Court Opinion

ID: 9928576
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:26:34.427668+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:36.976337
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

    RAMÓN LUIS SANTIAGO                              Certiorari
           CORA                                      procedente del
                                                     Tribunal de
          Peticionario                               Primera Instancia,
                                                     Sala de Guayama
                v.                 KLCE202301002
                                                     Caso Número:
                                                     GM2023CV00179
             EX PARTE                                Sobre:
                                                     Petición de orden-
                                                     eliminación de
                                                     antecedentes
                                                     penales
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2023.

       Comparece Ramón Luis Santiago Cora (Sr. Santiago Cora o

peticionario) y nos solicita que revoquemos la Resolución1 del

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro

primario), emitida y notificada el 20 y 21 de agosto de 2023,

respectivamente. Tras haber ordenado la eliminación de la

convicción por agresión agravada del expediente de antecedentes

penales del peticionario2, el foro primario denegó una solicitud del

peticionario para ordenar al Superintendente de la Policía devolver

al Sr. Santiago Cora sus fotografías y huellas dactilares después de

más de veinte años de haber cumplido su sentencia.

       Por    los    fundamentos   que   exponemos    a   continuación,

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Resolución

impugnada. Veamos.

                                    I.

1 Apéndice, págs. 14 y 14-A.
2 Véase, Resolución emitida y notificada el 11 y 12 de mayo de 2023,
respectivamente. Apéndice, págs. 10 y 10-A.

Número Identificador:

SEN2023________
KLCE202301002                                                                   2

       El 9 de febrero de 2023, el Sr. Santiago Cora instó ante el foro

primario una Petición3 al amparo del Artículo 4 de la Ley Núm. 314-

2004, según enmendada, Ley para autorizar a la Policía de Puerto

Rico la expedición de certificados de antecedentes penales, (Ley 314-

2004), 34 LPRA sec. 1725a-2. Expresó en su petitorio que, el 15 de

junio de 1998, cumplió la sentencia que se le impuso de pagar

$100.00 de multa por violar el Artículo 95 del Código Penal de Puerto

Rico de 1974 (agresión agravada). Añadió que, conforme lo requiere

el Artículo 4, de la Ley 314-2004, supra, han transcurrido más de

cinco (5) años desde que cumplió su sentencia, sin cometer delito

alguno. Por último, expuso que goza de buena reputación moral en

la comunidad, lo cual acreditó mediante las declaraciones juradas

de Justiniano Rodríguez Aloyo y María Cintrón Caballero.4 Sobre

tales bases, el Sr. Santiago Cora solicitó al Estado que elimine la

referida convicción de su récord penal y que le devuelva la foto y

huella dactilar que obra en el expediente del Estado.

       En atención a lo anterior, el TPI celebró la vista de rigor en la

cual el peticionario sustentó los hechos con prueba. Con el aval del

Estado, el foro primario declaró con lugar la solicitud del Sr.

Santiago Cora. Por consiguiente, ordenó al Superintendente de la

Policía y al Departamento de Justicia eliminar el delito de agresión

agravada del récord de antecedentes penales.5

       Surge del expediente que, al personarse el Sr. Santiago Cora

a las oficinas de la Policía de Puerto Rico con el certificado expedido

a su favor, se le negó la devolución de las fotografías y huellas

dactilares, bajo el fundamento de que, la Resolución del TPI no lo

autoriza. En reacción, el peticionario instó una Moción para que se

3 Junto a su petitorio, el Sr. Santiago Cora anejó su declaración jurada, Copia de

su récord de antecedentes penales, Certificación de Servicios Legales, Sentencia
cumplida y dos declaraciones juradas de miembros de su comunidad. Apéndice,
págs. 1-9.
4 Apéndice, págs. 8-9.
5 Apéndice, págs. 10 y 10-A.
KLCE202301002                                                            3

enmiende Resolución emitida.6 En ella, solicitó al foro primario que

modifique su dictamen a los fines de ordenar la devolución de las

fotografías y huellas dactilares.

       En respuesta, el TPI emitió una Resolución7 ordenando al

Ministerio Público, en representación del Estado, exponer su

posición. Al cabo de más de dos meses sin que el Estado

compareciera, el Sr. Santiago Cora presentó una Moción Urgente.8

Allí, reiteró su solicitud de enmienda e hizo constar que no ha

mediado oposición del Estado. Además, sustentó la urgencia de su

petitorio en que está a la espera de obtener un trabajo. Sin el Estado

haber dado cumplimiento a lo ordenado por el TPI, el foro recurrido

emitió la Resolución impugnada mediante la cual denegó el petitorio

del Sr. Santiago Cora. A esos efectos hizo constar “[l]a ley provee un

procedimiento para la eliminación de convicciones del Certificado de

Antecedentes Penales, nada se establece sobre la entrega de

fotografías y huellas dactilares […]”9

       Inconforme aún, el peticionario acude en revisión ante esta

Curia y señala la comisión de dos errores, a saber:

       Incidió el TPI al negarse a eliminar o entregar al peticionario
       las fotografías y huellas dactilares producto del proceso
       penal, a pesar de ser de beneficio para éste y que el Estado
       no adujo fundamento alguno para oponerse a lo solicitado.

       Incurrió en error el TPI en el uso de su discreción y descartar
       sin análisis alguno las opiniones emitidas por el Tribunal
       Supremo de Puerto [Rico], obviando los hechos particulares
       del presente caso.

       En cumplimiento con nuestro requerimiento, el Estado

comparece y argumenta que no procede devolver al peticionario las

fotografías y huellas dactilares en tanto y en cuanto, la Ley 314-

2004, supra, nada provee al respecto. A lo antes añade que, el Sr.

Santiago Cora no cualifica para el remedio que provee la Ley Núm.

6 Apéndice, pág. 11.
7 Apéndice, pág. 12.
8 Apéndice, pág. 13.
9 Apéndice, pág. 14.
KLCE202301002                                                        4

45 de 1 de junio de 1983, Ley de huellas digitales y fotografías por

delito grave (Ley 45-1983), 25 LPRA sec. 1154.

      Con el beneficio de las posturas de ambas partes, resolvemos.

                                  II.

   A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada la Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en
KLCE202301002                                                          5

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por
KLCE202301002                                                                   6

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

   B. Eliminación de antecedentes penales y el Derecho a la
      Intimidad

       Durante más de cuatro décadas, la Asamblea Legislativa ha

aprobado legislación dirigida a facilitar la reintegración de los

confinados en la sociedad, una vez cumplan su sentencia. Uno de

estos estatutos que viabiliza lo antes, versa sobre la eliminación de

convicciones. El objetivo principal de esta legislación original (que

permea en sus enmiendas posteriores) era ayudar y servir como un

estímulo para la rehabilitación de personas que han incurrido en

alguna falta y que luego mantienen una buena conducta en la

comunidad. En su origen, la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968,

(inspirado en la exposición de motivos de leyes anteriores),10 según

ampliamente discutido en Pueblo v. Ortiz Martínez 123 DPR 820,

829, (1989), establece que, la razón principal que animó la

aprobación del estatuto sobre eliminación de antecedentes penales,

fue el reconocimiento legislativo de que, el ser humano muchas

veces supera aquellas actuaciones y conductas ilegales del pasado,

y que compete al Estado proveer los mecanismos necesarios para

una total rehabilitación. Su efecto principal es borrar las

consecuencias jurídicas y socioeconómicas que en nuestra sociedad

representa la existencia permanente de un récord penal. Se trata de

una acción de carácter remedial encaminada a proteger y a hacer

valer, de manera más efectiva, los derechos civiles de un

ciudadano.11 Como parte de tales esfuerzos, la Asamblea Legislativa

enmendó el estatuto mediante la Ley 254 de 27 de julio de 1974

(Certificaciones de Antecedentes Penales o Ley 254-1974) y luego

mediante la aprobación de la Ley 314-2004, supra. En lo pertinente

10 Véase, Pueblo v. Ortiz Martínez 123 DPR 820, 828-830, citando al P. del S. 169

de 14 de marzo de 1957, P. de la C. 14 de 1962 y P. de la C. 144, respectivamente.
11 Íd., a la pág. 830.
KLCE202301002                                                         7

al recurso ante nos, el referido estatuto12, viabiliza la eliminación de

una convicción por delito grave, una vez se cumplan las siguientes

circunstancias:

      [t]oda persona que haya sido convicta de un delito grave que
      no esté sujeta al Registro de Personas Convictas por Delitos
      Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores ni al Registro de
      Personas Convictas por Corrupción, podrá solicitar del
      Tribunal de Primera Instancia una orden para la eliminación
      de la convicción del Certificado de Antecedentes Penales,
      siempre que concurran las siguientes circunstancias: (a) que
      hayan transcurrido cinco (5) años desde que cumplió la
      sentencia y durante ese tiempo no haya cometido delito
      alguno; (b) que tenga buena reputación en la comunidad; y
      (c) que se haya sometido a la muestra requerida por la Ley
      del Banco de Datos de ADN, de estar sujeta a ello. El
      peticionario acompañará los documentos necesarios para
      probar las alegaciones de su petición. El Ministerio Público
      podrá oponerse o allanarse a la petición, en cuyo caso no
      será necesario celebrar vista.

      El Tribunal Supremo ha establecido que, a partir de este

referido mandato, las convicciones serán eliminadas de todo registro

y de toda inscripción, constancia o referencia que exista bajo la

custodia de los funcionarios, quedando prohibido aludirlas o

certificarlas directa o indirectamente. Pueblo v. Ortiz Martínez,

supra, pág. 831. De ese modo, logra plena virtualidad la filosofía

consagrada en la ley –congruente con un enfoque moderno de

rehabilitación- de que el peticionario nunca fue acusado ni convicto

de delito. Ciertamente, tanto el procedimiento judicial como el

trámite administrativo, establecidos en la ley, vienen a llenar una

laguna y a remediar una situación de injusticia que pesaba sobre

aquellos ciudadanos que años atrás incurrieron en delito, pero que

después han mantenido una conducta ejemplar en nuestra

sociedad.   En Pueblo v. Ortiz Martínez, supra, págs. 831-832, al

abundar sobre las consecuencias de tal postulado, el Tribunal

Supremo resaltó que, ante la eliminación de una convicción borrada,

los tribunales no pueden tomarlas en consideración porque no

puede darse la anomalía de que mientras de un lado el

12 34 LPRA 1725a-2.
KLCE202301002                                                          8

Superintendente de la Policía certifica negativamente, por otro lado,

el tribunal acuda a sus archivos para resucitar convicciones.

      De otra parte, la Ley 45-1983, supra, viabiliza en su Artículo

4 la devolución de documentos como huellas digitales y fotografías.

A esos efectos dispone lo siguiente:

      Cualquier persona a la que se le impute la comisión de su
      delito grave o menos grave producto de una misma
      transacción o evento que resulte absuelta luego del juicio
      correspondiente, o por orden o resolución del Tribunal o toda
      persona que reciba un indulto total y absoluto del
      Gobernador, podrá solicitar al Tribunal, la devolución de las
      huellas digitales y fotografías. El peticionario notificará al
      Ministerio Publico y de este no presentar objeción dentro del
      término de diez días, el Tribunal podrá ordenar, sin vista, la
      devolución solicitada. De haber objeción del Ministerio
      Publico, el Tribunal señalará vista pública a esos efectos. 25
      LPRA sec. 1154.

      De conformidad con lo anterior, en Pueblo v. Torres Albertorio,

115 DPR 128 (1984), reiterado en Pueblo v. Ortiz Martínez, supra, el

Tribunal Supremo reconoció que, la toma de fotografías y huellas

dactilares a las personas detenidas para responder por delito

público constituye una práctica aceptable como parte de la labor

investigativa de la Policía. Lo antes tiene un doble propósito de

identificar al imputado como la persona que incurrió en el acto

delictivo y ayudar a su procesamiento si reincidiere. Ahora bien, el

Alto Foro puntualizó que, el procedimiento mismo de someter a la

persona detenida a ese trámite implica una intervención con su

intimidad que no debe tener más consecuencia si la persona fuere

declarada inocente luego de un proceso judicial. En este caso el

Tribunal Supremo alertó que la práctica de la Policía de retener

huellas y fotografías en el récord criminal tiene un efecto adverso.

Citando a Menard v. Mitchell 430 F 2d. 486, 490-491 (1970)

puntualizó que, otras áreas de actividad de la persona pueden

afectarse, como su reputación, sus oportunidades educativas y la

obtención de licencias profesionales. Al abundar sobre si es un

asunto que atañe a la legislatura o de interpretación judicial, el Alto
KLCE202301002                                                          9

Foro destacó que el derecho a la intimidad goza de mayor fuerza toda

vez que en Puerto Rico emana de nuestra Constitución.

      Por su primacía, este derecho está consagrado, en el Artículo

II, Sec. 1 de la Constitución, el cual establece que: La dignidad del

ser humano es inviolable; y en su Sec. 8 establece que: Toda persona

tiene derecho a [la] protección de [la] ley contra ataques abusivos a

su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. Sobre lo

anterior, el Alto Foro expresó en P.R. Tel. Co. Martínez, 114 DPR 328

(1983) que, tan transcendental es este derecho en nuestra sociedad

que, en las ocasiones en que se ha contrapuesto a otros de similar

jerarquía,   ha     salido      airoso    del   careo     constitucional.

Incuestionablemente      goza      de    primacía   en     la   pirámide

constitucional. Ese sitial nos permite contestar una de las

interrogantes     formuladas:     su     implementación    no   requiere

legislación específica. Supeditarlo a la acción legislativa sería

simplemente incongruente con el propósito de los forjadores de la

Constitución y representaría una contramarcha en su evolución

vindicadora. Lo reduciríamos a una escala nominal. Íd. a las págs.

338-340.

      La importancia de este derecho a la intimidad, que es

consubstancial a la declaración de inviolabilidad de la dignidad del

ser humano, está consagrada como principio rector de nuestra vida

de pueblo civilizado y democrático. Pueblo v. Torres Albertorio, supra

a la pág. 134. Allí el Alto Foro también expuso que, y atinente la

presente causa, la arbitraria retención de dicha información deja de

tener significación cuando la persona es exonerada de delito, a

menos que se la quiera mantener para señalarle en el futuro como

posible autor de otros o parecidos delitos. Le corresponde al

ministerio público demostrar en este tipo de caso, que haya un

interés apremiante del Estado, superior al derecho de la persona, a
KLCE202301002                                                       10

que se respete y se proteja su intimidad. Fulana de Tal v.

Demandado A, 138 DPR 610, 629-630 (1995).

        Al abordar el alcance de la Ley 45-1983, supra, el Tribunal

Supremo en Pueblo v. Torres Albertorio, supra, concluyó que, la

medida parece dejar a la discreción del tribunal la decisión sobre

devolver al imputado absuelto las huellas digitales y fotografías

tomadas. Ante el reconocimiento constitucional de la inviolabilidad

de la dignidad del ser humano y del derecho de su intimidad, tal

discreción no puede ejercerse livianamente. Íd. a la pág. 136. Cabe

señalar que, si a una persona absuelta de delito solo podrá negársele

la devolución de sus huellas dactilares y fotografías, si el Estado

logra    presentar   prueba   convincente   de   que   circunstancias

especiales justifican su retención. En cuyo caso, la Policía de Puerto

Rico deberá mantener dicha información de manera confidencial,

sin divulgar a terceros. En dicho caso, el Tribunal Supremo dispuso

además que, la toma de fotografías y huellas dactilares se realiza

con el objetivo de identificar al imputado como la persona

responsable del acto delictivo y facilitar su procesamiento en caso

de reincidencia. Pueblo v. Torres Albertorio, supra a la págs. 130 y

136.

        Previo a la aprobación de la Ley 45-1983 y de la Ley 314-2004,

el Tribunal Supremo resolvió Archevali v. E.L.A., 110 DPR 767, 771

(1981). En dicho caso, la Sra. Archevali resultó convicta por expedir

cheques sin fondo. Allí, nuestro más Alto Foro, de forma Per Curiam,

resolvió que, no procede la devolución de las fotografías, huellas

digitales y del expediente investigativo debido a que la Sra. Archevali

fue declarada culpable. Lo antes, en la eventualidad de que ella

reincida en otros delitos.

   C. Reincidencia

        El Artículo 74 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33

LPRA sec. 5107, desglosa las normas aplicables a la determinación
KLCE202301002                                                      11

de reincidencia. En lo atinente al caso de epígrafe, el inciso (a)

dispone lo siguiente:

      (a) No se tomará en consideración un delito anterior si entre

         éste y el siguiente han mediado diez (10) años desde

         que la persona terminó de cumplir sentencia por dicho

         delito. (Énfasis nuestro.)

      (b) […]

      Añádase que, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Galindo

González 129 DPR 627 (1991), al analizar el valor probatorio de una

convicción anterior para impugnar la credibilidad en un caso sobre

reincidencia, determinó que la convicción anterior que tenga más de

diez (10) años,    se considera remota y debe ser           excluida

automáticamente de la prueba a considerarse, porque mientras más

remota menos será su valor probatorio. Íd. a la pág. 641, citando la

Regla 46 (c) de Evidencia 32 LPRA Ap. IV; E.L. Chiesa, Evidencias

de carácter y conducta específica bajo las Reglas de Evidencia de

979, XV (Núm.2) Rev. Jur. U.I.A 76 (1980).

   D. Hermenéutica

      La hermenéutica legal es el proceso de interpretar las leyes;

es decir, auscultar, averiguar, precisar y determinar cuál ha sido la

voluntad legislativa. Este método de interpretación se utiliza, no

solamente en la interpretación de estatutos, sino también, en la de

los contratos, testamentos, reglamentos administrativos y cualquier

otro documento. R. E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs.

JTS, 1987, Vol. I, pág. 241. Véase, además, IFCO Recycling v. Aut.

Desp. Sólidos, 184 DPR 717, 738 (2012).

      Los tribunales tienen la facultad de interpretar las leyes

cuando no son claras o concluyentes sobre un punto particular;

cuando es necesario suplir una laguna en el estatuto, o cuando la
KLCE202301002                                                             12

justicia lo requiera para mitigar los efectos adversos de la aplicación

de una ley. Brau, Linares v. ELA et als., 190 DPR 315, 340 (2014).

El juzgador, al sumergirse en esta tarea, debe cerciorarse de que se

descubra y se haga cumplir la verdadera intención y el deseo del

poder legislativo. Puerto Rico Fast Ferries, LLC v. Autoridad de

Alianzas Público-Privadas y otros, 2023 TSPR 121, resuelto el 3 de

octubre de 2023.13 Así, pues, la aplicación justa de la norma legal

requiere del juez gran ponderación, profunda sabiduría y vuelo

imaginativo. Para ello, es deber del juez escrutar las palabras de la

ley para encontrar el propósito que se propone. Además, el juez debe

hurgar la prueba para descubrir elementos que se niegan a salir a

flote y que demuestren lo acontecido realmente y escudriñar las

controversias hasta comprender su verdadero origen. Es importante

que lo que se produzca sea “una solución que sea cónsona con la

idea animadora del derecho, que es la justicia”. R. E. Bernier y J.A.

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 288.

      Nuestro más Alto Foro ha expresado que el Código Civil de

Puerto Rico “contiene una serie de disposiciones dirigidas a guiar el

análisis e interpretación correcta de las leyes”. IFCO Recycling v. Aut.

Desp. Sólidos, supra. Una de las reglas de hermenéutica legal que

surgen de dicho código es: “[c]uando la ley es clara y libre de toda

ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de

cumplir su espíritu”. Art. 19 del Código Civil de 2020, Ley Núm. 55-

2020, 31 LPRA sec. 5341. Véase, además, Romero, Valentín v. Cruz,

CEE et al., 205 DPR 972, 992 (2020).

                                    III.

      En su recurso, el peticionario impugna la denegatoria del foro

primario a su solicitud de devolución de fotografías y huellas

13Véase, además, IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, citando a R. E.
Bernier y J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 242.
KLCE202301002                                                                13

dactilares. En su discusión, el peticionario expresa que el Estado no

tiene ninguna utilidad para retener tales documentos. Reconoce

que, distinto a los hechos de Pueblo v. Torres Albertorio, supra, él fue

encontrado culpable y pagó la multa impuesta. Ahora bien, entiende

que, si el Estado retiene sus fotografías y huellas dactilares,

constituye una violación a su derecho a la intimidad. Ello, en

consideración al tiempo transcurrido -25 años- desde que cumplió

su sentencia, sin haber cometido un delito ulterior y gozando de

buena reputación en la comunidad.

       El peticionario advierte que, si bien es cierto que en Archevali

v. E.L.A., supra, el Tribunal Supremo no autorizó la devolución de

las fotografías y huellas digitales a la Sra. Archevali -tras ser hallada

culpable-, también es cierto que, a la fecha de su solicitud, a ella no

se le había autorizado la eliminación de la convicción de su

expediente penal.

       En apoyo a su análisis, el peticionario cita lo resuelto por el

Tribunal     de     Apelaciones       en    Ex    parte     Sánchez    Torres

(KLCE201000425)14. Allí, un panel hermano dictaminó que, ante la

imposibilidad de aplicar la reincidencia por el tiempo transcurrido

desde que cumplió la sentencia impuesta, en consideración al

derecho constitucional a la intimidad que cobija al Sr. Sánchez

Torres y en ausencia de una justificación del Estado para retener lo

solicitado, procedía la devolución de las huellas digitales al Sr.

Sánchez Torres.15 Al analizar el alcance de la Ley 45-1983, el panel

hermano puntualizó que “[…]dicha pieza legislativa no excluye otros

posibles escenarios sino que delimita el ámbito en esos dos

supuestos [absolución e indulto]. Caso a caso, a la luz de la totalidad

de las circunstancias y la interacción de derechos constitucionales

14 Citado por las partes en sus alegatos como In re-Sánchez Torres.
15 De nuestra búsqueda en el Registro de Transacciones para Tribunales (TRIB)

no surge que el referido dictamen haya sido objeto de revisión judicial ante el
Tribunal Supremo.
KLCE202301002                                                                14

y estatutarios, los tribunales tienen discreción para evaluar este tipo

de solicitud.”

      Por   su    parte,   el   Estado    argumenta     que,     la    ley    de

certificaciones de antecedentes penales, supra, nada provee con

respecto a la devolución de huellas y fotografías. Expresa además

que, la Ley 45-1983, supra, limita el beneficio de solicitar la

devolución de las huellas dactilares y fotografías a aquellas personas

que resultaron absueltas de delito o que recibieron el indulto total o

absoluto del Gobernador. Con respecto a lo resuelto en Ex parte

Sánchez Torres (KLCE201000425), el Estado arguyó que el panel

hermano obvió el texto claro de la Ley 45-1983, supra, el cual limita

la devolución de las fotografías y huellas dactilares en poder de la

Policía de Puerto Rico a las personas que resultaron absueltas o que

recibieron un indulto del Gobernador. Sostuvo que, contrario a lo

anterior, otro panel hermano en Ex Parte López Fantauzzi,

(KLCE201501202) concluyó que, la retención de tales documentos

en los archivos de la Policía no afecta los intereses o derechos de las

personas y resulta ser un instrumento investigativo indispensable.

Lo antes, en la medida en que, no existe un riesgo de que esta

información      sea   divulgada   a     terceros,   afectando        así    sus

oportunidades educativas, laborales o su vida económica. Precisó

que, el panel hermano determinó que esa información es útil para el

Estado en caso de que reincida en otros delitos.

      Añade que, el peticionario no ha demostrado que la retención

de tales documentos por parte de la Policía de Puerto Rico vulnere

su derecho a la intimidad. A su vez aduce que, la referida retención

no afecta los intereses y derechos del peticionario toda vez que dicha

información será custodiada por la Policía de Puerto Rico de manera

confidencial. Además, sostiene que, las huellas dactilares y las

fotografías constituyen instrumentos investigativos indispensables

y forman parte de la base de datos de la Policía de Puerto Rico. Bajo
KLCE202301002                                                        15

estas circunstancias, el Estado indica que no cabe hablar de una

violación al derecho a la intimidad, ni de que la resolución recurrida

sea irrazonable, ni tampoco de que las fotos y huellas dactilares del

peticionario queden “gravitando en una oficina”.16 Expuso a la luz

de la jurisprudencia aplicable que, en caso de que la persona resulte

convicta no procede la devolución de las fotografías, ni de las huellas

digitales porque esa información es útil para el Estado como parte

de sus poderes investigativos y en caso de que la persona reincida

en otros delitos.

       A nuestro entender, la cuestión planteada no es tan simple.

No albergamos duda de que el poder investigativo es fundamental

en la protección de nuestra sociedad. Sin embargo, resulta evidente

que, nuestro ordenamiento jurídico obliga a que se identifique de

forma convincente una justificación constitucional para perpetuar

de forma indefinida la retención única de huellas y fotografías de

personas sin antecedentes penales.

       Hemos evaluado las posturas de las partes, el derecho, así

como la jurisprudencia aplicable y colegimos que, para atender

propiamente el asunto ante nos, es preciso efectuar un escrutinio

de factores a la luz de la ley sobre eliminación de antecedentes

penales, el poder del Estado para imputar reincidencia y el derecho

a la intimidad.

       En primer lugar, la ley de eliminación de antecedentes penales

tiene un propósito incuestionable de estimular la rehabilitación de

una persona. A esos efectos, transcurrido determinado periodo y

cumplida la sentencia impuesta, la persona pueda lograr por

determinación judicial que se borre la existencia de sus previas

convicciones al emitir una certificación a esos efectos. Sin embargo,

el Estado delimita la efectividad de dicha certificación sobre

16 Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 10-11.
KLCE202301002                                                       16

eliminación al retener las fotografías y huellas dactilares por tiempo

indefinido. Lo antes, con el propósito de tener una base de datos

para sostener sus poderes investigativos ante la eventualidad de

imputar reincidencia. No obstante, observamos una incongruencia

entre los estatutos aplicables ante el escenario cuando esos

documentos (huellas y fotografías) no son útiles para imputar la

reincidencia. Es decir, al transcurrir el término que establece el Art.

74 (a) del Código Penal, supra, ya el Estado no tendría autoridad

para imputar reincidencia.

      Ciertamente no albergamos duda de que, durante el periodo

que se permite imputar la reincidencia, el Estado goza de un interés

apremiante de conservar tales fotografías y huellas dactilares.

Ahora bien, una vez vence el término para imputar reincidencia y

emitida la certificación que demuestra que no tiene antecedentes

penales, ¿la persona recobra su expectativa de intimidad? ¿Y al

caducar el término para imputar reincidencia es irrazonable el

interés apremiante del Estado sobre esa persona? Nos preguntamos

si, la conservación de fotos y huellas de forma perpetua en

determinadas    circunstancias    transgrede    los   parámetros    de

razonabilidad violentando así el derecho a la intimidad.

      De un examen cuidadoso del Artículo 4 de la Ley 45-1983,

supra, se desprende que, el legislador autorizó expresamente la

devolución de las fotografías y huellas dactilares a personas que

fueron indultadas o que resultaron absueltas de delito. A su vez,

observamos que, dicho estatuto no excluye cualquier otro escenario.

Añádase a ello que, no se debe propiciar determinaciones que

resulten en conflicto con la intención legislativa que ha prevalecido

durante los pasados cuarenta años, de aprobar medidas que

faciliten la reincorporación en nuestra sociedad de quienes

previamente infringieron la ley y los estimulen a no volver a

delinquir.
KLCE202301002                                                        17

       Para sustentar lo anterior, debemos señalar que, en Pueblo v.

Torres Albertorio, supra, el Tribunal Supremo reconoció que, si la

Policía retiene las fotografías y huellas dactilares de una persona

que fue exonerada de delito, puede afectar su vida económica,

educativa y laboral, e incluso, puede invadir su derecho a la

intimidad, mientras no le sean devueltas. Sobre el particular

abundó, “[l]a arbitraria retención de dicha información deja de tener

significación cuando la persona es exonerada de delito, a menos que

se la quiera mantener para señalarle en el futuro como posible autor

de otros o parecidos delitos.” Pueblo v. Torres Albertorio, supra, pág.

135. A esos efectos, el Tribunal Supremo añadió que, una solicitud

de devolución de huellas dactilares y fotografías podrá denegarse si

el Estado justifica, mediante prueba convincente, que existen

circunstancias especiales que ameritan su retención. Íd., págs. 136-

137.

       Reconocemos que en el caso que nos ocupa se presenta una

situación de hechos distinguible, toda vez, que aquí el peticionario

por un lado tiene a su haber un certificado que divulga que no tiene

antecedentes penales. Por otro lado, ha transcurrido mayor término

que se permite para imputarle reincidencia. Además, el Estado no

ha presentado circunstancias especiales que ameriten su retención

después de 25 años, lo cual atenta contra el derecho a la intimidad.

       Al abordar la forma de adjudicar una controversia de esta

índole, hay que someterla a un análisis de escrutinio estricto, a los

fines de decidir si debe prevalecer el interés del Estado de proteger

la seguridad pública vis a vis el derecho a la intimidad del

peticionario. En atención a ese balance que debemos alcanzar

reconocemos que, si bien es apremiante el interés público de

investigar para imputar reincidencia, dicho interés debe ceder una

vez transcurren los 10 años para que al peticionario se le reconozca

su expectativa de intimidad, así como su derecho a proteger su vida
KLCE202301002                                                     18

privada, y evitar ataques abusivos a su honra. En Pueblo v. Falú

Martínez, 116 DPR 828, 837 (1986), el Tribunal Supremo le

reconoció el derecho a la intimidad a los propios confinados que aún

no habían completado su condena. Ello por entender que, el derecho

a la intimidad es consubstancial al principio de inviolabilidad de la

dignidad del ser humano y no es un derecho abstracto. En particular

determinó que nuestra Constitución, aunque tuvo a la federal por

modelo, se fraguó en época reciente y ha podido ser más explícita en

cuanto al reconocimiento de derechos que, en lo que respecta a la

Constitución federal. Por ello podemos ir más allá de las fronteras

limitativas de la jurisprudencia federal.

      En Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 688, 700 (2014), el

Tribunal Supremo expresó que, el derecho a la intimidad goza de la

más alta jerarquía en nuestro ordenamiento constitucional y aplica

ex propio vigore (citando Lopez Tristani v. Maldonado 168 DPR 838,

849 (2006); Arroyo v. Rattan Specialites Inc., 117 DPR 35, 64 (1986).

Allí, al expresarse sobre el poder investigativo del Estado determinó

que, el ejercicio de tal autoridad no queda al margen de los

postulados constitucionales que informan nuestro ordenamiento.

      Recalcamos que, en este caso, no existe posibilidad de aplicar

en contra del peticionario la reincidencia, por haber transcurrido

más de veinticinco (25) años desde que él cumplió su sentencia, sin

cometer un delito ulterior. Dictaminamos que, el derecho del Estado

a retener el fichaje de las personas -que cumplieron su sentencia y

que no han delinquido posteriormente- caduca al vencer el término

de 10 años que establece el Artículo 74, supra, sobre reincidencia.

Por ello colegimos que, en cumplimiento con el estatuto vigente y

con la intención legislativa antes expuesta, dentro del periodo de 10

años subsiguientes al cumplimiento de una sentencia, permanece

en vigor el interés apremiante del Estado de retener las fotos y

huellas dactilares para los propósitos reconocidos en la legislación
KLCE202301002                                                                  19

antes expuesta. Sin embargo, transcurrido dicho término de

caducidad, se extingue la posibilidad de usarlo en su contra.

Añádase a ello que, según lo resuelto en Pueblo v. Galindo González,

supra, transcurrido el término de 10 años, tampoco se podría

utilizar convicciones anteriores y/o récord penales anteriores, para

impugnar credibilidad por resultar remotas, sin valor probatorio,

alguno lo cual conlleva su exclusión automática de una prueba a

presentarse.

       De otra parte, es de notar que, el lenguaje de la Ley 45-1983,

supra, otorga discreción a los tribunales para autorizar la

devolución de las huellas y fotografías a aquellos imputados que

resultaron absueltos de delito. Así lo interpretó el Tribunal Supremo

en Pueblo v. Torres Albertorio, supra, pág. 136, al indicar que “[l]a

medida parece dejar a la discreción del tribunal la decisión de

devolver al imputado absuelto las huellas digitales y fotografías

tomadas.”17 Lo antes, surge además del Informe del P. del S. 749 al

Senado de Puerto Rico, pág. 4, el cual en lo atinente dispone que:

“[r]ecalcamos en este momento que el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha establecido la no obligatoriedad de devolver huellas y

fotografías cuando ha mediado un fallo condenatorio. Así quedó

establecido en el caso de Archevali Shuck, supra. En el proyecto

ante vuestra consideración, aunque no se hace absolutamente

mandatoria la devolución, sí debe entenderse que corresponde al

ministerio fiscal demostrar, ante la petición de devolución, que el

estado tiene razones válidas que justifican la retención de huellas y

fotografías.”

       Basado en lo anterior, colegimos que en este caso el Estado

no   nos    ha   puesto     posición    para    identificar    circunstancias

apremiantes. De hecho, de un examen del tracto procesal, surge

17 Véase, además, J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y

Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Editorial Temis S.A.,
2010, pág. 773
KLCE202301002                                                                20

que, el Estado tampoco se opuso al petitorio, a pesar de la orden

emitida por el TPI para que expusiera su posición sobre la solicitud

interpuesta por el peticionario. Añádase que un certificado negativo

de antecedentes penales demuestra la misma información -la

ausencia de un récord penal- sin distinguir, si la persona fue

absuelta, fue indultada, o si recibió el certificado por motivo de una

resolución emitida por el tribunal, según autoriza la Ley 45-1983.

Conforme a la normativa antes expuesta, existe un deber del Estado

de justificar -mediante prueba convincente- las razones para retener

las fotografías y huellas, en aras de crear un balance entre la

seguridad pública y los derechos constitucionales de los ciudadanos

afectados y el interés de promover una verdadera rehabilitación con

legislación que motive dicho propósito. Limitar categóricamente la

devolución de las fotografías y huellas dactilares a personas que

fueron indultadas o absueltas conllevaría establecer que, la

consecuencia legal de borrar un expediente criminal es parcial, con

efectos únicamente civiles.18

       Nos resulta ilustrativo lo expresado por el Tribunal Supremo

en Pueblo v. Ortiz Martínez, supra y conforme las normas de

hermenéutica antes reseñadas procede su aplicación a la presente

causa. Aunque reconocemos que dicho caso atiende una solicitud

de sentencia suspendida, allí, el Sr. Ortiz Martínez se declaró

culpable de violar la Ley de Armas de Puerto Rico, por lo cual,

cumplió 18 meses de cárcel, sujeto al régimen de sentencia

suspendida. Al cabo de 18 años, se declaró culpable de dos delitos

menos grave bajo la Ley de Armas de Puerto Rico. Así las cosas, el

Sr. Ortiz Martínez solicitó nuevamente los beneficios de una

18 Véase Pueblo v. Ortiz Martínez, supra. A lo antes también añadimos que nos

persuade lo resuelto por un panel hermano en Pueblo v. Sierra Bermúdez
(KLAN20160644), así como en Ex parte Sánchez Torres (KLCE201000425). De
nuestra búsqueda en el Registro de Transacciones para Tribunales (TRIB) no
surge que los referidos dictámenes hayan sido objeto de revisión judicial ante el
Tribunal Supremo.
KLCE202301002                                                          21

sentencia suspendida. En apoyo a su petitorio, suministró un

Certificado Negativo de Antecedentes Penales expedido por el

Superintendente de la Policía, junto a varias cartas de vecinos y

compañeros     de    trabajo    que    acreditaban     su    sentido   de

responsabilidad y buen carácter. En respuesta, el TPI denegó su

solicitud, por entender que, la convicción anterior lo descalificó

automáticamente de los beneficios de sentencia suspendida, a tenor

de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, Ley de Sentencia

Suspendida y Libertad a Prueba. Ante la solicitud del Sr. Ortiz

Martínez, el Tribunal Supremo revocó al foro impugnado y resolvió

que, una convicción previa -que fue eliminada del Certificado de

Antecedentes Penales- no constituye un impedimento para que este

pudiese solicitar los beneficios de sentencia suspendida. En su

análisis, nuestro más Alto Foro expuso:

      [d]e ese modo, logra plena virtualidad la filosofía consagrada
      en la ley --congruente con un enfoque moderno de
      rehabilitación-- de que el peticionario nunca fue acusado ni
      convicto del delito. Ciertamente, tanto el procedimiento
      judicial como el trámite administrativo establecidos [sic] en
      la ley vienen a llenar una laguna y a remediar una situación
      de injusticia que pesaba sobre aquellos ciudadanos que años
      atrás incurrieron en delitos, pero que después han
      mantenido una conducta ejemplar en nuestra sociedad.
      Como consecuencia de ese trámite, los tribunales no pueden
      tomar en consideración las convicciones así borradas. No
      puede darse la anomalía de que mientras de un lado el
      Superintendente de la Policía certifica negativamente, por
      otro lado, el tribunal acuda a sus archivos para resucitar
      esas convicciones. Pueblo v. Ortiz Martínez, supra, págs. 831-
      832.

      En resumen y atinente a la presente causa, no surge del

expediente que, transcurrido el término de caducidad para imputar

la reincidencia, el Estado haya demostrado tener un interés

apremiante, superior al derecho que cobija al peticionario, a que se

respete y se proteja su intimidad. Recalcamos que, en el presente

caso, el peticionario cumplió su sentencia y, tras 25 años sin haber

vuelto a delinquir, le fue eliminada la convicción por agresión

agravada de su expediente criminal. No hallamos fundamento
KLCE202301002                                                                22

alguno para denegar la entrega de sus fotografías y huellas, dadas

las circunstancias antes detalladas y ante la imposibilidad de que él

sea incurso en reincidencia. Ello, debido a que, ha transcurrido más

del doble del tiempo que establece el Artículo 74 del Código Penal,

supra, para poder tomar en cuenta un delito anterior.

       Reconocemos que el Estado tiene un interés apremiante de

combatir la criminalidad y de proteger la seguridad pública. De

hecho, no albergamos duda que ante los estatutos vigentes dicho

interés permanece en todo su vigor y se sobrepone al derecho de la

persona que haya cumplido su sentencia por 10 años subsiguientes

a dicho cumplimiento. Así se arguye en los casos citados por la parte

recurrida. Sin embargo, conforme las normas de hermenéutica que

permiten un análisis dirigido a que se produzca una solución

cónsona con la idea animadora del derecho, nos encontramos en

posición para precisar lo distinguible de la controversia ante nos.

Resulta que transcurrido el referido periodo de caducidad, ese

interés del Estado interfiere con el derecho fundamental del

peticionario a la intimidad. En su consecuencia, resulta necesario

aplicar el escrutinio estricto, a modo de que, el Estado demuestre

que en aras de salvaguardar su interés apremiante era necesario

retener el fichaje del peticionario.19

       Tras realizar el análisis de rigor constatamos que, a una

persona que cumplió su sentencia hace más de 25 años, que no es

susceptible     de   incurrir    en    reincidencia     debido     al   tiempo

transcurrido desde su convicción previa, que no ha vuelto a

delinquir, que goza de buena reputación y a quien le fue eliminada

la convicción de su récord penal, tiene un derecho a la intimidad

que puede verse afectado mientras la Policía retenga sus fotografías

y huellas dactilares. A lo antes se añade que, el Estado no precisó

19 Véase además lo resuelto en U.S. v. Kalish 271 F.Supp. 968 (DC Puerto Rico).
KLCE202301002                                                              23

cuál es la justificación para retener tales documentos, salvo

catalogarlos como “un instrumento investigativo indispensable” y

una    herramienta      adecuada      “para    investigar   y   combatir   la

criminalidad”.20 Entiéndase que, el Estado no demostró que su

interés apremiante superó el escrutinio constitucional estricto ante

las circunstancias particulares del caso ante nos. Nuevamente, no

albergamos duda de que el escrutinio y el balance justiciero

resultaría distinto si no hubieran pasado más de 10 años desde el

cumplimiento de la sentencia ya que durante dicho periodo el

Estado retiene la facultad, la autoridad y el deber de procesar

posibles reincidencias en cumplimiento de nuestro ordenamiento

jurídico. A la luz de lo esbozado y ante las circunstancias

particulares de este caso, concluimos que, los errores señalados se

cometieron por lo que se reúnen los criterios al amparo de la Regla

40 de nuestro Reglamento, supra, que justifican la expedición del

auto de certiorari. Mantener en vigor el dictamen impugnado atenta

contra el derecho a la intimidad del peticionario y constituye un

fracaso irremediable a la justicia.

                                      IV.

       Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de

certiorari, revocamos la Resolución impugnada y ordenamos al

Estado devolver al peticionario sus fotografías y huellas dactilares.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones. La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión

escrita.

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

20 Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 9 y 14.