Court Opinion

ID: 9896820
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:22:18.324008+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:17.196407
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL

                                                          Certiorari
                                                          procedente del
   DOCTOR΄S CENTER                                        Tribunal de
  HOSPITAL, INC. y otros                                  Primera Instancia,
                                                          Sala Superior de
         Recurridos                                       San Juan

               V.                 KLCE202300763
                                                          Caso Núm.:
      ONE ALLIANCE                                        SJ2019CV09681
    INSURANCE CORP.

        Peticionarios                                     Sobre:
                                                          Daños, Sentencia
                                                          Declaratoria y
                                                          otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

       Comparece ante nos la aseguradora One Alliance Insurance

Corporation mediante certiorari para que revoquemos la Resolución

emitida y notificada el 5 de mayo de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Allí, se declaró No Ha

Lugar la solicitud para descalificar a un tasador. Oportunamente, se

solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 8 de

junio de 2023.1

       Evaluados los escritos de ambos comparecientes, resolvemos

denegar el auto solicitado.

                                      -I-

       El 17 de septiembre de 2019, Doctor’s Center Hospital San

Juan, Inc., y otros (parte recurrida o Doctor’s Hospital),2 presenta

1 Fue notificada el mismo día.
2 Los demandantes fueron: Doctor’s Center Hospital San Juan, Inc., Inmobiliaria

San Pedro, Inc., Inmobiliaria San Alberto, Inc., MTI Development & Construction,
Inc., Alberca, Inc., Attenure Holding Trust 9 y HRH Property Holding, LLC.

Número Identificador
RES2023_____________
KLCE202300763                                                                  2

una acción civil sobre cubierta de seguro contra One Alliance

Insurance Corporation (OAIC o peticionaria).3 En resumen, solicita

una sentencia declaratoria y daños por incumplimiento contractual,

dolo y mala fe en la ejecución del contrato. OAIC contestó la

demanda el 7 de febrero de 2020.4

       Iniciado el descubrimiento de prueba, el 18 de mayo de 2020

Doctor’s Hospital sometió una Moción Solicitado Autorización Para

Referir Controversia Sobre Los Daños Al Proceso De “Appraisal”

Establecido Por La Ley 242.5 Entre otras cosas, adujo que el caso

estaba listo para el procedimiento de appraisal. Arguyó que la ley

obligaba a participar del procedimiento una vez fuera solicitado por

el asegurado.6 Sin embargo, OAIC se opuso a la solicitud al

considerar que el caso no estaba maduro para ese proceso.7

Evaluadas ambas mociones, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud

para el proceso de appraisal.8

       Luego de varias incidencias procesales, el 5 de marzo de

2021 OAIC compareció mediante Moción Informativa y Solicitud de

Descalificación de “Appraiser”.9 En síntesis, adujo que la tasadora

seleccionada por Doctor’s Hospital, la Sra. Lizzette Santiago, tenía

un interés en el proceso de appraisal. Razón por la cual, solicitó que

se le ordenara a la parte recurrida a nombrar un nuevo tasador.

       El 12 de abril de 2021, Doctor’s Hospital reiteró su solicitud

para que el caso fuera referido al proceso de “appraisal”.10 OAIC se

opuso nuevamente, adujo que el caso aún no estaba listo para

3 Apéndice I del Certiorari, págs. 1 – 15.
4 Apéndice II del Certiorari, págs. 16 – 32.
5 Apéndice III del Certiorari, págs. 33 – 52.
6 La parte se refería a la Ley Núm. 242–2018. En síntesis, la referida enmendó el

Art. 11.150, el Art. 11.190 y añadió el Art. 9.301 a la Ley Núm. 77 de 1957
conocida como Código de Seguros de Puerto Rico. Además, enmendó el Art. 5.005
de la Ley Núm. 201–2003 conocida como Ley de la Judicatura de Puerto Rico.
Acorde con la Ley Núm. 242–2018, el Comisionado de Seguro de Puerto Rico
emitió el 12 de junio de 2018 la Carta Normativa Núm. CN-2019-248-D.
7 Apéndice IV del Certiorari, págs. 53 – 68.
8 Apéndice V del Certiorari, pág. 69.
9 Apéndice VII del Certiorari, págs. 117 – 121.
10 Apéndice VII-A del Certiorari, págs. 122 – 131.
KLCE202300763                                                                    3

participar    del    procedimiento         de   “appraisal”.11   Atendida      las

posiciones de las partes, el TPI refirió el caso al procedimiento de

“appraisal”.12

       Por su parte, el 12 de abril de 2023, OAIC solicitó que se

ordenara la descalificación de la tasadora de Doctor’s Hospital.13

Alegó que por el claro interés de la señora Santiago con el resultado

del proceso, debía ser descalificada. En oposición, Doctor’s Hospital

argumentó que OAIC pretendía imponer requisitos a un tasador que

no eran parte del proceso de appraisal, 14 lo que provocaba dilación

en el caso.

       Evaluada ambas posiciones, el 5 de mayo de 2023 el TPI

emitió el siguiente dictamen:

       En atención a solicitud de descalificación de tasador
       presentado por la parte demandada [132] y las posturas en
       oposición presentadas por la parte demandante [136]; el
       Tribunal dispone No Ha Lugar a la primera [132]. Adviértase
       que los “appraisers” (o tasadores) nombrados por las partes,
       bajo la Ley 242 del 27 de noviembre de 2018; no tienen que
       ser imparciales. 15

       Oportunamente, OAIC solicitó reconsideración,16 pero fue

declara No Ha Lugar el 8 de junio de 2023.17 Inconforme, el 10 de

julio de 2023 recurrió ante nos, mediante el recurso de certiorari y

señaló los siguientes errores:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       AL DECLARAR NO HA LUGAR LA DESCALIFICACIÓN DE LA
       SRA. LIZZETTE SANTIAGO DE PARTICIPAR COMO
       TASADORA DE LA PARTE DEMANDANTE – RECURRIDA EN
       EL PROCESO DE ‘APPRAISAL’ POR SU CLARO CONFLICTO
       DE INTERESES CON EL RESULTADO DEL PROCESO. [sic].

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN AL OBVIAR COMO HECHO
       MATERIAL LA CLAUSULA DE APPRAISAL DE LA PÓLIZA. [sic].

       El 20 de julio de 2023, Doctor’s Hospital presentó su

oposición. Con la comparecencia de ambos, procedemos a resolver.

11 Apéndice VII-B del Certiorari, págs. 132 – 134.
12 Apéndice V del Certiorari, pág. 135.
13 Apéndice X-A del Certiorari, págs. 136 – 145.
14 Apéndice X-B del Certiorari, págs. 146 – 152.
15 Apéndice XI del Certiorari, pág. 153.
16 Notificada el mismo día.; Véase, Apéndice XII-A del Certiorari, págs. 154 – 145.
17 Apéndice XI-BI del Certiorari, pág. 161.
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                                      -II-

                                      A.

       El auto de certiorari es un recurso procesal de naturaleza

discrecional, lo que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las resoluciones interlocutorias de un tribunal inferior.18 Al definir

la discreción, se debe entender como el poder para decidir en una

forma u otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción.19

       No obstante, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,20 delimita

las instancias en que podemos atender y revisar las resoluciones y

órdenes presentadas mediante certiorari; a saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].21

       Con el objetivo de ejercer de una manera sabia nuestra

facultad discrecional, de entender o no en los méritos del asunto

esbozado en el recurso de certiorari, Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones,22 nos brinda los siguientes criterios:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
              a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
              derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
              indicada para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
              manifiesto en la apreciación de la prueba por el
              Tribunal de Primera Instancia.

18 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703,

711 (2019).; IG Builders et al. V. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
19 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
20 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
21 Id.
22 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
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           (D) Si el asunto planteado exige consideración más
               detenida a la luz de los autos originales, los cuales
               deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
           (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
               caso es la más propicia para su consideración.
           (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
               causa no causan un fraccionamiento indebido del
               pleito y una dilación indeseable en la solución final
               del litigio.
           (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
               causa evita un fracaso de la justicia. 23

         Nuestra discreción judicial, nos permite expedir o denegar el

certiorari. Al respecto, el Tribunal Supremo ha dispuesto que:

         [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
         de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
         hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
         prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
         o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
         sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
         perjuicio sustancial.24

                                      -III-

         En el presente caso, OAIC pretende que sustituyamos el

criterio del TPI por el nuestro para reconocer que dicho foro erró al

no descalificar a la Sra. Lizzette Santiago de participar como

tasadora de la parte recurrida en el proceso de “appraisal”. Sin

embargo, conforme el derecho aplicable, resolvemos que el caso ante

nos no presenta ninguna de las circunstancias contempladas en la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos motive expedir el

auto solicitado. Tampoco encontramos justificación alguna para

intervenir con la resolución recurrida, a la luz de los criterios

establecidos en la Regla 40 de este tribunal, supra.

         La determinación recurrida constituye una decisión dentro del

claro ejercicio de discreción conferido a los tribunales de primera

instancia y de su facultad de manejar los casos de la manera que

entiendan más adecuada, conforme las normas de derecho aplicable

y los hechos ante su consideración. Máxime cuando un tasador,

23 Id.
24 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).;
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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distinto a un árbitro, no tiene que ser imparcial. A lo que debe

ajustarse, es a los estándares que establece su profesión al momento

de realizar la tasación.

      En consecuencia, toda vez que la parte peticionaria no señaló

prueba en el expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de

su discreción o actuó con prejuicio, parcialidad o error manifiesto,

la prudencia nos dicta no intervenir en esta etapa con la resolución

recurrida. Así, denegamos la expedición el auto de certiorari

solicitado.

                                -IV-

      Por lo fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición

del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones