Court Opinion

ID: 9928546
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:24:02.893456+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:00.511696
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    Panel XI

      EMMANUEL TORRES CRUZ                                Revisión
           Recurrente                                     Judicial
                                                          procedente de la
                                                          División     de
                      v.                    KLRA202300239 Remedios
                                                          Administrativos

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y                                        Solicitud Núm.
REHABILITACIÓN                                                      B-621-23
            Recurrida
                                                                    Sobre:
                                                                    Cambio de
                                                                    Custodia

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

       Comparece el señor Emmanuel Torres Cruz, quien se encuentra

confinado, por derecho propio y en forma pauperis, (señor Torres Cruz o

recurrente), a través de un Recurso de revisión judicial.1 Solicita que

revisemos la Resolución administrativa, denominada Respuesta, emitida

por   la   División     de   Remedios    Administrativos      (la    División),   del

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el 2 de mayo de

2023. Mediante el referido dictamen, la División determinó que el

recurrente no cumple al momento con los requisitos para participar en

un programa de pases extendidos.

       Contrario a lo decidido por la División, el recurrente nos plantea

que, por virtud de la aprobación de una nueva reglamentación aprobada,

1
 La Juez Lebrón Nieves considera que estamos ante un recurso de revisión de decisión
administrativa y no de revisión judicial.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
KLRA202300239                                                                2

que resulta aplicable a su caso, sí cualifica para beneficiarse de pases

extendidos.

       Según      explicaremos,       se   equivoca   el   recurrente   en   su

planteamiento, procede confirmar la determinación administrativa.

I. Resumen del tracto procesal

       El 12 de abril de 2023, el señor Torres Cruz presentó una Solicitud

de Remedio Administrativo ante el DCR. En esencia, solicitó ser evaluado

para el privilegio de pases iniciales, conforme se dispone en el

Reglamento 7595, Reglamento para la concesión de permisos a los

miembros de la población correccional para salir o residir fuera de las

instituciones correccionales del Estado Libre Asociado, aprobado el 24 de

octubre de 2008.

       A raíz de lo cual, el 2 de mayo de 2023,2 la División emitió

Respuesta, informándole al recurrente que el reglamento vigente al

momento de cometerse el delito por el cual fue sentenciado, era el

Reglamento 4851, Reglamento para la concesión de permisos a los

confinados para salir o residir fuera de las instituciones penales del

Estado Libre Asociado, aprobado el 2 de diciembre de 1992. Ante ello,

determinó que el señor Torres Cruz no cumplía con los requisitos

establecidos en el Reglamento 4851 para el privilegio de pases iniciales,

pues dicho reglamento exigía cuatro años ininterrumpidos en custodia

mínima para poder ser considerado. En consonancia, la División le

indicó al recurrente que cumpliría con los requisitos para beneficiarse de

pases extendidos en septiembre de 2024.

       Inconforme, el señor Torres Cruz presentó el Recurso de revisión

judicial que está ante nuestra atención.

       A raíz de ello, el 7 de junio de 2023, emitimos Resolución

concediéndole al señor Torres Cruz el término de 10 días para

2 Notificada el 12 de mayo de 2023.
KLRA202300239                                                                     3

perfeccionar su recurso, presentando lo siguiente: (1) un índice del

recurso; (2) señalamientos de error; y (3) una discusión de los errores

señalados. Además, le ordenamos que presentara la solicitud para litigar

en forma pauperis, o en su defecto, que pagara los aranceles

correspondientes para la presentación del recurso. Finalmente, le

advertimos que, de incumplir con nuestra Resolución, se procedería a la

desestimación de su recurso.

      En respuesta, el 29 de junio de 2023, recibimos la Solicitud y

Declaración para que se exima de pago de arancel por razón de indigencia.

      Luego, el 19 de julio de 2023, emitimos Resolución concediéndole

un término de 15 días a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico

para presentar su Alegato.

      En efecto, el Procurador General compareció ante nosotros

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.

      Contando con el beneficio de las comparecencias de las partes,

estamos en posición de resolver.

II. Exposición de Derecho

   A. Revisión Judicial

      El Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, según enmendada,

dispone que el Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de

derecho,   las    decisiones       finales    de   los   organismos    y   agencias

administrativas        que   hayan     sido    tramitadas       conforme   con   las

disposiciones     de    la   Ley    Núm.      37-2017,    Ley    de   Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 4 LPRA sec.

24 (u). En consonancia, la Regla 56 de nuestro Reglamento, provee para

que este foro intermedio revise las decisiones, los reglamentos, las

órdenes y las resoluciones finales dictadas por organismos o agencias
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administrativas. Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R.56.

      Es un principio reiterado que las decisiones de las agencias

administrativas están investidas de una presunción de legalidad y

corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 591

(2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Matos

v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 754 (2005). Lo anterior se

fundamenta      en       el   conocimiento      especializado     y     la

experiencia (expertise) sobre la materia que su ley habilitadora le

confiere. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. de Seguros, 144 DPR 425, 436

(1997); Misión Ind. PR v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). En

virtud de lo cual, el ejercicio de revisión judicial debe deferencia a las

decisiones emitidas por los foros administrativos. Pérez López v. Dpto. de

Corrección y Rehabilitación, 208 DPR 656, 674 (2022); Super Asphalt v.

AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021).

      En este contexto, la revisión judicial se limita a determinar si la

agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que implique

abuso de discreción. Pérez López v. Departamento de Corrección y

Rehabilitación, supra, en la pág. 673; OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR

1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. A. R. Pe., 152 DPR 116,

122 (2000). Esto significa que el tribunal respetará el dictamen de la

agencia, salvo que no exista una base racional que fundamente la

actuación administrativa. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282

(2020); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así,

la revisión judicial suele limitarse a determinar si: (1) el remedio

concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de

hechos realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia

sustancial en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de
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derecho fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431

(2003).

       La parte que impugna la decisión administrativa tiene que

producir evidencia de tal magnitud que conmueva la conciencia y

tranquilidad del juzgador de forma que este no pueda concluir que la

decisión de la agencia fue justa porque simple y sencillamente la prueba

que consta en el expediente no la justifica. Ello implica que “[s]i en la

solicitud de revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa

otra prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser

sostenidas por el tribunal revisor”. Domínguez v. Caguas Expressway

Motors, Inc., supra, pág. 398; Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901,

905 (1999).

   B. Reglamento 4851, Reglamento para la concesión de permisos
       a los confinados para salir o residir fuera de las instituciones
       penales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

       El DCR aprobó el Reglamento 4851, Reglamento para la concesión

de permisos a los confinados para salir o residir fuera de las instituciones

penales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Reglamento Núm.

4851), el 2 de diciembre de 1992, en virtud de los poderes que le otorgó

la Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974,3 según enmendada, conocida

como Ley Orgánica de la Administración de Corrección. Revela el Artículo

II del Reglamento Núm. 4851, en lo pertinente, que fue adoptado con el

propósito de conceder permisos a los confinados para salir de las

Instituciones Penales o Centros de Tratamientos Públicos o Privados donde

se encuentran recibiendo tratamiento en todo caso que se determine que la

concesión de dichos permisos constituye una medida de tratamiento

conveniente y necesaria para la rehabilitación del confinado mediante su

readaptación progresiva de la comunidad.

3 Derogado por el Reglamento 7156, Reglamento para la concesión de permisos a los

confinados para salir fuera de las instituciones penales del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
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      A esos efectos, el Artículo VI del Reglamento Núm. 4851 establece

las Reglas de Aplicación General. Conforme a estas, se dispone que a los

fines de conceder un permiso se hará una evaluación del historial

delictivo del confinado, la naturaleza y circunstancias del delito por el

cual cumple la sentencia, el término de ésta, el tiempo de sentencia ya

cumplido, información sobre su conducta y condición física, emocional y

mental. Artículo VI (E) del Reglamento Núm. 4851. Además, se

considerará la experiencia en permisos anteriores, la opinión de las

personas perjudicadas o relacionadas con el acto delictivo, opinión de los

vecinos de la comunidad a visitarse y otras situaciones que hayan

impactado a la ciudadanía como resultado del delito cometido. Íd.

      En lo pertinente al recurso del epígrafe, el Artículo VI (4) del

Reglamento Núm. 4851, indica que todo convicto bajo las disposiciones

de la Ley de Sentencias Determinadas, a cumplir 99 años por asesinato

en primer grado, cuyo mínimo de libertad bajo palabra es de 25 años

naturales, deberá cumplir 10 años antes de ser considerado para

pase inicial. Asimismo, deberá estar disfrutando de custodia mínima

ininterrumpida durante los últimos cuatro (4) años antes de ser

considerado para un primer pase. (Énfasis provisto).

   C. Reglamento 7595, Reglamento para la concesión de permisos
       a los miembros de la población correccional para salir o
       residir fuera de las instituciones correccionales del Estado
       Libre Asociado de Puerto Rico

      Por otra parte, el 24 de octubre de 2008, el DCR aprobó el

Reglamento 7595, Reglamento para la concesión de permisos a los

miembros de la población correccional para salir o residir fuera de las

instituciones correccionales del Estado Libre Asociado (Reglamento Núm.

7595), conforme la Ley Orgánica de la Administración de Corrección.

Mediante este Reglamento, el DCR tuvo el propósito de conceder

permisos a los confinados para salir de las instituciones correccionales o

centros de tratamiento públicos o privados donde se encontraran
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recibiendo tratamiento, en los casos en que se determinara que la

concesión de dichos permisos constituiría una medida de tratamiento

conveniente y necesaria para su rehabilitación mediante readaptación

progresiva de la comunidad. Artículo II del Reglamento Núm. 7595.

        En lo que aquí atañe, el Artículo VII del Reglamento Núm. 7595

excluye de la concesión de permiso sin custodia, a los confinados

sentenciados por Ley de Armas, Ley Núm. 137 de 3 de junio de 2004,

25 LPRA sec. 455 et seq., y confinados incluidos en la Ley Núm. 49 de 26

de mayo de 1995, 4        4 LPRA sec. 1101 et seq.5 (Énfasis y subrayado

provistos).

    D. Orden Administrativa AC-2011-07

        El 17 de marzo de 2011, el DCR aprobó la Orden Administrativa

Núm. AC-2011-07 (OA, Núm. AC-2011-07). Mediante dicha Orden, el

DCR estableció que toda evaluación para conceder o denegar un pase a

algún    miembro     de   la   población     correccional,    deberá     realizarse

basándose en el reglamento vigente al momento de cometerse los

hechos que configuran el delito por el cual el confinado fue

sentenciado. Artículo I de la OA, Núm. AC-2011-07. (Énfasis provisto).

La referida orden administrativa resultaría de aplicación a todos los

empleados y funcionarios de la administración de corrección que

intervengan en el proceso de la concesión de permisos o pases a los

miembros de la población correccional, para salir o residir fuera de las

instituciones correccionales. Artículo III de la OA, Núm. AC-2011-07.

    E. Leyes Ex post facto

        Nuestra Constitución prohíbe la aplicación de leyes ex post

facto. Art. II, Sec. 12, LPRA Tomo 1. Existen cuatro tipos de estatutos

que son ex post facto, a saber, las leyes que: (1) criminalizan y castigan

4 Estableció que no serían elegibles para participar en los programas de desvió o
tratamiento y rehabilitación las personas sentenciadas por los siguientes delitos:
asesinato, violación, incesto, sodomía o actos lascivos o impúdicos cuando la víctima
fuera menor de catorce (14) años. (Énfasis nuestro).
5 Ambas leyes se encuentran derogadas.
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un acto que al ser realizado no era delito; (2) agravan un delito o lo hacen

mayor de lo que era al momento de ser cometido; (3) alteran el castigo

imponiendo una pena mayor que la fijada para el delito al momento de

ser cometido, y (4) alteran las reglas de evidencia exigiendo menos

prueba que la requerida por ley al momento de la comisión del delito

para castigar al acusado o reduciendo el quantum de evidencia necesario

para encontrarlo culpable. Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974,

990 (2019); González Fuentes v. E.L.A., 167 DPR 400, 408 (2006). Pueblo

en interés menor F.R.F., 133 DPR 172 (19939; Fernández v. Rivera, Jefe

del Presidio, 70 DPR 900 (1949).

      La protección contra leyes ex post facto solamente se activa cuando

se pretende aplicar una ley penal de manera retroactiva. González

Fuentes v. E.L.A., supra. Se requiere también que la ley cuya aplicación

retroactiva se cuestiona sea más perjudicial para el acusado que la

vigente al momento de la comisión del acto. Íd, en la pág. 409. Es decir,

para que un estatuto contravenga la cláusula contra leyes ex post

facto, es necesario que éste sea de aplicación retroactiva y, además, que

sea más oneroso para el imputado que el vigente a la fecha en que se

cometió la ofensa. Íd.

      De esta manera, al determinar si una ley penal es más onerosa que

la vigente al momento de la comisión de los hechos es necesario

examinar si, en comparación con el viejo estatuto, la nueva ley tiene el

efecto de alargar el término de reclusión que habría de ser cumplido por

el sujeto. A estos efectos, es ex post facto cualquier ley que elimina

retroactivamente bonificaciones por buen comportamiento que estaban

vigentes cuando el acusado realizó la conducta delictiva. González

Fuentes v. ELA, supra, citando a Lynce v. Mathis, 519 US 433 (1997).

      Además, la prohibición contra leyes ex post facto protege al

ciudadano no solo contra la aplicación retroactiva de estatutos, sino
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también contra la aplicación o derogación retrospectiva de reglamentos

administrativos y ordenanzas municipales que acarrean consecuencias

penales. González Fuentes v. ELA, supra, en la pág. 410, citando a Ross

v. Oregon, 227 US 150 (1913). La razón para ello es que, mediante la

aprobación de reglamentos y ordenanzas, las agencias administrativas y

los municipios están ejerciendo poderes que les han sido válidamente

delegados por la Asamblea Legislativa Íd.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

      El Recurso de revisión judicial presentado por derecho propio por el

señor Torres Cruz incumple con varios requisitos de forma de los

contenidos en la Regla 59 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

59. Sin ser ni cercanamente exhaustivos, en dicho escrito no se hace

indicación de disposiciones legales que sostengan la petición, tampoco se

incluyeron señalamientos de errores, ni un índice del apéndice.

      No obstante, el recurrente sí adjuntó en los anejos de su escrito, la

determinación administrativa de la que recurre. De esta manera, al

menos, nos permitió auscultar nuestra jurisdicción para atender la

controversia en los méritos. En ánimos de evitar la aplicación automática

e inflexible de los requisitos reglamentarios, y tomando en consideración

la realidad particular de los reclusos, Álamo Romero v. Administración de

Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009), hemos decidido atender los méritos

del asunto.

      El señor Torres Cruz, adujo, en esencia, que la División incidió al

denegar su solicitud de pases iniciales, de conformidad con el

Reglamento Núm. 4851. Al respecto, argumentó que dicho reglamento se

encuentra derogado, por lo cual, la División debió utilizar para la

evaluación de su caso el Reglamento Núm. 7595, Reglamento para la

concesión de permisos a los miembros de la población correccional para
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salir o residir fuera de las instituciones correccionales del Estado Libre

Asociado, el cual se encuentra vigente en estos momentos.

      Ciertamente, el Reglamento Núm. 7595 es el que se encuentra

vigente en este momento, sin embargo, no es el de aplicación al asunto

traído ante nuestra consideración por el señor Torres Cruz. Nos

explicamos.

      Según detallamos en la exposición de derecho, el Reglamento Núm.

7595, aprobado el 24 de octubre de 2008, y que el recurrente nos solicita

que apliquemos a su caso, excluye de la concesión de permisos sin

custodia a los confinados sentenciados por la Ley de Armas, Ley

Núm. 137 de 3 de junio de 2004, supra, y confinados incluidos en la Ley

Núm. 49 de 26 de mayo de 1995, supra. Es decir, la aplicación del

Reglamento que el recurrente aduce debería atender su caso, le sería

perjudicial.

      De una búsqueda en el sistema de Consulta de Casos del Poder

Judicial, surge que el recurrente fue sentenciado en el 2007 por haber

cometido los delitos dispuestos en el Artículo 106 del Código Penal del

2004 (Asesinato en primer grado), y el Artículo 5.05 de la Ley Núm. 404

del 2000, Ley de Armas (Portación y uso de armas blancas), por hechos

ocurridos ese mismo año. Por ello, de aplicarse a la solicitud del

recurrente el Reglamento Núm. 7595, aprobado luego de los hechos que

dieron paso a su sentencia, este no podría ser evaluado para la

concesión de los permisos, por haber sido sentenciado por delitos

que fueron expresamente excluidos por el reglamento. De este modo,

se equivoca el recurrente al solicitar ser evaluado bajo el Reglamento

Núm. 7595, en tanto le perjudicaría, no le resulta beneficioso.

      La OA Núm. AC-2011-07 dispone que toda evaluación para

conceder o denegar un pase a algún miembro correccional, deberá

realizarse     basándose   en   el   reglamento   vigente   al   momento   de
KLRA202300239                                                             11

cometerse los hechos que configuran el delito por el cual el

confinado fue sentenciado. Esto, debido a que es una norma reiterada

que ninguna ley o reglamento puede ser aplicado de forma ex post facto.

      Antes de aprobarse el Reglamento Núm. 7595 en el 2008, el

Reglamento Núm. 4851 establecía el proceso y los requisitos para los

permisos desde el 2 de diciembre de 1992. Posteriormente, este último

fue derogado por el Reglamento 7156, Derogación del Reglamento para la

concesión de permisos a los confinados para salir fuera de las

instituciones penales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobado

el 1 de junio de 2006, el cual estableció que la agencia establecería

reglamentación interna para establecer el asunto de los permisos. Sin

embargo, el Reglamento Interno adoptado el 29 de agosto de 2006 por el

DCR, fue declarado nulo mediante sentencia declaratoria emitida el 20

de diciembre de 2007 por el Tribunal de Primera Instancia, en el caso

Rivas Claudio v. Adm. de Corrección, K PE2007-1890. Es decir, al

momento de cometerse los hechos que dieron paso a la sentencia del

señor Torres Cruz, no había un Reglamento vigente que estableciera los

requisitos para conceder los permisos a los confinados, en vista de que el

Reglamento interno fue declarado nulo.

      Hecha   la   evaluación   integral   de   lo   hasta   aquí   expuesto,

coincidimos con la interpretación emitida en la Respuesta del DCR,

mediante la cual se estableció que el Reglamento Núm. 4851 es el

aplicable a la solicitud del señor Torres Cruz. Según ya hemos explicado,

contrario a la creencia del recurrente, el Reglamento Núm. 7595,

actualmente vigente, le resulta más oneroso, en tanto no lo haría elegible

para ser considerado a participar en un programa de pase extendido.

      En tales circunstancias, el Reglamento Núm. 4851 dispone que

todo convicto a cumplir 99 años por asesinato en primer grado, cuyo

mínimo de libertad bajo palabra es de 25 años naturales, deberá cumplir
KLRA202300239                                                             12

10 años antes de ser considerado para pase inicial. Reglamento Núm.

4851, supra. Asimismo, deberá estar disfrutando de custodia mínima

ininterrumpida durante los últimos cuatro (4) años antes de ser

considerados para un primer pase. Íd.

      Del expediente ante nuestra consideración surge que el recurrente

ha cumplido 3 años consecutivos en custodia mínima, de manera que,

no cumple con el requisito de cuatro años ininterrumpidos en custodia

mínima       establecido   en   el   Reglamento   Núm.   4851,   supra.   En

consecuencia, acertó la División en su Respuesta, al determinar que el

señor Torres Cruz aún no cualifica para el pase inicial, debido a que los

cuatro años ininterrumpidos en custodia mínima exigidos por el

Reglamento Núm. 4851 se cumplen en septiembre de 2024, por lo que,

procede confirmar el dictamen administrativo recurrido.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la determinación

recurrida.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones