Court Opinion

ID: 9962719
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:45:51.789422+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.697399
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

 MARITZA AYALA TORO                      REVISIÓN
                                         ADMINISTRATIVA
         Recurrida                       procedente del
                                         Departamento de
          v.                             Asuntos Del
  POPULAR AUTO, LLC.       KLRA202400059 Consumidor

        Recurrente                           Caso Núm.:
                                             MAY-2022-0002986
 A&G HOLDING, CORP.
 h/n/c CARS; CABRERA                         Sobre:
   HERMANOS AUTO                             Compraventa
      GROUP, LLC.                            Vehículo de Motor

        Querelladas

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

      Popular Auto, LLC [Popular o recurrente] nos solicita que

revisemos la Resolución emitida por el Departamento de Asuntos

del Consumidor [DACo] el 18 de diciembre de 2023. Mediante el

referido dictamen, la agencia declaró Ha Lugar la querella

presentada por la señora Maritza Ayala Toro [señora Ayala Toro o

querellante-recurrida] contra A & G Holding, Corp. y Popular Auto,

LLC y desestimó la acción incoada contra Cabrera Hermanos Auto

Group, LLC.

      Por los fundamentos que exponemos, Confirmamos la

Resolución recurrida.

                                I.

      El 24 de mayo de 2022 la señora Maritza Ayala Toro

presentó una querella en el Departamento de Asuntos del

Consumidor contra A & G Holding, Corp. h/n/c Cars, Cabrera

Hermanos Auto Group, LLC.      Alegó que el 26 de enero de 2021

Número Identificador
SEN2024________
KLRA202400059                                                        2

compró el auto Chevrolet Camaro de 2019 y que desde el 28 de

enero de 2021 le surgieron defectos al auto.

     El 18 de diciembre de 2023 se celebró la vista administrativa

a la cual comparecieron todas las partes representadas por sus

abogados. Tras ello, el DACo emitió una Resolución en la que

declaró con lugar la querella contra A & G Holding, Corp. y Popular

Auto, LLC. Desestimó la acción contra Cabrera Hermanos Auto

Group, LLC.

     Como hechos probados determinó lo siguiente:

     1. Que surge de la factura de compraventa que el auto
        objeto en controversia es un vehículo de motor marca
        Chevrolet; modelo Camaro del año 2019.

     2. De la propia factura se desprende que el auto se
        vendió usado y con millaje de 9444.

     3. La compraventa se efectuó el 26 de enero de 2021.

     4. Que el auto fue financiado por Popular Auto, L.L.C.

     5. Que del testimonio bajo juramento del querellante
        entendimos probado que para febrero de 2021 el
        auto presentó problemas eléctricos con la luz de
        retroceso, se mantenía encendida, aunque el auto
        estuviera en "parking".

     6. Que la querellante se comunicó con el dealer vendedor y
       le informaron que el auto tenía garantía del fabricante con
       Cabrera, y allí lo llevó.

     7. El auto estuvo en trabajo de garantía en Cabrera entre el
       8 al 16 de febrero de 2021.

     8. Para el 26 de junio de 2021 el auto volvió a confrontar
       problemas mecánicos y el auto fue llevado a Alberic para
       servicio en garantía. Allí, se le informó a la querellante
       que el auto tenía el "cluster" dañado (pantalla principal
       del auto para que el usuario tenga la información vital
       sobre el estado del auto).

     9. Para noviembre de 2021 el auto fue llevado nuevamente
       a Cabrera para el asunto del "cluster", le hicieron cambio
       de batería, y el auto siguió con el mismo problema del
       "cluster".

     10.   Para el 17 de mayo de 2022 el auto fue nuevamente
       a Cabrera y le dicen que el auto no tenía garantía.
       Específicamente el "cluster".
KLRA202400059

    11.   La querellante no incluyó en la querella al fabricante
      y/o a su distribuidor.

    12.   A & G Holding, Corp. fue el vendedor.

    13.    Cabrera es un vendedor o concesionario de garantía
      para la marca Chevrolet, pero no es distribuidor del
      fabricante.

    14.   La querellante notificó por correo certificado a
      Popular Auto de los problemas mecánicos en 24 de mayo
      de 2022.

    15.   Del informe de investigación y único informe pericial
      en el caso se desprende lo siguiente:

          “...El día 9 de junio de 2023 las 2:05 PM se
          celebró una inspección conjunta en las de la
          parte querellada.
          Al momento de la misma, la unidad objeto de
          la querella se trasladó para el taller para
          escanear y diagnosticar la razón del porque la
          parte digital del panel de instrumentos y el
          radio no encendían.

          Los códigos de error fueron los siguientes:

          BI 325, Bajo voltaje en el circuito de
          alimentación del módulo de control. U1880,
          Pérdida de comunicación con el panel de
          instrumentos

          Opinión Pericial:

          Se recomienda:

          El remplazo del panel de instrumentos, ya que
          la parte digital del mismo no funciona.
          Hacer un "wiggle test" para descartar
          cualquier problema de cablería.
          Verificar cablería de comunicación del radio al
          panel de instrumentos.
          Estimado:
          Piezas
          Panel de instrumentos $1 ,449.50.
          Labor: 8360.00
          Total: $1,809.50... "

    9. [sic] Del propio informe se desprende que el millaje
    del auto era de 20558, y se corrobora el problema con
    panel de instrumentos “cluster".

    12. [sic] Que la querellante no volvió a requerir
    servicio de garantía al vendedor porque éste le indicó
    que Cabrera la honraba.

    13. [sic] A noviembre de 2021 el auto estaba todavía
    en garantía con el fabricante.
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      El Juez Administrativo del DACo evaluó las disposiciones

legales aplicables a las obligaciones del vendedor y garantías

según los artículos 1287 y 1289 del del Código Civil de 2020;

además, la Regla 37 del Reglamento de Garantías de Vehículos de

Motor, Reglamento número 7159 de 6 de junio de 2006. Para

imponer responsabilidad solidaria a la entidad financiera, aludió a

Ley de Contratos de Venta al Por Menor a Plazos, Ley 68 de 19 de

junio de 1964, 10 LPRA sec. 731, et. seq. Tras ello, decretó que

A & G Holding y Popular Auto deberán reparar la unidad de

conformidad a lo establecido por el perito de DACo. En caso, de

no   repararse   y   hacerse   las    labores   dentro   del   término

especificado, entonces, deberán obligadas al pago del estimado

de $1,809.50.

      En desacuerdo, Popular Auto solicitó reconsideración. Al no

recibir respuesta, presentó el recurso de revisión administrativa

en este foro intermedio, alegando que el DACo erró en:

      Su interpretación del derecho aplicable para
      determinar     que    Popular    Auto    respondía
      solidariamente con el concesionario, A & G Holding
      Corp., bajo la responsabilidad de saneamiento de
      este.

      Recibido el recurso, le concedimos término a todas las

partes para que expusieran su posición y disponemos.

                                II.

                                 A.

      La Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada,

conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del

Consumidor, [DACo] 3 LPRA sec. 341, et seq., estableció en la

agencia una estructura de adjudicación administrativa "con plenos

poderes para adjudicar las querellas que se traigan ante su

consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a
KLRA202400059

derecho". 3 LPRA sec. 341e(d); Ortiz Rolón v. Armando Soler Auto

Sales, Inc., 202 DPR 689, 696 (2019); Amieiro González v.

Pinnacle Real Estate Home Team, 173 DPR 363, 372 (2008).

      Para cumplir su encomienda, el DACO cuenta con un

personal profesional y técnico altamente competente encargado

de vindicar los derechos del consumidor de una forma agresiva y

firme. Ortiz Rolón v. Armando Soler Auto Sales, Inc., supra; Ayala

Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547, 563 (2014);

Exposición de Motivos de la Ley del DACO, 3 LPRA sec. 341b.

                                  B.

      La Ley Núm. 68, Ley de Ventas a Plazos y Compañías de

Financiamiento, 10 LPRA sec. 731 et seq., fue aprobada en el

1964 como estatuto general sobre ventas a plazos. Esta ley

dispone en el Artículo 202 (4) que:

     Todo contrato de ventas al por menor a plazos deberá
     contener el siguiente aviso:
     El cesionario que reciba o adquiera el presente
     contrato al por menor a plazos o un pagaré
     relacionado con éste, quedará sujeto en igualdad
     de condiciones a cualquier reclamación o
     defensa que el comprador pueda interponer en
     contra del vendedor. El cesionario del contrato
     tendrá derecho a presentar contra el vendedor todas
     las reclamaciones y defensas que el comprador pueda
     levantar contra el vendedor de los artículos o
     servicios.
10 LPRA sec. 742(4).

      Como vemos, en virtud del Artículo 202 (4) de la referida

Ley Núm. 68, ocurre una "relación tripartita" la cual dispone que

el cesionario del contrato (la entidad financiera) responderá en

igualdad de condiciones por cualquier reclamación que el

comprador pueda tener contra el vendedor original. 10 LPRA

sec. 742(4), Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales, supra, que cita

a Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc., 123 DPR 317, 328 (1989);

véase, además, R & J v DACo, 164 DPR 647, 655-656 (2005). Por

lo tanto, por la propia naturaleza de la relación tripartita la entidad
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financiera está en igualdad de condiciones que el comprador en

cuanto a las reclamaciones que puede levantar contra el

vendedor. Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales, supra.

      Ahora bien, el Artículo 209 (a) (3) de la Ley de Contratos de

Venta al Por Menor, relacionada a los derechos y deberes del

comprador y del vendedor indica que:

      Si el vendedor, no hubiere cumplido todas sus
      obligaciones para con usted, usted deberá notificarlo
      al cesionario, por escrito, mediante correo certificado
      con acuse de recibo, a la dirección indicada en este
      aviso, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en
      que tenga conocimiento de algún hecho que pueda dar
      lugar a una causa de acción o defensa que surja de la
      venta y que pudiera usted tener en contra del
      vendedor. 10 LPRA sec. 749(a)(3).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que el

propósito del referido artículo fue la de “proteger al cesionario de

un contrato de ventas a plazos de aquellas reclamaciones por

acciones de saneamiento por evicción o vicios ocultos”. Berríos v.

Tito Zambrana Auto, Inc., supra, pág. 335. En ese sentido, el

requisito de notificación no se activa cuando se trata de la “nulidad

por error sustancial o engaño doloso que vician el consentimiento

en su origen y afectan la perfección misma del contrato.” Berríos

v. Tito Zambrana Auto, Inc., supra, pág. 336.

      Dada la estrecha conexión funcional que existe entre el

contrato de venta y el de financiación-aunque mantienen su

independencia formal-, es fácil advertir que, bajo la situación

jurídica creada, la nulidad de pleno derecho del contrato original

lleva consigo la inexistencia del negocio de cesión de contrato ya

que carece del objeto. Íd.

                                 C.

      El Artículo 1287 del Código Civil, establece las Obligaciones

del vendedor. (31 LPRA sec. 9991), a saber:

       El vendedor está obligado a:
KLRA202400059

      (c) garantizar al comprador que el bien vendido tiene
      las cualidades prometidas y que está libre de defectos
      que disminuyen o destruyen su valor o la aptitud para
      su uso ordinario o convenido. Una disminución
      insignificante del valor o la aptitud no se toma en
      cuenta.

      Cuando un defecto principal se descubre dentro del
      período de la garantía, se presume que el defecto
      estaba ya presente en el momento que el riesgo pasó
      al comprador.

      La garantía se extiende durante el tiempo
      comprendido en el plazo de prescripción de la acción
      ejercitada por razón de la garantía o durante el tiempo
      que haya fijado el Departamento de Asuntos del
      Consumidor o cualquier otra agencia gubernamental;

      A su vez, el Artículo 1289 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 9993, provee para la Prescripción de las acciones de garantía.

Las acciones que surgen de la garantía del goce pacífico de la cosa

vendida se extinguen cuando el derecho del comprador queda

saneado por la usucapión. Las acciones que surgen de la garantía

del goce útil prescriben a los cuatro (4) años desde la entrega del

bien vendido si este es inmueble y a los seis (6) meses cuando

es un bien mueble. […]

                                D.

      Es norma reiterada que los tribunales apelativos debemos

conceder deferencia a las determinaciones de las agencias

administrativas, por razón de la experiencia y el conocimiento

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les han

delegado. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR __

(2023), 2023TSPR6, res. 25 de enero de 2023; Rolón Martínez v.

Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de

PR, 196 DPR 606, 626 (2016). Estos dictámenes cuentan con una

presunción de legalidad y corrección que subsiste mientras no se

produzca suficiente prueba para derrotarla. OEG v. Martínez

Giraud, 210 DPR 79, 89 (2022); Capó Cruz v. Jta. de Planificación

et al., 204 DPR 581 (2020); Torres Rivera v. Policía de PR, supra,
KLRA202400059                                                                     8

pág. 626; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215

(2012).

       Sobre las determinaciones de hechos de una agencia

administrativa, la parte que las impugna tiene el peso de la prueba

para demostrar que estas no están basadas en el expediente o

que    las   conclusiones      a    las   que   llegó      la     agencia       son

irrazonables. OEG        v.        Martínez     Giraud, supra; OCS                v.

Universal, 187 DPR 164, 178-179 (2012); González Segarra v.

CFSE, 188 DPR 252, 276-278 (2013).                    Así, pues, evidencia

sustancial ha sido definida jurisprudencialmente como aquella

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como

adecuada     para    sostener       una   conclusión. OEG             v.    Martínez

Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág.

216.

       En cuanto a las conclusiones de derecho estas serán

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. Véanse Sec. 4.5

de     la     LPAU, supra; Hernández             Feliciano             v.      Mun.

Quebradillas, supra; ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268,

281-282 (2020). Claro está, la revisión judicial no es equivalente

a una sustitución automática del criterio e interpretación del ente

administrativo. Hernández                 Feliciano              v.            Mun.

Quebradillas, supra; Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., supra,

pág. 591. Los tribunales deben darles peso y deferencia a las

interpretaciones     que      la agencia realice      de        aquellas       leyes

particulares que administra. Torres Rivera v. Policía de PR, 196

DPR 606, 627 (2016).               Aun en casos dudosos en que la

interpretación      de   la agencia no        sea la única razonable,             la

determinación de la agencia merece deferencia sustancial. JP,

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
KLRA202400059

      Así pues, la deferencia a la determinación de una agencia

administrativa cederá cuando: (1) no está basada en evidencia

sustancial; (2) el ente administrativo erró al aplicar o interpretar

las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado

administrar; (3) el organismo administrativo actuó de forma

arbitraria,   irrazonable    o   ilegal,   realizando   determinaciones

carentes de una base racional, o (4) cuando la actuación

administrativa         lesiona         derechos          constitucionales

fundamentales. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra;

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628.

                                   III.

      Popular Auto alegó que el auto de la querellante presentó

un fallo parcial en el cluster. Sostuvo que el problema era uno

intermitente al punto que desde la primera vez que se presentó

en junio de 2021, no requirió atención nuevamente hasta

noviembre de ese año y posteriormente hasta mayo del año

siguiente. Mencionó que la querellante no le comunicó a la parte

vendedora de los problemas con el cluster para que tuviera la

oportunidad de corregir el desperfecto, tal como lo requiere la

jurisprudencia.1      Sostiene que, por la falta de notificación al

vendedor, tampoco procede la acción solidaridad. Detalló que la

situación de diagnosticó en noviembre de 2021, no pudo

resolverse y en mayo de 2022 es que la Querellante le notificó a

Popular Auto. Finalmente, adujo que “la condición que presenta

el vehículo de la querellante surgió durante la vigencia de la

garantía del fabricante y evidentemente, no se atendió de forma

apropiada por la querellante ni por la entidad llamada a honrar

dicha garantía.”2 Evaluamos.

1
 Citando a Ford Motor Co. v. Benet, 106 DPR 232 (1977) y García Reyes v.
Cruz Auto Corp., supra.
2
  Revisión Judicial, pág. 6.
KLRA202400059                                                      10

      El 26 de enero de 2021 la señora Maritza Ayala Toro adquirió

un vehículo Chevrolet en A & G Holding y Popular Auto fue la

entidad financiera. Trascendió de los hechos que el 26 de junio

de 2021 la señora Ayala llevó el auto a reparar con la garantía del

fabricante. Allí se le informó que la unidad tenía problemas con

el cluster. Para noviembre de 2021 llevó el auto nuevamente a

garantía, le cambiaron la batería, pero el problema con el cluster

persistió. El 17 de mayo de 2022 el auto fue llevado nuevamente

a servicio y allí se le informó a la querellante que ya no tenía la

garantía con el cluster.3 La querellante no volvió a requerir servicio

de garantía al vendedor porque éste le indicó que Cabrera la

honraba.4

      Así las cosas, el 24 mayo de 2022 la señora Ayala Toro

presentó la querella en DACo y le notificó a Popular Auto por

correo certificado con acuse de recibo5.

      En esa acción, el perito de DACo revisó la unidad y

determinó que el costo de reparación era de $1,809.50. El DACo

decretó, luego de celebrada la audiencia, que el vendedor y la

entidad financiera Popular Auto eran responsables de forma

solidaria, en arreglar la unidad.

      Luego de revisar el expediente junto al derecho aplicable,

determinamos que la decisión recurrida es adecuada.

      El 26 de junio de 2021, la querellante llevó su auto a

arreglar y se le identificó un problema con el cluster. A esa fecha

aún estaba vigente el periodo de seis meses de garantía desde

que compró el vehículo en enero de 2021, a tenor con el Artículo

1289 del Código Civil, supra.         El inconveniente con el cluster

persistió en noviembre de 2021, así como el 17 de mayo de 2022.

3
  Véase determinaciones de hechos 8, 9 y 10, apéndice pág. 18.
4
  Id, determinación de hecho número 12 [sic] pág. 19.
5
  Id., determinación de hecho número 14, pág. 18.
KLRA202400059

Es esta última visita, le notificaron a la querellante que la situación

con el cluster ya no estaba en garantía.

      En vista de que el problema con el cluster fue detectado

inicialmente dentro del periodo de garantía, y este se extendió

luego de vencida la garantía, le correspondía al vendedor asumir

responsabilidad.     En estas circunstancias, el vendedor está

obligado a garantizar al comprador que el bien vendido tiene las

cualidades prometidas. Véase Artículo 1287 del Código Civil.

      En cuanto a la solidaridad de Popular Auto, el Artículo 202

(4) de la Ley de Contratos de Ventas, provee para que el

vendedor, así como la entidad financiera a la que se le cedió el

contrato, sean responsables en igual condición en caso de una

reclamación del comprador. Esto es, el cesionario del contrato (la

entidad financiera) responderá en igualdad de condiciones por

cualquier reclamación que el comprador pueda tener contra el

vendedor original. Véase Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales, supra.

      De manera que, Popular Auto, como cesionaria del contrato,

responde ante la persona que compra la unidad. Claro está, para

ello, el comprador tiene la obligación de notificarle a la entidad

financiera oportunamente. Para ello, el Artículo 209 (a) (3) de la

Ley de Contratos de Venta permite que, si el vendedor no cumple

con todas sus obligaciones, se le notifique al cesionario, por

escrito, mediante correo certificado con acuse de recibo, dentro

de los 20 días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de

algún hecho que pueda dar lugar a una causa de acción o defensa

que surja de la venta y que pudiera usted tener en contra del

vendedor.

      En este punto, el DACo otorgó responsabilidad solidaria de

Popular Auto y expresó que, “la querellante supo de su causa de

acción el 17 de mayo de 2022 cuando Cabrera le indicó que el
KLRA202400059                                                       12

auto no tenía garantía. Siete días luego, notificó a Popular Auto,

LLC, como acreedor financiero.        En consecuencia, responde en

solidaridad legal”.6

         En nuestra función revisora, validamos esta decisión pues,

en efecto, el 17 de mayo de 2022 se le notificó a la señora Ayala

Toro que el cluster no tenía garantía. A partir de esa fecha, la

consumidora disponía de 20 días para notificar a la entidad

financiera y así lo hizo el 24 de mayo de 2022. Habida cuenta de

ello es forzoso resolver que en este caso la responsabilidad de

Popular Auto ante el comprador va a subsistir.       Como el auto no

se pudo reparar, le corresponde al vendedor y al banco remediar

la situación, según el informe que rindió el inspector de DACo en

el que valoró la corrección del defecto en $1,809.50.

         Así pues, conforme a la doctrina de revisión judicial, del

expediente ante nuestra consideración no surge prueba alguna

que nos permita variar la determinación realizada por el DACo. La

parte recurrente Popular Auto tampoco demostró que la agencia

hubiese actuado de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Por

ello, procede confirmar la Resolución impugnada.

                                   IV.

         Por las razones antes expresadas, las que hacemos formar

parte de esta Sentencia, confirmamos la Resolución recurrida.

         Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

6
    Apéndice pág. 21.