Court Opinion

ID: 9952376
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:28.876269+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:05.353153
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V ESPECIAL

MARÍA ANGÉLICA PASTOR                               Certiorari
ESCOBAR                                             procedente del Tribunal
                                                    de Primera Instancia,
        Recurrida                                   Sala Superior de
                                                    Caguas
                              KLCE202301299
             v.
                                                    Caso Núm.:
                                                    CG2022CV00120 (705)
JOSÉ YAMIL BÁEZ
MELÉNDEZ Y OTROS
                                                    Sobre: Injunction
       Peticionario                                 (Entredicho Provisional,
                                                    Injunction Preliminar y
                                                    Permanente) y otros

Panel integrado por su presidente; el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos el señor José Yamil Báez Meléndez,

(señor Báez Meléndez o peticionario) mediante recurso de Certiorari

y solicita la revisión de la Resolución emitida el 14 de noviembre de

2023, notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI o foro primario). Mediante

el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción

de Desestimación presentada por el peticionario.

       Por   los    fundamentos      que    exponemos      a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                       I.

       El 20 de enero de 2022, la señora María Angélica Pastor

Escobar (señora Pastor Escobar o recurrida) presentó una

Demanda1 de injunction y sentencia declaratoria contra el señor

1 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1-43. En esta misma fecha, la señora

Pastor Escobar presentó una Solicitud de Entredicho Provisional e Interdicto
Preliminar. El 21 de enero de 2022, notificada el 24 del mismo mes y año, el TPI
emitió Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar a la solicitud de
entredicho provisional.

Número Identificador
RES2024__________
KLCE202301299                                                                  2

Báez Meléndez. En síntesis, alegó que el señor Paul Escobar Juárez

(señor Escobar Juárez o causante)2 era el único dueño y accionista

de la corporación Escotech, Inc. y mediante testamento la instituyó

como heredera universal de todos sus bienes. Arguyó que el

peticionario fungió como testigo instrumental en la aludida

escritura.

       Señaló, además, que días antes de la muerte del señor

Escobar Juárez, el peticionario, que era empleado de la corporación,

gestionó la preparación y firma de una Resolución Corporativa

mediante la cual el causante lo designó como Presidente y alegaba

ser el dueño de las acciones por virtud de una donación. Sostuvo

que la alegada donación, de haberse efectuado, era nula, pues el

ordenamiento jurídico requiere que las donaciones verbales de

bienes muebles se efectúen mediante la entrega simultánea de las

acciones, lo cual no ocurrió en este caso. A su vez, indicó que el

peticionario se apropió de los bienes, libros y documentos de la

corporación y les negó el acceso a estos.

       Por todo lo anterior, la señora Pastor Escobar solicitó los

siguientes remedios: 1) que se dictara sentencia a los fines de

declarar que ésta era la única titular de las acciones de la

corporación; 2) que se ordenara al peticionario a entregar todos los

bienes y documentos pertenecientes al señor Escobar Juárez y a la

corporación; y 3) que se le ordenara al peticionario a abstenerse de

llevar a cabo gestiones dirigidas a asumir la dirección y titularidad

de la corporación.

       Luego de varios trámites procesales, el 23 de febrero de 2022,

el señor Báez Meléndez presentó una Solicitud de Desestimación3 al

amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil4. En esta,

2 Surge de la demanda que el causante era el tío de la parte aquí recurrida.
3 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 47-65.
4 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
KLCE202301299                                                       3

adujo que la demanda carecía de una reclamación que justificara la

concesión de un remedio. Además, argumentó que la Resolución

Corporativa y la donación verbal de las acciones se realizaron

conforme a derecho, por lo que, los remedios solicitados en la

demanda eran improcedentes. Señaló que no existía impedimento

alguno para que el señor Escobar Juárez le donara las acciones de

la corporación, toda vez que la señora Pastor Escobar no era una

heredera forzosa y el causante podía disponer de su caudal sin

limitación alguna. Por último, señaló que no era necesaria la entrega

física de las acciones para que la donación fuera válida y eficaz. Por

tanto, solicitó la desestimación de la causa de acción en su contra.

       Por su parte, el 13 de marzo de 2022, la señora Pastor Escobar

presentó Oposición Solicitud de Desestimación5. En esencia, alegó

que la pretensión del peticionario en su solicitud de desestimación

era que el foro primario ignorara la normativa vigente sobre el

requisito de simultaneidad de la transferencia de las acciones

cuando se realiza una donación verbal. Así, señaló que no procede

la desestimación de la demanda, toda vez que el peticionario no ha

logrado demostrar que la donación de las acciones de la corporación

se efectuó conforme a derecho.

       El 13 de junio de 2022, se celebró una Vista Argumentativa

sobre la solicitud de desestimación presentada por el señor Báez

Meléndez. Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 29 de

junio de 2022, notificada al siguiente día, el foro primario emitió

Resolución, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación por entender que no procedía en esa etapa de los

procedimientos6. El foro recurrido determinó que las alegaciones

contenidas en la demanda exponen dos (2) controversias, a saber:

       1. Si, en efecto, el Sr. Escobar le donó verbalmente las
          acciones al Sr. Báez.

5 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 66-81.
6 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 104-111.
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       2. Si la donación verbal cumplió con los requisitos legales
          para su validez; es decir, si la donación verbal, de haber
          ocurrido, es válida.

       El 13 de julio de 2022, el señor Báez Meléndez presentó su

Contestación a la Demanda7, en la cual arguyó que la donación de

las acciones hechas a su favor por el señor Escobar Juárez era legal.

Sostuvo que no era necesaria la entrega del certificado de acciones,

por cuanto las acciones no eran un objeto sino un derecho. Alegó

que, el 20 de septiembre de 2019, las acciones le fueron donadas

verbalmente y que dicho acto fue reiterado mediante una Resolución

Corporativa firmada el 14 de mayo de 2021 por el entonces

presidente de la corporación, el señor Escobar Juárez.

       Posteriormente, el 2 de junio de 2023, el señor Báez Meléndez

presentó Moción de Desestimación y Moción de Sentencia Sumaria8.

En esta, argumento que múltiples alegaciones de la demanda iban

dirigidas a Escotech, Inc., por lo que no se podía dilucidar la

controversia sin su presencia, ya que los remedios solicitados

podían afectar adversamente a dicha corporación. Señaló, además,

que lo solicitado por la recurrida pretendía descorrer el velo

corporativo e invalidar una resolución corporativa. Por tal motivo,

reiteró que Escotech, Inc. debía ser incluida como parte demandada,

y no solamente su actual presidente y único accionista en su

carácter personal. El peticionario acompañó su moción con los

siguientes documentos: 1) página 34 de deposición al señor Báez

Meléndez; 2) testamento abierto otorgado el 12 de septiembre de

2019 por el señor Escobar Juárez; 3) páginas 246-249 y 282 de

deposición a la señora Pastor Escobar; 4) páginas 123-124 de

deposición a la señora Addie Andreu Pérez; 5) Resolución de

Escotech, Inc., suscrita por el señor Escobar Juárez con fecha de 14

de mayo de 20219.

7 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 112-122.
8 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 127-146.
9 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 147-167.
KLCE202301299                                                            5

       En respuesta, el 22 de junio de 2023, la señora Pastor Escobar

presentó Oposición a Moción de Desestimación y a Solicitud de

Sentencia Sumaria10. Alegó que la solicitud de desestimación

procuraba desviar la atención de la controversia medular sobre si la

donación verbal de las acciones cumple o no con las disposiciones

legales exigibles. Añadió que la desestimación de la demanda no

procede porque Escotech, Inc. no es parte indispensable en el pleito,

por no cuestionarse resolución corporativa alguna. Por último, alegó

que, el peticionario en su escrito no discutió ninguno de los

elementos para demostrar cuál es el interés que tiene la corporación

en el pleito, que sea de tal magnitud que imposibilitara al tribunal

adjudicar la controversia, sin lesionar sus derechos. La recurrida

acompañó su moción con los siguientes documentos: 1) testamento

abierto otorgado el 12 de septiembre de 2019 por el señor Escobar

Juárez; 2) Certificado de Cancelación de Gravamen Contributivo

(Relevo de Donación); 3) páginas 101-104 y 110-111 de deposición

a peticionario11.

       Tras varias incidencias, el 1 de noviembre de 2023, el señor

Báez Meléndez compareció ante el foro primario mediante una

Moción Solicitando Orden Protectora de Conformidad con la Regla

23.2 de las de Procedimiento Civil12, a los fines de que no se

permitiera la continuación del descubrimiento de prueba solicitado

por la recurrida. En esta misma fecha, el peticionario presentó

nuevamente una solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de la Parte

Demandada13.

10 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 187-213.
11 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 214-229.
12 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 627-630.
13 Véase, Entrada Núm. 216 del Sistema Unificado de Manejo y Administración

de Casos (SUMAC).
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       El 7 de noviembre de 2023, el foro primario celebró una Vista

Argumentativa en la que ordenó completar el descubrimiento de

prueba y sustentar la evidencia que tienen en derecho14.

       El 8 de noviembre de 2023, el señor Báez Meléndez presentó

un escrito intitulado Solicitud De Adjudicación de la Moción de

Desestimación        por     Ausencia      de      Jurisdicción,   Moción    de

Reconsideración a la Solicitud de Orden Protectora Declarada No Ha

Lugar de Forma Verbal y Solicitud de Determinación de los 25 Hechos

Admitidos Por Las Partes15. El peticionario solicitó, entre otras cosas,

que se adjudicara la moción de desestimación por ausencia de

jurisdicción y reconsiderara la denegatoria de la orden protectora

solicitada.

       En igual fecha, la recurrida compareció mediante Oposición

de la Demandante a Moción de Reconsideración de Orden Protectora

y en Torno a Solicitud de Determinaciones de Hechos [222]; y Solicitud

de Desacato y Sanciones al Demandado16. En esencia, reiteró sus

planteamientos y arguyó que la controversia del caso era entre

partes    privadas     que    alegaban      ser    los   accionistas   de   una

corporación, y no una impugnación de la resolución corporativa; de

igual manera, se opuso a la moción de orden protectora. Así, solicitó

que se sancione al peticionario en una suma no menor a $5,000.00

ante el continuo incumplimiento con lo ordenado por el foro

primario desde el 17 de marzo de 2023, reiterada el 7 de noviembre

de 2023.

       El mismo 8 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Orden17,

notificada el 9 de noviembre de 2023, en la que declaró No Ha Lugar

a la moción de reconsideración sobre orden protectora promovida

por el peticionario.

14 Véase, Entrada Núm. 232 del SUMAC.
15 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 637-651.
16 Véase, Entrada Núm. 224 del SUMAC.
17 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 663.
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       Así las cosas, el 9 de noviembre de 2023, el TPI celebró una

Vista Argumentativa, en la cual ambas partes tuvieron la

oportunidad de presentar sus argumentos y sustentar sus

alegaciones. El foro primario se limitó a atender el cuestionamiento

de falta de jurisdicción por ausencia de parte indispensable. En

consecuencia, el 14 de noviembre de 2023, notificada el 15 de

noviembre de 2023, el Tribunal emitió una Resolución18, en la que

declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación por falta de parte

indispensable presentada por el peticionario.

       Por otro lado, el 16 de noviembre de 2023, la señora Pastor

Escobar presentó su Oposición de la Demandante a Moción de

Sentencia Sumaria del Demandado19. En esencia, la recurrida alegó

que en el presente caso el peticionario no ha logrado probar en sus

solicitudes de sentencia sumaria –mediante evidencia admisible–

que se haya cumplido con las exigencias legales referentes a una

donación verbal de bienes muebles entre vivos. Específicamente,

señaló que los extractos de testimonios constituyen prueba de

referencia inadmisible y no cambian el hecho de que el señor

Escobar Juárez nunca le entregó el certificado de acciones al

peticionario y su última voluntad está recogida en el testamento

abierto.

       Inconforme, el 21 de noviembre de 2023, el señor Báez

Meléndez acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y le

imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL RESOLVER NO HA LUGAR LA
       MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN POR AUSENCIA DE UNA PARTE
       INDISPENSABLE, LA CORPORACIÓN ESCOTECH, DEBIDO A QUE EN LA
       DEMANDA SE SOLICITA DECRETAR LA NULIDAD DE UNA
       RESOLUCIÓN CORPORATIVA NOMBRANDO AL DEMANDADO
       PETICIONARIO PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN Y ÚNICO
       ACCIONISTA.

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DENEGAR LA MOCIÓN
       PROTECTORA Y PARALIZAR EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA

18 Apéndice del recurso de certiorari, págs. A1-A10.
19 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 664-686.
KLCE202301299                                                       8

       DEBIDO A QUE EL CASO ESTÁ SOMETIDO POR LAS PARTES EN
       MOCIONES DE SENTENCIAS SUMARIAS.

       ERR[Ó] EL TRIBUNAL AL SEÑALAR UNA VISTA EVIDENCIARIA PARA
       DECIDIR EL CASO EN SU TOTALIDAD DESCONOCIENDO QUE DEBE
       ADJUDICAR LAS MOCIONES DE SENTENCIA SUMARIA.

       ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL AL DENEGAR LA SEGUNDA
       SOLICITUD DE INHIBICIÓN RESUELTA EL 24 DE OCTUBRE DE 2023,
       DADOS LOS HECHOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS LUEGO DE LA VISTA
       DEL 28 DE [SEPTIEMBRE] DE 2023.

       En esta misma fecha, el peticionario presentó una Moción en

Auxilio de Jurisdicción. En síntesis, alegó que el foro primario está

actuando sin jurisdicción debido a que la corporación Escotech, Inc.

es una parte indispensable que no ha sido incluida en el pleito. Por

tanto, el peticionario solicitó la paralización de los procedimientos

ante este foro revisor. El 21 de noviembre de 2023, emitimos una

Resolución en la que declaramos No Ha Lugar la solicitud de auxilio

presentada y concedimos un término de diez (10) días a la recurrida

para para presentar su posición.

       Luego, el 27 de noviembre de 2023, el peticionario presentó

nuevamente una Moción Urgente Solicitando Orden en Auxilio de

Jurisdicción ante Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Por

su parte, el 28 de noviembre de 2023, la recurrida compareció ante

nos, mediante escrito en oposición a la moción de auxilio de

jurisdicción. En esta misma fecha, emitimos Resolución20 en la que

declaramos No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción.

       El 1 de diciembre de 2023, la recurrida compareció mediante

Oposición a que se expida Auto de Certiorari. Posteriormente, el 25

de enero de 2024, el peticionario presentó Moción Informativa, en la

que nos puso en conocimiento de la inhibición motu propio de la

Hon. Jueza Superior, Myrna E. Ayala Díaz.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

20 Dicha Resolución fue emitida el 28 de noviembre de 2023.
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                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior21. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial22. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”23. Empero, el ejercicio de la

discreción    concedida      “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”24.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil25. La mencionada

Regla dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”26. Asimismo,

y a manera de excepción, se podrá expedir este auto discrecional en

las siguientes instancias:

       [C]uando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
       testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
       privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos
       de relaciones de familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia27.

       En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto

21 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-
338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).
22 Íd.
23 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712-713 (2019).
24 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
25 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
26 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175.
27 Íd.
KLCE202301299                                                               10

de revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir

si expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento28. Esta norma

procesal dispone lo siguiente:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Por lo tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes

enumerados, se justifica nuestra intervención, pues distinto al

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el

auto de certiorari29. Por supuesto, esta discreción no opera en el

vacío y en ausencia de parámetros que la dirijan30. Es preciso

recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera31”.

28 4 LPRA XXII-B, R. 40.
29 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).
30 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,

183 DPR 580 (2011).
31 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
KLCE202301299                                                      11

                                  III.

      Tras examinar detenidamente el asunto ante nuestra

consideración, a la luz de las disposiciones de la Regla 40 del

Tribunal de Apelaciones, supra, no encontramos razón por la cual

este Foro deba intervenir.

      Al evaluar el proceder del foro primario, no identificamos que

haya actuado de manera arbitraria, prejuiciada o haya cometido un

craso abuso de discreción. El peticionario tampoco constató que el

abstenernos de interferir con el dictamen del TPI constituiría un

fracaso irremediable de la justicia, de manera que estemos llamados

a ejercer nuestra función revisora. En consecuencia, denegamos la

expedición del auto de certiorari.

                                  IV.

      Por los fundamentos        antes expuestos,   denegamos      la

expedición del auto de certiorari solicitado.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones