Court Opinion

ID: 9916155
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:50.873755+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:10.533356
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

     EL PUEBLO DE                             CERTIORARI
     PUERTO RICO                              procedente del
                                              Tribunal de Primera
         Recurrido                            Instancia, Sala
                                              Superior de
             v.                 KLCE202301254 Mayagüez

    JENNIFER CAROL                              Sala: 205
        LEEKA
                                                Civil Núm.
       Peticionaria                             I1VP202300878
                                                I1VP202300879

                                                Sobre: Art. 239 Ley
                                                146; Art. 245 del C.P.

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el
Juez Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

      Comparece ante nos la peticionaria, Jennifer Carol Leeka,

para solicitarnos que se revise la Resolución emitida el 2 de

noviembre de 2023, notificada el 6 de noviembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.

Mediante este dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar a la

Solicitud de Prueba de Impugnación.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida, por

lo que se declara No ha Lugar a la Moción de Auxilio de Jurisdicción.

                                     I

      El presente caso es secuela del recurso KLCE202301138,

atendido recientemente por este Tribunal de Apelaciones. En el

referido caso, declaramos No Ha Lugar a la Moción en Auxilio de

Jurisdicción y denegamos la expedición del auto de certiorari. Los

hechos pertinentes del caso de epígrafe son los siguientes.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLCE202301254                                                               2

       Por hechos ocurridos el día anterior, el 27 de julio de 2023 se

presentaron dos (2) denuncias contra la Sra. Carol Leeka por una

infracción al Artículo 239 y otra al Artículo 245 de la Ley Núm. 146-

2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto

Rico. De las denuncias surge que a la peticionaria se le imputa,

como primera infracción, el haber efectuado una llamada telefónica

al Sistema de Emergencias 9-1-1 para dar aviso falso de que en su

residencia había una persona agresiva y, como segunda infracción,

por emplear violencia e intimidación contra un agente del orden

público, mientras éste intentaba diligenciar una Orden de

Protección. El mismo día, se celebró una vista para la determinación

de causa probable para arresto al amparo de la Regla 6 de

Procedimiento Criminal1 y se determinó causa probable para arresto

por cada uno de los cargos imputados.

       Asimismo, el 17 de agosto de 2023, la peticionaria presentó

una Moción Solicitando Producción de Prueba Favorable a la

Imputada. En el referido y escueto escrito, la peticionaria solicitó que

se le ordenara al Ministerio Público a proveer toda prueba favorable,

“ya sea exculpatoria o de impugnación sin entenderse como una

lista cerrada”.2 No obstante, el 24 de agosto de 2023, el Ministerio

Público negó la existencia de prueba relevante a la inocencia o

favorable para la peticionaria mediante Réplica a Solicitud de Prueba

Favorable a la Imputada presentada. En desacuerdo, la peticionaria

presentó una Oposición a Réplica a Solicitud de Prueba Favorable a

la Imputada, donde reafirmó su postura en cuanto a que el

Ministerio    Público     estaba    obligado     a   proveer    evidencia   de

impugnación en esta etapa y solicitó lo siguiente:

1 Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6.
2 Véase apéndice del recurso KLCE202301254, pág. 26.
KLCE202301254                                                     3

    a. Testigo Nancy Cruz

       i. Toda evidencia documental sobre la herencia
       de la residencia de Sabana Grande donde se
       efectuaron los arrestos el 26 de julio de 2023.

       ii. Toda evidencia de prejuicios del testigo,
       pruebas de uso de sustancias controladas,
       tratamiento psiquiátrico, promesa de incentivos
       monetarios y/o de trato favorable y/o
       inmunidad.

       iii. Toda evidencia de convicciones en el estado
       de la Florida.

    b. Toda llamada realizada desde horas de la mañana y
    por la tarde del 26 de julio de 2023 al sistema de
    emergencia 911.

    c. Toda otra llamada relacionada al caso hecha al
    sistema de emergencia 911.

    d. Todos los informes policiacos requeridos por el Articulo
    12 de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, 33 L.P.R.A.
    § 4022, de tanto la intervención hecha por la mañana
    como la segunda por la tarde el 26 de julio de 2023.

       i. Toda evidencia de quien ordeno las
       intervenciones de la mañana y la de la tarde el
       26 de julio de 2023.

       ii. Que policías estuvieron presentes y
       participaron en la intervención de la mañana del
       26 de julio de 2023.

       iii. Que policías estuvieron presentes y
       participaron en la intervención de la tarde del 26
       de julio de 2023.

       iv. Toda evidencia de acciones o querellas
       administrativas contra todos los policías que
       participaron en la intervención de la mañana y en
       la de la tarde del 26 de julio de 2023.

    e. Todo entrenamiento de la academia o de cualquier otra
    naturaleza recibido por todos los policías que
    participaron en la intervención de la mañana y en la de
    la tarde del 26 de julio de 2023 sobre la cuarta enmienda
    federal y los allanamientos.

    f. Todo informe, libro, documento, papel y notas de los
    policías realizadas como parte de la investigación y toda
    evidencia objetiva que tenga en su poder la Policía de
    Puerto Rico entre sus diferentes cuerpos o divisiones, el
    fiscal, o cualquier otra entidad, como consecuencia de
    análisis, pruebas o investigaciones realizadas en
    relación con los casos de epígrafe particularmente de
    todos los policías que participaron en la intervención de
    la mañana y en la de la tarde del 26 de julio de 2023.
KLCE202301254                                                      4

      Así las cosas, el 22 de septiembre de 2023, el Ministerio

Público presentó Moción en Cumplimiento de Orden y reiteró que la

inexistencia de prueba favorable a la peticionaria, tanto del

expediente como de la investigación realizada. Además, añadió que

la moción en oposición presentada por la peticionaria constituía una

moción de descubrimiento de prueba, la cual no se permite en la

etapa de vista preliminar y que la peticionaria tampoco probó que la

prueba solicitada fuera exculpatoria o la eximiera de conducta

delictiva.

      En atención a las mociones de ambas partes, el 2 de octubre

de 2023, notificada el 5 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución y determinó, entre otras cosas, que

“[e]n etapa previa (Vista Preliminar) a la presentación del pliego

acusatorio no se ha activado aún el derecho al descubrimiento de

prueba”.

      Posteriormente, la peticionaria presentó una Moción en Auxilio

de Jurisdicción y recurso de certiorari ante este Tribunal de

Apelaciones, bajo el caso KLCE202301138. Según indicamos

anteriormente, este foro revisor declaró No Ha Lugar a la Moción en

Auxilio de Jurisdicción y denegó la expedición del auto de certiorari

mediante Resolución emitida y notificada el 16 de octubre de 2023.

Como razonamiento para denegar la expedición del auto, este foro

intermedio expresó que la peticionaria se limitó a alegar que el

Ministerio Público poseía prueba exculpatoria y que la misma le

beneficiaba para fines impugnatorios, sin haber presentado

evidencia alguna que sostuviera su pedido. En adición, se concluyó

que, particularmente al hacer un listado de evidencia a solicitar, la

moción constituyó un pedido de descubrimiento de prueba que

propiciaba que la defensa efectuara una expedición de pesca en el

expediente de la Fiscalía, todo previo a la vista preliminar.
KLCE202301254                                                             5

      El 18 de octubre de 2023, a solo dos (2) días luego del

dictamen de este Tribunal, la peticionaria presentó una Solicitud de

Prueba de Impugnación. Mediante esta, la peticionaria citó a este

Tribunal de Apelaciones e hizo referencia al caso KLCE202301138,

descansando en el derecho expuesto y no en el razonamiento, para

nuevamente solicitar un listado de evidencia, “sin entenderse como

una lista cerrada para la defensa poder estar adecuadamente para

la vista preliminar”. La peticionaria solicitó lo siguiente:

      a. Testigo Nancy Cruz

             i. Toda evidencia documental sobre la herencia
             de la residencia de Sabana Grande donde se
             efectuaron los arrestos el 26 de julio de 2023.
             Esta tiene que ver con los motivos para radicar la
             petición de acecho.

             ii. Toda evidencia de prejuicios del testigo,
             pruebas de uso de sustancias controladas,
             tratamiento psiquiátrico, promesa de incentivos
             monetarios y/o de trato favorable y/o
             inmunidad. Esta tiene que ver con su estado
             mental al solicitar la petición de acecho.

             iii. Toda evidencia de convicciones en el estado
             de la Florida. Esta tiene que ver con su estado
             mental al solicitar la petición de acecho.

             iv. Todos los informes policiacos requeridos por el
             Articulo 12 de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico,
             33 L.P.R.A. § 4022, de tanto la intervención hecha
             por la mañana como la segunda por la tarde el 26 de
             julio de 2023. Esta tiene que ser usada para
             comparar con el testimonio de los policías testigos y
             sus declaraciones juradas.

             v. Toda evidencia de quien ordeno las
             intervenciones de la mañana y la de la tarde el
             26 de julio de 2023.

             vi. Que policías estuvieron presentes y
             participaron en la intervención de la mañana del
             26 de julio de 2023.

             vii. Que policías estuvieron presentes y
             participaron en la intervención de la tarde del 26
             de julio de 2023.

      En respuesta, el Ministerio Público presentó una Contestación

a Solicitud de Prueba de Impugnación. Esgrimió que la prueba

solicitada    por   la   peticionaria   era   irrelevante,   inmaterial   e
KLCE202301254                                                                  6

impertinente y que no estaba relacionada con los delitos imputados

en las denuncias contra la peticionaria. Además, arguyó que no

existe derecho a descubrimiento de prueba por el imputado en la

etapa de vista preliminar, con excepción a las declaraciones juradas

de los testigos que declararon y sobre circunstancias especiales. Por

último, indicó que la peticionaria no había demostrado que la

prueba solicitada era exculpatoria de conducta delictiva.

       El 2 de noviembre de 2023, notificada el 6 de noviembre de

2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

declarando No Ha Lugar a la Solicitud de Prueba de Impugnación.

Inconforme aún, el 13 de noviembre de 2023, la peticionaria

presentó ante este Tribunal de Apelaciones una segunda y casi

idéntica Moción en Auxilio de Jurisdicción donde solicitó la

suspensión de la vista preliminar pautada para el 16 de noviembre

de 2023 y anejó un auto de certiorari. La peticionaria señaló como

error lo siguiente:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
       de Mayagüez, como cuestión de hecho y de derecho al
       dictar Resolución declarando No Ha Lugar la Solicitud
       de Prueba de Impugnación que seguía las guías del TA.

       Expuesto los hechos del caso y evaluado el expediente en su

totalidad, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida y

procedemos a exponer el derecho aplicable en aras de resolver

mediante justo y eficiente despacho.3

                                       II

A. Certiorari

       El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.4 Sin embargo, la

3 Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

7(B)(5).
4 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
KLCE202301254                                                                 7

discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto del

Derecho. Según definido por nuestra jurisprudencia, la discreción

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para así llegar a una conclusión justiciera. 5 Así pues, la discreción

judicial para expedir o no el auto de certiorari no ocurre en un vacío

ni en ausencia de parámetros.6 Cónsono con lo anterior, la Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones7 orienta la función del

tribunal intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional

y establece los criterios que debe considerar al determinar si procede

o no expedir un auto de certiorari.8 La referida regla dispone lo

siguiente:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

5 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
6 Id.
7 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
8 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLCE202301254                                                                   8

         Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.9 Es por ello que los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.10 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos:

(1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.11

B. Descubrimiento de prueba en etapa de vista preliminar

         Nuestro    ordenamiento       jurídico      reconoce    un     derecho

constitucional del acusado a preparar una defensa adecuada.12 El

derecho que tiene un imputado a defenderse en un proceso criminal

conlleva el derecho a informarse debidamente en la preparación de

su defensa y a obtener, mediante el descubrimiento de prueba,

evidencia que pueda demostrar su inocencia o favorecerle.13

         Ahora bien, aunque el derecho al descubrimiento de prueba

es consustancial al derecho que tiene el imputado a defenderse, este

derecho no es absoluto.14 El descubrimiento de prueba a favor del

acusado se limita por la Regla 95 de Procedimiento Criminal15 con

el fin de desalentar las expediciones de pesca en el sumario y los

archivos de fiscalía, las cuales están prohibidas.16 En cuanto a esto,

el Tribunal Supremo ha establecido que “[e]l descubrimiento de

9 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
10 Id.
11 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al., 210

DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
12 Art. II Sec. 11 Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Custodio Colón,

192 DPR 567, 584 (2015).
13 Pueblo v. Custodio Colón, supra; Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 566 (2003);

Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994).
14 Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Arocho Soto, supra.
15 Regla 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95.
16 Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 324

(1991).
KLCE202301254                                                                 9

prueba que rebasa el texto de la citada Regla 95 y busca apoyo en

el debido proceso de ley no es recurso a invocarse livianamente”.17

En adición, la referida regla no permite, de forma indiscriminada, la

intrusión en los archivos de fiscalía ni que se facilite al acusado

cuanta evidencia pueda relacionarse con el caso criminal.18 Dicha

regla también establece que la obligación del fiscal de descubrir

información o evidencia a la defensa se activa con la

presentación del pliego acusatorio; es decir, con la denuncia en

caso de delito menos grave o con la acusación en casos de delito

grave.19 Lo anterior es evidente cuando el texto de la Regla 9520 en

su inciso (a) dispone que:

       (a) El acusado presentará moción al amparo de esta
       Regla dentro en un término de cumplimiento estricto de
       veinte (20) días contados a partir de: i) la celebración
       del acto de lectura de acusación en los casos que se
       impute la comisión de un delito grave; o ii) la primera
       comparecencia del acusado al proceso asistido por el
       abogado que habrá de representarlo en el juicio, en los
       casos en que se impute la comisión de un delito menos
       grave. […]

       (Énfasis Nuestro).

       Por tanto, a partir del acto de lectura del pliego acusatorio, el

acusado podrá ejercer su derecho al descubrimiento de prueba,

según delimitado en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, y no

antes.21 El Tribunal Supremo ha establecido que el imputado no

tiene derecho a descubrir prueba en una etapa tan temprana como

lo es la Regla 622 de Procedimiento Criminal.23 Así pues, no se trata

de un derecho absoluto del acusado sino que descansa en la sana

discreción del tribunal que debe considerar ciertos elementos al

17 Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246-247

(1979).
18 Id.
19 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 567 citando a Chiesa Aponte, Derecho procesal

penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág.
320.
20 Regla 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.
21 Id.
22 Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.
23 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 568-569.
KLCE202301254                                                       10

realizar un balance entre los derechos del acusado y el interés del

Estado.24 Asimismo, el Tribunal Supremo ha establecido que no

existe un derecho constitucional a descubrir prueba antes del

juicio.25

         Cónsono con lo anterior, no puede interpretarse que, con solo

invocar el debido proceso de ley, se obvie las reglas que gobiernan el

derecho al descubrimiento de prueba y se abran las puertas para

que el acusado solicite cualquier tipo de descubrimiento de prueba

al Ministerio Público.26 Empero, existe una única excepción a esta

norma, la cual surge ante la existencia de evidencia exculpatoria por

ser la única que activa la protección constitucional del debido

proceso de ley.27 En otras palabras, las circunstancias que activan

el recurso al debido proceso de ley para sobrepasar el texto de la

Regla 95 de Procedimiento Criminal28 giran en torno a evidencia en

posesión del Ministerio Público que sea relevante a la inocencia o el

castigo del acusado.29 Evidentemente, no es cualquier prueba la que

se puede solicitar apoyándose en el derecho al debido proceso de

ley.30

                                        III

         Nos encontramos, por segunda ocasión, ante un pedido de

descubrimiento de prueba por la parte peticionaria en la etapa de

vista preliminar. La peticionaria arguye que el Tribunal de Primera

Instancia incidió al denegar la solicitud de prueba de impugnación

que seguía las supuestas guías del Tribunal de Apelaciones. No le

asiste la razón.

         Primeramente, recordamos que la denegación de un auto de

certiorari no constituye una adjudicación del caso en los méritos,

24 Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 586.
25 Id., pág. 588; Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 534-535 (2003).
26 Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 587.
27 Id., pág. 588; Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 535.
28 Regla 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.
29 Pueblo v. Custodio Colón, supra.
30 Id.
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independientemente de los fundamentos provistos. La peticionaria

argumenta que este Tribunal de Apelaciones, al atender el recurso

KLCE202301138, estableció unas “guías” para presentar una

solicitud de prueba de impugnación. Este planteamiento no podría

estar más anejado a la realidad, pues, este foro revisor denegó

expedir el auto de certiorari por entender que no ameritaba

intervenir o ejercer nuestra función revisora.

         La peticionaria basó su argumento en que el foro intermedio

expresó que “el Ministerio Público posee la obligación de entregar

toda evidencia exculpatoria que recopile, ya sea durante o después

de la etapa investigativa”, y que esta incluye la prueba de

impugnación.31 No obstante, la peticionaria omite totalmente que el

Tribunal de Apelaciones hizo la salvedad de que esta prueba solo se

limita a aquella prueba que le sea favorable, por lo que tiene la

obligación de poner en posición al Tribunal de que la evidencia le

beneficia o favorece.

         Convenientemente, la peticionaria también omite cuando este

Tribunal señaló que “la          peticionaria     ni     tan   siquiera   ha

presentado un ápice de prueba que demuestra que, en primer

lugar, el Ministerio Público posee evidencia exculpatoria” y

“[m]ucho menos ha demostrado que dicha evidencia, en efecto,

le pueda favorecer o beneficiar”.32 Por último, se le advirtió que

su moción constituía un descubrimiento de prueba y que dicho

procedimiento no comienza hasta la celebración del acto de

lectura de acusación.33 La Resolución emitida en el recurso

KLCE202301138 carece de cualquier tipo de “guías”.

         Más aún, a dos (2) días de emitida la referida Resolución, la

peticionaria procedió a presentar una Solicitud de Prueba de

31 Véase Resolución del recurso KLCE202301138, pág. 6.
32 Id.
33 Id.
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Impugnación. El escrito solicita, por segunda vez, un listado de

evidencia, con incisos casi idénticos al anterior, amparándose en la

Resolución de este foro. La disfrazada moción es un segundo intento

por la peticionaria a un descubrimiento de prueba en la etapa de

vista    preliminar,    lo   cual   es    improcedente.     Nuevamente,   la

peticionaria falló en demostrar la existencia de prueba exculpatoria

en posesión del Ministerio Público, quién en reiteradas ocasiones

aclaró que no obra dicha prueba en el expediente o investigación

realizada. En vez, la peticionaria insiste en hacer un descubrimiento

de prueba previo a la celebración de la vista preliminar, obviando

las disposiciones de la Regla 95(a) de Procedimiento Criminal34 y lo

establecido por la jurisprudencia. Dicho proseguir es dilatoria de los

procedimientos y está revestida de frivolidad.

         En síntesis, la Solicitud de Prueba de Impugnación presentada

por      la   peticionaria   constituye       una    segunda     moción   de

descubrimiento de prueba antes de la celebración de la vista

preliminar, por lo que, conforme a la Regla 95(a) de Procedimiento

Criminal35 y la jurisprudencia, es improcedente. El derecho a

descubrimiento de prueba se activa con la presentación del pliego

acusatorio y se rige por la Regla 95 de Procedimiento Criminal.36 Por

ser un recurso frívolo, se le apercibe a la parte peticionaria que

de repetirse este tipo de conducta se impondrá sanciones

económicas.

                                         IV

         Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos

formar parte de esta Sentencia, se declara No ha Lugar a la Moción

de Auxilio de Jurisdicción. Por otro lado, se expide el auto de

34 Regla 95(a) de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.
35 Id.
36 Id.
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certiorari y se confirma la Resolución recurrida del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.

     Notifíquese inmediatamente.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones