Court Opinion

ID: 9941375
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:29:45.777556+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.333817
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL
                            OATA-2023-1311

ESPACIO RESIDENTIAL,                          Apelación
        LLC                                   procedente del
                                              Tribunal de Primera
         Apelante                             Instancia, Sala
                                KLAN202300364 Superior de Bayamón
             v.
                                                   Caso Núm.:
     ANTONIO JOSÉ                                  D AC2016-0417
     CHÉVERE MARI
                                                   Sobre:
          Apelado                                  Incumplimiento de
                                                   Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

      Comparece ante nos, el señor Antonio José Chévere Mari (en

adelante, “Sr. Chévere Mari” o “Apelante”), quien presenta recurso

de Apelación en el que solicita la revocación de la Sentencia emitida

el 23 de marzo de 2023, notificada el 29 de marzo de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante

dicho dictamen, el Foro Primario declaró “Ha Lugar” la Solicitud de

Sentencia Sumaria, presentada por Espacio Residential, LLC (en

adelante, “Espacio Residential” o “Apelado”).

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

confirmamos       el   dictamen   mediante   los    fundamentos    que

expondremos a continuación.

1Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-131 se designa al Juez
Joel A. Cruz Hiraldo en sustitución de la Jueza Beatriz M. Martínez
Cordero.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
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                                 I.

      El 26 de febrero de 2016, Roosevelt Cayman Asset Company

(en   adelante   “Rososevelt   Cayman”),   presentó   Demanda    por

incumplimiento de contrato en contra del Sr. Chévere Mari. Según

se desprende del expediente, el 31 de agosto de 2005 el Apelante

suscribió pagaré hipotecario a favor de Doral Financial Corporation

(en adelante “Doral Bank”) por la suma principal de $1,000,000.00

más interés a razón del 6% anual fijo hasta el 1 de septiembre de

2020. Ese mismo día, con el propósito de asegurar el pagaré,

constituyó hipoteca voluntaria. No obstante, el 10 de julio de 2007,

Doral Bank, radicó Demanda por cobro de dinero y ejecución de

hipoteca. A raíz de esto, el 22 de octubre de 2007, el Sr. Chévere

Mari se acogió a la protección Capítulo 11 de la Ley Federal de

Quiebras en el caso #07-06153. Durante este proceso, sometió un

plan de reorganización mediante el cual propuso entregar la

propiedad hipotecada en saldo de lo adeudado de no lograr vender

la misma en un periodo corto de tiempo. Aceptado el plan de

reorganización por la Corte de Quiebras, el 20 de junio de 2008, el

Apelante presentó escrito informando que no pudo vender la

propiedad hipotecada en el tiempo estipulado, por lo que entregaría

la misma al entonces acreedor hipotecario. Siendo así, el 26 de junio

de 2008, el Sr. Chévere Mari presentó escrito a la Corte de Quiebras

anunciado la aceptación del acuerdo por parte de Doral Bank.

      Transcurridos unos 8 años sin que se cumpliera con lo

pactado, Roosevelt Caymn Asset Company, (en adelante “Roosevelt

Cayman”) incoó la demanda objeto de este pleito por incumplimiento

de contrato en contra del Apelante reclamando la entrega de la

propiedad hipotecada, según lo estipulado en el caso de Quiebras

#07-06153. El 24 de febrero de 2022, Espacio Residential informó

haber adquirido el pagaré hipotecario, por lo que ahora se convertía
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en el actual tenedor de buena fe y poseedor del pagaré objeto de este

pleito. Por lo que, mediante Orden dictada el 28 de junio de 2022,

notificada el 30 de junio de 2022, se sustituyó judicialmente.

      Luego de varios trámites judiciales el 1 de julio de 2022, el

Tribunal de Primera Instancia emitió Orden en la cual otorgó como

fecha límite para el descubrimiento de prueba el 1 de octubre de

2022 y concedió hasta el 1 de noviembre de 2022 como fecha límite

para radicar escritos dispositivos.

      En cumplimiento con lo ordenado por el foro primario, el 20

de octubre de 2022 Espacio Residential presentó Moción de

Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación. En síntesis,

presentó evidencia, entre otras cosas, de la existencia de la deuda y

del contrato otorgado, además del incumplimiento por parte del Sr.

Chévere Mari. Por lo que, solicitó se ordenara al Apelante entregar

la propiedad en dación en pago en cumplimiento con lo acordado en

el caso de Quiebra #07-06153.

       En respuesta, el 10 de enero de 2022, el Sr. Chévere Mari

presentó Réplica a Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Alegó que

Doral Bank rechazó honrar el acuerdo, ya que luego de la aceptación

la institución presentó Demanda por Cobro de dinero ejecución de

hipoteca de la cual desistió posteriormente. Además, arguyó que, la

evidencia presentada era inadmisible por ser impertinente debido a

que el pleito incoado se trata de incumplimiento de contrato y no de

ejecución de hipoteca, por lo que no era pertinente presentar

documentos relacionados a la titularidad del préstamo o evidencia

del cobro de dinero del mismo.

      Atendidas las mociones, el 23 de marzo de 2023, notificado el

29 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió

Sentencia Sumaria declarando “Con Lugar” la Solicitud de Sentencia

Sumaria presentada por el Apelado y, por consiguiente, declarando
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“Ha Lugar” la Demanda incoada. En esta realizó las siguientes

determinaciones hechos:

  1. El 31 de agosto de 2005, Chévere Mari, por valor recibido,
     suscribió un pagaré Hipotecario por la suma principal de
     $1,000,000.00 con intereses al 6% anual fijo y demás
     créditos accesorios, reconocido mediante affidávit #5,747
     ante Notario Público Ivonne González Medrano.

  2. Ese mismo día (31 de agosto de 2005), en aseguramiento del
     Pagaré Hipotecario por la suma principal de $1,000,000.00
     más intereses, más adelantos, más la cantidad líquida y
     estipulada de $100,000.00 para costas, gastos y honorarios
     de abogado en caso de reclamación judicial, Chévere Mari
     constituyó una hipoteca voluntaria, según surge de la
     escritura #547, otorgada ante Notario Público Ivonne
     González Medrano, sobre el siguiente inmueble:

        ---RÚSTICA: Parcela de terreno en el Barrio Pueblo
        Viejo del término municipal de Guaynabo, Puerto Rico,
        con un área superficial de dos mil cien metros
        cuadrados, colindando por el NORTE, en una distancia
        de treinticinco metros, con calle A; por el SUR, en una
        distancia de treinticinco metros, con terrenos de la
        finca principal propiedad de José María González, por
        el ESTE, en una distancia de sesenta metros, con
        terrenos de la finca principal propiedad de José María
        González, y por el OESTE, en una distancia de sesenta
        metros con solar de Alfonso Valencia, Sobre dicho
        terrenos se construyó una casa de concreto en forma
        de “L”, terrera en el frente, de dos plantas en la parte
        de atrás, mide el frente setenta pies pulgadas por
        treinta y cuatro pies de fondo, y el martillo de la “L”,
        veintiún pies de frente por treinta pies seis pulgadas de
        fondo; las divisiones interiores son todas de concreto
        armado y tiene doble techo de concreto, estilo
        “Bermuda”, y está situada en el centro de la parcela
        sobre la que enclava.-------------------------

        ---Consta inscrita al Folio Doscientos veintisiete (227)
        del Tomo Veintinueve (29) de Guaynabo, Registro de la
        Propiedad de Puerto Rico, sección de Guaynabo, Finca
        Número Mil Seiscientos Cincuenta y Seis (1,656). ------

  3. El gravamen hipotecario consta debidamente inscrito en el
     Registro Inmobiliario Digital del Estado Libre Asociado de
     Puerto Rico, Sección de Guaynabo, como inscripción 12ma
     de la Finca #1,656 de Guaynabo.

  4. El 10 de julio de 2007, Doral Financial Corporation, entonces
     acreedor del préstamo hipotecario originado por Chévere
     Mari el 31 de agosto de 2005, radicó un proceso legal en
     cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria
     en contra de este.

  5. El 22 de octubre de 2007 Chévere Mari se acogió a la
     protección del Capítulo 11 de la Ley Federal de Quiebras,
     Caso #07-06153.

  6. El 17 de abril de 2008, Chévere Mari sometió un plan de
     reorganización enmendado en su quiebra, Caso 07-06153,
     mediante el cual propuso entregar al entonces acreedor
     (Doral) la propiedad hipotecada por este el 31 de agosto de
     2005 de no lograr vender la misma en un periodo corto de
     tiempo, en saldo de lo adeudado.
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  7. El 20 de junio de 2008, Chévere Mari sometió escrito en su
     quiebra, Caso #07-06153, mediante el cual informó no haber
     vendido la propiedad hipotecada por este el 31 de agosto de
     2005 en el tiempo estipulado, por lo que entregaría la misma
     a su entonces acreedor (Doral) (“Surrander”).

  8. El 26 de junio de 2008, Chévere Mari sometió un escrito en
     su quiebra Caso #07-06153, mediante el cual notificó que su
     entonces acreedor (Doral) había aceptando la entrega de la
     propiedad hipotecada por este el 31 de agosto de 2005.
     (“Surrander”).

  9. El 3 de junio de 2008, la Corte Federal de Quiebras en el
     Caso #07-06153 dictó orden aceptando el plan de
     reorganización enmendado propuesto por Chévere Mari.

  10. El 26 de febrero de 2016, Roosvelt Asset Company radicó el
      proceso legal de epígrafe en contra de Chévere Mari,
      reclamando la entrega de la propiedad hipotecada por este
      el 31 de agosto de 2005, según estipulado en su quiebra,
      Caso #0706153.

  11. El 24 de febrero de 2022, Espacio informó a Chévere Mari
      haber adquirido el préstamo hipotecario originado por este
      el 31 de agosto de 2005.

  12. Espacio es la actual tenedora de buena fe y poseedora por
      causa onerosa y/o mediante endoso del pagaré hipotecario
      suscrito por Chévere Mari el 31 de agosto de 2005.

  13. La deuda monetaria para con Espacio relacionada con el
      pagaré hipotecario suscrito por Chévere Mari el 31 de agosto
      de 2005, asegurada/garantizada por la propiedad
      hipotecada de este, asciende a las siguientes sumas al 6 de
      octubre de 2022:

      Principal Adeudado: $982,382.10
      Intereses Adeudados: $928,283.72
      Recargos Adeudados: $45,566.66
      Escrow: $67,545.15
      Otros gastos: $29,305.70
      Total Adeudados: $2,053,083.33

  14. A estas partidas se deben añadir las sumas autorizadas
      para el pago de primas de seguro contra riesgos,
      contribuciones y/o seguros hipotecarios, más los intereses
      y/o cargos y/o recargos que se acumulen prospectivamente.
      Además, la cantidad líquida y exigible de DIEZ POR CIENTO
      (10%) del principal reconocido en el pagaré Hipotecario para
      costas, gastos y honorarios de abogado en caso de
      reclamación judicial, a saber $100,000.00

  15. Las sumas reclamadas por Espacio están vencidas, son
      líquidas y exigibles.

  16. Chévere Mari no ha entregado la dación en pago a Espacio
      la propiedad hipotecada por este el 31 de agosto de 2005
      (“Surrander”), según pactado en la Quiebra #07-06153.

  En conclusión, ordenó la entrega de la propiedad hipotecada en

pago de las cantidades adeudadas bajo el pagaré hipotecario, según
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pactado en el plan de reorganización aceptado por la corte de

quiebras.

        Inconformes con dicha determinación, el 27 de abril de 2023,

el Sr. Chévere Mari presentó Recurso de Apelación ante este foro

revisor en el cual levantó los siguientes señalamientos de error:

        ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
        DECLARAR CON LUGAR LA SENTENCIA SUMARIA,
        HABIENDO       HECHOS        CLARAMENTE
        CONTROVERTIDOS

        ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
        DESESTIMAR LA RECONVENCIÓN PRESENTADA
        POR LA PARTE PETICIONARIA POR QUE EL
        ACREEDOR ACTUAL HERED[Ó] LAS OBLIGACIONES
        DEL ACREEDOR PREVIO DEMANDADO

        Examinado el recurso en su totalidad y habiendo comparecido

ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable en aras

de resolver.

                                           II.

    A. Sentencia Sumaria

        La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que tiene

como propósito la solución, justa, rápida y económica de los litigios

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos

materiales y que, por lo tanto, no ameritan la celebración de un

juicio en su fondo.2 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil3 establece

que las partes podrán presentar una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación

solicitada.4 La sentencia sumaria es una excepción al juicio

mediante testimonios vivos frente al juzgador de los hechos.5 La

parte que solicita la sentencia sumaria tiene la responsabilidad de

2 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964, 979 (2022).
3 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
4 Id.
5 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).
KLAN202300364                                                                  7

demostrar de manera clara que el promovido no puede prevalecer

mediante ningún supuesto de hechos y que el tribunal cuenta con

la verdad sobre todos los hechos necesarios para resolver la

controversia ante su consideración.6

       Por su parte, el Tribunal tiene discreción para conceder o no

la sentencia sumaria, ya que el mal uso de esta puede despojar a un

litigante de su día en corte, lo cual coartaría su debido proceso de

ley.7 Es por lo anterior, que no es aconsejable que se utilice el

mecanismo de sentencia sumaria cuando hay elementos subjetivos,

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor

de credibilidad sea esencial para dilucidar la controversia que deban

ser evaluados por el juzgador.8 No obstante, el Tribunal puede

utilizar el mecanismo de sentencia sumaria, aun cuando hay

elementos subjetivos, si de la evidencia que será considerada en la

solicitud surge que no existe controversia en cuanto a los hechos

materiales.9 Ahora bien, antes de utilizar el mecanismo de sentencia

sumaria, el Tribunal debe evaluar lo siguiente:

       (1) analizará los documentos que acompañan la moción
       solicitando la sentencia sumaria y los documentos
       incluidos con la moción en oposición y aquellos que
       obren en el expediente del tribunal; (2) determinará si
       el oponente controvirtió algún hecho material o si hay
       alegaciones de la demanda que no han sido
       controvertidas o refutadas en forma alguna por los
       documentos.10

       En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia no podrá dictar

sentencia sumaria cuando: “(1) existan hechos materiales y

esenciales controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

6 Id., pág. 473.
7 Roing Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990).
8 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 980.
9 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 442-443.
10 Management Administration Services, Corp v. ELA, 152 DPR 599, 611 (2000).
KLAN202300364                                                                8

sobre hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no

proceda.”11

        Ahora bien, si la otra parte desea derrotar una moción de

sentencia sumaria, deberá presentar declaraciones juradas y

documentos que pongan en controversia los hechos presentados por

el promovente.12 No obstante, el solo hecho de no presentar

evidencia que controvierta la presentada por el promovente, no

implica necesariamente que procede la sentencia sumaria.13 Los

jueces no están constreñidos por los hechos o documentos

evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria,

sino que tienen el deber de considerar todos los documentos en

autos, incluso aquella que no haya formado parte de la solicitud, sin

dirimir cuestiones de credibilidad.14

        En cuanto al estándar de revisión aplicable al Tribunal de

Apelaciones al momento de revisar la determinación del foro

primario de conceder o denegar la sentencia sumaria, el foro

intermedio apelativo solo puede:

               (1) considerar los documentos que se presentaron
        ante el foro primario —cual implica que, en apelación
        los litigantes no pueden añadir prueba que no fue
        presentada oportunamente ante el foro primario, ni
        esbozar nuevas teorías—, (2) determinar si existe o no
        alguna controversia genuina de hechos materiales y
        esenciales, y (3) determinar si el derecho se aplicó de
        forma correcta.15

        Por utilizar los mismos criterios de evaluación, los foros

apelativos se encuentran en la misma posición que el tribunal de

instancia.16 Ahora bien, el Tribunal Supremo estableció que el

estándar a seguir para revisar la denegatoria o concesión de una

moción de sentencia sumaria es el siguiente:

11 Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC, 208 DPR 310, 335 (2021)
12 PFZ Props, Inc v Gen, Acc Ins. Co. 136 DPR 881, 912-913 (1994).
13 Id., pág. 913.
14 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004).
15 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 981.
16 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 116 (2015).
KLAN202300364                                                                     9

        (1) que el Tribunal de Apelaciones se encuentre en la
       misma posición del Tribunal de Primera Instancia al
       momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria, y
       que esta revisión sea de novo;

       (2) que el Tribunal de Apelaciones revise que tanto la
       moción de sentencia sumaria como su oposición
       cumplan con los requisitos de forma codificados en las
       Reglas de Procedimiento Civil;

       (3) que el Tribunal de Apelaciones revise si en realidad
       existen hechos materiales en controversia y si existen
       debe exponer concretamente cuáles hechos materiales
       encontró que están en controversia y cuáles están
       incontrovertidos, y

       (4) si los hechos materiales realmente son
       incontrovertidos, el foro apelativo intermedio procederá
       entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera
       Instancia aplicó correctamente el Derecho en la
       controversia.17

     B. Contratos18

       En nuestra jurisdicción se establece que las obligaciones

nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia.19 Siendo ello así, en Puerto Rico opera el principio de

libertad de contratación y se establece que “[l]os contratantes

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la

moral, ni al orden público.” 20

       Ahora bien, para que un contrato sea válido este debe

contener consentimiento, objeto y causa de la obligación que se

establezca.21 Por su parte, el consentimiento se manifiesta por el

concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que

17 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 982.
18
   Hacemos la advertencia de que estamos conscientes de que el Código Civil 1930
fue derogado mediante la aprobación de la Ley Núm. 55-2020, conocida como el
Código Civil de 2020. Sin embargo, los hechos y el contrato aquí celebrado ocurrió
anterior a la aprobación de la mencionada ley, por lo que es de aplicación el Código
Civil derogado.
19
   Art. 1042 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992.
20 Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3372.
21
   Art. 1213, Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3391.
KLAN202300364                                                               10

han de constituir el contrato.22 Por lo que, el mero consentimiento

perfecciona el contrato y le otorga fuerza de ley entre las partes.23

          En virtud de lo anterior, cuando las partes otorgan un

contrato y éste es claro, debe interpretarse en el sentido literal de la

palabra. Esto, en virtud del Art. 1233 del Código Civil de Puerto

Rico de 1930, el cual expresa que, “[s]i los términos de un contrato

son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes,

se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras

parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes,

prevalecerá ésta sobre aquéllas.24”

      C. Dación en pago

      La dación en pago no estaba regulada por nuestro derogado

Código Civil, sin embargo, la jurisprudencia lo define como un acto

de cumplimiento de una obligación que, con el consentimiento del

acreedor, se lleva a cabo mediante la realización de una prestación

distinta a la que inicialmente se había establecido.25 “La dación en

pago se efectúa a base de un acuerdo o convenio entre el acreedor y

deudor, en cuya virtud el primero consiente en recibir del segundo

una prestación distinta de la que estaba convenida.”26 Ahora bien,

la doctrina también requiere que las partes tengan capacidad para

enajenar la propiedad y el acreedor, a su vez, tenga capacidad para

cobrar o administrar los bienes en cuestión.27

      En lo pertinente, para que se dé la dación en pago, se debe

cumplir con ciertos requisitos que son los siguientes: “(1) una

obligación prexistente que se quiere extinguir, (2) un acuerdo de

voluntades entre acreedor y deudor en el sentido de considerar

extinguida la antigua obligación a cambio de la nueva prestación;

22
     Art. 1214 Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3401
23 Art. 1044 de Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 2995.
24 Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3471
25
     Trabal Morales v. Ruíz Rodríguez, 125 DPR 340, 345 (1990).
26 Fundamentos de Derecho Civil: Derecho General de las obligaciones, ed.

1988, pág. 320.
27 J.R. Vélez Torres, Derecho de obligaciones 196 (Ed. U.I.A., 1997).
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(3) una prestación realizada con intención de efectuar el pago total

y definitivo.”28 Como consecuencia, la dación en pago extingue la

totalidad de la obligación preexistente.

     D. La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil

         Nuestro ordenamiento procesal civil permite que una parte

demandada solicite la desestimación de una causa de acción

presentada en su contra si resulta evidente que de las alegaciones

de la demanda prosperará alguna de las defensas afirmativas que

establece la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.29 Particularmente, en

su inciso (5), dicha regla establece que la parte demandada puede

fundamentar su solicitud de desestimación bajo la defensa de que

la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio.30 Este tipo de solicitud de desestimación

se dirige a los méritos de la controversia y no a los aspectos

procesales del caso.31

         Al considerarse una moción de desestimación al amparo de

esta regla, los tribunales tienen que tomar como cierto y de la forma

más favorable para la parte demandante todos los hechos bien

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera

clara     y   concluyente.32      Cónsono      con    lo   anterior,    los   foros

adjudicativos tienen el deber de interpretar las alegaciones de una

demanda de manera conjunta y liberalmente a favor de la parte

demandante para facilitar el amparo judicial.33

         Para que prevalezca una solicitud de desestimación, el

tribunal debe convencerse con certeza que el demandante no tiene

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se

28   Coop. Oriental v. Consejo de titulares, 195 DPR 330, 337 (2016).
29 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González

Freyre, 211 DPR 579, ___ (2023).
30 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).
31 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, 211 DPR 70, 83 (2023).
32 Id., pág. 84; Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384, 396

(2022).
33 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra; González Méndez v. Acción Social et

al., 196 DPR 213, 234 (2016).
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pudiere probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la

demanda lo más liberalmente a su favor.34 Así pues, los foros

judiciales deben ponderar si, a la luz de la situación más favorable

al demandante y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es

suficiente para establecer una reclamación válida.35 Asimismo, el

Tribunal Supremo resolvió que el estándar de revisión de la moción

de    desestimación       se    extiende     a     la   solicitud   de     remedios

alternativos.36

     E. Evidencia Pertinente

     La Regla 401 de Evidencia define la prueba pertinente como

“aquella que tiende hacer la existencia de un hecho, que tiene

consecuencia para la adjudicación de la acción, más o menos

probable de lo que sería sin tal evidencia.”37 Ante ello, la evidencia

pertinente es aquella que es capaz de arrojar luz o que tiene algún

valor probatorio, por mínimo que sea, para la adjudicación de la

acción. 38 Es por ello, toda evidencia pertinente es admisible, excepto

cuando se disponga lo contrario por imperativo constitucional, por

disposición de ley o por las propias reglas.39

     A tenor con lo anterior, las reglas establecen que una evidencia

pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio queda

sustancialmente superado por cualesquiera de los siguientes

factores: (a) riesgo de causar perjuicio indebido, (b) riesgo de causar

confusión, (c) riesgo de causar desorientación del jurado, (d) dilación

indebida de los procedimientos, (e) innecesaria prestación de prueba

acumulativa.40

34 Rivera Sanfeliz et al. V. Jta. Dir. Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015).
35 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra.
36  La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González Freyre, supra; Cobra
Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, supra, págs. 400-400.
37
   Regla 401 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI.
38
   E.L Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia comentadas, San Juan, Eds. Situm,
2016, Pág. 71-72.
39
   Regla 402 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI.
40
   Regla 403 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI.
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                                  III.

      En el presente caso el Apelante nos solicita que revisemos la

determinación del Tribunal de Primera Instancia al declarar “Ha

Lugar” una Solicitud de Sentencia Sumaria realizada por los

Apelados. Arguyen que existían hechos claramente controvertidos.

A lo que entendemos no le asiste la razón. Nos explicamos.

      Es bien sabido que la figura de Sentencia Sumaria tiene como

propósito la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles

que no contengan una controversia genuina de hechos materiales.

Por lo tanto, cuando una parte presenta una moción solicitando la

solución sumaria de un pleito, tiene la obligación de presentar ante

el tribunal evidencia que demuestre la inexistencia de una

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. La

Sentencia Sumaria sustituye la celebración de un juicio en su fondo,

es por esto que, quien la solicita tiene la obligación de demostrar de

manera clara que el promovido no puede prevalecer mediante

ningún supuesto de hechos y que el tribunal cuenta con la verdad

sobre todos los hechos necesarios para resolver la controversia ante

su consideración. Por otro lado, si una parte desea derrotar una

moción de sentencia sumaria, deberá presentar declaraciones

juradas y documentos que pongan en controversia los hechos

presentados por el promovente. Ahora bien, el solo hecho de no

presentar evidencia que controvierta la solicitud presentada, no

implica necesariamente que procede automáticamente la sentencia

sumara. Lo medular en este tipo de controversia es vislumbrar si

existen hechos materiales en controversia que impidan la solución

sumaria del caso, una vez examinada la totalidad del expediente.

      El caso ante nos, se remonta a una demanda presentada por

Doral Bank en contra del Sr. Chévere Mari en cobro de dinero y

ejecución de hipoteca. Sin embargo, este pleito fue transado

mediante un contrato de dación en pago consentido por ambas
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partes, resultado de un plan de reorganización propuesto por el

propio Apelante, en el cual se ofreció a entregar la propiedad a

cambio del pago de la deuda. No obstante, dicho contrato no fue

cumplido, ya que la propiedad nunca fue entregada. Ante esta

situación y luego de que Doral Bank cediera el pagaré hipotecario a

Roosevelt Cayman, se presentó la demanda del pleito que nos ocupa

por incumplimiento de contrato. Luego de varios trámites procesales

e incluso, una nueva cesión del pagaré hipotecario a Espacio

Residential, estos radicaron Solicitud de Sentencia Sumaria en la

cual presentaron evidencia de la existencia del contrato y el

incumplimiento por la parte Apelante. Siendo ello así, el Sr. Chévere

Mari presentó Oposición a dicha solicitud, por su parte alegó que, la

prueba presentada no era admisible en evidencia por ésta no ser

pertinente, ya que el pleito era uno de incumplimiento de contrato y

no de ejecución de hipoteca y cobro de dinero, por lo que, a su

entender, toda evidencia que se dirija a la titularidad del préstamo,

el cobro del dinero o las sumas adeudadas son impertinentes. A lo

que entendemos no le asiste la razón.

      Lo cierto es que, la evidencia que se presenta junto con la

sentencia sumaria tiene que ser admisible en evidencia. La

pertinencia es uno de los requisitos para la admisibilidad de la

evidencia, ya que esta hace la existencia de un hecho, que tiene

consecuencia para la adjudicación de la acción, más o menos

probable de lo que sería sin tal evidencia. Tomando esto como pie

forzado, entendemos que es forzoso concluir que toda la

evidencia presentada por la parte Apelada es pertinente, esto

debido a que, si bien es cierto que el pleito que nos ocupa es uno de

incumplimiento de contratos y no de cobro de dinero y ejecución de

hipoteca, no es menos cierto que la propiedad objeto de la ejecución

es la misma que se ofreció como dación en pago. Siendo ello así,

entendemos pertinente que se presente como evidencia la titularidad
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de esta deuda, ya que la propiedad es parte fundamental del

contrato otorgado.

      A tenor con lo antes mencionado, la realidad es que no existe

controversia de hechos pertinentes que impidan la solución sumaria

del pleito. Es suficiente con que se pruebe la existencia de un

contrato válido entre las partes y el incumplimiento de este. En el

presente caso, las partes otorgaron un contrato válido, en el cual

una de las partes se obligó a entregar una propiedad como saldo de

una deuda constituida, no obstante, la parte obligada nunca entregó

dicha propiedad, incumpliendo así con lo pactado y dando paso al

pleito ante nos. Lo cierto es que, la parte Apelada cumplió con todo

lo requerido por la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, por lo que no

vemos impedimento alguno para que el Tribunal de Primera

Instancia emitiera Sentencia Sumaria a su favor.

      En cuanto al segundo error, el Apelante plantea que el

Tribunal de Primera Instancia no debió desestimar la reconvención

debido a que el acreedor actual “heredó” las obligaciones del

acreedor previo demandado. A lo que no le asiste la razón, nos

explicamos.

      El Sr. Chévere Mari presentó reconvención en contra de

Roosevelt Cayman en donde alegó que la demanda presentada era

frívola y que, además, lo había importunado con llamadas

telefónicas y amenazas insistentes a sabiendas de que no tenía

derecho para ello. Estas fueron las únicas alegaciones presentadas,

las cuales no justifican la concesión de un remedio aún

interpretándolas de la manera más favorable. Primeramente, dichas

alegaciones iban dirigidas a acciones realizadas por Roosevelt

Cayman y no a Espacio Residential, quien es el nuevo acreedor. De

ordinario, cuando existe una cesión de crédito el nuevo acreedor se

instala en la misma posición que el acreedor anterior, por lo que, el

nuevo acreedor estaría sujeto a las obligaciones correspondientes al
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acreedor original cuando estas están atadas al cumplimiento del

contrato pactado. No obstante, el deudor no puede presentar

cualquier causa de acción en contra del acreedor, por el mero hecho

de este haber adquirido el pagaré. Las alegaciones presentadas por

el Sr. Chévere Mari en la Reconvención no son inherentes al

incumplimiento del contrato, de hecho, quedó demostrado que es el

propio Sr. Chévere Mari quien incumplió con el contrato otorgado.

Por consiguiente, el declarar con lugar la demanda, surte el efecto

de dejar sin méritos las alegaciones presentadas en la reconvención,

esto debido a que se demostró que el pleito no era uno frívolo y que

además las partes tienen derecho a la reclamación realizada. Por lo

tanto, según lo antes discutido entendemos que lo procedente era la

desestimación de la reconvención.

                                IV

      Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos

formar parte integral del presente dictamen, confirmamos la

Sentencia Apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves concurre sin voto

escrito.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones