Court Opinion

ID: 9916092
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:20:51.456768+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:51.937283
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

DUI, Inc.                                  CERTIORARI
                                           procedente del
       Recurrido                           Tribunal de Primera
                                           Instancia, Sala
            vs.                            Superior de
                            KLCE2023001154 Guayama
Mary Flores Morales;
Banco Popular de P.R.;                         Civil Núm.:
Oriental Bank and                              GM2022CV00487
Trust; Compañía de
Seguros ABC                                    Sobre: Daños y
                                               Perjuicios, Daños por
      Peticionarios                            Incumplimiento
                                               Contractual

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria, Oriental Bank and Trust

(en adelante, “Oriental”) para solicitarnos que se revoque la

“Resolución” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Guayama el 8 de agosto de 2023 y notificada el 9 de

igual mes y año. Mediante dicha “Resolución”, se declara No Ha

Lugar la Moción de Desestimación.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

confirma    mediante     los   fundamentos    que   expondremos    a

continuación.

                                   I.

      El 7 de julio de 2022, DUI, Inc. (en adelante, “DUI”) presentó

una demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios

contra Mary Flores Morales (en adelante, Sra. Flores Morales),

BPPR, Oriental Bank & Trust (en adelante, “Oriental”) y Compañía

Número Identificador

SEN2023 ___________
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de Seguros ABC. En dicha demanda alegó que, el 20 de junio de

2012, suscribió con BPPR un suplemento al “Contrato de Cuentas

de Depósitos Comerciales” titulado “Disposiciones Especiales para

Originadores de Transferencias ACH” para integrar el servicio de

transacciones electrónicas a la empresa conocido como “Cámara

de compensación de Transacciones” o “Automative Clearing House”

(en adelante, “ACH”). Arguyó que, en septiembre de 2014,

enmendaron este acuerdo para incluir a la Sra. Flores Morales

como usuaria del sistema ACH, quien había comenzado a trabajar

como empleada de DUI en el área de contabilidad en ese mismo

año.

       Señaló que, la Sra. Flores Morales emitió pagos a través de

este sistema y los dirigió a sus cuentas bancarias personales con

BPPR y Oriental. Que el modus operandi de la Sra. Flores Morales

consistía en que: (1) sustituía en el archivo de ACH el número de

cuenta bancaria de los beneficiarios que recibirían el pago con sus

números de cuentas bancarias personales, (2) emitía el pago del

suplidor, empleado o agencia a su cuenta personal y (3) por último,

volvía al archivo del sistema y removía su número de cuenta

colocando nuevamente el del beneficiario. Que, como parte de su

esquema, utilizó dos cuentas personales con BPRR y tres cuentas

de Oriental. DUI manifestó que la Sra. Flores Morales realizó 58

transacciones electrónicas desviando a sus cuentas personales con

Oriental la cantidad de $107,88.97. Que la Sra. Flores Morales

realizó varias transacciones fraudulentas a través del terminal de

computadoras de la sucursal de BPPR ubicada en el municipio de

Caguas.

       En la Demanda se alega que, a finales del 2018, el Ing.

Carlos Bonilla Colón presentó una querella ante la Policía de

Puerto Rico y que posteriormente, presentó otra querella ante la

oficina del “Federal Bureau of Investigation” (en adelante, “FBI”).
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El 4 de diciembre de 2019, el FBI presentó una acusación contra la

Sra. Flores Morales por fraude bancario y una alegación de

confiscación. El 12 de agosto de 2021, la Sra. Flores Morales

suscribió un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal, en la

cual admitió haber apropiado ilegalmente la suma de $651,953.42

de fondos propiedad de DUI. La apropiación ilegal de fondos

ocurrió desde septiembre 2014 hasta el 16 de noviembre de 2018.

      Por último, DUI aseveró que: (1) Oriental conoce a la Sra.

Flores Morales, toda vez que es su cliente, (2) la Sra. Flores

Morales desvió fondos de DUI del sistema ACH a las cuentas

bancarias personales con Oriental (3) BPPR y Oriental recibieron

transferencia de fondos dirigidas a pagar al Secretario de Hacienda

y la Compañía de Fomento Industrial (en adelante, “PRIDCO”), las

cuales depositaron en las cuentas personales de la Sra. Flores

Morales, (4) ambos bancos cooperaron en el esquema de robo y (5)

la apropiación ilegal de fondos apoyada por BPPR y Oriental afectó

sustancialmente la liquidez de DUI. Es importante resaltar que,

todas estas alegaciones se encuentran en la introducción de la

demanda.

      El 12 de septiembre de 2022, Oriental presentó una Moción

de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, en donde alegó que: (1) la Demanda

no constituye un buen ejemplo de redacción ni precisión en sus

alegaciones fácticas, (2) DUI no identifica contra qué demandados

ha presentado qué causa de acción, (3) de la Demanda no se

desprende actuación alguna dirigida a imputarle responsabilidad a

Oriental, (4) Oriental no es parte del contrato entre BPPR y DUI,

por lo que la causa de acción por incumplimiento contractual es

improcedente, (5) la única referencia a Oriental existente en la

Demanda es que los fondos de DUI fueron depositados en cuentas

en Oriental que mantenía la Sra. Flores Morales (6) DUI no es
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cliente de Oriental y (7) que Oriental como banco del beneficiario,

podía descansar en el número de cuenta o identificación apropiada

del beneficiario de la orden y que no tenía la obligación de

corroborar que el nombre y el número se referían a la misma

persona.

      Posteriormente, el 29 de octubre de 2022, DUI presentó su

Oposición a la Moción de Desestimación de Oriental. Indicó que:

(1) el volumen de transacciones fraudulentas en este caso no tiene

precedentes judiciales en Puerto Rico, ni en los Estados Unidos, ya

que se trata de 532 transacciones, (2) Oriental permitió el esquema

fraudulento por espacio de más de cuatro años, (3) Oriental

depositó   la   cantidad   de   $319,092.82   de   los   $651,952.42

apropiados ilegalmente en las cuentas personales de la Sra. Flores

Morales, y (4) la Sra. Flores Morales desvió a sus cuentas de

Oriental la suma de $107,887.95, que eran para pagar al

Secretario de Hacienda y a PRIDCO. También arguyó que, los

números de cuentas bancarias de las agencias gubernamentales

son distintos a los números de cuentas personales y comerciales,

por lo que, Oriental no puede evadir su responsabilidad. Señaló

que, Oriental no ha implementado procedimientos de seguridad

comercialmente razonables para proteger los fondos. Por último,

esbozó que durante los cuatro años en que ocurrió la apropiación

ilegal, Oriental no detectó el fraude bancario, ni congeló las

cuentas de la Sra. Flores Morales.

      El 7 de noviembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una orden mediante la cual señaló una vista para discutir la

Moción de Desestimación por video conferencia. Así las cosas, el 9

de noviembre de 2022, Oriental presentó su Réplica a la Oposición

radicada por DUI, en la cual alegó que, es una víctima más del

esquema delictivo de la Sra. Flores Morales y que de los hechos

alegados en la demanda no surge acto u omisión negligente de
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Oriental. El 27 de enero de 2023, DUI presentó su Dúplica a la

“Réplica a la Oposición de la Demandante a la Moción de

Desestimación Presentada por Oriental”.         Asimismo, Oriental

radicó oportunamente su respuesta a esta moción.

      Posteriormente, el BPPR presentó una Moción Informativa

mediante la cual comunicó que, el Tribunal Federal emitió una

Sentencia Enmendada en el caso de U.S. v. Mary Flores-Morales

condenando a la Sra. Flores Morales a una pena de reclusión de 27

meses y una pena de restitución a favor de DUI por la suma de $

651,952.42. El 31 de mayo de 2023 se celebró una vista

argumentativa donde ambas partes tuvieron la oportunidad de

expresar su posición sobre la Moción de Desestimación.

      Inconforme    con   lo   anteriormente   resuelto,   la     parte

peticionaria acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe,

en el que señaló los siguientes errores:

      Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      negarse a desestimar la demanda en lo que al
      codemandado Oriental respecta cuando -de acuerdo con
      la Regla 8.2 de Procedimiento Civil- no existe ni un solo
      hecho bien alegado y numerado que justifique la
      concesión de un remedio en contra de Oriental.
      Segundo error: En la alternativa, y mas allá del
      incumplimiento de la parte demandnte con la Regla 8.2
      de Procedimiento Civil, erró el Tribunal de Primera
      Instancia al no desestimar la demanda cuando, en
      contravención con la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, el
      demandante     no    logró   exponer    detalladamente
      alegaciones de fraude que pudieran dar paso a un
      remedio en contra de Oriental.
      Tercer error: En la alternativa, y más allá del
      incumplimiento de la parte demandante con la Regla
      8.2 y la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, erró el
      Tribunal de Primera Instancia al negarse a desestimar
      la demanda cuando en este caso no existen alegaciones
      que apunten hacia la configuración de los elementos
      indispensables de una causa de acción de daños y
      perjuicios en contra de Oriental.
      Cuarto error: En la alternativa y mas allá del
      incumplimiento de la parte demandante con la Regla
      8.2 y la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, erró el
      Tribunal de Primera Instancia al negarse a desestimar
      la demanda cuando el inciso (B) (I) de la Sección 4-207
      de la Ley de Transacciones Comerciales veda el reclamo
      generalizado interpuesto en contra de Oriental.
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                                   II.

                                   A.

        La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que un

demandado solicite la desestimación de la causa de acción en su

contra, antes de contestarla, si de las alegaciones de la demanda

surge     claramente   que   alguna      de   las   defensas   afirmativas

prosperará. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043,

1065 (2020).

        La precitada regla dispone lo siguiente:

        Toda defensa de hechos o de derecho contra una
        reclamación se expondrá en la alegación responsiva
        excepto que, a opción de la parte que alega, las
        siguientes defensas pueden hacerse mediante una
        moción debidamente fundamentada: (1) falta de
        jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción
        sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento;
        (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
        (5) dejar de exponer una reclamación que
        justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de
        acumular una parte indispensable. (Énfasis provisto.)

        Al evaluar una moción de desestimación, los tribunales

están obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien

alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma más

favorable a la parte demandante.         López García v. López García,

200 DPR 50, 73 (2018).        Esta doctrina solo es aplicable a los

hechos que, de su faz, no dan margen a dudas. First Fed. Savs v.

Asoc. De Condómines, 114 DPR 426, 432 (1983). El tribunal

también dará por admitidas las inferencias que surjan de los

hechos.     Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 105 (2002).

Las admisiones se tomarán en consideración únicamente para

propósitos de resolver la moción de desestimación. Id. pág. 103.

Por consiguiente, el demandado deberá probar que el demandante

no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la

demanda de la forma más liberal. López Garcia, supra., pág. 70.

        Para que una demanda no sea desestimada, es necesario

que las alegaciones incluyan información suficiente sobre hechos
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que resulten plausibles. Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662, 678 (2009).

Un reclamo es plausible cuando el demandante alega hechos

fácticos que permiten al tribunal razonablemente inferir que el

demandado es responsable de los daños alegados. Id. Solicitar

motivos plausibles no impone un requisito de probabilidad en

etapas tempranas del caso, solo requiere la inclusión de hechos

suficientes que generen una expectativa razonable de que el

descubrimiento de prueba revelará evidencia relacionada con la

causa de acción. Bell Atlantic Corp v. Twombly, 550 US 544, 545

(2007).

       En el caso de Ashcroft v. Igbal, la Corte Suprema de los

Estados Unidos explicó que para evaluar si las alegaciones en una

demanda    son   factibles   y   no   meramente   especulativas,   los

tribunales deben llevar a cabo un análisis contextual de dos

etapas. Ashcroft v. Igbal, 556 US 662, 678 (2009). En la primera

etapa se requiere considerar como ciertos los hechos en la

demanda con excepción de las alegaciones concluyentes, las

conclusiones de derecho y los hechos genéricos. Id. La segunda

etapa consiste en determinar si con base en las alegaciones bien

fundamentadas en la demanda, el demandante ha establecido una

reclamación que merece la concesión de un remedio. Id. pág. 679.

El tribunal decidirá si en vista de todas las circunstancias del

caso, el demandante ha presentado una reclamación factible o si la

causa de acción debe ser desestimada. Id.

      Por otra parte, la Regla 8.2 de Procedimiento Civil, 2 LPRA

Ap. V, R. 8.2, establece lo siguiente:

      Todas las aseveraciones de reclamaciones o de
      defensas se expondrán en párrafos numerados,
      limitándose el contenido de cada párrafo, en cuanto sea
      posible, a un solo conjunto de circunstancias, pudiendo
      hacerse referencia a cualquier párrafo por su número en
      todas las alegaciones subsiguientes. Cada reclamación
      basada en un acto, una omisión o un evento
      independiente, y cada defensa que no constituya una
      mera negación, se hará constar como una reclamación o
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           defensa separada, siempre que la separación facilite
           una formulación más clara de los asuntos expuestos.
           (Énfasis Suplido.)

                                                   B.

           La Regla 7.2 de Procedimiento Civil, 2 LPRA Ap. V, R. 7.2,

aborda lo relacionado con la suficiencia de las alegaciones al

imputar fraude error o un estado mental específico.                                La aludida

regla establece lo siguiente:

           En todas las aseveraciones de fraude o error, las
           circunstancias que constituyen el fraude o error
           deberán exponerse detalladamente. La malicia, la
           intención, el conocimiento y cualquier otra actitud o
           estado mental de una persona puede aseverarse en
           términos generales. (Énfasis Nuestro).

           Nuestro         Tribunal          Supremo           ha      señalado     que   las

aseveraciones relacionadas con fraude o error se consideran

materias especiales, las cuales deben detallarse minuciosamente

en las alegaciones. Carpet & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615,

641 (2009). No solo se requiere alegar de manera afirmativa el

fraude, sino también detallar específicamente las circunstancias

que lo constituyen. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680,

690-691 (1979). Simples conclusiones, conjeturas y suposiciones o

sospechas no son por sí solas suficientes para sustanciar una

alegación de fraude. Serrano v. Torres, 61 DPR 162, 166 (1942).

La parte que alegue comisión de fraude debe traer prueba sólida,

clara y convincente. Id.

                                                   C.

           Nuestro ordenamiento dispone que, el que por acción u

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está

obligado a reparar el daño que ha causado.1 31 LPRA § 5141. La

presencia de los siguientes elementos es indispensable para que

exista responsabilidad: (1) un daño, (2) una acción u omisión

negligente y (3) la relación causal entre el daño y la conducta

1
    Se cita el Código Civil derogado por ser el aplicable a los hechos del caso.
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culposa o negligente. Toro Aponte v. E.L.A, 142 DPR 464, 473

(1997). El concepto de culpa es tan extenso y abarcador como la

variedad de comportamientos humanos. Reyes v. Sucn. Sánchez

Soto, 98 DPR 305, 310 (1970). La culpa o negligencia implica la

ausencia del debido cuidado, que se manifiesta en la falta de

previsión de las consecuencias lógicas de un acto o de la omisión,

que una persona prudente habría anticipado en circunstancias

similares. Toro Aponte v. E.L.A., supra. a la pág. 473. Por último,

una omisión genera responsabilidad civil si: (1) existe un deber

jurídico de actuar por parte del supuesto causante del daño y (2) si

llevar cabo la acción omitida habría evitado el daño. Id. a la pág.

474.; Arroyo López v. E.L.A., 126 DPR 682 (1990).

                                 D.

      En Puerto Rico, la Ley Núm. 208-1995, según enmendada,

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales es una

legislación especial, que reglamenta, entre otros, los cobros

bancarios y las transferencias de fondos.        Específicamente, el

inciso (b) de la Sección 4-207, 19 LPRA § 1057, dispone lo

siguiente:

      […] (b) Si una orden de pago recibida por el banco del
      beneficiario identifica al beneficiario tanto por nombre
      como por un número de identificación o de cuenta que
      identifique a personas diferentes, aplicarán las reglas
      siguientes:

      (1) Salvo según de otra forma se dispone en la
          subsección (c), si el banco del beneficiario no sabe
          que el nombre y número se refieren a personas
          diferentes, podrá descansar en el número como la
          identificación apropiada del beneficiario de la orden.
          El banco del beneficiario no tendrá la obligación de
          determinar si el nombre y el número se refieren a la
          misma persona.

      (2) Si el banco del beneficiario le paga a la
          persona identificada por nombre o sabe que el
          nombre y número identifican a personas
          diferentes, ninguna persona tendrá derechos
          como beneficiario excepto la persona a quien pagó
          el banco del beneficiario, si esa persona tenía
          derecho a recibir pago de parte del originador de la
          transferencia de fondos. Si ninguna persona tiene
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         derechos como beneficiario, la aceptación de la orden
         no podrá ocurrir. (Énfasis Suplido).

                                 III.

      En el presente caso, la parte peticionaria nos solicita que

revoquemos la “Resolución” emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, en la que declara No Ha Lugar la Moción de

Desestimación.

      Los primeros tres errores están estrechamente relacionados,

por lo tanto, se abordarán de manera conjunta en la discusión. En

su escrito, Oriental argumenta que el Tribunal de Primera

Instancia erró al no desestimar la demanda, ya que: (1) no existe ni

un solo hecho bien alegado y numerado que justifique la concesión

de un remedio, (2) el demandante no logró exponer detalladamente

alegaciones de fraude que pudieran dar paso a un remedio en

contra de Oriental y (3) no existen alegaciones que apunten hacia

la configuración de los elementos indispensables de una causa de

acción de daños y perjuicios. No le asiste la razón.

      Los reclamos que el recurrido presenta contra Oriental se

encuentran en la introducción de la demanda. A pesar de la falta

de numeración en los reclamos, de una lectura integral de la

Demanda, podemos inferir que DUI tiene derecho a obtener un

remedio. Así pues, si asumimos que las alegaciones de la Demanda

son ciertas y las consideramos de la manera más favorable y

liberal para la parte demandante, existe una causa de acción

contra Oriental. Dicho de otro modo, la Demanda incluye hechos

suficientes que generan una expectativa razonable de que el

recurrido ha sufrido un daño debido a la omisión de la parte

peticionaria y que existe una relación causal entre el daño y la

conducta negligente. No nos encontramos frente a alegaciones que

sean simplemente una posibilidad especulativa.         En síntesis, se

satisface el estándar mínimo de suficiencia y plausibilidad que
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exige nuestro ordenamiento y a su vez, se configuran los elementos

indispensables de una causa de acción de daños y perjuicios en

contra de Oriental.

      Por otra parte, la regla 7.2 de Procedimiento Civil, supra,

exige que las aseveraciones de fraude, se expongan detalladamente

en la Demanda. No obstante, esta regla no es aplicable a los

hechos de nuestro caso. Esto es así, ya que DUI no está alegando

que Oriental cometió fraude, si no que, por su omisión en tomar

medidas de precaución, le ocasionó daños y perjuicios al no evitar

que la Sra. Flores Morales se apropiara ilegalmente del dinero.

      Como último señalamiento de error, Oriental plantea que, el

Tribunal de Primera Instancia erró al no desestimar la Demanda

cuando la Ley de Transacciones Comerciales, supra, veda el

reclamo generalizado en contra de Oriental. Conforme a esta ley, si

la entidad bancaria del beneficiario no sabe que el nombre y

número se refieren a personas distintas, no está obligada a

verificar si estos coindicen con la misma persona.      En cambio,

cuando el banco del beneficiario sabe que el nombre y número

identifican a personas diferentes, nadie tendrá derechos como

beneficiario, a excepción de la persona a la que el banco del

beneficiario hizo el pago.

      Surge del expediente del caso que, la Sra. Flores Morales

utilizó tres cuentas bancarias de Oriental para apropiarse de la

cantidad de $107,887.95 mediante 58 transacciones electrónicas

ilegales. Este dinero le correspondía al Secretario de Hacienda y a

PRIDCO. Oriental estaba informado de que los números de cuentas

de la Sra. Flores Morales, del Departamento de Hacienda y de

PRIDCO tienen clasificaciones distintas. La primera corresponde a

cuentas personales y las demás a cuentas institucionales. Así

pues, dicho argumento no procede, ya que la parte peticionaria no
KLCE202301154                                                       12

podía descansar en el número como la identificación apropiada del

beneficiario de la orden.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos

formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de certiorari y

confirmamos la “Resolución” emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Guayama a los fines de declarar No Ha

Lugar la Moción de Desestimación.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones