Court Opinion

ID: 9962686
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:42:21.451974+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:24.641343
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL II

     NORTH SIGHT                                   Revisión
  COMMUNICATIONS, LLC                              procedente de la
                                                   Junta de
          Recurrente                 KLRA202300646 Subastas Central
                                                   del Departamento
                v.                                 de Educación

   DEPARTAMENTO DE                                         Subasta Núm.
 EDUCACIÓN DE PUERTO                                       SF (OC) 2023-015
RICO; JUNTA DE SUBASTAS
      CENTRAL DEL                                          Sobre:
   DEPARTAMENTO DE                                         Impugnación de
   EDUCACIÓN; JUNTA                                        Adjudicación de
 REVISORA DE SUBASTAS                                      Subasta
DE LA ADMINISTRACIÓN DE
  SERVICIOS GENERALES

          Recurridos

       CODECOM, LLC

    Licitador Seleccionado

         SKYTEC, INC.

            Licitador

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

                                           I.

       El 16 de mayo de 2023, la Junta de Subastas Central del

Departamento de Educación (Junta de Subastas), publicó la

Invitación a Subasta Formal sobre la subasta SF (OC) 2023-0151 para

la adquisición de radios portátiles y móviles para el Departamento

de Educación. Entre otras cosas, se indicó que las ofertas tenían

que presentarse físicamente en la oficina de la Junta de Subastas y

por correo electrónico, en o antes de las 11:00 a.m. del 15 de junio

1 Subasta para Establecer Contrato para la Adquisición de Radios (Multiprotocolo)

Portátiles, Móviles en las Bandas 700/800 VHF y Multiband para el Departamento
de Educación.

Número Identificador

SEN2024______________
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de 2023. La apertura de la subasta se realizaría ese mismo día, a

las 2:00 p.m. de manera virtual.

      Posteriormente, la Junta de Subastas emitió dos avisos de

enmienda    que   les   fueron   notificados   oportunamente   a   los

licitadores. Al respecto, mediante el Aviso de Posposición #1, emitido

el 9 de junio de 2023, se pospuso la fecha y hora de entrega de

ofertas y el acto de apertura hasta nuevo aviso. Mientras, el 11 de

agosto de 2023, se emitió el Aviso de Enmienda #1. Este dispuso

que la nueva fecha de entrega de ofertas sería el 16 de agosto de

2023 y que estas deberían ser entregadas de manera física en las

oficinas de la Junta de Subastas y por correo electrónico, en o antes

de las 11:00 a.m. de ese día. Además, se notificó que el Acto de

Apertura se realizaría en esa misma fecha a las 2:00 p.m.

      La aludida Invitación incluyó instrucciones y condiciones

generales, requiriendo a los licitadores presentar sus ofertas por

correo electrónico y de forma física, en un sobre sellado, así como

los documentos que debían ser incluidos junto con la oferta. El

documento advirtió que el licitador que no adjuntara a su oferta

dichos documentos podría ser descalificado.

      El 16 de agosto de 2023, la Junta de Subastas celebró el acto

de apertura de la subasta de manera virtual. Antes de comenzar,

los miembros de la Junta de Subastas advirtieron que el acto de

apertura sería grabado. Los tres licitadores que sometieron ofertas

para la subasta, en el plazo y de la manera establecida, fueron North

Sight Communications, LLC. (NSC), Skytec, Inc. y Codecom.

Durante la apertura, la Junta de Subastas abría cada una de las

ofertas, validaba si los licitadores habían presentado sus ofertas de

forma presencial y electrónica dentro del tiempo establecido, leía el

nombre de la compañía en voz alta, los precios cotizados por los

licitadores en cada renglón e informaba si el licitador había

presentado el “Bid Bond” y el certificado de licitadores de la ASG.
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        El 19 de octubre de 2023, la Junta de Subastas notificó la

Resolución de Adjudicación (Aviso de Adjudicación). En la misiva, se

esbozaron las razones para la adjudicación de la subasta a la

licitadora agraciada Codecom y los motivos por los cuales los demás

licitadores no resultaron favorecidos. De igual forma, se les apercibió

sobre     el   proceso   de   reconsideración    y   revisión   judicial

correspondiente.

        En desacuerdo con la determinación adjudicativa, el 6 de

noviembre de 2023, NSC presentó Solicitud de Revisión ante la Junta

Revisora de la ASG. En esencia, arguyó que la Junta de Subastas

incumplió de manera crasa con el proceso establecido en la Sección

7.3.15 del Reglamento 9230, para el acto de apertura de la subasta.

Explicó, que los representantes de Skytec y NSC le solicitaron a la

Junta de Subastas la oportunidad de revisar todos los documentos

presentados por los licitadores y que la Junta consultó las peticiones

en privado y determinó que las ofertas no podían ser examinadas

por los licitadores durante el acto de apertura e indicó que estas solo

iban a estar disponibles para la revisión luego que la Junta de

Subastas adjudicara la misma al licitador agraciado. Además, indicó

NSC en su reconsideración, que la Junta de Subastas no verificó

que las ofertas tuvieran todos los documentos que habían sido

requeridos en el pliego de la subasta. Añadió, que tampoco inició y

selló todas y cada una de las páginas de las ofertas, ni inició y selló

las páginas de las ofertas electrónicamente.

        Por último, sostuvo que no se les permitió a los licitadores que

estaban presentes examinar los documentos de las ofertas que

habían sido presentadas en el acto de apertura y que el funcionario

que presidió dicho acto no preparó un acta dentro del término de

veinticuatro (24) horas requerido. Señaló que no había forma de

saber si los documentos de alguna de las ofertas fueron

manipulados, extraviados o añadidos con posterioridad, lo cual,
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alega, va en contra del principio de que los procesos de adquisición

de bienes por el Gobierno se lleven a cabo con transparencia,

eficacia y probidad.

      Insatisfecho, y sin que la Junta Revisora atendiera su Solicitud

de Revisión dentro del término de treinta (30) días de haberse

presentado la misma, el 15 de diciembre de 2023, NSC acudió ante

nos mediante Recurso de Revisión Judicial. Plantea:

      Erró la Junta de Subastas Central del Departamento
      de Educación al adjudicar la buena pro de la Subasta
      a Codecom, a sabiendas de que durante el acto de
      apertura la Junta de Subastas Central incumplió
      crasamente con las disposiciones de la Sección
      7.3.15 del Reglamento 9230, violando así el
      principio de que los procesos de adquisición de
      bienes por el Gobierno se lleven a cabo con
      trasparencia, eficiencia y probidad.

      NSC adhirió a su recurso Moción Solicitando Orden, para que

ordenáramos a la Junta de Subastas proveer copia fiel y exacta del

video del acto de apertura. Resaltó la importancia de examinar lo

acontecido en el acto de apertura para que pudiéramos ejercer

nuestra función revisora. El 12 de enero de 2024, emitimos

Resolución concediendo treinta (30) días a la parte recurrida para

que fijara su posición y a la Junta de Subastas, diez (10) días para

expresarse en cuanto a la Moción Solicitando Orden. En la misma

fecha, Codecom, el licitador agraciado, presentó Oposición a Recurso

de Revisión Judicial.

      El 25 de enero de 2024, el Departamento de Educación

compareció mediante Escrito en Torno a Solicitud de Grabación del

Acto de Apertura y junto con esta, hizo entrega de copia fiel y exacta

de la grabación del acto de apertura, mediante USB. El 14 de febrero

de 2024, el Departamento de Educación presentó Escrito en

Cumplimiento de Resolución, en el cual planteó, en síntesis, que los

errores alegados por NSC van dirigidos a cuestionar el acto de

apertura y no a atacar la razonabilidad de la adjudicación, lo que es

insuficiente para demostrar que la adjudicación fue irrazonable,
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caprichosa o fraudulenta y limita a este tribunal a intervenir debido

a   la   deferencia    que        debe   ser   concedida   a   las      decisiones

administrativa.

         Con el beneficio de las comparecencias de las partes, el

expediente     judicial,     el    Derecho     y   jurisprudencia       aplicable,

procedemos a resolver.

                                         II.

                                         A.

         La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Núm. 38-2017, según enmendada2,

establece nuestra facultad revisora sobre las decisiones emitidas por

los organismos administrativos. Esta revisión judicial tiene como

propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de que

desempeñen sus funciones conforme a la ley y de forma razonable3.

En esta dinámica, las decisiones administrativas gozan de una

presunción de legalidad y corrección, por lo que las conclusiones e

interpretaciones de los organismos administrativos especializados,

merecen gran deferencia4.

         El estándar de revisión de una decisión administrativa se

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria,

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de

discreción5. Al desempeñar esta función revisora, estamos

obligados a considerar la especialización y experiencia de la agencia,

diferenciando entre las cuestiones de interpretación estatutaria,

área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones propias de la

discreción o pericia administrativa6.

2 3 LPRA § 9601.
3 Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012).
4 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v.

Pol. de Puerto Rico, 196 DPR 606, 626 (2016); Batista, Nobbe v. JTA. Directores,
185 DPR 206, 212 (2012); Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
5 Capó, 204 DPR, pág. 592; Torres, 196 DPR, pág. 626; Ifco Recycling, 184 DPR,

pág. 745, citando a Empresas Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007). Énfasis
nuestro.
6 Ifco Recycling, 84 DPR, pág. 744; Maranello et al. v. OAT, 186 DPR 780, 792

(2012).
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       En tal sentido, estamos facultados a determinar: (1) que el

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) la revisión de

las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia

sustancial revisión de las determinaciones de hecho conforme al

criterio de evidencia sustancial; y (3) determinar si las conclusiones

de derecho fueron correctas mediante su revisión completa y

absoluta7. Sostendremos las determinaciones de hecho, en tanto y

en cuanto obre evidencia suficiente en el expediente de la agencia

para sustentarla8. En cuanto a las determinaciones de Derecho,

tenemos amplia facultad para desplegar nuestra función revisora,

pues, estamos en igualdad de condiciones para interpretar los

estatutos9. Claro, ello no implica que podamos descartar libremente

las conclusiones e interpretaciones de la agencia10, pues es norma

reiterada que a toda determinación administrativa le cobija una

presunción     de   regularidad     y   corrección11.    Esta    presunción,

apuntalada en el conocimiento especializado de la agencia, debe

respetarse mientras la parte que la impugne no produzca evidencia

suficiente para derrotarla12.

       Es decir, se presume que el organismo administrativo posee

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le fueron

encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto y

deferencia. Por ello, nuestra función revisora se circunscribe a

evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las

7 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, págs. 626-627; Pagán Santiago et

al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).
8 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, pág. 627; Ifco Recycling, 184 DPR,

pág. 744.
9 3 LPRA § 9675.
10 Batista, 185 DPR pág. 217.
11 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, pág. 627; Batista, 185 DPR, pág.

217.; Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
12 Torres, 196 DPR, pág. 626; Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384,

393-394 (2012); Batista, 185 DPR pág. 215; Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
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pautas trazadas por el legislador y el criterio de evidencia

sustancial13.

       Por   esto,   una    vez    una     agencia   o   junta    emite    una

determinación, los tribunales deben abstenerse de intervenir,

salvo en los casos en que se demuestre que la misma fue tomada

de forma arbitraria, caprichosa o mediando mala fe o fraude.

Esto debido a que la agencia, por su vasta experiencia y

especialización, se encuentra en mejor posición que el foro judicial

para determinar el mejor licitador, tomando en consideración los

factores esgrimidos tanto por la ley como por su reglamento de

subastas14. Por lo que, en ausencia de mala fe, fraude o abuso de

discreción, ningún postor tendrá derecho a quejarse cuando es

elegida otra proposición como la más ventajosa15. Una vez

adjudicada la buena pro, no se deberá sustituir el criterio de la

agencia si no se demuestra que la decisión se tomó de forma

arbitraria o caprichosa o mediante fraude o mala fe16.

                                      B.

       La Ley de la Administración de Servicios Generales para la

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico,

convirtió a la Administración de Servicios Generales (ASG) en la

entidad gubernamental facultada para implementar la política

pública relativa a los procedimientos de la adquisición de bienes,

obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico17. Esto, con el

propósito de alcanzar mayor efectividad y competitividad en la

adquisición de bienes y servicios que redunde en un mejor precio y

calidad para el Estado. La ASG, en virtud de las facultades que le

13 Batista, 185 DPR, pág. 216; Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821,

829 (2007); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); Pacheco v. Estancias, 160
DPR 409, 432 (2003).
14 A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434 (2004). Énfasis nuestro.
15 Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006)
16 Caribbean Communications Solutions v. Policía de Puerto Rico, 176 DPR 978,

1006 (2009).
17 Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las

Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, Ley Núm. 73 de 23 de julio de 2019,
3 LPRA § 9831 y siguientes.
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fueron delegadas por la Ley Núm. 73-2019, adoptó el Reglamento

Uniforme de Compras y de Subastas de Bienes, Obras y Servicios No

Profesionales de la Administración de Servicios Generales del

Gobierno de Puerto Rico18, en el que se establecen todas las normas

y los procedimientos a seguir por la ASG en la tramitación de todas

sus compras y subastas.

       El procedimiento de Solicitud de Propuestas para la

adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales es un

método de licitación en el cual se permite entablar negociaciones

entre los licitadores y el Gobierno mientras se produce la evaluación

de las propuestas. En dicho método, se les confiere a los licitadores

la oportunidad de revisar sus ofertas antes que se adjudique la

buena pro19. De esta forma se logra un procedimiento más flexible

que el de las subastas formales y que otorga mayor utilidad cuando

se necesita adquirir bienes o servicios especializados los cuales

involucran asuntos que pueden ser técnicos y complejos20.

       La sección 7.3.15 del Reglamento 9230, regula el Acto de

Apertura. Establece que el acto de apertura deberá estar abierto al

público y que toda persona interesada puede asistir al mismo. De

igual forma, dispone que el funcionario encargado de presidir el acto

de subasta deberá expresar en voz alta, cuál es el número de la

subasta, su propósito y el nombre de cada uno de los licitadores que

presentaron ofertas. Además, deberá mostrar a todas las personas

que estén presentes en el acto los correos electrónicos o los sobres

cerrados de las licitaciones, según establecido en el pliego y abrir

cada uno y verificar que contienen todos los documentos requeridos

en el pliego de la subasta21. A su vez, la sección 7.3.15 dispone que

el funcionario que presida el acto de apertura deberá inicializar y

18 Reglamento Núm. 9230, de 18 de noviembre de 2019.
19 3 LPRA § 9834g.
20 Caribbean Communications Solutions 176 DPR, pág. 996.
21 Reglamento Núm. 9230 de 18 de noviembre de 2019, Sección 7.3.15
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sellar cada una de las páginas de cada licitación y que en caso de

una presentación electrónica deberá iniciar y sellar las páginas

electrónicas.

      De otra parte, la sección 7.3.15 establece que el funcionario

deberá leer en voz alta “el número de la partida o reglón para el cual

se está presentando oferta, el precio por partida, la marca y modelo,

la garantía, si aplica, y la fecha de entrega si es una de las

condiciones de la subasta”. Estos documentos, se podrán examinar

por cualquier persona que esté presente en el acto de apertura, una

vez el Secretario de la Junta lea en voz alta todas las ofertas y las

haya iniciado y sellado.

      Culminado el Acto de Apertura, el Secretario de la Junta que

lo presidió, levantará un acta de todas las incidencias que

ocurrieron durante la misma, en un término de veinticuatro (24)

horas.   Dicha acta deberá contener el número y asunto de la

subasta, la fecha en que se realizó, la cantidad de ofertas recibidas,

los licitadores que cotizaron para una o más partidas y los que no

junto a su nombre, la copia del registro de asistencia firmada por

los asistentes, cualquier incidente ocurrido durante el acto de

apertura y la firma de la persona que presidió el acto.

                                 III.

      North     Sight   Communications,    LLC    sostiene   que    la

adjudicación de la buena pro a Codecom no fue válida debido a que

durante el acto de apertura la Junta de Subastas no verificó que

todas las ofertas tuvieran todos los documentos requeridos, no

permitió a los licitadores presentes examinar los documentos en las

ofertas y no inició y selló todas las páginas de las ofertas

presentadas físicamente y de manera electrónica. Señala que ello le

impide saber si los documentos de las ofertas presentadas fueron

manipulados, extraviados y/o añadidos luego del acto de apertura.

Arguye que, no surge en el expediente de la subasta que se haya
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redactado acta alguna del acto de apertura y, por tanto, la Junta de

Subastas actuó en contravención a la Sección 7.3.15 del Reglamento

Núm. 9230. Solicita que anulemos la adjudicación de la subasta y

que se ordene la celebración de una nueva subasta. Examinemos

la validez de su reclamo.

      Luego de una revisión cuidadosa del expediente, así como de

la regrabación del acto de apertura, concluimos que no existe razón

alguna por la cual debamos intervenir con la adjudicación recurrida.

Si bien durante el acto de apertura se incurrió en una serie de

omisiones las mismas no acarrean la anulación de la adjudicación

de la buena pro. Tales omisiones, por sí solas, no tornaron la

adjudicación irrazonable, caprichosa, fraudulenta o realizada de

mala fe. Máximo cuando tampoco se ha logrado demostrar que los

errores alegados en el acto de apertura hayan colocado de forma

alguna al licitador agraciado en ventaja frente a los otros licitadores.

      Según hemos establecido, las agencias pueden adjudicar la

subasta al licitador que estas consideren más apropiado, ya que

gozan de amplia discreción al considerar las licitaciones y adjudicar

o rechazar las propuestas según mejor se ajuste a las necesidades

de la agencia. Es la agencia administrativa quien cuenta con los

conocimientos técnicos especializados para determinar cuál de las

ofertas de los licitadores le es más conveniente. En el caso ante nos,

no se configura ninguna de las circunstancias que justificarían

retirar la deferencia que debemos a la agencia administrativa sobre

la adjudicación impugnada.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se declara No Ha Lugar

el Recurso de Revisión Judicial instado.
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     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones