Court Opinion

ID: 9952351
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:06.583448+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:58.508108
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

   GERARDO E. TIRADO                                          Certiorari procedente
  MENÉNDEZ, POR SÍ Y EN                                       del Tribunal de
 REPRESENTACIÓN DE ANA                                        Primera Instancia,
 MARIE TIRADO MENÉNDEZ                                        Sala Superior de San
                                                              Juan
         PETICIONARIOS

                   v.                   KLCE202301452         Caso Número:
                                                              SJ2022CV08956
   JOSÉ RAMÓN IZQUIERDO                                       (Salón 504)
     SANTIAGO Y OTROS
                                                   Sobre:
        RECURRIDOS                                 Desahucio
Panel especial integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez
Candelaria Rosa y el Juez Rodríguez Flores.1

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                    RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

        Comparece la parte demandante Gerardo E. Tirado Menéndez por

sí mismo y en representación de Ana Marie Tirado Menéndez (en adelante,

peticionarios o arrendadores) mediante recurso de certiorari y nos solicitan

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI) el 27 de

noviembre de 2023 y notificada el 28 de noviembre del mismo año.

        Adelantamos que denegamos expedir el auto de certiorari.

                                             I

        El 22 de octubre de 2022, los peticionarios presentaron una

Demanda ante el TPI por desahucio y cobro de dinero como consecuencia

de un alegado incumplimiento de contrato de arrendamiento por parte de

José Ramón Izquierdo Santiago y Evelyn Rodríguez Echevarría (en

adelante, recurridos o arrendatarios).2 Luego de ciertos trámites

procesales, las partes transigieron el pleito y el 6 de diciembre de 2022

redactaron un Acuerdo de Transacción (en adelante, Acuerdo). Este

entonces fue aprobado por el TPI al día siguiente, 7 de diciembre de 2022,

1 Orden Administrativa OAJP-2021-080 de 20 de julio de 2021, sobre designación de

Paneles en el Tribunal de Apelaciones.
2 Véase Apéndice I de la Petición de Certiorari, págs. 1-3.

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202301452                                                                     2

y lo hizo formar parte íntegra de la Sentencia emitida ese mismo día.3 En

esencia, las partes extendieron por dos años más el contrato de

arrendamiento firmado originalmente en 2019. Su vigencia sería entonces

hasta el 30 de septiembre de 2023, los arrendatarios vivirían en la

propiedad a cambio del pago de cánones de arrendamiento de $2,000.00

mensuales.4 En el inciso n del mencionado Acuerdo, las partes estipularon

lo siguiente:

         Con relación a la Fianza mencionada en el párrafo 8 del
         Contrato de Arrendamiento suscrito por las partes el 27 de
         septiembre de 2019, se dispone que la misma será
         acreditada al último mes de arrendamiento, por lo que dicho
         mes la parte demandada no tendrá que realizar pago alguno
         por concepto de canon de arrendamiento[.]5
         En cuanto al párrafo 8 del Contrato de Arrendamiento, el cual se

hace alusión en el inciso citado, este lee como sigue:

         Los ARRENDATARIOS depositaron en manos del
         ARRENDADOR la suma de $4,000 como FIANZA para
         responder por cualquier daño que los mismos
         ARRENDATARIOS causaren a la propiedad arrendada por
         motivo de su negligencia, abandono o descuido. Si los
         ARRENDATARIOS causaren daños a la propiedad se
         descontará de la fianza su importe y se devolverá a los
         ARRENDATARIOS la diferencia. Si los daños ocasionados a
         la propiedad fueran mayores, los ARRENDATARIOS se
         obligan y se comprometen a pagar la diferencia. Los
         ARRENDATARIOS no podrán acreditar la fianza a la renta
         atrasada, salvo pacto en contrario por escrito.6

         Luego de adjudicado el caso, el 1 de octubre de 2023, los

arrendatarios hicieron un pago erróneo por la cantidad de $2,000.00 la cual

es la mensualidad de renta. Este pago no era necesario puesto que, tal y

como se había pactado en el inciso n del Acuerdo, el mismo sería

acreditado de la fianza entregada cuando se firmó el Contrato de

Arrendamiento en 2019. Según surge del expediente, a raíz del error, los

arrendatarios solicitaron el pago de vuelta y, como resultado de una

inspección llevada a cabo el 30 de septiembre de 2022 donde no se

hallaron daños a la propiedad,7 exigieron también la devolución de la

3 Véase Apéndice IV de la Petición de Certiorari, pág. 13.
4 Véase Apéndice III de la Petición de Certiorari, págs. 10-11.
5 Id., pág. 12.
6 Véase la Entrada Núm. 1 del expediente digital del Caso Núm. SJ2022CV08956 en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), a la pág. 2 (Contrato
de Arrendamiento, Parte III , inciso 8).
7 Véase Apéndice V de la Petición de Certiorari, pág. 15.
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diferencia de la fianza prestada luego de acreditada la mensualidad según

el Acuerdo. En cambio, los arrendadores se negaron. Plantearon que las

partes expresamente acordaron que el último mes de renta sustituía la

devolución de la fianza en su totalidad,8 por lo que no les correspondía

devolver la fianza, resultando en que la mensualidad del último mes fuese

equivalente a $4,000.00. Como consecuencia de esta discrepancia entre

las partes, los arrendatarios acudieron al TPI mediante Urgente Solicitud

de Desacato.9 Luego de una prórroga concedida por el TPI a los

arrendadores, estos no sometieron una oposición a la solicitud presentada

por los arrendatarios, por lo que el TPI concedió adicionalmente 5 días

finales para que comparecieran. De transcurrir ese término ordenó a los

arrendatarios a presentar un proyecto de orden.

        El término transcurrió y los peticionarios no comparecieron, por tal

motivo, el 9 de noviembre de 2023 sometieron el proyecto de resolución

ordenado. Los peticionarios entonces se opusieron a este proyecto

mediante Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden donde además

plantearon una nueva alegación con relación a la devolución de propiedad

inmueble a pesar de tratarse de un procedimiento post sentencia.10 El TPI

declaró No Ha Lugar la moción de oposición el 28 de noviembre de 2023.

Este mismo día el TPI también aprobó el proyecto de resolución presentado

por los arrendatarios donde se condenó a los arrendadores a devolver

$4,000.00 que incluyen la diferencia de la fianza y el pago erróneo.

También impuso $1,000.00 en concepto de honorarios de abogado por

temeridad al concluir que los peticionarios intentaron retener una suma de

dinero que no les correspondía e incumplir con el Acuerdo al que se

obligaron libremente.11

        Inconformes, los peticionarios acuden ante nosotros y alegan que el

TPI cometió los siguientes errores:

8 Véase Petición de Certiorari, pág. 9.
9 Véase Apéndice V de la Petición de Certiorari, págs. 14-17.
10 Véase Apéndice VI de la Petición de Certiorari, págs. 18-21.
11 Véase Apéndice VIII de la Petición de Certiorari, págs. 24-25.
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      1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la
         peticionaria devolver la fianza cuando las partes
         acordaron lo contrario y el propio tribunal dictó sentencia
         aprobando ese hecho como acuerdo.

      2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no atender la
            solicitud de devolución de la propiedad a la peticionaria.
      El 26 de enero de 2024, los recurridos sometieron su Alegato en

oposición a Petición de Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, resolvemos.

                                       II

      El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012),

que cita a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso discrecional, para

el cual existen unos parámetros que sirven de guía al momento de decidir

si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v. BBVAPR, supra. De

esta forma, el asunto que se nos plantee en el recurso de certiorari debe

tener cabida dentro de alguna de las materias reconocidas en la Regla 52.1

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (Regla 52.1), la cual

dispone, en lo pertinente, como sigue:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
      admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
      asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
      esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
      la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
      en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. […].

      Sin     embargo,    las   resoluciones    post   sentencia   no    están

comprendidas de forma expresa bajo alguno de los incisos de la Regla

52.1, por lo que los recursos de certiorari sobre estas deben evaluarse bajo
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los parámetros establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40). Sobre este particular, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente:

       La Regla 40 […] adquiere mayor relevancia en situaciones
       como la presente en que, de ordinario, no están disponibles
       métodos alternos para asegurar la revisión de la
       determinación cuestionada. Las resoluciones atinentes a
       asuntos postsentencia no se encuentran comprendidas
       entre     aquellas     determinaciones        de    naturaleza
       interlocutoria categóricamente sujetas a escrutinio
       mediante el recurso de certiorari. De otra parte, por
       emitirse este tipo de decisión luego de dictada la sentencia,
       usualmente tampoco cualifica para el recurso de apelación
       provisto para dictámenes judiciales finales. Se corre el riesgo,
       por lo tanto, de que fallos erróneos nunca se vean sujetos a
       examen judicial simplemente porque ocurren en una etapa
       tardía en el proceso, tal como lo es la ejecución de sentencia.
       185 DPR, pág. 339. (Énfasis nuestro.)

       Por lo tanto, un recurso de certiorari que nos solicita la revisión de

una resolución post sentencia debe ser sometido únicamente a nuestro

examen tradicional caracterizado por la discreción encomendada al tribunal

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. La Regla 40

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.
       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.
       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.
       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.
       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.
       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Está claro que debemos evaluar un recurso de certiorari sobre una

resolución post sentencia bajo los criterios de la citada regla, toda vez que

la etapa del procedimiento en que se presenta el recurso es la más propicia

e indispensable para su consideración en los méritos, de ser necesario.
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De no evaluarse el recurso en esta etapa de los procedimientos, el asunto

quedaría sin posibilidad de revisión apelativa.

       Por otro lado, los foros apelativos “no debemos intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o

parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709

(2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

Asimismo, con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales

procesales, no debemos sustituir nuestro criterio por el ejercicio de

discreción del tribunal de instancia, “salvo cuando dicho foro haya incurrido

en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Int´l

News, 151 DPR 649, 664 (2000).

       Finalmente, es norma reiterada que al denegar la expedición de un

recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene

que fundamentar su decisión.

                                     III

       Los peticionarios recurren de una Resolución donde el TPI ordena

la devolución del pago emitido erróneamente en concepto de canon de

arrendamiento y la diferencia de una fianza. Además, impone el pago de

$1,000.00 en concepto de honorarios de abogado al determinar que los

peticionarios obraron con temeridad.

       Nos encontramos ante una situación donde la resolución recurrida

es un remedio post sentencia sobre una solicitud de desacato por un

reclamo de devolución de fianza, conforme a lo dispuesto en la sentencia

final y firme emitida por el TPI, la cual acogió y aprobó un Acuerdo de

Transacción que dispuso de un pleito de desahucio entre las partes. Es

decir, se recurre de una resolución revisable mediante el recurso de

certiorari.

       Evaluada la resolución recurrida, esta no cumple con los criterios

antes esbozados de la Regla 40, supra. Reiteramos que, los tribunales

apelativos no debemos intervenir con las determinaciones de los tribunales
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primarios, salvo que se demuestre un claro abuso de discreción, perjuicio,

error manifiesto o parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle

Corp., supra. De un examen del expediente ante nuestra consideración, no

vemos que el TPI haya incurrido en un abuso de discreción durante el

trámite post-sentencia del caso o que este haya actuado bajo prejuicio o

parcialidad que acarree un fracaso de la justicia. Además, tampoco se

demostró conforme a derecho que el foro recurrido se haya equivocado en

la interpretación o aplicación de una norma procesal y que, intervenir en

esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial contra el peticionario.

Consecuentemente, al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, y

en el ejercicio de nuestra discreción denegamos la expedición del auto

de certiorari.

                                    IV

       Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto

de certiorari solicitado.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

       El Juez Rodríguez Flores disiente con la siguiente expresión: Muy

respetuosamente, entiendo que el foro primario actuó sin jurisdicción al

dictar la Resolución del 27 de noviembre de 2023. En dicha Resolución

como trámite post sentencia, el foro recurrido interpretó ciertas cláusulas

del acuerdo de transacción, adjudicó sumariamente que hubo un

incumplimiento del acuerdo, ordenó la devolución de la fianza e impuso

honorarios de abogados, aproximadamente once meses después de

haberse dictado la Sentencia del 7 de diciembre de 2022.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones