Court Opinion

ID: 9952439
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:53:10.422718+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:16.693789
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL VIII

Elisa Collazo Martínez                         APELACIÓN
                                               procedente del Tribunal
          Apelante                             de Primera Instancia,
                                               Sala Superior de
              vs.                KLAN202301129 Arecibo

José R. Hernández Rey                              Civil Núm.:
                                                   AR2022CV01446
          Apelado
                                                   Sobre: División de
                                                   Bienes Gananciales

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2024.

        Comparece ante nos, la señora Elisa Collazo Martínez (Sra.

Collazo Martínez o apelante), quien presenta recurso de “Apelación”

en el que solicita la revocación de la “Sentencia Parcial” emitida el

14 de noviembre de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Arecibo. Mediante dicho dictamen, el foro

primario determinó que la pensión recibida por el señor José R.

Hernández Rey (Sr. Hernández Rey o apelado) en concepto de

seguro social federal es de carácter privativo.

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

revocamos        el     dictamen       mediante   los   fundamentos     que

expondremos a continuación.

                                           I.

        La Sra. Collazo Martínez y el Sr. Hernández Rey contrajeron

matrimonio el 14 de febrero de 2007. Poco más de 14 años

1 Notificada el 15 de noviembre de 2023.

Número Identificador

SEN2024 ___________
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después, la apelante solicitó el divorcio y, mediante “Sentencia”

emitida el 9 de noviembre de 2021, se declaró disuelto el vínculo

matrimonial habido entre las partes.

        Posteriormente, el 16 de agosto de 2022, la Sra. Collazo

Martínez presentó una “Demanda” sobre división de bienes

gananciales. Entre otras cosas, alegó que, durante la vigencia del

matrimonio, se estuvieron pagando las mensualidades de una

hipoteca con dinero ganancial.               En atención a lo cual, reclamó

$31,725.00, cantidad equivalente al 50% de la totalidad de los

pagos efectuados por concepto de hipoteca.

        Por su parte, el 9 de septiembre de 2022, el Sr. Hernández

Rey presentó “Contestación a Demanda”, y aceptó algunas de las

alegaciones y negó otras; además, reconvino. En lo concerniente,

arguyó que, como sus ingresos y la propiedad en cuestión son de

carácter privativo, éstos no están sujetos a división alguna.

        Así las cosas, el 15 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia celebró una vista a la cual comparecieron ambas partes

representadas por sus respectivos abogados. Las partes coinciden

en el carácter privativo que posee la propiedad gravada con la

hipoteca, ya que el apelado la adquirió previo al matrimonio. Sin

embargo, la Sra. Collazo Martínez alegó poseer un crédito sobre los

pagos que se hacían por concepto de la hipoteca, toda vez que ésta

se pagaba con el dinero que el Sr. Hernández Rey recibía por

concepto de seguro social, y dicha partida se reputa ganancial. En

cambio, el apelado adujo que el dinero recibido por tal concepto es

privativo. Evaluados sus argumentos, el foro primario ordenó a las

partes a someter sendos escritos expresándose sobre el carácter

privativo o ganancial de los ingresos del seguro social.2

2 Véase, “Minuta” de la vista celebrada el 15 de marzo de 2023; apéndice pág. 36.
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       Atendidos los escritos de ambas partes, el 14 de noviembre

de 2023,3 el Tribunal de Primera Instancia emitió “Sentencia

Parcial”, y concluyó que la pensión recibida por el apelado en

concepto de seguro social federal es de carácter privativo. Razonó

que, conforme lo resuelto en Vega v. Soto, 164 DPR 113 (2005), la

pensión recibida por seguro social no está sujeta a embargos y,

consecuentemente, la sociedad de gananciales está impedida de

reclamar un crédito por el pago realizado a la hipoteca.

       En desacuerdo, el 30 de noviembre de 2023, la Sra. Collazo

Martínez solicitó la reconsideración del dictamen y, en esencia,

argumentó lo siguiente: (1) en términos procesales, no se garantizó

el debido proceso de ley, ya que no se presentó prueba que

demostrase que, en efecto, la hipoteca se pagaba exclusivamente

con dinero de la pensión; (2) no se hicieron determinaciones de

hecho, según lo exige la Regla 42.2 de Procedimiento Civil; y (3) el

normativo Vega v. Soto, supra, no es de aplicación al caso de

autos.

       Ese mismo día, entiéndase, el 30 de noviembre de 2023, el

foro a quo emitió una “Resolución”, y declaró No Ha Lugar la

petición de reconsideración presentada por la apelante. Enfatizó

que, en la vista celebrada el 15 de marzo de 2023, las partes

acordaron que el asunto a dirimir era uno estrictamente en

derecho, por lo que, fundamentar la reconsideración en la

existencia de controversias de hecho en cuanto a la fuente de los

pagos de la hipoteca es contrario a las admisiones judiciales

realizadas en la vista.

       Aún inconforme, la Sra. Collazo Martínez recurre ante esta

segunda instancia judicial, y señala la comisión de los siguientes

errores, a saber:

3 Notificada el 15 de noviembre de 2023.
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      Erró el TPI y violentó el debido proceso de ley al emitir
      una Sentencia Parcial disponiendo de una controversia
      de hechos y de derecho sin haber llevado a cabo una
      vista evidenciaria cuando no existían estipulaciones de
      hechos ni mociones dispositivas presentadas conforme
      a derecho y existe una presunción de ganancialidad
      que no ha sido rebatida conforme a derecho.

      Erró el TPI al no incluir determinaciones de hechos en
      este caso particular que justifiquen la conclusión de
      derecho del Tribunal.

      Erró el TPI al concluir que los ingresos mensuales
      percibidos por el apelado por una pensión del Seguro
      Social por incapacidad recibidos durante el matrimonio
      son privativos de éste y no son un fruto recibido por la
      Sociedad Legal de Gananciales.

      Erró el TPI al emitir una Sentencia Parcial determinando
      que la Sociedad Legal de Gananciales no tiene derecho
      a reclamar un crédito por los pagos realizados por ésta
      para una hipoteca de una propiedad privativa del
      apelado.

      Erró el TPI al aplicar la determinación tomada en el
      Tribunal Supremo en el caso particular de Vega Rivera
      vs. Soto Silva, 164 DPR 113 (2005) a los hechos de este
      caso por tratarse de controversias y solicitudes
      diferentes.

                                 II.

                                -A-

      El   matrimonio   puede   regirse   por   distintos   regímenes

económicos patrimoniales, entre ellos, la sociedad de gananciales.

Mediante este régimen económico, “la gestión económica que

realiza cada cónyuge se hace en beneficio de dicha sociedad y no

para beneficio individual”. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR

967, 978 (2010), citando a R. Serrano Geyls, Derecho de familia de

Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. U.I.A., 1997,

Vol. 1, pág. 338.   En otras palabras, la sociedad de gananciales

“es una entidad económica familiar sui generis, de características

especiales, que no tiene el mismo grado de personalidad jurídica

que las sociedades ordinarias o entidades corporativas”. Reyes v.

Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 928 (1996), citando a J.A.
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Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento

Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1984, Vol. II Cap. IV, pág. 87. Este

régimen matrimonial es el que favorece nuestro ordenamiento

jurídico, ya que su causa no es el ánimo de lucro, sino la

consecución de los fines particulares del matrimonio. Montalván v.

Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004).

      Declarado roto el vínculo matrimonial, la sociedad de

gananciales queda disuelta, por lo que deberá liquidarse el capital

común de los excónyuges. De esta forma, los excónyuges hacen

suyos, por mitad, las ganancias o los beneficios obtenidos por

cualquiera de ellos durante el matrimonio.       Art. 508 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 6952. Esto, pues, bajo este régimen económico

matrimonial “ambos cónyuges son los titulares de los bienes

comunes en igualdad de derechos y obligaciones”. Íd.

      Ahora bien, mientras no se efectúe la liquidación de dicho

capital común, subsiste una comunidad de bienes post ganancial,

en la cual los excónyuges ostentan “una cuota abstracta sobre el

totum ganancial o sobre la masa, y no una cuota concreta sobre

cada uno de los bienes”. Pagán Rodríguez v. Registradora, 177

DPR 522, 532 (2009).      Dicha cuota alberga la totalidad de los

bienes gananciales que poseen los cónyuges, pues los bienes de

carácter privativo no están incluidos en ella.

      Ahora bien, el Art. 519 del Código Civil, 31 LPRA sec. 6971,

establece una presunción de ganancialidad sobre los bienes

adquiridos en el matrimonio.     Se trata de una presunción iuris

tantum, o sea, que admite prueba en contrario. Muñiz Noriega v.

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 981 (2010). Por consiguiente, cuando

alguno de los excónyuges alega que algún bien adquirido en el

matrimonio le pertenece privativamente, éste deberá probarlo. Art.

519 del Código Civil, supra.     Según ha expresado nuestra Alta

Curia, “el peso de la prueba le corresponde al cónyuge que niega la
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naturaleza ganancial de esta deuda u obligación”. Muñiz Noriega v.

Muñoz Bonet, supra, a la pág. 981.

                                       III.

         Según se desprende del trámite procesal ya discutido, la Sra.

Collazo Martínez y el Sr. Hernández Rey contrajeron matrimonio el

14 de febrero de 2007.4 Asimismo, ambas partes reconocen que el

inmueble gravado por la hipoteca objeto de esta controversia es un

bien privativo del apelado.5           No obstante, existen discrepancias

entre las partes en cuanto al pago de las mensualidades de la

hipoteca, específicamente sobre: (1) si la hipoteca se pagaba con

dinero privativo o ganancial, y (2) si dicha hipoteca siempre se

pagó con el seguro social que recibía el apelado.

         La contención del Sr. Hernández Rey es que la hipoteca se

pagó exclusivamente con su seguro social, y que la cuantía

recibida por tal concepto es privativa. Por el contrario, la postura

de la Sra. Collazo Martínez es que la hipoteca se pagó con ingresos

generados durante el matrimonio, y que la partida de seguro social

recibida por el Sr. Hernández Rey es un bien ganancial sujeto a

liquidación.

         En su “Sentencia Parcial”, el Tribunal de Primera Instancia

concluyó “que la pensión recibida por concepto de seguro social

por el [apelado] posee un carácter privativo, no sujeto a embargos.

Por tanto, la sociedad legal de gananciales no puede reclamar un

crédito por el pago realizado a la hipoteca en la propiedad privativa

del [apelado]”. Así, el foro recurrido implícitamente determinó

que la hipoteca se pagó exclusivamente con el seguro social

del apelado, sin un ápice de prueba que demostrara este hecho.

         Cónsono con el derecho discutido en el acápite anterior,

existe    una    presunción       de   ganancialidad       sobre    los   bienes

4 Véase, apéndice pág. 12.
5 Este hecho lo reconoce la apelante en su escrito, a la pág. 14.
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adquiridos     en    el   matrimonio.      Aunque   esta    presunción     es

controvertible, “el peso de la prueba le corresponde al cónyuge que

niega la naturaleza ganancial de esta deuda u obligación”. Muñiz

Noriega v. Muñoz Bonet, supra, a la pág. 981.

         En este caso, el Sr. Hernández Rey no ha presentado

evidencia para rebatir esta presunción de ganancialidad. Le

corresponde al apelado presentar prueba que demuestre que,

en efecto, desde el año 2012 la hipoteca se pagó únicamente

con el seguro social. Asimismo, debemos puntualizar el hecho

de que tampoco se desfiló prueba que demuestre que la

hipoteca se pagó con fondos privativos durante el periodo en

que las partes estuvieron casadas y el apelado todavía no

recibía     seguro    social,   entiéndase,    desde       que   las   partes

contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 2007 hasta que el

apelado recibió el beneficio del seguro social para el año 2012.

Una vez desfilada esta evidencia, entonces le corresponde al

foro primario adjudicar la naturaleza de los fondos utilizados

para el pago de la hipoteca.

         Resulta necesaria la celebración de una vista evidenciaria

donde se desfile prueba sobre éste y otros extremos análogos, más

el Tribunal deberá efectuar determinaciones de hecho sobre el

particular, según lo exige la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 42.2.            Por tal motivo, devolvemos el caso al

Tribunal de Instancia a tales fines.

         Debido al resultado que hemos llegado, se hace innecesaria

la discusión de los señalamientos de error número tres, cuatro y

cinco.

                                     IV.

         Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, revocamos la “Sentencia Parcial” apelada, y

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de
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Arecibo, para que celebre vista evidenciaria conforme a lo aquí

resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones