Court Opinion

ID: 9952382
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:05.278937+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:06.144696
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     Panel II

                                                        Revisión Judicial
ROCK SOLID TECHNOLOGIES, INC.                           procedente de la
          Recurrente                                    Junta de Subastas
                                                        del Municipio
                                          KLRA202300551 Autónomo de
                  v.                                    Bayamón

                                                              Caso Núm.
MUNICIPIO        AUTÓNOMO            DE                       SP-2022-23-09
BAYAMÓN
              Recurrida                                       Sobre:
                                                              Adquisición y/o
                                                              Desarrollo de un
                                                              Sistema de
                                                              Información

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Adames
Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

      Comparece Rock Solid Technologies, Inc. (Rock Solid o recurrente),

solicitando que revoquemos una notificación de subasta, Resolución Núm.

39, referente a la solicitud de propuestas SP-2022-23-09, que fue emitida y

notificada el 11 de octubre de 2023, por la Junta de Subastas del Municipio

de Bayamón (Junta de Subastas o el Municipio, según corresponda).

Mediante dicho dictamen administrativo se adjudicó la Adquisición y/o

desarrollo de un sistema de información integrado para automatizar y

administrar los procesos de las dependencias y los servicios a la ciudadanía

del Municipio de Bayamón, a dos licitadores, Consulting 2 Success LLC (CS2),

e Interboro Systems Group, UKG Company (Interboro).

      En su muy bien fundamentado recurso de revisión judicial, Rock Solid

alzó señalamientos sobre: (1) alegados defectos en la notificación de la

adjudicación de la subasta y; (2) en la evaluación y adjudicación de la buena

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLRA202300551                                                                 2

pro, enumerando una serie de fallas que calificó de fatales, por adjudicarse a

propuestas que no fueron responsivas (no cumplieron con la Solicitud de

Propuesta), resultaban de       mayor gasto al erario       y revelaban una

determinación irrazonable, arbitraria, caprichosa, constitutiva de abuso de

discreción.

       Sin embargo, mientras se perfeccionaba el recurso de revisión judicial

ante   nuestra   consideración,    acontecieron   eventos   que   tornaron   en

académicas las controversias a dirimir, por lo que ya no es justiciable. En

específico, luego de presentado el recurso de revisión judicial, el Municipio

acogió una recomendación de su Junta de Subasta para cancelar la

adjudicación de la subasta que está siendo impugnada ante nosotros por

Rock Solid, emitiendo una determinación administrativa al respecto que,

eventualmente, advino final y firme.

       Acentuamos desde estos párrafos introductorios que no consideramos

que la sola cancelación de la subasta tornara en académico el recurso de

revisión judicial presentado, pero sí tuvo dicho efecto el hecho de que tal

determinación administrativa hubiese advenido final y firme, sin que algún

licitador, (que bien pudiera haber sido el mismo Rock Solid), la hubiese

impugnado dentro de los términos correspondientes.

I. Resumen del tracto procesal

       El 26 de septiembre de 2024, el Municipio publicó un Aviso de Solicitud

de Propuesta con el alfanumérico SP-2022-23-09 (el Aviso) en el periódico

Primera Hora. El anuncio tuvo como propósito notificar a posibles licitadores

interesados en someter propuestas para proveer un sistema de información

integrado para automatizar y administrar los procesos de las dependencias y

los servicios a la ciudadanía del Municipio. Se incluyó en el Aviso información

relativa a la disponibilidad del Pliego de requerimientos, la fecha pautada de

una reunión mandatoria para los interesados, y el costo de los documentos.

       Luego   de   superadas     sendas   reuniones   preparatorias   con   los

proveedores de servicios interesados en ofrecerlos, el 22 de febrero de 2023,
KLRA202300551                                                               3

el Municipio celebró la apertura de la Solicitud de Propuesta. El recurrente

figuró como uno de los ocho licitadores que sometieron propuestas.

      Pasados varios meses, el 21 de septiembre de 2023, el Comité

Evaluador (el Comité) recomendó adjudicar la buena pro a CS2, aseverando

que: fue el licitador que presentó la propuesta más completa, pues ofrecía

una plataforma en la nube, de clase mundial, con componentes que se

integraban entre sí y un partner con un plan de ejecución sólido; estimaba

un término de doce meses para la fase de preparación, exploración,

realización, despliegue y go-live; obtuvieron la mayor puntuación con relación

a los demás licitadores.

      De igual forma, el Comité recomendó la adjudicación de la buena pro a

Interboro, señalando que la propuesta de esta se concentró en los terminales

biométricos “ponchadores” y su instalación y mantenimiento, que resultaba

en el complemento perfecto para la propuesta de CS2.

      Cónsono con tales recomendaciones, la Junta de Subasta emitió la

Resolución 39 adjudicando la buena pro a C2S y a Interboro. Esta

determinación fue notificada a los licitadores el 11 de octubre de 2023.

      Insatisfecho, el 18 de octubre de 2023, Rock Solid envió una carta al

Municipio, solicitando revisar el expediente sobre el proceso y expresando que

la adjudicación carecía de fundamentos válidos que guardaran relación con

la adjudicación efectuada. Al próximo día, 19 de octubre, el recurrente se

presentó al Municipio y tuvo oportunidad de examinar el expediente.

      A raíz de lo anterior, el 23 de octubre de 2023, Rock Solid presentó una

Moción de Reconsideración ante la Junta de Subastas. Aseveró allí que tanto

la notificación de la subasta como su adjudicación resultaban incorrectos, y

procedía que la propuesta instada por CS2 fuera rechazada de plano, pues

no cumplía con las especificaciones del Pliego, ni representaba el mayor valor

y beneficio para el Municipio. Además, afirmó que la propuesta que fue

presentada por Rock Solid cumplía y sobrepasaba los criterios requeridos por

el Municipio para la adjudicación de la referida subasta, por lo que la
KLRA202300551                                                                4

puntuación que le otorgaron fue una caprichosa y arbitraria que no se

sostenía por el expediente.

      Simultáneamente, es decir, en la misma fecha y hora, el recurrente

acudió a nosotros, mediante recurso de revisión judicial, haciendo los

siguientes señalamientos de error:

      PRIMER ERROR: ERRÓ EL COMITÉ EVALUADOR Y LA JUNTA
      DE SUBASTAS DEL MUNICIPIO DE BAYAMÓN AL INCUMPLIR
      CON LOS REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE
      LA SOLICITUD DE PROPUESTA Y PROCEDER CON UNA
      NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN ILEGAL, INADECUADA E
      INVÁLIDA.

      SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL MUNICIPIO DE BAYAMÓN EN
      ADJUDICAR LA BUENA PRO DE LA SP-2022-23-09 A FAVOR DE
      CONSULTING 2 SUCCESS, LLC, AUN CUANDO FUE UN
      LICITADOR NO RESPONSIVO, UN ERROR INSUBSANABLE.

      TERCER ERROR: ERRÓ EL MUNICIPIO DE BAYAMÓN EN
      ADJUDICAR DE FORMA ILEGAL, IRRAZONABLE, ARBITRARIA,
      CAPRICHOSA, CONSTITUTIVA DE UN CRASO ABUSO DE
      DISCRECIÓN, LA BUENA PRO DE LA SP-2022-23-09, AL
      CONCLUIR QUE RST NO CUMPLIO CON TODOS LOS
      CRITERIOS DEL PLIEGO.

      CUARTO ERROR: ERRÓ EL COMITÉ EVALUADOR Y LA JUNTA
      DE SUBASTAS DEL MUNICIPIO DE BAYAMÓN EN SU ANÁLISIS
      DE CRITERIOS, PROPUESTAS Y DEL EXPEDIENTE.

      QUINTO ERROR: ERRÓ EL MUNICIPIO DE BAYAMÓN EN
      ADJUDICAR LA BUENA PRO DE LA SP-2022-23-09 A FAVOR DE
      CONSULTING 2 SUCCESS, LLC, A PESAR DE LA ILEGALIDAD
      DE ALGUNOS ELEMENTOS DE SU PROPUESTA.

      Al presentar el recurso de revisión judicial ante nuestra atención el

recurrente no incluyó una petición de auxilio de jurisdicción. Es decir, la

parte promovente de la impugnación de la subasta, identificada como

Resolución 39, no solicitó la paralización de los procesos en el Municipio,

mientras estuviera pendiente por resolver el asunto ante nuestra atención.

      Como resultado del recurso de revisión judicial instado, mediante

Resolución del 6 de noviembre de 2023, le concedimos un término de cinco

días a las demás partes para que se expresaran.

      No obstante, el Municipio acudió ante nosotros el mismo día en que

expedimos la Resolución aludida, mediante Moción Informativa y en Solicitud

de Desestimación, aseverando que la Junta de Subastas había reconocido
KLRA202300551                                                                 5

algunas deficiencias que afectaron la SP-2022-23-09, que ameritaban una

reevaluación de la adjudicación de la subasta. Añadió que, por causa de la

referida reevaluación, el 3 de noviembre de 2023, la Junta había aprobado la

Resolución Núm. 47, (que incluyó como anejo), dando lugar a la

cancelación de la subasta. En consecuencia, sostuvo que la cancelación de

la subasta que estaba siendo impugnada por Rock Solid ante nosotros,

convertía en académico el recurso de revisión judicial, pues ya no existía un

caso o controversia que adjudicar, de aquí que solicitara la desestimación.

      Además, al próximo día, 7 de noviembre de 2023, el Municipio también

presentó una Moción Informativa y en Cumplimiento de Resolución, en la que

aludió a la moción discutida en el párrafo que antecede, y solicitó que

diéramos por cumplida nuestra Resolución de 6 de noviembre de 2023.

      De conformidad, el 8 de noviembre de 2023, concedimos un término de

cinco días a Rock Solid para que se expresara en torno a la solicitud de

desestimación instada por el Municipio.

      De manera oportuna, el 15 de noviembre de 2023, la parte recurrente

presentó una Oposición a Moción de Desestimación. En su escrito Rock Solid

alegó falta de notificación de la cancelación de la subasta por el Municipio,

señalando que este último no había presentado evidencia alguna que

respaldara su afirmación de haber retirado la adjudicación impugnada.

Sostuvo, además, que el hecho de que la parte recurrida admitiera que se le

daría más consideración al asunto y se volvería a adjudicar la subasta, sin

proporcionar información concreta sobre cómo se abordarían los errores

aludidos, ni dar garantía alguna de que estos no se repetirían en el nuevo

proceso de adjudicación, convertían la notificación sobre cancelación en una

caprichosa, no ajustada a derecho. Añadió que, uno de los principios

importantes del proceso de subasta es que los licitadores no deben conocer

las ofertas contrarias, evitando así obtener ventajas indebidas y poder

modificar las suyas. A pesar de tal principio, la cancelación de la subasta bajo

discusión lo frustra, permitiendo que los licitadores contrarios ya conozcan
KLRA202300551                                                                 6

de antemano las propuestas que se ofrecieron, para así poderlas ajustar en

un proceso posterior y el Municipio elegir a quién quiere favorecer.

      Examinada la respuesta de Rock Solid a la petición de desestimación

del Municipio, el 16 de noviembre de 2023, ordenamos a este último que se

expresara sobre los argumentos allí contenidos.

      A tenor, el 21 de noviembre de 2023, el Municipio presentó una Moción

en cumplimiento de resolución de 16 de noviembre de 2023 y réplica a oposición

a solicitud de desestimación. Inició señalando que, al presentar el recurso de

revisión judicial ante nuestra atención, Rock Solid no solicitó la paralización

de los procedimientos sobre la subasta adjudicada mediante la Resolución 39.

Añadió que, en términos procesales, la alegación de incumplimiento que hizo

el recurrente estaba dirigida a cuestionar, en los méritos, la Resolución 47,

mediante la cual se determinó la cancelación de la subasta, que era una

determinación administrativa final que debía ser objeto de otro recurso de

revisión, no bajo el recurso que solicitaba la revisión de la Resolución 39. Por

tanto, sostuvo que este Foro intermedio no tiene jurisdicción para dilucidar

en los méritos asuntos relativos a la determinación final sobre la Resolución

47. En cuanto a la alegación de la recurrente sobre la presunta falta de

notificación, sostuvo que la Resolución 47 si les fue notificada por correo

certificado y con acuse de recibo, el 3 de noviembre de 2023, sin embargo, al

17 de noviembre de 2023, la parte recurrente no había acusado el recibo de

esta. Concluyó que, pasados los términos para impugnar la determinación

sobre cancelación de subasta, recogida en la Resolución 47, este dictamen

había advenido final y firme, tornando el recurso de revisión judicial referente

a la Resolución 39 en académico.

      Posteriormente, las partes intercambiaron sucesivas mociones sobre

este caso, ninguna de las cuales contó con la autorización de este Tribunal.

      Estamos en posición de decidir.
KLRA202300551                                                                          7

II. Exposición de Derecho

      B. Academicidad

      Los tribunales solo están llamados a atender asuntos de carácter

justiciable.   La   doctrina      de   justiciabilidad   exige    la    adjudicación   de

controversias genuinas entre partes opuestas, que tienen un interés legítimo

en obtener un remedio capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo,

de ese modo, la intervención oportuna y eficaz de los tribunales. Lozada

Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 908 (2010); E.L.A. v. Aguayo,

80 DPR 554, 558-559 (1958). Este principio constituye una autolimitación al

ejercicio del Poder Judicial consagrado en nuestra Constitución. Íd.

      En virtud de lo anterior, se reconoce que la doctrina de la academicidad

da vida al principio de justiciabilidad. Bathia Gautier v. Gobernador, 199 DPR

59 (2017); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 973 (2010); Crespo v.

Cintrón,   159      DPR    290,    298    (2003).   Como       norma,     un   caso    es

académico cuando los cambios fácticos o procesales ocurridos durante

su trámite convierten la controversia en una ficticia, de modo tal que

el fallo que emita el tribunal no tendría efectos prácticos por tratarse

de un asunto inexistente. (Énfasis provisto). Lozada Tirado et al v. Testigos

Jehová, supra, pág. 908.

      Las diferentes justificaciones que se esbozan para requerir que un caso

no sea académico antes de resolverse el mismo son: (1) evitar el uso

innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar suficiente contienda

adversativa    sobre      las   controversias   para     que     sean    competentes    y

vigorosamente presentados ambos lados; y (3) evitar un precedente

innecesario. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 DPR 924 (2000), citando

a Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 437 (1994). Un caso

puede resultar académico si el transcurso del tiempo ha causado que éste

pierda su condición de controversia viva y presente. Íd.
KLRA202300551                                                                 8

      No obstante, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido algunas

excepciones que permiten que se considere un caso posiblemente académico,

a saber: cuando se plantea una cuestión recurrente; si la situación de hechos

ha sido modificada por el demandado, pero no tiene características de

permanencia; o donde aspectos de la controversia se tornan académicos, pero

persisten importantes consecuencias colaterales. Cruz v. Administración, 164

DPR 341, 359 (2005); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 DPR 115, 124

(1988).

B. Sobre la Revisión Judicial de las Decisiones Administrativas

                                          a.

      El Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, (Ley de la Judicatura),

dispone que el Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de

derecho, las decisiones finales de los organismos y agencias administrativas

que hayan sido tramitadas conforme con las disposiciones de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU)”. (Énfasis provisto). Art. 4.002

de la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24 (u).

      El Código Municipal de Puerto Rico dispone, en lo pertinente, que el

Tribunal de Apelaciones revisará el acuerdo final o adjudicación de la Junta

de Subastas. Artículo 1.050 de la Ley 107-2020.

      De igual forma, la Regla 56 del Reglamento de este Tribunal dispone:

esta parte gobernará el trámite de las revisiones de todos los recursos instados

ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión de las decisiones, los

reglamentos, las órdenes, las resoluciones y las providencias finales dictadas

por organismos o agencias administrativas o por sus funcionarios o

funcionarias, ya sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo

dispuesto en ley. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56.

                                          b.

      Por otra parte, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, (Ley de la Judicatura), 4 LPRA sec.
KLRA202300551                                                                9

24(y)(c), dispone, en lo pertinente, que la mera presentación del recurso de

revisión judicial no paralizará el trámite en el organismo o agencia

administrativa.

      La Regla 61 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se expresa en

iguales términos al advertir que la presentación de un recurso de revisión, no

tendrá el efecto de paralizar la implantación de una regla o reglamento, orden,

resolución o determinación de una agencia, funcionario o funcionaria, o la

adjudicación de una subasta impugnada. Sin embargo, a solicitud de parte,

el Tribunal de Apelaciones podrá emitir una orden en contrario, no sin antes

conceder un término a las demás partes para que se expresen en torno a la

solicitud de paralización. No obstante, si el tribunal determina que por la

urgencia del asunto no es posible oír a las demás partes, podrá dictar dicha

orden de forma temporera y conceder posteriormente término a las demás

partes para que se expresen antes de resolver finalmente el asunto. 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 61.

C. La Subasta

      La subasta es uno de los vehículos procesales que tanto el gobierno

central como los municipios utilizan para la adquisición de bienes y servicios.

PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 531 (2019). El propósito

primordial es proteger el erario fomentando la libre y diáfana competencia

entre el mayor número de licitadores posibles. Con ello, se pretende

maximizar la posibilidad de obtener el mejor contrato, mientras se protegen

los intereses y activos públicos. La idea es que este mecanismo aumenta la

probabilidad de que se obtengan “los precios más económicos” y de que se

eviten “el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la

extravagancia y el descuido”. PR Eco Park et al., supra.

      Las subastas que celebran los municipios están reglamentadas por la

Ley 107-2020 (“Ley 107”) y por el Reglamento para la Administración

Municipal Núm. 8873 de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
KLRA202300551                                                                           10

de 19 de diciembre de 2016 (el “Reglamento”)1. PR Eco Park et al., supra. Este

estatuto establece los procedimientos a seguir para la celebración y

adjudicación de subastas municipales. Respecto a la adjudicación de la

subasta, allí se dispone que, “[c]uando se trate de compras, construcción o

suministros de servicios, la Junta adjudicará a favor del postor razonable más

bajo”. Art. 2.040 de la Ley 107. La citada ley añade que:

       La Junta hará las adjudicaciones tomando en consideración que
       las propuestas sean conforme a las especificaciones, los términos
       de entrega, la habilidad del postor para realizar y cumplir con el
       contrato, la responsabilidad económica del licitador, su
       reputación e integridad comercial, la calidad del equipo, producto
       o servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan incluido
       en el pliego de subasta.

       Por otro lado, el derecho de revisión judicial que poseen los licitadores

o participantes de estos procesos se encuentra de igual manera reglamentado

por la ley bajo examen. Véase Art. 1.050 de la Ley 107-2020; Puerto Rico Eco

Park, Inc., 202 DPR a las págs. 533-534. Al respecto, como señaláramos, este

Tribunal “revisará, el acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas”

y que el recurso deberá presentarse “dentro del término jurisdiccional de diez

(10) días contados desde el depósito en el correo de la copia de la notificación

del acuerdo final o adjudicación”. Art. 1.050 de la Ley 107.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                                a.

       Según adelantamos, presentado por Rock Solid el recurso de revisión

judicial bajo nuestra atención, –en el que se impugnó la adjudicación de la

subasta identificada por la Resolución 39–, el Municipio instó una petición de

desestimación, por vía de la aprobación de la Resolución 47. En específico, en

su Moción informativa y en solicitud de desestimación, de 6 de noviembre de

2023, el Municipio planteó que procedía la desestimación del recurso de

1 La Ley 81-2017 eliminó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y
transfirió algunas de sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. No obstante, los
reglamentos, memorandos circulares, circulares informativas y otros documentos emitidos
por la OCAM, y que reglamentan los procedimientos administrativos y fiscales de los
municipios, se mantienen en vigor en lo que no sean contrarios a las disposiciones de la Ley
81-2017.
KLRA202300551                                                                11

revisión judicial, por cuanto había advenido en académica la controversia

sobre la adjudicación de la subasta impugnada, es decir, no justiciable, al

haber sido cancelada mediante la aprobación de la Resolución 47.

      No tiene razón el Municipio al promover la teoría de que la mera

cancelación de la adjudicación de la subasta que estaba siendo impugnada,

tuvo el efecto de provocar la academicidad del recurso de revisión judicial ante

nuestra consideración. Precisamente, en RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR

836 (1999), nuestro Tribunal Supremo, ante una situación análoga, advirtió

que la posterior cancelación de una subasta que está siendo impugnada ante

el Tribunal, no necesariamente tiene el efecto de tornar en académica la

controversia sobre la razonabilidad de la adjudicación de la subasta.

      En la Opinión citada el Alto foro reconoció que, si bien es cierto que las

agencias públicas, (extensible aquí el razonamiento a las municipalidades),

tienen la discreción para anular una subasta en cualquier momento antes de

la formalización del contrato, este ejercicio no está exento de responsabilidad.

Sobre lo mismo, manifestó ese Foro que, tanto el abuso de derecho como su

ejercicio arbitrario podrán ser fuentes de responsabilidad, por lo que la

cancelación de una subasta no puede obedecer a fundamentos

irrazonable y arbitrarios. (Énfasis provisto). Íd, págs. 851-853.

      Al decidir así, el Tribunal Supremo subrayó que los tribunales tenemos

el deber de asegurar que, al efectuar sus gestiones de compra y contratación,

las instrumentalidades públicas cumplen con la ley, con sus propios

procedimientos y que tratan de forma justa a los licitadores. En fin, que los

dineros del pueblo se gastan en beneficio del interés público. No debemos

perder de perspectiva que el Gobierno es el comprador y contratante más

grande del país. La adecuada fiscalización de la utilización de los dineros del

erario resulta de vital importancia para mantener la confianza del ciudadano

en el Gobierno y una democracia saludable. Íd, pág. 856. A lo que a renglón

seguido añadió que, si bien es cierto que debemos gran deferencia a las

determinaciones de las agencias administrativas, cuando éstas no se
KLRA202300551                                                                               12

encuentran sustentadas por evidencia sustancial en el récord o cuando son

irrazonables, nada nos impide intervenir.2 Íd.

       Claro, a lo anterior se debe añadir que la jurisprudencia ha reconocido

excepciones que permiten que se considere un caso posiblemente académico,

según ya citamos: cuando se plantea una cuestión recurrente; si la situación

de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene características

de permanencia; o donde aspectos de la controversia se tornan académicos,

pero persisten importantes consecuencias colaterales. Cruz v. Administración,

supra. Dado que la adjudicación de una subasta conlleva el desembolso del

erario, y el proceso de subasta está revestido del más alto interés público,

aspirando a promover la sana administración gubernamental, juzgamos que

tales excepciones a intervenir en casos presuntamente académicos habrán de

sopesarse con mayor rigor.

                                                  b.

       A pesar de lo explicado, operan en este caso ciertos hechos procesales

acontecidos mientras estaba pendiente por resolverse el recurso de revisión

judicial ante nuestra consideración que, a fin de cuentas, sí tornaron en

académica la controversia que nos tocaba dirimir. Elaboramos.

       El recurso de revisión judicial presentado por Rock Solid se dio contra

la adjudicación de la subasta identificada bajo la Resolución 39 del Municipio.

Tal Resolución constituyó el acuerdo final o adjudicación al que refiere el

Artículo 1.050 del Código Municipal, supra, que resultaba revisable por este

2 Luego de esta Opinión el Tribunal Supremo se ha mostrado tímido al diseñar un remedio

adecuado, suficiente en derecho, cuando se concluye que la cancelación de una subasta fue
irrazonable o arbitraria, hecha con el propósito de evadir la revisión judicial, si se parte del
interés público envuelto. Es decir, en dicha Opinión se le reconoció una causa de acción por
daños y perjuicios al licitador afectado por la cancelación arbitraria de la subasta. Sin
embargo, tal remedio resulta insatisfactorio, cuando se considera que el daño a ser
indemnizado no se debe circunscribir al del interés privado, el del licitador perdidoso, pues
debería más bien servir para frenar el daño directo que provoca al interés público. En
este sentido, reducir el remedio judicial a que el licitador perdidoso tenga una acción
en daños contra la agencia o municipio, priva por completo a la sociedad de un vehículo
para resarcirse del grave daño que le representa los procesos y adjudicaciones viciados
de las subastas públicas. En definitiva, para lograr disuadir la conducta errada en los
procesos de subasta, no bastaría con declarar la cancelación de esta cuando proceda,
sino que se requeriría su adjudicación al verdadero mejor postor, sin que se conceda la
oportunidad a la agencia o municipio de seguir realizando otros procesos de subastas,
hasta permitir que terminen eligiendo al licitador que se quiere favorecer.
KLRA202300551                                                                  13

Tribunal de Apelaciones, de presentarse recurso de revisión judicial dentro

del término jurisdiccional dispuesto en ese mismo artículo, como aquí

oportunamente lo hizo Rock Solid.

      Sin embargo, una vez presentado dicho recurso ante nuestra

consideración, el Municipio emitió otro acuerdo final o adjudicación, a través

de la Resolución 47, mediante el cual canceló la adjudicación de la subasta

bajo Resolución 39.

       Sobre lo último, cabe señalar que el Municipio no estaba impedido de

actuar sobre la Resolución 39, mientras se encontraba pendiente ante

nosotros el recurso de revisión judicial instado por Rock Solid, por cuanto no

se nos solicitó la paralización de los procesos que allí se conducían, ni

emitimos orden a tales efectos. Es decir, el Municipio estaba habilitado para

cancelar la adjudicación de la referida subasta, a través de la Resolución 47,

según lo hizo.

      A pesar de que la adjudicación final efectuada por el Municipio a través

de la Resolución 47 podía ser objeto de revisión judicial, por virtud del Artículo

1.050 citado, Rock Solid, ni ninguno de los licitadores a quienes le podía

afectar tal determinación, incoó un recurso de revisión judicial para

impugnarla, por lo que, transcurrido el término jurisdiccional para ello,

advino final y firme.

      Según es conocido, este Tribunal de Apelaciones no tiene autoridad en

ley para revisar la adjudicación final sobre una subasta, sin que se hubiese

interpuesto por una parte afectada un recurso de revisión judicial, dentro del

término jurisdiccional correspondiente. En consecuencia, la cancelación de

la subasta cuya impugnación pretendía Rock Solid advino final y firme, no

estando este Tribunal de Apelaciones en posición de revisarla de manera

colateral a través del recurso de revisión judicial bajo nuestra consideración,

alusivo a la Resolución 39.

      Lo anterior en modo alguno supone o puede interpretarse como una

expresión de este Tribunal sobre la razonabilidad de la cancelación de la
KLRA202300551                                                               14

subasta que interesó impugnar Rock Solid. Precisamente, no podemos

pronunciarnos sobre si la cancelación de la subasta llevada a cabo mediante

la Resolución 47 cumplió con los elementos de razonabilidad explicados en

RBR Const., S.E. v. A.C., supra, porque Rock Solid no nos puso en posición

de poder inquirir sobre tales aspectos al pretender impugnarla a través del

mismo recurso de revisión judicial que refería a la Resolución 39.

      En definitiva, tiene razón el Municipio al solicitar la desestimación del

recurso de revisión judicial presentado por Rock Solid, pues durante su

consideración acontecieron cambios fácticos o procesales que convirtieron la

controversia en una ficticia, de modo tal que el fallo que emita el tribunal no

tendría efectos prácticos por tratarse de un asunto inexistente. Lozada Tirado

et al. v. Testigos Jehová, supra. El cambio al que hacemos referencia, que tuvo

como resultado la academicidad, no es propiamente que el Municipio hubiese

emitido una Resolución cancelando la subasta, (según ya explicado), sino que

dicha adjudicación final adviniera final y firme.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos que anteceden, la controversia ante nosotros no

es justiciable, pues se tornó académica, procede desestimar el recurso de

revisión judicial presentado.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. La juez

Aldebol Mora concurre con el resultado, sin escrito.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones