Court Opinion

ID: 9941350
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:08.283757+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.955750
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI

   BELKYS GONZÁLEZ                              Apelación
      SANTIAGO                                  procedente del
                                                Tribunal de Primera
         Apelante                               Instancia, Sala
                                                Superior de Arecibo
             v.
                                           Caso Núm.:
   CORPORACIÓN DEL           KLAN202301121 AR2023CV01469
  FONDO DEL SEGURO
     DEL ESTADO                                 Sobre: MANDAMUS

         Apelados

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

      Comparece Belkys González Santiago (señora González

Santiago o la apelante) y solicita la revocación de la Sentencia

emitida y notificada el 31 de octubre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia Sala de Arecibo (TPI o foro primario). Mediante la

referida Sentencia, el foro primario desestimó el recurso de

Mandamus presentado por la apelante en contra de la Corporación

del Fondo de Seguro del Estado (CFSE) y el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico (ELA), (en conjunto, la parte apelada), y concluyó que

la apelante tenía un remedio adecuado en ley que no utilizó.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso presentado por la Apelante por falta de

jurisdicción, ante el incumplimiento con la Regla 14 (B) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

                               I.

      El 8 de agosto de 2023, la señora González Santiago presentó

Demanda de Mandamus ante el foro primario, en contra de la CFSE

y el ELA, al amparo de la Regla 55 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Número Identificador
SEN2024__________________
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Ap. V., R.55. 1 En esencia, la apelante alegó que fue empleada de la

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) hasta el 31 de

mayo de 2021 y que el 1 de junio de 2021, fue reubicada en la CFSE,

a tenor con el Proceso de Movilidad para Empleados de la Autoridad

de   Energía   Eléctrica,   Memorando     Especial   Núm.    13-2021,

(Memorando Especial Núm. 13-2021), emitido el 26 de marzo de

2021, por la Oficina de Administración y Transformación de los

Recursos Humanos (OATRH), tras la adquisición de LUMA. Al

respecto, la apelante alegó que el 1 de junio de 2021 comenzó

labores en la CFSE en el puesto #70002425, como Oficial de

Radicaciones de la División de Reclamaciones, en la Oficina Regional

de Arecibo. En ajustada síntesis, la apelante expuso en la Demanda

de Mandamus que en la AEE ocupaba un puesto de Supervisor de

Servicio al Cliente Senior, el cual era un puesto gerencial de carrera,

exento y no unionado y que la CFSE la nombró erróneamente en un

puesto no exento y unionado. La apelante argumentó, además, en

su petición de Mandamus que la estructura laboral de la CFSE no

está conforme Memorando Especial Núm. 13-2021, pertinente al

proceso de movilidad de los empleados de la AEE y que no existe

otro remedio adecuado y eficaz en ley que atienda su reclamo.

Finalmente, la señora González Santiago solicitó al foro primario que

expidiera auto de mandamus y ordenara a la OATRH y a la CFSE a

cumplir con su deber ministerial de colocarla en el puesto

correspondiente de acuerdo con lo que establece el Memorando

Especial Núm. 13-2021 emitido por la OATRH. La apelante solicitó,

además, al TPI que ordenara la devolución de los días cargados a su

licencia de vacaciones, toda vez que la unión estuvo en huelga y los

días le fueron descontados. Al respecto, esta razonó, que de

1
 Véase Apéndice VII de la Apelación, anejado a la Moción Informativa en
Cumplimiento de Orden, Sometiendo Apéndice Adicional.
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encontrase bien clasificada en un puesto gerencial no hubiera

ocurrido dicho descuento.

         En respuesta, el 11 de septiembre de 2023, la CFSE presentó

Moción de Desestimación ante el foro primario.2 Allí expuso que en

estricto cumplimiento con el Memorando Especial Núm. 13-2021, la

CFSE figura como la agencia receptora de la movilidad de la apelante

y que de conformidad con el Memorando Especial Núm. 13-2021 es

la OATRH la agencia que por disposición de ley analiza los aspectos

distintivos correspondientes a las especificaciones de clase, para

determinar aquellas clases de puestos en los cuales pueden ser

reubicados estos empleados. Destacó además, la CFSE, que según

dispone el referido memorando, la OATRH es quien tiene la función

de enviar una comunicación a la agencia receptora indicándole los

candidatos que serán ubicados en su entidad de conformidad con

este y los requisitos reglamentarios aprobados por la OATRH al

amparo de la Ley Núm. 8-2017.3 Asimismo, arguyó la CFSE que de

conformidad con la Ley Núm. 8-2017, en caso de que el empleado

estuviera en desacuerdo, éste podría presentar su reclamación ante

la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) al ser este el foro

con jurisdicción primaria para atender el reclamo de la apelante en

el término de treinta días. Finalmente, la CFSE puntualizó que

establecido lo anterior, la movilidad involuntaria de la apelante

proveía un remedio para su impugnación al amparo de la Ley Núm.

8-2017.

         En igual fecha, el ELA presentó Moción de Desestimación.4 En

síntesis, el ELA sostiene que la apelante fue notificada de una acción

de movilidad mediante comunicación fechada 14 de mayo de 2021

y que no apeló ante la CASP dentro del término de treinta días

2
    Véase Apéndice VI de la Apelación, páginas 48-60.
3 Véase, además, el Memorando Especial Núm. 13-2021 emitido por la OATRH,

inciso D, Movilidad Involuntaria (3)(4)(5), a las páginas 84-89 del Apéndice de la
Apelación
4 Véase Apéndice IV de la Apelación, páginas 34-47
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dispuesto por ley para ello. Cónsono con lo anterior, el ELA señaló

que la Demanda de Mandamus presentada por la apelante no

justifica la concesión de un remedio al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.10.2. y que tampoco procedía

la expedición del mandamus solicitado por la señora González

Santiago pues esta no estableció la existencia de ningún deber

ministerial incumplido, además, de que la apelante tenía un remedio

en ley para atender su reclamo que no utilizó.

         En desacuerdo, el 3 de octubre de 2023, la apelante presentó

Moción en Oposición a Mociones de Desestimación, ante el foro

primario.5 En síntesis, la señora González Santiago arguyó que

procedía la expedición del auto de mandamus toda vez que tanto la

CFSE como el ELA debían colocarla o reclasificar su puesto en uno

gerencial exento con el resarcimiento de días de vacaciones, costas

y honorarios allí solicitados.

         Mediante Sentencia emitida y notificada el 31 de octubre de

2023, el foro primario desestimó el recurso de mandamus

presentado por la apelante. Razonó el TPI que la señora González

Santiago tenía un remedio adecuado en ley para atender su reclamo

que no utilizó en su debido momento que consistía en apelar ante la

CASP.

         El 14 de noviembre de 2023, la señora González Santiago

presentó Moción en Solicitud de Determinaciones de Hechos,

Conclusiones de Derecho y Reconsideración, y en esa fecha su

solicitud fue declarada No Ha Lugar por el foro primario.

         Inconforme, la señora González Santiago presentó el recurso

de epígrafe el 14 de diciembre de 2023 y señala la comisión de los

siguientes errores por parte el foro primario:

                 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
                 AL DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO UN
                 PLEITO DE MANERA SUMARIA EN EL QUE
                 EXISTE UNA CONTROVERSIA REAL DE

5
    Véase Apéndice V de la Apelación, páginas 61-80.
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            HECHOS, ESPECÍFICAMENTE SI LA
            APELANTE FUE INDUCIDA A ERROR POR LA
            PARTE DEMANDADA AL DARLE UNA TARJETA
            DE IDENTIFICACIÓN CON LA G DE
            GERENCIAL Y AL HABERLA CONVOCADO A
            REPORTARSE A SU LUGAR DE EMPLEO
            CUARENTA Y TRES DÍAS (43) DESPUÉS DE LA
            FECHA DE NOTIFICACIÓN DE MOVILIDAD.

            ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
            AL DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO UN
            PLEITO DE MANERA SUMARIA EN EL QUE
            EXISTE UNA CONTROVERSIA REAL DE
            DERECHO,    ESPECÍFICAMENTE   SI   LA
            NOTIFICACIÓN DE MOVILIDAD DEFECTUOSA
            POR NO INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DEL
            PUESTO AL QUE ESTABA SIENDO MOVIDA EN
            CUANTO A SI EL MISMO ERA EXENTO O NO
            EXENTO.

      Mediante Resolución de 9 de enero de 2024, concedimos a

la apelante un término de tres (3) días para acreditar la notificación

de la Apelación foro primario y concedimos al ELA un término de

veinte días para presentar su alegato en oposición a la Apelación

presentada por la señora González Santiago.

      El 11 de enero de 2024, la apelante compareció ante nos

mediante Moción Informativa en Cumplimiento de Orden a la que

anejó copia de la Moción al Expediente Judicial presentada ante

el TPI con copia de la carátula de la Apelación presentada ante este

Tribunal de Apelaciones. De dicha moción ni de su anejo puede

apreciarse ni corroborarse la fecha de la notificación de la Apelación

al foro primario.

      Sin embargo, de los registros de SUMAC surge que conforme

a la Entrada Núm. 32, la aludida Moción al Expediente Judicial en la

que se notifica al foro primario la presentación del recurso de

epígrafe, fue presentada por la apelante ante el TPI, el 10 de enero

de 2024. En su Moción Informativa en Cumplimiento de Orden

presentada ante nosotros el 11 de enero de 2024, la apelante no

aduce justa causa para la demora en el cumplimiento del término

de cumplimiento estricto de setenta y dos (72) horas que provee la

Regla 14 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B.
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      Por su parte, el ELA compareció ante nos hoy 29 de enero

de2024, mediante Solicitud de Desestimación. En ajustada

síntesis, el ELA sostiene que no surge ni de la Moción al Expediente

Judicial ni de SUMAC que la apelante hubiera notificado al TPI con

copia de la cubierta del escrito de apelación sellada con la fecha y

hora de presentación, dentro del término dispuesto por la Regla 14

(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

                               II.

      La Regla 14(B) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones

4 LPRA Ap. XXII-B, R.14(B) regula todo lo relacionado a la manera

en que se debe presentar una apelación civil. En lo referente a la

notificación al TPI sobre la presentación de una Apelación, la citada

regla dispone lo siguiente:

          (B) De presentarse el original del recurso de
          apelación en la Secretaría del Tribunal de
          Apelaciones junto con el arancel correspondiente,
          la parte apelante deberá notificar la cubierta o
          primera página del escrito de apelación
          debidamente sellada con la fecha y hora de
          presentación, a la Secretaría de la sede del
          Tribunal de Primera Instancia que haya dictado
          la sentencia apelada, dentro de las setenta y
          dos (72) horas siguientes a la presentación del
          escrito de apelación. Este término será de
          cumplimiento estricto. (Énfasis suplido).

      Para que un Tribunal pueda prorrogar un término de

cumplimiento estricto es necesario que la parte justifique su

incumplimiento por haber mediado justa causa. De no acreditarse

justa causa, el Tribunal no tiene discreción para prorrogar el

término en cuestión. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564

(2000).

      En Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013), el

Tribunal Supremo reiteró la importancia del cumplimiento con la

notificación al Tribunal de Primera Instancia de la cubierta o

primera página del escrito dentro del término de cumplimiento

estricto, conforme lo dispuesto por la Regla 14(B) del Reglamento del
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Tribunal de Apelaciones.6 En esa ocasión, nuestro más Alto Foro

elaboró sobre la obligación del apelante, recurrente o peticionario de

acreditar con razones válidas cualquier desviación de dicha regla.

En particular, expresó que “[l]a parte que actúa tardíamente debe

hacer     constar    las   circunstancias   específicas   que   ameriten

reconocerse como justa causa para prorrogar un término de

cumplimiento estricto”. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, a la

pág.92.

        Si la parte no acredita dichas circunstancias, un tribunal no

tiene discreción para prorrogar el término y, por tanto, no puede

considerar el recurso. No bastan meras vaguedades, excusas

genéricas sin detalles, ni planteamientos estereotipados para

satisfacer este requisito de mostrar justa causa. 7 “[S]in justa causa

el incumplimiento con un término de cumplimiento estricto no se

puede ‘subsanar’”.8

                                     III.

        La apelación ante nuestra consideración fue presentada el 14

de diciembre de 2023. Conforme a la Regla 14(B) de nuestro

Reglamento, supra, la apelante contaba con setenta y dos (72) horas

a partir de dicho momento para notificar la cubierta o la primera

página de su escrito -debidamente sellada con la fecha de

presentación - a la Secretaría del TPI que emitió el dictamen apelado.

Dicho término reglamentario vencía el martes 19 de diciembre de

2023. Sin embargo, no surge de SUMAC ni de la Moción Informativa

en Cumplimiento de Orden presentada ante nosotros el 11 de enero

de 2024, que la apelante hubiera notificado al foro primario con

copia de la cubierta del escrito de apelación sellada con la fecha y la

hora de presentación, dentro de dicho término.

6 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.
7 Id., pág. 93.
8 Id., pág. 96.
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      Sobre esos extremos emitimos Resolución el 9 de enero de

2024, dirigida a que la apelante acreditara el cumplimiento con la

Regla 14 (B), supra, sin que ello ocurriera. Solo pudimos constatar

a través de la Entrada Núm. 32 de SUMAC que el 10 de enero de

2024, la apelante presentó ante el TPI Moción al Expediente Judicial

en la que notificó al foro primario de la presentación de su apelación

ante este Tribunal de Apelaciones el 14 de diciembre de 2024. La

apelante tampoco esta adujo justa causa para la demora.

      Así las cosas, correspondía a la apelante justificarnos dicho

incumplimiento con el término para notificar la presentación de su

recurso al foro primario, de manera que estuviésemos en posición

de   eximirle   del     cumplimiento        estricto    de     este   requisito

reglamentario. Reiteramos que, al día de hoy, la apelante ha omitido

cumplir con lo anterior ni ha acreditado el cumplimiento con la

Regla 14 (B).

      Los   litigantes,      deben   cumplir      con    las    disposiciones

reglamentarias establecidas para la presentación de los recursos.

Es obligación de las partes presentar los escritos que nos permitan

acreditar nuestra jurisdicción e identificar y evaluar cuál es el

señalamiento    que     se    trae   ante    nuestra     consideración.     El

incumplimiento        con    estos   requisitos        puede     acarrear    la

desestimación del recurso. Véase, Regla 83 (C) de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C).

      Asimismo, es norma reiterada que los tribunales debemos ser

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el

deber ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a

cualesquiera otros. Esto es así porque la falta de jurisdicción no es

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las

partes conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et al v. R.F.

Mortgage, 182 DPR 86 (2011), Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins.
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Co., 155 DPR 309 (2001); Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153

DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).

      A la luz del derecho antes expresado y ante las faltas antes

reseñadas, resulta forzoso concluir que estamos impedidos de

atender el recurso de epígrafe por lo que procede su desestimación

por falta de jurisdicción, por incumplimiento con la Regla 14 (B), de

nuestro Reglamento.

                               IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales

hacemos formar parte de esta Sentencia, desestimamos el recurso

presentado por la apelante por falta de jurisdicción.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones