Court Opinion

ID: 9928593
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:02.124594+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:23.647912
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

    ISLAND PORTFOLIO                               APELACIÓN
   SERVICES, LLC, como                             procedente del Tribunal
     agente de ACE ONE                             de Primera Instancia,
       FUNDING, LLC,                               Sala Municipal de
                                                   Guayama.
            Apelante,              KLAN202300965
                                                   Civil núm.:
                 v.                                GM2023CV00617.

   CARLOS M. BERNIER                               Sobre:
      MONTAÑEZ,                                    cobro de dinero (Regla
                                                   60).
            Apelada.

Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
Romero García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente.

                                    SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

         Comparece la parte apelante Island Portfolio Servies, LLC., como

agente de Ace One Funding, LLC., y nos solicita que revoquemos la

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre

de 2023, notificada el 13 de septiembre de 2023. Mediante la misma, el foro

primario desestimó la causa de acción instada contra el apelado Carlos

Bernier Montañez, por falta de jurisdicción.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación revocamos

la sentencia emitida y ordenamos la continuación de los procedimientos.

                                            I

         El 3 de agosto de 2023, Island Portfolio presentó una demanda en

cobro de dinero contra el señor Bernier; ello, al amparo del procedimiento

sumario dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V1.

         Tras las incidencias procesales de rigor, el 5 de septiembre de 2023,

Island Portfolio presentó una moción informativa con la cual acreditó haber

enviado copia de la notificación-citación a la parte demandada2. De los

1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-17.

2 Íd., a la pág. 28.

Número identificador

SEN2023_________________
KLAN202300965                                                                              2

documentos adjuntados a la moción surge que la dirección a la que la

citación fue enviada fue debidamente recibida y recogida el 9 de agosto de

2023. La dirección postal a la que fue enviada el P.O. Box 10007, Suite

334, Guayama PR 007843.

         El 12 de septiembre de 2023, se celebró la vista en sus méritos.

Según surge de la minuta, tras presuntamente percatarse de que la carta

de cobro o interpelación enviada a la dirección postal del demandado4

estaba en un apartado del correo, sin ser reclamada, el tribunal expresó

que la misma no había sido notificada de conformidad a lo dispuesto en la

Ley Núm. 143-1968, 10 LPRA sec. 9815, conocida como Ley de Agencias

de Cobros.

         En esa misma fecha, el foro primario emitió su sentencia6. En

síntesis, discutió que el requisito de interpelación dispuesto en la precitada

Ley Núm.143-1968 y la jurisprudencia interpretativa, tanto local como

federal, requerían prueba de la notificación y recepción de la carta de cobro

por la parte demandada7. En específico, distinguió entre los casos en que

la carta no era recibida por el demandado y aquellos en que nadie la recibe,

como ocurre cuando se envía a un apartado y permanece allí. En virtud de

su análisis, se declaró sin jurisdicción y desestimó la demanda sin perjuicio.

         El 28 de septiembre de 2023, Island Portfolio presentó su moción de

reconsideración8. En ella, arguyó que el Art. 17(13) de la Ley Núm. 143-

1968, solo exigía que, previo a instar la acción judicial se le requiriera al

3 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 29-30.

4 Según surge de los documentos adjuntados al expediente, la carta de interpelación fue

dirigida al señor Bernier con fecha de 16 de mayo de 2023, y notificada a la misma
dirección: PO Box 10007 Suite 334, Guayama, PR 00784. Ello se hizo por correo
certificado, con acuse de recibo; surge de la certificación del servicio postal, que la carta
fue entregada el 26 de mayo de 2023, fue reclamada y firmada por su receptor. Íd., a las
págs. 11-13.

5 Íd., a la pág. 32.

6 Íd., a las págs. 33-37.

7 El Tribunal de Primera Instancia citó y discutió la opinión del Tribunal Supremo de los

EE.UU. en Jones v. Flowers, 547 US 220 (2006). En esta, el tribunal federal resolvió que
en aquellos casos en que se envíe una notificación de embargo y venta de una vivienda,
y esta es devuelta sin ser reclamada (unclaimed), el Estado debía tomar pasos adicionales
para notificar a la persona la venta de su propiedad. Ello, cuando fuere posible y razonable.

8 Íd., a las págs. 38-43.
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deudor, por escrito y correo certificado con acuse de recibo, el pago de lo

adeudado, y no así que este recibiera la misma. Véase, 10 LPRA sec. 981p.

Además, adujo que había cumplido con el precitado requisito en la medida

en que cursó la carta de interpelación mediante correo certificado con

acuse a la última dirección conocida de la parte demandada. Sin embargo,

el 29 de septiembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin

lugar la moción de reconsideración9.

        Inconforme, el 30 de octubre de 2023, Island Portfolio instó este

recurso, en el que señaló y discutió el siguiente error:

        Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
        desestimar el caso debido a que el aviso de cobro -cursado a
        la última dirección conocida de la demandada-apelada- fue
        marcado como “Delivered, PO Box”, cuando la Ley de
        Agencias de Cobro y su Reglamento, así como las
        determinaciones del Foro Apelativo han determinado que una
        agencia de cobro debe cursar a la última dirección conocida de
        un deudor una carta de interpelación, sin que sea requisito sine
        qua non que éste la reciba.

(Énfasis omitido).

        Mediante Resolución del 1 de noviembre de 2023, otorgamos a la

parte apelada hasta el 29 de noviembre de 2023, para que presentara su

posición. Vencido el referido término, atendemos el presente recurso sin el

beneficio de su comparecencia.

                                               II

        La Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone

para la presentación de un pleito en cobro de una suma que no exceda los

quince mil (15,000) dólares, sin incluir los intereses, y en el que no se

solicite tramitar el caso conforme el procedimiento ordinario. En específico,

establece, entre otras cosas, que para incoar un pleito de cobro de dinero

al amparo del procedimiento sumario de la Regla 60, “la parte demandante

debe[rá] conocer y proveer el nombre y la última dirección conocida de la

parte demandada al momento de la presentación de la acción judicial. De

lo contrario, el pleito se tramitará bajo el procedimiento ordinario”.

9 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 44.
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       El propósito primordial de la Regla 60 es “agilizar y simplificar los

procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas, para

así lograr la facilitación del acceso a los tribunales y una justicia más rápida,

justa y económica en este tipo de reclamación.” Asoc. Res. Colinas Metro

v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).

       Cónsono con lo anterior, y a los fines de proteger a los deudores y

evitar, en todo lo posible, el daño a terceros por la mala práctica de los

cobradores de cuentas se aprobó la Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968,

conocida como Ley de Agencias de Cobros, 10 LPRA sec. 981-981s. Entre

sus disposiciones, se encuentra la prohibición a toda agencia de cobro de,

entre otras:

       [r]adicar acción judicial en cobro de dinero sin antes haber
       requerido por escrito al deudor para que pague lo adeudado
       por correo certificado con acuse de recibo. Ningún tribunal
       podrá asumir jurisdicción en una acción de cobro de dinero
       tramitada por una agencia de cobro sin que se alegue y se
       pruebe el cumplimiento de este requisito.

10 LPRA sec. 981p(13).

       Asimismo, el Reglamento sobre Agencias de Cobros, Reglamento

Núm. 6451 del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) de 2 de

mayo de 2002, reitera dicha prohibición10.

       Por otra parte, la Ley de Agencias de Cobros establece que las

disposiciones de dicha ley se interpretarán de forma compatible con las de

la Fair Debt Collection Practices Act, 15 USC secs. 1692, y siguientes. 10

LPRA 981p-1. Al respecto, la Sección 1692g(a) de la Fair Debt Collection

Practices Act, 15 USC sec. 1692g(a), detalla el contenido de la

10 La Regla 16 del Reglamento sobre Agencias de Cobros prohíbe:

       .         .         .          .        .         .         .         .

       17. Radicar acción judicial en cobro de dinero sin antes haber requerido
       por escrito al deudor para que pague lo adeudado por correo certificado
       con acuse de recibo, según se establece en la Regla 17 de este
       Reglamento. Ningún Tribunal podrá asumir jurisdicción en una acción de
       cobro de dinero tramitada por una agencia de cobro sin que se alegue y
       se pruebe el cumplimiento de este requisito.
       .          .         .          .        .         .        .          .

Regla 16(17) del Reglamento Núm. 6451, a la pág. 18.
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comunicación que debe remitir la agencia de cobro al deudor para que

pague lo adeudado11.

        En lo pertinente a la suficiencia en el envío de la comunicación,

Mahon v. Credit Bureau of Placer County, Inc., 171 F.3d 1197, 1201 (1999),

estableció que la Fair Debt Collection Practices Act “requires only that

notice be ‘sent’ by a debt collector, and debt collector need not also

establish actual receipt by the debtor”. (Énfasis nuestro). Del mismo

modo, Antoine v. J.P. Morgan Chase Bank, D.D.C. 2010, 757 F. Supp.2d

19, resolvió que el “[d]ebt collector complied with disclosure requirements

of Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) in mailing compliant notice

to debtor; despite debtor’s contention that he did not receive notice, under

FDCPA, it was irrelevant whether debtor actually received the notice”.

(Énfasis nuestro).

                                              III

        En síntesis, la parte apelante aduce que el Tribunal de Primera

Instancia incidió al declararse sin jurisdicción y desestimar la causa de

acción sin perjuicio. Reitera que el Art. 17 la Ley Núm. 143-1968, 10 LPRA

sec. 981p, solo exige que, previo a instar una acción judicial, se requiera

por escrito al deudor para que pague lo adeudado; ello, por correo

11 En específico, la Sección 1692g(a) de la Fair Debt Collection Practices Act dispone:

        Within five days after the initial communication with a consumer in
        connection with the collection of any debt, a debt collector shall, unless
        the following information is contained in the initial communication or the
        consumer has paid the debt, send the consumer a written notice
        containing-

            (1) the amount of the debt;
            (2) the name of the creditor to whom the debt is owed;
            (3) a statement that unless the consumer, within thirty days after
                receipt of the notice, disputes the validity of the debt, or any
                portion thereof, the debt will be assumed to be valid by the debt
                collector;
            (4) a statement that if the consumer notifies the debt collector in
                writing within the thirty-day period that the debt, or any portion
                thereof, is disputed, the debt collector will obtain verification of the
                debt or a copy of a judgment against the consumer and a copy of
                such verification or judgment will be mailed to the consumer by
                the debt collector; and
            (5) a statement that, upon the consumer’s written request within the
                thirty-day period, the debt collector will provide the consumer with
                the name and address of the original creditor, if different from the
                current creditor.
            .          .         .          .         .          .          .           .

15 USC sec. 1692g(a).
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certificado con acuse de recibo; no así, que se demuestre que este recibió

el comunicado.

        Según discutimos, un tribunal no podrá asumir jurisdicción en una

acción de cobro de dinero, al amparo de la Regla 60 de las de

Procedimiento Civil, sin que la agencia de cobro alegue y pruebe que,

previo a incoar la demanda, requirió al deudor, por escrito y mediante

correo certificado, que pagara lo adeudado. Por otro lado, sobre la

suficiencia del aviso de cobro al deudor, la jurisprudencia federal que ha

interpretado la Sección 1692(g) de la Fair Debt Collection Practices Act ha

sido clara al señalar que es irrelevante si el deudor recibe el aviso de cobro;

la agencia de cobro únicamente tiene que acreditar el envío de la

comunicación a la dirección conocida del deudor, no que este la haya

recibido.

        Del expediente ante nuestra consideración surge que, como parte

de sus alegaciones en la demanda, Island Portfolio alegó afirmativamente

la interpelación previa al señor Bernier12. Además, adjuntó copia del aviso

de cobro que se le cursó al señor Bernier a su última dirección conocida13.

Ahora, si bien no surge que este la haya recibido propiamente, no nos cabe

duda alguna de que la interpelación previa al deudor señor Bernier cumplió

con todos los requisitos exigidos por ley y reglamento.

                                               IV

        Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia

emitida el 12 de septiembre de 2023, notificada el 13 de septiembre de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia. Así pues, devolvemos el caso

al foro primario para la continuación de los procedimientos de forma

compatible con lo aquí dispuesto.

        Notifíquese.

12 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 1.

13 Íd., a la pág. 11. Precisa apuntar que todas las comunicaciones dirigidas al apelado

fueron notificadas a la misma dirección; a decir: P.O. Box 10007 Suite 334, Guayama PR
00784.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones