Court Opinion

ID: 9394857
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:16:21.982482+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.182783
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VIII

  WILMA JEANETTE DE                               Certiorari
     JESÚS COLÓN                                  procedente del
                                                  Tribunal de
        Peticionaria                              Primera Instancia,
                                                  Sala de Patillas
              v.                KLCE202300310
                                                  Caso Núm.:
 MARCELO CRUZ ROSA,                               G3CI201600007
       ET ALS
                                                  Sobre:
         Recurrida                                División de
                                                  Comunidad

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Rivera Marchand y la Juez Aldebol Mora

Domínguez Irizarry, Juez ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      La peticionaria, señora Wilma Jeanette De Jesús Colón,

comparece ante nos para que dejemos sin efecto la Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Salinas, el 24

de enero de 2023, notificada el 25 de enero de 2023. Mediante el

referido dictamen, el foro primario concedió al perito de la parte

peticionaria un término perentorio de veinte (20) días adicionales

para presentar su informe, utilizando la prueba documental e

información recopilada hasta el momento.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                    I

      El 11 de enero de 2016, la peticionaria presentó la demanda

de epígrafe. En el pliego, solicitó la división de la comunidad de

bienes post ganancial habida entre ella y el recurrido, señor Marcelo

Cruz Rosa. El 1 de febrero de 2018, el foro primario ordenó a cada

parte nombrar un perito para que, conjuntamente, prepararan un

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202300310                                                                 2

Informe de Reconciliación de Deudas adjudicando los débitos y los

créditos entre las corporaciones y cada una de las partes.1

       El 23 de abril de 2019, el Tribunal de Primera Instancia, a

solicitud de las partes, emitió una Sentencia por Estipulación en la

cual acogió los acuerdos transaccionales suscritos por las partes.

       Luego       de     varios    trámites   procesales   innecesarios     de

pormenorizar, el 30 de julio de 2021 el Tribunal emitió un dictamen

mediante el cual ordenó a los peritos de las partes la culminación

del Informe de Reconciliación de Deudas en o antes de los próximos

treinta y cinco (35) días. Sin haber dado cumplimiento a la previa

Orden, el 21 de febrero de 2022, el perito de la peticionaria presentó

una carta de renuncia aduciendo razones de salud. En el referido

documento, informó que los peritos de las partes habían preparado

en conjunto un borrador del informe final. Sin embargo, según se

expresó, el mismo no se culminó debido a un desacuerdo entre ellos

sobre la forma correcta de adjudicar deudas personales de las partes

con una de las corporaciones de la comunidad.

       Tras que el caso de epígrafe fuera reasignado a otro juzgador,

en específico el 23 de junio de 2022, la parte peticionaria presentó

ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción en Cumplimiento

de Orden.      De la misma surge, que en la Vista sobre el Estado

Procesal celebrada el 21 de junio de 2022, se le había concedido

cinco (5) días para notificar a la parte recurrida un listado de

documentos necesarios para rendir su Informe de Reconciliación de

Deudas.     En el pliego, informó, que le había remitido a la parte

recurrida un listado de documentos para su producción.

       El 11 de julio de 2022, la parte recurrida presentó su

Oposición      a        Solicitud    de   Documentos        de   Contabilidad

1
 Posteriormente, se permitió que las partes presentaran un informe por separado.
No obstante, de los documentos incluidos en el Apéndice del recurso no surge la
fecha exacta de la determinación.
KLCE202300310                                                        3

Correspondientes a los años 2016 al 2021. En el pliego, alegó que

la solicitud de la parte peticionaria era frívola y temeraria. Ello,

puesto que se pretendía que la parte recurrida produjera miles de

documentos relacionados a las corporaciones en controversia, a más

de cuatro (4) años desde la orden inicial del foro primario para rendir

el informe. Además, se enfatizó que las partes ya habían preparado

un borrador de informe en conjunto, el cual no se culminó dado a la

renuncia del perito de la parte peticionaria. Por igual, expresó que

la información requerida había estado en poder de la parte

peticionaria. No obstante, sostuvo que no tenía objeción a que el

nuevo perito de la peticionaria compareciera al lugar donde se

encontraban    almacenados     físicamente   los   documentos     para

examinarlos.   Igualmente, arguyó que, por tratarse de miles de

páginas de documentos, su objeción estribaba en cuanto al tiempo

que demoraría el perito en examinar los mismos y confeccionar su

informe.

      El 1 de agosto de 2022, la peticionaria presentó una Réplica a

Oposición a Solicitud de Documentos. En ésta, reiteró su postura en

cuanto a la necesidad de que se suministraran los documentos de

contabilidad correspondientes a los años 2016 al 2021. De igual

forma, solicitó la imposición de sanciones al recurrido, por su

alegada insistencia en dilatar los procedimientos. Además, solicitó

que se le concediera un término adicional de treinta (30) días, a

partir del recibo de la documentación requerida, para rendir el

Informe en controversia.

      El 9 de agosto de 2022, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución y Orden mediante la cual ordenó a las partes

coordinar fechas para la inspección de los documentos. En el

referido dictamen, el Juzgador concedió a la parte peticionaria
KLCE202300310                                                       4

treinta (30) días, a partir del examen de los documentos, para rendir

el informe pericial.

      Luego de suscitarse una controversia relacionada al lugar

apropiado para el examen de la documentación en controversia, se

llevó a cabo la inspección de los documentos que se encontraban en

poder de la parte recurrida.

      Así las cosas, el 10 de enero de 2023, el foro primario celebró

una Vista sobre el Estado de los Procedimientos. En ella, surgió el

hecho de que varios de los documentos que le fueron requeridos al

recurrido no estaban en las veintiocho (28) cajas que fueron

examinadas por el perito de la parte peticionaria. A preguntas del

Tribunal, la parte recurrida indicó que no sabía si los referidos

documentos estuvieron en su poder. No obstante, aseveró que se le

había provisto acceso a todos los documentos que habían sido

previamente entregados por la parte peticionaria.

      Así pues, luego de escuchar la posición de las partes y

contando con los escritos sometidos, el 24 de enero de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución recurrida.

Mediante la misma, ordenó al perito de la peticionaria rendir el

informe pericial en un término perentorio de veinte (20) días,

utilizando la prueba documental e información que había recopilado

hasta el momento.

      En desacuerdo, el 8 de febrero de 2023, la peticionaria solicitó

la reconsideración del referido dictamen, la cual fue declarada No

Ha Lugar el 22 de febrero de 2023.

      Inconforme con lo resuelto por el foro de instancia, el 27 de

marzo de 2023, la peticionaria acudió ante nos mediante el presente

recurso de    certiorari. En el mismo       formuló los siguientes

señalamientos:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al abusar de su
      discreción en la etapa post sentencia al ordenar que el
      perito de la parte demandante el rendir su informe de
KLCE202300310                                                      5

      con[c]iliaci[ó]n de deudas intercompanies sin contar con
      la información indispensable para ello y apart[á]ndose
      de las normas generalmente aceptadas de contabilidad.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar al
      perito de la parte demandante rendir un informe que
      resultar[í]a inoficioso a los fines de posibilitar la
      ejecución de la sentencia.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al abusar de su
      discreción en la etapa post sentencia al obviar la ley del
      caso y obligar al perito de la parte demandante a
      preparar un informe apart[á]ndose de las [ó]rdenes y
      resoluciones dictadas con anterioridad por el mismo
      tribunal.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al abusar de su
      discreción permitiendo a la parte demandada ir en
      contra de sus propios actos.

      Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a

expresarnos.

                                  II

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

expresamente delimita la intervención de este Tribunal para evitar

la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilatan

innecesariamente el curso de los procesos. Rivera v. Joe’s European

Shop, 183 DPR 580 (2011). En lo pertinente, la referida disposición

reza como sigue:

      ........
      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      ........

      32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300310                                                       6

      El entendido doctrinal vigente de la precitada disposición

establece que, su inserción en nuestro esquema procesal, aun

cuando obedece al propósito de delimitar las circunstancias en las

que el foro intermedio habrá de intervenir con resoluciones u

órdenes interlocutorias emitidas por el tribunal primario, asegura la

revisión apelativa, mediante el recurso de certiorari, en situaciones

meritorias.   Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585

(2012).    Así, cuando, en el ejercicio de su discreción, este Foro

entienda    que   determinada   cuestión   atenta   contra   intereses

protegidos, o desvirtúa el ideal de justicia, viene llamado a entender

sobre la misma.

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, provee unas guías para

determinar el alcance de nuestra autoridad apelativa para

expresarnos sobre un dictamen de carácter interlocutorio. En lo

pertinente, dispone como sigue:

      [e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

           (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
               recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
               son contrarios a derecho.
           (B) Si la situación de hechos planteada es la más
               indicada para el análisis del problema.
           (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
               craso y manifiesto en la apreciación de la
               prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
           (D) Si el asunto planteado exige consideración
               más detenida a la luz de los autos originales,
               los cuales deberán ser elevados, o de alegatos
               más elaborados.
           (E) Si la etapa del procedimiento en que se
               presenta el caso es la más propicia para su
               consideración.
           (F) Si la expedición del auto o de la orden de
               mostrar causa no causan un fraccionamiento
               indebido del pleito y una dilación indeseable
               en la solución final del litigio.
           (G) Si la expedición del auto o de la orden de
               mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

              4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300310                                                            7

     Ahora bien, destacamos que la correcta consecución de la

justicia necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los

foros primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio

de sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio, está revestido

de gran autoridad. De ahí la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso    que   atiende   conforme   le   dicte   su   buen    juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117

(1987).

     Cónsono con ello, sabido es que los tribunales apelativos no

“deben intervenir con determinaciones emitidas por el foro primario

y sustituir el criterio utilizado por éste en el ejercicio de su

discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o parcialidad

incurrió    en   craso     abuso   de      discreción   o      en   error

manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

La discreción es el más poderoso instrumento reservado al juzgador.

Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004). Al precisar su alcance, el

estado de derecho lo define como la autoridad judicial para decidir

entre uno o varios cursos de acción, sin que ello signifique

abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et al.,

supra. Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al

concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial

empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et al v.

ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194
KLCE202300310                                                         8

DPR 723 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). En

consecuencia, la doctrina establece que un tribunal incurre “en

abuso de discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún

hecho material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del

caso,    hace   un   análisis   liviano   y la   determinación   resulta

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., supra, pág. 736.

                                    III

        Tras entender sobre el recurso de autos, hemos advertido que

la causa de epígrafe versa sobre una determinación judicial de

carácter interlocutorio, propia a la discreción del juzgador de hechos

y a la adecuada tramitación del caso. Al examinar el dictamen en

controversia, ello a la luz de lo estatuido en la precitada Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, se desprende que el mismo no está

inmerso en las instancias contempladas por el legislador, a los fines

de que este Foro pueda entender sobre un recurso de certiorari.

Mediante su comparecencia, la parte peticionaria propone que

intervengamos en un asunto relacionado al manejo del caso, materia

que, como norma, queda excluida del ejercicio de revisión por este

Foro, a menos que se demuestre que de no intervenir se causaría un

fracaso irremediable a la justicia.

        Surge del tracto procesal antes relatado, que la determinación

del Juzgador persigue que las partes finalmente presenten ante el

tribunal el Informe de Reconciliación de Deudas, el cual en un

principio, en el año 2018, se había dispuesto que tenía que

presentarse en conjunto. Destacamos que, según surge del trámite

procesal, para febrero del 2022, las partes iban a someter un

informe en conjunto, el cual no fue presentado ante el desacuerdo

sobre la forma correcta de adjudicar deudas personales de las partes

con una de las corporaciones de la comunidad. Por lo tanto, la
KLCE202300310                                                        9

petición de la parte peticionaria sobre la falta de documentación

necesaria a estas alturas de los procedimientos no está justificada.

      Por otra parte, en cuanto a la alegada falta de entrega de

documentación      pertinente,   precisa   destacar   que   la    parte

peticionaria no puso en posición al Tribunal de Primera Instancia

para determinar que la misma estaba en poder de la parte recurrida.

Así pues, el Juzgador en plena facultad para conducir el proceso que

atiende, y conforme le dictó su buen juicio y discernimiento, le

concedió al perito de la parte peticionaria el término perentorio de

veinte (20) días adicionales para presentar su Informe, utilizando la

prueba documental e información recopilada hasta el momento.

      Destacamos que la expedición de un recurso de certiorari es

un asunto sujeto al ejercicio discrecional de las funciones que,

mediante ley, fueron arrogadas a este Tribunal. La ejecución de

dicha reserva de criterio está delineada por lo dispuesto en la Regla

40, supra, disposición que nos invita a actuar de manera juiciosa en

cuanto a las determinaciones interlocutorias recurridas, de modo

que no intervengamos, sin justificación alguna, con el curso de los

procedimientos en el tribunal de origen. Por tanto, ante la ausencia

de condición que demuestre el fracaso irremediable de la justicia,

denegamos la expedición del auto solicitado.

                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones