Court Opinion

ID: 9890387
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:21:18.268805+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:39.475787
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

                                                           Certiorari
                                                           procedente del
    BANCO POPULAR DE                                       Tribunal de
      PUERTO RICO                                          Primera Instancia,
                                                           Sala Superior de
             Recurrido                                     Aguadilla

                  v.                  KLCE202300906
                                                           Sobre: Cobro de
 SUCESIÓN DE AMÉRICO                                       dinero, Ejecución
 VEGA HERNÁNDEZ, et al.                                    de hipoteca por la
                                                           vía ordinaria
           Peticionarios

                                                           Caso Núm.
                                                           ACD2014-0014
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Pérez.1

Rodríguez Casillas, juez ponente

                                   RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

        Comparece por derecho propio el Sr. Américo Vega Castillo

(señor Vega Castillo o peticionario),2 para que revoquemos un

dictamen emitido y notificado el 30 de junio de 2023, por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI), en el que

declaró No Ha Lugar la solicitud de nulidad de Subasta. El referido

dictamen fue objeto de una Moción de Reconsideración, la cual fue

declarada No Ha Lugar el 12 de julio de 2023.3

        Examinada la naturaleza del recurso, lo acogemos como

certiorari y solicitamos el cambio de su identificación alfanumérica.

        Evaluados         los   escritos   de   las   partes   comparecientes,

resolvemos denegar el auto de certiorari.

1 Se modifica la composición del Panel conforme a la Orden Administrativa OATA-

2023-120 del 10 de julio de 2023, que designa a la Hon. Cintrón Cintrón para
entender y votar en el recurso de epígrafe.
2 En su escrito por derecho propio compareció Américo Vega Hernández, mientras

que la firma en el recurso es Américo Vega Castillo, entendemos que es un error,
por lo que daremos por compareciente al Sr. Américo Vega Castillo.
3 Notificada el 13 de julio de 2023.

Número Identificador

RES2023 _______________
KLCE202300906                                                              2

                                     -I-

       El Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o recurrido) incoó el

14 de marzo de 2014 una demanda enmendada,4 por cobro de

dinero y ejecución de hipoteca contra el Sr. Américo Vega Hernández

y la Sra. María Magdalena Castillo Morales (Causantes).5 En la

referida demanda enmendada, el BPPR interpeló a los presuntos

herederos de los Causantes. El 19 de junio de 2014, el señor Vega

Castillo contestó la demanda enmendada,6 y entre otras alegaciones,

adujo que la propiedad objeto del litigio constituía su vivienda

principal.

       Surge de los autos que el 30 de diciembre de 2016 el BPPR

presentó ante el TPI una “Tercera Moción Reiterándonos se Dicte

Sentencia Sumaria In Rem”. Al transcurrir en exceso el término para

que el señor Vega Castillo se opusiera, el 12 de junio de 2017 y

notificada el 28 de junio de 2017, fue dictada una Sentencia Sumaria

a favor del banco, concediendo los remedios solicitados.7 El foro

sentenciador esbozó las siguientes determinaciones de hechos:

       1. El día 18 de agosto de 2003, los causantes Américo Vega
       Hernández y su esposa María Magdalena Castillo Morales, en
       adelante los “Deudores”, emitieron un pagaré a favor de
       Master Mortgage Corporation, o a su orden, por la suma de
       $105,000.00 de principal, devengando intereses a razón del
       7% anual, hasta su total y completo pago. Pagadero en 360
       plazos mensuales y consecutivos de $698.57, los días primero
       de cada mes, comenzando el 1ro de octubre de 2003,
       vencedero el 1ro de septiembre de 2033, si no hubiese sido
       declarada vencida la totalidad de la deuda con anterioridad
       por incumplimiento con el pago de los plazos pactados y un
       10% del original del principal por concepto de costas, gastos y
       honorarios de abogado en caso de ser necesaria la
       reclamación judicial, previo a su vencimiento, ante el Notario
       Juan Carlos Goitía Rosa, en adelante el “Pagaré”. El pagaré
       establece que si el acreedor no hubiese recibido el pago total
       mensual requerido al cabo de 15 días calendarios después del
       vencimiento del pago, el acreedor podrá cobrar un cargo por
       demora de un 5% de la suma pactada.

       2. Los “Deudores” renunciaron en el “Pagaré” al derecho de
       presentación y aviso de rechazo y protesto.

4 La demanda se enmendó con el propósito de sustituir a los codemandantes
Américo Vega Hernández y María Magdalena Castillo Morales por sus herederos:
Américo, José y Ricardo de apellidos Vega Castillo. Además, se incluyó a Jonh
Doe y Richard Roe como herederos desconocidos.
5 Apéndice 2 del recurso del Peticionario, págs. 6 – 8.
6 Apéndice 3 del recurso del Peticionario, págs. 10 – 11.
7 Apéndice 6 del recurso del Peticionario, págs. 36 – 46.
KLCE202300906                                                                        3

       3. El “Pagaré” fue endosado por Master Mortgage Corp. a favor
       de EMI Equity Mortgage, Inc.

       4. Banco Popular de Puerto Rico adquirió el “Pagaré” de EMI
       Equity Mortgage Inc., y endoso el “Pagaré” en blanco sin
       designar cesionario.

       5. Banco Popular de Puerto Rico es el actual tenedor del
       “Pagaré” original. El mismo no ha sido endosado para su
       cancelación, ni cedido, ni negociado.

       6. El día 18 de agosto de 2003, los “Deudores” otorgaron la
       escritura número 808, ante el Notario Juan Carlos Goitía Rosa,
       sobre Primera Hipoteca para garantizar el “Pagaré”, gravando
       la siguiente propiedad:
            RÚSTICA: Radicada en el Barrio Palmar del término
            municipal de Aguadilla, Puerto Rico, con una cabida
            superficial de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
            PUNTO SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS
            (468.73 m/c). En lindes por el NORTE, con servidumbre
            de paso; por el SUR, con María Concepción; por el ESTE,
            con remanente de la finca; y por el OESTE, con
            remanente de la finca.------------------------------------------------
            --Enclava una estructura de hormigón y bloques de una
            sola planta dedicada a vivienda.---------------------------------
            --Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico,
            Sección de Aguadilla, al folio 149 del tomo 609 de
            Aguadilla, finca número 25,398, inscripción sexta.-------

       7. La hipoteca objeto de la Escritura número 808 consta
       inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección
       de Aguadilla, al folio 149 del tomo 609 de Aguadilla, finca
       número 25,398, inscripción séptima.

       8. Los causantes Américo Vega Hernández y María
       Magdalena Castillo Morales fallecieron, por lo que en la
       demanda enmendada se incluyó a la sucesión de éstos
       compuesta por Américo, José y Ricardo, de apellidos Vega
       Castillo, y se incluyó a John Doe y Richard Roe como
       herederos desconocidos, quienes aceptaron la herencia de sus
       respectivos padres por requerimiento de interpelación del
       acreedor al acápite ocho (8) de la demanda enmendada.

       9. Banco Popular de Puerto Rico declaró vencida la suma de
       $91,778.93, más los intereses a razón del 7% anual que se
       han devengado sobre dicha suma hasta el día 1ro de
       diciembre de 2016, ascendentes a $26,708.86, más los
       devengados hasta esta fecha y los que se devenguen hasta el
       total y completo pago de la deuda, la suma de $2,262.32 por
       concepto de cargos por demora devengados hasta el 1ro de
       diciembre de 2016, más los cargos por demora devengados
       hasta ésta fecha y los que se devenguen hasta el total y
       completo pago de la deuda y la suma de $10,500.00 para
       costas, gastos y honorarios de abogado del demandante
       pactados en el pagaré y en el contrato de hipoteca y
       cualesquiera otros adelantos para contribuciones y pólizas de
       seguro.

       10. Las cantidades antes mencionadas se encuentran
       determinadas, vencidas, líquidas y exigibles. [sic].8

8 Id., en las págs. 42 – 43.
KLCE202300906                                                          4

       Luego de varias incidencias procesales, el 13 de diciembre

de 2021 se expidió el Edicto de Subasta,9 y el 24 de enero de 2022

se notificó por correo certificado la Notificación de Subasta.10

       La subasta se celebró el 17 de marzo de 2022 y se adjudicó

la propiedad a BPPR por la suma de $52,500.00,11 por lo que el 17

de marzo de 2022 presentó una MOCIÓN EN SOLICITUD DE

CONFIRMACIÓN DE VENTA JUDICIAL Y EN SOLICITUD DE QUE SE

EXPIDA ORDEN Y MANDAMIENTO DE LANZAMIENTO.12 Así, el 26 de

abril de 2022,13 el TPI emitió Orden de Confirmación de Adjudicación

o Venta Judicial,14 y orden de lanzamiento.15

       Así las cosas, el 15 de junio de 2023 el señor Vega Castillo

presentó por derecho propio una Moción de Nulidad de Subasta Ante

Aviso de Venta Judicial y Edicto Defectuoso.16 En síntesis, solicitó la

nulidad del: (1) aviso y el edicto de la subasta, (2) el proceso de venta

judicial y (3) la escritura de compraventa judicial, ya que la

ubicación de la propiedad no se hizo de manera adecuada, lo que

violaba el debido proceso de ley.

       Oportunamente, el BPPR se opuso a la nulidad de la

subasta.17 En síntesis, adujo que el señor Vega Castillo tuvo

suficiente y debida notificación sobre el proceso en su contra y

contra la propiedad. Arguyó, que la finca fue descrita correctamente

y que se cumplió a cabalidad con las disposiciones legales.

       Evaluada las posiciones de las partes, el TPI declaró No Ha

Lugar la nulidad solicitada.18

9 Apéndice 8 del recurso del Peticionario, págs. 54 – 56.
10 Apéndice 8 del recurso del Peticionario, págs. 53 – 56.
11 Apéndice 12 del recurso del Peticionario, pág. 71.
12 Apéndice 10 del recurso del Peticionario, págs. 62 – 64.
13 Notificada el 5 de mayo de 2022.
14 Apéndice 12 del recurso del Peticionario, págs. 70 – 72.
15 Apéndice 11 del recurso del Peticionario, págs. 66 – 68.
16 Apéndice 14 del recurso del Peticionario, págs. 78 – 86.
17 Apéndice 15 del recurso del Peticionario, págs. 88 – 93.
18 Apéndice 16 del recurso del Peticionario, pág. 95.
KLCE202300906                                                               5

       Inconforme, el señor Vega Castillo solicitó reconsideración,19

y reiteró que el error en la descripción de la ubicación de la

propiedad viola el debido proceso de ley e invalida el proceso de

subasta celebrado.

       El 12 de julio de 2023,20 el TPI determinó No Ha Lugar a la

reconsideración sometida.

       El 4 de agosto de 2023, el señor Vega Castillo recurrió ante

nos y señaló que el TPI cometió los siguientes errores:

       EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL DENEGAR
       LA NULIDAD DE SUBASTA QUE PROCEDÍA ANTE AVISO DE
       VENTA Y EDICTOS NULOS POR DESCRIBIR UNA PROPIEDAD
       DISTINTA A LA PROPIEDAD OBJETO DEL PLEITO DE
       EPÍGRAFE.
       TANTO EL AVISO DE VENTA JUDICIAL COMO EDICTOS
       DESCRIBIERON UNA PROPIEDAD DISTINTA A LA
       PROPIEDAD OBJETO DEL PLEITO PERTENECIENTE A UN
       TERCERO AJENO AL PLEITO. ENTRE AMBAS PROPIEDADES
       EXISTE UNA DISTANCIA DE 1.13 MILLAS. [sic].

                                        -II-

       El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza

discrecional que permite a un tribunal de mayor rango revisar las

determinaciones de un tribunal inferior.21 En ese sentido, se

entiende que la discreción es el poder que se tiene para decidir en

una forma u otra; lo que permite, escoger entre uno o varios cursos

de acción.22

       En ese ámbito discrecional, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil delimita las instancias en que habremos de atender y revisar

las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia,

a saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal

19 Apéndice 18 del recurso del Peticionario, págs. 99 – 108.
20 Notificada el 13 de julio de 2023.
21 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703,

711 (2019).; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
22 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
KLCE202300906                                                                  6

       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].23

       Además, en el ejercicio de nuestra facultad discrecional que

nos ha sido delegada para entender o no en los méritos de un

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

establece los siguientes criterios:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:
          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
          a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
          derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
          y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 24

       Sabido es que la discrecionalidad que poseemos nos faculta

para expedir o denegar el auto de certiorari:

       [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.25

       De manera que, si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

23 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
24 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
25 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
KLCE202300906                                                              7

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.26

                                     -III-

       En el presente recurso certiorari, el señor Castillo Vega indicó

que el TPI erró al denegar la nulidad de la subasta ante un aviso de

subasta y edicto nulo, ya que la descripción de la propiedad era

distinta a la propiedad objeto del pleito.

       Conforme el derecho aplicable, resolvemos que este caso no

presenta ninguna de las circunstancias contempladas en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos permita expedir el auto

solicitado.   Tampoco       encontramos       justificación    alguna    para

intervenir con la resolución recurrida, a la luz de los criterios

establecidos en la Regla 40 de este tribunal, supra.

       Nada en el expediente sugiere que el TPI haya abusado su

discreción o actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, por lo que resolvemos denegar la expedición del auto de

certiorari.

                                     -IV-

       Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos el presente

recurso de certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

26 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).