Court Opinion

ID: 9901404
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Date Created: 2023-11-21 18:14:05.67883+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:32.341431
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

         El Pueblo de Puerto Rico

                Peticionario                      Certiorari

                      v.                         2023 TSPR 114

  Juan Maldonado De Jesús y Aaron Vick           212 DPR ___

                Recurridos

Número del Caso:    CC-2023-0318

Fecha:   22 de septiembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

     Panel II

Abogados de la parte peticionaria:

     Lcdo. Ramón Mendoza Rosario
     Lcdo. Manuel Núñez Corrada
     Lcda. Zulma I. Fuster Troche

Abogados de la parte recurrida:

     Lcda. Mayra E. López Mulero
     Lcdo. Alberto C. Rivera Ramos
     Lcdo. Yancarlos Maysonet Hernandez
     Lcdo. Guillermo Ramos Luiña
     Lcdo. Leonardo M. Aldridge

Materia: Ley para crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente   –    Jurisdicción   de   los   Fiscales    Especiales
Independientes en casos en los que únicamente se presentan cargos
criminales contra individuos particulares cuya presunta conducta
delictiva es descubierta como resultado de la investigación
encomendada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

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                  EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

      Peticionario
          v.                             CC-2023-318              Certiorari

Juan Maldonado De Jesús y
Aaron Vick

     Recurridos

 El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión del Tribunal.

                  En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2023.

                       Este caso nos brinda la oportunidad de ratificar

                  lo resuelto en Pueblo v. Muñoz Noya, 204 DPR 745

                  (2020), y precisar la facultad que tienen los Fiscales

                  Especiales Independientes (Fiscales Especiales) para

                  presentar cargos criminales en contra de individuos

                  particulares.        En conformidad con el texto de la Ley

                  para    crear   la   Oficina   del    Panel    sobre   el   Fiscal

                  Especial Independiente, infra, y el propósito social

                  que la inspira, hoy pautamos que la jurisdicción de

                  los Fiscales Especiales también se extiende a casos

                  en     los   que     éstos   únicamente       presentan     cargos

                  criminales contra los individuos particulares cuya

                  presunta     conducta     delictiva    es     descubierta     como
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resultado de la investigación encomendada por el Panel sobre

el Fiscal Especial Independiente (Panel o PFEI).

    De esta manera, adelantamos que revocamos la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y resolvemos que el

Panel,   por    conducto      de    los     Fiscales     Especiales,    posee

jurisdicción      para     investigar,             denunciar     y   procesar

criminalmente a los individuos particulares en este caso.

Veamos los hechos que originaron la presente controversia.

                                     I

    El 29 de octubre de 2020, la entonces Secretaria Interina

del Departamento de Justicia, Lcda. Inés del C. Carrau

Martínez,      remitió   al     PFEI      un   Informe    de    investigación

preliminar en conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 2

de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley

para crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (Ley del PFEI), 3 LPRA sec. 99h et seq.                      El

referido informe se produjo a raíz de ciertas denuncias

públicas sobre alegadas irregularidades con relación a la

operación del Gobierno de Puerto Rico en la compra de pruebas

y   la   adquisición       de      bienes      y    servicios    durante   la

declaración de emergencia decretada por la pandemia del

COVID-19.       Al concluir la investigación preliminar,                   el

Departamento de Justicia recomendó al Panel que “no se

design[ara] un Fiscal Especial Independiente que examin[ara]
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la conducta desplegada durante la compra de las pruebas para

la detección del COVID-19".1

    Posteriormente,           el     28    de    diciembre         de    2020,     el

PFEI    emitió       una     Resolución         mediante     la     cual     señaló

que,    “[i]ndependientemente               de     la      recomendación          del

[Departamento] de Justicia, el Panel t[enía] discreción para

nombrar un [Fiscal Especial] y ordenar la investigación del

caso”.2 En esa misma línea, el Panel determinó que la prueba

documental recibida, la cual incluía varias declaraciones

juradas,3      ameritaba        profundizar         en      la     investigación

preliminar     del        Departamento      de    Justicia       contra      ciertos

funcionarios públicos e individuos particulares, entre los

que figuraban el Sr. Juan Maldonado De Jesús y el Sr. Aaron

Wayne   Vick        (en    conjunto,      recurridos),        por       la   posible

comisión      de     delitos.4            Por    consiguiente,           ordenó    la

designación de varios Fiscales Especiales a estos efectos.

1   Informe    de    investigación    preliminar,       Apéndice   del    certiorari,
pág. 335.
2   Resolución, Apéndice del certiorari, pág. 136 esc. 8.
3   Destacamos que, previo a que el Departamento de Justicia remitiera
su Informe de investigación preliminar, el Panel sobre el Fiscal
Especial Independiente (Panel o PFEI) había comenzado una investigación
preliminar sobre este asunto a raíz de varios informes referidos por la
Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y uno de sus
integrantes. Por lo tanto, como parte de su análisis, el Panel consideró
la prueba recopilada por la Cámara de Representantes, la Fiscal
Investigadora y el Departamento de Justicia. Íd., págs. 134-135.
4   Valga señalar que, aunque el Sr. Aaron Wayne Vick no fue mencionado
en el epígrafe de la determinación del PFEI, éste se encontraba entre
los individuos particulares implicados como parte del récord de la
investigación preliminar que fue remitido a dicha entidad.         Íd.,
pág. 136.
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La Resolución del PFEI disponía lo siguiente en cuanto al

alcance de la encomienda:

          […] esta determinación en nada constituye un
      impedimento legal para la autoridad del [Fiscal
      Especial], en la etapa investigativa delegada,
      ampliar la misma y, de contar con la prueba
      requerida, proceder con las denuncias que
      correspondan ante el tribunal.

          Por consiguiente, no debe interpretarse
      que[,] por el hecho de no estar mencionados en
      el epígrafe de esta determinación[,]         los
      restantes funcionarios o personas particulares
      mencionadas en el ACÁPITE II-A están exentos de
      responsabilidad. De hecho, del expediente del
      caso surge prueba implícita contra varios de
      ellos.     Es   obligación   de  los   [Fiscales
      Especiales], evaluar y determinar si alguno de
      los mencionados en los informes debe responder
      por lo acontecido en este caso, conforme a la
      prueba que obtengan en el curso de su
      investigación.    Por tanto, como parte de su
      encomienda, los [Fiscales Especiales] deben
      considerar el proceder de cada uno de los
      funcionarios o personas particulares mencionadas
      en el citado ACÁPITE II-A, que intervinieron,
      autorizaron o realizaron gestiones en este
      asunto, a los fines de determinar el alcance de
      tal responsabilidad.

          Ciertamente estamos ante un caso complejo y
      de alto interés público donde tenemos el deber
      de asegurarnos que ninguna conducta quede impune
      allí donde el dolor humano, durante una pandemia,
      pudo quedar soterrado frente a un desmedido e
      insensible ánimo de lucro, y el interés de
      algunos de controlar los procesos para adelantar
      agendas y ventajas insospechadas.         Resulta
      necesario, pues, llevar a cabo las indagatorias
      necesarias para separar el grano de la paja. “Si
      el fardo trajo paja, y sólo paja, que lo
      descarte, pero si trajo grano para su molino,
      pues, que lo muela”. En fin, procédase con la
      encomienda     investigativa,     según     hemos
      determinado.     (Negrilla y subrayado en el
      original y cita omitida).5

5   Resolución, Apéndice del certiorari, págs. 146-147.
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    Tras concluir su investigación, los Fiscales Especiales

determinaron que únicamente procedía presentar cargos en

contra de dos (2) individuos particulares, ya que la prueba

recopilada      establecía         que     estas     personas          presuntamente

intervinieron        de       manera     ilegal      en    el     proceso      de    la

otorgación de un contrato gubernamental.                         En consecuencia,

el 23 de septiembre de 2021, el Panel envió una comunicación

dirigida      al     Secretario        del    Departamento             de    Justicia,

Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández (Secretario de Justicia),

indicando que “[a]l no presentarse cargos penales contra

ninguno    de      los       funcionarios     públicos          investigados,        los

cuales participaron del proceso de la compra de las pruebas

COVID,     queda[ba]           pendiente      determinar          si    el    proceso

continuar[ía]            a     cargo     de    los        fiscales          especiales

independientes o, en su defecto, el Departamento de Justicia

se har[ía] cargo de dicho procesamiento”.6                             En respuesta,

el Secretario de Justicia                informó que el Departamento de

Justicia no se haría cargo del procesamiento criminal por

conflicto       de   intereses,        toda    vez        que    dicho       organismo

gubernamental        había       determinado       preliminarmente             que    no

procedía la designación de un Fiscal Especial como parte de

los hallazgos de su investigación.7

6   Carta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente del 23 de
septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 340.
7   Cartas   del   Secretario          del  Departamento          de  Justicia       del
24 de septiembre de 2021 y             21 de octubre de          2021, Apéndice      del
certiorari, págs. 341 y 343.
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      Así las cosas, el 4 de noviembre de 2021, los Fiscales

Especiales presentaron varias denuncias criminales en contra

de los señores Juan Maldonado De Jesús y Aaron Wayne Vick

por los delitos de tentativa de fraude, falsificación de

documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de

documentos       falsificados   e    intervención   indebida   en

operaciones gubernamentales (Arts. 202, 211, 212, 217 y 254

del Código Penal, 33 LPRA secs. 5272, 5281, 5282, 5287 y

5345).    En esencia, se les acusó de haber incurrido en la

comisión de delitos para obtener un contrato gubernamental

relacionado con la compra de pruebas rápidas para detectar

el COVID-19 por la cantidad de $38 millones así como el

desembolso de fondos públicos por $19 millones.        El Tribunal

de Primera Instancia encontró causa probable para arresto

por    los    referidos    delitos     e   impuso   las   fianzas

correspondientes.       Así pues, el foro primario señaló la

vista preliminar para el 22 de noviembre de 2021.

      Luego de    varios trámites    procesales, los   recurridos

solicitaron la desestimación de los cargos en su contra.       En

síntesis, arguyeron que el Panel carecía de jurisdicción

para procesarlos criminalmente, pues no tenían la facultad

de encausar a individuos particulares cuando a éstos no se

les imputaba haber actuado en concierto y común acuerdo con

algún funcionario público.          Por su parte, los Fiscales

Especiales se opusieron a dichas solicitudes y argumentaron

que tenían la facultad de incoar un proceso criminal con

relación a cualesquiera de los delitos que surgieran de la
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investigación encomendada por el PFEI, incluso cuando fuesen

cometidos por individuos particulares.

     Tras examinar los argumentos presentados por las partes,

el   1   de   septiembre     de    2022,   el   tribunal   de    instancia

determinó      que    los     Fiscales      Especiales     carecían      de

jurisdicción para presentar los cargos en contra de los

recurridos.     Por ende, el foro primario desestimó los cargos

en contra de éstos.

     En desacuerdo, el 27 de septiembre de 2022, los Fiscales

Especiales presentaron un recurso de certiorari ante el

Tribunal de Apelaciones.             En resumen, reiteraron que la

jurisdicción del PFEI para acusar también se extendía a

individuos      particulares       cuya    conducta      criminal      fuera

descubierta como parte de la investigación que originalmente

fue encomendada por el Panel.              Además, aseveraron que su

obligación, por mandato de ley, era instar las acciones

criminales      que       procedieran      como      resultado    de    las

investigaciones realizadas sobre los asuntos que les fueron

asignados.

     Por otro lado, el señor Vick presentó un Alegato en

oposición a la expedición del auto de certiorari.                      Allí

reafirmó      que    el    Panel    carecía     de    jurisdicción     para

procesarlo criminalmente y aseguró que dicha facultad recaía

en el Departamento de Justicia.             Por ende, solicitó que se

denegara la expedición del recurso de certiorari.                    Por su

parte, el señor Maldonado De Jesús presentó un Memorando en
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oposición a expedición de auto de certiorari en el cual

expuso planteamientos similares.

    Luego     de   evaluar   los   argumentos   de   las   partes,   el

Tribunal de Apelaciones, mediante una Sentencia emitida el

28 de febrero de 2023 y notificada el 1 de marzo de 2023,

confirmó el dictamen recurrido.          Determinó que el PFEI no

tenía autoridad para procesar a personas privadas, excepto

cuando éstos actuaran en concierto y común acuerdo con un

funcionario público.         Además, el foro apelativo intermedio

manifestó que, en este caso, no surgía la existencia de un

conflicto de intereses real o potencial que impidiera que

el Departamento de Justicia asumiera su jurisdicción para

procesar criminalmente a los recurridos.             Aún inconformes,

el 15 de marzo de 2023, los Fiscales Especiales presentaron

una moción de reconsideración, la cual fue denegada mediante

una Resolución emitida el 24 de abril de 2023.8

    Oportunamente, el 22 de mayo de 2023, los Fiscales

Especiales presentaron una Petición de certiorari ante este

Foro y señalaron como único error el siguiente:

           Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
       confirmar la resolución del Tribunal de Primera
       Instancia de San Juan determinando que el Panel
       sobre el Fiscal Especial Independiente no tiene
       jurisdicción para procesar criminalmente a los
       recurridos.

8   Según surge del Sistema de Consulta de Casos, esta Resolución fue
notificada el 25 de abril de 2023.
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      El     30    de     junio    de      2023,    expedimos           el    recurso     de

certiorari solicitado.                    Contando con los alegatos de las

partes, procedemos ahora a examinar el derecho aplicable.

                                            II

      Hemos reconocido que, como norma general, el Secretario

de Justicia y los fiscales adscritos al ente gubernamental

dirigido por éste tienen la responsabilidad de investigar y

procesar las causas criminales en Puerto Rico .                                Pueblo v.

Muñoz Noya, 204 DPR 745, 756 (2020); Pueblo v. Colón Bonet,

200 DPR 27, 35-36 (2019); Pueblo v. García Vega, 186 DPR

592, 603 (2012).               No obstante, mediante la Ley del PFEI,

supra, se instauró una figura externa para investigar y

procesar criminalmente -por vía de excepción- a ciertos

funcionarios            públicos      que        incurrieran        en       determinadas

actividades         delictivas.            Pueblo       v.   Colón       Bonet,     supra,

pág. 36; Pueblo v. García Vega, supra.                          Así pues, al crear

la figura del Fiscal Especial Independiente nombrado por un

Panel      compuesto        por      exjueces,       la      Asamblea         Legislativa

respondió          a      la      necesidad         de       que        se     realizaran

investigaciones            completas         y     objetivas        en       las   que    se

eliminaran          las     posibles        situaciones            de    conflicto        de

intereses          entre       los        investigadores           e     investigados.

Pueblo       v.    Torres      Santiago,          175     DPR   116,         124   (2008);

Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 295 (1992).

      El Art. 4 de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99k(1), dispone

que     el        Secretario         de    Justicia          podrá       realizar        una

investigación             preliminar             cuando      reciba           información
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juramentada      que,     a       su     discreción,       constituya     causa

suficiente      para   investigar         si   se   ha    cometido    cualquier

delito grave y menos grave incluido en la misma transacción

o evento, o cualquier delito contra los derechos civiles,

la    función   pública       o   el     erario,    por   algún   funcionario

público allí mencionado.               Por otro lado, el Art. 5 de la Ley

del    PFEI,     3     LPRA       sec.     99l,     contempla        el   ámbito

jurisdiccional en cuanto a otros sujetos no enumerados en

el artículo anterior, a saber, otros funcionarios, empleados

o individuos particulares.               Específicamente, el mencionado

artículo dispone lo siguiente:

            (1)   Cuando   el   Secretario    de   Justicia
        recibiere información bajo juramento que a su
        juicio   constituyera    causa   suficiente    para
        investigar si cualesquiera de los funcionarios,
        ex   funcionarios,    empleados,   ex    empleados,
        autores, coautores o individuos no enumerados en
        el Artículo 4, de esta Ley ha cometido
        cualesquiera de los delitos a que hace referencia
        al Artículo 4 de esta Ley efectuará una
        investigación    preliminar    y   solicitará    el
        nombramiento de un Fiscal Especial cuando
        determine que, de ser la investigación realizada
        por el Secretario de Justicia, podría resultar
        en algún conflicto de interés.

            (2) Cuando el Secretario determine que no
        existe conflicto de interés alguno que impida
        la investigación objetiva por parte del
        Departamento de Justicia, en tal caso el
        Secretario   designará   el   funcionario   que
        conducirá la investigación y el Departamento de
        Justicia asumirá jurisdicción sobre la misma.

            (3) Cuando el Secretario de Justicia
        recibiere información bajo juramento que a su
        juicio constituyera causa suficiente para
        investigar    si    algún    funcionario,    ex
        funcionario, empleado, ex empleado o individuo
        no enumerado en el Artículo 4 de esta Ley
        participó, conspiró, indujo, aconsejó, provocó,
        instigó, o de algún otro modo fue autor o
        coautor en cualquiera de los delitos a que se
CC-2023-318                                                        11

         hace referencia en el Artículo 4 de esta Ley,
         efectuará   una   investigación   preliminar   y
         rendirá un informe conforme los criterios
         establecidos en el Artículo 4 de esta Ley, sobre
         si procede o no la designación de un Fiscal
         Especial Independiente.    Una vez remitido el
         Informe, el Panel tendrá la facultad de
         determinar si investiga y procesa al autor o
         los coautores, como parte de la encomienda que
         haga al Fiscal Especial Independiente de
         conformidad con el Artículo 11(2) de esta Ley,
         solamente cuando los delitos imputados a los
         funcionarios públicos bajo su jurisdicción sean
         contra la función pública o el erario. Si el
         Panel   determinare    que    no   procede    el
         nombramiento de un Fiscal Especial dicha
         determinación será final y firme y no podrá
         presentarse querella nuevamente por los mismos
         hechos. (Negrilla suplida).9

    El     Secretario    de    Justicia    deberá     completar     la

investigación preliminar dentro de un término prorrogable

de noventa (90) días, contado a partir de la fecha en la que

determine que procede realizar la misma.            Art. 8 de la Ley

del PFEI, 3 LPRA sec. 99o(4).           Una vez el Secretario de

Justicia concluya tal investigación, éste deberá rendir y

enviar al Panel un informe en el cual detallará si recomienda

o no la designación de un Fiscal Especial.           Pueblo v. Colón

Bonet, supra, pág. 39.        La obligación de someter el informe

y acompañar el expediente surge incluso en aquellos casos

en los que el Secretario de Justicia recomienda que no se

designe un Fiscal Especial, pues el PFEI tiene discreción

9   Cabe destacar que citamos el texto íntegro de la Ley Núm. 3-2012,
según fue promulgada por el Departamento de Estado, ya que
las colecciones de Leyes de Puerto Rico (LPR) y Leyes de Puerto Rico
Anotadas (LPRA) no contemplan una porción del Art. 5 de la Ley Núm. 2
de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley para crear
la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley del
PFEI),    3    LPRA    sec.    99l(3).    Para    referencia,    véase,
https://sutra.oslpr.org/osl/sutra/anejos_conv/2009-2012/%7Bcd78b2f8-
e3fd-48a9-ae35-543f9c792d6f%7D.pdf (última visita,      28  de agosto
de 2023).
CC-2023-318                                                              12

para nombrarlo y ordenar la investigación del caso.                      Íd.

Véase, además, Art. 4 de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99k(2).

     Según se desprende de la Ley del PFEI, el Panel conserva

la facultad de nombrar un Fiscal Especial cuando, basado en

el informe presentado por el Secretario de Justicia o en

cualquier     otra       información    obtenida,   establezca     que    se

amerita una investigación más a fondo porque podría proceder

la presentación de acusaciones o cargos.               Art. 11 de la Ley

del PFEI, 3 LPRA sec. 99r(1)(b).              Cuando se le impute a un

funcionario la posible comisión de algún delito bajo la

jurisdicción de la ley, el Panel tiene la prerrogativa de

determinar     si        incluye   en   la   investigación    y   eventual

procesamiento        a    individuos    particulares    que    puedan    ser

autores o coautores, como parte de la encomienda que haga

al Fiscal Especial.           Pueblo v. Muñoz Noya, supra, págs. 757-

758.    En consecuencia, al momento de nombrar la figura del

Fiscal Especial, el Panel es quien delimita la encomienda y

la jurisdicción de éste.            (Negrilla suplida).        Art. 11 de

la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99r(2).             El PFEI también podrá

ampliar la encomienda y jurisdicción de un Fiscal Especial

en funciones a solicitud de dicho Fiscal Especial, o del

Secretario de Justicia, o a iniciativa propia para evitar

el nombramiento de un nuevo Fiscal Especial.                 Art. 11 de la

Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99r(3).

     Una vez nombrado el Fiscal Especial, la Ley del PFEI

dispone que éste tendrá, “respecto a los asuntos dentro de

su     encomienda         y   jurisdicción, todos      los     poderes        y
CC-2023-318                                                                 13

facultades que     tienen        el    Departamento      de     Justicia,    el

Director   del    Negociado       de    Investigaciones         Especiales       y

cualquier otro funcionario al cual las secs. 99h a 99z de

este título le confiera autoridad para investigar y procesar

violaciones a la ley penal”.             (Negrilla suplida).          Art. 12

de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99s(3).                          Entre otras

facultades, el Fiscal Especial tendrá la autoridad para

realizar   toda    clase     de       investigaciones      de    individuos,

entidades y documentos relacionados con su jurisdicción o

encomienda    -con       excepción       de   los   archivos        que   sean

confidenciales-, y representar al Gobierno de Puerto Rico

ante los tribunales.         Art. 12 de la Ley del PFEI, 3 LPRA

sec.   99s(3)(b)     y    (j).         Asimismo,    el    Fiscal     Especial

tendrá jurisdicción        para       investigar    y    procesar    aquellas

acciones penales contenidas dentro de la encomienda que se

le asigne.    Véase Art. 13 de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec.

99t.   Por ende, el nombramiento de un Fiscal Especial tiene

el efecto práctico de privar completamente de jurisdicción

al Secretario de Justicia sobre la investigación.                     Art. 12

de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99s(7).

    En el caso de Pueblo v. Muñoz Noya, supra, pág. 757, al

hacer referencia a la inclusión de varias enmiendas a la Ley

del PFEI en el 2012, destacamos que la Asamblea Legislativa

amplió el alcance del mencionado estatuto para:

           (1) garantizar el ejercicio pleno de la
       jurisdicción concedida al Panel y a los Fiscales
       Especiales; (2) aumentar el marco de acción de
       los referidos recibidos por el PFEI y sus
       investigaciones; (3) conceder al Panel la
       prerrogativa para, a su discreción, incluir o
CC-2023-318                                                    14

          no en sus investigaciones y procesamientos a
          individuos particulares que hayan sido autores
          o coautores en cualesquiera de los delitos
          imputados a funcionarios públicos bajo su
          jurisdicción, y (4) adicionar otras enmiendas
          de índole administrativo con el objetivo de
          aclarar y ampliar el alcance de la autonomía
          administrativa del organismo”. (Énfasis en el
          original y énfasis suplido).

    Como corolario de lo anterior, resolvimos que la Ley del

PFEI le confería autoridad a los Fiscales Especiales para

presentar cargos criminales contra individuos particulares

que, según los hallazgos de una investigación debidamente

encomendada por el Panel, presuntamente participaron como

autores o coautores en la alegada conducta delictiva que

implicaba a un funcionario público, inicialmente investigado

bajo la jurisdicción del PFEI.        Íd., pág. 749.

    En un ejercicio de hermenéutica jurídica respecto a las

disposiciones de la Ley del PFEI, hemos expresado que “las

leyes hay que interpretarlas y aplicarlas en comunión con

el propósito social que las inspira, sin desvincularlas de

la realidad y del problema humano que persiguen resolver”.

(Cita depurada y negrilla suplida). In re Invest. ex Alcalde

Vega Alta, 158 DPR 666, 677 (2003).         Con arreglo a esta ley

y   sus    respectivas   enmiendas,    la   Asamblea   Legislativa

pretendió proveer un balance jurisdiccional para evitar la

duplicidad y la desintegración de esfuerzos en el curso de

las competencias de las instituciones encargadas de asegurar

la integridad en el ejercicio de la función pública.         Véase

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2012 (2012 [Parte 1]

Leyes de Puerto Rico 80–83).          Por ende, al examinar el
CC-2023-318                                                                      15

andamiaje que provee el estatuto en cuestión, debemos tener

presente la potestad que la Asamblea Legislativa le concedió

a la figura del Fiscal Especial para “acudir a los Tribunales

de Justicia, en representación del Gobierno […] de Puerto

Rico, a instar las acciones criminales que procedan como

resultado     de   las    investigaciones             que    realice sobre       los

asuntos que se le asignen […]”. (Negrilla suplida).                           Art. 3

de la Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99j.                   Véase, además, Pueblo

v. Muñoz Noya, supra, págs. 763-764.

     Dentro    del     marco        jurídico     expuesto,          procedemos        a

examinar la controversia que nos ocupa.

                                          III

     Debemos enfatizar que nuestra                    tarea adjudicativa se

circunscribe         estrictamente          a        evaluar      los     aspectos

jurisdiccionales         que   se     presentan        en    este     caso.       Por

consiguiente,        nuestro    pronunciamiento              de   ninguna     forma

incide sobre los méritos de las acusaciones incoadas en

contra de los recurridos.              De esta manera, nos corresponde

determinar si el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar

la   determinación       del    Tribunal        de    Primera       Instancia     que

desestimó los cargos criminales presentados en contra de los

señores    Juan      Maldonado       De    Jesús      y     Aaron    Wayne    Vick,

fundamentándose en que los Fiscales Especiales presuntamente

carecían de jurisdicción.             Veamos.

     El   Departamento         de    Justicia         remitió       al   Panel     el

resultado de su investigación preliminar en conformidad con

las disposiciones estatutarias de la Ley del PFEI.                               Allí
CC-2023-318                                                                          16

recomendó que no se designara un Fiscal Especial y notificó

a los funcionarios públicos, así como a los individuos

particulares -incluyendo al señor Maldonado De Jesús y el

señor Vick-, sobre esta determinación.                             No obstante, al

ejercer       su    criterio,         el    Panel      determinó       que     el   caso

ameritaba una investigación a fondo sobre el proceder de

cada   uno     de    los funcionarios              e    individuos      particulares

implicados          en       la   posible       comisión          de    los       delitos

contemplados en el inciso 1 del Art. 4 de la Ley del PFEI,

supra.

     De entrada, cabe precisar que el inciso 3 del Art. 5 de

la    Ley     del    PFEI,        supra,     específicamente           establece       la

facultad del Panel para determinar la procedencia de la

investigación            y   el   posible       procesamiento          de    individuos

particulares,            según     la     encomienda        que    haga      al    Fiscal

Especial.       Así pues, luego de recibir el informe preliminar

del Departamento de Justicia, el Panel ejerció adecuadamente

la facultad que la propia ley le confirió para decidir

investigar a los sujetos envueltos con miras a procesarlos

criminalmente, pues en ese momento se le imputaba o atribuía

a    varios    funcionarios             públicos       la   posible       comisión     de

delitos. Esta determinación jurisdiccional, de igual forma,

encuentra apoyo en el inciso 2 del Art. 11 de la Ley del

PFEI, supra.             Por lo tanto, en el pleno ejercicio de sus

facultades          legales,         el    Panel       nombró     a    los     Fiscales

Especiales y delimitó su jurisdicción para realizar una

investigación            a   fondo      sobre   la     compra     de    pruebas     para
CC-2023-318                                                                      17

atender la pandemia del COVID-19 y llevar a cabo el posible

procesamiento criminal de funcionarios públicos e individuos

particulares conforme a los resultados de su investigación.

    Ahora bien, culminada la investigación encomendada, los

Fiscales      Especiales         concluyeron      que   únicamente       procedía

presentar cargos criminales en contra de dos (2) individuos

particulares        por     su   alegada     intervención       ilícita     en    el

proceso de la otorgación de un contrato gubernamental.                           Cabe

entonces preguntarse si, ante este cuadro, los Fiscales

Especiales aún tenían jurisdicción para presentar los cargos

criminales      que       estimaban    procedentes        a     la    luz   de    su

investigación.        La respuesta es que sí.

    La jurisdicción que los Fiscales Especiales poseen para

presentar los cargos criminales en contra de los recurridos

tuvo su origen en la encomienda inicialmente asignada por

el Panel mediante la Resolución emitida el 28 de diciembre

de 2020.      Así, en conformidad con el Art. 13 de la Ley del

PFEI,      supra,         los      Fiscales       Especiales          adquirieron

jurisdicción         para    investigar       y      procesar    tanto      a    los

funcionarios públicos como a los individuos particulares

implicados      en    las       posibles    acciones     penales       contenidas

dentro   de    la     encomienda      asignada.         Desde        entonces,    la

encomienda del Panel tuvo el efecto práctico de privar de

jurisdicción al Secretario de Justicia.                    Aun así, previo a

la presentación de los cargos, el Panel y el Secretario de

Justicia       intercambiaron              ciertas      comunicaciones           que
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detallamos a continuación y que el Tribunal de Apelaciones

consideró para fines de su análisis.

     El 23 de septiembre de 2021, los Fiscales Especiales le

remitieron al Panel una carta en la que se expresó lo

siguiente:

           En este caso estamos considerando que
       procede [] presentar cargos criminales. Dichos
       cargos estarían dirigidos a personas privadas.
       Debido a lo anterior, es necesario auscultar y
       definir     los   aspectos     jurisdiccionales
                   10
       aplicables.

     Como resultado de esta comunicación, el 23 de septiembre

de 2021, el PFEI le envió una carta al Secretario de Justicia

en la que señaló lo siguiente:

           [H]emos recibido una comunicación de los
       Fiscales Especiales Independientes (FEI) en el
       caso de referencia. En la misma, nos informan
       que -luego de culminar la investigación a
       fondo-,   han  determinado   presentar   cargos
       penales   contra   tres   de   los   coautores,
       que no son funcionarios públicos.

           Al no presentarse cargos penales contra
       ninguno     de   los    funcionarios    públicos
       investigados, los cuales participaron del
       proceso de la compra de las pruebas COVID, queda
       pendiente determinar si el proceso continuará a
       cargo de los fiscales especiales independientes
       o, en su defecto, el Departamento de Justicia
       se hará cargo de dicho procedimiento. Sin
       embargo, para que los FEI puedan continuar con
       el mismo, es necesario que usted así lo
       determine a la luz de lo dispuesto en el Art. 5
       de la Ley Núm. 2-1988[…].       (Negrilla en el
                  11
       original).

10  Carta de los Fiscales Especiales del 23 de septiembre de 2021,
Apéndice del certiorari, pág. 339.
11  Carta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente del 23 de
septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 340.
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     En respuesta, el 24 de septiembre de 2021, el Secretario

de Justicia le comunicó al Panel que:

           [E]n atención a su comunicación del 23 de
       septiembre de 2021, le informamos que es
       completamente   incompatible   y  conlleva   un
       serio conflicto de intereses que los fiscales
       del Departamento de Justicia se hagan cargo del
       procesamiento de los funcionarios públicos que
       participaron en este caso en el proceso de
       compra de las pruebas de COVID. Ello en vista
       de que en el informe de la investigación
       preliminar que fue remitido el 10 de diciembre
       de 2020 al Panel sobre el Fiscal Especial
       Independiente (PFEI) por el Departamento de
       Justicia, no se recomendó la designación de un
       Fiscal Especial Independiente (FEI) basado en
       los hallazgos de la investigación.12

     Por su parte, el 27 de septiembre de 2021, el PFEI le

informó a los Fiscales Especiales lo siguiente:

           En atención a la comunicación que enviaron
       al Panel el pasado 23 de septiembre de 2021,
       relacionada   con  el   caso   de  referencia,
       procedimos a remitir una comunicación al
       Hon. Domingo Emanuelli Hernández, Secretario
       del Departamento de Justicia para que éste
       evaluara el aspecto jurisdiccional y nos
       notificara su decisión sobre el particular.

           Mediante escrito fechado el 24 de septiembre
       de 2021, el Secretario de Justicia nos indica
       su determinación de que el caso continúe siendo
       atendido    por    los   fiscales     especiales
       independientes.

           Atendido lo anterior, quedan facultados
       para   proceder   de conformidad con  dicha
                      13
       determinación.

12  Carta   del   Secretario   del   Departamento   de   Justicia   del
24 de septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 341.
13  Carta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente del 27 de
septiembre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 342.
CC-2023-318                                                             20

      Finalmente, el 21 de octubre de 2021, el Secretario de

Justicia envió otra carta dirigida al Panel en la que expresó

lo siguiente:

            [L]e   informamos  que   es   completamente
        incompatible y conlleva un serio conflicto de
        intereses que el Ministerio Público se haga
        cargo del procesamiento de personas privadas o
        de los coautores que participaron en el proceso
        de la compra [de] las pruebas de COVID-19.

            Por tal razón, el Departamento de Justicia
        no se hará cargo del procesamiento criminal de
        dichas personas con relación a este asunto.14

      El Tribunal de Apelaciones consideró que, de un examen

de las referidas cartas, no surgía la presencia real o

potencial de un conflicto de intereses que impidiera que el

Departamento    de   Justicia   asumiera        su    jurisdicción     para

procesar criminalmente a los recurridos.                En cuanto a si

realmente existía un conflicto de intereses o no, quaere.

Resulta    innecesario    adentrarnos      en   los    méritos de      esta

determinación     para     la   apropiada        disposición      de     la

controversia central del caso.          Lo cierto es que, una vez

el Panel nombró a los Fiscales Especiales, éstos adquirieron

jurisdicción    para     investigar    y    procesar      tanto   a     los

funcionarios públicos como a los individuos particulares

implicados en las posibles acciones penales que procedieran

conforme a derecho.

      En Pueblo v. Muñoz Noya, supra, pág. 766, mencionamos

que   no   procedía sujetar     el    procesamiento       del   individuo

14  Carta   del   Secretario   del   Departamento   de   Justicia       del
21 de octubre de 2021, Apéndice del certiorari, pág. 343.
CC-2023-318                                                                 21

particular     al     encausamiento        simultáneo          del   funcionario

público,     ya     que    ese       requisito      no   estaba      contemplado

expresamente en ninguna de las disposiciones de la Ley del

PFEI ni se podía inferir de la intención legislativa.                         En

lo pertinente a la controversia que hoy atendemos, añadimos

que tampoco encontramos nada en el texto de la ley que

contemple la pérdida de jurisdicción sobre un individuo

particular por no concretarse el encausamiento criminal del

funcionario público inicialmente investigado.15

     Sería desatinado concluir que, en un caso como éste, los

Fiscales   Especiales           no    poseen   autoridad        para   presentar

cargos criminales en contra de los individuos particulares

como parte del resultado de una investigación completa y

objetiva      sobre       los        asuntos     que     fueron      debidamente

encomendados        por   el     Panel.        De      estas   personas   haber

incurrido en la comisión de delitos, tanto los crímenes

cometidos como sus autores quedarían impunes de no ser

procesados.       Este escenario contravendría la clara política

pública del Gobierno a los fines de evitar la desintegración

de los esfuerzos del Estado y el derroche de fondos públicos

en la utilización de sus recursos.                     Además, vulneraría el

15  Nótese que cuando se alude a la frase “solamente cuando los delitos
imputados a los funcionarios públicos bajo su jurisdicción sean contra
la función pública o el erario” en el inciso 3 del Art. 5 de la Ley del
PFEI, supra, se refiere a las actuaciones criminales imputadas mediante
querellas, informes o prueba juramentada durante la etapa inicial. En
ese sentido, resulta evidente que el término “imputar” no implica
necesariamente “encausar criminalmente”.      Para referencia, véanse:
Arts. 4(4), 6, 7, 8(1)(b), 8(3), 9, 11(1)(c) y 11(6) de la Ley del PFEI,
3 LPRA secs. 99k(4), 99m, 99n, 99o(1)(b), 99o(3), 99p, 99r(1)(c) y
99r(6).
CC-2023-318                                                                     22

propósito        social       de   penalizar     cualquier      comportamiento

delictivo contra la función pública o el erario, restaurar

la confianza del Pueblo en sus instituciones y erradicar el

problema de la impunidad.

      En definitiva, al realizar un análisis integral de la

Ley del PFEI, el propósito social que la inspiró y su

jurisprudencia interpretativa, resulta forzoso concluir que

los Fiscales Especiales ostentan la autoridad para encausar

a     los   individuos         particulares      cuya     presunta      conducta

delictiva ha sido descubierta como parte de los hallazgos

de la investigación que ha sido debidamente encomendada por

el Panel.        Sólo de esta forma se cumpliría con la intención

legislativa        de        garantizar    el    ejercicio      pleno      de    la

jurisdicción concedida al Panel y a los Fiscales Especiales

para acudir a los Tribunales de Justicia, en representación

del     Gobierno        de     Puerto     Rico, a      instar   las     acciones

criminales         que         procedan como           resultado      de        sus

investigaciones.               Véase    Pueblo    v.    Muñoz    Noya,     supra,

págs. 763-764.

                                            IV

      Declarada la existencia de la jurisdicción del PFEI, por

conducto de los Fiscales Especiales, se revoca la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de febrero

de 2023      y    se devuelve el caso            al Tribunal       de    Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos de

acuerdo con lo resuelto en esta Opinión.
CC-2023-318                                              23

    Se dictará Sentencia en conformidad.

                             ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
                                    Juez Asociado
                  EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

      Peticionario
          v.                        CC-2023-318           Certiorari

Juan Maldonado De Jesús y
Aaron Vick

     Recurridos

                                        SENTENCIA

                  En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2023.

                     Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
                  antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
                  presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida
                  por el Tribunal de Apelaciones el 28 de febrero
                  de 2023 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera
                  Instancia para la continuación de los procedimientos
                  de acuerdo con lo resuelto en la Opinión.

                     Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
                  Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez
                  Torres emitió una Opinión de Conformidad, a la cual
                  se unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco,
                  el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y el Juez
                  Asociado señor Rivera García. La Jueza Presidenta
                  Oronoz Rodríguez disintió y emitió una Opinión
                  Disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez disintió
                  y emitió una Opinión Disidente, a la cual se unió la
                  Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

                                      Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                                     Secretario del Tribunal Supremo
                   EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

         Peticionario

              v.
                                         CC-2023-0318
Juan Maldonado     De   Jesús   y
Aaron Vick

          Recurridos

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES a la que se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO, el
Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO y el Juez Asociado señor RIVERA
GARCÍA.

                 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2023.

                        El resultado al que hoy se arriba acata el texto

                   de la Ley para crear la Oficina del Panel sobre el

                   Fiscal Especial Independiente, infra, y se abstiene

                   de   imponer        obstáculos    a    la    clara   intención

                   legislativa de penalizar a todo aquel que incurre en

                   conducta delictiva contra la función pública o el

                   erario. La jurisdicción de los Fiscales Especiales

                   Independientes        abarca     las   instancias     en   que

                   únicamente     se    presentan   cargos     criminales   contra

                   individuos particulares si el presunto comportamiento

                   delictivo reluce en una investigación encomendada al

                   Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
CC-2023-0318                                                                   2

     Si bien esta decisión es correcta, me veo compelido a

dirigir la mirada a la facultad de los Fiscales Especiales

Independientes cuando media una determinación de conflicto

de interés. Hasta hoy, el consenso entre los miembros de

este Tribunal yacía en que, emitida una determinación de

conflicto de interés por parte del Secretario de Justicia —

como sucedió en este caso—, el PFEI tiene potestad para

procesar        criminalmente,              inclusive,         a     individuos

particulares. Pueblo v. Muñoz Noya, 204 DPR 745 (2020).

     Sin     embargo,         descontentos        con     el    desenlace      que

supondría aplicar esta norma, algunos compañeros postulan,

en abstracción de la letra del estatuto, que no basta con

una determinación expresa de conflicto de interés (que es lo

único que la ley exige), sino que es necesario detallar y

presentar prueba concluyente de este (algo que la ley no

requiere).      El    problema       con    esa   nueva    tesis    es   que   el

pronunciamiento de conflicto de interés del Secretario de

Justicia no es un asunto sujeto a revisión judicial. Se trata

del ejercicio discrecional de decidir a quién acusar. Pueblo

v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 298-299 (1992). Eso es una

función del Poder Ejecutivo.

     Establecer         por    opinión       judicial      un      catálogo    de

directrices para sustituir el criterio del Departamento de

Justicia respecto a aquello que configura “conflicto de

intereses”, sería sobrepasar nuestras funciones e invadir

las de otras ramas. La tangente que propone el ala disidente

tendría    el        efecto    que     el     legislador        quiso    evitar;
CC-2023-0318                                                               3

situaciones     de    conflicto        de    interés       y    falta     de

imparcialidad,       objetividad       e     independencia          en    las

investigaciones.     No   se   puede       obligar    al   Secretario      de

Justicia a acusar a alguien. Por eso, la norma que proponen

los   compañeros     disidentes    abre       la     puerta    a    que    el

comportamiento delictivo contra las arcas gubernamentales

quede impune, pues posibilitaría situaciones en las que

ningún ente pudiera encausar a los funcionarios públicos o

actores privados.

      Por eso, recalco que cuando se trata de una intervención

del PFEI bajo el supuesto de determinaciones de conflicto de

interés, el elemento esencial es que el Departamento de

Justicia emita tal determinación.

                                       I

      La situación fáctica que engendra el caso de marras se

encuentra detallada en la Opinión del Tribunal, por lo que

procedo directamente a exponer mi postura.

      El Art. 5(1) de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988,

según enmendada, conocida como la Ley para Crear la Oficina

del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, (Ley del

PFEI), 3 LPRA sec. 991, preceptúa que el Secretario de

Justicia deberá realizar una investigación preliminar tras

recibir    información    bajo    juramento        que,    a   su    juicio,

constituya causa suficiente para indagar si funcionarios

públicos    o   individuos     particulares          cometieron     ciertos

delitos. Efectuada la indagación preliminar, “solicitará el

nombramiento de un Fiscal Especial cuando determine que, de
CC-2023-0318                                                                            4

ser    la    investigación            realizada       por        el     Secretario      de

Justicia, podría resultar en algún conflicto de interés”.

(Negrilla suplida). Íd.

       Como vemos, la norma no requiere demostrar el conflicto

de interés, mucho menos que se especifique o detallen sus

fundamentos. Bajo el esquema estatutario, tampoco hay margen

para que los tribunales entremos a adjudicar la legitimidad

del conflicto argüido. En otras palabras, se trata de una

cuestión no revisable.

       En    Pueblo   v.       Muñoz    Noya,       supra,       tanto     la     Opinión

mayoritaria como la Opinión disidente del Juez Asociado

señor Colón Pérez (a la que se unió la Jueza Presidenta

Oronoz      Rodríguez      y    la     Juez       Asociada        señora        Rodríguez

Rodríguez),        tomaron       en     cuenta       que,        en     ocasiones,      la

autoridad del PFEI cobra vigor en base a una determinación

de    conflicto     de   interés.        En       concreto,       allí     la     Opinión

disidente planteó que el PFEI puede encausar criminalmente

a un sujeto privado “emitida una determinación de conflicto

de interés por parte del Secretario del Departamento de

Justicia de Puerto Rico, según pautado en el Artículo 5 del

precitado estatuto”. (Negrilla suplida). Íd., pág. 768.

       Si hasta la fecha había concordancia entre los Jueces

de    este    Tribunal         respecto       a     que     la        emisión    de    una

determinación de conflicto de interés es suficiente para

investir      de   jurisdicción          al       PFEI,   no      hay     motivo      para

debatirlo ahora. Aun bajo la Opinión disidente de Pueblo v.

Muñoz Noya, supra, tendríamos que concluir que el PFEI tiene
CC-2023-0318                                                          5

potestad para procesar criminalmente al Sr. Juan Maldonado

De Jesús y al Sr. Aaron Wayne Vick.1

      Es   un   hecho   incontrovertido      que    el    Hon.   Domingo

Emanuelli Hernández, Secretario de Justicia, determinó la

existencia de un conflicto de interés que impedía a su

dependencia encargarse del procesamiento de los funcionarios

públicos, coautores o personas privadas que participaron en

la conducta delictiva imputada.

      Aun así, las opiniones disidentes insisten en imponer

condiciones     adicionales      con    fines      de    cuestionar   la

legitimidad del conflicto de interés consignado. Rechazo esa

invitación. Contrario a la contención de algunos compañeros,

estamos impedidos de revisar la discreción del Secretario de

Justicia para decidir a quién procesar. Pueblo v. Rexach

Benítez, supra.

      La peripecia de añadir trabas adicionales al mecanismo

instaurado por la Ley del PFEI tropieza con la investigación

neutral e independiente que el legislador dispuso. En el

peor de los casos, obstaculizar de esta manera la facultad

del PFEI podría, incluso, abonar al problema de impunidad

por falta de encausamiento. Eso sucedería si el Panel del

PFEI decidiera que no se encause a un funcionario público y

se le privara de encausar a personas privadas relacionadas,

1 Aestos se les imputó intervenir ilegalmente en el proceso de otorgación
de un contrato gubernamental relacionado con la compra de pruebas para
detectar COVID-19. Así, las acusaciones se centraron en los delitos de
tentativa de fraude; falsificación de documentos; posesión y traspaso
de documentos falsificados; falsedad ideológica, e intervención indebida
en operaciones gubernamentales.
CC-2023-0318                                                     6

luego de revocarse la decisión del Secretario de Justicia de

que tenía un conflicto de interés para procesar a esos

individuos. Eso es precisamente lo que los legisladores

quisieron evitar.

                                    II

    En   fin,   estoy   conforme    con   la Opinión   que   hoy se

certifica. El nombramiento y la encomienda que el Panel

realizó pone de manifiesto la jurisdicción de los Fiscales

Especiales Independientes.

                                   RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
                                        Juez Asociado
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

       Peticionario

            v.                          CC-2023-0318

Juan Maldonado de Jesús y
Aaron Vick

       Recurridos

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión Disidente

                    En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2023.

                        Nuevamente se nos presentó una controversia que

                    gira en torno a si la Oficina del Panel sobre el

                    Fiscal   Especial    Independiente   (OPFEI)   ostenta

                    jurisdicción para presentar cargos criminales contra

                    personas particulares a pesar de que no se les haya

                    imputado haber cometido conducta delictiva contra la

                    función pública o el erario, en concierto y común

                    acuerdo con un funcionario público. Cónsono con mi

                    postura en Pueblo v. Muñoz Noya, 204 DPR 745 (2020),

                    disiento respetuosamente del proceder de una mayoría

                    de esta Curia.

                                               I.

                        La Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal
CC-2023-0318                                                                    2

Especial Independiente, Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988,

3 LPRA secs. 99h et seq. (Ley Núm. 2), instauró OPFEI, un

mecanismo de naturaleza extraordinaria para el procesamiento

criminal de ciertos funcionarios del gobierno. El Art. 5 de

esta ley, el cual atiende la jurisdicción de OPFEI sobre

otros funcionarios, empleados o individuos no enumerados en

el Art. 4(1), concede autoridad a la referida oficina para

encausar a individuos particulares que hayan participado como

autores o coautores en la conducta delictiva que involucre a

un funcionario público, inicialmente investigado bajo la

jurisdicción de OPFEI. Véase: 3 LPRA sec. 991. Sin embargo,

la   ley    especifica    que     “el   Panel   tendrá    la   facultad       de

determinar si investiga y procesa al autor o los coautores

[...]      solamente     cuando     los   delitos      imputados      a       los

funcionarios públicos bajo su jurisdicción sean contra la

función pública o el erario”.1 Es decir, la jurisdicción de

OPFEI      sobre   personas     particulares    está     supeditada       a    la

existencia de un funcionario público a quien se le impute un

delito contra la función pública o el erario.

        En el caso ante nos, el 4 de noviembre de 2021 OPFEI

presentó varias denuncias criminales en contra de los señores

Juan Maldonado De Jesús (señor Maldonado de Jesús) y Aaron

Wayne Vick (señor Vick) por los delitos de tentativa de

1 (Énfasis suplido). La Ley Núm. 3-2012 enmendó el Art. 5 de la Ley Núm.
2 para incluir el texto al que se hace referencia. Cito el texto íntegro
de la Ley Núm. 3-2012, según fue promulgada por el Departamento de
Estado, pues las colecciones de Leyes de Puerto Rico (LPR) y Leyes de
Puerto Rico Anotadas (LPRA), por error, no incluyen esta porción del
Art. 5 de la Ley Núm. 2. Véase: ttps://sutra.oslpr.org/osl/sutra/anejos_
conv/2009-2012/%7Bcd78b2f8-e3fd-48a9-ae35-543f9c792d6f%7D.pdf.
CC-2023-0318                                                                           3

fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica,

posesión y traspaso de documentos falsificados e intervención

indebida en operaciones gubernamentales (Arts. 202, 211, 212,

217 y 254 del Código Penal, 33 LPRA secs. 5272, 5281, 5282,

5287 y 5345). Sin embargo, las denuncias que se presentaron

en contra de los señores Maldonado De Jesús y Vick no

imputaron conducta delictiva llevada a cabo en concierto y

común acuerdo con algún funcionario o exfuncionario público

ni que hayan participado, conspirado, inducido, aconsejado,

provocado, instigado, o de algún otro modo hayan sido autores

o   coautores         de    conducta     delictiva        realizada         por    algún

servidor     o    exservidor           público.     Por    el    contrario,          las

denuncias        se        limitaron     a   exponer       que        dos    personas

particulares          y    privadas     actuaron     en     concierto         y    común

acuerdo, únicamente entre ellas, para cometer la conducta

prohibida. La pregunta forzosa, y que la Opinión mayoritaria

evita   plantearse,           es:   ¿Cuál     es    el    delito       imputado      al

funcionario público dentro de la jurisdicción de OPFEI que

sirve como base para que esta entidad obtenga jurisdicción

sobre las personas particulares? Evidentemente, no existe

ninguno. Entonces, es forzoso concluir que está ausente el

elemento esencial que otorgaría jurisdicción a OPFEI sobre

las personas privadas imputadas.

        Tras     concluir       que     no   se    cumplió      con    la    referida

excepción,       procedía       analizar     si    estábamos       ante       la    otra

situación excepcional concebida en la Ley Núm. 2 mediante la
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cual    se   le   otorga     jurisdicción        a     OPFEI     sobre   personas

particulares:       cuando      el    Secretario          del   Departamento    de

Justicia determina que podría existir un conflicto de interés

que impida la investigación objetiva por el Departamento de

Justicia. 3 LPRA sec. 99l.

         Sobre    esto,    OPFEI      indicó     que       el   Departamento    de

Justicia expresó estar impedido de procesar a los imputados

por un posible conflicto de interés, pues inicialmente no

había    recomendado       la   designación          de    un   Fiscal   Especial

Independiente. En particular, el 23 de septiembre de 2021 el

Fiscal Especial Independiente, el Lcdo. Ramón Mendoza Rosario

(Fiscal Especial Mendoza Rosario), le remitió a la Presidenta

de OPFEI, la Lcda. Nydia M. Cotto Vives (licenciada Cotto

Vives), una carta en la cual le expresó que “[e]n este caso

estamos      considerando            que      procede       presentar       cargos

criminales.       Dichos   cargos          estarían    dirigidos     a    personas

privadas. Debido a lo anterior, es necesario auscultar y

definir los aspectos jurisdiccionales aplicables”.2

         En respuesta, el 23 de septiembre de 2021 la licenciada

Cotto Vives envió al Secretario del Departamento de Justicia,

Hon.    Domingo     Emanuelli         Hernández       (secretario        Emanuelli

Hernández), una carta en la que le comunicó lo siguiente:

             [H]emos recibido una comunicación de los
         Fiscales Especiales Independientes (FEI) en el
         caso de referencia. En la misma, nos informan que
         —luego de culminar la investigación a fondo—, han
         determinado presentar cargos penales contra tres
         de los coautores, que no son funcionarios
         públicos. Al no presentarse cargos penales contra

2   Apéndice del certiorari, pág. 278.
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         ninguno    de     los    funcionarios     públicos
         investigados, los cuales participaron del proceso
         de la compra de las pruebas COVID, queda pendiente
         determinar si el proceso continuará a cargo de
         los fiscales especiales independientes o, en su
         defecto, el Departamento de Justicia se hará
         cargo de dicho procedimiento. Sin embargo, para
         que los FEI puedan continuar con el mismo, es
         necesario que usted así lo determine a la luz de
         lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Núm. 2-1988.3
         (Énfasis suplido).

         El 24 de septiembre de 2021, el secretario Emanuelli

Hernández, remitió una misiva a la licenciada Cotto Vives

mediante la cual le expresó que:

             [E]n atención a su comunicación de 23 de
         septiembre de 2021, le informamos que es
         completamente incompatible y conlleva un serio
         conflicto de intereses que los fiscales del
         Departamento de Justicia se hagan cargo del
         procesamiento de los funcionarios públicos que
         participaron en este caso en el proceso de compra
         de las pruebas de COVID. Ello en vista de que en
         el informe de la investigación preliminar que fue
         remitido el 10 de diciembre de 2020 al Panel sobre
         el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por el
         Departamento de Justicia, no se recomendó la
         designación de un Fiscal Especial Independiente
         basado en los hallazgos de la investigación.4
         (Énfasis suplido).

         Posteriormente,   el   27   de   septiembre   de   2021   la

licenciada Cotto Vives les comunicó a los fiscales especiales

asignados al caso lo siguiente:

             En atención a la comunicación que enviaron al
         Panel el pasado 23 de septiembre de 2021,
         relacionada con el caso de referencia, procedimos
         a remitir una comunicación al Hon. Domingo
         Emanuelli Hernández, Secretario del Departamento
         de Justicia para que éste evaluara el aspecto
         jurisdiccional y nos notificara su decisión sobre
         el particular. Mediante escrito fechado el 24 de
         siempre de 2021, el Secretario de Justicia nos
         indica su determinación de que el caso continúe

3   Íd., pág. 279.
4   Íd., pág. 280.
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         siendo atendido por los fiscales especiales
         independientes. Atendido le anterior, quedan
         facultados para proceder de conformidad con dicha
         determinación.5

          Finalmente, el 21 de octubre de 2021 el secretario

Emanuelli Hernández envió otra misiva a la licenciada Cotto

Vives en la que le expresó que:

             [L]e   informarnos   que   es   completamente
         incompatible y conlleva un serio conflicto de
         intereses que el Ministerio Público se haga cargo
         del procesamiento de personas privadas o de los
         coautores que participaron en el proceso de la
         compra de las pruebas de COVID-19. Por tal razón,
         el Departamento de Justicia no se hará cargo del
         procesamiento criminal de dichas personas con
         relación a este asunto.6 (Énfasis suplido).

          Nótese     que,    en     primer   lugar,      el    Fiscal   Especial

Independiente        asignado,       el   licenciado          Mendoza   Rosario,

entendió pertinente auscultar la propia jurisdicción de

OPFEI para presentar los cargos criminales en contra de los

señores Maldonado De Jesús y Vick. Es decir, contra personas

privadas y no contra funcionarios o exfuncionarios públicos.

Acto     seguido,    la     Presidenta       de   OPFEI   entendió      prudente

comunicarse directamente con el Secretario de Justicia para

determinar      quién     se   haría      cargo    de    la    presentación   de

cargos. Esto, pues según mencionó, “[a]l no presentarse

cargos penales contra ninguno de los funcionarios públicos

investigados […][,] para que los FEI puedan continuar con

el    [procedimiento],         es    necesario     que    [el    Secretario   de

5   Íd., pág. 281.
6   Íd., pág. 282.
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Justicia] así lo determine a la luz de lo dispuesto en el

Art. 5 de la Ley Núm. 2”.7 (Énfasis suplido).

         Es meritorio resaltar que, ante la interrogante que

presentó      la     licenciada        Cotto    Vives,      el   Secretario    de

Justicia solamente aludió a que la continuación de los

procedimientos         en    el    Departamento             de   Justicia     era

incompatible y conllevaba un serio conflicto de interés que

sus     fiscales      encausaran        a      los    funcionarios     públicos

involucrados. Esto se lo atribuyó a la simple y llana razón

de que en el Informe de la Investigación Preliminar que

preparó el Departamento de Justicia no se recomendó la

designación de un FEI. Sin embargo, el Secretario de Justica

no aludió a que el Departamento de Justicia tuviera algún

conflicto      de    interés      al    procesar        criminalmente    a    las

personas     privadas       implicadas         en    este   caso,   los señeros

Maldonado de Jesús y Vick. No fue sino hasta un mes después

que el Secretario de Justicia remitió una nueva comunicación

a la Presidenta de OPFEI aludiendo, por primera vez y sin

explicación alguna, a la existencia de un conflicto de

interés que impedía a ese departamento hacerse cargo del

procesamiento de personas privadas o de los coautores que

participaron en el proceso de la compra de las pruebas de

COVID-19.

         Lo cierto es que la ley exige que el Secretario de

Justicia haga una determinación de la existencia de un

7   Íd., pág. 279.
CC-2023-0318                                                         8

conflicto de interés que impida la investigación objetiva

por parte del Departamento de Justicia. Ahora bien, en el

caso ante nos lo único que se hizo fue expresar de manera

genérica y ambigua que existía un conflicto de interés. No

se evidenció en qué consiste dicho conflicto ni si este

genuinamente impide la investigación objetiva por parte del

Departamento de Justicia. Sin tener tan siquiera alegaciones

al respecto ante nosotros para poder evaluar la existencia

del   supuesto    conflicto   de   interés,        sería   incorrecto

determinar que procede otorgar jurisdicción a OPFEI sobre

las personas particulares en cuestión. Me parece que, en

esta coyuntura, si el Departamento de Justicia tiene la

intención de liberarse de su deber constitucional, debe

tener una razón de peso.

                                   II.

       De   una   lectura   cohesiva     de   toda   la    legislación

aplicable surge con meridiana claridad que el legislador

proveyó únicamente dos excepciones por las cuáles OPFEI

podría adquirir jurisdicción sobre personas privadas, a

saber: “(1) el procesamiento coetáneo de un funcionario

público que el PFEI tenga jurisdicción para procesar, en

relación con el mismo núcleo de hechos, o (2) emitida una

determinación     de   conflicto   de    interés     por   parte   del

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico […]”.

Pueblo v. Muñoz Noya, supra, pág. 768 (J. Colón Pérez,

Opinión disidente). A fin de cuentas, no podemos olvidar
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que, “[p]or regla general, la facultad y responsabilidad de

investigar,     acusar         y    procesar        una    alegada         conducta

constitutiva de delito público recae en la persona del

Secretario     de    Justicia       y   de    los    fiscales       adscritos     al

Departamento de Justicia”. Pueblo v. García Vega, 186 DPR

592, 603 (2012).           Ante la inexistencia de alguna de las dos

situaciones excepcionales discutidas, resulta claro que es

el Departamento de Justicia y no OPFEI quien único ostenta

jurisdicción        para    procesar        criminalmente       a   los     señores

Maldonado De Jesús y Vick.

                                            III.

       Hoy, la mayoría de esta Curia implementa una norma

absurdamente amplia que no solamente ignora el texto claro

de la ley al otorgar jurisdicción donde palmariamente no la

hay, sino que omite por completo la discusión de la única

excepción     para     encausar         a    personas      privadas        sin    la

imputación     coetánea        de       funcionarios       o    exfuncionarios

públicos que existe en el texto de la Ley Núm. 2.

       Adviértase,          finalmente,       que,    en   vista      de    que   el

Departamento de Justicia se limitó a alegar livianamente

─sin sustentar─ la existencia de un conflicto de interés,

si   este     Tribunal        hubiese         resuelto     la       controversia

correctamente en Derecho, la referida agencia no tendría

impedimento jurisdiccional real para procesar a los señores

De Jesús Maldonado y Vick por los delitos imputados.
CC-2023-0318                                              10

       Por los fundamentos expuestos, disiento del resultado

 del dictamen mayoritario.

                                 Maite D. Oronoz Rodríguez
                                     Jueza Presidenta
                  EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

   Peticionario

        v.                         CC-2023-0318        Certiorari

Juan Maldonado De Jesús y
Aaron Vick

   Recurridos

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la
que se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ.

                En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2023.

                     Hace aproximadamente tres años atrás, en Pueblo

                v. Muñoz Noya, infra, advertimos que el Panel sobre el

                Fiscal Especial Independiente, -- peligrosamente, y

                más allá de las potestades concedidas por ley --, se

                había arrogado la facultad de investigar y procesar

                criminalmente a personas particulares, desplazando en

                esa tarea al Departamento de Justicia de Puerto Rico.

                En ese momento, una mayoría de este Tribunal se negó

                a detener los abusos de poder del Panel sobre el Fiscal

                Especial Independiente. Ello, ha ocasionado que hoy,

                lamentablemente, se repita la misma historia. Esta vez

                en un escenario aún más alarmante. Veamos.
CC-2023-0318                                                       2

                                    I.

         Los hechos medulares que dan margen al presente

litigio no están en controversia. En síntesis, durante la

emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19,

varias personas -- entre ellas, un grupo de legisladores

y legisladoras -- refirieron al Departamento de Justicia

de Puerto Rico un escrito mediante el cual le informaban

a   la    mencionada   agencia    gubernamental      sobre   ciertas

irregularidades presuntamente incurridas por la entonces

Gobernadora de Puerto Rico, la Hon. Wanda Vázquez Garced,

y   otros    funcionarios    públicos,1 en     la    otorgación    de

determinado contrato para la compra de pruebas para la

detección del referido virus. Esto dio paso a que el

Departamento     de    Justicia   iniciara     una   investigación

preliminar al respecto.

1 En específico, además de la entonces Gobernadora, se investigó a los
siguientes funcionarios y funcionarias públicos: (1) Concepción
Quiñones de Longo (Exsecretaria Interina del Departamento de Salud);
(2) General José Burgos Vega (Excomisionado del Negociado de
Emergencias y Administración de Desastres); (3) Iris Estelle Santos
Díaz (Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto); (4) Ottmar
J. Chávez Piñero (Administrador de Servicios Generales); (5) Antonio
Luis Pabón Battle (Secretario de la Gobernación); (6) Lillian Sánchez
Pérez (Subsecretaria de la Gobernación); (7) Segundo Rodríguez
Quilichini (Asesor de la Gobernadora como Coordinador del Task Force
médico); (8) Juan Luis Salgado Morales (Asesor de la Gobernadora como
miembro del Task Force médico); (9) Mabel Cabeza Rivera (Chief of
Staff en el Departamento de Salud y funcionaria en destaque en La
Fortaleza, adscrita al Task Force médico); (10) Adil Marie Rosa Rivera
(Exsecretaria Auxiliar en Administración en el Departamento de Salud);
(11) Mariel Rivera Rivera (Analista de compras en el Departamento de
Salud como parte del programa federal Crisis Program Management
Office); (12) Diana Meléndez Díaz (Directora Interina de la Oficina
interina de Compras y Subastas del Departamento de Salud); (13)
Alfonso Alberto Rossy Raíces (Secretario Auxiliar de Contabilidad en
el Departamento de Hacienda); y (14) Guarina Josefina Delgado García
(Ayudante Especial en el Negociado de Emergencias y Administración de
Desastres). Véase, Carta dirigida a la Presidenta del Panel, la Lcda.
Nydia M. Cotto Vives, de parte de la Secretaria Interina del
Departamento de Justicia, la Lcda. Inés del C. Carrau Martínez, 29 de
octubre de 2020, Apéndice de Petición de certiorari, pág. 512.
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      A    base   de   la   prueba      recopilada    durante       dicha

investigación, la Secretaria Interina del Departamento de

Justicia, la Lcda. Inés del C. Carrau Martínez, concluyó

que   no   existía     causa     suficiente   para   creer     que       los

funcionarios públicos en cuestión habían incurrido en

conducta delictiva. En consecuencia, determinó que en este

caso no recomendaba la designación de un Fiscal Especial

Independiente para investigar y procesar a éstos últimos,

y así se lo comunicó al Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (en adelante, “PFEI”).2

      Ahora bien, en vista de que el escrito que inició la

investigación preliminar a la que hemos hecho referencia

contenía     alegaciones       que    relacionaban    al      Sr.     Juan

Maldonado De Jesús y al Sr. Aaron W. Vick (en adelante,

“señor      Maldonado       De       Jesús”   y      “señor         Vick”,

respectivamente),       ambas     personas    particulares,         --    es

decir, no funcionarios públicos --, para la misma fecha

en que el Departamento de Justicia le notificó al PFEI

sobre su determinación de concluir la investigación en

2  Recordemos que se consideró referir al mencionado grupo de
funcionarios públicos al PFEI, pues es dicha entidad la cual tiene
jurisdicción para procesar criminalmente a: (a) el Gobernador; (b)
los secretarios y subsecretarios de los departamentos del Gobierno;
(c) los jefes y subjefes de agencias; (d) los directores ejecutivos y
subdirectores de las corporaciones públicas; (e) los alcaldes; (f)
los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; (g) los
asesores y ayudantes del Gobernador; (h) jueces; (i) los fiscales;
(j) los registradores de la propiedad; (k) los procuradores de
relaciones de familia y menores; y/o (l) toda persona que haya ocupado
cualesquiera de los cargos antes enumerados (siempre que la
designación del Fiscal Especial Independiente se haga dentro de los
cuatro (4) años siguientes a la fecha en que esa persona cesó en su
cargo), a los que se le impute la comisión de cualquier delito grave
y menos grave incluido en la misma transacción o evento, o cualquier
delito contra los derechos civiles, la función pública o el erario.
Art. 4(1), Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente, infra.
CC-2023-0318                                                          4

contra   de   los    funcionarios      públicos      aquí     señalados,

también le notificó a estos dos ciudadanos privados la

recomendación       de   no   designar    a     un   Fiscal    Especial

Independiente para investigarles.

     Así   las   cosas,       evaluadas   las    notificaciones     del

Departamento de Justicia, -- y contrario a lo recomendado

--, el PFEI determinó que, debido a la prueba que dicha

oficina previamente había recibido, era necesario realizar

una investigación a profundidad sobre los asuntos aquí en

controversia.3 Cónsono con ello, designó a varios Fiscales

Especiales para esta tarea.4

     Finalizada la mencionada investigación, los Fiscales

Especiales     Independientes        concluyeron       que     solamente

procedía presentar cargos contra el señor Maldonado De

Jesús y el señor Vick, quienes, como aludido antes, son

personas   particulares,        es   decir,   no     son   funcionarios

públicos. Ante esta eventualidad, se suscitó la necesidad,

por parte del PFEI, de “auscultar y definir los aspectos

jurisdiccionales aplicables”.5

3 Cabe destacar que, en virtud del Art. 4(4) de la Ley de la Oficina
del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, infra, el PFEI ya
había iniciado una investigación preliminar antes de recibir el
informe del Departamento de Justicia. Esto, debido a que la Comisión
de Salud de la Cámara de Representantes le había referido varios
informes sobre la misma situación. Véase, Resolución del Panel sobre
el Fiscal Especial Independiente, 28 de diciembre de 2020, Apéndice
de la Petición de certiorari, pág. 585.

4 Específicamente, se designó a los Lcdos. Ramón Mendoza Rosario,
Manuel Núñez Corrada y Juan E. Catalá.

5 Véase, Carta dirigida a la Presidenta del Panel, la Lcda. Nydia M.
Cotto Vives, y a miembros del Panel, la Lcda. Ygri Rivera Sánchez y
el Lcdo. Rubén Vélez Torres, de parte de los Fiscales Especiales
delegados, los Lcdos. Ramón Mendoza Rosario, Juan E. Catalá Suárez y
Manuel Núñez Corrada, 23 de septiembre de 2021, Apéndice de Petición
de certiorari, pág. 339.
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     Así las cosas, -- mediante carta --, el PFEI consultó

al Secretario de Justicia, el Lcdo. Domingo Emanuelli

Hernández,   respecto    a    si   se   debía      procesar    al   señor

Maldonado De Jesús y al señor Vick por vía de los Fiscales

Especiales Independientes o, si por el contrario, el

Departamento de Justicia se haría cargo. A juicio del

PFEI, para que el asunto continuara en manos de los

Fiscales Especiales Independientes, por tratarse aquí de

personas particulares, era necesario que el Secretario de

Justicia   levantara    la    existencia      de     un   conflicto    de

interés que no le permitiera manejar el asunto.

     En respuesta, mediante una primera comunicación, el

Secretario de Justicia le notificó al PFEI que la agencia

gubernamental    que   éste   dirige     no     se   haría    cargo   del

procesamiento criminal “de los funcionarios públicos que

participaron del proceso de compra de las pruebas COVID”.6

Esto, por entender que existía un conflicto de interés a

raíz de la determinación preliminar del Departamento de

Justicia de que no procedía la designación de un Fiscal

Especial Independiente para investigar y procesar a éstos.

Nada se mencionó sobre la investigación y el procesamiento

del señor Maldonado De Jesús y del señor Vick.

     Recibida dicha comunicación, el PFEI informó a los

Fiscales Especiales Independientes a cargo del caso que

6 Véase, Carta dirigida a la Presidenta del Panel, la Lcda. Nydia M.
Cotto Vives, de parte del Secretario de Justicia, el Lcdo. Domingo
Emanuelli Hernández, 24 de septiembre de 2021, Apéndice de Petición
de certiorari, pág. 341.
CC-2023-0318                                                     6

el Secretario de Justicia había autorizado la continuación

del trámite, en contra del señor Maldonado De Jesús y el

señor Vick, a través de estos. Ello, a pesar de la falta

de alusión a estos últimos en la referida carta.

          Varias semanas después, el Secretario de Justicia

cursó una segunda comunicación al PFEI en la cual indicó

que su Departamento no se haría cargo del procesamiento

de “personas privadas o de los coautores que participaron

en el proceso de la compra de pruebas para COVID-19”,7 ya

que entendía que ello era “completamente incompatible y

conlleva[ba]      un   serio   conflicto   de   intereses”.8     No

obstante, no se abundó sobre el alegado conflicto de

interés.

          Como resultado de lo anterior, para noviembre de

2021, el PFEI presentó varios cargos contra el señor

Maldonado De Jesús y el señor Vick. Específicamente, se

les acusó por los delitos de fraude, falsificación de

documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de

documentos falsificados e intervención indebida en las

operaciones gubernamentales. Arts. 202, 211, 212, 217 y

254 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA secs. 5272,

5281, 5282, 5287 y 5345, respectivamente.

          Así pues, luego de varios trámites procesales no

necesarios aquí pormenorizar, el señor Maldonado De Jesús

7 Véase, Carta dirigida a la Presidenta del Panel, la Lcda. Nydia M.
Cotto Vives, de parte del Secretario de Justicia, el Lcdo. Domingo
Emanuelli Hernández, 21 de octubre de 2021, Apéndice de Petición de
certiorari, pág. 343.

8   Íd.
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y el señor Vick solicitaron la desestimación de los cargos

presentados en su contra. En esencia, estos adujeron que

el PFEI no tenía jurisdicción para procesarles por los

delitos      antes        mencionadas     por       ser     éstos     personas

particulares,        entiéndase,       individuos         privados,      que   no

actuaron en acuerdo con un funcionario público.

     Enterado        de    lo   anterior,      en    oposición,       el    PFEI

argumentó que tenía jurisdicción para iniciar un proceso

criminal     respecto       a   cualesquiera        de    los     delitos      que

surgieran como resultado de una investigación encomendada

por el PFEI. Esto, incluyendo aquellos cometidos por

personas particulares, como, a su juicio, ocurrió en el

presente caso.

     Tras     evaluar       los      argumentos      de    las     partes,     el

Tribunal     de   Primera       Instancia       emitió      una     Resolución

mediante     la   cual       determinó        que    el     PFEI    no     tenía

jurisdicción ni facultad legal para encausar criminalmente

al   señor    Maldonado         De    Jesús     y   al     señor    Vick.       En

consecuencia, ordenó la desestimación de todos los cargos

en contra de estos últimos.

     Inconforme con dicho proceder, el PFEI acudió al

Tribunal de Apelaciones mediante Petición de certiorari.

En esencia, argumentó que dicha oficina tenía jurisdicción

sobre el señor Maldonado De Jesús y el señor Vick desde

el inicio de la investigación en su contra, toda vez que

los últimos figuraban en una encomienda asignada por el
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PFEI.       Asimismo,          alegó   que,    una     vez     asumida       tal

jurisdicción, la misma no se perdía.

       Por su parte, el señor Maldonado De Jesús y el señor

Vick presentaron sus respectivos escritos en oposición a

la expedición del auto de certiorari. En síntesis, estos

argumentaron que, por no haber actuado en concierto y

común acuerdo con un funcionario público para cometer

delitos      contra       la    función    pública,    el    PFEI     no   tenía

facultad alguna para procesarles.

       Evaluado los alegatos de ambas partes, el Tribunal

de Apelaciones dicto Sentencia. Al así hacerlo, concluyó

que, de las denuncias presentadas, no surgía que el señor

Maldonado De Jesús y el señor Vick hubiesen actuado en

concierto      y     común       acuerdo    con     algún    funcionario      o

exfuncionario público, tal como se requiere legalmente

para    que    dicha       entidad     pueda      investigar      y   procesar

criminalmente a personas particulares. En otras palabras,

no encontró que estos hubiesen participado, conspirado,

inducido, aconsejado, provocado, instigado, o de algún

otro modo, hubiesen sido autores o coautores de conducta

delictiva      realizada         por   algún      servidor    o     exservidor

público.

       El     foro        apelativo        intermedio        tampoco       logró

identificar un conflicto de interés que le permitiera al

Departamento         de    Justicia       delegar    la     investigación      y

procesamiento de éstas personas particulares al PFEI. Así

las cosas, se confirmó el dictamen del foro primario.
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       Inconforme    aún,    el    PFEI    acudió   ante     esta   Curia

mediante una Petición de certiorari. En síntesis, la

mencionada entidad reitera su posición en cuanto a que

tiene jurisdicción sobre el señor Maldonado De Jesús y el

señor Vick desde el inicio de la investigación y que su

ley    habilitadora     no    contempla        la   pérdida    de   esta

autoridad. Por lo anterior, arguye que tiene la facultad

en ley para para encausar criminalmente a las personas

particulares aquí en cuestión.

       En oposición, el señor Maldonado De Jesús y el señor

Vick     presentaron,        por     separado,         sus    alegatos.

Esencialmente, estos sostienen los argumentos presentados

ante los foros inferiores. En específico, argumentan que

el PFEI carece de autoridad para procesarles, toda vez que

no se les imputa un delito en concierto y común acuerdo

con un funcionario público. De igual forma, plantean que

el    Departamento    de    Justicia      no   logró   identificar    un

conflicto de interés concreto que le permitiese ceder el

procesamiento al PFEI.

       Trabada así la controversia, una mayoría de este

Tribunal determinó que la jurisdicción de los Fiscales

Especiales Independientes se extiende a casos en los que

se     presentan     cargos        criminales       contra     personas

particulares,       cuya     presunta      conducta     delictiva     es

descubierta como resultado de la investigación encomendada

por el PFEI. Por no estar de acuerdo con dicho proceder,

energéticamente disentimos. Explicamos el porqué.
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                                      II.

                                         A.

        Como   regla    general,    en    nuestra   jurisdicción      la

facultad       y   responsabilidad       de   investigar,    acusar   y

procesar criminalmente recae en el Secretario o Secretaria

de   Justicia       y   en    los   fiscales     adscritos     a   este

Departamento. Pueblo v. Torres Santiago, 175 DPR 116, 125

(2008). Véase también, Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592,

603 (2012); Pueblo v. Colón Bonet, 200 DPR 27, 35 (2018).

Dicha     facultad      y    responsabilidad     emana   del   mandato

constitucional de asistir al Gobernador o Gobernadora en

turno en el cumplimiento de las leyes. Art. IV, Secs. 4-

6, Const. ELA, LPRA, Tomo I, ed. 2023 pág. 424-429. Véase,

Pueblo v. Torres Santiago, supra, pág. 125; Pueblo v.

Quiñones, Rivera, 133 DPR 332, 338 (1993).

        No obstante, a modo de excepción, nuestra Asamblea

Legislativa delegó, bajo algunos supuestos, parte de esta

autoridad al PFEI. Pueblo v. Torres Santiago, supra, pág.

125. Véase, Pueblo v. Pérez Casillas, 126 DPR 702, 710

(1990); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 293 (1992).

Esto, mediante la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988,

según enmendada, 3 LPRA sec. 99h et seq., también conocida

como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal

Independiente (en adelante, “Ley del PFEI”).

        En específico, el referido estatuto se promulgó a

raíz de varios “casos de corrupción y delitos en el

gobierno de Puerto Rico”. J.M. Masini-Muñoz, Realidades
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de la Oficina del Fiscal Especial Independiente y de La

ley que la estableció, 62 (Núm. 2) Rev. Jur. UPR 331, 332

(1993). Véase también, Exposición de Motivos, Ley del

PFEI, supra. En atención a ello, se creó el PFEI, como

ente    independiente,    con       la   finalidad    de   “prevenir,

erradicar y penalizar cualquier comportamiento delictuoso

o indebido” realizado por funcionarios gubernamentales.

Exposición de Motivos, Ley del PFEI, supra. Véase también,

Pueblo v. Colón Bonet, supra, pág. 37; Pueblo v. Torres

Santiago, supra, pág. 124.

       En esencia, la idea de crear un ente independiente

tenía como propósito evitar cualquier posible parcialidad,

por parte del Departamento de Justicia, “para llevar casos

criminales      de   funcionarios        públicos”.    Masini-Muñoz,

supra, pág. 333. Véase, Pueblo v. Colón Bonet, supra,

págs. 37-38. En pocas palabras, el PFEI se instituyó como

un foro para aquellos casos “cuya investigación deba

llevarse a cabo por otra unidad de la Rama Ejecutiva que

no sea el Departamento de Justicia, […] por la función

pública    de   la   persona    a    ser      investigada”.   (Énfasis

suplido). Silva Iglecia v. FEI, 137 DPR 821, 836 (1995).

                                         B.

       Así pues, el Art. 4 de la Ley del PFEI, infra, detalla

el proceso que se debe seguir para designar a un Fiscal

Especial Independiente en aquellas instancias en las que

están envueltos los funcionarios o exfuncionarios públicos

a los que le es de aplicación la referida disposición
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legal. Art. 4(1), Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99k. En

particular, entre estos funcionarios se encuentran: (1)

la     o    el    gobernador;      (2)    las    o    los   secretarios      y

subsecretarios de los departamentos del ELA; y (3) las y

los jefes y subjefes de agencias; al igual que personas

que han ocupado estos puestos (siempre que la designación

del Fiscal Especial se haga dentro de los cuatro (4) años

siguientes a la fecha en que esa persona cesó en su cargo).

Íd. Véase, Pueblo v. Colón Bonet, supra, págs. 37-38; In

re Invest. Ex. Alcalde Vega Alta, 158 DPR 666, 672 (2003).

       En específico, el mencionado Art. 4 de la Ley del

PFEI, supra, en su inciso (1), dispone que el Secretario

de Justicia iniciará una investigación preliminar en todo

caso       en    que    obtenga    información,       de    ordinario     bajo

juramento, que a su juicio constituya causa suficiente

para       investigar     si     alguno   de    los   funcionarios      antes

mencionados ha cometido cualquier delito, -- sea grave o

menos grave --, incluido en la misma transacción o evento,

o contra los derechos civiles, la función pública o el

erario.          Art.    4(2),    Ley     del    PFEI,      supra.   De     la

investigación realizada, el Secretario de Justicia deberá

remitir un informe al PFEI con sus recomendaciones sobre

si existe causa suficiente para creer que se ha cometido

cualesquiera de los referidos delitos y si procede, o no,

la designación de un Fiscal Especial Independiente para

que evalúe el asunto investigado. Art. 4(2), Ley del PFEI,
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supra. Véase, Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860,

872 (1998).

     De     igual       forma,       si    el    Secretario        de    Justicia

determina    que    no     es    necesario           designar      a    un   Fiscal

Especial Independiente, éste aún tiene el deber de referir

el informe y el expediente completo del caso al PFEI. Art.

4(2), Ley del PFEI, supra. En tales instancias, el PFEI

tendrá    discreción       para       nombrar        a    un   Fiscal    Especial

Independiente       y     ordenar         la    investigación          del    caso,

indistintamente de la recomendación del Secretario de

Justicia. Íd. Véase, Pueblo v. Colón Bonet, supra, pág.

39; In re Invest. Ex. Alcalde Vega Alta, supra, pág. 673.

Esto, a nuestro juicio, solo en aquellas circunstancias

en que así se lo permita su ley habilitadora.

                                                C.

     Ahora    bien,       y     ya    más       en   lo    relacionado        a   la

controversia que nos ocupa, el Art. 5 de la Ley del PFEI,

infra, esboza dos escenarios en los cuales el PFEI podrá

investigar     y    procesar          criminalmente            a   personas       no

enumeradas en el Art. 4 de la antes descrita ley, supra.

Entre estas, las personas particulares (“individuos”).

Art. 5, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99l.

     En esa dirección, los primeros dos incisos del Art.

5 de la Ley del PFEI, supra, contemplan la posibilidad de

que el PFEI pueda investigar a una persona particular

cuando el Secretario de Justicia entienda que, el manejo

de la investigación por parte del Departamento que éste
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dirige, podría ocasionar un conflicto de interés. Art.

5(1), Ley del PFEI, supra.

        En específico, la aludida disposición reza de la

siguiente manera:

          Cuando el Secretario recibiere información
          bajo juramento que a su juicio constituyera
          causa    suficiente    para    investigar   si
          cualesquiera    de   los    funcionarios,   ex
          funcionarios,    empleados,    ex   empleados,
          autores, coautores o individuos no enumerados
          en el Artículo 4, de esta Ley ha cometido
          cualesquiera de los delitos a que hace
          referencia al Artículo 4 de esta Ley efectuará
          una investigación preliminar y solicitará el
          nombramiento de un Fiscal Especial cuando
          determine que, de ser la investigación
          realizada por el Secretario de Justicia,
          podría resultar en algún conflicto de interés.
          (Énfasis suplido). Íd.

        Precisa señalar aquí que, el precitado articulado

debe leerse, claro está, en conjunto con el Art. 5(2) de

la Ley del PFEI, supra, el cual dispone que de no existir

conflicto    que   impida     una   investigación   objetiva,    el

Departamento de Justicia asumirá jurisdicción sobre la

misma. Art. 5(2), Ley del PFEI, supra.

        Así pues, de lo anterior podemos colegir que se

permite designar a un Fiscal Especial Independiente cuando

la “investigación deba llevarse a cabo por otra unidad de

la Rama Ejecutiva que no sea el Departamento de Justicia,

[...]     porque   la   investigación      pueda    crear   serios

conflictos de intereses al Departamento de Justicia”.

(Énfasis suplido). Silva Iglecia v. FEI, supra. Es decir,

en estos casos, el elemento esencial para que el PFEI

pueda     intervenir    con    personas    particulares     es   la
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existencia     de    un     conflicto       de    interés     entre    el

Departamento de Justicia y la parte investigada.

      Atendido el primero de los escenarios en los cuales

el   PFEI   puede    investigar     y   procesar      criminalmente     a

personas particulares, procedemos a atender lo relacionado

al segundo de los escenarios. Este se encuentra recogido

en el inciso tres (3) del Art. 5 de la Ley del PFEI, supra,

el cual dispone que el PFEI podrá investigar y procesar a

una persona particular cuando ésta haya cometido alguno

de los delitos a los que hace referencia el estatuto, en

colaboración con un funcionario o exfuncionario según

enumerado en el Art. 4. Art. 5(3), Ley del PFEI, supra.

Es decir, se puede extender la jurisdicción del PFEI a

personas particulares que están implicadas en conducta

delictiva realizada en acuerdo o cooperación con algún

funcionario público enumerado en la ley.

      Ahora bien, para tener claro el alcance de este

último inciso es imperativo analizar el mismo en conjunto

con lo dispuesto en la Ley Núm. 3 de enero de 2012 (en

adelante, “Ley Núm. 3-2012”); estatuto que se aprobó con

la finalidad de enmendar el Art. 5 de la Ley del PFEI,

supra.   La   enmienda      en   cuestión    tuvo     el   propósito   de

establecer que el PFEI tiene la prerrogativa de determinar

si   incluir    en     su    encomienda          la   investigación     y

procesamiento de autores o coautores, incluyendo personas

particulares, del delito imputado al funcionario público.

Art. 5(3), Ley del PFEI, supra.
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        En otras palabras, antes de la introducción de esta

enmienda,-- la que se limita a establecer la relación

entre personas particulares y funcionarios públicos en la

comisión de delitos --, el PFEI no tenía jurisdicción

sobre personas particulares que                    de algún modo         fuesen

autoras o coautoras de la conducta delictiva atribuida a

los funcionarios enumerados. Exposición de Motivos, Ley

Núm. 3-2012, supra. Según se desprende de la Exposición

de   Motivos        de   la    referida       pieza     legislativa,       dicha

carencia de autoridad generaba inconvenientes tales como

falta    de    coordinación           y   cooperación     entre     el   Fiscal

Especial Independiente y los fiscales del Departamento de

Justicia;      confusión        en     el   jurado;     fraccionamiento      de

procesos; entre otros. Íd.

                                             D.

        Por último, y para finalizar esta sección de la

exposición del derecho que gobierna los asuntos que nos

ocupan,       nos    parece         indispensable       enfatizar    que    los

Fiscales Especiales Independientes no tienen “la facultad

para determinar el alcance de su propia jurisdicción”.

Pueblo v. Pérez Casillas, supra, pág. 712. Tiene que ser

así, pues lo contrario haría inoperante el principio

general       conforme        con    el     cual   la    jurisdicción      para

investigar y procesar delitos que se cometen en Puerto

Rico corresponde al Departamento de Justicia. Pueblo v.

Muñoz Noya, infra, pág. 777, Opinión disidente del Juez

Asociado Colón Pérez. Véase, Pueblo v. Pérez Casillas,
CC-2023-0318                                                                       17

supra, pág. 712; Pueblo v. Colón Bonet, supra, págs. 35-

36.

                                          III.

      Establecido       lo        anterior,      y      ya     para     culminar,

repasamos lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Muñoz

Noya, 204 DPR 745 (2020; caso con controversias en extremo

similares    a    las   que       hoy     se    encuentran          ante    nuestra

consideración. En específico, las controversias a resolver

versaban específicamente sobre el inciso tres (3) del Art.

5 de la Ley del PFEI, supra, a saber, la autoridad del

PFEI para presentar cargos criminales contra personas

particulares que presuntamente participaron en la conducta

delictiva imputada a los funcionarios enumerados en el

referido estatuto.

      En   esa    ocasión,        el    PFEI    intentó        procesar       a   una

persona    particular        --    el    Lcdo.    Ángel        Muñoz       Noya   (en

adelante,        “licenciado            Muñoz    Noya”)         --,        sin    el

procesamiento coetáneo del funcionario público sobre el

cual dicha entidad tenía jurisdicción; entiéndase, el

expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, el Sr. Jaime Perelló Borrás (en adelante, señor

Perelló Borrás”).

      Al adentrarse en las controversias relacionadas a

dicho litigio, una mayoría de este Tribunal determinó que

el PFEI poseía “jurisdicción exclusiva, circunscrita a la

encomienda       asignada         por    el     PFEI,        para     encausar     a

individuos particulares que, de acuerdo con los hallazgos
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de   sus   investigaciones,    aparentemente     delinquieron    en

concierto y común acuerdo con un funcionario público”. Íd.

pág.   765.   Esto,   aunque   este    último   no   sea   procesado

criminalmente.

       Como ya mencionamos, en esa ocasión optamos por

disentir energéticamente, debido a que somos del parecer

que, -- de un análisis de la ley orgánica del PFEI y de

la intención de la Asamblea Legislativa tras su creación

--, solo hay dos supuestos en los cuales el PFEI puede

asumir jurisdicción y procesar a personas particulares, a

saber: (1) el procesamiento coetáneo de un funcionario

público sobre el cual el PFEI tiene jurisdicción, con

relación a los mismos hechos o eventos, o (2) cuando se

emita una determinación de conflicto de interés por parte

del Secretario de Justicia.          Pueblo v. Muñoz Noya, supra,

pág. 768, Opinión disidente del Juez Asociado Colón Pérez.

       En lo que respecta al mencionado caso, aunque la

investigación    evidenció     que    el   licenciado   Muñoz   Noya

presunta y supuestamente había “delinquido” en acuerdo con

el señor Perelló Borrás, nunca se presentaron cargos en

contra de este último. Ante ese escenario, éramos y somos

de la opinión que el PFEI quedó privado de autoridad para

procesar al referido letrado.

       En suma, estábamos frente a “un solo proceso penal

contra un ciudadano privado, quien -- por no ser uno de

los individuos enumerados en el Art. 4 de la Ley del PFEI,

supra --, si se contase con prueba para esto, debió haber
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sido procesado por el Departamento de Justicia”. Íd. pág.

777. Ello, precisamente, fue lo que ocurrió en el caso de

marras. Nos explicamos.

                                           IV.

      En     el   presente      caso,      como     ya    mencionamos,       el

Departamento       de     Justicia        realizó     una    investigación

preliminar que le llevó a concluir que no existía causa

suficiente para creer que los funcionarios públicos y las

personas privadas envueltas en la compra de las pruebas

habían incurrido en una posible conducta delictiva. Por

tal   razón,      no    recomendó    la    designación      de   un   Fiscal

Especial Independiente.

      No obstante, y contrario a lo recomendado, el PFEI

entendió que sí era necesaria la designación de varios

Fiscales     Especiales        Independientes        para    realizar       una

investigación a profundidad sobre los asuntos aquí en

controversia.          Según   se   desprende       del   expediente     ante

nuestra consideración, dicha investigación demostró que

aparentemente había causa suficiente para procesar al

señor Maldonado De Jesús y al señor Vick, no así a los

funcionarios públicos sujetos a esta investigación.

      Ante     esos      resultados,      y   de    conformidad       con   la

normativa antes expuesta, el PFEI carecía de autoridad

para procesar a las personas particulares. Y es que, al

no encontrar evidencia suficiente para vincular a los

funcionarios públicos en el comportamiento delictivo en

cuestión, no se configuraba el escenario plasmado en el
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inciso tres (3) del Art. 5 de la Ley del PFEI, supra.9 No

se cometió, pues, el error señalado.

        Recordemos, que uno de los principios cardinales de

interpretación hermenéutica es que “cuando la ley es clara

y   libre     de    toda    ambigüedad,     su   texto    no    debe

menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.

Art. 19, Código Civil de PR, 31 LPRA sec. 5341. Véase,

FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26, 211 DPR __ (2023);

Martajeva v. Ferré Morris y otros, 210 DPR 612, 626 (2022).

Véase     también   J.     M.   Farinacci   Fernós,   Hermenéutica

Puertorriqueña: Cánones de Interpretación Jurídica, San

Juan, Editorial InterJuris, (2019), págs. 69-74. En ese

sentido, “cuando el legislador se ha expresado en un

lenguaje claro e inequívoco, el propio texto de la ley es

la expresión por excelencia de la intención legislativa”.

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012).

Precisamente, ese es el caso del Art. 5 de la Ley del

PFEI, supra; el texto esboza, claramente, las únicas dos

9 El Departamento de Justicia tampoco pudo demostrar la existencia de
un conflicto de interés, en conformidad con los primeros dos incisos
del Art. 5 de la Ley del PFEI, supra, que le impidiera a la entidad
que éste lidera efectuar el procesamiento del señor Maldonado De Jesús
y del señor Vick. Recordemos que fue prácticamente a petición del PFEI
que el Secretario de Justicia levantó el alegado conflicto. Además,
los intercambios en las mencionadas cartas son confusos y escuetos.

      En particular, la alegación de conflicto más clara se presentó
en la primera misiva; sin embargo, dicho documento solo aludió al
procesamiento de los funcionarios o exfuncionarios públicos en
cuestión. En cuanto a la carta que versa sobre los recurridos, la
misma no evidencia ni siquiera la existencia de un conflicto. Ello,
pues solo se alega la existencia de un problema, pero no se identifica
el mismo y mucho menos se detalla. Lo anterior, a nuestro parecer, no
es suficiente para justificar que el PFEI, -- un cuerpo creado para
regular de forma      excepcional el     comportamiento indebido de
funcionarios y exfuncionarios públicos --, intervenga con una persona
particular.
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instancias       en    las      que   el   PFEI    puede      intervenir     con

personas particulares. En esta ocasión no estábamos ante

ninguna de ellas.

      No empece a lo anterior, hoy, desde este estrado

apelativo      de     última      instancia,       una       mayoría   de    mis

compañeros       y     compañeras,         vuelven       a       ampliar,     sin

justificación válida para ello, la autoridad del PFEI para

procesar     a        personas        particulares.          Y    se   amplía,

lastimosamente, en contravención de los derechos de la

ciudadanía.

                                           V.

      Sentenciado ello, lo anterior no es óbice para que

el juez que suscribe reconozca                     el delicado escenario

dentro   del     cual      se    desarrollaron       los      alegados      actos

delictivos del señor Maldonado De Jesús y el señor Vick,

entiéndase, la crisis provocada por la pandemia del COVID-

19.   Tampoco       debe     entenderse      que    nuestras       expresiones

avalan la impunidad de los delitos aparentemente cometidos

por estos últimos, si es que, en su día, se logra demostrar

más allá de duda razonable que, en efecto, éstos se

cometieron. Nuestra disconformidad alude solamente al uso

del PFEI como un segundo Departamento de Justicia.

                                       VI.

      Por todo lo anterior, energéticamente disentimos.

                                                     Ángel Colón Pérez
                                                       Juez Asociado