Court Opinion

ID: 9941404
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:32:15.314415+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.767203
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL

  SUCESIÓN DE NILDA                                 Apelación
  MILAGROS SANTIAGO                                 Procedente del
   CARRIÓN Y OTROS                                  Tribunal de
                                                    Primera Instancia,
           Apelante                                 Sala Superior de
                                                    San Juan
                                   KLAN202301078
                v.
                                                    Caso Civil Núm.:
                                                    SJ2023CV03437
   ROXANNE SIFONTES                                 (Sala 906)
     SMITH Y OTROS
                                                    SOBRE:
           Apelados
                                                    División o
                                                    Liquidación de
                                                    Comunidad de
                                                    Bienes Hereditarios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

       Comparece la Sucesión de Nilda Milagros Santiago Carrión (en

adelante, Sucesión Santiago Carrión o parte demandante-apelante)

mediante el presente recurso de Apelación, y nos solicita que

revoquemos la Sentencia dictada el 24 de octubre de 2023 y

notificada el 25 de octubre de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante el TPI).1 Mediante

dicha Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación

Presentada por la Sra. Sifontes Smith, parte demandada-apelada el

25 de mayo de 2023 y, en consecuencia, se desestimó la demanda

sobre partición de herencia y solicitud de sentencia declaratoria

1 Apéndice I de la Apelación, págs. 1-9.

Número Identificador

SEN2024____________________
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presentada por la parte demandante-apelante por falta de

legitimación activa.2

        Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia apelada.

                                            I.

        El 24 de abril de 2023, el Sr. Waldemar Ventura Rodríguez

Santiago en representación de la Sucesión de la Sra. Nilda Milagros

Santiago Carrión compuesta por el Sr. Waldemar Ventura Rodríguez

Santiago3, el Sr. Roberto Rodríguez Santiago y el Sr. Rafael Iván

Rodríguez Santiago presentó una Demanda y Sentencia Declaratoria

sobre partición de herencia y solicitud de sentencia declaratoria

contra la Sra. Roxanne Sifontes Smith (en adelante, Sra. Sifontes

Smith), el Sr. Miguel Esteban Abreu García (en adelante, Sr. Abreu

García), y la Sucesión del Sr. Ricardo Fernando Rodríguez Santiago

compuesta por la Sra. Marissa Rodríguez Meyer, el Sr. Francisco

Rodríguez Heyliger y el Sr. Ricardo Rodríguez Sifontes.4

        En la demanda, la parte demandante-apelante, solicitó la

partición de la herencia de la Sra. Nilda Milagros Santiago Carrión;

la anulación y cancelación de ciertos contratos de compraventa

entre el fenecido Sr. Ricardo Fernando Rodríguez Santiago y la Sra.

Sifontes Smith por el fundamento de dolo, engaño y fraude; y que se

ordenara al Sr. Ricardo Rodríguez Sifontes someterse a una prueba

de paternidad.5 La parte demandante-apelante alegó que procedía la

cancelación y anulación de dichos contratos pues el fenecido Sr.

Ricardo Fernando Rodríguez Santiago había sido inducido a dolo por

la Sra. Sifontes Smith al otorgarlos.6 Además, alegaron que el Sr.

Ricardo Rodríguez Sifontes debía someterse a unas pruebas de

2 Íd.
3 Presunto Albacea Testamentario. Véase nota al calce 1 y Apéndice IV de la

Apelación, págs. 38-64.
4 Apéndice IV de la Apelación, págs. 38-64.
5 Íd. Dicha prueba era para corroborar la filiación entre el Sr. Rodríguez Sifontes

y el fenecido Sr. Rodríguez Santiago.
6 Íd.
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laboratorio de paternidad en conjunto a la Sra. Sifontes Smith y el

Sr. Abreu García pues entendían que existía una inexactitud en la

filiación del Sr. Ricardo Rodríguez Sifontes y la del fenecido Sr.

Ricardo Fernando Rodríguez Santiago lo cual podría afectar la

partición de la herencia de la Sra. Nilda Milagros Santiago Carrión.7

          Luego de algunos incidentes procesales, el 25 de mayo de

2023, la demandada-apelada, Sra. Sifontes Smith, presentó una

Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5), a la cual se le

unieron el Sr. Abreu García, Sr. Ricardo Rodríguez Sifontes y el Sr.

Francisco Rodríguez Heyliger mediante sus respectivas mociones

presentadas el 30 de mayo de 2023; 16 de junio de 2023 y 5 de julio

de 2023, respectivamente.8 Como parte de los remedios que fueron

solicitados, la parte demandada-apelada solicitó que se desestimara

con perjuicio la demanda presentada debido a que se alegó, en lo

pertinente,     que    la   parte    demandante-apelante         carecía     de

legitimación activa tanto para solicitar la anulación y cancelación

de ciertos contratos de compraventa entre el fenecido Sr. Ricardo

Fernando Rodríguez Santiago y la Sra. Sifontes Smith, así como para

solicitar que se ordenara al Sr. Ricardo Rodríguez Sifontes

someterse a una prueba de paternidad.9

          El 28 de agosto de 2023, la parte demandante-apelante

presentó ante el TPI una Oposición a Moción de Desestimación y

Otros Extremos en la cual se opuso a los remedios solicitados por la

parte demandada-apelada al entender, entre otras cosas, que si

poseían legitimación activa tanto para solicitar la anulación y

cancelación de los contrato y para la aclaración de la filiación del Sr.

7
    Íd.
8 Apéndice V de la Apelación, págs. 65-91. Véase además Apéndices VI, X y XIII

de la Apelación, págs. 92-95, 124-127 y 162-163.
9 Íd.
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Ricardo Rodríguez Sifontes, pues era necesario para distribuir la

herencia y dar por terminada las comunidades hereditarias.10

        Posterior a la celebración de una Vista Urgente el 20 de

octubre de 2023, el TPI dictó Sentencia el 24 de octubre de 2023,

notificada el 25 de octubre de 2023, en la cual se declaró HA LUGAR

la Moción de Desestimación presentada por la parte demandada-

apelada, la Sra. Sifontes Smith, y desestimó la Demanda y Sentencia

Declaratoria.11 El foro primario entendió que:

        “Ante la falta de presentación del correspondiente
        Testamento, inventario, valoración, y Certificaciones, así
        como la controversia reclamada por el demandante en
        torno a la institución de herederos, la Demanda
        presentada por el Sr. Waldemar Ventura Rodríguez
        Santiago, ya sea en su carácter de Albacea
        Testamentario de la Sucesión NMSC, o en su carácter
        personal, no está madura para poderla atender tal y
        cual fue presentada.”12 (Énfasis en el original).

        Respecto a la legitimación activa por parte de la parte

demandante-apelante para impugnar la inexactitud de filiación, el

TPI expresó lo siguiente:

        “De entrada, y ante la naturaleza de los reclamos y
        causas de acción presentadas por el Sr. Waldemar
        Ventura Rodríguez Santiago en su Demanda (SUMAC
        1), nos vemos obligados a particularizar que este no es
        heredero de la Sucesión RFRS; y tampoco reclama ser
        el padre biológico, por vínculo genético y/o intencional
        del codemandado Ricardo Fernando Rodríguez Sifontes.
        Ante tal incontrovertible realidad, el demandante no es
        una de las personas a quienes los Artículos 573 y 574
        del Código Civil 2020, 31 L.P.R.A. §§ 7127 y 7128,
        confieren legitimación para impugnar la paternidad.

        Sobre dicha solicitud, resulta necesario aclarar que
        existe una presunción de corrección – que no ha sido
        rebatida por ninguna de las personas a las que el
        Código Civil confiere legitimidad para ello – en torno
        a: 1) las constancias del Registro Demográfico; 2) el
        Certificado de Nacimiento que allí consta inscrito; y 3) la
        Resolución sobre Declaratoria de Herederos emitida en
        el caso SJ2022CV09518. Por el contrario, fue
        precisamente uno de los coherederos de la Sucesión
        RFRS quien peticionó la correspondiente Declaratoria
        de Herederos; y fue quien identificó al codemandado
        Ricardo Fernando Rodríguez Sifontes como parte de la
        Sucesión RFRS. Además, ninguno de los coherederos

10 Véase nota al calce 1.
11Apéndice I de la Apéndice, págs. 1-9.
12 Íd. en la pág.7.
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        de la referida Sucesión RFRS ha impugnado dicha
        paternidad; ni ha solicitado la partición, división y/o
        liquidación de dicha comunidad hereditaria.”13 (Énfasis
        en el original).

        Añadió, además, respecto a la anulación y cancelación de los

contratos celebrados por la parte demanda-apelada, Sra. Sra.

Sifontes Smith, y el fenecido Sr. Ricardo Fernando Rodríguez

Santiago, lo siguiente:

        “En torno a la solicitud presentada por el demandante
        - sin establecer si lo hace en calidad de Albacea
        Testamentario de la Sucesión NMSC, o en su carácter
        personal - para que este Tribunal ordene la anulación
        de las Escrituras de Compraventa de la propiedad de
        Miramar, debemos destacar que, conforme fuera
        aclarado por la representación legal del demandante
        durante la Vista Urgente celebrada el 20 de octubre de
        2023, la propiedad de Miramar nunca ha formado
        parte del caudal hereditario de la Sucesión NMSC.
        De igual manera se aclaró que, en su carácter personal,
        el demandante nunca ha tenido un interés
        propietario sobre la referida propiedad. Por tal razón,
        el demandante – ya sea en carácter de Albacea
        Testamentario de la Sucesión NMSC, o en su carácter
        personal, carece de legitimación para solicitar que se
        anulen las referidas Escrituras de Compraventa. Sobre
        dicho asunto, y aun cuando el demandante alega que
        solicita dicha anulación “en beneficio y mejor interés de
        la Sucesión RFRS” este omite considerar que, de
        anularse las referidas Escrituras de Compraventa, la
        propiedad de Miramar podría revertir – no a la Sucesión
        RFRS – sino a los vendedores originales.

        […]

        Sin tener fundamento legal alguno que apoye sus
        reclamos, y so color de que es el Albacea Testamentario
        de una Sucesión que no tiene – y nunca ha tenido -
        relación alguna con la propiedad de Miramar, el
        demandante ha insistido en mantener vivas unas
        causas de acción bien específicas que nunca debió
        presentar por falta de legitimación; no solo en contra de
        sus propios familiares así reconocidos legalmente,
        sino en contra de terceras personas. Mediante su
        conducta, este ha obligado a las partes codemandadas
        a asumir innecesariamente las molestias, gastos e
        inconvenientes de tramitar y defenderse de un pleito
        que nunca se debió presentar.”14 (énfasis en el original).

        El 26 de octubre de 2023, la parte demandante-apelante

presentó una Moción de Reconsideración, Regla 47 de Procedimiento

13 Íd. en la pág.6.
14 Íd. en las págs.6-7.
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Civil y Solicitud de Determinaciones Iniciales de Hechos y

Conclusiones Iniciales de Derecho, Regla 43 de Procedimiento Civil,

la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante la Resolución

emitida y notificada el 7 de noviembre de 2023.15

      Inconforme con la determinación del TPI, el 1 de diciembre de

2023, la Sucesión de la Sra. Nilda Milagros Santiago, acudió ante

nos mediante el presente recurso de Apelación. En su escrito señala

la comisión de los siguientes errores:

      Primer Error: Erró manifiestamente el TPI al
      desestimar la Demanda bajo el fundamento equivocado
      que los demandantes no tienen legitimación activa y
      que las múltiples causas de acciones expuestas en la
      Demanda      no    son    justificables    sin   exponer
      determinaciones de hechos y conclusiones de derecho
      en violación al debido proceso de ley y al derecho de los
      Demandantes a tener su día en corte en virtud de la
      Constitución de Puerto Rico y lo resuelto pen Sánchez
      Rodríguez v. Administración de Corrección, 177 DPR
      714, 721 (2009).

      Segundo Error: Erró el TPI en su Resolución post-
      Sentencia al interpretar Ex-Parte la prueba de
      referencia de ADN rápida por correo (Caseras), entre
      personas sin identificación adecuada que se llevó a cabo
      por los Demandados-Apelados Post-Sentencia a pesar
      que se opusieron a la solicitud de orden de ADN para
      obtener la mala Sentencia apelada, en violación al
      derecho constitucional del Demandante del debido
      proceso de Ley a ejercer la causa de acción de
      Divisiones de Herencias y en violación a la Regla de
      Exclusión de Prueba de Referencia que dispone la Regla
      804 de Evidencia, 2009 y tampoco est[á] dentro de la
      excepciones de la Regla 805 de las Reglas de Evidencia.

      El 4 de enero de 2024, la Sra. Sifontes Smith y Sr. Ricardo

Rodríguez Sifontes, parte demanda-apelada, presentaron su Alegato

de la Parte Apelada Roxanne Sifontes Smith y Ricardo Rodríguez

Sifontes.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

15Apéndice II de la Apelación, págs. 10-32. Véase además Apéndice III de la
Apelación, págs. 33-37.
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                                  II.

                                  A.

      Es principio reconocido en nuestro ordenamiento que los

tribunales solo pueden ejercer su función judicial ante la existencia

de un caso o controversia real. Amadeo Ocasio et. al. v. Gobernador

et. al., 2023 TSPR 17, 212 DPR 278 (2023); Hernández, Santa v. Srio.

de Hacienda, 208 DPR 727, 738 (2022); Ramos, Méndez v. García

García, 203 DPR 379, 393-394 (2019). Este principio de Derecho

exige que los pleitos que se presenten ante los tribunales sean

justiciables.

      En varias ocasiones se ha reafirmado que uno de los

requisitos de justiciabilidad necesarios para dar paso al ejercicio de

la función judicial es el que los litigantes ostenten legitimación

activa. Lozada Sánchez et. al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012); Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, (2010); Crespo Rivera v.

Cintrón Rivera, 159 DPR 290, (2003). La legitimación activa se ha

definido como “la capacidad que se le requiere a la parte promovente

de una acción para comparecer como litigante ante el tribunal,

realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una

sentencia vinculante”. Ramos, Méndez v. García García, supra, pág.

394. Este requisito permite a los tribunales asegurarse que las

partes que promueven un pleito tienen un interés genuino en la

resolución de la controversia. A su vez, ello garantiza que las partes

defenderán sus posturas de forma vigorosa y todos los asuntos

pertinentes serán colocados ante la consideración del tribunal.

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002).

      Para cumplir con el requisito de legitimación activa, una

parte debe demostrar que "(1) ha sufrido un daño claro y palpable;

(2) el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto e hipotético;

(3) existe una relación causal razonable entre la acción que se

ejercita y el daño alegado, y (4) la causa de acción debe surgir al
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amparo de la Constitución o de alguna ley". Amadeo Ocasio et. al. v.

Gobernador et. al., supra; Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda,

supra; Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 572.

        En específico la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 15.1, dispone al respecto que:

        “Todo pleito se tramitará a nombre de la persona
        que por ley tenga el derecho que se reclama, pero
        una persona autorizada por ley podrá demandar sin
        el concurso de aquella para cuyo beneficio se hace
        la reclamación; y cuando por ley así se disponga, podrá
        presentarse una reclamación a nombre del Estado Libre
        Asociado de Puerto Rico para beneficio de otra persona.
        No se desestimará un pleito por razón de no haberse
        tramitado a nombre de la persona que por ley tiene
        el derecho que se reclama hasta que, luego de
        levantarse la objeción, se haya concedido un tiempo
        razonable para que la persona con derecho ratifique
        la presentación del pleito, o se una al mismo, o se
        sustituya en lugar de la parte promovente y tal
        ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo
        efecto que si el pleito se hubiese incoado por la
        persona con derecho.” (Énfasis suplido.)

        En estos casos, en los cuales se cuestiona la legitimación

activa, es pertinente la doctrina jurídica de justiciabilidad que se

emplea para limitar la intervención de los tribunales a aquellos

casos en que exista una controversia genuina surgida entre partes

opuestas que tengan un interés real en obtener un remedio que

afecte sus relaciones jurídicas. Ramos, Méndez v. García García,

supra. No se consideran controversias justiciables aquellas en que:

(1) se procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes

carece de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del

pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes están

tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta

promover un pleito que no está maduro. Id., pág. 394.

                                     B.

        El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido filiación

como:
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      “[…] condición a la cual una persona atribuye el hecho
      de tener a otra u otras por progenitores suyos; es un
      hecho biológico consistente en la procreación de una
      persona por otras, una inicial realidad biológica
      recogida y regulada por el ordenamiento jurídico con el
      fin de distribuir derechos y obligaciones entre los
      progenitores y los seres procreados por ellos, o dicho de
      otra manera, entre padres e hijos.” (citas omitidas)
      Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 476
      (2019).

      No obstante, existen ocasiones donde la realidad biológica no

coincide con la realidad jurídica. Rivera Marrero v. Santiago

Martínez, supra.; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854,

863-864 (2015); Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 DPR 803, 809

(2011); Calo Morales v. Cartagena Calo,129 DPR 102, 112 (1991).

En estos supuestos, nuestro ordenamiento jurídico ha buscado la

forma de harmonizar ambas realidades. Rivera Marrero v. Santiago

Martínez, supra. Nuestro ordenamiento jurídico les brinda a las

personas tres acciones judiciales respecto al estado filiatorio de una

persona, entre ellas está la acción de impugnación. Rivera Marrero

v. Santiago Martínez, supra.; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra.

en las págs. 862-863; Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR

398, 413–414 (2009); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 670 (2001).

Mediante la presentación de una acción judicial de impugnación de

filiación, se puede negar la filiación establecida tanto por la vía

matrimonial como por vía extramatrimonial o de reconocimiento.

Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra, pág. 812; Álvareztorre Muñiz

v. Sorani Jiménez, supra, pág. 414.

      El Código Civil de 2020, en sus Artículos 573 y 574, 31 LPRA

sec.721 y 728, regula quienes son las personas con legitimación

activa para impugnar el estatus filiatorio de una persona. En lo

pertinente, el Artículo 573 del Código Civil 2020, supra, dispone lo

siguiente:
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      “La paternidad presunta puede ser impugnada en una
      acción principal o en una acción subsidiaria de la
      acción filiatoria por:

             (a) el presunto padre;

            (b) la madre;

            (c) el hijo, por sí, si es mayor de edad, o por su
            representante legal o defensor judicial, si no
            ha alcanzado su mayoridad o si es incapaz;

            (d) el padre por vínculo genético; y

            (e) el padre intencional o comitente.

      Si el hijo es menor de edad a la fecha en que se incoa la
      acción, debe nombrársele un defensor judicial para que
      lo represente en el proceso.” (Énfasis suplido).

      Mientras que el Artículo 574 del Código Civil 2020, supra,

establece que:

      “Los herederos de cualquier legitimado para
      impugnar la presunción de maternidad o la de
      paternidad pueden presentar la acción si el hijo nace
      póstumamente o si, a la fecha del deceso de los
      progenitores presuntos, no ha transcurrido el plazo
      para incoarla. También pueden continuar la acción que
      el causante haya presentado si ha muerto sin haber
      desistido de ella.” (Énfasis suplido).

                                 C.

      El Artículo 1812 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec.

11717, establece la norma respecto a la interpretación de contratos

y obligaciones realizados bajo el derogado Código Civil de 1930.

Sobre este particular ha establecido que:

      “Los actos y contratos celebrados bajo el régimen de
      la legislación anterior y que son válidos con arreglo
      a ella, surten todos sus efectos según la misma, con
      las limitaciones establecidas en este Código.
      Los actos y contratos celebrados bajo la legislación
      anterior y que resultan ineficaces bajo dicha legislación,
      no adquieren validez por el hecho de que este Código
      disponga algo distinto con relación a su eficacia.”
      (Énfasis Suplido).

      Por otro lado, es importante señalar que el Artículo 1254 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3513, se establecía quienes

podrían ejercer la acción de nulidad de un contrato. En lo
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pertinente, el Artículo 1254 del Código Civil 1930, supra, establecía

expresamente lo siguiente:

       “Pueden ejercitar la acción de nulidad de los
       contratos los obligados principal o subsidiariamente
       en virtud de ellos. Las personas capaces no podrán,
       sin embargo, alegar la incapacidad de aquéllos con
       quienes contrataron; ni los que causaron la
       intimidación o violencia, o emplearon el dolo o
       produjeron el error, podrán fundar su acción en estos
       vicios del contrato.”16 (Énfasis suplido).

       Incluso cuando el fundamento para impugnar el contrato es

un vicio de consentimiento como lo es el dolo, solo podrá impugnarlo

“los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos”.

VELCO v. Industrial Serv. Appparel, 143 DPR 243, 251-252 (1997),

Art. 1254 del Código Civil 1930, supra. En caso de querer intervenir

un tercero, nuestro Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente:

       “De este precepto surge que un tercero que no ha sido
       obligado, ni principal o subsidiariamente, por un
       contrato carece de legitimación activa para impugnarlo
       por razón de dolo. Cabe señalar que lo anterior es cierto
       sólo en aquellos casos en que el contrato sea anulable;
       en cambio si el planteamiento es de nulidad absoluta,
       como sería en los casos de una simulación, el tercero
       estará legitimado para hacer valer la nulidad del
       contrato, siempre que demuestre que el mismo lesiona
       o pone en peligro sus intereses. Sólo en estos casos se
       justifica que no se extienda la limitación del Art. 1254
       [supra.].” (énfasis en el original). (citas omitidas) VELCO
       v. Industrial Serv. Appparel, supra.

                                        D.

       La    moción     de   desestimación       bajo    la   Regla    10.2    de

Procedimiento Civil, supra, es aquella que formula el demandado

antes de presentar su contestación a la demanda en la cual solicita

que se desestime la demanda presentada en su contra. Aut. Tierras

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 (2008); Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Dicha Regla dispone, en lo

pertinente, lo siguiente:

16 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por

la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto
Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la
presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por
lo cual esta es la ley que aplica al caso.
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      “Toda defensa de hechos o de derecho contra una
      reclamación se expondrá en la alegación responsiva
      excepto que, a opción de la parte que alega, las
      siguientes defensas pueden hacerse mediante una
      moción debidamente fundamentada: (1) Falta de
      jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción
      sobre la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento;
      (4)    Insuficiencia     del    diligenciamiento     del
      emplazamiento; (5) Dejar de exponer una reclamación
      que justifique la concesión de un remedio; (6) Dejar de
      acumular una parte indispensable.”

      El Inciso (5) de la precitada Regla establece como fundamento

para solicitar la desestimación, que la demanda no expone una

reclamación que justifique la concesión de un remedio. En

reiteradas ocasiones, se ha señalado que, al resolverse una moción

de desestimación por este fundamento, el tribunal tomará como

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no

den margen a dudas. Eagle Sec. Police, Inc. v. Efrón Dorado, S.E.,

211 DPR 70; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240 (2022); Cruz

Pérez v. Roldán Rodríguez et al., 206 DPR 261 (2021); Conde Cruz v.

Resto Rodríguez, et al., 205 DPR 1043, 1065 (2020); Aut. Tierras v.

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra; Colón v. Lotería, supra; Sánchez v.

Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); Pressure Vessels P.R. v.

Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994). Además, tales alegaciones

deberán interpretarse conjuntamente, liberalmente y de la manera

más favorable posible para la parte demandante. Íd.; Dorante v.

Wrangler of P.R., 145 DPR 408 (1998).

      La demanda no deberá desestimarse a menos que se

demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno,

bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Íd.; Reyes v. Sucn.

Sánchez Soto, 98 DPR 305, 309 (1970); Boulon v. Pérez, 70 DPR 988

(1950). Tampoco procede la desestimación, si la demanda es

susceptible de ser enmendada. Clemente v. Depto. de la Vivienda,

114 DPR 763 (1983). En resumen, se debe considerar, “si a la luz

de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda
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duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una

reclamación válida.” Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.,

supra; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991).

      Al evaluar una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5)

de Procedimiento Civil, supra, es necesario determinar si los hechos

alegados en la demanda establecen de su faz una reclamación que

sea plausible y que, como tal, justifique que el demandante tiene

derecho al remedio que busca o, al menos, a parte de este. Si se

determina que los hechos alegados “no cumple[n] con el estándar

de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda”. R.

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed.

LexisNexis, 2010, pág. 268. Véase, además, Bell Atlantic Corp. v.

Twombly, 550 US 544 (2007), y Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009).

Lo que se busca con el análisis de plausibilidad es el “no permitir

que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con

el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones

conclusorias”. Íd.

      Cuando el tribunal se encuentra en posición de resolver

mediante sentencia, como norma general, “[…]        especificará los

hechos probados, consignará separadamente sus conclusiones de

derecho y ordenará que se registre la sentencia que corresponda”.

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.; Pérez

Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 700. No obstante, y como

manera de excepción, al resolver una moción bajo la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, “[n]o será necesario especificar los

hechos probados y consignar separadamente las conclusiones de

derecho”. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra.; Pérez Vargas v.

Office Depot, supra.

                                III.

      En su recurso de Apelación, la parte demandante-apelante

señala en su primer señalamiento de error, que erró el TPI al
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desestimar la Demanda bajo el fundamento de que los demandantes

no tenían legitimación activa y que sus múltiples causas de acciones

expuestas en la Demanda no eran justificables sin exponer

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. No le asiste

razón, veamos.

         En el dictamen apelado, el TPI concluyó que la parte

demandante-apelante carecía de legitimación activa para impugnar

los contratos celebrados entre el fenecido Sr. Ricardo Fernando

Rodríguez Santiago y la Sra. Sifontes Smith pues el tribunal

entendió que “la propiedad de Miramar nunca ha formado parte

del caudal hereditario de la Sucesión NMSC”, siendo esta la

propiedad objeto de los contratos, y “el demandante nunca ha

tenido un interés propietario sobre la referida propiedad”.

(énfasis en el original). 17 Además, aclaró que la parte demandante-

apelante omitió considerar el hecho de que al solicitar la anulación

de dichos contratos los bienes no revertirían a la sucesión de su

fenecido hermano Sucesión Ricardo Fernando Rodríguez Santiago,

a la cual el Sr. Waldemar Ventura Rodríguez Santiago no pertenece,

sino a la parte vendedora original.18 De igual forma, determinó que

la parte demandante-apelante carecía de legitimación activa para

impugnar la paternidad de el fenecido Sr. Ricardo Fernando

Rodríguez Santiago hacia Sr. Ricardo Rodríguez Sifontes, pues el

tribunal entendió que “no es heredero de la Sucesión RFRS” y

“tampoco reclama ser padre biológico […]” por tal razón el Sr.

Waldemar Ventura Rodríguez Santiago no era parte de las personas

a las cuales los Artículos 573 y 574 de Código Civil 2020, supra, le

confiere legitimación activa para impugnar la paternidad.19 El TPI

añadió, además, que incluso su reclamación de partición de

17 Apéndice I de la Apelación, pág. 6.
18 Íd.
19 Íd.
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herencia respecto a la Sucesión Santiago Carrión no estaba madura

pues la parte demandante-apelante omitieron incluir en su

reclamación los documentos necesarios para la misma.20 A base de

estas conclusiones, el TPI expresó:

         “Sin tener fundamento legal alguno que apoye sus
         reclamos, y so color de que es el Albacea Testamentario
         de una Sucesión que no tiene – y nunca ha tenido -
         relación alguna con la propiedad de Miramar, el
         demandante ha insistido en mantener vivas unas
         causas de acción bien específicas que nunca debió
         presentar por falta de legitimación; no solo en contra de
         sus propios familiares así reconocidos legalmente,
         sino en contra de terceras personas. Mediante su
         conducta, este ha obligado a las partes codemandadas
         a asumir innecesariamente las molestias, gastos e
         inconvenientes de tramitar y defenderse de un pleito
         que nunca se debió presentar.”21 (énfasis en el original).

         En virtud de todo lo concluido, el foro primario determinó que

procedía la desestimación de la demanda presentada por el

fundamento de que la parte demandante-apelante carecía de

legitimación activa para ser reclamante.

         Luego de un análisis riguroso de los hechos particulares del

presente caso, y de los argumentos presentados por las partes en

sus respectivos escritos a la luz del derecho expuesto, determinamos

al igual que el foro primario, que la parte demandante-apelante

carece de legitimación activa tanto para solicitar la nulidad de los

contratos celebrados entre el fenecido Sr. Ricardo Fernando

Rodríguez Santiago y la Sra. Sifontes Smith como para impugnar la

presunta paternidad del fenecido Sr. Ricardo Fernando Rodríguez

Santiago hacia el Sr. Ricardo Rodríguez Sifontes. Respecto a la

nulidad de los contratos celebrados es importante recalcar que, la

parte demandante-apelante, el Sr. Waldemar Ventura Rodríguez

Santiago, no es parte obligada ni principal ni secundariamente en

los contratos en los que alega dolo.22 Incluso, al ser un tercero no

20 Íd. en la pág.7.
21 Íd.
22 Es importante recalcar que el Artículo 1254 del Código Civil de 1930, supra, se

aplica a estos hechos pues los contratos de compraventa que se pretendían
impugnar fueron celebrados bajo la vigencia del mismo.
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obligado no demostró ni siquiera que se trataba de un caso de

nulidad absoluta, que es la única excepción a esta regla lo cual

confirma el hecho de que no posee legitimación activa para

impugnarlo. Respecto a la impugnación de paternidad presunta, la

parte demandante-apelante, el Sr. Waldemar Ventura Rodríguez

Santiago, no figura como: padre por vinculo biológico, madre, hijo,

padre presunto, padre intencional o ser parte de la Sucesión Ricardo

Fernando Rodríguez Santiago. Al no ser parte de las personas

anteriormente mencionadas, la parte demandante-apelante carece

de legitimación activa para impugnar la presunta paternidad del

fenecido Sr. Ricardo Fernando Rodríguez Santiago hacia el Sr.

Ricardo Rodríguez Sifontes.

      Por otra parte, tal y como expuso el TPI en el dictamen

apelado, al enfrentarse a una moción de desestimación bajo la Regla

10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, el juez o jueza que decida

acogerse   a   dicha   moción   no   viene   obligado   a   formular

determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho en su

sentencia. Esto es posible pues la Regla 42.2 de Procedimiento Civil,

supra, establece a manera de excepción que, al resolver una moción

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal

no viene obligado a formular determinaciones de hechos ni

conclusiones de derecho, por lo que no tiene méritos el error

señalado por la parte demandante-apelante relacionado con este

asunto.

      De conformidad con lo anteriormente expuesto, en el presente

caso, ante la falta de legitimación activa de la parte demandante-

apelante, procedía como en efecto lo hizo el foro primario la

desestimación de la demanda.

      Resuelto lo anterior, entendemos que no es meritorio que

atendamos el segundo planteamiento de error.
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                                  IV.

     Por los fundamentos antes expuestos se confirma la Sentencia

apelada.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones