Court Opinion

ID: 9916167
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:26:40.621367+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:15.430039
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VIII

  IN RE: LUIS MANUEL                                Revisión Judicial,
    IRIZARRY PABÓN                                  procedente de la Oficina
        ALCALDE,                                    del Panel sobre el Fiscal
 MUNICIPIO AUTÓNOMO                                 Especial Independiente
        DE PONCE

     Parte Recurrente                               Caso Núm.:
                                                    UPAD-2023-0038
                              KLRA202300572
             v.
                                                    (Proveniente de la UPAD
                                                    Caso Núm. Q 2023-060)
  OFICINA DEL PANEL
   SOBRE EL FISCAL
       ESPECIAL
    INDEPENDIENTE
                                                    Sobre:
      Parte Recurrida                               Suspensión Sumaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

      Compareció ante este Tribunal la parte recurrente, Luis Manuel

Irizarry Pabón (en adelante, “Irizarry Pabón” o el “Recurrente”), mediante

recurso de revisión judicial y “Moción en Auxilio de Jurisdicción”, ambos

presentados el 3 de noviembre de 2023. Nos solicitó la revocación de la

Resolución emitida por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (en

adelante, el “Panel”), el 1 de noviembre de 2023. Mediante el referido

dictamen, el Panel acogió el Informe y Recomendación al Panel (en

adelante, el “Informe”) suscrito por la directora de la Unidad de

Procesamiento     Administrativo    Disciplinario     de    dicha    entidad

gubernamental, Lcda. Melanie Grandoné Godreau.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Resolución recurrida en cuanto se impone la medida

cautelar de suspensión de empleo al Recurrente y se devuelve el caso

al Panel para la celebración de la vista administrativa, de conformidad con

la reglamentación aplicable. De otra parte, desestimamos el recurso en lo

Número Identificador
SEN2023______________
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relacionado a los argumentos esgrimidos ante nuestra consideración sobre

la medida de suspensión de salarios, plan médico y otros beneficios

económicos, por haberse presentado prematuramente.

                                      I.

       El presente recurso tiene su génesis el 31 de octubre de 2023, fecha

en que se presentaron cuatro (4) denuncias en contra de Irizarry Pabón

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Ponce (en

adelante, “TPI”), por violaciones al Artículo 251 de la Ley Núm. 146-2012,

según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico de

2012”, 33 LPRA sec. 5342 y al Artículo 4.2 (b) de la Ley Núm. 1-2012,

según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética

Gubernamental de Puerto Rico”. En esa misma fecha, el TPI determinó

causa probable para arresto en contra del Recurrente en todos los cargos

presentados por la Oficina sobre el Fiscal Especial Independiente (en

adelante, la “OPFEI”).

       Luego de dicha determinación, en horas de la tarde, la UPAD

presentó el Informe ante el Panel mediante el cual recomendó que se

procediera con la suspensión sumaria inmediata de empleo y sueldo de

Irizarry Pabón, como medida cautelar mientras finalizaba el procedimiento

penal iniciado en su contra y, a su vez, se considerara la suspensión de

cualquier otro beneficio económico que éste percibiera. Entendió la UPAD

que existía causa suficiente para creer que el Recurrente había cometido

delito grave, delito contra la función pública y el erario o delito menos grave

que implica depravación moral.

       Así pues, el 1 de noviembre de 2023, el Panel emitió una Resolución

en la cual acogió el Informe. Como consecuencia, suspendió sumariamente

al Recurrente de sus funciones como alcalde del Municipio Autónomo de

Ponce, con efectividad inmediata. Además, se le ordenó que entregara

todos los bienes muebles municipales en su poder y se le prohibió tener

acceso o intervenir por sí o mediante terceros con documentos o efectuar

gestiones o tomar decisiones en el ayuntamiento. Igualmente, se le
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proscribió personarse en cualquiera de las instalaciones o dependencias

del Municipio hasta tanto se dispusiera finalmente del proceso.

       De igual forma, se le ordenó a Irizarry Pabón a que mostrara causa

por la cual no se le debía suspender de salario, así como del plan médico

o cualquier otro beneficio económico que percibía como parte de sus

funciones como alcalde. Para ello, se le concedió hasta las 2:00 de la tarde

del 3 de noviembre de 2023, apercibiéndolo de que, de no recibir

comunicación sobre el asunto, se procedería a decretar la suspensión

inmediata de todo beneficio económico.

       Inconforme con tal proceder, el Recurrente presentó una solicitud de

auxilio de jurisdicción en unión al recurso de revisión judicial que nos ocupa.

Le imputó al Panel la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR:

       ERRÓ LA OPFEI AL SUSPENDER SUMARIAMENTE AL
       ALCALDE MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN QUE ADOLECE
       DE FALTA DE NOTIFICACIÓN ADECUADA CONFORME
       AL PROPIO REGLAMENTO DE LA UPAD SOBRE LOS
       REMEDIOS QUE LE ASISTEN.

       SEGUNDO ERROR:

       ERRÓ LA OPFEI AL PRETENDER SUSPENDER
       SUMARIAMENTE EL SALARIO Y DEMÁS BENEFICIOS AL
       ALCALDE EN VIOLACION AL REGLAMENTO 9124.

       TERCER ERROR

       ERRÓ EL PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL
       INDEPENDIENTE AL DECRETAR LA SUSPENSIÓN
       SUMARIA DEL ALCALDE EN CRASO INCUMPLIMIENTO
       CON EL ESTÁNDAR DE PRUEBA, CLARA, ROBUSTA Y
       CONVINCENTE EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 14 DE LA
       LEY NÚM. 2-1988, 3 LPRA § 99T-1, Y EL ARTÍCULO 1.8
       DEL    REGLAMENTO       DE     LA    UNIDAD    DE
       PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO,
       NÚM. 9124.

       CUARTO ERROR

       ERRÓ EL PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL
       INDEPENDIENTE AL DECRETAR LA SUSPENSIÓN
       SUMARIA DEL ALCALDE EN VIOLACION A LOS
       CRITERIOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY
       NÚM. 2-1988, ANTE, POR LO QUE DICHO DICTAMEN NO
       ES MERECEDOR DE DEFERENCIA JUDICIAL.

       Mediante Resolución de 3 de noviembre de 2023, declaramos “No

Ha Lugar” la “Moción en Auxilio de Jurisdicción” y le concedimos un

término a la OPFEI para que presentara su alegato en oposición. Tras
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conceder una prórroga, la Recurrida presentó su “Alegato al Recurso de

Revisión Judicial y Solicitud de Desestimación” el 9 de noviembre de

2023. Al día siguiente, Irizarry Pabón presentó “Solicitud de Prórroga y

de Desglose”. El 13 de noviembre de 2023, el Panel presentó “Urgente

Oposición a ‘Solicitud de Prórroga y de Desglose’”.

       Estando el caso perfeccionado para su disposición final y con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

                                       II.

                                       A.

       Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los

tribunales apelativos están llamados a abstenerse de intervenir en las

decisiones administrativas, ya que éstas poseen una presunción de

legalidad y corrección. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281

(2020); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016). Cónsono

con ello, se ha resuelto que las decisiones de las agencias administrativas

gozan de la mayor deferencia por los tribunales. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022). Ello debido

a que dichos entes gubernamentales son los que poseen el conocimiento

especializado y experiencia en los asuntos que les son encomendados.

Super Asphalt v. AFI, 206 DPR 803, 819 (2021). En los casos de revisión

judicial, “[e]l criterio a aplicarse no es si la decisión administrativa es la más

razonable o la mejor al arbitrio del foro judicial; es, repetimos, si la

determinación administrativa, en interpretación de los reglamentos y las

leyes que le incumbe implementar, es una razonable”. Rivera Concepción

v. A.R.Pe, 152 DPR 116, 124 (2000).

       La Sección 4.5 de la LPAU dispone que “[l]as determinaciones de

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal,

si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo”. 3 LPRA sec. 9675. Así pues, la intervención judicial en

estos casos ha de centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio

concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están

razonablemente sostenidas por la prueba y (3) si las conclusiones de
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derecho del organismo administrativo son correctas. P.R.T.C. Co. v. J. Reg.

Tel. de P.R., 151 DPR 269, 281 (2000). Podemos decir que la deferencia

reconocida a la decisión de una agencia administrativa cede en las

siguientes circunstancias: cuando no está basada en evidencia sustancial,

cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley y

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. T-JAC, Inc. v.

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).

       Las determinaciones de hechos de los organismos y agencias

administrativas tienen a su favor una presunción de regularidad y

corrección. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210

(1987). De manera que los tribunales apelativos no intervienen con las

determinaciones de hechos formuladas por una agencia administrativa si

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75

(2000).

       Según lo ha definido el Tribunal Supremo en diversas ocasiones,

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.

Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). Por ello,

quien impugne las determinaciones de hechos de una agencia

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la evidencia

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción

de corrección de la determinación administrativa. El peso de la prueba

descansa entonces sobre la parte que impugna la determinación

administrativa. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).

Además, debe demostrar que existe otra prueba en el expediente que

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta

el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia

fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su

consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2002).

       Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Sección 4.5 de

la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos sus aspectos. 3 LPRA sec.
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9675. Sin embargo, esto no significa que, al ejercer nuestra función

revisora,   podamos      descartar    liberalmente     las   conclusiones     e

interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio.

“Al evaluar los casos es necesario distinguir entre cuestiones de

interpretación estatutaria, en la que los tribunales son especialistas, y

cuestiones propias para la discreción o pericia administrativa”. Adorno

Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 (1990).

       El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo administrativo

por el propio únicamente en aquellas ocasiones que no encuentre una base

racional que fundamente la actuación administrativa. No obstante, es

axioma judicial que, ante la prueba pericial y documental, el tribunal revisor

se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Dye-

Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000).

       Sin embargo, la deferencia judicial en la revisión de determinaciones

administrativas no conlleva la renuncia de este Tribunal a su función

revisora. Simplemente, define el carácter limitado de la función revisora a

casos apropiados. La deferencia reconocida no equivale a la dimisión de la

función revisora de este foro apelativo intermedio en instancias adecuadas

y meritorias, como resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación

de la ley. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1987).

                                      B.

       La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de

1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Panel sobre

el Fiscal Especial Independiente”, 3 LPRA sec. 99h et seq. (en adelante,

“Ley Núm. 2 de 1988” o “Ley del FEI”), mediante la cual se creó la figura

externa del Fiscal Especial Independiente (en adelante, “FEI”) ante la

necesidad y con el fin de que “se realizaran investigaciones completas

y objetivas en las que se eliminaran las posibles situaciones de

conflicto de intereses entre los investigadores e investigados”. Pueblo

v. Maldonado, 2023 TSPR 114, 212 DPR ___ (2023) (énfasis en el original).

En específico, para investigar y procesar criminalmente, por vía de
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excepción, a empleados y altos funcionarios del Gobierno como el

gobernador, los jueces, jefes de agencias y alcaldes, entre otros. In re

Invest. ex Alcalde Vega Alta, 158 DPR 666, 672 (2003). Al respecto, el

Artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 1988 le otorga la facultad al Secretario del

Departamento de Justicia de realizar investigaciones preliminares a dichos

funcionarios públicos cuando reciba información bajo juramento “que, a su

discreción, constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido

cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o

evento, o cualquier delito contra los derechos civiles, la función pública o el

erario, por algún funcionario público allí mencionado”. Pueblo v.

Maldonado, supra. En fin, se le encomendó al FEI “la responsabilidad de

acudir a los tribunales cuando hay causa para creer que un funcionario

público ha cometido o perpetrado actos ilegales contra el patrimonio del

Estado”. Pueblo v. Navarro Alicea, 138 DPR 511, 517 (1995).

       A tenor con tal propósito, y mediante el Plan de Reorganización

Núm. 1-2012, que enmendó la Ley del FEI, se creó la UPAD con el objetivo

de recomendar el curso de acción a seguir en los procesos disciplinarios

en contra de alcaldes o alcaldesas en determinadas circunstancias. En lo

aquí pertinente, el Artículo 14(1)(a) de la Ley del FEI dispone que la UPAD

intervendrá:

       Cuando se ha encontrado causa para arresto por delito grave
       y los delitos contra la función pública y el erario; o delito
       menos grave que implique depravación moral en contra de un
       Alcalde o Alcaldesa al amparo de la Regla 6 de las de
       Procedimiento Criminal de Puerto Rico. Si el Panel determina
       que el interés público así lo requiere, podrá comenzar un
       proceso para determinar si la magnitud de los cargos
       imputados requieren la suspensión de empleo del Alcalde o
       Alcaldesa, hasta que concluya el proceso judicial en su
       contra. La celebración del proceso estará a cargo de la
       UPAD, la cual, en un término no mayor de veinte (20) días,
       contado a partir de la fecha de la determinación de causa para
       arresto, deberá notificar al Panel un informe con sus
       recomendaciones. Además, se faculta al Panel para que
       proceda de igual forma cuando reciba notificación de que a
       un Alcalde o Alcaldesa se le ha acusado por alguno de dichos
       delitos ante el Tribunal Federal. Al hacer la evaluación, la
       UPAD y el Panel considerarán lo siguiente:

       (i) si los hechos imputados al Alcalde o Alcaldesa demuestran
       una administración corrupta, fraudulenta, negligencia
       inexcusable o el abuso de autoridad;
       (ii) el historial administrativo previo del Alcalde o Alcaldesa;
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       (iii) la notoriedad o conocimiento público que se le imputa al
       Alcalde o Alcaldesa previo a la presentación de los cargos;
       (iv) la certeza o peso de la prueba, según surja de los
       informes investigativos sobre los hechos que dieron lugar a la
       querella;
       (v) la urgencia de tomar medidas que protejan los bienes
       municipales o la vida y salud de los ciudadanos; y
       (vi) la íntima vinculación de los hechos imputados a la
       administración del municipio.

       Aquilatada la recomendación de la UPAD, el Panel emitirá su
       resolución en cuanto a la suspensión de empleo del Alcalde
       o Alcaldesa, en un término no mayor de cinco (5) días
       laborables, contado a partir del recibo del informe de la
       UPAD. 3 LPRA sec. 99t-1.

       Así pues, en virtud de los poderes conferidos por la Ley Núm. 2 de

1998, la OPFEI adoptó el Reglamento Núm. 9124 de 14 de noviembre de

2019, conocido como el “Reglamento de la Unidad de Procesamiento

Administrativo Disciplinario” (en adelante, “Reglamento Núm. 9124”). El

mismo establece las normas y procedimientos en cuanto al recibo,

presentación,    investigación,   evaluación,    adjudicación,    revisión   y

cumplimiento de los casos ante la UPAD. Artículo 1.4 del Reglamento Núm.

9124, supra.

       El Artículo 3.1 del Reglamento Núm. 9124 le confiere la facultad al

Panel para suspender de empleo, o de empleo y salario a cualquier alcalde,

alcaldesa o funcionario municipal electo cuando se ha hallado causa

probable para iniciar una acción penal o se ha presentado acusación, se

ha emitido un fallo de culpabilidad o se ha dictado sentencia por cualquier

delito grave, delito contra la función pública y el erario o delito menos grave

que implique depravación moral. De igual manera, la aludida disposición

reglamentaria dispone lo siguiente:

           El [Panel] tiene facultad para suspender sumariamente de
       empleo, o de empleo y salario a un Alcalde, Alcaldesa o
       Funcionario Municipal Electo hasta que concluya el proceso
       judicial o administrativo disciplinario ante la UPAD en su
       contra, si el Panel determina que el interés público así lo
       requiere. En los casos que así lo resuelva dispondrá para la
       celebración de una vista requerida por el debido proceso de
       ley.

                                      […]

           El Panel mantendrá su jurisdicción en casos en que
       iniciada la acción disciplinaria el Alcalde, Alcaldesa o
       Funcionario Municipal Electo presente su renuncia. Íd.
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      En consonancia con lo anterior, el Artículo 5.1 del precitado

Reglamento dispone que en aquellos casos en que el Panel reciba una

notificación de que se ha determinado causa probable para el arresto o

citación en contra de un alcalde o funcionario municipal electo, se le

proveerá a la UPAD aquellos documentos recibidos para evaluación y

subsiguiente presentación de un informe en el cual se pueda efectuar una

recomendación para la acción a seguir. Artículo 5.1 del Reglamento Núm.

9124, supra. Asimismo, la UPAD determinará “si la magnitud de los hechos

alegados requiere –como medida cautelar– la suspensión sumaria de

empleo o la suspensión sumaria de empleo y salario del funcionario”. Íd.

      Al respecto, dicho cuerpo reglamentario provee los criterios a

considerar para determinar si el interés público requiere la suspensión

sumaria de empleo, suspensión sumaria de empleo y salario, así como

suspensión de empleo, suspensión de empleo y salario o destitución.

Artículo 5.5 del Reglamento Núm. 9124, supra. El mismo indica que tan

solo uno de los siguientes criterios puede constituir causa suficiente para

emitir la sanción, ya sea como medida cautelar o como medida disciplinaria:

      a. si los hechos imputados al Alcalde, Alcaldesa o
         Funcionario     Municipal     Electo     demuestran     una
         administración     corrupta,     fraudulenta,   negligencia
         inexcusable o el abuso de autoridad;
      b. el historial administrativo previo del Alcalde, Alcaldesa o
         Funcionario Municipal Electo;
      c. la notoriedad o conocimiento público que lo que se le
         imputa al Alcalde, Alcaldesa o Funcionario Municipal
         Electo previo a la presentación de los cargos;
      d. la certeza o peso de la prueba, según surja de los informes
         investigativos sobre los hechos que dieron lugar a la
         querella;
      e. la urgencia de tomar medidas que protejan los bienes
         municipales o la vida y salud de los ciudadanos; y
      f. la íntima vinculación de los hechos imputados a la
         administración del municipio. Íd.
       Por último, en los casos de suspensión o destitución antes

mencionados, la decisión del Panel será efectiva desde la misma fecha en

que se le notifique al querellado. Art. 5.6 del Reglamento Núm. 9124,

supra. En lo relativo a la suspensión sumaria de empleo, el Artículo 2.1(33)

define ésta como:

      Decisión del Panel de relevar al funcionario municipal electo
      de sus funciones –como medida cautelar– mientras se
      culmina un proceso criminal en su contra o, se concluye un
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       proceso ante la UPAD. En interés del bien público y en
       protección de los bienes municipales, el Panel podrá imponer
       que la suspensión sumaria incluya la suspensión de salario.
       Artículo 2.1(33) del Reglamento Núm. 9124, supra.

          Sobre el particular, el mencionado Artículo también dispone que “se

le concederá una vista administrativa dentro de las 24 horas laborables

siguientes a haberse decretado la suspensión de empleo”. Íd. De igual

forma, el mismo establece que “[p]revio a decretar la suspensión de salario,

se deberá conceder una vista administrativa, con el propósito de que el

funcionario sancionado tenga la oportunidad de expresar la razón o

fundamento por el cual considere que no deberá privársele de su salario”.

Íd.

                                      C.

       La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para

resolver los casos y las controversias que tiene ante sí. Cobra Acquisitions,

LLC v. Municipio de Yabucoa y otros, 210 DPR 384 (2022); Pueblo v. Ríos

Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022); Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203

(2022).

       Reiteradamente, se ha expresado que los tribunales debemos ser

celosos guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para

asumir jurisdicción donde no la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, supra, pág.

273; Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013).

De igual manera, es conocido que la ausencia de jurisdicción no puede ser

subsanada por las partes. Pueblo v. Ríos Nieves, supra; Pérez Soto v.

Cantera Pérez, Inc., et al., supra. Por consiguiente, las cuestiones

relacionadas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y deben

atenderse y resolverse con preferencia a cualquier otra. Íd. Por ello, cuando

un tribunal emite una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la

materia, su dictamen es uno inexistente o ultravires. Maldonado v. Junta de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Por ello, al carecer de jurisdicción o

autoridad para considerar un recurso, lo único que procede en Derecho es

la desestimación de la causa de acción. Romero Barceló v. E.L.A., 169

DPR 460, 470 (2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR

345, 370 (2003).
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       Así pues, estamos imposibilitados de atender recursos prematuros

o tardíos. En lo particular, un recurso prematuro es aquel que se presenta

en la Secretaría de un tribunal apelativo antes de que este adquiera

jurisdicción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

En virtud de ello, carece de eficacia y no produce efectos jurídicos. Íd.,

págs. 97-98. Siendo ello así, un recurso presentado prematuramente

adolece de un defecto insubsanable que sencillamente priva de jurisdicción

al tribunal que se recurre, pues al momento de su presentación no existe

autoridad judicial para acogerlo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc.,

supra, pág. 370.

      Cónsono con lo anterior, este Tribunal de Apelaciones puede

desestimar, motu proprio, un recurso por falta de jurisdicción. Regla

83(B)(1) y (C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. Sin embargo, la desestimación de un recurso por prematuro le

permite a la parte recurrente volver a presentarlo una vez el foro apelado

resuelva lo que tenía ante su consideración o cumpla con los rigores que

dispone nuestro ordenamiento sobre una efectiva notificación de un

dictamen. Véase, Pueblo v. Ríos Nieves, supra, pág. 275; Yumac Home v.

Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015).

                                      III.

      Primeramente, atendemos el asunto jurisdiccional traído ante

nuestra consideración por parte del Panel. En esencia, este último arguye

que el recurso ante nos debe ser desestimado por haberse tornado

académico. Apoya su contención en que del expediente administrativo

surgen una Certificaciones expedidas por distintos funcionarios del

Municipio   Autónomo     de   Ponce      el   1   de   noviembre   de   2023.

Específicamente, arguye que de una de éstas surge que presuntamente se

expidió un pago global de licencia acumulada por concepto de vacaciones

de Irizarry Pabón por la cantidad de $25,225.70. A base de lo anterior, y

fundamentada en las disposiciones del Artículo 2.058 (k) de la Ley Núm.

107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de

Puerto Rico”, el Panel sostiene que como dicho Artículo contempla el pago
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global por licencia de vacaciones hasta un máximo de 60 días cuando el

empleado municipal renuncia a su puesto o al separársele definitivamente

del servicio público, debemos entender que el Recurrente ha renunciado a

su puesto de Alcalde del Municipio.

      En primer término, la interpretación que efectúa el Panel requiere

que asumamos un hecho sin contar con prueba que demuestre la renuncia

de Irizarry Pabón. Es decir, se plantea que el recurso se ha tornado

académico porque se desprende del expediente una Certificación en la cual

se expresa que alegadamente el Municipio de Ponce le efectuó un pago

global por concepto de licencia de vacaciones acumuladas por el

Recurrente y como ello ocurre ante la renuncia o separación definitiva del

servicio público, debemos concluir que Irizarry Pabón renunció. Sin

embargo, no se desprende de los autos la carta de renuncia del Recurrente

o cualquier otra prueba fehaciente que establezca dicho hecho.

      Además, el Artículo 3.1 del Reglamento 9124, supra, establece

taxativamente que el Panel retendrá jurisdicción en los casos en que se

inicie el procedimiento disciplinario y el alcalde presente su renuncia al

puesto. Siendo ello así, es claro que, bajo dichas circunstancias, tanto el

Panel como este Tribunal mantiene su facultad revisora ante la renuncia de

un alcalde, alcaldesa o funcionario municipal electo. Por tanto, no procede

la desestimación del recurso por academicidad.

      Ahora bien, relacionado con el argumento traído a nuestra

atención por el Panel a base de la Certificación con el timbrado del

Municipio Autónomo de Ponce y suscrita por el Sr. Michael R. Pérez

Hernández, Director de la Oficina de Recursos Humanos, Sra. Frances

M. Reyes Vargas, Asistente Administrativo V de la Unidad de Nóminas

y por la Sra. Marlese A. Sifre Rodríguez, Alcaldesa Interina, no

podemos pasar por alto la gran preocupación que nos genera el hecho

de que presuntamente el Municipio Autónomo de Ponce emitió un

pago global por concepto de licencia de vacaciones acumulada a

favor de Irizarry Pabón por la cantidad de $25,225.70, cuando ya se

había emitido la Resolución recurrida mediante la cual se le suspendió
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sumariamente de empleo como medida cautelar. De comprobarse

que, en efecto, se efectuó un desembolso de dinero a la fecha en que

el Panel había tomado su decisión a raíz de la determinación de causa

probable para arresto, somos de la opinión que la misma podría

constituir una irregularidad en el manejo de fondos públicos y tiene

visos de ilegalidad.

       Establecido lo anterior, y sobrepasado el escollo jurisdiccional

planteado, analicemos la procedencia de las controversias presentadas por

Irizarry Pabón en el recurso que nos ocupa.

       En su primer señalamiento de error, el Recurrente sostiene que el

dictamen recurrido adolece de falta de notificación adecuada, conforme las

disposiciones del Reglamento 9124, supra. Expone que el mismo provee

para la celebración de una vista administrativa, al amparo del Artículo 2.1

(33), luego de la suspensión sumaria de empleo.

       De entrada, debemos establecer que no existe controversia sobre la

potestad que poseía el Panel para imponer la medida cautelar de

suspensión sumaria de empleo. En segundo término, no nos cabe duda

alguna de que, acorde con las disposiciones jurídicas citas en los acápites

anteriores, el Panel tenía la autoridad en ley para así imponerla. Ahora bien,

no creemos que la Resolución impugnada en el recurso contenga una

deficiencia en su notificación, simplemente no se le citó a la vista

administrativa que provee el Reglamento Núm. 9124, supra.

       Sobre el particular, no podemos perder de perspectiva que el debido

proceso de ley “no requiere que haya una vista previa a toda privación de

un derecho o interés propietario”. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112

DPR 716, 730 (1982). Adviértase que “[c]uando hay una privación

temporal basta que en algún momento significativo u oportuno el

afectado tenga la oportunidad de defenderse y presentar su caso en

un proceso con adecuadas garantías”. Íd. (énfasis suplido). Ello está

cimentado en que existen circunstancias que requieren la intervención

inmediata del Estado porque media un interés del tal envergadura que
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justifica la intromisión temporera con la propiedad o libertad de una persona

antes de que se le brinde la oportunidad de ser oído. Íd.

       De hecho, en su alegato en oposición, el Panel no se niega a la

celebración de una vista administrativa. Ante nos, el Recurrido solicitó que,

si concluyéramos que las controversias no se han tornado académicas, le

concedamos     la   oportunidad   al   Panel   para    que   considere    los

planteamientos esgrimidos por Irizarry Pabón en su “Oposición a

Suspensión de Salarios” que presentó a tan solo ocho (8) minutos de

radicar el recurso de autos. Habiendo sido la suspensión sumaria de

empleo del Recurrente una medida cautelar y temporal impuesta

legítimamente por el Panel, procede conceder la solicitud de este último y

devolver el caso para que se celebre la vista administrativa que disponen

los Artículos 2.1 (33) y 3.1 del Reglamento Núm. 9124, supra. No obstante,

debe quedar meridianamente claro de que somos del criterio de que

actuó correctamente el Panel al disponer de la medida cautelar de

suspensión sumaria de empleo de Irizarry Pabón. Tanto la Ley del FEI

como la reglamentación aplicable así lo validan, tras la determinación

de causa de probable para arresto del TPI que recayó en contra del

Recurrente.

       La suspensión sumaria, como medida cautelar, “pretende proteger

al municipio contra una administración de los fondos y bienes públicos

fraudulenta, corrupta e irresponsable y del abuso de los poderes inherentes

al cargo de alcalde”. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, pág. 735.

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que existen situaciones en

donde el interés estatal protegido es de tal intensidad, envergadura y

naturaleza que hace innecesaria la celebración de una vista previa

antes de imponer una medida cautelar. Una de estas instancias lo es

la determinación de causa probable para arrestar. Íd., págs. 735-736.

En el balance de los intereses en disputa, pesa en nuestra conclusión el

puesto que ocupa Irizarry Pabón, las actuaciones imputadas, la

administración de los fondos públicos y el derecho reglamentario que éste
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ostenta a que se celebre una vista administrativa en donde se dilucide la

procedencia de las medidas impuestas.

        Así pues, y a tono con nuestra determinación de devolver el caso a

la consideración del Panel para la celebración de la vista administrativa, se

hace innecesario evaluar el tercer y cuarto señalamiento de error expuesto

por Irizarry Pabón, toda vez que ambos versan sobre asuntos que se deben

plantear ante nos luego de que al Recurrente se le dé la oportunidad de ser

oído y se tome una determinación final sobre la medida cautelar impuesta

y si procede la suspensión de salario y beneficios económicos, de

conformidad con la Resolución recurrida mientras esté pendiente el

proceso criminal iniciado en su contra.

        En cuanto al segundo señalamiento de error, debemos hacer un

breve recuento de los trámites procesales y fácticos que desembocaron en

la presentación del recurso que nos ocupa.

        Mediante la Resolución del 1 de noviembre de 2023, el Panel le

concedió a Irizarry Pabón un término a vencer en o antes del 3 de

noviembre de 2023 a las 2:00 de la tarde para que informara la razón, si

alguna, por la cual no se debía disponer de la suspensión del salario que

percibe, así como del plan médico o cualquier otro beneficio económico que

percibe por las funciones que ejercía. Relativo a lo anterior, el Panel le

advirtió que “[d]e no recibir su comunicación sobre este asunto,

procederemos a decretar la suspensión inmediata de todo beneficio

económico”.1

        Es, pues, evidente que la Resolución recurrida no impuso la medida

de suspensión de salario y otros beneficios económicos con efectividad

inmediata. El Panel claramente le concedió un plazo para que el

Recurrente expusiera las razones por las cuales no debía suspenderle

cualquier beneficio económico que éste percibiera. Solo en el caso en que

Irizarry Pabón no compareciera dentro del término concedido era que se le

suspendería inmediatamente de salario y de todo beneficio económico.

1 Véase, Apéndice del recurso de revisión judicial, pág. 7.
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        El tracto del caso es claro. Irizarry Pabón presentó el recurso de

revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones a la 1:01 p.m. del 3 de

noviembre de 2023. Luego, y sin haberlo informado, radicó a la 1:09 p.m.

ante la OPFEI la “Oposición a Suspensión de Salarios” mediante la cual

impugna la medida cautelar impuesta de suspensión sumaria de empleo y

argumenta la improcedencia de suspenderle el salario y otros beneficios

económicos. Siendo estos los hechos incontrovertidos, todos los

argumentos esgrimidos en el recurso de autos sobre la alegada suspensión

de salario son prematuros. Nótese que al momento en que el Recurrente

radicó el recurso de revisión judicial no era efectiva la suspensión de los

beneficios económicos. Para ese entonces, lo único que estaba vigente era

una orden de mostrar causa por la cual no se debía hacer efectiva la misma.

Cual si fuera poco lo anterior, a tan sólo ocho (8) minutos de haber activado

la maquinaria revisora de este Tribunal y dentro del plazo concedido por

el Panel, Irizarry Pabón presentó su moción con los argumentos por los

cuales está convencido de que no procede la suspensión de salario, plan

médico y todos los beneficios económicos. Por tanto, nos queda claro que

la medida disciplinaria aún no es efectiva y que su procedencia está

pendiente de adjudicación final por parte del Panel. Estando pendiente

dicha    controversia   ante   dicha    entidad   gubernamental,   cualquier

pronunciamiento de este foro sobre la suspensión de salarios, plan médico

y otros beneficios económicos sería prematura y al margen de nuestra

autoridad en ley para revisarla.

                                       IV.

        Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos

formar parte del presente dictamen, confirmamos la Resolución del

Panel en cuanto a la imposición de la medida cautelar de suspensión

sumaria de empleo y devolvemos el caso a la OPFEI para la celebración

de una vista administrativa en la cual se adjudique de forma final la

procedencia de dicha medida cautelar. Se desestima el presente recurso

en cuanto a los planteamientos esgrimidos sobre la suspensión de salarios,
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plan médico y u otros beneficios económicos por falta de jurisdicción, al ser

éstos prematuros.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones