Court Opinion

ID: 9952417
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:50:51.730653+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:12.472867
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                 APELACIÓN
   ADALICIA REYES                                PROCEDENTE DEL
TORRES; JOSE FELIPE                              TRIBUNAL DE PRIMERA
  AMARO SANTOS; LA                               INSTANCIA, SALA DE
 SOCIEDAD LEGAL DE                               CAGUAS
BIENES GANANCIALES            KLAN202300870
   COMPUESTA POR                                 CASO NÚM.:
 ESTOS; MARIELISSE                               E DP2005-0062
    AMARO REYES                                  (404)
DEMANDANTES-APELANTES
                                                 SOBRE:
             V.                                  DAÑOS Y PERJUICIOS

      UNIVERSAL
 INSURANCE COMPANY;
    AUTORIDAD DE
  EDIFICIOS PUBLICOS
  DEL ELA DE PUERTO
 RICO; ANGEL KUILAND
  ORTEGA; FULANO DE
          TAL
  DEMANDADOS-APELADOS

             V.

      SCHINDLER
   CORPORATION OF
     PUERTO RICO
 TERCEROS DEMANDADOS-
       APELADOS
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Santiago Calderón, la
Jueza Prats Palerm y la Jueza Álvarez Esnard

Prats Palerm, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

      Comparece la parte demandante-apelante, Adalicia Reyes

Torres, su esposo José Felipe Amaro Santos, la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por éstos y su hija Marielisse Amaro Reyes

(apelantes), y nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada por

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI), el 19 de

julio de 2023, notificada y archivada en autos el 8 de agosto de 2023.

Mediante el referido dictamen, el TPI amparado en la Regla 39.2 (b)

Número Identificador

SEN2024 ___________
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de las de Procedimiento Civil, desestimó con perjuicio la demanda

de daños presentada por los apelantes.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

Revoca el dictamen apelado.

                                  I

      El 15 de febrero de 2005, los apelantes presentaron una

demanda de daños y perjuicios contra la Autoridad de Edificios

Públicos (“AEP”) y su aseguradora Universal Insurance Company

(“Universal). En síntesis, la co-demandante-apelante, Adalicia Reyes

Torres (“Sra. Reyes Torres”) alega que sufrió una caída cuando salió

de un elevador en el antiguo Tribunal de Caguas, donde laboraba, y

que a raíz de dicha caída, esta sufrió lesiones en el cuello, espalda,

piernas y rodillas. Debido a lo anterior, sostiene que recibió

tratamiento en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

(“CFSE”) y que como consecuencia de los daños, tiene una

incapacidad parcial y reclamó angustias mentales.

      Habiendo comparecido en el pleito los demandados, Universal

trajo como tercero demandado a Schindler Corporation of Puerto

Rico (“Schindler”) y Compañía Aseguradora X, para el 24 de febrero

de 2011. Se alega en la demanda de tercero que es Schindler quien

le provee el mantenimiento a los elevadores, y por tanto, deben ser

estos quienes respondan por los daños alegados en la demanda.

      Luego de varios trámites procesales, Schindler compareció al

pleito el 4 de agosto de 2011 mediante Contestación y Defensas a

Demanda Contra Tercero. Durante el transcurso, Schindler advino

en conocimiento que el caso de la Sra. Reyes Torres ante la CFSE,

con número de caso 04-17-01703-8, a consecuencia de los hechos

que motivan la presente demanda, aún estaba vigente ante la

Comisión Industrial (“CI”), por tanto, no era final. Debido a lo

anterior, Schindler presentó una Moción Solicitando Orden el 26 de

abril de 2013, solicitándole al TPI que ordenara a la parte
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demandante-apelante, a aclarar dicha situación ante la CI, y de ser

cierta, ordenara la desestimación de la demanda sin perjuicio.

      Los apelantes se opusieron a dicha solicitud. En la misma

admiten que la Sra. Reyes Torres aún se encontraba con un caso

ante la CI y reconoció que en efecto el caso no podía continuar con

respecto a ella hasta tanto la decisión de la CI fuese final, pero que

con relación a los demás co-demandantes, el pleito podría

continuar.

      Luego de múltiples trámites procesales, el 16 de octubre de

2013, notificada el 5 de noviembre de 2013, el TPI dictó Sentencia

ordenando la paralización de los procedimientos hasta tanto la CI

culminara administrativamente el caso de la Sra. Reyes Torres.

      Seis (6) años más tarde, el 21 de enero de 2020, los apelantes

presentaron ante el TPI Moción Solicitando Continuación de los

Procedimientos. En la misma indican que la CI había emitido

Resolución el 26 de abril de 2018, notificada el 31 de mayo de 2018,

cerrando el caso de la Sra. Reyes Torres. Informan, además, que

habían transcurrido más de noventa (90) días desde la referida

Resolución sin que la CFSE se subrogara, por tanto, solicitaban la

reapertura del caso. El TPI declaró Con Lugar la reapertura del caso

el 28 de febrero de 2020.

      Aun cuando el TPI había ordenado la reapertura, los apelantes

presentaron el 16 de junio de 2022 una nueva Moción Solicitando se

Reanuden los Procedimientos. Los apelados, Schindler, presentaron

una Moción Urgente en Oposición a Solicitud de Reapertura de los

Procedimientos y Solicitando Desestimación. En la referida Oposición

los apelados hacen un recuento procesal del caso, incluyendo el

aspecto que ya el TPI había ordenado la reapertura del caso desde

el 28 de febrero de 2020. Por tanto, habían transcurrido 2 años y 4

meses con el caso reabierto y el caso no tuvo movimiento alguno por
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la parte apelante. Que dicha inacción ameritaba la Desestimación

del pleito bajo la Regla 39.2(b) de las de Procedimiento Civil.

      Los apelantes, a su vez, se opusieron a la solicitud de los

apelados sustentando que la CFSE había emitido una nueva

determinación sobre factores socioeconómicos y confirmando la

incapacidad parcial de la Sra. Reyes Torres el 7 de septiembre de

2021, pero alegan que no habían tenido conocimiento de la misma

hasta fecha reciente a solicitar la segunda reapertura. Que por lo

anterior se justificaba válidamente el que no le hayan dado curso ni

movimiento al caso ante el TPI.

      El TPI ordenó la celebración de una vista argumentativa que

se llevó a cabo el 20 de abril de 2023. En la misma, las partes

tuvieron la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones.

      Con fecha de 19 de julio de 2023, notificada el 8 de agosto de

2023, el TPI dictó Sentencia desestimando la Demanda a tenor con

la Regla 39.2(b) de las de Procedimiento Civil. En la misma, el TPI

determina y concluye que no existió justificación razonable para la

inactividad del caso una vez fue reabierto. Que transcurrieron más

de dos (2) años desde la reapertura sin realizar trámite procesal

alguno que demostrara su interés en continuar gestionando su caso,

ni informó que faltara una orden adicional por parte de la CFSE.

      Inconformes con dicho dictamen, el 22 de agosto de 2023 los

apelantes presentaron Reconsideración ante el TPI. Los apelados

presentaron Oposición a Reconsideración el 30 de agosto de 2023.

Ese mismo día el TPI dictó una Orden notificada el 1 de septiembre

de 2023, en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

Reconsideración de los apelantes.

      En desacuerdo con la determinación del foro de primera

instancia, los apelantes acuden ante este Tribunal de Apelaciones y

nos plantean los siguientes señalamientos de error:
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      ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      AL RESOLVER QUE PROCEDIA DESESTIMAR LA
      DEMANDA CON PERJUICIO POR INACTIVIDAD EN CLARO
      ABUSO DE SU DISCRESION.

      ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      AL DESESTIMAR LA DEMANDA SIN ANTES HABER
      APERCIBIDO A LA PARTE DEMANDANTE DE LA
      DESESTIMACION.

                                  II

A. La desestimación por inactividad

      En   nuestro      ordenamiento,   “la   función    del   tribunal

sentenciador es atender los casos y asuntos inmediatamente ante

su consideración”. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141

(1996). En ese sentido y de ordinario, los tribunales están obligados

a intervenir oportuna y efectivamente para desalentar la falta de

diligencia y el incumplimiento de sus órdenes. Mejías et. al. v.

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012); Dávila v. Hosp. San

Miguel, Inc., 117 DPR 807, 819 (1986). Ello es cónsono con las

disposiciones de la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 1, la cual establece que dicho cuerpo normativo debe

interpretarse de un modo que faciliten el acceso a los tribunales y el

manejo del proceso, de manera que garanticen una solución justa,

rápida y económica de todo procedimiento. Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580 (2011). Por tanto, si el tribunal

determina que la conducta de una parte es tal que perjudica y

entorpece los procedimientos tiene “amplia facultad para prohibir,

sancionar o castigar este tipo de conducta y actitud”. Rivera v.

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 930 (1996).

      Entre la diversidad de posibles sanciones, se encuentra la

desestimación por inactividad contemplada por la Regla 39.2(b) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(b). La referida regla

dispone lo siguiente:

      b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de
         todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se
         haya efectuado trámite alguno por cualquiera de las
         partes durante los últimos seis meses, a menos que tal
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         inactividad se le justifique oportunamente. Mociones
         sobre suspensión o transferencia de vista o de prórroga
         no serán consideradas como un trámite a los fines de esta
         regla.

         El tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, la
         cual se notificará a las partes y al abogado o abogada,
         requiriéndoles dentro del término de diez (10) días desde
         que el Secretario o Secretaria les notifique, que expongan
         por escrito las razones por las cuales no deban
         desestimarse y archivarse los mismos.
      c) […] A menos que el tribunal en su orden de desestimación
         lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta
         Regla 39.2 de este apéndice y cualquier otra
         desestimación, excepto la que se haya dictado por falta
         de jurisdicción o por haber omitido acumular una parte
         indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los
         méritos.

      Ahora bien, en nuestra jurisdicción impera la política judicial

de que los casos se ventilen en sus méritos, a fin de cumplir con el

interés de que todo litigante tenga su día en corte. Mejías et al. v.

Carrasquillo et al., supra; Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154

DPR 217 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042

(1993). Así pues, aunque las partes tienen el deber de ser diligentes

y proactivos en el manejo procesal de sus casos, la desestimación

de las causas de acciones es una medida extrema y drástica a la

cual los tribunales no deben acudir desmesuradamente. Sánchez

Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714 (2009); Banco Popular

v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005).

      Es por ello, que nuestro máximo foro ha establecido como

norma general, que la desestimación de una demanda es la sanción

más drástica que se puede imponer, por lo que los tribunales deben

establecer un balance entre el interés de tramitar los casos

rápidamente y que éstos sean resueltos en sus méritos. Banco

Popular v. S.L.G. Negrón, supra. Por tal razón, en el contexto de la

Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra, también se ha

reconocido como norma que, antes de proceder a la desestimación

de un caso como sanción, debe haber quedado demostrado de

forma clara y fehaciente la desatención y el abandono total de

la parte con interés, además de constatarse que otras sanciones,
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como lo sería una sanción económica al abogado de la parte, hayan

sido ineficaces. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra.

      Es decir, no debe desestimarse un pleito al amparo de la Regla

39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra, sin antes haber impuesto

otras sanciones y sin haber un previo apercibimiento. Mun. de

Arecibo v. Almac. Yakima, supra. Más importante resulta el hecho

de que la jurisprudencia ha establecido que sanciones drásticas,

como la desestimación del caso, no son favorecidas judicialmente y

sólo se justifican en casos en los cuales la conducta de la parte

sancionada ha sido contumaz, de mala fe o intencional; es decir,

cuando no exista duda de la irresponsabilidad o contumacia de la

parte a quien se sanciona. Acevedo v. Compañía Telefónica, 102 DPR

787 (1974); Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 DPR

422 (1988); Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887 (1998).

      Es importante destacar que únicamente procederá la

desestimación si la parte ha sido informada y notificada de la

situación y de las consecuencias de la inactividad. Así, lo dispone

expresamente la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, y su

jurisprudencia interpretativa. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima,

supra, pág. 223; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494,

498 (1982).

                                    III

      En síntesis, los apelantes argumentan que el foro de primera

instancia erró al desestimar con perjuicio su reclamación por

inactividad. De acuerdo con el tracto procesal del caso, vemos que

es un caso comenzado en el año 2005. Para el año 2013 el TPI dicta

una   Resolución     donde    se    ordena     la    paralización    de    los

procedimientos hasta tanto la Sra. Reyes Torres culminara con el

tratamiento   ante    la     CFSE     y   la        CI   cerrara    el    caso

administrativamente. Sin embargo, según surge de las propias

mociones y los documentos en apoyo, el caso ante la CI culminó el
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26 de abril de 2018, notificado el 31 de mayo de 2018, y no es hasta

el 21 de enero de 2020 que los apelantes solicitan la reapertura del

pleito ante el TPI. Aunque claramente la parte apelante estuvo más

de año y medio sin solicitar dicha reapertura, el TPI concedió la

misma. Una vez reabierto, el caso se mantuvo inactivo y ello queda

demostrado cuando por segunda ocasión, y para el 16 de junio de

2022, 2 años y medio más tarde, los apelantes presentan una

segunda moción solicitando la reapertura. Cabe destacar que

cuando los apelantes solicitan la segunda reapertura, indican que

la dilación fue porque faltaba una orden adicional de la CI y que no

tuvieron conocimiento hasta ese momento. Aun así, y luego de que

los apelados presentaran desestimación por inactividad, el TPI le

ofreció término a los apelantes para que se expresaran y se celebró

una vista argumentativa. Resultando de la misma que el TPI dictara

una Sentencia desestimando el presente pleito.

      A tenor con el estado de derecho vigente, antes expuesto, la

desestimación de un caso al amparo de la Regla 39.2 (b) de

Procedimiento Civil, supra, es una medida drástica que debe

ejercerse juiciosa y apropiadamente. Maldonado v. Srio. Rec.

Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). Ya que, están contrapuestos

dos principios fundamentales, el que los casos sean ventilados sin

demora y el derecho que una parte tenga su día en corte. Es por ello,

que se requiere que antes de desestimar un pleito por inactividad,

se impongan otro tipo de sanciones y, si éstas no surten efecto,

previo apercibimiento de la situación a la parte y de las

consecuencias de no corregir la misma, entonces corresponde la

desestimación del caso. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió en

el caso ante nuestra consideración.

      En el presente caso el TPI no impuso las sanciones que se

establecen en nuestro ordenamiento jurídico antes de desestimar el

caso. El TPI no impuso sanciones al abogado de la apelante como
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medida   cautelar    a   la   desestimación,   ni   impuso   sanciones

económicas     a    la   apelante,    ni   emitió   el   apercibimiento

correspondiente a ésta, antes de tomar la drástica determinación de

desestimar el pleito.

      Por tanto, determinamos que desestimar la demanda con

perjuicio, además de privar a la apelante de su día en corte, es una

sanción drástica que no es proporcional a su conducta y a las

incidencias particulares ocurridas en este caso.

                                     IV

      Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia

apelada y se devuelve al foro de instancia para que continúe con los

procedimientos de manera consistente con lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones