Court Opinion

ID: 9896816
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:21:51.037705+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:14.995353
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL V

 CARLOS M. FIGUEROA                               REVISIÓN
      TORRES                                      ADMINISTRATIVA
     Recurrente                                   procedente del
                                                  Departamento de
              Vs.                                 Corrección
                                 KLRA202300538
                                                  Querella Núm.
  DPTO. CORRECCIÓN
      Recurrida
                                                  SOBRE:
                                                  Bonificaciones

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

      El 18 de octubre de 2023, el Sr. Carlos M. Figueroa Torres

(señor Figueroa o recurrente), quien se encuentra bajo la custodia

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), compareció

ante nos, por derecho propio, mediante una Moción en Solicitud de

Revisión Administrativa […] y solicitó que le ordenemos al DCR a que

le otorgara bonificaciones conforme a la Ley Núm. 66-2022. Cabe

precisar que, el recurrente se limitó a solicitar lo antes expuesto y

no formuló ningún señalamiento de error.

      Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores.    Regla (7)(B)(5)    del   Reglamento   del   Tribunal   de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por

prematuro.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLRA202300538                                                              2

                                     I.

                                    -A-

      La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro

administrativo       para     considerar     y     adjudicar    determinada

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias

siguientes:

      (a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no
      pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal,
      como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la
      nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los
      tribunales el ineludible deber de auscultar su propia
      jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el
      deber de examinar la jurisdicción del foro de donde
      procede el recurso; y (f) puede presentarse en cualquier
      etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por
      el tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort
      & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

      A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor

de auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado.

(Énfasis nuestro). Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros,

187 DPR 445, 457 (2012). Así pues, “las cuestiones jurisdiccionales

deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”. González v.

Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856. Ello, ya que los

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no

la tenemos. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 103

(2015). Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la

inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

      De      otra   parte,   un   recurso       presentado    prematura   o

tardíamente priva insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al

tribunal ante el cual se recurre para atender el asunto, caso o

controversia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98
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(2008). Estos tipos de recursos carecen de eficacia y no producen

ningún efecto jurídico, pues, al momento de su presentación, su

naturaleza prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga

autoridad alguna para acogerlo. Íd. Conforme a lo que antecede, este

Tribunal de Apelaciones puede desestimar, motu proprio, un recurso

prematuro o tardío por carecer de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. La

referida regla, en lo pertinente, dispone que:

      [...]

      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento
      la desestimación de un recurso por los motivos
      siguientes:

      (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
          jurisdicción. (Énfasis suplido).

      […]

      (C) El Tribunal de Apelaciones a iniciativa propia,
      podrá desestimar un recurso de apelación o denegar
      un auto discrecional por cualquiera de los motivos
      consignados en el inciso (B) precedente.

      Ahora bien, en lo pertinente al caso ante nos, cabe preciar

que, el Art. 4.006(c) de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada,

mejor conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24(y)(c), establece que

el Tribunal de Apelaciones tiene competencia para revisar las

“decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o

agencias administrativas”. (Énfasis nuestro) De igual forma, la

Regla 56 de nuestro reglamento, claramente dispone que son objeto

de revisión judicial “las resoluciones y providencias finales dictadas

por organismos o agencias administrativas”.

      Por su parte, la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, mejor

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA sec. 9601 et seq., delimita

el alcance de la revisión judicial de las decisiones administrativas y

en su Sección 4.2 dispone que la revisión administrativa ante el
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Tribunal de Apelaciones se hará respecto a las órdenes o

resoluciones finales, luego de que el recurrente haya agotado todos

los remedios provistos por la agencia o por el organismo

administrativo apelativo correspondiente.

                                  -B-

      La Sección 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672, dispone que:

      [u]na parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia y que haya agotado
      todos los remedios provistos por la agencia o por el
      organismo administrativo apelativo correspondiente
      podrá presentar una solicitud de revisión ante el
      Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de
      treinta (30) días contados a partir de la fecha del
      archivo en autos de la copia de la notificación de la
      orden o resolución final de la agencia o a partir de la
      fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de
      esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión
      judicial haya sido interrumpido mediante la
      presentación     oportuna    de     una   moción     de
      reconsideración. (Énfasis nuestro).

      Cabe señalar que dicho término de treinta (30) días para

solicitar la revisión judicial ante este Tribunal es uno jurisdiccional,

es decir, es improrrogable, fatal e insubsanable, y, por ende, no

puede acortarse y tampoco es susceptible de extenderse. Assoc.

Condomines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014).

                                  II.

      Es harto sabido que las cuestiones relativas a la jurisdicción

de un tribunal para atender ciertas controversias se tienen que

resolver con preferencia. Por consiguiente, de entrada, resolvemos

que no tenemos jurisdicción para atender la presente controversia

en sus méritos. Ello, toda vez que el señor Figueroa no recurre de

un dictamen final emitido por el DCR.

      Conforme al derecho que antecede, únicamente una persona

que este adversamente afectada por una orden o resolución final

de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos

por la agencia puede acudir en alzada ante nos dentro del término

de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos
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de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la

agencia. En su recurso, el señor Figueroa indicó que acudió ante su

sociopenal y al área de récord del DCR y estos le mencionaron que

las bonificaciones que se conceden al amparo de la Ley Núm. 66-

2022 eran para los confinados que se encontraban en libertad bajo

palabra. Sin embargo, del expediente ante nuestra consideración no

surge que el recurrente haya solicitado las correspondientes

bonificaciones mediante una Solicitud de Remedios Administrativos

ante el DCR. Así pues, tampoco tenemos ante nuestra consideración

una determinación final emitida por el DCR atendiendo dicho

asunto. En consecuencia, no tenemos jurisdicción para atender el

recurso del recurrente hasta tanto el DCR emita un dictamen final

a tales efectos por lo que nos encontramos forzados a desestimar el

recurso de epígrafe por prematuro conforme a la facultad que nos

otorga la Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

                                III.

      Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por prematuro.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones