Court Opinion

ID: 9952354
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:20.58051+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:18.499142
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

Paola S. Rodríguez Díaz                               REVISIÓN
                                                      ADMINISTRATIVA
        Recurrida                                     procedente del
                                                      Departamento de
             vs.                                      Asuntos del
                                     KLRA202400014    Consumidor
Flash Auto Imports,                                   Querella Núm.:
Inc.                                                  SAN-2022-0012725
Popular Auto LLC
                                                      Sobre: Compraventa
        Recurrente                                    de Vehículos de
                                                      Motor

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                     SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos, Flash Auto Imports, Inc. (FAI o parte

recurrente), quien presenta recurso de revisión administrativa en

el que solicita la revocación de la “Resolución” emitida el 22 de

noviembre de 2023,1 por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACo). Mediante dicha determinación, el DACo

decretó la resolución del contrato de compraventa suscrito entre la

parte recurrente y la señora Paola S. Rodríguez Díaz (Sra.

Rodríguez Díaz o parte recurrida).

       Examinada la solicitud de autos, el “Alegato en Oposición a

Recurso de Revisión”, la totalidad del expediente y el estado de

derecho aplicable ante nuestra consideración, confirmamos el

dictamen      mediante         los    fundamentos    que   expondremos     a

continuación.

                                          I.

       Tras la compra de un vehículo de motor, el 1 de diciembre de

2022, la Sra. Rodríguez Díaz presentó una “Querella” ante el DACo

1 Notificada en igual fecha.

Número Identificador

SEN2024 ___________
KLRA202400014                                                     2

contra FAI y Popular Auto LLC (Popular Auto). En esencia, alegó

que el vehículo adquirido presentaba desperfectos mecánicos, y

que tenía un motor que no le correspondía a ese carro. Por esto,

solicitó la cancelación del contrato de compraventa.

       Se señaló vista en su fondo para el 13 de octubre de 2023, a

la cual comparecieron ambas partes.         Tras un análisis de la

prueba documental y testifical presentada, el 22 de noviembre de

2023,2 el DACo emitió una “Resolución” mediante la cual formuló

las siguientes determinaciones de hecho, las cuales hacemos

formar parte íntegra del presente dictamen:

       1. Mediante contrato fechado 5 de agosto de 2022, la
       querellante Rodríguez Díaz, adquirió de los querellados
       Flash Auto Imports, un vehículo usado descrito en el
       contrato como un Kia del año 2017, Modelo Soul, Color
       Silver, número de motor (VIN #) KNDJP3A5XH7431914.
       2. El precio de compra pactado por las partes fue por la
       suma de $18,995.00 más $995.00 por un ‘protector’. El
       precio fue satisfecho en su totalidad por la querellante
       mediante un pronto pago por la suma de $3,000.00 y
       financiando un balance de $16,990.00 por medio de
       Popular       Auto,      número       de       préstamo
       82200136800260001.
       3. El primero de diciembre de 2022 se radica la querella
       de epígrafe alegando en síntesis que el vehículo venía
       presentando varios desperfectos y que el ‘motor no le
       correspondía al carro’. Se solicitó la cancelación
       inmediata del contrato.
       4. Con fecha de 6 de marzo de 2023 se presentó un
       primer informe de inspección indicando los desperfectos
       que presentaba el vehículo y que en ese momento eran
       reparables. Oportunamente, la parte querellante
       presentó objeción a dicho informe, solicitó la re
       inspección del vehículo para que de esta manera se
       pudiera corroborar la alegación en torno al número de
       motor.
       5. La re inspección del vehículo se llevó a cabo el 9 de
       agosto de 2023. Entre otras cosas, se concluyó por el
       técnico que “el vehículo no está apto para correr en las
       carreteras por reglamentaciones estatales y federales.
       Registración de motor requerido por el negociado de
       vehículos hurtados en la policía de Puerto Rico. Control
       de emisiones por la EPA federal, DACO, y Calidad
       Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
       Testificó que el número de serie (VIN #) es como una
       ‘huella dactilar’. Aparte de la registración del motor,
       testificó que los demás desperfectos que presenta el
       vehículo son reparables.

2 Notificada en igual fecha.
KLRA202400014                                                                   3

        6. Conforme se desprende del informe de re inspección,
        el número de serie del motor del vehículo en cuestión es
        KNDJ33AU1L7023992.
        7. Conforme se desprende de la certificación emitida por
        el DTOP fechada 14 de agosto de 2023, ese número de
        motor corresponde a un Kia Soul del año 2020 color
        blanco, registrado a nombre de Universal Insurance
        Company.
        8. La Sra. Aida Merle Ibarra, dueña del dealer de autos
        querellado, testificó que se dedicaba desde hace más de
        10 años a comprar vehículos en subasta, acepto que el
        tipo de problema que se presenta en este caso puede
        surgir cuando se compran vehículos en subasta y
        admitió que este vehículo ella no lo inspeccionó para
        asegurarse que los números de motor y de la caja eran
        los mismos. Testificó estar dispuesta a reparar el
        vehículo incluyendo reemplazar el motor de ser
        necesario.

        Considerando la reglamentación aplicable, el DACo razonó

que, antes de vender el vehículo, FAI tenía que completar el

registro del motor.          Asimismo, determinó que, al momento de la

venta, la parte recurrente debía informarle a la parte recurrida que

el motor no era el original. Sin embargo, concluyó que la evidencia

admitida demostró que ninguna de estas condiciones se cumplió.

Ante ello, dispuso que el vehículo adquirido por la Sra. Rodríguez

Díaz no puede ser utilizado en las vías públicas del País.                    Por

entender que los incumplimientos recaen sobre “el corazón del

vehículo”,3      entiéndase,         sobre   un   aspecto     determinante     del

contrato, y considerando que el desperfecto no puede ser corregido,

resolvió que procedía la resolución del contrato de compraventa

suscrito entre ambas partes. Así, ordenó a FAI y Popular Auto a

restituir, solidariamente, el pronto pagado y las mensualidades

satisfechas, más el pago de angustias mentales y honorarios de

abogado.

        Inconforme, el 9 de diciembre de 2023, FAI presentó una

“Moción       Solicitando       Reconsideración”     y,     entre   otras   cosas,

argumentó que: (1) no tenía conocimiento sobre el motor

incorrecto, (2) nunca se probó su intención de ocultar información

3 Véase, “Resolución” a la pág. 9.
KLRA202400014                                                    4

relacionada al motor, (3) tampoco se demostró que el vehículo no

funcionaba en forma normal, (4) los problemas que enfrenta el

vehículo no impiden su funcionamiento normal, y (5) siempre

estuvo a disposición de ayudar a la parte recurrida y sus

actuaciones fueron de buena fe.

        Atendida su solicitud, el 13 de diciembre de 2023,4 el DACo

emitió una “Resolución” declarando No Ha Lugar la “Moción

Solicitando Reconsideración” presentada por la parte recurrente.

De esta forma, se dejó en pleno vigor y efecto la determinación

recurrida.

        Aún insatisfecha, FAI recurre ante este foro apelativo

intermedio, y señala la comisión del siguiente error:

        Erró el Honorable DACO al decretar la resolución del
        Contrato de Compraventa; ordenar solidariamente a las
        querelladas al pago del pronto y mensualidades
        efectuadas por la querellante en esta transacción;
        ordenar el pago del interés legal correspondiente; más
        el pago de $1,000 por angustias mentales.

                                           II.

                                           -A-

        En virtud de la Ley Núm. 7 del 24 de septiembre de 1979, 10

LPRA sec. 2051 et seq., mejor conocida como la Ley de Garantías

de Vehículos de Motor, según enmendada, el DACo adoptó el

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm.

7159 del 6 de junio de 2006 (en lo sucesivo, Reglamento de

Garantías). Este último cumple varios propósitos, tales como: (1)

proteger al consumidor y sus inversiones en la adquisición de

vehículos de motor; (2) procurar que el vehículo sea seguro y

cumpla con el propósito por el cual fue adquirido; y (3) prevenir

prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor. Véase, Art. 2

del Reglamento de Garantías. Por esta razón, las disposiciones de

4 Notificada el 14 de diciembre de 2023.
KLRA202400014                                                            5

este cuerpo reglamentario deberán interpretarse liberalmente y en

favor del consumidor. Véase, Art. 4 del Reglamento de Garantías.

      En lo que nos concierne, la Regla 30 del Reglamento de

Garantías dispone que, al momento de vender un vehículo de

motor usado que fue impactado y reparado posteriormente, el

vendedor deberá notificar este detalle al consumidor. No tan solo

deberá    indicárselo   verbalmente,      sino    que    también   deberá

plasmarlo por escrito en el contrato de compraventa. Íd.

      A su vez, la Regla 31 del Reglamento de Garantías establece

que, para poder vender un vehículo usado, es necesario que este

haya pasado por la inspección que requiere la ley. Asimismo, el

vendedor deberá asegurarse “que tenga el ‘vin number’ en todas

las piezas”. Íd.

      En caso de que un vehículo usado tenga defectos, el

vendedor posee una oportunidad razonable para repararlos.

Véase, Regla 29 del Reglamento de Garantías. Sin embargo, si el

vendedor no quiere o no puede reparar el defecto dentro de un

término razonable, el DACo está facultado para decretar la

resolución del contrato o reducir el precio de venta, a elección del

comprador. Íd.

                                    -B-

      En virtud del Art. 1261 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9851,

la persona que transmite un bien a título oneroso está obligada al

saneamiento de la cosa vendida. Esta obligación de saneamiento

existe en casos de evicción, o cuando hay defectos o vicios ocultos

en la cosa vendida. Íd. En este último caso, entiéndase, cuando

existen   defectos   ocultos   en    el   bien,   el    transmitente   será

responsable, aunque los ignore. Íd.

      Ahora bien, para que los vicios ocultos puedan ser objeto de

saneamiento, deben cumplirse los siguientes criterios: (1) el bien

fue transmitido a título oneroso, (2) el vicio es preexistente al
KLRA202400014                                                       6

momento de la venta, (3) este no era conocido por el adquirente, (4)

se trata de un defecto grave o suficientemente importante para

hacer la cosa impropia para el uso a que se le destina o que

disminuya de tal modo su utilidad que, de haberlo conocido el

adquirente, no la habría comprado o habría dado menos precio por

ella, y (5) que se ejercite la acción dentro del plazo legal. Véase,

Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9871; Ferrer v. General

Motors Corp., 100 DPR 246, 255-256 (1971).

      Si se cumplen estos criterios, “[e]l adquirente puede optar

por reclamar la subsanación o reparación de los defectos, la

entrega de un bien equivalente o resolver total o parcialmente el

contrato”.    Art. 1263 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9853.        No

obstante, la resolución total del contrato solo procede cuando el

defecto recae sobre un aspecto determinante para la adquisición

del bien. Íd. A su vez, “el adquirente solo tiene derecho al

resarcimiento de los daños sufridos si el transmitente actuó con

dolo”. Íd.

                                    -C-

      El Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5311 et al,

define el contrato como “el negocio jurídico bilateral por el cual dos

o más partes expresan su consentimiento en la forma prevista por

la ley, para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones”. Art.

1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9751. Adicionalmente,

establece que “[e]l contrato queda perfeccionado desde que las

partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa,

salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de una

formalidad solemne o cuando se pacta una condición suspensiva”.

Art. 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9771. Una vez las partes

prestan      su   consentimiento,    éstos   quedarán   obligados   al

cumplimiento de la obligación pactada, ya que “[l]o acordado en los

contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante sus sucesores y
KLRA202400014                                                        7

ante terceros en la forma que dispone la ley”. Art. 1233 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 9754. Así, para que un contrato se considere

válido, se requiere que concurran tres elementos esenciales, a

saber: (1) consentimiento de los contratantes, (2) objeto cierto del

contrato y (3) la causa de la obligación que se establezca. Aponte

Valentín et al. v. Pfizer Pharm., 208 DPR 263 (2021). La falta de

alguno de ellos será causa de nulidad del contrato y, por tanto,

inexistente en el orden jurídico. Rosario Rosado v. Pagán Santiago,

196 DPR 180, 188 (2016).

      Ahora bien, un contrato puede ser nulo de su faz cuando

hay ausencia total de consentimiento, o meramente anulable

cuando existe algún vicio de la voluntad, y este fue determinante

para su otorgamiento.     Art. 286 del Código Civil, 31 LPRA sec.

6192. Los vicios de la voluntad son: (1) el error, (2) el dolo, (3) la

violencia y (4) la intimidación. Art. 285 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 6191. La prueba de la existencia del vicio y de su carácter

incumbe a quien lo alega. Art. 286 del Código Civil, supra. En

aquellos casos en los que se aduce que la voluntad del otorgante

estuvo viciada por dolo, el causante de éste quedará sujeto a la

indemnización de los daños y perjuicios resultantes. Íd. Nuestro

Código Civil distingue entre dos tipos de dolo: (1) dolo incidental y

(2) dolo grave. La distinción entre uno y otro radica en las

circunstancias en las que ocurre el dolo, lo que a su vez determina

el efecto que tendrá sobre el negocio jurídico.

      El dolo incidental es aquél que no tiene una influencia

decisiva en la esencia de la obligación. Colón v. Promo Motor

Imports, Inc., 144 DPR 659, 667 (1997). En otras palabras, ya la

parte tenía la voluntad de contratar, pero existe un engaño en el

modo en que se celebra el negocio jurídico. Íd. O sea, que el dolo

incidental solo facilita la celebración del contrato, ya que, sin éste,

el contrato de todas formas se hubiera celebrado, aunque bajo
KLRA202400014                                                       8

distintas condiciones. Íd. Este tipo de dolo no invalida el negocio

jurídico, pero su autor debe indemnizar el daño causado, salvo que

exista dolo recíproco. Art. 294 del Código Civil, 31 LPRA sec. 6213.

Por su parte, el “[d]olo grave es la acción u omisión intencional por

la cual una parte o un tercero inducen a otra parte a otorgar un

negocio jurídico que de otra manera no hubiera realizado”.       Art.

292 del Código Civil, 31 LPRA sec. 6211.      A diferencia del caso

anterior, el dolo grave se refiere a aquellos casos en los que no

existe predisposición de la parte para realizar el acuerdo, sino que

ésta presta su consentimiento precisamente por la acción u

omisión intencional constitutiva del dolo. En estos casos, “si la

acción u omisión no provoca la realización del negocio jurídico, el

perjudicado puede reclamar los daños y perjuicios que sufra”. Íd.

El dolo ha sido entendido como “todo un complejo de malas artes,

contrario a las leyes de la honestidad e idóneo para sorprender la

buena fe ajena, generalmente en propio beneficio”. SLG Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 63 (2011), citando a L.

Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 6ta ed.

Navarra, Ed. Thomson/Arazandi, 2007, Vol. I, pág. 170.             El

elemento objetivo del dolo puede consistir en cualquier conducta

como    astucias,   argucias,   mentiras,   sugestiones,   artificios,

invención de hechos falsos, ocultación de los existentes o en

suministrar referencias incompletas de éstos. SLG Ortiz-Alvarado

v. Great American, supra, a las págs. 64-65. El dolo “se caracteriza

como la infracción voluntaria y consciente de un deber jurídico que

ocasiona al otro contratante un perjuicio del que debe responder”.

Íd. a la pág. 68, citando a Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854,

865 (1982).

                                -D-

       El mecanismo de acumulación de parte indispensable está

regulado por la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
KLRA202400014                                                       9

R.16.1, establece que “[l]as personas que tengan un interés común

sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia, se harán

partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según

corresponda”. El “interés común” al que hace referencia la

precitada regla, no se refiere a cualquier interés que una parte

pueda tener en el pleito, sino a “un interés real e inmediato, no

especulativo ni a futuro, que impida la confección de un remedio

adecuado porque podría afectar o destruir radicalmente los

derechos de esa parte ausente”. RPR & BJJ, Ex Parte, 207 DPR

389, 408 (2021).

      La doctrina sostiene que una parte indispensable es “aquella

persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos o

inevitablemente afectados por una sentencia dictada, estando esta

persona ausente del litigio”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 371.

En otras palabras, es aquella parte de la cual no se puede

prescindir, pues, de lo contrario, las cuestiones litigiosas no

pueden adjudicarse correctamente, ya que su presencia es

indispensable para conceder un remedio final y completo sin

afectarlo. López García v. López García, 200 DPR 50, 63 (2018).

      Ahora   bien,   “[l]a   omisión   de   incluir   a   una   parte

indispensable incide sobre el debido proceso de ley que cobija al

ausente”. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 511

(2015). Por tanto, el mecanismo establecido en la Regla 16.1 de

Procedimiento Civil, supra, parte de dos principios fundamentales:

(1) garantizar la protección constitucional de que una persona no

sea privada de la libertad y propiedad sin un debido proceso de ley,

y (2) la necesidad de que el decreto judicial emitido sea completo.

López García v. López García, supra, a la pág. 64.

      Es por esto que nuestro Tribunal Supremo ha expresado

que, “[a]nte la ausencia de una parte indispensable, el tribunal
KLRA202400014                                                       10

carece de jurisdicción para resolver la controversia”.        Bonilla

Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677-678 (2012). Al incidir

tal ausencia sobre la jurisdicción del tribunal, deberá entonces

desestimarse la acción. Íd., a la pág. 678. A tenor, la falta de parte

indispensable constituye una defensa irrenunciable, la cual puede

presentarse en cualquier etapa del litigio, incluso en la apelativa.

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007). En

consecuencia, los tribunales apelativos deben levantar motu

proprio la falta de parte indispensable, debido a que ésta incide

sobre su jurisdicción. Íd., a las págs. 223-224. No obstante, dicha

desestimación no tiene el efecto de una adjudicación en los méritos

ni de cosa juzgada. Íd., a la pág. 224.

      Adicionalmente, nuestro Alto Foro ha expresado que la

interpretación de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra,

requiere de un enfoque pragmático. Romero v. S.L.G. Reyes, 164

DPR 721, 732 (2005). Es decir, su aplicación no depende de una

fórmula rígida, sino que “[l]a determinación de si debe acumularse

a una parte en un pleito depende de los hechos específicos de cada

caso”. López García v. López García, supra, a la pág. 65. Por

consiguiente, los tribunales tienen el deber de realizar un análisis

sobre los derechos de las partes que no estén presentes y de las

circunstancias particulares del pleito: el tiempo, el lugar, las

alegaciones, la prueba y las clases de derechos e intereses en

conflicto. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, supra, a las págs.

511-512.

                                 -E-

      En nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las

agencias administrativas están investidas de una presunción de

legalidad y corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204

DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR

870, 893 (2008).    Lo anterior se fundamenta en el conocimiento
KLRA202400014                                                       11

especializado y la experiencia (expertise) sobre la materia que su

ley habilitadora le confiere jurisdicción.       Assoc. Ins. Agencies,

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997); Misión Ind. P.R.

v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). En otras palabras,

el conocimiento especializado de la agencia justifica que se

sostengan sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro

ejercicio de revisión judicial, le debemos gran deferencia a las

decisiones emitidas por los foros administrativos. Pérez López v.

Dpto. Corrección, 208 DPR 656, 673-674 (2022); Super Asphalt v.

AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021).

      Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan

irrazonable que implique abuso de discreción. OCS v. Point Guard

Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. A. R.

Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). Esto significa que el tribunal

respetará el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base

racional     que   fundamente   la   actuación   administrativa.   ECP

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v.

J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así, la revisión judicial suele

limitarse a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia

fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho

fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).

      Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un

dogma inflexible que impide la revisión judicial si no existen las

condiciones que sostienen la deferencia. En el caso de Torres

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016), el Tribunal Supremo

se expresó sobre el alcance de la revisión judicial y mencionó lo

siguiente:
KLRA202400014                                                       12

       [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
       una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando:
       (1) la determinación administrativa no está basada en
       evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en
       la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos
       que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo
       administrativo     actuó    arbitraria,   irrazonable   o
       ilegalmente, realizando determinaciones carentes de
       una base racional, o (4) la actuación administrativa
       lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es
       importante destacar que, si el tribunal no se encuentra
       frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más
       de una interpretación razonable de los hechos procede
       que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. Íd., a la pág. 628.

       Por ende, como norma general, el tribunal revisor le debe

respeto y deferencia al dictamen administrativo. No obstante, si el

foro revisor entiende que uno de estos factores está presente,

podrá entonces modificar la decisión.          De lo contrario, se

abstendrá a ello. Es pertinente enfatizar que la doctrina no exige

que la agencia tome la mejor decisión posible, sino que el criterio a

evaluar es si la misma, dentro de las circunstancias particulares

del caso, es razonable. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123

DPR 407, 417-418 (1989). Por ende, si existe más de una

interpretación razonable de los hechos, ordinariamente se avalará

la decisión del foro administrativo. Super Asphalt v. AFI y otros,

supra, a la pág. 819; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, a la pág.

628.

       En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la

sección 4.5 de la de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico limita la discreción del tribunal revisor

sobre las determinaciones de hecho que realiza la agencia

administrativa. 3 LPRA sec. 9675. Como consecuencia, la revisión

judicial de los tribunales para determinar si un hecho se considera

probado o no se limita conforme la siguiente norma:

       El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si
       determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.
KLRA202400014                                                       13

       Las determinaciones de hechos de las decisiones de las
       agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan
       en evidencia sustancial que obra en el expediente
       administrativo.
       Las conclusiones de derecho serán revisables en todos
       sus aspectos por el tribunal. Ley Núm. 38-2017, 3
       LPRA sec. 9675.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de

evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind.

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 131. Además, dicho Foro ha reiterado

que:

       Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en
       el expediente administrativo no es sustancial es
       necesario que la parte afectada demuestre que existe
       otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o
       menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de
       que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir
       que la evidencia sea sustancial, en vista de la prueba
       presentada y hasta el punto que se demuestre
       claramente    que    la   decisión    [del  organismo
       administrativo] no está justificada por una evaluación
       justa del peso de la prueba que tuvo ante su
       consideración. Domínguez v. Caguas Expressway
       Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999); Hilton Hotels v.
       Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1953).

       Por tal razón, es la parte que impugna la decisión

administrativa la que tiene que producir evidencia de tal magnitud

que conmueva la conciencia y tranquilidad del juzgador, de forma

que éste no pueda concluir que la decisión de la agencia fue justa,

porque simple y sencillamente la prueba que consta en el

expediente no la justifica. Ello implica que “[s]i en la solicitud de

revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra

prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser

sostenidas   por   el   tribunal   revisor”.   Domínguez   v.   Caguas

Expressway Motors, supra, a la pág. 398; Ramírez v. Depto. de

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999).
KLRA202400014                                                             14

                                       III.

        Según revela el tracto procesal ya discutido, el DACo emitió

una “Resolución” mediante la cual decretó la resolución del

contrato de compraventa suscrito entre las partes. Esto, tras

determinar la existencia de un vicio oculto que recae sobre un

aspecto     determinante        para     la    adquisición   del   vehículo.

Específicamente, porque FAI no completó el registro del motor y,

conforme la reglamentación aplicable, el vehículo adquirido por la

Sra. Rodríguez Díaz no puede ser utilizado en las vías públicas del

País.

        En su escrito, FAI alega que la “Resolución” del DACo gravita

únicamente bajo la figura del saneamiento por evicción, y que no

procede la nulidad del contrato bajo dicha figura.                 Además,

sostiene que no se presentó prueba de vicios ocultos que

justifiquen el remedio concedido. No le asiste la razón.

        En primer lugar, debemos mencionar que, tras una lectura

del dictamen recurrido, se desprende con meridiana claridad que,

el remedio otorgado por el DACo fue el saneamiento por vicios

o defectos ocultos, consistentes en que: (1) el motor que tenía

el vehículo no estaba registrado a nombre del vendedor, y (2) el

vendedor no le informó este defecto al comprador verbalmente

ni por escrito.       Según surge de la “Querella” presentada por la

Sra. Rodríguez Díaz, esta última optó por reclamar la “cancelación

inmediata del contrato de compraventa”,5 remedio que el DACo

estaba facultado para conceder, al amparo del Art. 1263 del Código

Civil, supra.

        En el presente caso: (1) el vehículo fue transmitido a título

oneroso, (2) al tiempo de la adquisición el vehículo no tenía motor

registrado, por lo que el vicio es preexistente al momento de la

venta, (3) la Sra. Rodríguez Díaz desconocía este hecho, (4) se trata

5 Véase, “Querella” a la pág. 6; apéndice pág. 23.
KLRA202400014                                                       15

de un defecto grave que hace la cosa impropia para el uso a que se

le destina, ya que impide que el vehículo pueda ser utilizado en las

vías públicas del País, y (5) la parte recurrida presentó su causa de

acción dentro del plazo legal de 6 meses. Por estimar que se han

cumplido todos los requisitos necesarios para que opere la figura

del saneamiento por defectos ocultos, actuó correctamente el DACo

al conceder el remedio solicitado.       Sin duda, el defecto que

presenta el vehículo recae sobre un aspecto determinante para la

adquisición del bien, por lo que procede la resolución total del

contrato.

      Contrario a la postura del recurrente, la “Resolución”

recurrida no le imputa a FAI responsabilidad por evicción.

Claramente, no estamos ante una sentencia firme o resolución

administrativa inapelable por la cual se haya vencido al adquirente

en virtud de un derecho anterior a la adquisición.

      Por otro lado, FAI cuestiona la partida de $1,000.00 que el

DACo le impuso como pago en daños por angustias mentales. Su

contención es que, “no se alegó ni se probó durante la vista

administrativa vicios o defectos ocultos de la cosa vendida

conocidos por Flash Auto y no manifestados a la Querellante”. En

otras palabras, la parte recurrente aduce que, como desconocía los

vicios o defectos ocultos, la Sra. Rodríguez Díaz no tenía derecho a

que se le indemnizara por los daños y perjuicios ocasionados.

Diferimos.

      Lo cierto es que, en este caso, FAI debió conocer el

defecto. Como ya discutimos, la Regla 31 del Reglamento de

Garantías dispone que, para poder vender un vehículo usado, es

necesario que este sea inspeccionado, y que el vendedor se

asegure “que tenga el ‘vin number’ en todas las piezas”.

(Énfasis provisto). A pesar de lo anterior, la Sra. Aida Merle Ibarra,

dueña del dealer querellado, testificó que ella no inspeccionó el
KLRA202400014                                                                          16

vehículo para asegurarse que los números de motor y de la

caja eran los mismos.6 Somos del criterio que, el no ofrecerle la

información correcta a la parte recurrida impidió que esta última

tuviese     un     conocimiento         completo       de    todos     los      elementos

relacionados con la unidad que adquiría, privándosele así de emitir

un consentimiento informado.

        La Sra. Rodríguez Díaz actuó conforme a la creencia de que

el vehículo que estaba comprando era apto para ser transitado por

las vías públicas del País. Ciertamente, el hecho de que el motor

del vehículo no estaba registrado a nombre del vendedor era un

elemento esencial a considerar al momento de contratar. Esto es

evidente cuando, tan pronto se percata del problema, la parte

recurrida presenta su reclamación y solicita la cancelación del

contrato de compraventa.

        Tras evaluar los hechos particulares del presente caso,

concluimos que FAI actuó de manera dolosa al no divulgar esta

información, viciando así el consentimiento de la compradora. La

parte recurrente no actuó accidentalmente o por desconocimiento,

sino ignorando la reglamentación aplicable a su negocio que, de

haberse cumplido, se hubiese procurado un consentimiento válido

por parte del comprador. Para llegar a esta conclusión no solo

consideramos la reglamentación aplicable, sino también el hecho

de que la dueña del dealer querellado testificó que se dedicaba

desde hace más de 10 años a comprar vehículos en subasta, y

aceptó que el tipo de problema que se presenta en este caso puede

surgir cuando se compran vehículos en subasta.7

        Por ende, habiéndose determinado la existencia del dolo,8

procede la concesión de daños al amparo del Art. 1263 de nuestro

Código Civil, supra.          Recordemos que, para efectos de los vicios

6 Véase, “Resolución” determinación de hecho número 8.
7 Véase, “Resolución” determinación de hecho número 8.
8 El Art. 1263 del Código Civil, supra, solo exige que el transmitente haya actuado con

dolo. Por lo que, resulta inconsecuente si el dolo fue incidental o causante.
KLRA202400014                                                              17

ocultos, el desconocimiento que pudiera tener la parte recurrente

en cuanto a los números de motor es irrelevante, puesto que el

transmitente será responsable, aunque ignore los defectos.               Art.

1261 del Código Civil, supra.

       Adicionalmente, FAI nos solicita decretar la nulidad de los

procedimientos administrativos ante el DACo, por falta de parte

indispensable. Su postura es que, como el motor está registrado a

nombre de Universal, y ésta no se ha incluido en el pleito, estamos

impedidos de conceder un remedio sin lesionar o afectar sus

derechos. Tampoco tiene razón.

       Cónsono con el derecho discutido en el acápite anterior, la

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, requiere de un enfoque

pragmático. Por lo que, al momento de determinar si Universal es

parte indispensable, debemos evaluar los hechos específicos del

caso. Luego de tal consideración, concluimos que Universal no es

parte indispensable en la acción de epígrafe.                La controversia

que atendemos estriba sobre la resolución de un contrato de

compraventa del cual Universal no es parte. Aunque el DACo

determinó que el número de serie del motor del vehículo en

cuestión es KNDJ33AU1L7023992,9 y que ese número corresponde

a un vehículo registrado a nombre de Universal,10 lo cierto es que,

ello no le otorga a Universal un interés real e inmediato que impida

la confección de un remedio en este caso. Atendemos el

incumplimiento de la parte recurrente con las reglamentaciones

aplicables al negocio de compraventa de vehículos usados, y las

repercusiones       de    dicho     incumplimiento.       Aunque   la   parte

recurrente omitió registrar el motor, esto no significa que los

derechos e intereses de Universal quedarán afectados por nuestros

pronunciamientos. En vista de lo anterior, determinamos que

9 Véase, “Resolución” determinación de hecho número 6.
10 Véase, “Resolución” determinación de hecho número 7.
KLRA202400014                                                      18

Universal no es parte indispensable en este caso, y no estamos

impedidos de conceder un remedio final y completo sin afectarlo.

      Asimismo, la parte recurrente trae ante nuestra atención

que, en la “Resolución” emitida por el DACo, nada se dispuso en

cuanto a la entrega del vehículo. Como se sabe, nuestro Código

Civil reconoce diversas modalidades de obligaciones condicionales,

incluyendo la suspensiva y la resolutoria. Una condición “es

resolutoria si ocurrido el hecho se extingue el efecto del negocio

jurídico”. Véase, Art. 303 del Código Civil, 31 LPRA 6241. El

contrato de compraventa es uno bilateral que conlleva prestaciones

recíprocas y, como tal, se encuentra implícita la facultad de las

partes para resolver extrajudicialmente el contrato cuando se

incumple una obligación principal.      Véase, Art. 1255 del Código

Civil, 31 LPRA 9823. La resolución de un negocio jurídico opera

retroactivamente y, si el contenido es una prestación de dar, el

objeto debe entregarse o restituirse, incluyendo sus accesorios y

frutos pendientes. Véase, Art. 306 del Código Civil, 31 LPRA 6244.

      En el caso de autos, el DACo emitió una “Resolución” por la

cual decretó la resolución del contrato celebrado entre las partes.

Se trata de un contrato de compraventa cuyo contenido es una

prestación de dar, por lo que, según las disposiciones que

anteceden, el objeto debe restituirse. Por ende, decretada la

resolución del contrato, corresponde la devolución recíproca

de las contraprestaciones. En atención a lo cual le corresponde a

FAI restituir los pagos, y la Sra. Rodríguez Díaz deberá hacer

entrega del vehículo en controversia.

      Finalmente, la parte recurrente alega la existencia de un

enriquecimiento injusto, debido a que se le condenó al pago de las

mensualidades satisfechas por la Sra. Rodríguez Díaz, incluyendo

sus intereses.   Enfatiza que dichos intereses sólo beneficiaron a

Popular Auto.
KLRA202400014                                                                         19

        Es norma reiterada que, una parte no puede hacer un

planteamiento ante este foro apelativo sin antes haberlo traído

ante la consideración del foro primario, bien sea administrativo o

judicial. Como se sabe, este foro revisor se abstendrá de adjudicar

cuestiones no planteadas ante los foros de primera instancia.

Sánchez Ruíz v. Higueras Pérez, et al, 203 DPR 982, 993 (2020).

Debido a que lo relativo a la figura del enriquecimiento injusto no

fue traído ante el DACo, no consideraremos las alegaciones

relacionadas con este aspecto.11

        Evaluada la totalidad de la prueba presentada, concluimos

que la determinación del DACo fue correcta. La parte recurrente

no aportó evidencia suficiente para derrotar la presunción de

corrección que caracteriza la decisión del foro administrativo. Es

importante enfatizar que, al desempeñar nuestra función revisora,

estamos obligados a considerar la especialización, experiencia y las

cuestiones propias de la discreción o pericia de las agencias

administrativa.        En vista de lo anterior, consideramos que la

agencia      recurrida      no     actuó        de   manera    arbitraria,      ilegal,

irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.

La totalidad de la evidencia que obra en el récord nos obliga a

confirmar el dictamen recurrido.

                                           IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos

formar parte de este dictamen, se confirma la “Resolución”

recurrida,      emitida      por     el    Departamento        de     Asuntos       del

Consumidor.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones

11 No obstante, destacamos que la figura del enriquecimiento sin causa no aplica al caso

de epígrafe, por ser improcedente en derecho.