Court Opinion

ID: 9952182
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:25:27.498358+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:57.792923
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

Alejandro “Bimbo”                                APELACIÓN
Carmona Sánchez y                                procedente del
Sherlil Orellana Gutiérrez                       Tribunal de Primera
por sí y en representación                       Instancia, Sala
de su hijo menor de edad,                        Superior de San
Alejandro Carmona                                Juan
Orellana; y Héctor Joel
Negrón Pagán y Lizmarie
Gutiérrez de Jesús por sí
y en representación de su                        Civil Núm.:
hijo menor de edad, Joel                         SJ2023CV11017
Alejandro Negrón
Gutiérrez                  KLAN202400135

          Apelados
                                                 Sobre:
             vs.
                                                 Interdicto Preliminar
Baloncesto Superior                              y Permanente;
Nacional Corp.; Gigantes                         Sentencia
de Carolina; Osos de                             Declaratoria; Daños
Manatí; y otros.                                 y Perjuicios

          Apelante

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos, Baloncesto Superior Nacional Corp.

(BSN o apelante), quien presenta recurso de apelación en el que

solicita la revocación de la “Sentencia” emitida el 2 de febrero de

2024,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha

Lugar la solicitud de injunction permanente presentada por

Alejandro “Bimbo” Carmona Sánchez y Sherlil Orellana Gutiérrez

por sí y en representación de su hijo menor de edad, Alejandro

1 Notificada en igual fecha.

Número Identificador

SEN2024 ___________
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Carmona Orellana; y Héctor Joel Negrón Pagán y Lizmarie

Gutiérrez de Jesús por sí y en representación de su hijo menor de

edad, Joel Alejandro Negrón Gutiérrez (en conjunto, apelados), y le

ordenó al BSN a cesar y desistir de aplicar retroactivamente la

enmienda al Art. 20.1 del Reglamento General del BSN.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

revocamos    el   dictamen    mediante    los   fundamentos     que

expondremos a continuación.

                                 I.

      El 28 de noviembre de 2023, los apelados presentaron una

“Demanda” contra el BSN solicitando, entre otros remedios, un

interdicto preliminar y permanente. En esencia, alegaron que, el

13 de octubre de 2023, el BSN enmendó, de forma retroactiva, el

Art. 20.1 de su reglamento, y eliminó la capacidad de las

franquicias para reservar jugadores como “hijos de franquicia”.

Aducen que, tras esta enmienda, todos los jugadores elegibles al

BSN tendrán que ser partícipes del sorteo de jugadores de nuevo

ingreso. Arguyen que, la aplicación retroactiva de esta enmienda

laceraría derechos adquiridos al amparo de la reglamentación

vigente al momento en que estos ingresaron a las ligas menores, la

cual establecía que los “hijos de franquicia” no tendrían que

participar en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, una vez sean

elegibles al BSN. De esta forma, podían ser reclamados por sus

respectivos equipos (Gigantes de Carolina/Osos de Manatí), y

firmar contrato sin la necesidad de ser partícipes en el sorteo. Por

entender que la aplicación retroactiva de la enmienda les

ocasionaría daños irreparables, solicitaron la expedición de un

injunction preliminar y permanente.

      Por su parte, el 11 de diciembre de 2023, el BSN presentó

una “Oposición Jurada a Solicitud de Interdicto Preliminar y
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Moción de Desestimación”, y solicitó la desestimación de la

reclamación bajo los siguientes argumentos, a saber: (1) conforme

el Art. 3.7 del Reglamento General del BSN y el Art. 20 de la Ley

Núm. 8-2004, infra, el tribunal no posee jurisdicción para atender

la controversia; (2) por falta de parte indispensable, debido a que la

regla enmendada no confiere derecho alguno a los jugadores sino a

las franquicias, y éstas no fueron incluidas en el pleito; y (3) no

concurren los elementos necesarios para conceder el remedio

interdictal solicitado.

      Al día siguiente, entiéndase, el 12 de diciembre de 2023, los

apelados presentaron una “Moción en Cumplimiento de Orden y

Oposición a Desestimación”. En lo relativo al planteamiento sobre

ausencia de jurisdicción, afirmaron que el Art. 3.7 del Reglamento

General del BSN es inaplicable al caso, toda vez que éste no

incluye a los “hijos de franquicia” ni a los jugadores de categorías

menores. A su vez, indicaron que el término de “jugador”, según

definido en el reglamento, no incluye a los apelados. Lo anterior,

debido a que éstos no han firmado contrato con equipo alguno y,

según el reglamento, un “jugador” es “cualquier persona que

advenga a firmar contrato con una de las franquicias del BSN para

participar en calidad de jugador en los Torneos del BSN”. Bajo esa

misma premisa (que no han firmado contrato), expresaron que

tampoco    han    aceptado   la   cláusula   de   selección   de   foro.

Adicionalmente, negaron la falta de parte indispensable, y

esgrimieron la procedencia del injunction solicitado.

      Posteriormente, el 21 de diciembre de 2023, el BSN presentó

“Réplica a la Oposición a la Moción de Desestimación Presentada

por los Demandantes” y, en síntesis, enfatizó que, de una lectura a

las alegaciones contenidas en la “Demanda”, surge que los

apelados se han identificado como “jugadores” de franquicias del

BSN, las cuales participan en torneos BSN-D (novicios y juvenil).
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Expuso que, por ser el BSN-D y las categorías menores criaturas

reglamentarias del BSN, su funcionamiento está sujeto a las

disposiciones reglamentarias del BSN, incluyendo la cláusula de

selección de foro dispuesta en la Regla 3.7 del Reglamento General

del BSN.       Ante ello, reiteró que, el caso debe presentarse, en

primera instancia, ante los foros deportivos correspondientes.

        El 29 de diciembre de 2023, los apelados presentaron “Breve

Dúplica a Réplica a Nuestra Oposición a Desestimación”, y

reiteraron que: (1) la única razón por la cual se les denominó como

“jugadores” en la reclamación es porque ellos juegan baloncesto en

categorías juveniles. No obstante, tal designación no les convierte

en “jugadores” del BSN porque los apelados no han firmado

contrato     con     algún    equipo   y,   conforme   el   Reglamento   de

Procedimientos Adjudicativos del BSN, un “jugador” es aquél que

ha firmado un contrato con alguna de las franquicias del BSN; y

(2) como ninguno de los apelados ha firmado contrato, no se puede

concluir que se sometieron y aceptaron la cláusula de selección de

foro dispuesta en la Regla 3.7 del Reglamento General del BSN.

        Por último, el 2 de enero de 2024, el BSN presentó “Moción

Reiterando Solicitud de Desestimación en Atención a la Cláusula

de Selección de Foro Contenida en el Reglamento del BSN”, e

insistió en que el foro a quo carecía de jurisdicción para atender la

controversia debido a la cláusula de selección de foro recogida en

la Regla 3.7 del Reglamento General del BSN.

        Evaluados los escritos presentados por ambas partes, el 18

de enero de 2024,2 el Tribunal de Primera Instancia emitió

“Resolución y Orden” mediante la cual declaró No Ha Lugar la

solicitud de desestimación presentada por el BSN. Aunque

determinó que, los apelados pueden considerarse como “jugadores”

para propósitos de la definición provista en el Reglamento de

2 Notificada ese mismo día.
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Procedimientos Adjudicativos del BSN, sostuvo que éstos sólo han

participado en las ligas menores y no en la “Liga Superior

Nacional”.       En ese contexto, razonó que la controversia estaba

fuera de los límites del alcance textual de la Regla 3.7 del

Reglamento General del BSN. Por otro lado, determinó que, el

remedio a concederse no afectaría a las demás franquicias del

BSN,      por     lo    que    éstas     no     debían      considerarse   partes

indispensables en el pleito. Finalmente, determinó que, como los

apelados presentaron una reclamación plausible, procedía la

celebración de una vista de injunction preliminar.

        Luego de que el BSN presentara su contestación a la

“Demanda”,3 el 30 de enero de 2024, se celebró la vista de

injunction preliminar a la cual comparecieron ambas partes.

Considerada la prueba desfilada, el 2 de febrero de 2024,4 el foro

primario declaró Ha Lugar la petición de interdicto permanente

presentada por los apelados.                   Concluyó que, la aplicación

retroactiva de la enmienda al Art. 20.1 del Reglamento General del

BSN les causaría un daño irreparable a los apelados, toda vez que

frustraría sus esperanzas de ingresar a la liga superior del BSN.

Asimismo, reiteró que, como los apelados no son jugadores en la

“Liga Superior Nacional”, no les aplica la cláusula de selección de

foro contenida en la Regla 3.7 del Reglamento General del BSN.

En términos análogos, resolvió que tampoco le puede ser oponible

a los apelados la disposición que permite a la Junta de Directores

del BSN modificar unilateralmente y “de tiempo en tiempo” la

relación contractual entre las partes, la cual surge de la misma

Regla 3.7 del Reglamento General del BSN. En fin, por entender

que la concesión del remedio interdictal es necesaria para hacer

valer la obligación entre las partes, ordenó al BSN a cesar y desistir

3 Presentada el 23 de enero de 2024; véase, apéndice pág. 347.
4 Notificada en igual fecha.
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de   aplicar    retroactivamente    la    enmienda   al   Art.    20.1   del

Reglamento General del BSN.

      Inconforme con el dictamen, el BSN recurre ante esta

segunda instancia judicial y señala la comisión de los siguientes

errores, a saber:

      1. Erró el TPI al conceder un interdicto en un litigio en el
         cual no tenía jurisdicción conforme dispuesto en la
         Ley, la constitución de la FBPR y en la cláusula de
         selección de foro contenida la Regla 3.7 del
         Reglamento General del BSN.
      2. Erró el TPI al reconocer acción legitimada a los
         demandantes para presentar una reclamación bajo
         una disposición reglamentaria que no le confiere
         derecho alguno a los jugadores sino a las
         franquicias y por tanto no había jurisdicción.
      3. Erró el TPI al negarse a reconocer que las franquicias
         del BSN son partes indispensables sin las cuales no
         podía tramitarse el litigio debido a que invalidar [sic]
         la Regla 20.1 les priva de sus derechos a reclamar
         jugadores en el sorteo de nuevo ingreso.
      4. Erró el TPI al intervenir indebidamente con la
         determinación del BSN de enmendar su Reglamento
         de manera cónsona con sus fines y propósitos
         sustituyendo su criterio por el criterio del organismo
         rector del BSN sin que mediase error, fraude,
         colusión o arbitrariedad.
      5. Erró el TPI al aplicar el Artículo 1249 del Código Civil
         de 2020 como fundamento para anular la Regla 3.7
         del Reglamento General que autoriza al BSN a
         enmendar su Reglamento de tiempo en tiempo.
      6. Erró el TPI al determinar que los demandantes se
         exponen a sufrir daños irreparables por no existir un
         remedio en Ley a sus reclamos, y que se cumplen
         con los requisitos del balance de equidades y el
         interés público.

                                    II.

                                    -A-

      La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para

considerar y decidir casos y controversias. Allied Mgmt. Group v.

Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020).              Tanto los foros de

instancia      como   los   foros   apelativos   tienen   el     deber   de,

primeramente, analizar en todo caso si poseen jurisdicción para

atender las controversias presentadas. JMG Investment v. ELA et
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al., 203 DPR 708, 714 (2019).       Esto es así, pues, los tribunales

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, y no

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022). Por consiguiente,

las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben

resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. de San

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). Cuando no

tenemos jurisdicción sobre un recurso, debemos así declararlo y

desestimar la causa de acción sin entrar en los méritos de la

controversia. Íd. En otras palabras, los foros judiciales de Puerto

Rico tienen autoridad para atender cualquier causa de acción,

salvo que no tengan jurisdicción sobre la materia.           Rodríguez

Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).

      La jurisdicción sobre la materia “se refiere a la capacidad del

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto

legal”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño,

[s.l.], [ed. del autor], 2010, pág. 25. “[P]ara privar a un ‘tribunal de

jurisdicción general’ de su actividad para entender en algún asunto

en particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente

en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación

necesaria”. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme 582 (3ra ed. 2013). La

ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las

consecuencias siguientes:

         (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las
         partes no pueden voluntariamente conferírsela a un
         tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3)
         conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4)
         impone a los tribunales el ineludible deber de
         auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los
         tribunales apelativos el deber de examinar la
         jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y
         (6) puede presentarse en cualquier etapa del
         procedimiento, a instancia de las partes o por el
         tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et
         al., 204 DPR 89, 101-102 (2020).
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      Por ende, como foro apelativo intermedio nos corresponde

evaluar la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento

en que es presentada, con el propósito de determinar si es la más

apropiada para intervenir. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175

DPR 83, 97 (2008).

                                -B-

      Nuestro ordenamiento jurídico reconoce varias normas de

autolimitación judicial, entre éstas, la doctrina de jurisdicción

primaria. MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 211 DPR 135,

146 (2023). Se trata de una norma de origen jurisprudencial, cuyo

propósito es precisar el foro que atendería la controversia en

primera instancia. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra, a la

pág. 102. En palabras sencillas, se refiere a la tarea de examinar

si es el tribunal o una agencia quien debe entender, de forma

inicial, el caso que se está presentado. Lo anterior, pues, existen

instancias en las cuales un tribunal debe abstenerse de ejercer su

jurisdicción hasta tanto la agencia administrativa resuelva la

controversia. MCS Advantage v. Fossas Blanco, supra, a la pág.

146. Por lo que, ante un planteamiento de jurisdicción primaria,

debemos hacernos la siguiente interrogante: ¿A qué foro -el

administrativo o el judicial- le corresponde adjudicar inicialmente

la controversia? Íd.   Al contestar dicha interrogante, el tribunal

deberá “examinar los alcances de la ley habilitadora de una

agencia y determinar si el asunto cae estrictamente dentro de su

ámbito.   Además, le exige que ponderen y determinen si es

imprescindible y necesario que se resuelva en favor de que

intervenga inicialmente la agencia”. Consejo Titulares v. Gómez

Estremera et al., 184 DPR 407, 430 (2012).

      La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos vertientes, a

saber: (1) la concurrente, y (2) la exclusiva. CBS Outdoor v.

Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 404 (2010). La primera
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vertiente,   entiéndase   la   jurisdicción   primaria   concurrente,

presupone que tanto el foro judicial como el administrativo

ostentan jurisdicción para resolver la controversia planteada.

Empero, a pesar de que ambos foros poseen jurisdicción legal, en

la mayoría de las ocasiones, debido a la pericia y el conocimiento

especializado que posee el organismo administrativo, “ocurre un

aplazamiento de interacción del Tribunal hasta que se proceda a

resolver finalmente por la agencia”. Rodríguez Rivera v. De León

Otaño, supra, a la pág. 710, citando a D. Fernández Quiñones,

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, pág. 563 (3ra ed. 2013). Ahora bien, la doctrina de

jurisdicción primaria concurrente no aplica automáticamente.

CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra, a la pág. 406.

Sobre este particular, nuestro Máximo Foro ha expresado lo

siguiente:

      No existe una fórmula precisa para determinar cuándo
      aplicar o no alguna excepción de la doctrina de
      jurisdicción primaria concurrente. Por ello, los tribunales
      deben hacer una evaluación pragmática y ‘sopesar
      todos los factores y circunstancias que apuntan o no a
      la conveniencia de permitir que la reclamación se
      dilucide inicialmente en el foro administrativo’. Entre los
      factores que han de ponderarse para aplicar o no la
      doctrina de jurisdicción primaria se encuentran los
      siguientes: (a) el peritaje de la agencia sobre la
      controversia; (b) la complejidad técnica o especializada
      de la controversia; (c) la conveniencia o necesidad de
      una adjudicación rápida; (d) la conveniencia de utilizar
      técnicas más flexibles de adjudicación; (e) lo adecuado
      del remedio administrativo. En fin, la aplicación o no de
      esta segunda vertiente ‘impone que se pondere y
      determine si es imprescindible y necesario que se
      resuelva [a] favor de que intervenga inicialmente la
      agencia’. Íd., a la pág. 407.

      Por ende, dicha norma no es de aplicación cuando la

cuestión a resolverse es de estricto derecho o puramente judicial.

Íd., a la pág. 406.

      En cambio, la segunda vertiente, entiéndase la jurisdicción

primaria exclusiva o estatutaria, está presente cuando la ley le

confiere jurisdicción inicial exclusiva a la agencia administrativa
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para entender en la reclamación. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et

al., supra, a la pág. 102. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto

que, aunque la designación de la jurisdicción exclusiva debe

hacerse de forma clara y precisa, no es necesario que surja

expresamente del estatuto, sino que, corresponde evaluar si surge

por implicación necesaria. Rodríguez Rivera v. De León Otaño,

supra, a la pág. 709, citando a D. Fernández Quiñones, op. cit., a

la pág. 582. Claro está, si se determina que, en efecto, se realizó

una designación de jurisdicción exclusiva a la agencia, le

corresponde a esta última atender, como cuestión de prioridad, el

caso. Ante tal mandato legislativo, la jurisdicción primaria

concurrente no es de aplicación, y el tribunal está impedido de

resolver, en primera instancia, la controversia. Sin embargo, ello

“no soslaya la revisión judicial posterior de la decisión del

organismo”. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 677

(2009). A fin de cuentas, es el tribunal quien posee la facultad de

resolver la cuestión jurisdiccional. Íd.

                                  -C-

      La Ley Núm. 8-2004, 3 LPRA sec. 444 et seq., conocida como

la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, según

enmendada, se aprobó con el propósito de regular y fiscalizar toda

actividad de recreación y deportes, incluyendo sus organizaciones.

Véase, Art. 2 (f) de la Ley Núm. 8-2004, 3 LPRA sec. 444. En lo

que   nos   concierne,   este   estatuto   reconoce   la   creación   de

organizaciones que tengan el fin de desarrollar el deporte, tales

como el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) y sus

federaciones deportivas afiliadas. Véase, Art. 2 (m) de la Ley Núm.

8-2004, supra.    Asimismo, estableció la clara política pública de

que tales organizaciones funcionarán “con tal autonomía de la

gestión gubernamental y rigiéndose por sus propios reglamentos y
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determinaciones, de acuerdo con la política del Olimpismo

Internacional”. Íd.

      En ese contexto, el Art. 20 de la Ley Núm. 8-2004, 3 LPRA

sec. 444p, dispone que, el COPUR y las federaciones deportivas

nacionales poseen autonomía “para dirigir el deporte olímpico y

para regirse por sus propios reglamentos y determinaciones

exentos de la intervención del Estado en los asuntos de

jurisdicción olímpica y federativa”. Esto, en cumplimiento con el

Capítulo 4 de la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional

(Carta Olímpica), el cual dispone que los Comités Olímpicos

Nacionales, uno de los cuales es el COPUR, deben preservar su

autonomía libre de presiones que le impidan ajustarse a la Carta

Olímpica.

      Por esta razón, el Art. 20 de la Ley Núm. 8-2004, supra,

clarifica que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) “no

interferirá con el cumplimiento de la Carta Olímpica por el

[COPUR]”, y que nada de lo establecido en la ley se aplicará al

“deporte Olímpico”, las actividades del COPUR y sus federaciones

afiliadas reiterando así “la autonomía de las organizaciones

olímpicas puertorriqueñas para dirigir el deporte olímpico sin la

intervención, control o supervisión del Gobierno de Puerto Rico o

de los gobiernos municipales”. Íd.

      Como parte de las federaciones afiliadas al COPUR se

encuentra la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR),

organismo rector del baloncesto en nuestro País. Según la propia

Constitución de la FBPR, esta organización “es la única autoridad

competente para organizar y regular el baloncesto en Puerto Rico”

y, como tal, posee la función, autoridad y obligación de “[c]ontrolar,

reglamentar, supervisar y dirigir el deporte del baloncesto en

Puerto Rico, tanto masculino como femenino, en todas las formas y

para todas las edades”. Véase, Art. 1 sec. 1.2 y Art. 5 sec. 5.1 de la
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Constitución de la FBPR. En ese contexto, las “instituciones

afiliadas y avaladas a la Federación están obligadas a cumplir con

[su] Constitución, los Reglamentos Internos y otras reglas,

determinaciones y decisiones de la FBPR”. Véase, Art. 1 Sec. 1.4

de la Constitución de la FBPR.

      El Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico (BSN) es una

entidad afiliada a la FBPR, según lo reconoce el Art. 1.1 de su

Reglamento General,5 el cual lee como sigue:

      [E]sta entidad está afiliada a la Federación de
      Baloncesto de Puerto Rico. Cuenta con personalidad
      jurídica propia y goza de autonomía para su
      organización interna y funcionamiento. Tiene como
      propósito organizar, promover y desarrollar una liga de
      alto rendimiento que cumpla con el propósito de estar a
      la par con el desarrollo mundial del deporte de
      baloncesto.

      Como entidad afiliada, el BSN es miembro de la FBPR.

Véase, Art. 11 de la Constitución de la FBPR. Los miembros de la

FBPR deben cumplir una serie de obligaciones, entre estas, las

siguientes:

      a. Cumplir en todo momento con las reglas de FIBA, del
      COPUR, las establecidas en esta Constitución,
      Reglamentos, normas y decisiones de la FBPR.
      […]
      d. Participar en el territorio nacional de Puerto Rico en
      ligas, clubes, con jugadores y oficiales en competencias
      oficialmente reconocidas por la FBPR y en competencias
      internacionales     reconocidas     por    FIBA,   según
      corresponda, y conforme a las normas aplicables.
      […]
      f. Cumplir con todas las reglamentaciones establecidas
      en la presente Constitución.

      A su vez, el Art. 13.2 de la Constitución de la FBPR provee

que sus miembros:

      [D]eberán canalizar cualquier protesta u objeción
      conforme establecido en la Constitución y Reglamentos
      de FBPR, mantenerlos dentro de los canales deportivos
      establecidos en esta federación, el COPUR, la FIBA, el
      Comité Olímpico Internacional (COI) y los Tribunales
      Deportivos reconocidos por éstos. La membresía en esta
      federación significa que el miembro renuncia a

5 Según enmendado, hasta el 13 de octubre de 2023.
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        presentar un caso ante cualquier organismo que no
        sean los antes enumerados incluyendo que renuncia a
        presentarlos ante los tribunales de justicia reconociendo
        que las determinaciones del órgano deportivo de más
        alta jerarquía con jurisdicción en cada caso serán final,
        firme y definitiva.

        Debido a que el BSN está afiliado a la FBPR, dicha entidad

deberá “asegurarse que sus reglas, reglamentos y decisiones

cumplan en su totalidad con [la] Constitución y los reglamentos de

la FBPR”.      Véase, Art. 13.4 de la Constitución de la FBPR.               En

cumplimiento con dicha obligación, el BSN adoptó el Art. 3.7 del

Reglamento General del BSN, el cual reconoce su autoridad

reglamentaria y la renuncia sobre los foros no deportivos. En

términos literales, el antedicho artículo establece que:

        Todo aquel que asuma el cargo de apoderado o
        coapoderado, Gerente General, personal administrativo
        del BSN, Árbitros, Oficiales de Mesa, Dirigentes,
        Jugadores, de cualquier equipo de la LIGA SUPERIOR
        NACIONAL DE BALONCESTO DE PUERTO RICO,
        reconocen que se someten a las disposiciones
        reglamentarias de cualquier tipo que rijan el organismo
        y sus torneos, que estén vigentes o que sean aprobadas
        de tiempo en tiempo por la Junta de Directores de la
        Liga y que darán fiel cumplimiento a las mismas.
        En consecuencia, reconocen que asumir dichos cargos
        constituirá una renuncia expresa a recurrir a foros no
        deportivos para dilucidar cualquier controversia que
        surja por la aplicación de tales disposiciones
        reglamentarias sin agotar remedios administrativos
        previamente. Violentar las disposiciones de este artículo
        será razón suficiente para la expulsión de la persona
        que así incumpla de toda función en la Liga.

        Finalmente, el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos

del BSN,6 el cual aplica a todo procedimiento o querella ante el

BSN,7 define el término de “jugador” como “cualquier persona que

advenga a firmar contrato con una de las franquicias del BSN para

participar en calidad de jugador en los Torneos del BSN”.8 Por su

parte, el Art. 15.1 de la Constitución de la FBPR dispone que “se

considerarán jugadores y jugadoras de baloncesto las personas

naturales que practiquen esta especialidad deportiva”.

6 Aprobado el 15 de marzo de 2023.
7 Véase, parte III del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del BSN.
8 Véase, parte IV del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del BSN.
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      Finalmente, debemos resaltar que el Art. 13.4 de la

Constitución de la FBPR hace la siguiente aclaración:

      Esta Constitución y los reglamentos de la FBPR deberán
      ser reconocidos como que forman parte de las reglas y
      reglamentos de las organizaciones afiliadas a esta
      Federación. En caso de duda y conflicto entre dichas
      disposiciones y las disposiciones de esta Constitución y
      los Reglamentos de la Federación, estos prevalecerán.

                                    III.

      Conforme el trámite procesal ya discutido, los apelados

presentaron una “Demanda” ante el foro recurrido, solicitando se

le ordenase al BSN a cesar y desistir de aplicar retroactivamente la

enmienda al Art. 20.1 del Reglamento General del BSN. La parte

apelante   argumentó    que,   el     foro   de   instancia   carecía   de

jurisdicción para atender el pleito, toda vez que la disputa, por

estar cobijada por autonomía deportiva, está reservada a los foros

deportivos.   Empero, el Tribunal de Primera Instancia concluyó

que poseía jurisdicción para atender la controversia. Para llegar a

esta conclusión, el foro primario analizó el lenguaje de la Regla 3.7

del Reglamento General del BSN, y determinó que la cláusula de

selección de foro no les aplica a los apelados, toda vez que la regla

hace referencia a jugadores de cualquier equipo de la “Liga

Superior Nacional”. Por entender que los apelados solo han

participado en las ligas menores y no en la “Liga Superior

Nacional”, se negó a desestimar el caso bajo este fundamento.

      En su escrito, el BSN señala que el foro a quo erró al

conceder el injunction, aun cuando este carecía de jurisdicción

para ello. Como es sabido, las cuestiones relativas a la jurisdicción

del tribunal deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras.

Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288, 298 (2022). Por

consiguiente, atendemos este aspecto primeramente.

      Según el derecho discutido en el acápite anterior, los

Comités Olímpicos Nacionales, uno de los cuales es el COPUR,
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preservarán   su   autonomía    sin   la   intervención,    control    o

supervisión del gobierno, y libre de presiones jurídicas.             En

sintonía con ello, la Ley Núm. 8-2004, supra, expresamente

reconoce que el COPUR y sus federaciones deportivas afiliadas,

como lo es la FBPR, funcionarán con autonomía propia, rigiéndose

por sus propios reglamentos y determinaciones, conforme la

política del Olimpismo Internacional. En resumen, tanto el COPUR

como la FBPR poseen autonomía “para dirigir el deporte olímpico y

para regirse por sus propios reglamentos y determinaciones

exentos de la intervención del Estado en los asuntos de

jurisdicción olímpica y federativa”. Véase, Art. 20 de la Ley Núm.

8-2004, supra.

      Como entidad autorizada por el COPUR para organizar y

regular el baloncesto en Puerto Rico, la FBPR posee su propia

Constitución y demás reglas, las cuales deberán cumplirse por

aquellas instituciones afiliadas a la FBPR como, por ejemplo, el

BSN. Esto implica que, como entidad afiliada, el BSN es miembro

de la FBPR y, como tal, está sujeto al cumplimiento de ciertas

obligaciones, entre ellas, cumplir con las reglas del COPUR, y con

la Constitución, reglamentos, normas y decisiones de la FBPR.

      Por ende, el BSN está sujeto al cumplimiento del Art. 13.2 de

la Constitución de la FBPR, el cual dispone lo siguiente:

      Los miembros de la Federación deberán canalizar
      cualquier protesta u objeción conforme establecido
      en la Constitución y Reglamentos de FBPR,
      mantenerlos dentro de los canales deportivos
      establecidos en esta federación, el COPUR, la FIBA,
      el Comité Olímpico Internacional (COI) y los
      Tribunales Deportivos reconocidos por éstos. La
      membresía en esta federación significa que el
      miembro renuncia a presentar un caso ante
      cualquier organismo que no sean los antes
      enumerados      incluyendo    que     renuncia   a
      presentarlos ante los tribunales de justicia
      reconociendo que las determinaciones del órgano
      deportivo de más alta jerarquía con jurisdicción
      en cada caso serán final, firme y definitiva.
      (Énfasis nuestro).
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       Como ya explicamos, el BSN está afiliado a la FBPR y, como

su miembro, no tan solo está sujeto al cumplimiento de la

precitada disposición, sino que, además, deberá asegurarse que

sus propias reglas y reglamentos sean cónsonas con aquellas de la

FBPR.

       El BSN posee un Reglamento General, el cual reconoce su

autoridad reglamentaria y la renuncia sobre los foros no

deportivos. Específicamente, la Regla 3.7 del antedicho reglamento

provee que:

       Todo aquel que asuma el cargo de apoderado o
       coapoderado, Gerente General, personal administrativo
       del BSN, Árbitros, Oficiales de Mesa, Dirigentes,
       Jugadores, de cualquier equipo de la LIGA SUPERIOR
       NACIONAL DE BALONCESTO DE PUERTO RICO,
       reconocen que se someten a las disposiciones
       reglamentarias de cualquier tipo que rijan el
       organismo y sus torneos, que estén vigentes o que
       sean aprobadas de tiempo en tiempo por la Junta de
       Directores de la Liga y que darán fiel cumplimiento a las
       mismas.
       En consecuencia, reconocen que asumir dichos
       cargos constituirá una renuncia expresa a
       recurrir a foros no deportivos para dilucidar
       cualquier controversia que surja por la aplicación
       de tales disposiciones reglamentarias sin agotar
       remedios administrativos previamente. Violentar
       las disposiciones de este artículo será razón suficiente
       para la expulsión de la persona que así incumpla de
       toda función en la Liga.
       (Énfasis suplido).

       Como puede observarse, la Regla 3.7 del Reglamento General

del BSN aplica a “jugadores” que pertenezcan a cualquier equipo

de la Liga Superior Nacional de Baloncesto.                    Lo cierto es que,

según las alegaciones de la “Demanda” y las determinaciones de

hecho efectuadas por el foro recurrido, los apelados están

afiliados a los equipos fincas de ciertas franquicias del BSN

(Gigantes de Carolina/Osos de Manatí), y han participado en

los torneos de categorías menores del Baloncesto Superior

Nacional (BSN-D).9

9 Véase, determinaciones de hecho 4 y 5 de la “Sentencia” recurrida, y alegación número

13 de la “Demanda”.
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     Estas fincas de desarrollo son criaturas reglamentarias

del BSN, creadas en virtud del Art. 20.1 de su Reglamento

General. Surge de este artículo que: (1) el torneo de desarrollo

del BSN-D estará compuesto por las franquicias del BSN, (2) La

organización y participación en el torneo no puede delegarse a

clubes o equipos no pertenecientes a las franquicias del BSN,

(3) las franquicias trabajarán sus categorías menores con los

recursos de su organización superior, y (4) la franquicia que

falle en tener equipos fincas estará sujeta a sanciones

económicas.

     Esta estrecha correlación entre las franquicias del BSN y

el torneo BSN-D solo nos puede llevar a una conclusión: los

apelados son jugadores de equipos pertenecientes a la Liga

Superior Nacional de Baloncesto, en sus categorías menores

del BSN-D. Siendo estos jugadores de equipos participantes en

la “Liga Superior Nacional”, están sujetos al cumplimiento de la

Regla 3.7 del Reglamento General del BSN. Por ende, deberán

dilucidar su reclamo dentro de los canales deportivos, y están

impedidos de recurrir a foros judiciales sin antes agotar los

remedios administrativos disponibles.

     Aunque los apelados argumentan que no son “jugadores”

debido a que no han firmado contrato alguno con una de las

franquicias del BSN, lo cierto es que, el Art. 15.1 de la

Constitución de la FBPR dispone que “se considerarán jugadores y

jugadoras de baloncesto las personas naturales que practiquen

esta especialidad deportiva”. Esta definición forma parte de los

reglamentos de las organizaciones afiliadas a la FBPR, incluyendo

al BSN. Esta definición debe predominar sobre aquella dispuesta

en el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del BSN. Lo

anterior, no tan solo por su supremacía, sino porque deberá
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prevalecer en caso de duda o conflicto. Véase, Art. 13.4 de la

Constitución de la FBPR.

        Finalmente,       hacemos        hincapié      en    que     la   autonomía

deportiva está ampliamente reconocida tanto en la Ley Núm. 8-

2004, supra, así como en la Constitución del COPUR,10 en la

Constitución del FBPR, y en el Reglamento General del BSN. Por

ende, no albergamos duda de que, por virtud de la propia

Asamblea Legislativa, se reconoció la autonomía del deporte

para regirse por sus propios reglamentos y determinaciones,

de acuerdo con la política del Olimpismo Internacional.

        De hecho, de la propia Ley Núm. 8-2004, supra, surge que el

COPUR posee competencia para atender, en primera instancia,

controversias en materia deportiva. Véase, por ejemplo, los Arts.

24 y 25 de la Ley Núm. 8-2004, 3 LPRA secs. 444t y 444u. Por

todo lo antes expuesto, concluimos que, tal y como sostiene el

BSN, el foro a quo carecía de jurisdicción para atender la presente

controversia. Por virtud de la autonomía deportiva, corresponde a

los foros deportivos adjudicar, en primera instancia, el caso en sus

méritos.

                                          IV.

        Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, revocamos la “Sentencia” apelada, emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, por éste

carecer de jurisdicción para atender este asunto.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 El Art. 103 (H) provee que “[e]l Movimiento Olímpico es de orden universal, permanente

y con una organización concertada bajo la autoridad suprema del COI [Comité Olímpico
Internacional]. En virtud de ello, el COPUR debe actuar de forma autónoma libre de
presiones de toda índole y armonía con la Carta Olímpica”.