Court Opinion

ID: 9690468
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-24 19:14:02.97341+00
Date Added: 2024-06-11T09:03:04.841993
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

 JOSÉ E. RUIZ MATTEI                            Apelación
      Apelante                                  procedente del
                                                Tribunal de Primera
             v.                                 Instancia, Sala
                                                Superior de San
                                                Juan
   COMMERCIAL                KLAN202300489
EQUIPMENT FINANCE,                              Caso Núm.:
       INC.                                     SJ2020CV00965
     Apelados

                                                Sobre: Despido
                                                Injustificado;
                                                Discrimen por Edad

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

      Comparece ante nos, la parte apelante y nos solicita que

revisemos y revoquemos la Sentencia emitida y notificada el 30 de

mayo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de San Juan. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No

Ha Lugar la Solicitud de Sustitución de Parte, que presentó la parte

apelante y Ha Lugar la Oposición a Solicitud de Sustitución de Parte

y Solicitud de Desestimación, que presentó Commercial Equipment

Finance, Inc., (Commercial Equipment).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos la Sentencia apelada.

                               I.

      El 4 de febrero de 2020, José E. Ruiz Mattei (Ruiz Mattei)

presentó una Querella en contra de Commercial Equipment sobre

despido injustificado y discrimen por edad al amparo del

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 del 17 de

octubre de 1961. En apretada síntesis, alegó que trabajó para la

parte apelada ininterrumpidamente desde mayo de 2013 hasta el 10

Número Identificador
SEN2023__________________
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de enero de 2020. Sostuvo que, mientras trabajó para la parte

apelada tuvo un desempeño y ejecutoria excelente. Arguyó que,

luego de una reunión con la Gerente de Recursos Humanos, fue

despedido injustificadamente. Aseveró que, nunca había sido

amonestado o señalado por problemas en su desempeño y que su

ejecutoria había sido reconocida por sus superiores.

      Asimismo, Ruiz Mattei señaló que poco antes de su despido la

parte apelada contrató a un empleado de veintiocho (28) años que

está haciendo las mismas funciones que hacía en la empresa.

Añadió que, su edad fue un factor determinante en la decisión de su

despido. Consecuentemente, solicitó la reinstalación en su empleo,

los salarios dejados de devengar, daños y sufrimientos mentales,

honorarios de abogado, costas, gastos e intereses.

      Posteriormente, el 24 de febrero de 2020, la parte apelada

presentó una Contestación a la Querella. En la misma, adujo que

luego de concluir la investigación se le notificó a Ruiz Mattei la

determinación de despedirlo. Expresó que, el apelante incurrió en

un patrón de conducta impropia, tuvo un desempeño deficiente y

negligente en su función como supervisor y violó reiteradamente las

reglas y reglamentos establecidos en el funcionamiento del

establecimiento. Indicó, además, que la edad de Ruiz Mattei no fue

un factor en la determinación de despedirlo, por lo cual, no lo

discriminó por su edad.

      Luego de varios incidentes procesales, el 13 de enero de 2023,

el apelado presentó una Moción Solicitando Suspensión de Vista en

su Fondo. En esta, le informó al TPI, entre otras cosas, que Ruiz

Mattei había fallecido. El 13 de enero de 2023, el TPI emitió una

Orden notificada el 17 de enero de 2023, mediante la cual les

concedió a las partes diez (10) días para que le informasen el curso

de acción a seguir incluyendo, pero sin limitarse a, solicitar la

sustitución de la parte apelante.
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      El 23 de enero de 2023, la parte apelante presentó una Moción

mediante la cual informó al TPI que sus herederos interesaban

continuar promoviendo la acción y que se encontraban en trámites

de realizar la Declaratoria de Herederos. Subsiguientemente, el 3 de

mayo de 2023, la parte apelante presentó una Moción de Sustitución

de Parte mediante la cual solicitó la sustitución de Ruiz Mattei por

sus herederos.

      Consecuentemente, el 9 de mayo de 2023, la parte apelada

presentó una Oposición a Moción de Sustitución de Parte y Moción de

Desestimación.   A   grandes   rasgos,   adujo   que   procede    la

desestimación de la Querella que presentó Ruiz Mattei. Manifestó

que, las causas de acción por despido injustificado y discrimen por

edad reclamadas por Ruiz Mattei son personalísimas y solo él tenía

legitimación activa para incoarlas, litigarlas o transarlas. Esbozó

que, dichas causas de acción no se heredan, sino que se extinguen

por su muerte.

      Así las cosas, el 30 de mayo de 2023, el TPI emitió una

Sentencia mediante la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Sustitución de Parte, que presentó la parte apelante y Ha Lugar la

Oposición a Solicitud de Sustitución de Parte y Solicitud de

Desestimación, que presentó la parte apelada. El TPI razonó que, las

causas de acción que presentó Ruiz Mattei en su Querella por

concepto de despido injustificado y discrimen por edad son de

naturaleza reparadora y personalísima y no están sujetas a ser

heredadas, sino que se extinguen por su muerte. Destacó que, solo

Ruiz Mattei tenía legitimación activa para incoarlas, litigarlas o

transarlas.

      Asimismo, el TPI concluyó que ante la inexistencia de una

relación laboral entre las partes desde antes de presentarse la

Querella – al amparo de cuya relación Ruiz Mattei hubiera realizado

labores y/o devengado salarios que no le fueron pagados – y ante la
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inexistencia de una determinación judicial mediante la cual ya se

hayan adjudicado los reclamos laborales de Ruiz Mattei a su favor,

el Tribunal no puede determinar que sus causas de acción por

concepto de despido injustificado y discrimen por edad constituyan

bienes patrimoniales de este que puedan transferirse a sus

herederos y/o sucesores.

       Inconforme con esa determinación, el 5 de junio de 2023, la

parte apelante acudió ante nos mediante un recurso de apelación y

señaló la comisión de los siguientes errores:

       1. Erró el TPI al denegar la sustitución de parte.

       2. Erró el TPI al desestimar la presente querella laboral.

       3. Erró el TPI al adjudicar que una causa de acción bajo
          la Ley 80 y Ley 100 no es transmisible mortis causa.

       Examinado el recurso de apelación, el 13 de junio de 2023,

este Tribunal emitió una Resolución concediéndole un término de

veinte (20) días a la parte apelada para que presentara su posición

al recurso. El 29 de junio de 2023, la parte apelada presentó su

Alegato de la Parte Apelada. Con el beneficio de la comparecencia de

todas las partes, procedemos a resolver.

                                     II.

   A. Sustitución de parte

       La Regla 22.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece

que,

       (a) Si una parte fallece y la reclamación queda por ello extinguida,
           se dictará sentencia para desestimar el pleito.
       (b) Si una parte fallece y la reclamación no queda por ello
           extinguida, cualquiera de las partes en el procedimiento o sus
           abogados o abogadas notificarán el fallecimiento al tribunal y a
           otras partes dentro del término de treinta (30) días, contados
           desde la fecha cuando se conozca tal hecho. El tribunal, a
           solicitud hecha dentro de los noventa (90) días siguientes a la
           fecha de dicha notificación, ordenará la sustitución de la parte
           fallecida por las partes apropiadas. Los y las causabientes o
           representantes podrán presentar la solicitud de sustitución del
           finado o de la finada, y dicha solicitud se notificará a las partes
           en la forma dispuesta en la Regla 67 y a las que no lo sean en
           la forma que dispone la Regla 4. La demanda se enmendará a
           los únicos fines de conformar la sustitución e incorporar las
           nuevas partes al pleito. Transcurrido el término sin que se haya
           solicitado la sustitución, se dictará sentencia para desestimar
           el pleito sin perjuicio.
       (c) De fallecer una o más partes demandantes, o uno o más partes
           demandadas, que fueron partes en un pleito en que el derecho
           reclamado subsista solo a favor de las demandantes o contra
           las partes demandadas que sobrevivan, el pleito no finalizará.
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         Se notificará al tribunal el hecho de la muerte y el pleito
         continuará a favor o contra las partes sobrevivientes.

      Según ha establecido nuestro máximo Foro, el propósito de la

Regla 22.1 de Procedimiento Civil, supra, es establecer un

mecanismo procesal mediante el cual, cuando una parte fallece y la

acción no queda por ello extinguida, el pleito pueda continuar a

favor o en contra de la parte realmente interesada. Echevarría

Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 684-685 (1989). Así pues,

se atiende así el interés público de que los asuntos en los tribunales

se solucionen de forma expedita, evitando el perjuicio que la dilación

pueda causar a las partes. Íd. Según la Regla 22.1 de Procedimiento

Civil, supra, la sustitución de partes no es discrecional y procede

siempre que, con relación a la solicitud de sustitución, se haya

cumplido con el trámite procesal provisto en la regla. Íd.

      B. Causa de acción transmisible mortis causa

      La Ley contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30

de junio de 1959, según enmendada, (29 LPRA sec. 146 et seq.),

prohíbe el discrimen en el empleo por razón de edad, raza, color,

sexo, origen social o nacional, condición social, afiliación política,

ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Así, la Ley

Núm. 100-1959, supra, fue creada para ofrecer una eficaz

protección a los trabajadores contra diversos tipos de discrimen en

el ámbito laboral. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 68

(2008). Consecuentemente, la Ley Núm. 100-1959, supra, provee

una compensación económica por los daños sufridos por un

empleado que fue discriminado en su empleo. Artículo 1 de la Ley

Núm. 100-1959, supra.

     En Maldonado v. Banco Central Corp., 138 DPR 268 (1995) el

Tribunal Supremo estableció que “[…] la Ley Núm. 100 es una

legislación protectora de empleados y solicitantes de empleo; tiene

como propósito eliminar los discrímenes existentes en la relación
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obrero-patronal. Por tanto, s[o]lo el empleado puede reclamar por

discrimen bajo esta legislación.” Íd., a la pág. 274. De igual manera,

aclaró que la acción al amparo del Artículo 1802 del Código Civil (31

LPRA ant. sec. 5141) de los parientes de un empleado discriminado

es una “acción separada y contingente.” Íd., a la pág. 276.

        Asimismo, la Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80

de 30 de mayo de 1976, según enmendada, (29 LPRA sec. 185 et

seq.), protege a todo empleado contratado sin tiempo determinado

que fuere despedido de su cargo sin justa causa. El propósito de la

Ley Núm. 80-1976, supra, es garantizar que los empleados

despedidos sin justa causa tengan derecho a recibir de su patrono

una compensación correspondiente a un mes de sueldo más una

indemnización adicional progresiva equivalente a por lo menos una

semana de sueldo por cada año de servicio. Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 80-1976, supra. Dicha legislación tiene un carácter

reparador al proveer remedios para los daños que puede haberle

causado a un cesanteado un despido injustificado. Díaz v. Wyndham

Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001). Véase, además, Irizarry v. J & J

Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155 (2000); Alvira Cintrón v. SK & F

Laboratorios, 142 DPR 803 (1997).

        De otro lado, la sucesión es la transmisión de los derechos y

obligaciones del difunto a sus herederos. Artículo 599 del Código

Civil (31 LPRA ant. sec. 2081).1 La sucesión no solamente incluye

los derechos y obligaciones del difunto, tales como existían al tiempo

de su muerte, sino que también comprende los bienes que

correspondan a dicha sucesión después de abierta y las cargas y

obligaciones que le fueren inherentes. Artículo 601 del Código Civil

(31 LPRA ant. sec. 2083). Así, los derechos a la sucesión de una

persona se transmiten desde el momento de su muerte. Artículo 603

del Código Civil (31 LPRA ant. sec. 2085). Por lo tanto, la herencia

1 Cualquier mención subsiguiente al Código Civil de Puerto Rico se entenderá que es a su

edición de 1930 aplicable a los hechos del presente caso.
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comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una

persona, que no se extingan por su muerte. Artículo 608 del Código

Civil (31 LPRA ant. sec. 2090).

      En torno a la transmisibilidad de los derechos y obligaciones,

en Sucesión Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252 (2000), nuestro

máximo Foro hizo referencia al tratadista español José Puig Brutau

e indicó que son transmisibles por herencia, entre otros: los

derechos patrimoniales; los derechos del socio en las sociedades de

capitales; la cualidad de socio en las sociedades de personas; la

acción para reclamar la filiación legítima; la acción para impugnar

los actos o negocios jurídicos realizados por el causante en fraude

de la legítima; las diversas modalidades de la propiedad industrial;

el derecho de autor; las obligaciones, salvo las de carácter

personalísimo o cuando se trata de una prestación infungible; la

propiedad   funeraria;   el   derecho   del   causante    a   obtener

indemnización por los daños y perjuicios que le hayan

ocasionado en vida. (Énfasis nuestro). “Por el contrario, no son

transmisibles por herencia: las relaciones jurídicas de carácter

público, las personalísimas y las de contenido patrimonial de

duración vitalicia; los derechos reales de carácter vitalicio; algunos

derechos de crédito; los derechos y deberes que integran las

relaciones familiares, excepto los de contenido exclusivamente

patrimonial y transmisible; los derechos que emergen de un contrato

de arrendamiento; los derechos obtenidos como beneficiario en

virtud de la legislación de accidentes del trabajo; el derecho al

nombre; las cantidades que el asegurador deba entregar al

asegurado, en cumplimiento del contrato.” Íd., a las págs. 267 y 268.

      Con relación a la controversia que nos atañe, tanto la Ley

Núm. 100-1959, supra, como la Ley Núm. 80-1976, supra, guardan

silencio sobre si una reclamación hecha por un empleado al amparo

de dichas leyes es transmisible por herencia. En Sucesión Álvarez v.
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Srio. de Justicia, supra, el Tribunal Supremo citando al tratadista

Lacruz Berdejo expresó que,

       [n]o solo se transmiten los derechos subjetivos ya nacidos, sino
       también los in fieri …. [E]l art. 661 proclama que la sucesión a
       título universal transmite al heredero el conjunto de las relaciones
       jurídicas del causante que no se extinguen, por razón de su propia
       naturaleza, con su muerte, y por tanto ha de operarse la
       transmisión en todas sus obligaciones; pero también en todos sus
       derechos, ya estén consolidados o en vías de consolidación; pues
       cuando la posibilidad de ejercitar un derecho depende del
       transcurso de un plazo al morir el causante, el heredero podrá
       ejercitarlo cuando transcurra dicho plazo, incluso sin esperar a la
       adjudicación … y si esta posibilidad existe en cuanto a derechos
       que pudo ejercitar en vida el causante, ha de estar legitimado con
       mayor razón al suceder en aquellos cuyas acciones pudo ejercitar
       dicho causante, aun cuando por las razones que fuera no las
       hubiera ejercitado.

       Además, en Sucesión Álvarez v. Srio. de Justicia, supra,

nuestro máximo Foro determinó que,

       el Art. 608 del Código Civil, supra, dispone que todos los bienes o
       derechos patrimoniales, existentes a la fecha de la muerte del
       causante, son transmisibles. En vista de que la licencia acumulada
       por enfermedad y no utilizada por el fenecido Gilberto Álvarez
       Crespo es un bien patrimonial, debe transmitirse a sus herederos.

       Por su parte, en Consejo de Titulares v. CRUV, 132 DPR 707

(1993), el Tribunal Supremo definió el término patrimonio como “el

conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona,

apreciable en dinero”. Véase, además, Vda. de Delgado v. Boston Ins.

Co., 101 DPR 598, 606 (1973). Acto seguido, nuestro máximo Foro

razonó que la causa de acción por las angustias y sufrimientos del

causante se conceptúa un bien patrimonial susceptible de ser

transmitido a los herederos. Consejo de Titulares v. CRUV, supra.

Así, citando a Puig Brutau estableció que “[n]o hay duda, entonces,

que el derecho del causante a obtener indemnización por los daños

sufridos es un bien transmisible a los herederos, pues, en definitiva,

es un derecho de crédito perfectamente transmisible al amparo de

las reglas generales que regulan la transmisibilidad de los

derechos”. Consejo de Titulares v. CRUV, supra.

       Así pues, en Vaello-Carmona v. Siemens Medical Solutions

USA, Inc., 781 F.3d 1 (1er Cir. 2015), el primer circuito de Estados

Unidos, ante una controversia similar a la que nos ocupa, determinó

que,
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        Santini Rivera and Cruz Roche are distinguishable from the present
        case. Neither case holds that Law 100 claims assert “very personal
        rights” that are not inheritable under Puerto Rico law. They merely
        stand for the proposition that relatives of an aggrieved individual
        are not entitled to their own cause of action (or to intervene on their
        own behalf) under Law 100 because of the personal nature of Law
        100 claims. In this case, appellants do not attempt to assert their
        own Law 100 claims. Insted, they seek to substitute themselves as
        plaintiffs in order to assert Vaello-Carmona’s claims against
        Siemens. Nothing in Santini Rivera or Cruz Roche forcloses their
        ability to do so.2

        Asimismo, el primer circuito añadió que,

        It is true that Sucesión Álvarez states that rights that “are not
        transmissible by inheritance” include “those that are very
        personal”. 150 P.R. Dec. at 268. Because the Puerto Rico Supreme
        Court has described Law 100 as “very personal in nature” Cruz
        Roche, 182 P.R. Dec. at 320, Siemens contends that Law 100
        claims cannot be inheritable. However, in Widow of Delgado v. Bos.
        Ins. Co., the Puerto Rico Supreme Court detailed which “very
        personal rights” do not survive an individual’s death. 1 P.R. Offic.
        Trans. 823, 830, 101 D.P.R. 598 (1973). […] Similarly, employment
        discrimination claims under Law 100 and Law 44 are not “in the
        listo f very personal rights” that cannot be inherited. To hold
        otherwise would be to contradict Sucesión Álvarez clear statement
        that the rights “of the deceased to obtain indemnification for the
        damages that were caused to him during his life” are inheritable.
        150 P.R. Dec. at 268. Therefore, we hold that Vaello-Carmona’s
        Law 100 and Law 44 claims survive his death, and the district
        court erred when it denied appellants’ motion to substitute
        themselves as plaintiffs in this case.

                                        III.

        Como indicamos, el apelante alegó que erró el TPI al denegar

la sustitución de parte, desestimar la Querella y al adjudicar que

una causa de acción bajo la Ley Núm. 80-1976, supra, y la Ley Núm.

100-1959, supra, no es transmisible mortis causa. Por estar

íntimamente relacionados, discutiremos los tres (3) señalamientos

de error de forma conjunta. Veamos.

        Nos corresponde resolver si incidió el TPI al desestimar la

Querella de la parte apelante por el fallecimiento de Ruiz Mattei y si

procedía o no la sustitución de parte a tenor con lo establecido en la

Regla 22.1 de Procedimiento Civil, supra. En la Sentencia emitida el

foro de instancia concluyó que las causas de acción del apelante –

entre las que están la acción por despido injustificado y discrimen

por edad – son de naturaleza reparadora y personalísima y no están

sujetas a ser heredadas, sino que se extinguen por su muerte.

Explicó el TPI que, solo Ruiz Mattei tenía legitimación activa para

2 Véase, Cruz Roche v. De Jesús Colón, 182 DPR 313 (2011); Santini Rivera v. Serv. Air, Inc.,

137 DPR 1 (1994).
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incoarlas, litigarlas o transarlas. Además, el TPI esbozó que a

diferencia de los hechos que motiaron la determinación emitida por

el Tribunal Supremo en Sucesión Álvarez v. Srio. de Justicia, supra,

los reclamos de despido injustificado y discrimen por edad

presentados por el apelante no constituyen un beneficio marginal

común y corriente de un empleado que ya está acumulado y no fue

utilizado.

      Asimismo, esgrimió el TPI en la Sentencia apelada que ante la

inexistencia de una relación laboral entre las partes desde antes de

presentarse la Querella – al amparo de cuya relación el apelante

hubiera realizado labores y/o devengado salarios que no lo fueron

pagados – y ante la inexistencia de una determinación judicial

mediante la cual ya se hayan adjudicado los reclamos laborales del

apelante a su favor, el Tribunal no puede determinar que las causas

de acción por concepto de despido injustificado y discrimen por edad

constituyan bienes patrimoniales de este que puedan transferirse a

sus herederos y sucesores.

      Según el derecho que antecede, tanto la Ley Núm. 80-1976,

supra, como la Ley Núm. 100-1959, supra, tienen un carácter

reparador    por   los   daños   ocasionados   al   empleado    como

consecuencia de un despido injustificado y de discrimen en el

empleo, respectivamente. Se trata, pues, de un resarcimiento

establecido y, a su vez, limitado por las propias leyes que lo crean.

Ambas leyes proveen un remedio económico como indemnización

por el daño o perjuicio causado. Como tal, es un derecho patrimonial

del empleado.

      En el caso de epígrafe, la parte apelante ejerció su acción para

la reinstalación en su empleo, los salarios dejados de devengar,

daños y sufrimientos mentales, honorarios de abogado, costas,

gastos e intereses. Es decir, presentó una reclamación para vindicar

sus derechos bajo la Ley Núm. 80-1976, supra, y la Ley Núm. 100-
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1959, supra. No obstante, estando pendiente su reclamación, Ruiz

Mattei falleció. En el caso ante nos, la causa de acción del apelante

había sido ejercitada; por lo cual, fallecido este, sus herederos por

el solo hecho de la muerte, suceden al difunto en todos sus derechos

y obligaciones.

      Según    indicamos,   la   Regla   general   es   la   naturaleza

transmisible de todos los elementos integrantes del patrimonio de

una persona fallecida. Como norma general, las reparaciones

económicas y/o indemnizaciones en daños forman parte de ese

patrimonio, así como las obligaciones. Entre estas, están incluidas,

la causa de acción sobre daños y perjuicios, la cual, tal como el

remedio provisto en la Ley Núm. 80-1976, supra, y la Ley Núm. 100-

1959, supra, es una indemnización en daños y se ha reconocido

como un derecho patrimonial transmisible por herencia. También,

se ha reconocido como un bien patrimonial transmisible a sus

herederos las licencias acumuladas por enfermedad por un

funcionario público fenecido. Véase, Sucesión Álvarez v. Srio. de

Justicia, supra.

      Así pues, concluimos que erró el TPI al desestimar la Querella

y al adjudicar que una causa de acción bajo la Ley Núm. 80-1976,

supra, y bajo la Ley Núm. 100-1959, supra, no están sujetas a ser

heredadas. Las causas de acción bajo la Ley Núm. 80-1976, supra,

y bajo la Ley Núm. 100-1959, supra, podían continuar ejercitándose

y no desaparecieron con la muerte de Ruiz Mattei; pues se trata de

unos daños que, presuntamente, le fueron causados en vida y cuya

reparación económica puede ser reclamada por sus sucesores.

                             IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos

formar parte del presente dictamen, se revoca la Sentencia apelada.

En consecuencia, determinamos que no procede la desestimación

de las causas de acción de la parte apelante sino la sustitución del

causante por sus herederos conforme establece la Regla 22.1 de
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Procedimiento Civil, supra. Se devuelve el caso al TPI para los

trámites de rigor.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones