Court Opinion

ID: 9941359
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:28:04.705848+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:47.790770
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

        JOSÉ RAFAEL                               Certiorari procedente
      ARRIETA IGARTUA                             del Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala Superior
         RECURRIDO                                de Caguas

                 v.

        ASOCIACIÓN             KLCE202400043 Caso Número:
        RESIDENTES                           CG2020CV01197
       DE ESTANCIAS
       DE CIDRA, INC.,
     OMAYRA ALVARADO                              Sobre:
        CARTAGENA,                                Injunction (entredicho
   JOSÉ ÁNGEL BRACERO                             provisional, Injunction
    IZQUIERDO Y OTROS                             preliminar y
                                                  permanente), daños
       PETICIONARIOS
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       La Asociación de Residentes de Estancias de Cidra comparece ante

este Tribunal mediante el recurso de certiorari en el que solicita la

revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Caguas. Por medio del dictamen recurrido, el foro de

instancia declaró no ha lugar una solicitud de sentencia sumaria del

peticionario.

       Transcurrido el término correspondiente para la comparecencia del

recurrido, por los fundamentos a continuación, expedimos el recurso de

certiorari ante nuestra consideración y revocamos la resolución recurrida.

De este modo, se devuelve el caso al foro recurrido para que emita una

resolución que desglose los hechos controvertidos e incontrovertidos

conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36.4.

                                    I

       El Sr. José Rafael Arrieta Igartúa presentó una demanda en la que

alegó violaciones a las condiciones restrictivas que gobiernan la

Urbanización Estancias de Cidra. Por su parte, los peticionarios

Número Identificador
SEN2024_______________
KLCE202400043                                                             2

contestaron la demanda al negar las imputaciones de la demanda. Tras un

extenso trámite procesal, los peticionarios presentaron una Moción en

solicitud de sentencia sumaria parcial. Mediante esta, sostuvieron que los

reclamos del recurrido estaban prescritos por el transcurso del término

contemplado para este tipo de acciones. Por otro lado, argumentaron que

era la propia Asociación de Residentes quien goza de legitimación para

reclamar por los residentes afectados por las alegadas violaciones.

Además, adujeron que la Asociación no podía responder por los daños

apuntados.

      Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

en la que declaró no ha lugar la moción de sentencia sumaria.

Precisamente, dispuso lo siguiente:

      EVALUADA LA MOCION DE SENTENCIA SUMARIA
      PRESENTADA POR LA PARTE CODEMANDADA,
      ASOCIACION DE RESIDENTES DE ESTANCIAS DE CIDRA
      Y SIN CONTAR CON LA OPOSION (sic) DE LAS PARTES
      RESTANTES, EL TRIBUNAL DETERMINA QUE LOS
      SIGUIENTES HECHOS NO EST[Á]N EN CONTROVERSIA
      1, 3, 4, 6, 11, 17 Y 18. LOS INCISOS RESTANTES SE
      ENCUNETRA (sic) EN CONTROVERSIA.

      EN VISTA DE LO ANTERIOR, SE DECLARA NO HA LUGAR
      LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA.

      Inconforme con dicha resolución, la Asociación de Residentes de

Estancias de Cidra presentó el recurso de certiorari ante nuestra

consideración. Específicamente aducen que, “[e]rró el Honorable Tribunal

de Primera Instancia y abus[ó] de su dis[c]reción (sic) al declarar no ha

lugar la moci[ó]n de sentencia sumaria”. Transcurrido el término

correspondiente sin la comparecencia de la parte peticionada, procedemos

a resolver el recurso ante nuestra consideración.

                                      II

                                      A

      El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que permite

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).

En esencia consiste en un recurso extraordinario caracterizado por que
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descansa en la discreción del tribunal para su expedición, la cual no es

irrestricta. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). El tribunal

tiene discreción para atender el asunto planteado, bien sea para expedir o

denegar el auto. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580

(2011). En estos casos procede un análisis dual para determinar si se

expide o no un recurso de certiorari, el cual consta de una parte objetiva y

otra subjetiva.

       Primero, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LRPA Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para revisar

resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia será

expedido, entre otros, cuando se recurra de la denegatoria de una moción

de carácter dispositivo u alguna orden bajo las Reglas 56 y 57. A esos

efectos, el primer examen para que un recurso de certiorari sea expedido

es que tenga cabida bajo uno de los escenarios contemplados en la Regla

52.1, supra.

       Superada esta primera etapa, procede examinar si se justifica

nuestra intervención a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Recuérdese que es un recurso que

depende de la discreción del tribunal revisor. Conforme a esta Regla, los

criterios que justifican nuestra intervención son los siguientes:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Por lo tanto, la discreción judicial no opera en el vacío. En etapa de

revisión judicial es norma reiterada que el Tribunal de Apelaciones no habrá
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de intervenir con el ejercicio de discreción del Tribunal de Primera

Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 745 (1986). Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido, por tanto,

debemos ejercer nuestra discreción para evaluar si, a la luz de estos

criterios, se requiere nuestra intervención. Si no fuera así, procede que nos

abstengamos de expedir el auto, de manera que se continúen los

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera instancia.

                                      B

       En nuestro ordenamiento jurídico, la “sentencia sumaria responde al

propósito de aligerar la conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su

fondo, pero siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a

ser dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente”.

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001). Véase, además,

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). Conforme a

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para adjudicar una moción de

sentencia sumaria se requiere la presentación de “una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia

de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para

que el tribunal dicte sentencia sumariamente” bien sea sobre la totalidad

de la reclamación o parte de esta. En este sentido, un hecho material “es

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el

derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193

DPR 100, 110 (2015). Por ello, “[l]a controversia debe ser de una calidad

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través de

un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

       En armonía con lo anterior, la sentencia sumaria solo debe dictarse

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales en

la controversia, no procede que se dicte sentencia sumaria. Sin embargo,
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se ha establecido que la sentencia sumaria, “[p]rocede, aunque se hayan

alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero cuando el

promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante dicha

prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre los

hechos medulares.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 577. Ante

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, es

decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia admisible.” Id.

En fin, toda vez que la sentencia sumaria es un remedio de carácter

discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su

día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Mgmt. Adm.

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). Siendo esto así, solo

procede que se dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera clara

que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de

todos     los    hechos     necesarios     para     poder     resolver     la

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-

110.

        Según se ha reiterado jurisprudencialmente, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar

la determinación del tribunal primario, estamos limitados de dos maneras:

(1) considerar solamente los documentos que se presentaron ante el foro

de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de

forma correcta. Esto es, estamos impedidos de adjudicar los hechos

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335

(2004). El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea

que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro intermedio.

        Sabido es que este mecanismo procesal exige el cumplimiento de

requisitos de forma para su validez. Respecto a la presentación de una
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moción de sentencia sumaria se requiere que esté “fundada en

declaraciones juradas o en evidencia que demuestre la inexistencia de una

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes”. 32 LPRA Ap.

V., R. 36.1. Asimismo, la oposición a esta solicitud debe cumplir requisitos

similares. Id. R. 36.2. Inclusive, el Tribunal de Primera Instancia que

resuelve que no procede una moción de sentencia sumaria debe satisfacer

requerimientos de forma para la validez de su dictamen. Precisamente, la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

       Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones
       de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del
       pleito, no se concede todo el remedio solicitado o se deniega
       la moción, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que
       el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de
       los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay
       controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes
       que están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta
       qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación no está
       en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que
       sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada
       a los asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, se
       considerarán probados los hechos así especificados y se
       procederá de conformidad.
       A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta
       regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, si
       alguno.

       En ese sentido, nuestro más alto foro ha dispuesto que en esencia

“esta regla procesal delimita las instancias en las que el tribunal estará

obligado a resolver la moción de sentencia sumaria presentada ‘mediante

una determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales

no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que

están realmente y de buena fe controvertidos.’” Pérez Vargas v. Office

Depot, 203 DPR 687, 697 (2019). A tal efecto, es “por ello que se le requiere

al tribunal que consigne los hechos sobre los cuales no hay controversia,

puesto que será innecesario pasar prueba sobre éstos durante el juicio.” Id.

Así las cosas, fue reconocido por el Comité Asesor que el propósito de

introducir esta exigencia es “a los fines de que no se tenga que relitigar los

hechos que no están en controversia.” Id., que cita a Secretariado de la

Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil,

Tribunal Supremo de Puerto Rico, marzo de 2008, pág. 406). De igual
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forma, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que cuando

se deniegue total o parcialmente una moción de sentencia sumaria, el

tribunal debe dar fiel cumplimiento a la Regla 36.4 en cuanto a las

determinaciones de hechos.

       Cabe destacar que, esta regla fue modificada con el propósito de

“disponer que el tribunal, al dictar una sentencia sumaria parcial, está

obligado a determinar, mediante resolución, los hechos esenciales y

pertinentes sobre los que no existe controversia sustancial, así como

aquellos hechos que estén controvertidos, a los fines de que no se tenga

que relitigar los hechos que no están en controversia.” Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil 2da Ed., Tomo III, en la pág. 1074. Por

consiguiente, “se recalca esta obligación que en múltiples ocasiones es

desatendida por nuestros tribunales para facilitar el trámite de revisión

judicial de su determinación.” Id.

       Asimismo, lo primordial de la Regla 36.4, supra, es que el “nuevo

texto mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la determinación

de los hechos materiales sobre los cuales no hay controversia sustancial y

los hechos materiales que están realmente y de buena fe controvertidos.

Esta es la única forma de propiciar una revisión adecuada por los foros

apelativos.” Cuevas Segarra, supra, en la pág. 1075. En ese sentido, si el

Tribunal entiende “que la resolución no es adecuada, lo procedente es que

el foro apelativo ordene a instancia emitir una resolución fundamentada. De

negarse a efectuarlas, nada impide que se recurra al Tribunal Apelativo

para obligar a su cumplimiento.” Id.

       Independientemente de cómo se resuelva una moción de sentencia

sumaria, los tribunales tienen la obligación de emitir “una lista de los hechos

que encontró que no están en controversia en el pleito y los que sí lo están”.

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, en la pág. 117. El Tribunal

Supremo sostuvo que si se permitiera que los tribunales denegaran

mociones de sentencia sumaria bajo el fundamento de que existen hechos

materiales en controversia, se daría al traste con los establecido en la
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Regla 36.4 de Procedimiento Civil y “las partes quedarían en la misma

posición que estaban previo a la presentación de la moción de sentencia

sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada”. Id., en la pág. 119.

                                      III

       En el presente caso, los peticionarios sostienen que los hechos

sugeridos no están en controversia y estos derrotan todas las alegaciones

del peticionado. Además, sostuvo que “[e]l TPI no identific[ó] o concluy[ó]

las razones para determinar unos hechos como establecidos y como existía

controversia sobre los demás, no habiendo una determinación de hechos

y/o aplicación del derecho en la resolución, por lo que desconocemos en

que el TPI baso (sic) su determinación y lo único que nos resta es inferir

que la determinación es una incorrecta no basada en el expediente o en

abuso de discreción”.

       Según previamente expuesto, conforme a la Regla 36.4 el Tribunal

de Primera Instancia está obligado a consignar los hechos esenciales y

pertinentes sobre los que no hay controversia sustancial y los que fueron

realmente controvertidos. Asimismo, el Tribunal Supremo ha enfatizado

que el propósito de esta norma es colocar a las partes en posición para

celebrar el juicio y ayuda a que los tribunales apelativos puedan ejercer su

responsabilidad. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, en la pág. 119.

       Examinado el expediente ante nuestra consideración, debido a que

este Tribunal de Apelaciones entiende que la resolución no es adecuada,

procede que se ordene al Tribunal de Primera Instancia a emitir una

resolución fundamentada. Nótese que la Resolución recurrida se limitó a

establecer los hechos sobre los que, a su apreciación, no estaban en

controversia e informó que el resto de los hechos sugeridos estaban en

controversia.

       Dicha resolución carece de fundamentos sobre los hechos

controvertidos, a pesar de no contar con una oposición de la parte

recurrida, y de la evaluación de la prueba anejada a la moción de sentencia

sumaria. Además, el Tribunal de Primera Instancia, en el ejercicio que
KLCE202400043                                                           9

conlleva la Regla 36.4, viene llamado a consignar los hechos materiales

que están en controversia. De esta manera, las partes están listas para

pasar prueba sobre estos asuntos en el juicio. Pérez Vargas v. Office

Depot, 203 DPR 687, 704(2019). Por consiguiente, la resolución ante

nuestra consideración es insuficiente para ubicar a este Tribunal en la

posición idónea para examinar el recurso ante nuestra consideración.

Ausentes dichos criterios, no nos encontramos en condición para ejercer

nuestra responsabilidad adecuadamente.

                                     IV

      Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari y se

revoca la Resolución recurrida ante el incumplimiento con la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil, supra. De este modo, se devuelve el caso al foro

recurrido para que emita una Resolución fundamentada con los hechos

controvertidos e incontrovertidos.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones