Court Opinion

ID: 9841263
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-09-21 18:13:44.67654+00
Date Added: 2024-06-11T08:43:05.056103
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VI

    SANDRA I. TORRES                            Certiorari
       NEVÁREZ                                  procedente del
                                                Tribunal de Primera
          Recurrida                             Instancia, Sala de
                                                Bayamón
               v.
                                     Caso Núm.
    ENERGY SOLAR       KLCE202300799 BY2022CV03511
PRODUCTS, INC.; MOISÉS               (Sala 402)
 ALMANSA DOMÍNGUEZ,
      POR SÍ Y EN                    Sobre:
REPRESENTACIÓN DE LA                 Despido Injustificado
  SOCIEDAD LEGAL DE                  (Ley 80-1976),
   GANANCIALES QUE                   Represalias (Ley 115-
   COMPONE CON SU                    1991), Discrimen por
 ESPOSA FULANA DE TAL                Género (Ley 1900-
                                     1959), Daños y
      Peticionarios                  Perjuicios (Ley Núm.
                                     2 de 17 de octubre de
                                     1961) (Procedimiento
                                     Sumario

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortíz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2023.

      Comparece ante nos Energy Solar Products, Inc., (en adelante,

Energy Solar) y nos solicita la revisión de la Resolución emitida y

notificada el 7 de julio de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Bayamón (en adelante, TPI). Mediante dicho

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia

Sumaria presentada el 5 de mayo de 2023 por Energy Solar.

      Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del auto de Certiorari.

                                     I

      Según surge del expediente, el 11 de julio de 2022, la Sra.

Sandra I. Torres Nevárez (en adelante, Sra. Torres Nevárez) presentó

una Querella sobre despido injustificado, represalias, discrimen por

género, y daños y perjuicios en contra de Energy Solar, el Sr. Moisés

Número Identificador

RES2023 _________
KLCE202300799                                                        2

Almansa Domínguez, por sí y en representación de la Sociedad de

Bienes Gananciales que compone con su esposa Fulana De Tal (en

adelante, Sr. Almansa Domínguez).1 La querella se presentó bajo la

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida

como “Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”,

32 LPRA sec. 3118 et seq.

       En la querella, la Sra. Torres Nevárez alegó que fue empleada

de Energy Solar desde el 6 de mayo de 1985 hasta el 30 de junio de

2022, cuando se vio forzada a renunciar de su empleo debido a un

incidente con el Sr. Almansa Domínguez, Presidente de Energy

Solar. El incidente ocurrió durante una reunión celebrada el 14 de

junio de 2022, en la cual estaban presentes el Sr. Almansa

Domínguez, la Sra. Torres Nevárez y varios funcionarios de Primex,

Inc. Según la Sra. Torres Nevárez alegó en la querella que:

       “9. En dicha reunión virtual del 14 de junio de 2022,
       Moisés Almansa, el presidente de la compañía -después
       que la querellante le hiciera una aclaración pertinente
       a un servicio que éste había afirmado erróneamente que
       era a cierta hora, pero era a otra- sin razón alguna se
       descontroló, le subió la voz a la querellante, incluso le
       gritó, le acusó de decirle “mentiroso”, menospreció su
       trabajo frente a los consultores de Primex, y continuó
       profiriendo humillaciones y vejámenes contra la
       querellante, incluyendo el empleo de palabras soeces en
       presencia de la querellante, y en la presencia de terceros
       que participaron de la misma reunión; todos ellos
       varones.

       10. La querellante, se sintió de tal manera humillada
       que dijo a Almansa que “a mi usted no me hable así, yo
       no le estoy faltando el respeto y usted me lo está faltando
       a mí..[.]”.

       11. Pero el presidente de la compañía, Almansa, ahí fue
       que se alteró más, y que más le gritó, insultó, vejó y
       ridiculizó frente a los demás haciéndola sentir
       avergonzada y humillada.

       12. La querellante, sintiéndose irreparablemente
       lesionada en su dignidad, se desconectó de la reunión
       virtual a las 5:17 P.M., antes de que la misma
       terminara, tras lo cual no pudo contener el llanto, y lloró
       en su oficina.

1 Apéndice del Certiorari, págs. 1-5.
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        13. Al salir de su oficina, llorosa, y con disposición de
        irse para no volver, se encontró con tres empleadas, con
        un ingeniero que estuvo presente en la reunión, y que
        fue hasta donde ella a preguntarle cómo estaba, y les
        dijo “hasta aquí llegué, no me esperen mañana…” y la
        querellante se fue.

        14. Desde ese día se sintió tan humillada que no podía
        regresar a su trabajo y ver a su jefe de nuevo; que es
        ante quién único ella se reporta, y a quién tenía que ver
        a diario.

        […].”2

        La Sra. Torres Nevárez alegó que esta situación con su jefe en

la que se vio obligada a renunciar de su empleo constituyó un

despido constructivo o tácito. Además, esta alegó que fue víctima de

represalias y de discrimen por razón de género. La Sra. Torres

Nevárez solicitó en la querella los remedios que proveen la Ley 80 de

30 de mayo de 1976, enmendada, conocida como la “Ley Sobre

Despidos Injustificados”, 29 LPRA sec. 185a et seq., la Ley Núm. 100

de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como “Ley

Antidiscrimen de Puerto Rico”, 29 LPRA sec. 146 et seq., y la Ley

Núm. 115-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de

Represalias”, 29 LPRA sec. 194 et seq.

        El 9 de agosto de 2022, Energy Solar presentó su Contestación

a la Querella, en la que negó las alegaciones hechas en su contra y

levantó varias defensas afirmativas.3

        El 19 de agosto de 2023, el Sr. Almansa Domínguez presentó

una     Moción      de   Desestimación   Parcial,   en   la   que   solicitó

desestimación de la querella en cuanto a él y la Sociedad de Bienes

Gananciales que compone con su esposa, así como de la causa de

acción de daños y perjuicios bajo el Código Civil.4

        El 27 de septiembre de 2022, notificada el 30 de septiembre

de 2022, el TPI dictó una Sentencia Parcial, mediante la cual declaró

2 Íd., págs. 2-3.
3 Apéndice del Certiorari, págs. 6-11.
4 Entrada Núm. 16 del expediente digital del Caso Núm. BY2022CV03511 en el

Sistema Unificado de Manejo de Casos (en adelante, SUMAC).
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Ha Lugar la moción de desestimación presentada por el Sr. Almansa

Domínguez.5

      Así las cosas, el 5 de mayo de 2023, Energy Solar presentó

una Moción de Sentencia Sumaria.6 En síntesis, Energy Solar alegó

en su moción que procedía que se dictara sentencia sumaria a su

favor desestimando la totalidad de la reclamación basado en que no

estaban presentes los elementos necesarios para establecer una

causa de acción de despido injustificado bajo la modalidad de

despido constructivo o tácito, represalias y discrimen por razón de

género.

      El 25 de mayo de 2023, la Sra. Torres Nevárez presentó

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, alegando la existencia de

controversias de hechos que impedían la resolución sumaria de la

reclamación.7

      Finalmente, el 7 de julio de 2023, el TPI emitió y notificó la

Resolución recurrida.8 Mediante este dictamen, el TPI declaró No Ha

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Energy Solar

y ordenó la continuación de los procedimientos del caso. En su

dictamen, el TPI formuló veintidós (22) determinaciones de hechos

sobre los cuales no existía controversia y tres (3) de hechos sobre

los cuales existía controversia. Estos últimos, fueron los siguientes:

      “1. Si lo sucedido en la reunión del 14 de junio de 2023
      forzó la renuncia de la querellante.

      2. Si el patrono violó la ley 100 de discrimen por género;
      la ley 115 de 1991, ley de represalia;

      3. Si la misma conducta constituye un acto u omisión
      negligente y culposa del patrono que causó daños a la
      querellante.”9

5  Entrada Núm. 20 del expediente digital del Caso Núm. BY2022CV03511 en
SUMAC.
6 Apéndice del Certiorari, págs. 12-88.
7 Apéndice del Certiorari, págs. 89-119.
8 Apéndice del Certiorari, págs. 120-125.
9 Íd., pág. 124.
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       Finalmente, a base de estas determinaciones, el TPI concluyó

lo siguiente:

       “Luego de revisar el escrito solicitando que se resuelva
       el caso por la vía de la sentencia sumaria y el escrito
       que se opone a dicha solicitud, junto a los anejos que
       se acompañaron para sustentar las peticiones, este
       Tribunal determina que no debe utilizar el mecanismo
       de sentencia sumaria para resolver este caso.

       A juicio del Tribunal existen hechos materiales
       controvertidos en el caso. La propia parte querellada
       reconoce en su solicitud de sentencia sumaria que
       existe controversia de hechos respecto a lo ocurrido en
       la reunión del 14 de junio de 2022. Por lo que, este
       Tribunal tendrá que evaluar elementos de credibilidad
       para resolver las controversias medulares en el caso.”10

       Inconforme con dicha determinación, Energy Solar acudió

ante nos el 17 de julio de 2023 mediante el presente recurso de

Certiorari señalando los errores siguientes:

       Erró el TPI al no dictar sentencia sumaria en este caso.

       Erró el TPI al no adjudicar que procedía desestimar la
       acción de despido constructivo por no estar presente los
       elementos constitutivos de la misma.

       Erró el TPI al no adjudicar que no se establecieron los
       elementos de un reclamo de discrimen por razón de
       género.

       Erró el TPI al no adjudicar que no se establecen los
       elementos de una reclamación de represalia en el
       presente caso.

       El 21 de agosto de 2023, la Sra. Torres Nevárez presentó

Oposición a Petición de Certiorari.

       Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                  II

                                  A.

       El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

10 Íd., págs. 124-125.
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v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,   “es   una   forma   de   razonabilidad   aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 337. Dicha Regla dispone

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones:

      “cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
      Reglas 56 y 57 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
      R. 56 y 57,] o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo.” (énfasis suplido) Regla 52.1 de
      Procedimiento Civil, supra.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia:

      “cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad
      de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos
      relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra situación en
      la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia.” Íd.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
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decisión.” Íd.

      Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                  B.

      La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36,

dispone todo lo concerniente al mecanismo procesal de sentencia

sumaria. El propósito de este mecanismo es disponer ágilmente de

aquellos casos en los que no estén presentes hechos materiales en

controversia que requieran de la celebración de un juicio en su

fondo. Reyes Sorto v. E.L.A., 2023 TSPR 62, 211 DPR ____; Rivera

Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024 (2020); Rodríguez

García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 213 (2010).
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      De la prueba que acompaña la moción de sentencia sumaria

debe surgir de manera preponderante que no existe controversia

sobre hechos medulares del caso. Zambrana García v. ELA et al., 204

DPR 328, 341-342 (2020); Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560,

577 (2001). Por ende, cualquier duda no es suficiente para derrotar

una moción de sentencia sumaria, sino que tiene que ser una que

permita concluir la existencia de una controversia real y sustancial

sobre hechos relevantes y pertinentes. Abrams Rivera v. E.L.A., 178

DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820,

848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.

      Se ha definido que “un hecho material es aquel que, de

acuerdo con el derecho aplicable, puede alterar la forma en que se

resuelve un caso”. Zambrana García v. ELA et al., supra, pág. 341;

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Así

pues, “[e]n ausencia de una controversia de hechos materiales, el

tribunal dictará sentencia si procede en derecho”. Rivera Matos et

al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1024, haciendo referencia a

Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 940; Savary et al. v. Mun.

Fajardo et al., 198 DPR 1014 (2017).

      Por otra parte, se ha señalado que no es el apropiado dictar

sentencia sumaria en casos en donde hay elementos subjetivos, de

intención, propósitos mentales o negligencia o cuando el factor de

credibilidad sea esencial. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219;

Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994); Elías y otros v.

Chenet y otros, 147 DPR 507 (1999). De la misma manera, también

se ha dicho que “hay litigios y controversias que por la naturaleza

de los mismos no hacen deseable o aconsejable el resolverlos

mediante una sentencia sumariamente dictada, porque difícilmente

en tales casos el Tribunal puede reunir ante sí toda la verdad de los

hechos a través de declaraciones de autenticidad o deposiciones.”

Elías y otros v. Chenet y otros, supra.
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      Finalmente, al evaluar la procedencia de una sentencia

sumaria, los tribunales revisores nos encontramos en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia. Rivera Matos et al. v.

Triple-S et al., supra, pág. 1025; Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, pág. 115. De encontrar que los hechos materiales

realmente están incontrovertidos, nos corresponde entonces revisar

de novo si el foro primario aplicó correctamente el Derecho. Rivera

Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1025; Meléndez González et

al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Por tanto, “[s]i el juez se

convence de que no existe una posibilidad razonable de que

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de

esa parte, debe dictar sentencia sumaria.” Ramos Pérez v. Univisión,

supra, pág. 214.

                                  III

      En su recurso de Certiorari, Energy Solar señala que erró el

TPI al “no dictar sentencia sumaria en este caso”. Además, señala

que también erró al no adjudicar que “procedía desestimar la acción

de despido constructivo por no estar presente los elementos

constitutivos de la misma”; que “no se establecieron los elementos

de un reclamo de discrimen por razón de género”; y que “no se

establecen los elementos de una reclamación de represalia en el

presente caso.”

      Energy Solar alega que en el presente caso procedía la

desestimación sumaria de la querella fundada en que la prueba era

insuficiente como cuestión de derecho para sostener la reclamación

de la Sra. Torres Nevárez. Al respecto, argumenta que, aun si se da

por cierta la versión de la Sra. Torres Nevárez sobre el incidente

ocurrido durante la reunión del 14 de junio de 2022, no están

presentes los elementos necesarios para establecer una causa de

acción por despido injustificado bajo la modalidad de despido

constructivo o tácito, represalias y discrimen por razón de género.
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         Según reseñamos, en la Resolución recurrida, el TPI concluyó

que “no deb[ía] utilizar el mecanismo de sentencia sumaria para

resolver este caso.”11 A juicio del TPI, existían “hechos materiales

controvertidos.”12 Además, dispuso que “[l]a propia parte querellada

reconoce en su solicitud de sentencia sumaria que existe

controversia de hechos respecto a lo ocurrido en la reunión del 14

de junio de 2022”, por lo que “este Tribunal tendrá que evaluar

elementos de credibilidad para resolver las controversias medulares

en el caso.”13

         Tratándose de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo, estamos facultados para revisar esta determinación

mediante un recurso de certiorari, conforme a lo dispuesto en la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.          Sin embargo,      la

expedición de un recurso de certiorari sigue siendo una decisión

discrecional por parte del tribunal y se basa en la evaluación de los

criterios establecidos la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

         Evaluado el recurso de Certiorari presentado por Energy Solar

a la luz de los criterios que guían el ejercicio de nuestra discreción

para decidir si procede la expedición de estos recursos, concluimos

que en el presente caso no hay motivos para ejercer nuestra función

revisora en esta etapa de los procedimientos. A juicio del TPI, existen

controversias relacionadas al incidente ocurrido durante la reunión

del 14 de junio de 2022 que contienen elementos subjetivos que

difícilmente se puede resolver mediante el mecanismo de la

sentencia sumaria. Estos asuntos no pueden precisarse a menos

que se celebre un juicio plenario aspecto con el cual coincidimos

con el foro primario.

11 Apéndice del Certiorari, págs. 124-125.
12 Íd.
13 Íd.
KLCE202300799                                                          11

      Por lo tanto, determinamos que no procede la expedición del

recurso de Certiorari.

                                      IV

      Por   los    fundamentos    antes    expuestos,   se   deniega   la

expedición del auto de Certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones