Court Opinion

ID: 9890351
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:18:03.007111+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:11.950221
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

    PABLO VALLE GARCÍA                         Certiorari
                                               procedente del
        Parte Recurrida                        Tribunal de
                                               Primera
               v.                              Instancia, Sala
                                 KLCE202300965 Superior de
     JUAN CORTÉS VALLE                         Aguada
       Parte Peticionaria
                                                     Civil Núm.:
                                                     AC2023CV00016

                                                     Sobre:
                                                 Retracto Legal
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      Comparece el señor Juan Cortés Valle (Sr. Cortés) mediante

recurso de certiorari instado el 1 de septiembre de 2023. Solicita que

revoquemos la Resolución emitida el 23 de agosto de 2023, y

notificada el 24 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI) Sala de Aguada. Mediante el referido dictamen, el TPI

denegó la Moción Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdicción

presentada por el Sr. Cortés.

      El recurrido, señor Pablo Valle García, presentó su Alegato en

Oposición a Recurso de Certiorari el 14 de septiembre de 2023.

      Examinados los escritos a la luz del derecho aplicable, y por

los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el auto

de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.

                                  I.

      El 13 de enero de 2023, el señor Pablo Valle García (Sr. Valle)

presentó una demanda de retracto legal de comuneros en contra del

señor Juan Cortés Valle (Sr. Cortés). En síntesis, alegó que, el 15 de

diciembre de 2022, advino en conocimiento de que sus hermanas,

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202300965                                                                2

Esmeralda y Concesa, de apellidos Valle García, vendieron al Sr.

Cortés sus participaciones hereditarias sobre el inmueble descrito

en la demanda. El Sr. Valle solicitó que se le reconociera su derecho

al retracto sobre las participaciones adquiridas por el Sr. Cortés.

       Al momento de presentar la demanda, el Sr. Valle no consignó

en el tribunal el precio de venta de las cuotas hereditarias, ni una

fianza que garantizara dichas partidas. Éste efectuó la consignación

el 2 de febrero de 2023.1

       El 3 de febrero de 2023, el Sr. Cortés presentó su contestación

a la demanda. Aceptó la adquisición de las participaciones

hereditarias, pero negó la fecha en que el Sr. Valle manifestó haberse

enterado de la transacción. Arguyó que el demandante tuvo

conocimiento de la venta mediante un mensaje de correo electrónico

de 9 de noviembre de 2022. Por ello, señaló que, al momento de

instar la demanda, el término que el Sr. Valle tenía disponible para

presentar su causa de acción había caducado. Así que, y como parte

de sus defensas afirmativas, solicitó la desestimación de la

demanda, por ésta carecer de una reclamación que justificara la

concesión de algún remedio.

       Subsiguientemente, el Sr. Cortés solicitó la desestimación de

la demanda en varias instancias durante el proceso. La que dio lugar

al presente recurso fue la Moción Urgente de Desestimación por Falta

de Jurisdicción, instada el 4 de agosto de 2023. En ella, el Sr. Cortés

reseñó que, conforme a las disposiciones del Artículo 1058 del

Código Civil de 20202, el término para ejercitar la acción de retracto

legal es de treinta (30) días, contados desde la inscripción en el

registro, y en su defecto, desde que el retrayente haya tenido

conocimiento de la venta. A continuación, y a base de la

1 El TPI aceptó la consignación el 9 de febrero de 2023. Véase, Orden, apéndice

del recurso, pág. 14.
2 31 LPRA sec. 8871.
KLCE202300965                                                           3

jurisprudencia interpretativa del Artículo 1414 del derogado Código

Civil de 1930 - análogo al Artículo 1058 – aseveró que nuestro

ordenamiento jurídico requiere que la consignación del precio de

venta sea simultánea a la presentación de la demanda, o que la

consignación se efectúe dentro del plazo de caducidad de treinta (30)

días establecido para ejercitar la causa de acción. A la luz de ello,

planteó que el Sr. Valle había consignado el precio para la

adquisición de las participaciones en controversia cuando el plazo

establecido en el Artículo 1058 del Código Civil de 2020 había

caducado. En específico, veinte (20) días después de la presentación

de la demanda y cincuenta (50) días luego de la fecha en que adujo

haber conocido de la venta de dichas participaciones. El Sr. Cortés

razonó que la consignación tardía privaba al tribunal de jurisdicción

para atender el asunto.

      En oposición3, el Sr. Valle adujo que la causa de acción se

presentó al amparo del Código Civil de 2020, y que el ordenamiento

jurídico vigente no impone como requisito la consignación coetánea

a la presentación de la demanda, ni que la consignación se efectúe

dentro del plazo de caducidad de treinta (30) días. Por otro lado,

expuso que el planteamiento de consignación tardía constituye una

defensa afirmativa que, al no haberse alegado en la contestación a

la demanda, se entiende renunciada. Finalmente, indicó que la

determinación del tribunal de autorizar la consignación, no

impugnada por el Sr. Cortés, resulta obligatoria para las partes.

      Mediante Resolución emitida el 23 de agosto de 2023, y

notificada el 24 de agosto de 2023, el TPI declaró no ha lugar la

Moción Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdicción

presentada por el Sr. Cortés y ordenó la continuación de los

procedimientos para juicio en su fondo.

3Véase, Moción para Aclarar Postura del Demandante y Oposición a Moción de
Reconsideración. Apéndice del recurso, págs. 54-60 y 119-120.
KLCE202300965                                                           4

        Al pronunciar la denegatoria, el TPI expresó que “[e]n el [juicio]

se evaluará, entre otros asuntos, si se concretizó una compraventa

válida de la participación, el momento en que el demandante tuvo

conocimiento de la transacción y si ejerció su derecho dentro de los

términos establecidos por Ley”.4

        Inconforme, el 1 de septiembre de 2023, el Sr. Cortés incoó el

presente recurso de certiorari y apunta los siguientes señalamientos

de error:

        Primer error: Incurrió en error el Honorable Tribunal de
        Primera Instancia al aceptar la consignación tardía del
        precio de adquisición de unas cuotas hereditarias en un
        caso sobre retracto legal cuando de los hechos alegados
        en la demanda se desprende que ya había transcurrido
        el término fatal de caducidad de 30 días, previo a la
        solicitud de consignación del precio en el Tribunal.

        Segundo error: Incurrió en error el Honorable Tribunal
        de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar una
        moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre
        una causa de acción caducada sobre retracto legal
        debido a la falta de consignación del precio de forma
        oportuna, conforme al término de caducidad de 30 días
        que dispone la ley y la jurisprudencia vigente.

        El 5 de septiembre de 2023, el Sr. Cortés presentó una Moción

en Auxilio de Jurisdicción para que este Tribunal paralizara el juicio

en su fondo calendarizado para el 21 de septiembre de 2023.

        El 8 de septiembre de 2023, emitimos una Resolución

mediante la cual ordenamos la paralización de los procedimientos

ante el TPI.

        Por su parte, en el Alegato en Oposición a Recurso de

Certiorari, el Sr. Valle esencialmente reprodujo los planteamientos

esbozados ante el foro recurrido.

                                    II.

                                    -A-

        El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal      de   mayor   jerarquía      revisar   las   determinaciones

4 Íd., pág. 136.
KLCE202300965                                                                 5

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.5

       En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil6,

delimita las instancias en las que procede que este Tribunal de

Apelaciones expida el recurso de certiorari.7 La citada Regla

establece que el recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una

orden o resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del

foro apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.8 Según

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que

fundamentar su decisión.

       Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones9     instituye los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de

certiorari. Estos criterios son:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
       a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

5 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
6 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
7 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., supra.; Scotiabank v. ZAF Corp., 202

DPR 478, 486 (2019).
8 Íd.
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300965                                                        6

       D. Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.10 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

       En fin, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de

la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.11

                                       -B-

       El Artículo 1055 del Código Civil de 2020 define el retracto

legal como “el derecho a subrogarse, con las mismas condiciones

estipuladas en el contrato, en lugar de la persona que adquiere una

cosa por compra o dación en pago”. 12

       Respecto al retracto de comunero, el Artículo 1058 del mismo

código dispone que:

       No puede ejercitarse el derecho de retracto legal sino
       dentro de treinta (30) días contados desde la inscripción

10 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
11 Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).
12 31 LPRA sec. 8871.
KLCE202300965                                                                  7

           en el registro, y en su defecto, desde que el retrayente
           haya tenido conocimiento de la venta.
           El retracto de comuneros excluye el de colindantes.13

           Para poder ejercer el derecho a retracto, el Artículo 1501 del

mencionado cuerpo legal establece específicamente que:

           El vendedor no puede hacer uso del derecho de retracto
           sin reembolsar al comprador el precio de venta, y,
           además:
           (a) Los gastos del contrato, y cualquier otro pago
           legítimo para la venta; y
           (b) los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa
           vendida.
           Para que pueda darse curso a las demandas de
           retracto, se requiere que se consigne el precio si es
           conocido, o si no lo es, que se dé fianza de
           consignarlo luego que lo sea.14 (Énfasis suplido).

           Debido a que el derecho de retracto de comuneros autorizado

por el artículo 1412 del Código Civil, es en sí mismo contrario al

principio de la libre contratación, las condiciones requeridas para

su ejercicio deben cumplirse estrictamente.15

           Respecto a la figura del reembolso o la consignación del

retracto legal de comuneros, el tratadista José María Manresa

cuestiona cuándo debe consignarse y si bastará con el ofrecimiento

de pago o la declaración de voluntad de hacer uso del derecho de

retracto en fecha hábil.16 Al señalar que tenemos que atenernos a

los términos precisos y al contenido del artículo del Código Civil,

Manresa añade que “no cabe hablar de declaraciones de voluntad

que no vayan acompañadas del reembolso efectivo y simultáneo”.17

Lo único que se admite en contrario es que los gastos de la compra

o    los     hechos   en    la    cosa   pueden     pagarse    o   consignarse

posteriormente.18 En definitiva, Manresa concluye que para hacer

uso    del     derecho     de    retracto   es   necesario    desde   luego,   y

13 31 LPRA sec. 8874.
14 31 LPRA sec. 8862.
15 González de Salas v. Charneco Vda. de González, 99 DPR 577, 582-583 (1971).
16 J. María Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed.,
Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. 1, pág. 477.
17 Op. cit, pág. 478.
18 Op. cit., pág. 479.
KLCE202300965                                                                    8

simultáneamente, restituir el precio, puesto que el Código Civil así

lo exige, y nada en contrario nos enseña la jurisprudencia.19

        Por su parte, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta reconoce que el

pago de la suma a consignarse deberá hacerse dentro del plazo para

ejercitar el derecho de retracto. Menciona que “planteada la cuestión

relativa al momento en que habrá de hacerse el reembolso al que se

refiere el precepto, es opinión común que habrá de hacerse al

momento de ejercitarse el retracto, no bastando la declaración de

voluntad de hacer uso del mismo seguida del mero ofrecimiento del

precio”.20

        José Puig Brutau aparenta ir más lejos al expresar que dentro

de los días que dispone el estatuto sobre retracto legal, el retrayente

ha de reembolsar al comprador retraído el precio de la venta, los

gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.21 Al discutir el

plazo para ejercitar el derecho de retracto legal en su obra

Fundamentos de Derecho Civil, Puig Brutau incluye como requisito

que se consigne el precio de la venta dentro del mismo plazo de

caducidad y añade que la cantidad debe acompañarse con la

demanda.22

        En Zalduondo v. Iturregui23 al hacer referencia al Art. 1616 de

la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico del 1 de enero

de 1886, recogida en el Art. 1407 del Código Civil de 1930 – análogo

al Artículo 1051 del Código Civil de 2020 - el Tribunal Supremo

expresó:

        Claramente nos indica ese artículo que la única suma
        que está obligado a consignar el comunero retrayente
        para cursarse su demanda de retracto es el precio de la
        primera venta que originó la retroacción y ninguna otra
        suma. Es obvio que la exigencia de la consignación

19 Op. cit., pág. 480.
20 I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, 1ra ed., Barcelona, Ed.

Bosch, 2000, T.7, pág. 470.
21 J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, 1a ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989,

V. III, pág. 363.
22 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3a ed., Barcelona, Ed. Bosch,

1983, T. III, Vol. III, págs. 411, 416-417.
23 83 DPR 1 (1961).
KLCE202300965                                                       9

        simultánea y efectiva del precio de venta con la
        presentación de la demanda de retracto, o en su caso
        la de dar fianza, no se hace extensiva en forma alguna
        a las otras sumas adicionales que por mandato expreso
        del artículo 1407 de nuestro Código Civil viene obligado
        el retrayente a “rembolsar al comprador”, y que son: “los
        gastos del contrato, y cualquier pago legítimo hecho
        para la venta” y “los gastos necesarios y útiles hechos
        en la cosa vendida”.24 (Énfasis nuestro).

        En similares términos de simultaneidad se ha expresado el

Tribunal Supremo en cuanto al retracto convencional en Gallardo v.

Petition y V.T.N., Inc.25, cuando afirmó que “[n]o hay entonces la

menor duda de que a base de la letra del Art. 1407 del Código Civil,

supra, y lo dicho por este Tribunal anteriormente, es indispensable

que al presentarse una demanda de retracto se consigne a la vez el

precio de venta”.26 Claro, lo anterior obedece a que se presente la

demanda el último día del término de caducidad.

        En definitiva, tanto la ley como la jurisprudencia y los

tratadistas concluyen que el texto de los artículos del Código Civil

es claro al requerir que dentro del plazo que se dispone para

presentar el retracto legal, se consigne el precio de la venta si es

conocido y si no lo fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que

lo sea.

        Por último, y como principio de hermenéutica legal, “[c]uando

la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su texto no debe

menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.27

                                      III.

        En el presente caso, expedimos el auto de certiorari a tenor

con la autoridad que nos concede la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil supra, para atender una denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y los criterios (A) (E) y (G) de la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra.

24 Íd., pág. 10.
25 132 DPR 39 (1992).
26 Íd., pág. 50.
27 Artículo 19 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5341.
KLCE202300965                                                            10

      Conforme a la norma jurídica esbozada, concluimos que el TPI

erró al no desestimar la demanda sobre retracto legal instada por el

Sr. Valle. Nos explicamos.

      El Sr. Valle presentó su demanda el 3 de enero de 2023.

Tomando como cierto que éste advino en conocimiento de la aludida

compraventa de participaciones el 15 de diciembre de 2022, a la

fecha de la presentación de la demanda, ciertamente aún no había

transcurrido el plazo de treinta (30) días que dispone el Artículo

1058 del Código Civil de 2020, supra. No obstante, el Sr. Valle, no

consignó el precio de venta o, en su defecto, el pago de la fianza

correspondiente, simultáneamente con la presentación de su

demanda.

      Cual   citado,   la   ley   y    la   jurisprudencia   requieren   el

cumplimiento estricto de consignar de manera simultánea el precio

de venta que originó la acción de retracto dentro del plazo de treinta

(30) días, contados a partir de la inscripción en el registro la

propiedad, y en su defecto, desde que el retrayente haya tenido

conocimiento de la venta.

      En el presente caso, el Sr. Valle no consignó el precio de

compraventa según lo dispone la ley, ni la fianza, hasta pasados

veinte (20) días de la presentación de la demanda y cincuenta (50)

días luego de la fecha en que adujo haber tenido conocimiento de la

venta de las participaciones. El incumplimiento con los requisitos

dispuestos por el estatuto privó al Sr. Valle de invocar su derecho al

retracto legal. Ante ello, el TPI carecía de jurisdicción para atender

el caso en sus méritos.

                                      IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de

certiorari y revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, se

desestima la demanda sobre retracto legal presentada ante el
KLCE202300965                                                       11

Tribunal de Primera Instancia por el señor Pablo Valle García, por

falta de jurisdicción de dicho foro para entender en la causa.

      Dejamos sin efecto la paralización de los procedimientos

decretada por este Tribunal mediante resolución emitida el 8 de

septiembre de 2023.

      Notifíquese.

      Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones