Court Opinion

ID: 9952431
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:52:21.826391+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:59.019255
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

ÁNGEL L. CARDONA SÁEZ                        Revisión
                                             Administrativa
         Recurrido                           procedente de la Junta
                                             de Apelaciones de la
                                             Oficina del Contralor
              v.               KLRA202300587 de Puerto Rico

                                                      Caso Núm.:
OFICINA DEL CONTRALOR                                 A-21-02
DE PUERTO RICO
                                                      Sobre:
        Recurrente                                    Apelación sobre
                                                      insubordinación y
                                                      suspensión de empleo
                                                      y sueldo

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2024.

       Comparece la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR o

recurrente) mediante Recurso de Revisión Administrativa y nos

solicita la revocación de la Resolución Final1 emitida y notificada el

5 de julio de 2023, por la Junta de Apelaciones de la Oficina del

Contralor (Junta de Apelaciones). En virtud de dicha determinación,

la Junta de Apelaciones ordenó sustituir la medida disciplinaria

impuesta por la OCPR, por otra medida disciplinaria que, a su juicio,

era la más adecuada en el caso.

       Por los fundamentos que expresamos a continuación,

confirmamos la Resolución Final recurrida.

                                       I.

       Según surge del expediente ante nuestra consideración, para

principios del mes de marzo de 2021, los sistemas de información

1 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 1- 10.

Número Identificador
SEN2024 _________
KLRA202300587                                                                   2

de la OCPR fueron objeto de un ataque cibernético2, lo que ocasionó

el cierre de labores por espacio de dos (2) semanas.

       Así las cosas, la Contralora, Honorable Yesmín M. Valdivieso

Galib (Contralora), instruyó sobre la forma en que se registraría la

asistencia de los empleados durante el periodo que estuvieron sin

trabajar. Dichas instrucciones fueron comunicadas a los empleados

mediante correo electrónico el 5 de abril de 2021, por la señora Iseut

G. Vélez Rivera, Directora de la División de Capital Humano de la

Oficina del Contralor de Puerto Rico (Directora). Las instrucciones

fueron las siguientes:

       •   Semana del 15 al 19 de marzo – El registro sería a
           vacaciones[.]
       •   Semana del 22 al 26 de marzo – El registro sería a
           Imprevisto (el 22 es Feriado)3[.]

       No empece a lo anterior, el señor Ángel L. Cardona Sáez (señor

Cardona Sáez o recurrido), auditor de la División de Auditoría de

Municipios4, se negó a registrar su asistencia conforme a las

instrucciones impartidas. Específicamente, se negó a registrar la

asistencia de la semana del 15 al 19 de marzo de 2021 a la licencia

con cargo a vacaciones.

       El 20 de mayo de 2021, mediante el Memorando OCP-CH-21-

559, se le notificó al recurrido la intención de la OCPR de imponerle

una medida disciplinaria por insubordinación, al negarse a registrar

su asistencia conforme las instrucciones impartidas. Se le apercibió

de su derecho a solicitar una vista administrativa informal dentro

2 Véase Ángel L. Cardona Sáez y otros v. Oficina del Contralor de Puerto Rico,
KLRA202100580, donde se expone un recuento más detallado de los hechos con
relación al ataque cibernético a los sistemas de información de la OCPR; así como
también, las medidas tomadas para el registro de asistencia durante las dos (2)
semanas que la OCPR se vio obligada a cesar labores. En el aludido recurso, los
recurrentes cuestionaron la autoridad de la OCPR para cargar una semana a
vacaciones y otra semana a imprevisto. En aquella ocasión, este tribunal confirmó
la resolución de la Junta de Apelaciones de la Oficina del Contralor de Puerto
Rico, en la cual se había desestimado el recurso por falta de jurisdicción.
Posteriormente, se presentó recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo, el
cual, fue declarado No Ha Lugar el 22 de julio de 2022.
3 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 40.
4 A la fecha del ataque cibernético, durante el mes de marzo de 2021, el recurrido

se desempeñaba como Presidente de la Asociación de Auditores de la Oficina del
Contralor de Puerto Rico.
KLRA202300587                                                                    3

del término de diez (10) días a partir del recibo del aludido

memorando.

        El 28 de mayo de 2021, el recurrido solicitó a la Contralora la

celebración de una vista, la cual fue señalada para el 9 de junio de

2021. El 11 de junio de 2021, mediante el Memorando OCP-CH-21-

5815, la OCPR notificó al recurrido que basado en el Informe sobre

Vista    Administrativa      Informal,      éste   no    aportó     información

sustantiva ni documentación alguna en apoyo de su solicitud. Por

tal   motivo,     se   le   impuso      una     medida      disciplinaria     por

insubordinación, consistente en la suspensión de empleo y sueldo

por tres (3) días laborables6.

        A esos efectos, el 12 de julio de 2021, el recurrido presentó

una Apelación7 ante la Junta de Apelaciones. Mediante Resolución

Final8 emitida y notificada el 5 de julio de 2023, se declaró No Ha

Lugar el recurso de apelación. Empero, la Junta de Apelaciones

modificó     la   medida      disciplinaria     impuesta      por    la   OCPR,

sustituyendo la suspensión de empleo y sueldo, por una

amonestación verbal. Consecuentemente, ordenó a la OCPR

eliminar del expediente de personal del recurrido la suspensión de

empleo y sueldo, así como restituir la cantidad de dinero que este

dejó de devengar, más las licencias acumuladas pertinentes.

        En desacuerdo con la determinación, el 17 de julio de 2023,

la OCPR presentó Reconsideración9 ante la Junta de Apelaciones. El

18 de julio de 2023, la Junta de Apelaciones emitió una Resolución10

acogiendo la reconsideración y concediendo un término de diez (10)

días al recurrido para que se expresara. Posteriormente, el 1 de

noviembre de 2023 se emitió Resolución Final Atendiendo Solicitud

5  Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 50- 51.
6 La suspensión fue efectiva desde el martes, 15 de junio de 2021, hasta el jueves,
17 de junio de 2021.
7 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 43- 49.
8 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 1- 10.
9 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 11- 27.
10 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 28.
KLRA202300587                                                             4

de Reconsideración11, en la cual, la Junta de Apelaciones reiteró su

dictamen.

         Aun inconforme, el 14 de noviembre de 2023, la OCPR acudió

ante nos mediante Recurso de Revisión Administrativa y señaló la

comisión de los siguientes errores:

         La Resolución en Reconsideraci[ó]n fue emitida fuera del
         término dispuesto por [la] LPAU y [,] por tanto[,] la Junta de
         Apelaciones hab[í]a perdido jurisdicción sobre el asunto al
         emitir la misma[.]

         Las determinaciones de hechos no est[á]n sostenidas por el
         expediente administrativo ni por el testimonio de los testigos
         en la Vista Administrativa[.]

         Err[ó] la Junta de Apelaciones al resolver que la medida
         disciplinaria deb[í]a ser una amonestaci[ó]n verbal ya que
         esa controversia nunca estuvo ante su consideraci[ó]n[.]

         Transcurrido en exceso el término dispuesto en nuestro

Reglamento para que la parte recurrida presentara su posición,

damos por perfeccionado el recurso ante nuestra consideración y

procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia12.

                                       II.

                                       -A-

         Es norma reiterada que la jurisdicción es el poder o autoridad

de un tribunal para considerar y decidir casos y controversias13. En

atención a ello, las cuestiones sobre jurisdicción son de carácter

privilegiado14. Ello exige que los tribunales seamos fieles guardianes

de nuestra jurisdicción, independientemente el asunto haya sido

planteado anteriormente15. Además, en nuestro ordenamiento legal

la jurisdicción no se presume, pues previo a la consideración en los

méritos de un recurso, o una vez cuestionada su jurisdicción, es

nuestro deber ministerial evaluar si poseemos jurisdicción, toda vez

que ello incide directamente sobre nuestro poder para adjudicar una

11 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 29- 39.
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 39.
13 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).
14 J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445, 459 (2005).
15 Íd.
KLRA202300587                                                                  5

controversia16. La ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser

subsanada, pues las partes ni el tribunal pueden asumirla17.

                                      -B-

       Por otro lado, y en lo pertinente a nuestra controversia, la

Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), dispone que:

       La parte adversamente afectada por una resolución u orden
       parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días
       desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la
       resolución     u   orden,    presentar     una    moción     de
       reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro
       de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción
       deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare
       dentro de los quince (15) días, el término para solicitar
       revisión comenzará a correr nuevamente desde que se
       notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince
       (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna
       determinación en su consideración, el término para solicitar
       revisión empezará a contarse desde la fecha en que se
       archive en autos una copia de la notificación de la resolución
       de la agencia resolviendo definitivamente la moción de
       reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y
       archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes
       a la radicación de la moción de reconsideración. Si la
       agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de
       tomar alguna acción con relación a la moción dentro de
       los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá
       jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la
       revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración
       de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia,
       por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue
       el término para resolver por un período que no excederá de
       treinta (30) días adicionales18. (Énfasis nuestro).

       Por otra parte, la Sección 4.2 de la LPAU19, regula la solicitud

de revisión ante este Tribunal. Dicha dispone que:

       Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
       final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
       provistos por la agencia o por el organismo administrativo
       apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de
       revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
       término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del
       archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o
       resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable
       de las dispuestas en la [Sección 3.15 de esta Ley], cuando el
       término para solicitar la revisión judicial haya sido
       interrumpido mediante la presentación oportuna de una
       moción de reconsideración. […]

16  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Sociedad de
Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979).
17 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Vázquez v.

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). Véase, además, Beltrán Cintrón et al v. ELA et
al, 204 DPR 89, 101-102 (2020).
18 3 LPRA sec. 9655.
19 3 LPRA sec. 9672.
KLRA202300587                                                                 6

       Así pues, de conformidad con la Sección 3.15 de la LPAU,

supra, una parte adversamente afectada por una resolución de una

agencia puede solicitar reconsideración en el término jurisdiccional

de veinte (20) días desde el archivo en autos de la resolución u orden

que desea revisar. Si la agencia la rechaza de plano o no actúa

dentro    de   quince    (15)    días    de     presentada    la   moción     de

reconsideración, el término de treinta (30) días para acudir en

revisión al Tribunal de Apelaciones comienza a computarse desde

que se notifique dicha denegatoria de plano o desde que expiren esos

quince (15) días, según sea el caso. Empero, cuando la agencia la

acoge o toma alguna determinación, como lo es ordenar a la parte

adversa que presente su posición, el término para acudir en alzada

no   comienza     a   transcurrir       hasta    que   la   agencia    resuelva

definitivamente la reconsideración solicitada20. Tal resolución

deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90)

días siguientes a la radicación de la solicitud de reconsideración.

       De igual forma, en su quehacer adjudicativo, las agencias

administrativas están facultadas para prorrogar el término de

noventa (90) días provisto para formular su expresión por un

máximo de treinta (30) días adicionales, hasta ciento veinte (120)

días, siempre que exista justa causa y se proceda de conformidad

dentro del plazo original21.

       A estos efectos, la Sección 3.15 de la LPAU, supra, decreta que

la   agencia     administrativa      “perderá      jurisdicción”      sobre   la

reconsideración acogida si no toma alguna acción “dentro de los

noventa (90) días de ésta haber sido radicada”. Del mismo modo, la

Sección 3.15 de la LPAU, supra, precisa y vincula la jurisdicción de

la agencia administrativa a que la resolución sea “emitida y

20 Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 DPR 353, 359-360. Véase, además, Asoc.

de Cóndomines v. Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014); Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro
Emp. Gob., 147 DPR 816, 822-823 (1999).
21 Asoc. Condómines v. Meadows Dev., supra, págs. 849-850.
KLRA202300587                                                                 7

archivada en autos” en el término de noventa (90) días desde que

ésta fue radicada22.

                                         -C-

       La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, supra, establece la autoridad del Tribunal de Apelaciones para

revisar “decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o

agencias administrativas”23. Por su parte, la LPAU establece el

marco de revisión judicial de estas decisiones24. Cónsono con lo

anterior, nuestra función revisora se delimita a delinear la

discreción de las entidades administrativas para garantizar que sus

decisiones se encuentren en el marco de los poderes delegados y

sean consecuentes con la política pública que las origina25.

       Debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado

que tienen las agencias administrativas sobre los asuntos que le son

encomendados, los foros revisores les conceden gran consideración

y deferencia a sus decisiones26. Es por esta razón que la revisión

judicial se limita a determinar si la agencia actuó de manera

arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea considerado

un abuso de discreción27. Hay que señalar que las determinaciones

de los organismos administrativos están cobijadas por una

presunción de corrección y legalidad que debe respetarse, mientras

la parte que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que

la decisión no está justificada28.

       Así pues, la revisión judicial de una decisión administrativa

se circunscribe a determinar si hay evidencia sustancial en el

22 Fonte Elizondo v. F & R Const., supra, págs. 361-362, 363.
23 Art. 4006(c), 4 LPRA sec. 24(y)(c).
24 3 LPRA sec. 9675.
25 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, 205 DPR 606, 611 (2020); Torres Rivera v.

Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR
263, 279 (1999).
26 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Camacho Torres

v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).
27 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 611 (2012); Federation des Ind.

v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).
28 López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 626.
KLRA202300587                                                                     8

expediente para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó

de forma arbitraria, caprichosa o ilegal29. El criterio rector es la

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida30. Por ello, al

momento de evaluar una determinación administrativa se debe

considerar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado;

(2) la decisión de la agencia está sostenida en evidencia sustancial

que obra en el expediente administrativo visto en su totalidad; y (3)

las conclusiones de derecho fueron correctas31.

       Ahora bien, si la decisión del organismo administrativo no

estuvo basada en evidencia sustancial; erró en la aplicación o

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le encomendó

administrar; o actuó de manera irrazonable, arbitraria o ilegal, al

realizar determinaciones carentes de una base racional; o si la

actuación lesionó derechos constitucionales fundamentales, la

deferencia debida a la agencia debe ceder32.

       Si una parte afectada por un dictamen administrativo

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de

derrotar con suficiente evidencia, que la determinación no está

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo

ante su consideración33. De no identificarse y demostrarse esa otra

prueba en el expediente administrativo, las determinaciones de

hechos deben sostenerse por el tribunal revisor, pues el recurrente

no ha logrado rebatir la presunción de corrección o legalidad34.

       Sobre las determinaciones de derecho, el Tribunal Supremo

ha dicho que distinto a las determinaciones de hecho, el tribunal las

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio

29 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99 (2023); Vélez v. A.R.Pe.,

167 DPR 684, 693 (2006).
30 Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006).
31 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35-36 (2018); Pagán Santiago et

al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).
32 IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012).
33 Íd.; Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. Seg. v. Real

Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69,
77 (2004).
34 O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003).
KLRA202300587                                                                   9

alguno. Sin embargo, esto no quiere decir que un foro apelativo

pueda descartar las conclusiones y sustituir el criterio del ente

administrativo por el suyo. En estos casos, también los tribunales

apelativos les deben deferencia a los organismos administrativos35.

                                         -D-

       Como es conocido, el organismo administrativo es el ente

especializado, llamado a ejecutar la política pública promulgada en

su ley habilitadora. Por tanto, los poderes de las agencias

administrativas se limitan, específicamente, a aquellos conferidos

por la Asamblea Legislativa36.

       En lo pertinente, el Artículo 1 de la ley habilitadora de la

Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico37,

dispone:

       […]. La Oficina del Contralor gozará de la más plena
       autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal que le
       permita, sin que se entienda como una limitación, ejercer la
       custodia y el control de sus fondos y propiedad pública;
       diseñar y establecer su propia organización fiscal y los
       sistemas y procedimientos de contabilidad para llevar a cabo
       sus    transacciones    financieras;  preparar,    solicitar,
       administrar y fiscalizar su presupuesto; y reprogramar los
       fondos asignados o economías de acuerdo a las prioridades
       de las funciones que lleva a cabo dicha Oficina, entre otros
       asuntos.

       Asimismo, el Artículo 14 de la precitada ley establece que “[e]l

contralor tendrá facultad para adoptar y promulgar las reglas y

reglamentos        no   incompatibles        con   las   leyes   vigentes   y   la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sean

necesarios para el mejor desempeño de sus funciones y tendrá su

propio servicio legal. Dichas reglas y reglamentos tendrán fuerza de

ley una vez sean promulgados”38.

       En conformidad con lo anterior, la Oficina del Contralor

promulgó      el     Reglamento      Número        10:   Reglamento    para     la

Administración del Capital Humano de la Oficina del Contralor de

35 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77.
36 OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 852 (2019).
37 2 LPRA sec. 71.
38 2 LPRA sec. 84.
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Puerto Rico39. Dicho Reglamento tiene como propósito establecer la

reglamentación interna para la administración del capital humano,

que promueva los valores de la Oficina del Contralor.

       El Título 16 del antedicho Reglamento, faculta al supervisor a

cargo, tomar medidas correctivas o disciplinarias, que en su

discreción y conforme al Reglamento, entienda aplicables o

necesarias, cuando la conducta del empleado constituya una falta a

las normas de comportamiento o incurra en desempeño deficiente.

No obstante, el mismo Reglamento40 establece una política de

disciplina progresiva para la aplicación de medidas correctivas y

disciplinarias a sus empleados. A esos efectos, dispone que “[e]stas

medidas incluyen: amonestación verbal o escrita, reprimenda

escrita, suspensión de empleo con cargo a licencia, suspensión de

empleo y sueldo, suspensión sumaria, destitución o remoción”41.

También contempla que, en circunstancias en que la conducta

imputada sea de carácter grave que resulte lesivo a la seguridad,

ambiente de trabajo o al funcionamiento de la Oficina, esta se

reservará el derecho de obviar el esquema de disciplina progresiva.

       En ese sentido, nuestro ordenamiento fomenta que la

implementación de medidas correctivas o disciplinarias se apliquen

de manera gradual. Pues, tiene como propósito sancionar, orientar

y advertir al empleado sobre la conducta no deseada y las posibles

consecuencias que podrían acarrear, de persistir con tal conducta42.

Empero, el Tribunal Supremo ha expresado que “[s]olamente

cuando la falta cometida sea de tal naturaleza o gravedad que

amerite destitución podrá, por vía excepcional, obviarse la disciplina

39 Los hechos del presente caso se remiten a la enmienda del 28 de junio de 2019,

del Reglamento Número 10: Reglamento para la Administración del Capital
Humano de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
40 Título 16.2 del Reglamento Número 10: Reglamento para la Administración del

Capital Humano de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
41 Íd.
42 Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368 (2011); COPR v. SPU, 181 DPR 299

(2011); Miranda Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 DPR 734 (2007).
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progresiva”43. A esos efectos, una sola ofensa o primera falta es justa

causa para imponerle a un empleado alguna medida disciplinaria

más severa o drástica “si por su gravedad y su potencial de agravio

pone en riesgo el orden, la seguridad o la eficiencia que constituyen

el funcionamiento normal del establecimiento”44.

                                      III.

        Como cuestión de umbral atenderemos el primer error

esbozado por la OCPR. Surge del tracto procesal que, el 5 de julio de

2023, notificada ese mismo día por correo electrónico, la Junta de

Apelaciones declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación

presentado; esto, por entender que el apelante incurrió en un acto

de insubordinación. Además, la Junta de Apelaciones modificó la

medida disciplinaria impuesta por la OCPR, sustituyendo la

suspensión de empleo y sueldo, por una amonestación verbal.

Consecuentemente, ordenó a la OCPR eliminar del expediente

personal del recurrido la suspensión de empleo y sueldo, así como

restituir la cantidad de dinero que este dejó de devengar más las

licencias acumuladas pertinentes.

        Inconforme con el referido dictamen, el 17 de julio de 2023, la

OCPR presentó Reconsideración45 ante la Junta de Apelaciones. La

Junta     de   Apelaciones,      oportunamente,         acogió      la   referida

Reconsideración mediante Resolución del 18 de julio de 2023,

notificada ese mismo día por correo electrónico. Siendo así,

conforme a la Secc. 3.15 de la LPAU, supra, a partir del 17 de julio

de 2023, fecha en que se presentó la Reconsideración, la Junta de

Apelaciones tenía noventa (90) días para emitir su dictamen. El

término de noventa (90) días no fue prorrogado y venció el 15 de

octubre de 2023.

43 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 614.
44 Íd., pág. 620, citando a Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR

643, 649 (1994).
45 Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 11- 27.
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       No obstante, la Junta de Apelaciones dictó Resolución en

Reconsideración el 1 de noviembre de 2023, notificada ese mismo

día por correo electrónico. Ante ello, la Junta de Apelaciones no

actuó dentro del periodo de noventa (90) días, por lo que perdió

jurisdicción sobre la reconsideración y su dictamen carece de efecto

jurídico alguno. En consecuencia, el primer error fue cometido y la

Reconsideración presentada por la OCPR, no tuvo efecto interruptor

alguno, ni los dictámenes posteriores, entiéndase, la Resolución

Final atendiendo solicitud de Reconsideración, la Reconsideración a

la Concurrencia y Disidencia Parcial. Así pues, el término para

recurrir en alzada comenzó a transcurrir el 15 de octubre de 2023.

       Es decir, el término de treinta (30) días para presentar el

recurso de epígrafe vencía el 14 de noviembre de 2023, y ese

último día la parte recurrente presentó su recurso ante este

foro. Apuntalamos que, la parte recurrente compareció dentro del

término establecido ante este foro apelativo conforme a lo dispuesto

por la Sección 4.2 de la LPAU, supra. Consecuentemente, este foro

intermedio tiene jurisdicción para atender el recurso.

       Referente al segundo señalamiento de error, la parte

recurrente impugna varias determinaciones de hechos de la

Resolución del 5 de julio de 2023, a saber: párrafos 11, 12 y 17;

además, el último párrafo de la conclusión de derecho y el voto

concurrente y disidente parcial relacionado a la apreciación de la

prueba testifical. No obstante, este segundo error señalado es uno

insustancial a la controversia; y, colegimos que es inmeritorio e

innecesaria su discusión debido a que el mismo se tornó académico

cuando la OCPR solicitó la desestimación y el señor Cardona Sáez

se allanó a la petición del retiro de las causas de acción sobre

violación del debido proceso de ley y represalia46.

46 Apéndice IX a la pág. 156.
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       El tercer error incide en la apreciación de la prueba

presentada. Veamos. Surge del legajo apelativo que, el señor

Cardona Sáez presentó apelación el 12 de julio de 2021 ante la

Junta de Apelaciones. En síntesis, reclamó que se dejara sin efecto

su suspensión de tres (3) días laborables, se acreditase a sus

respectivos balances las licencias del tiempo descontado, se

determinara que la conducta no constituía insubordinación, que la

OCPR violó su derecho a representación legal e incurrió en

represalia y se decretara que el procedimiento disciplinario es

nulo47. La Junta de Apelaciones determinó que el señor Cardona

Sáez incurrió en un acto de insubordinación, no obstante, estableció

que la suspensión de empleo y sueldo de tres (3) días impuesta por

la OCPR debe ser modificada por una amonestación verbal.

       Como mencionáramos previamente, surge de la transcripción

de la prueba oral que, la OCPR solicitó la desestimación de las

reclamaciones relacionadas con violación del debido proceso de ley

y represalia48y, ante esta petición, el señor Cardona Sáez se allanó

y retiró dichas causas de acción. Por tanto, quedó pendiente para la

adjudicación de la Junta de Apelaciones lo siguiente: que se dejase

sin efecto la suspensión de tres (3) días laborables; se acreditase a

sus respectivos balances las licencias del tiempo descontado; y si el

señor Cardona Sáez incurrió en actos de insubordinación.

       La Junta de Apelaciones se pronunció y determinó que el

señor Cardona Sáez incurrió en insubordinación, más, sin embargo,

redujo la medida disciplinaria impuesta.

       Si bien la Contralora posee la facultad de imponer las medidas

correctivas y disciplinarias que, a su discreción, entienda aplicables,

estas deben ajustarse a lo establecido en los reglamentos que

promulga. A esos efectos, el propio Reglamento Número 10 de la

47 Apéndice VI.
48 Apéndice IX a la pág. 156.
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OCPR dispone que se utilizará la disciplina progresiva en la

imposición de las medidas disciplinarias y correctivas. Ante ello, la

OCPR no cumplió con las disposiciones de su Reglamento al

imponerle al recurrido una medida disciplinaria tan severa como lo

es la suspensión de empleo y sueldo.

       Aunque la OCPR sostiene que la severidad de la medida

disciplinaria    impuesta      responde     a   los    reiterados    actos   de

indisciplina por parte del recurrido, la parte recurrente no presentó

prueba sobre ello. Surge únicamente del Memorando-OCP-CH-21-

55949 que, en dos (2) ocasiones anteriores el recurrido recibió una

reprimenda y una amonestación escrita; sin embargo, reiteramos

que, la OCPR no incluyó en el legajo apelativo las alegadas sanciones

previas, así pues, este foro no pudo evaluar, constatar y determinar

si dichos incidentes constituían actos de insubordinación, de modo

que nos permitiera movernos a una determinación distinta.

       Tras examinar minuciosamente el expediente apelativo,

tampoco surge que la Contralora se encontrara bajo alguna de las

circunstancias que ameritaran prescindir del esquema de disciplina

progresiva. Pues, si bien el recurrido incurrió en insubordinación,

su actuación no fue una de tal magnitud que pusiera en riesgo el

orden, la seguridad o la eficiencia que constituyen el funcionamiento

normal de la Oficina50.

       En conclusión, la Junta de Apelaciones no cometió el error

señalado por la OCPR. Por lo tanto, no erró al determinar que lo que

correspondía en el presente caso era una amonestación verbal y no

una suspensión de empleo y sueldo. La determinación de la Junta

de Apelaciones es esencialmente correcta.

       Concluimos que, aun reconociendo que los foros apelativos

aceptamos como correctas las determinaciones de hechos de las

49 Véase Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 42.
50 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 620.
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agencias administrativas, al igual que su apreciación de los testigos

y el valor probatorio de la prueba presentada en sala, esta deferencia

obedece a que las tareas de adjudicar credibilidad y determinar lo

que realmente ocurrió, depende en gran medida de la exposición del

juez o la jueza a la prueba presentada. No obstante, la deferencia

cede, cuando la totalidad de la evidencia analizada nos convence de

que las conclusiones de la Junta de Apelaciones confligen con el

balance más racional, justiciero y jurídico de toda la prueba

recibida.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la

determinación apelada, emitida por la Junta de Apelaciones de la

Oficina del Contralor.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones