Court Opinion

ID: 9916062
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:18:33.314892+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:49.366571
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                    CERTIORARI
                                                    procedente del
                                                    Tribunal de
                                                    Primera
LMD & ASSC, LLC                                     Instancia, Sala
(“LMDSC”)                                           Superior de Rio
                                                    Grande
Recurridos
                                  KLCE202300973
             v.                                     Civil Núm.:
                                                    FA2020CV00501
GENSERV, INC. y OTROS
                                                    Sobre:
Peticionarios                                       Injunction
                                                    (Entredicho
                                                    Provisional,
                                                    Injunction
                                                    Preliminar y
                                                    Permanente),
                                                    Sentencia
                                                    Declaratoria,
                                                    Incumplimiento de
                                                    Contrato, Daños,
                                                    Enriquecimiento
                                                    Injusto
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                          RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

      Comparece ante nos el señor Dennis Reed (peticionario) y

solicita la revisión de la Resolución emitida el 19 de julio de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Río

Grande. Mediante la misma, el TPI declaró No Ha Lugar la moción

de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil

presentada por el peticionario.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                  I.

      Según surge del expediente, el 29 de mayo de 2019, la

compañía de responsabilidad limitada LMD & ASSC, LLC.,

organizada al amparo de las leyes del estado de Carolina del Sur y

Número Identificador
RES2023 ______________
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LMD & ASSC, LLC., organizada al amparo de las leyes de Puerto

Rico (en conjunto, LMD o parte recurrida), adquirieron una variedad

de equipo mecánico/industrial usado y en agosto del mismo año,

suscribieron un acuerdo con Genserv, Inc. Por medio del contrato,

el mencionado equipo se trasladó a Puerto Rico, donde se le

realizarían   labores   de   reparación   y/o   mantenimiento   para

garantizar su utilidad. Genserv representó tener disponible una

facilidad donde podría almacenar el equipo, así como mecánicos

cualificados para realizar las reparaciones requeridas.

      Además, las partes pactaron un contrato de depósito para el

almacenamiento del aludido equipo, el cual se limitó a almacenarlo

y custodiarlo mientras se realizaban los trabajos de reparación

específicamente acordados. Entre otras cosas, las partes acordaron

que los mecánicos de Genserv mantendrían una bitácora de las

labores de reparación y/o mantenimiento.

      Transcurrido algún tiempo, el 18 de agosto de 2020, LMD

presentó una demanda de entredicho provisional, interdicto

preliminar, interdicto permanente y sentencia declaratoria contra

Genserv. En su comparecencia, alegó que Genserv se negó a proveer

evidencia relacionada a las piezas utilizadas en los trabajos de

mecánica y no proveyó la bitácora, notas o documentación necesaria

como evidencia de los trabajos. Además, adujo que, como parte de

un esquema fraudulento e ilegal, Genserv le limitó el acceso a sus

facilidades al extremo de negarle la oportunidad de verificar que el

equipo se mantuviese en el lugar pactado para verificar su condición

y que las reparaciones requeridas y pagadas en efecto se hubieran

realizado.

      Así, en la demanda LMD requirió al TPI que dictara un

entredicho provisional y uno preliminar a su favor, en el cual se

ordenara la reivindicación del equipo concernido, debido a que

Genserv no tenía el derecho a utilizar, ni mucho menos disponer del
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mismo, al cual tuvo acceso y control por virtud de un contrato de

depósito. A su vez, solicitó que se ordenara a Genserv cesar y desistir

de gravar, ceder, arrendar, donar o disponer de equipo al cual solo

podía realizar trabajos de reparación y/o mantenimiento sujeto a los

términos expresamente pactados. Por último, solicitó al Tribunal

que dictara sentencia declaratoria, al amparo del Artículo 280 del

Código Civil de Puerto Rico. Mediante Sentencia Parcial del 10 de

septiembre de 2020, el foro primario decretó el desistimiento parcial

de la demanda, acogiendo los acuerdos vertidos por las partes sobre

las causas de acción de entredicho provisional, interdicto preliminar

y permanente. Quedó pendiente la tercera causa de acción

relacionada a la sentencia declaratoria.

      La demanda se enmendó en dos (2) ocasiones, por

Incumplimiento Contractual, Daños y Sentencia Declaratoria y se

incluyó como demandados a empleados y representante de Genserv,

su presidente Dennis Reed, Debbie Reed, David Byrd, Ashanti

Douglas y Roxanna Acevedo. En la Segunda Demanda Enmendada

incoada el 9 de abril de 2021, se alegó que los demandados se

negaron a responder adecuadamente los reclamos en cuanto al

equipo. Además, que éstos conspiraron y actuaron en común

acuerdo para ilegalmente vender el equipo de LMD y enriquecerse

injustificadamente por dicha venta. Se detalló que Richard, David,

Dennis y Debbie contactaron a terceros para vender el equipo y se

dividieron las ganancias. Asimismo, se adujo que éstos le cobraron

a LMD con conocimiento de que no se realizarían trabajos de

reparación en el equipo, permitiendo que se deteriorara como

producto de no darle mantenimiento, vandalizaron el mismo y le

removieron piezas para venderlas. Asimismo, se arguyó que Ashanti
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y   Roxanna        participaron       igualmente       de     las    actuaciones

mencionadas.1

       Tras contestar la demanda, el 6 de julio de 2021, el

codemandado Dennis Reed instó una Moción de Desestimación al

Amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico,

bajo el fundamento de que la demanda no aducía una causa de

acción en su contra que ameritara la concesión de un remedio.2

Arguyó que de la demanda de referencia pretendía descorrer el velo

corporativo que le cobija a los accionistas de una corporación con

alegaciones vagas e imprecisas. A su vez, adujo que lo anterior

demostraba que LMD carecía de prueba y basó su pleito en

conjeturas que no cumplían con la doctrina para descorrer el velo

corporativo. Razonó que las alegaciones no cumplían con los

requisitos de la Regla 7.2 de Procedimiento Civil. Así, esbozó que la

continuación del pleito en su carácter personal no se sostenía.

       Por su parte, LMD se opuso a la solicitud de desestimación

oportunamente. Esencialmente, discutió que la demanda no expuso

hechos concretos y específicos relacionados a la participación del

señor Dennis Reed en un esquema fraudulento de vender,

vandalizar y arrendar el equipo de LMD para apropiarse de las

ganancias. Añadió que el señor Dennis Reed intentaba evadir su

responsabilidad al expresar que los actos se cometieron en

representación de una entidad. En suma, argumentó que la moción

de desestimación contenía fundamentos inaplicables relacionados a

la prueba necesaria para sustentar una causa de acción de fraude

en la etapa de los procedimientos en los que se encontraba el caso.3

1 Anejo 8, apéndice del recurso, págs. 78-109. A tenor con lo anterior, LMD solicitó

una suma no menor de $519,023.80 por concepto de daños por incumplimiento
de contrato de depósito; una suma no menor de $7,600.00 por concepto de daños
producto del incumplimiento del acuerdo de transacción y $295,023.80 por
concepto de enriquecimiento injusto, entre otras sumas.
2 Anejo 3, apéndice del recurso, págs. 6-13.
3
  Anejo 12, apéndice del recurso, págs. 163-173.
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          El 19 de julio de 2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió

la Resolución que hoy revisamos. Según adelantado, el TPI declaró

No Ha Lugar la moción de desestimación incoada por el señor Dennis

Reed. El Tribunal concluyó que LMD presentó alegaciones

específicas contra el señor Dennis Reed que demostraban su

participación en un alegado esquema de fraude. Así, determinó que

la Segunda Demanda Enmendada, tal y como está redactada, no era

susceptible de una sentencia desestimatoria al amparo de la Regla

10.2 de Procedimiento Civil.4

          En desacuerdo, el señor Dennis Reed solicitó reconsideración,

pero la misma fue denegada por el TPI mediante Orden dictada el 4

de agosto de 2023. Aun inconforme, el señor Dennis Reed acude

ante nos y alega que el foro a quo cometió el siguiente error:

          ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
          DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD [DE]
          DESESTIMACIÓN   BAJO   LA   REGLA   10.2 Y
          DETERMINAR QUE LAS ALEGACIONES GENÉRICAS Y
          CONCLUSORIAS ESBOZADAS EN LA SEGUNDA
          DEMANDA ENMENDADA CONTRA EL SR. REED SON
          SUFICIENTEMENTE ESPECIFÍCAS PARA SUSTENTAR
          CONFORME A DERECHO PARA ESTABLECER UNA
          CAUSA DE ACCIÓN PERSONAL EN SU CONTRA Y
          DESCORRER EL VELO CORPORATIVO.

          El 7 de septiembre de 2023, emitimos Resolución, a los fines

de conceder 20 días a LMD para fijar su posición sobre el recurso.

El 22 de septiembre de 2023, LMD presentó su Oposición a Petición

de Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                          II.

                                          A.

          El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

4
    Anejo 2, apéndice del recurso, págs. 1-5.
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65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v.

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.

Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).5

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

       Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.

5 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                  B.

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,

es uno de los vehículos procesales disponibles para que una parte

solicite la desestimación de una demanda. Entre sus fundamentos,

figura: dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión

de un remedio.

      Al enfrentarse a una moción de desestimación de esta

naturaleza, el juzgador debe dar por buenas y ciertas todas las

alegaciones fácticas delineadas en la demanda y considerarlas del

modo más favorable a la parte demandante. González Méndez v.

Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera Sanfeliz et al.

v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA,
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189 DPR 1033 (2013). No obstante, para que ello ocurra, los hechos

deben ser aseverados de forma adecuada, así como también,

expresados clara y concluyentemente y que de su faz no den margen

a dudas. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).

       Ahora bien, el promovente de la solicitud de desestimación

prevalecerá si le demuestra al TPI que -aun dando por ciertos los

hechos correctamente alegados- la demanda instada no expone una

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Pressure

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). Así, solo

cuando el TPI efectúe dicho examen y esté convencido de que la

parte demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo

cualesquiera hechos que pueda probar, es que procederá desestimar

la demanda. Colón Rivera et al. v. ELA, supra, a la pág. 1049; El Día,

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Pressure

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.

       La demanda no deberá ser desestimada a menos que se

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser

probados en apoyo de su reclamación.6 Consejo de Titulares v.

Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels

P.R. v. Empire Gas P.R., supra. Entonces, es necesario considerar si,

a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo

toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir

una reclamación válida. Íd.

       Por otro lado, a la luz de lo resuelto por el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos en los casos Bell Atlantic Corp. v. Twombly,

550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009), el

6 En cuanto a las alegaciones, la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 6.1, dispone, en lo pertinente, que las alegaciones de una demanda deben
contener una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la
parte peticionaria tiene derecho a un remedio y una solicitud del remedio a que
crea tener derecho. Banco Central Corp. v. Capitol Plaza Inc., 135 DPR 760, 763-
764 (1994).
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estándar aplicable para determinar la suficiencia de las alegaciones

de la demanda ante una moción de desestimación bajo la Regla 10.2

(5) de Procedimiento Civil, supra, no es que sea posible “bajo

cualquier estado de hechos” que el demandante pueda prevalecer,

sino que el demandante haya formulado alegaciones que superen la

línea entre lo imaginable y lo factible. Es decir, para evitar la

desestimación, el demandante debe proveer las bases fácticas sobre

las cuales descansa su reclamación que sean suficientes para elevar

su derecho a la concesión de un remedio más allá de un nivel

especulativo. Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, a la pág. 555.

      A tenor con lo anterior, en Ashcroft v. Iqbal, supra, el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos aclaró que, para determinar si las

alegaciones de una demanda son factibles, los tribunales deben

hacer un análisis contextual de las mismas mediante un proceso de

dos (2) pasos. El primer paso comprende el aceptar como ciertas las

alegaciones   de   la   demanda,     excepto   aquellas   alegaciones

concluyentes, conclusiones de derecho y los hechos alegados de

forma generalizada que reciten de forma trillada los elementos de la

causa de acción. El segundo paso comprende el determinar si, a

base de las alegaciones bien formuladas en la demanda, el

demandante ha establecido que tiene una reclamación factible que

amerite la concesión de un remedio. En esta segunda etapa del

análisis, el tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de

las alegaciones, y determinar, si de la totalidad de las circunstancias

surge que el demandante ha establecido una reclamación válida, o

si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. Para

superar una moción de desestimación por insuficiencia en las

alegaciones, el demandante debe alegar suficientes hechos que

demuestren que es factible que tenga derecho a un remedio. Los

hechos deben contener información específica, toda vez que la
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especulación no es suficiente para sostener una causa de acción.

Ashcroft v. Iqbal, supra, a las págs. 1949-1950.

                                 III.

      En la causa de epígrafe, el peticionario aduce que el tribunal a

quo erró al denegar su solicitud de desestimación, a pesar de que se

desprende de la Segunda Demanda Enmendada presentada por

LMD, que las alegaciones en su contra son genéricas, escuetas y

vagas. Añade que estas no son suficientemente específicas para

sustentar, conforme a derecho, una causa de acción personal en su

contra y descorrer el velo corporativo. Puntualiza que el Tribunal de

Primera Instancia no incluyó en su dictamen el estándar requerido

por la jurisprudencia federal en situaciones como la de autos.

Esgrime que las alegaciones presentadas en su contra no superan

el estándar de plausibilidad discutido en Bell Atlantic Corp. v.

Twonbly, supra, ni Ashcroft v. Iqbal, supra.

      Por su parte, la parte recurrida alega que el recurso de

referencia debe ser denegado. Ello, bajo el fundamento de que el TPI

actuó dentro del marco de su discreción judicial y aplicó

correctamente el derecho a la controversia. Aduce que la Segunda

Demanda Enmendada no presenta meras concusiones en derecho.

Sostiene que esta expone hechos específicos relacionados a la

participación del peticionario en un esquema de fraude, lo cual lo

expone a ser responsable en su carácter personal. En ese sentido,

arguye que la demanda concernida establece de manera detallada el

equipo de LMD que fue vendido. Además, alega que la demanda

incluye fotografías que demuestran las condiciones del esquipo que

fue abandonado y vandalizado por el peticionario y los demás

demandados. En la alternativa, argumenta que, aun asumiendo que

el peticionario tuviera razón en su planteamiento de especificidad de

las alegaciones, la demanda no se debía desestimar, a menos que

esta no sea susceptible de ser enmendada.
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       Tras un análisis sereno del expediente y las argumentaciones

de las partes, entendemos que la decisión recurrida es correcta en

derecho. Veamos.

       De nuestra lectura de la Segunda Demanda Enmendada se

desprende que la parte recurrida incluyó alegaciones que permiten

entrever la responsabilidad del peticionario frente a ésta. Al evaluar

la   totalidad     de   las   alegaciones,   surgen   hechos   específicos

relacionados a los daños en el equipo de LMD, así como la

participación del peticionario en un alegado esquema de fraude.

Particularmente, se alega que el peticionario fue uno de los

principales arquitectos del aludido esquema, el cual se basó en

ilegalmente vender, vandalizar y arrendar dicho equipo para

enriquecerse injustificadamente. Ante ello, entendemos que las

alegaciones concernidas mantienen viva una causa de acción contra

el peticionario.

       En síntesis, según el derecho discutido y a base de los hechos

del caso bajo examen, es claro que no procedía la desestimación de

la Segunda Demanda Enmendada. Esta cumplió con el estándar de

factibilidad discutido en Ashcroft v. Iqbal, supra, y Bell Atlantic Corp.

v. Twombly, supra, capaz de superar una moción de desestimación

por insuficiencia de las alegaciones.

       Como es sabido, este Tribunal no intervendrá con el ejercicio

de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal

actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitaría

un perjuicio sustancial. Nada de lo anterior fue demostrado por el

peticionario en su escrito. Por ende, no procede la expedición del

auto de certiorari solicitado.
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                                  IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la

expedición del auto de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones