Court Opinion

ID: 9952251
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:33:38.126891+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:19.290965
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

       FIRSTBANK                                  Apelación
      PUERTO RICO                                 procedente del
                                                  Tribunal de
          Apelado                                 Primera Instancia,
                                                  Sala de Fajardo
              v.
                                KLAN202300796     Sobre:
 HYPERBARIC SKIN AND                              Cobro de Dinero,
  HEALTH CLINIC, INC.;                            Ejecución de
    SURIMA SUÁREZ                                 Prenda y Ejecución
       CESTERO                                    de Hipoteca por la
                                                  Vía Ordinaria
         Apelantes
                                                  Caso Número:
                                                  CE2021CV00044

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

      Las apelantes, Hyperbaric Skin and Health Clinic, Inc. y la

señora Surima Suárez Cestero, comparecen ante nos para que

revoquemos la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Fajardo y notificada el 1 de mayo de

2023. Mediante la misma, el foro primario acogió una solicitud de

sentencia sumaria promovida por la parte aquí apelada, FirstBank

Puerto Rico (FirstBank), y, en consecuencia, declaró Ha Lugar una

demanda sobre cobro de dinero, ejecución de prenda y ejecución de

hipoteca incoada en contra de las apelantes.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

revoca la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

                                    I

      El 18 de junio de 2021, FirstBank presentó la demanda de

epígrafe. En lo atinente, expresó que, el 28 de enero de 2014,

suscribió un contrato préstamo con las aquí apelantes, ello por la

Número Identificador
SEN2024 ________________
KLAN202300796                                                      2

suma principal de $649,300.00. Las apelantes respectivamente se

constituyeron en deudora y garantizadora de la obligación. La

misma se evidenció en un pagaré bancario a la orden de la parte

apelada.

       En su demanda, la parte apelada indicó que, el 29 de abril de

2015, suscribieron un documento intitulado Enmienda a Contrato

de Préstamo, ello a fin de establecer una nueva forma de pago

respecto a las mensualidades que amortizarían el balance pendiente

del principal pactado en el contrato en controversia. Añadió que,

con posterioridad, el 30 de junio de 2016, nuevamente suscribieron

una Segunda Enmienda a Contrato de Préstamo, por la cual

acordaron otro plan de pago a los efectos de saldar el balance

insoluto.   Según se sostuvo, este nuevo acuerdo, al igual que el

previo, expresamente le reconoció “entera y absoluta discreción”1

para, antes del 1 de febrero de 2019, revisar el balance adeudado

por las apelantes y recalcular la mensualidad correspondiente para

los siguientes cinco (5) años del plan de pago convenido. A su vez,

expuso que, como condición adicional a las pactadas, las apelantes

reconocieron que, a dicha fecha, la cantidad adeudada por concepto

de intereses vencidos y no satisfechos ascendía a $5,051.21.

Igualmente, afirmó que estas también admitieron adeudar la suma

de $1,240.02 por razón de cargos por demora.

       En su demanda, FirstBank afirmó que, tanto en la primera,

como en la segunda enmienda efectuada al contrato de préstamo

original, se ratificaron las condiciones y garantías establecidas

respecto a la obligación. En relación a ello, destacó que la apelante

Suárez Cestero solidariamente garantizó el debido cumplimiento de

la misma, por lo que, conjuntamente con la apelante Hyperbaric

Skin and Health Clinic, Inc., estaba llamada a responder. Así, y

1 Véase, Apéndice: Anejo 1, Demanda, pág. 0005.
KLAN202300796                                                     3

como primera causa de acción, denunció que las apelantes

incumplieron con los términos de pago pactado, toda vez que, desde

el 1 de octubre de 2017, dejaron de satisfacer las mensualidades

correspondientes. Especificó que estas solidariamente adeudaban la

suma principal de $505,121.73, más los intereses vencidos sobre

dicha cantidad, los cuales, al 26 de mayo de 2021, totalizaban

$74,738.17.    Igualmente, FirstBank expresó que las apelantes

también adeudaban $18,186.96 por concepto de cargos por demora,

$5,051.21 por los intereses vencidos al 30 de junio de 2016 y

$64,930.00 por gastos, costas y honorarios de abogado.           La

institución apelada expuso que, como garantía del pago debido, las

apelantes dieron en prenda un pagaré hipotecario, por la suma

principal de $165,000.00, garantizado, a su vez, con una hipoteca

constituida sobre un inmueble propiedad de la apelante Suárez

Cestero.

      FirstBank incluyó una segunda causa de acción en virtud de

la cual alegó que, el 6 de octubre de 2015, las aquí apelantes,

también en calidad de deudora y garantizadora, suscribieron otro

contrato de préstamo por la suma principal de $120,000.00. Sobre

este particular, sostuvo que dicha obligación, también se evidenció

en un pagaré bancario suscrito a su orden, vencedero en un término

de cinco (5) años. Añadió que, el 30 de junio de 2016, las partes

efectuaron una primera enmienda al préstamo de referencia, ello

solo en cuanto al plan establecido para el pago de las mensualidades

correspondientes, manteniendo intactos los términos, condiciones y

garantías de la obligación original. Indicó que, como garantía del

cumplimiento de la obligación, las apelantes suscribieron un

Acuerdo de Gravamen Mobiliario sobre las cuentas por cobrar y el

inventario presente y futuro de la entidad apelante.

      Respecto a esta segunda causa de acción, el banco apelado

indicó que las apelantes también incumplieron con los términos de
KLAN202300796                                                      4

pago del contrato en cuestión. En específico, indicó que estas,

solidariamente, adeudaban la suma de $108,089.86 por concepto

del principal insoluto, más los intereses vencidos sobre dicha suma,

a saber, $7,308.58. A su vez, afirmó que también adeudaban la

cantidad de $990.82 por los intereses vencidos al 30 de junio de

2016, más $12,000.00 por razón de gastos, costas y honorarios de

abogado. De este modo, y tras sostenerse en la exigibilidad de su

derecho de pago, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que

proveyera para la total satisfacción de su acreencia, ordenando a las

apelantes al pago total de las cantidades reclamadas en la demanda.

En defecto de ello, peticionó que se ordenara la ejecución de la

garantía hipotecaria y de los gravámenes mobiliarios suscritos a su

favor. La institución apelada acompañó su demanda con los

documentos acreditativos de los préstamos objeto de la reclamación.

      El 23 de diciembre de 2021, la apelante Suárez Cestero

presentó Contestación a Demanda y Reconvención.        En el pliego,

negó las imputaciones hechas en su contra y afirmó que las

cantidades reclamadas en la demanda de epígrafe no reflejaban con

exactitud el balance al descubierto de la obligación. Al abundar,

indicó que, contrario a lo aducido, con posterioridad al 1 de octubre

de 2017, fecha en la que la parte apelada alegó se dejó de cumplir

la obligación en disputa, la empresa apelante efectuó pagos a los

fines de amortizar la deuda contraída. Expuso, por igual, que, en

múltiples ocasiones, solicitó a la institución apelada una relación

detallada de la deuda y no fue, sino hasta el 18 de marzo de 2021,

cuando se le proveyó cierta información, a su juicio, incompleta.

Añadió, que la parte apelada efectuó débitos directos no autorizados

de las cuentas de la compañía, que nunca les remitió un desglose

de la deuda aducida, así como que no les permitió refinanciar la

misma a un interés más bajo. A su vez, expresó que la institución
KLAN202300796                                                            5

apelada no permitió la inspección del expediente bancario, así como,

tampoco, la del pagaré objeto de ejecución.

      En su alegación responsiva, la apelante Suárez Cestero afirmó

que FirstBank estaba impedido de reclamar cantidad alguna por

concepto de penalidad por pagos tardíos, toda vez que, en múltiples

ocasiones se negó a recibir pagos parciales por los intereses

pactados. De este modo, argumentó que ningún incumplimiento

contractual podía imputársele, toda vez que fue la propia parte

apelada quien, con sus actos, impidió que la parte deudora

observara sus obligaciones. Añadió, por igual, que, tratándose, el

caso, de la ejecución de una obligación prestataria garantizada

mediante la constitución de una hipoteca sobre una propiedad

residencial principal, resultaba de aplicación el mecanismo provisto

en la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar

en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda

Principal, Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 2881, et seq. Igualmente, la

apelante Suárez Cestero indicó que también eran de aplicación los

términos de la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, Ley 169-2016,

32 LPRA sec. 2891 et seq, ello al aducir que la parte apelada omitió

la obligación impuesta por el referido estatuto, de orientarla, de

buena fe, sobre las alternativas de mitigación de pérdidas a su

haber, todo previo a la presentación de la demanda. Al abundar,

también indicó que la negativa de la parte apelada en cuanto a

aceptar pagos parciales para amortizar la deuda en disputa,

constituyó una infracción expresa a los términos de la antedicha ley,

que impedía la procedencia de sus alegaciones. Por tanto, a tenor

con todos sus argumentos, la apelante Suárez Cestero solicitó la

desestimación de la demanda de epígrafe.

      La apelante Suárez Cestero reconvino en contra de FirstBank.

En   específico,   alegó   que   el   1   de   febrero   de   2019,   éste,

unilateralmente aumentó los intereses pactados en el contrato
KLAN202300796                                                                       6

objeto de la primera causa de acción. Al abundar, expuso que, en

el año 2017, como consecuencia del paso del huracán María por

Puerto Rico, la compañía apelante notificó al banco apelado haber

cerrado sus operaciones de manera temporal. Indicó, por igual, que,

en el año 2020, a causa de la emergencia de salud pública derivada

del virus COVID-19, también se vio precisada de cesar la operación

de sus negocios. En cuanto a ello, sostuvo que, por un tiempo, y de

conformidad con las enmiendas convenidas, FirstBank, bajó los

intereses   descritos         en   la    primera      causa   de        acción,   más

posteriormente     los        elevó,    todo    sin   efectuar     la    notificación

correspondiente.

      Igualmente,        la     apelante       Suárez   Cestero     reclamó       que

FirstBank debitaba de la cuenta comercial de la entidad apelante los

intereses de los préstamos objeto de litigio, ello en cantidades

distintas que no correspondían a los establecidos sobre las

mensualidades pactadas. Según sostuvo, ello redundó en que el

Banco, de manera indebida también reclamara el pago de ciertas

sumas por concepto de penalidad por retraso. A su vez, destacó que

FirstBank nunca proveyó un desglose detallado de los débitos

efectuados ni de la deuda en disputa, que hizo representaciones

falsas en cuanto a considerar una alternativa de repago que

permitiera el cumplimiento de la obligación y que, pese a que, en la

demanda, la institución apelada reclamó un gravamen mobiliario,

extrajudicialmente se negó a aceptar el mismo. De este modo, y tras

afirmar que la conducta de FirstBank le produjo serios y

considerables daños económicos, así como sufrimientos y angustias

mentales, solicitó que se declarara con lugar su reconvención.

      En igual fecha, a saber, el 23 de diciembre de 2021, la

apelante Hyperbaric Skin and Health Clinic, Inc., presentó su

Contestación a Demanda.                 En la misma, expuso argumentos y

defensas análogos que los esbozados por la apelante Suárez
KLAN202300796                                                        7

Centeno. A su vez, también reconvino en contra de FirstBank, ello

en iguales términos que los previamente descritos.

      Así las cosas, el 31 de diciembre de 2021, FirstBank presentó

su alegación responsiva respecto a las reconvenciones presentadas

por   las   apelantes.   En   esencia,   negó   toda   imputación   de

incumplimiento hecha en su contra. A su vez, entre sus defensas,

expuso que las apelantes ratificaron todos los términos de las

obligaciones objeto de litigio y que los daños por estas reclamados

se derivaron de sus inobservancias en cuanto a las mismas.

      Tras acontecidos múltiples trámites, el 23 de noviembre de

2022, FirstBank presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial.

En esencia, expuso que no existía controversia de hechos alguna

sobre la exigibilidad de la acreencia reclamada. Al abundar, indicó

que la prueba documental pertinente a su reclamo establecía que,

con relación a la primera causa de acción, el 28 de febrero de 2014,

las aquí apelantes, solidariamente se obligaron a asumir la deuda

prestataria en litigio, evidenciada en un pagaré a su orden por la

suma de $649,300.00, garantizado mediante la constitución de una

hipoteca. Añadió, que tampoco existía disputa en cuanto a que, el

29 de abril de 2015, y el 30 de junio de 2016, la referida obligación

fue   respectivamente    enmendada,      ello   mediante   la   expresa

comparecencia de todas las partes involucradas, y solo para

establecer el plan de pago a regir en la amortización del balance

principal insoluto. Sobre ello, FirstBank afirmó que, las aquí

apelantes ratificaron todos los términos, cláusulas y garantías

originalmente pactados, incluyendo el asumir todas las penalidades

convenidas en caso de mediar algún incumplimiento.

      En el pliego, FirstBank reiteró que, desde el 1 de octubre de

2017, las apelantes dejaron de satisfacer las mensualidades

correspondientes, razón por la cual se vio precisado de declarar el

vencimiento de la deuda objeto de la primera causa de acción. Así,
KLAN202300796                                                            8

y apoyándose en una declaración jurada suscrita por la Oficial de

Préstamos   Especiales     de   la   institución,   indicó   que    estas,

solidariamente, adeudaban una suma principal de $505,121.73,

más $109,121.52 por concepto de los interesen vencidos. A su vez,

reclamó el pago de $5,051.21 por los cargos por demora conforme

pactado, así como una cantidad adicional de $64,930.00 por razón

de las costas, gastos y honorarios de abogado convenidos. FirstBank

destacó el hecho de que, a tenor con la prueba documental

pertinente, claramente surgía que las apelantes garantizaron el

cumplimiento debido mediante la entrega en prenda de un pagaré

hipotecario a su orden, por la suma principal de $165,000.00,

asegurado, a su vez, por la constitución de una hipoteca sobre un

inmueble propiedad de estas. Añadió, por igual, que también

ofrecieron en garantía un gravamen mobiliario sobre determinados

bienes muebles.

      En su solicitud de sentencia sumaria, FirstBank también

expuso   que     tampoco   existía   controversia   sobre    la    efectiva

exigibilidad de la obligación constitutiva de su segunda causa de

acción, derivada del contrato de préstamo suscrito el 6 de octubre

de 2015, por la suma principal de $120,000.00.               Sobre este

particular, por igual afirmó, que la prueba documental acreditaba,

de manera concluyente, la obligación solidaria de las apelantes en

cuanto a acatar los términos del mismo, así como la constitución de

un gravamen mobiliario como garantía y el incumplimiento de su

deber de pago.

      FirstBank afirmó que, desde el 1 de octubre de 2017, las

apelantes dejaron de emitir la mensualidad correspondiente a la

amortización del préstamo en disputa, razón por la cual, declaró el

vencimiento de la deuda.        Así, sostuvo que, en cuanto a esta

segunda causa de acción, surgía de la prueba que las apelantes

adeudaban una suma principal de $108,089.86, más $12,402.31
KLAN202300796                                                                    9

por razón de los intereses vencidos. De igual modo, sostuvo que

venían llamadas a satisfacer una cantidad de $1,176.64 por

concepto de cargos por demora, así como un monto adicional de

$12,000.00 correspondientes a las costas, gastos y honorarios de

abogado. Así, en virtud de todo lo antes expuesto, el Banco apelado

solicitó que se dictara sentencia sumaria parcial a su favor,

ordenando a las apelantes satisfacer la totalidad de las sumas

reclamadas y, en su defecto, la ejecución de la garantía hipotecaria

ofrecida a su favor.2

       Tras ciertas incidencias, el 9 de enero de 2023, la apelante

Hyperbaric Skin and Health Clinic, Inc. presentó su escrito de

Réplica a Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial. En esencia,

se opuso a la exigibilidad y liquidez de la deuda en los términos

aducidos por FirstBank, ello al afirmar que existía una genuina

controversia respecto a las cuantías reclamadas. Sobre ello, expresó

que las sumas expuestas en la demanda eran imprecisas, lo que

impedía la adjudicación sumaria del asunto. En específico, indicó

que, contrario a lo aducido por FirstBank, la alegada falta de pago,

ello con posterioridad al 1 de octubre de 2017, estaba en disputa.

En apoyo a su defensa, expresó que, del contenido de la deposición

2 El apelado FirstBank   acompañó su Moción de Sentencia Sumaria Parcial con la
siguiente prueba documental: 1) Copia del Contrato de Préstamo, con fecha del
28 de enero de 2014; 2) copia de Pagaré Bancario del 28 de enero de 2014, por la
suma de $649,300.00; 3) copia de Enmienda a Contrato De Préstamo con fecha
del 29 de abril de 2015; 4) copia de Segunda Enmienda a Contrato de Préstamo
del 30 de junio de 2016; 5) copia de documento intitulado Garantía con fecha del
28 de enero de 2014; 6) copia de Declaración Jurada suscrita por la señora
Marianne Spickers Sepúlveda, Oficial de Préstamos Especiales de FirstBank, en
la que dio fe de las cantidades alegadamente adeudadas por las apelantes en
ambas causas de acción según promovidas por FirstBank; 7) copia de Contrato de
prenda del 28 de enero de 2014; 8) copia de Pagaré Hipotecario suscrito por la
apelante Suárez Cestero, a la orden de FirstBank, por una suma de $165,000.00;
9) copia de Escritura de Hipoteca con fecha del 28 de enero de 2014; 10) copia de
Acuerdo de Gravamen Inmobiliario de 28 de enero de 2014; 11) copia de
Declaración de Financiamiento emitida por el Departamento de Estado sobre la
apelante Hyperbaric Skin and Health Clinic, Inc.; 12) copia de Contrato de
Préstamo con fecha del 6 de octubre de 2015, por la suma de $120,000.00; 13)
copia de Primera Enmienda a Contrato de Préstamo y Ratificación de Documentos,
del 30 de junio de 2016; 14) copia de Pagaré Bancario por la suma de
$120,000.00, con fecha del 30 de junio de 2016; 15) copia de Acuerdo de
Gravamen Mobiliario de 6 de octubre de 2015; 16) copia de Declaración de
Financiamiento emitida por el Departamento de Estado; 17) copia de Certificación
Registral de Propiedad emitida por el Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico.
KLAN202300796                                                                  10

efectuada al señor Juan R. Muñoz Santos, funcionario del Banco

apelado, surgía una admisión contraria a las afirmaciones que

FirstBank hizo sobre el referido impago. Igual argumento expuso en

cuanto al contenido de la deposición de la Oficial de Préstamos

Especiales de la entidad, la señora Marianne Spickers Sepúlveda.

Sobre la señora Spickers Sepúlveda, destacó que esta admitió que,

luego del 1 de octubre de 2017, la entidad recibió ciertos pagos

respecto a las obligaciones en disputa, lo cual derrotaba la

suficiencia de la declaración jurada que suscribió y con la cual

FirstBank sustentó su solicitud de sentencia sumaria.

       En su oposición, la apelante Hyperbaric Skin and Health

Clinic, Inc. también sostuvo que existía una genuina disputa sobre

cumplimiento de FirstBank con sus obligaciones como acreedora.

Sustentándose en las deposiciones de los antedichos oficiales del

Banco, indicó que la institución nunca le aclaró las cantidades

exactas al descubierto, hecho que no la colocó en posición para

ejercer el cumplimiento debido. De este modo, la compañía apelante

se reafirmó en que la suma objeto de la deuda reclamada era

incierta, por lo que resultaba meritoria la presentación de prueba

tendente a establecer la cuantía real al descubierto. Así, solicitó al

Tribunal de Primera Instancia que denegara la Moción de Sentencia

Sumaria promovida por FirstBank.3

       Al siguiente día, el 10 de enero de 2023, la apelante Suárez

Cestero presentó su Moción en Oposición a Sentencia Sumaria

Parcial. En esencia, expuso los mismos argumentos que la apelante

Hyperbaric Skin and Health Clinic, Inc., esbozó en su escrito de

réplica.   Por igual, acompañó su moción con la misma prueba

documental.

3 La apelante Hyperbaric Skin and Health Clinic, Inc., acompañó su Réplica a
Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial con la siguiente prueba documental:
1) copia de extractos de la Transcripción de Deposición Oral del Sr. Juan R. Muñoz
Santos, del 6 de octubre de 2022 y; 2) copia de extractos de la Transcripción de
Deposición Oral de Marianne Spickers Sepúlveda.
KLAN202300796                                                       11

      El 12 de enero de 2023, FirstBank presentó su escrito de

Réplica a Oposición a Sentencia Sumaria Parcial. En principio,

argumentó que los escritos en oposición a su solicitud de sentencia

sumaria no cumplieron con las exigencias procesales establecidas

en la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b).

Al abundar, indicó que las apelantes no acompañaron sus

respectivas comparecencias con declaración jurada alguna en la que

apoyaran la legitimidad de sus argumentos. A su vez, expresó que

la copia de la deposición de la señora Spickers Sepúlveda nunca se

le remitió, por lo que su contenido era inadmisible en evidencia.

Añadió que, toda vez ello, la declaración jurada por esta suscrita y

con la cual acompañaron la Moción de Sentencia Sumaria, debía

considerarse como conclusiva en cuanto a la exigibilidad de la deuda

reclamada en la demanda. Sobre este particular, destacó que la

señora Spickers Sepúlveda dio fe de que los pagos que, con

posterioridad al 1 de octubre de 2017, las apelantes efectuaron,

correspondían a una amortización parcial de los intereses vencidos,

que todos fueron debidamente acreditados a dicho concepto, y que

estas no emitieron pago alguno ulterior por concepto del principal

adeudado.    De esta forma, y tras aducir, por igual, que los

argumentos de las apelantes no fueron detallados a los fines de

controvertir los hechos por ella expuestos, FirstBank solicitó que se

procediera a dictar sentencia sumaria parcial en el caso, todo de

conformidad con su súplica.

      Tras entender sobre la evidencia sometida a su consideración,

el 1 de mayo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó

Sentencia Sumaria Parcial en el caso de epígrafe. En la misma,

expuso que la prueba con la cual FirstBank apoyó sus alegaciones,

estableció la constitución y términos de las obligaciones prestatarias

en litigio, así como el incumplimiento contractual imputado. Al

abundar, la sala sentenciadora aludió a las admisiones de las
KLAN202300796                                                       12

apelantes, ello en cuanto a que no existía controversia alguna con

relación a la efectiva existencia de una deuda a favor de FirstBank,

producto de dos contratos de préstamo válidos respectivamente

suscritos en los años 2014 y 2015. A su vez, el foro sentenciador

destacó que, a pesar de que las apelantes afirmaban que FirstBank

no tomó en cuenta los pagos que realizaron con posterioridad al 1

de octubre de 2017, y que el banco no las colocó en condiciones

idóneas para cumplir con su deber de pago, estas no especificaron

las sumas que entendían realmente adeudadas.

      En su dictamen, la sala sentenciadora se pronunció respecto

a la evidencia documental con la cual acompañaron sus respectivos

escritos de réplica a la solicitud de sentencia sumaria en

controversia. En específico, descartó la admisibilidad de la

deposición de la señora Spickers Sepúlveda, toda vez que la misma

no se notificó a FirstBank, para propósitos de revisión y aprobación,

ello de conformidad con lo dispuesto en la Regla 27.8 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 27.8. Ahora bien, indicó

que, aun cuando la referida deposición hubiese sido admitida, la

declaración jurada por esta suscrita en apoyo a las alegaciones del

Banco apelado estableció que los pagos efectuados por las apelantes

con posterioridad al 1 de octubre de 2017, contrario a lo aducido

por estas, sí fueron considerados, toda vez que se aplicaron a la

deuda por concepto de los intereses al descubierto. Así, determinó

que, contrario a lo alegado por estas, los mismos sí fueron

considerados por la institución. De igual modo el tribunal primario

también descartó lo declarado por el señor Muñoz Santos en su

deposición,   ello   al   intimar   que   sus   expresiones   no   eran

concluyentes.

      En su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia se expresó

en torno a los argumentos que, en reconvención, las apelantes

expusieron en contra del Banco apelado. Particularmente, dispuso
KLAN202300796                                                       13

que parte de sus alegaciones eran incompatibles con sus expresas

admisiones sobre la inexistencia de disputa alguna en cuanto a la

validez de los términos de sus obligaciones frente a FirstBank, así

como respecto a la efectiva existencia de una deuda en litigio. El

foro primario también resolvió que las alegaciones relativas a la

supuesta negativa del banco en cuanto a aceptar parte de su equipo

mobiliario para acreditar su valor a la deuda, se habían tornado

académicas, ello dada la venta de los mismos, según notificado

mediante moción del 17 de noviembre de 2022. De este modo, el

Tribunal de Primera Instancia resolvió que las alegaciones en

reconvención por daños derivados de lo antes expuesto no cumplían

con el criterio de relación causal, hecho que tornaba las mismas

improcedentes.

      A tenor con todo lo antes expuesto, el Tribunal de Primera

Instancia concluyó que los hechos establecidos por FirstBank no

fueron controvertidos por las apelantes. En consecuencia, les

ordenó satisfacer, de manera solidaria, todas las cantidades

reclamadas por la entidad apelada. En defecto de ello, proveyó para

que se procediera con la ejecución de la garantía hipotecaria ofrecida

por las apelantes, todo hasta el completo saldo de la acreencia

correspondiente.

      Inconforme, y luego de denegada una previa solicitud de

reconsideración, el 8 de septiembre de 2023, las apelantes

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación.

En el mismo proponen el siguiente señalamiento:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      declarar Con Lugar una Moción de Sentencia Sumaria
      Parcial de la parte apelada cuando de la propia prueba
      presentada por la parte apelada y la presentada por la
      parte apelante existían controversias de hechos
      esenciales sobre la cuantía adeudada que impedían
      dictar sentencia.

      Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a

disponer de la controversia que nos ocupa.
KLAN202300796                                                       14

                                    II

      La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1, permite a una parte que solicite un remedio presentar una

moción para que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la

totalidad o cualquier parte de esta. Así, el tribunal podrá dictar

sentencia sumaria parcial para resolver cualquier controversia que

sea separable de las controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R.

36.1; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR

___ (2023); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 25 (1986).

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter extraordinario

y discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos

materiales y esenciales de la causa que trate. Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., 208 DPR 964, 979 (2022); Rodríguez García v. UCA,

200 DPR 929, 940 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR

664, 676 (2018). Un hecho material es “aquel que puede alterar el

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho aplicable”.

Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 980. De este modo,

y debido a la ausencia de criterios que indiquen la existencia de una

disputa real en el asunto, el juzgador de hechos puede disponer del

mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo. Universal

Ins. y otro v. ELA y Otros, 211 DPR 455, 457 (2023); León Torres v.

Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); Luan Invest. Corp. v. Rexach

Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000).

      La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales y fomenta

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan

nuestro ordenamiento jurídico. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al.,

supra, págs. 979-980; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332

(2004).   Por   tanto,   la   sentencia   sumaria permite   la   pronta

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal
KLAN202300796                                                       15

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial. Así pues,

esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la

demanda y falte solo disponer de las controversias de derecho

existentes. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 676; Vera

v. Dr. Bravo, supra, pág. 334; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins.

Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).

      La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos

materiales y esenciales de la acción. Además, deberá demostrar

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia

a su favor. Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 941; Ramos Pérez

v. Univisión, 178 DPR 200, 218 (2010); Vera v. Dr. Bravo, supra, pág.

333. Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar en

párrafos numerados los hechos respecto a los cuales aduce que no

existe disputa alguna. Una vez expuestos, debe especificar la página

o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible que

sirven de apoyo a su contención. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4);

Roldán Flores v. M. Cuebas, et al., supra pág. 677; SLG Zapata-Rivera

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432-433 (2013).

      Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones

juradas   o   documentos     que    controviertan   las   alegaciones

pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.5. Por ello, tiene la obligación de

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto

que evidencien la existencia de una controversia real que deba

ventilarse en un juicio plenario. Roldán Flores v. M. Cuebas, et al.,

supra, pág. 678; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág.

434; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293, 311 (2007). En esta

tarea, tiene el deber de citar específicamente los párrafos, según
KLAN202300796                                                     16

enumerados por el promovente, sobre los cuales estima que existe

una genuina controversia y, para cada uno de los que pretende

controvertir, detallar de manera precisa la evidencia que sostiene su

impugnación. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra; SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433.

       Cuando    de   las   propias   alegaciones,   admisiones    o

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos,

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente. Ante ello,

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en

contra de dicha solicitud. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333-334;

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 611 (2000). Al

evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de

hechos. Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 941; Roig Com. Bank

v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 618 (1990). Lo anterior responde a

que todo litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando

existe la más mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales

y esenciales de la reclamación que se atienda. Sucn. Maldonado v.

Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 185 (2005). Por ese motivo, previo

a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los

documentos que acompañan la correspondiente solicitud junto con

aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros

documentos que obren en el expediente del tribunal.          Iguales

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de

Primera Instancia emitido sumariamente. Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., supra, pág. 981-982; Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100, 114 (2015); Vera v. Dr. Bravo, supra, pág.

334.
KLAN202300796                                                     17

      En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes

de sentencias sumarias. A tal fin, se expresó como sigue:

      Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v.
      Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se
      encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera
      Instancia al momento de revisar Solicitudes de
      Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la
      Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los
      mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le
      exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo
      intermedio estará limitado en el sentido de que no
      puede tomar en consideración evidencia que las partes
      no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y
      no puede adjudicar los hechos materiales en
      controversia, ya que ello le compete al foro primario
      luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del
      Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe
      examinar el expediente de la manera más favorable a
      favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia
      Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las
      inferencias permisibles a su favor.

      Segundo, por estar en la misma posición que el foro
      primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que
      tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su
      Oposición cumplan con los requisitos de forma
      codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,
      y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo,
      supra.

      Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
      dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe
      revisar si en realidad existen hechos materiales en
      controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio
      tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
      Procedimiento Civil y debe exponer concretamente
      cuáles hechos materiales encontró que están en
      controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta
      determinación puede hacerse en la Sentencia que
      disponga del caso y puede hacer referencia al listado
      numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro
      primario en su Sentencia.

      Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, el foro
      apelativo intermedio procederá entonces a revisar de
      novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó
      correctamente el Derecho a la controversia.
KLAN202300796                                                               18

                                    III

      En la presente causa, las apelantes señalan que el Tribunal

de Primera Instancia erró al declarar con lugar la solicitud de

sentencia sumaria promovida por FirstBank y, en consecuencia, al

proveer para la acción de cobro de epígrafe, ello en los términos

solicitados. En específico, aducen que el foro primario incidió al no

considerar que la prueba sometida a su escrutinio estableció una

genuina controversia de hechos sobre la cuantía de la deuda

reclamada, que impedía disponer del asunto mediante el empleo del

referido mecanismo adjudicativo. Habiendo entendido sobre el

antedicho señalamiento, a la luz de los hechos y la norma aplicable,

revocamos la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

      Un examen de la evidencia contenida en el expediente que nos

ocupa nos lleva a concluir que, conforme proponen las apelantes,

existe una genuina controversia de hechos que, en la causa de

epígrafe,   impide    la   preterición    del    cauce    ordinario   de    los

procedimientos. A nuestro juicio, los documentos que tuvimos a

nuestro haber revisar, evidencian que resulta meritorio definir, con

mayor precisión, la cuantía de la acreencia de FirstBank.                   Es

nuestro     parecer   que,   contrario    a     lo   resuelto   por   la   sala

sentenciadora, la prueba documental con la cual el Banco apelado

acompañó su pliego no es concluyente en cuanto a la exactitud de

la deuda que, según resuelto, las apelantes vienen obligadas a

saldar. Al respecto, intimamos que, conforme se alega ante nos, la

evidencia presentada muestra inconsistencias en sus aseveraciones

que inciden sobre la determinación judicial que avaló la exigibilidad

y liquidez de la deuda reclamada. Somos del criterio que, a los fines

de que los derechos y obligaciones de los comparecientes se

adjudiquen correctamente, resulta meritorio precisar si, en efecto,

los pagos efectuados por las apelantes con posterioridad al 1 de
KLAN202300796                                                      19

octubre de 2017 fueron acreditados a su favor, de modo que pueda

calcularse la cuantía real de la deuda en disputa.

      En principio, y en la observancia de las exigencias propias al

ejercicio de las funciones de revisión que nos asisten, determinamos

que, tras revisar la forma y contenido, tanto de la solicitud de

sentencia   sumaria   promovida    por   FirstBank,   como   de   las

oposiciones sometidas por las apelantes, los referidos pliegos

observan los criterios y exigencias procesales estatuidas en la Regla

36 de Procedimiento Civil, supra, y su doctrina interpretativa. De

igual modo, y en la ejecución de nuestras facultades, resolvemos

que, tal cual se dispuso, no existe controversia en cuanto a que las

partes de epígrafe estaban vinculadas mediante dos contratos de

préstamo válidamente suscritos. Así, no están en disputa: el origen,

términos, condiciones, enmiendas y obligaciones mutuas pactadas

en los acuerdos de referencia. Igualmente, a tenor con la prueba y

con las admisiones de las apelantes, son hechos incontrovertidos el

incumplimiento en cuanto al deber de pago que a estas les asiste, la

solidaridad de las apelantes al asumir las obligaciones pertinentes,

su ratificación sobre los términos contractuales, ello en atención a

las enmiendas de los mismos, la efectiva constitución de una

garantía hipotecaria a favor de FirstBank, así como una de carácter

mobiliario, también suscrita para asegurar el cumplimiento debido.

      Ahora bien, tal cual indicáramos, los documentos sometidos

para legitimar la disposición del asunto mediante el mecanismo

adjudicativo empleado no establecen una ausencia total de asuntos

litigiosos entre las partes. Al entender sobre la demanda de autos,

el argumento expuesto por FirstBank para legitimar la alegada

exigibilidad de la deuda en cuestión, lo fue el que las apelantes

dejaron de cumplir con su obligación de pago desde el 1 de octubre

de 2017. Sin embargo, conforme estas plantean, el propio contenido

de la declaración jurada con la cual el Banco apelado acompañó su
KLAN202300796                                                             20

petitorio derrota la oponibilidad de dicha afirmación. En específico,

si bien, en la misma, la señora Spickers Sepúlveda dio fe de que,

luego de la referida fecha, las apelantes no amortizaron la deuda,

esta, en evidente contradicción, expresamente admitió que, luego del

1 de octubre de 2017, las apelantes sí emitieron ciertos pagos que,

alegadamente se acreditaron a la amortización de los intereses al

descubierto.4     Ello, de por sí, debió haber movido el criterio

adjudicativo del foro sentenciador a auscultar con mayor rigor la

verdad de lo aseverado por FirstBank, toda vez que su propia prueba

se mostraba contradictoria, e, incluso, imprecisa.                Lo anterior

puesto que, pese a que la declarante afirmó que los pagos

posteriores a la fecha en cuestión fueron debidamente acreditados a

uno de los conceptos adeudados, no precisó suma específica alguna

que permitiera avalar la corrección del cómputo expuesto como

deuda total.

       Además, intimamos que lo anterior no constituyó la única

prueba de la cual disponía el Tribunal de Primera Instancia para

considerar los argumentos que, en oposición a la Moción de

Sentencia Sumaria        promovida     por   FirstBank,     las    apelantes

expusieron. En apoyo a sus planteamientos de réplica, estas

presentaron copia de la deposición del señor Muñoz Santos,

funcionario del Banco apelado.           Una sosegada lectura de su

contenido revela que este admitió que, luego del 1 de octubre de

2017, las apelantes, efectuaron, al menos, once pagos adicionales.

Al ser inquirido sobre si las cantidades abonadas por las apelantes

fueron acreditadas a su deuda, ello en alguno de los conceptos

reclamados, este reconoció desconocer si la entidad apelada

adjudicó los pagos en cuestión. Sobre este aspecto particular,

4
 Véase: Apéndice, Declaración Jurada suscrita por la señora Marianne Spickers
Sepúlveda, pág. 0745-0746.
KLAN202300796                                                      21

destacamos que el tribunal primario estimó como “no concluyente”5

la deposición del señor Muñoz Santos, ello por razón de que

“manifestó repetidamente que no recordaba, no tenía conocimiento

o no sabía” sobre el destino de las sumas aportadas por las

apelantes luego del 1 de octubre de 2017. Lejos de que dichas

manifestaciones le resultaran insuficientes a los fines de establecer

una genuina controversia de hechos, consideramos que las mismas

claramente advirtieron al Tribunal de Primera Instancia la

necesidad de dilucidar, en juicio plenario, el verdadero alcance del

derecho de cobro sometido a su escrutinio. Siendo de este modo y

a la luz de todo lo antes esbozado, no vemos cómo las cantidades

expuestas por la entidad apelada fueron tomadas como correctas.

       Este Foro entiende que la liquidez de la deuda objeto de la

reclamación de epígrafe, está genuinamente en disputa. Los hechos

aquí descritos plantean una controversia real respecto a los

elementos de la acción ejercida por FirstBank, que impiden soslayar

la vía ordinaria de adjudicación. La acreditación de los pagos que

con posterioridad al 1 de octubre de 2017 las apelantes efectuaron,

no quedó establecida por la prueba documental que obra en autos.

Ello, en consecuencia, impugna la corrección de las cuantías

reclamadas por FirstBank. De ahí que, a los efectos de concretar la

suma total a cuyo recobro, en efecto, tiene derecho, resulta forzosa

la celebración de un juicio en su fondo que permita establecer su

certeza.

       Finalmente, entendemos menester expresarnos en torno a la

adjudicación de la Reconvención de las apelantes, que culminó con

su desestimación.        De la Moción de Sentencia Sumaria Parcial

promovida por FirstBank, no surge alegación alguna relativa a los

5 Véase: Apéndice, Sentencia Sumaria Parcial, pág. 0944.
KLAN202300796                                                      22

méritos de las alegaciones de las apelantes. Por tanto, intimamos

que el foro primario estaba impedido de disponer de la misma.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia

Sumaria Parcial apelada. Se ordena la celebración de una vista en

su fondo para que se dirima la cuantía real de la deuda objeto de

litigio, ello a la luz de la totalidad de los pagos efectuados por las

apelantes según lo aquí resuelto, así como la validez, si alguna, de

las alegaciones de la reconvención.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones