Court Opinion

ID: 9952377
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:35.548157+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:05.574766
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

   LMD & ASSC, LLC.                                     CERTIORARI
 (CORP DE P.R.), LMD &                                  procedente del
  ASSC, LLC (CORP DE                                    Tribunal de Primera
  CAROLINA DEL SUR)                                     Instancia Carolina
     Peticionario
                                KLCE202400103 Caso Núm:
              v.                              SJ2019CV03786

 ALLIED CAR & TRUCK                                     Sobre:
 RENTAL, INC/ALLIED                                     Incumplimiento de
 FINANCIAL SERVICES,                                    contrato y Otros
         INC.
      Recurrido

              v.

    LUIS M. DERRY Y
         OTROS
      Peticionario

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2024.

       El 25 de enero de 2024, LMD & ASSC, LLC1 (LMD) y Luis Mark

Derry (señor Derry) (en conjunto, los peticionarios) comparecieron

ante nos mediante una Petición de Certiorari y nos solicitaron la

revocación de una Resolución que se dictó y notificó el 11 de enero

de 2024 y una Orden que se dictó y notificó ese mismo día por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).

Mediante la Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar una solicitud

presentada por los peticionarios para que se celebrara una vista

evidenciaria conforme a lo previamente ordenado por esta Curia en

el caso núm. KLAN20200999 y reiterado en el caso núm.

KLAN202200949. Ahora bien, en la Orden recurrida, el TPI le ordenó

a Allied Car and Truck Rental, Inc. y a Allied Financial Services, Inc.

1 Es preciso aclarar que la corporación que recurre ante nos, LMD & ASSC, LLC,

es la corporación de Carolina del Sur y no la corporación de Puerto Rico.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLCE202400103                                                          2

(en conjunto, Allied o la parte recurrida) a que presentara un

proyecto de ejecución de sentencia en cuanto a unos honorarios

impuestos por temeridad.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Resolución que se

dictó y notificó el 11 de enero de 2024.

                                       I.

        Previo a discutir el tracto procesal pertinente al caso de autos,

es menester proveer un recuento de ciertos hechos para poder

entender el origen de la controversia. Conforme surge del expediente

ante nuestra consideración, LMD y LMD & ASSC Puerto Rico (LMD

PR) instó una Demanda sobre daños y perjuicios y sentencia

declaratoria contra Allied y Rhamses Carazo en otro caso con la

denominación alfanumérica SJ2019CV03786. Finalmente, el 10 de

noviembre de 2020, el TPI dictó una Sentencia Parcial desestimando

con perjuicio la referida Demanda bajo el fundamento de que se dejó

de exponer la concesión de un remedio y, además, le impuso

honorarios por temeridad tanto a LMD como a LMD PR. En

desacuerdo con este dictamen, LMD y LMD PR presentaron una

Apelación ante este Tribunal impugnando dicho dictamen. Evaluado

el recurso, el 23 de marzo de 2021, un panel hermano de este

Tribunal de Apelaciones dictó una Sentencia en el caso núm.

KLAN202000999.2

        El dictamen apelativo concluyó que existía controversia en

torno a si el señor Derry compareció como promotor en un acuerdo

que hubo entre las partes y si LMD asumió las obligaciones de los

contratos pactados ya que no se había desfilado prueba sobre estos

asuntos. En consecuencia, se refirió el caso al TPI para la resolución

de las mencionadas controversias.3 Del mismo modo, en la referida

2 Véase, págs. 18-39 del apéndice del Recurso.
3 Íd., pág. 33.
KLCE202400103                                                      3

Sentencia, resolvió que no procedía imponerle honorarios por

temeridad a LMD ya que entendió que este último descansó de

buena fe en una interpretación errónea del derecho vigente.

        Posteriormente, en el caso civil núm. SJ2019CV03786 el

señor Derry presentó una moción de desestimación y el TPI la

declaró Ha Lugar mediante una Sentencia Parcial que se emitió el 11

de octubre de 2022. En desacuerdo con este dictamen, Allied

presentó una Apelación el 28 de noviembre de 2022 ante este

Tribunal solicitando la revocación del referido dictamen. Así pues,

el 27 de abril de 2023, un panel hermano emitió una Sentencia en

el caso núm. KLAN202200949 revocando el dictamen apelado.

Específicamente, resolvió lo siguiente:

        Nótese que en el presente caso el foro primario no
        celebró vista evidenciaria, a los fines de dilucidar las
        controversias de hechos expuestas por esta Curia en su
        Sentencia emitida el 23 de marzo de 2021 en el caso
        KLAN202000999 y determinar la participación y
        responsabilidad del señor Derry, si alguna, en los
        contratos objeto de controversia. Por lo cual,
        concluimos que el foro a quo no acogió el mandato de
        esta Curia, a los fines de determinar la responsabilidad
        del señor Derry en la relación contractual entre LMD y
        Allied. En consecuencia, será deber del foro primario
        acatar el dictamen emitido por este Tribunal revisor en
        el caso KLAN202000999 y resolver la participación del
        señor Derry en la relación contractual entre Allied y
        LMD.4

        Una vez recibido el mandato de la Sentencia proveniente del

caso núm. KLAN202200949 y tras varias incidencias procesales, el

15 de diciembre de 2023, el TPI celebró una vista de estado de los

procedimientos. De igual modo, ese mismo día, el TPI emitió una

Orden mediante la cual le concedió a las partes hasta el 31 de

diciembre de 2023 para que actualizaran el Informe con Antelación

a Juicio que se había presentado el 28 de octubre de 2022.5

4 Íd., pág., 62.
5 Véase, pág. 14 del apéndice del Recurso.
KLCE202400103                                                        4

       Así las cosas, el 18 de diciembre de 2023, Allied presentó una

Moción en Solicitud de Ejecución de Sentencia.6 En esta, alegó que el

Tribunal de Apelaciones determinó que no intervendría con la

imposición de honorarios de abogados contra LMD PR ya que no

hubo abuso de discreción por parte del TPI. Sostuvo que, luego de

varias gestiones realizadas para obtener el pago de dichos

honorarios, no había recibido el referido pago. En mérito de lo

anterior, Allied le solicitó al TPI a que le ordenara a LMD PR a

efectuar el pago de las sumas impuestas. Asimismo, solicitó la

imposición de honorarios por temeridad adicionales, por hacerle

gastar innecesariamente recursos para conseguir el pago de

honorarios. Atendido este escrito, el 19 de diciembre de 2023, el TPI

le concedió veinte (20) días a LMD para que replicaran esta moción.7

       Posteriormente, el 3 de enero 2024, los peticionarios y LMD

PR presentaron una Moción en Solicitud de Orden.8 En primer lugar,

argumentaron que esta Curia había ordenado a celebrar una vista

evidenciaria a los efectos de determinar la participación y

responsabilidad del señor Derry en los contratos objeto de

controversia. Esbozaron que, siendo ello así, entendían pertinente

que se llevara a cabo la vista ordenada a los fines de dilucidar dichas

controversias. En esa misma fecha, los peticionarios y LMD PR

presentaron una Moción en Solicitud de Prorroga en la cual

solicitaron treinta (30) días adicionales para cumplir con la Orden

que el TPI emitió el 19 de diciembre de 2023. 9

       Al día siguiente, el 4 de enero de 2024, Allied presentó una

Oposición a “Moción en Solicitud de Orden” y “En Solicitu [sic] de

Prórroga”.10 En esta, insistió en el planteamiento referente a que los

peticionarios no habían pagado los honorarios de abogado que les

6 Íd., pág. 15-17.
7 Véase, SUMAC, Entrada 261.
8 Véase, págs. 49-50 del apéndice del Recurso.
9 Véase, SUMAC, Entrada 264.
10 Véase, SUMAC, Entrada 265.
KLCE202400103                                                        5

había impuesto el TPI. En cuanto al asunto de la vista

argumentativa, Allied esbozó que, en la vista de estatus del 15 de

diciembre de 2023, el TPI “ordenó a las partes atender unos asuntos

relativos a la responsabilidad del tercero demandado en el informe

de conferencia con antelación a juicio”.11 De tal manera, Allied

razonó que el pedido de los apelantes era bifurcar el juicio y que, de

igual manera, dicho pedido era un intento para atrasar los

procedimientos.

        Evaluado los planteamientos de las partes, el 11 de enero de

2024, el TPI emitió una Resolución en la cual determinó lo siguiente:

             EL TRIBUNAL DECLARA NO HA LUGAR LAS
        SOLICITUDES DE PRÓRROGA Y DE CELEBRACIÓN
        DE   VISTA  EVIDENCIARIA  QUE  LA  PARTE
        DEMANDANTE-RECONVENIDA PRESENTÓ EL 3 DE
        ENERO DE 2024.12

        De igual manera, ese mismo día, el TPI le ordenó a Allied a

que presentara un proyecto de orden para ejecutar la sentencia en

cuanto a los honorarios impuesto por temeridad.13 En cumplimiento

con esta directriz, el 12 de enero de 2024, Allied presentó una Moción

en Cumplimiento de Orden en la cual anejó los correspondientes

proyectos de ejecución de sentencia.14

        Subsiguientemente, el 16 de enero de 2024, los peticionarios

presentaron una Solicitud De Reconsideración A: I) Resolución […] y

II) Orden […].15 Mediante esta, esbozaron que lo único que

solicitaron fue una prórroga para expresar su réplica a la solicitud

de ejecución de sentencia, en la cual se solicitaba la ejecución de

una cuantía, que, a su juicio, era incorrecta, no líquida, ni exigible,

no final y contraria a derecho. Igualmente, argumentaron que le

habían solicitado al TPI que acatara las directrices impartidas por el

Tribunal de Apelaciones de manera tal que se resolvieran ciertas

11 Íd. pág., 2.
12 Véase, pág., 2 del apéndice del recurso.
13 Íd., pág. 3.
14 Íd., pág., 63-69.
15 Íd., pág. 4-11.
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controversias de hecho relacionadas al caso de autos, previo a la

celebración del juicio.

       Por su lado, el 17 de enero de 2024, Allied presentó una

Oposición a Solicitudes de Reconsideración.16 En esta adujo que el

término concedido por el TPI para replicar la solicitud de ejecución

de hipoteca había vencido el 8 de enero de 2024 y que el fundamento

de la representación legal de LMD referente a que no podría cumplir

con el término ya que estaría de vacaciones, no era suficiente para

conceder la prórroga que solicitaban. Del mismo modo, manifestó

que estaba en contra de posponer la presentación del Informe de

Conferencia con Antelación a Juicio, el cual informó que ya estaba

listo con la posición de ambas partes.

       Evaluado los escritos, el 17 de enero de 2024, el TPI emitió

una Resolución en la cual dispuso lo siguiente:

       EL TRIBUNAL DECLARA NO HA LUGAR LA SOLICITUD
       DE RECONSIDERACIÓN QUE LMD PRESENTÓ EL 16
       DE ENERO DE 2024.

       LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA POSIBLE
       RESPONSABILIDAD DE LUIS MARK DERRY SERÁN
       ATENDIDOS PRÓXIMAMENTE.

       LOS HONORARIOS POR TEMERIDAD FUERON
       IMPUESTOS EN UNA SENTENCIA PARCIAL QUE
       ADVINO FINAL Y FIRME. POR OTRA PARTE, LA
       SOLIICTUD DE PRÓRROGA NO EXPUSO JUSTA
       CAUSA. LAS VACACIONES DE UN ABOGADO NO
       CNSTITUYEN JUSTA CAUSA. REFIÉRASE A LAS
       EXPRESIONES QUE SOBRE ESTE ASUNTO HICIERA
       EL TRIBUNAL SUPREMO EN SOTO PASTRANA V.
       RECHANI (2003).17

       Insatisfechos, el 25 de enero de 2024, los peticionarios

presentaron el presente recurso y formularon los siguientes

señalamientos de error:

       Abusó de discreción el TPI al no acatar las
       directrices impartidas por este Tribunal de
       Apelaciones en los casos KLAN202000999 y
       KLAN202200949, y en consecuencia denegar la
       celebración de la vista.

16 Véase, SUMAC, Entrada 275.
17 Véase, pág. 13 del apéndice del Recurso.
KLCE202400103                                                      7

      Abusó de discreción el TPI al declarar Con Lugar una
      ejecución de sentencia, por una cantidad errónea de
      dinero, relativa a unos honorarios de abogado, y a su
      vez, ordenar que se sometiese un proyecto de orden
      para ejecutar una cantidad errónea de dinero.

      Cabe precisar, que junto a su recurso de certiorari, los

peticionarios presentaron una Moción Urgente en Auxilio de

Jurisdicción mediante la cual solicitaron la paralización de los

procedimientos toda vez estaba pendiente ante el TPI una moción de

ejecución de sentencia. Atendido el recurso, el 25 de enero de 2023,

emitimos una Resolución declarando No Ha Lugar la moción de

auxilio de jurisdicción ya que no surgía del apéndice, ni de

SUMAC que el TPI ordenara el mandamiento de la ejecución de

sentencia.   Por último, le concedimos a la parte recurrida de

epígrafe hasta el 5 de febrero de 2024 para que presentara su

oposición al recurso.

      El 29 de enero de 2024, los peticionarios presentaron una

Moción de Reconsideración. En esta, informaron que el 26 de enero

de 2024, un día después de que emitiéramos nuestra Resolución, el

TPI notificó la Orden de Ejecución de Sentencia. En vista de ello, el

30 de enero de 2024, le concedimos a Allied hasta el 1 de febrero de

2024 para que expresara por qué no debíamos paralizar la Orden de

Ejecución de Sentencia.

      Oportunamente, el 1 de febrero de 2024, Allied presentó su

Oposición a Expedición de Auto de Certiorari y negó la comisión de

los errores imputados por los peticionarios. Sin embargo, no dispuso

nada en cuanto a la paralización de la Orden de Ejecución de

Sentencia. Así pues, declaramos No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración ya que como mencionamos anteriormente, no

surgía del expediente ante nuestra consideración que el TPI hubiese

expedido un mandamiento de ejecución de sentencia.
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      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver la controversia que está ante nuestra

consideración. Veamos.

                                  II.

                                  -A-

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR 821, 846-847 (2023).

Los tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un

certiorari de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como

“el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger

entre uno o varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324,

334 (2005). Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este

foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya

que no tenemos autoridad para actuar de una forma u otra, con

abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría abuso

de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción judicial

esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad”. Íd.

      La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

             El tribunal tomará en consideración los
         siguientes criterios al determinar la expedición de
         un auto de certiorari o de una orden de mostrar
         causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.
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          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
          y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
          el caso es la más propicia para su consideración.

          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
         XXII-B, R. 40.
       Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                  -B-

       El mandato es una figura enmarcada dentro de los procesos

apelativos. Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 151 (2012). El

Tribunal Supremo lo ha definido como “el medio que posee un

tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal inferior qué

determinación ha tomado sobre la sentencia objeto de revisión y

ordenarle actuar de conformidad con la misma”. Íd.; Mejías el al. v.

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 300-301 (2012). El propósito

principal del mandato es lograr que el tribunal inferior actúe

conforme a los pronunciamientos del tribunal apelativo. Íd., pág.

301.
KLCE202400103                                                      10

      Asimismo, la doctrina establece que, si bien es cierto que los

tribunales de menor rango le deben fiel cumplimiento y obediencia

al mandato judicial de un tribunal de mayor jerarquía, “estos

mantienen discreción para reconsiderar asuntos que no fueron

expresamente o implícitamente decididos por el tribunal que emitió

la orden de mandato. Íd., pág. 302. Sin embargo, lo anterior no debe

interpretarse como una justificación para que los tribunales

inferiores actúen fuera de la orden dictada. Id., pág. 303. Así pues,

“solo aquellos asuntos que son ajenos al mandato judicial [son] los

que el foro inferior podrá revisar, a saber, aquellos asuntos que no

surgen de manera explícita o implícita”. Íd. (Énfasis suplido)

      La figura del mandato se encuentra delineada en la Regla

84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente,

dicha regla establece que:

      […]

      (E) Transcurridos diez días laborables de haber
      advenido final y firme la decisión del Tribunal de
      Apelaciones, el Secretario o Secretaria enviará el
      mandato al Tribunal de Primera Instancia o a la agencia
      correspondiente, junto con todo el expediente original,
      cuando éste haya sido elevado.

      El mandato cobra especial relevancia con lo relacionado a los

efectos de índole jurisdiccional que pueda tener su remisión al foro

de origen. Colón y otros v. Frito Lays, supra, pág. 153. Lo anterior,

debido a que, “una vez el tribunal en alzada emite su determinación,

y la misma adviene final y firme, se enviará el mandato

correspondiente al foro recurrido”. Íd. Así, “[e]s en ese momento que

el recurso que estaba ante la consideración del foro revisor concluye

para todos los fines legales, por lo que se entiende que no es hasta

entonces que este pierde jurisdicción en lo concerniente al asunto”.

Íd. Consonó con lo anterior, el foro revisado no adquiere jurisdicción

nuevamente para continuar con los procedimientos y ejecutar los
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dictámenes de la sentencia en alzada, hasta tanto reciba el mandato

del tribunal revisor. Íd., pág. 154.

                                  -C-

      La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro

administrativo    para    considerar    y   adjudicar   determinada

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias

siguientes:

      (a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no
      pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal,
      como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la
      nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los
      tribunales el ineludible deber de auscultar su propia
      jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el
      deber de examinar la jurisdicción del foro de donde
      procede el recurso; y (f) puede presentarse en cualquier
      etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por
      el tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort
      & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

      A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor

de auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado.

(Énfasis nuestro). Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros,

187 DPR 445, 457 (2012). Así pues, “las cuestiones jurisdiccionales

deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”. González v.

Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856. Ello, ya que los

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no

la tenemos. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 103

(2015). Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la

inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).
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      Un recurso presentado prematura o tardíamente priva

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Estos tipos de

recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto jurídico,

pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para

acogerlo. Íd. Conforme a lo que antecede, este Tribunal de

Apelaciones puede desestimar, motu proprio, un recurso prematuro

o tardío por carecer de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

                                  III.

      Previo a atender la controversia ante nos, es importante

mencionar que conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, este Tribunal tiene jurisdicción para atender el presente

recurso toda vez que esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. A su vez, de conformidad con los criterios

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, este foro apelativo intermedio se encuentra en

posición de expedir el auto.

      En el recurso que esta ante nuestra consideración, los

peticionarios impugnaron la Resolución que dictó y notificó el TPI el

11 de enero de 2024 mediante la cual, en lo pertinente, se declaró

No Ha Lugar la celebración de la vista evidenciaria. En específico,

en su primer señalamiento de error, sostuvieron que el TPI abusó de

su discreción al no acatar las directrices que esta Curia impartió en

los casos KLAN202000999 y KLAN202200949, en los cuales se

ordenó la celebración de una vista evidenciaria. Por otro lado, en su

segundo señalamiento de error, los peticionarios esbozaron que el

TPI incidió al declarar Ha Lugar una solicitud de ejecución de

sentencia referente al pago de unos honorarios de abogado y a su
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vez ordenar que se sometiese un proyecto de orden para ejecutar

dicha cantidad de dinero.

      Surge del expediente que, en dos ocasiones distintas, este

Tribunal de Apelaciones le ordenó al TPI la celebración de una vista

evidenciaria para determinar si hubo alguna responsabilidad o

participación por parte del señor Derry en los contratos que son

objeto de esta controversia. No obstante, pese a esta clara directriz,

el TPI ha obviado acatar dicha instrucción. Prueba de ello fue el

declarar No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Orden presentada por

los peticionarios y LMD PR, el 3 de enero de 2024, mediante la cual

esta parte le solicitó al TPI a que celebrara la vista que nuestros

paneles hermanos habían ordenado. Es norma reiterada en nuestro

ordenamiento jurídico, que una vez el mandato de un tribunal de

rango mayor es remitido al tribunal inferior, este adquiere

jurisdicción bajo los únicos fines de ejecutar la sentencia, tal

como fue emitida en apelación. Mejías el al. v. Carrasquillo et al.,

supra, pág. 301. Es decir, los tribunales de menor jerarquía le

deben obediencia y fiel cumplimiento al mandato judicial de un

tribunal de mayor rango en todos aquellos asuntos que surjan

claramente y sin espacio a ambivalencias en la sentencia

apelativa. Íd., págs. 302-303.

      Cónsono con el análisis que antecede, es forzoso concluir que

el TPI no tenía discreción sobre si debe o no seguir la directriz que

este Tribunal de Apelaciones le ordenó en los casos KLAN202000999

y KLAN202200949. En ese sentido, por tercera ocasión, concluimos

que el TPI tiene la obligación de celebrar la vista evidenciara que ya

previamente se le había ordenado celebrar. Cabe puntualizar que no

podemos dejar de mencionar que la figura mandato ha sido

ampliamente discutida y reiterada y debe ser conocida por los foros

sujetos a revisión. La falta de dicho conocimiento básico implica que,

como en este caso, se infrinja nuestra política pública de economía
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procesal y acceso a la justicia. Ello pues, estos errores procesales

atrasan y duplican los procedimientos judiciales. Más lamentable

aún, estos errores tienen repercusiones perjudiciales para los

ciudadanos que interesan utilizar su derecho a revisión judicial,

pues les obliga a presentar múltiples recursos, lo cual implica

multiplicidad de gastos económicos. Por tales razones, colegimos

que se cometió el primer señalamiento de error.

      Es preciso puntualizar, que los peticionarios también

acudieron de una Orden que se dictó y notificó el 11 de enero de

2024 en la cual se le ordenó a la parte recurrida a que en un término

de diez (10) días presentara un proyecto de orden para ejecutar la

sentencia en cuanto a unos honorarios de abogado. Así pues, a raíz

de esta Orden, los peticionarios formularon el segundo señalamiento

de error antes mencionado. Es preciso puntualizar que, junto al

recurso de epígrafe que se presentó el 25 de enero de 2024, los

peticionarios presentaron una moción en auxilio de jurisdicción. Ese

mismo día, declaramos No Ha Lugar la moción de auxilio de

jurisdicción y expresamos que no surgía del apéndice, ni de

SUMAC que el TPI hubiera ordenado el Mandamiento de

Ejecución de Sentencia. Posteriormente, los peticionarios nos

solicitaron una reconsideración puesto que el 26 de enero de 2024,

entiéndase, un día posterior a la presentación de recurso de epígrafe

y la moción de auxilio de jurisdicción, el TPI había notificado una

Orden sobre Ejecución de Sentencia.

      Nótese que, los peticionarios no recurrieron de una orden de

ejecución de sentencia sino de una orden en la cual se le solicitó a

Allied presentar un proyecto de orden para ejecutar una sentencia.

Es decir, los peticionarios no recurrieron de ninguna determinación

del TPI en cuanto a ese asunto. De hecho, como reseñáramos, la

orden sobre ejecución de sentencia se notificó posterior a la

presentación de este recurso. Por tal motivo, es forzoso concluir que
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no podemos atender el segundo señalamiento de error, toda vez este

fue presentado de manera prematura ante esta Curia. De igual

manera y por los mismos fundamentos, declaramos No Ha Lugar la

Solicitud de Reconsideración presentada el 29 de enero de 2024 por

los peticionarios.

                                IV.

      Por los fundamentos, anteriormente expuestos, los cuales

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de

Certiorari y revocamos la Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones