Court Opinion

ID: 9941439
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:36:21.587858+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.414151
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

 LCDO. LUIS A. SÁNCHEZ                              Certiorari
 SOLER; LCDO. HOMEL A.                              procedente del
 MERCADO JUSTINIANO;                                Tribunal de
    LCDA. GLORIA M.                                 Primera Instancia,
  JUSTINIANO IRIZARRY                               Sala Superior de
                                                    Utuado
          Recurridos             KLCE202301350
                                                    Caso Núm.:
              V.                                    MZ2021CV01664

ORLANDO RAMOS RULLÁN                                Sobre:
                                                    Orden de
         Peticionario                               Consignación
                                                    Emitida por el TPI

Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

      El Sr. Orlando Ramos Rullán nos solicita la revocación de la

Resolución y Orden emitida el 31 de octubre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado [TPI]. Mediante

referida determinación, el foro primario ordenó la consignación de

la cantidad de $51,500.00, más el 5% por concepto del interés

legal, conforme lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de

Apelaciones     del    13   de   marzo      de   2023   en   la   causa

KLAN202300031.

      Por las razones que exponemos, desestimamos el recurso

de Certiorari, por falta de jurisdicción.

                                   I.

      El 21 de diciembre de 2021, los recurridos Lcdo. Luis

Sánchez Soler, Lcdo. Homel A. Mercado Justiniano, Lcda. Gloria

M. Justiniano Irizarry presentaron una Demanda de cobro de

Número Identificador
SEN2024 ________
KLCE202301350                                                           2

dinero contra el señor Ramos Rullán. En esencia, alegaron que el

señor Ramos Rullán incumplió con un contrato de servicios

profesionales.

        El 25 de agosto de 2022, los demandantes instaron una

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”. El 2 de septiembre

de 2022 el señor Ramos Rullán se opuso y el 22 de septiembre de

2022 contestó la demanda e interpuso una reconvención en la

que integró a los cónyuges de los demandantes y a las respectivas

sociedades legales de gananciales. Tras ello, el 19 de octubre de

2022 el foro primario emitió el emplazamiento para Nichole M.

Torres González por sí y como coadministradora de la Sociedad

Legal de Gananciales que mantiene con el Lcdo. Homel A. Mercado

Justiniano.1

        Luego de varios trámites, 13 de diciembre de 2022, el TPI

dictó    sentencia   parcial   concediendo     el   remedio     sumario.

Consecuentemente, le ordenó a la parte demandada a consignar

en el Tribunal (a) $57,500.00 de principal adeudado añadiéndole

a ello el 5% por concepto del interés legal (b) $5,000 en concepto

de honorarios de abogado.

        En desacuerdo, el señor Ramos Rullán presentó en este foro

intermedio un recurso de Apelación asignado a la causa

KLAN202300031.        Mientras tanto, Nichole M. Torres González y

Homel A. Mercado Justiniano, por si y en representación de la

Sociedad Legal de gananciales compuesta por ambos, fueron

emplazados el 27 de enero de 2023.2

        El 13 de marzo de 2023 este Panel dictó una Sentencia para

modificar la Sentencia Parcial a los fines de reducir el principal

1
  Examinamos el expediente electrónico en el Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC) de conformidad con la facultad que nos
concede la Regla 77(D)(2) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. Véase,
entradas 59 y 60.
2
  Resolución y Orden del 2 de agosto de 2023, SUMAC, entrada 89.
KLCE202301350                                                      3

adeudado a $51,500.00 y eliminar los honorarios de abogado. En

julio de 2023 este Tribunal de Apelaciones emitió la Carta de

trámite sobre mandato en el caso KLAN202300031.

         El 2 de agosto de 2023 el señor Ramos Rullán presentó una

Solicitud Urgente para que se señale una vista presencial sobre el

estado de los procedimientos.       Ese mismo día, 2 de agosto, la

parte demandante presentó una Oposición a solicitud de vista

presencial sobre el estado de los procedimientos. Sostuvo que la

parte demandada debía cumplir con la orden de consignación de

los $51,500.00 de principal adeudado añadiéndole a ello el 5%

por concepto del interés legal en un término de (10) días y otras

órdenes.3

         Tras otros trámites, el 3 de agosto de 2023 la Lcda. Nichole

Mariel Torres González contestó la reconvención. El mismo 3 de

agosto de 2023, notificada el día 10, el foro primario emitió una

orden para que la Parte Demandada mostrara causa por la cual

debía consignar en el Tribunal la cantidad de $51,500.00 de

principal adeudado añadiéndole a ello el 5% por concepto del

interés legal.”4

         El 10 de agosto de 2023 el señor Ramos Rullán presentó la

Moción para mostrar causa.        En esta indicó que el pago está

supeditado a la resultancia final del litigio cuando se adjudique en

los méritos la reconvención que incoó.           Posteriormente, en

Moción en cumplimiento de orden el señor Ramos Rullán agregó

que la orden de consignación, de manera exparte, constituye una

privación de la propiedad del demandado sin el debido proceso de

ley.     Alegó que el demandante tiene a su disposición otros

mecanismos para el aseguramiento de la efectividad de la

3
    Apéndice págs. 60-61.
4
    SUMAC, entrada 96.
KLCE202301350                                                                4

sentencia parcial dictada a su favor, por lo que, solicitó que se

dejara sin efecto la orden de consignación.

         Luego de otros escritos, el 31 de octubre de 2023 el foro

primario emitió la Resolución y Orden que aquí se cuestiona.

Decretó que advino final y firme la obligación de la Parte

Demandada-Reconviniente de satisfacer a la Parte Demandante

Reconvenida la cantidad de $51,500.00.

         Luego de solicitar reconsideración, y esta ser denegada, el

13 de noviembre de 2023, notificada el día 15 de noviembre, el

señor Ramos Rullán acudió a nuestro foro en recurso de Certiorari

presentado el 1ro de diciembre de 2023.

         Al día siguiente, el señor Ramos Rullán certificó que les

notificó el recurso a los demandantes recurridos Lcdo. Sánchez

Soler, Lcdo. Mercado Justiniano y a la Lcda. Justiniano Irizarry.

         El 19 de diciembre de 2023 la Lcda. Nichole M. Torres

González presentó un escrito intitulado Comparecencia especial

sin someterse a la jurisdicción y Moción de Desestimación por falta

de notificación adecuada en violación al debido proceso de ley y

al Reglamento del Tribunal de Apelaciones.                  Adujo que fue

emplazada el 27 de enero de 2023, sin embargo, el recurrente no

le notificó el recurso de Certiorari dentro del término de

cumplimiento estricto dispuesto en la Regla 33 (B) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones5. Por ello, solicitó la desestimación

del recurso.

         El 27 de diciembre de 2023 el señor Ramos Rullán presentó

su oposición a la solicitud de desestimación del recurso. Explicó

las razones para no notificar el recurso oportunamente e indicó

que en esa misma fecha le estaba remitiendo a la Lcda. Torres

5
    Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
KLCE202301350                                                       5

González, la copia de la petición de Certiorari. Unió a su escrito

varios documentos, entre ellos, una Urgente Moción al Expediente

Judicial en la cual informó que durante el periodo comprendido

entre los días 20 de noviembre al 11 de diciembre de 2023 estaría

fuera de Puerto Rico atendiendo una situación personal de salud

y que se reincorporaría a su oficina el 12 de diciembre de 2023.

      Traída ante nuestra consideración la controversia sobre la

falta de notificación del recurso a la parte reconvenida Nichole

Torres González, evaluamos nuestra jurisdicción para entender en

este asunto.

                                  II.

                                  A.

      La jurisdicción es la autoridad con la que cuenta el tribunal

para considerar y decidir los casos y controversias que tiene ante

sí. Miranda Corrada v. DDEC et al., 2023 TSPR 40, 211 DPR ___

(2023); Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR

384, 394 (2022).      Es normativa asentada que las cuestiones

relativas a la jurisdicción de un tribunal gozan de un carácter

privilegiado y, como tal, deben atenderse y resolverse con

preferencia    a   cualesquiera   otras.   Báez   Figueroa   v.   Adm.

Corrección, 209 DPR 288, 298 (2022). Al cuestionarse la

jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso,

cuando no haya sido planteado por éstas, dicho foro examinará y

evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional como parte de su

deber ministerial, pues éste incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Torres Alvarado v.

Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., 200 DPR 254 (2018).

      Así pues, cuando un tribunal determina que no tiene

jurisdicción para intervenir, procede la inmediata desestimación,
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conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el

perfeccionamiento de estos recursos. Allied Mgmt. Group. v.

Oriental Bank, 204 DPR 374, 386-387 (2020).

                                 B.

      El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, junto a otras

reglas y leyes, regula el trámite y perfeccionamiento de los

recursos apelativos. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188

DPR 98, 104 (2013). Reiteradamente el Tribunal Supremo ha

expresado que las normas sobre el perfeccionamiento de los

recursos ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse

rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de

las partes o sus abogados. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et

al., supra, págs. 104-105; Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 737

(2005).

      Así, la Regla 33 (B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap.

XXIIB, que regula los aspectos referentes a los requisitos

de notificación de los recursos de certiorari, dispone en lo aquí

pertinente lo siguiente:

      (B) Notificación del recurso a las partes

      La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari,
      debidamente sellada con la fecha y la hora de
      presentación, a los abogados de récord, o en su
      defecto, a las partes, así como al Procurador General y
      al Fiscal de Distrito o a la Fiscal de Distrito en los casos
      criminales, dentro del término dispuesto para la
      presentación del recurso. Este término será de
      cumplimiento estricto. Efectuará la notificación por
      correo certificado con acuse de recibo o mediante un
      servicio similar de entrega personal por compañía
      privada con acuse de recibo. Cuando se efectúe por
      correo, se remitirá la notificación a los abogados o
      abogadas de las partes, o a las partes, cuando no
      estuvieren representadas por abogado o abogada, a la
      dirección postal que surja del último escrito que conste
      en el expediente del caso. Cuando del expediente no
      surja una dirección, de estar la parte representada por
      abogado o abogada, la notificación se hará a la dirección
      que de éste o ésta surja del registro que a esos efectos
      lleve el Secretario o Secretaria del Tribunal Supremo. La
      parte peticionaria certificará el hecho de la notificación
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      en la propia solicitud de certiorari. La fecha del depósito
      en el correo se considerará como la fecha de la
      notificación a las partes. (Énfasis nuestro).
      […]

      A tenor con lo antes esbozado, la parte que promueve un

recurso de certiorari dispone del mismo plazo que el estado de

derecho le provee para acudir en alzada para notificar su gestión

a la parte oponente. Este término de cumplimiento estricto es de

treinta   (30)   días   de   notificada   la   resolución   u   orden

recurrida. Regla 52.2(b), Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.2(b); Regla 32 D del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D). Vemos que, entre los requisitos para

perfeccionar el recurso apelativo, se encuentra su notificación a

las partes, lo cual incide en la jurisdicción del tribunal. Pérez Soto

v. Cantera Pérez, Inc. et al., supra, 105. (Énfasis suplido).

      En cuanto al concepto de “parte” el Tribunal Supremo

expresó que “una persona es considerada parte una vez se

diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción sobre esta.”

González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1072

(2019); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997); Medina

Garay v. Medina Garay, 161 DPR 806, 816–817 (2004). Al

respecto, se ha expresado en distintas ocasiones que este

concepto está atado al de jurisdicción de la persona. González

Pagán v. Moret Guevara, supra; Medina Garay v. Medina Garay,

supra, pág. 816; Acosta v. ABC, Inc., supra.

      Los requisitos de notificación no constituyen una mera

formalidad procesal, sino que son parte integral del debido

proceso de ley. Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR

543 (2017). A esos efectos, en el contexto particular de la

presentación de recursos ante el Tribunal de Apelaciones, se ha

comentado que la notificación es imperativa ya que coloca a la
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parte contraria en conocimiento del recurso que solicita la revisión

de una decisión de un tribunal de menor jerarquía. Montañez

Leduc v. Robinson Santana, supra.

      En virtud de las precitadas reglas de nuestro Reglamento,

el plazo dispuesto para la notificación de un recurso a este foro es

de   cumplimiento        estricto.     A     diferencia   de        un   término

jurisdiccional,   un     término     de    cumplimiento     estricto      puede

prorrogarse siempre y cuando exista una justa causa. Ahora bien,

los tribunales no gozamos de discreción para prorrogar los

términos de cumplimiento estricto automáticamente.                        Rivera

Marcucci et al v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016); Toro

Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 414 (2015); Soto Pino v. Uno Radio

Group, 189 DPR 84 (2013); Montañez Leduc v. Robinson

Santana, supra.        Los    abogados       están   obligados       a   cumplir

fielmente con el trámite prescrito en las leyes y en los reglamentos

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos, y no puede

quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones

reglamentarias se deben acatar y cuándo. Maldonado v. Taco

Maker, 181 DPR 281 (2011); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122

(1998).

      La justa causa se acredita mediante explicaciones concretas

y particulares, -debidamente evidenciadas en el escrito- que le

permitan     al    tribunal       concluir    que    hubo       una       excusa

razonable         para       la      tardanza         o        la        demora.

Por otro lado, no constituyen justa causa las "vaguedades y las

excusas o planteamientos estereotipados”. Rivera Marcucci et al

v. Suiza Dairy, supra, págs. 171-172; Soto Pino v. Uno Radio

Group, supra, pág. 93; Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720

(2003). De lo contrario, la acreditación de la justa causa se

convertiría en un juego de “mero automatismo” con justificaciones
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genéricas carentes de los detalles que causaron la dilación. Rivera

Marcucci et al v. Suiza Dairy, supra, pág. 172. De permitirse esto,

los términos reglamentarios redundarían en “metas amorfas que

cualquier parte podría postergar”. Íd. Planteamientos como que

el incumplimiento fue “involuntario”, que “no se debió a falta de

interés”,      que   no    hubo      “menosprecio         al    proceso”,       no

configuraban justa causa. Rivera           Marcucci       et    al     v.    Suiza

Dairy, supra, pág. 173; citando a Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122,

132 (1998). Tampoco lo es la excusa de que “la notificación tardía

no había causado ningún perjuicio indebido a la parte contraria

porque había tenido una notificación en un término razonable.” Íd.

Ello es así, pues si los tribunales fueran a aceptar ese

planteamiento,       los   términos      de     cumplimiento         estricto   se

convertirían en un mero formalismo. Íd.

      Por consiguiente, para establecer justa causa, la parte

deberá      demostrar         al     tribunal     1)      que        en     efecto

exista justa causa para la dilación y (2) que la parte le demuestre

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para

la dilación,    es   decir,    que    acredite     de     manera          adecuada

la justa causa aludida. Rivera Marcucci et al v. Suiza Dairy, supra,

pág. 171. Si la parte concernida no cumple ambas exigencias, el

tribunal carece de discreción para excusar su conducta. Toro

Rivera v. ELA, supra, pág. 415. En consideración a lo anterior, si

se suscita un incumplimiento sin justa causa, necesariamente

procede la desestimación del recurso presentado. Montañez Leduc

v. Robinson Santana, supra, pág. 551.                   Esto es, la falta de

oportuna notificación a todas las partes en el litigio conlleva la

desestimación del recurso de apelación. González Pagán v. Moret

Guevara, supra, pág. 1071; Montañez Leduc v. Robinson Santana,

supra, págs. 549–553; Pérez Soto v. Cantera Pérez, supra, pág.
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105. De manera que, “[e]l recurso que no se notifica a todas las

partes,   priva   de    jurisdicción     al    Tribunal   para    ejercer   su

facultad revisora.” González Pagán v. Moret Guevara, supra, págs.

1071-1072; Soto        Pino   v.   Uno        Radio   Group,     supra,   pág.

91; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987).

                                   III.

      Como foro apelativo, estamos obligados a examinar si

ostentamos jurisdicción para atender el recurso presentado.

Veamos.

      El 1ro de diciembre de 2023 Ramos Rullán presentó un

recurso de certiorari por no estar conforme con una determinación

que emitió el foro primario el 31 de octubre de 2023. El señor

Ramos Rullán solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 13

de noviembre, notificada el 15 de noviembre de 2023. Así pues,

a partir de esa fecha el señor Ramos Rullán disponía de treinta

(30) días para presentar y notificar el recurso a todas las partes

para que el recurso quede debidamente perfeccionado.

      Mediante moción de comparecencia especial la Lcda. Nichole

M. Torres González nos solicita la desestimación del recurso

porque el señor Ramos Rullán no le notificó el recurso de

certiorari, según dispone la Regla 33 (B) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra.

      Evaluamos el expediente y en efecto, el 22 de septiembre

de 2022 el señor Ramos Rullán incorporó al pleito a la Lcda. Torres

González mediante una reconvención. La Lcda. Torres González

fue emplazada el 27 de enero de 2023, por lo que, era necesario

que el señor Ramos Rullán le notificara el recurso, a tenor con lo

dispuesto en la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, a los fines de perfeccionar el presente recurso.
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      Para justificar su falta de notificación oportuna, el 27 de

diciembre de 2023, el señor Ramos Rullán nos informó, en

síntesis, que la Lcda. Nichole Torres, no es parte demandante,

sino que es reconvenida en una reclamación que el demandado

incoó entro del mismo litigio.        Mencionó que la Lcda. Torres

Gonzáles es esposa del co-demandante Homel A. Mercado

Justiniano y como tal, es de suponer que ha estado enterada de

las incidencias procesales. También adujo que presentó el recurso

apresuradamente, quince (15) días antes de que venciera el

término, debido a que tenía que ausentarse fuera de Puerto Rico

para atender una situación personal de salud.       Explicó que ese

mismo día, 27 de diciembre de 2023, le estaba remitiendo a la

Lcda. Torres González copia de la petición de Certiorari. Esto es,

a doce (12) días en exceso del término reglamentario dispuesto

para tales gestiones.

      Como vemos, es incontrovertible el hecho de que la Lcda.

Torres González fue unida como parte en la acción y no fue

notificada   oportunamente      del     recurso   que   atendemos.

Justipreciamos, a su vez, que las razones que expresó el señor

Ramos Rullán para evidenciar su incumplimiento, no constituyen

justa causa que nos permita extender el término de notificación.

Incluso su viaje, del 20 de noviembre al 11 de diciembre de 2023,

por condiciones de salud, no lo eximió de notificar el recurso a

tiempo, pues el recurso se presentó el 1ro de diciembre, dentro

de ese mismo periodo en que notificó que estaría de viaje.      Por

tanto, peticionario incumplió con la exigencia procesal relativa al

deber de notificar oportunamente su recurso de certiorari y sin

una acreditación de justa causa para ello. Ello nos lleva a concluir

que no perfeccionó adecuadamente su recurso.
KLCE202301350                                                     12

      El Tribunal Supremo ha reiterado que el incumplimiento con

las disposiciones sobre notificación de los recursos priva de

jurisdicción a los tribunales para atender el recurso. Cuando no

tenemos jurisdicción, solamente tenemos autoridad para así

expresarlo.

                                IV.

      Por los fundamentos que anteceden, que hacemos formar

parte de este dictamen, se desestima el presente recurso por falta

de jurisdicción al no haberse notificado oportunamente a una de

las partes, ni demostrado justa causa para tal omisión.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones