Court Opinion

ID: 9941429
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:35:22.696392+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:39.978804
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                APELACIÓN
 REFRICENTRO, INC. Y                            procedente del
       OTROS                                    Tribunal de Primera
       Apelado                                  Instancia, Sala
                                KLAN202301058   Superior de
                                                San Juan
             V.
                                                Civil. Núm.
                                                SJ2022CV02075

  JOSÉ C. HERNÁNDEZ                             Sobre:
   GARCÍA Y OTROS                               Entredicho
       Apelante                                 Provisional,
                                                Injunction Preliminar
                                                y Permanente

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el
Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2024.

      El Sr. José C. Hernández García, el Sr. Frank Palacio

Rodríguez, el Sr. Carlos M. Vento Torres, el Sr. Luis E. Lago Marrero

y Refricentro, Inc. (en conjunto, los apelantes) comparecieron ante

nos mediante un recurso de Apelación y solicitaron la revisión de

una Sentencia Parcial que se emitió el 15 de septiembre de 2023 y

se notificó el 18 de septiembre de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante el aludido

dictamen, el TPI resolvió lo siguiente: (1) declaró Ha Lugar a la

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial que presentó la sucesión del

Sr. Pedro Arvesú Gasset (señor Arvesú Gasset), compuesta por la

Sra. Teresa Irma López Arias, el Sr. Pedro Arvesú López y la Sra.

Irma Arvesú López (en conjunto, sucesión Arvesú) el 16 de

noviembre de 2022; (2) declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial que presentó la sucesión Arvesú el 28 de

febrero de 2023; y, por último, (3) declaró No Ha Lugar y ordenó la

desestimación con perjuicio de la Reconvención que presentaron los

Número Identificador
SEN2024 _____________________
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apelantes el 13 de abril de 2022 en el caso civil núm.

SJ2022CV02075.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

modificamos el dictamen recurrido y así modificado confirmamos.

                                       I.

       El 17 de marzo de 2022, Refricentro, Inc., el Sr. Pedro Arvesú

Gasset, el Sr. Pedro Arvesú López, Cirilo Hernández Hernández,

LLC, el Sr. Cirilo C. Hernández Hernández, la Sra. Martha M. Padrón

Hernández y el Sr. Javier Hernández (en conjunto, los demandantes)

presentaron una Demanda y Petición de Entredicho Provisional,

Injunction Preliminar e Injunction Permanente al amparo del Art. 677

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423, y la Regla 57

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.57, en contra del Sr. José

Cirilo Hernández García, el Sr. Frank Palacio Rodríguez, el Sr.

Carlos M. Vento Torres, y el Sr. Luis E. Lago-Marrero.1

       En esencia, alegaron que el 24 de marzo de 2022, se celebró

la Asamblea Anual de Accionistas de Refricentro, Inc. con el

propósito de escoger a los nuevos oficiales y directores de dicha

compañía. Adujeron que el 79.16% de los accionistas tenedores

estaban presentes en dicha asamblea y escogieron a las siguientes

personas para ocupar los puestos de la Junta de Directores: (1)

Pedro Arvesú López; (2) Martha M. Padrón Hernández; (3) Irma

Arvesú López; (4) Josefina Barrera; y por último, (5) Javier

Hernández. Sin embargo, argumentaron que los demandados le

impidieron a los presuntos nuevos oficiales y directores a tener

acceso a las instalaciones corporativas y, por ende, le negaron

acceso a sus libros y haberes. Ello, a pesar de que, según estos, la

selección de los oficiales y directores nuevos se había decretado

1 Véase, págs. 1-13 del apéndice del recurso.
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mediante una Resolución aprobada por la mayoría de los accionistas

de dicha entidad.

       En virtud de lo antes expuesto, sostuvieron que el recurso de

injunction era el mecanismo adecuado para detener las presuntas

violaciones fiduciarias de la parte demandada. Por otro lado,

solicitaron la cantidad de un millón ($1,000,000.00) de dólares por

concepto de daños presuntamente causados a raíz de la denegatoria

del acceso a los documentos oficiales y a las facultades

administrativas de dicha entidad. Por estos motivos, le solicitaron al

TPI a que declarara Con Lugar la Demanda y le concediera los

remedios solicitados.

       Luego de varios trámites procesales, el 13 de abril de 2022,

los apelantes presentaron su Contestación Enmendada a la

Demanda y Reconvención Enmendada. 2 En síntesis, argumentaron

que los demandantes incumplieron con los reglamentos y las

obligaciones corporativas que estos tenían y, en consecuencia, no

podían     tomar     control    de    Refricentro,     Inc.   Particularmente,

señalaron que los demandantes pretendían escoger a personas que

no eran accionistas de la corporación para que ocuparan los puestos

de oficiales de la Junta Directiva. Asimismo, entre otras cosas,

indicaron que varios de los accionistas estaban incapacitados

mentalmente para llevar a cabo negocios jurídicos. Por otra parte,

sostuvieron que la asamblea que se celebró el 14 de marzo de 2022

nunca fue reconocida por la Junta de Directores ni la gerencia de la

mencionada corporación. Consecuentemente, razonaron que las

alegaciones de la Demanda eran insuficientes y no conferían derecho

a remedio alguno.

       Por último, señalaron que la presente Demanda era la tercera

que se presentaba en Puerto Rico sobre la misma controversia.

2 Íd., págs. 35-69. La Contestación a la Demanda y Reconvención original, es decir,

previo a ser enmendada, se presentó el 28 de marzo de 2022.
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Particularmente, les hicieron referencia a los siguientes casos: (1)

caso civil núm. SJ2021CV07318, Cirilo C. Hernández- Hernández y

otros   v.    Refricentro,     Inc.   y     otros   y   (2)   caso     civil   núm.

SJ2021CV01941, Refricentro, Inc. v. Pedro Arvesú. A estos efectos,

solicitaron que se denegara la solicitud de injuction de la parte

demandante.3

        De    igual     manera,       los     apelantes       presentaron        una

Reconvención.4 En esta argumentaron que uno de los demandados,

a saber, el señor Arvesú Gasset había fallecido recientemente.

Sostuvieron que, a consecuencia de su deceso, se había creado un

fideicomiso mortis causa, el cual se extendía a la totalidad de su

patrimonio incluyendo las acciones corporativas que este tenía en

Refricentro, Inc. Asimismo, alegaron que lo antes mencionado

contravenía el contrato y reglamento corporativo dado a que se le

estaba privando a los demás accionistas su derecho de adquisición

preferente en el traspaso de dichas acciones. Consecuentemente le

solicitaron al TPI la concesión de los siguientes remedios:

   a) que reconozca y declare el incumplimiento de los co-
      demandantes reconvenidos (exceptuando Refricentro,
      Inc.);

   b) que deniegue el injunction como solicitado por los
      demandantes y en cualquier variación al mismo;

   c) que declare y reconozca nulo el alegado traspaso de
      acciones corporativas del Sr. Cirilo C. Hernández-
      Hernández a la corporación CHH, LLC;

   d) que declare y reconozca nulo el alegado traspaso de
      acciones corporativas del Sr. Pedro Arvesú Gasset a
      fideicomiso inter-vivos y/o a fideicomiso mortis causa;

   e) que conceda el injunction solicitado en la reconvención,
      incluyendo cesar y desistir de tratar de ejercer derecho
      alguno a voto de acciones corporativas sin cumplir con
      las obligaciones de previo a traspasar notificar su

3 Íd., págs. 186-198. En esencia, en el caso SJ2021CV01941 los demandantes del

presente pleito le solicitó al TPI el acceso a ciertos documentos de Refricentro. Inc.
puesto que, según ellos, los demandados del presente caso están obstaculizando
el deber que ellos presuntamente tienen al acceso a dichos documentos.
4 Íd., págs. 276-293.
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       intención y brindar derecho a primer rechazo y compra
       a las acciones corporativas por valor en los libros de
       aquellos que han incumplido, incluyendo, a Cirilo
       Hernández Hernández y Pedro Arvesú Gasset;

    f) que ordene el cumplimiento específico del contrato y
       reglamento por el que los reconvinentes ejercen su
       derecho a comprar preferencialmente las acciones
       corporativas del Sr. Cirilo C. Hernández -Hernández y/o
       Pedro Arvesú Gasset, por su valor en los libros, a
       diciembre de 2020 cuando han admitido e insisten en
       incumplir mediante la demanda sus obligaciones para
       con Refricentro, Inc, y los demás accionistas;

    g) que condene a los co-demandantes reconvenidos
       solidariamente a indemnizar a los reconvinentes y cada
       uno de ellos por los daños causados por su intencional
       incumplimiento de sus obligaciones hacia los demás
       accionistas y hacia la corporación; daños que se
       estiman en exceso de cinco mil dólares diarios por
       persona, y a Refricentro, Inc., en exceso de quince mil
       dólares diarios;

    h) que conceda aquellos remedios que sean procedentes
       en ley, derecho y equidad, incluyendo, pero sin limitarse
       a declarar la nulidad de las alegadas elecciones y juntas
       que alegadamente efectuaron los co-demandantes;

    i) que en la alternativa declare la nulidad de la votación y
       reunión entre los demandantes por no estar
       correctamente convocada la reunión, la falta de
       notificación, la falta de parte indispensable, la
       incapacidad mental del Sr. Cirilo C. Hernández-
       Hernández y el dolo incumplidor en común acuerdo de
       los co-demandantes.5

       Tras una serie de eventos procesales los cuales no son

necesarios detallar, el 16 de noviembre de 2022, la sucesión Arvesú

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.6 Mediante esta,

formuló nueve (9) hechos que, a su juicio, no estaban en

controversia. Así pues, planteó que, ante la inexistencia de hechos

esenciales     y    pertinentes     en    controversia,     únicamente        le

correspondía al TPI atender el siguiente asunto en controversia: Si

5 Íd., págs. 292-293.
6 Íd., págs. 536-547. Es importante aclarar que, puesto que al momento de la
presentación de este escrito el señor Arvesú Gasset había fallecido, este fue
sustituido en el pleito por sus herederos, entiéndase, la Sra. Teresa Irma López
Arias, el Sr. Pedro Arvesú López y la señora Irma Arvesú López.
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las disposiciones reglamentarias sobre el derecho de adquisición

preferente Refricentro, Inc. en su Artículo III (e) de Refricentro, Inc.

imposibilitaban que la sucesión de Pedro Arvesú Gasset adquiera

los derechos que como accionista este poseía en la corporación.7

       Además, la sucesión Arvesú esbozó que, el aludido Artículo III

(e) hacía referencia a transferencias voluntarias y que, en el caso de

autos,    ellos    habían   adquirido       las   acciones   mediante      una

transferencia involuntaria, entiéndase, mediante una transferencia

mortis causa. En apoyo de su posición, discutieron una serie de

casos resueltos en varias jurisdicciones de Estados Unidos los

cuales sustentaban que las restricciones de adquisición de acciones

corporativas debían especificar si estas aplicaban a disposiciones

testamentarias.

       En respuesta, 21 de febrero de 2023, los apelantes

presentaron su Moción en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria

Parcial    […].8   En   primer     lugar,    señalaron    los   hechos     que

consideraban que estaban en controversia y los que no. Luego

argumentaron que las restricciones a las transferencias de acciones

mortis causa no tenían que expresarse de manera directa y

específica, sino que era suficiente el uso general de la palabra

transferencia. A su vez, sustentaron esta hipótesis con cierta

jurisprudencia de varias jurisdicciones de Estados Unidos y de la

misma forma, distinguieron los casos citados por la sucesión Arvesú

y como estos se diferenciaba a la controversia de epígrafe. Por

último, plantearon que aún no se había concluido el caso Irma Alicia

Gasset López Ex Parte, Caso Núm. SJ2022CV02075 y por tanto

ninguno de los sucesores del señor Arvesú Gasset tenían el control,

posesión o derecho propietario sobre su herencia.9

7 Íd., pág. 537.
8 Íd., págs. 588-613.
9 Posterior a la presentación de la oposición de la moción de sentencia sumaria,

el 13 de marzo de 2023, la sucesión Arvesú presentó una réplica a dicha
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       El 28 de febrero de 2023, la sucesión Arvesú presentó otra

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial en la cual esgrimió que uno

de los accionistas, a saber, el Sr. José Cirilo Hernández García,

adquirió de su madre mediante herencia, acciones de Refricentro

Inc., sin haberse activado el Artículo III (e) del reglamento de la

compañía. En consecuencia, no podía aplicarse selectivamente

interpretaciones distintas de esta disposición en perjuicio de la

sucesión Arvesú. Por su parte, el 31 de marzo de 2023, los apelantes

presentaron una Moción en Oposicición [sic] a Moción de Sentencia

Sumaria Parcial […].10 Mediante esta, argumentaron que la sucesión

Arvesú no tenía legitimación para cuestionar la transferencia de

acciones que se le hiciera al Sr. José Cirilo Hernández García.

       Evaluado los escritos de las partes, el 15 de septiembre de

2023, el TPI emitió una Sentencia Parcial.11 En ella, formuló las

siguientes determinaciones de hechos pertinentes las cuales no

estaban en controversia:

   1. El 7 de enero de 1965, Refricentro se incorporó.

   2. El Artículo III (e) del Reglamento de Refricentro dispone:

       En el caso de que un accionista de la Corporación desee
       transferir sus acciones a una tercera persona, deberá
       notificarlo así al secretario de la Corporación. Este las
       ofrecerá a los restantes accionistas por escrito, quienes
       tendrán la opción, de comprarlas por un valor en los
       libros y en proporción al número de acciones que posea
       de las que están en circulación.

   3. Pedro Arvesú Gasset adquirió y poseyó durante su vida
      431,100 acciones de Refricentro, lo que representa un
      43.100% de las acciones autorizadas de la corporación.

   4. El 1 de abril de 2022, Pedro Arvesú Gasset falleció.

   5. Antes de fallecer, Pedro Arvesú Gasset otorgó un
      testamento abierto, el que fue debidamente recogido en
      escritura pública y protocolizado.

oposición. Por su parte, el 5 de abril de 2023, los demandados presentaron una
dúplica a la réplica a la oposición de la sucesión Arvesú.
10 Véase, págs. 709-722 del apéndice del recurso.
11 Íd., págs. 739-755.
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     6. En el testamento de Arvesú Gasset, surgen como sus
        sucesores y herederos, Teresa Irma López Arias, Pedro
        Arvesú López e Irma Arvesú López.

     7. Pedro Arvesú Gasset en el testamento dispuso que su
        hijo e Irma Arvesú López, fungiesen como albacea.12

       A base de estas determinaciones de hechos, el TPI concluyó

que la transferencia de las acciones que ocurren por causa de

muerte no podían ser consideradas como voluntarias y por ello el

derecho de adquisición preferente contenido en el Artículo III (e) del

reglamento de Refricentro, Inc. no se activó. En ese sentido, declaró

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de la sucesión Arvesú

instada el 16 de noviembre de 2022, No Ha Lugar la segunda

sentencia sumaria presentada el 28 de febrero de 2023 por estos y

desestimó con perjuicio la reconvención presentada por los

apelantes.

       Inconforme, el 3 de octubre de 2023, los apelantes

presentaron una Moción en Solicitud De Reconsideración de la

Sentencia Parcial […].13 En esta, adujeron que de las propias

determinaciones de hechos formuladas por el TPI se desprendía que

la transferencia de las acciones, en efecto, fue voluntaria. Por su

parte, el 23 de octubre de 2023, la sucesión Arvesú presentó su

Oposición a Moción de Reconsideración en la cual arguyó que la

jurisprudencia y la doctrina establecían que las restricciones a la

libre trasferencia de acciones no aplicaban a las transferencias

involuntarias por razón de muerte, salvo que se hicieran constar con

claridad y expresamente en el reglamento.14 Examinadas las

posturas de las partes, el 25 de octubre de 2023, el TPI declaró No

Ha Lugar la moción de reconsideración.15

12
  Íd., pág. 747.
13
  Íd., págs. 756-769.
14 Íd., págs. 770-779.
15 Íd., págs. 780-783.
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      Aun inconformes, el 27 de noviembre de 2023, los apelantes

presentaron el recurso de epígrafe y formularon los siguientes

señalamientos de error:

      Erró el TPI al Desestimar la Reconvención
      Enmendada Presentada por los peticionarios, aun
      cuando dicho Remedio no fue solicitado por los
      peticionarios en su solicitud de Sentencia Sumaria
      Parcial, Ni fue Desarrollado en hechos, ni en derecho
      en la misma.

      Erró el TPI al declarar Ha Lugar la Moción de
      Sentencia Sumaria Parcial presentada por los
      peticionados.

      El 5 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución mediante

la cual le concedimos a la parte apelada hasta el 27 de diciembre de

2023 para que comparecieran con su escrito en oposición.

Oportunamente, el 27 de diciembre de 2023, compareció la sucesión

Arvesú con su Oposición a Solicitud de Apelación en la cual negaron

que los errores imputados por los apelantes fuesen cometidos.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver el asunto ante nuestra consideración.

Veamos.

                                 II.

                                -A-

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. V, R. 36, tiene el propósito

primordial de proveer una solución justa, rápida y económica en

aquellos casos en que surja de forma clara que no existen

controversias materiales de hechos que requieren ventilarse en un

juicio plenario y el derecho así lo permita. Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015).

      Particularmente, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 36.2, permite que cualquier parte presente una

moción, basada o no en declaraciones juradas, para que se dicte

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o alguna parte de la
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reclamación. Municipio de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326

(2013). Al solicitar dicho remedio, la parte que promueve la

sentencia sumaria “deberá establecer su derecho con claridad y

demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún hecho

material, o sea, sobre ningún componente de la causa de acción”.

Íd.

      Solicitada la sentencia sumaria basada en declaraciones

juradas o en documentos admisibles en evidencia, la parte que se

opone a la sentencia sumaria no puede tomar una actitud pasiva y

descansar en las aseveraciones o negaciones consignadas en su

alegación. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 677

(2018). Por el contrario, dicha parte tiene que refutar los hechos

alegados y sustanciar su posición con prueba consistente en

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente. Íd. Es decir,

esa persona viene obligada a enfrentar la moción de su adversario

de forma tan detallada y especifica como lo ha hecho el promovente

en su solicitud puesto que, si incumple con lo antes mencionado

corre el riesgo de que se dicte sentencia es su contra. Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189

DPR 414, 432 (2013).

      Ahora bien, según estableció el Tribunal Supremo en el caso

Verá v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004), los foros revisores

utilizarán los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia

al determinar si procede una sentencia sumaria. Sobre el particular,

en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118, el

Tribunal Supremo estableció que al revisar una determinación del

foro primario en la que se concedió o denegó una moción de

sentencia sumaria debemos: (1) examinar de novo el expediente; (2)

revisar que la moción de sentencia sumaria y su oposición cumplan

con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de
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Procedimiento Civil, supra, y con los discutidos en SLG Zapata-

Rivera v. J. Montalvo, supra; (3) en el caso de una revisión de una

sentencia dictada sumariamente, debemos revisar si en realidad

existen hechos materiales en controversia, y de haberlos, exponer

concretamente cuáles están en controversia y cuáles no; y (4) de

encontrar que los hechos materiales no están en controversia,

debemos revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho.

Véase, además, Rivera Matos, et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010,

1025 (2020).

      Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha reiterado que a

menos que existan circunstancias extraordinarias o indicios de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto y que la apreciación

de la prueba se distancie de la realidad fáctica o esta sea

inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos,

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad

hechas por el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de Gananciales,

146 DPR 45, 49 (1998). En otras palabras, las determinaciones que

hace el juzgador de los hechos no deben ser descartadas

arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio del foro

apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe

base suficiente que apoye tal determinación. Rolón v. Charlie Car

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).

                                 -B-

      Las corporaciones existen en virtud de una ficción jurídica

instaurada a través de la Ley Núm. 164-2009, según enmendada,

mejor conocida como la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec.

3501 et seq. (Ley General de Corporaciones), que las faculta para

realizar cualquier gestión lucrativa o sin lucro, siempre y cuando

sea lícita. Rivera Sanfeliz y otros v. Junta de Directores de Firstbank

Corporate, 193 DPR 38, 49 (2015). Dichas entidades facilitan el
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desarrollo de las empresas ya que poseen personalidad jurídica

propia, distinta e independiente a la de sus dueños o miembros,

quienes por lo general no responderán con su patrimonio por los

actos de la corporación, sino hasta el monto de su inversión.

Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 214 (2011) citando

a:   C.E.   Díaz   Olivo, Corporaciones,   San   Juan,   Publicaciones

Puertorriqueñas, 2005, pág. 11.

       Como mencionamos anteriormente, nuestro ordenamiento

jurídico reconoce la existencia de las corporaciones con fines

lucrativos lo cual se dedican a hacer negocios y se caracterizan por

repartir las ganancias entre sus accionistas. Íd., pág. 215. El

propietario de la corporación con fines de lucro es denominado como

accionista. Íd. Así pues, quien sea titular de las acciones de una

corporación posee una parte alícuota de su capital, un derecho

general a participar de sus ganancias y la distribución de sus activos

en caso de liquidación. Íd.

       La manera de adquirir un interés propietario sobre una

corporación es mediante la adquisición de acciones de capital, la

cuales se clasifican como bienes muebles. Díaz Olivo, op. cit., pág.

308-309. El Art. 5.01 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA

sec. 3581, establece las distintas clases y series de acciones de

capital corporativo. Particularmente, una acción corporativa es un

interés o cuota perteneciente al accionista individualmente en la

propiedad de la corporación. Santiago v. Rodríguez, supra, págs.

215-217.

       Por otro lado, como norma general, el derecho que representa

la tenencia de una acción de capital de una corporación se

desprende del registro de accionistas o se establece mediante la

presentación por el accionista del certificado de acciones expedido

por la corporación de la que se trate. Díaz Olivo, op. cit., pág. 311.

Sin embargo, cabe precisar que, los mecanismos antes mencionados
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no constituyen la única forma para evidenciar que una persona es

accionista. Santiago v. Rodríguez, supra, pág. 224. Nuestro derecho

corporativo   y   su   jurisprudencia   interpretativa   reconoce   la

posibilidad de que, ante la ausencia del certificado de acciones o

registro de accionistas, la parte reclamante pueda probar su

carácter de accionista mediante prueba extrínseca.

      Ahora bien, en nuestro ordenamiento            jurídico se ha

reconocido la capacidad de restringir la transferencia de las acciones

de las corporaciones. Para llevar a cabo esto, es necesario que la

corporación se ciña a los dispuesto en el Capítulo 6 de la Ley General

de Corporaciones. El Art. 6.02 (A), del aludido estatuto dispone que:

      Una restricción escrita relativa al traspaso o la
      inscripción del traspaso de las acciones u otros valores
      de una corporación, si la misma está permitida por este
      Artículo y está consignada conspicuamente en el
      certificado que representa dichas acciones o; en el caso
      de acciones sin certificado, aparece en la notificación
      enviada de acuerdo con el inciso (F) del Artículo 5.01 de
      esta Ley, será válida contra el tenedor de dicho valor
      restringido o cualquier sucesor o cesionario de dicho
      tenedor, incluso un albacea, administrador, síndico,
      tutor u otro fiduciario que tenga responsabilidad
      análoga por la persona o los bienes del tenedor. A
      menos que dicha restricción esté consignada de manera
      conspicua en el certificado que representa dicha acción
      o, en el caso de acciones sin certificado, aparezca en la
      notificación enviada de acuerdo con el inciso (F) del
      Artículo 5.01 de esta Ley, la misma será ineficaz,
      excepto contra una persona con conocimiento real de
      tal restricción. 14 LPRA sec. 3622.

      En cuanto a las restricciones permitidas por el Art. 6.02, el

inciso C enumera las restricciones que pueden aplicarse, a saber:

   1. obliga al tenedor de los valores restringidos a ofrecer a
      la corporación o a cualquier otro tenedor de acciones de
      la corporación o a cualquier otra persona o
      combinaciones de éstas, una oportunidad preferente de
      adquirir, durante un plazo razonable, los valores
      restringidos; u

   2. obliga a la corporación o a cualquier tenedor de valores
      de la corporación o a cualquier otra persona o
      combinación de éstas a comprar los valores que son
      objeto de un contrato referente a la compra y venta de
      valores restringidos; o
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   3. requiere que la corporación o los tenedores de
      cualquier clase de valores de la corporación consientan
      a todas las transferencias de valores restringidos que se
      propongan o que aprueben al propuesto cesionario de
      tales valores restringidos; y

   4. prohíbe el traspaso de los valores restringidos a
      personas o clases de personas designadas, y tal
      designación no es manifiestamente irrazonable. Íd.

      Por otro lado, el Art. 5.01 (F) requerido por el ya citado Art.

6.02 (A) dispone:

      Si se facultara a una corporación para emitir más de
      una clase de acciones o más de una serie de cualquier
      clase, las facultades, denominaciones, preferencias y
      los derechos relativos de participación, de opción o de
      otros derechos especiales de cada clase o serie, así como
      las condiciones, limitaciones o restricciones de tales
      preferencias o derechos, se consignarán en su totalidad
      o serán resumidos en la faz o el reverso del certificado o
      certificados que emita la corporación para representar
      tales clases o series de acciones. […] Después de
      transcurrido un plazo razonable desde la emisión o
      transferencia de acciones no representadas por un
      certificado, la corporación enviará, al tenedor inscrito
      de las mismas, una notificación escrita con la
      información que este Artículo o el Artículo 5.07, el inciso
      (A) del Artículo 6.02 o el inciso (A) del Artículo 7.08 de
      esta Ley, requieren que se consigne en los certificados
      o, según dispone este Artículo, una declaración al efecto
      de que la corporación proveerá, sin costo alguno para
      cada accionista que así lo requiera, una relación de
      tales derechos, denominaciones, preferencias y
      derechos relativos de participación, de opción o de
      cualquier otro derecho especial de cada clase o serie de
      acciones y las condiciones, limitaciones o restricciones
      de tales preferencias o derechos. […] 14 LPRA sec. 3581.

      Finalmente, el propio Capítulo 6 de la Ley General de

Corporaciones, en su Art. 6.01 establece que el traspaso de acciones

será regido por el Capítulo 8 de Ley Núm. 208 de 17 de agosto de

1995, según enmendada, mejor conocida como de Ley de

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 401 et. seq. La sec. 8-204

de la referida legislación dispone lo siguiente:

      Una restricción a la transferencia de un valor impuesta
      por un emisor, aunque de otro modo legal, no será
      válida contra una persona que no tenga conocimiento
      de la misma, a menos que:

  (1) el valor sea con certificado y la restricción esté anotada
      conspicuamente en el certificado de valor; o
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  (2) el valor sea sin certificado y el dueño registrado haya
      sido notificado de la restricción. 19 LPRA sec. 1754.

                                 -C-

      El Código Civil de Puerto Rico establece que la sucesión por

causa de muerte es la transmisión de aquellos derechos y

obligaciones del causante que no se extinguen por su muerte. Art.

1546, Código Civil de Puerto Rico del 2020, 31 LPRA sec. 10911. De

esta forma, esta sucesión se abre, precisamente, con la muerte del

causante. Íd., sec. 10912. Por otro lado, nuestro Código Civil

reconoce tres clases de transmisión sucesoria, a saber, la

testamentaria, la intestada y la mixta. Íd., sec. 10913. La sucesión

testada es aquella que resulta de la voluntad de la causante

declarada en un testamento. Íd., sec.10914. Por el contrario, la

sucesión intestada es aquella que establece la ley, cuando no existen

disposiciones testamentarias. Íd., sec. 10915. Finalmente, la

sucesión mixta se define como aquella en la cual coexisten

disposiciones provista por la voluntad declarada en un testamento

y disposición de ley. Íd., sec. 10916.

      Por otro lado, el concepto herencia constituye los derechos y

obligaciones transmisibles por causa de muerte de una persona “ya

sea que los derechos excedan las obligaciones; que las obligaciones

excedan los derechos, o solo se trate de obligaciones”. Íd., sec.

10917. Así pues, el heredero es la persona que sucede al causante

en todos los derechos y las obligaciones transmisibles, a título

universal y el legatario es aquel que sucede al causante en bienes

específicos o en una parte alícuota, la cual se designa a título

particular. Íd., sec. 10918.

      Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado

en varias ocasiones “que nuestro derecho sucesorio alcanza las

relaciones jurídicas —tanto activas como pasivas— que constituían

el patrimonio de la persona a la fecha de su muerte”. Torres, Torres
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v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 496 (2010). Pese a que no todo es

susceptible a transmitirse por herencia, la norma prevaleciente

sostiene la transmisibilidad de la inmensa mayoría de los

elementos que componen el patrimonio de una persona

fallecida. (Énfasis suplido) Íd. De esta forma, en nuestro

ordenamiento jurídico, los derechos patrimoniales son transmisibles

por herencia, salvo aquellos que, por sus características, disposición

de ley o pacto sean intransmisibles Íd., pág. 497. Tampoco podrán

transmitirse aquellos derechos que sean personalísimos los cuales

concluyen con la vida del titular. Íd., pág. 496.

      En cuanto a las relaciones jurídicas trasmisibles mediante la

sucesión mortis causa, nuestro Tribunal Supremo, citando al

tratadista Puig Brutau, ha expresado que los siguientes derechos se

pueden transferir por este medio:

      [l]os derechos patrimoniales; los derechos de socio en
      las sociedades de capitales; la cualidad de socio en las
      sociedades de personas; la acción para reclamar la
      filiación legítima; la acción para impugnar los actos o
      negocios jurídicos realizados por el causante en fraude
      de la legítima; las diversas modalidades de la propiedad
      industrial; el derecho de autor; las obligaciones, salvo
      las de carácter personalísimo o cuando se trata de una
      prestación infungible; la propiedad funeraria; el
      derecho del causante a obtener indemnización por los
      daños y perjuicios que le hayan ocasionado en
      vida.(Énfasis suplido) Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia,
      150 DPR 252, 267–268, (2000) citando a J. Puig
      Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed.,
      Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. V, Vol. I, págs. 4463.

      De otra parte, es preciso destacar que nuestro derecho

sucesorio tiene como base el derecho romano, el cual se fundamenta

en el criterio de que “la posición jurídica que ocupaba el causante

se mantendrá en lo posible inalterable, a base de colocar en su

lugar al heredero” (Énfasis suplido) Ex parte Feliciano Suarez, 117

DPR 402, 413, (1986) citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de

Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T.V, Vol. 1, pág.

11. Por tal motivo, más que un fenómeno de adquisición se trata
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más bien de una sustitución de titular. Íd. De ahí, es que en

nuestro ordenamiento jurídico se ha resuelto que “la sustitución

del causante por sus herederos constituye una continuación de

su personalidad”. Cruz Pérez v. Roldan Rodríguez, 206 DPR 261,

268 (2021); Sucesión Dávila v. El Registrador de la Propiedad, 15

DPR 669,673 (1909).

      En fin, en Puerto Rico, “[s]uceder, en su sentido jurídico,

significa que una persona se coloca en la posición de otra,

asumiendo todos sus bienes, derechos y obligaciones, con excepción

de aquellos que sean personalísimos y, consecuentemente, no

susceptible de ser transferidos”. Herederos de Collazo v. Registrador,

172 DPR 776, 783 (2007). Así pues, en la sucesión mortis causa “se

suscita el desplazamiento en las relaciones jurídicas detentadas por

el causante sobre sus bienes, derechos y obligaciones transferibles”.

Íd.

                                 III.

      En el presente caso, los apelantes solicitaron la revocación de

una Sentencia Parcial que dictó el TPI el 15 de septiembre de 2023

y se notificó el 18 de septiembre de 2023. Específicamente, en su

primer señalamiento de error, los apelantes argumentaron que el

TPI incidió al desestimar con perjuicio la reconvención presentada

por estos. Asimismo, en su segundo señalamiento de error, los

apelantes esbozaron que el TPI erró al declarar Ha Lugar la solicitud

de sentencia sumaria que presentó la sucesión Arvesú.

      Previo a discutir los señalamientos de error previamente

reseñados, cabe precisar que, al momento de revisar la concesión de

una sentencia sumaria, nos encontramos en la misma posición que

el foro primario. A tono con esta norma, debemos evaluar, en primer

lugar, si al presentar la solicitud de sentencia sumaria y su

oposición las partes cumplieron con los requisitos de forma

establecidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, y con
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los dispuestos en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Al

evaluar los escritos presentados por las partes juzgamos que, en

esencia, ambas cumplieron con los referidos requisitos. Es decir, la

sucesión Arvesú presentó una serie de párrafos enumerados de los

hechos que considera incontrovertidos, los cuales, a su vez, hacían

referencia a la prueba en que se apoyaba. De la misma manera, los

apelantes señalaron los hechos que, a su juicio, estaban en

controversia y lo sustentaron con prueba documental. Resuelto lo

anterior, nos corresponde entonces evaluar si existen hechos

materiales en controversia que nos impidan dictar sentencia

sumaria.

      En   su   dictamen,    el   foro   primario   realizó   siete   (7)

determinaciones de hechos que no estaban en controversia las

cuales procederemos a resumir y adoptar en su totalidad. El Sr.

Pedro Arvesú Gasset poseyó durante su vida 431,100 acciones de

Refricentro, Inc., Dichas acciones, estaban cobijadas por el Artículo

III (e) del reglamento de Refricentro el cual dispone lo siguiente:

      En el caso de que un accionista de la Corporación desee
      transferir sus acciones a una tercera persona, deberá
      notificarlo así al secretario de la Corporación. Este las
      ofrecerá a los restantes accionistas por escrito, quienes
      tendrán la opción, de comprarlas por un valor en los
      libros y en proporción al número de acciones que posea
      de las que están en circulación.

      Desafortunadamente, el 1 de abril de 2022, el señor Arvesú

Gasset falleció. Sin embargo, antes de su deceso, otorgó un

testamento abierto el cual fue debidamente recogido en escritura

pública y protocolizado. De dicho testamento surgen como sus

sucesores y herederos las siguientes personas: la Sra. Teresa Irma

López Arias, el Sr. Pedro Arvesú López y la Sra. Irma Arvesú López.

      Tras haber revisado la totalidad del expediente, evaluados los

argumentos de las partes y aquilatada la prueba documental que

obra ante nos, concluimos que no existen hechos sustanciales en

controversia que impidan dictar sentencia sumaria. Por ello, nos
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resta determinar si en efecto, el precitado Artículo III (e) del

Reglamento de Refricentro imposibilita que la sucesión de Pedro

Arvesú Gasset adquiera los derechos que como accionista este

poseía en la corporación. Veamos.

       A   continuación,     procederemos       a   discutir   el   segundo

señalamiento de error formulado por los apelantes referente a si

procedía conceder la solicitud de sentencia sumaria instada por la

sucesión Arvesú. Conforme surge del expediente, el señor Aversú

Gasset, otorgó un testamento abierto en el cual instituyó como

herederos en partes iguales de la legítima estricta, mejora y libre

disposición a sus dos hijos, el Sr. Pedro Arvesú López y la Sra. Irma

Arvesú López.16      A su vez, en dicho testamento el señor Aversú

Gasset legó ciertos bienes a quien en vida fuese su esposa, la Sra.

Teresa Irma López Arias.17

       Es un hecho incontrovertible que dentro del patrimonio que

poseía el señor Aversú Gasset antes de morir se encontraban

431,100 acciones de Refricentro, Inc. En nuestro ordenamiento

jurídico las acciones de capital son derechos que pueden

transmitirse mediante sucesión mortis causa, pues en el sistema

sucesorio puertorriqueño persiste la norma general de que todo el

patrimonio del causante es trasmisible a no ser que el derecho en

cuestión sea personalísimo o exista un impedimento en ley o un

pacto que prohíba dicha transferencia. Torres, Torres v. Torres

Serrano, supra, pág. 496-497.

       De un examen de la prueba que obra en el expediente, no

hallamos ningún impedimento que imposibilite que las acciones del

señor Aversú Gasset pudiesen transmitirse por medio de un

testamento a sus herederos. Las acciones de capital son pues,

16  Véase, págs. 518-526 del apéndice del recurso. Es preciso aclarar que las
porciones correspondientes a la mejora y libre disposición se constituyó en un
fideicomiso.
17 Id., págs. 518-520.
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bienes   muebles    enajenables,    por   lo   cual   estas   no   son

personalísimas. Por otro lado, en este caso específico, tampoco

existe ningún impedimento legal que prohíba que la sucesión Arvesú

herede las acciones en controversia.

      Ahora bien, el reglamento de Refricentro incorporó un derecho

de adquisición preferente que limita la transferencia de las acciones

de la corporación a terceras personas. Sin embargo, dicha limitación

no se extiende a una sucesión mortis causa. Ello obedece a la

reiterada norma de que, en nuestro sistema de derecho, la posición

jurídica que ocupaba el causante se mantendrá en lo posible

inalterable, a base de colocar en su lugar al heredero. Ex parte

Feliciano Suarez, supra, pág. 413. Bajo este criterio, el que la

sucesión Arvesú adquiera las acciones del señor Arvesú Gasset, no

constituye una transferencia a terceras personas toda vez que en

Puerto Rico la sustitución del causante por sus herederos

constituye una continuación de su personalidad. Cruz Pérez v.

Roldan Rodriguez, supra pág. 268.

      Acorde con lo previamente esbozado, al presente, la sucesión

Arvesú está ocupando la posición jurídica que en vida ocupaba el

señor Arvesú Gasset. Esto constituye estar en la misma posición

como accionistas de Refricentro, Inc. Por ello, no puede concluirse

que el derecho de adquisición preferente que provee el Artículo III (e)

del reglamento de Refricentro puede activarse en contra de la

sucesión Arvesú, toda vez que del texto de dicha disposición no se

desprende ninguna prohibición referente a que las acciones de la

corporación no puedan heredarse. A tono con la discusión que

antecede, colegimos que el TPI no incidió en declarar Ha Lugar la

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la sucesión

Arvesú el 16 de noviembre de 2022, por lo tanto, el segundo

señalamiento de error formulado por los apelantes no se cometió.
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      Resuelto lo anterior, nos resta atender el primer señalamiento

de error formulado por los apelantes el cual versa sobre la

desestimación con perjuicio de una reconvención presentada por

estos. La mencionada reconvención solicitaba, entre otros, una serie

de remedios entre las cuales destacaban los siguientes: reconocer

nulo el traspaso de acciones corporativas del Sr. Cirilo Hernández a

la corporación Cirilo Hernández Hernández, LLC; declarar el

traspaso de acciones corporativas del señor Arvesú Gasset a un

fideicomiso mortis causa; ejercer su derecho a compra preferente de

las acciones corporativas del Sr. Cirilo C. Hernández Hernández y

Pedro Arvesú Gasset; remedios relacionados a declarar la nulidad

de las alegadas elecciones y juntas que efectuaron algunas de las

partes, entre otras.

       Nótese   que,   en   la   reconvención    coexistían   varias

reclamaciones de distinta naturaleza y no solamente aquellas

relacionadas a las acciones del señor Arvesú Gasset. Es decir, la

reconvención contenía reclamaciones que no fueron dispuestas en

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la sucesión Arvesú,

quedando así causas de acción sin resolver y que, por lo tanto, aún

persisten. En virtud de ello, concluimos que se cometió el primer

señalamiento de error. A esos efectos, corresponde modificar la

Sentencia Parcial apelada únicamente a los efectos de revocar la

desestimación con perjuicio de la reconvención, exceptuado aquellas

causas de acción relacionadas con la transferencia mortis causa de

las acciones del señor Arvesú Gasset, las cuales fueron atendidas

con la disposición de la solicitud de sentencias sumaria del 16 de

noviembre de 2022 presentada por la sucesión Arvesú.
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                                IV.

      Por lo antes expuesto, modificamos el dictamen apelado a los

únicamente a los efectos de revocar la desestimación con perjuicios

de la reconvención enmendada. Así modificada, confirmamos.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones