Court Opinion

ID: 9381057
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:12:31.34988+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.542855
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        PANEL III

                                                          Certiorari
           CRUZ OFELIA MORALES                            procedente del
             ALVERIO Y OTROS                              Tribunal de Primera
                                                          Instancia, Sala de
                   Peticionaria                           Carolina

                          v.                              Civil núm.:
                                        KLCE202300124
                                                          SJ2021CV01676
            AAA CAR RENTAL INC.                           (403)
           H/N/C ALLIED CAR AND
          TRUCK RENTAL & EZ CAR                           Sobre:
              RENTAL Y OTROS                              BONO DE NAVIDAD
                                                          Y OTROS
                  Recurrida
         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, y la
         Jueza Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge
         Gómez.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                      RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

                Ante nosotros comparece la peticionaria, Cruz Ofelia Morales

         Alverio, mediante recurso de certiorari. A través de su recurso, nos

         solicita la revocación de cierta determinación emitida por el Tribunal

         de Primera Instancia, en la cual el foro declara ha lugar la Moción In

         Limine para excluir grabación.

                Los hechos procesales esenciales para comprender nuestra

         decisión se exponen a continuación.

                                            I

                Cruz Ofelia Morales Alverio, su esposo, José López Merced,

         Carlos Ramos Berríos, su esposa, Rachelle Monfrino, Juan Robles

         Anciani, su esposa, Diana Gerardino y las respectivas sociedades

         gananciales compuestas por los matrimonios antes mencionados

         presentaron una reclamación civil contra AAA Car Rental Inc.,

         h/n/c Allied Car and Truck Rental & EZ Car Rental, compañías

         aseguradoras, entre otros. En apretada síntesis reclamaron contra

         su patrono por despido injustificado, represalias, discrimen por

         impedimento y edad, ente otras.

Número Identificador

RES2023________________
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      Durante el descubrimiento de prueba entre las partes, la

representación legal de la parte querellada le tomó una deposición

al   co-demandante,        Juan   Carlos    Robles      Anciani.   En   dicha

deposición, el querellado advino en conocimiento que Robles Anciani

había grabado la reunión privada del 27 de marzo de 2022, sin

solicitar ni obtener permiso, durante la cual se concretó el cese de

su empleo con Allied. La parte demandante había incluido en el

Informe Conjunto de Conferencia Con Antelación al Juicio la

susodicha grabación, con el objetivo de utilizar la misma como parte

de la prueba.

      La parte querellada objetó mediante Moción In Limine para

Excluir Grabación. Expuso que Allied contaba con unas normas

generales escritas recibidas por los demandantes, en las cuales se

prohibía que el co-demandante grabara la reunión que sostuvo en

recursos humanos. Se refirió específicamente al Manual de

Empleados de Allied, el cual específicamente prohíbe: “[g]rabar sin

autorización,     comunicaciones     verbales       o   escritas   de   otros

empleados,      clientes   o   persona     alguna    relacionada    con   las

operaciones de la Compañía o con quien pueda estar en contacto

mientras se encuentra en gestiones de su trabajo o por motivos del

mismo.” Enfatizó que tanto Allied como el co-demandante tenían

una expectativa legítima de que la reunión no habría de ser grabada

por ninguno de los participantes. Reclamó la ilicitud de la

reproducción por grabar una reunión privada, sin permiso ni

consentimiento de los participantes y a sabiendas que tal proceder

estaba prohibido por el patrono. Resaltó que el Artículo 169 del

Código Penal, 33 LPRA sec. 5235, expresamente prohíbe la siguiente

conducta:

      Artículo 169.- Grabación de comunicaciones por un
      participante.

      Toda persona que participe en una comunicación
      privada personal, bien sea comunicación telemática o
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       por cualquier otro medio de comunicación, que grabe
       dicha comunicación por cualquier medio mecánico o de
       otro modo, sin el consentimiento expreso de todas las
       partes que intervengan en dicha comunicación,
       incurrirá en delito menos grave. Procuro que evidencia
       ilegalmente obtenida y cualquier fruto de la misma
       constituye evidencia inadmisible.

       Por su parte, la parte demandante sostiene que el Tribunal

Supremo de Puerto Rico resolvió ya una controversia similar a la

trabada entre las partes. Se refirió expresamente a Pueblo v. León

Martínez, 132 DPR 746 (1993). En dicho caso, una parte que se

encontraba siendo evaluada por un comité de compañeros de

trabajo nombrado por el patrono, decidió grabar una reunión con el

comité sin el conocimiento o permiso de los integrantes. La

peticionaria alegó que en dicho caso el foro encontró probado que la

conversación que tuvo el Apelante, de haber en ella alguna

expectativa de privacidad, dicha expectativa era para el Apelante, no

para las demás personas, quienes eran oficiales de la Universidad.

Insistió en que el que un patrono tenga en su Manual de Empleado

una prohibición acerca de “grabar” alguna conversación sin el

consentimiento de las demás personas, no puede ser la base legal

para que el tribunal haya entendido propio excluir dicha grabación

de la prueba que pueda utilizar la parte demandante. Recabo que

los   reglamentos   y   manuales   de    empleados   son   directrices

unilaterales, las cuales el empleado no tiene derecho a negociar.

       En fin, el Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la

Moción In Limine Para Excluir Grabación y, en consecuencia,

determinó que la grabación tomada por la parte querellante era

inadmisible en evidencia, por lo que excluyó la misma como prueba.

Inconforme,    la   peticionaria   presentó   reconsideración     que

eventualmente fue declarada no ha lugar.

       Aun en desacuerdo con el dictamen, la parte peticionaria

recurre ante este       tribunal solicitando la revocación      de la

determinación de excluir la grabación.
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                                   II

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

       En   cuanto   a   la   discreción   para   expedir   el   mismo,

puntualizamos que la discreción judicial implica la autoridad para

elegir entre diversas opciones, sujeto a no enajenarnos del Derecho.

Esta se considera una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial con el fin de llegar a una conclusión justa.

IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, págs. 334–

335.

       Como cuestión de umbral, ante todo recurso de certiorari,

hemos de evaluar nuestra autoridad para expedir el mismo al

amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. La

regla dispone que; el recurso de certiorari para revisar resoluciones

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y

57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal

de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al
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denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto

en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. V.

      Superado el análisis de la Regla 52.1, supra, y concluyendo

que estamos autorizados a intervenir conforme a la regla aludida,

nuestra evaluación conlleva un segundo examen previo al ejercicio

de nuestra discreción. Nos referimos a evaluación de los criterios

mencionados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, la que dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
         y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
         el caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      Puntualizamos que, no se favorece la revisión de asuntos

interlocutorios en ausencia de los criterios antes mencionados. 800

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of

Puerto Rico, 205 DPR 163, 175-176 (2020); IG Builders et al. v.
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BBVAPR, supra, pág. 338. Esto por representar un inconveniente

para el desenvolvimiento lógico y funcional del proceso que se

permita recurrir de las diversas resoluciones que recaen en los

diversos actos procesales que finalmente han de culminar en una

sentencia final, pues se interrumpe la marcha ordenada del proceso

litigioso. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723,

730 (2016).

      Se ha resuelto que, el denegar la expedición de un auto de

certiorari, no constituye una adjudicación en los méritos, sino que

“es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98. La parte afectada con la denegatoria de expedirse el

auto de certiorari, tiene a su favor el revisar el dictamen final,

cuando se resuelva la causa de acción por el foro primario. Negrón

Placer v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001); Bco. Popular de

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).

      Los     tribunales   apelativos   no   deben   interferir   en   las

determinaciones discrecionales de los jueces de primera instancia

respecto al descubrimiento de prueba, salvo que se demuestre que

el foro primario (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial. Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000);

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

      “Una moción eliminatoria o in limine es una solicitud que se

presenta antes del juicio para impugnar la admisibilidad de la

prueba anunciada. La concesión de dicha moción cae dentro del

ámbito que tiene el tribunal para dirigir el proceso judicial.” Pueblo
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v. Ortiz Colón, 207 DPR 100, 132 (2021); McCormick on Evidence,

7ma ed., Minnesota, West Publishing, 2014, Sec. 52, págs. 122–123.

                                 III

      Conforme los criterios reglamentarios antes mencionados y

los parámetros para revisar las determinaciones discrecionales del

foro recurrido, colegimos denegar intervenir con la determinación

disputada.

                                 IV

      Por lo antes expuesto, se deniega la expedición del auto

solicitado.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones