Court Opinion

ID: 9941449
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:37:09.844254+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:46.288724
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL X

    EL PUEBLO DE PUERTO                           Certiorari
    RICO                                          procedente del
                                                  Tribunal de Primera
             Recurrido                            Instancia, Sala
                                                  Superior de San
                                    KLCE202301441 Juan
                  v.
                                                           Criminal Núm.:
                                                           K PD2005G0656
    OBE E. JOHNSON
                                                           Sobre:
            Peticionario                                   Art. 173 CP

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

          Comparece ante nos el señor Obe E. Johnson (señor Johnson

o peticionario), por derecho propio y en forma pauperis, mediante

escrito intitulado Motion requesting this Honorable Tribunal de

Apelaciones schedule a hearing date to celebrate the new trial, within

the Tribunal de Primera Instancia, suscrito el 6 de diciembre de

20231. Por medio de este, el peticionario nos solicita que se

establezca una fecha para la celebración de un nuevo juicio.

          Por   los     fundamentos      que    exponemos       a   continuación,

desestimamos el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

                                           I.

          En su escrito, el señor Johnson, quien se encuentra bajo la

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, adujo

que, el 1 de agosto de 2023, el foro primario le concedió al Fiscal de

Distrito un término de treinta (30) días para expresar su posición.

Por otro lado, señaló que, el 19 de septiembre de 2023, el foro

primario le concedió un término de treinta (30) días al Director de la

1
    El escrito fue recibido en el Tribunal de Apelaciones el 15 de diciembre de 2023.

Número Identificador
RES2024__________
KLCE202301441                                                                 2

Sociedad para Asistencia Legal de la Oficina de San Juan, para que

determine si procede algún remedio postsentencia en el presente

caso. Así, el señor Johnson refiere que los términos concedidos por

el foro primario expiraron y aún no ha recibido respuesta.

       Por último, el señor Johnson aduce que el Tribunal de Primera

Instancia lo sentenció ilegalmente bajo el Código Penal de Puerto

Rico de 2004 y el Código Penal de Puerto Rico de 1974. En esencia,

el peticionario solicita a este Tribunal de Apelaciones que establezca

una fecha para la celebración de un nuevo juicio.

       Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores, según lo permite la Regla (7)(B)(5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.

                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior2. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial3. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”4. Empero, el ejercicio de la

discreción     concedida     “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”5.

2 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023);

800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR,
185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005);
Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
3 Íd.
4 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, supra, pág. 91.
5 Íd.
KLCE202301441                                                              3

       Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones6, señala los

criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento      impone      que    ejerzamos     nuestra    discreción   y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

                                      -B-

       La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro

administrativo      para     considerar      y    adjudicar   determinada

controversia o asunto7. La jurisdicción no se presume y los

tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay8. Por

lo tanto, los tribunales deben ser celosos guardianes de su

jurisdicción y están obligados a considerar dicho asunto aún en

6 4 LPRA XXII-B, R. 40.
7 Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013).
8 Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007).
KLCE202301441                                                                 4

ausencia de señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, motu

proprio9.

       A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de

auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado10. Así

pues, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único

que puede hacer es así declararlo”11. (Énfasis nuestro). Ello, ya

que los tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción

donde no la tenemos12. Cuando este Foro carece de jurisdicción,

procede la inmediata desestimación del recurso apelativo13.

       Un recurso presentado prematura o tardíamente priva

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia14. Estos

tipos de recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto

jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza

prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad

alguna para acogerlo15.

                                      III.

       Como cuestión de umbral, nos corresponde atender el asunto

relativo a la jurisdicción debido a que este debe ser resuelto con

preferencia a cualquiera otra cuestión antes de entrar a considerar

los méritos del recurso. Veamos.

       En su escueto recurso, el señor Johnson se limita a solicitar

a este Tribunal de Apelaciones que establezca una fecha para la

9 S.L.G. Solá-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); S.L.G.
Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Juliá et al. v. Epifanio
Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001).
10 Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012).
11 Íd, pág. 856.
12 Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015).
13 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.
14 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
15 Íd.
KLCE202301441                                                                5

celebración de un nuevo juicio. No obstante, el apéndice de este

recurso no contiene una determinación judicial que sea revisable

por este Tribunal.

       Cabe mencionar que el señor Johnson incumplió con gran

parte de las disposiciones reglamentarias correspondientes a la

presentación y perfeccionamiento de un recurso de certiorari16.

Particularmente, ha incumplido con las formalidades para el

contenido del recurso, pues no incluyó una relación fiel y concisa de

los hechos procesales y materiales del caso. Tampoco consignó ni

un solo señalamiento de error que a su juicio hubiese cometido el

foro recurrido.

       En resumen, el recurso ante nos no reúne las exigencias

reglamentarias necesarias para que podamos entender en el mismo.

Una vez el foro primario notifique una determinación revisable por

este foro revisor, el señor Johnson podrá, si lo entiende necesario,

recurrir nuevamente ante nos. Lo que ahora nos corresponde, ante

la falta de jurisdicción, es desestimar el recurso. Regla 83(C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                     IV.

       Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el

recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

       Notifíquese al señor Obe E. Johnson, quien se encuentra bajo

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación:

Institución Guayama 500 AB-033 PO Box 1000-5 Guayama, PR

00785, o en cualquier institución en donde se encuentre.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

16 Véase, Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 34.