Court Opinion

ID: 9952164
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:23:30.491098+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:08.395245
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL VII

   COOPERATIVA DE                                   Certiorari
 AHORRO Y CREDITO DE                                procedente del
     AGUADILLA                                      Tribunal de
                                                    Primera Instancia,
         Recurridos                                 Sala de Aguadilla

                v.                KLCE202400190
                                                    Caso Núm.
    ANGEL VAZQUEZ                                   AG2023CV00269
HERNANDEZ, SU ESPOSA,                               (601)
   MILDRED VARGAS
SANCHEZ Y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS;                                Sobre:
  ENRIQUE QUIÑONES                                  COBRO DE
 VAZQUEZ, SU ESPOSA,                                DINERO Y
    JAIMYS SANTANA                                  EJECUCIÓN DE
     GONZALEZ Y LA                                  HIPOTECA POR LA
  SOCIEDAD LEGAL DE                                 VIA ORDINARIA
     GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS

       Peticionarios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

      Comparecen ante nos los peticionarios Enrique Quiñones

Vázquez, Jaimys Santana González y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales, compuesta por ambos, en adelante, Vázquez-Santana

o peticionarios, solicitando que revisemos el “Mandamiento Sobre

Ejecución de Sentencia” notificado el 31 de octubre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia Sala de Aguadilla, en adelante, TPI-

Aguadilla. En la misma, se ordenó la venta judicial del inmueble en

controversia.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso solicitado.

Número Identificador
RES2024 ________________
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                                      I.

        El caso de epígrafe versa sobre la finca, con número registral

13,292.1 La misma es una propiedad situada en el Barrio Caimital

Bajo, en el Municipio de Aguadilla.2 Según los hechos narrados en

la “Demanda Enmendada” incoada en el Foro Primario el 28 de

febrero de 2023, y que en esta etapa apelativa ahora nos ocupa,

sobre esta, se constituyó una hipoteca el 9 de septiembre de 2008,

entre el acreedor hipotecario, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de

Aguadilla, en adelante, Cooperativa o recurrido, y los esposos Ángel

Vázquez Hernández, Mildred Vargas Sánchez y la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales compuesta por ambos, en adelante, Vázquez-

Vargas o codemandados.3 De la hipoteca en cuestión, los

codemandados otorgaron un pagaré a favor de la Cooperativa, por

la suma de suma de 165,750 dólares, más intereses.4

        Ahora bien, ambas partes alegan que el 29 de noviembre de

2013, los peticionarios adquirieron la propiedad objeto de la

hipoteca, mediante escritura de compraventa.5 De la “Certificación

de Propiedad Inmueble” emitida por Registro Inmobiliario del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico el 6 de diciembre de 2023, surge que

los titulares registrales de la finca número 13,292, son Vázquez-

Santana, los aquí peticionarios.6 Sin embargo, alega la recurrida que

esta compraventa se hizo sin su conocimiento.7

        Según reza la demanda, los codemandados dejaron de hacer

los pagos pertinentes en el 2019, y al momento de la radicar la

misma, adeudaban 170,138.91 dólares, en concepto de la deuda

principal, intereses y recargos.8 En su petitorio ante el TPI-

1 Apéndice del recurso, pag. 70.
2 Id. pág. 30.
3 Id.
4 Id. pág. 32.
5 Id. pág. 32 y 38.
6 Id. pag. 70.
7 Id. pág. 32.
8 Id. pág. 16.
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Aguadilla, la Cooperativa indicó que como no tuvo conocimiento de

la compraventa entre los codemandados y los peticionarios, al

amparo de una cláusula de aceleración en la escritura de la

hipoteca, tenía derecho a exigir el vencimiento de la deuda, y en su

defecto, ejecutar el bien hipotecario.9 La recurrida solicitó, entre

otras cosas, que el Foro Primario ordenara la ejecución de la

garantía hipotecaria, es decir, la finca número 13,292, y se vendiera

la misma en pública subasta.10

      El 20 de julio de 2023, Vázquez-Santana presentaron su

“Contestación a Demanda Enmendada”.11 En su contestación, los

peticionarios alegan que, junto a Vázquez-Vargas, intentaron hacer

los trámites para la sustitución consentida del deudor de la

hipoteca, pero que fue la Cooperativa quien se negó a ello.12 Aducen,

además, que la recurrida, no empece a no haber facilitado la

sustitución, continuó aceptando los pagos realizados por los

peticionarios.13 Además, alegaron que en marzo del año 2020,

intentaron hacer los pagos en mora, pero la recurrida no se lo

permitió.14

      El 26 de junio de 2023, la Cooperativa solicitó que se dictara

sentencia sumaria.15 Dos días después, el 28 de junio de 2023, la

recurrida solicitó que se les anotara la rebeldía a los codemandados,

por haber transcurrido el término dispuesto por ley para comparecer

al pleito de epígrafe, para el cual fueron debidamente emplazados.16

      En el interín, el 4 de agosto de 2023, el TPI-Aguadilla emitió

una “Orden de Referido al Centro de Mediación de Conflictos en

9 Apéndice del recurso, pág. 34. Hacemos constar que en el expediente

que obra en autos, no disponemos del documento aludido.
10 Id. pág. 36.
11 Id. pág. 37.
12 Id. pág. 37.
13 Id. pág. 38.
14 Id. pág. 39.
15 Id. pág. 8.
16 Id. pág. 8.
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Casos de Ejecución de Hipotecas para atenderse mediante

Videoconferencia”.17

         Sin embargo, el 12 de septiembre de 2023, el TPI-Aguadilla,

notificó una “Sentencia” en la que dispuso que por “haberse vendido

la propiedad antes descrita sin que mediara autorización a ello de

parte del acreedor hipotecario” declaró con lugar la demanda.18 En

consecuencia, estableció que si al advenir final y firme su

determinación, sin que las partes efectúen lo adeudado a la

Cooperativa, ordenaría la venta en pública subasta de la propiedad

hipotecada.19

         Luego, el 2 de octubre del mismo año, compareció el Centro

de Mediación de Conflictos, por medio de una “Moción Informativa

sobre Resultado de Caso de Ejecución de Hipoteca Atendido Mediante

Servicio de Videoconferencia”.20 Indicó que, llegado el día de la

videoconferencia, la parte recurrida notificó sobre la “Sentencia” del

TPI-Aguadilla del 12 de septiembre de 2023, y que por esto la

mediación quedaba sin efecto.21

         El 3 de octubre de 2023, los peticionarios presentaron una

“Moción Solicitando Señalamiento”, para atender las alegaciones y

defensas levantadas, ya que forma parte con interés en el caso de

epígrafe.22 A esto último, el TPI-Aguadilla notificó el 4 de octubre de

2023, que no tenía “[n]ada que proveer”, puesto que el caso ya

disponía de una sentencia.23

         Posteriormente, el 31 de octubre de 2023, la Cooperativa

radicó una “Moción Solicitando Ejecución de Sentencia”.24 El 7 de

noviembre de 2023, el Foro Primario expidió un el “Mandamiento

17 Apéndice del recurso, pág. 44.
18 Id. pág. 12
19 Id. pág. 12.
20 Id. pág. 49.
21 Id.
22 Id. pág. 51.
23 Id. pág. 52.
24 Id. pág. 53.
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Sobre Ejecución de Sentencia”.25 El 10 de noviembre de 2023,

Vázquez-Santana presentó una “Moción Informativa y Oposición a

Ejecución de Sentencia”. Ese mismo día, el Foro Primario notificó que

no tenía “[n]ada que proveer”.26

       Así las cosas, el 8 de enero de 2024, el peticionario presentó

ante el TPI-Aguadilla una “Moción al Amparo de la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil”, solicitando el relevo de la “Sentencia” en

cuestión.27 El 16 de enero de 2024, el Foro Primario declaró “No Ha

Lugar” el remedio solicitado por el recurrido.28

       Finalmente, Vázquez-Santana presentó una “Moción de

Reconsideración”, el 30 de enero de 2024.29 No encontramos en el

apéndice ni obra en el expediente la contestación a esta última moción

presentada. Tampoco surge del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos, en adelante, SUMAC, que el foro recurrido

haya atendido la reconsideración solicitada por Vázquez-Santana.

       Así las cosas, el 14 de febrero de 2024, los peticionarios

comparecieron ante esta Curia mediante una “Moción en Auxilio de

Jurisdicción”, y la “Solicitud de Expedición de Auto de Certiorari”.

Mediante “Resolución” el mismo día, este Tribunal declaró “No Ha

Lugar” la moción de auxilio.

       En su petición de certiorari, el Vázquez-Santana plantea que

el Foro Primario incurrió en tres errores:

       PRIMER     ERROR:    INCIDIÓ   EL   HONORABLE   TPI   AL
       AUTORIZAR UN MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE
       SENTENCIA (EL 31 DE OCTUBRE DE 2023) Y UNA ORDEN
       DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA (EL 7 DE NOVIEMBRE DE
       2023) DE UNA SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA
       CONTRA VARIOS CODEMANDADOS CUANDO LA PARTE

25 Apéndice del recurso, pág. 1.
26 Id. pág. 59.
27 Id. pág. 60.
28 Id. pág. 71.
29 Id. pág. 72.
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      PETICIONARIA        SE    ENCONTRABA        ACTIVAMENTE
      LITIGANDO EL CASO DE TÍTULO.

      SEGUNDO ERROR: INCIDIÓ EL HONORABLE TPI AL
      DICTAMINAR LOS MENCIONADOS MANDAMIENTO DE
      EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE
      SENTENCIA DEJANDO EN EL DESAMPARO A LA PARTE
      PETICIONARIA SIN SU DÍA EN CORTE Y EN RIESGO DE NO
      PODER DEFENDER SU INTERÉS EN LA PROPIEDAD
      INSCRITA A SU NOMBRE EN EL REGISTRO DE LA
      PROPIEDAD.

      TERCER     ERROR:    INCIDIÓ   EL    HONORABLE     TPI   AL
      DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN AL AMPARO DE LA
      REGLA 49.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL INSTADA POR LA
      PARTE PETICIONARIA PARA QUE SE LE RELEVARA DE LOS
      EFECTOS TAN PERJUDICALES DE LOS DOCUEMNTOS
      NOTIFICADOS POR INSTANCIA LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE
      Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2023.

      Expuesto    el   cuadro    fáctico   del   caso   ante   nuestra

consideración, procedemos a expresarnos.

                                     II.

      A. Jurisdicción

      Es norma conocida, que la jurisdicción es el poder o la

autoridad que posee un tribunal para considerar y decidir casos o

controversias con efecto vinculante para las partes. Matos Zayas y

otros v. Registro de la Propiedad, 2023 TSPR 148, 213 DPR ___

(2023); MCS Advantage v. Fosass Blanco et al, 211 DPR 135, 144

(2023); FCPR v. ELA et al, 211 DPR 521, 529 (2023); Cobra

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022), Adm.

Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021).

      Así pues, al presentarse en un foro judicial una situación

jurídica, se torna forzoso el examinar, como primer factor, si existe

jurisdicción sobre el caso en cuestión. Torres Alvarado v. Madera

Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019). Ello, dado que, el tribunal revisor

tiene el deber de auscultar tanto su propia jurisdicción como la del
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tribunal recurrido. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág.

500.

       Ante tal normativa, se ha reiterado que los tribunales

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. En virtud

de lo anterior, las cuestiones relativas al elemento jurisdiccional son

privilegiadas, lo cual, les brinda prioridad frente a otros asuntos

envueltos en el análisis jurídico. Torres Alvarado v. Madera Atiles,

supra; Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). Siendo así, al foro

judicial carecer de jurisdicción, resulta innecesario entrar en los

méritos del caso. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros,

supra.

       A estos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C) dispone que este Tribunal,

a iniciativa propia, puede desestimar un recurso por los criterios

consignados en el sub inciso anterior, que rezan de la siguiente

manera:

       (1)   que   el   Tribunal   de   Apelaciones     carece   de
       jurisdicción;
       (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
       cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa
       causa para ello;
       (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de
       buena fe;
       (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha
       presentado una controversia sustancial o que ha sido
       interpuesto para demorar los procedimientos, o
       (5) que el recurso se ha convertido en académico.

       Regla 83 (B), supra, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C).

       Una de las circunstancias que afecta la jurisdicción de un

tribunal es la presentación de un recurso prematuro. Un recurso

prematuro es aquel que se presenta con relación a una

determinación que está pendiente ante la consideración de un foro

apelado, o sea, que aún no ha sido finalmente resuelta. Yumac Home
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v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Es decir, un recurso

prematuro es el que se presenta antes de tiempo. Un recurso

prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal

al cual se recurre. Íd. Esto es así puesto que su presentación carece

de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, “pues en ese

momento en el tiempo –punctum temporis– aún no ha nacido

autoridad judicial […] alguna para acogerlo”. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).

      B. Reconsideración

      Es harto conocido que los foros judiciales tienen la facultad

de reexaminar o reconsiderar sus dictámenes, siempre que ostenten

la jurisdicción sobre el caso. Div. Empleados Públicos UGT v. CEMPR,

2023 TSPR 107, 212 DPR ___ (2023); Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 DPR

402, 422-423 (2022); Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 778

(2012).

      La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 32 LPRA Ap. V, R.

47, es la disposición estatutaria que regula esta función judicial.

Con relación a las solicitudes de reconsideración, la precitada regla

dispone lo siguiente:

      La parte adversamente afectada por una sentencia del
      Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término
      jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo
      en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar
      una moción de reconsideración de la sentencia.

      […]

      Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán
      interrumpidos los términos para recurrir en alzada para
      todas las partes. Estos términos comenzarán a correr
      nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos
      copia de la notificación de la resolución resolviendo la
      moción de reconsideración.

      Id. (Énfasis suplido).
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      Los procesos de revisión ante los Tribunales deben seguir el

orden establecido por las Reglas de Procedimiento Civil, supra. La

parte afectada en una sentencia puede apelarla ante el Tribunal de

Apelaciones, como también puede presentar ante el foro originario

una reconsideración.

      La regla en cuestión dispone que, una vez presentada la

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, los demás

términos para recurrir quedan interrumpidos. Div. Empleados

Públicos UGT v. CEMPR, supra; Marrero Rodríguez v. Colón Burgos,

201 DPR 330, 337-338 (2018). Los términos para recurrir a un foro

superior, en estos casos, comienzan a cursar cuando el Tribunal de

Primera Instancia archive en autos copia de la notificación de la

resolución en la que resuelva la reconsideración. Div. Empleados

Públicos UGT v. CEMPR, supra; Colón Burgos v. Marrero Rodríguez,

supra, pág. 338.

      Es por esto que, cuando una parte recurre ante el Tribunal de

Apelaciones,   sin   que   se   haya      resuelto   una   moción   de

reconsideración pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia,

presenta un recurso apelativo que adolece del defecto insubsanable

de falta de jurisdicción. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169,

DPR 873, 883 (2007); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400,

403 (1999).

                                   III.

      El peticionario solicitó el remedio provisional de relevo de

sentencia, provisto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra,

para vindicar sus intereses en el caso de marras, y sobre los cuales

recayó una sentencia adversa. El TPI-Aguadilla la declaró “No Ha

Lugar”. Es por esto que el peticionario le solicitó al Foro Primario

que reconsiderara su determinación. Según los documentos ante

nuestra consideración y de la revisión de SUMAC, el Foro Primario

no ha atendido la misma. Esto último concluimos, pues no obra en
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autos la determinación del TPI-Aguadilla, con respecto a la

reconsideración solicitada.

      Como     estableciéramos     previamente,    las   Reglas    de

Procedimiento Civil, supra, indican que una vez se solicite ante el

Tribunal de Primera Instancia una reconsideración, los términos

para la revisión judicial quedan suspendidos, hasta tanto se atienda

el mismo. Quiere esto decir que, hasta tanto el Foro Primario no se

exprese en cuanto a la reconsideración solicitada, los términos de

revisión ante este foro no marchan.

      El peticionario nos presentó un recurso sin que se atendiera

la reconsideración solicitada en el TPI-Aguadilla, por lo que recurrió

ante esta Curia de manera inoportuna.

                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

por falta de jurisdicción, por prematuro.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones