Court Opinion

ID: 9962661
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:39:40.695441+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.441634
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

    MARÍA DE LOS                                  CERTIORARI
 ÁNGELES VILLARRUBIA                              procedente del
        RUIZ                                      Tribunal de
     Peticionaria                                 Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
             v.                                   San Juan
                             KLCE202400177
  EMERALD HOLDINGS,                              Caso número:
      LLC Y NATALIA                              SJ2022CV05735
  ALBERTORIO RIVERA;
   PERSONA NATURAL                               Sobre: NULIDAD
     ABC, PERSONA                                DE CONTRATO,
     JURÍDICA DEF;                               DOLO, DAÑOS Y
    SUZETTE MAFUZ                                PERJUICIOS
 LIZARDI; VIVIANA DÍAZ
        Recurridos
Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, la Jueza
Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Díaz Rivera, Jueza Ponente.

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

      Comparecen ante nos, Natalia Albertorio Rivera (Albertorio

Rivera) en su carácter personal y como socia administradora de

Health Herb Medical, LLC., (en conjunto, los peticionarios) y nos

solicitan que revisemos la Resolución emitida y notificada el 3 de

noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de San Juan. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No

Ha Lugar la Moción de Desestimación Sobre Nulidad en el

Diligenciamiento del Emplazamiento […] que presentaron Albertorio

Rivera y Health Herb Medical, LLC.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación, se

deniega el auto de certiorari.

                                 I.

      Surge del expediente ante nos que, el 28 de junio de 2022,

María de los Ángeles Villarubia Ruiz (Villarubia Ruiz) presentó una

Demanda sobre nulidad de contrato, dolo y daños y perjuicios en

contra de Albertorio Rivera y otros. En consecuencia, el 11 de julio

 Número Identificador
 RES2024 _______________
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de 2022, Villarubia Ruiz presentó una Solicitud de Expedición de

Emplazamientos.    Sin   embargo,   los    emplazamientos   que   se

incluyeron estaban en blanco. Acto seguido, el 26 de julio de 2022,

Villarubia Ruiz presentó una segunda Solicitud de Expedición de

Emplazamientos.

      Así, el 2 de agosto de 2022, los emplazamientos fueron

expedidos. El 24 de octubre de 2022, Villarubia Ruiz presentó una

Solicitud de Emplazamiento por Edicto. En esta, solicitó que se

emplazara por edicto a Albertorio Rivera en su carácter personal y

como socia administradora de Emerald Holdings LLC., y a Albertorio

Rivera como socia administradora de Health Herb, LLC., y de Health

Herb Medical, LLC. Posteriormente, el 26 de octubre de 2022, el TPI

emitió una Orden mediante la cual ordenó el traslado del caso a la

sala con competencia.

      El 27 de octubre de 2022, Villarubia Ruiz presentó una

Solicitud de Reconsideración. Asimismo, el 2 de noviembre de 2022,

Villarubia Ruiz presentó los emplazamientos diligenciados de

Suzzette Mafuz Lizardi (Mafuz Lizardi) y Viviana Díaz Ríos (Díaz

Ríos). Luego de varios incidentes procesales, el 6 de diciembre de

2022, Villarubia Ruiz presentó una Moción Sobre Solicitud de

Emplazamiento por Edicto. El 4 de enero de 2023, Villarubia Ruiz

presentó una Segunda Moción de Emplazamiento por Edicto.

Consecuentemente, el 12 de enero de 2023, el TPI emitió una Orden

mediante la cual declaró con lugar la solicitud de emplazamiento

por edicto que presentó Villarubia Ruiz.

      Mas adelante, el 25 de enero de 2023, fueron expedidos los

emplazamientos por edictos. Así, el 15 de marzo de 2023, Villarubia

Ruiz presentó una Solicitud de Anotación de Rebeldía. En la misma,

solicitó que se le anotara la rebeldía a Albertorio Rivera en su

carácter personal y como socia administradora de Emerald Holdings
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LLC., y a Albertorio Rivera como socia administradora de Health

Herb, LLC., y de Health Herb Medical, LLC.

      Posteriormente, el 19 de marzo de 2023, los peticionarios

presentaron una Moción de Desestimación Sobre Nulidad en el

Diligenciamiento    del     Emplazamiento    […].     Específicamente,

solicitaron la desestimación de la causa de acción presentada en su

contra porque a pesar de que Villarubia Ruiz conocía la dirección

postal del lugar de trabajo de Albertorio Rivera en Aguada, lugar de

las operaciones de las corporaciones, y su dirección residencial en

Rincón, enviaron el diligenciamiento del emplazamiento mediante

correo certificado con acuse de recibo a una dirección física, no

postal. Señalaron, además, que Villarubia Ruiz le envió la

notificación a Albertorio Rivera como representante de Health Herb

Medical, LLC., a la dirección 10 Vía Pedregal 3903, Trujillo Alto, PR.

00976 cuando la dirección postal es 601 Ave. Fernández Juncos,

San Juan, PR. 00901. Finalmente, manifestaron que en esa

dirección física no era posible que las partes a ser emplazadas

pudieran tener conocimiento de la publicación del edicto. Por lo

cual, ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en la

Regla 4.6 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), priva de

jurisdicción al Tribunal.

      El 23 de marzo de 2023, el TPI emitió una Orden mediante la

cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de Anotación de Rebeldía que

presentó Villarubia Ruiz. Oportunamente, el 28 de marzo de 2023,

Villarubia Ruiz presentó una Oposición a Moción de Desestimación.

Ese mismo día, Villarubia Ruiz presentó una segunda Oposición a

Moción de Desestimación mediante la cual incluyó dos (2) anejos

adicionales. El 25 de abril de 2023, Emerald Holdings, LLC.,

presentó   una     Moción   de   Desestimación      por   Faltar   Partes

Indispensables.
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      Así las cosas, el 8 de mayo de 2023, Villarubia Ruiz presentó

una Oposición a Moción de Desestimación por Falta de Parte

Indispensable. En igual fecha, el TPI emitió una Orden mediante la

cual señaló una vista argumentativa con relación al asunto de la

nulidad del diligenciamiento. Luego de varios trámites procesales,

innecesarios pormenorizar, el 12 de octubre de 2023, Villarubia Ruiz

presentó una Moción Complementando Oposición a Moción de

Desestimación. Luego, el 15 de octubre de 2023, Albertorio Rivera

en su carácter personal y como socia administradora de Health Herb

Medical, LLC., presentó una Réplica a Moción Complementando

Oposición a Moción de Desestimación. El 16 de octubre de 2023,

Villarubia Rivera presentó una Breve Dúplica a Réplica a Moción

Complementando Oposición a Moción de Desestimación.

      El 3 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Resolución

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación

que presentaron los peticionarios. Inconforme, el 21 de noviembre

de   2023,   la   parte   peticionaria   presentó   una   Moción   de

Reconsideración. El 8 de diciembre de 2023, Villarubia Ruiz presentó

una Oposición a Moción de Reconsideración. Así pues, el 11 de enero

de 2024, el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No

Ha Lugar la solicitud de reconsideración que presentaron los

peticionarios.

      Inconforme aun, el 12 de febrero de 2024, la parte peticionaria

presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal y alegó la

comisión de los siguientes errores:

      Primer error:
      Erró el TPI al declarar no ha lugar la solicitud de
      desestimación por nulidad en el diligenciamiento de
      emplazamiento por edictos presentada por la Sra.
      Albertorio Rivera en su carácter personal,
      determinación en oposición a los requisitos de la
      Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V
      R. 4.6, cuando surge claramente de la Declaración
      Jurada del emplazador de la parte demandante que
      la última dirección conocida de la Sra. Albertorio
      Rivera en su carácter personal es en su lugar de
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      trabajo en Rincón y que dicha dirección era
      conocida por la parte demandante.

      Segundo error:
      Erró el TPI al declarar no ha lugar la solicitud de
      desestimación por nulidad en el diligenciamiento de
      emplazamiento de la Sra. Albertorio Rivera en su
      carácter personal, aun cuando la prueba documental
      de los sobres devueltos por el correo indicaban que
      Vía Pedregal 10, Apt. 3903 en Trujillo Alto estaba
      desocupada (“vacant”) y así fue especificado tanto
      por el correo en los sobres devueltos y por la
      Declaración Jurada del emplazador de la parte
      demandante cuando asistió al lugar para emplazar
      personalmente a la Sra. Albertorio Rivera, y bajo
      juramento indicó que el apartamento estaba
      desocupado y la guardia de seguridad del lugar no
      conocía a la Sra. Albertorio.

      Tercer error:
      Erró el TPI al declarar no ha lugar la solicitud de
      desestimación por nulidad en el emplazamiento de
      la Sra. Albertorio Rivera como socia de la compañía
      Health Herb Medical, LLC, cuando la prueba
      documental sometida en el caso demostraba que la
      información de la dirección postal de la compañía
      Health Herb Medical, LLC, era una completamente
      distinta a la vertida por la parte demandante en los
      envíos por correo y sobres devueltos.

      Examinado el recurso de certiorari, este Tribunal emitió una

Resolución el 22 de febrero de 2024, concediéndole un término de

veinte (20) días a Villarubia Ruiz para que expresara su posición al

recurso. El 12 de marzo de 2024, Villarubia Ruiz presentó un

Alegato en Oposición a Solicitud de Certiorari.

                               II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González
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v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los
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asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
            diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora      bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio    de    la     discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal
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apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

                             III.

      La parte peticionaria solicita que este Tribunal intervenga

para que revisemos la Resolución emitida y notificada el 3 de

noviembre de 2023, por el TPI. Luego de examinar meticulosamente

el expediente del recurso ante nuestra consideración, declinamos

ejercer nuestra discreción para expedir el auto discrecional

solicitado. Veamos.

      Al examinar el trámite procesal del caso, específicamente, la

Moción de Desestimación Sobre Nulidad en el Diligenciamiento del

Emplazamiento […], la Oposición a Moción de Desestimación y la

Resolución del 3 de noviembre de 2023, no encontramos indicio de

que el TPI haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya

abusado al ejercer su discreción o cometido algún error de derecho

al emitir el dictamen recurrido. Pueblo v. Rivera Santiago, supra;

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, supra. Véase, además, Trans-

Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709 (2012).

      En el caso ante nos, el TPI analizó los planteamientos de

ambas   partes   con   relación     a   la   solicitud   de   nulidad   de

emplazamiento y, además, escuchó los argumentos esbozados en la

Vista celebrada el 27 de septiembre de 2023. Consecuentemente, el

TPI ejerció su discreción al declarar No Ha Lugar la solicitud de la

parte peticionaria. Con tal proceder, el foro de instancia actuó

dentro de su discreción y conforme a derecho, pues el Tribunal tiene

amplia facultad para disponer de los procedimientos ante su

consideración de forma que se pueda asegurar la más eficiente
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administración de la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117

(1996).

      En fin, evaluados los criterios establecidos en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, y los de la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar el certiorari

solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos que nos

motiven a expedir el mismo en esta etapa de los procedimientos.

                              IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de

certiorari. Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los

procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones