Court Opinion

ID: 9394845
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:15:10.506928+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.100989
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VIII

   RICARDO JIMÉNEZ                                Certiorari
       FIGUEROA                                   procedente del
                                                  Tribunal de
        Peticionario                              Primera Instancia,
                                                  Sala de Bayamón
              v.                KLCE202300369
                                                  Caso Núm.:
CHARLOTTE HERNÁNDEZ                               D DI2019-0381
     RODRÍGUEZ
                                                  Sobre:
         Recurrida                                Custodia

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Rivera Marchand y la Juez Aldebol Mora

Domínguez Irizarry, Juez ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      El peticionario, señor Ricardo Jiménez Figueroa, comparece

ante nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 24 de marzo

de 2023, notificada a las partes el 27 de marzo de 2023. Mediante

el referido dictamen, el foro primario autorizó un plan de relaciones

maternofiliales supervisadas entre la menor CJH y la aquí recurrida,

señora Charlotte Hernández Rodríguez, y decretó el relevo de la

intervención de la doctora Janet Alicea como la perito a cargo de

estructurar un plan de reunificación familiar en el caso.

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del auto solicitado.

                                    I

      Durante la vigencia de su unión, los comparecientes

procrearon a la menor CJH. Tras su separación, ejercieron la

custodia compartida de la niña. El 21 de agosto de 2021, la

recurrida fue privada de la custodia de la menor, ello a tenor con

una orden de protección ex parte emitida al amparo de lo dispuesto

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202300369

en la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, Ley

246-2011, 8 LPRA sec. 1101 et seq. En consecuencia, y tras mediar

la correspondiente solicitud, el 16 de septiembre de 2021, el

Tribunal de Primera Instancia otorgó la custodia provisional de la

niña al aquí peticionario. El asunto se refirió a la Unidad de Trabajo

Social     del   tribunal   para   que   se   efectuara   un   estudio   y

recomendación de cambio de custodia. Dicha gestión particular se

encomendó a la trabajadora social Coralis Morales Torres.

         Así las cosas, el 24 de noviembre de 2021, el Tribunal de

Primera Instancia ordenó que la menor continuara un previo

tratamiento psicoterapéutico con su psicólogo, el doctor Luis Díaz

Rosado, dirigido a trabajar un proceso de reunificación familiar.

Igualmente, a tal efecto, el tribunal ordenó que, durante la vigencia

de la orden de protección de referencia, la recurrida también

completara un tratamiento psicológico.

         Así las cosas, el 31 de marzo de 2022, la trabajadora social

Morales Torres presentó el informe del estudio que le fue

encomendado. En lo concerniente, recomendó que el peticionario

continuara ostentando el derecho de custodia sobre la menor CJH y

que las relaciones maternofiliales se llevaran dentro de un contexto

terapéutico con el psicólogo de la niña. No obstante, toda vez que la

recurrida anunció su intención de impugnar el mismo, el Tribunal

de Primera Instancia señaló la celebración de la correspondiente

vista de impugnación, audiencia que se llevó a cabo durante los días

27 de octubre y 23 de noviembre de 2022.

         El 16 de diciembre de 2022, se emitió la Resolución pertinente

a la vista de impugnación. Conforme surge de la misma, durante el

proceso se aludió a la orden por la cual se requirió que, tanto la

menor CJH, como la recurrida, participaran de un tratamiento

psicoterapéutico transicional para lograr la reunificación familiar.

Con relación a ello, el tribunal hizo constar que la recurrida culminó
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su tratamiento de salud mental con el doctor Miguel A. Rivera

Cuadrado. A su vez, se estableció que los doctores Rivera Cuadrado

y Díaz Rosado, dieron cumplimiento a una orden emitida el 6 de

junio de 2022, ello en cuanto a intercambiar sus impresiones sobre

los tratamientos que respectivamente ofrecieron a la recurrida y a la

menor     CJH.   Sobre     ello,   el   Tribunal   de    Primera    Instancia

expresamente consignó en la Resolución que, a juicio de los galenos,

la menor estaba preparada para iniciar un proceso de reunificación

familiar con su madre. Ahora bien, en lo atinente, surge del

dictamen de referencia que los aquí comparecientes acordaron que

el plan de reunificación familiar fuera atendido por la doctora Janet

Alicea. Se desprende de la Resolución que, con fecha del 14 de

diciembre de 2022, se ordenó a la doctora Alicea remitir al tribunal

un   plan   de   trabajo     estructurado,     con      expresión   de   citas

programadas encaminadas a reunificar a la menor CJH con su

madre, en un plazo de cinco (5) días.                   Igualmente, en su

pronunciamiento, el Tribunal de Primera Instancia reconoció que, a

dicho momento, la recurrida no se había relacionado con la menor.

Precisa destacar que, conforme surge de los documentos que obran

en el expediente de autos, mediante Orden del 26 de octubre de

2022, tras acoger un acuerdo entre las partes, la doctora Alicea fue

designada por el Tribunal de Primera Instancia para intervenir en el

asunto.

      Así las cosas, y luego de ciertas incidencias, el 1 de febrero de

2023, la recurrida compareció ante el tribunal primario mediante

una Urgente Moción en Torno a Moción Informativa, ello en respuesta

a una previa comparecencia efectuada por la trabajadora social

Jessica Santiago Torres, funcionaria incorporada al caso.                En lo

atinente, la recurrida expuso que, contrario a lo informado por esta,

la doctora Alicea no había acatado las órdenes emitidas por el

Tribunal de Primera Instancia, a los efectos de coordinar y
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estructurar un plan de reunificación familiar entre ella y la menor

CJH. Específicamente, indicó que la última vez que sostuvo una

comunicación directa con la doctora Alicea, fue el 19 de noviembre

de 2022, conversación que no constituyó una entrevista formal.

Añadió que, pese a que en la vista celebrada el 23 de noviembre de

2022, el Tribunal de Primera Instancia fue enfático al precisar el

deber de la doctora Alicea en el caso, esta no dio cumplimiento al

mismo. Al respecto, expresó que esta nunca coordinó entrevistas a

las partes, citas, ni suscribió los informes que le fueron requeridos

dentro de los plazos judiciales provistos.    A su vez, destacó que

llevaba año y medio sin tener contacto con su hija, por lo que calificó

la conducta de la doctora Alicea como injustificada y dilatoria del

proceso de reunificación judicial ordenado.        De este modo, la

recurrida solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la

doctora Alicea, en un término improrrogable de cinco (5) días,

detallar la programación de citas, someter el informe estructurado

que se le solicitó en octubre de 2023, todo con mención de las

entrevistas realizadas, so pena de ser relevada de sus funciones.

      En respuesta, mediante Orden del 6 de febrero de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia requirió a la trabajadora social

Santiago Torres coordinar una entrevista con la menor, a fin de

auscultar su preparación para iniciar un plan de relaciones

maternofiliales supervisadas. Días después, el 24 de febrero de

2023, la funcionaria presentó un documento intitulado Moción de la

Unidad Social. En el mismo, informó que, tras entrevistar a la menor

CJH, ello en cumplimiento con lo requerido por el tribunal, esta

manifestó su deseo de relacionarse con la        recurrida y con su

hermano. Al respecto, expresó que, ante las expresiones de la niña,

y en la consecución de su mejor bienestar emocional y psicológico,

entendía que las relaciones maternofiliales en disputa debían

iniciarse dentro de marco terapéutico de reunificación familiar. A
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su vez, en el pliego, la Trabajadora Social hizo constar que la doctora

Alicea informó que esperaba presentar el plan de reunificación

familiar encomendado el 27 de febrero de 2023. De igual forma, la

funcionaria también indicó que el Departamento de la Familia

designó a una nueva trabajadora social al caso, a saber, la señora

Elizabeth Méndez, quien estaba en proceso de elaborar un plan de

servicio para la recurrida.

      El 7 de marzo de 2023, la recurrida presentó una Urgente

Moción Solicitando el Auxilio del Tribunal. En particular, reiteró su

previo reclamo en cuanto a que la única vez que tuvo comunicación

con la doctora Alicea fue el 19 de noviembre de 2022 y que, con

posterioridad a ello, esta no hizo acercamiento alguno para poder

iniciar el plan de reunificación familiar. Sostuvo que habían pasado

más de cuatro (4) meses desde que, por primera vez, el Tribunal de

Primera Instancia ordenó a la especialista a cumplir dicha

encomienda, sin que actuara de conformidad. La recurrida afirmó

que la doctora Alicea no solo incumplió con las órdenes emitidas por

el tribunal, sino que, también, efectuó falsas representaciones sobre

sus gestiones. En cuanto a esto, destacó que, si bien se informó al

tribunal que tenía proyectado presentar un plan estructurado de

reunificación familiar para el 27 de febrero de 2023, pasada una

semana de dicha fecha, no había actuado de conformidad. Así, la

recurrida solicitó al Tribunal de Primera Instancia que extendiera a

la doctora Alicea un término perentorio de cinco (5) días para

cumplir con su obligación y que, en defecto de ello, se le relevara de

su participación en el caso. El 14 de marzo de 2023, la recurrida

presentó una Segunda Moción en Auxilio de Jurisdicción en la que

reprodujo sus previos argumentos.

      El 15 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Orden en virtud de la cual señaló la celebración de una

vista argumentativa presencial para dirimir los méritos de las
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mociones en auxilio de jurisdicción sometidas por la recurrida. En

el dictamen correspondiente, el foro primario ordenó, no solo la

comparecencia de las partes, sino, también la de las funcionarias

Santiago Torres y Méndez.

      Así las cosas, y tras mediar un escrito de réplica por parte del

peticionario respecto a las mociones en auxilio de referencia, el 24

de marzo de 2023 se celebró la vista argumentativa antes indicada.

Conforme surge de la Minuta correspondiente, la doctora Alicea no

había brindado ningún servicio de los requeridos. Igualmente, se

hizo constar que la trabajadora social Méndez no compareció a la

vista, pero le expresó a la trabajadora social Santiago Torres que la

recurrida se mostró cooperadora y receptiva al plan de servicio que

se le había provisto. De igual forma, se notificó al tribunal que la

trabajadora social Méndez ofreció estar a cargo de supervisar las

relaciones maternofiliales. A su vez, se desprende de la Minuta que

la trabajadora social Santiago Torres realizó múltiples gestiones

para comunicarse con la doctora Alicea que resultaron infructuosas.

En particular, esta afirmó que, pese a que esta le indicó que habría

de someter un plan de trabajo sobre reunificación familiar el 27 de

febrero de 2023, no cumplió con ello. Igualmente, según se hizo

constar, durante la vista, la trabajadora social Santiago Torres

indicó que, luego de entrevistar a la menor CJH, la observó

comunicativa y asertiva. En particular, estableció ante el tribunal

que la niña le manifestó extrañar a su mamá y a su hermano, así

como que tenía unas inquietudes que deseaba dialogarlas con la

recurrida.

      El 27 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

notificó la Resolución y Orden aquí recurrida. Mediante la misma,

ordenó que, “[p]ara evitar sobreponer a la menor a otro profesional
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de la salud”1, se diera paso a las relaciones maternofiliales entre la

recurrida y la menor CJH, ello bajo la supervisión de la trabajadora

social Méndez, por un término de una (1) hora, y sujeto a la

frecuencia que la funcionaria intimara razonable. Igualmente, el

foro a quo dispuso que, a los efectos de procurar el mejor bienestar

de la menor, la Trabajadora Social y el doctor Díaz Rosado, psicólogo

de la niña, colaboraran en conjunto. En su pronunciamiento, el

tribunal primario ordenó al peticionario participar del proceso antes

indicado según le fuera requerido y colaborar con el mismo.

Igualmente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a la trabajadora

social Santiago Torres dar seguimiento las citas y entrevistas

pertinentes al plan de relaciones maternofiliales. Con relación a ello,

la Juzgadora de instancia extendió a la trabajadora social Méndez

un plazo de diez (10) días para presentar el correspondiente plan de

relaciones materno filiales supervisadas.             Finalmente, el Tribunal

de Primera Instancia relevó a la doctora Alicea de intervenir en

cualquier asunto relacionado al caso de epígrafe.

         Inconforme, el 5 de abril de 2023, el peticionario compareció

ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En el mismo

formula los siguientes señalamientos:

         Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
         omitir en la notificación de la vista a celebrarse una
         advertencia a las partes que se estaría considerando
         otros asuntos no cubiertos en las mociones del 7 y 14
         de marzo de 2023 de la parte recurrida.

         Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
         establecer    en    su Resolución-Orden   que   el
         Departamento de la Familia ofrezca relaciones
         familiares supervisadas en lugar de un proceso
         terapéutico familiar.

         Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
         eliminar el requisito del proceso terapéutico y de esa
         forma, dejar sin efecto parte de una Resolución que es
         final y firme, sin antes garantizar el debido proceso de
         ley que le asiste al peticionario en una vista adjudicativa
         en sus méritos.

1   Véase: Apéndice, Anejo 1: Resolución y Orden, pág.1.
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      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      denegar la solicitud de peticionario de que se nombre
      un psicólogo que pueda ofrecer las terapias sin
      cerciorarse que ello redundara en el mejor bienestar de
      la menor.

      Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a

expresarnos.

                                  II

      Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o

denegarlo. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011); Pueblo v. Díaz

de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334

(2005). No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío. La Regla

40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad

discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
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           pleito y una dilación indeseable en la solución final
           del litigio.
        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.
        4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
        Constituye una norma judicial clara y establecida que los

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste

en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en

error manifiesto”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736

(2018). La discreción es el más poderoso instrumento reservado al

juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004). Al precisar su

alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad judicial

para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello

signifique abstraerse del resto del derecho. Citibank et al. v. ACBI et

al., supra. Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al

concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial

empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). En

consecuencia, la doctrina establece que un tribunal incurre “en

abuso de discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún

hecho material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del

caso,    hace   un   análisis   liviano   y la   determinación   resulta

irrazonable”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra, pág. 736.

                                    III

        Tras entender sobre el expediente que nos ocupa, resolvemos

que no concurre criterio alguno que requiera que nos impongamos

sobre lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia. Nada en los
KLCE202300369

documentos sugiere que, en el ejercicio de sus facultades, el tribunal

primario haya incurrido en error de derecho o en abuso de la

discreción que le asiste en la materia particular sometida a su

escrutinio, de modo que competa soslayar la norma de abstención

judicial que, frente a dictámenes como el de autos, regula nuestras

funciones.

      Es nuestro firme parecer que el pronunciamiento aquí

recurrido obedece a una juiciosa y prudente gestión judicial dirigida,

no solo a procurar el bienestar y protección de una menor de edad,

sino, también, a salvaguardar los derechos que, en procesos como

el de autos, le asisten a los padres.    La determinación ante nos

impugnada permite entrever que, en su gestión adjudicativa, el

Tribunal de Primera Instancia consideró cautelosamente todas las

circunstancias que involucran a los aquí comparecientes, así como,

también aquellas que han afectado la debida disposición del asunto.

      Según surge de los documentos de autos, el tribunal primario

pudo constatar la conducta evasiva y dilatoria de la Perito que tenía

a su haber estructurar un plan de reunificación familiar entre la

menor de edad y su señora madre, quienes llevan más de un año y

medio sin relacionarse.    Por igual, conforme se desprende de la

prueba que obra en el expediente que atendemos, se estableció ante

el Tribunal de Primera Instancia que, permitir el curso de un plan

de relaciones materno filiales supervisados, resulta favorable para

la menor CJH. Sobre este particular, apuntamos a que, conforme

se acreditó, la recurrida completó el programa de servicio de ayuda

psicológica ordenado por el tribunal. A su vez, surge que, tanto los

psicólogos que atendieron a las partes, como las funcionarias

asignadas al caso, concluyeron que la niña estaba preparada para

comenzar a relacionarse con la recurrida. Siendo así, toda vez que

el Tribunal de Primera Instancia contó con elementos suficientes

para sustentar su dictamen, nada de irrazonable vemos en que se
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haya relevado a una profesional cuyo incumplimiento reiterado

dilató los procesos y afectó la debida ejecución de los derechos de

las partes involucradas. Igualmente, tampoco intimamos como

incorrecto que se hayan favorecido un plan de relaciones

maternofiliales entre una menor y su progenitora, quienes, conforme

se estableció, se encuentran habilitadas para ello.

      Sabido es que la custodia constituye el derecho de los padres

sobre la tenencia física de sus hijos menores de edad, cuya principal

implicación es ejercer sobre estos su cuidado inmediato. Chévere v.

Levis, 150 DPR 525 (2000); Torres, Ex Parte, 118 DPR 469

(1987); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978). Ahora

bien, el destino de los menores luego de disuelto su vínculo familiar,

es una determinación a la cual los tribunales deben llegar a la luz

de un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de las circunstancias

presentes en el caso, teniendo como único objetivo el bienestar del

menor. Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR 644 (2007). En

tan delicada misión, están llamados a emplear su criterio y a

considerar todos los elementos que resulten necesarios para emitir

una conclusión acertada. Para esto, se hace meritorio que su

facultad discrecional encuentre apoyo en aquellas circunstancias

que, a su juicio, sirvan a los mejores intereses del menor, así como

en la protección del derecho del padre no custodio para continuar

su relación afectiva en la forma y extensión que se establezca. Ortiz

v. Meléndez, 164 DPR 16 (2005).

       La Resolución recurrida no muestra indicio alguno que nos

plantee una preocupación genuina sobre el bienestar de la menor.

Surge de la misma que el Tribunal de Primera Instancia, en el

ejercicio de su discreción, tomó medidas cautelares suficientes y

efectivas para velar por la protección de la niña, así como, también,

por los derechos de la recurrida. En este contexto particular,

destacamos que el foro primario requirió a la trabajadora social
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Méndez estar en constante comunicación con el psicólogo de la

menor CJH mientras se lleven a cabo las relaciones maternofiliales,

a fin de atender todo asunto que, durante las mismas, amerite ser

objeto de evaluación particular. A su vez, ordenó a la trabajadora

social Santiago Torres dar seguimiento activo a las citas y

entrevistas coordinadas por la trabajadora social Méndez.         Del

mismo modo, la determinación aquí impugnada, refleja la correcta

gestión judicial de proteger la adecuada tramitación de los asuntos

sometidos a su función. Siendo de esta forma, no podemos sino

abstenernos de intervenir con la controversia traída a nuestra

consideración. Así, por no concurrir los criterios establecidos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

denegamos expedir el presente auto.

                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones