Court Opinion

ID: 9916030
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:14.910169+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:36.987188
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                   REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS
                         PANEL XI-ESPECIAL

                                                 Certiorari
                                                 procedente del
      KHETAM ODEH                                Tribunal de
                                                 Primera Instancia,
                                                 Sala Superior de
         EX PARTE                                Caguas

                              KLCE202301287 Caso Núm.:
         Peticionaria                       CG2022CV03421

                                                 Sobre:
                                                 Nombramiento de
                                                 Administrador de
                                                 los Bienes del
                                                 Finado (Causante)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

      El 16 de noviembre de 2023, compareció ante este Tribunal

de Apelaciones, Khetam Odeh, Anuar, Manal, Nura y Mistafa

Sammy Odeh, Akram Odeh e Ibrahim Odeh, (en adelante, parte

peticionaria) mediante recurso de Certiorari. Por medio del recurso,

la parte peticionaria nos solicita que atendiéramos una paralización

incoada mediante otro recurso de Certiorari presentado ante este

Foro el pasado 3 de octubre de 2023.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

                                  I

      Habida cuenta que se han presentado varios recursos

respecto a la controversia que nos ocupa en adelante, resumiremos

los hechos e incidencias procesales pertinentes a la controversia de

autos.

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202301287                                                         2

         Conforme surge del expediente, el 12 de octubre de 2022, la

señora Khetam Odeh, presentó la Petición de Nombramiento de

Administrador Judicial, mediante procedimiento Ex Parte, a los fines

de que el Tribunal de Primera Instancia la designara como

administradora judicial de los bienes del señor Sammy Odeh. Surge

de la aludida petición que, la señora Khetam Odeh era la cónyuge

supérstite del señor Sammy Odeh, con quien procreó siete (7) hijos:

el señor Ibrahim Sammy Odeh; el señor Akram Sammy Odeh; la

señora Manal Sammy Odeh; el señor Mustafa Sammy Odeh; la

señora Anuar Sammy Odeh; la señora Nura Sammy Odeh, y el señor

Awadallah Sammy Odeh. La parte peticionaria, alegó que, el señor

Sammy Odeh había dejado bienes en Puerto Rico y en el extranjero,

que incluían bienes inmuebles, efectivo, acciones y unidades de

membresía.       De igual forma, adujo que, todos sus hijos, con

excepción del señor Awadallah Odeh, habían acordado designar a la

señora Khetam Odeh como administradora de los bienes y el caudal

del señor Sammy Odeh. Así lo hizo constar mediante declaraciones

juradas firmadas por estos, anejadas a su petición.

         En el ínterin del desarrollo de este caso, el Sr. Awadalla Odeh

compareció ante el Foro Primario mediante una Urgente Moción

Informando Solicitud de Consolidación y Solicitud de Paralización de

Vista.     Solicitó la consolidación del caso de epígrafe con el caso

CG2022CV03286, que se encontraba pendiente en otra sala. A tales

efectos, solicitó que se paralizaran los procedimientos del caso

CG2022CV03421, hasta tanto se resolviera la solicitud de

consolidación.

         Subsiguientemente, la parte peticionaria presentó la Moción

en Oposición a Solicitud de Paralización de los Procedimientos y de

Alegada Consolidación. En esencia, la parte peticionaria sostuvo

que, no procedía la consolidación de los casos, debido a que el caso

CG2022CV03286 se trataba de un caso de carácter contencioso.
KLCE202301287                                                        3

Asimismo, adujo que, conforme al Art. 1745 del Código Civil de

2020,1 en la designación del administrador de la herencia, el

tribunal debía considerar, entre otros factores, el orden de prelación,

siendo el cónyuge supérstite el primero en la lista. Por lo anterior,

le solicitó al foro de primera instancia que declarara No Ha Lugar la

solicitud del señor Awadallah Odeh.

      El 9 de diciembre de 2023, el señor Awadallah Odeh presentó

la Oposición a Nombramiento de Administrador Judicial.              Se

desprende de la referida moción, que el señor Awadallah Odeh se

opuso al nombramiento de la señora Khetam Odeh como

administradora judicial, y solicitó que se nombrara             a un

administrador judicial que no estuviera relacionado a la familia de

forma alguna. Expresó que, la señora Khetam Odeh nunca estuvo

a cargo o al tanto de los asuntos del caudal, y que era el señor

Ibrahim Odeh quien controlaba todo lo relacionado a las finanzas de

la familia, así como del caudal del señor Sammy Odeh.

      Acaecidas     varias   incidencias   procesales,   innecesarias

pormenorizar, el 10 de enero de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia celebró una Vista Argumentativa con el propósito de

evaluar la capacidad de la parte peticionaria para desempeñar el

cargo de administradora de los bienes y del caudal del señor Sammy

Odeh. En la vista, fueron presentados los testimonios de la señora

Khetam Odeh, del señor Akram Odeh y del señor Awadallah Odeh.

      El 28 de febrero de 2023, el foro recurrido emitió una

Resolución. En virtud de esta, luego de evaluar los planteamientos

y testimonios esbozados en la Vista Argumentativa, concluyó que, la

señora Khetam Odeh no tenía el conocimiento necesario para

determinar cómo manejar los bienes del caudal, en especial el

negocio de Sammy Odeh & Sons, LLC, por no entender los conceptos

1 31 LPRA Sec. 11524.
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básicos de la administración del negocio y su manejo.         El foro

primario añadió que, la señora Khetam Odeh desconocía los efectos

de una mala administración, y la necesidad del negocio de rendir y

pagar contribuciones.      De igual forma, se desprende de la

Resolución, que la parte peticionaria no conocía el nombre completo

del CPA que alegadamente contrataron con relación a los asuntos

del caudal ni cuánto se le iba a pagar. Conforme a lo anterior, el

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Petición de

Nombramiento de Administrador Judicial incoada por la señora

Khetam Odeh. Asimismo, les ordenó a las partes que, en el periodo

de siete (7) días perentorios, sometieran al foro de primera instancia

tres (3) nombres en conjunto, para la asignación del administrador

judicial.   Les apercibió que, el incumplimiento de la orden

conllevaría que el foro primario designara, como correspondiese en

derecho.

      La parte peticionaria presentó la Moción en Cumplimiento de

Orden el 7 de marzo de 2023.           Sugirió como candidatos a

administrador judicial al señor Akram Sammy Odeh y a la señora

Nura Sammy Odeh. Arguyó que, con el propósito de elegir a un

tercer candidato intentó comunicarse con la representación legal del

señor Awadallah Sammy Odeh y con este pero que tal intento fue

infructuoso.

      No obstante, el 8 de marzo de 2023, el señor Awadallah

Sammy Odeh, presentó la Moción en Cumplimiento de Orden. Adujo

que, una persona imparcial independiente de la familia y sus

abogados debía ser la persona que ejerciera las funciones de

administrador judicial del caudal del señor Sammy Odeh. De

acuerdo con lo anterior, sugirió al licenciado Juan Lorenzo Martínez,

CPA, para que ejerciera como administrador judicial.

      Luego    de    varios    trámites   procesales     innecesarios

pormenorizar, el 10 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera
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Instancia emitió una Orden en la cual les ordenó a las partes que en

un término de cinco (5) días, sometieran tres (3) nombres alternos

de candidatos a ocupar el puesto de Administrador Judicial. Les

advirtió que, de no cumplir con lo ordenado el tribunal realizaría el

nombramiento. Así las cosas, y ante la incapacidad de las partes en

llegar a un acuerdo sobre la designación del administrador judicial,

el foro a quo, mediante la Orden Sobre Designación de Administrador

Judicial, nombró al licenciado Jorge M. Azize (CPA) como

administrador judicial del caudal del señor Sammy Odeh.

       Surge de la orden recurrida que, la primera instancia judicial

señaló una vista urgente para el 17 de abril de 2023, para que el

licenciado Jorge M. Azize y las partes comparecieran con sus

representantes legales.        El 31 de marzo de 2023,2 la parte

peticionaria presentó la Moción de Reconsideración. Le solicitó al

foro de primera instancia que reconsiderara la Orden Sobre

Designación de Administrador Judicial, puesto que esta había sido

dictada antes de que vencieran los cinco (5) días perentorios

concedidos a las partes por el Tribunal de Primera Instancia. De

igual forma, argumentó sobre el orden de prelación respecto a las

personas que pudiesen ser nombradas administradoras del caudal.

Reiteró que el foro primario debía considerar al señor Akram Sammy

Odeh y a la señora Nura Sammy Odeh como posibles candidatos

para ocupar el cargo de administrador judicial.

       Ante el incumplimiento de las partes en presentar posibles

candidatos al puesto de Administrador Judicial, el Tribunal de

Primera Instancia sostuvo su determinación de designar al Lcdo.

Jorge M. Azize. Posteriormente, para allá para el 21 de abril de 2023,

la parte peticionara presentó una nueva Solicitud de Petición

enmendada.3       Mediante esta, le solicitó al Tribunal de Primera

2 Entrada 31 en el expediente judicial en el SUMAC.
3 Entrada 81 en el expediente judicial en el SUMAC.
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Instancia que le permitiera enmendar la Petición con el fin de

sustituir al señor Khetam Odeh, por su hijo, el señor Akram Sammy

Odeh para ejercer el cargo de administrador judicial del caudal del

señor Sammy Odeh. Además, le solicitó al foro de primera instancia

que, señalara una vista evidenciaria para evaluar la capacidad del

señor Akram Sammy Odeh para fungir como administrador judicial.

       Luego de varios trámites procesales, que son innecesarios

mencionar en este momento, ante la denegatoria del Foro a quo, e

inconforme con lo resuelto, el 25 de abril de 2023, la parte

peticionaria acudió ante este foro revisor mediante Certiorari.

       En igual fecha, junto a su recurso, presentó la Moción en

Auxilio de Jurisdicción.        Por medio de esta, nos solicitó que

paralizáramos los procedimientos pendientes ante el Tribunal de

Primera Instancia.          El procedimiento continúo ventilándose

referente a la incorporación de la representación de la Lcda.

Margarita Ramos Rosado. No obstante, el planeamiento ser la

adjudicación del administrador judicial, Lcdo. Jorge Azize no fue

resuelto en ese momento, ya que el recurso fue desestimado por

prematuro.4

       Posteriormente      y   dentro    del    curso     ordinario   de   los

procedimientos, el licenciado Azize fue designado por el foro

primario como administrador judicial. Sin embargo, este aún no ha

podido ejercer sus funciones debido ante las objeciones de la parte

peticionaria    las   cuales    han     generado       distintas   incidencias

procesales. Inconforme con lo resuelto en la minuta resolución

emitida el 6 de septiembre de 2023 sobre vista celebrada el 22 de

agosto de 2023 y notificada el 31 de agosto de 2023,5 la parte

peticionaria acudió ante este foro revisor mediante el recurso de

Certiorari. En aquel momento resolvimos que el Tribunal de

4 Entrada 98 en el expediente judicial en el SUMAC.
5 Entrada 185 en el expediente judicial en el SUMAC.
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Instancia podía nombrar un administrador judicial en ausencia de

un acuerdo entre las partes. Toda vez que el Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA, provee discreción al juzgador en

ausencia de acuerdo entre las partes.

       Posteriormente la parte demandante presentó una solicitud

de desistimiento al amparo de la Regla 39.1(b) que fue declarada No

ha lugar por el Tribunal de Instancia.6

       Así las cosas y luego de múltiples trámites procesales ante el

foro primario sobre los mismos méritos, lo cual no son necesarios

abundar, la parte peticionaria recurre nuevamente ante este foro

planteando el siguiente señalamiento de error:

       Primero: Erró el honorable Tribunal de Primera
       Instancia, Sala de Caguas al decretar sin lugar la
       solicitud de desistimiento presentada por los
       peticionarios-recurrentes.

       Por no entender necesaria la comparecencia de la parte

recurrida, prescindimos de esta.7

                                         II
A. El Certiorari

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

6 Entrada 221 en el expediente judicial en el SUMAC.
7 En virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier
caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera
eficiente.
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considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.
KLCE202301287                                                       9

      El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v.

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular,

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Jurisdicción

      Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los

casos y las controversias que sean presentados a su atención.

Miranda Corrada v. DDEC et al., 2023 TSPR 40, 211 DPR ___ (2023);

Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020); Torres

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019).            Es

normativa reiterada que, los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo que, los asuntos

relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos

con prontitud. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288, 298

(2022); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500.         La

ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu proprio, ya que,

esta incide de forma directa sobre el poder del tribunal para

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204

DPR 374, 386 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág.
KLCE202301287                                                      10

500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018);

Suffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005).

      La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación

del escrito a las partes apeladas. González Pagán v. Moret Guevara,

202 DPR 1062, 1070-1071 (2019). Una de las instancias en que un

tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso

tardío o prematuro. Lo anterior, debido a que, una apelación o

recurso prematuro, al igual que uno tardío adolece del grave e

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Báez Figueroa v. Adm.

Corrección, supra, pág. 299; AFI v. Carrión Marrero, 209 DPR 1

(2022); Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96,

107 (2015). Su presentación carece de eficacia y como consecuencia

no produce ningún efecto jurídico, pues no hay autoridad judicial

para acogerlo. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, supra, pág. 299;

AFI v. Carrión Marrero, supra, pág. 4.

      Un recurso de revisión tardío es aquel que se presenta fuera

del término disponible para ello, y que, consecuentemente,

manifiesta la ausencia de jurisdicción. Desestimar un recurso por

ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente,

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro. Yumac Home Furniture

v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107.              En cambio, la

desestimación de un recurso por prematuro le permite a la parte que

recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que

estaba ante su consideración. Íd.

      Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos,

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. Íd.;

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014);
KLCE202301287                                                           11

Suffront v. AAA, supra, pág. 674; Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa

et al., 210 DPR 384, 394-395 (2022).

       Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones,8 confiere facultad a este Tribunal para a

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de

jurisdicción.

C. La Minuta

       La Regla 32(B) de las Reglas para la Administración del

Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 1999, (Reglas para la Administración del Tribunal de

Primera Instancia), en su primer inciso, define las minutas como

“[e]l registro oficial de las incidencias más importantes ocurridas

durante la vista judicial en el salón de sesiones y en cámara.” Esta

regla, además dispone que, de ordinario, “[l]a minuta no será

notificada a las partes o a sus abogados, salvo que incluya una

Resolución u Orden emitida por el juez o la jueza en corte abierta,

en cuyo caso será firmada por el juez o la jueza y notificada a

las partes”.9 (Énfasis nuestro) Véase Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila

et als., 158 DPR 255, 262 (2002).

       El Tribunal Supremo ha reiterado que, cuando una minuta

incluya una resolución u orden emitida por el tribunal en corte

abierta deberá contar con la firma del juez o jueza que la dictó.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). Es por lo que la referida

regla le impone un requisito de forma al juez que emitió la

determinación en corte abierta para que, con su firma, le supla

validez y certeza a la decisión recogida mediante la minuta. Íd. Para

que la orden o resolución acogida dentro de la minuta tenga

8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
9 Regla 32(B) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera
Instancia.
KLCE202301287                                                          12

legitimidad y eficacia, es necesario que esté firmada por la juez o la

jueza que emitió el dictamen interlocutorio. Íd. Conforme lo antes

dispuesto, la Minuta deberá ser firmada por el juez o la jueza para

que pueda ser un dictamen revisable por los tribunales revisores.10

      Esbozada la normativa jurídica, procedemos a aplicarla a la

controversia de epígrafe.

                                   III

      Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso

presentado.

      La parte peticionaria nos solicita la revisión de una Minuta

emitida por el foro de primera instancia el 2 de noviembre de 2023,

producto de una vista celebrada el 27 de octubre de 2023. En virtud

de esta, la primera instancia judicial, en corte abierta, declaró No

Ha Lugar la Solicitud de Desistimiento por la parte Demandante. Sin

embargo, de un examen de la Minuta pudimos constatar que no

contiene la firma de la juez que presidió la vista, por ende, esta no

es revisable en estos momentos.

      Según la normativa reseñada, para que la orden o resolución

acogida dentro de la minuta tena legitimidad y eficacia, es necesario

que esté firmada por la juez o la jueza que emitió el dictamen

interlocutorio.11 De lo contrario, no sería un dictamen revisable por

este foro.

       Por motivo de que la Minuta recurrida no cumple con el

requisito de incluir la firma de la juez que presidió la vista, nos

encontramos impedidos de revisarla en esta etapa, por esta haber

sido recurrida de forma prematura. Consecuentemente, carecemos

10 Véase de manera persuasiva Cruz González v. Thermo King de Puerto Rico,
(2006), KLCE200601305.
11 Pueblo v. Ríos Nieves, supra.
KLCE202301287                                                      13

de jurisdicción para entrar en los méritos del recurso ante nuestra

consideración.

      Aclaramos que, lo aquí resuelto no es óbice para que, una vez

el juzgador de instancia le imprima su firma a la Minuta en cuestión,

de así interesarlo las partes, recurran nuevamente ante este foro

revisor.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

de epígrafe por falta de jurisdicción.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones