Court Opinion

ID: 9890376
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:20:17.567777+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:34.884121
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VII

LABORATORIO CLINICO                          CERTIORARI
LOS PUERTOS, INC                             Procedente del
                                             Tribunal de Primera
Peticionaria                                 Instancia, Sala
                               KLCE202300904 Superior de
                                             Bayamón

             v.
                                                        Caso Núm.:
                                                        TA2022CV01119
                                                        (501)
ADRIAN GARCIA
SANTOS
                                                        Sobre: Cobro de
Parte recurrida                                         Dinero-Ordinario
                                                        Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, juez ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

        Comparece la parte peticionaria, Laboratorio Clínico Los

Puertos, Inc., mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita la

revocación de la “Resolución” emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 7 de junio de 2023,

notificada el 8 del mismo mes y año. En el referido dictamen, el foro

recurrido declaró No ha lugar la solicitud de remedios presentada

por la parte peticionaria.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                      I

        El 3 de noviembre de 2022, el Laboratorio Clínico Los Puertos,

Inc.,   en   adelante   Laboratorio       o   peticionario,   presentó   una

“Demanda” sobre cobro de dinero y daños y perjuicios en contra de

Número Identificador
SEN2023___________________
KLCE202300904                                                      2

Adrián García Santos, en adelante García Santos o recurrido.1 En lo

pertinente, alegó que García Santos libró y cambió un cheque por la

suma de cuarenta y tres mil diez dólares ($43,010), sin la

autorización de la Junta de Directores del Laboratorio.

       En respuesta, el 8 de marzo de 2023, García Santos presentó

“Contestación a Demanda y Reconvención”.2 Indicó que la Junta de

Directores del Laboratorio estaba compuesta por Alexandra López

Santos, en adelante López Santos, y él. Adujo que ambos acordaron

librar el cheque para pagar una deuda. En su “Reconvención”

expuso que López Santos y él estuvieron casados bajo el régimen de

sociedad legal de gananciales, a pesar de haber acordado

capitulaciones matrimoniales. Alegó que, a la fecha, López Santos,

no le había pagado por sus aportaciones al negocio que tenían en

conjunto.

       Así las cosas, el 10 de abril de 2023, el Laboratorio presentó

“Moción en Solicitud de Remedio a Base de las Reglas 6.2, 6.3, 10.4

y 10.5 de las de Procedimiento Civil”.3 En ella, solicitó al tribunal

que ordenara a García Santos a que demostrara los hechos que se

relacionaban a las siguientes alegaciones:

   1. La Demanda, según redactada, deja de exponer una
      causa de accion a favor de la parte demandante y en
      contra de la aquí compareciente.

       […]

    7. Falta de partes indispensable.

       […]

   22. La parte demandada niega toda alegación contenida en
      la demanda que no haya sido expresamente admitida.

       […]

   16. [sic] La parte demandada se reserva el derecho de
      enmendar su contestación a la demanda y sus defensas
      afirmativas a tenor con el descubrimiento de prueba del
      caso.

1 Exhibit 1 del recurso, págs. 1-4.
2 Exhibit 2 del recurso, págs. 5-13.
3 Exhibit 2 del recurso, págs. 14-28.
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          Por otra parte, el Laboratorio solicitó en la referida moción que

se tuviesen por renunciadas las defensas levantadas en la

contestación a la demanda en base a la Regla 6.3 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3, que no hubieran sido planteadas de

forma clara, expresa y específica. A su vez, le peticionó al foro

primario que ordenara a García Santos a hacer una exposición más

definida de la primera alegación de su “Reconvención”, en la cual

expresó: “[s]e incorporan por referencia las contestaciones y

defensas       afirmativas      expresadas      anteriormente”.   Finalmente,

solicitó que se eliminaran de dicha reconvención todas las

alegaciones dirigidas a López Santos, porque no tenían relación con

la acción de epígrafe y se dirigían a una persona jurídica distinta y

separada de la corporación.

          El 5 de junio de 2023, García Santos se opuso a la solicitud

de remedios.4 Arguyó, entre otras cosas, que las alegaciones

planteadas en su “Contestación a Demanda y Reconvención” se

hicieron a manera de reserva, para que cuando comience el

descubrimiento de prueba pudiesen presentarse las defensas

afirmativas que correspondan.

          Examinadas las posturas de las partes, el 7 de junio de 2023,

notificada el 8 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera

Instancia declaró No ha Lugar la solicitud de remedios presentada

por el Laboratorio; excepto con relación a la petición de una

exposición        más     definida    de   la    primera   alegación   de   la

“Reconvención” instada por García Santos.5

          Insatisfecho, el 21 de junio de 2023, el Laboratorio presentó

“Moción de Reconsideración”.6 Evaluada la solicitud, el 11 de julio de

4 Exhibit 4 del recurso, págs. 25-28.
5
    Exhibit 5 del recurso, págs. 29-30.
6
    Exhibit 7 del recurso, págs. 31-35.
KLCE202300904                                                         4

2023, notificada el 17 del mismo mes y año, el foro primario declaró

No ha lugar la reconsideración.7

         Aún inconforme con dicha determinación, el 15 de agosto de

2023, la parte peticionaria acude ante nos mediante el recurso del

epígrafe y realiza los siguientes señalamientos de error:

          Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha
          Lugar la Moción en Solicitud de Remedio y no eliminar
          las defensas afirmativas levantadas por la demandada.

          Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha
          Lugar la Moción en Solicitud de Remedio y no entender
          por renunciadas las defensas afirmativas por la manera
          en que fueron levantadas por la parte demandada.

          Evaluado lo anterior, ordenamos a la parte recurrida a

presentar su posición conforme dispone la Regla 37 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 37. Luego de

transcurrido un término adicional, según se nos solicitó, el 11 de

septiembre de 2023, García Santos compareció en oposición.

          Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                          II

      A. Certiorari

          El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

7
    Exhibit 9 del recurso, págs. 41-42.
KLCE202300904                                                      5

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Rivera Gómez y otros v. Arcos

de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra. Véase, además, Pueblo v.

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020), Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Así, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, funge como

complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla dispone

lo siguiente:
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      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o
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aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170,

181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729,

745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR

140, 155 (2000).

                                 III

      La parte peticionaria expone que las defensas afirmativas

esbozadas por García Santos en su “Contestación a Demanda y

Reconvención” no fueron lo suficiente específicas y se plantearon de

manera general y sin fundamentos, por lo que el foro a quo incidió

en no darlas por renunciadas.

      Luego de un examen sosegado del expediente ante nos,

colegimos que no existe criterio jurídico que amerite nuestra

intervención con lo resuelto por el foro primario. Al entender sobre

el planteamiento que la parte peticionaria propone ante este Foro,

concluimos que la sala de origen no incurrió en error de derecho ni

en abuso de discreción al declarar sin lugar la solicitud de remedios

presentada por el Laboratorio.

      Por otra parte, este Foro no debe de entender en asuntos sobre

defensas afirmativas, a menos que se demuestre un fracaso a la

justicia, cónsono con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Al

examinar el pronunciamiento del cual se recurre, se desprende que

el mismo no está contenido en las instancias contempladas por la

citada Regla para que este Foro pueda entender sobre ello. Nuestras

facultades para atender asuntos interlocutorios están expresamente

delimitadas por el ordenamiento procesal antes citado. Además, la

parte peticionaria no demostró que, de no actuar respecto a su

solicitud, habría de producirse un fracaso a la justicia. 800 Ponce

de León v. AIG, 205 DPR 163, 175 (2020). Ello, nos hace concluir
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que nuestra intervención, en esta etapa de los procedimientos, no

resulta oportuna.

      En virtud de lo anterior, y en ausencia de prueba que nos

permita resolver en contrario, denegamos expedir el auto de

certiorari que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en la Regla 40 de

nuestro Reglamento, supra.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones