Court Opinion

ID: 9952156
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:22:43.193903+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:08.299455
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL X

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                        Certiorari
                                                procedente del
          Peticionario                          Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
                                                Superior de San
                v.                KLCE202400017 Juan

                                                   Criminal Núm.:
AIRAM STEVIE TEXIDOR FALÚ                          K SC2023G0159
                                                   K SC2023G0160
           Recurrido
                                                   Sobre:
                                                   Art. 401 L.S.C. (2cs)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos El Pueblo de Puerto Rico, representado

por la Oficina del Procurador General (Procurador o peticionario),

mediante Petición de Certiorari y nos solicita la revocación de la

Sentencia emitida el 10 de noviembre de 2023, notificada el 14 de

noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro

primario declaró Ha Lugar una moción de desestimación al amparo

de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal1, presentada por el

señor Airam Stevie Texidor Falú, (señor Texidor Falú o recurrido).

       El 27 de noviembre de 2023, la parte peticionaria presentó

Urgente Moción de Reconsideración, la cual fue denegada por el TPI

mediante Resolución emitida el 1 de diciembre de 2023, notificada

el 5 de diciembre de 2023.

1 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(2).

Número Identificador
SEN2024__________
KLCE202400017                                                               2

       Por    los   fundamentos        que       exponemos   a   continuación,

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos el dictamen

recurrido.

                                            I.

       Por hechos ocurridos el 10 de abril de 2023, el Ministerio

Público presentó dos denuncias contra el señor Texidor Falú. Según

se desprende de las denuncias, se le imputó infracción al Artículo

401(a)(1) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según

enmendada, conocida como la Ley de Sustancias Controladas de

Puerto Rico2 (Ley Núm. 4-1971)3. En síntesis, al recurrido se le

imputó poseer marihuana y cocaína con intención de distribuir sin

autorización en ley.

       En esta misma fecha, el TPI determinó causa probable para

arresto contra el recurrido y fijó fianza de $10,000.00, la cual fue

prestada. Asimismo, el foro primario señaló vista preliminar para

el 21 de abril de 20234.

       Así las cosas, el foro primario celebró la vista según pautada,

a la cual comparecieron el Ministerio Público y el señor Texidor Falú,

pero la representante legal del recurrido se ausentó. Por tanto, se

reseñaló la vista para el 31 de mayo de 20235.

       El 31 de mayo de 2023, comparecieron a la vista el Ministerio

Público y la representante legal de la parte recurrida. También,

estuvieron presentes los testigos del Ministerio Público. No obstante,

el foro primario suspendió la vista debido a que la representante

legal del recurrido tenía otro caso que atender en el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Carolina, e hizo constar en el documento

intitulado Notas y Resolución del Juez6 que ese día comenzaban a

2 24 LPRA sec. 2401(a)(1).
3 Apéndice del recurso, Anejo I, págs. 1-4.
4 Apéndice del recurso, Anejo I, págs. 1 y 3.
5 Apéndice del recurso, Anejo II, pág. 5.
6 Apéndice del recurso, Anejo III, pág. 6.
KLCE202400017                                                               3

transcurrir los términos. Así, el TPI reseñaló la vista para el 6 de

julio de 2023, por razón de que la representante legal del recurrido

no tenía días disponibles para el mes de junio de 2023.

       A la vista del 6 de julio de 2023, compareció la representante

legal del recurrido y el Ministerio Público. La juez marcó en el

documento Notas y Resolución del Juez7 que el Ministerio Público no

estaba preparado. Además, hizo constar que uno de los testigos

estuvo ausente por motivo de salud. Ante ello, se reseñaló la vista

para el 1 de agosto de 2023.

       El 1 de agosto de 2023, compareció la representante legal del

recurrido y el Ministerio Público. La jueza marcó en el documento

Notas y Resolución del Juez que el agente José J. Ayende Morales se

encontraba fuera de Puerto Rico hasta el 6 de agosto de 2023 y los

otros dos agentes se ausentaron. Nuevamente, se reseñaló la vista

para el 10 de agosto de 20238.

       A la vista del 10 de agosto de 2023, compareció el señor

Texidor Falú, su representante legal y el Ministerio Público. Como

testigos, comparecieron los agentes Carlos A. Pérez Rosado y Ángel

M. Ocasio Jiménez, el agente José J. Ayende Morales fue excusado.

Las partes, en común acuerdo, recalendarizaron la vista para el

día siguiente, es decir, el 11 de agosto de 20239.

       Así las cosas, el 11 de agosto de 2023, se celebró la vista

preliminar, en la que el foro primario determinó causa para

acusación por los delitos imputados contra el recurrido10. Asimismo,

señaló la vista de lectura de acusación para el 17 de agosto de 2023.

Ante ello, el 14 de agosto de 2023, el Ministerio Público presentó las

correspondientes acusaciones11.

7 Apéndice del recurso, Anejo IV, pág. 7.
8  Apéndice del recurso, Anejo V, pág. 8.
9 Apéndice del recurso, Anejo VI, pág. 9; regrabación vista celebrada el 11 de
agosto de 2023.
10 Apéndice del recurso, Anejo VII y VIII, págs. 10-14.
11 Apéndice del recurso, Anejo IX, págs. 15-18.
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       El 17 de agosto de 2023, se celebró vista, a la cual compareció

la representante legal del recurrido y quien argumentó que los

cargos debían ser desestimados al amparo de la Regla 64(n)(2) de

Procedimiento Criminal, supra, debido a que las acusaciones contra

el recurrido se presentaron transcurrido el término mandatorio por

ley. El Ministerio Público sostuvo que las acusaciones se radicaron

oportunamente12. El TPI concedió término para que la defensa

presentara su planteamiento por escrito y el Ministerio Público

expresara su posición. La lectura de acusación fue reseñalada para

el 8 de septiembre de 2023.

       El 22 de agosto de 2023, la representante legal del recurrido

presentó Moción en Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla

64 N (2)13. En esta, alegó que desde el 1 de agosto de 2023 los

términos de juicio rápido estaban vencidos. De esta manera, adujo

que la defensa nunca renunció al planteamiento de términos, aun

cuando el Tribunal le concedió oportunidad al Ministerio Público

para reseñalar la vista preliminar.

       Por su parte, el 1 de septiembre de 2023, el Ministerio Público

presentó su Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación al

Amparo de la Regla 64 (N)(2)14, en la que sostuvo que la Regla 64 de

Procedimiento Criminal, supra, reconoce expresamente que los

términos allí dispuestos pueden ampliarse cuando exista justa

causa. Alegó, además, que la dilación en la celebración de la vista

preliminar es únicamente atribuible a la defensa del recurrido.

       El 8 de septiembre de 2023, el TPI celebró vista de lectura de

acusación, la cual se tornó argumentativa sobre las mociones

previamente presentadas y las razones de la dilación de parte del

Ministerio Público para presentar las acusaciones15.

12 Apéndice del recurso, Anejo X, pág. 19.
13 Apéndice del recurso, Anejo XI, págs. 20-23.
14 Apéndice del recurso, Anejo XII, págs. 24-27.
15 Apéndice del recurso, Anejo XIII, págs. 28-29.
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       El 18 de septiembre de 2023, notificada el 20 de septiembre

del mismo año, el TPI emitió una Resolución y Orden16, en la que

concluyó que era necesaria la celebración de una vista evidenciaria

para evaluar la solicitud de desestimación al amparo de la Regla

64(n) de Procedimiento Criminal, supra.

       Por consiguiente, el 3 de octubre de 2023, se celebró la vista

evidenciaria17. En síntesis, el Ministerio Público alegó que la vista

preliminar y las acusaciones fueron presentadas dentro del término

requerido por el ordenamiento jurídico. Además, arguyó que las

suspensiones eran atribuibles a la defensa del recurrido. Por último,

sostuvo que el reclamo de la defensa era inoportuno y tardío por no

haber hecho argumento alguno cuando se extendieron los términos.

Por su parte, la defensa reiteró que nunca renunció al planteamiento

de la desestimación por violación a los términos de juicio rápido y

alegó que el Ministerio Público no presentó justa causa para la

dilación.

       Consecuentemente, el 10 de noviembre de 2023, notificada el

14 de noviembre de 2023, el TPI emitió Sentencia, en la que concluyó

que el Ministerio Público presentó el pliego acusatorio de forma

tardía, sin presentar justa causa para las dilaciones al proceso

judicial. En consecuencia, el foro primario declaró Ha Lugar la

solicitud de desestimación bajo la Regla 64(n)(2) de Procedimiento

Criminal, supra, presentada por el recurrido.

       En desacuerdo con dicha determinación, el Ministerio Público

presentó Urgente Moción de Reconsideración18, la cual fue declarada

No Ha Lugar mediante Resolución19 emitida el 1 de diciembre de

2023, notificada el 5 de diciembre de 2023.

16 Apéndice del recurso, Anejo XIV, págs. 30-37.
17 Apéndice del recurso, Anejo XV, págs. 38-39.
18 Apéndice del recurso, Anejo XIV, págs. 56-60.
19 Apéndice del recurso, Anejo XXIII, págs. 66-68.
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       Inconforme, el 4 de enero de 2024, El Pueblo de Puerto Rico,

representado por la Oficina del Procurador General, acude ante nos

mediante Petición de Certiorari, en la que señala al foro primario la

comisión de los siguientes errores:

       El Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar las
       acusaciones, a pesar de que el señor Texidor Falú no invocó
       su derecho de juicio rápido, conforme la jurisprudencia
       requiere.

       El Tribunal de Primera Instancia erró cuando no sopesó
       adecuadamente los factores dispuestos en la Regla 64(n)(2),
       particularmente, porque dejó de tomar en cuenta la parte de
       la dilación en la celebración de la vista preliminar –que
       posibilita la presentación de las acusaciones– causada
       porque la Defensa no estaba disponible.

       El Tribunal de Primera Instancia incidió al determinar que
       las acusaciones se presentaron fuera del término conforme
       la Regla 64(n)(2), a pesar de que el Ministerio Público las
       presentó un día laborable posterior a la determinación de
       causa para acusar en la vista preliminar, contraviniendo así,
       la norma establecida en Pueblo v. Cartagena Fuentes, supra.

       El 12 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que

concedimos al recurrido un término de diez (10) días para expresar

su posición en torno al recurso de epígrafe. Luego de una solicitud

de prórroga, el 5 de febrero de 2024, el recurrido compareció

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración.

                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior20. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial21. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

20 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,
337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de
Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
21 Íd.
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para llegar a una conclusión justiciera”22. Empero, el ejercicio de la

discreción     concedida      “no    implica   la    potestad     de   actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”23.

       Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones24, señala los

criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento       impone      que    ejerzamos     nuestra     discreción   y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

                                       -B-

       La Sección 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico dispone que a todo acusado le asiste el

22 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
23 Íd.
24 4 LPRA XXII-B, R. 40.
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derecho a juicio rápido25. Esto entra en vigor desde que el imputado

de delito es detenido o está sujeto a responder, es decir, desde que

se determina la existencia de causa probable para arrestar, citar o

detener26.

         La Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, regula el

derecho a juicio rápido27. El incumplimiento con los términos que

esta regla establece conlleva que el acusado pueda solicitar la

desestimación de la denuncia o acusación28. A esos efectos, y en lo

pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 64(n)(2) dispone lo

siguiente:

         La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o
         cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en uno o
         más de los siguientes fundamentos:

         […]

         (n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias,
         a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a
         menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a
         la solicitud del acusado o a su consentimiento:

         […]

         (2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el
         acusado dentro de los sesenta (60) días de su arresto o
         citación si se encontraba bajo fianza o dentro de los treinta
         (30) días si se encontraba sumariado o si se tratare de un
         caso en que un magistrado autorizó la radicación de las
         mismas de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a).

         Al interpretar la citada regla, a la luz del derecho a juicio

rápido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que el término

de sesenta (60) días para acusar o denunciar comienza a transcurrir

desde que el imputado de delito está “sujeto a responder”29. Esto es,

desde que se determina causa probable para arrestar o citar en

virtud de la Regla 6 de Procedimiento Criminal30, o desde que se

arresta la persona conforme a las Reglas 11 o 12 de Procedimiento

25 Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I.
26 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 569-570 (2009).
27 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129 (2011).
28 Íd.
29 Pueblo v. García Colón I, supra.
30 34 LPRA Ap. II.
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Criminal31, o desde que se expide una citación bajo la Regla 7(a) de

Procedimiento Criminal sujeta a su validación posterior por un

juez32.

         No obstante, la mera inobservancia de los términos de la Regla

64(n) de Procedimiento Criminal, supra, no constituye, por sí sola,

una violación al derecho a juicio rápido, ni conlleva la desestimación

de la denuncia o la acusación33. Una dilación mínima es requisito

de umbral para que un planteamiento de violación a juicio rápido

progrese34. No obstante, el remedio extremo de la desestimación sólo

debe concederse luego de efectuado un análisis ponderado del

balance de los criterios antes esbozados35.

         Cónsono con ello, y según se desprende de la propia Regla

64(n), dichos términos pueden ser extendidos ante la existencia de

justa causa o cuando la demora fuera ocasionada por el propio

acusado o con su consentimiento. El peso de probar que existe

alguna de las causas antes mencionadas o que el acusado renunció

expresa, voluntaria y con pleno conocimiento de su derecho a juicio

rápido, recae en el Ministerio Público36.

         La determinación sobre la existencia de justa causa para la

extensión de los términos de juicio rápido debe realizarse caso a caso

y dentro de los parámetros de razonabilidad37. Dicho esto, con el fin

de no dejar la decisión de extender los términos de las etapas

procesales al libre albedrío de cada juzgador, se establecieron

criterios que el TPI tendrá que sopesar cuando surja un

planteamiento de violación al derecho de rápido enjuiciamiento, a

saber:

31 Íd.
32 D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma ed.,

Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2014, pág. 138.
33 Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 592, 598 (1999).
34 Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781 (2001).
35 Íd.
36 Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315 (1987),

Pueblo v García Vega, 186 DPR, 592 (2012).
37 Pueblo v. Valdés et al., supra.
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       (1) Duración de la demora;
       (2) razones para la demora;
       (3) si la demora fue provocada por el acusado o expresamente
       consentida por éste;
       (4) si el Ministerio Público demostró la existencia de justa
       causa para la demora, y
       (5) Los perjuicios que la demora haya podido causar.38

       Ninguno de estos criterios es determinante en la adjudicación

del reclamo del acusado, más bien, el valor que se le confiera a cada

uno va a depender de las circunstancias relevantes que el tribunal

tiene ante sí39.

       Ahora bien, no se debe perder de perspectiva que en la

mayoría de las ocasiones el factor decisivo para la adjudicación del

balance de los criterios recae en la razón para la inobservancia de

los términos de juicio rápido40.

       En cuanto a este criterio, procede distinguir entre la dilación

imputable al acusado, aquella provocada por una actuación

intencional del Estado y la tardanza ocasionada por una conducta

no intencional del Estado41. La rigurosidad con la que el tribunal

evalúa cada uno de los motivos bajo los cuales se alega justa causa,

para la tardanza, dependerá de su naturaleza42. Las demoras

institucionales que no tienen el propósito de perjudicar a la persona

imputada o acusada serán evaluadas con menos rigurosidad que las

intencionales43. Si la demora fue intencional y opresiva está excluida

del concepto de justa causa44. Para que constituya justa causa, el

motivo de una demora debe estar enmarcado dentro de parámetros

de razonabilidad45.

       Con respecto al criterio de perjuicio el imputado no tiene que

demostrar estado de indefensión, sólo tiene que demostrar que ha

38 34 LPRA A. II, R. 64 (n)(8); Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 792; Pueblo v.

Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986).
39 Pueblo v. Valdés et al., supra; Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 432.
40 Pueblo v. García Colón I, supra.
41 Pueblo v. Valdés et al., supra; Pueblo v. Rivera Tirado, supra.
42 Pueblo v. García Colón I, supra
43 Pueblo v. Candelaria, supra; Pueblo v. Rivera Tirado, supra.
44 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
45 Pueblo v. Valdés et al., supra; Pueblo v. Rivera Colón, supra.
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sufrido perjuicio46. Sobre el descargo de este deber del imputado,

nos informa el Profesor Ernesto L. Chiesa Aponte que:

       ...corresponde al acusado establecer el perjuicio sufrido con
       la dilación, obligación que no se descarga con generalidades.
       Esto es distinto a las razones o justa causa para la dilación,
       donde es el ministerio fiscal o el gobierno quien tiene que
       persuadir al Tribunal, al menos cuando la dilación o
       suspensión es atribuible a conducta del gobierno.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el
       perjuicio sufrido por el acusado con la dilación tiene que ser
       específico: “No puede ser abstracto ni apelar a un simple
       cómputo de rigor matemático. Tiene que ser real y
       sustancial”.47
                                      III.

       En el presente caso, el peticionario alega que incidió el TPI al

desestimar las acusaciones presentadas contra el señor Texidor

Falú al amparo de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal,

supra. Particularmente, señala que el recurrido no invocó su

derecho a juicio rápido conforme establece la jurisprudencia.

Además, aduce que erró el TPI al no considerar que la dilación en la

celebración de la vista preliminar se debió en parte a la falta de

disponibilidad de la defensa. Por último, sostiene que las

acusaciones no se presentaron fuera del término de juicio rápido,

dado que el Ministerio Público las presentó en el próximo día

laborable después de la determinación de causa en el último día de

términos extendidos. En síntesis, lo pertinente a determinar es,

cuándo comienzan a decursar los términos de juicio rápido. Veamos.

       Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que el término de

sesenta (60) días para acusar o denunciar comienza a transcurrir

desde que el imputado de delito está “sujeto a responder”. Esto

ocurre cuando: 1) se determina causa probable para arrestar o citar

en virtud de la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal; 2) se

arresta a la persona conforme a las Reglas 11 o 12 de las de

Procedimiento Criminal; o 3) se expide una citación bajo la Regla 7

46 Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 (2000).
47 E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 12.1, pág. 153.
KLCE202400017                                                                 12

(a) de las de Procedimiento Criminal, sujeta a su validación posterior

por un juez48.

       Surge del tracto procesal previamente reseñado, que el 10 de

abril de 2023, al recurrido se le encontró causa para arresto, se le

fijó fianza y se le citó a vista preliminar para el 21 de abril de 202349.

Desde el 10 de abril de 2023 el imputado de delito está “sujeto a

responder”, por lo cual desde ahí comienza a discurrir el término

de los sesenta (60) días dispuesto en la Regla 64(n)(2) de

Procedimiento Criminal, supra.

       Así pues, el foro primario comenzó el trámite procesal y señaló

la vista preliminar para el 21 de abril de 202350. Arribada la referida

fecha, la representación legal del recurrido no compareció, por lo

que el TPI reseñaló la vista preliminar para el 31 de mayo de 202351.

En esta fecha, el Ministerio Público estaba preparado con su prueba,

no obstante, la representación legal del recurrido no estaba

disponible por tener compromisos con otro caso52. Nuevamente, el

TPI reseñala la vista para el 6 de julio de 2023, debido a que la

defensa no tenía fechas disponibles durante el mes de junio de

202353. Además, surge del expediente que el foro primario indica en

el documento Notas y Resolución del Juez que el 31 de mayo de 2023

“comienzan los términos”54.

       Apuntalamos que si consideramos el 10 de abril de 2023 como

la fecha de inicio para decursar el término de sesenta (60) días

dispuesto en la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra, al

6 de julio de 2023, habían transcurrido ochenta y siete (87) días. Por

otro lado, si aceptamos la fecha del 31 de mayo de 2023, como la

48 Pueblo v. García Colon I, supra, pág. 142.
49 Apéndice del recurso, Anejo I, págs. 1-4.
50 Apéndice del recurso, Anejo II, pág. 5.
51 Íd.; Regrabación de la vista celebrada el 21 de abril de 2023, disponible en la

regrabación de la vista de 3 de octubre de 2023, mins. 10:30-10:39.
52 Apéndice del recurso, Anejo III, pág. 6.
53 Íd.
54 Íd.
KLCE202400017                                                                  13

fecha en que inician los términos bajo la Regla 64(n)(2), supra, según

lo estableció el TPI, el último día del término para celebrar la vista

era el 30 de julio de 2023, sin embargo, por ser domingo, se extiende

hasta el lunes, 31 de julio de 2023 como último día para cumplir

con los términos establecidos por la normativa procesal.

       No obstante, el 6 de julio de 2023, el TPI fijó el nuevo

señalamiento de vista preliminar para el 1 de agosto de 2023. Es

necesario mencionar que, según surge del legajo apelativo, durante

todo ese periodo la defensa no objetó la discreción de la jueza al

extender los términos, ni tampoco invocó el derecho a juicio rápido

que le asiste al recurrido55.

       Así pues, el 1 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2023, las

vistas preliminares señaladas no se celebraron; esto, debido a que

el Ministerio Público informó que no estaba preparado. Nuevamente,

se recalendarizó la vista preliminar para el viernes, 11 de agosto de

202356, la cual fue celebrada y en la que el TPI determinó causa para

acusar     por    los    delitos    imputados       contra     el    recurrido.

Consecuentemente, se fijó para el 17 de agosto de 2023 la vista de

lectura de acusación y para el 11 de septiembre de 2023 el juicio.

       Es norma reiterada que la mera inobservancia de los términos

de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, no constituye,

por sí sola, una violación al derecho a juicio rápido, ni conlleva la

desestimación de la denuncia o la acusación57. Dichos términos no

son fatales y pueden extenderse, bien sea por justa causa, por

demora atribuible al acusado o si éste consiente a ella58. Fíjese

que son tres razones por las cuales los términos a juicio rápido se

extienden.

55 Regrabación de la vista celebrada el 8 de septiembre de 2023, mins. 6:20-6:26.
56 Apéndice del recurso, Anejos IV-VIII, págs. 7-14. En el documento Notas y
Resolución del Juez se establece que los reseñalamientos están dentro del término
y son extendidos.
57 Pueblo v, Valdés Medina, 155 PR 781 (2001).
58 Pueblo v Carrión Rivera, 159 DPR 633, 641 (2003).
KLCE202400017                                                                14

        Le corresponde al TPI evaluar la razonabilidad de la dilación a

base de cuatro criterios, a saber: (1) duración de la tardanza; (2)

razones para la dilación; (3) invocación oportuna del derecho; y (4)

el perjuicio resultante de la tardanza59.

        En el caso que nos ocupa, hubo una dilación a los términos

de juicio rápido consentida por las partes y el TPI. Las razones para

la dilación giraron en torno a ausencia de la representación legal del

recurrido a los procedimientos, falta de disponibilidad de fechas en

su calendario y ausencia de testigos en los días señalados para la

celebración de la vista preliminar. Asimismo, surge del documento

Notas    y   Resolución     del   Juez    que    el   recurrido    no    invocó

oportunamente el derecho a juicio rápido, todo lo contrario, en las

regrabaciones de las vistas encontramos que se allanó a todas las

extensiones de término concedidas por el foro primario.

        Al realizar el análisis jurídico pertinente, concluimos que el

recurrido consintió a la demora de los términos. Fíjese que el 17 de

agosto de 2023, por primera vez, la defensa del recurrido esboza dos

argumentos legales. Primero, aduce que el último día de términos

bajo la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra, era el

jueves, 10 de agosto de 2023, el cual se extendió al 11 de agosto de

2023 a solicitud del agente. Segundo, alega que las acusaciones se

presentaron fuera de término, por entender que se debían haber

presentado el mismo 11 de agosto de 2023 por ser el último día de

términos extendidos. En virtud de lo anterior, colegimos que el

recurrido consintió a la demora.

        Es norma reiterada por nuestra Alta Curia que la renuncia al

derecho a juicio rápido debe ser expresa y no presunta, voluntaria y

efectuada con pleno conocimiento de causa60. De igual forma, el

59  Pueblo v Carrión Rivera, 159 DPR 633, 641 (2003), citando a Pueblo v.
Candelaria Vargas, 148 DPR 591 (1999); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419
(1986).
60 Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 DPR 243, 253 (2000); Pueblo v. Rivera Arroyo,

120 DPR 114, 120 (1987).
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acusado renuncia a su derecho a juicio rápido si no presenta una

moción de desestimación al efecto correspondiente el día de la

vista en que debe hacer valer su derecho61. Tras un examen

minucioso del legajo apelativo, no surge que el 31 de julio de 2023

el recurrido hubiese presentado objeción a las extensiones del

término. Por tanto, no cabe duda de que falló en invocar su derecho

oportunamente.

       Reiteramos que, los términos establecidos en la citada Regla

64 de Procedimiento Criminal, supra, no constituyen términos

jurisdiccionales, sino una garantía del derecho a juicio rápido a los

que el acusado puede renunciar expresa o implícitamente62. De la

evaluación de la situación expuesta, surge que fue el recurrido, en

gran medida, quien contribuyó a la dilación de los procedimientos e

invocó tardíamente el término de sesenta (60) días para la

celebración de la vista preliminar. Ante esta situación, erró el TPI al

declarar ha lugar la Moción en Solicitud de Desestimación al Amparo

de la Regla 64 N (2) presentada por el recurrido.

                                       IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari   solicitado     y   revocamos        la   Resolución   recurrida.

Consecuentemente, devolvemos el caso al TPI para la continuación

de los procedimientos.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

61 Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 573.
62 Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 DPR 796 (1973).