Court Opinion

ID: 9941425
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:34:51.18592+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:39.772095
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                  REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN
                               PANEL X

                                                           Apelación
  BANCO POPULAR DE                                         procedente del
    PUERTO RICO                                            Tribunal de
                                                           Primera Instancia,
           Apelado                                         Sala Superior de
                                                           Vega Baja
               V.                  KLAN202301100
                                                           Caso Núm.:
  MARISOL GONZÁLEZ                                         BY2022CV00441
       RAMOS
                                                           Sobre:
           Apelante                                        Ejecución de
                                                           Hipoteca IN REM

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

       El 7 de diciembre de 2023, compareció ante este Tribunal

de Apelaciones, la señora Marisol González Ramos (en adelante,

señora González Ramos o parte peticionaria) mediante Apelación

Civil1. Por medio de esta, nos solicita que, revisemos la Resolución

emitida y notificada, el 7 de noviembre de 2023, por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Vega Baja. En virtud del

aludido dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar una solicitud

de reconsideración presentada por la parte peticionaria.

       Por los motivos que se exponen a continuación, se

desestima el recurso de epígrafe por defectuoso.

                                         I

       Los hechos que propiciaron el recurso de epígrafe se

remontan a una Demanda presentada el 4 de febrero de 2022,

1 Mediante Resolución emitida el 12 de diciembre de 2023, el recurso de epígrafe fue

acogido como un Certiorari por ser lo procedente en derecho, sin embargo, se mantuvo
inalterada su identificación alfanumérica por motivos de economía procesal.

Número Identificador
SEN2024 ________________
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por el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, BBPR o parte

recurrida) sobre ejecución de hipoteca. En esencia, BPPR alegó

ser la tenedora de un pagaré suscrito solidariamente por la parte

peticionaria, a favor de Doral Bank por la suma de $102,320.00

de principal. Señaló que, el aludido pagaré devengaba intereses

a razón del 5.00% anual, pagadero mediante un primer plazo a

vencer el día 1ro de diciembre de 2005 y subsiguientes plazos en

igual día de cada mes consecutivo posterior hasta el pago total de

la deuda, la cual de no haber sido satisfecha antes, vencerá el día

1ro de noviembre de 2025.        Indicó, además que, se había

constituido una hipoteca voluntaria con carácter primario sobre

un inmueble ubicado en el Municipio de Vega Baja, con el

propósito de garantizar el pago de la deuda referente al pagaré

antes mencionado.      De igual manera, acotó que, la parte

peticionaria había incumplido con la forma de pago convenida

para el repago del préstamo y que por ello, la parte recurrida

declaró vencida la totalidad de la deuda conforme a los términos

del pagaré.   De acuerdo a lo anterior, sostuvo que, la parte

peticionaria adeudaba solidariamente la suma de $42,923.28,

balance principal del aludido pagaré, los intereses convenidos al

5.00% anual devengado sobre tal suma, desde el 1ro de octubre

de 2019 y los que se devenguen hasta su total y completo pago,

así como los cargos por mora incurridos y los que se devengasen.

Asimismo, aseguró que, la deuda se encontraba vencida, líquida

y exigible, y que, no había sido satisfecha por la parte

peticionaria, pese a los múltiples requerimientos de la parte

recurrida. A estos efectos, solicitó al foro primario que ordenara

la venta de la propiedad inmueble en cuestión con el fin de que
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con el producto de la venta se pagase lo adeudado a la parte

recurrida.

        Posteriormente, el 15 de febrero de 2022, la parte recurrida

presentó la Solicitud de Mediación al Amparo de la Ley 184-2012,

Según Enmendada Mediante la Ley 38-2019 del 2 de mayo de

2019.     Por medio de esta, le solicitó al Tribunal de Primera

Instancia que, refiriera el caso de epígrafe al Centro de Mediación

de Conflictos conforme a la Ley Núm. 184-2012, según

enmendada, mediante la Ley Núm. 38-2019, conocida como “Ley

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los

Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”.

        Consecuentemente, la primera instancia judicial emitió la

Orden de Referido al Centro de Mediación de Conflictos en Casos

de Ejecución de Hipotecas. Ello con el propósito de que, la parte

recurrida le notificara a la parte peticionaria – como deudor

hipotecario – todas las alternativas disponibles para evitar la

ejecución de la hipoteca o la venta judicial en pública subasta, y

así lograr llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes resolver

la controversia.    Mediante la referida orden, el foro a quo les

apercibió a las partes que, la participación en la sesión de

mediación era obligatoria bajo pena de desacato.

        El 10 de marzo de 2022, la parte peticionaria presentó una

Solicitud de Prórroga. Por medio de la anterior, le solicitó al foro

primario que le concediera un término adicional de veinticinco

(25) días para presentar la contestación a la demanda. Mediante

Orden emitida el 15 de marzo de 2022, el foro recurrido le

concedió a la parte peticionaria la prórroga solicitada.

        Posteriormente, el 11 de abril de 2022, la señora González

Ramos presentó la Moción Informativa y en Solicitud de Orden,
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donde expresó que se encontró imposibilitada de asistir a una

vista celebrada el 11 de marzo de 2022, por alegadamente

desconocer que se iniciaría el proceso de ejecución de hipoteca.

      El 18 de abril de 2022, el Tribunal de Primera Instancia

notificó una Orden donde le concedió a BBPR veinte (20) días para

expresarse en torno a la Moción Informativa y en Solicitud de

Orden presentada por la señora González Ramos.

      Así las cosas, el 2 de mayo de 2022, BBPR presentó la

Moción en Cumplimiento de Orden y Sol[i]citud de Paralizaci[ó]n. A

través de esta, le solicitó al foro de primera instancia la

paralización de los procedimientos por un término de noventa (90)

días, debido a una declaración de desastre mayor emitida el 29

de marzo de 2022, por el Presidente de Estados Unidos de

América, Joseph R. Biden, Jr.

      Por medio de Orden emitida el 4 de mayo de 2022, la

primera instancia judicial decretó la paralización de los

procedimientos hasta el 28 de junio de 2022.

      El 13 de junio de 2022, compareció el Centro de Mediación

de Conflictos mediante Moción Informativa sobre Conclusión de la

Mediación de Ejecución de Hipoteca Atendido Mediante Servicio de

Videoconferencia. En virtud de esta, le notificó al foro primario

que se daba por concluida su intervención para dar paso al

trámite judicial correspondiente, ello en vista de que, la señora

González Ramos había enviado un correo electrónico donde

indicó su desistimiento al proceso de mediación.

      Por otro lado, el 13 de julio de 2022, BBPR presentó la

Solicitud de Anotaci[ó]n de Rebeld[í]a y Sentencia. Adujo que, la

parte peticionaria no había presentado alegación responsiva

alguna contra la demanda, a pesar de haber transcurrido en
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exceso el término para hacerlo. Conforme a lo anterior, solicitó

que se le anotase rebeldía a la señora González Ramos y que se

dictase sentencia en rebeldía a favor de BPPR.

      Subsiguientemente, el 3 de agosto de 2022, el foro de

primera instancia emitió una Sentencia, en la cual declaró Con

Lugar la Demanda y ordenó la venta en pública subasta del

inmueble en cuestión.

      El 6 de septiembre de 2022, BPPR presentó la Solicitud de

Ejecución de Sentencia. Posteriormente, el foro a quo emitió la

Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes. Asimismo,

emitió el Mandamiento de Ejecución de Sentencia.

      Luego    de   varios    trámites    procesales,   innecesarios

pormenorizar, el 15 de noviembre de 2022 fue llevada a cabo la

venta en pública subasta del inmueble ubicado en el Municipio

de Vega Baja. Según surge del expediente, en la subasta se le

adjudicó la propiedad inmueble al señor Gustavo Centeno

Negrón, en representación de CFC 2022, Inc. por la suma total de

$110,000.00.

      El 23 de noviembre de 2022, la parte peticionaria presentó

la   Moción   por   Derecho   Propio     “Urgente”,   donde   solicitó

reconsideración sobre la determinación del foro primario.

Además, alegó que, desconocía que la propiedad inmueble

ubicada en Vega Baja sería vendida en pública subasta. Aseguró

que, no se le notificó sobre la ejecución de la propiedad. Añadió

que, el edicto que notificaba la celebración de la subasta no fue

publicado por dos (2) semanas en el periódico y que, el proceso

fue injusto, sin aviso y sin buena fe.

      En respuesta, el 9 de diciembre de 2022, BPPR presentó la

Moción en Cumplimiento de Orden. Por medio de esta, sostuvo
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que, la señora González Ramos había sido debidamente

notificada de todo el proceso de ejecución de hipoteca llevado en

su contra.

       Mediante Moción, la señora González Ramos alegó que,

nunca recibió aviso alguno por parte de BPPR en cuanto a atrasos

en los pagos de hipoteca. Entre otras cosas, acotó que, en el

proceso de mediación BPPR se negó a recibir los pagos

adeudados. Solicitó que se comenzara un nuevo proceso con el

propósito de lograr mantener el dominio de la propiedad

inmueble.

       Luego de varias incidencias procesales, innecesarias

pormenorizar, el 7 de noviembre de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia emitió la Resolución cuya revisión nos ocupa. En virtud

de esta, el foro primario determinó que, la señora González Ramos

había sido emplazada conforme a derecho y que por ello,

ostentaba jurisdicción sobre su persona. Además, concluyó que,

la parte peticionaria tuvo amplia oportunidad de comparecer y

ser oída antes de dictarse la sentencia, pero que, no obstante,

esta no contestó la Demanda. Finalmente, declaró No Ha Lugar

la   solicitud   de   reconsideración   presentada   por   la   parte

peticionaria.

       Inconforme, la señora González Ramos presentó el recurso

de epígrafe, donde nos solicitó que revisáramos la resolución

recurrida. Cabe destacar que, la parte peticionaria no esbozó

ningún señalamiento de error.

       Mediante Resolución emitida el 12 de diciembre de 2023,

este Tribunal le ordenó a la parte peticionaria acreditar en o antes

del 15 de diciembre de 2023, haber notificado copia del recurso

de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia de conformidad con
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la Regla 33(A), y a la parte recurrida, de conformidad con la Regla

33(B) del Reglamento de este foro apelativo.         Se le apercibió,

además, que, el incumplimiento con lo ordenado daría lugar a la

desestimación.

      A estos efectos, el 15 de diciembre de 2023, la señora

González Ramos, por derecho propio, presentó la Moción

Informativa Cumpliendo con Resolución 12-dic-2023. Junto a esta

acompañó copia de la Moción por Derecho Propio que acredita la

notificación de la presentación del recurso al Tribunal de Primera

Instancia.   De igual manera, acompañó unas capturas de

pantalla de unos correos electrónicos con fecha del 8 de diciembre

de 2023, dirigidos a la representación legal de la parte recurrida

intitulados Comparto ´Apelación Resolución 7 de noviembre de

2023 BY2022CV00441 201´ Contigo.

      Posteriormente, el 21 de diciembre de 2023, la parte

recurrida presentó Solicitud de Desestimación. Por medio de la

aludida moción, BPPR sostuvo que, la parte peticionaria no había

notificado el recurso dentro del término dispuesto por la Regla

33(B) del Reglamento de este Tribunal. Añadió que, no surgía que

la parte peticionaria le hubiese notificado la presentación del

recurso a CFC 2022, Inc. o a su representante, el señor Gustavo

Centeno Negrón, quien era parte indispensable en el caso al ser

la entidad a la que se adjudicó la propiedad inmueble. Conforme

ello, solicitó la desestimación del recurso.

      El 22 de diciembre de 2023, la parte peticionaria presentó

un    documento      intitulado   Copia        del   Expediente   TPI

BY2022CV00441.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.
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A. El Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual

un    tribunal     de     jerarquía      superior    puede      revisar

discrecionalmente       una   decisión   de   un    tribunal   inferior.

Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004

(2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020);

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729

(2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Ahora

bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos efectos, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente

su decisión de atender o no las controversias que le son

planteadas”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008); Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada

Regla dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
      y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.
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      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final
      del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

es determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y

no constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR

324, 327 (2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce

que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la

decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, supra, pág. 97.

      El certiorari, como recurso extraordinario discrecional,

debe ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.

Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede

cuando no está disponible la apelación u otro recurso que proteja

eficaz y rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v.

Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal

Supremo ha expresado también que “de ordinario, el tribunal

apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”.
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Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181

(1992); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Jurisdicción

      Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los

casos y las controversias que sean presentados a su atención.

Miranda Corrada v. DDEC et al., 2023 TSPR 40, 211 DPR ___

(2023); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020);

Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019).

Es normativa reiterada que, los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo que, los asuntos

relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos

con prontitud. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288,

298 (2022); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500. La

ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu proprio, ya

que, esta incide de forma directa sobre el poder del tribunal para

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank,

204 DPR 374, 386 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles,

supra, pág. 500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254,

268 (2018); Suffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005).

      Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para

asumir jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción,

deberá así declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en

sus méritos, pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser

subsanada.      Íd.; Autoridad para el Financiamiento de la

Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión Marrero, supra; Mun. De

San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014); Suffront

v. AAA, supra, pág. 674; Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et

al., 210 DPR 384, 394-395 (2022).
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       Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones2, confiere facultad a este Tribunal para

a iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece

de jurisdicción.

C. Perfeccionamiento de Recursos

       Como norma general, el incumplimiento con las reglas de

los tribunales apelativos impide la revisión judicial. Cárdenas

Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). Es por lo que, las

normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos

deben observarse rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc.,

150 DPR 560, 564 (2000); Hernández Maldonado v. Taco Maker,

181 DPR 281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR

84, 90 (2013).           El incumplimiento con las disposiciones

reglamentarias sobre forma, contenido y presentación de los

recursos     apelativos       pudiera   tener   como    consecuencia       la

desestimación de estos. Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636,

641    (2017).        Nuestra     Máxima     Curia     ha    requerido     un

cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones reglamentarias,

tanto de nuestro Tribunal Supremo como de este Tribunal de

Apelaciones. Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág.

290; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 130 (1998).

       La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede

perfeccionado       es    necesaria     su   oportuna       presentación    y

notificación del escrito a las partes apeladas. González Pagán v.

Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1070-1071 (2019). El Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, en su Regla 33(B) dispone que, el

recurso de certiorari que se someta a la consideración del Tribunal

2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
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de Apelaciones deberá ser notificado a los abogados o abogadas

en récord, o en su defecto, a las partes dentro del término

dispuesto para la presentación del recurso, es decir, dentro del

término de treinta (30) días a partir del archivo en autos de la

copia de la notificación de la resolución u orden recurrida3. Este

término es uno de cumplimiento estricto4.

        Con relación a los términos de cumplimiento estricto y

jurisdiccional, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92, lo siguiente:

               Es norma harto conocida en nuestro
        ordenamiento que un término de cumplimiento
        estricto puede ser prorrogado por los tribunales. Ello
        a     diferencia   de    los    llamados     términos
        jurisdiccionales, cuyo incumplimiento impide la
        revisión judicial por privar de jurisdicción a los
        tribunales. Véase Cruz Parrilla v. Depto. Familia, 184
        D.P.R. 393 (2012). Sin embargo, para prorrogar un
        término de cumplimiento estricto “generalmente se
        requiere que la parte que solicita la prórroga, o que
        actúa fuera de término, presente justa causa por la
        cual no puede cumplir con el término establecido”. Íd.
        pág. 403.

        Dicha norma fue reiterada posteriormente, en Rivera

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016), al indicar

que “los tribunales no gozan de discreción para prorrogar los

términos de cumplimiento estricto automáticamente”5.             En el

aludido caso6, el Tribunal Supremo dispuso lo siguiente:

              [E]l foro adjudicativo tiene discreción para
        extender un término de cumplimiento estricto solo
        cuando la parte que lo solicita demuestra justa
        causa para la tardanza. Al ser así, se le requiere a
        quien solicita la prórroga o a quien actúe fuera del
        término que presente justa causa por la cual no
        puede o pudo cumplir con el término establecido.7 En
        conformidad con esto, nuestra última instancia
        judicial ha reafirmado que los tribunales podrán
        eximir a una parte de observar el cumplimiento con
        un término de este tipo únicamente si concurren las
        condiciones siguientes: (1) que en efecto exista
3
  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
4
  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
5 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.
6 Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy, supra, pág. 171.
7 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92.
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        justa causa para la dilación y (2) que la parte le
        demuestre detalladamente al tribunal las bases
        razonables que tiene para la dilación, es decir, que
        acredite de manera adecuada la justa causa
        aludida.8 (Énfasis nuestro).

        Las partes litigantes deben atender estos requerimientos

con seriedad, ya que “[n]o se permitirá desviación alguna del plazo

[…] so pena de desestimación del recurso, a menos que la

tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”.

Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 DPR 536, 539 (1980). Con respecto

al requisito de justa causa, en Soto Pino v. Uno Radio Group,

supra, nuestra Alta Curia reiteró que la justa causa se acredita

mediante explicaciones “concretas y particulares, -debidamente

evidenciadas en el escrito- que le permitan al tribunal concluir

que hubo una excusa razonable para la tardanza o la demora”.

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra pág. 93 citando a Febles v.

Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).

        Finalmente, conforme ha resuelto el Alto Foro, la parte que

comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la obligación de

perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de

poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 165 DPR

356, 367 (2005).

        En consonancia con lo anterior, nuestra última instancia

judicial expresó en Hernández Jiménez v. AEE, 194 DPR 378,

382-383 (2015) que:

              Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a
        que un tribunal de superior jerarquía revise los
        dictámenes emitidos por los tribunales inferiores.9
        Ahora bien, ese derecho queda condicionado a que las
        partes observen rigurosamente el cumplimiento de
        las disposiciones reglamentarias establecidas por
        nuestro ordenamiento jurídico sobre la forma,
        contenido, presentación y notificación de los

8 Id., pág. 93.
9 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014).
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       recursos, incluyendo lo dispuesto en los Reglamentos
       del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal
       Supremo.10

       Esbozada        la    normativa        jurídica    que     enmarca       la

controversia de epígrafe, procedemos a resolver.

                                        III

       Como      tribunal      apelativo,     en    primer    lugar,    estamos

obligados a examinar si ostentamos jurisdicción para atender el

recurso de epígrafe. Veamos.

       Según reseñáramos, la parte peticionaria nos solicita que

revisemos la Resolución emitida y notificada, el 7 de noviembre de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia.

       Mediante Resolución emitida el 12 de diciembre de 2023, le

ordenamos a la parte peticionaria acreditar en o antes del 15 de

diciembre de 2023, haber notificado copia del recurso de epígrafe

al Tribunal de Primera Instancia de conformidad con la Regla

33(A), y a la parte recurrida, de conformidad con la Regla 33(B)

del Reglamento de este foro apelativo. Se le apercibió, además,

que, el incumplimiento con lo ordenado daría lugar a la

desestimación.

       El 15 de diciembre de 2023, la señora González Ramos, por

derecho propio, presentó la Moción Informativa Cumpliendo con

Resolución 12-dic-2023. Junto a su moción acompañó copia de

la Moción por Derecho Propio, que acredita la notificación de la

presentación del recurso al Tribunal de Primera Instancia. De

igual manera, acompañó unas capturas de pantalla de unos

correos electrónicos con fecha del 8 de diciembre de 2023,

dirigidos a la representación legal de la parte recurrida intitulados

10 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco Maker,

supra, pág. 290; Arriaga v. FSE, supra, pág. 130.
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Comparto ´Apelación Resolución 7 de noviembre de 2023

BY2022CV00441 201´ Contigo.

          Al examinar los documentos presentados por la parte

peticionaria, no se desprende del expediente que esta le hubiese

notificado adecuadamente a BPPR. Aun si diéramos por buenas

las capturas de pantalla presentadas por la señora González

Ramos, surge que, esta no notificó dentro del término dispuesto

por la Regla 34(B) de este Tribunal. Puesto que, las aludidas

capturas de pantalla muestran que la parte peticionaria envió los

correos electrónicos el 8 de diciembre de 2023, a pesar de tener

disponible hasta el 7 de diciembre de 2023 para notificar el

recurso de epígrafe.             De igual forma, de ninguna manera se

desprende del expediente que, la parte peticionaria hubiese

notificado a CFC 2022, Inc.11, sobre la presentación del recurso

de marras.

          La Regla 33(B) del Reglamento de este Tribunal es clara al

expresar que, la parte peticionaria deberá notificar el recurso de

certiorari dentro del término dispuesto para la presentación del

recurso, siendo este un término de estricto cumplimiento.12 La

parte peticionaria tenía disponible hasta el 7 de diciembre de

2023 para presentar y notificar el recurso a la parte recurrida, no

obstante, no cumplió con notificarlo dentro de tal término. Es

por lo que, ante el incumplimiento con las disposiciones

reglamentarias de este tribunal sobre la notificación de los

recursos apelativos, procede la desestimación del recurso de

epígrafe.

          De     acuerdo      con    lo   antes     esbozado,      procedemos        a

desestimar el recurso de epígrafe de conformidad con la Regla

11
     Identificada como la entidad que se adjudicó la propiedad en pública subasta.
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B).
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83(C) del Reglamento de este Tribunal13, el cual le confiere

facultad a este Tribunal para a iniciativa propia desestimar un

recurso de apelación o denegar un auto discrecional cuando este

foro carece de jurisdicción.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, se desestima el

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, por notificación

tardía.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C).