Court Opinion

ID: 9952359
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:51.10933+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:00.315480
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL I

       ANTHONY R. NEGRÓN                           Revisión
            BURGOS                                 procedente del
                                                   Departamento de
              Recurrente                           Corrección y
                                     KLRA202400047 Rehabilitación
                   v.
                                                             Sobre: Suspensión
       DEPARTAMENTO DE                                       de Privilegios por
         CORRECCIÓN Y                                        Medida de
        REHABILITACIÓN                                       Seguridad

              Recurrido

 Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el
 juez Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria
 Vizcarrondo.

 Sánchez Ramos, juez ponente

                                   SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

         El      Departamento        de        Corrección     y      Rehabilitación

 (“Corrección”) impuso ciertas medidas bajo la Regla 9, infra, sobre

 Suspensión de Privilegios por Medida de Seguridad. Según se explica

 a continuación, esta determinación de Corrección no es revisable

 directamente ante este Tribunal, por lo cual se desestima el recurso

 de referencia.

                                          I.

         El 20 de diciembre de 2023, el Superintendente de una

 institución correccional (Ponce Adultos 1000) suspendió ciertos

 privilegios del Módulo 3B – Sección N (el “Módulo”) por el término de

 10 días.      Específicamente, se suspendió la “visita, la entrega de

 artículos que se reciben mediante la visita, el privilegio de comidas

 especiales, el uso de las máquinas expendedoras de comida en el

 área    de      visita,   la   recreación      (activa,   pasiva)    y   comisaría

 (exceptuando la venta de los artículos de aseo personal)”.                   Esta

 medida se tomó al amparo de la Regla 9 del Reglamento Núm. 9221

 (la    “Regla     9”),    denominado     Reglamento        para     Establecer   el

Número Identificador
SEN2024_____________
KLRA202400047                                                             2

Procedimiento     Disciplinario   de    la   Población   Correccional    (el

“Reglamento”), aprobado el 8 de octubre de 2020.

      De conformidad con lo dispuesto en la Regla 9, el

Superintendente solicitó que la medida de seguridad se extendiera

por 90 días adicionales, a partir del 30 de diciembre. Luego de la

vista administrativa contemplada por la Regla 9, Corrección

determinó, mediante una Resolución de 28 de diciembre (la

“Resolución”), que se justificaba la extensión solicitada.              Ello

porque, entre el 20 y 21 de diciembre de 2023, se encontraron varios

confinados del Módulo en estado crítico por aparente sobredosis.

También se resaltó que, luego del 20 de diciembre, se habían

presentado 10 informes disciplinarios a miembros del Módulo.

Corrección concluyó que la medida de seguridad adoptada por el

Superintendente se justificaba por el riesgo existente a la seguridad

institucional.

      El 16 de enero, el Sr. Anthony R. Negrón Burgos (el

“Recurrente”) presentó el recurso que nos ocupa.             En esencia,

impugna la validez de la Resolución. Plantea que la “Regla 9 se

aplicó como medida disciplinaria y no como medida de seguridad”,

que la “sanción impuesta es excesiva e inmeritoria”, que Corrección

no podía “certificar que” confinado alguno tuvo “una sobredosis de

sustancias controladas” porque no hubo “pruebas de sangre ni de

orina”, que desde el 22 de diciembre “no ha ocurrido ningún

incidente”   en     el   Módulo,       que   Corrección     no   permitió

“descubrimiento de prueba” ni escuchó a los miembros del Módulo,

antes de emitir la Resolución, y que el Recurrente había sido

“asign[ado]” a otro módulo. Disponemos.

                                       II.

      La Regla 9 le permite a Corrección suspenderle privilegios a

los confinados como una medida de seguridad, no como una medida

disciplinaria. La Regla 9 dispone lo siguiente:
KLRA202400047                                                    3

    REGLA 9 — SUSPENSIÓN DE PRIVILEGIOS POR
    MEDIDA DE SEGURIDAD

    1. El superintendente de la institución correccional
    podrá suspender los privilegios, sin celebración de vista
    administrativa, por un período de tiempo que no exceda
    a diez (10) días calendarios, en aquellas circunstancias
    que atenten contra la seguridad institucional. El
    Superintendente no podrá extender el término
    expresamente dispuesto en este inciso. Bajo ninguna
    circunstancia, esta disposición podrá ser utilizada por
    el Superintendente de la institución correccional como
    medida disciplinaria.
    2. Queda prohibida la cancelación del privilegio de visita
    a un grupo, unidad de vivienda, edificio o institución
    como medida disciplinaria. Sin embargo, esto no
    impedirá la suspensión de este privilegio cuando
    existan otras razones que no sean de índole
    disciplinario que así lo requieran y que estén en total
    acorde con las circunstancias específicamente
    establecidas para afianzar la seguridad. En estos casos,
    deberá entenderse que la suspensión de privilegios
    responde estrictamente a una medida seguridad y no a
    una medida disciplinaria.
    3. El superintendente deberá notificar por escrito a la
    Oficina de Asuntos Legales la acción tomada dentro del
    próximo día laborable de haber tomado la acción. El
    Director de la Oficina de Asuntos Legales o su
    representante, referirá el asunto a la Oficina de
    Investigaciones del Sistema Correccional (OISC). La
    investigación será conducida por la Oficina de
    Investigaciones del Sistema Correccional (OISC), con el
    propósito de determinar si existe justa causa para
    extender la suspensión de privilegios por razones de
    seguridad. Los privilegios podrán ser suspendidos por
    razones de seguridad, bajo una de las siguientes
    circunstancias:
      a. En caso de motín, fuga, disturbio, su tentativa o
      cualquier otra actividad o evento que ponga en
      riesgo la seguridad, la tranquilidad o el normal
      funcionamiento institucional. Esto incluye, pero
      sin limitarse a, cualquier amenaza contra la
      integridad física o la propiedad de un miembro de
      la población correccional, o cualquier otra
      persona, o contra la seguridad de la institución
      correccional.

      b. Cuando ocurra una agresión a un miembro de
      la población correccional y la misma sea ejecutada
      por seis (6) o más miembros de la población
      correccional.
      c. Cuando un módulo o unidad de vivienda de la
      institución correccional se niegue o se resista a
      someterse a las pruebas de detección de
      sustancias controladas, alcohol o cualquier otra
      prueba que se utilice para estos propósitos o
      impida que pueda llevarse a cabo dicha prueba.
KLRA202400047                                                         4

        d. Cuando ocurran hallazgos de cualquier
        contrabando peligroso, tal como armas de fuego,
        sustancias controladas, artefactos explosivos o
        cualquier otro material prohibido por ley o
        reglamento.

      Así pues, el Superintendente de una institución correccional

puede suspender los privilegios de todos, o de un grupo, de los

miembros de la institución cuando, según su criterio, exista una

situación de las previstas en la Regla 9, cuyo denominador común

es que atentan contra la seguridad institucional.         Ello sin vista

previa, siempre que no exceda de diez días.

      Ahora bien, una vez ejecutada dicha facultad, el referido

funcionario viene llamado a notificar su actuación. Además, si a su

juicio la situación amerita que se extienda el término de suspensión

de privilegios, Corrección celebrará una vista administrativa, luego

de lo cual adjudicará si se concede la extensión.

      En fin, la Regla 9 es una medida de seguridad que se impone

con el fin de proteger la institución, independientemente de que un

confinado haya violado o no algún código disciplinario de forma

individual. La Regla 9 no es una sanción disciplinaria colectiva sino

una medida de seguridad para la protección de la población

correccional y de las personas que trabajan en la institución.

                                    III.

      De otra parte, Corrección tiene un mecanismo administrativo

que le permite a un confinado presentar una queja o solicitud

relacionada con sus condiciones de confinamiento. En efecto, el

Reglamento    para     Atender      las    Solicitudes   de   Remedios

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población

Correccional, Reglamento Núm. 8583, aprobado el 4 de mayo de

2015, tiene como objetivo principal que “toda persona recluida en

una   institución    correccional      disponga    de    un   organismo

administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda presentar

una solicitud de remedio, para su atención, con el fin de minimizar
KLRA202400047                                                       5

las diferencias entre los miembros de la población correccional y el

personal y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los

Tribunales de Justicia”.1      Este Reglamento establece un proceso

para ventilar las quejas y solicitudes de los confinados, el cual va

desde la presentación de la solicitud del remedio administrativo

hasta la resolución de la reconsideración por el (o la) Coordinador(a)

Regional del Programa.2

        El Reglamento Núm. 8583, dispone lo siguiente en cuanto a

la jurisdicción de la División de Remedios Administrativos:

        1. La División tendrá jurisdicción para atender toda
        Solicitud de Remedio radicada por los miembros de la
        población correccional en cualquier institución o
        facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo
        sentencia y que esté, relacionada directa o
        indirectamente con:

        a. Actos o incidentes que afecten personalmente al
        miembro de la población correccional en su bienestar
        físico, mental, en su seguridad personal o en su plan
        institucional.

        b. Cualquier incidente o reclamación comprendida
        bajo las disposiciones de este Reglamento.

        c. Cuando el superintendente impone la suspensión
        de privilegios sin celebración de vista alguna,
        conforme a la reglamentación vigente sobre la
        “Suspensión de Privilegios por Razones de
        Seguridad”.

        d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un
        miembro de la población correccional conforme
        “Prison Rape Elimination ACT” (PREA)(115.5 la, d,
        115.52-b1, b2, b3).3

        Ante una solicitud de remedio, un(a) Evaluador(a) de

Corrección emitirá una Respuesta, en la cual “contesta la solicitud

del remedio administrativo”.4        De dicha respuesta, el confinado

puede solicitar revisión a un(a) Coordinador(a), quien deberá emitir

una Resolución que contenga “un breve resumen de los hechos que

motivaron la solicitud, el derecho aplicable y la disposición o

1 Reglamento Núm. 8583, págs. 1-2.
2 Íd., Reglas XII-XV.
3 Íd., Regla VI(l).
4 Íd., Regla IV (20).
KLRA202400047                                                                 6

solución a la controversia planteada”.5                 La determinación de

Corrección no es final y revisable hasta que el (o la) Coordinador(a)

resuelva la llamada “reconsideración”.

                                          IV.

        Concluimos que no tenemos jurisdicción para revisar

directamente la Resolución, como nos solicita el Recurrente. Ello

porque dicho dictamen no es producto ni de un proceso disciplinario

contra un miembro de la población correccional, ni de la

adjudicación de una solicitud de remedio administrativo. Tampoco

la Resolución es el resultado de algún otro proceso que adjudique

los derechos u obligaciones del Recurrente.

        En vez, una medida tomada bajo la Regla 9, por su naturaleza,

es administrativa, no cuasi-judicial.                Se trata de una medida

profiláctica      de    seguridad        que    no    requiere    adjudicar   la

responsabilidad individual de confinado alguno.                  Puesto de otra

forma, es una medida administrativa de tipo investigativo y gerencial

que no puede ser objeto de revisión judicial por parte de este

tribunal mediante el mecanismo pretendido por el Recurrente.

        De conformidad, la vista que contempla la Regla 9 va dirigida

únicamente a determinar si Corrección, a través de los funcionarios

designados para ello, aprueba la extensión de la medida de

seguridad solicitada por el (o la) Superintendente de la institución

correccional. Es por ello que no aplican las salvaguardas procesales

que caracterizan un procedimiento cuasi-judicial, como el proceso

disciplinario, el cual va dirigido a adjudicar si determinada persona

infringió determinada disposición del Reglamento.

        Por supuesto, la aplicación de una medida de seguridad bajo

la Regla 9 incide sobre las condiciones de confinamiento del

Recurrente. No obstante, el mecanismo para presentar una queja

5 Íd., Regla IV (21) y (23), y Regla XIV (1).
KLRA202400047                                                       7

al respecto es el provisto por el Reglamento 8583, sobre remedios

administrativos.

      Por tanto, al no tener jurisdicción para revisar la Resolución

a través del recurso de referencia, procede la desestimación del

mismo.

                                    V.

      Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por

ausencia de jurisdicción.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones