Court Opinion

ID: 9952390
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:51.993874+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:09.101508
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                     REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN
                                  PANEL X

   ÁNGEL C. DÍAZ DÍAZ                                     Apelación
                                                          procedente del
           Apelado                                        Tribunal de
                                                          Primera Instancia,
                                                          Sala Municipal de
               V.                  KLAN202301117          Vega Baja

                                                          Caso Núm.:
      KAMEL BEIRAT                                        VA2023CV00179

           Apelante                                       Sobre:
                                                          Desahucio

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

       El 12 de diciembre de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones el señor Kamel Beirat (en adelante, parte apelante o

señor Beirat), por medio de recurso de Apelación. Mediante este,

nos solicita que revisemos la Sentencia emitida el 14 de noviembre

de 2023; transcrita y notificada el 5 de diciembre de 20231, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.                  En

virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la

Demanda de Desahucio instada por la parte apelada.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

revoca la Sentencia apelada y se devuelve el caso al foro primario

para que señale nuevamente la vista, en la que se le garantice a las

partes el debido proceso de ley.

                                        I

       Los hechos que iniciaron la controversia de epígrafe se

remontan a una Demanda de Desahucio, instada el 16 de octubre

1 Depositada el 6 de diciembre de 2023 en el servicio postal.

Número Identificador
SEN2024 ________________
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de 2023, por el señor Ángel C. Díaz Díaz (en adelante, señor Díaz

Díaz o parte apelada), en contra de la parte apelante. Según se

desprende de las alegaciones de la Demanda de Desahucio, el señor

Díaz Díaz es el dueño de una propiedad ubicada en la Calle 2 I-9, en

la Urbanización Santa Ana en el Municipio de Vega Alta, Puerto Rico.

En la aludida propiedad, reside como inquilino el señor Beirat, en

virtud de un contrato verbal.

      Posteriormente, para el 27 de octubre de 2023, la parte

apelante presentó la Moción de Desestimación.       Arguyó que, la

Demanda de Desahucio no justificaba la concesión de un remedio y

que por ello, procedía su desestimación. Respecto a esta, el 30 de

octubre de 2023, el foro primario emitió una Orden donde expresó

que se atendería en el juicio en su fondo.

      Así las cosas, el 2 de noviembre de 2023, la parte apelante

presentó la moción intitulada Acompaña Documento, Informativa y

en Solicitud de Regrabación al Honorable Tribunal. Conforme surge

de la aludida moción, entre otras cosas, la parte apelante acompañó

un documento que acreditaba su condición de salud, que según

adujo, requería cuidados médicos hasta el 8 de noviembre de 2023,

“sin perjuicio del diagnóstico que surja del referido que se hiciera

por su condición emocional”.

      Por otro lado, el 6 de noviembre de 2023, la parte apelante

presentó la moción Sobre Titularidad y Parte Indispensable. Arguyó

que, la parte apelada no había demostrado la titularidad del bien

inmueble en cuestión. Alegó, además, falta de parte indispensable.

      En igual fecha, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Orden, en la cual consignó lo siguiente:

      Se toma conocimiento de lo informado.

      Considerando la naturaleza sumaria del presente caso,
      se autoriza la comparecencia del demandado por
      videoconferencia. Se ordena a la representación legal
      del   demandado      a   realizar   la   coordinación
      correspondiente sobre el particular. Se le apercibe al
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       demandado que de no comparecer a la vista, el Tribunal
       podrá anotarle la rebeldía. La representación legal
       deberá comparecer presencialmente.

       Se autoriza la regrabación de la vista del 31 de octubre
       de 2023. Se refiere al trámite correspondiente.

       Conforme surge del expediente, el 7 de noviembre de 2023 el

foro primario celebró una Vista. Según la Minuta, la parte apelante

no compareció, pero sí su representante legal, la licenciada Elba

Villalba Ojeda (en adelante, licenciada Villalba Ojeda). De la Minuta

también surge que, el foro primario reconoció que, la Orden del

6 de noviembre de 2023 no había sido notificada a las partes.

No obstante, determinó que se encontraba listo para la celebración

del juicio, pero que, dado a que la parte apelante no se encontraba

presente, le concedió un turno posterior para que su representante

legal se comunicara con esta para que compareciera mediante

videoconferencia2.        Una vez llamado el caso nuevamente, la

representante legal del señor Beirat indicó que, al intentar

comunicarse con su representado, le habló una persona que se

identificó como sobrino de este y le expresó que se encontraba en el

Hospital Panamericano3.          A tales efectos, el Tribunal de Primera

Instancia le ordenó a la representación legal de la parte apelante que

en el término de 24 horas acreditara por escrito la situación de

salud del señor Beirat, so pena de la anotación de rebeldía4.

       El 9 de noviembre de 2023, la parte apelante, por conducto de

su   representante      legal,    presentó    la    moción   intitulada   De

Reconsideración a Tenor con Falta de Notificación 5. La abogada del

señor Beirat sostuvo que, se mantuvo realizando gestiones dirigidas

a cumplir con la orden del foro primario, pero que estas resultaron

infructuosas     debido    a     que   no    pudo   comunicarse     con    su

representado. Añadió que, únicamente logró comunicarse con el

2 Minuta del 7 de noviembre de 2023.
3 Minuta del 7 de noviembre de 2023.
4 Minuta del 7 de noviembre de 2023.
5 Fue declarada No Ha Lugar mediante Orden emitida el 24 de noviembre de 2023.
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sobrino de su representado, quien le envió fotos de los formularios

de ingreso del señor Beirat a la institución hospitalaria. Indicó que,

la información recibida era que, el señor Beirat se encontraba

hospitalizado. De igual manera, reiteró que la parte apelante

desconocía      sobre     la    Orden     para     comparecer        mediante

videoconferencia, a pesar de encontrarse bajo una situación de

salud que se lo impedía. Argumentó que, el imponerle sanciones a

una parte por incumplir con órdenes del tribunal de las cuales no

tiene conocimiento, era una violación al debido proceso de ley.

Conforme a lo anterior, le solicitó al foro a quo que reconsiderara lo

ordenado en corte abierta y que, dejara sin efecto la aludida Orden.

       El 14 de noviembre de 2023, la representación legal del señor

Beirat presentó una moción informativa con la cual anejó un

documento que acreditaba que este se encontraba internado en el

Hospital Panamericano desde el 8 de noviembre de 2023. Adjuntó

también la Hoja de Registro con fecha de 7 de noviembre de 2023.

       En igual fecha, el foro apelado celebró una vista mediante

videoconferencia. A la misma no compareció el señor Beirat, pero sí

su representante legal, la licenciada Villalba Ojeda6. Esta última

indicó que, no había tenido comunicación con el señor Beirat y que,

la noche anterior a la vista pudo comunicarse con un sobrino de

este por mensaje de texto, quien le notificó que se encontraba

hospitalizado7. El Tribunal de Primera Instancia expresó que, la

parte apelante había presentado una Moción Informativa con

relación al término de 24 horas impuesto para la acreditación de su

condición de salud. Añadió que, tal evidencia fue presentada en

exceso de las 24 horas concedidas8.            Por su parte, la licenciada

Villalba Ojeda declaró que, no le fue posible conseguir la evidencia

6 Minuta de 14 de noviembre de 2023 (transcrita el 5 de diciembre de 2023).
7 Minuta de 14 de noviembre de 2023.
8 Minuta de 14 de noviembre de 2023.
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médica de la condición de la parte apelante dentro del término de

24 horas.9 Sin embargo, la primera instancia judicial determinó que

le “concedió una amplia oportunidad a la parte demandada”, y que

la moción acompañada de la evidencia médica que indicaba que el

señor Beirat se encontraba internado en el Hospital Panamericano,

fue presentada fuera del término de 24 horas.                 Añadió que, la

certificación expedida por el Hospital Panamericano estaba fechada

8 de noviembre de 2023, lo que, a su juicio, indicaba que el señor

Beirat fue ingresado al hospital posterior a la celebración de la vista

señalada para el 7 de noviembre de 2023.10                   A estos efectos,

determinó    que,    la   parte    apelante     no   había    justificado   su

incomparecencia mediante evidencia, a pesar de que se le había

concedido oportunidad para así hacerlo.11 Conforme con ello, le

anotó rebeldía y procedió a celebrar la vista sin el beneficio de su

comparecencia.12

       El Tribunal de Primera Instancia, emitió Sentencia el 14 de

noviembre     de    2023,     en    la   cual    realizó     las   siguientes

Determinaciones de Hechos:

       1. El señor Ángel C. Díaz Díaz, es adulto mayor y es
          dueño de la propiedad ubicada en la Urb. Santa Ana,
          Calle 2 I-9, Vega Alta, Puerto Rico.

       2. Las partes estipularon los siguientes hechos:

          a. El señor [Beirat] reside los bajos de la referida
             propiedad por un contrato de arrendamiento
             verbal con el señor Díaz Díaz desde hace 25 años.

          b. El canon de arrendamiento acordado entre las
             partes es de $400.00.

          c. Desde el mes de octubre de 2023, el señor Díaz
             Díaz no le aceptó el pago del canon de
             arrendamiento al señor Beirat.

          d. El señor Díaz Díaz solicitó al señor Beirat el
             desalojo por conducto de familiares.

9 Minuta de 14 de noviembre de 2023.
10 Minuta de 14 de noviembre de 2023.
11 Minuta de 14 de noviembre de 2023.
12 Minuta de 14 de noviembre de 2023.
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            e. El Demandante solicitó al Demandado el desalojo
               porque necesita la residencia por condiciones de
               salud.

      3. Al presente, el Demandado continúa ocupando la
         propiedad y se niega a desalojar.

      Consecuentemente, declaró Ha Lugar la Demanda de

Desahucio presentada por la parte apelada, y ordenó el desalojo del

señor Beirat de la propiedad ubicada en Vega Alta dentro del término

de veinte (20) días contados a partir de que la Sentencia adviniera

final y firme.

      Insatisfecha, la parte apelante acudió ante este foro revisor

mediante recurso de Apelación y realizó los siguientes señalamientos

de error:

      A. Cometió error el Honorable Tribunal de Primera
         Instancia al declarar HA LUGAR la demanda en
         ausencia de parte indispensable[,] por lo que la
         misma resulta nula y sin efectividad.

      B. Cometió error el Honorable Tribunal de Primera
         Instancia     al     declarar injustificada   la
         incomparecencia de un demandado que había
         presentado prueba de su condición de salud cinco
         días antes del señalamiento.

      C. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al
         imponer sanciones por la incomparecencia a una
         vista por video cámara[,] cuya vista por video cámara
         no había sido notificada.

      D. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al
         anotar la rebeldía y celebrar un juicio en ausencia de
         un demandado que se encontraba indefenso por
         razones de salud y hospitalizado en violación al
         debido proceso de ley.

      Mediante nuestra Resolución del 13 de diciembre de 2023, le

concedimos a la parte apelada hasta el viernes 12 de enero de 2024

para exponer su posición en torno al recurso. Habiendo transcurrido

el término dispuesto, sin que compareciera la parte apelada a

exponer su postura, procedemos a disponer del recurso sin el

beneficio de su comparecencia.
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                                  II

A. El Debido Proceso de Ley

      El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del E.L.A., Tomo 1, prohíbe

que cualquier persona sea privada de su libertad o propiedad sin el

debido proceso de ley. Esta garantía está consagrada también en las

Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos. Rivera

Rodríguez & Co v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993).

      Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado

reiteradamente que el debido proceso de ley no es un molde riguroso

que se da en el abstracto, pues su naturaleza es circunstancial y

pragmática. Así, cada caso debe evaluarse a la luz de sus

circunstancias particulares. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.P.E.,

174 DPR 640, 662 (2008). En diversas ocasiones, el Alto Foro ha

expresado que el debido proceso de ley exige que en todo

procedimiento adversativo se cumpla con ciertos requisitos, a saber:

(1) notificación adecuada de la reclamación presentada; (2) proceso

ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su

contra; (5) tener asistencia de un abogado, y (6) que la decisión se

fundamente en el expediente.

B. Deferencia Judicial

      Según es sabido, las determinaciones de hechos y de

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de

gran deferencia por parte de los foros apelativos.         Argüello v.

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92,

111 (1987); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281

(2011); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 341, 356 (2009);

Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 779 (2022).

      Sin embargo, la deferencia judicial no es absoluta, pues podrá

ser preterida en ciertas instancias.      Nuestro Máximo Foro ha

reiterado que, los tribunales apelativos “no debemos intervenir con
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las determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo

que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. Serrano

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Santiago Ortiz v.

Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021); Rodríguez et al. v.

Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012); Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); SLG Rivera Carrasquillo v.

AAA, supra, pág. 356; Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, pág. 778;

Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 (2022).

C. Manejo de Sala

          Como es sabido, nuestra más Alta Curia ha reconocido que,

los foros de instancia gozan de amplia discreción en la tramitación

de los casos ante su consideración, de manera que, se pueda

asegurar la más eficiente administración de la justicia.        Vives

Vázquez v ELA, 142 DPR 117 (1996); Molina v. Supermercado Amigo,

Inc., 119 DPR 330 (1987).      Conforme a ello, con el propósito de

mantener un funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial, y

de que se dispongan los asuntos litigiosos de forma rápida, es

necesario que los juzgadores de instancia ostenten “gran flexibilidad

y discreción para lidiar con el diario manejo y tramitación de los

asuntos judiciales”.     In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).    Ello

implica que, estos deberán gozar de poder y autoridad suficiente

para conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para

aplicar aquellos correctivos apropiados, de acuerdo a su buen

juicio.13 En virtud de estos poderes, los foros de instancias tienen

disponibles múltiples mecanismos procesales para asegurar y

mantener el orden de los procedimientos que atienden, para hacer

cumplir sus órdenes y para realizar cualquier acto necesario para

cumplir a cabalidad sus funciones. Íd.; ELA v. Asoc. de Auditores,

47 DPR 669 (1999).

13
     Íd. pág. 150.
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      Nuestra      última   instancia    judicial   ha    señalado   que,

“[e]specíficamente, la discreción ha de ceder en las circunstancias

en las que se configura: un craso abuso de discreción o que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa evitaría un

perjuicio sustancial a la parte afectada por su determinación.”

Banco Popular de Puerto Rico v. Andrés Gómez Alayón y otros, 2023

TSPR 145, 212 DPR ____ (2023).

      No obstante, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha

abusado de su discreción no es una fácil. Empero, no [hay] duda de

que el adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente

relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG Zapata-Rivera v.

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Es por lo que, nuestra

más Alta Curia ha definido la discreción como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,

338 (2012).     Así, la discreción se “nutr[e] de un juicio racional

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni

limitación alguna”.    Ello “no significa poder para actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. (Citas

omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435.

      Si la actuación del tribunal de instancia no se encuentra

desprovista   de    base    razonable,   ni   perjudica    los   derechos

sustanciales de una parte, prevalecerá el criterio del juzgador de

hechos a quien le corresponde la administración del proceso para

disponer de los procedimientos ante su consideración.            Sierra v.

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).

      Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso

ante nos.
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                                  III

         En esencia, en su segundo señalamiento de error, la parte

apelante sostiene que, la primera instancia judicial incidió al

declarar injustificada su incomparecencia, a pesar de haber

presentado prueba que acreditaba su condición de salud cinco (5)

días antes del señalamiento de la vista.

         Por otro lado, en su tercer señalamiento de error, la parte

apelante sostiene que, el Tribunal de Primera Instancia erró al

imponerle sanciones por su incomparecencia a la vista celebrada

mediante videoconferencia, pese a no haber sido notificada sobre tal

vista.

         En su cuarto señalamiento de error, el apelante arguye que,

el foro a quo incidió al anotarle rebeldía y celebrar un juicio en su

ausencia, aun cuando se encontraba indispuesto por razones de

salud y hospitalizado, violentando así, el debido proceso de ley.

         Por encontrarse intrínsecamente relacionados, discutiremos

de forma conjunta los errores antes esbozados. Adelantamos que,

le asiste la razón a la parte apelante. Veamos.

         Según reseñáramos, el 7 de noviembre de 2023 fue celebrada

una Vista a la cual no compareció la parte apelante. Sin embargo,

surge de la Minuta que, a pesar de que el foro de primera instancia

reconoció que la Orden del señalamiento de la vista que exigía que

el señor Beirat compareciera mediante videoconferencia no había

sido notificada a las partes, aun así, determinó que se encontraba

listo para la celebración del juicio en su fondo. Dispuso que, debido

a que el apelante no se encontraba presente, le concedía un turno

posterior para que su representación legal se comunicara con este

para que compareciera por medio de videoconferencia. Llamado el

caso nuevamente, la licenciada Villalba Ojeda indicó que, al intentar

comunicarse con el señor Beirat, le contestó el sobrino de este, quien

le notificó que este se encontraba recluido en el Hospital
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Panamericano. A estos efectos, el Tribunal de Primera Instancia le

ordenó a la licenciada Villalba Ojeda que, en el término de 24 horas

acreditara por escrito la situación de salud del señor Beirat, so pena

de la anotación de rebeldía.

      Posteriormente, la licenciada Villalba Ojeda presentó una

moción informativa con la que anejó una certificación del Hospital

Panamericano, que acreditaba que el señor Beirat se encontraba

internado en esa institución desde el 8 de noviembre de 2023.

Anejó, además, la Hoja de Registro del señor Beirat fechada 7 de

noviembre de 2023.

      De igual manera, fue celebrada la vista en su fondo, a la cual

no compareció la parte apelante, pero sí su representante legal. La

licenciada Villalba Ojeda manifestó que, no había tenido contacto

con su cliente, el señor Beirat y que, la noche anterior logró

comunicarse con el sobrino de este por mensaje de texto. Añadió

que, el sobrino del señor Beirat le notificó que este se encontraba

hospitalizado.   A pesar de lo anterior, el Tribunal de Primera

Instancia determinó que, la licenciada Villalba Ojeda había

presentado la moción con los documentos acreditativos de la

condición de salud del señor Beirat fuera del término impuesto de

24 horas. La licenciada Villalba Ojeda expresó que, no había sido

posible conseguir evidencia de la condición de la parte apelante

dentro del término de 24 horas. Aun así, el foro de primera instancia

concluyó que, le había concedido una amplia oportunidad a la parte

apelante y reiteró que, no cumplió con lo ordenado dentro del

término de 24 horas. Esgrimió que, la certificación expedida por el

Hospital Panamericano indicaba que el señor Beirat había sido

ingresado al hospital posterior a la celebración de la vista señalada

para el 7 de noviembre de 2023. Consecuentemente, determinó que,

la parte apelante no había justificado su incomparecencia mediante

evidencia, le anotó la rebeldía, le ordenó cancelar aranceles por la
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suspensión de la vista anterior y celebró la vista en su fondo sin el

beneficio de su comparecencia.

       Si bien es cierto que, las determinaciones de hechos y de

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de

gran deferencia por parte de los foros apelativos, esta deferencia

podrá ser preterida en ciertas instancias. Pues, cuando medie

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o abuso de

discreción, nos encontramos facultados a intervenir con las

determinaciones de los foros de instancia14.

       A pesar de que reconocemos que, los tribunales de instancia

gozan de amplia discreción en la tramitación de los casos ante su

consideración, dadas las particularidades de este caso, colegimos

que, procede nuestra intervención. Ello, pues, nos resulta forzoso

concluir que, bajo el criterio de razonabilidad, el término de 24 horas

concedido por el Tribunal de Primera Instancia para acreditar la

condición de salud del señor Beirat fue totalmente irrazonable y que,

dada la condición de salud del apelante que le fue acreditada, tal

proceder demuestra un claro abuso de discreción.

       De igual manera, pese a que, los foros de instancia gozan de

poder y autoridad suficiente para aplicar los correctivos que

entiendan necesarios, la anotación de rebeldía en el caso de epígrafe

y la celebración de la vista en su fondo sin la comparecencia del

señor Beirat, a pesar de este encontrarse imposibilitado de

comparecer, y peor aún, el dictar Sentencia en su contra dadas estas

circunstancias, nos resulta un abuso de discreción por parte del foro

sentenciador que no puede ser avalado por este foro.

       Consecuentemente,          y    en    aras     de    salvaguardar       las

protecciones constitucionales sobre el debido proceso de ley que le

14 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741; Santiago Ortiz v. Real Legacy

et al., supra, pág. 219; Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 908-909;
SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, supra, pág. 356; Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra,
pág. 778, Pueblo v. Hernández Doble, supra, pág. 864.
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asisten al apelante, es necesario que el foro primario vuelva a

celebrar la vista en su fondo.

      Conforme a lo resuelto, consideramos innecesario discutir el

primer error señalado por la parte apelante.

                                 VI

      Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia

apelada y se devuelve el caso al foro primario para que señale

nuevamente la vista, en la que se le garantice a las partes el debido

proceso de ley.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones