Court Opinion

ID: 9890391
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:21:42.107116+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:42.348253
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

 LESLIE A. RAMOS                            Apelación acogida
 TRAVIESO                                   como Certiorari
                                            procedente del
         Recurrida                          Tribunal de Primera
                                            Instancia, Sala
                              KLAN202300761 Superior de Humacao
             v.
                                                  Caso Núm.:
                                                  H1CI201100372 (207)
 JUANITA TRAVIESO
 MALDONADO                                        Sobre:
                                                  Cobro de Dinero
        Peticionaria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2023.

       Comparece la señora Juanita Travieso Maldonado t/c/c

Juanita Albright (señora Travieso Maldonado o peticionaria),

mediante recurso de Apelación, el cual acogemos como un certiorari

por ser el mecanismo adecuado para la revisión del dictamen

recurrido1, y nos solicita la revisión de la Orden emitida el 10 de julio

de 2023, notificada el 14 de julio de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI o foro primario). Mediante

el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una moción al

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil2 presentada por la

peticionaria.

       Por   los    fundamentos    que   exponemos      a   continuación,

denegamos la expedición del auto de Certiorari solicitado.

1 Por motivos de economía procesal, conservamos la designación alfanumérica
asignada por la Secretaría de este Tribunal.
2 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.

Número Identificador
RES2023___________
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                                       I.

       El 15 de junio de 2011, la señora Leslie A. Ramos Travieso

(señora Ramos Travieso o recurrida) presentó una Demanda3 sobre

cobro de dinero en contra de la apelante, la señora Carmen Luz

Travieso Maldonado y la señora Margarita Travieso Maldonado (en

conjunto, codemandadas). En síntesis, la señora Ramos Travieso

alegó que tuvo que incurrir en una serie de gastos médicos, de

transportación y de cuidado de su abuela, la señora Basilia

Maldonado      Santana      (Doña     Basilia),   los   cuales   estimó   en

$34,485.37, y que por tratarse de una suma líquida y exigible

procede su pago por parte de las codemandadas, quienes son hijas

de Doña Basilia.

       En respuesta, el 12 de abril de 2013, las codemandadas

presentaron su Contestación a Demanda4, en la que negaron la

mayoría de las alegaciones. Además, presentaron una reconvención

mediante la cual solicitaron la anulación del testamento de Doña

Basilia, basado en la preterición de uno de los herederos forzosos y

una donación inoficiosa por parte de la causante.

       Luego de varias incidencias procesales que no son necesarias

pormenorizar, el 10 de mayo de 2021, notificada el 12 de mayo de

2021, el TPI emitió una Sentencia5 en la que declaró Ha Lugar la

Demanda sobre cobro de dinero. En consecuencia, el foro primario

ordenó a las codemandadas, Juanita Travieso Maldonado y Carmen

Travieso Maldonado, a satisfacer solidariamente a la recurrida la

suma de $17,652.24, más el interés legal de 4.25% desde la

notificación de la Sentencia hasta la satisfacción del pago en su

totalidad.

3 Véase apéndice del recurso, págs. 44-45.
4 Véase apéndice del recurso, págs. 40-43.
5 Véase apéndice del recurso, págs. 23-37.
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       Posteriormente, el 25 de mayo de 2023, la peticionaria

presentó una Moción en Torno a la Regla 49.26. En esencia, alegó

que el cónyuge de la codemandada, aquí peticionaria, ni la Sociedad

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos fueron traídos

al pleito incoado por la señora Ramos Travieso, a pesar de ser partes

indispensables,      según     lo   dispuesto   en   la   Regla   16.1   de

Procedimiento Civil7.

       Así las cosas, el 10 de julio de 2023, notificada el 14 de julio

de 2023, el TPI emitió una Orden8 en la que declaró No Ha Lugar la

moción presentada por la peticionaria al amparo de la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil9.

       En desacuerdo con la determinación, el 31 de julio de 2023,

la peticionaria presentó una Moción de Reconsideración10 en la que

reiteró los planteamientos previamente esbozados. El 3 de agosto de

2023, notificada el 14 de agosto de 2023, el TPI emitió una Orden11

en la que declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración y

determinó que el Tribunal no tenía jurisdicción.

       Inconforme, el 30 de agosto de 2023, la peticionaria

comparece ante nos mediante el recurso de epígrafe y señala al TPI

la comisión de los siguientes errores:

              Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción en Torno
       a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de
       2009, porque la Sentencia dictada el 10 de mayo de 2021 y
       notificada el 12 de mayo de 2021 era nula por falta de parte
       indispensable, según lo resuelto por el Honorable Tribunal
       Supremo de Puerto Rico en García Colón et al. v. Sucn.
       González, 178 DPR 616 (2004); Piazza v. Isla del Río, Inc.,
       158 DPR 440, 453 (1979).

              Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de
       Reconsideración enviada por correo certificado con acuse de
       recibo el 26 de julio de 2023.

6 Véase apéndice del recurso, págs. 15-22.
7 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.
8 Véase apéndice del recurso, pág. 10.
9 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
10 Véase apéndice del recurso, págs. 2-6.
11 Véase apéndice del recurso, pág. 1.
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       El 19 de septiembre de 2023, la recurrida presentó su Alegato

en Oposición a Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable

a la controversia ante nuestra consideración.

                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior12. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial13. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”14. Empero, el ejercicio de la

discreción    concedida      “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”15.

       La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones16,

establece los criterios que este foro debe tomar en consideración al

entender o no en los méritos los asuntos planteados mediante un

recurso de certiorari. La aludida regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

12 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023);

800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR,
185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005);
Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
13 Íd.
14 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, supra, pág. 91 (2001).
15 Íd.
16 4 LPRA XXII-B, R. 40.
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         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

         Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento        impone     que    ejerzamos     nuestra     discreción   y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

         En lo pertinente a este caso, el certiorari también es el recurso

apropiado para solicitar la revisión de determinaciones post

sentencia17. A esos efectos, el Tribunal Supremo expresó que:

         Las resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se
         encuentran comprendidas entre aquellas determinaciones
         de naturaleza interlocutoria categóricamente sujetas a
         escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra parte,
         por emitirse este tipo de decisión luego de dictada la
         sentencia, usualmente tampoco cualifica para el recurso de
         apelación provisto para dictámenes judiciales finales. Se
         corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos nunca se
         vean sujetos a examen judicial simplemente porque ocurren
         en una etapa tardía en el proceso, tal como lo es la ejecución
         de sentencia18.

                                       -B-

         La   Regla   49.2    de   Procedimiento     Civil19,   establece    el

mecanismo procesal disponible para solicitar al foro primario el

relevo de los efectos de una sentencia en caso de que exista alguno

de los fundamentos establecidos en la misma regla. Se trata de un

mecanismo post sentencia creado con el objetivo de impedir que

sofisticaciones y tecnicismos, puedan privar los fines de la justicia20.

La referida Regla dispone específicamente, como sigue:

         Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean
         justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
         representante legal de una sentencia, orden o procedimiento
         por las razones siguientes:

17 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339.
18 Íd.
19 32 LPRA Ap. V, R. 49.2
20 García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); Náter Cardona

v. Ramos Muñiz, 162 DPR 616, 624, (2004).
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      (a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;

      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una
      debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo
      para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de
      este apéndice;

      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
      "intrínseco" y el también llamado "extrínseco"), falsa
      representación u otra conducta impropia de una parte
      adversa;

      (d) nulidad de la sentencia;

      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
      cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba
      ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería
      equitativo que la sentencia continúe en vigor, o

      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
      remedio contra los efectos de una sentencia.

      [...]

      El precepto procesal de relevo de sentencia tiene el fin de

establecer un justo balance entre dos principios de cardinal

importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Al ponderar la

procedencia de una moción de relevo de sentencia, el tribunal debe

hacer un balance entre los intereses en conflicto. Por un lado, está

el derecho a que toda litigación sea concluida y, por el otro, el

derecho a que en todo caso se haga justicia. Independientemente de

la existencia de alguno de los fundamentos establecidos en la regla

citada, el relevo de sentencia es una decisión discrecional del

tribunal. Únicamente está privado de ejercer su discreción en los

casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. No basta

con demostrar la existencia de alguno de los fundamentos

contemplados en la Regla 49.2, supra. Además, es necesario

convencer al tribunal para que ejerza su discreción y conceda el

remedio.

      Sin embargo, como excepción, nuestro más alto foro ha

dictado que “[u]na interpretación liberal de la Regla 49.2 permite

considerar una moción de reconsideración como una de relevo de

sentencia, aun después de haber transcurrido el término para

considerar la reconsideración o aun después de haber advenido final
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y firme la sentencia, cuando dicha moción cumple con los requisitos

establecidos en dicha regla”21. Esto significa que “una parte puede

librarse de los efectos de una sentencia si logra demostrar la

existencia de, al menos, una de las seis causales estipuladas en la

regla”22. Es decir, el Tribunal de Primera Instancia tiene “discreción

para considerar la moción [de reconsideración] presentada como

una de relevo de sentencia, si esta calific[a] como tal”23.

       Cuando el tribunal examina una solicitud de relevo de

sentencia,    tiene        que   considerar   ciertos   criterios   a     fin   de

salvaguardar los derechos de las partes envueltas en el litigio. El

juez de instancia deberá estar atento a la existencia de una defensa

válida que oponer a la reclamación del peticionario, el tiempo que

media entre la sentencia y la solicitud de relevo, el perjuicio que

sufriría la parte contraria si se concede el relevo de sentencia y el

perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser concedido el

remedio solicitado24.

       Además,        el    tribunal   debe    determinar      si   bajo        las

circunstancias específicas del caso existen razones que justifiquen

el relevo de la sentencia. Si la parte que solicita el relevo aduce una

buena defensa, además de alguna de las circunstancias previstas en

la Regla 49.2 y el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte

contraria, la balanza debe ser inclinada a favor de la reapertura25.

       La moción de relevo de sentencia debe presentarse dentro de

un término razonable que no excede los seis meses establecidos en

la Regla 49.2, supra. Cuando la solicitud de relevo está basada en

fraude entre las partes tiene que ser presentada dentro del término

de seis meses de haberse registrado la sentencia. Sin embargo, ese

21 Pagán Navedo y Otros v. Hon. Edwin Rivera Sierra, 143 DPR 314, 328 (1997);

Reyes v. ELA, 155 DPR 799 (2001).
22 De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007).
23 Íd., pág. 508; Reyes v. ELA, supra.
24 Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, 145 DPR 816, 825 (1998).
25 García Colón et al v. Sucn. González, supra, págs. 540-541.
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plazo es inaplicable cuando se trata de una sentencia nula por

fraude al tribunal, en cuyo caso, incluso puede presentarse un pleito

independiente26.

       Una sentencia es nula si ha sido dictada sin jurisdicción o

cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. Es

decir, una sentencia “es nula cuando el tribunal ha actuado de una

manera inconsistente con el debido procedimiento de ley”27. El

tribunal tampoco tiene discreción para conceder el relevo, cuando

se demuestra la nulidad de la sentencia. Una sentencia nula tiene

que dejarse sin efecto, independientemente de los méritos que pueda

tener la defensa o la reclamación del perjudicado. La discreción que

tiene el tribunal para relevar a una parte de los efectos de una

sentencia resulta inaplicable cuando es nula. Ante la certeza de que

una sentencia es nula, es mandatorio declarar su inexistencia

jurídica, independientemente de que la solicitud se haga con

posterioridad a haber expirado el plazo de seis meses establecido en

la Regla 49.228.

       No obstante, una moción de relevo al amparo de esta regla

no sustituye una moción de reconsideración o un recurso de

revisión29. No puede usarse “para impugnar cuestiones sustantivas

que debieron levantarse antes de la sentencia como defensas

afirmativas, o luego de la sentencia en un recurso de revisión"30.

                                       III.

       Tras examinar el dictamen recurrido a la luz de las

disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,

entendemos       que     no   procede      nuestra     intervención      con     la

determinación impugnada. Ante los hechos que presenta este caso,

no consideramos que la determinación del foro primario haya sido

26 Íd., pág. 543; Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, supra, pág. 824.
27 Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 574 (2002).
28 García Colón et al v. Sucn. González, supra, págs. 543-544.
29 Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 (2003).
30 Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003).
KLAN202300761                                                      9

arbitraria, caprichosa o que haya lesionado el debido proceso de ley

de la parte peticionaria. En consecuencia, no vemos razón alguna

para intervenir con el dictamen emitido.

                                 IV.

      Por   los   fundamentos    que    anteceden,   denegamos     la

expedición del auto de Certiorari solicitado.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones