Court Opinion

ID: 9941349
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:02.607151+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.484364
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

  MELANY GUZMÁN CLASS y                                  Apelación
    JOSHUA SEPÚLVEDA                                     procedente del
         GUZMÁN                                          Tribunal de
                                                         Primera
             Apelados                                    Instancia, Sala
                                                         Superior de San
 CORPORACIÓN DEL FONDO                                   Juan
 DEL SEGURO DEL ESTADO
 Demandante en Subrogación- KLAN202300764
         Apelada
                                                         Civil Núm.:
                                                         SJ2021CV04094
             v.

  BLUE WATERS CHARTERS,
   LLC; VIEQUES AIR LINK,                                Sobre:
  INC.; STARR INDEMNITY &                                Daños y Perjuicios
     LIABILITY COMPANY;                                  - Subrogación
   DEMANDADOS A, B y C;
         COMPAÑÍAS
   ASEGURADORAS X, Y y Z
            Apelantes

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry1, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

      Comparecen Blue Waters Air Charters, LLC (Blue Waters),

Vieques Air Link, Inc. (VAL) y Starr Indemnity & Liability Company

(Starr) (conjuntamente, los apelantes). Solicitan que revoquemos en

parte una Sentencia Parcial sumaria, que el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro primario) notificó

el 16 de junio de 2023.2        En esta, el TPI desestimó -por la vía

sumaria- la causa de acción sobre daños y perjuicios que instaron

Melany Guzmán Class y Joshua Sepúlveda Guzmán (demandantes

y apelados) en contra de Blue Waters y determinó que existen

1 Mediante Orden Administrativa Núm: OATA-2023-176, se designa a la   Jueza
Domínguez Irizarry para entender y votar en el caso de epígrafe, debido a la
inhibición de la Jueza Cintrón Cintrón.
2 Apéndice, págs. 705-722.

Número Identificador

SEN2024________
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controversias de hechos medulares que impiden la adjudicación de

la totalidad del pleito instado en contra de los demás codemandados.

       Por   los   fundamentos   que   exponemos   a   continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                  I.

       Los demandantes incoaron el pleito de epígrafe en contra de

los apelantes por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia

del accidente de aviación que ocurrió el 2 de junio de 2020.3 En este

trágico suceso se estrelló el Piper Azteca N14181 y falleció a sus 24

años de edad, Samuel Galarza Guzmán, hijo de Melany Guzmán

Class y hermano de Joshua Sepúlveda Guzmán.

       De las alegaciones de la demanda surge que, Samuel Galarza

Guzmán laboraba como técnico de “avionics electronics” en Propilot,

Inc. (Propilot), compañía que provee servicios conocidos como

“avionics” que consisten en la reparación de aviones y otros, con

sede en el Aeropuerto de Isla Grande. Propilot acordó con Blue

Waters proveer servicios al avión Piper Azteca N14181 el 5 de febrero

de 2020. El día de los hechos, Samuel Galarza Guzmán y Raymond

Chaparro, empleados de Propilot, realizaron trabajos de “avionics”

en el referido avión. Como parte de los servicios y labores a

efectuarse, se requirió un vuelo de prueba. Con ese propósito, Blue

Waters contrató a VAL para que Luis Torres Gavino fungiera de

piloto.

       En la demanda alegaron que, sin realizar un vuelo de

seguridad previo, los empleados de Propilot abordaron el avión para

el vuelo de prueba. Según lo expuesto, el avión tuvo dificultades en

el primer intento para despegar, y luego de verificar una goma, los

empleados volvieron a abordar el avión. Arguyeron además que, en

el segundo intento, el avión giró nuevamente y, presuntamente, el

motor izquierdo falló. La nave del Piper Azteca N14181 se inclinó

3 Apéndice, págs. 1-12.
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hacia arriba, el avión perdió propulsión y el piloto perdió el control

de la nave. Al estar debajo de la velocidad mínima (“below Vmc”), el

avión    se    invirtió   hacia    la   izquierda   estrellándose   en     las

inmediaciones de la Bahía de San Juan. Samuel Galarza Guzmán

y Luis Torres Gavino fallecieron en el acto. Raymond Chaparro,

sobrevivió el accidente.

        Basado en lo antes, la madre y el hermano de Samuel Galarza

Guzmán suplicaron el resarcimiento por los daños y perjuicios

sufridos y continuos, por culpa y negligencia de los demandados. En

particular, expusieron haber sufrido angustias mentales, pérdida de

ingresos, más pérdidas generales de disfrute y calidad de vida. Por

todo lo antes, solicitaron que se dictara sentencia a su favor

condenando a los demandados al pago de $3,000,000.00 de forma

solidaria, más una suma por gastos, costas y honorarios de

abogado.

        Como segunda causa de acción, los demandantes incluyeron

a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en

subrogación. La CFSE expuso que, Samuel Galarza Guzmán se

encontraba laborando al momento del accidente producto de lo cual

se presentó una reclamación ante sí. El administrador de la CFSE

emitió una decisión final en la cual reconoció a la madre, Melany

Guzmán Class, como única beneficiaria de su hijo. A esos efectos,

la agencia solicitó el reembolso de $113,729.63 por concepto de la

compensación otorgada a la beneficiaria del obrero fallecido.

        Blue    Waters    y   la   aseguradora,     Starr,   solicitaron    la

desestimación del pleito. Expusieron que la encomienda de trabajo

fue comisionada por VAL, por conducto de Blue Waters a Propilot.

Informaron que VAL y Blue Waters son compañías afiliadas y VAL

tenía una póliza de seguros para empleados abordo de aeronaves,

por lo que, a su entender, existía un vínculo obrero-patronal entre

Samuel Galarza Guzmán y VAL, producto de la relación entre el
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principal y el agente en el contrato de servicios. Añadieron que, tanto

VAL como Blue Waters son patronos estatutarios y están cobijados

bajo la inmunidad patronal de la Ley del Sistema de Compensación

por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,

según enmendada, 11 LPRA sec. 1, et seq. (Ley 45). A su entender,

la póliza del seguro obrero-patronal bajo la CFSE cobija o beneficia

a lo largo de la cadena contractual, por lo que, ello priva de

jurisdicción al TPI para entender sobre la causa de acción instada.

       En respuesta, los demandantes se opusieron a la moción

dispositiva.4 Evaluado lo anterior, el TPI denegó el petitorio

desestimatorio5 y, en cumplimiento con la orden emitida, Blue

Waters, VAL y Starr acreditaron su alegación responsiva.6

       Así las cosas, y luego de múltiples incidencias procesales que

no es necesario particularizar,7 el 19 de enero de 2023, Blue Waters,

VAL y Starr instaron una solicitud de sentencia sumaria.8 En esta,

propusieron 25 hechos incontrovertidos y acompañaron múltiples

documentos9 para fundamentar la desestimación del pleito en su

4 Apéndice, págs. 21-73.
5 Apéndice, págs. 92-93.
6 Apéndice, págs. 94-119.
7 Cabe señalar que se instó una demanda enmendada el 10 de agosto de 2021

con el fin de eliminar referencias al Sr. Ruiz Rodríguez. Apéndice, pág. 74-85. El
16 de agosto de 2021, el TPI ordenó la consolidación del caso de epígrafe
(SJ2021CV03338) con el caso SJ2021CV04094. Apéndice, pág. 91. Los
demandados acreditaron su alegación responsiva a la demanda enmendada.
Apéndice, págs. 120-141. En particular, afirmaron que Raymond Chaparro no es
parte en el pleito y luego constaba en la demanda enmendada. El 6 de junio de
2022, el TPI emitió una Sentencia de Paralización porque el co-demandante, Sr.
Chaparro Lorenzo no había sido dado de alta de la CFSE y es cuando el TPI ordenó
la desconsolidación del caso SJ2021CV03338 con el caso SJ2021CV04094
Apéndice, pág. 169.
8 Apéndice, págs. 172-449.
9 Junto a su petitorio incluyeron los siguientes documentos: Anejo 1- Certificado

de Incorporación de VAL; Anejo 2-Certificado de Incorporación de Blue Waters;
Anejo 3-Contrato de empleo de Luis Torres Gavino; Anejo 4- Contestaciones y
Objeciones a Primer Pliego de Interrogatorio y Solicitud de Producción de
Documentos de Blue Waters; Anejo 5- U.S. Department of Transportation Federal
Aviation Administration Airman Details Report; Anejo 6-Resumé de Luis Torres
Gavino; Anejo 7-Declaración jurada de Raymond Chaparro ante la CFSE; Anejo
8-Toma de deposición de José Nieves Irizarry; Anejo 9-Aircraft Lease Agreement
para el arrendamiento de la aeronave Britten-Norman Islander N907VL; Anejo 10-
Aircraft Lease Agreement para el arrendamiento de la aeronave Britten-Norman
Islander N908VL; Anejo 11-Carta Acuerdo entre VAL y Blue Waters; Anejo 12-
Carta emitida por Carlos M. Rodríguez; Anejo 13-Acuerdo de Gravamen
Mobiliario; Anejo 14-Shop Order SO-00847; Anejo 15-Cheque número 0352 por
la suma de $43,049.59; Anejo 16-Recibo de pago; Anejo 17-Informe patronal
sometido por Propilot; Anejo 18-Decisión del Administrador Sobre Muerte-
Dependencia expedido por la CFSE; y Anejo 19-Certificación de vigencia expedida
por la CFSE.
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totalidad. En apretada síntesis sostuvieron que, ante la cadena

contractual existente aplica la doctrina de un solo patrono la cual

favorece la inmunidad patronal de los demandados en este caso.

       Coetáneo a ello, los demandados presentaron otra Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial en la Alternativa de no Concederse la

Solicitud Dispositiva Radicada en esta Misma Fecha (SUMAC 81).10

En esta insistieron que, el TPI desestime la reclamación sobre daños

en la cual se alega que la demandante Guzmán Class heredó la

causa de acción por los sufrimientos de su hijo fallecido, como

resultado del accidente hasta su muerte. Ello por entender que, la

demandante no cuenta con evidencia para sustentar dicha causa de

acción. En este petitorio, los demandados propusieron siete hechos

incontrovertidos para fundamentar su postura.11

       En reacción, la parte demandante presentó su oposición a la

moción de sentencia sumaria y moción de sentencia sumaria

parcial.12    En esta, admitieron las propuestas de hecho de los

demandados números 1, 2, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25. Sin

embargo, objetaron los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

15, 19, 20 y 21, respectivamente. En cuanto a la solicitud de

sentencia sumaria parcial, admitieron las propuestas número 1 (en

parte), 3, 5, y 6.     De otra parte, negaron los hechos propuestos

números 2, 4 y 7. A su vez, propusieron quince hechos materiales

adicionales que, a su entender, no están en controversia.13

10 Apéndice págs. 450- 461.
11 Junto a su petitorio incluyeron los siguientes documentos: Anejo 1, Toma de la

deposición del Sr. Raymond Chaparro Lorenzo y Anejo 2, Decisión del
Administrador sobre muerte-dependencia emitida por la Corporación del Fondo
del Seguro del Estado. Cabe señalar que surge del Informe preliminar entre
abogados presentado el 2 de febrero de 2023 que las partes presentaron 18
estipulaciones de hechos. Apéndice, págs. 489-491.
12 Apéndice, págs. 548-626. En su oposición incluyeron los siguientes

documentos: Exhibit 1-Declaración jurada suscrita por Luis Alberto Irizarry
Porrata; Exhibit 2-Transcripción de la deposición de Carlos M. Rodríguez Colón;
Exhibit 3-Informe patronal; Exhibit 4-Shop Order SO-00347; Exhibit 5-Cheque
emitido por la cantidad de $18,561.11; Exhibit 6-Cheque emitido por la cantidad
de $43,049.59; Exhibit 7-Toma de deposición de Raymond Chaparro Lorenzo;
Exhibit 8-Resolución de Declaratoria de Herederos de Samuel Junior Galarza
Guzmán; Exhibit 9-Informe médico forense de Samuel Junior Galarza Guzmán;
Exhibit 10-Artículo “The experience of drowning”.
13 Apéndice, págs. 554-556.
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       Ahora bien, basado en lo anterior, al concluir su oposición,

los demandantes se allanaron a que el TPI dicte sentencia sumaria

parcial desestimando la demanda en cuanto a la codemandada,

Blue Waters, no así, en cuanto a los demás demandados.14 Con

relación a la Moción de sentencia sumaria parcial,15 los demandantes

se opusieron por entender que lo argumentado es de naturaleza

especulativa y destacaron los hallazgos del informe forense, entre

otros asuntos.16 A lo antes, se unió la CFSE mediante moción de 23

de marzo de 2023.17

       Con el beneficio de la réplica de los demandados18 y las

dúplicas de la demandante19 y de la CFSE,20 el TPI emitió la

Sentencia Parcial recurrida el 16 de junio de 2023.                En esta,

desestimó la demanda en contra de Blue Waters, no así en contra

de VAL, y su aseguradora, Starr. Allí también, consignó los

siguientes hechos incontrovertibles:

       1. La demandante Melany Guzmán Class (Guzmán Class) es
          la madre de Samuel Galarza Guzmán quien falleció el 2
          de junio de 2020.
       2. El demandante Joshua Sepúlveda Guzmán (Sepúlveda
          Guzmán) es hermano por parte de madre de Samuel
          Galarza Guzmán.
       3. Vieques Air Link, Inc. (VAL) es una corporación doméstica
          con fines de lucro, organizada y existente conforme a las
          leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con
          oficinas principales en San Juan, Puerto Rico.
       4. VAL se dedica a la operación de una línea aérea de
          pasajeros, según surge de su Certificado de
          Incorporación.
       5. Para el 2 de junio de 2020, VAL era patrono del piloto Luis
          Torres Gavino, quien se desempeñaba como Director de
          Operaciones.
       6. Blue Waters Charters, LLC (Blue Waters) es una
          compañía de responsabilidad limitada con fines de lucro,
          organizada y existente conforme a las leyes del Estado
          Libre Asociado de Puerto Rico, con oficinas principales en
          San Juan, Puerto Rico.
       7. Blue Waters es una corporación cuyo propósito estriba en
          poseer título de dueño, arrendar, utilizar y/o administrar

14 Apéndice pág. 568.
15 Entrada núm. 81 en SUMAC.
16Apéndice, pág. 572-624.
17 Apéndice, pág. 627.
18 Apéndice, págs. 630-656. Con su réplica, incluyeron el siguiente documento:

Anejo 1-Toma de la deposición de José Nieves Irizarry.
19 Apéndice, págs. 657-701. De su dúplica incluyó los siguientes documentos:

Anejo 1-Toma de deposición de Raymond Chaparro Lorenzo; Anejo 2-Contestación
a Primer Pliego de Interrogatorios y Solicitud de Producción de Documentos de
Melany Guzmán Class y Anejo 3-Correo electrónico de Carlos Javier Morales
emitido el 29 de marzo de 2022.
20 Apéndice, pág. 702.
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        naves aéreas, transportar carga y pasajeros por medio de
        naves aéreas o cualquier equipo de transportación
        similar.
    8. Para el 2 de junio de 2020, Blue Waters era la dueña
        registral del avión Piper Azteca Modelo PA-23-250,
        número de serie 27-4746, y número de registro N14181
        (Piper).
    9. El 5 de febrero de 2020, Pro Pilot emitió una cotización
        para la instalación de los avionics a nombre de Blue
        Waters, titular registral del Piper.
    10. El 29 de mayo de 2020, Blue Waters emitió un cheque
        por la suma de $43,049.59 a nombre de Pro Pilot para el
        pago de los equipos y los trabajos de instalación de
        avionics solicitados.
    11. Blue Waters pagó por los trabajos que Pro Pilot realizó en
        el Piper, que surgen del Shop Order.
    12. Las instalaciones de avionics requerían un vuelo de
        prueba para confirmar el funcionamiento de las
        instalaciones y cumplir con los requerimientos de la FAA.
    13. Para el 2 de junio de 2020, Galarza Guzmán se
        desempeñaba como empleado de Pro Pilot, una entidad
        con sede en el Aeropuerto de Isla Grande que se dedica,
        inter alia, a proveer servicios de reparación de aviones,
        incluyendo servicios y reparación de instrumentos y
        equipos de comunicación, radar y otros relacionados
        conocidos como avionics.
    14. Para el 2 de junio de 2020, Galarza Guzmán realizaba
        trabajos como técnico de avionics eletronics para cuyo
        empleo contaba con una Certificación expedida, el 1ero
        de diciembre de 2017, por la Electronic Technicians
        Association.
    15. Para el 2 de junio de 2020, Galarza Guzmán había sido
        empleado de Pro Pilot por aproximadamente 23 meses.
    16. Pro Pilot asignó a Chaparro Lorenzo y a Galarza Guzmán
        llevar a cabo las instalaciones de los avionics en el Piper.
    17. Torres Gavino era un piloto certificado por la FAA como
        Airline Transport Pilot, además de mecánico.
    18. El 2 de junio de 2020, previo a que se ejecutara el vuelo
        de prueba del Piper, Torres Gavino procuró el
        combustible, a nombre de VAL, para dicha nave a la
        compañía Million Air.
    19. El 2 de junio de 2020, el Piper se accidentó luego de
        despegar del Aeropuerto de Isla Grande (Ribas
        Dominicci), estrellándose en la Bahía de San Juan, cerca
        del Club Náutico.
    20. Torres Gavino y Galarza Guzmán fallecieron en el
        accidente. Chaparro Lorenzo sobrevivió.
    21. Torres Gavino y Galarza Guzmán fallecieron en el curso
        de sus empleos.
    22. Antes de accidentarse el avión, Chaparro Lorenzo notó
        que Galarza Guzmán tenía el cinturón de seguridad
        abrochado.
    23. En su deposición, Chaparro Lorenzo relató que perdió el
        conocimiento y no recuerda cómo salió del avión.
    24. La causa de muerte de Galarza Guzmán fue trauma
        corporal e inhalación de agua.
    25. El informe de hechos suscrito por el Agente Francisco
        Ramos de la División de Buzos de las Fuerzas Unidas de
        Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico indica
        que, al extraer los cuerpos del Piper, a Galarza Guzmán
        hubo que cortarle el cinturón.
    26. Al 2 de junio de 2020, Pro Pilot tenía la póliza de seguro
        número 1912002964 vigente con la CFSE.
    27. Al 2 de junio de 2020, VAL tenía la póliza de seguro
        número 3514083522 vigente con la CFSE.
    28. Guzmán Class recibió compensación de la CFSE por el
        fallecimiento de Galarza Guzmán.
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       29. El 28 de junio de 2021, la CFSE notificó la decisión del
           Administrador de la CFSE y concedió compensación a la
           viuda e hijas de Torres Gavino por el accidente ocurrido
           en el curso de su empleo con VAL el 2 de junio de 2020.
       30. Para el 2 de junio de 2020, Blue Waters no tenía
           empleados en nómina.
       31. Guzmán Class fue declarada como única y universal
           heredera de Galarza Guzmán.21

       A lo antes añadió las siguientes cuatro controversias que, a

su entender, impiden la adjudicación de la totalidad de la

reclamación por la vía sumaria, a saber:

       1. Si existe un vínculo obrero-patronal entre Galarza y VAL
          -en el contexto de un contrato de obra o de servicios entre
          VAL, Blue Waters y Pro Pilot- que cobije a VAL bajo la
          doctrina de inmunidad patronal bajo la Ley Núm. 45,
          supra.
       2. Si VAL, por medio de un contrato de obra o de servicios,
          coordinó las instalaciones de los avionics en la nave Piper
          con Pro Pilot, cumplió con su obligación subsidiaria de
          asegurar a los empleados de Pro Pilot y, por ende, le
          aplica la doctrina de patrono estatutario.
       3. De no aplicar la inmunidad patronal, procede dilucidar si
          el piloto Torres Gavino incurrió en negligencia, por el [sic]
          cual su patrono VAL deba responder vicariamente.
       4. De no aplicar la inmunidad patronal, procede determinar
          la extensión y la valorización de los daños en cuanto a los
          codemandantes Guzmán Class, Sepúlveda Guzmán y el
          propio perjudicado Galarza Guzmán.22

       De otra parte, el foro primario tomó conocimiento sobre el

hecho de que los demandantes se allanaron a la desestimación de

la demanda únicamente en contra de Blue Waters. Sobre tales

bases, desestimó con perjuicio dicha causa de acción y ordenó la

continuación de los procesos en cuanto a las demás partes. En su

análisis, el TPI destacó que, las controversias existentes son

medulares. Determinó que, las incongruencias y las contradicciones

en los documentos presentados no le permiten, en esta etapa de los

procedimientos, establecer claramente la relación contractual de

VAL con Blue Waters para así declarar a VAL como patrono

estatutario.23 Expuso que, la causa de acción por los daños que

presuntamente sufrió Samuel Galarza Guzmán antes de morir no es

aconsejable resolverla sumariamente debido a que atañe cuestiones

de credibilidad.

21 Apéndice, págs. 709-712.
22 Apéndice, pág. 713.
23 Apéndice págs. 719-720.
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       VAL y Starr solicitaron reconsideración el 5 de julio de 2023,

y en ella, anejaron una declaración jurada suscrita por Carlos M.

Rodríguez Colón.24 A lo antes, se opuso la parte demandante el 20

de julio de 2023.25 Acto seguido, replicaron VAL y Blue Waters el 21

de julio de 2023.26 En respuesta, el TPI expuso lo siguiente: “Ha

lugar. No se considerará la réplica. El asunto se había dado por

sometido.”27

       El 26 de julio de 2023, VAL y Starr suplicaron que se diera

por   sometida      (sin     oposición   de   la   CFSE)   la   moción   de

reconsideración presentada.28 En atención a lo anterior, el 3 de

agosto de 2023, el TPI notificó una Resolución29 en la cual reiteró su

decisión de no desestimar sumariamente la demanda en contra de

VAL y Starr. Fundamentó que, existen incongruencias en cuanto a

la prueba presentada por las partes. Entre otras, dos versiones

contradictorias del testimonio de Carlos M. Rodríguez Colón, sin los

apelantes explicar tal discrepancia. Basado en lo anterior, el foro

primario resolvió que no considerará la segunda declaración para

propósitos de reconsiderar su dictamen, a tenor de la doctrina de

sham affidavit.

       Inconforme, comparecieron Blue Waters, VAL y Starr y

señalan los siguientes cuatro errores:

       Erró el TPI al haber dictado Sentencia Sumaria únicamente
       en cuanto a Blue Waters sin haber considerado o haber dado
       justo peso a los hechos materiales incontrovertidos que
       apoyaban la desestimación a favor de todas las partes
       demandadas, en claro abuso del ejercicio de su discreción.

       Erró el TPI al encontrar que la doctrina de “sham affidavit”
       fue aplicable en cuanto a la declaración jurada que se
       acompañó a la Moción de reconsideración de las apelantes.

       Erró el TPI al abusar de su discreción al no permitirle a las
       apelantes ser oídas en cuanto a los argumentos
       improcedentes de la parte demandante bajo la doctrina de
       “sham affidavit”.

24 Apéndice págs. 723-751.
25 Apéndice págs.752-761.
26 Apéndice, pág. 764.
27 Apéndice, pág. 778.
28 Apéndice, págs. 780-782.
29 Apéndice, págs. 783-790.
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      En la alternativa, erró el TPI al no haber desestimado por
      ausencia de prueba la acción alegadamente heredada por
      Guzmán-Class basada en los daños supuestamente sufridos
      por el causante.

      Por su parte, Melany Guzmán Class compareció mediante un

alegato el 3 de octubre de 2023. Sin embargo, la CFSE no

compareció. Procedemos a resolver.

                                  II.

   A. Sentencia Sumaria

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en

aquellas situaciones en las cuales no existe controversia real y

sustancial de un hecho material que requiera ventilarse en un juicio

plenario, por lo cual solo resta aplicar el derecho. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance

Company, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de octubre de 2023; Oriental

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto

de 2023. Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o

aquella parte que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1 y 36.2.

      Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Serrano Picón v. Multinational

Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de

septiembre de 2023; Universal Insurance Company y otro v. Estado

Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24, resuelto el 7 de
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marzo de 2023. Como se sabe, procede dictar sentencia sumaria si

se desprende de las alegaciones, deposiciones, declaraciones

juradas, contestaciones a interrogatorios, admisiones ofrecidas,

entre otros, que no existe controversia real sustancial sobre un

hecho esencial y pertinente, y siempre que el derecho aplicable así

lo justifique. González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan

y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023. De manera

que, en aras de prevalecer en una reclamación, la parte promovente

debe presentar prueba incontrovertible sobre todos los elementos

indispensables de su causa de acción. Íd.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Oriental

Bank v. Caballero García, supra. Véase, además, la Regla 36.3 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Si el

promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el tribunal

no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015). Además, el promovente de

una solicitud de sentencia sumaria ha de acompañar su petitorio

con prueba de la cual surja preponderantemente la ausencia de
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controversias sobre los hechos medulares del caso. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance

Company, supra.

      Cabe destacar que, “la parte que desafía una solicitud de

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o

negaciones consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra, pág. 43. Por el contrario, la Regla 36.3(c) de las Reglas

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), obliga a quien se

opone a que se declare con lugar esta solicitud a enfrentar la moción

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha

hecho el promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que

se dicte sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en

derecho. Íd. A esos efectos, deberá sustentar con evidencia

sustancial los hechos materiales que entiende están en disputa.

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e

Integrand Assurance Company, supra.

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra.

Claro está, para cada uno de estos supuestos, deberá hacer

referencia a la prueba específica que sostiene su posición, según

exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Íd. En

otras palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega

están en disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.
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      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además,

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin   embargo,   la   sentencia   sumaria   generalmente    no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208 DPR 964

(2022). Además, existen casos que no se deben resolver mediante

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.

Nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo
      el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen
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      al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de
      Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los
      requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;
      (3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
      controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
      la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
      exponer concretamente cuáles hechos materiales
      encontró que están en controversia y cuáles están
      incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, debe
      proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera
      Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
      controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra,
      pág. 679.

      Conforme a lo anterior, los foros apelativos nos encontramos

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia y

utilizamos los mismos criterios para evaluar la procedencia de una

sentencia sumaria. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, supra. Por ello, nuestra revisión es una de novo, y

nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa.

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario

aplicó correctamente el derecho. Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80,

resuelto el 26 de junio de 2023.

   B. Inmunidad Patronal

      La Ley 45, supra, se creó para garantizar al obrero su

compensación en contra de los riesgos a su salud que se relacionen

con su trabajo. Arzuaga Monserrate y otro v. Empresas Ortiz Brunet

y otros, 2023 TSPR 44, resuelto el 10 de abril de 2023. A esos fines,

la Ley 45, supra, exige que los patronos realicen una aportación

patronal para compensar a los obreros y empleados por sus lesiones,

incapacidad productiva o muerte como resultado de un accidente o

enfermedad ocupacional. Sobre este tema, el Tribunal Supremo

expresó:
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      A cambio de esta aportación patronal, la ley ofrece al
      obrero lesionado una compensación segura, inmediata
      y cierta en comparación a una reclamación ordinaria en
      daños, mientras que reconoce la inmunidad del patrono
      asegurado contra acciones por daños y perjuicios de
      sus empleados. Además, la CFSE asume los gastos de
      tratamiento médico y compensación sin derecho a
      reembolso, independientemente de quien fue la
      negligencia. (Nota y cita omitida.) Arzuaga Monserrate y
      otro v. Empresas Ortiz Brunet y otros, supra.

      Cabe señalar que, cuando la lesión, enfermedad o muerte del

obrero sea imputable a un tercero, la Ley 45, supra, viabiliza que el

Fondo se subrogue en los derechos del lesionado y reclame

judicialmente al tercero responsable de los daños. Íd.

      Con respecto a la cláusula de contratista que emana del

Artículo 17 de la Ley 45, supra, nuestro más Alto Foro expresó que

“es la que impone a los patronos -dueños de obras, principales,

contratistas o subcontratistas- la responsabilidad subsidiaria de

asegurar a los obreros de aquellos con los que contraten o ajusten.”

SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., 194 DPR 936, 943 (2016).

Cabe puntualizar que, el citado Artículo 17 obliga al patrono a

asegurar con el Fondo a sus propios empleados y, de forma

subsidiaria, a los trabajadores de los patronos con quienes contrató

o subcontrató, si estos no aseguraron a sus empleados. Íd.

      Por lo tanto, mediante la cláusula de contratista, los

empleados de los contratistas o subcontratistas no asegurados

quedan protegidos. Íd. Otro efecto de la cláusula de contratista es

que, el patrono asegurado, sea real o estatutario, tiene inmunidad

absoluta frente a las demandas sobre daños y perjuicios, aunque

surjan producto de su negligencia crasa. Íd. Valga aclarar que,

patrono real es el empleador, o sea, quien contrata directamente al

empleado. Caballer Rivera v. Adriel Toyota, 200 DPR 120, 130

(2018). Mientras que, el patrono estatutario es quien contrata los

servicios de otra empresa, e indirectamente, contrata también a los

empleados de esta. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., supra.

De manera que, cuando alguno de los patronos, a lo largo de la
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misma cadena contractual, paga el seguro obrero-patronal al Fondo,

beneficia a los demás patronos envueltos en el contrato de obra o

servicio y les provee inmunidad en contra de las acciones de daños.

Íd.

      C. Sham affidavit

        En nuestra jurisdicción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

acogió la norma federal denominada sham affidavit doctrine. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Al amparo de

esta doctrina, los tribunales están impedidos de considerar un

testimonio reciente -suscrito por la parte adversa a la parte

promovente de una solicitud de sentencia sumaria- que sea

claramente incompatible con una declaración bajo juramento

emitida anteriormente, si no ofrece una explicación adecuada para

la nueva versión. Íd. Si la inconsistencia entre ambas declaraciones

resulta evidente, el juzgador viene obligado a rechazar la declaración

subsiguiente. Íd.

        Cabe señalar que, la antedicha norma es de aplicación cuando

la parte que se opone a que se dicte sentencia sumariamente

presenta declaraciones inconsistentes como subterfugio para crear

controversias de hechos materiales, con el único propósito de

impedir la solución sumaria del asunto, práctica contraria al

objetivo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Íd. Lo anterior

no se refiere a inconsistencias de poca trascendencia que surgen por

errores o discrepancias de buena fe o producto de prueba

descubierta posteriormente. Íd.

                                  III.

        En su recurso, los apelantes impugnan como primer error la

determinación del foro primario de denegar su petitorio sumario a

pesar de que presuntamente no existen hechos materiales en

controversia. En el segundo y tercer error los apelantes arguyen que,

el TPI incidió al aplicar la doctrina de sham affidavit para no
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considerar el segundo testimonio de Carlos M. Rodríguez Colón.

Como último señalamiento de error los apelantes aducen que, el foro

primario se equivocó al no desestimar, por falta de prueba, la

reclamación de Guzmán Class sobre los daños que sufrió el

causante producto del accidente hasta su fallecimiento.

      Por su parte, los apelados en su Oposición argumentan que,

el mero hecho de que VAL y Blue Waters sean consideradas un solo

patrono bajo la Ley de Relaciones del Trabajo no conlleva

necesariamente que también lo sean bajo la Ley de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo. Lo antes, en la medida en que, cada

patrono paga las primas conforme a sus riesgos. Añaden que, los

apelantes no explicaron a qué se debió el segundo testimonio

incompatible que ofreció Carlos M. Rodríguez Colón, conforme lo

requiere la doctrina de sham affidavit. SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, supra. Por último, arguyen que el TPI actuó correctamente

al no desestimar la reclamación de daños heredable debido a que,

según el informe de autopsia, la causa de muerte de Samuel Galarza

Guzmán fue por ahogamiento. Por su estrecha relación entre sí,

discutiremos conjuntamente los errores señalados.

      En cumplimiento con el deber que nos impone Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, revisamos de novo la moción

dispositiva de los apelantes y su correspondiente oposición. De igual

manera, debemos evaluar si las partes cumplieron con los requisitos

de forma dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.

Superado lo anterior, debemos determinar si, en el presente caso,

existen hechos materiales en controversia que impiden resolver

sumariamente este asunto.

      Al analizar el petitorio sumario de los apelantes constatamos

que, cumplieron con las formalidades que establece la Regla 36.3(a)

de Procedimiento Civil, supra. Con relación a los méritos de la causa,

en esencia argumentaron que, el piloto Torres Gavino laboraba como
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chief pilot de Blue Waters.30 Adujeron que, VAL y Blue Waters

firmaron un acuerdo mediante el cual VAL presuntamente se

comprometió a la compra e instalación del equipo necesario para

que    el   avión    Piper    Azteca     N14181      cumpliera      con    las

reglamentaciones federales.31 Alegaron, además, que VAL tenía una

póliza de seguro con cubierta para el avión Piper Azteca N14181 y

para Blue Waters que concede inmunidad absoluta tanto a VAL

como a Blue Waters.32 Aseguraron que, existe un vínculo obrero-

patronal indirecto entre VAL, Blue Waters y el causante, Samuel

Galarza Guzmán y que su fallecimiento ocurrió como resultado de

su relación laboral.

       Separadamente, instaron una Solicitud de Sentencia Sumaria

Parcial en la Alternativa de no Concederse la Solicitud Dispositiva

Radicada en esta Misma Fecha. En ella expusieron que, los apelados

carecen de evidencia suficiente para demostrar que Samuel Galarza

Guzmán estuvo consciente luego de que el avión en el cual viajaba

impactó el mar y para sustentar que este sufrió daños y angustias

mentales desde el impacto hasta su muerte.

       De otra parte, los apelados en su Oposición también

cumplieron con las formalidades Regla 36.3 (b) de Procedimiento

Civil, supra. Primeramente, se allanaron a que el TPI desestimara la

reclamación en contra de Blue Waters bajo la doctrina de patrono

estatutario. Además, argumentaron que, de los Anejos 1 y 2 que

sometieron los apelantes no se colige que VAL y Blue Waters tengan

una administración y un fin común, compartiendo accionistas,

directores, oficiales y empleados. Añadieron que, según declaró en

su deposición el Sr. Carlos M. Rodríguez Colón, Blue Waters no tenía

empleados. Lo antes para controvertir la alegación de los apelantes

30 Contestaciones y Objeciones a Primer Pliego de Interrogatorio y Solicitud de
Producción de Documentos, Anejo 4, Apéndice, págs. 201-205.
31 Anejo 11, Apéndice, pág. 257.
32 Véase, Carta firmada por Carlos M. Rodríguez Colón, Anejo 12, Apéndice pág.

258.
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de que el piloto Torres Gavino era director de operaciones de Blue

Waters lo cual, a su entender, imposibilita la aplicación de la

doctrina de inmunidad patronal.

       Allí también los apelados expresaron que, los Exhibits 4, 5 y

6 anejados junto a su Oposición demuestran que Blue Waters, no

VAL, contrató y pagó a Propilot la instalación de los equipos de

avionics en el avión Piper Azteca N14181.33 Aseguraron que, según

la declaración jurada de Luis Alberto Irizarry Porrata, Blue Waters

no tenía autorización para operar como línea aérea, por lo cual, no

podía tener como empleado a Luis Torres Gavino en calidad de Chief

Pilot.34 Por último, señalaron que, la teoría de los apelantes de que

Samuel Galarza Guzmán quedó inconsciente con el impacto sin

sufrir daños heredables es especulativa e infundada.

       Luego de examinar de novo el petitorio sumario de los

apelantes, la Oposición de los apelados y el voluminoso apéndice

ante nuestra consideración, concluimos que los apelados lograron

demostrar que existen hechos medulares en controversia que

impiden la solución sumaria de este asunto. En particular, existe

controversia con respecto a cuál es la cadena contractual entre Blue

Waters, VAL y Propilot y si VAL le aplica la inmunidad patronal bajo

la Ley 45, supra.

       Puntualizamos que, no surge inequívocamente de los anejos

que obran en el expediente ante esta Curia que VAL y Blue Waters

sean un mismo patrono con iguales accionistas, directores, oficiales

y empleados. Además, y a pesar de que, por definición no se

configura el sham affidavit en este caso, colegimos que, surgen

claras contradicciones sobre este asunto debido a que Carlos M.

Rodríguez Colón        ofreció testimonios incongruentes sobre el

particular inicialmente durante la deposición y posteriormente en la

33 Apéndice, págs. 579-581.
34 Exhibit 1 de la Oposición, Apéndice, págs. 572-575.
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declaración jurada que los apelantes sometieron junto a su petitorio

de reconsideración ante el TPI.

       En virtud de lo anterior, coincidimos con el foro primario en

cuanto a que existen controversias medulares los cuales impiden la

adjudicación la causa por la vía sumaria, en en esta etapa de los

procesos.35

       Por último, convenimos que, con respecto a la reclamación de

los daños, el foro primario no incidió al consignar (como la

controversia número 4) que, de no aplicar la inmunidad patronal,

procedería entonces dilucidar las controversias medulares sobre la

extensión y la valorización de los presuntos daños en cuanto a los

codemandantes Guzmán Class, Sepúlveda Guzmán y el propio

perjudicado Galarza Guzmán. De nuestra evaluación de novo, no

identificamos que el foro primario haya errado en posponer su

determinación sobre el tema de resarcimiento de los daños y sobre

si los daños del perjudicado son heredables los cuales ciertamente

envuelven asuntos de credibilidad.

       Basado en lo anterior y de conformidad con la facultad que

nos confirió el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, reconocemos que el TPI actuó correctamente al

declarar no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de los

apelantes y al ordenar la continuación de los procedimientos. Los

errores señalados no se cometieron.

                                  IV.

       Por todo lo anterior, confirmamos la Sentencia Parcial apelada.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

35 Apéndice, pág. 713.