Court Opinion

ID: 9964093
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-26 20:18:40.920405+00
Date Added: 2024-06-11T08:25:09.725787
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

         El Pueblo de Puerto Rico

                Peticionario
                                                 Certiorari
                     v.
                                                2024 TSPR 39
    Mariana Nogales Molinelli, Rita
    Molinelli Freytes y Ocean Front             213 DPR ___
             Villas Corp.

                 Recurridas

Número del Caso:     CC-2024-0161

Fecha:     22 de abril de 2024

Tribunal de Apelaciones:

     Panel VI

Panel del Fiscal Especial Independiente:

     Lcdo. Ramón Mendoza Rosario
     Fiscal Especial Independiente

     Lcda. Zulma Fuster Troche
     Fiscal Especial Independiente Delegada

     Lcda. Leticia Pabón Ortiz
     Fiscal Especial Independiente Delegada

Materia:    Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
           EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 El Pueblo de Puerto Rico

      Peticionario

            v.
                               CC-2024-0161     Certiorari
Mariana Nogales Molinelli,
 Rita Molinelli Freytes y
 Ocean Front Villas Corp.

       Recurridas

                       RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2024.

    Atendida la Petición de Certiorari y la Moción en
auxilio de jurisdicción presentada por El Pueblo de
Puerto Rico, por conducto del Panel sobre el Fiscal
Especial Independiente, se provee ha lugar a ambas.

     En consecuencia, se decreta la paralización de los
procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia,
Centro Judicial de San Juan en los casos criminales
El Pueblo de Puerto Rico v. Mariana Nogales Molinelli y
otros,   Crim.   núms.   K   MI2023-121,   K MI2023-122,
K MI2023-130, K MI2023-131 y K MI2023-132.

     Expida el Secretario Mandamiento de Certiorari
dirigido al Tribunal de Apelaciones, Panel VI, para que a
la brevedad posible remita a la Secretaría de este
Tribunal los autos originales o una copia en el caso
núm. KLCE202400070, El Pueblo de Puerto Rico v. Mariana
Nogales Molinelli, Rita Molinelli Freytes, Ocean Front
Villas Corp., a que se refiere la petición presentada en
este caso.

    Notifíquese inmediatamente.

    Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez
emitió un Voto Particular Disidente. La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella
Martínez proveerían no ha lugar a la Moción en auxilio de
jurisdicción y a la Petición de Certiorari.

                             Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                            Secretario del Tribunal Supremo
              EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

    Peticionario

         v.
                              CC-2024-0161
Hon. Mariana Nogales
Molinelli, Rita Molinelli
Freytes y Ocean Front
Villas Corp.

    Recurridos

 Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor
 COLÓN PÉREZ.

      En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2024.

     Disentimos del curso de acción seguido en el presente

caso por una mayoría de mis compañeros y compañera de estrado,

lo anterior por entender que el mismo es contrario a la

normativa firmemente establecida en el ordenamiento jurídico

puertorriqueño en materia probatoria y procesal penal. En

consecuencia, hubiésemos provisto no ha lugar tanto a la

Moción en auxilio de jurisdicción como a la Petición de

certiorari presentadas por el Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (en adelante, “PFEI”) en la causa de epígrafe.

     Y es que, los argumentos que entreteje el PFEI para mover

a este Tribunal a paralizar los trámites que en relación al

presente caso se celebran ante el foro primario, a nuestro

juicio, no son suficientes en derecho para provocar que esta
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Curia se adentre a considerar la determinación recurrida. Nos

explicamos.

                                   I.

        En la causa de epígrafe, y en apretada síntesis, el PFEI

presentó un total de 51 denuncias contra la Hon. Mariana

Nogales Molinelli, miembro de la Cámara de Representantes de

Puerto Rico, la Sra. Rita Molinelli Freytes, su madre, y Ocean

Front     Villas   Corp.   Ello,       por    alegadas   violaciones    a

determinados artículos del Código Penal de Puerto Rico, 33

LPRA sec. 5001 et seq. y del Código de Rentas Internas, 13

LPRA sec. 30011 et seq.

        Así las cosas, celebrada la correspondiente vista de

causa probable para arresto que mandata la Regla 6 de las de

Procedimiento Criminal,         infra, una jueza del Tribunal de

Primera Instancia de San Juan, en este caso la Hon. Iraida B.

Rodríguez Castro, encontró causa para arresto por solo dos de

los cargos criminales presentados en contra de las denunciadas

y “no causa” por los restantes 49 cargos.

        Inconforme con el resultado obtenido, el PFEI solicitó

una vista de causa probable para arresto en alzada. La misma

fue realizada ante un nuevo magistrado, a saber, el Hon. Rafael

Taboas Dávila, el cual, nuevamente, determinó causa probable

para     arresto   únicamente    por    los    dos   cargos   que   había

determinado causa la jueza anterior. Ello, no en balde a que,

tal y como manifiesta el PFEI en su Petición de certiorari,

dicha oficina alegadamente “presentó una gran cantidad de

prueba nueva y adicional a la presentada en la vista de causa
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probable para arresto original.” Petición de certiorari, pág.

3.

      Aún   insatisfechos        con   dicha     determinación,       el    PFEI

presentó    un   recurso    de    certiorari       ante    el   Tribunal     de

Apelaciones. Dicho Tribunal, no obstante, -- en un Panel

compuesto por las Juezas Ortiz Flores y Rivera Pérez y los

Jueces Rivera Torres y Campos Pérez --, emitió una Resolución

mediante la cual desestimó el recurso presentado. Esto, al

correctamente    concluir    que       el   dictamen      recurrido    no   era

revisable por dicho foro ya que la determinación de “no causa”

probable para arresto se basó en consideraciones de prueba y

no en cuestiones de estricto derecho que, según la muy bien

elaborada jurisprudencia de este Tribunal, permitiesen el

ejercicio de la facultad revisora de dicho tribunal.

      Ante dicho revés, el PFEI comparece ante nos mediante una

Petición    de    certiorari       y    una      Moción    en    auxilio      de

jurisdicción. En dichos escritos, la referida entidad reitera

los   planteamientos   esgrimidos           en   los   foros    inferiores    y

pretende que este Tribunal, ignorando sus bien establecidos

precedentes, le brinde una nueva oportunidad para intentar

probar lo que en dos ocasiones no pudo hacer. Aun así, una

mayoría de mis compañeros y compañera de estrado ha decidido

acceder al petitorio del PFEI. Como ya adelantamos, no podemos

refrendar dicha postura. Varias son las razones que nos mueven

a ello. Nos explicamos.
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                                  II.

                                  A.

      En primer lugar, como su primer señalamiento de error,

el PFEI destaca que, en lo relacionado a la causa de epígrafe,

el    foro   primario   admitió   como   prueba   de   defensa   una

declaración jurada (self-serving) de una de las imputadas, sin

que     la    declarante    estuviera     disponible    para     ser

contrainterrogada y sin mostrar el documento al Ministerio

Público. Sobre el particular, el PFEI se pregunta, -- a nuestro

juicio, de forma ingenua y totalmente acomodaticia --, si

“¿[t]iene derecho una parte imputada a someter mediante una

declaración jurada prueba a su favor como lo puede hacer el

Ministerio Público?”. (Énfasis en el original). Petición de

certiorari, pág. 8.

      La respuesta a esa interrogante es clara, sencilla y de

fácil corroboración: sí. El propio texto de la Regla 6 de las

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone que en la

vista de causa probable para arresto “el imputado tendrá

derecho a estar asistido por abogado, a contrainterrogar a los

testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor”. (Énfasis

suplido). Sobre el particular, en el pasado hemos sentenciado

que esos derechos que concede la Regla 6 son garantías que

surgen de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y que se activan cuando la vista de causa probable para

arresto se celebra en presencia del imputado, como sucedió en

el caso de autos. Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601, 610-

611 (2008).
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     Aclarado       lo    anterior,       como   parte      de   su   primer

señalamiento de error, y mostrando total desconocimiento de

la normativa que gobierna los asuntos en materia probatoria y

procesal penal, el PFEI también argumenta que la declaración

jurada   presentada       por   la   defensa     de   las    imputadas   era

“inadmisible” en evidencia por tratarse de una declaración

“self-serving”. Al respecto, el PFEI aduce que “en ninguna de

las etapas previas al juicio, ni el Ministerio Público ni la

parte imputada pueden presentar prueba que es claramente

inadmisible    en    la   etapa      de   juicio”.    (Énfasis    suplido).

Petición de certiorari, pág. 9. Tampoco le asiste la razón.

     Para llegar a la anterior conclusión, basta con señalar

que la Regla 103 (D)(2)(a) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI,

expresamente dispone que las Reglas de Evidencia “no obligan

en procedimientos relacionados con la determinación de causa

probable para arrestar”. (Énfasis suplido). Por tanto, el juez

o jueza que preside los procedimientos ante el Tribunal de

Primera Instancia tiene amplia discreción para admitir prueba

generalmente inadmisible (salvo aquella relacionada con los

privilegios probatorios) en la vista de causa probable para

arresto. Y, como mencionamos anteriormente, dicha prueba podrá

ser presentada tanto por el Ministerio Público como por la

defensa del imputado que se encontrase presente en la vista.1

 1  Sobre el particular valga citar aquí lo expresado por el profesor
 Ernesto L. Chiesa Aponte sobre la aplicabilidad de las Reglas de Evidencia
 en las vistas de causa probable para arresto: “Me parece que los jueces
 ignoran esta regla 103 (D) (2) (a) cuando se sienten obligados a aplicar
 las reglas de exclusión de evidencia, aunque no se trate de privilegios;
 conforme esta regla 103 (D) (2) (a), en la vista de causa probable para
 arresto se puede admitir prueba de referencia que no sería admisible en
 el juicio”. (Énfasis suplido). E. Chiesa Aponte, Compendio de evidencia
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Al parecer, el PFEI se confunde de proceso, pues es en las

vistas de causa probable para acusar (entiéndase, vistas

preliminares),    no    en    las   vistas    de    causa   probable   para

arresto, donde la Regla 103 (F) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI,

mandata para que, aun cuando las Reglas de Evidencia no

obliguen, la determinación de causa probable sea efectuada con

evidencia admisible en el juicio.

      Por tanto, estamos convencidos de que, en el presente

caso, no se cometió el supuesto error de derecho señalado.

Contrario a lo que el PFEI aparenta señalar, la discreción que

tiene el juez o jueza del foro primario para permitir la

presentación de evidencia a la parte imputada no debe verse

como un afán de convertir las etapas preliminares de los

procedimientos criminales en mini juicios, sino como lo que

son: mecanismos procesales estatutarios que buscan garantizar

el debido proceso de ley de las personas encausadas.

                                    B.

      De otra parte, en su segundo y tercer señalamiento de

error el PFEI sostiene que el Tribunal de Primera Instancia

erró al presuntamente excluir cierta evidencia sobre omisión

de ingresos obtenida de las Planillas de Contribución sobre

Ingresos de las partes imputadas, por ésta haber sido obtenida

en violación a la Artículo II, sección 10, de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según lo solicitó

la defensa de las imputadas. De igual forma, el PFEI afirma

que   el   Tribunal    de    Apelaciones     erró   al   concluir   que   la

 (en el sistema adversarial), Ciudad de México, Tirant lo blanch, pág.
 748, esc. 125.
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determinación de no causa del foro primario, basada, según

alegan, en la exclusión de la referida evidencia, no es

revisable por el foro apelativo intermedio. De nuevo, no le

asiste la razón.

      Es norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento

jurídico que, de ordinario, una determinación de “no causa”

en una vista de causa probable para arresto no es revisable

mediante certiorari. Pueblo v.           Díaz de León, 176 DPR 913, 919

(2009); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 DPR 28, 30 (1994). Como

excepción, hemos afirmado que el recurso de certiorari sí

estará disponible cuando se alegue que la determinación de

causa (o no causa) probable esté basada en razones de estricto

derecho desvinculadas de la prueba presentada en la vista.

Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 276-277 (2009).

      Es decir, en palabras sencillas, y de conformidad con la

normativa    antes   expuesta,      en    aquellos   casos     en   que   el

Ministerio    Público     obtiene   una    determinación     desfavorable

tanto en la vista de causa probable para arresto, como en la

vista en alzada, solo podrá recurrir ante un tribunal de

superior jerarquía si lograse demostrar que el fundamento en

que basa su reclamo es uno de estricto derecho totalmente

desvinculado de la prueba presentada en corte. Ello, a todas

luces, no fue lo que aquí ocurrió.

      En la causa de epígrafe, y según se desprende claramente

de la propia Petición de certiorari presentada por el PFEI,

lo   que   dicho   ente   busca     revisar   son    asuntos    que   están

irremediablemente intrincados con cuestiones de hechos que
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imposibilitan nuestro ejercicio revisor.2 Tal y como surge del

referido documento, y en síntesis, el PFEI, -- en un ejercio

de total especulación --, alega que el Tribunal de Primera

Instancia erró al emitir una determinación de “no causa” en

49 de los 51 cargos imputados tras haber acogido una solicitud

que hiciera la defensa, -- al amparo de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico --, para que el foro

primario   excluyera     determinada       prueba   relacionada     a   las

Planillas de Contribución sobre Ingresos                 de las personas

imputadas. Lo anterior, por alegar que las mismas habían sido

obtenidas de forma contraria a nuestra Carta Magna al no

haberse perseguido el proceso que a esos fines pautamos en

Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006). Sostenemos que la

conclusión     a   la   que   llega   el    PFEI    es    una   totalmente

especulativa pues, como destacan a lo largo de su escrito, las

resoluciones de los jueces de instancia no especificaron los

fundamentos que los llevaron a emitir las determinaciones

judiciales impugnadas.3

 2 Basta una somera lectura del escrito presentado por el PFEI para
 advertir que la inmensa mayoría de sus argumentos están relacionados a
 la apreciación de la prueba que realizaron los dos togados que presidieron
 las vistas de causa probable para arresto aquí en controversia.

 3 Según se desprende de su escrito, el PFEI concluye, sin fundamento para
 ello, que el Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de los
 imputados porque “hizo una determinación de no causa en todas las
 denuncias relacionadas al Código de Rentas Internas y en las que hizo
 determinación de causa, eliminó las alegaciones sobre ingresos”. Petición
 de certiorari, pág. 7. Sobre el hecho de que los jueces de instancia no
 fundamentaron sus determinaciones de “no causa”, -- planteamiento que el
 PFEI cuestiona en el recurso presentado --, es norma hartamente conocida
 por aquellos que litigan en las salas penales de este País que dichas
 determinaciones no se fundamentan por escrito. Basta con llenar el
 encasillado que lee “no causa”. Por tanto, como bien destacó el Tribunal
 de Apelaciones en su Resolución sobre el presente caso, al sostener que
 el foro primario acogió la solicitud presentada por la defensa de las
 imputadas “la parte peticionaria pretende entrar en la mente del juzgador
 para adivinar cómo este tomó su determinación”. (Énfasis suplido).
 KLCE202400070, pág. 14.
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        Ahora   bien,    lo   que   en    el   presente    caso   no   es   una

especulación, pues así bien lo señaló el foro primario, es que

la Solicitud al amparo de la sección 10 del Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico y del debido proceso de ley

presentada por la defensa de las imputadas en la causa de

epígrafe no constituyó una moción de supresión de evidencia

como alega el PFEI.4 Ello debido a que, como es sabido, dichas

mociones no son permitidas en esa etapa de los procedimientos.

        En todo caso, la determinación de no causa que emitió el

Tribunal de Primera Instancia se fundamentó en la prueba

desfilada en corte. Si, en virtud de ello, el foro primario

concluyó que las Planillas de Contribución sobre Ingresos en

cuestión fueron obtenidas ilegalmente y en violación a la

protección constitucional contra registros y allanamientos

irrazonables       por    parte     del     Estado,   se    trata      de   una

determinación basada en cuestiones de hechos y de derecho que

no podemos revisar.

        Al respecto, conviene recordar aquí lo sentenciado por

esta Curia en Pueblo en interés del menor K.J.S.R., 172 DPR

490 (2007), un caso que presentaba una controversia en extremo

similar a la que hoy nos ocupa. Allí, un menor de edad fue

imputado de violaciones a la Ley de Explosivos de Puerto Rico,

25 LPRA sec. 587. Celebrada la vista de causa probable para

presentar querella, el foro primario emitió una determinación

de “no causa”. Posteriormente, durante la vista de causa

probable en alzada, los abogados del menor imputado levantaron

4   Véase Petición de certiorari, pág. 7.
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como defensa el que la prueba presentada por el Estado había

sido    obtenida    ilegalmente       y    que,     por    lo     tanto,    era

inadmisible. Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una nueva determinación de “no causa probable” para

presentar querella contra el menor.

       Ante esta situación, el Estado, luego de obtener un

resultado desfavorable en el Tribunal de Apelaciones, acudió

ante nosotros buscando la revisión de la determinación de “no

causa”. Entonces, resolvimos que la “determinación de si un

registro es irrazonable o no, si bien es una cuestión de

derecho, ciertamente depende de la apreciación que de la

prueba presentada haga el magistrado que presida la vista”.

(Énfasis   suplido).    (Itálicas         en   el   original).     Pueblo   en

interés del menor K.J.S.R., supra, pág. 502. En ese sentido,

manifestamos que la situación en ese caso, -- y somos del

criterio que igual ocurre en el presente caso --, se trataba

de una situación mixta de hecho y de derecho que, como

correctamente resolvió el Tribunal de Apelaciones, no era

revisable por un tribunal apelativo.

                                  III.

       No se cometieron, pues, los errores de derecho señalados

por el PFEI que pudiesen movernos a revisar la determinación

de “no causa” emitida por el Tribunal de Primera de Instancia

tras la celebración de una vista de Regla 6 en alzada. En

consecuencia,      entendemos   que       el   Estado     agotó    todos    los

remedios que tenía disponible para prevalecer en el proceso

penal por los 49 cargos aquí en controversia y que, en
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cumplimiento   con   nuestros   firmes   precedentes,   no   tenemos

jurisdicción para expedir el recurso. Los jueces y juezas que,

en el foro primario, presidieron los asuntos relacionados a

la causa de epígrafe hicieron bien su trabajo. Así también lo

hicieron los jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones que

intervinieron en la misma.

  La invitación que nos realiza el PFEI para que, desde este

estrado apelativo de última instancia, se cree derecho a su

medida, que le permita intentar probar, nuevamente, lo que ya,

-- según lo sentenciaron los foros a quo en más de una ocasión

--, resultó ser improbable, es rechazada por el juez que

suscribe. Esto es un Tribunal General de Justicia, no una

sastrería.

                                            Angel Colón Pérez
                                              Juez Asociado