Court Opinion

ID: 9896789
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:19:07.031196+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:10.442662
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                  CERTIORARI
      JORGE FÉLIX                                 procedente del
        Recurrido                                 Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
             v.                                   Carolina
                               KLCE202300989
    GE APPLIANCES                                 Caso número:
  CARIBBEAN AND CO.                               CA2020CV01936
  t/c/c APPLIANCES A
    HAIER COMPANY                             Sobre: DESPIDO
      Peticionario                            INJUSTIFICADO,
                                              DISCRIMEN POR
                                              INCAPACIDAD Y
                                              PROCEDIMIENTO
                                              SUMARIO
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

      Comparece ante nos, GE Appliances Caribbean and Co. t/c/c

GE Appliances a Haier Company, (GE) y por medio de su recurso,

nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 25 de agosto de

2023 y notificada el 30 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de Carolina. Mediante el referido

dictamen, el TPI determinó que no se permitiría la presentación de

los testigos Carlos Rodríguez y Juan Carlos Hernández y que

tampoco permitiría la presentación en evidencia de determinada

prueba demostrativa, identificada por la parte peticionaria como

videos 1 al 6 en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del Certiorari.

                                  I.

      El 15 de septiembre de 2020, el señor Jorge Félix (Félix)

presentó una Querella ante el TPI, al amparo del procedimiento

sumario laboral de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961 (32

 Número Identificador
 RES2023 _______________
KLCE202300989                                                       2
LPRA sec. 3118 et seq.) también conocida como Ley de Procedimiento

Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley 2). En dicha Querella,

reclamó     que   la   parte    peticionaria   lo   había   despedido

injustificadamente, en la modalidad de despido tácito y de forma

discriminatoria por incapacidad.

      El 28 de septiembre de 2020, GE presentó una Contestación

a Querella. Ese mismo día, GE también presentó una Moción en

Solicitud    de    Conversión       al    Procedimiento     Ordinario.

Consecuentemente, el 5 de octubre de 2020, el foro recurrido emitió

una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

conversión del caso de autos al procedimiento ordinario.

      Luego de concluido el descubrimiento de prueba, el 12 de

octubre de 2022, la parte peticionaria presentó una Solicitud de

Sentencia Sumaria. Ante ello, el 8 de noviembre de 2022, la parte

recurrida presentó la correspondiente Oposición a Moción de

Sentencia Sumaria. Consecuentemente, el 28 de noviembre de 2022,

la parte peticionaria presentó un escrito en Reacción Oposición a

Solicitud de Sentencia Sumaria.

      El 10 de marzo de 2023, el TPI emitió y notificó una Resolución

declarando No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada. Inconforme con esta determinación, el 20 de marzo de

2023, la parte peticionaria acudió ante este Foro de Apelaciones en

el caso KLCE202300276. En esa ocasión, este Tribunal de

Apelaciones denegó la expedición del recurso por recurrir de una

resolución interlocutoria en un procedimiento al amparo de la Ley

Núm. 2-1961, supra.

      Posteriormente, luego de varios trámites procesales, el 25 de

agosto de 2023, notificada el 30 de agosto de 2023, el TPI emitió una

Resolución mediante la cual determinó que no se permitiría la

presentación de los testigos de la parte peticionaria Carlos Rodríguez
KLCE202300989                                                     3

y Juan Carlos Hernández y que tampoco permitiría la presentación

en evidencia de la prueba demostrativa, identificada por la parte

peticionaria como videos 1 al 6 en el Informe de Conferencia con

Antelación al Juicio.

       En desacuerdo, el 8 de septiembre de 2023, la parte

peticionaria compareció nuevamente ante nos mediante un recurso

de Certiorari y alegó la comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al resolver en la etapa de Conferencia con
      Antelación al Juicio que no se permitirá la
      presentación de los testigos Carlos Rodríguez y
      Juan Carlos Hernández en el juicio en su fondo
      señalado para los días 7,8, y 9 de agosto de 2024 y
      9 de octubre de 2024.

      SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al resolver en la etapa de Conferencia con
      Antelación al Juicio que no se permitiría la prueba
      demostrativa en el juicio en su fondo que estaba
      señalado para los días 7, 8 y 9 de agosto de 2024 y
      9 de octubre de 2024.

      Examinado el recurso ante nuestra consideración, el 14 de

septiembre de 2023 emitimos una Resolución concediéndole un

término de veinte (20) días a la parte recurrida para que presentara

su posición al recurso. El 5 de octubre de 2023, la parte recurrida

presentó el    Alegato del Recurrido. Con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

      A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023); 800 Ponce de León

Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176

DPR 913, 917 (2009). En particular, es un recurso mediante el cual

se solicita la corrección de un error cometido por un foro inferior.
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Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la

determinación de expedir o denegar un recurso de certiorari está

enmarcada en la discreción judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG,

supra. No obstante, la discreción judicial para expedir o no el auto

de certiorari solicitado no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos

parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los
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asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
       diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora      bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio    de    la     discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.
KLCE202300989                                                            6
Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

      B. Procedimiento Sumario bajo la Ley Núm. 2-1961

      La Ley Núm. 2-1961, supra, establece un procedimiento

sumario para considerar y adjudicar de manera rápida las querellas

que presentan empleados u obreros contra sus patronos. Sección 1

de la Ley Núm. 2-1961 (32 LPRA, sec. 3118). Véase, además, Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731-732 (2016)

citando a Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923

(1996).

      La característica esencial del procedimiento al amparo de la

Ley Núm. 2-1961, supra, es su naturaleza sumaria. Ruiz Camilo v.

Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018). Por lo tanto, los tribunales

tienen la obligación de exigir diligencia y prontitud en la tramitación

de las reclamaciones bajo esta ley. Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., 174 DPR 921 (2008). Sobre el particular, nuestro más alto Foro

dispuso que:

      Tanto los tribunales como las partes deben respetar: (1) los
      términos relativamente cortos dispuestos en el estatuto para
      contestar la querella; (2) los criterios estrictos para conceder
      una prórroga para contestar la querella; (3) el mecanismo
      especial que flexibiliza el emplazamiento del patrono, y (4)
      entre otras particularidades provistas por la ley, las
      limitaciones en el uso de los mecanismos de descubrimiento
      de prueba. De no hacerlo, el procedimiento se convertiría en
      ordinario, lo cual sería incompatible tanto con el mandato
      legislativo de diligencia en el dictamen judicial, como con su
      carácter reparador. Medina Nazario v. McNeil Healthcare
      LLC., supra.

      Como es sabido, la Ley Núm. 2-1961, supra, dispone de

términos más cortos que los provistos para procedimientos

ordinarios. A modo de ejemplo, el patrono, una vez se le notifica
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mediante copia de la querella en su contra1, deberá presentar su

contestación por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la

notificación. Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961 (32 LPRA sec. 3120).

Tanto es así que, en Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, el

Tribunal Supremo dispuso que un tribunal no tiene discreción para

negarse a anotar la rebeldía a un patrono, pasado el término para

que conteste la querella sin que ello ocurra y sin que haya solicitado

prórroga. Íd., págs. 921–926. Así, “[E]l tribunal sólo tiene la

jurisdicción para anotar la rebeldía y dictar sentencia [;] [e]n estos

casos, el tribunal no puede ignorar la letra clara de la [Ley 2]”. Íd.

       Asimismo, cualquier parte afectada por la sentencia final que,

en su día, dicte el tribunal, tendrá un término jurisdiccional de diez

(10)    días     -siguientes       a      la   notificación-      para      acudir

mediante certiorari ante este Tribunal y solicitar la revisión de los

procedimientos. Sección 4 de la Ley Núm. 2-1961 (32 LPRA sec.

3121). Para acudir ante el Tribunal Supremo, tendrá veinte (20

días). Íd.

       Por otro lado, en Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR

283, 497 (1999), nuestro Foro Máximo aclaró que las resoluciones

interlocutorias que emita el TPI no son revisables por este

Tribunal. Lo anterior, con excepción de aquellos casos en que: (1) la

resolución interlocutoria haya sido dictada por el tribunal de

instancia de forma ultra vires, sin jurisdicción; (2) la revisión

inmediata, en dicha etapa, disponga del caso en forma definitiva; o

(3) cuando la revisión inmediata evite una grave injusticia. Solo en

estos casos podrá este Tribunal ejercer su facultad de revisar una

resolución interlocutoria vía certiorari. Íd. Véase, además, Ortiz v.

Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014).

1 Esto es así si la notificación se hace dentro del mismo distrito judicial, de otro

modo el término es de quince (15) días.
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      Cónsono con la naturaleza sumaria de los procedimientos

bajo la Ley Núm. 2-1961, supra, nuestro más alto Foro determinó

que en estos casos la parte tendrá el término de diez (10) días para

recurrir ante este Tribunal. Medina Nazario v. McNeil Healthcare

LLC, supra, pág. 736. Si bien la Ley Núm. 2-1961, supra, no provee

un término para solicitar revisión de una resolución interlocutoria,

el Foro Máximo explicó que este debía ser análogo al término

provisto para solicitar la revisión de una sentencia o resolución final

del TPI, pues aplicar el término de treinta (30) días establecido por

la Regla 52.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), resultaría en

un “absurdo procesal”. Íd., pág. 735.

      En atención al carácter sumario de la Ley Núm. 2-1961,

supra, en Medina Nazario v. McNeil Healthcare, supra, el Tribunal

Supremo también concluyó que la figura de la reconsideración

interlocutoria es incompatible con el procedimiento provisto por la

Ley Núm. 2-1961, supra. Lo anterior, debido a que “se daría la

anomalía de proveer a las partes un término mayor para

solicitar reconsideración que el provisto por la [Ley 2], supra, para

la revisión de determinaciones finales”. Íd.

      Recientemente, el Tribunal Supremo reiteró que “en un

procedimiento sumario laboral provisto por la [Ley 2] no está

permitido solicitar reconsideración de determinaciones judiciales,

ya sean éstas interlocutorias o finales”. León Torres v. Rivera Lebrón,

204 DPR 20, 32-33 (2020). Concluyó, además, que la presentación

de   una   moción    de reconsideración es     incompatible   con    el

procedimiento sumario laboral que provee la Ley Núm. 2-1961,

supra. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 450

(2016).

       Así pues, corresponde a los tribunales asegurar la estricta

observancia del proceso sumario provisto por la Ley Núm. 2-1961,
KLCE202300989                                                      9

supra; por lo cual, también, les está vedado conceder prorrogas que

no se ajusten al mandato legislativo. León Torres v. Rivera Lebrón,

supra.

                                 III.

      En el caso ante nos, la parte recurrida presentó una Querella

al amparo del procedimiento sumario bajo la Ley de Procedimiento

Sumario de Reclamaciones Laborales. Mediante su recurso de

Certiorari, la parte peticionaria nos solicita que revisemos una

Resolución interlocutoria que emitió el foro primario, mediante la

cual no se permitió la presentación de los testigos Carlos Rodríguez

y   Juan   Carlos   Hernández,    así   como   determinada   prueba

demostrativa.

      Según el derecho que antecede, conforme lo resuelto por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Dávila Rivera v. Antilles

Shipping, Inc., supra, la revisión de resoluciones interlocutorias es

contraria al carácter sumario del procedimiento laboral y no son

revisables por este Tribunal, salvo contadas excepciones. Además,

cabe señalar que en el presente caso no está presente ninguna

excepción a la referida norma jurisprudencial. Es decir, la

resolución interlocutoria no fue dictada sin jurisdicción, nuestra

intervención no dispondría de manera definitiva del asunto y el

dictamen recurrido no constituye una grave injusticia que amerite

nuestra intervención.

    Así, ante la clara ausencia de alguna de las excepciones a la

norma jurisprudencial antes citada, procede que nos abstengamos

de intervenir en la revisión de la Resolución interlocutoria emitida

por el foro recurrido el 25 de agosto de 2023 y notificada el 30 de

agosto de 2023. No debemos perder de perspectiva que, el 5 de

octubre de 2020, el foro de instancia emitió una Resolución mediante
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la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de conversión del caso de

epígrafe al procedimiento ordinario.

                                IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos

formar parte de este dictamen, denegamos la expedición del auto de

Certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      El juez Rivera Colón disiente con la siguiente expresión:

“Disiento, el presente caso fue radicado el 15 de septiembre de

2020. Al día de hoy ha habido una crasa violación a lo dispuesto en

la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961 (32 LPRA sec. 3118 et sec),

específicamente las secciones 3 y 4 de dicha Ley. Por lo que ha

perdido el carácter sumario y de facto se ha convertido en un

procedimiento ordinario. Entiendo se debían de permitir los testigos

solicitados, pues como dije anteriormente nos encontramos ante un

procedimiento ordinario”.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones