Court Opinion

ID: 9890335
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:16:35.986903+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:21.211990
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                                            PANEL VII

             MARIELYS MELÉNDEZ                                Certiorari
                   LLINAS                                     procedente del
                                                              Tribunal de Primera
                       Recurrida                              Instancia, Sala
                                                              Superior de San Juan
                          V.
                                                              Caso Núm.:
                                          KLCE202300998
              OSVALDO VILLEGAS                                SJ2022RF00908
                  MARTÍNEZ                                    (703 RF)

                   Peticionario                               Sobre:
                                                              CUSTODIA –
                                                              MONOPARENTAL O
                                                              COMPARTIDA
            Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
            Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

            Grana Martínez, Jueza Ponente

                                            SENTENCIA

            En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

                   El    peticionario,   Osvaldo   Villegas   Martínez,   solicita   que

            revisemos la autorización del Tribunal de Primera Instancia a que su

            hijo menor de edad viaje al Estado de la Florida en los Estados Unidos

            de Norteamérica.

                   La recurrida, Marielys Meléndez Llinas, presentó su oposición al

            recurso.

                   El 13 de septiembre de 2023 atendimos la moción de auxilio de

            jurisdicción del peticionario y paralizamos el traslado del menor.

                                                   I

                   Las partes son los progenitores de un menor de diez años. El 19

            de julio de 2022, la recurrida presentó Petición en solicitud de custodia

            monoparental y de traslado permanente de menor. La recurrida

            informó su intención de trasladarse permanente con el menor a la

            ciudad de Tampa en el Estado de la Florida de los Estados Unidos de

            Norte América. La madre adujo que la mudanza le permitiría tener

            una oportunidad de crecimiento empresarial y de ofrecerle una mejor

Número Identificador

SEN2023________________
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calidad de vida a su hijo. Véase, pág. 122 del apéndice de la

oposición.

      El 31 de agosto de 2022, el peticionario presentó una

reconvención en la que pidió custodia compartida o en la alternativa

monoparental y se opuso al traslado. El peticionario alegó que la

intención de la madre no era darle mejor calidad de vida a su hijo, ni

desarrollarse empresarialmente. Según el peticionario, la madre

quiere mudarse, porque su pareja cumple una sentencia federal en la

Florida. El peticionario se opuso tenazmente al traslado, porque

estaba sumamente alarmado y preocupado por la seguridad de su hijo

y pidió que el asunto fuera referido a la Unidad de Relaciones de

Familia. Véase, pág. 129 del apéndice del recurso.

      El 19 de octubre de 2022, el tribunal dictó una sentencia en la

que acogió los acuerdos provisionales sobre custodia y relaciones

paternofiliales, denegó por el momento la solicitud de traslado y refirió

ese asunto a la Unidad de Trabajo Social para que realizara el informe

correspondiente. Véase, pág. 140 del apéndice de la oposición.

      El 14 de febrero de 2023, la Unidad Social entregó el Informe

Social en el que no recomendó el traslado del menor. Véase, págs. 185

y 186 del apéndice la oposición. La trabajadora social, Genesis Álvarez

Rosario, hizo constar textualmente que:

             Como parte de la evaluación de la relocalización del
      menor a Tampa, se tomaron en consideración las razones
      de la Sra. Meléndez para el traslado. Entre ellas se
      identificó que su pareja se encuentra cumpliendo una
      sentencia en una cárcel federal hace seis años y se espera
      que en abril de 2023 continuará la misma en arresto
      domiciliario en el hogar propuesto para la relocalización.
      Como limitación de nuestra evaluación se destaca que
      carecemos de la información relacionada a las
      condiciones con las que debe cumplir el Sr. Maldonado
      como parte del arresto domiciliario. Además, carecemos
      de la información sobre la adaptación que éste ha tenido
      como persona privada de libertad, al igual que no
      tendremos los datos sobre el ajuste de este en la
      comunidad. El Sr. Maldonado aun se encontrará en su
      proceso de rehabilitación que será importante conocer
      sobre cómo se desempeña en el transcurso y la
      efectividad de las intervenciones que se hagan con él
      como parte de ese proceso para la reintegración a la vida
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         comunitaria. El menor está ajeno a la situación de
         conflicto con la ley al que ha estado expuesto el Sr.
         Maldonado, además de que solo interactuó con este en
         una relación de convivencia durante dos años de vida.
         Aunque se ha mantenido la relación entre el Sr.
         Maldonado y el menor mediante visitas a la institución
         carcelaria y por teléfono, se debe hacer un proceso
         paulatino para lograr una relación de convivencia
         saludable. Además, se debe contar con la información de
         que el Sr. Maldonado no será un potencial ejemplo
         corruptor para el menor.

               Luego de evaluar los hallazgos y hacer un análisis
         comparativo sopesando los factores de riesgos y de
         protección, entendemos que en estos momentos la
         relocalización no es beneficiosa para el menor Osvaldo.

         El 15 de febrero de 2023, el TPI ordenó a las partes a mostrar

causa por la cual no acoger el informe social. El peticionario se allanó

al informe.

         El 23 de febrero de 2023, la recurrida presentó una Moción en

Solicitud de Autorización de Viaje. La recurrida pidió autorización para

que el menor viajara a Tampa a pasar las vacaciones de Semana

Santa con sus tíos, su abuela y sus primas e informó que pernoctaría

en su residencia. Véase, pág. 271 del apéndice.

         El peticionario se opuso. Aunque expresó que nunca se había

opuesto a que el mejor viajara con su madre, alegó que la situación

cambió en el mes de marzo. Según el peticionario, en el informe social

consta que la pareja de la madre saldrá en arresto domiciliario justo

en la semana del viaje. El peticionario se opuso al viaje porque el

estudio recomendado por la Trabajadora Social no había sido

realizado. Véase, pág. 277. Ambas partes presentaron escritos en

apoyo a sus respectivas posiciones. El 10 de marzo de 2023, el TPI

autorizó el viaje. No obstante, ordenó a la recurrida informar el

momento del egreso de su pareja y la fecha en que se integraría al

núcleo familiar para referir el asunto a la Unidad de Trabajo Social.

         El 13 de marzo de 2023, la recurrida presentó Moción en

solicitud de impugnación de informe social anunciando prueba pericial

y   en    solicitud   de   autorización   para   actualización   de   informe
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interagencial. La recurrida alegó que la trabajadora social que preparó

el informe no tenía la información necesaria para determinar el mejor

bienestar del menor y que sus recomendaciones están basadas en

especulaciones. Según la recurrida, la trabajadora social no contó con

información sobre las condiciones del arresto domiciliario, el proceso

de adaptación de su esposo como una persona privada de libertad y

de su ajuste a la comunidad. Además, alegó que se presume que un

convicto que sale a la libre comunidad antes de cumplir su sentencia

se ha rehabilitado y que ha mantenido a su hijo alejado de la

conducta delictiva atribuible a su esposo.

      La recurrida pidió una vista de impugnación, informó que

impugnaría el informe con el testimonio de la perito Melissa Rodríguez

López y pidió permiso para que el perito Paul Jesús Fericelli presente

un informe interagencial actualizado. Véase, pág. 246 apéndice

recurrido.

      El 23 de marzo de 2023, el TPI dejó sin efecto el proceso de

impugnación del informe social hasta tanto se realice el informe

complementario en el cual se evaluaría el compañero de la recurrida.

      Además, el 23 de marzo de 2023, el peticionario volvió a

solicitar la paralización del viaje del menor.

      El 29 de marzo de 2023, el TPI reconsideró y no autorizó el

viaje, debido a que la recurrida admitió que su esposo saldría de

prisión entre el 27 al 29 de marzo de 2023. Según el tribunal, esas

fechas coincidían con las que el menor estaría de viaje. El tribunal fue

claro en que el menor no podía viajar, si iba a ser llevado al lugar

donde la pareja de su madre cumple restricción domiciliaria. Véase,

pág. 317 del apéndice de la oposición.

      La recurrida presentó una moción de reconsideración urgente a

la que el padre se opuso.

      El 30 de marzo de 2023, el TPI reiteró que el menor no podía

pernoctar en el mismo lugar en el que su padrastro cumple restricción
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domiciliaria. No obstante, le permitió viajar si se quedaba con su

madre en un hotel. Además, advirtió que el Sr. Maldonado debía

ponerse a la disposición de la Unidad de Trabajo Social de forma

inmediata para ser evaluado. Véase, pág. 333 del apéndice. El 18 de

mayo de 2023, la recurrida pidió que se permitiera el viaje del menor

para ver la dinámica con su padrastro. El padre se opuso. El TPI

denegó la solicitud. Véase, pág. 348 del apéndice.

      El 25 de agosto de 2023, la recurrida presentó Moción en

solicitud de autorización a viaje, en la que incluyó las alegaciones

siguientes:

      6. Solicitamos autorización a este Honorable Tribunal a
      los fines de que el menor, OYVM, pueda realizar un viaje
      familiar a Tampa, FL desde el 15 de septiembre de 2023
      al 17 de septiembre de 2023.

      7. De este Honorable Tribunal autorizar el viaje, el menor
      pernoctaría en un Airbnb de la ciudad Wesley Chapel del
      estado de Florida.
      …

      9. De esta Distinguida Corte autorizar el viaje, la parte
      aquí compareciente proveería a la brevedad posible la
      dirección del Airbnb en donde pernoctaría el menor.

      10. El menor podrá ser contactado al teléfono celular de
      la señora Meléndez: (939) 216-1147.

Página 1 del apéndice de la oposición.

      El 30 de agosto de 2023, el peticionario se opuso. El padre

expresó que le preocupaba la seguridad de su hijo, debido al carácter

delictivo de su padrastro.

      El 31 de agosto de 2023, el TPI dictó la orden siguiente:

      NUESTRA DETERMINACION DE 29 DE MARZO NO SE
      BASO EN UNA PROHIBICION ABSOLUTA DE QUE EL
      MENOR SE RELACIONARA CON LA PAREJA DE LA
      DEMANDANTE. SE INFORMA QUE EL MENOR
      PERNOCTARA EN UN AIRBNB (DISTINTO A LA
      PROHIBICION EMITIDA ALLA PARA EL 30 DE MARZO
      DE 2023.

      LA PETICION SE TRATA DEL ASUNTO QUE ESTA BAJO
      CONSIDERACION DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
      SIENDO ASI, EVALUADAS LAS MOCIONES Y EL
      EXPEDIENTE, SE AUTORIZA EL VIAJE.
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       DEBERA LA PARTE DEMANDANTE PROVEER TODA LA
       INFORMACION QUE REQUIERA EL PADRE EN LAS
       PROXIMAS   48  HORAS.  COMUNIQUENSE    LOS
       ABOGADOS.

Página 3 del apéndice de la oposición.

       El peticionario presentó Urgentísima reconsideración a permiso

para viajar del menor. El peticionario insistió en que no se autorice el

viaje del menor hasta tanto no esté disponible el resultado de la

investigación que realiza la Unidad Social sobre la pareja de la madre.

Según el peticionario, el hecho de que el menor no pernocte donde

reside Maldonado Villafañe, no garantiza que no tengan contacto.

Véase, pág. 4 del apéndice.

       El 6 de septiembre de 2023, el perito envió a la Unidad Social el

Informe Interagencial Complementario. Véase, pág. 354 del apéndice.

       El 8 de septiembre de 2023, el TPI dictó lo siguiente:

       LA PETICION DE LA MADRE SE LIMITA A UN VIAJE DE
       PLACER, Y NO SE TRATA DE UN TRASLADO, ASUNTO
       ANTE LA CONSIDERACION DEL TRIBUNAL.

       NO SURGE DE LO ALEGADO NI DEL INFORME SOCIAL
       QUE   LA  MADRE    NO   TENGA    CAPACIDADES
       PROTECTORAS. DE HECHO EL INFORME ESTABLECE
       LA CAPACIDAD DE AMBOS PROGENITORES DE
       HACERLO DE MANERA CONJUNTA. INCLUSO EL
       INFORME ESTABLECE EL ROL PROACTIVO QUE LA
       MADRE HA ASUMIDO EN EL CUIDADO DEL MENOR Y
       SU ATENCION EN VARIAS AREAS DE LA VIDA DEL
       MENOR.

       POR TODO LO CUAL SE DECLARA NO HA LUGAR A LA
       SOLICITUD DE RECONSIDERACION.

       Inconforme el peticionario presentó este recurso en el que alega

que:

       Erró el foro de instancia al permitir que la señora
       Meléndez Llinas traslade al menor fuera de Puerto Rico a
       un viaje de placer que solo atiende los intereses de ella y
       de su actual pareja, el Sr. José Maldonado Villafañe—y
       ninguno del menor—, anulando la objeción del padre con
       custodia compartida y sin darle el peso debido a los
       riesgos de seguridad presentes en el ambiente al que se
       expondrá el menor al relacionarse con la actual pareja de
       la señora Meléndez Llinas, quien es un convicto de
       narcotráfico y lavado de dinero, con historial de adicción
       a sustancias controladas, y que permanece bajo arresto
       domiciliario luego de cumplir años de cárcel, y sobre todo
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      de quien se desconocen sus circunstancias personales y
      sociales actuales.

      Erró el foro de instancia al emitir una determinación
      inherentemente contradictoria que reconoce la existencia
      de un riesgo a la seguridad y bienestar del menor durante
      un viaje de placer fuera de Puerto Rico con su madre, que
      provee como única medida cautelar que el menor no
      “pernocte” en la misma vivienda que la actual pareja de la
      madre, quien es un convicto de narcotráfico y lavado de
      dinero, con historial de adicción a sustancias
      controladas, y que permanece bajo arresto domiciliario
      luego de cumplir años de cárcel, mientras que a la vez el
      tribunal de instancia permitió el traslado del menor
      durante dicho viaje y dio carta abierta y amplia para que
      el menor se inserte sin restricción en la vida diaria y
      social de Maldonado Villafañe, sin esperar los resultados
      del estudio de la Unidad Social sobre las circunstancias
      personales y sociales actuales de esta persona.

                                     II

                                     A.

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento

Civil de 1933 (32 LPRA sec. 3491), hoy conocido como Ley de

Recursos Extraordinarios; Caribbean Orthopedics Products of Puerto

Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de

Leon Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction,

201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la característica principal del

recurso     reside   en   el   carácter   discrecional   del   mismo,   tal

determinación no es irrestricta, está sujeta a los criterios señalados

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Advertimos que esta regla ha

sufrido modificaciones a través del tiempo para expandir el marco

discrecional que ostentan los foros revisores en la expedición del

recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:
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      … para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar a
      la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
      Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación
      que se interponga contra la sentencia sujeto a lo
      dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Superado    el   análisis   al   amparo   de   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para guiar su discreción al intervenir con la resolución u orden

interlocutoria recurrida. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
      una dilación indeseable en la solución final del litigio.
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      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Ha de quedar claro que la denegatoria a expedir un recurso de

certiorari no implica la ausencia de error en el dictamen, cuya

revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos.

Sino que responde al ejercicio de la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

175 DPR 83, 98 (2008).

                                  B.

      Los casos de familia son de alto interés público. Otero Vélez v.

Schoroder Muñoz, 200 DPR 76, 85 (2018). Los asuntos de familia son

complicados, debido a que las controversias envuelven emociones y

sentimientos profundos. Machargo Olivella v. Martínez Schmidt, 188

DPR 404 (2013).

      Los tribunales tienen el poder inherente de velar por el mejor

bienestar de los menores, como parte de su función de “parens

patriae”. El mejor bienestar del menor prevalece, cuando está en

conflicto con otros intereses. Muñoz Sánchez v. Báez De Jesús, 195

DPR 645, 651 (2016).

      El poder de “parens patrie” del Estado autoriza a los tribunales

a ordenar la comparecencia de todas las personas que puedan ayudar

a determinar cuál es la mejor manera de proteger el bienestar del

menor.   Los    tribunales   tienen    potestad   para   ordenar    las

investigaciones de índole social que entiendan procedentes. La

función principal de las Unidades Sociales de Relaciones de Familia y

Asuntos de Menores es asesorar al juzgador, mediante evaluaciones

periciales, que le permitan tomar decisiones informadas en los casos

ante su consideración. Jusino González v. Norat Santiago, 2023 TSPR

47; Muñoz Sánchez v. Báez De Jesús, supra, pág. 652. El derecho de

un progenitor a tener consigo a sus hijos es uno de superior jerarquía.
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No obstante, ese derecho tiene que ceder ante la facultad de “parens

patriae” del Estado de salvaguardar y proteger el mejor bienestar del

menor. Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, págs. 105-106.

      El Manual de Normas y Procedimientos de las Unidades

Sociales de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores detalla el

proceso a seguir cuando la evaluación pericial de un trabajador social

es necesaria. Los trabajadores sociales son responsables de preparar

un Informe Social Forense. Luego de terminado el informe, deberán

entregar el expediente social completo al Técnico o Auxiliar de

Sistemas de la Oficina de la Unidad Social de Relaciones de Familia y

Asuntos de Menores, no más tarde de 30 días calendario. El técnico o

auxiliar remitirá el expediente a la secretaria del tribunal para que el

juez examine el informe social y emita las órdenes que estime

pertinentes. Muñoz Sánchez v. Báez De Jesús, supra págs. 652.

                                  III

      La Regla 52.1, supra, autoriza nuestra intervención, porque el

peticionario recurre de una determinación dictada en un caso de

relaciones de familia, revestido del más alto interés público. La

expedición del recurso es necesaria para que podamos ejercer nuestra

función de parens patrie en beneficio del mejor interés del menor.

      La controversia se reduce a determinar si el TPI erró al

autorizar el viaje del menor al Estado de la Florida, sin evaluar el

Informe sobre el proceso de rehabilitación de su padrastro.

      La Unidad Social no recomendó el traslado, debido a la

ausencia de la información necesaria para garantizar que la relación

con el padrastro obre en el mejor bienestar del menor. La Trabajadora

Social advirtió la necesidad de conocer el desempeño del señor

Maldonado en el proceso de su rehabilitación y reintegración a la vida

comunitaria. Por esa razón, señaló que era indispensable tener

información sobre: (1) las condiciones del arresto domiciliario, (2) la
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adaptación del señor Maldonado como persona privada de libertad y

(3) su ajuste en la comunidad.

      El 23 de marzo de 2023, el TPI reconoció la necesidad de un

informe complementario sobre el esposo de la madre. No obstante,

autorizó el viaje del menor a la Florida, sin tener listo el informe. El

tribunal entendió que para garantizar su mejor bienestar era

suficiente con que no pernoctara en el mismo lugar que su padrastro.

      La decisión recurrida no es la que mejor garantiza el bienestar

del menor. Por el contrario, pone en riesgo su seguridad. El señor

Maldonado cumple una sentencia por delitos graves relacionados al

narcotráfico. El hecho de que el menor no pernocte en el mismo lugar

que su padrastro, no impide que ambos tengan contacto o que se

relacionen. Sin lugar a duda, era muy probable que eso sucediera,

porque la intención del viaje era conocer el género del hijo del señor

Maldonado.

      Los tribunales no podemos pasar por alto que nuestra función

de parens patrie nos obliga a velar por el mejor bienestar del menor,

incluso sobre los derechos, intereses y deseos de los padres. El TPI

falló al deber de parens patrie, porque autorizó el viaje sin el informe

complementario, con los elementos necesarios para emitir una

determinación que garantizara la seguridad del menor.

      El foro primario erró. La determinación recurrida trastoca la

protección del mejor interés y bienestar del menor, porque no es una

decisión informada. Adolece de criterios fundamentales que surgen

del estudio social, toda vez que este no ha sido completado. Por esa

razón, no autorizamos que el menor viaje al Estado de la Florida,

hasta tanto el tribunal no tenga a su disposición y evalúe el informe

social ordenado.

                                  IV

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto y se

revoca la resolución recurrida.
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     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

     Notifíquese inmediatamente.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones