Court Opinion

ID: 9941558
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:46:21.20415+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.757355
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

 YAMALYZ JUSTINIANO                                          Certiorari procedente
    HERNÁNDEZ                                                del Tribunal de Primera
                                                             Instancia, Sala Superior
         Peticionaria                                        de Bayamón

               v.                   KLCE202301330            Civil Núm.:
                                                             BY2021RF01654
  RAMZY EMMANUEL
 NOUREDDINE CASTRO                                           Sobre: Alimentos-
                                                             Menores de Edad,
          Recurrido                                          Custodia-Relaciones
                                                             Paterno/Materno
                                                             Filiales

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Torres, la Jueza Rivera
Pérez y el Juez Campos Pérez.1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                     SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2024.

        Comparece la parte peticionaria, señora Yamalyz Justiniano

Hernández, y nos solicita la revocación de la Resolución emitida y

notificada el 27 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Bayamón. En el aludido dictamen, la sala primaria declaró

no ha lugar la solicitud de la señora Justiniano Hernández para acceder el

Informe social forense remitido por la Unidad Social de Relaciones de

Familia y Asuntos de Menores (Unidad Social). Además, ordenó a la

peticionaria a que, en un término de quince días, informara su

representación legal, quien sí tendría acceso al documento pericial.

        Por los fundamentos que expondremos, anticipamos la expedición

del auto de certiorari y la revocación del pronunciamiento judicial

impugnado.

                                            I.

        Surge de las expresiones de la señora Justiniano Hernández que,

en su petición por derecho propio, solicitó el traslado fuera de Puerto Rico

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó a la Hon. Laura I. Ortiz Flores, por virtud de la

Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre de 2023.

Número Identificador

SEN2024 _____________________
KLCE202301330                                                                         2

de su hija A.I.N.J. Así las cosas, el padre de la menor, señor Ramzy E.

Noureddine Castro, parte recurrida, presentó su postura y el foro de primera

instancia ordenó a la Unidad Social a realizar la correspondiente

investigación. Culminado el proceso, la Trabajadora Social Mariangelie

Rodríguez Ríos presentó el Informe social forense el 24 de octubre de

2023.2 Aun cuando la funcionaria aconsejó que A.I.N.J. continuara bajo la

custodia de la peticionaria en Puerto Rico, no recomendó el traslado de la

menor.

        En la misma fecha, el tribunal a quo estableció la naturaleza

confidencial del documento, so pena de sanciones y desacato, mediante

una Resolución y Orden a esos efectos.3 En la determinación, además, la

primera instancia judicial reprodujo el itinerario recomendado por la

Trabajadora Social para las relaciones paternofiliales.

        En lo que compete al auto del epígrafe, el foro primario expresó:

        Tenga la parte demandante veinte (20) días para mostrar
        causa y fundamento en derecho por lo cual este Tribunal
        no deba acoger las recomendaciones que surgen del
        informe social. Se le apercibe que, de no comparecer por
        escrito durante dicho término, este Tribunal podrá dictar
        Resolución conforme a las recomendaciones del Informe
        Social, sin más citarle ni oírle. (Énfasis y subrayado en el
        original).

        Así las cosas, el 27 de octubre de 2023 la señora Justiniano

Hernández instó una Moción por derecho propio.4 En el manuscrito,

peticionó acceso al Informe social forense, con el fin de dar cumplimiento

a la orden antes citada y exponer su postura sobre el documento. En

respuesta, el 27 de octubre de 2023 el tribunal recurrido dictó la Resolución

que nos ocupa.5 Declaró no ha lugar la solicitud de la señora Justiniano

Hernández y le ordenó, en un término de quince días, a informar su

representación legal. Añadió: “…una vez autorizada, el abogado o abogada

tendrá acceso al informe íntegro”. Inconforme, la peticionaria acudió

2 La peticionaria omitió incluir en el Apéndice del recurso los documentos aludidos. No

obstante, éstos no inciden sobre nuestra decisión, que se basa en estricto Derecho.
3 Apéndice del recurso, págs. 19-21.
4 Apéndice del recurso, págs. 22-23.
5 Apéndice del recurso, pág. 24.
KLCE202301330                                                               3

oportunamente ante este foro revisor mediante el recurso de certiorari del

título y esbozó el siguiente error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       DENEGAR A LA DEMANDANTE EL ACCESO ÍNTEGRO AL
       INFORME     SOCIAL  FORENSE       HASTA   TANTO
       COMPARECIERA CON REPRESENTACIÓN LEGAL,
       CONTRARIO A LO ESTABLECIDO POR EL TRIBUNAL
       SUPREMO EN RENTAS NIEVES V. BETANCOURT
       FIGUEROA, 201 DPR 416 (2018), EL DEBIDO PROCESO
       DE LEY EN LOS CASOS DE CUSTODIA Y LA POLÍTICA
       PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL EN CUANTO AL ACCESO
       A LA JUSTICIA.

       Transcurrido el término de diez días sin que el señor Noureddine

Castro incoara un memorando en oposición a la expedición del auto

discrecional, de conformidad con la Regla 37 (A) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 37 (A), acordamos eximir

al recurrido de presentar su alegato en oposición, en armonía con la Regla

7 (B) (5) de nuestro Reglamento. La norma provee para que este foro

revisor pueda “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,

notificaciones o procedimientos específicos”, ello “con el propósito de lograr

su más justo y eficiente despacho”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).

                                      II.

El auto de certiorari

       El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un tribunal

de mayor jerarquía revisar las determinaciones judiciales de un foro inferior

y corregir algún error cometido por éste. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al., v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). A diferencia de la

apelación, el foro revisor tiene la facultad para expedir o denegar el recurso

de certiorari de manera discrecional. García v. Padró, supra. El Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha definido discreción como el “poder para decidir

en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción”. Id., que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211

(1990). Así, pues, la discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera…” Pueblo v.
KLCE202301330                                                             4

Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964), citado con aprobación en

García v. Padró, supra, págs. 334-335.

      No obstante, el ejercicio de la discreción no equivale a hacer

abstracción del resto del Derecho, ya que ese proceder constituiría, en sí

mismo, un abuso de discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79,

91 (2001). Por lo tanto, el examen al auto discrecional que realizamos antes

de decidir el curso a seguir no se da en el vacío ni en ausencia de otros

parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 176. Ello así, porque

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García v. Padró,

supra, pág. 335; Pueblo v. Ortega Santiago, supra. En virtud de lo anterior,

para ejercer sabia y prudentemente nuestra facultad discrecional, al

determinar si expedimos o denegamos un recurso de certiorari, nos

guiamos por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

Criterios para la expedición del auto de certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

40. Así reza:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
      determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
KLCE202301330                                                                           5

        De ordinario, este tribunal intermedio no interviene con las

determinaciones emitidas por el foro primario ni sustituye su criterio

discrecional, “salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o

parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio de la discreción, o que

incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724,

736 (2018) y la jurisprudencia citada. Al expedir el auto de certiorari y

asumir jurisdicción sobre           el asunto que          tenemos ante nuestra

consideración al tenor de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,

cumplimos nuestra función principal de revisar las determinaciones

judiciales del foro primario para asegurarnos que éstas son justas y

cónsonas con las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia interpretativa.

Véase, Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. Por el contrario, la

denegación del recurso no prejuzga los méritos de la cuestión planteada,

por lo cual, el asunto puede ser reproducido en una apelación. García v.

Padró, supra, pág. 336, que cita a Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130

DPR 749, 755-756 (1992).

El debido proceso de ley y la evidencia pericial

        El ordenamiento jurídico en torno a la garantía constitucional del

debido proceso de ley, en su vertiente procesal, ha establecido diversos

requisitos que debe cumplir todo procedimiento adversativo, en el que

están implicados el interés de libertad y el interés de propiedad de una

persona;6 a saber: “(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante

un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su

contra; (6) tener asistencia de abogado, y (7) que la decisión se base en

el récord”. (Énfasis nuestro). Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc.,

133 DPR 881, 889 (1993), que cita a Mathews v. Eldridge, 424 US 319

(1976). Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado

que, en el concepto libertad, están incluidos “el derecho a casarse, a

6 Las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos, LPRA, Tomo 1, al igual

que el Artículo II, Sección 7, de la Constitución Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, garantizan
que “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley”.
KLCE202301330                                                              6

establecer un hogar y a criar a los hijos”. Rentas Nieves v. Betancourt

Figueroa, 201 DPR 416, 428 (2018), que cita a Rexach v. Ramírez, 162

DPR 130 (2004).

      De otro lado, la Máxima Curia ha expresado que los trabajadores

sociales de la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de

Menores son peritos al servicio de los tribunales. Rentas Nieves v.

Betancourt Figueroa, supra, pág. 426, que cita a Peña v. Peña, 164 DPR

949 (2005). Por consiguiente, estos profesionales están compelidos por las

normas de evidencia estatuidas en nuestro ordenamiento probatorio. En

particular, la Regla 707 de las Reglas de Evidencia establece que “…toda

persona   testigo   que   declare    en   calidad   de   perita   podrá   ser

contrainterrogada siempre sobre sus calificaciones como perita, el asunto

objeto de su opinión pericial y los fundamentos de su opinión”. 32 LPRA

Ap. VI, R. 707. Por su parte, la Regla 709 (a) del mismo cuerpo legal

dispone, en lo que nos atañe, que:

      La persona nombrada como perita deberá notificar a las
      partes sus hallazgos, si alguno; podrá ser depuesta por
      cualquier parte y podrá ser citada para testificar, por el
      tribunal o cualquiera de las partes. La persona nombrada
      perita estará sujeta a contrainterrogatorio por cualquiera
      de las partes, incluyendo la que le citó. (Énfasis nuestro). 32
      LPRA Ap. VI, R. 709 (a).

      Consiguientemente, “[p]ara que una parte pueda impugnar

efectivamente a un perito, es necesario —en primer lugar— examinar, de

una manera igualmente efectiva, el informe pericial que produjo ese perito”.

Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, supra, pág. 432. Es evidente que

nuestro Alto Foro no ha excluido los informes sociales forenses del

cumplimiento de notificación a las partes. Id., págs. 426-427. Ello implica

necesariamente que los litigantes deben tener la oportunidad de examinar

la prueba pericial que le es adversa, con el fin de impugnar a los peritos

que la produjeron, mediante el procedimiento de contrainterrogatorio u otra

prueba pertinente y admisible.
KLCE202301330                                                              7

La Regla 62.1 de Procedimiento Civil

         En Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, supra, pág. 431, el

Tribunal Supremo reiteró que los asuntos de familia se dirimen de manera

privada y, por ende, sus expedientes son, por su naturaleza, confidenciales.

La Regla 62.1 de Procedimiento Civil, Vistas, órdenes en cámara y

expedientes, 32 LPRA Ap. V, R. 62.1, en su inciso (a), reconoce la salvedad

de la celebración de las vistas en privado y dispone “la manera en que se

proveerá la información de los expedientes a las personas con interés…”

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San

Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. V, pág. 1815. Afín a lo pronunciado, la

Regla 62.1 de Procedimiento Civil, supra, a la que hemos impartido énfasis,

en su parte pertinente, estatuye lo que sigue:

         .        .    .     .      .          .   .     .

         (b) La información sobre los expedientes de los casos
         que por ley o por el tribunal, a iniciativa propia o a
         solicitud de parte, se disponga su confidencialidad, así
         como las copias de éstos, podrán ser mostradas o
         entregadas sólo a personas con legítimo interés, o a otras
         personas mediante una orden judicial y por causa justificada.
         Sólo se suministrarán, previa muestra de necesidad y con el
         permiso expreso del tribunal, a funcionarios o funcionarias del
         Tribunal General de Justicia en sus gestiones oficiales y
         aquellas personas de acreditada reputación profesional o
         científica que prueben por escrito su interés en obtener
         información para la realización de sus labores oficiales,
         estudios o trabajos, y siempre bajo las condiciones que el juez
         o la jueza estipule.

         (c) Serán personas con legítimo interés las siguientes:

         (1) Las partes en el pleito y sus herederos o herederas.

         .        .    .     .      .          .   .     .

             La regla citada apunta, además, que “[l]as personas antes

mencionadas no tendrán que presentar una solicitud al tribunal para

que se les permita el acceso a los expedientes judiciales”. (Énfasis

nuestro). Id.

                                        III.

         La señora Justiniano Hernández plantea que la sala de primera

instancia incidió al denegarle el acceso al Informe social forense. Tiene

razón.
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        Según esbozamos, nuestro estado de Derecho probatorio intima a

la persona perita a notificar a las partes sus hallazgos y conclusiones.

Asimismo, el ordenamiento procesal permite que, sin mediar una solicitud

previa, las partes del pleito puedan acceder a la información contenida en

los expedientes confidenciales del tribunal. Por lo tanto, la privacidad de los

asuntos de familia no es óbice para garantizar a las partes con legítimo

interés los derechos consagrados y el debido proceso de ley, lo que

indefectiblemente incluye el examen de los informes sociales preparados

por la Unidad Social. Véase, Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, supra,

págs. 431-432.

        Cónsono con lo anterior, el debido proceso de ley que le asiste a la

peticionaria provee para que ésta pueda examinar la evidencia presentada

en su contra, como parece ser el documento pericial preparado por la

Unidad Social, independientemente que ostente o no representación legal.

Nótese que una persona natural, si no ha sido descalificada, puede

representarse a sí misma.7 De hecho, en este caso, surge del expediente

que, al menos desde el 2022, la señora Justiniano Hernández ha

comparecido por derecho propio.8

        En fin, el presente caso versa sobre una solicitud de la peticionaria

para trasladarse fuera de Puerto Rico junto a su hija menor de edad

A.I.N.J.: decididamente, un interés de libertad merecedor del debido

proceso de ley. Como parte integral del trámite judicial, el tribunal a quo

ordenó una investigación a la Unidad Social, la cual produjo el

correspondiente Informe social forense en controversia. La Trabajadora

Social Rodríguez Ríos no recomendó el traslado de la menor; por lo que a

la señora Justiniano Hernández le asiste el derecho a cuestionar los

hallazgos     consignados       por    la   funcionaria     para    arribar    a   esa

recomendación. No obstante, la Resolución que revisamos sujetó el acceso

al Informe social forense a que la peticionaria contrate representación legal.

7 Refiérase a la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, Representación por derecho propio. 32

LPRA Ap. V, R. 9.4.
8 Apéndice del recurso, págs. 12-13.
KLCE202301330                                                                9

Tal determinación no sólo transgrede el debido proceso de ley de la señora

Justiniano Hernández, sino que, sin justificar, contravino el ordenamiento

probatorio sobre la persona perita; las normas procesales, en atención a la

Regla 62.1 de Procedimiento Civil, supra; y la jurisprudencia, en particular,

el normativo Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, supra.

       Es forzoso colegir que el foro judicial recurrido erró al denegar la

petición de la señora Justiniano Hernández a acceder el Informe social

forense para que ésta pueda examinarlo y exponer su postura sobre su

contenido, tal como le fue ordenado. Condicionar el examen a la tenencia

de representación legal, sin exponer los fundamentos en la Resolución

impugnada, es un proceder ajeno al debido proceso de la peticionaria y al

ordenamiento jurídico vigente. En todo caso, a la señora Justiniano

Hernández le asiste el derecho a la notificación del documento pericial;

como parte con interés legítimo, tiene legitimación para acceder al Informe

social forense sin que medie una solicitud previa o asistencia de abogado;

y, en la vista en sus méritos, puede contrainterrogar a la perita sobre sus

calificaciones y fundamentos, así como impugnar sus conclusiones.

Consecuentemente, en el ejercicio de nuestra discreción, procede la

expedición del auto de certiorari y la revocación del dictamen recurrido.

       Por último, somos del criterio que cualquier reserva que la primera

instancia judicial pudiera tener con relación a la confidencialidad del

documento o parte de este fue salvaguardada mediante su Resolución y

Orden de 24 de octubre de 2023. Ahora bien, de entenderlo necesario,

nada impide que el foro de primera instancia adopte las medidas cautelares

necesarias para proteger la confidencialidad del Informe social forense o

aquellas partes que considere que contienen información que deba ser

protegida y expresar sus fundamentos para ello. Citamos a nuestro Tribunal

Supremo sobre este extremo: “…[E]l derecho de una parte con interés a

recibir copia de los informes sociales en nada limita la facultad de los jueces

y las juezas de los foros de instancia para, en el sano ejercicio de su

discreción judicial, tomar las medidas que entiendan necesarias para, a la
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luz de las circunstancias particulares de cada caso, imponer restricciones

al uso y a la notificación de tales informes”. Rentas Nieves v. Betancourt

Figueroa, supra, pág. 434. Sin embargo, insistimos que el tribunal no debe

interferir con el derecho de la peticionaria, como parte con legítimo interés

del caso, a acceder el documento pericial; pues al no permitirlo la coloca

en un estado de indefensión.

                                     IV.

      Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de certiorari

y revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, devolvemos el

caso ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, para que

proceda al tenor de lo aquí resuelto.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones