Court Opinion

ID: 9952370
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:45:54.250711+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:22.230989
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

                                                              CERTIORARI
                                                              procedente del
    COMTEC PR, INC                                            Tribunal de
    ADALBERTO RIVERA                                          Primera
    ROLÓN                                                     Instancia, Sala
                                                              Superior de
    Recurridos                                  KLCE202400136 Humacao
                  v.
                                                                            Civil Núm.:
    CARIBE CARE y OTROS                                                     HU2023CV01239
    Peticionarios
                                                                            Sobre:
                                                                            Cobro de Dinero -
                                                                            Ordinario y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                       RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

         Comparece ante nos el señor Edwin A. Avilés Pérez (señor Avilés

Pérez o recurrente) y nos peticiona revisar una Resolución emitida el

14 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Humacao (TPI).1 En virtud del referido dictamen, el TPI

declaró No Ha Lugar la solicitud del señor Avilés Pérez para desestimar

la Demanda incoada por Comtec PR, Inc. y Adalberto Rivera Colón

(parte recurrida).

         Como cuestión de umbral, conforme con la Regla 7 (B)(5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7

(B)(5), prescindiremos de la comparecencia de la parte recurrida, con

el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho.

1
  Apéndice de Recurso de certiorari sobre asunto jurisdiccional, Anejo 1, págs. 22-27. Archivada y
notificada en autos el 15 de diciembre de 2023. El 2 de enero de 2023, el recurrido solicitó
reconsideración, la cual el TPI declaró No Ha Lugar mediante una Resolución emitida y notificada el 3
de enero de 2024.

Número Identificador
RES2024 ______________
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         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

         Veamos los hechos fácticos y procesales esenciales que

sostienen nuestra determinación.

                                                -I-

         El caso de autos dimanó el 23 de agosto de 2023, cuando la

parte recurrida instó una Demanda sobre incumplimiento de contrato,

enriquecimiento ilícito, cobro de dinero y daños y perjuicios contra

Caribe Care Corp., Marcos Pentol Ortiz, el señor Avilés Pérez por sí y

en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

este y Wanda I. Cruz Pacheco (en conjunto, parte demandada).2 En

esta, adujo que la parte demandada incumplió con su obligación

contractual de pagar la suma de treinta mil dólares ($30,000.00) por

la instalación de unas cámaras de seguridad en el establecimiento

Cannabis Medicinal en Humacao.

         Tras varios trámites procesales, el 16 de noviembre de 2023, el

señor Avilés Pérez presentó una Moción impugnando emplazamientos

por edictos, solicitando su nulidad y urgente solicitud de desestimación

por ser cosa juzgada y/o impedimento colateral por sentencia, sin

someterse a la jurisdicción del Tribunal.3 Entre otros, el recurrente

arguyó que el 12 de noviembre de 2021, la parte recurrida radicó una

primera        demanda,          identificada         como        el    caso       civil     núm.

HU2021CV01239, sobre los mismos hechos y contra la misma parte

demandada. Esgrimió que, el 28 de febrero de 2023, transcurrido más

de un año y tres meses de la radicación de la demanda, la parte

recurrida solicitó el desistimiento de la primera demanda, en

incumplimiento con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 4.3 (C) por no haber diligenciado el emplazamiento de la parte

2
 Íd., Anejo 6, págs. 42-45.
3
 Íd., Anejo 7, págs. 46-52. El 17 de noviembre de 2023, el recurrido radicó una Moción complementaria
en relación a impugnando emplazamiento por edictos, solicitando su nulidad y urgente solicitud de
desestimación por ser cosa juzgada y/o impedimento colateral por sentencia, en la que esbozó los
mismos planteamientos. Véase Anejo 9, págs. 54-57.
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demandada. Sostuvo que, en igual fecha, el TPI emitió una Sentencia

en la que declaró Ha Lugar el desistimiento voluntario. Por otra parte,

expresó que el 7 de septiembre de 2022, la parte recurrida presentó

una segunda demanda, identificada como el caso civil núm.

HU2022CV01248, sobre los mismos hechos y contra la misma parte

demandada. Además, expuso que el TPI desestimó la segunda

demanda sin perjuicio mediante una Sentencia emitida el 9 de marzo

de 2023 y notificada el 10 de marzo de 2023, por incumplimiento con

la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, R. 4.3 (c). Esto, al no

diligenciar de forma correcta el emplazamiento del codemandado

Pentol Ortiz, no presentar el emplazamiento de Caribe Care, Corp., ni

emplazar a los restantes codemandados en el término provisto por la

aludida regla. Por ello, el recurrente entendió que la tercera demanda

constituyó cosa juzgada al radicarse por los mismos hechos y contra

las mismas partes, por lo que peticionó desestimar la tercera demanda.

            El 1 de diciembre de 2023, la parte recurrida se opuso a la

solicitud de desestimación solicitada por el señor Avilés Pérez.4 Entre

otros, aseveró que la desestimación de la segunda demanda no

constituyó una adjudicación en los méritos, dado que fue sin perjuicio,

por lo que no aplicaba la doctrina de cosa juzgada.

            El 5 de diciembre de 2023, el recurrente presentó una breve

réplica a la oposición de la parte recurrida, reiterando que, aunque la

segunda demanda se desestimó sin perjuicio, constituyó una

adjudicación en los méritos por ser el segundo incumplimiento con los

términos para emplazar, a tenor con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento

Civil, supra, R. 4.3 (c).5

            Así las cosas, el 14 de diciembre de 2023, el TPI emitió una

Resolución en la que se pronunció No Ha Lugar con respecto a la

solicitud del señor Avilés Pérez de desestimar la tercera demanda por

4
    Íd., Anejo 11, págs. 59-66.
5
    Íd., Anejo 12, págs. 67-69.
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no ser aplicable la doctrina de cosa juzgada ni del impedimento

colateral por sentencia.6 El Foro Primario estableció que no se cumplió

con el requisito de la doctrina de cosa juzgada de haberse dictado una

sentencia válida, final y firme, que adjudicó los hechos y resolvió la

controversia en los méritos. El TPI precisó que al desistirse

voluntariamente la primera demanda sin perjuicio y desestimarse la

segunda demanda sin perjuicio, la parte recurrida tenía otra

oportunidad para presentar una tercera demanda por los mismos

hechos, las mismas partes, la misma controversia y peticionando un

remedio análogo. Por tal motivo, el Foro recurrido determinó continuar

con los procedimientos y celebrar un juicio en su fondo.

         Insatisfecho, el 2 de enero de 2024, el recurrente solicitó

reconsideración,7 la cual el TPI declaró No Ha Lugar mediante Órdenes

emitidas el 3 de enero de 2024.8

         Inconforme con la determinación del Tribunal, el 1 de febrero de

2024, el señor Avilés Pérez compareció ante esta Curia y señaló que el

TPI cometió los siguientes errores:

         PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI AL
         NO APLICAR LA REGLA 4.3 (C) DE PROCEDIMIENTO
         CIVIL DE PUERTO RICO A LA TERCERA DEMANDA
         RADICADA BAJO LOS MISMOS HECHOS Y CONTRA LAS
         MISMAS PARTES Y ARROGARSE JURISDICCIÓN PARA
         ATENDER EL CASO, CUANDO NO LA TIENE.

         SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI
         AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN JUDICIAL Y CON ELLO
         OLVIDARSE O RELEGAR LA APLICACIÓN DE LA LEY
         PERTINENTE A LA CUESTIÓN EN CONTROVERSIA.

         TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI AL
         SOMETER    A    LA  PARTE    RECURRENTE-CO-
         DEMANDA[DA] A LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL Y
         OBLIGARLO A CONTESTAR LA DEMANDA, CUANDO
         ESPECÍFICAMENTE EN CADA ESCRITO RADICADO
         HIZO LA SALVEDAD QUE NO SE SOMETÍA A LA
         JURISDICCIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL ANTE LOS
         PLANTEAMIENTOS JURISDICCIONALES REALIZADOS;
         Y   ADEMÁS    TAMPOCO    SE   HA   OBTENIDO
         JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA MEDIANTE
         EMPLAZAMIENTO CONFORME A DERECHO.

6
  Íd., Anejo 1, págs. 22-27. Archivada y notificada en autos el 15 de diciembre de 2023.
7
  Íd., Anejo 4, págs. 30-39; Anejo 5, págs. 40-41.
8
  Íd., Anejo 2, pág. 28; Anejo 3, pág. 29. Archivada y notificada en autos el 3 de enero de 2024.
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      En vista de los señalamientos de error, expondremos la

normativa jurídica concerniente a este recurso.

                                    -II-

                                    -A-

      El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario y

discrecional que permite que un tribunal de mayor jerarquía revise

determinaciones de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare,

LLC v. Mun. Las Piedras, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). La característica

principal de este recurso es la discrecionalidad que nos asiste para

autorizar la expedición y adjudicar la controversia en sus méritos.

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera Figueroa v.

Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). El máximo foro

judicial   definió   que   la   discrecionalidad   es   “una   forma   de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724,

735 (2018); Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964).

Empero, nuestra discreción no es absoluta dado que no podemos

abstraernos del Derecho, debido a que constituiría abuso de

discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      Por otro lado, nuestra discrecionalidad no opera en el

abstracto ni está ausente de otros parámetros. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., supra; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 176

(2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera

Figueroa v. Joe´s European Shop, supra. Pues, con el objetivo de que

podamos ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional, la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40,

establece los criterios que debemos considerar al atender la solicitud
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de expedición del auto de certiorari. En particular, dispone lo

siguiente:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.
        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.
        (D) Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
        y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia. Íd.

        Por otro lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R.

52.1,    regula   las   instancias   en   las   que   podemos     revisar

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia.

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra; McNeil Healthcare, LLC v.

Mun. Las Piedras, supra, pág. 404; IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra, págs. 336-338. A saber:

        Todo     procedimiento      de    apelación,    certiorari,
        certificación, y cualquier otro procedimiento para
        revisar sentencias y resoluciones se tramitará de
        acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas
        que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El
        recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
        Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
        Apelaciones cuando se recurra de una resolución u
        orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una
        moción de carácter dispositivo. No obstante, y por
        excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
        Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
        Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
        admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
        asuntos      relativos   a    privilegios   evidenciarios,
        anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
        familia, en casos que revistan interés público o en
        cualquier otra situación en la cual esperar a la
        apelación constituiría un fracaso irremediable de la
        justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
        certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
        tiene que fundamentar su decisión. Regla 52.1 de
        Procedimiento Civil, supra, R. 52.1.
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      De no estar presentes los criterios antes esbozados,

corresponde abstenernos de expedir el auto de certiorari, de forma

que se continúe con los procedimientos en el tribunal de instancia.

                                  -B-

      El emplazamiento es un mecanismo procesal civil mediante el

cual se le notifica a una parte demandada sobre la existencia de una

acción judicial presentada en su contra. Ross Valedón y otro v. Hospital

Dr. Susoni Health Community Services, Corp., y otros, 2024 TSPR 10,

213 DPR __ (2024); Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462,

480 (2019); Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 (2015);

Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002). Por virtud del

emplazamiento se adquiere jurisdicción sobre la persona de la parte

demandante, de forma que dicha parte queda obligada por el dictamen

del tribunal. Íd. Así, el tribunal le garantiza a la parte demandada su

derecho a ser oída y defenderse, si así lo desea. Rivera v. Jaume, supra.

Por el emplazamiento responder al imperativo constitucional del

debido proceso de ley,         la parte demandante debe cumplir

estrictamente con los requisitos para el emplazamiento. Sánchez

Rivera v. Malavé Rivera, supra.

      La Regla 4 de Procedimiento Civil, supra, R. 4, rige lo

concerniente al emplazamiento. En tal sentido, en la Regla 4.3 (c) de

Procedimiento Civil, supra, R. 4.3 (c), se dispone lo atinente al término

para diligenciar el emplazamiento y las consecuencias de no hacerlo

dentro del plazo establecido. Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni

Health Community Services, Corp., y otros, supra. A saber:

      El emplazamiento será diligenciado en el término de
      ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la
      demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento
      por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los
      emplazamientos el mismo día en que se presenta la
      demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el
      mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo
      adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar
      los emplazamientos una vez la parte demandante haya
      presentado de forma oportuna una solicitud de
      prórroga. Transcurrido dicho término sin que se
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      haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal
      deberá     dictar      sentencia     decretando      la
      desestimación y archivo sin perjuicio. Una
      subsiguiente      desestimación   y     archivo    por
      incumplimiento con el término aquí dispuesto
      tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos.
      Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, R. 4.3 (c)
      (Énfasis nuestro).

      En atención a ello, recientemente, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico estableció que, una vez transcurra el término de ciento

veinte días (120) a partir de la presentación de la demanda o de la

fecha de expedición del emplazamiento, sin que la parte demandante

lo haya diligenciado, el tribunal de instancia está obligado a

desestimar la demanda automáticamente, sin concesión de prórroga

alguna. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 648-651

(2018). Véase Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379, 388

(2021). Pues, el tribunal no puede avalar que una parte demandante

se resguarda mediante el desistimiento voluntario en un pleito original

para que, ante un nuevo incumplimiento con la Regla 4.3 (c), la acción

se desestime sin perjuicio. Íd. Ahora bien, el máximo foro judicial

estableció:

      No obstante, enfatizamos que eso no significa que desde
      el momento en que no se emplazó la acción se desestima
      por sí sola, ya que es claro que es indispensable la
      intervención judicial así dictaminándolo. Dicho de otro
      modo, la desestimación y el archivo sin perjuicio
      contenidos en la regla antes aludida exige
      necesariamente que el foro judicial en cuestión emita la
      correspondiente sentencia con esa finalidad.

      En consecuencia, hoy pautamos sin ambages que
      ante un primer incumplimiento con el término de
      120 días para diligenciar los emplazamientos, los
      tribunales están obligados a dictar prontamente una
      sentencia decretando la desestimación y el archivo
      sin perjuicio de la reclamación judicial. Dado que,
      cronológicamente,         ocurrió       primero      el
      incumplimiento       con    la     Regla    4.3(c)  de
      Procedimiento Civil, supra, corresponde poner en
      vigor los efectos de esta y decretar la desestimación
      sin perjuicio, en lugar de dar por desistido el asunto.
      Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni Health
      Community Services, Corp., y otros, supra.

      Es decir, la desestimación por incumplimiento con la Regla 4.3

(c) de Procedimiento Civil, supra, R. 4.3 (c) no opera automáticamente
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dado que en aras de fomentar la economía procesal y la eficiente

administración de la justicia, “en el ejercicio de su sana discreción y

previo a dictar sentencia desestimando y ordenando el archivo sin

perjuicio,   los   tribunales   deben     realizar   aquellas   gestiones

conducentes a cerciorarse de si, en efecto, el emplazamiento fue o

no diligenciado dentro del término en cuestión”. Ross Valedón y otro

v. Hospital Dr. Susoni Health Community Services, Corp., y otros, supra.

                                  -C-

      La doctrina de cosa juzgada continúa vigente en nuestro

ordenamiento civil por virtud de la jurisprudencia. Esta doctrina

promueve el interés del Estado de brindar certeza a las partes al

ponerle finalidad a los dictámenes judiciales y de proteger a los

ciudadanos de tener que someterse a los rigores de los procedimientos

judiciales. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 DPR 139, 151

(2008); Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004), Pérez v. Bauzá,

87 DPR 220, 226 (1961). No obstante, su aplicación no es inflexible,

con el fin de evitar derrotar los fines de la justicia. Íd.; R. Hernández

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 6ta ed.,

San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2017, págs. 3-4. Primero,

se exige que el asunto se resuelva mediante una sentencia válida, final

y firme. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 300 (2012); SLG

Szendry-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 155 (2011).

Segundo, es necesario que concurra la más perfecta identidad entre

las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad en que

lo fueron. Íd.; P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra, en las págs.

151-152.

      Esbozada la normativa jurídica atinente a este recurso,

procedemos a resolver.

                                  -III-

      En el caso de epígrafe, el señor Avilés Pérez planteó que el TPI

incidió en cometer tres (3) errores. Por estar intrínsicamente
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imbricados, los discutiremos en conjunto. En síntesis, el recurrido

estableció que el Foro Primario erró al no aplicar la Regla 4.3 (c) de

Procedimiento Civil, supra, R. 4.3 (c) y declararse con jurisdicción para

atender la tercera demanda en sus méritos.

      Luego de una ponderada evaluación de la petición de certiorari,

y a la luz de los criterios esbozados en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, R. 52.1 y en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,

supra, R. 40, resolvemos que debemos abstenernos de intervenir con

la decisión del TPI en declarar No Ha Lugar a la moción de

desestimación presentada por el señor Avilés Pérez por el fundamento

de cosa juzgada. No atisbamos que la disposición recurrida sea

contraria a derecho o que el TPI haya actuado con abuso de

discreción, prejuicio, parcialidad o error claro y manifiesto.

      La desestimación con prejuicio provista por la Regla 4.3 (c) de

Procedimiento Civil, supra, R. 4.3 (c) aplica cuando se desestima una

segunda acción por incumplimiento con el término de ciento veinte

(120) días para diligenciar el emplazamiento. No obstante, ello no

ocurrió en este caso. En la primera acción, el TPI aceptó el

desistimiento voluntario sin perjuicio y en la segunda acción, el Foro

Primerio desestimó la Demanda sin perjuicio, por la ausencia de

emplazamiento oportuno. La desestimación de la segunda demanda

constituyó la primera ocasión en que el TPI desestimó y archivó la

acción por incumplimiento con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil,

supra, R. 4.3 (c). Así las cosas, la parte recurrida tenía derecho a

descansar en la validez de lo determinado por el TPI. Hasta que se

resolvió Ross Valedón y otro v. Hospital Dr. Susoni, supra, la parte

recurrida no tenía razón para considerar que la Sentencia por

desistimiento en la primera acción tendría el efecto de una

desestimación por la ausencia de emplazamiento. La nueva norma

establecida en Ross Valedón no afectó a la parte recurrida que, al
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presentar una tercera acción, descansó en el anterior estado de

derecho.

      Por todo lo anterior, no percibimos como irrazonable la

conclusión del TPI en que la parte recurrida podía presentar esta

tercera acción por los mismos hechos, la misma controversia y contra

las mismas partes que las primeras dos (2) demandas. Por ello,

procedemos a denegar la expedición del auto de certiorari.

                                  -IV-

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición

del auto de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones