Court Opinion

ID: 9962612
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:34:39.021196+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:13.367726
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL I

     ALICIA FELICIANO                                  Recurso de Apelación
       SOTOMAYOR                                       procedente del Tribunal
                                                       de Primera Instancia,
         Apelante                                      Sala Superior de Ponce

              v.
                                                       Caso Núm.
HOSPITAL EPISCOPAL SAN                                 PO2022CV00504
LUCAS, INC. H/N/C CENTRO         KLAN202400127
MÉDICO EPISCOPAL SAN
LUCAS; X, Y y Z                         Sobre:
                                        Reclamación Laboral
       Apelados                         Despido Injustificado;
                                        Represalias; Daños;
                                        Procedimiento Sumario
                                        Laboral
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez ponente

                                   SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

        Comparece Alicia Feliciano Sotomayor (querellante, apelante o

señora Feliciano Sotomayor), y solicita que revoquemos la Sentencia

emitida el 30 de enero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Ponce (TPI), notificada y archivada en autos el 31 de

enero de 2024.1 Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró

con lugar la Moción de Sentencia Sumaria del Hospital Episcopal San

Lucas, Inc. h/n/c Centro Médico Episcopal San Lucas X, Y y Z (parte

apelada u Hospital) y,2 consecuentemente, desestimó con perjuicio la

demanda en su totalidad.

        Por las razones que expondremos a continuación, confirmamos

la Sentencia recurrida.3 Veamos el tracto procesal y las normas

jurídicas que sostienen nuestra determinación.

1 Apéndice de la Apelación, Anejo 1, pág. 1; Anejo 2, págs. 2-22.
2 Íd., Anejo 9, págs. 112-285.
3 Íd., Anejo 2, págs. 2-22.

Número Identificador
SEN2024________________
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                                  -I-

       El caso ante nuestra consideración tiene su génesis el 3 de

marzo de 2022 cuando la señora Feliciano Sotomayor presentó una

Querella sobre despido injustificado, al amparo de la Ley sobre

Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976 (Ley

Núm. 80-1976), según enmendada, 29 LPRA secs. 185a et seq.;

represalias, a tenor con la Ley contra el Despido Injusto o Represalias

a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo,

Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991

(Ley Núm. 115-1991), según enmendada, 29 LPRA secs. 194 et seq.; y

daños y perjuicios mediante el procedimiento sumario, a tenor con la

Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborables, Ley Núm.

2 del 17 de octubre de 1961 (Ley Núm. 2-1961), según enmendada, 32

LPRA secs. 3118 et seq. en contra del Hospital.4 En la misma la

querellante adujo que, en o para el 23 de marzo de 2021, el Hospital

llevaba a cabo el proceso de vacunación contra el COVID-19, donde la

señora Feliciano Sotomayor trabajó en el área de facturación de dicha

clínica y allí percibió que se estaban vacunando a personas no

autorizadas por los protocolos del Hospital y las directrices impartidas

por las órdenes ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico y el CDC,

incluyendo a personas menores de sesenta (60) años. Posteriormente,

la querellante sostuvo que le informó a sus supervisores y a los

empleados del Hospital sobre lo acontecido, más fue despedida.

       El 18 de marzo de 2022, la parte apelada presentó una

Contestación a Querella por la cual arguyó el despido de la querellante

como uno justificado, a tenor con la Ley Núm. 80-1976, supra, y

arguyó que la querellante no participó de una actividad protegida, al

amparo de la Ley Núm. 115-1991, supra.5 El Hospital alegó que, el 23

de marzo de 2021, la querellante gritó, frente a todos los empleados y

4 Íd., Anejo 14, págs. 307-311.
5 Íd., Anejo 13, págs. 290-306.
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pacientes presentes, que el Hospital estaba vacunando a los pacientes

sin seguir las fases establecidas por el Gobierno de Puerto Rico.

Además, alegó el Hospital que, la querellante manifestó que el personal

de la parte apelada estaba haciendo lo que les daba la gana. Según

sostuvo la parte apelada, las imputaciones de la querellante fueron

difamatorias respecto al labor del personal y la Administración de la

parte apelada en violación al Manual del Empleado del Hospital.

También reflejó un rasgo de la señora Feliciano Sotomayor de carácter

lesivo al bienestar y a la adecuada marcha del Hospital, contrario a los

deberes básicos de todo empleado. El Hospital arguyó que lo anterior

justificó el despido de la querellante.

       El 19 de agosto de 2022, el TPI emitió una Orden, notificada y

archivada en autos ese mismo día, por la cual, en lo pertinente,

concedió hasta el 31 de octubre de 2022 para concluir el

descubrimiento de prueba.6

       Luego de atender una moción conjunta, el foro primario emitió

una Orden del 27 de diciembre de 2022, notificada y archivada en

autos el 28 de diciembre de 2023, mediante la cual extendió el

descubrimiento de prueba hasta el 28 de abril de 2023.7

       El 27 de abril de 2023, el foro a quo emitió una Orden, notificada

y archivada en autos ese mismo día, por la cual extendió el

descubrimiento de prueba hasta el 30 de julio de 2023, después de

atender una moción conjunta.8

       Tras varios trámites procesales, el 29 de agosto de 2023, el

Hospital presentó una Moción de Sentencia Sumaria por la cual alegó

falta de hechos en controversia que ameritaran la celebración de un

juicio en su fondo, y, por ello, solicitó la desestimación sumaria del

caso de epígrafe.9 En síntesis, según arguyó el Hospital, la querellante

6 Véase, Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC),

Entrada Núm. 9.
7 Íd., Entrada Núm. 12.
8 Íd., Entrada Núm. 15.
9 Apéndice de la Apelación, Anejo 9, págs. 112-285.
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fue despedida justificadamente luego de una investigación interna

realizada por el Hospital. Esta investigación, alegó la parte apelada,

reveló que, durante horas laborables y utilizando un tono de voz alto

frente a empleados y pacientes, la señora Feliciano Sotomayor efectuó

imputaciones falsas en contra del Hospital y su administración

afectando así la adecuada marcha de las operaciones del Hospital, su

reputación, administración y empleados. Por lo tanto, de acuerdo con

las alegaciones de la parte apelada, la conducta de la querellante

justificó el despido inmediato, a tenor con el Reglamento Disciplinario

del Manual de Empleado del Hospital, la Ley Núm. 80-1976, supra, la

Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 del 26 de

enero de 2017, según enmendada, 29 LPRA secs. 121 et seq., y

jurisprudencia interpretativa. Además, arguyó que la querellante no

participó de una actividad protegida, al amparo de la Ley Núm. 115-

1991, supra.

       Por su parte, el 30 de agosto de 2023, el TPI emitió una Orden,

notificada y archivada en autos ese mismo día, por la cual le concedió

a la señora Feliciano Sotomayor veinte (20) días para reaccionar y

expresar los fundamentos por los cuales no debía concederle lo

solicitado.10

       El 18 de septiembre de 2023, la querellante presentó una

Solicitud de Prórroga para Oponernos a Moción de Sentencia Sumaria,

mediante la cual solicitó un término adicional de treinta (30) días para

presentar su oposición a la solicitud de sentencia sumaria.11

       Así las cosas, el foro primario emitió una Orden del 19 de

septiembre de 2023, notificada y archivada en autos el 20 de

septiembre de 2023, por la cual, en lo pertinente, le concedió a la

señora Feliciano Sotomayor el término solicitado.12

10 Íd., Anejo 10, pág. 286.
11 Íd., Anejo 11, págs. 287-288.
12 Íd., Anejo 12, pág. 289.
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           El 20 de diciembre de 2023, la querellante presentó una

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 19].13

           Ese mismo día, la parte apelada presentó una Solicitud para que

se tenga por no puesta la “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”,

a tenor con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.3.14 Lo anterior, pues, según arguyó la parte apelada, la querellante

presentó la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 19] el 20 de

diciembre de 2023 sin justificación alguna por su dilación.

           El 20 de diciembre de 2023, el foro a quo emitió una Resolución,

notificada y archivada en autos ese mismo día, por la cual dio por

sometida la Moción de Sentencia Sumaria sin oposición.15 Ello, pues la

querellante presentó la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de

“manera tardía, sin razón para ello ni justa causa que lo amerite, en

incumplimiento con la prórroga de 30 días concedida el 19 de

septiembre de 2023 por esta Curia”, la cual venció el 19 de octubre de

2023.16 Esto es, la querellante tardó dos (2) meses en la presentación

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 19].

           El 31 de enero de 2024, el TPI emitió una Sentencia por la cual

desestimó sumariamente el pleito de marras en su totalidad.17 El foro

primario fundamentó su dictamen en:

                  En este caso, lo manifestado por la querellante
           frente a empleados y pacientes de la Clínica de
           Vacunación, sin canalizar su preocupación a sus
           supervisores, llevó a que las operaciones de la [Cl]ínica
           se vieran afectadas, poniendo en riesgo el buen y
           normal funcionamiento de la empresa. Indulac v.
           [Central General de Trabajadores, 207 DPR 279 (2021)].
           Los actos llevados a cabo por la parte querellante están
           contemplados en el Manual de Empleado del Hospital, ya
           que consistieron en “comentarios o declaraciones falsas,
           viciosas o maliciosas sobre . . . paciente/cliente o la
           administración” y los “comentarios [fueron realizados] a
           empleados o terceras personas en contra de la Institución
           o de la Administración, que lesi[o]n[aron] su prestigio e
           integridad”. Estas infracciones, según dispone el manual,
           llevan consigo el despido como primera sanción.

13 Íd., Anejo 8, págs. 33-111.
14 Íd., Anejo 7, págs. 30-32.
15 Íd., Anejo 4, pág. 26.
16
     Íd.
17 Íd., Anejo 2, págs. 2-22.
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       Concluimos que tales normas satisfacen el estándar
       de razonabilidad requerido por nuestro ordenamiento
       considerando la industria en que se desempeña el
       patrono querellado. Ante la violación de normas
       establecidas por el patrono que forman parte del contrato
       de trabajo que conllevan el despido como primera
       sanción, que eran de conocimiento de la querellante y que
       afectaron el orden, la eficiencia y el buen y normal
       funcionamiento del Hospital, este Tribunal concluye que
       el despido de la Sra. Feliciano fue uno razonable.
       Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., [129 DPR 763 (1992)];
       Rivera v. Pan Pepín, [161 DPR 681 (2004)]; Ortiz v.
       Medtronic, [209 DPR 759 (2022)]. A su vez, al tratarse de
       despido justificado y tener disponible el mecanismo de
       sentencia sumaria para adjudicar la controversia ante
       nuestra consideración, procede la desestimación de la
       reclamación por despido por represalias debido a los
       actos de la querellante el 23 de marzo de 2022 que
       llevaron a su despido no son actividades protegidas por la
       ley. Ley Núm. 115, supra; Feliciano Martes v. Sheraton,
       [182 DPR 368 (2011)]; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR
       200 (2015).

              Es norma reiterada que la moción de sentencia
       sumaria podrá concederse en aquellos casos en donde,
       por medio del examen de las alegaciones y la prueba que
       se acompañe¸ se demuestre la inexistencia de una
       controversia sobre hechos materiales y que procede
       que el Tribunal aplique el derecho a hechos
       incontrovertidos. Véase, SLG Zapata-Rivera v. J.F.
       Montalvo, 189 DPR 414,430 (2013); Roldán Flores v.
       Cuebas et al., [199 DPR 664 (2018)]; Lugo Montalvo v. Sol
       Meliá Vacation, 199 DPR 209 (2015); R. Hernández Colón,
       [R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico,
       Derecho Procesal Civil, 6ta edición, Puerto Rico, LEXIS
       NEXIS, 2017, pág. 31]. Nuestro ordenamiento laboral
       establece que, a pesar de que la Ley Núm. 80, supra, no
       favorece el despido como primera falta, esta norma no es
       absoluta, ya que existen circunstancias en donde una
       sola ofensa o primera falta justificaría el despido. Indulac
       v. Unión, supra. Así mismo, el Tribunal ha reiterado
       que no es necesario esperar a que la conducta lesiva
       al orden de la empresa se reitere para que el patrono
       pueda despedir al empleado si la primera ofensa es
       de tal severidad o naturaleza, ya que podría
       constituir una imprudencia esperar a que reiterarse
       la conducta. Id.

       . . . .18

       Inconforme, el 12 de febrero de 2024, la apelante acudió ante

nos mediante el presente recurso de Apelación, en el que le atribuyó al

TPI la comisión de los siguientes errores:

       1. Erró el TPI al dictar sentencia sumariamente
          cuando de los hechos presentados por la parte
          apelada surgen controversias y elementos

18 Íd., págs. 21-22. (Énfasis nuestro y suplido).
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         subjetivos, de intención, propósitos mentales o
         negligencia que deben ser dirimidos en un juicio
         plenario.
      2. Erró el TPI al no aceptar la moción en oposición ya
         presentada en los autos.

      En síntesis, la apelante plantea que procede revocar la Sentencia

recurrida pues, según arguye, existen hechos en controversia y los

hechos admitidos como incontrovertidos fueron apoyados por prueba

self-serving. Además, alega la querellante, el foro primario debe

examinar en un juicio si la razón del despido fue para encubrir una

violación del Hospital. La señora Feliciano Sotomayor también arguye

que todo reglamento de empleado que disponga el despido del

empleado por este prestar una declaración que no sea del agrado del

patrono es uno irrazonable. Por último, sostiene erradamente que el

foro primario acogió su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria [Doc.

19] y posteriormente, ante la Solicitud para que se tenga por no puesta

la “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, el foro a quo no acogió su

oposición.

      Por su parte, el Hospital alega, en síntesis, que no existen

hechos en controversia y que los hechos incontrovertidos apoyan el

despido de la querellante como uno justificado por haber incurrido en

conducta grave, a tenor con el Reglamento Disciplinario del Manual de

Empleado del Hospital y la Ley Núm. 80-1976, supra, junto a su

jurisprudencia interpretativa. Según sostiene la parte apelada, la

querellante cuestionó, frente a empleados y pacientes del Hospital, el

proceso de vacunación y el cumplimiento por parte de este con las

reglamentaciones estatales y federales respecto a las fases de

vacunación frente a empleados y pacientes del Hospital. Lo anterior

sin presentar evidencia alguna del alegado incumplimiento. También

arguye el Hospital que la querellante no participó de una actividad

protegida, conforme a la Ley Núm. 115-1991, supra. Por último, alega

que la querellante presentó su oposición a la solicitud de sentencia
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sumaria de forma tardía y en claro incumplimiento con las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, y las normas reglamentarias aplicables.

          En vista del error imputado al TPI, exponemos la normativa

jurídica atinente a este recurso.

                                     -II-

                                     -A-

          Es norma conocida que la solicitud de sentencia sumaria “es un

mecanismo procesal que posibilita la ágil disposición de casos sin la

celebración de un juicio, siempre que no presenten controversias

genuinas de hechos materiales”. Birriel Colón v. Supermercado Los

Colobos, 2023 TSPR 120 (2023); véase, además, Segarra Rivera v. Int’l.

Shipping et al., 208 DPR 964, 979 (2022); Fernández Martínez v. RAD-

MAN San Juan III-D, LLC, 208 DPR 310, 334 (2021). A esos efectos, un

hecho material es uno esencial, pertinente y que puede afectar el

resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo aplicable.

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; véase, además, Regla 36.1

de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1. Además, la controversia sobre

el hecho material debe ser real. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág.

213. En otras palabras, debe ser “de una calidad suficiente como para

que sea necesario que un juez dirima a través de un juicio plenario. .

.”. Íd.

          Cónsono con lo anterior, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.3 (e), establece que procede dictar una moción de

sentencia sumaria “si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones

juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y

pertinente. . .”. Véase, además, Birriel Colón v. Supermercado Los

Colobos, supra; véase, además, Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 109 (2015); SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra,

pág. 430.
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      Por otra parte, la parte que se opone a la solicitud de sentencia

sumaria deberá refutar los hechos materiales que entienda están en

disputa con evidencia sustancial. Birriel Colón v. Supermercado Los

Colobos, supra; Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC,

supra, págs. 336-337. Ahora bien, si la petición de sentencia sumaria

está sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte que

se opone no puede descansar en meras alegaciones, sino que deberá

contestar de una forma tan detallada y especifica como lo haya hecho

la parte promovente. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra;

véase, además, Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Regla 36.3

(c), supra, R. 36.3(c). De lo anterior, incluso si no se presenta prueba

para controvertir la evidencia presentada, ello no conduce a la

concesión automática de una solicitud de sentencia sumaria. Birriel

Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; Fernández Martínez v. RAD-

MAN San Juan III-D, LLC, supra, pág. 337.

      Respecto a la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, se

sostiene, además que, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra,

establece que, “(b) [l]a contestación a la moción de sentencia sumaria

deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) días de su

notificación. . .”. Por ello, “[s]i la parte contraria no presenta la

contestación a la sentencia sumaria en el término provisto en esta

regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda

sometida para la consideración del tribunal”. Íd. (Énfasis suplido).

      Nuestro más alto foro estableció en Meléndez González et al. v.

M. Cuebas, supra, págs. 117-119, el estándar específico que debemos

seguir como Tribunal de Apelaciones al momento de revisar

denegatorias o concesiones de solicitudes de sentencia sumaria.

      Primero, nos encontramos en la misma posición que el foro

primario al momento de revisar las mociones de sentencia sumaria.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. En otras

palabras, se aplicarán los mismos criterios que la Regla 36 de
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Procedimiento Civil, supra, R. 36, le exige al foro a quo. Así pues, este

Tribunal está llamado a llevar a cabo una revisión de novo. Sin

embargo, no podemos tomar en consideración evidencia que las partes

no presentaron ante el TPI, y debemos examinar el expediente de la

forma más favorable hacia la parte que se opuso a la moción de

sentencia sumaria, “llevando a cabo todas las inferencias permisibles

a su favor”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 116.

      Segundo y cónsono con lo anterior, al encontrarnos en la misma

posición que el foro a quo, debemos revisar que tanto la petición de

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y los discutidos en el caso de

SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Meléndez González et al. v.

M. Cuebas, supra, pág. 118.

      Tercero, nuestro Tribunal debe revisar si en realidad existen

hechos materiales en controversia. Íd. De haberlos, debemos cumplir

con la exigencia establecida en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.4, y exponer cuáles son los hechos materiales que están

en controversia y cuáles son incontrovertidos. Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

      Cuarto y último, si este Tribunal determina que no existen

hechos materiales en controversia, entonces procederemos a revisar si

el TPI aplicó correctamente el derecho. Íd., pág. 119.

                                 -B-

      Mediante la Ley Núm. 80-1976, supra, se protege a los

empleados contra actuaciones arbitrarias del patrono disponiendo

remedios económicos que desalienten despidos injustificados. Ortiz

Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra, pág. 770; SLG

Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015);

Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643, 649 (2014); Feliciano Martes v.

Sheraton, supra, pág. 379. Este resarcimiento es conocido como la

mesada y es un remedio exclusivo para aquellos empleados
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despedidos injustificadamente. Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico

Operations, Co., supra, pág. 772; León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 37 (2020); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, págs.

230-231. Por ello, la Ley Núm. 80-1976, supra, tiene como propósito

desalentar la práctica de despedir a empleados sin existir justa causa

para ello, y proveerles a los empleados remedios ante daños causados

por los despidos injustificados. Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico

Operations, Co., supra, pág. 772; González Méndez v. Acción Social,

196 DPR 213, 229 (2016).

      Este estatuto incluye una lista taxativa de circunstancias que

justifican un despido mediante justa causa. Indulac v. Central General

de Trabajadores, supra, pág. 299; González Santiago v. Baxter

Healthcare of Puerto Rico, 202 DPR 281, 292 (2019). Algunas de las

instancias por las cuales se justifica el despido de un empleado son:

      Se entenderá por justa causa para el despido de un
      empleado aquella que no esté motivada por razones
      legalmente prohibidas y que no sea producto del mero
      capricho del patrono. Además, se entenderá por justa
      causa aquellas razones que afecten el buen y normal
      funcionamiento de un establecimiento que incluyen,
      entre otras, las siguientes:
      (a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta
      impropia o desordenada.
      (b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño
      deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o
      negligente. Esto incluye incumplir con normas y
      estándares de calidad y seguridad del patrono, baja
      productividad, falta de competencia o habilidad para
      realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el
      patrono y quejas repetidas de los clientes del patrono.
      (c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y
      reglamentos      razonables      establecidos   para    el
      funcionamiento del establecimiento siempre que copia
      escrita de los mismos se haya suministrado
      oportunamente al empleado.

      . . . . Íd., sec. 185b.

      Como norma general, la Ley Núm. 80-1976, supra, no favorece

el despido como sanción ante una primera falta. Indulac v. Central

General de Trabajadores, supra, págs. 299-300 (citando a Secretario

del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542-543 (1979)). No obstante, esta

regla no es absoluta. Indulac v. Central General de Trabajadores,
KLAN202400127                                                         12

supra, pág. 300. Lo anterior pues, nuestro más alto foro ha resuelto

que existen circunstancias en las cuales una sola ofensa o primera

falta pudieran justificar un despido. Íd. Específicamente, nuestro

máximo foro expresó:

      La falta o acto aislado que dé lugar a[l] despido del
      empleado en primera ofensa ha de ser de tal seriedad o
      naturaleza que revele una actitud o un detalle de su
      carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la empresa,
      que constituiría imprudencia esperar su reiteración para
      separarlo del establecimiento. Secretario del Trabajo v.
      I.T.T., supra, pág. 544.

      Asimismo, en Indulac v. Central General de Trabajadores, supra,

págs. 300-301, se explicó que, “lo esencial es que del agravio

perpetrado por el empleado ponga de manifiesto una condición, que

dentro del contexto del empleo sea inaceptable o intolerable,

independientemente de que se trate de una primera falta”.

                                 -C-

      La Ley Núm. 2-1961, supra, establece un mecanismo especial

para la rápida consideración y adjudicación de las querellas de

empleados principalmente en casos sobre reclamaciones salariales y

beneficios como la mesada por despido injustificado. Pena Lacern v.

Martínez, 210 DPR 425, 434 (2022); Santiago Ortiz v. Real Legacy

Assurance Company, Inc., 206 DPR 194, 206-207 (2021); Bacardí

Corporation v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1019 (2019). Para ello, la

Asamblea Legislativa acortó términos y condiciones de la litigación civil

en nuestra jurisdicción. Pena Lacern v. Martínez, supra, pág. 434; Díaz

Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 207 PR 339,

347 (2021); León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 31. Una de las

condiciones modificadas en este tipo de tramite especial es que el

patrono ostenta “una sola alegación responsiva en la cual deberá

incluir todas sus defensas y objeciones, entendiéndose que renuncia a

todas las defensas u objeciones que no incluya en dicha alegación

responsiva”. Véase, Ley Núm. 2-1961, supra, sec. 3120 (énfasis

suplido); Pena Lacern v. Martínez, supra, págs. 434, 435. A tenor con
KLAN202400127                                                        13

lo anterior, las Reglas de Procedimiento Civil, supra, aplicarán

supletoriamente en todo aquello que no esté en conflicto con las

disposiciones o con el carácter sumario de la Ley Núm. 2-1961, supra,

sec. 3120; Pena Lacern v. Martínez, supra, pág. 435. Además,

“[a]unque se ha reconocido la posibilidad de tener cierta flexibilidad

ante las circunstancias extraordinarias que pueda presentar un caso

en particular, en modo alguno se autoriza a los tribunales a soslayar

el inequívoco y obligatorio precepto de rapidez en el trámite judicial

estatuido en la Ley Núm. 2”. Pena Lacern v. Martínez, supra, pág. 436.

                                -D-

      La Ley Núm. 115-1991, supra, provee una protección empleados

frente a represalias que tome un patrono contra estos por haber

provisto testimonio, expresión o información en algún foro judicial

legislativo o administrativo; véase, además, Íd., sec. 194 (a); Rivera

Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico,

177 DPR 345, 361 (2011); Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág.

392; Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 685 (2005). Cónsono con

ello, se le otorga al empleado una causa de acción si, por realizar una

actividad protegida, es despido, amenazado o discriminado en el

empleo. Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

de Puerto Rico, supra, pág. 361; Rivera Prudencio v. Mun. San Juan,

170 DPR 149, 159 (2007); Cintrón v. Ritz Carlton, 162 DPR 32, 37

(2004). Además, mediante la Ley Núm. 115-1991, supra, la Asamblea

Legislativa creó una presunción de violación a este estatuto a favor de

la querellante. Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados de Puerto Rico, supra, pág. 361; Marín v. Fastening

Systems, Inc., 142 DPR 499 (1997). Consecuentemente, el empleado

puede probar la violación mediante evidencia directa o circunstancial,

o establecer un caso prima facie de violación, tras evidenciar haber

participado de una actividad protegida por la Ley Núm. 115-1991,

supra, y consecuentemente, haber sido despedido, amenazado o
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discriminado. Íd., sec. 194b (c). Una vez establecido lo anterior, “el

patrono deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no

discriminatoria para el despido”. Íd. Si el patrono logra ello, el

empleado debe demostrar que la razón alegada por el patrono

realmente era un mero pretexto para el despido. Íd.; véase, además,

Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto

Rico, supra, pág. 362; Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 392;

Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248 (1998).

                                 -E-

      Es harto conocido que una persona que mediante culpa o

negligencia cause daño a otra, deberá repararlo. Código Civil del 2020,

31 LPRA sec. 10801. En esa misma línea, la parte reclamante debe

establecer tres (3) requisitos: (i) la existencia de un daño real; (ii) el

nexo causal entre el daño y la acción u omisión; y (iii) el acto u omisión

culposo o negligente. Mena Pamias v. Jiménez Meléndez, 2023 TSPR

108; Cruz Flores v Hospital Ryder Memorial Inc., 210 DPR 465, 483-

484 (2022); Pérez Hernández v. Lares Medical Center, Inc., 207 DPR

965, 976 (2021). Asimismo, la culpa o negligencia consiste en la falta

del debido cuidado, el cual consiste en no anticipar y prever las

consecuencias racionales de un acto o una omisión de un acto. Mena

Pamias v. Jiménez Meléndez, supra; López v. Porrata Doria, 169 DPR

135, 151 (2006); Torres Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997). Por su

parte, el daño es definido como “todo menoscabo material o moral

causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y

del cual haya de responder otra”. López v. Porrata Doria, supra, pág.

151 (citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,

Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. 2, Vol. 3, pág. 92).

      Intrínseco al concepto de daño se encuentran aquellos daños

patrimoniales y no patrimoniales. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux.

Mutuo, 177 DPR 484, 505 (2009); Weber Carrillo v. ELA, 190 DPR 688

(2014). Por un lado, los daños patrimoniales consisten en el
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menoscabo del patrimonio de la persona perjudicada. Sagardía De

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 505-506. Por otro lado, los

daños no patrimoniales so aquellos “cuya valoración en dinero no tiene

la base equivalencial que caracteriza a los patrimoniales, por afectar

precisamente a elementos o intereses de difícil valoración pecuniaria”.

Íd., pág. 506 (citando a J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil,

Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. III, pág. 460). Dentro de los daños no

patrimoniales se encuentran los morales los cuales a su vez

incorporan “el dolor físico o corporal, las angustias mentales, hasta los

daños o las lesiones corporales”. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux.

Mutuo, supra, págs. 506-507; SLG Pagan-Renta v. Walgreens, 190 DPR

251 (2014). En cuanto a las angustias mentales, estas son aquellas

reacciones “de la mente y de la consciencia a un daño corporal o un

evento sufrido y su impacto subjetivo en el bienestar personal”.

Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 508. Por lo tanto,

las angustias mentales no siempre guardan relación con los danos

corporales, pues afectan principalmente el ámbito emocional y mental.

Íd.

                                  -F-

      Las declaraciones juradas constituyen una de las formas de

establecer hechos incluidos en las solicitudes de sentencia sumaria.

De una mirada a la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se

desprende que:

             (a) La moción de sentencia sumaria se notificará a
      la parte contraria y contendrá lo siguiente:

             ...;

            (4) una relación concisa, organizada y en párrafos
      enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes
      sobre los cuales no hay controversia sustancial, con
      indicación de los párrafos o las páginas de las
      declaraciones juradas u otra prueba admisible en
      evidencia donde se establecen estos hechos, así como de
      cualquier otro documento admisible en evidencia que se
      encuentre en el expediente del tribunal; . . . .
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      Por su parte, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra, R.

36.5, indica que, “[l]as declaraciones juradas para sostener u oponerse

a la moción se basarán en el conocimiento personal del o de la

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en

evidencia y demostrarán afirmativamente que el o la declarante está

cualificado para testificar en cuanto a su contenido”. Del mismo modo,

esta regla permite complementar e impugnar las declaraciones juradas

mediante deposiciones o declaraciones juradas adicionales. Íd.

Cónsono con ello, nuestro más alto foro ha expresado que las

declaraciones juradas serán suficientes para sostener o controvertir

una solicitud de sentencia sumaria si contienen hechos específicos y

hechos que establezcan que el declarante tiene conocimiento personal

del asunto declarado. Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 677

(2018); véase, además, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-

216 (2010). Sin embargo, en un procedimiento sobre sentencia

sumaria, declaraciones juradas con conclusiones solamente, sin

hechos específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, y por

ello, son insuficientes para demostrar lo que allí se concluye. Ramos

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216 (2010) (citando a Corp. Presidig

Bishop CJC of LD v. Purcell, 117 DPR 68, 722 (1986)).

      Por esa misma línea, la evidencia pertinente es aquella que

aumenta o disminuye la probabilidad de la existencia de un hecho y

tiene consecuencias para la adjudicación de la acción. Véase, Regla

401 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 401; Pueblo v. Santiago Irizarry,

198 DPR 35, 43 (2017). Igualmente, la evidencia pertinente es aquella

que tiene “algún valor probatorio, por mínimo que sea, para adjudicar

la acción”. Pueblo v. Santiago Irizarry, supra, pág. 43 (citando a E.L.

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan,

Pubs. JTS, 2009, pág. 114). Como regla general, la evidencia

pertinente es admisible, sin embargo, los tribunales ostentan

discreción para excluir prueba pertinente si su valor probatorio queda
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superado por perjuicio, confusión, desorientación en el jurado,

dilación indebida de los procedimientos o innecesaria presentación de

prueba acumulativa, a tenor con la Regla 403 de Evidencia, supra, R.

403; Pueblo v. Santiago Irizarry, supra, pág. 44.

                                  -III-

      En el caso ante nuestra consideración, la parte apelada presentó

una Moción de Sentencia Sumaria el 29 de agosto de 2023.

Fundamentó su solicitud en que, luego de una investigación interna

del Hospital, se determinó que durante horas laborables, frente a

empleados y pacientes, la querellante utilizó un tono alto para efectuar

imputaciones falsas en contra del Hospital y su administración, lo cual

afectó la adecuada marcha de la Clínica de Vacunación del Hospital, y

el bienestar de los empleados y pacientes. Además, la parte apelada

sostuvo que, la querellante no participó de una actividad protegida,

conforme a la Ley Núm. 115-1991, supra. Finalmente, arguyó que, la

querellante presentó su oposición a la solicitud de sentencia sumaria

de forma tardía y en claro incumplimiento con las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, y las normas reglamentarias aplicables.

Por lo anterior, solicitó la desestimación sumaria y con perjuicio del

caso de epígrafe. El foro primario dio por sometida la Moción de

Sentencia Sumaria sin oposición, y emitió una Sentencia mediante la

cual declaró con lugar la Moción de Sentencia Sumaria. El tribunal

concluyó que la querellante no canalizó su preocupación a través de

sus supervisores y sus manifestaciones afectaron las operaciones de

la Clínica de Vacunación del Hospital, poniendo así en riesgo el buen

y normal funcionamiento de la empresa.              Consecuentemente,

determinó que el despido de la señora Feliciano Sotomayor fue

justificado.

      Inconforme, la querellante acudió en revisión ante nos.
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      Tras un minucioso análisis de la normativa relevante y los

hechos particulares, así como la totalidad del expediente de este caso,

concluimos que el foro primario no erró al desestimar la querella.

      La apelante arguye que procede revocar la Sentencia recurrida

pues, existen hechos en controversia y los hechos admitidos como

incontrovertidos fueron apoyados por prueba self-serving. Además, la

apelante arguye erradamente que el foro primario acogió su Oposición

a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 19] y posteriormente, ante la

Solicitud para que se tenga por no puesta la Oposición a Moción de

Sentencia Sumaria, el foro a quo no acogió su oposición.

      Como se expuso en la sección anterior, este Tribunal se

encuentra en la misma posición que el foro a quo al momento de

revisar mociones de sentencia sumaria. En otras palabras, nuestra

revisión es de novo y debemos aplicar los mismos criterios de la Regla

36 de Procedimiento Civil, supra, respecto a las solicitudes de

sentencia sumaria y sus oposiciones. Cónsono con ello, debemos

corroborar si la petición de sentencia sumaria y su oposición cumplen

con los criterios esbozados en la Regla 36 de Procedimiento Civil,

supra. Por un lado, en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se

indica que quien presenta una solicitud de sentencia sumaria,

integrará a esta una relación concisa, organizada y en párrafos de

todos los hechos esenciales y pertinentes incontrovertidos apoyados

de, en parte, declaraciones juradas o cualquier otro documento

admisible en evidencia incluido en el expediente del tribunal. Nótese

que, las declaraciones juradas serán suficientes para sostener o

controvertir una solicitud de sentencia sumaria si contienen hechos

específicos y hechos que establezcan que el declarante tiene

conocimiento personal del asunto declarado. Roldán Flores v. M.

Cuebas, 199 DPR 664, 677 (2018); véase, además, Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Sin embargo, en un

procedimiento sobre sentencia sumaria, las declaraciones juradas con
KLAN202400127                                                              19

conclusiones solamente, sin hechos específicos que las apoyen, no

tienen valor probatorio, y por ello, son insuficientes para demostrar lo

que allí se concluye. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216

(2010) (citando a Corp. Presidig Bishop CJC of LD v. Purcell, 117 DPR

68, 722 (1986)).

      De una lectura cuidadosa de las declaraciones juradas

presentadas por la parte apelada para apoyar los hechos propuestos

como incontrovertidos en la Moción de Sentencia Sumaria, a saber, las

declaraciones juradas de Annette Vélez Irizarry (señora Vélez Irizarry),

Gerente de Recursos Humanos; Christina Medina Zamora (señora

Medina Zamora), Secretaria Ejecutiva; y María García Torres (señora

García Torres), se desprenden los hechos específicos materiales sobre

el incidente en cuestión. Por lo tanto, aunque se hayan incluido ciertos

hechos concluyentes en las aludidas declaraciones juradas, ello de por

sí solo no las hace insuficientes. Consecuentemente, procede

confirmar la admisión de las declaraciones juradas en apoyo de los

hechos propuestos como incontrovertidos en la Moción de Sentencia

Sumaria.

      Por otro lado, en la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra,

establece que, “(b) [l]a contestación a la moción de sentencia sumaria

deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) días de su

notificación. . .”. A tenor con ello, “[s]i la parte contraria no presenta la

contestación a la sentencia sumaria en el término provisto en esta

regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda

sometida para la consideración del tribunal”. Surge del expediente que

la querellante tuvo tiempo suficiente para presentar la Oposición a

Moción de Sentencia Sumaria, sin embargo, la presentó tardíamente y

sin justa causa. Específicamente, el foro primario le concedió dos (2)

prórrogas, la primera de veinte (20) días y la segunda de treinta (30)

días. Este último término venció el 19 de octubre de 2023. Sin

embargo, sin explicación alguna, la señora Feliciano Sotomayor
KLAN202400127                                                        20

presentó la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria dos (2) meses

después de dicha prórroga y sin proveer justa causa para ello. Por lo

tanto, confirmamos la determinación del TPI que dio por sometida la

moción de sentencia sumaria para la consideración del tribunal sin la

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Considerado el excesivo

tiempo transcurrido sin que la querellante presentase su escrito, no

actúo contrario a derecho el TPI al negarse a admitir la Oposición a

Moción de Sentencia Sumaria presentada por dicha parte.

       Establecido lo anterior, nos corresponde revisar si, en efecto,

existen hechos materiales en controversia. De haberlos, debemos

cumplir con la exigencia establecida en la Regla 36.4 de Procedimiento

Civil, supra, y exponer cuáles son los hechos materiales que están en

controversia y cuáles son incontrovertidos. De un análisis ponderado

del expediente, los hechos propuestos como incontrovertidos en la

Moción de Sentencia Sumaria junto a la evidencia debidamente citada

en esta petición, concluimos que no existen hechos materiales en

controversia.

      No habiendo hechos materiales en controversia, debemos

revisar de novo si el foro primario aplicó correctamente el derecho en

el caso ante su consideración. Resulta importante discutir las dos (2)

reclamaciones principales del caso de marras de forma independiente;

estas siendo: (i) despido injustificado, al amparo de la Ley Núm. 80-

1976, supra, y (ii) despido como represalia, a tenor con la Ley Núm.

115-1991, supra.

      Es norma conocida que el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra,

sec. 185b, no plasma una lista taxativa de circunstancias que

justifiquen un despido mediante justa causa. Véase, además, Indulac

v. Central General de Trabajadores, supra, pág. 299; González Santiago

v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, 202 DPR 281, 292 (2019). Acorde

con ello, si bien tres de las circunstancias de dicho artículo requieren

un patrón de conducta impropia o desordenada, un patrón de
KLAN202400127                                                                   21

desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o

negligente, y violación reiterada por el empleado de reglas y

reglamentos, nuestro máximo foro ha reiterado que un solo acto o

una sola falta puede ser suficiente para justificar el despido como

sanción ante una primera ofensa. Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra,

sec. 185b; Secretario del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 544; Indulac v.

Central    General       de     Trabajadores,     supra,   págs.       300-301.

Específicamente, esa falta o acto debe ser de tal naturaleza que “ponga

de manifiesto una condición, que dentro del contexto del empleo sea

inaceptable o intolerable, independientemente de que se trate de una

primera falta”. Indulac v. Central General de Trabajadores, supra, págs.

300-301.

       Del expediente del caso de epígrafe no existe duda de que, en

lugar de dirigirle las aludidas preocupaciones a sus supervisores, la

señora Feliciano Sotomayor optó por utilizar un tono de voz alto para

cuestionar el cumplimiento del Hospital y su Administración frente a

pacientes y empleadas. Dicho acto por parte de la querellante

evidentemente afectó el buen funcionamiento de la Clínica de

Vacunación. En consideración de la importancia del tema de los

procesos de vacunación durante una pandemia de salud pública, y

recordando que las expresiones falsas y difamatorias se hicieron

dentro del Hospital y frente a pacientes, si bien se trató de un solo acto,

el mismo fue de tal gravedad y agravio que puso en peligro el orden y

la   eficiencia    del   funcionamiento     del   Hospital,     y    constituiría

imprudencia esperar su reiteración.

       En cuanto a la reclamación de represalias, la Ley Núm. 115-

1991, supra, provee una protección para empleados frente a

represalias       cuando      realizan   algún    testimonio,       expresión   o

información en algún foro judicial legislativo o administrativo; véase,

además, Íd., sec. 194 (a); Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 361 (2011); Feliciano
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Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 392 (2011); Ocasio v. Kelly Servs.,

163 DPR 653, 685 (2005). En el caso de epígrafe, la querellante no

presentó prueba directa ni circunstancial en apoyo a la violación de

este estatuto. Mucho menos estableció un caso prima facie de

represalia.   Aquí   la   señora   Feliciano   Sotomayor   emitió   sus

manifestaciones en contra del Hospital y la Administración del

Hospital frente empleados y pacientes. En ningún momento recurrió a

su supervisora, la señora Vélez Irizarry, para comunicarle su

preocupación. Peor aún, ante la llamada de su supervisora para

dialogar sobre lo ocurrido, la querellante indicó que no había sucedido

nada. Concluyentemente, la querellante no realizó una de las

actividades protegidas por Ley Núm. 115-1991, supra, y por ello,

actuó correctamente el TPI al desestimar la reclamación de represalias.

      Así las cosas, consideradas la totalidad de las circunstancias

antes expuestas, procedía la desestimación sumaria y con perjuicio de

la acción presentada por la querellante.

                                   -IV-

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

recurrida.

      Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones