Court Opinion

ID: 9952438
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:53:02.737151+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:16.552440
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

      EL PUEBLO DE                                      Apelación
      PUERTO RICO                                       procedente del
                                                        Tribunal de Primera
           Apelado                                      Instancia, Sala
                                                        Superior de Fajardo
              v.                  KLAN202200518
                                                        Caso Núm.:
    MIGUEL SKERRET                                      NSCR202100649
       FUENTES
                                                        Sobre:
           Apelante                                     Tent. Art. 93(a) C.P.

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Jueza
Lebrón Nieves y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos el señor Miguel Skerrett Fuentes (en

adelante, señor Skerrett Fuentes y/o apelante) mediante un recurso

de Apelación Criminal. En su recurso, nos solicita la revocación de

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior Fajardo (en adelante, TPI). En su Sentencia, el TPI condenó

al señor Skerrett Fuentes a una pena de veinte (20) años de

reclusión bajo el régimen de sentencia suspendida por infringir, en

la modalidad de tentativa, el Artículo 93 (a) sobre asesinato en

primer grado del Código Penal de Puerto Rico (en adelante, Código

Penal).2

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                        I

       Por hechos acaecidos el 6 de septiembre de 2021, y en esa

misma fecha, se celebró contra el apelante, la vista de causa

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
del Hon. Fernando L. Rodríguez Flores.
2 33 LPRA § 5142, Art. 93 (a).

Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202200518                                                                   2

probable para arresto al amparo de la Regla 6 de las Reglas de

Procedimiento Criminal.3 En la vista, hubo determinación de causa

por tentativa del Artículo 93 (a) del Código Penal4 y por los Artículos

6.055, 6.146 y 6.22 de la Ley de Armas7. Al apelante se le fijó una

fianza de $75,000.00 dólares y se le impuso supervisión electrónica.

         El 10 de noviembre de 2021, se celebró la Vista Preliminar al

amparo de la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Criminal.8 En

la vista, el foro primario determinó causa para acusar por el Artículo

6.14 de la Ley de Armas9; sin embargo, determinó no causa en las

otras tres (3) denuncias. Inconforme, el Ministerio Público solicitó la

correspondiente Vista Preliminar en Alzada.

         Así las cosas, el 10 de diciembre de 2021, se celebró el Acto

de Lectura por el Artículo 6.14 de la Ley de Armas.10 Por otro lado,

el 21 de diciembre de 2021, se celebró la Vista Preliminar en Alzada

por las otras tres (3) denuncias. Producto de dicha vista, el foro

primario determinó causa para acusar en cuanto a las tres (3)

denuncias. De lo que sigue, el 22 de diciembre de 2021, se

presentaron las tres (3) acusaciones restantes,11 y a raíz de ello, se

celebró la correspondiente Vista de Lectura de Acusación.

         Llegado el día del Juicio en su Fondo, el señor Skerrett

Fuentes renunció al juicio por jurado, por lo que el Juicio en su

Fondo fue celebrado mediante Tribunal de Derecho. Previo a iniciar

el Juicio en su Fondo, el señor Skerrett Fuentes hizo alegación de

no culpable.12 Durante el Juicio en su Fondo, declararon tres (3)

3 34 LPRA Ap. II, R. 6.
4 33 LPRA § 5142, Art. 93 (a).
5 25 LPRA § 466d, Art. 6.05.
6 25 LPRA § 466m, Art. 6.14.
7 25 LPRA § 466u, Art. 6.22.
8 34 LPRA Ap. II, R. 23.
9 25 LPRA § 466m, Art. 6.14.
10 Id.
11 Hacemos la salvedad que la única Acusación que se encuentra en los autos
originales del TPI es la del Articulo 93 (a) del Código Penal.
12 En la Transcripción de la Prueba Estipulada (en adelante, TPO) pág. 13, líneas,

27-19.
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testigos: (i) el Agente Francis Echevarría, (ii) el señor Xabiel Feliciano

Skerrett y (iii) el señor Skerrett Ortiz.

       La prueba testimonial del Ministerio Público consistió en: (i)

el Agente Echevarría, (ii) la Agente Loribí Dobal Fernández (en

adelante, Agente Dobal)13 y (iii) el señor Feliciano Skerrett.14 La

prueba presente se identificó en sala, es decir, los tres (3) testigos

dijeron su nombre.15 La Agente Dobal fue quien preparó el

documento sobre el funcionamiento del arma que le fue entregada

por el Agente Echevarría.16 Las partes estipularon como Exhibit la

Certificación de Prueba de Funcionamiento, Formulario PPR876,

relacionado a la querella número 20211206103566.17 Además,

estipularon que, el 27 de septiembre de 2021, la Agente Dobal,

recibió de parte del Agente Echevarría la pistola High Standard

modelo Supermatic Citation Military, calibre .22, color negra y con

el número de serie 2430490, para que se realizara el examen de

funcionamiento.18 La Agente Dobal realizó el examen y obtuvo dos

(2) disparos, entiéndase, el resultado fue que el arma era capaz de

disparar.19 Una vez aclaradas las estipulaciones, la Agente Dobal fue

relevada por el TPI.20 El foro primario también recibió prueba

documental.

       El primer testigo de cargo fue el Agente Echevarría. Las partes

estipularon la capacidad del Agente Echevarría, a los efectos de que

este era el agente investigador en el caso y que había declarado en

los procesos anteriores, entiéndase, en la vista preliminar y en la

vista preliminar en alzada.21 El Agente Echevarría testificó que, el 6

de septiembre de 2021, el señor Feliciano Skerrett se personó en el

13 La Agente Dobal fue relevada de sala luego de que las partes llegaran a ciertas

estipulaciones que surgirán de esta Sentencia.
14 En la TPO pág. 1, línea 18 y pág. 2, líneas 1-2.
15 Id., pág. 4, líneas 21-28.
16 Id., pág. 7, líneas 8-12.
17 Id., pág. 7, líneas 17-19.
18 Id., pág. 7, líneas 19-24.
19 Id., pág. 7, líneas 24-29.
20 Id., pág. 8, líneas 16-19.
21 Id., pág. 14, líneas 21-27.
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cuartel de patrullas y carreteras alrededor de las 8:45 a.m.22 En ese

momento, el Agente Echevarría procedió a identificar al señor

Skerrett Fuentes en sala.23 Continuó testificando que el señor

Feliciano Skerrett le informó que el señor Skerrett Fuentes le había

colocado una pistola color negra en el pecho estando montado en su

vehículo (una guagua pickup) y había procedido a halar el gatillo,

pero que la munición no salió, es decir, no llegó a disparar la

pistola.24 Declaró que el señor Feliciano Skerrett le indicó que los

hechos ocurrieron en las Parcelas Figueroa 235.25

        El Agente Echevarría testificó que el propósito del señor

Skerrett Fuentes era ocasionarle grave daño corporal al señor

Feliciano Skerrett.26 Respecto a las acciones que tomó, el Agente

Echevarría testificó que, una vez terminó de conversar en el cuartel

con el señor Feliciano Skerrett, se dirigió a un garaje Puma, en el

Barrio Palmer frente al cuartel, donde se suponía se encontraba el

señor Skerrett Fuentes.27 El Agente Echevarría intervino con el

señor Skerrett Fuentes, quien se encontraba en una bicicleta la cual

tenía un cajón en la parte de atrás, lo puso bajo arresto y le leyó las

advertencias de ley.28 Atestiguó que le leyó las advertencias que se

encuentran en el Formulario PPR 615.4, que le preguntó si las

entendió y que el señor Skerrett Fuentes le contestó en la

afirmativa.29 Expresó que el señor Skerrett Fuentes le hizo unas

alegaciones conducentes a que este lo que utilizó fue una cuchilla

en contra del señor Feliciano Skerrett.30 Sostuvo que al registrarlo,

entiéndase su ropa y pertenencias, no encontró ningún arma de

fuego.31

22 Id., pág. 15, líneas 1 y 9-12.
23 Id., pág. 15, líneas 17-18.
24 Id., pág. 15, líneas 20-28 y pág. 16, líneas 29-31.
25 Id., pág. 16, líneas 1-2.
26 Id., pág. 17, línea 1.
27 Id., pág. 17, líneas 24-26 y 28.
28 Id., pág. 18, líneas 8-11.
29 Id., pág. 18, líneas 12-16.
30 Id., pág. 18, líneas 27-29.
31 Id., pág. 20, líneas 3-4.
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        El Agente Echevarría declaró que, luego procedió a trasladarlo

al cuartel, donde una vez más, le leyó las advertencias de ley.32 En

dicho momento, a preguntas sobre si había entendido las

advertencias, el señor Skerrett Fuentes no quiso declarar nada

más.33 El Agente Echevarría documentó lo antes mencionado en el

Formulario PPR 615.4.34 Respecto a si realizó alguna investigación

para conocer si el señor Skerrett Fuentes tenía licencia, testificó que

llamó al centro y que no se encontraba registrado.35

        Luego, el Agente Echevarría se personó en las Parcelas

Figueroa 235. Al llegar, testificó que se identificó, le explicó la razón

por la que se encontraba allí y procedió a leerle unas advertencias

al señor Skerrett Ortiz.36 Le preguntó si le autorizaba a registrar la

residencia conforme al Formulario PPR 612.1 de consentimiento y

allanamiento.37 Abundó que, dicho formulario se completó el 6 de

septiembre de 2021 a las 10:30 a.m.38 Entonces, procedió a registrar

un cuarto y debajo de un “matre” testificó haber observado una

pistola negra que encima tenía una munición.39 Estando allí,

procedió completar el Formulario PPR 613.2, es decir, el inventario

de la propiedad ocupada.40 Finalizado el interrogatorio por parte del

Ministerio Público, dio inicio el contra interrogatorio por parte de la

Defensa.

        A preguntas de la Defensa sobre qué le impedía acudir donde

un fiscal para una orden de registro y allanamiento, el Agente

Echevarría contestó que nada.41 La Defensa indagó respecto a que

el Agente Echevarría solo tenía ante sí unas alegaciones que le había

emitido el señor Skerrett Fuentes y que eran contrarias a las

32 Id., pág. 18, líneas 30-31 y pág. 19, línea 1.
33 Id., pág. 19, líneas 1-2.
34 Id., pág. 19, líneas 10-11.
35 Id., pág. 20, líneas 21-23.
36 Id., pág. 21, líneas 24-25.
37 Id., pág. 22, líneas 2-4.
38 Id., pág. 23, líneas 4-6.
39 Id., pág. 23, líneas 14-16.
40 Id., pág. 29, líneas 14-26.
41 Id., pág. 36, líneas 17-21.
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realizadas por Feliciano Skerrett, a lo cual este contestó en la

afirmativa.42

        El Ministerio Público procedió con el interrogatorio directo del

señor Feliciano Skerrett. Testificó que, el 6 de septiembre, entre las

8:00 a.m. y 8:30 a.m., pasó por casa de su mamá antes de ir a su

trabajo.43 Acentuamos que, el señor Feliciano Skerrett identificó al

señor Skerrett Fuentes en sala.44 Continuando con lo sucedido, el 6

de septiembre, expresó que:

        Pues yo sigo ahí me encuentro en [la] avenida, cojo el
        solo para virar en dirección hacia Luquillo y cuando viro
        me percato que está mi tío en la lomita arriba sentado
        en una silla y mi primo Miguel está al lado parado sin
        camisa y haciéndome el gesto de jalar gatillo.45
        […]
        […], me estaciono y me bajo y me dirijo hacia donde mi
        tío para hablar con él.46
        […]
        Y ahí me percato que viene Miguel saliendo de la casa
        con una, un arma de fuego en la cintura en el lado
        derecho y poniéndose una camisa.
        Eh, ¿esa arma de fuego que usted observa cómo era?
        Color negra […]47
        […]
        Yo me, termino la conversación y me monto en mi
        guagua para irme del lugar.48
        […]
        Cuando me monto en mi guagua y pongo reversa para
        virar[,] ahí mismo se acerca mi primo y por el lado del
        chofer…49
        […]
        Mete la mano derecha por el cristal de la guagua y
        intenta dispararme.50
        […]
        […] eh, ¿hacia qu[é] lugar[,] si alguno[,] apuntaba dicha
        arma color negra que usted observ[ó]?
        Hacia el pecho.
        Este ¿a qué distancia[,] si alguna[,] estaba esa arma de
        su pecho?
        Pegada.
        Eh, ¿Qué[,] si algo[,] usted observa realiza su primo una
        vez este le pega esa arma al pecho suyo?
        Comienza a jalar el gatillo y como y al arma no disparar
        con la mano izquierda jalo el carro varias veces a ver si,
        tratando de que disparar.

42 Id., pág. 36, líneas 27-30.
43 Id., pág. 39, líneas 12-15.
44 Id., pág. 40, líneas 16-17.
45 Id., pág. 40, líneas 23-26.
46 Id., pág. 41, líneas 17-18.
47 Id., pág. 42, líneas 16-19.
48 Id., pág. 42, líneas 29-30.
49 Id., pág. 43, líneas 1-2.
50 Id., pág. 43, línea 8.
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        Eh, ¿Qué ocurre una vez, este… ¿usted recuerda
        cuántas veces su primo intent[ó] disparar el arma?
        Varias veces, la cantidad exacta en estos momentos no,
        no la conté, pero varias veces.
        ¿y cuántas veces recuerda usted que su primo jalo el
        carro de lao?
        Algunas tres o cuatro.51
        […]
        Pues yo sigo dando reversa[,] ahí mismo llega mi tío y
        forcejea con él y ahí yo me fui para el cuartel de la
        policía.52

        El señor Feliciano Skerrett declaró que, una vez llegó al

cuartel, le contó lo sucedido al Agente Echevarría y que este le indicó

que tenía que ir donde se encontraba el apelante.53 Continuó

expresando que estuvo en el cuartel hasta que el Agente Echevarría

le informó que tenía que ir hasta el Tribunal, que allí se entrevistó

con el Fiscal y con el Agente Echevarría, le tomaron una declaración

jurada y luego se fue para su casa.54

        Luego comenzó el contrainterrogatorio. A preguntas de la

Defensa, el señor Feliciano Skerrett declaró que, vio el arma de fuego

en la cintura del apelante, cuando iba saliendo por el portón y que

solo se veía la parte de afuera.55 Sostuvo que el apelante introdujo

su mano por dentro de su vehículo y ahí fue que empezó a halar el

gatillo, pero que no salía ninguna bala.56 Admitió que ninguna bala

le cayó encima.57 Luego, comenzó el redirecto realizado por el

Ministerio Público, a cuyas preguntas, el señor Feliciano Skerrett

declaró que él vio el arma completa cuando el apelante la sacó,

cuando introdujo su mano por la ventanilla de la guagua.58

Atestiguó que este dejó de observar el arma cuando llegó su tío y

forcejeó con el apelante, como que cayeron al piso y este se fue.59

No hubo recontrainterrogatorio.

51 Id., pág. 43, líneas 11-25.
52 Id., pág. 43, líneas 28-29.
53 Id., pág. 47, líneas 27-30.
54 Id., a la pág. 48, líneas 4-10.
55 Id., pág. 60 líneas 26-28 y pág. 61, líneas 1-8.
56 Id., pág. 62, líneas 8-19.
57 Id., pág. 63, líneas 7-9.
58 Id., pág. 63, líneas 26-31.
59 Id., pág. 64, líneas 7-9.
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        Por otro lado, el tercer y último testigo de cargo fue el señor

Skerrett Ortiz. Declaró que residía en la Parcela Figueroa 235, que

la casa tenía dos (2) plantas y que él residía abajo con el apelante,

quien es su hijo.60 Sostuvo que, el 6 de septiembre de 2021, hubo

un problema entre su sobrino y su hijo, pero que no lo presenció.61

En relación al problema, el Ministerio Público le preguntó qué

agencia de ley y orden se personó a su lugar de residencia, a lo que

contestó que el [Agente] Echevarría.62 Atestiguó que el Agente

Echevarría le mostró un papel “una orden para rebuscar”… “pal

cuarto del hijo mío”,63 y que de ahí él firmó el consentimiento y

entraron al cuarto. Declaró que, cuando el Agente Echevarría buscó,

alzó el “matre”, la s[á]bana, alz[ó] el “matre” y encontró allí un

rev[ó]lver, una pistola.64 A preguntas del Ministerio Público, el señor

Skerrett Ortiz declaró que él no sabía leer y sostuvo que el Agente

Echevarría no le hizo advertencias, a lo que contestó, “ninguna”.65

No obstante, testificó que su firma se encontraba en el documento,

señalándola como un signo.66 En relación a la pistola, una vez el

Agente Echevarría la encontró, procedieron a salir del cuarto y este

último se marchó.67 No hubo más preguntas.

        Concluido el desfile de la prueba, el señor Skerrett Fuentes

fue absuelto de los tres (3) cargos por la Ley de Armas. No obstante,

fue encontrado culpable en la modalidad de tentativa al Artículo 93

(a) sobre asesinato en primer grado del Código Penal.68 La Defensa

argumentó en solicitud de reconsideración, pero el Tribunal luego

de escuchar la argumentación, determinó No Ha Lugar.

60 Id., pág. 66, líneas 5-18.
61 Id., pág. 66, líneas 21-22.
62 Id., pág. 66, líneas 29-31 y pág. 67, líneas 1-3.
63 Id., pág. 67, líneas 6-10.
64 Id., pág. 67, líneas 18-19.
65 Id., pág. 68, líneas 7-15.
66 Id., pág. 69, líneas 24-31.
67 Id., pág. 69, líneas 14-20.
68 33 LPRA § 5142, Art. 93 (a).
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      El 1 de junio de 2022, el TPI dictó Sentencia y le impuso una

pena de veinte (20) años de reclusión, con el beneficio de libertad a

prueba bajo el régimen de sentencia suspendida y bajo la

supervisión del Programa de Comunidad.

      Inconforme con la determinación emitida por el TPI en su

Sentencia, el señor Skerrett Fuentes presentó un recurso de

Apelación Criminal el 1 de julio de 2022. En el recurso se esbozó que

el TPI cometió dos (2) errores:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      encontrarme culpable en virtud de una prueba que no
      derrotó mi presunción de inocencia y mucho menos
      estableció mi culpabilidad más allá de duda razonable.

      No renuncio al derecho de poder presentar errores
      adicionales de derecho ante este Honorable Tribunal de
      Apelaciones, tras la debida evaluación del expediente de
      instancia y la totalidad de la prueba oral desfilada
      durante el Juicio en su Fondo, por el abogado apelativo
      a quien le asignen el presente caso. (Henderson v. US[,]
      133 S Ct. 1121 [(]2013[)] y Pueblo v. Soto Ríos[,] 95 DPR
      483 [(]1967[)].

      El 5 de octubre de 2023, el apelante presentó su Alegato.

Esbozó que, el TPI cometió un error craso y manifiesto de derecho al

no determinar la no culpabilidad por el delito de tentativa de

asesinato, tras haber determinado la no culpabilidad por los delitos

al amparo de la Ley de Armas. Expuso que, la determinación de no

culpabilidad se debió a que el Estado no probó más allá de duda

razonable que el apelante le hubiese apuntado al testigo en el pecho

con la pistola High Standard citation Supermatic calibre .22,

número de serie 2430490, color negra. Añadió que tampoco probó

más allá de duda razonable que el apelante portara ilegalmente la

pistola High Standard citation Supermatic calibre .22, número de

serie 2430490, color negra ni la posesión de una munición. Así, las

cosas, nos solicitó que revocáramos la Sentencia recurrida, y que

absolviéramos al apelante del delito de asesinato en primer grado en

su modalidad de tentativa.
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         En su Alegato, el apelante modificó los dos (2) errores ya

esbozados en el recurso de Apelación Criminal para que lean como

sigue:

         Erró el Tribunal al declarar culpable a nuestro
         representado cuando la prueba de cargo no estableció
         su culpabilidad más allá de duda razonable en violación
         a sus derechos[,] a la presunción de inocencia y al
         debido proceso de ley.

         El apelante no renuncia al derecho de poder plantear
         errores adicionales ante el Honorable Tribunal de
         Apelaciones. Henderson v. US, 133 SCT. 1121 (2013) y
         Pueblo v. Soto [Ríos], 95 DPR 483 (1967).

         No obstante, en su Alegato, el apelante añadió un tercer error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar
         culpable al señor Miguel Skerrett Fuentes por el delito
         de tentativa de asesinato en primer grado del Artículo
         93 (a) del Código Penal de 2012 y, a su vez, encontrarle
         no culpable por llos [sic] artículos 6.05, 6.14 (b) y 6.22
         de la Ley de Armas. Esto anterior, contrario a la
         excepción de veredictos inconsistentes cuando se trata
         de una misma prueba y hechos jurídicamente
         inseparables. (Véase Pueblo v. García Ortiz, 131 DPR
         1032 [(]1992[)].

         El 6 de noviembre de 2023, el Pueblo de Puerto Rico,

representado por la Oficina del Procurador General, presentó el

Alegato [del] Pueblo. Contando con la comparecencia de ambas

partes, procedemos a disponer del recurso ante nos.

                                     II

   A. Apelación Criminal

         El trámite procesal de un recurso de apelación criminal, desde

el Tribunal de Primera Instancia, pasando por este Tribunal

intermedio, y hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en

adelante, Tribunal Supremo), se rige por las Reglas 193 a 217 de las

Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas.69 Asimismo,

las Reglas 23 a 30.1 del Reglamento de nuestro Tribunal70, rigen el

trámite a seguir desde la presentación del recurso de apelación

criminal, hasta su perfeccionamiento. La Regla 23 de nuestro

69 34 LPRA Ap. II, R. 193-217.
70 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23-30.1.
KLAN202200518                                                                  11

Reglamento dispone que, un escrito de apelación criminal contra

una sentencia emitida por el foro primario tiene que ser presentado

ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional de

treinta (30) días, computados a partir de la fecha en que se dictó la

sentencia.71 Como es sabido, un plazo jurisdiccional es de carácter

fatal. Ello quiere decir que no admite justa causa, es improrrogable,

y que su incumplimiento es insubsanable.72

        En lo pertinente al caso de autos, destacamos que la Regla

194 de las de Procedimiento Criminal, dispone que una parte puede

solicitar la reconsideración de la sentencia o del fallo condenatorio,

dentro de un término improrrogable de quince (15) días, desde que

la sentencia fue dictada.73

    B. Presunción de Inocencia y Duda Razonable

        La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico

garantiza a toda persona acusada de delito el derecho fundamental

a la presunción de inocencia.74 Este imperativo constitucional

también se ha incorporado estatutariamente mediante la Regla 304

de las Reglas de Evidencia.75 Asimismo, la Regla 110 de las Reglas

de Procedimiento Criminal reitera el precitado derecho fundamental:

“En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado

mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. […]”76. Por

medio de esta norma, se exige que una persona acusada en un

proceso criminal se presuma inocente, mientras no se demuestre lo

contrario. Ello constituye uno de los imperativos del debido proceso

de ley.77 A tales efectos, nuestro ordenamiento requiere que, para

71 Id., R. 23.
72Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
73 34 LPRA Ap. II, R. 194.
74 CONST. PR, art. II, § 11. Pueblo v. Resto Laureano, 206 DPR 963, 967 (2021).

Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 475 (2013).
75 32A LPRA Ap. VI, R. 304 (1).
76 34 LPRA Ap. II, R. 110.
77 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). Pueblo v. León Martínez, 132 DPR

746, 764 (1993).
KLAN202200518                                                                   12

rebatir tal presunción, el Estado establezca la culpabilidad una

persona imputada de delito más allá de duda razonable.78

       Dicho de otro modo, para controvertir la presunción de

inocencia se exige un quantum probatorio de más allá de duda

razonable, por imperativo constitucional.79 Cabe destacar que duda

razonable      implica      necesariamente         aquella     que      produce

insatisfacción o intranquilidad en la conciencia del juzgador

respecto a la evidencia presentada en el caso.80 Sobre este requisito,

el Tribunal Supremo ha expresado que:

       El Ministerio Fiscal no cumple con ese requisito
       presentando prueba que meramente sea “suficiente”,
       esto es, que “verse” sobre todos los elementos del delito
       imputado; se le requiere que la misma sea “suficiente
       en derecho”. Ello significa que la evidencia presentada,
       “además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es
       decir, que produzca certeza o convicción moral en una
       conciencia exenta de preocupación” o en un ánimo no
       prevenido [...] Esa “insatisfacción” con la prueba es lo
       que se conoce como “duda razonable y fundada”.81

       Así, la presentación de la prueba debe ir dirigida a demostrar

la existencia de “cada uno de los elementos del delito, la conexión

de estos con el acusado y la intención o negligencia de éste”.82 “La

determinación de que cierta prueba es suficiente para demostrar la

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es una

cuestión de raciocinio, producto de un análisis de todos los

elementos de juicio del caso y no una mera duda especulativa o

imaginaria”.83

   C. Peso de la Prueba

       El peso de la prueba es la obligación que tiene la parte que

afirma la cuestión en controversia, de convencer al juzgador sobre

78 Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 146 (2020). Pueblo v. Toro Martínez, 200

DPR 834, 855-56 (2018). Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986).
79 Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009).
80 Pueblo v. Irizarry, supra, 788.
81 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, 476, citando a Pueblo v. Cabán Torres,

supra.
82 Pueblo v. De Jesús Mercado, Id. Pueblo v. Santiago, supra.
83 Pueblo v. De Jesús Mercado, Id., 475-76.
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la forma particular en que ocurrieron los hechos que alega.84 Así,

pues, en el juicio existen dos (2) tipos de cargas probatorias: (i) la

carga de producir y presentar evidencia para establecer los hechos

particulares    que    componen      una    controversia     dentro    de   la

reclamación; y, (ii) la obligación de persuadir al juzgador para

establecer una reclamación conforme a derecho.85 En lo que

respecta a la evaluación y suficiencia de la prueba, las Reglas de

Evidencia disponen que:

       La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la
       evidencia presentada con el propósito de determinar
       cuáles     hechos    han     quedado       establecidos   o
       demostrados, con sujeción a los principios siguientes:
       (A) El peso de la prueba recae sobre la parte que
       resultaría vencida de no presentarse evidencia por
       alguna de las partes.
       (B) La obligación de presentar evidencia primeramente
       recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el
       asunto en controversia.
       (C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de
       prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca
       absoluta certeza.
       (D) La evidencia directa de una persona testigo que
       merezca entero crédito es prueba suficiente de
       cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por
       ley.
       (E) La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene la
       obligación de decidir de acuerdo con las declaraciones
       de cualquier cantidad de testigos que no le convenzan
       contra un número menor u otra evidencia que le resulte
       más convincente.
       (F) […] En los casos criminales, la culpabilidad de la
       persona acusada debe ser establecida más allá de duda
       razonable.
       […]
       (H) Cualquier hecho en controversia es susceptible de
       ser demostrado mediante evidencia directa o mediante
       evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa
       es aquélla que prueba el hecho en controversia sin que
       medie inferencia o presunción alguna y que, de ser
       cierta, demuestra el hecho de modo concluyente.
       Evidencia indirecta o circunstancial es aquélla que
       tiende a demostrar el hecho en controversia probando
       otro distinto, del cual por s[í] o, en unión a otros hechos
       ya establecidos, puede razonablemente inferirse el
       hecho en controversia.86

84  Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño,
Segunda Edición, Ediciones Situm, 2005, pág. 148. E. L. Chiesa, Tratado de
Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, Tomo II,
Publicaciones J.T.S., 2005, pág. 1003.
85 Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, Id., a las págs. 148 y 150.
86 32 LPRA Ap. VI, R. 110.
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   D. Apreciación de la Prueba y Estándar de Revisión Apelativa

       La determinación de si la culpabilidad de una persona

acusada fue probada más allá de duda razonable, es revisable en

apelación, puesto que “la apreciación de la prueba desfilada en un

juicio es un asunto combinado de hecho y derecho”.87 Ahora bien,

como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de la

prueba que ejerce el TPI está revestido de confiabilidad y merece

respeto y deferencia.88 Por ello, la valoración que lleva a cabo el foro

primario se presume correcta, toda vez que es este quien tiene la

oportunidad de ver, escuchar y valorar las declaraciones de los

testigos, así como sus lenguajes no verbales.89

       […] no sólo habla la voz viva. También hablan las
       expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el
       temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el
       vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas
       circunstancias que deben acompañar el conjunto de
       una declaración testifical y sin embargo, todos estos
       elementos se pierden en la letra muda de las actas, por
       lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias
       que han de valer incluso más que el texto de la
       declaración misma para el juicio valorativo que ha de
       emitir en el momento de fallar; le faltará el instrumento
       más útil para la investigación de la verdad: la
       observación.90

       En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro

de instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto.91 (Énfasis suplido). En consecuencia, al este

Tribunal     Apelativo     enfrentarse     a   la   tarea    de    revisar    las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

87 Pueblo v. Torres Medina, 2023 TSPR 50; Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR

239, 259 (2011); Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788.
88 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero,

120 DPR 92, 111 (1987); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
89 Pueblo v. Santiago, supra, a la pág. 148; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR

84, 99 (2000).
90Pueblo v. Toro Martínez, supra, a la pág. 857 (2018), citando a Ortiz v. Cruz

Pabón, 103 DPR 939, 947 (1995).
91 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
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la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de

discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.92

       Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida.93 Por tanto, debe existir base suficiente en la

prueba admitida que apoye la determinación del foro.94

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble.95 Dicho de otro modo,

este Tribunal solo podrá intervenir con la apreciación del foro

juzgador si, luego de evaluar minuciosamente la prueba del caso,

guardamos serias, razonables y fundadas dudas acerca de la

culpabilidad del acusado.96

       En síntesis, a menos que existan los elementos antes

mencionados o que la apreciación de la prueba se aleje de la realidad

fáctica o que ésta sea inherentemente imposible o increíble, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.97

92 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011); Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 789; Pueblo
v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
93 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 772 (2013).
94 Pueblo v. Toro Martínez, supra, a la pág. 859; Pueblo v. Irizarry, supra.
95 Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a Pueblo v.

Maisonave, supra, a la pág. 63; Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584
(2009); Pueblo v. Irizarry, supra.; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
96 Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 415 y 417 (2014).
97 Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, a la pág. 148; Pueblo v. Maisonave, supra.
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                                     III

       El recurso de Apelación ante nuestra consideración, en

síntesis, esboza dos (2) errores que sostiene el apelante fueron

cometidos por el foro primario. El primero fue el haber declarado

culpable al señor Skerrett Fuentes bajo el fundamento de que la

prueba de cargo no estableció su culpabilidad más allá de duda

razonable en violación a sus derechos, a la presunción de inocencia

y al debido proceso de ley. Por otro lado, el segundo error versa sobre

si erró el foro primario al declarar culpable al señor Skerrett Fuentes

por el delito de tentativa de asesinato en primer grado del Artículo

93 (a) del Código Penal de 2012, y, a su vez, encontrarle no culpable

por los Artículos 6.05, 6.14 (b) y 6.22 de la Ley de Armas bajo el

fundamento de la excepción de veredictos inconsistentes cuando se

trata de una misma prueba y hechos jurídicamente inseparables.

Tras una minuciosa revisión del expediente en su totalidad, así

como de la TPO, juzgamos que los errores imputados no fueron

cometidos. Veamos.

       La determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a

nivel del foro primario, a los efectos de que, la culpabilidad de la

persona imputada ha quedado establecida más allá de duda

razonable, es revisable ante esta Curia mediante recurso de

apelación como cuestión de derecho.98 En el caso ante nuestra

consideración resulta menester destacar que el Juicio en su Fondo

se celebró por Tribunal de Derecho, ya que el apelante renunció a

su derecho a juicio por jurado.

       De los autos se desprende que se alegó que el apelante se

encontraba en la Parcelas Figueroa 235 cuando ocurrieron los

hechos. Según alegado, mientras el señor Feliciano Skerrett se

encontraba montado en su vehículo (una guagua pickup), el

98 Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011).
KLAN202200518                                                               17

apelante le apuntó con una pistola, se la pegó al pecho y haló el

gatillo varias veces. No obstante, según surge de los hechos, la

pistola nunca disparó.

       El Artículo 92 del Código Penal define “asesinato” como “dar

muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o

temerariamente”.99 Por su parte, el Artículo 93 inciso (a) del Código

Penal lee como sigue: “Constituye asesinato en primer grado: (a)

Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, tortura, o

a propósito o con conocimiento”.100 Ahora bien, cuando se intenta

cometer el delito, pero no se consuma por causas ajenas a la

voluntad, se configura la tentativa del delito. El Artículo 35 del

Código Penal define tentativa de la siguiente manera: “Existe

tentativa cuando la persona actúa con el propósito de producir el

delito o con conocimiento de que se producirá el delito, y la persona

realiza acciones inequívoca e inmediatamente dirigidas a la

consumación de un delito que no se consuma por circunstancias

ajenas a su voluntad”.101 Para que se dé la tentativa de un delito,

deben concurrir cuatro (4) requisitos: (i) que se haya realizado una

acción u omisión; (ii) que fuera a propósito o con conocimiento, y de

forma inequívoca;        (iii)     que   se   constituya   hasta    la   fase

inmediatamente anterior o el primero de los actos exigidos por el

delito tipificado; y, (iv) que el resultado delictivo no se verifique o

consuma por causas ajenas a la voluntad del actor.102

       Por otro lado, debemos hacer referencia a los tres (3) artículos

de la Ley de Armas relacionados al caso en cuestión. El Artículo 6.05

de la Ley de Armas aborda lo relativo a la portación, transportación

o uso de armas de fuego sin licencia. Así, pues dicho artículo lee

como sigue:

99 33 LPRA § 5141, Art. 92.
100 33 LPRA § 5142, Art. 93 (a).
101 33 LPRA § 5048, Art. 35.
102 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto para el
Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, págs. 70-7 1.
KLAN202200518                                                        18

       Toda persona que porte, transporte o use cualquier
       arma de fuego, sin tener una licencia de armas vigente,
       salvo lo dispuesto para los campos de tiro o lugares
       donde se practica la caza, incurrirá en delito grave […]
       No obstante, cuando se trate de una persona que (i) esté
       transportando o portando un arma de fuego que está
       registrada a su nombre, (ii) tenga una licencia de armas
       expedida a su nombre que está vencida, (iii) no se le
       impute la comisión de cualquier delito grave que
       implique el uso de violencia, (iv) no se le impute la
       comisión de un delito menos grave que implique el uso
       de violencia, y (v) el arma de fuego transportada o
       portada no esté alterada ni mutilada, dicha persona
       incurrirá en un delito menos grave[…]
       Toda persona que esté transportando un arma de fuego
       sin tener licencia para ello que no cumpla con los
       requisitos (i) y (ii) del párrafo anterior, pero que cumpla
       con los requisitos (iii), (iv) y (v), y que además pueda
       demostrar con preponderancia de la prueba que advino
       en posesión de dicha arma de fuego por vía de herencia
       o legado, y que el causante de quien heredó o adquirió
       el arma por vía de legado tuvo en vida una licencia de
       armas, delito menos grave […]
       […]
       Se considerará como atenuante cuando el arma esté
       descargada y la persona no tenga municiones a su
       alcance. Se considerará como “agravante” cualquier
       situación en la que el arma ilegal se utilice en la
       comisión de cualquier delito o su tentativa.103
       […]

       En lo que respecta al Artículo 6.14 inciso (b) de la Ley de

Armas dispone lo relativo a disparar o apuntar armas de fuego.

Esboza dicho artículo lo siguiente:

       Incurrirá en delito grave […], toda persona que, salvo en
       casos de legítima defensa, propia o de terceros, o de
       actuaciones en el legítimo desempeño de funciones
       oficiales o actividades legítimas de deportes:
       […]
       (b) intencionalmente apunte hacia alguna persona
       con un arma de fuego, aunque no le cause daño a
       persona alguna.104 (Énfasis suplido).
       […]

       El último artículo aquí concerniente, el Artículo 6.22 de la Ley

de Armas envuelve lo relativo a la fabricación, distribución,

posesión, uso e importación de municiones. A tenor, dicho artículo

lee como sigue:

       Se necesitará una licencia de armas vigente, de armero
       o ser un agente del orden público, según sea el caso,
       para […] comprar, […] guardar, almacenar, […] o en

103 25 LPRA § 466d, Art. 6.05.
104 25 LPRA § 466m, Art. 6.14.
KLAN202200518                                                               19

       cualquier otra forma disponer de, poseer, usar, portar o
       transportar municiones, conforme a los requisitos
       exigidos por esta Ley. Se necesitará un permiso
       expedido por el Negociado de la Policía para comprar
       pólvora. Toda infracción a este Artículo constituirá
       delito grave […]
       […]
       Será considerado como circunstancia agravante al
       momento de fijarse la sentencia, incurrir en cualquiera
       de las conductas descritas en este Artículo cuando las
       municiones sean de las comúnmente conocidas como
       “armor piercing”.105
       […]

       Una figura que ha sido utilizada en nuestra jurisprudencia

local lo es la de los veredictos inconsistentes. A esos efectos, nuestro

Alto Foro ha sostenido que: “[…] de ordinario no constituye error que

dé lugar a la revocación de una convicción el mero hecho de que el

jurado que intervenga en un proceso criminal en particular emita,

respecto a diferentes pliegos acusatorios, veredictos que no guardan

la más absoluta consistencia lógica entre sí”.106 A diferencia del

caso de Pueblo v. Cabán Torres, en el caso ante nuestra

consideración no fue ante un jurado que se celebró el Juicio en

su Fondo, sino, ante un Tribunal de Derecho, por lo que la

determinación del juez constituye un fallo.

       El foro primario quedó convencido de que tratándose que los

delitos imputados tienen elementos distintos, los mismos quedaron

probados más allá de duda razonable en cuanto a la tentativa de

asesinato. Consecuentemente, con el fallo emitido en el caso de

autos, luego de desfilada la prueba, es forzoso concluir que el

juzgador de los hechos razonó que los testimonios presentados

merecían credibilidad y concluyó que, en efecto, el Ministerio Público

logró establecer los elementos del delito que le fue imputado al

apelante, a saber, tentativa de asesinato, según tipificado en el

Artículo 93 (a) del Código Penal.

105 Art. 6.22, 25 LPRA § 466u.
106 Pueblo v. Caban Torres, 117 DPR 645, 657 (1986).  Pueblo v. Medina Ocasio,
98 DPR 302 (1970). Pueblo v. Cortés, 99 DPR 679 (1971). Pueblo v. Figueroa
Castro, 102 DPR 279 (1974). Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881 (1976). Pueblo
v. Millán Meléndez, 110 DPR 171 (1980).
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       Bajo el crisol doctrinario, los foros apelativos no intervendrán

en la discreción de los foros primarios a no ser que las decisiones

emitidas resulten arbitrarias o en un abuso de su discreción.107

Cabe señalar que, el foro primario se encuentra en mejor posición

para evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo.108 De acuerdo

con la Regla 110 de las Reglas de Evidencia: “La evidencia directa

de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por

ley”.109 La discreción que se le otorga al foro primario se fundamenta

en el contacto con los litigantes y la prueba que se haya

presentado.110 Es menester recordar que, nuestro máximo foro ha

resuelto que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el

del foro de instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto.111 Quiérase decir que, este Tribunal solo podrá

intervenir con la apreciación del foro juzgador si, luego de evaluar

minuciosamente la prueba del caso, guardamos serias, razonables

y fundadas dudas acerca de la culpabilidad del acusado.112

       En este caso no hubo error manifiesto, ni parcialidad o

prejuicio en la apreciación de la prueba, que nos mueva a intervenir

con lo actuado por la primera instancia judicial. Sin intención de

ser reiterativos, luego de haber examinado con detenimiento la

totalidad de los autos originales ante nuestra consideración,

incluyendo la transcripción de la prueba oral, somos del criterio de

que los errores esgrimidos no fueron cometidos por el foro primario,

por lo que procede que confirmemos la Sentencia apelada.

107 Banco Popular de Puerto Rico v. Gomez Alayon, 2023 TSPR 145. VS PR, LLC v.

Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 273 (2021). Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, 203
DPR 254, 276 (2019). Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).
108 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011).
109 34 LPRA Ap. II, R. 110.
110 Banco Popular de Puerto Rico v. Gomez Alayon, 2023 TSPR 145.
111 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, supra.
112 Pueblo v. Casillas, Torres, supra.
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                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos

formar parte de esta Sentencia, se confirma la misma.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves concurre sin

opinión escrita.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones