Court Opinion

ID: 9952249
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:33:27.841959+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:10.751215
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VIII

 LIGA DE CIUDADES PR,                              Apelación,
  INC.; ORGANIZACIÓN                               procedente del Tribunal
      BORICUÁ DE                                   de Primera Instancia,
   AGRICULTURA ECO                                 Sala Superior de San
    ORGÁNICA, INC.,                                Juan
  FRENTE UNIDO PRO-
     DEFENSA DEL
VALLE DE LAJAS, INC.; EL
       PUENTE DE               KLAN202400025
  WILLIAMSBURG, INC.;
    COMITÉ DIÁLOGO
    AMBIENTAL, INC.;
     SIERRA CLUB                                   Caso Núm.:
                                                   SJ2023CV07758
      Parte Apelante
                                                   Sala: 904

             v.

    NEGOCIADO DE
      ENERGÍA,
 DEPARTAMENTO DE
     DESARROLLO
    ECONÓMICO Y
 COMERCIO, OFICINA
   DE GERENCIA DE                                  Sobre:
  PERMISOS, JUNTA                                  Mandamus
DE PLANIFICACIÓN DE
PUERTO RICO, ESTADO
 LIBRE ASOCIADO DE
    PUERTO RICO,
   SECRETARIO DE
       JUSTICIA

      Parte Apelada

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

      Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Liga de Ciudades

PR Inc., Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., Frente

Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc.,

Comité Diálogo Ambiental, Inc. y Sierra Club (en adelante, las

“Organizaciones”   o    “Apelantes”),   mediante   recurso     de   apelación

presentado el 9 de enero de 2024. Nos solicitó la revocación de la

Número Identificador
SEN2024______________
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Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan (en adelante, “TPI”), el 25 de octubre de 2023, notificada y

archivada en autos al día siguiente. Mediante el referido dictamen, el TPI

desestimó el pleito incoado por las Organizaciones, por entender que

carecía de jurisdicción sobre la materia.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma

la Sentencia apelada.

                                     I.

      El caso que nos ocupa se originó cuando los Apelantes presentaron

ante el TPI una “Petición de Mandamus” en contra de las siguientes

entidades gubernamentales, quienes conforman la parte apelada, a saber:

(1) el Negociado de Energía (en adelante, “Negociado”) y su comisionado,

Lcdo. Edison Avilés Deliz; (2) el Gobierno de Puerto Rico; (3) el

Departamento de Desarrollo Económico (“DDEC”); (4) la Oficina de

Gerencia de Permisos (“OGPe”); y (5) la Junta de Planificación (“JP”) (en

adelante y en conjunto denominados, “Apelados”). Mediante la misma,

sostuvo que al aprobarse el Plan Integrado de Recursos (“PIR”), en el caso

número CEPT-AP-2018-0001, el Negociado le requirió a la Autoridad de

Energía Eléctrica (“AEE”) que, entre otras cosas, implementara un proceso

planificado para la adquisición de energía renovable, a través de

requerimientos de propuestas para cumplir con las disposiciones de la

política pública energética establecida en la Ley Núm. 17-2019, conocida

como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, 22 LPRA secs.

1141 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 17-2019”). Añadió que, a esos fines,

el Negociado ordenó seis (6) procesos de requerimientos de propuestas

(denominados “tranches”), a realizarse desde el mes de diciembre de 2020

hasta junio de 2023, a través de los cuales la AEE compraría un mínimo de

3,750 Megawatts de energía renovable y 1,500 MW de almacenamiento

antes del mes de agosto de 2025.

      Expuso que el Negociado creó un proceso separado para

implementar el PIR, no adjudicativo y confidencial, sin divulgar los

proyectos, su ubicación y su extensión. Sostuvo que como parte de dicho
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proceso, el 2 de febrero de 2022, el Negociado aprobó dieciocho (18)

proyectos de energía renovable propuestos por la AEE. Conforme alegado,

esos proyectos formaban parte del primer tramo o “tranche” de seis (6)

tramos que ordenó el Negociado como parte del PIR aprobado. Debido a

que la información sobre estos dieciocho (18) proyectos se había

catalogado como confidencial, algunas de las Organizaciones solicitaron

acceso a esos documentos públicos. Tras acudir al Tribunal de Primera

Instancia y prevalecer en la solicitud de acceso a información pública, los

Apelantes lograron tener información básica de estos proyectos, tales

como: los nombres, dirección física, ubicación, tamaño del proyecto,

tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.

      Manifestaron que, al comenzar a evaluar la referida información, las

Organizaciones advinieron en conocimiento de que la gran mayoría de los

proyectos industriales de energía renovable analizados estaban en

terrenos de alto valor agrícola y ecológico, en alegada violación al Plan de

Uso de Terrenos (“PUT”) y la política pública energética y de cambio

climático. Preocupados por los graves efectos de estos proyectos, el 2 de

septiembre de 2022, se notificó una carta a los Comisionados del

Negociado, al Secretario del DDEC, a la Secretaria Auxiliar de la OGPE y

al Presidente de la JP para solicitarles que cumplieran con su presunto

deber ministerial de identificar los lugares aptos para los proyectos

industriales de energía renovable, cumplieran con el PUT y establecieran

un proceso que garantizara la protección de los suelos agrícolas y de valor

ecológico, hídrico y de paisaje que fueron delimitadas por el PUT para su

preservación y protección, así como las reservas naturales y agrícolas. Se

solicitó que, además de cumplir con su alegado deber ministerial,

respondieran en o antes del 15 de septiembre de 2022 y se calendarizara

una reunión para discutir dichos asuntos.

      Añadieron que de los dieciocho (18) proyectos del primer (1) tramo

ante el Negociado, dieciséis (16) eran proyectos industriales de energía

renovable que pretendían ubicarse en Suelos Especialmente Protegidos-

Agrícolas (“SREP-A”), en la Reserva Especial Agrícola, según delimitada
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para su preservación a perpetuidad en el PUT, protegidas por la Ley Núm.

550-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para el Plan de Uso

de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 23 LPRA secs.

227n et seq. Sobre el particular, expresaron que, del área delimitada en los

dieciocho (18) proyectos, aproximadamente el 85% correspondían a

terrenos que debían protegerse, según identificados en el PUT como Suelo

Rústico Especialmente Protegido. Es decir, de unas 5,961.16 cuerdas de

terreno donde se pretendían ubicar los dieciocho (18) proyectos, 5,097.85

cuerdas alegadamente estaban identificadas para su protección y

clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido.

       Asimismo, manifestaron que de las 5,961.16 cuerdas de terreno

donde se pretendían ubicar los dieciocho (18) proyectos, 4,622.59 cuerdas

son parte de la Reserva Especial Agrícola, clasificadas como Suelo Rústico

Especialmente Protegido - Agrícola; esto es, aproximadamente el 77.54%

donde se pretendían ubicar los proyectos industriales de energía renovable

correspondían y eran parte de la Reserva Especial Agrícola. Así pues,

puntualizaron que la ubicación de los proyectos industriales en la Reserva

Especial Agrícola era incompatible con el PUT. De igual forma, arguyeron

que quedaba pendiente la consideración por el Negociado de los proyectos

a proponerse en los siguientes cinco (5) tramos o “tranches” requeridos por

el PIR y, por ende, la consideración de más de ochenta (80) proyectos

industriales de energía renovable, sin que antes se identificara para éstos

la ubicación y los lugares aptos.

       Luego de la presentación de varias mociones de desestimación por

parte de los Apelados, el 28 de septiembre de 2023, las Organizaciones

interpusieron “Petición Enmendada de Mandamus”, mediante la cual

solicitaron lo siguiente:

       (a) Que se le ordenara al Negociado a identificar los lugares aptos

           para integrar todos los proyectos industriales de energía

           renovable de propuestas del PIR, excluyéndose para dichos

           propósitos los SREP-A y la Reserva Especial Agrícola;
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       (b) Que se le ordenara al DDEC a asistir en la identificación de los

          lugares aptos para viabilizar la integración de energía renovable

          a la red eléctrica y a someter sus conclusiones al NEPR,

          excluyéndose para estos fines los SREP-A y la Reserva Especial

          Agrícola;

       (c) Que se le prohibiera a los Apelados la aprobación de proyectos

          que incumplieran con las disposiciones legales aplicables al

          caso;

       (d) Que se le ordenara a los Apelados a establecer alternativas a los

          proyectos     industriales    de   energía    renovable     de   los

          requerimientos de propuestas del PIR a ubicarse en SREP-A, en

          la Reserva Especial Agrícola, para que se ubicaran en terrenos

          contaminados o en los techos.

       El 9 de octubre de 2023, la OGPe presentó una “Réplica a

Oposición     a   Solicitud    de      Desestimación     y   solicitando    la

Desestimación de la Petición Enmendada de Mandamus”. Allí planteó

que procedía la desestimación del pleito, toda vez que la “Petición de

Mandamus” carecía de alegaciones suficientes contra la OGPe. Por su

parte, el 10 de octubre de 2023, el Gobierno de Puerto Rico presentó una

“Moción de Desestimación a Petición Enmendada de Mandamus”

fundamentada en lo siguiente: (1) falta de jurisdicción del TPI sobre la

materia; (2) falta de legitimación activa de los Apelantes; (3) la solicitud de

mandamus era prematura; (4) ausencia de un deber ministerial incumplido;

y (5) falta de parte indispensable. Ese mismo día, el Negociado presentó

una “Solicitud de Desestimación de Petición Enmendada de

Mandamus”. Enfatizó en que las Organizaciones carecían de legitimación

activa para presentar la acción de epígrafe e hizo referencia a los

argumentos esbozados en su solicitud de desestimación presentada en

cuanto a la “Petición de Mandamus” original.

       El 10 de octubre de 2023, el foro apelado celebró una Vista

Argumentativa en la cual las partes reiteraron sus argumentos sobre las

mociones dispositivas presentadas por los Apelados. El 20 de octubre de
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2023, las Organizaciones presentaron “Oposición a Solicitudes de

Desestimación de Petición Enmendada”. En su escrito, se reiteraron los

argumentos presentados durante la vista argumentativa y en la moción en

oposición anterior a la enmienda de la petición.

       El 25 de octubre de 2023, el TPI emitió Sentencia mediante la cual

concluyó que conforme a la Ley Núm. 17-2019, supra, era el Negociado

quien tenía jurisdicción primaria exclusiva en los casos y controversias en

los cuales se plantee el incumplimiento con la política pública energética

del Gobierno de Puerto Rico. Entendió el foro a quo que el análisis sobre

si procedía o no que no se establecieran los proyectos industriales de

energía renovable en los SREP-A o en la Reserva Especial Agrícola eran

exactamente las controversias que el legislador se refería cuando

estableció, en el Artículo 6.4 del referido estatuto, la jurisdicción exclusiva

sobre el incumplimiento con la política pública energética del Estado.

Expuso que la solicitud de los Apelantes implicaba sobreponer su opinión

sobre el expertise de la entidad designada por ley para tomar las decisiones

sobre la política pública del sistema energético.

       Ante tales fundamentos, expuso el TPI que procedía la

desestimación del pleito por falta de jurisdicción sobre la materia.

Asimismo, expresó que aún si la Asamblea Legislativa no hubiera sido clara

en cuanto a la jurisdicción del Negociado y el foro de instancia, no procedía

el recurso extraordinario del mandamus, puesto que existía un recurso

adecuado en ley por vía administrativa. Inconformes, el 10 de noviembre

de 2023, los Apelantes presentaron “Moción de Reconsideración”, la cual

fue declarada “No Ha Lugar” por el TPI mediante Resolución notificada el

13 de noviembre de 2023.

       Aún insatisfechas, las Organizaciones presentaron el recurso de

apelación que nos ocupa. Le imputaron al foro primario la comisión del

siguiente error:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DESESTIMAR EL MANDAMUS POR
       FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA Y
       CONCLUIR QUE EL NEGOCIADO DE ENERGÍA PROVEE
       UN RECURSO ADECUADO EN LEY Y TIENE
       JURISDICCIÓN EXCLUSIVA PARA APLICAR EL PLAN DE
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      USO DE TERRENOS AL INTEGRAR LA ENERGÍA
      RENOVABLE.

      El 22 de febrero de 2024, los Apelados presentaron sus respectivos

alegatos en oposición al recurso de epígrafe.

      Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,

procedemos a resolver.

                                    II.

                                    A.

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil y su jurisprudencia

interpretativa le confiere al demandado la oportunidad de presentar

cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la

materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

(5) que las alegaciones del demandante dejan de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) la falta de

una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V., R. 10.2; Comisión v. González

Freyre et al., 211 DPR 579, 614-615 (2023).

      Al considerar una moción para desestimar una demanda por ésta

dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio, debe ser evaluada de forma crítica. Ello, puesto que el tribunal

está obligado a tomar como ciertos los hechos bien alegados en la

demanda. Hecha esta salvedad, el Tribunal interpretará las aseveraciones

de la demanda en la forma más favorable para el demandante formulando

en su favor todas las inferencias que puedan asistirle. Rivera Sanfeliz, et

al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49 (2015). De igual forma, nuestro

más alto foro ha establecido que:

      [A] los fines de disponer de una moción de desestimación,
      estamos obligados a dar por ciertas y buenas todas las
      alegaciones fácticas de la demanda presentada. Para
      prevalecer, el promovente de la moción tiene que demostrar
      que, aun así, la demanda no expone una reclamación que
      justifique la concesión de un remedio. Esta doctrina se aplica
      solamente a los hechos bien alegados y expresados de
      manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a
      dudas. Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR
      497, 505 (1994).
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       Sobre este asunto, el Dr. José Cuevas Segarra expone que “[e]n la

moción de desestima[ción] no se trata de poner en duda los hechos

alegados en la demanda, sino atacarla por un vicio intrínseco, por ejemplo:

insuficiencia, ausencia de parte indispensable, [o] falta de jurisdicción”. J.A.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS,

San Juan, Tomo I, 2000, pág. 275.

       En fin, “la demanda no deberá ser desestimada a menos que se

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo

de su reclamación”. Pressure Vessels PR. v. Empire Gas P.R., supra, pág.

505. Consecuentemente, se debe considerar si a la luz de la situación más

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. El Día, Inc.

v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Consejo Titulares v.

Gómez Estremera, 184 DPR 407, 423 (2012). A esos efectos, “la privación

a un litigante de su ‘día en corte’ es una medida procedente sólo en casos

extremos y que debe usarse solamente en casos claros. Rosario Ortiz v.

Nationwide Mutual Insurance Co., 158 DPR 775, 780 (2003).

                                      B.

       La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para

resolver los casos y las controversias que tiene ante sí. Cobra Acquisitions

v. Municipio de Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022). Ante ello, los

tribunales tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas ante ellos,

puesto que estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Shell

Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde

a que las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben

resolverse con preferencia a los demás asuntos. García v. Hormigonera

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). La falta de jurisdicción sobre la

materia conlleva las siguientes consecuencias inexorablemente fatales: (1)

esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes
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no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un

tribunal, ni el tribunal puede abrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin

jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales

tiene el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los

tribunales apelativos, además, deberán examinar la jurisdicción del foro de

donde procede el recurso; (6) el planteamiento del foro de donde procede

el recurso; y (7) el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia

puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento, por cualesquiera de

las partes o por el tribunal motu proprio. Allied Mgmt. Group. v. Oriental

Bank, 204 DPR 374, 386 (2020).

       Como es sabido, los tribunales de Puerto Rico son de jurisdicción

general, por lo que pueden entender en cualquier asunto, salvo que se les

prive de jurisdicción en una materia particular. Clases A, B y C v. PRTC,

183 DPR 666, 686 (2011); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179

DPR 391, 403 (2010). A esos efectos, la doctrina de jurisdicción primaria,

también conocida como la doctrina de prelación de jurisdicción, surgió de

forma jurisprudencial y, en esencia, procura establecer quién posee la

facultad inicial de atender una controversia, si un foro judicial o un ente

administrativo. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da Ed., Colombia, Ed. Forum,

2001, pág. 433. La aplicación de esta doctrina presupone una jurisdicción

concurrente o simultánea entre el organismo administrativo y el foro judicial.

Báez Rodríguez et al. v. ELA, 179 DPR 231, 239 (2010). Es decir, la

doctrina de la verdadera jurisdicción primaria, como también se le conoce,

dilata o suspende la intervención judicial hasta tanto el asunto se dilucide

en un foro administrativo, a pesar de que un tribunal tiene jurisdicción para

adjudicarlo en primera instancia. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al.,

supra, pág. 405. Se trata, pues, de atender una cuestión de prioridad de

jurisdicción para promover la armonía entre los tribunales y las agencias

administrativas. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).

       Para examinar si la doctrina de jurisdicción primaria es aplicable a

determinada situación de hechos, es esencial tomar en cuenta lo dispuesto
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por el estatuto habilitador del organismo administrativo o alguna ley

especial. Le corresponde al tribunal emprender la tarea de examinar los

alcances de la ley habilitadora de la agencia y determinar si es

“imprescindible y necesario que se resuelva en favor de que intervenga

inicialmente la agencia”. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184

DPR 407, 430 (2012). Esta doctrina no constituye una camisa de fuerza y,

por tanto, no aplica “cuando ‘[l]a naturaleza de la causa de acción

presentada y el remedio solicitado destacan que no se presentan

cuestiones de derecho que exijan el ejercicio de discreción y de peritaje

administrativo, es decir, cuando la cuestión que se plantea sea puramente

judicial’”. Íd., págs. 430-431.

       Es decir, la regla general para la aplicación de esta doctrina es que

el tribunal retiene su jurisdicción si se trata de una cuestión de estricto

derecho, mientras que cede su jurisdicción al foro administrativo en los

casos en los que el peritaje de la agencia resulte indispensable para

resolver la controversia. Íd. Ahora bien, en el supuesto de que un

mandato legislativo exprese que la agencia tiene facultad única para

atender el asunto, estamos ante una situación de jurisdicción

exclusiva, por lo cual, no es de aplicación la doctrina de jurisdicción

primaria. Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 932 (2011).

       Por tanto, cuando la ley habilitadora de una agencia o una ley

especial establece que ésta tiene jurisdicción sobre un asunto, nos

encontramos ante una situación a la cual aplica la doctrina de jurisdicción

exclusiva y no la de jurisdicción primaria. Ante ello, la controversia no

puede ser atendida primeramente por un tribunal, toda vez que la ley

expresamente le confiere jurisdicción exclusiva a la agencia para

atender el asunto en primera instancia. Aunque la doctrina de

jurisdicción primaria y la de jurisdicción exclusiva guardan relación entre sí,

se distinguen en cuanto a su alcance y naturaleza. Íd., pág. 932. “[L]a

jurisdicción exclusiva se trata de situaciones en que no aplica la doctrina

de jurisdicción primaria concurrente porque la propia ley aclara que esta

última no existe”. Íd. En otras palabras, el propio estatuto establece una
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jurisdicción exclusiva. En tales casos estamos frente a un mandato

legislativo. “De ahí, que cuando un estatuto le confiere de manera expresa

la jurisdicción a un órgano administrativo sobre determinado tipo de

asuntos, los tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el caso en

primera instancia. Claro está, la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya

la revisión judicial posterior de la decisión del organismo”. Íd. (Énfasis

suplido).

       Por consiguiente, cuando por mandato de ley la Asamblea

Legislativa le confiere jurisdicción exclusiva sobre un asunto particular a un

organismo administrativo, queda vedada toda autoridad judicial para

dilucidar el caso en primera instancia. Clases A, B y C v. PRTC, supra,

pág. 685 (énfasis suplido). Consecuentemente, es imprescindible examinar

la ley habilitadora de la agencia y otras disposiciones legales aplicables a

la materia de la controversia. Báez Rodríguez et al. v. ELA, supra, págs.

240-241. Por el contrario, si no se desprende de la ley habilitadora o de otro

estatuto aplicable la jurisdicción exclusiva del organismo administrativo

existe entonces concurrencia de jurisdicción entre los tribunales y la

agencia, y el tribunal deberá razonar si procede la aplicación de la doctrina

de jurisdicción primaria.

                                     C.

       El mandamus es un recurso que se expide para ordenar a una

persona o personas naturales, corporación o tribunal de inferior jerarquía a

cumplir o efectuar una actuación que forma parte de sus deberes o

facultades. Carrasquillo Román v. Inst. Correccional, 204 DPR 699, 713

(2020); Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421. Su

expedición es de carácter discrecional y su procedencia dependerá del tipo

de acto que se pretenda ejecutar. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR

382, 391-392 (2000). “[S]ólo procede para ordenar el cumplimiento de un

deber ministerial, que no admite discreción en su ejercicio, cuando no hay

otro mecanismo en ley para conseguir dicho remedio”. Acevedo Vilá v.

Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 (2006). Este recurso

extraordinario “no procede cuando hay un remedio ordinario dentro del
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curso de ley, porque el objeto del auto no es reemplazar remedios legales

sino suplir la falta de ellos”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253,

266-267 (2010).

       La petición de mandamus debe ser evaluada a la luz de varios

requisitos, a saber: (1) que el demandado tenga un deber u obligación

ministerial impuesto por ley; (2) que el peticionario tenga un interés especial

en el derecho que reclama; (3) que el deber de actuar de la agencia y el

derecho del peticionario surjan de la ley de forma clara y patente; (4) que

el peticionario no tiene otro remedio legal para hacer valer su derecho; y

(5) que el tribunal entienda que los fines de la justicia obligan a su

expedición, luego de estimar el efecto que tendrá la expedición del auto. 32

LPRA secs. 3421-3423.

       Por ello, “[s]u expedición no se invoca como cuestión de derecho,

sino que descansa en la sana discreción del foro judicial”. Carrasquillo

Román v. Inst. Correccional, supra, pág. 713. Cónsono con lo anterior, el

deber ministerial que se invoca por vía del mandamus no puede tratarse de

“una directriz o una disposición que permite hacer algo, sino de un mandato

específico que la parte demandada no tiene opción para desobedecer”. Íd.

                                      D.

       Mediante la aprobación de la Ley Núm. 57-2014, según enmendada,

conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”, 22 LPRA

secs. 1051n et seq. (en adelante, Ley Núm. 57-2014”), la Asamblea

Legislativa persiguió establecer una reforma amplia energética en Puerto

Rico, con el fin ulterior de “fomentar la operación y administración de un

sistema eficiente y de costos justos y razonables, conscientes de que

somos una jurisdicción aislada que tiene que contar con una red eléctrica

estable y segura”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 57-2014, supra. Así

pues, se adoptó en nuestra jurisdicción el marco legal y regulatorio a través

del cual se creó una entidad independiente que instrumentara la

transformación del sistema eléctrico. Íd.

       De conformidad, se le delegó al Negociado de Energía de Puerto

Rico el poder para, entre otras cosas, colaborar “con el Programa de
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Política Pública Energética del Departamento de Desarrollo Económico y

Comercio y las compañías de energía. Art. 6.3 de la Ley Núm. 57-2014,

supra, 22 LPRA sec. 1054b (ss). Asimismo, le corresponderá estudiar y

tomar “determinaciones sobre la interconexión de energía renovable

distribuida y energía renovable a gran escala al sistema de transmisión y

distribución, para asegurar el mayor balance y equidad en dicho acceso”.

Íd. Consistente con dicha delegación de facultades, el Negociado de

Energía tendrá jurisdicción primaria exclusiva sobre los siguientes

asuntos:

         (3) Los casos y controversias en las que se plantee el
      incumplimiento con la política pública energética del
      Gobierno de Puerto Rico según expresada en la “Ley de
      Política Pública Energética de Puerto Rico” y el derecho
      vigente.
         (4) Los casos y controversias en las que se plantee el
      incumplimiento con cualquiera de los mandatos
      establecidos en la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según
      enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de
      Energía Eléctrica” y con cualquiera de los mandatos
      establecidos en la “Ley de Política Pública Energética de
      Puerto Rico”, en relación con el servicio eléctrico o en
      relación con asuntos energéticos. 22 LPRA sec. 1054c
      (énfasis suplido).

      De conformidad con lo anterior, el Artículo 6.4 (c) de la Ley Núm. 57-

2014, supra, provee para la presentación de querellas por cualquier parte

afectada y con legitimación activa para reclamar por incumplimiento por

parte de una compañía de servicio eléctrico con la política pública

energética del Gobierno de Puerto Rico, según expresada en la Ley Núm.

17-2019, supra, y el derecho vigente. Asimismo, el Negociado podrá

atender querellas sobre las transacciones o actos jurídicos relacionados

con la compra de energía, entre otras cosas. 22 LPRA sec. 1054c.

      De igual forma, dicho estatuto provee para que el Departamento de

Desarrollo Económico y Comercio asista en la identificación de las

tecnologías y lugares idóneos para viabilizar la “integración de energía

renovable a la red eléctrica en atención a los mejores intereses de Puerto

Rico, y someter sus conclusiones al Negociado de Energía”. Art. 3.4 de la

Ley Núm. 57-2014, supra, 22 LPRA sec. 1052 (o).
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                                          III.

        Las Organizaciones nos plantean que el TPI erró al decretarse sin

jurisdicción sobre la materia, por entender que el foro con dicha autoridad

en ley lo es el Negociado. Para sustentar su posición expresan que el

Negociado carece de jurisdicción exclusiva, pues la Ley Núm. 57-2014,

supra, no le reconoce facultad para analizar “sobre si procede o no que se

establezcan los proyectos industriales de energía renovable en la Reserva

Especial Agrícola”.1 Asimismo, sostienen que “lo que se solicita del Tribunal

es que requiera cumplir con un deber ministerial, por una necesidad

apremiante, a partir de la lectura integrada y compatible en derecho de la

legislación que crea y protege a perpetuidad la Reserva Especial Agrícola

y le reconoce el deber de identificar los lugares aptos como parte de la

política pública energética”.2 No nos convence dicha postura. Nos

explicamos.

        No existe controversia sobre el hecho de que la solicitud de

mandamus presentada por los Apelantes ante el TPI lo que perseguía era:

(1) que se identificaran lugares aptos para efectuar los proyectos

industriales de energía renovable de propuestas del PIR, excluyéndose

para dichos propósitos los SREP-A y la Reserva Especial Agrícola; (2) que

se le ordenara al DDEC a asistir en la identificación de los lugares aptos

para viabilizar la integración de energía renovable a la red eléctrica y a

someter sus conclusiones al NEPR, excluyéndose para estos fines los

SREP-A y la Reserva Especial Agrícola; (3) que se le prohibiera a los

Apelados la aprobación de proyectos que incumplieran con las

disposiciones legales aplicables al caso; y (4) que se le ordenara a los

Apelados a establecer alternativas a los proyectos industriales de energía

renovable de los requerimientos de propuestas del PIR a ubicarse en

SREP-A, en la Reserva Especial Agrícola.

        Al examinar las alegaciones de la “Petición Enmendada de

Mandamus” surge expresamente que el presunto deber ministerial que se

1 Véase, Recurso de apelación, pág. 11.
2 Íd.
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reclama de los Apelados está fundamentado en las disposiciones de la Ley

Núm. 17-2019, supra. Es justo sobre esta realidad –reiterada por las

Organizaciones en el recurso de apelación que nos ocupa– que

convergen las disposiciones estatutarias de la Ley Núm. 57-2014, supra.

Lo anterior, porque este último estatuto específica y patentemente le

confiere jurisdicción primaria exclusiva al Negociado para entender en

toda controversia sobre incumplimiento con los mandatos establecidos

en la Ley Núm. 17-2019, supra, en todo lo relativo al servicio eléctrico

o en relación con asuntos energéticos. 22 LPRA sec. 1054c.

       Es decir, si tomamos como ciertas todas y cada una de las

alegaciones esgrimidas en la “Petición Enmendada de Mandamus”, lo

que los Apelantes solicitaron ante el foro apelado no era otra cosa que se

cumpliera con un mandato dispuesto en la Ley Núm. 17-2019, supra,

conocida comúnmente como la “Ley de Política Pública Energética de

Puerto Rico”, lo cual se traduce en que llevaron una controversia ante el

foro judicial cuya autoridad adjudicativa el legislador se la confirió primaria

y exclusivamente al Negociado, por medio de la aprobación de la Ley Núm.

57-2014, supra.

       Es, pues, evidente que estamos ante un caso claro en que existe un

mandato legislativo expreso, a los efectos de que la agencia tiene la

facultad única para atender el asunto, por lo cual, es de aplicación la

doctrina de jurisdicción primaria exclusiva. Aguadilla Paint Center v.

Esso, supra, pág. 932. Ante ello, la controversia no puede ser atendida

primeramente por un tribunal, toda vez que la ley manifiestamente le

confiere jurisdicción primaria exclusiva al Negociado para atender el

asunto en primera instancia. No olvidemos que, aunque la doctrina de

jurisdicción primaria y la de jurisdicción exclusiva guardan relación entre sí,

se distinguen en cuanto a su alcance y naturaleza. Íd., pág. 932. “[L]a

jurisdicción exclusiva se trata de situaciones en que no aplica la doctrina

de jurisdicción primaria concurrente porque la propia ley aclara que esta

última no existe”. Íd. Siendo ello así, entendemos que el foro a quo actuó

correctamente al declararse sin jurisdicción sobre la materia. Mediante la
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petición de mandamus de epígrafe, los Apelantes pretendieron preterir el

trámite administrativo adjudicativo que dispone el estado de derecho

vigente.

       Por otra parte, discrepamos de las aseveraciones contenidas en el

recurso de apelación, a los efectos de que sostener la ausencia de

jurisdicción del TPI equivale a dejar a las Organizaciones sin la oportunidad

ni el derecho de una adjudicación en los méritos. Un análisis integrado del

Artículo 6.4 (c) de la Ley Núm. 57-2014, supra, así como del Artículo 6.20

de dicho estatuto, establecen el proceso adjudicativo que se deberá llevar

a cabo a nivel del Negociado y, en caso de que exista alguna laguna,

aplicarán en toda su extensión la Ley Núm. 38-2017, según enmendada,

conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico”, 3 LPRA secs. 9601 et seq., incluyendo los

procedimientos adjudicativos que se conducen en las agencias.

       Por tanto, contrario a lo planteado por los Apelantes, confirmar la

Sentencia apelada no se traduce a dejarlos desprovistos de remedio legal

alguno.    Simplemente,   deberán     iniciar   un   proceso   administrativo

adjudicativo ante el Negociado y efectuar los planteamientos que entiendan

pertinentes sobre la idoneidad de los lugares para erigir los proyectos

industriales de energía renovable y de estar inconformes con la

determinación final del Negociado, recurrir ante este Tribunal de

Apelaciones por medio de un recurso de revisión judicial.

       Alusivo a lo anterior, queda demostrado que existe otro mecanismo

en ley para conseguir el remedio que persiguieron las Organizaciones con

la interposición de la “Petición Enmendada de Mandamus”. Ello, de por

sí, veda la expedición de dicho recurso extraordinario, pues el objetivo del

mismo no es reemplazar remedios legales, sino suplir la falta de ellos.

       Finalmente, y atinente a los reclamos de naturaleza constitucional,

coincidimos con la exposición de la Oficina del Procurador General, en

representación del DDEC, al exponer que las Organizaciones no

presentaron alegaciones suficientes para establecer un reclamo de esa

naturaleza. Es decir, no se desprende de la “Petición Enmendada de
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Mandamus” alegaciones concretas y específicas para poner al TPI, ni a

este Tribunal en posición de evaluar cuáles son los reclamos

constitucionales planteados ante el foro apelado o cómo sus derechos

constitucionales se han visto afectados. Los Apelantes tampoco han

demostrado cómo “la acción administrativa constituye una gestión inútil,

inefectiva, que no ofrece un remedio adecuado o que causaría un daño

irreparable o inminente”. Beltrán Cintrón y otros v. ELA y otros, 204 DPR

89, 114 (2020). Por tanto, concluimos que las alegaciones traídas ante el

tribunal de instancia sobre la política ambiental incorporada a la

Constitución de Puerto Rico no son suficientes para eludir el trámite

administrativo que reconoce la Ley Núm. 57-2014, supra. Entiéndase, no

estamos ante un caso en el que, de su faz, se aducen “hechos terminantes

y precisos, justificativos de la opción judicial por el remedio constitucional y

de la preterición del cauce administrativo”. Íd., pág. 115 (citando a First Fed.

Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 DPR 426, 438 (1983)).

                                      IV.

       Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, se confirma la Sentencia apelada, por

entender que el foro con jurisdicción primaria exclusiva para entender en

los méritos de las controversias planteadas lo es el Negociado de Energía.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones