Court Opinion

ID: 9941395
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:36.193582+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.430990
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VI (ESPECIAL)

ANJANETTE LÓPEZ AGUSTINI                          Certiorari
                                                  procedente del
          Recurrida                               Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
                                                  Superior de Bayamón
               v.                KLCE202301280

                                                  Civil Núm.:
   DR. FULANO DE TAL, SU                          BY2021CV00965
 ESPOSA FULANA DE TAL Y LA                        (504)
    SOCIEDAD LEGAL DE
  GANANCIALES COMPUESTA
   ENTRE AMBOS Y OTROS                            Sobre:
                                                  Impericia médica
        Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Torres, la Jueza
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

       Comparece ante nos el doctor Pierre M. Diomi (Dr. Diomi o

peticionario) mediante recurso de certiorari intitulado Petición de

Certiorari Civil y solicita la revocación de la Resolución1 emitida el 31

de agosto de 2023, notificada el 1 de septiembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI o foro

primario). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró “Sin Lugar”

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por el peticionario.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos la

Resolución recurrida.

                                       I.

       El 9 de marzo de 2021, la señora Anjanette López Agustini

(señora López Agustini o recurrida) instó una Demanda2 de daños y

perjuicios por impericia médico-hospitalaria en contra de los

doctores Fulano de Tal, Sutano de Tal, Mengano de Tal, sus

1 Véase Apéndice del recurso, págs. 903-916.
2 Véase Apéndice del recurso, págs. 1-6.

Número Identificador
SEN2024__________
KLCE202301280                                                                 2

respectivas esposas y sociedades legales de gananciales, el Hospital

Metropolitano, Inc. y otros. En esta, alegó que sufrió daños como

consecuencia de un diagnóstico erróneo de gastritis realizado en

una visita que hizo a la sala de emergencias del Hospital

Metropolitano de Guaynabo los días 6 y 7 de diciembre de 2019.

Adujo que, al persistir el dolor abdominal, el 10 de diciembre de

2019, acudió a la sala de emergencias del Hospital Auxilio Mutuo,

en donde fue diagnosticada con diverticulitis aguda del colon

sigmoides, asociado a perforación. Apuntó, además, que fue

hospitalizada en varias ocasiones, esta última vez, el 9 de marzo de

2020, en donde fue atendida por un gastroenterólogo, quien

confirmó el diagnóstico de diverticulitis con perforación.

        El 1 de julio de 2021, la recurrida presentó una Demanda

Enmendada3 para incluir como codemandado al Dr. Diomi.

Posteriormente, el 22 de octubre de 2021, presentó una Segunda

Demanda Enmendada4 para incluir a la compañía de seguros5 de

este.

        El 10 de marzo de 2022, compareció el peticionario mediante

Contestación a Segunda Demanda Enmendada6, en la cual, entre

sus defensas afirmativas, levantó que la causa de acción en su

contra estaba prescrita. Más adelante, el 13 de diciembre de 2022,

presentó una Moción de Sentencia Sumaria7, en la cual solicitó al

foro primario que dictara sentencia sumaria desestimando con

perjuicio la demanda en su contra. En respuesta, el 25 de enero de

2023, la recurrida presentó una Moción en Oposición a Sentencia

Sumaria8.

3 Véase Apéndice del recurso, págs. 7-19.
4 Véase Apéndice del recurso, págs. 20-32.
5 Para la fecha de los hechos alegados en la Demanda, la compañía de seguros del

peticionario era Puerto Rico Medical Defense Insurance Company.
6 Véase Apéndice del recurso, págs. 33-48.
7 Véase Apéndice del recurso, págs. 453-466.
8 Véase Apéndice del recurso, págs. 887-902.
KLCE202301280                                                           3

       Tras varios incidentes procesales, el 31 de agosto de 2023, el

TPI, mediante Resolución9, concluyó que no procedía dictar

sentencia sumaria, por entender que existían controversias de

hechos genuinas en el caso, las cuales debían dilucidarse en una

vista en su fondo. Asimismo, estableció los siguientes hechos:

                     HECHOS NO CONTROVERTIDOS
       1. El 9 de marzo de 2021, la parte demandante presentó su
           demanda. (Ver demanda del 9 de marzo de 2021, SUMAC
           #1). En la misma, adujo que fue evaluada en el Hospital
           Metropolitano de Guaynabo, por dolor abdominal, luego
           de lo cual fue dada de alta el 7 de diciembre de 2019, con
           un diagnóstico de gastritis.
       2. La demanda fue enmendada el 1ro de julio de 2021
           (Sumac #5), (donde identifica al Dr. Diomi), seguido de
           una segunda demanda enmendada, el 22 de octubre de
           2021 (Sumac #29), en la que se incluyó a la compañía de
           seguros del Dr. Diomi.
       3. Conforme se alega en la segunda demanda enmendada,
           la paciente Anjanette López acudió a sala de emergencias
           del Hospital Metropolitano de Guaynabo, a la 1:23 p.m.
           del 6 de diciembre de 2019, con queja de dolor abdominal
           desde hacía tres días.
       4. Ese mismo día, fue evaluada por el Dr. Noel Ortiz, quien
           ordenó     estudios    de    imágenes,    laboratorios   y
           medicamentos.
       5. Entre las imágenes ordenadas por el Dr. Noel Ortiz, este
           incluyó un CT Scan del abdomen con contraste oral.
       6. A las 4:41 pm ya se tenían los resultados de los
           laboratorios.
       7. El estudio de imagen (CT Scan) fue realizado a las 9:58
           p.m.
       8. El mismo reveló distención del duodeno con
           engrosamiento circunferencial.
       9. También, reflejó divertículos del colon, más evidente en el
           colon sigmoides, con engrosamiento irregular de las
           paredes de este y signos de inflamación peri colónica.
       10. La impresión del radiólogo fue correlacionar clínicamente
           gastro duodenitis aguda, íleo reflejo segmental y
           diverticulitis segmental temprana del colon sigmoides.
       11. Para el 7 de diciembre de 2019, el Dr. Pierre Diomi,
           laboraba en sala de emergencias del Hospital
           Metropolitano- Guaynabo. A las 12:53 a.m., reevaluó a la
           paciente y documentó una nota de alta, indicando que los
           síntomas se habían aliviado tras el tratamiento en sala de
           emergencias. A la paciente se le dio de alta con
           tratamiento de antibióticos, seguimiento con médico
           primario e instrucciones de acudir nuevamente a la sala
           de emergencias, si los síntomas regresaban. A las 3:06
           a.m. la enfermera completó el alta de la paciente, quien
           se marchó ambulando en compañía de un familiar.

9 Véase Apéndice del recurso, págs. 903-916.
KLCE202301280                                                          4

    12. El 10 de diciembre de 2019, a las 2:39 a.m., la señora
        López acudió a la Sala de Emergencias del Hospital
        Auxilio Mutuo, debido a dolor abdominal.
    13. Luego de ser evaluada, se ordenó un CT Scan del área
        abdominopélvica sin contraste, el cual se realizó el mismo
        día - 10 de diciembre de 2019. El resultado del CT Scan
        sin contraste intravenoso reveló que la paciente sufría de
        diverticulitis aguda del colon sigmoides, asociado a
        perforación, sin evidencia de formación de abscesos ni
        flemones.
    14. El caso fue consultado con el Dr. Escribano, cirujano.
        Este evaluó a la paciente el mismo día de admisión. El Dr.
        Escribano diagnosticó diverticulitis del colon con
        perforación.
    15. El diagnóstico de admisión fue de diverticulitis del
        intestino grueso con perforación, sin absceso ni sangrado
        (“DVTRLI LG ONT W/PERF ABSC NO BLEED”).
    16. El 12 de diciembre de 2019 a las 2:50 p.m. el Dr.
        Escribano evaluó a la paciente y documentó que la misma
        tenía menos dolor y flatulencias. Su conclusión fue de
        diverticulitis complicada con perforación.
    17. A su admisión al Hospital Auxilio Mutuo, se consultó al
        departamento nutricional del hospital, cuyo personal
        evaluó a la paciente, el 13 de diciembre de 2019. En dicha
        evaluación, se documenta que se les consulta por
        diverticulitis del colon con perforación que le había sido
        diagnosticado a la paciente. Inclusive, documenta haber
        orientado a la paciente, sobre su condición de forma
        verbal y escrita y hasta se le entregó un folleto (leaflet),
        sobre diverticulitis.
    18. Prácticamente, en todas las páginas del expediente
        médico del Hospital Auxilio Mutuo de la hospitalización
        del 10 al 17 de diciembre de 2019, donde hay entradas
        de progreso u órdenes médicas, se identifica el
        diagnóstico de diverticulitis con perforación.
    19. El 17 de diciembre de 2019, a las 6:32 p.m., el Dr.
        Escribano dio de alta a la Sra. López, recuperada de su
        diverticulitis complicada.
    20. Su médico de cabecera para el año 2015 hasta el 2019,
        fue el doctor Cedeño.
    21. Del expediente del Dr. Cedeño se desprende que la parte
        demandante padece de divertículos desde el 2015.
    22. Previo a los hechos que nos ocupa, la demandante había
        sido hospitalizada en el Hospital Pavía de Hato Rey,
        donde permaneció del 4 al 7 de junio de 2019, con un
        diagnóstico de diverticulitis aguda.
    23. El 19 de julio de 2022, se le tomó una deposición a la
        parte demandante, Sra. Anjanette López Agostini.
    24. La parte demandante declaró en su deposición que, a su
        llegada a Sala de Emergencia del Hospital de Auxilio
        Mutuo, el 10 de diciembre de 2019, se le realizó un
        estudio del abdomen.
    25. La demandante afirma que, durante su hospitalización
        del 10 al 17 de diciembre de 2019, en el Hospital Auxilio
        Mutuo, le explicaron que se le había perforado el intestino
        y que el doctor Escribano le dijo que tenía septicemia con
        el intestino perforado.
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       26. El expediente médico de la parte demandante en el
           Hospital Auxilio Mutuo refleja que su diagnóstico en la
           hospitalización del 10 de diciembre del 2019 fue
           diverticulitis aguda, asociada a una perforación.
       27. Al cuestionarle a la demandante en su deposición, qué le
           explicó el doctor Escribano en su hospitalización del 10
           de diciembre de 2019, en el Hospital Auxilio Mutuo, sobre
           su condición, esta declaró: “Bueno, él me pregunta que,
           si yo me había comido algún pescado, alguna espina o
           algo… porque él no... él no... él... él no... según su
           experiencia, él no... él no sabía cómo se había perforado,
           con el boquete que tenía mi intestino. Y ahí yo le digo:
           Mire, doctor. Yo vengo de... de... del Metropolitano y me
           rece... me dijeron cómete esto y tómate esos antibióticos.
           –y me dijo– Por poco te matan. A ti te debieron de
           hospitalizar en Metropolitano porque tú estabas tan y
           tan... y ese intestino estaba ya tan débil, tan... que... que
           lo hizo fue que te... te obstruyó. El medicamento que te
           mandaron allá, ellos tenían que ponerte por vena. Te
           perforó el intestino, te explotó por dentro”.
       28. La parte demandante, bajo juramento afirma que, lo que
           le dijeron en el Hospital Auxilio Mutuo en su
           hospitalización del 10 de diciembre de 2019, le causó un
           daño irremediable.

       Así también, el foro primario estableció los hechos en

controversia a saber:

                      HECHOS EN CONTROVERSIA
       1. Si la parte demandante se enteró de su daño mientras
          estuvo hospitalizada, en el Hospital Auxilio Mutuo del 10
          al 17 de diciembre de 2019.
       2. Si la parte demandante entendió que los daños en la
          demanda fueron a consecuencia de la perforación del
          intestino, la peritonitis y la septicemia que le
          diagnosticaron y le informaron en el Hospital Auxilio
          Mutuo, durante su hospitalización del 10 al 17 de
          diciembre de 2019.

       En desacuerdo con la determinación, el 18 de septiembre de

2023, el peticionario presentó una Moción de Reconsideración10. El

16 de octubre de 2023, el TPI declaró “SIN LUGAR” la misma.

       Aun inconforme, el 15 de noviembre de 2023, el peticionario

acudió ante nos mediante Petición de Certiorari Civil y señaló la

comisión del siguiente error:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar
       No ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria bajo el
       fundamento de prescripción presentada por el peticionario.

10 Véase Apéndice del recurso, págs. 917-927.
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       El 21 de diciembre de 2023, la recurrida presentó su Oposición

a Petición de Certiorari.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                       II.

                                       -A-

       El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía

puede rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil11 y conforme a los criterios que dispone la Regla

40   del   Reglamento         del   Tribunal   de   Apelaciones12.     Nuestro

ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal revisor no

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando

estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto13. Esta norma de deferencia

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

       No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el
       ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en
       aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1)
       actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso
       abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o
       aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo.14

       En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del

Tribunal de Primera Instancia15. No obstante, la Regla 52.1, supra,

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la

norma procesal. En específico establece que:

           […]

11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
13 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
14 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
15 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005);    Zorniak v. Cessna, 132 DPR
170, 180 (1992).
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          El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
      Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
      Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden
      bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.
             […]

      Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala

los criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento     impone     que    ejerzamos     nuestra    discreción   y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

                                   -B-

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias

ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y
KLCE202301280                                                                8

discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una

controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar

el derecho16. En términos generales, al dictar sentencia sumaria, el

tribunal deberá hacer lo siguiente:

         (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de
         sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en
         oposición, así como aquellos que obren en el expediente del
         tribunal;

         (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún
         hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda
         que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna
         por los documentos17.

         Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia

sumaria      cuando      existan    hechos       materiales      y   esenciales

controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la

demanda que no han sido refutadas; cuando surja de los propios

documentos que acompañan la moción una controversia real sobre

algún hecho material y esencial, o cuando como cuestión de

derecho, no procede18. (Énfasis nuestro). La sentencia sumaria se

puede dictar a favor o en contra de la parte que la solicita, según

proceda en Derecho19.

         Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante

sí documentos no controvertidos20. Es importante mencionar que,

este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de

Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia

sumaria21.

         Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al

atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes:

16 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 39 (2004).
17 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).
18 Íd., págs. 333-334.
19 Maldonado v. Cruz, supra, pág. 39.
20 Íd.
21 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679 (2018).
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         1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que
             la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la
             jurisprudencia le exigen al foro primario;

         2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su
             oposición cumplan con los requisitos de forma
             codificados en la referida Regla 36, supra;

         3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
            controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
            la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
            exponer concretamente cuáles hechos materiales
            encontró que están en controversia y cuáles están
            incontrovertidos;

         4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
             incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
             Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
             Derecho a la controversia22.

                                         -C-

         En nuestro ordenamiento jurídico “las obligaciones nacen de

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”23. A tenor, las obligaciones que nacen de la culpa o

negligencia se rigen por lo establecido en el Artículo 1802 del Código

Civil de Puerto Rico de 193024. Dicho artículo señala que, “[e]l que

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o

negligencia,     está     obligado   a     reparar   el    daño      causado.    La

imprudencia        concurrente       del       perjudicado      no     exime     de

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”25.

         El   propósito     del   referido      artículo   es     ofrecerle     una

compensación a la persona que sufra daños y lesiones provocadas

por los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género

de culpa o negligencia de otra persona26. Ahora bien, para que

prospere esta acción civil es necesario que la parte demandante

22 Íd.
23 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2992. El

referido Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue
derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.,
aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, con
vigencia desde el 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, para propósitos de la
adjudicación de este recurso, citamos el Código Civil derogado debido a que los
hechos en controversia surgieron durante su vigencia.
24 Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141.
25 Íd.
26 H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico,

Segunda Edición, Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, pág. 4.
KLCE202301280                                                                   10

demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) que ha

habido un acto u omisión culposa o negligente; (2) que hay una

relación causal entre el acto y el daño sufrido; y (3) que se ha

causado un daño real al reclamante27.

          Nuestro Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia,

como la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de

un acto que una persona prudente y precavida habría de prever en

las mismas circunstancias28. Así pues, la figura de previsibilidad es

un       elemento   esencial     de   la     responsabilidad     por    culpa    o

negligencia29. Según el Máximo Foro, la previsibilidad “[n]o se

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda

amenazar la seguridad sino a aquél que llevaría a una persona

prudente a anticiparlo”30.

          Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la previsibilidad

está atada al concepto de causalidad31. Dicho concepto es conocido

como la doctrina de causalidad adecuada y conforme a la

jurisprudencia, este dispone que, “no es causa toda condición sin la

cual      no   se   hubiera    producido       el   resultado,   sino    la   que

ordinariamente lo produce según la experiencia general”32. A tales

efectos, la figura de causalidad adecuada es un componente

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es

un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el

hecho antijurídico”33.

          Cónsono con lo anterior, en nuestra jurisdicción, la figura de

negligencia no se presume y quien la alega debe probarla34. No

27 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 4 (1997).
28 Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 18 (2002).
29 SLG Colón-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016).
30 Íd.
31 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005).
32 Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).
33 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422.
34 Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799, 803 (1978).
KLCE202301280                                                                   11

obstante, en los casos de daños y perjuicios, la referida figura no se

tiene que probar mediante prueba directa y se puede probar

mediante prueba circunstancial35.

                                       -D-

       En nuestra jurisdicción, la prescripción es una institución de

derecho sustantivo que se rige por las disposiciones del Código Civil

y constituye una forma de extinción de un determinado derecho

debido a la inercia de la relación jurídica durante un periodo de

tiempo determinado. El transcurso del periodo de tiempo establecido

por ley sin que el titular del derecho lo reclame da lugar a la

presunción legal de abandono de éste, lo que en conjunto con la

exigencia que informa el ordenamiento jurídico para eliminar la

incertidumbre       de   las    relaciones     jurídicas,      constituyen    los

fundamentos básicos de la prescripción extintiva36.

       En cuanto a las acciones para exigir responsabilidad

extracontractual, estas prescriben por el transcurso de un (1)

año, contado desde que la persona agraviada conoce la

existencia del daño y quien lo causó37. (Énfasis nuestro). En otras

palabras, se podrá ejercitar una acción en daños dentro del año

a partir de “la fecha en que el perjudicado conoció el daño, quien

fue el autor, y desde que este conoce los elementos necesarios

para poder ejercitar efectivamente su causa de acción”38.

(Énfasis suplido). Esto es lo que se conoce como la teoría

cognoscitiva el daño39. Sobre el particular, para que esta opere la

parte perjudicada tendrá el peso de la prueba para demostrar la

35 Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 522 (2001).
36 García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 DPR 137, 142 (1994); Cintrón v.
E.L.A.,127 DPR 582, 588 (1990).
37 Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5298.
38 González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 217 (1998); Martínez v. Soc.

de Gananciales, 145 DPR 93 (1998).
39 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 212 (2016).
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fecha en que advino en conocimiento de los elementos necesarios

para ejercitar su causa de acción40.

         Es norma reiterada que los términos prescriptivos son

susceptibles de interrupción. El Artículo 1874 del Código Civil de

193041 establece que la prescripción se interrumpe por su ejercicio

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor42. El

término prescriptivo se entiende interrumpido “cuando el titular del

derecho lleva a cabo gestiones que demuestran su interés en

reclamar su acreencia”43.

         En el caso particular de las acciones, al amparo del Artículo

1802 del Código Civil de Puerto Rico de 193044, estas prescriben por

el transcurso de un (1) año contado desde que la persona agraviada

conoce la existencia del daño y quien lo causó45. Ahora bien, cuando

hay más de un causante de un daño se debe interrumpir la

prescripción, con relación a cada cocausante por separado, dentro

del referido término de un (1) año, si interesa conservar su causa de

acción contra cada uno de ellos.

         El Tribunal Supremo ha establecido que la presentación

oportuna de una demanda contra un presunto cocausante no

interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los alegados

cocausantes, porque tal efecto secundario de la solidaridad no obra

en la obligación in solidum46. Así pues, en las acciones de daños

extracontractuales         el      damnificado         debe       interrumpir

individualmente el término prescriptivo respecto a cada cocausante

solidario47.

40 Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 DPR 383, 385 (1982).
41 Artículo 1874 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5303.
42 Íd.
43 Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1019 (2008).
44 Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141.
45 Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5298.
46 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 389 (2012), reiterado en

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 200.
47 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 381.
KLCE202301280                                                       13

        Esta norma adoptada no representa una carga mayor para el

demandante, quien solo deberá ejercer con diligencia su causa de

acción contra todos los posibles cocausantes del daño cuya

identidad conozca48. La prescripción de las acciones es un asunto

de derecho sustantivo, no procesal, que persigue “evitar la

incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el

ejercicio de los derechos”49.

                                       III.

        Tras una revisión cuidadosa del expediente ante nuestra

consideración, colegimos que, la Moción de Sentencia Sumaria50

presentada por el peticionario, cumplió con los requisitos de forma

dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil51. El peticionario

enumeró 30 hechos materiales. Por otra parte, concluimos que la

parte recurrida en su Moción en Oposición a Sentencia Sumaria52, no

cumplió con los requisitos de forma dispuestos en la Regla 36.3 (a)

de Procedimiento Civil53. No obstante, no procede conceder el

remedio solicitado de forma automática, pues es necesario evaluar

si existe una controversia sobre algún hecho material54. Veamos.

        Asimismo, procedemos a revisar si el foro primario determinó

que el caso de autos es uno donde no procede resolverse por la vía

de la sentencia sumaria, porque existen o no controversias de

hechos materiales. Al respecto, determinamos que el TPI aplicó

correctamente el derecho.

        Surge del expediente apelativo que el TPI acogió 28 hechos

materiales que no están en controversia (enumerados de 1 al 28) de

la Moción de Sentencia Sumaria55, los cuales fueron sustentados con

48 Íd., pág. 389.
49 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).
50 Entrada número 78 de SUMAc.
51 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.
52 Entrada número 84 de SUMAc.
53 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.
54 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 137.
55 Entrada número 78 de SUMAc.
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prueba documental admisible. Concurrimos y adoptamos el listado

de hechos materiales del foro primario ya expuestos en el tracto

procesal de este escrito.

       El TPI determinó que los hechos materiales número 29 y 30

propuestos en la Moción de Sentencia Sumaria56 son hechos que

están en controversia, a saber:

       29.   Si la parte demandante se enteró de su daño mientras
        estuvo hospitalizada, en el Hospital Auxilio Mutuo del 10 al
        17 de diciembre de 2019.

       30.    Si la parte demandante entendió que los daños en la
        demanda fueron a consecuencia de la perforación del
        intestino, la peritonitis y la septicemia que le diagnosticaron
        y le informaron en el Hospital Auxilio Mutuo, durante su
        hospitalización del 10 al 17 de diciembre de 201957.

       Referente a los hechos materiales número 29 y 30 el

peticionario alega que, la causa de acción presentada en su contra

el 9 de marzo de 2021 está prescrita, ya que el término prescriptivo

comenzó a transcurrir a partir del 10 de diciembre de 2019. Fecha

en que la recurrida acudió a la sala de emergencias del Hospital

Auxilio Mutuo, donde le diagnosticaron diverticulitis aguda,

asociada a perforación.

       Por su parte, la recurrida aduce en su alegato que, conforme

la teoría cognoscitiva del daño, el término prescriptivo de un (1) año

comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció, o debió

conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción58.

       El TPI determinó que no procede resolverse por la vía de la

sentencia sumaria, por el tipo de caso que es y porque existen

controversias     de   hechos,     entiéndase,   los   hechos     29      y   30

previamente mencionados.

56 Entrada número 78 de SUMAc.
57 Véase Apéndice del recurso, pág. 909.
58González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., supra, pág. 217; Martínez v. Soc. de
Gananciales, supra.
KLCE202301280                                                             15

         Puntualizamos que, las decisiones discrecionales que toma el

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se

demuestre que ese foro abusó de su discreción59. El propósito de esa

regla consiste en que los foros apelativos no deben pretender

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro

primario60. Al revisar la Resolución impugnada de novo, nos resulta

forzoso concluir que en el presente caso existen controversias de

hechos materiales con relación a la fecha en que la recurrida se

enteró de su daño, así como de los elementos para poder ejercitar

su causa de acción. Al igual que determinó el foro primario,

colegimos que, no procede dictar sentencia sumaria a favor del

peticionario. Coincidimos con el criterio del TPI que, en su discreción

y búsqueda de propiciar una solución justa, entendió que era

necesaria la celebración de una vista en su fondo para dilucidar las

controversias.

                                     IV.

         En vista de lo anterior, expedimos el auto de certiorari y

confirmamos        la   Resolución       recurrida.        Consecuentemente,

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí

resuelto.

         Notifíquese.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones

59 SLG Zapata v JF Montalvo, 189 D.P.R. 414, 434 (2013).
60 Íd.