Court Opinion

ID: 9962667
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:40:15.528653+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:32.187210
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL III

   CITERES SAHYLIS                           Certiorari
 PÉREZ BETANCOURT,                           procedente del
 JOSÉ MIGUEL PÉREZ                           Tribunal de
  GONZALÉZ, PÉREZ                            Primera
  PÉREZ, SOCIEDAD                            Instancia,
LEGAL DE GANANCIALES         KLCE202400281   Sala Superior
                                             de Fajardo
      Recurridos
                                             Caso núm.:
                                             FA2023CV00455
           V.
                                             Sobre:
                                             Seguros-
YANIRA ORSINI VÉLEZ,                         Incumplimiento
   MAPFRE PRAICO                             Aseguradoras
 INSURANCE COMPANY,                          Huracanes
   ASOCIACIÓN DE                             Irma/María
   CONDÓMINOS DOS
 MARINAS I Y OTROS

    Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

      Comparece    MAPFRE   PRAICO   Insurance   Company,   en

adelante MAPFRE o la peticionaria, quien nos solicita

que revoquemos una Resolución, emitida y notificada el

2 de enero de 2024.      Mediante la misma, el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, en adelante

TPI, declaró no ha lugar la Moción de Desestimación de

MAPFRE.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se expide el auto de certiorari, se revoca la Resolución

recurrida y se desestima con perjuicio la demanda contra

MAPFRE.

Número Identificador
SEN2024_______________
KLCE202400281                                                                  2

                                      -I-

          Citeres Sahylis Pérez Betancourt, José Miguel Pérez

González y la sociedad de bienes gananciales compuesta

por ambos, en adelante los recurridos, presentaron una

Demanda       contra        MAPFRE    sobre      código        de       seguros,

incumplimiento         contractual,         daños   y    perjuicios.1         En

síntesis, adujeron que el condominio en el que residen

y    la    peticionaria       pactaron      un   contrato       de      seguros,

vigente al momento en que ocurrió el huracán María en

Puerto Rico, para cubrir los costos de reemplazo y los

daños causados por el fenómeno atmosférico. Las pólizas

que cubrían el periodo del 15 de julio de 2017 al 15 de

julio de 2018 son las siguientes: la escritura matriz

del edificio del condominio con el número 1600178004669

y la póliza multilínea de propiedad personal con el

número       1777158001375.          En     su   opinión,          la     póliza

multilínea se endosó incorrectamente, lo que impidió que

pudieran reparar los daños sufridos en su apartamento.

Además, alegaron que, tras el paso del huracán, el

condominio       contrató      los    servicios         de    un     ajustador

público certificado, quien sometió una reclamación a

MAPFRE. Del mismo modo, arguyeron que otros titulares

también comenzaron a someter reclamaciones por los daños

sufridos en sus respectivos apartamentos, pero MAPFRE

procedió a emitir varios cheques a favor del condominio

y no de cada titular por su reclamo individual.2

          Como consecuencia de lo anterior, los recurridos

acudieron a la Oficina del Comisionado de Seguros de

Puerto Rico, en adelante OCS. Mediante Orden, la entidad

determinó       que    la    póliza       multilínea         personal      debió

1   Apéndice de la peticionaria, págs. 1-15.
2   Id., págs. 4-5.
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emitirse de manera individual a cada titular y no al

condominio y que la representante de MAPFRE “no atendió

debidamente las necesidades de los titulares”, al vender

una póliza individual como una general. Así pues, la OCS

concluyó    que    la    peticionaria    emitió      las   pólizas   en

contravención a sus propios Manuales de Suscripción y

violó la Sección 11.050 del Código de Seguros de Puerto

Rico, en adelante el Código de Seguros.3

       En fin, en su Demanda, los recurridos insistieron

en   que   MAPFRE       remitió   el   pago   de     las   pólizas   al

condominio,       “de    manera   culposa      y     negligente”,    “a

sabiendas de que este no tenía un interés asegurable” y

que,     debido     a    estas    violaciones,        adjudicadas     y

sancionadas por la OCS, no han podido recobrar la cuantía

reclamada y han incurrido en gastos de su peculio para

reparar los daños.4

       Por su parte, la peticionaria presentó una Moción

de     Desestimación,      mediante     la    cual     puntualizó    la

siguiente cláusula de la póliza en cuestión: “Demanda

Contra Nosotros. No se podrá presentar una acción a menos

que se hayan satisfecho las disposiciones de esta póliza

y la acción se inicie dentro de un plazo de un año

después de la fecha de la pérdida.”5 Así pues, argumentó

que el lenguaje de la póliza claramente dispone que no

se podrá presentar acción legal contra la aseguradora

fuera del término de un año desde la fecha de la pérdida

o desde que la parte perjudicada advino en conocimiento

del daño alegado. Sin embargo, en el pleito de epígrafe,

los recurridos instaron la demanda contra MAPFRE “luego

de transcurridos más de cinco (5) años del paso del

3 Id., pág. 5.
4 Id., págs. 12-13.
5 Id., págs. 16-28.
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Huracán María y a los tres (3) años de haber advenido en

conocimiento       de    los   alegados      daños…”.       También,    la

peticionaria alegó que, el 9 de junio de 2019, a través

de     una    asamblea   extraordinaria,        los     recurridos      se

enteraron de que recibirían una cantidad distinta a la

representada por el ajustador público del condominio. No

obstante, fue el 1 de septiembre de 2019 cuando el

consejo aprobó la última oferta de MAPFRE. Finalmente,

en su opinión, como los recurridos no presentaron su

reclamación en o antes del 1 de septiembre de 2020, su

causa de acción está prescrita.

        Posteriormente,        los    recurridos   presentaron         una

Oposición a Moción de Desestimación, en la que adujeron

que las alegaciones en la Demanda contra MAPFRE son

suficientes y están basadas “en las imputaciones que el

propio Comisionado ha hecho en contra de MAPFRE y que

alega que este [MAPFRE] hizo falsas representaciones

para contratar la póliza”.6 Del mismo modo, arguyeron

que la cláusula limitativa de un año para presentar la

causa     de    acción   contra       la   peticionaria      “debe     ser

declarada nula por violentar la política pública de

facilitar el acceso a los tribuales y a la justicia en

general”.

        En desacuerdo, la peticionaria presentó una Moción

Informativa y Suplementando Moción de Desestimación,

mediante la cual destacó que el Tribunal Supremo de

Puerto Rico confirmó la desestimación por prescripción,

en cuanto a MAPFRE, de dos de las demandas presentadas

por     los    titulares   del       condominio,      con   los   mismos

argumentos levantados en el pleito de epígrafe.7

6   Id., págs. 126-141.
7   Id., págs. 156-161 y 231-235.
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    Con   el    beneficio   de   la   comparecencia   de   ambas

partes, el TPI resolvió lo siguiente:

    […]

          Como parte de los procesos de la Asamblea
    Extraordinaria llevada a cabo en el Condominio el
    día 9 de junio de 2019, se le informa a los Pérez
    que la cuantía de su remuneración será de
    $16,739.95. Es importante recalcar esta fecha
    pues, es la fecha exacta en que los Pérez se
    enteran de que van a recibir menos de la
    compensación esperada y valorada por el ajustador
    original. La Junta hizo el ajuste a la compensación
    de la reclamación de los Pérez a raíz de un segundo
    reporte de ajustador de nombre desconocido que la
    Junta contrató y reevaluó los daños.

          En cuanto a la póliza multilínea, la misma
    fue erróneamente endosada a favor del Condominio.
    Por lo tanto, esta póliza pagó la compensación
    total al Condominio y el Condominio hizo su
    distribución entre los asegurados conforme sus
    propios cálculos. El 24 de agosto de 2019, el
    Condominio aprobó la oferta de pago de MAPFRE por
    la reclamación total del Condominio. El Condominio
    acogió una lista de pago de reclamaciones, (cuyo
    origen no se precisa en la Demanda) que resultó en
    un pago parcial de la compensación esperada por la
    reclamación de los Pérez.

    . . . . . . . .

          Es indiscutible que los Pérez advinieron en
    conocimiento del menoscabo en la compensación
    esperada el 9 de junio de 2019. Ese menoscabo le
    fue notificado por el Consejo del Condominio, no
    por MAPFRE pues, MAPFRE no fue la entidad que hizo
    la división de la compensación correspondiente a
    los titulares del Condominio Dos Marinas II, si no
    que fue su junta directiva. Cualquier acción en
    daños por esta decisión, la tenían que haber
    radicado los Pérez en o antes del 20 de junio de
    2020, cosa que no ocurrió. Cualquier acción en
    daños y perjuicios de los Pérez contra MAPFRE está
    prescrita.

         Sin embargo, no está prescrita la acción de
    incumplimiento de contrato de los Pérez contra
    MAPFRE pues, vencía el 20 de junio de 2023 y esta
    acción fue radicada antes.

    […]

          En el presente caso, MAPFRE, en vez de pagar
    a los asegurados las pólizas de contenido, dio
    este dinero directamente a la Junta del Consejo de
    Titulares del Condominio Dos Marinas II por haber
    cometido un error en el endoso de la póliza de
    contenido. De esta forma, se alega quebró sus
    deberes   contractuales   hacia   sus   asegurados
    causando daños     que surgen de      la relación
    contractual.
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           Por este curso de acción, no procede que se
      desestime la Demanda apoyada en la Regla 10.2 de
      Procedimiento Civil pues, conforme los hechos
      alegados en la Demanda, existe la posibilidad de
      que   los   demandantes  puedan   prevalecer  en
      alegaciones de incumplimiento de contrato de
      seguros contra MAPFRE.8

      Insatisfecha,        MAPFRE       presentó      una     Moción    de

Reconsideración,      en    la    que    insistió     en     la   cláusula

“Demanda Contra Nosotros” por establecer, de forma clara

y libre de ambigüedades, que cualquier acción legal

contra la aseguradora deberá presentarse dentro del

término de 1 año después de la fecha de la pérdida o de

la fecha en que se advino en conocimiento del alegado

daño, o en su defecto estará prescrita. En su opinión,

es este el término que aplica a la controversia y no el

término establecido en el Código Civil de Puerto Rico de

2020.9

      Por   otro    lado,    los      recurridos      presentaron      una

Oposición    a     Moción    de       Desestimación,         en   la   que

reiteraron los planteamientos esbozados en la Demanda.10

      Evaluados los escritos de ambas partes, el TPI

declaró no ha lugar a la reconsideración de MAPFRE.11

      Aun   insatisfecha,        la     peticionaria        presentó   una

Petición de Certiorari, en la que alegó que el TPI

cometió el siguiente error:

      ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR POR PRESCRIPCIÓN LA
      DEMANDA EN CONFORMIDAD CON EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO
      DE UN (1) AÑO PACTADO EN EL CONTRATO DE SEGUROS
      SUSCRITO ENTRE LAS PARTES, POR ENTENDER QUE EL
      TÉRMINO PRESCRIPTIVO APLICABLE ERA EL DE CUATRO
      (4) AÑOS DISPUESTO EN EL CÓDIGO CIVIL DE 2020.

      Examinados     los    escritos       de   las    partes      y   los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

8 Id., págs. 185-190. (Énfasis en el original y suplido).
9 Id., págs. 191-224.
10 Id., págs. 247-258.
11 Id., págs. 259-261.
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                                -II-

                                 A.

      Como   cuestión     de    umbral,      la      Regla    52.1   de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional       de     las      resoluciones         u      órdenes

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia en los siguientes términos:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones
      u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia, solamente será expedido por
      el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
      una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
      este apéndice o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
      a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,    asuntos    relativos   a
      privilegios    evidenciarios,     anotaciones   de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
      casos que revistan interés público o en cualquier
      otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia[…].12

                                 1.

     Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio      determinar       si        procede      revisar      la

determinación interlocutoria recurrida.

      A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior.13 Distinto al recurso

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por   tratarse      de    ordinario    de    asuntos

12Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
13 TorresGonzález v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023);
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
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interlocutorios.14 Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.15

     Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto
      de certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
           son contrarios a derecho.

      B.   Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

      C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
           craso y manifiesto en la apreciación de la
           prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

      D.   Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los
           cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
           elaborados.

      E.   Si la etapa del procedimiento en que se
           presenta el caso es la más propicia para su
           consideración.

      F.   Si la expedición del auto o de la orden de
           mostrar causa no causan un fraccionamiento
           indebido del pleito y una dilación indeseable
           en la solución final del litigio.

      G.   Si la expedición del auto o de la orden de
           mostrar causa evita un fracaso de la
           justicia.16

      Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto

en controversia y se coloca en posición de revisar los

14 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina
Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,
supra, pág. 334.
15 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Municipio

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG Builders et
al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
16 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; Municipio

v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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planteamientos en sus méritos.17 Sobre el particular, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante el TSPR,

afirmó:

       Asumir jurisdicción sobre un asunto, expidiendo el
       auto de certiorari, ha sido definido como la
       autoridad en virtud de la cual los funcionarios
       judiciales conocen de las causas y las deciden.
       Constituye la facultad de oír y resolver una causa
       y de un tribunal a pronunciar sentencia o
       resolución conforme a la ley. Dicha jurisdicción
       incluye la facultad de compeler a la ejecución de
       lo decretado y puede decirse que es el derecho de
       adjudicar con respecto al asunto de que se trata
       en un caso dado.18

       En fin, al asumir jurisdicción sobre el asunto que

tiene ante su consideración mediante la expedición de un

auto de certiorari, este Tribunal cumple su función

principal    de    revisar       las    decisiones    del    foro    de

instancia para asegurarse que las mismas son justas y

que encuentran apoyo en la normativa establecida.19

                                   B.

       La desestimación es un pronunciamiento judicial que

resuelve    el    pleito    de    forma    desfavorable      para    el

demandante sin celebrar un juicio en su fondo.20 Cónsono

con dicho propósito, la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil permite a un demandado presentar una moción antes

de presentar su contestación a la demanda, solicitando

que se desestime la misma.21 Específicamente, la Regla

10.2   reconoce    varios    supuestos      bajo     los    cuales   es

posible solicitar una desestimación, a saber:

17 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho
Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, Inc.,
2001, pág. 547.
18 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 92-93 (2001).
19 Id., pág. 93.
20 Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico

Derecho Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis (2017),
sec. 3901, pág. 411; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247
(2022).
21 Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305; 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra.
KLCE202400281                                                    10

      … (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2)
      falta de jurisdicción sobre la persona; (3)
      insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia
      del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar
      de exponer una reclamación que justifique la
      concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una
      parte indispensable.22

      “[A]l       resolver   una   solicitud    de   desestimación

fundamentada en que se deja de exponer una reclamación

que justifica la concesión de un remedio, los tribunales

están obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados

de manera clara y concluyente”.23 A su vez, los hechos

bien alegados, deberán ser considerados de la forma más

favorable     a    la   parte   demandante.24   En   consecuencia,

nuestro ordenamiento procesal civil permite al demandado

solicitar la desestimación de la reclamación cuando de

las alegaciones de la demanda es evidente que alguna de

las defensas afirmativas prosperará.25

      Finalmente, ante una solicitud de desestimación, el

tribunal deberá identificar los elementos que establecen

la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes

que no pueden presumirse como ciertas.26 Específicamente,

deberá evaluar “si a la luz de la situación más favorable

al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste,

la demanda es suficiente para constituir una reclamación

válida”.27 Así pues, para prevalecer, el demandado deberá

probar que el demandante no tiene derecho a remedio

22 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
23 Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., 2024 TSPR 13, ___ DPR
___ (2024).
24 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); González

Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera
Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). Véase,
además, Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, 211 DPR 70, 84
(2023).
25 Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020); Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).
26 Véase, Hernández Colón, op. cit., sec. 2604, pág. 307; Ashcroft

v. Iqbal, 556 US 662 (2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US
544 (2007).
27 Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).

Véase, además, Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., supra.
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alguno, aun interpretando la demanda de la manera más

liberal a su favor.28

                                            C.

      La industria de seguros de Puerto Rico se regula a

través de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según

enmendada, conocida como el Código de Seguros de Puerto

Rico, en adelante el Código de Seguros, y del Código

Civil como fuente de derecho supletorio.29

      El   Código         de    Seguros          establece,    como   regla     de

hermenéutica fundamental, que “todo tipo de contrato de

seguro deberá interpretarse globalmente, a base del

conjunto total de sus términos y condiciones, según se

expresen    en       la    póliza       y    según     se     hayan   ampliado,

extendido,       o    modificado            por     aditamento,       endoso     o

solicitud adherido a la póliza y que forme parte de

ésta”.30

      A su vez, si los términos del contrato de seguro

son claros y no dejan duda sobre la intención de los

contratantes,         se       estará       al    sentido     literal   de     sus

cláusulas.31         De    ordinario,             su   lenguaje       debe     ser

interpretado en su significado corriente y común, sin

ceñirse demasiado al rigor gramatical.32 Así, aquellos

contratos    de      seguros       cuyos          términos,     condiciones      y

exclusiones sean claros y específicos, y no den margen

a ambigüedades o distintas interpretaciones, se deben

28 López García v. López García, supra; SLG Sierra v. Rodríguez, 163
DPR 738, 746 (2005). Véase, además, Cobra Acquisitions, LLC v. Mun.
Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022).
29 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120, __ DPR

__ (2023); Banco de Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 111 DPR 1,
6 (1981); 31 LPRA sec. 12.
30 Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company, 207 DPR

138, 151 (2021). Véase, además, Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188
DPR 564, 576-577 (2013); 26 LPRA sec. 1125.
31 Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 721 (2022); Natal

Cruz v. Santiago Negrón, supra, pág. 577; 31 LPRA sec. 3471; 31
LPRA sec.14.
32 WMM, PFM et al. v. Colegio et al., 211 DPR 871, 886 (2023);

Jiménez López v. Simed, 180 DPR 1, 10 (2010).
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hacer     valer       conforme      la    voluntad      de       las   partes

contratantes.33

        Ahora bien, puesto que el contrato de seguro es uno

de adhesión -ya que el asegurador lo redacta en su

totalidad-,          éste   debe   interpretarse        liberalmente        en

beneficio del asegurado.34 En consecuencia, las cláusulas

oscuras       o   ambiguas     se       interpretarán        a    favor    del

asegurado.35 Por el contrario, en ausencia de ambigüedad,

las cláusulas del contrato son obligatorias.36

        En caso de dudas en la interpretación de una póliza,

ésta    debe      resolverse       de    manera   que    se      realice   su

propósito, a saber: proveer protección al asegurado.37

No obstante, esta norma no tiene el efecto de obligar a

que se interprete a favor del asegurado una cláusula que

favorece al asegurador y cuyo alcance y significado es

claro y libre de ambigüedad.38

        Finalmente, en lo aquí pertinente, el Art. 11.190

Código de Seguros dispone:

        (1)    Ninguna póliza entregada o expedida para
               entrega en Puerto Rico, que cubra un objeto
               de   seguro   residente,  localizado   o   a
               ejecutarse en Puerto Rico, contendrá ninguna
               condición, estipulación o acuerdo:

               […]

               (c) Para limitar el derecho de entablar
               acción contra el asegurador a un período
               menor de un año desde la fecha en que surja
               causa de acción en relación con todo seguro
               que no sea seguro de propiedad, seguro contra

33 Jiménez López v. Simed, supra. Véase, además, Guerrido García v.
UCB, 143 DPR 337, 348 (1997).
34 WMM, PFM et al. v. Colegio et al., supra (citando a San Luis

Center Apts. et al. v. Triple-S, 208 DPR 824, 833 (2022));
Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 21 (2007).
35 WMM, PFM et al. v. Colegio et al., supra; Natal Cruz v. Santiago

Negrón, supra; Jiménez López v. Simed, supra; Guerrido García v.
UCB, supra.
36 Natal Cruz v. Santiago Negrón, supra; véase Coop. Ahorro y Créd.

Oriental v. SLG, 158 DPR 714 (2003); Domínguez v. GA Life, 157 DPR
690 (2002).
37 Natal Cruz v. Santiago Negrón, supra, pág. 578; Quiñones López

v. Manzano, 141 DPR 139, 155 (1996).
38 Natal Cruz v. Santiago Negrón, supra, pág. 577; Quiñones López

v. Manzano, supra.
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            siniestros marítimos y seguro de transporte;
            en las pólizas de seguro de propiedad, contra
            siniestros marítimos y de transporte, tal
            derecho no podrá limitarse a un período menor
            de un año desde la fecha en que ocurra el
            suceso que resulte en la pérdida.

            […]39

      Lo anterior resulta relevante a la controversia

ante nuestra consideración, en la medida en que el texto

de la cláusula 11 de la póliza en controversia dispone

lo siguiente:

      11.   Demanda   Contra  Nosotros.   No  se   podrá
            presentar una acción a menos que se hayan
            satisfecho las disposiciones de esta póliza
            y la acción se inicie dentro de un plazo de
            un año después de la fecha de la pérdida.40

                                   -III-

      La peticionaria alega que la reclamación de daños

y perjuicios en su contra está prescrita. Esto es así,

porque, aunque tuvieron conocimiento del daño el 1 de

septiembre de 2019, los recurridos no presentaron la

demanda sino “más de dos (2) años y medio” después, es

decir, el 27 de mayo de 2022.41 Conviene añadir, que no

presentaron prueba de haber interrumpido el término

prescriptivo mediante alguno de los medios que contempla

nuestro ordenamiento civil. En consecuencia, corresponde

desestimar la demanda con perjuicio.

      Por   su      parte,   los    recurridos    arguyen   que   la

cláusula 11 de la póliza de seguros es leonina y denota

la mala fe de MAPFRE en el proceso de contratación, por

las   siguientes        razones:      (1)   los    recurridos     no

39 Art. 11.190 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 (26 LPRA
sec. 1119). (Énfasis suplido).
40 Apéndice de la peticionaria, pág. 51. (Énfasis suplido).
41 Id., pág. 188. “Los Pérez formulan una primera Demanda el 27 de

mayo de 2022 de la cual desistieron sin perjuicio sin haber
emplazado a MAPFRE. Luego incoan la presente demanda el 25 de mayo
de 2023, casi cinco años después del paso del huracán María y casi
tres años de advenir en conocimiento de su deficiencia en la
compensación esperada”.
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consintieron a la cláusula; (2) es una póliza de seguros

proveniente de una industria altamente técnica; (3) la

cláusula   acorta     el    término        en   catorce   o    tres      años

dependiendo     del    Código         Civil     aplicable;         (4)     los

recurridos no tuvieron poder alguno en la negociación al

no haber negociado la póliza de seguros, y; (5) la

cláusula únicamente favorece a MAPFRE. En su opinión,

estas son suficientes para declarar nula la cláusula en

cuestión    y   que    el        tribunal       aplique       el    término

prescriptivo de quince (15) años contenido en el Código

Civil de 1930.

     Con   el   beneficio        de   la    comparecencia          de    ambas

partes,    colegimos       que   la    peticionaria       tiene         razón.

Veamos.

     En primer lugar, el Código de Seguros autoriza

términos prescriptivos no menores de un (1) año, supra.

En el pleito de epígrafe, la póliza de seguros                              en

cuestión acoge dicho término. Esta es la ley entre las

partes, por lo cual la reclamación de los recurridos

está prescrita en su totalidad, tanto la reclamación ex

contractu como la reclamación contractual.                         Sobre el

particular conviene recordar que esta cláusula no es

ambigua, por lo cual, es obligatoria para ambas partes.

     En segundo lugar, como hay un término prescriptivo

que regula la relación contractual entre las partes -el

de 1 año contenido en la póliza de seguros-, no hay que

acudir a ninguna referencia al derecho supletorio del

Código de Seguros, a saber, el Código Civil. Por tal

razón, no aplica el término prescriptivo de cuatro (4)

años del Código Civil de 2020.

     Finalmente, en todo caso, tampoco aplica el Código

Civil de 2020 porque los hechos del presente pleito datan
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del 1 de septiembre de 2019 y el Código Civil de 2020

entró en vigor el 28 de noviembre de 2020.

                              -IV-

    Por los fundamentos antes expuestos, se expide el

auto de certiorari y se revoca la Resolución recurrida,

en cuanto determinó que la acción de incumplimiento de

contrato   de   los    recurridos    contra   MAPFRE   no   estaba

prescrita. En consecuencia, se desestima con perjuicio

y en su totalidad la demanda contra MAPFRE por estar

prescrita.

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones