Court Opinion

ID: 9928524
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:11.115882+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:50.282947
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL VII

 JAVIER A. ECHEVARRÍA                              Certiorari
        VARGAS                                     procedente del
                                                   Tribunal de
          Recurrido                                Primera Instancia,
                                                   Sala de Humacao
               v.
                                 KLCE202301272 Sobre:
     JORGE ACOSTA                              Libelo, Calumnia o
       MARTÍNEZ                                Difamación

          Peticionario                             Caso Número:
                                                   HU2023CV01088

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                               RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      El peticionario, señor Jorge Acosta Martínez, comparece ante

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 18 de octubre

de 2023, notificada el 20 de octubre de 2023. Mediante la misma,

el foro primario ordenó la paralización de los procedimientos del

caso, hasta culminada una investigación en curso en un trámite

paralelo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre una querella

ética promovida en contra del recurrido, señor Javier Echevarría

Vargas.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                     I

      El 30 de julio de 2023, el aquí recurrido, abogado licenciado

de profesión, presentó la demanda de epígrafe. En esencia, imputó

al peticionario el haber incurrido en conducta constitutiva de

difamación, libelo y calumnia en su contra. Tras múltiples

incidencias, el 17 de octubre de 2023, el recurrido presentó una

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202301272                                                        2

Moción Urgente en Solicitud de Paralización.         En esencia, y en

referencia a un documento de carácter confidencial, indicó que

resultaba meritorio paralizar los procedimientos del caso, toda vez

que el peticionario presentó una querella ética en su contra ante

nuestro más Alto Foro. Ello, al amparo de alegaciones análogas a las

de la causa de epígrafe. En igual fecha, el peticionario presentó su

escrito en oposición a la paralización solicitada.

      El 20 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

notificó la Resolución aquí recurrida. Mediante la misma, decretó la

paralización de los procedimientos hasta tanto culmine el proceso

investigativo antes aludido.

      Inconforme, el 14 de noviembre de 2023, el peticionario

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari. A su

vez, solicitó nuestra intervención en auxilio de jurisdicción, petición

que, mediante Resolución emitida en igual fecha, se denegó. En su

recurso, formula el siguiente planteamiento:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su
      discreción al paralizar todos los procedimientos del caso
      de autos, hasta tanto culminase el proceso de
      investigación del Procurador General y el trámite en el
      Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico;
      refiriéndose a la querella ética que el demandado
      recurrente instó ante el Tribunal Supremo contra el
      demandante recurrido por unas alegadas violaciones a
      los cánones de ética que rigen la abogacía en Puerto
      Rico, sin haberse presentado evidencia fehaciente,
      robusta y pertinente por parte del demandante
      recurrido para paralizar los procesos; basándose el
      demandante recurrido en unas alegaciones que no se
      justifican en derecho, creando una violación al debido
      proceso y una indefensión al compareciente al no poder
      continuar con el descubrimiento de prueba ya iniciado
      y necesario para su defensa.

      Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a

expresarnos.

                                  II

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

expresamente delimita la intervención de este Tribunal para evitar

la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilatan
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innecesariamente el curso de los procesos. Rivera v. Joe’s European

Shop, 183 DPR 580, 594. (2011).        En lo pertinente, la referida

disposición reza como sigue:

      .       .       .        .      .       .        .       .

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      .        .       .       .        .      .       .       .

      32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      El entendido doctrinal vigente de la precitada disposición

establece que, su inserción en nuestro esquema procesal, aun

cuando obedece al propósito de delimitar las circunstancias en las

que el foro intermedio habrá de intervenir con resoluciones u

órdenes interlocutorias emitidas por el tribunal primario, asegura la

revisión apelativa, mediante el recurso de certiorari, en situaciones

meritorias constitutivas de excepción.     Job Connection Center v.

Sups. Econo, 185 DPR 585,593 (2012). Así, cuando, en el ejercicio

de su discreción, este Foro entienda que determinada cuestión

atenta contra intereses protegidos, o desvirtúa el ideal de justicia,

viene llamado a entender sobre la misma.

      Por su parte, sabido es que el recurso de certiorari es un

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR
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65, 212 DPR ____ (2023); Mcneil Healthcase v. Mun. Las Piedras II,

206 DPR 659, 672 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163,

174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012). Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o

denegarlo. 800 Ponce de León v. AIG, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 593 (2011); Pueblo v. Díaz de León,

176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

No obstante, “[e]l examen que hace el tribunal apelativo, previo a

expedir un certiorari, no se da en el vacío ni en ausencia de otros

parámetros.” 800 Ponce de León v. AIG, supra; IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra.

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
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         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Ahora     bien,   la   correcta   consecución       de   la    justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad.     De ahí la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso   que    atiende     conforme   le   dicte   su   buen      juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142

DPR 117 (1987). Cónsono con ello, sabido es que los tribunales

apelativos no “deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste en el ejercicio

de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en error

manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

La discreción es el más poderoso instrumento reservado al juzgador.

Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004). Al precisar su alcance,

el estado de derecho lo define como la autoridad judicial para decidir

entre uno o varios cursos de acción, sin que ello signifique

abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et al.,

supra. Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al

concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial
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empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et al v.

ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 729 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311, 321

(2005). En consecuencia, la doctrina establece que un tribunal

incurre “en abuso de discreción cuando el juez: ignora sin

fundamento algún hecho material; cuando [el juez] le concede

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a pesar de

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la

determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al.,

supra, pág. 736.

                                  III

      Mediante su comparecencia, la parte peticionaria propone que

intervengamos en un asunto relacionado al manejo del caso, materia

que, como norma, queda excluida del ejercicio de nuestras

facultades en esta etapa de los procedimientos. Al examinar el

dictamen en controversia, ello a la luz de lo estatuido en la precitada

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, se desprende que el mismo

no está inmerso en las instancias contempladas por el legislador, a

los fines de que este Foro pueda entender sobre un recurso

de certiorari.

      Tal cual esbozado, el alcance de nuestra autoridad en

recursos como el de autos, está expresamente delimitado por el

ordenamiento civil vigente.     Además, la parte peticionaria no

demostró que, de no actuar respecto a su solicitud en alzada, habría

de producirse un fracaso a la justicia. Por tanto, en ausencia de

condición alguna que mueva nuestro criterio a estimar que, en su

más sano quehacer, este Foro debe intervenir en la causa de

epígrafe, denegamos la expedición del auto solicitado.
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                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones