Court Opinion

ID: 9962783
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:52:03.037483+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:34.351479
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

 ANTONIO LEAL GONZÁLEZ Y                                Certiorari procedente
          OTROS                                         del Tribunal de
                                                        Primera Instancia,
          RECURRIDOS                                    Sala Superior de
                                                        Carolina

                 v.                 KLCE202400154 Caso Número:
                                                  CA2023CV01753
   MEARKLE GROUP INC. Y
         OTROS                                          Sobre:
                                                        Acción
        PETICIONARIOS                                   Reivindicatoria

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

       El Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular; peticionario)

comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de

certiorari, en el cual solicitó la revocación de la Orden expedida y notificada

el 8 de enero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Carolina. Precisamente, el foro recurrido denegó la desestimación de la

acción reivindicatoria instada en contra del peticionario.

       Por los fundamentos a continuación denegamos la expedición del

recurso de certiorari.

                                       I

       Antonio Leal González, Mirtha Bárbara Cruz Valladares y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, presentaron una

acción reivindicatoria en contra de Mearkle Group, Inc. Mediante dicha

demanda solicitaron que estos desalojaran 1,827.489 pies cuadrados de

su propiedad y se reclamó el pago de una compensación ascendente a

$116,014.60 por el uso y disfrute ilegal de su propiedad.

       Tras varias instancias procesales, Mearkle contestó la demanda en

la que adujo como defensa afirmativa que el inmueble objeto de litigio

estaba gravado por una hipoteca en garantía de un pagaré por la suma de

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400154                                                                2

$600,000.00 a favor del Banco Popular de PR. Posteriormente, mediante

una moción conjunta Mearkle y el peticionario adujeron que se debía

enmendar la demanda para acumular al Banco Popular debido a que como

acreedor hipotecario tenía un interés legítimo en el pleito. Así los recurridos

presentaron su demanda enmendada para acumular al Banco como parte

indispensable.

       El peticionario presentó una Moción de desestimación al amparo de

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en la que expone que

no se presentó una reclamación en su contra que justificara la concesión

de un remedio en su contra. Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Orden mediante la cual declaró no ha lugar la Moción de

Desestimación. Inconforme, el peticionario presentó el recurso de certiorari

ante nuestra consideración, en el cual adujo que el foro recurrido incurrió

en los siguientes errores:

       Erró el TPI al denegar de plano la solicitud de desestimación
       de BPPR en la medida que no se configura una causa de
       acción reinvindicatoria en contra de BPPR que justifique su
       acumulación en el pleito.

       Erró el TPI al denegar de plano la solicitud de desestimación
       de BPPR dado que no se impugna la validez de la hipoteca a
       su favor en la causa de acción de los recurridos.

       Erró el TPI al denegar de plano la solicitud de desestimación
       de BPPR cuando el desenlace del litigio no afecta su derecho
       hipotecario debidamente inscrito en el Registro de la
       Propiedad.

       Mediante resolución concedimos término a las partes recurridas

para que presentaran su posición respecto al recurso de autos. Conforme

a ello, los recurridos presentaron su oposición a la expedición del certiorari.

                                      II

                                      A.

       El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012). Se trata de un recurso caracterizado principalmente por la

discreción encomendada al tribunal revisor para decidir si debe expedir o
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denegar el auto. Id. Al respecto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, contempla los escenarios en los que procede la presentación de un

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. De ordinario no

procede la presentación de certiorari para revisar ordenes interlocutorias;

sin embargo, se permite cuando se deniega una moción de carácter

dispositiva, entre estas las mociones de desestimación.

      Los recursos de certiorari sobre resoluciones postsentencia deben

evaluarse bajo los parámetros establecidos en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40). Como

es sabido, debido a que la discreción judicial no opera en el vacío, Rivera

Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011),

la Regla 40 esboza los criterios que este tribunal revisor debe considerar al

determinar la expedición o denegación de un auto de certiorari. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.
      Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la

decisión recurrida[,] así como la etapa del procedimiento en que es

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y

no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008), que

cita a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 97 (2001). Asimismo, se ha

resuelto que “los tribunales apelativos no debemos intervenir con el
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ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o

parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709

(2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                      B.

        La acción reivindicatoria es la que presenta el propietario de una

cosa para recuperar su posesión, contra aquel legitimado pasivamente en

este tipo de acción: el poseedor o tenedor presente de la cosa reivindicada.

Precisamente, el Art. 820 del Código Civil dispone que: “el propietario que

no posee puede ejercitar la acción reivindicatoria contra el poseedor que

frente a él no puede alegar derecho que justifique su posesión. 31 LPRA

sec. 8101. Así los requisitos para que proceda esta causa de acción son

los siguientes: “(a) el justo título de propiedad del demandante; (b) que la

acción se dirija contra quien tiene la cosa en su poder; (c) falta de título del

poseedor no propietario que permita seguir en la posesión; y (d) la

identificación precisa de la cosa cuya restitución se solicita”. 31 LPRA sec.

8102.

        Cuando se presenta una demanda de reivindicación en contra de

quien tiene inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad, debe cumplir

los dispuesto en la legislación registral inmobiliaria. 31 LPRA sec. 8103. A

su vez, la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, dispone las situaciones en

las que procede la cancelación de asientos registrales independiente a la

voluntad de los interesados. Art. 207, 30 LPRA sec. 6337. Entre estos se

encuentra cuando recae una sentencia que concede reivindicación o

declara la existencia de un derecho real. Id.

                                      C.

        La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:

“Las personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda

adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como
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demandantes o demandadas, según corresponda”. La parte indispensable

ha sido definida como aquella que posee “un interés común sin cuya

presencia no pueda adjudicarse la controversia”. García Colón et al v.

Sucn. Gonzázlez, 178 DPR 527, 548 (2010). En palabras del Tribunal

Supremo, se trata de aquella parte “de la cual no se puede prescindir y

cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un

decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus

derechos.” Id.

       El tratadista Cuevas Segarra plantea que el término “interés común

no se trata de cualquier interés en el pleito, sino que “[t]iene que ser un

interés de tal orden que impida la confección de un decreto sin afectarlo.”

J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed.,

Publicaciones JTS, 2011, Tomo II, pág. 691. Se ha dicho que, al determinar

de si se trata de una parte indispensable o no, se debe llevar a cabo un

enfoque pragmático. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág.

549. Por igual, la norma vigente requiere un análisis particularizado de

conformidad con las circunstancias de cada caso; y no se favorece la

aplicación de “una fórmula con pretensiones omnímodas.” Id., pág.

550. Como parte del análisis jurídico a realizarse deben evaluarse factores

tales como: lugar, tiempo, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos,

intereses en conflicto, resultado y formalidad. Cuevas Segarra, op. cit., pág.

695. Es por esta razón que los foros judiciales debemos realizar un análisis

juicioso en el que debemos incluir la determinación de los derechos del

ausente,   así   como    de   las   consecuencias    de   no   unirlo   como

parte. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 512 (2015).

       En armonía con lo anterior, la Regla 16.2 de Procedimiento Civil,

supra, provee también para que el tribunal ordene “la comparecencia de

aquellas personas sujetas a su jurisdicción quienes, a pesar de no

ser partes indispensables, deban ser acumuladas si se ha de conceder un

remedio completo a las personas que ya sean partes en el pleito.” Si bien

la determinación de la acumulación de personas que no son indispensables
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es un asunto discrecional del tribunal, al dirimirlo “debe considerar si la

sentencia que dictará en su día le pondría punto final a la controversia entre

las partes que ya están incluidas en el pleito.” Secretariado de la

Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil,

marzo 2008, pág. 208. Cuando se alude a un “remedio completo”, se refiere

al remedio entre las partes incluidas en el pleito, no al que pueda obtenerse

entre una parte y el ausente. Id.; Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1,

16 (2000). En fin, la norma procesal “garantiza los valores siguientes: evitar

multiplicidad de litigios, proveer a las partes un remedio final, completo y

efectivo en el mismo pleito, y proteger a los ausentes de los efectos nocivos

de una decisión sin su presencia.” (Énfasis nuestro.) Granados v.

Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 605 (1989).

                                      III

       De entrada, cabe puntualizar que el recurso de certiorari presentado

por el peticionario es un vehículo procesal discrecional para que este foro

pueda revisar las determinaciones de un tribunal inferior. La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, nos da la facultad para revisar órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se

recurre de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No

obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío. Es decir, que se nos ha

delegado la facultad de determinar si acogemos el recurso o declinamos

emitir un dictamen sin la obligación de tener que fundamentar nuestra

decisión ante ello.

       La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

establece los criterios a ser considerados al momento de ejercer tal

discreción. Evaluada la orden recurrida, esta no cumple con los criterios

antes esbozados de la Regla 40, supra. No vemos que, en el manejo del

caso ante el TPI, se incurrió en un abuso de discreción o que este haya

actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco se demostró que, el TPI se

haya equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal y
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que, intervenir en esta temprana etapa, evitaría un perjuicio sustancial

contra del peticionario. Por consiguiente, resolvemos denegar la expedición

del auto de certiorari.

       El peticionario sostiene que procedía la desestimación de la acción

en su contra por que la demanda era insuficiente para sostener una acción

reivindicatoria en contra del Banco Popular. Así, sostuvo que el pleito de

autos no afectaba la validez del colateral que garantiza el derecho real

constituido a su favor. Sin embargo, el foro recurrido no erró al denegar la

desestimación puesto que el derecho hipotecario del peticionario pudiera

verse afectado por el desenlace del caso de autos. Entiéndase, conforme

al Artículo 207 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, supra,

pudiera recaer una sentencia de reivindicación que modifique la cabida de

la propiedad gravada que garantiza el derecho real a favor del peticionario.

                                    IV

       Por los fundamentos anteriores, se deniega la expedición del

recurso de certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones