Court Opinion

ID: 9941460
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:08.389412+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:41.952464
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                 Certiorari
   DEBORAH RIVERA                                procedente del
     VELÁZQUEZ                                   Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala de
        Peticionaria                             Carolina

                              KLCE202301413 Sobre:
             v.                             Injunction
                                            (Entredicho
                                            Provisional,
   SCI PUERTO RICO I                        Injunction
        Y OTROS                             Preliminar y
                                            Permanente)
         Recurrida
                                                 Caso Número:
                                                 CA2021CV02252

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Lebrón Nieves y la Juez Rivera Marchand

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

      La peticionaria, señora Deborah Rivera Velázquez, comparece

ante nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida y

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el

16 de octubre de 2023. Mediante la misma, el foro de origen declaró

No Ha Lugar una solicitud de traslado de caso promovida por la

peticionaria. Lo anterior, dentro de una acción civil sobre

incumplimiento de contrato y daños incoada en contra de la parte

aquí recurrida, SCI Puerto Rico I, y otros.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                   I

      El 28 de septiembre de 2021, la peticionaria presentó la

demanda enmendada de epígrafe. Tras los trámites de rigor, y luego

de trabada la controversia entre las partes, el 12 de octubre de 2023,

Número Identificador
RES2024 ________________
KLCE202301413                                                               2

presentó    una    Moción    Urgente    Solicitando    Traslado     para la

Consideración de la Honorable Rosa del C. Benítez, Administradora

de la Región Judicial de Carolina. En el pliego, solicitó que, a tenor

con las disposiciones de la Regla 16 de las Reglas para la

Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico del 30 de junio de 1999, según

enmendadas, 4 LPRA Ap. II-B, R. 16, se proveyera para el traslado

de la causa de epígrafe a otra región judicial. La peticionaria

fundamentó su requerimiento en la alegada necesidad de “mantener

la pulcritud de los procesos y garantizar una justicia sana y abierta

a la fe en el Sistema”.1 Específicamente, destacó el hecho de que

ejerce como perito ambiental y mediadora certificada en el tribunal

recurrido en otro caso ante ese Foro.

       El 13 de octubre de 2023, la parte recurrida presentó su

escrito en oposición a la solicitud de traslado antes aludida. En

esencia, expuso que fue la peticionaria quien radicó el pleito de

autos en la Región Judicial de Carolina, por lo que resultaba

contradictorio que adujera que su caso no podía tramitarse en la

misma. Añadió, a su vez, que la petición en controversia se efectuó

a poco más de dos años de radicado el pleito, por lo que, dada la

etapa avanzada de los procedimientos y los múltiples trámites

acontecidos, el traslado de la causa a una región judicial alterna no

resultaba conveniente. De igual forma, la parte recurrida también

expuso que el tribunal primario denegó una previa solicitud de

inhibición judicial promovida por la peticionaria, por lo que sostuvo

que esta estaba impedida de utilizar el mecanismo de traslado como

un subterfugio para remover su caso del foro donde lo radicó. Así,

solicitó que se denegara el traslado peticionado.

1 Véase: Apéndice, Anejo 11: Moción Urgente Solicitando Traslado para la
Consideración de la Honorable Rosa del C. Benítez, Administradora de la Región
Judicial de Carolina, pág. 47.
KLCE202301413                                                          3

      El 16 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

notificó la Resolución aquí recurrida. Mediante la misma, declaró No

Ha Lugar la moción de traslado promovida por la peticionaria.

      Inconforme, y tras denegarse una previa solicitud de

reconsideración ente el foro primario, el 13 de diciembre de 2023, la

peticionaria compareció ante nos mediante el presente recurso de

certiorari. En esencia, alega que la referida determinación atenta

contra el principio de proteger la imparcialidad del sistema judicial.

      Procedemos a expresarnos de conformidad con la norma que

dispone del trámite de la presente controversia.

                                    II

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

expresamente delimita la intervención de este Tribunal para evitar

la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilatan

innecesariamente el curso de los procesos. Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 594 (2011).            En lo pertinente, la

referida disposición reza como sigue:

      ........

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
      de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al
      denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos
      casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
      su decisión.
      ........

      32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      El entendido doctrinal vigente de la precitada disposición

establece que su inserción en nuestro esquema procesal, aun

cuando obedece al propósito de delimitar las circunstancias en las
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que el foro intermedio habrá de intervenir con resoluciones u

órdenes interlocutorias emitidas por el tribunal primario, asegura la

revisión apelativa, mediante el recurso de certiorari, en situaciones

meritorias constitutivas de excepción. Job Connection Center v.

Sups. Econo, 185 DPR 585, 593 (2012). Así, cuando, en el ejercicio

de su discreción, este Foro entienda que determinada cuestión

atenta contra intereses protegidos o desvirtúa el ideal de justicia,

viene llamado a entender sobre la misma.

      Por su parte, sabido es que el recurso de certiorari es un

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, 212 DPR ____ (2023); Mcneil Healthcare v. Mun. Las Piedras II,

206 DPR 659 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174

(2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se pretende la

revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso que atienden.

Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a un recurso de

apelación, el tribunal al que se recurre mediante el vehículo procesal

del recurso de certiorari tiene discreción para atender el asunto

planteado, ya sea expedir el auto solicitado o denegarlo. 800 Ponce

de León v. AIG, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, pág.

593; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). No obstante, “[e]l examen que hace

el tribunal apelativo, previo a expedir un certiorari, no se da en el

vacío ni en ausencia de otros parámetros”. 800 Ponce de León v. AIG,

supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:
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      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Ahora     bien,   la   correcta   consecución       de   la    justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad. De ahí la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso   que    atiende     conforme   le   dicte   su   buen      juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142

DPR 117 (1987). Cónsono con ello, sabido es que los tribunales

apelativos no “deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste en el ejercicio

de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o
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parcialidad incurrió en craso abuso de discreción o en error

manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

                                   III

      Al examinar el dictamen en controversia, ello a la luz de lo

estatuido en la precitada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

se desprende que el mismo no está inmerso en las instancias

contempladas por el legislador, a los fines de que este Foro pueda

entender sobre un recurso de certiorari. Tal cual esbozado, el alcance

de nuestra autoridad en recursos como el de autos, está

expresamente delimitado por el ordenamiento civil vigente. En el

presente caso, la parte peticionaria no demostró que, de no actuar

respecto a su solicitud en alzada, habría de producirse un fracaso a

la justicia. Por tanto, en ausencia de condición alguna que mueva

nuestro criterio a estimar que, en su más sano quehacer, este Foro

debe intervenir en la causa de epígrafe, denegamos la expedición del

auto solicitado.

                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones