Court Opinion

ID: 9916016
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:15:11.297172+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:52.136770
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

RAÚL E. VÁZQUEZ ROMÁN                          Certiorari
                                               procedente del
        Peticionario                           Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala de
              v.                               Relaciones de Familia
                                 KLCE202301224 y Menores de
BRISEIDA Y. DELGADO                            Bayamón
MIRANDA

         Recurrida                                      Caso Núm.
                                                        D FI2015-0050

                                                        Sobre:
                                                        Filiación

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

                              R E SO L U C I Ó N

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

                                         I.

       El 6 de noviembre de 2023, el señor Raúl E. Vázquez Román

(señor Vázquez Román o peticionario) presentó una Petición de

Certiorari en la que solicitó que revoquemos una Orden dictada por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI) el

28 de septiembre de 2023, notificada y archivada en autos el 29 de

septiembre de 2023.1 Mediante el dictamen, el TPI declaró No Ha

Lugar una solicitud promovida por el señor Vázquez Román para

remover a la terapista que da servicios a una menor de edad que es

su hija, como parte del procedimiento de filiación, relaciones

paternofiliales y custodia compartida instado por el peticionario en

contra de la señora Briseida Y. Delgado Miranda (señora Delgado

Miranda o parte recurrida).

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo 2, págs. 2-4.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301224                                                                  2

       El 8 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la que

le concedimos a la parte recurrida un término de diez (10) días para

exponer su posición sobre los méritos del recurso.

       Además, el 9 de noviembre de 2023, el peticionario radicó una

Moción solicitando orden en auxilio de jurisdicción en la que solicitó

que ordenáramos que la menor no recibiera los servicios

terapéuticos bajo la terapista asignada hasta que se resuelva la

Petición de Certiorari.

       Ese mismo día, emitimos una Resolución en la que declaramos

No Ha Lugar la Moción solicitando orden en auxilio de jurisdicción.

       El 17 de noviembre de 2023, la señora Briseida Y. Delgado

Miranda presentó una Moción en cumplimiento de orden y oposición

a la expedición del auto de certiorari porque no cumple con la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones en la que argumentó

que procedía denegar la expedición del certiorari solicitado.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos los hechos atinentes a la Petición de Certiorari.

                                       II.

       El caso de marras tiene su génesis el 27 de octubre de 2014

cuando el señor Vázquez Román radicó una Demanda en el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, contra la señora

Delgado Miranda sobre filiación, relaciones paternofiliales y

custodia compartida en relación con una menor de nueve (9) años,

procreada por ambos.2 Posteriormente, el caso fue trasladado a la

Sala Superior de Bayamón.3

       En su Petición de Certiorari, el señor Vázquez Román resaltó

los siguientes hechos procesales, ocurridos desde ese entonces:

       (1) el 2 de enero de 2015, la señora Delgado Miranda presentó una
           Contestación a demanda y reconvención en la que solicitó la
           patria potestad y custodia de manera exclusiva.

2 Este dato se desprende de la página digital de Consulta de casos del Poder
Judicial, bajo el alfanumérico K FI2014-0049, el cual le fue asignado antes de su
eventual traslado a la Sala Superior de Bayamón.
3 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo 11, pág. 89.
KLCE202301224                                                              3

        (2) El 26 de marzo de 2015, el TPI autorizó las relaciones
            paternofiliales provisionales, señaló el caso para vista ante la
            examinadora de pensiones y refirió el caso a la Unidad de
            Trabajo Social.
        (3) En el 2017, las partes llegaron a estipulaciones sobre las
            relaciones paternofiliales.
        (4) Posteriormente, la señora Delgado Miranda promovió una
            solicitud de orden de protección a favor de la menor en contra
            del peticionario ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
            Municipal de Guaynabo. Como parte de dicho proceso, declaró
            la terapista asignada a la menor, la psicóloga Dra. Alice Pérez
            Fernández (Dra. Pérez Fernández). Luego, el foro primario
            ordenó que las relaciones paternofiliales se realizaran de forma
            paulatina por el término de seis (6) meses y que ambos padres
            se sometieran a un plan de servicios para mejorar su
            comunicación. Después, se archivó el caso y se ordenó que se
            continuara el proceso ante el TPI.
        (5) El 19 de septiembre de 2023, el señor Vázquez Román radicó
            una Urgente moción solicitando la remoción inmediata de la
            terapista de la menor por violaciones éticas para con su paciente
            (Menor) al ejercer rol dual de perito y terapeuta y por violar la
            confidencialidad en perjuicio del bienestar de la menor (Moción
            solicitando remoción de terapista) en la que solicitó que la
            terapeuta asignada por el TPI fuera removida luego de que
            declarara en los procedimientos ante la Sala Municipal de
            Guaynabo.4
        (6) El 28 de septiembre de 2023, el TPI emitió la Orden recurrida en
            la que declaró No Ha Lugar la Moción solicitando remoción de
            terapista del peticionario.5 En consecuencia, puntualizó que las
            partes debían continuar con las terapias según indicado.
        (7) El 10 de octubre de 2023, el peticionario radicó una Urgente
            moción solicitando reconsideración y solicitando remoción
            inmediata de la terapista de la menor por violaciones éticas para
            con su paciente (menor) en la que reiteró sus argumentos para la
            remoción de la terapista.6
        (8) El 11 de octubre de 2023, el TPI emitió una Orden en la que
            declaró No Ha Lugar la reconsideración promovida por el
            peticionario.7

        Inconforme con lo anterior, el 6 de noviembre de 2023, el

señor Vázquez Román presentó la Petición de Certiorari de epígrafe

para cuestionar la negativa del foro primario a remover a la terapista

asignada a las partes. En su recurso, le imputó al TPI la comisión

del siguiente error:

        ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE
        MENORES Y FAMILIA DE BAYAMÓN, AL NO REMOVER A
        LA DRA. ALICE PÉREZ FERNÁNDEZ, COMO TERAPISTA,
        POR VIOLACIONES ÉTICAS PARA CON SU PACIENTE
        (MENOR) AL EJERCER ROL DUAL DE PERITO Y
        TERAPEUTA Y POR VIOLAR LA CONFIDENCIALIDAD EN
        PERJUICIO DEL BIENESTAR DE LA MENOR.

4 Íd., Anejo 4, págs. 16-21.
5 Íd., Anejo 2, pág. 4.
6 Íd., Anejo 3, págs. 5-15.
7 Íd., Anejo 1, pág. 1.
KLCE202301224                                                        4

Según adujo, cuando la señora Pérez Fernández declaró en el

proceso llevado ante la Sala Municipal de Guaynabo, sin que se le

requiriera, la terapeuta lesionó irremediablemente la relación de

confianza entre la menor y ella. En contraste, sostuvo, debió

mantenerse como una figura neutral para proteger el mejor

bienestar de la menor.

      El 17 de noviembre de 2023, la señora Briseida Y. Delgado

Miranda presentó una Moción en cumplimiento de orden y oposición

a la expedición del auto de certiorari porque no cumple con la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones en la que argumentó

que procedía denegar la expedición del certiorari solicitado. En su

escrito, la parte recurrida argumentó que la Petición de Certiorari era

inmeritoria e incumplía con los requisitos contemplados en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 40, para su expedición.

      Asimismo, adujo que el peticionario tergiversó el trasfondo

procesal del caso al dejar de informar que, al presente, el TPI tenía

ante su consideración la continuación de una vista evidenciaria

sobre posibles medidas protectoras a favor de la menor bajo la Ley

para prevención del maltrato, preservación de la unidad familiar y

para la seguridad, bienestar y protección de los menores, Ley Núm.

57 de 2023, 8 LPRA secs. 1641 et seq. Según alegó, en dicho

proceso,    el   peticionario    testificó   y   estuvo    sujeto    a

contrainterrogatorio, mientras que la parte recurrida comenzó a

presentar su prueba. Al momento, según precisó, la continuación de

la vista se encuentra pautada para el 20 de diciembre de 2023. Por

otra parte, denunció que el peticionario obvió que la Unidad Social

de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores del TPI (Unidad

Social) estaba preparando un informe social forense, lo cual debe

incluir una entrevista a la terapista de la menor. Por todo ello,

arguyó que la etapa de los procedimientos ante el TPI no constituye
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el momento propicio para que se intervenga con la deliberación del

foro primario.

       Por último, atisbó que el peticionario busca socavar la vista

en su fondo ante el TPI y las labores de la Unidad Social y causar

un efecto de mordaza sobre la menor para que no se descubra el

alcance del maltrato al que ha sido víctima.

       Contando        con     la    comparecencia          de     las     partes,

pormenorizaremos el derecho atinente a la expedición del auto de

certiorari.

                                       III.

       El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite       a   un   tribunal     de    mayor      jerarquía      revisar    las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,8 establece las instancias en las

8 Esta Regla dispone que:

       [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.

               Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
       por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
       a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
       (Énfasis nuestro).
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que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de certiorari

sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corporation, et als., 202

DPR 478 (2019). La citada regla delimita el alcance jurisdiccional del

Tribunal de Apelaciones para atender un recurso de certiorari que

trate sobre la revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de

Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703 (2019). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en

la premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y

en   la   cautela     que    debemos       ejercer    para     no    interrumpir

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan

ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de las de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.9

9 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
         el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
         en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
         Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
         luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
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      Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra;

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451,

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009);

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello,

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
        más propicia para su consideración.
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
        causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
        indeseable en la solución final del litigio.
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
        un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
KLCE202301224                                                       8

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al.

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                 IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la Petición de

Certiorari, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio,

no atisbamos motivo o error alguno que amerite intervención. Por el

contrario, encontramos que la determinación del foro recurrido es

correcta en derecho y, además, que la controversia que el TPI tiene

ante su consideración no se vería bien servida por nuestra

intervención. Es decir, la etapa del procedimiento en que se presenta

este caso no es la más propicia para su consideración.

                                 V.

      Por las razones expuestas, se deniega la expedición del auto

de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones