Court Opinion

ID: 9941559
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:46:27.310446+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.769690
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL II

IN RE:                                      Revisión
                                            procedente del
 NELSON A. HERNÁNDEZ                        Departamento de
        PÉREZ                 KLRA202300516 Estado, Junta
                                            Examinadora de
  NÚMERO DE LICENCIA                        Peritos Electricistas
        10827                               de Puerto Rico

         Recurrente
                                                Sobre:
                                                Suspensión de
                                                Licencia por
                                                Incumplimiento con
                                                el Artículo 16, Inciso
                                                (H) de la Ley 115-
                                                1976, según
                                                enmendada

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2024.

                                   I.

     El 5 de septiembre de 2023, la Junta Examinadora le notificó

al señor Hernández Pérez mediante correo postal su Resolución

suspendiéndole la licencia como perito electricista. De un

análisis de la Resolución que obra en nuestro expediente pudimos

observar que, la Junta Examinadora le apercibió al señor Hernández

Pérez sobre su derecho a presentar reconsideración ante la Junta

Examinadora dentro del término de veinte (20) días desde la fecha

de archivo en autos de la notificación de la resolución. También, al

final de la Resolución le notificó sobre la posibilidad de revisar

la resolución ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San

Juan, dentro del término de treinta (30) días de haberse

notificado.

     Inconforme, con dicha Resolución el 27 de septiembre de

2023, el señor Hernández Pérez por derecho propio le remitió

Número Identificador

SEN2024__________
KLRA202300516                                                                  2

mediante correo electrónico a la Junta Examinadora un documento

titulado, Moción en Solicitud para que se Deje sin Efecto Resolución

por Cumplimiento con Requisito de Educación Continua para año

2021.1 Así las cosas, y sin que la Junta Examinadora se expresara

sobre la Moción, el 4 de octubre de 2023, el señor Hernández Pérez

acudió ante nos mediante Recurso de Revisión Judicial. Evaluado

su Recurso, el 31 de octubre de 2023, emitimos Sentencia

desestimando el recurso por falta de jurisdicción al ser prematuro.

     Oportunamente, el 9 de noviembre de 2023, el señor Hernández

Pérez instó Solicitud de Reconsideración. Entre otras cosas, sostuvo

que, la Resolución no lo apercibió sobre la disponibilidad de otro

proceso administrativo que fuera necesario de agotar antes de

solicitar la revisión judicial. Añadió que, “el único curso posible es

recurrir al Tribunal de Apelaciones para cuestionar judicialmente la

acción tomada por la Junta Examinadora… [e]s el Tribunal de

Apelaciones el foro con jurisdicción para atender este asunto,

conforme a la LPAU”.

       Evaluada su Solicitud de Reconsideración, mantenemos

nuestra postura en que procede desestimar el presente recurso por

prematuro. Reconsideramos en cuanto a los fundamentos, y

procedemos a esbozarlos en detalle.

                                       II.

                                       A.

       Es axioma encumbrado y trillado que un recurso prematuro

al igual que uno tardío, “sencillamente adolece del grave e

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

1 El señor Hernández Pérez sostiene en su Solicitud de Reconsideración presentada

ante nos, que dicha Moción remitida por correo electrónico a la Junta
Examinadora no se trató de una reconsideración per se a la Resolución del 5 de
septiembre de 2023. Ello así, aduce que su intención no estuvo dirigida a
interrumpir el término para acudir ante nuestra consideración ni mantenía un
recurso pendiente a la evaluación ante la Junta Examinadora que convirtiera su
comparecencia en prematura.
KLRA202300516                                                                    3

recurre”.2 Sin embargo, existe una importante diferencia en las

consecuencias que acarrean. La desestimación por tardío priva

fatalmente a la parte de poder presentar el recurso nuevamente,

ante el mismo foro o cualquier otro. No obstante, la desestimación

de un recurso por prematuro permite que la parte que recurre

pueda presentarlo nuevamente, una vez el foro apelado resuelve

lo que estaba ante su consideración.3 Según nuestro Tribunal

Supremo de Puerto Rico, prematuro es lo que ocurre antes de

tiempo; en el ámbito procesal, una revisión o un recurso prematuro

es aquel presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes

de que éste tenga jurisdicción.4

       La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia y

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante

en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido autoridad judicial o

administrativa alguna para acogerlo; menos, para conservarlo con

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción

informativa.5 Ello explica la exigencia y necesidad de presentar un

nuevo recurso (con su apéndice) y efectuar su notificación dentro

del término jurisdiccional.6

       Es sabida norma que la jurisdicción es la autoridad que tienen

los foros judiciales para atender controversias con efecto vinculante

para las partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos

impide que nosotros podamos atender la controversia que se nos

presenta.7 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.8

2 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra,

150 DPR 649, 654 (2000).
3 Véase: Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015); Torres

Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).
4 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).
5 Julia, 153 DPR, pág. 367; Rodríguez, 150 DPR, pág. 654.
6 Padilla Falú v. Administración de Vivienda, 155 DPR 183 (2001).
7 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013); Souffront v. AAA,

164 DPR 663, 674 (2005).
8 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Carattini v. Collazo

Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537
(1991).
KLRA202300516                                                                      4

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia

a cualesquiera otras”.9 Los tribunales no pueden atribuirse

jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden

otorgársela.10

       La ausencia de jurisdicción es insubsanable.11 Así, cuando

un tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.12 Las

disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante

este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.13

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre

desistimiento      y    desestimación,       nos     concede      facultad     para

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta

de jurisdicción.14

                                            B.

       Sabemos que el debido proceso de ley es el “derecho de toda

persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece

la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”.15 Al

respecto, la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico

establece que: “[n]inguna persona será privada de su libertad o

propiedad sin el debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna

en Puerto Rico la igual protección de las leyes”.16

9 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364
(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun.
de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).
10 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
11 Íd. Souffront, 164 DPR, pág. 674.
12 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Caratini, 158 DPR, pág. 356; Vega,

156 DPR, pág. 595.
13 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR
84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez,
165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
15 Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352, 359 (2017).
16 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
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       El debido proceso de ley puede manifestarse tanto en el

ámbito sustantivo como en el procesal.17 En la vertiente sustantiva,

el Estado está impedido de aprobar leyes o actuar afectando los

intereses de propiedad o libertad de un individuo de manera

irrazonable, arbitraria o caprichosa.18 Mientras, en el ámbito

procesal, el Estado tiene la obligación de garantizar a los individuos

que cualquier interferencia con sus intereses de propiedad o libertad

se hará mediante un procedimiento justo y equitativo.19

       Algunas de las garantías que conforman el debido proceso de

ley y que se han reconocido en Puerto Rico son: (1) una notificación

adecuada del proceso; (2) un procedimiento ante un juez imparcial;

(3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar

testigos y examinar la evidencia de la parte contraria; (5) la

asistencia de un abogado; y (6) que la decisión se base en la

evidencia presentada y admitida en el juicio.20

       La correcta notificación de una determinación final de

una agencia administrativa es una característica imprescindible

del debido proceso ley.21 Sólo así pueden las partes advenir en

conocimiento de lo resuelto, de modo que puedan solicitar

oportunamente los remedios que en derecho consideren pertinentes

y que tengan a su disposición.22 Para que una resolución u orden

surta efecto, tiene que ser emitida por un foro con jurisdicción y ser

además notificada a las partes. Es a partir de la notificación que

comienzan a transcurrir los términos establecidos en la

resolución u orden.23

17 Domínguez v. ELA I, 178 DPR 1,38 (2010).
18 Hernández v. Secretario, 164 DPR 390,394 (2005).
19 Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386, 398 (2011).
20 Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); Rivera Rodríguez & Co.

v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 888-889 (1993).
21 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1014 (2008);

Rodríguez Mora v. García Llorens, 147 DPR 305, 309 (P.R., 1998); Colón Torres v.
A.A.A., 143 DPR 119, 124 (1997).
22 Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003).
23 Íd., pág. 600.
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         El Tribunal Supremo ha expresado que una vez la Asamblea

Legislativa ha concedido el derecho a la revisión judicial, el debido

proceso de ley requiere que esta revisión sea efectiva, por lo que la

falta de una notificación adecuada podría afectar la facultad de una

parte para cuestionar la determinación dictada por el organismo

administrativo, enervando así las garantías del debido proceso de

ley.24

         Además, la notificación tiene que ser adecuada para cumplir

con el imperativo del debido proceso de ley, porque una notificación

insuficiente impide que comience a discurrir el término para

acudir en revisión.25 En Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property

se reiteró que “por imperativo del derecho a un debido proceso de

ley la notificación adecuada de una determinación administrativa

resguarda el derecho de las partes a cuestionar dicha determinación

en el foro judicial”.26           Por consiguiente, una notificación

defectuosa en el ámbito administrativo impide que comience a

decursar el término para acudir en revisión.

                                           C.

         En el presente caso, el señor Hernández Pérez le fue

suspendida su licencia como perito electricista. Ello así, le es de

aplicación el procedimiento regido por el Artículo 16 de la Ley Núm.

115 de 1976, según enmendada. En lo concerniente dicho artículo

dispone que:

         La Junta podrá denegar la concesión de una licencia y
         podrá, además, suspender o revocar la concesión de
         la licencia expedida de acuerdo con esta Ley, previa
         formulación de cargos, notificación y audiencia, a
         cualquier persona que:
         […]
         (h) No haya tomado los cursos de educación continua
         que ofrece el Colegio de Peritos Electricistas o las
         instituciones acreditadas por la Junta Examinadora
         de Peritos Electricistas.

24 Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165 (2005); Pta. Arenas Concrete Inc. v. J.

Subastas, 153 DPR 733 (2001); Colón Torres, 143 DPR, pág. 124.
25 Comisión Ciudadanos, 173 DPR, pág. 1015; IM Winner, Inc. v. Mun. de

Guayanilla, 151 DPR 30, 39 (2000).
26 151 DPR 30 (2000); IM Winner Inc., 151 DPR, pág. 124.
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      Cuando la suspensión de la licencia proceda en virtud
      de los incisos (g) y (h) de esta Sección, no se requerirá
      la previa formulación de cargos y audiencia. En tales
      casos, se seguirá el siguiente procedimiento:
      A más tardar el 30 de abril de cada año, el Colegio de
      Peritos Electricistas de Puerto Rico referirá a la Junta
      Examinadora, una lista con los nombres de todas las
      personas que no hayan pagado la cuota de colegiación
      a esa fecha o no hayan cumplido el número de horas de
      educación continua requerido a esa fecha, para que
      inicie el correspondiente procedimiento de suspensión
      de licencia. La certificación del Colegio constituirá
      suficiente evidencia para que la Junta tome acción
      sobre la suspensión de licencia, sesenta (60) días a
      partir de la notificación del procedimiento de
      suspensión si la persona querellada no acredita haber
      pagado la colegiación o haber tomado los cursos de
      educación continua. El Colegio publicará, en un
      periódico de circulación general diaria, los nombres de
      las personas que referirá a la Junta Examinadora.
      Transcurridos quince (15) días a partir de la
      publicación, le notificará a dichas personas por correo
      certificado que su caso ha sido referido a la Junta
      Examinadora para que inicie el correspondiente
      procedimiento de suspensión de licencia. La Junta
      Examinadora suministrará al Colegio los nombres de
      las personas que haya admitido o admita al ejercicio de
      la profesión de perito electricista. Asimismo, el Colegio
      informará a la Junta Examinadora del deceso de
      cualquier perito electricista colegiado, en un término de
      no más de noventa (90) días, a partir de la notificación
      de su fallecimiento.

      Reinstalación:
      Cualquier persona a quien se le haya suspendido la
      licencia por falta de pago de la cuota de colegiación o
      por no haber tomado los cursos de Educación Continua
      podrá solicitar por escrito a la Junta su reinstalación
      dentro de un año a partir de la cancelación de su
      licencia, y además, de acreditar el pago de la colegiación
      y/o de haber tomado los cursos de Educación
      Continua. Pagará los derechos que establezca el
      Departamento de Estado mediante reglamento en
      virtud de la Ley Núm. 41 de 5 de agosto de 1991. La
      Junta no podrá reinstalar la licencia a dicha persona
      por más de una ocasión. Después de transcurrido un
      año de la suspensión de la licencia no se podrá
      reinstalar la licencia y el interesado tendrá que solicitar
      una nueva licencia y someterse al examen de reválida.
      El procedimiento de revisión judicial estará en
      armonía con las disposiciones de la Ley de
      Procedimiento Administrativo Uniforme, Núm. 170
      de 12 de agosto de 1988, según enmendada.27

      De un análisis de la Ley Núm. 115-1976, podemos concluir

que en los procesos donde surge una suspensión de licencia, como

27 20 LPRA § 2715.
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sucedió en el presente caso, le es de aplicación el Art. 16 de dicha

Ley. Al respecto, la persona afectada podrá acudir en revisión

judicial según el proceso establecido en la Ley Núm. 38 de 30

de junio de 2017, según enmendada, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU).28

       Sin embargo, la Resolución de la que recurre el señor

Hernández Pérez le apercibió erróneamente que podía acudir en

revisión al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan,

dentro del término de treinta (30) días después de haber sido

notificado. Su error estribó, en apercibir al señor Hernández Pérez

sobre el proceso de revisión judicial según el Artículo 15 de la Ley

Núm. 115-1976, que atiende las denegatorias de licencia y no de

suspensión de licencia. Dicho artículo prescribe lo siguiente:

       La Junta podrá denegar la concesión de una licencia
       previa notificación y audiencia a cualquier persona que:
       (a) Trate de obtener una licencia mediante fraude o
       engaño.
       (b) No reúna los requisitos para obtener una licencia de
       acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
       (c) Haya sido declarada incapacitada mentalmente por
       un tribunal competente; se estableciera ante la Junta
       mediante      peritaje    médico     su     incapacidad;
       Disponiéndose, que la licencia podrá otorgarse tan
       pronto la persona sea declarada nuevamente
       capacitada y si reúne los demás requisitos dispuestos
       en esta ley.
       Las resoluciones tomadas por la Junta en estos
       casos, podrán ser revisadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, Sala de San Juan, dentro del
       término de treinta (30) días de haberse notificado la
       decisión a la persona concernida.29

       Tratándose de un proceso de suspensión de licencia, la Junta

Examinadora no debía apercibirle al señor Hernández Pérez sobre el

procedimiento establecido en el Artículo 15 de la Ley 115-1976. Toda

vez que, la notificación insuficiente impide que comience a

discurrir el término para acudir en revisión, el presente recurso

es prematuro.

28 3 LPRA § 9601 et seq.
29 20 LPRA § 2714.
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                                III.

      Por los fundamentos antes expuestos, declaramos “No Ha

Lugar” la Solicitud de Reconsideración instada por el señor

Hernández Pérez. Modificamos, sin embargo, nuestro dictamen

desestimatorio, concluyendo que la notificación emitida por la Junta

Examinadora fue defectuosa. Devolvemos el caso a la Junta

Examinadora para que emita una nueva Resolución que cumpla con

el debido proceso de ley.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones