Court Opinion

ID: 9928529
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:34.131454+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:52.183817
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

     CONSEJO DE                                   CERTIORARI
    TITULARES DEL                                 procedente del
CONDOMINIO PARQUES                                Tribunal de
 DE CUPEY, ATTENURE                               Primera Instancia,
HOLDINGS TRUST 11 Y                               Sala Superior de
    HRH PROPERTY                                  San Juan
       HOLDINGS                KLCE202301234
      Peticionario                                Caso número:
                                                  SJ2019CV09629
             v.
                                                Sobre: SENTENCIA
 TRIPLE S PROPIEDAD,                            DECLARATORIA,
         INC.                                   INCUMPLIMIENTO
      Recurridos                                DE CONTRATO DE
                                                SEGUROS,
                                                RECLAMACIÓN
                                                RELACIONADA AL
                                                HURACÁN MARÍA
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos, el Consejo de Titulares del Condominio

Parques de Cupey (Consejo de Titulares) y nos solicitan que

revisemos la Orden emitida el 2 de septiembre de 2023 y notificada

el 5 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia

(TPI), Sala Superior de San Juan. Mediante dicho dictamen, el TPI

declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Orden para Compeler

a la Parte Demandada a Descubrir Información Pertinente y No

Privilegiada, que presentó el Consejo de Titulares.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el recurso de certiorari y se revoca de forma parcial la

Orden recurrida.

                                 I.

      El 16 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares presentó

una Demanda sobre sentencia declaratoria y daños en contra de

Triple-S Propiedad, Inc. (Triple-S) por incumplimiento de contrato,

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
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dolo y mala fe en la ejecución del contrato. A grandes rasgos, solicitó

la indemnización tras las pérdidas causadas por el huracán María

ante la presunta dilación e incumplimiento de Triple-S en honrar los

términos de la póliza de seguros y el Código de Seguros de Puerto

Rico.

        Posteriormente, el 15 de julio de 2020, Triple-S presentó una

Contestación a Demanda. En apretada síntesis, Triple-S alegó que

los daños reclamados por el Consejo de Titulares y su extensión son

sobrevalorados,       exagerados,     especulativos,      infundados,

preexistentes e inexistentes. Añadió que los daños reclamados

contienen alteraciones u omisiones de información y prueba de

apoyo.

        Luego de varios incidentes procesales, dio comienzo el

descubrimiento de prueba. Así las cosas, el 23 de septiembre de

2022, el Consejo de Titulares le cursó a Triple-S el Primer Pliego de

Interrogatorios y Requerimiento para la Producción de Documentos.

Luego, el 9 de diciembre de 2022, Triple-S le notificó al Consejo de

Titulares una Contestación al Primer Pliego de Interrogatorios y una

Contestación al Requerimiento para la Producción de Documento.

        Consecuentemente, el 8 de marzo de 2023, el Consejo de

Titulares le envió a Triple-S una misiva según dispone la Regla 34.1

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), con el propósito de discutir

las insuficiencias de las contestaciones y de las objeciones de Triple-

S y coordinar una reunión. El 8 de mayo de 2023, las partes llevaron

a cabo la reunión. Así, el 27 de junio de 2023, Triple-S le cursó una

misiva al Consejo de Titulares mediante la cual reiteró varias de sus

objeciones y anejó una producción suplementaria.

        Oportunamente, el 15 de agosto de 2023, el Consejo de

Titulares presentó una Moción en Solicitud de Orden para Compeler

a la Parte Demandada a Descubrir Información Pertinente y No
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Privilegiada. En dicha solicitud, el Consejo de Titulares le solicitó al

foro primario que le requiriera a Triple-S producir ciertos

documentos relevantes a la reclamación de epígrafe.

      El 31 de agosto de 2023, Triple-S presentó una Oposición a

Moción en Solicitud de Orden para Compeler a la Parte Demandada

a   Descubrir     Información     Pertinente    y   No     Privilegiada.

Oportunamente, el 2 de septiembre de 2023, notificada el 5 de

septiembre de 2023, el TPI emitió una Orden mediante la cual

determinó que cierta información solicitada por el Consejo de

Titulares a Triple-S no era descubrible mientras que otra sí. En

específico, el foro de instancia denegó la solicitud, por entender

impertinente y/o inmaterial, el descubrimiento de: (1) toda la

información requerida sobre la suscripción, por entender que en el

caso de epígrafe no existe controversia sobre la existencia, validez,

cubierta y vigencia de la póliza emitida; y (2) toda la información

relacionada a las políticas, prácticas, procedimientos y criterios

utilizados por Triple-S.

      Inconforme, el 20 de septiembre de 2023, el Consejo de

Titulares presentó una Moción de Reconsideración Parcial. El 5 de

octubre de 2023, Triple-S presentó una Moción de Cumplimiento de

Orden y en Oposición a Moción de Reconsideración Parcial. El 6 de

octubre de 2023, el TPI emitió una NH Reconsideración Orden

mediante la cual denegó la solicitud de reconsideración que presentó

el Consejo de Titulares.

      Insatisfechos aun, el 6 de noviembre de 2023, la parte

peticionaria presentó una Petición de Certiorari y señaló la comisión

de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: El Tribunal de Primera Instancia
      erró y abusó de su discreción al denegar el
      descubrimiento del expediente de suscripción o
      “underwriting” y lo relacionado al proceso de
      suscripción para determinar que dicha información
      era impertinente por, presuntamente, no existir
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      controversia sobre la existencia, validez, cubierta y
      vigente [sic] de la póliza en el caso de epígrafe.

      SEGUNDO ERROR: El Tribunal de Primera Instancia
      erró y abusó de su discreción al denegar el
      descubrimiento de toda la información relacionada
      a las políticas, prácticas, procedimiento y criterios
      utilizados por Triple-S (entiéndase, la información
      sobre las reservas relacionadas a la reclamación de
      Parques de Cupey, la información sobre el proceso
      de reaseguro en lo relacionado a la reclamación de
      Parques de Cupey, la información sobre la
      estructura de compensación de Triple-S en lo
      relacionado a la reclamación de Parques de Cupey,
      así como los Documentos y Comunicaciones o
      Políticas relacionadas al uso de Xactimate, RS
      Means y cualquier otro software designado para
      estimar los costos de construcción o reparación de
      daños), por entender que la información solicitada
      era indiscriminada, inmaterial, innecesaria e
      impertinente a la controversia del caso de epígrafe.

      TERCER ERROR: El Tribunal de Primera Instancia
      erró y abusó de su discreción al no haber evaluado y
      tomado en consideración que la información
      solicitada no era privilegiada, por lo que debió
      haberse ordenado su descubrimiento.

      CUARTO ERROR: El Tribunal de Primera Instancia
      erró y abusó de su discreción al abstenerse de
      aclarar el alcance de la orden que impuso a Triple-S,
      en cuanto a la obligación de esta última de producir
      toda la evidencia que sostiene su alegación de que
      los daños reclamados por la Parte Peticionaria son
      preexistentes al paso de los huracanes Irma y María.

      Examinado el recurso de certiorari, este Tribunal emitió una

Resolución el 8 de noviembre de 2023, concediéndole un término de

veinte (20) días a la parte apelada para que expresara su posición al

recurso. El 29 de noviembre de 2023, la parte apelada presentó una

Oposición a Petición de Certiorari Civil. Contando con el beneficio de

la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                              II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212
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DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,
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165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
          diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora    bien,   el   Tribunal     Supremo      de   Puerto      Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o
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varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de   la    discreción   judicial   está   “inexorable       e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

   B. Descubrimiento de prueba

      La    Reglas    de   Procedimiento   Civil   establecen   varios

mecanismos para permitir a las partes “descubrir, obtener o

perpetuar la prueba necesaria para sustanciar sus alegaciones en el

acto del juicio”. Rivera Durán v. Banco Popular de P.R., 152 DPR 140,

151-152 (2000). El fin práctico de esos mecanismos, es que las

partes tengan derecho a descubrir toda la información relacionada

con su caso, independientemente de quién la posea. Así pues, el

esquema adoptado por nuestras reglas deja en manos de los

abogados y abogadas el trámite del descubrimiento, para así

fomentar una mayor flexibilidad y cooperación entre las partes.

Lluch v. España Service Sta., supra.

      Asimismo, las normas de descubrimiento de prueba persiguen

los siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia,

(2) obtener evidencia para ser utilizada en juicio, evitando así

sorpresa en esta etapa de los procedimientos, (3) facilitar la

búsqueda de la verdad y (4) perpetuar la evidencia. Véase, Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra. En

otras palabras, lo que se busca es permitir que las partes puedan

prepararse para el juicio, de forma que tengan la oportunidad de
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obtener evidencia necesaria para evaluar y resolver las controversias

de su caso.

      Es importante señalar que, si bien es cierto que nuestro

máximo Foro ha interpretado que el mecanismo de descubrimiento

de prueba debe ser amplio y liberal, también ha reconocido que éste

no es ilimitado o irrestricto. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc. y otros, supra. Véase, además, Cruz Flores et al. v.

Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022); McNeil Healthcare v. Mun.

Las Piedras II, 206 DPR 391 (2021). Sobre el particular, la Regla 23.1

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) dispone lo siguiente:

      El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea
      limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con
      las disposiciones de estas reglas, será como sigue:

      (a) En general. Las partes podrán hacer descubrimiento
          sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea
          pertinente al asunto en controversia en el pleito
          pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de
          cualquier otra parte, incluso la existencia, descripción,
          naturaleza, custodia, condición y localización de
          cualesquiera     libros,    información      almacenada
          electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles,
          y la identidad y dirección de personas que conozcan
          hechos pertinentes. No constituirá objeción el que la
          información solicitada sea inadmisible en el juicio,
          siempre que exista una probabilidad razonable de que
          dicha información conduzca al descubrimiento de
          evidencia admisible […].

      Cónsono con lo anterior, nuestra última instancia judicial ha

reconocido dos limitaciones al descubrimiento de prueba. Estos son,

que la información objeto del descubrimiento de prueba no sea

privilegiada y que la misma sea pertinente a la controversia. Rivera

Durán v. Banco Popular de P.R., supra. Véase, además, Medina v.

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 (1994); Ortiz

Rivera v. E.L.A., National Ins. Co, 125 DPR 65, 70 (1989); General

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 38-39 (1986).

      Así, debemos recordar que los foros primarios gozan de amplia

discreción para regular el descubrimiento de prueba, pues es su

obligación garantizar una solución justa, rápida y económica del

caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Rivera Gómez y otros
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v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Cruz Flores et al. v.

Hosp. Ryder et al., supra. Por esa razón, este Tribunal de

Apelaciones no debe intervenir con dicha discreción; salvo que

medie prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la aplicación de

una norma procesal o sustantiva. Rivera Durán v. Banco Popular de

P.R., supra, págs. 154-155.

      a. Los privilegios y el descubrimiento de prueba

      Es harto conocido que el descubrimiento de prueba se

extiende a cualquier materia que no esté privilegiada y que sea

pertinente al asunto en controversia. Ponce Advance Medical Group

Network, Inc. v. Santiago González et al., 197 DPR 891 (2017). Véase,

además, Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 921, 925

(2014). Sobre la primera restricción, nuestro máximo Foro ha

precisado que la materia privilegiada es aquella que se encuentra

dentro del alcance de uno de los privilegios reconocidos en las Reglas

de Evidencia. Ponce Advance Medical Group Network, Inc. v. Santiago

González et al., supra. Véase, además, E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1,

10 (2004); García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001).

Consecuentemente, en ausencia de la invocación oportuna de un

privilegio específica reconocido en nuestras Reglas de Evidencia,

una parte en un pleito no puede objetar un requerimiento de

descubrimiento de prueba bajo ese fundamento. Ponce Advance

Medical Group Network, Inc. v. Santiago González et al., supra;

García Rivera et al. v. Enríquez, supra.

      Lo anterior responde a que los privilegios probatorios rompen

con el propósito principal de las Reglas de Evidencia: “el

descubrimiento    de   la   verdad   en    todos   los   procedimientos

juridiciales”. Regla 102 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). Así pues, por

consideraciones de política pública, el privilegio excluye prueba que

de otro modo seria pertinente y descubrible. Ponce Advance Medical
KLCE202301234                                                      10
Group Network, Inc. v. Santiago González et al., supra, citando a E.L.

Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia

de Puerto Rico y Federales, San Juan, Pubs. JTS, 1998, T.I, pág.

185. Véase, además, Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509,

517-518 (2013). Así, se reconoce la existencia de diversos intereses

sociales que requieren protección y que, en ocasiones, pueden ser

superiores a la búsqueda de la verdad. Ponce Advance Medical Group

Network, Inc. v. Santiago González et al., supra.

      En definitiva, por su función, los privilegios impiden el

descubrimiento de ciertos actos, hechos o comunicaciones. Pagán

et al. v. First Hospital, supra. Por lo cual, los tribunales debemos

interpretar la existencia de un privilegio probatorio de manera

restrictiva para no entorpecer la consecución de la verdad en los

procesos judiciales. Íd. Así pues, los privilegios no se concederán de

manera automática y se reconocerán únicamente cuando se

invoquen de manera certera y oportuna. Ponce Advance Medical

Group Network, Inc. v. Santiago González et al., supra.

      Asimismo, el Tribunal Supremo ha establecido que la parte

que se considere poseedora de cierta materia privilegiada cuyo

descubrimiento se procura, deberá, tan pronto se solicite la

información: (1) objetar la producción de los documentos, las

comunicaciones o los objetos requeridos; (2) indicar expresamente

el privilegio específico que pretende invocar; (3) exponer con

particularidad los hechos concretos en los que se basa la

aplicabilidad del privilegio; (4) fundar con claridad la existencia de

los elementos legales del privilegio en cuestión, y (5) describir la

naturaleza de la evidencia no producida de forma tal que, sin revelar

la información privilegiada, permita a otras partes evaluar su

reclamación. Ponce Advance Medical Group Network, Inc. v. Santiago
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González et al., supra. Véase, además, Regla 23.3 de Procedimiento

Civil, supra.

      De no haber discrepancia entre las partes, en torno a la

existencia y alcance del privilegio o de mediar un acuerdo entre ellas

sobre cómo proceder con la información privilegiada, la intervención

de los foros judiciales será innecesaria y el procedimiento de

descubrimiento de prueba continuará de manera extrajudicial.

Ponce Advance Medical Group Network, Inc. v. Santiago González et

al., supra. Sin embargo, si alguna de las partes se opone a la

extensión del privilegio y acredita que realizó los esfuerzos de buena

fe que exige la Regla 34.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), el

tribunal tendrá que resolver si el poseedor del privilegio estableció,

mediante preponderancia de la prueba, los elementos del privilegio

que invoca. Pagán et al. v. First Hospital, supra.

      C. Abuso de discreción

      Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, los tribunales

apelativos no interferirán con las facultades discrecionales de los

foros primarios, exceptuando aquellas circunstancias en las que se

demuestre que estos: (1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2)

incurrieron en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocaron en

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, supra; Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., supra.

Por lo cual, se requiere que nuestra intervención en esta etapa evite

un perjuicio sustancial. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc. y otros, supra.

      En lo pertinente, nuestro máximo Foro ha definido la

discreción judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.

Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra.
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Véase, además, Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR

651, 657-658 (1997). Así pues, el ejercicio de este discernimiento se

encuentra     estrechamente       relacionado   con     el    concepto    de

razonabilidad. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. Conforme a lo anterior, la discreción no implica

que los tribunales puedan actuar de una forma u otra en

abstracción del resto del derecho. Íd. Véase, además, SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013).

      Asimismo, se ha señalado que un tribunal abusa de su

discreción:

      cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que
      emite, sin fundamento para ello, un hecho material
      importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez,
      por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,
      concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial
      y basa su decisión exclusivamente en este, o cuando, no
      obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos
      materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez
      los sopesa y calibra livianamente. Rivera Gómez y otros v.
      Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; SLG Zapata-
      Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

                                  III.

      En lo que respecta al primer señalamiento de error, la parte

peticionaria planteó que el foro de instancia erró y abusó de su

discreción    al   denegar   el   descubrimiento      del    expediente   de

suscripción o underwriting y lo relacionado al proceso de suscripción

para determinar que dicha información era impertinente por,

presuntamente, no existir controversia sobre la existencia, validez,

cubierta y vigencia de la póliza en el caso de epígrafe.

      Según surge del expediente, en las alegaciones de la Demanda

la parte peticionaria alegó que Triple-S realizó un manejo

inadecuado sobre su reclamación. Específicamente, sostuvo que el

ajustador de reclamaciones de Triple-S subvaloró el costo de las

reparaciones de la mayoría de las partes de la propiedad asegurada

que Triple-S ha admitido sufrieron daños a causa del huracán
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María.1 Además, indicó que Triple-S actuó con dolo y mala fe al

rehusarse a pagar la reclamación de seguro que presentó.2 Por su

parte, Triple-S levantó como defensa afirmativa la existencia de

fraude por presuntamente existir daños preexistentes en la

propiedad y que no fueron causados por el huracán María.

       Según establece nuestro ordenamiento jurídico, las defensas

afirmativas deben expresarse en la alegación responsiva de manera

clara, expresa y específica o de lo contrario se entenderán

renunciadas. Así, del expediente ante nos no se desprende que la

parte recurrida haya renunciado a esta defensa. Asimismo, la parte

recurrida levantó como defensa afirmativa que “[l]os daños alegados,

los cuales se niegan, son exagerados, especulativos, infundados y

excesivos”.3 Por lo cual, la información solicitada que haga

referencia al estado de la propiedad previo a suscribir la póliza cobra

relevancia en el descubrimiento de prueba debido a que es

pertinente a las defensas afirmativas que presentó Triple-S en su

Contestación a Demanda. En consecuencia, el primer señalamiento

de error fue cometido; por lo tanto, procede el descubrimiento del

expediente de suscripción o underwriting.

       No debemos pasar por desapercibido que, la información

sobre la suscripción de la póliza no es un asunto que escape al

descubrimiento de prueba en pleitos contra aseguradoras. Es decir,

el expediente de suscripción es el punto de partida del proceso de

ajuste de reclamación, ya que contiene información sobre la forma

en que la aseguradora evaluó la propiedad antes de asumir los

riesgos cubiertos por la póliza. Así pues, dicha evaluación permite

1 Véase, alegaciones #48 y 49 de la Demanda que presentó la parte peticionaria el

16 de septiembre de 2019.
2 Véase, alegaciones #57, 58 y 59 de la Demanda que presentó la parte peticionaria

el 16 de septiembre de 2019.
3 Véase, alegaciones #41 y 45 de la Contestación a Demanda que presentó la parte

recurrida el 15 de julio de 2020.
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comparar la póliza expedida en cuestión con la póliza que se pudo

haber expedido.

      Con relación al segundo señalamiento de error, la parte

peticionaria sostuvo que el foro recurrido erró y abusó de su

discreción al denegar el descubrimiento de toda la información

relacionada a las políticas, prácticas, procedimientos y criterios

utilizados por Triple-S, específicamente, la información sobre las

reservas relacionadas a la reclamación de Parques de Cupey, la

información sobre el proceso de reaseguro en lo relacionado a la

reclamación de Parques de Cupey, la información sobre la

estructura de compensación de Triple-S en lo relacionado a la

reclamación de Parques de Cupey, así como los documentos y

comunicaciones o políticas relacionadas al uso de Xactimate, RS

Means y cualquier otro software designado para estimar los costos

de construcción o reparación de daños, por entender que la

información solicitada era indiscriminada, inmaterial, innecesaria e

impertinente a la controversia del caso de epígrafe.

      Un   examen      minucioso    de    los    autos   revela   que,   el

descubrimiento de prueba relacionado a la información sobre el

proceso de reaseguro en lo relacionado a la reclamación de Parques

de Cupey, la información sobre la estructura de compensación de

Triple-S en lo relacionado a la reclamación de Parques de Cupey, así

como los documentos y comunicaciones o políticas relacionadas al

uso de Xactimate, RS Means y cualquier otro software designado

para estimar los costos de construcción o reparación de daños, es

excesiva e impertinente. Así pues, en cuanto al descubrimiento de

prueba de la información que antecede, debemos concluir que no

abuso de su discreción el foro recurrido al denegarla.

      No   obstante,    lo   anterior,   el     TPI   debió   conceder   el

descubrimiento de prueba de la información sobre las reservas
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relacionadas a la reclamación de Parques de Cupey. Pues, dicha

información    es   pertinente   a   la   reclamación    de   epígrafe,

específicamente, en cuanto a las alegaciones de dolo, mala fe y la

cobertura de la póliza de seguro. Así, incidió el foro de instancia al

denegar el descubrimiento de prueba de la información sobre las

reservas relacionadas a la reclamación de la parte peticionaria.

      Resulta menester destacar que, si bien es cierto que nuestro

máximo Foro ha interpretado que el mecanismo de descubrimiento

de prueba debe ser amplio y liberal, también ha reconocido que éste

no es ilimitado o irrestricto. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc. y otros, supra. Por lo cual, debemos recordar que

los foros primarios gozan de amplia discreción para regular el

descubrimiento de prueba, pues es su obligación garantizar una

solución justa, rápida y económica del caso, sin ventajas para

ninguna de las partes. Íd.

      En lo que respecta al tercer señalamiento de error, la parte

peticionaria esgrimió que el foro de instancia erró y abusó de su

discreción al no haber evaluado y tomado en consideración que la

información solicitada no era privilegiada, por lo que debió haberse

ordenado su descubrimiento. Un examen puntilloso de los autos

revela que, el foro primario no realizó un análisis sobre el privilegio

de secreto de negocio en la Orden emitida el 2 de septiembre de

2023. Es decir, el foro recurrido hizo caso omiso a las alegaciones

de Triple-S. Por lo tanto, destacamos que no erró ni abusó de su

discreción el TPI al no haber evaluado y tomado en consideración el

privilegio de secreto de negocios. Pues, aunque errónea en parte, el

foro recurrido basó su determinación bajo el crisol de la pertinencia.

      Finalmente, en lo que respecta al cuarto señalamiento de

error, la parte peticionaria afirmó que erró y abusó de su discreción

el TPI al abstenerse de aclarar el alcance de la orden que impuso a
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Triple-S en cuanto a la obligación de esta última de producir toda la

evidencia que sostiene su alegación de que los daños reclamados

son preexistentes al paso de los huracanes Irma y María. Atendido

el primer señalamiento de error en cuanto a que procede el

descubrimiento del expediente de suscripción o underwriting, este

último señalamiento de error nos resulta académico.

                             IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Orden recurrida en cuanto a la denegatoria

del descubrimiento del expediente de suscripción o underwriting, al

igual que entorno a las reservas relacionadas al presente caso; a su

vez, se confirma la referida Orden con relación a los demás asuntos.

En consecuencia, se devuelve el caso al foro recurrido para la

continuación de los procedimientos en armonía con lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones