Court Opinion

ID: 9952253
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:33:49.096591+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:19.404837
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

     ISABEL CRUZ OLIVARES,                                    CERTIORARI
    RAÚL GONZÁLEZ DÍAZ Y LA                                   procedente del Tribunal
       SOCIEDAD LEGAL DE                                      de Primera Instancia,
    GANANCIALES COMPUESTA                                     Sala Superior de SAN
          POR AMBOS                                           JUAN
    DEMANDANTES(S) - RECURRIDA(S)      KLCE202201357
                                                              Civil Núm.:
                                                              SJ2022CV01341 (804)
                 V.
                                                              Sobre:
                                                              Daños y Perjuicios
    MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
      SAN JUAN Y OTROS
    DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Rivera Pérez

Barresi Ramos, juez ponente.

                                    SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, hoy día 26 de febrero de 2024.

         Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, el MUNICIPIO

AUTÓNOMO DE SAN JUAN y ÓPTIMA SEGUROS (MUNICIPIO Y ÓPTIMA) mediante

Solicitud de Certiorari incoada el 12 de diciembre de 2022. En su escrito, nos

interpelan para que revisemos la Resolución decretada el 12 de octubre de

2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).1

Mediante este dictamen, el foro primario determinó que no procede la

Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de Parte Indispensable.2

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

1
  Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 12 de octubre de 2022.
Véase, Apéndice de Solicitud de Certiorari, págs. 43- 44.
2
  Íd., págs. 34- 38.

Número Identificador: SEN2024________________
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                                                -I–

           El 25 de febrero de 2022, los señores ISABEL CRUZ OLIVARES, RAÚL

GONZÁLEZ DÍAZ y la SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS

(matrimonio CRUZ-GONZÁLEZ) entablaron Demanda sobre daños y perjuicios

contra el MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, su aseguradora ÓPTIMA

SEGUROS, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y al Departamento

de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Ello por una presunta caída por

un desnivel de la acera en la Avenida Ponce de León en San Juan, Puerto Rico,

a la altura de la Parada 22, ocurrido el día 10 de marzo de 2021.3 El matrimonio

CRUZ-GONZÁLEZ alegó que el MUNICIPIO era el titular, dueño y responsable

del lugar donde ocurrió el accidente, así como el ELA y el DTOP eran titulares

de las vías de rodaje y aceras en Puerto Rico.

           Más tarde, el 6 de abril de 2022, el Departamento de Justicia

(Departamento), en representación del ELA y el DTOP, presentó un Aviso de

Injunction Paralizando la Litigación del Presente Caso y sobre el Requisito de

Presentar una Solicitud de Gastos Administrativos ante el Tribunal de Título

III.4 En el aviso, el Departamento peticionó que el tribunal a quo tomara

conocimiento de la aplicabilidad del injunction permanente emitido el 18 de

enero de 2022, por el Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos, en

el caso In Re Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 17BK3283-LTS, en el

cual conforme con el Order and Judgment Confirming Modified Eight

Amended Title III Joint Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto

Rico, the Employees Retirement System of the Government of the

Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority

(“Confirmation Order”), sobre las reclamaciones surgidas post-petition y

presentadas previo a la confirmación del Plan de Ajuste. Además, hizo

referencia a un documento presentado por la Junta de Control Fiscal (Junta)

ante el Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos intitulado Notice

3
    Véase, Apéndice de Solicitud de Certiorari, págs. 1- 2.
4
    Íd., págs. 3- 10.
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of (A) Entry of Order Confirming Modified Eight Amended Title III Plan of

Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, et. al. Pursuant to Title III

of PROMESA and (B) Ocurrence of the Effective Date (“Notice”) en el cual la

Junta notificó la fecha límite para presentar una solicitud de pago por

Reclamaciones de Gastos Administrativos. Finalmente, por no tener

jurisdicción, el Departamento suplicó que se dejara sin efecto cualquier

orden para la continuación del litigio en virtud del referido injunction.

           El 20 de abril de 2022, el matrimonio CRUZ-GONZÁLEZ presentó

Moción en Cumplimiento de Orden en la cual alegó que el 28 de mayo de 2019,

la Honorable Jueza Laura Taylor Swain, Jueza del Tribunal de Distrito Federal

de los Estados Unidos, determinó en el caso In Re Commonwealth of Puerto

Rico, 17-03283, que todas las partes que pretendan presentar un escrito para

el relevo o modificación de la paralización automática para continuar el curso

ordinario de una acción civil deberán cumplir con el párrafo III Q y dar aviso

de dicha solicitud a (AAFAF) en quince (15) días de su presentación.5 Además,

arguyó que la orden es previa al plan de ajuste de 15 de marzo de 2022 y no

ha sido revocada ni dejada en efecto.

           Así las cosas, el 2 de mayo de 2022, se dictaminó Sentencia Parcial en

la cual se paralizaron los procedimientos en cuanto al ELA.6 Esta decisión

concluyó lo siguiente:

           “En vista de que el Plan de Ajuste descargó y liberó al ELA de
           los reclamos, causas de acción y cualquier otra deuda que haya
           surgido en o antes del 15 de marzo de 2022, incluyendo aquellas
           que surgieron antes de la fecha en que comenzó el proceso de
           quiebra del ELA, procede la paralización en cuanto a dicha
           parte. Considerando que el ELA es un codemandado, no vemos
           razón que justifique la paralización total del pleito, por lo que
           la disposición legal solo opera en cuanto al deudor, que en este
           caso es el ELA.”

           El 17 de mayo de 2022, el matrimonio CRUZ-GONZÁLEZ presentó

Moción en Solicitud de Reconsideración de Sentencia Parcial del 2 de mayo de

2022 [Entrada Núm. 11] en la cual reclamó que el caso fuese paralizado en su

5
    Véase, Apéndice de Solicitud de Certiorari, pags. 12- 13.
6
    Íd., págs. 15- 17.
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totalidad, toda vez que el ELA era una parte indispensable en el pleito de la

cual no se podría prescindir.7 Puntualizó que los hechos que se alegaron en

la Demanda ocurrieron en una acera de la Avenida Ponce de León en San

Juan, conocida como la PR-25, la cual era una carretera bajo el control y la

jurisdicción del DTOP del ELA. Además, fundamentó su reconsideración en

el Artículo 1.053(g) del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7084, el cual establece

que “no estarán autorizadas las acciones contra un municipio por daños y

perjuicios a la persona o a la propiedad por acto u omisión de un funcionario,

agente o empleado de cualquier municipio: cuando ocurran accidentes en las

carreteras o aceras estatales.” El 2 de mayo de 2022, se prescribió Resolución

declarando no ha lugar la antedicha solicitud de reconsideración.8

        El 10 de junio de 2022, el MUNICIPIO Y ÓPTIMA presentaron

Contestación a Demanda en la cual solicitaron la desestimación del caso por

estar el foro primario impedido de adjudicar la controversia sobre la

jurisdicción y control del lugar de los hechos por falta de parte

indispensable.9 Arguyeron que aun existía controversia sobre la titularidad,

control y mantenimiento del lugar donde ocurrieron los hechos, el ELA y el

DTOP son partes indispensables en el pleito, por lo que la determinación que

se emitiera sería nula.

        Después, el 6 de octubre de 2022, el MUNICIPIO Y ÓPTIMA presentaron

Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de Parte Indispensable.10

Reiteraron su posición respecto al ELA como parte indispensable, y

solicitaron la desestimación de la causa de acción por ser el ELA y el DTOP

partes indispensables sin cuya presencia no podía adjudicarse el caso.

        El 11 de octubre de 2022, el matrimonio CRUZ-GONZÁLEZ presentó

Moción en Cumplimiento de Orden en la cual se opuso a la solicitud de

7
   Véase, Apéndice de Solicitud de Certiorari, págs. 18- 22.
8
   Íd., pág. 23.
9
   Íd., págs. 24- 33.
10
    Íd., págs. 34- 38.
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desestimación por falta de parte indispensable. 11 Razonó que el Municipio

era el propietario con jurisdicción, control y a cargo de la inspección,

limpieza y mantenimiento de la acera donde ocurrieron los hechos alegados

en la Demanda, en virtud de la Ley Núm.49 de 1ro de diciembre de 1917, 9

LPRA secs. 12-18, mejor conocida como Ley de Travesías (Ley Núm. 49).

           En consecuencia, el 12 de octubre de 2022, se dictaminó la Resolución

recurrida. En la antedicha decisión, respecto a la responsabilidad del ELA, se

expuso:

           “La parte demandada, Municipio de San Juan, solicita la
           desestimación del caso por falta de parte indispensable y
           basado en el Artículo 1.053 (g) del Código Municipal de Puerto
           Rico, 21 LPRA 7084 (g). No le asiste la razón.
           El art. 1.053(g), supra, dispone que no se [podrán] presentar
           acciones de daños y perjuicios: “[c]uando ocurran accidentes
           en las carreteras o aceras estatales”. Sin embargo, de las
           alegaciones de este caso surge que el lugar en donde ocurrió el
           accidente es en la acera de la Avenida Ponce [de] León en San
           Juan. Conforme [a] la Ley de Travesías, 9 LPRA sec. 13, las
           travesías estaduales se conservarán por el Departamento de
           Transportación y Obras Públicas, no obstante, se dispone que
           los municipios tendrán jurisdicción sobre las dos zonas
           urbanizadas, a ambos lados de las travesía[s]…”. Por
           tanto, es el municipio quien tiene la jurisdicción sobre la
           acera y no el Estado, aunque se trate de una vía estatal.
           Pérez v. Municipio de Lares, 155 DPR 697, 711 (2001). En virtud
           de lo expuesto, se determina que el artículo 1.053 del Código
           Municipal de Puerto Rico, no es de aplicación a este caso.
           Cónsono con lo resuelto no procede la desestimación por falta
           de parte indispensable, toda vez que el lugar en que ocurrió el
           accidente es en la acera, la cual es jurisdicción del municipio y
           no del Estado. Se ordena la continuación de los
           procedimientos.”

           Inconformes con dicho dictamen, el 12 de diciembre de 2022, el

MUNICIPIO Y ÓPTIMA presentaron ante este Tribunal de Apelaciones un

escrito intitulado Solicitud de Certiorari. En dicho recurso, reiteraron su

posición en cuanto a que el ELA es parte indispensable en el pleito. Así como,

no podía dictarse un decreto final entre las demás partes sin lesionar y afectar

sus derechos, por lo que debía desestimarse el pleito al ELA ser una parte

indispensable en el caso. Además, procuraron dejar sin efecto las

11
     Véase, Apéndice de Solicitud de Certiorari, págs. 40-42.
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determinaciones de hechos relacionadas con la jurisdicción del lugar de los

hechos. Junto a su alegación, señalan los siguientes errores:

       Erró el TPI al determinar que “no procede la desestimación [de la
       Demanda] por falta de parte indispensable”.

       Erró el TPI al determinar que “es el municipio quien tiene la
       jurisdicción sobre la acera y no el Estado, aunque se trate de una vía
       estatal” y que el “lugar en que ocurrió el accidente es en la acera, la
       cual es jurisdicción del municipio y no del Estado”, toda vez que
       dicha(s) determinación(es) es(son) prematura(s), improcedente(s) e
       innecesaria(s) en esta etapa de los procedimientos por no estar el
       asunto sometido ante la consideración del TPI, tuvo(ieron) el efecto
       de prejuzgar una de las controversias principales del caso, es(son)
       contraria(s) a las alegaciones de ambas partes, no está(n)
       justificada(s) a base de la evidencia que obra en el expediente judicial
       y, además, es(son) contraria(s) a derecho.

       El 14 de diciembre de 2022, intimamos Resolución en la cual, entre

otras cosas, concedimos un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la

cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen

impugnado al matrimonio CRUZ-GONZÁLEZ. El día 29 de diciembre de 2022,

el matrimonio CRUZ-GONZÁLEZ presentó su Memorando en Oposición a

Expedición de Auto de Certiorari. En su alegato, razonó que el MUNICIPIO, por

más de treinta (30) años ha contratado una póliza de responsabilidad pública

cubriendo las aceras de la ciudad, la cual incluye las aceras de la Ave. Ponce

de León. Enfatizó, además, que no falta una parte indispensable, toda vez que

se ha establecido que la titularidad del lugar del accidente recae única y

exclusivamente sobre el MUNICIPIO. Puntualizó que al MUNICIPIO ser el

titular del lugar de los hechos, es innecesaria la comparecencia del ELA al

pleito. Finalmente, el 23 de enero de 2023, el Gobierno de Puerto Rico, por

conducto de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó una

“Comparecencia Especial”.12

12 Mediante dicha comparecencia el Procurador General informó que en virtud del

Order Extending Administrative Claim Bar Date for Certain Parties and Modifying
Discharge Injunction emitido al amparo del Puerto Rico Oversight Management and
Economic Stability Act (“PROMESA”) resolvió que la solicitud de gastos
administrativos no será necesaria para ciertas reclamaciones post-petición, entre
ellas, los casos de daños bajo la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el
Estado, 32 LPRA sec. 3077 et seq., siempre que la reclamación no exceda los
límites estatutarios de $75,000.00 o $150,000.00. Por tanto, se permitió la
litigación de los casos que se encuentren dentro de los límites estatutarios hasta
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        Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s)

controversia(s) planteada(s).

                                            - II –

                                            -A–

        El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter extraordinario

mediante el cual un tribunal de superior jerarquía puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. 13 La Regla 52 de las de

Procedimiento Civil de 2009 contiene las disposiciones pertinentes a las

revisiones de un tribunal de superior jerarquía sobre las sentencias,

resoluciones u órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia.14

Como norma general, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009

permite al Tribunal de Apelaciones expedir un recurso de certiorari para

revisar aquellas resoluciones u órdenes bajo las Reglas 56 y 57 de las de

Procedimiento Civil de 2009 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.15

        A manera de excepción, la referida Regla permite que el Tribunal de

Apelaciones revise aquellas órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas

por el foro primario en las siguientes instancias:

        1. cuando se recurre de decisiones en cuanto a la
           admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales;
        2. asuntos relativos a privilegios evidenciarios;
        3. anotaciones de rebeldía;
        4. casos de relaciones de familia;
        5. en aquellos casos que revistan de interés público; y
        6. en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
           constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

las etapas apelativas y de ejecución de sentencia. El caso de marras está dentro
de los límites de las cuantías establecidas.
13
   Rivera Gómez et al. v. Arcos Dorados et. al. 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ 2023; Torres González
v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR
391, 403 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil
Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012).
14
   32 LPRA Ap. V., R. 52.
15
   32 LPRA Ap. V., R. 56 y R. 57.
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        Al decidir si se expide un auto de certiorari, el Tribunal de Apelaciones

debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, a saber: 16

        A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
        B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
           el análisis del problema.
        C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
           Primera Instancia.
        D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a
           la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.
        E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
           la más propicia para su consideración.
        F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
           causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.
        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia.

        El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en

aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el foro de

instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción.17

                                            -B–

        Una parte contra quien se haya presentado una reclamación judicial

puede solicitar la desestimación del pleito, aun antes de contestar la

demanda, cuando está presente alguna de las circunstancias previstas en la

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009.18 Dicha Regla 10.2 dispone

lo siguiente:

        “Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación
        se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de
        la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
        mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de
        jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la
        persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia
        del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer
        una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6)
        dejar de acumular una parte indispensable.”

        La noción de parte indispensable se refiere a la necesidad de hacer

partes en un pleito a aquellas personas que tengan un interés común sin cuya

16
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
17
   Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).
18
   32 LPRA Ap. V. R. 10.2; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).
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presencia no pueda adjudicarse la controversia.19 El Tribunal Supremo ha

definido a la parte indispensable como:

        “[A]quella que tiene tal interés en la cuestión envuelta en la
        controversia que no puede dictarse un decreto final entre las
        otras partes en la acción sin lesionar y afectar radicalmente su
        interés, o sin permitir que la controversia quede en tal estado
        que su determinación final haya de ser inconsistente con la
        equidad y una conciencia limpia.”20

        El interés común al que se refiere la Regla 16.1 de las de Procedimiento

Civil de 2009 no es cualquier interés de una persona en determinado pleito,

“sino que se trata de un interés de tal orden que impida la confección de un

[remedio] adecuado sin afectarles o destruirle radicalmente sus derechos”.21

Además, “[ese] interés tiene que ser real e inmediato. No se trata de meras

especulaciones o de un interés futuro.”22

        Este mecanismo procesal responde a la norma constitucional que

prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin un debido

proceso de ley.23 Así pues, la referida Regla persigue el propósito de proteger

a la persona ausente de los posibles efectos perjudiciales de un dictamen

judicial, a la vez que evita la multiplicidad de pleitos mediante un remedio

efectivo y completo.24

        La determinación de si una parte es o no indispensable requiere de un

enfoque pragmático, lo que supone “una evaluación individual de acuerdo

con las circunstancias particulares presentes en cada caso […]”.25 “Esto último

exige una evaluación jurídica de factores tales como tiempo, lugar, modo,

alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, resultado y

formalidad”.26 En definitiva, “los tribunales tienen que hacer un juicioso

análisis que considere la determinación de los derechos de un ausente y las

19
   Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.
20
   Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14,46 (2014).
21
   Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).
22
   Íd.
23
   Constitución de PR, Art. II, Sec. 7, LPRA, Tomo 1.
24
   García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 550 (2019).
25
   Íd.
26
   Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 434 (2003).
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consecuencias de no ser unido como parte en el procedimiento.”27

        Es tal la necesidad de proteger los intereses de las partes

indispensables, que:

        [L]a no inclusión en el pleito de una parte indispensable
        constituye una defensa irrenunciable, la cual puede
        presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso
        los tribunales apelativos deben levantar motu proprio la falta
        de parte indispensable, debido a que ésta incide sobre la
        jurisdicción del tribunal. De reconocerse que está ausente una
        parte indispensable, debe desestimarse la acción. Sin embargo,
        dicha desestimación no tendrá el efecto de una adjudicación en
        los méritos ni, por ende, de cosa juzgada.28

                                         -C–

        Es preciso aludir, que cuando la Asamblea Legislativa aprobó en 1983

la Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de

Puerto Rico, decidió dejar vigentes las disposiciones de la Ley Núm. 49, supra,

aplicables específicamente a las travesías de Puerto Rico.29

        Conforme al aludido estatuto (Ley Núm. 49, supra): “… las travesías

estaduales se conservarán por el Departamento de Transportación y Obras

Públicas, no obstante, se dispone que los municipios tendrán

jurisdicción sobre la acera y no el Estado, aunque se trate de una vía

estatal.”30 Más aún, el Artículo 2 de la concerniente Ley decreta que “los

municipios tendrán jurisdicción sobre las dos zonas urbanizadas, a

ambos lados de la travesía, y podrán fijar las alineaciones para

construcción de edificios y aceras de acuerdo con lo que dispongan las

ordenanzas municipales.”31

        Ante ello, la jurisdicción de las zonas urbanizadas y lo concerniente a

la construcción de las aceras paralelas a éstas permanecerán bajo el control

de los municipios.32 Lo anterior varía, cuando el municipio por donde

discurre la travesía decide conservar, a su propio cargo, el tramo de

27
   Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 732 (2005).
28
   Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, pág. 223-224.
29
   Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada. 9 LPRA § 2101.
30
   (Énfasis nuestro).
31
   Pérez v. Mun. de Lares, 155 DPR 697, 708 (2001). (énfasis nuestro).
32
   Íd., pág. 709.
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carretera.33 Esta declaración debe ser remitida al secretario del Departamento

de Transportación y Obras Públicas por conducto del secretario de Estado.

       Por otro lado, la Ordenanza Municipal #7, Serie 2002-2003, mejor

conocida como Código de Urbanismo del Municipio de San Juan, en su

Artículo 8.04 dispone las funciones del Departamento de Operaciones y

Ornato del Municipio de San Juan con algunas funciones específicas tales

como: “[v]elar que las calles y aceras municipales se mantengan en buen

estado de conservación física, orden y libres de obras u obstáculos que

estorben su libre uso por toda la ciudadanía o que las deterioren” y

“[e]stablecer y mantener un sistema de reparación y mejoramiento físico

continuo de aceras, calles, callejones, plazas, parques y otras áreas

municipales de dominio público.”34

       En esencia, resulta menester contestar la interrogante de si los

ayuntamientos (municipios) responden por las reclamaciones de daños y

perjuicios instadas en su contra por accidentes ocurridos en las carreteras o

aceras pertenecientes al Gobierno Estatal, pero que, transcurren dentro de

las demarcaciones municipales.

       Recientemente, el Alto Foro tuvo ante sí una controversia con hechos

similares a los que tenemos ante nuestra consideración.35 Comenzó su

ponencia exponiendo:

       La casuística interpretativa sobre el mantenimiento y
       conservación de las aceras se ha mantenido casi inalterada con
       el pasar del tiempo. Añadió, citando el caso de Vélez v. La
       Capital, que un [Municipio] era responsable del
       mantenimiento de las aceras a ambos lados de una [avenida
       estatal], incluyendo las reatas o jardineras, por lo que tenía el
       deber de mantenerlas en un buen estado de conservación.36

       Asimismo, el Tribunal Supremo interpretó la normativa establecida

en el Art. 15.005 de la Ley de Municipios Autónomos.37 Sustancialmente,

33
   Íd.
34
   Véase Ordenanza Núm. 1, serie 2021-2022. (Aprobada el 22 de julio de 2021).
35
   González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, 2023 TSPR 95; 212 DPR ___.
36
   77 DPR 701, 708 (1954).
37
   21 LPRA § 4001.
KLCE202201357                                                              Página 12 de 13

enunció que para considerar proveerle inmunidad a la municipalidad con

relación a las reclamaciones por daños y perjuicios en las vías o aceras de sus

límites geográficos era forzoso que tales daños o perjuicios no fueran el

resultado de actos u omisiones de funcionarios, agentes o empleados el

ayuntamiento.38

        En ese sentido, el Máximo Foro dictaminó que el “factor

determinante para que los municipios no respondan en daños y perjuicios

es la existencia del vínculo directo entre un accidente y el hecho de

que el mismo ocurra en una carretera o acera propiedad del Estado”.39

                                         - III –

        En el caso de marras, el MUNICIPIO Y ÓPTIMA recurrieron ante este

Tribunal de Apelaciones para objetar la determinación, pronunciada el 12 de

octubre de 2022 por el foro primario, disponiendo que el ELA no es parte

indispensable en el caso. Ello puesto que el lugar donde ocurrieron los hechos

fue en una acera, lo cual es jurisdicción del MUNICIPIO y no del Estado (ELA).

Fundamentaron su proceder en que, al estar los procedimientos paralizados

respecto al Gobierno, este no tendrá la oportunidad de defenderse de las

alegaciones en su contra y, por tanto, sus intereses podrían quedar afectados

por una sentencia dictada. No le asiste la razón. Veamos.

        En el caso de epígrafe, los hechos ocurrieron en la acera de la Avenida

Ponce de León en San Juan, Puerto Rico, la cual es jurisdicción y está bajo el

control del MUNICIPIO, por lo que, de haber existido una condición peligrosa,

controversia que no resolvemos en este momento, aun cuando no hubiera

sido causada por el MUNICIPIO, este tiene el deber de mantenerla en buen

estado de conservación, mantenimiento y realizar las reparaciones necesarias

para incrementar la seguridad de los transeúntes que a diario utilizan las

aceras de su pueblo.40

38
   González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, supra, pág. 102.
39
   Id., pág. 106. (énfasis nuestro).
40
   González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, supra, pág. 99.
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       Por consiguiente, como el Estado no posee jurisdicción ni el control

de la acera donde ocurrieron los hechos, concluimos que no es parte

indispensable en el caso. En virtud de lo cual, confirmamos la determinación

del foro primario y por tanto los procedimientos podrán continuar en su

ausencia sin que esté afectado por ningún otro procedimiento presentado

ante otro foro.

                                    - IV –

       Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de Certiorari

instado el 12 de diciembre de 2022 y confirmamos la Resolución dictaminada

el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de San Juan.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

       La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin opinión escrita.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones