Court Opinion

ID: 9928487
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:18:48.810098+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:00.250510
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

     CARLOS E. COLÓN                              Certiorari procedente
      BURGOS ET ALS.                              del Tribunal de Primera
       RECURRIDOS                                 Instancia, Sala Superior
                                                  de Caguas
              v.
                               KLCE202301309 Caso Número:
  PEDRO RIVERA DURAN                         CG2023CV01429
        ET ALS
     PETICIONARIO                               Sobre: Sentencia
                                                Declaratoria y otras
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

      Comparecen los demandados-peticionarios, señor Pedro Rivera

Durán (Sr. Rivera Durán), Versatech, Inc. y Versatech Products, Inc.

(Versatech), Prime Development Corporation (Prime) y Tu Farmacia

Móvil Corp. (Tu Farmacia), mediante una Petición de certiorari. Los

peticionarios nos solicitan la revocación de una Orden de Entredicho

Provisional emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial

de Caguas (TPI) el 3 de noviembre y notificada el 9 de noviembre de

2023 (orden recurrida) y que se ordene al TPI a cumplir con la Sentencia

emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS).

                                     I

      Los demandantes y recurridos, el señor Carlos E. Colón Burgos

(Sr. Colón Burgos) y la señora Xiomara S. Rivera Rodríguez (Sra. Rivera

Rodríguez) presentaron, el 8 de mayo de 2023, una Demanda Jurada, en

la cual solicitaron lo siguiente: que el Tribunal reconozca y declare que el

Sr. Colón Burgos es dueño en un 50% de Versatech, Prime, y Tu

Farmacia (las Corporaciones) y que procede la disolución de éstas bajo lo

dispuesto en el Artículo 9.03 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA §

3703, el cual establece un mecanismo expedito para la disolución de

Número Identificador
SEN2023_______________
KLCE202301309                                                                         2

corporaciones dedicadas a una empresa común compuesta por dos

accionistas o igual cantidad de acciones.1

          El mismo día que se presentó la Demanda Jurada, los

demandantes presentaron una Urgente Moción de Entredicho Provisional

e Injunction Preliminar, con el reclamo de que el Sr. Rivera Durán, como

Presidente de las Corporaciones, se encontraba realizando actos

afirmativos con el fin de despojar al Sr. Colón Burgos de su residencia

que pertenece a Prime y de varios automóviles del Sr. Colón Burgos y de

la Sra. Rivera Rodríguez que pertenecen a varias de las Corporaciones.

El propósito de solicitar ese remedio extraordinario es prevenir que el Sr.

Rivera Durán tenga acceso a la participación que le corresponde al Sr.

Rivera Durán como codueño de las Corporaciones.

          Los     demandados        presentaron         una   Moción   solicitando    la

desestimación del entredicho provisional e injunction preliminar.2 Los

demandantes presentaron una Oposición/réplica a “Moción solicitando la

desestimación del entredicho provisional e injunction preliminar”,3                  los

demandados presentaron una Réplica a oposición a Moción solicitando la

desestimación del entredicho provisional e injunction preliminar,4 y, los

demandantes presentaron una Dúplica en oposición a mal llamada

“Moción solicitando la desestimación del entredicho provisional e

injunction preliminar”.5

          El 7 de agosto de 2023, se emitió una Resolución, notificada el 9

de agosto de 2023, por el Honorable Benicio G. Sánchez La Costa del

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.6 En el dictamen

recurrido, se dispuso lo siguiente:

          LUEGO     DE     EXAMINAR      LA   DEMANDA,
          CONTESTACIONES       A       DEMANDA      Y/O
          RECONVENCIONES PRESENTADAS EN ESTE CASO,
          ASÍ COMO LOS ESCRITOS PENDIENTES A FAVOR Y EN
          CONTRA DE LA SOLICITUD DE LA DEMANDANTE PARA

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-140.
2 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 180-190.
3 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 191-225.
4 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 226-234.
5
    Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 235-252
6 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 317.
KLCE202301309                                                                         3

        QUE SE EXPIDA UNA ORDEN DE ENTREDICHO
        PROVISIONAL/INJUNCTION PRELIMINAR, PROCEDE
        QUE EL SUSCRIBIENTE SE INHIBA DE CONTINUAR
        FUNGIENDO COMO JUEZ DEL CASO POR LOS
        FUNDAMENTOS EXPRESADOS EN LA RESOLUCIÓN
        SOBRE INHIBICIÓN DE ESTA FECHA.7

        SIN EMBARGO, EN ÁNIMO QUE NO SE ALTERE EL
        “STATUS QUO” ENTRE LAS PARTES EN LO QUE SE
        DILUCIDA LA SOLICITUD/OPOSICIÓN AL ENTREDICHO
        PROVISIONAL/INJUNCTION PRELIMINAR PENDIENTE
        DE CONSIDERACIÓN, DISPONEMOS QUE LAS PARTES
        CODEMANDADAS NO REALIZARÁN NINGÚN ACTO DE
        LOS ESPECIFICADOS EN LAS PÁGINAS 24 Y 25
        INCISOS 1 AL 6 DE LA SOLICITUD DE ENTREDICHO
        PROVISIONAL FECHADA 8 DE MAYO DE 2023,
        ENTRADA NÚM. 2 DE SUMAC EN LO QUE SE REALIZA
        LA TRANSFERENCIA DE SALA DEL CASO. (Énfasis
        nuestro.)

        Inconformes, los peticionarios recurrieron ante este Tribunal de

Apelaciones mediante el recurso número KLCE202300913. El 31 de

agosto de 2023, emitimos una Resolución que denegó la expedición del

auto de certiorari.

        Aún inconformes, los peticionarios recurrieron al Tribunal Supremo

mediante un recurso de certiorari. El 5 de octubre de 2023, se emitió una

Sentencia por el Tribunal Supremo que dispuso lo siguiente:

        No existe controversia en torno a que el Juez Sánchez La
        Costa se inhibió motu propios de los procedimientos ante su
        consideración. Siendo así, éste estaba impedido de
        intervenir en el caso desde el momento en que conoció la
        causa que lo inhabilitaba. Véase Mun. de Carolina v. CH
        Properties, supra, pág. 710.

        En vista de lo anterior, se revoca la Resolución del Tribunal
        de Apelaciones del 31 de agosto de 2023 y se devuelve el
        caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una
        vista de injunction preliminar inmediatamente, en
        conformidad con lo aquí dispuesto.8

        El mandato al TPI fue expedido el 23 de octubre de 2023, y

transcurridos 11 días sin que se haya emitido una orden por el TPI en

cumplimiento con lo ordenado en la Sentencia del Tribunal Supremo, los

7 Véase, Resolución de inhibición, Apéndice del recurso, págs. 322-323. En esencia, el

Magistrado explicó que, en la Demanda Jurada de la parte demandante-recurrida del
epígrafe se hicieron alegaciones en torno a los licenciados Christian Francis Martínez y
José Gueits Ortiz, quienes se encontraban entre las preinhibiciones del Hon. Sánchez La
Costa.
8 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 345.
KLCE202301309                                                           4

recurridos presentaron, el 3 de noviembre de 2023, una Moción

solicitando calendarización de vista de injunction preliminar conforme al

mandato del Tribunal Supremo.9 Se expone en esa moción que las

razones por las cuales solicitan un injunction preliminar continúan

latentes, por lo que solicitaron que, conforme al mandato del Tribunal

Supremo, se calendarize la vista de injunction preliminar en noviembre o

a principios de diciembre.10

        El TPI emitió el 3 de noviembre de 2023 la orden recurrida en la

cual dispuso lo siguiente:

        El caso está señalado para el 21 de marzo de 2024 a las
        9:00AM mediante videoconferencia.

        Es la fecha hábil más próxima en nuestro calendario.

        Se concede el entredicho provisional hasta la fecha de la
        vista.11

        Inconformes, los peticionarios presentaron una Petición de

certiorari, con el siguiente señalamiento de error:

        Actuó ultra vires, incumplió el mandato del Tribunal
        Supremo y abusó de su discreción el TPI al conceder la
        orden de entredicho provisional y al no señalar
        inmediatamente la vista de interdicto preliminar.

        Además, los peticionarios presentaron una Moción en Auxilio de

Jurisdicción, en la cual solicitaron que se paralizaran los efectos de la

Orden recurrida. El 27 de noviembre de 2023 emitimos una Resolución

que dispuso se declaró ha lugar la Moción en auxilio de jurisdicción,

dejó sin efecto la orden recurrida, emitida el 3 de noviembre de 2023 y

notificada el 9 de noviembre de 2023; y se paralizaron los

procedimientos ante el TPI, hasta que otra disposición emita este

Tribunal de Apelaciones.

                                             II

        A. Certiorari

        El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

9 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 347-349.
10 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 348.
11 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 350.
KLCE202301309                                                            5

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012). En nuestro ordenamiento procesal civil, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo siguiente:

      […]

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
      Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por
      el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
      recurso de apelación que se interponga contra la sentencia
      sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales.

      La norma establecida es que el asunto que se nos plantee en el

auto de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que

esta regla enumera taxativamente bajo que materias, solamente, se podrá

expedir el auto de certiorari. Se ha reiterado que las partes deben

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o

resoluciones interlocutorias sobre materias que no están especificadas en

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales

la materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente.

      Por consiguiente, procede realizar un análisis dual para determinar

si se expide o no un recurso de certiorari. Este examen consta de una

parte objetiva y otra parte subjetiva. En primer lugar, tenemos que

analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida

dentro de una de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1
KLCE202301309                                                                 6

de Procedimiento Civil, supra. Superada esta etapa, corresponde analizar

si bajo la discreción concedida a este tribunal revisor mediante la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

40, debemos o no expedir el auto de certiorari. La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios

que nos corresponde tomar en consideración para determinar si

expedimos o no un auto de certiorari, como sigue:

       1. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       2. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.
       3. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.
       4. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.
       5. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración
       6. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio
       7. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

       De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del

procedimiento en que es presentada; [a los fines de] determinar si es la

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido

o una dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da

en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”, sino que como Tribunal

revisor debemos ceñirnos a los criterios antes señalados. Si luego de

evaluar los referidos criterios, decidimos no expedir el recurso, podemos

fundamentar nuestra determinación, pero no tenemos la obligación de así

hacerlo.

       Los     foros   apelativos    no    debemos      intervenir   con    las

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación
KLCE202301309                                                             7

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la]

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

       B. Injunction

       El Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

3521, define el remedio de injunction como “un mandamiento judicial

expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a

una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga

por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique

el derecho de otra.”12 Se trata de un remedio extraordinario que “es, por

naturaleza, dinámico: ‘se caracteriza por su perentoriedad, por su

acción dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el

régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del

transgresor del orden jurídico.’” Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et al,

154 DPR 333, 367 (2001), que cita a Noriega v. Gobernador, 130 DPR

919, 932 (1992) que cita a Peña v. Federación de Esgrima de P.R. 108

DPR 147, 154 (1978).

       La Regla 57 de Procedimiento Civil,13 dispone sobre los remedios

de entredicho provisional, el injunction preliminar y el injunction

permanente, la vista en sus méritos. En cuanto a los criterios para expedir

una orden de entredicho provisional o injunction preliminar, la Regla

57.3 de Procedimiento Civil, supra, establece que el tribunal deberá

considerar, entre otros, los siguientes:

       (a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte
       peticionaria.
       (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un
       remedio adecuado en ley;
       (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;
       (d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;
       (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se
       solicita, y
       (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte
       peticionaria.14

12 Véase, Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 485-486 (2014).
13 32 LPRA Ap. V, R. 57 (Reglas 57.1-57.7).
14 32 LPRA Ap. V, R. 57.3.
KLCE202301309                                                            8

      La Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone sobre la

orden de entredicho, en lo pertinente al recurso ante nuestra

consideración, lo siguiente:

      […]

      Toda orden de entredicho provisional concedida sin
      notificación previa llevará constancia de la fecha y la hora de
      su expedición; será archivada inmediatamente en la
      Secretaría del tribunal y registrada; en ella se definirá el
      perjuicio y se hará constar por qué el mismo es irreparable y
      la razón por la cual se expidió la orden sin notificación
      previa, y de acuerdo con sus términos expirará dentro de un
      período de tiempo después de ser registrada, que será
      fijado por el tribunal y no excederá de diez (10) días, a
      menos que sea prorrogada dentro del término así fijado por
      causa justa probada y por un período de tiempo igual, o a
      menos que la parte contra la cual se haya dictado la orden
      dé su consentimiento para que sea prorrogada por un
      período mayor. Las razones que haya para tal prórroga se
      harán constar en el récord. En caso de que se dicte una
      orden de entredicho provisional sin notificación previa, la
      moción para un auto de injunction preliminar será
      señalada para ser vista en la fecha más próxima que sea
      posible y tendrá preferencia sobre todos los demás
      asuntos, excepto aquellos que sean más antiguos y de la
      misma naturaleza. Cuando la moción sea llamada para
      vista, la parte que obtuvo la orden de entredicho provisional
      procederá con su solicitud de injunction preliminar y, si así
      no lo hace, el tribunal la dejará sin efecto. Con dos (2) días
      de aviso a la parte que obtuvo la orden de entredicho
      provisional, sin aviso o previo aviso por un término más
      corto a dicha parte según lo disponga el tribunal, la parte
      adversa podrá comparecer y solicitar la disolución o
      modificación de la orden, y en ese caso se procederá a oír y
      resolver la moción con toda la prontitud que requieran los
      fines de la justicia. (Énfasis nuestro.)

                                    III

      Los peticionarios nos señalan en su Petición de certiorari que el

TPI actuó ultra vires, incumplió el mandato del Tribunal Supremo y abusó

de su discreción el TPI al conceder la orden de entredicho provisional y al

no señalar inmediatamente la vista de interdicto preliminar. Según el

derecho expuesto, para determinar si debemos expedir el recurso de

certiorari solicitado, en primer lugar, nos corresponde determinar si el

asunto planteado versa sobre alguna de las materias contenidas en la

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil. En el presente recurso, el

asunto versa sobre un asunto civil sobre un remedio extraordinario sobre

unas peticiones de entredicho provisional y de un injunction preliminar,
KLCE202301309                                                           9

por lo cual, se trata de un asunto que requiere nuestra atención para

evitar un fracaso irremediable de la justicia.

        Luego de evaluar detenidamente la Petición de certiorari, y

conforme a lo expuesto sobre los eventos procesales y al derecho

aplicable esbozado, resolvemos que procede emitir el auto de certiorari, y

revocar la orden recurrida porque se cometió el error señalado.

        El Juez del TPI incumplió con la Sentencia del Tribunal Supremo

antes citada, en la cual le ordenó que señalara la vista de injunction

preliminar inmediatamente; no lo hizo. Señaló la vista para el 21 de marzo

de 2024, más de 4 meses después de emitido el mandato de la Sentencia

del Tribunal Supremo. El marco de la inmediatez requerida por el Tribunal

Supremo es lo dispuesto en la Regla 57 .1 de Procedimiento Civil, supra.

Además, emitió una orden de entredicho provisional hasta la vista

señalada para el 21 de marzo de 2024, que incumple los criterios

dispuesto en la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra, para emitir la

misma.

                                      IV

        Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari, se

revoca la orden recurrida en su totalidad, y, se ordena al TPI que

señale la vista de injunction preliminar ordenada en la Sentencia del

Tribunal Supremo, para una fecha no mayor de 10 días desde la

notificación de esta Sentencia emitida en el caso del epígrafe.

        De conformidad con lo dispuesto Regla 35 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones,15 se suspenden los efectos del mandato.

        Notifíquese a las partes y al Juez Elías Rivera Fernández,

Tribunal Superior, Sala de Caguas.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

15 4 LPRA Ap. XII-B. R. 35.