Court Opinion

ID: 9916031
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:18.350467+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:38.544007
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

                                                  Certiorari
  MUNICIPIO AUTÓNOMO                              procedente del
     DE BAYAMÓN                                   Tribunal de
       Peticionario                               Primera Instancia,
                                                  Sala de Bayamón
                v.
                               KLCE202301235 Caso Número:
                                             BY2022CV00097
    MIGUEL A. SÁNCHEZ
    GONZÁLEZ Y OTROS                              Sobre:
        Recurrido                                 Injunction
                                                  (Entredicho
                                                  provisional;
                                                  Injunction
                                                  Preliminar y
                                                  Permanente)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece ante esta Curia el Municipio Autónomo de

Bayamón (Municipio) y solicita que revisemos la Resolución1 que

notificó el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

(TPI o foro primario), el 1 de septiembre de 2023. Mediante el aludido

dictamen, el TPI concedió a Miguel A. Sánchez González, Luz Celeste

Hernández Medina y la sociedad de gananciales por ellos compuesta

(recurridos) un término final de sesenta (60) días para finalizar el

trámite de convertir el permiso de uso en permiso único.

       Por   los     fundamentos   que   exponemos   a   continuación

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                   I.

       En el presente caso, el Municipio instó en contra de los

recurridos una causa de acción sobre injunction estatutario, al

amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Ello, con el

1 Apéndice, pág. 24.

Número Identificador:

RES2023________
KLCE202301235                                                            2

propósito de que el TPI les ordene detener -de forma inmediata- la

venta de pinchos y el uso de un taller de mecánica liviana, o en la

alternativa, les revoque el permiso de uso que ostentan por

presuntamente operarlo desordenadamente.

       En respuesta a la Moción Conjunta Informando Acuerdo2 que

instaron ambas partes, el TPI emitió una Sentencia3 en la cual

aprobó la referida estipulación transaccional. Vencido el término

estipulado sin que los recurridos dieran cumplimiento a lo acordado,

el Municipio solicitó la ejecución de la sentencia4 al amparo de la

Regla 51.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

51.3. En consecuencia, el foro primario dictó una Orden5 de citación

a los recurridos para una vista de desacato, a celebrarse el 29 de

septiembre de 2022.         La referida vista se dejó sin efecto ante la

emergencia tras el paso del Huracán Fiona por Puerto Rico.6

Posteriormente, los recurridos presentaron múltiples solicitudes de

prórroga y aseguraron estar realizando las gestiones necesarias para

conformar el permiso que ostentan con las actividades que llevan a

cabo en su propiedad. A esos efectos, los recurridos instaron una

solicitud para convertir el permiso de uso actual a un permiso único.

       Al cabo de un año de haber solicitado la ejecución de la

sentencia, el Municipio instó nuevamente una Moción solicitando

remedio a tenor con la Regla 51.3 de Procedimiento Civil.7 En

reacción, el foro primario dictó una Orden,8 notificada el 2 de agosto

de 2023, mediante la cual concedió un término a los recurridos para

expresarse en torno al petitorio del Municipio.

       En su réplica,9 los recurridos se comprometieron, dentro de

un    término     de   15    días,   a   reestablecer   los   espacios   de

2 Apéndice, págs. 87-89.
3 Apéndice, pág. 86.
4 Apéndice, págs. 82-84.
5 Apéndice, pág. 76.
6 Apéndice, pág. 68.
7 Apéndice, págs. 36-41.
8 Apéndice, pág. 35.
9 Apéndice, págs. 25-26.
KLCE202301235                                                         3

estacionamiento y a remover pinos y el carretón de ventas

ambulantes de la propiedad, a modo de culminar con el trámite de

conversión. Sobre tales bases, solicitaron al foro primario que dé por

cumplida su orden. Mediante el dictamen impugnado, el TPI accedió

a dar por cumplida su orden previa. Allí, también, concedió a los

recurridos un término final de 60 días para finiquitar el trámite de

conversión pendiente.

       Inconforme,          el   Municipio   instó   un   petitorio   de

reconsideración.10 Insistió en que el TPI ordene el cese y desista de

los recurridos del taller de mecánica liviana e instalación de gomas

y venta de comida que operan desde la propiedad objeto de este

pleito, entre otros remedios.

       En cumplimiento con el requerimiento11 del foro primario, los

recurridos se opusieron a la solicitud del Municipio.12 Discutieron

extensamente que el permiso de uso para la venta de neumáticos

incluye su montaje. Argumentaron que el montaje de neumáticos y

el cambio de aceite y filtro no constituyen labores de mecánica. Por

último, informaron que los pinos y el carretón fueron removidos y

los estacionamientos marcados, por lo cual, están a la espera de que

las agencias con jurisdicción atiendan la conversión del permiso de

uso a permiso único.

       Evaluado lo anterior, el foro primario notificó una Resolución13

el 5 de octubre de 2023 en la cual se negó a reconsiderar y reiteró

que el término de 60 días que concedió a los recurridos para

culminar la referida conversión es final.

       En desacuerdo, el Municipio presenta el recurso de epígrafe y

señala la comisión de dos errores, a saber:

       Erró el TPI al autorizar otra prórroga adicional a la
       Recurrida, en contravención a los términos establecidos
       mediante la Sentencia por estipulación.

10 Apéndice, págs. 17-23.
11 Apéndice, pág. 16.
12 Apéndice, págs. 3-15.
13 Apéndice, pág. 2.
KLCE202301235                                                        4

       Erró el TPI al no celebrar una vista para determinar si
       la Recurrida había violado la transacción entre las
       Partes y conceder el remedio que en derecho procede, el
       cumplimiento con lo acordado.

       Argumenta el Municipio que, la Orden impugnada menoscaba

los términos que las partes establecieron en su acuerdo de

transacción. Por lo antes, suplica que ordenemos al foro primario

celebrar una vista, a los fines de dilucidar si los recurridos

cumplieron con lo acordado y con la Sentencia del TPI, emitida y

notificada el 31 de marzo de 2022.14 De determinar que los

recurridos incumplieron, solicita que se les conceda un término

perentorio para acatar la Sentencia, so pena de desacato civil, más

la imposición de costas y honorarios post sentencia.

       En cumplimiento con nuestra Resolución, notificada el 8 de

noviembre de 2023, los recurridos exponen su posición en torno al

recurso del Municipio. Esencialmente exponen que, el Municipio no

ha demostrado que el foro primario abusó de su discreción o que

haya actuado mediante prejuicio, parcialidad o irrazonabilidad al

resolver como lo hizo, por lo que, no procede la expedición del auto

de certiorari. Pendiente lo anterior, el peticionario nos solicita el

desglose de los anejos A, B, C del memorando en oposición

presentado por los recurridos. En reacción, la parte recurrida se

allana a lo solicitado. A la vez, solicita la desestimación del recurso

por entender que el TPI ordenó la celebración de una vista el 6 de

diciembre de 2023 por lo que se concedió el remedio procurado por

el peticionario tornando en académico el recurso instado. Evaluado

lo anterior, ordenamos el desglose de los referidos anejos A, B, C de

la parte recurrida y declaramos no ha lugar el petitorio de

desestimación.

       Superado lo anterior y con el beneficio de las posturas de

ambas partes, resolvemos.

14 Apéndice, pág. 86.
KLCE202301235                                                        5

                                  II.

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada la Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias
KLCE202301235                                                       6

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

                                 III.
KLCE202301235                                                       7

      Surge del tracto procesal que, el Municipio solicita que

ejerzamos nuestra función discrecional para dejar sin efecto el

dictamen del TPI, mediante el cual dio por cumplida su Orden de 2

de agosto de 2023 y otorgó a los recurridos un término final de 60

días para culminar el trámite de conversión del permiso de uso a

permiso único. Entiéndase que, el Municipio cuestiona una

determinación interlocutoria sobre el manejo del caso del foro

primario, relacionada a la concesión de una prórroga final.

      Es de notar que, el Municipio no recurre de una resolución u

orden al amparo de una solicitud de remedio provisional, orden de

entredicho provisional o en ocasión de una denegatoria a una

moción de carácter dispositivo. El Municipio tampoco impugna una

orden o resolución interlocutoria sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía o asuntos de familia.

      Según la normativa antes esbozada, la Regla 52.1 de las

Reglas de Procedimiento Civil, supra, no nos confiere autoridad para

expedir un auto de certiorari en circunstancias relacionadas a cómo

deben conducirse los procedimientos ante el foro primario. A lo

anterior añadimos que, el Municipio no nos ha puesto en posición

de dictaminar que, esperar a la apelación, puede constituir un

fracaso irremediable a la justicia.

      Evaluado el recurso de epígrafe, a tenor de los criterios que

establece la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra, para

la expedición de un auto de certiorari concluimos que, no presenta

un asunto que justifica nuestra intervención en esta etapa. En

particular, es preciso destacar que hemos tomado en consideración

que, la presente causa versa sobre una prórroga de índole final, por

lo que colegimos que no se permitirán atrasos ni términos

adicionales. Más importante aún, tomamos conocimiento que, el

foro primario ordenó la celebración de una vista, el 6 de diciembre
KLCE202301235                                                        8

de 2023, durante la cual se podrá expedir el correspondiente

mandamiento de ejecución. Nada en el expediente ante esta Curia

sugiere que el foro recurrido, en el ejercicio de sus facultades, haya

incurrido en error o en abuso de discreción de forma tal que

justifique nuestra intervención en esta etapa de los procesos.

Tampoco nos encontramos ante una circunstancia excepcional que

amerite la expedición del auto. Por todo lo antes expuesto, nos

abstendremos de intervenir con el manejo del caso que realiza el foro

a quo. Lo antes no prejuzga cualquier determinación ulterior en este

caso.

                                  IV.

        Por los fundamentos esbozados, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones