Court Opinion

ID: 9941748
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 20:16:29.354633+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:59.422930
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

  Cooperativa de Ahorro y Crédito de
               Isabela
                                                  Recurso
               Recurrente                       Gubernativo

                    v.                          2024 TSPR 11

 Hon. José A. Maymó Azize, Registrador          213 DPR ___
 de la Propiedad Sección de Arecibo II

                Recurrido

Número del Caso:   RG-2023-0001

Fecha:   9 de febrero de 2024

Abogado de la parte recurrente:

     Lcdo. Carlos Alberto Vega Valentín

Registrador de la Propiedad:

     Hon. José A. Maymó Azize

Materia: Derecho Registral – Pago de aranceles al Registro de la
Propiedad para inscribir una escritura sobre cancelación de
hipoteca luego de que un socio cooperativista saldó el préstamo
hipotecario otorgado por una cooperativa.

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                EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa   de   Ahorro             y
Crédito de Isabela

           Recurrente

                   v.                      RG-2023-0001       Recurso
                                                              Gubernativo
Hon. José A. Maymó Azize,
Registrador de la Propiedad
Sección de Arecibo II

              Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

         En esta ocasión tenemos la oportunidad de resolver

si corresponde el pago de aranceles al Registro de la

Propiedad,       cuando    se    pretende    inscribir      una    escritura

sobre    cancelación       de    hipoteca    luego    de    que    un   socio

cooperativista saldó el préstamo hipotecario otorgado por

una cooperativa.

         Por los fundamentos que expondremos más adelante,

contestamos la interrogante en la afirmativa.

                                      I

         Este    caso     se    originó    cuando    la    Cooperativa      de

Ahorro    y     Crédito    de    Isabela    (Cooperativa)         otorgó    la

Escritura       Núm.349    sobre    cancelación      de    hipoteca.       Como

único otorgante compareció la Cooperativa representada por
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el Sr. Carlos F. Bonilla Rosa, quien ostentaba el aval de

la Junta de Directores de la Cooperativa para fungir como

su representante. El Lcdo. Carlos A. Vega Valentín fue el

funcionario       a   cargo     de    notarizar        el    instrumento.

Posteriormente, la Escritura Núm.349 sobre cancelación de

hipoteca junto al pagaré cancelado fueron presentados en

el Registro de la Propiedad, Sección de Arecibo II, a los

fines de lograr la inscripción correspondiente.1

       No    obstante,     el    12    de   octubre         de   2022,     el

Registrador de la Propiedad, Hon. José A. Maymó Azize,

remitió     una   Carta   de    Notificación      al    licenciado       Vega

Valentín     sobre    falta     de    aranceles        en   el   documento

presentado. En específico, el Registrador de la Propiedad

notificó lo siguiente:

       El   documento   presentado    devenga   para   su
       presentación,    $15.00    en    comprobante    de
       presentación (5121) y, para su inscripción,
       $258.00 en comprobante de inscripción (5111),
       además de 0.50 centavos que dispone el Código
       Político, y no se consignó comprobante ni arancel
       alguno; por lo que falta un comprobante de
       presentación (5121) por la cantidad de $15.00; un
       comprobante de inscripción (5111) por la cantidad
       de $258.00; y el sello de 0.50 centavos de Rentas
       Internas   para   completar    los   derechos   de
       inscripción del documento en cuestión. Art. 1 de
       la Ley Núm. 91 de 30 de agosto de 1970, según
       enmendada, conocida como “Ley del Arancel de los
       Derechos que se han de Pagar por las Operaciones
       en el Registro de la Propiedad” (30 L.P.R.A 1767);
       Art. 262 de la Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de
       2015, según enmendada, conocida como “Ley del
       Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado
       Libre Asociado de Puerto Rico” (30 L.P.R.A Sec.
       6435).

1 La Escritura Núm.349 sobre cancelación de hipoteca fue presentada
al asiento número 2021-164873-AR02. Véase Recibo de presentación,
Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. 8.
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         Además, la copia certificada debe cancelar sellos
         de conformidad a la Sección 2 de la Ley Núm. 101
         de 12 de mayo de 1943, según enmendada, conocida
         como “Ley de Arancel Notarial” (4 L.P.R.A. 851).

         La exención contributiva provista por el Art. 6.08
         de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002, según
         enmendada, conocida como “Ley de Sociedades
         Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, a favor
         de las cooperativas, solo aplica cuando los
         documentos presentados para inscripción, o sea el
         negocio jurídico que se pretende inscribir, sea a
         favor de las cooperativas y sus subsidiarios, y no
         a terceras personas que negocian con ellas. La
         exención contributiva registral solo aplica cuando
         los documentos presentados para su inscripción en
         el Registro sean a favor de las cooperativas y sus
         subsidiarias. Véase, además, Cooperativa de Ahorro
         y Crédito San Blas de Illescas v. Purcell Soler,
         Registrador de la Propiedad, 201 DPR 544 (2018).2

         En    desacuerdo,     la    Cooperativa,        a     través      del

licenciado       Vega    Valentín,      presentó       el      Escrito      de

Recalificación          correspondiente.3         En         resumen,       la

Cooperativa      argumentó     que    estaba    exenta       del    pago   de

aranceles. Para sustentar su posición, citó el Art. 6.08

(3) de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002, a saber:

         (3) Las cooperativas y sus subsidiarias o
         afiliadas estarán exentas del pago de derechos,
         arbitrios o aranceles estatales o municipales,
         incluyendo el pago de cargos por licencias,
         patentes, permisos y registros, del pago de
         cargos, derechos, sellos o comprobantes de
         rentas internas relativos al otorgamiento de
         toda clase de documentos públicos y privados,
         del   pago   de   cargos,   derechos,    sellos   o
         comprobantes de rentas internas relativos a la
         inscripción de los mismos en el Registro de la
         Propiedad o cualquier otro registro público u
         oficina gubernamental y del pago de cargos,
         derechos,   sellos   o  comprobantes    de   rentas
         internas   relativos    a    la    expedición    de
         certificaciones por dichos registros o por
         cualquier    otra   oficina    gubernamental. Las

2   Carta de Notificación, Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. 9.

3  Escrito de     Recalificación,    Apéndice   del    Recurso     Gubernativo
págs.11-13.
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        cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas
        estarán exentas, además, del pago de cargos,
        derechos,   sellos  o   comprobantes  de   rentas
        internas, arbitrios o aranceles requeridos en el
        Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o
        por    cualquier    agencia,    instrumentalidad,
        corporación pública del Estado Libre Asociado de
        Puerto Rico o cualquier subdivisión política de
        éste.4

        Así, la Cooperativa argumentó que los Registros de

la Propiedad han adoptado por décadas que la disposición

antes citada exime del pago de aranceles cuando se trata

de cualquier documento donde el otorgante o compareciente

fuera   una    cooperativa     debidamente    organizada   bajo     las

leyes de Puerto Rico. En particular, la Cooperativa le

solicitó      al   Registrador   de   la     Propiedad   que   tomara

conocimiento       de   las   constancias    del   Registro    de    la

Propiedad en general y, del propio Registro de Arecibo,

Sección II para que notara que esa es la interpretación a

la norma allí aplicada. Es decir, que el estado de derecho

siempre ha sido a favor de la exención.

        La Cooperativa, sostuvo, además, que la Oficina de

Inspección de Notarías (ODIN) también avala la exención,

toda vez que nunca le han indicado que cancele sellos en

los documentos donde la Cooperativa comparece. Por último,

la Cooperativa argumentó que como mínimo este cambio en la

interpretación del Registrador de la Propiedad debía ser

prospectiva y no retroactiva.

4 Art. 6.8 (3) de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002, 7 LPRA
sec. 1366g.
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         Posteriormente,         el    Registrador        de    la     Propiedad

denegó     el    Escrito    de       Recalificación       bajo       los     mismos

fundamentos esbozados en la Carta de Notificación.5

         Inconforme,       la   Cooperativa       acude     ante      este        Foro

mediante    la    presentación         de    un   Recurso      Gubernativo             y

objeta la determinación del Registrador de la Propiedad en

el que este concluyó que la Cooperativa no estaba exenta

de cancelar los sellos correspondientes. Contrario a ello,

la Cooperativa argumenta que aplica la exención del pago

de aranceles de inscripción en aquellos negocios jurídicos

donde el otorgante o compareciente sea una cooperativa,

según     dispone    la     Ley       Núm.   255-2002.         Añade        que    la

denegatoria del Registrador de la Propiedad contradice la

práctica registral en Puerto Rico desde la vigencia de la

citada Ley y que, además, contrasta con los requerimientos

de la ODIN en los procesos de inspección de los protocolos

notariales.6 A su vez, la Cooperativa argumenta que el

Registrador de la Propiedad no tiene razón al fundamentar

su posición mediante el caso de Cooperativa de Ahorro y

Crédito San Blas de Illescas v. Purcell Soler, supra.

5 Denegatoria de Escrito        de    Recalificación,   Apéndice      del    Recurso
Gubernativo pág.14.

6 En específico, la Cooperativa nos informa que el Lcdo. Carlos A.
Vega   Valentín  (notario   autorizante   de  la   Escritura   Núm.349
sobre cancelación de hipoteca) ha ejercido su práctica notarial
por más de tres décadas y que, consecuentemente, ha autorizado un
volumen significativo de escrituras públicas donde el compareciente u
otorgante es una Cooperativa o su socio y que nunca un Registrador de
la Propiedad le ha requerido el pago de los aranceles de presentación
e inscripción ni el sello del Código Político. A su vez,
la Cooperativa explica que tampoco la ODIN le ha señalado deficiencia
arancelaria   alguna   al   notario.   Véase,  Recurso    Gubernativo,
págs. 10-11.
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           Así, la Cooperativa argumenta que es acreedora de

la exención contributiva, pues como poseedora por endoso

del    pagaré         emitido      a   su    favor,    la   inscripción              de   la

cancelación de la hipoteca le beneficia.

           Presentado el Recurso Gubernativo, el Registrador

de    la     Propiedad            compareció      mediante          una        Moción     en

cumplimiento con el Art. 245 de la Ley 210-2015, “Ley del

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre

Asociado         de     Puerto         Rico”     y     anejó        los        siguientes

documentos: (1) el Escrito de Recalificación, (2) la copia

de    la    imagen      del     documento       recibida       en    el       Registro        y

certificada           por    el    notario      como    idéntica          a     la   copia

certificada            en     papel         regular,    (3)         el        Recibo      de

Presentación, (4) la Carta de Notificación de faltas y (5)

la    Carta       de        Notificación        denegando           el     Escrito        de

Recalificación.             Además,     el     Registrador      de       la     Propiedad

añadió que de conformidad con lo resuelto en FirstBank v.

Registradora,208 DPR 64 (2021), no incluyeron la copia

física original del documento presentado en el Registro de

la Propiedad y hacen la salvedad de que fue presentado

personalmente, pero procesado vía el sistema Karibe.

           Así    las       cosas,     el    Registrador        de       la     Propiedad

presentó         su     alegato.       En     particular,       reitera           que     la

Cooperativa no está exenta del pago de derechos en el

Registro de la Propiedad, porque según lo resuelto en

Cooperativa de Ahorro y Crédito v. Purcell Soler, supra,

la     exención          contributiva           provista       en         la     Ley      de
RG-2023-0001                                                                          7

Cooperativas          no     es        susceptible        de    transferencia             o

extensible a tercero y que, además, la exención aplica

solamente          cuando    el    negocio      jurídico        que   se      pretende

inscribir en el Registro de la Propiedad sea a favor de la

Cooperativa.

         El    Registrador         de    la    Propiedad        argumenta       que   la

cancelación          de     la    hipoteca      no    configura          un    negocio

jurídico a favor de la Cooperativa, por lo que no activa

la exención contributiva a su favor. Esto es así, toda vez

que la parte que se beneficia de la cancelación es el

titular       de    la    propiedad,       pues      se   elimina     un      gravamen

hipotecario registralmente inscrito. Consecuentemente, el

Registrador de la Propiedad argumenta que quien fue el

acreedor hipotecario pierde todo interés en el gravamen.

Sostiene que una vez se satisfizo la obligación principal

(pagaré), se extinguió la hipoteca y, por consiguiente,

solo     resta       ajustar      el     contenido        del    Registro       de    la

Propiedad a la realidad pública extra registral.

         Por último, el Registrador de la Propiedad entiende

que no puede considerarse una alegación a favor de la

Cooperativa el mero hecho de que esta ha comparecido a

escrituras en las que no se le ha requerido la cancelación

de los sellos ni tampoco el hecho de que no ha tenido

señalamientos por parte de la ODIN. Así, el Registrador de

la Propiedad explica que con alta probabilidad antes de la

decisión       de     Cooperativa         v.    Purcell,        supra,        inscribió

alguna     transacción            de    compraventa        sin     los        aranceles
RG-2023-0001                                                                             8

correspondientes por estar bajo el entendido de que le

aplicaba la exención. No obstante, el Registrador de la

Propiedad argumenta que ello no fue óbice para que en el

citado      caso       este      Foro    mantuviera            la     denegatoria         de

inscripción y emitiera su Opinión.

         Con      el    beneficio        de        la    comparecencia         de     ambas

partes, procedemos a resolver, no sin antes exponer el

derecho aplicable.

                                              II

A. El Recurso Gubernativo

         El Art. 3.002(h) de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA

sec.     24s,     y    la    Regla      27    del        Reglamento     del       Tribunal

Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, otorgan jurisdicción a este

Foro para atender los recursos gubernativos que persiguen

revisar      la       calificación           final       del    Registrador         de    la

Propiedad         ante      la    denegatoria             de    una     solicitud         de

asiento.7 Sobre los requisitos del recurso gubernativo,

nótese     que        los    cuerpos         normativos        antes        citados      nos

remiten a la derogada Ley Hipotecaria y del Registro de la

Propiedad.8        Sin      embargo,     como           esta   ley    fue    derogada        y

sustituida por la actual Ley Núm. 210-2015, conocida como

la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto

Rico (nueva Ley Hipotecaria), 30 LPRA sec. 6001 et seq.,

los     requisitos          estatutarios           para    presentar         un   recurso

7 Firstbank Puerto Rico v. Registradora de la Propiedad, 208 DPR 64,
77-78 (2021); Oriental Bank v. Registrador de la Propiedad, 209 DPR
384,390-391 (2022).

8   30 LPRA sec. 2001, et seq. (derogada).
RG-2023-0001                                                         9

gubernativo se encuentran en la nueva Ley Hipotecaria y su

Reglamento.

B. Los aranceles

          Cuando se trata de aranceles nos referimos a las

tarifas oficiales que fijan los derechos que se han de

pagar en varios sectores, como el de costas judiciales,

notariales, aduana, vehículos de motor, pasaportes, etc.9

En particular, la Ley Núm. 91 de 30 de agosto de 1970,

conocida como la Ley del Arancel de los Derechos que se

han de Pagar por las Operaciones en el Registro de la

Propiedad, 30 LPRA 1767a et seq. (Ley de aranceles) es la

fuente legal que fija los aranceles a pagarse por las

operaciones en el Registro de la Propiedad.10 La Ley de

aranceles es un estatuto tributario y, consecuentemente,

los aranceles tienen carácter de contribución.11

        El Art. 4 de la Ley de aranceles, 30 LPRA sec. 1767d,

dispone que no se aceptará para la presentación en el

Registro de la Propiedad ningún documento que no acompañe

los comprobantes correspondientes de pago del total de los

derechos devengados. No obstante, existen instancias en

donde no se tendrá que cancelar el arancel, esto ante la

existencia de una exención contributiva.

        En particular, la Ley Núm. 255-2002, conocida como la

Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito (Ley de

9 I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 2da ed., San
Juan, Ed. LexisNexis, 1985, pág. 18.

10   Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 552, 536-537 (2009).

11   Íd.; Díaz v. Registrador, 107 DPR 233, 238 (1978).
RG-2023-0001                                                               10

Cooperativas), tiene como propósito fomentar la incursión

de      las    cooperativas        en    el     mercado       de    servicios

financieros.         Esto    es,        adelantando,        promoviendo     y

facilitando la integración del sector de ahorro y crédito

cooperativo,        especialmente,       a    través   de    estructuras   de

integración operacional.12

        La    Ley   de   Cooperativas        establece      una    disposición

sobre exenciones contributivas. En lo pertinente, el Art.

6.08(a)3) dispone lo siguiente:

              (3)Las cooperativas y sus subsidiarias o
        afiliadas estarán exentas del pago de derechos,
        arbitrios o aranceles estatales o municipales,
        incluyendo el pago de cargos por licencias,
        patentes, permisos y registros, del pago de
        cargos, derechos, sellos o comprobantes de
        rentas internas relativos al otorgamiento de
        toda clase de documentos públicos y privados,
        del   pago   de   cargos,   derechos,     sellos   o
        comprobantes de rentas internas relativos a la
        inscripción de los mismos en el Registro de la
        Propiedad o cualquier otro registro público u
        oficina gubernamental y del pago de cargos,
        derechos,   sellos   o   comprobantes    de   rentas
        internas   relativos     a    la    expedición    de
        certificaciones por dichos registros o por
        cualquier   otra    oficina    gubernamental.    Las
        cooperativas y sus subsidiarias o afiliadas
        estarán exentas, además, del pago de cargos,
        derechos,   sellos   o   comprobantes    de   rentas
        internas, arbitrios o aranceles requeridos en el
        Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o
        por    cualquier     agencia,     instrumentalidad,
        corporación pública del Estado Libre Asociado de
        Puerto Rico o cualquier subdivisión política de
        éste. (Énfasis nuestro).13

12   Exposición de Motivos de la Ley Núm. 255-2002.

13Art. 6.08(a)(3) de La Ley Núm. 255-2002, 7 LPRA sec. 1366g. Véase,
además, la Sec.14(a) del Reglamento de la Ley de Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, Reglamento del Departamento
de Estado Núm.7051 de 10 de noviembre de 2005, pág. 101.
RG-2023-0001                                                                              11

           A su vez, la Ley Núm. 114 de 12 de julio de 1960,

conocida           como    la    Ley    para        Eximir     a    las    Sociedades

Cooperativas del Pago de Aranceles en el Registro de la

Propiedad de Puerto Rico, releva a las cooperativas del

pago        de     toda    clase       de    derechos         de    presentación           e

inscripción          de    documentos         y     demás     operaciones           en    el

Registro de la Propiedad.14 De igual manera, la Ley Núm.

114, supra, exime a las cooperativas del pago del arancel

notarial cuando se trata de disponer, gravar o enajenar

sus bienes, así como en toda contratación con sus socios

relacionada a los fines para los cuales se haya organizado

tal sociedad cooperativa.15

           Sobre    las    exenciones         contributivas,          este     Foro       ha

establecido          que    no    deben      interpretarse          extensivamente,

sino de forma restrictiva.16 Entiéndase, a favor de la

inexistencia de la exención.17 Ello es así, porque son

concesiones           legislativas           para    desviarse        de      la     norma

tributaria general.18              No obstante, deben interpretarse de

manera que no frustre la intención legislativa.19

            Al     respecto,     en     el    caso     de     Coop.    San     Blas       v.

Registrador, supra, tuvimos la oportunidad de resolver si

14   Ley Núm. 114 de 12 de julio de 1960, 30 LPRA sec.1770d.

15   Íd.

16   Coop. San Blas v. Registrador, 201 DPR 544, 558 (2018).

17   Íd.

18   Íd.

19  Íd. Véase, además,     Servicios                Legales    de    Puerto        Rico   v.
Registradora,2023 TSPR 18.
RG-2023-0001                                                                         12

la exención estatuida en la Ley de Sociedades Cooperativas

y en la Ley de Aranceles Registrales exime del pago de

arancel a un tercero cuando presenta en el Registro de la

Propiedad una escritura de compraventa mediante la cual

adquirió un inmueble de la Cooperativa de la cual es socio

cooperativista.20           En        esa    ocasión,        contestamos              la

interrogante en la negativa. En particular, allí evaluamos

el negocio jurídico de compraventa de un inmueble entre un

socio de la cooperativa como comprador y la cooperativa

como     parte    vendedora.         El   razonamiento      del     Tribunal         fue

dirigido      a    que     “las       exenciones        relacionadas          con    los

aranceles         notariales         aplica[n]      exclusivamente             a     las

cooperativas          y   no     a     quienes     negocian        con        estas”.21

Consecuentemente,          el     Tribunal       hizo    hincapié        en    que    la

exención      “solo       está       disponible     para     las    cooperativas

cuando inscriben un negocio a su favor”.

          Así, allí concluimos lo siguiente:

                [L]a Ley de Cooperativas y la Ley de
          Aranceles    Registrales    están   huérfanas    de
          expresión alguna indicativa de que su propósito
          haya sido proveerle a toda persona que haga
          negocios   con   una   cooperativa   el   derecho a
          beneficiarse    de   una   exención    contributiva
          registral que se le concedió a las cooperativas
          por gracia del Estado. A fin de cuentas, el
          propósito de una exención es favorecer la
          inscripción de bienes inmuebles a favor de las
          cooperativas    como    mecanismo    que    permite
          desarrollar el potencial adquisitivo de estas
          entidades y, de esta forma, su inserción en el

20   Coop.San Blas v. Registrador, supra, pág. 548.

21   Íd., pág. 564.
RG-2023-0001                                                                                 13

          mercado.   Cobijar  a   un  tercero   con   dicha
          extensión en nada abona a ese claro objetivo.22

                                               III

          Como mencionáramos, debemos resolver si, para que

la     Escritura          Núm.      349    sobre       cancelación          de     hipoteca

alcance la inscripción en el Registro de la Propiedad,

procede el pago de los aranceles que señaló el Registrador

de la Propiedad en la Carta de Notificación. Concluimos

que sí. Veamos.

          La    Cooperativa          argumenta             que,    de    acuerdo       con   la

exención estatuida en la Ley de Cooperativas, no tiene que

pagar sello alguno para lograr acceso al Registro de la

Propiedad. Por su parte, el Registrador de la Propiedad

sostiene        que   procede         la       cancelación          de    los     aranceles

señalados.

          Nótese      que      la    hipoteca         que     se    pretende       cancelar

mediante        la    Escritura           Núm.       349     sobre       cancelación         de

hipoteca proviene de un pagaré hipotecario suscrito por el

Sr.     Jaime    Castro          Lamas     y    la     Sra.       Madeline       C.    Castro

(socios        cooperativistas),                 otorgado           a     favor        de    la

Cooperativa.23 Así, una vez que los socios cooperativistas

saldaron        la    deuda         podía        otorgarse          la     escritura         de

cancelación          de    hipoteca,           con    el     propósito       de       que    ese

gravamen en su contra no permaneciera en el Registro de la

Propiedad. A todas luces, vemos que la cancelación del

gravamen        opera      a     favor     de        los    socios       cooperativistas

22   Íd., pág. 565.

23 El pagaré hipotecario se suscribió junto con la Escritura Núm.45
sobre hipoteca.
RG-2023-0001                                                               14

quienes son los titulares registrales de la propiedad y

quienes ya no son deudores hipotecarios. Así, son ellos

quienes se benefician de ajustar el contenido del Registro

de la Propiedad a la realidad extra registral.

            El interés que pueda tener la Cooperativa en que el

gravamen cese de estar inscrito a su favor no activa la

exención.        Esto    es     así,     pues   es     insuficiente    para

equipararlo con un negocio jurídico presentado para su

inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de la

Cooperativa. Sería incorrecto obviar el texto claro de la

ley     y    otorgar    una   exención    donde   el    legislador    no   la

concedió. No vemos cómo distanciarnos de ese racional,

pues fue el que utilizamos en el caso de Coop. San Blas v.

Registrador, al enfrentar un argumento de una Cooperativa

que vendió un inmueble a un socio cooperativista y alegaba

ser acreedora de la exención, porque tenía interés en que

el inmueble no constara inscrito en el Registro de la

Propiedad a su favor.24

            En esa misma línea, recuérdese que el propósito de

la exención que cobija a las cooperativas es adelantar la

inscripción de bienes inmuebles a favor de estas para

desarrollar su poder adquisitivo y, consecuentemente, su

inserción en el mercado. De manera que concederles a los

deudores hipotecarios la extensión, por conducto de la

Cooperativa,       en    nada   aporta    al    objetivo   de   la Ley     de

Cooperativas.25 Entiéndase que la mera comparecencia de la

24   Coop. San Blas v. Registrador, supra, pág. 564, esc. 3.

25   Coop. San Blas v. Registrador, supra, pág. 565.
RG-2023-0001                                                                15

Cooperativa en la Escritura Núm. 349 sobre cancelación de

hipoteca y no de quien fuera el deudor hipotecario no

configura un negocio a favor de la Cooperativa, por lo que

no activa la exención contributiva a su favor.

       Finalmente,     como    la        Escritura        Núm.      349   sobre

cancelación     de    hipoteca       beneficia          a     los     deudores

hipotecarios y no a la Cooperativa y, por consiguiente, no

estamos ante un negocio jurídico que opere a su favor

procede la cancelación de los aranceles correspondientes,

según señaló el Registrador de la Propiedad.

                                    IV

       Por los fundamentos antes expresados, se confirma

la   calificación     del   Registrador       de     la      Propiedad.    Por

consiguiente,    se    devuelve     el     caso     a   la    atención     del

Registrador     de    la    Propiedad        para       el     trámite     que

corresponda.

       Se dictará sentencia de conformidad.

                                         Erick V. Kolthoff Caraballo
                                               Juez Asociado
          EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa   de   Ahorro     y
Crédito de Isabela

        Recurrente

              v.                  RG-2023-0001   Recurso
                                                 Gubernativo
Hon. José A. Maymó Azize,
Registrador de la Propiedad
Sección de Arecibo II

         Recurrido

                        SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

      Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede la cual se hacer formar parte íntegra de la
presente, se confirma la calificación del Registrador de
la Propiedad. Por consiguiente, se devuelve el caso a la
atención del Registrador de la Propiedad para el trámite
que corresponda.

      Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta
Oronoz Rodriguez emite las siguientes expresiones:

            Estoy conforme con la Opinión que hoy
      emite este Tribunal. No obstante, considero
      que es menester aclarar que esta decisión se
      limita a establecer que el negocio jurídico
      que pretenda gozar de la exención del pago de
      aranceles registrales debe beneficiar a la
      cooperativa.   De  ninguna   manera   se debe
      interpretar que nuestra determinación pasa
      juicio sobre la aplicación de la exención del
      pago de aranceles notariales a terceros.

      El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite las
siguientes   expresiones de   conformidad  en   parte  y
disidente en parte:
RG-2023-0001                                               2

             Coincido, en parte, con la Opinión que
      hoy emite este Tribunal dado que acertadamente
      concluye que la Ley de Cooperativas no exime a
      las   cooperativas  del   pago  de   aranceles
      registrales cuando pretenden inscribir en el
      Registro de la Propiedad un documento público
      otorgado en beneficio de terceros. Esto, pues,
      la Asamblea Legislativa no las ha dispensado
      clara y expresamente del pago de esta exención
      contributiva. E.U.A. v. Registrador, 116 DPR
      269, 274 (1985).

             Ahora bien, disiento, en otra parte, de
      la confirmación total de la calificación del
      Registrador de la Propiedad, ya que, con ello,
      se valida implícitamente el requerimiento a la
      cooperativa    del    pago    de   los   aranceles
      notariales. Según adelanté en las expresiones
      que emití en Coop. San Blas v. Registrador,
      201   DPR   544,    565   (2018),   “la   Asamblea
      Legislativa sí ha sido clara al disponer que
      las cooperativas están exentas de pagar
      aranceles notariales ‘en toda contratación en
      que disponga de, grave, o enajene sus bienes,
      así como en toda contratación con sus socios
      que se relacione con los fines para los cuales
      se    hayan    organizado      tales    sociedades
      corporativas’”.      (Énfasis    suplido).    Íd.,
      pág. 566 (citando la Ley para eximir a las
      sociedades cooperativas del pago de aranceles
      en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico,
      Ley Núm. 114 de 12 de julio de 1960, según
      enmendada, 30 LPRA sec. 1770d). Por tal razón,
      la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela
      está exenta de pagar los aranceles notariales
      sobre la escritura de cancelación de hipoteca
      que pretendía dejar sin efecto el gravamen
      hipotecario     a     favor    de    sus    socios
      cooperativistas.     Toda    vez   que   en   esta
      controversia     se    legitima   lo    contrario,
      disiento.

                             Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                            Secretario del Tribunal Supremo