Court Opinion

ID: 9941533
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:16.978531+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.488781
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

     PABLO ESTEVEZ                                    CERTIORARI
     GONZALEZ                                         procedente del
                                                      Tribunal de
        Peticionario                                  Primera Instancia
                               KLCE202301333          Sala Superior de
             v.                                       Guayama

     VICENTE FIGUEROA Y                               Civil Núm.:
     OTROS                                            GM2020CV00417

         Recurridos                                   Sobre:
                                                      Violación de
                                                      Derechos Civiles

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y las Juezas Mateu Meléndez

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                               SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico a 12 de enero de 2024.

         Comparece    ante   este    foro       el   Sr.    Pablo   Estevez

 González    (señor      Estevez     o    “el   peticionario”)       y     nos

 solicita que revisemos una Resolución emitida por el

 Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama,

 la cual fue emitida el 20 de octubre de 2023.1                   En virtud

 de esta, el foro primario denegó reabrir el caso de

 autos, puesto que, no ha recibido evidencia de que se ha

 levantado la paralización del procedimiento de quiebras

 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).

         Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 EXPEDIMOS     el    recurso    de       certiorari        de   epígrafe    y

 REVOCAMOS el dictamen revisado.

                                     I.

         El 27 de agosto de 2020, -por derecho propio- el

 señor Estevez presentó una Demanda Civil contra el ELA

 1 El peticionario alegó que la Resolución le fue notificada el 8 de
 noviembre de 2023. Véase, Resolución, anejo II, pág. 2 del apéndice
 del recurso.

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLCE202301333                                                          2

en    representación    del    Departamento       de     Corrección   y

Rehabilitación       (Departamento),         y     los     siguientes

funcionarios: Vicente Figueroa, Santiago Amaro y José A.

Colón, entre     otros.2       Mediante     esta alegó que, los

funcionarios del Departamento lo segregaron, por más de

7 días laborables, en la Institución Guayama 1,000, por

una    aplicación      de     la   Regla     21    del     Reglamento

Disciplinario para la Población Correccional Núm. 7748

del 23 de septiembre de 2009.3                   Como consecuencia,

expresó que sufrió daños, los que le causaron dolores de

espalda y piernas, por lo que, solicitó una suma no menor

de $40,000.00.       El 7 de junio de 2021, presentó una

Demanda Enmendada, mediante la cual expresó que la parte

recurrida lo privó de su libertad por un espacio de 281

días sin el debido proceso de ley.                     A su vez, que

surgieron daños sistémicos adicionales, por lo que,

solicitó una suma no menor de $75,000.00.4

       Luego de varias incidencias procesales, el 15 de

abril de 2021, el ELA presentó Moción en Solicitud de

Desestimación.5      En esencia, señaló que el foro primario

carece de jurisdicción sobre la materia, puesto que no

agotó los remedios administrativos. Por consiguiente,

solicitaron     la   desestimación         con    perjuicio    de     la

demanda.

       Por su parte, el 6 de mayo de 2021, -por derecho

propio- el señor Estevez presentó su Oposición a Moción

en Solicitud de Desestimación.6            En síntesis, alegó que

2 Véase, Demanda Civil, entrada núm. 1 en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
3 El 8 de noviembre de 2020, se hizo efectivo el Reglamento 9222,

el cual deroga el Reglamento Disciplinario para la Población
Correccional Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009.
4 Véase, Demanda Enmendada, entrada núm. 26 en SUMAC.
5 Véase, Moción en Solicitud de Desestimación, entrada núm. 24 en

SUMAC.
6 Véase, Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación, entrada

núm. 25 en SUMAC.
KLCE202301333                                                    3

el   planteamiento      sobre   agotamiento     de    remedio    es

frívolo, puesto que, presentó una demanda solicitando

una compensación por daños y perjuicios, y la División

de Remedios Administrativos no está facultada por ley

para concederlos.      A su vez, esbozó que había presentado

una Solicitud de Remedios Administrativos, Núm. GM1000-

370-20, solicitando una compensación y la decisión fue

declararse sin jurisdicción.           Por lo tanto, sostuvo que

podía acudir directamente al foro judicial para reclamar

el remedio.       El 28 de octubre de 2021, el representante

legal del peticionario presentó Oposición a Moción de

Desestimación.7

      Evaluadas las mociones de las partes, el 22 de

noviembre    de    2021,   el   foro    primario     notificó   una

Resolución, mediante la cual declaró No Ha Lugar la

solicitud de desestimación del ELA.8

      Posteriormente, el ELA presentó Aviso de Injunction

Paralizando la Litigación del Presente Caso y Sobre el

Requisito     de    Presentar    una     Solicitud     de   Gastos

Administrativos Ante el Tribunal de Título III.9                 En

esencia, expresó lo siguiente:

         Conforme al Order and Judgment Confirming
         Modified Eighth Amended Title III Joint
         Plan of Adjustment of the Commonwealth of
         Puerto Rico, the Employees Retirement
         System   of    the    Government   of   the
         Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto
         Rico     Public     Buildings     Authority
         (“Confirmation Order”), emitido el 18 de
         enero de 2022, por el Tribunal de Distrito
         de los Estados Unidos para el Distrito de
         Puerto   Rico    (“Tribunal   de   Distrito
         Federal”), encargado de la restructuración
         de la deuda del ELA en el caso In re:
         Commonwealth of Puerto Rico, Case No.

7 Véase, Oposición a Moción de Desestimación, entrada núm. 35 en
SUMAC.
8 Véase, Resolución, entrada núm. 41 en SUMAC.
9 Véase, Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente

Caso y Sobre el Requisito de Presentar una Solicitud de Gastos
Administrativos Ante el Tribunal de Título III, entrada núm. 44 en
SUMAC.
KLCE202301333                                                   4

           17BK3283-LTS, se notifica que existe un
           injunction permanente que está en pleno
           vigor en los casos como el de epígrafe,
           presentados   antes    de   la   fecha   de
           efectividad del Plan de Ajuste, es decir el
           15 de marzo de 2022. Es importante destacar
           que mediante el Confirmation Order se
           confirmó el Plan de Ajuste de la Deuda
           (“Plan de Ajuste”).

           […]

           En consecuencia, este Tribunal no tiene
           jurisdicción para continuar con el trámite
           judicial del presente caso, en virtud del
           injunction permanente contemplado en el
           Confirmation Order, emitido por el Tribunal
           de Distrito Federal encargado de la
           restructuración de la deuda del ELA bajo el
           Título III de PROMESA, y el Notice
           presentado por la Junta de Supervisión
           Fiscal.    Así las cosas, en virtud del
           Confirmation Order y el Notice, procede la
           paralización del caso de epígrafe.     Este
           caso se atenderá a través del Tribunal de
           Distrito Federal a cargo del caso bajo el
           Título III de PROMESA, conforme al proceso
           de solicitud de gastos administrativos o
           “Administrative Expense Claims” establecido
           en el Confirmation Order y explicado en el
           Notice.

      Por consiguiente, sostuvo que, si la sentencia

resultaba adversa, los fondos pagados al peticionario

serían un liability claim en su contra.            No obstante,

añadieron que, el señor Estevez no quedaría desprovisto

de un recurso o remedio, toda vez que, de cualificar

como tal, proveyeron para una reclamación de gastos

administrativos, y de la cual está en tiempo de presentar

su acreencia bajo un Administrative Expense Request.

      En    desacuerdo,    el   8   de   junio   de   2022,    el

peticionario presentó Oposición a Aviso de Injuction

Paralizando Litigación del Presente Caso.10           Alegó que,

la paralización automática que provee la radicación de

una petición bajo dicha Ley sólo aplica a reclamaciones

que surjan o casos que se hubiesen presentado antes de

10Véase, Oposición a Aviso de Injuction paralizando Litigación del
Presente Caso, entrada núm. 46 en SUMAC.
KLCE202301333                                                             5

la radicación de dicha Petición de Quiebras.                    A su vez,

arguyó       que    la   Orden     de    Paralización     no    aplica    a

reclamaciones            de   derechos       civiles,      donde      hay

funcionarios públicos que están siendo demandados y

responden en su carácter personal.

       El 14 de junio de 2022, el ELA presentó su réplica

a la oposición del señor Estevez.11               En síntesis, adujo

que    los         efectos    de   una     paralización        automática

permanecen hasta que la Corte de Quiebra la deje sin

efecto; finalice el caso ante la Corte de Quiebra; o

tomen alguna otra acción en el caso de quiebra.                          Así

mismo, añadió que, aun cuando el Plan de Ajuste fue

aprobado, no significa que el caso bajo Puerto Rico

Oversight,          Management     and     Economic     Stability     Act

(PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq, haya culminado.                      Por

lo    que,    el     injuction     tiene    el   efecto    de    mantener

paralizadas todas las reclamaciones frente al deudor,

incluyendo aquellas cuyos hechos fueron posteriores a la

petición de quiebra, pero antes de la fecha de la

efectividad del Plan, como el caso de autos.                         Por

consiguiente, reiteraron que el foro primario carece de

jurisdicción para adjudicar la controversia del caso.

       El 25 de agosto de 2022, el foro primario notificó

una Sentencia.12          Mediante esta, dispuso que, en el caso

de autos, los hechos que dieron lugar a la causa de

acción, como la presentación de la demanda ocurrieron

luego de presentada la petición de quiebra. Sin embargo,

conforme la Sección 922(a)(1) del Código de Quiebras

Federal, a dicha reclamación le aplica la paralización

automática. A su vez, que la reclamación podría implicar

11 Véase, Réplica a “Oposición a Aviso de Injuction Paralizando
Litigación del Presente Caso”, entrada núm. 47 en SUMAC.
12 Véase, Sentencia, entrada núm. 50 en SUMAC.
KLCE202301333                                                               6

un desembolso por parte del ELA, si el reclamo llegara

a prevalecer.          Por consiguiente, en casos paralizados

por PROMESA, determinó que lo que procedía era archivar

administrativamente el asunto hasta tanto una de las

partes certifique que se ha levantado la paralización,

ya sea por la conclusión del procedimiento de quiebras

o mediante una solicitud a esos efectos.                   Así las cosas,

declaró     Con     Lugar       la     solicitud      de     paralización

presentada por el ELA.

       El 26 de julio de 2023, el señor Estevez presentó

Moción Solicitando Relevo de Sentencia y la Reapertura

del caso al amparo de la Regla 49.2 de P.C.13                       Mediante

esta, alegó que la Sentencia emitida por el foro primario

el 25 de agosto de 2022, en el caso de autos es ilegal,

y, por lo tanto, nula.           Sostuvo que, la paralización de

los reclamos contra el ELA, bajo PROMESA, son solo en

casos por cobro de dinero, y que, ese no es el caso de

autos.      Añadió      que,    el     25   de   octubre     de   2022,   la

Honorable Jueza Taylor Swain emitió una                       Resolución,

mediante la cual levantó la paralización de todos los

casos que están bajo la Ley Núm. 104-1955, Ley de

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec.

3077   et   seq.,      que     estén    dentro      del    límite    de   los

$75,000.00 o $150,000.00.               Por lo tanto, solicitó la

reapertura del caso, puesto que, el estado de derecho

vigente así lo permite.

       El   11    de    octubre        de   2023,     el    ELA     presentó

Comparecencia Especial en Cumplimiento de Orden, en la

que planteó que el señor Estevez no está autorizado para

representarse       por derecho propio, puesto que, tiene

13Moción Solicitando Relevo de Sentencia y la Reapertura del caso
al amparo de la Regla 49.2 de P.C., anejo II, págs. 3-6 del apéndice
del recurso. Véase, entrada núm. 62 en SUMAC.
KLCE202301333                                                                7

asignado un abogado de oficio, y debe ser a través de su

abogado que el peticionario puede comparecer.14

      Evaluados los argumentos de las partes, el 20 de

octubre de 2023, el foro primario notificó la Resolución

recurrida.15      Mediante el referido dictamen, determinó

que no ha recibido evidencia de que se haya levantado la

paralización, por lo que, declaró No Ha Lugar a la

reapertura del caso de autos.

      Inconforme,          el    27    de     noviembre      de    2023,     el

peticionario      presentó            el     recurso   que     nos       ocupa.

Mediante este, adujo que el foro primario cometió el

siguiente error:

          Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala
          Superior de Guayama, al declarar la Moción
          No Ha Lugar, cuando el estado de derecho
          cambio.

      El 12 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución

concediéndole a la parte recurrida quince (15) días,

desde la presentación del recurso para que presentara su

oposición.

      Sin embargo, el 15 de diciembre de 2023, el ELA

presentó Solicitud de Término Adicional.                           El 19 de

diciembre        de        2023,       emitimos        una        Resolución,

concediéndole         un    último         término,    hasta      el    27   de

diciembre de 2023 para que presentara su escrito.

      En cumplimiento con la referida orden, el 27 de

diciembre    de       2023,      el    ELA    compareció       mediante      su

Alegato.     En esencia, solicitó la desestimación del

recurso    por    falta         de    jurisdicción.          Sin       embargo,

reconoció que el Order Extending Administrative Claim

Bar Date for Certain Parties and Modifying Discharge

14 Véase, Comparecencia Especial en Cumplimiento de Orden, entrada
núm. 66 en SUMAC.
15 Resolución, anejo XI, págs. 278-314 del apéndice del recurso.
KLCE202301333                                                          8

Injunction emitido por el Tribunal de Distrito Federal

modificó   el   alcance     del     interdicto       permanente     para

permitir las litigaciones de casos post-petición bajo la

Ley de Pleitos Contra el Estado, y cuyas reclamaciones

no excedan los límites estatutarios.                  Por lo tanto,

sostienen que dicha modificación dejó sin efecto la

paralización    del   caso,       según    dispone     la   Orden    de

Confirmación, y solicitaron la desestimación del recurso

o su devolución al foro primario para la continuación de

los procedimientos.

     Con   el   beneficio      de   la    comparecencia     de    ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

                                  II.

                                  -A-

     La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas

por el Tribunal de Primera Instancia.                Es decir, cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.”    Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

     Asimismo, dispone los supuestos en que este foro

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional

y a manera de excepción, en las siguientes instancias:

       [C]uando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a
       privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía,   en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la
       cual esperar a la apelación constituiría un
       fracaso irremediable de la justicia.

     Por   su   parte,    la   Regla      40   del    Reglamento    del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,
KLCE202301333                                                               9

establece los criterios que este foro debe tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de

sus fundamentos, son contrarios a derecho.                      Así también,

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación

de la prueba por parte del foro primario.

        También examinaremos si el asunto planteado exige

consideración       más      detenida      a   la   luz    de     los   autos

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa

del procedimiento en que se presenta el caso es la más

propicia para su consideración.                     Finalmente, debemos

analizar si la expedición del auto solicitado evita un

fracaso de la justicia.             Véase, Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                     -B-

        El 30 de junio de 2016, entró en vigor la ley

denominada        Puerto     Rico    Oversight,          Management,       and

Econonomic Stability Act (PROMESA), 48 USC secs. 2101,

et seq.       La referida legislación busca brindar al Estado

Libre        Asociado   de    Puerto       Rico     y    sus    agencias     e

instrumentalidades acceso a los procesos judiciales de

reestructuración de deuda.             Véase, R. Emanuelli Jiménez,

PROMESA, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. SITUM, 2017, pág. 48.

En lo pertinente, el Título III de PROMESA permite que

ciertas entidades del ELA denominadas “covered entities”

puedan hacer una petición de quiebra por conducto de la

Junta de Supervisión Fiscal.

        La    Sección   301    de   PROMESA,        48    USC    sec.   2161,

incorporó a dicha ley las disposiciones concernientes a

las paralizaciones automáticas del Código de Quiebras de
KLCE202301333                                                                 10

los Estados Unidos, según recogidas en sus secciones

362(a) y 922(a).             Véase, 11 USC secs. 362(a) y 922(a).

Al amparo de las precitadas secciones, una vez alguna de

las entidades cubiertas hiciera su petición de quiebra

ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito

de Puerto Rico, se activaría una paralización sobre

todas las acciones civiles, administrativas o de otra

índole que se intentaran iniciar o se hubieran iniciado

contra la entidad con anterioridad a la fecha de la

petición de quiebra.                 Dicha paralización beneficiaría

únicamente a la entidad que presentó la solicitud de

quiebra, salvo que el Tribunal de Distrito entendiera

prudente extender la protección a otros codemandados en

el pleito.

        El 3 de mayo de 2017, el ELA presentó una Petición

de Quiebra ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico

al amparo del Título III de PROMESA.                    Como consecuencia,

se activó una paralización a partir de la referida fecha

sobre todos los procedimientos y causas de acción que

surgieron con anterioridad al 3 de mayo de 2017, y en lo

que     respecta        al    ELA     y    a   todas        las   agencias     y

departamentos por los que este tuviera que responder.

        De otra parte, el 18 de enero de 2022, el foro

federal, por voz de la Honorable Jueza Laura Taylor

Swain, emitió el Confirmation Order, el cual entró en

vigor    el       15   de    marzo    de   2022.        A    raíz    de    dicha

determinación, ese foro aprobó el plan de ajuste de la

deuda de Puerto Rico, con lo cual concluyó la quiebra

del   ELA     y    garantizó,        a    su   vez,     el   trato    justo    y

equitativo de los acreedores.

        En    lo       que   nos     compete,      el    párrafo      59     del

Confirmation Order tiene el efecto de paralizar las
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reclamaciones pasadas, presentes y futuras de todas las

entidades frente al deudor, que incluye aquellos hechos

que se suscitaron con anterioridad a la petición de

quiebra.   Este párrafo dispuso un mecanismo de injuction

permanente que, desde el 15 de marzo de 2022, sustituyó

el efecto de la paralización automática que proveían las

Secciones 362 y 922 del Código de Quiebras Federal,

recogidas en la Sección 301 de PROMESA.

       59. Injunction on Claims. Except as
       otherwise expressly provided in section
       92.11 of the Plan, this Confirmation Order,
       or such other Final Order of the Title III
       Court that is applicable, all Entities who
       have held, hold, or in the future hold
       Claims or any other debt or liability that
       is discharged or released pursuant to
       section 92.2 of the Plan or who have held,
       hold, or in the future hold Claims or any
       other debt or liability discharged or
       released pursuant to section 92.2 of the
       Plan are permanently enjoined, from and
       after   the   Effective   Date,   from   (a)
       commencing or continuing, directly or
       indirectly, in any manner, any action or
       other   proceeding    (including,    without
       limitation,    any    judicial,    arbitral,
       administrative, or other proceeding) of any
       kind on any such Claim or other debt or
       liability discharged pursuant to the Plan
       against any of the Released Parties or any
       of their respective assets or property.

        […]
     Por igual,    el   plan   de   ajuste   dispone   que   el

Confirmation    Order   constituirá     una    determinación

judicial a partir de su entrada en vigor.

       92.2 Discharge and Release of Claims and
       Causes of Action:
       (a) Except as expressly provided in the Plan
       or    the     Confirmation    Order,     all
       distributions and rights afforded under the
       Plan shall be, and shall be deemed to be,
       in   exchange    for,   and   in    complete
       satisfaction, settlement, discharge and
       release of, all Claims or Causes of Action
       against the Debtors and Reorganized Debtors
       that arose, in whole or in part, prior to
       the Effective Date, relating to the Title
       III Cases, the Debtors or Reorganized
       Debtors or any of their respective Assets,
       property, or interests of any nature
       whatsoever, including any interest accrued
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       on such Claims from and after the Petition
       Date, and regardless of whether any
       property will have been distributed or
       retained pursuant to the Plan on account of
       such Claims or Causes of Action; provided,
       however, that, without prejudice to the
       exculpation rights set forth in Section
       92.7 hereof, nothing contained in the Plan
       or the Confirmation Order is intended, nor
       shall it be construed, to be a grant of a
       non-consensual third-party release of the
       PSA Creditors, AFSCME, and of their
       respective Related Persons by Creditors of
       the Debtors. Upon the Effective Date, the
       Debtors and Reorganized Debtors shall be
       deemed discharged and released from any and
       all Claims, Causes of Action and any other
       debts that arose, in whole or in part, prior
       to the Effective Date (including prior to
       the Petition Date), and Claims of the kind
       specified in sections 502(g), 502(h) or
       502(i) of the Bankruptcy Code and PROMESA
       Section 407, whether or not (a) a proof of
       claim based upon such Claim is filed or
       deemed filed under section 501 of the
       Bankruptcy Code, (b) such Claim is allowed
       under section 502 of the Bankruptcy Code
       and PROMESA Section 407 (or is otherwise
       resolved), or (c) the holder of a Claim
       based upon such debt voted to accept the
       Plan.

       […]

       In accordance with the foregoing, except as
       expressly provided in the Plan or the
       Confirmation Order, the Confirmation Order
       shall constitute a judicial determination,
       as of the Effective Date, of the discharge
       and release of all such Claims, Causes of
       Action or debt of or against the Debtors
       and the Reorganized Debtors pursuant to
       sections 524 and 944 of the Bankruptcy Code,
       applicable to the Title III Case pursuant
       to Section 301 of PROMESA, and such
       discharge shall void and extinguish any
       judgment obtained against the Debtors or
       Reorganized Debtors and their respective
       Assets, and property at any time, to the
       extent such judgment is related to a
       discharged Claim, debt or liability. As of
       the Effective Date, and in consideration
       for the value provided under the Plan, each
       holder of a Claim in any Class under this
       Plan shall be and hereby is deemed to
       release and forever waive and discharge as
       against   the   Debtors    and   Reorganized
       Debtors, and their respective Assets and
       property and all such Claims.

     De otro lado, el Notice presentado el 15 de marzo

de 2022, en el procedimiento de quiebra ante el tribunal
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federal estableció como fecha límite el 13 de junio de

2022, para que los acreedores presentaran una solicitud

de pago por reclamaciones de gastos administrativos.

Esta estableció que el acreedor que fallase en presentar

dicha solicitud, en o antes de la fecha límite del 13 de

junio de 2022, quedaría vedado permanentemente de hacer

valer su reclamación de pago contra el deudor.

        1.51 Administrative Expense Claim: A Claim
        against the Debtors or their Assets
        constituting   a   cost    or   expense   of
        administration of the Title III Cases
        asserted or authorized to be asserted, on
        or prior to the Administrative Claim Bar
        Date, in accordance with sections 503(b)
        and 507(a)(2) of the Bankruptcy Code
        arising during the period up to and
        including the Effective Date, and otherwise
        complying with applicable Puerto Rico law,
        including, without limitation, subject to
        the occurrence of the Effective Date, and
        except as provided in Section 3.5 hereof,
        Consummation Costs and PSA Restriction
        Fees; provided, however, that, under no
        circumstances   shall   an    Administrative
        Expense    Claim     include      the    PBA
        Administrative Expense Claim.

      No obstante, el 9 de septiembre de 2022, la Junta

presentó ante el foro federal el escrito Response of the

Financial   Oversight    and   Management       Board    to   Urgent

Motion for Extension of Administrative Expense Claim Bar

Date and Proper Service of Process Request to be Heard.

Mediante el cual, propuso: (1) extender por noventa días

la    presentación      de     la        solicitud      de    gastos

administrativos a aquellos reclamantes post petición que

pudieran probar que no fueron adecuadamente notificados

del   Notice;   (2)   publicar      en    varios     periódicos   la

notificación de la extensión para presentar la solicitud

de gastos administrativos, en español y en inglés, no

más tarde de catorce días después de la orden que

declarara con lugar la moción; y, (3) excluir a cierto

tipo de casos de la presentación de la solicitud de
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gastos     administrativos;       tales        como,    aquellos      donde

existieran     reclamaciones          contra    el     Gobierno      que   se

encontrasen       dentro    de   los     límites       estatutarios        de

$75,000.00 o $150,000.00.

        Consecuentemente, el 20 de octubre de 2022, la

Jueza     Taylor     Swain       emitió        el      Order    Extending

Administrative Claim Bar Date for Certain Parties and

Modifying Discharge Injunction.                 En esta, la Corte de

Título III extendió hasta el 18 de enero de 2023, la

fecha    límite    para     presentar     la    solicitud       de   gastos

administrativos para aquellos con reclamaciones post

petición que no hubieran sido adecuadamente notificados.

        Asimismo, la Jueza Taylor Swain modificó el alcance

del Confirmation Order para disponer que la solicitud de

gastos administrativos no sería necesaria para ciertas

reclamaciones post petición, entre ellas, los casos de

daños instados al amparo de la Ley de Pleitos contra el

Estado, siempre y cuando la reclamación no excediera los

límites estatutarios.         En armonía con esa determinación,

el   injunction       fue     modificado         para     autorizar        la

litigación de casos instados al palio de la Ley de

Pleitos contra el Estado, hasta las etapas apelativas y

la etapa de ejecución de sentencia.

        Es decir, para que la enmienda al Confirmation

Order pueda aplicarle a un litigante, será necesario que

este alegue que su reclamación contra el Estado no excede

los límites estatutarios.               Inclusive, la enmienda le

exime     de   presentar         la     notificación           de    gastos

administrativos, solo si su reclamación no excede los

límites estatutarios.
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                                   III.

      En el caso de autos, el señor Estevez nos solicita

que revisemos la Resolución emitida por el foro primario

notificada el 20 de octubre de 2023, mediante la cual

denegó la reapertura del caso por no haber recibido

evidencia sobre que se haya levantado la paralización,

según lo dispuesto en la Sección 362(d) del Código de

Quiebras.

      Según surge del recurso, y del expediente en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos,

el peticionario presentó una Moción Solicitando Relevo

de Sentencia y la Reapertura del caso al amparo de la

Regla 49.2 de P.C., solicitándole al foro primario que

reabriera el caso, puesto que el estado de derecho había

cambiado, ya que la Jueza Taylor Swain había emitido una

resolución levantando la paralización de todos los casos

presentados bajo la Ley de Reclamaciones y Demandas

contra el Estado, siempre y cuando el monto de las

reclamaciones     estuviera            dentro      de        los   límites

establecidos por dicha legislación, a saber, $75,000.00

o $150,000.00.

      En el momento en que el señor Estevez presentó la

moción ante el foro primario, la Jueza Taylor Swain había

emitido   la   orden    de    la       cual   podemos        destacar    dos

elementos esenciales a la controversia ante nuestra

consideración:    (1)    la     extensión       de      la    fecha     para

reclamar gastos administrativos será hasta el 18 de

enero de 2023, y (2) la inaplicabilidad del injunction

del   Confirmation      Order      a    aquellos     pleitos       que    se

presenten dentro de las limitaciones estatutarias de la

Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, de

75,000.00 o $150,000.00.
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        Así las cosas, la compensación solicitada por el

señor Estevez es por una suma de $40,000.00, por lo que,

la   aludida       excepción      es    aplicable      a    la     reclamación

incoada por el peticionario.                Al aplicar lo anterior a

la   controversia          de     autos,    la       modificación      en      el

injuction afectó la paralización del caso, puesto que,

la suma solicitada no excede el límite estatutario de

$75,000.00.        Por consiguiente, no hallamos fundamento en

derecho    que      justifique         rehusar   la    aplicación         de   la

referida modificación que permite que un litigante pueda

presentar una causa de acción en contra del ELA.

        El ELA reconoce en su escrito que este es el estado

de       derecho          aplicable.                   Inexplicable             e

injustificadamente,             en     lugar     de    allanarse       en      lo

solicitado por el peticionario, pidió la desestimación

del recurso por fallas técnicas en el apéndice del

confinado apelante.              Como es sabido los confinados no

son litigantes con reglas procesales flexibles.                                Son

litigantes         como    cualquier       otro.           Para     cualquier

litigante una alegada falla procesal en completar su

apéndice no debe cerrar las puertas de la Justicia a una

acción como la presente.               Por ello, flaco servicio a la

Justicia haría la Oficina del Procurador General al no

allanarse      a    esta        petición    de       certiorari,      y     este

Tribunal, igualmente pobre servicio brindaría, si no

reconociera el derecho vigente en cuanto a reclamaciones

de daños y perjuicios contra el ELA post paralización de

la Ley Promesa.

        Así pues, concluimos que el error formulado por el

señor     Estevez     fue       cometido       por    el    foro    primario.

Consecuentemente, procede que dicho                        foro otorgue al

peticionario la oportunidad de demostrar si, en efecto,
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le   asiste   razón      jurídica    en    su   reclamo.    En    la

eventualidad de que recaiga una sentencia en contra del

ELA, la cantidad máxima con la que se puede compensar a

los peticionarios por dicha reclamación jamás excederá

o será mayor a los límites descritos en la Ley de

Reclamaciones y Demandas contra el Estado.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el

auto de certiorari, REVOCAMOS el dictamen recurrido, se

deja sin efecto la paralización de los procedimientos

decretada     por   el    Tribunal    de    Primera   Instancia    y

devolvemos     el   caso    para      la   continuación    de    los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
         Secretaria del Tribunal de Apelaciones