Court Opinion

ID: 9952413
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:50:23.246578+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:11.878269
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

                                                     Revisión
    ALVERIO SERVICE                                  Administrativa
 STATION, INC.; ESTRELLA                             procedente de la
 SERVICES STATION, INC.;                             Oficina de
   TO GO STORES, LLC                                 Permisos
                                                     Municipio
         Recurrentes                                 Autónomo de
                                                     Caguas
               v.                   KLRA202200442
                                                  Caso Núm.:
  MUNICIPIO AUTÓNOMO                CONSOLIDADO 2018-248898-
      DE CAGUAS                         CON:      PCO-0117383;
                                                  2019-288289-
          Recurrido                 KLAN202200646 PCOC-003560;
                                                  2019-289469-PU-
  SAMMY ODEH & SONS,                              014630;
         INC.                                     2019-288289-
                                                  PCOC-005541.
        Concesionario
                                                     Caso Civil Núm.:
                                                     CG2022CV01745

                                                     Sobre: Revocación
                                                     de Permisos;
                                                     Interdicto
                                                     Estatutario, Art.
                                                     14 Ley 161 de
                                                     2009.

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero
Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2024.

      El 11 de agosto de 2022, comparecieron ante nos Alverio

Service Station, Inc., Estrella Service Station, Inc., y To Go

Stores, LLC (en adelante, “recurrentes”) mediante un recurso de

Revisión Administrativa. Nos solicitan que revisemos una Resolución

notificada el 12 julio de 2022 por la División de Revisiones

Administrativas de la Oficina de Gerencia y Permisos (en adelante,

“DRA-OGPe”), en el cual, determinó no acoger una Revisión

Administrativa      y   Solicitud    de   Paralización   de   Obras   de

Construcción, núm. 2022- 44593-SDR009529, presentada por los

Número Identificador

RES2024 _______________
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                   2
recurrentes para impugnar los permisos:1 (1) 2018-248898-PCO-

017383;2 (2) 2019-289469-PU-014630;3 (3) 2019-288289-PCOC-

003560;4 y (4) 2019-288289-PCOC-005541,5 emitidos a favor de

Sammy Odeh & Sons, Inc., (en adelante, “Sammy Odeh”) por la

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas (en

adelante, “OP-MAC”).

       Además, el 15 de agosto de 2022 los recurrentes acudieron

ante nos mediante un recurso de Apelación. En este, solicitan la

revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (en

adelante, “TPI”), Sala Superior de Caguas, notificada el 14 de julio

de 2022, en la cual determinó que no procedía la petición de

interdicto estatutario instada por los recurrentes al amparo del

Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. En vista de ello, impuso el pago

de honorarios de abogado a favor de Sammy Odeh y del Municipio

Autónomo de Caguas.

       El 29 de agosto de 2022, ordenamos la consolidación de los

recursos KLRA202200442 y KLAN202200646, conforme a la Orden

Administrativa DJ-2019-316 y la Regla 80.1 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones.6

       Luego de recibir la Transcripción de la Prueba Oral (TPO),

examinar los recursos presentados y de ponderar los argumentos

esbozados     por   ambas      partes,    confirmamos       los   dictámenes

recurridos. Veamos el fundamento.

                                         -I-

       En primer orden, examinemos el tracto procesal y los hechos

que originan los recursos ante nos.

1 Véase, Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en

las págs. 1-4.
2 Permiso de construcción certificado para estación de gasolina.
3 Permiso único de operación para estación de gasolina y tienda de conveniencia.
4 Permiso de construcción enmendado para la estación de gasolina y tienda de

conveniencia. Obsérvese, que por error involuntario se expresó el núm. 2019-
288289-PCOC-003580, cuando lo correcto es 2019-288289-PCOC-003560.
5 Enmienda a los fines de incluir la instalación de 2 despachadores de gasolina

adicionales.
6 4 LPRA Ap. XXII-B.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                               3
      El 27 de junio de 2014, Total Petroleum Puerto Rico Corp (en

adelante, “Total”) vende la gasolinera objeto de controversia en este

caso, a Sammy Odeh, la cual, consistía de dos lotes. Posterior a ello,

el 29 de junio de 2016 Sammy Odeh solicitó una primera Pre-

Consulta, por lo que sometió ante la OP-MAC los siguientes

documentos: Escritura de Compraventa Núm. 43 del 27 de junio de

2014;7 Contrato de Arrendamiento, Escritura Núm. 44 del 27 de

junio de 2014;8 Acta Notarial de 18 de mayo de 2013;9 Contrato de

Subarriendo para Estación #220880 de 27 de junio de 2014;10

Certificación   de   No    Presencia     de   Asbesto   en   Estructura;11

Certificación de No Presencia de Pintura con Base de Plomo en

Estructura a Demolerse;12 y, Breve Explicación de la Pre-Consulta.13

En dicha Explicación Pre-Consulta, le indicó a la OP-MAC que se

proponía la reconstrucción de una nueva tienda de conveniencia y

un techo para el área de despacho de combustible con un permiso

de uso núm. 45165-ARPE-HUMACAO.14 La demolición de la antigua

tienda de conveniencias y remodelación gasolinera respondió a los

riesgos de seguridad que representaban al público y a las

sugerencias de los representantes de la compañía de seguros.

      El 31 de agosto de 2016 la OP-MAC emitió una primera

Determinación sobre Pre-Consulta de reconstrucción presentada por

Sammy Odeh en la cual resolvió lo siguiente:

      1. La pertenencia ubica dentro de un Distrito Comercial
         Intermedio (C-I).
      2. La Sección 23.1.6 del Reglamento Conjunto establece que
         la separación radial entre una estación de gasolina y una
         escuela pública o privada o institución educativa post-

7 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 74-88.
8 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 30-54.
9 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 62-69.
10 Véase, Apéndice de la Oposición     a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 55-84.
11 Véase, Apéndice de la Oposición     a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 85-86.
12 Véase, Apéndice de la Oposición     a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 87-88.
13 Véase, Apéndice de la Oposición     a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 26-29.
14 Véase, Apéndice de la Oposición     a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en la págs. 25.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                              4
         secundaria será de mil (1,000) pies o trescientos cinco
         (305) metros, según dispuesto en la Ley Núm. 169 de 26
         de julio de 2003.
      3. La estación propuesta no cumple con lo dispuesto en el
         Reglamento toda vez que está localizada a menos de
         veinte (20) metros de distancia de una institución
         educativa.
      4. Por tal razón, tendrá que considerar otro uso que esté
         permitido dentro de un distrito C-I.
      5. Se recomienda iniciar los trámites para la remoción o
         cierre de los tanques soterrados toda vez que el uso de
         estación de gasolina no puede ser autorizado. Para ello,
         deberá consultar al Área de Calidad de Agua y obtener las
         autorizaciones correspondientes.
      6. Cabe mencionar que existe una querella registrada bajo
         el caso QXP-2015-02001 en nuestros archivos. Esto, por
         realizar trabajos de demolición sin permiso.
      7. A esos efectos, deberá efectuar el pago de la multa
         administrativa emitida (Boleto 50758). De no cumplir con
         lo    requerido,   procederemos      con  las   acciones
         administrativas que correspondan.15

      El 20 de septiembre de 2018 Sammy Odeh sometió una

segunda Pre-Consulta de Reconsideración de Uso,16 acompañada

de un Memorial Explicativo,17 en el cual, le anejó los siguientes

documentos: Determinación sobre Pre-Consulta del 31 de agosto de

2016;18 Certificado de Incorporación del Departamento de Estado de

P.R., a favor de Sammy Odeh;19 Certificado de Cumplimiento (Good

Standing) de Sammy Odeh;20 Resolución Corporativa del 3 de agosto

de 2018, a favor del Sr. Ibrahim Odeh como Administrador de

Sammy Odeh;21 Carta de 7 de junio de 2016 del Sr. Jan Carlos

Rodríguez, Director de Red de Estaciones de Total Petroleum Puerto

Rico Corp (“TPPRC”);22 Acuerdo de Traspaso de 24 de junio de 2014

15 Véase, Apéndice del recurso KLRA2O2200442, en las pág. 91.
16 Véase, Apéndice de la Oposición    a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en la pág. 89.
17 Véase, Apéndice de la Oposición    a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 90-101.
18 Véase, Apéndice de la Oposición    a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en la pág. 103.
19 Véase, Apéndice de la Oposición    a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en la pág. 104.
20 Véase, Apéndice de la Oposición    a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en la pág. 105.
21 Véase, Apéndice de la Oposición    a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en la pág. 106.
22 Véase, Apéndice de la Oposición    a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 107.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                           5
entre TPPRC y Sammy Odeh;23 Permiso de Operación Conforme al

Reglamento para el Control de Tanques de Almacenamiento

Soterrados de la Junta de Calidad Ambiental (“JCA”), firmado el 28

de junio de 2018 por Wilmarie Rivera Otero, Jefa de la División de

Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados, Área de Calidad

de Agua;24 Plano de Localización de Gasolinera Sammy Odeh;25 y,

Escritura de Compraventa Núm. 43 del 27 de junio de 2014.26 En

resumen, el Memorial Explicativo aclaró que la gasolinera está

ubicada en ese predio antes de que la institución educación superior

Huertas Junior College; además, ambas entidades están separadas

por una calle local en la que transcurren automóviles en ambas

direcciones. Indicó que el permiso de uso (in rem) se mantuvo

vigente, aunque la gasolinera estuvo (involuntariamente) sin operar

durante menos de 2 años en que el proceso de reconstrucción,

remodelación y ampliación estuvo llevándose a cabo, por lo que el

proponente siempre tuvo la intención de continuar la operación del

mismo negocio, en el mismo lugar y bajo la misma huella. Prueba

de ello, fue el proceso ante la JCA para la certificación de los tanques

soterrados de almacenamiento gasolina que se extendió hasta el 28

de junio de 2018. En cuanto a la demolición sin los permisos

correspondientes, ello se debió a que tuvo que realizarlo con carácter

de urgencia, ya que “la compañía de seguros se negaba a ofrecer la

cubierta, porque la estructura estaba muy deteriorada y representaba

un peligro para la vida de los visitantes”; así, solicitó que se le

condonara tal acción, no intencional.27

23
  Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 108-109.
24 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso

KLRA202200442, en las págs. 110-111.
25 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso

KLRA202200442, en la pág. 112.
26 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 74-88.
27 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso

KLRA202200442, en las págs. 90-101.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                             6
      El 27 de septiembre de 2018, la OP-MAC emitió una

segunda Determinación sobre Pre-Consulta a la reconsideración

sometida por Sammy Odeh. Por su importancia, citamos in extenso:

      1. La propiedad ubica en un Distrito Comercial Intermedio
         (C-I).
      2. La estación de gasolina llevó sus operaciones con un
         Permiso de Uso para Estación de Gasolina bajo el caso 99-
         46-D-890-HPU emitido por la ARPE.
      3. El cierre de la Estación de Gasolina fue involuntario, según
         demostrado en documentos presentados por el proponente
         en el caso.
      4. La demolición de la estructura fue requerida por la
         compañía de seguros; según documentos presentados,
         dicha compañía se negaba a dar cubierta por el mal estado
         de la estructura.
      5. Los tanques de almacenaje de combustible permanecen en
         el predio, lo que demuestra la intención de continuar
         operaciones.
         Por lo anterior, la Oficina de Permisos concluye que a
         pesar de que el uso no ha operado por un término
         mayor de dos (2) años, lo cierto es que el uso ha sido
         uno ininterrumpido, ya que existe evidencia del
         interés del propietario de continuar con la operación
         de dicho uso. Por lo tanto, el uso propuesto cumple
         y puede ser solicitado como un cambio de dueño o de
         nombre. Todo lo anterior sujeto a las siguientes
         directrices:
          1. Tendrá que presentar la correspondiente Solicitud
              de Permiso de Construcción Certificado, que incluya
              planos para la construcción del edificio que
              albergará los usos solicitados. Los planos finales
              para la estructura cumplirán con todas y cada una
              de las disposiciones del Reglamento de Edificación
              de Puerto Rico de 2011 y las enmiendas adoptadas
              al Uniform Building Code de 2009; y sin
              limitaciones, aquellas relacionadas a: ventilación,
              seguridad, protección contra incendios, medios de
              salidas, barreras arquitectónicas y cualquier otra
              reglamentación aplicable vigente. Estos planos
              deberán presentarse según lo dispuesto en el
              Capítulo 15 del Reglamento Conjunto para las
              Obras de Construcción y Usos de Terrenos del 29
              de noviembre de 2010.
          2. Luego corresponde que formalice su Solicitud de
              Permiso de Uso Certificado, bajo las disposiciones
              del Reglamento Conjunto, sobre cambio de dueño o
              de nombre del uso existente. 28

      El 20 de febrero de 2019 los recurrentes presentaron una

Solicitud de Intervención y en Oposición a Solicitud de Permiso ante

28Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 98-99. Énfasis
nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                      7
la OP-MAC. En resumen, arguyeron que la solicitud de permiso de

construcción fue presentada ilegalmente, toda vez que la gasolinera

no opera hace mucho más de dos (2) años y colinda con propiedades

residenciales; además, de ubicarse a menos de 1,000 pies de unas

instituciones      educativas.29      La    referida    solicitud     de    parte

interventora fue autorizada mediante Resolución.30

       Conforme a la reconsideración de la Determinación sobre Pre-

Consulta antes dicha, el 21 de febrero de 2019 la OP-MAC autorizó

el Permiso de Construcción y Remodelación núm. 2018-248898-

PCO-017383, solicitado por Sammy Odeh.31 Concluyó que el

permiso de uso dado a la estación de gasolina estaba vigente, por lo

que se procedería con la emisión de un Permiso de Uso, bajo la figura

de cambio de dueño o cambio de nombre.

       Inconformes, el 19 de marzo de 2019, los recurrentes

presentaron una primera Solicitud de Revisión Administrativa, caso

núm. 2019-257819-SDR-003104 ante la División de Revisiones

Administrativas de la Oficina de Gerencia y Permisos (en adelante,

“DRA-OGPe”), en el cual, solicitaron la nulidad del permiso de

construcción y remodelación núm. 2018-248898-PCO-017383.

Este caso fue devuelto por la DR-OGPe a la OP-MAC para que

notificara dicho permiso de construcción y remodelación a todas las

partes, que incluía a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del

Departamento de Justicia de P.R. Cabe indicar que el 22 de agosto

de 2019, la OP-MAC notificó correctamente dicho permiso de

construcción.32

29 Véase, Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en

las págs. 208-215.
30 Véase la Resolución que autoriza la intervención de los recurrentes, notificada

el 28 de febrero del 2019, en el Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 94-96.
31 Véase, permiso de construcción núm. 2018-248898-PCO-017383, en el

Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en las págs.
31-35.
32 Véase, caso núm. KLRA202000033, a la pág. 3. Véanse, además, Apéndice de

la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en la pág. 217; y, la
Oposición a la Solicitud de Apelación KLAN202200646 de la OP-MAC, en la pág. 2.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                     8
       No obstante, el 21 de marzo de 2019, los recurrentes

presentaron ante el TPI el caso civil núm. CG2019CV00953,33 sobre

interdicto sumario, provisional, preliminar y permanente en contra

de Sammy Odeh y la OP-MAC, en virtud del Artículo 14.1 de Ley

Núm. 161-2009, infra.34 En resumen, alegaron que la otorgación del

permiso de construcción y remodelación se concedió mediante

información falsa o engañosa.35

       El 10 de abril de 2019, el TPI concluyó en el caso civil núm.

CG2019CV00953 que los recurrentes no cumplieron con los

requisitos necesarios en derecho para un remedio interdictal, por lo

que procedía la desestimación de su faz, y la continuación de los

procesos administrativos ante la DRA-OGPe, que todavía estaba

pendiente.36

       En    descuerdo,      los   recurrentes     acuden       en   auxilio   de

jurisdicción y en apelación al Tribunal de Apelaciones (en adelante,

“TA”), por lo cual, el 12 de abril de 2019 acogió el KLAN201900401

como un certiorari, declaró sin lugar el auxilio de jurisdicción y

denegó la expedición del auto de certiorari para la paralización de la

construcción comenzada por Sammy Odeh.37 Posteriormente, el

Tribunal Supremo (en adelante, “TS”) declinó revisar la resolución

del TA y una solicitud de reconsideración ante sí.38

       El 31 de julio de 2019 los recurrentes acuden nuevamente

ante   la   OP-MAC       mediante      escrito    intitulado,    “Solicitud    de

Paralización de Proyecto en Construcción y para que se Resuelva la

33  En específico, comparecieron como demandantes: Caguas Petroleum Corp.;
Odeh Petroleum; Berwin Fuel Corp.; Alverio Service Station, Inc.; Estrella Service
Station, Inc.; y Hernández Vélez, Inc. Po su parte, los demandados fueron: Sammy
Odeh & Sons, Inc.; Municipio Autónomo de Caguas; Departamento de Justicia,
Oficina de Asuntos Monopolísticos, entre otros.
34 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso

KLRA202200442, en la pág. 12 y la nota al calce núm. 2.
35 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso

KLRA202200442, en las págs. 1-10.
36 Id, a la pág. 10.
37 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso

KLRA202200442, en las págs. 11-18.
38 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso

KLRA202200442, en las págs. 19-20.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                 9
Oposición a Solicitud de Permiso”,39 En síntesis, reiteraron

íntegramente las alegaciones presentadas el 20 de febrero de 2019

en la Solicitud de Intervención y en Oposición a Solicitud de Permiso

ante la OP-MAC.

       El 11 de septiembre de 2019, los recurrentes presentaron

una segunda Solicitud de Revisión Administrativa, caso núm. 2019-

257819-SDR-003461 ante DR-OGPe, en el cual, volvieron a

impugnar el permiso de construcción núm. 2018-248898-PCO-

017383, concedido por la OP-MAC. Entre otras cosas, alegaron que

la obra excedía el máximo de ocupación, no se celebraron vistas

públicas y no cumplía los parámetros de colindancia con un predio

residencial.40

       Con posterioridad, el 29 de octubre de 2019 Sammy Odeh

presentó ante la OP-MAC una Solicitud de enmienda permiso de

construcción 2018-248898-PCO-017383. En esta, solicitó que se

incluyera en el permiso la construcción de una tienda de

conveniencia (“mini market”).

       El 15 de noviembre de 2019, —y aún pendiente la segunda

Solicitud de Revisión núm. 2019-257819-SDR-003461 ante la DR-

OGPe—, la OP-MAC autorizó una enmienda al permiso de

construcción y concedió un Permiso de Uso Único, núm. 2019-

288289-PCOC-003560 para la operación de la estación de gasolina

y tienda de conveniencia.41 El referido permiso fue notificado a los

recurrentes el 2 de diciembre de 2019, quienes figuraban como

partes interventoras. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2019

la OP-MAC expidió el permiso referente a la operación de la estación

39 Véase, Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en

las págs. 217-224.
40
   Véase, caso núm. KLRA202000033, a la pág. 3.
41 Véase, permiso núm. 2019-288289-PCOC-003560, en el Apéndice de la

Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en las págs. 45-50.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                              10
de gasolina y la tienda de conveniencia, núm. 2019-289469-PU-

014630.42

      Entretanto, —y con respecto a la segunda Solicitud de

Revisión núm. 2019-257819-SDR-003461—, el 6 de diciembre de

2020 la DR-OGPe emitió una Minuta y Orden en la que prorrogó

por un periodo de treinta (30) días adicionales el término para

revisar el permiso de construcción, núm. 2018-248898-PCO-

017383. Sin embargo, luego de pasados los treinta (30) días, la DR-

OGPe no se expresó, por tanto, la agencia revisora perdió

jurisdicción sobre dicha revisión administrativa.

      De otra parte, —y ante la actuación de la Oficina de Permisos

del Municipio al conceder el Permiso Único—, el 23 de diciembre

de 2019, los recurrentes presentaron una tercera Revisión

Administrativa y solicitud de paralización de obras de construcción,

núm. 2019- 257819-SDR-003734, ante la DR-OGPe, en la que

solicitaron la revisión del permiso único de construcción núm.

2019-288289-PCOC-003560,43 que había sido notificado el 2 de

diciembre de 2019. Sobre dicha solicitud de revisión administrativa,

el 3 de enero de 2020, la DR-OGPe emitió una Notificación

acogiendo solicitud de Revisión Administrativa.

      El 21 de enero de 2020, los recurrentes presentan el recurso

de revisión KLRA202000033 ante el TA para la revisión de la

otorgación del Permiso de Construcción 2018- 248898-PCO-

017383 y el Permiso de Uso (Permiso Único) 2019-289469-

PU1014630, ambos emitidos por la OP-MAC.

      Entre tanto, el 28 de febrero de 2020 la OP-MAC expidió un

permiso adicional (núm. 2019-288289-PCOC-005541) a los fines

de enmendar el Permiso de Construcción original, con miras de

42 Véase, permiso núm. 2019-289469-PU-014630, en el Apéndice de la Revisión

Administrativa del recurso KLRA202200442, en las págs. 36-44.
43
   Permiso de Construcción Enmendado.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                           11
incluir la instalación de dos despachadores (“surtidores”) de

gasolina adicionales.44

      El 13 de marzo de 2020 el TA emitió una Sentencia en el

caso KLRA202000033, en la que declaró carecer de jurisdicción por

ser prematuro el recurso de revisión de los recurrentes. A esos fines,

razonó:

             Del trasfondo procesal se desprende que estamos ante
          un proceso administrativo de evaluación para la revisión
          de un permiso de construcción de una gasolinera. Aunque
          dicho permiso originalmente fue expedido el 21 de febrero
          de    2019,    Núm.     2018-     248898-PCO-017383,
          posteriormente sufrió enmiendas y se notificó el nuevo
          Permiso de Construcción Núm. 2019-288289-PCOC-
          003560 (Permiso de Construcción Enmendado). Este
          último se encuentra actualmente ante la revisión de
          la OGPe en el Caso 2019-257819- SDR-003734, sin
          que dicho trámite haya concluido, o el foro
          administrativo haya perdido jurisdicción.45

      El 4 de septiembre de 2020, —y vencido el término sin que

la DR-OGPe emitiera Resolución alguna en la tercera Revisión

Administrativa y solicitud de paralización de obras de construcción,

núm. 2019- 257819-SDR-003734—, los recurrentes radican el

recurso de revisión judicial KLRA202000312 ante el TA. En

síntesis, solicitaron la revisión de los siguientes permisos: (1) 2018-

248898-PCO-017383 (Permiso de Construcción Certificado para

estación de gasolina del 21/feb/2019); (2) 2019-288289-PCOC-

003560 (Permiso de Construcción Enmendado para la estación de

gasolina y tienda de conveniencia del 15/nov/2019); y, (3) 2019-

289469-PU-014630 (Permiso Único de Operación para estación de

gasolina y tienda de conveniencia del 20/dic/2019).

      El 18 de noviembre de 2020, el TA emitió una sentencia en

el caso KLRA202000312, en el que resolvió que carecía de

jurisdicción para atender el asunto, dado que los tres (3) permisos

antes emitidos por la OP-MAC no fueron notificados conforme a

44  Véase, permiso núm. 2019-288289-PCOC-005541, en el Apéndice de la
Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en las págs. 51-56.
45
   Véase, caso núm. KLRA202000033, a las págs. 6-7.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                         12
derecho; por lo cual, el TA ordenó a la OP-MAC a que notificara

nuevamente los mismos.46

       Así las cosas, el 27 de mayo de 2022 los recurrentes radican

la presente Demanda y Petición de Interdicto Estatutario, (caso civil

núm. CG2022CV01745) contra Sammy Odeh y la OP-MAC. En

síntesis, en virtud del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, infra,

solicitaron la paralización de la estación de gasolina, alegando que

operaba de forma ilegal al no expedirse los permisos conforme a

derecho.47

       En cumplimiento con lo ordenado por el TA en el caso

KLRA202000312, el 8 de junio de 2022, la OP-MAC notificó a las

partes los tres (3) permisos allí indicados; además, fue notificado el

cuarto permiso 2019-288289-PCOC-005541 expedido el 28 de

febrero de 2020.48

       En reacción a dicha notificación, el 28 de junio de 2022 los

recurrentes instaron una cuarta Revisión Administrativa y Solicitud

de Paralización de Obras de Construcción, núm. 2022- 44593-SDR-

009529, ante la DR-OGPe para que revocara los cuatro (4) permisos

expedidos: (1) 2018-248898-PCO-017383 del 21/feb/2019); (2)

2019-288289-PCOC-003560 del 15/nov/2019); (3) 2019-289469-

PU-014630 del 20/dic/2019 y (4) 2019-288289-PCOC-005541 del

28/feb/2020.

       En atención a la Demanda y Petición de Interdicto Estatutario

del presente caso civil núm. CG2022CV01745, el 5 de julio de 2022

el TPI notificó la Sentencia aquí apelada, luego de celebrar vista en

su fondo el 10 y 17 de junio de 2022.49

46  Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 21-24.
47 Véase, el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en las págs. 1-

25.
48 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en la pág. 61.
49 La prueba testifical de los recurrentes fue la siguiente: (1) Sr. Felix F. Bermudez

Vega; y (2) Perito - Edwin A. Ayala Ramírez, ingeniero. En cuanto a Sammy Odeh,
la prueba testifical fue la siguiente: (1) Perito – José Ortíz Rodríguez, ingeniero; y
(2) Sr. Aram Odeh. Véanse los testimonios en la Transcripción de la Prueba Oral
Estipulada (“TPOE”) de los días 10 y 17 de junio de 2022. Los siguientes Exhibits
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                    13
       Primeramente, a tono con el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, el

TPI puntualizó la controversia como sigue:

           En el caso de marras nuestra facultad para
           intervenir     en    la   validez    del    permiso      de
           reconstrucción y remodelación otorgado está
           limitada a determinar si el mismo se obtuvo
           utilizando información falsa o incorrecta.
           Ergo, si Sammy Odeh demolió a Total Petroleum, si la
           estación llevaba cerrada 6 años a la fecha en que se
           solicitó el permiso de reconstrucción y remodelación, si el
           permiso de uso de la estación había vencido a la fecha en
           que Sammy Odeh solicitó el permiso de reconstrucción y
           remodelación, si lo que procedía era peticionar la
           aprobación de un permiso para una nueva estación de
           gasolina, si se necesitaba cumplir con el proceso de vistas
           públicas, si el sistema de tanques soterrados de la
           estación ubica a menos de 1,000 metros de distancias de
           escuelas y centros educativos, nada de ello justifica
           nuestra intervención con los permisos, ni es fundamento
           para la expedición del interdicto dispuesto en el Artículo
           14.1, supra. Esas controversias escapan la jurisdicción de
           esta Sala.
           La única causal por la cual pudiésemos expedir el
           interdicto estatutario que se nos solicita es si el
           permiso de remodelación y reconstrucción fue
           obtenido mediando información falsa o incorrecta.50

       Puntualizada la controversia de este caso, en lo pertinente el

TPI esbozó el derecho a aplicar:

               La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de
           Puerto Rico, Ley 161-2009, define “Certificación de
           Exclusión Categórica”, como una declaración escrita que
           somete el solicitante certificando que la acción o actividad
           que se propone llevar a cabo, en el curso normal de su
           ejecución, no conlleva un impacto ambiental significativo
           y/o que la misma está expresamente excluida del proceso

fueron admitidos en evidencia: Exhibits 1 – Fotografía; Exhibits 2 – Patente
municipal #3762; Exhibits 3 – Acta Notarial Escritura 43 de 8 de marzo de 2013;
Exhibits 4 – Escritura de Compraventa # 43 de 27 de junio de 2014; Exhibits 5
– Fotografía; Exhibits 6 – Determinación Pre-Consulta de 31 de agosto de 2016;
Exhibits 7 - Determinación Pre-Consulta de 20 de septiembre de 2018; Exhibits
8 – Active Site LUST List 2018; Exhibits 9 -Certificación de Cumplimiento
Ambiental por Exclusión Categórica, expedido el 10 de diciembre de 2018, núm.
caso 2018-248898-dec-068870; Exhibits 10 –2018-248898-PCO-017383
(Permiso de Construcción Certificado para estación de gasolina del 21/feb/2019);
Exhibits 11 - 2019-288289-PCOC-003560 (Permiso de Construcción Enmendado
para la estación de gasolina y tienda de conveniencia del 15/nov/2019); Exhibits
12 - 2019-289469-PU-014630 (Permiso Único de Operación para estación de
gasolina y tienda de conveniencia del 20/dic/2019); Exhibits 13A – Parte I de
Informe pericial del Ing. Edwin A. Rodríguez, perito de los recurrentes; Exhibits
13B - Parte II de Informe pericial del Ing. Edwin A. Rodríguez, perito de los
recurrentes; Exhibits 13C - Parte III de Informe pericial del Ing. Edwin A.
Rodríguez, perito de los recurrentes; Exhibits 14 – Resolución de permiso 2018-
248898-PCO-017383 (Permiso de Construcción Certificado para estación de
gasolina del 21/feb/2019); y, Exhibits 15 – Permiso de Uso de 1999, núm. 15165.
Véanse los Exhibits, en el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en
las págs. 477-658. Énfasis nuestro.
50 Véase, la Sentencia apelada en el Apéndice del recurso de Apelación

KLAN202200646, en las págs. 438-439. Énfasis nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                             14
       de planificación ambiental por una ley o reglamento.
       Define “Determinación de Cumplimiento Ambiental” como
       aquella determinación que realiza el director ejecutivo de
       la Oficina de Gerencia e Permisos, o la Junta Adjudicativa,
       certificando que el proponente de la acción ha cumplido con
       todos los requisitos, sustantivos y procesales del Artículo
       4(B)(3) de la Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley 416-
       2004, según enmendada, y con sus reglamentos
       aplicables. Define el término “Determinación de
       Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica”, como
       el dictamen que realiza un profesional autorizado, o el
       director de la Oficina de Gerencia de Permisos, certificando
       que la acción y/o actividad y/o proyecto propuesto no
       requiere de ulterior planificación ambiental por estar
       clasificado como una exclusión categórica. Se dispone,
       además, que serán exclusiones categóricas todas aquellas
       acciones y/o actividades que así determine la Junta de
       Calidad Ambiental (“JCA”) mediante reglamento, orden o
       resolución.
           El Artículo 8.5 de la Ley para la Reforma del Proceso de
       Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, confirió a la JCA
       la autoridad para reglamentar las acciones, que, por su
       naturaleza rutinaria y predecible en el curso normal de su
       ejecución, no tendrán un impacto ambiental significativo,
       por lo que pueden ser consideradas exclusiones
       categóricas. Ello implica que el proponente no tendrá que
       preparar un documento ambiental para aquellas acciones
       y/o actividades que, la JCA haya catalogado como
       exclusiones categóricas, y se obtenga una determinación
       de cumplimiento ambiental por exclusión categórica por
       parte de la Oficina de Gerencia de Permisos, (“OGPe”).
           Como indicamos previamente, las acciones y/o
       actividades que la Junta de Gobierno de la JCA haya
       identificado como exclusiones categóricas pueden ser
       reclamadas como tal mediante una solicitud de
       determinación de cumplimiento ambiental por exclusión
       categórica ante la OGPe. Como parte de la solicitud de
       determinación de cumplimiento ambiental por exclusión
       categórica, el peticionario viene obligado a certificar que la
       información provista en la solicitud es veraz, correcta y
       completa, y que la acción propuesta cualifica como una
       exclusión categórica.
           El Artículo 119 A(1)(2) del Reglamento de Evaluación y
       Trámite de Documentos Ambientales (“RETDA”), que emitió
       la JCA, dispuso para el establecimiento de las exclusiones
       categóricas que podrían ser peticionadas ante la OGPe
       durante el proceso de determinación de cumplimiento
       ambiental. Al amparo de dicho articulado la JCA emitió
       Resolución 11-17, de 21 de noviembre de 2011, Sobre
       Enmienda al Listado de Exclusiones Categóricas. Dicha
       Resolución contiene el listado de las acciones o actividades
       que la agencia determinó cumplen con los parámetros
       establecidos     para     ser   consideradas     exclusiones
       categóricas. La exclusión número 45 de dicho listado
       permite remodelar una estación de gasolina, y sustituir
       sus tanques soterrados por unos de igual o menor
       capacidad, cuando ello se realiza dentro de la huella
       original de la estación.
           “Remodelación de estación de servicio (i.e., gasolinera)
           incluyendo el reemplazo de tanques soterrados
           existentes por unos de igual o menor capacidad
           dentro de la huella original de la estación de
           servicio.”
           El RETDA fue derogado por el Reglamento para el
       Proceso de Evaluación Ambiental, Reglamento número
       8858, de 23 de noviembre de 2016 (“RPEA”). Este
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                               15
          Reglamento en su Artículo 125, dispone que las acciones
          predecibles o rutinarias que no conllevan un impacto
          ambiental significativo en el curso normal de sus
          ejecuciones pueden ser consideradas exclusiones
          categóricas, siempre que cumplan con las disposiciones de
          dicho reglamento.
              Aun cuando la JCA haya previamente considerado una
          acción o actividad como exclusión categórica, el proponente
          siempre viene obligado a certificar que la acción o actividad
          cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 129 de
          RPEA.     Uno de los requisitos es que no haya una
          determinación     de    la   JCA      u    otras    agencias
          gubernamentales estatales o federales, que el área donde
          se pretende llevar a cabo la acción u obra está afectada
          por un grado de contaminación que excede el permitido por
          los reglamentos vigentes.51

       Presentada la controversia y el derecho a dilucidar, el TPI

razonó y resolvió lo siguiente:

          Para la obtención del permiso de reconstrucción y
          remodelación objeto de la disputa ante nuestra
          consideración, Sammy Odeh sometió una certificación de
          cumplimiento ambiental amparada en la exclusión
          categórica #45 contenida en la Resolución 11-17 emitida
          por la JCA. En respuesta a la misma, la OGPe emitió
          Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión
          Categórica. La referida certificación, en su sección
          pertinente, lee de la siguiente manera:
          Condiciones Generales
          De acuerdo con la solicitud de esta Determinación, se
          certificó el cumplimiento con los siguientes requisitos, cuyo
          incumplimiento podrá repercutir en la revocación de esta
          Determinación:
              1. Las actividades de uso o de construcciones
              livianas de nuevas estructuras no están ubicadas o
              desarrolladas en:
                      a.     …
                      b. Áreas en las que la Junta de Calidad
              Ambiental (JCA) u otras agencias gubernamentales
              estatales o federales hayan determinado que existe un
              grado de contaminación que excede el permitido por
              los reglamentos vigentes.
              La parte demandante [parte recurrente] arguye que la
          certificación de cumplimiento ambiental fue obtenida
          mediante información falsa e incorrecta, por cuanto a la
          fecha en que se solicitó la misma, la JCA había
          determinado que el predio de terreno donde ubica la
          estación de gasolina de Sammy Odeh adolecía de un grado
          de contaminación que excedía el permitido por los
          reglamentos vigentes para aquel entonces. Para sostener
          su posición, sometió un listado emitido por la JCA de
          tanques soterrados que filtraban (“Leaking Underground
          Storae Tank”, t/c/c “LUST”). En ese listado figuran los
          tanques soterrados de la estación de gasolina objeto de
          controversia en este caso. Es decir, para la fecha en que
          se peticionó la exclusión categórica #45, la estación de
          gasolina de Sammy Odeh figuraba en la lista de “LUST”.

 Véase, la Sentencia apelada en el Apéndice del recurso de Apelación
51

KLAN202200646, en las págs. 439-441. Énfasis nuestro.
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             Sin embargo, ello resulta insuficiente para sostener la
         alegación de los demandantes [recurrentes] que la
         certificación de cumplimiento ambiental fue obtenida
         mediante información falsa o incorrecta.
             En primer lugar, no hay disposición alguna que impida
         peticionar y hacer uso de la exclusión categórica para una
         estación de gasolina cuyos tanques están incluidos en el
         “LUST List”. Tampoco existe disposición alguna que, como
         parte del trámite para solicitar una certificación de
         cumplimiento ambiental por exclusión categórica, requiera
         reportar o informar que una estación de gasolina está en
         el “LUST List”.
             La prohibición para hacer uso de la exclusión
         categórica, que cita la parte demandante [parte
         recurrente], lo que dispone es que no se podrán utilizar
         las exclusiones categóricas como eximente para
         preparar un documento ambiental, cuando el área
         donde se vaya a realizar la acción o actividad excede
         el grado de contaminación permitido por los
         reglamentos vigentes. Ergo, no basta con demostrar que
         la estación de gasolina se encuentra en el “LUST List”.
         Tampoco basta con demostrar que el área donde ubica la
         gasolinera adolece de contaminación.
             En este caso los demandantes [recurrentes] tenían
         que establecer que el área donde ubica la estación de
         gasolina de Sammy Odeh sobrepasa el grado de
         contaminación permitido por los reglamentos de la
         JCA, u otras agencias concernidas. Sobre tal crucial
         punto no se presentó prueba alguna para establecer
         cuál era el grado de contaminación que excedía el
         permitido cuando se tramitó el permiso de
         reconstrucción o remodelación. Tampoco se presentó
         prueba que demostrara cuál era el grado de
         contaminación, si alguno, que tenía o tiene el área
         donde ubica la estación de gasolina. Tampoco se
         sometió prueba que demostrara que una estación de
         gasolina incluida en el “LUST List”, es parangón de
         que sus terrenos adolecen de un grado de
         contaminación que excede el permitido por la
         reglamentación vigente.
             En consecuencia, la parte demandante [parte
         recurrente] no demostró que Sammy Odeh haya sometido
         información falsa e incorrecta en la obtención del permiso
         de reconstrucción y remodelación de la gasolinera y tienda
         de conveniencia.
         […].52

      Por los fundamentos antes dicho, el TPI determinó que:

“aquilatada la prueba testifical y documental desfilada y admitida,

habiendo escuchado, visto y observado la manera en que los testigos

y peritos declararon, apreciados sus gestos, titubeos, contradicciones,

52Véase, la Sentencia apelada en el Apéndice del recurso de Apelación
KLAN202200646, en las págs. 441-443. Énfasis nuestro.
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manerismos, dudas y vacilaciones en la silla testifical, y la

credibilidad que finalmente nos merecieron sus testimonios”,53 no

procede la petición de interdicto estatutario instada por los

recurrentes al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, infra.

En vista de ello, impuso el pago de costas y honorarios de abogado

a favor de Sammy Odeh y de la OP-MAC.54

       El 12 de julio de 2022, la DR-OGPe determinó no acoger la

Revisión Administrativa y Solicitud de Paralización de Obras de

Construcción, núm. 2022- 44593-SDR-009529, de los recurrentes

para los permisos:55 (1) 2018-248898-PCO-017383;56 (2) 2019-

289469-PU-014630;57 (3) 2019-288289-PCOC-003560;58 y (4)

2019-288289-PCOC-005541.59

       Inconformes, el 11 de agosto de 2022 los recurrentes

acudieron ante nos mediante el recurso de revisión judicial

KLRA202200442 imputando la comisión de los siguientes errores:

       1) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de
          Caguas al expedir un permiso de construcción para la
          construcción de una nueva estación de gasolina, al actuar
          sin jurisdicción y evaluar los permisos solicitados de forma
          ministerial sin celebrar una vista pública.
       2) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de
          Caguas al expedir los permisos impugnados para la
          construcción de una nueva estación de gasolina y tienda
          de conveniencia, y sus enmiendas y expansiones, en un
          predio que: (1) lleva más de 6 años sin ningún tipo de
          operación; (2) se ubica a menos de 1000 pies de escuelas
          o instituciones educativas; (3) donde no existen
          estructuras; (4) que fraudulentamente se obtuvo una
          certificación de exclusión categórica ambiental; y (5) se
          realizaron obras en una estación que no tenía conformidad
          legal sin celebración de vista pública e intensificando el
          uso anterior.
       3) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de
          Caguas al expedir un permiso de uso para la operación de
          una nueva estación de gasolina sin celebrar una vista

53 Véase, el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en la pág. 433.
54 Véase, el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en la pág. 443.
55 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 1-4.
56 Permiso de construcción certificado para estación de gasolina.
57 Permiso único de operación para estación de gasolina y tienda de conveniencia.
58 Permiso de construcción enmendado para la estación de gasolina y tienda de

conveniencia.
59 Enmienda a los fines de incluir la instalación de 2 despachadores de gasolina

adicionales.
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          pública conforme al Reglamento Conjunto de Permisos, y
          cumplir con los requisitos reglamentarios.
       4) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de
          Caguas al expedir un permiso de enmienda a construcción
          violentando el derecho al debido proceso de ley de los
          interventores y en violación a los requisitos estatutarios.
       5) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de
          Caguas al expedir un permiso de enmienda de
          construcción para la expansión e instalación de dos
          despachadoras adicionales en una estación nueva y bajo
          una no conformidad legal.

       Además, el 15 de agosto de 2022 los recurrentes presentaron

ante nos el recurso de apelación KLAN202200646 señalando la

comisión de los siguientes errores:

       1) Erró el TPI al no declarar con lugar la petición de interdicto
          estatutario al amparo del art. 14.1 de la Ley 161 de 2009,
          aun cuando los recurrentes presentaron prueba clara y
          robusta de que se obtuvieron permisos mediante una
          información falsa e incorrecta.
       2) Erró el Tribunal de Primera Instancia de Caguas al emitir
          una sentencia imponiendo honorarios de abogados y
          costas al amparo del artículo 14.1 de la Ley 161 del 2009,
          aduciendo que el interdicto carecía de méritos aun cuando
          se demostró mediante prueba testifical, pericial y
          documental la necesidad de revocar los permisos
          otorgados y no notificados conforme a derecho.

       Perfeccionados los recursos ante nuestra consideración,

procedemos a resolver.

                                       -II-

       Resumidos los hechos que originan la presente controversia,

examinemos el derecho aplicable.

                               KLRA202200442

                                     A.

       La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada (en

adelante, “Ley 161-2009”),60 fue aprobada con el propósito de

reformar y transformar el sistema de obtención de permisos. “[E]s la

disposición legal que establece el marco jurídico y administrativo que

60 23 LPRA sec. 9011 et seq.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                              19
rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”61

       Entre otras, el Artículo 1.5 del Capítulo I de la Ley 161-2009

nos define los siguientes términos:

           Certificación de Exclusión Categórica — para
           propósitos de esta Ley, declaración escrita que somete el
           solicitante de una determinación final o permiso ante la
           Oficina de Gerencia de Permisos o ante un Profesional
           Autorizado, en donde certifica que la acción propuesta es
           una que, en el curso normal de su ejecución, no tendrá un
           impacto ambiental y/o que la misma ha sido
           expresamente excluida del proceso de planificación
           ambiental mediante una Ley o Reglamento.62
           Permiso — Aprobación escrita autorizando el comienzo de
           una acción, actividad o proyecto, expedida por la Oficina
           de Gerencia de Permisos, por un Municipio Autónomo con
           Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado,
           conforme a las disposiciones de esta Ley y para la cual no
           se incluyen licencias, certificados de inspección, ni
           certificaciones.63
           Permiso de Construcción — Trámite consolidado que
           incluye una o más de las siguientes actividades:
           construcción, reconstrucción, remodelación, demolición u
           obras de urbanización.64
           Permisos Relacionados a Desarrollo y Uso de
           Terrenos — aquellos permisos requeridos para realizar
           mejoras a terrenos u obras o para el uso de una
           pertenencia, estructura, rótulo, anuncio o edificio, los
           cuales no incluye aquellos permisos que son requeridos
           para la operación de un establecimiento; 65
           Permiso Único — Permiso para el inicio o continuación de
           la operación de un negocio, construcción y/o actividad
           incidental al mismo en el que se consolida permisos,
           licencias, autorizaciones o certificaciones, el cual será
           expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos, o los
           Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V,
           conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de esta Ley. 66
           Uso — el propósito para el cual una pertenencia fue
           diseñada, es ocupada, usada o se pretende usar u
           ocupar.67

       Además, la Ley 161-2009 crea la Oficina de Gerencia de

Permisos (“OGPe”) como una Secretaría Auxiliar del Departamento

de Desarrollo Económico y Comercio.68 A partir de la vigencia de la

61 Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433 (2017).
62 Artículo 1.5 inciso 12. 23 LPRA sec. 9011
63 Artículo 1.5 inciso 57. 23 LPRA sec. 9011.
64 Artículo 1.5 inciso 57 (A). 23 LPRA sec. 9011.
65 Artículo 1.5 inciso 58. 23 LPRA sec. 9011.
66 Artículo 1.5 inciso 59 (A). 23 LPRA sec. 9011.
67 Artículo 1.5 inciso 90. 23 LPRA sec. 9011.
68 Artículo 2.1. 23 LPRA sec. 9012.
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Ley 161-2009, cualquier persona que interese solicitar permisos,

recomendaciones,         licencias,   o   certificaciones   relacionados   al

desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico o cualquier otra

autorización o trámite que sea necesario, según establecido en el

Artículo 1.3, 2.5 y 7.3 de esta Ley, podrá hacerlo ante la OGPe, sea

a nivel central o regional, Municipios Autónomos con Jerarquía I

a V o mediante un Profesional Autorizado, según aplique.69

       En cuanto a una Pre-Consulta, el Artículo 8.2 de la Ley 161-

2009 dispone lo siguiente:

               [C]ualquier persona que interese un permiso, licencia,
       certificaciones, autorizaciones, recomendaciones y cualquier
       trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación
       de un negocio en Puerto Rico podrá solicitar a la Oficina de
       Gerencia de Permisos o al Municipio Autónomo con
       Jerarquía de la I a la V, según aplique, una orientación en
       la cual se identificarán las disposiciones de ley y
       reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto
       propuesto y la información que conforme a ésta deberá, en su
       día, presentar el solicitante. De requerirlo el solicitante,
       acompañando una descripción del proyecto, se le proveerá
       una lista de los permisos o autorizaciones que, a tenor con las
       disposiciones de ley y reglamentarias aplicables, deberá
       obtener para poder comenzar la operación, y de ser aplicable,
       la construcción del proyecto. En la evaluación de la pre-
       consulta participarán representantes de los Gerentes de
       Permisos o el Director de la División de Evaluación de
       Cumplimiento Ambiental, según aplique a discreción del
       Secretario Auxiliar o del Director Regional. Como parte de la
       pre-consulta, el solicitante indicará de manera escrita y
       detallada, como mínimo, la ubicación propuesta y la
       naturaleza de la actividad.70

       De igual manera, el Artículo 8.4 inciso A de la Ley 161-2009,

provee para la otorgación de un Permiso Único de la siguiente

forma:

              Todo edificio existente o nuevo, con usos no
       residenciales, así como todo negocio nuevo o existente,
       obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus
       operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de
       exclusión categórica; certificación para la prevención de
       incendios; certificación de salud ambiental; licencias
       sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización
       aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del
       negocio. El propósito del permiso único es consolidar e

69 Artículo 8.1. 23 LPRA sec. 9018.
70 23 LPRA sec. 9018a.
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       incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los
       procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y
       adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o
       continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la
       Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de
       expedir las certificaciones y licencias necesarias para la
       expedición de un Permiso Único.
              Sólo podrá solicitarse un Permiso Único cuando se
       incluya como parte de la solicitud, la autorización para el uso
       del negocio o proyecto. Toda persona que posea un permiso de
       uso vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre,
       presentará una solicitud de Permiso Único. El Permiso Único
       tendrá la vigencia que se establezca en el Reglamento
       Conjunto.71

       Además, se debe tomar en consideración el Artículo 8.5 de la

Ley 161 de 2009, para la evaluación de cumplimiento ambiental

que a continuación se dispone el procedimiento a seguir:

               El proceso de planificación ambiental es un
       procedimiento informal sui generis excluido de la aplicabilidad
       de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El
       Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos,
       realizará la determinación de cumplimiento ambiental
       requerida bajo las disposiciones del Artículo 4(B)(3) de la Ley
       416-2004, supra, y el reglamento que a los fines de este
       Artículo y de esta Ley, apruebe la Junta de Calidad Ambiental
       en cuanto a: las acciones que tome con relación al trámite de
       los documentos ambientales, a las exclusiones categóricas, a
       las acciones con relación a la determinación de cumplimiento
       ambiental, y a las determinaciones finales que se le soliciten,
       de conformidad con esta Ley; y cualquier acción sujeta al
       cumplimiento con las disposiciones del Artículo 4(B)(3) de la
       Ley 416-2004, supra.
               La Oficina de Gerencia de Permisos fungirá como
       agencia proponente con relación al proceso de planificación
       ambiental, excepto en aquellos casos en los que, a los
       Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, se
       les haya delegado esta facultad como consecuencia del
       convenio de transferencia establecido en la Ley 81-
       1991, supra.
               La Oficina de Gerencia de Permisos dirigirá el proceso
       de evaluación del documento ambiental a través de la División
       de Evaluación de Cumplimiento Ambiental. En el caso de que
       la Oficina de Gerencia de Permisos sea la agencia proponente,
       el proceso de planificación ambiental a seguir será el
       siguiente: cuando el documento ambiental sometido sea una
       Evaluación Ambiental, la División de Evaluación de
       Cumplimiento Ambiental evaluará el documento ambiental y
       remitirá sus recomendaciones al Director Ejecutivo; siendo
       éste quien determine el cumplimiento ambiental, la cual será
       considerada un componente de la determinación final sobre la
       acción propuesta. En caso de que el documento ambiental
       sometido sea una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la

71 23 LPRA sec. 9018c-1.
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     División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental evaluará
     la DIA y remitirá sus recomendaciones a la Junta Adjudicativa
     para que ésta emita la determinación sobre la misma, la cual
     será un componente de la determinación final sobre la acción
     propuesta.
             Sin embargo, cuando el Municipio Autónomo sea
     la agencia proponente, el proceso de planificación
     ambiental será el siguiente: el Municipio Autónomo remitirá
     a la Oficina de Gerencia de Permisos el documento ambiental,
     sea éste una Evaluación Ambiental o una Declaración de
     Impacto Ambiental, el cual será evaluado en la División de
     Evaluación de Cumplimiento Ambiental. Ésta remitirá sus
     recomendaciones al Secretario Auxiliar o a la Junta
     Adjudicativa, según aplique, quien determinará el
     cumplimiento ambiental y remitirá su determinación al
     Municipio Autónomo, la cual será un componente de la
     determinación final del permiso solicitado que emitirá
     oportunamente el Municipio Autónomo.
             Cuando la acción propuesta sea una exclusión
     categórica para fines del proceso de planificación
     ambiental, el solicitante del permiso certificará por
     escrito y bajo juramento, que la acción propuesta
     cualifica como una exclusión categórica. La Oficina de
     Gerencia de Permisos, a través de su Secretario Auxiliar
     o los Profesionales Autorizados podrá emitir una
     Determinación de Cumplimiento Ambiental por
     Exclusión Categórica de forma automática, la cual
     pasará a formar parte del expediente administrativo, y
     será un componente de la determinación final de la
     agencia proponente o del Municipio Autónomo con
     Jerarquía de la I a la V, sobre la acción propuesta.
             La Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios
     Autónomos con Jerarquía de la I a la V, la Junta de Calidad
     Ambiental y los Profesionales Autorizados evaluarán la
     viabilidad ambiental, mediante una exclusión categórica para
     permisos verdes y permisos para PYMES. El procedimiento de
     la viabilidad ambiental para la otorgación de un permiso verde
     y un permiso para PYMES será establecido mediante el
     Reglamento Conjunto.
             Cuando los Municipios Autónomos con Jerarquía de la
     I a la V tengan jurisdicción para expedir determinaciones
     finales sobre la acción propuesta, entonces la Oficina de
     Gerencia de Permisos podrá fungir como agencia proponente,
     al amparo de esta Ley. Las Declaraciones de Impacto
     Ambiental y aquellas evaluaciones ambientales que requieran
     un proceso de evaluación “NEPA-Like Process”, serán
     comentadas por el público en general durante el proceso de
     planificación ambiental, mediante vista pública, según
     aplique, y seguirá el procedimiento que establezca la Junta de
     Calidad Ambiental, mediante el Reglamento Conjunto.
     Además, la determinación de cumplimiento ambiental será
     revisada, en conjunto con la determinación final, según se
     establezca por reglamentación que la Oficina de Gerencia de
     Permisos adopte a tales efectos.
             En aquellos casos en que la única acción es la
     expedición o modificación de un permiso, no sujeto a las
     disposiciones de esta Ley y bajo la jurisdicción única de la
     Junta de Calidad Ambiental, no será necesaria la evaluación
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                23
       de los impactos ambientales de la acción propuesta por parte
       de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental. En
       tales casos, la Junta de Calidad Ambiental determinará el
       mecanismo de evaluación de dichos impactos ambientales a
       través del reglamento que promulgue.
              En aquellos casos en que la acción propuesta
       contemple proyectos cuya operación es regulada por la Junta
       de Calidad Ambiental, la Oficina de Gerencia de Permisos
       requerirá a la Junta de Calidad Ambiental recomendación
       sobre el documento ambiental presentado para dicho
       proyecto.
              Dichas recomendaciones deberán ser sometidas dentro
       del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
       de notificación de la solicitud de las recomendaciones,
       transcurrido dicho término, la Oficina de Gerencia de Permisos
       entenderá que la Junta de Calidad Ambiental no tiene
       recomendaciones.72

       Así pues, el Artículo 9.6 de la Ley 161-2009 dispone que los

permisos son de naturaleza in rem y la transferencia automática

del permiso único a nombre del nuevo dueño o sucesor:

               A los fines de esta Ley, los permisos son de naturaleza
       in rem. En ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo
       permiso, siempre y cuando el uso autorizado, permitido o no
       conforme legal, continúe siendo de la misma naturaleza y no
       sea interrumpido por un período mayor de dos (2) años. Los
       permisos de uso para vivienda no tendrán fecha de expiración.
       En cuanto a usos no residenciales, cuando ocurra un cambio
       de nombre, dueño o un sucesor, la Oficina de Gerencia de
       Permisos, Profesional Autorizado o Municipio Autónomo con
       Jerarquía de la I a la V, según corresponda, lo transferirá a
       un permiso único de manera automática, una vez
       presentada         la    correspondiente       solicitud     de
       transferencia de permiso de uso, a nombre del nuevo
       dueño o sucesor, siempre y cuando el uso autorizado de
       la propiedad o establecimiento continúe siendo de la
       misma naturaleza, según se establezca en el Reglamento
       Conjunto de Permisos. Se incluirá en el permiso único el
       certificado de salud ambiental, la licencia sanitaria, otras
       licencias aplicables y el certificado de inspección para la
       prevención de incendios. La Oficina de Gerencia de Permisos,
       el Profesional Autorizado o Municipios Autónomos con
       Jerarquía de la I a la V, según corresponda, notificarán la
       transferencia de las autorizaciones arriba descritas a las
       agencias y/o municipios aplicables para que tomen las
       acciones que en derecho procedan. Las autorizaciones
       transferidas en cumplimiento de este Artículo tendrán el
       mismo término y fecha de vigencia que la original. Si no se
       llevó a cabo una inspección, cuando se realice la misma se
       concederán nuevos términos de vigencia. Cuando un
       solicitante requiera un permiso de uso o permiso único para
       establecer una actividad o acción de la misma naturaleza a
       una ya autorizada en la propiedad y la misma se encuentra

72 Artículo 8.5. — Evaluación de Cumplimiento Ambiental. 23 LPRA sec. 9018d.
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       vigente, pero a nombre de otro dueño, éste podrá presentar el
       permiso de uso o permiso único existente para obtener de
       forma automática el permiso, según se establezca en el
       Reglamento Conjunto de Permisos.73

       Una vez se otorga un permiso, el Artículo 9.10 de la Ley 161-

2009 establece la presunción de corrección —tanto para las

determinaciones finales como los permisos concedidos— por la

OGPe, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por

los Profesionales Autorizados. En consecuencia, se dispone lo

siguiente:

               Se presume la corrección y la legalidad de las
       determinaciones finales y de los permisos expedidos por
       la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio
       Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los
       Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie
       fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión
       de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de
       la determinación final o del permiso, o en aquellos
       casos en que la estructura represente un riesgo a la
       salud o la seguridad, a condiciones ambientales o
       arqueológicas, la determinación final emitida y el
       permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de
       Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de
       la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser
       revocado. La estructura se podrá modificar, conservar
       o demoler, sólo después de que un Tribunal competente
       así lo determine y siguiendo con el procedimiento
       judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley,
       además de cumplir con el debido proceso de ley.
               Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia,
       una determinación final será suspendida, sin mediar una
       autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o
       el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido
       proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán
       un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad
       objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto
       en esta Ley, una determinación final se considerará final y
       firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el
       solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos
       en la notificación de determinación final y haya transcurrido
       el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente
       afectada por la notificación haya presentado un recurso de
       revisión o un proceso de revisión administrativa, así como
       haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar
       revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada
       por una determinación final, podrá ser revisada sujeto a lo
       establecido en esta Ley. […].74

23 LPRA sec. 9019e.
74 23 LPRA sec. 9019i.
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       Nótese, que, en cuanto al caso que nos ocupa, para revocar

un permiso tiene que probarse que fue concedido mediante fraude,

dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro

delito al otorgar el permiso.

       En ese sentido, el Artículo 11.1 de la Ley 161-2009 crea la

División de Revisiones Administrativas como organismo adscrito a

la Oficina de Gerencia de Permisos (“DR-OGPe”), la cual tendrá la

función de revisar las actuaciones y determinaciones de la Junta

Adjudicativa, la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”), los

Profesionales Autorizados y los Municipios Autónomos con

Jerarquía de la I a la V.75

       Así, el Artículo 11.8 de la Ley 161–2009 establece el término

para la adjudicación de solicitudes de revisión administrativa

ante la DR-OGPe:

       Una vez presentada una solicitud de revisión administrativa,
       el Juez Administrativo tendrá un término de quince (15) días
       para determinar si acoge la misma. Si en este término se
       denegase o no se emitiese una determinación a esos fines, en
       cuyo caso se entenderá rechazada de plano, perderá
       jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término
       de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones
       desde que se notifique la denegatoria o desde que expiren
       esos quince (15) días, según sea el caso. La División de
       Revisiones Administrativas dispondrá de las solicitudes
       acogidas ante su consideración dentro de un periodo de
       noventa (90) días naturales desde su presentación. Dicho
       término podrá ser prorrogado por treinta (30) días adicionales
       contados a partir de la fecha de vencimiento, en casos
       excepcionales. Si la División de Revisiones Administrativas no
       adjudicara la solicitud dentro del término aquí dispuesto,
       dicho foro perderá jurisdicción sobre la misma y
       comenzará a decursar el término de treinta (30) días
       para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Las
       resoluciones       de     la    División    de     Revisiones
       Administrativas serán consideradas determinaciones
       finales de la Oficina de Gerencia de Permisos.76

       Cabe destacar que la precitada Ley 161-2009, establece la

aplicabilidad de las disposiciones de la Ley de Procedimiento

75 23 LPRA sec. 9021m.
76 23 LPRA sec. 9021t.
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Administrativo Uniforme (“LPAU”),77 en las determinaciones de la

agencia sobre la concesión de permiso, disponiendo lo siguiente:

       La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme será de
       aplicación a todos los procedimientos para la evaluación, el
       otorgamiento o la denegación de determinaciones finales y
       permisos, recomendaciones, certificaciones, licencias,
       certificados, incluyendo determinaciones de cumplimiento
       ambiental relacionados a Declaraciones de Impacto
       Ambiental, o cualquier otra autorización similar otorgada por
       la Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios
       Autónomos con Jerarquía de la I a la V, el Profesional
       Autorizado e Inspector Autorizado, así como la adjudicación
       de querellas u órdenes administrativas por el Director
       Ejecutivo, por las Entidades Gubernamentales Concernidas, o
       los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V,
       al amparo de las disposiciones de esta Ley, salvo en las
       instancias que expresamente se disponga lo contrario o en
       aquellos casos donde esta Ley resulte inconsistente con la Ley
       de Procedimiento Administrativo Uniforme.78

       Cónsono con la política pública que inspiró la Ley 161-2009,

se aprobó el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de

Construcción y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 7951, de 30

de noviembre de 2010 (en adelante, “Reglamento Conjunto”).79

       En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la Regla 9.5

del Reglamento Conjunto regula los permisos de uso. En particular,

la sección 9.5.1(a) dispone lo siguiente:

       “Los permisos de uso son de naturaleza “in rem”. Por
       tanto, no se requerirá la expedición de un nuevo
       permiso de uso o la renovación del mismo, siempre
       y cuando el uso continúe siendo el mismo”.80

       En particular, la sección 9.5.1. (g) dispone sobre la validez de

los permisos de uso descontinuados por dos (2) o más años:

       Si el uso para el cual se expide un permiso se descontinuara
       por dos (2) años o más, el mismo dejará de ser válido
       independientemente de que sea un uso permitido o no
       conforme legal, excepto permisos expedidos para viviendas
       que no tendrán fecha de vencimiento. El permiso se expide a
       la propiedad (In Rem); por lo que, un cambio de dueño no
       requiere un nuevo permiso si mantiene el mismo uso.

77 Ley Núm. 38-2017. 3 LPRA sec. 9601 et seq.
78 23 LPRA sec. 9028e.
79 Para los hechos de este caso, es de aplicación el citado Reglamento Conjunto

de 2010, que actualmente está derogado por el Reglamento Conjunto para la
Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de
Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9473, de 16 de junio de
2023.
80 Énfasis nuestro.
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      Nótese, que literalmente la citada sección 9.5.1. (g), supra, no

prevé la validez de un permiso de uso descontinuado por más de dos

(2) años; de hecho, no toma en cuenta que el desuso sea

consecuencia de un acto involuntario, como lo sería el proceso de

construcción o pleito judicial. Esa situación fue atendida en este

Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Ponce en el caso de

González Muñiz v. ARPe, KLRA200400768, sentencia de 22 de junio

de 2005; cuando expresó:81

      [E]s la doctrina mayoritaria que ha sido reconocida y aplicada
      por los tribunales federales […] que establece las
      circunstancias en las cuales se entiende que no hubo intención
      del dueño de abandonar el uso no conforme legal de una
      estructura o edificio. Entre las mismas, se encuentra cuando
      la descontinuación del uso no conforme legal se debió a la
      existencia de un pleito legal. […T]ampoco constituye abandono
      del derecho al uso no conforme legal el cambio de dueño de la
      propiedad y que se han considerado actos ostensibles de
      continuidad del uso no conforme legal el mantener vigentes
      las licencias para operar un establecimiento. Citas omitidas.

      En ese caso, el TA sostuvo el permiso de uso de una estación

de gasolina que había cerrado operaciones por once (11) años, a raíz

de un pleito judicial por la división de los bienes gananciales.

Razonó que nada en el expediente le indujo a concluir que hubiese

habido la intención de descontinuar o abandonar el mismo.

      Esta doctrina del desuso o abandono involuntario encuentra

apoyo en la jurisprudencia federal y estatal discutida por el

tratadista, E.C. Yokley, en su obra, Zoning Law and Practice,82 que

en resumen plantea que si un gobierno local intenta proclamar que

la mera descontinuidad del uso representa su abandono, esta

actuación se debe considerar inconstitucional, cuando se pueda

demostrar el abandono o desuso ha sido involuntario.

      Todavía más, en el campo de la planificación ha quedado

establecido que la determinación de un abandono en el uso va a

 González Muñiz v. ARPe, supra, pág. 16, KLRA200400768 (2005).
81
82 Véase, E.C. Yokley, LL.B., J.D., Zoning Law and Practice, Chapter 22
Nonconforming Uses, §22-12 Abandonment, 4th ed., Vol. 4, 2011 Revision by
Douglas Scott MacGregor, LexisNexis 2011.
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depender de dos elementos: (1) el abandono debe ser voluntario y

no atribuible a terceras personas; y, (2) deben existir hechos

afirmativos que indiquen la intención del concesionario o dueño de

la propiedad de abandonar o cesar el uso.83 En consecuencia, los

tribunales generalmente requieren que el abandono sea voluntario.

       De otra parte, el Capítulo 25 - Estaciones de Gasolina del

Reglamento Conjunto está dirigido a reglamentar las estaciones de

gasolina.84 En cuanto a nuevas gasolineras o ampliación de una

existente que contemple un aumento de más de 50% de sus

despachadoras, la sección 25.1.2 del citado reglamento establece

que:

       Toda solicitud para una nueva estación de gasolina o
       ampliación a una existente que conlleve un aumento en
       el número de despachadoras existentes, mayor a un
       50%, deberá ser acompañada de una certificación donde
       conste que han sido notificados de la intención de establecer
       dicha estación de gasolina todos los distribuidores-
       mayoristas, dueños o arrendatarios de estaciones de gasolina
       que radiquen dentro del perímetro establecido más adelante a
       propósito del estudio de viabilidad. Dicha certificación incluirá
       el nombre y la dirección de las personas notificadas. 85

       También, la sección 25.1.3 del Reglamento Conjunto por otra

parte, detalla el requisito de presentar un estudio de viabilidad para

una nueva gasolinera o una existente que contemple un

aumento de más de 50% de sus despachadoras. Respecto a ello,

expone:

       Toda solicitud para una nueva estación de gasolina o
       ampliación a una existente que conlleve un aumento en
       el número de despachadoras existentes, mayor a un
       50%, deberá ser acompañada de un estudio de viabilidad que
       demuestre la necesidad y conveniencia del establecimiento de
       la misma. […].

       Por último, en lo concerniente a la celebración de vistas

públicas, la sección 25.1.4 (a) del Reglamento Conjunto, dispone:

          a. En todos los casos, la OPGe podrá aprobar el

83 Anderson, American Law of Zoning, Col, 1, Sec. 6.58-6.61, Mandelker, Land

Use Law, 5th Ed 2003, Seq. 581.
84 CAPÍTULO 25 ESTACIONES DE GASOLINA Reglamento Conjunto de Permisos

para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, 29 de noviembre de 2010.
85 Id. (Énfasis nuestro).
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               establecimiento de nuevas estaciones de gasolina,
               previa celebración de vistas públicas y previa
               recomendación de la Compañía de Comercio y
               Exportación.

                                        B.

       A tono con lo antes dicho, resulta importante destacar que

nuestra jurisdicción ha establecido que las decisiones que toman las

agencias administrativas merecen la mayor deferencia judicial.86

Esta norma se basa en el conocimiento especializado (“expertise”) y

la experiencia que las agencias administrativas poseen sobre los

asuntos que le son encomendados.87 A esta norma de deferencia, va

unida una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse

mientras no se pruebe que la agencia abusó de su discreción.88 Por

ello, la revisión judicial de las decisiones administrativas se limita a

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal; o

de forma tan irrazonable, que su actuación constituya un

abuso de discreción.89

       Así pues, se ha establecido que el criterio fundamental bajo el

cual un tribunal debe revisar las determinaciones e interpretaciones

de una agencia administrativa es el de razonabilidad.90 De esta

manera, se busca evitar la sustitución del criterio del organismo

administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal

revisor.91

                              KLAN202200646

                                        A.

       De entrada, cabe diferenciar que el injunction estatutario es

independiente del injunction tradicional y, por consiguiente,

86 Cruz v. Administración de Corrección, 164 D.P.R. 341 (2005); Mun. de San Juan

v. J. C. A., 152 D.P.R. 673, 688-689 (2000).
87 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005).
88 Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 173 D.P.R. 934, 960 (2008).
89 Ramos Cardona v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 D.P.R. 867, 883-884 (2010).
90 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004).
91 Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); Misión Industrial P.R. v. J.P., 146

D.P.R. 64, 131 (1998).
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generalmente exento de la normativa aplicable a este último.92 Ello,

porque los requisitos del injunction tradicional son, de ordinario,

más rigurosos que los exigidos para el injunction estatutario.93

       El injunction tradicional tiene su origen en la equidad y va

dirigido esencialmente a atender situaciones donde no existe otro

remedio adecuado en ley para atender los perjuicios que enfrenta

una persona, mientras que el injunction estatutario proviene de un

mandato legislativo expreso. Es por ello, que la concesión de un

injunction estatutario requiere un tratamiento especial, enmarcado

dentro de un examen o escrutinio judicial más acotado.94 Aunque

los criterios rectores para la expedición del injunction tradicional no

aplican estrictamente, esas disposiciones son guías para la

expedición del remedio provisional establecido en la Ley. No

obstante, tales guías deben ser atemperadas a las disposiciones y

los propósitos de la pieza legislativa que dispone para el injunction

estatutario. Es decir, deben conciliar con su política pública.

       En ese sentido, y en lo pertinente a la controversia

presentada, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, permite que

se inste en el TPI un recurso de injunction, entre otros, para revocar

un permiso otorgado por información incorrecta o falsa.95 En

específico, el Artículo 14.1 dispone lo siguiente:

               La Junta de Planificación, así como cualquier entidad
       gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
       Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
       instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en
       representación del interés público o una persona privada,
       natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal
       que podría verse adversamente afectado, podrá presentar
       una acción de injunction, mandamus, sentencia
       declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para
       solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya
       solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o

92 Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014).
93 Id.; CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 409 (2010).
94 Next Step Medical v. Bromedicon, supra, a la pág. 497.
95 CAPITULO XIV — DISPOSICIONES ANTE EL TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA. Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar
Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados,
Demolición de Obras. 23 LPRA sec. 9024.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                  31
          falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con
          las autorizaciones y permisos correspondientes, o
          incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso
          otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la
          demolición de obras construidas, que al momento de la
          presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo
          no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca
          se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.96

          Los    recursos    extraordinarios     antes    indicados     pueden

presentarse ante el TPI, indistintamente de haberse presentado una

querella administrativa alegando los mismos hechos; lo que

provocará que la agencia administrativa pierda jurisdicción

automáticamente sobre la querella, y cualquier actuación que

llevare a cabo con respecto a la misma, será considerada ultra vires.

Además, el TPI impondrá honorarios de abogados contra la parte

que presenta el recurso si su petición resulta carente de mérito y

razonabilidad:

                  Indistintamente de haberse presentado una querella
          administrativa ante la Junta de Planificación, entidad
          gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
          Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
          instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando
          los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá
          presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera
          Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso
          extraordinario al amparo de esta sección, la agencia
          administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la
          querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto
          a la misma será considerada ultra vires.
                  El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista
          dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales
          desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia
          en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la
          celebración de la vista.
                  En aquellos casos en los cuales se solicite la
          paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por
          el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos
          permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que
          se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o
          autorización debidamente expedida 97
                  En aquellos casos en los cuales se solicite la
          paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por
          el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos
          permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que
          se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o
          autorización debidamente expedida.

96 Id. Énfasis nuestro.
97
     Id. Énfasis nuestro.
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              El tribunal impondrá honorarios de abogados
       contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección
       si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad
       o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso
       sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo
       esta sección será una suma igual a los honorarios que las
       otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.
       En el caso que el tribunal entienda que no es aplicable la
       presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que
       así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello.
       Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante el
       Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles
       especializados creados mediante este capítulo y dicho foro
       tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la
       presentación del mismo.

       En fin, el procedimiento especial provisto por el Artículo 14.1,

supra, al igual que otros interdictos estatutarios, es un mecanismo

establecido por un estatuto, independiente, sumario y limitado.98

Una vez se solicita correctamente el procedimiento especial, el

tribunal expedirá una orden de paralización provisional hasta que

se ventile judicialmente el derecho de la parte que lo invocó. Nótese,

sin embargo, que su concesión ha de evaluarse a la luz de la letra

de este artículo y su jurisprudencia interpretativa.99

                                          -B-

       Sabido es que los foros apelativos no intervendremos con las

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, su

apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio

conferido a la prueba presentada en sala, salvo que se demuestre

que incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.100

       A tenor con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil dispone

que “[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no

98 ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); ARPe v. Rodríguez, 127 DPR 793
(1991); La jurisprudencia citada se refiere al Artículo 28 de la Ley Núm. 76 de 24
de junio de 1975, el cual fue derogado mediante la aprobación de la Ley Núm.
161-2009, supra. Ante la ausencia de jurisprudencia que trate el Artículo 14.1 de
la Ley 161-2009, según enmendado, y debido a que se trata de la figura antecesora
del actual Artículo 14.1, supra, que procuraba esencialmente los mismos
objetivos, acudimos a dicha jurisprudencia interpretativa.
99 Id.
100 González Rivera v. Robles Laracuente, 203 DPR 645, 665 (2019) (Resolución),

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón;
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); SLG Rivera
Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 356 (2009).
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                   33
se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos”.101

       Esta norma de deferencia judicial está apoyada en que la tarea

de apreciación de la prueba testifical está llena de elementos

subjetivos y es el foro de instancia quien está mejor posición para

aquilatarla.102 Por lo cual, los foros apelativos solo contamos con

“récords mudos e inexpresivos”.103

       En consecuencia, las decisiones del tribunal de instancia

están revestidas de una presunción de corrección.104

                                       -III-

       A    nuestra      atención    se   han     presentado      dos    casos

íntimamente relacionados que corresponden a distintos ámbitos del

derecho; a saber: el administrativo y el civil. Bien merece decir que

el proceso en ambas vertientes ha sido un tanto tortuoso, por no

atribuirle algo de sub realismo.

       Así, hemos consolidados los recursos KLRA202200442 y

KLAN202200646 por considerar que conjuntamente impugnan la

otorgación de los mismos permisos otorgados por la OP-MAC y que

el TPI sostuvo su validez al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161

de 2009, supra.

       En    síntesis,    en   ambos      recursos     KLRA202200442          y

KLAN202200646 los recurrentes plantean que se debió celebrar una

vista pública antes de otorgar los permisos en controversia ya que

se trataba de la construcción de una nueva estación de gasolina,

pues la misma no contaba con permiso de uso al estar cerrada por

101 32 LPRA Ap. V., R. 42.2.
102 González Rivera v. Robles Laracuente, supra; Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet,
177 DPR 967, 986-987 (2010); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771;
Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).
103 González Rivera v. Robles Laracuente, supra; Trinidad v. Chade, 153 DPR 280,

291 (2001) citando a Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984).
104 López García v. López García, 200 DPR 50 (2018); Vargas Cobián v. González

Rodríguez, 149 DPR 859 (1999).
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                              34
más   de     dos   años;      además,   obtuvo   fraudulentamente      una

certificación de exclusión de categoría ambiental. Por la cual,

aducen que erró la OP-MAC al expedirlos y el TPI al validarlos. No

tienen razón.

      Primeramente, la cuestión medular a resolver estriba en si la

estación de gasolina comprada por Sammy Odeh en 2014 no

contaba con permiso de uso, ya que dicho permiso había caducado

por no operar durante más de dos años.

      Ese punto fue resuelto el 27 de septiembre de 2018, por la

OP-MAC cuando emitió la segunda Determinación sobre Pre-

Consulta que en reconsideración sometió Sammy Odeh. Allí, la OP-

MAC reconoció que: (1) la gasolinera ubica en un Distrito Comercial

Intermedio (C-I); (2) dicha estación de gasolina llevó sus

operaciones con un Permiso de Uso núm. 99-46-D-890-HPU emitido

por la ARPE; (3) el cierre de la referida estación de gasolina fue

involuntario, según demostrado en documentos presentados por el

proponente en el caso; (4) la demolición de la estructura fue

requerida por la compañía de seguros, se negaban a dar cubierta

por el mal estado de la estructura; y, (5) los tanques de almacenaje

de combustible permanecen en el predio, lo que demuestra la

intención de continuar operaciones. Por lo cual, concluyó lo

siguiente:

           Por lo anterior, la Oficina de Permisos concluye que
           a pesar de que el uso no ha operado por un término
           mayor de dos (2) años, lo cierto es que el uso ha sido
           uno ininterrumpido, ya que existe evidencia del
           interés del propietario de continuar con la operación
           de dicho uso. Por lo tanto, el uso propuesto cumple
           y puede ser solicitado como un cambio de dueño o de
           nombre. […].105

      Nótese,      que   la    OP-MAC    tuvo    ante   sí   —entre   otros

documentos— el Permiso de Operación Conforme al Reglamento para

105Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 98-99. Énfasis
nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                                 35
el Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados de la Junta de

Calidad Ambiental (“JCA”), firmado el 28 de junio de 2018 por

Wilmarie Rivera Otero, Jefa de la División de Control de Tanques de

Almacenamiento Soterrados, Área de Calidad de Agua,106 y la Carta

de 7 de junio de 2016 del Sr. Jan Carlos Rodríguez, Director de Red

de Estaciones de Total Petroleum Puerto Rico Corp (“TPPRC”),107 ello

con la intención de continuar la operación de la estación de gasolina

comprada por Sammy Odeh.

       Además, en la vista celebrada el 17 de junio de 2022 ante el

TPI, el Sr. Akram Odeh, gerente de ventas de Sammy Odeh declaró

sobre la intención al momento de comprar la estación de gasolina:

          […]
          P ¿Cuál era la intención cuando se adquiere esa
          propiedad, para allá para el 2014?
          R Pues cuando nosotros compramos, realmente
          compramos una estación de gasolina. No es que
          compramos un solar. A Total se le compra una
          estación de gasolina. Y, de hecho, cuando se hace la
          compraventa se firma simultáneamente un contrato
          de suministro de gasolina por 20 años.
          P Al día de hoy, ¿ese contrato de suministro está
          vigente?
          R Actualmente no está vigente. Porque por mutuo
          acuerdo eh, cesamos el contrato.
          P ¿Qué documento, si alguno, le presentó usted, la
          estación Total sobre los permisos de usos
          correspondientes a esa estación de gasolina?
          R Ellos me proveyeron copia del permiso de uso de
          esa estación que fechaba para…
          P ¿De qué año es ese permiso?
          R 1999
          P Ese permiso, ¿cuál es el status de ese permiso?
          Independiente de los permisos que están en
          controversia.
          R Que está vigente. Y nunca ha sido revocado.
          P Ese permiso en particular…
          Licenciado Díaz: Señoría, tengo que objetar. Porque es
          su opinión. Está testificando una opinión.
          Juez: No. Se le permite.
          R Que está vigente y que nunca ha sido revocado.108
          […]

106 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso
KLRA202200442, en las págs. 110-111.
107 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso

KLRA202200442, en las págs. 107.
108 Véase, la TPOE, de la vista del 17 de junio de 2022, a la pág. 30. Énfasis

nuestro.
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       Todavía más, el perito de los recurrentes, Ing. Edwin A. Ayala

Rodríguez, declaró:

           […]
           P Okey. Ahora bien, testigo. Nos había dicho que con
           relación a la construcción nueva. ¿Usted entiende que
           es una construcción nueva porque dejó de operar por
           un tiempo? ¿Es correcto?
           R Por dos razones.
           P ¿Cuál es la primer razón?
           R Una porque no tengo evidencia de que estuvo
           operando por más de dos años y la segunda porque la
           construcción fue más de 50 por ciento, basado en la
           definición.
           P Vamos a la primera. Usted dice de que no tiene
           evidencia de que estuvo operando por más de dos
           años.
           R Correcto.
           P ¿Leyó usted el Memorial Explicativo que se
           sometió en la segunda Preconsulta?
           R Sí.
           P Que es la que… ¿Diga si es o no cierto que ese
           Memorial Explicativo contenía 16 anejos?
           R Eso es correcto.
           P ¿Y de esos anejos, fue evaluado por el Municipio
           Autónomo de Caguas?
           R Sí. Es correcto.
           P Entonces. ¿Usted conoce cómo se ha interpretado
           el concepto de interrupción de tiempo de un Permiso
           de Uso? No de construcción. Un permiso de uso. ¿Usted
           tiene conocimiento?
           R Sí.
           P ¿Cómo se ha interpretado ese concepto?
           R Yo entiendo que tiene que haber la intención de
           haber operado.
           P La intención de haber operado. ¿Y qué más?
           R Eso es lo que sé.
           P ¿Perdón?
           R Eso es lo que conozco.109
           […]

       Cónsono con lo anterior, la OP-MAC no erró al determinar

que, desde el momento en que Sammy Odeh adquirió la estación de

gasolina, tuvo siempre la intención de reabrirla al público como

gasolinera. Así lo hizo. Es por ello, que a pesar de no haber

despachado gasolina por un periodo mayor de dos años, no se

puede concluir que Sammy Odeh renunció al permiso de uso de

la gasolinera. Por tal razón, los procesos ante la OP-MAC no

109 Véase, la TPOE, de la vista del 17 de junio de 2022, en el contrainterrogatorio

a las págs. 12 - 13. Énfasis nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                          37
correspondían a aquellos propios de una nueva estación de

gasolina. De manera que, las vistas públicas que, según los

recurrentes debían ocurrir previo a la emisión del permiso 2018-

248898-PCO-017383,110 y subsiguientes permisos, no son de

aplicación ni necesarias para este caso. En ese sentido, el permiso

de uso y localización de la estación de gasolina adquirida por

Sammy Odeh resulta ser antes de la prohibición de ubicación a

menos de 1,000 pies de instituciones educativas.

       Cabe indicar que la OP-MAC tomó en consideración que la

estructura de antigua estación de gasolina fue demolida por

requerimiento de las compañías de seguros, que se negaban a dar

cubierta por el mal estado de la estructura, por lo cual, el lugar

donde se realizó la reconstrucción y remodelación no se trata de un

terreno vacante que pueda constituir una nueva construcción.

       Tampoco cabe hablar de que esta estación de gasolina no

contaba con tienda de conveniencia, razón por la cual la

reconstrucción y remodelación de la gasolinera y mini market

constituyen una nueva construcción. Al respecto, el testigo de los

recurrentes, Sr. Felix F. Bermúdez Vega, gerente de área en el

departamento de ventas de Total Petroleum del 2012 – 2020,

declaró:

           […]
           P Vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿En la estación de
           gasolina había cuatro surtidores?
           R Eso es correcto.
           P ¿Indicó a preguntas del compañero, que no había una
           tienda de conveniencia?
           R Una tienda de conveniencia como se conoce hoy
           en día, no.
           P No.
           R Era …sí.
           P La pregunta es simple. A preguntas del compañero,
           ¿usted indicó que no había una tienda de
           conveniencia?
           R No. Él tenía artículos. Unos artículos dentro del
           edificio.
           P ¿Qué artículos tenía? ¿Vendía algunos artículos?

110 Permiso de construcción certificado para estación de gasolina.
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            R Sí.
            P ¿Cómo qué?
            R Sí. Él tenía allí unas papitas, tenía allí.., la última vez
            que estuve en esa estación había un escritorio, había una
            caja de cobro, habían eh, artículos para perfumes de
            carros, cuando se lavaban los carros. Que le llamaban
            la…
            P ¿Tenía hielo? ¿Venta de hielo?
            R Había, sí.
            P ¿Refrescos de todas clases?
            R Sí. Había refrescos. Sí.
            P ¿Había refrescos? Dígame usted, de acuerdo a su
            experiencia, ¿esos son artículos que se venden en una
            tienda de conveniencia?
            R Sí.
            P Le pregunto.
            R Claro que sí.
            P Okay. O sea, que ¿podemos decir que sí se vencían
            artículos que se venden en una tienda de
            conveniencia? Dígame si estoy correcto en mi
            apreciación.
            R Eso es correcto licenciado.
            […].111

       De igual modo, se desprende que la instalación de dos

despachadoras de gasolina, adicionales a las cuatro existentes, no

constituyen un exceso del 50 por ciento.

       En     segundo     orden,     los   recurrentes      plantean     que    la

Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica,

expedida por la OGPe en favor de Sammy Odeh,112 al amparo de la

exclusión núm. 45 contenida en la Resolución 11 – 17 emitida por

la JCA, fue obtenida mediante información falsa e incorrecta.

       En específico, en el apartado de Condiciones Generales 1.b.

de la Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión

Categórica, en lo pertinente, expresa:

            […]

            Condiciones Generales
            De acuerdo con la solicitud de esta Determinación, se
            certificó el cumplimiento con los siguientes requisitos, cuyo
            incumplimiento podrá repercutir en la revocación de esta
            Determinación:

111 Véase, la TPOE, de la vista del 10 de junio de 2022, en el contrainterrogatorio

a las págs. 63 - 64. Énfasis nuestro.
112 Véase, el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en las págs.

511-513.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646                         39
               1. Las actividades de uso o de construcciones
               livianas de nuevas estructuras no están ubicadas o
               desarrolladas en:
                       a.    …
                       b. Áreas en las que la Junta de Calidad
               Ambiental       (JCA)    u      otras    agencias
            gubernamentales       estatales o federales hayan
            determinado que existe un grado de contaminación
            que excede el permitido por        los   reglamentos
            vigentes. 113

        Arguyen los recurrentes que para la fecha en que se peticionó

la exclusión categórica núm. 45, la estación de gasolina adquirida

por Sammy Odeh figuraba en la lista de “LUST” (“Leaking

Underground Storae Tank”, t/c/c “LUST”) y no lo divulgó. Tampoco

tiene razón.

        De entrada, no hay evidencia alguna de que Sammy Odeh o

algún representante de la OP-MAC, OGPe o JCA hayan actuado de

forma fraudulenta al momento de expedir la Certificación de

Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica. De otra parte,

tanto el perito presentado por los recurrentes como el perito de

Sammy Odeh, dieron opiniones diametralmente opuestas sobre este

punto.

        Ante ello, el racional utilizado por el TPI al abordar esta

controversia, estribó en que el antes citado apartado 1.b., dispone

que no se podrán utilizar las exclusiones categóricas como eximente

para preparar un documento ambiental, cuando el área donde se

vaya a realizar la acción o actividad excede el grado de contaminación

permitido por los reglamentos vigentes. En ese sentido, no bastó con

demostrar que la estación de gasolina se encuentra en el “LUST

List”, ni con demostrar que el área donde ubica la gasolinera adolece

de contaminación. Sobre el particular, el foro sentenciador

correctamente resolvió que los recurrentes no presentaron prueba

alguna del cuál era el grado de contaminación permitido por los

113 Id., a la pág. 511.
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reglamentos de la JCA, u otras agencias concernidas, cuando se

tramitó el permiso de reconstrucción o remodelación de Sammy

Odeh.

        En fin, la expedición de los permisos: (1) 2018-248898-PCO-

017383;114 (2) 2019-289469-PU-014630;115 (3) 2019-288289-

PCOC-003560;116 y (4) 2019-288289-PCOC-005541,117 emitidos

por la OP-MAC a favor de Sammy Odeh, no son producto de una

actuación arbitraria, ilegal o irrazonable que constituyan un abuso

de discreción que requiera nuestra intervención.

        Por otra parte, el TPI determinó que, como objetivo principal

para la concesión del interdicto bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-

2009, los recurrentes no presentaron la prueba suficiente para

evidenciar el acto fraudulento o engañoso de Sammy Odeh en la

obtención     del    permiso     reconstrucción       y   remodelación.       Tal

determinación, merece nuestra deferencia.

        En cuanto a la imposición de honorarios y costas, a pesar de

que los recurrentes lo señalan como error, nuestro ordenamiento

jurídico los contempla y el TPI tuvo, dentro de su apreciación, a bien

imponerlos. A la luz de lo anterior, ello no constituye un abuso de

discreción, por lo que es meritorio concederle nuestra deferencia.

                                        -IV-

        Por los fundamentos antes expresados, se confirman los

casos consolidados KLRA202200442 y KLAN202200646.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

114 Permiso de construcción certificado para estación de gasolina.
115 Permiso único de operación para estación de gasolina y tienda de conveniencia.
116 Permiso de construcción enmendado para la estación de gasolina y tienda de

conveniencia. Obsérvese, que por error involuntario se expresó el núm. 2019-
288289-PCOC-003580, cuando lo correcto es 2019-288289-PCOC-003560.
117 Enmienda a los fines de incluir la instalación de 2 despachadores de gasolina

adicionales.