Court Opinion

ID: 9916029
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:10.925902+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:37.580449
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

     ORIENTAL BANK                                 Certiorari,
                                                   procedente del Tribunal
      Parte Recurrida                              de Primera Instancia,
                                                   Sala Superior de
                                                   Bayamón
             v.                KLCE202301259

GLORIA HAYDEE TIRADO                               Caso Núm.:
MIRANDA H/N/C GLO SPA                              BY2022CV06198
   HEALTH & BEAUTY

      Parte Recurrida
                                                   Sobre:
             v.                                    Cobro de Dinero y
                                                   Ejecución de Hipoteca y
   PAULA GUADALUPE                                 Prenda
    PAGÁN, Y OTROS

     Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, Paula

Guadalupe, Gerente de la Sucursal de Oriental Bank (en adelante,

“Guadalupe”), y Maritza Montalvo Santiago, Suscriptora de Préstamos de

Oriental Bank (en adelante, “Montalvo”) (en adelante y en conjunto, las

“Peticionarias”), mediante petición de certiorari presentada el 13 de

noviembre de 2023. Nos solicitaron la revocación de la Resolución y Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en

adelante, el “TPI”), el 28 de agosto de 2023, notificada y archivada en autos

el mismo día.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

auto de certiorari solicitado y se confirma el dictamen recurrido.

                                      I.

       El presente caso tiene su origen el 5 de diciembre de 2022, fecha en

que Oriental Bank (en adelante, “Oriental”) presentó una “Demanda” de

Número Identificador
SEN2023______________
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cobro de dinero y ejecución de hipoteca y prenda en contra de la parte

recurrida, Gloria Haydee Tirado Miranda h/n/c Glo Spa Health & Beauty (en

adelante, “Tirado” o “Recurrida”). Alegó que el 22 de julio de 2022 Tirado

solicitó y obtuvo un préstamo por la cantidad de $101,100.00, suscrito bajo

el affidavit número 45729 ante el Notario Público Ernesto A. Meléndez

Pérez. Asimismo, expuso que la Recurrida garantizó los pagos mediante un

pagaré hipotecario por la cantidad de $101,100.00 de principal, a favor de

Oriental fechado a 22 de julio de 2022 bajo afidávit número 45728 ante el

mismo notario público. De igual forma, planteó que, para garantizar el

aludido pagaré, Tirado otorgó la Escritura de Hipoteca Núm. 33 de 22 de

julio de 2022 por la cantidad del principal antes mencionada sobre cierto

bien inmueble sito en la Urbanización Santa Juanita en el Municipio de

Bayamón.

       Aseveró que ese mismo día la Recurrida suscribió un Contrato de

Prenda y Gravamen Mobiliario mediante el cual entregó en prenda el pagaré

hipotecario antes identificado al igual que los intereses, dineros y productos

que generara dicho pagaré y la propiedad que lo garantiza. También Tirado

suscribió un Acuerdo de Garantía Mobiliaria (Póliza de Seguro de Vida)

mediante el cual cedió a Oriental la póliza de seguros de vida número

T400427930, expedida por Lincoln National Life Insurance. Dicho

documento fue suscrito ante el Notario Ernesto A. Meléndez Pérez, affidavit

núm. 45731. Expresó que el préstamo fue dejado de pagar, por lo que

Oriental procedió a acelerar la deuda y sostuvo que la misma estaba vencida

y era líquida y exigible.

       A esos efectos, expresó que a la fecha de la presentación de la

“Demanda” la Recurrida adeudaba las siguientes cantidades: $101,100.00

de principal, más la suma de $3,266.00 de intereses acumulados hasta el 5

de diciembre de 2022, más los que continúen acumulándose hasta el pago

total y completo de la deuda, más la suma de $230.20 de cargos por mora,

más $5,055.00 de otros cargos, más $10,110.00 por concepto de honorarios

de abogados pactados. Por tanto, solicitó que una vez el TPI emitiera

dictamen final y firme, sin que Tirado hubiera satisfecho la aludida deuda,

se ordenara la ejecución de la propiedad dada en garantía.
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       El 31 de marzo de 2023, la Recurrida presentó “Contestación a

Demanda”. Reconoció que firmó ciertos documentos para obtener ciertas

garantías como parte del trámite conducente a obtener una facilidad de

crédito. Asimismo, alegó afirmativamente que los pagos estaban

condicionados a los ingresos a recibirse por la operación del negocio Glo

Spa Health & Beauty (en adelante, el “negocio”). Añadió que ello se vio

gravemente afectado debido a la negligencia, fraude y dolo cometido por

Oriental al otorgar el préstamo comercial en controversia conociendo la

zonificación de la propiedad y a la orientación que recibiera a los efectos de

que era suficiente solicitar un permiso de uso para que el negocio pudiera

operar.

       Ese mismo día, Tirado presentó una “Reconvención” mediante la

cual sostuvo que, como parte de los planes de abrir el negocio, solicitó una

cualificación para un préstamo comercial con Oriental para la compraventa

de la propiedad inmueble anteriormente descrita. Alegó que fue orientada

por Guadalupe sobre la documentación requerida para la solicitud de la línea

de crédito que, en su caso, al ser para un propósito comercial, entre otras

cosas, incluía la presentación de un Plan de Negocios. Aseveró que Oriental

la refirió a la atención de la Sra. María C. Rodríguez, Consultora de

Negocios de la Small Business Administration (SBS, por sus siglas en

inglés), puesto que dicha entidad estaría garantizando el préstamo

solicitado.

       Asimismo, esbozó que Oriental y los terceros que intervinieron en los

negocios de compraventa e hipoteca conocían que el pago del préstamo se

realizaría con las ganancias que Tirado obtuviera de la operación del

negocio. Expresó que el 6 de julio de 2022 advino en conocimiento de la

zonificación de la propiedad y le cuestionó a cierta representante de Oriental

y a la corredora de bienes raíces si ello afectaría la apertura y operación del

negocio. Sobre el particular, esgrimió que los representantes de Oriental y

ciertos terceros le indicaron que ello no representaba un impedimento para

la operación del negocio, toda vez que lo único que necesitaba era iniciar el

trámite en el Municipio de Bayamón para obtener el permiso de uso

comercial. Sostuvo que dicha orientación se alejaba de las exigencias de la
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profesión de todo profesional prudente y razonable, puesto que era sabido

por los representantes de Oriental, el vendedor y la corredora de bienes

raíces que la solicitud de permiso de uso comercial no implicaba un cambio

en la zonificación de una propiedad.

       Además, consignó que Oriental no paralizó el cierre al contar con

evidencia de que el negocio no era viable al uso propuesto de la propiedad

para la cual se solicitó el préstamo comercial fundamentado en que la

institución bancaria, por conducto de sus representantes, tenían un deber

de analizar la documentación en todo proceso hipotecario y dar las debidas

recomendaciones y advertencias a los otros representantes de Oriental para

tomar determinaciones correctas y adecuadas. Expuso que Oriental otorgó

una línea de crédito para actividades comerciales, a sabiendas de que los

pagos estaban condicionados a los ingresos a recibirse por la operación del

negocio. Le imputó a Oriental haberse enriquecido injustamente al realizar

un préstamo hipotecario comercial sobre una propiedad inmueble ubicada

en una zona urbana y que, por tanto, el consentimiento de Tirado al suscribir

la línea de crédito estaba viciado, ya que, si dicha circunstancia la hubiera

conocido de antemano, no hubiera llevado a cabo la compraventa ni

solicitado la línea de crédito. A tono con lo anterior, reclamó que el causante

del impago fue Oriental, puesto que cometió fraude junto con los terceros

que intervinieron en las negociaciones que culminaron con el otorgamiento

del préstamo.

       A base todo lo anterior, incorporó las siguientes causas de acción: (1)

vicios de voluntad, (2) enriquecimiento sin causa y (3) responsabilidad civil

extracontractual. Estimó sus daños por sufrimientos y angustias mentales

en $500,000.00, una cuantía ascendente a $150,000.00 por los gastos y

arreglos invertidos en el bien inmueble y gastos de cierre, la cantidad de

$200,000.00 por pérdida de ingresos operaciones del negocio y $5,000.00

por concepto de gastos del litigio.

       Varios días más tarde, Tirado presentó “Demanda contra Terceros”

en la que acumuló como terceras demandadas a las Peticionarias. En lo que

a ellas respecta, reiteró que Guadalupe la orientó sobre toda la

documentación requerida para la solicitud de la línea de crédito que, en su
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caso, al ser para un propósito comercial, entre otras cosas, incluía la

presentación de un Plan de Negocios y que ésta la refirió a ser orientada a

la SBS para que le asistieran con el proceso, toda vez que el préstamo

estaría garantizado por dicha entidad federal. Además, añadió que Oriental,

por conducto de Guadalupe, contrató los servicios del tasador, Sr. José C.

Méndez, quien realizó una tasación estrictamente comercial sobre la

propiedad en controversia. Asimismo, esgrimió que Guadalupe se tardó en

remitirle la tasación practicada al inmueble y que al examinar la misma

advino en conocimiento de la zonificación de éste. Añadió que al percatarse

de este particular se comunicó con Guadalupe para solicitarle orientación y

cuestionó si ello afectaría la operación del negocio, lo cual esta última

presuntamente le expresó que no confrontaría problemas, pues requería de

un simple trámite en el Municipio de Bayamón para solicitar un permiso de

uso comercial. Argumentó que Guadalupe le informó que Oriental le

otorgaría un periodo de gracia para que pudiera realizar dichas gestiones y

que no tendría que realizar pago alguno durante el mismo.

      Además, aseveró que el 5 de julio de 2022 le remitió a Guadalupe un

mensaje de texto en el que le indicó su intención de no continuar con el

proceso de compraventa y constitución de hipoteca, ya que no se sentía

segura por unos cambios a la aportación original del préstamo. Aseguró que

Guadalupe la persuadió en todo momento para que continuara con el

proceso, a pesar de sus dudas e inseguridades en cuanto al mismo, y

continuó brindándole una deficiente orientación, mediante procesos

fraudulentos y viciando la voluntad de la Recurrida para que continuara los

procesos y se diera el cierre apresurado del negocio con Oriental. A esos

fines, argumentó que Guadalupe tuvo oportunidad para orientarla sobre la

zonificación de la propiedad y el proceso correcto para que el negocio

pudiera operar. Expuso que el cierre del negocio fue atropellado, puesto que

Guadalupe actuó con prisa e hizo que Tirado firmara los documentos sin

leerlos. Sobre esto último, alegó que el trámite sobre el cambio de uso de la

propiedad fue denegado.

      Así pues, añadió que la corredora de bienes raíces le remitió un

correo electrónico en el que expresó que Oriental había sido negligente con
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su caso y le indicó lo siguiente: “Yo le había preguntado a [Guadalupe] sobre

los permisos de uso cuando se inició el caso a principios de año y ella me

indicó que los permisos de uso se solicitaban a lo último. Yo no trabajo en

banca comercial lamentablemente no sé cómo es el proceso, pero esto es

negligencia del banco”.1 Sostuvo que reclamó a Guadalupe y que éste le

refirió unos números de teléfonos de unas gestoras para que se orientara

sobre la situación de la zonificación del inmueble.

       Por otro lado, le imputó a Montalvo tener el ineludible deber de

analizar toda la documentación del proceso hipotecario que se estaba

llevando a cabo con la Recurrida y, a su vez, un deber de paralizar y/o

detener el cierre del mismo, al contar con evidencia de que el negocio no

era viable al uso propuesto de la propiedad para la cual se estaba solicitando

el préstamo comercial. Planteó que Montalvo tenía el deber de analizar y

dar las debidas recomendaciones y/o advertencias a Guadalupe para tomar

determinaciones correctas y adecuadas que no tuviesen consecuencias

adversas para las partes en el negocio jurídico realizado.

       Finalmente, reclamó que todos los terceros demandados se

enriquecieron injustamente al realizar el negocio, ya que conocían que la

solicitud de permiso de uso comercial no implicaba un cambio de

zonificación. Asimismo, acumuló el planteamiento sobre el vicio en el

consentimiento y esgrimió las mismas causas de acción expuestas en la

“Reconvención”, así como los mismos daños y por los mismos conceptos

esbozados en esta última.

       Luego de transcurridos varios trámites procesales, el 31 de mayo de

2023, las Peticionarias presentaron ante el TPI una “Moción de

Desestimación Parcial”. Mediante la misma, sostuvieron que no existía

una sola alegación dirigida a éstas en la que se expusiera un hecho

específico y particular por el cual debían responder en su carácter personal.

Expresó que no figuraban alegaciones en su contra, puesto que no existía

una relación fuera del alcance de las funciones como empleadas de

Oriental. Articuló que Oriental era parte demandante en el caso y que Tirado

1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 160.
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promovió una “Reconvención” por los mismos hechos que esboza en su

“Demanda contra Tercero” dirigida en contra de las Peticionarias por actos

realizados en ocasión de sus funciones. A la luz de lo anterior, fue su

contención de que la “Demanda contra Tercero” dejaba de exponer una

reclamación que justificara la concesión de un remedio, por lo que procedía

la desestimación de la misma.

       El 20 de junio de 2023, la Recurrida presentó “Moción en

Cumplimiento de Orden sobre Oposición a Moción de Desestimación

Parcial”. Planteó que las Peticionarias tomaron decisiones en el proceso del

cierre no solo en su capacidad de empleadas de Oriental, sino en su

carácter personal e individual. Esto es así, ya que, ambas tenían un deber

de ser prudentes y razonables en sus actuaciones u omisiones, el cual está

atado a su licencia profesional, la cual se obtiene u ostenta en su capacidad

individual. A esos efectos, añadió que la licencia profesional del individuo no

está atada al patrono, sino que es una responsabilidad personal e individual.

Específicamente, en cuanto a Guadalupe, expuso que ésta le orientó

incorrectamente sobre el proceso de obtención del permiso de uso, que el

ofrecimiento de un periodo de gracia no es lo mismo que una moratoria y

que ambas actuaciones las efectuó sin consultarle a Oriental. Expresó que

las Peticionarias obtuvieron una comisión pecuniaria por el cierre del

préstamo comercial objeto del litigio, beneficiándose y enriqueciéndose

injustamente de la situación de la Recurrida. De conformidad con lo anterior,

aseveró que la solicitud de desestimación parcial presentada por ambas

carecía de méritos y que la “Demanda contra Terceros” era susceptible de

ser enmendada.

       Evaluados los argumentos de las partes, el TPI dictó Resolución y

Orden. Concluyó el foro a quo que la reclamación de Tirado era una sobre

daños contractuales y extracontractuales, y que la misma no constituía una

acción redhibitoria tal como se expresa en los Artículos 1267, 1268 y 1270

del Código Civil del 2020, 31 LPRA secs. 9871, 9872 y 9874. Por tanto,

coligió que la “Demanda contra Terceros” expone una reclamación que

justifica la concesión de un remedio en contra de las Peticionarias, pues

incluye alegaciones respecto a éstas, tanto en su carácter profesional como
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personal e incluso, señala que las Peticionarias se apartaron de la mejor

práctica de su profesión durante el proceso de compraventa y otorgación

del préstamo comercial hipotecario. Añadió que las alegaciones esgrimidas

por Tirado en contra de éstas son serias y ameritan que las mismas sean

evaluadas en unión con la prueba que en su día se presente. Asimismo,

expuso que el caso estaba iniciando y que no se habían celebrado vistas y

el descubrimiento de prueba no estaba en una etapa avanzada. A tenor con

lo anterior, declaró “No Ha Lugar” la solicitud de desestimación parcial

interpuesta por las Peticionarias.

       Insatisfechas, el 7 de septiembre de 2023, las Peticionarias

presentaron “Moción de Reconsideración” y el 25 de septiembre de 2023

Tirado presentó “Moción en Cumplimiento de Orden sobre Oposición a

Moción de Reconsideración”. El 12 de octubre de 2023, el TPI emitió

Resolución mediante la cual denegó la solicitud de reconsideración radicada

por las Peticionarias. Aún inconformes, estas últimas presentaron el recurso

que nos ocupa y le imputaron al foro primario la comisión de los siguientes

errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA EN SU ANÁLISIS DE LA MOCIÓN DE
       DESESTIMACIÓN     PRESENTADA     POR      LAS
       PETICIONARIAS CUANDO EN ESTE CASO -VISTAS LAS
       ALEGACIONES DE LA MANERA MÁS FAVORABLE PARA
       LA TERCER DEMANDANTE- NO HAY UNA SOLA
       ALEGACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN
       REMEDIO A FAVOR DE LA TERCERA DEMANDANTE Y
       EN CONTRA DE LAS PETICIONARIAS.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL CONSIDERAR EN CONJUNTO CUATRO
       MOCIONES DE DESESTIMACIÓN Y DENEGARLAS BAJO
       UN MISMO FUNDAMENTO CUANDO LAS CUATRO
       MOCIONES DE DESESTIMACIÓN RESPONDEN A
       ALEGACIONES DISTINTAS Y CUANDO A CADA UNA LES
       APLICA UN DERECHO PARTICULAR QUE -EN LO QUE
       RESPECTA A LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN DE LAS
       PETICIONARIAS-  EL   TRIBUNAL   DE   PRIMERA
       INSTANCIA NO LLEGÓ A SOPESAR EN SU
       DETERMINACIÓN.

       TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL ELUDIR APLICAR EL PRINCIPIO DE
       RESPONSABILIDAD VICARIA Y -POR NEGATIVA- NO
       DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA TERCERO
       DIRIGIDA EN CONTRA DE LAS EMPLEADAS DE
       ORIENTAL CUANDO NO EXISTE REMEDIO EN LEY QUE
       PUEDA SER CONCEDIDO A FAVOR DE LA TERCERA
       DEMANDANTE Y EN CONTRA DE LAS PETICIONARIAS.
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       Asimismo, las Peticionarias solicitan que se le imponga a la Recurrida

la cantidad de $5,000.00, en concepto de honorarios de abogado por

temeridad por las inconveniencias que acarrea tener que defenderse de un

reclamo injustificado como el alegado en la “Demanda contra Terceros”.

El 15 de noviembre de 2023, emitimos Resolución mediante la cual le

concedimos a la Recurrida un término para que presentara su alegato en

oposición. El 27 de noviembre de 2023, Tirado presentó su alegato en

oposición.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                      II.

                                      A.

       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, y su

jurisprudencia interpretativa le confiere al demandado la oportunidad de

presentar cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción

sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia

del   emplazamiento;      (4)   insuficiencia    del   diligenciamiento    del

emplazamiento; (5) que las alegaciones del demandante dejan de exponer

una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) la falta de

una parte indispensable. Comisión v. González Freyre et al., 211 DPR ___

(2023); 2023 TSPR 28.

       La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, supra, es una defensa que formula el demandado antes de presentar

su contestación a la demanda, en la cual solicita que se desestime la

demanda presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dey.

Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).

En general, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, recoge defensas

que pueden plantearse, a opción del demandado, en una moción de

desestimación antes de contestar o en la misma contestación a la demanda.

Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022).

       De ahí que, al considerar una moción para desestimar una demanda

por ésta dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio, deba ser evaluada de forma crítica. Ello, puesto que el tribunal
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está obligado a tomar como ciertos los hechos bien alegados en la

demanda. Hecha esta salvedad, el Tribunal interpretará las aseveraciones

de la demanda en la forma más favorable para el demandante formulando

en su favor todas las inferencias que puedan asistirle. Rivera Sanfeliz, et al.

v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49 (2015). De igual forma, nuestro más

alto foro ha establecido que:

       [A] los fines de disponer de una moción de desestimación,
       estamos obligados a dar por ciertas y buenas todas las
       alegaciones fácticas de la demanda presentada. Para
       prevalecer, el promovente de la moción tiene que demostrar
       que, aun así, la demanda no expone una reclamación que
       justifique la concesión de un remedio. Esta doctrina se aplica
       solamente a los hechos bien alegados y expresados de
       manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a
       dudas. Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497,
       505 (1994).

       Sobre este asunto, el Dr. José Cuevas Segarra expone que “[e]n la

moción de desestima[ción] no se trata de poner en duda los hechos

alegados en la demanda, sino atacarla por un vicio intrínseco, por ejemplo:

insuficiencia, ausencia de parte indispensable, [o] falta de jurisdicción”. J.A.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS,

San Juan, Tomo I, 2000, pág. 275.

       En fin, “la demanda no deberá ser desestimada a menos que se

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo

de su reclamación”. Pressure Vessels PR. v. Empire Gas P.R., supra, pág.

505. Consecuentemente, se debe considerar “si a la luz de la situación más

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. Íd.

       Ahora bien, si en una moción basada en la Regla 10.2 (5) de

Procedimiento Civil, supra, se esbozan materias no contenidas en la

alegación impugnada —y estas no son excluidas por el tribunal— la moción

deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria. En

consecuencia, estará sujeta a todos los trámites provistos en la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, hasta su resolución final. De manera que, todas

las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda
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materia pertinente a tal moción bajo dicha regla. Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra.

       Relacionado con lo anterior, la jurisprudencia ha identificado casos

que contienen elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o

negligencia. A saber, “controversias en las que el factor credibilidad juega

un papel esencial, si no decisivo, para llegar a la verdad, y donde un litigante

depende en gran parte de lo que extraiga del contrario en el curso de un

juicio vivo.” Rosario Ortiz v. Nationwide Mutual Insurance Co., 158 DPR 775,

780-81 (2003). A esos efectos, “la privación a un litigante de su ‘día en corte’

es una medida procedente sólo en casos extremos y que debe usarse

solamente en casos claros. Íd., pág. 780.

                                      B.

       En   nuestro    ordenamiento     jurídico,   la   responsabilidad   civil

extracontractual está regulada en el Artículo 1536 del Código Civil de Puerto

Rico de 2020, el cual establece que: “[l]a persona que por culpa o

negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. 31 LPRA sec.

10801. El Artículo 1536 del Código Civil, supra, consagra en forma general

y sin concretar determinadas acciones, lo que el Tribunal Supremo ha dicho

que presupone una norma genérica que prohíbe causar daños a otro

mediante una conducta, ya sea activa o pasiva. García v. ELA, 163 DPR

800, 809 (2005). En cuanto a este precepto y su aplicación, se ha

establecido que sólo procede la reparación de un daño cuando se

demuestren los siguientes elementos indispensables: (1) el acto u omisión

culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión culposa

o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante.

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).

       En particular, el concepto de daños ha sido definido como “todo

menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica,

que sufre una persona y del cual haya de responder otra”. López v. Porrata

Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). En esa misma línea doctrinal, se ha

establecido que la culpa o negligencia es la falta del debido cuidado que

consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto,

o la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría
KLCE202301259                                                               12

previsto en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas,

supra, pág. 844; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005); Toro

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353,

358 (1962). Respecto a la relación causal, ésta es un componente

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es un

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho

antijurídico.” Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. Del daño culposo o

negligente surge el deber de indemnizar que “presupone nexo causal entre

el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de indemnizar los daños

que constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la indemnización”.

López v. Porrata Doria, supra, pág. 151.

      Esto último se refiere a la teoría de causalidad adecuada que rige en

nuestro ordenamiento. De acuerdo a ella, no es causa toda condición sin la

cual no se hubiera producido el daño, sino la que ordinariamente lo produce

según la experiencia general. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998).

La jurisprudencia ha sostenido que un daño parece ser el resultado natural

y probable de un acto negligente, si después del suceso y mirando

retroactivamente dicho acto, tal daño aparece como la consecuencia

razonable y ordinaria del acto. Torres Trumbull v. Pesquera, 97 DPR 338,

343 (1969); Estremera v. Inmobiliaria RAC, Inc., 109 DPR 852, 856 (1980).

El principio de causalidad adecuada requiere que en todo caso de daños y

perjuicios el demandante pruebe que la negligencia del demandado fue la

que con mayor probabilidad causó el daño sufrido. Parrilla Báez v. Ranger

American of P.R., 133 DPR 263, 270 (1993). De esta forma, un demandado

responde en daños si su negligencia por su acción u omisión es la causa

próxima del daño, aun cuando no sea la única causa del daño. Velázquez

v. Ponce, 113 DPR 39, 45 (1982). Por tanto, la cuestión se reduce a

determinar si la ocurrencia del daño era de esperarse en el curso normal de

los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de ese posible cálculo.

      La prueba o evidencia circunstancial es intrínsecamente igual a la

prueba o evidencia directa. Pueblo v. Pagán Santiago, 130 DPR 470, 479

(1992). Si un caso penal se puede probar mediante prueba circunstancial,

cuanto más uno en la zona civil. E. L. Chiesa, Tratado de Derecho
KLCE202301259                                                               13

Probatorio, T. II, pág. 1238. No existe duda, pues, que, bajo nuestro derecho

probatorio, la negligencia en los casos de daños es susceptible de ser

probada, al igual que cualquier otro hecho en cualquier caso, mediante

prueba circunstancial. Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 DPR 201, 207-

208 (1969).

       A la luz de lo anterior, para que prospere una acción en daños en

nuestra jurisdicción, es preciso que el demandante demuestre, por

preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia de un

acto culposo u omisión negligente y, además, el elemento de causalidad.

Art. 1536 del Código Civil, supra. La suficiencia, contundencia o tipo de

prueba presentada, así como el valor que los tribunales le darán, dependerá,

naturalmente, de las circunstancias particulares de cada caso, de

conformidad con nuestro derecho probatorio. Sin embargo, la prueba

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con mayores

probabilidades a la negligencia que el demandante imputa. Se requiere,

además, que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto

negligente no se establezca a base de una mera especulación o conjetura.

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993).

                                      C.

       En nuestro ordenamiento jurídico, “la obligación de reparar daños

generalmente dimana de un hecho propio”. Vélez Colón v. Iglesia Católica,

105 DPR 123, 127 (1976). No obstante, como excepción a esta norma, está

la figura de responsabilidad vicaria, que le impone responsabilidad a uno

por los actos cometidos por otro. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210

DPR 465, 485 (2010). Este precepto “impone responsabilidad por los actos

u omisiones, culposas o negligentes, de aquellas personas por quienes se

debe responder, siempre que con la culpa o negligencia de éstas concurra

la del principal, la que se presume”. Hernández Vélez v. Televicentro, 168

DPR 803, 814 (2006).

       En ese sentido, el Artículo 1540 (d) del Código Civil establece que,

en cuanto a la responsabilidad que alude el Artículo 1536, supra, responden

también “los patronos públicos o privados, por los daños que causan sus

empleados en el servicio de las ramas en que los tengan empleados o con
KLCE202301259                                                             14

ocasión de sus funciones”. 31 LPRA sec. 10805. Así pues, se reconoce la

responsabilidad extracontractual de un patrono, de manera excepcional, por

actuaciones de sus empleados siempre que éstos hubieran actuado dentro

del marco de sus atribuciones o funciones. Hernández Vélez v. Televicentro,

supra, pág. 815.

          Sobre este particular, hemos resuelto que el criterio
      determinante para establecer la responsabilidad del patrono
      es si al llevar a cabo su actuación, el agente tenía el propósito
      de servir y proteger los intereses de su patrono y no los
      suyos propios, y si su actuación fue incidental al
      cumplimiento de las actuaciones autorizadas. Esto es, si
      existe una conexión razonable y pertinente entre el acto del
      agente y los intereses del patrono, y si el acto del agente
      tiende razonablemente a imprimirle efectividad al objetivo
      final del patrono.

          A tono con lo anterior, hemos resuelto que la prueba para
      determinar la responsabilidad del patrono respecto a los
      actos del empleado no es si el acto de éste ha sido voluntario
      e intencional, sino si actuaba en beneficio del negocio del
      patrono y dentro de la esfera de su autoridad, o si se
      desvió de sus funciones y realizó un acto dañoso de
      carácter personal. Íd. (énfasis suplido).

      Así pues, se dispone que la responsabilidad del patrono se extiende

a actuaciones temerarias, voluntarias, intencionales, desenfrenadas o

maliciosas de su empleado, al igual que a actos imprudentes y descuidados

mientras son realizados cuando este último actúa en el ejercicio de sus

facultades y en el curso de su empleo o con el objetivo de adelantar el

negocio del empleador y no con un propósito persona suyo. Íd.

                                     D.

      El Artículo 1158 del Código Civil dispone que quedan sujetos a

indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o

morosidad, y los que de cualquier otro modo contravinieren a tenor de

aquellas. 31 LPRA sec. 9303. Es importante destacar que la buena fe

contractual no se manifiesta tan sólo al comienzo del contrato o en la fase

de la negociación, sino que está presente mientras dure la relación

contractual. En consecuencia, “cuando el incumplimiento de una obligación

contractual produjere daños a una de las partes contratantes, procede una

acción de daños y perjuicios por incumplimiento contractual”. Soc. de

Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 521 (1998). Por consiguiente,
KLCE202301259                                                                15

“[l]as acciones ex contractu solo pueden ser ejercidas por una parte

contratante en contra de la otra”. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193

DPR 38, 57 (2015).

       El Código Civil de Puerto Rico distingue entre las acciones de daños

y perjuicios extracontractuales y las acciones derivadas del incumplimiento

contractual, bajo el Artículo 1158, supra. “Mientras que la acción de daños

y perjuicios extracontractuales del Artículo 1802 [hoy Artículo 1536 del

Código Civil de 2020, supra], protege el deber general de diligencia

necesario para la convivencia social, la acción ex contractu se fundamenta

en el incumplimiento de un deber que surge de un acuerdo de voluntades

previo entre las partes”. Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 813, 818

(2008). Recordemos que la culpa o negligencia a que se refiere el Artículo

1536 del Código Civil, supra, es aquella no relacionada con una obligación

anterior. Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, Inc., 130 DPR 712,

721 (1992). Sino a los principios generales de convivencia social que

suponen no causar un daño a otro. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank,

supra, pág. 57. Ahora bien, si el hecho que constituye un incumplimiento

contractual   también    constituye   una    violación   extracontractual,   el

demandante podrá escoger dicha causa de acción para vindicar sus

derechos. Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, supra, pág. 728.

Dicho de otra forma, se reconoce en nuestra ordenamiento la teoría de la

concurrencia de acciones de resarcimiento derivadas de un contrato y, a la

vez, de un acto ilícito extracontractual. Maderas Tratadas v. Sun Alliance,

185 DPR 880, 910 (2012).

                                      III.

       Por estar íntimamente relacionados y dado al hecho de que las

Peticionarias discutieron conjuntamente los tres (3) señalamientos de error,

adjudicamos, de igual forma, las controversias que nos ocupan. Veamos.

       En esencia, las Peticionarias sostienen que el TPI erró al denegar su

solicitud de desestimación parcial, bajo el entendido de que la liberalidad del

análisis de una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de

Procedimiento Civil, supra, no es absoluta y que el foro primario erró al

atender cuatro (4) mociones de desestimación presentadas por varios
KLCE202301259                                                              16

terceros demandados, incluyendo las Peticionarias, en un mismo dictamen.

Además, exponen que toda demanda es susceptible de ser enmendada,

pero ello no debe servir de base para la denegatoria de una moción de

desestimación. Asimismo, argumentan que las alegaciones en su contra son

descarnadas y fueron hechas con el único objetivo de importunarlas y

sujetarlas a los vejámenes e inconveniencias de un litigio. Del mismo modo,

plantean que el análisis bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra,

no requiere que la parte promovente de la solicitud de desestimación aporte

prueba sobre su falta de responsabilidad, ni requiere la iniciación de un

descubrimiento de prueba o avanzar a etapas del proceso con el costo que

ello acarrea. Finalmente, arguye que el TPI erró al no aplicar la doctrina de

responsabilidad vicaria, toda vez que la “Reconvención” presentada por

Tirado está predicada en los mismos hechos y alude a los mismos daños

que se alegan en la “Demanda contra Terceros”. Diferimos de la posición

de las Peticionarias. Nos explicamos.

       El análisis de las alegaciones consignadas en la “Demanda contra

Terceros” revela que las causas de acción interpuestas por la Recurrida en

contra de las Peticionarias están predicadas en los daños contractuales y

extracontractuales que las alegadas actuaciones de éstas le ocasionaron.

Igualmente, de una somera lectura de éstas se puede concluir que existen

una serie de elementos subjetivos y de credibilidad que serán necesarios

que el foro recurrido aquilate con la presentación de prueba a esos efectos.

Advertimos, además, que lo único que requiere nuestro ordenamiento

jurídico en torno a las alegaciones es una relación sencilla y sucinta de los

hechos que demuestren que la parte suscribiente puede tener derecho a un

remedio. Véase, Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1.

Una alegación corta, clara, simple, concisa y directa será suficiente. Así, no

se exigirán fórmulas técnicas para la redacción de las alegaciones, ya que

éstas se interpretarán con el propósito de hacer justicia. Véase, Regla 6.5

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.5. Lo esencial es que, a la luz

de las alegaciones de la demanda, los demandados estén razonablemente

prevenidos de lo que los demandantes intentan reclamar.
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       No nos cabe la menor duda de que las Peticionarias tienen una

noción clara de los hechos que, según la Recurrida, son constitutivos de los

daños alegados. Por tanto, contrario a lo alegado por las Peticionarias, no

creemos que las mismas sean descarnadas y, a esta etapa de los

procedimientos, no estamos ante un cuadro jurídico que nos permita

concluir que se efectuaron con el único propósito de importunarlas y

sujetarlas a las inconveniencias de un litigio. Así pues, tomando como

ciertas las alegaciones esgrimidas por Tirado, concluimos que ésta tiene

una reclamación que justifica la concesión de un remedio. A nuestro juicio,

la “Demanda contra Terceros” contiene hechos suficientes para entender

que la Recurrida ha sufrido un daño a consecuencia de las actuaciones de

las Peticionarias y que existe una relación causal entre los daños alegados

y los actos efectuados por estas últimas.

       Así pues, el marco fáctico y procesal reseñado nos lleva a concluir

que la desestimación de las reclamaciones incoadas por Tirado a esta etapa

de los procedimientos resultaría en una determinación prematura.

Coincidimos con el foro a quo en que es necesario que se aporte prueba

que establezca la forma en que se suscribió el préstamo en controversia y

se determine la procedencia de las alegaciones relacionadas con el vicio del

consentimiento alegado por la Recurrida, en unión a las acciones que se le

imputan a las Peticionarias. Nótese que las alegaciones de Tirado en cuanto

al incumplimiento contractual por parte de Oriental, en unión con las

presuntas actuaciones u omisiones culposas desplegadas por las

Peticionarias aluden a actos intencionales que hacen indispensable la

presentación de evidencia que así lo establezca.

       Más cuando, como en el caso de autos, en la adjudicación de las

controversias ante la consideración del TPI el factor credibilidad juega un

papel esencial para arribar a la verdad, y donde ambas partes dependen en

gran parte de lo que se pueda extraer de la otra en el curso de un juicio o

como parte de un descubrimiento de prueba. Ello es cónsono con la política

arraigada en nuestra jurisdicción de que la privación a un litigante de su día

en corte es una medida procedente sólo en casos extremos y que debe
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utilizarse cuando no existe duda alguna sobre las reclamaciones

presentadas ante el tribunal.

      De igual manera, nada en nuestro ordenamiento jurídico proscribe

que los tribunales de instancia puedan adjudicar distintas mociones

dispositivas en un mismo dictamen. Pero, aun haciendo abstracción de lo

anterior, coincidimos con el análisis empleado por el TPI para denegar la

solicitud de desestimación parcial de las Peticionarias. Ello porque sus

conclusiones se ajustan a la norma consistentemente establecida por

nuestro Tribunal Supremo. A fin de cuentas, la función revisora de este foro

apelativo intermedio se da sobre el resultado y no contra los fundamentos

del TPI.

      Finalmente, tampoco proceden los argumentos traídos ante nuestra

consideración sobre responsabilidad vicaria. Si bien es cierto que un

patrono es responsable por las actuaciones culpables y negligentes de sus

empleados en curso ordinario de sus facultades relacionadas al empleo, no

es menos cierto que se ha resuelto que es indispensable que se aporte

prueba para determinar la responsabilidad del patrono respecto a los

actos del empleado y que se pueda concluir si éste actuaba en

beneficio del negocio del patrono y dentro de la esfera de su autoridad,

o si se desvió de sus funciones y realizó un acto dañoso de carácter

personal.

      En suma, es nuestra opinión que el TPI actuó correctamente en

denegar la solicitud de desestimación parcial presentada por las

Peticionarias. No estamos ante un panorama jurídico en el que se pueda

concluir válidamente que a base de los hechos bien alegados y expresados

se pueda entender que de su faz la Recurrida no tenga remedio alguno en

ley. Es decir, asumidas como ciertas las alegaciones consignadas en la

“Demanda contra Terceros” y consideradas de la manera más favorable y

liberal a favor de la Recurrida, existe una causa de acción en contra de las

Peticionarias. No procede la revocación de la determinación recurrida.
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                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, expedimos el auto de certiorari y

confirmamos la Resolución y Orden recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones