Court Opinion

ID: 9890356
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:18:30.972641+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:29.598028
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

                                                 Apelación
                                                 procedente del
ENRIQUE RODRÍGUEZ                                Tribunal de Primera
      MATEO                                      Instancia, Sala
                                                 Superior de San
         Apelante                                Juan
                             KLAN202300709
             v.                                  Caso Núm.:
                                                 SJ2022CV05857

 IP MOTIV8 LLC D/B/A                           Sobre: DESPIDO
    BELLISIMA C&F                              ILEGAL, DAÑOS Y
                                               PERJUICIOS;
        Apelados                               SALARIOS;
                                               REPRESALIA
                                               PROCEDIMIENTO
                                               SUMARIO; LEY 2
                                               DE 16 DE
                                               OCTUBRE DE 1961
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      Comparece ante nos, Enrique Rodríguez Mateo (Rodríguez

Mateo) y nos solicita que revisemos la Sentencia emitida el 6 de junio

de 2023, notificada el 7 de junio de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. Mediante dicho

dictamen, el TPI desestimó la Querella con perjuicio contra Idan

Pérez (Pérez) y IP MOTIV8, LLC. (IP MOTIV8).

      Por los fundamentos que se exponen a continuación,

confirmamos en parte y revocamos en parte la Sentencia apelada.

                               I.

      Según surge del expediente, el 30 de junio de 2022, Rodríguez

Mateo presentó una Querella en contra de Pérez y IP MOTIV8 sobre

despido ilegal, daños y perjuicios, salarios y represalias al amparo

de la Ley Núm. 2 de 16 de octubre de 1961. A grandes rasgos, alegó

que fue empleado por IP MOTIV8 en calidad de vendedor desde el 24

de septiembre de 2019 hasta junio de 2021 y posteriormente, fue

Número Identificador
SEN2023__________________
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contratado como gerente el 3 de noviembre de 2021. Manifestó que,

durante el tiempo en que laboró para la parte apelada, promediaba

entre $98,000.00 y $126,000.00 anuales en ingresos. Adujo que, el

24 de mayo de 2022, se encontraba trabajando en las facilidades de

Bellísima C&F pertenecientes a IP MOTIV8 y en momentos en que

se encontraba verificando su balance de ventas en la computadora,

Pérez, gerencial y accionista de IP MOTIV8, de forma grosera,

intimidante y amenazante, le cuestionó en voz alta sobre lo que

hacía en la computadora. Expresó que, la forma en que Pérez lo

increpó delante de sus compañeros y clientes le causó un grave

sentido de indignación, humillación, tristeza y frustración.

      Asimismo, Rodríguez Mateo destacó que mientras se secaba

las lágrimas, Pérez en compañía de otro gerencial, de forma agresiva

golpeó el escritorio de la computadora donde se encontraba y le gritó

que fuese a donde él. Agregó que, Pérez le indicó de forma grosera,

agresiva e intimidante que fuera la última vez que accediese a la

base de datos de la compañía para sacar información de la empresa.

Afirmó que, Pérez le indicó que ponchara y se fuera, gritándole go y

chau chau mientras se marchaba por la puerta. Consecuentemente,

solicitó $10,815.75 por las horas extras adeudadas y el trabajo

realizado en el período de alimentos; $21,631.50 por concepto de

penalidades por el trabajo en tiempo extra no compensado;

$250,000.00 por los daños y angustias mentales; $10,383.12 por

los ingresos dejados de percibir; y, $38,769.23 por el despido

injustificado.

      El 26 de julio de 2022, IP MOTIV8 presentó una Contestación

a Querella. En apretada síntesis, aseveró que Rodríguez Mateo

ocupaba un puesto de naturaleza gerencial en IP MOTIV8 y que

llevaba a cabo funciones ejecutivas, gerenciales, administrativas y

operacionales. Así pues, esbozó que es incorrecto y errado lo

expresado por la parte apelante sobre el comportamiento que
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adscribe a Pérez. Alegó que, fue el apelante quien desplegó una

conducta indisciplinada, irrespetuosa, insubordinada, prepotente,

beligerante, de rebelde, de gritos, de carencia de prudencia y falta

de control, en presencia de compañeros de trabajo y del público.

Finalmente, señaló que el apelante no fue suspendido ni despedido

el 24 de mayo de 2022 por IP MOTIV8, ni posteriormente, sino que

fue Rodríguez Mateo quien libre y voluntariamente optó y decidió no

continuar trabajando para dicha empresa.

      Luego de varios trámites procesales, el 17 de octubre de 2022,

Pérez presentó una Moción Asumiendo Representación Legal,

Solicitud de Conversión de los Procedimientos y Solicitud de Extensión

de Tiempo. El 24 de octubre de 2022, Pérez presentó una

Contestación a Querella. Posteriormente, el 7 de noviembre de 2022,

la parte apelante presentó una Moción en Cumplimiento de Orden o

Resolución mediante la cual se allanó a la solicitud de conversión de

los procedimientos según solicitado por la parte apelada. El 9 de

noviembre de 2022, el TPI emitió una Orden mediante la cual ordenó

la conversión del procedimiento en uno ordinario.

      Oportunamente, el 26 de abril de 2023, Pérez presentó una

Moción de Sentencia Sumaria. En esta, solicitó que se dicte sentencia

sumaria a su favor por no existir hechos materiales en controversia.

Sostuvo que, las disposiciones legales en las que se basa la Querella

y las causas de acción presentadas en la misma son atribuibles a

una relación obrero-patronal entre la parte apelante y las apeladas,

IP Success, Corp. y/o IP MOTIV8. Señaló que, no le son atribuibles

las disposiciones y/o causas de acción que se presentan en la

Querella. Así pues, arguyó que según surge de la evidencia levantada

en el descubrimiento de prueba, solo participó como presidente de

IP Success, Corp. e IP MOTIV8 y no en su carácter personal.

Concluyó que, la Querella es frívola al pretender adscribirle
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responsabilidad y no reconocer la separación e independencia

jurídica entre las corporaciones y su persona.

      El 26 de abril de 2023, el TPI emitió una Orden mediante la

cual le concedió veinte (20) días a la parte apelante para que

expresara su posición a la Moción de Sentencia Sumaria que

presentó Pérez. Así las cosas, el 27 de abril de 2023, IP MOTIV8

presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial. En la misma,

solicitó que se dicte sentencia sumaria parcial por no existir hechos

materiales en controversia. Aseveró que, el apelante fue contratado

como Gerente del Departamento de Cosméticos el 3 de octubre de

2021 de manera verbal y el 3 de noviembre de 2021 suscribió un

contrato escrito como gerencial exento. Manifestó que, el apelante

se mantuvo en dicho puesto con un horario flexible hasta que

abandonó su empleo. Señaló que, en ningún momento Pérez fue

grosero, intimidante o amenazante. Adujo que, existe evidencia

directa, suficiente y corroborativa que el apelante incurrió en actos

de insubordinación, reto, desafío, irrespetuoso, indisciplinado y

alterando la paz laboral. Consecuentemente, el 28 de abril de 2023,

el TPI emitió una Orden mediante la cual le concedió veinte (20) días

a la parte apelante para que expresara su posición a la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial que presentó IP MOTIV8.

      El 18 de mayo de 2023, la parte apelante presentó una Moción

en Solicitud de Término. Por ende, el 19 de mayo de 2023, el TPI

emitió una Orden mediante la cual le concedió el término solicitado.

El 6 de junio de 2023, IP MOTIV8 presentó una Moción Solicitando

Remedio mediante la cual solicitó que se dé por sometida sin

oposición la Moción de Sentencia Sumaria Parcial. De igual forma, el

6 de junio de 2023, Pérez presentó una Moción Uniéndonos a

Solicitud de Remedio.

      El 6 de junio de 2023, el TPI emitió una Sentencia notificada

el 7 de junio de 2023. En dicho dictamen, el TPI determinó que no
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era necesario celebrar una vista en su fondo, pues la controversia

era una de derecho. El TPI fundamentó su determinación en que

todas las corporaciones demandadas tienen una personalidad

jurídica separada de Pérez, aunque este sea accionista, director u

oficial. Consecuentemente, desestimó la Querella que presentó la

parte apelante en contra de Pérez. Además, en su Sentencia el TPI

determinó que procedía la desestimación de las causas de acción de

despido injustificado, mesada, represalias y daños y perjuicios. Por

lo cual, desestimó con perjuicio la Querella que presentó la parte

apelante en contra de las entidades jurídicas.

      Inconforme, el 9 de junio de 2023, la parte apelante presentó

una Moción en Solicitud de Término Adicional para Contestar

Mociones de Sentencia Sumaria y de Reconsideración. El 11 de junio

de 2023, las apeladas presentaron una Moción Conjunta en

Oposición a Moción de Reconsideración de la Parte Demandante. Así,

el 12 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden mediante la cual

determinó, entre otras cosas, que con relación a la solicitud de

reconsideración:

      [s]e dispone nada que proveer por falta de jurisdicción.
      Adviértase que el presente caso se ventila a tenor con el
      procedimiento sumario laboral al amparo de la Ley Núm. 2 y
      el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que “en un
      procedimiento sumario laboral provisto por la Ley Núm. 2 no
      está permitido solicitar reconsideración de determinaciones
      judiciales, ya sean estas interlocutorias o finales”.

      El 22 de junio de 2023, la parte apelante presentó una

Segunda Moción de Reconsideración. El 11 de julio de 2023, la parte

apelada   presentó    una    Oposición    a   Segunda     Moción    de

Reconsideración. El 11 de julio de 2023, el TPI emitió una Resolución

notificada el 12 de julio de 2023, mediante la cual declaró No Ha

Lugar la segunda solicitud de reconsideración. Asimismo, el TPI

determinó, entre otras cosas, que la Sentencia es producto de una

adjudicación en los méritos luego de examinar la solicitud de

sentencia sumaria y sus anejos, por lo que no obedece a

incumplimientos de órdenes.
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      Insatisfecho con esa determinación, el 11 de agosto de 2023,

la parte apelante acudió ante nos mediante un recurso de apelación

y señaló la comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal al
      concluir que dado a que las corporaciones
      demandadas poseen personalidad jurídica distinta a
      la del demandado Idan Pérez, no se justifica un
      remedio contra este en su carácter personal.

      SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal al
      desestimar el caso sumariamente cuando existen
      hechos medulares en controversia y que sustentan
      las causas de acción.

      TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal al
      concluir que el caso de autos solo presentaba
      controversias de derecho.

      CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal al
      adjudicar los méritos del caso a base a la solicitud
      de sentencia sumaria y sus anejos, sin permitir que
      la parte demandante presentara su contestación
      antes de dictar sentencia.

      QUINTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal al
      disponer que el presente caso se ventila a tenor con
      el procedimiento sumario laboral al amparo de la
      Ley Núm. 2 y que no podía aceptar la contestación
      a sumaria a virtud de lo dispuesto en Maldonado v.
      Secretario de Recursos Naturales, 113 DPR 494
      (1982).

      Examinado el recurso de apelación, el 16 de agosto de 2023,

este Tribunal emitió una Resolución concediéndole un término de

treinta (30) días a la parte apelada para que presentara su posición

al recurso. El 1 de septiembre de 2023, la parte apelada presentó

un Alegato en Oposición a Apelación. Con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                                II.

   A. Sentencia Sumaria

      Como es sabido, la Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) regula todo lo relacionado a la moción de sentencia sumaria.

Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y otros, 2023

TSPR 80, 212 DPR __ (2023). Dicho mecanismo procesal es utilizado

en aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de

hechos materiales y que, por consiguiente, la celebración de un
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juicio en su fondo no es necesaria en la medida que solo resta por

dirimir determinadas controversias de derecho. Íd. Véase, además,

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 334 (2021).

      El propósito que persigue el mecanismo de la sentencia

sumaria es que los pleitos civiles sean solucionados de forma justa,

rápida y económica. González Meléndez v. Municipio de San Juan,

2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023). Véase, además, Acevedo Arocho

y otros v. Departamento de Hacienda y otros, supra; SLG Fernández-

Bernal v. RAD-MAN et al., supra. Véase, además, Rodríguez Méndez

et al. v. Laser Eye Surgery, 195 DPR 769, 785 (2016). Por tanto,

quien promueva la sentencia sumaria deberá establecer su derecho

con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre

algún hecho material. Así, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil (32

LPRA Ap. V), establece cual será el contenido y los requisitos de

forma que deberán observarse tanto en la solicitud de sentencia

sumaria que inste la parte promovente, como en la oposición que

pueda presentar la parte promovida. Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda y otros, supra; León Torres v. Rivera

Lebrón, 204 DPR 20, 43 (2020).

      Por ser la sentencia sumaria un remedio discrecional, el

principio rector para el uso de este mecanismo es el sabio

discernimiento del juzgador, ya que mal utilizada puede privar a una

parte de su día en corte, principio elemental del debido proceso de

ley. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Así pues, un

tribunal podrá emitir una sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones,   contestaciones,    interrogatorios   y   admisiones

ofrecidas, junto a las declaraciones juradas – según fueran ofrecidas

– surge que no existe una controversia real sustancial en cuanto a

ningún hecho material, restando entonces resolver la controversia

en estricto derecho. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra; Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.
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      Nuestro máximo Foro ha sido enfático en que, el hecho de que

la parte promovida no presente prueba que controvierta la evidencia

presentada por la parte promovente de la moción de sentencia

sumaria, no implica que dicha moción procederá automáticamente

si efectivamente existe una controversia sustancial sobre hechos

materiales. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra. Ahora

bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que una

moción de sentencia sumaria no procederá cuando: (1) existen

hechos materiales controvertidos (2) hay alegaciones afirmativas en

la demanda que no han sido refutadas (3) surge de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

sobre algún hecho material o (4) como cuestión de derecho no

procede. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra. Véase, además, SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et

al., supra; Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 333-334 (2004).

      De igual forma, el mecanismo de sentencia sumaria no es

utilizable cuando existen controversias de hechos materiales sobre

elementos   subjetivos   de   intención,   propósitos   mentales   o

negligencia. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra. Véase, además, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao,

197 DPR 656 (2017); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219

(2010); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).

      Finalmente, hay que señalar que al momento de atender una

solicitud de revisión de sentencia sumaria los foros apelativos

estamos llamados a “examinar el expediente de novo y verificar que

las partes cumplieron con las exigencias” pautadas en las Reglas de

Procedimiento Civil. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

supra; Rivera Matos et al. v. ELA, 204 DPR 1010, 1025 (2020). Según

ha establecido el Tribunal Supremo, este Tribunal está limitado a:
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(1) considerar los documentos y argumentos que se presentaron

ante el foro primario (lo cual implica que, en apelación, los litigantes

no pueden añadir prueba que no fue presentada oportunamente

ante el tribunal de instancia ni esbozar nuevas teorías); (2)

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

materiales y esenciales, y (3) determinar si el derecho de aplicó de

forma correcta. González Meléndez v. Municipio de San Juan, supra.

Así pues, los foros apelativos estamos en la misma posición que los

tribunales de instancia y se utilizan los mismos criterios para

evaluar una solicitud de sentencia sumaria. Íd.

   B. Personalidad jurídica

      Las corporaciones cuentan con una personalidad jurídica

distinta y separada de la de sus dueños. Miramar Marine et al. v. Citi

Walk et al., 198 DPR 684, (2017). Las corporaciones no solo gozan

de una personalidad propia a la de sus accionistas; además,

cuentan con un patrimonio distinto al de sus accionistas. Así pues,

las corporaciones tienen autonomía patrimonial y responsabilidades

separadas a las de sus accionistas. La responsabilidad de los

accionistas por las deudas y obligaciones de la corporación está

limitada al capital que aportaron a su patrimonio. DACo v. Alturas

Fl Dev Corp. y otros, 132 DPR 905, 924-925 (1993). Sin embargo, en

determinadas ocasiones, los oficiales, directores y accionistas

responden por las deudas y obligaciones de la corporación. La

norma que separa la personalidad jurídica de las corporaciones y

los accionistas cede cuando promovería un fraude o una injusticia,

evadir una obligación estatutaria, derrotar política pública, justificar

la inequidad o defender el crimen. Díaz Aponte v. Comunidad San

José, Inc., 130 DPR 782, 798 (1992).

   C. El abuso de discreción

      Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, los tribunales

apelativos no interferirán con las facultades discrecionales de los
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foros primarios, exceptuando aquellas circunstancias en las que se

demuestre que estos: (1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2)

incurrieron en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocaron en

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Cruz Flores et

al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022). Por lo cual, se requiere

que nuestra intervención en esta etapa evite un perjuicio sustancial.

Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra;

Luch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).

      En lo pertinente, nuestro máximo Foro ha definido la

discreción judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.

Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra.

Véase, además, Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR

651, 657-658 (1997). Así pues, el ejercicio de este discernimiento se

encuentra     estrechamente     relacionado     con   el   concepto    de

razonabilidad. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. Conforme a lo anterior, la discreción no implica

que los tribunales puedan actuar de una forma u otra en

abstracción del resto del derecho. Íd. Véase, además, SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013).

      Asimismo, se ha señalado que un tribunal abusa de su

discreción:

      cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que
      emite, sin fundamento para ello, un hecho material
      importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez,
      por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,
      concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial
      y basa su decisión exclusivamente en este, o cuando, no
      obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos
      materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez
      los sopesa y calibra livianamente. Rivera Gómez y otros v.
      Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; SLG Zapata-
      Rivera v. J.F. Montalvo, supra.
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                                 III.

      En el caso ante nos, la parte apelante arguyó que incidió el

TPI al concluir que dado a que las corporaciones apeladas poseen

personalidad jurídica distinta a la de Pérez, no se justifica un

remedio contra este en su carácter personal. Alegó, además, que erró

el foro de instancia al desestimar el caso sumariamente cuando

existen hechos medulares en controversia y que sustentan las

causas de acción. Agregó que, incidió el TPI al concluir que el caso

de autos solo presentaba controversias de derecho y al adjudicar los

méritos del caso en base a la solicitud de sentencia sumaria y sus

anejos,   sin   permitir   que   la     parte   apelante   presentara   su

contestación antes de dictar sentencia. Finalmente, señaló que erró

el TPI al disponer que el caso de marras se ventila a tenor con el

procedimiento sumario laboral al amparo de la Ley Núm. 2-1961 y

que no podía aceptar la contestación a la sentencia sumaria en

virtud de la dispuesto en Maldonado v. Secretario de Recursos

Naturales, 113 DPR 494 (1982).

      Según el derecho que antecede, al momento de atender una

revisión de sentencia sumaria los foros apelativos estamos llamados

a “examinar el expediente de novo y verificar que las partes

cumplieron con las exigencias” pautadas en las Reglas de

Procedimiento Civil. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra. Según ha establecido el Tribunal Supremo,

este Tribunal está limitado a: (1) considerar los documentos y

argumentos que se presentaron ante el foro primario (lo cual implica

que, en apelación, los litigantes no pueden añadir prueba que no fue

presentada oportunamente ante el tribunal de instancia ni esbozar

nuevas teorías); (2) determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales, y (3) determinar si el

derecho de aplicó de forma correcta. González Meléndez v. Municipio

de San Juan, supra. Por lo tanto, los foros apelativos estamos en la

misma posición que los tribunales de instancia y se utilizan los
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mismos criterios para evaluar una solicitud de sentencia sumaria.

Íd.

        Debemos resaltar, que el TPI tuvo ante su consideración dos

mociones de sentencia sumarias distintas, resueltas ambas en una

misma Sentencia. La primera Moción en Solicitud de Sentencia

Sumaria fue presentada por Pérez, mientras que la segunda fue

presentada por IP MOTIV8. Ante ello, debemos determinar en primer

lugar si incidió el foro de instancia al concluir que dado a que las

corporaciones apeladas poseen personalidad jurídica distinta a la de

Pérez, no se justifica un remedio en contra de este en su carácter

personal. Luego de una revisión de novo de la Moción de Sentencia

Sumaria, que presentó Pérez el 26 de abril de 2023, junto con los

documentos que presentó en apoyo a su solicitud, es menester

concluir que las corporaciones apeladas poseen personalidad

jurídica distinta a la de Pérez. Aun cuando Pérez sea accionista,

director u oficial de las corporaciones, este tiene una personalidad

jurídica distinta y separada de estas. Por lo tanto, no se cometió el

primer error señalado. Procedía la desestimación de la Querella que

se presentó en contra de Pérez, pues no se justifica la concesión de

un remedio contra este en su carácter personal.1 Véase, Miramar

Marine et al. v. Citi Walk et al., supra.

        En segundo lugar, debemos auscultar si incidió el TPI al

desestimar el caso sumariamente cuando existen hechos medulares

en controversia y que sustentan las causas de acción. Evaluada la

Moción de Sentencia Sumaria Parcial, que presentó IP MOTIV8 el 27

de abril de 2023, debemos concluir que dicha solicitud de sentencia

sumaria no cumplió con los requisitos de forma y fondo establecidos

en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa. Específicamente, la Moción de Sentencia Sumaria

1 Con relación a la Moción de Sentencia Sumaria que presentó Pérez el 26 de abril de 2023,

no existían hechos materiales en controversia, pues solo presentada una controversia de
derecho. Por lo tanto, no incidió el TPI al adjudicar los méritos de esta sin que la parte
apelante presentara su oposición.
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Parcial carece de una relación concisa y organizada de todos los

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial. Entiéndase, se señalaron varios hechos en un solo

párrafo de los cuales algunos no están sustentados por la prueba y

se mezclaron conclusiones de derecho junto con los hechos. Para

algunos hechos sustentados con las deposiciones no se indicaron

los párrafos, páginas ni líneas donde se establecen los mismos; por

ejemplo, los hechos #1 y #2 de la página 4. Véase, Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, supra.

      Además, la vasta mayoría de la prueba presentada – con

excepción de las deposiciones – no está autenticada conforme a

derecho. Así, hay documentos que ni siquiera están firmados.

Algunos ejemplos de estos documentos son: la certificación de

empleo, el contrato de empleo, las evaluaciones de desempeño, las

notificaciones y comunicaciones.

      Así pues, la declaración jurada de Mariela Flores Carapia es

una proforma y de igual forma, está en incumplimiento con la Regla

36.5 de Procedimiento Civil, supra. No debemos perder de

perspectiva que, cuando una parte acompaña su solicitud u

oposición de sentencia sumaria de una o varias declaraciones

juradas, estas deben cumplir con las disposiciones especiales

pautadas en la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra. Según ha

resuelto nuestro máximo Foro, se requiere que las declaraciones

juradas demuestren afirmativamente el conocimiento personal y la

calificación del testigo, también se requiere que se presenten

únicamente hechos admisibles como evidencia en un juicio. Acevedo

Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y otros. Es decir,

cuando la solicitud de sentencia sumaria está apoyada en una o

varias declaraciones juradas, dicha prueba no podrá contener solo

conclusiones sin hechos específicos que la sustenten. Íd.
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      Ante este cuadro fáctico, en el caso ante nos existen hechos

materiales en controversia que le impedían al TPI resolver por la vía

sumaria, entre estas: (1) si el despido de Rodríguez Mateo ocurrió

por razón de hechos constitutivos de una causa de justificación de

despido; (2) si Rodríguez Mateo fue despedido de forma constructiva;

(3) si Rodríguez Mateo estaba en su período probatorio al momento

en que culminó su empleo; (4) si Rodríguez Mateo realizó alguna

actividad protegida por la Ley de Represalias, Ley Núm. 115-1991;

(5) si Rodríguez Mateo tiene derecho a reclamar horas extras; y, (6)

si Rodríguez Mateo era un empleado exento. Por lo tanto, conforme

a lo anterior erró el TPI al desestimar el caso sumariamente cuando

existen hechos materiales y esenciales en controversia. Además,

incidió al concluir que el caso de autos solo presentaba

controversias de derecho y al adjudicar los méritos del caso en base

a la solicitud de IP MOTIV8 y sus anejos, cuando estos incurrieron

en un incumplimiento craso con la Regla 36 de Procedimiento Civil,

supra, y su jurisprudencia interpretativa.

      En fin, abusó de su discreción el foro de instancia al

desestimar la Querella que se presentó en contra de IP MOTIV8. En

atención a ello, y por entender que el segundo error dispone de los

demás errores señalados, no abstendremos de intervenir con estos

asuntos.

                             IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos

formar parte del presente dictamen, se revoca la Sentencia que

emitió el TPI el 6 de junio de 2023, en cuanto a la desestimación de

la Querella que se presentó en contra de IP MOTIV8, por haberse

cometido el segundo error señalado. No obstante, se confirma la

Sentencia en cuanto a la desestimación de la Querella que se

presentó en contra de Pérez, pues el primer error señalado no se

cometió.
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                                   V.

Se devuelve el caso al foro recurrido para la continuación de los

procedimientos de acuerdo con lo aquí resuelto.

          Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

          La Jueza Alvarez Esnard concurre sin opinión escrita.

          La Jueza Brignoni Mártir concurre con la siguiente expresión:

“Luego de un análisis de novo de las mociones de sentencia sumaria

presentadas, resulta patente la existencia de controversias de

hechos que impiden, aún sin la debida presentación de una

adecuada y fundamentada oposición, que se desestimen las

reclamaciones del apelante sumariamente y sin la celebración de

una vista en los méritos. No obstante, la Sentencia tal cual circulada

no contiene una determinación de los hechos esenciales y

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, en

contravención a lo dispuesto en la Regla 36.4 de procedimiento

civil.”

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones