Court Opinion

ID: 9952188
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:26:12.506196+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:10.760238
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   Panel II

   ÁNGEL ADORNO CONDE                             Apelación
         Apelante                                 procedente del
                                                  Tribunal de
                                    KLAN202301150 Primera Instancia,
                v.                                Sala de Humacao

                                                      Caso Núm.
AMGEN          MANUFACTURING                          HU2022CV00024
LIMITED
             Apelada                                  Sobre:
                                                      Represalias en el
                                                      empleo (Ley Núm.
                                                      115 de 20 de
                                                      diciembre de 1991)
                                                      Procedimiento
                                                      Sumario (Ley Núm. 2
                                                      de 17 de octubre de
                                                      1961)

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Jueza Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

      Comparece el señor Ángel Adorno Conde, (señor Adorno Conde,

querellante o apelante), a través de un recurso de apelación, solicitando la

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Humacao, (TPI), el 13 de diciembre de 2023. En el contexto

de un pleito laboral, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción Sentencia

Sumaria presentada por Amgen Manufacturing Limited (Amgen, apelada o

patrono), al concluir que el señor Adorno Conde no había demostrado ser

parte de la clase protegida concebida por la Ley de Represalias, infra,

estatuto bajo el cual solicitó remedio.

      Por los fundamentos que expresaremos, corresponde confirmar la

Sentencia emitida.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024___________________
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I.   Resumen de trato procesal pertinente

       El 11 de enero de 2022, el señor Adorno Conde instó una Querella

contra Amgen, en la que alegó haber sido empleado de esta empresa, por

contrato a tiempo indeterminado, desde el 5 de agosto de 1995 hasta el 30

de enero de 2019, fecha en que fue despedido. Adujo que la causa de su

despido fue por un acto de represalia de su patrono, luego de haber

solicitado que fuera investigado cierto incidente laboral, suscitado el 17 de

enero de 2019, con la señora Teresita Rivera (señora Rivera), quien era su

supervisora. Sobre el referido incidente laboral, alegó que se encontraba en

su lugar de trabajo realizando varias de sus funciones cuando, de repente,

la señora Teresita Rivera se presentó donde él estaba y, sin motivo alguno,

le gritó preguntándole el por qué se encontraba allí, insinuando que no

estaba realizando sus funciones. Ante lo cual, este contestó que estaba allí

porque su compañera de trabajo, la señora Michelle Romero, le había

solicitado que la relevara mientras leía unos procedimientos. Adujo haberle

indicado a la señora Rivera que difería de lo que insinuaba, pues las tareas

que había ejecutado estaban documentadas en el lote de ese día. No

obstante, aseveró que la señora Rivera se le acercó y, de forma retante, le

gritó vituperios y se marchó.

       El querellante alegó, además, que, al día siguiente de lo antes

narrado, el 18 de enero de 2019, el señor Jorge Pagán, (señor Pagán),

supervisor de la señora Rivera, se reunió con él y la señora Rivera en torno

al incidente. Sostuvo que, para su sorpresa, la señora Rivera le informó al

señor Pagán que el querellante la había tocado. Ante lo cual, el querellante

le informó al señor Pagán que las alegaciones de la señora Rivera eran

falsas, habiendo cinco empleados o más que podían corroborar su versión

de los hechos, por lo que solicitó que se realizara una investigación. En este

mismo día, el señor Pagán le dio instrucciones al querellante para que se

fuera a su casa, informándole que le serían pagados los días que se
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encontrara fuera de su empleo, hasta que el Departamento de Recursos

Humanos realizara la investigación correspondiente.

       Entonces, luego de que fuera despedido, el querellante adujo haberse

percatado de que la causa de dicho despido fue que el señor Pagán había

tergiversado su testimonio brindado en la reunión del 18 de enero de 2019,

al interpretar que había admitido haber tocado a la señora Rivera.

       En definitiva, el querellante esgrimió la causa de acción provista en

la Ley Núm. 115-1991, Ley contra el despido injusto o represalias a todo

empleado por ofrecer testimonio ante un foro legislativo, administrativo o

judicial, 29 LPRA sec 191, et seq., (Ley de Represalias), porque,

presuntamente, su despido respondió a haber solicitado que se investigara

el incidente aludido, a través de los compañeros de trabajo que estaban en

el lugar y el examen de los videos grabados por las cámaras de seguridad.

La Querella fue presentada bajo el proceso sumario dispuesto por la Ley 2-

1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq., Ley de Procedimiento Sumario de

Reclamaciones Laborales.

       Valga llamar la atención al hecho de que la referida Querella se

circunscribió a solicitar los remedios dimanantes de la Ley de Represalias,

sin incluir una causa de acción por despido injustificado bajo la Ley 80-

1976, Ley sobre Despidos Injustificados, 29 LPRA sec 185(a) et seq, (Ley

80).

       En respuesta, l de abril de 2021, la parte apelada presentó su

Contestación a Querella, admitiendo unas alegaciones y negando otras,

además de esgrimir defensas afirmativas. Respecto a esta últimas, aseveró

que la acción presentada por el querellante no exponía una causa de acción

que justificara la concesión de un remedio, entre otras, porque existían

razones legítimas de negocio para el despido, que no fueron la represalia.

Sobre ello abundó que, el 17 de enero de 2019, el señor Adorno Conde

agredió y tuvo contacto físico con su supervisora, la señora Rivera, en las

facilidades de Amgen. Específicamente, aseveró que, luego de que la señora

Rivera le preguntara al señor Adorno Conde sobre qué labores estaba
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realizando en ese momento, este procedió a halarle la oreja izquierda y a

agarrarle fuertemente el brazo izquierdo, ocasionándole dolor. Que, a partir

de tener conocimiento de este incidente, la compañía llevó a cabo una

investigación en la que, adujo, corroboró la actuación violenta del

querellante hacia la señora Rivera. Por tanto, con el propósito de preservar

el buen y normal funcionamiento de la empresa, Amgen se vio obligado a

despedir al apelante. Añadió que no era la primera vez que el señor Adorno

Conde había sido disciplinado por conducta agresiva y violenta en el

empleo. Por ello, sostuvo que hubiese sido una imprudencia esperar a que

se repitiera este tipo de conducta por el querellante, que va en contra del

deber patronal de mantener un lugar de trabajo libre de riesgos contra la

salud o integridad personal de sus empleados. Es decir, que el despido fue

la consecuencia de la investigación realizada por el patrono sobre el

incidente, no por motivo de lo declarado por el querellado en la reunión con

sus supervisores.

      No obstante, el 17 de noviembre de 2023, Amgen presentó una

Moción de Sentencia Sumaria. Comenzó por afirmar que el señor Adorno

había presentado la Querella solo bajo la Ley de Represalias, y no al amparo

de la Ley 80, pues había pasado más de tres de los hechos alegados, (por

tanto, la causa de acción bajo la Ley 80 estaría prescrita). Por tanto,

continuó advirtiendo Amgen, correspondía al querellante probar que había

realizado una actividad protegida, bajo la definición que de esta ofrece la

Ley de Represalias, y que el patrono lo habría despedido por realizarla, sin

que el TPI tuviera que evaluar si existía justa causa para el despido, pues

esto último correspondía a una causa de acción bajo la Ley 80.

      Entonces, conforme lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, infra,

Amgen procedió a enumerar veintiséis hechos que identificó como

materiales e incontrovertidos, junto a la documentación que, arguyó, los

sustentaban y colocaban al Tribunal en posición de disponer de la causa

de acción de manera sumaria. Entonces, en la sección de dicha moción
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intitulada Derecho aplicable, Amgen sostuvo que los hechos materiales

incontrovertidos establecían que la razón para el despido del querellante

fue las actuaciones violentas descritas en el incidente que tuvo con su

supervisora, y su historial disciplinario, pero no por algún acto en

represalia del patrono, al este presuntamente haber participado en alguna

actividad de las protegidas por la Ley de Represalias. En particular, aseveró

que la presunta actividad protegida alegada por el querellante como causa

para su despido, era un mero subterfugio para esgrimir la protección de tal

legislación, pues la supuesta investigación que solicitó este sobre el

incidente, era la que ya se estaba llevando a cabo por iniciativa de la

empresa, cuando fue reunido con la señora Rivera y el señor Pagán para

hablar sobre el tema. Es decir, que antes de que el querellante solicitara

que se realizara una investigación sobre el referido incidente, ya el patrono

estaba llevándola a cabo y, precisamente, en esta participó el señor Adorno,

según admitió en la deposición que se le tomó, (fragmento que fue

reproducido). Por tanto, al momento en que el querellante fue citado a la

reunión con sus supervisores, este ya conocía que se estaba conduciendo

una investigación sobre el incidente, y podía que podía tener como

resultado su despido.

      Por su parte, el mismo 17 de noviembre de 2023, el querellante

también instó una Moción de Sentencia Sumaria. Inició esgrimiendo que su

despido se debió a un acto de represalia, por haber participado en la

reunión sobre el incidente, y haber prestado declaración allí, solicitando

una investigación sobre los hechos, y quejándose de su supervisora. Que,

a los doce días de dicha reunión fue despedido. Afirmó que existían hechos

medulares que no estaban en controversia y permitían al TPI dictar

sentencia de manera sumaria a su favor. Entonces, conforme lo exige la

Regla 36 de Procedimiento Civil, infra, procedió a enumerar cincuenta y

seis hechos, que juzgó medulares e incontrovertidos, junto a la prueba

documental que presuntamente los sostenían como tales.
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      Establecido lo anterior, en la sección dedicada a la aplicación del

derecho a los hechos, el querellante promovió su teoría legal de que el

despido no fue por cuenta de la supuesta agresión a la supervisora, pues

el señor Pagán observó el video del incidente y se percató de que no había

ocurrido, de modo que tenía que haber sido por que solicitó una

investigación sobre tales hechos. Entonces, pasó es examinar los elementos

que la jurisprudencia ha identificado para establecer prima facie un caso

bajo la Ley de Represalias, siendo en este caso la actividad protegida la

reunión que sostuvo con su supervisor sobre el incidente, al solicitarle que

se investigara lo acontecido, ocasionándole daño tal solicitud de

investigación, pues a los doce días de que la hiciera fue despedido.

      En el último día que el TPI les había concedido a las partes para

presentar sus respectivos escritos en oposición a sentencia sumaria, el 7

de diciembre de 2023, las partes instaron Moción conjunta solicitando breve

extensión de término para presentar oposiciones a mociones dispositivas. En

el primer inciso de esta moción las partes reconocieron que el foro primario

les había concedido hasta el 7 de diciembre de 2023, (pero no las habían

presentado). Por tanto, en mutuo acuerdo solicitaron al TPI que les

concediera una prórroga, hasta el 18 de diciembre de 2023, para presentar

sus respectivos escritos en oposición a sentencia sumaria.

      Al próximo día, 8 de diciembre de 2023, el TPI acogió la petición de

prórroga conjunta, declarando Ha Lugar lo solicitado, concediendo un

término final de diez días de prórroga.

   No obstante, el 8 de diciembre de 2023, el TPI emitió la Sentencia cuya

revocación nos solicita el apelante, desestimando la demanda. Concluyó el

foro apelado que el señor Adorno Conde no participó de una actividad que

accionara las protecciones de la Ley de Represalias. Razonó el mismo foro

que al momento de que el apelante solicitara que se realizara una

investigación, ya esta había sido comenzada por parte de Amgen, a raíz de

la queja de la señora Rivera el día anterior a que se realizara la reunión con
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el apelante. Determinó que el despido del apelante fue el resultado de las

sanciones previas del apelante, (incidentes que particularizó en la

Sentencia), junto al tercer incidente que provocó la reunión con la señora

Rivera y el señor Pagán. Aseveró que el propio apelante había reconocido

en su deposición que conocía que la investigación ya había comenzado,

antes de que fuera por él solicitada. En definitiva, zanjó el Tribunal que el

apelante no había demostrado pertenecer a una clase protegida bajo la Ley

de Represalias, y Amgen demostró contar con razones legítimas para el

despido.

      Para   fines   de   claridad,   reproducimos    a   continuación    las

determinaciones de hechos que enumeró el TPI en su Sentencia:

      1. Amgen es una empresa de biotecnología farmacéutica que
         se dedica al descubrimiento, manufactura y venta de
         medicamentos recetados para tratar a pacientes a nivel
         mundial. La Compañía opera una planta en Juncos, Puerto
         Rico.

      2. Adorno comenzó a trabajar para Amgen como empleado
         regular a tiempo indeterminado el 5 de mayo de 1997,
         ocupando una posición de Manufacturing Operator II. Se
         desempeño en varias posiciones, pero al momento de su
         despido, el querellante ocupaba la posición de Sr. Associate
         Manufacturing.

      3. La querellada evaluó el desempeño laboral del querellante
         anualmente.

      4. El salario más alto devengado por el querellante durante los
         últimos tres (3) años de empleo fue de $22.74 la hora,
         equivalentes a $47,299.20 anuales, $3,941.60 mensuales y
         $909.60 semanales, sin contar beneficios susceptibles de
         cómputo matemático, tales como plan médico, bonos.
      5. La última supervisora del querellante durante su empleo en
         Amgen fue la Sra. Teresita “Teryna” Rivera (“Rivera”). Para
         enero de 2019, Rivera se reportaba al Sr. Jorge Pagán
         (“Pagán”), Sr. Manager de Amgen.

      6. El señor Pagán y la señora Rivera tienen una relación de
         amistad.

      7. Durante los períodos relevantes a esta reclamación, Amgen
         tenía varias políticas aplicables a sus empleados. Incurrir
         en conducta que viole las políticas de Amgen, podía llevar a
         acciones disciplinarias, incluyendo el despido, a discreción
         de Amgen dependiendo de las circunstancias.

      8. Amgen tenía vigente una política que prohíbe el discrimen
         y las represalias en el lugar de trabajo.
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    9. La política anti-represalias de la Compañía también provee
       mecanismos para que los empleados reporten conducta
       discriminatoria o represiva o que de cualquier otra manera
       viole la misma u otras políticas de Amgen, incluyendo
       mecanismos anónimos para reportarla.

    10. El querellante recibió entrenamientos sobre estos
       manuales y políticas y tenía acceso a los mismos a través
       de los sistemas electrónicos de la Compañía, incluyendo el
       Code of Conduct.

    11. El 10 de julio de 2013 el señor Adorno fue suspendido
       de empleo y sueldo por tres (3) días por agredir verbalmente
       a una compañera de trabajo, invadir su espacio personal y
       tocarla deliberadamente.

    12. El 23 de abril de 2014 recibió una amonestación escrita
       y fue colocado en un plan de mejoramiento por incurrir en
       actos de agresión verbal contra compañeros de trabajo.

    13. El 17 de enero de 2019, la señora Rivera reportó que
       mientras se encontraba laborando en el cuarto 1437 de las
       facilidades de Amgen, Adorno la agredió agarrándola por el
       brazo y la oreja.

    14. El 17 de enero de 2019, en horas de la tarde, la señora
       Rivera se comunicó mediante llamada telefónica con su
       supervisor, Pagán, y le reportó la agresión física de Adorno
       hacia su persona.

    15. El 18 de enero de 2019, a las 6:25 a.m., la señora Rivera
       le envió un correo electrónico al señor Pagán en donde le
       informaba el incidente sucedido con el querellante.

    16. El supervisor, el señor Pagán, consultó la situación con
       la Oficina de Recursos Humanos de la Compañía y se
       decidió comenzar una investigación de lo reportado por
       Rivera.

    17.    El 18 de enero de 2019, en horas de la mañana, el
       supervisor reunió al señor Adorno y la señora Rivera en su
       oficina como parte de la investigación del evento reportado
       por ésta el día anterior.

    18. Durante la reunión, a preguntas de Pagán sobre el
       incidente del 17 de enero de 2019, Pagán observó a Adorno
       tocar a Rivera en el brazo y la oreja.

    19. Debido a que la señora Rivera mostro incomodidad de
       que el querellante la tocara nuevamente, el señor Pagán le
       solicitó a la señora Rivera que se fuera de la oficina. De esta
       manera se le daba la oportunidad a que la señora Rivera se
       tranquilizara.

    20. Durante la reunión del 18 de enero de 2019, el
       querellante le pidió al señor Pagán que hiciera una
       investigación sobre lo ocurrido con la señora Rivera el día
       anterior.
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      21. No obstante, ya la investigación había iniciado como
         resultado de la queja de la señora Rivera y por
         recomendación de Recursos Humanos.

      22. Durante la reunión del 18 de enero de 2019, el señor
         Adorno sabía que estaba siendo investigado por el
         supervisor por el evento del 17 de enero de 2019 con la
         señora Rivera y que incluso la investigación podía culminar
         en su despido.

      23.    El señor Adorno nunca se quejó con la Oficina de
         Recursos Humanos de Amgen por alegados malos tratos de
         la señora Rivera hacia su persona.

      24. Debido a sus observaciones durante la reunión del 18 de
         enero de 2019 y a la luz de lo expresado por la señora Rivera
         en cuanto a la agresión física que sufrió el día anterior por
         parte del querellante, el señor Pagán consultó la situación
         con la Oficina de Recursos Humanos de la Compañía.

      25. El señor Pagán accedió a las grabaciones de cámaras de
         seguridad, pero no encontró grabaciones que cubrieran el
         ángulo del lugar donde había ocurrido el evento entre el
         señor Adorno y la señora Rivera.

      26. La Compañía decidió despedir al señor Adorno debido a
         lo observado por el señor Pagán, durante la reunión del 18
         de enero de 2019, en la cual el señor Pagán presenció al
         querellante tocar el brazo y oreja de la señora Rivera. Lo
         anterior se debió a que el señor Adorno hizo esto para
         demostrar lo ocurrido y coincidió con la misma queja
         presentada por la señora Rivera en cuanto al incidente
         entre ambos el día anterior.

      27. Además de tomar en consideración la queja de la señora
         Rivera se tomó en consideración el historial de indisciplinas
         anteriores del señor Adorno.

      29. Adorno fue notificado de su despido el 30 de enero de 2019
         vía llamada telefónica.

      En desacuerdo con la Sentencia, el 26 de diciembre de 2023,

el señor Adorno Conde acudió ante nosotros, mediante recurso de

apelación, alzando los siguientes señalamientos de error:

      Primero: Declarar ha lugar la moción de sentencia sumaria
      presentada por la apelada sin darle la oportunidad al
      apelante de presentar su oposición a la misma, a pesar de
      estar dentro del término concedido por el TPI para ello.

      Segundo: Declarar ha lugar la moción de sentencia sumaria
      presentada por la apelada y dictar sentencia sumariamente
      contra el derecho puesto que sustentó su sentencia en
      prueba documental inadmisible por ser prueba de
      referencia.

      Tercero: Declarar ha lugar la moción de sentencia sumaria
      presentada por la apelada y dictar sentencia sumariamente
      en la que desestimó la reclamación del apelante, a pesar de
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       existir las controversias de hechos sustanciales que
       impiden disponer este pleito sumariamente, respecto al
       incidente que la apelada alegó como causa del despido.

       Cuarto: Al determinar que el apelante no participó en una
       actividad protegida debido a que ya estaba siendo
       investigado cuando solicitó una investigación.

       Luego de que le concediéramos término al patrono para expresarse,

este instó su Alegato de Oposición. Estamos en posición de resolver.

II.   Exposición de Derecho

      a. Moción de sentencia sumaria

       El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Rodríguez Méndez v. Laser

Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25

(2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo en aquellos casos en

que surge de forma clara que “el promovido no puede prevalecer y que el

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder

resolver la controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).

Así, este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el balance entre el

derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida

y económica de los litigios civiles”. Id. pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 220 (2010).

       Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho

esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. Lugo

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG Zapata-

Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

       Se considera un hecho esencial y pertinente, aquél que puede afectar

el    resultado   de   la   reclamación    acorde   al   derecho    sustantivo

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Es el análisis de la
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existencia o no de controversias esenciales y pertinentes, lo que determina

si procede dictar sentencia sumaria, pues solo debe disponerse de un caso

por la vía sumaria si ello procede conforme al derecho sustantivo aplicable.

Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). En otras palabras,

el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo cuando “esté

claramente convencido de la ausencia de controversia con respecto a

hechos materiales y de que la vista evidenciaria es innecesaria”. Nissen

Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). Para que proceda una

moción de sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia de hechos

en controversia, sino que también proceda conforme al derecho sustantivo

aplicable. Ortiz v. Holsum, supra, pág. 525.

      Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera específica

los requisitos de forma que debe cumplir la parte que promueve la moción

de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y,

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se

opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación,

con cita a la página o sección pertinente. Meléndez González, et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra.

(Énfasis suplido.) De este modo, “[s]e facilita … el proceso adjudicativo al

poner al tribunal en posición de evaluar conjuntamente las versiones

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la luz de las

referencias a la prueba que alegádamente los apoya. Este sistema

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y propende la
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disposición expedita de aquellas disputas que no necesitan de un juicio

para su adjudicación”. SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434.

      Por otro lado, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.36.5, establece que: “[l]as declaraciones juradas para sostener u

oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del (de la)

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en

evidencia y demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está

cualificado(a) para testificar en cuanto a su contenido”. Con respecto a la

interpretación de esta Regla, el Tribunal Supremo ha resuelto que “las

declaraciones juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto,

insuficientes   para   demostrar    la   existencia   de   lo   que   allí   se

concluye”. Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, pág. 216. (Énfasis

suplido.) Más allá de contener hechos específicos sobre los aspectos

sustantivos del caso, la declaración debe incluir “hechos que establezcan

que el declarante tiene conocimiento personal del asunto declarado”.

Roldán Flores v. Cuebas, 199 DPR 664, 678 (2018).

      Al revisar sentencias del Tribunal de Primera Instancia dictadas

mediante el mecanismo de sentencias sumarias, o resolución que deniega

su aplicación, nuestro Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma

posición que el tribunal inferior para evaluar su procedencia. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra. Los criterios a seguir por este foro

intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria dictada por el

foro primario han sido enumerados con exactitud por nuestro Tribunal

Supremo. Íd. A tenor, el Tribunal de Apelaciones debe:

      1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la
         Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia
         le exigen al foro primario;

      2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su
         oposición cumplan con los requisitos de forma
         codificados en la referida Regla 36, supra;

      3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
         controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la
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         Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
         exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró
         que están en controversia y cuáles están incontrovertidos;

      4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
         incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
         Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
         Derecho a la controversia.

      Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia

sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos considerar

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia, (2)

solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar asuntos

que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras que el

segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su

consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos

materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd. en la pág. 115. También, se ha

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera

instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

      b. Ley de Represalias

      La Ley de Represalias prohíbe a todo patrono despedir, amenazar, o

discriminar contra un empleado con relación a los términos, condiciones,

compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el

empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier

testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, administrativo o

judicial en Puerto Rico. 29 LPRA sec. 194a. Ello, siempre que dichas

expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de

información privilegiada establecida por ley. Íd.

      Para que se configure una causa de acción al amparo de la Ley 115,

supra, [e]l empleado deberá probar la violación mediante evidencia directa o

circunstancial. (29 LPRA sec. 194a). Para ello, deberá establecer prima facie
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que participó en una actividad protegida por la Ley 115, supra, y que fue

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado. Íd. Marín v.

Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 (1997). Si se probara lo anterior,

el patrono deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no

discriminatoria para el despido. Íd. De así hacerlo, corresponderá al

empleado demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto

para el despido. Íd.

      En virtud de lo antes indicado, para tener una causa de acción bajo

la Ley 115, supra, un empleado debe probar un nexo causal entre la

conducta del demandado y el daño sufrido, ya sea con evidencia directa o

circunstancial, o de manera indirecta. Rivera Menéndez v. Action Services,

185 DPR 431 (2012); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 395-396

(2011). De optar por el mecanismo indirecto, corresponderá al empleado

establecer prima facie un caso de represalia. Feliciano Martes v. Sheraton,

supra, pág. 393. Esto último lo logrará si prueba que: (1) incurrió en una

actividad o conducta protegida por ley; (2) sufrió una acción disciplinaria o

adversa por parte del patrono; (3) existe nexo causal entre la conducta

protegida y la acción disciplinaria o adversa del patrono. Íd, págs. 393-394;

C. Zeno Santiago, Re-enfoque empresarial de las represalias en el empleo,

40 Rev. Jur. U.I.P.R. 245, 262 (2006).

      Con relación a la exigencia de que exista un nexo causal entre la

actividad protegida realizada por el empleado y la acción adversa efectuada

por el patrono, nuestro ordenamiento adoptó la postura de la mayoría de

los circuitos de la corte de apelación federal, en cuanto a la necesidad de

demostrar la existencia de suficiente proximidad temporal entre ambos

eventos. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 397 - 398. Se ha

determinado que los criterios a ser evaluados como elementos de

proximidad temporal son los siguientes: (1) si el empleado fue tratado de

forma distinta que otros empleados; (2) si existió un patrón de conducta

antagonista en contra del empleado; (3) si las razones articuladas por el
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patrono para fundamentar su acción adversa están plagadas de

inconsistencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en el expediente

para establecer el elemento del nexo causal. Íd; Rivera Menéndez v. Action

Services, supra.

       La suficiencia de la proximidad temporal como prueba exclusiva de

causalidad, dependerá de cuán cerca en el tiempo están la actividad

protegida ejercida por el empleado y la acción adversa llevada a cabo por

el patrono. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 399. Si la acción

adversa del patrono es realizada inmediatamente después del empleado

informarle que ha incursionado en una actividad protegida, se entiende

que el elemento de proximidad temporal es suficiente para establecer el

requisito de existencia de nexo causal. Sin embargo, cuando el período de

tiempo entre el ejercicio de la actividad protegida y la acción adversa del

patrono aumenta, el criterio de la proximidad temporal será menos útil para

comprobar que existe un nexo causal entre ambos eventos. Íd.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                            a.

       En su primer señalamiento de error el apelante discute, de forma

breve, por qué incidió el foro primario al no permitirle presentar un escrito

en oposición a la moción de sentencia sumaria instada por Amgen, a pesar

de haber dispuesto mediante Resolución tal oportunidad para las partes,

sin que hubiese transcurrido el término previsto para ello.

       Primero, nótese que la moción de sentencia sumaria instada por el

propio apelante fue iniciada con la afirmación de que no existían hechos en

controversia que impidieran disponer del asunto sumariamente1, y el TPI

coincidió con tal apreciación, pero, al aplicar el Derecho correspondiente,

decidió en favor de Amgen. Tampoco apreciamos lesión alguna al debido

proceso de ley del apelante, al no instar escrito en oposición a sentencia

sumaria, pues, a través de su Solicitud de sentencia sumaria, tuvo amplia

1 Ver segundo párrafo de la Introducción de la Solicitud de sentencia sumaria presentada

por el apelante. Apéndice 4 del escrito de apelación, pág. 4.
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oportunidad, y así la utilizó, para presentar toda la prueba documental con

la que contaba para sustentar su reclamación sobre el alegado despido

como represalia, y elaborar sobre el derecho que entendía pertinente.

Relacionado a ello, no pasa por desapercibido que, en el ejercicio que hizo

el foro primario al sopesar las mociones de sentencias sumarias

presentadas por las partes, adoptó en su Sentencia algunos de los hechos

incontrovertidos propuestos en la Solicitud de sentencia sumaria instada

por el apelante.2

       Sobre lo discutido, sépase que nuestro Tribunal Supremo ha

manifestado que el foro primario puede dictar sentencia sumaria a favor de

la parte en el litigio que no solicitó dicho remedio, si en autos constan

fundamentos suficientes para ello, P.A.C v. ELA, 150 DPR 359, 374 (2000).

En la misma Opinión el alto Foro zanjó que el hecho que una parte presente

una moción de sentencia sumaria, no es garantía de que una vez se

determine que esta procede, necesariamente haya que resolverla a favor de

quien la presentó. Íd. En concordancia, nuestro ordenamiento permite que

se dicte sentencia sumaria en contra de la parte que la solicita, siempre

que no existan hechos materiales que estén en controversia. Ortiz v.

Holsum, supra, pág. 526.

       En definitiva, el TPI estaba en posición de adjudicar las mociones de

sentencia sumaria presentadas por las partes, sin que fuera necesario

esperar por los respectivos escritos en oposición, pues la prueba

documental provista a través de las mociones dispositivas lo habilitaron

para ello. El apelante tuvo oportunidad de ser escuchado, por medio de la

Solicitud de sentencia sumaria que presentó y el tribunal a quo aquilató,

antes de que fuera emitida la Sentencia.

2 Véase entrada número 33 del expediente digital del caso que obra en el Sistema Unificado

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), págs. 2-3. Específicamente, las
alegaciones 4 y 6 de la de Moción de Sentencia Sumaria presentada por Adorno Conde.
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                                               b.

       El apelante también esgrime que el foro primario emitió su dictamen

fundamentado o utilizando prueba documental inadmisible, por ser de

referencia. Sin embargo, al verificar la argumentación incluida por el

apelante en su escrito, relacionada a la presunta prueba de referencia

inadmisible, esta se circunscribió al hecho material incontrovertido

número 10 de la Moción de Sentencia Sumaria de Amgen, (similar al 13ro

de la moción dispositiva del apelante), ninguno otro. Sobre dicho hecho, el

apelante afirma que estuvo sustentado por una declaración jurada de la

señora Maritza Mercado, funcionaria de Amgen, que no tenía conocimiento

personal de lo allí declarado, pues los documentos a los que aludía fueron

suscritos por otras personas, no anunciadas como testigos en el caso. No

tiene razón.

       La declaración jurada de la señora Maritza Mercado3, inicia

estableciendo en calidad de qué realizaba las manifestaciones allí

juramentadas. Con claridad se estableció que era Staff Relations Sr.

Manager en Amgen, y las declaraciones allí vertidas estaban relacionadas

a las funciones inherentes de su puesto, específicamente, las atinentes a

las investigaciones disciplinarias de asuntos de recursos humanos, y

sustentadas en la información disponible de los récords de la empresa. Es

decir, la señora Mercado fungía como Staff Relations Senior Manager de

Amgen, y, como parte de sus funciones estaba a cargo de las

investigaciones disciplinarias de asuntos de recursos humanos de la

empresa, así como de la actualización y mantenimiento de sus políticas,

información que le era disponible por surgir de los récords de la empresa.

Entonces, fue a partir de tales presupuestos que la señora Mercado realizó

las   declaraciones      juramentadas       que     utilizó   Amgen   como   prueba

documental en su moción de sentencia sumaria, todas relacionadas a los

procesos disciplinarios de la empresa y el récord de personal del apelante.

3 Anejo 1 del recurso de apelación, págs. 31-33.
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       Establecido lo anterior, se debe considerar que, como excepción a la

regla general sobre la inadmisibilidad de prueba de referencia, en la Regla

805 de Evidencia, 32 LPRA ap. VI, R. 805, se hace un listado taxativo de

las instancias en las que, aun cuando la persona esté disponible como

testigo, una declaración no estará sujeta a la regla general de exclusión de

prueba de referencia. Particularmente el inciso (f) de la citada regla,

establece lo siguiente:

              (f) Récords de actividades que se realizan con
       regularidad: Un escrito, informe, récord, memorando o
       compilación de datos -en cualquier forma- relativo a actos,
       sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan
       preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron, por
       una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o
       mediante información transmitida por ésta, si dichos récords
       se efectuaron en el curso de una actividad de negocios
       realizada con regularidad, y si la preparación de dicho escrito,
       informe, récord, memorando o compilación de datos se hizo en
       el curso regular de dicha actividad de negocio, según lo
       demuestre el testimonio de su custodio o de alguna otra
       persona testigo cualificada, o según se demuestre mediante
       una certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla
       902(K) o con algún estatuto que permita dicha certificación, a
       menos que la fuente de información, el método o las
       circunstancias de su preparación inspiren falta de
       confiabilidad. El término negocio, según se utiliza en este
       inciso, incluye, además de negocio propiamente, una actividad
       gubernamental y todo tipo de institución, asociación,
       profesión, ocupación y vocación, con o sin fines de lucro.

       Regla 805(f) de Evidencia, 32 LPRA ap. VI, R. 805(f).

       Advertía el tratadista Ernesto L. Chiesa que una de las más

arraigadas excepciones a la regla de exclusión de prueba de referencia es la

relativa a los asientos de negocios. Se trata de declaraciones en asientos

rutinarios en actividades comerciales y de otra índole, donde la precisión y

regularidad son necesarias para la buena marcha de la actividad o negocio

correspondiente4. (Énfasis provisto).

       Juzgamos que las declaraciones de la señora Mercado, suscritas en

su declaración jurada, ubican dentro de la excepción a la prueba de

referencia descrita por la Regla 805(f), pues fueron basadas en récords de

4 Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, (Reglas de Evidencia de Puerto Rico y

Federales), Tomo II, Publicaciones JTS, págs. 803-804.
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actividades que se realizan con regularidad, por una persona cualificada

para ello. Con precisión, las manifestaciones recogidas en la declaración

jurada versaban estrictamente sobre asuntos que correspondían a las

funciones de la declarante en la empresa, según las siguientes: cuándo

inició a trabajar el apelante como empleado de Amgen; el puesto que

ocupaba; quiénes eran sus supervisores; las políticas sobre conducta

aplicables a los empleados de la empresa; los entrenamientos recibidos por

el apelante sobre tales políticas; las medidas disciplinarias impuestas al

apelante por la empresa y entrenamientos relacionados. Visto lo cual, el

asunto no merece mayor elaboración pues, auscultada cada manifestación

de la señora Mercado, (ejercicio que no se hizo en el escrito de apelación),

repetimos, es evidente que se trata del tipo de declaración hincada en

récords de negocios, a través de la persona que ocupa el puesto en la

empresa encargada de supervisar las actividades que allí se describen. En

este sentido, la suscribiente de la declaración jurada bien hubiese podido

sentarse a declarar sobre lo testificado en dicho documento, de haberse

realizado el juicio plenario.

                                        c.

      El apelante también sostiene que el foro primario erró al declarar Ha

Lugar la Sentencia Sumaria presentada por Amgen, porque presuntamente

existían hechos materiales en controversia, referentes al incidente que

ocasionó el despido. No obstante, según dijimos, al examinar la Solicitud de

sentencia sumaria instada por el apelante surge su expresión contraria, en

términos de que no existían hechos en controversia que impidieran

disponer de la controversia de manera sumaria. Es decir, cuando el

apelante fungió como promovente de la moción de sentencia sumaria

afirmó que no existían hechos en controversia, pero, a posteriori, aseveró

que sí existían hechos en controversia, la contradicción resulta evidente.

      En cualquier caso, lo cierto es que, examinada de novo la prueba

documental incluida por las partes en sus respectivas mociones

dispositivas, coincidimos con el foro primario al determinar que no existían
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hechos medulares en controversia, respecto a la única causa de acción que

tuvo ante su atención del TPI, la de represalias. Este asunto está

íntimamente atado al último señalamiento de error del apelante, en el que

objeta la conclusión alcanzada por el TPI en su Sentencia, al indicar que la

solicitud para que el señor Pagán realizara una investigación sobre el

incidente ocurrido con la señora Rivera, no constituyó una de las

actividades protegidas por la Ley de Represalias, pues fue reunido con el

señor Pagán, precisamente, en respuesta a una investigación ya iniciada

por la empresa sobre el asunto. Afirmamos que estos dos asuntos están

imbricados, (la ausencia de hechos materiales en controversia y la

inexistencia de la presunta causa de la represalia, la solicitud de una

investigación sobre el incidente por el apelante), pues la documentación

incluida por las partes en sus mociones dispositivas sirvió para establecer

que el momento del apelante solicitar la investigación sobre los hechos, el

asunto precisamente ya se estaba investigando por la empresa.

      La documentación incluida por las partes en sus respectivas

mociones dispositivas lo que revela es que, cuando el apelante se presentó

a la reunión con sus supervisores (señora Rivera y señor Pagán), al próximo

día del incidente, fue con el evidente propósito de que se comenzara o

continuara una investigación sobre lo acontecido entre el señor Adorno

Conde y la señora Rivera en el lugar de trabajo. Tal reunión, causada por

el incidente entre la señora Rivera y el apelante, en modo alguno dependía

de la petición del primero para que se llevara a cabo la misma, (de lo que

tampoco hay evidencia documental que sirva para establecer que este

último solicitó la investigación antes de ser citado para discutir lo sucedido

junto a sus supervisores). Además, a partir de las propias expresiones del

apelante, donde admitió conocer que al reunirse allí con sus supervisores

estaba bajo investigación, no es concebible que el despido del apelante

surgiera por la petición que este hiciera para que se investigase el incidente,

sino como resultado de lo investigado. En este sentido, al momento en que
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el querellante fue citado a la reunión con sus supervisores, este ya conocía

que se estaba conduciendo una investigación sobre el incidente, y de que

podía tener como resultado su despido. Es decir, la teoría legal esencial

del apelante, dependiente de la aseveración de que su despedido fue por

causa de la investigación solicitada a su patrono sobre el referido incidente

con la señora Rivera, tropieza con el hecho de que fue citado y entrevistado

por el señor Pagán, ante la señora Rivera, precisamente como parte de una

investigación iniciada a esos efectos.

      En este sentido, la prueba documental estableció que el despido fue

el resultado de lo investigado, (que incluyó la observación por el señor

Pagán de la conducta del apelante hacia la señora Rivera en su presencia),

y no por causa de que el apelante hubiese solicitado que se investigara el

suceso.

      Respecto al hecho medular sobre la presunta causa de la represalia

esgrimida por el apelante, la petición de una investigación sobre el

incidente con la señora Rivera, no podemos apreciar que exista

controversia real. En el escrito de apelación no fueron impugnadas las

determinaciones de hecho 15-16 incluidas en la Sentencia, que sirvieron

para establecer que, ocurrido el referido incidente entre el apelante y la

señora Rivera, esta: lo reportó el mismo día de los hechos; llamó al

supervisor señor Pagán e indicó sobre la agresión física, y; en horas de la

mañana del próximo día le envió un correo electrónico a este último

informando del incidente. Estas acciones acontecieron previo a que el

apelante solicitara una investigación sobre lo ocurrido y, a todas luces,

movieron al señor Pagán a reunirlos para investigar lo sucedido.

      El apelante sí trata de impugnar las determinaciones de hechos 17 y

18 de la Sentencia, solamente porque en estas fue incluida la nomenclatura

investigación. No obstante, el conjunto de los hechos ya establecidos como

incontrovertidos, según los expusimos en el párrafo que precede, sirven

para dejar establecido que la reunión citada por el señor Pagán con el

apelante   y   la   señora   Rivera,   necesariamente   fue   una   respuesta
KLAN202301150                                                              22

administrativa a lo reportado por esta última, es decir, para investigar lo

ocurrido. Los demás hechos que el apelante trató de impugnar en el escrito

de apelación, aduciendo que sí estaban controvertidos, no resultan

medulares para descartar la conclusión de que la empresa se encontraba

investigando los hechos ocurridos el 17 de enero de 2019, previo a que el

apelante levantara tal solicitud cuando, precisamente, estaba siendo

investigado al respecto.

      Por último, los demás hechos que el apelante afirma en su escrito de

apelación que estaban incontrovertidos y presuntamente no fueron

tomados en consideración por el TPI, más bien refieren a cómo ocurrieron

los sucesos del 17 de enero de 2019, (si la narrativa de lo allí acontecido se

ajustaba más a lo descrito por el apelante o a lo dicho por la señora Rivera),

antes que a la presunta conducta del apelante durante una actividad

protegida que diera lugar a la causa de acción por represalias. La

inconformidad del apelante con el resultado de la investigación conducida

por Amgen, o si tal investigación resultó insatisfactoria, más bien hubiese

servido para contestar si su despido fue o no justificado, pero la causa de

acción por infracción a la Ley 80 no fue presentada. De este modo, en

manera alguna estamos dilucidando si la investigación realizada por la

empresa fue cabal o no, o si, en efecto, el 17 de enero de 2019 ocurrieron

los hechos según la versión del apelante o de la señora Rivera. Sin embargo,

como ya hemos explicado, aún mirando la prueba documental de manera

liberal, por ser la Ley de Represalias un estatuto reparador de los

trabajadores, no podemos sostener que el despido hubiese sido a causa de

que el apelante solicitara una investigación sobre lo acontecido, cuando

claramente ya esta se encontraba en curso.

IV. Parte Dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, resolvemos confirmar la Sentencia

apelada.
KLAN202301150                                             23

    Lo acordó el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones