Court Opinion

ID: 9928643
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:32:15.953791+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:32.075037
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

                                              CERTIORARI
MAGGIE DEL                                    Procedente del
SOCORRO DIAZ                                  Tribunal de Primera
TORRES                                        Instancia, Sala
T.C.C. MAGGIE S.                              Superior de San Juan
DIAZ TORRES                  KLCE202301238

                                              Civil Núm.:
                                              SJ2023CV08294
                                              (Salón 505)

                                              Sobre:

EX PARTE                                      Petición de
                                              Declaratoria de
                                              Herederos

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, juez ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos Maggie del Socorro Díaz Torres, en

adelante, Díaz Torres o peticionaria, solicitando que revoquemos la

“Resolución” del 31 de agosto de 2023 del Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan, en adelante, TPI-San Juan. En su

dictamen, el TPI-San Juan desestimó la “Petición” para una

declaratoria de herederos de Díaz Torres.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el recurso solicitado, y revocamos la “Resolución” del foro

primario.

                                  I.

      Francisca Torres Ortiz, en adelante, causante, falleció

intestada el día 10 de enero de 2022.1 Al momento de su muerte, la

causante había enviudado, sobreviviéndole así tres (3) de los cuatro

1 Apéndice del recurso, pág. 5.

Número Identificador
SEN2023___________________
KLCE202301238                                                              2

(4) hijos que procreó.2 Los hijos que le sobrevivieron son Héctor

Francisco Díaz Torres, Maggie Del Socorro Díaz Torres y Edgardo

Rafael Díaz Torres. Luis Humberto Díaz Torres fue el hijo de la

causante que le premurió.3 Luis Humberto Díaz Torres es

representado en la herencia de la causante por sus dos (2) hijos,

Luis Gabriel Díaz y Anitza Díaz, quienes nacieron en el estado de

New Jersey.4

        Por lo tanto, el 30 de agosto de 2023, se presentó ante el TPI-

San Juan una solicitud de declaratoria de herederos.5 En la

solicitud, Díaz Torres adjuntó los siguientes documentos:6

        1. Certificado de nacimiento de la causante.
        2. Acta de defunción de la causante.
        3. Certificado de matrimonio de la causante.
        4. Certificado de defunción del cónyuge de la causante.
        5. Certificados de nacimiento de los hijos que le sobrevivieron a la
           causante, y del hijo que premurió.
        6. Certificado de defunción del hijo que premurió.
        7. Certificados de nacimiento, expedidos por el estado de New
           Jersey, de los dos (2) nietos que representan al premuerto de la
           intestada.
        8. Certificación Negativa de Asuntos no Contenciosos del Registro
           General de Competencias Notariales, expedido por Oficina de
           Inspección de Notarías.
        9. Certificación Negativa del Registro de Testamentos, expedida por
           la Oficina de Inspección de Notarías.

        Sin embargo, el 31 de agosto de 2023, el TPI-San Juan emitió

una “Resolución” en la que desestimó la petición en cuestión,

arguyendo que la misma no cumplió con el Artículo 552 del Código

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2301.7 En su dictamen, el foro

primario señaló los siguientes defectos:8

        1. No incluir la apostilla en los certificados de nacimiento de los
           nietos de la causante.
        2. No incluir copia de la resolución de declaratoria de herederos del
           hijo que premurió a la causante.

2 Apéndice del recurso, pág. 1.
3 Id. pág. 12.
4 Id. págs. 13-14.
5 Id. pág. 1.
6 Id. págs. 4-16.
7 Id. pág. 19.
8 Id.
KLCE202301238                                                       3

       Posteriormente, el 11 de septiembre de 2023, Diaz Torres

presentó una “Moción en Solicitud de Reconsideración” ante el TPI-

San Juan.9 Finalmente, el 12 de octubre de 2023, el TPI-San Juan

emitió y notificó una “Resolución”, en la cual modificó su dictamen.

En reconsideración, el foro primario indicó que el error relacionado

a la apostilla “se debió a un error involuntario”.10 Sin embargo,

declaró “No Ha Lugar” al otro señalamiento, el cual impugnaba el

requerimiento de la presentación de la resolución de la declaratoria

de herederos del hijo premuerto.

       Así las cosas, el 7 de noviembre de 2023, la parte peticionaria

radicó ante esta Curia una “Petición de Certiorari”. En su recurso,

Díaz Torres hizo el siguiente señalamiento de error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       DESESTIMAR LA PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE
       HEREDEROS DE FRANCISCA TORRES ORTIZ, T.C.C.
       FRANCISCA TORRES, T.C.C. PAQUITA TORRES POR
       INCUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO
       552 DEL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, SEGÚN
       ENMENDADO Y REQUERIR PRESENTAR LA RESOLUCIÓN
       DE LA DECLARATORIA DE HEREDEROS DE UN HIJO
       PREMUERTO     QUE   DEJÓ    DESCENDENCIA,     EN
       INOBSERVANCIA AL DERECHO DE REPRESENTACIÓN
       QUE NUESTRO ORDENAMIENTO LEGAL SOSTIENE EN
       LOS ARTÍCULOS 1611 Y 1612 DEL CÓDIGO CIVIL DE
       PUERTO RICO, EL MISMO ARTÍCULO 552 Y EL PRINCIPIO
       DE ECONOMÍA PROCESAL.

       En una “Resolución” emitida el 9 de noviembre de 2023, este

Tribunal le ordenó a la parte peticionaria que acreditara en un

término de cinco (5) días a la parte recurrida, conforme a la Regla

33(B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 33(B).

       Cumplida la orden mencionada, queda perfeccionado el

recurso de epígrafe, por lo que procedemos a resolver.

                                     II.

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

9 Apéndice del recurso, pág. 20.
10 Id. págs. 26-27.
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decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a
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considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera Gómez

y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v.

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020). Así, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, funge como

complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla dispone

lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para
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determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000);

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

      A. Derecho de Representación

      El título de una sucesión es el testamento o la declaratoria de

herederos. Miranda Meléndez v. Registrador, 193 DPR 862, 875

(2015); Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, 125 DPR 401, 409

(1990). La declaratoria de herederos se obtiene a través de la

presentación de una acción judicial al amparo de los Artículos 552

y 553 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2301–2302.

      En esencia, el fin de una declaratoria de herederos es suplir la

ausencia de una institución de herederos debidamente establecida

por el causante mediante un testamento o, de haberlo otorgado, este

resulta nulo o ineficaz en todo o en parte o no distribuye la totalidad

del caudal. Código Civil, supra, 1 LPRA sec. 2591.

      A estos fines, el Código de Enjuiciamiento Civil dispone que:

      En casos de sucesión intestada o de nulidad de un
      testamento, los que tengan algún interés en la herencia
      podrán dirigir una solicitud a la Sala del Tribunal de Primera
      Instancia del último domicilio del finado, o del lugar en donde
      se    encuentren   sus    bienes,   pidiendo    se   dicte   el
      correspondiente auto de declaración de herederos.
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      (1) La solicitud declarará bajo juramento el fallecimiento de
      la persona de cuya sucesión se trate;

      (2) que, según el leal saber y entender del peticionario, quien
      expondrá el origen de sus informes y los fundamentos en que
      se apoya para creerlo, falleció sin dejar testamento; que se
      han hecho las investigaciones y registros correspondientes,
      sin encontrarlo, o si hubiere dejado testamento, que éste ha
      sido declarado nulo, [y]

      (3) los nombres y domicilios de las personas con derecho a la
      herencia o sucesión.

      El juez a quien se hubiese presentado la solicitud examinará
      en el más breve término posible la prueba documental en que
      se apoya el peticionario y la certificación negativa del
      Registro de Testamentos en el Tribunal Supremo y, con el
      resultado de ella, dictará la resolución que proceda sin
      necesidad de celebrar vista; o discrecionalmente podrá
      requerir prueba adicional o señalar vista de estimarlo
      procedente. El auto se dictará sin perjuicio de tercero, a no
      ser que se trate de herederos forzosos.

      32 LPRA secs. 2301. (Énfasis nuestro).

      B. Desestimación

      Por otra parte, reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción

“es el más poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez

v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos,

110 DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que

tiene [el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger

entre varios cursos de acción”. VSPR, LLC v. Drift-Wind, 207 DPR

253, 273 (2021); Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735

(2018).

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. ACBI

et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada que
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este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro

actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con

el ejercicio de la discreción, o que incurrió en error

manifiesto”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra, pág. 736; Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v.

España Service Sta., supra, pág. 745 (1986). (Énfasis nuestro).

       La Regla 1 de las de Procedimiento Civil, supra, 32 L.P.R.A.

Ap. V, R. 1, establece que las reglas “[s]e interpretaran de modo que

faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma

que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo

procedimiento”. VSPR, LLC v. Drift-Wind, supra, pág. 274. A pesar

de que el ordenamiento jurídico favorece que los casos se ventilen

en sus méritos, las Reglas de Procedimiento Civil, supra, proveen

medidas para descongestionar los tribunales de forma que se

descarten los pleitos que atrasan el calendario. Sánchez Rodríguez

v. Adm. De Correción, 177 DPR 714, 719 (2009).

       La desestimación es la sanción más drástica que puede

imponer un tribunal ya que tiene el efecto de una adjudicación en

sus méritos y, por lo tanto, cosa juzgada, salvo que sea por falta de

jurisdicción o de parte indispensable. VSPR, LLC v. Drift-Wind,

supra, pág. 272; Sánchez Rodríguez v. Adm. Corrección, supra, pág.

720.

       Ciertamente, el uso desmesurado de este mecanismo procesal

puede vulnerar el fin que persiguen los tribunales, que es impartir

justicia. Id. Por tanto, “al ser esta sanción la más drástica que puede

imponer un tribunal ante la dilación en el trámite de un caso, se

debe recurrir a ella en casos extremos.” Sánchez Rodríguez v. Adm.

Corrección, supra, pág. 721; Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175

DPR 314 (2009).
KLCE202301238                                                        9

      No obstante, tal como se desprende de la propia regla, la

desestimación no procede de forma automática a pesar de la dejadez

e inacción en un pleito. “Debido a los efectos de la desestimación, es

menester que los tribunales atemperen su aplicación frente a la

política pública de que los casos se ventilen en sus méritos”. HRS

Erase v. CMT, 205 DPR 689, 701 (2020); Sánchez Rodríguez v. Adm.

De Corrección, supra, pág. 721. Por tal razón, la desestimación debe

proceder en situaciones extremas en las que inequívocamente se

haya demostrado la desatención de la parte con interés, “después

que otras sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de

administrar justicia y, en todo caso, no debería procederse a ella sin

un previo apercibimiento”. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154

DPR 217, 222 (2001); Ramírez de Arellano v. Srio. De Hacienda, 85

DPR 823, 829-830 (1962).

                                       III.

      En el caso de marras, el Foro Primario desestimó la solicitud

de declaratoria de herederos, presentada por la peticionaria, hija de

Francisca Torres. La desestimación se debió a que no se presentó,

entre los documentos sometidos, la declaratoria de herederos de

Luis Humberto Díaz Torres, quien es hijo de la causante, y premurió

a esta. La peticionaria arguye que el TPI-San Juan se equivocó al

desestimar la petición en cuestión. Le asiste razón.

      El Código de Enjuiciamiento Civil, supra, permite que el juez

que evalúe una petición de declaratoria de herederos emita su

resolución   sin   celebrar   vista,   aunque   sí   puede   celebrarla

discrecionalmente. 32 LPRA secs. 2301. En alternativa a la vista, el

Tribunal puede solicitar prueba adicional, de entenderlo necesario.

Id.

      Esta Curia no se expresará con relación a la procedencia en

derecho del requerimiento de la declaratoria de herederos del hijo

premuerto de la causante. Sin embargo, entendemos que, del Código
KLCE202301238                                                      10

de Enjuiciamiento Civil, supra, se desprende que cuando el Foro

Primario está inconforme con la solicitud ante sí, antes de

desestimar, procede que solicite la documentación que entienda esté

faltando, o celebre una vista.

      En su “Resolución”, el TPI-San Juan señala, precisamente,

que la razón por la que desestimó la solicitud de la peticionaria es

por que no se incluyó el documento que legalmente reconoce a los

nietos de la causante como los herederos en representación del hijo

premuerto.11 Entendemos que, al haber desestimado la petición en

cuestión, el TPI-San Juan incidió en su discreción, toda vez que

pudo solicitar el documento, previo a emitir una resolución al

respecto.

                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto

solicitado, revocamos la “Resolución” recurrida, y devolvemos el caso

al Foro Primario para la continuación de los procedimientos, en

conformidad con el Artículo 552 del Código de Enjuiciamiento Civil,

supra.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre con opinión escrita.

                            LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones

11 Apéndice del recurso, pág. 19.
               Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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MAGGIE DEL                                      Procedente del
SOCORRO DIAZ                                    Tribunal de Primera
TORRES                                          Instancia, Sala
T.C.C. MAGGIE S.                                Superior de San Juan
DIAZ TORRES

                                         Civil Núm.:
                                         SJ2023CV08294
                           KLCE202301238 (Salón 505)

                                                Sobre:

EX PARTE                                        Petición de
                                                Declaratoria de
                                                Herederos

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio.

    VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ

      La Jueza Grana Martínez concurre con la determinación de

una mayoría y hace la siguiente expresión particular. Coincido con

los pronunciamientos hechos por un panel hermano en el recurso

identificado KLCE201700865. El requerir una declaratoria de

herederos del hijo premuerto de la causante resulta innecesario y

contrario a los principios de economía procesal que han de guiar

nuestras ejecutorias. Se debe tomar en consideración que la

declaración de herederos siempre se concede sin perjuicio de tercero

de mejor derecho. De los documentos presentados bajo juramento

surge: 1) el fallecimiento de la causante; 2) que según el leal saber y

entender de la peticionaria, la causante falleció sin testar; 3) los

nombres y domicilios de las personas con derecho a la herencia o

sucesión. Para sustentar las alegaciones se presentó: Certificado de

Nacimiento y Defunción de la causante, Certificado de Matrimonio

de la causante, Certificado de Defunción del cónyuge de la causante

y Certificado de Nacimiento de los cuatro (4) hijos de la causante,
KLCE202301238                                                    2

Certificado de Defunción del hijo premuerto, la Certificación de

Nacimiento de dos (2) nietos de la causante, Certificación Negativa

de Asuntos No Contenciosos del Registro General de Competencias

Notariales y la Certificación Negativa del Registro de Testamentos,

ambas expedidas por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN),

junto a su Juramento.

      A mi entender, los documentos presentados serían suficientes

para acreditar el vínculo y derecho a heredar por representación,

por lo que coincido con mis compañeros de panel en que el remedio

apropiado era el señalamiento de una vista en caso de que el foro

recurrido albergue alguna duda con respecto a la veracidad de la

información.

En San Juan, Puerto Rico, a 7 diciembre de 2023.

                 GRACE M. GRANA MARTÍNEZ
                Jueza del Tribunal de Apelaciones