Court Opinion

ID: 9941346
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:26:49.134041+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.457545
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

 JCA HOSPITALITY CORP.                           Revisión
                                                 procedente del
         Recurrente                              Instituto de Cultura
                                                 Puertorriqueña
              v.                KLRA202400034
                                                 Caso núm.:
 INSTITUTO DE CULTURA                            2023-510144-REA-
   PUERTORRIQUEÑA,                               014208
  OFICINA DE GERENCIA
      DE PERMISOS                               Sobre: Solicitud de
                                                Recomendación
         Recurridos                             Ambiental
Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez
Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

      Como parte de un proceso de cumplimiento ambiental, una

agencia emitió unos comentarios a la agencia encargada de emitir

una decisión final.       Como se explica en detalle a continuación,

procede la desestimación del recurso de referencia pues, al

presentarse el mismo, no se había emitido una decisión final

revisable ante este foro.

                                    I.

      En octubre de 2023, JCA Hospitality Group, Corp. (la

“Recurrente”), sometió ante la Oficina de Gerencia de Permisos

(“OGPe”) una Evaluación Ambiental para la construcción de un

edificio ubicado en la calle Caleta 61 en el Viejo San Juan.

      El 12 de enero de 2024, el Instituto de Cultura Puertorriqueña

(“ICP”) emitió una recomendación negativa sobre la acción

propuesta por la Recurrente. Razonó que el proyecto era de alta

intensidad y ubicado en una zona histórica, lo que requiere la

presentación de una nueva solicitud de recomendación de

arqueología y conservación histórica (SRA). Concluyó, además, que

el proyecto propuesto no cumplía con lo establecido en el

Número Identificador
SEN2024________________
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Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de

Negocios de 2023 (“Reglamento de 2023”).

      Inconforme, el 24 de enero, la Recurrente presentó el recurso

que nos ocupa; formula el siguiente señalamiento de error:

            Erró el Instituto de Cultura Puertorriqueña al
            emitir su recomendación vinculante a la Oficina
            de Gerencia y Permisos en el proceso de
            evaluación ambiental iniciado por ésta referente
            al desarrollo de un hotel boutique en el solar que
            ubica en Caleta de San Juan Número 61,
            aplicando una normativa declarada nula por el
            Tribunal Supremo de Puerto Rico.

                                 II.

      La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay.

Íd.   Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882

(2007).   Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado.

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

      Un recurso es prematuro cuando es presentado en el tribunal

antes de que dicho foro tenga jurisdicción para atenderlo. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo v.

Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). Su presentación no

produce efecto jurídico alguno, ya que la falta de jurisdicción es un

defecto insubsanable. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654

(2000). Así pues, un tribunal no puede intervenir en un recurso

prematuro. Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B.

      Por su parte, nuestra jurisdicción para atender un recurso de

revisión judicial se limita, como norma general, a la revisión de una
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“orden o resolución final de una agencia”, luego de que se hayan

“agotado todos los remedios provistos por la agencia”. 3 LPRA sec.

9672. Asimismo, la Ley de la Judicatura (Ley 201), dispone en su

Artículo 4.006(c) que este Tribunal revisará mediante el recurso de

revisión judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos o agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y; véase,

además, Regla 56 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56;

A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 DPR 850, 865-866 (2005). Esta orden

o   resolución   final   debe   “incluir   y   exponer   separadamente

determinaciones de hecho … [y] conclusiones de derecho …”. 3 LPRA

sec. 9654; Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006);

véase, además, Bennett v. Spear, 520 US 154 (1997).

      Así pues, la disposición final de una agencia es requisito

básico y jurisdiccional para que este foro pueda ejercer su función

revisora. Para que una orden o resolución se considere final, la

misma debe ser emitida por la última autoridad decisoria de la

agencia administrativa y debe poner fin a la controversia ante el

organismo, sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Const. Corp.

v. A.E.E., 152 DPR 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías,

et al., 144 DPR 483 (1997).

      Como excepción a la regla de la finalidad, se permite una

revisión de una actuación interlocutoria de una agencia cuando esté

presente un caso claro de ausencia de jurisdicción de la agencia

administrativa. J. Exam. Tec. Méd., 144 DPR a las págs. 491-492;

Comisionado Seguros, 167 DPR a la pág. 30. Así pues, ante una

“situación clara de falta de jurisdicción” o un “caso claro de falta de

jurisdicción”, es revisable una resolución interlocutoria de la

agencia. Comisionado Seguros, supra, citando a J. Exam. Tec. Méd.,

supra, y Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004).
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                                 III.

      Mediante la aprobación de la Ley para la Reforma del Proceso

de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada,

(Ley 161), 23 LPRA secs. 9011 y ss., se creó la OGPe, adscrita a la

Junta de Planificación. En lo aquí pertinente, la OGPe es el

organismo      encargado   de   firmar,   expedir     y   notificar   las

determinaciones de cumplimiento ambiental requeridas por el

Artículo 4(b)3 de la Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley Núm.

416-2004, según enmendada (Ley 416), 12 LPRA sec. 8001(a); véase,

además, Art. 8.5 de la Ley 161, 23 LPRA sec. 9018d.

      Respecto a la evaluación de cumplimiento ambiental, el

Artículo 8.5 de la Ley 161 establece, lo siguiente:

         El proceso de planificación ambiental es un
         procedimiento informal sui generis excluido de la
         aplicabilidad de la Ley de Procedimiento
         Administrativo Uniforme. El Director Ejecutivo de la
         Oficina de Gerencia de Permisos, realizará la
         determinación de cumplimiento ambiental requerida
         bajo las disposiciones del [Artículo 4(b)(3) de la Ley
         416, 12 LPRA sec. 8001(a)], y el reglamento que a los
         fines de esta sección y de este capítulo, apruebe la
         Junta de Calidad Ambiental en cuanto a: las
         acciones que tome con relación al trámite de los
         documentos ambientales, a las exclusiones
         categóricas, a las acciones con relación a la
         determinación de cumplimiento ambiental, y a las
         determinaciones finales que se le soliciten, de
         conformidad con este capítulo; y cualquier acción
         sujeta al cumplimiento con las disposiciones del
         [Artículo 4(b)(3) de la Ley 416, 12 LPRA sec. 8001(a)].

         […]

         La Oficina de Gerencia de Permisos dirigirá el
         proceso de evaluación del documento ambiental a
         través de la División de Evaluación de Cumplimiento
         Ambiental. En el caso de que la Oficina de Gerencia
         de Permisos sea la agencia proponente, el proceso de
         planificación ambiental a seguir será el siguiente:
         cuando el documento ambiental sometido sea una
         Evaluación Ambiental, la División de Evaluación de
         Cumplimiento Ambiental evaluará el documento
         ambiental y remitirá sus recomendaciones al
         Director Ejecutivo; siendo éste quien determine el
         cumplimiento ambiental, la cual será considerada
         un componente de la determinación final sobre la
         acción propuesta. […]23 LPRA sec. 9018d (énfasis
         suplido).
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      Más adelante, dicha sección aclara que “la determinación de

cumplimiento ambiental será revisada, en conjunto con la

determinación final, según se establezca por reglamentación

que la Oficina de Gerencia de Permisos adopte a tales efectos”.

(Énfasis suplido). 23 LPRA sec. 9018d.

      Además, el Artículo 8.7 de la Ley 161 establece que:

         En las solicitudes discrecionales, la Oficina de
         Gerencia de Permisos emitirá todas sus
         determinaciones finales por escrito e incluirá y
         expondrá      en    ellas,     separadamente,      las
         determinaciones de hecho y conclusiones de derecho
         que fundamentan su determinación. En el caso de
         las solicitudes ministeriales, la Oficina de Gerencia
         de Permisos incluirá en el expediente una evaluación
         de los parámetros aplicables conforme a las leyes y
         reglamentos vigentes que utilizó para realizar las
         mismas.      Dicha     evaluación      no    requerirá
         determinaciones de hechos ni conclusiones de
         derecho. La determinación final advertirá del
         derecho a solicitar la revisión de la misma con
         expresión de los términos correspondientes para
         solicitar dicha revisión. (Énfasis suplido). 23 LPRA
         sec. 9018f.

      Por otro lado, la Regla 137 del Reglamento Núm. 8858,

conocido como el Reglamento para el Proceso de Evaluación

Ambiental (el “Reglamento”), establece expresamente que la

determinación de cumplimiento ambiental deberá incluir, como

mínimo, un “apercibimiento del derecho a solicitar revisión o

reconsideración […] con expresión de los términos para solicitar

dicha revisión”.

                                 IV.

      En este caso, la recomendación del ICP claramente no es una

determinación final, pues la misma es solo una parte de un proceso

que todavía está pendiente ante la OGPe, quien es la encargada de

oportunamente emitir una determinación final. Es decir, el trámite

ante la OGPe no ha concluido, pues los comentarios emitidos por el

ICP, aunque parte del proceso ante la OGPe, no equivalen a, ni

pueden considerarse como, una decisión final de la OGPe.

Precisamente por ello es que, al notificar sus comentarios, el ICP no
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le advirtió a la Recurrente que tuviese derecho a solicitar la revisión

judicial de los mismos. Véanse Artículo 8.7 de la Ley 161 y la Regla

137 del Reglamento.

      Tampoco estamos, ni se ha planteado que estemos, ante un

caso en que la OGPe no tenga jurisdicción sobre el asunto de

referencia. En efecto, no hay controversia sobre el hecho de que la

OGPe sí tiene jurisdicción para emitir la determinación de

cumplimiento ambiental ante su consideración. Adviértase que la

ausencia de jurisdicción que activa la excepción a la aludida regla

de finalidad se refiere a la autoridad general de la agencia para

entender en el caso en primera instancia, no a un hipotético y futuro

error en la forma en que la agencia determine ejercer su indisputada

jurisdicción.

      En fin, ante el hecho de que la Recurrente pretende la revisión

administrativa de un incidente preliminar dentro de un proceso que

aún no ha culminado con una determinación final de la OGPe, y

ante el hecho de que la OGPe claramente tiene jurisdicción para

considerar y emitir la determinación de cumplimiento ambiental,

concluimos que no tenemos jurisdicción sobre el recurso de

referencia.

                                  V.

      Por los fundamentos previamente expuestos, se desestima el

presente recurso por falta de jurisdicción, al ser el mismo

prematuro.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones