Court Opinion

ID: 9952408
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:49:51.555032+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:48.170588
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

EDWIN BAEZ                                 APELACION
GONZALEZ                                   Procedente del
                                           Tribunal de Primera
Apelante                                   Instancia, Sala
                             KLAN202301114 Superior de Mayagüez

v.                                            Civil núm.:
                                              MZ2020CV00527
                                              (307)

NIVIA CELESTE
RIVERA MARTINEZ                               Sobre:
                                              Liquidación de
Apelada                                       Comunidad de Bienes

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos Edwin Báez González, en adelante, Báez

González o apelante, solicitando que revoquemos la “Sentencia”,

notificada el 23 de octubre de 2023, del Tribunal de Primera

Instancia Sala de Mayagüez, en adelante, TPI-Mayagüez. En la

misma, el Foro Primario desestimó sin perjuicio la causa de acción

presentada por el apelante, en materia de liquidación de comunidad

de bienes.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos la “Sentencia” apelada.

                                  I.

      El 11 de abril del 1994, Báez González contrajo nupcias con

Nivia Celeste Rivera Martínez, en adelante, Rivera Martínez o

apelada. Luego, el 23 de enero de 2019, ambas partes quedaron

debidamente divorciados, mediante sentencia final y firme.1

1 Caso civil: I3RF201800086.

Número Identificador
RES2023___________________
KLAN202301114                                                        2

       Posteriormente, el 18 de junio de 2020, Báez González

presentó una “Demanda” en el TPI-Mayagüez, solicitando que,

conforme a los procedimientos de rigor, se ordene la división de la

comunidad de bienes existente entre él y Rivera Martínez.2 Desde el

1 de agosto de 2020, sobreviene una serie de trámites procesales

que resumimos de la siguiente manera:

       a) 1 de agosto de 2020: Rivera Martínez presentó una “Moción

           Solicitando Paralización de los Procedimientos e Imposición

           de Fianza” ante el Foro Primario.3 En su solicitud, arguyó

           que Báez González es residente del estado de Florida, por

           lo que procedía la imposición de fianza de no residente,

           conforme a la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

           Ap. V, R. 69.5.

       b) 9 de enero de 2021: Báez González presentó una “Moción

           en Oposición a Solicitud de Paralización y a Imposición de

           Fianza”.4 En su respuesta, el peticionario argumenta que,

           conforme a la jurisprudencia vigente, la materia de su

           demanda forma parte de las excepciones a la fianza de no

           residente.

       c) 13 de enero de 2021: La parte apelada presentó su

           “Contestación de Demanda”.5

       d) 15     de   enero   de   2021:   TPI-Mayagüez   emitió   una

           “Resolución” en la que declaró “No Ha Lugar” la imposición

           de fianza de no residente.6

       e) 30 de abril de 2021: Báez González notifica al TPI-

           Mayagüez, mediante “Moción Informativa”, que ha remitido

2 Apéndice del recurso, pág. 15.
3 Id. pág. 17.
4 Id. pág. 20.
5 Id. pág. 25.
6 Id. pág. 29.
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           un pliego de interrogatorios y le ha hecho una solicitud de

           producción de documentos a Rivera Martínez.7

       f) 15 de octubre de 2021: Báez González presentó una

           “Moción al Amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil”,

           indicando que Rivera Martínez no respondió al pliego de

           interrogatorios,    ni    había      producido    los   documentos

           requeridos.8 En consecuencia, solicitó al Foro Primario que

           ordenara el cumplimiento de lo requerido a la apelada, o

           dicte algún remedio provisto por la Regla 34.5 de las Reglas

           de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.5.

       g) 11 de mayo de 2022: El TPI-Mayagüez ordenó que se

           mostrara causa por la que el Foro Primario no debía

           desestimar la demanda incoada, conforme a la Regla 39.2

           de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

           39.2.9

       h) 13 de mayo de 2022: En cumplimiento con la orden del

           Foro Apelado del 11 de mayo de 2022, la parte apelante

           presentó una “Moción para Mostrar Causa”, en la cual

           ofreció    prueba    al    TPI-Mayagüez         de   las     gestiones

           infructuosas     realizadas       para    comunicarse          con     la

           representación legal de la parte apelada.10 Por entender

           que no procedía la desestimación en ese momento y bajo

           las circunstancias demostradas, solicitó la continuación de

           los procedimientos.

       i) 19 de mayo de 2022: El TPI-Mayagüez emitió una

           notificación en la que tomó conocimiento de la moción

           presentada por la parte apelante el 13 de mayo de 2022, y

           advirtió   el   deber     de   las     partes    para      facilitar   el

7 Id. pág. 32.
8 Id. pág. 33.
9 Apéndice del recurso, pág. 35.
10 Id. pág. 39.
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            descubrimiento ordenando el cumplimiento de estas con la

            Regla 37 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

            V, R. 37.1, sobre el manejo del caso.11 Al final, dispuso que

            el incumplimiento con estas órdenes resultará en la

            imposición de sanciones.

         j) 25 de mayo de 2022: Se presentó el Informe para el Manejo

            del Caso.12

         k) 7 de septiembre de 2022: Se celebró la Conferencia Inicial,

            conforme a la Regla 37.2 de las Reglas de Procedimiento

            Civil, supra.13

         l) 8 de noviembre de 2022: El Foro Primario aceptó la

            “Demanda Enmendada”, presentada el 13 de octubre de

            2022 por la parte apelante, mediante “Resolución”.14

            Además, concedió veinte (20) días a Rivera Martínez para

            realizar alegación responsiva.

         m) 19 de diciembre de 2022: Vista en la que el TPI-Mayagüez

            hizo una serie de órdenes a las partes, para la continuación

            de los procedimientos.15

         n) 3 de enero de 2023: La parte apelada radicó la

            “Contestación de Demanda Enmendada”.16

         o) 16 de mayo de 2023: El TPI-Mayagüez emitió una orden

            concediéndole a las partes diez (10) días perentorios para

            cumplir con las órdenes del 19 de diciembre de 2022.17

            Además, apercibió a las partes con desestimar la demanda

            por incumplimiento.

11 Apéndice del recurso, pág. 50.
12 Id. pág. 51.
13 Id.
14 Id. pág. 56.
15 Id. pág. 58.
16 Id. pág. 60.
17 Id. pág. 64.
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       p) 20 de mayo de 2023: La parte apelante, por conducto de

           su representación legal, se comunicó mediante correo

           electrónico con la parte apelada, con respecto a la orden

           del 16 de mayo de 2023 del Foro Primario.18

       q) 30 de mayo de 2023: La parte apelante alega que no recibió

           respuesta de la parte apelada, por lo que sometió una

           “Moción Informativa” al TPI-Mayagüez, indicando sus

           esfuerzos y las diligencias realizadas, con el fin de movilizar

           el caso.19

       r) 22 de junio de 2023: El Lcdo. O’Neill Rosado, representante

           legal de la apelada, presentó una “Moción Solicitando

           Relevo de Representación Legal”.20 Indicó que ciertas

           diferencias con el Lcdo. Abreu Cordero, para cuya oficina

           trabajaba, le impedía continuar representando a Rivera

           Martínez. Además, solicitó que se le diera un término al

           Lcdo. Abreu Cordero, para ponerse al corriente con el caso

           de marras.

       s) 17 de julio de 2023: El TPI-Mayagüez notificó una

           “Resolución Relevo Representación Legal”, concediéndole al

           Lcdo. O’Neill Rosado la moción del 22 de junio de 2023.21

       t) 17 de octubre de 2023: El apelante presentó un “Aviso de

           Toma de Deposición y Producción de Documentos”, con el

           fin de informar su intención de deponer a la apelada el 15

           de noviembre de 2023.22

       u) 13 de octubre de 2023: El Foro Primario emitió la

           “Sentencia” apelada. Sin embargo, notificó la misma el

           23 de octubre de 2023.

18 Apéndice del recurso, pág. 65.
19 Id. pág. 67.
20 Id. pág. 70.
21 Id. pág. 72.
22 Id. pág. 74.
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       v) 19 de octubre de 2023: El TPI-Mayagüez emitió una

           resolución en la que indicó haber tomado conocimiento del

           aviso para deponer. Sin embargo, esta resolución fue

           notificada el 23 de octubre de 2023.23

       w) 27 de octubre de 2023: La parte apelante presentó una

           “Moción de Reconsideración” ante el Foro Primario.24

       x) 13 de noviembre de 2023: La “Moción de Reconsideración”

           fue declarada “No Ha Lugar” por el TPI-Mayagüez.25

       Inconforme, Báez González recurrió ante esta curia mediante

un recurso apelativo el 12 de diciembre de 2023, haciendo el

siguiente señalamiento de error:

       COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE
       INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA RADICADA,
       CASTIGANDO A LA PARTE DEMANDANTE APELANTE
       CUANDO; POR EL CONTRARIO, HA SIDO LA PARTE
       DEMANDADA APELADA QUIEN HA OBSTACULIZADO EL
       DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA E IMPEDIDO QUE SE
       CUMPLIERAN LAS DIRECTRICES DEL HONORABLE JUEZ.

       El 15 de diciembre de 2023, este Tribunal emitió una

“Resolución” en la que ordenó a la parte peticionaria que evidenciara

en un término de cinco (5) días el cumplimiento con lo dispuesto en

las Reglas 13(b) y 14(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA XXII-B, R. 13(b) y R. 14(b). Además, le concedimos treinta

(30) días a la parte apelada para que presentara su alegato en

oposición.

       Cumplido el término señalado para el alegato en oposición,

sin que fuese presentado, damos por perfeccionado este recurso.

                                     II.

       A. Desestimación y sanciones

       En nuestro ordenamiento jurídico se favorece la política

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos.26 Tal principio

23 Apéndice del recurso, pág. 1.
24 Id. pág.4.
25 Id. pág. 13.
26 Mercado Figueroa v. Mun. San Juan, 192 DPR 279, 288 (2017).
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ha de ir en armonía con el propósito de que los pleitos se tramiten

de forma justa, rápida y económica.27 Es decir, que, aunque se

favorece la ventilación de los casos en sus méritos, ello “no significa

que una parte adquiera el derecho a que su caso tenga vida eterna

en los tribunales manteniendo a la otra parte en un estado de

incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia e interés

en la tramitación del mismo que una escueta referencia a

circunstancias especiales.”28

      Es por esto que los tribunales están facultados con el poder

de sancionar a las partes mediante distintos mecanismos, cuando,

en desobediencia a sus órdenes sobre descubrimiento de prueba,

atenten contra la sana administración de la justicia. Entre los

mecanismos reconocidos, la Regla 34.3 de Procedimiento Civil

dispone lo pertinente a incumplimientos con el descubrimiento de

prueba. En estas instancias el tribunal podrá: (a) imponer desacato;

(b) ordenar que se tengan por ciertas y probadas para efectos del

pleito ciertas materias comprendidas en sus órdenes; (c) prohibir la

presentación de cierta evidencia; (d) eliminar alegaciones; (e)

suspender procedimientos ulteriores hasta que se acate la orden; (f)

desestimar el pleito; (g) dictar sentencia en rebeldía; (h) sanciones

económicas a cualquier parte, incluyendo a testigos y/o abogados

(a); y, (i) condenar al pago de los gastos incurridos, incluyendo

honorarios de abogado.29 Con relación a esta última alternativa, y,

específicamente a los casos en que se incumple con comparecer a

una deposición o presentar las debidas contestaciones a los

interrogatorios, la Regla 34.5 (3) establece que:

      [E]l tribunal, a solicitud de parte, podrá dictar, con relación
      al incumplimiento, aquellas órdenes que sean justas, entre
      ellas, podrá tomar cualquier acción de las autorizadas en los

27 Mercado Figueroa v. Mun. San Juan, supra, pág. 288.
28 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001).
29 Regla 34.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 34.3.
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     subincisos (1), (2) y (3) del inciso (b) de la Regla 34.3. En
     lugar de cualquiera de las órdenes anteriores o adicional
     a ellas, el tribunal impondrá a la parte que incumpla o al
     abogado o abogada que la aconsejó, o a ambos, el pago del
     importe de los gastos razonables ocasionados por la negativa,
     incluyendo honorarios de abogado, a menos que el tribunal
     determine que existía una justificación válida para el
     incumplimiento o, que dentro de las circunstancias, el pago
     de los gastos resultaría injusto.

     No será excusable la falta de cumplimiento a que se
     refiere esta regla, por el fundamento de que lo solicitado
     es objetable, a menos que la parte que incumpla haya
     obtenido una orden protectora de acuerdo con la Regla 23.2.
     Regla 34.5(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R.
     34.5(3).

     (Énfasis suplido).

     Por otro lado, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V. R. 39.2 dispone como sigue:

     (a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas
        o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a
        iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada
        podrá decretar la desestimación del pleito o de
        cualquier reclamación contra ésta o la eliminación de
        las alegaciones, según corresponda. Cuando se trate de
        un primer incumplimiento, la severa sanción de la
        desestimación de la demanda o la eliminación de las
        alegaciones tan sólo procederá después que el
        tribunal, en primer término, haya apercibido al
        abogado o abogada de la parte de la situación y se le
        haya concedido la oportunidad para responder. Si el
        abogado o abogada de la parte no responde a tal
        apercibimiento, el     tribunal   procederá   a   imponer
        sanciones al abogado o abogada de la parte y se
        notificará directamente a la parte sobre la situación.
        Luego de que la parte haya sido debidamente informada
        o apercibida de la situación y de las consecuencias que
        pueda tener el que la misma no sea corregida, el tribunal
        podrá ordenar la desestimación del pleito o la
        eliminación de las alegaciones. El tribunal concederá a
        la parte un término de tiempo razonable para corregir la
        situación que en ningún caso será menor de treinta (30)
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         días, a menos que las circunstancias del caso justifiquen
         que se reduzca el término.

      (Énfasis suplido.)

      Por su parte, los otros dos incisos de la precitada regla rezan

de la siguiente manera:

      (b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de
         todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se
         haya efectuado trámite alguno por cualquiera de las
         partes durante los últimos seis meses, a menos que tal
         inactividad se le justifique oportunamente. Mociones
         sobre suspensión o transferencia de vista o de prórroga
         no serán consideradas como un trámite a los fines de esta
         regla. El tribunal dictará una orden en todos dichos
         asuntos, la cual se notificará a las partes y al abogado o
         abogada, requiriéndoles dentro del término de diez (10)
         días desde que el Secretario o Secretaria les notifique, que
         expongan por escrito las razones por las cuales no deban
         desestimarse y archivarse los mismos.

         (c) Después que la parte demandante haya terminado la
         presentación de su prueba, la parte demandada, sin
         renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la
         moción sea declarada "sin lugar", podrá solicitar la
         desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta
         ese momento probados y la ley, la parte demandante no
         tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El
         tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar
         sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse a
         dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido
         presentada. A menos que el tribunal en su orden de
         desestimación     lo   disponga   de   otro   modo,    una
         desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra
         desestimación, excepto la que se haya dictado por falta
         de jurisdicción o por haber omitido acumular una parte
         indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los
         méritos.

      La aprobación de la Ley 493-2004, acogió la norma

establecida por la jurisprudencia. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima,

supra; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498

(1982). La precitada ley enmendó la Regla 39.2(a) de las Reglas de
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Procedimiento Civil de 1979, y posteriormente fue adoptada en las

Reglas de Procedimiento Civil de 2009. La Exposición de Motivos de

la enmienda promovida por la Ley 493-2004 indica lo siguiente:

      Es   inaceptable   que   nuestros    tribunales   de   justicia
      desestimen casos por situaciones fuera del control de las
      partes, sin que se les permita actuar sobre las violaciones
      que se le han señalado. Por ejemplo, en ocasiones, los
      tribunales archivan pleitos porque el a[b]ogado de la parte no
      ha cumplido con alguna disposición legal o con alguna orden
      del tribunal. En ocasiones, se ha impuesto tan severa
      sanción porque no se ha recibido una notificación de alguna
      de las partes o del tribunal. En tales casos, no debe
      proceder la desestimación, pues constituye una sanción
      demasiado severa contra la parte, considerando que la
      falta la cometió su a[b]ogado y no la parte y/o que la
      causa de la desestimación no está bajo el control de la
      parte ni del propio a[b]ogado.
      El ordenamiento jurídico debe atemperarse a las expresiones
      del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la materia objeto
      de este proyecto. Se trata de un asunto de justicia sustancial
      que no ha sido atendido adecuadamente por nuestro
      ordenamiento jurídico […].

      Exposición de Motivos, Ley para enmendar la Regla 39.2 de
      las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, Ley 493-2004.

      Como se aprecia en la precitada enmienda, en aras de

garantizar el debido proceso de ley, el tribunal está obligado a seguir

un procedimiento establecido antes de ordenar la desestimación

de la demanda o la eliminación de las alegaciones. Es decir, la

parte tiene que ser notificada por el tribunal de la situación de

incumplimiento, junto a sus consecuencias y, además, se le tiene

que brindar la oportunidad de tomar las medidas necesarias para

corregirla. De lo contrario, se violaría el debido proceso de ley,

asunto que encuentra apoyo en las expresiones de nuestro Tribunal

Supremo:

      Desestimar de inmediato una demanda, o una contestación,
      como medio de aplicar sanción al proceder o a una actitud
      del abogado en el curso del pleito, tiene el efecto de privar a
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      un ciudadano de la función judicial de adjudicación que
      forma parte de nuestra estructura constitucional, privándole
      de la oportunidad de un día en corte para hacer valer en los
      méritos la legitimidad de su derecho a reclamar si es
      demandante, o la legitimidad y mérito de una defensa, si es
      demandado. Este es un valor en el orden social
      demasiado        apreciable    para     ser   prontamente
      sacrificado, aun cuando la sanción se dé en aras del
      pronto despacho de los asuntos radicados y de una
      rápida administración de justicia. Si los pleitos judiciales
      se desestimaren por esta vía indistintamente, se habrán
      despachado los asuntos, no hay duda, pero tal vez no habría
      quedado mucho de justicia a impartir.

      Ramírez de Arellano v. Srio. De Hacienda, 85 DPR 823, 829
      (1962), reiterado en Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 85
      (1966) y S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 746 (2005).
      Véase, además, Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR
      817, 822 (1980); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102
      DPR 787, 791 (1974).

      (Énfasis nuestro).

      Es por esto que la determinación de desestimar una demanda

debe tomarse con juicio y cautela. Mejías et al. v. Carrasquillo et al.,

185 DPR 288, 298 (2012); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales,

supra. Además, debe también considerarse que:

      [L]a desestimación de un caso como sanción, debe prevalecer
      únicamente en situaciones extremas en las cuales haya
      quedado demostrado de manera clara e inequívoca la
      desatención y el abandono total de la parte con interés y
      después    que    otras   sanciones   hayan   probado    ser
      ineficaces en el orden de administrar justicia y, en todo
      caso, no debería procederse a ella sin un previo
      apercibimiento.

      Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 222.

      El requisito de realizar un previo apercibimiento a la parte

antes de proceder con la desestimación es parte del debido proceso

que la ley ha reconocido para estas circunstancias. Según las

expresiones de nuestro más alto foro:
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      La experiencia señala que en la gran mayoría de los casos
      […] las partes no están enteradas de la actuación negligente
      de sus abogados y, al advenir en conocimiento de ello, la
      situación es corregida de inmediato. Una parte que haya sido
      informada y apercibida de esta clase de situación y no tome
      acción correctiva, nunca se podrá querellar, ante ningún
      foro, de que se le despojó injustificadamente de su causa de
      acción y/o defensas.

      Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra, pág. 498.

      Por lo tanto, “en ausencia de contumacia o dejadez extrema,

la negativa de un tribunal a emplear sanciones menos drásticas que

la   desestimación,   constituye          una   privación   al    derecho

constitucional a ser oído que es corolario del debido proceso de

ley”. J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 2012,

pág. 252 citando a Societe Internationale v. Rogers, 357 US 197

(1958). (Énfasis nuestro.)

      El   concienzudo       uso   del    mecanismo    procesal    de   la

desestimación tiene el potencial de adelantar los fines justicieros

que persiguen los tribunales. Sin embargo, el desmesurado uso de

estos puede convertirse en una cortapisa para la justicia. Sánchez

Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009).

                                   III.

      Báez González, el aquí apelante, nos plantea que el Foro

Primario erró al desestimar su demanda de liquidación de

comunidad de bienes, al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento

Civil, supra. Arguye que quien obstaculizó los procesos judiciales e

incumplió con las órdenes del Tribunal fue la parte apelada.

Entendemos que al apelante le asiste razón.

      Del expediente surge que Báez González ha sido diligente en

las tramitaciones de la demanda incoada en contra de la apelada.

Surge, además, que ha mantenido al Foro Apelado informado de sus

gestiones, y de sus dificultades con la otra parte.
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      Los   problemas    dentro   del   descubrimiento   de   prueba

comenzaron tan pronto como en abril del año 2021. Para esta fecha,

el apelante sometió un pliego interrogatorio y solicitó una

documentación a la parte apelada. En octubre de ese mismo año, el

apelante le informó al Foro Primario que la otra parte aún no había

contestado sus requerimientos.

      Más adelante, en el mes de mayo del año 2022, en

cumplimiento a una orden del TPI-Mayagüez, Báez González mostró

causa por qué no se debía desestimar su demanda. Además, le

proveyó al Foro Primario prueba documental de sus esfuerzos

extrajudiciales para adelantar los esfuerzos del caso.

      De esta última fecha, los procedimientos discurrieron con

relativa normalidad hasta fin de ese mismo año. Durante este

tiempo, se presentó el Informe para el Manejo de Caso; se celebró la

Conferencia Inicial, se enmendó la demanda y se contestó así

enmendada. Sin embargo, de la documentación evaluada, se aprecia

que la parte apelada no cooperó para cumplir con unas órdenes del

TPI-Mayagüez dictadas en diciembre de 2022.

      En el mes de mayo de 2023, el apelante sometió una moción

al Foro Apelado, informándole de los infructuosos esfuerzos para

comunicarse con la parte apelada. Dos meses más tarde, en julio de

2023, el TPI-Mayagüez relevó a la representación legal de Rivera

Martínez del caso.

      No obstante, el 13 de octubre de 2023, el Foro Primario emitió

la “Sentencia” desestimando la causa de acción que nos ocupa.

Cuatro (4) días más tarde, esto es, el 17 de octubre de 2023, la parte

apelante sometió el aviso para deponer a la apelada. Sin embargo,

El 19 de octubre de 2023, es decir, seis (6) días después de emitir

la “Sentencia” desestimatoria apelada que aún no estaba

notificada, el TPI-Mayagüez tomó conocimiento del aviso de

deposición, continuando de esta forma con el descubrimiento de
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prueba. Así las cosas, el 23 de octubre de 2023, de manera

inexplicable, el TPI- Mayagüez notificó ambos pronunciamientos:

la toma de conocimiento para deposición y la sentencia de

desestimación.

      Como    discutiéramos     previamente,    la   precitada   regla

contempla tres (3) escenarios en los que el Tribunal de Primera

Instancia puede desestimar una causa de acción a solicitud de

parte, o motu proprio. La primera, establecida en el inciso (a), es el

mecanismo que usa el Tribunal para desestimar cuando el

demandante incumple con las reglas procesales, o con alguna orden

del Tribunal. Dispone este inciso que la desestimación no procederá

como primera opción. Para ello, el Tribunal deberá primero informar

a la parte de su incumplimiento, apercibirle de las consecuencias,

como la posible eliminación de alegaciones, y darle un término para

responder. Además, dispone de otra vía correctiva – las sanciones.

De una somera lectura de este inciso, queda claro que nuestro

legislador entendió preferible la sanción o la eliminación de

alegaciones, que la desestimación.

      Los incisos (b) y (c) de la mencionada regla contemplan la

inactividad de las partes durante seis (6) meses, y el conocido

mecanismo del “non suit”, en el que la parte demandada solicita la

desestimación del caso luego de que la parte demandante haya

presentado su prueba. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180

DPR 894, 916 (2011); Roselló Cruz v. García, 116 DPR 511, 520

(1985). En los casos de una desestimación por “non suit”, la parte

demandada lo solicita alegando, que a la luz de la prueba desfilada,

la parte demandante no tiene derecho a un remedio en ley. Ninguno

de estos dos escenarios aplica al caso de marras, ya que de la última

actividad entre la parte demandante y el Foro Primario solo

transcurrieron cinco (5) meses. Además, este caso no llegó a la etapa
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de juicio, por lo que la parte demandada no pudo apreciar el desfile

de prueba, ni solicitar una desestimación al amparo del inciso (c).

      El Foro Apelado no debió desestimar la demanda, ya que la

parte demandante demostró diligencia todo el tiempo para cumplir

con las órdenes del Tribunal. Con aquello que no pudo cumplir, se

debió a la inobservancia y al descuido procesal de la otra parte.

Tanto así, que en más de una ocasión, tuvo que informarle y

demostrarle al TPI-Mayagüez sus esfuerzos para comunicarse con

la representación legal de la parte demandada, así como la falta de

cooperación de esta última con el descubrimiento de prueba.

      Este Tribunal entiende que lo que en derecho procedía era

imponer sanciones a la parte que estuvo obstaculizando el proceso

desde el principio, con el pliego y los requerimientos con los que

incumplió en el año 2021. Desestimar la demanda es una sanción

en extremo severa, máxime cuando consideramos los esfuerzos que

llevó a cabo el demandante para descubrir prueba, cooperar y

comunicarse con la parte demandada y mantener informado al Foro

Apelado.

      Como establece la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra,

la desestimación bajo este inciso solo procede luego de que se hayan

producido los escenarios establecidos en ella. Entendemos que, en

el caso de epígrafe, los mismo no se dieron. La parte demandante no

incumplió con las órdenes del Foro Primario, ni con las reglas

procesales.

      Por ende, nuestra jurisprudencia ha expresado que la

desestimación procede cuando quede “demostrado de manera

clara e inequívoca la desatención y el abandono total de la

parte con interés y después que otras sanciones hayan probado

ser ineficaces en el orden de administrar justicia”. Mun. de

Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 222.
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      Justipreciamos que ninguna de las circunstancias del caso

justificó la desestimación del caso, al amparo de la Regla 39.2(a) de

Procedimiento Civil, supra.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la “Sentencia”

apelada. En consecuencia, ordenamos la reinstalación de la

demanda incoada por el aquí apelante y la continuación de los

procedimientos de manera cónsona con lo aquí dispuesto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones