Court Opinion

ID: 9928653
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:33:08.107001+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:37.808533
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

CARMEN LYDIA ORTIZ DE                                    Apelación
       JESÚS                                             procedente del
                                                         Tribunal de Primera
           Apelada                                       Instancia, Sala
                                                         Superior de Carolina
              v.                  KLAN202200742
                                                         Caso Núm.:
MUNICIPIO AUTÓNOMO                                       CA2019CV01025
DE CAROLINA, ET ALS
                                                         Sobre:
          Apelante                                       Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Martínez Cordero.1
Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2023

       Comparece       Campo      Rico        Memorial   y   su   aseguradora,

Cooperativa de Seguros Múltiples (en adelante, los apelantes)

mediante una Apelación presentada el 16 de septiembre de 2022,

para solicitarnos la revisión de la Sentencia dictada y notificada el

15 de julio de 2022,2 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina (en adelante, TPI). En esta, el foro primario

declaró Ha Lugar la Demanda sobre daños y perjuicios instada por

la señora Carmen Lydia Ortiz De Jesús (en adelante, apelada y/o

señora Ortiz De Jesús) y, en consecuencia, imputó a los apelantes

la totalidad de los daños reclamados.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la sentencia apelada.

                                         I.

       El 15 de marzo de 2019, la señora Ortiz De Jesús presentó

una Demanda sobre daños y perjuicios contra el Municipio

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
del Hon. Carlos G. Salgado Schwarz.
2 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-18.

Número Identificador
SEN2023_______________
KLAN202200742                                                        2

Autónomo de Carolina, MAPFRE PRAICO Insurance Company (en

adelante, MAPFRE), Funeraria Campo Rico Memorial, Cooperativa

de Seguros Múltiples de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (en adelante, AAA) y otros demandados de nombre

desconocido.3 En esta alegó que el 5 de agosto de 2018, la apelada

salió de la Funeraria Campo Rico Memorial, ubicada en el Municipio

de Carolina, a guardar un libro en su vehículo, el cual se encontraba

estacionado en esas inmediaciones. Arguyó que, en ese instante,

tropezó con un desnivel ubicado en el área de la acera o el

estacionamiento de la funeraria en el cual se encontraba un registro

de agua por debajo del pavimento. La señora Ortiz De Jesús alegó

que, como consecuencia de este tropiezo, sufrió una caída la cual le

provocó daños.

         Ante este escenario, señora Ortiz De Jesús solicitó el pago de

ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) por los daños sufridos;

cincuenta mil dólares ($50,000.00) por concepto de angustias

mentales y una cantidad no menor a diez mil dólares ($10,000.00)

por los gastos relacionados a deducibles, terapias, medicinas, entre

otros.

         En respuesta, el 24 de junio de 2019, los apelantes

presentaron su Contestación a la Demanda.4 Asimismo, el 27 de

junio de 2019, el Municipio de Carolina presentó su Contestación a

Demanda.5 Del mismo modo, el 9 de agosto de 2019, la AAA

compareció con su Contestación a la Demanda.6

         Posteriormente, el 14 de septiembre de 2020, las partes

presentaron el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio (en

adelante, ICAJ).7 En lo pertinente, la señora Ortiz De Jesús sostuvo

que cuando salió de la funeraria tropezó con un desnivel, lo cual

3 Id., a las págs.19-22.
4 Id., a las págs. 23-26.
5 Id., a las págs. 31-38.
6 Id., a las págs. 27-30.
7 Id., a las págs. 39-81.
KLAN202200742                                                                 3

ocasionó que se cayera y recibiera un fuerte impacto en su mano y

muñeca izquierda. Argumentó que, como consecuencia de la caída,

se tuvo que someter a una intervención quirúrgica y a varias

sesiones de terapias. Indicó que su perito, el doctor William Acevedo,

le otorgó un siete por ciento (7%) de impedimento total.

       Por su parte, en el ICAJ, los apelantes esbozaron que la

apelada tropezó en la acera, en la cual se ubica el registro de agua

y el desnivel que provocó la caída. Adujo que la acera tenía rotos y

el mantenimiento de esta le competía al Municipio de Carolina y que

el arreglo de la tapa del contador era responsabilidad de la AAA.

       Por su parte, la AAA esgrimió que la funeraria construyó o

adquirió un local con estacionamiento para impedidos construido

inadecuadamente sobre un área destinada para contadores de agua

de la AAA. En tal sentido, citó lo dispuesto por la ley 79-20228 que

establece que quien construya sobre un área de una utilidad de la

AAA como contadores o registros de agua, debe cerciorarse de que

la construcción esté al mismo nivel de los contadores y debe

asegurarse de identificar esa área con pintura amarilla, así como

delimitar el área para su visibilidad. Finalmente, el Municipio de

Carolina adujo que el accidente ocurrió dentro de los predios de la

propiedad de la Funeraria Campo Rico Memorial y no en la acera.

       Así las cosas, el 7 de diciembre de 2020, la apelada presentó

una Moción de Desistimiento Parcial con Perjuicio.9 En esta, sostuvo

que la señora Ortiz De Jesús llegó a unos acuerdos privados con la

AAA y con el Municipio de Carolina y su aseguradora MAPFRE, por

lo cual, solicitó el desistimiento con perjuicio de estas partes. Por

su parte, el 10 de diciembre de 2020, los apelantes presentaron una

Moción en Oposición a Desistimiento Parcial con Perjuicio.10 El 10 de

8 Ley para el Levantamiento de Registros y Alcantarillas al Nivel de Rodaje, Ley

79-2022, 9 LPRA sec. 2201 nota.
9 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 82-83.
10 Id., a las págs. 85-89.
KLAN202200742                                                          4

diciembre de 2020, el TPI emitió una Sentencia Parcial, en la cual

declaró Ha Lugar la moción de desistimiento y ordenó el archivo del

pleito, con perjuicio en cuanto a la AAA, el Municipio de Carolina y

MAPFRE.11

         Tras varios asuntos procesales los cuales no son necesarios

pormenorizar, el 3 y el 4 de agosto de 2021, se llevó a cabo el juicio

en su fondo.12 Durante el juicio, la apelada presentó el testimonio

de los siguientes testigos: (i) doctor William Acevedo Rosario, (ii)

señor José A. Ortiz De Jesús, (iii) señora Carmen Lydia Ortiz De

Jesús; y el del (iv) señor Juan O. González Báez como testigo hostil.

Además, conforme surge de la Minuta del juicio en su fondo,13 la

parte apelada presentó y se marcó la siguiente prueba documental:

         Exhibit 1   Curriculum Vitae del Dr. William Acevedo
                     Rosario
         Exhibit 2   Informe Pericial
         Exhibit 3   Expediente Hospital Auxilio Mutuo
         Exhibit 4   Expediente médico por el Dr. Orlando
                     Fernández
         Exhibit 5   Certificación de copia expediente médico
                     Hospital UPR Federico Trilla en Carolina
         Exhibit 6-A Foto columna y estacionamiento
         Exhibit 6-B Foto estacionamiento de impedido y
                     guagua
         Exhibit 6-C Foto entrada principal estacionamiento
         Exhibit 6-D Foto inmovilizada de brazo
         Exhibit 6-E Foto cabestrillo
         Exhibit 6-F Foto de puntos de operación
         Exhibit 6-G Foto de radiografía
         Exhibit 6-H Foto cicatriz actual14

         Por su parte, la parte apelante presentó el testimonio de los

siguientes testigos: (i) su perito, el doctor José Enrique Suárez

Castro, (ii) el ajustador, señor Héctor J. Santiago Rivera y el del (iii)

señor Juan O. González Anglada. Asimismo, conforme la Minuta del

juicio en su fondo, los apelantes marcaron los siguientes

documentos como su prueba documental:

         Exhibit 1       Informe accidente.
         Exhibit 2       Curriculum Vitae del Dr. José Enrique
                         Suárez Castro
11 Id., a la pág. 84.
12 Id., a las págs. 125-128.
13 Id.
14 Id., a la pág. 125.
KLAN202200742                                                        5

        Exhibit 3   Informe pericial
        Exhibit 4   Video del accidente (pendrive)
        Exhibit 5   Querella de la policía 2018-8-316-3819
        Exhibit 6.1 Foto estacionamiento de impedido
        Exhibit 6.2 Foto entrada principal y estacionamientos
        Exhibit 6.3 Foto estacionamientos
        Exhibit 6.4 Foto estacionamiento impedido y contador
                    de agua15

        Sometido el caso, el foro primario concedió término a las

partes para que presentaran sus correspondientes memorandos de

derecho. Oportunamente, el 6 de septiembre de 2021, tanto los

apelantes como la apelada presentaron sus correspondientes

memorandos de derecho.16 Así las cosas, el 15 de julio de 2022, el

TPI emitió su Sentencia.17 En esta, formuló las siguientes

determinaciones de hechos:

        1. La demandante Carmen Lydia Ortiz de Jesús es
           mayor de edad, soltera y vecina de Carolina, Puerto
           Rico.
        2. EL 5 de agosto de 2018, ésta acudió a la Campo Rico
           Memorial ya que había fallecido una amistad.
        3. Al llegar a dicha funeraria, la demandante estacionó
           su guagua hacia alfrente [sic] en el estacionamiento
           de impedidos cercano a la entrada de esta.
        4. Una vez estacionada la guagua, la demandante se
           bajó por el lado del conductor y se dirigió por el lado
           izquierdo ubicado cerca a un muro de cemento de la
           entrada de la funeraria y continuó caminando hasta
           la entrada e interior de Campo Rico Memorial.
        5. Ese día, en Campo Rico Memorial se encontraban
           familiares y amigos de la demandante Carmen Lydia
           Ortiz de Jesús.
        6. El señor José Ortiz De Jesús es uno de los hermanos
           de la demandante Carmen Lydia Ortiz De Jesús que
           se encontraba allí.
        7. Una hermana de la demandante que también se
           encontraba en Campo Rico Memorial le entregó un
           libro el cual la demandante decidió ir a guardar en
           su guagua.
        8. La demandante procedió a salir por la entrada
           principal de Campo Rico Memorial, dobló hacia la
           izquierda para entrar al estacionamiento de
           impedidos dió [sic] unos pasos hacia su vehículo
           cuando tropezó cayendo al pavimento del
           estacionamiento de rodilla y sufriendo un impacto
           su mano izquierda.

15 Id., a la pág. 127.
16 Id., a las págs. 129-159.
17 Id., a las págs. 1-18.
KLAN202200742                                                    6

    9. Al momento del accidente sufrido el 5 de agosto de
       2018, la demandante Carmen Lydia Ortiz de Jesús
       se encontraba con su hermano el señor José Ortiz
       De Jesús.
   10. El señor José Ortiz De Jesús fue testigo ocular de la
       manera en que ocurrió el accidente de la
       demandante.
   11. El señor José Ortiz De Jesús vió [sic] cuando su
       hermana se tropezó con un desnivel dentro del
       estacionamiento de impedidos de Campo Rico
       Memorial y procedió a ayudar a ésta.
   12. El señor José Ortiz De Jesús identificó mediante
       fotografías mostradas la condición y área que
       provocó la caída de su hermana Carmen Lydia Ortiz
       de Jesús ubicándo [sic] la msima [sic] dentro de los
       predios del estacionamiento de impedidos de Campo
       Rico Memorial.
   13. De igual manera, la demandante identificó el área
       que provocó el accidente dentro de los predios del
       estacionamiento de impedidos de Campo Rico
       Memorial.
   14. El demandante previo al accidente no había visto el
       desnivel ni había pasado por el área en donde se
       tropezó.
   15. La demandante al llegar a Campo Rico Memorial y
       bajarse de su guagua no pasó ni caminó por el área
       del estacionamiento de impedidos que tenía grietas
       y desnivel ya que caminó pegado al muro de cemento
       contiguo a la funeraria.
   16. Las fotos suministradas y entradas en evidencia
       muestran que el estacionamiento de impedidos de
       Campo Rico Memorial tiene áreas con grietas,
       desniveles, y desnivel de cemento alrededor de
       contador de agua.
   17. Una toma de video de cámaras de seguridad de
       Campo Rico Memorial entrado en evidencia por la
       parte demandada capta imágenes de parte del área
       exterior de la Campo Rico Memorial.
   18. La toma del video muestra el momento que la
       demandante tropieza y sufre la caída; ésta se
       encontraba junto a su hermano José Ortiz De Jesús
       quien la auxilia.
   19. El referido video solo captó imagenes [sic] de la parte
       superior de los cuerpos y no así parte baja de las
       extremidades ya que está tapada con un murito de
       cemento.
   20. La demandante y el testigo señor José Ortiz De Jesús
       identificaron como el lugar en donde tropieza ésta
       dentro del estacionamiento de impedidos de Campo
       Rico Memorial.
   21. Conforme los testimonios y prueba presentada, la
       caida [sic] de la demandante no ocurrió en la acera
KLAN202200742                                                    7

        sino en el estacionamiento de impedidos de Campo
        Rico Memorial.
   22. Este Tribunal imparte entera credibilidad a la
        demandante Carmen Ortiz De Jesús y al señor José
        Ortiz De Jesús quienes estuvieron presente en el
        momento del accidente y observaron que fue lo que
        ocasionó el mismo.
   23. La parte demandada Campo Rico Memorial no
        presentó testigos oculares ni presenciales de la caída
        de la demandante.
   24. El área del estacionamiento de impedidos de la
        Funeraria Campo Rico Memorial se encontraba con
        desnivel de cemento y malas condiciones incluyendo
        alrededor del contador de agua que ubica dentro del
        estacionamiento.
   25. La demandante tropezó a causa del desnivel, grietas
        y malas condiciones en que se encontraba el
        estacionamiento de impedidos Funeraria Campo
        Rico Memorial.
    26. El señor José Ortiz De Jesús ayudó a su hermana
        Carmen Ortiz De Jesús a reincorporarse del piso y
        se mantuvo con ésta en lo que llegaba la
        ambulancia.
   27. La Campo Rico Memorial es la dueña del área del
        estacionamiento de impedido[s] de la Funeraria
        Campo Rico Memorial en donde ocurrió el accidente
        de la demandante.
   28. Los testigos de Campo Rico Memorial no
        entrevistaron a la demandante sobre los hechos del
        caso.
   29. La responsabilidad del mantenimeinto [sic] y
        condiciones del estacionamiento de impedidos en
        donde ocurrió el accidente de la demandante lo es
        Campo Rico Memorial.
   30. El deber de reparación del estacionamiento de
        impedidos donde ocurrió el accidente de la
        demandante es de Campo Rico Memorial.
   31. El estado de desnivel, grietas y malas condiciones
        del estacionamiento de impedidos de Campo Rico
        Memorial constituye una condición de peligrosidad
        para los visitantes e impedidos de dicha funeraria.
   32. El área del estacionamiento representaba un grave
        peligro a las personas que utilizaban esa área del
        estacionamiento para dirigirse a Campo Rico
        Memorial      máxime     si   son    personas      con
        impedimentos.
   33. El señor Juan O. González Báez es el Administrador
        de la Funeraria Campo Rico Memorial desde el año
        2000.
   34. Este declaró que el estacionamiento de la funeraria
        le pertenece a estos y pudo identificar las fotos
        presentadas por la parte demandante como áreas
KLAN202200742                                                   8

         que le pertenecen a la Funeraria Campo Rico
         Memorial.
   35.   El ajustador Héctor Santiago Rivera (testigo de
         Campo Rico Memoral [sic]) no estuvo presente el día
         de los hechos del caso.
   36.   El señor Héctor Santiago Rivera no entrevistó a la
         demandante para corroborar el lugar del accidente.
   37.   La demandada Campo Rico Memorial permitió que
         el área de estacionamiento de impedidos mantuviera
         una condición de peligrosidad sin avisos ni letreros
         que advirtiesen de dicha condición la cual hac[í]a
         previsible que ocurrieran caídas y accidentes como
         el sufrido por la demandante.
   38.   La condición peligrosa del estacionamiento de
         impedidos, la cual era conocida por Campo Rico
         Memorial y nada hicieron para corregirla, fue la
         causa próxima de la caída sufrida por la
         demandante y la que ocasionó una secuela de
         múltiples traumas al cuerpo de la demandante, así
         como daños emocionales.
   39.   La demandante al tropezar cayó de lado sufriendo
         un golpe en su rodilla izquierda y recibiendo el
         impacto mayor en su muñeca izquierda.
   40.   La demandante luego de la caída quedó en el suelo
         del estacionamiento y José Ortiz De Jesús la ayudó
         a recostarse contra un muro contiguo al
         estacionamiento.
   41.   La demandante sufrió graves daños en su muñeca
         izquierda y golpe en rodilla.
   42.   La demandante se encontraba aturdida y con un
         fuerte dolor en su muñeca izquierda por lo que tenía
         que apretarla fuertemente.
   43.   A Campo Rico Memorial llegó una ambulacia [sic]
         que trasladó a la demandante al hospital [sic]
         Hospital Universitario de Carolina Federico Trilla.
   44.   Una vez la demandante llega al Hospital
         Universitario de Carolina le realizaron estudios
         radiológicos y le informaron que tenía una fractura
         desplazada en su muñeca izquierda.
   45.   En dicho hospital le manipularon la mano lo que
         causó gran dolor. También le inmovilizaron la misma
         y le administraron medicamentos para el dolor y le
         recetaron ultracet y tramadol.
   46.   La demandante Carmen Lydia Ortiz De Jesús sufrió
         ―Left Wrist Colles “Fracture” como consecuencia de
         la caída del 5 de agosto de 2018 en el
         estacionamiento de impedidos de Campo Rico
         Memorial.
   47.   Posterior, la demandante Carmen Lydia Ortiz De
         Jesús, fue evaluada y atendida por el cirujano-
         ortopeda Dr. Orlando Fernández en su oficina
         médica.
KLAN202200742                                                   9

   48.   El 16 de agosto de 2018, la demandante Carmen
         Lydia Ortiz fue sometida por el Dr. Orlando
         Fernández a una intervención quirúrgica de su
         mano y muñeca izquierda en el Hospital Auxilio
         Mutuo.
   49.   La intervención quirúrgica consistió en un “open
         reduction and internal fixation” conocido como
         ORIF.
   50.   La cirugía requirió de colocación de placas y
         tornillos ortopédicos.
   51.   A la demandante le tomaron siete (7) puntos de su
         sutura y le fue inmovilizado el brazo.
   52.   La demandante tiene una cicatriz de carácter
         cosmético a causa de los puntos tomados.
   53.   La demandante al ser dada de alta de la cirugía de
         su mano izquierda le prescribieron medicamentos
         para el dolor y antibióticos.
   54.   La demandante a consecuencia del impacto y
         fractura de su mano izquierda estuvo imposibilitada
         de usar la misma mienstras [sic] estaba en
         recuperación.
   55.   Posterior a la cirugía de su mano izquierda, está
         [sic] requirió de ayuda para su diario vivir, para
         asearse y para hacer limpieza del hogar.
   56.   Esta sentía dolor, pérdida de fuerza, calambres,
         diminución de movimiento y adormecimiento en la
         misma.
   57.   La demandante mantuvo su brazo inmovilizado por
         más de treinta (30) días.
   58.   La demandante recibió dieciocho (18) secciones de
         terapias físicas y tratamiento de baños de parafina.
   59.   La demandante sufría de dolor e incomodidad ante
         el tratamiento de terapias.
   60.   La demandante a pesar de las terapias físicas de su
         muñeca ha continuado con adormecimiento y
         molestia en su mano y muñeca izquierda.
   61.   Hoy la demandante tiene limitaciones en el
         movimiento de su mano y muñeca izquierda.
   62.   La demandante tiene dificultad para cerrar su mano
         izquierda y agarrar objetos.
   63.   La demandante tiene una cicatriz de carácter
         cosmético a causa de los puntos tomados.
   64.   La demandante tiene una deuda por gastos médicos
         por la cantidad de de [sic] $7,560.24 relacionadas a
         tratamiento recibido a consecuencia del presente
         caso.
   65.   El perito de la parte demandante, el Dr. William
         Acevedo, evaluó a la demandante Carmen Lydia
         Ortiz De Jesús el 19 de diciembre de 2019.
   66.   Al momento de la evaluación, la demandante
         presentaba dolor en su muñeca izquierda y
         disminución del rango del movimiento secundario a
         la fractura y ORIF.
KLAN202200742                                                        10

      67.    El perito Dr. William Acevedo, rindió un Informe
             Pericial, el cual fue admitido en evidencia, y en el
             mismo se concluyó que, de acuerdo con los criterios
             de las guías generalmente utilizada, la demandante
             posee un siete por ciento (7%) de impedimento total
             y permanente de sus funciones fisiológicas
             generales.
      68.    Este Tribunal le dio entero crédito al testimonio del
             Dr. William Acevedo y al porciento de incapacidad
             otorgado y máximo de beneficio alcanzado de la
             demandante.
      69.    Este Tribunal determina que en este caso existe
             certeza médica para relacionar directamente el
             impedimento de la demandante con el accidente del
             5 de agosto de 2018.
      70.    La demandante ha sufrido y aún sufre angustias
             mentales dado al malestar físico, incomodidades,
             adormecimiento de su mano e inconvenientes en su
             diario vivir.
      71.    Todos estos daños físicos conllevaron seria[s]
             angustias mentales declaradas por la demandante
             que le afectaron su estado anímico, mental y diario
             vivir.
      72.    Los daños sufridos por la demandante Camen [sic]
             Lydia Ortiz de Jesús fue como consecuencia de la
             negligencia y falta de previsibilidad de la parte
             demandada Campo Rico Memorial y al mantener un
             área con una condición de peligrosidad.
      73.    Este Tribunal emite su determinación de
             negligencia e impone total responsabilidad de forma
             solidaria a las partes codemandadas Campo Rico
             Memorial y su aseguradora Cooperativa de Seguros
             Múltiples de los hechos ocurridos y por los cuales
             la demandante sufrió severos daños físicos y
             emocionales, a tenor con la prueba desfilada
             durante los días de juicio de este caso.18

        A base de estas determinaciones de hechos, el foro primario

declaró Ha Lugar la Demanda incoada por la señora Ortiz De Jesús

y en consecuencia se les condenó a los apelantes la indemnización

de cien mil dólares ($100,000.00) por concepto de daños físicos y

cincuenta mil dólares ($50,000.00) por concepto de angustias

mentales.

        Insatisfechos con este dictamen, el 1 de agosto de 2022, los

apelantes presentaron una Moción de Reconsideración, Solicitando

18 Id., a las págs. 3-8.
KLAN202200742                                                        11

Enmiendas y/o Determinaciones de Hechos Adicionales y Sobre

Otros Extremos.19 Por su parte, el 11 de agosto de 2022, la apelada

presentó la Moción en Oposición a Moción de Reconsideración,

Solicitud de Enmiendas y/o Determinaciones de Hechos Adicionales

y Sobre Otros Extremos.20 Evaluados los escritos presentados por las

partes, el 16 de agosto de 2022, notificada el 17 de agosto de 2022,

el TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la moción de

reconsideración presentada por los apelantes.21

          Aun inconforme, el 16 septiembre de 2022, los apelantes

comparecieron ante esta Curia mediante un recurso de Apelación y

formularon los siguientes señalamientos de error.

          ERRÓ EL TPI AL OMITIR DETERMINACIONES DE
          HECHOS QUE SON ESENCIALES PARA RESOLVER EL
          PRESENTE LITIGIO Y ADJUDICAR NEGLIGENCIA A
          CAMPO RICO MEMORIAL Y RESPONSABILIZARLA
          ANTE LA DEMANDANTE.

          ERRÓ EL TPI AL DEJAR DE IMPUTAR A LA
          DEMANDANTE LA PORCIÓN DE RESPONSABILIDAD
          DE LOS CO-CAUSANTES LIBERADOS Y AL NO HACER
          UN PRORRATEO DE RESPONSABILIADAD QUE
          INCLUYA LA NEGLIGENCIA DE LA DEMANDANTE.

          Como parte del apéndice del recurso, los apelantes incluyeron

una transcripción de la prueba oral de este pleito.22 Así pues, el 16

de septiembre de 2022, los apelantes presentaron una Moción

Solicitando la Elevación de Prueba Electrónica y Sobre Otros

Extremos. El 27 de septiembre de 2022, emitimos una Resolución en

la cual le requerimos al TPI que nos remitiera en calidad de

préstamo, la evidencia electrónica presentada en el juicio.

          Luego de varios asuntos procesales, el 3 de noviembre de

2022, la apelada presentó una Urgente Moción en Torno al

Incumplimiento con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y

Solicitando que se Ordene a la Parte Demandada-Apelante que

19 Id., a las págs. 166-182.
20 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 1-6.
21 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 183-184.
22
     Id., a las págs. 191-450.
KLAN202200742                                                         12

Produzca la Totalidad de la Transcripción de la Prueba Oral y

Pr[ó]rroga. En síntesis, planteó que la transcripción de la prueba oral

que presentó la parte apelante en su apéndice estaba incompleta y

tenía varias incongruencias. En específico, adujo que dicha

transcripción omitió la porción del juicio que se llevó a cabo en la

mañana del 3 de agosto de 2021, en la cual testificó el perito de la

señora Ortiz De Jesús, el doctor Acevedo Rosario.

      En respuesta a estas alegaciones, el 9 de noviembre de 2022,

los apelantes presentaron la Moción en Torno a Solicitud Urgente y

Sobre Otros Extremos. En ella, aclararon que la razón por la cual no

estaba la porción del juicio de la mañana del 3 de agosto de 2021

respondía a que el TPI omitió grabar esa parte de la vista.

Juntamente       con   esta   moción,   los    apelantes      presentaron

nuevamente la transcripción de la prueba oral junto a una

certificación de la taquígrafa de record. Por otro lado, el 14 de

noviembre de 2022, la apelada presentó una Réplica a Moción en

Torno a solicitud Urgente. En síntesis, esgrimió que existen

diferencias entre la primera transcripción presentada en el apéndice

de los apelantes y la segunda transcripción presentada en la Moción

en   Torno   a    Solicitud   Urgente   y     Sobre   Otros     Extremos.

Subsiguientemente, el 17 de noviembre de 2022, el apelante

presentó su Oposición a Apelación.

      El 1 de diciembre de 2022, tras haber examinado una

certificación presentada por la Coordinadora de Grabación del TPI

le ordenamos a las partes a que se expresaran sobre sí a la luz de

los errores señalados en el recurso, el testimonio que no fue

preservado por el TPI era necesario para la adjudicación de la

controversia. El 6 de diciembre de 2022, el apelado presentó una

Moción en Cumplimiento de Orden, esbozó que dicha prueba oral era

necesaria, pero de no poderse obtener, esta Curia debía cerciorarse

de que, en nuestra función revisora, solamente tengamos en cuenta
KLAN202200742                                                                   13

los informes periciales sometidos y no los testimonios de los peritos.

Por su parte, el 7 de diciembre de 2022, los apelantes adujeron que

no era necesario el testimonio del doctor Acevedo Rosario para

resolver la apelación.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, las dos

transcripciones de la prueba oral presentada,23 y la totalidad del

expediente de autos, nos disponemos a resolver el recurso que

tenemos a ante nuestra consideración.

                                        II

     A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil24,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable25. La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.26 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.

       En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de
       sus instrumentalidades que no fuere una corporación
       pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus
       funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el
       recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte
23  Es necesario aclarar que en el presente recurso se presentaron dos
transcripciones de la prueba oral. Puesto a que la diferencia entre ambas no es
sustancial, las estaremos acogiendo como parte del expediente. Sin embargo, nos
estaremos refiriendo a la transcripción de la prueba oral que se anejó en el
apéndice del recurso, al momento de hacer referencia a testimonios que surgieron
en el juicio.
24 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a).
25 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
26 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
KLAN202200742                                                        14

         en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia,
         presentando un escrito de apelación dentro del término
         jurisdiccional de sesenta días, contados desde el
         archivo en autos de una copia de la notificación de la
         sentencia dictada por el tribunal apelado. 27

         No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.28 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.29 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar

    B. Las determinaciones de hechos y conclusiones de
       derecho en la sentencia

         Conforme lo exige         nuestro ordenamiento jurídico, las

sentencias deben cumplir con ciertos requisitos de forma.30 A tales

efectos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil,31 establece lo siguiente

en cuanto la declaración de hechos probados y conclusiones de

derecho:

         En todos los pleitos, el tribunal especificará los hechos
         probados, consignará separadamente sus conclusiones
         de derecho y ordenará que se registre la sentencia que
         corresponda. Al conceder o denegar injunction
         interlocutorios, el tribunal, de igual modo, consignará
         las determinaciones de hechos y conclusiones de
         derecho que constituyan los fundamentos de su
         resolución. Las determinaciones de hechos basadas en
         testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que
         sean claramente erróneas, y se dará la debida
         consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal
         sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.
         […]

         En cuanto al concepto determinaciones de hecho, el tratadista

Rafael Hernández Colón ha expresado que es una de las cuatro

partes en las cuales se divide un documento que contiene una

27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
28 32 LPRA Ap. V, R. 47.
29 Id.
30 Perez Vargas v. Off. Depot, 203 DPR 687, 700 (2019).
31 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
KLAN202200742                                                                     15

sentencia.32 En específico, el tratadista expresa que “[u]na vez

recibida la prueba, el tribunal entra en un proceso para dirimir los

conflictos que pueda haber, determinar la credibilidad de los

testigos, determinar que documentos se tendrán por auténticos y

determinar que hechos se tendrán por probados”.33 Realizadas estas

determinaciones, le corresponde al tribunal ordenarlas de forma

lógica y es a esto lo que se le conoce como determinaciones de

hechos probados.34

       Consonó con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico,

citando al tratadista Hernández Colón, ha expresado que “las

determinaciones de hechos probados que de ordinario se consignan

en una sentencia no son más que el resultado del proceso

adjudicativo al que se adentra un tribunal luego de celebrado el

juicio en su fondo”.35 Asimismo, nuestro Máximo Foro ha expresado

que “ [p]ara poder descargar responsablemente nuestra función

apelativa es necesario que los tribunales de instancia formulen las

determinaciones de hecho de fundamentos de la decisión”.36 A su

vez, nuestra máxima Curia ha resaltado la relevancia de las

determinaciones de hechos de la siguiente manera:

       Las determinaciones de hecho en una sentencia de un
       tribunal de instancia responden a unos axiomas
       elementales vinculados con la difícil tarea de hacer
       justicia, a saber, los hechos determinan el derecho y,
       para juzgar hay que conocer. Una sentencia bien
       explicada, (tanto en sus hechos como en sus
       fundamentos de derecho), tiende a reducir el riesgo de
       arbitrariedad judicial, evita la sensación de elemento
       misterioso, obliga al juez a penetrar en un proceso
       reflexivo de inteligencia y, promueve un mejor
       entendimiento y respeto hacia los tribunales. También,
       ayuda a los abogados y partes afectadas, a entender el
       porqué de la decisión. Así, estos pueden, mejor
       informados, decidir si la revisan o la aceptan. La
       experiencia nos enseña que, dentro de ciertos límites,
       puede discreparse de una apreciación fáctica o que hay
       espacio para una interpretación jurídica distinta; lo

32 R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta

ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, a la pág. 419.
33 Id.
34 Id.
35 Perez Vargas v. Off. Depot, supra, a la pág. 702.
36 Torres García v. Dávila Diaz y otros, 140 DPR 83, 86, (1996).
KLAN202200742                                                         16

         importante es evitar que prevalezcan dictámenes
         judiciales caprichosos faltos de fundamentos o hijos de
         la irreflexión. Más allá de esa instancia, una sentencia
         explicada y fundamentada, facilita la función revisora
         del foro apelativo, al presentarle el cuadro fáctico claro
         que nutrió la conciencia judicial del juzgador. Torres
         García v. Dávila Díaz, 96 CDT 19, res. en 22 de febrero
         de 1996; Sucn. Osorio v. Osorio, 102 D.P.R. 249, 251
         (1974); Firpi v. Pan American World Airways. Inc., 89
         D.P.R. 197, 218 (1963). Véase, además, Wright & Miller,
         9A Federal Practice & Procedure: Civil, sec. 2571 (1995).
         Finalmente, promueve la uniformidad, pues la
         formulación de razones y fundamentos estimula que, en
         la dinámica decisoria, los jueces utilicemos criterios
         análogos para situaciones similares o sustancialmente
         parecidas.37

         Por otro lado, una vez formuladas las determinaciones de

hechos, el tribunal elaborará sus conclusiones de derecho, en la

cual consignará los principios o normas de derecho aplicable, tales

como leyes, jurisprudencia y autoridades pertinentes.38 En varias

instancias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que

puede resultar problemático diferenciar lo que constituye una

determinación de hecho y una conclusión de derecho.39 Sobre esto,

la jurisprudencia ha manifestado que:

         [c]ualquie[r] deducción o inferencia de un hecho
         probado, que no represente una deducción o una
         inferencia de tal hecho, sino que represente la
         aplicación de un principio de ley, de un razonamiento
         lógico o de una opinión jurídica al hecho probado, o al
         hecho deducido o inferido del hecho probado, se
         considerará una conclusión de derecho.40

         En ese sentido, “las determinaciones de hecho establecen qué

fue lo que pasó, mientras que en las conclusiones de derecho se

determina el significado jurídico de esos hechos conforme a

determinada norma legal”.41

    C. Daños y Perjuicios

         El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico le impone el

deber a toda persona de no causar daño a otra mediante un acto u

37 Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 938-939 (1997).
38 Hernández Colón, op. cit. a la pág. 420.
39 Lugo Montalvo v. Sol Melia Vacation, 194 DPR 209, 226 (2015).
40 Id. (Énfasis suprimido y citas omitidas)
41 Id.
KLAN202200742                                                                    17

omisión culposo o negligente.42 A su vez, establece la obligación de

reparar daños causados en los que medie culpa o negligencia.43 A la

luz de lo anterior, para que surja la responsabilidad civil

extracontractual al amparo de dicha disposición deben concurrir los

siguientes tres (3) elementos: (i) un daño, (ii) una acción u omisión

negligente o culposa y, (iii) la correspondiente relación causal entre

ambos.44 Así, las cosas la culpa o negligencia es la falta del debido

cuidado al no anticipar y prever las consecuencias racionales de un

acto, o la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable

habría previsto en las mismas circunstancias.45 En específico, lo

importante es que se pueda prever en forma general, las

consecuencias de determinada acción o inacción.46 Así, pues, el

concepto culpa del Artículo 1802, es infinitamente abarcador, tanto

como lo suele ser la conducta humana, por cuanto ésta se analiza

con amplitud de criterio.47

       Bajo el crisol doctrinario, la relación causal que debe existir

entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño se rige en

nuestro ordenamiento por la doctrina de la causalidad adecuada,

que propone que “no es causa toda condición sin la cual no se

hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo

produce según la experiencia general”.48 Cónsono con lo anterior,

ello implica que la ocurrencia del daño “era previsible dentro del

curso normal de los acontecimientos”.49 De modo que, el daño es

42 31 LPRA § 5141, Art. 1802. El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia únicamente al
Código Civil derogado, por ser la ley vigente y aplicable a la controversia que nos
ocupa.
43 Id.
44 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005). Toro Aponte v. ELA, 142 DPR

464 (1997).
45 Rivera v. S.L.G. Díaz, Id. Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 (1962). Toro Aponte

v. ELA, Id.
46 Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998).
47 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, 422. Toro Aponte v. ELA, supra. Santini Rivera v.

Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 8 (1994). Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305,
310-311 (1970).
48 Colón Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 707 (2009).
49 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 152 (2006).
KLAN202200742                                                         18

“todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una

norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder

otra”.50 Consecuentemente, recae sobre la parte que solicita ser

indemnizada el deber de establecer, mediante preponderancia de la

prueba, todos los elementos de la causa de acción por daños y

perjuicios.51

         Por otro lado, se ha reiterado que cuando el daño sufrido por

una persona es a consecuencia de la negligencia de más de un

causante, todos responden solidariamente a la persona perjudicada

por los daños que estos cometieron.52 Claro está, la responsabilidad

de estos impuesta por el tribunal se distribuirá por los respectivos

grados de negligencia.53

         Del mismo modo, nuestro ordenamiento le reconoce la

potestad a la parte perjudicada de poder renunciar a su reclamación

con respecto a alguno de los cocausantes de su daño mediante un

acuerdo de transacción, pero ello no necesariamente significa el

relevo de los restantes codemandados si esto último no está

dispuesto claramente en el acuerdo.54 Por tal motivo, en estas

circunstancias, la persona agraviada puede continuar con su

reclamación contra los demás codemandados.55

         Finalmente, en nuestro ordenamiento se ha reiterado la

norma de que “cuando un comerciante mantiene abierto al público

un lugar, con el propósito de llevar a cabo actividades económicas

para su beneficio, este asume el deber de mantener ese espacio en

condiciones óptimas de seguridad que evite que un cliente sufra

daño alguno”.56 Así pues, “el dueño u operador debe de ejercer un

cuidado razonable para mantener la seguridad de las áreas

50 Id., 151.
51 SLG Colón-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016).
52 Pérez et al. v. Lares Medical et al. 207 DPR 965, 979 (2021).
53 Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 DPR 60, 62 (1986).
54 Fonseca v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 291 (2012).
55 Id.
56 Camacho Rivera v. Richard Mitchell, Inc., 202 DPR 34, 42 (2019).
KLAN202200742                                                                   19

accesibles al público, para que, de ese modo, se evite que sus

clientes sufran algún daño”.57 De igual forma, “los propietarios de

establecimientos comerciales son responsables por los daños

ocasionados a causa de aquellas condiciones peligrosas existentes,

siempre que éstas sean conocidas por los propietarios o su

conocimiento le sea imputable”.58

   D. Apreciación de la Prueba, Deferencia Judicial y Discreción
      Judicial

       Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.59 Por

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver,

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus

lenguajes no verbales.60 Por su parte, un foro apelativo cuenta

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador

primario de los hechos.61 En ese sentido, y como regla general, no

debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.62

       En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,     salvo     cuando       estén     presentes       circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo

57 Id., a las págs. 42–43, citando a Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510,

518 (2001). (Énfasis suprimido).
58 Id. (Énfasis suprimido).
59 Pueblo v. Pérez Núñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad
v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
60 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148
(2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
61 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, supra, a la pág. 291.
62 Pueblo v. Pérez Núñez, supra, a la pág. 529.
KLAN202200742                                                               20

justifique.63 El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

antes de que se someta prueba alguna.64 En consecuencia, al este

tribunal    apelativo    enfrentarse      a   la   tarea    de   revisar    las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de

discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.65

       Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida.66 Por tanto, debe existir base suficiente en la

prueba admitida que apoye la determinación del foro.67

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el

63 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
64 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
65 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002).
Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
66 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 772.
67 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). Pueblo v. Irizarry, supra.
KLAN202200742                                                                   21

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.68

       Ahora bien, cabe destacar que el Tribunal Supremo ha

resuelto que, en instancias en que las conclusiones de hecho que

realice el TPI estén basadas en prueba pericial o documental, un

tribunal revisor estará en la misma posición que el tribunal a quo.69

Por tanto, ante dichas instancias, este tribunal apelativo “tendrá la

facultad para adoptar su propio criterio en la apreciación y

evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque

resulte técnicamente correcta”.70

       A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la

dirección del proceso.71 Los foros apelativos podremos intervenir con

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.72

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.73 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de

discreción: (i) cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la

decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material

importante que no podía ser pasado por alto; (ii) cuando el juez, por

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran

peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión

68 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR

117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a
Pueblo v. Maisonave, supra, 63. González Hernández v. González Hernández,
supra, 777. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry,
supra. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
69 González Hernández v. González Hernández, supra, a la pág. 777.
70 Id.
71 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
72 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
73 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
KLAN202200742                                                                   22

exclusivamente en éste; o, (iii) cuando, no obstante considerar y

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y

descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.74

                                        III

       En el caso ante nuestra consideración, los apelantes nos

plantean que el foro primario erró tras presuntamente omitir

determinaciones de hechos que son esenciales para resolver la

presente controversia y también, al adjudicarle negligencia y

responsabilidad ante la apelada. Además, esbozan que, de igual

forma, el foro primario incidió al dejar de imputar a la señora Ortiz

De Jesús, la porción de responsabilidad de los codemandados,

contra quienes se emitió una Sentencia Parcial de desistimiento, con

perjuicio, y por no haber realizado un prorrateo al momento de

imponer la responsabilidad, que incluyera la presunta negligencia

de la demandante. Por considerar que los errores son susceptibles

de ser discutidos en conjunto, obraremos como tal.

       De entrada, es preciso resaltar que, las determinaciones de

hechos que le corresponde hacer al TPI en una sentencia, es un

ejercicio fundado en su discreción judicial basado en su apreciación

de la prueba.75 Por tal motivo, como foro revisor, a no ser que se

encuentren presente los elementos de pasión, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto, estaremos impedidos de intervenir.

       En su recurso, los apelantes enumeran una serie de

determinaciones de hechos, que, a su juicio, están erradas, a saber,

las determinaciones 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 28, 31, 32, 62,

64 y 72. Ahora bien, conforme surge del expediente ante nuestra

consideración, las determinaciones, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 62 y 64 surgen

del testimonio de la propia agraviada, la señora Ortiz De Jesús.76

74 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
75 Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et al., 2023 TSPR 15, 211 DPR___ (2023), a las

págs. 12-13.
76 Véase la transcripción de la prueba oral en el apéndice del recurso (en adelante,

TPO), a las págs. 271-298.
KLAN202200742                                                                     23

Por otro lado, las determinaciones 10 y 11 surgen del testimonio de

su hermano, el señor José Ortiz De Jesús.77 Igualmente, las

determinaciones 20 y 21 se fundamentan en el testimonio de estos

dos testigos.78 Asimismo, la determinación de hecho número 28

surgió de varios testimonios ofrecidos en el juicio.79 En tal sentido,

el foro primario escuchó esta prueba y les concedió credibilidad a

estas partes, incorporándolas así a sus determinaciones de

hechos.80

       En cuanto a las determinaciones, 31, 32 y 72, las mismas, en

efecto son conclusiones de derecho. No obstante, juzgamos que las

mismas están sustentadas en la prueba desfilada en el juicio. En

fin, habiendo examinado minuciosamente la transcripción de la

prueba oral, no encontramos razón por la cual debamos intervenir

con las determinaciones de hechos realizadas por el foro primario

en esta controversia.

       Por otro lado, es necesario destacar que en este caso, a base

de la prueba que se presentó, se estableció que la caída de la señora

Ortiz De Jesús ocurrió dentro de la propiedad de la Funeraria

Campo Rico Memorial, espacio que, dentro de un estacionamiento

de personas impedidas, tenía un hueco en el cual se encontraba un

registro de agua.81 Nuestra jurisprudencia ha reiterado en varias

ocasiones que los propietarios de entidades comerciales son

responsable de los daños ocasionados a causa de las condiciones

77 TPO, a las págs. 223-246.
78 TPO, a la pág. 254, líneas 9-15, en donde el señor José Ortiz De Jesús identifica

que el desnivel que ocasionó la caída se encontraba dentro del estacionamiento y,
véase, además, la pág. 355, líneas 10-17, donde la señora Ortiz De Jesús explica
que ella se cayó en el área del estacionamiento.
79 TPO, a las págs. 421-423, en el cual el administrador de la funeraria, el señor

José Juan González Anglada reconoce que no se comunicó con la apelada ya que
así lo exige el protocolo y que en el Aviso de Accidente de la funeraria no consta
la firma de ningún personal de dicha institución.
80 De hecho, el foro primario determinó concederle dicha credibilidad en la propia

sentencia apelada, en la determinación de hechos número 22, la cual lee como
sigue: “[e]ste Tribunal imparte entera credibilidad a la demandante Carmen Ortiz
De Jesús y al señor José Ortiz De Jesús quienes estuvieron presente en el
momento del accidente y observaron que fue lo que ocasionó el mismo”. Véase el
apéndice del recurso, a la pág. 4.
81 TPO, a la pág. 254, líneas 9-15; pág. 355, líneas 10-17.
KLAN202200742                                                                24

peligrosas existentes siempre que estas sean conocidas por dichos

propietarios.82

       Conforme surge del expediente, el señor Juan José González

Anglada, quien es el administrador de la Funeraria Campo Rico

Memorial, manifestó que tenía conocimiento del desnivel que causó

la caída de la apelada y que no habían realizado ningún tipo de

mantenimiento a dicha área.83 Asimismo, tal y como reseñáramos,

la prueba que tuvo el foro primario ante sí fue suficiente para que

se determinara que existían condiciones de peligrosidad en el

estacionamiento de la funeraria.84

       A base de estas circunstancias, el TPI concluyó que los

apelantes eran los únicos responsables de los daños sufridos por la

señora Ortiz De Jesús, toda vez no se pudo demostrar el grado de

responsabilidad del resto de los cocausantes liberados. Si bien es

cierto que nuestro ordenamiento reconoce el derecho a prorrateo por

parte del cocausante de un daño a otro cocausante, es necesario

que se le adjudique algún grado de responsabilidad al otro

cocausante. En este caso, el foro primario razonó que quien único

respondía por los daños de la apelada eran los apelantes.

       Por último, insistimos en que esta Curia, como foro revisor,

únicamente tiene facultad para intervenir en la apreciación de la

prueba que ejerce el TPI en caso de que haya mediado error

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad,85 o, en caso de que la

referida valoración se aparte de la realidad fáctica o resulte

inherentemente imposible o increíble.86 En ausencia total de

cualquiera de las circunstancias que nos permitirían intervenir en

82 Camacho Rivera v. Richard Mitchell, Inc., supra a la pág. 43.
83 TPO, a las págs. 209-215.
84 Véase las determinaciones de hechos número 31, 32, 37 y 38 en el apéndice del

recurso, a las págs. 5-6.
85 González Hernández v. González Hernández, supra.
86 Pueblo v. Martínez Landrón, supra, citando a Pueblo v. Maisonave, supra, a la

pág. 63.
KLAN202200742                                                    25

la apreciación de la prueba realizada por el foro de instancia,

confirmamos el dictamen apelado.

                               IV

     Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones