Court Opinion

ID: 9890381
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:20:47.788768+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:35.787061
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

                                                   CERTIORARI
EL PUEBLO DE PUERTO                                procedente del
        RICO                                       Tribunal de
      Recurrido                                    Primera Instancia
                                 KLCE202301065     Caguas
              V.
                                                   Crim. Núm:
       ROY GEORGE                                  E1VP202301151,
       KARAKOZIAN                                  1158
        Peticionario
                                                   SOBRE:
                                                   ART. 93 CÓDIGO
                                                   PENAL Y OTROS
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

      El 26 de septiembre de 2023, el Sr. Roy George Karakozian

(señor Karakozian o peticionario) compareció ante nos mediante

Petición de Certiorari y solicitó la revisión de una Resolución que se

emitió y notificó el 18 de septiembre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). Mediante el

aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Urgente Moción en

Solicitud de Traslado que presentó el peticionario.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

declaramos No Ha Lugar la Moción de Paralización y en Auxilio de

Jurisdicción y denegamos el recurso de epígrafe.

                                    I.

      El 29 de agosto de 2023, se presentaron ocho (8) denuncias

contra el señor Karakozian por infracciones al Art. 93(A) (Asesinato

en Primer Grado) de la Ley Núm. 146-2012, también conocida como

Código Penal de Puerto Rico de 2012, según enmendado, 33 LPRA

sec. 5142 (Código Penal), tentativa de asesinato, al Art. 249 (c)

(Riesgo a la seguridad u orden público al disparar arma de fuego)

Número Identificador
RES2023 _____________________
                                                                   2

del Código Penal, 33 LPRA sec. 5339, al Art. 6.05 (Portación,

Transportación o Uso de Armas de Fuego sin Licencia) de la Ley

Núm. 168-2019, también denominado la Ley de Armas de Puerto

Rico de 2020, según enmendada, 25 LPRA sec. 466d (Ley de Armas)

y el Art. 6.14(a) (Disparar o Apuntar Armas de Fuego) de la Ley de

Armas, 25 LPRA sec. 466m.1

       Así las cosas, el 15 de septiembre de 2023, el peticionario

presentó una Urgente Moción en Solicitud de Traslado en la cual

solicitó el traslado del caso criminal en su contra del TPI de Caguas

en ánimo de proteger la imagen de imparcialidad del sistema judicial

en dicho proceso.2 Sostuvo que los hechos del caso de autos

ocurrieron en dicho centro judicial y el Ministerio Público llamaría

como testigos a los alguaciles y demás personal que laboran en

dicho foro y que presenciaron los hechos en cuestión. Así pues,

indicó que procedía el traslado a otra región judicial en la cual no

laborara ninguno de los alguaciles y el personal del poder judicial

que presenciaron, intervinieron o están relacionados con los hechos

alegados.

       En respuesta, el 18 de septiembre de 2023, el Ministerio

Público presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Traslado

[…].3 Argumentó que la solicitud del peticionario era errada y

prematura puesto que aún el caso no se encuentra en la etapa de

juicio y tampoco se conoce si va a ser un caso de juicio por jurado.

Además, planteo que el peticionario no estableció hechos específicos

y concretos que evidenciaran la posibilidad de que se le viole el

derecho a un juicio justo e imparcial. Por último, sostuvo que la

Regla 16 de las Reglas para la Administración de los Tribunales de

Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B establece que el traslado del caso

1 Véase, págs. 1-16 del apéndice del recurso.
2 Íd., págs. 17-19.
3 Íd., págs. 27-31.
                                                                       3

procede cuando cualquier empleado o empleada, funcionaria o

funcionario, juez o jueza sean partes en el litigio por lo cual no aplica

en el presente caso ya que los funcionarios del tribunal serían

testigos y no partes en el pleito. Por estas razones solicitó que se

declarara No Ha Lugar la solicitud de traslado.

       Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 18 de

septiembre de 2023 el TPI emitió y notificó una Resolución en la cual

declaró No Ha Lugar la solicitud de traslado.4 Puntualizó que la

Regla 16, supra, entra en vigor cuando se trata de partes

perjudicadas o con interés en un caso y no cuando comparecen

como testigos. Añadió que de un examen del expediente no se

desprende que haya empleados(as), funcionarios(as) y/o jueces(zas)

del Centro Judicial de Caguas que sean identificados como parte del

caso. Incluso, señaló que de los doce (12) testigos anunciados por el

Ministerio Público únicamente uno (1) se informó como empleado o

funcionario del Tribunal.

       Por otro lado, reconoció que las solicitudes de traslado no se

pueden autorizar mediante un análisis liviano y, por ende, la parte

que lo solicita tiene el peso de la prueba para demostrar el perjuicio

que provocaría no ordenar el traslado mediante hechos específicos

y concretos. Concluyó que en la solicitud de traslado que presentó

el peticionario no fueron suficientes para derrotar la presunción de

que no existe prejuicio en su contra. Asimismo, señaló que, aunque

la solicitud del peticionario no se fundamentó bajo la Regla 81 de

las Reglas de Procedimiento Criminal, que establece fundamentos

para las peticiones de traslado en los casos criminales, no se

acreditó que estén presentes en el presente caso alguno de los

fundamentos que contiene dicha regla para autorizar el traslado. Por

último, aclaró que, aunque no autorizó el traslado, que cualquier

4 Íd., págs. 33-34.
                                                                          4

funcionario o empleado del Centro Judicial de Caguas que haya sido

identificado como potencial testigo, se le prohibía el acceso al

expediente o a participar en cualquier proceso relacionado al caso.

      Inconforme con este dictamen, el 26 de septiembre de 2023,

el señor Karakozian presentó el recurso de epígrafe y formuló el

siguiente señalamiento de error:

      Erró el Tribunal Instancia e incurrió en abuso de
      discreción al denegar la moción de traslado
      presentada por el peticionario en crasa violación al
      debido proceso de ley.

      De igual forma, la parte peticionaria presentó una Moción de

Paralización y en Auxilio de Jurisdicción junto al recurso de epígrafe

la cual declaramos No Ha Lugar.

      Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores.   Regla (7)(B)(5)   del         Reglamento   del   Tribunal   de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7.

                                      II.

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Los

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al
                                                                     5

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

              El tribunal tomará en consideración los
          siguientes criterios al determinar la expedición de
          un auto de certiorari o de una orden de mostrar
          causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
          y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
          el caso es la más propicia para su consideración.

          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
          XXII-B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).
                                                                     6

                                 III.

      Luego de evaluar el recurso de epígrafe, a la luz de la totalidad

del expediente, y a los criterios que emanan de la Regla 40 de

nuestro Reglamento, supra, no surge que el foro primario actuara

con parcialidad, que incurriera en abuso de discreción o que

emitiera un dictamen contrario a derecho. Consecuentemente,

determinamos denegar el recurso de epígrafe.

                                        IV.

      Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos el

recurso de certiorari y declaramos No Ha Lugar la Moción de

Paralización y en Auxilio de Jurisdicción. En consecuencia,

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Caguas, para la continuación de los procedimientos, conforme a

lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones