Court Opinion

ID: 9962611
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:34:32.498458+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.814784
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL III

     JUAN R. GÓMEZ RIVERA                              Certiorari
                                                       procedente del
             Recurrida                                 Tribunal de
                                                       Primera Instancia,
                                                       Sala Superior de
                                                       Bayamón
                   v.              KLCE202400297
                                                       Caso núm.:
                                                       BY2024CV00255
     MAPEI CARIBE, INC.;
       ASEGURADORA ABC                                 Sobre:
                                                       Despido
        Peticionarios                                  Injustificado y
                                                       Represalias
                                                       (Procedimiento
                                                       sumario-Ley 2)

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                  RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

       Comparece MAPEI Caribe Inc., en adelante MAPEI o la

peticionaria,             quien    solicita     que        revoquemos    la

Resolución emitida el 29 de febrero de 2024 y notificada

el 1 de marzo del mismo año, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Bayamón, en adelante TPI. Mediante

esta, el foro recurrido declaró no ha lugar la moción de

desestimación presentada por la peticionaria.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del auto de Certiorari.

                                       -I-

       En     el    contexto      de   una   Querella      sobre   despido

injustificado y represalias (procedimiento sumario bajo

la     Ley    de        Procedimiento    Sumario      de    Reclamaciones

Laborales, en adelante Ley Núm. 2 de 17 de octubre de

1961), el señor Juan R. Gómez Rivera, en adelante el

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400297                                                                  2

señor Gómez o el recurrido, presentó tres causas de

acción     contra     MAPEI,      a    saber:      represalias,       despido

injustificado y cobro de comisiones no pagadas.1

        Por   su     parte,       la       peticionaria       presentó       una

solicitud      de    desestimación          en    la   que    adujo    que    la

notificación del emplazamiento fue insuficiente porque

no se hizo con el formulario “diseñado específicamente

para los procedimientos sumarios bajo la Ley Núm. 2,

supra”.2 Arguyó, además, que no se incluyó el término

correcto para presentar la alegación responsiva. En su

opinión,      este    error    en      el    emplazamiento       supone       el

incumplimiento de las Reglas de Procedimiento Civil y de

la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. Aunque presentó

su    alegación      responsiva        en     término,       opinó    que    los

errores       del     señor       Gómez          afectaron     su     derecho

constitucional al debido proceso de ley, porque de haber

contestado      la    Querella         en    el    término     erróneamente

indicado por el recurrido, “pudo haber visto frustrado

su derecho a ser considerado parte en el caso de autos,

toda vez que el tribunal no hubiese tenido discreción de

haberle impuesto la rebeldía automática”. En síntesis,

afirmó que la omisión de estos elementos esenciales en

el emplazamiento provocó que el foro primario careciera

de    jurisdicción        sobre       la    persona    de    MAPEI     y,    por

consiguiente,        la    nulidad          del    emplazamiento         y    la

desestimación de la Querella.

        De manera complementaria, la peticionaria presentó

una Moción Informativa y Anejos, en la que expuso, que

en el emplazamiento diligenciado se le apercibió de

presentar su alegación responsiva a través del Sistema

1   Apéndice de la peticionaria, págs. 3-6.
2   Id., págs. 25-39.
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Unificado de Manejo y Administración de Casos o en la

secretaría del tribunal, si la presentaba por derecho

propio; en cuyo caso, el emplazamiento le instruyó para

que   también   le     enviara      una   copia       de    la    alegación

responsiva a la abogada del recurrido e incluyó la

información contacto de aquella, a saber, su dirección

postal, su correo electrónico y número de teléfono; así

mismo, se le indicó que debía cumplir con lo anterior

“dentro de diez (10) días después de esta notificación,

si esta se hiciere en el distrito judicial que se

promueve la acción o de quince (15) días en los demás

casos”.3

      Además, MAPEI presentó una moción suplementaria a

la solicitud de desestimación, en la que insistió que el

emplazamiento     no    fue        notificado     a        través    de    un

representante de la compañía y que, por el contrario, se

hizo a través de una empleada de servicio al cliente sin

capacidad    representativa.4         Adujo   que,         de    haber    sido

diligente, el emplazador hubiera notado que la empleada

no era la persona apta para recibir el emplazamiento y

pudo haber optado por otra alternativa contemplada en la

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, como realizar la

notificación del emplazamiento en la residencia del

representante autorizado de la peticionaria.

      Posteriormente,         el     señor    Gómez         presentó        su

oposición a la moción de desestimación, mediante la cual

alegó que el emplazamiento cumplió a cabalidad con el

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre

de 1961.5 Destacó además, que MAPEI contestó la Querella

en término y, por lo tanto, el foro recurrido sí tenía

3 Id., págs. 40-48.
4 Id., págs. 49-56.
5 Id., págs. 57-66.
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jurisdicción sobre la peticionaria. Argumentó que la

ley, explícitamente, flexibiliza el emplazamiento al

patrono porque tiene el propósito de establecer un medio

“que ofrezca una probabilidad razonable de informarle al

demandado sobre la acción entablada en su contra”. Del

mismo modo, destacó que ni la Ley Núm. 2 de 17 de octubre

de      1961,       ni     la     jurisprudencia        exigen      que     el

emplazamiento se haga con el formulario OAT 1843 y que

el lenguaje en el emplazamiento utilizado es idéntico al

de     aquel.       En     su    opinión,      MAPEI    fue   debidamente

notificada y supo lo que debía hacer tras recibir el

emplazamiento,           al     extremo   de   contestar      la   Querella

dentro        del    término.       Finalmente,        destacó     que    “el

emplazamiento            [fue]    diligenciado     en   las    oficinas     y

predios de la peticionaria y se le entregó a una empleada

Representante de Servicio al Cliente”. Así pues, la

persona que recibió el emplazamiento, por su cercanía y

posición ocupada en la empresa, razonablemente podía

recibirlo y transmitirlo a sus superiores.

        Con    el   beneficio       de    la   comparecencia       de    ambas

partes, el TPI declaró no ha lugar la desestimación

presentada por MAPEI.6

        Insatisfecha, la peticionaria presentó una Petición

de Certiorari, en la que alegó que el TPI cometió los

siguientes errores:

        COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL
        PRIMARIO AL NO CONCEDER LA DESESTIMACIÓN DEL CASO
        POR DEFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN DE LA QUERELLA,
        DECLARÁNDOLA NO HA LUGAR Y DEJANDO DE ATENDER ESTE
        ASUNTO EN SUS MÉRITOS. ESTO, A PESAR DE QUE FUE EL
        8 DE FEBRERO DE 2024 QUE LA PETICIONARIA EXPUSO
        POR PRIMERA VEZ LA DEFICIENCIA EN LA NOTIFICACIÓN
        DE LA QUERELLA Y, POSTERIORMENTE, EL ERROR EN LA
        PERSONA MEDIANTE QUIEN SE DILIGENCIÓ COPIA DEL
        EMPLAZAMIENTO.

6   Id., págs. 1-2.
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      COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL
      PRIMARIO AL NO CONCEDER UNA VISTA EVIDENCIARIA
      PARA CONSIDERAR PRUEBA DOCUMENTAL Y TESTIFICAL
      SOBRE LOS MÉRITOS DE LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN
      Y MOCIÓN SUPLEMENTARIA DEL CASO. ELLO, MUY A PESAR
      DE   QUE   LA    PRESUNCIÓN   DE    CORRECCIÓN   DEL
      DILIGENCIAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA QUERELLA
      FUE IMPUGNADA MEDIANTE CERTIFICACIÓN EMITIDA POR
      MAPEI QUE DESCARTA QUE LA PERSONA SEÑALADA POR EL
      EMPLAZADOR    COMO    PERSONA    AUTORIZADA    FUERA
      REPRESENTANTE DEL PETICIONARIO, EN CONTRAVENCIÓN
      A LO DISPUESTO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
      RICO SOBRE EL DEBER DEL TRIBUNAL PRIMARIO DE
      REALIZAR LAS VISTAS EVIDENCIARIAS NECESARIAS PARA
      DILUCIDAR    LA    CORRECCIÓN     Y    VALIDEZ   DEL
      EMPLAZAMIENTO, Y SI LA PERSONA QUE RECIBIÓ LA
      NOTIFICACIÓN    TENÍA,   O    NO,    FACULTAD   PARA
      REPRESENTAR AL PATRONO, SEGÚN LO EXPUESTO EN
      LUCERO CUEVAS V. SAN LUCAS STAR, 159 DPR 494 (2003)
      Y DEMÁS JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA DE ESTA
      MATERIA.

      Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede “prescindir

de     términos        no         jurisdiccionales,         escritos,

notificaciones o procedimientos específicos … [ello] con

el   propósito    de   lograr       su   más   justo   y    eficiente

despacho…”. En consideración a lo anterior, eximimos a

la parte recurrida de presentar su alegato en oposición.

      Luego de evaluar el escrito de la peticionaria y

los documentos que obran en autos, estamos en posición

de resolver.

                                  -II-

                                   A.

      Como   cuestión       de     umbral,     la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional      de        las      resoluciones      u     órdenes

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia en los siguientes términos:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones
      u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia, solamente será expedido por
      el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
      una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
      este apéndice o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
      a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de
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      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,   asuntos    relativos   a
      privilegios    evidenciarios,    anotaciones   de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
      casos que revistan interés público o en cualquier
      otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia[…].7

                                1.

    Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio      determinar       si        procede      revisar    la

determinación interlocutoria recurrida.

      A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior.8 Distinto al recurso

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por   tratarse      de    ordinario    de   asuntos

interlocutorios.9 Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.10

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto
      de certiorari o de una orden de mostrar causa:

7 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
8 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023);
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
9 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,
supra, pág. 334.
10 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Municipio

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG Builders et
al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
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       A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
            son contrarios a derecho.

       B.   Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

       C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la
            prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

       D.   Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los
            cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
            elaborados.

       E.   Si la etapa del procedimiento en que se
            presenta el caso es la más propicia para su
            consideración.

       F.   Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa no causan un fraccionamiento
            indebido del pleito y una dilación indeseable
            en la solución final del litigio.

       G.   Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa evita un fracaso de la
            justicia.11

                                 B.

       La desestimación es un pronunciamiento judicial que

resuelve     el   pleito    de   forma   desfavorable    para    el

demandante sin celebrar un juicio en su fondo.12 Cónsono

con dicho propósito, la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil permite a un demandado presentar una moción antes

de presentar su contestación a la demanda, solicitando

que se desestime la misma.13 Específicamente, la Regla

10.2   reconoce    varios    supuestos    bajo   los    cuales   es

posible solicitar una desestimación, a saber:

       … (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2)
       falta de jurisdicción sobre la persona; (3)
       insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia
       del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar
       de exponer una reclamación que justifique la
       concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una
       parte indispensable.14

11 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; Municipio
v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
12 Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico

Derecho Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis (2017),
sec. 3901, pág. 411; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247
(2022).
13 Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305; 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra.
14 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

(Énfasis suplido).
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      “[A]l       resolver   una   solicitud    de   desestimación

fundamentada en que se deja de exponer una reclamación

que justifica la concesión de un remedio, los tribunales

están obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados

de manera clara y concluyente”.15 A su vez, los hechos

bien alegados, deberán ser considerados de la forma más

favorable     a    la   parte   demandante.16   En   consecuencia,

nuestro ordenamiento procesal civil permite al demandado

solicitar la desestimación de la reclamación cuando de

las alegaciones de la demanda es evidente que alguna de

las defensas afirmativas prosperará.17

      Finalmente, ante una solicitud de desestimación, el

tribunal deberá identificar los elementos que establecen

la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes

que no pueden presumirse como ciertas.18 Específicamente,

deberá evaluar “si a la luz de la situación más favorable

al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste,

la demanda es suficiente para constituir una reclamación

válida”.19 Así pues, para prevalecer, el demandado deberá

probar que el demandante no tiene derecho a remedio

alguno, aun interpretando la demanda de la manera más

liberal a su favor.20

15 Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., 2024 TSPR 13, __ DPR
__ (2024).
16 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); González

Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera
Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). Véase,
además, Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, 211 DPR 70, 84
(2023).
17 Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020); Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).
18 Véase, Hernández Colón, op. cit., sec. 2604, pág. 307; Ashcroft

v. Iqbal, 556 US 662 (2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US
544 (2007).
19 Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).

Véase, además, Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., supra.
20 López García v. López García, supra; SLG Sierra v. Rodríguez, 163

DPR 738, 746 (2005). Véase, además, Cobra Acquisitions, LLC v. Mun.
Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022).
KLCE202400297                                                         9

                                     C.

      La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, provee un

procedimiento sumario de reclamaciones laborales para la

rápida consideración y adjudicación de las querellas de

obreros y empleados contra sus patronos relacionadas a

salarios,     beneficios         y     derechos    laborales.21       La

naturaleza    sumaria      del       procedimiento       constituye   su

característica      esencial,          por    lo   que     tenemos    la

obligación de promover y exigir diligencia y prontitud

en   la   tramitación      de        las   reclamaciones     laborales

conforme al claro mandato legislativo.22

      En lo aquí pertinente, el modo de notificación de

la querella, su contestación y el trámite a seguir está

regulado por la Sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de

octubre de 1961, que dispone:

         El   alguacil   o    una   persona    particular
      diligenciará la notificación del secretario del
      tribunal al querellado. Si no se encontrare al
      querellado, se diligenciará la orden en la persona
      que en cualquier forma represente a dicho
      querellado en la fábrica, taller, establecimiento,
      finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio
      origen a la reclamación o en su oficina o
      residencia. Si el querellado no pudiere ser
      emplazado en la forma antes dispuesta se hará su
      citación de acuerdo con lo que dispongan las Reglas
      de Procedimiento Civil para esos casos.23

      De lo anterior se desprende que el estatuto provee

tres alternativas de emplazamiento para tres situaciones

distintas,    a   saber:    1)       cuando   es   posible    emplazar

personalmente al patrono querellado; 2) cuando no se

encuentre al patrono, en cuyo caso se diligenciará el

emplazamiento en cualquier persona que lo represente; y

21 Sec. 1 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3118; Vizcarrondo Morales
v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008).
22 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929; Lucero v. San

Juan Star, 159 DPR 494 (2003); Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc.,
135 DPR 737 (1994); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458
(1986); Díaz v. Miramar Corp., 103 DPR 314 (1975).
23 32 LPRA sec. 3120. (Énfasis suplido). Véase, además, Lucero v.

San Juan Star, supra.
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3) cuando no sea posible utilizar las dos opciones

anteriores, se puede emplazar conforme a lo dispuesto en

las Reglas de Procedimiento Civil.24

     Según    el     Tribunal            Supremo      de   Puerto      Rico,         en

adelante TSPR, hay dos componentes para el emplazamiento

del patrono cuando no puede ser emplazado personalmente,

a saber:

     …El primero de estos componentes se refiere al
     lugar donde se permitirá el emplazamiento. A tales
     efectos, dispone una amplia gama de lugares donde
     se podrá efectuarlo el mismo, a saber: en la
     fábrica, taller, establecimiento, finca, sitio en
     el que se realizó el trabajo que dio origen a la
     reclamación, oficina o residencia. El otro
     componente se refiere a la persona que podrá
     recibir el emplazamiento, de tal forma que éste
     constituya   notificación   suficiente   para   el
     patrono. A esos fines la ley dispone que se
     diligenciará la orden en la persona que en
     cualquier forma represente al querellado.25

     Tratándose la peticionaria de una corporación, la

característica       fundamental            de      la    persona     que       puede

recibir    un      emplazamiento                a     su     nombre       es         la

representatividad.           Es      decir,         dichos     representantes

“deben     estar        en         una      posición          de      suficiente

responsabilidad como para que una persona razonable

pueda presumir que le transmitirá o remitirá a sus

superiores cualquier emplazamiento o demanda”.26

     Así     pues,      lo     importante            al     emplazar        a        una

corporación mediante un representante es la naturaleza

de la relación entre el que recibe el emplazamiento y la

corporación. Para establecer lo anterior, es necesario

examinar   la   autoridad            de    la       persona    dentro         de     la

organización,      lo        que     se     determinará            “mediante         un

análisis de los hechos”.27

24 Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 509.
25  Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 510.                      (Énfasis     en    el
original.)
26 Id., pág. 513.
27 Id., pág. 514.
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     Al aplicar dicha normativa al contexto particular

de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, el TSPR

concluyó:

      …a pesar del carácter expedito y reparador de la
      Ley Núm. 2 y de la amplitud del mecanismo de
      emplazamiento    allí   dispuesto,   la   normativa
      correcta a utilizar en esta clase de casos es una
      a los efectos de que dicho emplazamiento se efectúe
      a través de una persona que tenga, al menos, cierto
      grado de autoridad para recibir el emplazamiento
      en representación del patrono.28

     En otras palabras, el lenguaje del estatuto a los

efectos de que “se diligenciará la orden en la persona

que en cualquier forma represente a dicho querellado”,

no   se   puede    interpretar     irrestrictamente.      Por   el

contrario,        contiene    un      requisito     mínimo      de

representatividad para que el emplazamiento del patrono

sea válido.29

     En síntesis,

      …considerando que el emplazamiento dispuesto en
      esta Ley fue uno especial en sintonía con el
      propósito reparador y sumario que inspiró la
      misma, no podemos limitar el grupo de personas
      aptas para recibir el emplazamiento a aquellas
      únicamente    señaladas    en   las     Reglas   de
      Procedimiento Civil o en la Ley General de
      Corporaciones. Por tanto, bajo la Ley Núm. 2, el
      emplazamiento al patrono querellado que no pueda
      ser emplazado personalmente, no sólo se podrá
      efectuar a través de un director, oficial,
      administrador, gerente administrativo, agente
      general, agente inscrito o designado por ley o
      nombramiento, sino también, a través de cualquier
      persona que por su puesto, funciones, deberes,
      autoridad o relación con el patrono ostente
      capacidad para representarlo en la fábrica,
      taller, establecimiento, finca, sitio en que se
      realizó el trabajo que dio origen a la reclamación,
      oficina o residencia; determinación que se deberá
      hacer caso a caso.30

                              -III-

      Para la peticionaria, erró el TPI al no atender las

deficiencias de la notificación de la Querella en el

caso de epígrafe. Estas consisten en que el recurrido no

28 Id., pág. 516. Véase, además, Quiñonez Román v. CIA ABC, 152 DPR
367, 375-376(2000).
29 Id., pág. 517.
30 Id., págs. 517-518.
KLCE202400297                                                          12

utilizó        el    formulario    correcto    para    notificar      una

reclamación bajo la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961

y   no     diligenció       el    emplazamiento   a    través    de    un

representante autorizado de MAPEI. Incidió, además, al

no señalar una vista evidenciaria para dilucidar los

asuntos en controversia.

         Por tratarse de una          moción    dispositiva tenemos

facultad para atender el recurso de la peticionaria.

         Sin embargo, luego de revisarlo en conjunto con los

documentos que obran en autos, resolvemos que ni el

remedio ni la disposición recurrida son contarios a

derecho. Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

         Como si lo anterior fuera poco, no se configura

ninguna        de    las    circunstancias      que    justifican      la

expedición          del    auto   bajo     cualquier    otro    de    los

fundamentos de la Regla 40 de nuestro Reglamento.

                                    -IV-

         Por   los    fundamentos     expresados,      se   deniega    la

expedición del auto de Certiorari.

         Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones