Court Opinion

ID: 9896828
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:00.345632+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:17.598961
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL III

     MARIEL ACEVEDO RAMIREZ                              Apelación
                                                         procedente del
            Apelante                                     Tribunal de
                                                         Primera
                                                         Instancia, Sala
                 v.                     KLAN202300834    de Mayagüez

                                                         Civil Núm.:
       ADAM LUGO ROSARIO                                 MZ2022RF00507

               Apelado                                   Sobre:
                                                         Alimentos-
                                                         Menores de edad

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de octubre de 2023.

         Comparece       la    señora    Mariel   Acevedo   Ramírez,   en

 adelante la señora Acevedo o la apelante, y solicita

 que revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal de

 Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI.

 Mediante la misma,             el TPI        acogió un informe de la

 Examinadora de Pensiones Alimentarias, en adelante la

 EPA, que en ausencia de la apelante, estableció la

 pensión alimentaria final para los menores procreados

 entre las partes.

         Por      los         fundamentos        que    expondremos      a

 continuación, se confirma la sentencia apelada.

                                        -I-

         La señora Acevedo presentó una Demanda para la

 fijación de una pensión alimentaria, contra el señor

 Adam Lugo Rosario, en adelante el señor Lugo o el

 apelado.1

 1   Apéndice de la apelante, págs. 1-2.

Número Identificador

SEN2023_________________
KLAN202300834                                                                     2

        En    su   Contestación        a    Demanda,          el   señor       Lugo

solicitó al TPI que transfiriera el caso a la EPA, y

que     acreditara       los     pagos      que       había    realizado          en

concepto de pensión alimentaria provisional.2

        Luego       de        examinar       el        informe           y       las

recomendaciones          de    la    EPA,   el    TPI    ordenó         al     señor

Lugo,        mediante      resolución,           el    pago        de     $171.92

semanales en concepto de pensión alimentaria.3

        Posteriormente,         la    EPA    celebró          la   vista        para

establecer         la    pensión      alimentaria        final          para     los

menores procreados por las partes. Este evento ocurrió

en ausencia de la señora Alvarado y de su abogado, el

Lcdo. Juan Carlos Toro Sepúlveda. Sobre el particular,

la EPA afirmó:

              En horas de la mañana, el Lcdo. Toro
        Sepúlveda se comunicó a la oficina de la
        suscribiente mediante llamada telefónica, para
        informar que se encontraba resolviendo una
        situación de salud de su esposa, por lo que
        entendía que no       podría conectarse a la
        videoconferencia. La secretaria, Sra. Segarra,
        le solicitó al Lcdo. Toro que se comunicara
        con la Lcda, [sic.] Sánchez para corroborar si
        la abogada estaba de acuerdo con reseñalar la
        vista. Sin embargo, al inicio de la vista a
        las 2:36 PM la Lcda. Sánchez informó que el
        Lcdo. Toro no se había comunicado con ella,
        pero que en conversaciones sostenidas con el
        abogado el día anterior, se hbaía [sic.]
        anticipado que las partes podían estipular la
        pensión alimentaria provisional como final. A
        esos efectos, la Lcda. Sánchez le solicitó al
        Lcdo. Toro la W-2 de la demandante para
        validar los ingresos declarados en la planilla
        PIPE, documento que no recibió. La Lcda.
        Sánchez también informó que la demandante
        nunca   contestó   un   interrogatorio que  le
        sometió desde el 14 de septiembre de 2022,
        hubo varias suspensiones y a pesar de que el
        Lcdo. Toro le había indicado ayer que se podía
        estipular la pensión final, hoy no compareció
        ni se comunicó con ella. Por ello, la Lcda.
        Sánchez    manifestó    su   oposición  a   la
        transferencia toda vez que sostuvo que la
        parte demandante no había sido responsable en
        el manejo de su reclamación.4

2 Id., págs. 3-4.
3 Id., págs. 5-8.
4 Id., págs. 9-12.
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       El    TPI    acogió       el    informe   de   la    EPA   y     dictó

sentencia fijando la pensión alimentaria final de los

menores.5

       Por         su      parte,           la    apelante        solicitó

reconsideración y el señalamiento de la vista final

para    la    fijación          de    una   pensión   alimentaria.6        En

síntesis, arguyó que la Sentencia emitida por el TPI

violentó su derecho constitucional al debido proceso

de ley.

       Posteriormente, el TPI declaró “no ha lugar” a la

solicitud     de        nueva    vista.     Además,   puntualizó:        “Las

solicitudes         de     transferencia         de   vista       por     las

circunstancias que sean se realizan al tribunal y no

se nos puso en posición de atender su solicitud”.7

       Insatisfecha con dicha determinación, la señora

Acevedo presentó un Recurso de Apelación en el que

alega que el TPI incurrió en los siguientes errores:

       ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA EN EL CASO DE
       ALIMENTOS, SIN LA PARTE DEMANDANTE HABER
       ESTADO PRESENTE EN LA VISTA FINAL DE FIJACIÓN
       DE ALIMENTOS, PRIVANDO ASÍ A DICHA PARTE DE SU
       DÍA EN CORTE, DEL DEBIDO PROCESO DE LEY, DE
       PRESENTAR PRUEBA A SU FAVOR Y CONFRONTAR LA
       PRUEBA DEL DEMANDADO EN LA VISTA FINAL DE
       FIJACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTARIA.

       ERRÓ LA EXAMINADORA DE PENSIONES DEL TPI AL, A
       PESAR DE HABER SIDO PREVIAMENTE NOTIFICADA
       SOBRE LOS MOTIVOS DE SALUD FAMILIAR QUE
       ATRAVESABA   EL   SUSCRIBIENTE,   PROCEDIÓ   A
       CELEBRAR LA VISTA DE FIJACIÓN DE ALIMENTOS Y
       AL DESFILE DE PRUEBA, SIN LA COMPARECENCIA DE
       LA PARTE DEMANDANTE, VIOLENTANDO ASÍ EL DEBIDO
       PROCESO DE LEY.

       Examinados         los        escritos    de   las    partes,       el

expediente y la prueba documental, estamos en posición

de resolver.

5 Id., págs. 13-16.
6 Id., págs. 18-22.
7 Id., pág. 23.
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                                      -II-

                                       A.

        En lo aquí pertinente, la Regla 6.6 de las de

Procedimiento Civil             delimita los       requisitos para la

concesión de una prórroga, a saber:

        Regla 6.6. Normas sobre prórrogas

        Toda solicitud de prórroga deberá acreditar la
        existencia de justa causa con explicaciones
        concretas debidamente fundamentadas. Cualquier
        solicitud de prórroga deberá presentarse antes
        de expirar el plazo cuya prórroga se solicita
        y hacerse conforme lo establece la Regla 68.2.
        El   término  de   la   prórroga  comenzará a
        transcurrir al día siguiente del vencimiento
        del plazo cuya prórroga se solicita. 8

        Así     pues,     los      tribunales        podrán       conceder

prórrogas siempre y cuando:

        se presenten dentro del término establecido en
        las reglas, vengan acompañadas de una adecuada
        justificación, el Tribunal determine que al
        concederla no se causará perjuicio a la otra
        parte o una indebida dilación a la pronta
        solución de la controversia y que su concesión
        sea necesaria para lograr la justa solución de
        la contienda judicial.9

        En esencia, subyace la aspiración de evitar la

prolongación indefinida de los pleitos10 y es por esta

razón,    que      “los   tribunales         de   instancia      tienen   la

labor     constitucional          e     indelegable        de     velar    y

garantizar       que      los     procedimientos       y      asuntos     se

ventilen sin demora”.11

                                       B.

        Por   su     parte,       la    Regla      68.2     de     las    de

Procedimiento Civil expone las condiciones en las que

procede prorrogar o reducir los términos. Veamos.

8  Regla 6.6 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).
(Énfasis suplido).
9 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed.,

San Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo II, págs. 428-429.
(Énfasis suplido).
10 Id., pág. 429.
11 Id., pág. 430.
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      Regla 68.2. Prórroga o reducción de términos

      Cuando por estas reglas, por una notificación
      dada en virtud de sus disposiciones o por una
      orden del tribunal se requiera o permita la
      realización de un acto en o dentro de un plazo
      especificado, el tribunal podrá, por justa
      causa, en cualquier momento y en el ejercicio
      de su discreción: (1) ordenar, previa moción o
      notificación, o sin ellas, que se prorrogue o
      acorte el termino si así́ se solicita antes de
      expirar el termino originalmente prescrito o
      según prorrogado por orden anterior, o (2)
      permitir, en virtud de moción presentada
      después    de   haber   expirado    el   plazo
      especificado, que el acto se realice si la
      omisión se debió a justa causa, pero no podrá́
      prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo
      las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1,
      47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2, salvo lo
      dispuesto en éstas bajo las condiciones en
      ellas prescritas.12

      Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha expresado que "Deberá demostrarse la existencia de

justa       causa         con      explicaciones                  concretas      y

particulares,         debidamente            evidenciadas,               que    le

permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora

ocurrió por alguna circunstancia especial razonable."13

      En    otras     palabras,        “solo          debe    concederse        una

prórroga cuando el juez, luego de un examen cuidadoso

de    las   explicaciones          concretas           que        demuestran    el

incumplimiento        y    de    la    evidencia            que    lo   sustenta,

queda    convencido        de    que    si       no    la    concede      estaría

incurriendo en una injusticia”.14

                                       C.

      Una     vez     el        abogado          o     abogada          asume   la

representación            legal,        cualquier             solicitud         de

suspensión o transferencia de vista en casos civiles

por     conflicto         de    calendario            deberá        presentarse,

conforme     a   lo       dispuesto         en       las     Reglas      para   la

12 Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).
13 Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729, 738-739 (2005).
14 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho

Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis (2017), sec.
1803, pág. 234. (Énfasis suplido)
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Administración del Tribunal de Primera Instancia del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a saber:

     REGLA 17. SUSPENSIONES Y TRANSFERENCIAS DE LAS
     VISTAS

     […]

     B. Cualquier   solicitud    de   suspensión   o
        transferencia de vista en casos civiles por
        conflicto de calendario deberá presentarse,
        con notificación a la otra parte, dentro de
        los quince (15) días siguientes a la
        notificación del señalamiento. Cuando medien
        circunstancias extraordinarias imprevisibles
        y fuera del control de las partes o de sus
        representantes legales, deberá solicitarse
        la suspensión en un término razonable.

     C. La   parte    que  con    anterioridad   a   la
        celebración de una vista presente una moción
        de suspensión, de transferencia de vista o
        de turno posterior, o una estipulación de
        suspensión, o que solicite verbalmente una
        suspensión el día de la vista, deberá
        someter junto con su solicitud no menos de
        tres   (3)    fechas   disponibles    para   la
        celebración de aquélla, luego de asegurarse
        de que estén comprendidas dentro del período
        para el cual el salón de sesiones en
        cuestión    esté  señalando    casos.   Deberá́
        certificar, además, que todas las partes
        tienen también disponibles esas fechas. Este
        señalamiento tendrá prioridad sobre otros.
        La parte promovente deberá presentar los
        aranceles de suspensión correspondientes,
        excepto    cuando    medie   estipulación    de
        suspensión, situación en la cual todas las
        partes cancelarán el arancel.

           […]15
                               D.

     Es      norma   firmemente      establecida      que    los

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia,

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa

15Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1999 (revisadas el 1
de agosto de 2009), Regla 17, pág. 22. (Énfasis suplido).
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evitará un perjuicio sustancial”.16 Por tal razón, el

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro

de   instancia        merece      nuestra             deferencia       salvo      que

incurra     en    algunas         de     las          conductas        previamente

mencionadas y si a la luz de la prueba admitida, “no

exista base suficiente que apoye su determinación”.17

Además,     dicho      foro       es    el        que      mejor      conoce      las

particularidades        del       caso       y        quien    está     en     mejor

posición     para      tomar          las     medidas          necesarias         que

permitan     cimentar        el       curso       a     trazar       para    llegar

eventualmente a una disposición final.18

                                       -III-

      La    apelante      aduce,            que       al      dictar     sentencia

conforme     a   las    recomendaciones                 de    la   EPA,      el   TPI

violentó su derecho al debido proceso de ley, la privó

de   su    día   en    corte      y    le     violentó         sus     derechos     a

presentar prueba a su favor, confrontar la prueba del

apelado y a que su reclamo se resuelva en los méritos.

Según alega, la vista ante la EPA se celebró en su

ausencia, a pesar de que horas antes, su representante

legal se comunicó con la EPA para excusarse. En su

opinión, el foro sentenciador abusó de su discreción

al así proceder.

      En    cambio,     el     apelado           estatuye       que     la   señora

Acevedo no se comunicó con la EPA, ni se conectó a

través de la plataforma virtual para participar de la

vista. Además, la representante legal del señor Lugo

alega, que aunque el Lcdo. Toro llamó horas antes para

excusarse de la vista, nunca se comunicó con ella para

16  SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 338
(2021); SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933
(2015).
17 Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020).
18 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013);

Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012).
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coordinar      nueva       fecha,    ni    radicó     escrito     alguno    a

través de SUMAC. Del mismo modo, arguye que el motivo

de   salud      familiar          que      impedía     al     Lcdo.      Toro

comparecer, no fue evidenciado. Cabe destacar que la

abogada del apelado alega que el día antes de la vista

se comunicó con el Lcdo. Toro y este le indicó que se

encontraba en una cita con su pareja, por lo que la

cita no fue el día de la vista, como este le indicó a

la secretaria de la EPA.

        La forma atropellada en que la apelante solicitó

la prórroga contraviene las normas procesales básicas

sobre    la    materia       en     nuestro     ordenamiento       procesal

civil. Así pues, la solicitud se hizo el mismo día de

la videoconferencia, verbalmente y sin acreditar la

justa causa para la suspensión. Además, la apelante no

sometió tres fechas disponibles para la celebración de

la vista, no certificó que la parte adversa tenía las

fechas     seleccionadas          disponibles,        ni    presentó     los

aranceles     de     suspensión         correspondientes.         Bajo   este

cuadro procesal, no abusó de su discreción el TPI al

acoger el Informe de la EPA y declarar no ha lugar la

petición de señalamiento de nueva vista.

        Finalmente,         la    apelante      no    discutió      en   sus

méritos       los     presuntos          defectos      de    la     pensión

alimentaria         final    impuesta.         Así,   por    ejemplo,      no

aludió    a   prueba       alguna    que    fundamente       conceder     una

cuantía    mayor      en    concepto      de    pensión     alimentaria     u

otra prueba que favorezca su causa de acción. A esos

efectos conviene recordar, que la sola alegación de un

error, que no se discute o fundamenta, no debe ser
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motivo para revisar una decisión de un tribunal de

instancia.19

                                 -IV-

        Por los fundamentos antes expuestos, se confirma

la sentencia apelada.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

19   Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996).