Court Opinion

ID: 9554684
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:16:53.885605+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:19.938302
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        PANEL III

              JOSÉ DIOSCORIDE                              Certiorari
              SANTIAGO TORRES                              procedente del
                                                           Tribunal de Primera
                  PETICIONARIA                             Instancia, Sala
                                                           Superior de Ponce
                          v.
                                        KLCE202300697
                                                           Civil núm.:
            MARIANA RODRÍGUEZ                              PO2019CV01417
             GALLIANO Y OTROS                              (604)

                   RECURRIDA                             Sobre:
                                                         DAÑOS
         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
         Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                      RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

                El peticionario, José D. Santiago Torres, solicita que

         revisemos la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a

         reconsiderar la decisión de no reabrir su caso.

                                            I

                El señor Santiago presentó cuatro demandas por separado en

         las que reclamó una indemnización por los daños que le ocasionó

         una hospitalización involuntaria. Los pleitos fueron consolidados. El

         peticionario desistió de todos los casos y solicitó el cierre. El 9 de

         octubre de 2019, el TPI dictó sentencia de desistimiento con

         perjuicio sobre la totalidad de la demanda. No obstante, el

         peticionario solicitó reconsideración para que la desestimación fuera

         sin perjuicio. El TPI se negó a reconsiderar la decisión. El

         peticionario solicitó revisión al Tribunal de Apelaciones. El 18 de

         noviembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia

         para que el desistimiento fuera sin perjuicio.

                El 30 de enero de 2023, el peticionario presentó una moción

         titulada Renovación demanda al enmendarse la sentencia por el

         apelativo sin perjuicio en la que alegó que:

Número Identificador

RES2023________________
KLCE202300697                                                    2

      […]

            2. Que las partes están al presente bajo la
      jurisdicción del tribunal, por lo cual permanecen
      emplazadas.

            3. Que el demandante radicó sendas mociones
      desistiendo del desistimiento y han sido ignoradas, a
      pesar de que lo que previeron fue redemandar, tal cual
      la Sentencia final aprobó Apelativo.

             4. Que el demandante está remitiendo la nueva
      demanda a las partes que aún están bajo la jurisdicción
      del Tribunal.

      El 7 de febrero de 2023, el TPI declaró NO HA LUGAR la

solicitud.

      El 10 de febrero de 2023, el peticionario presentó Moción

tribunal indique como se demanda cuando existe una existencia sin

perjuicio y cuando los hechos han pasado hace más de un año y no

ha bajado el mandato y moción de reconsideración otras.

      El 15 de febrero de 2023, el TPI resolvió sobre dicha moción

nada que disponer, debido a que la sentencia de desistimiento con

perjuicio era final y firme.

      El 23 de febrero de 2023, el peticionario presentó Renovación

demanda al enmendarse la sentencia por el apelativo a sin perjuicio

y aun sin recibirse mandato según notificación juez administradora

en la que expuso:

            1. Que se acompaña copia de la Demanda
      radicada el 21 de febrero de 2023 y lleva el número
      PO2023CV00499 asignada a la Sala 602 a los efectos
      de cumplir con lo notificado por esta Sala quien ordenó
      seguir con los procedimientos legales, conforme a la
      Sentencia que enmendó el Tribunal Apelativo Sentencia
      determinó SIN PERJUICIO.

             2. Que las partes están al presente bajo la
      jurisdicción del tribunal, por lo cual permanecen
      emplazadas, no obstante, por si procede en derecho se
      solicitaron emplazamientos y se pagó el sello de rentas
      internas.

            3. Que al radicar la re demanda no se renuncia a
      absolutamente a los derechos que el demandante tiene
      sobre los demandados y ningún procedimiento
      apelativo hasta el Supremo USA, toda vez que el
      Demandante solicitó desistir del desistimiento y eso
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      hubiere permitido seguir con los procedimientos
      presentes.

            4. Que el procedimiento de volver a radicar es uno
      de darle vueltas a la noria y tiene visos de
      inconstitucionalidad.

            5. Que las Reglas de Procedimiento Civil no son
      claras, ni prohíben solicitar desistimiento de la solicitud
      de desistir.

            6. Que un ataque a esta demanda de hace años
      por este tribunal ordenar demandar de nuevo, probaría
      que es inconstitucional obligar al re demandar como
      única solución.

            7. Que el demandante radicó sendas mociones
      desistimiento del desistimiento y han sido ignoradas, a
      pesar de que lo que previeron fue redemandar, tal cual
      la Sentencia final aprobó Apelativo.

             8. Que el demandante está remitiendo la nueva
      demanda a las partes que aún están bajo la jurisdicción
      del Tribunal.

      El 8 de marzo de 2023, el peticionario presentó Moción

informativa cumplimiento radicación de re demanda en la que alegó:

      […]

            3. que como todas las partes re demandadas y ya
      aquí emplazadas consta en el expediente están bajo la
      jurisdicción del Tribunal.

      […]

            4. que en base a que se continúen los
      procedimientos, se están radicando Demandas a todos
      los demandados aplicando la Sentencia de sin perjuicio.

            5. que el demandante entiende que todos los
      demandados que han comparecido en la situación
      actual, quedan automáticamente reemplazados, con el
      emplazamiento original que consta en el expediente.

      El 10 de marzo de 2023, el peticionario presentó Moción

informativa sobre demanda caso continuación de este en la que

expuso:

      (1) Que    se   radicó    la demanda caso   núm.
          PO2023CV00499, SALA 602 en continuación de la
          sentencia sin perjuicio.

      El 14 de marzo de 2023, el TPI notificó la orden siguiente:

          SE ACLARA LA PRESENTACIÓN DE NUEVO
          RECURSO    SE   ENCUENTRA     ANTE    LA
          CONSIDERACIÓN DE OTRA SALA QUIEN DICTARÁ
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         LOS PROCESOS DE CONFORMIDAD CON LAS
         REGLAS DE PROCDIMIENTO CIVIL.

      El 17 de marzo de 2023, el TPI resolvió:

      EXAMINADA    LA   MOCIÓN   EN   RELACIÓN A
      PRESENTACIÓN DE OTRO CASO MANEJADO EN
      OTRA SALA SE DISPONE; NADA QUE PROVEER.

      El 23 de marzo de 2023, el peticionario presentó tres mociones

distintas. Una moción titulada Moción urgente solicitud acción

tomada sobre moción radicada el 11 de octubre de 2019 sobre un

desistimiento, en la que alegó:

            1. Que con fecha del 14 de marzo de 2023 este
      Tribunal ante una moción de reconsideración contestó
      que no tiene nada que disponer porque el caso tiene
      Sentencia.

      El peticionario presentó ese mismo día Moción urgente

solicitud acción tomada sobre moción radicada el 12 de enero del

2022 sobre un desistimiento. El señor Santiago hizo alusión a la

decisión emitida el 14 de marzo de 2023, en la que el tribunal

atendió una moción de reconsideración y resolvió que no tenía nada

que disponer porque el caso tenía sentencia.

      El 23 de marzo de 2023, el peticionario también presentó

Moción urgente solicitud acción tomada sobre moción radicada el 30

de enero 2023, en la que solicitó desistir del desistimiento. El

peticionario alegó que la contestación a esa moción era necesaria

para radicar apelación.

      El 28 de marzo de 2028, el TPI resolvió y notificó lo siguiente:

      Nuevamente exponemos que según del expediente
      mediante Sentencia emitida el 18 de noviembre de 2021
      en los casos KLAN201901289 consolidado con el
      KLAN201901401 el Tribunal de Apelaciones decretó el
      desistimiento sin perjuicio del presente caso. A esos
      fines, se modificó la determinación tomada por el
      Tribunal de Primera Instancia el 9 de octubre de 2019
      cuando se dictó Sentencia Enmendada a los fines de
      desestimar con perjuicio el presente caso. El Mandato
      fue remitido el 11 de abril de 2022. Por lo tanto, a esta
      fecha es final y firme la Sentencia emitida por el
      Tribunal de Apelaciones en la cual se desestimó sin
      perjuicio el caso. Tomamos conocimiento de la
      presentación del caso conforme a derecho ante la
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        consideración de otra sala. Toda determinación sería
        académica.

        El 23 de mayo de 2023, el peticionario presentó Moción

urgente reconsideración acción tomada sobre moción radicada el 12

de enero del 2022 sobre un desistimiento. El peticionario cuestionó

que el 19 de enero de 2023, el tribunal se dio por enterado y no

resolvió lo planteado.

        El 1 de junio de 2023, el TPI aclaró e instruyó al peticionario

que su solicitud fue resuelta el 15 de febrero de 2023, cuando

determinó nada que disponer, debido a que el caso tiene sentencia

final sin perjuicio. El TPI le aclaró que, el 15 de febrero de 2023, fue

advertido que tenía que iniciar la causa conforme a derecho. El foro

primario volvió a informar al peticionario que la sentencia de

desistimiento sin perjuicio del Tribunal de Apelaciones era final y

firme. El TPI tomó conocimiento de la presentación del caso en otra

sala.

        El 6 de junio de 2023, el peticionario solicitó reconsideración

insistiendo en que la sentencia sin perjuicio, le da derecho a desistir

del desistimiento y continuar el caso sin volver a demandar y

emplazar.

        El 9 de junio de 2023, el TPI notificó la orden siguiente:

        Véase, la orden de esta Curia del 1 de junio de 2023.
        Todos los asuntos en el presente caso fueron
        previamente atendidos y el mismo contiene sentencia
        final.

        El 16 de junio de 2023, el peticionario presentó este recurso

en el que alegó que:

              El Tribunal falta a la Constitución y al debido
        proceso de ley, interpretando, que una Sentencia en
        Apelación que el demandante, la acogió porque revocó
        una que le perjuicio, limita la acción del Tribunal a
        procesar, una moción que dio por recibida y
        ENTERADO desistiendo del desistimiento, y ahora dice
        que, por ser ya final y firme, la moción recibida de
        desistir no tiene validez, que si la hubiere declarado NO
        HA LUGAR, SE HUBIERA ACTUADO DE OTRA FORMA
        DENTRO UN AÑO. El error consiste que es incorrecto,
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       que la Sentencia puso fin al caso, el demandante alega
       su moción de desistir mantiene vivo el caso.

                                     II

                                     A.

       La jurisdicción es la autoridad o el poder de los tribunales

para atender y decidir un caso o controversia. Las cuestiones

jurisdiccionales son privilegiadas. Por esa razón, deben resolverse

con preferencia. Metro Senior Development LLC v. Autoridad para el

Financiamiento de la Vivienda, 209 DPR 203, 208-209 (2022);

Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018). Los tribunales

tienen la responsabilidad indelegable y ministerial de examinar en

primera instancia, su propia jurisdicción. Igualmente están

obligados a evaluar la jurisdicción del foro de donde procede el

recurso ante su consideración. Los tribunales tienen que ser

guardianes celosos de su jurisdicción. La falta de jurisdicción incide

sobre el poder adjudicativo de los tribunales. Metro Senior

Development LLC v. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda,

supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).

       La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias

siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada, (2) las partes no

pueden conferirla voluntariamente a un tribunal y este tampoco

puede arrogársela, (3) la nulidad del dictamen emitido, (4) impone a

los   tribunales   el   ineludible   deber   de   auscultar   su   propia

jurisdicción, (5) impone a los tribunales apelativos el deber de

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso y (6)

puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento a instancia.

Metro Senior Development LLC v. Autoridad para el Financiamiento

de la Vivienda, supra, pág. 373. El tribunal que carece de autoridad

para atender un recurso solo tiene facultad para así declararlo y

desestimar el caso. Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898,

909(2020).
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                                 B.

      La academicidad es una de las doctrinas que acotan los

límites de la función judicial. Su aplicación exige que en todo pleito

exista una controversia real entre partes adversas. Un caso se

convierte académico, cuando el asunto en controversia sucumbe

ante el paso del tiempo, porque ocurrieron cambios en los hechos o

en el derecho. El dictamen que el tribunal emita no surtirá efecto

práctico entre las partes, si existen esas circunstancias. Los

tribunales pierden su jurisdicción cuando ocurren cambios durante

el trámite judicial que hacen que una controversia en particular

pierda su actualidad. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 73

(2017); Asoc. de Periodicstas v. González, 127 DPR 704, 717 (1991).

      Por   imperativo   constitucional,   los   tribunales   debemos

abstenernos de considerar los méritos de un caso académico. No

obstante, existen las excepciones siguientes: (1) se plantea una

cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir y que tiende a

evadir la revisión judicial, (2) cuando la situación de hechos ha sido

modificada por el demandado, pero el cambio no aparenta ser

permanente y (3) cuando se tornan académicos aspectos de la

controversia, pero subsisten consecuencias colaterales. Bhatia

Gautier v. Gobernador, supra, págs. 73-74; Asoc. Fotoperiodistas v.

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 933 (2011).

                                 C.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó en Marrero

Rodríguez v. Colón, 201 DPR 330 (2018), sobre los efectos que tiene

una subsiguiente moción de reconsideración. Una moción de

reconsideración de este tipo interrumpe el término para recurrir al

Tribunal de Apelaciones, cuando: (1) el dictamen impugnado fue

alterado sustancialmente como consecuencia de una moción de

reconsideración anterior, independientemente de quien la haya

presentado, y (2) cumple con los criterios de especificidad y
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particularidad de la Regla 47 de Procedimiento Civil. Una

subsiguiente moción de reconsideración solo interrumpe el término

para acudir al Tribunal de Apelaciones, cuando expone los hechos y

derecho a reconsiderarse y las alteraciones sustanciales producto

de una primera reconsideración o de las nuevas determinaciones de

hecho o conclusiones de derecho, cuya reconsideración se solicita

por primera vez. Este análisis impide la extensión indefinida del

término    para   recurrir   en   revisión   judicial,   mediante   de

reconsideración subsiguientes que son frívolas y están basadas en

los mismos fundamentos. Marrero Rodríguez v. Colón, supra, págs.

341-342.

                                  III

      El peticionario alega que el TPI erró al resolver que la

sentencia del Tribunal de Apelaciones finalizó el caso.

      Sin embargo, el único camino viable que tenemos es la

desestimación del recurso, por los fundamentos a continuación.

      El tribunal perdió la jurisdicción en el caso, cuando la

sentencia de desistimiento sin perjuicio se convirtió en final y firme.

El peticionario debió expresar sus objeciones a dicha sentencia,

mediante los mecanismos de revisión disponibles y dentro de los

términos establecidos en ley. Ahora pretende reabrir el caso, sin

presentar una nueva demanda y sin emplazar a los demandados. No

obstante, eso es imposible porque la existencia de una sentencia

final y firme priva a los tribunales de jurisdicción en el caso.

      Por otro lado, la moción de reconsideración que presentó el 6

de junio de 2023 no interrumpió el término para solicitar revisión.

      El peticionario solicitó reconsideración en múltiples ocasiones

sobre el mismo asunto. A la fecha en que pidió reabrir el caso, había

transcurrido aproximadamente un año y dos meses de dictada la

sentencia de desistimiento sin perjuicio. El 7 de febrero de 2023, el

TPI denegó la solicitud. El 10 de febrero de 2023, el peticionario
KLCE202300697                                                         9

solicitó ser ilustrado sobre cómo demandar cuando existe una

demanda de desistimiento sin perjuicio y ha transcurrido más de un

año sin que bajara el mandato y la reconsideración. El 15 de febrero

de 2023, el TPI resolvió que no tenía nada que proveer. El

peticionario continuó presentado un sinnúmero de escritos en los

que solicitó al TPI la continuación del caso. El 10 de marzo de 2023

solicitó al TPI que reconsiderara su decisión. El 17 de marzo de

2023, el tribunal denegó la solicitud de reconsideración y dispuso

nada que proveer. El 23 de mayo de 2023, el peticionario presentó

otra moción de reconsideración. El 1 de junio de 2023, el TPI aclaró

e instruyó al peticionario que su solicitud fue resuelta el 15 de

febrero de 2023. El 6 de junio de 2023, el peticionario presentó una

subsiguiente moción de reconsideración, en la que insistió en

continuar el caso, sin tener que volver a demandar y emplazar. El 9

de junio de 2023, el TPI lo refirió a la orden del 1 de junio de 2023.

      La moción de reconsideración presentada el 6 de junio de

2023 no interrumpió el término para solicitar revisión. Una

subsiguiente moción de reconsideración únicamente interrumpe el

término para recurrir al Tribunal de Apelaciones, cuando el

dictamen impugnado se alteró sustancialmente, como consecuencia

de una moción de reconsideración anterior. Marrero Rodríguez v.

Colón, supra, y eso no ocurrió en este caso.

      El peticionario debió solicitar revisión de la decisión notificada

el 15 de febrero de 2023, en la que el TPI se negó a reconsiderar por

primera vez su determinación de no reabrir el caso. A partir de esa

fecha comenzó a transcurrir el término de treinta (30) días de

estricto cumplimiento que tenía el peticionario para presentar el

recurso. Por esa razón, no tenemos otra alternativa que no sea la

desestimación del recurso.

      Por último, la controversia se convirtió en académica, porque

el peticionario ya presentó otra demanda. El 28 de marzo de 2023,
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el TPI resolvió que la controversia era académica, debido a que tomó

conocimiento de que el peticionario presentó otro caso conforme a

derecho. El 1 de junio de 2023, el TPI volvió a tomar conocimiento

de la presentación del caso en otra sala.

       A través del sistema SUMAC1 constatamos que el 21 de

febrero   de    2023,    el   peticionario   presentó      nuevamente   su

reclamación en otra demanda. El caso se identificó con el número

PO2023CV00499 y se encuentra ante la consideración del TPI. La

presentación de esta demanda convirtió el pleito en académico y nos

obliga a desestimar el recurso.

                                     IV

       Por lo antes expuesto, se desestima el recurso por falta de

jurisdicción.

       Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones

1 Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos.