Court Opinion

ID: 9941372
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:29:30.517505+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.362968
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

       HÉCTOR IBAÑEZ                            Revisión de
        HERNÁNDEZ                               Decisición
       Parte Recurrente                         Administrativa
                                                procedente de la
               v.                               Oficina del Juez
                                  KLRA202300496 Administrativo
    ADMINISTRACIÓN DE                           de la
   COMPENSACIONES POR                           Administración
      ACCIDENTES DE                             de
       AUTOMÓVILES                              Compensaciones
                                                por Accidentes
        Parte Recurrida                         de Automóviles
                                                (ACAA)

                                                   Caso Núm.:
                                                   NV-2022-002

                                                   Sobre:
                                                  Impugnación
                                                  Convocatoria
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

      Comparece el recurrente, Sr. Héctor Ibáñez Hernández (en

adelante Ibáñez), mediante el recurso de revisión administrativa del

epígrafe. En este, nos solicita la revocación de una determinación

notificada por la Oficina de la Jueza Administrativa de la

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

(en adelante ACAA), mediante la cual se desestimó su impugnación

al proceso de selección para el puesto de Ayudante del Director de

la Oficina Regional de Aguadilla llevado a cabo por la ACAA. Por los

fundamentos      expuestos    a   continuación,   confirmamos     la

determinación recurrida.

Número Identificador
SEN2024________________
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                                  I.

      Según se desprende del expediente, la agencia publicó la

Convocatoria 22G-03 para el puesto de Ayudante de Director en la

Oficina Regional de Aguadilla de ACAA. Interesado en el mismo,

Ibáñez presentó su solicitud de empleo para dicha convocatoria y,

tras ser evaluado mediante examen su preparación académica,

adiestramientos y experiencia de trabajo, se le otorgó diez puntos

adicionales por su calificación de veterano, para un total de 108.94

puntos. Dado que dicha puntuación lo ubicó en el tope de la lista de

candidatos elegibles, se le citó para entrevista pautada el 20 de

octubre de 2022.

      Para evaluar a los candidatos elegibles, entre los cuales se

encontraba Ibáñez, el Comité de Preselección de Candidatos

designado por el Director Ejecutivo de la agencia utilizó un examen

compuesto de nueve (9) preguntas que midieron conocimientos,

aptitudes y razonamiento analítico. Las respuestas a los exámenes

fueron evaluadas y calificadas de manera independiente por los tres

evaluadores. Como resultado de ese proceso, Ibáñez obtuvo 87

puntos, mientras que la señora Colón Pérez obtuvo 108 puntos, la

cual la colocó en la primera posición entre todos los aspirantes. De

tal manera, el Comité de Preselección de Candidatos sometió los

resultados al Director y este le notificó el 17 de noviembre de 2022

a Ibáñez que no resultó seleccionado para el puesto en cuestión.

      En desacuerdo, el 5 de diciembre de 2022, Ibáñez presentó

una apelación ante la oficina del juez administrativo de la ACAA

impugnando la selección y el nombramiento. Alegó que se incumplió

con las secciones 9.2, 9.3 y 9.5 del Reglamento de Personal para los

Empleados Gerenciales, en violación al principio de mérito. También

adujo discrimen político y violación a la Carta de Derechos del

Veterano Puertorriqueño del Siglo XX1. Solicitó que se deje sin efecto

la designación de la Sra. Colón Pérez para el puesto para conferírselo
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a él, por ser el candidato más idóneo. Para sustentar la alegación de

discrimen, adujo que el Comité de Preselección de Candidatos para

la convocatoria estuvo compuesto por personas afines políticamente

con la administración actual, lo que tuvo el efecto de que se

discriminara políticamente contra aquellos aspirantes que no

comparten la misma afiliación política. Añadió que él cumple con

todos los requisitos mínimos del puesto, que incluye una

preparación académica y experiencia laboral superior a la del resto

de los aspirantes. Además, asume que la puntuación adicional que

debió haber recibido como veterano lo colocó en una posición

superior al candidato seleccionado. El 3 de abril de 2023, Ibáñez

enmendó la apelación para incluir la información del candidato

seleccionado en la convocatoria y evidencia de su derecho a

comparecer como parte interventora del caso.

      La ACAA contestó la apelación enmendada el 5 de abril de

2023 y se realizó descubrimiento de prueba.

      Así las cosas, el 24 de mayo de 2023, la ACAA presentó Moción

Solicitando Resolución Sumaria del Caso en la que solicitó la

desestimación de la apelación. En la moción, propuso 17 hechos

incontrovertidos y presentó sus planteamientos de derecho. En

primer lugar, arguyó que cualquier impugnación en cuanto a la

puntuación obtenida, se presentó fuera de término ya que la carta

del 19 de octubre de 2022, en la cual se le informó su puntuación

obtenida en el examen de convocatoria, expresamente advirtió que

contaba con 15 días para solicitar la revisión de la puntuación,

término dentro del cual Ibáñez no presentó escrito alguno. En

segundo lugar, adujo que Ibáñez obtuvo una puntuación de 98.94,

la cual, luego de acreditado los 10 puntos de preferencia por

veterano, reflejó una puntuación total de 108.94, que lo colocó en el

primer lugar del Registro de Elegibles. No obstante, el aspirante

elegido lo superó en la fase de entrevista.
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      Por otro lado, la ACAA indicó que la participación del Comité

de Preselección de Candidatos fue conforme al Reglamento de

Personal y arguyó que Ibáñez no demostró que el procedimiento

llevado a cabo hubiera afectado sus derechos. Asimismo, sostuvo

que Ibáñez no presentó los elementos esenciales de una reclamación

de discrimen político. Por último, adujo que el proceso y selección

se hizo conforme a derecho y planteó que Ibáñez no rebatió la

presunción    de   legalidad    y   corrección    de    las   decisiones

administrativas.

      El 4 de julio de 2023, Ibáñez presentó Oposición a Moción

Solicitando Resolución Sumaria del Caso. Reiteró que la selección

de otro candidato fue arbitraria, caprichosa, discriminatoria y ajena

al principio de mérito, y que él es el candidato idóneo para ocupar

el puesto. Aseguró que el caso presenta elementos subjetivos no

susceptibles de adjudicarse por la vía sumaria. Afirma que como la

ACAA acompañó a su solicitud las hojas de entrevista de los

candidatos y las puntuaciones, él tiene derecho a interrogar a los

entrevistadores sobre ese aspecto.

      El 28 de agosto de 2023, la Jueza Administrativa de la ACAA

dictó la Resolución recurrida, en la cual esbozó los siguientes 14

hechos incontrovertidos:

      1) El 3 de agosto de 202[2], la ACAA publicó la Convocatoria
         Gerencial Núm. 22G-03 para el puesto de Ayudante de
         Director de Oficina Regional de Aguadilla.
      2) Como requisito mínimo, la convocatoria para el puesto de
         Ayudante de Director de la Oficina Regional de Aguadilla
         pedía un bachillerato en un colegio o universidad
         acreditada y dos (2) años de experiencia administrativa,
         que incluyera funciones relacionadas con la supervisión
         y coordinación de asuntos administrativos. Además,
         aclaraba que un grado de maestría en Administración
         Pública o Gobierno y Política Pública podía convalidar los
         años de experiencia administrativa.
      3) El apelante presentó su Solicitud de Empleo para la
         convocatoria 22G-03, y luego de la evaluación de la
         misma, se le adjudicó una puntuación de 108.94 en su
         examen de convocatoria, la cual se desglosa de la
         siguiente manera: (i) 70 puntos por cumplir con los
         requisitos mínimos de la convocatoria, (ii) 18.94 puntos
         por experiencia adicional, (iii) 10 puntos por poseer una
         maestría (preparación académica adicional a la
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        requerida), y (iv) 10 puntos adicionales de preferencia por
        presentar la evidencia de veterano (Forma 214).
    4) El 19 de octubre de 2022 la ACAA le notificó al Apelante
        sobre la puntuación obtenida en su examen de
        convocatoria, y le apercibió que de no estar de acuerdo
        con dicha puntuación tendría un término de quince (15)
        días para revisar la calificación obtenida.
    5) En la referida comunicación el Apelante fue citado por la
        ACAA para una entrevista el 20 de octubre de 2022, a las
        10:30 a.m.
    6) La certificación de elegibles para la convocatoria estuvo
        compuesta por los siguientes candidatos: (1) Héctor
        Ibáñez, puntuación 108.94; (2) Jéssica Colón Pérez,
        puntuación 98.94; (3) Armando Rodríguez Santoni,
        puntuación 98.94; y (4) Idermis Martínez Martínez,
        puntuación 83.53.
    7) De conformidad con las facultades delegadas, y en
        atención a las disposiciones del Reglamento de Personal,
        el Director Ejecutivo, Noé Marcano Rivera, designó un
        Comité de Entrevistas para evaluar a los candidatos que
        reunieran los requisitos mínimos del puesto, integrado
        por los siguientes funcionarios: (i) Lcda. Shakira Santiago
        Rodríguez, Subdirectora de Relaciones Laborales; (2)
        Lcdo. Alberto Marini Delgado, Director de Asuntos
        Legales, y (iii) Ramón L. Figueroa González, Director de
        Departamento de Recursos Humanos y Relaciones
        Laborales.
    8) El 20 de octubre de 2022, el Apelante fue entrevistado por
        el Comité de Entrevistas para cubrir el puesto de
        Ayudante de Director en Oficina Regional de Aguadilla y
        obtuvo una puntuación total de 87 puntos en tal proceso.
    9) El 20 de octubre de 2022, la candidata seleccionada para
        ocupar el puesto de la convocatoria en cuestión, Sra.
        Jessica Colón Pérez, fue entrevistada por el comité de
        Entrevistas y obtuvo una puntuación total de 108 puntos
        en tal proceso.
    10) Mediante el proceso de entrevista de selección, el objetivo
        fue evaluar, a través de nueve (9) preguntas, el
        conocimiento general de trabajo, destrezas, habilidades y
        conocimientos especiales, experiencias generales y
        específicas, así como preparación académica. Las
        respuestas a tales preguntas fueron evaluadas por cada
        miembro del Comité dentro de la escala establecida 0 a 4.
    11) Además, en el proceso se evaluaron otros aspectos, tales
        como puntualidad, vestimenta, proyección y dominio del
        tema.
    12) El 24 de octubre de 2022 el Comité emitió una
        Recomendación de Selección de Candidato Convocatoria
        Núm. 22G-03 al Director Ejecutivo, indicando que los
        candidatos calificados a base de capacidad e idoneidad
        para desempeñar las funciones del puesto de Ayudante
        de Director de la Oficina Regional de Aguadilla eran los
        siguientes:

       A) Idermis Martínez Martínez
       B) Jessica Colón Pérez
       C) Héctor Ibáñez Hernández
       D) Armando Rodríguez Santoni

    13) El 25 de octubre de 2022, el Director Ejecutivo seleccionó
        a la candidata Jessica Colón Pérez para el puesto de la
        convocatoria 22G-03.
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       14) La ACAA notificó al Apelante que fue considerado, pero
           no seleccionado para el puesto de Subdirector Regional
           Oficina Regional de San Juan [Sic].1

       Luego, la Jueza Administrativa delimitó las siguientes

controversias: (1) determinar si la ACAA cumplió con el Reglamento

de Personal y el principio de mérito durante el proceso de

reclutamiento y selección para la convocatoria, (2) determinar si

hubo algún tipo de discrimen político en contra de Ibáñez y (3) si la

ACAA incumplió con las disposiciones de la Ley 203 del 2007 con

relación a la preferencia de veterano.

       La Jueza Administrativa aclaró que mediante la Resolución

2020-mayo-7A, la Sección 9.5 del Reglamento de Personal fue

enmendada a los efectos de establecer un comité de tres (3) o más

miembros mediante designación del Director Ejecutivo de la agencia

para realizar entrevistas y la preselección de candidatos. Por ello,

concluyó que la alegación de que la designación de un Comité de

Preselección de Candidatos constituyó una violación al reglamento

de personal, resulta contraria a derecho. A su vez, concluyó que a

Ibáñez se le reconoció su preferencia de veterano. También, luego de

reseñar el proceso para incluir candidatos en el Registro de

Elegibles, el procedimiento de entrevistas, puntuación y selección,

la Jueza Administrativa coligió que el proceso de reclutamiento y

selección se llevó a cabo de conformidad con el Reglamento de

Personal y en armonía con el principio de mérito. Finalmente, indicó

que la mera alegación de elementos subjetivos resulta insuficiente

si ello no acarrea hechos materiales en disputa que puedan afectar

el resultado de su reclamación. Resaltó que hubo descubrimiento de

prueba en el que Ibáñez tuvo la oportunidad de indagar sobre

cualquier elemento que entendiera meritorio, sin embargo no

presentó prueba para demostrar la existencia de controversia sobre

1 Véase Resolución Final, apéndice del recurso, págs. 115-116.
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un hecho material, solamente descansó en sus alegaciones. En

cuanto al discrimen político, resolvió que Ibáñez no presentó los

elementos de la reclamación. Por último, concluyó que Ibáñez no

logró probar que el proceso de entrevistas fuera defectuoso, así como

tampoco impugnó los cómputos de las puntuaciones otorgadas a los

candidatos, por lo que al proceso le asiste una presunción de

legalidad y corrección que no logró ser derrotada.

      En desacuerdo, Ibáñez compareció ante este Tribunal de

Apelaciones en solicitud de revisión administrativa el 18 de

septiembre de 2023. Planteó el siguiente error:

            Erró la Jueza Administrativa de la ACAA al dictar
      resolución sumaria desestimando la impugnación
      presentada por el recurrente, Sr. Héctor Ibáñez
      Hernández, con relación a la convocatoria número 22G-
      03, toda vez que existen controversias de hechos en el
      presente caso, así como elementos subjetivos.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

resolvemos.

                                 II.

   A. Revisión Judicial y la doctrina de deferencia judicial

      La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. Véase, OEG v. Martínez

Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022), citando a AAA v. UIA, 200 DPR 903,

910 (2018); Art. 4.006c de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la

Judicatura, 4 LPRA sec. 24y y la Regla 56 del Reglamento de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.56.

      La finalidad de la revisión judicial es asegurar que los

organismos administrativos actúen conforme a las facultades

concedidas por ley. OEG v. Martínez Giraud, supra. Es norma

reiterada que, al revisar las determinaciones de los organismos

administrativos, los tribunales apelativos le conceden deferencia,
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por la experiencia y el conocimiento especializado que estos

poseen. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99

(2023), 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero de 2023.

      Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial

que obra en el expediente administrativo". Super Asphalt v. AFI y

otro, 206 DPR 803, 820 (2021). Como vemos, la norma anterior

nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal Supremo ha

resuelto con igual firmeza que, los tribunales no podemos imprimirle

un   sello    de   corrección,   so   pretexto   de   deferencia,   a   las

determinaciones o interpretaciones administrativas irrazonables,

ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Graciani Rodríguez v.

Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019).

      Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. La intervención

judicial en las determinaciones administrativas debe ocurrir cuando

la decisión administrativa no se fundamente en evidencia sustancial

o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de la ley. Rolón

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018), citando a OCS

Universal, 187 DPR 164, 179 (2012). De otra parte, "los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd., págs. 36-

37. Lo anterior responde a la experiencia y al conocimiento

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son

encomendados. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581,

591 (2020).
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      Por consiguiente, dada la presunción de corrección y

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas

por las agencias administrativas, estas deben ser respetadas

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra,

pág. 128, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Al

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación. Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

      Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

      Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd.

Por tanto, las determinaciones de hecho deberán sostenerse siempre

que estén fundamentadas en evidencia sustancial que surja de la

totalidad   del   expediente   administrativo. Capó     Cruz   v.   Jta.

Planificación et al., supra.

      Así las cosas, cuando una parte afectada por un dictamen

administrativo impugne las determinaciones de hecho, esta tiene la

obligación de derrotar con suficiente evidencia que la decisión del

ente administrativo no está justificada por una evaluación justa del

peso de la prueba ante su consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161

DPR 69, 77 (2004). OEG v. Martínez Giraud, supra. De no

identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente
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administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR

98, 118 (2003).

   B. La adjudicación Sumaria de Controversias en los Foros

      Administrativos

   En lo atinente a la disposición sumaria de los recursos en el

ámbito administrativo, la LPAU permite que las agencias emitan

órdenes o resoluciones sumarias si concluyen, luego de analizar los

documentos que acompañan la solicitud y la moción en oposición -

así como aquellos que obren en el expediente de la agencia- que no

es necesario celebrar una vista adjudicativa. Sec. 3.7, inciso (b) de

la LPAU, 3 LPRA sec. 9647. En cambio, no podrán disponer de

manera sumaria cuando la ley orgánica de la agencia disponga lo

contrario o cuando existan hechos materiales o esenciales

controvertidos; haya alegaciones afirmativas en la querella que no

han sido refutadas; surja de los propios documentos que se

acompañan con la petición una controversia real sobre algún hecho

material y esencial, o como cuestión de derechos no proceda. Íd.;

OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012).

      Una parte prevalece por la vía sumaria cuando esta logra

establecer que no se configuró algún elemento de la causa de acción,

o cuando es evidente que la parte demandante no cuenta con la

evidencia suficiente para probar su caso. López v. Miranda, 166 DPR

546, 566 (2005). Por otro lado, la parte promovida debe establecer,

mediante prueba, que aún hay hechos materiales en controversia.

Íd., a la pág. 563.

   Finalmente, cabe señalar que, como norma general, las Reglas de

Procedimiento Civil no aplican de manera automática a los

procedimientos administrativos. Pérez v. VPH Motors, Corp., 152
KLRA202300496                                                                   11

DPR 475, 484 (2000). El objetivo de esta norma es que los

organismos administrativos tengan un funcionamiento más flexible,

ágil y sencillo, pues de lo contrario, se frustraría su propósito

principal. Íd.

   C. Principio de mérito e idoneidad del candidato seleccionado

   En el campo laboral público rige el principio de mérito. Rosa

Maisonet     v.   ASEM, 192       DPR       368,   383    (2015);     López    v.

C.E.E., 161 DPR 527,         537 (2004)       y Martínez       v.    Ofic.    del

Gobernador, 152 DPR 586, 596 (2000). Este principio busca

garantizar que aquellas personas que estén empleadas por el

Gobierno     se   seleccionen      y   se    retengan    exclusivamente        en

consideración a sus méritos e idoneidad. González Segarra et al. v.

CFSE, 188 DPR 252, 280 (2013), citando a A. Cuevas Biret, La

negociación colectiva y el sistema de mérito en Puerto Rico, San Juan,

[s. Ed.], 1974, pág. 16. La clave es la idoneidad del aspirante.

Martínez v. Ofic. Del Gobernador, 152 DPR 586, 596 (2000). La

idoneidad del funcionario público, de ordinario viene atada a la

aptitud profesional, entendida ésta como la capacidad para ejercer

un cargo u oficio de modo competente por poseer el conocimiento

profesional necesario. Sin embargo, la aptitud profesional, si bien es

un elemento importante, es una condición necesaria, pero no

suficiente para considerar a una persona como idónea para ejercer

un cargo. También forma parte de la idoneidad de carácter,

entendida ésta como “el conjunto de cualidades personales, al

margen de la preparación profesional, que tiene el funcionario y que

afectan o pueden afectar el desempeño de su cargo”.2

   D. Convocatorias para cubrir puestos de carrera en la ACAA y

       normas internas de reclutamiento

2 S. Steidel Figueroa, Ética de los jueces: Apuntes sobre su objeto y metodología,

VI Ethos Gubernamental, Revista del Centro para el Desarrollo para el
pensamiento Ético, a la pág. 217 (2008-2009).
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   Sobre el proceso de reclutamiento, el Reglamento de Personal

dispone que, luego de corregir los exámenes se deberá establecer un

registro de elegibles en orden descendente de notas con el nombre

de las personas que hayan aprobado el examen. Sección 9.4. En

cuanto a la sección 9.5, la Resolución 2020-MAYO-7A, modificó sus

términos para disponer lo siguiente:

        El Director Ejecutivo designará un comité de 3 o más
        empleados o funcionarios para realizar las entrevistas y
        la preselección de candidatos. Además, tendrá
        discreción para nombrar varios comités de entrevistas
        de preselección cuando lo entienda necesario. En
        cualquier caso, el comité o los comités podrán estar
        compuestos por el Director de Recursos Humanos, el
        director de la oficina o departamento y cualquier otro
        designado.

   E. Nueva carta de derechos del veterano puertorriqueño del siglo

        XXI, Ley 203-2007

   La      Ley       Núm.     203-2007,      conocida        como Nueva

Carta de Derechos del Veterano      Puertorriqueño    del    Siglo     XXI,

(Carta de Derechos del Veterano)3 dispone       que   el    Gobierno    de

Puerto Rico y sus agencias deben “[d]ar preferencia a un veterano,

en igualdad de condiciones académicas, técnicas o de experiencia,

en su nombramiento o concesión de ascenso para cualquier cargo,

empleo u oportunidad de trabajo”. Art. 4(F)(a)(1), 29 LPRA sec.

737. Específicamente en cuanto al puntaje garantizado al veterano,

la Carta de Derechos del Veterano establece lo siguiente:

           En aquellos casos en los cuales, como parte de un
        proceso de empleo, un veterano hubiere tomado
        cualquier prueba o examen como parte de una solicitud
        de ingreso, de reingreso o de ascenso, y dicho veterano
        hubiere obtenido, en la correspondiente prueba o
        examen, la puntuación mínima requerida para
        cualificar para el ingreso, reingreso o ascenso al
        correspondiente cargo, se garantiza el derecho de dicho
        veterano a que se le sumen diez (10) puntos o el diez por
        ciento (10%), lo que sea mayor, a la calificación obtenida
        por dicho veterano en la correspondiente prueba o
        examen. Art. 4(F)(a)(3), Id.

3 29 LPRA sec. 735
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   Por su parte, la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en

Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos

(OCALARH) aprobó el Reglamento Núm. 7452, Carta Normativa

Especial Núm. 1-2007; Normas que regirán las acciones de personal

en las que apliquen las áreas esenciales al principio de mérito, el cual

establece que “[s]i la certificación de elegibles figura el nombre de

un(a) veterano(a) y éste(a) está disponible, tendrá preferencia sobre

aquellos candidatos con una puntuación igual o inferior a la de él o

ella”. Reglamento Núm. 7452, Parte V(B)(12). Asimismo, al

interpretar la normativa aplicable, la OCALARH aclaró que “en un

registro de elegibles donde figure un veterano disponible, las

Autoridades Nominadoras tienen que darle preferencia sobre

aquellos candidatos con puntuación igual o inferior. Esto significa

que no se puede seleccionar a candidatos con puntuaciones iguales

o inferiores a la del veterano”. Memorando Especial Núm. 45-2015

sobre Normas sobre derecho a preferencia y concesión de puntuación

adicional a la calificación para empleo al veterano, pág. 4.

   F. Discrimen político

   El Tribunal Supremo expresó que un empleado público de

confianza tiene un caso prima facie de discrimen político cuando

demuestra “(1) que no hay un motivo racional para su despido, y (2)

que ha sido sustituido por una persona que pertenece a un partido

distinto   al   suyo,     el   cual   es    el   mismo     de    la   autoridad

nominadora.”4 López v. Miranda, 166 DPR 546, 559 (2005), que cita

4 Vale la pena destacar que la gran mayoría de las decisiones emitidas por este

Tribunal respecto a la materia en controversia ha atendido el discrimen político
dentro de una situación en que el empleado público es de confianza y ha sido
despedido; esto es, la elaboración de normas probatorias para establecer el
discrimen político se ha dado dentro de este contexto. En atención a ello, es
necesario señalar que en el presente caso ni se trata de empleados de confianza
ni de una demanda por despido. Trata de unas alegaciones hechas por empleados
de carrera que alegan que el patrono realizó ciertos actos – alegadamente
motivados por discrimen político- que resultaron perjudiciales para ellos. Ello no
obstante, somos del criterio que la normativa que expondremos a continuación,
la cual trata sobre empleados de confianza que han sido despedidos, aplica
también, sustancialmente, al empleado de carrera y que abarca situaciones como
las del presente caso donde el empleado alega actos del patrono que le fueron
perjudiciales. López v. Miranda, 166 DPR 546, 559 (2005).
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a Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); McCrillis v.

Aut. Navieras de P.R., 123 DPR 113 (1989); Báez Cancel v. Alcalde

Mun. de Guaynabo, 100 DPR 982 (1972). Además, el empleado

también debe demostrar que está identificado claramente con un

partido político, y que ha sido sustituido por una persona de un

partido distinto al suyo. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra, a la

pág. 502.

   El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer

Circuito señaló que los cuatro elementos que debe probar un

demandante, en una acción por discrimen político, son los

siguientes: “‘(1) que el demandante y el demandado tienen

afiliaciones políticas opuestas, (2) que el demandado es consciente

de la afiliación del demandante, (3) que ocurrió una acción laboral

adversa, y (4) que la afiliación política fue un factor sustancial o

motivador    de    la   acción    laboral   adversa’.”   (Traducción

suplida.) Ocasio-Hernández v. Fortuño-Burset, 640 F.3d 1, 13 (1st

Cir. 2011), que cita a Lamboy–Ortiz v. Ortiz–Vélez, 630 F.3d 228, 239

(1er Cir.2010). Así, no basta con una mera alegación de que exista

discrimen político. López v. Miranda, 166 DPR 546, 561 (2005).

                                   III.

   En síntesis, Ibáñez plantea en su señalamiento de error, que

incidió la Jueza Administrativa al resolver el caso mediante

resolución sumaria, ya que aún existían hechos en controversia, así

como elementos subjetivos, que, a su entender, deben dilucidarse

en una vista evidenciaria.

   La Moción Solicitando Resolución Sumaria del Caso, presentada

por la ACAA estuvo fundamentada con evidencia documental, tales

como la solicitud de empleo de Ibáñez, más copia de las hojas de

entrevistas de este y de la candidata seleccionada para demostrar

que Ibáñez no resultó ser el candidato idóneo para el puesto.
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Además, la agencia arguyó que Ibáñez no cumplió con los requisitos

para probar haber sufrido un discrimen político en el proceso de

selección.

   La Jueza Administrativa resolvió conforme a la evidencia

disponible en el expediente, mediante resolución sumaria por

entender que no existían hechos materiales en controversia, que la

ACAA no incumplió con su Reglamento de Personal y el principio de

mérito durante el proceso de reclutamiento y selección para la

convocatoria al puesto de Ayudante de Director de la Oficina

Regional de Aguadilla, convocatoria 22G-03. También concluyó que

tampoco hubo algún tipo de discrimen político en contra de Ibáñez

y que mucho menos se incumplió con las disposiciones de la Ley

203-2007 con relación a la preferencia al veterano.

   Es norma reiterada de derecho, que los tribunales debemos

otorgar “deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una

agencia administrativa sobre la interpretación de las leyes y los

reglamentos que esta[s] administra[n].” Olmo Nolasco v. Del Valle

Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009). De igual forma, las decisiones

administrativas merecen gran deferencia de nuestra parte, las

cuales debemos revisar bajo un criterio de razonabilidad. Lo esencial

es que estas se sostengan “‘por evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo considerado en su totalidad’.” Otero v.

Toyota, 163 DPR 716, 127-728 (2005), que cita a Pacheco v.

Estancias, 160 DPR 409 (2003). Por lo cual, le corresponde al

peticionario demostrar que existe otra prueba que sostenga que la

actuación de la agencia no está fundamentada en evidencia

sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada.

Véase, Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación , 177 DPR 545, 566

(2009).

   Ibáñez tenía el peso de la prueba de demostrar que, como parte

del proceso de selección de la Convocatoria 22G-03 para el puesto
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de Sub Director de Finanzas no se siguió el procedimiento

establecido por el Artículo 9 del Reglamento de Personal,

enmendado mediante Resolución 2020-Mayo-7A, el cual regula la

publicación de convocatorias, la realización de exámenes para cada

clase de puesto, el establecimiento de un registro de elegibles, el

proceso de entrevista y las recomendaciones del Comité de

Preselección de Candidatos al Director Ejecutivo para que este lleve

a cabo la selección final de la persona candidata que ocupará el

puesto objeto de la convocatoria. No obstante, el recurrente no alegó,

ni mucho menos logró probar, que el proceso de entrevista y examen

fue de alguna manera defectuoso. Así, por ejemplo, Ibáñez no

impugnó los cómputos que llevó a cabo la agencia para calcular las

puntuaciones obtenidas por cada candidato, una vez evaluados los

exámenes correspondientes. En ausencia de prueba en contrario,

dichos exámenes se presumen correctos y válidos. Tampoco logró

probar más allá de sus alegaciones, que su identificación político-

partidista lo perjudicó.

   Por otra parte, del expediente administrativo se desprende que la

agencia cumplió con el derecho de preferencia establecido por la

Carta de Derechos del Veterano al otorgarle los 10 puntos

adicionales a la calificación obtenida, lo cual ubicó al recurrente en

el tope de la lista de candidatos elegibles para entrevista. Por tanto,

la preferencia dispuesta por la Ley Núm. 203-2007, el Reglamento

Núm. 7452 y la carta normativa atinente se cumplió con la

colocación inicial en el registro de elegibles en condiciones de

preeminencia, pero sin garantía inexorable de cara a un proceso de

entrevistas.

   Por lo anterior, al igual que la Jueza Administrativa, resolvemos

que procede la disposición del caso por la vía sumaria. Luego de

evaluar el expediente administrativo, queda claro que no había

ningún hecho material en controversia, y los hechos del caso no
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justifican una vista evidenciaria. En cuanto a la alegación sobre

discrimen político, Ibáñez no podía descansar en meras alegaciones,

sino que estaba obligado a presentar prueba que sustentara las

mismas. Ibáñez tampoco presentó ninguna prueba para contradecir

la Moción Solicitando Resolución Sumaria del Caso, y establecer que

aún hay hechos materiales en controversia. López v. Miranda, 166

DPR 546, 563 (2005).

   Finalmente, en cuanto al asunto de que la designación de la

candidata escogida fue contrario al reglamento, resolvemos que no

tiene razón, dado que el reglamento permite un Comité de

Preselección de Candidatos compuesto por tres (3) o más empleados

o funcionarios, designados por el Director Ejecutivo, tal cómo

ocurrió.

   Por todo lo cual, en ausencia de una actuación arbitraria, ilegal,

o irrazonable, no intervendremos con la determinación de la agencia.

Resolvemos, que la misma es razonable, y está sostenida por

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.

                                 IV.

   Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución

recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones