Court Opinion

ID: 9962810
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:54:42.161045+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:36.646941
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

    KARLA TATIANA                                    Apelación procedente
   RIVERA LAMBERTY                                   del Tribunal de
                                                     Primera Instancia Sala
          Apelante                                   de Superior de San
                                                     Juan
              V.
                                KLAN202400022 Caso Núm.:
                                              SJ2021CV08416 (804)
 PILAR PÉREZ ROJAS,
COMPAÑÍA DE SEGURO
         ABC                                         Sobre:
                                                     Acción Civil
          Apelados                                   Daños y Perjuicios por
                                                     Impericia Profesional
Panel integrado por su presidente, el Juez Pagán Ocasio, el Juez
Marrero Guerrero y la Jueza Boria Vizcarrondo

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

       Comparece la Sra. Karla Tatiana Rivera Lamberty (en

adelante, señora Rivera Lamberty o apelante) mediante recurso de

Apelación en el que nos solicita que revoquemos una Sentencia

dictada el 3 de noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).1 En esta determinación,

el foro primario declaró ha lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por la Sra. Pilar B. Pérez Rojas (en adelante, licenciada

Pérez Rojas o parte apelada) en contra de la apelante. En

consecuencia, desestimó la reclamación al considerar que no están

presentes los elementos necesarios para que proceda una acción por

daños y perjuicios.

       Tras evaluar el expediente ante nuestra consideración,

revocamos la Sentencia apelada. Explicamos.

1 Apéndice de la Apelación de la señora Rivera Lamberty, págs. 15-29. Archivada

y notificada en autos el 6 de noviembre de 2023.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202400022                                                             2

                                       -I-

       El 29 de abril de 2016, la señora Rivera Lamberty y la

licenciada Pérez Rojas suscribieron un contrato de servicios

profesionales.2 Según lo estipulado, ambas partes acordaron que,

entre otras cosas, la licenciada Pérez Rojas actuaría como

representante legal de la señora Rivera Lamberty en la continuación

del litigio Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, FAC2009-1188,

relacionado con la liquidación de la sociedad legal de gananciales,

proceso dilucidándose en el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina. Con ese fin, pactaron los honorarios legales

en   doscientos         dólares   ($200.00)   por   hora,   facturables   en

incrementos mínimos de quince (15) minutos. Además, la licenciada

Pérez Rojas requirió el pago inicial no reembolsable de siete mil

dólares ($7,000.00), a pagarse el día que suscribieron el contrato

para formalizar la representación legal.

       Después de varios trámites procesales en el litigio relacionado

con la liquidación de la sociedad legal de gananciales, el 22 de junio

de 2016, el foro primario emitió una Sentencia adversa a los

intereses de la señora Rivera Lamberty. En concreto, determinó que

los activos comunitarios ascendían a $137,029.34 y que el único

pasivo era una hipoteca que gravaba una propiedad en la

Urbanización Andrea's Court. Además, reconoció a la señora Rivera

Lamberty un crédito de $163,002.17 y al señor José A. Rodríguez

Amador un crédito de $418,491.69 sobre la totalidad de los bienes.

Esto implicó que éste último tuviera un crédito neto de $255,489.52.

De igual manera, el foro de instancia adjudicó a favor del señor

Rodríguez Amador el inmueble en Andrea's Court. Por último,

ordenó que una deuda con el Centro de Recaudación de Ingresos

Municipales (CRIM) se pagara con el dinero consignado en el

2 Íd., págs. 474-475.
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tribunal y que el sobrante, si alguno, se abonara al crédito del señor

Rodríguez Amador.

       Inconforme, la señora Rivera Lamberty, por medio de la

licenciada Pérez Rojas, presentó un recurso de Apelación.3 En este

recurso, impugnó varias de las determinaciones del foro primario

sobre los créditos concedidos a ambas partes. Para ello, atacó la

adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de los hechos sobre

la prueba y los testimonios presentados ante su consideración. Sin

embargo, la licenciada Pérez Rojas incumplió con la Regla 19 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76,

al no acompañar una transcripción de la prueba oral ni utilizar

ningún otro método de reproducción para que el foro intermedio

pudiera pasar juicio sobre la evidencia y los testimonios evaluados

por el TPI.

       Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones emitió una

Sentencia en la que confirmó el dictamen del foro de instancia, salvo

que corrigió un error matemático en la suma de los créditos que

corresponden a cada una de las partes.4 A tal efecto, examinó

detalladamente cada señalamiento de error. Sin embargo, durante

el análisis de cada error, enfatizó la falta de evidencia que

respaldara      la     afirmación    de    que    el   TPI    incidió     en    su

determinación. Esto implicó respetar la deferencia otorgada al

foro primario y reconocer que su actuación fue correcta. En

efecto, el Tribunal de Apelaciones expresó que:

         La sentencia apelada está basada en la prueba desfilada
         creída por el TPI y no refutada ni controvertida por la
         apelante. La falta de una transcripción de la prueba
         oral que nos permita pasar juicio sobre su corrección,
         imposibilita que podamos ejercer nuestra función
         revisora. La ausencia de indicios de que el TPI aquilató
         la prueba con error manifiesto, prejuicio, parcialidad o
         pasión nos impide intervenir con su apreciación de los

3 Íd., págs. 77-110.
4 Íd., págs. 175-198. En cuanto a la corrección del error matemático, el Tribunal

de Apelaciones determinó “[q]ue la suma correcta de los créditos es la siguiente:
al apelado le corresponde un crédito de $471,413.94, mientras que a la apelante
le corresponde un crédito de $197,085.78. Luego de compensarlos, el apelado
tiene finalmente un crédito neto a su favor de $274,328.17.” Íd., págs. 197-198.
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         hechos. Además, nos obliga a honrar la deferencia que
         merece el dictamen del foro primario ante el que
         declararon los testigos.5

         (Énfasis nuestro).

        Luego de que una solicitud de reconsideración fuese

rechazada por el foro apelativo, la señora Rivera Lamberty, por

medio de la licenciada Pérez Rojas, presentó un Certiorari ante el

Tribunal Supremo. A través de esta petición, solicitó que se

autorizara la presentación tardía de la transcripción de la prueba

oral y se devolviera el caso al foro intermedio para que considerara

nuevamente los méritos del caso, con el beneficio de la transcripción

de la prueba.

        El 16 de septiembre de 2020, el Máximo Foro dictó una

Sentencia en la que revocó la determinación del foro apelativo.6

Además, ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera

Instancia para que determinara el pago de renta de la propiedad

ubicada en la Urbanización Andrea's Court a partir del 30 de

noviembre de 2012, ya que desde esa fecha la señora Rivera

Lamberty solicitó ese pago. En cuanto a la presentación tardía de la

transcripción de la prueba oral, el Tribunal Supremo concluyó que

no    hubo         justa   causa   para   incumplir   con   los   términos

reglamentarios, por lo que consideró que el Tribunal de Apelaciones

actuó correctamente al atender los señalamientos de error sin

contar con la reproducción del testimonio oral. A tales efectos, no

autorizó la presentación fuera del plazo reglamentario.

        Eventualmente, el 23 de diciembre de 2021, la señora Rivera

Lamberty presentó la Demanda que nos ocupa contra la licenciada

Pérez Rojas.7 En resumen, argumentó que: (1) después de la

contratación de la parte apelada en el litigio Rivera Lamberty v.

Rodríguez Amador, se discutió la evaluación del caso y una oferta de

5 Íd., pág. 197.
6 Íd., págs. 199-233.
7 Íd., págs. 714-719.
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$150,000.00 que hizo el señor Rodríguez Amador para resolver el

pleito mediante transacción; (2) la oferta transaccional se rechazó

porque la parte apelada consideró que el litigio tenía un valor

significativamente mayor; (3) tras el dictamen del foro primario, la

licenciada Pérez Rojas recomendó apelar la sentencia para que el

foro apelativo corrigiera los errores en la apreciación de la prueba

por parte del juez del TPI; (4) una vez presentada la apelación, la

licenciada Pérez Rojas no gestionó la presentación de la prueba oral

conforme las reglas aplicables y nunca informó lo ocurrido; (5) la

omisión de presentar la transcripción de la prueba oral impidió al

foro intermedio cumplir con su función revisora; (6) la licenciada

Pérez Rojas recomendó apelar ante el Tribunal Supremo para que

revocara la sentencia del foro apelativo; (7) la licenciada Pérez Rojas

solicitó a la apelante gestionar la transcripción de la prueba oral

para presentarla tanto pronto lo dispusiera el Máximo Foro; (8) en

junio    del    2017,   la   señora   Rivera   Lamberty   se   esforzó

considerablemente para gestionar la transcripción de forma

expedita, a un costo de cinco mil dólares ($5,000.00); y (9) el

Tribunal Supremo atendió el caso, pero no concedió que se

presentara de forma tardía la transcripción de la prueba oral. Por

todo esto, la apelante sostuvo que su búsqueda de justicia en la

disputa por la liquidación de los bienes gananciales se vio frustrada.

Solicitó el pago total de $631,000.00 por concepto de reembolso de

honorarios legales y gastos, así como justa compensación por los

daños y perjuicios sufridos debido a la impericia profesional de la

parte apelada; más la suma de $25,000.00 por concepto de

honorarios legales sobre el presente caso.

        El 20 de febrero de 2022, la licenciada Pérez Rojas presentó

una Moción de Desestimación.8 A través de su petición, alegó que la

8 Íd., págs. 688-713.
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causa de acción estaba prescrita y que no se habían establecido los

elementos requeridos para una acción por daños y perjuicios sobre

impericia profesional, de acuerdo con lo resuelto en el caso Colón

Prieto v. Géigel, 115 DPR 232 (1984) y su progenie. Sin embargo, el

10 de mayo de 2022, el TPI emitió una Resolución en la que

determinó que la demanda no estaba prescrita.9 Además, consideró

que el planteamiento sobre la inexistencia de los elementos

establecidos en Colón Prieto v. Géigel, supra, era prematuro. Por lo

cual, declaró no ha lugar la solicitud de desestimación.

       Así las cosas, el 29 de mayo de 2022, la licenciada Pérez Rojas

presentó su Contestación a la Demanda.10 En esta, refutó las

imputaciones en su contra y presentó defensas afirmativas para

sustentar su posición. En esencia, negó su participación en las

conversaciones       transacciones     del   litigio   Rivera    Lamberty     v.

Rodríguez Amador, ya que al momento en que se llevó a cabo la

negociación no había sido contratada como abogada en el caso.

Además, refutó no haber informado a la señora Rivera Lamberty

sobre los incidentes del caso. Asimismo, negó que el resultado

desfavorable en la etapa apelativa del caso se debiera a la falta de la

presentación de la transcripción de la prueba oral.

       En cambio, argumentó que múltiples factores contribuyeron

al resultado del pleito, incluyendo la debilidad del caso en sus

méritos y el rechazo por parte de la apelante de una oferta que pudo

haber sido más favorable. Afirmó que la decisión de no llegar a un

acuerdo en el caso se tomó antes de que ella asumiera la

representación legal de la señora Rivera Lamberty. También planteó

que se proporcionaron orientaciones a la apelante sobre las

diferentes opciones para su caso, y que ésta decidió apelar tanto

ante el Tribunal de Apelaciones como ante el Tribunal Supremo.

9 Íd., págs. 549.550. Archivada y notificada en autos el 10 de noviembre de 2023.
10 Íd., págs. 541-548.
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Finalmente, indicó que ambos tribunales evaluaron el caso en sus

méritos al considerar otra evidencia documental presentada, así

como los errores que se plantearon.

       Tras varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2023, el foro

de instancia concedió un término a las partes para radicar sus

respectivas mociones de sentencia sumaria.11 En ese contexto, el 8

de agosto de 2023, la licenciada Pérez Rojas presentó una Solicitud

de Sentencia Sumaria.12 En síntesis, señaló que su omisión de no

presentar la transcripción de la prueba oral ante el foro apelativo no

fue resultado de negligencia, sino de una situación imprevista

relacionada con la salud de uno de sus hijos. De otro lado,

puntualizó que no se cumplen los requisitos establecidos en Colón

Prieto v. Géigel, supra, ya que de las alegaciones no surge con

claridad que la señora Rivera Lamberty tenía una acción válida que

debió haber prevalecido en el Tribunal de Apelaciones, así como

tampoco surge la existencia de causalidad adecuada. Por estas

razones, solicitó al TPI que dicte sentencia a su favor de manera

sumaria y desestime la reclamación de daños y perjuicios

presentada por la apelante.

       Durante la misma fecha, la señora Rivera Lamberty presentó

una Moción de Sentencia Sumaria.13 En esta, arguyó que no existen

hechos en controversia que justifiquen la celebración de una vista

en su fondo para dirimir credibilidad, ya que la licenciada Pérez

Rojas admitió los hechos esenciales que configuran la causa de

acción principal del caso. Para sustentar su postura, señaló que

tuvo una relación abogado-cliente con la licenciada Pérez Rojas,

quien incumplió su deber de competencia al presentar un recurso

apelativo con señalamientos de errores sobre la apreciación de la

11 Entrada Núm. 40 del expediente digital del caso en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
12 Apéndice de la Apelación de la señora Rivera Lamberty, págs. 274-298.
13 Íd., págs. 244-258.
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prueba por parte del TPI sin incluir la transcripción del desfile de la

prueba. Además, indicó que la omisión de la parte apelada fue la

causa próxima del daño sufrido al no tener la oportunidad de que

un tribunal de mayor jerarquía revisara la evidencia presentada. Por

todo ello, solicitó que se dicte sentencia sumariamente a su favor.

       El 22 de septiembre de 2023, la señora Rivera Lamberty

presentó una Oposición de la Demandante a Moción de Sentencia

Sumaria de la Demandada.14 En resumen, aclaró que la negligencia

alegada en la Demanda no tuvo lugar durante el proceso de primera

instancia, sino durante el trámite apelativo, toda vez que la

licenciada Pérez Rojas no presentó oportunamente la transcripción

de la prueba oral, como lo exigen las reglas aplicables. Por ello,

expresó que es ilógico exigir volver a litigar el caso de primera

instancia cuando la negligencia que se reclama no ocurrió en ese

contexto. Además, expuso que licenciada Pérez Rojas, de forma

equivocada, intenta aplicar los elementos establecidos por el

Tribunal Supremo en el caso Colón Prieto v. Géigel, supra,

sumariamente, antes de que se celebre el juicio en su fondo,

mediante una moción dispositiva. Sin embargo, afirmó que, aunque

los factores del caso antes citado no pueden aplicarse de manera

sumaria, se cumple con todos éstos en la causa de acción contra la

licenciada Pérez Rojas relacionada con su representación legal

durante la etapa apelativa en el caso de liquidación de bienes

gananciales.

       Ese mismo día, la licenciada Pérez Rojas presentó una

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Presentada por la Parte

Demandante.15 En este escrito, manifestó que, según la doctrina

establecida en el caso Colón Prieto v. Géigel, supra, para que un

demandante pueda probar un caso de negligencia profesional contra

14 Íd., págs. 167-173.
15 Íd., págs. 31-50.
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un abogado o una abogada, es requisito litigar un juicio dentro de

otro juicio. Esto implica que la parte demandante debe demostrar

que, de no haber ocurrido la presunta negligencia por parte del

abogado o la abogada en el pleito original, el resultado del caso

habría sido favorable para ella. Sostuvo que, a pesar de la doctrina

discutida, la señora Rivera Lamberty presentó simples alegaciones,

sin fundamentar cómo el Tribunal de Apelaciones hubiera revertido

el dictamen del foro de instancia con la presentación de la prueba

oral. Agregó que la apelante no explicó la razón ni el testimonio que

el foro apelativo hubiera descartado, ni tampoco detalló dónde hubo

prejuicio o parcialidad por parte del juzgador de los hechos.

Asimismo, indicó que la señora Rivera Lamberty no presentó

ninguna evidencia que respalde los presuntos daños sufridos por la

omisión de la parte apelada. De todas formas, concluyó que ninguno

de los hechos que la apelante presentó como incontrovertidos

pueden llevar TPI a concluir que la señora Rivera Lamberty hubiera

prevalecido en el foro intermedio.

       El 3 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Sentencia en la

que declaró ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada

por la licenciada Pérez Rojas en contra de la apelante.16

Consiguientemente, desestimó la reclamación al considerar que no

están presentes los elementos necesarios para que proceda una

acción por daños y perjuicios.

       Inconforme con la decisión, la señora Rivera Lamberty acudió

ante nosotros e imputó la comisión de los siguientes errores:

        Primer error: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria
        desestimando de forma prematura, sin obedecer el
        trámite contemplado en la Regla 36.6 de
        Procedimiento Civil y su jurisprudencia aplicable,
        concluyendo de forma contradictoria, contrario a las
        admisiones de la propia demandada-apelada y de lo
        resuelto por el Honorable Tribunal de Apelaciones y
        el Honorable Tribunal Supremo de que en este caso

16 Apéndice de la Apelación de la señora Rivera Lamberty, págs. 15-29. Archivada

y notificada en autos el 6 de noviembre de 2023.
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       la demandante-apelante no sufrió daño alguno
       porque los tribunales mencionados sí vieron su caso
       en los méritos, a pesar de que también concluye que
       el TA resolvió expresamente que “no pudo ejercer su
       función revisora”.

       Segundo error: Erró el TPI al dictaminar que la
       Apelada no controvirtió los hechos esenciales del caso
       violentando con ello la normativa que prohíbe que el
       tribunal dirima cuestiones de credibilidad mediante
       el mecanismo de sentencia sumaria.

      Por su parte, la licenciada Pérez Rojas reiteró que la apelante

debió evidenciar que, de no haber ocurrido la omisión de la

transcripción de la prueba oral, hubiera tenido éxito en la apelación

original. Resaltó que el Tribunal de Apelaciones evaluó el caso en

sus méritos al considerar todos los señalamientos de error, a pesar

de no contar con la transcripción de la prueba oral. Igualmente,

subrayó que la decisión del Tribunal Supremo fue favorable para la

señora Rivera Lamberty, ya que conllevó un aumento en la cuantía

del crédito que le correspondía en relación con los bienes

gananciales, y que esta conclusión se alcanzó gracias a los

argumentos presentados por la licenciada Pérez Rojas.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a discutir las normas jurídicas aplicables a este

recurso.

                                 -II-

                                 -A-

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuyo objetivo

principal es simplificar la solución justa, rápida y económica de

casos civiles que no presentan controversias genuinas o reales sobre

hechos materiales y esenciales. Regla 36 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36; Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos,

2023 TSPR 120, 4 (2023); Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208

DPR 964, 979 (2022); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208

DPR 310, 334 (2021); Zambrana García v. ELA et al., 204 DPR 328,

341 (2020). Se considera un hecho material esencial aquel que
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puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el

derecho sustantivo aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). En ese sentido:

      La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las
      alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y
      admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si
      las hay, u otra evidencia, demuestran que no hay controversia
      real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente
      y que, como cuestión de derecho, el tribunal debe dictar
      sentencia sumaria a favor de la parte promovente.

      Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3
      (e)

      En otras palabras, este mecanismo podrá ser empleado en

situaciones en las que la celebración de una vista o del juicio en su

fondo resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para

resolver la controversia y solo resta aplicar el derecho. Burgos López

et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 16-17 (2015); Mejías v.

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En sentido contrario, un

asunto no debe ser resuelto sumariamente cuando:

      (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2)
          haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han
          sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que
          acompañan la moción una controversia real sobre algún
          hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho
          no procede. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de
          Titulares, supra, pág. 167.

      El inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil establece

que la moción de la parte promovente deberá contener:

      (1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes;
      (2) los asuntos litigiosos o en controversia;
      (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual
      es solicitada la sentencia sumaria;
      (4) una relación concisa y organizada en párrafos
      enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes
      sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación
      de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u
      otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los
      mismos, así como de cualquier otro documento admisible en
      evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;
      (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,
      argumentando el derecho aplicable, y
      (6) el remedio que debe ser concedido.

      Regla 36.3(a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
      R. 36.3(a).
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      De manera similar, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil

establece que, si no se emite una sentencia sobre la totalidad del

pleito, no se otorga todo el remedio solicitado, o se deniega la

petición, y es necesario celebrar un juicio, será obligatorio que el

tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, así como los hechos esenciales y pertinentes que están

realmente controvertidos.

      Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones

contenidas en sus alegaciones. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195

DPR 769, 785 (2016). Es preciso que la parte promovida formule,

con prueba adecuada en derecho, una posición sustentada con

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que refuten los

hechos presentados por el promovente. SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN et al., supra, págs. 336-337 (2021); Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 215 (2010). Por consiguiente, cualquier

duda que plantee sobre la existencia de hechos materiales en

controversia no será suficiente para derrotar la procedencia de la

solicitud. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014).

Después de todo, la etapa procesal para presentar prueba que

controvierta los hechos propuestos por una parte en su moción de

sentencia sumaria no es en el juicio, sino al momento de presentar

una oposición a la moción de sentencia sumaria, según lo exige la

Regla 36 de Procedimiento Civil. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).

      Con ese fin, la parte promovida también está obligada a

cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y (3)

del inciso (a) de la Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3 (b)(1). Le corresponde citar con especificidad cada uno
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de los párrafos, según enumerados en la solicitud de sentencia

sumaria, que entiende se encuentran en controversia, al igual

aquellos que no. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,

432 (2013). Dicha tarea deberá ser realizada de forma tan detallada

y específica como lo haya hecho la parte promovente y haciendo

referencia a la evidencia admisible en la cual se sostiene la

impugnación, con cita a la página o sección pertinente. Íd.

       Así pues, al evaluar si existe controversia de hechos que

impidan dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben: (1) analizar

los documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la

oposición y aquellos que obran en el expediente; y (2) determinar si

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma

alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194

(2000).

       Finalmente, destacamos que, según establecido por nuestro

Tribunal Supremo, este primer foro apelativo se sitúa en la

misma posición que los foros de instancia al revisar las

solicitudes     de    que    determinada        sentencia      sea    dictada

sumariamente. Rivera Matos v. Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, 204 DPR 1010, 1025 (2020); Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra. Por lo tanto, nuestra revisión es una de novo.

                                      -B-

       En el marco de nuestro ordenamiento, se permiten las

reclamaciones      por   impericia     profesional    contra     abogados     o

abogadas al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec.

5141.17 Este artículo establece que “[e]l que por acción u omisión

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado

a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del

17 Haremos referencia a las disposiciones del derogado Código Civil toda vez que

era de aplicación al momento de la omisión imputada a la parte apelada.
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perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción

de la indemnización.” Íd. En ese sentido, la responsabilidad civil de

un abogado o de una abogada por negligencia en el ejercicio de la

abogacía se configura a base de los elementos típicos de toda acción

por daños contra un profesional. Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR

232, 238 (1984); In re Pagán Ayala, 117 DPR 180, 185 (1986). Ahora

bien, en toda reclamación por impericia profesional de un abogado

o abogada, el representante legal es juzgado según el criterio del

“abogado razonable”. Colón Prieto v. Géigel, supra, pág. 239.

        Cabe resaltar que, los elementos necesarios para que prospere

una causa de acción en contra de un abogado o abogada son: (1)

que la existencia de una relación abogado-cliente genere un deber;

(2) que el abogado, por acción u omisión, lo viole; (3) que esa

violación sea la causa próxima del daño al cliente, y (4) que el cliente,

como reclamante, sufra daño o pérdida. Col. Mayor v. Rodríguez

Fernández, 194 DPR 635, 648 (2016); Colón Prieto v. Géigel, supra,

pág. 239.

        Además, la parte perjudicada no tan solo tiene que estar

consciente que ha sufrido un daño, sino que tiene que conocer que

recibió ese daño por causa de su abogado o abogada. Col. Mayor v.

Rodríguez Fernández, supra, pág. 649. En otras palabras, tiene que

conocer que la causa próxima de su daño fue la acción u omisión

del abogado o la abogada.

        Por consiguiente, la naturaleza de una reclamación por mala

práctica profesional, en contraste con otras, resulta más compleja

respecto al elemento de la relación causal. Esto se debe a que el

actor    tiene   que   probar,   además   de   los   cuatro   elementos

mencionados previamente, que su causa de acción era válida y se

malogró por la actuación negligente del abogado o la abogada. Colón

Prieto v. Géigel, supra, pág. 242. En esencia, la parte reclamante

tiene que demostrar que podía prevalecer en su pleito, pero no fue
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así debido a que el abogado o la abogada no trabajó adecuadamente

el caso. Col. Mayor v. Rodríguez Fernández, supra, pág. 636.

       Lo anterior, es una exigencia peculiar denominada por los

tratadistas “un caso dentro del caso”. Esta doctrina significa que el

"cliente debe establecer que él debió ganar el primer caso como paso

previo para ganar el segundo". Colón Prieto v. Géigel, supra, pág.

242, citando a J. Wade, The Attorney's Liability for Negligence en

Professional Negligence (Roady & Andersen eds.), Tennessee,

Vanderbilt Univ. Press, 1960, pág. 231.

       A su vez, en Colón Prieto v. Géigel, el Tribunal Supremo precisó

que:

       La necesidad de litigar el caso previo alegadamente
       frustrado para abrir las puertas al segundo implica
       ventilar todos los puntos y elementos clásicos de un
       proceso ordinario, con la única variante que, de hallarse
       probada la causa original, no podrá exigirse de la parte
       culposa resarcimiento. Simplemente habrá terminado
       el prólogo del proceso para entonces comenzar la
       segunda etapa e intentar establecer la responsabilidad
       del abogado.

       Íd., pág. 242.

                                  -C-

       Es ampliamente conocido que, cuando en un recurso de

apelación se ha señalado algún error relacionado con la suficiencia

de la prueba testifical o con la apreciación de la prueba por parte del

Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante tiene que presentar

una exposición narrativa de la prueba para que de esta manera el

tribunal apelativo pueda cumplir cabalmente con su función

revisora. Regla 19 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 19; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005); Rivera v. Pan Pepín,

161 DPR 681, 686 (2004); Hernández v. San Lorenzo Const., 153

DPR 405, 422 (2001).

       Específicamente, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones establece que, “cuando la parte apelante haya señalado

algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o
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con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado,

someterá una transcripción, una exposición estipulada o una

exposición narrativa de la prueba”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. A tales

efectos, deberá acreditar dentro de los diez (10) días siguientes a la

presentación del recurso el método de reproducción de la prueba

oral que pretende utilizar. Íd. Este término es de cumplimiento

estricto, por lo que, cuando medie justa causa, podrá extenderse

previa solicitud con ese fin. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio,

196 DPR 200, 450-451 (2016); Rojas v. Axmayer Ent., Inc., 150 DPR

560, 564 (2000).

      Por otra parte, la Regla 76 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones detalla los requisitos necesarios para la presentación de

la transcripción. Siento esto así, la parte apelante será responsable

en desplegar toda la diligencia requerida para dar cumplimiento a

los plazos dispuestos por esta regla. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76.

      Por último, el Tribunal Supremo ha resuelto que las partes

vienen obligadas a cumplir cabalmente con el trámite prescrito en

las leyes y los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de

los recursos apelativos y no puede quedar al arbitrio de éstas o de

sus abogados o abogadas elegir qué disposiciones reglamentarias

deben acatarse y cuándo. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188

DPR 98, 104-105 (2013); Hernández Maldonado v. The Taco Maker,

Inc., 181 DPR 281, 290 (2011); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 363

(2005).

      A la luz de las normas jurídicas antes expuestas, procedemos

a resolver.

                                -III-

      En el presente caso, debemos determinar si el foro primario

incidió al conceder la solicitud de sentencia sumaria presentada por

la parte apelada. En esencia, el TPI consideró que no existen hechos

en controversia que impidan disponer del caso sumariamente. Como
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resultado, concluyó que no están presentes los elementos necesarios

para que proceda una acción por daños y perjuicios sobre impericia

profesional contra una abogada.

      Es fundamental destacar que, según lo dispuesto por el

Tribunal Supremo, al analizar una solicitud de sentencia sumaria,

los tribunales de instancia deben: (1) examinar estrictamente la

petición y los documentos que la acompañan, junto a la moción en

oposición y todos los documentos que obran en el expediente del

recurso, y (2) determinar si quien se opone a la solicitud de sentencia

sumaria controvirtió algún hecho material o hay alegaciones de la

demanda que no fueron refutadas en la solicitud de sentencia

sumaria. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. Además, es

norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que el Tribunal

de Apelaciones se sitúa en la misma posición que el Tribunal de

Primera Instancia al revisar una solicitud de sentencia sumaria.

Rivera Matos v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, pág.

1025; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

      En vista de lo anterior, hemos evaluado de novo la Solicitud de

Sentencia Sumaria presentada por la licenciada Pérez Rojas, así

como la documentación en apoyo a la misma y los escritos posteriores

de ambas partes, y determinamos que TPI incidió en su dictamen.

      Consideramos que existe controversia real y sustancial sobre

hechos materiales que impiden disponer del caso de forma sumaria.

En primer lugar, están en controversia los alegados daños y

perjuicios sufridos por la apelante en el proceso apelativo, así como

en el resultado del caso Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador,

FAC2009-1188, debido a la falta de la presentación de la

transcripción de la prueba oral por parte de la licenciada Pérez

Rojas. Es evidente que la parte apelada actuó negligentemente al no

presentar la transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio, a
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tenor con las disposiciones del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones.

       Surge de los autos que, la licenciada Pérez Rojas sostiene que

su incumplimiento se debió a una situación imprevista relacionada

con la salud de uno de sus hijos. Ahora bien, el Tribunal Supremo

resolvió que la abogada “se limitó a expresar dos meses más tarde

que tuvo una emergencia de salud, sin indicar cuál fue o

acreditar fehacientemente su ocurrencia” (énfasis nuestro). 18 Por

lo tanto, no hubo justa causa para incumplir con los términos

reglamentarios sobre reproducción de la prueba oral.

       Es relevante destacar que la licenciada Pérez Rojas fue

contratada en las etapas avanzadas del litigio a nivel de instancia.19

Según surge del expediente, la representación legal de la señora

Rivera Lamberty en el caso contra el señor Rodríguez Amador estuvo

a cargo de dos abogados: el Lcdo. Rubén Falú Allende y la licenciada

Pérez Rojas. Conforme a la Deposición tomada al Lcdo. Falú Allende

el 22 de diciembre de 2022, éste simplemente respondió que la

licenciada     Pérez     Rojas   no   participó   en   las   conversaciones

transaccionales con la otra parte. No obstante, no especificó si la

licenciada aconsejó a la apelante a rechazar la oferta.20

       Por otro lado, surge de la Contestación a Interrogatorio, que la

señora Rivera Lamberty respondió lo siguiente:

       “la parte demandada había ofrecido una oferta de
       $150,000.00, la cual fue consultada y discutida con la
       abogada Pérez Rojas. Luego de su análisis del caso la
       abogada Pérez Rojas recomendó que continuáramos con el
       mismo, ya que entendía que el caso tenía un valor monetario
       mayor a la oferta ofrecida por la parte demandada.”21

       De acuerdo con lo anterior, concluimos que está en

controversia si la licenciada Pérez Rojas aconsejó a la señora Rivera

18 Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, 205 DPR 194, 203-204 (2020).
19 Apéndice de la Apelación de la señora Rivera Lamberty, págs. 474-475.
20 Íd., págs. 111-114.
21 Íd., págs. 144-145.
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Lamberty rechazar la oferta transaccional por la cantidad de

$150,000.00 realizada por el señor Rodríguez Amador.

        Por todo lo discutido previamente, resolvemos, distinto al

Tribunal de Primera Instancia, que existe controversia real sobre los

siguientes hechos materiales:

    1. Si la licenciada Pérez Rojas aconsejó a la señora Rivera Lamberty

        rechazar la oferta transaccional en el caso FAC2009-1188.

    2. Los daños y perjuicios sufridos por la señora Rivera Lamberty a

        causa de la negligencia de la licenciada Pérez Rojas en la epata

        apelativa del caso Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, FAC2009-

        1188.

        Por otro lado, es importante destacar que, la licenciada Pérez

Rojas aduce que tanto el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal

Supremo evaluaron el caso en sus méritos al considerar otra

evidencia documental sometida, así como los errores que se

plantearon.22 Este argumento acerca de que el tribunal apelativo

utilizó otra prueba documental presentada para analizar los errores

planteados no nos persuade. Máxime, cuando el Tribunal de

Apelaciones señaló que la señora Rivera Lamberty, en el caso sobre

liquidación de bienes gananciales, no “presentó ningún otro tipo de

evidencia suficiente para concluir que las determinaciones de hecho

y las conclusiones de derecho que hizo el tribunal de instancia

fueran erróneas”.23 Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones sí

atendió el caso, pero su evaluación sobre la adjudicación de la

prueba oral estuvo limitada debido a la inexistencia de la

transcripción oral. Ante esta limitación, el foro apelativo no tuvo

otra opción que aplicar la norma de deferencia judicial sobre la

apreciación de los hechos que realizó el Tribunal de Primera

Instancia. De hecho, el foro apelativo hizo constar en reiteradas

22 Íd., pág. 543.
23 Véase KLAN201061178.
KLAN202400022                                                         20

ocasiones que su función revisora se vio frustrada.24 De entrada,

expresó lo siguiente:

       “… no nos ha provisto las herramientas necesarias para que
       podamos ejercer nuestra función revisora y pasar juicio
       sobre la apreciación de la prueba que hizo el foro primario.
       La apelante no acompañó una transcripción de la prueba
       oral, ni utilizó ningún otro método de reproducción que nos
       permita pasar juicio sobre la evidencia y los testimonios
       evaluados por el TPI. Tampoco presentó ningún otro tipo de
       evidencia suficiente para concluir que las determinaciones
       de hecho y las conclusiones de derecho que hizo el tribunal
       de instancia fueran erróneas.”

       Íd.

       Enfatizamos que la señora Rivera Lamberty perdió su derecho

a que se revisara correctamente la sentencia apelada y se pasara

juicio sobre la apreciación de la prueba oral en el caso sobre la

liquidación de bienes gananciales. Ahora bien, en el presente caso,

a la apelante le corresponde demostrar si en efecto sufrió algún daño

o perjuicio debido a la negligencia de la licenciada Pérez Rojas en la

etapa apelativa de su pleito en contra del señor Rodríguez Amador,

siguiendo los parámetros establecidos en Colón Prieto v. Géigel,

supra. Sin embargo, esto no se posibilita con la desestimación del

caso sumariamente, por lo que revocamos la determinación del TPI.

       En síntesis, la exhaustiva revisión del tracto procesal y la

existencia de controversia real sobre hechos materiales impiden la

correcta adjudicación del caso mediante un proceso sumario, de

acuerdo con las normas jurídicas aplicables. En consecuencia, el

foro primario cometió los errores señalados por la apelante. No

procedía dictar sentencia sumaria en esta etapa del litigio. Por el

contrario, el TPI debió celebrar el juicio en sus méritos.

                                       -IV-

       Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia

apelada y ordenamos la devolución del caso al TPI para la

24 Íd., págs. 18-25 (discusión de los señalamientos de error).
KLAN202400022                                                        21

continuación de los procedimientos, de conformidad con lo aquí

resuelto.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones