Court Opinion

ID: 9952434
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:52:38.379873+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:16.142377
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL1

HÉCTOR RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ                              Certiorari
                                                       procedente del
         Peticionario                                  Tribunal de
                                                       Primera
                                                       Instancia, Sala
              v.                KLCE202301416          Superior de
                                                       Mayagüez

JUAN M. COLÓN RIVERA Y
OTROS                                                  Caso Núm.
                                                       MZ2021CV00119
          Recurrido

                                                       Sobre:
                                                       Persecución
                                                       Maliciosa

Panel integrado por su presidente, el Juez                 Bonilla   Ortiz,
el Juez Pagán Ocasio y la Juez Santiago Calderón2

Pagán Ocasio, juez ponente

                           R E SO L U C I Ó N

        En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2024.

                                     I.

        El 13 de diciembre de 2023, el señor Héctor Rodríguez

Blázquez (señor Rodríguez Blázquez o peticionario) presentó una

Petición de Certiorari en la que solicitó que revoquemos una

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Mayagüez (TPI o foro primario) el 17 de octubre de 2023,

notificada y archivada en autos ese mismo día.3 En el dictamen, el

TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de inhibición presentada por

el peticionario en relación al juez que preside el pleito por

persecución maliciosa y difamación que promueve en contra del

señor Juan M. Colón Rivera, su esposa la señora Nydia E. Irizarry

Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos;

1 OAJP-2021-086 del 4 de noviembre de 2021.
2 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-221, se designa a la Juez Santiago

Calderón en sustitución de la Jueza Birriel Cardona, quien dejó de ejercer
funciones como Jueza del Tribunal de Apelaciones.
3 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 970-976.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301416                                                       2

el señor Roberto Vázquez Ramos, su esposa la señora Irma Rivera

Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; el

señor Javier Colón Irizarry (señor Colón Irizarry), el señor Luis

Muñiz Colón; Caribbean Urocentre, CSP; Advanced Urology Group,

LLC (Advanced Urology Group); y West Urology Group, PSC (en

conjunto, recurridos). A juicio del foro primario, las determinaciones

o acciones del juez asignado al caso en las que se basó la solicitud

de inhibición no eran suficientes para determinar que tenía un

ánimo prejuiciado y parcializado a favor de los recurridos.

      El 14 de diciembre de 2023, el señor Rodríguez Blázquez

radicó una Moción informativa sobre notificaciones en la que informó

que notificó el recurso a las partes por correo certificado y

electrónico.

      El 18 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la

que le concedimos a todos los recurridos un término de diez (10)

días para expresar su posición en cuanto a los méritos del recurso.

      El 26 de diciembre de 2023, el señor Colón Irizarry y Advanced

Urology Group presentaron una Solicitud de prór[r]oga para

presentar oposición a expedición de Certiorari e informativa de cierre

en la que solicitaron una prórroga de veinte (20) días adicionales,

entre otras cosas.

      El 27 de diciembre de 2023, el señor Roberto Vázquez Ramos,

la señora Irma Rivera Ramos, el señor Luis Muñiz Colón, el señor

Juan Colón Rivera, la señora Nydia Irizarry Martínez, West Urology

Group PSC y Caribbean Urocentre, CSP radicaron una Moción

solicitando prórroga para contestar solicitud de expedición de

Certiorari en la que solicitaron una prórroga de veinte (20) días

adicionales.

      El 9 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos a todos los recurridos una prórroga final hasta el 19 de

enero de 2024 para expresar su posición.
KLCE202301416                                                             3

       El 19 de enero de 2024, el señor Colón Irizarry y Advanced

Urology Group presentaron una moción para adoptar por referencia

la oposición que presentaron los demás recurridos, más dicho

escrito no fue radicado hasta varios días después.

       El 23 de enero de 2024, el señor Roberto Vázquez Ramos, la

señora Irma Rivera Ramos, el señor Luis Muñiz Colón, el señor Juan

Colón Rivera, la señora Nydia Irizarry Martínez, West Urology Group

PSC y Caribbean Urocentre, CSP radicaron una Oposición a la

expedición del auto de Certiorari en la que solicitaron que

deneguemos la expedición del recurso o, en la alternativa,

confirmemos la Resolución recurrida.

       Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos escuetamente los hechos procesales atinentes a

la petición de Certiorari.

                                   II.

       El 29 de enero de 2021, el señor Rodríguez Blázquez presentó

una Demanda en reclamo de daños y perjuicios por persecución

maliciosa y difamación en contra de los recurridos.4 En resumen, el

peticionario les imputó haber promovido una demanda en la Corte

Federal para el Distrito de Puerto Rico por prácticas monopolísticas

con alegaciones falsas de que rindió servicios médicos inferiores, así

como haber acudido a los medios de comunicación para repetir los

supuestos      alegatos   infundados.    Por   todo   ello,   solicitó   una

indemnización de dos partidas de no menos de quinientos mil

dólares ($500,000) cada una por los daños resultantes de la

persecución maliciosa y por la difamación, respectivamente.

       Luego de múltiples trámites procesales, los cuales incluyeron

el descubrimiento de prueba escrito y la toma de deposiciones, el 11

de septiembre de 2023, el señor Rodríguez Blázquez radicó dos

4 Íd., págs. 1-11.
KLCE202301416                                                      4

mociones: una Solicitud de recusación o inhibición del Honorable

Juez Superior Tomás E. Báez Collado5 y una Solicitud de permiso

para enmendar la Demanda6.

       En su Solicitud de recusación, el peticionario argumentó que,

desde una perspectiva de un observador informado, objetivo y

razonable, el Hon. Juez Tomás E. Báez Collado (Juez Báez Collado),

quien presidía el caso, estaba parcializado a favor de los recurridos

o, al menos, presentaba la apariencia de estarlo durante el

transcurso del caso. Para sustentar esa posición, incluyó en la

moción una tabla con un relato de los incidentes procesales junto a

su análisis para cada uno de porqué, desde su perspectiva, se podía

deducir parcialidad de estos. Según esbozó, en resumidas cuentas,

la parcialidad del Juez Báez Collado se podía inferir porque: (1)

limitó el descubrimiento de prueba al demandante, impidiendo que

se descubrieran las comunicaciones entre los recurridos; (2)

permitió     innumerables   incumplimientos     a   los   recurridos,

denegando seis mociones del peticionario en las que se solicitó el

desacato, la anotación de rebeldía o la eliminación de las

alegaciones; (3) le concedió a los recurridos cinco términos

perentorios para que mostraran causa y cumplieran con las órdenes

del foro primario, pero, en lugar de declarar la rebeldía ante el

incumplimiento de cada uno de los plazos, continuó otorgando

extensiones; (4) denegó la anotación de rebeldía sin hacer más

expresiones y sin que las partes pagaran la totalidad de las

sanciones que le habían sido impuestas y no habían sometido las

contestaciones juramentadas de una de las recurridas.

       Ahora bien, en cuanto a la Solicitud de permiso para enmendar

la Demanda, el peticionario solicitó autorización para radicar una

Demanda Enmendada en la que se cambiaba la forma de identificar

5 Íd., págs. 885-906.
6 Íd., págs. 907-924.
KLCE202301416                                                        5

a los recurridos como “los urólogos del oeste” y se añadían varias

alegaciones. Esta petición fue denegada por el TPI en una Resolución

y Orden del 20 de octubre de 2023, la cual fue objeto de

impugnación por el peticionario en el KLCE202301415.

       El 14 de septiembre de 2023, West Urology Group, Caribbean

Urocentre CSP, el señor Luis M. Muñiz Colón, el señor Roberto

Vázquez Ramos, la señora Irma Rivera Ramos, la señora Nydia

Irizarry Martínez y el señor Juan Colón Rivera presentaron una

Moción en oposición a solicitud de recusación en la que solicitaron

que el TPI declarara No Ha Lugar la solicitud de recusación.7 En

síntesis, plantearon que las acciones imputadas al Juez Báez

Collado se cimentaron en asuntos y acciones pertinentes al trámite

judicial. Asimismo, denunciaron que el peticionario no demostró de

forma alguna que el juez actuó con prejuicio o parcialidad.

       El 19 de septiembre de 2023, el Juez Báez Collado emitió una

Resolución en la que determinó que no procedía su inhibición y, en

cumplimiento de la reglamentación vigente, remitió la controversia

a la Jueza Administradora de la región.8

       El 25 de septiembre de 2023, la Jueza Administradora de la

Región Judicial de Mayagüez, Hon. Maura Santiago Ducós, emitió

una Orden de Asignación de Regla 63, notificada a las partes y

archivada en autos el 10 de octubre de 2023, en la que asignó al

Hon. William Machado Aldarondo para atender la Solicitud de

recusación.9

       El 17 de octubre del 2023, el TPI emitió la Resolución recurrida

en la que denegó la recusación solicitada porque, según concluyó,

el Juez Báez Collado no actuó de manera parcializada a favor de los

demandados, toda vez que no se identificó conducta, acto o

7 Íd., págs. 927-937.
8 Íd., pág. 967.
9 Íd., pág. 969.
KLCE202301416                                                       6

determinación alguna que llevara a concluir lo contrario.10 Expresó

el foro primario que, luego de evaluar las mociones presentadas por

las partes, el expediente del caso y las grabaciones de las vistas

celebradas, correspondía determinar que: (1) los procesos fueron

dirigidos de una manera justa con un tono respetuoso y deferente;

(2) las decisiones fueron tomadas dándole la oportunidad a todas

las partes de exponer y fundamentar sus posturas; (3) las decisiones

no respondieron en forma alguna a un ejercicio realizado en el vacío,

ni fueron arbitrarias, parcializadas o prejuiciadas en contra del

peticionario; (4) el Juez Báez Collado tomó decisiones a favor y en

contra de ambas partes y le impuso sanciones económicas a los

recurridos; y (5) aun aceptando el argumento del peticionario de que

la falta de severidad del juez demostraba parcialidad, ello no

constituía una de las causas de recusación de un juez. Con todo ello

en mente, resolvió que las decisiones del Juez Báez Collado eran

cónsonas con su obligación de velar por el orden de los procesos.

       El 30 de octubre de 2023, el señor Rodríguez Blázquez radicó

una Moción de reconsideración en cuanto a la denegatoria de la

recusación.11

       El 14 de noviembre de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la

reconsideración.12

       Inconforme, el señor Rodríguez Blázquez presentó la Petición

de Certiorari de epígrafe y le imputó al foro primario la comisión de

los siguientes tres errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD
       DE RECUSACIÓN DEL JUEZ BÁEZ COLLADO A PESAR DE
       ESTE INCURRIR EN CONDUCTA PARCIALIZADA HACIA LA
       PARTE DEMANDADA, VIOLÁNDOLE EL DEBIDO PROCESO
       DE LEY A LA PARTE DEMANDANTE.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA
       SOLICITUD DE RECUSACIÓN DEL JUEZ BÁEZ COLLADO
       POR NO EXISTIR UNA PARCIALIDAD PROBADA, AUN
       CUANDO EL TRIBUNAL SUPREMO HA DICHO QUE LA

10 Íd., págs. 970-976.
11 Íd., págs. 986-994.
12 Íd., pág. 1019.
KLCE202301416                                                       7

      MERA APARIENCIA DE PARCIALIDAD ES SUFICIENTE
      PARA LA RECUSACIÓN DE UN JUEZ.

      TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD
      DE RECUSACIÓN DEL JUEZ BÁEZ COLLADO, BASANDOSE
      ÚNICAMENTE EN LA CONDUCTA VERBAL DEL JUEZ
      HACIA LAS PARTES, Y NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL
      EXPEDIENTE DEL CASO EN SU TOTALIDAD.

      En apoyo de sus señalamientos, arguyó que la parcialidad en

este caso surgía de que el Juez Báez Collado: (1) eximió a uno de los

recurridos de contestar bajo juramento un interrogatorio cursado

dos años antes por el Peticionario; (2) eximió a los recurridos de

pagar sanciones previamente impuestas, aun cuando no cumplieron

con la orden por la cual se impuso la sanción; (3) permitió que los

recurridos incumplieran con las órdenes de mostrar causa sin

consecuencia alguna; (4) limitó el descubrimiento pretendido por el

peticionario,   llegando   a   impedir   que   se   descubrieran   las

comunicaciones entre los recurridos; (5) denegó la extensión del

descubrimiento de prueba al peticionario, pero luego lo concedió a

los recurridos; y (6) no le permitió al peticionario enmendar la

demanda para conformar las alegaciones a la información obtenida

en deposiciones sin que afectara el caso.

      El 23 de enero de 2024, el señor Roberto Vázquez Ramos, la

señora Irma Rivera Ramos, el señor Luis Muñiz Colón, el señor Juan

Colón Rivera, la señora Nydia Irizarry Martínez, West Urology Group

PSC y Caribbean Urocentre, CSP radicaron una Oposición a la

expedición del auto de Certiorari en la que solicitaron que

deneguemos la expedición del recurso o, en la alternativa,

confirmemos la Resolución recurrida. En síntesis, argumentaron

que los recurridos contestaron las mociones y siguieron el manejo

del caso establecido por el TPI. En cambio, plantearon que el

peticionario no demostró que denegar la recusación conllevaría un

fracaso irremediable de la justicia, ni probó que el TPI actuó con

prejuicio o parcialidad. Además, adujeron que la determinación

recurrida estuvo basada en la totalidad del expediente, lo cual quedó
KLCE202301416                                                                   8

consignado en la Resolución. A su vez, puntualizaron que la mayoría

de los eventos que mencionó el peticionario no podían ser

considerados en virtud de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 63.1 y, además, estaban dentro de la discreción del

Juez Báez Collado para establecer el manejo del caso. Por último,

rechazaron que la denegatoria de un requerimiento de inspección de

artefactos por excesivo y oneroso demostrara parcialidad, toda vez

que el dictamen fue objeto de evaluación por esta Curia en el caso

KLCE202300672, en el cual se denegó la expedición del auto.

       El señor Colón Irizarry y Advanced Urology Group adoptaron

por referencia el contenido de la oposición, en conformidad con una

moción a esos efectos, presentada el 19 de enero de 2024.

                                       III.

       El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite       a   un   tribunal     de    mayor      jerarquía      revisar    las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,13 establece las instancias en

13 Esta Regla dispone que:

       [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
KLCE202301416                                                               9

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de

certiorari sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corporation, et

als., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita el alcance

jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un recurso

de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703 (2019). Nuestro rol al atender recursos

de certiorari descansa en la premisa de que es el foro de instancia

quien    está    en   mejor    posición     para    resolver    controversias

interlocutorias, o de manejo del caso, y en la cautela que debemos

ejercer para no interrumpir injustificadamente el curso corriente de

los pleitos que se ventilan ante ese foro. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

        Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

        Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los

criterios que debemos tomar en consideración al atender una

solicitud de expedición de un auto de certiorari.14

        estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
        su decisión.

                Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
        por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
        recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
        a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
        (Énfasis nuestro).
14 Esta Regla dispone lo siguiente:

        El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
        determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
        de mostrar causa:
          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
KLCE202301416                                                                10

      Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare

LLC, supra, pág. 729. Lo anterior “no significa poder actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Hietel v.

PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,

658 (1997). Ello, ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
       el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
       en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
       Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
       luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
       alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
       más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
       causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
       indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
       un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
KLCE202301416                                                        11

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 736.

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                 IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la Petición de

Certiorari, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio,

no atisbamos motivo, error, o indicio de pasión, prejuicio,

parcialidad o abuso de discreción alguno que amerite nuestra

intervención. Nos reafirmamos en que no intervendremos con la

determinación recurrida de no inhibir al magistrado que preside el

caso. La determinación del foro primario de denegar la recusación

solicitada por el peticionario, evaluó la totalidad del expediente del

caso y es esencialmente correcta en derecho.

                                  V.

      Por las razones esbozadas, se deniega la expedición del auto

de certiorari.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones