Court Opinion

ID: 9896791
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:19:15.867802+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:10.452809
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL V

  FEDERAL NATIONAL                                    Certiorari
     MORTGAGE                                         procedente del
  ASSOCIATION T/C/C                                   Tribunal de Primera
     FANNIE MAE                                       Instancia, Sala
                                                      Superior de Caguas
         Peticionario
                                   KLCE202301119 Caso Núm.:
               v.                                CG2022CV01910

 JAVIER LÓPEZ BUDET                                   Sobre:
                                                      Cobro de Dinero y
          Recurrido                                   Ejecución de
                                                      Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

        Comparece Federal National Mortgage Association t/c/c

Fannie Mae (en adelante, parte peticionaria y/o Fannie Mae) para

solicitarnos la revisión de la Orden emitida el 17 de julio de 2023, y

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

de Caguas (en adelante, TPI).1 Mediante el dictamen recurrido, el

foro primario denegó una solicitud de enmienda a una Orden de

retiro de fondos emitida el 18 de mayo de 2023 y notificada el 22 de

mayo de 2023.2

                                         I

        El 13 de junio de 2022, First Bank Puerto Rico presentó una

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor

Javier López Budet (en adelante, parte recurrida o señor López

Budet).3 Adujo que Federal National Mortgage Association t/c/c

1 Apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 143.
2 Id., a las págs. 138.
3 Id., a las págs. 1-11.

Número Identificador

RES2023______________
KLCE202301119                                                       2

Fannie Mae era la dueña del pagaré objeto de la Demanda

presentada. No obstante, lo anterior, expresó que se encargaban de

proveer el servicio de administración del préstamo y que tenían

derecho a instar la acción en virtud del artículo 2 de la Ley de

Instrumentos Negociables4. First Bank Puerto Rico alegó que, el 15

de noviembre de 2012, se otorgó ante un notario:

        un pagaré a favor de Banco Santander de Puerto Rico o
        a su orden, por la suma principal de $319,619.00, más
        intereses desde esa fecha hasta el pago total del
        principal a razón de 3.625% de interés anual sobre el
        balance adeudado (“el pagaré o instrumento”).
        Además, el pagaré provee para pagar recargos por
        demora equivalentes al 5.000% de la suma de aquellos
        pagos con atrasos en exceso de 15 días calendarios de
        la fecha [de] vencimiento; y una cantidad equivalente a
        $31,961.90 por concepto de costas, gastos y honorarios
        de abogados en caso de reclamación judicial.5

        Expresó, además, que, para garantizar el pago de dicho

pagaré se constituyó una hipoteca voluntaria mediante escritura y

que, tanto el inmueble como la escritura pública en cuestión,

constaban inscritos en el Registro de la Propiedad.6 El inmueble se

describe de la siguiente forma:

        URBANA: Solar número 404 de la Urbanización Ciudad
        Jardín de Bairoa, Fase II, localizada en el Barrio Bairoa
        del Municipio de Caguas, Puerto Rico, con una cabida
        superficial de 627.16 metros cuadrados. En lindes por
        el Norte, en una distancia de 27.438 metros, con el solar
        número 405; por el Sur, en una distancia de 27.303
        metros, con el solar número 403; por el Este, en un arco
        de longitud de 23.163 metros, con la calle Valencia de
        dicha urbanización; y por el Oeste, en dos alineaciones
        distintas, en una distancia de 9.046 metros, con el solar
        número 410 y otra distancia de 14.090 metros, con el
        solar número 411, todos estos solares y la calle
        pertenecientes al referido desarrollo urbano. Enclava
        una casa de concreto diseñada para una sola familia,
        construida de acuerdo con los planos y especificaciones
        sometidos y aprobados por las agencias e
        instrumentalidades gubernamentales pertinentes.7

4 19 LPRA sec. 451.
5 Id., a la pág. 2.
6 Id., a la pág. 2.
7 Id., a la pág. 2.
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        En la Demanda, First Bank Puerto Rico adujo que la parte

demandada adeudaba $294,143.82 y desglosó de dónde surgía la

suma de dinero.8

        Luego         de   varios   incidentes   procesales   innecesarios

pormenorizar, 17 de febrero de 2023, el foro primario emitió una

Sentencia en Rebeldía (en adelante, Sentencia).9 La misma fue

notificada el 22 de febrero de 2023.10 En ella, condenó a la parte

demandada a pagar a First Bank Puerto Rico lo siguiente:

        la suma de $294,143.82 la cual se desglosa de la
        siguiente manera: la suma de            $233,358.39 en
        principal, más los intereses al 3.625% anual desde el
        día 1 de diciembre de 2019, así como los intereses
        acumulados y por acumularse a partir de esa fecha y
        hasta el total y completo repago de la deuda; cargos por
        demora equivalentes al 5.000% de todos aquellos pagos
        con atrasos en exceso de 15 días calendarios de la fecha
        de vencimiento hasta el total y completo repago de la
        deuda; los créditos accesorios y adelantos hechos en
        virtud de la escritura de hipoteca; $31,961.90, para el
        pago de costas, gastos y honorarios de abogado como
        suma pactada a dichos efectos en el pagaré. La suma
        de $60,785.43 denominado como balance diferido, no
        generará intereses y sería pagadera a la fecha de
        vencimiento de 1ro de octubre de 2059.11

        De la Sentencia se desprende, además, que, de no hacer

efectivo el pago de las sumas adeudadas, se ordenaría la venta en

pública subasta del inmueble objeto del caso del título. Allí, se

expresó que el tipo mínimo para la primera subasta sería la suma

de $319,619.00 y que de no haber remate ni adjudicación en la

primera subasta, se celebraría una segunda subasta, para la cual

serviría de tipo mínimo las dos terceras partes (2/3) del precio

pactado en la primera subasta, es decir, la suma de $213,079.33.

Por último, se desprende que, si no había remate ni adjudicación en

la segunda subasta, se celebraría una tercera subasta para la cual

serviría de tipo mínimo la mitad (1/2) del precio pactado para el caso

de ejecución, o sea, la suma de $159,809.50.

8 Id., a la pág. 3.
9 Id., a las págs. 99-101.
10 Id., a la pág. 98.
11 Id., a la pág. 101.
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       Así las cosas, la parte peticionaria presentó una Moción en

Solicitud de Sustitución de Parte, de que se Enmiende el Epígrafe del

Caso y Solicitando Ejecución de Sentencia.12 De ahí, en lo pertinente,

el 31 de marzo de 2023, el tribunal a quo emitió una Orden de

Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes.13 Como parte de los

trámites procesales, el Mandamiento de Ejecución fue expedido.14

Luego, la parte peticionaria presentó un escrito intitulado Trámite al

Expediente del Tribunal Sometiendo Evidencia de Haber Cumplido

con la Regla 51.7 de Procedimiento Civil.15

       Así las cosas, el 17 de mayo de 2023, la parte peticionaria

presentó una Moción en Solicitud de Confirmación de Venta

Judicial.16

        El 17 de mayo de 2023, la parte peticionaria también

presentó una Moción en Solicitud de Retiro de Fondos.17 Alegó que,

durante la celebración de la venta en pública subasta del inmueble

objeto de ejecución, el licitador a quien se le adjudicó la buena pro

de la subasta ofreció la cantidad de $325,600.00 y que el Alguacil le

adjudicó el inmueble en dicho precio.18 Arguyó que la propiedad

objeto de ejecución se encontraba garantizada por el pagaré objeto

de la presente acción a favor de Banco Santander de Puerto Rico o

a su orden por la suma de $319,619.00, cuyo balance al día de la

venta judicial presuntamente era de $368,645.81. En virtud de lo

12 Id., a la pág. 102-110. Véase, además, entrada Núm. 21 del Sistema Unificado

de Manejo y Administración de Caso (SUMAC): El 3 de marzo de 2023, el foro
primario emitió y notificó una Orden en la cual aceptó la sustitución de parte y
ordenó a enmendar el epígrafe. Dicha Orden se notificó a Javier López Budet, el
Centro de Mediación de Conflictos Centro Judicial de Caguas y Vanessa M. Torres
Quiñones.
13 Id., a las págs. 111-112. Véase, además, entrada Núm. 22 del SUMAC.
14 Id., a las págs. 113-115.
15 Id., a las págs. 116-130. Véase, además, entrada Núm. 25 del SUMAC: La

moción Trámite al Expediente del Tribunal Sometiendo Evidencia de haber
cumplido con la Regla 51.7 de Procedimiento Civil se notificó al Centro de
Mediación de Conflictos del Centro Judicial de Caguas, a Jorge Bird Serrano y a
Vanessa M. Torres Quiñones. No obstante, no se notificó al señor López Budet.
16 Id., a las págs. 131-134.
17 Id., a las págs. 135-137. Véase, además, entrada Núm. 26 del SUMAC: La

Moción en Solicitud de Retiro de Fondos se notificó al Centro de Mediación de
Conflictos Centro Judicial de Caguas, a Jorge Bird Serrano y Vanessa M. Torres
Quiñones. No obstante, no se notificó al señor López Budet.
18 Id., a la pág. 135.
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alegado, solicitó que se emitiera un cheque a nombre de Federal

National Mortgage Associacion t/c/c Fannie Mae por la cantidad de

$325,600.00.

         En lo que sigue, el 18 de mayo de 2023, el tribunal a quo

emitió una Orden, notificada el 22 de mayo de 2023, mediante la

cual dispuso que la Unidad de Cuentas emitiera un cheque a favor

de la parte peticionaria por la suma de $294,143.82.19

       Por su parte, en respuesta a la solicitud de confirmación de

venta judicial, el foro primario emitió una Orden el 17 de mayo de

2023, notificada el 1 de junio de 2023. En ella dispuso confirmar el

procedimiento de ejecución de hipoteca, el remate, venta y, por

consiguiente, la adjudicación del bien hipotecado, celebrado el 17

de mayo de 2023, concluyendo que se cumplieron todas las

formalidades requeridas en el trámite judicial.20

       Posteriormente, el 17 de julio de 2023, la parte peticionaria,

inconforme con la Orden emitida el 18 de mayo de 2023 y notificada

el 22 de mayo de 2023, presentó una Moción en Solicitud de

Enmienda a Orden de Retiro de Fondos.21 En ella, expresó que la

suma de dinero por la cual el foro primario ordenó que se expidiera

el cheque a su favor era el equivalente a la suma reclamada en la

Demanda por concepto de principal, pero no cubría la totalidad de

la deuda la cual adujo, a la fecha de la subasta era de $368,645.81.

Basado en lo anterior, solicitó que se enmendara la Orden y que el

cheque fuese expedido por una suma mayor, es decir, por la suma

19 Id., a la pág. 138. Véase, además, entrada Núm. 29 del SUMAC: El 18 de mayo

de 2023, notificada el 22 de mayo de 2023, el foro primario emitió una Orden la
cual se notificó a Jorge Bird Serrano y a Vanessa M. Torres Quiñones. No
obstante, no se notificó al señor López Budet.
20 Id., a las págs. 139-140. Véase, además, entrada Núm. 30 del SUMAC: El 17

de mayo de 2023 el foro primario una Orden que se notificó el 1 de junio de 2023,
la cual se notificó a Jorge Bird Serrano, a Vanessa M. Torres Quiñones y al Centro
de Mediación de Conflictos Centro Judicial de Caguas. No obstante, no se notificó
al señor López Budet.
21 Id., a las págs. 141-142. Véase, además, entrada Núm. 35 del SUMAC: La

Moción en Solicitud de Enmienda a Orden de Retiro de Fondos se notificó a Jorge
Bird Serrano, a Vanessa M. Torres Quiñones, al Centro de Mediación de Conflictos
Centro Judicial de Caguas y a Jesús Alberto Aldarondo. No obstante, no se notificó
al señor López Budet.
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de $325,600.00, equivalente a la cantidad que pagó el licitador que

obtuvo la buena pro en la subasta. En respuesta, el 17 de julio de

2023, el foro primario emitió una Orden mediante la cual denegó la

solicitud de la parte peticionaria, notificando la misma el 18 de julio

de 2023.22

       Inconforme, el 19 de julio de 2023, la parte peticionaria

presentó una Moción de Reconsideración.23 En respuesta, mediante

Orden emitida el 6 de septiembre de 2023, notificada el 12 de

septiembre de 2023, el foro primario dispuso: “[v]éase sentencia”.24

       Insatisfecha aún, el 11 de octubre de 2023, la parte

peticionaria presentó un escrito intitulado Certiorari Civil, mediante

el cual esgrimió la comisión de un (1) error por el foro primario, a

saber:

       PRIMER ERROR: Err[ó] el TPI al denegar la solicitud de
       enmienda a la Orden de Retiro de Fondos indicando que
       se vea la Sentencia, cuando la propia Sentencia provee
       para el pago de las sumas de balance de principal y
       otras partidas[.]

       Mediante Resolución emitida por este Tribunal el 13 de

octubre de 2023, se concedió a la parte peticionaria hasta el 20 de

octubre de 2023, para acreditar haber notificado copia del recurso

presentado al foro primario, así como para acreditar haber

notificado copia del recurso a la parte recurrida. Igual término

concedimos para que la parte peticionaria mostrara causa por la

cual el recurso ante nos no debía ser desestimado por falta de

jurisdicción.

22 Id., a la pág. 143. Véase, además, entrada Núm. 36 del SUMAC: El 17 de julio

de 2023, notificada al día siguiente el foro primario emitió una Orden la cual se
notificó a Jorge Bird Serrano, a Vanessa M. Torres Quiñones, al Centro de
Mediación de Conflictos Centro Judicial de Caguas y a Jesús Alberto Aldarondo
Torres. No obstante, no se notificó al señor López Budet.
23 Id., a las págs. 144-148. Véase, además, entrada Núm. 38: La Moción de

Reconsideración se notificó a Jorge Bird Serrano, a Vanessa M. Torres Quiñones,
al Centro de Mediación de Conflictos Centro Judicial de Caguas y a Jesús Alberto
Aldarondo Torres. No obstante, no se notificó al señor López Budet.
24 Id., a la pág. 149. Véase, además, entrada Núm. 40 del SUMAC: El 6 de

septiembre de 2023, el foro primario emitió una Orden que se notificó el 12 de
septiembre de 2023, la cual se notificó a Jorge Bird Serrano, a Vanessa M. Torres
Quiñones y a Jesús Alberto Aldarondo Torres. No obstante, no se notificó al señor
López Budet.
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          El 20 de octubre de 2023, la parte peticionaria presentó

Moción en Cumplimiento de Orden. En su escrito, acreditó haber

cumplido con nuestra Resolución en términos de la notificación a la

parte recurrida, así como al foro primario. Con relación a la

mostración de causa por la cual el recurso no debía ser desestimado

por falta de jurisdicción expresó que el mismo fue presentado en

término, habida cuenta de que la Orden recurrida fue emitida el 17

de julio de 2023, que el 19 de julio se solicitó la reconsideración de

la Orden y que 6 de septiembre de 2023, notificándose el 12 de

septiembre de 2023, el foro primario resolvió la solicitud de

reconsideración expresando “[v]éase Sentencia”.

          Considerando que la regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones,25 nos confiere la facultad para prescindir de

escritos, en cualquier caso, con el propósito de lograr su más justo

y eficiente despacho, hemos acordado disponer del presente recurso

sin requerir mayor trámite.

                                       II

      A. Jurisdicción y Recurso Prematuro

          La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su

consideración.26 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden

otorgársela.27 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que:

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la

tienen”.28 Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la

jurisdicción de los tribunales para atender los recursos ante su

25
     4 LPRA Ap. XXII-B, R.7 (B)(5).
26 AAA v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, 199 DPR 638,

651-52.
27 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).
28 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v.
CLE, Id.
KLCE202301119                                                                8

consideración constituyen materia privilegiada.29 De manera que,

debido a su naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción

deben ser resueltas con preferencia, ya sea porque fuera

cuestionada o motu proprio, pues, por su naturaleza, incide

directamente sobre el poder que tiene para adjudicar las

controversias.30

       Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción,

debe declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus

méritos.31 De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos será

nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar.32 Es decir, una

sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia

nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.33

       Como corolario de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha desarrollado el principio de la justiciabilidad, el cual recoge

una    serie    de    doctrinas      de    autolimitación      basadas      en

consideraciones prudenciales que prohíben al foro judicial emitir

opiniones consultivas, y fue incorporado jurisprudencialmente a

nuestro ordenamiento jurídico mediante el caso de ELA v. Aguayo,

80 DPR 552, 595 (1958).34 La doctrina de justiciabilidad persigue

evitar emitir decisiones en casos que realmente no existen o dictar

una sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una

controversia.35 En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando:

se trata de resolver una cuestión política, una de las partes carece

de legitimación activa para promover un pleito, después de

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las

29 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).
30 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018).
31 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848,

855 (2009).
32 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016). Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).
33 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).
34 R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las

leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Pubs. JTS, 1987, pág. 147.
35 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, 973 (2010).
KLCE202301119                                                                9

partes pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se

pretende promover un pleito que no está maduro.36

       Entre las referidas doctrinas, se encuentra la doctrina de

madurez.37 De acuerdo con esta doctrina, los tribunales debemos

examinar si la controversia sustantiva planteada en el recurso ante

nuestra consideración está definida concretamente, de manera que

nos permita evaluarla en sus méritos, y si el daño aducido es

suficiente para requerir adjudicación.38 En nuestra función revisora,

un recurso judicial es prematuro cuando el asunto del cual se trata

no está listo para adjudicación; esto es, cuando la controversia no

está debidamente delineada, definida y concreta.39 Como ha

pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico,

un recurso prematuro adolece del insubsanable defecto de privar de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.40 Como tal, su

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico,

pues no hay autoridad judicial para acogerlo.41

                                      III

       Este tribunal intermedio tiene ante su consideración un

recurso de Certiorari. Precisa destacar que, en el presente caso,

contra la parte recurrida se emitió una Sentencia en Rebeldía, la

cual, luego de ser notificada a las partes, advino final y firme. De ahí

y luego de varios incidentes procesales, tras confirmarse la venta

judicial de la propiedad objeto del presente litigio, la parte

peticionaria compareció ante el foro primario para solicitar el retiro

de una suma específica de dinero, producto de la venta judicial. El

foro primario emitió una Orden para que se expidiera un cheque por

36 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).
37  J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones
constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 89.
38 Com. de la Mujer v. Srio de Justicia, 109 DPR 715, 722 (1980).
39 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Juliá et al. v.

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).
40 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., Id., en la pág. 365.
41 Id., en la pág. 366.
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una suma menor a la solicitada por la parte peticionaria. Fue ahí

que tuvo su génesis la inconformidad de la parte peticionaria, que

provocó la presentación del recurso ante nos. Ahora bien, es

menester destacar que, de un estudio del expediente ante nuestra

consideración, incluyendo el expediente judicial ante el TPI en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)

revela que, debido a la falta de notificación adecuada a las partes,

carecemos de autoridad para intervenir en el presente caso puesto

a que el recurso de Certiorari fue presentado de forma prematura.

Nos explicamos.

         En el presente caso, los escritos relacionados a la controversia

de autos no fueron notificados a la parte recurrida. Es de ver, que el

caso ante nuestra consideración fue presentado ante el TPI

mediante el SUMAC y que la parte recurrida no cuenta con

representación legal. Por tanto, la radicación de escritos a través del

SUMAC no le confiere una notificación simultánea a partes por

derecho propio a través de dicho sistema, y tampoco consta en los

escritos en cuestión, que la parte peticionaria haya certificado el

envío a dicha parte. Empero, más importante aún, el foro primario

comenzó        a   preterir   del   volante      de   notificación   de   sus

determinaciones desde la Orden notificada a la Entrada Núm. 21 en

el SUMAC, que constituye la última notificación al señor López

Budet en dicho expediente judicial. Esta notificación de Orden es,

inclusive, previa a la controversia de autos. Veamos.

         En lo pertinente, y según hemos detallado en la relación de

hechos, la primera instancia judicial emitió una Orden allá para el

18 de mayo de 2023, con fecha de notificación del 22 de mayo de

2023.42 Dicha Orden no fue notificada a la parte recurrida. Luego,

el TPI emitió una Orden el 17 de julio de 2023, con fecha de

42
     Véase, además, Entrada Núm. 29 del SUMAC.
KLCE202301119                                                                    11

notificación del 18 de julio de 2023.43 Esta Orden tampoco fue

notificada a la parte recurrida. Por último, y en atención a la

solicitud de reconsideración presentada por la parte peticionaria, el

tribunal a quo emitió una Orden (en reconsideración) el 6 de

septiembre de 2023, con fecha de notificación del 12 de septiembre

de 2023.44 Siguiendo el mismo curso de acción, el Tribunal de

Primera Instancia tampoco notificó la Orden a la parte recurrida.

       En esencia, y como cuestión de umbral, los tribunales

venimos llamados a auscultar nuestra propia jurisdicción. Es norma

reiterada en nuestro ordenamiento, que: “los tribunales deben ser

celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción

para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.45 Es norma

reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción de los

tribunales para atender los recursos ante su consideración

constituyen materia privilegiada.46

       Según hemos expuesto, en nuestra función revisora, un

recurso judicial es prematuro cuando el asunto del cual se trata no

está listo para adjudicación; esto es, cuando la controversia no está

debidamente        delineada,     definida      y   concreta.47      Como      ha

pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico,

un recurso prematuro adolece del insubsanable defecto de privar de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.48 Como tal, su

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico,

pues no hay autoridad judicial para acogerlo.49 En el recurso ante

nuestra consideración, la falta de notificación adecuada a todas las

partes acarrea que el asunto ante nuestra consideración sea uno

43
  Véase, además, Entradas Núm. 36 y 37 del SUMAC.
44
  Véase, además, Entrada Núm. 40 del SUMAC.
45 Torres Alvarado v Madera Atiles, supra, 500. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez,

supra. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v.
CLE, supra.
46 AAA v. Unión Abo. AAA, supra.
47 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Juliá et al. v.

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).
48 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., Id., en la pág. 365.
49 Id., en la pág. 366.
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prematuro, por lo que razonamos que no contamos con autoridad

para entender en el mismo. Lo anterior no impide que una vez el foro

primario subsane las deficiencias aquí señaladas, y se produzca una

notificación adecuada a las partes, cualquiera de estas pueda

presentar un recurso apelativo, de entenderlo necesario.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

presentado por falta de jurisdicción, por haberse presentado de

forma prematura.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones