Court Opinion

ID: 9374144
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:25:02.735062+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.073678
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL II

                                                      Certiorari
FIRSTBANK PUERTO RICO                                 procedente del
                                                      Tribunal de
 Demandante-Recurrido                                 Primera
                                        KLCE202201390 Instancia, Sala
                                                      Superior de
      Vs.                                             Ponce
IBIS GISELA RULLÁN                                       Caso Núm.:
RODRÍGUEZ, MARIO                                         PO2019CV01308
EMMANUELLI GALARZA Y LA                                  (406)
SOCIEDAD LEGAL DE BIENES
GANANCIALES COMPUESTA POR                                Sobre:
AMBOS                                                    Cobro de Dinero,
                                                         Ejecución de
 Demandados-Peticionarios                                Prenda e
                                                         Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez
Torres, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró

Méndez Miró, Juez Ponente

                                  RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      La Sra. Ibis G. Rullán Rodríguez, el Sr. Mario

Emmanuelli       Galarza      y    la    Sociedad      Legal    de    Bienes

Gananciales       que        componen       entre      sí      (matrimonio

Rullán-Emmanuelli) solicitan que este Tribunal revise

una   Resolución        que       emitió    el   Tribunal      de    Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), el 5 de octubre

de 2022. En ésta, el TPI desautorizó las enmiendas a la

Contestación       a    la        Demanda    y    la    reapertura       del

descubrimiento de prueba.

      Se deniega la expedición del certiorari.

                         I. Tracto procesal

      El    18   de    abril       de    2019,   el    Banco    Santander

Puerto Rico presentó una Demanda sobre cobro de dinero

y ejecución de prenda e hipoteca contra el matrimonio

Número Identificador
RES2023_____________
KLCE202201390                                                                       2

Rullán-Emmanuelli.1 El 19 de junio de 2019, el matrimonio

Rullán-Emmanuelli presentó su Contestación a Demanda.2

     Más adelante, el 11 de noviembre de 2019, las partes

sometieron un Informe sobre Conferencia con Antelación

al Juicio Enmendado.3 Si bien el TPI señaló el juicio

para el 24 de febrero de 2020, lo suspendió cuando el

abogado     original       del         matrimonio            Rullán-Emmanuelli

renunció a su representación legal. El 28 de julio

de 2020, el Lcdo. Josué E. Castellanos Otero asumió la

representación legal del matrimonio Rullán-Emmanuelli.

     El     22    de   septiembre            de    2021,        el    matrimonio

Rullán-Emmanuelli              instó     una           Moción        Solicitando

Autorización      para     Enmienda          a    la    Contestación           a   la

Demanda, Presentación de Reconvención y Reapertura del

Descubrimiento de Prueba.4 El 4 de octubre de 2021,

FirstBank    Puerto       Rico,    sucesor         en    derecho          de   Banco

Santander Puerto Rico (FirstBank), se opuso mediante una

Oposición a “Moción Solicitando Autorización para […]”.5

     Posteriormente, el 29 de septiembre de 2021, se

celebró una vista de estatus.

     Tras    otros     trámites         procesales,6           el     4   de    mayo

de 2022,     el     TPI        falló     a       favor       de      reabrir       el

descubrimiento de prueba, únicamente para propósitos de

llevarse a cabo una prueba caligráfica.7 El 17 de mayo

de   2022,        FirstBank        sometió             una        Solicitud        de

Reconsideración.          El    matrimonio         Rullán-Emmanuelli               se

1  Apéndice de Petición para que se Expida Auto de Certiorari,
págs. 2-5a.
2 Íd., págs. 6-7.
3 Íd., págs. 8-15.
4 Íd., págs. 16-44.
5 Íd., págs. 45-46.
6 Éstos incluyen una denegada petición de certiorari ante nuestra

Curia (KLCE202101398).
7 Apéndice de Petición para que se Expida Auto de Certiorari,

págs. 49-50.
KLCE202201390                                                              3

opuso el 1 de junio de 2022 mediante una Moción en

Oposición a Reconsideración.8

      El   5    de    octubre        de   2022,    el     TPI    emitió   una

Resolución      mediante       la     cual      declaró    con    lugar    la

Solicitud de Reconsideración de FirstBank.9 El 20 de

octubre    de        2022,     el     matrimonio        Rullán-Emmanuelli

presentó una Moción de Reconsideración/Reiteración de

Solicitud de Enmiendas y Moción de Desestimación por

Falta de Acumulación de Parte Indispensable y Falta de

Legitimación Activa.10 El TPI la declaró no ha lugar el

16 de noviembre de 2022.11

      Inconforme,         el    19    de     diciembre      de    2022,    el

matrimonio Rullán-Emmanuelli presentó una Petición para

que se Expida Auto de Certiorari e indicó:

      Erró el [TPI] al emitir una Resolución
      denegatoria      a     la      Moción      de
      reconsideración/reiteración de solicitud de
      enmiendas y moción de desestimación por falta
      de acumulación de parte indispensable y falta
      de legitimación activa radicada para revisar
      la Resolución emitida por el [TPI] con fecha
      de 5 de octubre de 2022.

      Por su parte, el 12 de enero de 2023, FirstBank

presentó su Alegato en Oposición.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

y el derecho y la jurisprudencia aplicable, se resuelve.

                             II. Marco Legal

A.    Certiorari

      El   auto      de   certiorari       es     el   vehículo    procesal

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León,

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por

8 Íd., págs. 54-56.
9 Íd., págs. 57-73.
10 Íd., págs. 74-113.
11 Íd., pág. 1.
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la   discreción   de   este   Tribunal    para   autorizar   su

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

     La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.   52.1,   establece   la   autoridad    limitada   de   este

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia

por medio del recurso discrecional del certiorari. La

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

      El   recurso   de  certiorari     para   revisar
      resoluciones    u    órdenes    interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de
      Apelaciones   cuando    se   recurra    de   una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o
      de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones    podrá    revisar     órdenes    o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se
      recurra de decisiones sobre la admisibilidad
      de testigos de hechos o peritos esenciales,
      asuntos      relativos       a       privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en
      casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra
      situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un
      recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal   de   Apelaciones    no    tiene   que
      fundamentar su decisión.

      Si ninguno de estos elementos está presente en la

petición ante la consideración de este Tribunal, procede

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean
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Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

      De    conformidad,    para   determinar   si   procede   la

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40

del   Reglamento   del     Tribunal   de   Apelaciones,   4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración

los siguientes criterios al determinar la expedición de

un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A)    Si el remedio y la disposición de la
             decisión recurrida, a diferencia de sus
             fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B)    Si la situación de hechos planteada es la
             más indicada para el análisis del
             problema.

      (C)    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
             error   craso   y   manifiesto   en   la
             apreciación de la prueba por el Tribunal
             de Primera Instancia.

      (D)    Si    el    asunto    planteado    exige
             consideración más detenida a la luz de
             los autos originales, los cuales deberán
             ser   elevados,   o  de   alegatos   más
             elaborados.

      (E)    Si la etapa del procedimiento en que se
             presenta el caso es la más propicia para
             su consideración.

      (F)    Si la expedición del auto o de la orden
             de   mostrar   causa    no   causan    un
             fraccionamiento indebido del pleito y una
             dilación indeseable en la solución final
             del litigio.

      (G)    Si la expedición del auto o de la orden
             de mostrar causa evita un fracaso de la
             justicia.

      Ahora bien, esta regla no constituye una lista

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto,

para determinar si es la más apropiada para intervenir
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y   no     ocasionar       un    fraccionamiento               indebido     o    una

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

      La       interferencia          de    este    foro       con    la   facultad

discrecional         del        TPI        solo    procede       cuando         este:

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular,

152      DPR     140,   155       (2000).          Así,        “las    decisiones

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro

abusó     de    su   discreción”.            SLG    Zapata-Rivera          v.    J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni

manejar el trámite regular de los casos ante el foro

primario”. Íd.

      La determinación de que un tribunal abusó de su

discreción está atada íntimamente al concepto de la

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto

definió la discreción como “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica

“poder     para      actuar      en        una    forma    u    otra,      haciendo

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v.

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v.

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual,
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el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito,

69 DPR 4, 18 (1948).

       A la luz de la normativa, se resuelve.

                            III. Discusión

       En suma, el matrimonio Rullán-Emmanuelli sostiene

que el TPI erró al desautorizar las enmiendas a la

Contestación       a   la    Demanda     y   la   reapertura      del

descubrimiento de prueba.

       Según se indicó en la Sección II de esta Resolución,

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita las

instancias en las que una determinación interlocutoria

es susceptible a revisión. Además de las instancias

específicas que se enumeran en la regla, este Tribunal

puede revisar cualquier determinación interlocutoria con

la que sea necesario intervenir para evitar un fracaso

a la justicia.

       Ahora bien, la expedición del recurso de certiorari

al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

no opera en el vacío; tiene que anclarse en una de las

razones de peso que establece la Regla 40 de                     este

Tribunal, supra. Este no es el caso.

       Examinado el expediente, este Tribunal concluye que

este caso no presenta alguno de los siete criterios de

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, y no identifica una situación por la cual se deba

expedir      el    auto      que     solicita     el    matrimonio

Rullán-Emmanuelli. Ausente error, prejuicio o abuso de

discreción, no procede intervenir con el dictamen del

TPI.

                                   IV.

       Por   los   fundamentos      expuestos,    se   deniega    la

expedición del recurso de certiorari.
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    Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones