Court Opinion

ID: 9941556
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:46:13.48096+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.734355
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL

                                                            Certiorari procedente
                                                            del Tribunal de Primera
    KHETAM ODEH Y                                           Instancia, Sala Superior
       OTROS                                                de Caguas

         Recurrido
                                   KLCE202301271            Civil Núm.:
              v.                                            CG2021RF00853

    AWADALLAH ODEH
                                                            Sobre:
        Peticionario                                        Custodia

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el Juez
Salgado Schwarz y el Juez Campos Pérez.1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2024.

        Comparece la parte peticionaria, señor Awadallah Odeh, mediante

un recurso de certiorari, y nos solicita que revoquemos la Resolución

emitida el 16 de octubre de 2023, notificada al día siguiente, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. En el referido

dictamen, el foro primario denegó el descubrimiento de prueba solicitado

por el compareciente, en torno a los ingresos de la parte custodia,

recurrida en el caso de autos.

        Adelantamos que, luego de considerar el escrito de la parte

peticionaria, así como los documentos que lo acompañan y el Derecho

aplicable, y sin la comparecencia de la parte recurrida, acordamos expedir

y confirmar el dictamen impugnado.

                                           I.

        La causa presente se inició el 16 de noviembre de 2021, ocasión

en que la parte recurrida —conformada por la señora Khetam Odeh,

madre del peticionario y abuela paterna de I.A.O. y S.A.O., y Akram

1
 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó al Hon. Eric R. Ronda del Toro, por virtud de la
Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre de 2023.

Número Identificador
SEN2024 ________________
KLCE202301271                                                                      2

Odeh, tío de los menores— instó una Demanda de Custodia.2 En síntesis,

adujo que, el 14 de enero de 2015, el tribunal a quo concedió al

peticionario la custodia de sus tres hijos.3 No obstante, se alegó que

desde el 2013, la parte recurrida ostenta la tenencia de los menores,

debido a poco interés del peticionario en relacionarse con sus hijos y

cumplir con sus responsabilidades como progenitor. La parte recurrida

alegó que, durante un periodo en que I.A.O. y S.A.O. estuvieron con el

peticionario, éste los mantuvo aislados y sin supervisión, los privó de

educación, alimentos y los maltrató física y psicológicamente. Afirmó que

los menores le temen a su padre. Por consiguiente, mediante su acción

civil, solicitó la custodia de I.A.O. y S.A.O.

        El 24 de enero de 2022, el peticionario presentó Contestación a

Demanda, así como una Reconvención.4 En esencia, negó que la parte

recurrida tuviera la custodia de facto de los menores y que el tío haya

asistido a los abuelos en la crianza de sus hijos. Aseguró que la parte

recurrida ha sido custodia de los menores de manera ilegal y en contra de

su voluntad. También rechazó las alegaciones de maltrato. Aseveró que

amaba a sus hijos, que temía que los sustrajeran de esta jurisdicción sin

su anuencia e imputó a los recurridos incurrir en alienación parental.

        La cuestión de la custodia continúa irresoluta por el Tribunal de

Primera Instancia, por lo que no será atendida por este foro en esta

ocasión. Sin embargo, durante el trámite, la parte recurrida presentó

Petición para fijación de pensión alimentaria el 14 de septiembre de

2022.5 Solicitó una vista de alimentos ante la Oficina de Examinadores de

Pensiones Alimentarias y la imposición de honorarios. Por ser una parte

indispensable, también se emplazó mediante edicto a la madre de los

menores, señora Raja Kamal Jamil.6

2 Apéndice del recurso, págs. 4-9.

3 La hermana menor M.A.O. vive en Jordania junto a la madre de los tres menores, Raja

Kamal Jamil.
4 Apéndice del recurso, págs. 10-17.

5 Apéndice del recurso, págs. 18-19.

6 Véase, Apéndice del recurso, págs. 21-22; 23.
KLCE202301271                                                             3

        Así las cosas, la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA),

Lcda. Cristina Vélez del Toro, concedió un término a las partes para que

presentaran la Planilla de Información Personal (PIPE) y la evidencia de

sus ingresos.7 Los litigantes iniciaron el correspondiente descubrimiento

de prueba.8

        En lo que nos compete, la parte recurrida entregó la PIPE en la

que relacionó los gastos de los menores, mas no sus ingresos. Así, pues,

la vista de fijación de pensión alimentaria se fijó para el 17 de octubre de

2023.9 Previo al cónclave, la parte recurrida presentó oportunamente un

escrito intitulado Moción en solicitud de reconsideración de Orden.10 A su

vez expuso que, si bien entregó la PIPE, por ser la abuela y el tío de los

menores, sus ingresos no se utilizarían para fijar la pensión de alimentos.

Señaló que esta responsabilidad atañe únicamente a los padres de I.A.O.

y S.A.O., sobre quienes el tribunal primario ostentaba jurisdicción sobre

sus personas. Por consiguiente, solicitó que se le eximiera de presentar

evidencia de sus ingresos. La EPA estuvo de acuerdo con dicha

solicitud.11 Por su parte, el peticionario replicó.12 En resumen, arguyó que

el ordenamiento jurídico pertinente toma en consideración los ingresos del

custodio y del no custodio para fijar la pensión alimentaria, incluyendo a

los parientes.

        Evaluada la contención, el tribunal sentenciador notificó el 17 de

octubre de 2023 la Resolución recurrida y expresó:13

        Ante solicitud de la parte demandada en cuanto a que se
        ordene descubrimiento de prueba en cuanto a los ingresos
        de la parte demandante, resolvemos que las Guías
        mandatorias para computar las pensiones alimentarias,
        conocido como Reglamento 8529 de 30 de octubre de 2014,
        según enmendado, atiende en su artículo 8 dicha situación.
        Por lo tanto, siendo los demandante[s], abuelos custodios
        de los menores de edad, no procede el descubrimiento de
        prueba en cuanto a sus ingresos, toda vez que tanto el

7  Apéndice del recurso, págs. 24-27.
8  Refiérase, Apéndice del recurso, págs. 28; 29; 30-31; 32; 33-34, 35.
9 Apéndice del recurso, págs. 36-37; 38.

10 Apéndice del recurso, págs. 39-40.

11 Apéndice del recurso, pág. 41.

12 Apéndice del recurso, págs. 42-45; 46-47.

13 Apéndice del recurso, págs. 1-2; 3.
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        padre como la madre se les ordenará proveer una pensión
        alimentaria para beneficio de los y las menores que residen
        con personas distintas a [é]stos.

        Inconforme, la parte peticionaria instó el recurso de certiorari del

título el 14 de noviembre de 2023 y esbozó los siguientes señalamientos

de error:

        ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL A QUO AL IMPEDIR
        EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA EN CUANTO A LOS
        INGRESOS DE LA PARTE DEMANDANTE AL AMPARO
        DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO 8529 DE 30 DE
        OCTUBRE DE 2014, A PESAR DE QUE LA LEY
        ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL
        SUSTENTO DE MENORES, INFRA, EXIGE QUE SE TOME
        EN CUENTA EL INGRESO DE LOS PROGENITORES QUE
        SON PERSONA CUSTODIA.

        ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL A QUO AL IMPEDIR
        EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA EN CUANTO A LOS
        INGRESOS DE LA PARTE DEMANDANTE A PESAR DE
        QUE [É]STOS OSTENTAN LA CUSTODIA PROVISIONAL
        Y EL CÓDIGO CIVIL DE 2020, QUE ES FUENTE DE
        DERECHO     DE   MAYOR   JERARQUÍA   QUE  EL
        REGLAMENTO 8529 DE 30 DE OCTUBRE DE 2014,
        EXIGE QUE [É]STOS PROVEAN ALIMENTOS.

        De otro lado y en lo pertinente al curso interlocutorio de la solicitud

de certiorari, el 14 de noviembre de 2023, la representación legal del

peticionario —licenciadas Pilar Pérez Rojas y Zoila Espinoza Vaquer—

acreditó la notificación por correo certificado con acuse de recibo a los

tres abogados de la parte recurrida; a saber: Alvin Ramos Miranda,

Daliana Ramos Rosado y Liz Tsounis Negrón. Entonces, el 30 de

noviembre de 2023, la licenciada Tsounis Negrón presentó una Moción en

solicitud de desestimación de certiorari, y planteó que no se le notificó el

recurso. Las abogadas Pérez Rojas y Espinoza Vaquer replicaron.

Basado      en    el expediente         electrónico      del    caso,    explicaron   que

equivocadamente entendieron que la letrada compartía oficina con la

licenciada Ramos Rosado, por lo que utilizaron la misma dirección

postal.14 Argumentaron, además, que las notificaciones adecuadas al

abogado Ramos Miranda y a la abogada Ramos Rosado eran suficientes

14 Refiérase a la Certificación en la Petición de Certiorari, pág. 23.
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para cumplir con el requisito de notificación.15 Véase, Sánchez Torres v.

Hosp. Dr. Pila 158 DPR 707, 711- (2003), que cita a Ex parte Zalduondo y

P.R. Fertilizer Co., Int., 47 DPR 134 (1934). En torno a este asunto, el

tratadista José Cuevas Segarra ha señalado que “[e]n caso que varios

abogados representen a una sola parte, la notificación a cualesquiera de

ellos es suficiente, sin que haya que notificarle a todos individualmente”.

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San

Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. V, pág. 1888. A la luz de los expuesto,

declaramos sin lugar la solicitud de desestimación.

        Por otra parte, mediante nuestra Resolución de 16 de noviembre

de 2023, notificada en la misma fecha, concedimos a la parte recurrida un

término de veinte (20) días para presentar su postura y advertimos que,

de no comparecer, procederíamos a dar por perfeccionado el recurso. El

plazo expiró el 6 de diciembre de 2023, sin que la parte recurrida

presentara su alegato ni solicitara una prórroga. Según lo anticipado,

damos por perfeccionada la petición de certiorari y procedemos a resolver

sin el beneficio de su comparecencia.

                                           II.

El auto de certiorari

        El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones judiciales de un

foro inferior y corregir algún error cometido por éste. 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al., v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). A

diferencia de la apelación, el foro revisor tiene la facultad para expedir o

denegar el recurso de certiorari de manera discrecional. García v. Padró,

supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido discreción como el

“poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. Id., que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125

DPR 203, 211 (1990). Por ende, la discreción es “una forma de

15 Es meritorio señalar que ninguno de los escritos judiciales que conforman el Apéndice

ha sido suscrito por la licenciada Tsounis Negrón.
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razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera…” Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200

(1964), citado con aprobación en García v. Padró, supra, págs. 334-335.

      No obstante, el ejercicio de la discreción no equivale a hacer

abstracción del resto del Derecho, ya que ese proceder constituiría, en sí

mismo, un abuso de discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79,

91 (2001). Por lo tanto, el examen al auto discrecional que realizamos

antes de decidir el curso a seguir no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 176. Ello así,

porque “el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García v. Padró,

supra, pág. 335; Pueblo v. Ortega Santiago, supra.

      Es sabido que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, delimita las instancias en las cuales este foro intermedio tiene

autoridad para atender los recursos de certiorari. En su parte pertinente,

la norma dispone como sigue:

      .      .      .      .      .      .      .      .
      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
      Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público
      o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos
      casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
      su decisión. (Énfasis nuestro).
      .       .      .      .     .       .     .     .

      La regla procesal fija taxativamente los asuntos aptos para nuestra

revisión interlocutoria mediante el recurso de certiorari, así como aquellas

materias   que,    por   excepción,    ameritan     nuestra   intervención
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adelantada, ya fuese por su naturaleza o por el efecto producido a las

partes. 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175.

      Además del examen objetivo antes descrito, para ejercer sabia y

prudentemente nuestra facultad discrecional al determinar si expedimos o

denegamos un recurso de certiorari, nos guiamos por la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Criterios para la expedición del

auto de certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Así reza:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).

      Claro está, es norma reiterada que este tribunal intermedio no

interviene con las determinaciones emitidas por el foro primario ni

sustituye su criterio discrecional, “salvo que se pruebe que dicho foro

actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. (Cursivas en el

original). Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018), que cita

con aprobación a Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 121 (2006);

Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Meléndez

Vega v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España
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Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

Los alimentos de los hijos e hijas menores de edad

        En nuestro ordenamiento jurídico los progenitores “son los

llamados en primera instancia a proveer alimentos a sus hijos”. (Énfasis

nuestro). Martínez De Andino v. Martínez De Andino, 184 DPR 379, 385

(2012). Esta obligación indivisible emana de los Artículos 55816 y 59017

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 7104 y 7242. Bajo el título

de La filiación natural, el Artículo 558 enumera los derechos que surgen

de ésta, entre los que se encuentra el derecho a “recibir alimentos por

parte de ambos progenitores”. Por su parte, bajo el título de La patria

potestad,    el Artículo      590    del mismo        cuerpo     legal   se       dispone

expresamente que “[l]os progenitores tienen sobre el hijo sujeto a su

patria potestad los siguientes deberes y facultades (...) alimentarlo y

proveerle lo necesario para su desarrollo y formación integral”. Este

derecho de los hijos a recibir alimentos de sus padres subsiste aun

después del divorcio de éstos. Martínez De Andino v. Martínez De

Andino, supra.

        Huelga decir que estas disposiciones operan mientras los hijos e

hijas son menores de edad; ya que, si el hijo o hija es mayor de edad, de

ordinario, aplican las disposiciones sobre la obligación alimentaria entre

parientes. Al respecto, mientras el Artículo 65818 del Código Civil, 31

LPRA sec. 7541, consigna los parientes obligados recíprocamente a

proporcionarse alimentos, a saber: los cónyuges, los ascendientes,

descendientes y los hermanos; el Artículo 660,19 31 LPRA sec. 7543,

dispone la prelación entre los alimentantes: el cónyuge, los descendientes

del grado más próximos, los ascendientes del grado más próximo y los

hermanos. El Tribunal Supremo ha opinado que es de este articulado de

16 Anterior Artículo 118 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 466 (derogado).

17 En referencia al Artículo 153 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 601 (derogado).

18 En alusión al Artículo 143 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 562 (derogado).

19 Equivalente al Artículo 144 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 563 (derogado).
KLCE202301271                                                                      9

donde surge la obligación subsidiaria de los abuelos a alimentar a sus

nietos y nietas.

        En otras palabras, la obligación “surge cuando los padres
        no pueden proveerles a sus hijos los alimentos, ya sea
        porque están física o mentalmente incapacitados para
        hacerlo o porque no cuentan con suficientes recursos
        económicos para cumplir con su obligación”.20 La
        obligación de los abuelos puede surgir, tanto cuando
        los padres no puedan suplir las necesidades
        alimentarias de sus hijos en su totalidad como cuando
        sólo puedan cubrirlas parcialmente. En los casos en los
        que la obligación se circunscriba a los abuelos, conforme a
        las disposiciones citadas, esta incluye tanto a los paternos
        como a los maternos. (Énfasis nuestro). Martínez De Andino
        v. Martínez De Andino, supra, págs. 385-386.

        En armonía, nuestro Código Civil dispone que se seguirán “los

criterios dispuestos en la ley especial complementaria”, Art. 666 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 7562. A esos efectos, la Ley Núm. 5 de 30 de

diciembre de 1986 (Ley Núm. 5-1986), Ley Orgánica de la Administración

para el Sustento de Menores (ASUME), 8 LPRA sec. 501 et seq.,

establece     como     política   pública     poner    en    vigor   la   “paternidad

responsable”, toda vez que corresponde al padre y a la madre el deber,

entre otros, de alimentar a sus hijos no emancipados. Art. 3 de la Ley

Núm. 5-1986, 8 LPRA sec. 502. Para la consecución de este fin, estatuye:

        Los padres e hijos, los cónyuges, los ex cónyuges [sic] y los
        parientes están obligados recíprocamente a ayudarse y
        sostenerse económicamente, según dispuesto en el Código
        Civil y en la jurisprudencia interpretativa. Los padres de un
        menor son responsables de su manutención y el tribunal
        o el Administrador podrá ordenarles pagar una suma justa y
        razonable por concepto de pensión alimentaria a tenor con
        el Artículo 19 de esta Ley. El deber de mantener a los
        hijos continúa aun cuando, por orden del tribunal o
        administrativa, se haya ubicado al menor en un hogar
        sustituto o cuando, para propósitos de protección, el menor
        se encuentre bajo la custodia de otra persona, o de una
        agencia o institución pública o privada. En el caso en que la
        salud física o emocional del menor, así como sus
        necesidades y aptitudes educacionales o vocacionales lo
        requieran, la obligación de los padres podría continuar hasta
        después que el alimentista haya cumplido la mayoridad.
        (Énfasis nuestro). Art. 4 de la Ley Núm. 5-1986, 8 LPRA
        sec. 503.

20 Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 DPR 246, 253 (1988).
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       Surge de la letra antes citada que es a los progenitores de un

menor de edad a quienes corresponde la preeminente obligación de

alimentarlos. Tan es así que, aun cuando otra persona ostente la custodia

del menor, el deber de sus padres de proveer alimentos continúa.

Asimismo, la naturaleza subsidiaria de la prestación de la pensión por

parte de los abuelos u otros parientes se reproduce en el estatuto. En

particular, el Artículo 7B de la Ley Núm. 5-1986 dispone que, el juez

administrativo de la ASUME atenderá los casos en que “de forma

subsidiaria se solicite a uno o a varios abuelos, o a uno o varios

parientes, proveer pensión alimentaria para beneficio de un menor de

edad”. (Énfasis nuestro). 8 LPRA sec. 506B (2) (m) (3); véase, además,

Art. 11 de la Ley Núm. 5-1986, 8 LPRA sec. 510 (b) (7) (C) (iii).

       Cónsono con lo anterior, el Artículo 8 de las Guías mandatorias

para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico, Reglamento

Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, dispone en el inciso (1) que,

cuando la persona custodia y no custodia sean los progenitores de un

menor, la pensión alimentaria se determinará a base de las instrucciones

de la reglamentación. En el caso que otra persona distinta a los

progenitores ostente la custodia del menor, se aplica el inciso (2) que

establece lo siguiente:21

21 Cabe señalar que la disposición reglamentaria se ha mantenido prácticamente
inalterada en el borrador de las nuevas guías, aún en proceso de discusión a la fecha de
este dictamen. A continuación, la propuesta lee así:
     PARTE III. INSTRUCCIONES PARA CALCULAR LA PENSIÓN ALIMENTARIA
     BÁSICA
     Artículo 6 - Aplicación
     1. Cuando el padre y la madre de un menor sean la persona custodia y no
     custodia de este, la pensión alimentaria se determinará a base de las reglas que
     se incluyen en esta Parte III del Reglamento.
     2. En los casos en los que una persona jurídica o una persona natural, distinta al
     padre o a la madre, ostente la custodia del alimentista, tanto el padre como la
     madre de este son personas no custodias y a ambas se le ordenará proveer una
     pensión alimentaria para beneficio del menor de edad alimentista. El juzgador
     considerará solamente el ingreso combinado del padre y de la madre, y en caso
     de aplicar, se tomará en consideración el ingreso de los cónyuges de dichas
     partes y se determinará la pensión alimentaria.
     3. Al momento de determinar la pensión alimentaria conforme a este
     Reglamento, el juzgador considerará indistintamente a uno de los progenitores
     como la persona custodia (PC) y al otro como la persona no custodia (PNC),
     para efectos de la aplicación de las reglas que aquí se incluyen. Sin embargo, a
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       En los casos en los que una persona jurídica o una persona
       natural, distinta al padre o a la madre, ostente la
       custodia del o de la alimentista, tanto el padre como la
       madre de este o esta son personas no custodias y a
       ambas se le ordenará proveer una pensión alimentaria
       para beneficio de los y las menores de edad. El juzgador o
       la juzgadora considerará solamente el ingreso combinado
       del padre, de la madre y, si aplica, el de los cónyuges de
       dichas partes y determinará las pensiones alimentarias de
       conformidad con esta parte del Reglamento. Al momento de
       determinar la pensión alimentaria conforme con la parte III
       de este Reglamento, el juzgador o la juzgadora considerará
       indistintamente a uno de los progenitores como la
       persona custodia y al otro como la persona no custodia,
       para efectos de la aplicación de las reglas que en dicha
       parte se incluyen. Sin embargo, a ambas se les ordenará
       proveer en forma de pensión alimentaria lo que resulte
       de la aplicación del Reglamento. (Énfasis nuestro).

                                        III.

       En la presente causa, el peticionario arguye que el Reglamento

Núm. 8529, supra, “se encuentra en una clara contradicción”22 con el

resto de las disposiciones legales que versan sobre la obligación de

alimentar a los menores de edad. Sostiene que, para computar la pensión

de sus hijos, se requiere considerar el ingreso de la persona custodia, en

referencia a la parte recurrida. A esos fines, solicita que se permita el

descubrimiento de prueba de los ingresos de la abuela y el tío de los

menores I.A.O. y S.A.O. No le asiste la razón.

       Como cuestión de umbral, si bien el asunto esgrimido en el recurso

discrecional está relacionado con el descubrimiento de prueba, éste está

enmarcado dentro de la materia de relaciones de familia, la cual sí está

contemplada en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Igualmente,

en atención a la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, somos del

criterio que la etapa del procedimiento en que se presenta la cuestión

planteada es la más propicia para su consideración. Nuestra intervención

temprana pretende evitar que la fijación de la pensión alimentaria a favor

de los menores I.A.O. y S.A.O. y sus respectivas revisiones, bajo las

    ambas se les ordenará proveer en forma de pensión alimentaria lo que resulte
    de la aplicación de este Reglamento.
22 Petición de Certiorari, pág. 11.
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mismas circunstancias presentes, se vea retrasada por el inmeritorio

argumento argüido por el peticionario.

      El caso del epígrafe se asienta en un estado de Derecho prístino

del que la parte peticionaria ha hecho total abstracción. Como se conoce,

en cumplimiento con el deber de parens patriae, el Estado ha promulgado

un ordenamiento jurídico que procura la protección de los menores de

edad. Los alimentos de los menores de edad no emancipados incluyen

todo lo que es indispensable para su sustento, vivienda, vestimenta,

recreación, asistencia médica, educación y los gastos extraordinarios

para la atención de sus condiciones personales especiales, conforme la

posición social de la familia. Véase, Art. 653 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 7531. Como parte de los derechos que surgen de la filiación, así

como del conjunto de deberes y derechos que emanan de la patria

potestad, la obligación para satisfacer estas necesidades recae en

primera   instancia   sobre    los   progenitores   de   los   menores.      Por

consiguiente, si alguno de los padres no puede cumplir con la

responsabilidad de alimentar a sus hijos e hijas menores de edad,

entonces, se acude de manera subsidiaria a los parientes más cercanos

para suplir las necesidades de los alimentistas.

      Contrario a lo alegado por el peticionario, según reseñamos antes,

el Código Civil, la Ley Núm. 5-1986 y el Reglamento Núm. 8529 están

alineados para compeler a los progenitores a cumplir con la obligación de

alimentar a sus hijos e hijas. Ello, incluso después del divorcio y aun

cuando los alimentistas estén bajo la custodia de otra persona natural o

jurídica. Ahora bien, cuando uno o ambos progenitores estén económica,

física o mentalmente incapacitados para satisfacer las necesidades

alimentarias de sus hijos e hijas, entonces surgiría la obligación de los

abuelos paternos y maternos u otros parientes de alimentarlos. En

particular, los abuelos y nietos —ascendientes y descendientes de

segundo     grado     y   en     adelante—     responden       subsidiaria     y

mancomunadamente. Art. 662 del Cód. Civil, 31 LPRA sec. 7545.
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      En el presente caso, la señora Khetam Odeh y el señor Akram

Odeh, abuela y tío de los menores I.A.O. y S.A.O., respectivamente,

solicitaron al tribunal que fijara una pensión alimentaria a favor de los

hijos del peticionario. Como parte del debido proceso de ley, tanto el

padre como la madre de ambos menores fueron emplazados. Los

ingresos de ambos padres serán considerados para fijar la cuantía de la

pensión alimentaria. En consecuencia, toda vez que, tanto al peticionario

como a la madre de los menores se les ordenará proveer una pensión

alimentaria para el sustento de I.A.O. y S.A.O., es improcedente el

descubrimiento de prueba de los ingresos de la parte recurrida,

independientemente, que los hermanos residan con su abuela y su tío o

éstos ostenten su custodia provisional. Únicamente, en el caso que el

señor Awadallah Odeh y la señora Raja Kamal Jamil no puedan satisfacer

parcial o totalmente las necesidades alimentarias fijadas en su día, el foro

a quo podrá acudir de manera subsidiaria a los parientes de I.A.O. y

S.A.O. para asegurar el bienestar de ambos menores. En suma, de

conformidad con la situación de hechos presentada, el foro de primera

instancia no erró al determinar que sólo considerará la evidencia de los

ingresos de los progenitores de los hermanos I.A.O. y S.A.O. para

establecer el monto de la pensión alimentaria a su favor.

                                    IV.

      Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari

solicitado y confirmamos la Resolución recurrida.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones