Court Opinion

ID: 9890338
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:16:50.972746+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:21.844827
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

    EL PUEBLO DE PUERTO                              Certiorari procedente
            RICO                                     del Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
                                                     Superior de Carolina
         RECURRIDO

                                                Caso Número:
               v.                 KLCE202300934 F MI2023-0077

    ERIGARDO LOZADA SÁEZ
                                                 Sobre:
                                                 Vista Regla 6 Alzada
       PETICIONARIO                              Rel., Art. 7.02 Ley 22
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

       Comparece     el   señor   Erigardo    Sáez   Lozada     (Sr. Lozada;

peticionario; imputado) mediante el recurso del epígrafe y nos solicita la

expedición de un auto de certiorari a los fines de revocar una resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina

(TPI) en el caso F MI2023-0077, que dispuso la celebración de una vista

de causa de arresto en alzada.

       Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari

sin trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).1

                                       I

       El 13 de abril de 2023, se presentaron denuncias contra el Sr.

Lozada por la comisión de los delitos tipificados en los artículos 5.07 (Art.

5.07) y 7.02 (Art. 7.02) de la Ley 22 de 2000 de 7 de enero de 2000,

según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto

Rico (Ley 22); en esa misma fecha, se celebró una vista sobre

determinación de causa para arresto bajo lo dispuesto en la Regla 6 de

1 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra]
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”.

Número Identificador
RES2023_______________
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Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II (Regla 6 de Procedimiento

Criminal) en cuanto a los delitos mencionados e imputados al Sr. Lozada.

El TPI encontró causa para arresto por el artículo 5.07 y, en cuanto al Art.

7.02 encontró no causa. El peticionario expone en el recurso que “al

culminar la vista, por razones ajenas a nuestro conocimiento, el Tribunal

le indicó al imputado que se podía retirar y no lo citó”; añade que “acató lo

ordenado por el Juez y se retiró.” 2

        El 5 de julio de 2023, el Alguacil Díaz dejó una copia de informe de

notificación de citación en la residencia del Sr. Lozada para que

compareciera el 7 de julio de 2023 ante el salón de sesiones (Sala 206)

del Tribunal de Carolina.3 El peticionario compareció en esa fecha, según

citado, y la vista fue reseñalada a solicitud del Ministerio Público. Luego,

un alguacil de la Sala 206 le indicó al Sr. Lozada que el Juez asignado al

salón de sesiones 202 (Sala 202) solicitó que pasaran a esa sala, por lo

que el Sr. Lozada acudió a la Sala 202 y le fue informado por el Juez

Eduardo Otero Ruiz que se le había señalado una vista en alzada para

causa de arresto por el Art. 7.02 de la Ley 22. El representante legal del

Sr. Lozada, indicó que este no había sido citado y/o notificado sobre esa

vista en alzada, conforme a las Reglas de Procedimiento Criminal y que,

tampoco había sido citado a comparecer ante el Juez de dicha sala, por lo

cual reclamó que no se había adquirido jurisdicción sobre el peticionario.

La defensa también indicó que la única razón por la cual el imputado se

2 Certiorari criminal, págs. 2-3.
3 Id., pág. 3, donde el peticionario hace referencia al Anejo II; sin embargo, al examinar

los anejos incluidos en el recurso, estos son los siguientes:

        1. copia de una Notificación electrónica en el caso F MI2023-0077 que
           certifica y notifica al peticionario que el TPI “emitió una minuta el 7
           de julio de 2023” y que “se aneja copia o incluye enlace”; y

        2. copia de una Minuta sobre una Vista de Regla 6 en Alzada en el
           caso F MI2023-0077 en la Sala 202 del TPI, de 3 páginas, que no
           incluye la página final que debe reflejar la fecha de emitida y otros
           datos correspondientes. (Al examinar esa copia anejada al recurso,
           su contenido coincide con lo argumentado por el peticionario en su
           recurso.)

Luego de presentarse el recurso de certiorari ante nuestra consideración, la Secretaria
del Tribunal de Apelaciones le envió al peticionario una Carta de trámite notificando
deficiencia en escrito presentado en el Tribunal de Apelaciones, emitida el 25 de agosto
de 2023. El peticionario contestó mediante una Moción en cumplimiento de orden
presentada el 19 de septiembre de 2023, en la cual no incluyó documentos adicionales.
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encontraba ante la Sala 206 fue porque el alguacil de la Sala 202 le había

solicitado que así lo hiciera.

        El peticionario afirma en su recurso que “el juez coincidió en que

de los autos no surgía que el imputado había [sido] citado a comparecer

ante su sala”; sin embargo, “y con objeción de la defensa a los efectos de

que no [se renunciaba] al planteamiento de falta de jurisdicción, el

Tribunal ordenó celebrar la vista de causa para arresto en alzada, o en su

defecto, la vista evidenciaría a los efectos si procedía o no la

desestimación de la denuncia en violación a los términos de juicio rápido

según la Regla 64 de Procedimiento Criminal.”4

        Al examinar la copia de la Minuta de una vista celebrada en la Sala

202 del TPI en el caso F MI2023-0077, que se incluyó como Anejo del

recurso, surge lo siguiente:

        1. A la Vista de Regla 6 en Alzada contra el [Sr. Lozada],
           comparecieron el Ministerio Público representado por el
           Fiscal Ricardo Rodríguez Colón y el imputado
           representado por el Lcdo. Juan Gabriel Diez Díaz.

        2. Estuvieron presentes Marystella Gutiérrez Alvarado,
           Sandra Gutiérrez Alvarado y Daniel Ramos Cruz, y se
           expone que el PM Elías Javier Martínez Colón, está en
           camino, según informó el Ministerio Público.

        3. El Tribunal examinó el expediente e hizo constar que la
           Vista de Regla 6 en el caso fue ante la consideración del
           Juez Puldón el 13 de abril de 2023, que no fue hasta el
           9 de mayo de 2023 que se citó y se realizaron las
           gestiones para citar al imputado en las direcciones
           brindadas por él pero la misma no pudo ser
           diligenciada.

        4. La defensa expresa lo siguiente: que en este caso fue
           radicada una denuncia por el Art. 7.02 de la Ley 22 que
           No Causa y otra por el Art. 5.07 Ley 22 que fue Causa
           en la Vista de Regla 6; que en dicha vista, por error
           involuntario del Tribunal, mi representado no fue citado
           para vistas posteriores, y tampoco fue citado para la
           celebración de esta Vista de Regla 6 en Alzada, según
           surge del expediente; que no es hasta el día de hoy, que
           comparecen a otra Sala y que les informan del
           señalamiento de esta Vista ante su consideración; que
           no están renunciando a los planteamientos en
           derecho y a las defensas que le asisten a su
           representado al amparo de la Regla 64N-7 y que en
           particular, porque dicha Vista en Alzada no se ha
           celebrado dentro de los términos; que, sin entrar en
           los méritos de la Vista, su planteamiento es a los efectos

4 Certiorari criminal, pág. 3.
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        de solicitar la desestimación de la presente causa de
        acción.

     5. El Ministerio Público expresa que tiene objeción a la
        solicitud de la defensa, ya que solamente es en cuanto al
        “issue” de los términos y no ha presentado los 4
        elementos que se requieren para una desestimación
        al amparo de la Regla N-7, y que, siendo así, solicita la
        celebración de la Vista a tales efectos.

     6. El Tribunal concede un turno posterior, para dar
        oportunidad a que llegue el PM Elías Javier Martinez
        Colón y poder celebrar la Vista de Desestimación, y
        aclara que el hecho de entrar a ver la Vista, no quiere
        decir que automáticamente el Tribunal está adquiriendo
        jurisdicción ni descartando las alegaciones de la defensa
        y tampoco las de Fiscalía.

     7. Llamado el caso nuevamente, comparecen todas las
        partes antes mencionadas y además, está presente el
        PM Elías Javier Martinez Colón.

     8. El Tribunal aclara que se va a celebrar la Vista de
        Desestimación al Amparo de la Regla 64N-7 según los
        planteamientos de la defensa, y que, una vez se tome la
        determinación, si procede, será celebrada la Vista de
        Regla 6 en Alzada.

     9. Se tomó juramento a los testigos y quedaron bajo la
        Regla del Tribunal; el Tribunal hace referencia a los 4
        criterios de la Regla 64N-7 que debe contener la solicitud
        de desestimación; en primer lugar, el término de los 60
        días a partir de la determinación de No Causa en la Vista
        de RegIa 6 y que, a tales efectos, se deberá celebrar una
        Vista para determinar la causa de la dilación, el perjuicio
        causado por tardanza y quién la provocó.

     10. Comienza la defensa con sus planteamientos y expresa
         que su representado no fue debidamente citado para la
         Vista de Regla 6 en Alzada; añade, que luego de la
         determinación de No Causa en la Vista de Regla 6 el día
         13 de abril de 2023, han transcurrido más de 60 días;
         indica que el causante de dicha demora ha sido el
         Ministerio Público; en cuanto al perjuicio a su cliente,
         indica que su representado aún tiene un caso pendiente
         en otra Sala relacionado con este asunto y, que hace
         dos o tres semanas recibió una llamada indicándole que
         supuestamente habían presentado una Alzada y que
         tenía que acudir al Tribunal; expone que desde esa
         fecha no ha podido dormir, ha tenido que ausentarse a
         su empleo e incluso, esta situación ha sido la causa para
         que terminara la relación con su pareja; añade que,
         siendo así, su representado cumple con los 4 requisitos
         al amparo de la Regla 64N-7, por lo que, se solicita la
         desestimación.

     11. El Ministerio Público hizo un resumen del tracto procesal
         en este caso; expone que la Vista de Regla 6 se celebró
         el 13 de abril de 2023 y que hubo una determinación de
         causa en el Art. 5.07 de la Ley 22 y una determinación
         de no causa en el Art. 7.02 de la Ley 22; añade que se
         recurrió en la Alzada en cuanto al Art. 7.02 de la Ley 22
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        el 9 de mayo de 2023, y la Vista fue señalada para el 2
        de junio de 2023, dentro de los términos; el Ministerio
        Público afirma que hizo lo que se tenía que hacer, y que
        el Tribunal hizo las gestiones para citar al acusado a la
        dirección provista por él mismo, según surge del
        expediente y además, a la dirección que surge de la
        licencia de conducir, y es en ambas direcciones que se
        procede a diligenciar la citación del Tribunal y nadie
        lo conoce allí; aclara que esto es lo que estaría
        declarando el PM Elías Javier Martínez Colón;
        además, señala que la defensa expuso que el acusado
        recibió una llamada informándole sobre el proceso
        de la Alzada y que debía comparecer al Tribunal a
        tales efectos, y que, en cuanto al perjuicio, la defensa
        no ha presentado prueba completa y real en cuanto a
        sus alegaciones.

     12. Escuchadas ambas partes, el Tribunal solicita sea traído
         el testigo, PM Elías Javier Martínez Colón; el Tribunal
         imparte las instrucciones al testigo en cuanto al proceso.

     13. Comienza el Ministerio Público con el interrogatorio del
         testigo, PM Elías Javier Martínez Colón; la defensa
         estipula la capacidad del PM Elías Javier Martínez
         Colón; continúa el Ministerio Público con el interrogatorio
         del testigo, PM Elías Javier Martínez Colón y, durante el
         mismo, solicita que se marque como Identificación 1 las
         notas del agente; el Tribunal declara Ha Lugar la
         solicitud del Ministerio Público, y procede la Secretaria
         de Sala a anunciar la prueba marcada como
         Identificación 1 del MP - NOTAS DEL AGTE. (3 Folios).

     14. Continúa el Ministerio Público con el interrogatorio del
         testigo, PM Elías Javier Martínez Colón y, durante el
         mismo hace referencia a las notas del agente y
         solicita que sean admítidas en evidencia y se marque
         como Exhibit I; a preguntas del Tribunal, la defensa
         expresa no tener objeción; el Tribunal declara Ha
         Lugar la solicitud del Ministerio Público, y procede la
         Secretaria de Sala a anunciar la prueba marcada como
         Exhibit 1 del MP (sin objeción de la defensa) - NOTAS
         del AGTE (3 Folios).

     15. Procede la defensa con el contra-interrogatorio del
         testigo, PM Elías Javier Martínez Colón; el Ministerio
         Público utiliza su turno para un corto re-directo al testigo
         PM Elías Javier Martínez Colón.

     16. Terminada la Vista Evidenciarla, el Tribunal luego de
         aquilatar prueba testifical y examinar la prueba
         documental, determina que no se han demostrado
         los cuatro (4) elementos necesarios para la
         desestimación de la presente causa de acción al
         amparo de la Regla 84 N-7 de las de Procedimiento
         Criminal.

     17. La defensa solicita la reconsideración del Tribunal y hace
         sus argumentaciones a tales efectos.

     18. El Tribunal declara No Ha Lugar a solicitud de
         reconsideración de la defensa.
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      19. Siendo así, la defensa solicita el término de 30 días para
          recurrir a la determinación; solicita se le notifique
          Resolución a tales efectos; añade que el otro asunto en
          la Sala 206, quedó señalado para el 25 de agosto de
          2023.

      Inconforme con lo dispuesto, el peticionario expone en su recurso

de certiorari los siguientes señalamientos:

      1. Erró el TPI al concluir que tenía jurisdicción sobre la
         persona del imputado.

      2. Erró el TPI al concluir que el imputado había sido citado
         a la celebración de la vista de causa de arresto en
         alzada conforme a lo establecido en las Reglas de
         Procedimiento Criminal.

      3. Erró el TPI al celebrar una vista evidenciaria sin el
         imputado ser citado conforme a las Reglas de
         Procedimiento Criminal.

      4. Erró el TPI al determinar no desestimar la denuncia en
         contra del imputado [,] luego de haber transcurrido 83
         días desde la determinación de causa para arresto sin
         existir justa causa.

                                     II

                         A. El auto de certiorari

      El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009).

Para determinar si procede la expedición de un auto de certiorari, la Regla

40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone

que debemos considerar lo siguiente:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.
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      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la

decisión recurrida[,] así como la etapa del procedimiento en que es

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y

no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008), que

cita a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 97 (2001). Asimismo, se

ha resuelto que “los tribunales apelativos no debemos intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184

DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

                B. Regla 64 de Procedimiento Criminal

      Según ha expresado nuestro Tribunal Supremo, “el derecho a

juicio rápido no está del todo determinado y es en parte variable y flexible

ya que pretende salvaguardar tanto el orden público como la libertad

individual.” Pueblo v. Custodio Colon, 192 DPR 567, 579-580 (2015), que

cita a Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 640 (2003). De esta forma, se

persigue realizar un balance entre los derechos de un acusado, y el

interés social en hacer justicia pública. Id. Se trata de un derecho que

emana del Artículo II, Sección 11 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico el cual confiere “de manera general” el derecho

a un juicio rápido a todo imputado de delito. Pueblo v. Valdés et al., 155

DPR 781, 788 (2001), que cita a: Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591

(1999); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986); Pueblo v. Opio

Opio, 104 DPR 165 (1975). Sin embargo, no existe una protección

absoluta para el acusado a un juicio rápido, y el mismo no opera en un

vacío. Pueblo v. Custodio Colon, supra, a la pág. 581.
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      Conforme a este derecho, la Regla 64 de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, R. 64, dispone sobre “ciertos términos que rigen las

etapas del periodo concebido entre el arresto del ciudadano hasta el

momento de su juicio, los cuales [son] términos [que] el legislador

consideró constitucionalmente razonables para salvaguardar dicho

mandato constitucional.” Pueblo v. Valdés et al., supra, a la pág. 788.

      En lo pertinente al caso antes nosotros, la Regla 64 (n) (7) dispone

que “[l]a moción para desestimar la acusación o denuncia, o cualquier

cargo de las mismas solo podrá basarse”, entre otras circunstancias,

en “[q]ue se celebró una vista de causa probable para arresto o

citación luego de los 60 días de la determinación de no causa.” 34

LPRA Ap. II, R. 64(n)(7).

       Al presentarse una moción de desestimación por violación a los

términos de juicio rápido, el TPI está obligado a ponderar y adjudicar bajo

los siguientes cuatro criterios: “(1) la duración de la tardanza; (2) las

razones para la dilación; (3) si el acusado invocó oportunamente el

derecho a un juicio rápido [;] y (4) el perjuicio resultante de la tardanza.”

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 574 (2009), que cita a: Pueblo

v. Guzmán, 161 DPR 137, 154-155 (2004); Pueblo v. Candelaria, 148

DPR 591, 598 (1999).

      El Tribunal Supremo ha aclarado que, en lo referente a la tardanza,

aunque “[u]na dilación mínima es requisito de umbral para que [proceda]

un planteamiento de violación a juicio rápido”, no se trata simplemente de

una tardanza, o el paso del tiempo. Pueblo v. Valdés et al., supra, a la

pág. 793. En otras palabras, “la mera inobservancia del término, per se,

no necesariamente acarrea una violación al derecho a juicio rápido, ni

conlleva la desestimación de la denuncia o la acusación.” Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, a la pág. 574, que cita a: Pueblo v. Valdés et al.,

supra, a la pág. 793; Pueblo v. Candelaria, supra, a la pág. 599. Por lo

tanto, la desestimación sólo debe concederse, luego realizar “un análisis
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ponderado del balance de los criterios esbozados.” Pueblo v. Valdés et

al., supra

       En cuanto al cómputo de los términos de juicio rápido que

disponen las Reglas de Procedimiento Criminal, estos comienzan “a

decursar con la presentación del pliego acusatorio.” Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR, a la pág. 575. Sin embargo, se ha reconocido que un

mero incumplimiento de los términos de la Regla 64 (n), anteriormente

mencionados, por sí solo, no constituye una violación al derecho a juicio

rápido. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 143 (2011), que cita a:

Pueblo v. Guzmán, supra, a la pág. 154; Pueblo v. Candelaria, supra, a

las págs. 597-598. Esto es así, ya que la propia Regla 64 dispone que la

desestimación procederá, salvo “que se demuestre justa causa para la

demora”, o que la dilación se deba a solicitud del acusado, o con el

consentimiento de este. Regla 64 (n). Al determinar la existencia de justa

causa para extender los términos de juicio rápido, se debe realizar un

análisis caso a caso, “dentro de los parámetros de razonabilidad.” Pueblo

v. García Colón I, supra, a la pág. 143, que cita a: Pueblo v. Guzmán,

supra, a las págs. 154 y 156; Pueblo v. Valdés et al., supra, a las págs.

790-791.

       En esencia, cuando exista una alegación de violación a los

términos de juicio rápido, el Tribunal deberá “determinar si existe justa

causa para la demora, o si se debió a la solicitud del acusado o a su

consentimiento.” Pueblo v. Custodio Colon, supra, a la pág. 582. Por un

lado, sobre el asunto del consentimiento, es norma reiterada que los

derechos constitucionales no deben entenderse renunciados, salvo que

se establezca una renuncia de manera expresa, voluntaria, y con

conocimiento de las consecuencias de la renuncia. Id. Por otro lado, “‘si

se trata de una táctica dilatoria en busca de ventaja para el acusado, la

ausencia de objeción oportuna puede constituir una renuncia al derecho’.”

Id., que cita a O.E. Resumil, Derecho procesal penal, Orford, Ed. Equity,

1990, T. 2, Sec. 25.8, pág. 275.
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      Por último, se ha pautado por el Tribunal Supremo que, “el

perjuicio que alegue el acusado como producto de una violación a su

derecho a juicio rápido no puede ser algo abstracto ni estar apoyado

únicamente en un simple cálculo matemático.” Id., a las págs. 583-584.

      A la luz de la normativa expuesta, pasemos a disponer

concretamente del caso ante nuestra consideración.

                                    III

      El peticionario señaló en el recurso de certiorari que el TPI se

equivocó al concluir que tenía jurisdicción sobre su persona y que

había sido citado a la celebración de la vista de causa de arresto en

alzada conforme a lo establecido en las Reglas de Procedimiento

Criminal, al celebrar una vista evidenciaria sin ser citado el Sr.

Lozada conforme a las Reglas de Procedimiento Criminal y al

determinar no desestimar la denuncia en su contra, luego de haber

transcurrido 83 días desde la determinación de causa para arresto

sin existir justa causa.

      En esencia, surge del recurso ante nuestra consideración que, el 7

de julio de 2023 y en corte abierta en la Sala 202, la defensa presentó

una moción de desestimación de la solicitud del Ministerio Público para la

celebración de una vista en alzada para determinación de causa para

arresto bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal contra el peticionario,

por haber transcurrido más de 60 días para celebrar y por incumplimiento

a lo dispuesto en la Regla 64(n)(7) de Procedimiento Criminal. Al

examinar la minuta de la vista celebrada el 7 de julio de 2023, en la Sala

202 antes citada, vemos que el Juez que presidió la vista determinó

celebrar una Vista de Desestimación al Amparo de la Regla 64N-7 según

los planteamientos de la defensa y, luego de adjudicar sobre esa moción,

determinar si procede celebrar la Vista de Regla 6 en Alzada.

      El Tribunal examinó el expediente e hizo constar que la Vista de

Regla 6 en el caso fue ante la consideración del Juez Puldón el 13 de

abril de 2023, que no fue hasta el 9 de mayo de 2023 que se citó y se
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realizaron las gestiones para citar al imputado en las direcciones

brindadas por él, pero la misma no pudo ser diligenciada. Se recibió el

testimonio del PM Elías Javier Martínez Colón, quien declaró sobre las

gestiones para localizar al imputado, y fue contrainterrogado por el

abogado del imputado; la defensa estipuló la capacidad del PM Elías

Javier Martínez Colón y no tuvo objeción para la admisión de prueba

documental identificada como “Exhibit 1 del MP (sin objeción de la

defensa) - NOTAS del AGTE”. Finalmente, el foro recurrido,            con el

beneficio de la prueba testifical y documental recibida, aquilatada y

creída, conforme a lo pautado por el Tribunal Supremo sobre los criterios

aplicables bajo la Regla 68 (n) (7) de Procedimiento Criminal, determinó

que no procedía la desestimación de la solicitud de celebración una Vista

en alzada bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal a los fines de

determinar si hay causa para procesar al Sr. Lozada por la comisión del

delito tipificado en el Art. 7.02 de la Ley 22.

       Luego de examinar detenidamente el recurso y los anejos

presentados por el peticionario y, conforme al derecho aplicable reseñado

previamente, nos corresponde analizar si bajo la discreción concedida a

este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, debemos o no expedir el auto de

certiorari. Evaluado el dictamen recurrido, este no cumple con los criterios

antes esbozados de la Regla 40. No vemos que, en el manejo del caso

ante el TPI, se incurrió en un abuso de discreción o que este haya

actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco se demostró que, el TPI se

haya equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal

y que, intervenir en esta temprana etapa, evitaría un perjuicio sustancial

contra el peticionario.

       Por lo tanto, ante la falta de abuso de discreción, parcialidad o

prejuicio por el foro primario en la resolución recurrida y dentro de nuestra

discreción, no encontramos una razón que justifique nuestra intervención

en el presente caso. Luego de un análisis ponderado y balanceado de los
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criterios para determinar si procede o no la desestimación bajo lo

dispuesto en la Regla 64 (n), resolvemos que el foro recurrido merece

nuestra deferencia y que procede denegar el recurso de certiorari.

                                    IV

       Por los fundamentos anteriormente expuestos y que hacemos

formar parte de este dictamen, se deniega la expedición del auto de

certiorari.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones