Court Opinion

ID: 9941478
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:39:34.471891+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:46.208458
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

Puerto Rico                                  REVISIÓN
International Insurers                       ADMINISTRATIVA
Association                                  procedente de la
                                             Oficina del
       Recurrente                            Comisionado de
                                             Seguros de Puerto Rico

            vs.            KLRA202300618 Caso Núm.:
                                         OE-2023-50

Comisionado de                               Sobre: Impugnación de
Seguros de Puerto Rico                       Carta Circular Núm.
                                             CC-2022-2007-ARI,
       Recurrido                             emitida por el
                                             Comisionado de
                                             Seguros de P.R.

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2024.

      Comparece ante nos, Puerto Rico International Insurers

Association (PRIIA o parte recurrente) para solicitarnos que se

revoque la “Resolución” emitida y notificada el 3 de noviembre de

2023, por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico (Comisionado

de Seguros o recurrido). Mediante dicha determinación, el

Comisionado de Seguros declaró Ha Lugar la “Solicitud de

Desestimación” presentada por el recurrido.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

confirmamos       el   dictamen   mediante   los   fundamentos   que

expondremos a continuación.

                                   I.

      El 7 de diciembre de 2022, el Comisionado de Seguros emitió

la Carta Circular Núm. CC-2022-2006-ARI (en adelante, Carta

Número Identificador

SEN2024 ___________
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Circular),    dirigida   a     todos   los   asegurados,   aseguradores   y

reaseguradores de líneas excedentes internacionales que poseen

certificados de autoridad bajo el Capítulo 61 del Código de Seguros

de Puerto Rico. Dicha Carta Circular expresa lo siguiente:

        […] Se recalca que cualquier asegurador organizado
        bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar
        negocio de seguro en otro estado o territorio de los
        Estados Unidos acreditado por la NAIC, deberá cumplir
        con los procesos y requisitos bajo el Capítulo 3, 28 y 29
        del Código de Seguros de Puerto Rico, como un
        asegurador doméstico tradicional. […]

        Posteriormente, el 5 de septiembre de 2023, PRIIA presentó

una petición ante la Oficina del Comisionado de Seguros y, en

esencia, impugnó la Carta Circular porque: (1) contraviene los

Arts. 61.030 y 61.020 del Código de Seguros, (2) es contraria a la

Regla 80 del Reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico, (3)

pretende implantar enmiendas propuestas que fueron descartadas

en el proceso de enmienda a dicha Regla en el 2020, y (4)

constituye una norma de aplicación general que no siguió el debido

procedimiento de ley.          Sobre este último punto, sostuvo que la

Carta Circular constituye una regla legislativa que fue adoptada en

violación a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

(LPAU), toda vez que no se cumplió con el procedimiento formal de

reglamentación.

        Así las cosas, el 20 de septiembre de 2023, el Comisionado

de Seguros presentó una “Solicitud de Desestimación” y, en

síntesis, argumentó que la Oficina del Comisionado de Seguros

carece de jurisdicción para atender la controversia. Lo anterior,

debido a que, por tratarse de una impugnación de su faz, la

petición de la PRIIA debió presentarse ante el Tribunal de

Apelaciones.

        Luego de varios trámites procesales, el 3 de noviembre de

2023,    la   Oficina    del    Comisionado     de   Seguros   emitió   una

“Resolución” mediante la cual declaró Ha Lugar la “Solicitud de
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Desestimación” presentada por el recurrido. Concluyó que carecía

de jurisdicción para atender la controversia, aun cuando la Carta

Circular pudiese considerarse un documento guía. Determinó que,

para impugnar un documento guía, es necesario comenzar un

procedimiento adjudicativo ante la Oficina del Comisionado de

Seguros. Por no haberse iniciado este proceso, determinó que la

controversia no estaría madura. Por otro lado, añadió que, si la

mencionada Carta fuese una regla o reglamento, esta debía

impugnarse ante el Tribunal de Apelaciones.

      Inconforme, la PRIIA recurre ante este foro apelativo

intermedio, y señala la comisión de los siguientes errores, a saber:

      A. Erró el Comisionado al desestimar la petición por
         alegada falta de jurisdicción.

      B. Erró el Comisionado al no dejar sin efecto la carta
         circular.

                                 II.

                                 -A-

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.2, permite que se solicite la desestimación de una causa de

acción, si de las alegaciones planteadas surge claramente que

alguna de las defensas afirmativas prosperará.        Conde Cruz v.

Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 1065 (2020).

      La precitada regla dispone lo siguiente:

      Toda defensa de hechos o de derecho contra una
      reclamación se expondrá en la alegación responsiva
      excepto que, a opción de la parte que alega, las
      siguientes defensas pueden hacerse mediante una
      moción debidamente fundamentada: (1) falta de
      jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción
      sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento;
      (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
      (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
      concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una
      parte indispensable. (Énfasis Nuestro).

      La jurisdicción se refiere a la facultad que tiene un tribunal o

un foro administrativo para examinar y resolver una disputa o
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caso específico. Pérez López y Otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882

(2013). La ausencia de jurisdicción conlleva las siguientes

consecuencias: (1) no se puede subsanar, (2) las partes no pueden

voluntariamente conferírsela a un foro, como tampoco puede este

arrogársela, (3) conlleva la nulidad de los dictámenes, (4) obliga a

los tribunales y a las agencias administrativas a examinar su

propia jurisdicción, (5) obliga a los tribunales apelativos a revisar

la jurisdicción del tribunal del cual proviene el recurso, y (6) puede

presentarse en cualquier fase del proceso, a instancia de las partes

o por el tribunal motu proprio.     González v. Mayagüez Resort &

Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).

      Cónsono con lo anterior, nuestro Máximo Foro ha expresado

que, los foros adjudicativos deben ser vigilantes defensores de su

jurisdicción   y   tienen   la   responsabilidad   intransferible   de

examinarla, incluso cuando no se haya planteado previamente.

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012); SLG Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Por lo tanto,

si tras examinar la cuestión, un tribunal o foro administrativo

determina que no tiene competencia sobre un recurso, su única

potestad es declararlo de ese modo. Cordero et al. v. ARPe et al.,

supra, a la pág. 458. Esto se debe a que éstos no poseen la

facultad discrecional de asumir jurisdicción en áreas donde no les

corresponde. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22

(2011).

                                  -B-

      En nuestro ordenamiento, las agencias administrativas

pueden aprobar reglas y reglamentos, siempre y cuando se les

haya facultado para ello. Sierra Club et al. v. Jta. Planificación, 203

DPR 596, 605 (2019). Como parte de este poder cuasilegislativo,

los organismos administrativos pueden formular dos tipos de
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reglas: (1) legislativas y (2) no legislativas. Íd. Una regla legislativa

es aquella que “crea derechos, impone obligaciones y establece un

patrón de conducta que tiene fuerza de ley”. Mun. de San Juan v.

J.C.A., 152 DPR 673, 692 (2000). Por su parte, las reglas no

legislativas “constituyen pronunciamientos administrativos que no

alteran los derechos ni las obligaciones de los individuos”. Mun. de

Toa Baja v. D.R.N.A., 185 DPR 684, 696 (2012).

      Las reglas legislativas deben cumplir con un procedimiento

formal para su aprobación, revocación o enmienda. Sierra Club et

al. v. Jta. Planificación, supra, a la pág. 605. En esencia, el

procedimiento a seguir es el siguiente: (1) notificar al público sobre

la reglamentación que se aprobará; (2) proveer oportunidad para la

participación ciudadana, incluyendo vistas públicas cuando sea

requerido; (3) presentar la reglamentación ante el Departamento de

Estado para su aprobación, y (4) publicar la reglamentación

aprobada. Véase, Secs. 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 y 2.11 de la LPAU, 3 LPRA

secs. 9611-9613, 9618 y 9621. En cambio, las reglas no

legislativas quedan excluidas del cumplimiento específico de este

procedimiento. Sierra Club et al. v. Jta. Planificación, supra, a la

pág. 605. Por ende, pueden aprobarse, revocarse o enmendarse sin

la necesidad de llevar a cabo trámite ulterior.

      En lo que nos concierne, la Sección 1.3 de la LPAU, 3 LPRA

sec. 9603, define el término de “regla o reglamento” como

“cualquier norma o conjunto de normas de una agencia que sea de

aplicación general, que ejecute o interprete la política pública o ley

o que regule los procedimientos o prácticas de una agencia que

tenga fuerza de ley”. De forma expresa, la precitada disposición

excluye del término “regla o reglamento” los siguientes: (1) reglas

relacionadas con la administración interna de la agencia, (2)

documento guías, (3) órdenes de precios del DACo y otros decretos
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u órdenes similares que se emitan por otras agencias, y (4) formas

y sus instrucciones. Íd.

      Por otro lado, un documento guía es definido como aquél

“documento     físico   o   electrónico   de   aplicabilidad   general

desarrollado por una agencia, que carece de fuerza de ley pero

expresa la interpretación de la agencia sobre alguna legislación, la

política pública de la agencia o que describe cómo y cuándo la

agencia ejercerá sus funciones discrecionales”. Íd.

      En cuanto al procedimiento para impugnar las reglas

legislativas, la Sección 2.7 (b) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9617,

dispone que:

      (b) Cualquier acción para impugnar la validez de
      su faz de una regla o reglamento por el
      incumplimiento de las disposiciones de esta Ley
      deberá iniciarse en el Tribunal de Apelaciones
      dentro de los treinta (30) días siguientes a la
      fecha de vigencia de dicha regla o reglamento. La
      competencia sobre la acción corresponderá a la región
      judicial donde esté ubicado el domicilio del recurrente.

      (Énfasis Suplido).

      En otras palabras, para cuestionar la validez y legitimidad de

una regla legislativa por incumplimiento con el procedimiento

formal para su aprobación, se debe recurrir ante este Tribunal de

Apelaciones, dentro del término de 30 días a partir de la

promulgación de la regla.

                                  III.

      En el caso ante nuestra consideración, PRIIA solicita que

revoquemos la “Resolución” emitida por la Oficina del Comisionado

de Seguros, mediante la cual se declaró Ha Lugar la “Solicitud de

Desestimación” presentada por el recurrido. Por estar íntimamente

relacionados, se discutirán de manera conjunta los errores

señalados.
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      En   su   escrito,   PRIIA   argumenta   que   la   Oficina   del

Comisionado de Seguros posee jurisdicción para atender su

petición. No le asiste la razón.

      Según el derecho discutido en el acápite anterior, una regla

legislativa es aquella que tiene fuerza de ley, y no existe discreción

para repudiarla. Tras un examen detenido de la Carta Circular, no

albergamos duda de que nos encontramos ante una regla

legislativa, toda vez que impone, con fuerza de ley, obligaciones

adicionales a los aseguradores internacionales.

      No obstante, la Sección 2.7 (b) de la LPAU, supra, es clara al

disponer que, para impugnar la validez de su faz de una regla, el

procedimiento “deberá iniciarse en el Tribunal de Apelaciones

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de

dicha regla o reglamento”.

      La contención de la parte recurrente es que, al aprobarse la

Carta Circular, se incumplió con el procedimiento formal de

reglamentación. Específicamente, porque no se presentó ante el

Departamento de Estado. Sin duda, se trata de una impugnación

de su faz, sujeta a lo dispuesto en la la Sección 2.7 (b) de la LPAU,

supra.

      Siendo esto así, PRIIA debió impugnar la validez de la Carta

Circular ante este Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, la parte

recurrente presentó su reclamo ante la Oficina del Comisionado de

Seguros. Así pues, tratándose de una regla legislativa, concluimos

que la Oficina del Comisionado de Seguros carece de jurisdicción

para atender la impugnación de la Carta Circular. Corresponde a

PRIIA presentar la acción de nulidad ante este Foro Apelativo.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos

formar parte de esta Sentencia, confirmamos la “Resolución”

emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones