Court Opinion

ID: 9896784
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:18:43.232118+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:09.755321
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL XI

      GRUPO MÉDICO                                 Apelación
     FLAMBOYÁN LLC Y                               procedente del
         OTROS                                     Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
         Apelados                                  Superior de San
                                                   Juan
              v.               KLAN202300855
                                                   Caso Núm.:
     HOSPITAL SAN JUAN                             SJ2022CV08343
    CAPESTRANO Y OTROS
                                                   Sobre: Daños y
         Apelantes                                 Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa y la Jueza Díaz Rivera.1

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a de 31 octubre de 2023.

       Comparece ante nos, el Grupo Médico Flamboyán, LLC (Grupo

Médico) y el Dr. Freddy Salient Aquino (Dr. Salient Aquino) y nos

solicitan que revisemos y revoquemos la Sentencia emitida el 4 de

agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de San Juan. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró Ha

Lugar la Moción de Desestimación que presentó el Hospital San Juan

Capestrano (Hospital) y, en consecuencia, desestimó la Demanda sin

perjuicio.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                 I.

       El 19 de septiembre de 2022, la parte apelante presentó una

Demanda sobre daños y perjuicios en contra de la parte apelada. A

grandes rasgos, alegó que desde el 11 de mayo de 2016, el Grupo

Médico mantuvo un contrato de servicios profesionales con el

1 De conformidad con la Orden Administrativa OATA-2023-184 se modifica la
integración del panel.

Número Identificador
SEN2023__________________
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Hospital. Esgrimió que mediante dicho acuerdo el Grupo Médico se

encargaba de reclutar médicos cualificados para que el Hospital,

luego de un procedimiento de evaluación, les concediera privilegios

para dar servicios en dicha institución. Así pues, manifestó que

luego de renegociado el contrato, Luis González (González), Carlos

Figueroa (Figueroa) y Marta Rivera (Rivera) de forma arbitraria le

ordenaron reducir el servicio médico en un diecinueve por ciento

(19%). Destacó que, posteriormente, se le exigió aumentar

nuevamente el servicio médico previamente reducido.

      Asimismo, la parte apelante adujo que la parte apelada tenía

un patrón de presión y represalias en su contra. Agregó que las

imputaciones que hizo el Hospital en contra de Grupo Médico les

creó presión, malestar, desconfianza e incomodidad en continuar

ofreciendo servicios en dicha institución. Acentuó que la situación

creada por la parte apelada provocó que tuvieran que finalizar el

contrato efectivo el 21 de septiembre de 2021. Consecuentemente,

solicitó una indemnización por los ingresos dejados de percibir, por

los daños y angustias mentales y por los gastos y honorarios de

abogado.

      Oportunamente, el 31 de enero de 2023, la parte apelada

presentó una Moción de Desestimación. En síntesis, solicitó la

desestimación de la Demanda presentada en su contra. Esbozó que

la controversia planteada por la parte apelante estaba sujeta a una

cláusula de arbitraje que no fue honrada, a pesar de que la cláusula

expresamente dispone que cualquier controversia relacionada con el

contrato debe someterse al proceso de resolución de disputas que

provee el mismo contrato. Sostuvo que los remedios solicitados por

la parte apelante surgían de su expectativa de la continuación del

contrato y de la rescisión presuntamente forzada por este. Explicó

que la única fuente que vincula a las partes y da lugar a la causa de

acción es precisamente el contrato.
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      El 18 de febrero de 2023, la parte apelante presentó una

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación y Solicitud de

Sentencia Sumaria. Indicó que la Demanda es una por daños y

perjuicios por las actuaciones arbitrarias, intimidación, amenazas,

presión y represalias ejercidas por todos los apelados. Aclaró que no

se hizo alusión a una cláusula incumplida, sino a las actuaciones

culposas de todos los apelados. Señaló que de la Demanda ser un

asunto surgido del contrato tal cláusula ni siquiera es vinculante,

toda vez que del propio lenguaje de la referida cláusula no surge -ni

exige- que las partes deberán acudir al procedimiento de arbitraje

en cualquier controversia relacionada con el contrato, sino todo lo

contrario, la cláusula les da la opción a las partes.

      El 22 de febrero de 2023, el TPI emitió una Orden mediante la

cual señaló una vista argumentativa para el 15 de junio de 2023.

Posteriormente, el 13 de marzo de 2023, la parte apelada presentó

una Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación […].

Así las cosas, el 15 de junio de 2023, se llevó a cabo la vista

argumentativa. Consecuentemente, el TPI ordenó una reunión entre

partes. Así, el 28 de junio de 2023, las partes presentaron una

Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden mediante la cual

informaron que en la reunión no se llegó a ningún resultado

satisfactorio.

      Luego de varios incidentes procesales, el 5 de julio de 2023,

la parte apelante presentó una Dúplica a Réplica a Moción en

Oposición a Solicitud de Desestimación […]. Acto seguido, el 4 de

agosto de 2023, el TPI emitió una Sentencia, notificada el 8 de agosto

de 2021, mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción de

Desestimación que presentó la parte apelante; en consecuencia, el

TPI desestimó la Demanda por falta de jurisdicción.

      En desacuerdo, el 21 de agosto de 2023, la parte apelante

presentó una Moción Solicitando Reconsideración. Ese mismo día, la
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parte apelada presentó una Oposición a Moción Solicitando

Reconsideración. Luego, el 24 de agosto de 2023, el TPI emitió una

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración que presentó la parte apelante.

      Insatisfechos con esa determinación, el 22 de septiembre de

2023, la parte apelante presentó un recurso de Apelación y señaló

la comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el TPI al desestimar la
      Demanda por falta de jurisdicción, en base a una
      cláusula de arbitraje que no era aplicable a las partes
      que no fueron contratantes.

      SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al desestimar la
      Demanda por falta de jurisdicción, en base a una
      cláusula de arbitraje que no era aplicable a la causa
      de acción presentada.

      TERCER ERROR: Erró el TPI al desestimar la
      Demanda por falta de jurisdicción, en base a una
      cláusula de arbitraje que no era una cláusula
      obligatoria y que fue renunciada por el Hospital.

      CUARTO ERROR: Erró el TPI al desestimar la
      Demanda, sin cumplirse con los criterios de las
      Reglas 10.2 y 36 de Procedimiento Civil.

      Examinado el recurso de Apelación, este Tribunal emitió una

Resolución el 27 de septiembre de 2023, concediéndole un término

de veinte (20) días a la parte apelada para que expresara su posición

al recurso. El 11 de octubre de 2023, la parte apelada presentó un

Alegato de Parte Apelada. Con el beneficio de la comparecencia de

todas las partes, procedemos a resolver.

                              II.

   A. Desestimación

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) le

permite al demandado solicitar que se desestime la demanda en su

contra antes de contestarla. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis

de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. La precitada regla dispone lo

siguiente:
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       Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación
       se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción
       de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
       mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta
       de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción
       sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4)
       insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5)
       dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión
       de un remedio; (6) dejar de acumular una parte
       indispensable. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.

       Así pues, entre las defensas mediante las cuales una parte

puede solicitar la desestimación de la causa instada en su contra se

encuentra el “dejar de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio”2 y la “falta de jurisdicción sobre la

materia”. Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra. Véase,

además, Bonnelly Sagrado v. United Surety, 207 DPR 715 (2021).

       La jurisdicción es el poder de un tribunal para considerar y

decidir casos y controversias. Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 DPR 402

(2022); Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319, 329 (2018). Al

respecto, es norma reiterada que el asunto de la jurisdicción

constituye materia de carácter privilegiado y que, por lo mismo, debe

ser resuelto con preferencia a cualquier otra cuestión. S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. F.S.E.,

145 DPR 122 (1998).

       En cumplimiento con este deber, un foro judicial no tiene

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la hay. En este

contexto, los tribunales de justicia están obligados a examinar su

propia autoridad para adjudicar la cuestión de que se trate, así como

también aquella de donde provenga el recurso que considera. S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. Véase, además, Souffront v.

A.A.A., 164 DPR 663 (2005).

2 Si en una moción en que se formula la defensa (5) [dejar de exponer una
reclamación que justifique la concesión de un remedio] se exponen materias no
contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal,
la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria y
estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su
resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de
presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha. Regla 10.2 de
Procedimiento Civil, supra.
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       La falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de

ser subsanada, razón que impone a los tribunales la obligación de

ser celosos guardianes de su facultad adjudicativa. Szendrey-Ramos

v.    F.   Castillo,   supra; Souffront   v.   A.A.A.,   supra.    Véase,

además, Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005); Vázquez v. A.R.P.E.,

128 DPR 513 (1991). Tal deber les exige evaluar rigurosamente su

jurisdicción y, de percatarse que carecen de la misma, vienen

llamados a así declararlo y a desestimar la acción pertinente. Freire

Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006); Carattini v. Collazo Syst.

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). Cuando el tribunal carece de

jurisdicción sobre la materia, las consecuencias son las siguientes:

       (1) no es susceptible de ser subsanada;
       (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un
       tribunal como tampoco puede éste arrogársela;
       (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;
       (4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar
       su propia jurisdicción;
       (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar
       la jurisdicción del foro de donde procede el recurso,
       (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento,
       a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio.
       Pueblo v. Rivera Ortíz Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR
       364, 372-373 (2018).

       De este modo, en atención a que el aspecto jurisdiccional

incide sobre el poder de atender en sus méritos determinada

cuestión jurídica, los tribunales pueden, incluso, considerar dicho

asunto motu proprio en defecto de señalamiento a tal fin. Moreno

González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); García v.

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).

       De igual forma, la Regla 10.8 (c) de Procedimiento Civil (32

LPRA Ap. V) dispone que de surgir “[…] que el tribunal carece de

jurisdicción sobre la materia, este desestimará el pleito”.

     B. Cláusula de arbitraje

       La Ley Federal de Arbitraje (FAA, por sus siglas en inglés), 9

USCA sec. 1 et seq., es un estatuto federal que obliga a los tribunales

a darle validez a una cláusula de arbitraje en un contrato según sus

términos. 9 USCA sec. 2. Véase, además, Aponte Valentín v. Pfizer
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Pharmaceutical, LLC., 208 DPR 263 (2021). Mediante la aprobación

de la FAA, “el Congreso se aseguró que las cláusulas de arbitraje

fueran evaluadas y validadas como cualquier otra cláusula

contractual, teniendo en cuenta la autonomía contractual de las

partes, e instituyendo así una vigorosa política pública nacional a

favor del arbitraje”. Íd. Véase, además, Medina v. Cruz Azul de P.R.,

155 DPR 735 (2001).

       En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor del

arbitraje como método alterno para la solución de disputas y toda

duda sobre si procede o no el arbitraje debe resolverse a favor de

este   conforme   ha   sido   pactado.   Aponte    Valentín   v.   Pfizer

Pharmaceutical, LLC., supra. Véase, además, Constructora Estelar v.

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 30 (2011). En ese contexto, aun cuando

en nuestro ordenamiento existe una fuerte política pública a favor

del arbitraje, este mecanismo se utilizará solo si las partes así lo han

pactado y en la forma en que lo hayan pactado. Aponte Valentín v.

Pfizer Pharmaceutical, LLC., supra. Véase, además, H.R., Inc. v.

Vissepó & Diez Construction Corp., et al., 190 DPR 597 (2014). Lo

anterior es cónsono con el principio reiterado de que el arbitraje es

una figura jurídica inherentemente contractual. Aponte Valentín v.

Pfizer Pharmaceutical, LLC., supra.

       Así pues, dado que el arbitraje es una figura de naturaleza

contractual, no se puede obligar a una parte a someter una disputa

al procedimiento de arbitraje si esa parte no lo ha pactado de esa

forma. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 368

(2010). No obstante, en aquellos casos donde el arbitraje si ha sido

acordado, los tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia

y tienen que dar cumplimiento al arbitraje acordado. Aponte

Valentín v. Pfizer Pharmaceutical, LLC., supra, pág. 284. Por tanto,

ante un convenio de arbitraje lo prudencial es la abstención

judicial, aunque esa intervención no este vedada. (Énfasis
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nuestro). U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133

(1994).

       Así,   nuestro     máximo        Foro   ha   expresado      que    “la

determinación de si un acuerdo crea el deber de arbitrar una

controversia en particular entre las partes es tarea judicial”.

(Énfasis nuestro). S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra,

pág. 367.

                                 III.

       Por estar íntimamente relacionados discutiremos el segundo,

tercer y cuarto señalamiento de error de forma conjunta. Veamos.

       En el recurso que nos ocupa, la parte apelante plantea que

incidió el TPI al desestimar la Demanda por falta de jurisdicción, en

base a una cláusula de arbitraje que no era aplicable a las partes

que no fueron contratantes.3 Asimismo, insistió en que erró el TPI

al desestimar la Demanda por falta de jurisdicción, en base a una

cláusula de arbitraje que no era aplicable a la causa de acción

presentada. Enfatizó, además, que incidió el TPI al desestimar la

Demanda por falta de jurisdicción, en base a una cláusula de

arbitraje que no era una cláusula obligatoria y que fue renunciada

por el Hospital. Por último, adujo que erró el TPI al desestimar la

Demanda, sin cumplirse con los criterios de las Reglas 10.2 y 36 de

Procedimiento Civil.

       Por su parte, la parte apelada aseveró que la parte apelante

no levantó ante el TPI el argumento de que el principal de Grupo

Médico y los funcionarios del Hospital no estaban vinculados por la

póliza. Sostuvo que dicho argumento no se levantó en las mociones

que se intercambiaron previo a dictarse la Sentencia y que tampoco

se levantó cuando la parte apelante solicitó reconsideración de la

3 Con relación al primer señalamiento de error, debemos dejar claro que este
asunto no se presentó ante el TPI, por lo cual estamos impedidos de considerar
cuestiones que no fueron planteadas por las partes ni consideradas por el
Tribunal inferior.
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Sentencia. Arguyó que la cláusula de arbitraje aplica a todas las

controversias relacionadas al contrato y que, además, es una

cláusula obligatoria para las partes.

       Según el derecho que antecede, entre las defensas mediante

las cuales una parte puede solicitar la desestimación de la causa

instada en su contra se encuentra el “dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio” y la “falta de

jurisdicción sobre la materia”. Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil,

supra.

       La jurisdicción es el poder de un tribunal para considerar y

decidir casos y controversias. Pueblo v. Rivera Ortiz, supra. Al

respecto, es norma reiterada que el asunto de la jurisdicción

constituye materia de carácter privilegiado y que, por lo mismo, debe

ser resuelto con preferencia a cualquier otra cuestión. S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. Así pues, la falta de

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada,

razón que impone a los tribunales la obligación de ser celosos

guardianes de su facultad adjudicativa. Szendrey-Ramos v. F.

Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., supra.

       Tal deber les exige evaluar rigurosamente su jurisdicción y, de

percatarse que carecen de la misma, vienen llamados a así

declararlo y a desestimar la acción pertinente. Freire Ayala v. Vista

Rent, supra.

       Según surge del expediente, Grupo Médico y Hospital

otorgaron un contrato efectivo el 5 de enero de 2021, que contiene

una cláusula de arbitraje en la Sección 5.6. Dicha cláusula dispone

que,

       Governing Law and Alternative Dispute Resolution. Except
       where equitable, provisional or temporary remedies are
       sought, in the event of any dispute, controversy or claim
       arising out of or in connection with or relating to this
       Agreement or any alleged breach hereof, the Parties shall first
       negotiate the matter between themselves in good faith. If
       direct negotiations do not resolve the matter, either Party
       may file a written demand for arbitration with the other
       Party. The arbitration will proceed in accordance with the
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      terms of the American Health Lawyers Association
      Alternative Dispute Resolution Service Rules of Procedure for
      Arbitration. The arbitration will be conducted within the
      Practice State at a location agreed upon by the Parties. The
      award of the arbitrator will be biding and conclusive upon
      the Parties, any other entity controlled by, in control of or
      under common control with the Party to the extent that such
      affiliate joins in the arbitration.

      De una lectura puntillosa de la cláusula en cuestión es forzoso

concluir que esta aplica a todas las controversias relacionadas al

contrato. Además, es una cláusula obligatoria para las partes. La

cláusula de arbitraje establecida en la Sección 5.6 expresamente

establece que cualquier controversia relacionada con el contrato

debe someterse al proceso de resolución de disputas que provee el

contrato. Así, tomando en consideración que la Demanda de epígrafe

versa sobre una disputa relacionada con el contrato otorgado entre

el Grupo Médico y el Hospital, la cláusula de arbitraje es aplicable.

      Así pues, hay que tener en cuenta que la cláusula de arbitraje

en cuestión no es ajena al contrato. De una lectura detallada de la

Demanda, se desprende que el contrato es la base de las alegaciones

y de los remedios solicitados. Es decir, surge de las alegaciones de

la Demanda que la parte apelante tenía una expectativa de la

continuación del contrato; específicamente, cuando alegó que “[s]i el

demandado Hospital San Juan Capestrano no hubiera actuado

negligentemente para ponerle presión y forzar al Grupo Médico

Flamboyán a rescindir el contrato, este último estaría ofreciendo

servicios a dicha Institución como de costumbre, y no hubiera tenido

la pérdida económica y los daños aquí reclamados”. Además, otro

claro ejemplo se desprende cuando arguyó que “[h]abiendo tenido

un contrato desde el 11 de mayo de 2016, y renegociado en enero

2021, el demandante Grupo Médico Flamboyán, LLC, tenía una

expectativa legítima de continuar, con al menos 5 años adicionales

de contrato”.

      Así, como se ha dicho, en el caso de autos no cabe duda de

que las partes pactaron una cláusula de arbitraje, por lo cual, toda
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duda debe interpretarse a favor del arbitraje. Hay que hacer notar

que la cláusula de arbitraje se utilizará solo si las partes así lo han

pactado y en la forma en que lo hayan pactado. Aponte Valentín v.

Pfizer Pharmaceutical, LLC., supra. Lo anterior es cónsono con el

principio reiterado de que el arbitraje es una figura jurídica

inherentemente contractual. Íd.

       Por lo tanto, dado que el arbitraje es una figura de naturaleza

contractual, no se puede obligar a una parte a someter una disputa

al procedimiento de arbitraje si esa parte no lo ha pactado de esa

forma. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra. Sin embargo,

en aquellos casos donde el arbitraje si ha sido acordado, los

tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia y tienen que

dar cumplimiento al arbitraje acordado. Aponte Valentín v. Pfizer

Pharmaceutical, LLC., supra. En definitiva, ante un convenio de

arbitraje lo prudencial es la abstención judicial, aunque esa

intervención no este vedada. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp.,

supra.

       Finalmente, con relación al planteamiento de la parte apelante

de que la cláusula de arbitraje fue renunciada por el Hospital, es

forzoso concluir que tal y como estableció el TPI en la Sentencia, en

el caso ante nos no se constituyó una renuncia al arbitraje. No

debemos obviar que, cuando las partes voluntariamente renuncian

al derecho de arbitrar, el peso de establecer tal renuncia recae sobre

quien la levanta. Véase, H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Construction

Corp., et al., supra. Ese no es el caso ante nos.4

       En fin, ante el cuadro fáctico del caso de epígrafe, no podemos

pasar desapercibida la cláusula de arbitraje y se debe dar

cumplimiento      a   lo   pactado.     En    consecuencia,      procede    la

4 El asunto del caso civil SJ2021CV01712 es sobre una controversia de daños y

perjuicios que no están relacionados con el contrato e involucran reclamaciones
de terceros que no son parte del contrato.
KLAN202300855                                                      12

desestimación de la Demanda por falta de jurisdicción sobre la

materia.

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales se hacen

formar parte de este dictamen, se confirma la Sentencia apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones