Court Opinion

ID: 9941545
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:45:18.598183+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.256880
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

      EFRÓN, DAVID                                 Certiorari,
                                                   procedente del Tribunal
     Parte Peticionaria                            de Primera Instancia,
                                                   Sala Superior de
                                                   Bayamón
                                KLCE202301426
             v.                                    Caso Núm.:
                                                   D DP2005-0297

                                                   Sala:501
  BRIGHTON DORADO
 GROUP, INC.; Y OTROS                              Sobre:
                                                   Daños y Perjuicios
      Parte Recurrida

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

       Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, el Lcdo. David

Efron (en adelante, el “señor Efron” o el “Peticionario”) mediante petición de

certiorari presentada el 14 de diciembre de 2023. Nos solicitó la revocación

de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (en adelante, el “TPI”), el 28 de septiembre de 2023, notificada y

archivada en autos al día siguiente. Dicha Orden fue objeto de una

“Solicitud de Reconsideración” interpuesta por el señor Efron, la cual fue

declarada “No Ha Lugar” mediante Orden de 9 de noviembre de 2023.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari.

                                        I.

       El caso de autos se originó en el año 2005, con la presentación de

una “Demanda” por parte del Peticionario en contra de Brighton Dorado

Group, Inc., Brighton Country Club at Dorado, Inc., Brighton Homes

Caribbean, Inc. (en adelante, “Brighton” o el “Recurrido”) y Plaza Dorada

Shopping Center sobre daños y perjuicios, sentencia declaratoria e

injunction. Después de un extenso trámite procesal, el cual decidimos no

Número Identificador
RES2024______________
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detallar debido a su falta de relevancia a la controversia que nos ocupa, el

17 de octubre de 2016, el TPI emitió una Sentencia Sumaria Parcial,

mediante la que desestimó la “Demanda” respecto a Brighton. Varios días

después, el 25 de octubre de 2016, el Recurrido presentó un “Memorando

de Costas y Gastos” por un total de $89,654.82, el cual fue aprobado por

el TPI. Más adelante, el 5 de junio de 2021, el TPI emitió Orden de Ejecución

de Resolución Otorgando Costas y Gastos. A través de dicha dictamen, se

decretó el embargo de:

      a) Todo bien inmueble que sea propiedad del demandante;

      b) Todo bien mueble que sea propiedad del demandante;
      Todas las acciones corporativas, bonos, cuentas por cobrar,
      certificados de ahorro, pagarés, dinero en efectivo o valores
      que pertenezcan al demandante;

      c) Cualesquiera fondos del demandante que obren en
      cualquier cuenta de banco o institución financiera análoga,
      para que se depositen en la(s) cuenta(s) que disponga este
      Honorable Tribunal

      d) Los fondos que se encuentren en poder de terceras
      personas de nombres desconocidos por ser los mismos
      líquidos y exigibles y estar vencidos a favor del demandante,
      instruyéndose al Alguacil del Tribunal que efectúe el embargo
      de dichos fondos incautándose de los mismos y
      depositándolos en la(s) cuenta(s) que sean abiertas para ello
      e instruya a dichas personas, a quienes se les sirva copia de
      la Orden a ser dictada, que aquellas cantidades que se
      venzan en el futuro y que al presente no están vencidas ni
      son líquidas y exigibles sean depositadas en la Secretaría de
      este Tribunal al momento de vencerse y convertirse en
      líquidas y exigibles. Se solicita que se le advierta a dichas
      terceras personas que, de no cumplir con la Orden aquí
      solicitada, podrán incurrir en desacato.

      Luego de haberse agotado todo el trámite apelativo sobre la

ejecución de la sentencia, y siendo final y firme dicha determinación,

el 7 de diciembre de 2022, el TPI emitió una Orden en la que permitió que

se llevara a cabo un descubrimiento de prueba respecto a los bienes del

señor Efron. Así pues, le fueron cursados una serie de interrogatorios y

requerimientos de admisiones a dicha parte. El 7 de junio de 2023, Brighton

presentó “Moción Reiterando Solicitud de que se le Ordene al

Demandante a Consignar las Costas Adeudadas o, en la Alternativa,

que se le Ordene al Patrono del Demandante a Hacer Pagos a Pro Rata”.

Alegó que el Peticionario: (1) admitió poseer una propiedad, automóviles y

muebles en el estado de la Florida, (2) devenga un salario mensual de
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$5,000.00, (3) recibe dinero para gastos de representación, (4) y no ha

demostrado carecer de la capacidad para satisfacer la suma adeudada.

      Consecuentemente, solicitó que se le ordenara al señor Efron la

consignación de la cantidad de $104,594.36 o, en su defecto, que el Bufete

Law Offices David Efron prorratee el 25% del salario que se encuentra

embargado para que una porción razonable se utilice para satisfacer la

cantidad adeudada. En su “Oposición” radicada el 15 de junio de 2023, el

señor Efron argumentó que, según la Resolución emitida por el foro primario

el 22 de diciembre de 2016, en el caso núm. KDI1999-1421, Madeline

Candelario del Moral v. David Efron, un 25% de su salario fue embargado,

y el 75% restante era necesario para su sustento. Nada se expresó sobre

la inexistencia de otros bienes o activos sujetos a la ejecución de las

costas y se limitó a alegar que el “restante de su salario” era el

necesario para su sustento y el de su familia.

      El 3 de agosto de 2023, Brighton radicó su “Réplica en

Cumplimiento de Orden”. Manifestó que el Peticionario sólo abordó el

asunto de su salario y no discutió sus demás fuentes de ingreso. También

señaló que existe una opinión judicial publicada por el Tribunal del Distrito

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Candelario de Moral

v. UBS Financial Services, 691 F. Supp.2d 291, 294 (DPR 2010), de la cual

se desprendía que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que el señor

Efron tenía con su excónyuge estaba valorada en 70 millones de dólares.

Oportunamente, el 21 de agosto de 2023, el Peticionario presentó su

“Dúplica” e indicó que Brighton no había identificado los alegados activos

ni solicitado el embargo de los bienes, según la Regla 51 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51. También reiteró que su salario ya se encontraba

embargado y que no contaba con la liquidez para satisfacer dichas costas.

      Finalmente, el 28 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Orden en

la cual esbozó que no existía razón alguna para que el señor Efron

continuara incumpliendo con su obligación de pagar las costas, ya que

poseía diversos bienes y fuentes de ingresos adicionales a su salario. A su

vez, ordenó al Peticionario a consignar la suma principal de $89,654.82 y
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los intereses que, al 6 de mayo de 2021, ascendían a $10,217.20 y que

continuaban acumulándose a razón de $6.23 por día. Además, señaló que

el incumplimiento con esta Orden conllevaría la imposición de una sanción

diaria de $100.00 por cada día de incumplimiento.

       Inconforme con lo anteriormente resuelto, el señor Efrón presentó

una “Solicitud de Reconsideración” que posteriormente fue declarada “No

Ha Lugar” por el foro a quo mediante Orden notificada el 14 de noviembre

de 2023. Aún insatisfecho, el Peticionario acudió ante este Tribunal

mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los siguientes errores:

       i. Erró el TPI al determinar que la Parte Recurrente cuenta
       con la capacidad económica para satisfacer las costas
       adeudadas e imponer sanciones si se incumple con su orden
       de pagar, sin hacer una determinación de hechos basados en
       evidencia admisible.

       ii. Erró el TPI al imponer a la Parte Recurrente una sanción
       diaria de $100 dólares, por no satisfacer la suma adeudada
       por concepto de costas a Brighton en un término final y
       perentorio de 30 días, cuando de existir dicha capacidad la
       Parte Recurrente viene obligada a cumplir con los montos
       adeudados en el caso KD11999-1421, Madeline Candelario
       del Moral v. David Efrón.

       El 8 de enero de 2024, el Recurrido presentó “Oposición a la

Expedición de Recurso de Certiorari”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                     II.

                                     A.

       El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una decisión

de un tribunal inferior. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703,

711 (2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). A

pesar de ser un recurso procesal excepcional y discrecional, el tribunal

revisor no debe perder de vista las demás áreas del derecho. Mun. de

Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 703.            La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone que, como norma

general, este Tribunal de Apelaciones solo expedirá dicho recurso en dos

situaciones particulares, siendo estas: (1) cuando se recurra de una
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resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57; o (2) cuando se recurra de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

       Sin embargo, como excepción a lo mencionado anteriormente, este

foro   apelativo   intermedio    podrá    revisar   órdenes   o   resoluciones

interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurra de lo siguiente: (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales;

(2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (3) anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; y (5) en casos que revistan interés

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

       Así, con el objetivo de ejercer de manera prudente nuestra facultad

discrecional, es preciso acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Banco Popular de

Puerto Rico v. Gómez Alayon, 213 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 145. Esta

norma cobra mayor relevancia en situaciones en las que no hay disponibles

métodos alternos para asegurar la revisión de la determinación cuestionada.

Íd. A esos efectos, la referida Regla establece los siguientes criterios a

evaluar:

              A. Si el remedio y la disposición de la decisión
              recurrida a diferencia de sus fundamentos son
              contrarios a derecho.
              B. Si la situación de hechos planteada es la más
              indicada para el análisis del problema.
              C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
              y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
              Tribunal de Primera Instancia.
              D. Si el asunto planteado exige consideración más
              detenida a la luz de los autos originales, los cuales
              deberán ser elevados, o de alegatos más
              elaborados.
              E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
              el caso es la más propicia para su consideración.
              F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
              causa no causa un fraccionamiento indebido del
              pleito y una dilación indeseable en la solución final
              del litigio.

              G. Si la expedición del auto o de la orden de
              mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Íd.
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        Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de certiorari, por

ser un recurso discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones de

peso. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 918 (2009). En ese sentido, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha indicado que la

discreción significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. Padró, 165 DPR

324, 334 (2005). También se ha definido como “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, supra, pág. 13. En otras

palabras, el adecuado ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

       Las decisiones de los tribunales de instancia merecen gran

flexibilidad y deferencia, debido a que es el foro que conoce las

particularidades del caso. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735

(2018). Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las

determinaciones discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que

las decisiones emitidas resulten arbitrarias o en un abuso de su discreción.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, supra, pág. 13. Por tanto,

los foros apelativos no deben pretender administrar ni manejar el curso

ordinario de los casos ante el Tribunal de Primera Instancia. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). No obstante, la

discreción ha de ceder cuando se configura: (1) un claro abuso de

discreción, (2) el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad o (3) el tribunal se

equivocó en la interpretación o aplicación de una norma procesal o de

derecho sustantivo. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, supra,

pág. 13.

       Ahora bien, determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción no

es una tarea sencilla. Existen ciertas guías para poder determinar cuándo

un tribunal ha abusado de su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009). Así pues, un tribunal incurrirá en un abuso de

discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta e ignora, sin fundamento
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alguno, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto, (2)

sin justificación, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en este o (3) toma en cuenta

todos los hechos materiales e importantes, pero los sopesa y calibra

livianamente. Íd.

                                       B.

       Las costas se refieren a los gastos necesariamente incurridos en la

tramitación de un pleito o procedimiento que un litigante debe reembolsar a

otro por mandato de ley o por determinación discrecional del juez. García

Rubiera v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). La Regla 44.1 de

Procedimiento Civil regula lo concerniente a la concesión de costas. Esta

dispone lo siguiente:

       (a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a cuyo
       favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o
       revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo
       contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá
       conceder un tribunal son los gastos en que se incurra
       necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento
       que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima
       que una parte debe reembolsar a la otra. 32 LPRA Ap. V, R.
       44.1.

       La aludida Regla tiene dos propósitos: (1) reponer lo que una parte

perdió por ser obligada a litigar y sancionar la litigación inmeritoria, temeraria

o viciosa. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 211 (2017).

Una vez solicitadas, la imposición de costas a favor de la parte victoriosa es

mandatoria. Maderas Tratadas, v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 934

(2012). Sin embargo, su otorgamiento no ocurre automáticamente, ya que

es necesario la presentación de un memorando de costas en el que se

detallen los gastos incurridos. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al.,

supra, pág. 212. El foro de instancia posee amplia discreción para evaluar

la razonabilidad y determinar la necesidad de los gastos detallados.

Maderas Tratadas, v. Sun Alliance et al., supra, pág. 935.

       Asimismo, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, en su inciso

(c), especifica la forma en que se concederán las costas. Ésta indica lo

siguiente:

       (b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de
       costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria,
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       dentro del término de diez (10) días contados a partir del
       archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia,
       una relación o memorándum de todas las partidas de gastos
       y desembolsos necesarios en que se incurrió durante la
       tramitación del pleito o procedimiento. El memorándum de
       costas se presentará bajo juramento de parte o mediante una
       certificación del abogado o de la abogada, y consignará que,
       según el entender de la parte reclamante o de su abogado o
       abogada, las partidas de gastos incluidas son correctas y que
       todos los desembolsos eran necesarios para la tramitación
       del pleito o procedimiento. Si no hubiese impugnación, el
       tribunal aprobará el memorándum de costas y podrá eliminar
       cualquier partida que considere improcedente, luego de
       conceder a la parte solicitante la oportunidad de justificarlas.
       32 LPRA Ap. V, R. 44.1.

      En lo que respecta a la concesión de costas, no todos los gastos

derivados del litigio son reembolsables. Maderas Tratadas, v. Sun Alliance

et al., supra, pág. 935. La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, no

abarca la totalidad de los gastos generados en el proceso, ya que no son

equivalentes a los gastos de todo el litigio y tienen una interpretación

restrictiva, justificada tradicionalmente en el interés de asegurar un acceso

más económico para los litigantes. Íd. Es decir, “[n]o se aprobarán gastos

innecesarios, superfluos o extravagantes”. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior,

88 DPR 245, 257 (1963). Por lo tanto, como norma general, los gastos

habituales de las oficinas de los abogados de los reclamantes, como sellos

de correo, materiales de oficina y transcripciones de vistas solicitadas por

conveniencia, pero no necesarias para los demandantes, no son

recuperables como costas. Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 712, 716

(1989).

                                      III.

       En el presente caso, el Peticionario nos solicita que revoquemos la

determinación del Tribunal de Primera Instancia en la que ordena la

consignación de la suma adeudada por concepto de costas de la Sentencia

Sumaria Parcial dictada 17 de octubre de 2016. El señor Efron plantea que

el foro primario erró al determinar que cuenta con la capacidad económica

para satisfacer las costas adeudadas y al imponer una sanción diaria de

$100.00 en un término final y perentorio de 30 días.

       Conforme hemos adelantado, la determinación que autorizó la

ejecución de las costas del litigio, conforme autorizadas por el TPI fue objeto
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de un trámite procesal que advino final y firme. Luego de analizar el recurso

ante nos y a la luz del derecho antes citado, determinamos que no están

presentes los requisitos establecidos por la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, por lo que no se justifica nuestra intervención.

       De conformidad con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia

en su Orden de 28 de septiembre de 2023, el expediente del caso

demuestra que el señor Efron, además de recibir un salario de $5,000.00

mensual, posee una propiedad, automóviles y muebles en el estado de

Florida. De igual manera, recibe dinero para gastos de representación.

Aparte de ello, el Peticionario no proporcionó hechos ni evidencia que

respaldara la afirmación de no poseer bienes suficientes para cubrir la

cantidad adeudada. En otras palabras, no colocó al foro de instancia en

posición de determinar con certeza si realmente carece de los medios

económicos o de activos para satisfacer las costas del litigio.

       Tras examinar la prueba documental que consta en el expediente

apelativo, no encontramos base que respalde la expedición del presente

recurso. Evaluados los hechos particulares de este caso, resolvemos que el

TPI no abusó de su discreción; más aún cuando estamos ante un caso en

el que se dictó la Sentencia Sumaria Parcial hace más de 6 años. En vista

de lo anterior, somos de la opinión de que el caso en cuestión no satisface

ninguno de los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, que exigiría la expedición del auto de

certiorari para reemplazar el criterio del TPI por el nuestro. Como resultado,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                      IV.

       Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos formar

parte de esta Resolución, denegamos la expedición del recurso de certiorari

solicitado por el Peticionario.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones