Court Opinion

ID: 9962700
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:43:54.215246+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:27.540558
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    Panel II

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                                         Certiorari
        Recurrido                                                procedente del
                                                                 Tribunal de
                                                                 Primera Instancia,
                 y.                      KLCE202301125           Salade Bayamón

                                                                 Caso Núm.
 ZAIDA COLÓN JUSTINIANO                                          D LE2022G0065
        Peticionaria                                             D LE2021M0062

                                                                 Sobre:
                                                                 ART. 7.06 y 7.02 Ley
                                                                 de Vehículos y
                                                                 Tránsito (Ley 22)

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres,                              el
Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                     RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

                                            Fc.!

        Comparece la señora Zaida E. Colón Justiniano (la peticionaria),

mediante recurso de certiorari, solicitando que revoquemos una Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón,

(TPI), el 23 de agosto de 2023. Mediante esta, el foro a quo declaró No Ha

Lugar la Moción de Supresión de Evidencia1 presentada por la peticionaria.

        Sostiene ante nosotros la peticionaria que, sopesada la evidencia

que tuvo ante su consideración el foro recurrido, este debió de haber

ordenado la supresión de la prueba de sangre que se le tomó, pues fue
obtenida sin su consentimiento, establecido ello por la continua y

reiterada negativa que mostró para que la realizaran.
        Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos

expedir el recurso solicitado.

1 La Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA
                                                         Ap. II, R. 234, es el estatuto que
instrumenta el mandato constitucional de exclusión de evidencia ilegalmente obtenida,
disponiendo que una persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá
solicitar la supresión de dicha evidencia. Pueblo u. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166 (2015).

NÚMERO IDENTIFICADOR
RES2O
KLCE202301125                                                                      2

                                                 b.

          Por hechos ocurridos el 16 de enero de 2021, el Ministerio Público le

imputó a la peticionaria haber cometido sendos delitos, según tipificados

en la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000,

9 LPRA sec. 5001 et seq., en específico, por infracción a los artículos 7.02,

y 7.06 de dicho estatuto.

         Luego     de que fuera determinada causa para el arresto2, y

posteriormente celebrada la vista preliminar3, en la cual se halló causa

para acusar por las imputaciones según presentadas, la peticionaria

presentó el 17 de enero de 2023 una Moción de Supresión de Evidencia.

Como fundamento para su solicitud, esgrimió, en síntesis, que las

muestras de sangre          extraídas de su cuerpo, con las que se realizó la

prueba sobre el por ciento de alcohol, no se obtuvieron de conformidad

con los parámetros legales y constitucionales pertinentes. En específico

sostuvo que, sopesadas sus acciones en el hospital al momento en que le

tomaron dichas muestras, se debió haber entendido que no consintió a

que se la tomaran, (según sus expresiones no verbales), lo que hacía

necesario obtener una orden judicial para ello. Añadió, que la Policía de

Puerto Rico contó con el tiempo suficiente para solicitar una orden judicial

para obtener las muestras de sangre, por lo que no se justificaba que se

las tomaran, sin la intervención previa del Tribunal. Asimismo, adujo que

las advertencias de ley realizadas por el agente interventor fueron

defectuosas, y al tomarles las muestras tampoco se siguieron varias

disposiciones        esenciales     provenientes       del   Reglamento   9234   del

Departamento de Salud.

         A raíz de ello, el Ministerio Público presentó escrito en oposición a la

solicitud de supresión de evidencia aludida.

2   Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6.
    Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 23.
KLCE202301125                                                             3

      En consecuencia, el TPI ordenó celebrar la correspondiente vista de

supresión de evidencia. Dicha vista fue celebrada los días 8, 9, y 11 de

agosto de 2023. Allí, el Ministerio Público presentó como     su prueba el

testimonio de las siguientes personas: la señora Viviana Alicea Benítez (en

adelante, señora Alicea o la enfermera); el agente Antonio E. Hernández

Meléndez (en adelante, agente Hernández); el agente Francisco Ortiz Ríos

(en adelante, agente Ortiz); y el químico del Departamento de Salud

Salvador Fabre Rivera (en adelante, señor Fabre), además de prueba

documental.

      La valoración de la prueba testifical presentada en la vista de

supresión de evidencia resulta de la mayor importancia en la controversia

principal alzada ante nosotros por la peticionaria, (la presunta ausencia de

consentimiento para que se le tomara la prueba de sangre), por lo que, a

continuación, recogemos un resumen de lo declarado por los testigos,

pertinente al asunto que nos toca dilucidar.

Testimonio de Viviana Alicea Benítez

      Declaró que es enfermera graduada desde el 2002, cuando alcanzó

el grado de bachillerato en enfermería, y posee una maestría en educación.

Labora como enfermera en el hospital Doctor's Center de Bayamón,

además ha trabajado en Metro Pavía de San Juan, en el Hospital Regional
de Carolina y en el Centro Médico Correccional. Tiene la certificación que

emite el gobierno, luego de haber aprobado los exámenes que ofrece la

Junta Examinadora del Departamento de Salud, la cual se renueva cada

cuatro años. Además, toma los cursos de educación continua que le son

requeridos por la Junta Examinadora del Departamento de Salud y, para

el 16 de enero de 2021, tenía vigente su licencia de enfermera. A esta

prueba testifical el Ministerio Público la acompañó con la presentación de
KLCE202301125                                                                              4

los documentos marcados como: Exhibit 1-1 del Ministerio Público4,

Exhibit 1-2 del Ministerio Público5 y el Exhibit 1-3 del Ministerio Público.6

          Con la objeción por parte de la defensa, el Ministerio Público

presentó los exhibits 2 y 3, relacionados a las credenciales de la señora

Alicea, las cuales estaban vigentes para el 16 de enero de 2021. Entre

otras cosas, estas credenciales autorizan a la testigo a ejercer su profesión

de enfermera generalista sin restricciones y/o condiciones.

          La señora Alicea también declaró que sus funciones en la sala de

emergencias del Hospital Doctor's Center incluyen asistir en el área de

triage7, lo cual abarca recibir ambulancias, realizar el historial del

paciente, hacer el cernimiento inicial, tomar los vitales y las muestras de

sangre, administrar medicamentos. Los turnos de trabajo tienen una

duración de ocho horas, en el cual se pueden llegar a tomar hasta

veinticinco (25) muestras de sangre. Como parte de los cursos de

educación continua, a iniciativa propia, tomó el curso de flebotomista.

Afirmó que cuando toma pruebas de sangre y un paciente retira el brazo, o

se niega a que se le tome, "pues no la tomo".8 Enfatizó que no toma las

muestras de sangre bajo dichas circunstancias porque "el paciente

determina que yo le estoy violando sus derechos y si retira el brazo

me puedo pinchar".9 Declaró estar familiarizada con la toma de muestras

de sangre para detectar los niveles de alcohol, debido a que había

realizado el procedimiento unas tres a cinco veces previo a la muestra
tomada el 16 de enero de 2021.

          El día de los hechos comenzó su turno a las 11:00 de la noche, se

encontraba laborando en el área de triage, cuando se percató que llegó

una ambulancia con la acusada, observándola cuando fue bajada de esta

  Diploma de Bachillerato en Enfermería.
5 Licencia Permanente del Departamento de Salud #38099.
6 RenovaciOn de licencia.

  Área del hospital donde se evalúa al paciente, una vez llega al hospital y se determina la
severidad de su estado, para entonces poder ser referido al correspondiente cuidado y
monitoreo.
8 Apéndice 4 del Certiorari, pág. 305.

    íd.
KLCE202301125                                                               5

por los paramédicos y transferida a una camilla del hospital. Entonces, los

paramédicos le ofrecieron la información que previamente habían obtenido

de la paciente, por lo que procedió a recibirla, observarla, confirmando su

nombre, información e historial médico. Además, la enfermera le hizo

preguntas a la acusada para determinar su orientación y le explicó lo que

le haría, corroborando que entendía lo que le decía. Aclaró que lo dicho se

hacía porque si la paciente no entendía lo que se le explicaba entonces era

necesaria la presencia de un familiar. La enfermera manifestó que,

durante la interacción con la paciente, esta fue responsiva, tomándole los

vitales posteriormente y completando el proceso de triage. Concluido este

proceso, la paciente es evaluada por el médico.

          La enfermera continuO testificando que, luego de lo narrado,

llegaron los agentes, acercándosele el agente Hernández para solicitarle

que realizara el proceso de extracción de sangre a la acusada, el cual tuvo

una duración aproximada de quince minutos. Indicó que el agente

Hernández le hizo entrega del kit para tomar la muestra de sangre, el cual
se encontraba sellado, verificando la fecha de vencimiento y rompiendo el

sello en presencia de la paciente y de los agentes. Luego de haber abierto

el kit, explicó que retiró el contenido de este, el cual incluía tres tubos de

muestra, hojas con instrucciones y Betadine. Leídas las instrucciones

contenidas en el kit, estuvo lista para realizar la extracción.

          La enfermera declaró que, previo a la toma de la muestra, a la

paciente no se le había suministrado ningún medicamento. Por tanto,

procedió a comenzar con la toma de la muestra, para lo que le preguntó el

nombre a la paciente, le explicó que le tomaría una muestra de sangre, y

le preguntó si estaba de acuerdo. La enfermera declaró que a su pregunta,

la acusada respondió extendiendo su brazo'° y diciendo "dale, dale".

Luego de la acusada extender el brazo, la enfermera procedió a realizarle

'°   Apéndice 10 del Certiorari, pág. 322.
"íd.
KLCE202301125                                                                 6

un torniquete, le limpio con Betadine el área y extrajo la muestra de

sangre para los tres tubos, todo en presencia de los agentes. Manifestó la

enfermera que durante el proceso descrito la paciente no retirá su brazo,
ni solicitó que se detuviera el proceso y, según pudo apreciar, no

mostraba ningún trauma fisico. Al culminar el proceso la enfermera colocó

dos tubos en el kit de recolección y le entregó el tercer tubo a la paciente,

manifestando que el kit fue sellado con un label de color rojo en presencia

de los agentes y de la acusada, para luego hacer entrega de este al agente

Hernández.

          Continuó declarando la misma testigo que procedió a llenar uno de

los documentos del kit, titulado Parte Remisión, pero no lo completó,

dejando en blanco algunos encasillados. Además, el apartado para la firma

de la paciente como recibo de la muestra fue firmada por el agente

Hernández, pues la acusada verbalizó que no quería firmarlo. La

enfermera adujo no recordar qué hizo con la hoja que correspondía

entregar a la paciente como evidencia de la entrega de la muestra.

          Correspondiendo el turno a la defensa para contrainterrogar a la

enfermera, esta declaró que la hoja de instrucciones para la toma de

muestras incluidas en el kit fue descartada por ella luego de haberlas

leído. La defensa presentó su primer exhibit'2 la Hoja Informativa al

Flebotomista, de la cual la enfermera declaró no reconocer y tampoco

recordaba de qué se trataba ese documento. Además, se presentó el

Exhibit 2 de la defensa, titulado Hoja Informativa al Intervenido, de la cual

la enfermera testificó no haberla visto.

          Durante esta etapa del contrainterrogatorio, la señora Alicea declaró

que no estuvo presente en todo momento con la acusada'3, y no vio al

agente hacerle las advertencias de ley. Aseveró haber observado que la

acusada no quería firmar los documentos a los agentes, estando el esposo

12   Exhibit 1 de la defensa, Hoja Informativa al Flebotomista.
13   Apéndice 10 del Certiorari, pág. 366
KLCE202301125                                                              7

allí presente, pero distante del lugar en que ella se encontraba con estos, a

unos veinte pies. Además, respecto al esposo la enfermera expresó, que no

lo observó instar a la acusada a que cooperara con el proceso.

       La paciente fue confrontada con sus declaraciones previas, dadas

durante la vista preliminar, en las que admitió que el esposo de la paciente

estuvo presente durante la toma de la muestra, a lo cual respondió no

recordar. A preguntas de la defensa, la testigo aseveró que, para tomarle

la muestra a la acusada, no tuvo que estirarle el brazo'4. Esta se

reiteró, además, en que no recordaba lo que hizo con la hoja que debía

entregar a la acusada, aunque sí recuerda que la paciente no quiso firmar,

y haberle entregado el tubo que le correspondía.

Testimonio de Francisco Ortiz Ríos

       El agente Francisco Ortiz Ríos declaró que es agente de la Policía de

Puerto Rico desde el año dos mil, perteneciendo a la División de Tránsito

de Bayamón desde hace veinte años. Manifestó que el 16 de enero de 2021

le fue asignado, junto al sargento Trinidad, investigar los accidentes que

ocurrieran esa noche. En esa fecha recibió por radio información

relacionada a un accidente de tránsito de carácter grave, en la Carretera

Núm. 6 de Bayamón, eran como las 10:00, 10:30 de la noche, cuando

acudió a la escena. Declaró que al llegar al lugar pudo observar un

Hyundai Tiburón de color azul, y un Mini Cooper azul, que habían

chocado de frente en el área del carril derecho, que va de Norte a Sur. Los

vehículos eran conducidos por la señora Zaida y Isaac.

       Estando en el lugar de los hechos, procedió a comunicarse con los

agentes Lasalle y Hernández, pues necesitaba apoyo en la escena, de

manera que estos acudieran al hospital para que se realizara la prueba de
sangre a uno de los conductores, y le ayudaran a medir la escena.

Continuó declarando que, al llegar estos agentes a la escena, les mencionó

el nombre de la acusada, describió la vestimenta que llevaba y que había

14Apéndice 10 del Certiorari, pág. 383.
KLCE202301125                                                                                  8

sido trasladada al Hospital Doctor's Center en Bayamón. Entonces,

instruyó a los agentes a que acudieran al cuartel a buscar un Jet Pack y lo

llevaran al hospital, para que le tomaran la muestra de sangre a la

conductora como parte del protocolo de accidentes fatales.

          Llegado el turno del contrainterrogatorio, el agente Ortiz declaró

que, para él, la acusada era la sospechosa de haber causado el accidente

que investigaba esa noche.

Testimonio del agente Antonio E. Hernández Meléndez

          El agente Antonio E. Hernández Meléndez, declaró que es agente de

la Policía de Puerto Rico desde hace trece años, y durante los últimos doce

ha laborado en la División de Tránsito de Bayamón. Explicó que, como

parte de       sus funciones, ha tomado adiestramientos en el manejo de

máquinas Intoxilyzer, radar, fotómetro, Ley 22,15 y el manejo de accidentes

fatales. Además, afirmó tener las certificaciones que emiten tanto el

Departamento de Salud, como el Negociado de Tránsito, para operar las

máquinas que se utilizan para medir el porciento de alcohol, mediante

prueba de aliento.

          Respecto al día de los hechos, declaró que el 16 de enero de 2021

trabajó un turno que comenzó a las 6:00 de la tarde, y terminó a las 2:00

de la mañana. Ese día el sargento Trinidad le impartió instrucciones para

que él y su compañero, el agente Lasalle, impactaran las carreteras de

Bayamón, Cataño y Vega Baja, y las personas conduciendo bajo los efectos

del alcohol. A eso de las 10:30 de la noche recibió una llamada del agente

Ortiz, quien por instrucciones del sargento Trinidad, le indicó que

acudiera a la escena de un accidente fatal en la Carretera Núm. 6. Una vez

llegan a la escena, el agente Ortiz les solicita ayuda y que, como parte del

protocolo de accidentes fatales, acudieran al Hospital Doctor's Center,

donde se encuentra la conductora de la Mini Cooper, y le informa que el

conductor del Hyundai Tiburón había fallecido, habiendo sido trasladado

15   A todas luces, se refiere a la Ley de vehículos y trúnsito de Puerto Rico, Ley 22-2000.
KLCE202301125                                                                   9

al hospital Hima. Según se le requirió, acudió al cuartel a buscar un Jet

Pack, y posteriormente fue al hospital Doctor's Center.

          Al llegar al mencionado hospital, se identificó con el personal de

seguridad y, al entrar al área de triage, identificó a la señora Zaida Colón

Justiniano con la descripción que le proveyó el agente Ortiz, que vestía

una camisa blanca y pantalón crema. Cuando los agentes se acercaron a

la acusada, la enfermera no se encontraba presente. Procedió entonces

el agente a identificarse con la acusada, indicarle las razones por las que

se encontraba allí y, luego, a leerle las advertencias para las personas bajo
los efectos de alcohol, todo en presencia del esposo de la acusada. Narró

que, al terminar la lectura de las advertencias, le preguntó a la acusada

si las entendía y esta afirmó con su cabeza que las entendía. Sin

embargo, al agente solicitarle a la acusada que firmara las advertencias,

esta se negó con la cabeza, por lo que el agente Lasalle procedió a firmar

en su lugar. A pesar de negarse a firmar las advertencias, el testigo

describe que la acusada se mostraba tranquila, cooperadora y parecía

entender el proceso. El agente Hernández declaró que se encontraba a 3

pies de la acusada, y a un pie de la enfermera, mientras que el esposo

se encontraba al pie de la camilla. Testificó haber observado a la

acusada con los ojos rojizos y la piel sudada.'6

          Luego de cumplimentar la parte de las advertencias, el agente

procedió a solicitarle a la enfermera que realizara la toma de la muestra de

sangre, para lo cual le entregó el Jet Pack. Acto seguido la enfermera retiró

el contenido de allí, verificó "el pote", leyó las instrucciones y le explicó a la

acusada todo el proceso. Manifiesta el testigo que, durante la explicación
de la enfermera, la acusada realizaba todo lo que le indicaba la enfermera.

En un momento dado luego de la explicación de la enfermera, el

agente tuvo la impresión de que la acusada no quiso extraerse la

sangre, pues la acusada retiró el brazo en uno o dos ocasiones y que

16   Apéndice 4 del Certiorari, pág. 90.
KLCE202301125                                                                              lo

el esposo a iniciativa propia intervino y le dijo "calma, todo está bien,

no lo dañes, sigue las instrucciones".'7
          Este testigo continuO declarando que la enfermera le explicó el

proceso a la acusada en dos o tres ocasiones, diciéndole que el proceso se

realizaría con calma, que no le dolería y que era parte del protocolo, y es

ahí cuando extiende el brazo. Previamente el brazo de la acusada estuvo

"enconado" y pegado a su cuerpo, esto duró un corto tiempo. Acto

seguido la enfermera le estira el brazo, porque según el testigo "es parte

de su trabajo", con el brazo libre la acusada hizo gestos a la enfermera

para que avanzara. Culminado el proceso de extracción, testifica el agente

que le hizo entrega de la muestra correspondiente a la acusada y procedió

a solicitarle la firma para el Parte de Remisión. Manifestó que, ante la

negativa de la acusada de firmar el documento que evidenciaba la entrega

de la muestra, le solicitO al esposo que interviniera, que le ayudara. La

acusada continuó en la negativa en firmar, por lo que el agente firmó el

documento, colocando la hora de finalización del proceso como las 11:44

de la noche, y entregándole la muestra y el documento.

          Durante el redirecto, este testigo aseguró que no buscó una orden

judicial para realizar la prueba de sangre, porque la orden se solicita

cuando la persona se niega rotundamente a realizarse la prueba, en

este caso accedió pues, no es necesario activar lo que es la llamada

a un fiscal para eso.

          Además de los testimonios aludidos aquí resumidos, el Ministerio

Público presentó el testimonio de un perito y once exhibits18, mientras que

la defensa presentó dos exhibits.'9

17   Apéndice 4 del Certiorari, pág. 101.
18   Exhibit 1-1 del Ministerio Público, Diploma de Bachillerato en Ciencias de Enfermería
      otorgado a Viviana Alicea Benítez en junio de 2000.
      Exhibit 1-2 del Ministerio Público, Licencia Permanente de Enfermera Generalista
     otorgada a Viviana Alicea Benítez expedida el 18 de marzo de 2013.
     Exhibit 1-3 del Ministerio Público, Diploma de Maestría en Educación otorgado a
     Viviana Alicea Benítez en diciembre de 2019.
     Exhibit 2 del Ministerio Público, Certificado de Registro de la Oficina de Reglamentación
     y Certificación de Profesionales de la Salud otorgado a Viviana Alicea Benítez el 20 de
KLCE202301125                                                                           11

       Sometido el asunto por las partes para que fuera adjudicada la

solicitud de supresión de evidencia, el TPI emitió Resolución declarándola

No Ha Lugar. En su muy fundamentada Resolución el foro recurrido

exhibió rigor en las valoraciones que hizo sobre la prueba testifical que

desfiló ante sí y sopesó, para entonces concluir, en síntesis, que: (1) la

peticionaria había consentido implícitamente a la toma de muestra de

sangre sin una orden judicial previa; (2) el proceso llevado a cabo por

la enfermera en la obtención de la referida muestra de sangre y envío

a su análisis no invalidaron su resultado; (3) el agente Hernández

cumplió con su deber de informar a la peticionaria de sus derechos.2°

El TPI fue cauteloso al plasmar o dejar constancia expresa de haberle

concedido entero crédito a la prueba testifical presentada por el

Ministerio Público, atinente a los asuntos enumerados en la oración que

precede.

       Luego     de    la   peticionaria     haber     instado     una     petición     de

reconsideración ante el tribunal a quo, que fue denegada, entonces

compareció a este Foro intermedio, mediante recurso de certiorari,

planteando los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       determinar que no procedía solicitar una orden de registro y
       allanamiento, según lo ordena el artículo 7.09 (a) de la Ley
       Número 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, por la

  junio de 2018.
   Exhibit 3 del Ministerio Público, Certificado del Departamento de Salud, de la Oficina
  de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud otorgado a Viviana
  Alicea Benítez el 19 de julio de 2023.
   Exhibit 4 del Ministerio Público, Parte de Remisión.
   Exhibit 5 del Ministerio Público, Informe de Análisis Toxicológico de Zaida E. Colón
   Justiniano de 1 de marzo de 2021.
   Exhibit 6 del Ministerio Público, Advertencias a Persona Bajo los Efectos de Bebidas
   Embriagantes, Drogas o Sustancias Controladas de 16 de enero de 2021.
   Exhibit 7 del Ministerio Público, Acreditaciones de operación de radar, fotómetro y
   operación de instrumento Intoxilyzer 9000 & too EN y Alco -Sensor.
   Exhibit 8 del Ministerio Público, Certificación del Departamento de Salud a Antonio
   Hernández Meléndez para la operación del instrumento Intoxilyzer 9000 y Alco -Sensor
   de 20 de enero de 2021.
   Exhibit 9 del Ministerio Público, Comunicación de 14 de enero de 2021 dirigida al Insp.
   Gaby Pérez Cintrón, Director del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía de
   Puerto Rico sobre la extensión de vigencia para las licencias de operador de Intoxilyzer
   9000 de los agentes de la Policía de Puerto Rico.
19 Exhibit 1 de la Defensa, Hoja informativa al Flebotomista.

  Exhibit 2 de la defensa Hoja informativa al Intervenido.
20 Apéndice Idel recurso de certiorari, págs. 1-24.
KLCE2O23O 1125                                                                12
           Ley Número 76 de 30 de diciembre de 2021, al concluir que la
           acusada no retirá el consentimiento implícito, y consintió
           implícitamente, libre y voluntariamente, a someterse a la toma
           de la muestra de sangre sin orden judicial.

           SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Instancia al no
           suprimir la prueba de alcohol a pesar de que el Estado violó el
           debido proceso de ley y la protección contra registros y
           allanamientos irrazonables a la acusada, basado en que el
           agente Hernández la sometió a una prueba de alcohol, luego
           de una lectura errónea de las advertencias de ley, consistente
           en que le leyó las "Advertencias de persona bajo los efectos de
           bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas" (PPR
           615.6), sin tener motivos fundados propios ni transferidos,
           para creer que la acusada estaba conduciendo o haciendo
           funcionar un vehículo de motor, bajo los efectos de bebidas
           embriagantes.

           TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Instancia al no suprimir
           la prueba de alcohol a pesar de no haberse cumplido con
           varias disposiciones mandatorias y esenciales del Reglamento
           9234 del Departamento de Salud, en violación al debido
           proceso de ley sustantivo y procesal y la protección contra
           registros y allanamientos irrazonables de la acusada.

           Por su parte, el 23 de enero de 2024, el Pueblo compareció ante

nosotros,       representado por la Oficina del Procurador General,          (el

Procurador), presentando escrito en oposición al recurso de certiorari.

                                           c.

           En el primer error señalado la peticionaria se muestra contraria a la

conclusión alcanzada por el foro recurrido, -de que había consentido

implícitamente a la toma de muestra de sangre sin una orden judicial-,

impulsando, en contrario, que la prueba dejó claramente establecida una

consistente negativa, objeción y resistencia mediante expresiones verbales a

la extracción de la muestra de sangre.21 Así, el argumento principal de la

peticionaria para solicitar la supresión de la prueba de sangre descansa en

su convencimiento de que la prueba desfilada en la vista claramente

establece que, mediante gestos y lenguaje corporal, objetO y se resistió al

proceso de extracción de muestra de sangre.22 En la misma tónica la

peticionaria afirma que, conforme a la transcripción de la vista, resulta

evidente su consistente negativa, objeción y resistencia a            someterse
21   Recurso de certiorari, págs. 11-15.
22   Íd.
KLCE202301125                                                                   13

voluntariamente a la extracción de la muestra de sangre, estando el récord

del tribunal ausente de prueba que demuestre que la acusada obedecía sin
protestar al pedido de los agentes y de la enfermera, que demuestre su
intención de consentir a la extracción de la muestra de sangre, de manera

clara e inequívoca y sin mediar coacción fisica o sicológica para obtener el

consentimiento.23 (Subrayado provisto).

          Como se sabe, el magistrado que presida una vista sobre supresión

de evidencia está facultado para adjudicar o dirimir credibilidad en la

misma, según aquí lo hizo y dejó manifiesto en la Resolución recurrida.

Pueblo y. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987). Según lo subrayado en el
párrafo que precede, resulta evidente que la peticionaria solicita nuestra

intervención con la apreciación y adjudicación de credibilidad que hizo

el foro primario en la vista de supresión de evidencia, luego de

sopesar los testimonios que tuvo ante sí, al determinar que esta prestó

su consentimiento voluntariamente para que se le realizara la prueba de

sangre, de manera implícita.

          Sobre ello, resulta ya trillado, por reiterado, que cuando se

cuestiona y señala que el foro primario erró en su apreciación de la

evidencia, el alcance de           nuestra fttnción revisora está limitado por
consideraciones de extrema valía, pues no podemos perder de perspectiva

que nuestro esquema probatorio está revestido por un manto de

deferencia hacia las determinaciones que realizan los juzgadores de

primera instancia en cuanto a la prueba testifical que se presenta

ante ellos. (nfasis provisto). Pueblo y. Toro Martínez, 200 DPR 834

(2018). Es así pues, el juez del TPIes ante quien deponen los testigos, quien

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder

apreciar        sus   gestos,   titubeos,   contracciones,   manierismos,   dudas,
vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en su
conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. Íd. Un tribunal

23   Íd, pág. 14.
KLCE202301125                                                             14

revisor tiene vedado intervenir con la adjudicación de credibilidad

de los testigos, ni puede sustituir las determinaciones de hechos

que, a su amparo, haja efectuado el foro primario basado en sus

propias apreciaciones. (nfasis y subrayado provistos). Íd.

      A raíz de lo anterior, no debemos (los foros apelativos) intervenir con

la apreciación y adjudicación de credibilidad que con relación a la prueba

testifical hubiese realizado el juzgador de los hechos a nivel de instancia,

en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

Pueblo y. Hernández Doble, 210 DPR 850 (2022). Incurre en pasión,

prejuicio o parcialidad el juzgador que actúe movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias, o

rechazos con   respecto a las partes o sus causas que no admiten
cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de

que someta prueba alguna. Íd. Sobre el referido error manifiesto nuestro
alto Foro considera que acontece, cuando la apreciación de la prueba se

distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o increíble.

Íd.
      Por último, sobre el mismo tema, es al TPI a quien corresponde

dirimir la prueba testifical cuando surgen conflictos de credibilidad

en la prueba de cargo, estando dicho foro primario en mejor posición
que el apelativo para efectuar tal ejercicio valorativo sobre la prueba

conflictiva, que debe prevalecer. (nfasis y subrayado provistos). Pueblo

y. Maisonave, 129 DPR 49 (1991).

      Partiendo de la limitada función revisora que se nos reconoce sobre

la apreciación de la prueba testifical que efectúa el foro primario, arriba

descrita, el examen de la transcripción de la prueba oral desfilada en la

vista de supresión de evidencia de este caso nos ha servido para confirmar

la ausencia de las circunstancias que nos habiliten para intervenir con el

juicio de credibilidad ejercido por el foro primario, pues no exhibe rastro

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. En este sentido,
KLCE202301125                                                             15

escudriñada las declaraciones de        la enfermera y el       agente   que

intervinieron con la peticionaria en el hospital, no podemos afirmar que la

apreciación de la prueba del juzgador de los hechos se hubiese distanciado

de la realidad fáctica o sea inherentemente imposible o increíble, como
tampoco detectamos la intervención de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto. Pueblo y. Hernández Doble, supra; Pueblo u. Toro, supra.

      En consecuencia, no estamos en posición de descartar que, luego

del foro recurrido haber escuchado testificar a la enfermera, concluyera

que la peticionaria había accedido voluntariamente, de manera implícita, a

que la primera le tomara la muestra de sangre para realizar la prueba de

alcohol. Es decir, ya leídas las declaraciones de la enfermera en dicha

vista, no podemos concluir que lo que allí narró fuera inherentemente

increíble o imposible, respecto al detallado proceso de cómo le tomó la

muestra a la peticionaria, (a lo que se podía negar). La enfermera

estableció que, una vez le explicó el proceso a la peticionaria, acto seguido

esta extendió el brazo, de manera libre, para que le procediera a tomar la

muestra, acompañado de la expresión "dale, dale". El TPI dio entera

credibilidad a esta versión de los hechos narrada por la enfermera,

que fue contraria a la alegación de la peticionaria de que fue obligada

a extender el brazo para tomarle la prueba de sangre. Sobre lo mismo,

no nos parece      inherentemente increíble,    menos aún imposible,       la

conclusión del Tribunal de que nada le impedía a la peticionaria haberse

negado a que se le tomara la referida muestra, accediendo a ello de forma

voluntaria,   recayendo     la   obtención     de   dicho    consentimiento

primordialmente en las funciones habituales del ejercicio de la enfermería.

Menos aún observamos que acontezcan las circunstancias que nos

muevan a concluir que se equivocó el foro primario al determinar que la

peticionaria no fue amenazada, engañada o compelida a tomarse la

muestra.
KLCE202301125                                                                     16

       A igual juicio llegamos sobre la conclusión del TPI de que, evaluado

el   testimonio      del   agente   Hernández Meléndez,      este:    había    dado

cumplimiento a la lectura de las advertencia de ley particulares a las

personas en presunto estado de embriaguez; no ejerció coacción fisica o

sicológica hacia la peticionaria para que permitiera tomarse la prueba de

sangre; tampoco había realizado representaciones falsas a la peticionaria

para lograr que se realizara la prueba de sangre, ni esta fue amenazada,

intimidada o maltratada por los agentes de manera que se viciara el

consentimiento para obtener la prueba de sangre. Es decir, en manera

alguna podemos divisar que las conclusiones del TPI respecto al

testimonio de este agente fueran inherentemente increíbles o imposibles.

       Ciertamente, al examinar en conjunto los testimonios de la

enfermera y el agente Hernández Meléndez surgen ciertas inconsistencias

o contradicciones sobre cómo aconteció la referida toma de muestra de

sangre de la peticionaria. Sin embargo, precisamente, de la Resolución

recurrida resulta evidente que el foro primario, (ante cuyos ojos desfiló la
prueba testifical), dirimió los testimonios de dichos testigos, y adjudicó

credibilidad sobre la controversia medular, determinando que la toma de

la prueba de sangre no fue compelida sino voluntariamente ofrecida. Valga

a este punto recalcar que, cuando surgen conflictos de credibilidad en

la prueba de cargo, es el foro primario el que está en mejor posición

que este foro apelativo, para efectuar tal ejercicio valorativo sobre la

prueba conflictiva, por lo que es la determinación del TPI la que debe

prevalecer. (nfasis y subrayado provistos). Pueblo y. Maisonave, 129 DPR

49 (1991). Además, recuérdese que aun cuando no haya un testimonio

"perfecto" es al juzgador de los hechos a quien le corresponde resolver la

credibilidad de un testigo cuando haya partes de un testimonio que no sean

aceptables,     el    mero    hecho   de   que   un testigo incurra    en     ciertas

contradicciones no significa que se deba descartar absolutamente el resto
de    la      declaración cuando nada      increíble    o   improbable         surge
KLCE202301125                                                            17

de su testimonio. Pueblo u. Toro Martínez, supra; Pueblo u. Chévere Heredia,

139 DPR 1(1995).

      En ausencia de una determinación por este Foro intermedio de que

los testimonios de cargo resultaran inherentemente increíbles o imposibles,

simplemente quedamos impedidos de pretender imponer nuestro criterio

sobre el del foro ante el cual desfilO la prueba testifical. En modo alguno

consideramos que, vista la prueba testifical, resultara inherentemente

increíble o imposible que la peticionaria consintiera voluntariamente a la

toma de la muestra de sangre, de manera implícita, por lo que estamos

obligados a mostrar deferencia por la determinación de hecho a la que

llegó el foro recurrido respecto a tal asunto medular. Menos aún

podríamos sostener que las conclusiones de hechos del juez que las

adjudicó fueran el resultado de una actuación movida por inclinaciones

personales de tal intensidad que adoptara posiciones, preferencias o

rechazo con respecto a las partes o sus causas sin importar la prueba

recibida e incluso antes de que sometiera prueba alguna. Pueblo y. Toro

Martínez, supra.

      Acoger la teoría legal de la peticionaria, de que sus actuaciones

debieron denotar el rechazo a la toma de las muestras de sangre, sería

precisamente permitirnos sustituir el criterio del foro primario por el

nuestro al sopesar la prueba testifical que desfiló ante sus ojos, los que

nos resulta vedado, salvo que apreciemos que el testimonio resultO

inherentemente increíble o imposible, ninguna de las cuales aquí

apreciamos.

      No hay duda de que un registro efectuado sin mediar una orden

judicial activa la presunción de que fue irrazonable e inválido. Pueblo y.

López Colón, 200 DPR 273 (2018). Esto porque el Artículo II, Sección 10

de nuestra Constitución dispone, en lo pertinente, que únicamente serán

expedidos mandamientos autorizando registros, cuando exista causa
KLCE2O23O 1125

probable apoyada en juramento o afirmación24. Por tanto, cuando se

aspire a efectuar un registro será necesario, en lo ordinario, obtener

previamente una orden judicial. Pueblo y. López Colón, supra.

          Sin embargo, el registro consentido voluntariamente, de forma

expresa o implícita, es una de las situaciones excepcionales en las que

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que no será indispensable una

orden judicial previa. Pueblo y. Báez López 189 DPR 918 (2013). El

consentimiento implícito se refiere a cuando una persona no accede

expresamente al registro, pero sus actos, en unión a un examen de la

totalidad de las circunstancias, demuestra su intención de consentir el

registro. Pueblo en interés del menor NOR, 136 DPR 949 (1994). Al

evaluar si la renuncia fue expresa o tácita se toman en consideración los

siguientes factores: 1) si medió fuerza o violencia; 2) si el registro fue

practicado después de un arresto, y 3) si se encontraban otras personas

presentes. Íd. pág. 966; Pueblo u. López Colón, supra, pág. 289. A esto es

necesario añadir que, la prueba sobre la aludida renuncia debe ser clara

y demostrativa de la inexistencia de coacción verdadera de clase alguna,

directa o indirecta. Pueblo en interés menor NOR, supra, pág. 966.

          Por lo que explicamos al considerar el análisis de la prueba

testifical efectuada por el foro recurrido, sostenemos que no acontecen

las circunstancias que nos habilitarían para intervenir con la valoración

de la prueba testifical del tribunal a quo, al este concluir que la
peticionaria consintió voluntariamente, de manera implícita, a que se le

tomara la prueba de sangre.

            n $U segundo error la peticionaria lo dedica casi por entero a
argumentar sobre la presunta carencia de motivos fundados propios o

transferidos del agente Hernández, para someterla a una prueba de sangre

para detectar posible embriaguez. Sin embargo, habiendo ya este foro

intermedio concluido que no vamos a intervenir con la conclusión del TPI

24   Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1.
KLCE202301125                                                              19

en términos de que la peticionaria consintió voluntariamente a que se le

tomara   la   muestra   de   sangre,   no   resulta   necesario   entrar   en
consideraciones sobre si dicho agente contaba o no con motivos fundados

para obtener la aludida prueba de sangre. Según se sabe, no se requieren

motivos fundados para llevar a cabo un registro allí donde se cuenta con el

consentimiento voluntario de la persona a ser registrada. Pueblo y. Báez

López, 189 DPR 918 (2013).

      Finalmente, el último error señalado por la peticionaria también

refiere a una determinación sobre la credibilidad que le mereciera al TPI el

testimonio de la enfermera, sobre el proceso o pasos seguidos por esta al

tomar la muestra de sangre. La peticionaria promueve que, por causa de

las contradicciones entre los testimonios de la enfermera y el agente

Hernández, se debió haber considerado que el proceso llevado a cabo para

la toma de muestra de sangre no tuvo ningún valor probatorio, pues

fueron incumplidos los requisitos mínimos exigidos.

      No obstante, la Resolución recurrida muestra, sin ambages, que el

foro primario se ocupó expresamente de dicho argumento esgrimido por la

peticionaria, y concluyó que, dirimidos los testimonios de la enfermera y el

agente   Hernández, estos siguieron en lo esencial el proceso para

garantizar la toma adecuada de la prueba de sangre y posterior

disposición. Según concluimos respecto al consentimiento implícito que

dio la peticionaria para que se le tomara la muestra de sangre, también

determinamos que los testimonios de tales testigos respecto al proceso

seguido para la toma de la muestra de sangre, y posterior curso, no

resultan inherentemente increíbles o imposibles, como tampoco observamos

la intervención de pasión, prejuicio o parcialidad en el dictamen del foro

recurrido al respecto que justifique nuestra intervención.

      En definitiva, las conclusiones de hechos alcanzadas por el foro

primario están sostenidas por la prueba testifical que tuvo ante sí, y no

acontecen las circunstancias excepcionales que nos permitirían interferir
KLCE202301125                                                                                                20

con la esencial función de dicho tribunal al dilucidar credibilidad y dirimir
posibles incongruencias entre los testimonios de la prueba de cargo.25

                                                       d.

         Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del

recurso solicitado.

         Lo acordO el Tribunal y lo certifica su Secretaria. El juez Bermúdez

Torres disiente con voto escrito.

                                                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

25
   Respecto a! Voto disidente suscrito por el muy respetado juez Bermúdez Torres, presidente de este Pane!,
solo cabe señalar que termina incurriendo en la práctica de sustituir las determinaciones de hechos que
efectuó e/foro primario por sus propias apreciaciones, a pesar de que nuestro Tribuna! Supremo fue preclaro
en Pueblo y. Toro Martínez, supra, de que, como foro revisor, nos es vedado obrar así. Por ello, a poco
examinar e/inciso A del referido voto disidente, es palpable cómo el apreciado compañero juez invisibilizó
por completo el testimonio de la enfermera, al esta narrar la disposición de la peticionaria para que se le
tomara la muestra de sangre, y se decantó por resaltar algunas porciones del testimonio del agente que
pudieran resultar conflictivas. Correspondía al TP!, no a este foro intermedio, resolver cualquier conflicto en
la prueba testifical respecto a cómo ocurrió la toma de la muestra de sangre, y dicho foro recurrido así lo hizo,
identificando con precisión el valor probatorio que le mereció cada testimonio para concluir que la
peticionaria no fue coaccionada, sino que más bien consintió a la prueba. A fin de cuentas, por cuanto las
determinaciones de hechos necesariamente preceden el derecho a ser aplicado, solo hubiese resultado
dable una aplicación distinta del derecho si partimos de las determinaciones de hechos efectuadas por
el TPI, pero el Voto disidente no se atuvo a la limitada función revisora de los hechos que nos correspondía.
                        Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      Panel II

                                                              Certiorari
                                                             procedente del
EL PUEBLO DE PUERTO RICO                                     Tribunal de
                                                             Primera Instancia,
               Recurrido               KLCE2O23O1 125        Sala de Bayamón

                   V.                                        Caso Núm.
                                                             D LE2022G0065
 ZAIDA COLÓN JUSTINIANO                                      D LE2021M0062

              Peticionaria                                   Sobre:
                                                             ART. 7.06 y 7.02 Ley
                                                             de Vehículos y
                                                             Tránsito (Ley 22)

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres,                         el
Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

               VOTO DISIDENTE DEL JUEZ BERMÚDEZ TORRES

                                          I.

         En su contexto más básico, las determinaciones de hechos, las

conclusiones de derecho y los dictámenes discrecionales son los tres tipos

de decisiones judiciales sujetas a revisión judicial. Cada una de estas

decisiones son evaluadas a través de estándares de revisión distintos.' En
lo aquí estrictamente pertinente, las primeras, es decir, las conclusiones

de derecho se revisan bajo el estándar de novo o independiente, el cual

no concede ningún grado de deferencia al tribunal de primera instancia.
Las determinaciones de hechos, en cambio, se revisan empleando el

estándar de error manifiesto2 exigente del más alto grado de deferencia al
tribunal revisado.

        Ahora bien, existen controversias mixtas de hechos y de derecho

que exigen separarse a los fines de aplicar el estándar de revisión

apropiado. En esa tarea, en ocasiones compleja, se tiene que separar las

1 Pierce y.
           Underwood, 487 Us 552, 558 (1988), 108 S.Ct. 2541, 101 L.Ed. 2d 490. Véase,
además: Pueblo y. Medina Cardona, KLCE202000750.
2 Dávila
         Nieves y. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).
    KLCE2O23O 1125 -VOTO DISIDENTE

    inferencias directas -determinaciones de hechos- de las que no lo son     -

    determinaciones jurídicas o de derecho- para aplicar el estándar de

    revisión correspondiente a cada una. Cuando la inferencia resulta directa
    del hecho probado, se aplica la deferencia debida a las determinaciones de

    hechos y su estándar de error manifiesto.         En cambio, si del hecho

    probado o del hecho inferido de este, se deducen o infieren otras

    conclusiones de hecho o de derecho que sean más de carácter jurídico

que fáctico, entonces se considera una conclusión de derecho, a la
cual le aplica el estándar de revisión de novo o independiente.3

          La controversia que hoy atendemos es precisamente un ejemplo de

una cuestión mixta de hechos y de derecho, cuyo análisis no puede

limitarse a la aplicación automática del estándar de error manifiesto o el

de novo o independiente. Las cuestiones relativas a cómo ocurrió el evento

de la extracción de sangre de la Sra. Zaida Colón Justiniano son

determinaciones puras de hechos, pero, la determinación de si la

detenida Colón Justiniano reiteró o retiró el consentimiento implícito

dispuesto en la Ley, a que le realizaran las pruebas para detectar

alcohol en su organismo, constituye una cuestión más jurídica que

fáctica. A las primeras, tal y como muy correctamente han hecho los

distinguidos compañeros de Panel, le aplica el estándar de error

manifiesto, mientras que, a la segunda, le aplica el estándar de novo o

independiente, cosa que omite el análisis de la Mayoría. Mediante este voto

disidente, procedo a hacerlo.
                                                II.

         Del relato fáctico relevante podemos concluir, que, tras acudir a

investigar la ocurrencia de un accidente, el agente Francisco Ortiz Ríos le

solicitó al agente Antonio Hernández Meléndez que le ayudara con la

prueba de alcohol. Le indicó que los conductores de los vehículos

3   Sanabria y. Sucn. González, 82 DPR 885 (1961).
KLCE2O23O1 125 -VOTO DISIDENTE                                            3

involucrados se encontraban uno, en el hospital HIMA San Pablo y el otro,
en el Doctor Center de Bayamón. Contando con ciertos datos personales

de la señora Colón Justiniano, entre ellos, el nombre y la descripción de la

ropa, el agente Hernández Meléndez se transportó junto al agente Víctor

Lasalle, al cuartel Patrullas de Carreteras de Bayamón a buscar un envase
 etpack) para realizar la prueba de alcohol.

      Ya en la facilidad hospitalaria, el agente Hernández Meléndez

identificó a la acusada acompañada de su esposo en el pasillo del área de

triage, semi sentada en una camilla con una mascarilla puesta. Se acercó

a ella y le indicó que le extraería una muestra de sangre como parte del

protocolo de accidentes graves y fatales. Tras leerle las Advertencias de

Persona Bajo los Efectos de Bebidas Embriagantes frente a su esposo, le

preguntó si las entendió y ésta afirmó con la cabeza que las entendió. Sin

embargo, la señora Colón Justiniano negó con su cabeza firmar el

documento de las advertencias.

      Ante la negativa a firmar, el agente Lasalle, que acompañaba al

agente   Hernández Meléndez, le advirtió al esposo de la señora Colón

Justiniano que ella tenía que firmar las advertencias. Entonces, a

instancias de los agentes, el esposo le pidió a la señora Colón Justiniano
que firmara. Esta nuevamente se negó a hacerlo. Ante ello, el agente

Lasalle firmó las advertencias como testigo de su lectura.

      Luego, los funcionarios procedieron con la toma de la muestra de

sangre. La enfermera Viviana Alicea abrió el jetpack, y le informó a la

señora Colón Justiniano que le habría de extraer sangre. La señora Colón

Justiniano reaccionó en negativa, pegando su brazo a su cuerpo,

retraído en un ángulo de noventa (90) grados. Ante la exigencia de la

enfermera a que extendiera el brazo, la señora Colón Justiniano insistió

con su cabeza en negarse.
 KLCE2O23O 1125-VOTO DISIDENTE

         Esta vez, el agente Hernández Meléndez intervino exigiéndole a la

enfermera que continuara con la extracción de sangre y pidió al

esposo de la señora Colón Justiniano que lo ayudara a convencerla a
que accediera a la extracción. El esposo, siguiendo las instrucciones

del agente, le pidió a su esposa que cooperara, a lo que esta,

nuevamente se negó. Eventualmente, la enfermera halO y estiró el brazo

de la señora Colón Justiniano para poder sacarle la sangre. Luego de

retirar el brazo en más de una ocasión durante el proceso para tomarle la

muestra de sangre, la señora Colón Justiniano hizo un gesto con la mano

para que la enfermera avanzara, mientras su esposo intervenía por tercera

vez para pedirle que cooperara. Extraída la muestra, la señora Colón

Justiniano no quiso firmar el documento de 'Parte de Remisión" a la

enfermera y al agente Hernández.

         De lo declarado por los diferentes testigos que declararon en la vista

de supresión de evidencia, no hay mayores ni sustanciales diferencias

respecto a cómo transcurrió el evento de la extracción de sangre. De todos

modos, a la determinación de la ocurrencia de esos hechos, concedemos

amplia deferencia al juzgador de primera instancia. Ello no implica, que, a

la luz de tales hechos, la inferencia qué de tales hechos derivó el foro

recurrido,     esto   es,   que   la   señora   Colón   Justiniano   prestó   su

consentimiento válidamente para la extracción de la muestra de sangre,
sea una cuestión de hechos a la que debemos igual deferencia. Por el

contrario, se trata de una inferencia de los hechos más jurídica que

fáctica, cuya revisión exige se aplique el estándar de novo o juicio

independiente, bajo el cual no debemos ninguna deferencia al foro

adjudicador. Sencilla y llanamente, estamos ante la revisión de la

aplicación correcta del derecho a los hechos probados. Acometamos la

tarea.
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                                           III.

        Igual que la 4ta Enmienda de la Constitución Federal, la Sección 10

del Artículo II de la Constitución del E.L.A., limita la intrusión no

justificada del         Estado     o cuando,      estando justificada,       se   realiza

inapropiadamente. En el contexto de casos de conducción de vehículos de
motor      bajo   los    efectos    del   alcohol,   distinto    a   otras    garantías

constitucionales, la extracción de sangre sí tiene serias implicaciones

sobre el derecho a la protección contra registros y allanamientos

irrazonables, establecido en la 4ta Enmienda de la Constitución Federal.

Como regla general es necesario que los agentes del orden público

obtengan una orden, expedida por autoridad judicial, antes de efectuar un

registro.4 Esta garantía dimanante de ambas Constituciones,5 protege a

todo ciudadano contra la intrusión irrazonable en el cuerpo humano por

parte del Estado para la toma de muestras de sangre con el fin de ser

utilizadas en una investigación criminal.6

        Como sabemos, en Puerto Rico se admite como prueba sustantiva

de embriaguez el resultado del análisis de sangre obtenido en contra de la

voluntad del conductor detenido. El estatuto quita a la persona
intervenida el derecho a negarse a realizarse la prueba de alcohol y a
escoger el tipo de análisis que desea se le efectúe.7 Si el intervenido se

negare, objetare, resistiere o evadiere someterse al procedimiento de las

pruebas de alcohol, drogas o sustancias controladas, el oficial del orden

público tiene la facultad de arrestar a la persona con el fin de trasladarle a

una facilidad médico-hospitalaria para que el personal certificado por el

  Pueblo y. Martínez Torres, 120 DPR 496 (1988); Pueblo y. Muñoz Santiago, supra; Pueblo
y. Ramos  Santos, 132 DPR 363 (1992).
5 LPRA Tomo 1, ed. 2008, pág. 326.
6 Schmerberv. California, 384 Us 757, 767
                                           (1966).
  Las personas muertas o inconscientes se les considera como que no retiraron su
consentimiento. Véase: Art. 7.09 (b), Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPPA §
52 09(b).
    KLCE2O23O 1125 -VOTO DISIDENTE                                                6

Dpto. de Salud proceda a extraerle las muestras pertinentes, previa orden

judicial.8

         Esta última expresión estatutaria, referente a que la extracción de la

muestra de sangre se haga luego de obtener una orden judicial, fue

producto de la enmienda al inciso (a) del Art. 7.09 de la vigente Ley Núm.

22, promulgada por nuestra Asamblea Legislativa, mediante la Ley Núm.

76-2021. Sin duda, ello es consecuente con la más reciente normativa

expuesta por el      Tribunal Supremo de Estados Unidos y de nuestro
Tribunal Supremo local.

        Para un gran sector de juristas, una expresión tan tajante y clara

como esa, refleja indubitadamente que el Legislador tuvo el propósito de
impedir absolutamente la toma de muestras sin que medie una orden

judicial. Aunque considero que nunca fue la intención de la Asamblea

Legislativa eliminar las doctrinas de excepción constitucional, ciertamente

la actuación legislativa es un reflejo inequívoco de la importancia y

transcendencia que le otorga a la intervención de un juez previo a la
extracción de sangre en contra de la voluntad de un detenido por conducir

bajo los efectos de bebidas embriagantes. Por ello, soy consciente de que,

la conclusión a la que se llegue sobre si se configuró o no una de las

excepciones a la norma general de exclusión constitucional, tiene que

estar sustentada por el más riguroso y exhaustivo análisis de las

exigencias    constitucionales concernidas. En palabras del Tribunal
Supremo de Estados Unidos, "The point of the Fourth Amendment,

which often is not grasped by zealous officers, is not that it denies law

enforcement the support of the usual inferences which reasonable

men draw from evidence. Its protection consists in requiring that

those inferences be drawn by a neutral and detached magistrate

instead of being judged by the officer engaged in the often

8 La Ley Núm. 76-2021 enmendó el estatuto para incluir que la extracción de muestra
sea previa orden judicial.
KLCE2O23O1 125 -VOTO DISIDENTE                                            7

competitive enterprise of ferreting out crime."9 Thus, "[w]e cannot E.. .1

excuse the absence of a search warrant without a showing by those
who seek exemption from the constitutional mandate that the

exigencies of the situation made that course imperative".'0

         Como una de las excepciones a la norma general de exclusión de

    evidencia obtenida sin orden judicial, la doctrina ha reconocido el

consentimiento de la persona a que se realice el registro, es decir, se

extraiga sangre de su cuerpo. Precisamente, la Ponencia Mayoritaria

    sostiene, que la señora Colón Justiniano implícitamente consintió

válidamente a que se le extrajera la muestra de su sangre. Examinemos

entonces, la validez o voluntariedad del consentimiento, alegadamente

prestado por la señora Colón Justiniano para que se extrajera una

muestra de su sangre.

         Como sabemos, por tratarse de una excepción a la norma

constitucional, si el acusado solicita la supresión de evidencia alegando

que el consentimiento fue producto de coacción directa o indirecta por

parte del Estado,      el Ministerio Público es quien tiene que demostrar la

voluntariedad del consentimiento." La renuncia al derecho a que medie

una orden judicial autorizando el registro, debe ser establecida por
prueba clara y positiva, demostrativa de que no existió coerción de

clase alguna. El consentimiento no debe estar sujeto a interpretación.

Debe ser claro e inequívoco.'2

         En la evaluación de la validez del consentimiento debemos

considerar las características de la persona que ha consentido al registro,
así como el ambiente en el cual se llevó a cabo el mismo. En cuanto al

ambiente en el que se otorga el consentimiento, debe analizarse "si la
persona que [se alegaj consintió fue amenazada, intimidada fisicamente o

  Johnson y. Unites States, 333 Us 10,13-14 (1948).
'° McDonald y. United
                      States, 335 Us 451, 456 (1948).
'  Bumper y. North Carolina, 391 Us 543, 548 (1968).
12 Pueblo y. Tribunal Superior, 96
                                 DPR 270, 272 (1968).
    KLCE2O23O 1125 -VOTO DISIDENTE

    maltratada por la Policía, si descansO en representaciones falsas de la

    Policía y si estaba en un lugar público o aislado."3

           Al respecto, en Cámara y. Municipal Court of City and County of San
    Francisco,'4 se concluyó que, cuando no existe una emergencia exigiendo
    el acceso inminente y una persona exige o insiste que las autoridades

    gubernamentales no efectúen un registro sin previa orden judicial la

    Constitución impide la condena por negarse a dar el consentimiento al

    registro. 5

          Retirado el consentimiento implícitamente brindado -por ficción

jurídica- por un conductor a que se le extraiga una muestra de sangre,

solo se justifica la extracción de la muestra sin orden judicial, si se cumple

a cabalidad con todas las exigencias constitucionales. En tal sentido, en

Missouri y. McNeely,'6 el Tribunal Supremo Federal mantuvo la norma de

que un registro personal sin orden judicial puede ser razonable en casos

de extracción de sangre donde existan circunstancias apremiantes. Sin

embargo, aclaró que la mera absorción de alcohol no es suficiente per se

para establecer la circunstancia apremiante que releve a las autoridades

de obtener una orden judicial previa.'7 La absorción natural del alcohol en

la sangre puede justificar la existencia de circunstancia apremiante en

ciertos casos, pero no de forma automática ni categórica.

          Por medio de dictum, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Mcneely destacó algunos de los factores que se pueden considerar. Estos

son: 1) una situación de emergencia;'8 2) los procedimientos disponibles
para adquirir una orden;'9 3) retrasos previstos en la obtención de una

''   Pueblo y. Santiago Alicea I, supra, pág. 237; Pueblo y. Santiago Alicea I, supra.
'    387 US 523, 540 (1967).
15  Id. at 540. Situaciones análogas surge en situaciones donde hay que sopesar el
derecho a la libertad de expresión vs. alteración a la paz o exposiciones obscenas.
16 Missouriv. McNeely, 569 US 141 (2013).
'7 Richards y. Wisconsin, 520 US 385 (1997).
18 Id., pág. 1567.
'° Id., pág. 1568.
     KLCE2O23O 1125 -VOTO DISIDENTE                                                            9

     orden judicial;2° 4) demoras inusuales en la obtención de una orden

    judicial;2' 5) demoras por el curso normal del proceso de solicitud de

     orden judicial;22 6) la disponibilidad de un magistrado para emitir la

     orden;23 7) la necesidad de la policía para atender un accidente de

     tránsito;24 8) la metabolización natural del alcohol en la sangre;25 así como
     9), los problemas prácticos de obtener una orden judicial dentro de un

     marco de tiempo que conserve la oportunidad para obtener evidencia

     confiable 26

               En Puerto Rico, el Tribunal Supremo ha indicado que ni siquiera la

    excepción de situaciones de emergencia "significa que todo accidente de

    tránsito constituya, por sí mismo, una emergencia médica que conlleve la

    aplicación de la excepción propia de una situación de emergencia".27

              En la vista a la que el acusado tiene derecho para que el Estado

    demuestre, además de motivos fundados e indicios claros, la existencia de
    las      circunstancias apremiantes,         los tribunales tienen que             evaluar
e   cuidadosamente, primero, si la obtención de la orden judicial previa es
    razonablemente factible. Si lo es, a la luz de los avances tecnológicos

    que facilitan y adelantan su expedición, los agentes están obligados a

    obtenerla.28 Si la obtención de la orden judicial no es factible, el tribunal
    tiene que evaluar, entre otros factores, la pérdida de la evidencia -por

    ciento de alcohol en el organismo-, ocasionada por la metabolización

    natural del alcohol en el torrente sanguíneo. Ello, dirigido a concluir que

    20 Id., pág.
                 1568. ("No doubt, [...] cases will arise when anticipated delays in obtaining a
    warrant will justify a blood test without judicial authorization"].
    21
       Id., pág. 1567.
    22
         Id., pág. 1563.
    23   Id., pág. 1568.
    24 Id.
    25 Id.
    26 Id.
    27 Pueblo y. Báez
                       López, 189 DPR 918, 933 (2013).
    28 Véase: McDonald y.
                            United States, 335 US 451(1948). Hoy día es muy posible iniciar y
    concluir el proceso de solicitud de la orden judicial, aun desde las mismas patrullas o
    vehículos de la Uniformada, a través de una computadora o desde el mismo teléfono
    móvil. State y. Hay, 946 N.W.2d 190 (2020).
 KLCE2O23O 1125 -VOTO DISIDENTE                                                10

 existen circunstancias extraordinarias que justifican extraer sangre sin

 orden judicial pues la obtención de dicha orden es impracticable.

       En otro ángulo importante de la discusión de este caso, es

 importante distinguir entre lo que constituye no consentir a que se

extraiga la muestra de sangre y lo que es oponerse a que se realice la

extracción utilizando fuerza fisica. En el primer caso, la persona que se
niega o no presta su consentimiento a la extracción de sangre puede muy

bien cooperar con el personal hospitalario para que se le extraiga la sangre
sin que ello implique que consintió y renunció con ello a su derecho a que

se obtenga previamente una orden judicial. El segundo supuesto ocurre
cuando la persona, además de no prestar su consentimiento opone

resistencia o fuerza física para evitar que se le extraiga la sangre. Ambos

casos han sido atendidos diferenciadamente por basta jurisprudencia
federal,29 aplicándole criterios diferentes al revisar la validez del

procedimiento ¯30

                                       A.

       De los hechos particulares de este caso surge que, tras identificar a

la señora Colón Justiniano, los agentes Hernández Meléndez y Lasalle, se

dispusieron a extraerle las muestras de sangre. Tras los agentes

informarle que le extraería una muestra de sangre como parte del
protocolo de accidentes graves y fatales, la señora Colón Justiniano se

negó a firmar las advertencias de ley correspondientes a estos casos que le

leyó el agente. A pesar de la colaboración brindada por el esposo de la

señora Colón Justiniano para que esta accediera a firmar las advertencias,

esta insistió en no hacerlo. Este fue el primer incidente en que era obvio y

fácilmente detectable, el sentir de la señora Colón Justiniano en no

consentir a que se le realizara la extracción de sangre.

29 Véase: Hammer y. Gross, 932 F.2d 842 (1991); People y. Ryan, 171 Cal. Rptr 854
(1981).
3° Se sigue la doctrina establecida en Graham y. Connor, 490 US 386 (1989).
KLCE2O23O1 125-VOTO DISIDENTE                                            11

      Cuando la enfermera Viviana Alicea se disponía a extraerle la

sangre, la señora Colón Justiniano reaccionó flexionando su brazo un

ángulo de noventa (90) grados y pegándolo a su cuerpo, de manera de que

no pudiera extraérsele la muestra. Ante la exigencia de la enfermera a que

extendiera el brazo, la señora Colón Justiniano insistió con su cabeza en

negarse.

      Tan evidente era la negativa de la señora Colón Justiniano, que el

agente   Hernández Meléndez, en lugar de solicitar una orden judicial,

recurrió al esposo de la señora Colón Justiniano para que lo ayudara a

convencerla a que accediera a la extracción. Eli esposo, siguiendo las

instrucciones del agente, le pidió a su esposa que cooperara, a lo que esta,

nuevamente se negó.

      A pesar de que evidentemente la señora Colón Justiniano había

retirado su consentimiento implícito y se negaba a que voluntariamente le

extrajeran su sangre, el agente no hizo ninguna gestión para solicitar al

tribunal que expidiera una orden para poder obtener la muestra en contra

de su voluntad. Transcurrido un periodo de tiempo, la señora Colón

Justiniano, presumiblemente presionada por la presencia de los agentes
de la Policía y, peor aún, de su esposo quien le insistía en que cooperara,

finalmente no opuso resistencia ni empleó fuerza fisica para evitar a

que se le extrajera la muestra. En ese momento la enfermera le halO y

estiró el brazo para poder sacarle la sangre. Luego de retirar el brazo en

más de una ocasión durante el proceso para tomarle la muestra de sangre,

la acusada hizo un gesto con la mano para que la enfermera avanzara,

mientras su esposo intervenía por tercera vez para pedirle que cooperara.

Extraída la muestra, la señora Colón Justiniano no quiso firmar el

documento de 'Parte de Remisión" a la enfermera y al agente Hernández.

      De estos hechos debidamente establecidos se derivan varias

conclusiones de derecho importantes. Primero, el retiro del consentimiento
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implícito por parte de la señora Colón Justiniano, a través de su conducta

no verbal, fue claro desde un principio. Lo evidenció, entre otras cosas, su
negativa a firmar las advertencias de ley, seguida de su gesto de encoger

su brazo para evitar se le extrajera la muestra de sangre. Igual lo evidenció
el hecho de que su esposo tuviera que insistir en varias ocasiones en que

cooperara con las autoridades.

      Una segunda conclusión es que, ante la falta del consentimiento de

la señora Colón Justiniano en que se le extrajera su sangre, los agentes no

hicieron el más mínimo esfuerzo de obtener la orden judicial que
expresamente ordena la ley que se obtenga antes de extraer la muestra de

sangre. Aunque no existía impedimento alguno para hacerlo, optaron por,

con el propósito de omitir su deber como funcionarios del orden público,

en insistir directa y a través del esposo de la señora Colón Justiniano, en
que esta accediera a que se extrajera la muestra de sangre.

      Finalmente, el que la señora Colón Justiniano no se opusiera

mediante fuerza fisica a que se le extrajera la sangre, no significa que

brindó su consentimiento a que se hiciera. Como he indicado, una cosa es

no consentir a la extracción y otra es, oponerse a ello mediante fuerza

fisica. En este caso, si bien al final del proceso la señora Colón Justiniano

extendió su brazo y le manifestó a la enfermera «dale, dale" para que

procediera con la extracción, ello no implicó, como intimó el Foro a quo y

hoy avalan los compañeros de Panel, que consintiera implícitamente a la

extracción de la muestra de sangre.

      Por el contrario, los hechos revelan que la señora Colón Justiniano

nunca consintió a que se invadiera su cuerpo para extraerse la muestra de
su sangre. Al final, agotada por la insistencia de los agentes de la Policía,

la enfermera y su esposo, optó por no resistirse a la extracción, aunque

nunca prestO válidamente su consentimiento para ello. Al avalar la
postura del foro recurrido,    pasamos por alto la exigencia doctrinaria
 KLCE2O23O1 125 -VOTO DISIDENTE                                           13

vigente de que el consentimiento no esté sujeto a interpretación, debiendo

 ser claro e inequívoco.3'

          Por entender que la extracción de la muestra de sangre de la señora

 Colón Justiniano se apartO del mandato expreso de la ley y violentó su

 protección constitucional contra registros irrazonables, así como de la

 doctrina jurisprudencial interpretativa, debió haber sido suprimida. Por

 ello, respetuosamente disiento.

          En San Juan, Puerto Rico, a      de marzo de 2024.

                                                          Juez   Apelaciones

31   Pueblo y. Tribunal Superior, supra.