Court Opinion

ID: 9890362
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:00.090458+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:31.306063
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL X

    HÉCTOR F. MARTÍNEZ                                    Certiorari acogida como
        GONZÁLEZ                                          apelación
                                                          Procedente del Tribunal
           Apelante                                       de Primera Instancia,
                                    KLCE202300706         Sala de BAYAMÓN
                v.
                                                          Caso Núm.:
    CLAUDIA N. VISCONTI                                   D DI2018-1519
          SMITH
                                                          Sobre:
            Apelada                                       Divorcio

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza
Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                    SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

        El 23 de junio del presente año, el Sr. Héctor F. Martínez González

(en adelante, señor Martínez) compareció ante este Tribunal de Apelaciones

mediante recurso de Certiorari1 en el que nos solicita la revocación de la

Resolución y Orden emitida el 19 de mayo de 2023, y notificada el día 24, por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante,

TPI o foro primario). De igual manera, nos solicita la revisión judicial de

una Orden emitida por el foro primario con fecha del 9 de junio de 2023,

notificada el día 13.

        Mediante el primero de estos dictámenes, se fijó como su obligación

alimentaria la cantidad de $2,297.78 mensuales y a cubrir el 69.93% de los

gastos médicos no cubiertos por el plan médico privado que este provee.

1
   La determinación que emita el foro de instancia para resolver una solicitud de
modificación de un decreto de custodia o alimentos, por cambios en las circunstancias,
adjudica una reclamación entre las partes, de acuerdo con los hechos y las circunstancias
existentes en el momento en que se dilucida y resuelve ésta y, por ende, constituye una
nueva sentencia de la cual puede apelarse. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 129
(1998), reiterado en Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 807 (2012). Y así surge de la
Resolución y Orden recurrida, véase, apéndice XXXV pág. 68. Siendo ello así, el recurso
instado por el señor Martínez debió ser sometido como una apelación y no un certiorari. En
virtud de ello, acogemos este como una apelación, aunque conserve su identificación
alfanumérica

Número Identificador

SEN2023 _________________
KLCE202300706                                                             2

En el segundo, el foro primario se dio por informado sobre la postura del

Examinador de Pensiones Alimentarias (EPA) en cuanto a la exclusión de

ciertos documentos como evidencia de impugnación.

      Examinado el expediente, y leída la transcripción de la regrabación

de la vista de rebaja de pensión alimentaria, CONFIRMAMOS la

determinación apelada.

                                     I

      La controversia traída a nuestra atención comenzó con la

presentación de una solicitud de revisión de pensión alimentaria sometida

por el señor Martínez el 15 de julio de 2021. Atendido el escrito, el TPI

remitió el asunto ante la consideración del Examinador de Pensiones

Alimentarias (en adelante, EPA). El 5 de noviembre de 2021, habiéndose

celebrado la correspondiente audiencia, se emitió Orden de pensión

alimenticia provisional en la que se estableció una pensión de $2,410.35

mensuales en beneficio de sus dos hijos menores de edad, FAMV y EIMV.

Según el documento, esta obligación consistía en un pago directo de las

mensualidades de colegio y matrícula que promedia $796.03 mensuales, así

como un depósito de $807.16 quincenales. Se estableció, además, que el

señor Martínez pagara el 74.72% de los gastos médicos no cubiertos por el

plan médico, así como los del regreso a la escuela, mediante reembolso a

ser pagado en un término de 15 días, una vez evidenciado el gasto.

      Durante el trámite procesal de la modificación de pensión, debido al

incumplimiento por parte de la recurrida del descubrimiento de prueba,

ciertas órdenes y del impago de sanciones puestas, a solicitud de parte, a

esta se le eliminaron las alegaciones. La vista de pensión alimentaria final

fue celebrada el 20 de abril de este año. Varios días después, el señor

Martínez sometió una Solicitud de orden al EPA en la que le informó al

tribunal que durante la vista ante el EPA la señora Visconti aceptó que de

los estados bancarios que proveyó como parte del descubrimiento de
KLCE202300706                                                                     3

prueba surgían créditos que podían ser ingresos y que, además de su

madre, ella recibió pagos por clases de natación. Asimismo, señaló que el

EPA no permitió la utilización de dichos estados bancarios como prueba de

refutación por no haber sido notificada previo a la audiencia. Argumentó

que, debido a que los estados bancarios no admitidos fueron provistos por

la recurrida y fueron ofrecidos como prueba de refutación, debía

ordenársele al EPA a considerarlos para efectuar el cálculo de la pensión.

      Mediante Orden del 4 de mayo de 2023, notificada el día 9, el foro

primario le concedió al EPA y a la recurrida 10 días para expresarse en

cuanto al escrito del señor Martínez. Vencido el plazo, nadie compareció,

por lo que el señor Martínez instó una Moción informativa en la que así lo

señala. Así las cosas, el 19 de mayo de 2023, el EPA emitió el

correspondiente informe, en el que consignó las siguientes determinaciones

de hechos:

      1. Las partes son padres de los menores FAMV, nacido el 22 de marzo
         de 2010 y EIMV, nacido el 13 de abril de 2012, de 13 y 11 años de
         edad, respectivamente.

      2. Los menores residen bajo la custodia de la madre en Guaynabo,
         Puerto Rico.

      3. Las partes se divorciaron el 18 de enero de 2019. Acordaron
         provisionalmente que el padre continuaría cubriendo todos los
         gastos del hogar en lo que alcanzaban un acuerdo de pensión final.
         (Véase, Sentencia de Divorcio del 18 de enero de 2019)

      4. El 8 de marzo de 2019 las partes sometieron una estipulación de
         pensión en beneficio de sus dos hijos, en la que el padre se
         comprometió a satisfacer un pago directo a la madre de $1,300.00
         al mes. Además, acordó pagar $1,500.00 para satisfacer el gasto de
         renta, así como asumir los gastos de educación de los menores y
         el pago de las utilizadas del hogar. (Véase, Escrito de Estipulación
         presentado el 8 de marzo de 2019 y Resolución del 12 de marzo de
         2019).

      5. La estipulación de alimentos fue enmendada posteriormente para
         que las utilidades del hogar fueran satisfechas por la madre
         custodia a partir del 31 de diciembre de 2019. (Véase, Moción
         Conjunta Informando Enmiendas a Estipulación, presentada el 10
         de enero de 2020 y Resolución del 23 de junio de 2020)

      6. El 15 de julio de 2021 el Sr. Héctor F. Martínez González, presentó
         solicitud de revisión de la pensión alimenticia existente alegando
         pérdida de ingresos no atribuibles a su persona. Durante el pleito
         de revisión, el alimentante solicitó la eliminación de las alegaciones
         de la madre como sanción por su reiterado incumplimiento con las
KLCE202300706                                                                              4

             órdenes del Tribunal. Mediante Orden del 19 de octubre de 2022, el
             Tribunal accedió a la solicitud y dispuso la eliminación de las
             alegaciones de la madre promovida.2

        7.    El promovente trabaja como mecánico para la Guardia Costanera
             de los Estados Unidos. Conforme su Planilla de Información
             Personal y Económica sometida el 25 de octubre [de] 2021, devenga
             un ingreso bruto de $7,171.15 al mes, equivalente a un ingreso neto
             de $4,581.53 mensuales, luego de las deducciones dispuestas por
             ley y aquellas aceptables por las Guías. También recibe ingresos
             adicionales por concepto del pago de renta por $374.00 al mes, que
             corresponde al 50% de su participación en el canon de
             arrendamiento de $748.00 netos mensuales de un inmueble
             ganancial. El ingreso neto mensual con que cuenta el promovente
             asciende a $4,955.53 mensuales.

        8. Le reconocemos a la madre promovida la capacidad de generar un
           ingreso neto de por lo menos $2,131.33 al mes, equivalente al
           estilo de vida que refleja la suma de sus gastos mensuales por
           $4,931.33, según declarados en su Planilla de Información
           Personal y Económica, juramentada el 27 de septiembre de 2021,
           menos el pago de pensión alimenticia que recibe del padre
           alimentante equivalente a $2,800.00 mensuales, más el pago de
           gastos educativos, conforme fue estipulada y acogida por el
           Tribunal mediante Resolución del 12 de marzo de 2019 y,
           posteriormente modificada, en virtud de Resolución del 23 de
           junio de 2020.

        9. Los menores residen con su madre en una vivienda que tiene un
           canon de arrendamiento de $1,500.00 al mes. En la residencia
           viven tres personas. El gasto de vivienda que corresponde a los
           menores alimentistas es de $1,000.00 mensuales.

        10. Los menores reciben educación en una institución educativa
            privada. Las mensualidades de colegio y matrícula promedian
            $796.03 a doce meses.

2 Como escolio 1 de su informe, el EPA expuso:

“Como resultado de la eliminación de las alegaciones a la parte promovida, la abogada del
alimentante, Lcda. Chantal Delgado, sostuvo en la vista de revisión de pensión celebrada
el 20 de abril de 2023, que la sanción impuesta a la madre tenía el efecto de que la revisión
de la obligación alimenticia se limitara al cómputo de una pensión básica y que el
examinador no debía considerar los gastos suplementarios reclamados por la dama en
beneficio de los menores. [Específicamente], adujo que el gasto de vivienda no debía ser
incluido en el cómputo de pensión porque, independientemente de su existencia, no se
había actualizado la evidencia del pago de esa partida.

No podemos acoger el planteamiento esbozado por el padre alimentante. Las sanciones
impuestas a la madre o su abogado por sus incumplimientos durante la tramitación del
litigio[], no pueden traducirse a un menoscabo al derecho fundamental de los menores a
recibir un sustento razonable y adecuado para atender sus necesidades básicas como
suplementarias. En el presente caso los gastos suplementarios de vivienda y educación de
los menores siempre han sido reconocidos por ambos progenitores desde la estipulación
inicial sometida como parte del divorcio. Conforme a ese acuerdo, el padre alimentante
aceptó, entre otras cosas, satisfacer el pago total del arrendamiento de la vivienda que
constituyó el techo de la pareja y asumir los gastos educativos de sus dos hijos. Es preciso
destacar que durante la vista de alimentos del 20 de abril de 2023, no surgieron
cuestionamientos de que la vivienda fuese distinta o el monto del arrendamiento variado
con relación a la residencia donde han vivido los menores desde antes del divorcio de sus
padres. Más aún, tómese en cuenta que el fundamento en que se basa la solicitud de
revisión de pensión del padre lo es su alegación de que sus ingresos han mermado
significativamente y no plantea que ha ocurrido un cambio sustancial en los gastos de los
menores.”
KLCE202300706                                                                      5

      11. Los menores se benefician del plan médico privado provisto por el
          padre alimentante.

      12. El ingreso neto combinado de ambos progenitores es de $7,086.86
          al mes.

      13. De acuerdo con el ingreso neto mensual combinado, el padre no
          custodio tiene una responsabilidad proporcional de 69.93% y la
          madre custodia de 30.07% en aportar a los gastos mensuales de los
          menores alimentistas para cubrir sus necesidades básicas y
          suplementarias.

      14. A tenor con la proporción antes establecida, y de acuerdo con las
          Guías para computar las pensiones alimenticias en Puerto Rico, al
          padre alimentante le corresponde pagar la suma de $1,041.89
          mensuales por concepto de pensión alimenticia básica. Igualmente,
          deberá satisfacer la cantidad de $1,255.89 adicionales al mes para
          satisfacer su responsabilidad proporcional en los gastos
          suplementarios de vivienda, mensualidades de colegio y matrícula.

      15. La pensión alimenticia total que viene obligado a satisfacer el padre
          en beneficio de sus dos hijos menores de edad es de $2,297.78
          mensuales, de los cuales retendrá la cantidad de $796.03 al mes para
          el pago directo de las mensualidades de colegio y matrícula, y el
          remanente de $1,501.75 mensuales serán depositados en plazos de
          $750.87 quincenales en la cuenta #241765452 del Banco Popular de
          PR perteneciente a la señora Visconti Smith. Igualmente, deberá
          reembolsarle a la madre custodia el 69.93% de los gastos médicos
          no cubiertos por el plan, así como los de regreso a la escuela, dentro
          de los siguientes 15 días de haber recibido la evidencia del gasto.

      16. El pago reducido de la pensión alimenticia revisada deberá ser
          efectivo al 1ro de mayo de 2023.

         (Énfasis suplido)

      Tras consignarlas y exponer el derecho aplicable, el EPA manifestó

que, de la prueba presentada, el estilo de vida que refleja la prueba

examinada y creída por él es sustancialmente distinta a la capacidad

económica que la madre alega tener. Por ello y cónsono con la

interpretación abarcadora del concepto “ingreso”, entendió que la pensión

recomendada era proporcional y reflejaba tanto las necesidades del menor

como la capacidad económica del padre y la madre para satisfacerlas. Así,

a tenor con las determinaciones de hechos alcanzada, recomendó al

Tribunal que:

      1. Fijara al señor Martínez una pensión alimenticia revisada de
         $2,297.78 mensuales de los cuales retendría la cantidad de $796.03
         al mes para el pago directo de las mensualidades de colegio y
         matrícula, y el remanente de $1,501.75 mensuales serían
         depositados en plazos de $750.87 quincenales en la cuenta
KLCE202300706                                                                   6

          #241765452 del Banco Popular de Puerto Rico perteneciente a la
          señora Visconti Smith.

      2. Estableciera que el pago de la pensión alimenticia revisada será
         efectivo el 1ro de mayo de 2023.

      3. Instruyera que los menores continuarán beneficiándose del plan
         médico privado provisto por el padre alimentante.

      4. Ordenara al señor Martínez González a reembolsarle a la señora
         Visconti Smith el 69.93% de los gastos médicos no cubiertos por el
         plan, así como los de regreso a la escuela, dentro de los siguientes
         15 días de haber recibido la evidencia del gasto.

      5. Instruyera al señor Martínez González de su responsabilidad de
         informar al Tribunal de cualquier cambio de patrono o salario que
         tenga, así como también del acceso que tenga a cualquier cubierta
         de plan médico a un costo razonable.

      6. Haga cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.
         (Énfasis suplido)

      En esa misma fecha, el TPI dictó Resolución y Orden en la que acogió

las recomendaciones emitidas por el EPA. Ahora bien, el 5 de junio de 2023,

el TPI le ordenó a la recurrida a que, en un término final de 10 días,

cumpliera con varias órdenes emitidas, so pena de severas sanciones y la

imposición de honorarios de abogado. Asimismo, determinó que en el

mismo término el EPA cumpliera la Orden del 4 de mayo y se expresara en

cuanto a la Solicitud de orden al EPA sometida por el señor Martínez. El 8 de

junio del año en curso, sometió un Acta. En esta, y en cumplimiento con lo

ordenado, expuso como a continuación se transcribe:

      Destacamos que la posición de este oficial examinador referente a la
      determinación en controversia ya se encuentra consignada en el
      Informe del Examinador de Pensiones Alimenticias, rendido el 19 de
      mayo de 2023, a la página 3, nota al calce número 3, que obra en el
      expediente.

      Ante este escrito, mediante Orden del 13 de junio de 2023, el foro

primario dio por cumplida las órdenes al EPA. Inconforme con la Resolución

y Orden en la que se acogieron las recomendaciones del EPA, así como con

la decisión de dar por cumplidas sus órdenes, el señor Martínez instó el

recurso de epígrafe, en el que en sus señalamientos de error alegó que el

TPI se equivocó al:
KLCE202300706                                                              7

       […] acoger la recomendación del EPA de no aceptar estados
       bancarios enviados por la propia recurrida para propósitos de
       impugnación de testimonio sobre ingresos declarados por ésta.

       […] acoger la recomendación del EPA de tomar en consideración
       el gasto de vivienda sin que la parte sometiera prueba alguna del
       pago por tal concepto, en contravención de la propia instrucción
       del EPA.

       Atendido el recurso, así como la Moción al amparo de la Regla 76 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones del 20 de julio de 2004, 162 DPR 444

(2004), T.4 Ap. XXII-B, R. 76 que también sometiera el señor Martínez, el 27

de junio de este año emitimos Resolución en la que establecimos los términos

para la presentación de la transcripción estipulada, el             alegato

suplementario, así como la posición de la recurrida. El 21 de julio de 2023,

el señor Martínez sometió la transcripción de la vista.

       Los términos establecidos en nuestra Resolución del 27 de junio han

vencido y el señor Martínez no ha sometido alegato suplementario. La

recurrida, tampoco ha comparecido a someter su posición en cuanto al

recurso. Siendo ello así, damos por sometido el asunto sin el beneficio del

alegato suplementario, ni la comparecencia de la recurrida y procedemos a

resolver.

                                    -II-

                                    -A-

El deber de alimentar

       La obligación de satisfacer las pensiones alimentarias a favor de

menores de edad en nuestro ordenamiento jurídico está revestida del más

alto interés público. Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916 (2017);

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 703 (2014). Los tribunales

tienen el deber de velar por ese derecho y asegurar el cumplimiento con las

obligaciones que derivan del deber de los progenitores de alimentar a sus

hijos menores de edad, toda vez que un reclamo de alimentos se

fundamenta en el derecho a la vida consagrado en la Sección 7 del Artículo

II de nuestra Constitución. Const. ELA Art. II, Sec. 7., Const. P.R., LPRA,
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Tomo 1; Díaz Ramos v. Matta Irizarry, supra, pág. 923. Se entiende por

alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, la vivienda, la

vestimenta y la asistencia médica de una persona, según la posición social

de su familia, así como la educación e instrucción del alimentista. Cuando

el alimentista es menor de edad, los alimentos también comprenden su

educación, las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las

circunstancias de su entorno familiar y social y los gastos extraordinarios

para la atención de sus condiciones personales específicas. 31 LPRA Sec.

7531.3

         La obligación alimentaria está expresamente consignada en el

Código Civil de 2020. Así, el Artículo 558 de dicho cuerpo establece que el

hijo tiene derecho a recibir alimentos por parte de ambos progenitores. 31

LPRA Sec. 7104. De igual forma, el Artículo 658 del aludido código

establece que están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos,

los ascendientes y descendientes. 31 LPRA Sec. 7541.

         Este derecho a recibir alimentos es personalísimo, imprescriptible,

continuo e indivisible. El mismo, no puede ser objeto de transacción,

renuncia, gravamen o embargo. Tampoco puede compensarse la cantidad

adeudada por concepto de alimentos con la que el alimentista deba al

alimentante.4

         En cuanto a los hijos no emancipados el Artículo 589 del Código Civil

define la patria potestad como el conjunto de deberes y derechos que

corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos,

3
  En cuanto a las atenciones de previsión, el Código Civil de 2020 establece que estas
incluyen los seguros de salud, de vida y de incapacidad, los planes de inversión para
sufragar estudios secundarios o procurar una formación profesional o vocacional, así como
la prestación de las garantías o medidas cautelares necesarias para lograr el desarrollo
integral del alimentista. Además, si el alimentista alcanza la mayoría de edad mientras
cursa ininterrumpidamente estudios profesionales o vocacionales, la obligación de
alimentarlo se extiende hasta que obtenga el grado o título académico o técnico
correspondiente o hasta que alcance los veinticinco (25) años de edad, lo que ocurra
primero, a discreción del juzgador y dependiendo de las circunstancias particulares de
cada caso.
4 31 LPRA, Sec. 7535.
KLCE202300706                                                              9

desde que estos nacen hasta que alcanza la mayoría de edad u obtienen su

emancipación. 31 LPRA Sec. 7241. Sobre aquellos hijos sujetos a la patria

potestad, el Artículo 590 del Código Civil establece los deberes y facultades

de los padres para con sus hijos por razón de la patria potestad, entre los

que se encuentra el deber de alimentarlos y proveerles lo necesario para su

desarrollo y formación integral.5 Sobre esta obligación de alimentar, ambos

progenitores responden solidariamente. Así, si uno de ellos no cumple con

su obligación de pago, el otro puede iniciar la acción de cobro a nombre del

alimentista, esté o no bajo su custodia, o a nombre propio como codeudor

solidario. 31 LPRA Sec. 7544.

          La obligación de alimentar depende de la condición económica del

padre alimentante y es exigible cuando se demuestra la necesidad de

alimentos del hijo y son reclamados judicialmente. Umpierre Matos v.

Juelle, Mejía 203 DPR 254 (2019). Ahora bien, el deber de alimentar a los

hijos menores de edad no está subordinado a uno u otro artículo de nuestro

Código Civil, sino a la relación paternofilial legalmente establecida.

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 561 (2012) citando a

Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492 (2000).

          No obstante, en atención a ese alto interés público sobre asuntos

relativos a alimentos a menores de edad, fue creada mediante legislación la

Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm.

5 de 30 de diciembre de 1986, 8 LPRA sec. 501, et seq. (Ley Núm. 5). El

propósito medular de la citada ley es velar que los padres cumplan las

obligaciones que derivan del deber de alimentar a sus hijos menores de

edad. De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157(2016).

          En esa dirección el Art. 18 de la Ley 5, supra, instituye el

procedimiento a seguirse para la fijación de alimentos. En lo pertinente

establece que: “[E]l Examinador celebrará la vista sobre pensión

5   31 LPRA Sec. 7242, inciso (b).
KLCE202300706                                                                   10

alimenticia, y dentro de un término de veinte (20) días, someterá al tribunal

un informe con sus recomendaciones el cual contendrá determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho”. Ahora bien, será fundamental la

aplicación de Guías Mandatorias, para la determinación, revisión y

modificación de las pensiones alimentarias en conformidad con las

facilidades económicas de cada progenitor y las necesidades y aptitudes

educacionales del alimentista. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa,

supra, a las págs. 562-563.

                                        -B-

El cálculo de la pensión alimentaria

       De conformidad con el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la

Administración para el Sustento de Menores, supra, se promulgó el

Reglamento: Guías mandatorias para computar las pensiones alimentarias en

Puerto Rico (en adelante Guías Mandatorias). Este artículo, establece que:

       “[E]n todo caso en que se solicite la fijación o modificación, o que
       se logre un acuerdo o estipulación de una pensión alimentaria, será
       mandatorio que el tribunal o el Administrador, según sea el caso,
       determine el monto de la misma utilizando para ello las guías
       adoptadas a tenor con lo dispuesto en esta sección.
       Si el tribunal o el Administrador, según sea el caso, determinara
       que la aplicación de las guías resultara en una pensión alimentaria
       injusta o inadecuada, así lo hará constar en la resolución o sentencia
       que emita y determinará la pensión alimentaria luego de
       considerar, entre otros, los siguientes factores:
       (1) Los recursos económicos de los padres del menor;

       (2) La salud física y emocional del menor, y sus necesidades y
           aptitudes educacionales o vocacionales;

       (3) El nivel de vida que hubiera disfrutado el menor si la familia
           hubiera permanecido intacta;

       (4) Las consecuencias contributivas para las partes cuando ello sea
           práctico y pertinente, y;

       (5) Las contribuciones no monetarias de cada padre al cuidado y
           bienestar del menor.”

       La parte III de las Guías Mandatorias exponen las instrucciones a

seguirse para computar la pensión alimentaria. Así, explica cómo debe

realizarse: la determinación de ingreso bruto de la persona custodia y la no

custodia, la imputación de ingresos y cuando se hará, el cómputo del
KLCE202300706                                                                           11

ingreso negó mensual y del ingreso neto combinado, la cantidad que cada

alimentista requiere para cubrir sus necesidades básica, la determinación

de la pensión alimentista básica para cada alimentista, el ajuste a la pensión

básica y el cómputo de la pensión alimentaria suplementaria.6

        Al fijar la cuantía de la pensión, el tribunal de instancia no está

limitado a considerar sólo la evidencia testifical o documental sobre los

ingresos, pudiéndose con tal propósito considerar aspectos tales como el

estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad para generar ingresos,

la naturaleza y cantidad de las propiedades con que cuenta, la naturaleza

de su empleo o profesión y sus otras fuentes de ingreso. Franco Restro v.

Rivera Aponte, 187 DPR 137, 150-151 (2012).

                                           -C-

        Evidencia pertinente es toda aquella prueba que tiende a hacer la

existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la adjudicación de la

acción más probable o menos probable.7 Toda evidencia pertinente es

admisible, a menos que por imperativo constitucional, por disposición de

ley o de las Reglas de Evidencia, se disponga lo contraria.8 De igual manera,

alguna evidencia pertinente se puede excluir cuando aplique alguna de las

reglas de exclusión reconocidas en nuestro ordenamiento o por virtud de la

Regla 403 de Evidencia.9

        Nuestro ordenamiento jurídico ciertos mecanismos para ayudar a

una parte afectada por la admisión o exclusión errónea de prueba. Así, la

Regla 104 de Evidencia establece que la parte afectada por la admisión

errónea de evidencia debe someter una objeción oportuna, específica y

6 Véanse Artículos 8-20 de las Guías Mandatorias.
7 32 LPRA Ap. VI R. 401.
8
  32 LPRA Ap. VI R. 402.
9  La aludida regla dispone que los tribunales tienen discreción para excluir prueba
pertinente, a pesar de la ausencia de una regla de exclusión, si su valor probatorio queda
sustancialmente superado por un: (a) riesgo de causar perjuicio indebido; (b) riesgo de
causar confusión; (c) riesgo de causar desorientación del Jurado; (d) dilación indebida de
los procedimientos, e (e) innecesaria presentación de prueba acumulativa. 32 LPRA Ap.
VI, R 403.
KLCE202300706                                                             12

correcta o una moción para que se elimine del récord la prueba

erróneamente admitida. De igual manera, la aludida regla establece que, en

el caso de exclusión de prueba, la parte perjudicada deberá invocar el

fundamento específico para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y

hacer una oferta de prueba.10

        Como regla general, no se dejará sin efecto una determinación de

admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello sentencia

o decisión alguna a menos que la parte perjudicada con la admisión o

exclusión de evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción,

fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 104 y el Tribunal

que considera el señalamiento estime que la evidencia admitida o excluida

fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya

revocación se solicita. 11

                                     III

        Tal como mencionamos, en su primer señalamiento de error el señor

Martínez reclama que se equivocó el tribunal al aceptar y acoger como

propia la exclusión de los estados bancarios decretada en el caso por el EPA.

A los fines de impugnar esta determinación, argumenta que los estados

bancarios que no se le permitió utilizar para impugnar los ingresos que la

recurrida reportó son documentos cuya autenticidad no puede ser

cuestionada. De igual forma, señala que durante la audiencia procedió a

ofrecer los documentos como evidencia y “[d]e hecho, se ofreció [a]

cargarlos al sistema de videoconferencia para ser presentados en pantalla,

de manera tal que tanto las partes como los abogados y el propio EPA

tuviera constancia de qué documento se aludía.”. Añade ante estos

argumentos, que la negativa del EPA de permitirle utilizar los estados

10 32 LPRA Ap. VI, R, 104.
11 32 LPRA Ap. VI, R. 105 (A).
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bancarios mancilla “el simple derecho procesal y debido proceso de ley del

compareciente.”

       También, tras citar lo concerniente las Reglas 104 y 105 de evidencia,

aduce que el que no se hubiera cargado o subido los mismos previo a la

audiencia según ordenado, no debió ser fundamento para impedirle

utilizarlos, pues no se trata de una evidencia sorpresa que la recurrida no

conociera. Además, asevera que el ofrecimiento de prueba realizado

durante la vista ante el EPA justificaba la admisión de los estados bancarios,

habiéndose cometido error al excluirse estos.

       Hemos evaluado concienzudamente el legajo apelativo y los

documentos que contiene; particularmente, hemos estudiado con

detenimiento la transcripción que recoge los procedimientos celebrados

ante el EPA. Así hecho, resolvemos confirmar la determinación de

exclusión de prueba cuestionada en el primer señalamiento de error.

       Tal cual previamente enunciamos, como regla general no se dejará

sin efecto una determinación de exclusión errónea de evidencia ni se

revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos que: la parte

perjudicada con la admisión o exclusión errónea hubiera satisfecho con los

requisitos de objeción , fundamento y oferta de prueba y que el Tribunal

que considere el señalamiento sobre error en la exclusión estime que la

evidencia excluida fue un factor decisivo o sustancial en la decisión cuya

revocación se solicita.

       La transcripción de la audiencia ante el EPA refleja que la señora

Visconti, a preguntas de la representación legal del señor Martínez, admitió

que en los estados bancarios que produjo como parte del descubrimiento

de prueba aparecían unos depósitos o transferencias de ATH Móvil que

reflejaban unos ingresos sustancialmente más altos a los reportados por ella

como ingresos. Sin embargo, durante su testimonio, además de aclarar que

ya no recibe transferencias por ATH Móvil, explicó que una porción de tales
KLCE202300706                                                                                 14

depósitos o transferencias correspondían a depósitos por ingresos de su

mamá, quien ofrecía clases de natación y utilizaba su cuenta bancaria para

recibir estos para esos momentos. Igualmente, declaró que para ese

momento ayudaba a su mamá con dicho negocio utilizando su cuenta

bancaria para emitir pagos referentes a este, que ya no lo hacía para evitar

problemas y admitió que durante un periodo en el que estuvo desempleada

recibió por tres meses ingresos por brindar clases de natación los sábados y

ayuda de su familia mediante la compra de alimentos. 12

        Una evaluación de lo antes consignado, así como de la totalidad de

la evidencia desfilada ante el EPA nos lleva a concluir que la exclusión de

los estados bancarios que se pretendía someter como evidencia no tuvo un

efecto sustancial sobre el dictamen de pensión final emitido. Más allá de

reclamar la autenticidad de los documentos que pretendía utilizar para

impugnar el testimonio de la señora Visconti, alegar que la prueba excluida

por ser una de “impugnación” no tenía que ser anunciada, ni era sorpresiva

y que no albergaba duda que “de haberse permitido presentar en la vista

los estados bancarios provistos por la propia recurrida, la determinación

del cómputo del EPA hubiese variado, afectando así la resolución judicial”,

el apelante no aporta discusión alguna que nos permita alcanzar una

conclusión distinta.

        De otra parte, al discutir el segundo error señalado, el señor Martínez

plantea que la determinación del EPA de reconocer en el cálculo de la

pensión el gasto de vivienda fue una equivocada, ya que, según la propia

recurrida admitió, no produjo evidencia alguna sobre este gasto. Asimismo,

señala que tal hecho inclusive fue reconocido por el propio EPA, cuando

hizo alusión durante la audiencia a la orden emitida durante la vista de

pensión provisional. Por otro lado, argumenta que las Guías Mandatorias

12 Véase, págs. 49-50, 53, 66, 70-73, 77 y 107-108 de la Transcripción de regrabación Vista rebaja

pensión alimentaria.
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en su Artículo 20 establecen que se tomará en consideración la cantidad

mensual que en efecto se paga o tiene que pagarse de vivienda.

       Mas allá de tales argumentos, se limita a indicar que, “si bien puede

entender que los menores tienen una residencia, requiere que el gasto que

se le está computando cuente con un fundamento de prueba mínimo.” Así,

ante estos planteamientos, reclama error de parte del foro primario al

sostener ambas determinaciones. Los breves argumentos sometidos por el

señor Martínez no nos convencen sobre la comisión del error señalado.

Estos, ni siquiera atienden propiamente las expresiones vertidas por el EPA

en el escolio 1 de su informe- según transcritas durante la exposición del

tracto procesal del caso de esta sentencia- en las que explica las distintas

razones que guiaron su decisión. Tales palabras, ciertamente contemplan y

se emitieron en protección de los mejores intereses de los menores para los

cuales se calculó la pensión.13 Igualmente, ante los livianos planteamientos

del apelante en cuanto a su segundo señalamiento de error, consideramos

importante destacar que, tal cual el EPA resaltó en el aludido escolio, la

solicitud de revisión alimentaria peticionada por el apelante descansó en

una alegada merma de sus ingresos y no en un cambio en los gastos del

hogar custodio de sus hijos menores. No obstante, y pese a ello, durante la

audiencia se centró en impugnar los ingresos de la señora Visconti y si los

pagos de la hipoteca se estaban efectuando y no en probar que su condición

económica hubiese cambiado drásticamente, lo cual es indispensable para

considerar y justificar su solicitud de revisión de pensión alimentaria.

       Al evaluar la totalidad de la prueba desfilada no estimamos- y el

apelante mediante sus argumentos tampoco nos colocó en posición de así

hacer- que la exclusión de los estados bancarios tuviera un efecto sustancial

13 Recordemos que un tribunal pudiera aplicar una norma de derecho distinta si entiende

que sus determinaciones previas son erróneas y podría causarse una grave injusticia.
Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, 204 DPR 183 (2020) citando a Cacho Pérez v.
Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1 (2016). (Énfasis suplido)
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en el cálculo de la pensión establecida. De igual manera, valoramos que el

reconocimiento del gasto de vivienda efectuado por el EPA es uno

razonable, dentro de la discreción que tiene en la ejecución de su función y

emitido en protección de los intereses de los menores que se benefician de

la pensión a ser calculada. Por consiguiente, encontramos correctas las

determinaciones del EPA impugnadas por el apelante, así como la decisión

del foro primario de acoger el informe que las contiene.

       Antes de concluir, debemos consignar que aunque en el cuerpo de

su escrito el apelante indica que recurre no solo de la Resolución y Orden

mediante la cual se acogieron las recomendaciones emitidas por el EPA en

su informe, sino del dictamen posterior que emitió para dar por cumplida

la orden de mostrar causa que el foro primario emitió el 4 de mayo de este

año, el señalamiento y la discusión de sus errores se concentró en atacar las

determinaciones del informe del EPA y el acogimiento que de estas hizo el

TPI mediante la Resolución y Orden. La decisión de dar por cumplida la

orden de mostrar causa es una determinación interlocutoria cuya revisión

está guiada bajo los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento.

Examinada la misma bajo el crisol de estos, no encontramos motivos por los

cuales esta deba ser revocada. En consecuencia, también la confirmamos.

                                      IV

       Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Resolución y

Orden emitida el 19 de mayo de 2023, y notificada el día 24, por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón en la causa de epígrafe.

Igualmente, confirmamos la Orden emitida por el foro primario con fecha

del 9 de junio de 2023, notificada el día 13.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones