Court Opinion

ID: 9890377
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:20:24.788719+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:35.320186
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

     NATALIA MARÍA                               Recurso de Certiorari
     GUZMÁN PÉREZ                                procedente del
                                                 Tribunal de Primera
         Recurrida                               Instancia, Sala
                                                 Superior de Bayamón
              V.
                               KLCE202300917
     OWEN THOMAS                                 Caso Núm.:
      CALLAHAN                                   BY2021CV00450

        Peticionario                             Sobre:

                                                 Cobro de Dinero
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

                                          -I-

       Comparece el Sr. Owen Thomas Callahan (en adelante el

señor Callahan o el peticionario) y nos solicita que revisemos una

Resolución emitida el 14 de julio de 2023, notificada el 17 de julio,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

(TPI), en la que se declaró No Ha Lugar una Moción Solicitando

Determinaciones Adicionales al Amparo de la Regla 43 de

Procedimiento Civil y Solicitud de Reconsideración presentada por

dicha parte. El efecto de dicha de determinación fue mantener en

vigor los términos de una Resolución1 emitida el 8 de junio de 2023,

notificada el 12 de junio, en la que el foro primario, además de

concluir que no procedía una Moción Solicitando Sentencia Sumaria

Parcial presentada por la Sra. Natalia María Guzmán Pérez (en

1 Véase páginas 8-15 del Apéndice del recurso.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300917                                                            2

adelante la recurrida), declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia

Sumaria presentada el 18 de abril de 2023 por el peticionario.2

       El caso que nos ocupa tiene su origen en una demanda de

cobro de dinero en la que la recurrida le reclamó al peticionario

ciertas    cuantías     por       concepto    de   daños   contractuales,

cuasicontractuales o excontractu por renta imputada al éste

permanecer       ocupando      una     propiedad    perteneciente   a    la

demandante luego de la separación de ambos, quienes estaban

casados      legalmente       y     habían     otorgado    capitulaciones

matrimoniales.

       Así las cosas, en su Resolución mediante la cual se decretó la

improcedencia de la solicitud de sentencia sumaria instada por el

peticionario, el TPI formuló quince (15) determinaciones de hechos

no controvertidos e identificó tres (3) hechos en controversia:

       (1) Si se configuró entre las partes un contrato de arrendamiento y,
           de haberse configurado, los términos del mismo.

       (2) Si la demandante podía aumentar el pago mensual por la
           ocupación de la propiedad.

       (3) El daño recibido por la señora Guzmán y la cantidad que ésta
           tiene derecho a recibir, si alguna, por el señor Callahan haber
           ocupado el inmueble.

       En cuanto a la solicitud del señor Callahan, el foro primario

concluyó que de los hechos considerados quedaba claramente

establecido que el inmueble objeto de la controversia le pertenece a

la recurrida y que el aquí peticionario lo habitaba sin el

consentimiento de aquella. También, el TPI precisó que mediante

determinación en el caso BY2020CV04184, confirmada por un Panel

Hermano de este Tribunal en el caso KLAN202100900, se estableció

que el peticionario no tiene derecho alguno sobre el inmueble, por

lo que en este caso no tenía opción a acatar lo que ya era cosa

juzgada.

2 Véase página 34 del Apéndice del recurso.
KLCE202300917                                                         3

      Inconforme con lo anterior, en su comparecencia ante nos el

peticionario formula los siguientes señalamientos de error:

      Erró el Tribunal de Primera [Instancia] al no tener por
      admitidos los treinta y siete (37) hechos incontrovertidos
      expuestos por el Sr. Callahan en su Solicitud de Sentencia
      Sumaria, a pesar de que la recurrida no presentó oposición a
      esta, ni controvirtió de forma alguna los hechos expuestos.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar una solicitud
      de determinaciones adicionales al amparo de la Regla 43 de
      Procedimiento Civil sin exponer los fundamentos de su
      determinación, privando así a este Honorable Tribunal de
      ejercer adecuadamente su función revisora, en violación al
      debido proceso de ley que cobija al Sr. Callahan.

Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida,

resolvemos.

                                  -II-

                                  -A-

      El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307

(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente

su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la

expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las

instancias    y   excepciones   contenidas   en   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 DPR

478 (2019). La mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un

recurso de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden

bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla

57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo." 800

Ponce de León v. AIJ, supra.
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      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de

ejercer nuestra facultad discrecional:

      A.    Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
            diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.

      B.    Si la situación de hechos planteada es la más indicada
            para el análisis del problema.

      C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.

      D.    Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los cuales
            deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E.    Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
            es la más propicia para su consideración.

      F.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
            dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                    -B-

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y

económica de controversias en las cuales resulta innecesario

celebrar un juicio plenario. Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR

414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012);

Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). Su función

es permitir que en litigios de naturaleza civil una parte pueda

mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con la evidencia

que ha sido debidamente descubierta, no existe una controversia

material de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario y que,

por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa evidencia

para disponer del caso ante sí. Rodríguez Méndez, et als v. Laser
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Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194

DPR 209 (2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128.

      El mecanismo de la sentencia sumaria está regido por la Regla

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta Regla dispone que

la solicitud de sentencia sumaria puede ser presentada por

cualquiera de las partes que solicite un remedio por medio de una

moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos

esenciales y pertinentes.           Se dictará sentencia sumaria si las

alegaciones,        deposiciones,   contestaciones    a   interrogatorios      y

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como

cuestión    de      Derecho,   procede     hacerlo.   Regla    36.3     (e)   de

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,

supra.

      La sentencia sumaria procede únicamente en aquellos casos

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto

los hechos materiales, por lo que lo único que queda, por parte del

poder judicial, es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi

S.E., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra;

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). Un hecho

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

al amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914

(2010). La calidad del "hecho material" debe ser suficiente como para

que sea necesario que un juez o jueza la dirima a través de un juicio

plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra. Es decir, luego de

aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad.

      Se ha establecido el formato y la manera específica de

demostrar      la    inexistencia    de   controversia    de   hechos     y   la
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correspondiente manera de derrotar la propuesta de que no existe

controversia de hechos. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil,

supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 432; Regla

36.3 (b) (2), supra; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117

DPR 714 (1986).

      Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no

puede descansar en meras alegaciones y afirmaciones. Por el

contrario, debe someter evidencia sustancial de los hechos

materiales que están en disputa y demostrar que tiene prueba para

sustanciar sus alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra. De no

oponerse, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia sumaria

sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos Pérez

v. Univisión, supra; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR

652 (2000). Toda duda sobre la existencia de una controversia de

hechos bona fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la

sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra;

Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011). Por lo

tanto, al determinar si existen controversias de hechos que impiden

dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los documentos

que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos

incluidos con la Moción en Oposición, así como los que obren en el

expediente. Dicho examen debe ser guiado por el principio de

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia

sumaria. Rosado Reyes v. Global Health Group, LLC, 205 DPR 796,

809 (2020); Ramos Pérez v. Univisión, supra. De existir dudas sobre

la existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse

en contra del promovente ya que este mecanismo procesal no

permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Íd.; Mgmt.

Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo
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v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272 (1990); Corp. Presiding Bishop

v. Purcell, supra, pág. 720.

      En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, se estableció

el estándar específico que debe utilizar este Tribunal al momento de

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia

sumaria. Primero, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la

misma posición del TPI al momento de revisar solicitudes de

sentencia sumaria. Ello implica que, este Tribunal está regido por la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y, por consiguiente, le

aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 36,

supra, le exigen al foro primario. Segundo, por estar este foro

apelativo en la misma posición que el primario, tenemos la

obligación de revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como

su oposición, en caso de presentarse, cumplan con los requisitos de

forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,

según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad

existen hechos materiales en controversia. De haberlos, estamos

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil, supra, por lo que tenemos la ineludible

obligación de exponer concretamente los hechos materiales que

encontramos están en controversia y, de haberlos, cuáles resultan

ser incontrovertidos. Esta determinación procede ser hecha en la

Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados para

hacer referencia al listado enumerado de hechos incontrovertidos

que determinó el TPI. Cuarto, de encontrar este Tribunal de

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser

incontrovertidos, procede entonces revisar de novo si el TPI aplicó

correctamente el Derecho.
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                                    -C-

      La Regla 43 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 43,

permite a una parte adversamente afectada por una orden,

resolución o sentencia del TPI, la oportunidad de presentar una

moción de determinaciones de hechos adicionales dentro del

término de quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de

copia de la notificación de la orden, resolución o sentencia. La

moción debe exponer con suficiente particularidad y especificidad

los hechos y el derecho que se estima deben reconsiderarse. Una

vez considerada la referida moción, el tribunal, si así lo entiende

procedente, podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales o

podrá enmendar la sentencia de conformidad. Regla 43.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 43.1.        Esta no procede

cuando se trata de una resolución. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,

200 DPR 254 (2018).

                                    -III-

      Dado que se trata de la revisión de una Resolución en la que

dispuso de los méritos de una moción de sentencia sumaria, previo

a atender los planteamientos del recurso de certiorari, debemos, tal

cual se nos exige, examinar si la referida moción cumplió con los

requisitos de forma que exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil,

supra. Realizado tal examen, concluimos que, en efecto, en su

comparecencia ante el foro primario la parte peticionaria incluyó

una relación concisa y enumerada de los hechos sobre los que alegó

no existía controversia y estableció la relación con aquella evidencia

que sometió en apoyo de tales hechos. Sin embargo, un examen de

la totalidad del expediente nos lleva a concluir, al igual que el TPI,

que los hechos controvertidos determinados en la Resolución de

dicho foro, y que aquí adoptamos por referencia, impiden la

adjudicación sumaria del asunto. A esto se añade la circunstancia,

de no poca importancia y reconocida por el TPI en su Resolución, de
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la existencia de una determinación judicial previa en otro pleito

donde se estableció la titularidad exclusiva de la recurrida sobre el

bien inmueble sobre cuyo se litiga en este caso.

       De otra parte, y en cuanto al segundo señalamiento de error,

debemos señalar que conforme al texto de la Regla 43 de

Procedimiento Civil, supra, la adjudicación de una moción sobre

determinaciones adicionales es una que recae en la sana discreción

del juzgador. Conforme a nuestro estado de Derecho, la referida

moción únicamente puede presentarse luego del foro concernido

emita una sentencia y no está disponible como remedio ante una

resolución como la emitida por el TPI en este caso.

       Así las cosas, y luego de evaluar la totalidad del expediente

del caso junto a la Resolución recurrida, en el ejercicio de nuestra

discreción, declinamos la invitación del peticionario a intervenir con

lo actuado por el TPI.    Nos resta añadir, que, considerados los

fundamentos previamente expuestos, la parte peticionaria tampoco

nos persuadió de que el TPI hubiese cometido error alguno, mucho

menos uno que justifique nuestra intervención en esta etapa de los

procedimientos.

                                    -IV-

       Por   los   fundamentos   antes     expuestos,   se   deniega   la

expedición del auto de certiorari en el recurso de epígrafe.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones