Court Opinion

ID: 9962689
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:42:40.066908+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:59.054737
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL VI

     ANTONIO JUSINO                      Revisión
       RODRÍGUEZ                         Administrativa
                                         procedente de la
     Parte Recurrente                    Junta de Retiro del
                                         Gobierno de Puerto
              v.           KLRA202400069 Rico

 JUNTA DE RETIRO DEL                          Caso Núm.:
 GOBIERNO DE PUERTO                           2022-0059
        RICO
                                              Sobre:
      Parte Recurrida                         Beneficios por
                                              Defunción Lilliam
                                              González Ortiz
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza ponente

                          SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece el Sr. Antonio Jusino Rodríguez (en adelante,

Sr. Jusino Rodríguez) y nos solicita la revisión de la Resolución

emitida el 18 de enero de 2024 y notificada a las partes el 23 de

enero de 2024 por la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico

(en adelante, Junta de Retiro). Mediante este dictamen, la Junta

de Retiro confirmó la determinación emitida el 15 de junio de

2023 por el Director Ejecutivo con respecto a la solicitud de

beneficios por defunción presentada por el Sr. Jusino Rodríguez.

      Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Resolución recurrida.

                                I

      El 3 de junio de 2021, se presentó ante la Junta de Retiro

una solicitud sobre Beneficios por Defunción de Lilliam González

Ortiz, designada como Solicitud No. 992245, mediante la cual los

familiares de la Sra. Lilliam González Ortiz solicitaron los

Número Identificador
SEN2024 ___________
KLRA202400069                                                                    2

beneficios por muerte de su pensión del Sistema de Retiro para

Maestros de Puerto Rico.1

       El 21 de junio de 2022, el Sr. Jusino Rodríguez, viudo de la

Sra. Lilliam González Ortiz, procedió a presentar un escrito de

Apelación ante la Junta de Retiro.2 En su escrito, el Sr. Jusino

Rodríguez indicó que la Sra. Lilliam González Ortiz fue maestra

de física, química y matemáticas en el Departamento de

Educación por más de sesenta (60) años; que cotizó para el

Sistema de Retiro para Maestros por más de cincuenta y cuatro

(54) años; que, a la fecha de efectividad de la Ley Núm. 160-2013,

infra, tenía derecho a retirarse y recibir una pensión bajo las

disposiciones de la derogada Ley Núm. 91 de 29 de marzo de

2004, infra, por haber cumplido con los requisitos de años de

servicio y edad correspondientes; que decidió mantenerse en el

magisterio y posponer su retiro; que se retiró finalmente el 1 de

julio de 2019; y que falleció el 3 de mayo de 2021 estando casada

con él. En cuanto a su solicitud, alegó que, como cónyuge

supérstite de la Sra. Lilliam González Ortiz, tenía derecho a

recibir el beneficio por muerte de la mitad de la pensión de retiro

que recibía su esposa, conforme a lo dispuesto en el Artículo

4.8(c) de la Ley Núm. 160-2013, infra. Argumentó que dicho

derecho, reconocido en el Artículo 35 de la derogada Ley Núm. 91

de 29 de marzo de 2004, infra, quedó preservado en la Ley Núm.

160-2013, infra.

       El 22 de junio de 2022, la Junta de Retiro presentó una

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción,3 a la cual se

1 Véase, carta Re: Beneficio por Muerte – Pensionado Lilliam González Ortiz con
fecha del 20 de julio de 2022 dirigida al Sr. Jusino Rodríguez en la copia
certificada del expediente administrativo.
2 Apéndice del Alegato en Oposición de la Parte Recurrida, págs. 34-35 y 36-38.
3 Apéndice I del recurso de revisión, págs. 1-3. La solicitud se presentó al amparo

de lo dispuesto en el Artículo 5, Sección 2 del Reglamento de Procedimiento
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opuso el Sr. Jusino Rodríguez mediante una Oposición a Moción

de Desestimación presentada el 8 de julio de 2022.4 En síntesis,

la Junta de Retiro solicitó la desestimación y archivo del escrito

de Apelación presentado por el Sr. Jusino Rodríguez por falta de

jurisdicción basada en que no existía un dictamen emitido por la

agencia con respecto a la solicitud de beneficios por defunción del

cual se pudiera recurrir.

       El 20 de julio de 2022, se celebró una Vista Administrativa

ante la Oficial Examinadora de la agencia y, el 29 de julio de 2022,

notificada el 16 de agosto de 2022, la Oficina de Asuntos

Adjudicativos de la Junta de Retiro emitió una Resolución,

mediante la cual ordenó el archivo con perjuicio del caso al

concluir que, no existiendo un dictamen emitido por el Director

Ejecutivo del cual se pudiera recurrir, la presentación de un

escrito de apelación resultaba prematura.5

       Luego de varios trámites procesales, el 15 de junio de 2023,

notificada el 20 de junio de 2023, la Directora del Área de

Servicios de Retiro emitió finalmente una determinación en

respuesta a la Solicitud No. 992245 sobre Beneficios por

Defunción de Lilliam González Ortiz presentada el 3 de junio de

2021.6 En la determinación, se citó lo dispuesto en el inciso (c)

del Artículo 5.11 de la Ley Núm. 160-2013, infra, y se dispuso lo

siguiente:

       “Certificamos que el Costo de Anualidad al momento
       de jubilarse, efectivo al 1 de agosto de 2019, la
       participante era por $143,619.86 y se realizaron
       pagos, en bruto, de pensión hasta el 31 de mayo de

Adjudicativo del Sistema de Retiro para Maestros, Reglamento Núm. 7053,
Departamento de Estado, 15 de noviembre de 2005.
4 Apéndices II y III del recurso de revisión, págs. 4-5 y 6-11. En esa misma fecha,

el Sr. Jusino Rodríguez presentó, además, una Apelación Enmendada. Apéndice
III del recurso de revisión, págs. 6-11. Más adelante, presentó también una
Objeción a Moción de Desestimación. Apéndice IV del recurso de revisión, págs.
12-13.
5 Apéndice V del recurso de revisión, págs. 14-21.
6 Apéndice VIII del recurso de revisión, págs. 33-36.
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         2021, por $54,994.72. Por lo cual, el Sistema de
         Retiro quedó por pagar una diferencia de $88,625.14.

         De esta cantidad adeudada, no se descontaron
         deudas por concepto de cobro indebido de pensión ni
         préstamos descubiertos por el seguro colectivo del
         Junta de Retiro.

         El beneficio se pagó de acuerdo con la Designación de
         Beneficiarios otorgada el 7 de junio de 2016. Se
         generaron los pagos 2897, 2899, 2900 y 2901 el 9
         de junio de 2023 a las siguientes personas:

         a. Sharon L. Meléndez González
         b. Lilliam H. Guevara González
         c. Evelyn S. Guevara González
         d. Raymond L. Guevara
         e. Antonio J. Jusino Rodríguez (retenido)
         falta certificación cuenta bancaria”. (Énfasis en el
         original).

         El 12 de julio de 2023, el Sr. Jusino Rodríguez presentó un

Escrito de Apelación.7 En síntesis, el Sr. Jusino Rodríguez reiteró

su reclamo de que tenía derecho a recibir el beneficio por muerte

de la mitad de la pensión de retiro que recibía su esposa,

conforme a lo dispuesto en el Artículo 4.8(c) de la Ley Núm. 160-

2013, infra, basado en que este era un derecho adquirido en

virtud del Artículo 35 de la Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004,

infra;    y   que    la   Ley    Núm.      160-2013,    infra,   no   afectó

retroactivamente los derechos de aquellos participantes que al 31

de julio de 2014 eran elegibles para retirarse y recibir alguna

pensión bajo la Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004, infra.

         El 3 de agosto de 2023, la Junta de Retiro presentó su

Contestación a Apelación y Moción de Desestimación de Cosa

Juzgada.8

         El 17 de agosto de 2023, la Oficial Examinadora emitió una

Orden declarando No Ha Lugar la solicitud de desestimación por

cosa juzgada presentada por la Junta de Retiro.9

7 Apéndice IX del recurso de revisión, págs. 37-48.
8 Apéndice X del recurso de revisión, págs. 49-57.
9 Apéndice XIII del recurso de revisión, págs. 73-74.
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       El 13 de octubre de 2023, las partes presentaron una

Moción Informativa Conjunta, en la cual expresaron que habían

acordado someter el caso para adjudicación sin la celebración de

una vista evidenciaria tras haber estipulado los hechos del caso

que estaban en controversia por limitarse la controversia a un

asunto de estricto derecho.10

       Finalmente, el 18 de enero de 2024, notificada a las partes

el 23 de enero de 2024, la Junta de Retiro emitió la Resolución

recurrida confirmando la determinación emitida el 15 de junio de

2023 por la Directora del Área de Servicios de Retiro.11 En el

dictamen, se concluyó y resolvió que la determinación apelada:

       “[…] [F]ue basada en la aplicación del Artículo 5.11,
       de la Ley 160-2013, consta en el expediente
       administrativo      un     formulario     debidamente
       cumplimentado         titulado     Designación        de
       Beneficiarios, atestado en vida por la participante el
       7 de junio de 2016, en la cual designa sus
       beneficiarios y su porcentaje de adjudicación a
       Sharon L. Meléndez González (1/4), Lilliam H.
       Guevara González (1/4), Evelyn S. Guevara
       González (1/4), Raymond L. Guevara (1/8) y
       Antonio J. Jusino Rodríguez (1/8), conforme a lo
       tipificado en el Artículo 4.8 el inciso (g) y el
       Artículo 5.11 inciso (c) de la Ley Núm. 160-2013.
       Por lo cual, el pago de los beneficios por defunción
       notificado el 15 de julio de 2023 por la Junta de Retiro
       a las personas nombradas por escrito en el formulario
       adoptado por el Sistema y atestado en vida por la
       participante el 7 de junio de 2016, es correcta en
       derecho.

       […]

       Por otro lado, la parte Apelante no derrotó la
       presunción de regularidad y corrección que cobija la
       decisión aquí impugnada. Se trata de una
       determinación correcta, que está razonablemente
       sustentada por evidencia sustancial que obra en el
       expediente, por lo que debe ser respetada y
       sustentada Asociación Vecinos del Hospital San Jorge
       v. United Medical Corporation, supra, Facultad de
       Ciencias Sociales Aplicadas, Inc. v. Consejo de
       Educación Superior, 133 DPR 521 (1993).

10 Apéndice XV del recurso de revisión, págs. 77-84.
11 Apéndice XVI del recurso de revisión, págs. 85-99.
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      En virtud de todo lo anterior, la decisión de la Junta
      de Retiro, a la luz de la prueba que tuvo ante sí y ante
      nosotros, es correcta en derecho y coincidimos con la
      misma.

      Analizada la prueba en el expediente administrativo y
      los planteamientos de las partes, luego de un examen
      desapasionado y minucioso de la totalidad del
      expediente y a la luz de las disposiciones legales,
      jurisprudenciales y reglamentarias antes citadas,
      consideradas las Determinaciones de Hechos y
      Conclusiones de Derecho antes presentadas, esta
      Junta de Retiro Ordena CONFIRMAR la decisión
      recurrida”. (énfasis en el original).
      Inconforme con la determinación anterior, el Sr. Jusino

Rodríguez acudió ante nos el 12 de febrero de 2024 mediante el

presente recurso de Revisión de Decisión Administrativa. Señala

los errores siguientes:

      Erró la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico
      al ratificar la determinación administrativa que negó
      la pensión al recurrente aplicando el Artículo 5.11 de
      la Ley 160 del 24 de diciembre de 2013, en vez del
      Artículo 4.8 (c), tratándose del viudo de una
      pensionada del Sistema de Retiro de Maestros que
      siguió activa como maestra hasta 2018 aun cuando
      cumplía con todos los requisitos del retiro en 2013.

      Erró la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico
      al permitir la violación del debido proceso de ley, en
      menoscabo de derechos adquiridos, obviando la
      intención legislativa de la Ley Núm. 160 del 24 de
      diciembre de 2013 y el estado de derecho
      constitucional establecido por el Tribunal Supremo
      de Puerto Rico al evaluar esa ley en AMPR et als. v.
      Sist. Retiro de Maestros, 190 DPR 854 (2014).

      El 15 de febrero de 2024, emitimos una Resolución

concediéndole un término de quince (15) días a la Junta de Retiro

para presentar su posición con respecto al recurso del Sr. Jusino

Rodríguez y copia certificada del expediente administrativo.

      En cumplimiento con lo ordenado, el 6 de marzo de 2024,

la Junta de Retiro presentó Alegato en Oposición de la Parte

Recurrida y una copia certificada del expediente administrativo

del caso.
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      Contando con el beneficio de la comparecencia de las

partes, procedemos a resolver.

                                 II

                                 A.

      En lo referente al sistema de pensiones de nuestra clase

magisterial, con la aprobación de la Ley Núm. 160-2013, según

enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para

Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 18 LPRA sec.

393 et seq., el Estado pretendió realizar una reforma total del

Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico creado mediante

la Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004, según enmendada,

conocida como “Ley Orgánica para el Sistema de Retiro para

Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 18 LPRA sec.

391 et seq. (derogada). Con esta reforma, el legislador pretendió

armonizar dos (2) intereses de vital importancia: el primero,

proveer a todo participante del Sistema de Retiro para Maestros

un retiro digno; el segundo, garantizar la solvencia del sistema.

Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 160-2013, supra.

      La Ley Núm. 160-2013, supra, creó como medida principal

un nuevo sistema de retiro para maestros compuesto por un

Programa de Beneficios Definidos y un Programa de Aportaciones

Definidas. Artículo 2.1 de la Ley Núm. 160-2013, supra. Además,

se establecieron otros cambios que en conjunción tendrían el

efecto de atender el déficit de flujo de caja anual y actuarial del

Sistema y asegurar que este se mantuviera con suficientes fondos

para continuar con el pago de pensiones. Véase, Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 160-2013, supra. Entre estos cambios, se

modificaron las reglas para la compra de servicios no cotizados;

se modificaron beneficios por defunción; se modificaron los
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requisitos para la obtención de beneficios por parte del cónyuge

supérstite; y se modificó el beneficio por incapacidad Íd.

      El Capítulo 4 de la Ley Núm. 160-2013, supra, regula todo

lo relacionado al Programa de Beneficios Definidos para

Participantes en el Sistema de Retiro para Maestros al 31 de julio

de 2014. En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, el

Artículo 4.8 de la Ley Núm. 160-2013, supra, establece, entre

otras cosas, cómo se harán los pagos después del fallecimiento

de un participante pensionado. Al respecto, este Artículo dispone

lo siguiente:

      “(a) Al fallecer una persona que sea pensionado se le
      pagará su pensión completa por el mes en que
      ocurriere el fallecimiento, para que la disfruten sus
      beneficiarios. Además, se pagará una quincena
      adicional final luego del mes en que ocurriese el
      fallecimiento del pensionado, pero sus beneficiarios o
      herederos forzosos o legales de no haberse hecho una
      designación de beneficiarios, recibirán el balance de
      sus aportaciones siempre y cuando no existan
      derechos a recibir pensión como beneficiarios,
      después de deducir aportaciones pagadas, y en
      ningún caso recibirán menos de mil dólares ($1,000)
      dólares, en un solo pago. Este beneficio no será de
      aplicación a los beneficiarios, herederos forzosos o
      legales del pensionado fallecido que haya ingresado al
      Sistema a partir del 1 de agosto del 2014.

      (b) Cuando dicho pensionado dejase hijos
      matriculados en un programa regular de escuela
      pública, privada o institución de educación post-
      secundaria, sin aplicar lo concerniente a estudios a
      hijos incapacitados, o menores de seis (6) años de
      edad, estos continuarán percibiendo la mitad de la
      pensión distribuida entre dichos hijos por partes
      iguales. Dichos hijos cesarán de recibir la pensión
      cuando cumplan la edad de veintidós (22) años o, de
      ocurrir antes de esa fecha, cuando cesen de estar
      matriculados a tiempo completo en una institución
      educativa. La cantidad pagadera a cualquier hijo que
      cese de recibirla por este motivo acrecerá a los demás
      hijos por partes iguales. De haber hijos
      incapacitados, estos continuarán recibiendo la
      porción correspondiente a la primera distribución
      mientras dure la incapacidad. Al cumplir los seis (6)
      años de edad, al hijo o los hijos no incapacitados les
      aplicarán todas las disposiciones concernientes a
      estudios. La solicitud de anualidad para estos
      menores la presentará el padre o madre supérstite
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       que demuestre que tiene la patria potestad, un tutor
       legalmente nombrado por un tribunal de justicia o un
       tutor administrativo nombrado por la Agencia, y el
       pago de la anualidad para los menores se hará al
       padre o madre supérstite o al tutor.

       (c) Cuando dicho pensionado dejare un viudo, este
       recibirá la mitad de dicha pensión.12
       […]”.

       Además, el Artículo 4.8 de la Ley Núm. 160-2013, supra,

establece en lo pertinente, lo siguiente:

       “[…]

       (f) El derecho de pensión de un beneficiario termina
       automáticamente en la quincena en que ocurra su
       fallecimiento. Cualquier pago realizado posterior a
       esa fecha será devuelto al Fondo.

       (g) Al fallecer un participante, se pagarán los
       beneficios por defunción a la(s) persona(s) que este
       hubiere nombrado por escrito en el formulario
       adoptado por el Sistema. Para que la designación de
       beneficiarios sea válida debe radicarse ante el
       Sistema en vida del participante.

12 En cuanto a los pagos después del fallecimiento de un maestro, el Artículo 35

de la Ley 91 de 29 de marzo de 2004, supra, disponía lo siguiente:
        “Al fallecer un maestro retirado, se le pagará su renta anual
        vitalicia completa por el mes en que ocurriere el fallecimiento, para
        que la disfruten sus beneficiarios. La renta anual vitalicia dejará
        de ser pagada desde la quincena siguiente en que ocurriera el
        fallecimiento del maestro retirado, pero sus beneficiarios o
        herederos forzosos o legales recibirán el balance de sus cuotas
        siempre y cuando no existan derechos a pagar pensión como
        beneficiarios, después de deducir las anualidades pagadas, y en
        ningún caso recibirán menos de quinientos (500) dólares, en un
        solo pago. Cuando el maestro dejase hijos matriculados en un
        programa regular de escuela pública, privada o colegio, sin aplicar
        lo concerniente a estudios a hijos incapacitados, o menores de seis
        (6). años de edad, éstos continuarán percibiendo la mitad de la
        renta anual vitalicia distribuida entre dichos hijos por partes
        iguales. A medida que vayan cumpliendo veintidós (22) años irá
        cesando el pago. De haber hijos incapacitados, éstos continuarán
        recibiendo, mientras dure la incapacidad, la porción
        correspondiente a la primera distribución. El pago del que cumple
        esta edad acrecerá el de los demás hijos. Al cumplir los seis (6)
        años de edad, al hijo o los hijos, no incapacitados, les aplicarán
        todas las disposiciones concernientes a estudios. La solicitud de
        anualidad para estos menores la presentará el padre o madre
        sobreviviente que demuestre que tiene la patria potestad, un tutor
        legalmente nombrado por un tribunal de justicia o un tutor
        administrativo nombrado por la Agencia, y el pago de la anualidad
        para los menores se hará al padre o madre sobreviviente o al tutor.
        Cuando el maestro dejare una viuda o la maestra un viudo, éste
        recibirá la mitad de dicha renta anual vitalicia retrotrayéndose esta
        disposición para cubrir a los viudos que no reciben este beneficio.
        Quedarán cubiertos por este beneficio las viudas y viudos de los
        maestros que se jubilaron con leyes anteriores al 1951,
        computándose dicho beneficio a base de la pensión que recibían al
        momento del fallecimiento”.
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       (h) Los beneficiarios que al 31 de julio de 2014
       reciban algún beneficio por fallecimiento de un
       pensionado, continuarán recibiendo los mismos sin
       alteración.

       (i) Los pagos por defunción que correspondan a un
       participante que se pensione a partir del 1ro de agosto
       de 2014, se determinarán conforme a lo establecido
       en el Capítulo 5 de esta Ley.”13

       Por otra parte, el Capítulo 5 de la Ley Núm. 160-2013,

supra, regula todo lo relacionada al Programa de Aportaciones

Definidas. Véase el Artículo 5.1 de la Ley Núm. 160-2013, supra,

al cual todos los participantes activos que eran parte de la

matrícula del Sistema, independientemente de la fecha de su

primer nombramiento original, pasaron a formar parte a partir

del 1ro de agosto de 2014. Véase el Artículo 5.2 de la Ley Núm.

160-2013, supra.

       En    cuanto      a   los    beneficios     acumulados        por    los

participantes del Sistema que comenzaron a trabajar antes del

1ro de agosto del 2014, el Artículo 5.3 de la Ley Núm. 160-2013,

supra, dispone lo siguiente:

       “(a) Al entrar en vigor esta Ley, se preservarán los
       beneficios de retiro acumulados de los participantes
       del Sistema que comenzaron a trabajar antes del 1ro
       de agosto del 2014, basado en los años de servicio
       acumulados y el salario promedio hasta esa fecha.
       Dichos beneficios acumulados se calcularán de
       acuerdo con el Capítulo 4 de esta ley.

       (b) Aquellos participantes que al 31 de julio de 2014
       tenían derecho a retirarse y recibir algún tipo de
       pensión bajo esta Ley, por haber cumplido con los
       requisitos de años de servicio y edad aquí dispuestos,
       podrán retirarse en cualquier fecha posterior y
       tendrán derecho a recibir la pensión que le
       corresponda, calculada bajo el Artículo 4.4 de esta
       Ley basado en los salarios y años de servicios
       acumulados hasta el 31 de julio de 2014, sumada a
       la cantidad que tuvieran derecho a recibir bajo el
       Programa de Aportaciones Definidas.

13 Véase, además, el Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, Segunda Sesión Extraordinaria de la Decimoséptima Asamblea Legislativa,
21 de diciembre de 2013.
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      (c) A partir del 1ro de agosto de 2014, el participante
      no acumulará años de servicio adicionales para
      propósitos de determinar el salario promedio y
      computar una pensión bajo el Programa de Beneficios
      Definidos. El participante no recibirá reconocimiento
      por servicios no cotizados, ni podrá transferir
      aportaciones o devolver aportaciones sobre periodos
      trabajados antes del 31 de julio de 2014, excepto por
      aquellas excepciones expresamente establecidas en
      esta ley”.

      En cuanto a los beneficios por muerte, el Artículo 5.11 de

la Ley Núm. 160-2013, supra, en lo pertinente, dispone lo

siguiente:

      “[…]

      (c) Muerte de un Pensionado. —
         (1) Reembolso de aportaciones individuales: En
         aquellos casos en que fallezca un pensionado sin
         antes haber agotado el balance de todas sus
         aportaciones individuales hechas al Programa de
         Aportaciones Definidas previo al momento de
         comenzar a recibir la pensión, sus beneficiarios
         designados ante el Sistema o los herederos del
         participante en caso de no existir beneficiario
         designado tendrán dos opciones:

             (i) continuarán recibiendo los pagos
             mensuales de la pensión hasta que se agote
             dicho    balance    de    las aportaciones
             realizadas por el pensionado mientras
             estuvo en servicio activo, o

             (ii) podrán solicitar por escrito al Director
             Ejecutivo el desembolso de dicho balance en
             un pago global, sujeto a cualquier
             deducción correspondiente por ley. Si al
             momento del fallecimiento del pensionado,
             las aportaciones realizadas por dicho
             pensionado al Programa de Aportaciones
             Definidas previo al momento de comenzar a
             recibir la pensión, hubiesen sido agotadas
             por el pensionado mediante los pagos
             mensuales de pensión ya recibidos, se
             descontinuarán los pagos mensuales y sus
             beneficiarios y/o herederos no tendrán
             derecho a recibir pagos adicionales.

      […].”

      En AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros V, 190 DPR 854

(2014), el Tribunal Supremo evaluó la validez constitucional de la

Ley Núm. 160-2013, supra, y concluyó que sus Artículos 3.6, 3.9,
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3.11, 4.3(a), 4.4, 4.6(a)(b)(c) y 5.1 a 5.5 eran inconstitucionales

en la medida que menoscababan sustancialmente y de forma

irrazonable el derecho contractual que tenían los peticionarios-

demandantes en cuanto a su plan de retiro, conforme los

términos de la Ley Núm. 91de 29 de marzo de 2004. Por otra

parte, concluyó que era constitucional la Sección 2 de la Ley Núm.

160-2013, supra, que derogó las leyes especiales que concedían

esas gracias legislativas que no formaban parte de la pensión y el

Artículo 4.9 de esa misma ley que eliminó ciertos beneficios

adicionales a los que se retiraran a partir del 1 de agosto de 2014.

Por último, resolvió que los participantes que entraron a cotizar

al Sistema con posterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 160-

2013, supra, tenían y tienen derecho solamente a la pensión que

establece ese estatuto, por ser esta la obligación contractual que

el Estado asumió con ese grupo de trabajadores. Con respecto a

las gracias legislativas, el Tribunal Supremo concluyó lo

siguiente:

      Conviene, entonces, enfatizar el alcance de nuestros
      pronunciamientos. La Ley Núm. 160-2013 elimina la
      aportación al plan de salud (hasta $100 al mes), el
      bono para medicamentos ($100 al año) y el aguinaldo
      de navidad ($600 al año) para quienes se jubilen a
      partir del 1 de agosto de 2014. Asimismo, elimina el
      bono de verano ($100) para todos los participantes.
      Además, reduce el aguinaldo de navidad de $600 a
      $200 a quienes se hayan jubilado antes del 1 de
      agosto de 2014. En Trinidad Hernández et al. v.
      E.L.A. et al., supra, pág. 839, esc. 2, dijimos que "los
      beneficios otorgados mediante las leyes especiales
      que la Reforma del Sistema de Retiro elimina no
      forman parte de su pensión". Véase, además,
      Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, págs. 67-
      70. Por el contrario, concluimos que eran gracias
      legislativas que no crean un interés propietario.
      Además, al comparar el Art. 1-101 de la Ley Núm. 447
      de 15 de mayo de 1951, según enmendado, conocida
      como la Ley de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y
      sus Instrumentalidades, 3 LPRA sec. 761, con el Art.
      3 de la Ley Núm. 91-2004, supra, 18 LPRA sec. 391a,
      notamos que la legislación habilitadora del SRM es
      diáfana en establecer que esos beneficios adicionales
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       no forman parte de la pensión. En su consecuencia,
       en el caso que nos atañe concluimos que es
       constitucional la Sec. 2 de la Ley Núm. 160-2013 que
       derogó las leyes especiales que concedían esas
       gracias legislativas que no forman parte de la pensión
       y el Art. 4.9 de esa misma ley que eliminó ciertos
       beneficios adicionales a los que se retiren a partir del
       1 de agosto de 2014. Íd., pág. 879.

                                  B.

       La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como     fin   delimitar    la   discreción   de   los   organismos

administrativos, para asegurar que ejerzan sus funciones

conforme la ley y de forma razonable. Unlimited v. Mun. de

Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. A.R.Pe.,

172 DPR 254, 264 (2007). A esos efectos, la revisión judicial

comprende tres aspectos: la concesión del remedio apropiado, la

revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de

evidencia sustancial, y la revisión completa de las conclusiones

de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217

(2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR

923, 940 (2010).

       Nuestro   Tribunal    Supremo     ha   establecido   que   las

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias

serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia

sustancial que surja del expediente administrativo considerado

en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216,

citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511-512

(2011). La evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante

que una mente razonable podría aceptar como adecuada para

sostener una conclusión". Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir

Cond., supra. Dicho análisis requiere que la evidencia sea

considerada en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la

decisión administrativa como la que menoscabe el peso que la
KLRA202400069                                                  14

agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg.

P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).

      Debido a la presunción de regularidad y corrección de los

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas,

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que

presentar prueba suficiente para derrotar esta presunción, no

pudiendo descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias,

160 DPR 409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe

otra prueba en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no

se pueda concluir que la determinación de la agencia fue

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante

su consideración. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172

DPR 232, 245 (2007).

      Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra

prueba que sostenga que la actuación de la agencia no está

basada en evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el

valor de la evidencia impugnada, el tribunal respetará las

determinaciones de hecho y no sustituirá el criterio de la agencia

por el suyo. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). En cambio,

las conclusiones de derecho son revisables en todos sus

aspectos. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894

(2008). De esta manera, los tribunales, al realizar su función

revisora, están compelidos a considerar la especialización y la

experiencia de la agencia con respecto a las leyes y reglamentos

que administra. Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150

DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho no

conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la
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agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v.

A & C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

      Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales

revisores   tienen   la   libertad     absoluta   para   descartarlas

libremente. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626

(2012); Federation des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).

                                 III

      En su recurso de revisión, el Sr. Jusino Rodríguez señala

que erró la Junta de Retiro al denegar su solicitud de beneficio

por muerte de una pensión por viudez. Alega que tiene derecho a

recibir la mitad de pensión que recibía su esposa, según lo

dispuesto en el Artículo 4.8 (c) de la Ley Núm. 160-2013, supra.

Argumenta que dicho derecho, reconocido en el Artículo 35 de la

derogada Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004, supra, quedó

preservado en la Ley Núm. 160-2013, supra; y que, tratándose de

una pensionada que al 31 de julio de 2014 tenía derecho a

retirarse y recibir algún tipo de pensión bajo la Ley Núm. 91 de

29 de marzo de 2004, supra, los pagos por defunción no se

debieron determinar conforme a lo establecido en el Artículo 5.11

de la Ley Núm. 160-2013, supra.

      El Sr. Jusino Rodríguez añade que erró la Junta de Retiro

además “al permitir la violación del debido proceso de ley, en

menoscabo de derechos adquiridos, obviando la intención

legislativa de la Ley Núm. 160 del 24 de diciembre de 2013 y el

estado de derecho constitucional establecido por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico al evaluar esa ley en AMPR et als. v. Sist.

Retiro de Maestros, 190 DPR 854 (2014)”.
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      Por su parte, la Junta de Retiro sostiene en su alegato en

oposición, que el Artículo 4.8(c) de la Ley Núm. 160-2013, supra,

“solo le es aplicable para aquellos viudos de pensionados que

estaban recibiendo un beneficio de pensión en o antes del 31 de

julio de 2014; y que, a todos los demás, “le es aplicables las

disposiciones del Art. 5.11”.

      Al realizar un análisis de una ley, los tribunales debemos

armonizar, hasta donde sea posible, todas sus disposiciones con

el propósito de lograr una interpretación integrada, lógica y

razonable de la intención legislativa. Natal Albelo v. Romero Lugo

y otros, 206 DPR 465 (2021). Uno de los principios medulares en

la interpretación de la ley establece que cuando la ley es clara y

libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Íd. En aras

de cumplir con este principio, el primer paso que los tribunales

debemos llevar a cabo al interpretar un estatuto es remitirnos al

texto de la ley, puesto que, cuando el Legislador se ha

manifestado en un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley

representa la expresión por excelencia de la intención legislativa.

Íd.

      Analizada la Ley Núm. 160-2013, supra, concluimos que

sus medidas principales iban dirigidas a los planes de retiro de

participantes que al 31 de julio de 2014 no cumplían con los

requisitos para acogerse al retiro. Por otra parte, las pensiones

que recibían los participantes que se habían retirado del servicio

y las de los participantes que cumplían con los requisitos para

retirarse al 31 de julio de 2014, no estaban sujetas a cambios,

pues eran derechos adquiridos.
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      Sabido es que la potestad de la Asamblea Legislativa está

limitada por algunas disposiciones constitucionales que impiden

expresamente menoscabar algún interés propietario o derecho

adquirido protegido por el debido proceso de ley sustantivo.

Véase, AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros, supra.

      Ahora bien, los beneficios como la pensión por viudez no

alcanzan la jerarquía de derechos adquiridos. Del análisis de las

disposiciones de la Ley Núm. 160-2013, supra, podemos colegir

que este beneficio que fue establecido en el Artículo 35 de la Ley

Núm. 91 de 29 de marzo de 2004, supra, se eliminó tanto para

los participantes que al 31 de julio de 2014 no cumplían con los

requisitos para acogerse al retiro como para los que sí cumplían,

pero pospusieron su retiro y continuaron en el servicio. La

protección del beneficio de estos participantes no fue la misma

que recibió el participante que disfrutaba de una pensión al

producirse el cambio legislativo.

      Por lo tanto, luego de analizar el Artículo 4.8(c) en armonía

con las demás disposiciones de la Ley Núm. 160-2013, supra,

concluimos que este aplica a participantes pensionados al 31 de

julio de 2014. Es decir, a maestros y empleados que se habían

retirado del servicio y recibían una pensión del Sistema al

momento de entrar en vigor las disposiciones de la Ley Núm. 160-

2013, supra.

      A pesar de que para esa fecha la Sra. Lilliam González Ortiz

cumplía con los requisitos para retirarse y recibir algún tipo de

pensión bajo la Ley Núm. 91 de 29 de marzo de 2004, supra, esta

pospuso su retiro y continuó en el servicio.

      Por todo lo cual, determinamos que no procedía en derecho

la solicitud del Sr. Jusino Rodríguez de una pensión por viudez.
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El pago de los beneficios por muerte efectuado por la Junta de

Retiro a los beneficiarios designados expresamente por la Sra.

Lilliam González Ortiz y sus porcentajes se hizo en este caso

conforme a derecho.

                                IV

     Por los fundamentos expuesto, se confirma la Resolución

recurrida.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones