Court Opinion

ID: 9690436
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-24 19:13:18.31171+00
Date Added: 2024-06-11T09:04:02.213016
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

  WANABI MEDIA, LLC                           REVISIÓN
                                              ADMINISTRATIVA
       Recurrente                             procedente de la
                                              Departamento de
            v.                                Desarrollo
                                              Económico y
  DEPARTAMENTO DE                             Comercio
     DESARROLLO
     ECONÓMICO y           KLRA202300282      Caso Núm.:
    COMERCIO, por                             Motion Picture and
    conducto de su                            Video Industry in
    secretario, Hon.                          Puerto Rico Program
 Manuel Cidre Miranda                         Determination
  y EL GOBIERNO DE
     PUERTO RICO,                             Sobre:
  representado por su                         Adjudicación De
 Secretario de Justicia,                      Fondos por Medio De
     Hon. Domingo                             Rescue Plan Act,
 Emanuelli Hernández                          Public Law 117-2

        Recurrida

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el
Juez Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

      Wanabi Media, LLC, [Wanabi Media o recurrente] solicita la

revisión de una determinación del Departamento de Desarrollo

Económico y Comercio, Puerto Rico Film Commission [DDEC o

recurrido] emitida el 15 de mayo de 2023. En esta, el DDEC

decretó no concederle a Wanabi Media unos fondos que se ofrecen

bajo el Motion Picture and Video Industry in Puerto Rico Program.

      Por los fundamentos que expondremos, desestimamos el

recurso por falta de jurisdicción por no tratarse de la revisión de

una orden final debidamente fundamentada y ello hace su

presentación en este foro una prematura.

Número Identificador
SEN2023________
KLRA202300282                                                        2

                                      I.

         Mediante la Ley del Plan de Rescate Americano, Ley Pública

117-2, “American Rescue Plan Act of 2021” (ARPA), el Gobierno

de Puerto Rico recibió unas asignaciones de fondos bajo el

Coronavirus State Fiscal Recovery Fund (“CSFRF”), a beneficio de

la Comisión Fílmica de Puerto Rico. (“PRFC”, por sus siglas en

inglés). Ello con el fin de promover a Puerto Rico como un destino

atractivo para los proyectos de filmación y así impulsar la

inversión de capital y la creación de empleos en la Isla.

         A los fines de otorgar ayuda económica para los proyectos,

se crearon ciertas guías de elegibilidad según el documento

intitulado Motion Picture and Video Industry in Puerto Rico

Program, Program Guidelines, Published October 18, 2022.            El

documento que contiene las guías para la elegibilidad de los

fondos también incluye una lista de los proyectos que no serían

considerados para la ayuda económica. En el escrito se hace la

salvedad de que no todas las solicitudes presentadas conllevan el

otorgamiento de la asistencia económica. En el caso de que el

proyecto sea denegado, el procedimiento a seguir será el

siguiente:

         In the event the project is denied, the Eligible Project
         will be notified by the PRFC. The approval of cash
         grants on behalf of the DEDC will be final. Should an
         applicant disagree with a determination, the applicant
         can resort to an Administrative Appeal within thirty
         (30) days from the date the determination became
         final before the Court of Appeals of Puerto Rico.1

         Este programa sería administrado por el Departamento de

Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico en conjunto con

el    Comité     de     Supervisión   de   Desembolsos   (Disbursement

Oversight Committee).

1
    Apéndice pág. 11.
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         El 29 de marzo de 2023 el señor Ramón Ortiz presentó una

solicitud a la Puerto Rico Film Commission, con relación al

proyecto Puerto Rico Rhythm of Life, a los fines de recibir una

subvención para financiar referido filme.2

         En respuesta, el 15 de mayo de 2023 el DDEC le notificó una

carta a Ramón Cruz, Wanabi Media, Puerto Rico Rythm of Life en

la que le informó que denegaba los fondos, a saber:

             We appreciate your interest in the Motion
             Picture and Video Industry Puerto Rico
             Program. After consideration, the Puerto
             Rico Film Commission has determined not
             to move forward with the Film Project for
             a cash grant on behalf of the Department
             of Economic Development and Commerce
             through the American Rescue Plan Act,
             Public Law 117-2 ("ARP") pursuant to the
             DDEC’s discretion.

             Please be aware that, as stated in the
             Program's Guidelines, this determination is
             considered final.     Should an applicant
             disagree with a determination, the
             applicant can resort to an Administrative
             Appeal before the Court of Appeals in
             Puerto Rico within thirty (30) days from the
             date the determination became final.

         En desacuerdo, el 14 de junio de 2023, Wanabi Media acudió

a nuestro foro. En su recurso arguyó que incidió el DDEC al:

         Primero: Emitir una determinación de denegatoria
         de fondos sin fundamentos en violación al debido
         proceso y al derecho de revisión judicial de la parte
         recurrida.

         Segundo: Emitir una determinación de denegatoria
         de fondos a pesar de que Wanabi Media LLC cumplió
         con todos los requisitos de las guías para recibir los
         fondos.

         Presentado el recurso, el DDEC interpuso una Moción De

Desestimación Por Falta de Jurisdicción.         Alegó que, en los

procedimientos informales no cuasi judiciales, como es el caso de

la adjudicación de subvenciones (grants), la Sección 3.1 (2) de la

2
    Apéndice págs. 15-20.
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Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) no exige

consignar determinaciones de hechos ni de derecho de la decisión

final que se emita. Aun así, explicó que la agencia no emitió una

determinación conforme a derecho, toda vez que la decisión no

incluyó la advertencia a solicitar reconsideración, según lo exige

la Sección 3.1 y 3.15 de LPAU.        Además, informó que la carta de

denegatoria no explicó el fundamento de la determinación,

aunque sea de forma sumaria.              Ello a los fines de que los

tribunales puedan ejercer su facultad revisora.              Reconoció la

agencia que en la notificación de la decisión recurrida no se le

explicó a Wanabi Media los motivos que tuvo la agencia para

denegar.     Por ende, la notificación no reunió los requisitos

esenciales para ser revisable.        Ante ello, alegó que el recurso

resulta prematuro y solicitó que se le devuelva el caso para

notificar su decisión conforme a derecho.

      El 18 de julio de 2023 Wanabi Media presentó su Oposición

a Solicitud de Desestimación.             Expresó, en suma, que la

notificación defectuosa no impide la revisión de la resolución que

sea de otra forma revisable. Agregó que no procede desestimar

el recurso y devolverlo a la agencia, sino que corresponde retener

jurisdicción y devolver el caso al foro administrativo al amparo de

la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones3, 4 LPRA

Ap. XXII-B, para que fundamenten su determinación.

      Con el beneficio de ambas comparecencias, disponemos.

3
  Regla 83.1 Cuando el Tribunal de Apelaciones determine que la sentencia o
resolución final del Tribunal de Primera Instancia, de un organismo o de una
agencia administrativa carece de los fundamentos necesarios para ejercer
adecuadamente su función revisora deberá, en auxilio de jurisdicción, retener
jurisdicción sobre el recurso y ordenar al tribunal de instancia, organismo o
agencia que fundamente la sentencia o resolución final previamente emitida.
Una vez recibido el dictamen fundamentado, el tribunal podrá solicitar de las
partes que se expresen y procederá a resolver el asunto.
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                                II.

                                    A.

      Sabido es que la jurisdicción es la autoridad con la que

cuenta el tribunal para considerar y decidir los casos y

controversias que tiene ante sí. Miranda Corrada v. Departamento

de Desarrollo Económico y Comercio y otros, 211 DPR ___ (2023),

2023 TSPR 40, res. 3 de abril de 2023; Cobra Acquisitions v. Mun.

Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022); Metro Senior v. AFV, 209

DPR 203 (2022); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89,

101 (2020).

      Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos

relacionados con ésta son privilegiados y deben atenderse con

prioridad. Torres   Alvarado   v.    Madera   Atiles, 202        DPR   495

(2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018).

Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las

partes o, incluso, cuando no haya sido planteado por éstas, dicho

foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional

como parte de su deber ministerial, pues éste incide directamente

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Torres

Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., supra; Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103

(2015).   De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo

resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los

méritos   de   la   controversia. Torres      Alvarado      v.    Madera

Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.

                                    B.

      Nuestra función como foro apelativo está limitada por la Ley

201-2003 conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico que dispone en el Artículo 4.006 (c) que
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el Tribunal de Apelaciones tendrá competencia, “[m]ediante

recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de

derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos o agencias administrativas.” (Énfasis nuestro). 24

LPRA sec. 24y, véase, además, el Artículo 4.002 de la Ley Núm.

201-2003, supra, 4 LPRA sec. 24 (u).

      A esos efectos, la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según

enmendada, 3 LPRA secs. 9601 et. seq. [en adelante, “LPAU”],

rige los procedimientos reglamentarios y adjudicativos realizados

por   las    agencias   administrativas.   Pérez   López   v.   Depto.

Corrección, 208 DPR 656 (2022).

      En particular, la Sección 4.2 de LPAU, 3 LPRA sec. 9672,

dispone como sigue:

      Una parte adversamente afectada por una orden
      o resolución final de una agencia y que haya
      agotado todos los remedios provistos por la
      agencia o por el organismo administrativo apelativo
      correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
      término de treinta (30) días contados a partir de la
      fecha del archivo en autos de la copia de la notificación
      de la orden o resolución final de la agencia o a partir
      de la fecha aplicable de las dispuestas en la Sección
      3.15 de esta Ley, cuando el término para solicitar la
      revisión judicial haya sido interrumpido mediante la
      presentación     oportuna    de    una     moción      de
      reconsideración. (Énfasis nuestro).

       […]

      Para que una orden o resolución administrativa sea

judicialmente revisable, al momento de presentar el recurso

deben estar presentes los elementos siguientes: (1) que la

resolución que se pretenda revisar sea final y no interlocutoria; y

(2) que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado

los remedios provistos por la agencia. Pérez López v. Depto.
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Corrección, supra; Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168

DPR 527, 543 (2006).

     En cuanto a las determinaciones finales, la Sección 3.14 de

LPAU, sobre Órdenes o Resoluciones Finales, 3 LPRA sec. 9654,

dispone en lo pertinente como sigue:

     […]
     La orden o resolución deberá incluir y exponer
     separadamente determinaciones de hecho si éstas no
     se han renunciado, conclusiones de derecho, que
     fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del
     recurso de reconsideración o revisión según sea el
     caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el
     jefe de la agencia o cualquier otro funcionario
     autorizado por ley.

     La orden o resolución advertirá el derecho de
     solicitar la reconsideración ante la agencia o de
     instar el recurso de revisión como cuestión de
     derecho en el Tribunal de Apelaciones, así como
     las partes que deberán ser notificadas del
     recurso de revisión, con expresión de los
     términos      correspondientes.   Cumplido   este
     requisito comenzarán a correr dichos términos.
     (Énfasis dado)
     […]

     En cuanto al derecho a solicitar Reconsideración, la Sección

3.15, 3 LPRA sec. 9655, indica como sigue:

     La parte adversamente afectada por una resolución u
     orden parcial o final podrá, dentro del término de
     veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de
     la notificación de la resolución u orden, presentar una
     moción de reconsideración de la resolución u orden.
     La agencia dentro de los quince (15) días de haberse
     presentado dicha moción deberá considerarla. Si la
     rechazare de plano o no actuare dentro de los quince
     (15) días, el término para solicitar revisión comenzará
     a correr nuevamente desde que se notifique dicha
     denegatoria o desde que expiren esos quince (15)
     días, según sea el caso. Si se tomare alguna
     determinación en su consideración, el término para
     solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha
     en que se archive en autos una copia de la notificación
     de la resolución de la agencia resolviendo
     definitivamente la moción de reconsideración.
     […]

     Así pues, para que la decisión tenga carácter de finalidad

debe incluir, entre otras, “la advertencia sobre el derecho a

solicitar reconsideración o revisión judicial.” Crespo Claudio v.
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OEG, 173 DPR 804, 813 (2008); véase, Sección 3.14 de la

LPAU, supra. En este punto, la actuación administrativa debe

consignar los derechos y las obligaciones de las partes. Pérez

López v. Depto. Corrección, supra.

                                 C.

      Nuestra Constitución reconoce como derecho fundamental

el que: “ninguna persona será privada de su libertad o propiedad

sin debido proceso de ley”. Artículo II, sección 7 de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 1 LPRA Art. II, Sección

7.

      El debido proceso de ley "se refiere al ‘derecho de toda

persona a tener un proceso justo con todas las debidas garantías

que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el

administrativo’". Com. Elect PPD v. CEE et al., 205 DPR 724

(2020); Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). En la

vertiente procesal, el debido proceso de ley le impone al Estado la

obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de

libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un

procedimiento que sea justo y equitativo. Com. Elect PPD v. CEE

et al., supra.

      Las salvaguardas constitucionales del debido proceso de ley,

en el ámbito administrativo, se encuentran reconocidas también

en la Carta de Derechos de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, 3 LPRA sec. 9641, PVH Motor. v. ASG, 209 DPR 122

(2022).

      El aludido Capitulo III de la LPAU, en la Carta de Derechos,

Sección 3.1, 3 LPRA sec. 9641, establece los siguientes derechos

en el transcurso de los procedimientos adjudicativos formales: 1)

Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o

reclamos en contra de una parte; 2) Derecho a presentar
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evidencia; 3) Derecho a una adjudicación imparcial; 4) Derecho a

que la decisión sea basada en el expediente.

      A su vez, la sección 5.4 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 9684, establece que “[t]oda

persona a la que una agencia deniegue la concesión de una

licencia, franquicia, permiso, endoso, autorización o gestión

similar tendrá derecho a impugnar la determinación de la

agencia por medio de un procedimiento adjudicativo”.

(Énfasis nuestro).    Es decir que, una vez se concretiza una

denegatoria sobre cualquiera de los asuntos contemplados en la

sección 5.4 de LPAU, la parte perjudicada tendrá derecho a un

procedimiento adjudicativo conforme con el capítulo III de

la LPAU.

      En cuanto a la revisión judicial         de determinaciones

administrativas, el Tribunal Supremo ha reiterado que para poder

cumplir “con su obligación constitucional y asegurar que el

derecho a obtener la revisión judicial de la decisión de una agencia

sea efectivo, es imprescindible exigir que ella esté fundamentada

aunque sea de forma sumaria.” Junta Dir. Portofino v. PDCM, 173

DPR 455, 466 (2008); L.P.C. & D. Inc. v. AC, 149 DPR 869, 877-

878 (1999), citando a RBR Construction v. Autoridad de

Carreteras, 149 DPR 836 (1999). La necesidad de que las

agencias fundamenten sus determinaciones, con el fin de que los

tribunales podamos ejercer nuestra facultad revisora, se extiende

también a determinaciones administrativas en procedimientos

informales. Junta Dir. Portofino v. PDCM, supra.

      Ello responde al entendido que, si la parte adversamente

afectada por la determinación de una agencia desconoce los

motivos para su proceder, el trámite de la revisión judicial de la
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determinación administrativa se convertiría en un ejercicio fútil.

Junta Dir. Portofino v. PDCM, supra; L.P.C. & D. Inc. v. AC,, supra.

         En procedimientos informales se exige que la agencia

exponga una explicación de las bases sobre las que descansa su

decisión, de forma tal que el tribunal tenga fundamentos para

hacer su determinación. Aun cuando no se exige determinaciones

de hechos y de derecho en la adjudicación de procedimientos

informales, deben mediar razones suficientes que pongan en

conocimiento a las partes y al tribunal de los fundamentos que

propiciaron tal decisión. Junta Dir. Portofino v. PDCM, supra,

citando a L.P.C. & D. Inc. v. AC, supra, pág. 878.

         Al requerir que se incluyan los fundamentos en la

notificación, asegura que los tribunales puedan revisar dichos

fundamentos para determinar si la decisión fue arbitraria,

caprichosa o irrazonable. Junta Dir. Portofino v. PDCM, supra;

Véase, Punta de Arenas Concrete v. Junta de Subastas, Municipio

de Hormigueros, 153 DPR 733, 742 (2001). Este aspecto cobra

fundamental importancia en los casos en los que se desembolsan

fondos públicos. Véase L.P.C. & D. Inc. v. AC, supra, pág. 879.

         Algunos de los objetivos que se logran al requerir que la

decisión de una agencia administrativa sea una fundamentada

son: (1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar

adecuadamente la decisión administrativa y facilitar esa tarea; (2)

fomentar que la agencia adopte una decisión cuidadosa y

razonada dentro de los parámetros de su autoridad y discreción;

(3) ayudar a la parte afectada a entender por qué el organismo

administrativo decidió como lo hizo, y al estar mejor informada,

poder decidir si acude al foro judicial o acata la determinación; (4)

evitar    que   los   tribunales   se   apropien   de   funciones   que

corresponden propiamente a las agencias administrativas bajo el
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concepto de especialización y destreza. L.P.C. & D. Inc. v. AC,

supra, pág. 879.

      Por último y en armonía lo aquí reseñado, para que todo

procedimiento cumpla con el debido proceso de ley en su

dimensión procesal, se requiere una notificación adecuada del

proceso. Por lo tanto, constituye un requisito indefectible la

adecuada notificación de las determinaciones de una agencia.

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010).

Así pues, una notificación defectuosa priva de jurisdicción al foro

revisor para entender el asunto. PVH Motor. v. ASG, supra; PR

Eco Park, Inc. et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 538

(2019).   En protección de este derecho, el Tribunal Supremo

explicó que "no se le pueden oponer los términos jurisdiccionales

para recurrir de una determinación administrativa a una parte que

no ha sido notificada de dicha determinación conforme a

derecho". Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR

998, 1015 (2008).

                               III.

      Abordamos,    como    asunto    de   prioridad,   si   tenemos

jurisdicción para evaluar los méritos de la presente causa.

      El recurrente y el recurrido afirman que en la determinación

que revisamos, el DDEC no expresó los fundamentos para

denegarle la asistencia económica a Wanabi Media. Ambas partes

aseveran que es necesario que el foro administrativo fundamente

su determinación a los fines de que este Tribunal intermedio

pueda ejercer su facultad revisora. Así pues, los comparecientes

entienden que la agencia venía obligada a fundamentar su

determinación para fines de revisión judicial.
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      Revisamos que la carta del 15 de mayo de 2023, cuya

revisión se nos solicitó, le expresó a Wanabi Media lo siguiente:

“After consideration, the Puerto Rico Film Commission has

determined not to move forward with the Film Project for a cash

grant” […]. Vemos que determinación de la DDEC solamente le

expresó a Wanabi Media que la Comisión determinó no proseguir

con la otorgación de los fondos para el proyecto propuesto. Es

decir, denegó la solicitud, sin explicar, aunque sea de manera

sucinta, el fundamento para tomar esa decisión.

      Esta omisión enerva las garantías del debido proceso de ley

que   le   asiste   a   las   partes   afectadas   por   una   decisión

administrativa.     Independientemente a que el proceso sea de

naturaleza formal o informal es imprescindible que la decisión esté

fundamentada. Véase, Junta Dir. Portofino v. PDCM, supra. Ello

responde a que, si la parte afectada por la determinación de la

agencia desconoce los motivos para su proceder, el trámite de la

revisión judicial de la determinación administrativa se convertiría

en un ejercicio fútil. Íd. Incluso en procedimientos informales se

exige que la agencia exponga una explicación de las bases sobre

las que descansa su decisión, de forma tal que el tribunal tenga

fundamentos para hacer su determinación cuando revise la

decisión administrativa.      Véase Junta Dir. Portofino v. PDCM,

supra. A tenor con lo aquí expresado, como la carta que emitió el

DDEC, no expresó los fundamentos para su decisión, se considera

que es una notificación defectuosa que nos impide ejercer nuestra

función de revisión.

      El recurrido Wanabi Media propone que retengamos

jurisdicción, a tenor con la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, hasta que el foro administrativo fundamente su

decisión. Declinamos su propuesta, pues en este caso no se trata
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de que la resolución carece de fundamentos necesarios, sino que

la decisión está huérfana de los fundamentos que justifiquen su

determinación.    Esto es, la carta carece de la más mínima

expresión que explique la acción tomada. Por tanto, no contiene

las garantías mínimas de notificación que exige el debido proceso

de ley.

      Concluimos que la determinación que revisamos no contiene

fundamento alguno que justifique denegar la ayuda solicitada y

que a su vez nos permita ejercer nuestra facultad revisora. Por

tal razón, no se puede considerar como una decisión final de la

agencia,   susceptible   de    revisión   judicial,   realmente   su

presentación en este foro fue prematura.

      Además de lo antes explicado, el DDEC tampoco advirtió del

derecho a solicitar reconsideración, lo cual también trastoca el

debido trámite.

      Sobre este particular, el DDEC reconoció en la Moción de

desestimación que la agencia no emitió una determinación

conforme a derecho, toda vez que la decisión no incluyó la

advertencia a solicitar reconsideración, según lo exige la Sección

3.1 y 3.15 de LPAU. Por consiguiente, aseveró que la notificación

no reunió los requisitos esenciales para ser revisable y solicitó que

se le devolviera el caso para subsanar su omisión.

      Concordamos con el DDEC. La ausencia de las advertencias

de rigor, entre ellas a solicitar reconsideración, implica que no se

le instruyó a la parte de todos los remedios disponibles para

disputar la determinación administrativa. Ello milita en contra de

la legislación aquí reseñada.     Sabido es que en los procesos

administrativos se debe advertir a las partes que tienen

disponible, la opción de la reconsideración, según lo proveen las
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Secciones 3.1, 3.14, 3.15 de la LPAU, supra. Para que una orden

sea final y pueda ser revisada por este foro, las partes deben

agotar todos los remedios provistos por la agencia, según lo

estatuye la Sección 4.2 de LPAU.         Esto incluye, el derecho a

solicitar reconsideración ante la agencia, como paso previo a

acudir al foro judicial en revisión, por si la parte adversamente

afectada interesa ejercer ese derecho.

      Así que, era esencial que el DDEC, además de fundamentar

su decisión, les hubiese notificado a las partes, de la disponibilidad

agotar el proceso de reconsideración ante la agencia, con la

expresión de los términos para ello, antes de acudir en revisión

judicial a nuestro foro. No lo hizo. Este trámite también debe ser

incluido, pues se promueve que la agencia brinde la oportunidad

para que se agoten los trámites ante sí, previo a que se pueda

acudir al foro judicial en revisión.

      La agencia reconoció la omisión y nos solicitó que le

devolviésemos     el   asunto     para    remitir   nuevamente      la

determinación debidamente fundamentada y con las advertencias

de rigor. Así lo hacemos.

                                 IV.

      Por los fundamentos enunciados, desestimamos el presente

recurso por prematuro. Consecuentemente lo devolvemos al

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para que

emita una nueva resolución debidamente fundamentada, con las

advertencias de rigor y que brinde los términos para ello.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones