Court Opinion

ID: 9962658
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:39:24.633425+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:22.128731
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL V

CARLOS DALECCIO MOLINA                         Certiorari acogido
                                               como Apelación
          Apelante                             procedente del
                                               Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
              v.                KLCE202400144 Superior de Carolina
                                             1

                                                   Núm. Caso:
LIDELIZ TORRES VIRUET                              F DI2017-0104 (302)

          Apelada                                  Sobre:
                                                   Ruptura Irreparable
Panel integrado por su presidente; el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos el señor Carlos Daleccio Molina (señor

Daleccio o apelante) mediante recurso de Certiorari2 presentado el 2

de febrero de 2024, en el que nos solicita la revisión de la Orden

emitida el 4 de diciembre de 2023, notificada el 5 de diciembre de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Carolina. Mediante el aludido dictamen, el foro primario denegó una

solicitud de modificación de pensión y plan de pago instada por el

señor Daleccio.

      Por    los    fundamentos    que   exponemos      a   continuación,

confirmamos la determinación recurrida.

                                    I.

      Por ser esencial para la mejor comprensión de los asuntos

planteados, acogemos los hechos desglosados en la Sentencia que

este panel emitió el 31 de agosto de 2023, en el recurso

1 El caso de epígrafe se asigna a este Panel Especial conforme a la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, emitida el 4 de noviembre de 2021, con
efectividad a partir del 10 de enero de 2022.
2 Acogemos el recurso de certiorari como una apelación por ser el mecanismo

adecuado para la revisión de la determinación recurrida. Sin embargo, por
motivos de economía procesal, conservamos la designación alfanumérica
asignada por la Secretaría de este Tribunal.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLCE202400144                                                          2

KLCE202300754 entre las mismas partes de epígrafe, la cual recoge

el tracto procesal desde sus comienzos, a saber:

       Conforme surge del expediente que está ante nos, el 11 de
   mayo de 2023, se llevó a cabo la vista final sobre revisión de
   pensión alimentaria ante la Examinadora de Pensiones
   Alimentaria (EPA). En dicha vista, se presentó evidencia de los
   gastos de dos menores [de edad] la[s] cuales son hijas de las
   partes de epígrafe. Una vez escuchada la prueba y sometido el
   caso, la EPA emitió su Informe. En este realizó un trasfondo de
   los ingresos de las partes, así como un análisis de los gastos
   suplementarios de las menores. De esta forma, la EPA concluyó
   su Informe con las siguientes recomendaciones al juez Fernando
   Abreu Arias:

      1. El Sr. Carlos Daleccio Molina, pagará una pensión
         alimentaria por períodos de:

      a. Del 16 de abril de 2021 hasta el 31 de julio de 2021,
         $1,688.00 mensual.

      b. A partir del 1 de agosto de 2021, $2,507.00 mensual,
         pagaderos a razón de $579.00 semanal, a través de
         Asume, mediante orden de retención de ingresos.

      2. Los gastos médicos extraordinarios mayores de
         $50.00, graduación, uniformes, materiales, libros y
         matrícula escolar, serán asumidos por las partes a
         razón de sus respectivos ingresos, donde el padre aportará
         el 79% y la madre el 21%, a ser rembolsados en un
         término de treinta (30) días, previa notificación,
         consentimiento y presentación de evidencia de pago. La
         parte que incurra en el gasto tendrá quince (15) días para
         remitir el recibo, so pena de entenderse renunciado.

      3. La deuda por concepto de retroactividad es de
         $25,362.00, fue calculada desde el 16 de abril de 2021
         hasta el 31 de mayo de 2023. Se recomienda un plan de
         pago de $100.00 semanales hasta el saldo de la deuda.

      4. Se recomiendan $1,000.00 por concepto de honorarios de
         abogado, a ser satisfechos en o antes de 60 días, mediante
         pago directo a la madre custodia.

      5. Las partes deberán conservar evidencia de los pagos
         realizados de la pensión alimentaria.

       Así las cosas, el 22 de mayo de 2023, el señor Daleccio
   presentó una Moción Aceptando Capacidad Económica. Mediante
   esta, alegó que luego de analizar la prueba presentada por la
   recurrida, aceptó pagar el cien por ciento (100%) de los gastos
   razonables de sus hijas menores de edad. En ese sentido, se
   comprometió a satisfacer dos terceras partes de los gastos
   relacionados a alimentos en el hogar, gastos de servicio de
   electricidad y renta. De igual manera, adujo que pagaría la
   totalidad de los gastos del colegio de las menores, las clases de
   karate, las tutorías que ya estaban contratadas, los gastos
   médicos no cubiertos por el plan médico y una cantidad destinada
   a la compra de ropa.

      Evaluado estos planteamientos, el TPI emitió una Orden el 25
   de mayo de 2023 y notificada el 2 de junio de 2023, en la cual
   declaró No Ha Lugar la moción de aceptación de capacidad
   económica fundamentándose en que el caso ya había sido
   sometido.
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       Así pues, el 30 de mayo de 2023, el TPI dictó una Resolución
   en la cual acogió las recomendaciones de la EPA y por
   consiguiente, le impuso al señor Daleccio el pago de una pensión
   alimentaria mensual de $2,507.00, los cuales serían pagaderos
   a razón de $579.00 semanal a través de ASUME mediante orden
   de retención de ingresos. Asimismo, se le impuso el pago de
   $25,362.00 por concepto de deuda de pensión retroactiva y el
   pago de $1,000.00 en honorarios de abogados. Finalmente, se
   ordenó que los gatos médicos extraordinarios mayores de $50.00,
   graduación, uniformes, materiales, libros y matrícula escolar
   serian asumidos por las partes a razón de sus respectivos
   ingresos.

      En desacuerdo, el 5 de julio de 2023, el señor Daleccio recurrió
   ante nos y formuló el siguiente señalamiento de error:

           Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No
           Ha Lugar la moción aceptando capacidad económica
           en la cual el recurrente aceptó cubrir el 100% de los
           gastos razonables de los menores.

       Ante la controversia planteada, el 31 de agosto de 2023, este

Panel del Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del TPI.

El ratio decidendi consistió en lo siguiente:

               En el caso de autos, el señor Daleccio presentó su
       moción de capacidad económica el 22 de mayo de 2023, once
       (11) días luego de haberse celebrado la vista final de esta
       controversia y haberse evaluado la prueba sobre la capacidad
       económica de los padres y la necesidad de las menores. De
       igual manera, dicha moción aceptando capacidad económica
       se presentó posterior a que la EPA rindiera su Informe. Por
       ello, al no haberse admitido capacidad económica durante el
       trámite de este caso, regía lo establecido por la Ley de
       Sustento de Menores y las Guías. A tenor con el análisis que
       antecede, colegimos que el TPI no actuó incorrectamente al
       denegar la moción asumiendo capacidad económica. Por lo
       tanto, el error imputado no se cometió.

       Así las cosas, referente a la controversia planteada en el

recurso de epígrafe, el 13 de octubre de 2023, el señor Daleccio

presentó una Moción Solicitando Modificación de Pensión y Plan de

Pago3. En síntesis, alegó que la determinación emitida el 11 de mayo

de 2023 por la EPA era errada, al omitir en el cálculo de la pensión

alimentaria las deducciones mandatorias por ley. Por tanto, solicitó

que se recalculara el monto de la pensión alimentaria, así como el

retroactivo resultante.

       Por su parte, el 7 de noviembre de 2023, la señora Lideliz

Torres (señora Torres o recurrida), presentó Moción en Oposición a

3 Véase Exhibit VI del Apéndice del Recurso.
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Moción Solicitando Modificación de Pensión y Plan de Pago 4. Adujo

que la solicitud del apelante estaba a destiempo, debido a que la

Resolución sobre alimentos es una final y firme.

       El 4 de diciembre de 2023, notificada el 5 de diciembre de

2023, el TPI emitió una Orden5, en la cual determinó lo siguiente:

               La pensión fue fijada el 30 de mayo de 2023. La misma
       fue fijada imputándole el ingreso que informó al momento de
       solicitar un préstamo y en atención a sus estilos de vida.
       Luego, recurrió al Tribunal de Apelaciones y nada reclamó
       sobre la cuantía establecida por lo que la solicitud esta
       cuando menos a destiempo y no procede en derecho. Cabe
       mencionar que en su solicitud no aduce hecho alguno que
       no estuviese presente al tiempo que fue fijada la pensi[ó]n;
       no hay hechos que adjudicar. Además, la parte en su moción
       del 22 de mayo de 2023 le pidió al Tribunal que se aceptara
       la capacidad y que se haría responsable del 100% de los
       gastos de sus hijas.

       En desacuerdo, el 19 de diciembre de 2023, el señor Daleccio

presentó una Moción de Reconsideración6, en la que fundamentó su

solicitud al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil7.

Específicamente, sostuvo que del Informe de la EPA se desprende un

error en el cálculo de la pensión alimentaria, al no descontarle las

deducciones mandatorias por ley. Asimismo, indicó que, en el

recurso que presentó previamente ante este foro revisor, no solicitó

revisión de la pensión porque entendía que el cálculo matemático

era susceptible de corrección por el TPI.

       El 21 de diciembre de 2023, notificada el 3 de enero de 2024,

el foro primario emitió una Orden8 en la que declaró no ha lugar la

solicitud de reconsideración.

       Inconforme aún, el 2 de febrero de 2024, el señor Daleccio

acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló al

TPI la comisión del siguiente error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha
       Lugar la moción solicitando modificación de pensión por
       error matemático en el cálculo.

4 Véase Exhibit VII del Apéndice del Recurso.
5 Véase Exhibit VIII del Apéndice del Recurso.
6 Véase Exhibit XI del Apéndice del Recurso.
7 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
8 Véase Exhibit X del Apéndice del Recurso.
KLCE202400144                                                               5

       Examinado el recuso, el 7 de febrero de 2024, emitimos una

Resolución, en la cual le concedimos un término de diez (10) a la

parte apelada para presentar su postura. En consecuencia, el 20 de

febrero de 2024, la señora Torres compareció mediante Oposición a

“Certiorari”.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                         II.

                                      -A-

       En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de los

progenitores de brindar alimentos a los menores de edad es parte

esencial del derecho a la vida consagrado en la Sec. 7 del Art. II de

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA,

Tomo 19. Por tal razón, los casos de alimentos de menores de edad

están revestidos del más alto interés público10. Del mismo modo, la

pensión alimentaria debe estar fundamentada en las necesidades de

los menores de edad, considerando siempre todas las circunstancias

del caso, lo cual incluye el estilo de vida de sus progenitores11. Esto

conlleva hacer un balance entre los intereses del menor y la

capacidad       económica     de   los     responsables    de    costear   sus

necesidades12.

       Con el propósito de agilizar los procedimientos de la

reclamación de alimentos, la Ley Núm. 5-1986, según enmendada,

conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento

de Menores13 (Ley Núm. 5-1986), ordenó la creación y la adopción

de unas guías que ayudaran a determinar y modificar las pensiones

alimentarias de manera uniforme de acuerdo con el poder

9 Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145 (2003).
10 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 738 (2009).
11 Ferrer v. González, 162 DPR 172, 180 (2004).
12 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93, 108 (2019).
13 8 LPRA sec. 501 et seq.
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económico de cada progenitor y las necesidades del alimentista14.

Cónsono con ello, se aprobaron las Guías mandatorias para fijar y

modificar pensiones alimentarias en Puerto Rico, según enmendadas,

aprobadas mediante el Reglamento 8529 de 30 de octubre de 2014

(Guías Mandatorias) cuyo propósito es uniformar y facilitar el

cálculo de las pensiones alimentarias para menores basándose en

criterios numéricos y descriptivos15.

       Las Guías Mandatorias toman en consideración el ingreso de

ambos padres y establecen el procedimiento para fijar, modificar o

revisar las pensiones alimentarias. El concepto de pensión

alimentaria      abarca     la    pensión     alimentaria       básica     y   la

suplementaria. Por un lado, la pensión alimentaria básica se

establece tomando en consideración el ingreso neto de la persona no

custodia para establecer su aportación al pago de los gastos

mínimos necesarios incurridos para la crianza del alimentista. Estos

gastos básicos incluyen los gastos de alimentación, transportación,

vestimenta, entre otros16. Por otra parte, la pensión alimentaria

suplementaria es para cubrir los gastos que corresponden a

educación, vivienda y salud17. Para ello se toman en cuenta los

ingresos de ambos padres y se establece la aportación de la persona

no custodia proporcionalmente.

       En cuanto al cómputo del ingreso neto mensual, el Artículo

13 de las Guías Mandatorias establece, en lo pertinente, lo siguiente:

              1. Para obtener el ingreso neto mensual de la persona
       custodia y el de la persona no custodia, se le resta al ingreso
       bruto anual, las deducciones mandatorias anuales y las
       deducciones aceptadas anuales; el resultado se divide entre
       los doce (12) meses del año.

       […]

             4. En los casos en los que a la persona custodia o a la
       persona no custodia se le impute un ingreso bruto, se restará

14 8 LPRA sec. 518.
15 Art. 3 de las Guías Mandatorias, supra.
16 Art. 4 de las Guías Mandatorias, supra.
17 Dicha partida también incluye los gastos por concepto de cuido de niños/as,

cuando la persona custodia se vea obligada a incurrir en los mismos para poder
estudiar o ejercer una profesión u oficio. Art. 4 de las Guías Mandatorias, supra.
KLCE202400144                                                                    7

       por concepto de deducciones mandatorias una partida
       equivalente al 7.65% del ingreso imputado o la suma que
       efectivamente esa persona haya pagado, la que resulte
       mayor. No obstante lo anterior, cuando a cualquiera de las
       partes se le haya imputado ingresos con base en su estilo
       de vida o los gastos que mensualmente cubra, no se le
       hará deducción mandatoria alguna que no sea la que en
       efecto esta demuestre haya pagado. […]. (Énfasis nuestro).

       La pensión alimentaria así fijada siempre está sujeta a

revisión, y puede modificarse por el cambio sustancial en las

circunstancias personales del alimentante o del alimentista. Salvo

circunstancias extraordinarias, tal revisión podrá darse en un plazo

de tres (3) años, desde la última fijación18.

                                       -B-
       La    Regla    49.2    de    Procedimiento       Civil19,   establece    el

mecanismo procesal disponible para solicitar al foro primario el

relevo de los efectos de una sentencia en caso de que exista alguno

de los fundamentos establecidos en la misma regla. Se trata de un

mecanismo postsentencia creado con el objetivo de impedir que

sofisticaciones y tecnicismos, puedan privar los fines de la justicia20.

La referida Regla dispone específicamente como sigue:

       Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean
       justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
       representante legal de una sentencia, orden o procedimiento
       por las razones siguientes:

       (a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;

       (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una
       debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo
       para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de
       este apéndice;

       (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
       "intrínseco" y el también llamado "extrínseco"), falsa
       representación u otra conducta impropia de una parte
       adversa;

       (d) nulidad de la sentencia;

       (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
       cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba
       ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería
       equitativo que la sentencia continúe en vigor, o

18 Incisos (c) y (d) del artículo 19 de la Ley Núm. 5-1986, supra, 8 LPRA sec. 518;

Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998).
19 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
20 García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); Náter Cardona

v. Ramos Muñiz, 162 DPR 616, 624, (2004).
KLCE202400144                                                              8

       (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
       remedio contra los efectos de una sentencia.

       [...]

       El precepto procesal de relevo de sentencia tiene el fin de

establecer un justo balance entre dos principios de cardinal

importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Al ponderar la

procedencia de una moción de relevo de sentencia, el tribunal debe

hacer un balance entre los intereses en conflicto. Por un lado, está

el derecho a que toda litigación sea concluida y, por el otro, el

derecho a que en todo caso se haga justicia. Independientemente de

la existencia de alguno de los fundamentos establecidos en la regla

citada, el relevo de sentencia es una decisión discrecional del

tribunal. Únicamente está privado de ejercer su discreción en los

casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. No basta

con demostrar la existencia de alguno de los fundamentos

contemplados en la Regla 49.2, supra. Además, es necesario

convencer al tribunal para que ejerza su discreción y conceda el

remedio.

       Sin embargo, como excepción, nuestro más alto foro ha

dictado que “[u]na interpretación liberal de la Regla 49.2 permite

considerar una moción de reconsideración como una de relevo de

sentencia, aun después de haber transcurrido el término para

considerar la reconsideración o aun después de haber advenido final

y firme la sentencia, cuando dicha moción cumple con los requisitos

establecidos en dicha regla”21. Esto significa que “una parte puede

librarse de los efectos de una sentencia si logra demostrar la

existencia de, al menos, una de las seis causales estipuladas en la

regla”22. Es decir, el Tribunal de Primera Instancia tiene “discreción

21 Pagán Navedo y Otros v. Hon. Edwin Rivera Sierra, 143 DPR 314, 328 (1997);

Reyes v. ELA, 155 DPR 799 (2001).
22 De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007).
KLCE202400144                                                                     9

para considerar la moción [de reconsideración] presentada como

una de relevo de sentencia, si esta calific[a] como tal”23.

       Cuando el tribunal examina una solicitud de relevo de

sentencia,     tiene        que   considerar    ciertos   criterios   a   fin    de

salvaguardar los derechos de las partes envueltas en el litigio. El

juez de instancia deberá estar atento a la existencia de una defensa

válida que oponer a la reclamación del peticionario, el tiempo que

media entre la sentencia y la solicitud de relevo, el perjuicio que

sufriría la parte contraria si se concede el relevo de sentencia y el

perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser concedido el

remedio solicitado24.

       Además,         el    tribunal    debe    determinar      si    bajo      las

circunstancias específicas del caso existen razones que justifiquen

el relevo de la sentencia. Si la parte que solicita el relevo aduce una

buena defensa, además de alguna de las circunstancias previstas en

la Regla 49.2 y el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte

contraria, la balanza debe ser inclinada a favor de la reapertura25.

       La moción de relevo de sentencia debe presentarse dentro de

un término razonable que no exceda los seis meses establecidos en

la Regla 49.2, supra. Cuando la solicitud de relevo está basada en

fraude entre las partes tiene que ser presentada dentro del término

de seis meses de haberse registrado la sentencia. Sin embargo, ese

plazo es inaplicable cuando se trata de una sentencia nula por

fraude al tribunal, en cuyo caso, incluso puede presentarse un pleito

independiente26.

       No obstante, una moción de relevo al amparo de esta regla

no sustituye una moción de reconsideración o un recurso de

revisión27. No puede usarse “para impugnar cuestiones sustantivas

23 Íd., pág. 508; Reyes v. ELA, supra.
24 Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, 145 DPR 816, 825 (1998).
25 García Colón et al v. Sucn. González, supra, págs. 540-541.
26 Íd., pág. 543; Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, supra, pág. 824.
27 Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 (2003).
KLCE202400144                                                             10

que debieron levantarse antes de la sentencia como defensas

afirmativas, o luego de la sentencia en un recurso de revisión"28.

                                      III.

       En su recurso, el señor Daleccio señala que incidió el TPI al

declarar no ha lugar su Moción Solicitando Modificación de Pensión

y Plan de Pago, en la cual solicitó como remedio que se corrigiera un

alegado error matemático en el cálculo de la pensión alimentaria

constitutivo a la omisión de las deducciones mandatorias. Luego de

examinar detenidamente los argumentos esbozados por las partes y

los documentos que obran en el expediente apelativo, determinamos

que actuó correctamente el foro primario.

       Conforme a los hechos antes reseñados, el 30 de mayo de

2023, el foro primario fijó la pensión alimentaria en controversia.

Seguidamente, el 5 de julio de 2023, el señor Daleccio recurrió ante

nos mediante un recurso de certiorari en el que cuestionó la

denegatoria del foro primario a una moción asumiendo capacidad

económica29. No obstante, nada planteó el señor Daleccio respecto

al cálculo matemático que llevó a la pensión alimentaria establecida.

Posteriormente, en el presente recurso, manifiesta no haber

solicitado revisión de la pensión, en ese entonces, por entender que

el cálculo matemático era susceptible de corrección por el TPI.

       Por tanto, colegimos que el apelante pretende la revisión y

corrección de presuntos errores que debieron ser planteados en los

correspondientes recursos de reconsideración, apelación o revisión,

y que tal solicitud es improcedente a tenor con el derecho

establecido al considerar una solicitud de relevo bajo la Regla 49.2

de Procedimiento Civil, supra. En ese sentido, el profesor Rafael

Hernández Colón opina que la Regla 49.2 “...aplica solo a sentencias,

28 Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003).
29 Véase Sentencia en el recurso KLCE202300754, emitida y notificada el 31 de

agosto de 2023.
KLCE202400144                                                                     11

órdenes o procedimientos de carácter final en el proceso. No aplica

a sentencias cuya finalidad es indefinida como las relativas a

custodia o alimentos. Tampoco aplica a resoluciones interlocutorias.

El término fatal de seis meses que la misma provee solo tiene sentido

al aplicarlo a determinaciones que concluyen el proceso”30.

       Además, en el presente caso, la pensión alimentaria fue fijada

imputándole al señor Daleccio el ingreso que informó al momento

de solicitar un préstamo y en atención a su estilo de vida. Sobre ello,

el Artículo 13 de las Guías Mandatorias dispone expresamente que

“cuando a cualquiera de las partes se le haya imputado ingresos con

base en su estilo de vida o los gastos que mensualmente cubra, no

se le hará deducción mandatoria alguna que no sea la que en efecto

esta demuestre haya pagado”31. Cabe mencionar que el apelante

tampoco nos puso en condiciones para determinar sobre cuáles

deducciones mandatorias alega tenía derecho a reclamar.

       En virtud de lo anterior, concluimos que la determinación del

foro primario es correcta en derecho. En consecuencia, confirmamos

el dictamen impugnado por el señor Daleccio.

                                        IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

determinación recurrida.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones

30 R. Hernández Colón, Practica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta

Ed., Lexis Nexis de P.R. 2017, a la pág. 453.
31 Art. .3 de las Guías Mandatorias, supra.