Court Opinion

ID: 9928644
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:32:19.772943+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:32.474336
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

  CONCILIO DE SALUD                                   Recurso de apelación
  INTEGRAL DE LOÍZA                                   procedente del
       Apelante                                       Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
                                                      Superior de San Juan
              V.

  UNIDAD LABORAL DE                                   Caso Núm.:
   ENFERMERAS(OS) Y                                   SJ2022CV03851
   EMPLEADOS DE LA              KLAN202300918
     SALUD (ULEES)                                    Sobre:
   UNIDADES A-B-C-D                                   Revisión de Laudo
        Apelada
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

       Comparece ante nosotros el Concilio de Salud Integral de

Loíza Inc. (en adelante CSILO o parte peticionaria), y solicita que

revisemos una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia Sala

Superior de San Juan (TPI), que a su vez confirmó un Laudo de

Arbitraje emitido el 10 de mayo de 2022.1 Por estar conformes con

la determinación tomada por el TPI, al no intervenir con el referido

Laudo, adelantamos que confirmamos el Proceder del TPI. Veamos

los hechos que dieron paso a la controversia y su tracto procesal.

                                       -I-

       La controversia que tenemos ante nuestra consideración tiene

su origen en un Laudo de Arbitraje emitido por la Árbitro Elizabeth

Irizarry Romero, del Negociado de Conciliación y Arbitraje del

1 En vista de que el CSILO solicita la revisión de una Sentencia que declaró no ha

lugar la impugnación del laudo presentada por dicha parte, acogemos el recurso
de epígrafe como un certiorari, a pesar de haberse intitulado como una
“Apelación”. Ello, toda vez que el mecanismo para que este Tribunal de
Apelaciones revise sentencias emitidas por el foro de primera instancia, que tuvo
ante su consideración la impugnación de laudos arbitrales, es el recurso de
certiorari. Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.
XXII-B, R. 32 (D); Hosp. del Maestro v. U.N.T.S., 151 D.P.R. 934, 942 (2000). No
obstante, preservamos la designación alfanumérica original del recurso.

Número Identificador
SEN2023________________
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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Oficina de San

Juan. En el referido Laudo, la Árbitra determinó que no estaba

dentro de sus funciones determinar la legalidad de lo negociado y

acordado por el CSILO y la Unidad Laboral de Enfermeros y

Empleados de la Salud (en adelante ULEES o parte recurrida) en un

convenio colectivo.2

       A esos fines, la Árbitra consideró que, en sus funciones de

resolver la querella ante su consideración, estaba limitada

únicamente a la interpretación y aplicación de las cláusulas

contractuales acordadas por las partes. En base a ello, la Árbitra

resolvió que el CSILO violó lo pactado por las partes en el Artículo

XXVI del Convenio Colectivo.3 La Árbitra entendió que el CSILO

violentó el convenio cuando dejó sin efecto el beneficio a los

empleados que constaba en no cobrarles deducibles cuando

utilizaran las facilidades del CSILO. Por ello, la Árbitra ordenó el

reembolso del dinero que los empleados pagaron por concepto de

deducible cuando utilizaron las facilidades del CSILO durante la

vigencia del Convenio Colectivo en controversia. Por no estar de

acuerdo con el Laudo emitido por la Árbitra, el 4 de octubre de 2023,

el CSLO compareció ante el TPI en recurso de Revisión Judicial de

Laudo de Arbitraje. El TPI emitió una Sentencia en donde resolvió

que la determinación tomada en el referido Laudo no era contraria

a derecho y no se cometieron errores que ameritaran modificar o

revocar el referido Laudo. 4

       El Convenio Colectivo sobre el cual la Unión basa la

reclamación es el que tuvo vigencia desde el 1 de agosto de 2012 al

1 de agosto de 2016.5 El Art. XXVI de ese Convenio, que trataba

sobre el Plan Médico, leía:

2 Véase Apéndice 1, págs. 1-18.
3 Véase Apéndice 2 págs. 19-80. (Convenio Colectivo).
4 Véase Apéndice 18 págs. 350-539. (Sentencia).
5 Véase Apéndice 2 págs. 19-80. (Convenio Colectivo).
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   1. El Concilio otorgará una aportación de hasta $113.30
      mensual (costo de la cubierta individual) al plan médico a
      todos los empleados cubiertos por este Convenio.
   2. Como un beneficio, el Concilio no cobrará deducibles a los
      empleados que usen sus facilidades

   En base a ese citado Artículo XXVI, el CSILO no le cobraba

deducibles a los empleados unionados que utilizaban sus servicios

médicos. Sin embargo, el 27 de junio de 2016, el Director Ejecutivo

del CSILO envió comunicación informando que, desde esa fecha en

adelante, todas las áreas de servicios tenían que asegurar el cobro

de los coaseguros según correspondiera a todos los empleados.6

       El CSILO aseguró que esta decisión fue consecuencia de una

comunicación recibida por la Comisionada de Seguros. En esta

comunicación el CISLO se enteró que el Departamento de Salud

Federal considera ilegal la práctica generalizada de no cobrar los

deducibles de un plan médico por entender que ello constituye una

violación a las disposiciones sobre "anti-kickbacks" en los programas

que utilizan fondos federales (Medicare, Medicaid, etc.). Esta

interpretación sólo era aplicable a los programas de salud que

utilizan fondos federales y no aplicaba a los planes comerciales que

no reciban dichos fondos. El CSILO entendió que al ser un centro

de salud que utiliza fondos federales, debía comenzar a cobrar los

deducibles y coaseguros a sus empleados que recibieran servicios

en sus facilidades. Así que, en esencia, es la contención del CSILO

que la decisión de romper con lo pactado en el convenio estuvo

condicionada por la interpretación de la Oficina del Inspector

General de que el mismo era ilegal y violentaba una ley federal.

       Luego de esta comunicación, la ULEES se presentó ante el

Negociado de conciliación y Arbitraje como parte del Procedimiento

de Quejas y Agravios que provee el Convenio Colectivo aplicable del

6 (Véase Apéndice 3, pág. 81 (Comunicación del Director del CSILO para anular

el convenio).
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CSILO. Las partes sometieron a la Árbitra el proyecto de sumisión,

el cual lee:

       "Que la Honorable Árbitra decida conforme al Artículo XXVI
       del convenio colectivo que estuvo vigente de 1 de agosto de
       2012 a 1 de agosto de 2016 y la práctica pasada si los
       unionados tenían o no derecho que como parte de los
       beneficios del médico que le provee el patrono a que no se le
       cobrara deducible.

       La Árbitra concedió término a las partes para que sometieran

sus respectivos memoriales y/o alegatos. El 17 de enero de 2022, la

ULEES sometió ante la consideración del Negociado su Memorial en

donde alegó que el CSILO violentó el Convenio Colectivo que estuvo

vigente del 1 de agosto de 2012 al 1 de agosto de 2016, al haber

dejado sin efecto desde el 27 de junio de 2016, el beneficio de los

unionados de ser eximidos del pago de deducibles y coaseguros por

la atención médica que recibían como pacientes del CSILO. En

respuesta, el CSILO sometió su Memorial en donde alegó que el

beneficio en controversia se dejó sin efecto debido a que luego de

haberlo consultado con las autoridades pertinentes, se determinó

que el mismo era ilegal. Por tanto, a pesar de que ese beneficio se

incluyó como parte del Convenio Colectivo que estuvo vigente del 1

de agosto de 2012 al 1 de agosto de 2016, el mismo advino a ser

nulo al tratarse de un beneficio ilegal y que podía poner en riesgo

los fondos federales que recibe el CSILO para sus operaciones.

       El 10 de mayo de 2022, la Árbitra emitió su Laudo.7 En este,

expresó sus funciones estaban limitadas a determinar la legalidad

de lo negociado y acordado por las partes en su convenio colectivo.

A esos fines, resolvió que, en sus funciones de resolver determinada

querella, estaba limitada únicamente a la interpretación y aplicación

de las cláusulas contractuales acordadas por las partes. En base a

ello, la resolvió que el CSILO violó lo pactado por las partes en el

Artículo XXVI del Convenio Colectivo, al dejar sin efecto el beneficio

7 Véase nota al calce 2, supra.
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que tenían los, empleados de que no se les cobrara deducible cuando

utilizaban las facilidades del CSILO. Debido a ello, ordenó el

reembolso del dinero pagado, por concepto de deducible, a los

empleados que usaron las facilidades del CSILO, durante la vigencia

del Convenio Colectivo.

       No conformes con la decisión de la Árbitra, 14 de mayo de

2022, el CSILO presentó un recurso de revisión judicial ante el TPI.8

El 4 de octubre de 2023, el TPI dictó Sentencia en la que resolvió

que la determinación emitida en el laudo no era contraria a derecho

y que no encontró que la Árbitra cometiera errores que justificaran

una modificación o revocación del mismo. El TPI, al interpretar la

opinión de la Comisionada de Seguros, resolvió que la referida

prohibición es para los programas de, salud y no para los centros de

servicios de salud y que el CSILO no es un programa de salud. Por

ello, concluye el TPI que la opinión de la Comisionada en la cual

prohíbe la práctica generalizada de no cobrar deducibles de un plan

médico por constituir una violación a las disposiciones "anti

kickbacks" no es aplicable el CSILO. No conforme con esta decisión,

el CSILO comparece ante nosotros mediante recurso de apelación

señalando los siguientes errores:

   A) Incurrió en error el TPI al confirmar un Laudo que no es
      conforme a Derecho.

   B) Incurrió en error el TPI al no resolver que lo pactado por las
      partes en la cláusula XXXVI del Convenio Colectivo es ilegal
      de conformidad a la Ley federal "anti-kickback" y a la Opinión
      emitida por la Comisionada de Seguros.

                                     -II-

                                     -A-

       El arbitraje se ha definido como el procedimiento para resolver

controversias, sometiéndolas a un árbitro o a un cuerpo de árbitros,

para luego de considerar las pruebas, emitir su laudo. Aquino

González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 19 (2011). El propósito del

8 Véase Apéndice 16 págs. 293-304 (Recurso de Revisión de Laudo de Arbitraje).
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arbitraje es que las partes presenten sus controversias ante un ente

neutral, ya sea ante un árbitro o ante un panel de árbitros, que

posean autoridad para adjudicar e imponer una decisión a las

partes. Aquino González v. A.E.E.L.A., supra. Algunas de las ventajas

de someter una controversia o reclamación al procedimiento de

arbitraje son: la pericia del ente neutral respecto a la materia objeto

de disputa, la privacidad e informalidad en los procedimientos, los

bajos costos del proceso y la rapidez en la toma de decisiones. Id.,

en las págs. 19-20. Las partes en un contrato pueden anticipar las

potenciales   controversias   futuras    derivadas   de    su   relación

contractual y obligarse a someterlas ante un procedimiento de

arbitraje. H.R. Inc., v. Vissepó & Díaz Constr., 190 DPR 597, 605

(2014). Por esto, el arbitraje es una figura jurídica inherentemente

contractual y es exigible solamente cuando las partes así lo hayan

pactado. Id. En lo pertinente al arbitraje, nuestro Tribunal Supremo

ha determinado que las partes que voluntariamente se someten a

un   procedimiento    de   arbitraje    deben   agotar    los   remedios

contractuales antes de acudir a los tribunales, salvo que exista justa

causa para obviarlos. Id. en la pág. 606. De esta forma, las partes

acuerdan voluntariamente limitar la jurisdicción de los tribunales

sobre su persona para dar paso al proceso de arbitraje. Id.

      A esos efectos, se ha dicho que un laudo de arbitraje, en

general, goza de una naturaleza similar a la de una sentencia

judicial. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 354

(1985). Dicho de otra manera, el laudo de arbitraje, “no es ni un

contrato ni una sentencia, pero disfruta de la naturaleza de ambos”.

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 328 (2011). De igual modo, la

función del árbitro se ha semejado a la ejercida por una sala

sentenciadora de primera instancia. U.I.L. de Ponce v. Dest.

Serrallés, Inc., supra. “Un acuerdo en un [contrato] para utilizar el

arbitraje como mecanismo de ajuste de controversias crea un foro
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sustituto a los tribunales de justicia. En efecto, ello representa una

sustitución del juez por el árbitro.” Condado Plaza v. Asoc. Emp.

Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 (1999). Nuestro Tribunal Supremo

ha reiterado que “[u]na vez se somete la disputa ante un árbitro para

su resolución, las partes, en efecto, sustituyen a las cortes por el

árbitro para la determinación de todas las cuestiones de hecho y de

derecho sustantivo y renuncian al derecho a litigar tales cuestiones

ante los tribunales. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, en la pág. 326. Claro

está, el convenio de sumisión delimitará la facultad decisional del

árbitro y su esfera de acción. Es decir, so pena de nulidad, el árbitro

ni el laudo que resulte pueden exceder los poderes delegados.

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb. 156 DPR 197 (2002).

      En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor del

arbitraje y está motivada por el interés del Estado de facilitar la

solución de disputas por una vía más rápida, flexible y menos

onerosa que los tribunales para la resolución de controversias que

emanan de la relación contractual o laboral entre las partes. H.R.

Inc., v. Vissepó & Díaz Constrc., supra. En relación con la

intervención revisora de los tribunales, el Artículo 22 de la Ley de

Arbitraje Comercial en Puerto Rico Ley Núm. 376 de 8 de mayo de

1951 (Ley de Arbitraje), regula el proceso de revocación del laudo:

      En cualquiera de los casos siguientes el tribunal podrá a
      solicitud de cualquiera de las partes y previo aviso y vista,
      dictar orden revocando el laudo:

      (a) Cuando se obtuvo mediante corrupción, fraude u otro
          medio indebido.
      (b) Cuando hubo parcialidad o corrupción evidente de los
          árbitros o cualquiera de ellos.
      (c) Cuando los árbitros actuaren erróneamente al rehusar
          posponer la vista luego de mostrarse causa justificada
          para ello, o al rehusar oír evidencia pertinente y material
          a la controversia, o cuando incurrieren en cualquier
          error que perjudique los derechos de cualquiera de las
          partes.
      (d) Cuando los árbitros se extendieren en sus funciones o
          cuando el laudo emitido no resolviera en forma final y
          definitiva la controversia sometida.
      (e) Si no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el
          procedimiento se inició sin diligenciar la notificación de
          intención de arbitrar, según se dispone en el Artículo 11,
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            o la moción para obligar el arbitraje, según se dispone
            en el inciso 1 del Artículo 4.

      En el caso en que se revoque un laudo, el tribunal podrá a su

discreción, ordenar una nueva vista, ante los mismos árbitros, o

ante árbitros nuevos a seleccionarse en la forma que se disponga en

el convenio para la selección de los árbitros originales, y cualquier

disposición que limite el término dentro del cual los árbitros podrán

llegar a una decisión se considerará aplicable al nuevo arbitraje y a

comenzar desde la fecha de la orden del tribunal. Véase el Artículo

22 de la Ley de Arbitraje Comercial en Puerto Rico supra. Por otro

lado, el Artículo 23, de la Ley de Arbitraje Comercial, establece todo

lo relacionado a la corrección o modificación del laudo en un proceso

de revisión judicial que en cualquiera de los casos siguientes el

tribunal deberá, previa notificación y vista, y a solicitud de

cualquiera de las partes, dictar una orden modificando o corrigiendo

el laudo:

      (a) Cuando hubo evidente error de cálculo en cuanto a las
      cifras, o evidente error en la descripción de cualquier
      persona, cosa o propiedad.
      (b) Cuando los árbitros hayan resuelto sobre materia no
      sometida a ellos.
      (c) Cuando el laudo sea imperfecto en materia de forma, sin
      afectar los méritos de la controversia.

      Estas normas de autolimitación judicial en la revisión de

laudos conllevan que los tribunales no lleguen a “considerar los

méritos de un laudo, independientemente de que, de haber sido la

controversia inicialmente resuelta a nivel judicial, la determinación

final hubiese sido otra.” Aut. Puertos v. HEO, supra, en la pág. 427.

De manera que, alegados errores en la apreciación de la prueba o en

la aplicación de las normas de derecho en laudos finales, no deben

ser objeto de revisión por los tribunales. Febus y otros. v. MARPE

Const. Corp., 135 DPR 206, 217 (1994); C.R.U.V. v. Hampton Dev.,

112 DPR 59, 64 (1982); Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 DPR

604, 608-609 (1979). Las determinaciones de un árbitro, en cuanto

a los hechos y en cuanto a derecho, son finales y no revisables por
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los tribunales, aunque haya mediado error por parte de éstos en la

apreciación de los hechos y el derecho aplicable, y aun cuando el

tribunal hubiese llegado a una conclusión distinta. Febus y otros. v.

MARPE Const. Corp., supra, en las págs. 217-218. Por consiguiente,

la revisión judicial de los laudos emitidos en un procedimiento de

arbitraje se limitará a las instancias en las cuales quede demostrada

la existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, falta del

debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión de resolver

todas las cuestiones en disputa o que el laudo sea contrario a la

política pública. Aut. Puertos v. HEO, supra. Ahora bien, esta norma

de autolimitación no se aplica en esos extremos a los casos en que

las partes pactan que los laudos de arbitraje se emitan conforme a

derecho. En esas instancias, el árbitro debe velar celosamente por

que   se   cumplan    las   reglas   jurídicas   vigentes   en   nuestro

ordenamiento legal y debe rendir su decisión según las doctrinas

legales prevalecientes. Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 108 DPR

344, (1979). Los remedios concedidos deben estar adheridos a

nuestro andamiaje jurídico. Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, supra,

en las págs. 326-327. En consecuencia, la revisión judicial será

más incisiva, por lo cual “los tribunales podrán corregir errores

jurídicos en referencia al derecho aplicable.” (Énfasis nuestro)

Aut. Puertos v. HEO, supra. En la revisión de laudos con arreglo a

derecho, el tribunal tiene la facultad para revisar los méritos

jurídicos del laudo. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra, en

la pág. 33. En estos casos la revisión judicial es análoga a la de las

decisiones administrativas. Aut. Puertos v. HEO, supra, en la pág.

446. Por tal razón, las determinaciones de hechos de los laudos de

arbitraje conforme a derecho pueden ser revisadas cuando no están

sostenidas por evidencia sustancial en el expediente. Constructora

Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra; U.T.I.C.E. v. C.E.A.T., 147 DPR 522,

528 (1999). Asimismo, tales determinaciones de hechos gozan de
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gran deferencia. Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra,

en la pág. 352. Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático al

sostener que “el tribunal de instancia no debe inclinarse fácilmente

a decretar la nulidad del laudo, a menos que efectivamente el mismo

no haya resuelto la controversia con arreglo a derecho, según lo

pactaran las partes.” Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra,

en la pág. 34.

                                  -B-

      Nuestro Código Civil vigente establece el contrato como fuente

de obligación. En un contrato, las partes pueden acordar cualquier

cláusula que no sea contraria a la ley, a la moral o al orden público.

CÓD. CIV. PR art. 1232, 31 LPRA § 5141 (2020 & Supl. 2023). Este

es el llamado principio de la autonomía o libertad contractual. Id.

Es norma establecida en nuestro ordenamiento jurídico que lo

acordado en los contratos tiene fuerza de ley entra las partes. CÓD.

CIV. PR art. 1233, 31 LPRA § 5141 (2020 & Supl. 2023). Los

contratos en Puerto Rico quedan perfeccionados desde que las

partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa.

CÓD. CIV. PR art. 1238, 31 LPRA § 5141 (2020 & Supl. 2023). Ahora

bien, existe consentimiento cuando están presentes la oferta, junto

con la aceptación cuando el oferente recibe la aceptación. Id.

Nuestro Código Civil vigente también establece que el negocio

jurídico debe tener un fin lícito en atención a las circunstancias

existentes al tiempo de su celebración y al de su ejecución. CÓD.

CIV. PR art. 270, 31 LPRA § 5141 (2020 & Supl. 2023). Por tal razón

no es lícito el fin contrario a la ley, a la moral o al orden público, o

lesivo de derechos de terceros. Id.

      La teoría contractual se funda sobre la base de la autonomía

de la voluntad y la libertad que tienen las partes contratantes de

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral,
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ni al orden público. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693,

(2008) Juris P.R. 152 (2008). Véanse, además: Jarra Corp. v. Axxis

Corp., 155 DPR 764, 772, (2001). Por tanto, en nuestro

ordenamiento jurídico impera la libertad de contratación. Id. Ello

consiste en que los contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente. Id. Ahora bien,

la autonomía que brinda la libertad de contratación tiene límites

pues esta no puede ejercerse abusivamente ni en oposición a una

disposición legal. Esto es compatible con el principio de que los

derechos son renunciables, siempre que la ley no prohíba su

renuncia o no sea en perjuicio de tercero. Véanse los Arts. 4 y 1207

del Código Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA secs. 4 y 3372.

Independientemente del tipo de contrato y de la importancia que

este merezca para las partes, si resulta contrario a las leyes, la moral

o al orden público, es nulo y, por lo tanto, inexistente. De Jesús

González v. A.C., 148 DPR 255, 264 (1999).

      El concepto de orden público puede definirse como el conjunto

de valores eminentes que guían la existencia y bienestar de una

sociedad, que ampara un interés social dominante por los derechos

que tiende a proteger. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707

(1993); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991); Hernández

v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 DPR 149, 153-154 (1976). Por

eso, es un medio para conseguir un balance entre la autonomía de

la voluntad y la imprescindible protección del bienestar común.

Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., supra, en la pág. 266. A

tales efectos, debido a que este podría ser un concepto difuso que

no se limita a la ley vigente, los tribunales deben darle concreción

en cada caso. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra.

      El principio de la buena fe permea todo el ordenamiento.

Velilla v. Pueblo Supermarkets, 111 DPR 585 (1981). Tanto el deudor

como el acreedor deben actuar de buena fe en el cumplimiento de la
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obligación. CÓD. CIV. PR art. 1062, 31 LPRA § 5141 (2020 & Supl.

2023). A falta de previsión contractual, o en caso de ineficacia de

alguna de sus cláusulas, el contrato se complementa con: (a) las

normas imperativas; (b) las normas supletorias; (c) los usos del lugar

de celebración del contrato; y (d) la buena fe. CÓD. CIV. PR art.

1236, 31 LPRA § 5141 (2020 & Supl. 2023). La equivalencia de las

prestaciones es una figura que el Supremo ha ubicado bajo las

exigencias de la buena fe contractual. Utility Consulting Services v.

Municipio de San Juan, 115 DPR 89 (1984). Nuestro Tribunal

Supremo ha expresado que la autonomía de la voluntad que

establece el Código Civil está estrechamente entrelazada con el

principio de la buena fe contractual. Banco Popular v. Scn. Talavera,

supra. En primer lugar, la buena fe obliga más allá de lo

expresamente pactado, para abarcar todas las consecuencias que

por la naturaleza del contrato sean conformes a la buena fe, al uso

y a la ley. Banco Popular v. Scn. Talavera, supra. Es importante

destacar que la buena fe contractual no se manifiesta tan sólo al

comienzo del contrato o en la fase negocial, sino que está presente

mientras dure la relación contractual. Asimismo, las partes deben

adoptar un comportamiento leal en toda fase previa a la constitución

de tales relaciones deben también comportarse lealmente en el

desenvolvimiento de las relaciones jurídicas ya constituidas entre

ellos. Véase, además, Michel J. Godreau Robles, Lealtad y buena fe

contractual, 58 REV. JUR. UPR 367, 422 (1989).

                                 -C-

      En nuestro ordenamiento jurídico existe la norma de que a

nadie le es lícito ir contra sus propios actos. Alonso v. UNDARE, Inc.,

199 DPR 32 (2017). Esta norma tiene fundamento y raíz en el

principio general de Derecho que ordena proceder de buena fe en la

vida jurídica. Id. La eficacia de la doctrina y su fuerza vinculante

tienen vida y efecto propios, que van en protección de la confianza
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depositada en la apariencia, que es por extensión protección de un

interés social o la consecución de un ideal de justicia. Id. Así pues,

la conducta contradictoria no tiene lugar en el campo del Derecho y

debe ser impedida. Id. Al determinar la aplicabilidad de la doctrina,

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los elementos

constitutivos para la aplicación de la norma jurídica de que nadie

puede venir contra sus propios actos pueden resumirse así: (a) Una

conducta determinada de un sujeto, (b) que haya engendrado una

situación contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal

apariencia, susceptible de influir en la conducta de los demás, y (c)

que sea base de la confianza de otra parte que haya procedido de

buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera que le causaría

un perjuicio si su confianza quedara defraudada. Alonso v. UNDARE,

Inc., supra.

                                   -D-

      El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307

(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente

su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la

expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las

instancias     y   excepciones   contenidas   en   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 DPR

478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden

bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla

57o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo." 800
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Ponce de León v. AIJ, supra.     Como se indicara previamente, el

mecanismo para que este Tribunal de Apelaciones revise sentencias

emitidas por el foro de primera instancia, en las que dicho Tribunal

tuvo ante su consideración la impugnación de laudos arbitrales, es

el recurso de certiorari. Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra; Hosp. del Maestro v. U.N.T.S., supra.

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de

ejercer nuestra facultad discrecional:

      A.    Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B.    Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D.     Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
      ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E.    Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F.     Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G.     Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                -III-

      Luego de haber expuesto y delimitado el derecho pertinente a

la controversia en cuestión, solo nos resta aplicarlas a nuestra

situación de hechos para disponer de la misma. En primer término,

según discutimos en la parte expositiva de esta sentencia, existe en

Puerto Rico una gran deferencia a los Laudos emitidos en un

proceso de Arbitraje. Por esta razón, son contadas las excepciones

en las que un Tribunal debe intervenir y sustituir la decisión de un

árbitro. Tal y como expusimos, cuando unas partes se someten a un
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proceso de arbitraje y en este se pacta que la decisión que tome el

árbitro sea conforme a derecho, la jurisdicción del tribunal para

revisar el referido laudo será más amplia. Del expediente ante

nuestra consideración se desprende que el pacto de arbitraje entre

la parte peticionaria y la parte recurrida exigía que los laudos

emitidos se emitieran conforme a derecho.9

   Aclarado el asunto anterior, consideremos el primer error

planteado por la parte peticionaria. En el primer error la parte

peticionaria señaló que el TPI incurrió en error el TPI al confirmar

un Laudo que no es conforme a Derecho. No estamos de acuerdo. El

trabajo realizado por la Árbitra Elizabeth Irizarry Romero fue

correcto al declarar que la parte peticionaria o CSILO incumplió lo

acordado en el convenio colectivo que pactó con sus empleados. Los

artículos de nuestro Código Civil vigente relacionado a las

obligaciones      y    contratos      y    toda    nuestra      jurisprudencia

interpretativa en esa materia nos haría llegar a la misma conclusión

a la que llego la Árbitra. La parte peticionaria había pactado con sus

empleados la manera de pagar los servicios médicos en sus

facilidades, el cual fue incumplido. Por tal razón les asiste a los

miembros de la parte recurrida un reembolso por lo que les fue

cobrado en contravención a referido convenio. Por tanto, no estamos

hasta este momento ante un Laudo contrario a derecho.

       Ahora bien, con solo atender los asuntos anteriores no

disponemos totalmente del asunto ante nuestra consideración.

Como adelantamos en los hechos, es la contención de la parte

peticionaria CSILO, que se declare nulo e inexistente el convenio

bajo el presupuesto de que el mismo violenta la ley. En particular,

en su segundo señalamiento de error la peticionaria señala que

incurrió en error el TPI al no resolver que lo pactado por las partes

9 Véase apéndice 2 en la página 35. (Artículo VIII del Convenio Colectivo).
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en la cláusula XXXVI del Convenio Colectivo es ilegal de

conformidad a la Ley federal "anti-kickback" y a la Opinión emitida

por la Comisionada de Seguros. Por lo tanto, mediante este

señalamiento      de    error    pretenden      evitar   responder   por   el

incumplimiento del convenio, amparándose en que según una

opinión de la Comisionada de Seguros lo pactado es ilegal y por lo

tanto nulo el contrato. Tampoco podemos avalar esta pretensión de

la parte peticionaria. Al igual que el TPI, entendemos que la opinión

de la Comisionada en la cual prohíbe la práctica generalizada de no

cobrar deducibles de un plan médico por constituir una violación a

las disposiciones "anti kickbacks" no es aplicable el CSILO.10 La

sección 1320 a-7b del 47 USC aplica la referida prohibición

únicamente a los programas de salud federal y no a sus proveedores.

El CSILO es un proveedor, por lo que la referida prohibición no les

aplica. Con esto dicho, podemos concluir que efectivamente no

estamos ante un Laudo contrario a derecho.

       No estamos ante un pacto que viole la ley ni tampoco ante un

contrato que violente la moral o el orden público. Por tanto, el

convenio entre CSILO y sus empleados es válido y debe cumplirse.

Así las cosas, concluimos que el TPI descargó adecuadamente su

responsabilidad al examinar la controversia ante su consideración y

que no está presente circunstancia alguna que amerite nuestra

intervención con la determinación de dicho Foro.

                                      -IV-

       Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto y

confirmamos la Sentencia apelada.

       Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Véase apéndice 18 en la pagina 319. (Sentencia del TPI).