Court Opinion

ID: 9962826
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:56:11.175888+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.116612
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

CENTRO POOL & JR                              CERTIORARI
CONSTRUCTION INC. Y                           procedente del
OTROS                                         Tribunal de Primera
                                              Instancia, Sala
       Demandante                             Superior de
                                              Comerío
              vs.
                             KLCE202400276    Civil Núm.:
GLADIMAR ORTIZ                                AI2022CV00215
APONTE Y OTROS                                CR2022CV00137

      Demandados
   JOSUÉ RODRÍGUEZ                            Sobre:
        ORTIZ                                 División de Bienes

         Recurrido

            Vs.

    GLADIMAR ORTIZ
        APONTE

        Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2024.

      El día 5 de marzo de 2024, la parte peticionaria Gladimar

Ortiz Aponte, presentó “Petición de Certiorari” junto a “Moción

Solicitando Auxilio de Jurisdicción”.

      De entrada, declaramos No Ha Lugar la “Moción Solicitando

Auxilio de Jurisdicción” y habiendo comparecido todas las partes

y perfeccionado el recurso resolveremos el mismo.

      Se nos solicita que revisemos una Resolución y Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Comerío, el 1 de marzo de 2024, notificada ese mismo día en la

Número Identificador
RES2024 ________
KLCE202400276                                                        2

causa de este epígrafe que son dos casos consolidados por Orden

del TPI del 9 de diciembre de 2022.

     Por los fundamentos que exponemos a continuación,

denegamos el recurso ante nuestra consideración.

                                 I.

      El 2 de junio de 2022, el señor Josué Rodríguez Ortíz (en

adelante, “querellante o recurrido”) presenta demanda en el TPI

contra la aquí peticionaria Gladimar Ortiz Aponte, a la que se le

da número CR2022CV00137. El 24 de junio de 2022 se presenta

demanda por Centro Pool & JR Construction, Inc. y otros v.

Gladimar   Ortiz   Aponte,   a   la   que   se   le   dio   el   número

AI2022CV00215.

      El 5 de julio de 2022, el Lcdo. Marco Rigau asumió la

representación de la aquí peticionaria en el caso con número

CR2022CV00137. El 2 de agosto de 2022 también asumió la

representación de la aquí peticionaria en el caso AI2022CV00215.

      El 12 de diciembre de 2022 se notificó Orden consolidando

ambos casos. No obstante, el 8 de noviembre de 2023, la aquí

peticionaria se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras Federal

y el 10 de noviembre de 2023 se paraliza uno de los casos y luego,

por Orden del 22 de enero de 2024, el Tribunal Federal de

Quiebras emite una modificación a la paralización automática en

el caso de Quiebras de la peticionaria para que pueda continuar el

caso CR2022CV00137.

      El 9 de enero de 2024 se solicitó el relevo, por razones de

salud, de la representación del Lcdo. Rigau. El mismo 9 de enero

de 2024 se relevó al Lcdo. Rigau de su representación en el caso

con el número AI2022CV00215.

      Por Orden del 23 de enero de 2024 se ordena reapertura y

continuación de dicho caso y esa Orden se notificó el 25 de enero
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de 2024. En dicha Orden se reiteró que continuarían los

procedimientos pautados para el 7 de marzo de 2024 y se le

recordó a la peticionaria que debía contratar representación legal

que viniera preparada para la continuación de los procedimientos.

      Mediante Moción Informativa, Solicitud de Término y Re-

Señalamiento del Juicio, presentada por la peticionaria el 14 de

febrero de 2024, en torno a extender el término para conseguir

abogado y posponer el señalamiento de la continuación del juicio.

      El mismo 14 de febrero de 2024 el TPI le indicó a la

peticionaria que no se transferirá el juicio y que concedía 15 días

finales para anunciar nueva representación legal. De nuevo. El 29

de febrero de 2024 la peticionaria presenta Moción Sobre

Representación Legal de la Parte Demandada para que se

posponga el juicio pautado y se le conceda tiempo adicional para

obtener nueva representación legal. El 1 de marzo de 2024 el TPI

le denegó esa otra petición de suspensión del caso y de necesitar

tiempo adicional para conseguir nueva representación.

      El 5 de marzo de 2024, en el caso de epígrafe, se presentó

por derecho propio por la peticionaria, ante este foro apelativo,

una Petición de Certiorari y una Moción en Auxilio de Jurisdicción,

para que revisemos la Resolución y Orden del 1 de marzo de 2024.

      Plantea el siguiente error:

     Erró el Tribunal de Comerío al resolver que debo acudir al
     Juicio que empieza el 7 de marzo de 2024 aunque no tengo
     abogado en este caso y no tengo dinero para contratar a
     ninguno si el Tribunal de Quiebras no lo permite. Eso evite
     tener acceso a la Justicia

      La parte recurrida ha comparecido mediante escrito titulado

Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción y a que se Expida

Auto de Certiorari.
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      Hemos evaluamos los escritos, conforme la normativa que

rige, tanto para los autos de certiorari, como para las solicitudes

de auxilio de jurisdicción y estando el asunto perfeccionado para

ser resuelto, aquí lo hacemos.

                                   II.

                                   A.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).                        La

característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

discreción   es     "una   forma      de     razonabilidad    aplicada   al

discernimiento      judicial   para        llegar   a   una    conclusión

justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v.

ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.

BBVAPR, supra, pág. 338.

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de    los    asuntos   que      son    planteados mediante       el

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto
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de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso
      y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
      el caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Como es sabido, en nuestro

ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez

Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR

909 (1986).    El adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Rivera

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).        Por ende, si
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no   se   encuentra   presente    en   la   petición   ante   nuestra

consideración ninguno de los criterios antes transcritos y la

actuación del foro primario “no está desprovista de base razonable

ni perjudica derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien corresponde la

dirección del proceso”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554,

572 (1959).

                                 B.

      De otra parte, la Regla 79 de nuestro Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R.79 es la disposición que regula las mociones

en auxilio de la jurisdicción. A tales efectos, en lo aquí pertinente,

la Regla 79 dispone como sigue:

      (A)Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier
      asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones
      podrá expedir cualquier orden provisional, la cual será
      obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales,
      agentes, empleados, empleadas, abogados, y para
      aquellas personas que actúen de acuerdo o participen
      activamente con ellas y que reciban aviso de la orden
      mediante cualquier forma de notificación. […]

      (E) Cualquier solicitud de orden bajo esta regla se
      ajustará, en cuanto a su forma y contenido, a las
      disposiciones de las Reglas 68 y 70, llevará el mismo
      epígrafe del caso principal, deberá ser notificada a las
      demás partes, y a cualquier persona contra quien se
      solicita un remedio, mediante el método que asegure
      que éstas queden notificadas de la solicitud
      simultáneamente con su presentación, y hará constar
      la notificación en la propia solicitud. De presentarse la
      solicitud de orden el mismo día en que se presenta el
      recurso, la notificación simultánea de dicha solicitud
      incluirá la notificación del recurso con su Apéndice. A
      los fines de la notificación simultánea a que se refiere
      esta regla, podrán utilizarse los métodos de
      notificación personal, por teléfono o correo
      electrónico, de forma que las partes advengan en
      conocimiento de la solicitud de orden y del recurso
      inmediatamente de su presentación.
      [. . . . . . . .]

      En cuanto a las mociones de auxilio de jurisdicción, el

Tribunal Supremo ha sido enfático al indicar que dicho remedio es

“excepcional de trascendental importancia en casos donde
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existan situaciones de verdadera urgencia”.         Véase Marrero

Rivera v. Dolz, 142 DPR 72, 73 (1996) (Resolución).

                                 III.

        Conforme el derecho aplicable, no encontramos razón por la

que debamos intervenir en el presente caso. No se configura

ninguna de las instancias contempladas en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, y a la luz de los criterios establecidos

en la Regla 40 de este tribunal, supra, que debemos evaluar, no

encontramos justificación para intervenir.

        Por lo tanto, la determinación recurrida constituye una

decisión dentro del claro ejercicio de discreción conferido a los

tribunales de primera instancia y de su facultad de manejar los

casos de la manera que entiendan más adecuada, conforme las

normas de derecho aplicables y los hechos ante su consideración.

        Además, concluimos que el TPI no actuó de forma arbitraria

o caprichosa, ni se equivocó en la interpretación o aplicación de

las normas procesales o de derecho al ejercer su poder

discrecional de tomar las medidas protectoras que entendió

necesarias, por lo que no se justifica nuestra intervención en este

caso.

                                 IV.

        Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos la

expedición del auto de certiorari y la moción en auxilio de

jurisdicción.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones