Court Opinion

ID: 9952146
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:21:40.573526+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:07.858280
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL III-ESPECIAL

                                                     Apelación
                                                     procedente del
      RICHARD MACHADO                                Tribunal de
           ORTIZ                                     Primera Instancia,
                                                     Sala de Relaciones
                                KLAN202301040        de Familia y
                                                     Menores de Bayamón
          EX PARTE
                                                     Civil Núm.:
                                                     BY2022RF01812

                                                     Sobre:
                                                     Petición de
                                                     Incapacidad y
                                                     Designación de
                                                     Tutor

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu
 Meléndez

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de febrero de 2024.

         Comparece     el    señor     Richard     Machado   Ortiz,    en

 adelante el peticionario o el señor Machado Ortiz,

 quien     nos    solicita       que    revoquemos      la     Sentencia

 emitida el 4 de octubre de 2023. Mediante la misma,

 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones

 de Familia y Menores de Bayamón, en adelante TPI,

 desestimó la petición de incapacidad, en adelante la

 Petición, presentada por el peticionario a favor de

 su    padre,    el    señor     Richard    Machado     González,      en

 adelante el Doctor Machado González o el peticionado,

 y le impuso honorarios de abogado.

         Por     los        fundamentos      que      expondremos       a

 continuación,         se    acoge     el   recurso     como     uno   de

 certiorari, se expide el auto, se revoca la Sentencia

 apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Número Identificador

SEN2024_________________
KLAN202301040                                                                     2

Instancia para la continuación de los procedimientos

conforme a lo dispuesto en la presente Sentencia.

                                         -I-

        En el contexto de un pleito sobre una Petición

de     Incapacidad       y    para       Designación          de    Tutor1,      el

peticionario          aseveró      que     sus        hermanos,      la    señora

Norma Machado Ortiz y el señor Ricardo Felipe Machado

Ortiz, en conjunto los apoderados, han incurrido en

prácticas de explotación financiera y han privado a

su     padre,     el     Doctor          Machado        González,         de    los

tratamientos médicos que necesita. Alegó que, desde

antes de la otorgación del poder duradero, el Doctor

Machado González no está capacitado para administrar

sus     propios       bienes.      Además        de     la    declaración        de

incapacidad judicial, solicitó el nombramiento de un

tutor     provisional,          que       no    sea     integrante         de    la

familia      Machado         Ortiz,       mientras           se    dilucida      la

incapacidad de su padre y hasta que se nombre a un

tutor en propiedad.

        El señor Machado Ortiz destacó, a su vez, que

está     impedido       de     proveer         una     evaluación         médica,

objetiva y completa, sobre las condiciones de salud

que     padece    el    Doctor          Machado       González      porque      los

apoderados        le    niegan          esta    información          y    tampoco

comunican       las    veces       en    las    que     el    Doctor      Machado

González ha sido hospitalizado en condición crítica.

Por     consiguiente,         el    peticionario             recomendó     a    una

psiquiatra y a un neurólogo de su preferencia para

realizar la evaluación de                      la presunta incapacidad.

Finalmente,       solicitó         una     orden       para       paralizar     el

ejercicio        de     las        facultades           otorgadas         a     los

1   Apéndice del peticionario, págs. 857-871.
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apoderados, la señora Norma Machado Ortiz y el señor

Ricardo Felipe Machado Ortiz.

        Por     su     parte,          el     Doctor          Machado         González

presentó        una     Moción       Solicitando            Desestimación               del

Caso.2     Alegó       que      el     señor       Machado         Ortiz        intenta

nuevamente           incapacitarlo,           a    pesar       de       que     el      TPI

concluyó que en nuestro sistema de derecho se presume

la     capacidad        mental         y     el     peticionario              no       pudo

controvertir           esa      presunción.          También            indicó         que,

conforme resolvió el foro primario, la Petición del

señor     Machado       Ortiz,       a      los    efectos         de     que      varios

médicos lo evalúen, “parecía más una expedición de

pesca      o    un     ataque        colateral           al     Poder         Duradero

otorgado… a favor de sus otros dos hijos”. Así pues,

adujo que el TPI determinó que un informe en el que

se     indica    que       el     Doctor          Machado       González           padece

Parkinson        no    es       suficiente         para       someterlo            a    una

batería de exámenes médicos. En todo caso, el foro

primario        entendió         que        eso    sería       una        intromisión

indebida sobre su persona.

        Por otro lado, arguyó que, aunque en los casos

de    familia        los     asuntos        no     advienen         finales,           esta

normativa no aplica al pleito de epígrafe “[s]alvo

que      tales         procedimientos               de        la        jurisdicción

voluntaria se conviertan en asuntos contenciosos…”.

Enfatizó que solo el primer caso de incapacidad, que

presentó el peticionario, fue contencioso y el foro

sentenciador lo desestimó. Argumentó, además, que el

Tribunal        de    Apelaciones            definió       la       ley    del         caso

cuando emitió una Resolución el 10 de noviembre de

2021,     tras       atender      las       mismas    controversias                y    los

2   Id., págs.796-809.
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mismos hechos. Según el foro intermedio, el Doctor

Machado     González       otorgó     la    Escritura     Núm.   4     sobre

poder duradero, la            cual goza de validez,              y    de   la

misma escritura surge que se le explicó al otorgante

que   el    poder     duradero      se     mantendría    subsistente        y

válido      durante    todo    el        proceso    de   su    enfermedad

incapacitante          o      de         ser       declarado         incapaz

judicialmente para administrar sus bienes. Así pues,

el    peticionado          solicitó        al   TPI:     desestimar        la

Petición del señor Machado Ortiz por constituir cosa

juzgada, impedimento colateral e ir contra la ley del

caso; sancionar la conducta temeraria, irrespetuosa e

impertinente de la parte; y emitir una orden para el

pago de honorarios de abogado.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, el TPI determinó lo siguiente:

      [E]l peticionario no presentó prueba médica
      alguna que derrotara, ni al menos de manera
      prima facie, la presunción de capacidad que
      establece el Código Civil en su artículo y que
      discute la jurisprudencia aplicable a los
      efectos.

      […]

      Mas aún, el peticionario, Sr. Richard Machado
      Ortiz, presentó el mismo documento que unió a
      la petición del caso civil BY2020RF1044 que YA
      FUE ATENDIDO Y RESUELTO por este mismo
      Tribunal, del cual se recurrió en alzada al
      Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo
      y a la fecha ya fue dispuesto en su totalidad
      denegando el mismo. Se trata a claras luces de
      una controversia que ya fue adjudicada por el
      Sistema Judicial de Puerto Rico. Es un asunto
      final. No tenemos dudas de que se trata de que
      hay cosa juzgada y más aún impedimento
      colateral por Sentencia.

      […]

      El petitorio del Sr. Machado Ortiz era que se
      ordenaran evaluaciones por médicos de su
      selección, pretendiendo, igual que en el caso
      anterior, que se iniciara una expedición de
      pesca (fishing expedition) para sustentar sus
      alegaciones.

      […]
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        Tampoco nos convence la alegación hecha por el
        peticionario, por medio de sus abogados, a los
        efectos de que en el caso anterior no se dictó
        Sentencia y que por ello no aplica el
        impedimento colateral, o que en caso anterior
        el Tribunal no atendió la controversia, todo
        lo contrario. Este Tribunal examinó y leyó la
        detallada Sentencia dictada por este Tribunal,
        la cual atendió y resolvió todos los asuntos
        planteados y que, aunque se recurrió en alzada
        NO fue revocada. Una lectura minuciosa tanto
        de la Sentencia de este Tribunal, como de la
        Resolución del Tribunal Apelativo, contienen
        [sic.] todo el tracto de los eventos que tuvo
        ante sí este Tribunal en el caso anterior,
        donde a claras luces surge que se trató de una
        asunto altamente litigado, con gran cantidad
        de mociones y solicitudes de órdenes, sustenta
        nuestra conclusión que se trata del mismo
        petitorio, con los mismos hechos, la misma
        prueba y que nos inclina a desestimar su caso.

        […]

        El Dr. Machado González otorgó una escritura
        de Poder Duradero el 2 de julio de 2020,
        suscrito ante la Notario Anne Marie Huertas
        Solares mediante la Escritura Núm. 4. En la
        referida escritura el Dr. Machado González,
        (poderdante) designó a dos de sus hijos, Norma
        y   Ricardo    Felipe    Machado   Ortiz    como
        apoderados, para administrar sus bienes, con
        el propósito de garantizar que, en el caso de
        alguna enfermedad o incapacidad, continúe la
        operación   de  sus   negocios   y   actividades
        comerciales a la vez que se le provean los
        recursos   necesarios   que   garanticen   buena
        calidad de vida, salud, comodidad y atenciones
        médicas y hospitalarias.

        […]

        A nuestro entender, dicho instrumento otorgado
        sustituye el procedimiento de incapacidad
        presentado, ya que regula por sí mismo lo
        concerniente a la administración y enajenación
        de sus bienes por lo que no existe un caso o
        controversia   que   el   Tribunal  tenga  que
        atender, así como, además deja la petición de
        autos   de   exponer    una   reclamación  que
        justifique la concesión de un remedio.

        […]

        Por lo que, este Tribunal determina que
        procede   la   imposición de   $2,000.00  por
        concepto de honorarios de abogado a favor del
        Dr. Machado González a ser pagados en un
        término de 30 días.3

3   Id., págs. 111-120.
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        En     desacuerdo       con       la   determinación,         el

peticionario presentó una Moción de Reconsideración4,

que el TPI declaró no ha lugar5.

        Aun    inconforme,          el    Doctor    González     Ortiz

presentó una Apelación en la que invoca la comisión

de los siguientes errores:

        EL TPI ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL EMITIR
        SENTENCIA DESESTIMANDO LA CAUSA DE ACCIÓN BAJO
        LA REGLA 10.2(5) DE PROCEDIMIENTO CIVIL AL
        APLICAR LA DOCTRINA DE IMPEDIMENTO COLATERAL Y
        SIN TOMAR COMO CIERTAS LAS ALEGACIONES DE LA
        PETICIÓN.

        EL TPI ERRÓ AL IMPONER REQUISITOS INEXISTENTES
        Y ONERESOS [SIC.] AL APELANTE CON RESPECTO AL
        PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD Y
        NOMBRAMIENTO DE TUTOR.

        EL TPI ERRÓ AL DESESTIMAR LA PETICIÓN DE
        INCAPACIDAD Y DESIGNACIÓN DE TUTOR SIN LA
        DEBIDA CELEBRACIÓN DE UNA VISTA EN SU FONDO
        PARA AQUILATAR LA PRUEBA SI PROCEDE O NO
        DECRETAR LA INCAPACIDAD DEL DOCTOR MACHADO
        ANTE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO CIVIL DEL 2020.

        EL TPI ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL
        DETERMINAR QUE EL OTORGAMIENTO DE UN PODER
        DURADERO   REEMPLAZA   EL PROCEDIMIENTO DE
        SOLICITUD DE INCAPACIDAD.

        EL TPI ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL
        IMPONER HONORARIOS DE ABOGADO POR TEMERIDAD AL
        APELANTE.

        Luego de revisar los escritos del peticionario;

del Doctor Machado González y de los interventores;

Norma Machado Ortiz, Ricardo Felipe Machado Ortiz y

Norma Ortiz Colón, así como los documentos que obran

en autos, estamos en posición de resolver.

                                    -II-

                                     A.

        Como    cuestión       de    umbral,   la    Regla     52.1    de

Procedimiento          Civil    establece      el   alcance     de     la

revisión discrecional de las resoluciones u órdenes

4   Id., págs. 5-20.
5   Id., pág. 1.
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interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia en los siguientes términos:

       El   recurso    de    certiorari    para   revisar
       resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas
       por el Tribunal de Primera Instancia, solamente
       será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden
       bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de
       la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto    anteriormente,    el    Tribunal   de
       Apelaciones     podrá     revisar     órdenes    o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra
       de   decisiones    sobre   la   admisibilidad   de
       testigos   de   hechos   o   peritos   esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones
       de familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la
       cual esperar a la apelación constituiría un
       fracaso irremediable de la justicia[…].6

                                       1.

     Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento          Civil,      supra,     corresponde      a    este

tribunal intermedio determinar si procede revisar la

determinación interlocutoria recurrida.

       A    esos     efectos,     el   auto   de    certiorari     es   el

vehículo procesal extraordinario utilizado para que

un   tribunal        de   mayor    jerarquía       pueda   corregir     un

error de derecho cometido por un tribunal inferior.7

Distinto        al   recurso      de   apelación,     el   tribunal     de

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el

auto       de   certiorari        de    manera     discrecional,        por

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios.8 Sin

embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera

6 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
7  Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847
(2023); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723,
728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
8 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v.
Padró, supra, pág. 334.
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razonable,      procurando   siempre     lograr    una    solución

justiciera.9

       Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición

de     un    auto   de   certiorari.    Sobre     el     particular

dispone:

       El   Tribunal   tomará  en    consideración los
       siguientes    criterios    al    determinar  la
       expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

       A.   Si el remedio y la disposición de la
       decisión   recurrida,   a  diferencia  de sus
       fundamentos, son contrarios a derecho.

       B.   Si la situación de hechos planteada es la
       más indicada para el análisis del problema.

       C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
       error craso y manifiesto en la apreciación de
       la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

       D.   Si el asunto planteado exige consideración
       más detenida a la luz de los autos originales,
       los cuales deberán ser elevados, o de alegatos
       más elaborados.

       E.   Si la etapa del procedimiento en que se
       presenta el caso es la más propicia para su
       consideración.

       F.   Si la expedición del auto o de la orden de
       mostrar causa no causan un fraccionamiento
       indebido del pleito y una dilación indeseable
       en la solución final del litigio.

       G.   Si la expedición del auto o de la orden de
       mostrar causa evita un fracaso de la justicia.10

       Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el

auto    de    certiorari,    asume     jurisdicción      sobre   el

asunto en controversia y se coloca en posición de

revisar los planteamientos en sus méritos.11 Sobre el

9  Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847;
Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG
Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
10  Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848;
Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
11 H.  A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico,
Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto
Rico, Inc., 2001, pág. 547.
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particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en

adelante el TSPR, afirmó:

      Asumir jurisdicción sobre un asunto, expidiendo
      el auto de certiorari, ha sido definido como la
      autoridad en virtud de la cual los funcionarios
      judiciales conocen de las causas y las deciden.
      Constituye la facultad de oír y resolver una
      causa y de un tribunal a pronunciar sentencia o
      resolución    conforme   a    la   ley.   Dicha
      jurisdicción incluye la facultad de compeler a
      la ejecución de lo decretado y puede decirse
      que es el derecho de adjudicar con respecto al
      asunto de que se trata en un caso dado.12

      En fin, al asumir jurisdicción sobre el asunto

que    tiene     ante    su     consideración            mediante     la

expedición de un auto de certiorari, este Tribunal

cumple su función principal de revisar las decisiones

del foro de instancia para asegurarse que las mismas

son justas y que encuentran apoyo en la normativa

establecida.13

                                    B.

      La desestimación es un pronunciamiento judicial

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el

demandante     sin   celebrar       un    juicio    en    su   fondo.14

Cónsono    con   dicho       propósito,      la     Regla      10.2   de

Procedimiento Civil permite a un demandado presentar

una moción antes de presentar su contestación a la

demanda,   solicitando        que    se   desestime       la   misma.15

Específicamente,        la    Regla       10.2     reconoce      varios

supuestos bajo los cuales es posible solicitar una

desestimación, a saber:

      … (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
      (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3)
      insuficiencia     del    emplazamiento;     (4)
      insuficiencia    del    diligenciamiento    del
      emplazamiento;  (5)   dejar   de   exponer  una

12 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 92-93 (2001).
13 Id., pág. 93.
14 Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico

Derecho Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis
(2017), sec. 3901, pág. 411; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209
DPR 240, 247 (2022).
15 Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305; 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra.
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       reclamación que justifique la concesión de un
       remedio; (6) dejar de acumular una parte
       indispensable.16

       En   lo    aquí       pertinente,       “al    resolver        una

solicitud    de   desestimación         fundamentada     en     que    se

deja   de   exponer      una    reclamación     que    justifica       la

concesión    de     un       remedio,    los    tribunales         están

obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de

manera clara y concluyente”.17 A su vez, los hechos

bien alegados, deberán ser considerados de la forma

más     favorable        a     la    parte      demandante.18          En

consecuencia,      nuestro       ordenamiento        procesal      civil

permite al demandado solicitar la desestimación de la

reclamación cuando de las alegaciones de la demanda

es evidente que alguna de las defensas afirmativas

prosperará.19

       Finalmente, ante una solicitud de desestimación,

el    tribunal    deberá       identificar     los    elementos       que

establecen la causa de acción y las meras alegaciones

concluyentes que no pueden presumirse como ciertas.20

Específicamente, deberá evaluar “si a la luz de la

situación más favorable al demandante, y resolviendo

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente

para   constituir     una      reclamación     válida”.21     De    modo

16 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
17 Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., 2024 TSPR 13, __
DPR __ (2024).
18 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); González

Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera
Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). Véase,
además, Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, 2023 TSPR
5, 211 DPR __ (2023).
19 Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020);

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701
(2012).
20  Véase, Hernández Colón, op. cit., sec. 2604, pág. 307;
Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009); Bell Atlantic Corp. v.
Twombly, 550 US 544 (2007).
21 Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).

Véase, además, Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp.,
supra.
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que, para prevalecer, el demandado deberá probar que

el demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun

interpretando la demanda de la manera más liberal a

su favor.22

                                         C.

        La   doctrina       de     cosa       juzgada          es    materia        que

pertenece      al     ámbito       del    derecho          sustantivo23.            Así

pues, en nuestro ordenamiento civil, la cosa juzgada

tiene su base estatutaria en el Artículo 1204 del

Código       Civil    que     establece             que    “[p]ara        que       la

presunción      de     cosa       juzgada          surta       efecto    en        otro

juicio, es necesario que entre el caso resuelto por

la    sentencia       y    aquél     en       que       ésta    sea     invocada,

concurra la más perfecta identidad entre las cosas,

las   causas,        las    personas          de    los    litigantes          y     la

calidad      con     que     lo    fueron”24.           Manresa        define        la

doctrina antes citada como “lo ya resuelto por fallo

firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí

la firmeza de su irrevocabilidad”25.

        Sobre este particular, el TSPR ha dejado claro

que   para     que    la    presunción             de   cosa        juzgada    surta

efecto en otro juicio, “es necesario que entre el

caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta

sea     invocada,         concurra       la    más       perfecta       identidad

entre    las    cosas,       las    causas,         las    personas           de    los

22 López García v. López García, supra; SLG Sierra v. Rodríguez,
163 DPR 738, 746 (2005). Véase, además, Cobra Acquisitions, LLC
v. Mun. Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022).
23 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 279 (2012); Díaz v.

Navieras de P.R., 118 DPR 297, 303 (1987).
24 31 LPRA sec. 3343. Véase, Presidential v. Transcaribe, supra,

pág. 273.
25 Presidential v. Transcaribe, supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v.

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011); Parrilla v.
Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004), citando a J.M. Manresa,
Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed.
Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278.
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litigantes       y    la      calidad     con       que    lo    fueron”26.    Su

finalidad es evitar que en un pleito posterior se

litiguen nuevamente, entre las mismas partes y sobre

las     mismas        cosas         y    causas           de     acción,      las

controversias         que      ya   fueron      o    pudieron      haber    sido

litigadas y adjudicadas en el pleito anterior27.

       Esta doctrina se fundamenta en consideraciones

de orden público, en el interés del Estado en ponerle

fin a los litigios y en el propósito de proteger a

los ciudadanos para que no se les someta en múltiples

ocasiones a los rigores de un proceso judicial28. De

este     modo,       procura        garantizar            la    certidumbre     y

seguridad de los derechos ya declarados, además de

evitar     gastos          adicionales          al        Estado    y   a     los

litigantes29.

       Cónsono con lo anterior, “[c]uando un litigante

articula exitosamente los elementos necesarios para

que    aplique       la       doctrina    de    cosa       juzgada,     …   [e]l

efecto inexorable es que la sentencia decretada en un

pleito anterior impide que, en un pleito posterior,

se litiguen entre las mismas partes y sobre la misma

causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas

y    adjudicadas,         y    aquellas    que       pudieron      haber    sido

litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción

previa”30. Sin embargo,

26 Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 273.
27  Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 655
(2013); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012);
Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003);
Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 732-733 (1978); Mercado
Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 950-951 (1972).
28 Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 507 (2016); Parrilla v.

Rodríguez, supra, pág. 268.
29 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra, pág. 655;

Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833-834
(1993).
30 Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 221-222 (2012);

P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008),
citando a, Méndez v. Fundación, 165 DPR 253 (2005); Pagán
Hernández v. UPR, supra; Mercado Riera v. Mercado Riera, supra.
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      […]   aún   estando   presente   los   componentes
      necesarios para que la doctrina de cosa juzgada
      surta efecto, hemos sido diáfanos en establecer
      que la referida figura legal ‘no es absoluta y
      debe siempre considerarse conjuntamente con el
      saludable principio de que debe dispensarse
      justicia en cada caso’. Es por ello que hemos
      resuelto que debemos abstenernos de aplicar la
      doctrina aludida ‘cuando al hacerlo se derrotan
      o se desvirtúan los fines de la justicia,
      produce   resultados    absurdos   o   cuando   se
      plantean consideraciones de interés público’. A
      pesar de lo expresado, ‘no se favorece el
      reconocimiento y la aplicación liberal de
      excepciones a la doctrina de cosa juzgada ante
      el riesgo de que se afecte el carácter de
      finalidad de las controversias adjudicadas…’ De
      esta    forma,    evitamos    se    propicie    la
      ‘relitigación    masiva   de   las   controversias
      judiciales resueltas’31.

                                  1.
      En diversas ocasiones el TSPR ha reconocido el

impedimento       colateral       por        sentencia     como        una

modalidad de la doctrina de cosa juzgada32. De modo

que, al igual que la doctrina de cosa juzgada, el

impedimento colateral “tiene como propósito promover

la   economía     procesal    y     judicial,      proteger       a    los

litigantes      contra   lo   que      representa        defenderse      o

probar    sus    reclamaciones          en    repetidas      ocasiones

tratándose de la misma controversia, evitar litigios

innecesarios      y   decisiones        inconsistentes”33.            Ahora

bien,    el   impedimento     colateral       se   distingue      de     la

doctrina de cosa juzgada en que para su aplicación no

es necesario que se dé el requisito de identidad de

causas34. “Esto significa que la razón de pedir que se

presente en una demanda no tiene que ser la misma que

se presentó en la demanda anterior”35.

31 Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 224. (Énfasis en
el original).
32 Universal  Ins. y otros v. ELA y otros, 211 DPR 455, 469
(2023); Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276; Beníquez
et al. v. Vargas et al., supra, pág. 225.
33 Universal Ins. y otros v. ELA y otros, supra; Beníquez et al.

v. Vargas et al., supra; Méndez v. Fundación, supra, pág. 269.
34 Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 276-277; Beníquez et

al. v. Vargas et al., supra; SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de
Titulares, supra.
35 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277.
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      Así   pues,      el    impedimento          colateral    se    activa

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de

una   sentencia       se    dilucida     y   se     determina       por   una

sentencia válida y final, pues tal determinación es

concluyente      en    un   segundo      pleito      entre    las    mismas

partes,     aunque      estén     envueltas         causas    de     acción

distintas36.       Finalmente,          esta        modalidad        aplica

solamente a aquellas cuestiones que en efecto fueron

litigadas y adjudicadas37.

                                   D.

      En nuestro ordenamiento jurídico se presume que

la persona natural mayor de edad tiene, para todos

los   efectos     legales,        capacidad         de   obrar      por    sí

misma.38    Sin       embargo,      la       capacidad        puede       ser

controvertida         con   una   sentencia         de     incapacitación

absoluta o de restricción parcial, por las causas y

la extensión que determina la ley.39 En consideración

a lo anterior, para declarar incapaz y nombrar un

tutor a una persona adulta, es imperativo rebatir la

presunción de capacidad mental suficiente para obrar,

regir su persona y administrar sus bienes.40

      Al limitar la capacidad de obrar de la persona

natural, ya sea de forma parcial o absoluta, siempre

“procede    el    nombramiento        de     un    tutor    para    que    le

asista en los actos ordinarios de la vida civil y la

represente legalmente en las relaciones jurídicas en

las que sea parte.”41

36 Id.; Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 DPR 837, 838-839
(1965).
37 Presidential v. Transcaribe, supra.
38 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 759

(2011); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 157 (2000);
Jiménez v. Jiménez, 76 DPR 718, 737 (1954).
39 Art. 100 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5601.
40 Id.
41 Art. 101 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5611.
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      Conforme      dispone      el   Código         Civil    vigente,    la

incapacitación absoluta es admisible para:

      (a)     la   persona   que   tiene   disminuidas   o
              afectadas permanente y significativamente
              sus destrezas cognoscitivas o emocionales
              y tal estado le impide percatarse del
              contenido    y   alcance   de    los   actos
              ordinarios y jurídicos que realiza; y

      (b)     la persona que padece una condición física
              o mental que le imposibilita cuidar de sus
              propios asuntos o intereses, mientras se
              encuentra en este estado.42

      En lo aquí pertinente, quien tiene restringida su

capacidad de obrar por sí misma en los asuntos que

afectan sus bienes o sus intereses personales, con

las limitaciones que expresamente le impone la ley o

la sentencia de incapacitación, es:

      […]

      (c)     la persona con discapacidad física que no
              puede comunicarse efectivamente por ningún
              medio, y que requiere asistencia para
              hacerse    entender,    para    participar
              consciente o activamente en algún acto
              jurídico o para consentir expresamente y
              por escrito a una obligación;

      […]43

      En la medida en que el presunto incapaz carezca

de   la   aptitud        para   realizar    actos       jurídicos,       por

tiempo      fijo    o     indefinido,      están       facultados     para

solicitar      el       procedimiento      de    incapacitación:          el

cónyuge,      los       progenitores,       así        como    “cualquier

pariente      con   plena       capacidad       de    obrar    que   tenga

derecho a sucederle o el defensor judicial que el

tribunal designe”, y el Ministerio Público.44

      Ahora bien, la declaración de incapacidad será

precedida por un juicio ordinario y expedito, luego

de cumplir con las exigencias del debido proceso de

42 Art. 102 del Código Civil, 31 LPRA sec. 102.
43 Art. 104 del Código Civil, 31 LPRA sec.104.
44 Art. 110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5631.
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ley.45 Así pues, el tribunal debe recibir el dictamen

de    uno     o        de        varios       médicos,           que        traten       las

condiciones físicas, cognoscitivas o emocionales que

limitan la capacidad de obrar del alegado incapaz.46

Además,       el       tribunal        puede         pedir       y       recibir     otras

pruebas       que       considere            necesarias              para      hacer      su

determinación.47             Luego,        si       entiende         que      la   persona

está realmente incapacitada para cuidar de sí misma y

administrar sus bienes, nombrará un tutor.48

        Finalmente,              el    Código         Civil      dispone           que    el

tribunal requerirá un informe sobre las condiciones

socioeconómicas del alegado incapaz antes de dictar

la sentencia, de imponer las limitaciones especiales

que procedan o de nombrar el tutor.49 También, ordena

al tribunal, antes de unir el informe al expediente

del   caso,        a    recibir         las         objeciones           oportunas       que

sobre su contenido presenten las personas interesadas

en el proceso de incapacitación.50

                                             E.

        Por otro lado, es norma firmemente establecida

que los tribunales apelativos no intervienen con el

manejo de los casos por parte del Tribunal de Primera

Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso

abuso    de    discreción              o    que       el    tribunal          actuó      con

prejuicio      y       parcialidad,             o    que    se       equivocó       en   la

interpretación               o     aplicación              de    cualquier           norma

procesal      o        de    derecho        sustantivo,              y     que     nuestra

intervención            en       esa       etapa      evitará            un    perjuicio

45 Art. 113 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5634.
46 Art. 114 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5635.
47 Id.
48 González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 761.
49 Art. 117 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5642.
50 Id.
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sustancial”.51 Conviene destacar que “la discreción se

fundamenta      [,entre       otras,]   en   el    contacto          con   los

litigantes y la prueba que se haya presentado”52 ante

el foro sentenciador. Por esta razón, se presume que

el   Tribunal      de    Primera     Instancia     conoce          mejor   las

particularidades del caso y está en mejor posición

para    tomar      las     medidas      necesarias           que     permitan

cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente

a una disposición final.53

       De   modo    que,      el    ejercicio     de    las        facultades

discrecionales          por    el    foro    de    instancia           merece

nuestra deferencia salvo que incurra en algunas de

las conductas previamente mencionadas y si a la luz

de la prueba admitida, “no exista base suficiente que

apoye su determinación”.54 Específicamente, el TSPR ha

delimitado      las      instancias     en   las       que    un     tribunal

abusa de su discreción de la siguiente manera:

            [C]uando no toma en cuenta e ignora en la
       decisión que emite, sin fundamento para ello,
       un hecho material importante que no podía ser
       pasado por alto; cuando el juez, por el
       contrario, sin    justificación ni fundamento
       alguno, concede gran peso y valor a un hecho
       irrelevante e inmaterial y basa su decisión
       exclusivamente en éste; o cuando, [...] [tras]
       considerar y tomar en cuenta todos los hechos
       materiales   e  importantes   y descartar  los
       irrelevantes, el juez los sopesa y calibra
       livianamente.55

51 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase,
además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, 2023 TSPR
145, 213 DPR __ (2023); Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial
Inc., 210 DPR 465, 497 (2022); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN
et al., 208 DPR 310, 338 (2021); VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc.,
207 DPR 253, 273 (2021); Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, 203
DPR 254, 276 (2019);Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724,
736 (2018); SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR
920, 933 (2015).
52 Citibank v. ACBI et al., supra, pág. 736.
53 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013);

Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307
(2012). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez
Alayón, supra.
54 Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020).
55 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, supra. Véase,

además, Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023
TSPR 65 (2023); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,
435 (2013) (citando a Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,
580 (2009)).
KLAN202301040                                                                      18

                                     -III-

       A      los        efectos         del     resultado             alcanzado,

discutiremos los señalamientos de error 1 al 4.

       Para el peticionario, el TPI incidió al aplicar

la doctrina de impedimento colateral por sentencia al

caso de epígrafe, porque no se emitió una sentencia

final y firme. Además, por la naturaleza dinámica de

las controversias en casos de familia, los dictámenes

emitidos no son finales y firmes. En su opinión, erró

el    foro    sentenciador         al     desestimar            la    Petición    en

cuestión,      bajo       la   Regla       10.2(5)         de        Procedimiento

Civil, al no considerar como ciertas las alegaciones

de la solicitud. Finalmente, se equivocó el TPI al

desestimar la solicitud de incapacidad y nombramiento

de tutor, sumariamente, es decir, sin celebrar vista

evidenciaria.

       Por su parte, el Doctor Machado González arguyó

que    no    erró    el    TPI     al     desestimar            la    Petición   de

Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor. A

su entender, se configuraron las doctrinas de cosa

juzgada y de impedimento colateral porque la Petición

presenta      las    mismas        alegaciones         y    la       misma    prueba

médica       que    se    desestimó        en     el       caso       Civil    Núm.

BY2020RF01044 entre las partes. Sostiene, además, que

como    el    peticionario          no    derrotó          la    presunción      de

capacidad del            Doctor Machado          González, no procedía

celebrar una vista evidenciaria. También, opina que

la insistencia del peticionario en someter al Doctor

Machado       González         a     un        procedimiento            judicial,

constituye          una        violación           a            sus      derechos

fundamentales.
KLAN202301040                                                                   19

     Finalmente,           las señoras Norma Machado Ortiz y

Norma Ortiz Colón, así como el señor Felipe Machado

Ortiz, adoptaron, en esencia, la misma posición que

la del Doctor Machado González.

     Como       cuestión      de       umbral,        está    ante     nuestra

consideración una controversia sobre el estado mental

del peticionado. En la medida en que dicho estado

está sujeto a cambios, la determinación recurrida es

de naturaleza interlocutoria.56

     Aclarado         lo    anterior         y   por    tratarse       de     una

decisión       judicial      en     un        caso     de    relaciones       de

familia,    la    Regla      52.1       de    Procedimiento          Civil    nos

faculta    a    revisarla.         En    consecuencia,             acogemos   el

recurso de epígrafe como uno de certiorari y bajo

dicho parámetro pasamos a adjudicarlo.

     De    lo    anterior         se     desprenden          las    siguientes

consecuencias.

     En general, el estado mental de una persona es

una condición dinámica, cambiante, variable, más aún

cuando se trata de una persona de edad muy avanzada.

Así pues, dicha dimensión del ser humano no se puede

aprisionar       en    el    marco           rígido    del     concepto       de

sentencia y en consecuencia, no es susceptible de la

aplicación del concepto de cosa juzgada.

56 En Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128-129 (1998) el
TSPR dispuso lo siguiente: “Los casos de familia están permeados
del más alto interés público y tienen, además, un carácter sui
géneris. En virtud de lo anterior, hemos expresado que las
determinaciones de alimentos y de custodia de menores no
constituyen propiamente cosa juzgada, ya que están sujetas a
revisión judicial, en el tribunal de instancia, si ocurre un
cambio en las circunstancias que así lo justifique… En
consecuencia, estos dictámenes nunca son estrictamente finales
ni definitivos”. (Citas omitidas). Véase, además, Otero Vélez v.
Schroder Muñoz, 200 DPR 76, 85-86 (2018); Machargo Olivella v.
Martínez Schmidt, 188 DPR 404, 415 (2013) (Opinión de
conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Kolthoff
Caraballo a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón
Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García); Cortés Pagán
v. González Colón, 184 DPR 807, 813 (2012).
KLAN202301040                                                                                20

        Tampoco          aplica       su     versión              más      moderada,        es

decir,       la    doctrina           de    impedimento                colateral.         Ello

obedece a que ni en el caso civil BY2020RF01044, ni

en el caso de epígrafe, fue litigado y adjudicado,

mediante          sentencia           final        y       firme,            algún    hecho

esencial          sobre        la     capacidad            del         Doctor        Machado

González para cuidar de sí mismo y administrar sus

bienes.

        Como si lo anterior fuera poco, en ninguno de

los dos casos se ha celebrado un juicio ordinario en

el     que    hayan       declarado          peritos            médicos        sobre       las

condiciones               cognoscitivas                o          emocionales              del

peticionado.             Tampoco       se    ha    pasado            prueba     sobre       la

condición socioeconómica del Doctor Machado González.

En síntesis, lejos de haber sido adjudicado de forma

final, el estado mental actual del peticionado está

abierto a dilucidarse.

        Por       otro    lado,       asumiendo            in     arguendo          que    las

figuras       procesales             de     cosa       juzgada           e    impedimento

colateral          por    sentencia          aplican          al       caso    de    autos,

estas        no    son        moldes        rígidos           e      inflexibles           que

determinen          de        una     vez    y     para           siempre       cualquier

controversia,             y    menos        aun,       una        de     relaciones         de

familia.          Como        ha     declarado           de       forma        categórica

nuestro más alto foro, su aplicación siempre se debe

considerar “conjuntamente con el saludable principio

de que debe dispensarse justicia en cada caso”57.

        Somos       de    la        opinión,       que      el       TPI     erró     al    no

aplicar correctamente el estándar de revisión de la

moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) de las

de     Procedimiento               Civil,     supra.            De      haberlo      hecho,

57   Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 224.
KLAN202301040                                                                              21

habría      continuado                el      trámite          de    declaración          de

incapacidad. Veamos.

        Si aceptamos como ciertas las alegaciones de la

Petición y las consideramos de forma más favorable al

peticionario,               es        forzoso       concluir         que     el        señor

Machado        Ortiz         podría           tener       una       reclamación          que

justificara la concesión de un remedio. Así pues, de

la lectura de las alegaciones bien formuladas de la

Petición surgen, en esta etapa de los procedimientos,

interrogantes sobre la naturaleza de la patología del

peticionado,                su         impacto           sobre       su      capacidad

cognoscitiva            y        su     facultad          para      administrar           su

persona        y    sus           bienes.          Del     mismo          modo     existe

controversia,            en esta etapa de los procedimientos,

sobre la aptitud de los apoderados para administrar

la persona y los bienes del peticionado.58

        Debemos             añadir           que         coincidimos             con      la

apreciación del peticionario en que incidió el TPI al

desestimar la petición de incapacidad y nombramiento

de     tutor    sin      celebrar            una     vista       evidenciaria.           Así

pues, no se puede rebatir la presunción de capacidad

de una persona abstrayendo un trámite judicial que

garantice,          a       todos           los    involucrados,            el     debido

proceso        de       ley.          Por     el    contrario,            dicha        tarea

judicial        requiere               la     celebración            de     un     juicio

ordinario en el que, entre otras cosas, se consideren

los dictámenes de diversos médicos, información sobre

las condiciones socioeconómicas del presunto incapaz

y     cualquier         otra      prueba           que    el    foro      sentenciador

entienda necesaria para hacer su determinación. Esto,

58   Apéndice del peticionario, págs. 857-865.
KLAN202301040                                                             22

sin lugar a dudas, no ha ocurrido                      en el presente

caso.

    De lo que sí estamos seguros es de que no se

puede mantener la presunción de incapacidad de una

persona     a      base       de    alegaciones             concluyentes,

acomodaticias, esquivas e ingenuas de una sola de las

partes,    en   este      caso,    los    apoderados.         Menos    aún,

cuando dicha presunción pretende mantenerse sobre la

base de no permitir acceso al peticionado y de ese

modo, impedir a otras partes interesadas conocer la

veracidad de dichas afirmaciones.

     Finalmente,        podríamos        omitir      la     argumentación

previa de la parte dispositiva de esta sentencia y

llegar al mismo resultado adjudicativo, a saber, que

no se podía desestimar la Petición en esta etapa tan

temprana    del     procedimiento,        que       procedía     continuar

con los procedimientos y que eventualmente había que

celebrar el juicio ordinario y expedito que exige el

Código     Civil.      Para    ello,      basta        considerar      las

expresiones       de   la   única    participante           en   la   vista

argumentativa,         neutral,     ajena       a    este    contencioso

familiar acrimonioso, a saber, la Procuradora de la

Familia. Veamos.

     Sometimos el informe fiscal y ante lo… la falta
     de documentos que hacía… que no… que no
     formaban partes de la petición…

     Al día de hoy no hemos recibido absolutamente
     nada. Esa es la realidad en cuanto a la
     petición.

     […]
     Hay unas partes aquí que están diciendo: “somos
     partes, tenemos un interés”, ¿okay?

     Y esas partes, por otro lado, lo único que
     piden es: "queremos expresar nuestra posición,
     porque es no solamente estar aquí y notificarme
     y que me escuche. ¿Cómo va a escuchar este
     honorable   tribunal   si    no   podemos   dar
     información? ¿Hasta qué punto eso constituye
     una oportunidad de que se le [sic.] de a los
KLAN202301040                                                               23

        hijos en [sic.] su debido proceso                      de Ley,
        porque no tienen herramientas para                     expresar
        ningún   tipo  de   posición   ninguno                 de   los
        interventores, en este momento?

        Definitivamente, aquí no se ha cumplido con el
        Informe Fiscal.

        Entonces, en cuanto al impedimento colateral,
        entendemos que por la jurisprudencia que hemos
        estado evaluando, veni… varias jurisprudencias
        que hemos estado evaluando, no es procedente en
        este momento, en este procedimiento.

        En   este   procedimiento    tenemos   ante   la
        consideración   del  Tribunal   una  Moción   de
        Desestimación   de   un   lado.   Un   conflicto
        espeluznante entre un núcleo familiar que
        levanta una luz de alerta. Y unos hijos que
        están pidiendo que para ellos poder expresar su
        posición pues tienen que tener acceso al señor.

        Eso es lo que está ante la consideración del
        Tribunal. En cuanto a mi petición de autori...
        de incapacidad, en este momento yo no puedo
        expresar absolutamente nada, porque no se me ha
        puesto en posición.

        […]59

        De      dichas    declaraciones,        podemos        afirmar    sin

temor a equivocarnos, que este caso no está maduro

para adjudicación en una etapa tan temprana de los

procedimientos.           Esto    es     así   porque     la    defensa    de

impedimento          colateral         era     inaplicable.          Faltaba

información,        no     se    había    cumplido      con     el   Informe

Fiscal. El “espeluznante” conflicto familiar “levanta

una voz de alerta” y nadie podía expresarse en torno a

la capacidad del Doctor Machado González porque no se

les     ha   puesto       en    posición.       De   lo    anterior,       es

razonable colegir que el TPI abusó de su discreción al

ignorar en la determinación impugnada, sin fundamento

para      ello,     las    contundentes         declaraciones        de   la

Procuradora de la Familia, apoyadas en el expediente,

que a su vez, este tribunal intermedio revisó de forma

independiente.

59   Apéndice del peticionario, págs. 165-167. (Énfasis suplido)
KLAN202301040                                                 24

                              -IV-

       Por   los   fundamentos   previamente   expuestos,    se

expide el auto de certiorari, se revoca la Sentencia

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia     para    la   celebración    de   una   vista   de

incapacidad y nombramiento de tutor. En la ejecución

de dicha encomienda deberá cumplir estrictamente con

las    disposiciones       aplicables    del   Código   Civil,

incluyendo, pero sin limitarse, los Arts. 113, 114 y

117.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones