Court Opinion

ID: 9952320
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:40:51.533482+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:56.294357
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

Valerie García García                               REVISIÓN
                                                    ADMINISTRATIVA
        Recurrente                                  procedente del
                                                    Departamento de
             vs.                                    Asuntos del
                                                    Consumidor
Auto Union Inc.                KLRA202300667
Automás del Caribe
LLC h/n/c Auto Centro                               Querella Núm.:
Nissan                                              SAN-2020-0007626
First Bank of PR
Motor Ambar Inc.
Cooperativa de Seguros                              Sobre: Compraventa
Múltiples                                           Vehículos de Motor

        Recurridos

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos, la señora Valerie García García (Sra.

García García o recurrente), quien presenta recurso de revisión

administrativa en el que solicita la revocación de la “Resolución”

emitida el 31 de octubre de 2023,1 por el Departamento de Asuntos

del Consumidor (DACo). Mediante dicha determinación, el DACo

declaró No Ha Lugar la “Querella” presentada por la recurrente, y

desestimó su reclamación.

       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

confirmamos        el   dictamen   mediante   los     fundamentos   que

expondremos a continuación.

1 Notificada en igual fecha.

Número Identificador

SEN2024 ___________
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                                       I.

           El 8 de octubre de 2020, la Sra. Rodríguez Díaz presentó una

“Querella” ante el DACo contra Auto Union Inc. (Auto Union),

Automás del Caribe LLC h/n/c Auto Centro Nissan (Auto Centro

Nissan), First Bank of PR (First Bank), Motor Ambar, Inc. (Motor

Ambar) y la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) (en conjunto,

recurridos). En esencia, alegó que compró un vehículo y que, a la

semana de haberlo adquirido, comenzó a hacer un ruido en el área

del motor. Adujo que, a causa de ello, visitó el concesionario en

varias ocasiones y, aun cuando le honraron la garantía y le

cambiaron el motor del vehículo, persistía el alegado desperfecto

mecánico. Solicitó la resolución del contrato de compraventa por

vicios redhibitorios.

           Tras varios trámites procesales, el 19 de mayo de 2023, el

DACo emitió “Resolución Parcial” desestimando la reclamación

contra Motor Ambar y CSM. Se señaló vista en su fondo para el 22

de junio de 2023, a la cual comparecieron ambas partes. Tras un

análisis de la prueba documental y testifical presentada, el 31 de

octubre de 2023,2 el DACo emitió una “Resolución” mediante la

cual formuló las siguientes determinaciones de hecho, las cuales

hacemos formar parte íntegra del presente dictamen:

           1. La parte querellante se identifica como Valerie García
           García (en adelante, parte querellante), residente del
           municipio de Trujillo Alto. Su dirección postal de récord
           es: Calle 7 A-51, Terrazas de Cupey, Trujillo Alto, Puerto
           Rico 00976.

           2. La parte coquerellada se identifica como Auto Unión,
           una corporación con fines de lucro autorizada a realizar
           negocios en Puerto Rico. Su dirección postal de récord es
           la siguiente: 1183 Ave. 65th de Infantería San Juan,
           P.R. 00924.

           3. La parte coquerellada se identifica como Automás del
           Caribe LLC h/n/c Auto Centro Nissan (Autocentro o
           Autocentro Nissan), una corporación con fines de lucro
           autorizada a realizar negocios en Puerto Rico con
           número de Registro Núm. 310491 según consta en el

2
    Notificada ese mismo día.
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    Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.
    La dirección postal de su agente residente es la
    siguiente: PO Box 191958, San Juan, P.R. 00919-1958.

    4. La parte coquerellada First Bank of PR (en adelante
    First Bank o el Banco) fue la entidad que financió la
    compraventa del vehículo de la marca Nissan, modelo
    Rogue, del año 2018.

    5. En o alrededor del día 2 de mayo de 2018 la parte
    querellante   adquirió   mediante   compraventa    al
    concesionario coquerellado Auto Unión un vehículo de
    motor nuevo, de la marca Nissan, modelo Rogue del año
    2016. El precio de venta total de la unidad fue de
    $47,782.90.

    6. El vehículo de motor objeto de la controversia estaba
    cubierto por una garantía de manufacturera de tres (3)
    años o 36,000 millas, y en tren motriz de cinco (5) años
    o 60,000 millas, lo que ocurra primero.

    7. Desde en o alrededor del mes de julio de 2019, la
    unidad     reflejó  ciertos    desperfectos    en   su
    funcionamiento, en específico, ruidos en el motor y
    vibraciones al manejarse. Como producto de dichos
    desperfectos la parte querellante hizo una reclamación
    en garantía.

    8. Como parte de la cubierta de garantía aplicable al
    vehículo, el coquerellado Motorambar ordenó el que se le
    reemplazara el motor completo a la unidad. Dichas
    tareas fueron realizadas y el motor que trajo la unidad
    de fábrica fue reemplazado.

    9. A pesar de dicho reemplazo de motor en garantía, la
    querellante alegaba que los problemas de ruidos y
    vibraciones en el vehículo continuaban. Producto de
    esto, la unidad fue llevada en repetidas ocasiones al
    centro de servicio del coquerellado Automás del Caribe
    y/o Auto Centro Nissan.

    10. Todas las condiciones o desperfectos reflejados en
    el diagnóstico del vehículo en el centro de servicio
    fueron reparados de manera adecuada por el
    coquerellado Automás del Caribe y/o Auto Centro
    Nissan conforme las hojas de servicio admitidas en
    evidencia.

    11. El vehículo de motor objeto de la querella fue
    reparado en garantía sin ningún costo a la parte
    querellante.

    12. Dentro de las reparaciones en garantía realizadas,
    se incluyó el reemplazo del motor. El motor original de
    la unidad tenía como número de serie núm. 25547058T.

    13. El día 20 de enero de 2021 un técnico de
    investigación del DACO realizó una inspección del
    vehículo. Conforme los resultados de dicha inspección el
    técnico asignado realizó una evaluación y concluyó que:
    “se inspeccionó el vehículo de motor en cuestión y se
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       pudo corroborar que no presentaba fallos al momento
       de la inspección, el motor operó dentro de los
       parámetros del fabricante”.

       14. El técnico de investigación del DACO realizó una
       prueba de carretera manejando el vehículo en cuestión
       y añadió en su informe lo siguiente: “el motor no
       produjo fallos durante la prueba de carretera, el motor
       operó satisfactoriamente”.

       15. Los siguientes documentos fueron admitidos en
       evidencia como prueba documental y marcados como
       Exhibits:

            1. Contrato de Compraventa. Exhibit #1.
            2. Contrato de Venta al por Menor a Plazos.
            Exhibit #2.
            3. Work Order # 52746. Exhibit #3.
            4. Work Order # 53125. Exhibit #4.
            5. Work Order # 53413. Exhibit #5.
            6. Work Order # 58633. Exhibit #6.
            7. Work Order # 62123. Exhibit #7.
            8. Copia del “Vehicle Identification Number”.
            Exhibit #8.
            9. Work Order # 122996. Exhibit #9.
            10. Work Order # 124280. Exhibit #10.
            11. Video. Exhibit #11.
            12. Copia de Correo Electrónico. Exhibit #12.

       16. La querellante gozó del uso y disfrute del vehículo
       luego del reemplazo de motor cubierto como reparación
       en garantía.

       17. La querellante no presentó prueba pericial o
       testimonial adicional sobre los alegados desperfectos en
       el vehículo y/o para sustentar sus alegaciones de que el
       vehículo    estaba    inservible    por  los   alegados
       desperfectos. 3

       Consideradas las anteriores determinaciones de hecho, el

DACo declaró No Ha Lugar la “Querella” presentada por la Sra.

García García, y desestimó su reclamación.             Concluyó que, la

cubierta en garantía brindada por los recurridos fue adecuada y

acorde a los términos y condiciones de la misma, toda vez que no

se probó que los desperfectos no fueron reparados en garantía.

Por el contrario, determinó que la evidencia demostró que el motor

original fue reemplazado y que, después de ello, la unidad no

presentó diagnóstico que ameritara reparación.

3 Aunque en la “Resolución” recurrida aparecen 18 determinaciones de hechos,

lo cierto es que se omitió el número 8.
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      Inconforme, el 20 de noviembre de 2023, la Sra. García

García presentó una “Moción en Solicitud de Reconsideración”.

Empero, el DACo no actuó sobre esta petición dentro de los 15 días

de recibida.4

      Aún insatisfecha, la Sra. García García recurre ante este foro

apelativo intermedio, y señala la comisión de los siguientes errores,

a saber:

      Primer Error: Erró el Departamento de Asuntos del
      Consumidor al emitir una Resolución que no toma en
      consideración todos los hechos que obran del
      expediente administrativo, así como la prueba
      presentada.

      Segundo Error: Erró el DACO al no decretar la
      Resolución del contrato de compraventa al no
      considerar los defectos presentados por la apelante-
      recurrente como redhibitorios.

                                    II.

                                   -A-

      En virtud de la Ley Núm. 7 del 24 de septiembre de 1979, 10

LPRA sec. 2051 et seq., mejor conocida como la Ley de Garantías

de Vehículos de Motor, según enmendada, el DACo adoptó el

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm.

7159 del 6 de junio de 2006 (en lo sucesivo, Reglamento de

Garantías). Este último cumple varios propósitos, tales como: (1)

proteger al consumidor y sus inversiones en la adquisición de

vehículos de motor; (2) procurar que el vehículo sea seguro y

cumpla con el propósito por el cual fue adquirido; y (3) prevenir

prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor.       Véase, Art. 2

del Reglamento de Garantías. Por esta razón, las disposiciones de

este cuerpo reglamentario deberán interpretarse liberalmente y en

favor del consumidor. Véase, Art. 4 del Reglamento de Garantías.

4 Véase, Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3
LPRA sec. 9655.
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      En lo que nos concierne, la Regla 15.1 del Reglamento de

Garantías, supra, dispone lo siguiente:

      Todo     distribuidor  autorizado    o   concesionario,
      representante de fábrica, distribuidor de fábrica,
      distribuidor independiente, y vendedor deberá, a
      nombre y en representación del fabricante o
      manufacturero, honrar la misma garantía de fábrica
      que el fabricante o manufacturero otorgue a los
      vehículos de motor, en términos de millaje y duración,
      en los Estados Unidos continentales, excepto que por
      ley se establezca una garantía mínima distinta, y será
      siempre aplicable la que resulte mayor al alcance y
      amplitud de sus beneficios. Esto independientemente
      del lugar donde y de la persona de quien el consumidor
      adquiera dicho vehículo y que el fabricante o
      manufacturero brinde el servicio de garantía de fábrica
      en un lugar de Puerto Rico.

      Por su parte, la Regla 22 del Reglamento de Garantías,

supra, dispone que, en caso de que un vehículo nuevo tenga

defectos, el vendedor posee una oportunidad razonable para

repararlos.    Sin embargo, si el vendedor no quiere o no puede

reparar el defecto dentro de un término razonable, el DACo está

facultado para decretar la resolución del contrato o reducir el

precio de venta, a elección del comprador. Íd.

                                  -B-

      El Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5311 et al,

define el contrato como “el negocio jurídico bilateral por el cual dos

o más partes expresan su consentimiento en la forma prevista por

la ley, para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones”. Art.

1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9751. Adicionalmente,

establece que “[e]l contrato queda perfeccionado desde que las

partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa,

salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de una

formalidad solemne o cuando se pacta una condición suspensiva”.

Art. 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9771. Una vez las partes

prestan   su    consentimiento,    éstos   quedarán    obligados    al

cumplimiento de la obligación pactada, ya que “[l]o acordado en los

contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante sus sucesores y
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ante terceros en la forma que dispone la ley”. Art. 1233 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 9754. Esa obligación que posee una parte para

cumplir con lo pactado “se fundamenta en el principio de la buena

fe, el cual exige no defraudar la confianza que otro ha puesto en

una promesa o conducta”. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686,

693 (2008).     Así, para que un contrato se considere válido, se

requiere que concurran tres elementos esenciales, a saber: (1)

consentimiento de los contratantes, (2) objeto cierto del contrato y

(3) la causa de la obligación que se establezca. Aponte Valentín v.

Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263, 284 (2021). La falta de

alguno de ellos será causa de nulidad del contrato y, por tanto,

inexistente en el orden jurídico. Rosario Rosado v. Pagán Santiago,

196 DPR 180, 188 (2016).

        En Puerto Rico rige el principio de libertad de contratación.

Por tanto, una persona puede “contratar o no hacerlo, y hacerlo, o

no, con determinada persona”. Art. 1232 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 9753. Asimismo, las partes pueden acordar cualquier tipo de

cláusula, siempre y cuando ésta “no sea contraria a la ley, a la

moral o al orden público”. Íd. El contrato de compraventa es uno

bilateral, por el cual “la parte vendedora se obliga a transferir a la

parte compradora el dominio de un bien, y ésta a su vez se obliga a

pagarle un precio cierto”. Art. 1274 del Código Civil, 31 LPRA sec.

9941.     Entre las obligaciones del vendedor se encuentra la de

“garantizar al comprador que el bien vendido tiene las cualidades

prometidas y que está libre de defectos que disminuyen o

destruyen su valor o la aptitud para su uso ordinario o convenido”.

Art. 1287 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9991. A su vez, nuestro

Código Civil dispone que:

        Cuando un defecto principal se descubre dentro del
        período de la garantía, se presume que el defecto
        estaba ya presente en el momento que el riesgo pasó al
        comprador.
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      La garantía se extiende durante el tiempo comprendido
      en el plazo de prescripción de la acción ejercitada por
      razón de la garantía o durante el tiempo que haya
      fijado el Departamento de Asuntos del Consumidor o
      cualquier otra agencia gubernamental. Íd.

                                   -C-

      En nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las

agencias administrativas están investidas de una presunción de

legalidad y corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204

DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR

870, 893 (2008).   Lo anterior se fundamenta en el conocimiento

especializado y la experiencia (expertise) sobre la materia que su

ley habilitadora le confiere jurisdicción.      Assoc. Ins. Agencies,

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997); Misión Ind. P.R.

v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). En otras palabras,

el conocimiento especializado de la agencia justifica que se

sostengan sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro

ejercicio de revisión judicial, le debemos gran deferencia a las

decisiones emitidas por los foros administrativos. Pérez López v.

Dpto. Corrección, 208 DPR 656, 673-674 (2022); Super Asphalt v.

AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021).

      Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan

irrazonable que implique abuso de discreción. OCS v. Point Guard

Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. A. R.

Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). Esto significa que el tribunal

respetará el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base

racional   que   fundamente   la    actuación   administrativa.   ECP

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v.

J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así, la revisión judicial suele

limitarse a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia

fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el
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expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho

fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).

       Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un

dogma inflexible que impide la revisión judicial si no existen las

condiciones que sostienen la deferencia.       En el caso de Torres

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016), el Tribunal Supremo

se expresó sobre el alcance de la revisión judicial y mencionó lo

siguiente:

       [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
       una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando:
       (1) la determinación administrativa no está basada en
       evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en
       la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos
       que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo
       administrativo     actuó    arbitraria,   irrazonable   o
       ilegalmente, realizando determinaciones carentes de
       una base racional, o (4) la actuación administrativa
       lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es
       importante destacar que, si el tribunal no se encuentra
       frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más
       de una interpretación razonable de los hechos procede
       que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. Íd., a la pág. 628.

       Por ende, como norma general, el tribunal revisor le debe

respeto y deferencia al dictamen administrativo. No obstante, si el

foro revisor entiende que uno de estos factores está presente,

podrá entonces modificar la decisión.          De lo contrario, se

abstendrá a ello. Es pertinente enfatizar que la doctrina no exige

que la agencia tome la mejor decisión posible, sino que el criterio a

evaluar es si la misma, dentro de las circunstancias particulares

del caso, es razonable. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123

DPR 407, 417-418 (1989). Por ende, si existe más de una

interpretación razonable de los hechos, ordinariamente se avalará

la decisión del foro administrativo. Super Asphalt v. AFI y otros,

supra, a la pág. 819; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, a la pág.

628.
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       En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la

sección 4.5 de la de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico limita la discreción del tribunal revisor

sobre las determinaciones de hecho que realiza la agencia

administrativa. 3 LPRA sec. 9675. Como consecuencia, la revisión

judicial de los tribunales para determinar si un hecho se considera

probado o no se limita conforme la siguiente norma:

       El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si
       determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.

       Las determinaciones de hechos de las decisiones de las
       agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan
       en evidencia sustancial que obra en el expediente
       administrativo.

       Las conclusiones de derecho serán revisables en todos
       sus aspectos por el tribunal. Ley Núm. 38-2017, 3
       LPRA sec. 9675.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de

evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind.

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 131. Además, dicho Foro ha reiterado

que:

       Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en
       el expediente administrativo no es sustancial es
       necesario que la parte afectada demuestre que existe
       otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o
       menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de
       que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir
       que la evidencia sea sustancial, en vista de la prueba
       presentada y hasta el punto que se demuestre
       claramente    que    la   decisión    [del  organismo
       administrativo] no está justificada por una evaluación
       justa del peso de la prueba que tuvo ante su
       consideración. Domínguez v. Caguas Expressway
       Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999); Hilton Hotels v.
       Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1953).

       Por tal razón, es la parte que impugna la decisión

administrativa la que tiene que producir evidencia de tal magnitud

que conmueva la conciencia y tranquilidad del juzgador, de forma

que éste no pueda concluir que la decisión de la agencia fue justa,
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porque simple y sencillamente la prueba que consta en el

expediente no la justifica. Ello implica que “[s]i en la solicitud de

revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra

prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser

sostenidas     por    el   tribunal       revisor”.   Domínguez   v.   Caguas

Expressway Motors, supra, a la pág. 398; Ramírez v. Depto. de

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999).

                                          III.

       Según discutimos, en el presente caso el DACo emitió una

“Resolución” por la cual declaró No Ha Lugar la “Querella”

presentada por la Sra. García García, y desestimó la reclamación

presentada contra los recurridos. Razonó que, a la recurrente se le

honró la cubierta en garantía según sus términos y condiciones, y

la evidencia demostró que: (1) el motor original fue reemplazado

por uno nuevo, y (2) posterior a dicho reemplazo, el vehículo no

presentó diagnóstico que ameritara reparación alguna.

       En su escrito, la Sra. García García cuestiona esta

determinación bajo el argumento de que “compró el vehículo, lo

llevó en cinco (5) ocasiones por problemas del motor… [y] se

presentó un video demostrando que aun con las supuestas

reparaciones el motor seguía con algún tipo de problema”.5                  Su

contención es que, “si luego de las reparaciones y las visitas de

servicios el vehículo seguía con los mismos problemas después de

las reparaciones, esto demuestra que los querellados no corrigieron

o no pudieron corregir los mismos”.6 No tiene razón.

       Según los hechos probados, el vehículo adquirido por la

recurrente hizo una reclamación en garantía debido a que el

vehículo      adquirido         reflejó    ciertos    desperfectos     en   su

5 Véase, pág. 11 del recurso.
6 Véase, pág. 12 del recurso.
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funcionamiento.7 Como parte de la cubierta, se reemplazó el motor

original de la unidad,8 el cual tenía el siguiente número de serie:

25547058T.9       No obstante, la Sra. García García alega que, los

problemas de ruidos y vibraciones en el vehículo continuaban.10

Con motivo de lo anterior, un técnico de investigación del DACO

realizó una inspección del vehículo y llegó a las siguientes

conclusiones:

       Hallazgos de la inspección según alegaciones de la
       querella:

       Se inspeccionó el motor del vehículo en cuestión y
       se pudo corroborar que no presentaba fallos al
       momento de la inspección, el motor operó dentro
       de los parámetros del fabricante.

       Prueba de carretera:

       El motor no produjo fallos durante la prueba de
       carretera, el motor operó satisfactoriamente.11

       (Énfasis provisto).

       A pesar de estos resultados, la recurrente alega que los

problemas en el motor son aleatorios y presentó un video a esos

efectos, el cual fue admitido en la vista administrativa como

Exhibit #11.12       A su vez, en dicha audiencia el DACo tuvo la

oportunidad de evaluar el testimonio de la propia Sra. García

García.     No obstante, el DACo no le otorgó credibilidad al

testimonio de la recurrente, sino que, por el contrario, sostuvo

que dicho testimonio “quedó impugnado mediante la prueba

tanto documental como testimonial”.13                   A su vez, a pesar de

que tuvo la oportunidad de evaluar el vídeo presentado por la

recurrente, ésta no presentó prueba pericial o testimonial

adicional para sustentar sus alegaciones de que el vehículo

estaba inservible, más aún cuando la prueba testifical y

7 Véase, “Resolución” determinación de hechos #7.
8 Véase, “Resolución” determinación de hechos #8.
9 Véase, “Resolución” determinación de hechos #12.
10 Véase, “Resolución” determinación de hechos #9.
11 Véase, “Resolución” determinación de hechos #13 y #14; apéndice pág. 99.
12 Véase, “Resolución” determinación de hechos #15.
13 Véase, “Resolución” a la pág. 5; apéndice pág. 16.
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documental presentada por los recurridos demuestra que el

motor estaba operando satisfactoriamente.            Precisamente, por

esta razón fue que el DACo determinó que los desperfectos del

vehículo fueron reparados adecuadamente por el centro de

servicio, hecho que quedó sustentado mediante las hojas de

servicio admitidas en evidencia.

      Somos del criterio que, la determinación de la agencia

recurrida está basada en evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo y, como tal, debe ser sostenida por este

Tribunal.    Del expediente apelativo no surge otra prueba que

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de la evidencia

considerada por el ente administrativo hasta el punto que se

demuestre que la decisión del organismo administrativo no

está justificada. Al contrario, determinamos que el proceder del

DACo descansó en una base racional y, por consiguiente, procede

que se valide la interpretación que realizó la agencia.

      Evaluada la totalidad de la prueba presentada, concluimos

que la determinación del DACo fue correcta. La parte recurrente

no aportó evidencia suficiente para derrotar la presunción de

corrección que caracteriza la decisión del foro administrativo. Es

importante enfatizar que, al desempeñar nuestra función revisora,

estamos obligados a considerar la especialización, experiencia y las

cuestiones propias de la discreción o pericia de las agencias

administrativa. En vista de lo anterior, consideramos que la

agencia     recurrida   no   actuó     de   manera   arbitraria,   ilegal,

irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.

La totalidad de la evidencia que obra en el récord nos obliga a

confirmar el dictamen recurrido.

                                     IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos

formar parte de este dictamen, se confirma la “Resolución”
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recurrida,   emitida   por   el   Departamento    de   Asuntos    del

Consumidor.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones