Court Opinion

ID: 9962616
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:35:00.4858+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.800082
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL X

    EL PUEBLO DE PUERTO                           Certiorari
           RICO                                   procedente del
         RECURRIDA(S)                             Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
                                                  Superior de GUAYAMA
              V.            KLCE202400059

                                                  Caso Núm.
       VICMARIE COLÓN                             G BD2023G0017;
    ALVARADO Y FRANCISCO                          G BD2023G0018 Y
    J. MORALES ALVARADO                           G BD2023G0029 (308)
        PETICIONARIA(S)

                                                  Sobre:
                                                  Artículos 204 y/o 182
                                                  del Código Penal

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

                          RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, hoy día 27 de marzo de 2024.

        Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, los señores

VICMARIE COLÓN ALVARADO y FRANCISCO J. MORALES ALVARADO

(señores COLÓN ALVARADO y MORALES ALVARADO) mediante Petición

de Certiorari incoada el 17 de enero de 2024. En su escrito, nos

solicitan que revisemos la Resolución decretada el 21 de diciembre

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior

de Guayama.1 Mediante la referida decisión, el foro a quo denegó la

Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 64P de Procedimiento

Criminal presentada el 20 de julio de 2023, por la señora COLÓN

ALVARADO.

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

1 Dicha determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 22 de
diciembre de 2023. Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 1.

Número Identificador: RES2024_____________
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                                       -I-

       El 10 de junio de 2019, los señores COLÓN ALVARADO y

MORALES ALVARADO, mediante su corporación ENVIROGEN SYSTEM &

TECH LLC, y la señora Gildred E. Colón Vega suscribieron un

contrato.2 El 9 de agosto de 2019, convinieron un segundo contrato.

En los contratos, se acordó la instalación de un (1) sistema de placas

fotovoltaicas y sistema de electricidad en dos (2) cabañas; y otro

sistema de placas fotovoltaicas y una cisterna en la residencia

principal de la señora Colón Vega localizada en Arroyo, Puerto Rico.

       El 27 de abril de 2023, se celebró la Vista Preliminar. Ese

mismo día, se dictó Resolución Vista Preliminar, Regla 23 de

Procedimiento Criminal en la cual se determinó causa probable por

la infracción al Artículo 182 Grave.3 No obstante, no se determinó

causa probable por la infracción al Artículo 204 Grave. Ante ello, se

pautó Vista Preliminar en Alzada para el 18 de mayo de 2023 y Juicio

para el 12 de junio de 2023.

       Ulteriormente, el 18 de mayo de 2023, EL PUEBLO DE PUERTO

RICO presentó sendas acusaciones por infracción al Artículo 182

sobre apropiación ilegal agravada contra los señores COLÓN

ALVARADO y MORALES ALVARADO.4 Específicamente, se les imputó

2 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 54- 65.
3 Íd., págs. 31- 38. Artículo 182. — Apropiación ilegal agravada. 33 LPRA §
5252. Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el
Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos, será sancionada con
pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. Toda persona que se
apropie de bienes cuyo valor sea de diez mil dólares ($10,000) o más será
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la
persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa
hasta treinta mil dólares ($30,000). Si el valor del bien apropiado ilegalmente es
menor de diez mil dólares (10,000), pero mayor de quinientos dólares (500), será
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la
persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa
hasta diez mil dólares ($10,000). […] El tribunal también podrá imponer la pena
de restitución. Cuando la apropiación ilegal incluya propiedad o fondos públicos
el tribunal impondrá la pena de restitución.
Artículo 204. — Fraude en la ejecución de obras. 33 LPRA § 5274. Toda persona
que se comprometa a ejecutar cualquier tipo de obra y que, luego de recibir dinero
como pago parcial o total para ejecutar el trabajo contratado, con el propósito de
defraudar incumple la obligación de ejecutar o completar la obra según pactada,
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la
persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa
hasta diez mil dólares ($10,000). En todos los casos el tribunal ordenará, además,
que la persona convicta resarza a la parte perjudicada por el doble del importe del
dinero recibido como pago parcial o total para ejecutar el trabajo contratado.
4 Íd., págs. 41- 44.
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apropiarse sin violencia ni intimidación de la cantidad de

$33,159.50, como pago parcial para la instalación de paneles

solares, cisterna de agua y electricidad, pero estos trabajos nunca

fueron ejecutados.

        El 24 de mayo de 2023, ambos acusados presentaron por

separado Moción al Amparo de la Regla 95 en la cual requirieron que

se le ordenara a EL PUEBLO DE PUERTO RICO suministrar evidencia

material y/o documental relacionada a los hechos del caso.5 El 7 de

junio de 2023, EL PUEBLO DE PUERTO RICO replicó, conjuntamente,

mediante su Contestación a Moción al Amparo de la Regla 95 con la

cual cumplimentó el descubrimiento de prueba.6

        Después, el 14 de julio de 2023, se celebró la Vista Preliminar

en Alzada. El mismo día, se decretó Resolución Vista Preliminar en

Alzada. En el caso contra la señora COLÓN ALVARADO se mantuvo la

determinación de no causa probable.7 Empero, en el caso contra el

señor MORALES ALVARADO, se concluyó que existía causa probable.8

Así las cosas, el 18 de julio de 2023, se presentó otra acusación por

infracción al Artículo 204 sobre fraude en la ejecución de obras de

construcción contra el señor MORALES ALVARADO.9

        Por su parte, el 20 de julio de 2023, la señora COLÓN ALVARADO

presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 64(p)

de Procedimiento Criminal.10 El 17 de agosto de 2023, EL PUEBLO DE

PUERTO RICO presentó Contestación a Moción de Desestimación al

Amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal.11 En

consecuencia, el 28 de agosto de 2023, el tribunal primario

dictaminó Resolución en la cual declaró sin lugar la Moción de

5 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 47-50.
6 Íd., págs. 51- 82.
7 Íd., pág. 39.
8 Íd., pág. 40.
9 Íd., págs. 45- 46.
10 Íd., págs. 83- 87.
11 Íd., págs. 88- 93.
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Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal

y ordenó la continuación de los procedimientos.12

          Posteriormente, el 27 de octubre de 2023, los señores COLÓN

ALVARADO y MORALES ALVARADO presentaron, por separado, Moción

para Informar Representación Legal y Solicitar Rese[ñ]alamiento de

Juicio en la cual informaron, entre otras cosas, que se proponían

utilizar los servicios de un ingeniero y su nueva representación legal

necesitaba          prepararse   adecuadamente         para    reconstruir   el

expediente y evaluarlo.13

          Más adelante, el 19 de diciembre de 2023, los señores COLÓN

ALVARADO y MORALES ALVARADO presentaron Moción Solicitando

Desestimación, alegando que EL PUEBLO DE PUERTO RICO no produjo

evidencia exculpatoria y de impugnación, con anterioridad a la vista

preliminar.14 Subsiguiente, el 21 de diciembre de 2023, se dictaminó

la Resolución recurrida.

          Inconformes con ese proceder, el 17 de enero de 2024, los

señores COLÓN ALVARADO y MORALES ALVARADO recurrieron ante este

foro intermedio señalando el(los) siguiente(s) error(es):

              Erró el TPI al determinar que la moción de desestimación
              por violar el derecho constitucional a recibir información
              exculpatoria y de impugnación había sido adjudicada
              antes de radicarse.

              Erró el TPI al rehusarse a determinar que el Ministerio
              Público privó a los imputados en este caso de evidencia
              que es favorable, beneficiosa y exculpatoria.

          El 23 de enero de 2024, intimamos Resolución en la cual, entre

otras cosas, concedimos un plazo de veinte (20) días para mostrar

causa, por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar

el dictamen impugnado, a EL PUEBLO DE PUERTO RICO. El 13 de

febrero de 2024, EL PUEBLO DE PUERTO RICO presentó su Escrito en

Cumplimiento de Orden.

12 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 94-99.
13 Íd., págs. 100- 103.
14
     Íd., págs. 3- 30.
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      Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos

encontramos en posición de resolver. Puntualizamos las normas de

derecho pertinentes a las (s) controversia(s) planteada(s).

                                   - II -

                                   -A-

      El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia

judicial.15 Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo

de recurso se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial.16

      De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”.17 Empero, el ejercicio de la discreción

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una

u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho”.18

      El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío

o en ausencia de otros parámetros.19 Para ello, la Regla 40 de

nuestro Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar

si se debe o no expedir un recurso de certiorari. A saber:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho;
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema;
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia;
      (D) Si el asunto planteado exige una consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados;
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración;

15 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___

(2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021).
16 Íd.
17 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
18 Íd.
19 Id.
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       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio; y
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.20

       Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista

exhaustiva, y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo,

para justificar el ejercicio de nuestra jurisdicción.21 En otras

palabras, los anteriores criterios nos sirven de guía para poder

determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica nuestra

intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el

caso.22 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación

que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación.”23

       Finalmente,      este   Tribunal      solo   intervendrá      con    las

determinaciones       interlocutorias     discrecionales     procesales     del

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en un

craso abuso de discreción.24 Esto es, “que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.25

                                     -B-

       Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal adoptó unas

Reglas de Procedimiento Criminal para asegurar la tramitación justa

20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera

Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011). En los casos, criminales,
la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de los criterios
enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento.
21 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
22 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
23 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v.

JRO Construction Inc., supra.
24 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
25 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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de todo proceso penal y evitar dilaciones.26 El mencionado conjunto

de normas incluye la opción de la desestimación al amparo de la

Regla 64 (p) de las de Procedimiento Criminal.27 Así pues, la moción

de desestimación constituye el remedio procesal adecuado para

impugnar la determinación de causa probable en la vista

preliminar.28 La precitada Regla instituye que un imputado de delito

puede solicitar la desestimación de la acusación radicada en su

contra, o de alguno de los cargos incluidos en ésta, cuando la misma

ha sido presentada “sin que se hubiere determinado causa probable

por un magistrado … con arreglo a la ley y a derecho”.29

       En conformidad con la antedicha norma, se puede invocar la

desestimación de la acusación en dos (2) escenarios particulares. En

primer lugar, en aquellas circunstancias en las que se determine

causa probable para acusar, a pesar de la ausencia total de prueba

sobre alguno de los elementos del delito imputado o de su conexión

con el acusado. En segunda instancia, cuando se haya infringido

alguno de los requisitos o derechos procesales que se deben

observar durante la vista preliminar.30 Ambos fundamentos

requieren una demostración clara del error que se imputa al

magistrado, pues toda determinación de causa probable para acusar

goza de una presunción de corrección.31 En ese contexto, la

celebración de la audiencia al amparo de la Regla 64 (p) de las de

Procedimiento Criminal es discrecional.32

       En esencia, el magistrado que evalúe una moción de

desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de las de Procedimiento

Criminal debe tener presente que no se trata de una nueva

26  D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma
edición (2018), págs. 2– 3.
27 Id.
28 Pueblo v. Pérez Delgado, 211 DPR 654 (2023); Pueblo v. Negrón Nazario, 191

DPR 720, 734 - 735 (2014).
29 Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (p).
30 Pueblo v. Negrón Nazario, supra; Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 878

(2010).
31 Id.
32 Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685, 691 (1994).
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determinación de causa probable.33 Por lo que, el análisis adecuado

para resolver la moción de desestimación al amparo de la

mencionada regla requiere examinar la prueba de cargo y defensa

vertida en la vista preliminar.34 Justipreciada exclusivamente tal

prueba, el magistrado debe determinar si ésta “establece la

probabilidad de que estén presentes todos los elementos; a saber, la

probabilidad de que se haya cometido [el] delito imputado. Afín a

dicho examen, debe determinar si hay prueba que probablemente

conecte al imputado con el delito probablemente cometido”.35

       En otras palabras, solamente procederá declarar con lugar la

moción de desestimación al amparo del inciso (p) de la Regla 64 de

las de Procedimiento Criminal cuando haya ausencia total de

prueba sobre la probabilidad de que estén presentes y probados

uno, varios o todos los elementos del delito imputado o la

conexión del imputado con tal delito.36 En realidad, el hecho de

que a juicio del magistrado la prueba presentada demuestre con

igual probabilidad la comisión de un delito distinto al imputado, no

debe dar base a una desestimación.37

                                      -C-

       Sabido es que nuestro sistema de justicia criminal reconoce

el derecho de todo acusado a informarse debidamente en la

preparación adecuada de su defensa, como parte del debido proceso

33 Pueblo v. Negrón Nazario, supra, pág. 736.
34 Resulta menester mencionar que la determinación emitida tras la celebración

de la Vista Preliminar en Alzada ya sea la inexistencia de causa por insuficiencia
de prueba o la existencia de causa probable por un delito distinto o inferior al
imputado, es final y no es revisable ante un foro de mayor jerarquía. Véase
Pueblo v. Encarnación Reyes, 191 DPR 176, 182 (2014). Ello implica que,
solamente se puede revisar por certiorari, y a modo de excepción, cuando la
determinación de no causa probable para acusar se funda en cuestiones
estrictamente de derecho, desvinculadas de la apreciación de la prueba que
fue presentada para comprobar la comisión del delito. Véase, también Pueblo en
interés menor KJSR, 172 DPR 490 (2007). (énfasis nuestro).
35 Pueblo v. Guadalupe Rivera, 206 DPR 616 (2021); Pueblo v. Negrón Nazario,

supra; Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 709 (2011); Pueblo v. Rivera
Vázquez, supra, pág. 879.
36 Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, supra; Pueblo v.

Rodríguez Ríos, supra; Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 DPR 592, 594
(1972). (énfasis nuestro).
37 Pueblo v. Guadalupe Rivera, supra. (énfasis nuestro).
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de ley.38 Sustancialmente, el descubrimiento de prueba es el

vehículo procesal mediante el cual se consigue prueba favorable o

desfavorable para el imputado. En ese marco, se ha prescrito que el

derecho al descubrimiento de prueba es consustancial con el

derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su

contra.39

       Sin embargo, el derecho al descubrimiento de prueba a favor

del acusado no es absoluto. Los límites a este derecho están

esbozados en la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal, con el

fin de desalentar las expediciones de pesca.40 La norma general es

que antes del juicio no existe un derecho constitucional a descubrir

prueba. La excepción a esta norma es cuando se trata de prueba

exculpatoria,        pues     con      ella    se    activa      la       protección

constitucional del debido proceso de ley.41

       En lo pertinente, el inciso (b) de la Regla 95 de las de

Procedimiento Criminal, le impone el deber al Ministerio Público

de revelar toda la prueba exculpatoria que posea.42 La prueba

exculpatoria es aquella que le resulte favorable al acusado y sea

relevante a la culpabilidad y castigo.43 Ello debido a que existe un

interés apremiante en presentarle al juzgador de los hechos toda

prueba significativa dirigida a probar la inocencia de un acusado.44

Más bien, lo anterior le provee al acusado los medios necesarios para

carearse con los testigos de cargo e impugnarlos de manera

apropiada.45 Asimismo, si el Ministerio Público incumple con este

deber y oculta, suprime u omite prueba exculpatoria, incurre en

38 Constitución de Puerto Rico Art. II sec. 7, 1 LPRA Art. II, sec. 7.
39 Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 530 (2003); Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR

223, 231 (1999).
40 34 LPRA Ap. II. Véase, además Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 530; Pueblo v.

Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 324 (1991).
41 Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 535. (énfasis nuestro).
42 (énfasis nuestro).
43 Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, pág. 333.
44 Pueblo v. Santiago Cruz y en interés Menor FLR, 205 DPR 7 (2020); Pueblo v.

Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 247 (1979).
45 Id.
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una violación al debido proceso de ley.46 Tal incumplimiento

podría acarrear la revocación de la convicción y la celebración de un

nuevo juicio, pero ello dependerá de la relevancia y materialidad de

la evidencia suprimida.47

                                      - III -

        Esencialmente, los señores COLÓN ALVARADO y MORALES

ALVARADO recurren ante este Tribunal de Apelaciones punteando

que el Estado le ha violentado su derecho al debido proceso de ley,

pues se rehusó a revelar “prueba exculpatoria” que demuestra que

las construcciones por las cuales fueron contratados son ilegales,

pues carecen de los permisos necesarios en ley.48 Añadieron que,

esa información era de conocimiento de la señora Colón Vega y esta

nunca la suministró a los señores COLÓN ALVARADO y MORALES

ALVARADO.

        Por su parte, EL PUEBLO DE PUERTO RICO resaltó que al

momento en que se presentaron los pliegos acusatorios estos no

tenían en su poder la resolución administrativa dictada el 30 de

agosto de 2023, en la cual se determinó que las construcciones no

contaban con los permisos gubernamentales. Asimismo, adujo que

el hecho de que las construcciones contratadas no pudieran

efectuarse por carecer de los permisos concernientes no constituye

óbice para la instalación de las placas fotovoltaicas, detalle que no

cuestionaron ni explicaron. Manifestó además que, no existe

controversia en cuanto a la existencia de un contrato de obra y sin

mediar violencia ni intimidación los señores COLÓN ALVARADO y

MORALES ALVARADO se apropiaron de la cantidad de $33,159.50 por

obras no realizadas. Aseguró que ello, por sí solo, es suficiente con

respecto a los elementos del delito de fraude en la ejecución de obra.

46 Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 536. (énfasis nuestro).
47 Id., pág. 539.
48
  Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 13- 18. Debemos precisar que
dicho documento no estaba accesible al momento del descubrimiento de prueba
en junio de 2023.
KLCE202400059                                          Página 11 de 11

      Habida cuenta de que el recurso ante nuestra consideración

se trata de un Certiorari, este Tribunal de Apelaciones debe

determinar, como cuestión de umbral, si procede su expedición. Tal

y como hemos expuesto, un tribunal intermedio no intervendrá con

el ejercicio de la discreción de los Tribunales de Primera Instancia,

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o

actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.

      Consideramos que la etapa del procedimiento en que se

presenta este recurso de Certiorari no es la más propicia para

nuestra intervención. Los señores COLÓN ALVARADO y MORALES

ALVARADO tampoco han demostrado que el foro a quo actuó con

pasión, prejuicio, parcialidad o que incurrió en error manifiesto. En

conclusión, nada en el expediente nos convenció para utilizar

nuestra función revisora en esta etapa de los procedimientos.

                               - IV -

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la

expedición del auto de Certiorari incoado el 17 de enero de 2024 por

los señores VICMARIE COLÓN ALVARADO y FRANCISCO J. MORALES

ALVARADO.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones