Court Opinion

ID: 9952368
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:45:42.458235+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:02.263631
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

          CPD, LLC                         Certiorari
                                           procedente del
          Recurrido                        Tribunal de
                                           Primera Instancia,
              V.                           Sala Superior de
                             KLCE202400050 Caguas
     IGLESIA DE DIOS
   PENTECOSTAL LUZ Y                            CASO NUM.
  SALVACIÓN DE CAYEY,                           G2CI201300218
      INC. Y OTROS
                                                Sobre:
        Peticionarios                           Ejecución de
                                                Hipoteca y Cobro
                                                de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                          SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

      Este Recurso de Certiorari fue presentado por Iglesia de Dios

Pentecostal Luz y Salvación de Cayey, Inc. (la parte peticionaria)

el 16 de enero de 2024.

      El Recurso se trae contra una Resolución emitida el 16 de

octubre de 2023, notificada el 18 de octubre de 2023, en la cual,

luego de una vista argumentativa, declaró No Ha Lugar la Moción

de la parte peticionaria titulada Moción Urgente Asumiendo

Representación y Solicitando Nulidad de Procedimientos Post

Sentencia.

      La parte recurrida, CPD, LLC, ha comparecido y procedemos

a expedir el auto solicitado y revocar la Sentencia. Veamos.

                                I.

      El 29 de julio de 2013 se presentó esta demanda ante el TPI

por el acreedor original, Doral Bank, en adelante Doral. La

demanda es sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. A los

Número Identificador
SEN2024 _______
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peticionarios se les diligenció debidamente el emplazamiento y

estos presentaron su contestación a la demanda, a través de

abogado, el 25 de octubre de 2013.

      El 28 de abril de 2014 Doral presentó una Solicitud de

Sentencia Sumaria ante el TPI, contra los peticionarios. El 29 de

abril de 2014, notificada a todas las partes a través de sus

abogados, el 30 de abril de 2014, el TPI emite Orden que decreta

que los peticionarios replicaran dentro de veinte (20) dias dicha

solicitud.

      El 12 de mayo de 2014, se celebró ante el TPI Vista sobre el

Estado Procesal del caso a la que todas las partes comparecieron

a través de sus abogados. Además, el abogado de los peticionarios

indicó que aun estaba en tiempo para presentar su oposición, la

que presentó el 13 de junio de 2025.

      El TPI decretó No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria

y la notificó a todos los abogados de las partes.

      Continuó el trámite procesal y el 26 de enero de 2015, se

celebró la Conferencia con Antelación al Juicio, a la cual

compareció Doral, por conducto de su representación legal. Sin

embargo, el Lcdo. Santiago Burgos, en ese entonces abogado de

la hoy peticionaria, no compareció en representación de estos.

No obstante, según se desprende de la Minuta, "[e]l tribunal

informó que el Lcdo. Luis A. Santiago Burgos se comunicó vía

telefónica e indicó que se encuentra indispuesto de salud". Véase,

Apéndice Peticionarios, pág. 6.

      El 9 de marzo de 2015, según notificada el 11 de marzo de

 2015, el TPI emitió una Resolución y Orden mediante la cual

 recalcó, entre otros asuntos, que la Lcda. Olmo Ríos, en
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representación de Doral, compareció a la Conferencia con

Antelación al Juicio, pero que ni los Peticionarios ni su

representación legal comparecieron a la misma. Por tanto, el TPI

dispuso un término de diez (10) días "para exponer las razones

por la cual no deba anotársele la rebeldía a la parte demandada

eliminando las alegaciones de la demanda y dictar sentencia por

el incumplimiento de las órdenes del Tribunal y por la falta de

interés en este asunto".      Dicha Resolución fue notificada

solamente al Lcdo. Santiago Burgos a la siguiente dirección: PO

Box 375395, Cayey, Puerto Rico 00737. Ya el TPI debía

sospechar que algo ocurría a la representación legal de la parte

peticionaria que ameritaba asegurarse que el cliente del Lcdo.

Santiago Burgos conocía lo que sucedía en el caso.       Véase,

Apéndice Peticionarios, págs. 10-11.

    El 14 de mayo de 2015, según notificada el 15 de mayo de

2015, el TPI emitió una Orden mediante la cual concedió un

término adicional de quince (15) días a los Peticionarios para

cumplir con la Orden emitida el 9 de marzo de 2015, "so pena

de imponer sanciones o anotarle rebeldía y dictar sentencia".

Dicha Orden fue debidamente notificada al Lcdo. Santiago

Burgos a la siguiente dirección: PO Box 375395, Cayey, Puerto

Rico 00737. Tampoco se le notificó a los aquí peticionarios.

Véase, Apéndice Peticionarios, págs. 14-15.

    Pasado los términos concedidos por el TPI, sin respuesta

alguna del abogado de los Peticionarios y sin saber si la parte

ahora peticionaria conocía el proceder de su abogado en el caso,
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 el 9 de septiembre de 2015, notificada el 10 de septiembre de

 2015, el TPI dictó Sentencia Sumaria (en Rebeldía) a favor de

 Doral, declarando "Con Lugar" la Demanda y ordenando la venta

 en pública subasta de la propiedad hipotecada.       La Sentencia

 Sumaria fue solamente notificada al Lcdo. Santiago Burgos a la

 siguiente dirección: PO Box 375395, Cayey, Puerto Rico 00737.

 Nunca se le notificó a la parte que el Lcdo. Santiago Burgos

 representaba. Véase, Apéndice Peticionarios, págs. 18-24.

      El 1 de octubre de 2015, los Peticionarios, por conducto del

 Lcdo. Santiago Burgos, presentaron una Moción Solicitando

 Relevo de Sentencia Por Falta de Jurisdicción.

      Véase, Apéndice al Escrito de Oposición de la Parte

 Recurrida, págs. 056-057. (Énfasis suplido).

      El 16 de octubre de 2015, la parte demandante en aquel

momento, Bautista Cayman Asset Company (en adelante,

"Bautista") presentó ante el TPI una Oposición a Moción

Solicitando Relevo de Sentencia Por Falta de Jurisdicción. En la

misma, Bautista reclamó que el TPI tenía jurisdicción para atender

el caso toda vez que, en su Moción para Sustituir Parte

Demandante, presentada el 29 de abril de 2015, se informó que

el 27 de febrero de 2015, la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras cerró las operaciones de Doral Bank y

nombró síndico liquidador a la FDIC. Para el 25 de marzo de 2015,

adquirió del síndico, las facilidades de crédito objeto de la

presente   acción,   anteriormente   de   Doral.   Adicionalmente,

Bautista reiteró que la falta de interés y el incumplimiento por

parte de los Peticionarios con las órdenes del Tribunal llevó a éste

a dictar Sentencia Sumaria en su contra. La mencionada oposición
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fue debidamente notificada al Lcdo. Santiago Burgos a la siguiente

dirección: PO Box 375395, Cayey, Puerto Rico 00737.

Véase, Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 058-060.

      El 19 de octubre de 2015, notificada el 20 de octubre de

2015, el TPI emitió una Orden mediante la cual declaró No Ha

Lugar la Moción Solicitando Relevo de Sentencia Por Falta de

Jurisdicción presentada por los Peticionarios. Véase, Apéndice de

la Parte Recurrida, pág. 061.

      El 16 de noviembre de 2015, Bautista presentó una Moción

Solicitando Ejecución de Sentencia, a tenor con la Regla 51 de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51. Copia fiel y exacta

de la Moción Solicitando Ejecución de Sentencia fue enviada al

Lcdo. Santiago Burgos a la siguiente dirección: PO Box 375395,

Cayey, Puerto Rico 00737. Véase, Apéndice de la Parte Recurrida,

págs. 062-063.

      El 17 de noviembre de 2015, notificada el 8 de diciembre de

2015, el TPI emitió una Orden de Ejecución de Sentencia mediante

la cual ordenó a que se ejecutara la Sentencia emitida el 9 de

septiembre de 2015, la que tampoco fue notificada a la parte que

se pretendía ejecutar una sentencia que nunca le fue notificada.

Véase, Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 064-066. A su vez,

el 8 de diciembre de 2015, notificado ese mismo día, el TPI emitió

un Mandamiento de Ejecución de Sentencia. La Orden de

Ejecución de Sentencia y el Mandamiento fueron notificados

solamente al Lcdo. Santiago Burgos, a pesar de que el TPI sabía

que ese abogado no atendió varios señalamiento y órdenes por

alguna razón, pero aún así, sin notificarle a la parte procedió a

anotarle la Rebeldía y dictar Sentencia en Rebeldía contra la parte
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que representaba el Lcdo. Santiago Burgos. Véase, Apéndice de

la Parte Recurrida, págs. 067-068.

      El 23 de agosto de 2021, Bautista presentó una Moción en

Torno a Orden de 30 de julio de 2021, Sobre Solicitud de Ejecución

de Sentencia mediante la cual solicitó un nuevo mandamiento de

ejecución de sentencia. Copia fiel y exacta de la referida moción

solo le fue enviada al Lcdo. Santiago Burgos. Véase, Apéndice de

la Parte Recurrida, págs. 069-075.

      El 8 de septiembre de 2021, el TPI emitió otra Orden de

Ejecución de Sentencia mediante la cual ordenó que se emita el

mandamiento correspondiente para ejecutar la Sentencia del 9 de

septiembre de 2015, vendiendo en pública subasta la propiedad

objeto de esta acción.   Véase, Apéndice de la Parte Recurrida,

págs. 076-077.

      El 10 de septiembre de 2021, el TPI emitió un Mandamiento

de Ejecución de Sentencia para que se lleven a cabo los

procedimientos de ejecución de sentencia, sobre la Sentencia del

9 de septiembre de 2015. Véase, Apéndice de la Parte Recurrida,

págs. 078-079.

      El 30 de agosto de 2022, el TPI emitió un Aviso de Subasta

señalando fechas se subastas públicas de la propiedad objeto de

ejecución para el 12, 19 y 26 de octubre de 2022.          Véase,

Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 080-082.

      El 12 de octubre de 2022, CPD, como adquirente de la

facilidad de crédito objeto de la presente acción, presentó una

Moción    Sometiendo     Documentos     Complementarios      Para

Celebración de Subasta, mediante la cual presentó ante el TPI los
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documentos complementarios requeridos para la celebración de

las subastas que comenzaban el 12 de octubre de 2022, según lo

requiere la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, ante. En dicha

moción, CPD certificó haber sometido los siguientes documentos:

(i) Declaración Jurada acreditando haber colocado edictos en

lugares públicos, suscrita el 6 de octubre de 2022 por Daniel

Sánchez; (ii) Declaración Jurada del periódico San Juan Daily Star,

suscrita el 30 de septiembre de 2022 por Ray Abner Ruiz Berríos,

Afidávit Núm. 32,727 certificando las publicaciones por edictos del

Aviso de Subasta; (iii) copias de cartas notificando a los

Peticionarios las fechas de subastas a las últimas direcciones

conocidas; y (iv) acuses de recibo y/o cartas devueltas. La Moción

Sometiendo Documentos Complementarios Para Celebración de

Subasta fue notificada al Lcdo. Santiago Burgos y a los

Peticionarios a Km 7.3 Carr. 14 Bo. Montellano, Cayey, Puerto Rico

00736. Véase, Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 083-157.

      El 12 de octubre de 2022, el Alguacil del TPI expidió el Acta

de Subasta mediante el cual se informó que la propiedad fue

adjudicada en la subasta pública celebrada ese mismo día por el

precio de $52,250.00, en abono a la Sentencia, y a favor de a

quien se le otorgaría la Escritura de Venta Judicial. Véase,

Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 158-159.

      El 14 de octubre de 2022, se otorgó la Escritura Número 175

de Venta Judicial. Véase, Apéndice Peticionarios, págs. 96-115.

      El 17 de octubre de 2022, CPD presentó una Solicitud de

Orden de Confirmación de Subasta Bajo el Artículo 107 de la Ley

del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Véase, Apéndice de la

Parte Recurrida, págs. 160-163. Para la misma fecha, CPD
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presentó una Moción de Lanzamiento mediante la cual le solicitó

al TPI que ordene el desalojo y lanzamiento de cualquier ocupante

de la propiedad adjudicada a CPD, de acuerdo con el Artículo 112

de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Ambas

mociones fueron notificadas a la representación legal de los

Peticionarios, el Lcdo. Luis A. Santiago Burgos y, a los

Peticionarios a Km 7.3 Carr. 14 Bo. Montellano, Cayey, Puerto Rico

00736. Véase, Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 164-165.

       El 21 de octubre de 2022, notificada el 28 de octubre de

2022, el TPI emitió una Orden de Confirmación de Adjudicación o

Venta Judicial mediante la cual confirmó el procedimiento de

Ejecución de Hipoteca y, en efecto, la venta y adjudicación del

bien hipotecado, por haberse cumplido con todas las formalidades

requeridas en el trámite judicial. Véase, Apéndice de la Parte

Recurrida, págs. 166-168.

       También para el 21 de octubre de 2022, notificada el 28 de

octubre de 2022, el TPI emitió una Orden de Lanzamiento sobre

la propiedad adjudicada a favor de CPD. Consecuentemente, el 28

de octubre de 2022, el TPI expidió el Mandamiento de

Lanzamiento mediante el cual se ordenó a realizarse las gestiones

y avisos necesarios para cumplir con la referida Orden de

Lanzamiento. Véase, Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 169-

170.

       El 9 de enero de 2023, los Peticionarios presentan una

Moción Urgente, Asumiendo Representación y Solicitando Nulidad

de Procedimientos Post Sentencia (en adelante, la "Moción

Urgente"), mediante la cual relaman que se les privó del debido

proceso de ley, en su vertiente procesal, por no habérseles
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notificado los escritos, órdenes, resoluciones y sentencias a la

parte directamente. Véase, Apéndice Peticionarios págs. 27-73.

      El 24 de enero de 2023, CPD presentó su Oposición a Moción

Urgente, Asumiendo Representación y Solicitando la Nulidad de

Procedimientos Post Sentencia (en adelante, la "Oposición a

Moción Urgente"), mediante la cual, en resumen, CPD indicó que

del expediente judicial surge que todos los escritos, órdenes,

resoluciones y sentencias fueron debidamente notificados a los

Peticionarios mediante aquella representación legal que había

permitido la anotación de rebeldía a dicha parte.

      El 6 de febrero de 2023, notificada el 7 de febrero de 2023,

el TPI emitió una Orden mediante la cual señaló una Vista para el

10 de abril de 2023, para argumentar la Moción Urgente

presentada por la Parte Demandada y la Oposición a Moción

Urgente presentada por CPD. Véase, Apéndice de la Parte

Recurrida, págs. 171.

      El 10 de abril de 2023, se celebró la mencionada vista

argumentativa. A la vista compareció el abogado de los ejecutores

de la sentencia en representación de CPD.        Sin embargo, los

Peticionarios no comparecieron. Por tanto, el TPI emitió una Orden

mediante la cual dispuso un término de diez (10) días para que el

Lcdo. Roberto Ortiz De Jesús, representante legal actual de los

Peticionarios, mostrara causa por su incomparecencia. Véase,

Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 172-173.

      El 11 de abril de 2023, los Peticionarios presentaron una

Moción Para Mostrar Causa mediante la cual el Lcdo. Ortiz De

Jesús informó que no compareció a la Vista Argumentativa del 10

de abril de 2023, toda vez que tuvo que asistir a una vista de
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emergencia que confligió con la hora de la vista del caso de autos.

Véase, Apéndice de la Parte Recurrida, págs. 174-176.

      El 26 de abril de 2023, CPD presentó una Moción Solicitando

Señalamiento de Vista mediante la cual solicitó que el TPI, de

considerar que los Peticionarios cumplieron con la Orden de

mostrar causa, señale una nueva vista para discutir las mociones

pendientes. CPD solicitó esta vista, debido a que el proceso de

lanzamiento fue paralizado por el TPI. Véase, Apéndice de la Parte

Recurrida, págs. 177-179.

      El 24 de mayo de 2023, notificada el 2 de junio de 2023, el

TPI emitió una Orden mediante la cual atendió la Moción para

Mostrar Causa presentada por los Peticionarios y la Moción

Solicitando Señalamiento de Vista presentada por CPD. Con

relación a la Moción para Mostrar Causa, el TPI dispuso que "[s]e

da por cumplida la Orden de mostrar causa". Además, el TPI

señaló una Vista para el 16 de octubre de 2023, para discutir las

mociones pendientes. Véase, Apéndice de la Parte Recurrida,

págs. 180-181.

      El 16 de octubre de 2023, se celebró la Vista Argumentativa

a la cual comparecieron CPD y los Peticionarios para argumentar

la Moción Urgente y la Oposición a la Moción Urgente. Como

resultado de esta Vista Argumentativa, el mismo día, 16 de

octubre de 2023, notificada el 18 de octubre de 2023, el TPI, luego

de evaluar y ponderar las mociones pendientes y los argumentos

esbozados por las partes en la vista argumentativa, emitió una

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción

Urgente de los Peticionarios, toda vez que del expediente del caso

de autos "surge que la Sentencia y cada una de las órdenes y

resoluciones emitidas por el Tribunal le fueron notificadas a la
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representación legal de la parte demandada". En fin, el TPI

determinó que la notificación de la Sentencia cumplió con las

disposiciones de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, ante. Véase,

Apéndice Peticionarios, págs. 116-119.

      El 27 de octubre de 2023, los Peticionarios presentaron una

Moción para Solicita[r] Reconsideración (en adelante, la "Moción

de Reconsideración"), mediante la cual solicitaron que el TPI

"reconsidere la sentencia notificada el 18 de octubre de 2023, y

determine que, por falta de notificación adecuada de la Sentencia

en Rebeldía, a la parte demandada la sentencia no es ejecutable

y los actos posteriores nulos". Véase, Apéndice Peticionarios,

págs. 120-127, 47. (Énfasis suplido). En apretada síntesis, los

Peticionarios insistieron en que se debió notificar la Sentencia y

demás órdenes a su dirección y no solo al abogado de récord,

debido al supuesto incumplimiento de su representación legal.

      El 13 de noviembre de 2023, CPD presentó una Oposición a

Moción para Solicita[r] Reconsideración.

      El 21 de noviembre de 2023, notificada el 20 de diciembre

de 2023, el TPI emitió una Orden mediante la cual declaró No Ha

Lugar a la Moción de Reconsideración presentada por los

Peticionarios. Véase, Apéndice Peticionarios, págs. 136-137.

      El 16 de enero de 2024 se presenta este Recurso contra la

Resolución emitida el 16 de octubre de 2023, que el TPI declaró

No Ha Lugar la Moción de la parte peticionaria titulada Moción

Urgente Asumiendo Representación y Solicitando Nulidad de

Procedimientos Post Sentencia. En el mismo se presentan los

siguientes errores:
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        A. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN, AL NO
             NOTIFICAR A LA PARTE RECURRENTE SOBRE LA
             DESATENCIÓN DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL PARA
             CON SU CASO.
        B. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN, AL
             NOTIFICAR LA SENTENCIA A LA REPRESENTACIÓN
             LEGAL DE LA PARTE RECURRENTE A PESAR DE QUE
             ESTE HABÍA ABANDONADO SU CASO Y ENTENDER QUE
             LA NOTIFICACIÓN FUE ADECUADA.

        Veamos.

                                     II.

                                     A.

        El     auto   de certiorari constituye         un     vehículo   procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).                               La

característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

discreción      es    "una   forma       de     razonabilidad        aplicada   al

discernimiento        judicial    para        llegar    a      una     conclusión

justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v.

ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.

BBVAPR, supra, pág. 338.

        A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece los preceptos que

regulan la expedición del recurso discrecional de certiorari, por

parte    del    Tribunal     de   Apelaciones,         para     la   revisión   de
KLCE202400050                                                      13

determinaciones    interlocutorias   del   Tribunal   de   Primera

Instancia. En lo pertinente, la regla dispone que,

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
      el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre
      la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al
      denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
      Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación
      que se interponga contra la sentencia sujeto a lo
      dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales.

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso

de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:

            A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

            B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

             C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error
      craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por
      el Tribunal de Primera Instancia.
KLCE202400050                                                     14

            D. Si el asunto planteado exige consideración
      más detenida a la luz de los autos originales, los
      cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
      elaborados.

            E. Si la etapa del procedimiento en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

              F. Si la expedición del auto o de la orden de
      mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido
      del pleito y una dilación indeseable en la solución final
      del litigio.

           G. Si la expedición del auto o de la orden de
      mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

      Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000).          Como es sabido, en

nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez

Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR

909 (1986).   Por ende, si no se encuentra presente en la petición

ante nuestra consideración ninguno de los criterios antes

transcritos y la actuación del foro primario “no está desprovista

de base razonable ni perjudica derechos sustanciales de una

parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia

a quien corresponde la dirección del proceso”. Sierra v. Tribunal

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

                                 B.

      La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

dispone en lo pertinente que;

      “[c]uando una parte contra la cual se solicite una
      sentencia para conceder un remedio afirmativo haya
      dejado de presentar alegaciones o de defenderse en
KLCE202400050                                                    15

      otra forma según se dispone en estas reglas, y este
      hecho se pruebe mediante una declaración jurada o
      de otro modo, el Secretario o la Secretaria anotará su
      rebeldía.

      El tribunal, a iniciativa propia o a moción de parte,
      podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a
      la Regla 34.3(b)(3).

      Esta anotación tendrá el efecto de que se den por
      admitidas las aseveraciones de las alegaciones
      afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla
      45.2(b)…”

      No cabe duda de que el propósito del mecanismo de la

rebeldía es desalentar el uso de la dilación como estrategia de

litigación. Después de todo la rebeldía es la posición procesal en

que se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a

defenderse o de cumplir con su deber procesal. Nuestro

ordenamiento jurídico permite que el tribunal “motu proprio” o a

solicitud de parte, anote la rebeldía por no comparecer a contestar

la demanda o a defenderse. El efecto de la anotación es severo,

se dan por ciertos los hechos correctamente alegados en la

demanda. No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

sido enfático en que los tribunales no están exentos de evaluar, si

la causa de acción presentada amerita la concesión del remedio

solicitado. Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 179

(2015); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580,

587-588 (2011).

      Los tribunales no son meros autómatas, ya que no están

obligados a conceder indemnizaciones, porque un caso esté

litigándose en rebeldía. El proceso de formar conciencia judicial

exige la comprobación de cualquier aseveración mediante prueba.

Así lo dispone la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, supra. El

tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y

adecuadas para lograr ese objetivo. Una parte demandada en

rebeldía que ha comparecido previamente tiene derecho a:
KLCE202400050                                                    16

conocer del señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar a los

testigos de la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la

sentencia. Tampoco, renuncia a las defensas de falta de

jurisdicción y de que la demanda no aduce hechos constitutivos

de una causa de acción en favor del reclamante. Ha de quedar

claro que un trámite en rebeldía no garantiza per se, una

sentencia favorable al demandante. El demandado en rebeldía, no

admite hechos incorrectamente alegados ni conclusiones de

derecho. Continental Inc. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817

(1978).

      La anotación de rebeldía no es garantía per se dé una

sentencia a favor del reclamante. Las alegaciones concluyentes,

las conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma

generalizada no son suficientes para sostener una adjudicación a

favor del demandante. Los daños generales, las sumas no líquidas

reclamadas y la cuantía de los daños deben ser objeto de prueba.

Luego de anotar la rebeldía, el tribunal debe celebrar las vistas

evidenciarias necesarias y adecuadas para que el querellante

sustente sus alegaciones y pruebe los daños alegados. Al celebrar

las vistas, el tribunal deberá aplicar los mecanismos contemplados

en las Reglas de Procedimiento Civil para casos de rebeldía.

Vizcarrondo Morales v. MVM, 174 DPR 921, 937 (2008).

      La Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

establece que el tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de

rebeldía por causa justificada, mientras que una sentencia en

rebeldía podrá dejarse sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2 de

Procedimiento     Civil.   Estas   reglas   deben     interpretarse

liberalmente. Cualquier duda debe resolverse, a favor del que

solicita que se deje sin efecto una anotación de rebeldía o una

sentencia, a fin de que el caso se adjudique en sus méritos. Rivera
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Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 591-592; Vázquez

Ortiz v. López Hernández, 160 DPR 714, 725-726 (2003).

      La parte que quiere que se deje sin efecto la rebeldía tiene

que presentar evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal

demuestren justa causa para la dilación o probar que tiene una

buena defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que se

puede ocasionar a la otra parte con relación al proceso es

razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop

supra, pág. 593.

      La Regla 45. 2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

establece las circunstancias en las que podrá dictarse sentencia

en rebeldía. El inciso (a) faculta al secretario o secretaria del

tribunal a dictar sentencia en rebeldía, cuando la reclamación es

por una suma líquida, o puede liquidarse mediante cómputo. El

secretario o secretaria podrá dictar sentencia en rebeldía, a

solicitud de la demandante acompañada con una declaración

jurada de la cantidad adeudada. El inciso (b) de la Regla 45.2,

supra, establece que, en los demás casos, la parte con derecho a

una sentencia en rebeldía, la solicitará al tribunal. El tribunal

deberá celebrar las vistas que entienda necesarias y adecuadas

para fijar el estado de una cuenta, determinar el importe de los

daños, comprobar la veracidad de cualquier aseveración mediante

prueba, o hacer una investigación de cualquier otro asunto.

Cuando la parte contra la cual se solicita sentencia en rebeldía ha

comparecido al pleito, será notificada del señalamiento de

cualquier vista en rebeldía que se realice.

      El tribunal podrá dejar sin efecto una sentencia en rebeldía

de acuerdo con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V. La regla citada establece que el tribunal podrá relevar a una

parte o su representación legal de una sentencia, orden o
KLCE202400050                                                   18

procedimiento por las razones siguientes: 1) error, inadvertencia,

sorpresa o negligencia excusable; 2) descubrimiento de evidencia

esencial que a pesar de una debida diligencia no pudo descubrirse

a tiempo para solicitar un nuevo juicio; 3) fraude, falsa

representación u otra conducta impropia de una parte adversa; 4)

nulidad de la sentencia; 5) la sentencia fue satisfecha, renunciada

o cumplida o la sentencia anterior en que se fundaba fue revocada

o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la

sentencia continúe en vigor o 6) cualquier otra razón que

justifique la concesión de un remedio contra los efectos de la

sentencia.

                                C.

     La Regla 67.1 de Procedimiento Civil ordena la notificación

de los escritos a todas las partes, salvo a aquellas que se

encuentren en rebeldía por falta de comparecencia. La regla

dispone:

     Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito
     presentado por las partes será notificado a todas las
     partes. La notificación se efectuará el mismo día en
     que se emita la orden o se presente el escrito.
     No será necesario notificar a las partes en rebeldía por
     falta de comparecencia, excepto que las alegaciones
     en que se soliciten remedios nuevos o adicionales
     contra dichas partes se les notificarán en la forma
     dispuesta en la Regla 4.4 o, en su defecto, por la Regla
     4.6, para diligenciar emplazamientos. 32 LPRA Ap. V,
     R. 67.1

      Es decir, cuando una parte se le diligenció debidamente el

emplazamiento y no compareció, no es necesario que se le

notifique todo escrito u orden subsiguiente a la demanda original.

Véase Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 105

citado en BPPR v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015). Sin embargo,

cuando la parte a la que se le anota la rebeldía comparece, se

deben enviar todas las notificaciones correspondientes aun
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cuando se le haya anotado la rebeldía. BPPR v. Andino Solís, 192

DPR 172, 180 (2015).

       El Tribunal Supremo ha expresado que “cualquier actuación

de parte de un demandado, excepto para atacar la jurisdicción

sobre su persona, que reconozca el caso en la corte constituirá

una comparecencia general”. Gómez v. Junta Examinadora de

Ingenieros, 40 DPR 662, 667 (1930) citado en BPPR v. Andino

Solís, supra, a la pág. 180 (2015).

       “Una comparecencia mediante moción de prórroga, traslado

o desestimación es suficiente para que la parte sea notificada de

todos los escritos y órdenes del tribunal, aun cuando se le haya

anotado la rebeldía.” BPPR v. Andino Solís, supra, a las págs. 180-

181.

       Una vez se diligencie emplazamiento a una persona, la

Regla 45.1 permite que se anote la rebeldía cuando “una parte

contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio

afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse

en otra forma…1 Así la Regla 45.2(b) permite al Tribunal dictar

sentencia en rebeldía.

       Una sentencia adjudica las controversias habidas en un

pleito y define los derechos de las partes involucradas. Falcón

Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989 (1995) Cárdenas

Muxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 656 (1987).

       Una vez se dicta sentencia, la Regla 46 de las de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. III, establece la forma en

torno a la notificación y registro de sentencias:

       Será deber del secretario notificar a la brevedad
       posible dentro de las normas que fije el Tribunal

1
 Sobre las notificaciones a la parte en Rebeldía, la Regla 67.1 dispone que …No
será necesario notificar a las partes en rebeldía por falta de comparecencia,
excepto que las alegaciones en que se soliciten remedios nuevos o adicionales
contra dichas partes, se les notificarán en la forma dispuesta en la Regla 4.4
para diligenciar emplazamientos.
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       Supremo, las sentencias que dicte el tribunal,
       archivando en autos copia de la sentencia y de la
       constancia de la notificación y registrando la
       sentencia. La anotación de una sentencia en el
       Registro de Pleitos y Procedimientos constituye el
       registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto
       hasta archivarse en autos copia de su notificación y el
       término para apelar empezará correr a partir de la
       fecha de dicho archivo.

       Las Reglas de Procedimiento Civil imponen al secretario del

tribunal la obligación de notificarla (notificar la sentencia) cuanto

antes a todas las partes afectadas y de archivar en autos una copia

de la constancia de dicha notificación. Este deber de notificar las

sentencias no constituye un mero requisito impuesto por las

Reglas de Procedimiento Civil. Su imperiosidad radica, además,

en el efecto que tiene dicha notificación sobre los procedimientos

posteriores a la sentencia. Falcón Padilla, supra, pág. 989

(intercalado nuestro)

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido este

pronunciamiento sobre la importancia de la adecuada notificación

de la sentencia. En el caso de R & G Mortgage Corporation v.

Beatriz Arroyo Torres, 180 DPR 511 (2010), indicó lo siguiente:

       Es de notar, que una vez se dicta una sentencia, las Reglas
       de Procedimiento Civil le imponen a la Secretaría del tribunal
       la obligación de notificarla lo antes posible a todas las
       partes, archivar en autos una copia de la constancia de la
       notificación y, a su vez, notificar dicho archivo a las partes.2
       A partir de la fecha del referido archivo es que comienza a
       correr el término para solicitar la revisión del dictamen o
       para iniciar algún procedimiento posterior a ésta.3 Por tal
       razón, es que se reconoce la imperiosidad de una adecuada
       notificación, porque la falta de ésta incide en el derecho de
       una parte a cuestionar el dictamen judicial, y así enerva las
       garantías del debido proceso de ley.4

       Claramente, “[l]a correcta y oportuna notificación de las
       órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un

2
  Nota al calce 9 citada en el caso: Véanse, Reglas 46 y 65.3 de Procedimiento
Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, y de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.)
3
  Nota al calce 10 citada en el caso: Id.)
4
  Nota al calce 11 citada en el caso. Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 598
(2003); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 990 (1995).
KLCE202400050                                                                21

       ordenado sistema judicial”.5 Por consiguiente, hemos
       reconocido que la notificación es parte integral de la
       actuación judicial, ya que afecta el estado procesal del
       caso.6 Por eso, “para que una resolución u orden surta
       efecto, tiene, no solamente que ser emitida por un tribunal
       con     jurisdicción,  sino    que     también    notificada
       adecuadamente a las partes ya que es a partir de la
       notificación que comienzan a cursar los términos
       establecidos”.7           Consecuentemente,        “[r]esulta
       indispensable y crucial que se notifique adecuadamente de
       una determinación sujeta a revisión judicial a todas las
       partes cobijadas por tal derecho”.8 (citas en notas al calce)

       La Regla 65.3 de Procedimiento Civil vigente al momento

del TPI emitir la sentencia, regula también lo pertinente a la

notificación    de   órdenes     y   sentencias.        Dispone     que    (a)

inmediatamente después de archivarse en autos copia de una

orden o sentencia, el secretario notificará tal archivo a todas las

partes que hubieren comparecido en el pleito en la forma

preceptuada en la regla 67. El depósito de la notificación en el

correo será aviso suficiente a todos los fines para los cuales se

requiera por estas reglas una notificación del archivo de una orden

o sentencia.

       Así, la Regla 65.3 (a) de dicho cuerpo reglamentario le

impone la obligación al secretario del Tribunal de Primera

Instancia de notificar el archivo en autos de la copia de la

resolución u orden recurrida a todas las partes que hubiesen

comparecido al pleito. 32 L.P.R.A. Ap. III R. 65.3 (a). De ahí que

se haya resuelto que “[p]ara que lo determinado por el tribunal

en una resolución, orden o sentencia surta efecto, el debido

proceso de ley requiere, como mínimo, que se les notifique a las

5
  Nota al calce 12 citada en el caso J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, Cap. X, pág. 1138. Véase,
además, Caro v. Cardona, supra, pág. 599; Falcón Padilla v. Maldonado Quirós,
supra, pág. 993.
6
  Nota al calce 13 citada en el caso: Caro v. Cardona, supra, pág. 600.
7
  Nota al calce 14 citada en el caso: R. Hernández Colón, Derecho Procesal
Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 1701, pág. 193
8
  Nota al calce 15 citada en el caso: Cuevas Segarra, op. Cit., pág. 1139; Caro
v. Cardona, supra, pág. 599.
KLCE202400050                                                       22

partes…”. Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 599 (2003) (énfasis

en el original).

       “La correcta y oportuna notificación de las
       [resoluciones], órdenes y sentencias es requisito sine
       qua non de un ordenado sistema judicial. Su omisión
       puede conllevar graves consecuencias, además de
       crear demoras e impedimentos en el proceso judicial.

          Resulta indispensable y crucial que se notifique
       adecuadamente de una determinación sujeta a revisión
       judicial a todas las partes cobijadas por tal derecho”.
       Íd. (citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
       Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, Cap. X,
       págs. 1138-1139).

       El inciso (b) de referida Regla dispone la forma en que un

tribunal tiene que notificar sus órdenes y sentencias a las partes

que están en rebeldía:

       El secretario notificará a la última dirección que se
       haya consignado en el expediente por la parte que
       se auto representa o a la dirección del abogado o
       abogada que surge del registro del Tribunal
       Supremo      para     recibir     notificaciones,  en
       cumplimiento con la Regla 9 de estas Reglas, toda
       orden, resolución o sentencia que de acuerdo con
       sus términos deba notificarse a las partes que
       hayan comparecido en el pleito.

       De la referida Regla 65.3 se pueden colegir dos (2)

situaciones.       Primero,   cuando   la   parte   en   rebeldía   por

incomparecencia fuese de identidad desconocida o figurare con

nombre ficticio, se efectuará la notificación de la sentencia

mediante la publicación de edictos. En segundo lugar, cuando la

identidad de la parte en rebeldía por incomparecencia fuese

conocida, se remitirá la notificación de la sentencia a su última

dirección conocida. Falcón Padilla v. Maldonado, supra, pág. 991,

992.

       En los casos en donde hay partes en rebeldía, como ocurre

en el presente caso, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil vigente,

en su inciso (c) expone la forma correcta de notificación.

Corresponde al Secretario expedir un “aviso de notificación de
KLCE202400050                                                         23

sentencia    por   edictos    para   su   publicación   por   la   parte

demandante” para aquellas partes en rebeldía emplazadas por

edictos,    demandados       desconocidos,   o   que    nunca      hayan

comparecido en autos.

      Cónsono con lo anterior, es norma sólidamente establecida

en nuestra jurisdicción que el término para recurrir de una orden,

resolución o sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia

“no comienza a transcurrir si el tribunal deja de notificar dicho

dictamen a alguna de las partes”. Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila

et als., 158 D.P.R. 255, 260 (2002).

                                  III.

      A raíz de una acción de relevo de Sentencia que es denegada

por el TPI, se presenta el Certiorari que aquí atendemos. No

tenemos duda que se vulneró el debido proceso de ley de los

peticionarios durante el trámite de anotarles la Rebeldía y de

inmediato dictar Sentencia en el caso. Ese proceder hace la

sentencia en rebeldía sea nula.

      El TPI no cumplió con las disposiciones requeridas cuando

se le anota la rebeldía a una parte que ha estado compareciendo

y defendiéndose en el proceso. Los errores señalados fueron

cometidos.

      La Moción que da base al reclamo que aquí atendemos, el

16 de octubre de 2023, se celebró la Vista Argumentativa a la cual

comparecieron CPD y los Peticionarios para argumentar dicha

Moción Urgente y la Oposición a esa Moción Urgente. Como

resultado de esa Vista Argumentativa, el mismo día, 16 de octubre

de 2023, notificada el 18 de octubre de 2023, el TPI, sin

percatarse de que la sentencia en rebeldía emitida violaba el

debido proceso de ley, emite la Resolución mediante la cual
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declara No Ha Lugar la Moción Urgente de los Peticionarios, dando

por bueno la realidad que no se había notificado nunca a la parte

que se le había anotado la Rebeldía y se había continuado el

proceso sin esa notificación básica. El TPI tuvo conocimiento de

que el abogado que había comparecido por la parte demandada

estaba enfrentando problemas de atender los señalamientos del

Tribunal. Ese proceder había que notificarlo a la parte que había

contratado ese abogado. En fin, el TPI determinó erróneamente,

que la notificación de la Sentencia cumplió con las disposiciones

de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, ante, cuando ello no era

correcto. Véase, Apéndice Peticionarios, págs. 116-119.

      El TPI debe tener claro que los tribunales no son meros

autómatas y que el proceso de formar conciencia judicial exige la

comprobación de todo lo que pueda inferirse de un trámite,

máxime cuando se trata de privar de una propiedad a una parte.

Una anotación de rebeldía no necesariamente acarrea una

sentencia en rebeldía siempre. Maxime cuando el Tribunal se

percata que no hay una adecuada defensa por parte del abogado

contratado por esa parte y en esos casos en particular se debe

actuar con más cautela.

      La determinación del foro primario cuya revisión se nos

solicita se trata de aspectos relacionados al manejo de la ejecución

de una sentencia en rebeldía dictada en violación al debido

proceso de ley. Ante ello están presentes varios de los requisitos

de   la Regla 40, supra y    la   Regla   52.1   de   Procedimiento

Civil, supra, que justifican variar el ejercicio de la discreción pues

no se interpretó por el TPI lo correcto del trámite que requería

este asunto que se trae ante nuestra consideración. Procede

expedir el auto de certiorari y revocar la orden contra la que se
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recurre y aclarar que el debido proceso de ley requiere que se

continúen los trámites desde aquellas etapas que hemos

identificado que se tenía que notificar a la parte y no se hizo.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de este dictamen, expedimos el recurso de Certiorari,

revocamos la orden contra la que se recurre y ordenamos la

continuación del procedimiento conforme lo aquí expresado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones