Court Opinion

ID: 9554674
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:15:46.276617+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:07.567536
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

    AWILDA TORRES                                CERTIORARI
  MÉNDEZ, MIGUEL A.                              procedente del
 TORRES MALDONADO                                Tribunal de Primera
 y la SOCIEDAD LEGAL                             Instancia, Sala
  DE GANANCIALES y            KLCE202300700      Superior de Utuado
          otros
                                                 Caso núm.:
       Peticionarios                             UT2020CV00258

             v.                                  Sobre: Injunction
                                                 (Entredicho
    MUNICIPIO DE                                 Provisional,
  UTUADO, ERNESTO                                Injunction
  IRIZARRY SALVA Y                               Preliminar y
       OTROS                                     Permanente)

        Recurridos

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Awilda Torres

Méndez, el Sr. Miguel A. Torres Maldonado y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos (los peticionarios) mediante el

recurso de Certiorari de epígrafe solicitando la revisión de una

Resolución dictada y notificada el 27 de abril de 2023 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI). En este

dictamen, el foro primario concluyó que el Municipio de Utuado

(Municipio o parte recurrida) contaba con un permiso vigente y

otorgado conforme a derecho que le permite operar oficinas,

estacionamiento, almacén y un taller de mantenimiento de vehículos

y maquinaria pesada en un predio aledaño a la propiedad de los

peticionarios. De esta forma, el foro a quo determinó que la parte

recurrida cumplió con los parámetros establecidos por una

Sentencia dictada el 24 de noviembre de 2020 en la que se ordenó

Número Identificador
SEN2023________________________
KLCE202300700                                                       2

la paralización del uso del predio hasta que se consiguieran los

debidos permisos, entre otras disposiciones.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos el dictamen

recurrido.

                                  I.

      El 19 de octubre de 2020, los peticionarios solicitaron al TPI

la concesión de un injunction para ordenar la paralización del uso

por el Municipio de Utuado de un predio de terreno aledaño a su

propiedad al amparo de las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley

para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley núm.

161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, 23 LPRA sec.

9011 et seq. (Ley núm. 161-2009). En ese momento, estos

plantearon que el Municipio de Utuado: (1) no tenía los permisos

para operar un Garaje Municipal en el predio; (2) llevaba a cabo una

operación ilegal de almacenamiento de desperdicios sólidos no

peligrosos, sin tener los debidos permisos para ello; (3) permitía que

terceros arrojaran basura y desperdicios sólidos al predio,

permitiendo la creación de un vertedero clandestino y operando una

estación de manejo de este tipo de desperdicios; (4) mantenía un

área de estacionamiento de vehículos y equipo pesado en el predio,

sin contar con los permisos para ello; y (5) situó en el predio una

oficina administrativa, un almacén y un taller de mecánica, sin

permiso para ello.

      El 24 de noviembre de 2020, el TPI dictó una Sentencia en la

que concedió la petición de Injunction estatutario promovida por los

peticionarios y concluyó que todo uso del predio era ilegal e indebido

ante la ausencia de permisos para la operación o uso de la propiedad

en cuestión. En consecuencia, el foro primario ordenó lo siguiente:

        a. La paralización inmediata de todo uso no
        autorizado en la propiedad donde ubica el Garaje
        Municipal    hasta   tanto   se  obtengan    los
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        correspondientes permisos. El Municipio de Utuado
        deberá tomar todas las medidas para clausurar la
        propiedad hasta tanto y cuando obtenga los permisos
        necesarios para poder utilizar la propiedad de
        conformidad    con     las  exigencias   legales  y
        reglamentarias aplicables.

        b. La remoción inmediata de todos los desperdicios
        sólidos, chatarra, neumáticos, escombros y cualquiera
        otro almacenados en la propiedad. Para esto se le
        concede al Municipio de Utuado un término de treinta
        (30) días contados a partir de la notificación de esta
        Sentencia para que realice todas las gestiones y
        acciones necesarias para cumplir con lo antes indicado.

        c. El Municipio deberá de inmediato tomar todas las
        medidas necesarias y de seguridad para impedir que
        sus agentes, empleados o terceros depositen
        desperdicios en la propiedad o sus inmediaciones.

        d. Se dispone, que de incumplir la parte demandada, el
        Municipio, sus representantes y/o funcionarios
        obligados por ley a cumplir con lo aquí ordenado, podrá
        ser encontrado incurso en desacato.

        e. Se ordena a la Oficina de Alguaciles diligenciar la
        presente sentencia a la oficina del Alcalde del Municipio
        de Utuado. (Énfasis nuestro)

      Posteriormente, el 16 de marzo de 2022, los peticionarios

acudieron al TPI mediante una moción titulada Solicitud para que se

cumpla con lo ordenado mediante Sentencia en la que señalaron el

incumplimiento del Municipio de Utuado con los incisos (a) y (b) de

la antedicha Sentencia.

      Luego de varios trámites procesales, el 27 de abril de 2023, el

foro recurrido emitió la Resolución impugnada en la que concluyó

que el Municipio de Utuado demostró que contaba con un permiso

vigente, otorgado conforme a derecho, que le permite operar, en el

predio en cuestión, tanto oficinas de servicios del Departamento de

Obras Públicas municipal como el estacionamiento, almacén y taller

de mantenimiento de vehículos municipales y maquinaria pesada.

Por tanto, el foro primario dio por cumplida la Sentencia dictada el

24 de noviembre de 2020. Inconformes, los peticionarios instaron

una reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar mediante

una Orden dictada el 16 de mayo, notificada el 22 de mayo siguiente.
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       Todavía en desacuerdo, los peticionarios comparecen ante

esta Curia mediante una petición de certiorari imputándole al

tribunal de primera instancia haber incurrido en el siguiente error:

            ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
            PRESENTADA DURANTE LA VISTA EVIDENCIARIA Y
            EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS
            DEL CASO AL DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
            DICTADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
            DETERMINANDO QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON
            UN PERMISO OTORGADO CONFORME A DERECHO
            QUE    PERMITE      LAS    OPERACIONES     EN
            CONTROVERSIA Y AL IGNORAR QUE LOS PERMISOS
            PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO FUERON
            OBTENIDOS DE MANERA FRAUDULENTA Y EN
            VIOLACIÓN A LA LEY DE CERTIFICACIÓN DE PLANOS
            O PROYECTOS.

       Examinado el recurso y los documentos que le fueron

adjuntados, prescindimos de           la     comparecencia   de     la     parte

recurrida, conforme nos faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento de

este Tribunal de Apelaciones.

       Analizados el escrito y el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                       II.

Auto de certiorari

       El    auto   de   certiorari   constituye    un   vehículo        procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR

79, a las págs. 90-92 (2001). Todo recurso de certiorari presentado

ante este tribunal intermedio debe ser examinado primeramente al

palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1. No obstante, y a pesar de que la Regla 52.1, supra, no lo

contempla, el certiorari también es el recurso apropiado para solicitar

la revisión de determinaciones post sentencia.

       Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional en

la consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso,
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la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, dispone lo siguiente:

         El Tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto
         de certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del
         litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

       De estar presente alguno de estos criterios, esta Curia podrá

ejercer su discreción e intervenir con el dictamen recurrido. De lo

contrario, estará impedida de expedir el auto y deberá prevalecer la

determinación del foro recurrido. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

175 DPR 83, 97 (2008). Ahora bien, es una norma reiterada que, de

ordinario, los tribunales apelativos no deben intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error

manifiesto o parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184

DPR 689, 709 (2012).

                                   III.

       En esencia, los peticionarios argumentaron que erró el TPI al

resolver que los permisos otorgados al Municipio eran conforme a

derecho. A esos efectos, estos plantearon que la prueba presentada

demostró que dichos permisos fueron otorgados de manera
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fraudulenta y en violación a la legislación regente que regula la

certificación de planos o proyectos.

       Evaluado el recurso ante nuestra consideración al palio de los

criterios de la Regla 40, antes citadas, determinamos expedir el auto

de certiorari por entender que están presentes algunos de estos, en

especial, el TPI se equivocó en la interpretación del trámite procesal

e incurrió en un error de derecho. Veamos.

       Como es conocido, a través del mecanismo del desacato el juez

hace valer las órdenes y sentencias dictadas y obliga a una parte a

realizar cualquier acto que resulte necesario para el ejercicio efectivo

de las funciones judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR

669, 681 (1999). Tradicionalmente, los casos de desacato se

clasifican en civiles y criminales dependiendo de la finalidad que

persigue la sanción impuesta por la falta o incumplimiento. Si lo que

se persigue es lograr el cumplimiento prospectivo de una orden, el

desacato es civil. Si lo que se pretende es castigar a la persona por

una conducta pasada, el desacato es criminal. E.L.A. v. Asociación

de Auditores, supra, a la pág. 683; Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San

José, Inc., 130 DPR 782, 804 (1992); Pueblo v. Lamberty, 112 DPR

79, 81 (1982).

       Por tanto, en el presente caso, la moción presentada por los

peticionarios el 16 de marzo de 2022 ante el TPI constituye una

solicitud para que se encontrara al Municipio incurso en desacato

por un alegado incumplimiento con la Sentencia de injunction

dictada el 24 de noviembre de 2020. Luego de celebrada la vista de

rigor, el foro recurrido concluyó que el Municipio cuenta con un

permiso vigente y que “cumplió con los parámetros señalados en la

sentencia.”1 En otras palabras, no encontró que este hubiese

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 0004.
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incumplido la Sentencia de injunction, por lo cual no incurrió en un

desacato. Incluso, el TPI dio por cumplido dicho dictamen.

       Examinado el Apéndice del recurso, surge sin duda alguna

que el Municipio cuenta con un Permiso de Uso Único Automático,

Número de trámite: 2022-449780-PUA-008251 para el uso de las

Oficinas de Servicios del Departamento de Obras Publicas Municipal

y sus Servicios; y el Permiso Único, Número de trámite: 2022-

449780-PU-200332, en el cual se incluye el estacionamiento,

almacén y el taller de mantenimiento a vehículos municipales y

maquinaria pesada.2 Ambos expedidos por la Oficina de Gerencia de

Permisos (OGPe). En consecuencia, no erró el TPI al dar por

cumplida la Sentencia del 24 de noviembre de 2020.

       Ahora bien, precisa enfatizar que mediante el dictamen

recurrido el TPI solo podía atender y resolver las alegaciones

referentes a que aún el Municipio utilizaba el terreno colindante con

la propiedad de los peticionarios, como garaje municipal y para los

fines antes descritos, sin contar con los debidos permisos para su

uso y operación. Esto debido a que el foro a quo, previo a este

petitorio, nunca tuvo ante su consideración una causa de acción

relativa a la ilegalidad de los permisos otorgados por la OGPe. En

este sentido, esta nueva causa de acción de los peticionarios, la

cual requiere dilucidar la procedencia de los permisos ostentados

por el Municipio de Utuado, se tiene que presentar y considerar al

amparo de los recursos estatuidos en el ordenamiento jurídico para

ello o en un pleito independiente. Es decir, este reclamo no puede

formularse en un procedimiento posterior a la sentencia, etapa en

la que se encontraba el presente caso.

       Más aún, como advertimos, estamos en un proceso post

sentencia que pretende hacer valer lo dispuesto en la deteminación

2 Íd., a las páginas 0080 y 0128.
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mediante la que, reiteramos, solamente se consideró argumentos

sobre la no tenencia de los permisos correspondientes de uso y

operación por el Municipio.

       En resumen, el foro recurrido actuó correctamente al declarar

no ha lugar el desacato. En este sentido, recordemos que, en el caso

de autos, la Sentencia de injunction se dictó cuando el Municipio no

tenía el permiso correspondiente, pero ahora sí cuenta con el mismo

por lo que actuó correctamente el TPI al razonar que no procedía el

desacato.

       De otra parte, se hace menester advertir que el foro a quo erró

al resolver que los permisos fueron otorgados conforme a derecho.

En este punto, enfatizamos que, aún si esos permisos fuesen nulos,

eso no era un asunto para atenderlo el TPI, mucho menos en el

contexto de este trámite post sentencia. En consecuencia,

reiteramos que el TPI no tenía jurisdicción para adjudicar la

legalidad de los permisos. Por lo cual, procede que dejamos sin

efecto dicha determinación.

       Así, y acorde con la normativa apelativa que nuestra revisión

se da contra el dictamen y no contra sus fundamentos, procede

confirmar el dictamen recurrido debido a que resultaría incorrecto

encontrar al Municipio incurso en desacato, según hemos

explicado.3

       Por último, puntualizamos que nuestra determinación no

pretende prejuzgar la controversia aducida por los peticionarios en

cuanto a la alegada nulidad de los permisos. También recalcamos

3
   El corolario básico del Derecho apelativo es que la apelación
o revisión se da contra la sentencia o decisión apelada; es decir, contra el
resultado y no contra sus fundamentos. Asoc. Pescadores Punta Figueras, Inc. v.
Marina Puerto del Rey, 155 DPR 906 (2001); Pérez v. Criado Amunategui, 151 DPR
355 (2000). Es por ello que, aunque algunos de los fundamentos de la sentencia
recurrida sean erróneos, ello no constituye base para una revocación si por otros
motivos puede sostenerse lo dispuesto en la sentencia. Pueblo v. Pérez, 159 DPR
554, 556 (2003); Sánchez v. Eastern Airlines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983);
Corrada v. Asamblea Municipal, 79 DPR 365, 370 (1956). Aún la revisión de
órdenes o resoluciones interlocutorias se da contra la decisión emitida y no contra
sus fundamentos. Ramos v. Hosp. Sub-Regional de Aguadilla, 111 DPR 744, 750
(1981).
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que los peticionarios aún tienen otros mecanismos disponibles para

impugnar los permisos ostentados por el Municipio de Utuado.

                                 IV.

      Por los principios antes expuestos, se expide el auto de

certiorari solicitado y se confirma la Resolución recurrida aunque por

otros fundamentos.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones