Court Opinion

ID: 9941374
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:29:37.561285+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.494376
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

       FIRSTBANK                                   Certiorari
      PUERTO RICO                                  procedente del
                                                   Tribunal de
        Peticionaria                               Primera Instancia,
                                                   Sala de San Juan
              v.
                                KLCE202301396 Sobre:
 SUCESIÓN DE NATALIA                          Cobro de Dinero;
    PABÓN GARCÍA                              Ejecución de
   COMPUESTA POR:                             Hipoteca

 ODARA PABÓN MARTÍ,                                Caso Número:
 LUIS ALFONSO PABÓN                                SJ2022CV10740
  VEGA, LUIS PABÓN
  GARCÍA Y ENRIQUE
    PABÓN GARCÍA

         Recurrida
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

      La parte peticionaria, FirstBank de Puerto Rico, comparece

ante nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 11 de octubre

de 2023, notificada el 13 de octubre de 2023. Mediante la misma,

el tribunal primario declaró Con Lugar una solicitud sobre relevo de

sentencia promovida por la aquí recurrida, señora Miriam Martí

Isaac, por sí y en representación de la Sucesión de Luis Pabón

García. Por igual, el foro a quo dejó sin efecto una anotación de

rebeldía en contra del causante de la recurrida y ordenó la

correspondiente sustitución de parte en el pleito de epígrafe. Lo

anterior, dentro de una acción civil sobre cobro de dinero y ejecución

de hipoteca promovida por la parte peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

Número Identificador
RES2024 ________________
KLCE202301396                                                           2

                                          I

          El 13 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

notificó la Resolución recurrida. Mediante la misma, la Juzgadora

declaró Ha Lugar una solicitud de relevo de una sentencia emitida

el 13 de marzo de 2023 a favor de la entidad peticionaria.

Específicamente, se hizo constar que, “el codemandado Luis Pabón

García, de quien la recurrida es su viuda y heredera, falleció unos

días después de que se publicara el edicto mediante el cual se le

emplazaba como parte de la Sucesión de la Sra. Natalia Pabón

García, cuando aún no había expirado el término para contestar la

demanda”.1 Por ello, durante los trámites post sentencia relativos a

la ejecución de la sentencia y la venta pública del inmueble

hipotecado que garantizó la acreencia de la parte peticionaria, la

recurrida le notificó al tribunal, como heredera del codemandado

Pabón García, que nunca fue incluida en el pleito, ni notificada del

mismo.        Así, al evaluar la petición de la recurrida, el tribunal de

origen suprimió los efectos de la sentencia emitida a favor de la parte

peticionaria, conforme la R. 49.2 (f) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R.49.2 (f).

          En desacuerdo, y tras denegada una previa solicitud de

reconsideración, el 8 de diciembre de 2023, la parte peticionaria

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En

la petición, planteó los siguientes señalamientos:

          Erró el Tribunal al determinar que faltaba parte
          indispensable, siendo esta la reclamación de una deuda
          hipotecaria solidaria y no mancomunada y no considerando
          la exigencia de buena fe que debe haber en el proceso litigioso.

          Erró el Tribunal al no aplicar la Regla 22.1(b) para sustitución
          de parte fallecida.

          Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto la
          sentencia y los procesos post sentencia bajo la Regla 40.2,
          pues la parte compareciente no cumplió con los requisitos de
          la misma.

1
    Véase Resolución Pág. 2 del apéndice del Recurso.
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      Contando con el beneficio de la comparecencia de la parte

recurrida, procedemos a expresarnos.

                                    II

                                    A

      Sabido es que el recurso de certiorari es un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un foro inferior. Rivera, et al. v. Arcos

Dorados, et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR ____ (2023); Medina Nazario

v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Mediante la presentación de un

recurso   de   certiorari,   se   pretende   la   revisión   de   asuntos

interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de instancia en

el transcurso y manejo del caso que atienden. Distinto al ejercicio

de sus funciones respecto a un recurso de apelación, el tribunal al

que se recurre mediante el vehículo procesal del recurso de certiorari

tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea expedir el

auto solicitado o denegarlo. 800 Ponce de León v. AIG, supra; Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593 (2011); Pueblo

v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR

324, 334 (2005).

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.
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      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Ahora     bien,   la   correcta   consecución       de   la    justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad.     De ahí la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso   que    atiende     conforme   le   dicte   su   buen      juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). Cónsono con ello, sabido es que

los tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste

en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con

prejuicio o parcialidad incurrió en craso abuso de discreción o en

error manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736

(2018). La discreción es el más poderoso instrumento reservado al

juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004). Al precisar

su alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad judicial
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para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello

signifique abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et

al., supra. Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado

al concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento

judicial empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et

al v. ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC,

supra, pág. 729; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). En

consecuencia, la doctrina establece que un tribunal incurre “en

abuso de discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún

hecho material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del

caso,   hace   un    análisis   liviano   y la   determinación      resulta

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., supra, pág. 736.

                                    B

        Por su parte, en ocasión a que una parte estime que,

incorrectamente, se ha emitido una sentencia en su contra que ya

es final y firme, esta puede solicitar que se decrete su nulidad, ello

en un pleito independiente, o que se suprima su oponibilidad, en la

misma causa de acción, al amparo de lo establecido en la Regla 49.2

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. Dicha disposición

establece el mecanismo procesal disponible para solicitar al foro de

instancia el relevo de los efectos de una sentencia, orden o

procedimiento,      por   las   razones    siguientes:   (a)   un    error,

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (b) descubrimiento

de evidencia esencial que no pudo haber sido descubierta a tiempo

para solicitar un nuevo juicio; (c) fraude, falsa representación u otra

conducta impropia de una parte adversa; (d) nulidad de sentencia;

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con

ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de

otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia
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continuara en vigor, o (f) cualquier otra razón que justifique la

concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.

      La norma estatuida en la Regla 49.2 de las de Procedimiento

Civil, supra, tiene como fin establecer el justo balance entre dos

principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento

jurídico. Por un lado, se protege el interés de que los casos se

resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial, y por el otro,

el que los litigios lleguen a su finalidad. HRS Erase v. CMT, 205 DPR

689   (2020).   Por   tanto,   para    que   proceda   el   relevo   de

sentencia, según la referida Regla, es necesario que el peticionario

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas a tal fin. Pérez

Ríos y otros v. Luma Energy, LLC, 2023 TSPR 136, 213 DPR ____

(2023); García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540

(2010).

      Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una

sentencia, ello a tenor con los términos de la Regla 49.2, supra, es

una determinación discrecional, salvo en los casos de nulidad o

cuando la sentencia ha sido satisfecha. Náter v. Ramos, 162 DPR

616, 642 (2004). Siendo ello así, nuestra intervención con lo

resuelto, queda sujeto a que medie abuso de discreción por parte del

tribunal primario.

                                 III

      Un examen del expediente de autos mueve nuestro criterio a

no intervenir con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia.

Nada en los documentos sugiere que, en el ejercicio de sus

facultades, el tribunal primario haya incurrido en error de derecho

o en abuso de la discreción que le asiste en el manejo de los

procedimientos que atiende, de modo que competa soslayar la

norma de abstención judicial que, en dictámenes como el de autos,

regula nuestras funciones.
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      A nuestro parecer, el pronunciamiento aquí recurrido obedece

a una juiciosa y prudente gestión dirigida a procurar la más correcta

consideración del asunto sometido a su consideración. Así, ante la

ausencia de condición alguna que legitime el ejercicio de nuestras

facultades revisoras en la causa de epígrafe, concluimos no expedir

el presente auto por no concurrir los criterios de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones