Court Opinion

ID: 9962722
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:46:07.310632+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:29.241367
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

        ZAILIZ PAOLA                               Certiorari procedente
       AMADOR RIVERA                               del Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala Superior
         RECURRIDA                                 de Arecibo
                                KLCE202400212
                v.
                                      cons.      Caso Número:
  AEROTEK como compañía                          AR2020CV00437
  de empleo temporero y co- KLCE202400213
  patrono de la Querellante y
  BRISTOL MYERS SQUIBB                           Sobre: Discrimen por
                                                 Madre Obrera,
       PETICIONARIOS                             Procedimiento Sumario
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

       Bristol Myers Squibb y Aerotek, Inc. comparecen ante este Tribunal

de Apelaciones mediante los recursos de certiorari de autos en los que

impugnan la Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Arecibo. Los peticionarios aducen que el foro de instancia erró

al no dictar sentencia sumaria, cuando no existían controversias de hecho

que impidieran el dictamen.

       Por los fundamentos a continuación, denegamos la expedición de

los recursos de certiorari.

                                      I

       El 6 de marzo de 2020, Zailiz Paola Amador Rivera (en adelante,

recurrida) presentó una querella sobre discrimen contra los peticionarios.

En esencia sostuvo que fue despedida discriminatoriamente de su empelo

temporero, a consecuencia de su estado de gestación. Precisó que informó

a su supervisora, Nilka Egipciaco, al respecto. Además, adujo que se le

informó que el despido se debió a desviaciones a los procesos, sin

embargo, esta alegó que no realizó dichas gestiones. Finalmente, arguyó

que tan pronto advino en conocimiento de dicha situación informó al

personal de los peticionarios, quienes le indicaron que continuarían a pesar

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400212 cons. KLCE202400213                                           2

de ello. A pesar de estas circunstancias, señaló que los peticionarios

mantuvieron trabajando a todos los demás empleados y a quien

únicamente despidieron fue a ella. Por consiguiente, solicitó la reinstalación

a su empleo, los sueldos dejados de percibir, daños y perjuicios no

menores a $150,000.00, y una suma de igual cantidad como penalidad.

       Bristol Myers contestó que no era el patrono de la recurrida, sino que

era Aerotek. Añadió que esta ocupaba un empleo temporero por lo que su

salida se debió a la culminación de su empleo de acuerdo con los términos

del contrato, así como a su incumplimiento y desvío de las normas de la

empresa. En esencia, sostuvo que el despido no obedeció razones

discriminatorias. Por su parte, Aerotek negó la alegación de discrimen y

sostuvo que desconocía el estado de embarazo de esta.

       Así las cosas, los peticionarios presentaron mociones de sentencia

sumaria en la que sostuvieron, nuevamente, que desconocían el estado de

embarazo de la recurrida. Añadieron que dieron por terminada la

asignación de esta tras una investigación sobre sus faltas a los estándares

de la empresa. La recurrida se opuso a la solicitud de sentencia sumaria y

expuso que permanecían hechos en controversia que requerían la

celebración de un juicio para dirimir elementos de credibilidad.

       Sometidas las mociones ante el Tribunal de Primera Instancia, así

como réplicas de los peticionarios, el foro recurrido dictó Resolución en la

que declaró no ha lugar las mociones de sentencia sumaria. El foro primario

determinó que no estaban en controversia treinta y tres (33)

determinaciones de hechos propuestas por los peticionarios. Sin embargo,

sostuvo que permanecían en controversia los siguientes hechos

propuestos por el peticionario Bristol:

       1. La querellante no logró comunicarse con otra persona
       antes de que se continuara el proceso de media fill. Véase,
       “Moción de sentencia sumaria” [48], VI. Hechos Materiales
       que no están en controversia, Hecho #19.
       2. La querellante no paralizó el proceso de media fill
       nuevamente, además de las intervenciones normales y el
       evento atípico de la rotura del equipo. Id, Hecho #21.
       3. A raíz de la investigación y de su desenlace, los altos
       gerenciales Bristol tomaron la decisión de terminación la
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      asignación de la querellante por su violación a los procesos y
      repercusiones. Id, Hecho #30.
      4. Incluso, la querellante no tiene conocimiento alguno de que
      las personas que evaluaron y tomaron la decisión de terminar
      su asignación temporera, ni de si éstas supieran sobre su
      embarazo. Id, Hecho #32.
      5. Las que tomaron la decisión de terminar la asignación
      temporera de la querellante fueron Carmen Amador,
      Directora de Control de Calidad de Bristol en el tiempo de los
      hechos del caso del epígrafe y Jorge López, anterior General
      Manager de Bristol. Id, Hecho #33.
      6. Frances Albors, Senior Client Services Manager –
      Contingent Workforce de Bristol, le comunica a Aerotek que
      debido a un evento ocurrido en el cual la querellante estaba
      involucrada, se estaba dando por terminada la asignación
      temporera de Amador. Id, Hecho #34.
      7. La querellante tiene conocimiento de que la terminación de
      su asignación temporera con Bristol se debe a la violación a
      los procedimientos y las repercusiones de dichas violaciones
      ocurridas durante el evento de media fill del 18 de diciembre
      de 2018. Id, Hecho #37.

      De igual forma, el tribunal recurrido determinó que se encontraban

en controversia los siguientes hechos propuestos por el peticionario

Aerotek:

      1. En dicho proceso de media fill, se dio la contaminación en
      un vial, por lo que no se cumplió con tener un proceso
      completamente limpio. Véase, “Moción de sentencia sumaria
      de reclamación en contra de Aerotek” [49], V. Hechos
      materiales que no están en controversia, Hecho #15.
      2. A raíz de la investigación y de su desenlace, los altos
      gerenciales de Bristol tomaron la decisión de dar por
      terminada la asignación de la querellante. Id, Hecho #18.
      3. El 13 de marzo de 2019, Vázquez recibió una
      comunicación de Frances Albors, Senior Clinet Services
      Manager – Contingent Workforce de Bristol, para informar
      que debido a un evento ocurrido en el cual la querellante
      estaba involucrada, se estaba dando por terminada la
      asignación temporera de Amador, con fecha efectiva el 15 de
      marzo de 2019. Id, Hecho #19.
      4. El 15 de marzo de 2019, Vázquez se comunicó mediante
      llamada telefónica con la querellante para notificarle de la
      terminación de su asignación temporera en Bristol. Id, Hecho
      #20.
      5. Durante la llamada del 15 de marzo de 2019, luego de
      notificarle la terminación de su asignación temporera, Amador
      le notificó por primera vez a Aerotek, a través de Vázquez,
      que se encontraba embarazada. Id, Hecho #21.
      6. Vázquez citó a Amador a una reunión presencial el 18 de
      marzo de 2019 para dialogar sobre la terminación de la
      asignación temporera en Bristol. Id, Hecho #22.
      7. El 18 de marzo de 2019, la querellante y Vázquez se
      reunieron personalmente, y Vázquez le explicó en más
      detalle la razón que Bristol había dado para dar por terminada
      la asignación temporera de Amador. Id, Hecho #23.
      8. Durante dicha reunión, Vázquez le explicó a la querellante
      que su terminación se debió a que, a raíz de una investigación
      realizada por Bristol, se concluyó que la querellante incurrió
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       en una serie de desviaciones a los procedimientos ocurridos
       durante el proceso de media fill. Id, Hecho #24.
       9. Durante dicha comunicación, la querellante le indicó a
       Vázquez que no había notificado de su embarazo a Aerotek
       dado a que anteriormente había tenido una pérdida de otro
       embarazo, y, por tanto, en este nuevo embarazo estaba
       esperando más tiempo para notificar. Id, Hecho #26.
       10. La querellante nunca fue despedida de Aerotek. Id, Hecho
       #27.
       11. Aerotek le informó a la querellante que debía continuar
       comunicándose con Aerotek para futuras oportunidades de
       empleo. Id, Hecho #28.
       12. Incluso, Aerotek procesó la terminación de la asignación
       temporera de la querellante como un End of Assignment, con
       el fin de que pudiese seguir recibiendo ofertas de empleo
       temporero. Id, Hecho #29.
       13. La querellante continuó en comunicación con Aerotek
       después de la terminación de la asignación temporera con
       Bristol con miras a considerar más oportunidades de trabajo.
       Id, Hecho #30.
       14. Según acordado, en o alrededor del 22 de abril de 2020 y
       19 de mayo de 2020, Aerotek intentó comunicarse con la
       querellante para discutir posibles oportunidades de empleo,
       pero no logró conseguirla mediante llamada telefónica. Id,
       Hecho #31.
       15. El 27 de mayo de 2020, Aerotek tuvo una llamada con la
       querellante para actualizar su resume y perfil a fin de que el
       mismo estuviese actualizado para ofrecerle cualquier
       oportunidad de empleo disponible. Id, Hecho #32.

       Inconformes con dicha determinación, los peticionarios acudieron

ante este Tribunal de Apelaciones. Ambos, precisaron que el Tribunal de

Primera Instancia:

       Erró el TPI al denegar la moción de sentencia sumaria de
       BMS y no desestimar el pleito con perjuicio.

       Concedimos término hasta el 1 de marzo de 2024 para que la

recurrida presentara su posición respecto a la expedición de los recursos,

consolidados. El 14 de marzo de 2024, luego de una moción de prórroga,

se presentó el Alegato en oposición a petición de certiorari. Resolvemos

con el beneficio de los escritos de las partes.

                                      II

                                     A.

       El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que permite

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).

En esencia consiste en un recurso extraordinario caracterizado por que

descansa en la discreción del tribunal para su expedición, la cual no es
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irrestricta. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). El tribunal

tiene discreción para atender el asunto planteado, bien sea para expedir o

denegar el auto. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580

(2011). En estos casos procede un análisis dual para determinar si se

expide o no un recurso de certiorari, el cual consta de una parte objetiva y

otra subjetiva.

       Primero, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LRPA Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para revisar

resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia será

expedido, entre otros, cuando se recurra de la denegatoria de una moción

de carácter dispositivo u alguna orden bajo las Reglas 56 y 57. A esos

efectos, el primer examen para que un recurso de certiorari sea expedido

es que tenga cabida bajo uno de los escenarios contemplados en la Regla

52.1, supra.

       Superada esta primera etapa, procede examinar si se justifica

nuestra intervención a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Recuérdese que es un recurso que

depende de la discreción del tribunal revisor. Conforme a esta Regla, los

criterios que justifican nuestra intervención son los siguientes:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Por lo tanto, la discreción judicial no opera en el vacío. En etapa de

revisión judicial es norma reiterada que el Tribunal de Apelaciones no habrá

de intervenir con el ejercicio de discreción del Tribunal de Primera
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Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012) (citando a Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 745 (1986). Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido, por tanto,

debemos ejercer nuestra discreción para evaluar si, a la luz de estos

criterios, se requiere nuestra intervención. Si no fuera así, procede que nos

abstengamos de expedir el auto, de manera que se continúen los

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera instancia.

                                     B.

       En nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia sumaria responde al

propósito de aligerar la conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su

fondo, pero siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a

ser dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho

solamente”. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001). Véase,

además, Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018).

Conforme a la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para adjudicar una

moción de sentencia sumaria se requiere la presentación de “una moción

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente” bien sea

sobre la totalidad de la reclamación o parte de esta. En este sentido, un

hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Por ello, “[l]a controversia debe

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la

dirima a través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR

200, 213 (2010).

       En armonía con lo anterior, la sentencia sumaria solo debe dictarse

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales en

la controversia, no procede que se dicte sentencia sumaria. Sin embargo,
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se ha establecido que la sentencia sumaria, “[p]rocede, aunque se hayan

alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero cuando el

promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante dicha

prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre los

hechos medulares.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 577. Ante

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, es

decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia admisible.” Id.

        En fin, toda vez que la sentencia sumaria es un remedio de carácter

discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su

día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Mgmt. Adm.

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). Siendo esto así, solo

procede que se dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera clara

que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de

todos     los    hechos     necesarios      para     poder     resolver     la

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-

110. De haber alguna duda acerca de la existencia de una controversia

sobre los hechos medulares y sustanciales del caso deberá resolverse

contra la parte que solicita la moción, haciendo necesaria la celebración de

un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, 132 DPR 115,133 (1992).

        Según se ha reiterado jurisprudencialmente, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar

la determinación del tribunal primario, estamos limitados de dos maneras:

(1) considerar solamente los documentos que se presentaron ante el foro

de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de

forma correcta. Esto es, estamos impedidos de adjudicar los hechos

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335

(2004). El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea
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que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro intermedio. Por

consiguiente, el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, estableció el estándar que debemos utilizar como tribunal

revisor al momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que

se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria.

       En lo pertinente, se dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de

Apelaciones es de novo y debe examinar el expediente de la manera más

favorable hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria

en el foro primario”. Id. en la pág. 118. Además, reiteró que por estar en la

misma posición que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de

forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id.

                                      III

       Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos

encontramos ante uno de los escenarios contemplados por dicha

disposición para presentar recursos de certiorari ante este Tribunal de

manera interlocutoria. No obstante, el ejercicio de discreción que nos

compete realizar no culmina con la aplicación de esta regla. Entiéndase, no

basta con que se trata de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo como la moción de sentencia sumaria del caso de autos.

       Nos corresponde analizar si procede la expedición del recurso de

certiorari a la luz de los criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones. Tras un análisis cuidadoso de los expedientes,

así como las determinaciones de hechos realizadas por el foro recurrido,

resolvemos que no se justifica nuestra intervención en esta etapa del

procedimiento judicial. Habiendo considerado de novo el listado de hechos

controvertidos incluidos en el dictamen del Tribunal de Primera Instancia,

nos resulta evidente que su juicio sobre la existencia de hechos en

controversia tiene base adecuada y racional. Este hecho impide la

disposición sumaria y amerita la continuación del proceso judicial para

dirimir asuntos de apreciación.
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       Cónsono con lo anterior, no encontramos que el tribunal primario

haya incurrido en abuso de discreción o que haya actuado bajo prejuicio o

parcialidad que acarree un fracaso de justicia. Tampoco se demostró que

el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación o aplicación de

una norma procesal ni que intervenir en esta etapa evitaría un perjuicio

sustancial contra los peticionarios, razón por la cual denegamos la

expedición del certiorari.

                                    IV

       Por los fundamentos anteriores, a la luz de los criterios que guían

nuestra discreción, declaramos no ha lugar la expedición de los recursos

de certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones