Court Opinion

ID: 9941361
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:28:20.405778+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:34.650551
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

 WYNDMAR PV ENERGY, INC.                        Apelación
                                                procedente del
         Parte Apelada                          Tribunal de
                                                Primera
                                                Instancia, Sala
                v.                KLAN202300665 Superior de
                                                Bayamón
    ALVILDA ISABEL TORO
         CASELLAS
                                                    Civil Núm.:
         Parte Apelante                             BY2022CV04668

                                                    Sobre:
                                                    Cobro de Dinero
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

      La Sra. Alvilda Isabel Toro Casellas (en adelante Sra. Toro

Casellas o parte apelante) solicita que revoquemos la Sentencia

Parcial emitida el 7 de junio de 2023, notificada el 8 de junio de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. En

dicho dictamen, el foro de instancia declaró con lugar la solicitud de

sentencia sumaria presentada por Wyndmar PV Energy (en adelante

Wyndmar o parte apelada) y ordenó a la Sra. Toro Casellas pagarle

a Wyndmar la suma ajustada de $49,962.44.

                                     I.

      El 12 de septiembre de 2022, Wyndmar presentó demanda

sobre cobro de dinero en contra de la Sra. Toro Casellas. En síntesis,

Wyndmar alegó que la Sra. Toro Casellas realizó transacciones no

autorizadas con una tarjeta Visa Corporativa, perteneciente a

Wyndmar, la cual estaba emitida a nombre del Sr. Luis Iván

Número Identificador
SEN2024________________
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González Serrallés1, ex esposo de la parte apelante.                   Adujo que

dichas transacciones, ascendentes a $52,243.43, se realizaron sin

la autorización de Wyndmar. Expuso que la Sra. Toro Casellas

reconoció la deuda, pero no la satisfizo, por lo que solicitó al TPI que

declarara con lugar la demanda y ordenara a la Sra. Toro Casellas

pagarle la suma reclamada, así como las costas, gastos y honorarios

de abogado.

       Luego de varios trámites procesales, la Sra. Toro Casellas

presentó Contestación a Demanda2 y también presentó Demanda

contra Tercero3 en contra del Sr. Luis Iván Gonzáles Serrallés.

       Por su parte, el 2 de marzo de 2023, Wyndmar presentó

Solicitud de Sentencia Sumaria4. En síntesis, expuso que no está en

controversia que la Sra. Toro Casellas realizó transacciones no

autorizadas con una tarjeta Visa Corporativa perteneciente a

Wyndmar, emitida a nombre del Sr. González Serrallés, ex esposo

de la apelante. Alegó que, producto de dichas transacciones sin

autorización, la Sra. Toro Casellas le adeuda las sumas reclamadas.

       El 13 de marzo de 2023, el tercero demandado, Sr. Luis Iván

González Serrallés, presentó su Contestación a Demanda contra

Tercero5. En resumen, sostuvo que nunca autorizó a la Sra. Toro

Casellas utilizar la tarjeta corporativa de Wyndmar. Añadió que el

matrimonio se constituyó bajo el régimen de separación total y

absoluta de bienes. Por esto, el Sr. González Serrallés destacó que,

independientemente de la fecha en que la apelante realizó las

transacciones, conforme al régimen económico pactado entre estos,

1 El Sr. González Serrallés, quien es empleado de Wyndmar PV Energy, Inc., es

hijo del presidente de la corporación.
2 Íd. págs. 24-25.
3 Íd. págs. 26-28.
4 Íd. págs. 29-44. En apoyo de su solicitud, Wyndmar acompañó lo siguiente:

Anejo-I: Correo electrónico del 4 de abril de 2022, enviado por la Sra. Toro Casellas
en el que esta reconoce la deuda; Anejo-II: Declaración jurada de la Comptroller
de Wyndmar en la que se declara que la Sra. Toro Casellas no contaba con
autorización para utilizar la tarjeta corporativa y que de la cantidad reclamada se
aplicó un crédito, por lo que la deuda neta es $49,962.44.
5 Íd. págs. 45-48.
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la Sra. Toro Casellas era responsable de las deudas incurridas por

ella durante y después del matrimonio.                 Señaló que las partes

estuvieron separadas cerca de un año antes de divorciarse.

También, que la Sra. Toro Casellas realizó las transacciones no

autorizadas con posterioridad a la separación y divorcio entre las

partes, sin conocimiento y consentimiento del Sr. González

Serrallés.

       Mientras, el 30 de marzo de 2023, la Sra. Toro Casellas

presentó Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria” y Solicitud de

Sentencia Sumaria Interlocutoria6. En resumen, adujo que existía

controversia en cuanto a la fuente de obligación de pago, pues entre

ella y la corporación, no existía vínculo obligacional alguno. En esa

línea, señaló que no venía obligada en derecho a pagar una deuda

en la que es el Sr. González Serrallés quien figura como deudor. La

Sra. Toro Casellas expuso que utilizó la tarjeta con el conocimiento

y   consentimiento       del   Sr.    González     Serrallés,     ya   que    éste

acostumbraba a enviarle foto de la tarjeta corporativa mediante

mensajes de texto. Afirmó que ella la utilizó bajo la creencia y

costumbre de que Wyndmar cubría los gastos de la familia González

Toro.7 Por lo anterior, la Sra. Toro Casellas solicitó que se dictara

sentencia sumaria desestimando la acción en cobro de dinero

instada en su contra. En la alternativa, pidió que se denegara la

solicitud de sentencia sumaria de Wyndmar por existir hechos en

controversia que impiden la adjudicación sumaria del caso.

       El 25 de abril de 2023, Wyndmar presentó réplica mediante

Moción en Cumplimiento de Orden8, en la que reiteró que la Sra. Toro

Casellas no tenía autorización para utilizar la tarjeta corporativa de

Wyndmar.

6 Íd. págs. 49-60. En apoyo a su solicitud, la Sra. Toro Casellas solo incluyó una

declaración jurada suscrita por ella, en la que reiteró lo alegado en su escrito en
oposición.
7 Íd. Pág. 51.
8
  Íd. págs. 62-64.
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      Evaluados los escritos y la prueba documental presentada por

las partes, el 7 de junio de 2023, notificada el 8 de junio de 2023, el

TPI emitió Sentencia Parcial. En esta, el foro primario enumeró como

hechos que no están en controversia, los siguientes:

      1. La parte demandante Wyndmar PV Energy, Inc. es
         una corporación organizada y existente bajo las leyes
         del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con sus
         principales oficinas localizadas en Bayamón, Puerto
         Rico. Postal: PO Box 13942, San Juan, PR 00908,
         Física: Naval Security Group Activity Base, Carr. 867
         Km. 2.0, Sabana Seca, Toa Baja, PR 00952. Tel 787-
         641-2331.

      2. La parte demandada Sra. Alvilda Isabel Toro
         Casellas, mayor de edad, soltera, propietaria y
         vecina de San Juan, Puerto Rico. A la demandada se
         le reconoce su capacidad de demandar y ser
         demandada siendo su última dirección conocida la
         siguiente: Urb. Santa María, Calle Trinitaria #124,
         San Juan, PR 00927. Tel. 787-550-6065.

      3. La Sra. Alvilda Isabel Toro Casellas realizó
         transacciones no autorizadas con una tarjeta Visa
         Corporativa a nombre de su exesposo Luis Iván
         González Serrallés que pertenecía a la demandante
         Wyndmar. Admitida por la demandada en el correo
         electrónico por ella enviado el día 4 de abril de 2022.
         Anejo I de la Sumaria.

         En el correo electrónico, que al inciso V(2) de la
         Oposición la parte demandada reconoce su
         existencia; la parte demandada escribió:

         “Buen día.

         Adjunto spreadsheet con el detalle de gastos de
         Amazon que aparecen en el spreadsheet que me
         enviaron, correspondiente a la tarjeta de Luis
         Ivan Visa, que termina con los números 8776.
         Según se desprende, hay una serie de gastos míos
         personales que suman $42,063.36. ya se solicitó
         reembolso a la cuenta de Amazon por la cantidad
         aproximada de $11,691.70. Por lo tanto, al día de
         hoy, se adeuda $30,643.71. Me dejan saber a nombre
         de qui[é]n se hará el cheque para emitir el pago.

         En adición, hay otros gastos por la cantidad de
         $10,884.98, correspondientes a gastos de la casa y
         los niños.

         Por último, hay una totalidad de $2,031.98 que no
         reconozco los artículos ni persona quien los hizo ni la
         titularidad de esa cuenta de Amazon.

         Quedo en espera de confirmación a nombre de quién
         se hace el cheque.
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           [S]aludos cordiales,

           Chabe”

       4. Que las transacciones realizadas por la Sra. Toro
          fueron hechas sin la autorización de la parte
          demandante. Wyndmar reconoció unos créditos
          reduciendo la suma adeudada a $49,962.44.9

       El foro primario resaltó que la apelante no presentó prueba de

las comunicaciones a las que aludió en la declaración jurada que

acompañó con su moción en oposición, que presuntamente

demostraban el consentimiento del Sr. González Serrallés para que

la Sra. Toro Casellas hiciera uso personal de la tarjeta corporativa.10

Añadió que la Sra. Toro Casellas tampoco presentó prueba para

sustentar su alegación de que Wyndmar acostumbraba a cubrir los

gastos de la familia Toro Casellas. A su vez, el TPI destacó la

inconsistencia habida en las defensas de la Sra. Toro Casellas, al

mencionar que esta, por un lado, reconoce en su escrito en

oposición11 a la sentencia sumaria que existió una total separación

de bienes durante el matrimonio; y, por el otro, le impone al Sr.

González Serrallés la obligación de pagar las deudas personales

incurridas por ella.

       Por último, el TPI subrayó que la Sra. Toro Casellas no disputó

la cifra de $49,962.44 reclamada por Wyndmar, sino que se limitó a

argumentar que entendía que el uso estaba autorizado por la

costumbre de que la corporación cubriera los gastos de la familia

Serrallés Toro. El foro primario entendió que ello demostraba que no

existía controversia en cuanto a la liquidez y exigibilidad de la

deuda.

       En virtud de lo anterior, el TPI declaró no ha lugar la Oposición

a “Solicitud De Sentencia Sumaria” y Solicitud de Sentencia Sumaria

Interlocutoria presentada por la Sra. Toro Casellas; y declaró con

9 (Énfasis suplido. Bastardillas en el original). Apéndice del recurso, págs. 78-79.
10Apéndice del recurso, pág. 82.
11 Apéndice del recurso, página 56.
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lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Wyndmar.

Por consiguiente, ordenó a la Sra. Toro Casellas el pago de la suma

ajustada de $49,962.44.

       El 21 de junio de 2023, la Sra. Toro Casellas presentó una

Solicitud de Reconsideración. El 29 de junio de 2023, el foro primario

denegó la solicitud de reconsideración de la Sra. Toro Casellas. En

igual fecha, el TPI también emitió sentencia sumaria mediante la

cual desestimó la demanda contra tercero instada por la Sra. Toro

Casellas en contra del Sr. González Serrallés. 12

       Inconforme, el 31 de julio de 2023, la Sra. Toro Casellas instó

el presente recurso y formuló el siguiente señalamiento de error:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DECLARAR “CON LUGAR” LA
       SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA POR LA PARTE
       APELADA, AUN CUANDO EXISTEN CONTROVERSIAS
       SUSTANCIALES DE HECHOS RELACIONADAS A LOS
       ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA RECLAMACIÓN
       DE COBRO DE DINERO.

       En síntesis, la Sra. Toro Casellas sostiene que el foro primario

erró al resolver el pleito por la vía sumaria, pues existe controversia

en cuanto a la cantidad real que se adeuda, así como que la deuda,

según reclamada en la demanda, no se pude deducir que sea

líquida, vencida y exigible. La apelante se fundamenta en el hecho

de que entiende que existe controversia sobre la cantidad real y

cierta que se debe y sobre la exigibilidad de esta. Alega que en el

correo electrónico enviado a Wyndmar, ella cuestiona la cantidad

que se reclama. En específico, la Sra. Toro Casellas aduce que, en

cuanto a la liquidez de la deuda, Wyndmar se limitó a presentar un

spreadsheet de una tabla de Excel preparada por la comptroller de

la corporación y que no obra evidencia adicional que sostenga la

12 Aunque en el recurso que nos ocupa la Sra. Toro Casellas menciona que el TPI

desestimó la demanda contra tercero instada en contra del Sr. González Serrallés
mediante Sentencia Sumaria emitida el 28 de junio de 2023, notificada el 29 de
junio de 2023, la revisión solicitada en el presente recurso es en cuanto a la
Sentencia del 7 de junio de 2023. La Sra. Toro Casellas no solicitó reconsideración
ante el TPI ni presentó un recurso en revisión de la Sentencia del 28 de junio de
2023.
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cantidad reclamada. Añadió que ni siquiera se han provisto los

estados de cuenta de la entidad bancaria de la Visa Corporativa, los

cuales se podrían obtener a través del descubrimiento de prueba

que la Sra. Toro Casellas se vio privada de tener, debido a que el TPI

determinó de forma sumaria que no había controversia sobre la

liquidez de la deuda.

       El 22 de agosto de 2023, Wyndmar presentó Alegato en

Oposición a Apelación. En esencia, Wyndmar aduce que la Sra. Toro

Casellas no presentó alegación ni evidencia alguna sobre la

existencia de controversia de hechos materiales que impidieran

dictar la sentencia recurrida y que el asunto a dirimir no era para

qué tipo de gastos la apelante utilizó la tarjeta corporativa, sino que

no tenía autorización para utilizarla. Reiteró que la Sra. Toro

Casellas reconoció la deuda en el correo electrónico enviado a

Wyndmar. Además, Wyndmar señaló que el foro primario desestimó

la demanda contra tercero instada por la Sra. Toro Casellas contra

su exesposo, el Sr. González Serrallés.13 Destacó que el término para

solicitar reconsideración, así como el término para apelar dicha

determinación venció sin que la Sra. Toro Casellas solicitara

reconsideración al TPI o presentara apelación ante este foro

intermedio. De tal forma, y a tenor de las determinaciones emitidas

por el foro primario en la sentencia que desestimó la demanda

contra tercero, Wyndmar sostiene que, en virtud de la doctrina de

impedimento colateral por sentencia y “ley del caso”, la apelante está

impedida de impugnar el dictamen recurrido.

                                      II.

                                      A.

13 Véase, Sentencia emitida el 28 de junio de 2023, notificada el 29 de junio de

2023, Entrada Núm. 54 del Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC). En
esta el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria, presentada por el
Sr. González Serrallés y, en consecuencia, desestimó la Demanda Contra Tercero
presentada por la Sra. Alvilda Isabel Toro Casellas.
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       En un caso de cobro de dinero el demandante sólo tiene que

probar: (1) que existe una deuda válida; (2) que la misma no se ha

pagado; y (3) que es el acreedor y los demandados sus deudores.14

En el caso Ramos de Szendrey v. Colón Figueroa15, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico se expresó sobre el requisito de que una

deuda sea líquida y exigible. A esos efectos, expuso:

       Cuando se presenta una demanda en cobro de dinero se debe
       alegar que la deuda reclamada es una "líquida, vencida y
       exigible". Ello se debe, a que únicamente pueden reclamarse
       por la vía judicial, aquellas deudas que hayan advenido
       líquidas, vencidas y exigibles. Una deuda es líquida, vencida
       y, por tanto, exigible cuando por la naturaleza de la
       obligación o por haberlo requerido el acreedor, la deuda debe
       ser satisfecha. Asimismo, si la cuantía debida es cierta y
       determinada, se considera que la deuda es líquida y, por
       consiguiente, puede ser exigible en derecho antes su
       vencimiento. Es decir, la deuda es líquida cuando se sabe
       cuánto es lo que se debe. Igualmente se considera que la
       deuda es "exigible" cuando la obligación no está sujeta a
       ninguna causa de nulidad y puede demandarse su
       cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958 (1950).
       Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y exigible se están
       exponiendo hechos, a saber: que la cantidad adeudada ha
       sido aceptada como correcta por el deudor y que está
       vencida. En resumen, la deuda es líquida cuando se sabe
       cuánto es lo que se debe y se considera exigible cuando la
       obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad.

                                        B.

       El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36

de Procedimiento Civil16 permite al tribunal disponer de un caso sin

celebrar vista en su fondo.17

       A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil provee

que, para que proceda dictar sentencia sumaria, es necesario que

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a

14 General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32 (1986).
15 153 DPR 534 (2001).
16 32 LPRA Ap. V, R. 36.
17 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González
Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213
(2010).
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ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente.18

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.19 De

modo que, ante la clara ausencia de certeza sobre todos los hechos

materiales en controversia, no procede dictar sentencia sumaria.20

       Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo nunca significa

necesariamente        que    ha    de    emitirse     el   dictamen      sumario

automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que

ello ocurra.21

       De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil,

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo

haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de esta forma,

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede.22

       Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte

que se opone a la misma.23 No obstante, “cualquier duda no es

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria. Tiene

18 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,

430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos
Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127,
137-138 (2006).
19 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos Pérez

v. Univisión, supra, pág. 213.
20 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC

of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).
21 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177

DPR 369, 383-384 (2009).
22 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c).
23 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC

of LDS v. Purcell, supra, pág. 721.
KLAN202300665                                                                10

que ser una duda que permita concluir que existe una controversia

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.24

       Resulta menester precisar que:

       [A]l dictar sentencia sumaria el tribunal deberá: (1) analizar
       los documentos que acompañan la solicitud de sentencia
       sumaria y los documentos incluidos con la moción en
       oposición, así como aquellos que obren en el expediente del
       tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción
       controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay
       alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o
       refutadas en forma alguna por los documentos.25

       A tales efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o

documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que debe

considerar todos los documentos del expediente, sean o no parte de

la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones

hechas por las partes.26

       En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar

sentencia sumaria, sin embargo: (1) sólo puede considerar los

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y

(2) sólo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina

de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta.27

       Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar

específico, que, como foro apelativo, debemos utilizar. A tales

efectos, en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas28, el Tribunal

Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que tanto la

moción de sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con

los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento

24 Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Ramos Pérez v. Univisión,

supra, pág. 214.
25 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011); que cita

a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Véase, además, López v. Miranda,
166 DPR 546, 562-563 (2005).
26 Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Cuadrado Lugo v. Santiago

Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 (1990).
27 Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129.
28 193 DPR 100 (2015).
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Civil.29     Subsecuentemente,          si     existen    hechos       materiales

controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con

la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en

controversia y cuáles están incontrovertidos”30. Por el contrario, si

encontramos         que    los     hechos       materiales     del    caso     son

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo

ante sí.31

         Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa

en cuanto a que, cuando se utiliza la sentencia sumaria, “el sabio

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.32

                                             III.

         La Sra. Toro Casellas aduce que el foro primario erró al

declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por

Wyndmar, por entender que existen controversias sustanciales

sobre los hechos del caso. En específico, señala que existe

controversia en cuanto a los elementos esenciales de la reclamación

de cobro de dinero, en específico, la liquidez y exigibilidad de la

deuda.

         Por su parte, Wyndmar señala que la Sra. Toro Casellas no

presentó alegación ni evidencia alguna sobre la existencia de

controversia de hechos materiales que impidieran dictar sentencia

sumaria. Wyndmar reiteró que la Sra. Toro Casellas reconoció la

deuda a través del mensaje cursado por esta vía correo electrónico.

En apoyo a su postura, Wyndmar aludió a la desestimación

29 Íd., pág. 118.
30 Íd., pág. 119.
31 Íd.
32 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 300; MGMT. Adm. Servs. Corp. v.

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).
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decretada por el TPI de la demanda contra tercero instada por la

Sra. Toro Casellas contra el Sr. González Serrallés33, y al hecho de

que esta no solicitó la reconsideración ni apeló el dictamen.

         Según mencionado, como foro apelativo, debemos utilizar los

mismos criterios que el foro primario al determinar si procede dictar

sentencia sumaria. Sin embargo, sólo podemos considerar los

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia y

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta.34

         Ahora bien, por encontrarnos en la misma posición que el foro

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia

sumaria, debemos utilizar el estándar específico establecido por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico. A tenor de ello, debemos revisar

que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición,

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de

Procedimiento Civil.35 Si existen hechos materiales controvertidos,

“el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y

cuáles están incontrovertidos”.36 Por el contrario, si encontramos

que los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos

revisar de novo si el foro primario aplicó correctamente la norma

jurídica aplicable a la controversia que tuvo ante sí.37

         Cónsono con lo resuelto en Meléndez González v. M. Cuebas,

supra, este Tribunal revisó la solicitud de sentencia sumaria

presentada por Wyndmar, y la oposición y solicitud de sentencia

sumaria presentada por la Sra. Toro Casellas. Luego de analizar los

escritos, concluimos que ambas partes cumplieron con los

33 Supra, nota 13.
34 Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129.
35Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.
36 Íd., pág. 119.
37 Íd.
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requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento

Civil.38

       Wyndmar expuso los hechos esenciales e incontrovertidos,

debidamente enumerados, así como los documentos que unió a su

solicitud en apoyo a sus enunciados. También anejó el correo

electrónico de la Sra. Toro Casellas en el que reconoce la deuda

reclamada (Anejo I), la declaración jurada de la comptroller de

Wyndmar (Anejo II)39 y hojas electrónicas (spreadsheets) de las

transacciones realizadas por la Sra. Toro Casellas. Por igual,

Wyndmar expuso los asuntos de derecho en controversia que

justificaban la resolución sumaria, así como el remedio solicitado.

       Por su parte, la Sra. Toro Casellas planteó en su oposición

algunas refutaciones generales de los hechos esenciales expuestos

por Wyndmar, con el fin de establecer controversias de hechos y

derrotar la solicitud de sentencia sumaria de dicha parte. En

particular, alegó que entendía que el uso de la tarjeta de crédito

corporativa estaba autorizado por la costumbre de que la

corporación cubriera los gastos de la familia González Toro. En

apoyo, solamente unió una declaración jurada suscrita por ella en

la que repite las afirmaciones esbozadas en su oposición. Sin

embargo, lo cierto es que ello no refutó las alegaciones de Wyndmar

sobre la utilización no autorizada de la tarjeta ni la cifra cuyo pago

se reclama.

       Así pues, examinados los escritos, concluimos que el foro

primario actuó correctamente al declarar con lugar la solicitud de

sentencia sumaria, pues no existe controversia genuina de hechos

materiales que impidiera la resolución sumaria del pleito. Nuestro

ordenamiento jurídico establece que cuando una parte solicita

sentencia sumaria e incluye con su moción prueba para demostrar

38Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra.
39 Apéndice del recurso, pág. 37.
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que no existe controversia sustancial sobre los hechos del caso,

corresponde a la otra parte establecer que existe una controversia

real al menos sobre un elemento de la causa de acción, ofrecer

prueba sobre alguna de sus defensas afirmativas, o presentar

prueba que refute la credibilidad de los documentos en apoyo a la

solicitud de sentencia sumaria.

       Respecto a la presunta iliquidez de la deuda, en nuestro

ordenamiento, una deuda es “líquida” cuando la cuantía de dinero

debida es “cierta” y “determinada”.40 Únicamente son reclamables

por la vía judicial aquellas deudas vencidas, líquidas y exigibles.41

En cuanto a las obligaciones, el vocablo “líquida” significa el saldo o

residuo de una cuantía cierta; y el término “exigible” se refiere a que

puede demandarse su cumplimiento.42 Por lo tanto, “al alegarse que

la cuenta es ‘líquida y exigible’ se están exponiendo hechos, a saber:

que el residuo de la cuantía ha sido aceptado como correcto por el

deudor y que está vencido”.43

       En este caso, Sra. Toro Casellas admitió que utilizó una

tarjeta corporativa propiedad de Wyndmar, cuyo tarjetahabiente es

el Sr. González Serrallés, para realizar transacciones personales.

Ello así a través de un mensaje de correo electrónico en el que

reconoce que el spreadsheet enviado corresponde a “la tarjeta de

Luis Ivan (sic) Visa” y expresa “hay una serie de gastos míos

personales.” Lo anterior se desprende también de la declaración

jurada de la comptroller de Wyndmar, en la que se certifica que la

tarjeta corporativa no estaba emitida a nombre de la Sra. Toro

Casellas.

40 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001).
41 RMCA v. Mayol Bianchi, 208 DPR 100, 108 (2021), que cita a Ramos y otros v.

Colón y otros, supra, pág. 546.
42 RMCA v. Mayol Bianchi, supra, págs. 108-109, que cita a Guadalupe v.

Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).
43 RMCA v. Mayol Bianchi, supra.
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      También en la declaración jurada suscrita por la comptroller

de Wyndmar consta que la Sra. Toro Casellas no estaba autorizada

para utilizar la tarjeta de crédito corporativa, así como surge, a su

vez, el ajuste y el impago de la cuantía. Por tanto, tampoco hay

controversia de que la deuda objeto del presente pleito es una

líquida, vencida y exigible.

      Ante la moción presentada por Wyndmar, le correspondía a la

Sra. Toro Casellas rebatir por vía de declaraciones juradas u otra

documentación que apoye su posición. Sin embargo, la Sra. Toro

Casellas solo incluyó una declaración jurada en la que menciona

alegaciones para los cuales no aportó evidencia adicional en apoyo

de su oposición. En efecto, en la sentencia apelada, el foro primario

destacó   que    no   surgía    del   expediente   documentación     que

evidenciara las alegaciones presentadas por la Sra. Casellas en

torno la autorización del uso de la tarjeta, así como de las

comunicaciones mencionadas por esta en su declaración jurada. Por

lo anterior, concluyó que la Sra. Toro Casellas no logró rebatir la

moción    de    sentencia    sumaria    presentada   por   Wyndmar     y

correctamente declaró con lugar la demanda presentada por

Wyndmar. En consecuencia, procede confirmar el dictamen apelado.

                                       IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la

Sentencia Parcial emitida el 7 de junio de 2023.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones