Court Opinion

ID: 9374135
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:22.781873+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.038070
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 Panel Especial

                                                       Revisión
                                                       administrativa
    LORAINE MARTÍNEZ                                   Procedente de la
        ADORNO                                         Oficina del Inspector
                                                       General (OIG)
         Recurrente

               v.
                                    KLRA202200567      Sobre:
 OFICINA DEL INSPECTOR                                 Separación Periodo
        GENERAL                                        Probatorio

          Recurrida

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el Juez
Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente

                                 SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      Comparece ante nos la Sra. Loraine Martínez Adorno (en adelante,

señora Martínez Adorno o recurrente), para que revoquemos una

resolución administrativa que provocó su despido por no aprobar el

periodo probatorio en la Oficina del Inspector General, (en adelante, OIG

o parte recurrida).

      Evaluados los escritos de las partes, determinamos confirmar la

resolución recurrida.

                                        -I-

      Luego de 25 años ocupando un puesto de carrera en el

Departamento de Corrección y Rehabilitación, la señora Martínez Adorno

aceptó una oferta de empleo en la OIG, renunció a su anterior trabajo y

Número Identificador
SEN2023______________
KLRA202200567                                                           2

fue nombrada el 23 de noviembre de 2021.1 Su nombramiento fue al

cargo de Educadora en el Área de Educación, Asesoramiento y

Prevención de la OIG, un puesto en el servicio de la carrera no cubierto

por un convenio y con un periodo probatorio de nueve (9) meses,

venciendo el 23 de agosto de 2022.2 Durante ese periodo probatorio, la

recurrente fue evaluada en tres (3) ocasiones y participó en diversos

adiestramientos como parte de su formación, alcanzando un promedio de

67.5 horas contacto.3

         Sin embargo, sus evaluaciones no alcanzaron lo esperado por la

OIG. La primera evaluación comprendió el periodo del 23 de noviembre al

8 de marzo de 2022. De esa evaluación surge del expediente, que la

señora Martínez Adorno, obtuvo un nivel de ejecución de 2.69 y los

comentarios no fueron satisfactorios. No obstante, la supervisora,

Francheska Negrón López, discutió la evaluación con la recurrente.4

     Así las cosas, la segunda evaluación comprendió el periodo de 9 de

marzo al 9 de junio de 2022. En esa ocasión, la señora Martínez Adorno

alcanzó un nivel de ejecución de 2.44 y los comentarios fueron

deficientes.5 Así pues, la recurrente tuvo una tercera y última evaluación

dentro del periodo probatorio para la fecha de 10 de junio al 5 de agosto

de 2022, esa vez obtuvo un nivel de ejecución de 2.57 y los comentarios

de la evaluación fueron fatales.6

         Como consecuencia, el 5 de agosto de 2022, la señora Negrón

López, directora del Área de Educación y la señora Mayra Rivera,

Directora de Recursos Humanos, le entregaron a la señora Martínez

Adorno una carta fechada y firmada por la señora Vanessa Figueroa

1   Apéndice   de   la   parte   recurrida, págs. 1 – 3.
2   Apéndice   de   la   parte   recurrente, págs. 1 – 5.
3   Apéndice   de   la   parte   recurrida, págs. 27 – 28.
4   Apéndice   de   la   parte   recurrida, págs. 20 – 26.
5   Apéndice   de   la   parte   recurrida, págs. 12 – 19.
6   Apéndice   de   la   parte   recurrida, págs. 9 – 16.
KLRA202200567
                                                                               3

Zavala, Sub Inspectora General.7 En la referida carta, se le notificó a la

recurrente que sería separada de su puesto inmediatamente y se le

advirtió de su derecho reglamentario a “solicitar una reconsideración ante

la Inspectora General dentro del término jurisdiccional de diez (10) días

laborales”.8

       En consecuencia —con fecha de 9 de agosto de 2022— el 11 de

agosto de 2022, la señora Martínez Adorno presentó una reconsideración

en la Secretaría de la OIG para que se dejara sin efecto la separación de

empleo.9 En respuesta, el 22 de agosto de 2022, notificada por correo

certificado el 24 de agosto de 2022, la OIG reafirmó y mantuvo su

decisión de la cesantía, por no aprobar el periodo probatorio.10

       Inconforme, la señora Martínez Adorno recurre ante nos en una

Petición de Revisión Judicial y plantea los siguientes errores:

              Primer error: Erró la OIG al no cumplir con las exigencias del
       Reglamento OIG–RH–12 y la Ley de Procedimientos Administrativos
       Uniforme (LPAU), en cuanto a la adjudicación de la solicitud de
       reconsideración de la recurrente, los requisitos de forma de la
       determinación final de la agencia y la determinación en
       reconsideración de la Inspectora General y el término para solicitar
       reconsideración.
              Segundo error: Erró la OIG al no entregar a la recurrente la
       acción final de separación de empleo en periodo probatorio con no
       menos de diez (10) días laborables de antelación a la efectividad de
       la separación en violación al Art. V, sec. 509 (10) del Reglamento de
       Recursos Humanos de la OIG.
              Tercer error: Erró la OIG al no reinstalar a la Sra. Martínez
       Adorno en un puesto de la misma clase del que ocupaba con
       regularidad en el Departamento de Corrección y Rehabilitación
       o en otro puesto similar cuyos requisitos sean análogos, según
       requiere el Reglamento de Recursos Humanos de la Oficina
       del Inspector General OIG – RH – 12, el Principio del Mérito y
       el Debido Proceso de Ley.

                                                   -II-

       La determinación del OIG es una decisión administrativa, cuya

revisión se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (LPAUG).11 La referida Ley establece que “[l]as

7 Apéndice de la parte recurrente, pág. 12.
8 Id.
9 Apéndice de la parte recurrente, pág. 13 – 16.
10 Apéndice de la parte recurrente, pág. 119.
11 Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9675.
KLRA202200567                                                                      4

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obre en

el expediente administrativo, considerado este en su totalidad.”12

Además,        sobre    las   conclusiones     de    derecho    de    las    agencias

administrativas la sección citada expresa que, merecerán deferencia

judicial, sin menoscabo de la función de revisión judicial.13

         Así, ante una revisión judicial el tribunal tomará en consideración

los siguientes factores: (a) presunción de corrección; (b) especialización

del foro administrativo; (c) no sustitución de criterios; (d) deferencia al

foro administrativo; y, (e) que la decisión administrativa solo se dejará

sin efecto ante una actuación arbitraria, ilegal o irrazonable, o ante

determinaciones huérfanas de prueba sustancial en la totalidad del

expediente.14

         Consecuentemente,        la   intervención    del   tribunal    revisor   se

circunscribe a evaluar si la decisión administrativa es razonable. En la

alternativa, de que exista más de una interpretación razonable de los

hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y no

sustituir su criterio por el de ésta.15 A tales efectos, para impugnar la

razonabilidad de la determinación o demostrar que la evidencia que obra

en el expediente administrativo no es sustancial, es necesario que la

parte recurrente señale la prueba en el récord que reduzca o menoscabe

el peso de tal evidencia.16 En su gestión revisora, el tribunal apelativo

debe considerar la evidencia presentada en su totalidad, tanto la que

sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el peso que

la agencia le haya conferido.17 Ello implica —como indicamos antes—

que las decisiones de las agencias administrativas tienen a su favor una

12   Id. sec. 9675.
13   Id. sec. 9675.
14   Id.
15   Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437 (1997).
16   Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 (1999).
17   Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).
KLRA202200567
                                                                                  5

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse por los

tribunales.

     En ese sentido, la OIG, es una entidad gubernamental del Gobierno de

Puerto Rico con plena autonomía administrativa, presupuestaria,

operacional y fiscal.18 En esencia, el Inspector General posee la facultad,

entre otras, de adoptar reglamentos para el funcionamiento interno de la

OIG, nombrar y contratar personal, designar oficiales examinadores y

jueces administrativos para que presidan los procesos adjudicativos, que

inicien en la OIG con facultad de emitir todas aquellas órdenes que sean

necesarias para salvaguardar el debido proceso de ley de las partes

conforme a la reglamentación adoptada para la OIG.19 Sin embargo, la

OIG no está excluida de las disposiciones de la LPAUG y está

comprendida dentro de la definición de agencia.20 Es decir, la OIG tiene

que cumplir cabalmente con la LPAUG.21

     En fin, debemos limitarnos a evaluar si la OIG actuó arbitraria o

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un

uso excesivo de discreción.22

                                       -III-

        Surge del expediente que la señora Martínez Adorno, al momento

de aceptar la oferta de empleo de la OIG, asumió la responsabilidad de

cumplir no tan solo con el contrato de empleo, sino con todos sus

deberes, funciones y condiciones. De hecho, aceptó que ese nuevo

empleo incluía un periodo probatorio de nueve (9) meses.23 Como parte

de su empleo, la recurrente tenía que ejercer funciones en un 20% que

tuviera que ver con la planificación de charlas y adiestramientos en

18 3 LPRA sec. 8868.
19 Id.
20 3 LPRA sec. 9603 (a).
21 Id.
22 Junta de Planificación, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187

(2009); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116, 122 (2000); Fuertes y otros v. ARPE,
134 DPR 947, 953. (1993).
23 Apéndice de la parte recurrente, págs. 1 – 2.
KLRA202200567                                                                      6

diversas materias para empleados públicos.24 De ordinario, la naturaleza

de sus funciones impone que constantemente esté expuesta a críticas

respecto a su proyección y desempeño.

       A tales efectos, el reglamento de la OIG establece que el periodo

probatorio constituye la última parte del proceso de reclutamiento y

selección.25 Asimismo, establece: (1) empleado que se encuentre en

periodo probatorio será evaluado por las funciones propias y al nivel de

clasificación oficial; (2) el periodo probatorio abarcará un ciclo completo

de funciones y no será menor a 6 meses, ni mayor de doce meses; y (3) el

trabajo   de   todo    empleado     en   periodo    probatorio     será   evaluado

periódicamente en cuanto a su productividad, eficiencia, hábitos y

actitudes.26

       De los autos ante nuestra consideración se desprende que:

       (1) la señora Martínez Adorno fue evaluada en tres periodos
           diferentes a lo largo del periodo probatorio;
       (2) en cada evaluación obtuvo nivel de clasificación
           deficiente; y
       (3) en cada evaluación, la supervisora del área de trabajo se
           reunió con ella para aclarar la evaluación y brindar
           recomendaciones en la capacitación, sin embargo, la
           recurrente optaba por discutir y firmar aseverando
           expresamente:’’ No estoy de acuerdo con la evaluación.27

       De otro lado, la recurrente asegura que había ocupado un puesto

de carrera con el Departamento de Corrección y Rehabilitación donde

laboró por 25 años y que, por ello, se activaba un debido proceso de ley

al ella poseer un interés propietario sobre dicho empleo. No le asiste la

razón.

     La señora Martínez Adorno, decidió renunciar a su pasado empleo

en otra agencia del Gobierno para aceptar someterse a un periodo

probatorio de nueve (9) meses en otra agencia pública.

24 Apéndice de la parte recurrente, pág. 6.
25 Reglamento de Recursos Humanos de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico,
sec. 6.05. Apéndice de la parte recurrente, pág. 59.
26 Id. sec. 5.09. Apéndice de la parte recurrente, pág. 59.
27 Apéndice de la parte recurrida, págs. 5 – 26.
KLRA202200567
                                                                       7

    En fin, no contamos con evidencia sustancial que nos coloque en

posición de resolver que el foro administrativo actuó en contravención de

su reglamento OIG– RH– 12 y en violación a un debido proceso de ley. Es

decir, la resolución administrativa no es una arbitraria, ilegal o

irrazonable.

                                   -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución

recurrida.

      Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones