Court Opinion

ID: 9952361
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:45:02.225494+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:58.040709
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL1

MS DISTRIBUTORS, LLC                          Certiorari
                                              procedente del
        Peticionario                          Tribunal de
                                              Primera Instancia,
                                              Sala Superior de
              v.                KLCE202400072 Aibonito

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ                                  Caso Núm.
CENTENO; YVONNE GISSELLE                             CO2022CV00197
OTERO; SOCIEDAD DE BIENES
GANANCIALES RODRÍGUEZ-
OTERO; SYNERGY FACTORY                               Sobre:
LLC, ET. AL.                                         Solicitud de
                                                     Interdicto
        Recurridos                                   Preliminar y
                                                     Permanente al
                                                     amparo de la Ley
                                                     de Secretos
                                                     Comerciales, y
                                                     otras causas de
                                                     acción
                                                     relacionadas

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez2, el
Juez Bonilla Ortiz, y el Juez Pagán Ocasio.

Pagán Ocasio, juez ponente

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

                                     I.

      El 19 de enero de 2024, MS Distributors, LLC (MS

Distributors o parte peticionaria) presentó una Petición de Certiorari

ante nos en la que solicitó que modifiquemos una Orden Enmendada

de injunction emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Aibonito, (TPI o foro primario) el 13 de diciembre de

2023, y notificada y archivada el 20 de diciembre de 2023.3 Mediante

el dictamen, el TPI eliminó el inciso (3) de una Orden de injunction

notificada y archivada el 28 de noviembre de 2023, por el cual les

1 OAJP-2021-086 del 4 de noviembre de 2021.
2 Mediante Orden Administrativa OATA-2024-014, se designa al Juez Juan R.
Hernández Sánchez, en sustitución de la Jueza Birriel Cardona, quien dejó de
ejercer funciones como Jueza del Tribunal de Apelaciones.
3 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 5-7.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400072                                                                  2

ordenaba a los co-demandados a “no confección[ar] versiones

modificadas o diluidas de los productos de la demandante”.4

       El 19 de enero de 2024, la parte peticionaria también presentó

una Moción en Auxilio de Jurisdicción en la que solicitó que le

expidiéramos          la   Petición    de    Certiorari   expeditamente,   y   le

asignáramos este recurso al Panel VI del Tribunal de Apelaciones,

integrado por la entonces Jueza Birriel Cardona, el Juez Bonilla

Ortiz y el Juez Pagán Ocasio, por haber sido el panel que dictó la

Sentencia del 27 de marzo de 2023, la cual resolvió el recurso de

certiorari    presentado         por        MS   Distributors    en   el   caso

KLCE202300021, y que versa sobre el mismo pleito ante el foro a

quo.

       El 22 de enero de 2024, emitimos una Resolución por la cual

le concedimos al señor José Luis Rodríguez Centeno (señor

Rodríguez Centeno), a la señora Yvonne Giselle Otero (señora Otero

Maldonado), a la Sociedad de Bienes Gananciales Rodríguez Otero y

a Synergy Factory, LLC (Synergy) (en conjunto, parte recurrida)

hasta el 23 de enero de 2024, en o antes de las 3:00p.m., para

exponer su posición respecto a la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

Además, le concedimos un término de diez (10) días, contados a

partir de la notificación de dicha Resolución, para exponer su

posición respecto a los méritos del recurso de certiorari.

       El 23 de enero de 2024, el señor Rodriguez Centeno, su

esposa, la señora Otero Maldonado, y la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta por ambos presentaron una Oposición a

Moción en Auxilio de Jurisdicción por la cual solicitaron que

denegáramos la misma y no expidiéramos la Petición de Certiorari.

       Ese mismo día, Synergy presentó una Oposición a Moción en

Auxilio de Jurisdicción en la cual expuso dos (2) argumentos

4 Íd., págs. 10-11.
KLCE202400072                                                       3

principales: (1) la parte peticionaria nunca probó ni el foro primario

o este tribunal determinaron que Synergy se apropió de los secretos

comerciales de MS Distributors; y (2) MS Distributors nunca ha

desfilado prueba indicativa de que las fórmulas de Synergy son

producto de apropiación ilegal de los secretos comerciales de la parte

peticionaria.

      El 23 de enero de 2024, luego de evaluar la solicitud de auxilio

y sus respectivas oposiciones, emitimos una Resolución mediante la

cual denegamos la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

      El 25 de enero de 2024, MS Distributors presentó una Moción

Solicitando Reconsideración de Resolución Denegando Moción en

Auxilio de Jurisdicción por la cual insistió en que reconsideráramos

la denegatoria de la petición en auxilio de jurisdicción.

      El 26 de enero de 2024, emitimos una Resolución por la cual

denegamos la solicitud de reconsideración de la parte peticionaria

en esa etapa de los procedimientos.

      Ese mismo día, el señor Rodríguez Centeno, la señora Otero

Maldonado y la Sociedad de Bienes Gananciales presentaron una

Moción Solicitando Órdenes, mediante la cual solicitaron eliminar

tanto el CD como las páginas 34 y 35 del Apéndice de la Petición de

Certiorari arguyendo que no formaron parte del expediente judicial

en el foro primario en contravención con la Regla 74 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74. Además,

solicitaron la eliminación parcial de la transcripción incluida en el

recurso de certiorari, y en la alternativa, que ordenáramos a MS

Distributors a transcribir y presentar la totalidad de la vista.

      El 29 de enero de 2024, emitimos una Resolución mediante la

cual le concedimos a la parte peticionaria cinco (5) días para que

expusiera su posición en torno a la Moción Solicitando Órdenes.
KLCE202400072                                                         4

          El 1 de febrero de 2024, el señor Rodríguez Centeno, la señora

Otero Maldonado y la Sociedad de Bienes Gananciales presentaron

una Oposición a Solicitud de Certiorari.

          Ese mismo día, Synergy presentó un Alegato en el que solicitó

que denegáramos la Petición de Certiorari.

          El 5 de febrero de 2024, MS Distributors presentó una Moción

en Cumplimiento de Orden y conforme a la Regla 74 (C), por la cual

alegó que es imperativo que tengamos acceso al vídeo del 13 de julio

de 2023,5 pues el mismo sirve para probar que el señor Rodríguez

Centeno trabaja para la parte recurrida mezclando productos y no

solo validando materiales. También presentó una Moción Solicitando

Autorización para Presentar Transcripción de Vista Argumentativa

bajo la Regla 76.

          El 9 de febrero de 2024, emitimos una Resolución por la cual

denegamos la Moción Solicitando Autorización para Presentar

Transcripción de Vista Argumentativa bajo la Regla 76, pues el único

señalamiento de error formulado por la parte peticionaria no

cuestiona la apreciación de la prueba. Por lo tanto, la transcripción

de la vista argumentativa celebrada el 13 de diciembre de 2023 es

innecesaria. También denegamos la Moción en Cumplimiento de

Orden y conforme a la Regla 74 (C) porque el vídeo del 13 de julio de

2023 no fue admitido ante el foro a quo y fue ofrecido durante una

vista argumentativa por lo cual también resulta improcedente

presentarlo ante este Tribunal.

          Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por perfeccionado el recurso de epígrafe, y, en adelante,

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes a la Petición de

Certiorari.

5
    Íd., pág. 34.
KLCE202400072                                                                 5

                                       II.

        El caso de marras tiene su génesis el 16 de junio de 2022

cuando MS Distributors presentó una Demanda contra el señor

Rodríguez Centeno, la señora Otero Maldonado, la Sociedad de

Bienes Gananciales compuesta por ambos, Synergy, la Aseguradora

de Synergy, Fulano de Tal, Sutano de Tal, Individuo A, Individuo B,

la Sociedad de Bienes Gananciales A, y la Sociedad de Bienes

Gananciales B en reclamo de un entredicho provisional ex parte, y

un injunction preliminar y permanente, a tenor con la Ley para la

Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico, 10

LPRA secs. 4131 et seq. (Ley Núm. 80-2011); remedios por

violaciones al deber de fiducia, a tenor con la Ley General de

Corporaciones de Puerto Rico, Ley Núm. 164 del 16 de diciembre de

2009,      14   LPRA    secs.   3501    et seq.;   e   indemnización    por

incumplimiento de contrato, e interferencia culposa de terceros con

obligaciones contractuales, al amparo del Código Civil de Puerto Rico

de 2020, Ley Núm. 55 del 1 de junio de 2020, 31 LPRA secs. 5311

et seq.6

        El 26 de septiembre de 2022, y luego de haber celebrado seis

(6) vistas de continuación de interdicto preliminar, el TPI notificó

una Resolución emitida el 16 de septiembre de 2022 por la cual no

expidió el interdicto preliminar solicitado por la parte peticionaria.7

Sucesivamente, el 11 de octubre de 2022, MS Distributors presentó

una     Moción      Solicitando   Reconsideración       y   Solicitud    de

Determinaciones de Hechos Adicionales.8

        El 9 de diciembre de 2022, después de examinar la solicitud

de reconsideración y las oposiciones de la parte recurrida, el TPI

notificó una Resolución emitida el 8 de diciembre de 2022 mediante

6 Id., págs. 297-326.
7 Íd., págs. 289-296.
8 Entrada núm. 61 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC) del caso de epígrafe.
KLCE202400072                                                             6

la cual denegó la Moción Solicitando Reconsideración y Solicitud de

Determinaciones de Hechos Adicionales presentada por la parte

peticionaria.9 Inconforme con el dictamen del foro primario, el 12 de

enero de 2023, MS Distributors presentó una Petición de Certiorari,

asignándosele al recurso el alfanumérico KLCE202300021.10

        El 27 de marzo de 2023, luego de examinar el recurso de

cerrtiorari, las oposiciones de la parte recurrida y la réplica de MS

Distributors,11 esta Curia dictó Sentencia en la que revocó el

dictamen del foro primario, ya que, la prueba desfilada estableció la

existencia de un secreto comercial y/o industrial de la parte

peticionaria y la apropiación indebida de este secreto comercial por

parte del señor Rodríguez Centeno.12 En lo pertinente resolvimos:

        [C]omo cuestión de derecho, incidió el TPI al emitir
        la Resolución recurrida que denegó la expedición del
        interdicto preliminar solicitado por la peticionaria.
        Concluimos que en la Resolución recurrida el foro
        primario exige criterios más rigurosos y un quantum
        de prueba en exceso del que establece el Artículo 8
        de Ley Núm. 80-2011para la procedencia el
        injunction preliminar.13

        No obstante, inconformes con nuestro dictamen, el 12 de abril

de 2023, la parte recurrida presentó sus respectivas solicitudes de

reconsideración por las cuales insistieron en que reconsideramos la

revocación de la Resolución del TPI.14 El 25 de abril de 2023,

emitimos       una       Resolución     por   la   cual   denegamos   ambas

reconsideraciones.15

        Insatisfechos con nuestro dictamen, el 26 de mayo de 2023,

la parte recurrida presentó unos recursos de certiorari ante el

Tribunal Supremo de Puerto Rico solicitando la revocación de la

Sentencia emitida por el Tribunal.16 Sin embargo, el 23 de junio de

9 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 287-288.
10 Íd., págs. 256-286.
11 Íd., págs. 194-255.
12 Íd., págs. 176-193.
13 Íd., pág. 192. (Énfasis en el original).
14 Íd., págs. 152-175.
15 Íd., pág. 151.
16 Íd., págs. 45-147.
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2023, nuestro más alto foro dictó una Resolución mediante la cual

consolidó ambas reconsideraciones y las declaró “No Ha Lugar”.17

        En un último intento, la parte recurrida presentó unas

solicitudes de reconsideración ante el Tribunal Supremo de Puerto

Rico.18 No obstante, el 6 de octubre de 2023, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico emitió una Resolución mediante la cual denegó

ambas reconsideraciones.19

        En un intento de convencer nuestro más alto foro de variar su

determinación, el señor Rodríguez Centeno, la señora Otero

Maldonado y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por

ambos presentaron una Segunda Reconsideración fechada el 13 de

octubre de 2023.20 El 10 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico emitió una Resolución por la cual la declaró “no ha

lugar” la misma y ordenó a las partes atenerse a lo resuelto.21

        El 27 de noviembre de 2023, MS Distributors, luego de que

nuestra Sentencia del 27 de marzo de 2023 adviniera final y firme,

radicó una Moción para que se Expida Injunction conforme a la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones ante el foro primario.22

        El 28 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Orden

expidiendo un injunction estatutario contra los co-demandados, y en

lo pertinente, les ordenó:

              1.    Que    paralicen,    cesen   o    desistan
        inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, del
        uso o divulgación de los Secretos Comerciales a los que
        la demanda se refiere.

             2. Que no divulguen, usen o se beneficien de las
        fórmulas para los productos AMS INDUSTRIAL
        SOLUTIONS     CAR     WASH;    AMS     INDUSTRIAL
        SOLUTIONS COOLANT 33%; AMS INDUSTRIAL
        SOLUTIONS COOLANT 50%; AMS INDUSTRIAL
        SOLUTIONS      FLUSHING;      AMS      INDUSTRIAL

17 Íd., pág. 44.
18 Íd., págs. 36-43. No se incluyó la Reconsideración a Solicitud de Certiorari

presentada por el señor Rodríguez Centeno, la señora Otero Maldonado y la
Sociedad de Bienes Gananciales.
19 Íd., pág. 33.
20 Íd., págs. 24-32.
21 Íd., pág. 23.
22 Íd., págs. 14-19.
KLCE202400072                                                     8

        SOLUTIONS   INDUSTRIAL      DEGREASER;       AMS
        INDUSTRIAL SOLUTIONS; INDUSTRIAL MULTI-
        PURPOSE CLEANER; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS
        IRON REMOVER; y AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS
        MAGIC SHINES, ni de cualquier versión derivada de
        éstas.

              3. Que no confeccionen versiones modificadas
        o diluidas de los productos de la demandante.

              4. Que no divulguen, usen o se beneficien de las
        fuentes de la materia prima para los productos a ser
        confeccionados por la demandante, así como sus
        métodos de manufactura, ni de información alguna que
        le permita gozar de una ventaja competitiva en el
        mercado.

              5. Que no divulguen, usen o se beneficien de los
        contactos de la clientela de la demandante.

              6. Que cesen de competir deslealmente o
        intervenir con su negocio mediante el uso indebido de
        secretos comerciales.23

        El 13 de diciembre de 2023, el foro a quo celebró una vista

argumentativa o Status Conference, mediante la cual la parte

recurrida presentó sus posiciones sobre el inciso (c) incluido en la

Orden notificada el 28 de noviembre de 2023.24 De la Minuta de

dicha vista se desprende que el TPI expresó:

               El tribunal hace constar que todavía no se sabe
        para qu[é] más se está usando el secreto comercial
        porque no se ha pasado prueba sobre ese aspecto, por
        lo que decirle a la parte demandada que no puede
        distribuir ningún detergente que entienda que pueda
        estar hecho con el secreto comercial, se sobre limita a
        lo que el tribunal puede hacer porque no se sabe para
        qué está siendo utilizado el secreto comercial, si para
        algo.25

        Consecuentemente, el 13 de diciembre de 2023, el TPI emitió

una Orden Enmendada de injunction en la que eliminó el inciso (c)

que leía, “3. Que no confeccionen versiones modificadas o diluidas

de los productos de la demandante”.26

        Inconforme con esta determinación, el 19 de enero de 2024,

MS Distributors presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción por

23 Íd., págs. 10-11. (Énfasis suplido).
24 Íd., págs. 1-4.
25 Íd., pág. 3. (Énfasis suplido).
26 Íd., págs. 6-7.
KLCE202400072                                                      9

la cual solicitó que atendiéramos su recurso de certiorari con

premura. También presentó una Petición de Certiorari y planteó un

único señalamiento de error:

      ERRÓ CRASAMENTE EL TPI EN SU APLICACIÓN DEL
      DERECHO Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL NO
      ACATAR LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL DE
      APELACIONES    PUES  NO    IMPLEMENTÓ    EL
      INJUNCTION TAL Y COMO LE FUE ORDENADO POR
      ESTE TRIBUNAL Y AL LIMITAR EL ALCANCE DEL
      MISMO.

      El 23 de enero de 2024, luego de evaluar la Moción en Auxilio

de Jurisdicción y las oposiciones presentadas por la parte recurrida,

emitimos una Resolución mediante la cual declaramos “No Ha Lugar

a la solicitud de Auxilio de Jurisdicción”.

      El 25 de enero de 2024, MS Distributors presentó una Moción

Solicitando Reconsideración de Resolución Denegando Moción en

Auxilio de Jurisdicción. No obstante, el 26 de enero de 2024,

emitimos una Resolución por la cual denegamos la reconsideración.

      El 1 de febrero de 2024, el señor Rodríguez Centeno, la señora

Otero Maldonado y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta

por ambos presentaron una Oposición a Solicitud de Certiorari. Por

medio de este recurso, estos arguyeron que no procedía la

expedición del recurso de certiorari porque la parte peticionaria

pretende que se incluyan los productos de Synergy en el injunction,

y consecuentemente prohibirle mercadear sus productos cuando no

se ha pasado prueba.

      Ese mismo día, Synergy presentó un Alegato, mediante el cual

planteó que nuestra Sentencia del 27 de marzo de 2023 no se refería

a Synergy. Según alegó, nosotros determinamos que de la prueba

del caso de autos se desprendía la apropiación indebida de los

secretos comerciales de la parte peticionaria por parte del señor

Rodríguez Centeno, y no así de Synergy. Además, argumentó que

MS Distributors nunca probó que Synergy se apropió de los secretos

comerciales de la primera y nunca ha desfilado prueba indicando
KLCE202400072                                                                   10

que las formulaciones de la parte recurrida son producto de la

apropiación indebida de los aludidos secretos comerciales.

       Consecuentemente,          el   caso    quedó     perfeccionado         para

determinación judicial.

                                       III.

                                        A.

       El recurso de certiorari es un remedio discrecional por el cual

un tribunal de mayor jerarquía revisa las determinaciones de un

foro inferior. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR

821, 846-847 (2023); Caribbean Orthopedics Products of Puerto

Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). En ese

extremo, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1,27 establece las instancias en las cuales un foro revisor puede

expedir un recurso de certiorari. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, supra; véase, además, Scotiabank v. ZAF Corporation,

et als., 202 DPR 478 (2019); Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703 (2019). La citada regla delimita el

alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un

27 Esta Regla dispone que:

       [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.

               Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
       por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
       a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
       (Énfasis nuestro).
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recurso de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun. de Caguas

v. JRO Construction, Íd.

       Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y

en   la   cautela     que    debemos       ejercer    para     no    interrumpir

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan

ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, debemos pasar entonces a

un segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.28

28 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
         el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
         en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
         Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
         luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
         más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
         indeseable en la solución final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
         un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
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      Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare

LLC, supra, pág. 729. Lo anterior “no significa poder actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Hietel v.

PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,

658 (1997). Ello, ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 736.

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).
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                                 B.

      El injunction o interdicto es un recurso por el cual se le

requiere a la persona “absten[erse] de hacer, o de permitir que se

haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja

o perjudique el derecho de otra”. Código de Enjuiciamiento Civil,

Artículo 675, 32 LPRA sec. 3521; Next Step Medical v.

Bromedicon, 190 DPR 474, 485-486 (2014). La razón fundamental

para su concesión es la existencia de una amenaza real de sufrir

algún menoscabo para el cual no existe un remedio adecuado en la

ley”. Id., pág. 486.

      Según nuestro sistema jurídico, existen tres (3) tipos de

recursos de injunction; estos son: entredicho provisional, injunction

preliminar e injunction permanente. Id., Regla 57 de Procedimiento

Civil, supra, R. 57. El injunction preliminar es un recurso emitido

por el tribunal previo a la celebración del juicio en su fondo, y

usualmente, luego de la celebración de una vista “en donde las

partes tienen la oportunidad de presentar prueba en apoyo y

oposición a su expedición”. Next Step Medical v. Bromedicon,

supra, págs. 486. Su función primordial es mantener el status quo

o estado actual de las cosas en lo que se celebre el juicio y para

prevenir que el demandado no promueva con su conducta una

situación que convierta en académica la determinación que

finalmente tome el tribunal. Íd. Específicamente para evitar que “se

causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna

persona durante la pendencia del litigio”. Íd., pág. 486. Es por ello

que se debe expedir de forma expedita y solamente ante una “clara

e inequívoca violación de un derecho”. Íd., pág. 487. Para su

expedición o denegación es meritorio evaluar sus requisitos:

            (1) la naturaleza de los daños que puedan
      ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el
      recurso; (2) su irreparabilidad o la existencia de un
      remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que
      eventualmente la parte promovente prevalezca al
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       resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de
       que la causa se torne académica de no concederse el
       injunction, y (5) el posible impacto sobre el interés
       público del remedio que se solicita. Id., pág. 487; véase,
       además, Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra, R.
       57.3; VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR
       21, 40-41 (2010); Next Step Medical v. Biomet, Inc.,
       195 DPR 739, 751 (2016).

       También será crucial la diligencia y buena fe con la cual obre

la parte peticionaria. Next Step Medical v. Bromedicon, supra,

487. Sin embargo, los requisitos previos no son absolutos, sino

directorios. Íd. Además, la concesión del interdicto es discrecional,

por lo cual, la determinación del TPI no debe ser revocada, al menos

que se demuestre abusó de discreción. Íd. pág. 487.

       Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico reconoce los

injunctions estatutarios. Estos son distintos e independientes a los

interdictos tradicionales. Una distinción importante entre estos dos

remedios es que, “el injunction clásico se rige por la Regla 57.3 de

Procedimiento     Civil,   supra,    R.   57.3,     y    las   disposiciones

correspondientes del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs.

3521 et seq., mientras que el interdicto estatutario proviene de un

mandato legislativo expreso”. Next Step Medical v. Biomet, supra,

751.   Consecuentemente,       los    interdictos       estatutarios   están

“generalmente exento[s] de la normativa aplicable a este último”, ya

que los requisitos del injunction tradicional son más rigorosos. Next

Step Medical v. Bromedicon, supra, 497; CBS Outdoor v.

Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 409 (2010). Por lo tanto, “la

concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento

especial, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más

acotado”, tal como es el caso del interdicto provisto por la Ley de

Condominios, supra. Next Step Medical v. Bromedicon, supra,

497.
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                                 C.

      En lo que concierne al caso de marras, la Ley Núm. 80-2011,

supra, permite la expedición de un interdicto estatutario cuando

“quede evidenciada la existencia de una apropiación indebida de un

Secreto Comercial o Industrial”. Íd., sec. 4136; véase, además,

Ponce Adv. Med. v. Santiago González, 197 DPR 891, 902 (2017).

Ello, “sin que el demandante tenga que evidenciar que ello

constituye un daño irreparable”. Íd.

      A tenor con el Artículo 3 de la Ley Núm. 80-2011, supra, sec.

4132, un secreto comercial es aquella información:

            a) de la cual se deriva un valor económico
      independiente, ya sea un valor actual o un valor
      potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal
      información no es de conocimiento común o accesible
      por medios apropiados por aquellas personas que
      pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o
      divulgación de dicha información; y;
            b) que ha sido objeto de medidas razonables de
      seguridad, según las circunstancias, para mantener su
      confidencialidad.
            Será también parte del Secreto Comercial toda
      información generada, utilizada o resultante de los
      intentos fallidos realizados en el proceso de desarrollar
      el mismo. Véase, además, Ponce Adv. Med. v.
      Santiago González, supra, pág. 904.

      Del mismo modo, las medidas de seguridad son aquellas

medidas cautelares que se deberán tomar para limitar el acceso a la

información bajo circunstancias particulares. Se determinarán “de

acuerdo a la previsibilidad de la conducta mediante la cual el

Secreto Comercial pueda ser obtenido y la naturaleza del riesgo de

que se dé tal conducta, así como a la relación costo-beneficio entre

la medida de seguridad y el Secreto Comercial”. Íd., sec. 4133; véase,

además, Ponce Adv. Med. v. Santiago González, supra, pág. 904.

      Por otro lado, la apropiación indebida es:

      a) la adquisición de un Secreto Comercial de otro por
      parte de una persona que conocía o debió haber
      conocido que lo adquirió por medios inapropiados, ya
      sea directa o indirectamente; o
      b) la divulgación o uso de un Secreto Comercial de otro,
      sin autorización expresa o implícita, por una persona
      que:
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             i. utilizó medios inapropiados para conocer el
             Secreto Comercial; o
             ii. al momento de la divulgación o uso sabía o
             debió haber sabido que el Secreto Comercial fue:
                 1. obtenido por medio de una persona que
                 adquirió la información utilizando medios
                 inapropiados;
                 2. obtenido bajo circunstancias que dan lugar
                 a un deber de mantener su confidencialidad o
                 limitar su uso;
                 3. obtenido por medio de una persona que
                 tenía un deber con el dueño del Secreto
                 Comercial de mantener su confidencialidad o
                 de limitar su uso; o
                 4. conocido por accidente o error.
      Íd., sec. 4134.
                                  IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la Petición de

Certiorari, resolvemos que debemos abstenernos de ejercer nuestra

función revisora, a tenor con los criterios esbozados en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, y en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40. A nuestro

juicio, no atisbamos motivo o error alguno que amerite nuestra

intervención. Por medio de la Petición de Certiorari, la parte

peticionaria formuló un único señalamiento de error, el cual no

cuestiona la apreciación de la prueba por el foro primario. Su

alegación es que erró crasamente el TPI al aplicar el derecho y al no

dictar una orden de injunction, como le fue ordenado por este

Tribunal. Sin embargo, en nuestra Sentencia emitida el 27 de marzo

de 2023, este Tribunal no proveyó instrucciones específicas para la

expedición de la Orden de injunction, por lo cual el TPI tenía

discreción al emitir la misma y ejerció su discreción.

      Por   lo   tanto,   la   determinación   del   foro   primario   es

esencialmente correcta en derecho y, por ende, no intervendremos

con su discreción.
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                                  V.

      Por las razones pormenorizadas precedentemente, se deniega

la expedición del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones