Court Opinion

ID: 9962653
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:38:58.013547+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:22.120670
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL XI

        EL PUEBLO DE                                 CERTIORARI
        PUERTO RICO                                  Procedente del
                                                     Tribunal de
            Recurrido                                Primera
                                       KLCE202400224 Instancia, Sala
                v.                                   de Aguadilla

       FLOR BENÍTEZ III                                 Criminal Núm.:
                                                        A LE2021G0105
          Peticionario                                  (501)

                                              Sobre:
                                              Art. 4.B Ley 284
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el
Juez Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz
Rivera.

Álvarez Esnard, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Recurre ante nos el Lcdo. Mikael del Valle Rodríguez (“Lcdo.

el Valle” o “Peticionario”) mediante Recurso de Certiorari presentado

el 22 de febrero de 2024. Nos solicita que revoquemos la Resolución

emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Aguadilla (“foro primario”) el 23 de enero de 2024. En el referido

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la Tercera Moción De

Relevo Y Renuncia De Representación Legal presentada por el

Peticionario.

      Adelantamos       que,     por    los   fundamentos   expuestos   a

continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                       I.

      El Lcdo. del Valle, quien pertenece al Banco de Abogados y

Abogadas de Oficio del Poder Judicial de Puerto Rico, le fue asignada

la representación legal del señor Flor Benítez (“señor Benítez” o

“representado”) el 14 de junio de 2023. El 28 de agosto de 2023 el

Lcdo. del Valle presentó Moción de Relevo y Renuncia de

Número Identificador
SEN(RES)2024__________________
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Representación Legal la cual fue declarada No Ha Lugar el 29 de

agosto de 2023 y, notificada el día 31 del mismo mes y año. En la

aludida moción relató que durante la reunión que sostuvo con el

señor Benítez y su madre, discutieron los pormenores del caso, el

plan de trabajo y las repercusiones de los cargos que enfrentaba.

Destacó además que las conversaciones se tornaron animosas.

Alegó que el señor Benítez realizó manifestaciones de forma hostil,

las cuales le hicieron entender al Peticionario que el señor Benítez

estaba inconforme con su representación legal. El Lcdo. del Valle

añadió que su representado se marchó de la reunión sin esta haber

culminado. Por todo lo anterior, arguyó que procedía ser relevado

del caso, por existir diferencias irreconciliables que impedían una

colaboración abogado-cliente, puesto que el señor Benítez había

perdido la confianza en su representación legal.

      Surge del expediente que el 27 de septiembre de 2023, el foro

primario emitió una Resolución y Orden donde relevó al Programa de

Servicios con Antelación al Juicio (“PSAJ”) de la supervisión

electrónica del señor Benítez, y en consecuencia ordenó su arresto

e ingreso al Complejo Correccional de Ponce. En su reporte, PSAJ

relató cómo el señor Benítez se comunicó en varias ocasiones con el

Centro de Monitoreo de PSAJ con una “actitud desafiante, hostil [y]

apática en menosprecio a las funciones de los agentes”.1 Explicó,

además, que en varias ocasiones el señor Benítez incumplió con su

responsabilidad de cargar el dispositivo de supervisión electrónica.

De igual forma, esbozó en la aludida Resolución y Orden que al

llegar los agentes a su residencia, éste se negó de manera hostil y

retante a firmar el contrato que evidencia el cambio de grillete.

      Posteriormente, el 13 de noviembre de 2023, se llevó a cabo

vista de procesabilidad al amparo de la Regla 240 de las de

1 Informe de PSAJ, anejo 5, pág. 12-13 del Recurso de Certiorari.
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Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, R. 240. Cabe destacar que

ante la incomparecencia del señor Benítez y a preguntas del foro

primario, el psiquiatra del Estado, el Dr. William J. Lugo Sánchez

(“Dr. Lugo”), esbozó que no pudo evaluar al señor Benítez ya que

este no fue puesto a su disposición. Mediante Resolución y Orden

Enmendada emitida el mismo 13 de noviembre de 2023,2 el foro

primario ordenó se realizara, el 6 de diciembre de 2023, una

evaluación psiquiátrica y declaró que los procedimientos se

mantendrían paralizados hasta el 11 de diciembre de 2023, día que

señaló la celebración de la vista de procesabilidad, al amparo de la

Regla 240 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra. Cónsono

con lo antes expuesto, ese mismo día, el Lcdo. del Valle presentó

una Segunda Moción de Relevo y Renuncia de Representación Legal.

Con este proceder, reiteró que el señor Benítez ya no confiaba en el

Peticionario, que la relación entre estos se había lacerado y que la

comunicación era ineficiente. Detalló el Peticionario que en la

reunión que sostuvo con su representado el 9 de noviembre de 2023,

en el Complejo Correccional de Ponce, el señor Benítez fue grosero,

amenazante e irrespetuoso. Por otro lado, mencionó que el señor

Benítez a la vista de orden de arresto señalada para el 27 de

septiembre de 2023, éste compareció asistido por el Lcdo. Acevedo

Badillo. Como corolario de lo anterior, argumentó que procedía ser

relevado como abogado de oficio del caso, ya que el representado

tenía capacidad económica para sufragar una representación legal

privada. De igual forma, aclaró que procedía su relevo como

representación legal por haber comparecido el señor Benítez asistido

por otra representación legal. La aludida moción fue declarada No

Ha Lugar el 28 de noviembre de 2023, y el foro primario señaló que

2 Anejo 11, pág. 26 del Recurso de Certiorari. La Resolución y Orden fue
enmendada el 14 de diciembre de 2013 con el fin de corregir el nombre del Lcdo.
del Valle.
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no concedería la misma hasta tanto el señor Benítez notificara una

nueva representación legal.

      Así las cosas, el 11 de diciembre de 2023 se efectuó

nuevamente Vista de Procesabilidad, al amparo de las Reglas de

Procedimiento Criminal. En esta ocasión, el señor Benítez se conectó

de manera virtual desde el Centro Correccional de Ponce. No empece

a ello, abandonó la videoconferencia antes de que culminara la vista.

Compareció nuevamente el Dr. Lugo, e informó al foro primario que,

a pesar de que el señor Benítez fue puesto a disposición del

Peticionario, este se negó a ser evaluado. En vista de lo anterior, el

foro primario ordenó por virtud de la Resolución y Orden emitida el

11 de diciembre de 2023, que los procedimientos continuaran

paralizados, ordenó se realizara el 3 de enero de 2024 la evaluación

psiquiátrica del señor Benítez y reseñaló la vista de procesabilidad

para el 8 de enero de 2024.

      El 8 de enero de 2024, el Dr. Lugo esbozó al foro primario que

el señor Benítez se negó nuevamente a ser evaluado. Cónsono con

lo anterior, el foro primario emitió Resolución y Orden el mismo 8 de

enero de 2024, reseñaló la         evaluación psiquiátrica y Vista de

Procesabilidad.

      Así las cosas, el 12 de diciembre de 2014, luego de celebrada

la vista de procesabilidad, el foro primario, mediante Resolución y

Orden emitida el mismo día, acogió la recomendación del Dr. Lugo y

ordenó el ingreso del señor Benítez al Hospital de Psiquiatría

Forense de Ponce o de Río Piedras y que se le realizara el 3 de abril

de 2024 la evaluación psiquiátrica correspondiente.

      En   consecuencia,      el   Peticionario   presentó   documento

intitulado Tercera Moción de Relevo y Renuncia de Representación el

8 de enero de 2024. El foro primario determinó No Ha Lugar por el

Momento la solicitud instada.
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         Inconforme, el Peticionario recurre ante esta Curia mediante

un Recurso de Certiorari presentado el 22 de febrero de 2024, en el

cual hizo imputa al foro primario el siguiente señalamiento de error:

         ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
         DECLARAR NO HA LUGAR POR EL MOMENTO
         MEDIANTE RESOLUCIÓN CON FECHA DEL 23 DE
         ENERO DE 202[4] SIC LA TERCERA MOCIÓN DE
         RELEVO DE REPRESENTACIÓN LEGAL

         Cónsono con lo antes esbozado, esta Curia, emitió y notificó

Resolución el 27 de febrero de 2024 en la que ordenó al foro primario,

al amparo de la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.1, fundamentar la Orden que

declara No Ha Lugar por el momento el relevo de representación legal.

         En      respuesta,     el   foro   primario   emitió   Resolución    en

Cumplimiento de Orden del Caso KLCE202400224. En esta, aclaró

que      “[e]l   relevar   al    licenciado    del   Valle   Rodríguez   de   la

representación legal del acusado sin que se haya tomado una

determinación final sobre si este es o no procesable resulta

sustancialmente perjudicial para la defensa de su cliente”. Añadió

que, en vista de que el derecho del Lcdo. del Valle a renunciar no es

absoluto, la falta de colaboración de su representado no puede ser

razón suficiente para relevarlo de su obligación. Esclareció que,

declaró la moción No Ha Lugar por el Momento al considerar la etapa

crucial de los procedimientos. La intervención del Lcdo. del Valle es

imprescindible por estar en mejor posición que cualquier otro

abogado para atender el caso, y no será hasta que culmine el proceso

al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, que el

foro primario estará en mejor posición para tomar su determinación

final.

         Con el beneficio de la comparecencia del Peticionario y el

dictamen fundamentado del foro primario, procedemos a exponer la

normativa jurídica.
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                                  II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. Rivera Gómez y otros v. Arcos

Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); 2023 TSPR             65

resuelto el 8 de mayo de 2023. Véase, además, Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de: (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar
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si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023),

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios

son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
           de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
           a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
           es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia.

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una forma

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a

una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO Construction,

supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la expedición de un

recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no

tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

                         Código de Ética Profesional

       “Al renunciar la representación profesional de un acusado, el

abogado deberá tener presente y cumplir con lo dispuesto en el

Canon 20 de Ética Profesional”. Pueblo v. Durecort, 106 DPR 684

(1978). El Canon 20 del Código de Ética Profesional (“Canon 20”)

regula la renuncia de representación legal, advierte al abogado que

“haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente

[que] no puede ni debe renunciar la representación profesional de

su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe

solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e

imprevista para ello”. 4 LPRA Ap. IX. (énfasis nuestro).
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       El Canon 20 a su vez ordena al abogado o abogada a tomar

medidas razonables antes de renunciar para así evitar perjuicio a

los derechos de sus clientes. Estas medidas son:

       notificar de [la renuncia] sic al cliente; aconsejarle
       debidamente sobre la necesidad de una nueva
       representación legal cuando ello sea necesario; concederle
       tiempo para conseguir una nueva representación legal;
       aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley
       que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de
       cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento
       de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto,
       incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección
       conocida de su representado. Id.

       No empecé a lo antes expuesto, el foro primario no se ve

obligado, sin más, a aceptar la renuncia. Es decir, aun si el abogado

o abogada cumpliese con los requisitos establecidos en el Canon 20,

el Tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede negar la solicitud

si entiende que los derechos del cliente se verán adversamente

afectados.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[e]l

riesgo al que se expone el cliente ante la renuncia de su abogado es

directamente proporcional a la complejidad del caso y a la etapa

procesal en la que se encuentre”. Blanco Matos v. Colon Mulero, 200

DPR 398, 421 (2018).3 Por tanto, al adjudicar una moción de

renuncia de representación legal, el foro primario debe “evaluar si

concederla causará disloques significativos en la tramitación del

caso para evitar, de esta manera, dilaciones inapropiadas en los

procesos judiciales por renuncias inoportunas”. Id. (citando a S.

Steidel   Figueroa, Ética     para    Juristas:   Ética    del   Abogado     y

Responsabilidad Disciplinaria, San Juan, Ed. Situm, 2016, pág.

315. Por tal razón, lo fundamental al evaluar una solicitud de

renuncia es “salvaguardar los derechos sustantivos del cliente y

promover la celeridad y economía en los procesos judiciales”. Id.

3 Aunque en Blanco Matos v. Colon Mulero, 200 DPR 398 (2018) se haya dilucidado

una controversia al amparo de la Regla 9.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
III R. 9.2., el análisis del Tribunal Supremo es de extrema pertinencia y
aplicabilidad al Canon 20.
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      Como ya expresamos, mientras mayor sea la probabilidad de

que los derechos del cliente se vean amenazados, más riguroso debe

ser el foro primario al sopesar los factores y dictaminar sobre la

petición de renuncia. Un caso ilustrativo de esta norma fue Pueblo

v. Durecort, supra, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico

determinó que “salvo en casos excepcionales, no deberá aprobarse

una renuncia de representación profesional presentada en fecha tan

cercana al señalamiento de la causa para juicio que pudiera tener el

efecto de provocar la suspensión”.

      Todo abogado o abogada que considere solicitar la renuncia

de representación legal debe tener todo lo anterior presente ya que

“el abogado es un funcionario del tribunal y, como tal, está bajo el

sagrado deber de cooperar en la administración de la justicia

mediante la defensa activa de los intereses del litigante y de los altos

intereses de la justicia”. Pueblo v. Jiménez, 77 DPR 687,692 (1974).

        B. Reglamento de Abogados y Abogadas de Oficio

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el ejercicio de su

poder inherente para reglamentar la profesión de la abogacía,

promulgó el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas

de Oficio de Puerto Rico (“Reglamento”). In re Aprobación del Nuevo

de Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio

en Procedimientos de Naturaleza Penal, 173 DPR 653 (2008). Estas

reglas fueron promulgadas con el propósito de “implementar un

sistema para la administración uniforme de las asignaciones de

oficio en los procedimientos de naturaleza civil y penal aplicables”.

In re Aprobación del Reglamento para la Asignación de Abogados y

Abogadas de Oficio de Puerto Rico, Enmienda a la Regla 36 del

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua y

Enmienda a la Regla 9 del Reglamento del Tribunal Supremo, 201

DPR 261, 271 (2018).       Este reglamento a su vez “fomentará el

trabajo pro bono y hará viable el cumplimiento de todo abogado y de
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toda abogada con su responsabilidad ética de ofrecer servicios

legales libre de costo a personas indigentes”. Id.

      Las más recientes enmiendas al Reglamento establecen los

criterios para autorizar el relevo de representación legal. In

Re Enmiendas Al Reglamento para la Asignación de Abogados y

Abogadas de      Oficio de Puerto Rico,         211    DPR    49    (2022).

Específicamente, expone en su Regla 8(h) que “[r]ealizada la

asignación de oficio, solo podrá relevarse al abogado o a la abogada

que presente una moción al tribunal y demuestre una causa

justificada conforme con lo dispuesto en el ordenamiento ético”. Id.

en la pág. 51. Añade, además, que “[e]l tribunal deberá evaluar si,

conforme dispone la Regla 9(b) de este Reglamento, existe justa

causa para conceder el relevo de la representación legal”. Id.

      La regla 9(b) puntualiza que “[t]odo abogado y toda abogada

que solicite relevo de una asignación de oficio deberá explicar las

razones que justifican el diferimiento y el relevo de la representación

legal en el caso particular”. Id. La regla, a su vez, obliga al abogado

o abogada de oficio a establecer en su moción las razones que

constituyen justa causa, y ofrece una lista con los siguientes

ejemplos:

      (1) La asignación sería onerosa en vista de la cantidad de
          asignaciones de oficio recibidas o de la cantidad de horas
          de oficio pro bono ofrecidas en la representación de oficio
          y certificadas al amparo de este Reglamento durante el
          año fiscal en curso.
      (2) Durante el año fiscal, el abogado o la abogada recibió 3
          asignaciones previas que le requirieron una inversión
          sustancial de tiempo. Se entenderá que un abogado o una
          abogada realizó una inversión sustancial de tiempo
          cuando las 3 asignaciones de oficio al amparo de este
          Reglamento le han requerido en el año fiscal en curso
             (i) la prestación, en el agregado, de más de 50 horas
                 certificadas por el tribunal o
             (ii) la atención de juicios criminales en su fondo;
      (3) La asignación implicaría un quebrantamiento de los
          deberes éticos de diligencia y competencia, o
      (4) existan conflictos de intereses personales, éticos o
          profesionales.
         Se dispone expresamente que la enumeración antes
         expuesta no es taxativa, por lo que todo abogado y toda
KLCE202400224                                                         11

          abogada podrá solicitar un relevo de una asignación de
          oficio por otras razones que constituyan justa causa. Id.
          en la pág. 51-52.

                                 III.

      En el presente recurso, el Peticionario nos solicita que

revoquemos la Resolución emitida por el foro primario el 23 de enero

de 2024 y a la vez declaremos con lugar su Tercera Moción de

Renuncia y Relevo de Representación Legal. Arguye el Peticionario

que debe ser relevado de la representación legal del Sr. Benítez, pues

no existe una relación de abogado-cliente que salvaguardar debido

a la falta de confianza y diferencias irreconciliables entre él y su

representado. Hizo hincapié en que la solicitud de relevo de

representación es la acción procedente frente a las circunstancias

del caso, ya que el no renunciar constituiría una violación al Canon

20 del Código de Ética Profesional, supra.

      Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos

presentados por el Lcdo. del Valle, resolvemos que no se han

producido las circunstancias que requieran nuestra intervención.

Es decir, la determinación del foro primario de atender la moción de

relevo de representación legal posterior a la evaluación del Sr.

Benítez para así salvaguardar sus derechos no nos resulta arbitraria

ni irrazonable a la luz del marco jurídico. Por tanto, debido a que la

parte Peticionaria no ha demostrado que el foro primario se excedió

en el ejercicio de su discreción, ni que erró en la interpretación del

derecho, no intervendremos en la determinación recurrida.

                                   IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                   LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones