Court Opinion

ID: 9941538
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:39.895736+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.668252
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

                                                           CERTIORARI
                                                           procedente del
ISABEL BURGOS y OTROS                                      Tribunal de
                                                           Primera
Recurridos                                                 Instancia, Sala
                                             KLCE202301298 Superior de
                v.                                         Guayama
MIGUEL COLÓN APONTE y
OTROS                                                                  Civil Núm.:
                                                                       GM2020CV00321
Peticionarios
                                                                       Sobre:
                                                                       División o
                                                                       Liquidación de la
                                                                       Comunidad de
                                                                       Bienes Hereditarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                    RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

        Comparece ante nos el Sr. Miguel A. Colón Aponte (Sr. Colón

o Peticionario) mediante un recurso de Certiorari, en el cual solicita

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Guayama (TPI), el 19 de octubre de 2023. En

dicho dictamen, el TPI declaró no ha lugar su solicitud de hogar

seguro.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos expedir el auto de certiorari.

                                              I.

        El presente caso inició el 16 de julio de 2020, cuando Isabel

Burgos, Leonides Pérez, Kydia Karina Burgos Cotto, Wilmenid

Burgos, Edwin Leo Burgos Jr., Faith Denisse Hernández Padilla, Leo

1
 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la Hon.
Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de Panel en sustitución del Hon. Ricardo G. Marrero
Guerrero.

Número Identificador
RES2024 ______________
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Omar Hernández, Shellimar Hernández Torres, Luis Gabriel

Hernández Roque y Luis Joel Hernández Roque, todos en su

condición de miembros de la Sucesión de la Sra. María Antonia Pérez

Rivera (en adelante, los Recurridos) presentaron una Demanda

sobre liquidación de comunidad hereditaria contra el Sr. Colón,

viudo de la Sra. María Antonia Pérez Rivera (la Causante). Alegaron

que, durante el matrimonio de la Causante y el Sr. Colón ambos

edificaron e hipotecaron una estructura ganancial en un solar

privativo del Sr. Colón en el Municipio de Guayama, Puerto Rico.

Los Recurridos alegaron que no deseaban continuar con la

comunidad existente entre las partes y que las gestiones

extrajudiciales     para    dividir    el    bien   común      han    resultado

infructuosas, por lo que pidieron que ésta se liquidase.

       El Sr. Colón presentó su Contestación a Demanda. Entre sus

defensas afirmativas, esbozó que había otorgado escritura de hogar

seguro sobre el inmueble objeto del presente pleito.

       Luego de varios trámites procesales, el 18 de julio de 2023, el

TPI dictó una Sentencia Sumaria Parcial2 en la que determinó que

no   existía   controversia      sobre      los   siguientes   hechos:   1)   el

codemandado Miguel A. Colón Aponte estuvo casado con la

causante María A. Pérez Rivera, madre y abuela de los demandantes;

2) durante la vigencia del matrimonio Colón-Pérez ambos edificaron

una estructura ganancial en un solar privativo del demandado

Miguel A. Colón Aponte; 3) el Registro de la Propiedad de Guayama

acredita la estructura descrita anteriormente como un inmueble

ganancial; 4) la dirección física de tal propiedad y el solar donde

enclava la misma es la Calle Vicente Palés, Esquina Tetuán 108 en

Guayama, Puerto Rico; y 5) la propiedad inmueble así descrita e

2 Véase, Alegato en oposición de los Recurridos, Ap. 2, págs. 7-13.
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identificada consiste de un edificio de apartamentos de los cuales se

percibe un canon de renta mensual.

      No obstante, el TPI determinó que existía controversia sobre

los siguientes hechos: 1) la determinación sobre la cuantía de las

rentas que ha generado y genera la propiedad en controversia; 2) la

adjudicación final entre las partes de los frutos que ha producido y

produce el bien común a raíz del arrendamiento de las unidades o

apartamentos individuales; 3) la existencia de cualquier crédito a

beneficio de cualquiera de las partes ya sea por el cobro de rentas

no distribuidas entre los comuneros o la realización de mejoras u

obras de mantenimiento a la propiedad común, si algunas; y 4) el

valor de tasación de la estructura ganancial sujeta a división y el

solar privativo donde enclava la edificación.

      Posteriormente, el 29 de agosto de 2023, el Sr. Colón presentó

una Moción en Torno a Hogar Seguro. Por efecto de lo dispuesto en

la Ley Núm. 195-2011, según enmendada, conocida como la Ley del

Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar (Ley

Núm. 195-2011), infra, reclamó su derecho a hogar seguro sobre la

referida propiedad pues adujo que era su vivienda “durante casi toda

su vida y quien además cuenta 87 años de edad y está

esencialmente ciego”. Anejó la Escritura Núm. 12 sobre Acta sobre

Reconocimiento de Hogar Seguro, otorgada ante el notario Heriberto

Colón Rosario, el 13 de febrero de 2018, y evidencia de que dicha

escritura fue presentada ante el Registro de la Propiedad el 15 de

febrero de 2018, Asiento 2018-012913-GA01. Por último, solicitó al

TPI que decrete que su derecho de hogar seguro prima sobre el

derecho de liquidación y adjudicación de la comunidad hereditaria;

se difiera la liquidación y adjudicación del inmueble en controversia;

y emita cualquier otra medida que armonice los intereses de los

involucrados en la presente controversia.
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      Por su parte, los Recurridos presentaron una Moción en

Reacción a Solicitud de Hogar Seguro. Negaron la aplicación de la Ley

Núm. 195-2011, pues ella únicamente aplica a propiedades

inmuebles que le pertenezcan al individuo siempre y cuando sean

utilizadas exclusivamente como residencia principal. En este caso,

el inmueble en controversia no le pertenece al Sr. Colón en carácter

de vivienda principal, pues esta le pertenece a una comunidad

hereditaria. Alegaron que, tampoco aplica la Ley Núm. 195-2011,

pues esta persigue proteger a propiedades residenciales y no a las

propiedades comerciales como la que nos ocupa. A su vez, anejaron

una tasación comercial realizada a la propiedad.

      Mediante Resolución emitida el 19 de octubre de 2023, el TPI

declaró No Ha Lugar la Moción en Torno a Hogar Seguro presentada

por el Sr. Colón. Concluyó que “las Protecciones brindadas por la

Ley Núm. 195-2011 son accionables contra terceros, entiéndase,

acreedores o demandantes en acciones distintas a la de epígrafe. Por

lo que, no procede ningún reclamo de Hogar Seguro contra la

Comunidad Hereditaria”.

      Inconforme, el 21 de noviembre de 2023, el Sr. Colón instó el

presente recurso de Certiorari en el que le imputa al TPI la comisión

de los siguientes errores:

     1. Incurrió en error el TPI al no reconocer que el derecho
        a hogar seguro prima sobre el derecho de los
        recurridos a la partición de herencia.

     2. Incidió el TPI al no diferir la partición del inmueble y,
        como medida paliativa, que se disponga, conforme a
        las disposiciones del derecho hereditario, de las
        rentas que generan los apartamentos que conforman
        dicho inmueble.

      El 9 de enero de 2024, los Recurridos presentaron su alegato

en oposición. En esencia, reiteraron la corrección del dictamen

recurrido. Evaluados los planteamientos de las partes, disponemos

de la controversia que nos ocupa.
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                                  II.

                                  A.

      El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario

mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede corregir un

error de derecho cometido por un tribunal inferior. IG Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Se trata de un recurso

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de

guía al momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto.

Íd. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el recurso de

certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1.

      En específico, la Regla 52.1, supra, establece que este foro

apelativo expedirá el recurso de certiorari para resolver resoluciones

u órdenes interlocutorias dictadas cuando se recurre de una

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57

(Injunction) de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una moción

de carácter dispositivo. Sin embargo, y por excepción, el Tribunal

de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de:

(a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c)

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos

que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su

decisión. […]

      De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por

el foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al
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recurso de apelación, ante un recurso de certiorari, el tribunal tiene

discreción para atender el asunto planteado. Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De León,

176 DPR 913 (2009). Esta discreción ha sido definida como una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,

189 DPR 414, 435 (2013). No significa poder actuar en una forma u

otra haciendo abstracción del resto del Derecho, pues ello

ciertamente constituiría un abuso de discreción. Íd.; Torres v. Junta

de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que

este foro considerará para determinar si expedimos o no un auto de

certiorari. Estos son los siguientes:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos son contrarios a
      derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración, más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

                                  B.

      El derecho a hogar seguro procura que todo ciudadano posea

una “protección básica ante el riesgo de ejecución de una sentencia

en contra de su residencia”. Money’s People, Inc. v. López Llanos,
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202 DPR 889, 902 (2019). Este derecho constituye una limitación a

la responsabilidad universal del deudor. Íd. En consecuencia, “a

pesar de que un deudor responde con todos sus bienes presentes y

futuros en el cumplimiento de sus obligaciones”, la protección de

hogar seguro “tiene el efecto de insular parte de su patrimonio y

removerlo del tráfico comercial en el cobro de ciertas obligaciones”.

Íd. (Notas al calce omitidas).

      Aunque la legislación anterior en nuestro ordenamiento

reconocía el derecho a hogar seguro, con la aprobación de la Ley

Núm. 195-2011 se amplió inequívocamente la protección de hogar

seguro que hasta ese momento estaba disponible. En particular, la

ley estableció que “[t]odo individuo o jefe de familia, domiciliado en

Puerto Rico, tendrá derecho a poseer y disfrutar, en concepto de

hogar seguro, una finca consistente en un predio de terreno y la

estructura enclavada en el mismo, o una residencia bajo el régimen

de la Ley de Condominios que le pertenezca o posea legalmente, y

estuviere ocupado por éste o por su familia exclusivamente como

residencia principal”. (Énfasis suplido). Art. 3 de la Ley Núm. 195-

2011, 31 LPRA sec. 1858.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) interpretó que ese

lenguaje refleja una clara intención legislativa “de crear un derecho

individual en cuanto al hogar seguro, pero limitándolo solamente a

aquella propiedad que sea utilizada por el titular como su residencia

principal”. (Énfasis en el original). Rivera García v. Registradora,

supra, a la pág. 637.

      La propiedad designada hogar seguro quedará protegida “de

embargo, sentencia o ejecución ejercitada para el pago de todas las

deudas, excepto las deudas reconocidas como excepciones en la sec.

1858a de este título”. Art. 5 de la ley Núm. 195-2011, 31 LPRA sec.

1858b. Sin embargo, el TSPR ha expresado que el derecho a hogar

seguro no es absoluto, y está sujeto a varias excepciones
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enumeradas en el Artículo 4 de la Ley Núm. 195-2011. Rivera García

v. Registradora, supra, a la pág. 637. Dicho artículo establece que

se considerará renunciado el derecho a hogar seguro en casos: (a)

donde una hipoteca grave la propiedad protegida; (b) de cobro de

contribuciones estatales y federales; (c) donde se le deban pagos a

contratistas para reparaciones de la propiedad protegida; (d) donde

aplique el Código de Quiebras Federal; y (e) donde hayan préstamos,

hipotecas, contratos refaccionarios y pagarés constituidos a favor de

o asegurados u otorgados por agencias y entidades que enumera la

ley. 31 LPRA sec. 1858a. Salvo en dichos casos, la propiedad

quedará protegida “de ser embargada o ejecutada como pago de toda

deuda”, insertándose este derecho en escenarios entre acreedores y

deudores. Rivera García v. Registradora, supra, a la pág. 637.

      Por otro lado, si bien es cierto que la protección de hogar

seguro es un derecho personal, una vez el individuo titular de la

propiedad lo reclama, dicho derecho tiene acceso al Registro y así

“adquiere una dimensión real y otra erga omnes”. Rivera García v.

Registradora, supra, a la pág. 639. Por un lado, surte un efecto real

sobre la finca pues, en el Registro, ésta recibe una anotación

marginal y por otra parte, la propiedad en cuestión queda removida

del tráfico comercial y fuera del alcance de los acreedores, salvo las

referidas excepciones. Íd.

      El Artículo 9 de La Ley Núm. 195-2011, 31 LPRA sec. 1858f,

contempla dos formas mediante las que la persona propietaria

puede reclamar su derecho a hogar seguro, siendo la primera al

momento de adquirir la propiedad en cuestión, haciéndolo constar

en el título correspondiente. Íd., a la pág. 640. El otro modo se refiere

a aquellas instancias en que “la finca estuviere ya inscrita a nombre

de dicho individuo o jefe de familia, bastará que el propietario o

propietarios de la finca otorgue(n) un acta ante notario público,

donde se haga constar que la finca tiene carácter de hogar seguro,
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para que el Registrador de la Propiedad consigne tal carácter en nota

marginal de la inscripción correspondiente”. (Énfasis en el original).

Íd.

      Ahora bien, en los casos de muerte, abandono o divorcio, el

Artículo 6 de la citada ley establece, en lo pertinente, que:

      La protección establecida en [el Artículo 5 de la Ley
      Núm. 195-2011] subsistirá después de la muerte de
      uno de los cónyuges a beneficio del cónyuge supérstite
      mientras éste continúe ocupando dicho hogar seguro,
      […]. 31 LPRA sec. 1858c.

      No obstante, en el caso de Rivera García v. Registrador, supra,

el TSPR interpretó el derecho de hogar seguro de una viuda en el

contexto de una comunidad hereditaria, comunidad a la que resaltó

“le aplican ‘las disposiciones generales sobre comunidad de bienes

que sean compatibles con el carácter universal de este tipo de

comunidad”. Íd., a la pág. 642; Vega Montoya v. Registrador, 179

DPR 80, 88 (2010). Luego de indicar que “el derecho de los titulares

sujetos a una comunidad de bienes no es de tal extensión como el

de un titular individual”, el TSPR concluyó que la ley exigía que “en

casos de propiedades con más de un dueño, todos los propietarios

comparezcan a la autorización del Acta Notarial que reclama la

anotación del derecho a hogar seguro”. Rivera García v. Registrador,

supra, a las págs. 642-643.

      Sin duda, la Asamblea Legislativa entendió que el efecto de

dicha decisión era que “el cónyuge supérstite pierde su derecho de

hogar seguro si los coherederos no desean o no pueden utilizar la

propiedad de la comunidad hereditaria como su residencia

principal; o que los coherederos pierdan el derecho a hogar seguro

sobre sus respectivas residencias principales para poder hacer valer

el derecho a hogar seguro de su madre o padre”. Véase, Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 64-2018. Al considerar que la

interpretación esbozada en dicho caso trastocaba la intención

legislativa de proteger al cónyuge supérstite mientras éste ocupase
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la propiedad designada como hogar seguro, aun si ese derecho no

estaba inscrito en el Registro, la Asamblea legislativa aprobó la Ley

Núm. 64-2018. Mediante ésta, se reiteró la protección del cónyuge

supérstite y se enmendó el Artículo 9 para que estableciese que:

      En los casos donde la finca estuviere ya inscrita a
      nombre de dicho individuo o jefe de familia, bastará que
      el propietario o propietarios de la finca otorgue(n) un
      Acta ante Notario Público, [...]. Asimismo, en el caso de
      la residencia principal del cónyuge supérstite, éste
      podrá comparecer para la anotación de la constancia
      registral del carácter de hogar seguro de la propiedad,
      sin la comparecencia de los herederos titulares de la
      propiedad. Dicha protección cobijará la propiedad
      contra todo reclamante, excepto las deudas reconocidas
      en el Artículo 4 de esta Ley, mientras permanezca el
      carácter de residencia principal para el cónyuge
      supérstite. (Énfasis suplido).

                                 III.

      En su recurso, el Peticionario plantea que el TPI incidió al no

reconocer su derecho a hogar seguro sobre el derecho de los

Recurridos a requerir la división del inmueble en controversia. Sin

embargo, a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, declinamos

intervenir con la decisión recurrida, por considerarla razonable.

Veamos.

      En cuanto a la denegatoria de la solicitud instada por el

Peticionario para reclamar su derecho de hogar seguro, el TPI

fundamentó su determinación en lo dispuesto en el Artículo 5 de la

Ley Núm. 195-2011, supra. En lo pertinente, la referida disposición

establece taxativamente que el derecho a hogar seguro protege

aquellos inmuebles que sirven de residencias principales contra

embargos, sentencias o ejecuciones ejercitadas para el pago algunas

deudas. Es decir, en el referido estatuto lo que se protege es la

vivienda principal del deudor en una relación crediticia con el

acreedor para evitar que la propiedad sea embargada o ejecutada

como pago de una deuda. Sin embargo, ese no es el caso aquí, pues

las partes son miembros de una comunidad hereditaria. En otras
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palabras, el derecho a hogar seguro es oponible a terceros y no

comuneros.

      En consecuencia, no procede que intervengamos con la

determinación del TPI. Debido al resultado que hemos llegado,

resulta innecesario analizar el restante señalamiento de error.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se deniega expedir el

auto de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones