Court Opinion

ID: 9554669
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:15:14.206617+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:22.014326
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL III

                                                Apelación
   CARLOS VEGA COLÓN                            procedente del
                                                Tribunal de Primera
        Parte Apelante                          Instancia, Sala de
                                  KLAN202300304 Bayamón
               v.
                                                        Civil núm.:
     MAPFRE-PRAICO                                      BY2022CV01792
  INSURANCE COMPANY
                                                        Sobre:
        Parte Apelada                                   Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece Carlos Vega Colón (Apelante o señor Vega Colón),

mediante recurso de Apelación en el que nos solicita que revoquemos

la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón, el 15 de marzo de 20231. En el referido

dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia

Sumaria que presentó Mapfre-Praico Insurance Company (Apelada

o Mapfre-Praico) y desestimó la Demanda por daños y perjuicios

presentada por el señor Vega Colón.

       Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable,

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado.

                                       I.

       Durante la mañana del 19 de mayo de 2020, el señor Vega

Colón sufrió un accidente de auto mientras conducía su bicicleta

por la Carretera PR-5, intersección con la Carretera PR-165, en el

Municipio de Cataño. De los autos surge que, cerca de las 9:45 de

la mañana de ese día, el señor Vega Colón fue impactado en la

1 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 16 de marzo de 2023.

Número Identificador
SEN2023________________
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referida intersección por la parte izquierda de su bicicleta, por el

vehículo de motor marca Toyota, modelo RAV-4, que conducía el Sr.

Edward Ortiz López2. Como consecuencia del choque, el señor Vega

Colón alegó que sufrió trauma en la cabeza, en el cuello, múltiples

abrasiones y fractura en la tibia, por lo que tuvo que ser recluido en

el Centro Médico de Río Piedras3.

        A raíz de este evento, el 10 de diciembre de 2020, la parte

apelante decidió instar un reclamo extrajudicial contra Mapfre-

Praico, empresa que aseguraba el auto del señor Ortiz López al

momento del accidente. El 20 de noviembre de 2021, el señor Vega

Colón volvió a cursar una carta de reclamación contra la

aseguradora sin resultado alguno4.

        Finalmente, el 7 de abril de 2022, el señor Vega Colón

presentó una Demanda contra Mapfre-Praico por daños y perjuicios,

en la que alegó que la negligencia del señor Ortiz López, al manejar

su auto de manera temeraria, distraída y sin tomar las debidas

precauciones le causó lesiones en distintas partes de su cuerpo que

provocaron que fuera transportado en ambulancia al Centro Médico

de Río Piedras, en donde fue intervenido quirúrgicamente para

atender una fractura de la tibia5.

        Además, el señor Vega Colón argumentó que, por causa de los

perjuicios provocados por el accidente, ha padecido y continúa

padeciendo intensos sufrimientos físicos que estimó en una suma

no menor de $100,000.006. También, reclamó la cantidad de

$25,000.00, por las angustias mentales que ha sufrido7.

        Posteriormente, Mapfre-Praico contestó el reclamo incoado

por el señor Vega Colón y negó la mayoría de las alegaciones en su

2 Véanse las páginas 24 a la 31 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
3 Véase el Anejo I en el Apéndice del Recurso de Apelación.
4 Íd.
5 Íd.
6 Íd.
7 Íd.
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contra. Levantó como defensas afirmativas que la acción estaba

prescrita, que la Demanda no exponía una reclamación válida que

justificara la concesión de un remedio y que los hechos alegados son

consecuencia de la negligencia y culpa del señor Vega Colón, entre

otras defensas8.

       Después      de    varios    trámites     procesales,    Mapfre-Praico

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria por ausencia de

prueba9. Expuso que el accidente ocurrió por la negligencia

exclusiva del señor Vega Colón, según quedara constatado en el

Informe de Choque de Tránsito de la Policía. A su vez, sostuvo que

este informe nunca fue impugnado por el señor Vega Colón.

       El 19 de diciembre de 2022, el señor Vega Colón presentó su

oposición a la moción de sentencia sumaria10. En ella expuso que

existía controversia real sobre si hubo o no negligencia por parte del

conductor, el señor Ortiz López. Sostuvo que el conflicto de versiones

de las partes involucradas sobre cómo ocurrió el accidente impide

que se disponga del pleito de forma sumaria.

       Después de evaluar la Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por Mapfre-Praico y su oposición, el tribunal apelado

determinó como hechos probados los siguientes:

       1.   El 19 de mayo de 2020, ocurrió un accidente en la PR-5,
            intersección con la PR-165, en el Municipio de Cataño,
            Puerto Rico.

       2.   Al momento de los hechos, el Sr. Carlos Vega Colón
            manejaba una bicicleta.

       3.   Al momento de los hechos, el Sr. Edward Alexis Ortiz
            López manejaba el vehículo de motor, marca Toyota,
            modelo RAV-4, tablilla IZO-762.

       4.   El accidente fue investigado por la Policía de Puerto Rico,
            agente Favián A. Rodríguez Méndez, placa 37253.

       5.   El agente Favián A. Rodríguez Méndez, placa 37253
            redactó el Informe de Choque de Tránsito, número
            2020:7-017:001749.

8 Véase el Anejo II en el Apéndice del Recurso de Apelación.
9 Véase el Anejo III en el Apéndice del Recurso de Apelación.
10 Véase el Anejo IV en el Apéndice del Recurso de Apelación.
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       6.   Según surge del Informe de Choque de Tránsito, número
            2020:7-017:001749, el Sr. Carlos Vega Colón manejaba
            el vehículo identificado como #1.

       7.   Según surge del Informe de Choque de Tránsito, número
            2020:7-017:001749, el Sr. Edward Alexis Ortiz López
            manejaba el vehículo identificado como #2.

       8.   Según surge del Informe de Choque de Tránsito, número
            2020:7-017:001749, la visión del área no estaba
            obstruida.

       9.   Según surge del Informe de Choque de Tránsito, número
            2020:7-017:001749, el clima era claro.

       10. Según surge del Informe de Choque de Tránsito, número
           2020:7-017:001749, el pavimento estaba seco.

       11. Según surge del Informe de Choque de Tránsito, número
           2020:7-017:001749, el Sr. Carlos Vega Colón se
           apreciaba bajo los efectos de alcohol, drogas y como
           conductor inexperto.

       12. Según surge del Informe de Choque de Tránsito, número
           2020:7-017:001749, el Sr. Carlos Vega Colón manejaba
           por la acera.

       13. Según surge del Informe de Choque de Tránsito, número
           2020:7-017:001749, el Sr. Carlos Vega Colón manejaba
           contra el tránsito y en violación a la Ley de Vehículos y
           Tránsito.

       14. Surge del Informe de Choque de Tránsito, número
           2020:7-017:001749 lo siguiente:

            FECHA: 19 DE MAYO DE 2020 HORA: 9:55AM DE LA
            INVESTIGACIÓN   REALIZADA   Y    LUEGO   DE
            ENTREVISTAR A LOS CONDUCTORES SE ESTABLECE
            QUE MIENTRAS EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE
            MOTOR NÚMERO 1 TRANSITABA EN DIRECCIÓN DE
            SUR A NORTE POR LA ACERA DE LA CARRETERA
            NÚMERO 5 JURISDICCIÓN DE CATAÑO Y AL LLEGAR
            A LA INTERSECCIÓN 165 FRENTE AL ESTADIO
            MUNICIPAL ESPERUCHO CEPEDA. EL CONDUCTOR
            DEL MISMO CRUZA LA CARRETERA PARA EL OTRO
            LADO DE LA ACERA INDEBIDAMENTE POR TAL
            DESCUIDO Y NEGLIGENCIA EL CONDUCTOR DEL
            VEHÍCULO DE MOTOR NÚMERO 2 EL CUAL
            TRANSITABA EN LA INTERSECCIÓN 165 EN
            DIRECCIÓN DE OESTE A ESTE, IMPACTA CON SU
            PARACHOQUE FRONTAL AL VEHÍCULO NÚMERO UNO
            POR EL LADO IZQUIERDO. SE CONTINÚA CON LA
            INVESTIGACIÓN.

       15. Al momento del accidente, el Sr. Carlos Vega Colón
           estaba manejando la bicicleta sin casco protector,
           rodilleras o coderas, sí usaba guantes.

       16. El señor Vega no impugnó el informe policial ni presentó
           queja contra el policía que investigó el accidente11.

11 Véase el Anejo V en el Apéndice del Recurso de Apelación.
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         A base de estos hechos incontrovertidos y luego de aplicar el

derecho correspondiente, el foro de instancia concluyó que el señor

Vega Colón provocó el accidente, al no tomar las precauciones antes

de cruzar la intersección y chocar su bicicleta con el auto del señor

Ortiz López. Finalmente, decretó Ha Lugar la Solicitud de Sentencia

Sumaria que presentó Mapfre-Praico y desestimó la Demanda

incoada por falta de prueba contra la parte apelada12.

         Inconforme, el señor Vega Colón acudió ante nosotros

mediante recurso de Apelación en el que señaló los siguientes seis

errores:

         PRIMER ERROR:

         ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN DEL APELANTE
         POR LA VÍA SUMARIA CUANDO LA PRUEBA DEMUESTRA QUE
         ESTAMOS ANTE UN ASUNTO EN DONDE LA CREDIBILIDAD Y LA
         CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA SOLO PUEDEN SER EVALUADAS
         MEDIANTE UNA VISTA EN SU FONDO.

         SEGUNDO ERROR:

         ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE NO EXISTEN HECHOS ESENCIALES
         EN CONTROVERSIA A LA CAUSA DE ACCIÓN RADICADA, RAZÓN POR
         LA CUAL PROCEDIÓ A DICTAR SENTENCIA SUMARIA EN EL PRESENTE
         CASO.

         TERCER ERROR:

         ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESCARTAR Y NO
         CONSIDERAR LOS TESTIMONIOS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL
         ACCIDENTE, A TODAS LUCES CONTRADICTORIOS, Y CONCLUIR QUE
         NO EXISTE UNA CAUSA DE ACCIÓN EN DAÑOS Y PERJUICIOS.

         CUARTO ERROR:

         ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DARLE ENTERA
         CREDIBILIDAD A UN INFORME DE CHOQUE DE TRÁNSITO
         PRELIMINAR, PREPARADO POR EL POLICÍA QUE LLEGÓ AL LUGAR
         LUEGO DE OCURRIDO EL ACCIDENTE, EL CUAL CONTIENE ERRORES
         E INCONSISTENCIAS Y QUE NO ES FINAL, TAL Y COMO EN EL MISMO
         SE INDICA.

         QUINTO ERROR:

         ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL IMPONERLE UN
         “ESTÁNDAR” MAYOR DE PRUEBA A LA PARTE APELANTE PARA PROBAR
         SU CASO, CONTRARIO A LAS REGLAS DE EVIDENCIA.

         SEXTO ERROR:

         ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL LLEGAR A
         CONCLUSIONES DE HECHOS QUE ESTÁN CONTROVERTIDOS POR
         PRUEBA ADMISIBLE SOMETIDA ANTE SU CONSIDERACIÓN.

12 Íd.
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       Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada,

resolvemos.

                                         II.

                                         A.

       El caso que nos ocupa13 se rige por las disposiciones del

Código Civil de 1930, ya derogado. Conforme a éste, las obligaciones

nacen de la ley, los contratos, los cuasicontratos y los actos u

omisiones ilícitos en los que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia. Código Civil 1930, Art. 1042, 31 LPRA sec. 2992.

       La responsabilidad civil extracontractual está recogida en el

Artículo 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141. Dispone

dicho artículo que, “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro,

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño

causado”14. A esos efectos, para que prospere una causa de acción

en virtud del Art. 1802 del Código Civil de 1930, supra, es necesario

que concurran tres elementos, a saber: (1) un acto u omisión

culposo o negligente; (2) una relación causal entre el acto u omisión

culposo o negligente y el daño que se reclama y (3) la existencia de

un daño que sea real y no hipotético15. “Recae sobre la parte que

solicita   ser    indemnizada       el   deber     de    establecer,     mediante

preponderancia de la prueba, todos los elementos de la causa de

acción por daños y perjuicios”16.

       La responsabilidad por negligencia se caracteriza por la

concurrencia de los siguientes elementos: (a) la existencia de una

obligación o, al menos, de un deber general, reconocido por el

Derecho, que exige que los sujetos ajusten sus actos a un

determinado tipo de conducta para la protección de los demás

13 Los hechos ocurrieron el 19 de mayo de 2020, previo a la vigencia del Código

Civil 2020.
14 El Art. 1802 del Código Civil de 1930 es equivalente al Art. 1536 del Código Civil

de 2020; El Art. 9 del Código Civil de 2020 establece que dicho Código no tiene
efecto retroactivo.
15 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).
16
   SLG Colón-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016).
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contra riesgos irrazonables y (b) que el agente del daño haya obrado

sin ajustarse a semejante tipo de conducta. J. Puig Brutau,

Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II,

Vol. III, pág. 88.

          Según nuestro Tribunal Supremo, la palabra daño significa

“todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una

norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder

otra”17. De otro lado, la culpa o negligencia consiste en no prever o

anticipar las consecuencias racionales de un acto u omisión de un

acto, que una persona prudente habría de prever en circunstancias

similares18. En este sentido, la figura de previsibilidad es uno de los

elementos        esenciales     de   la   responsabilidad       por     culpa   o

negligencia19. Ahora bien, el referido deber de anticipar y evitar la

ocurrencia de un daño, cuya probabilidad es razonablemente

previsible, no se extiende a todo riesgo posible20. En específico, lo

importante es que se pueda prever en forma general, las

consecuencias de determinada acción o inacción21.

          Cónsono con ello, el principio de previsibilidad está atado al

concepto de causalidad22. A tenor con ello, el referido concepto

establece que en nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de

causalidad adecuada, mediante la cual se establece que, “no es

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la

experiencia general”23. Dicho lo anterior, el propósito de utilizar la

doctrina de causalidad adecuada “es limitar la cadena de

responsabilidad y evitar que se extienda a límites absurdos.24”

17 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006).
18 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997).
19 SLG Colón-Rivas v. ELA, supra.
20
     Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998).
21 Montalvo v. Cruz, supra.
22
  Rivera v. S.L.G. Diaz, 165 DPR 408, 422 (2005).
23
  Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).
24 Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 707 (1994).
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                                      B.

    El uso de las bicicletas por las vías públicas de Puerto Rico se

encuentra regulado en el Capítulo XI de la Ley 22-2000, según

enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto

Rico, 9 LPRA sec. 5321 et seq.

    Como     regla   general,    la    legislación   establece   que   las

disposiciones sobre el tránsito de vehículos de motor serán

aplicables también a los conductores de bicicletas, excepto aquellas

normas que, por su propia naturaleza, no se ajusten a éstos.

Artículo 11.01 de la Ley 22-2000, supra. De modo que, los ciclistas

deberán conducir sus bicicletas “con el debido cuidado y precaución

por las vías públicas” al igual que cualquier conductor de un

vehículo de motor. Íd.

    El Artículo 1.17 de la Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 5001, define la

bicicleta como aquel “vehículo impulsado por fuerza muscular

consistente de una (1) o más ruedas, construido para llevar una (1)

o más personas sobre su estructura”.

    Por otro lado, el Art. 11.03 de la Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 5322,

establece cuáles son las actuaciones ilegales en el manejo y uso de

las bicicletas en las vías públicas. La norma dispone, además, que

cualquier persona que infrinja las mismas se entenderá que habrá

cometido una falta administrativa. Asimismo, establece que si al

violentar alguna de las disposiciones establecidas en el mencionado

artículo se causa un accidente vehicular, la multa administrativa

será de quinientos dólares ($500.00).

    En su parte pertinente, el referido artículo establece las

siguientes actuaciones como ilegales:

      (c) Correr alejado del borde del encintado u orilla derecha de
      la vía pública, siendo obligación de toda persona que
      conduzca una bicicleta por una zona de rodaje mantenerse
      lo más cerca de la orilla derecha de la vía pública que le sea
      posible, y ejercer la debida precaución al pasarle a un
      vehículo que se hallare detenido o a uno que transite en su
      misma dirección, excepto en caminos o sectores de la zona
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      de rodaje que hubieren sido reservados para el uso exclusivo
      de bicicletas.
      […]
      (g) Correr por las aceras o por estructuras elevadas
      destinadas exclusivamente para el paso de peatones.
      […]
      (k) Conducir una bicicleta por vías públicas o centros
      recreativos sin estar provisto de un casco protector que
      cumpla con los requisitos establecidos mediante reglamento
      por el Secretario, a tono con las normas de la American
      Standards Association para cascos protectores, […].

      La Ley 22-2000 también establece una Carta de Derechos del

Ciclista y Obligaciones del Conductor que deberán observar el

ciclista, así como el conductor. Artículo 11.04, 9 LPRA sec. 5322a.

En particular dispone que:

      (1) Todo ciclista tiene el derecho a correr bicicleta en
      cualquier vía pública, sea ésta una calle, un camino o una
      carretera estatal o municipal, excepto que no correrá
      bicicleta en una carretera con acceso controlado, autopista o
      donde lo prohíba el Secretario de Transportación y Obras
      Públicas por causas de seguridad.
      […]
      (2) El ciclista tiene el derecho a utilizar la orilla derecha de la
      zona de rodaje de la vía pública y será obligación de todo
      conductor de un vehículo o vehículo de motor ejercer la
      debida precaución al pasarle. No obstante, todo ciclista
      tendrá la opción de utilizar el paseo derecho en aquellas vías
      públicas en que el mismo se encuentre en condiciones
      transitables.
      […]
      (6) Todo ciclista tiene el derecho a conducir la bicicleta por la
      acera derecha o por la porción de la vía pública destinada a
      peatones en cualquiera de las siguientes circunstancias:
              (a) Para detenerse, parar o estacionarse.
              (b) Para acelerar antes de entrar a una vía pública
              transitada.
              (c) Para evadir un vehículo de motor detenido en el
              lado derecho o que fuese a hacer un viraje a la
              derecha.
              (d) Para permitir que otro vehículo que transita más
              rápido le pase.
              (e) Cuando se lo permita un funcionario del orden
              público.
              (f) Para evitar un accidente.
      (7) Todo ciclista tiene el derecho a conducir la bicicleta por la
      acera izquierda o por la porción de la vía pública destinada
      a peatones en cualquiera de las siguientes circunstancias:
              (a) Para desacelerar o detenerse si se han detenido los
              vehículos y el tráfico u otra circunstancia prohíbe o no
              permite el tránsito seguro por el lado derecho de la vía
              de rodaje.
              (b) Cuando se lo autorice un funcionario del orden
              público.
              (c) Para evitar un accidente.

      Por otro lado, como parte de las obligaciones, ningún ciclista

podrá pasar luces rojas o guiar bajo los efectos de alcohol, drogas o
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sustancias controladas. Asimismo, deberá conducir la bicicleta a

favor del tránsito en el carril derecho de la vía pública, entre otras

obligaciones. Íd.

       En tanto, el conductor de un vehículo de motor también tiene

que cumplir determinadas obligaciones respecto a los ciclistas.

Éstos tienen la obligación de ceder el paso, “reduciendo la velocidad

o parando si fuere necesario, a todo ciclista que estuviere cruzando

la zona de rodaje en un punto donde no haya semáforos instalados

o éstos no estuvieren funcionando”. También, deberá tomar todas

las precauciones para no arrollar o causar accidentes a los ciclistas.

Íd.

                                       C.

       El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo25.

       A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil provee

que, para que proceda dictar sentencia sumaria, es necesario que

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente26.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable27. De

25 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González
Massas, supra, pág. 847; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).
26 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,

430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos
Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127,
137-138 (2006).
27 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos Pérez

v. Univisión, supra, pág. 213.
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modo que, ante la clara ausencia de certeza sobre todos los hechos

materiales en controversia, no procede dictar sentencia sumaria28.

       Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo no significa

necesariamente        que    ha    de    emitirse     el   dictamen      sumario

automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que

ello ocurra29.

       De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil,

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo

haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de esta forma,

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede30.

       Ahora bien, existe la modalidad de la moción de sentencia

sumaria por insuficiencia de la prueba, que fue reconocida por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Medina v. M.S. & D. Química

P.R., Inc., 135 DPR 716 (1994); antes, por el Tribunal Supremo

federal en Celotex Corp. v. Catrett, 477 US 317 (1986). Véase,

además, Pérez v. El Vocero de P.R., 149 DPR 427 (1999). En lo

pertinente, el Tribunal Supremo ha expresado que esta procede

cuando la parte demandante no cuenta con evidencia suficiente

para probar su caso31. Específicamente, el promovente debe

establecer que: (1) el juicio en su fondo es innecesario; (2) el

demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar algún

28 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v.

Purcell, 117 DPR 714 (1986).
29 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177

DPR 369, 383-384 (2009).
30 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c).
31 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 786 (2016).
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hecho esencial a su reclamación; y, (3) como cuestión de derecho,

procede la desestimación de la reclamación32.

       No obstante, para disponer de un pleito por dicho fundamento

es indispensable que se le haya brindado a la parte promovida

amplia oportunidad para realizar un descubrimiento de prueba y

que se demuestre que la prueba descubierta no satisface los

elementos necesarios para establecer su causa de acción33. Por su

lado, la parte promovida no puede evitar tal solicitud “por el mero

pretexto de que, a pesar de no contar con evidencia suficiente para

probar un elemento indispensable para su reclamación, merece su

‘día en corte’”34.

       Valga apuntar que, a la modalidad de sentencia sumaria por

insuficiencia de la prueba le aplican todos los principios que deben

utilizarse por los tribunales al resolver una solicitud de sentencia

sumaria35. Por ello, podrá dictarse sentencia sumaria cuando no

exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales y

esenciales del caso36 y, además, si en derecho procede el reclamo37.

       Por ende, la parte que solicita la sentencia sumaria en un

pleito está obligada a demostrar, fuera de toda duda, la inexistencia

de una controversia real sobre todo hecho pertinente “que a la luz

del derecho sustantivo determinaría una sentencia a su favor como

cuestión de ley”38.

32
   Id.
33
   Id., pág. 787.
34
   Id.
35
   Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, pág. 734.
36 Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR
200, 213 (2010). A su vez, la controversia relacionada a un hecho material debe
ser real, “por lo que cualquier duda es insuficiente para derrotar una Solicitud de
Sentencia Sumaria”. Id., págs. 213-214.
37 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.
38 Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 133 (1992).
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       En cambio, “cuando existe duda sobre si hay o no prueba

suficiente o si hay una controversia de hecho, esta duda debe

resolverse en favor de la parte promovida” 39.

       Así pues, el mecanismo de sentencia sumaria es un remedio

discrecional     que    procederá      solo    cuando      el   tribunal    quede

claramente convencido de que tiene ante sí documentos no

controvertidos,      que    no    existen     controversias      sobre     hechos

materiales y esenciales, y que, por lo tanto, lo que resta es aplicar el

derecho, ya que una vista en los méritos resultaría innecesaria40.

       Por ello, una sentencia sumaria, por constituir una decisión

en los méritos es el precedente de cosa juzgada41 cuando se opone

entre partes debidamente relacionadas42.

       Al examinar una sentencia sumaria, los foros apelativos

deben utilizar los mismos criterios que el tribunal sentenciador al

determinar si procede dictar sentencia sumaria, sin embargo: (1)

sólo puede considerar los documentos que se presentaron ante el

foro de primera instancia; y (2) sólo puede determinar si existe o no

alguna controversia genuina de hechos materiales y si el derecho se

aplicó de forma correcta43.

       Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar

específico, que, como foro apelativo, debemos utilizar. A tales

39 Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra. Se ha advertido que, antes de

resolver una controversia por la vía sumaria, el juzgador habrá de discernir
cuidadosamente al respecto, pues “mal utilizada, puede prestarse para despojar
a un litigante de su ‘día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley”.
González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 DPR 638, 646-647 (1993).
40 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). Véase, además, González Santiago

v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Pérez Vargas v. Office Depot, 203
DPR 687, 699 (2019).
41 El efecto de la aplicación de la doctrina de cosa juzgada es que la sentencia

emitida en un pleito anterior impide que se litiguen posteriormente, entre las
mismas partes y sobre las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya
litigadas y adjudicadas, y aquellas que se pudieron haber litigado. Mun. De San
Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003).
42 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335; Sucn. Meléndez v. DACO, 112 DPR 86, 89

(1982).
43 Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129.
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efectos, en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100

(2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar

que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición,

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de

Procedimiento Civil. Id., pág. 118. Subsecuentemente, si existen

hechos materiales controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil

y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos”. Id., pág.

119. Por el contrario, si encontramos que los hechos materiales del

caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro

primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la

controversia que tuvo ante sí. Id.

       Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa

en cuanto a que, cuando se utiliza la sentencia sumaria, “el sabio

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en

corte, principio elemental del debido proceso de ley”44.

                                        III.

       Como cuestión de umbral, adelantamos que discutiremos en

conjunto los errores señalados por el señor Vega Colón por estar

estrechamente relacionados.

       En su recurso, el señor Vega Colón asegura que existe

controversia sobre los testimonios contradictorios que brindaron las

partes en las deposiciones que se le tomaron como parte del

descubrimiento de prueba, con relación a cómo ocurrió el accidente.

Por ello, aduce que era necesario que el pleito se dilucidara en un

juicio en su fondo. El señor Vega Colón entiende que el TPI erró al

basar totalmente su dictamen en el Informe de Choque de Tránsito

44 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152

DPR 599, 611 (2000).
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de la Policía de Puerto Rico, a pesar de que éste estaba plagado de

errores e inconsistencias y de conclusiones incorrectas e infundadas

sobre el Apelante. Sostiene que del propio informe surge que éste no

era final, por lo que no se podía presumir su corrección.

       Asimismo, asegura que de la prueba testimonial se puede

colegir que el señor Ortiz López provocó el accidente que le causó los

daños que reclama, al conducir su vehículo de motor de forma

descuidada y negligente. Reitera que en este caso existen elementos

subjetivos de credibilidad y negligencia que ameritan ser dilucidados

en un juicio en su fondo y que no debieron ser adjudicados de

manera sumaria.

       Por su parte, Mapfre-Praico afirma que el TPI no erró al

desestimar la Demanda en su contra por falta de prueba que

demostrara la alegada negligencia en que incurrió su asegurado.

Reitera que no existe evidencia que pruebe que el señor Ortiz López

incurrió en negligencia al manejar su auto y, en consecuencia, haya

provocado el accidente. Le asiste la razón.

       Después de examinar de novo la Solicitud de Sentencia

Sumaria y la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, no

albergamos duda alguna que el foro apelado actuó conforme a

derecho, al resolver el pleito de epígrafe de manera sumaria y

desestimar la causa incoada por insuficiencia de la prueba45.

       Aunque el señor Vega Colón alega que el tribunal apelado

incidió al imputarle negligencia, a pesar de que existían testimonios

contradictorios como argumentó, de las propias declaraciones de las

partes involucradas en el accidente, apoyadas por el informe

policíaco, se puede inferir la negligencia en que incurrió el señor

45 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 786 (2016); Meléndez González,

et al. v. M. Cuebas, supra; Medina Morales v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR
716, 732-735 (1994).
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Vega Colón y no la alegada negligencia incurrida por el señor Ortiz

López.

          Como mencionamos anteriormente, para que prospere una

acción por responsabilidad civil extracontractual, la parte que

reclama debe demostrar que hubo un acto u omisión culposo o

negligente, que existe una relación causal entre ese acto y el daño

reclamado y que el perjuicio sea uno real y no hipotético46.

          No hay duda de que el señor Vega Colón tuvo daños como

consecuencia del impacto que recibió del vehículo que manejaba el

señor Ortiz López, mientras éste cruzaba con su bicicleta la

intersección con la PR 165, en Cataño. Sin embargo, también es

cierto, según se desprende del informe policiaco y del propio

testimonio del señor Vega Colón, que éste no siguió las normas de

seguridad para el tránsito de bicicletas que establece la Ley 22-

2000, supra, al utilizar la vía por el lado contrario al dispuesto en el

referido estatuto, transitar por la acera destinada a peatones y no

utilizar las protecciones que requiere la legislación47.

          Ciertamente, la versión brindada por el señor Vega Colón en

la deposición que se le tomó no encontró apoyo en el informe

policiaco que presentó el agente de la Policía Favian A. Rodríguez

Méndez, que concluyó que el señor Vega Colón cruzó la intersección

de forma negligente, al no seguir las normas que regulan el tránsito

de las bicicletas por las vías públicas de Puerto Rico48.

          Al examinar el informe y el diagrama incluido en éste, se

puede inferir la dirección en que iba el señor Vega Colón mientras

transitaba la Carretera PR-5 y la posición en que se encontraba el

vehículo del señor Ortiz López. Claramente, el señor Vega Colón

conducía su bicicleta en contra del tránsito vehicular, por el lado

46
     Nieves Díaz v. González Massas, supra.
47 Véanse las páginas 24 a la 31 y las páginas 74 y 75 en el Apéndice del Recurso

de Apelación.
48 Véase lo declarado por el señor Vega Colón en las páginas 74 y 75 del Apéndice

del Recurso de Apelación.
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izquierdo de la carretera, por la acera izquierda y sin las

protecciones requeridas en contravención con lo establecido en el

Art. 11.03 de la Ley Núm. 22-2000, supra49.

         Asimismo, de los testimonios de las partes se puede concluir

que el señor Ortiz López se encontraba detenido en la intersección

antes de emprender la marcha y que al cruzar la vía impactó el lado

izquierdo de la bicicleta con la parte frontal derecha de su vehículo50.

Esta versión es claramente consistente con el informe de la Policía,

que se presume correcto y admisible, como correctamente concluyó

el TPI. Regla 805 (H) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.

805 (h).

         La Regla 805 (H) de las Reglas de Evidencia, supra, permite

como excepción a la prueba de referencia, la admisión de récords e

informes públicos como lo son los que prepara la Policía sobre un

accidente o delito. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia

Comentadas, 1ra. Ed., San Juan, Ediciones SITUM, 2016, págs.

306-309.

         Ciertamente, el Apelante no estableció todos los elementos de

acción de daños y perjuicios que incoó contra Mapfre-Praico51. Las

alegaciones del señor Vega Colón no son suficientes para demostrar

la presunta negligencia incurrida por el señor Ortiz López52. Por

consiguiente, confirmamos la Sentencia apelada.

                                      IV.

         Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón, el 15 de marzo de 2023.

         Notifíquese.

49 Íd.
50 Véanse las páginas 126 a la 130 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
51 SLG Colón-Rivas v. ELA, supra.
52
  Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra; Medina Morales v. M.S. & D. Química P.R.,
Inc., supra.
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      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez disiente con voto

escrito.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

                                                Apelación
  CARLOS VEGA COLÓN                             procedente del
                                                Tribunal de Primera
          Apelante                              Instancia, Sala de
                                                Bayamón
              v.
                              KLAN202300304
                                                Civil núm.:
     MAPFRE-PRAICO                              BY2022CV01792
  INSURANCE COMPANY
                                                Sobre:
           Apelada                              DAÑOS Y
                                                PERJUICIOS
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

      VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ

      La solución de una reclamación mediante el mecanismo de

sentencia sumaria es recomendable en aquellos litigios que no

presentan controversias genuinas de hechos materiales y que, por

consiguiente, la celebración de un juicio en su fondo no sea

necesaria, ya que solo resta por dirimir determinadas controversias

de derecho. Acevedo Arocho v. Departamento de Hacienda de Puerto

Rico, 2023 TSPR 80; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al, 208

DPR 310, 334 (2021); León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41

(2020); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018). El hecho

material se ha definido como aquel que puede afectar el resultado

de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.

Universal Insurance Company v. Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, 2023 TSPR 24.

      No hay duda alguna que el buen uso de la sentencia sumaria

como método adjudicativo permite la solución de pleitos civiles de

forma justa, rápida y económica. Acevedo Arocho v. Departamento

de Hacienda de Puerto Rico, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-

MAN et al, supra, pág. 335; León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág.

43; Roldán Flores v. M. Cuebas,199 DPR 664, 676 (2018). Ahora

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300304                                                      2

bien, su uso no procederá cuando: (1) existan hechos materiales y

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de

derecho, no proceda. Acevedo Arocho v. Departamento de Hacienda

de Puerto Rico, supra; Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al, supra,

págs. 335-336; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016);

Szendrey v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que: “no es

aconsejable dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias

versan esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven

aspectos subjetivos, como lo es la intención, los propósitos mentales

o la negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219

(2010). Véase, además, Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294,

301 (1994). No obstante, esto no impide la utilización del mecanismo

de sentencia sumaria en las reclamaciones que requieran elementos

subjetivos o de intención cuando de los documentos que serán

considerados en la solicitud de sentencia sumaria surja que no

existe controversia en cuanto a los hechos materiales. Aponte

Valentin v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263, 278 (2021);

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 850 (2010); Ramos

Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. (Énfasis nuestro).

      Mi disentimiento se basa en que existe controversia de

hechos. Algunos de estos materiales o esenciales para la

reclamación, tales como la negligencia. La determinación recurrida

le concede un desmedido peso probatorio al Informe de Choque de

Transito efectuado por el agente Rodríguez, cinco días después del

accidente en la solución de la reclamación por la vía sumaria. El

Tribunal de Primera Instancia señala y cito:
KLAN202300304                                                      3

      El informe de la policía corrobora la versión del señor
      Ortiz. En este, el agente Favián Rodríguez Méndez,
      señala que el accidente ocurrió cuando el demandante,
      sin tomar las debidas precauciones y en contra del
      tránsito, esencialmente, cruzó la intersección, siendo
      impactado por el señor Ortiz, cuando este se disponía a
      virar.

      No obstante, de una detenida lectura del Informe de Choque

de Tránsito en lugar alguno se dice que el conductor de la bicicleta,

al que se refiere en el informe como vehículo 1 transitaba en contra

del tránsito. De hecho, llama la atención que el informe en el

encasillado   número     246,    titulado   lugar   de   ocurrencia,

peatón/ciclista no fue completado, tampoco el encasillado número

248, acción del ciclista. Este último totalmente pertinente a la

conclusión que el foro recurrido alcanza sin hechos que lo

sustenten. De hecho, el informe también omite señalar que el

conductor del vehículo 2, parte demandada se encontraba detenido

ante una señal de pare en la salida de la 165 en la intersección con

la carretera #5. El Informe de Choque de tránsito en la parte

narrativa señala lo siguiente:

      FECHA: 19 DE MAYO DE 2020 HORA: 9:55AM DE LA
      INVESTIGACIÓN    REALIZADA  Y    LUEGO   DE
      ENTREVISTAR A LOS CONDUCTORES SE ESTABLECE
      QUE MIENTRAS EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE
      MOTOR NÚMERO 1 TRANSITABA EN DIRECCION DE
      SUR A NORTE POR LA ACERA DE LA CARRETERA
      NÚMERO 5 JURISDICCIÓN DE CATAÑO Y AL LLEGAR
      A LA INTERSECCIÓN 165 FRENTE AL ESTADIO
      MUNICIPAL ESPERUCHO CEPEDA. EL CONDUCTOR
      DEL MISMO CRUZA LA CARRETERA PARA EL OTRO
      LADO DE LA ACERA INDEBIDAMENTE POR TAL
      DESCUIDO Y NEGLIGENCIA EL CONDUCTOR DEL
      VEHÍCULO DE MOTOR NÚMERO 2 EL CUAL
      TRANSITABA EN LA INTERSECCION 165 EN
      DIRECCION DE OESTE A ESTE, IMPACTA CON SU
      PARACHOQUE FRONTAL AL VEHÍCULO NÚMERO
      UNO POR EL LADO IZQUIERDO. SE CONTINUA CON
      LA INVESTIGACIÓN.

      Considero que la narrativa del Informe es una conclusión

sobre la negligencia generalizada, carente de hechos que la

sustenten, por lo cual está en controversia. Si bien el Informe se

presume correcto, la parte demandante, a mi entender, ha
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presentado testimonio, inclusive del propio demandado, que crea

una controversia de hechos sobre qué verdaderamente sucedió. La

negligencia es un hecho material en la reclamación de epígrafe que

a mi entender está controvertida. La doctrina ha enfatizado que no

es     aconsejable    dictar    sentencia      sumaria      en    casos   cuyas

controversias versan esencialmente sobre asuntos de negligencia,

precisamente el caso ante nuestra consideración.

        Sobre la forma en que ocurrió el accidente, vital para

determinar negligencia, el demandante sostuvo en su deposición

que:

        R.    Pues me dirigí a mi bicicleta, me monté, cogí la
        PR-5 completa por la acera, pasé frente a Econo, bajé la
        rampa de Econo, me trepé en la rampa de la 165, me
        paré, estaban pasando los carros. El caballero en una
        Rav4 blanca, creo que era una Rav4 blanca, se paró, me
        dio paso, le dije “gracias”. Cuando voy pasando él
        arrancó la guagua. Como que él estaba texteando, él
        tenía un teléfono en la mano.”1
        …
        P.    ¿Y el sol no se reflejaba en el cristal de la Rav4?
        R.    No sabría decirle porque yo voy cruzando la
        rampa de impedidos. El se para algunos ocho o diez pies
        antes pa’ darme paso.
        …
        P.    ¿Y usted estaba corriendo la bicicleta sobre la
        acera?
        R. Si. Lo que pasa es que pa’ pasar por debajo del
        puente está la rampa de impedidos, está el área
        peatonal pa’ después treparme en la acera del puente
        otra vez pa’ bajar por debajo del puente.2
        …

        P.    Entonces nos indica que la persona le dio paso y
        posteriormente le impacta.
        R.    Sí, cuando voy pasando le di las gracias ye el
        carro se va, me arrolló.3
        …
        P.    ¿Cómo usted sabe que fue el vehículo Rav4 quien
        le impacta?
        R.    Porque es el único vehículo que está frente a mí.
        P.    ¿En ese momento estaban las luces del semáforo
        a su favor?
        R.    No, allí no hay luces de semáforo.
        P.    ¿Había alguna otra persona cerca del área?

1 Pág. 74, línea 12 a 19 del apéndice del recurso.
2 Pág. 74 línea 22 y pág. 75, línea 8 a 12 del apéndice del recurso.
3 Pág. 75 línea 22 del apéndice del recurso.
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       R.    La muchacha que se bajó de la guagua se le metió
       frente a él pa’ que él parara porque él dijo que no me
       vio.4

       En contradicción a lo expuesto por la parte demandante en su

deposición, el demandado sostuvo lo siguiente en cuanto a la forma

en que ocurrió el accidente.

       P.    Muy bien. Don Edward, yo quiero que usted en
       sus propias palabras, de su mejor recuerdo, me diga
       qué fue lo que pasó ese día.

       R.     Sí, pues yo tomo la salida, verdad, como usted
       bien dice, de la 165, y nada, tengo dos carros o tres
       anterior a mí, verdad, esto es una salida que se ve
       ampliamente para la derecha, ampliamente hacia el
       frente, verdad, que está el estadio, ampliamente hacia
       la izquierda. Yo hago mi, mi espera, verdad, no fue que
       yo llegué al PARE. Yo hago mi espera. Cuando me toca
       mi turno de cruzar y hacer la izquierda como bien usted
       ha dicho, ahí es que de repente llega el señor en la
       bicicleta y yo lo impacto. Yo no vi ese señor de ningún
       lado. Eso, uno tiene una amplia vista de la derecha en
       esa, usted menciona creo que es la Carretera Cinco, uno
       tiene una amplia vista de esa Carretera Cinco a mano
       derecha. Eso es como un islote, donde está el PARE es
       como un islote, verdad, y otro, la, el doblez para hacer
       una derecha realmente ahí uno lo puede tomar hasta,
       verdad, de esa parte. Cuando yo llego a mi turno al
       PARE yo no veo ese caballero, verdad, yo estoy mirando
       al lado izquierdo. Ya yo había visto derecha, izquierda,
       voy a cruzar y ahí es que impacto el caballero.5

       No me queda claro los hechos específicos que ocasionan este

accidente, por lo que no puedo suscribir la determinación de

negligencia del foro recurrido. Como mínimo está en controversia si

el demandado dejó pasar al demandante, lo cual quiere decir que vio

al demandante o si simplemente no lo vio en ningún momento. El

uso o no de sustancias controladas, alcohol o benzodiazepinas es

inmaterial en este momento, en donde tan siquiera puedo distinguir

claramente cómo surgieron los eventos que causaron los daños

reclamados.

4 Pág. 76, línea 1 a 11 del apéndice del recurso.
5 Pág. 126, líneas 17 a pág. 127, línea 12 del apéndice del recurso.
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         Por último, creo que los hechos propuestos en la moción de

sentencia sumaria del demandado identificados como, a6, b,7 c, a8,

c,9 d, e, f, g, h, i, r, s, t, u, v, y w, no están en controversia. Los

hechos propuestos identificados como b,10 j, k, l, m, n, o, p, q, están

controvertidos. En fin, el objetivo de aligerar la tramitación de un

caso no puede derrotar el principio fundamental de todo proceso

ante un tribunal: alcanzar una solución justa. Si hay dudas sobre

la existencia de una controversia de hechos, éstas deben resolverse

contra la parte que solicita la sentencia sumaria presentada. PFZ

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 912 (1994). No

albergo duda alguna que existe una controversia de hechos material

que impide conceder el remedio sumario a base de alegaciones

conclusorias, inferencias y especulaciones no corroboradas, por lo

cual revocaría el dictamen recurrido.

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

                        Grace M. Grana Martínez
                    Jueza del Tribunal de Apelaciones

6 Pág. 11 del apéndice.
7 Íd.
8 Pág. 12 del apéndice
9 Íd.
10 Íd.