Court Opinion

ID: 9952314
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:40:16.911155+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:44.530845
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL I

                                                            APELACION
    POPULAR AUTO LLC.                                       procedente del
                                                            Tribunal de
    Apelado                                                 Primera
                                                            Instancia, Sala
                 v.                           KLAN202301138 Superior de
                                                            Ponce
    ESTADO LIBRE ASOCIADO
    DE PUERTO RICO,
    SECRETARIO DE JUSTICIA                                              Civil Núm.:
    Y SUPERINTENDENTE                                                   PO2023CV01383
    POLICIA DE PUERTO RICO
                                                                        Sobre:
    Apelantes
                                                                        Impugnación de
                                                                        Confiscación
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                      SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

         Mediante Recurso de Apelación, comparece ante nos el

Gobierno de Puerto Rico (Estado), representado por la Oficina del

Procurador General, y nos solicita que revoquemos la Sentencia

dictada el 16 de agosto de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Ponce (TPI).1 Por virtud del dictamen de referencia,

el TPI, por la vía sumaria, declaró Ha Lugar a la Demanda de Popular

Auto, LLC (Popular o Apelada) por notificar la confiscación de un

Mercedes Benz, modelo G63 AMG, tablilla ITC 444 (vehículo) fuera

de término. En consecuencia, el TPI le ordenó al Estado devolver el

vehículo o, en su defecto, pagar el importe de la tasación efectuada

más el interés legal de 5.50%.

1
 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo IX, págs. 69-80. Archivada y notificada en autos el
21 de agosto de 2023.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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         Por     los    fundamentos   que   exponemos   a   continuación,

revocamos y devolvemos la Sentencia recurrida para que continúen

los procedimientos.

                                       I.

         El caso de epígrafe se originó el 3 de marzo de 2023, cuando

el Estado ocupó el vehículo a raíz de una intervención por la Policía

de Puerto Rico (Policía). La Policía intervino con el conductor del

vehículo por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Durante esta intervención, la Policía ocupó una pistola cargada. El

conductor no tenía licencia de armas vigente, por lo que la Policía

ocupó el vehículo por haber sido utilizado durante la comisión de

los delitos tipificados en los artículos 6.05 y 6.22 de la Ley de Armas

de Puerto Rico, Ley Núm. 168-2019 (25 LPRA secs. 466d y 466u).

         El 31 de marzo de 2023, el Estado emitió una Orden de

Confiscación con relación al vehículo.2 El mismo día, emitió una

Boleta autorizando que se someta un caso ante un juez magistrado

en contra del conductor del vehículo.3 No obstante, no fue hasta el

13 de abril de 2023 que Popular, dueña del vehículo, fue notificada

de la Orden de Confiscación.4 Así las cosas, el 12 de mayo de 2023,

Popular instó una Demanda ante el TPI solicitando la invalidez de la

confiscación.5

         Luego de varios trámites procesales, el 20 de julio de 2023,

Popular presentó una Moción solicitando sentencia sumaria por

notificación tardía.6

         Popular alegó que el Estado incumplió con las disposiciones

de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011,

(34 LPRA sec. 1724 et seq.) (Ley Núm. 119-2011) al notificar fuera

de los treinta (30) días transcurridos luego de ocupar el vehículo. En

2
  Íd., Anejo VIII, pág. 39.
3
  Íd., pág. 40.
4
  Íd., Anejo I, págs. 4-6.
5
  Íd., págs. 1-3.
6
  Íd., Anejo V, págs. 17-22.
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su Oposición, el Estado alegó que tenía noventa (90) días para

culminar la investigación con relación a una acción penal, y que

luego es que comenzaban a transcurrir los treinta (30) días para

notificar.7 En lo pertinente, el art. 13 de la Ley Núm. 119-2011,

supra, dispone que:

                  Toda confiscación se notificará por correo
           certificado dentro de un término jurisdiccional de
           treinta (30) días, siguientes a la fecha de la
           ocupación física de los bienes. La notificación se hará
           a la dirección conocida del alegado dueño, encargado o
           persona con derecho o interés en la propiedad, según
           consta del expediente de la confiscación.
                  […]
                  En aquellos casos en los que se incaute y
           retenga      cualquier    propiedad      para    alguna
           investigación relacionada con cualquier acción
           penal, civil, administrativa o cuando el bien es
           indispensable para la investigación o como evidencia en
           el caso, el término para culminar la investigación y
           emitir la orden de confiscación no excederá de
           noventa (90) días. Los treinta (30) días para notificar
           la confiscación comenzarán a contarse una vez
           concluya      dicha    acción    y    se    expida    la
           correspondiente orden de confiscación. (Énfasis
           nuestra).

           El 16 de agosto de 2023, el TPI determinó Ha Lugar a la Moción

y ordenó la devolución del vehículo o el pago de su tasación más el

interés legal de 5.50%. En primer lugar, el TPI determinó que los

siguientes hechos no estaban en controversia:

           1. Popular Auto es el titular registral del [vehículo].
           2. El 3 de marzo de 2023 la [Policía] ocupó el [vehículo],
           el cual está registrado a nombre de Popular Auto, LLC
           en el Registro de vehículos del Departamento de
           Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico.
           3. La Orden de Confiscación se emitió el 31 de marzo de
           2023. De esta se desprende que se ordenó la
           confiscación “porque [ese] producto, ha sido utilizado o
           está relacionado con la comisión de los hechos
           delictivos que se hacen constar en el epígrafe de esta
           Orden”. No surge aseveración de que el vehículo fue
           incautado por fines de investigación.
           4. El 31 de marzo de 2023 la Fiscal Marimer Álvarez
           Ortiz suscribió la Boleta de Autorización para Someter
           caso ante un Magistrado en contra de Carlos M. de
           Jesús Rodríguez por violación a los Artículos 6.05 y
           6.22 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por hechos
           alegadamente ocurridos el 3 de marzo de 2023 en Santa
           Isabel, PR.

7
    Íd., Anejo VIII, págs. 26-68.
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           5. La carta de notificación de la confiscación dirigida a la
           parte demandante tiene fecha del 12 de abril de 2023,
           pero fue depositada el 13 de abril de 2023, siendo
           recibida por Popular Auto el 17 de abril de 2023.
           6. En la carta de notificación de la confiscación se
           informa que la ocupación obedeció a que el 3 de marzo
           de 2023 el vehículo fue utilizado en violación a los
           Artículos 6.05 y 6.22 de la Ley de Amas de Puerto Rico
           hechos ocurridos en Santa Isabel, Puerto Rico.8

           El TPI descartó el argumento del Estado sobre una

investigación relacionada con el vehículo. Luego de analizar el caso

Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289 (2017), concluyó que para

aplicar el término de noventa (90) días, “es imperativo que se haya

iniciado algún tipo de investigación cercana a la incautación; así

como que dicha investigación esté relacionada con el motivo inicial

para ocupar la propiedad de manera que se acredite la dilación de

la retención de la propiedad”.9 Al Estado no presentar prueba para

acreditar cumplimiento con los requisitos antes mencionado, el TPI

aplicó la norma general de que la notificación debe ser realizada

dentro de los treinta (30) días de haberse ocupado el vehículo.

           Inconforme, el 19 de diciembre de 2023, el Estado presentó

un Recurso de Apelación donde señaló el siguiente error:

           ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
           DARLE PASO A LA MOCIÓN DISPOSITIVA
           PRESENTADA POR LA PARTE APELADA CUANDO LA
           PRUEBA DOCUMENTAL DEMOSTRÓ LA NECESIDAD
           DE RETENER EL VEHÍCULO DE MOTOR PARA UNA
           INVESTIGACIÓN   CRIMINAL   PARALELA     DE
           CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY
           UNIFORME DE CONFISCACIONES DE 2011 Y AL NO
           TOMAR EN CUENTA QUE, COMO MÍNIMO, EXISTE
           CONTROVERSIA DE HECHOS SOBRE SI EL
           VEHÍCULO    FUE   OCUPADO    PARA    FINES
           INVESTIGATIVOS EN CUMPLIMIENTO CON ESE
           ARTICULADO.

           Para aclarar las controversias ante nos, debemos dividir los

errores señalados en dos. En primer lugar, ¿erró el TPI al no

determinar que el Estado presentó prueba documental que

demostrara            la    necesidad            de   retener el   vehículo   para una

8
    Íd., Anejo IX, pág. 73. (Énfasis nuestro).
9
    Íd., pág. 79.
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investigación   criminal   paralela?    En    segundo     lugar,   ¿existe

controversia de hechos reales y sustanciales, particularmente sobre

si el vehículo fue ocupado para fines investigativos?

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a discutir el derecho aplicable.

                                  II.

                                  A.

      La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V,

R.36, permite que cualquier parte solicité una moción de sentencia

sumaria. “La sentencia sumaria constituye un mecanismo procesal

mediante el que se le confiere discreción al tribunal para dictar

sentencia sobre la totalidad de una reclamación, o sobre cualquier

controversia comprendida en esta, sin la necesidad de celebrar una

vista evidenciaría”. J. A. Echevarría Vargas, procedimiento civil

puertorriqueño, 1ra ed. rev., San Juan, 2012, pág. 218. “El principio

rector de una sentencia sumaria debe ser el sabio discernimiento

pues de ser mal utilizada se podría estar despojando a un litigante

de su día en corte”. Íd.

      Para que proceda la sentencia sumaria, no pueden existir

controversias en cuanto a los hechos reales y sustanciales, por lo

que lo único que debe hacer un tribunal es aplicar el derecho. En

ocasión, las controversias de hechos se confunden con controversias

de derecho. Es el deber de los tribunales diferenciar entre ambas.

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 226 (2015). El

Tribunal Supremo ha aclarado que “las determinaciones de hecho

establecen qué fue lo que pasó, mientras que en las conclusiones de

derecho se determina el significado jurídico de esos hechos conforme

a determinada norma legal”. Íd. El hecho de que exista un hecho en

controversia    no   significa   que    una   sentencia     sumaria    es

improcedente. “Esos hechos, a su vez, deben ser interpretados por

el juez para determinar si son esenciales y pertinentes […]”. Íd., pág.
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227. Un hecho real y sustancial es aquel “que puede afectar el

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo

aplicable”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110

(2015).

      Cualquier duda sobre la existencia de controversia sobre

hechos reales y sustanciales debe resolverse en contra de la parte

promovente. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004). De

existir controversia sobre hechos reales y sustanciales, “no podría

dictarse [sentencia] y habría que celebrar un juicio para resolver la

controversia en torno a los hechos”. R. Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 6ta ed. rev., San Juan,

LexisNexis de Puerto Rico, 2017, pág. 316.

      Al revisar sentencias sumarias, los tribunales apelativos

deben utilizar los mismos criterios que los tribunales de instancia.

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. Sin embargo, los foros apelativos

están limitados de dos maneras:

      [P]rimero, sólo puede considerar los documentos que se
      presentaron ante el foro de primera instancia. Las
      partes no pueden añadir en apelación exhibit,
      deposiciones o affidávit que no fueron presentados
      oportunamente en el foro de primera instancia, ni
      pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos
      nuevos por primera vez ante el foro apelativo. Segundo,
      el tribunal apelativo sólo puede determinar si existe
      o no alguna controversia genuina de hechos
      materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de
      forma correcta. No puede adjudicar los hechos
      materiales y esenciales en disputa. Esa tarea le
      corresponde al foro de primera instancia. Íd., pág.
      335. (Énfasis nuestro).

      En consecuencia, cuando el foro apelativo determina que

existen controversias de hecho reales y sustanciales, lo que procede

es la devolución del caso al tribunal de instancia para que se celebre

un juicio para adjudicar esos hechos en controversia.

                                  B.

      El derecho a la propiedad privada es un derecho de alto

interés público y constituye fundamento de nuestro sistema de
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gobierno. Proprietors of Charles River Bridge v. Proprietors of Warren

Bridge, 3 US 420 (1837); Rivera García v. Registradora, 189 DPR 628

(2013). Tanto la Constitución de los Estados Unidos como la

Constitución de Puerto Rico contienen cláusulas que protegen y

consagran el derecho al disfrute de la propiedad. Privar a una

persona de su propiedad requiere estricto cumplimiento con las

garantías del debido proceso de ley. Cuando el Gobierno priva a un

individuo de su propiedad, este viene obligado a darle la justa

compensación.

      La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos, Emda. V, Const. EE. UU., LPRA Tomo 1, dispone que

ninguna persona será privada de “sus bienes sin el debido

procedimiento legal; ni se podrá expropiar una propiedad privada

para destinarla a uso público sin la justa compensación”. La

Decimocuarta Enmienda permite que se ejerza este derecho ante

acciones de los estados, disponiendo que “ningún estado privará a

persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido

procedimiento legal”. Íd., Emda. XIV.

      Nuestra Constitución es más abarcadora por lo que el derecho

a la propiedad goza de mayores protecciones. La Sección 7, Artículo

II de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, Const. ELA

[Const. PR], LPRA, Tomo 1, dispone que:

            Se reconoce como derecho fundamental del ser
      humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute
      de la propiedad. No existirá la pena de muerte.
      Ninguna persona será privada de su libertad o
      propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a
      persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las
      leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las
      obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un
      mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a
      embargo. (Énfasis nuestro).

      La Sección 9 dispone que “[n]o se tomará o perjudicará la

propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de

una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”.
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Íd., Sec. 9. Aunque haya mucho en común entre nuestra

Constitución y la de los Estados Unidos, es imprescindible destacar

que la nuestra consagra el derecho al disfrute de la propiedad como

uno fundamental.

      El derecho al disfrute de la propiedad no es absoluto. Tal

derecho está “sujeto a su función social y a los amplios poderes

de razón de estado de la Asamblea Legislativa, siempre y cuando

el ejercicio de dichos poderes legislativos fuese razonable”. Jorge M.

Farinacci Fernós, La Carta de Derechos, San Juan, Editorial de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2021, pág. 124. (Énfasis

en el original).

      Mediante la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, la

Asamblea Legislativa ha autorizado al Estado a “ocupar e investirse

para sí todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que

hayan sido utilizados en la comisión de ciertos delitos”. Reliable v.

Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917, 924 (2016). A través de la

confiscación, el Estado adquiere “el título de aquellos bienes que se

hayan utilizado para fines ilícitos”. Reliable Financial v. ELA, supra,

pág. 296. Cabe señalar que los procedimientos de confiscación no

dependen del resultado de una acción penal; estos “podrán llevarse

a cabo y culminarse antes de que se acuse, se declare culpable o se

absuelva al acusado”. Ley Núm. 119-2011, supra, art. 8.

      Como trata de la privación de la propiedad privada de una

persona, el proceso de confiscación requiere estricto cumplimiento

con el debido proceso de ley. Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al.,

209 DPR 796, 813 (2022). A estos fines, el Estado tiene la obligación

de notificar a las personas señaladas en la ley, entre ellas, al dueño

de un vehículo de motor según conste en el Registro de vehículos del

Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ley Núm. 119-

2011, supra, art. 13.
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      El   término   para   notificar   varía   dependiendo   de   las

circunstancias de la confiscación. La norma general es que el Estado

tiene treinta (30) días desde la ocupación de la propiedad para

notificar la confiscación. Íd. Sin embargo, cuando se retiene

cualquier propiedad para una investigación relacionada con

cualquier acción penal, “el término para culminar la investigación y

emitir la orden de confiscación no excederá de noventa (90) días. Los

treinta (30) días para notificar la confiscación comenzarán a

contarse una vez concluya dicha acción y se expida la

correspondiente orden de confiscación”. Íd. (Énfasis nuestro).

      En Reliable Financial v. ELA, supra, nuestro Tribunal

Supremo tuvo la oportunidad de interpretar el art. 13 de la Ley Núm.

119-2011, particularmente la excepción de investigación en proceso.

Determinó que para que el Estado pueda invocar la excepción al

término de notificación de treinta (30) días, debe cumplir con dos

requisitos. Primero que, “contemporáneamente o cercano a la

incautación exista o se inicie algún tipo de investigación de

naturaleza civil, penal o administrativa”. Íd., pág. 302. Segundo,

“que esa investigación esté de alguna manera vinculada a la razón

para ocupar la propiedad incautada”. Íd.

      Por las implicaciones constitucionales que conllevan las

confiscaciones, los tribunales debemos interpretar las disposiciones

atinentes a las confiscaciones de manera restrictiva. Íd., pág. 303.

El Estado “únicamente podrá aprovecharse del plazo adicional si

cumple con cada una de las exigencias enumeradas en el último

postulado del Art. 13 […]”. Íd. Por lo tanto, el Estado debe hacer

constar cumplimiento con estos requisitos lo más pronto posible.

Íd., pág. 305. Idealmente, esto se cumpliría en la orden de

confiscación. Íd. Si el Estado cumple con la constatación, le

corresponde a la parte que impugna la deficiencia en la notificación

probar que esta se hizo tardíamente. Íd., pág. 306.
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      ¿Esto conlleva la nulidad automática de la confiscación? Si la

parte que impugna la notificación logra demostrar que el Estado

incumplió con los requisitos del art. 13 de la Ley Núm. 119-2011,

supra, el peso de la prueba se invierte.

      Ahora bien, en la ausencia de las comunicaciones
      mencionadas, una vez impugnada una notificación
      por tardía, si el Estado interesa valerse del periodo de
      tiempo adicional consignado en la última modalidad del
      Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011 por alegada ocupación
      para fines investigativos, le corresponde el peso de
      probar, mediante prueba fehaciente, la conexión
      entre el motivo para la ocupación de la propiedad
      retenida y la investigación correspondiente. Reliable
      Financial v. ELA, supra, pág. 306. (cita omitida) (Énfasis
      nuestro).

      En resumen, si el Estado no hace constar los fines

investigativos de la ocupación, entonces debe demostrarle al

tribunal, en la acción de impugnación de la confiscación,

mediante prueba fehaciente, la conexión entre la ocupación y la

investigación. ¿Realmente existe una investigación vinculada a la

razón para ocupar la propiedad incautada? Esto es una controversia

sobre hechos reales y sustanciales. Sin claridad sobre este asunto,

no se puede atender la controversia en derecho.

                                 III.

      En el caso ante esta Curia, el Estado presentó prueba de la

Orden de confiscación y de la Boleta que autorizó la presentación de

cargos ante un juez magistrado. Nuestro Tribunal Supremo ha

resuelto que el Estado debe detallar en qué consistió la supuesta

investigación, cuál fue su propósito y su nexo con el vehículo. Tiene

que ser específico y no basarse en meras generalidades. Reliable

Financial v. ELA, supra. A modo de ejemplo, debe existir prueba en

el expediente que alerte sobre la necesidad de realizar algún tipo de

inspección ulterior para levantar huellas dactilares, DNA o residuos

de sustancias controladas, sangre o pólvora, que fuera pertinente

algún examen pericial concerniente al estado o al funcionamiento
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de los frenos, gomas u otros componentes del vehículo. Íd., pág. 304-

305.

       Sin embargo, cuando la parte que impugna la confiscación

logra demostrar que el Estado incumplió con el deber de notificación

al amparo de la vía excepcional, se invierte el peso de la prueba.

Cuando esto ocurre, aún existe controversia sobre si realmente

hubo una investigación penal vinculada a la propiedad confiscada.

Esto “puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al

derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, pág. 110.

       En el caso de autos, el TPI concluyó que el Estado incumplió

con los criterios para beneficiarse de la notificación excepcional. No

obstante, el récord no le permitía al TPI concluir que no había

controversia sobre este asunto, ello pues la Boleta que autorizó la

presentación de cargos coloca en controversia si existía el tipo de

investigación que causaría que aplicase un término distinto al

pretendido por la parte demandante.        Así pues, será luego del

correspondiente juicio que el TPI estará en posición de adjudicar si

existía una investigación vinculada a los motivos que originaron la

ocupación del vehículo. Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 306.

“Es decir, para que el [Estado] pueda usar el fundamento del tercer

supuesto del artículo 13 de la Ley de Confiscaciones, debe probar,

en el juicio, que el motivo inicial para intervenir y retener la

propiedad fue relevante a la pesquisa”. KLAN 202100542, Sentencia

de 17 de diciembre de 2021. (Énfasis nuestro). En consecuencia, no

procedía la resolución mediante la vía sumaria.

                                 IV.

       Por los fundamentos que preceden, revocamos la Sentencia de

referencia y devolvemos el caso al TPI para que continúen los

procedimientos de manera compatible con lo aquí expresado.
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    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones