Court Opinion

ID: 9962784
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:52:09.663946+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:37.982080
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

  ISLAND PORTFOLIO                               CERTIORARI
  SERVICES, LLC COMO                             procedente del
  AGENTE DE FAIRWAY                              Tribunal de
  ACQUISITIONS FUND,                             Primera Instancia
  LLC                         KLCE202400247      Sala Superior de
      Peticionario                               Guayama

             v.                                  Civil Núm.:
                                                 PA2023CV00253
  JOSÉ R. ORTIZ SOLIS
       Recurrido                                 Sobre:
                                                 Cobro de Dinero

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y
 la Jueza Prats Palerm.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico a 11 de marzo de 2024.

       Comparece ante este foro Island Portfolio Services,

 LLC. (Island Portfolio o “parte peticionaria”) como

 agente de Fairway Acquisitions Fund LLC., y nos solicita

 que revisemos una Orden emitida por el Tribunal de

 Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, la cual fue

 notificada el 23 de febrero de 2024.            En virtud de esta,

 el foro primario ordenó a la parte peticionaria que

 cumpliera con la sanción de $100.00 impuesta el 31 de

 enero de 2024.          Como consecuencia de no informar las

 gestiones realizadas para que el foro a quo pudiera

 adquirir jurisdicción sobre el Sr. José Ortiz Solis

 (señor Ortiz o “el recurrido”).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

 DENEGAMOS el recurso de certiorari solicitado.

                                    I.

       El 26 de octubre de 2023, Island Portfolio presentó

 una   Demanda    sobre     cobro    de   dinero    al    amparo      del

 procedimiento     sumario     dispuesto    en     la    Regla   60   de

Número Identificador
RES2024 ______________
KLCE202400247                                                          2

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, en contra del

señor Ortiz.1    Como remedio, solicitó que se ordenara al

recurrido a satisfacer la suma de $13,451.51, deuda que

alegan está vencida, líquida y exigible.

        Posteriormente, el 11 de diciembre de 2023, la

parte      peticionaria     presentó         Moción         Sometiendo

Documentos.2    Mediante la cual, anejo como evidencia el

recibo de correo certificado que acreditaba el envío de

la Notificación-Citación al recurrido, sin embargo, esta

no había sido reclamada.

        Luego de varias incidencias procesales, el 21 de

diciembre de 2023, fue celebrada la vista del caso, a la

cual     compareció   Island     Portfolio     a        través   de   su

representante legal.3           Sin embargo, el recurrido no

compareció, pues la notificación-citación no había sido

diligenciada.    Por consiguiente, el foro primario ordenó

la conversión al proceso ordinario, y le solicitó a la

parte     peticionaria    que    presentara        un     proyecto    de

emplazamiento personal.         A su vez, le concedió hasta el

26 de enero de 2024 para que informara las gestiones

realizadas para emplazar personalmente al señor Ortiz.

        En cumplimiento con dicha orden, el 22 de diciembre

de   2023,   Island   Portfolio     presentó       el     proyecto    de

emplazamiento dirigido al señor Ortiz.4                 Por lo tanto,

el 28 de diciembre de 2023, el foro primario ordenó que

fuera expedido el emplazamiento.5

        No obstante, el 31 de enero de 2024, el foro a quo

emitió una Orden, mediante la cual dispuso lo siguiente:

1 Demanda, anejo I, págs. 1-18 del apéndice del recurso.
2 Moción Sometiendo Documentos, anejo VI del apéndice del recurso.
3 Resolución y Orden Conversión y Emplazamiento, anejo XI, págs.

35-37 del apéndice del recurso.
4 Moción en Cumplimiento de Orden, anejo XII, pág. 38 del apéndice

del recurso.
5 Orden, anejo XIV, pág. 43 del apéndice del recurso.
KLCE202400247                                                         3

“[e]xaminados     los     autos,    la   parte   demandante      no   ha

cumplido con lo ordenado el pasado 21 de diciembre de

2023.     Se sanciona en $100.00 dólares.            Tiene hasta el

2 de febrero de 2024 para cumplir con la sanción y lo

ordenado.”

        En desacuerdo, el 1 de febrero de 2024, Island

Portfolio    presentó      una     Moción   en   Reconsideración      e

Informativa.6        En    síntesis,        arguyó   que   han    sido

diligentes y han cumplido con las órdenes emitidas por

el Tribunal.      A su vez, reconocieron que no le habían

informado las gestiones realizadas para emplazar al

señor Ortiz, puesto que, durante el periodo navideño las

operaciones de la oficina habían reducido.             No obstante,

esbozaron que habían cursado los emplazamientos a la

emplazadora.

        El 2 de febrero de 2024, el foro primario emitió y

notificó una resolución.7 Mediante el referido dictamen,

el foro a quo, declaró No Ha Lugar a la reconsideración.

A su vez, expresó lo siguiente:

          La parte demandante no ha podido describir
          una sola gestión específica para que el
          Tribunal adquiera jurisdicción sobre la
          parte demandada. Ante ello, este tribunal
          llega a la conclusión que luego de 44 días
          de emitida la Orden la parte demandante no
          ha hecho gestión alguna. Le aclaramos a la
          parte demandante que este Tribunal no está
          acortándole términos para emplazar. Solo
          está solicitando a dicha parte diligencia
          la cual, hasta el momento, no ha habido. El
          Tribunal no está para entretener los casos.

          Por ello, ordenamos a la parte demandante a
          que informe el 16 de febrero de 2024 las
          gestiones específicas conducentes para que
          el Tribunal adquiera jurisdicción sobre la
          parte demandada y la sanción impuesta. Un
          nuevo   incumplimiento   de   lo   ordenado
          conllevará una sanción de $200.00 dólares.
          Queda advertido.

6 Moción en Reconsideración e Informativa, anejo XVII, págs. 48-50
del apéndice del recurso.
7 Resolución NHL reconsideración y nuevo término para cumplir, anejo

XVIII, págs. 51-52 del apéndice del recurso.
KLCE202400247                                                           4

        Consecuentemente, el 5 de febrero de 2024, la parte

peticionaria presentó una moción informado que el señor

Ortiz había sido emplazado conforme a derecho el 2 de

febrero de 2024.8

        El 23 de febrero de 2024, el foro primario notificó

una   Orden,   mediante       la   cual    dispuso      que   la    parte

peticionaria no había cumplido con la sanción impuesta

el 31 de enero de 2024.9

        Inconforme,   el   28      de    febrero   de   2024,      Island

Portfolio presentó el certiorari de epígrafe, mediante

el cual sostuvo el siguiente señalamiento de error:

          Incidió el Honorable Tribunal de Primera
          Instancia y abusó de su discreción al
          sancionar a la parte demandante luego de
          condicionar el trámite para diligenciar el
          emplazamiento   a   la  parte   demandada,
          contrario a lo establecido por el Tribunal
          Supremo de Puerto Rico.

        El 28 de febrero de 2024, emitimos una Resolución

mediante la cual le concedimos cinco (5) días a la parte

recurrida para comparecer por escrito a presentarnos su

postura.    Transcurrido el referido término, el recurrido

no compareció.    Así, declaramos perfeccionado el recurso

de epígrafe y procedemos a disponer de la cuestión

planteada, sin necesidad de trámites ulteriores.

                                   II.

        El recurso de certiorari permite a un tribunal de

mayor    jerarquía    pueda     revisar     discrecionalmente         las

órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas por una

corte de inferior instancia judicial.              McNeil Healthcare

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce

de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).            La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra

8 Aviso al Expediente Judicial, anejo XIX, pág. 53 del apéndice del
recurso.
9 Orden, anejo XXI, pág. 58 del apéndice del recurso.
KLCE202400247                                                              5

enmarcada dentro de la discreción judicial.                        Íd.    De

ordinario,     la   discreción     consiste   en    “una       forma       de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera.”              Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).                    Empero,

el ejercicio de la discreción concedida “no implica la

potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma,

haciendo abstracción del resto del derecho.”                   Íd.

     Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición

de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las

instancias y excepciones contenidas en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.                        McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v.

ZAF Corp et al., 202 DPR 478 (2019). La mencionada Regla

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari

cuando   “se   recurra     de   una   resolución        u    orden       bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.”        800   Ponce      de   León    v.       AIG,    supra.

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este

auto discrecional cuando:

         (1) se recurra de decisiones sobre la
         admisibilidad de testigos de hechos o
         peritos esenciales,
         (2) en asuntos relacionados a privilegios
         evidenciarios,
         (3) en casos de anotaciones de rebeldía,
         (4) en casos de relaciones de familia,
         (5) en casos revestidos de interés público
         o
         (6) en cualquier situación en la que esperar
         a una apelación constituiría un fracaso
         irremediable de la justicia.          McNeil
         Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

     El examen del certiorari no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros.          McNeil Healthcare v. Mun.

Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento
KLCE202400247                                                          6

establece ciertos indicadores a tomar en consideración

al   evaluar    si    se   debe   o    no   expedir   un   recurso   de

certiorari.     Estos son:

        (A) Si el remedio y la disposición de la
        decisión recurrida, a diferencia de sus
        fundamentos, son contrarios a derecho.

        (B) Si la situación de hechos planteada es
        la más indicada para el análisis del
        problema.

        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
        error craso y manifiesto en la apreciación
        de la prueba por el Tribunal de Primera
        Instancia.

        (D) Si el asunto planteado exige una
        consideración más detenida a la luz de los
        autos originales, los cuales deberán ser
        elevados, o de alegatos más elaborados.

        (E) Si la etapa del procedimiento en que se
        presenta el caso es la más propicia para su
        consideración.

        (F) Si la expedición del auto o de la orden
        de    mostrar    causa   no    causan    un
        fraccionamiento indebido del pleito y una
        dilación indeseable en la solución final
        del litigio.

        (G) Si la expedición del auto o de la orden
        de mostrar causa evita un fracaso de la
        justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios previamente transcritos pautan el

ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial.      Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703, 712 (2019).

      Un certiorari sólo habrá de expedirse si, al menos,

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen

recurrido.       Es    decir,     el    ordenamiento       impone    que

ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a la luz de

alguno de los criterios contenidos en la misma, se

requiere nuestra intervención.              De no ser así, procede

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de

manera que se continúen los procedimientos del caso sin

mayor dilación en el foro de primera instancia.
KLCE202400247                                                             7

                                      III.

        Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, este Tribunal tiene jurisdicción para atender el

presente         recurso      por     recurrirse      de   un    dictamen

interlocutorio del Tribunal de Primera Instancia.                        Sin

embargo, luego de revisar el expediente ante nuestra

consideración y a la luz de los criterios establecidos

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos

que este caso no amerita nuestra intervención.

        En el caso de autos, Island Portfolio alega que, el

foro de instancia abusó de su discreción al condicionar

el   trámite           para   diligenciar       el   emplazamiento       al

recurrido.         Por lo tanto, sostienen que la decisión es

contraria en derecho, y procedería la revocación de la

Orden recurrida.

        A   tenor       con   lo    expuesto,   determinamos       que   el

presente caso no amerita nuestra intervención en esta

etapa       de    los     procedimientos.            Por   consiguiente,

denegamos expedir el presente recurso de                        certiorari

basado en los criterios de la                   Regla 40 de nuestro

Reglamento.            La parte peticionaria, no demostró que el

foro primario hubiese incurrido en abuso de discreción,

aplicado incorrectamente el derecho, o alguna otra razón

que justifique nuestra intervención con su criterio.

                                      IV.

        Por      los    fundamentos    antes    expuestos,      DENEGAMOS

expedir el auto de certiorari.

        Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones