Court Opinion

ID: 9941466
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:34.783363+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:46.654476
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IX

    JUDITH J. JIMENEZ                   CERTIORARI
         RIVERA                         procedente del
                                        Tribunal de Primera
      PETICIONARIA                      Instancia, Sala
                                        Superior de Bayamón
           V.                           _____________
                          KLCE202400045 CASO NÚM.:
                                        D AL2023-0006
     JOSÉ A. COLÓN                      (3006)
        APONTE                          ______________
       RECURRIDO                        SOBRE:
                                        ALIMENTOS
                                        INHIBICIÓN

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez
Irizarry, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado
Schwarz

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente

                         SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

       Comparece1 Judith Jimenez Rivera, en adelante, la

peticionaria,       mediante   un    recurso   discrecional     de

certiorari, y nos solicita que revisemos una Resolución

emitida el 4 de diciembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en adelante

TPI, y notificada el 8 de diciembre de 2023.

       En virtud de la Regla 83(C) del Reglamento del

Tribunal    de     Apelaciones,      desestimamos    el   recurso

presentado por falta de jurisdicción, por tardío.

                               -I-

A.     Certiorari

       El auto de certiorari es el vehículo procesal que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un tribunal inferior.2 Distinto al

1  El recurso de certiorari fue presentado ante el Tribunal de
Apelaciones el 11 de enero de 2024, y por un defecto en la
radicación, finalmente se entendió presentado el 12 de enero de
2024.
2 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016).

Número Identificador

SEN2022_______________
KLCE202400045                                                            2

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de

manera      discrecional,      por    tratarse      de     ordinario    de

asuntos interlocutorios.3

       Al    presentarse       un    recurso     de      certiorari     de

naturaleza Civil ante nosotros, es preciso evaluarlo a

la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap.    V,   R.52.1.     Como   es    sabido,     la      Regla   52.1   de

Procedimiento      Civil,        [supra],      es     la     disposición

reglamentaria     que     regula     todo   lo      relacionado     a   la

revisión de sentencias y resoluciones dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia.4 Dicha Regla limita la

autoridad de este Tribunal para revisar las órdenes y

resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales

de    instancia   por    medio      del   recurso     discrecional      de

certiorari. Posterior a su aprobación, dicha Regla fue

enmendada nuevamente por la Ley 177-2010, y dispone como

sigue:

            Todo    procedimiento    de     apelación,
       certiorari, certificación, y cualquier otro
       procedimiento   para  revisar    sentencias   y
       resoluciones se tramitará de acuerdo con la
       ley aplicable, estas reglas y las reglas que
       adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
            El recurso de certiorari para revisar
       resoluciones    u    órdenes     interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de
       Apelaciones   cuando    se   recurra     de  una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o
       de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto   anteriormente,    el    Tribunal  de
       Apelaciones    podrá    revisar      órdenes   o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se
       recurra de decisiones sobre la admisibilidad
       de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
       anotaciones   de   rebeldía,     en    casos  de
       relaciones de familia, en casos que revistan

3 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165
DPR 324, 334 (2005).
4 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR __, 2019 TSPR 10.
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      interés público o en cualquier otra situación
      en la cual esperar a la apelación constituiría
      un fracaso irremediable de la justicia. Al
      denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de
      Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.
           Cualquier   otra   resolución   u   orden
      interlocutoria expedida por el Tribunal de
      Primera Instancia podrá ser revisada en el
      recurso de apelación que se interponga contra
      la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla
      50 de este apéndice sobre los errores no
      perjudiciales.5

      Establecido lo anterior, es preciso recordar que,

si bien el auto de certiorari […] es un vehículo procesal

discrecional, la discreción del tribunal revisor no debe

hacer abstracción del resto del derecho.6 Sin embargo,

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable,

procurando siempre lograr una solución justiciera.7

      La discreción judicial "no se da en un vacío ni en

ausencia de unos parámetros".8 Recordemos que, a fin de

que   el   Tribunal     de    Apelaciones      pueda    ejercer    su

discreción      de   manera   prudente,   la    Regla    40   de   su

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los

criterios que dicho foro debe considerar al determinar

si procede o no expedir un auto de certiorari.9 En

particular, esta Regla dispone los siguientes criterios:

      A.   Si el remedio y la disposición de la
           decisión recurrida, a diferencia de sus
           fundamentos, son contrarios a derecho.

      B.   Si la situación de hechos planteada es la
           más   indicada  para   el  análisis   del
           problema.

5 32 LPRA Ap. V, R.52.1
6 Municipio v. JRO Construction, supra; IG Builders v. BBVAPR, 185
DPR 307 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009);
Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); García v.
Padró, 165 DPR 324 (2005).
7 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, supra; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91
(2001).
8 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra, pág.338; Rivera Figueroa v.

Joe's European Shop, 183 DPR 580 (2011).
9 Municipio v. JRO Construction, supra.
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        C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
             error craso y manifiesto en la apreciación
             de la prueba por el Tribunal de Primera
             Instancia.

        D.   Si el asunto planteado exige consideración
             más detenida a la luz de los autos
             originales,   los   cuales   deberán   ser
             elevados, o de alegatos más elaborados.

        E.   Si la etapa del procedimiento en que se
             presenta el caso es la más propicia para
             su consideración.

        F.   Si la expedición del auto o de la orden de
             mostrar causa no causan un fraccionamiento
             indebido del pleito y una dilación
             indeseable en la solución final del
             litigio.

        G.   Si la expedición del auto o de la orden
             de mostrar causa evita un fracaso de la
             justicia.10

        El   TSPR       ha   manifestado,     que    los   tribunales

apelativos        no    deben   intervenir    con     determinaciones

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio

utilizado         por   dicho   foro   en    el     ejercicio   de   su

discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de

discreción, o que incurrió en error manifiesto.11 Por tal

razón, el ejercicio de las facultades discrecionales por

el foro de instancia merece nuestra deferencia, salvo

que incurra en algunas de las conductas previamente

mencionadas.

B. Jurisdicción

        Nuestra Regla 32, inciso (D), del Reglamento de

Apelaciones, establece el término para presentar un

recurso      de    certiorari     cuando     se   trata    de   revisar

cualquier otra resolución u orden:

        El   recurso  de   certiorari  para   revisar
        cualquier otra resolución u orden o sentencia
        final al revisar un laudo de arbitraje del

10   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
11   Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR __ 2018 TSPR 119.
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      Tribunal de Primera Instancia se formalizará
      mediante la presentación de una solicitud
      dentro de los treinta días siguientes a la
      fecha del archivo en autos de una copia de la
      notificación   de  la   resolución  u   orden
      recurrida. Este término es de cumplimiento
      estricto.

      La jurisprudencia ha sido clara y abundante en

cuanto a qué constituye cumplimiento estricto. Sobre

este particular, nuestro Tribunal Supremo ha señalado

que éstos, contrario a los jurisdiccionales, se pueden

observar tardíamente si existe y se demuestra adecuada

y    oportunamente      justa    causa     para   la     dilación.

Expresamente nuestro más Alto Foro indicó:

      Los tribunales pueden eximir a una parte del
      requisito de observar fielmente un término de
      cumplimiento estricto, si están presentes dos
      condiciones: (1) que en efecto exista justa
      causa para la dilación y (2) que la parte le
      demuestre detalladamente al tribunal las bases
      razonables que tiene para la dilación; es
      decir, que la parte interesada acredite de
      manera adecuada la justa causa aludida.12

      Debemos señalar que la justa causa no constituye

cualquier justificación general. La jurisprudencia la

ha definido como aquella causa ajena a la causa legal,

que está basada en motivos razonables y debe existir una

razón honesta regulada por la buena fe.13              Es por esta

razón, que este Tribunal no goza de discreción para

prorrogar       los   términos   de      cumplimiento     estricto

automáticamente.14 Resultaría un abuso de discreción de

este Foro acoger un recurso de certiorari en el que no

se adujo una justa causa, razonable, cabal y detallada.

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

expresó lo siguiente:

      …no    es   con   vaguedades,   excusas   o
      planteamientos estereotipados que se cumple

12 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 132 (1998); Pueblo v. Pérez Suárez,
146 DPR 665, 671 (1998).
13 Pueblo v. Pérez Suárez, supra, a la pág. 671, nota 2.    Énfasis
del caso.
14 Arriaga v. FSE, supra, a la pág. 131.
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        con el requisito de justa causa, sino con
        explicaciones   concretas   y  particulares,
        debidamente evidenciadas, que le permitan al
        tribunal concluir que la tardanza o demora
        ocurrió razonablemente, por circunstancias
        especiales.15

        Es por lo cual, la Regla 83(B)(2) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones nos autoriza a desestimar

cualquier       recurso    que    se   haya    presentado    fuera       del

término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin

que exista justa causa para ello.16

        Por otra parte, valga enfatizar que el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que los

tribunales deben proteger su propia jurisdicción. Es

norma    reconocida       que    las   cuestiones    relativas       a    la

jurisdicción de los tribunales para atender los recursos

ante       su       consideración             constituyen      materia

privilegiada.17 A esos fines, ha expresado reiteradamente

que los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra    jurisdicción,         estando      obligados,    incluso,      a

considerar dicho asunto motu proprio.18 Es decir, debido

a la importancia de las cuestiones jurisdiccionales, los

tribunales venimos obligados a considerar dichos asuntos

prioritariamente, a solicitud de parte o incluso, en

ausencia de planteamiento a tales efectos.19

        Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83

(B) y (C). disponen lo siguiente:

        (B) Una parte podrá solicitar en cualquier
        momento la desestimación de un recurso por los
        motivos siguientes:
        (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
        jurisdicción;

15 Pueblo v. Pérez Suárez, supra, a las págs. 674 – 675; Arriaga v.
FSE, supra, a la pág. 132. Énfasis nuestro.
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (2). Énfasis nuestro.
17 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).
18 Id.
19 Id.
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        […]

        (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa
        propia, podrá desestimar un recurso de
        apelación o denegar un auto discrecional por
        cualesquiera de los motivos consignados en el
        inciso (B) precedente.

                                -II-

        Nos encontramos ante un recurso que claramente no

es justiciable y a todas luces fue presentado fuera de

término.

       En esencia, cual citado, la Regla 32, inciso (D)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, establece un

término de cumplimiento estricto de treinta (30) días

para presentar un recurso de certiorari, como lo es en

este caso. A tono con la Resolución del 4 de diciembre

de 2023       y notificada    —8 de diciembre           de 2023—    que

corresponde a la Solicitud de Inhibición al Amparo del

Canon    20    de   Ética   Judicial,    la     peticionaria   debió

presentar su recurso de certiorari, a no más tarde del

lunes, 8 de enero de 202420. No obstante, el mismo fue

presentado en el mejor de los escenarios, el 11 de enero

de 2024, y en el peor, el 12 de enero de 2024.

       Así, queda claro que la parte peticionaria presentó

el     recurso      de   certiorari     fuera     del    término     de

cumplimiento estricto de treinta (30) días. Pues, aunque

es un término que admite la presentación de justa causa

para    su    incumplimiento,    el    peticionario       tampoco   ha

argüido alguna razón o justificación razonable para su

inobservancia.

       En consecuencia, en ausencia de justa causa para la

presentación del recurso de epígrafe fuera del término

20El término de treinta días vencía el domingo, 7 de enero de 2024,
por lo que se corre el mismo para el próximo día hábil.
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de treinta (30) días de cumplimiento estricto dispuesto

en nuestro reglamento, carecemos de jurisdicción por

tardío.

                          -III-

      Por los fundamentos antes expuestos, se desestima

el presente recurso por falta de jurisdicción, tardío.

      Notifíquese.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones