Court Opinion

ID: 9952363
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:45:14.27506+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:01.579450
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

         LACUAS LLC                                       Certiorari
          Peticionario                                    procedente del
                                                          Tribunal de
                v.                                        Primera Instancia,
                                                          Sala de Mayagüez
                                      KLCE202301464
    ANGELA MARIE TORRES                                   Caso Número:
           COLÓN                                          MZ2022CV00980
         Recurrido

                                                          Sobre: Acción Civil

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

       Comparece        ante   esta    Curia,   Lacuas,    LLC   (Lacuas   o

peticionaria) y solicita que revoquemos la Orden Relevo de

Sentencia1 que emitió y notificó el Tribunal de Primera Instancia,

Sala de Mayagüez (TPI o foro primario) el 4 de octubre de 2023.

Mediante su dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud

de relevo de sentencia2 que instó Angela Marie Torres Colón (Sra.

Torres Colón o recurrida) y dejó sin efecto la Sentencia en Rebeldía3

emitida el 10 de febrero de 2023.

       Por   los     fundamentos      que   exponemos      a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos.

                                       I.

       El 4 de julio de 2022, Lacuas presentó una acción civil en

contra de la Sra. Torres Colón.4 Entre otros, solicitó al TPI que

ordene a la Sra. Torres Colón dar cumplimiento específico al

1 Apéndice, págs. 171-172.
2 Apéndice, págs. 153-159.
3 Apéndice, págs. 66-70.
4 Apéndice, págs. 1-6. Cabe señalar que la referida demanda fue objeto de
enmienda. Véase, Apéndice, págs. 19-25.

Número Identificador:

RES2024________
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Contrato de Distribución de Ganancias5 otorgado entre las partes y a

abstenerse de tomar decisiones unilaterales sobre la administración

del negocio. A pesar de haber sido emplazada personalmente, la Sra.

Torres Colón no contestó la demanda oportunamente, ni cumplió

con las dos prórrogas que concedió el foro primario a esos efectos.

       Sobre tales bases, Lacuas solicitó al TPI que le anotara la

rebeldía.6 En respuesta, el 10 de febrero de 2023, el foro primario

notificó la correspondiente Sentencia en Rebeldía.7 Poco después,

Lacuas instó una Moción acreditando diligenciamiento de sentencia

en rebeldía y su notificación.8 En ella hizo constar que, a la fecha en

que el TPI notificó el referido dictamen, la Sra. Torres Colón había

sido ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de

Bayamón.      Allí también,     Lacuas expresó        haber    diligenciado,

mediante entrega personal, una copia de la Sentencia en Rebeldía y

su notificación a la Sra. Torres Colón, en el lugar en donde se

encontraba ingresada.

       Posteriormente, y a solicitud de Lacuas,9 el foro primario

emitió una orden y mandamiento de ejecución de sentencia.10 En

reacción, la Sra. Torres Colón instó una Moción civil por propio

derecho.11 En ella expuso que, fue ingresada en el Centro Médico

Correccional de Bayamón, producto de un procedimiento bajo la

Regla 240 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

R. 240. Detalló que fue diagnosticada con un desorden de

bipolaridad, que está incapacitada mentalmente, que a esa fecha

residía con sus dos hijos menores de edad y que por su salud mental

no recuerda qué documentos ha firmado.

5 Apéndice, págs. 26-33.
6 Apéndice, págs. 59-61.
7 Apéndice, págs. 64-70.
8 Apéndice, págs. 71-76.
9 Véase, Moción en solicitud de ejecución de sentencia, Apéndice, págs. 77-80;
Moción reiterando solicitud de sentencia, Apéndice, págs. 82-85.
10 Apéndice, págs. 87-95.
11 Apéndice, pág. 96.
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       Separadamente,         la   Sra.   Torres   Colón   presentó   su

Contestación de Sentencia en Rebeldía.12 Entre otros, aseguró haber

redactado su oposición a la Sentencia en Rebeldía la cual

presuntamente el Sociopenal del Complejo de Rehabilitación para

Mujeres de Bayamón no notificó al TPI. Añadió que el Sr. Damon R.

Becnel, principal de Lacuas, fue su tutor legal en el año 2019. Afirmó

además que, debido a su trastorno bipolar desde joven, había sido

declarada legalmente incapaz por el foro de instancia. Para acreditar

su estado de salud mental, anejó una copia de una carta firmada

por la Dra. Millan J. García Cuevas. Basado en lo anterior, solicitó

al TPI invalidar el contrato otorgado entre las partes objeto del

presente litigio.

       Luego de varias incidencias procesales que no es necesario

pormenorizar, la Sra. Torres Colón instó por derecho propio una

Moción en solicitud de relevo de sentencia,13 fundamentada en su

incapacidad mental. En respuesta, el TPI ordenó a Lacuas exponer

su posición14 y a la Sra. Torres Colón presentar evidencia médica de

lo informado en su moción.15 En cumplimiento con lo ordenado, la

Sra. Torres Colón presentó una Moción en solicitud de revisión de

sentencia.16 Anejó a su petitorio una imagen de radiografía del daño

cerebral hallado en su lóbulo frontal.17 Incluyó, además, un

formulario de Psychological Counseling Services para evidenciar el

diagnóstico de desorden bipolar.18

       Al cabo de varios meses, la Sra. Torres Colón, representada

por una abogada, instó una moción en la cual reiteró su solicitud de

relevo de sentencia.19 Junto a su escrito, anejó una copia de la

solicitud bajo la Regla 240, supra, instada el 12 de diciembre de

12 Apéndice, págs. 97-114.
13 Apéndice, pág. 122.
14 Apéndice, pág. 123.
15 Apéndice, pág. 124.
16 Apéndice, págs. 129-130.
17 Apéndice, págs. 131-132.
18 Apéndice, pág. 133.
19 Apéndice, págs. 153-159.
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2022 en el Caso Núm. ISCR202000343-344;20 copia de un

certificado médico de la Dra. Vannessa Pagán Ocasio;21 una

Resolución y Orden del TPI disponiendo el traslado e ingreso de la

Sra. Torres Colón al Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce para

evaluación y tratamiento;22 entre otros documentos.

       Evaluado lo anterior, el TPI emitió una Orden Relevo de

Sentencia23 producto de la cual declaró Ha Lugar el petitorio de la

Sra. Torres Colón. Como fundamento expuso:

       [e]valuada la presente Moción a la que no expresó
       oposición la parte demandante a pesar de habérsele
       concedido término para hacerlo, en conjunto con las
       [sic] Moción en Solicitud de Revisión de Sentencia del 8
       de agosto de 2023 en la que la parte demandada
       presenta evidencia médica sobre su alegada condición
       de salud mental y las circunstancias que le impidieron
       comparecer en término al presente pleito. Sobre dicha
       Moción, la parte demandante tampoco fijó posición.
       Advenido además en conocimiento este Tribunal, que el
       representante       autorizado   de    la   corporación
       demandante, en el presente pleito el Sr. Damon Becnel
       fue el tutor de la parte demandada, existen dudas sobre
       la condición de salud mental de la parte demandada
       que deberán ser aclaradas dando oportunidad para ello
       en su día, en un juicio.

       Las circunstancias del caso no revel[a]n ánimo
       contumaz y temerario de la parte demandada en no
       comparecer y la totalidad de las circunstancias revelan
       que existen razones para que este caso se deba
       dilucidar en sus méritos.
       […]

       Inconforme, Lacuas instó un petitorio de reconsideración.24

En síntesis, argumentó que no procede relevar a la Sra. Torres Colón

de la anotación de rebeldía debido a que, la moción de relevo que

cumplió con la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LPRA, Ap. V, R. 49.2, fue presentada vencido el término de 180 días

que provee dicha regla. Alegó que la Sra. Torres Colón se cruzó de

brazos al no recurrir oportunamente del dictamen en su contra.

Adujo además que, la Sra. Torres Colón presentó documentos y

20 Apéndice, págs. 160-162.
21 Apéndice, pág. 155.
22 Apéndice, pág. 169.
23 Apéndice, págs. 171-172.
24 Apéndice, págs. 175-186.
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alegaciones incompletas y remotas, especulaciones y conjeturas

insuficientes para relevarla de la sentencia previamente dictada.

       Luego de varias incidencias procesales, el TPI notificó una

Orden25 el 6 de diciembre de 2023 mediante la cual se negó a

reconsiderar su dictamen. En desacuerdo, Lacuas insta ante nos el

presente recurso junto a una Urgente moción en auxilio de

jurisdicción.   Ello,    a   los     efectos   de    que   paralicemos   los

procedimientos ante el TPI hasta tanto dispongamos de su petición

de certiorari. En su recurso señala la comisión de tres errores, a

saber:

       Erró el TPI al conceder un relevo solicitado fuera del
       término de 180 días. No puede la Demandada-Recurrida
       suplementar lo inexistente.

       Erró el TPI al relevar a la Demandada-Recurrida de la
       Sentencia.

       Erró el TPI al resolver que procedía la moción
       solicitando el relevo de la sentencia a pesar de que no
       cumplía con los requisitos de la Regla 49.2 de
       Procedimiento Civil y ser tardía la misma.

       El 28 de diciembre de 2023 emitimos una Resolución en la

cual denegamos la solicitud de auxilio de jurisdicción y concedimos

un término a la Sra. Torres Colón para fijar su posición. En su

Oposición, la Sra. Torres Colón expone que, Lacuas obtuvo contrario

a derecho una sentencia en contra de una persona incapaz. Arguye

que, la sentencia de la cual solicita el relevo es nula debido a la

incapacidad mental de la Sra. Torres Colón.

                                       II.

   A. Expedición de la Petición de Certiorari post sentencia

       Es    norma       reiterada    que,     una   resolución   u   orden

interlocutoria, contrario a una sentencia, es revisable ante el

Tribunal de Apelaciones, mediante auto de certiorari. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 847 (2023). El

recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario, por el cual,

25 Apéndice, pág. 222.
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un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que revise

y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Regla 52.1 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Rivera Gómez

y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65,

resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, supra.

      Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que, el Tribunal

de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari, cuando el

peticionario recurra de una resolución u orden sobre remedios

provisionales,   injunctions   o   de   la   denegatoria   de   mociones

dispositivas. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En ese

sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas

determinaciones interlocutorias que, pueden esperar hasta la

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de

apelación. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). El

delimitar la revisión, a instancias específicas, tiene como propósito

evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias,

que, pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de

apelación. Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478 (2019).26

      Ahora bien, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009,

supra, establece excepciones que permiten la revisión de: (1)

decisiones sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales; (2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (3)

anotaciones de rebeldía; (4) casos de relaciones de familia; (5)

asuntos de interés público y (6) situaciones en la cuales esperar a la

apelación constituye un fracaso irremediable a la justicia. 800 Ponce

de León v. AIG, supra.

      Como puede observarse, la Regla citada no contempla los

dictámenes posteriores a la sentencia, por lo que, el Tribunal de

26 Citando a Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra; Medina Nazario

v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2017).
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Apelaciones como resultado al determinar si procede la expedición

de una petición de certiorari es preciso acudir a lo dispuesto en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 40. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros,

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). De imponerse las

limitaciones de la Regla 52.1, supra, a la revisión de dictámenes post

sentencia, tales determinaciones inevitablemente quedarían sin

posibilidad alguna de revisión apelativa. Banco Popular de Puerto

Rico v. Gómez Alayón y otros, supra. En tal sentido, es preciso

enfatizar que, si bien el auto de certiorari es un mecanismo procesal

discrecional, dicha discreción del foro revisor no debe hacer

abstracción del resto del derecho. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 711 (2019).

      Cabe destacar que, el examen que hace este Tribunal, previo

a expedir un certiorari, no se da en el vacío ni en ausencia de otros

parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además, Mun.

de Caguas v. JRO Construction, supra. A fin de que, este Tribunal

pueda ejercer su discreción de manera prudente, la Regla 40 del

Reglamento de Apelaciones, supra, establece los criterios que

deberán ser considerados, al determinar si procede o no expedir un

auto de certiorari.27 Los referidos criterios establecidos en la citada

Regla 40 son los siguientes:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

27 Véase, Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 712.
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          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.
          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

          Como ya indicamos, los criterios antes transcritos, nos sirven

de guía para poder determinar si procede o no intervenir en el caso,

en la etapa del procedimiento en que este se encuentra. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). De esta

manera, el foro apelativo deberá ejercer su facultad revisora,

solamente en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso

de discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros,

supra.

                                      III.

          Luego de un examen sosegado de la Petición de certiorari, la

correspondiente oposición y los documentos que forman parte del

apéndice, determinamos no expedir el auto solicitado.

          Ante las circunstancias tan particulares de este caso en el que

se reflejan situaciones atinentes a la condición de salud mental de

la demandada y la procedencia de la anotación de rebeldía bajo este

escenario, así como la suficiencia de la notificación de la sentencia

en rebeldía, realizada por el tribunal, a una dirección distinta al

lugar en donde se encontraba la demandada -en una institución

carcelaria- hecho conocido por el demandante, lo razonable es no

ejercer nuestra función revisora en esta etapa de los procedimientos.

Añádase a ello que, el principal ejecutivo de Lacuas, Inc. Sr. Becnel

aceptó haber ejercido como tutor de la señora Torres Colón en el

2019.28

          Por todo lo antes, no identificamos un factor determinante que

nos obligue a ejercer nuestra discreción para revertir el dictamen

28
     Véase Apéndice pág. 117.
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impugnado. Dado que Lacuas tampoco nos ha puesto en posición

de determinar que los fundamentos que expuso el TPI en su

dictamen son arbitrarios, caprichosos o que constituyen un abuso

de discreción, lo razonable es abstenernos de ejercer nuestra

función revisora en esta etapa de los procedimientos. Al amparo de

los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, supra, no identificamos fundamento alguno que

justifique la expedición del auto de certiorari en aras de evitar un

fracaso a la justicia. Reiteramos que, lo antes no prejuzga los

señalamientos que tengan a bien presentar ambas partes dentro de

un debido proceso de ley y en una etapa posterior.

                                 IV.

       Por todo lo anterior, denegamos la expedición del auto de

certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones