Court Opinion

ID: 9962676
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:41:12.595049+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.802995
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL XI

                                                     Revisión Administrativa
  ANTONIO BELTRÁN                                        procedente del
     MARTÍNEZ                                           Departamento de
                                                          Corrección y
          Recurrente                                 Rehabilitación, División
                                 KLRA202300664            de Remedios
                                                        Administrativos
               v.
                                                     Remedio Administrativo
                                                     Núm.: GMA1000-236-23
 DEPARTAMENTO DE                                     Núm.: GMA1000-237-23
   CORRECCIÓN Y
  REHABILITACIÓN                                             Sobre:
                                                           Solicitud de
          Recurrida                                      Reconsideración

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

        Comparece el señor Antonio Beltrán Martínez (señor Beltrán

Martínez o recurrente) vía revisión administrativa y nos solicita la

revocación de dos dictámenes administrativos: (1) la Respuesta de

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional (GMA

100-236-23) emitida el 6 de diciembre de 2023 y (2) la Respuesta al

Miembro de la Población Correccional (GMA100-237-23) emitida el

5 de diciembre de 2023 por la División de Remedios Administrativos

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Por los

fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la primera

y desestimamos la segunda.

        La génesis de este caso se remonta a la presentación de dos

escritos denominados Solicitud de Remedios Administrativos ante la

Número Identificador

SEN2024 _______________
KLRA202300664                                                         2

División de Remedios Administrativos (División) del Departamento de

Corrección y Rehabilitación. En síntesis, en la primera solicitud el

recurrente adujo ser víctima de represalia por parte de cuatro oficiales

correccionales durante un incidente ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Aseveró que tras denunciar que un oficial correccional le solicitó

favores sexuales, éstos acudieron a su celda donde le rociaron gas

pimienta y le agredieron físicamente ocasionándole una herida en su

cabeza que requirió atención médica. Ante tales alegaciones, solicitó

que la agencia recurrida atendiera su reclamo e iniciara el

correspondiente proceso investigativo. Tras examinar su petición, el

organismo administrativo determinó que la reclamación se presentó

tardíamente. Oportunamente, el recurrente solicitó reconsideración.

Evaluados sus argumentos, el DCR modificó la respuesta previamente

emitida, y puntualizó que procedía la desestimación del recurso por

haberse presentado tardíamente a tenor con la Regla XII del

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional.

      Posteriormente, la agencia recurrida atendió la segunda solicitud

presentada por el recurrente. En esta petición, requirió -fundamentado

en los mismos hechos- la producción de un informe al amparo de la Ley

Contra la Violencia en las Cárceles (PREA, por sus siglas en inglés).

Examinada su solicitud, el DCR emitió una Respuesta al Miembro de

la Población Correccional en la cual dispuso que no existen los

elementos para la radicación de un informe de conformidad a la

precitada ley.

      En desacuerdo con tal determinación, el señor Beltrán Martínez

acudió ante este Tribunal mediante un recurso de revisión
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administrativa. En esencia, señaló que incidió el DCR al determinar que

no tenía jurisdicción para atender su primera petición y que erró al

denegar la radicación de un informe de PREA.

      En respuesta, el DCR presentó su Escrito en Cumplimiento de

Orden. Reiteró que actuó correctamente al decretar la desestimación de

su reclamo debido a que el recurrente presentó su solicitud en

incumplimiento con el término reglamentario. A su vez, advirtió éste

solicitó la radicación de un informe de PREA con el propósito de

remover al oficial correccional que le impuso un ponche de seguridad.

Por tanto, enfatizó que no existen los elementos para rendir un informe

de tal naturaleza.

      La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24) delimita la

facultad revisora del Tribunal de Apelaciones. El Artículo 4.006 de la

precitada ley permite recurrir al foro apelativo “[m]ediante recurso de

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias

administrativas”. (4 LPRA sec. 24y). Cónsono con lo anterior, la

Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley

Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9672) dispone que una parte adversamente

afectada por una orden o resolución final, que haya agotado todos los

remedios administrativos, podrá presentar una solicitud de revisión ante

el Tribunal de Apelaciones. Dicha sección, a su vez, establece que una

determinación interlocutoria no será revisable ante el foro apelativo. En

virtud de tales preceptos, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones (4 LPRA A. XXII- B, R. 56) limita la jurisdicción

apelativa a la revisión de las determinaciones administrativas finales.
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      En esa dirección, la Sección 3.14 preceptúa los componentes

distintivos de un dictamen final. En específico, esa disposición

establece que una resolución u orden final debe incluir (1)

determinaciones de hechos, (2) conclusiones de derecho y (3) una

advertencia sobre el derecho a solicitar reconsideración o revisión

judicial. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804 (2008). En armonía

con tales criterios, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reitera que en

el ámbito administrativo “una orden o resolución final tiene las

características de una sentencia en un procedimiento judicial porque

resuelve finalmente la cuestión litigiosa y de la misma puede apelarse

o solicitarse revisión”. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR

21, 29 (2006); J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al, 144 DPR 483, 490

(1998).

      Este esquema jurídico procura el agotamiento de remedios

administrativos, cuya finalidad posibilita la culminación de los casos

ante la agencia previo a acudir al foro judicial. Acevedo v. Mun. de

Aguadilla, 153 DPR 788 (2001). La aludida normativa doctrinal

permite que la determinación objeto de revisión judicial refleje “la

posición final de la entidad administrativa”. Íd., pág. 802. De tal modo,

se evita que la parte interesada obvie “el procedimiento de revisión

interna de la agencia a fin de acelerar la revisión judicial”. Mun. de

Caguas v. At & T, 154 DPR 401, 407 (2001); Quiñones v. A.C.A.A., 102

DPR 746, 749 (1974).

      Por otro lado, el DCR adoptó el Reglamento para Atender las

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros

de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583, 4 de mayo de

2015 (Reglamento Núm. 8583) en virtud del Plan de Reorganización
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del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 2011, Núm. 2-

2011. El precitado cuerpo reglamentario dispone que el miembro de la

población correccional tendrá quince (15) días calendario, contados a

partir de advenir en conocimiento de los hechos que motivan su

solicitud, salvo que medie justa causa o caso fortuito que impidan su

presentación. Regla XII (2), Reglamento Núm. 8583, supra. Al

respecto, constituye justa causa o caso fortuito que el miembro de la

población correccional (1) se encuentre hospitalizado, (2) esté siendo

trasladado a otra institución o (3) que se encuentre imposibilitado de

forma alguna de cumplir con el término establecido. Íd.

      Al presentarse una solicitud de remedio administrativo, un

Evaluador estará a cargo de recopilar, recibir, evaluar y contestar la

solicitud de remedio administrativo conforme a la respuesta emitida por

el superintendente de la institución correccional. Regla IV (11),

Reglamento Núm. 8583, supra. La respuesta administrativa consiste en

un “[e]scrito emitido por el Evaluador, en el cual se contesta la solicitud

del remedio administrativo radicada por el miembro de la población

correccional”. Regla IV (20), Reglamento Núm. 8583, supra.

      Si el confinado resulta inconforme con la respuesta del

Evaluador, le corresponde presentar una Solicitud de Reconsideración

dentro del término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la

notificación según dispone el cuerpo reglamentario agencial. Regla

XIV (1), Reglamento Núm. 8583, supra. En tal caso, el Coordinador de

la División emitirá una Respuesta de Reconsideración. Dicha

resolución comprende un “[e]scrito emitido por el Coordinador, en el

cual se contesta la solicitud de reconsideración acogida, radicada por el

miembro de la población correccional”. Regla IV (21), Reglamento
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Núm. 8583, supra. Ese dictamen “deberá contener un (1) breve

resumen de los hechos que motivaron la solicitud, (2) el derecho

aplicable y (3) la disposición o solución a la controversia planteada”.

Íd.

      A tenor con los preceptos legales citados y la norma

jurisprudencial gobernante, resulta evidente que nuestra facultad está

limitada a revisar aquella Respuesta de Reconsideración emitida por el

Coordinador de la División. En aras de viabilizar nuestra facultad

revisora, el dictamen administrativo debe exhibir determinaciones de

hechos, conclusiones de derecho y la disposición de la controversia

planteada tal como exige el Reglamento Núm. 8583, supra. Una

resolución con tales elementos es susceptible de considerarse como

final dentro del esquema administrativo, y, por tanto, queda sujeta a la

revisión judicial.

      En vista de lo anterior, reiteramos el pronunciamiento que

emitimos en Vega Feliciano v. Departamento de Corrección y

Rehabilitación, KLRA2016–00453: la Regla XIV (4) y la Regla XV

(1) del Reglamento Núm. 8583, supra, son nulas, excepto en la parte

que se concede treinta (30) días laborables al referido Coordinador para

emitir su Respuesta de Reconsideración. Estas disposiciones

reglamentarias       son    incompatibles     con   nuestro    ordenamiento

administrativo y con las normas de autolimitación judicial, pues

permiten al DCR eludir su deber ministerial de emitir una

determinación administrativa final. Asimismo, habilitan a los

confinados a acudir ante este Tribunal de Apelaciones para solicitar

revisión   de    una       mera   respuesta   administrativa    carente   de

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, y sin disponer
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concreta y finalmente de la controversia mediante una resolución final.

Véanse, además, Rivera Díaz v. Departamento de Corrección y

Rehabilitación, KLAN202000654; Toro León v. Departamento de

Corrección y Rehabilitación, KLRA201800150; Serrano Casanova v.

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201700588;

González Rivera v. Departamento de Corrección y Rehabilitación,

KLRA201601193; Jason O. Flores Torres v. Departamento de

Corrección y Rehabilitación, KLRA2016-00056; García Ojeda v.

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201600786.

      Surge del expediente ante nuestra consideración que el recurrente

solicitó reconsideración ante el Coordinador de la División respecto al

primer dictamen administrativo. Evaluada su solicitud, la agencia

recurrida determinó que el incidente que motivó su presentación

ocurrió el 9 de agosto de 2023. Sin embargo, señaló que el recurrente

sometió su petición el 22 de septiembre de 2023. Así expuesto, resolvió

que la presentación de dicha solicitud ocurrió fuera del término

establecido en la Regla XII (2) del Reglamento Núm. 8583, supra.

      Al respecto, es claro que la referida disposición reglamentaria

establece que el miembro de la población correccional presentará su

reclamo dentro de los quince (15) días contados desde que adviene en

conocimiento de los hechos que motivan su solicitud. Como no surge

del expediente que la Solicitud de Remedio Administrativo haya sido

interpuesta oportunamente, no identificamos fundamentos jurídicos

para intervenir en el dictamen de la agencia, pues es cónsono con la ley

vigente en nuestro ordenamiento administrativo y el cuerpo

reglamentario pertinente.
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      En cuanto al segundo dictamen recurrido, consta en el expediente

la Respuesta al Miembro de Población emitida por la Evaluadora de la

División. No obstante, advertimos que dicha respuesta no constituye

una determinación administrativa final. Una vez el recurrente recibió la

mencionada determinación, le correspondía agotar los remedios

administrativos y exponer su inconformidad ante la figura del

Coordinador. Por tanto, en la medida en que no cumplió con el trámite

de solicitar reconsideración, resulta evidente que carecemos de

jurisdicción para atender la determinación recurrida.

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la primera

determinación recurrida (GMA100-236-23), toda vez que es cónsona

con los términos establecidos en la Regla XII del Reglamento Núm.

8583, supra. No obstante, desestimamos el recurso presentado en torno

a la segunda determinación administrativa (GMA100-237-23) por falta

de jurisdicción a tenor con la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones (4 LPRA A. XXII- B, R. 83).

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones