Court Opinion

ID: 9941537
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:35.553166+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.651345
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VII

                                                  Certiorari
 CONSEJO DE TITULARES                             acogido como
 DEL CONDOMINIO PLAYA                             Apelación
 AZUL II REPRESENTADO                             procedente del
   POR SU JUNTA DE                                Tribunal de
      DIRECTORES                                  Primera Instancia,
                               KLCE202301086      Sala de Carolina
            Apelado
                                                  Sobre:
               v.                                 Cobro de Dinero;
                                                  Incumplimiento de
GONZÁLEZ EQUIPOS, INC.                            Contrato

           Apelante                               Caso Núm.:
                                                  CA2023CV00878
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

      La parte apelante, González Equipos, Inc., comparece ante

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida y

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el

1 de agosto de 2023. Mediante el referido dictamen, el foro primario

le anotó la rebeldía a la parte apelante, y declaró con lugar una

acción en cobro de dinero instada por la parte apelada, el Consejo

de Titulares del Condominio Playa Azul II.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la sentencia apelada.

                                  I.

      El 22 de marzo de 2023, la parte apelada presentó una

Demanda sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato en

contra del apelante. En el pliego, alegó que suscribió un contrato de

obra con González Equipos el 31 de agosto de 2012, posteriormente

enmendado el 28 de febrero de 2013. Detalló que al realizar los

pagos por los servicios rendidos bajo el referido contrato se

Número Identificador

SEN2024________________
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efectuaron pagos duplicados. El Consejo de Titulares aseveró que le

remitió una comunicación extrajudicial al apelante el 10 de enero de

2022, en la cual le solicitó el rembolso de los mencionados pagos.

No obstante, indicó que, a la fecha de la radicación de la demanda,

González Equipos no había respondido a la referida comunicación,

ni devuelto el dinero. En virtud de lo anterior, le solicitó al tribunal

que condenara al apelante a pagar la suma retenida, la cual,

presuntamente, ascendía a treinta mil doscientos siete dólares con

cuarenta y ocho centavos ($30,207.48), más el pago de los intereses

acumulados desde que se le requirió por primera vez la devolución

del dinero. A su vez, peticionó que se le compensara por las costas

y los gastos del procedimiento, y se le otorgara una suma por

concepto de honorarios de abogado.

      El 3 de mayo de 2023, la parte apelada le notificó al foro

primario que había diligenciado el emplazamiento a González

Equipos el 27 de abril de 2023, mediante entrega personal.

      Transcurrido el término para que el apelante presentara su

alegación responsiva, el 2 de junio de 2023, el Consejo de Titulares

presentó una solicitud mediante la cual peticionó que se le anotara

la rebeldía a la parte apelante y se dictara sentencia conforme a las

alegaciones de la demanda. En el escrito, especificó que el término

de treinta (30) días provisto por las Reglas de Procedimiento Civil

para la contestación a la demanda había expirado sin que hubiese

comparecido ante el tribunal. Además, planteó que, por la demanda

versar sobre una reclamación en cobro de dinero de una suma

líquida, conforme la Regla 45. 2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 45.2, procedía dictar sentencia en rebeldía.

      En respuesta, el 6 de junio de 2023, el apelante compareció

ante el tribunal de instancia mediante una Moción Anunciando

Representación Legal. En la misma, le solicitó al tribunal una
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prórroga de treinta (30) días para presentar su contestación a la

demanda.

      Evaluadas ambas posturas, el 11 de junio de 2023, notificada

el 14 del mismo mes y año, el foro de primera instancia emitió una

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

anotación de rebeldía. Ese mismo día, el referido foro emitió una

Orden concediéndole al apelante hasta el 5 de julio de 2023 para

contestar la demanda.

      Luego de aproximadamente un mes de haber vencido el

referido término, el 1 de agosto de 2023, la parte apelada solicitó

nuevamente que se le anotara la rebeldía al apelante y se dictara

sentencia a su favor. En el escrito, puntualizó que la parte apelante

no había presentado su contestación a la demanda, ni se había

expresado en cumplimiento a la orden previamente dictada por el

foro primario. Así, peticionó que se dictara sentencia en rebeldía,

conforme a las alegaciones de la demanda.

      Ese mismo día, luego de evaluado el petitorio de la parte

apelada, el foro primario emitió la Sentencia apelada. Mediante el

aludido dictamen, le anotó la rebeldía a González Equipos y dio por

admitidos todos los hechos que se relataron en la demanda. En

virtud de ello, condenó al apelante a pagarle al Consejo de Titulares

la suma de a treinta mil doscientos siete dólares con cuarenta y ocho

centavos ($30,207.48), más los intereses legales desde el 10 de enero

de 2022 hasta el pago de la totalidad de la deuda.

      Inconforme, el 14 de agosto de 2023, el apelante solicitó

Reconsideración    de   Sentencia    y   Anotación    de   Rebeldía.

Esencialmente, alegó que su representante legal estuvo fuera de sus

labores por asuntos médicos que se le presentaron de imprevisto, y

que, por error e inadvertencia, la alegación responsiva quedó
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pendiente de presentación.1 Además, arguyó que en virtud de las

Reglas 45.3 y 49.2 de Procedimiento Civil el tribunal podía por

causas justificadas dejar sin efecto una anotación de rebeldía y

relevar a una parte de una sentencia dictada en rebeldía. Al amparo

de lo expuesto, le solicitó al foro primario que dejara sin efecto la

anotación de rebeldía, y que permitiera la contestación a la

demanda, la cual, se presentaría ese mismo día.

       En respuesta a la petición, ese mismo día, el tribunal de

instancia emitió una Orden, notificada al siguiente día. Mediante

esta, indicó que procedería a atender el reclamo de la parte apelante,

una vez la parte apelada se expresara en cuanto a la solicitud de

reconsideración. Así, mediante una orden notificada en igual fecha,

le concedió a la parte apelada quince (15) días para incoar su

posición.

       En cumplimiento con lo ordenado por el tribunal, el 30 de

agosto de 2023, el Consejo de Titulares presentó oposición a la

reconsideración. Arguyó que, para que el tribunal pudiese relevar a

González Equipos de la anotación de rebeldía, debía existir una

causa justificada. Enfatizó que en el presente caso el apelante, para

justificar no haber presentado su alegación responsiva, se limitó a

indicar que su representante legal tuvo un imprevisto médico, y no

incluyó ningún dato o documento adicional que permitiera al

tribunal determinar si tales circunstancias eran ciertas. A su vez,

aseveró que los criterios que el tribunal debía considerar para

determinar si procedía dejar sin efecto la anotación de rebeldía eran

similares a los utilizados para evaluar la procedencia de una moción

de relevo de sentencia en virtud de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil. Así, pues, arguyó que el tribunal debía de tomar en cuenta si

el apelante tenía una buena defensa en sus méritos.2 En vista de

1 Apéndice IX del recurso, pág. 19.
2 Apéndice XI del recurso, pág. 27.
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ello, resaltó que González Equipos había guardado silencio en su

escrito en cuanto a sus defensas. Al amparo de lo expuesto, la parte

apelada le solicitó al tribunal que declarara sin lugar la solicitud de

reconsideración.

      Examinadas las posturas de las partes, el 31 de agosto de

2023, el foro primario emitió una Resolución en la cual declaró No

Ha Lugar la solicitud de reconsideración instada por el apelante.

      Aún en desacuerdo, el 2 de octubre de 2023, González

Equipos compareció ante nos mediante un recurso de Certiorari. En

el mismo formuló el siguiente planteamiento:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia [al]
      declarar “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración
      y anotación de rebeldía contra la parte demandada toda
      vez que existían causas justificadas y controversias
      entre las partes que ameritaban ver el caso en sus
      méritos.

      Tras examinar el recurso, el 3 de octubre de 2023, emitimos

una Resolución en la cual acogimos el mismo como una apelación

por recurrir de una Sentencia emitida por el tribunal de instancia.

      Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y contando

con la postura de la parte apelada, procedemos a expresarnos

                                  II.

      Cónsono con lo estatuido en la Regla 45.1 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, procede una anotación

de rebeldía cuando una parte contra la cual se ha solicitado una

sentencia que conceda algún remedio afirmativo, deje de presentar

la correspondiente alegación o de defenderse en otra forma. Martínez

Rodríguez v. Lang Correa, 2023 TSPR 137, 213 DPR ___ (2023). En

nuestro sistema de ley, la rebeldía se concibe como la posición

procesal que asume aquella parte que, tras ser requerido

judicialmente, opta por no ejercitar su derecho a defenderse. R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal
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Civil, Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 6ta Edición, 2017, pág.

327.

       El remedio dispuesto en la antes aludida Regla opera en dos

situaciones: cuando el demandado no cumple con el requisito de

comparecer a contestar la demanda o defenderse, o cuando una de

las partes en un pleito incumple con algún mandato del tribunal, y

este le impone la rebeldía a manera de sanción. Mitsubishi Motor

Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, 2023 TSPR 110, 212

DPR ___ (2023). Supermercado Grande, Inc. v. Álamo Pérez, 158 DPR

93, 100 (2002). El mismo, además, tendrá como consecuencia

jurídica que se estimen aceptadas todas y cada una de las materias

bien alegadas en la demanda, o aquella formulada contra el rebelde,

y que se autorice al tribunal a dictar sentencia, si esta procede en

derecho. Martínez Rodríguez v. Lang Correa, supra; Rivera Figueroa

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011).

       Ahora bien, los tribunales tienen la facultad de dejar sin efecto

una anotación de rebeldía cuando exista justa causa para ello.

Igualmente, pueden, de conformidad con lo dispuesto en la Regla

49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, dejar sin efecto

una sentencia dictada en rebeldía. Regla 45.3 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3.

       No obstante lo anterior, la parte que solicita que se deje sin

efecto una anotación de rebeldía, tiene el deber de presentar

evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal demuestre:

justa causa para la dilación; probar que tiene una buena defensa en

sus méritos y que el grado de perjuicio que pueda ocasionarse a la

otra parte es razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, supra, a la pág. 593. No son suficientes escuetas

alegaciones o someros argumentos al respecto. Correa v. Marcano,

139 DPR 856, 862 (1996).
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       De otra parte, nuestro Alto Foro ha resaltado que, para poder

acreditar la justa causa, el abogado o la parte tendrá que ofrecer

explicaciones concretas y particulares debidamente evidenciadas en

el   escrito   pertinente.   Alegaciones   superfluas,   vaguedades   o

planteamientos estereotipados, no cumplen con las exigencias

reconocidas en el ordenamiento. División de Empleados Públicos de

la Unión General de Trabajadores v. Cuerpo de Emergencias Médicas

de Puerto Rico, 2023 TSPR 107, 212 DPR ___ (2023); Soto Pino v.

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 (2013); Febles v. Romar, 159

DPR 714, 70 (2003).

                                   III.

       En el presente caso, la parte apelante aduce que el foro a quo

debió dejar sin efecto la anotación de rebeldía, dado a que existían

causas justificadas por las que no presentó su contestación a la

demanda en el término concedido.

       Un examen del expediente que nos ocupa mueve nuestro

criterio a resolver que el tribunal primario no incidió al negarse a

levantar la anotación de rebeldía. Según reseñamos, la parte que

interese que se levante una anotación de rebeldía, o inclusive que se

deje sin efecto una sentencia en rebeldía, deberá demostrar justa

causa para su incomparecencia y una buena defensa, no pudiendo

descansar en escuetas alegaciones o someros argumentos al

respecto.

       Tal cual relatamos anteriormente, el apelante nunca presentó

su contestación a la demanda, aún con el beneficio de una prórroga

concedida por el foro recurrido. Así, pues, el tribunal le anotó la

rebeldía a solicitud de la parte apelada, luego de que transcurriera

aproximadamente un mes de haber expirado el término otorgado.

No fue hasta que el foro primario dictó sentencia en rebeldía a favor

de la parte apelada que el apelante compareció en solicitud de

reconsideración. En su escrito, únicamente manifestó que su
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representante legal tuvo un imprevisto médico por el cual se vio

impedido de presentar la contestación a la demanda. Sin embargo,

no detalló cual fue la situación médica que tuvo su abogado, ni

incluyó ninguna documentación al respecto. Peor aún, no esbozó en

su escrito ninguna buena defensa en los méritos de la reclamación

de epígrafe, conforme a lo requerido por nuestro ordenamiento

procesal civil.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

en Rebeldía apelada.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

La Jueza Grana Martínez disiente mediante voto escrito.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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            Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL VII
     CONSEJO DE                          Certiorari
    TITULARES DEL                        acogido como
  CONDOMINIO PLAYA                       Apelación
        AZUL II                          procedente del
  REPRESENTADO POR                       Tribunal de Primera
     SU JUNTA DE                         Instancia, Sala de
     DIRECTORES                          Carolina
                             KLCE202301086
         Apelado                                Sobre:
                                                Cobro de Dinero;
             v.                                 Incumplimiento de
                                                Contrato
  GONZÁLEZ EQUIPOS,
        INC.                                    Caso Núm.:
                                                CA2023CV00878
         Apelante
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

      VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ

      Los principios básicos de acceso a la justicia, el debido

proceso de ley y la política pública en pro de que los casos se ventilen

en sus méritos, me obligan a disentir de la opinión mayoritaria. Los

tribunales somos el foro que los ciudadanos tienen disponibles para

buscar remedios a sus conflictos legales. Nuestra función principal

es garantizarle un proceso justo e imparcial. La solución justa a sus

conflictos amerita el descubrimiento de la verdad. La rebeldía no

puede ser usada para darle la ventaja a los demandantes de tener

una sentencia a su favor, sin una vista en sus méritos. Jrt v. Missy

Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971).

      A diferencia de la opinión mayoritaria entiendo que existe

justa causa para dejar sin efecto la anotación de rebeldía. La

apelante demostró la existencia de negligencia excusable para la

dilación en contestar la demanda. González Equipos Inc. solicitó

reconsideración a la anotación de rebeldía y a la sentencia en

rebeldía oportunamente. La apelante atribuyó la tardanza en

contestar la demanda a que su abogada tuvo un problema de salud

imprevisto y a que, por error e inadvertencia, quedó pendiente de

presentación la contestación a la demanda.
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      La moción de reconsideración estuvo acompañada de la

contestación de la demanda en la que la apelante evidenció que

tiene una buena defensa en sus méritos. La apelante negó la

existencia de la deuda, de enriquecimiento ilegal, del recibo y

retención   ilegal   de   pagos   duplicados.   Igualmente   negó   la

procedencia de devolución de cantidad alguna. Véase, alegaciones

4-6, 8 y 10 de la Contestación de la Demanda. También alegó que

realizó gestiones con la apelada para aclarar la alegada duplicidad

de pagos. Como defensa afirmativa alegó que la demandante está

impedida por sus actos propios, porque el contrato se realizó en su

totalidad conforme a lo pactado. Según la apelante, tiene evidencia

de las certificaciones preparadas con el propósito de efectuar pagos,

que acreditan que realizó el trabajo. Véase, págs. 24 y 25 del

apéndice del recurso.

      Por otro lado, no entiendo que la demandante pueda sufrir

algún perjuicio porque se deje sin efecto la anotación de rebeldía. A

nuestro juicio es pertinente señalar que el contrato que originó la

demanda ocurrió el 31 de agosto de 2012 y se enmendó el 28 de

febrero de 2013. Aunque la apelada no alegó cuándo hizo los

supuestos pagos duplicados, no es hasta el 22 de marzo de 2023

que presentó la demanda.

      A mi entender, resulta obvio concluir que los fundamentos

para levantar la anotación de rebeldía son los mismos por los que

procede dejar sin efecto la sentencia en rebeldía. La apelante

demostró: (1) negligencia excusable para su dilación en contestar la

demanda, (2) tener una buena defensa en sus méritos, (3) que el

levantamiento de la rebeldía no causaría perjuicio a la apelada y (4)

solicitó reconsideración oportunamente a la sentencia en rebeldía.

      El foro primario ejerció irrazonablemente su discreción. Los

hechos materiales alegados en la demanda son insuficientes para

establecer una causa de acción que justifique el remedio que la
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apelada solicita. Sus alegaciones son generalizadas y concluyentes.

La apelada solo alegó que hizo unos pagos duplicados a la apelante

por $30,207.48 y que se ha negado a reembolsarlos. No obstante,

de la demanda ni siquiera surge cuándo hizo esos pagos y por

concepto de qué. La apelada tampoco acompañó con la demanda

evidencia que acredite la existencia de la deuda y que su cuantía es

líquida y exigible. La única evidencia que acompaña son las cartas

que envió a la apelante el 10 de enero de 2022 y el 22 de marzo de

2022, que nada aportan a corroborar la existencia de la deuda y la

cuantía.

      Ante ese escenario, el foro primario debió ejercer su discreción

para solicitarle a la apelada la comprobación de sus aseveraciones

y realizar las vistas necesarias para confirmar la existencia de una

causa de acción.

      Por lo antes expuesto, disiento de la opinión mayoritaria,

debido a que revocaría la anotación y la sentencia en rebeldía.

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

                       Grace M. Grana Martínez
                   Jueza del Tribunal de Apelaciones