Court Opinion

ID: 9941391
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:16.561302+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.032976
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    Panel II

      JOSUÉ ORTIZ COLÓN                                      Recurso
          Peticionario                                       Extraordinario

                 v.                                          Caso Núm.
                                                             K CD2016-1523
                                        KLRX202300026
                                                             Sobre:
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO; DEPARTAMENTO
DE       CORRECCIÓN          y                               Asunto:
REHABILITACIÓN; SRA. ANA i.                                  Petición de
ESCOBAR PABÓN (SECRETARIA                                    “MANDAMUS”
DE CORRECCIÓN); SR. ISRAEL
ARCE    (COORDINADOR       DE
PROGRAMA DE EVALUACIÓN y
ASESORAMIENTO); SRA. AIXA S.
PE´REZ MINK (PRESIDENTA DE
LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO
PALABRA); SRA. ANA C. LICIAGA
(SUPERVISORA DE TÉCNICOS
SOCIOPENAL);             INST.
CORRECCIONAL      GUERRERO
AGUADILLA; SR. CARLOS VÉLEZ
GONZÁLEZ            (TÉCNICO
SOCIOPENAL);             INST.
CORRECCIONAL      GUERRERO
AGUADILLA y OTROS
         Demandados

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

      Comparece ante nosotros por derecho propio el señor Josué Ortiz

Colón (señor Ortiz Colón o peticionario), mediante el recurso de

Mandamus, solicitando que este Tribunal le ordene al Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR), referirlo al Programa de Evaluación y

Asesoramiento (SPEA) para que se le realice una evaluación psicológica

NÚMERO IDENTIFICADOR
RES2024______________
KLRX202300026                                                                 2

con el objetivo de cumplir con los requisitos establecidos por la Junta de

Libertad Bajo Palabra (JLBP).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos

el auto solicitado.

I. Resumen del tracto procesal

       El señor Ortiz Colón se encuentra confinado en la Institución Penal

de Aguadilla desde el año 2000, cumpliendo sentencia por el delito de

asesinato en primer grado en los casos CVI99G0079 y CVI99G0080.1

       El peticionario sostiene que lleva un periodo de tiempo solicitando

que se le realice una evaluación psicológica, debido a que la última

evaluación que tiene es del 23 de agosto de 2011, y señala que necesitará

una actualizada para ser considerado por la JLBP.

       Cónsono con lo anterior, indica que el 14 de marzo de 2023 le

solicitó al señor Israel Arce, Coordinador de SPEA que se le hiciera una

evaluación psicológica. Así las cosas, manifiesta que el 24 de marzo de

2023 fue entrevistado por el personal SPEA, y que se le informó que en

ese momento no se le podía realizar la evaluación psicológica, debido a

que la JLBP no lo había dispuesto.

       Entonces, el señor Ortiz Colón manifiesta en su recurso que el 27

de marzo de 2023 le envió comunicación escrita a la señora Aixa S. Pérez

Mink, Presidenta de la JLBP, explicándole la situación y solicitándole un

remedio.

       Así las cosas, el peticionario explica que luego de esperar un

tiempo y no recibir respuesta por parte de la JLBP, el 1 de noviembre de

2023 depositó en el buzón de quejas y agravios de la Institución

Correccional una Solicitud de Remedio Administrativo.

       En estas condiciones, el señor Ortiz Colón arguye que el 7 de

noviembre de 2023, le envió una carta a la doctora que brinda las

1 Anejo II del recurso de Mandamus, pág. 5. Información corroborada en la página
cibernética Consulta de Casos del Poder Judicial de Puerto Rico.
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terapias del SPEA, quien alegadamente se encuentra ofreciéndole

terapias a un grupo de confinados en la Institución Correccional

Guerrero en Aguadilla.

      Luego, el peticionario aduce que el 14 de noviembre de 2023 se

comunicó con el señor Carlos Vélez, Técnico de Servicios Sociopenal,

solicitándole que le hiciera un referido para que éste se pudiera realizar

una evaluación psicológica por el personal del SPEA.

      En tales circunstancias, el 29 de noviembre de 2023, el señor Ortiz

Colón presentó ante nosotros un recurso de Mandamus. En síntesis, el

peticionario solicitó que se les ordene a los funcionarios del DCR a

cumplir con el deber ministerial de referirlo al SPEA para que se le

realice una evaluación psicológica y así éste pueda cumplir con los

criterios de la JLBP. Lo anterior se debe a que a partir del 16 de agosto

de 2024 podrá ser considerado por la JLBP.

      Posteriormente, el 27 de diciembre de 2023, el peticionario

presentó Moción Informativa Urgente. Allí, el peticionario presentó copia

de los siguientes documentos: (1) la Solicitud de Remedio Administrativo,

(2) la Respuesta del Área Concernida/Superintendente, y (3) una Solicitud

de Reconsideración ante la División de Remedios Administrativos del

DCR (División).

      Cabe        resaltar   que     de   la    Respuesta      del    Área

Concernida/Superintendente surge que, el 4 de diciembre de 2023 la

División determinó que debía mediar una orden de la JLBP para que se

le realice la evaluación psicológica al peticionario. Además, indica que el

coordinador de SPEA no hace evaluaciones psicológicas de modo directo

por parte de la unidad sociopenal.

      Inconforme, el señor Ortiz Colón presentó el 22 de diciembre de

2023 una Solicitud de Reconsideración ante la División.
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II. Exposición de Derecho

   A. El Mandamus

      El Mandamus es un recurso extraordinario que sólo procede en

situaciones excepcionales. El artículo 649 del Código de Enjuiciamiento

Civil, lo define como un recurso altamente privilegiado, dictado por un

tribunal de justicia a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y

dirigido a alguna persona, corporación o tribunal de inferior jerarquía

dentro de su jurisdicción, requiriéndole el cumplimiento de algún acto

que está dentro de sus atribuciones o deberes ministeriales. 32 LPRA

sec. 3421; Kilómetro O, Inc. v. Pesquera López, 207 DPR 200, 214

(2021); Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000). Al

ser un auto altamente privilegiado, su expedición no se invoca como

cuestión de derecho, sino que descansa en la sana discreción del foro

judicial. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 75 (2017); AMPR v.

Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 266 (2010). Se expide para hacer

cumplir un deber ministerial claramente establecido por ley o que

resulte de un empleo, cargo o función pública. Noriega v. Hernández

Colón, 135 DPR 406, 447-448 (1994) (Énfasis nuestro). A esos efectos, en

un pleito de mandamus como cuestión umbral hay que determinar si la

actuación que se exige es de naturaleza ministerial. Un acto o deber es

ministerial cuando la ley prescribe y define el deber que tiene que ser

cumplido de forma tal que no le permite al funcionario el ejercicio de la

discreción o del juicio sobre si cumple o cómo cumple con el deber

impuesto. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, en las págs. 263-

264, Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749 (1944).

      Nuestro más alto foro ha señalado que la expedición de un auto

de mandamus no debe ser producto de un ejercicio mecánico. AMPR v.

Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 268. Así pues, cuando se solicite la

expedición de un auto de mandamus se debe considerar el posible
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impacto que éste pueda tener sobre los intereses públicos involucrados y

asegurarnos que no se preste para confusión o perjuicio de los derechos

de terceros. Noriega v. Hernández Colón, supra, en la pág. 448. Por otro

lado, también debe considerarse si la concesión del recurso resulta

apropiada; esto es, cuando no existe para el peticionario otro remedio

adecuado en ley, estén presentes cuestiones de gran interés público, se

requiera una pronta y rápida solución y/o si el peticionario tiene un

interés especial en el derecho que reclama, distinto al que pueda tener

cualquier otro ciudadano.

      Ante el incumplimiento de una agencia con su deber de decidir

expeditamente, la parte afectada tiene disponible como remedios la

presentación de un mandamus ante el foro judicial o una moción de

desestimación ante la agencia concernida. U.P.R. de Aguadilla v. Lorenzo

Hernández, 184 DPR 1001, 1009-1010 (2012); Lb. Inst. Med. Ava. v. Lab.

C. Borinquen, 149 DPR 121, 136 (1999). (Énfasis provisto).

      Las Reglas 54 y 55 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B,

rigen los procedimientos de mandamus ante este Tribunal. En lo

pertinente, la Regla 54, dispone que estos procedimientos se regirán por

la reglamentación procesal civil, por las leyes especiales pertinentes y por

las reglas del tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.54.

      Conforme a lo anterior, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 54, establece que el auto de mandamus, tanto perentorio

como alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al

efecto. Cuando se solicite dicho remedio y el derecho a exigir la inmediata

ejecución de un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna

excusa para no ejecutarlo, el tribunal podrá ordenar perentoriamente la

concesión del remedio; de otro modo, ordenará que se presente una

contestación. Íd. (Cita omitida y énfasis suplido).
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   B. Denegar

      La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-A, R. 83 (C) dispone que “el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa

propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el inciso (B)

precedente”. (Énfasis nuestro).

      A tales efectos, el inciso (B) de la citada regla establece los

siguientes motivos:

      (1) Que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
      (2) Que el recurso fue presentado fuera del término de
          cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista
          justa causa para ello;
      (3) Que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de
          buena fe;
      (4) Que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha
          presentado una controversia sustancial o que ha sido
          interpuesto para demorar los procedimientos;
      (5) Que el recurso se ha convertido en académico.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Como mencionamos previamente, el señor Ortiz Colón nos solicita

que actuemos sobre su solicitud de evaluación psicológica al DCR. Luego

de examinar el recurso, resulta evidente que adolece de defectos que

impiden nuestra función revisora. Según señalamos, el recurso de

mandamus debe acompañar una declaración jurada conforme lo

establece la Regla 54 de Procedimiento Civil, supra. Igualmente, el

recurso requiere que sea dirigido a la persona obligada al cumplimiento

de un acto, con el único propósito de compeler a ese cumplimiento.

Artículo 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3422;

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 412 (1982).

      De un examen del expediente no surge que el peticionario hubiese

juramentado su solicitud de mandamus, y el auto no está dirigido a una

persona o funcionario en particular para que cumpla un deber

ministerial, sino al DCR en general. Como el señor Ortiz Colón no
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cumplió con los requisitos establecidos para la consideración y

expedición del auto de mandamus, procedemos a denegarlo.

        Independientemente de lo anterior, aun si estuviéramos ante un

recurso perfeccionado, nos veríamos obligados a denegar el mismo,

debido a que el señor Ortiz Colón presentó el recurso de mandamus ante

nuestra consideración, aun cuando estaba pendiente una Solicitud de

Remedio     Administrativo      presentada    ante     la   División.     Surge     del

Reglamento para atender las solicitudes de remedios administrativos

radicadas por los miembros de la población correccional, Reglamento

Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015 (Reglamento Núm. 8583) que el

evaluador entregará por escrito la respuesta al miembro de la población

correccional dentro del término de veinte días laborables, luego de recibir

toda la información requerida para brindar una respuesta adecuada.

Regla XIII del Reglamento Núm. 8583. El 14 de noviembre de 2023, el

evaluador recibió la Solicitud de Remedio Administrativo presentada por

el señor Ortiz Colón. Mientras tanto, el recurso de mandamus de epígrafe

se presentó el 29 de noviembre de 2023, es decir, todavía estaba

transcurriendo el término disponible que tenía el evaluador para atender

la solicitud del peticionario.

        Además, consta en el expediente ante nosotros que el 4 de

diciembre    de   2023,   el     evaluador   emitió    la Respuesta del Área

Concernida/Superintendente, por lo cual, la solicitud del señor Ortiz

Colón se atendió dentro del tiempo establecido por el Reglamento Núm.

8583.

        Por otro lado, el peticionario nos indicó en una Moción Informativa

Urgente que el 22 de diciembre de 2023 presentó una Solicitud de

Reconsideración, recibida en la División el 9 de enero de 2024. Conforme

el   Reglamento    Núm.        8583,   una   vez      recibida   la     Solicitud   de

Reconsideración por parte del evaluador, tendrá quince días para emitir
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una respuesta al miembro de la población corrección si acoge o no su

solicitud de reconsideración. Regla XIV, Reglamento Núm. 8583. A la luz

de lo anterior, el término disponible para la División acoger la

reconsideración no ha transcurrido.

      No obstante, de persistir la inconformidad del peticionario, una vez

agote el procedimiento administrativo, tiene la opción de presentar un

recurso de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones.

      Visto lo anterior, el peticionario presentó el recurso extraordinario

del mandamus, teniendo pendiente ante la División una Solicitud de

Remedio Administrativo. Como sabemos, el recurso de mandamus es uno

excepcional y para que proceda el mismo, el ordenamiento jurídico exige

que no exista otro remedio en ley disponible que sea adecuado y eficaz.

Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 909 (2005).

      Consecuentemente, concluimos que el peticionario no ha agotado

los remedios administrativos que tiene a su haber. Ante ello, no procede

expedir una orden de mandamus contra el DCR.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del

mandamus solicitado.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones