Court Opinion

ID: 9941408
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:32:32.963651+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.809305
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

     FAUSTINO GARCÍA                                CERTIORARI
     ABISLAIMÁN                                     procedente del
                                                    Tribunal de
        Peticionario                                Primera Instancia
                                KLCE202301275       Sala Superior de
             v.                                     Carolina

     DAGMAR RIVERA                                  Civil Núm.:
     DÁVILA Y OTROS                                 CA2022CV01196

          Recurrida                                 Sobre:
                                                    Daños y
                                                    Perjuicios;
                                                    enriquecimiento
                                                    Injusto

 Panel integrado por su presidente, el juez Bonilla
 Ortiz, el juez Pagán Ocasio y el juez Joel A. Cruz
 Hiraldo.1

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico a 26 de enero de 2024.

         Comparece ante este foro el Sr. Faustino García

 Abislaimán (señor García Abislaimán o el peticionario)

 y nos solicita que revisemos dos (2) dictámenes; a saber,

 una Orden y una Resolución, emitidas por el Tribunal de

 Primera      Instancia,        Sala      Superior        de     Carolina,

 notificadas        el     2   y     25   de     octubre       de     2023,

 respectivamente.          Mediante la Orden, el foro primario le

 impuso una fianza de no residente por la cantidad de

 $1,000.00.       Mientras que, en la Resolución recurrida, el

 foro primario declaró No Ha Lugar a la Solicitud de

 Desestimación        de    Reconvención        instada    por      Tercera

 Demandada     Dagmar       Rivera     Dávila     presentada        por   el

 peticionario.

         Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 DENEGAMOS el recurso de certiorari de epígrafe.

 1 En virtud de la Orden Administrativa OATA-2023-198, se designa al
 Hon. Joel A. Cruz Hiraldo.

Número Identificador
RES2024 ______________
KLCE202301275                                                         2

                                   I.

      El 20 de abril de 2022, el Sr. Faustino García

Rivera (señor García Rivera) presentó una Demanda sobre

daños y perjuicios, y enriquecimiento injusto contra su

padre, el peticionario.2

      En respuesta, el 28 de octubre de 2022, el señor

García   Abislaimán     presentó         Contestación   a    Demanda,

Reconvención y Demanda Contra Tercero.3            Mediante esta,

incluyó como tercera demandada a la Sra. Dagmar María

Rivera Dávila (señora Rivera o la recurrida). En esencia

solicitó que se condenara al señor García Rivera y a la

Sra. Rivera al pago de daños punitivos, los cuales han

surgido por causa del despojo de la posesión de su

apartamento.

      Luego de varias incidencias procesales, el 7 de

noviembre de 2022, el señor García Rivera presentó una

Solicitud de Imposición de Fianza de No Residente.4                  En

esencia,   sostuvo    que    el    peticionario    no   residía      en

Puerto Rico, sino que su domicilio era en Florida.                  Por

este motivo, solicitó que se le fijara una fianza de no

residente por una cantidad no menor de $1,000.00, y en

vista de las alegaciones del caso, una cuantía no menor

de $10,000.00.

      El 9 de noviembre de 2022, el foro primario notificó

una Orden, mediante la cual le impuso al señor García

Abislaimán    una   fianza    de    no    residente,    so   pena   de

desestimarle la reconvención.5

2 Demanda, anejo I, págs. 1-6 del apéndice del recurso.
3 Contestación a Demanda, Reconvención y Demanda Contra Tercero,
anejo II, págs. 7-32 del apéndice el recurso.
4 Solicitud de Imposición de Fianza de No Residente, anejo II, del

apéndice de la oposición al recurso.
5 Véase, Orden, entrada núm. 30 en el Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC).
KLCE202301275                                                          3

      En desacuerdo, el 12 de diciembre de 2022, el

peticionario presentó un recurso de certiorari ante este

Foro.6    Así las cosas, el 16 de febrero de 2023, un panel

hermano en el caso núm. KLCE202201350 denegó expedir el

recurso    solicitado,      puesto     que,    el       señor    García

Abislaimán no logró demostrar que el foro primario haya

actuado contrario a derecho o abusara de su discreción.7

      Luego de múltiples incidencias, el 28 de septiembre

de 2023, la recurrida presentó Contestación a la Demanda

contra Tercero y Reconvención contra Tercero Demandante

Faustino García Abislaimán.8         Mediante esta, arguyó que

el peticionario tiene como único propósito hostigarla y

oprimirla, puesto que, además de la presente demanda, se

ha visto involucrada en otros casos, BY2021CV04406 y

GB2018CV00033,       causándole        daños        emocionales         y

económicos.

      Posteriormente, el 29 de septiembre de 2023, la

señora    Rivera   presentó     ante    el    foro      primario      una

Solicitud de Imposición de Fianza de No-Residente al

Tercero    Demandante    García   Abislaimán        a    Favor   de    la

Tercera Demandada Dagmar María Rivera Dávila.9                     Alegó

que, desde aproximadamente el mes de agosto de 2021, el

peticionario reside en Miami, Florida.                  Por lo tanto,

solicitó le fuera impuesta una fianza de no residente de

Puerto Rico, conforme la Regla 69.5 de Procedimiento

Civil, infra.

6 Véase, Moción Escrito al Expediente Judicial en cuanto a Petición
de Certiorari, entrada núm. 48 en SUMAC.
7 Véase, Resolución, entrada núm. 68 en SUMAC.
8 Contestación a la Demanda contra Tercero y Reconvención contra

Tercero Demandante Faustino García Abislaimán, anejo III, págs. 33-
39 del apéndice del recurso.
9 Solicitud de Imposición de Fianza de No-Residente al Tercero

Demandante García Abislaimán a Favor de la Tercera Demandada Dagmar
María Rivera Dávila, anejo IV, págs. 40-43 del apéndice del recurso.
KLCE202301275                                                                        4

      El 2 de octubre de 2023, el foro primario notificó

una Orden, mediante la cual le impuso una fianza de no

residente de $1,000.00 al peticionario.10

      El 3 de octubre de 2023, el señor García Abislaimán

presentó dos mociones, la primera, una Solicitud de

Desestimación     de        Reconvención           instada         por    Tercera

Demandada    Dagmar         Rivera    Dávila;11         y    la    segunda,         la

Contestación      a     Reconvención.12                 En        síntesis,         el

peticionario      solicitó            la         desestimación            de       la

reconvención,         por     falta        de     una       reclamación            que

justifique la concesión de un remedio.

      El 25 de octubre de 2023, la recurrida presentó su

oposición    a    la    solicitud           de     desestimación              de    la

reconvención.13       Así las cosas, el 26 de octubre de 2023,

el foro primario notificó una Resolución, denegando la

solicitud    de   desestimación            presentada         por        el    señor

García Abislaimán.14

      En cuanto a la Orden emitida por el foro primario

sobre la imposición de una fianza de no residente, el 6

de octubre de 2023, el señor García Abislaimán presentó

una solicitud de reconsideración.15                     En ésta, manifestó

que la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, infra, es

inaplicable al caso, debido a que su ausencia de la

jurisdicción de Puerto Rico se debe a una condición de

salud para la cual está recibiendo atención médica en

10 Orden, anejo V, pág. 44 del apéndice del recurso.
11 Solicitud de Desestimación de Reconvención instada por Tercera
Demandada Dagmar Rivera Dávila, anejo VI, págs. 45-51 del apéndice
del recurso.
12 Contestación a Reconvención, anejo VII, págs. 52-58 del apéndice

del recurso.
13 Moción en Oposición a “Solicitud de Desestimación de Reconvención

instada por Tercera Demandada Dagmar Rivera Dávila”, anejo XII,
págs. 134-136 del apéndice del recurso.
14 Resolución, anejo XIII, págs. 137-138 del apéndice del recurso.
15 Urgente Solicitud de Reconsideración de Orden dictada el 2 de

octubre de 2023 sobre Imposición de Fianza de No-Residente, anejo
X, págs. 92-100 del apéndice del recurso.
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Miami, Florida.          A su vez, expresó que la fianza de no

residente       es    improcedente     por     cumplirse      con    varias

excepciones que contempla la Regla 69.5.                    Señaló que,

entre     las        excepciones      se    encuentra      el       ser    el

copropietario de un bien inmueble objeto del caso.

        Posteriormente, el 31 de octubre de 2023, la señora

Rivera     presentó       su    oposición       a    la   solicitud       de

reconsideración instada por el peticionario.16                  Mediante

la cual arguyó que el peticionario lleva aproximadamente

2 años residiendo en Florida, y no ha demostrado lo

contrario.       A su vez, sostuvo que no es de aplicación

las     excepciones       que       dispone     la    Regla     69.5      de

Procedimiento Civil, debido a que, el presente caso es

uno de daños y enriquecimiento injusto entre padre e

hijo.

        Evaluados los argumentos de las partes, el 2 de

noviembre       de    2023,    el    foro     primario    notificó        una

Resolución denegando la solicitud de reconsideración del

peticionario.17

        Aun inconforme, el 15 de noviembre de 2023, el

peticionario presentó el recurso de epígrafe y formuló

los siguientes señalamientos de error:

          A. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL IMPONER LA
          FIANZA DE NO RESIDENTE A PESAR DE QUE EL
          DEMANDADO-PETICIONARIO      SR.      GARCÍA
          ABISLAIMÁN TIENE SU RESIDENCIA EN PUERTO
          RICO Y SE ENCUENTRA DE PASO EN MIAMI,
          FLORIDA. EL TPI DETERMINÓ QUE EL SR. GARCÍA
          ABISLAIMÁN ES RESIDENTE DE LA FLORIDA
          BASÁNDOSE ÚNICAMENTE EN LA ALEGACION QUE
          HIZO LA TERCERA DEMANDADA, PERO EL TPI NO
          CELEBRÓ VISTA EVIDENCIARIA.

          B. EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL HONORABLE TPI
          AL IMPONER LA FIANZA DE RESIDENTE A PESAR
          DE SER IMPROCEDENTE POR CUMPLIRSE CON

16  Oposición a “Urgente Solicitud de Reconsideración de Orden
dictada el 2 de octubre de 2023 sobre Imposición de Fianza de No-
Residente”, anejo XIV, págs. 139-142 del apéndice del recurso.
17 Resolución, anejo XV, págs. 143-144 del apéndice del recurso.
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        VARIAS EXCEPCIONES QUE LA PROPIA REGLA 69.5
        DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONTEMPLA.

        C. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL IMPONER UNA
        FIANZA DE NO RESIDENTE A PESAR DE QUE LA
        SRA. RIVERA EN EL CASO CIVIL GB2018CV0033
        ESTIPULÓ QUE EL INMUEBLE A QUE SE REFIERE
        ESTE CASO ES DE CARÁCTER GANANCIAL SIENDO
        SUS TITULARES ELLA Y EL SR. GARCÍA
        ABISLAIMÁN Y COMO TAL ESTÁ SUJETO A LA
        LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS
        PARTES, SEGÚN RECONOCIDO POR EL CONTADOR
        PARTIDOR Y EL PROPIO TRIBUNAL.

        D. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL IMPONER UNA
        FIANZA DE NO RESIDENTE A PESAR DE QUE LAS
        RECLAMACIONES POR VÍA DE RECONVENCIÓN ENTRE
        LA SRA. RIVERA Y EL SR. GARCÍA ABISLAIMÁN
        SON DISTINTAS A LAS RECLAMACIONES INCLUIDAS
        EN LA DEMANDA DE AUTOS, Y POR TANTO EXENTA
        DEL PAGO DE FIANZA DE NO RESIDENTE POR
        TRATARSE DE UN BIEN QUE ES PARTE DE LA
        COMUNIDAD DE BIENES DE AMBOS Y LOS CUALES
        ESTÁN SITOS EN PUERTO RICO.

        E. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL NO DESESTIMAR
        LA RECONVENCIÓN INSTADA POR LA SRA. RIVERA
        DÁVILA A PESAR DE QUE DE SU FAZ SE PUEDE
        CONCLUIR QUE LA MISMA NO CUMPLE CON LOS
        REQUISITOS SUSTANTIVOS PARA QUE PUEDA
        PROCEDER UNA RECLAMACIÓN POR ABUSO DE
        DERECHO, TODA VEZ QUE LA SRA. RIVERA DÁVILA
        ES PARTE INDISPENSABLE EN ESTE CASO.

     La parte recurrida compareció el 19 de diciembre de

2023.   En esencia, solicitó que se denegara el recurso

de certiorari, puesto que los errores señalados no se

cometieron, y la decisión del foro primario no fue

parcializada o caprichosa.

     Con   el   beneficio   de    la   comparecencia   de   ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

                             II.

                                 A.

     La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas

por el Tribunal de Primera Instancia.         Es decir, cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56
KLCE202301275                                                      7

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.”    Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

     Asimismo, dispone los supuestos en que este foro

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional

y a manera de excepción, en las siguientes instancias:

       [C]uando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a
       privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la
       cual esperar a la apelación constituiría un
       fracaso irremediable de la justicia.

     Por   su   parte,    la   Regla      40   del   Reglamento   del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

establece los criterios que este foro debe tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de

sus fundamentos, son contrarios a derecho.             Así también,

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación

de la prueba por parte del foro primario.

     También examinaremos si el asunto planteado exige

consideración    más     detenida     a   la   luz   de   los   autos

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa

del procedimiento en que se presenta el caso es la más

propicia para su consideración.                Finalmente, debemos

analizar si la expedición del auto solicitado evita un

fracaso de la justicia.        Véase, Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                -B-

     La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, busca garantizar las costas, los gastos y honorarios

de abogado en pleitos en los que el reclamante es una
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persona natural no residente.    Yero Vicente v. Nimay

Auto Corp., 205 DPR 126, 130 (2020); Reyes Martínez v.

Oriental Fed. Sav. Bakn, 133 DPR 15, 20 (1983).   Debido

a que, podría resultar difícil para la parte afectada

recobrar esas partidas fuera de nuestra jurisdicción.

Íd., Vaillant v. Santander, 147 DPR 338 (1988).       A su

vez, busca desalentar pleitos frívolos e inmeritorios.

Yero Vicente v. Nimay Auto Corp., supra, pág. 130;

Pereira v. Reyes de Sims, 126 DPR 220 (1990).

     La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, sobre

la fianza de no residentes, establece:

          Cuando la parte reclamante resida fuera
       de Puerto Rico o sea una corporación
       extranjera, el tribunal requerirá que
       preste fianza para garantizar las costas,
       los gastos y los honorarios de abogados a
       que pueda ser condenada. […]

         Transcurridos sesenta (60) días desde la
       notificación de la orden del tribunal para
       la prestación de la fianza o de la fianza
       adicional, sin que ésta haya sido prestada,
       el tribunal ordenará la desestimación del
       pleito.

          No se exigirá prestación de fianza a las
       partes reclamantes que residan fuera de
       Puerto Rico cuando:

          (a) se trate de una parte litigante
       insolvente que esté expresamente exceptuada
       por ley para el pago de aranceles y derechos
       de presentación;

          (b) se trate de un copropietario o una
       copropietaria en un pleito que involucra
       una propiedad sita en Puerto Rico y al menos
       otro de los copropietarios u otra de las
       copropietarias también es reclamante y
       reside en Puerto Rico, o

         (c) se trate de un pleito instado por un
       comunero o una comunera para la disolución,
       liquidación, partición y adjudicación de
       bienes sitos en Puerto Rico.

      Por otra parte, la Regla 69.6 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, establece las instancias en que no

será necesario prestar la fianza:
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             (a) al Estado Libre Asociado de Puerto
          Rico, a sus funcionarios o funcionarias en
          su carácter oficial, a las corporaciones
          públicas o a las corporaciones municipales;

             (b) a ninguna parte en un pleito de
          divorcio, de relaciones de familia o sobre
          bienes gananciales, a menos que el tribunal
          disponga lo contrario en casos meritorios;

            (c) en reclamaciones de alimentos cuando
          el tribunal así lo ordene, y

            (d) cuando se trate de una parte
          litigante insolvente que esté expresamente
          exceptuada por ley para el pago de aranceles
          y derechos de presentación.

     Nuestro Tribunal Supremo en PPD v. Admor. Gen. de

Elecciones, 111 DPR 199, 248 (1981), expresó que el

concepto    domicilio    se   suele   confundir   con   el     de

residencia.     El tratadista Vázquez Bote explicó que el

domicilio es “el lugar de residencia habitual, en que

efectivamente se está y se quiere estar.”          E. Vázquez

Bote,      Concepto     del   domicilio    en     el    derecho

puertorriqueño, 61 Rev. Jur. UPR 25, 50 (1992). Mientras

que, la residencia es “el lugar en que una persona se

encuentra, durante más o menos tiempo, accidental o

incidentalmente, sin intención de domiciliarse.”             Íd.;

SLG Solá-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 688

(2011).

     El tratadista Cuevas Segarra, en relación a la

Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, dispuso que

“[e]l requisito de la regla se extiende a aquellos

litigantes que no son residentes durante la pendencia

del pleito.    El criterio no es domicilio ni ciudadanía.”

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,

2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1932.            A

su vez, el tratadista expuso que “si el demandante cambia

su condición de residente durante el trámite del pleito
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y se convierte en no residente, debe prestar fianza de

no residente.”         Íd.

     De otra parte, la Regla 69.5, supra, proviene del

Código de Procedimiento Civil de California.                      Molina v.

C.R.U.V., 114 DPR 295, 304 (1983).                       Por lo que, el

Tribunal Supremo en el caso de Myers v. Carter, 178

C.A.2d 622, 625–626 (1960), resolvió que la Sección 1030

del Código de California, el cual establece el requisito

de fianza a no residentes, este aplicará a un domiciliado

ausente    del    estado,       aunque      sea    de   forma    temporera.

Véase, Molina v. C.R.U.V., supra, pág. 304.

     Por otra parte, en Vaillant v. Santander, supra,

pág. 347, nuestro Máximo Foro dispuso que:

          Es incuestionable el carácter mandatorio de
          la fianza dispuesta en la Regla 69.5 de
          Procedimiento Civil, supra, ya que ésta es
          taxativa al señalar que “[c]uando el
          demandante residiere fuera de Puerto Rico …
          se le requerirá para que preste fianza para
          garantizar las costas, gastos y honorarios
          de abogados en que pudiere ser condenado.”

     Por lo tanto, conforme dispone la Regla 69.5 de

Procedimiento          Civil,    supra,      un     tribunal      no   tiene

discreción para eximir del requisito de fianza a un

demandante no residente.              Yero Vicente v. Nimay Auto

Corp., supra, pág. 134.

                                     III.

     Es preciso comenzar por destacar que la Orden y la

Resolución       por    las   que    el     peticionario        recurre   son

susceptibles de revisión por parte de este foro, con

carácter discrecional, en virtud de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra.               Ello, por tratarse de una

Orden   de   imposición         de   fianza        de   no   residente    al

peticionario y una Resolución denegando la solicitud de

desestimación de reconvención.                    Así las cosas, y a la
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luz de los criterios dispuestos en nuestra Regla 40,

supra, rechazamos intervenir en los méritos, para variar

las determinaciones del foro primario.

     Luego de analizar la totalidad del expediente, a la

luz de lo razonado por el foro primario en la Orden del

2 de octubre de 2023 y en la Resolución del 25 de octubre

de 2023, rechazamos ejercer nuestra facultad revisora

para expedir el recurso de epígrafe, a los efectos de

variar los dictámenes aquí impugnados.           Consideramos

que, no está presente ninguno de los criterios que

establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones,    que   requieran    nuestra   intervención   con

dichas determinaciones.     De igual forma, tampoco surge

que, de alguna manera, expedir el auto discrecional

solicitado evite un fracaso de la justicia.

                             IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el

auto discrecional solicitado.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones