Court Opinion

ID: 9374132
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:09.599191+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.328657
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL VII

                                                                   Revisión
   JOHN MÉNDEZ VÁZQUEZ                                         Administrativa,
                                                                procedente del
       Querellante Recurrente                                  Departamento de
                                                                 Asuntos del
                                                                 Consumidor
                       v.                KLRA202300009
                                                                Querella Núm.:
                                                               SAN-2022-0010457
BELLA INTERNATIONAL, LLC
   h/n/c PLANET HONDA                                               Sobre:
                                                                Compraventa de
        Querellada Recurrida                                   Vehículo de Motor

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

        El recurrente, John Méndez Vázquez, compareció mediante el

recurso de revisión administrativa del epígrafe para solicitar la

revocación de una determinación emitida por el Departamento de

Asuntos del Consumidor (DACo). Allí, la agencia declaró sin lugar la

querella presentada por el recurrente y, en cambio, declaró con lugar la

reconvención presentada por la recurrida, Bella International, LLC

h/n/c Planet Honda (Bella). Confirmamos la determinación del DACo.

        En síntesis, el DACo encontró probado que el recurrente

abandonó cierta motora en el taller de servicio mecánico de Bella, entre

el 23 de abril de 2021 y el 28 de julio de 2022, a pesar de que Bella le

advirtió repetidamente que le cobraría $10.00 por día por concepto de

almacenaje. Luego, el recurrente accedió a recibir el vehículo y este fue

Número Identificador

SEN2023 _______________
KLRA202300009                                                                                   2

trasportado en grúa a su residencia, al costo de la recurrida como

servicio de cortesía.

        En su recurso, el recurrente se limitó a señalar, como único error,

que el DACo le impuso responsabilidad por la suma de $4,290.00 por

concepto de almacenamiento de la motora adquirida de Bella, más la

suma de $89.39 por concepto de preparación de un estimado de

reparación.1 Justificó su contención en que no existió un contrato de

almacenaje suscrito entre las partes, en el cual el recurrente se hubiese

obligado al pago a cambio de que el vehículo permaneciera en las

facilidades de Bella. Prescindiendo de todo trámite ulterior, según lo

autoriza la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7(B)(5), resolvemos.

        Nuestro ordenamiento reconoce que toda determinación

administrativa está cobijada por una presunción de regularidad y

corrección, por lo que merece la mayor deferencia judicial. OCS v.

Universal, 187 DPR 164 (2012). Es decir, la revisión judicial de este

tipo de decisiones se circunscribe a determinar si la actuación de la

agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye

un abuso de discreción. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco

v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). Se reconoce, de esa manera, el

conocimiento especializado de los organismos administrativos en

aquellas materias que les han sido delegadas por ley. The Sembler Co.

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Rivera Concepción v.

ARPE, 152 DPR 116 (2000).

1
 Es preciso destacar que el recurrente no impugnó que se le hubiese declarado sin lugar la querella
sobre alegados desperfectos mecánicos de la motora adquirida mediante la compraventa, sino que
se limitó a cuestionar la determinación del DACo en cuanto a la reconvención presentada por Bella.
KLRA202300009                                                         3
      Por lo anterior, quien impugne una determinación administrativa

debe identificar en el expediente administrativo suficiente evidencia en

contrario para derrotar dicha presunción de corrección. ARPE v. JACL,

124 DPR 858 (1989). Al evaluar la decisión administrativa,

corresponde aquilatar si el remedio concedido por la agencia fue

apropiado, si las determinaciones de hecho que realizó están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto

en su totalidad, y si, mediante una revisión completa y absoluta, las

conclusiones de derecho del ente administrativo fueron correctas.

Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018).

      En el presente caso, el recurrente no sustentó en derecho su

planteamiento de que los contratos de almacenaje solamente son

válidos si cumplen con el requisito de reducirse los acuerdos mediante

un contrato escrito. Es decir, no demostró que el requisito de formular

lo acordado mediante un contrato de almacenaje escrito se trate de una

formalidad de carácter constitutivo para su eficacia. Tampoco

controvirtió las determinaciones del DACo en cuanto a que abandonó

el vehículo en el taller de servicio mecánico de Bella, que esta le

advirtió repetidamente que le cobraría el almacenaje y que

posteriormente accedió a recibir el vehículo en su residencia.

      Como consecuencia, el recurrente no logró derrotar la presunción

de corrección de la determinación administrativa que le impuso el pago

del almacenamiento de la motora y de la preparación del estimado de

reparación. Tampoco probó que el DACo errara en el ejercicio de las

facultades que le fueron delegadas, al utilizar su conocimiento

especializado al momento de evaluar y aquilatar la reconvención
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presentada por Bella. Por tales fundamentos, se confirma la

determinación objeto del presente recurso.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones