Court Opinion

ID: 9941357
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:45.240561+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.869406
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

                                                Recurso de
 BAS PROPERTIES, INC.                           Certiorari
      Peticionario                              procedente del
                                                Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
             v.                                 Superior de Caguas
                            KLCE202301102
      MIGUEL ORTIZ                              Caso Núm.
        Recurrido                               E PE2012-0046

                             CONSOLIDADO        Sobre:
                                 CON            Injunction-Clásico

                                                Recurso de
 BAS PROPERTIES, INC.       KLCE202301129       Certiorari
       Recurrido                                procedente del
                                                Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
             v.                                 Superior de Caguas

      MIGUEL ORTIZ                              Caso Núm.
       Peticionario                             E PE2012-0046

                                                Sobre:
                                                Injunction-Clásico

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz.

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

      Comparece Bas Properties, Inc. (BAS) y nos solicita la

revocación de una Resolución notificada el 18 de julio de 2023 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI o foro

primario). En esta, el foro primario denegó los petitorios sumarios

instados por BAS y por Miguel Ortiz y MAO & Associates Investment,

Inc. (MAO), respectivamente. Pendiente lo anterior, MAO presenta

un recurso intitulado Certiorari, en el que nos suplica la revocación

de la misma determinación impugnada.        En su consecuencia, y

según solicitado por MAO, ordenamos la consolidación de los

Número Identificador

SEN2024________
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referidos recursos de epígrafe, en aras de garantizar mayor

transparencia, agilidad y efectividad del trámite ante nos, conforme

autoriza la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 80.1.

      Por   los   fundamentos   que   exponemos   a   continuación,

expedimos el auto de certiorari y modificamos el dictamen recurrido.

Veamos.

                                 I.

      BAS incoó una demanda y solicitud de injunction preliminar y

permanente en contra de Miguel Ortiz, Fulana de Tal y la sociedad

legal de gananciales compuesta por ambos; Miguel Ortiz, Jr., Fulana

de Tal y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos; MAO

& Associates Investment, Inc.; Levon Furniture, Inc.; Corporación

ABC; y Fulano de Tal. De sus alegaciones se desprende que, las

partes son vecinos colindantes en el Parque Industrial Bairoa sito

en el municipio de Caguas. Expuso que, en o alrededor del 22 de

febrero de 2012, el demandado inició una construcción de un muro

de cemento en la colindancia, sita en la franja sur-sureste de su

propiedad. Según su apreciación, el muro intercepta con un canal

pluvial e interrumpe el paso de aguas de la servidumbre de

acueductos existente en su propiedad. Expresó que, a pesar de los

intentos para solicitar que no obstruyeran canales y acueductos, el

demandado informó que tenía derecho a así hacerlo.

      BAS arguyó que, su predio resulta ser el predio que se

beneficia de la servidumbre y por ello, es el predio dominante.

Mientras que, el predio del demandado es el gravado, por lo que es

el predio sirviente. La existencia de la servidumbre de acueductos

implica que el dueño del predio sirviente, aquí recurrido, no puede

impedir u obstaculizar el paso del excedente del predio dominante.

Sostuvo que, BAS es el tenedor de la servidumbre de acueductos

que grava la propiedad de la parte demandada. Suplicó al amparo
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de las Reglas 56 y 57 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA

V., R. 56 y 57, el cese y desista de la construcción del muro por el

daño irreparable que las inundaciones masivas ocasionarían en los

almacenes comerciales ubicados en la zona industrial, entre otros.

Evaluado lo anterior y tras la celebración de la una vista, el TPI

ordenó la paralización de la construcción.1

       Por su parte, Miguel A. Ortiz Torres (señor Ortiz Torres) y MAO

acreditaron su alegación responsiva y una reconvención. En

apretada síntesis, dicha parte negó las alegaciones y suplicó al foro

primario que condenara a BAS por las obras realizadas de forma

negligente que le han causado daños continuados a MAO.2 BAS

acreditó su Contestación A Reconvención Enmendada el 25 de abril

de 2023.3

       Así las cosas y tras superar varios incidentes procesales que

resultan innecesarios pormenorizar, el señor Ortiz Torres y MAO

instaron una Moción de sentencia sumaria el 13 de abril de 2023,

junto a la cual anejaron múltiples documentos.4 En esta

propusieron 89 hechos incontrovertidos y argumentaron sobre la

improcedencia del injunction permanente por entender que existe

otro remedio adecuado en ley.           A ello añadieron que, el asunto

planteado por BAS no es justiciable porque pendiente el pleito, se

instaló un sistema de bombeo que resolvió el asunto para ambas

partes, tornando la controversia en académica. Por lo que, a su

1 Véase, Apéndice de BAS, pág. 18, Resolución y Orden emitida el 9 de marzo de

2022.
2 Véase, Apéndice de MAO, págs. 33-40. La reconvención fue enmendada y

presentada el 14 de diciembre de 2016.
3 Véase Apéndice de BAS, págs. 41-45.
4 Véase, Apéndice de MAO, págs. 45-352. Junto a su petitorio incluyó los

siguientes documentos: Declaración jurada suscrita por Miguel A. Ortiz Torres;
Anejo1-Escritura Número Once Permuta; Anejo 2-Estudio de título; Anejo 3-Folios
del Registro de la Propiedad; Anejo 4-Resumé de Ingeniero Rafael Segarra García;
Anejo 5-Informe Pericial del Ingeniero Rafael Segarra García; Anejo 6-Informe
Pericial Preliminar del CPA José A. Díaz Crespo; Anejo 7-Notificación de
deposición a Ingeniero Hornedo; Anejo 8-Deposición del Ingeniero Alex A. Hornedo
Robles; Anejo 9-Informe Ingeniero Alex Hornedo Robles; Anejo 10-fotos áreas de
MAO; Anejo 11-Fotos DTOP; Anejo 12-Fotos Obstrucción; Anejo 13-Fotos de
construcción; Anejo 14-Fotos de inundación 2015, Anejo 15-Fotos de inundación
2016 y Anejo 16-Mejoras de MAO para elevación.
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entender, se debe permitir al demandado continuar su obra de

infraestructura. Solicitó la desestimación de la causa ante la falta

de parte indispensable. Ello, por entender que, el dueño del Lote F

(colindante del Lote E) debería ser unido al pleito. Además,

argumentó sobre la ausencia de prueba para descorrer el velo

corporativo y para sostener la reclamación instada por BAS en

contra del señor Ortiz Torres en su capacidad personal. A su vez,

arguyó sobre la procedencia de la reconvención y acción de daños

presentada por MAO en contra de BAS.

       En reacción, BAS presentó su oposición y, a su vez, instó su

propio petitorio sumario. Precisó su postura sobre las propuestas de

hechos de MAO. Además, propuso 12 hechos incontrovertidos para

fundamentar su reclamación junto a múltiples anejos.5 No surge del

expediente que MAO haya acreditado una oposición a la referida

solicitud, en esa etapa de los procedimientos.

       Evaluado lo anterior, el TPI denegó ambos petitorios sumarios

mediante una Resolución emitida el 13 de julio de 2023. En esta

consignó las siguientes nueve determinaciones de hechos:

       1. La corporación MAO & Associates Investment Inc. (en
          Adelante “MAO”) es una corporación con fines de lucro
          debidamente autorizada por el Estado Libre Asociado
          para hacer negocios en la Isla, registrada en el
          Departamento de Estado de Puerto Rico, con el número
          de registro 79837.
       2. BAS Properties Inc., (en adelante “BAS”), quien es la parte
          demandada-reconvenida, es una corporación con fines de
          lucro debidamente autorizada por el Estado Libre
          Asociado para hacer negocios en la Isla, registrada en el
          Departamento de Estado de Puerto Rico, con el número
          de registro 126464.
       3. MAO es la dueña en pleno dominio del lote industrial
          radicado en el Barrio Tomás de Castro del término
          municipal de Caguas, consistente en una parcela de
          10,423.33 metros cuadrados, inscrita al folio 145 del
          Tomo 341 de Caguas, consistente hoy en la finca 29,726
          de la Sección primera de Caguas, según surge de la

5 Véase, Apéndice de BAS, págs. 353-438. Junto a su oposición incluyó los
siguientes documentos: Exhibit 1-Declaración jurada suscrita por Alon Shaked;
Exhibit 2-Planos flujo de escorrentías; Exhibit 3-Foto del poceto; Exhibit 4-Foto
de colindancia entre MAO y BAS; Exhibit 5-Foto de colindancia entre MAO y BAS;
Exhibit 6-Contrato de arrendamiento entre MAO y Luxury del 2012; Exhibit 7-
Contrato de arrendamiento entre MAO y Departamento de la Familia; Exhibit 8-
Informe Pericial de Agrimensura; Exhibit 9 al 12-Fotos del canal o acueducto;
Exhibit 13-Estudio de Título de BAS; Exhibit 14 y 15-Fotos del parte de muralla
de MAO con BAS; y Exhibit 16-Foto de Google Maps de Muralla de MAO con
Atento.
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          escritura número once de 31 de diciembre de 1991,
          otorgada por el Notario Arcangel Cáceres Carlo.
       4. El Lote C colinda en parte por el norte con el Lote E,
          propiedad de la parte demandante BAS, según surge de
          la descripción registral que consta en la escritura número
          once.
       5. Del estudio de título preparado al 21 de junio de 2019 por
          Profesional Title Services no surge que la propiedad esté
          gravada a alguna servidumbre.
       6. Tanto en el Lote C como en el Lote E se han realizado
          obras de construcción.
       7. Tanto el Lote C como el Lote E, ambas [sic] sufren
          problemas de [sic] relacionados al drenaje de aguas
          pluviales o manejo de corrientes de agua, incluso, en
          ambas se han tomado medidas para atender dicho
          problema.
       8. La Compañía de Fomento Industrial, PRIDCO por sus
          siglas en inglés, desarrolló un parque industrial creando
          varias edificaciones industriales a partir de la década del
          1950.
       9. Los Lotes C y Lote E en controversia provienen de dicho
          desarrollo del parque industrial de PRIDCO.

       Además, identificó ocho controversias medulares que, a su

entender, impiden la adjudicación de la causa por la vía sumaria:

       1. Relación de niveles de elevación entre el predio inferior y
          los predios superiores, o nivel de topografía y declive entre
          ambos lotes.
       2. Diseño original del parque industrial donde ubican los
          lotes C y E en controversia, incluyendo información del
          sistema de canales y drenaje de aguas pluviales entre los
          lotes, si alguno.
       3. Diseño, procedencia y condición actual del sistema de
          drenaje pluvial construido posteriormente en el Lote C, si
          alguno.
       4. Diseño, procedencia y condición actual del sistema de
          drenaje pluvial construido posteriormente en el Lote E, si
          alguno.
       5. Modificaciones u obras de construcción en los predios
          inferiores y superiores, incluyendo diseño, propósito y su
          fecha de realización.
       6. Efecto de dichas modificaciones u obras en cuanto al
          drenaje pluvial en el predio inferior y los superiores,
          incluyendo efecto proyectado si se permitiera la
          construcción del muro en controversia.
       7. Magnitud y procedencia de los problemas existentes o
          inminentes en el predio inferior y los superiores en
          cuando a inundación o manejo de aguas.
       8. Cuantía de los daños reclamados mediante reconvención,
          si procedieran en derecho.

       En desacuerdo, las partes solicitaron reconsideración6 y

mediante orden notificada en autos el 12 de septiembre de 2023, el

6 Cabe señalar que BAS    instó la solicitud de reconsideración el 1 de agosto de
2023 en la cual destacó que MAO no se opuso a su petitorio sumario y a su vez,
reiteró sus argumentos. Miguel Ortiz Torres y MAO el 2 de agosto de 2023,
presentaron su Moción de Reconsideración en la que destacaron su postura sobre
la suficiencia de los documentos anejados a su petitorio sumario y reiteraron sus
argumentos. Además, el 7 de septiembre de 2023, MAO y Miguel Ortiz Torres
presentaron una Moción en Oposición a Moción de Reconsideración y En
Cumplimiento de Orden en la que expresaron su postura sobre asuntos procesales
relacionados a una prórroga previamente solicitada, así como las razones por las
cuales no presentaron una oposición a la moción de BAS en la etapa anterior.
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TPI declaró no ha lugar a ambas peticiones, rechazando así los

intentos de revertir la determinación impugnada.

       Inconforme, BAS acude ante nos y señala la comisión de los

siguientes errores:

       Erró el TPI al no resolver favorablemente la SSS-BAS, donde,
       aparte de los hechos incontrovertidos presentados y
       sustentados      por   el    peticionario,  tampoco   fueron
       controvertidos por la parte recurrida, dándose por hechos
       admitidos que dan base a que se emita sentencia sumaria
       favorable para el peticionario declarándose la existencia de
       una servidumbre de acueductos a su favor sobre el predio
       sirviente de la parte recurrida.

       Erró el TPI al no desestimar la reconvención de la parte
       recurrida al esta haberse presentado tardíamente y
       encontrarse prescrita.

       En reacción a lo antes, MAO instó una Oposición A La

Expedición de Auto de Certiorari.

       De otra parte y mediante un recurso instado por separado

(KLCE202301129), Miguel Ortiz Torres y MAO & Associates

Investment, Inc. señalaron que, el foro primario erró al denegar su

moción de sentencia sumaria. En su escrito expusieron sus

argumentos sobre la ausencia de jurisdicción, por falta de parte

indispensable, academicidad y la doctrina de velo corporativo.

Además, discutieron la ausencia de controversias en el caso, así

como su postura sobre la ausencia de prueba, la servidumbre de

paso de agua, y la doctrina de daños continuos, en aras de sostener

la procedencia de su reclamo por la vía sumaria.

       En respuesta, BAS presentó un Memorando En Oposición a

Expedición     de    Auto    de   Certiorari.    Con     el   beneficio    de   la

comparecencia de las partes en ambos recursos, procedemos a

resolver.

                                        II.

   A. Certiorari

Añadieron su postura en torno al petitorio instado por BAS. Es de notar que en
atención a las tres comparecencias posteriores a la sentencia el TPI las declaró no
ha lugar, sin más. Es decir que, no surge del expediente pronunciamiento
particular del TPI sobre lo señalado por MAO en dicho escrito en oposición.
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      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada la Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,
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el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

   B. Sentencia Sumaria
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   El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así

lo permita. Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company,

2023 TSPR 118, resuelto el 29 de septiembre de 2023; Oriental Bank

v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto de

2023; González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros,

2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023; Acevedo Arocho y

otros v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR

80, resuelto el 26 de junio de 2023. Este mecanismo lo puede utilizar

la parte reclamante o aquella parte que se defiende de una

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

      Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Universal Insurance Company y

otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24,

resuelto el 7 de marzo de 2023. Como se sabe, procede dictar

sentencia sumaria si se desprende de las alegaciones, deposiciones,

declaraciones juradas, contestaciones a interrogatorios, admisiones

ofrecidas, entre otros, que no existe controversia real sustancial

sobre un hecho esencial y pertinente, y siempre que el derecho

aplicable así lo justifique. González Meléndez v. Municipio Autónomo

de San Juan y otros, supra. De manera que, en aras de prevalecer

en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba
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incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su

causa de acción. Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y otros, supra.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Si

el promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el

tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

      Cabe destacar que, “la parte que desafía una solicitud de

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o

negaciones consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra, pág. 43. Por el contrario, la Regla 36.3(c) de las Reglas

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), obliga a quien se

opone a que se declare con lugar esta solicitud a enfrentar la moción

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha

hecho el promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que

se dicte sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en

derecho. Íd.
KLCE202301102 CONSOLIDADO CON KLCE202301129                        11

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra.

Claro está, para cada uno de estos supuestos, deberá hacer

referencia a la prueba específica que sostiene su posición, según

exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Íd. En

otras palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega

están en disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además,

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin   embargo,   la   sentencia   sumaria   generalmente    no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208 DPR 964
KLCE202301102 CONSOLIDADO CON KLCE202301129                       12

(2022). Además, existen casos que no se deben resolver mediante

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.

Nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo
      el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen
      al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de
      Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los
      requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;
      (3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
      controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
      la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
      exponer concretamente cuáles hechos materiales
      encontró que están en controversia y cuáles están
      incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, debe
      proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera
      Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
      controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra,
      pág. 679.

      Conforme a lo anterior, los foros apelativos nos encontramos

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia y

utilizamos los mismos criterios para evaluar la procedencia de una

sentencia sumaria. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, supra. Por ello, nuestra revisión es una de novo, y

nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa.

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario
KLCE202301102 CONSOLIDADO CON KLCE202301129                         13

aplicó correctamente el derecho. Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, supra.

                                 III.

      Hemos evaluado cuidadosamente el recurso ante nuestra

consideración y entendemos que, por tratarse de una denegatoria

de sendas mociones dispositivas, conforme a lo dispuesto en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, tenemos autoridad para atender

el mismo. De igual forma, el presente caso cumple con los criterios

de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

por lo que procede expedir el auto de certiorari, y conforme autoriza

la normativa antes expuesta, modificar el dictamen a los fines de

precisar   los   hechos   que   permanecen   en   controversia.   Nos

explicamos.

      En el presente recurso ambas partes sostienen que el TPI

incidió al no declarar ha lugar sus respectivos petitorios sumarios.

En su primer señalamiento de error BAS arguye que, MAO no objetó

propiamente las propuestas de hechos conforme exige la Regla 36

de la Reglas de Procedimiento Civil, supra, por lo que, procede dictar

sentencia a su favor. En particular aduce que, existe una

servidumbre de aguas que beneficia a BAS sobre el Lote C que no

requiere ser inscrita por ser continua y aparente. En su segundo

señalamiento de error centra su argumento sobre la falta de

jurisdicción sobre la reconvención instada por MAO. A su entender,

dicha reclamación se encuentra prescrita, por lo que procede su

desestimación.

      Por su parte, MAO discute varios temas para demostrar que

el foro primario erró al no desestimar la demanda instada por BAS

y al no dictar una sentencia sumaria a su favor. En primer lugar,

arguye que, el TPI no ostenta jurisdicción ante la falta de inclusión

de los titulares o el titular del Lote F como parte indispensable.

Sostiene que, al lado este del Lote E, existe otro predio de terreno
KLCE202301102 CONSOLIDADO CON KLCE202301129                         14

denominado Lote F con una estructura que, a su entender, le ha

cerrado el paso del agua que por allí discurría, desde la década de

los 50. Alega que, allí se erigió una pared y se detuvo el flujo de las

escorrentías del solar de BAS. Explica que, su perito, Ingeniero

Segarra, identificó hallazgos que demuestran la necesidad de incluir

el dueño del Lote F en este pleito, los cuales fueron negados por el

perito del demandante, Ingeniero Hornedo. Añade a su argumento

sobre la falta de jurisdicción que el caso se ha tornado académico.

Para fundamentar su postura expone que, en el 2007, BAS

construyó un poceto para resolver problemas con el agua. A su

juicio, BAS pretende que MAO permanezca inerte ante cualquier

flujo de agua en exceso que el predio de BAS no pueda soportar,

ante un evento significativo de lluvia. A su entender, el sistema de

bombeo colocado para atender aguas que se acumulan en su parte

posterior resolvió el asunto, pero no el peligro de daños al predio de

MAO por cualquier exceso.

      En segundo lugar, MAO argumenta que, el TPI debió

desestimar el pleito en contra del señor Ortiz Torres en su capacidad

personal.   Arguye que, en este caso, no se han presentado los

fundamentos que justifiquen descorrer el velo corporativo, por lo

que, tampoco procede dejar sin efecto las protecciones legales al

señor Ortiz Torres, como propietario y oficial de la corporación que

se distinguen de la entidad corporativa.

      Con relación a la demanda de BAS en sus méritos y atinente

a la alegada servidumbre de paso de agua explica que, el Lote E

ocupado por BAS, se encuentra pavimentado y ello es distinto a lo

que surge de los planos de PRIDCO. Sostiene que, lo antes provoca

un incremento sustancial del volumen de escorrentía de agua y

magnitud de la descarga pluvial hacia el predio de MAO, lo cual

contraviene lo dispuesto en el Reglamento de Planificación Número
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37 sobre el manejo de escorrentía en desarrollos. Arguye que, por

resultar de una “obra del hombre”, MAO no está obligado a recibir

el decurso de agua proveniente del predio de BAS. Por ello sostiene

que, no existe una servidumbre debidamente constituida, ya que el

predio no se encuentra en las mismas condiciones de su forma

original. Por último, plasma su postura sobre la suficiencia de la

prueba documental que sustenten su petitorio para sostener su

petitorio sumario. Añadimos que, tanto en su oposición al recurso

instado por BAS, así como en el suyo, MAO discute lo antes señalado

y en particular destaca que las obras de BAS y la construcción del

muro que interesa realizar, le causa daños continuos por lo que su

reconvención no se encuentra prescrita.

       Conforme nos exige la normativa antes expuesta y en

particular lo resuelto en Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, a

la pág. 679, nos compete determinar, de manera inicial, si las partes

cumplieron las formalidades requeridas en sus petitorios sumarios.

Al examinar la moción instada por MAO surge que, dicha parte

propuso 89 propuestas con referencias a distintos documentos,

informes y fotografías. Dividió los hechos incontrovertidos por

temas. Los primeros 23 hechos corresponden a la reconvención

instada. Además, propuso 18 hechos para contrarrestar el injunction

permanente y la demanda instada por BAS. Añadió por separado 10

hechos que en conjunto denominó “sobre nuestras defensas

afirmativas”. De igual forma incluyó 16 propuestas de hechos

incontrovertidos referentes al informe pericial del Ingeniero Segarra

y otro referente al informe pericial del CPA José A. Díaz Crespo.

También añadió 21 hechos como incontrovertidos relacionados a la

deposición del Ingeniero Hornedo. Mediante la oposición a los 89

hechos propuestos por MAO observamos que, BAS hizo referencia a

7 Apéndice de MAO pág. 185 en la que cita   Junta de Planificación Reglamento
Sobre Lotificación y Urbanización (Reglamento de Planificación Número 3)
Revisado, San Juan, PR, Vigencia 30 de junio de 2005.
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la mayoría de estos de forma enumerada y en otras instancias

agrupó varias de sus objeciones en una sola alegación, con

referencias a distintos exhibits.8 A su vez y en el mismo escrito, BAS

instó su propio petitorio en el cual incluyó 12 propuestas de hechos

con referencias a documentos y fotografías.

         Al entender sobre este tema particular de cumplimiento de

formalidades, el TPI dictaminó que ambas mociones no cumplen, en

su totalidad, las exigencias de la normativa aplicable, al no referirse

propiamente y en todas las instancias, a los documentos con

número de páginas y párrafos específicos. Hemos evaluado de novo

las referidas mociones y coincidimos en algunas instancias con lo

esbozado por el foro primario sobre este particular. A ello añadimos

que, ambas partes incluyeron como hechos lo que podrían

considerarse como conclusiones de derecho y argumentos en aras

de adelantar sus respectivas teorías del caso y controversia. No

obstante lo anterior, colegimos que, las partes cumplieron

sustancialmente con los requerimientos de la Regla 36, supra, y la

jurisprudencia aplicable, por lo que la falta de especificidad e

inclusión    de   conclusiones   de   derecho,   no   imposibilitan   la

continuación del escrutinio sobre si existen hechos materiales en

controversia que impidan resolver este caso por la vía sumaria.

         Superado lo anterior, adelantamos que, de nuestro examen

cuidadoso del expediente voluminoso y de nuestra evaluación de

novo, colegimos que el foro primario no incidió al denegar ambos

petitorios ante la existencia de controversias medulares. Si bien es

cierto     que,   el   TPI   únicamente   consignó     nueve   hechos

incontrovertidos -los cuales no están cuestionados por ninguna de

las partes- los mismos resultan insuficientes para disponer de la

solicitud de injunction permanente, la demanda y la reconvención

8Véase Apéndice págs. 364 -366. A modo de ejemplo señalamos los incisos
números 36,38,39,40 y 42.
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pendientes en este caso. De otra parte, consideramos que no incidió

al consignar controversias medulares que impiden la adjudicación

del   caso    sumariamente.       No     obstante   lo   anterior,    por     los

fundamentos que esbozamos a continuación, colegimos que el foro

primario debió incluir controversias adicionales. Añádase a ello que,

no surge del dictamen recurrido, atención alguna a las mociones

dispositivas instadas por ambas partes, las cuales permanecen sin

resolver.

      De una lectura de la Resolución impugnada y en particular de

la lista de hechos y las controversias identificadas, resulta evidente

que el TPI no hizo referencia alguna a los asuntos atinentes a la falta

de parte indispensable, la posible academicidad de la causa, la

alegada      prescripción   de    la    reconvención     y   la   solicitud   de

desestimación de la demanda instada en contra del señor Miguel

Ortiz Torres, en su capacidad personal. Ello de por sí, constituye

razón suficiente para determinar que, el foro primario incidió al no

adjudicar las peticiones de índole jurisdiccional o en su defecto, al

no consignar en su pronunciamiento las controversias adicionales

atinentes a dichos asuntos que resultan necesarios dilucidar, en

aras de disponer de las súplicas dispositivas. Lo antes, ciertamente

impide la adjudicación de la causa por la vía sumaria.

      En cumplimiento de la normativa que nos exige examinar de

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36, supra, y la

jurisprudencia aplicable, procedemos a examinar los petitorios

instados y así los errores señalados por las partes. Veamos.

      Al examinar las 12 propuestas de hechos de BAS observamos

que, el TPI adoptó en sus determinaciones 8 y 9 lo expuesto por BAS

relacionado al desarrollo del parque industrial por PRIDCO en la

década del 1950. Sin embargo, no surge que el TPI haya aceptado

las   demás     propuestas       que,   a   modo    de   ejemplo,     incluyen

conclusiones sobre la alegada prescripción de la causa instada por
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MAO, las distintas elevaciones existentes del predio en controversia,

el comportamiento de aguas pluviales y la existencia de una

servidumbre de agua en beneficio del Lote E. Indistintamente de lo

anterior, en su primer señalamiento de error, BAS indica que, ante

la ausencia de una oposición de MAO a su petitorio sumario, el TPI

debió dar por admitidas sus propuestas y dictar sentencia a su

favor.

         Como se sabe, mediante la Regla 36.3 (c), supra, se establece

que la parte contraria no podrá descansar en negaciones o en sus

propias alegaciones para derrotar una solicitud de sentencia

sumaria. Sin embargo, en dicha disposición reglamentaria se

advierte que se podrá dictar la sentencia sumaria en su contra “si

procede.” Al evaluar dicha disposición estatutaria el Tribunal

Supremo ha establecido que el hecho de oponerse a la solicitud de

sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta proceda si

existe una controversia legítima sobre un hecho material. Ramos

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215, (2010) citando a Corp.

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). Lo antes

refleja la doctrina previamente establecida en Vera v. Bravo,161 DPR

308, 333 (2004) que se establece que, para derrotar una moción de

sentencia sumaria, la parte promovida opositora debe presentar

declaraciones juradas y documentos que pongan en controversia los

hechos materiales y esenciales que presenta el promovente. No

obstante, el solo hecho de no presentar evidencia que controvierta

la que presenta la parte promovente, no implica que necesariamente

proceda la sentencia sumaria; (citando a PFZ PRPS Inc, v. Gen Acc.

Ins. Co., 136 DPR 881 (1994); Rivera et al v. Superior Pkg. Inc. et al,

32 DPR 115 (1992). Los jueces no están constreñidos por los hechos

o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de

sentencia sumaria. Deben considerar todos los documentos en

autos, sean o no parte de la solicitud de los cuales surjan
KLCE202301102 CONSOLIDADO CON KLCE202301129                        19

admisiones que hagan las partes; (citando Cuadrado Lugo v.

Santiago Rodriguez, 126 DPR 272 (1990).

      En lo atinente a la presente causa, cabe puntualizar que, a

tenor de la normativa aplicable, la parte que no presente una

oposición a una sentencia sumaria, conforme a las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, se arriesga a que el TPI dicte sentencia

en su contra, si procede en derecho. Véase, Regla 36.3(c) de las

Reglas de Procedimiento Civil, supra; León Torres v. Rivera Lebrón,

supra. Como vemos, el mero hecho de que no se presente una

oposición o, de presentarse, no cumple con la normativa antes

expuesta, no obliga al TPI a automáticamente disponer del asunto

por la vía sumaria.

      De nuestra revisión de novo colegimos que, ante las múltiples

controversias medulares que persisten en este caso, no debe

prosperar ninguna de las reclamaciones en esta etapa de los

procedimientos por la vía sumaria.       Cónsono con lo anterior,

colegimos que, el foro primario no incidió al no dictar la sentencia

sumaria solicitada por BAS de forma automática en contra de MAO.

      Al examinar las 89 propuestas de hechos de MAO, las mismas

fueron en su gran mayoría, objetadas por BAS. Sin embargo, distinto

a lo expuesto por el foro primario observamos que BAS en su

oposición aceptó haber realizado unas obras que consistieron en

crear un “poceto” cercano a la colindancia con el Lote C para que las

escorrentías que ahí pudieran acumularse fueran expulsadas por

bombeo hacia la Carretera 189.      Lo antes es en respuesta a la

propuesta número 12. Sin embargo, persisten controversias

medulares sobre las fechas y las consecuencias y/o efectos del

sistema de bombeo y demás posibles alteraciones al área.9

      Además, observamos que la mayoría de las propuestas

descansan sobre lo expuesto en los informes periciales y no fueron

9 Véase Apéndice de BAS pág. 360.
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propiamente controvertidas por BAS. De nuestra evaluación de

novo, colegimos que, el foro primario correctamente acertó que

existen hechos en controversia ya que los informes periciales se

encuentran en contraposición uno del otro.10

       De nuestro examen de novo del expediente apreciamos que

de los dos informes periciales surgen distintos hallazgos. A modo de

ejemplo, indicamos que el perito de MAO, Ing. Rafael Segarra García,

emitió su informe intitulado Problema de Discurrimiento de

Escorrentía Pluvial en el Parque Industrial Bairoa en Caguas, Puerto

Rico, el 15 de julio de 2019, en el cual concluyó que la parte

demandante encausa un flujo de escorrentía mayor hacia la

propiedad de MAO y las inundaciones de naturaleza recurrente

afectan la capacidad de MAO para producir ingresos. Destacó que,

no contó con los diseños pluviales efectuados en el predio de BAS

como tampoco tuvo acceso a la propiedad (Lote E) para efectuar su

estudio.11 No obstante lo anterior, el perito Segarra concluye que

desde la periferia observó que, la propiedad ha sido desarrollada

extensamente impermeabilizando el área natural.12 Cuestionó la

confiabilidad de un plano de 2007 (denominado “as built”) por

entender que se utilizó una “elevación base arbitraria” para fijar

niveles. Así, pues, cuestionó los niveles de la elevación original del

predio, en comparación con las elevaciones de la topografía

original.13

       De otra parte, BAS presentó un informe pericial preparado por

Alex Hornedo Robles & Assoc., PSC Agrimensores cuyo propósito fue

atender la controversia sobre si en efecto BAS, dueño del Lote E,

tiene derecho de servidumbre para que las aguas pluviales de su

propiedad descarguen en los predios colindantes del Lote C.14 Del

10 Apéndice de MAO y BAS, pág. 450.
11 Apéndice de MAO, pág. 170.
12 Apéndice de MAO, pág. 180.
13 Apéndice de MAO, pág. 181.
14 Apéndice de BAS, pág. 279.
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contenido surge un resumen historial del predio. Con relación al

plano denominado “as built” expuso que, el mismo refleja que,

después de 50 años, los niveles pluviales se construyeron y

permanecieron inalterados en dirección sur-sureste, tal y como se

había diseñado en un principio.15 Surgen referencias a fotos y

explicaciones del contenido de dichas piezas evidenciarias. En

algunas instancias informa que, a su entender, dichas fotos versan

sobre la actividad de lavado de carros en el Lote C, el pobre

mantenimiento en el área y lo que resultan ser lugares tapados por

sedimento y otras deficiencias en los declives en el Lote C.

       Indica que, ambos lotes fueron alterados, pero es de notar que

en su informe no surge mención de posibles alteraciones o

desarrollos en el Lote E. Señala que, el señor Ortiz Torres, como

dueño del lote C, impermeabilizó todo su terreno y sustituyó un

desagüe de canal por una tubería de cuatro pulgadas de ancho.16

Asimismo, surge de la deposición del perito Hornedo que su análisis

de BAS Properties fue basado en documentos suministrados y no

hizo ninguna mensura o plano.17 Aclara que, de su examen de los

planos concluyó que desde que se construyó el área en la década de

los 50, las pendientes y flujo de agua no han sido alteradas, pero en

el área se han hecho mejoras.18 Con relación a las elevaciones, el

perito Hornedo indicó que no sabía si el plano denominado “as built”

refleja la misma elevación que tenía el predio en el plano original de

PRIDCO del año 50.19

       De lo anterior, podemos constatar la incompatibilidad patente

entre los dos informes periciales. Coincidimos con la apreciación del

foro primario en que lo antes impide la adjudicación de la causa por

la vía sumaria en esta etapa de los procedimientos. De modo que, al

15 Apéndice de BAS, pág. 287.
16 Apéndice de BAS, pág. 289-294
17 Apéndice de MAO, pág. 250 líneas 3-10.
18 Apéndice de MAO, pág. 255 líneas 8-24.
19 Apéndice de MAO, págs. 270-271 líneas 22-25 y 1-2.
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revisar las controversias medulares consignadas por el TPI

reconocemos que no incidió en su proceder sobre los méritos de la

demanda y la reconvención pendientes por resolver.

       Ahora bien, tal y como adelantamos, lo antes no atiende la

totalidad de los asuntos correctamente traídos por ambas partes

ante   nuestra      atención.      Lo   cierto   es   que,     al    examinar

cuidadosamente el dictamen apelado observamos que subsisten

varios petitorios dispositivos que formaron parte de las mociones

sumarias que versan sobre asuntos jurisdiccionales. El TPI no

adjudicó    la    solicitud   de   desestimación      por    falta   de   parte

indispensable y por academicidad, traída por MAO. Tampoco hizo

determinación alguna sobre la súplica del señor Ortiz Torres en

búsqueda de la desestimación de la causa incoada en su contra en

su capacidad personal. A su vez, dejó sin atender la solicitud de

desestimación de la reconvención por prescripción presentada por

BAS.

       Es norma vigente que, nos abstendremos de adjudicar

cuestiones que no han sido atendidas en primera instancia, ante el

foro judicial o el foro administrativo. Trabal Morales v. Ruiz

Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990); García González v. Montero

Saldaña, 107 DPR 319, 332-333 (1978). A pesar de que esta Curia

puede atender un planteamiento de parte indispensable, nos resulta

necesario tomar en consideración que no nos encontramos en

posición para adjudicar la procedencia de si el titular del Lote F es

una    parte     indispensable,    ante   las    controversias       medulares

existentes sobre este particular. A modo de ejemplo, destacamos las

objeciones de BAS a las propuestas de hecho de MAO número 9, 10,

11 y 39 en la que se discuten las obras efectuadas en el Lote F que

pudieran tener un efecto directo sobre los hechos en este caso.20 Le

20 Véase Apéndice de MAO págs.49-51. Apéndice de BAS págs. 359-360 y objeción

número 37 a la pág. 365.
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corresponde al foro primario dilucidar cuál fue la obra en el Lote F,

qué fecha se desarrolló y cuál es el efecto si alguno sobre los

remedios solicitados en este caso.

      De igual forma, persisten controversias sobre la identificación

de mejoras y obras, así como la magnitud y procedencia de los

problemas existentes según señalado en las controversias números

5, 6 y 7 por el TPI. Ahora bien y según antes expuesto, hemos

reconocido que, BAS admitió haber creado una obra para expulsar

agua por un sistema de bombeo. Sin embargo, de un examen de las

mociones de las partes nos resulta evidente que, persisten

controversias medulares sobre el funcionamiento de dicha obra y su

efecto si alguno. Lo antes impide determinar, por la vía sumaria, si

se han tornado académicas algunas de las alegaciones de BAS

incoadas en contra de MAO. Además, en su pronunciamiento el foro

primario no adjudicó la solicitud de desestimación contra el señor

Ortiz Torres en su capacidad personal. Solo hizo referencia a MAO

como entidad corporativa y dueña del Lote C, quedando así en

controversia la relación del señor Ortiz Torres con la referida

corporación, las alegaciones expuestas en su contra y si resulta

necesaria su inclusión en el pleito en su capacidad personal. Según

la normativa antes expuesta, procede abstenernos de adjudicar este

asunto que no ha sido atendido en primera instancia.

      Por último, observamos que el foro primario incluyó como

controversia pendiente la fecha de realización de modificaciones y

obras de construcción. Sin embargo, debió añadir que falta

determinar las fechas de los alegados sucesos en este caso, así como

la fecha en que MAO advino en el conocimiento de sus alegados

daños (si alguno) que podrían fundamentar los planteamientos

sobre prescripción de la reconvención y en la alternativa, si existen

hechos que demuestren daños continuos según expuesto por MAO.
KLCE202301102 CONSOLIDADO CON KLCE202301129                       24

      Reconocemos que las controversias que inciden en la

jurisdicción deberán ser atendidas como asuntos de umbral. Sin

embargo, de nuestra evaluación del recurso instado y ante las

múltiples controversias medulares de hecho antes reseñados, no

nos encontramos en posición para adjudicar las solicitudes de

desestimación que surgen de ambos petitorios sumarios y mucho

menos revisar alguna determinación que en esta etapa de los

procesos se encuentra pendiente ante la consideración del foro

primario. Le corresponde al TPI atender todas las solicitudes de

desestimación pendientes ante su consideración como asunto de

prioritario.

      Por ello, y conforme los criterios establecidos en la Regla 40

de nuestro Reglamento, supra, estimamos prudente expedir el auto

de certiorari a los únicos efectos de modificar el dictamen con el

propósito de añadir a la lista consignada por el foro primario las

controversias adicionales antes indicadas que a nuestro entender

impiden la adjudicación de la presente causa de forma sumaria.

Resolver de otra manera sería pasar por alto los preceptos

establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la

jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo a esos efectos.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari, modificamos la Resolución recurrida a los fines de añadir

los hechos medulares que permanecen en controversia atinentes a

las referidas solicitudes de desestimación sobre prescripción,

academicidad y parte indispensable. Así, devolvemos el caso para la

continuación de los procedimientos, conforme lo aquí resuelto.
KLCE202301102 CONSOLIDADO CON KLCE202301129                       25

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones