de junio de 2023, notificada el 21 de julio de 2023.

Mediante referida determinación, el foro administrativo denegó la

solicitud de concesión del privilegio de libertad bajo palabra

interpuesta por el recurrente.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, devolvemos

el asunto a la Junta de Libertad Bajo Palabra para la celebración

de una vista en o antes de marzo de 2024.

                                 I.

      El señor Antonio Ramos Cruz se encuentra cumpliendo tres

sentencias de 99 años, de forma consecutiva, por Asesinato en

primer grado según fallo emitido el 24 de febrero de 1992 y

Número Identificador
SEN2024_________
KLRA202300594                                                               2

sentencia dictada el 10 de abril de 1992.1 Las referidas sentencias

se cumplen tentativamente en el año 2159.2

       El 17 de octubre de 2019 el señor Ramos Cruz presentó una

petición de clemencia ejecutiva a la antes Gobernadora Wanda

Vázquez Garced. El 12 de abril de 2023 se celebró la vista de

consideración de libertad bajo palabra. A la audiencia, realizada

por   videoconferencia,          compareció    el   técnico     de   servicios

sociopenales, quien tuvo ante sí los expedientes, el representante

legal del peticionario Lic. Julio Fontanet Maldonado, la Dra. Sheila

Archilla Díaz, Catedrática del Departamento de Trabajo Social de

la Universidad Interamericana, Recinto Metro y el Lcdo. Jorge L.

Escribano Medina, como amigo consejero.

       Tras ello, el 26 de junio de 2023, archivada el 7 de julio y

recibida por la Institución Bayamón 501, el 1ro de agosto de

20233, la Junta emitió una Resolución en la que denegó concederle

los   beneficios   del    privilegio   de     Libertad   Bajo    Palabra    al

recurrente.4

       Entre las determinaciones de hechos, la Junta indicó, en lo

aquí pertinente lo siguiente:

       3. El peticionario fue evaluado por la Sección de
       Programas Evaluación y Asesoramiento (SPEA) y
       cuenta con evaluación psicológica del 8 de diciembre
       de 2020, conforme al Reglamento 9232-2020 Sección
       10.2 esta evaluación no está vigente.         Por la
       naturaleza de los delitos cometidos y por el
       tiempo transcurrido debe ser referido a una
       evaluación nueva por (SPEA).

       [……..]

       9.    Se tomó en consideración la opinión de las
       víctimas.

1
  Apéndice págs. 15-17.
2
  Resolución, Apéndice pág. 1.
3
  Apéndice pág. 57.
4
  Apéndice págs. 1-5.
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         10. Se tomó en consideración la naturaleza y
         circunstancias de los delitos por los cuales cumple
         sentencia.

         En las conclusiones de derecho la Junta expresó lo siguiente:

         En el caso que nos ocupa, mencionamos aquellos
         factores que favorecieron al peticionario y otros que
         no, para la concesión del privilegio. Al momento de la
         evaluación del expediente, surge que la parte de
         epígrafe no cuenta con casos ante los tribunales,
         denuncias o querellas institucionales pendientes. Al
         peticionario le han realizado la prueba de ADN
         conforme al Artículo 8 de la Ley Núm. 175, supra. El
         peticionario fue evaluado por el Negociado de
         Rehabilitación y Tratamiento y cuenta con evaluación
         psicológica el 8 de diciembre de 2020, conforme al
         Reglamento 9232-2020 Sección 10.2 dicha evaluación
         no está vigente. Por la naturaleza de los delitos
         cometidos y por el tiempo transcurrido debe ser
         referido a una evaluación nueva por (SPEA).
         Según el Informe de Libertad Bajo Palabra de este
         caso realizado el 7 de marzo de 2023 el peticionario
         presenta en su plan de salida candidato para fungir
         como amigo consejero, oferta de trabajo y vivienda
         para pernoctar viables. Actualmente el peticionario se
         encuentra en nivel de custodia de mínima seguridad
         desde el 16 de octubre de 2006. El peticionario
         culminó las terapias Control de Impulsos en octubre
         de 2009 y la tomó por segunda ocasión finalizándola
         el 25 de septiembre de 2019, además se encuentra
         laborando en la Institución Penal donde está
         ingresado en el área de la comisaria empacando
         alimentos y repartiéndolos en las instituciones
         penales. Actualmente se encuentra tomando pases
         familiares desde la institución penal donde se
         encuentra ingresado a la residencia de sus familiares
         desde el 2016. Tomando en consideración todos los
         factores del presente caso, consideramos que el
         peticionario no cualifica para beneficiarse del privilegio
         de libertad bajo palabra.
         […]

                                  ORDEN

         Se dispone no conceder el privilegio de libertad bajo
         palabra a ANTONIO RAMOS CRUZ. Este caso volverá
         a ser considerado para el mes de marzo de 2024,
         fecha en la cual el DCR deberá someter un Informe de
         ajuste y progreso con el plan de salida debidamente
         corroborado y un informe actualizado de Sección de
         Programas de Evaluación y Asesoramiento (SPEA).
         (Énfasis suplido).5

5
    Apéndice pág. 54.
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         Insatisfecho con la decisión, el 14 de agosto de 2023 Ramos

Cruz, por derecho propio, suscribió un escrito de Reconsideración.

Adujo que no estaba de acuerdo con la determinación de hechos

número tres (3) respecto a la vigencia de la evaluación sicológica.

Explicó que estos informes tienen una vigencia de tres (3) años

desde la fecha de evaluación, a tenor con la sección 10.2 del

Reglamento 9232-2020. Agregó que, aunque la evaluación es la

vigente, el TSS Dereck Vázquez gestionó una evaluación para la

semana del 14 al 18 de agosto de 2023. Sobre este particular,

solicitó que se tomara conocimiento oficial y se realizara una vista

de consideración para que se enmiende la orden.            También

informó que hacía siete años y medio tenía pases familiares y

estuvo en la libre comunidad dos (2) años bajo fianza con grillete

(2017-2018).6

         El 17 de agosto de 2023 el señor Ramos Cruz, a través del

proyecto Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico, solicitó reconsideración. En este

escrito adoptó y acogió la reconsideración previamente incoada

por derecho propio.

         El 28 de agosto de 2023 la Junta de Libertad acogió la

Moción de Reconsideración y el 17 de octubre, archivada en autos

y notificada el 18 de octubre de 2023, dictó una Resolución. En

esta reiteró denegar la libertad bajo palabra y formuló las

siguientes determinaciones de hecho:

         1.    El    peticionario   cumple   una     sentencia
         consolidada de noventa y nueve (99) años por los
         delitos de asesinato en primer grado (fres casos), de
         los cuales ha cumplido aproximadamente treinta y un
         (31) años, cinco (5) meses y cuatro (4) días.

6
    Apéndice, págs. 45-57.
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    2.    El peticionario comenzó a cumplir su sentencia
    el 10 de abril de 1992, y extingue la totalidad de su
    sentencia aproximadamente el 20 de diciembre de
    2153.

    3.    La Junta adquirió jurisdicción sobre el presente
    Caso el 4 de agosto de 2016, luego de que le fuera
    aplicada la Ley Núm. 85-2022 la cual redujo el mínimo
    de su sentencia.

    4.    Al momento de la evaluación del expediente,
    surge que el peticionario no cuenta con casos ante los
    tribunales, denuncias o querellas institucionales
    pendientes.

    5.    Al peticionario le han realizado la prueba de ADN
    conforme establece el Artículo 8 de la Ley Núm. 175
    de 24 de julio de 1998, según enmendada el 22 de
    diciembre de 2004.

    6.    El peticionario completó el Programa de
    Tratamiento Psico-Educativo Aprendiendo a Vivir Sin
    Violencia el 17 de enero de 2006.

    7.    El peticionario fue evaluado por la Sección de
    Programas Evaluación y Asesoramiento (SPEA) y
    cuenta con evaluación psicológica del 8 de diciembre
    de 2020. El 15 de agosto de 2023 fue evaluado
    psicológicamente nuevamente por SPEA. Se rindió
    Informe de Evaluación Psicológica el cual fue recibido
    en la Junta el 28 de agosto de 2023.

    8.     Según surge del Informe de Libertad Bajo
    Palabra realizado el 7 de marzo de 2023, el
    peticionario presentó un plan de salida viable en sus
    tres áreas, entiéndase, vivienda, amigo consejero, y
    oferta de empleo.

    9.   El peticionario se encuentra en nivel de custodia
    de mínima desde el 16 de octubre de 2006.

    10. El peticionario culminó las terapias de Control
    de Impulsos en octubre 2009. Dichas terapias fueron
    tomadas por segunda ocasión en septiembre de 2019.

    11. Actualmente, el peticionario se encuentra
    laborando en la comisaria empacando alimentos y
    repartiéndolos en las instituciones penales.
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      12. El peticionario no muestra arrepentimiento, ni
      acepta la comisión de los delitos, pues aduce que es
      inocente.

      13. El peticionario se encuentra beneficiándose de
      pases desde la institución penal donde se encuentra
      ingresado a la residencia de sus familiares desde el
      2016. En pruebas toxicológicas realizadas cuando
      regresa del beneficio de pases ha obtenido resultados
      negativos al uso de narcóticos.

      14. Para efectos de un análisis de la totalidad del
      expediente, se evaluó la opinión de las víctimas, así
      como, la naturaleza y circunstancias de los delitos por
      los cuales cumple sentencia el peticionario.

      Tras exponer los hechos y el derecho, la Junta mencionó

que, “el peticionario fue evaluado psicológicamente por SPEA en

dos ocasiones, la última se llevó a cabo el 15 de agosto de 2023.

De dicha evaluación se desprende que el peticionario cuenta con

ciertos aspectos de su personalidad que pudieran interferir con su

funcionamiento global lo que podría dificultar su toma de

decisiones.” Agregó que, “[a]l momento de evaluar al peticionario

para el privilegio se recomendó: atender indicadores emocionales

y factores de riesgo; evaluar al participante para los programas

que cualifique dentro del Sistema de corrección y ejercer una

supervisión intensa y rigurosa de parte del técnico sociopenal con

relación al ajuste institucional”.   Tras ello, la Junta denegó la

solicitud de Reconsideración.

      Inconforme con la decisión, el 17 de noviembre de 2023, el

señor Ramos Cruz presentó un recurso de revisión ante nos.      En

este, alegó que incidió la Junta de Libertad Bajo Palabra al:

      Primero:     Denegar la libertad bajo palabra al
      Recurrente al amparo de una interpretación errónea
      de su propio Reglamento.
      Segundo: Al sustentar su determinación de denegar
      la solicitud de reconsideración basada en evidencia
      accedida con posterioridad a la moción de
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      reconsideración y no presentada en la vista de
      consideración durante la cual desfiló la totalidad de la
      prueba pertinente y admisible en dicho proceso.
      Recibido el Recurso de Revisión, le concedimos término al

recurrido para presentar su posición y así lo hizo.    Evaluado el

expediente y con el beneficio de ambas comparecencias,

disponemos.

                                II.

                                A.

      La función revisora de este foro apelativo con respecto a las

determinaciones del Departamento de Corrección, como de

cualquier otra agencia, es de carácter limitado. Pérez López v.

Depto. Corrección, 208 DPR 656 (2022). Sus decisiones merecen

nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando es la

agencia quien tiene la especialización necesaria para atender

situaciones particulares sobre las cuales la ley le confiere

jurisdicción. Pérez López v. Depto. Corrección, supra; Álamo

Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009).

      Así pues, los tribunales le deben dar gran peso o deferencia

a las aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto

a las leyes y los reglamentos que administran, por lo que no

pueden descartar libremente sus conclusiones e interpretaciones

de derecho. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341,

357 (2005). Una vez se ha adoptado una norma, la agencia

administrativa debe cumplirla y aplicarla en la manera en que está

concebida, sirviendo siempre a los propósitos, los objetivos y la

política pública que la forjaron. Benítez Nieves v. ELA et al., 202

DPR 818 (2019); Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 712

(2004). Así pues, las agencias administrativas están obligadas a

observar estrictamente las reglas que ellas mismas promulgan.
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Íd.    Tampoco pueden actuar arbitraria o caprichosamente al

aplicar sus reglamentos a casos particulares. Íd.

       Asimismo, se ha reiterado que el estándar de revisión

judicial en materia de decisiones administrativas se circunscribe a

determinar si existe una base racional respaldada por evidencia

sustancial que sostenga la decisión o interpretación impugnada.

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Sección 4.5, 3

LPRA sec. 9675; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Otero

v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). El peso de la prueba descansa

entonces    sobre   la     parte    que     impugna    la   determinación

administrativa.     Camacho        Torres   v.     AAFET;   168   DPR    66

(2006); Pro-Mej., Inc. v. Jta. De Planificación, 147 DPR 750, 761

(1999).

       Ahora bien, la norma no es absoluta, ni impide a los

tribunales revisar determinaciones administrativas que no estén

basadas en evidencia sustancial, cuando el organismo erró en

aplicar la ley o cuando la actuación de la agencia haya sido

arbitraria, irrazonable o contraria a derecho. Moreno Lorenzo y

otros v. Depto. Fam., supra; The Sembler Co. v. Mun. De

Carolina, supra,    pág.     882; Otero       v.    Toyota, supra,      pág.

729.    También cuando su actuación constituya un abuso de

discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., supra; JP Plaza Santa

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009); Murphy Bernabe

v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).

                                     B.

       La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Artículo

VI, establece como política pública que el Estado habrá de:

"...reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos
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disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para

hacer posible su rehabilitación moral y social". Art. VI, Sec. 19,

Const. P.R., LPRA, Tomo 1.

      En este contexto la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974,

según enmendada, 4 LPRA sec. 1501, et seq. creó la Junta

de Libertad Bajo Palabra, adscrita al Departamento de Corrección

y Rehabilitación. Entre los poderes conferidos a la Junta está el

decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en

cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico. La Ley

establece que, la libertad bajo palabra será decretada para el

mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias presentes

permitan a la Junta creer, con razonable certeza que tal medida

habrá de ayudar a la rehabilitación del delincuente. Para

determinar si concede o no la libertad bajo palabra, la Junta

tendrá ante sí toda la información posible sobre el historial social,

médico, ocupacional y delictivo de cada confinado, incluyendo la

actitud de la comunidad respecto a la liberación condicional del

sujeto, y una evaluación que deberá someter la Administración de

Corrección. Artículo 3 (a), 4 LPRA sec. 1503.

      De esta forma, este organismo tiene la autoridad de

conceder   a   cualquier   persona   recluida   en   una   institución

correccional de Puerto Rico el privilegio de cumplir la última parte

de su condena en libertad bajo palabra. Benítez Nieves v. ELA et

al., 202 DPR 818 (2019). Al conceder el privilegio, la Junta puede

imponer las condiciones que estime necesarias. Art. 3, Ley Núm.

118, supra, 4 LPRA sec. 1503. Así, el liberado bajo palabra tiene

una    libertad    cualificada. Benítez    Nieves     v.    ELA    et

al., supra; Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 266

(1987).
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      El Artículo 3-D de la Ley Núm. 118, establece los siguientes

criterios que la Junta de Libertad Bajo Palabra los considere al

momento de analizar el privilegio de libertad bajo palabra:

      (1) La naturaleza y circunstancias del delito o delitos
      por los cuales cumple sentencia.
      (2) Las veces que el confinado haya sido convicto y
      sentenciado.
      (3) Una relación de liquidación de la sentencia o
      sentencias que cumple el confinado.
      (4) La totalidad del expediente penal, social, y los
      informes médicos e informes por cualquier profesional
      de la salud mental, sobre el confinado.
      (5) El de ajuste institucional y del social y psicológico
      del confinado, preparado por la Administración de
      Corrección y el médico y psiquiátrico preparado por
      Salud Correccional del Departamento de Salud.
      (6) La edad del confinado.
      (7) El o los tratamientos para condiciones de salud
      que reciba el confinado.
      (8) La opinión de la víctima.
      (9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o
      estudio y trabajo del confinado.
      (10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la
      actitud de dicha comunidad, de serle concedida
      la libertad bajo palabra.
      (11) Cualquier otra consideración meritoria que la
      Junta haya dispuesto mediante reglamento.

      La   Junta   tendrá     la   discreción   para    considerar   los

mencionados criterios según estime conveniente y emitirá

resolución escrita con determinaciones de hechos y conclusiones

de derecho.

      El legislador hizo constar en el Artículo 5 de la Ley Núm.

118, supra, que la Junta tiene la autoridad de promulgar las reglas

y reglamentos que crea convenientes para el mejor cumplimiento

de las disposiciones de ese artículo. Benítez Nieves v. ELA et

al., supra. En virtud de ello, el 18 de noviembre de 2020 la

agencia       aprobó     el        Reglamento      de      la     Junta

de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 9232.

      El Artículo X, Sección 10.1 del Reglamento 9232, establece

los Criterios para Elegibilidad, a saber:
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      A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso
      a caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste
      que presente el peticionario durante el término que ha
      estado en reclusión.

      Al analizar los casos, la Junta tomará en consideración

ciertos criterios con relación al peticionario, entre los cuales se

encuentran los siguientes:

      El historial delictivo, la clasificación de custodia, el
      tiempo que lleva en dicha clasificación y si hubo
      cambio de clasificación y las razones para ello; la edad
      del peticionario; la opinión de la víctima; el historial
      social, el cumplimiento y ajustes Institucionales; si se
      le han impuesto medidas disciplinarias; el historial de
      trabajo y/o estudio realizado en la institución; si
      cuenta con un plan de salida estructurado y viable en
      las áreas de oferta de empleo y/o estudio, residencia,
      historial de salud con informes emitidos por cualquier
      profesional    de    la   salud     mental,  y    amigo
      consejero. Véase Sección 10.1 (B) 1-11.

      La Junta tendrá discreción para considerar los mencionados

criterios según considere conveniente y cualquier otro meritorio

con relación a la rehabilitación del peticionario y al mejor interés

de la sociedad. Sección 10.1 (B) 12.

      La Sección 10.2 del Reglamento 9232 menciona los

documentos requeridos, que incluye:

      A. El Departamento de Corrección y Rehabilitación, a
      través de sus funcionarios, empleados y/o
      representantes autorizados, proveerá a la Junta todo
      documento que contenga información relacionada a
      los criterios antes esbozados. La producción de
      estos documentos se hará para la fecha de la
      vista de consideración o a la fecha en que se
      vuelva a reconsiderar el caso. En cumplimiento
      con lo anterior, el Departamento de Corrección y
      Rehabilitación, remitirá a la Junta los siguientes
      documentos:

      [……..]

      12. Evaluación médica, psicológica y/o psiquiátrica

      a. La Junta podrá requerir la evaluación médica,
      psicológica o psiquiátrica del Negociado de
      Rehabilitación y Tratamiento o de Salud Correccional,
      o entidad análoga debidamente acreditada por el
      Estado, en aquellos casos en que la persona se
      encuentre cumpliendo sentencia por delitos contra la
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      vida y/o delitos sexuales, conforme al estado de
      derecho vigente a la fecha en que fue sentenciado, o
      en cualquier otro caso en que la Junta lo considere
      necesario.

      b. Estos informes tendrán una vigencia de tres
      (3) años desde la fecha de la evaluación.

      c. La Junta en su discreción podrá requerir otra
      evaluación, aunque tenga una vigente. (Énfasis
      nuestro)

                                 C.

      Aun cuando la decisión de conceder o denegar los beneficios

de libertad bajo palabra descansa en la entera discreción del

Estado, y no existe un derecho a obtener tales beneficios, el

procedimiento para su concesión debe cumplir con ciertas

salvaguardas procesales. Maldonado Elías v. González Rivera,

supra, págs. 275-276. A tales efectos se deben publicar y tener

disponibles a los confinados las guías o los criterios que se utilizan

para conceder la libertad; debe existir algún tipo de vista o

evaluación de la solicitud; de ordinario, el confinado debe tener

acceso a la información que utiliza el organismo gubernamental

para efectuar su decisión, y se le debe informar por escrito las

razones por las cuales se le niega la libertad. Íd. pág. 276. (Citas

omitidas) (Énfasis nuestro).

      En esa línea, el Artículo 3-E de la Ley 118, sobre Notificación

de la vista a la víctima de delito, presupone la celebración de una

vista en la cual se considere la concesión, modificación,

reconsideración, seguimiento e investigación del privilegio de

libertad bajo palabra. 4 LPRA sec. 1503e.

      De igual forma, el Artículo 3-F de la Ley 118 atiende los

Procedimientos relacionados con la vista, a saber:

      Las   vistas     de  modificación,  reconsideración,
      seguimiento e investigación o revocación de libertad
      bajo palabra serán grabadas y públicas, pero la Junta
      podrá limitar el número de deponentes por razones de
KLRA202300594                                                    13

      seguridad. No obstante, se podrá optar por mantener
      dichas vistas cerradas al público con el fin de poder
      recibir información o testimonio oral relevante que
      provenga del propio liberando o de la víctima, cuando
      éstos así lo soliciten. [……..] 4 LPRA sec. 1503f.
      A esos fines, el Artículo XI (C) (2) del Reglamento 9232

establece el procedimiento de vistas ante la Junta, en la cual el

funcionario que presida los procesos estará facultado para, entre

otras, “ofrecer a todas las partes la oportunidad de responder,

presentar        evidencia      y      argumentar,         conducir

contrainterrogatorio     y someter     evidencia   en refutación”.

Agrega el Artículo XI (I) que durante la vista se le garantizará al

peticionario o liberado los siguientes derechos:

      1. Derecho a comparecer por derecho propio o
         mediante representación legal. […]
      2. Derecho a presentar evidencia a su favor.
      3. Derecho a una adjudicación imparcial.
      4. Derecho a que la decisión sea basada en el
         expediente.

      Por otro lado, el Capítulo 12 del Reglamento recopila el

trámite para las vistas de consideración y reconsideración:

      Sección 12.1 - Vista de Consideración

            A.   La vista de consideración se celebra en aquellos
            casos que se presentan ante la consideración de la
            Junta por primera vez.

            B.     Disposiciones Generales

                    1. La vista de consideración se regirá por lo
                    dispuesto en el Artículo XI de este
                    Reglamento.
                    2. Las vistas de consideración se podrán
                    celebrar mediante la comparecencia personal
                    de las partes a la sede de la Junta, o desde las
                    instituciones correccionales y/o la oficina del
                    Programa de       Comunidad correspondiente
                    mediante el sistema de videoconferencia o
                    cualquier    otro    sistema    electrónico    o
                    computadorizado para esos fines.
                    3. En las vistas de consideración, el orden de
                    la prueba comenzará con el peticionario.

            C.     Términos para celebrarla:

                    1. La vista de consideración se celebrará en
                    fecha tan cercana como sea posible a la fecha
                    de expiración del mínimo de sentencia, y
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                    siempre dentro del término de cuarenta y cinco
                    (45) días calendario, contados a partir de la
                    fecha en que el Peticionario cumplió con el
                    término mínimo de reclusión requerido para
                    que la Junta adquiera jurisdicción. Este
                    término podrá ser ampliado por circunstancias
                    excepcionales o atribuibles al peticionario o
                    que estén bajo su control.

                    2. En el ejercicio de su discreción, mediante
                    acuerdo adoptado por mayoría, la Junta podrá
                    considerar un caso fuera del término
                    establecido en el inciso anterior, cuando el
                    mismo presente circunstancias especiales que
                    justifiquen su inmediata consideración.

       D. Notificación de la citación

                   1. La citación al peticionario se notificará por
                   escrito, incluyendo en su contenido los criterios
                   a ser considerados por la Junta al evaluar el
                   caso para libertad bajo palabra, en el término
                   de veinte (20) días calendario de anticipación a
                   la fecha del señalamiento.

                   2. La notificación se hará conforme lo dispuesto
                   en el Artículo XI (H) de este Reglamento.

       Sección 12.2 - Reconsideración de casos

             A. La reconsideración dispuesta en esta sección
             se refiere a aquellos casos en que se ha
             denegado la libertad bajo palabra y que la Junta
             dispuso que volverá a considerar dentro de un
             (1) año desde la fecha en que consideró el caso
             por última vez. La Junta podrá volver a considerar
             un caso fuera del término antes dispuesto, por causa
             meritoria.

             B. Al volver a considerar un caso, la Junta cumplirá
             con la notificación a víctimas conforme lo dispuesto en
             la Sección 8.3 de este Reglamento.

             C. La reconsideración de los casos se realizará sin la
             celebración de una vista a esos fines. A discreción de
             la Junta, podrá celebrarse una vista, previa solicitud
             escrita a esos efectos presentada por el peticionario
             con cuatro (4) meses de antelación a la fecha en que
             la Junta volverá a considerar su caso. Las vistas de
             reconsideración se regirán por lo dispuesto en el
             Artículo XI de este Reglamento.

       En esencia, vemos que en este trámite administrativo los

ciudadanos gozan de las garantías mínimas del debido proceso de

ley.   Así, pues se ha reconocido que las garantías de un debido
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proceso de ley han sido extendidas a las agencias. PVH Motor. v.

ASG, 209 DPR 122 (2022); Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 623

(2010).

      La dimensión procesal del debido proceso de ley en el

contexto adjudicativo exige como mínimo: (1) la notificación

adecuada del proceso; (2) el proceso ante un juez imparcial; (3)

la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar a los

testigos y examinar la evidencia presentada en su contra; (5) el

tener asistencia de un abogado, y (6) que la decisión se base en

el expediente. PVH Motor. v. ASG, supra; Vázquez González v.

Mun. San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010); Garriga Villanueva v.

Mun. San Juan, 176 DPR 182, 197 (2009). Estas salvaguardas

constitucionales se encuentran, de igual forma, reconocidas en la

Sección 3.1 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9641. PVH

Motor. v. ASG, supra.

      Vulnera los principios elementales del debido proceso de ley

cuando la agencia considera ex parte prueba desconocida para las

partes que no pudieron refutar. Véase, López y otros v. Asoc.

de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 115 (1996).         En esa línea el

Tribunal Supremo afirmó que, "[el] derecho a una vista pública no

tendría   sentido   alguno   si   se   permitiera   [al   organismo

administrativo] fundar su decisión en evidencia recibida sin el

conocimiento de las partes, fuera de la audiencia, sin dar a las

partes interesadas la oportunidad de rebatirla o explicarla

mediante la repregunta o la presentación de otra evidencia en

contrario." López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra;

López v. Junta de Planificación, 80 DPR 646, 670 (1958).

      A la luz de la antes mencionada normativa, disponemos.
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                                   III.

      En el primer señalamiento de error el recurrente alega que

el único planteamiento de la Junta que no le favoreció consistió en

que la evaluación psicológica de 8 de diciembre de 2020 no estaba

vigente. Explicó que la Sección 10.2(A)(12) del Reglamento 9232

establece que esos informes tendrán una vigencia de tres (3)

años. Por ello, asevera que, a la fecha de la vista de consideración

de libertad bajo palabra, celebrada el 12 de abril de 2023, el

informe estaba vigente y no existía razón para excluirlo. Indicó

que no había nada en el expediente que justificara no conceder el

privilegio solicitado. Evaluamos.

      Para conceder la libertad bajo palabra la Junta evalúa ciertos

criterios, entre ellos: la opinión de las víctimas, la naturaleza y

circunstancias de los delitos.7 . En este caso, la Junta aludió a

esos criterios y, además, que no contaba con una evaluación

sicológica vigente. Con ello, denegó la concesión del privilegio.

      En torno a la vigencia de la evaluación sicológica, la Sección

10.2 (A)12, incisos b y c del Reglamento 9232, establece que los

informes sobre la evaluación médica, psicológica y/o psiquiátrica

tendrán una vigencia de tres (3) años desde la fecha de la

evaluación. En nuestro caso, vemos que la Junta descartó el

informe que se le realizó al recurrente el 8 de diciembre de 2020,

por presuntamente no estar en vigor. No obstante, a la fecha de

la vista, hasta el 8 de diciembre de 2023, el informe estaba en

pleno vigor. Por tanto, no debió descartarse bajo el fundamento

de que no era el vigente.

      Ahora bien, la Sección 10.2 del Reglamento 9232 le concede

discreción a la Junta para requerir otra evaluación, aunque tenga

7
 Véase Artículo 3-D de la Ley Núm. 118 y la Sección 10.1 (B) del Reglamento
Núm. 9232.
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una vigente. En esas circunstancias, la Junta podía solicitar una

evaluación más reciente para su oportuna consideración. Así lo

hizo al determinar que “[p]or la naturaleza de los delitos

cometidos y por el tiempo transcurrido debe ser referido a una

evaluación nueva por (SPEA).” Así que, esta decisión es adecuada

a la luz de los hechos y la reglamentación aplicable.

      En el segundo señalamiento de error, el recurrente alude

que la agencia, al denegar la reconsideración de su dictamen,

utilizó un nuevo informe de evaluación psicológica del 16 de

agosto de 2023, a pesar de que la vista se había celebrado el 12

de abril de 2023. Ante ello, sostiene que la Junta estaba impedida

de evaluar la evidencia presentada o ubicada en el expediente con

posterioridad a la fecha de la vista, lo que constituye una violación

a su derecho a confrontar la prueba que emana del debido proceso

de ley.

      Sobre este particular la Junta alega, en síntesis, que durante

la vista de consideración no se confronta a las partes, ya que es

un procedimiento adjudicativo informal. Indicó que a la fecha en

que se evaluó la petición de reconsideración ya obraba en el

expediente administrativo la nueva evaluación, la cual consideró.

Validó esa actuación al expresar que en el proceso de tomar una

determinación sobre la concesión o no del privilegio, la Junta

evalúa posteriormente la totalidad del expediente administrativo,

junto al Informe del Oficial Examinador.      Todo ello a base del

estándar de preponderancia de la prueba. Revisamos.

      Una de las razones por la cual la Junta inicialmente denegó

la libertad bajo palabra al señor Ramos Cruz fue por no contar con

una evaluación sicológica vigente. Aun cuando la evaluación si

era la vigente, según explicamos en el primer señalamiento de
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error, ese informe no fue considerado y la Junta recomendó una

nueva evaluación. El recurrente solicitó reconsideración.

      Bajo ese escenario, el 16 de agosto de 2023 la Sección de

Programas Evaluación y Asesoramiento (SPEA) emitió un nuevo

informe.     En la reconsideración del dictamen inicial, la Junta

evaluó el documento y denegó la solicitud de reconsideración.

Debemos aclarar que la etapa en que ocurren estos eventos es en

la revisión del procedimiento de consideración y no en el trámite

de reconsideración que ocurre al año de haberse denegado la

libertad bajo palabra.

      Así que, en el proceso de reconsideración de la Resolución

original, la Junta no debió recibir y evaluar documentos que no

estaban en el expediente cuando se celebró vista inicial de

consideración.    En ese trámite se debe cumplir con el proceso

establecido en el Artículo XI (c) (2) del Reglamento 9232 que

requiere ofrecer a todas las partes la oportunidad de responder,

presentar evidencia y argumentar, conducir contrainterrogatorio

y someter evidencia en refutación.           Este trámite fue alterado

cuando la Junta consideró prueba obtenida luego de la vista.

      No obstante, ante el hecho de que se realizó una nueva

evaluación     sicológica,   mientras   el   caso   era   atendido   en

reconsideración, lo adecuado, conveniente y razonable era que se

remitiera nuevamente el asunto a la Junta para una nueva vista

de consideración. Ello es así porque ese informe había sido

descartado inicialmente y ahora está disponible la versión

actualizada.

      Como la Junta utilizó un informe obtenido luego de

celebrada la vista de consideración, a los fines de reevaluar su
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dictamen, procede devolver el asunto a la agencia para la

celebración de una nueva vista, lo antes posible.

                                  IV.

      Por las razones antes expresadas dejamos sin efecto la

Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra, contra

la cual aquí se recurre.     Remitimos el asunto nuevamente a la

Junta para que señale una nueva vista no más tarde del último

día del mes de marzo próximo. En esta debe evaluar nuevamente

al recurrente de forma integral a base del nuevo informe sicológico

y/o alguna otra prueba obtenida con posterioridad a la vista 12 de

abril de 2023.

      Notifíquese a las partes y al miembro de la población

correccional en cualquier institución donde este se encuentre.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones