Court Opinion

ID: 9952348
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:43:44.201031+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:50.298847
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

    JOSÉ MANUEL                               Apelación
  RACHIER CINTRÓN;                            procedente del
 MARITZA RODRÍGUEZ                            Tribunal de Primera
   FERNÁNDEZ Y LA                             Instancia, Sala
 SOCIEDAD LEGAL DE                            Superior de Mayagüez
 BIENES GANANCIALES
   CONSTITUIDA POR
       AMBOS                KLAN202300958
                                              Civil Núm.
       Parte Apelada                          AÑ2023CV00118
                                              Salón 306
              v.

    CARLOS ROCKY
   ARROYO CARRERO;                            Sobre:
     JOSÉ ARROYO
       CARRERO

      Parte Apelante                          Injunction
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

      Comparecen el Sr. Carlos Arroyo Carrero y el Sr. Josué Arroyo

Carrero (en adelante, parte demandada-apelante) mediante un

recurso de apelación y nos solicitan la revisión de la Sentencia

Parcial dictada el 11 de agosto de 2023 y notificada el 17 de agosto

de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Mayagüez (en adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró

Ha Lugar la solicitud de injunction permanente presentada por la

Sra. Maritza Rodríguez Hernández y el Sr. José Bachier Cintrón (en

adelante, parte demandante-apelada).

      Por los fundamentos que expondremos, se desestima el

presente recurso de apelación por falta de jurisdicción.

                                 -I-

      El 10 de mayo de 2023, la parte demandante-apelada

presentó una Demanda juramentada sobre acción civil, injunction

Número Identificador

SEN2024_________
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preliminar y permanente, servidumbre en equidad, y daños y

perjuicios en contra de la parte demandada-apelante.1 En la

demanda, se alegó que las partes eran dueñas de propiedades sitas

en el barrio Piñales del municipio de Añasco gravadas con las

restricciones voluntarias siguientes:

        “Condiciones restrictivas: Gravada con las siguientes
        condiciones Restrictivas a Favor del Paseo del Valle, S.G
        la parte vendedora y compradora manifestaron que
        para mantener uniformidad, belleza y estética acuerdan
        las siguientes condiciones:

        -Toda Propiedad a construirse deberá cumplir con los
        requerimientos de las correspondientes agencias
        Gubernamentales, incluyendo, pero no limitado a la
        Administración De Reglamentos y Permisos. No se
        podrá construir segundas o cualquier otra planta de
        madera o metal, o que no guarden uniformidad con
        la planta baja. Se prohíbe mezclar cemento, limpiar
        brocha de pintura, gasolina, etc. o cualquier labor que
        manche las aceras o el asfalto. Se prohíbe la crianza de
        animales o aves que afecten el ambiente de la
        comunidad. No se podrá estacionar vehículos en las
        calles por periodos mayores a 24 horas. Estas cláusulas
        restrictivas serán aplicables a los poseedores y dueños
        de las propiedades objeto de este negocio jurídico, sus
        herederos o causa habientes y será su obligación que
        las personas que los visite utilizan o poseen estas
        propiedades en cualquier momento determinado
        cumplan con las mismas. No se podrán construir
        edificaciones comerciales o residencias cuyo valor
        sea inferior a $75,000.00 dólares en atención a
        mantener cierta uniformidad y calidad en la
        construcción, todo según consta de la escritura
        número 134 otorgada en Hormigueros el 24 de mayo de
        2000 ante el Notario Miguel A. Román Villanueva, que
        motivó la inscripción segunda.”2 (énfasis en el original).

        Se alegó, además, que la parte demandada-apelante violó

estas    restricciones       voluntarias     al   llevar    a    cabo   ciertas

construcciones e instalaciones en su propiedad.3 Se solicitó como

remedio la expedición de un injunction preliminar y permanente en

su contra para que se abstuviera de continuar estas construcciones

e   instalaciones      que    infringían    las   restricciones    voluntarias

impuestas en sus propiedades; que se ordenara la remoción de las

1 Apéndice 6 de la Apelación a Sentencia Parcial, págs. 23-30.
2 Véase, Íd., págs. 24-25.
3 Véase, Íd., págs. 26-27.
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ya existentes; y que se concediera una indemnización por los daños

y perjuicios sufridos por la parte demandante-apelada a causa de

las mismas.4

       El 25 de mayo de 2023, se celebró una Vista de Injunction

Preliminar y Permanente, a la cual comparecieron las partes y sus

respectivos abogados.5 Finalizada la vista, el TPI expidió un

injunction preliminar en contra de la parte demandada-apelante6 y

señaló la fecha para la vista de injunction permanente.

       El 26 de mayo de 2023, la parte demandada-apelante

presentó su Constestación a la Demanda.7 En síntesis, la parte

demandada-apelante negó la mayoría las alegaciones en su contra

y levantó varias defensas afirmativas.

       Luego de varios trámites procesales, el 8 de junio de 2023, se

celebró la Vista de Interdicto Permanente8 y, finalmente, el 17 de

agosto de 2023, el TPI dictó y notificó la Sentencia Parcial apelada

declarando Ha Lugar la solicitud de injunction permanente

presentada por la parte demandante-apelada y ordenando la

continuación de los procedimientos relacionados a la reclamación

de daños emocionales y angustias mentales incluida en la

demanda.9

       El 21 de agosto de 2023, la parte demandada-apelante

presentó una        Moción       de      Reconsideración;         Solicitud     de

Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho Adicionales y

4  Posteriormente, la parte demandante-apelada presentó varias mociones
acompañadas con prueba documental en apoyo a su solicitud. Entre esta, una
Certificación Registral expedida por el Registro de la Propiedad y fotografías de la
propiedad de la parte demandada-apelante. Véase, Apéndice 7 de la Apelación a
Sentencia Parcial, págs. 31-34; y entradas núm. 16-18 en el expediente digital del
Caso Núm. AÑ2023CV00118 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración
de Casos (SUMAC).
5 Apéndice 8 de la Apelación a Sentencia Parcial, págs. 35-36.
6 En específico, se le ordenó a que mantuviera apagado un foco de luz de su

propiedad que alumbraba la casa de la parte demandante-apelada durante la
noche y a paralizar cualquier construcción en curso, si alguna. Íd., pág. 36.
7 Apéndice 9 de la Apelación a Sentencia Parcial, págs. 37-47.
8 Véase, Minuta en la entrada núm. 38 en el expediente digital del Caso Núm.

AÑ2023CV00118 en el SUMAC. Véase, además, Apéndice 20 de la Apelación a
Sentencia Parcial, págs. 78-113.
9 Apéndice 1 de la Apelación a Sentencia Parcial, págs. 1-9.
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Para que se Ordene la Transcripción de la Vista del 8 de junio de

2023.10 Mediante esta moción, la parte demandada-apelante solicitó

la reconsideración del dictamen; que se hicieran determinaciones de

hecho y conclusiones de derecho adicionales, y que se ordenara la

transcripción de la vista.

       El 18 de septiembre de 2023, notificada el 29 de septiembre

de 2023, el TPI emitió una Orden, mediante la cual dispuso:

       “NO   HA    LUGAR    A  LA  SOLICITUD   DE
       RECONSIDERACIÓN. SE ORDENA A SECRETARÍA LA
       TRANSCRIPCIÓN     DE   LA  VISTA,    SEGÚN
       SOLICITADO.”11

       El 29 de septiembre de 2023, notificada el 5 de octubre de

2023, el TPI emitió otra Orden para aclarar y enmendar la Orden de

18 de septiembre de 2023.12 En esta orden aclaratoria, el TPI

dispuso lo siguiente:

       “El 18 de septiembre de 2023 este Tribunal emitió la
       siguiente orden: NO HA LUGAR A LA SOLICITUD DE
       RECONSIDERACIÓN. SE ORDENA A SECRETARÍA LA
       TRANSCRIPCIÓN DE LA VISTA, SEGÚN SOLICITADO.
       Por la presente se aclara que el Tribunal autoriza la
       regrabación de la vista, le corresponde a la
       representación legal o a la parte a su propio costo
       realizar la correspondiente transcripción de la misma.”

       Inconforme con la determinación del TPI, la parte demandada-

apelante acudió ante nos el 27 de octubre de 2023 mediante el

presente recurso de Apelación a Sentencia Parcial, en el cual señala

los errores siguientes:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia en su [S]entencia
       [P]arcial otorgando a la parte demandante-apelada una
       servidumbre en equidad que no puede hacerse por fiat
       judicial, sino por escritura e inscribirse en el Registro
       de la Propiedad. El derecho a la vista panorámica no es
       una servidumbre en equidad, ni siquiera está en la
       escritura de compraventa como así lo reconoció
       mediante testimonio la Sra. Maritza Rodríguez
       Fernández, Parte [C]o-demandante-Apelada y tampoco
       está inscrita en el Registro de Propiedad. (Véase Exhibit
       20, página 96, línea 59).

10 Apéndice 2 de la Apelación a Sentencia Parcial, págs. 10-19.
11 Apéndice 3 de la Apelación a Sentencia Parcial, pág. 22.
12 Apéndice 5 de la Apelación a Sentencia Parcial, pág. 20.
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      Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Con
      Lugar la solicitud de [I]njunction Permanente radicada
      por la parte Demandante-Apelada de epígrafe, Maritza
      E. Rodríguez Hernández y José M. Bachier Cintrón,
      expresando que le asiste la razón el derecho y a la luz
      de los hechos probados en el caso.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la
      Parte Demandada-Apelante, Carlos Rocky Arroyo
      Carrero y Josué Arroyo Carrero, que eliminen y
      desmantelen la verja construida en varillas de aceros
      amarradas con alambres dulces y marres plástico en
      material de látices plásticos y se abstengan de construir
      toda o cualquier otra verja en la colindancia a los largo
      de los solares número seis de la finca 10,659 de Añasco,
      Puerto Rico del Registro mobiliario de Mayagüez y el
      solar número 5 de la finca número 10,652 de Añasco,
      del Registro mobiliario de Mayagüez y el solar número
      5 de la finca número 10,652 de Añasco, del Registro
      mobiliario de Mayagüez, que en forma alguna obstruya
      la Vista a la que disfrutan y tienen derecho a disfrutar
      la Parte Demandante-Apelada.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la
      Parte Demandada-Apelante a no sembrar en la
      colindancia de los solares número [s]eis de la finca
      10,659 de Añasco, Puerto Rico del Registro mobiliario
      de Mayagüez y el solar número 5 de la finca número
      10,652 de Añasco, del Registro mobiliario de Mayagüez;
      árboles, arbustos o plantas que forma alguna obstruyan
      la vista a la que tiene derecho la Parte Demandant[e]-
      Apelada.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar, a la
      Parte Demandada-Apelante a sacar y eliminar de su
      propiedad el “home” o “camper” usado, instalado con
      carácter permanente sobre el piso de cemento.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la
      Parte-Demandada-Apelante romper, destruir y tapar
      con tierra el pozo séptico que construyeron y la letrina
      que ubica en la propiedad.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la
      Parte Demandada-Apelante desmantelar y destruir todo
      o cualquier techo aéreo construido en metal en la
      propiedad.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la
      Parte Demandada-Apelante pagar la cantidad de
      $230.00 por concepto de costas del presente caso.

      El 9 de noviembre de 2023, la parte demandante-apelante

presentó su Alegato del Apelado.
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      Examinados los recursos presentados por las partes, así como

el   dictamen   apelado,   encontramos    que   existe   un   asunto

jurisdiccional que dispone del caso ante nuestra consideración.

                             -II-

                             -A-

      La jurisdicción de un tribunal se define como la autoridad que

por una ley o la Constitución se le ha concedido al foro para

considerar y decidir casos o controversias. Cordero et al. v. ARPe et

al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109,

122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403

(2012); S.L.G. Solá-Morreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682

(2011). En múltiples y variadas ocasiones, el Tribunal Supremo ha

expresado que los tribunales debemos ser celosos guardianes de esa

jurisdicción que nos ha sido concedida, examinando tal aspecto en

primer orden, incluso cuando no haya sido planteado por ninguna

de las partes. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228,

234 (2014). Además, se ha señalado que los tribunales no tienen

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Mun. de San

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Morreno

v. Bengoa Becerra, supra; González v. Mayagüez Resort & Casino,

176 DPR 848, 856 (2009).

      Un recurso tardío es aquel que se presenta pasado el término

provisto para recurrir. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR

96, 107 (2015). Por otra parte, un recurso prematuro es aquel que

se presenta con relación a una determinación que está pendiente

ante la consideración del tribunal apelado, es decir, que aún no ha

sido finalmente resuelta. Íd. Un recurso prematuro, al igual que uno

tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Íd. No

obstante, existe una importante diferencia en las consecuencias que

acarrea cada una de estas desestimaciones. Íd. La desestimación de

un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo
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nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. Íd. En

cambio, la desestimación de un recurso por prematuro le permite a

la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado

resuelve lo que estaba ante su consideración. Íd.; Rodríguez v.

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).

      La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), autoriza al Tribunal de Apelaciones a

desestimar un recurso, a iniciativa propia o solicitud de parte,

cuando carezca de jurisdicción para atenderlo.

                             -B-

      En términos generales, una moción de reconsideración

permite que la parte afectada por un dictamen judicial pueda

solicitar al tribunal que considere nuevamente su decisión, antes de

recurrir en alzada a un tribunal de mayor jerarquía. División de

Empleados Públicos de la Unión Gen. de Trabajadores v. Cuerpo de

Emergencias Médicas de P.R., 2023 TSPR 107, 212 DPR ___ (2023);

Simons y otros v. Leaf Petroleum Corp., 209 DPR 216 (2022); Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731 (2016);

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 24 (2011); Castro

v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 217 (1999). Al

respecto, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47,

dispone lo siguiente:

      "La parte adversamente afectada por una orden o
      resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá,
      dentro del término de cumplimiento estricto de quince
      (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o
      resolución, presentar una moción de reconsideración de
      la orden o resolución.

      La parte adversamente afectada por una sentencia del
      Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término
      jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de
      archivo en autos de copia de la notificación de la
      sentencia, presentar una moción de reconsideración de
      la sentencia.

      La moción de reconsideración debe exponer con
      suficiente particularidad y especificidad los hechos y el
      derecho que la parte promovente estima que deben
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      reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales
      relacionadas con las determinaciones de hechos
      pertinentes o conclusiones de derecho materiales.

      La moción de reconsideración que no cumpla con las
      especificidades de esta regla será declarada "sin lugar"
      y se entenderá que no ha interrumpido el término para
      recurrir.

      Una vez presentada la moción de reconsideración
      quedarán interrumpidos los términos para recurrir en
      alzada para todas las partes. Estos términos
      comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que
      se archiva en autos copia de la notificación de la
      resolución resolviendo la moción de reconsideración.

      La moción de reconsideración se notificará a las demás
      partes en el pleito dentro de los quince (15) días
      establecidos por esta regla para presentarla ante el
      tribunal de manera simultánea. El término para
      notificar será de cumplimiento estricto."

      De conformidad con la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra,

una vez se presenta una moción de reconsideración de manera

oportuna y fundamentada, se interrumpe el término para recurrir

en alzada. Ese término comienza a decursar nuevamente "desde la

fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la

resolución resolviendo la moción de reconsideración". Regla

52.2(e)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(e)(2).10

Véase, además, Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714,

719 (2011); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008);

Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 613 (1997). Ese término quedará

automáticamente interrumpido al presentarse la moción de

reconsideración, siempre que se cumpla con los requisitos de forma

expuestos en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.

      Por otra parte, la moción que se presenta en virtud de la Regla

43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1, es aquella

dirigida a que "el tribunal que dicta una sentencia la corrija

mediante enmiendas formulando determinaciones de hecho -a base

de la prueba presentada en juicio— o conclusiones de derecho

pertinentes al fallo". Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254,

268-269 (2018), citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de
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Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis,

2017, pág. 466. La Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone

lo siguiente:

      "No será necesario solicitar que se consignen
      determinaciones de hechos a los efectos de una
      apelación, pero a moción de parte, presentada a más
      tardar quince (15) días después de haberse archivado
      en autos copia de la notificación de la sentencia, el
      tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y
      conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si
      es que éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias,
      de acuerdo con la Regla 42.2, o podrá enmendar o hacer
      determinaciones adicionales y podrá enmendar la
      sentencia en conformidad. Si una parte interesa
      presentar una moción de enmiendas o determinaciones
      iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo
      juicio, éstas deberán presentarse en un solo escrito
      y el tribunal resolverá de igual manera. En todo caso,
      la suficiencia de la prueba para sostener las
      determinaciones podrá ser suscitada posteriormente,
      aunque la parte que formule la cuestión no las haya
      objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado
      una moción para enmendarlas, o no haya solicitado
      sentencia.

      La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o
      adicionales se notificará a las demás partes en el pleito
      dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla
      para presentarla ante el tribunal. El término para
      notificar será de cumplimiento estricto." (énfasis
      suplido).

      Los propósitos de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra,

son permitir: (1) que el tribunal quede satisfecho de que atendió

cabalmente todas las controversias y; (2) que las partes y los foros

apelativos estén informados de todos los cimientos de la decisión del

Tribunal de Primera Instancia. Morales y otros v. The Sheraton Corp.,

191 DPR 1 (2014), citando a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011,

Tomo IV, págs. 1261-1262.

      En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, la Regla

43.1 de Procedimiento Civil, supra, exige que, si una parte pretende

solicitar reconsideración y determinaciones de hechos adicionales,

debe acumular ambas solicitudes en la misma petición. De igual
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manera, el tribunal deberá resolver esos asuntos mediante una sola

resolución. Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra.

      Por otra parte, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 43.2, establece los requisitos de forma y los efectos de una

moción de determinaciones de hechos adicionales:

      "La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o
      adicionales    deberá      exponer     con   suficiente
      particularidad y especificidad los hechos que la parte
      promovente estime probados, y debe fundamentarse en
      cuestiones      sustanciales      relacionadas      con
      determinaciones de hecho pertinentes o conclusiones
      de derecho materiales.

      Presentada una moción por cualquier parte en el pleito
      para que el tribunal enmiende sus determinaciones o
      haga determinaciones iniciales o adicionales, quedará
      interrumpido el término para apelar, para todas las
      partes. Este término comenzará a transcurrir
      nuevamente tan pronto se notifique y archive en autos
      copia de la resolución declarando con lugar, o
      denegando la solicitud o dictando sentencia
      enmendada, según sea el caso."

      Al igual que la moción de reconsideración, una moción

presentada oportunamente bajo la Regla 43.1 de Procedimiento

Civil, supra, interrumpirá automáticamente los términos para

recurrir en alzada, siempre que se cumplan las especificaciones que

la propia regla establece. Morales y otros v. The Sheraton Corp.,

supra; Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 95 (2011);

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 879-880 (2007).

Entre estas, se requiere que toda solicitud de determinaciones de

hechos adicionales constituya una propuesta que exponga, con

suficiente particularidad y especificidad, los hechos que el

promovente estima probados y se funde en cuestiones sustanciales

relacionadas   con   determinaciones     de   hecho   pertinentes    o

conclusiones de derecho materiales. Regla 43.2 de Procedimiento

Civil, supra; Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra; Carattini

v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 356-357 (2003); Andino

v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 939-940 (1997).
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      Finalmente, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, supra,

dispone que, presentada una solicitud de determinaciones de

hechos adicionales, quedará interrumpido el término para apelar,

para todas las partes. Este término comenzará a transcurrir

nuevamente tan pronto se notifique y archive en autos copia de la

resolución declarando con lugar, o denegando la solicitud o dictando

sentencia enmendada, según sea el caso. Íd.

                                -III-

      Como cuestión de umbral, nos corresponde determinar si

tenemos jurisdicción para atender el recurso de apelación

presentado por la parte demandada-apelante. Según reseñamos, el

el 21 de agosto de 2023, la parte demandada-apelante presentó

Moción de Reconsideración; Solicitud de Determinaciones de Hecho y

Conclusiones de Derecho Adicionales y Para que se Ordene la

Transcripción de la Vista del 8 de junio de 2023, en la que solicitó,

en un mismo escrito, la reconsideración del dictamen; que se

hicieran determinaciones de hechos y conclusiones de derecho

adicionales, y que se ordenara la transcripción de la vista. En

atención a esta moción, el TPI emitió una orden, mediante la cual

dispuso   únicamente       de   la      solicitud   de   reconsideración   y

regrabación presentadas por la parte demandada-apelante.

      Según expuesto, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra,

exige que la moción de determinaciones de hechos adicionales y la

de reconsideración se presenten en un solo escrito y que el tribunal

resuelva de igual manera en un solo dictamen. Véase, además,

Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra. El comienzo del

transcurso del término para acudir ante este tribunal está

condicionado a que el Tribunal de Primera Instancia pase juicio

sobre ambas solicitudes.

      En el caso ante nuestra consideración, nada se dispuso en las

órdenes emitidas por el TPI con respecto a la solicitud de
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determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales

presentada por la parte demandada-apelada. Consecuentemente, el

término para recurrir ante este Tribunal Apelativo no ha comenzado

a transcurrir. Por lo tanto, determinamos que el presente recurso de

apelación fue presentado de forma prematura.

                                -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad a la

Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, se

desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción al ser

prematuro.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones