Court Opinion

ID: 9928641
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:32:06.266393+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:30.880934
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

    EX. AGENTE MIGUEL                      Revisión
     FELICIANO GOTAY                       administrativa
          #27989                           procedente de la
                                           Comisión de
           RECURRIDO                       Investigación,
                             KLRA202300278 Procesamiento y
                V.                         Apelación

                                                Caso Núm.: 20P-60
 POLICÍA DE PUERTO RICO
                                                Sobre: Expulsión
          RECURRENTE

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                           SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

       Comparece el Negociado de la Policía de Puerto Rico

(Negociado) y solicita la revisión de una Resolución1 que emitió la

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelaciones (CIPA) el 26

de mayo de 2022, notificada el 26 de enero de 2023. En ella, la CIPA

revocó la expulsión impuesta al Ex Agente Miguel A. Feliciano Gotay

(Feliciano Gotay o recurrido) y ordenó el pago de los salarios y

haberes dejados de percibir durante el tiempo en que este

permaneció expulsado de sus funciones.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, procede

revocar el dictamen recurrido. Veamos.

                                 I.

       Feliciano Gotay ocupó el puesto de agente de la Policía de

Puerto Rico y, a la fecha de los hechos, estaba asignado al Precinto

266 de Santurce, área de San Juan. Conforme surge del expediente,

se presentó una Denuncia2 en contra de Feliciano Gotay el 25 de

octubre de 2018, por violación al Artículo 184 del Código Penal de

1 Apéndice, págs. 35-40.
2 Apéndice, pág. 12.

Número Identificador

SEN2023________
KLRA202300278                                                                 2

Puerto Rico (hurto de mercancía en establecimientos comerciales),

33 LPRA sec. 5254. Según la relación de hechos, se alegó que

Feliciano Gotay, allá para el 19 de octubre de 2018 a las 10:05 a.m.,

en Caguas, Puerto Rico, se apropió de cuatro (4) carritos de juguetes

y de una película DVD de Barbie, propiedad de la Tienda Walmart

Super Center de Caguas, sin pagar el valor de la mercancía

equivalente a $80.83, más el impuesto sobre ventas y uso (IVU).

Celebrada la vista al amparo de la Regla 6 de las Reglas de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6, el foro primario

determinó causa probable para arresto y señaló el juicio para el 15

de noviembre de 2018.3

       Pendiente lo anterior, el 3 de diciembre de 2018, el Negociado

notificó a Figueroa Gotay una carta de suspensión sumaria de

empleo y resolución de cargos. El 22 de enero de 2019, culminado

el proceso de rigor, el TPI dictó una Sentencia Archivo y

Sobreseimiento del Caso4               al   amparo    de   la   Regla   246   de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 246. Meses después, el

Negociado, representado por el Comisionado, Henry Escalera Rivera,

notificó a Feliciano Gotay su expulsión del puesto que ocupaba.5

       Inconforme, el recurrido instó una Apelación ante la CIPA6.

Notificada la misma, dicha Comisión ordenó la paralización de los

procesos, por virtud de la ley Puerto Rico Oversight, Management,

and Economic Stability Act (Ley PROMESA).7 Con posterioridad, la

CIPA    dejó    sin      efecto   la   paralización    y   señaló   una   vista

administrativa, la cual finalmente se celebró el 14 de octubre de

2021.8 En ella, Feliciano Gotay ofreció como evidencia documental

una copia del dictamen del Tribunal de Primera Instancia que

ordenó el archivo de los cargos criminales en su contra. Mientras

que, el Negociado presentó los testimonios de la Agente Olga M.

3 Apéndice, pág. 12.
4 Apéndice, pág. 17.
5 Apéndice, págs. 3-4.
6 Apéndice, págs. 1-2.
7 Apéndice, pág. 6.
8 Apéndice, págs. 9-10.
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Rodríguez Rosado (agente Rodríguez Rosado) y del Sargento Joel

Cruz Lebrón, ambos de la División de Asuntos Internos del

Negociado, dedicada a investigar casos de la uniformada que

envuelven corrupción y actos delictivos. Como prueba documental,

el Negociado presentó el Subpoena del Departamento de Justicia

dirigido a la tienda Walmart de Caguas, una copia de la Denuncia y

una copia del Informe de Incidente de la Policía de Puerto Rico.

       Cabe indicar que, ante la falta de citación y comparecencia del

tercer testigo del Negociado, David Alicea Avilés (Alicea Avilés),

representante de la empresa Walmart, la continuación de la vista

administrativa se fijó para el 28 de abril de 2022.9 Llegado el día, el

Negociado solicitó nuevamente la suspensión de los procesos debido

a la ausencia de Alicea Avilés, a pesar de haber sido citado. Evaluado

lo anterior, la CIPA denegó el petitorio. En su consecuencia,

Feliciano Gotay solicitó a la CIPA que declare con lugar la apelación

instada ante sí.10

       En respuesta, el 9 de mayo de 2022, el Negociado presentó

una Moción en Solicitud de Desestimación y/o Resolución Sumaria.11

En esta expuso que, el recurrido acordó con el Ministerio Público

restituir el valor de los bienes pertenecientes a Walmart y, una vez

consignados,12 el Tribunal de Primera Instancia decretó el archivo

del cargo de hurto de mercancía en establecimientos comerciales

presentado en su contra. Añadió que, Figueroa Gotay no negó los

hechos, ni impugnó la evidencia testifical y documental que

presentó el Negociado. Al igual discutió que, el acuerdo que dio lugar

al archivo del procedimiento criminal en contra de Figueroa Gotay

no constituye un manto de inmunidad que impida al Negociado

disciplinar al recurrido al amparo del Reglamento Núm. 9001,

Reglamento para enmendar el Artículo 14 del Reglamento de Personal

9 Apéndice, pág. 18.
10 Apéndice, págs. 1-2 y 30-32.
11 Apéndice, págs. 19-29
12 Apéndice, págs. 28-29.
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de la Policía de Puerto Rico, de 29 de agosto de 2017 (Reglamento

Núm. 9001).

       Allí también el Negociado discutió que, la agente Rodríguez

Rosado estableció con su testimonio las faltas imputadas. En primer

lugar, y con respecto a la falta grave número 27 (apropiarse

ilegalmente de bienes pertenecientes a otras personas o aquellos que

le hayan sido confiados en el curso de sus funciones), el Negociado

puntualizó que esta falta quedó evidenciada cuando Feliciano Gotay

consignó a favor de Walmart el pago por el valor de los bienes

hurtados. Para evidenciar lo anterior, anejó la          Moción de

consignación y el Recibo oficial #15823 los cuales incluyó como

Identificación I.

        A lo antes, el Negociado añadió que, el apelante incurrió en

la falta grave número 18 (desacatar y desobedecer órdenes legales o

realizar actos de insubordinación o indisciplina) al no portar su

arma de reglamento al momento de los hechos, a pesar de que los

agentes del orden público están obligados a portarla en todo

momento, conforme a la reglamentación aplicable.

       Por último, según el Negociado, se configuraron las faltas

números 29 (incurrir en conducta lesiva, inmoral o desordenada en

detrimento del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico) y 31 (incurrir en

conducta que constituya delito grave o menos grave que implique

depravación moral), cuando Feliciano Gotay se apropió de los bienes

de Walmart que originaron la denuncia en su contra por violación al

Artículo 184 del Código Penal, supra.13

       Basado en lo anterior, el Negociado sostuvo que, los hechos

imputados objeto de transacción son suficientes para justificar las

faltas reportadas y la expulsión como medida disciplinaria impuesta

por la autoridad nominadora. Expuso además que, le resulta

incongruente que una persona sea miembro de la Policía de Puerto

Rico y se dedique a asumir una postura que denigra la imagen de la

13 Apéndice, pág. 21.
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agencia, la cual viene obligada a establecer la ley y el orden. Invocó

el Reglamento Núm. 7952 del Departamento de Estado, Reglamento

para la Presentación, Investigación y Adjudicación de Querellas y

Apelaciones ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y

Apelación de 1 de diciembre de 2010 (Reglamento Núm. 7952) para

que disponga de la apelación incoada por la vía sumaria.

        Por su parte, Feliciano Gotay presentó una Moción para que

se declare con lugar la apelación.14 En ella, argumentó que el

Negociado no probó las faltas que se le imputan por lo cual imploró

su reinstalación en la agencia. Poco después, Feliciano Gotay instó

una Moción en oposición a desfilar prueba luego de someter el caso y

en violación al debido proceso de ley.15 Impugnó la admisibilidad de

la Moción de consignación y del Recibo oficial #15823 que anejó el

Negociado en su petitorio de desestimación bajo el fundamento de

que estos fueron presentados luego del caso haber sido sometido.

     En atención a lo anterior, el 14 de octubre de 2022, la CIPA

celebró la vista en sus méritos, la cual continuó el 28 de abril de

2022. Evaluada la prueba,16 la CIPA emitió la Resolución final en la

cual consignó las siguientes 12 determinaciones de hechos:

     1. El Sr. Miguel Feliciano Gotay se desempeñaba para la fecha
        que ocurren los hechos que provocan la Apelación en el caso
        de epígrafe como agente del Negociado de la Policía de Puerto
        Rico. Su número de placa era 27989.
     2. El 19 de octubre de 2018 Olga Rodríguez Rosado y el
        Sargento Joel Cruz Lebrón se personaron a la tienda
        Walmart Super Center de Caguas a diligenciar un subpoena
        en relación con una investigación que se realizaba en contra
        del apelante.
     3. Una vez en los predios de la tienda, los referidos agentes se
        percataron de que el vehículo del apelante estaba en el
        estacionamiento de la tienda.
     4. Los agentes Rodríguez Rosado y Cruz entraron a la tienda
        Walmart y se dirigieron al área de seguridad. Allí solicitaron
        al personal de dicha área que localizara a través de sus
        cámaras de vigilancia al apelante. Una vez localizado, el
        agente Rodríguez Rosado le estuvo vigilando hasta que el
        apelante llegó al área de la caja registradora.
     5. El apelante realizó un pago y al salir del establecimiento fue
        detenido por personal de Walmart por alegadamente no
        haber pagado por la totalidad de los bienes adquiridos.

14 Apéndice, págs. 30-32.
15 Apéndice, págs. 33-34.
16Detallamos que, la prueba del Negociado consistió en los testimonios de la
agente Olga M. Rodríguez Rosado y del Sargento Joel Cruz Lebrón; copia del
Subpoena del Departamento de Justicia dirigido a la tienda Walmart de Caguas;
copia de la Denuncia; y copia del Informe de Incidente de la Policía de Puerto Rico.
Por su parte, Feliciano Gotay presentó como prueba una copia de la Sentencia
Archivo y Sobreseimiento del Caso.
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      6. Los bienes muebles supuestamente apropiados ilegalmente
          por el apelante fueron valorados en la suma de $80.83.
      7. Por los hechos ocurridos, el 19 de octubre de 2018 se
          presentó contra el apelante un cargo por violación al artículo
          184 del Código Penal de Puerto Rico (hurto de mercancía en
          establecimientos comerciales).
      8. El 25 de octubre de 2018, se determinó causa para juicio,
          quedando el mismo señalado para el 15 de noviembre de
          2018.
      9. El 22 de enero de 2019, el Tribunal de Primera Instancia,
          Sala de Caguas, emitió sentencia de archivo y sobreseimiento
          del caso.
      10. El 30 de octubre de 2018 y recibido por el apelante el 3 de
          diciembre de 2018, el Negociado de la Policía de Puerto Rico
          le comunicó al apelante la suspensión sumaria de empleo y
          sueldo con la intención, además, de expulsarle de dicho
          cuerpo.
      11. Celebrada la vista administrativa informal, el 17 de
          septiembre de 2019 le fue notificada Resolución Final
          determinando su expulsión de la Policía de Puerto Rico. Se
          le imputó en la referida resolución violaciones a[l] Artículo
          14, Sección 14.6.1, las faltas graves número 18, 27, 29 y 31.
      12. La prueba aportada por la apelada para sostener la validez
          de la expulsión no ha colocado a esta Comisión en posición
          de determinar que el apelante haya incurrido en las faltas
          que le fueron imputadas y que provocaron su expulsión.
          (Notas omitidas.)

          Basado en lo anterior, y bajo el entendimiento de que los

testigos del Negociado no pudieron precisar de cuáles artículos

Feliciano Gotay presuntamente se apropió ilegalmente y su valor, la

CIPA declaró ha lugar la apelación y revocó la medida disciplinaria

impuesta en contra del recurrido. En síntesis, determinó que, a

pesar de las oportunidades brindadas para presentar evidencia

documental y testifical para sostener la sanción de expulsión, el

Negociado no lo hizo. En ausencia del quantum de la prueba

requerido, procedió a revocar la expulsión y a ordenar el pago de

salarios y haberes dejados de percibir durante el término que

Feliciano Gotay estuvo expulsado, lo cual se extiende desde la

suspensión sumaria hasta la resolución.

          Insatisfecho, el Negociado solicitó reconsideración.17 En

apretada síntesis, arguyó que Feliciano Gotay no refutó la prueba

presentada y no se opuso a la solicitud de resolución sumaria.

Sostuvo que la CIPA no consideró el expediente investigativo

presentado, el cual sostiene las faltas imputadas. Clarificó que, la

nota al calce sobre la falta de detalles sobre la mercancía hurtada

17
     Apéndice, págs. 43-45.
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en los testimonios admitidos es impertinente e inmaterial a las faltas

imputadas, toda vez que, el acto de indisciplina, apropiación, resulta

en conducta lesiva, inmoral y desordenada en detrimento de la

Policía de Puerto Rico. Citó como fundamento lo resuelto en San

Vicente v. Policía de P.R., 142 DPR 1 (1996), Mundo Hance v. Tribunal

Superior, 101 DPR 302 (1973) y Tribunal Examinador de Médicos v.

Dr. Cañas Rivas, 154 DPR 29 (2001).

          Por su parte, en su oposición al petitorio de reconsideración,

Feliciano Gotay enfatizó que, la vista ante la CIPA es una de carácter

de novo, por lo que no se puede descansar en el expediente del

Negociado. Arguyó que, no se probaron ninguna de las faltas

imputadas.18 Concluyó que, como cuestión de derecho, no procede

la reconsideración. Atendido lo anterior, la CIPA declaró no ha lugar

a la solicitud de reconsideración.19

          Aun inconforme, el Negociado comparece ante esta Curia y le

imputa a la agencia recurrida la comisión de los siguientes errores:

          Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y
          Apelación (CIPA) al declarar “Ha Lugar” la Apelación
          presentada por el Ex Agte. Miguel A. Feliciano Gotay basada
          en que la prueba presentada por el Negociado de la Policía
          no demostró la comisión de las faltas imputadas a este que
          justifican la medida disciplinaria impuesta por el
          Comisionado del Negociado de la Policía, y al no tomar
          conocimiento oficial de los documentos sometidos posterior
          a la vista administrativa.

          Erró la Comisión de Investigación, Procesamiento y
          Apelación (CIPA) al, como parte del remedio concedido a la
          parte recurrida, ordenar el pago de salarios y haberes
          dejados de percibir comprendidos desde la Suspensión
          Sumaria hasta la Resolución Final de expulsión del Ex Agte.
          Feliciano Gotay, y al no disponer que el remedio del pago de
          salarios y haberes dejados de percibir quedaba sujeto a la
          norma establecida en Hernández Badillo v. Municipio de
          Aguadilla, 154 DPR 199 (2001).

          Luego de varias incidencias y prórrogas permitidas, el

Negociado presentó la transcripción de la prueba oral y un alegato

suplementario. Por su parte, el Feliciano Gotay acreditó su alegato

en oposición el 16 de octubre de 2023. Con el beneficio de lo

anterior, procedemos a resolver.

18
     Apéndice, pág. 49.
19
     Apéndice, pág. 51.
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                                  II.

   A. Revisión de Decisiones Administrativas

      Sabido es que el derecho a cuestionar una determinación

emitida por una agencia administrativa mediante la revisión judicial

es parte del debido proceso de ley. ACT v. PROSOL et als., 210 DPR

897 (2022). La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU),   3   LPRA   sec.   9671,       dispone    que    las   decisiones

administrativas   pueden    ser   revisadas       por    el   Tribunal   de

Apelaciones. OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022). Al revisar

una determinación de un organismo administrativo, el criterio rector

es la razonabilidad de la actuación de la agencia. Íd.

      Cabe señalar que, salvo que el ente administrativo haya

actuado de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, la resolución

administrativa debe sostenerse. Íd. Sobre este tema, la Sección 4.5

de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, establece que los tribunales deben

sostener las determinaciones de hechos de las agencias si están

basadas en “evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo”. Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas,

2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero de 2023. Como vemos, la

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por ello, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto con igual firmeza que

los tribunales no podemos imprimirle un sello de corrección, so

pretexto de deferencia, a las determinaciones o interpretaciones

administrativas irrazonables, ilegales, o, simplemente, contrarias a

derecho. Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); Graciani

Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).

      Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal”. Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Martínez v. Supte.
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Policía, 201 DPR 26 (2018). Por ende, “los tribunales deben darle

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra”. Íd., págs. 36-37,

citando a Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627 (2016).

Lo anterior responde a la vasta experiencia y al conocimiento

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son

encomendados. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., supra.

      Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; (4) su actuación lesiona

derechos           constitucionales    fundamentales,       entonces

la deferencia hacia los procedimientos administrativos cede. Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628.

      Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o

ilegal. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 (2006). Por tanto, si una parte

afectada     por     un    dictamen   administrativo    impugna   las

determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de derrotar, con

suficiente evidencia, que la decisión del ente administrativo no está

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo

ante su consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). De

no identificarse y demostrarse otra prueba en el expediente

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR

98 (2003).
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      1. Medidas disciplinarias/expulsión

      El Reglamento Núm. 9001, supra, se aprobó para enmendar

el Artículo 14 del Reglamento Núm. 4216 y atemperar el andamiaje

disciplinario a la Ley Núm. 53-1996, Ley de la Policía de Puerto Rico

de 1996, y demás legislación aplicable. Surge de la Sección 14.6 del

referido reglamento, la autoridad del Superintendente de la Policía

de Puerto Rico de imponer las acciones disciplinarias necesarias a

aquellos miembros de la Policía de Puerto Rico que violenten las

normas, reglamentos, órdenes o procedimientos establecidos.

      En lo pertinente a las faltas graves imputadas, la Subsección

14.6.1 del Reglamento Núm. 9001 define:

      18. Destacar     y    desobedecer      órdenes    legales
      comunicadas en forma verbal o escrita por cualquier
      superior o funcionario de la Policía de Puerto Rico con
      autoridad para ello, o realizar actos de insubordinación
      o indisciplina. Para efectos de esta falta se entenderá
      como superior aquel de mayor rango o por la posición
      designada.

      27. Apropiarse ilegalmente de bienes pertenecientes a
      otras personas o aquellos que le hayan sido confiados
      en el curso de sus funciones.

      29. Incurrir en una conducta lesiva, inmoral o
      desordenada en detrimento del Cuerpo de la Policía.

      31. Incurrir en conducta que constituya delito grave o
      menos grave que implique depravación moral. Para
      efectos de esta falta no es necesario la radicación y el
      progreso de cargos criminales, solo basta que la
      investigación administrativa refleje que el querellado
      incurrió en una conducta tipificada, como delito grave
      o menos grave que implique depravación moral.

      Puntualizamos que, ante una primera sanción, las faltas

números 18 y 29 acarrean una suspensión de 40 días, mientras que

las faltas números 27 y 31 conllevan la expulsión del empleo.

      2. Quantum de prueba

      En OEG v. Martínez Giraud, supra, el Tribunal Supremo

expresó que, en el ámbito administrativo, el quantum de prueba

necesario para prevalecer es el de preponderancia de la prueba. Allí,

también, nuestro más Alto Foro aclaró que, en un procedimiento

administrativo en el cual está en riesgo un derecho fundamental,

como lo sería la privación de un empleo, el estándar aplicable es el
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de prueba clara, robusta y convincente. Íd. Este quantum de prueba

intermedio ha sido definido como “aquella evidencia que produce en

un juzgador de hechos una convicción duradera de que las

contenciones fácticas son altamente probables.” Íd., pág. 94.

   B. Apreciación de prueba

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que “[l]a tarea

de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió

depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la

prueba presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el

comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio y

escuchar su voz”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 778-779

(2022), citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

771 (2013).

      Como regla general, los tribunales apelativos aceptan como

correctas las determinaciones de hechos de los foros inferiores, sin

intervenir con la apreciación y la adjudicación de credibilidad que

realiza el juzgador de los hechos en relación con la prueba testifical.

Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864-865 (2022); Dávila

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Sin embargo,

esta regla cede si se demuestra que, el juzgador actuó movido por

pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error manifiesto.

Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra.

      Como se sabe, es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico que, los tribunales apelativos intervienen con la

apreciación de la prueba cuando: (1) el apelante demuestra la

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto; o (2)

si la apreciación de la prueba no concuerda con la realidad fáctica o

esta es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Arlequín

Vélez, 204 DPR 117, 147 (2020). A esos efectos, la parte que

impugne la apreciación de la prueba es la parte encargada de

señalar y demostrar la base para la intervención apelativa. Pueblo v.

Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986). De conformidad, y en la medida
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en que el juzgador de los hechos está en mejor posición para

aquilatar la prueba testifical, al intervenir con la apreciación del foro

de instancia es indispensable que la parte que cuestione la

apreciación de la prueba presente y reproduzca la transcripción de

la prueba oral. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281,

289 (2011).

   C. CIPA

      La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, 1 LPRA sec. 171 et

seq., creó la CIPA, a quien otorgó poderes cuasi-judiciales para

intervenir en asuntos sobre el abuso o mal uso de la autoridad de

cualquier funcionario del poder ejecutivo, entre ellos, los agentes del

orden público. Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 620

(2016). En lo pertinente, el Artículo 2 faculta a la CIPA a revisar las

actuaciones disciplinarias de los directores o jefes de las agencias

cubiertas por la referida ley. Íd. Consistente con lo anterior, el

Artículo 10(5) del Reglamento Núm. 7952 autoriza a la CIPA a

celebrar una vista de novo para escuchar toda la prueba que desfiló

ante el organismo administrativo y para dictar sus propias

determinaciones de hecho o conclusiones de derecho. De otra parte,

el Artículo 26 del citado reglamento faculta a dicho organismo a

disponer sumariamente de una querella o apelación cuando de los

hechos no surge que se justifique la concesión de un remedio. Íd.

                                  III.

      A modo de sintetizar, en el presente caso, el Negociado

argumenta que la CIPA incidió al resolver que dicha parte incumplió

con el estándar de prueba clara, robusta y convincente para

justificar la expulsión de Feliciano Gotay. A lo antes añade que, la

CIPA erró al ordenar el pago de los salarios y haberes dejados de

percibir desde la suspensión sumaria hasta la resolución.

      De otra parte, Feliciano Gotay aduce que los testigos del

Negociado presuntamente no tenían propio y personal conocimiento

de los hechos. Arguye que, el Negociado no probó la falta número 27
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ante la ausencia del testimonio del representante de Walmart, quien

presuntamente era esencial para establecer que los bienes que

surgen de la denuncia le pertenecían a dicha entidad. Niega que el

delito menos grave -que fue objeto de archivo- implique depravación

moral, por lo cual, aduce que no se configuró la falta número 31.

Además, insiste en que el Negociado tampoco probó las faltas

número 18 y 29 las cuales, de entenderse evidenciadas, no conllevan

la expulsión del empleo.

       Un examen del expediente y de la transcripción de la vista

administrativa nos obliga a concluir que, la determinación

impugnada se aparta de lo que debe ser una adjudicación razonable,

justa y cónsona con la misión del Departamento de Seguridad

Pública del cual Feliciano Gotay era entonces miembro,20 a saber:

“proteger,    investigar    y/o    prevenir    actividades     delictivas”    y

salvaguardar la seguridad pública.21

       Detallamos que, con respecto a la falta número 18, surge de

la transcripción de la vista administrativa que la agente Rodríguez

Rosado declaró lo siguiente, a preguntas sobre lo que ella vio el día

de los hechos:

       […] Él pasó a la caja, pagó una mercancía, otra no.
       Luego sale de la caja, se dirige afuera. Ahí pues Walmart
       tiene un protocolo establecido ya, donde ellos
       intervienen con la persona cuando está afuera,
       entonces ahí lo traen a un cuarto donde hacen las
       entrevistas y demás dentro de la tienda. Entonces
       seguridad lo trae, pues con la bolsa que él tenía. Yo
       bajo, yo bajo no, entro, verdad, porque es un único piso,
       cruzo al otro lado y voy al cuarto. Vemos, verdad, la
       mercancía allí, la presentó el…el…Alicea en este caso.
       Siendo un caso menos grave yo como agente del orden
       público hice mi labor porque fue algo que yo vi. Le leí
       las advertencias. Le pregunté que si estaba trabajando.
       Me dijo que no. Recuerdo que también le pregunté pero
       y por qué entonces tienes la identificación de Policía. En
       ese momento pue él lo que dijo fue [“]soy un miserable,
       no debí haberlo hecho.[”] Le pregunté además si tenía el
       arma de fuego. No portaba el arma de fuego.22

20 Cabe señalar que, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico integra

todos los componentes que administran la seguridad pública en la Isla, entre
otros, el Negociado de la Policía.
21 Véase, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 20-2017, Ley del Departamento

de Seguridad Pública de Puerto Rico, según enmendada.
22 Transcripción de Vista Administrativa, págs. 10-11.
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       Se colige de lo antes reseñado que, el día de los hechos, el

recurrido estaba franco de servicio, cargaba su identificación del

Negociado, sin portar su arma de reglamento. Cabe puntualizar que,

la Orden General 600-618 sobre Uso y Manejo de Armas de

Reglamento dispone que, los miembros de la uniformada que estén

francos de servicio deben portar su arma de reglamento, en todo

momento, en una vaqueta oculta a la vista de las personas. De modo

que, el testimonio de la agente Rodríguez Rosado estableció

inequívocamente que Feliciano Gotay desobedeció la Orden General

600-618 por no portar su arma de reglamento el día de los hechos.

Al así actuar, incurrió en la falta número 18 que se le imputa.

       Según la normativa expuesta, la falta número 27 conlleva la

expulsión de aquellos miembros de la uniformada que se hayan

apropiado ilegalmente de los bienes de otros. En el presente caso, la

mayor prueba de que los bienes que hurtó Feliciano Gotay eran

propiedad de Walmart es que, como parte del acuerdo para el

sobreseimiento de su causa penal, él restituyó a Walmart el valor de

tales bienes. Lo antes surge del testimonio de la agente Rodríguez

Rosado durante la vista administrativa.23 De igual manera, lo

anterior se colige de la Moción de Consignación la cual establece que:

       1. Se consigna la cantidad de $80.83 en calidad de restitución en
          beneficio de Walmart.
       2. Esta consignación fue acordad[a] como requisito para decretar
          el sobreseimiento del caso al amparo de la Regla 246.

       Análogamente, la pertenencia de los bienes hurtados se

desprende de la Denuncia:

       […] MIGUEL A. FELICIANO GOTAY, allá en o para el 19
       de [o]ctubre del 2018 […] ilegal, voluntaria, maliciosa y
       criminalmente se apropió sin violencia, ni intimidación
       de artículos (4 CARRITOS DE JUGUETES Y UN[A] (1)
       PELICULA DVD DE BARBIE), todo esto valorado en
       ($90.13) perteneciente a la TIENDA WALMART
       SUPERCENTER, Caguas y salir fuera [de] la tienda sin
       pagar dicha mercancía. […]

       Por último, el Informe de Incidente expone en lo pertinente que

“[s]e denuncia al Sr. Miguel Feliciano Gotay porque en el día y hora

23 Transcripción de Vista Administrativa, pág. 11.
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antes indicado se apropió de la mercancía descrita en la tabla de

bienes perteneciente a la tienda Walmart Supercenter de Caguas.

[…]”

       Corolario de lo anterior, concluimos que el Negociado sustentó

mediante prueba fehaciente que los bienes que hurtó Feliciano

Gotay pertenecían a Walmart Supercenter de Caguas. El testimonio

de Alicea Avilés, como representante de dicha entidad, no era

indispensable para demostrar tal hecho. De este modo, el Negociado

evidenció que Feliciano Gotay incurrió en la falta número 27.

       Precisamos que, el Artículo 14 del Reglamento Núm. 9001

claramente dispone que, la radicación y el progreso de los cargos

criminales no incide sobre la determinación de si un miembro de la

Policía incurrió o no en la falta número 31. Lo antes, debido a que

“basta que la investigación administrativa refleje que el querellado

incurrió en una conducta tipificada, como delito grave o menos grave

que implique depravación moral.” Similarmente, incurre en la falta

número 29 un miembro de la uniformada cuya conducta sea lesiva,

inmoral o desordenada, en menoscabo del Cuerpo de la Policía.

       Al analizar las faltas número 29 y 31 conjuntamente a los

hechos objeto de la Denuncia presentada en contra de Feliciano

Gotay, concluimos que, la conducta del recurrido es claramente

constitutiva de un delito menos grave que implica depravación

moral. Un agente del orden público quien, valiéndose de su

identificación como policía para proyectar una imagen de integridad

y seguridad, hurtó propiedad perteneciente a las empresas Walmart

actuó indudablemente de forma inmoral, desordenada y lesiva en

contra del buen nombre de la Policía de Puerto Rico. Esta conducta,

además de ser repudiable y contraria a la misión del Departamento

de Seguridad Pública de prevenir la actividad delictiva y proteger la

seguridad pública, es, sin lugar a duda, constitutiva de las faltas

número 29 y 31. Valga enfatizar que, el hecho de que el cargo

criminal en contra de Feliciano Gotay fue archivado -a raíz de la

restitución del valor de la mercancía hurtada- no implica que el
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Negociado se vea impedido de proseguir con el procedimiento

administrativo disciplinario en contra del recurrido.

       Luego de un estudio sosegado de la prueba testifical y

documental del Negociado, la cual Feliciano Gotay no rebatió,

constatamos que los hechos que dieron lugar a la Denuncia en

contra del recurrido claramente son constitutivos de las faltas

graves imputadas números 18, 27, 29 y 31 del Reglamento Núm.

9001, supra.

       En virtud de las normas de deferencia judicial antes

discutidas, analizaremos el dictamen de la CIPA a la luz de los

criterios que expuso el Tribunal Supremo en Torres Rivera v. Policía

de PR, supra. En primer lugar, y según lo antes detallado, quedó

claramente establecido que el dictamen de la CIPA -aquí impugnado-

no está basado en la evidencia que obra en el expediente ante sí.

Además, al decidir como lo hizo, la CIPA no aplicó correctamente las

disposiciones del Reglamento Núm. 9001, ni el quantum de prueba

intermedio aplicable. Nos resulta desacertada la conclusión de la

CIPA en cuanto a que el Negociado “no presentó la prueba, clara,

robusta y convincente requerida para justificar el castigo al

apelado.”24 Según discutimos, la prueba testifical y documental que

presentó el Negociado cumplió con el referido estándar evidenciario,

y demostró inequívocamente que Feliciano Gotay incurrió en las

faltas imputadas. Sobre tales bases, la CIPA actuó de forma

irrazonable, arbitraria e ilegal al dictaminar la insuficiencia de la

prueba en contra del recurrido. Por los fundamentos expuestos, en

la medida en que el dictamen de la CIPA no está sustentado en la

evidencia que obra en el expediente, determinamos que la deferencia

al referido dictamen, cede.

                                 IV.

       Por los fundamentos esbozados, revocamos la Resolución de

la CIPA y reinstalamos la Resolución Final del Negociado, fechada el

24 Apéndice, pág. 37.
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29 de agosto de 2019, mediante la cual ordenó la expulsión de

Feliciano Gotay del puesto que ocupaba en la Policía de Puerto Rico.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones