Court Opinion

ID: 9941512
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:19.184831+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.132393
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

  ENRIQUE VÁZQUEZ                               APELACIÓN
      QUINTANA                                  procedente del
       Apelante                                 Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
                                                Superior de
             V.                 KLAN202301057   Bayamón

        SUNC.                                   Civil. Núm.
    HERMENEGILDO                                BY2023CV04533
      MARTÍNEZ
     REMIGIO/TCC                                Sobre:
    HERMENEGILDO                                Nulidad de Sentencia
      MARTÍNEZ
       Apelado

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

      El 27 de noviembre de 2023, el Sr. Enrique Vázquez

Quintana (señor Vázquez o apelante) compareció ante nos

mediante un recurso de Apelación y solicitó la revisión de una

Resolución y Sentencia que se dictó y notificó el 25 de octubre de

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI, motu

proprio, desestimó con perjuicio la Demanda de Relevo de

Sentencia que presentó el peticionario al amparo de la Regla 49.2

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 49.2.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos el dictamen recurrido.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLAN202301057                                                          2

                                        I.

       El 15 de agosto de 2023, el señor Vázquez presentó una

Demanda de Relevo de Sentencia.1 En esta, indicó que el 28 de

octubre de 2011, el TPI dictó una Sentencia en el Caso Núm.

KDP2001-1213 en su contra ordenándole a indemnizarle a la Sra.

Isabel Montañez Ortiz (señora Montañez) y al Sr. Hermenegildo

Martínez Remigio (en conjunto, matrimonio Martínez-Montañez) la

cantidad de $284,000.00 por daños sufridos a raíz de una presunta

impericia médica. Explicó que, en el referido caso, el matrimonio

Martinez- Montañez contrató a un perito médico que testificó que la

operación de tiroides y paratiroides que le efectuó el peticionario a

la señora Montañez había sido la causa próxima para que esta

última padeciera de pérdida de memoria y demencia.

       A tenor con lo antes expuesto, sostuvo que hace tres (3) meses

surgió una nueva evidencia que establecía que era imposible que

una operación de tiroides y paratiroides ocasionara demencia y/o la

enfermedad de “Alzheimer”. Así pues, afirmó que la Junta de

Licenciatura     y    Disciplinas     Médicas   emitió   una   Resolución

exonerándolo de toda la culpa por no existir ningún tipo de relación

causal entre la hipocalcemia y la demencia incluyendo la

enfermedad de “Alzheimer”. A tales efectos, solicitó que se declarara

Ha Lugar la Demanda y se dejara sin efecto la Sentencia que se dictó

el 28 de octubre de 2011 en el Caso Núm. KDP2001-1213 al amparo

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, para poder

reivindicar su buen nombre, prestigio y credibilidad.

       En respuesta, el 5 de septiembre de 2023, el TPI emitió una

Orden que se notificó el 6 de septiembre de 2023 en la cual le

concedió un término de diez (10) días al apelante para que mostrara

causa por la cual no se debía desestimar la Demanda presentada a

1 Véase, págs. 3-5 del apéndice del recurso.
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tenor con la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R

10.2(5).2 Puntualizó que el apelante conocía que la prueba sometida,

a saber, la Resolución Administrativa de la Junta de Licenciatura y

Disciplinas Médicas, no era suficiente para dejar sin efecto la

adjudicación judicial efectuada en el Caso Núm. KDP2001-1213.

        Así las cosas, el 18 de septiembre de 2023, el señor Vázquez

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en la que reiteró los

planteamientos que expuso en su Demanda de Relevo de Sentencia.3

Además, argumentó que la Sentencia que se dictó en el Caso Núm.

KDP2001-1213 era contrario a lo que resolvió la Junta de

Licenciatura y Disciplinas Médicas y, por ende, constituía un

fracaso a la justicia. Ello ya que, según él, se estaría acreditando la

causa de una enfermedad que hoy en día no tenía una causa cierta

por los facultativos médicos peritos en la materia. Reiteró que

científicamente era imposible que una cirugía de tiroides y

paratiroides cause Alzheimer a un paciente. En vista de lo anterior,

solicitó que no se desestimara la Demanda al amparo de la Regla

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, y reafirmó en solicitar el relevo

de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

supra.

        Evaluado los argumentos de la parte apelante, el 25 de

octubre de 2023, el TPI dictó y notificó una Sentencia y Resolución

en la cual resolvió lo siguiente4:

        El Tribunal, motu propio, procede a desestimar con
        perjuicio recurso presentado por el demandante de
        epígrafe, basado en la Regla 49.2 de Procedimiento
        Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, dado que la antes
        mencionada regla no provee entre sus acápites, para
        que un parte, dentro de un caso cerrado con la
        sentencia final y firme, confirmada por el Tribunal
        Supremo de Puerto Rico (CC-12-982), pueda proceder a
        solicitar la sustitución de la adjudicación (fallo) hecha
        por el Tribunal de Primera Instancia, con prueba
        pericial favorecedora de su posición, adicional a la

2 Íd., pág. 9.
3 Íd., págs. 10-13.
4 Íd., págs. 1-2.
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      utilizada durante el juicio por el demandante, en la
      manera de una opinión de una instrumentalidad del
      cauce administrativo (Junta de Licenciamiento y
      Disciplina Médica de Puerto Rico). No estamos en autos
      ante una situación de prueba nueva no disponible al
      momento que se vio el juicio en sus méritos, si quiera.
      El demandante solicita que se deje sin efecto el fallo
      emitido en el KDP2001-1213 por la Resolución
      exculpatoria emitida en el cauce administrativo y se
      sustituya por el llegado por el Tribunal. Tal reclamo no
      es cónsono a derecho y no es posible bajo la Regla 49.2
      de Procedimiento Civil. Ello implica inoxerablemente la
      apertura nuevamente de la controversia que se ventilo
      en aquel entonces ante el Tribunal de Primera
      Instancia, García Colón, et al. v. Sucn. González, 178
      DPR 527 (2010), Olmeda Nazario v. Suero Jiménez, 123
      DPR 294 (1989).

      Inconforme con este dictamen, el 27 de noviembre de 2023, el

señor Vázquez presentó el recurso de epígrafe y formuló el siguiente

señalamiento de error:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      desestimar la demanda con perjuicio por entender
      que el Relevo de Sentencia presentado es cosa
      juzgada; sin haberle garantizado de un debido
      proceso de ley a la parte demandante.

      Atendido el recurso, emitimos una Resolución concediéndole

a la parte apelada hasta el 27 de diciembre de 2023 para presentar

su oposición al recurso. Vencido el término para ello, la parte

apelada no presentó su respuesta al recurso de epígrafe. Por

consiguiente, declaramos perfeccionado el presente recurso y

estando en posición de resolver, procedemos a así hacerlo.

                                II.

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, establece el

mecanismo procesal disponible para solicitar al Tribunal de

Instancia el relevo de los efectos de una sentencia. García Colón et

al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). Específicamente, la

aludida Regla dispone lo siguiente:

            Mediante una moción y bajo aquellas condiciones
      que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o
      a su representante legal de una sentencia, orden o
      procedimiento por las razones siguientes:

  (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
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  (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
      una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta
      a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con
      la Regla 48;

  (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
      “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa
      representación u otra conducta impropia de una parte
      adversa;

  (d) nulidad de la sentencia;

  (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
      cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
      fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
      efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe
      en vigor, o

  (f)   cualquier otra razón que justifique la concesión de un
        remedio contra los efectos de una sentencia. (Énfasis
        suplido).
              […]

        Para que proceda el relevo de sentencia bajo la referida regla,

“es necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las

razones enumeradas en esa regla para tal relevo”. Íd., pág. 540.

Además, una moción basada en la aludida Regla debe estar bien

fundamentada, pues sabido es que los dictámenes emitidos por

nuestros tribunales gozan de una presunción de validez y

corrección. (Énfasis nuestro) Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83

DPR 685, 690 (1961). Cabe precisar, que, como regla general, dicha

acción tiene que ejercitarse dentro los seis (6) meses siguientes al

archivo y notificación de la sentencia. HRS Erase, Inc. v. Centro

Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 698 (2020). Sin embargo, a

modo de excepción, tal norma cede cuando se trata de una sentencia

que adolece de nulidad. Íd. Entiéndase, “si una sentencia es nula,

la parte promovedora de una moción de relevo de sentencia no está

limitada por el término de seis meses expuesto.” Íd., pág. 699.

        A   tenor   con   lo   antes   expuesto,   cabe   precisar   que,

independientemente de la existencia de uno de los fundamentos

expuestos en la regla, relevar a una parte de los efectos de una
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sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad

o cuando la sentencia ha sido satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR

482, 490 (2003). A tales efectos, si una sentencia es nula, no hay

margen de discreción y es obligatorio dejar sin efecto la sentencia.

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543. Ello,

“independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la

reclamación del perjudicado”. Íd., págs. 543-544. Se considera que

una sentencia es nula cuando al dictarla se quebrantó el debido

proceso de ley. Íd., pág. 543.

                                 III.

      En su único señalamiento de error, el señor Vázquez

argumentó que el TPI erró al desestimar su Demanda de Relevo de

Sentencia con perjuicio por entender que el relevo de sentencia

constituía cosa juzgada y sin haberle garantizado un debido proceso

de ley. No le asiste la razón. Veamos.

      En su Demanda de Relevo de Sentencia, el apelante adujo que

el TPI dictó una Sentencia en su contra el 28 de octubre de 2011

en el caso núm. KDP2001-1213 en la cual determinó que la

operación de la tiroides y paratiroides que le efectuó a la señora

Montañez fue la causa próxima para que esta última padeciera de

pérdida de memoria y demencia. Así pues, planteó que, por la razón

antes expuesta, el TPI le ordenó a indemnizarle al matrimonio

Martínez- Montañez la cantidad de $284,000.00 por concepto de

daños económicos y morales por dicha impericia médica. Sin

embargo, argumentó que se debía dejar sin efecto la referida

Sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra,

ya que la Junta de Licenciaturas y Disciplinas Médicas había

emitido una Resolución exonerándolo de toda culpa. Finalmente,

expresó que su intención no era utilizar el mecanismo de relevo de

sentencia para que el matrimonio Martínez- Montañez le devolviera
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el dinero que tuvo que indemnizarles, sino que quería reivindicar su

buen nombre, prestigio y credibilidad.

      Conforme al derecho que antecede, para que proceda el relevo

de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es

necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las razones

enumeradas en la regla para tal relevo y, además, debe presentar

una moción bien fundamentada. García Colón et al. v. Sucn.

González, supra, pág. 540; Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés,

supra, pág. 690. Como podemos observar, el apelante en su

Demanda de Relevo de Sentencia no especificó bajo cuál elemento

invocaba el relevo de sentencia. Además, cabe resaltar que dicha

Demanda de Relevo de Sentencia se presentó doce (12) años luego

de que se archivó y notificó la Sentencia. Dicho esto, es evidente que

ya había transcurrido el término de seis (6) meses que dispone la ley

para presentar el relevo de sentencia.

      Estamos conscientes que, si una sentencia es nula, la parte

promovedora de la moción de relevo de sentencia no está limitada

por   el   aludido   término.   Sin   embargo,   como   mencionamos

anteriormente en el presente caso ni tan siquiera se especificó bajo

cuál elemento se invocaba dicho relevo. La parte apelante se limitó

a expresar que se debía dejar sin efecto la Sentencia que se dictó el

28 de octubre de 2011 ya que quería reivindicar su buen nombre,

prestigio y credibilidad conforme a la Resolución que emitió la Junta

Licenciaturas y Disciplinas Médicas presuntamente exonerándolo

de toda culpa.

      Como muy bien resolvió el TPI, procede desestimar con

perjuicio la Demanda de Relevo de Sentencia que presentó el

apelante bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, toda

vez que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no provee entre

sus acápites para que una parte, dentro de un caso que ya contiene

una Sentencia final y firme que se confirmó por el Tribunal Supremo
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de Puerto Rico, pueda solicitar la sustitución de la adjudicación bajo

el fundamento de poder reivindicar su buen nombre, prestigio y

credibilidad conforme a una Resolución que emitió la Junta

Licenciaturas y Disciplinas Médicas.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el

dictamen recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones