Court Opinion

ID: 9916084
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:20:08.320449+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.618275
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

  CARLOS ALBERTO LEÓN                                    Certiorari
       GONZÁLEZ                                          procedente del
  CARLOS ALBERTO LEÓN                                    Tribunal de
        TORRES                                           Primera Instancia,
                                                         Sala Superior de
           Recurridos                                    Ponce
                                    KLCE202301025
                v.                                       Caso Núm.:
                                                         PO2021CV02270
   BANCO POPULAR DE
      PUERTO RICO                                        Sobre: Daños y
  UNIVERSAL INSURANCE                                    Perjuicios
        COMPANY

         Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez
Salgado Schwarz y el juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

       Comparecen el Banco Popular de Puerto Rico y Universal

Insurance Company (peticionarios) mediante certiorari para que

revisemos la Resolución emitida el 11 de agosto de 2023,1 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), la

cual, declaró No Ha Lugar la solicitud sentencia sumaria presentada

por los peticionarios.

       Evaluados      los   escritos     de   las   partes   comparecientes,

resolvemos denegar el auto solicitado.

                                        -I-

       Del expediente ante nuestra consideración surge que el Sr.

Carlos Alberto León González y su hijo Carlos Alberto León Torres

(recurridos) presentaron una Demanda Enmendada el 4 de octubre

1 Notificada el 17 de agosto de 2023.

Número Identificador
RES2023 _______________
KLCE202301025                                                       2

de 2021.2 Allí, se adujo que el Sr. Carlos Alberto León González

(señor León González) sufrió una caída luego de utilizar un cajero

automático de la sucursal Monte Mall de Banco Popular de Puerto

Rico (BPPR), pues al intentar salir del área, se volteó hacia su lado

derecho y tropezó con uno de los bolardos de concreto que había

colocado BPPR. El señor León González tuvo que acudir a Sala de

Emergencia, donde determinaron que tenía una fractura conminuta

del húmero del hombro izquierdo, por lo que fue operado y sometido

a tratamiento médico. Estimaron en $250,000.00 los daños sufridos

por el señor León González. También, el señor León Torres, hijo

reclamó angustias mentales por $25,000.00. Por lo que, le

solicitaron al foro de instancia que se condenara el pago solidario de

las sumas reclamadas.

       De otra parte, el BPPR y su aseguradora sometieron su

contestación a la demanda el 16 de noviembre de 2023,3 y negaron

los daños e indicaron que el banco cumplió con deber de actuar

como una persona prudente y razonable al mantener sus

instalaciones optimas y libres de riesgos; por lo que, de haber

ocurrido la caída, fue exclusivamente por actos propios del señor

León González.

       Luego de varias incidencias procesales, el 17 de mayo de

2023 los peticionarios sometieron una Solicitud de Sentencia

Sumaria,4 en la que presentaron veinte (20) hechos materiales

incontrovertidos y sometieron como evidencia la transcripción de la

deposición tomada al señor León González.5 En suma, alegaron que

el recurrido reconoció —durante la deposición— que la distancia

entre el bolardo con el que tropezó y el cajero automático (ATM) era

lo suficientemente amplio como para caminar por allí sin tropezarse.

2 Apéndice del CERTIORARI, págs. 1 – 5.
3 Apéndice del CERTIORARI, págs. 6 – 13.
4 Apéndice del CERTIORARI, págs. 43 – 85.
5 Apéndice del CERTIORARI, págs. 59 – 85.
KLCE202300935                                                                 3
Por lo que, siendo la única prueba las declaraciones del señor León

González, ello demuestra que la causa de la caída fue el descuido

del recurrido. Razón por la cual, BPPR solicitó se declarara con lugar

la sentencia sumaria y se desestimara la demanda.

         El 5 de junio de 2023, la parte recurrida presentó su escrito

en oposición a la sentencia sumaria.6 Entre otras cosas, arguyó que

tanto la forma y manera del accidente, como la presencia de los

bolardos —conforme a los códigos de construcción—, eran asuntos

que estaban en controversias y no debían dilucidarse por la vía

sumaria.

         Atendida la solicitud y la oposición a la sentencia sumaria, el

TPI emitió una Resolución el 11 de agosto de 2023,7 en la que

formuló los siguientes hechos como esenciales y pertinentes sobre

los cuales no hay controversia:

         1. El señor Carlos A. León González es cliente del Banco
         Popular.
         2. El señor León González tenía 72 años al momento de los
         hechos.
         3. El demandado, Banco Popular de Puerto Rico, es una
         institución financiera autorizada a hacer negocios en Puerto
         Rico. BPPR tiene una sucursal en El Monte Town Center en
         Ponce, Puerto Rico (“sucursal”). Universal Insurance Company
         es la aseguradora de BPPR.
         4. La sucursal tiene un área de cajero automático, o ATM, en
         el exterior frente a la cual hay colocadas varias esferas de
         cemento, conocidas como bolardos.
         5. Previo al 18 de abril de 2021, el Sr. León González había
         utilizado el cajero automático de la sucursal en múltiples
         ocasiones. Solía visitarla dos veces al mes. Para entonces,
         había tres bolardos esféricos cerca del cajero automático en el
         exterior de la sucursal.
         6. El Sr. León González conocía de la existencia los bolardos
         ya que, en dichas visitas previas, los vio y caminó por el área
         donde están ubicados.
         7. Si, al caminar por dicha área, el demandante miraba por
         dónde se camina, veía los bolardos porque eran claramente
         visibles.
         8. El demandante nunca se había accidentado con los
         bolardos al caminar entre estos. Indica el demandante que [al
         caminar por dicha área] hay que estar pendiente de estos.
         9. Previo al accidente, había caminado entre los bolardos, así
         como por el área entre la pared donde ubica el cajero
         automático y el bolardo más cercano a éste, un espacio que el
         demandante consideraba ancho, sin tener inconveniente de
         ningún tipo.

6 Apéndice del CERTIORARI, págs. 86 – 101.
7 Notificada el 17 de agosto de 2023.; Véase, Apéndice del CERTIORARI, págs. 110

– 115.
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    10. El Sr. León González había caminado por dicha área sin
    accidentarse porque -mientras caminaba- había estado
    pendiente de lo que había en el piso, lo cual evitó que
    tropezara con las esferas de cemento.
    11. El domingo, 18 de abril de 2021, el Sr. León González llegó
    a Monte Town Center alrededor de las 10:00am para retirar
    dinero del cajero automático de BPPR. Éste estacionó su
    vehículo en el segundo estacionamiento de impedidos frente
    al cajero automático de la sucursal; se bajó del automóvil; y
    caminó en línea recta sobre la rampa frente al cajero
    automático. En ese momento, no había personas en el cajero
    y estaba soleado.
    12. Para llegar hasta el cajero, el demandante caminó entre
    dos de los bolardos ubicados frente a la estructura.
    13. Luego de que el señor León González caminara entre los
    bolardos, llegó al cajero automático y retiró dinero. Al terminar
    la transacción, dio dos pasos hacia atrás sin mirar hacia
    dónde caminaba ni lo que estaba haciendo, giró y cayó. El
    señor León González no puede precisar a qué lado giró pero sí
    recuerda que, cuando se volteó, tropezó con el bolardo y cayó
    sobre el lado izquierdo de su cuerpo.
    14. El señor León González admitió que, en vez de caminar de
    espaldas sin fijarse en lo que había detrás y hacia dónde se
    dirigía, pudo haberse volteado hacia su derecha y caminar
    hasta su vehículo por el área que discurre entre la pared del
    cajero automático y el bolardo más cercano sin accidentarse.
    Admitió que, en lugar de hacerlo, dio dos pasos hacia atrás y,
    al voltearse, ocurrió el accidente.
    15. El señor León González también admitió que si, en lugar
    de caminar hacia atrás sin mirar lo que estaba haciendo ni lo
    que había detrás de él, se hubiera volteado y caminado hacia
    el frente en dirección hacia los bolardos, pendiente de por
    dónde caminaba, con toda probabilidad hubiera visto los
    bolardos y no se hubiera tropezado.
    16. El demandante sostiene que el haber colocado unas
    borlas de concreto a una distancia muy corta del cajero
    automático puede provocar tropezones o caídas a los usuarios
    del cajero cuando estos terminan de realizar sus
    transacciones y se giran para marcharse a sus vehículos.
    17. El bolardo contra el que tropezó el demandante tiene una
    distancia de cincuenta y cinco pulgadas (55”) hasta la pared
    del cajero automático.
    18. Sin embargo, el demandante reconoce que había
    caminado por dicha área sin percance alguno, porque es lo
    suficientemente amplia como caminar por ésta sin tropezarse.
    19. Si al caminar por dicha área, él miraba por dónde
    caminaba, veía los bolardos porque son claramente visibles.
    20. El demandante no puede explicar cómo tuvo esa caída.
    21. Previo al accidente, el demandante había caminado entre
    los bolardos, así como por el área entre la pared donde ubica
    el cajero automático y el bolardo más cercano a éste sin tener
    inconveniente de ningún tipo.
    22. Según reconoció el Sr. León González, en dichas ocasiones
    había estado pendiente de lo que había en el piso, lo cual evitó
    que tropezara con las esferas de cemento. Conforme su propio
    testimonio, la diferencia entre sus visitas previas (durante las
    que discurrió por el área sin percance alguno) y la visita del
    18 de abril de 2021, día de la caída, es que, en ésta última, el
    señor León González caminó por la misma área de forma
    descuidada pues dio dos pasos hacia atrás sin mirar hacia
    dónde caminaba ni lo que estaba haciendo, y, al girar y cayó.
    23. El señor León González acudió a la sala de emergencia
    del Hospital San Lucas el 19 de abril de 2021.
    24. El 19 de abril de 2021 en la sala de emergencia del
    Hospital San Lucas el señor León González fue sometido a
KLCE202300935                                                               5
        radiografías, que arrojaron fractura conminuta de la cabeza
        del húmero y del cuello quirúrgico del hombro izquierdo.
        25. El 20 de abril de 2021 el señor León González fue
        examinado y evaluado por el doctor Rafael Señeriz Ortiz,
        Ortopeda.
        26. El doctor Rafael Señeriz Ortiz recomendó al señor León
        González una cirugía para colocar una prótesis invertida
        (“shoulder reverse prosthesis”).
        27. El 28 de abril de 2021 el señor León González fue
        sometido a una cirugía para colocar una prótesis invertida
        (“shoulder reverse prosthesis”), en las instalaciones del
        Hospital San Lucas, en Ponce.
        28. El señor León González fue sometido a doce (12) sesiones
        de terapia física en las instalaciones del Hospital de
        Veteranos en Ponce.8

        En la referida resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la

solicitud sumaria y expresó que habían hechos esenciales y

pertinentes que debían ser dilucidados en una vista ordinaria;

específicamente, señaló:

        (1) Si la altura de los bordados y la distancia colocados entre
        ellos y entre el cajero automático, en un área de alto tráfico
        peatonal en dos direcciones crea una condición peligrosa.
        (2) El monto de los daños, de concluirse que hay
        responsabilidad       por   parte   de     los   demandados.9

        El 18 de septiembre de 2023, Banco Popular de Puerto Rico

y Universal Insurance Company recurren ante este foro intermedio

y señalan la comisión del siguiente error:

        ERRÓ EL TPI DENEGAR LA SOLICITUD DE SENTENCIA
        SUMARIA A PESAR DE QUE NO EXISTE CONTROVERSIA
        REAL SOBRE LOS HECHOS MATERIALES QUE ESTABLECEN
        QUE LA CAÍDA SE DEBIÓ A LAS ACCIONES DEL
        DEMANDANTE AL OPTAR POR CAMINAR DE ESPALDAS SIN
        MIRAR, A SABIENDAS DE QUE HABÍA BOLARDOS
        INSTALADOS EN EL PISO.

        El 18 de octubre de 2023, la parte recurrida presentó el

escrito en oposición.

                                     -II-

        Sabido es que el auto de certiorari es un vehículo procesal de

carácter discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.10 La discreción

8 Apéndice del CERTIORARI, a las págs. 112 – 115.
9 Id., a la pág. 115.
10 Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019);

IG Builders et al. V. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
KLCE202301025                                                                 6

es entendida como el poder para decidir en una forma u otra; es

decir, escoger entre uno o varios cursos de acción.11

       En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,12

delimita las instancias en que habremos de atender y revisar las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a

saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].

       Con el objetivo de que podamos ejercer de una manera sabia

la facultad discrecional —de entender o no en los méritos— el

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,13

establece los siguientes criterios:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
          a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
          derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
          y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

11 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
12 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
13 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202300935                                                            7
      Por lo que, al tener discreción judicial nos reservamos expedir

o denegar el certiorari. El Tribunal Supremo ha dispuesto que:

      [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
      de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
      hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
      prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
      o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
      sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
      perjuicio sustancial.14

                                    -III-

      El Banco Popular de Puerto Rico y Universal Insurance

Company indican que el TPI incidió al denegar la solicitud de

sentencia sumaria, a pesar de que no existe controversia real sobre

los hechos materiales, los cuales establecen que la caída se debió a

las acciones del señor León González.

      De entrada acogemos las 28 determinaciones de hechos no

controvertidas    de     la   Resolución    recurrida.   De   igual   modo,

coincidimos con la denegatoria de la sentencia sumaria en cuanto a

que todavía quedan hechos en controversia relativo a la altura y

correcta colocación de los bolardos.

      En fin, este caso no presenta ninguna de las circunstancias

contempladas en la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, ni

encontramos justificación alguna para intervenir con la Resolución

recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la referida Regla

40 del Tribunal de Apelaciones. Nada en el expediente sugiere que

el TPI haya abusado su discreción o actuó con pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto, por lo que resolvemos denegar la

expedición del auto de certiorari.

                                    -IV-

      Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de

certiorari solicitado.

14 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
KLCE202301025                                                     8

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones