Court Opinion

ID: 9952168
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:23:57.484338+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:56.870541
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

    COSME COLÓN Y                               CERTIORARI
       OTROS                                    procedente del
                                                Tribunal de Primera
       Peticionarios         KLCE202400166      Instancia, Sala
                                                Superior de Aguadilla
             v.
                                                Civil núm.
     MÁXIMO SOLAR                               AG2020CV00169
   INDUSTRIES INC. Y                            (601)
        OTROS
                                                Sobre: Acción
        Recurridos                              Resolutoria y otros

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el
Juez Rivera Torres, la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos el Sr. Cosme Colón, la Sra. Yadira

Regueira Álvarez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos (en conjunto la parte peticionaria) mediante el recurso de

certiorari de epígrafe solicitándonos que revoquemos una Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Aguadilla (TPI), el 10 de enero de 2024, notificada el mismo día. En

dicha Orden, el foro primario atendió la Solicitud de Aprobación de

Memorando de Costas y Honorarios presentada por la parte

peticionaria en la cual solo aprobó $1,200 relacionados a los gastos

de preparación y tiempo para el juicio del perito.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos el dictamen

recurrido.

                                   I.

      El 9 de febrero de 2020, la parte peticionaria instó una

demanda sobre fraude, dolo, incumplimiento de contrato y daños y

perjuicios contractuales contra Máximo Solar Industries Inc.

Número Identificador
SEN2024___________________
KLCE202400166                                                         2

(Máximo Solar o la parte recurrida), sus aseguradoras A, B, C,

demandado desconocido y sus aseguradoras D, E y F.1 En síntesis,

adujo haber suscrito un contrato de obra y servicios con Máximo

Solar para la instalación de un sistema de placas solares el cual en

varias ocasiones no funcionó ni producía la energía esperada,

16 kilowatts.           Estos solicitaron la resolución del contrato, la

devolución de lo pagado, ascendente a $37,426, más $125,000 por

los daños ocasionados según desglosados en la demanda.

        Luego de varios trámites procesales incluyendo haberse

celebrado el juicio en su fondo, el 18 de julio de 2023, notificada y

archivada en autos el 20 de julio de 2023, el TPI dictó Sentencia

ordenando “la Resolución de contrato suscrito entre las partes, y la

devolución de la totalidad de lo pagado por la parte demandante, en

un término no mayor de noventa días. Se ordena además a la parte

demandada, remover todos los equipos instalados en la residencia,

sin costo alguno a la parte demandante dentro del mismo término.”2

Asimismo, el TPI impuso $5,000 en concepto de honorarios de

abogados por temeridad.3

        El 28 de julio de 2023, la parte peticionaria presentó

oportunamente Memorando de Costas y Honorarios al Amparo de la

Regla 41.1 de Procedimiento Civil, acompañado con una declaración

jurada, facturas de los servicios prestados por su perito, Dr. Juan

F. Charles, factura del Sr. Efraín De Jesús por la comparecencia y

transcripción de la toma de tres (3) deposiciones, y transacciones de

pago al Hotel El Faro los días 2 y 3 de abril.4

        En dicho Memorando, se detallaron las partidas de gastos y

desembolsos “que fueron necesarios e incurridos como parte del

1 Véase, Apéndice del Recurso, a las págs. 1-5.
2 Íd., a la pág. 169.
3 Íd.
4 Íd., a las págs. 172-182.
KLCE202400166                                                         3

trámite legal para la tramitación de este pleito”,5 de la siguiente

manera:

       a. Sellos de Rentas Internas de presentación de la
          Demanda-- $90.00.
       b. Gastos de emplazamiento-- $80.00.
       c. Gastos ya pagados al perito Dr. Juan Charles. Total
          $10,344.00.
          (Desglose, véase facturas anejadas)
          -Informe pericial –$5,000.00 factura del 17 de agosto
          de 2019.
          -preparación Análisis para el caso-$1,560.00 factura del
          29 de agosto del 2022.
          -consultas telefónicas— $500.00- factura del 27 de enero
          de 2021.
          -preparación para juicio y comparecencia al juicio en TPI
          de Aguadilla- $3,284.00.
       d. Acta Notarial - escritura número uno del 14 de diciembre
          del 2020, por la Lcda. Zory Mateo Cintrón- $350.00.
       e. Deposiciones Máximo Torres, Ing. Gerald Quintero y
          Sra. Ana Vélez- $332.00.
       f. Estadía en Hotel El Faro en Aguadilla (los demandantes,
          el perito y el representante legal de los demandantes)--
          $674.10.
       g. Honorarios ya pagados al representante legal de los
          demandantes por escritos, deposiciones, 3 inspecciones
          oculares en el hogar-placas, consultas, comparecencias,
          reuniones con el perito, preparación del caso para juicio
          y juicio en su fondo, entre otros - 83hr a razón de
          $125.00/hr. Para un total de $10, 375.00.

       El 31 de julio de 2023, el TPI emitió una notificación en la cual

señaló que atendería “la solicitud de costas, una vez la sentencia

advenga final y firme”.6

       El 21 de agosto de 2023, la parte peticionaria acudió ante esta

Curia apelando la Sentencia dictada, el recurso apelativo fue

designado alfanuméricamente como KLAN202300738.                El 15 de

noviembre de 2023, dictamos Sentencia en la que se confirmó el

dictamen emitido por el TPI.7

       Así las cosas, el 9 de enero de 2024, la parte peticionaria

presentó Solicitud de Aprobación de Memorando de Costas y

Honorarios.     En dicho escrito, se le solicitó al TPI aprobar, sin

oposición, el memorando de costas oportunamente presentado. Al

día siguiente, Máximo Solar presentó moción intitulada Impugnación

5
  Íd., pág. 172.
6
  Íd., a la pág. 183.
7
  El Mandato fue emitido el 29 de diciembre de 2023.
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a Memorando de Costas y Honorarios.8 Ese mismo día, 10 de enero

de 2024, el TPI aprobó el Memorando de costas con las siguientes

cuantías:

      1. $750.00 por la preparación del juicio del Dr. Juan
         Charles a razón de $150.00 la hora por cinco horas.
      2. $450.00 por tiempo en sala el día del juicio del Dr. Juan
         Charles a razón de $150.00 la hora por tres horas.

          Total aprobado: $1,200.00.

       Inconforme, la parte peticionaria acude a este tribunal

intermedio mediante el recurso de certiorari de epígrafe imputándole

al foro de primera instancia haber incurrido en el siguiente error:

       EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       COMETIÓ ERROR DE DERECHO Y ABUSÓ DE SU
       DISCRECIÓN AL NO OTORGAR A LA PETICIONARIA
       LAS COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADO
       SOLICITADOS POR DICHA PARTE.

       En atención a la determinación arribada, determinamos

prescindir de trámite ulterior según nos faculta la Regla 7(B)(5) del

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 7(B)(5). Esta norma nos faculta para prescindir de términos no

jurisdiccionales,      escritos,     notificaciones      o    procedimientos

específicos en cualquier caso ante nuestra consideración, con el

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho.

                                       II.

Auto de Certiorari

       La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso discrecional del certiorari es

el mecanismo adecuado para solicitar la revisión de las órdenes y

las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Sin

embargo, esta regla no es extensiva a asuntos post-sentencia. Por

lo tanto, el único recurso disponible para revisar cualquier

determinación posterior a dictarse una sentencia es el de certiorari.

8 Íd., a las págs. 190-192. Dicha moción fue declarada No Ha Lugar el 10 de enero

de 2023, notificada ese mismo día. Íd., a la pág. 196.
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      El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Es, en esencia, un

recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de

superior jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal

inferior. García v. Padró, supra, pág. 324; Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).

      La Ley de la Judicatura, Ley núm. 201-2003, dispone en su

Artículo 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA

sec. 24y (b).

      La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento,

4 LPRA Ap. XXII-B.      El tribunal tomará en consideración los

siguientes criterios:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.
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      La precitada regla exige que, como foro apelativo, evaluemos

si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente está

presente en la petición de certiorari.   De estar alguna presente,

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen

recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto,

y, por tanto, deberá prevalecer la determinación del foro recurrido.

      En síntesis, estos criterios sirven de guía para poder

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por otro

lado, el ejercicio de las facultades de los tribunales de primera

instancia merece nuestra deferencia, por tanto, solo intervendremos

con el ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias en que se

demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510, 523 (2006);

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).

Las Costas al Amparo de la Regla 44.1 de las Reglas de
Procedimiento Civil

      La Regla 44.1, supra, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, rige la concesión

de costas en nuestro ordenamiento.       Esta disposición tiene una

función reparadora, ya que permite el reembolso de los gastos

necesarios y razonables en los que tuvo que incurrir la parte

prevaleciente del pleito en la tramitación de este. Maderas Tratadas

v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 934 (2012); Auto Servi, Inc. v.

E.L.A., 142 DPR 321, 326 (1997); J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty

Corp., 130 DPR 456, 460 (1992).           No se aprobarán gastos

innecesarios, superfluos o extravagantes. Garriga, Jr. v. Tribunal

Superior, 88 DPR 245, 257 (1963).
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      Esta norma procesal tiene dos (2) propósitos: (1) restituir lo

que una parte perdió por hacer valer su derecho al ser obligada a

litigar; y (2) “penalizar la litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa

[...]”. Auto Servi, Inc. v. E.L.A., supra, a las págs. 326-327; Garriga,

Jr. v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 253. Una vez se reclaman,

la imposición de costas a favor de la parte victoriosa es mandatoria.

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, a la pág. 934; Auto

Servi, Inc. v. E.L.A., supra, a la pág. 326. No obstante, su concesión

no opera de forma automática, ya que tiene que presentarse

oportunamente un memorando de costas en el que se precisen los

gastos incurridos. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR

170, 187 (2008); J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, a

la pág. 461.

      Las costas que contempla la Regla 44.1, supra, son gastos:

(a) necesarios; (b) incurridos; y (c) razonables. Su razonabilidad se

entenderá dentro de la realidad económica de Puerto Rico y, en

cuanto a los gastos personales, además, se tendrá en cuenta la

condición económica de las personas concernidas (testigos y

litigantes). Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 257.

Las costas no incluyen honorarios de abogado. Rafael Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil,

6ta edición, Lexis Nexis, (2017), a la pág. 428.

      El tribunal sentenciador deberá ejercer con moderación su

discreción al conceder las costas, examinando cuidadosamente el

memorando de costas, particularmente cuando las mismas sean

objeto de impugnación. Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 79 (1967).

En lo aquí pertinente, la Regla 44.1 en su inciso (b) dispone lo

siguiente:

      (b)    Cómo se concederán. La parte que reclame el pago
             de costas presentará al tribunal y notificará a la
             parte contraria, dentro del término de diez (10) días
             contados a partir del archivo en autos de copia de
             la notificación de la sentencia, una relación o
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           memorándum de todas las partidas de gastos y
           desembolsos necesarios en que se incurrió durante
           la tramitación del pleito o procedimiento. El
           memorándum de costas se presentará bajo
           juramento de parte o mediante una certificación
           del abogado o de la abogada, y consignará que,
           según el entender de la parte reclamante o de su
           abogado o abogada, las partidas de gastos
           incluidas son correctas y que todos los
           desembolsos       eran     necesarios    para     la
           tramitación del pleito o procedimiento. Si no
           hubiese impugnación, el tribunal aprobará el
           memorándum de costas y podrá eliminar
           cualquier partida que considere improcedente,
           luego de conceder a la parte solicitante la
           oportunidad de justificarlas. Cualquier parte
           que no esté conforme con las costas reclamadas
           podrá impugnarlas en todo o en parte, dentro del
           término de diez (10) días contados a partir de aquel
           en que se le notifique el memorándum de costas.
           El tribunal, luego de considerar la posición de las
           partes, resolverá la impugnación. La resolución
           del Tribunal de Primera Instancia podrá ser
           revisada por el Tribunal de Apelaciones mediante
           el recurso de certiorari. De haberse instado un
           recurso contra la sentencia, la revisión de la
           resolución sobre costas deberá consolidarse con
           dicho recurso. [Énfasis nuestro]

      En cuanto a este inciso nos comenta el tratadista Hernandez

Colón que “[s]i la parte contraria no impugna ese memorando de

costas el tribunal puede aprobar el memorando o si entiende que

hay alguna partida objetable concederá una vista al proponente y

tomará la decisión que corresponda.”      Rafael Hernández Colón,

supra, a la pág. 429. La regla es clara al disponer que el tribunal

solo podrá eliminar cualquier partida que considere improcedente,

luego de conceder al solicitante la oportunidad de justificar la

misma. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,

2da. Edición, Publicaciones J.T.S., San Juan, 2011, Tomo IV,

pág. 1270, citando a Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra, a

la pág. 187.

      Por último, destacamos que nuestro Alto Foro ya ha

reconocido como costas recobrables los sellos de presentación de la

demanda, gastos por emplazamiento          y la transcripción     de

deposiciones necesarias, aunque no se usen en las vistas del caso.
KLCE202400166                                                       9

Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, a las págs. 258–259; Pereira

v. I.B.E.C, supra, a la pág. 78. A su vez, en cuanto a si procede o no

el pago de los honorarios de peritos contratados por las partes, el

tribunal “[tiene] que evaluar su naturaleza y utilidad a la luz de los

hechos particulares del caso ante su consideración, teniendo la

parte que los reclama el deber de demostrar que el testimonio

pericial presentado era necesario para que prevaleciera su teoría”.

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 461 (1985).         “[D]eben

tomarse en cuenta las credenciales que ostenta el experto designado

para rendir una opinión sobre una materia en particular. También

corresponde examinar el alcance de su testimonio, para de este

modo estar en posición de aquilatar su utilidad en beneficio de la

postura procesal de la parte que resulte victoriosa. Cónsono con lo

anterior, se descartará en la medida en que éste resulte irrelevante,

inmaterial o innecesario en la tramitación del caso del que solicita

el rembolso.” Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, a la

pág. 936.

                                  III.

        En esencia, la parte peticionaria señaló que el foro recurrido

erró al no conceder las partidas solicitadas y reducir excesivamente

las otorgadas.

        Según discutimos, en nuestra jurisdicción, la imposición de

costas a la parte vencida es obligatoria. Es decir, se concede el

resarcimiento a la parte victoriosa por los gastos incurridos en el

litigio.   Por tanto, luego de que la parte triunfante presenta

oportunamente el memorando de costas, el tribunal deberá

determinar qué gastos fueron necesarios y razonables, y conceder

las costas a dicha parte. Del trámite antes consignado surge que la

parte peticionaria presentó oportunamente su memorando de

costas. El foro primario dejó pendiente la adjudicación de las costas

hasta tanto la sentencia adviniera final y firme.
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       Por otro lado, la parte recurrida no interpuso impugnación a

dicho memorando de costas dentro de los diez (10) días a partir de

su notificación según exige la Regla 44.1 (b), supra.             En

consecuencia, el referido foro quedó impedido de considerar la

oposición por tardía. Así las cosas, el TPI tenía que actuar conforme

dispone la antedicha regla en cuanto a que “aprobará el

memorándum de costas y podrá eliminar cualquier partida que

considere improcedente, luego de conceder a la parte solicitante la

oportunidad de justificarlas.”

       En el caso de autos, el Memorando contiene el desglose de las

partidas que la parte peticionaria considera necesarias y razonables

para la tramitación del caso.           Además, acompañó con este las

facturas y evidencia de las cuantías consignadas. Sin embargo, el

foro recurrido, concedió como costas solo las horas de preparación

y comparecencia al juicio del perito. En este sentido, el dictamen

recurrido carece de fundamento que nos permita ejercer nuestra

función revisora respecto al raciocinio utilizado por el foro de

primera instancia para determinar no conceder las partidas

consignadas en el memorando. Además, el TPI erró al eliminar las

partidas desglosadas sin darle a la parte peticionaria la oportunidad

de justificarlas.

       Incluso, precisa destacar que del análisis del Anejo 2 que se

acompañó con el Memorando surge que el foro recurrido disminuyó

la cuantía que el perito indicó como sus honorarios (fee) por hora.9

El perito consignó la hora a $200 y el TPI la redujo a $150 sin

fundamento y sin haberle dado la oportunidad a la parte

peticionaria para justificar dichos honorarios. De igual manera, el

foro recurrido eliminó partidas que son claramente recobrables

como son los gastos incurridos en los sellos de presentación de la

9 Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 176.
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demanda y los gastos de emplazamiento. A su vez, proceden los

gastos incurridos en obtener deposiciones cuando estas son

necesarias, aunque no se utilicen en el juicio.

       En resumen, ante la oportuna presentación del Memorando

de costas, le correspondía al TPI señalar aquellos gastos incurridos

en la acción que consideró necesarios y razonables, y en cuanto

aquellos gastos que entendiera no procedían tenía que conceder

término a la parte peticionaria para justificar las mismas o señalar

una vista a esos efectos. Por su parte, en cuanto a los gastos del

perito, le corresponde al foro recurrido determinar su razonabilidad

como es requerido por la jurisprudencia aplicable.

       En consecuencia, el error se cometió por lo que procede

devolver el asunto al TPI para el análisis de rigor conforme a lo

dispuesto en la Regla 44.1 (b), supra, y la jurisprudencia antes

consignada.

       Por último, puntualizamos que, si bien los tribunales

sentenciadores deben ejercer su discreción al conceder las costas

con     moderación,     el      Memorando      debe     ser   examinando

cuidadosamente.

                                     IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso

de    certiorari solicitado    y   revocamos   el     dictamen   recurrido.

Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Aguadilla, para que actúe conforme a lo aquí resuelto.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones