Court Opinion

ID: 9962791
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:52:43.969326+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.367037
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

    JAIME CARRERO                              Apelación acogida como
        AVILÉS                                 certiorari
                                               Procedente del Tribunal de
        Peticionario           KLAN202400052 Primera Instancia,
                                               Sala de MAYAGÜEZ
              v.               Consolidado con
                                               Caso Núm.:
     EREDIA NIEVES             KLAN202400189 AÑ2023CV00261
       GALARZA
                                                 Sobre:
         Recurrida                               Liquidación de Comunidad
                                                 Post Ganancial

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

       Por virtud del recurso de apelación KLAN202400052, el Sr. Jaime

Carrero Avilés (en adelante, señor Carrero) nos solicitó la revisión judicial

y revocación de tres (3) diferentes órdenes emitidas en el caso de epígrafe

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en

adelante TPI o foro primario).

       Mediante la primera de estas, el TPI resolvió que la Sra. Eredia

Nieves Galarza (en adelante, señora Nieves) no renunció a la

administración del negocio Funeraria y Floristería Jalvin, Inc.; que esta está

ávida para continuar como administradora y mantuvo el nombramiento de

ambas partes como administradores del mencionado negocio. En la

segunda, se le ordenó al apelante mostrar causa por la cual no debía

encontrársele incurso en desacato civil, señalándose audiencia para ello y

en la última, se le impuso una sanción de $500.00.

       De   otra parte,       a través de la presentación del recurso

KLAN202400189 ocurrida el 29 de febrero de 2024, este ausculta la

Número Identificador

RES2024 _________________
KLAN202400052 cons. KLAN202400189                                             2

revocación de la Resolución y Orden emitida y notificada por el foro primario

el 9 de febrero del año en curso.

       Evaluados estos recursos, comenzamos con aclarar que las

determinaciones sobre las que el señor Carrero interpuso ambos recursos

son de naturaleza interlocutoria. Por tal razón, el vehículo procesal correcto

para recurrir en revisión judicial de estas, es el certiorari y no la apelación.

Siendo ello así, se acogen estos como unos de certiorari aunque, en ánimos

de una resolución justa, rápida y económica, conservarán su identificación

alfanumérica. Así establecido, y al amparo de la discreción que nos concede

la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, también decretamos consolidarlos. Asimismo, y tal cual nos

autoriza a hacer la Regla 7(B)(5), prescindimos de la comparecencia de la

señora Nieves frente al recurso KLAN202400189.

       Resuelto como arriba detallado, adelantamos que luego de estudiar

minuciosamente ambos legajos, resolvemos denegar la expedición de

ambos. Veamos.

                                       I

       El 13 de septiembre de 2023, el señor Carrero instó una Demanda

sobre división de comunidad de bienes contra la señora Nieves. En esta, el

señor Carrero señaló que entre las partes una vez existió una Sociedad Legal

de Gananciales que a esa fecha no había sido dividida. Igualmente, indicó

que entre los bienes gananciales de las partes se encuentra en marcha un

negocio conocido como Funeraria Jalvin. Añadió que, conforme la sentencia

de divorcio las partes acordaron que la administración de este, sería

conjunta hasta la liquidación y que, contrario a lo estipulado, la señora

Nieves incautó el negocio y su administración sin reportar ni dividir sus

ingresos, realizando inclusive, cambios a su solo nombre en los registros,

corporaciones y cuentas bancarias de este. El apelante solicitó en su

demanda que se nombrara al hijo de las partes como administrador
KLAN202400052 cons. KLAN202400189                                          3

interino, así como el inventario, avalúo y la división de los bienes y deudas

gananciales.

       El 7 de octubre de 2023 la apelada contestó la Demanda y sometió

Reconvención contra el apelante. Al así hacer, negó haberse incautado del

negocio, alegó que fue el apelante quien en un inicio se adjudicó la función

de administrador, relevándola a gestiones que no guardaban relación con

el manejo de este. La apelada, señaló que posteriormente el señor Carrero

abandonó la coadministración del negocio, obligándole a administrarlo en

su totalidad. También le imputó el obstaculizar la sana administración del

negocio y poner en riesgo la vigencia de licencias, teniendo que recurrirse

al tribunal en solicitud de remedios urgentes.

       Asimismo, la señora Nieves aseveró que el hijo de las partes se

presentó en el negocio indicando que había sido designado por el señor

Carrero como administrador, impidiéndole a la demandada ejercer su rol

de codueña y coadministradora. Igualmente, indicó que recientemente el

Departamento de Salud le notificó sobre una solicitud de cambio de director

funerario y de la incongruencia de la firma registrada con la de ella, la que

aseveró fue falsificada, pues nunca sometió tal petición.

       Por su parte, y a modo de reconvención, la señora Nieves reclamó

que el señor Carrero le ha privado del uso y disfrute de su propiedad. De

la misma manera, y entre otras cosas, alegó que este incurrió en deudas

personales que en nada beneficiaron a la Sociedad Legal de Gananciales.

Expresó de igual forma, que como consecuencia de la negligencia del señor

Carrero en el manejo del negocio tuvo que incurrir en deuda para poder

adquirir un vehículo fúnebre, que este ha autorizado al hijo de las partes a

vender y disponer activos del negocio sin autorización de ella, así como a

cambiar las cerraduras del negocio e impedirle su entrada. Por ello, también
KLAN202400052 cons. KLAN202400189                                                          4

solicitó la liquidación de la comunidad de bienes entre ella y el señor

Carrero.1

        Posteriormente la apelada, el 12 de octubre de 2023, sometió Urgente

solicitud en la que indicó que al acuerdo de coadministración que fue

emitido en la sentencia de divorcio es objeto de la intervención de terceras

personas que no tienen interés propietario sobre el negocio, afirmó que no

tiene impedimento para administrar este y rechaza la imposición del hijo

de las partes como administrador. Así, y con miras a preservar el caudal,

solicitó la celebración de una audiencia urgente. El 1 de noviembre de 2023,

el señor Carrero se opuso a este escrito. Al así hacer, asevera que la

incautación al negocio que la señora Nieves señala es imputable al hijo de

las partes, quien no es parte en el caso. Asimismo, asevera que para que

pueda concederse un remedio provisional tiene que notificársele

adecuadamente a las partes y la celebración de una audiencia.

        El 10 de noviembre de 2023, el TPI señaló una vista para el 27 de

noviembre de 2023. También, emitió Resolución y Orden en la que le ordenó

a la señora Nieves a acreditar previo a la audiencia señalada las licencias

que posee para operar el negocio, así como la alegada renuncia a la

coadministración que señala en su escrito por parte del señor Carrero. Ese

día, esta sometió Moción en cumplimiento de Orden en la que señaló los

documentos que acompañó con su escrito que acreditaban la alegada

renuncia a la coadministración. En documento aparte, también sometió

copia de Certificación Director Funerario expedido a su nombre por el

Departamento de Salud.

        Llegado el día de la audiencia, el señor Carrero presentó Moción

urgente sometiendo prueba documental en la que sometió copia de Certificación

1 En esa misma fecha, la señora Nieves instó una Solicitud bajo la Regla 56 en la que por las

razones allí consignadas reclamó que la orden de coadministración que se incluyó en la
sentencia de divorcio continúa vigente, por lo que solicitaba que el TPI así lo reafirmara y
apercibiera que el impedimento u obstaculización de esta constituía desacato.
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de Director Funerario expedido por el Departamento de Salud a nombre de

Jaime Carrero Nieves como Director Funerario para la Funeraria Floristería

Jalvin Inc.; Escritura Número 110 de Poder General en la que confiere poder

general a su hijo Jaime Carrero Nieves; Orden de detención temporera para

que una persona sea evaluada por un psiquiatra expedida por el Tribunal

Municipal de Añasco contra la señora Nieves; correo electrónico del 6 de

noviembre de 2023 y Formulario para informantes y directores funerarios.

Habiéndose celebrado esta, el TPI dispuso lo siguiente:

        En este caso no se va a nombrar a un Administrador Judicial porque
        tiene[n] las partes conscientes, tienen sus permisos al día y están
        ávidos para poder ejercer la administración de su propio negocio.
        En este caso, la presunción de capacidad se presume, mientras no
        se presente prueba en contrario, aquí hay una presunción de
        capacidad. Así las cosas, no se tomará en consideración la orden de
        detención temporera para que una persona sea evaluada por un
        psiquiatra.

        Con la prueba presentada, se reactiva la coadministración del
        negocio de la funeraria por ambas partes. Ambas partes, tendrá[n]
        el derecho de coadministración y la única autorizada en este caso
        para ejercer la función de director Funerario va a [ser] la señora
        Eredia Nieves Galarza. Ninguna otra persona estará autorizada en
        este caso a ejercer la función de Director Funerario del bien o del
        negocio ganancial hasta tanto otra situación se disponga por este
        Tribunal. Se va a emitir la orden correspondiente. Pero, en cuanto
        al particular, la coadministración se reactiva tal como acordado en
        la sentencia de divorcio por las propias partes.

        Este Tribunal se reitera que, quien único está autorizado a ejercer la
        función de Director Funerario será la señora Eredia Nieves Galarza.
        Ninguna otra persona va a entrar en el negocio, quien va a
        administrar es o será el señor Jaime Carrero Avilés con la señora
        Eredia Nieves Galarza. Ese es el negocio ganancial de ambas partes
        y hasta tanto otra cosa se disponga, así es que va a suceder.2

        El 28 de noviembre de 2023, la señora Nieves sometió una Moción

informativa en la que anunció que el hijo de las partes cambió la cerradura

del negocio ganancial, por lo que no tiene llave para poder entrar y acceder

el negocio del cual por virtud de la orden es coadministradora. Asimismo,

indicó que al día siguiente estaría asistiendo en horas de la mañana, lo que

le fue notificado al señor Carrero, y que lo haría en compañía de un Notario

2 Véase, Minuta de la vista celebrada el 27 de noviembre de 2023; página 77 del Apéndice.
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Público para levantar un acta del estado en que se encuentra el negocio al

momento de su regreso.

        Al día siguiente, esta sometió una Solicitud de desacato en la que

señaló que, al comparecer al negocio, tanto el señor Carrero como el hijo de

ambos le negaron acceso, la maltrataron, humillaron y le indicaron que el

único dueño de la funeraria era éste y que estos actos fueron realizados en

presencia del Notario Público, quien levantó Acta. La señora Nieves

sometió copia del acta con su escrito. Ante ello, solicitó que se encontrara al

señor Carrero incurso en desacato y se ordenara su arresto. En esa fecha, el

foro primario le impuso una sanción de $500.00 al señor Carrero por

incumplir con su orden. En cuanto a la solicitud de desacato, de forma

separada, el foro primario emitió Orden para mostrar causa por desacato civil

en la que informó que se había señalado una vista para el 18 de enero del

año en curso, citándole a comparecer.

        El 11 de diciembre de 2023, el señor Carrero instó Solicitud de

Reconsideración en la que, si bien señala que no tiene reparo en cuanto al

dictamen que restablece la coadministración del negocio por ambas partes,

manifestó sí tenerlo en cuanto a varios asuntos consignados en la orden.

Estos son:

        -    La orden indica que la vista es de coadministración, cuando
             realmente trataba de una bajo la Regla 56 de Procedimiento
             Civil.

        -    La audiencia celebrada no constituyó una audiencia
             evidenciaria pues la señora Nieves nunca presentó prueba
             acreditando su reclamo, por lo que no fue contrainterrogada.

        -    Durante la audiencia celebrada no se presentó prueba que
             permitiera que el TPI concluyera, como hizo en la orden, que la
             señora Nieves no ha renunciado a ser la administradora y está
             ávida para continuar ejerciendo el rol de administradora.3

        -    La orden emitida indica que se mantiene el nombramiento de
             ambas partes como administradores, más realiza un

3 Aunque admite que la capacidad se presume, el señor Carrero señaló tener prueba directa

de mensajes de texto enviados por la señora Nieves desde su celular que contradicen tal
aseveración y constituyen admisión de parte. En su escrito, procedió a hacer un desglose
de su contenido.
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           apercibimiento sobre incumplimiento dirigido solamente a él,
           debiéndose haber hecho dirigido a ambas partes.

       -   La administración de un negocio dirigido a servicios funerarios
           no es posible solo con las partes envueltas, requiriéndose como
           mínimo 5 personas trabajando en él.
       -   El Poder general otorgado por el señor Carrero en favor del hijo
           de ambas partes es lícito.

       -   El Acta Notarial lo que recoge es un intercambio de palabras,
           más no demuestra que se haya impedido la entrada. Más con
           solo esta, el TPI impuso una sanción de $500.00, sin siquiera
           darle oportunidad de expresarse al respecto.

       Basándose en lo señalado, el señor Carrero le solicitó al TPI

reconsiderar las órdenes y que mantuviera única y exclusivamente aquella

relacionada a la coadministración del negocio. El 22 de diciembre de 2023,

el TPI emitió Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud

de reconsideración del señor Carrero.

       Inconforme, el 17 de enero de 2024 este acudió ante nos mediante el

recurso KLAN202400052 y le imputó al TPI equivocarse al emitir una orden

provisional bajo la Regla 56 sin la celebración de una vista evidenciaria y al

expedir orden para mostrar causa por desacato e imponerle una sanción de

$500.00.

       Atendido el recurso, el 19 de enero de 2024, emitimos Resolución en

la que le concedimos a la señora Nieves 30 días para someter su posición.

En cumplimiento con ello sometió Oposición a expedición del auto bajo la Regla

37 y solicitud de desestimación. En cuanto a la desestimación, argumenta que

la moción de reconsideración que el señor Carrero sometió ante el foro

primario no interrumpió el término para acudir en revisión judicial.

Primero, porque en cuanto a la coadministración ordenada, en dicho escrito

se allanó a la misma por lo que está impedido de cuestionarla ante nosotros

como hizo al discutir su primer señalamiento de error. Segundo, según

argumenta, el derecho utilizado como base para solicitar la reconsideración

no fue el correcto. Además, la señora Nieves plantea que el segundo

señalamiento de error, analizado bajo los criterios de la Regla 40 de nuestro
KLAN202400052 cons. KLAN202400189                                              8

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, carece de alguno de los elementos

que dicha regla establece para que, a manera de excepción, decidamos

intervenir.4

       Cabe señalar que estando pendiente de resolverse el recurso

KLAN202400052, con fecha del 6 de febrero de 2024, la señora Nieves

sometió ante el foro apelado, una Urgente moción informativa en la que le

indicó al tribunal que debido al reiterado incumplimiento por parte del

señor Carrero con la orden para que sea ella quien ejerza como Directora

Funeraria, el Departamento de Salud notificó que no otorgará más permisos

especiales por enterrar sin permisos. Asimismo, señaló que, pese a lo

previamente ordenado en el caso, al momento de someterse el escrito

continuaba sin copia de las llaves de la funeraria, ni acceso a los

documentos. También indicó que tanto el hijo de las partes como una

empleada identificada como Sonia Miranda le impedían entrar.

       En respuesta a este escrito, el señor Carrero presentó una Moción

informativa, en oposición a solicitud de orden y solicitud de descalificación. En

síntesis, y sobre lo alegado en su contra, afirma que mediante los distintos

escritos que ha sometido la señora Nieves, esta intenta desviar la atención

del Tribunal sobre la naturaleza de la acción. Entiéndase, una división de

comunidad de bienes. Asimismo, expone las razones que a su criterio

justifican la descalificación de la Lcda. Griselle Sepúlveda, como abogada.

       Atendidos ambos, el 9 de febrero de 2024, el TPI dictó Resolución y

Orden, en la que, tras exponer y resumir varias determinaciones alcanzadas

y destacar ciertos detalles, declaró No Ha Lugar la descalificación

solicitada. Ahora, el foro primario consideró necesario señalar una vista

evidenciaria de desacato para “atender el asunto de la dilación en el

cumplimiento de la ORDEN de coadministración del negocio.” Por tal

razón, citó una audiencia de desacato para el 28 de febrero de 2024.

4 En cuanto a la desestimación solicitada, resolvemos No Ha Lugar.
KLAN202400052 cons. KLAN202400189                                           9

Asimismo, y ante las alegaciones levantadas contra terceras personas que

alegadamente intervienen con las órdenes ya emitidas, ordenó la

expedición de una citación dirigida a Jaime Carrero Nieves y contra Sonia

Miranda Ramos para que comparecieran a la vista señalada.

       Ante   este   dictamen,    el    señor   Carrero   insto   el   recurso

KLAN202400189 y señaló que el TPI erró al:

       […] ordenar la coadministración por las partes del Negocio en
       marcha y no por tercero, anulando de facto una escritura de poder
       otorgada por el demandante Jaime Carrero Avilés apoderando a su
       hijo Jaime Carrero Nieves.

       […] señalar una vista evidenciaria de desacato, particularmente
       citando a Jaime Carrero Nieves y Sonia Miranda Ramos quienes no
       son parte en este proceso.

       […] no descalificar a la Lcda. Griselle Sepúlveda Chavier como
       abogada de la parte demandada-apelada.

                                       II

                                       -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil
KLAN202400052 cons. KLAN202400189                                                          10

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

        El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.5

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra.

5 Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto
planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que
se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de
la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLAN202400052 cons. KLAN202400189                                                        11

                                            III

        Como      ya    dijimos,     mediante      la   presentación       del   recurso

KLAN202400052, el señor Carrero afirma que se equivocó el TPI al emitir

una orden provisional bajo la Regla 56 sin la celebración de una vista

evidenciaria y al expedir orden para mostrar causa por desacato e

imponerle una sanción de $500.00. Por su parte, en el KLAN202400189,

asevera que los errores cometidos se debieron a la emisión de una orden de

coadministración que no contempla el Poder General que otorgó en favor

de su hijo, a citar a este último y a otro tercero ajeno al caso a comparecer a

la vista de desacato y a la negativa de descalificar a la Lcda. Griselle

Sepúlveda Chavier.

        El recurso KLAN202400052 ausculta, entre otras cosas, la revisión

judicial de la determinación discrecional de conceder un remedio

provisional bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil, supra. Siendo ello así,

estamos ante él frente a una de las instancias en la que, por virtud de la

Regla 52 del mismo cuerpo de reglas, podríamos expedir el auto

discrecional de certiorari. El resto de los señalamientos levantados en dicho

recurso, sí como aquellos sometidos y discutidos en el recurso

KLAN202400189, tratan sobre asuntos no contemplados por la citada regla.

6 Estos, conforme el derecho aplicable, deben ser evaluados al crisol de los

elementos señalados por la Regla 40 de nuestro Reglamento, citados en la

nota al calce número 4 de esta Sentencia.

        Examinados ambos recursos y analizados los argumentos que el

señor Carrero levanta para impugnar las decisiones recurridas, no

6 Reconocemos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de toda persona de

recurrir en revisión judicial de cualquier determinación interlocutoria que a su juicio se
haya emitido erróneamente o sea contraria a derecho. No obstante, ante la protesta que
levanta el señor Carrero en cuanto a que la solicitud de remedios provisional que la señora
Nieves sometió y la especial atención que el foro primario le ha brindado, atrasa la
resolución de su solicitud de liquidación de la comunidad. Entendemos meritorio
recordarle que la continua interpelación de recursos apelativos como los de epígrafe para
auscultar la revisión judicial de determinaciones interlocutorias, pudieran acarrear el
mismo efecto, particularmente si el foro primario en deferencia decide esperar por el
trámite apelativo antes de continuar con los procedimientos.
KLAN202400052 cons. KLAN202400189                                           12

identificamos presente alguno de aquellos factores enunciados en la Regla

40 de nuestro Reglamento para determinar la expedición del auto

discrecional del certiorari. No nos parece que las decisiones recurridas sean

contrarias a derecho, ni que en estas haya mediado prejuicio, parcialidad

por parte del TPI o que la expedición del auto evite el fracaso de la justicia,

mereciendo, pues, nuestro respeto.

       Siendo ello así, denegamos la expedición del auto de certiorari

solicitado.

                                      IV

       Por los fundamentos arriba expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari solicitado por el Sr. Jaime Carrero Avilés.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones