Court Opinion

ID: 9896798
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:19:59.634694+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:13.068026
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

ABENGOA PUERTO RICO,                                   Apelación
        S.E.                                           procedente del
                                                       Tribunal de Primera
          Apelante                                     Instancia, Sala
                                                       Superior de San
              v.                                       Juan
                                  KLAN202200660
AUTORIDAD DE ENERGÍA                                   Caso Núm.:
     ELÉCTRICA                          Cons.          K AC2000-2759

          Apelado                 KLAN202200663 Sobre:
                                  KLCE202201145 Incumplimiento de
       AMERICAN                                 Contrato, Daños y
    INTERNATIONAL                               Perjuicios
 INSURANCE COMPANY

          Apelante                                     Litigación Compleja

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Ronda del Toro y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

       Comparecen ante nos, American International Group of

Puerto Rico (en adelante, American International) mediante un

recurso     de     Apelación      identificado     con     el    alfanumérico

KLAN202200660, así como Abengoa S.E. y Abengoa S.A.2 (en

adelante, Abengoa) mediante un recurso de Apelación identificado

con el alfanumérico KLAN202200663. Nos solicitan la revocación de

la Sentencia Parcial y Orden3 emitida el 18 de julio de 2022,

notificada al día siguiente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (en adelante, foro primario o TPI). Mediante el

referido dictamen, el foro primario acogió el Informe del Comisionado

1 Mediante la Orden Administrativa Núm. OATA-2023-101 de 2 de junio de 2023,

se designó a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución de la Hon. Alicia
Álvarez Esnard, para entender en los méritos del recurso.
2
  Mediante un contrato denominado Contrato de Garantía Solidaria, suscrito el 14
de agosto de 1996, Abengoa S.A. garantizó solidaria e incondicionalmente a la
AEE el cumplimiento de Abengoa S.E. de todas y cada una de las obligaciones
asumidas en el contrato de obra.
3
  Apéndice 38 del recurso KLAN202200660, a las págs. 1538-1540.

Número Identificador

SEN2023______________
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                      2

Especial, en consecuencia, dictó Sentencia Parcial a favor de la AEE

por incumplimiento de contrato, desestimó la Demanda que

presentó Abengoa y declaró Ha Lugar la Reconvención presentada

por la AEE. Ordenó, además, la continuación de los procedimientos.

       Finalmente, comparece ante nos UNIPRO - Architects,

Engineers and Planners (en adelante, UNIPRO), mediante un

recurso     de    Certiorari    identificado    con    el    alfanumérico

KLCE202201145 y nos solicita la revisión de la Orden4 emitida el 14

de septiembre de 2022, notificada el 15 de septiembre de 2022.

Mediante el aludido dictamen, el foro primario determinó abstenerse

de intervenir hasta tanto este Tribunal de Apelaciones dispusiera

del asunto planteado ante sí.

       Por encontrarse estrechamente relacionados los recursos del

título y en aras de la economía procesal, el 13 de diciembre de 2022,

esta Curia emitió una Resolución y ordenó la consolidación de los

recursos, presentados por American International, Abengoa y

UNIPRO, a tenor con las disposiciones de la Regla 80.1 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones5.

       Examinados los recursos presentados y con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver en atención

al derecho aplicable.

                                     I

       El 1 de mayo de 1996, Abengoa S.A. y la AEE suscribieron un

Agreement Núm. TSMP-201-004-946 (en adelante, Contrato) de

obras por precio ajustado de $163,780,000.00, más unas opcionales

hasta un precio máximo de $184,313,640.00. El contrato fue

redactado en su totalidad por la AEE. El mismo disponía que la AEE

emitiría una única Orden de Proceder (en adelante, la Orden), una

4 Apéndice del recurso KLCE202201145, a las págs. 599-601.
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 80.1.
6 Apéndice 42 del recurso KLAN202200660, a las págs. 1547-1620.
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vez recibidos los permisos necesarios para la construcción e

instalación de la repotenciación de las unidades #5 y #6 de la

Central Termoeléctrica de San Juan (en adelante, Proyecto u Obra),

entre los cuales se encontraba un permiso que debía otorgar la

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (en adelante,

EPA). De conformidad con el Contrato, Abengoa estaba obligada a

comenzar las obras de construcción dentro de los veinte (20) días de

emitida la Orden de Proceder y debía finalizar el Proyecto dentro de

los 910 días del comienzo de los trabajos.

         Posteriormente, el 6 de mayo de 1997, Abengoa otorgó un

subcontrato, Standard Form Agreement Between Owner and

Architect7, con UNIPRO – Architetcs, Engineers and Planners, (en

adelante, UNIPRO) a los fines de que estos realizaran ciertas obras

en el proyecto.

         Así las cosas, el trámite judicial comenzó el 24 de mayo de

2000, cuando Abengoa Puerto Rico, S.E. (en adelante, Abengoa S.E.)

presentó una Demanda8 sobre incumplimiento de contrato y daños

y perjuicios en contra de la AEE. En ella, alegó que la AEE notificó

invitación para la subasta núm. LJ-04970 para el Proyecto de

repotenciación de las unidades #5 y #6 de la Central Termoeléctrica

de San Juan. Sostuvo que, tras la celebración de esta, resultó

vencedora la propuesta de la Compañía Mercantil Anónima

Abengoa, S.A. Así pues, el 1 de mayo de 1996, Abengoa S.A. y la

AEE suscribieron un contrato de obras por precio ajustado de

$163,780,000.00, más unas opcionales hasta un precio máximo de

$184,313,640.00.

         Adujo que, a la luz de unas conversaciones pre-subasta, la

AEE le manifestó que la Orden de Proceder debía ser emitida para

el mes de julio de 1996. Argumentó que, para la fecha de la

7
    Apéndice del recurso KLCE202201145, a las págs. 1-235.
8
    Apéndice 2 del recurso KLAN202200660, a las págs. 8-12.
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presentación de la Demanda, aún la AEE no había obtenido el

permiso de la EPA y no había emitido la Orden de Proceder,

habiéndose expirado el plazo contractual original del Contrato. En

sustitución, expuso que la AEE lo que efectuó fue una serie de

Órdenes de Proceder Parciales relacionadas con labores del Proyecto

que no requerían del permiso de la EPA, ni de construcción. Así,

expresó que la falta de la emisión de la Orden de Proceder

representaba un craso incumplimiento del contrato por parte de la

AEE, lo cual resultó en la ocurrencia de daños y perjuicios sufridos

por Abengoa.

      Adicionalmente, le imputó a la AEE la comisión de los

siguientes   actos   que,   a   su   juicio,   eran   constitutivos   de

incumplimiento contractual, a saber:

      (1) Demoras e interferencias en la ejecución del Contrato como

         consecuencia de cambios excesivos en su personal

         designado para la administración del contrato, lo cual

         interfirió con la ejecución de los trabajos de Abengoa.

      (2) Falta de atender conforme lo dispuesto en el Contrato las

         numerosas reclamaciones planteadas por Abengoa que

         surgieron como consecuencia del incumplimiento de la

         AEE.

      (3) La AEE le impuso y/o pretendió imponer modificaciones

         unilaterales al ámbito de los trabajos de Abengoa bajo el

         Contrato.

      (4) Se negó a reconocer todo derecho de Abengoa bajo el

         contrato de reclamar costos adicionales que surgieron

         fuera del pacto contractual.

      (5) No le pagó a Abengoa sumas líquidas y exigibles por

         trabajos ejecutados bajo el Contrato.
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       (6) Eliminó del contrato la partida de remoción de suelos

           contaminados con hidrocarburos no ejecutados hasta la

           fecha y la subastó nuevamente.

       En vista de lo anterior, expuso que, efectivo el 22 de mayo de

2000, dio por terminado el Contrato conforme al Artículo 1077 del

Código Civil de Puerto Rico.9 A esos efectos, reclamó daños y

perjuicios que ascendían a $835,334,988.00.

       Por su parte, el 4 de octubre de 2000, UNIPRO presentó una

Demanda en Intervención10 por incumplimiento de contrato, daños y

perjuicios contra Abengoa S.E. y la AEE. En síntesis, alegó que

Abengoa S.E. subcontrató sus servicios y realizó obras en dicho

proyecto. Por lo anterior, solicitó intervención en el pleito y el pago

de los servicios prestados, toda vez que sus intereses quedaron

afectados con la resolución del contrato. Asimismo, reclamó la suma

de $1,205,808.70 por trabajo realizado hasta el 3 de octubre de

2000; la suma de $187,701.60 por concepto de retenido pendiente

de pago y; la suma de $1,700,000.00 por los daños sufridos.

       Luego de varios trámites procesales, el 3 de marzo de 2003,

Abengoa S.E. presentó su Demanda Enmendada11 en la cual reiteró

sus planteamientos iniciales. Sostuvo que el proyecto fue subastado

como un proyecto “llave en mano” y que la AEE se encargaría de

obtener los permisos medioambientales. Asimismo, expuso que

durante el proceso pre-subasta la AEE manifestó contar con los

permisos de aire y NPDES y que la fecha de comienzo del Proyecto

sería el 1 de junio de 1996. Aludió que el contrato contaba con una

9 31 LPRA sec. 3052, Art. 1077.
10
   Apéndice 3 del recurso KLAN202200660 a las págs. 13-18. Véase, además,
apéndice 4 y 5 del apelante, a las págs. 19-28. Respectivamente, Induchem
Enviromental Services, Inc, y PASSCO presentaron una Demanda en Intervención
por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios contra Abengoa y la AEE. En
síntesis, alegaron que Abengoa S.E. subcontrató sus servicios y realizaron obras
en dicho proyecto. En virtud de lo anterior, solicitaron intervención en el pleito y
el pago de los servicios prestados, toda vez que sus intereses quedaron afectados
con la resolución del contrato.
11 Apéndice 7 del recurso KLAN202200660, a las págs. 56-63.
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fórmula de escalación del precio que se basó en representaciones de

la AEE, a los efectos de que los permisos necesarios para el proyecto

se obtendrían no más tarde de un (1) año, a partir de dicho contrato.

      Detalló, además, que, debido a las órdenes parciales

efectuadas por la AEE, el proyecto se convirtió en cinco (5) proyectos

separados, aunque interrelacionados. Esbozó que, para el 25 de

enero de 1999, la AEE no había obtenido el permiso ambiental de la

EPA, en consecuencia, Abengoa S.E. esperó un año y medio

adicional por que se emitiera la Orden de Proceder y así culminar la

última etapa del Proyecto. Por ello, alegó que se vio obligado a dar

por terminado el Contrato, debido a que la Orden de Proceder nunca

se emitió. Así pues, planteó que estuvo más de un año y medio

solicitando a la AEE que negociase los términos para la extensión

del plazo del contrato y se reconociese los daños que había causado

por los retrasos en la obtención del permiso de la EPA. En vista de

lo anterior, solicitó daños ascendentes a $36,457,740.50.12

      Por su parte, el 30 de diciembre de 2003, la AEE presentó su

Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención Enmendada13

en la cual negó la mayoría de las alegaciones. Alegó afirmativamente

que Abengoa S.E. conocía que la fecha de comienzo del Proyecto era

aproximada y que la obtención de ciertos permisos no tenía fecha

cierta, por lo que los derechos adquiridos de Abengoa S.E. y el

comienzo del Proyecto estaba sujeto a la obtención de dichos

permisos. Asimismo, adujo que las razones para la terminación del

contrato eran injustificadas, ilegítimas y constituían un pretexto

para eludir sus obligaciones contractuales y no terminar los trabajos

contrario a lo convenido. De igual forma, señaló que la dilación en

la obtención del permiso ambiental de la EPA no estaba bajo su

12
   Apéndice 8 del recurso KLAN202200660, a las págs. 64-66. El 13 de abril de
2004, UNIPRO presentó Demanda de Intervención Enmendada.
13
   Apéndice 6 del recurso KLAN202200660, a las págs. 29-55.
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control, por lo que no tenía que responder al ser un evento de fuerza

mayor. Arguyó que realizó todos los pagos a Abengoa S.E. por los

trabajos realizados según establecía el “payment schedule” y que

estos no podían abandonar la obra después que se obtuvieron los

permisos.    Enfatizó     que    Abengoa     S.E.     asumió     los   riegos

voluntariamente al terminar el contrato.

        En la reconvención esbozó que Abengoa S.E. conocía de la

posibilidad de que ocurrieran dilaciones inesperadas en la obtención

de los permisos y licencias, lo cual podía retrasar el comienzo del

proyecto. Sostuvo que, en el Artículo 1.12 de las Condiciones

Generales del Contrato, la dilación en el otorgamiento de los

permisos constituía una causa de fuerza mayor.14 Indicó que dicha

cláusula fue incluida tras ser sugerida por Abengoa S.E. Destacó

que Abengoa S.E. se aprovechó de las ganancias que había percibido

y abandonó el Proyecto luego de haber recibido el 80% del valor total

del mismo. De igual forma, esgrimió que no brindó el cuidado

necesario a los equipos para su preservación. Por último, razonó que

por el incumplimiento de Abengoa S.E. sufrió daños económicos.

        Posteriormente, el 18 de mayo de 2004, la AEE presentó una

Demanda contra Terceros15 a los fines de incluir a Abengoa S.A.,

quien    suscribió   el   contrato    de   obra     para   el   Proyecto   de

Repotenciación. En específico, mediante un contrato denominado

Contrato de Garantía Solidaria, suscrito el 14 de agosto de 1996,

Abengoa S.A. garantizó solidaria e incondicionalmente a la AEE el

cumplimiento de Abengoa S.E. de todas y cada una de las

obligaciones asumidas en el contrato de obra. Incluyó, además, a

American International, toda vez que fue la compañía que otorgó los

Payment y Performance Bonds que garantizaban el cumplimiento del

contrato de obras para el Proyecto de repotenciación.

14 Apéndice 6 del recurso KLAN202200660, a la pág. 37.
15 Apéndice 10 del recurso KLAN202200660, a las págs. 74-94.
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      Por su parte, el 26 de octubre de 2004, American International

presentó su Contestación de la Tercera Demandada American

International Insurance Company of Puerto Rico a la Demanda

Enmendada contra Terceros16 en la cual negó la mayoría de las

alegaciones. Como defensas afirmativas, arguyó que, debido al

retraso en obtener los permisos de las Agencias y la emisión de

órdenes    parciales,    se   modificó    el   Contrato     e    incrementó

sustancialmente los riesgos de American International bajo su

fianza de ejecución, lo cual le liberó de sus obligaciones. Es decir, la

AEE transformó el Contrato, dando lugar a la novación extintiva del

del mismo, por lo tanto, se extinguió la obligación accesoria de

American International bajo su fianza de ejecución. A su vez, señaló

que la AEE sustituyó a Abengoa S.A. por Abengoa S.E., por

consiguiente, American International no podía responder por el

incumplimiento de Abengoa S.E. Por otra parte, sostuvo que,

conforme al Artículo 15 de las Condiciones Generales del Contrato,

no era responsable por pérdidas, ganancias o ingresos o cualquier

daño incidental o consecuencial. Por último, enfatizó que Abengoa

S.A. realizó varias ofertas a la AEE con la intención de transigir la

acción por incumplimiento de contrato, sin embargo, la AEE rechazó

dicha oferta, por lo que renunció a la reclamación contra American

International.

      Así las cosas, el 31 de octubre de 2007, notificada el 6 de

noviembre de 2007, el foro primario emitió una Resolución17 en la

cual ordenó que se tramitaran los casos del título como casos de

litigación compleja. Además, el 7 de julio de 2011, notificada el 12

de julio de 2011, el foro primario emitió una Resolución18 en la cual

nombró al licenciado Ángel F. Rossy García (en adelante, Lcdo.

16
   Apéndice 11 del recurso KLAN202200660, a las págs. 95-113.
17
   Apéndice 12 del recurso KLAN202200660, a las págs. 114-119.
18
   Apéndice 13 del recurso KLAN202200660, a las págs. 120-130.
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Rossy García o Comisionado) como Comisionado Especial en el caso

del título.

       El 16 de julio de 2010, UNIPRO presentó una Moción

Solicitando Desistimiento Parcial con Perjuicio en Cuanto a la AEE.19

Indicó que interesaba desistir con perjuicio de sus reclamaciones en

contra de la AEE. No obstante, aclaró que continuaba su

reclamación en contra de Abengoa por el dinero adeudado por el

trabajo que realizó en el Proyecto. Cónsono con lo anterior, el 5 de

agosto de 2010, notificada el 26 de agosto de 2010, el foro primario

emitió una Sentencia Parcial20 en la cual declaró Ha Lugar la Moción

Solicitando Desistimiento Parcial con Perjuicio en Cuanto a la AEE, y,

en consecuencia, determinó que UNIPRO desistió con perjuicio su

causa de acción en contra de la AEE.

       Tras varios trámites procesales, el 8 de julio de 2014, UNIPRO

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a

Favor de UNIPRO por las Cantidades Adeudadas por Concepto de

Trabajos Realizados en el Proyecto TSMP-201-004-94.21 Arguyó que

Abengoa les comunicó que cualquier cantidad de dinero adeudada

era responsabilidad de la AEE. No obstante, adujo que American

International les respondía por ser la fiadora de Abengoa conforme

a las órdenes parciales de proceder que emitió la AEE. Por otra parte,

esbozó que, según el informe pericial del Profesor Meherwan P.

Boyce, UNIPRO realizó las obras para las cuales fue contratada y

que las mismas se realizaron de forma correcta, adecuada y

razonable. Por último, razonó que la obligación de pagar de Abengoa

surgía de un contrato y que no podía negarse a pagar, toda vez que

dichos trabajos fueron realizados de forma correcta. Por todo lo

anterior, solicitó las sumas adeudadas por concepto de servicios

19
   Apéndice del recurso KLCE202201145, a las págs. 641-644.
20
   Id., a las págs. 645-648.
21
   Id., a las págs. 241-391.
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prestados y el pago de intereses por mora. Asimismo, pospuso la

presentación de su causa de acción en daños y perjuicios y daños

morales para la segunda etapa de los procedimientos.

      A su vez, el 10 de julio de 2014, notificada al día siguiente, el

foro primario emitió una Resolución22 mediante la cual refirió la

moción de sentencia sumaria al Comisionado.

      Posteriormente, el 3 de septiembre de 2021, UNIPRO presentó

una Solicitud de Orden de Pago de las Cantidades Adeudadas

UNIPRO.23 Indicó que, American International, fiadora de Abengoa,

se había negado a saldar la deuda que tenía pendiente con UNIPRO.

Sostuvo que la conducta de Abengoa constituía un craso abuso de

posición ante UNIPRO, aun ejerciendo su derecho a retirarse de las

negociaciones con AEE. De igual forma, enfatizó que Abengoa había

cobrado $160,869,125.55 del precio total del contrato y que dentro

de dicha cantidad cobrada se encontraba la suma adeudada a

UNIPRO. Por tanto, para esta etapa de los procedimientos solicitó

que se ordenara a Abengoa y a American International el pago de

$3,846,088.43.

      Luego     de   varios    trámites    procesales    los   cuales   no

pormenorizaremos, y habiendo acaecido un extenso descubrimiento

de prueba y la celebración de múltiples vistas, el 22 de julio de 2021,

el Comisionado emitió el Informe del Comisionado al Tribunal24 (en

adelante, Informe). Según se desprende del Informe, en atención a

la prueba recibida y la credibilidad que le mereció la prueba

testifical, emitió una serie de determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho.25 Producto de su Informe, emitió un

pronunciamiento dispositivo parcial intitulado Recomendaciones26,

las cuales transcribimos in extenso:

22
   Id., a las págs. 649-651.
23
   Id., a las págs. 570-575.
24
   Apéndice 31 del recurso KLAN202200660, a las págs. 1056-1233.
25
   Id., a las págs. 1076-1231.
26 Id., a la pág. 1231.
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       1. Declarando y resolviendo que la conducta y proceder
          incurrida por la parte demandante reconvenida
          Abengoa P.R., S.E. y la tercero demandada
          reconviniente     Abengoa,      S.A.,     al     terminar
          unilateralmente el contrato entre las partes y
          abandonar todo trabajo en el Proyecto, en ausencia de
          incumplimiento o razón justificada alguna por parte de
          la demandada reconviniente y tercero demandante
          AEE, menoscabando y afectando en forma sustancial
          sus intereses y derechos bajo el contrato, constituye un
          incumplimiento     material    de     sus    obligaciones
          contractuales.

       2. Declarando y resolviendo que tanto Abengoa P.R., S.E.
          como Abengoa, S.A. vienen obligadas a responder
          solidariamente a la demandada reconviniente y tercero
          demandante reconvenida AEE, por los daños
          resultantes de su conducta y proceder, al resolver
          Abengoa el contrato ausente causa justificada alguna y
          abandonar el Proyecto, lo que constituye un
          incumplimiento     material  de    sus     obligaciones
          contractuales. Tal determinación será objeto de
          consideración y prueba en etapas subsiguientes, según
          convenido por las partes.

       3. Autorizando la continuación del trámite procesal del
          caso hasta la final resolución de toda controversia
          pendiente de dilucidación, en lo pertinente a los daños
          resultantes por el incumplimiento material de sus
          obligaciones contractuales por parte de Abengoa.
          También aquellas pendientes de dilucidación en lo
          atinente a las demás partes activas con interés en el
          proceso.27

           En lo pertinente y, en apretada síntesis, el Comisionado

expresó:

           […]

           […]realidad es que el contrato formalizado por las partes
           era un contrato “EPC a precio alzado llave en mano”.
           Conforme al mismo y estando Abengoa obligada a
           cumplir con todas las exigencias requeridas por la AEE
           en la documentación técnica de los equipos a proveerse
           para el proyecto, asumió total responsabilidad para el
           diseño, ingeniería, fabricación, suministro, transporte,
           labores de construcción y su supervisión, montaje,
           pruebas, puesta en operación comercial de los equipos
           electromecánicos correspondientes para el proyecto de
           repotenciación objeto del contrato, para garantizar el
           cumplimiento de una oferta llave en mano. Para ello y
           por la naturaleza del contrato, control tenía para
           coordinar y completar los trabajos autorizados en cada

27
     Id., a la pág. 1232.
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       orden de proceder parcial emitida por la AEE, para dar
       inicio en su momento a la etapa de construcción.28

       […]

       Responsabilidad absoluta asumió Abengoa, además,
       por la custodia, almacenaje y mantenimiento de los
       equipos hasta la tapa de su instalación y cumplimiento
       sustancial del contrato concluida la etapa de
       construcción. Iniciado así el desarrollo del proyecto, ello
       le permitió a Abengoa, según determinado, facturar y
       cobrar el 77% del precio total del contrato, conforme a
       la estructura de pagos y fórmula de escalación de
       precios establecida por Abengoa y que se hizo formar
       parte del contrato.29

       […]

       Debemos aquí reiterar que Abengoa, como parte de su
       estrategia de terminación temprana del contrato en
       evitación de pérdidas millonarias, al margen de
       desatender sus obligaciones contractuales en todo lo
       atinente     al    almacenamiento,      protección     y
       mantenimiento de los equipos, comenzó a facturar y
       requerir el pago por alegados costos por ésta incurridos
       como consecuencia de la dilación en la expedición del
       permiso PSD por parte de la EPA, facturación cuya
       procedencia y obligación de pago fue reiteradamente
       rechazada por improcedente por la AEE. Era el criterio
       de la AEE, según determinado, que tratándose de un
       contrato “EPC con precio alzado llave en mano”,
       ninguna obligación de pago tenía la Autoridad por el
       almacenamiento y mantenimiento de los equipos.30

       […]

       Al margen de lo claramente dispuesto en el referido
       Artículo 9 de las Condiciones Generales del Contrato,
       conocimiento tenía Abengoa, o debía tener desde antes
       de formalizarse el contrato, de la naturaleza del mismo
       (EPC a precio alzado llave en mano) y los riesgos que
       estaba asumiendo al obligarse a realizar la obra a precio
       alzado, con conocimiento de que la fecha para la
       obtención de los permisos para poder dar inicio a la fase
       final del contrato, a saber labores de construcción,
       instalación de equipos, puesta en marcha y pruebas,
       era incierta. También, que conforme a lo dispuesto en
       el Artículo 2 del Contrato (Commencement and
       Completion Work), la fase de construcción que sería
       objeto de la Orden Final de Proceder a emitirse, “will be
       issued immediately after receipt of permits necessary
       for construction and installation of the Project, and
       Guaranteed Substantial Completion shall be achieved
       within nine hundred ten (910) calendar days
       thereafter."31

28
   Id., a la pág. 1213.
29
   Id., a las págs. 1215-1216.
30
   Id., a las págs. 1219-1220.
31
   Id., a la pág. 1220.
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           Realidad en el caso que nos ocupa es que Abengoa, con
           conocimiento del riesgo que estaba asumiendo para el
           caso de una dilación en la obtención de los permisos
           para la fase de construcción y con total control del
           desarrollo de las labores a realizarse previo a la
           obtención de tales permisos, en su interés de comenzar
           con la facturación y cobro de tales labores conforme a
           la estructura de pagos que se hizo formar parte del
           contrato, y de otra parte la Autoridad para adelantar
           etapas y labores necesarias previo al inicio de las
           labores de construcción una vez expedidos los permisos
           necesarios, adelantando así la pronta terminación del
           Proyecto, convinieron en iniciar el desarrollo mediante
           órdenes    parciales   de   proceder     según    antes
           determinado. 32

           Le permitió ello a Abengoa comenzar a recibir sus
           beneficios bajo el contrato facturando y recibiendo a la
           fecha de la terminación unilateral del contrato en mayo
           de 2000, el pago del 77% del precio total convenido en
           el contrato, incluyendo las órdenes de cambio emitidas
           y aceptadas por Abengoa, ello conforme a la estructura
           de pagos y fórmula de escalación por ésta propuesta y
           que se hizo formar parte del contrato, sin haber
           concluido Abengoa las labores autorizadas y sin
           haberse dado inicio a la etapa de construcción, cuando
           conocimiento tenía que era inminente la expedición del
           Permiso PSD por EPA y los posteriores permisos de
           construcción.33

           […]

           […]Abengoa se obligó bajo los términos del contrato, a
           realizar todas las labores y trabajos necesarios para la
           repotenciación de las Unidades 5 y 6 de la Central
           Termoeléctrica de San Juan según dispuesto en el
           Artículo 1 del Contrato, lo que incorporamos aquí por
           referencia. Ello a su vez por un precio alzado de
           $163,780,000.00 que acordó Abengoa recibir y se obligó
           la Autoridad a pagar, ello según dispuesto en el Artículo
           4 del Contrato. Derecho tenía Abengoa, además,
           conforme a lo dispuesto en el referido Artículo 4 del
           Contrato a “any additional amount due to extra work
           ordered and accepted by the Engineer or deductions
           due to change orders,” dichos pagos por la Autoridad a
           su vez conforme a la estructura de pagos propuesta por
           Abengoa y que se hizo formar parte del contrato como
           Exhibit J-A, precios a su vez ajustados conforme a la
           fórmula de escalación que se incorporó al contrato como
           Exhibit F-A. Ninguna otra cláusula fue incorporada al
           contrato o negociada por Abengoa, en contemplación al
           riesgo que conllevaba una dilación en la obtención de
           los permisos para la fase de inicio de las labores de
           construcción, lo que era incierto y era del conocimiento
           de Abengoa desde antes de haberse formalizado el
           contrato. Cualquier otra modificación en el precio
           alzado convenido por las partes tendría que responder
           a una Orden de Cambio, bien para reducir o

32
     Id., a la pág. 1221.
33
     Id.
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       incrementar las labores de construcción, lo que no es la
       situación en las referidas facturas y reclamos de
       Abengoa por costos adicionales incurridos y que fueron
       desmerecidos y rechazados por la Autoridad según
       determinado.34

       De otra parte, obligada venía Abengoa conforme al
       contrato a entregar a la AEE dos unidades en ciclo
       combinado completamente funcionales y en operación,
       con una generación de 464 MW, ello en o antes de 910
       días, luego de la emisión de la Orden de Proceder Final
       para la etapa de construcción una vez obtenidos los
       permisos correspondientes, los que eran inminentes a
       la fecha de terminación del contrato por Abengoa, según
       determinado.35

       […]

       … [S]iendo la dilación en la obtención de los permisos,
       e implícito en ello la posibilidad de un aumento en los
       costos, un riesgo al que está expuesto todo contratista
       que se obliga bajo un contrato a realizar una obra de
       construcción a precio alzado, bien pudo Abengoa
       intentar negociar con la Autoridad una cláusula en el
       contrato, obligándose ésta a resarcirle los costos
       adicionales a incurrirse por el almacenaje, custodia y
       mantenimiento de los equipos, en espera de la
       obtención de los permisos, para dar curso a la fase de
       construcción e instalación de equipos en el proyecto, lo
       que no hizo.36

       […]

       Somos aquí del criterio y así resolvemos que
       improcedente resulta la pretensión de Abengoa de
       desligarse de sus obligaciones bajo el contrato para
       pasar el costo económico del riesgo por ésta asumido a
       la Autoridad. Tampoco es permisible la pretensión de
       Abengoa, como parte de su estrategia de terminación
       temprana del contrato, aquella de renegociar el precio
       alzado acordado por las partes para la realización total
       de la obra y su puesta en marcha, en evitación de las
       pérdidas millonarias que le representaba concluir el
       proyecto y cumplir con sus obligaciones, cuando
       conocimiento tenía que el trámite conducente a la
       obtención de los permisos estaba en etapa donde la
       expedición de éstos era inminente, según antes
       determinado.37

       […]

       Tampoco puede constituir un incumplimiento
       sustancial que pueda dar base a la terminación
       unilateral del contrato por Abengoa, la determinación
       de la AEE en protección de sus mejores intereses, de
       sacar a subasta el trabajo adicional de remoción de
       material contaminado, luego de haberse ejercitado y
34
   Id., a las págs. 1222-1223.
35
   Id., a la pág. 1223.
36
   Id., a las págs. 1224-1225.
37
   Id., a la pág. 1225.
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       pagado a Abengoa la opción que tenía bajo el contrato
       en lo atinente a la remoción de material contaminado
       hasta la suma de $15,776,690.38

       […]

       [R]esolvemos que habiendo ejercitado la AEE su opción
       bajo el contrato en lo atinente a la remoción de
       contaminantes y pagado por tal opción el precio total
       estipulado, y atendidos los términos de la oferta de
       Abengoa para el proyecto en lo atinente a la remoción
       de materiales contaminantes, libre quedaba el derecho
       de la AEE, en protección de sus mejores intereses, para
       sacar a subasta, en la que podía participar Abengoa, el
       costo de toda remoción adicional de material
       contaminado. Lejos de ello y en etapa final la estrategia
       de terminación unilateral del contrato por Abengoa,
       aduce en su carta de terminación con total frivolidad,
       que tal acción y determinación por parte de la AEE,
       alcanza a un incumplimiento a sus obligaciones bajo el
       contrato por ésta suscrito39.

       […]

       [E]vidente nos resulta la ausencia de causa justificada
       para la terminación unilateral del contrato por parte de
       Abengoa, en total menosprecio de los derechos de la
       AEE bajo el contrato. Hizo así total abstracción de sus
       obligaciones con el objetivo de evitar las pérdidas que
       su falta de pericia en la preparación de su propuesta en
       lo atinente “al precio de venta competitivo” por ésta
       determinado y ofertado, sin contar con un análisis
       ponderado de los costos reales a incurrirse y los riesgos
       por ésta asumidos en lo atinente a la fecha de obtención
       de los permisos, la que era incierta, le representaban
       tratándose de un contrato a precio alzado.40

       […]

       En el caso que nos ocupa, habiéndose contratado la
       obra a precio alzado, consideración esencialísima para
       Abengoa y obligación de la AEE bajo el contrato, era
       pagar el precio de la obra conforme a la estructura de
       pagos que se hizo formar parte del contrato y su fórmula
       de escalación para el caso de dilación en la obtención
       de los permisos necesarios para dar inicio a la etapa de
       construcción, también incorporada en el contrato, con
       lo que cumplió la AEE… brindó la Autoridad según
       determinado, la colaboración necesaria, libre de costos,
       para el almacenamiento de los equipos en sus
       facilidades en Palo Seco, ello bajo la total
       responsabilidad de Abengoa en todo lo atinente al cuido
       y mantenimiento de los mismos, para beneficio de
       Abengoa en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
       contrato.41

       […]
38
   Id., a la pág. 1227.
39
   Id.
40
   Id., a las págs. 1227-1228.
41
   Id., a las págs. 1229-1230.
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       Resolvió así unilateralmente el contrato, y abandonó
       todo trabajo en la obra, encontrándose la AEE en total
       cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato, y
       ausente causa alguna por parte de la AEE para
       justificar tal proceder por parte de Abengoa, todo ello en
       evitación de pérdidas económicas, las que conforme a
       los términos del contrato y por sus propios actos,
       impericias e incumplimientos, eran de su total
       responsabilidad. Se trata de una conducta y proceder
       por parte de Abengoa que no tiene lugar en el campo del
       derecho, la que por ser antijurídica, no puede ser
       favorecida y debe ser rechazada. Lo contrario sería
       permitirle a Abengoa beneficiarse de su proceder
       impropio, invitación que no podemos aceptar y debemos
       rechazar.42

       […]

       En conclusión, resolvemos que Abengoa, al desarrollar
       y ejecutar su estrategia de terminación temprana del
       contrato en evitación de pérdidas millonarias que le
       representaba     cumplir     con     sus    obligaciones
       contractuales, con total menosprecio de los derechos e
       intereses de la AEE bajo los términos del contrato por
       éstas formalizado, infringió el principio de la buena fe
       contractual en su relación con la AEE. Resolvemos aquí
       además, como cuestión de hecho y de derecho, que tal
       terminación unilateral del contrato por parte de
       Abengoa y su abandono del Proyecto, ausente
       incumplimiento alguno por parte de la AEE o razón
       justificada para tal proceder, constituye un
       incumplimiento material por parte de Abengoa con sus
       obligaciones bajo el contrato formalizado por las partes,
       con derecho ahora la Autoridad a reclamar, los daños
       resultantes y costos adicionales incurridos por ésta
       para alcanzar la conclusión del Proyecto.43

       En desacuerdo con el Informe del Comisionado, el 20 de

octubre de 2021, Abengoa presentó una Moción y Alegato de

Abengoa Solicitando que se Rechace el Informe del Comisionado

Especial y que este Tribunal Adjudique la Responsabilidad

Contractual en Base a los Hechos no Controvertidos.44 En síntesis,

arguyó que el Comisionado tenía el deber de abordar la prueba que

se admitió y los argumentos esgrimidos por Abengoa, aunque fueran

para rechazarlos según el derecho aplicable. En específico, señaló

42
   Id., a la pág. 1230.
43
   Id., a la pág. 1231.
44
    Apéndice 32 del recurso KLAN202200660, a las págs. 1234-1371. Véase,
además, Apéndice 33, a las págs. 1372-1448, en el cual American International
presentó documento intitulado Objeciones de AIG al Informe del Comisionado.
Véase, además, Apéndice 35 del recurso KLAN202200660, a las págs. 1451-1518,
en el cual la AEE presentó PREPA’S Reply to Abengoa’s and AIG Objections to the
Report of the Special Master.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                            17

que el Comisionado actuó arbitrariamente al ignorar la prueba y las

estipulaciones de hechos en base a la inferencia infundada de que

Abengoa        había    emitido    una    especie    de     “garantía    tácita

extracontractual” a la AEE para construir el Proyecto por el precio

de licitación sin importar el tiempo que le tomara a la AEE obtener

los permisos y cuanto ello costara. Razonó que dicha recomendación

era arbitraria y los defectos del Informe eran graves e insubsanables.

Por último, destacó que el foro primario debía acoger las

estipulaciones de las partes y presentar un escrito ante dicho foro

en      el   cual   esbozaran     sus    respectivas      listas   de   hechos

incontrovertidos, con referencias específicas a la prueba admitida y

así adjudicar la responsabilidad contractual como se suponía.

Asimismo, solicitó una vista de argumentación oral.

          Así las cosas, el TPI celebró una vista argumentativa el 29 de

junio de 2022, con relación al Informe rendido por el Comisionado.

Luego de examinar los argumentos esgrimidos por las partes del

título, el 18 de julio de 2022, notificada el 19 de julio de 2022, el

foro primario emitió una Sentencia Parcial y Orden.45 Mediante la

Sentencia Parcial, el tribunal a quo acogió el Informe, haciéndolo

formar parte de la Sentencia Parcial emitida. En específico, dictó

Sentencia Parcial contra Abengoa y a favor de la AEE, por

incumplimiento de contrato. En consecuencia, el TPI desestimó la

Demanda que presentó Abengoa y declaró Ha Lugar la reconvención

presentada por la AEE, con relación a la causa de acción de

incumplimiento de contrato conforme a la Regla 42.3 de las de

Procedimiento Civil.46 En fin, el TPI, luego de acoger las

recomendaciones del Informe y dictar Sentencia Parcial, ordenó la

continuación de los procedimientos.

45
     Apéndice 38 del recurso KLAN202200660, a las págs. 1538-1540.
46 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.
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        Ante   este    escenario,    y    en   lo   relativo   al   recurso

KLCE202201145, el 5 de agosto de 2022, UNIPRO presentó una

Segunda Solicitud para que se Ordene el Pago a UNIPRO.47 En su

escrito, reiteró sus argumentos de la Solicitud de Orden de Pago de

las      Cantidades        Adeudadas       UNIPRO.        Destacó     que,

independientemente del trámite de revisión de la Sentencia Parcial

ante los foros apelativos, era un hecho cierto y estipulado que

Abengoa cobró $160,869,125.55 del precio total de contrato.

        En desacuerdo, el 6 de septiembre de 2022, Abengoa presentó

su Oposición de Abengoa a la “Segunda Solicitud para que se Ordene

el Pago a UNIPRO”.48 En síntesis, esgrimió que era imposible atender

el tema con relación a la solicitud de pago de UNIPRO, toda vez que

la    jurisdicción    de   esta   Curia   había     quedado    suspendida

provisionalmente durante el proceso apelativo de la Sentencia

Parcial. En específico, expresó que, ante la presentación del recurso

de Apelación, la efectividad de la Sentencia Parcial había quedado

paralizada, al igual que todas las controversias relacionadas al

Informe. Razonó, además, que el reclamo de UNIPRO era una

cuestión ligada a una o varias de las controversias que se

encontraban ante la consideración del foro apelativo. De igual forma,

el 7 de septiembre de 2022, American International presentó su

Oposición de American International Insurance Company of Puerto

Rico a la Segunda Moción de UNIPRO Architects and Engineers de

Orden de Pago49 en la cual reiteró los argumentos de la Oposición

de Abengoa.

        Luego de examinar los argumentos de las partes, el 14 de

septiembre de 2022, notificada el 15 de septiembre de 2022, el foro

47
   Apéndice del recurso KLCE202201145, a las págs. 582-586.
48
   Id., a las págs. 587-592.
49
   Id., a las págs. 593-598.
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primario emitió una Orden50 en la cual determinó abstenerse de

intervenir hasta tanto este foro dispusiera del asunto.

          Inconforme con el curso decisorio del foro primario, el 18 de

agosto de 2022, se presentaron dos recursos de Apelación. El primer

recurso         de     Apelación,   identificado   con   el   alfanumérico

KLAN202200660 fue presentado por American International.

Mediante el recurso presentado, American International esgrimió la

comisión de tres (3) errores por el foro primario, a saber:

      A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger el
         Informe del Comisionado Especial debido a que éste (i)
         se    basa    en   comunicaciones      precontractuales
         inadmisibles e insuficientes que fueron suplantadas por
         el propio Contrato, el cual según redactado por la AEE
         incluye una cláusula de "Çomplete Agreement"; e (ii)
         ignora y malinterpreta los términos expresos del
         Contrato, los cuales no imponen a Abengoa PR
         obligación alguna de mantener el Equipo principal del
         Proyecto ni su almacenamiento por un número
         indefinido de años a ningún costo adicional para la
         AEE.

      B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger el
         Informe del Comisionado toda vez que el mismo
         determina que los retrasos de la AEE en obtener los
         Permisos constituyó fuerza mayor, ello, a pesar de que
         los hechos incontrovertidos demuestran que (i) la AEE
         nunca notificó a Abengoa PR de tal fuerza mayor, lo que
         era un requisito establecido por el Contrato para poder
         invocar esta defensa; y (ii) aún de la AEE haber
         declarado propiamente la fuerza mayor, Abengoa PR
         hubiese sido excusada también por cualquier
         incumplimiento de su parte bajo el Contrato, empero, la
         AEE repetidamente ordenó a Abengoa PR a proceder
         con trabajos extras y fuera de secuencia que la AEE
         tenía que compensar independientemente de que se
         hubiese declarado fuerza mayor.

      C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger el
         Informe del Comisionado ya que éste se basó en un
         documento inexistente que no es parte de la prueba
         admitida, así como en lenguaje alterado que no aparece
         en los documentos que sí fueron admitidos; y porque se
         basó en la conclusión errónea de que la obtención de
         los Permisos por parte de la AEE era un evento
         "inminente", a pesar de que la AEE acabó obteniendo
         dichos Permisos cinco años más tarde de lo
         intencionado y por lo menos diecisiete meses luego de
         que Abengoa PR terminara el Contrato, todo lo que
         constituye manifiesto error que debió resultar en el
         rechazo del Informe.

50
     Id., a las págs. 599-601.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                 20

      Por su parte, en el segundo recurso de Apelación, identificado

con   el   alfanumérico   KLAN202200663     compareció    Abengoa,

alegando la comisión de nueve (9) errores por el foro primario, a

saber:

      PRIMER ERROR:

      EL   TPI  AL  ADOPTAR   UN   INFORME   QUE
      INTENCIONALMENTE EVADE A CADA UNA DE LAS
      DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE
      OBRA QUE FUERON ARGUMENTADAS EN LOS
      ESCRITOS POST-JUICIO Y QUE ATIENDEN Y
      RESUELVEN LAS CONTROVERSIAS DE AUTOS DE
      FORMA    DIAMETRALMENTE    OPUESTA   A  LA
      RECOMENDADA POR EL COMISIONADO.

      SEGUNDO ERROR:

      ERRÓ EL TPI AL ADOPTAR UN INFORME CUYAS
      DETERMINACIONES CENTRALES ESTÁN BASADAS
      EN PRUEBA FICTICIA O INADMITIDA QUE FUE
      INSERTADA POR EVIDENTE EQUIVOCACIÓN DEL
      COMISIONADO, LO CUAL INHABILITA EL INFORME.

      TERCER ERROR:

      ERRÓ EL TPI AL ADOPTAR LA DEFENSA DE FUERZA
      MAYOR    PARA   JUSTIFICAR   LOS  MÚLTIPLES
      INCUMPLIMIENTOS DE LA AEE, CUANDO TAL
      DEFENSA ESTÁ IMPOSIBILITADA COMO CUESTIÓN
      DE     DERECHO      POR     SEIS   RAZONES
      INDEPENDIENTES, CUALQUIERA DE LAS CUALES ES
      SUFICIENTE PARA DESCARTAR LA DEFENSA E
      INVALIDAR EL INFORME.

      CUARTO ERROR:

      ERRÓ EL TPI AL ADOPTAR UN INFORME CON VARIOS
      OTROS HALLAZGOS DEL COMISIONADO BASADOS
      EN SU ENTENDIMIENTO TOTALMENTE FALLIDO E
      IMPROVISADO DE CONCEPTOS DE LA INDUSTRIA
      CARENTES DE PRUEBA O EN LECTURAS ERRADAS
      DE DOCUMENTOS QUE TAMBIÉN IMPROVISO ÉL Y
      QUE INVALIDAN LAS CONCLUSIONES DEL INFORME.

      QUINTO ERROR:

      ERRÓ EL TPI AL ADOPTAR UN INFORME QUE
      PRETENDE ENMENDAR AL CONTRATO ESCRITO
      PARA CREAR UN ACUERDO ORAL INDEFINIDO DE
      "FRAGMENTACIÓN DE TAREAS" SIN CAUSA, A
      PERPETUIDAD, Y SIN QUE EL INFORME ALUDIERA A
      UN SOLO HECHO LEGALMENTE PERMISIBLE
      PROBADO EN EL JUICIO QUE SIRVA DE BASE PARA
      TAL IMPROVISADA ENMIENDA. ELLO DE POR SÍ
      REQUIERE REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA
      PARCIAL.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145           21

     SEXTO ERROR:

     ERRÓ EL TPI AL ADOPTAR UN INFORME QUE
     INTENCIONALMENTE HACE CASO OMISO A LA
     DOCTRINA NORMATIVA DE LEVY V AUTORIDAD DE
     EDIFICIOS PÚBLICOS, 135 D.P.R. 382 (1994) QUE
     REQUIERE QUE EL DUEÑO DE OBRA PAGUE AL
     CONTRATISTA EXTRA-COSTES RELACIONADOS CON
     UN RETRASO EN LA OBRA MÁS ALLÁ DE LO
     RAZONABLEMENTE PREVISIBLE POR ASUNTOS
     BAJO LA RESPONSABILIDAD O NECESIDAD DEL
     DUEÑO, Y QUE RECONOCE QUE CUANDO SE
     REPUDIA TAL OBLIGACIÓN RADICALMENTE EL
     CONTRATO PUEDE SER TERMINADO.

     SÉPTIMO ERROR:

     ERRÓ EL TPI AL ADOPTAR UN INFORME QUE ADMITE
     QUE LA AEE ORDENÓ PREMATURAMENTE AL
     CONTRATISTA LA FABRICACIÓN DE COSTOSO
     EQUIPO SIN QUE LA AEE TUVIERA INFORMACIÓN DE
     QUE    SE    EMITIRÍAN    OPORTUNAMENTE   SUS
     PERMISOS PARA INSTALARLO, LUEGO ORDENÓ QUE
     EL CONTRATISTA ENTREGARA EL EQUIPO A LA
     POSESIÓN Y FACILIDADES DE LA AEE A LA
     INTEMPERIE Y EXPUESTAS AL SALITRE, Y
     FINALMENTE PRETENDIÓ ILEGALMENTE QUE EL
     DETERIORO      DEL    EQUIPO  Y  SU   COSTOSA
     REPARACIÓN QUE EMANARON DE TALES ÓRDENES
     DE LA AEE LO SUBSIDIARA EL CONTRATISTA, EN
     VIOLACIÓN NO SÓLO DEL CONTRATO SINO ADEMÁS
     DE LAS DOCTRINAS DE ZEQUEIRA V. CORPORACIÓN
     DE RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, 83 D.P.R. 878
     (1961) Y DANOSA CARIBBEAN V. SANTIAGO METAL,
     179 D.P.R. 40 (2010) QUE REQUIEREN PAGO POR EL
     DUEÑO POR TAREAS FUERA DEL ÁMBITO DE LAS
     ESPECIFICACIONES DE LA SUBASTA.

     OCTAVO ERROR:

     ERRÓ EL TPI AL ADOPTAR UN INFORME QUE VIOLA
     EL     MANDATO      DE    LA     REGLA    42.2    DE
     PROCEDIMIENTO CIVIL, REITERADO POR EL
     TRIBUNAL SUPREMO EN PÉREZ VARGAS V OFFICE
     DEPOT, 203 D.P.R. 687 (2019), ANDINO V. TOPEKA,
     INC., 142 D.P.R. 933 (1997), Y TORRES V. DÁVILA, 140
     D.P.R. 83 (1996) QUE REQUIERE QUE SE
     DICTAMINEN Y ENUMEREN LOS HECHOS QUE
     RESULTAN PROBADOS DE LA EVIDENCIA, Y SE
     DIRIMA EN BASE A DICHOS HECHOS ENUMERADOS
     TODO CONFLICTO QUE HAYA EXISTIDO EN LA
     PRUEBA DE LAS PARTES SOBRE CONTROVERSIAS
     MATERIALES.

     NOVENO ERROR:

     COMO ALTERNATIVA, ERRÓ EL TPI AL CLAUDICAR A
     LA FUNCIÓN JUDICIAL REVISORA REQUERIDA POR
     LAS REGLAS DE LITIGIO COMPLEJO, Y ESTE
     TRIBUNAL DEBE DIRIGIR AL JUEZ O JUEZA
     ADMINISTRADORA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA A
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                    22

          QUE PROVEA LOS RECURSOS NECESARIOS AL
          TRIBUNAL SUPERIOR PARA QUE ÉSTE PUEDA
          EJERCER TAL FUNCIÓN REVISORA EN BASE A LOS
          HECHOS MATERIALES ESTIPULADOS Y A LAS
          ADMISIONES DE PARTE, PARA EMITIR SENTENCIA A
          FAVOR DE LA APELANTE.

          Por último, y según expresamos, el tercer recurso se presentó

por UNIPRO, mediante una petición de Certiorari identificado por el

alfanumérico KLCE202201145 con relación a una Orden51 emitida

el 14 de septiembre de 2022, notificada el 15 de septiembre de 2022.

En el recurso de Certiorari, UNIPRO esgrimió la comisión de errores

por el foro primario, a saber:

          Primero: ERRÓ el Tribunal de Primera Instancia al
          abstenerse de intervenir hasta tanto este Honorable
          Tribunal disponga del asunto planteado ante sí[.]

          Segundo: ERRÓ, el Tribunal de Primera Instancia al no
          dictar sentencia y no emitir una orden de pago a favor
          de UNIPRO por las cantidades adeudadas por los
          trabajos realizados por UNIPRO en el Proyecto, TSMP-
          201-004-94 para la Repotenciación de la Unidades 5 y
          6 de la Central Termoeléctrica de San Juan.

          Mediante Resolución emitida el 13 de diciembre de 2022, este

Tribunal ordenó la consolidación del recurso KLAN202200660 con

el KLAN202200663. Luego, tras la presentación del recurso

KLCE202201145, este Tribunal dispuso unir el mismo a los

recursos ya consolidados.

          El 21 de septiembre de 2022, la AEE compareció mediante la

presentación de dos (2) escritos. El primero fue el intitulado Alegato

en Oposición al Recurso de Apelación de AIG. Entiéndase, la AEE

presentó su alegato en oposición al alfanumérico KLAN202200660.

Por otro lado, el segundo escrito fue intitulado Alegato en Oposición

al Recurso de Apelación de Abengoa. Entiéndase, la AEE presentó

su alegato en oposición al alfanumérico KLCE202300663.

          Con relación al recurso de Certiorari KLCE202201145 se

presentaron dos (2) escritos ante esta Curia, ambos, el 24 de octubre

51
     Id., a las págs. 599-601.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                               23

de 2022. El primero fue presentado por AIG mediante el escrito

intitulado Memorando en Oposición a que se Expida el Auto de

Certiorari. El segundo fue presentado por Abengoa mediante el

escrito Memorando de Abengoa en Oposición a que se Emita

Certiorari.

       Luego de varios incidentes procesales ante esta Curia,

revisados los autos y contando con el beneficio de la comparecencia

de las partes en los recursos de revisión, procedemos a disponer de

los mismos.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil52, dispone que los

recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término

jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia

de la notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es

insubsanable.53 La correcta notificación de una sentencia es una

característica imprescindible del debido proceso judicial.54 Como

corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de este

Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.55

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.56 En tal

52 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
53 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
54 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
55 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
56 32 LPRA Ap. V, R. 47.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                     24

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.57 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

    B. Expedición del recurso de Certiorari

         Los recursos de Certiorari presentados ante el Tribunal de

Apelaciones deben ser examinados en principio bajo la Regla 52.1

de Procedimiento Civil.58 Esta Regla limita la autoridad y el alcance

de la facultad revisora de este Tribunal mediante el recurso

de Certiorari sobre órdenes y resoluciones dictadas por los

Tribunales de Primera Instancia. La Regla lee como sigue:

         […]
         El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u
         órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia, solamente será expedido por el
         Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
         resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
         denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
         obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
         el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
         resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
         sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
         esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
         anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
         familia, en casos que revistan interés público o en
         cualquier otra situación en la cual esperar a la
         apelación constituiría un fracaso irremediable de la
         justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
         Certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
         tiene que fundamentar su decisión.59 (Énfasis suplido).
         […]

         Por su parte, la Regla 52.2(b) dispone sobre los términos y

efectos de la presentación de un recurso de Certiorari que:

         […]
         (b) Recurso de “certiorari” […]
         Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones
         para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de
         Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar
         las demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal
         de Apelaciones en recursos discrecionales o para revisar
         cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de
         Apelaciones deberán presentarse dentro del término de

57 Id.
58 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
59 Id.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                              25

       treinta (30) días contados desde la fecha de notificación
       de la resolución u orden recurrida. El término aquí
       dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo
       cuando medien circunstancias especiales debidamente
       sustentadas en la solicitud de certiorari.60
       […]

       El recurso de Certiorari es un vehículo procesal que permite a

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.61 Expedir el recurso “no procede cuando existe otro

recurso legal que protege rápida y eficazmente los derechos de la

parte peticionaria”.62 Conviene desatacar que la discreción ha sido

definida    como      “una      forma   de    razonabilidad      aplicada     al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.63 A

esos efectos, se ha considerado que “la discreción se nutre de un

juicio racional apoyado en la razonabilidad y en un sentido llano de

justicia y no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni

limitación alguna”.64 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones65, esboza los criterios que el Tribunal deberá considerar

para expedir un auto de Certiorari, como sigue:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
       B. Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
       D. Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
       F. Si la expedición el auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

60 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b).
61 800 Ponce de León, Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163, 174 (2020).
62 Id.
63 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
64 Id.
65 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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       El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal

Supremo) ha establecido que un tribunal revisor no debe sustituir

su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto.66 Quiérase decir, no hemos de

interferir con los Tribunales de Primera Instancia en el ejercicio de

sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en

que se demuestre que este último: (i) actuó con prejuicio o

parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de discreción, o (iii) se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo.67

   C. Teoría general de los contratos

       Bajo nuestro crisol doctrinario, “[l]as obligaciones nacen de la

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”.68 Dichas obligaciones contractuales tienen fuerza de

ley entre las partes y deben cumplirse según lo pactado.69 En

nuestro ordenamiento jurídico, rige el principio de libertad de

contratación.70 Las partes contratantes, bajo el principio de

autonomía contractual, pueden establecer los pactos, cláusulas y

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean

contrarios a la ley, a la moral, ni al orden público.71 Por lo tanto, una

vez perfeccionado un contrato con el mero consentimiento, las

partes que lo suscriben están sujetas, a hacer valer el cumplimiento

de lo pactado, y a todas las consecuencias que según su naturaleza

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.72 Para que se

66 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
67 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
68 31 LPRA sec. 2992, Art. 1042.
69 31 LPRA sec. 2994, Art. 1044.
70 Oriental Finance v. Nieves, 172 DPR 462, 470 (2007).
71 31 LPRA sec. 3372, Art. 1207. Oriental Finance v. Nieves, Id., 470-471. Vélez v.

Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004).
72 31 LPRA sec. 3375, Art. 1210. Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR

686, 693 (2008).
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                               27

considere que existe un contrato se requiere que concurran tres

requisitos: (i) consentimiento de los contratantes, (ii) un objeto cierto

que sea materia del contrato, y (iii) la causa de la obligación que se

establezca.73 En el caso de los contratos de seguros, el asegurador y

el asegurado, se obligan a cumplir con los términos y condiciones

de la póliza.74 Es menester destacar, que la regla en cuanto a la

interpretación contractual es que, si los términos de un contrato son

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes o

ambigüedades, se estará al sentido literal de sus cláusulas.75

       La intención de las partes será el criterio fundamental para

fijar el alcance de las obligaciones contractuales.76 A raíz de ello, al

momento de analizar la intención de los contratantes, los tribunales

deben atender, no solo los actos anteriores, coetáneos y posteriores

al contrato, sino también las circunstancias indicativas de la

voluntad de las partes.77 A tales efectos, al examinar la intención

contractual, resulta importante considerar quiénes son las partes,

sus experiencias particulares y conocimientos especializados sobre

la materia sobre la cual versa el contrato.78 Las cláusulas de un

contrato deben interpretarse de forma integrada en relación de unas

cláusulas con las otras, y no aisladamente, buscando siempre su

verdadero sentido.79 La interpretación final debe ser cónsona con el

principio de la buena fe y no llevar a resultados incorrectos,

absurdos e injustos para las partes.80

73 31 LPRA sec. 3391, Art. 1213.
74 Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 154 (1996).
75 31 LPRA sec. 3471, Art. 1233. CFSE v. Unión de Médicos de la CFSE, 170 DPR

443, 450 (2007). Rivera v. Rivera, 168 DPR 193, 212 (2006). Trinidad v. Chade,
153 DPR 280, 289 (2001).
76 Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 69 (1983).
77 31 LPRA sec. 3472, Art. 1234. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., Id. Blas

v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 451 (2006).
78 Unysis v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 853 (1991).
79 Guadalupe Solis v. González Durieux, 172 DPR 676, 685 (2007).
80 Id., 684-685.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                               28

     D. Contrato de arrendamiento de obras y servicios

         El contrato de arrendamiento de obras y servicios está

regulado por el Artículo 1434 del Código Civil de Puerto Rico.81 A

través de dicho contrato, una de las partes se obliga a ejecutar una

obra, o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.82 El Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha definido el contrato de arrendamiento

de obras como esencialmente uno de trabajo, mediante el cual una

de las partes se encarga de hacer una cosa para la otra, mediante

un precio convenido entre ellos.83 A este tipo de contrato también se

le conoce como contrato de empresa, contrato de obra, llamado de

arrendamiento o contrato de ejecución de obras.84 Ahora bien, no

hay duda que el contrato de obra es uno de carácter consensual,

bilateral y oneroso, cuyos elementos son la obra a realizarse y el

precio.85    El    Tribunal        Supremo     ha     expresado      que     “[e]l

incumplimiento total o parcial de las prestaciones a las que se han

obligado las partes sujetará las mismas a las sanciones que a esos

efectos provee el Código Civil”.86 Así pues, cuando una de las partes

incumpla de total o parcialmente con lo pactado, tal incumplimiento

estará sujeto a las sanciones dispuestas por el Código Civil.

     E. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

         El Art. 1058 del Código Civil de 1930, dispone que, fuera de

los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así

lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que

no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.87

Por tanto, si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad. Si

81 31 LPRA sec. 4013, Art. 1434.
82 Id.
83 Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 623-624 (2000).
84
    Id., citando a Ignacio Rubio San Román, La Responsabilidad Civil en la
Construcción, Ed. Colex, 1987, pág. 55.
85 Id., 624. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579, 592 (1991).
86
   Id., Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 623-624 (2000).
87
   31 LPRA sec. 3022, Art. 1058.
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no es previsible, estamos generalmente en presencia de un caso

fortuito.88

         En virtud de lo anterior, el incumplimiento imposible se

produce cuando examinadas las circunstancias en que se firma un

contrato y las circunstancias en que debe cumplirse posteriormente,

resulta que su cumplimiento posterior no es posible, por la

sobreviniencia de ciertos hechos que no existían al momento de

contraerse la obligación.89 Ahora bien, para que el cumplimiento

imposible      pueda      producirse    y   la   parte    quede   eximida   de

responsabilidad civil, el tribunal debe quedar convencido de lo

siguiente: (1) que el obligado esté exento de culpa en el

cumplimiento; (2) que una serie de circunstancias, ajenas a la

voluntad del obligado, han sobrevenido para hacer el cumplimiento

imposible; (3) que las cosas objeto del contrato no puedan ser

restituidas en especie a la parte que sufragó su precio dentro de un

tiempo razonable; y (4) que el obligado no haya asumido

directamente el riesgo de cualesquiera nuevas circunstancias que

puedan impedir el incumplimiento.90 Finalmente, el efecto jurídico

de la imposibilidad en el cumplimiento, si sobreviene después de

firmado y ejecutado parcialmente el contrato, es que las partes

quedarán relevadas de todo cumplimiento posterior, y quedarán

obligadas mutuamente a restituirse el valor de las prestaciones que

hasta la fecha de la imposibilidad hubieren recibido.91

    F. Apreciación de la Prueba, Deferencia Judicial y Discreción
       Judicial

         Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

88 Arnold Valle Izquierdo v. E.L.A.,157 DPR 1 (2002).
89 Rodríguez López v. Municipio, 75 DP 479, 490 (1953).
90 Id., en la pág. 493.
91 Id.
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revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.92 Por ello,

la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume correcta,

toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver, escuchar y

valorar las declaraciones de los testigos, así como sus lenguajes no

verbales.93 Por su parte, un foro apelativo cuenta solamente con

“récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe respeto a la

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador primario de

los hechos.94 En ese sentido, y como regla general, no debemos

intervenir con las determinaciones que este haya efectuado en virtud

de la presunción de corrección de la que gozan.95

       En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,     salvo     cuando       estén     presentes       circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo

justifique.96 El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

antes de que se someta prueba alguna.97 En consecuencia, al este

tribunal     apelativo    enfrentarse      a   la   tarea    de    revisar    las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

92 Pueblo v. Pérez Núñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad
v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
93 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148
(2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
94 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, supra, 291.
95 Pueblo v. Pérez Núñez, supra, 529.
96 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
97 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
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la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de

discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.98

       Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida.99 Por tanto, debe existir base suficiente en la

prueba admitida que apoye la determinación del foro.100

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.101

       Ahora bien, cabe destacar que el Tribunal Supremo ha

resuelto que, en instancias en que las conclusiones de hecho que

realice el TPI estén basadas en prueba pericial o documental, un

tribunal revisor estará en la misma posición que el tribunal a quo.102

Por tanto, ante dichas instancias, este tribunal apelativo “tendrá la

facultad para adoptar su propio criterio en la apreciación y

98 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002).
Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
99 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 772.
100 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). Pueblo v. Irizarry, supra.
101 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR

117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a
Pueblo v. Maisonave, supra, 63. González Hernández v. González Hernández,
supra, 777. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry,
supra. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
102 González Hernández v. González Hernández.
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evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque

resulte técnicamente correcta”.103

       A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la

dirección del proceso.104 Los foros apelativos podremos intervenir

con tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que,

de esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.105

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.106 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de

discreción: (i) cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la

decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material

importante que no podía ser pasado por alto; (ii) cuando el juez, por

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran

peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión

exclusivamente en éste; o, (iii) cuando, no obstante considerar y

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y

descartar     los   irrelevantes,     el   juez    los   sopesa     y   calibra

livianamente.107

       A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la

evidencia presentada en los casos y controversias.108 No obstante,

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.109 A

103 González Hernández v. González Hernández, Id. Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez

et al., 154 DPR 333, 363 (2001). Prieto v. Mary land Casualty Co., 98 DPR 594,
623 (1970).
104 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
105 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
106 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
107 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
108 González Hernández v. González Hernández, supra, 776.
109 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra.
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esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro

apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un

análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las

partes.110

       G. Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil

          Como regla general, nuestro ordenamiento jurídico requiere

que las sentencias dictadas por los tribunales cumplan con ciertas

exigencias de forma.111 Cónsono con lo anterior, la Regla 42.2 de las

de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

          En todos los pleitos, el tribunal especificará los hechos
          probados, consignará separadamente sus conclusiones
          de derecho y ordenará que se registre la sentencia que
          corresponda. Al conceder o denegar injunction
          interlocutorios, el tribunal, de igual modo, consignará
          las determinaciones de hechos y conclusiones de
          derecho que constituyan los fundamentos de su
          resolución. Las determinaciones de hechos basadas en
          testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que
          sean claramente erróneas, y se dará la debida
          consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal
          sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.
          Las determinaciones de hechos de un comisionado
          especial, en tanto y en cuanto el tribunal las adopte,
          se considerarán como determinaciones de hechos
          del tribunal.

           No será necesario especificar los hechos probados y
           consignar separadamente las conclusiones de derecho:
       (a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1 y 36.2, o
           al resolver cualquier otra moción, excepto lo dispuesto
           en la Regla 39.2;
       (b) en casos de rebeldía;
       (c) cuando las partes así lo estipulen, o
       (d) cuando el tribunal así lo estime por la naturaleza de la
           causa de acción o el remedio concedido en la sentencia.
          En los casos en que se deniegue total o parcialmente
          una moción de sentencia sumaria, el tribunal
          determinará los hechos en conformidad con la Regla
          36.4.112

          Al evaluar los requisitos de forma establecidos en la aludida

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, el tratadista Rafael

Hernández Colón sostiene que las determinaciones de hechos

probados que de ordinario se consignan en una sentencia “no son

110 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
111
      Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 700 (2019).
112
      32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
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más que el resultado del proceso adjudicativo al que se adentra un

tribunal luego de celebrado el juicio en su fondo”.113 Este proceso, a

su vez, consiste en “dirimir los conflictos que pueda haber,

determinar      la   credibilidad     de   los   testigos,    determinar      qué

documentos se tendrán por auténticos, y determinar qué hechos se

tendrán por probados”.114 Hernández Colón, op cit., pág. 375. En lo

pertinente, Cuevas Segarra explica que: “Los hechos probados son

los que se relacionan en la sentencia, ya que ésta no puede ser una

recapitulación de la prueba presentada o un informe de todo lo

acontecido en el juicio”. La regla no requiere detalles innecesarios y

minuciosos”.115 De igual forma, el Tratadista expresa que: “el dejar

de exponer por separado un hecho probado como una conclusión

del tribunal, no es una omisión que motive la revocación de la

sentencia dictada en el caso. Esto es así porque ningún tribunal

viene obligado a indicar todos los posibles fundamentos en apoyo de

una sentencia; y dentro de su sentencia, si ha expresado lo que

estima suficientes para su determinación”.116

      H. Regla 41 y 41.5 de las de Procedimiento Civil

        La regla 41.1 de las de Procedimiento Civil dispone que el

tribunal en el que esté pendiente un pleito o procedimiento podrá

nombrar un comisionado o una comisionada especial en relación

con dicho pleito o procedimiento.117 Es decir, dicha regla regula todo

lo relacionado a un Comisionado Especial. Asimismo, dicha regla

permite que el Tribunal encomiende a un Comisionado Especial un

asunto, cuando están involucradas cuestiones sobre cuentas y

cómputos difíciles de daños o casos que involucren cuestiones

113
     Pérez Vargas v. Office Depot, a la pág. 375, citando a R. Hernández
Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,
Ed. Lexis Nexis, 2010.
114
    Hernández Colón, op cit., a la pág. 375.
115J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones
JTS 2011, T. IV, página: 1229.
116 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones

JTS 2011, T. IV, página: 1230.
117 32 LPRA Ap. V, R. 41.1.
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sumamente técnicas o de un conocimiento especial altamente

especializado.118 Así pues, el Comisionado es considerado como un

funcionario designado por el Tribunal, en quien se delega

determinados poderes para que formule ciertas determinaciones o

conclusiones en un procedimiento activo.119 El propósito en la

designación de un comisionado especial consiste en facilitar la labor

judicial.120 Por tanto, la designación de un comisionado es para

asistir al juzgador, no para reemplazarlo.121

       De igual forma, la Regla 41.2 de las de Procedimiento Civil

establece que:

       no se encomendará el caso a un comisionado o una
       comisionada en ningún pleito, salvo cuando estén
       involucradas cuestiones sobre cuentas y cómputos
       difíciles de daños o casos que involucren cuestiones
       sumamente técnicas o de un conocimiento pericial
       altamente especializado. No se nombrará un
       comisionado especial si una parte demuestra que el
       nombramiento ocasionaría una dilación innecesaria en
       los procedimientos o unos costos irrazonables.122

       Entre los poderes que tendrá el Comisionado, la Regla 41.3

expresa que:

              La orden para encomendar un asunto a un
       comisionado      o    comisionada     especificará    con
       particularidad sus poderes y requerirá que informe
       sobre determinadas cuestiones litigiosas solamente,
       que haga determinados actos o que solamente reciba
       prueba y transmita el expediente de ésta, y fijará un
       término razonable dentro del cual el comisionado o la
       comisionada deberá presentar su informe. Sujeto a las
       especificaciones y limitaciones establecidas en la orden,
       el comisionado o la comisionada tendrá y ejercitará el
       poder de regular los procedimientos en toda vista
       celebrada ante él o ella, y de realizar cualquier acto y
       tomar cualquier medida que sea necesaria o adecuada
       para el cumplimiento eficiente de sus deberes bajo la
       orden. […] Podrá exigir que se produzca ante él o ella
       cualquier prueba sobre todos los asuntos comprendidos
       en la encomienda, incluso la producción de todos los
       libros, papeles, comprobantes, documentos y escritos
       pertinentes. Podrá decidir sobre la admisibilidad de
       prueba, a menos que se disponga otra cosa en la orden

118 Mayagüez Hilton Corp. V. Betancourt, 156 DPR 234, 258 (2002).
119 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil,

5ta ed. revisada, LexisNexis de Puerto Rico, 2010, sec. 3701, pág. 356.
120 Id., sec. 3702, pág. 357.
121 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones

JTS 2011, T. III, pág. 1199.
122 32 LPRA Ap. V, R. 41.2.
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       de encomienda, tendrá la facultad de juramentar
       personas testigos y examinarlas, de citar las partes en
       el pleito y de examinarlas bajo juramento. 123

       Una vez se le asigne el caso al Comisionado, este notificará a

las partes o a sus abogados la fecha para la primera reunión. Si una

parte deja de comparecer en la fecha y el lugar designados, el

comisionado o la comisionada podrá proceder, en su ausencia o a

su    discreción,    posponer   los   procedimientos   para   otro   día,

notificándolo a la parte ausente. En dicho proceso, las partes podrán

obtener la comparecencia de personas testigos ante el comisionado

o la comisionada mediante la expedición y notificación de citaciones

conforme se dispone en la Regla 40.124

       Luego de llevar a cabo el proceso, el Comisionado o

Comisionada rendirá un Informe de la siguiente forma:

       (a) Contenido y presentación. El comisionado o la
       comisionada preparará un informe sobre todos los
       asuntos encomendados por la orden del tribunal, y si
       se le exige que haga determinaciones de hechos y
       conclusiones de derecho, las expondrá en el informe,
       el cual presentará en la Secretaría del tribunal en la
       fecha señalada en la orden según lo dispuesto en la
       Regla 41.3. A menos que de otro modo se disponga,
       acompañará una relación de los procedimientos, un
       resumen de la prueba y los exhibit originales.
       (b) Proyecto del informe. Antes de presentar su informe,
       el comisionado o la comisionada podrá someter un
       proyecto de éste a los abogados o las abogadas de todas
       las partes con el fin de recibir sus sugerencias. Al
       presentar el informe, el Secretario o la Secretaria lo
       notificará inmediatamente a todas las partes.
       (c) Aprobación al informe. En todos los casos, el
       tribunal aceptará las determinaciones de hechos del
       comisionado o de la comisionada, a menos que sean
       claramente erróneas. Dentro de los veinte (20) días
       siguientes a la notificación del informe o del término que
       disponga el tribunal, cualquiera de las partes podrá
       notificar a las otras sus objeciones por escrito a dicho
       informe. La solicitud al tribunal para que tome la acción
       que proceda con respecto al informe y a las objeciones
       a éste se hará mediante moción y con notificación,
       según se dispone en la Regla 67. El tribunal, después
       de oír a las partes, podrá adoptar el informe,
       modificarlo o rechazarlo en todo o en parte, recibir
       evidencia       adicional       o     devolverlo       con
       instrucciones.  125 (énfasis nuestro).

123
    32 LPRA Ap. V, R. 41.3.
124
    32 LPRA Ap. V, R. 41.4.
125
    32 LPRA Ap. V, R. 41.5.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                            37

      (d) Estipulación en cuanto a las determinaciones de
      hechos. El efecto del informe del comisionado o de la
      comisionada será el mismo, hayan o no consentido las
      partes a que el asunto sea encomendado a un
      comisionado o una comisionada, pero cuando las partes
      estipulen que las determinaciones de hechos del
      comisionado o la comisionada sean finales, solamente
      se considerarán en lo sucesivo las cuestiones de
      derecho que surjan del Informe.

                                      III

KLAN202200660 y KLAN202200663

      En los recursos ante nuestra consideración, tanto Abengoa

como American International nos solicitan la revocación de la

Sentencia Parcial que emitió el foro primario el 18 de julio de 2022,

notificada al día siguiente por el foro primario. Mediante el referido

dictamen, el TPI acogió el Informe del Comisionado Especial (en

adelante Informe), en consecuencia, dictó Sentencia Parcial a favor

de la AEE por incumplimiento de contrato, desestimó la Demanda

que presentó Abengoa y declaró Ha Lugar la Reconvención

presentada por la AEE. Ordenó, además, la continuación de los

procedimientos.

                                      -a-

      Por    encontrarse     estrechamente        relacionados    entre     sí,

discutiremos en conjunto los errores A y C del recurso de Apelación

identificado con el alfanumérico KLAN202200660 y el primer,

segundo, cuarto y quinto error del recurso de Apelación identificado

con   el    alfanumérico     KLAN202200663.         En     síntesis,   en   el

alfanumérico KLAN202200660, American International plantea que

erró el foro primario al acoger el Informe, aduciendo que se basó en

comunicaciones precontractuales inadmisibles e insuficientes que

fueron     suplantadas     por   el   contrato,   las    cuales   ignoran    y

malinterpretan los términos de dicho Contrato. Asimismo, arguye

que los términos del contrato no imponen a Abengoa la obligación

de mantener el equipo principal del Proyecto ni su almacenamiento

por un tiempo indefinido a ningún costo adicional para la AEE. A su
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                               38

vez, alega que incidió el foro primario, debido a que acogió el Informe,

el cual, alegadamente, estuvo basado en documentación inexistente

que no era parte de la prueba admitida, así como en lenguaje

alterado que no constaba en la prueba admitida. Asimismo, señaló

que el foro primario debió rechazar dicho Informe, ya que determinó

que la obtención de los permisos por parte de la AEE era un evento

"inminente", a pesar de que la AEE acabó obteniendo dichos

permisos cinco (5) años más tarde de lo previsto.

       Por otra parte, en el alfanumérico KLAN202200663, Abengoa

nos argumenta que el foro primario erró al adoptar el Informe

alegando que intencionalmente evade las disposiciones del Contrato

que fueron argumentadas en los escritos post-juicio. Esbozó,

además, que, cometió error el foro primario al adoptar dicho Informe,

aun cuando las determinaciones estaban basadas en prueba

inadmitida, lo cual inhabilita el Informe. De igual forma, reiteró que

incidió el foro primario al acoger el Informe basado en conclusiones

fallidas e improvisadas, carentes de prueba o en lecturas erradas de

documentos que invalidan las conclusiones del informe. Por último,

señaló que el foro primario erró al adoptar el Informe, el cual

pretendía enmendar el Contrato escrito para crear un acuerdo oral

indefinido de "fragmentación de tareas" sin causa, a perpetuidad, y

sin que el Informe aludiera a hechos legalmente permisibles y

probados en el juicio que sirvieran de base para dichas enmiendas.

       Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.126 Por su

parte, un foro apelativo cuenta solamente con “récords mudos e

inexpresivos”, por lo que se le debe respeto a la adjudicación de

126 Pueblo v. Pérez Nuñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad
v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                             39

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos.127 En

vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que un tribunal

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando un

análisis integral de la prueba así lo justifique.128 Por otra parte, el

Tribunal Supremo enfatiza que, solamente hemos alterado esos

dictámenes en casos de error manifiesto en el desempeño de dicha

función, cuando un examen detenido de toda la prueba nos

convence que el juzgador descartó injustificadamente elementos

probatorios importantes o fundó su criterio únicamente en

testimonios de escaso valor, o inherentemente improbables, o

increíbles.129

       En el caso ante nuestra consideración, tanto Abengoa como

American         International,     impugnan        las     actuaciones       y

determinaciones que realizó el Comisionado. No obstante, lo

anterior, las partes aquí apelantes, no presentaron ningún método

de transcripción de la prueba oral, de tal forma que nos permitiera

evaluar si el foro primario, en efecto, realizó determinaciones

basadas en prueba errónea, inadmitida, carentes de valor probatorio

o contrarias a derecho. Nótese que, como parte del expediente ante

nuestra consideración, se incluyeron fragmentos de la prueba oral

los cuales no son suficientes para poder llevar a cabo nuestra

función revisora. Ante ello, estamos impedidos de intervenir con la

apreciación de la prueba que llevó a cabo el Comisionado. Cabe

destacar que, es el foro primario, a través del Comisionado, quien

está en mejor posición para organizar el desarrollo del caso y, para

127 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, supra, 291.
128 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
129
    C. Brewer PR, Inc., v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 1972.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                   40

ello, necesita la más amplia flexibilidad y deferencia de los foros

apelativos. En virtud de lo anterior y luego de examinar el expediente

ante nuestra consideración, colegimos que tanto Abengoa como

American International, respectivamente, no colocaron en posición

a este tribunal revisor para determinar si incidió el Comisionado en

la apreciación de la prueba. Así pues, concluimos que el foro

primario no incurrió en los errores señalados, en específico, los

errores A y C del recurso de Apelación identificado con el

alfanumérico KLAN202200660 y el primer, segundo, cuarto y quinto

error del recurso de Apelación identificado con el alfanumérico

KLAN202200663.

                                 -b-

      En el error B del recurso de apelación alfanumérico

KLAN202200660, American International plantea que erró el foro

primario al acoger el Informe, toda vez que el mismo determinó que

los retrasos de la AEE en obtener los permisos constituyó fuerza

mayor, ello, a pesar de que los hechos incontrovertidos demostraban

que (i) la AEE nunca notificó a Abengoa de tal fuerza mayor, lo que

era un requisito establecido por el contrato para poder invocar esta

defensa; y (ii) aún de la AEE haber declarado propiamente la fuerza

mayor, Abengoa hubiese sido excusada también por cualquier

incumplimiento de su parte bajo el contrato. De igual forma, en el

tercer error del recurso de apelación alfanumérico KLAN202200663,

Abengoa esboza que incidió el foro primario al adoptar la defensa de

fuerza mayor para justificar los múltiples incumplimientos de la

AEE, cuando tal defensa está imposibilitada como cuestión de

derecho por seis razones independientes.

       La cláusula 1.11 y 11.2 del contrato que suscribieron

Abengoa y la AEE dispone lo siguiente:

      1.11 “Act of God” – an act of God is construed herein to
      mean an earthquake, hurricane or other cataclysmic
      phenomenon of nature not ordinarily occurring. Rains,
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                   41

       windstorms, floods or other natural phenomenon of
       normal intensity for the particular locality as
       determined by the preceding five year monthly average
       from records of the nearest National Oceanic and
       Atmospheric Administration recording station shall not
       be construed as an act of God.130

       1.12 “Force Majeure” – “Force Majeure” shall mean, any
       cause or circumstances of whatever nature, whether
       pertaining to a party hereto or its agents, contractors or
       subcontractors, and which is beyond the reasonable
       control of and without the fault or negligence of the
       party claiming the “Force Majeure”. “Force Majeure”
       may include, but is not limited to, acts of God; war; acts
       of the public enemy; riot; civil commotion; sabotage;
       federal, state, or municipal actions or regulation;
       strikes; fire; floods; epidemics, quarantine restrictions;
       embargoes; unavailability of transport; damage to or
       destruction in whole or in part of equipment not due to
       lack of care; inability to obtain raw materials, labor,
       fuel, or supplies; or any other causes, contingencies, or
       circumstances within or without the United States, not
       subject to the parties control, either of a similar or
       dissimilar nature, which prevent or hinder the
       performance of this contract.131

       De igual forma, la cláusula 15.8 de dicho contrato establece

lo siguiente:

       15.8 Force Majeure

       15.8.1       Neither party shall be held responsible for
       the nonperformance of this Contract, except for the
       obligation to pay for work already performed including
       retainage and to pay money, already due and owed, if
       performance hereunder is prevented or delayed by
       “Force Majeure”.
       15.8.2       If either party is rendered wholly or partly
       unable to perform it’s obligations under this contract
       because of “Force Majeure”, that party shall be excused
       from whatever performance is affected by the “Force
       Majeure” to the extent so affected, provided that the non
       performing party, within ten (10) days after the
       occurrence describing the particulars of the occurrence
       and it’s estimated duration.
       15.8.3       Any delay caused by “Force Majeure” event
       shall extend the time of the contractor’s performance as
       stated in Article 2 of the Agreement for the time
       necessary to cover the effects of such a “Force Majeure”
       events, provided, however, that the party claiming a
       “Force Majeure” demonstrates that it is being diligent to
       remedy it’s inability to perform and resume in full it’s
       performance under this contract.132

130
    Apéndice 42 del recurso KLAN202200660, a la pág. 1561.
131
    Id.
132
    Apéndice 42 del recurso KLAN202200660, a la pág. 1589.
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       Luego de un examen minucioso del expediente ante nuestra

consideración, coincidimos con la apreciación del Comisionado,

toda vez que, en el transcurso de la obtención de los permisos ante

la EPA, la AEE mantuvo a Abengoa informada sobre sus diligencias

y gestiones a los fines de obtener dichos permisos. Por tanto, es

forzoso concluir que la AEE actuó con total diligencia al mantener

informada a Abengoa del progreso en la obtención de los permisos,

por lo que la dilación de estos respondía a una situación de caso

fortuito o fuerza mayor. Nótese, además, que desde que Abengoa

suscribió el contrato, tenía conocimiento de que era necesaria la

obtención de dichos permisos para comenzar la fase de construcción

del Proyecto, la cual estaba sujeta a la obtención de estos.133

       Posteriormente, las partes llegaron a un acuerdo en la cual

emitieron órdenes parciales, a los fines de adelantar labores que no

requieran la obtención de los permisos de la EPA. Reiteramos, que,

en virtud de lo anterior, Abengoa tenía conocimiento de la dilación

en la obtención de los permisos desde el momento en que se firmó

el    Contrato.   Por    tanto,    toda    dilación    por    las   agencias

correspondientes relacionadas a la expedición de estos permisos era

constitutiva de fuerza mayor y relevo de responsabilidad por parte

de la AEE. Así pues, la dilación en la obtención de los permisos no

constituía razón justificada para la resolución del contrato por parte

de Abengoa. A esos efectos, juzgamos que no cometió error el foro

primario con relación al error B del recurso de apelación

alfanumérico KLAN202200660 ni en cuanto al tercer error del

recurso de apelación alfanumérico KLAN202200663.

133
   Véase Artículo 2 del Agreement (contrato) Núm. TSMP-201-004-94. Apéndice
42 del recurso KLAN202200660, a las págs. 1547-1620. En específico, dicha
cláusula disponía que: “[The] Contract work shall commence within twenty (20)
calendar days of the Order to Proceed which will be issued immediately after
receipt of permits necessary for construction and installation of the project”.
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                                    -c-

       Por otro lado, en el recurso de Apelación, KLAN202200663, en

su sexto señalamiento de error, Abengoa arguye que incidió el foro

primario al adoptar el Informe del Comisionado haciendo caso omiso

a la doctrina del caso Levy v. Autoridad De Edificios Públicos, 135

DPR 382 (1994), la cual dispone que el dueño de la obra pague al

contratista extra-costes relacionados con un retraso en la obra más

allá   de   lo    razonablemente   previsible    por   asuntos   bajo   la

responsabilidad o necesidad del dueño, y que reconoce que cuando

se repudia tal obligación radicalmente, el contrato puede ser

terminado. Juzgamos que no le asiste la razón a Abengoa en su

planteamiento. Veamos.

       En el caso Levy v. Autoridad De Edificios Públicos, supra, el

Alto Foro concluyó que un contratista es acreedor de daños por

retrasos, cuando el dueño emita órdenes de cambio excesivas o

irrazonables, más allá de aquellas consideradas por las partes

contratantes. Asimismo, determinó que el dueño de una obra que,

mediante         demoras   extraordinarias,     obstaculice   directa   o

indirectamente la ejecución del contrato por parte del contratista,

tendrá que indemnizar al contratista por incumplimiento de

contrato. No obstante, determinó que no todo incumplimiento de

una obligación recíproca conllevará unos efectos resolutorios. Para

ello, es necesario que la obligación incumplida sea esencial o que su

cumplimiento constituya el motivo del contrato para la otra parte.

       Según surge del expediente, el Comisionado determinó que el

retraso en el Proyecto no fue irrazonable ni tampoco fue por asuntos

atinentes a la AEE. A su vez, el Comisionado concluyó que Abengoa

estuvo al tanto de las diligencias y gestiones realizadas por parte de

la AEE para obtener los permisos de la EPA. Por último, el

Comisionado enfatizó que Abengoa accedió a cumplir con las

órdenes parciales, las cuales no requerían la aprobación de la EPA.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                   44

Ante   este   escenario,   razonamos   que   Abengoa    conocía    las

circunstancias y condiciones a las cuales estaba sujeto dicho

Proyecto. Por tanto, no correspondía a la AEE pagar a Abengoa

extra-costes, debido a que el retraso no fue irrazonable y tampoco

estaba bajo el control de la AEE. Menos aún, correspondía la

terminación del contrato. En virtud de lo anterior, determinamos

que no se cometió el sexto error señalado.

                                 -d-

       En el séptimo señalamiento de error del alfanumérico

KLAN202200663, Abengoa alega que erró el foro primario al adoptar

un Informe que admite que la AEE le ordenó prematuramente la

fabricación de costoso equipo sin que la AEE tuviese información de

que se emitirían los permisos para instalarlo, ordenó que Abengoa

entregara el equipo a las facilidades de la AEE a la intemperie y

expuestas al salitre y finalmente, pretendió que el deterioro del

equipo y su reparación la subsidiara Abengoa, aduciendo que dicho

deterioro fue provocado por las órdenes parciales que emitió la AEE,

en violación del contrato y a las doctrinas de Zequeira v. Corporación

de Renovación Urbana y Vivienda, 83 DPR 878 (1961) y Danosa

Caribbean v. Santiago Metal, 179 DPR 40 (2010), las cuales

requieren pago por el dueño por tareas fuera del ámbito de las

especificaciones de la subasta. No nos persuade. Veamos.

       En el caso Zequeira v. Corporación de Renovación Urbana y

Vivienda, supra, el Ingeniero Zequeira fue contratado por la

Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (en adelante,

Corporación) para construir unos edificios. Una vez culminado los

trabajos, Zequeira presentó los edificios para inspección. No

obstante, la Corporación le indicó que no podía aceptar y certificar

dicho proyecto, debido a que las terminaciones no fueron realizadas

de acuerdo con la carta de interpretación del 15 de septiembre de

1950. Así las cosas, Zequeira realizó esfuerzos para culminar dichas
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                   45

terminaciones. Trabada la controversia, la última instancia judicial

concluyó que la Corporación venía obligada a satisfacer al

demandante el costo adicional o aumento en precio en que incurrió

en las terminaciones. Para establecer dicho cómputo, el Tribunal

Supremo expresó que lo primero era establecer cuánto hubiese sido

el precio de la mano de obra y de los materiales para las

terminaciones comprendidas en la controversia según los términos

del contrato original. Lo segundo, conocer cuánto resultó ser el

precio de la mano de obra y de los materiales para las terminaciones

comprendidas en la controversia de acuerdo con los términos de la

carta de interpretación de 15 de septiembre de 1950. Así pues,

revocó la sentencia en todo lo que se refería a la forma en cómo se

determinó el aumento en precio.

      Por su parte, en el caso Danosa Caribbean v. Santiago Metal,

supra, la controversia consistía en determinar cuál era el criterio

para determinar el importe a que tenía derecho un contratista

cuando se pacta un cambio en la obra sin un acuerdo en cuanto al

precio. En síntesis, Vissepó & Diez Construction Corp. (en adelante,

Vissepó) fue contratado para techar el Coliseo del Municipio de San

Sebastián.   A   su   vez,   Vissepó   contrató   a   Santiago   Metal

Manufacturing Corp. (en adelante, Santiago) quien a su vez contrató

a Danosa Caribbean, Inc. (en adelante, Danosa) para que realizara

el techado del Coliseo. Durante el proyecto se realizaron dos

cambios, el segundo de los cambios tenía como propósito cubrir la

parte inferior del alero del Coliseo con unas planchas de metal.

Posteriormente, Danosa le envió una carta a Santiago en la que

cotizó el proyecto objeto de la segunda orden de cambio. Además,

Danosa le indicó a Santiago que esperaba por su aprobación para

proceder a efectuar el trabajo. Sin embargo, Danosa ya había

comenzado a instalar las planchas de metal en el alero del Coliseo.

Cónsono con lo anterior, Santiago se responsabilizó por los costos
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                   46

adicionales de surgir problemas con el diseñador. Sin embargo, no

se estableció el precio pactado. Con relación a la segunda orden de

cambio, Santiago confeccionó dos documentos, ambos documentos

establecían que no serían válidos hasta que fuesen firmados por el

dueño de la obra y el contratista. Sin embargo, ninguno de los

documentos fue firmado por ambas partes.

      Trabada la controversia, Danosa presentó una Demanda en

cobro de dinero contra Santiago. El foro primario declaró “con lugar”

la demanda presentada por Danosa. Su decisión se amparó en la

doctrina de enriquecimiento injusto. Entendió que entre las partes

no existía un contrato válido sobre la segunda orden de cambio, toda

vez que no se firmó por ambas partes. El TPI entendió que Danosa

inició los trabajos sin el consentimiento de Santiago, por lo que

asumió el riesgo de que su cotización fuera rechazada. Determinó,

además, que Santiago cometió un error el cual intentó subsanar

mediante un ajuste en el precio de la segunda orden de cambio. Sin

embargo, Santiago no obtuvo confirmación de Danosa para tal

reducción en el precio. Por lo tanto, el foro primario dictaminó que

Santiago asumió también el riesgo y Danosa no aceptó. Inconforme,

acudió ante el foro apelativo, dicho foro revocó al foro primario y

determinó que (1) que existía un contrato entre las partes; (2) que el

precio convenido en el contrato era el reclamado por Danosa, a

saber, $63,680.00, y (3) eliminó la partida concedida a favor de

Santiago en concepto de honorarios por temeridad. Insatisfecho

aun, Santiago acudió al Tribunal Supremo y, este revocó en parte la

Sentencia emitida por el Tribunal intermedio y devolvió el caso al

foro primario para que, a tenor con la prueba presentada y admitida,

se adjudicara si se pactó el precio de la obra producto de la segunda

orden de cambio. Asimismo, confirmó la determinación del foro

apelativo intermedio que eliminaba la partida de honorarios por

temeridad.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                     47

      Los casos anteriormente citados se distinguen del caso ante

nos, puesto a que allí, los trabajos eran distintos al del caso de autos

y las partes no llegaron a un acuerdo válido con relación a las

órdenes de cambio. Por el contrario, surge del expediente que

Abengoa llegó a un acuerdo válido con la AEE y, accedió a realizar

las órdenes parciales para adelantar tareas en el Proyecto que no

requirieran los permisos de la EPA. En específico, dichas órdenes

parciales fueron promovidas y aceptadas por Abengoa sin reservarse

derecho alguno a compensación por costos adicionales. De igual

forma, desde el comienzo del Proyecto, Abengoa tenía conocimiento

de que era responsable de almacenar y custodiar el equipo hasta la

entrega del Proyecto a la AEE.134 Por tanto, resulta improcedente la

pretensión   de   Abengoa     de   desligarse   de   sus   obligaciones

contractuales para pasar el costo económico del riesgo asumido a la

AEE. Por otra parte, dichas tareas no se encontraban fuera de

ámbito de las especificaciones de la subasta, y tampoco del Contrato

suscrito entre las partes, como sucedió en la jurisprudencia

discutida anteriormente. Así pues, la AEE no viene obligada a pagar

a Abengoa por dichas tareas. Por tanto, concluimos que no se

cometió el séptimo error señalado por Abengoa.

                                   -e-

      Por otro lado, en el octavo señalamiento de error del mismo

recurso de Apelación, Abengoa considera que el foro primario incidió

al adoptar el Informe, arguyendo que el mismo está en contravención

a la Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil y lo reiterado

por el Alto Foro en Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019),

Andino v. Topeka, Inc. 142 DPR 933 (1997) y Torres v. Dávila, 140

DPR 83 (1996). No le asiste razón a Abengoa. Veamos.

  Véase Apéndice 42 del recurso KLAN202200660, a la pág. 1572. Agreement
134

Núm. TSMP-201-004-94, Cláusula Núm. nueve (9) Quality and Warranties.
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                     48

      Luego de examinar el caso de Pérez Vargas v. Office Depot,

supra, y el caso de Andino v. Topeka, Inc., supra, colegimos que los

mismos no aplican a la controversia ante nuestra consideración,

debido   a   que   dichos   casos   tratan   sobre   la   solicitud   de

determinaciones de hechos adicionales en casos resueltos mediante

moción de sentencia sumaria. Por otra parte, el caso Torres v. Dávila,

supra, no nos resulta persuasivo a la controversia ante nos, toda vez

que trataba sobre la denegatoria de la solicitud de relevo de pensión

alimentaria del señor Torres. En específico, el foro primario denegó

dicha solicitud sin realizar determinaciones de hechos. A su vez, un

panel de este Tribunal confirmó el dictamen el foro primario sin

contar con determinaciones de hechos que le permitieran ejercer su

función revisora. No obstante, el Tribunal Supremo determinó que,

los hechos del caso requerían que el Tribunal de Apelaciones tuviera

el beneficio de unas determinaciones de hechos del foro primario

que justificaran su conclusión de que el señor Torres podía pagar la

pensión sin dificultad alguna. Por lo anterior, revocó al Tribunal de

Apelaciones.

      Según discutido anteriormente, la jurisprudencia a la que

hace alusión Abengoa no es pertinente a la controversia del título.

Nótese que, en el caso del título se designó a un Comisionado para

atender dicha controversia. Así pues, la controversia trata sobre las

determinaciones de hechos que emitió el Comisionado en su

Informe. Por otra parte, el caso de Pérez Vargas v. Office Depot,

supra, y el caso de Andino v. Topeka, Inc., supra, fueron resueltos

mediante moción de sentencia sumaria, mientras que en el caso

antes nos, se celebró juicio y no se resolvió de forma sumaria.

      Según el precitado derecho, las determinaciones de hechos de

un comisionado especial, en tanto y en cuanto el tribunal las adopte,
KLAN202200660 cons. KLAN202200663 y KLCE202201145                            49

se considerarán como determinaciones de hechos del tribunal.135 A

su vez, Cuevas Segarra explica que, “Los hechos probados son los

que se relacionan en la sentencia, ya que ésta no puede ser una

recapitulación de la prueba presentada o un informe de todo lo

acontecido en el juicio”. La regla no requiere detalles innecesarios y

minuciosos”.136 De igual forma, el Tratadista expresa que: “el dejar

de exponer por separado un hecho probado como una conclusión

del tribunal, no es una omisión que motive la revocación de la

sentencia dictada en el caso. Esto es así porque ningún tribunal

viene obligado a indicar todos los posibles fundamentos en apoyo de

una sentencia; y dentro de su sentencia, si ha expresado lo que

estima suficientes para su determinación”.137

       En los hechos del caso del título, el foro primario tuvo la

oportunidad de revisar dicho Informe y determinar si estaba

fundamentado en derecho. Según provee la Regla 41.5 de las de

Procedimiento Civil, Abengoa objetó el Informe del Comisionado y,

en consecuencia, el foro primario celebró una vista, para examinar

las objeciones de Abengoa, conforme a dicha regla. Así pues, luego

de celebrar una vista, el foro primario acogió las determinaciones de

hechos y de derecho que realizó el Comisionado en su Informe, sin

impugnarlas o modificarlas. Por tanto, dicho Informe se considera

como determinaciones de hechos que realizó el foro primario. Vale

destacar que, las reglas de procedimiento civil no exigen que las

determinaciones del Comisionado cumplan con un formato en

específico o que las mismas sean enumeradas. En apoyo a lo

anterior, razonamos que no era necesario que el Comisionado

expusiera en el Informe todo fundamento posible para apoyar sus

135
    32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
136
    J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan,
Publicaciones JTS 2011, T. IV, página: 1229.
137
     J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan,
Publicaciones JTS 2011, T. IV, página: 1230.
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determinaciones. Por todo lo anterior, colegimos que no se cometió

el octavo error, imputado por Abengoa.

                                        -f-

          En el noveno y último señalamiento de error del recurso

KLAN202200663, Abengoa nos invita a concluir que el foro primario

incidió aduciendo que renunció a su función revisora requerida por

las Reglas de Litigio Complejo, por lo que debió dirigir el asunto al

juez o jueza administrador(a) del foro primario para que se le

proveyeran los recursos para resolver el caso del título a favor de la

parte apelante. No nos persuade el argumento de Abengoa. Veamos.

          Según surge del expediente, el 31 de octubre de 2007,

notificada el 6 de noviembre de 2007, el foro primario emitió una

Resolución138 en la cual ordenó que se tramitaran los casos del título

como casos de litigación compleja. En síntesis, AEE alegó que

procedía que se decretase el caso como uno de litigación compleja

por el extenso descubrimiento de prueba, la complejidad de las

controversias planteadas entre las partes, entre otros asuntos. Por

su parte, Abengoa se opuso a la petición de la AEE, alegando que la

solicitud era tardía y tendría el efecto de retrasar los procedimientos.

          Inconforme con la determinación del foro primario, Abengoa

tenía la alternativa de acudir en revisión ante este foro apelativo

para revisar dicha determinación. No obstante, no fue hasta que se

presentó el recurso de Apelación, el 18 de agosto de 2022, que

Abengoa pretendió impugnar la determinación de que se tramitaran

los casos del título como casos de litigación compleja. Es decir,

Abengoa pretende impugnar la determinación del foro primario,

quince (15) años más tarde, por lo que resulta tardío y hasta

académico el planteamiento de referir el asunto ante el Juez o Jueza

Administradora del TPI. Por otra parte, el Comisionado emitió su

138
      Apéndice 12 del recurso KLAN202200660, a las págs. 114-119.
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Informe el 22 de julio de 2021, por lo que dicho argumento de que

determinar el caso como uno de litigación compleja por razón de que

tendría el efecto de retrasar los procedimientos resulta tardío, toda

vez que el caso se atendió en los méritos y el Comisionado ya rindió

su Informe.

       Las Reglas de Procedimiento Civil, proveen para que el

Tribunal nombre a un Comisionado especial en un procedimiento

judicial cuando la controversia envuelva asuntos técnicos o

complejos. Asimismo, el Comisionado es considerado como un

funcionario designado por el Tribunal, en quien se delega

determinados poderes para que formule ciertas determinaciones o

conclusiones en un procedimiento activo.139 De igual forma, la

designación del Comisionado vendrá acompañada de una orden, la

cual especificará y delimitará las funciones de dicho Comisionado.

       Del tracto procesal surge que, el 7 de julio de 2011, notificada

el 12 de julio de 2011, el foro primario emitió una Resolución140 en

la cual nombró al licenciado Rossy García en el caso del título. A su

vez, de dicha Resolución surge que las partes consintieron a la

designación del licenciado Rossy García como Comisionado en el

caso del título, sus tarifas y el modo de pago de estas. Además, allí

se determinaron los términos, condiciones y facultades del

Comisionado.141 De lo anterior, se infiere que la designación del

Comisionado fue con el consentimiento de ambas partes, tanto de

Abengoa como de la AEE. Por tanto, resulta tardía la impugnación

del nombramiento de dicho Comisionado.

       Luego de nombrar al Comisionado y que este lleva a cabo el

proceso para el cual fue designado, tiene que rendir un informe

sobre todos los asuntos encomendados por la orden del Tribunal, y

139 R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho procesal civil,

5ta ed. revisada, LexisNexis de Puerto Rico, 2010, sec. 3701, pág. 356.
140
    Apéndice 13 del recurso KLAN202200660, a las págs. 120-130.
141
    Véase Apéndice 13 del recurso KLAN202200660, a las págs. 120-130: Poderes
del Comisionado.
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si se le exige, realizará determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho las cuales expondrá en dicho informe. Por su parte, el

tribunal aceptará las determinaciones de hechos del comisionado o

de la comisionada, a menos que sean claramente erróneas. Dentro

de los veinte (20) días siguientes a la notificación del informe o del

término que disponga el tribunal, cualquiera de las partes podrá

notificar a las otras sus objeciones por escrito a dicho informe. A su

vez, el tribunal, después de oír a las partes, podrá adoptar el

informe, modificarlo o rechazarlo en todo o en parte, recibir

evidencia adicional o devolverlo con instrucciones.142

          Luego de expedir el Informe en el caso del título, Abengoa

presentó una Moción y Alegato de Abengoa Solicitando que se

Rechace el Informe del Comisionado Especial y que este Tribunal

Adjudique la Responsabilidad Contractual en Base a los Hechos no

Controvertidos. Asimismo, solicitó una vista de argumentación oral.

Cónsono con lo anterior, el foro primario celebró una vista

argumentativa, con relación al Informe rendido por el Comisionado

y las objeciones presentadas por Abengoa. Luego de examinar los

argumentos esgrimidos por las partes del título, el 18 de julio de

2022, notificada el 19 de julio de 2022, el foro primario emitió una

Sentencia Parcial y Orden.143 Mediante la Sentencia Parcial, el foro a

quo acogió el Informe, haciéndolo formar parte de la Sentencia Parcial

emitida.

          Nótese que, una vez se rindió el Informe, Abengoa presentó su

objeción mediante moción. Por su parte, el foro primario celebró una

vista argumentativa para evaluar las objeciones de Abengoa

respecto al Informe, en cumplimiento con la Regla 41.5 de las de

Procedimiento Civil. Una vez, celebrada la vista, el foro primario

142
      32 LPRA Ap. V, R. 41.5.
143
      Apéndice 38 del recurso KLAN202200660, a las págs. 1538-1540.
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entendió que el Informe del Comisionado se emitió conforme a

derecho y sustentado en la prueba presentada por las partes.

       En virtud de lo anterior, determinamos que tanto el

Comisionado como el foro primario actuaron de conformidad a la

Regla 41 de las de Procedimiento Civil. Así pues, concluimos que no

se cometió el noveno error antes señalado.

KLCE202201145

       En el recurso de Certiorari KLAN202201145, UNIPRO en sus

dos (2) señalamientos de error nos plantea, en síntesis, que el foro

primario incidió tras abstenerse de intervenir en torno a una

solicitud de orden de pago, a favor de UNIPRO hasta tanto este

tribunal revisor dispusiera de los recursos KLAN202200660 y

KLAN20220663.

       Tras evaluar minuciosamente el recurso presentado ante nos

por UNIPRO, los señalamientos de error, así como la posición de las

partes recurridas y el expediente en su totalidad, razonamos que no

procede la expedición del auto de Certiorari solicitado. Conforme a

nuestro ordenamiento jurídico, la expedición de un auto de

Certiorari al amparo de la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil144, no opera en el vacío; tiene que anclarse en una de las

razones de peso que establece la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones.145 En el presente caso, razonamos que no

se configuran ninguna de las instancias que justificarían la

expedición de este recurso discrecional. Luego de haber revisado los

señalamientos de error esgrimidos por UNIPRO y los fundamentos

en apoyo, según surgen de la Petición de Certiorari, los mismos no

lograron activar nuestra función discrecional en el caso de autos.

Consideramos, además, que, al aplicar la norma de abstención

apelativa en este momento, conforme al asunto planteado, no

144 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
145 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
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constituirá un rotundo fracaso de la justicia. Es por todo lo anterior

que, no atisbamos razón para intervenir con el dictamen recurrido.

Por tanto, acordamos denegar la expedición del auto de Certiorari en

el recurso KLCE202201145.

                                    IV

      Con    relación   a    los     recursos    KLAN202200660       y

KLAN202200663,       por    los    fundamentos   que   anteceden,   se

confirma la Sentencia Parcial apelada.

      Por otro lado, en cuanto al recurso KLCE202201145, se

deniega la expedición del auto de Certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones