Court Opinion

ID: 9916108
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:22:03.194443+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:55.962475
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VIII

  HADID KIENY PÉREZ                              CERTIORARI
                                                 procedente del
  Demandante-Recurrido                           Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala
             v.                                  Superior de
                                KLCE202301130    Bayamón
    KEVIN VÁZQUEZ
   SANTOS; JUNTA DE                              Sala: 506
     DIRECTORES
     CONDOMINIO                                  Sobre: Cobro de
    GRANADA PARK                                 Dinero – Ordinario,
                                                 Enriquecimiento
Demandados-Peticionarios                         Injusto,
                                                 Incumplimiento de
                                                 Contrato
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria, Junta de Directores del

Condominio Granada Park para solicitarnos que se revise y se deje

sin efecto la Resolución emitida el 12 de septiembre de 2023 y

notificada el 13 de septiembre de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón, en la cual denegó la Moción

Solicitando Relevo de Anotación de Rebeldía presentada por la

peticionaria.

      Por    los    fundamentos   que   exponemos    a    continuación,

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Resolución Recurrida

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón. En adición, se aceptan la Contestación a Demanda y

Demanda Contra Co-Parte Kevin Vázquez Santos. Se devuelve el caso

al foro primario para la continuación de los procedimientos

conforme a lo aquí resuelto.

                                    I

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLCE202301130                                                               2

       El 11 de abril de 2022, la recurrida, la Sra. Kieny Pérez, instó

una Demanda en cobro de dinero por vía ordinaria, incumplimiento

de contrato y daños y perjuicios en contra del Sr. Vázquez Santos y

de la peticionaria, la Junta de Directores del Condominio Granada

Park (en adelante, “Junta de Directores”).1 En esencia, alegó que era

la titular del apartamento 1-L en el Condominio Granada Park para

la fecha del huracán María y que había cumplido con todos los pagos

al seguro comunal. Indicó que el apartamento sufrió graves daños a

causa del paso de Huracán María y que comenzó a reparar estos a

su costo por instrucciones de la Junta de Directores. Luego de

finalizada las reparaciones en agosto de 2019, según alegó en la

Demanda, la Sra. Kieny Pérez vendió su apartamento al Sr. Vázquez

Santos, quedando pendiente el pago del seguro por los daños

reclamados respecto al apartamento, por lo que ambos acordaron

por escrito que, una vez se desembolsara a los titulares el pago del

seguro, el Sr. Vázquez Santos le informaría y entregaría el cheque a

la Sra. Kieny Pérez.

       Según las alegaciones de la Demanda, el 11 de mayo de 2020,

la administración del Condominio Granada Park envió una carta

sobre el cheque del pago de seguro donde se incluyó un desglose de

los daños y se proveyó un “término razonable” para notificar

cualquier desacuerdo con la partida o si se omitieron daños. Sin

embargo, la Sra. Kieny Pérez arguye que no pudo ejercer su derecho

a impugnar la cuantía del cheque debido a que el Sr. Vázquez Santos

no le informó ni entregó los documentos enviados. El 16 de junio de

2020, la Junta de Directores le entregó el cheque del pago del seguro

por la cantidad de $5,564.03 al Sr. Vázquez Santos, a sabiendas de

que la Sra. Kieny Pérez tenía el interés asegurable de la propiedad,

según adujo en la Demanda. Por otro lado, alegó que el Sr. Vázquez

1 La Demanda fue instada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Guaynabo, pero fue trasladada a la Sala Superior de Bayamón.
KLCE202301130                                                         3

Santos ocultó y retuvo el cheque pagado por el seguro, incumpliendo

con el contrato, por razón de que éste tuvo que hacer reparaciones

en el apartamento, por lo que le estaría entregando una cantidad de

$1,700. En fin, la Sra. Kieny Pérez alega haber sufrido daños a causa

del incumplimiento de contrato por el Sr. Vázquez Santos y por

negligencia de la Junta de Directores.

      Acaecidos varios trámites procesales, el 8 de agosto de 2022,

la Sra. Kieny Pérez presentó una Moción Solicitando Anotación de

Rebeldía por incomparecencia de la Junta de Directores y falta de

Contestación a la Demanda por el Sr. Vázquez Santos. No obstante,

el Sr. Vázquez Santos presentó una Moción Solicitando Sentencia

Sumaria y/o Desestimación. Así las cosas, el Tribunal de Primera

Instancia anotó la rebeldía a la Junta de Directores mediante

Resolución emitida y notificada el 24 de agosto de 2022.

      Denegada la Moción Solicitando Sentencia Sumaria y/o

Desestimación y transcurrido diversos asuntos procesales, la Junta

de Directores presentó una Moción Solicitando Relevo de Anotación

de Rebeldía en la fecha del 29 de agosto de 2023. En dicho escrito,

la Junta de Directores expresó que, luego de ser emplazado, ellos

dieron instrucciones para que se refiriera el caso al seguro comunal

para que le brindaran cubierta de seguro y la defensa legal

correspondiente conforme al contrato de seguro. Sin embargo, el

seguro comunal denegó la cubierta y defensa en el caso, y se lo

notificó a la administración del Condominio Granada Park. Dicha

administración no lo notificó a la Junta de Directores. Tras un

inventario de los asuntos legales pendientes, la Junta de Directores

recientemente advinieron en conocimiento de la denegación de

cubierta y defensa, por lo procedieron a comparecer en el presente

pleito y solicitar el relevo de la anotación de rebeldía. Por último, la

Junta de Directores adujo tener defensas válidas y anejó la
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Contestación a Demanda y Demanda Contra Co-Parte Kevin Vázquez

Santos.

      Después de un término concedido por el Foro Primario, la Sra.

Kieny Pérez presentó una Moción en Oposición a Moción Solicitando

Relevo de Anotación de Rebeldía, donde esgrimió que la Junta de

Directores no presentó justa causa por su incomparecencia de más

de un (1) año. El 12 de septiembre de 2023, notificada al día

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

decretando No Ha Lugar a la Moción Solicitando Relevo de Anotación

de Rebeldía.

      En desacuerdo, el 13 de octubre de 2023, la Junta de

Directores presentó el recurso de certiorari ante nos con el siguiente

señalamiento de error:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia,
      Sala Superior de Bayamón, al no acoger la moción
      de relevo de anotación de rebeldía y negarse a
      aceptar las contestaciones a la demanda incoada, así
      como la demanda contra co-parte.

      Comparecido las partes y presentado sus escritos, damos por

perfeccionado el recurso de epígrafe. Examinado el expediente en su

totalidad, procedemos a establecer el derecho aplicable y resolver.

                                     II

A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.2 La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil3 establece los preceptos que regulan la

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes

2 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___

(2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG
Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
3 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202301130                                                                  5

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.4 En lo

pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

              El recurso de certiorari para revisar resoluciones
       u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
       obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
       el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
       sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés público o en
       cualquier otra situación en la cual esperar a la
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
       certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
       tiene que fundamentar su decisión.
              Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
       expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
       revisada en el recurso de apelación que se interponga
       contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
       sobre los errores no perjudiciales.

       32 LPRA Ap. V, R. 52.1

       La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión

justiciera.5 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto

de certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.6

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones7 orienta la función del tribunal intermedio para ejercer

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de

certiorari.8 La referida regla dispone lo siguiente:

4 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
5 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023); Mun.

Caguas v. JRO Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
6 Id.
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
8 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
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         El tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

         Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.9 Es por ello que los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.10 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1)

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.11

B. La rebeldía

9 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
10 Id.
11 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al. v. Hosp.

Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR
140, 155 (2000).
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       La Regla 45.1 de Procedimiento Civil12 dispone que cuando

una parte no contesta la demanda o no se defiende como las leyes y

reglas estipulan, el tribunal podrá anotarle la rebeldía, motu proprio

o a solicitud de parte.13 Además, también podrá utilizarse como

sanción en aquellas ocasiones en las que alguna parte en el pleito

incumpla con alguna orden del Tribunal o impida el descubrimiento

de prueba.14 En estas circunstancias, el efecto de la anotación de la

rebeldía es que se dan por ciertos los hechos que están

correctamente alegados.15 El objetivo de este mecanismo es

desalentar el uso de la dilación de los procedimientos como una

estrategia de litigación.16 Según estableció nuestro Tribunal

Supremo, esto opera como remedio coercitivo contra una parte

adversa a la cual, a pesar de habérsele concedido oportunidad para

refutar la reclamación, opta por no defenderse por su pasividad o

temeridad.17

       Ahora bien, el Tribunal Supremo ha dispuesto que nuestra

jurisprudencia es vanguardista en lo que ataña al ideal de que los

casos se ventilen en sus méritos.18 A estos efectos, la Regla 45.3 de

Procedimiento Civil19 faculta a los tribunales a dejar sin efecto una

anotación de rebeldía ante la existencia de justa causa.20 El Tribunal

Supremo ha enfatizado que esta regla debe interpretarse de manera

liberal, “resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin

12 32 LPRA Ap. V, R. 45.1.
13 González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1068 (2019); Bco. Popular v.

Andino Solís, 192 DPR 172, 179 (2015); Alamo v. Supermercado Grande, Inc., 158
DPR 93, 100 (2002).
14 Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 589 (2011).
15 32 LPRA Ap. V, R. 45.1; Bco. Popular v. Andino Solís, supra.
16 González Pagán v. Moret Guevara, supra, pág. 1069; Rivera Figueroa v. Joe´s

European Shop, supra, pág. 587.
17 González Pagán v. Moret Guevara, supra; Alamo v. Supermercado Grande, Inc.,

supra, pág. 101.
18 Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, supra, pág. 591.
19 32 LPRA Ap. V, R. 45.3.
20 Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, supra, págs. 591-592.
KLCE202301130                                                              8

efecto la anotación o la sentencia en rebeldía”.21 El dejar sin efecto

la anotación de rebeldía dependerá de la existencia de justa causa.22

         Primeramente, una parte puede fundamentar su solicitud en

el incumplimiento con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil23 por la

parte adversa en instancias tales como el emplazamiento defectuoso

al momento de la anotación o cuando la anotación obedeció un error

del tribunal.24 Cuando no sea posible utilizar la Regla 45.1 de

Procedimiento Civil25 como fundamento para el levantamiento de la

anotación de rebeldía, entonces necesitará probar una justa causa,

según requerido por la Regla 45.3 de Procedimiento Civil26. Dicha

justa     causa     podrá    ser   la    presentación     de   evidencia   de

circunstancias que a juicio del tribunal demuestren justa causa

para la dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus

méritos y que el grado de perjuicio que se puede ocasionar a la

otra parte con relación al proceso es razonablemente mínimo.27

                                        III

         La peticionaria, Junta de Directores, arguyó que el foro a quo

incidió al no levantar la anotación de rebeldía y negarse a aceptar la

contestación a la Demanda y la Demanda contra Co-Parte Kevin

Vázquez Santos. Argumentó que la comparecencia tardía se debió a

una falta de comunicación entre la administración del Condominio

Granada Park y su Junta de Directores. Por otro lado, la Junta de

Directores planteó que tiene defensas válidas que interponer al

reclamo y que el levantamiento de la anotación de rebeldía no

perjudicaría a la parte demandante. Le asiste la razón. Veamos.

         La Regla 45.3 faculta a los tribunales a dejar sin efecto una

anotación de rebeldía siempre que medie una justa causa para ello.

21 Id., pág. 592.
22 Id.
23 32 LPRA Ap. V, R. 45.1.
24 Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, supra.
25 32 LPRA Ap. V, R. 45.1.
26 32 LPRA Ap. V, R. 45.3.
27 Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, supra, pág. 593.
KLCE202301130                                                         9

Nuestra jurisprudencia favorece la ventilación de los casos en sus

méritos y reiteradamente ha enfatizado que el mecanismo provisto

por la Regla 45.3 debe interpretarse liberalmente, inclinando la

balanza a favor de que se deje sin efecto la anotación de rebeldía.

Empero, dicho mecanismo no opera en el vacío, pues, debe probarse

justa causa para ello. Además de cualquier fundamento procesal, la

jurisprudencia estableció que la justa causa puede ser evidencia de

circunstancias que a juicio del tribunal justifiquen la dilación o

prueba de una buena defensa en sus méritos y que el grado de

perjuicio que potencialmente pueda sufrir la otra parte sea

razonablemente mínimo. En el caso ante nos, la Junta de Directores

probó tener una buena defensa en sus méritos y, debido a la

temprana etapa de los procedimientos, el grado de perjuicio que

pudiera   sufrir   la   demandante,   la   Sra.   Kieny      Pérez,   es

razonablemente mínimo.

      Según surge de la Demanda, la demandante alega que la

Junta de Directores fue negligente al no remitir el pago del seguro

comunal   a   la   demandante,   en   violación   de   sus    derechos

asegurables, y que esto le causó daños y perjuicios y angustias

mentales. En cambio, la Junta de Directores levantó varias

defensas. Primero, indicó que la entidad jurídica con capacidad para

demandar y ser demandada es el Consejo de Titulares del

Condominio Granda Park. Por otro lado, y más pertinente aun,

argumentó que los pagos de indemnización del seguro comunal

luego de un siniestro son destinados para la reconstrucción del

inmueble y que estos se hacen al titular del apartamento, nunca a

un no propietario, conforme al Artículo 63 de la Ley 129-2020,

conocida como la “Ley de Condominios de Puerto Rico”. En adición,

la Junta de Directores señala que las otras causas de acción de la

Demanda son asuntos privados entre la Sra. Kieny Pérez y el Sr.
KLCE202301130                                                     10

Vázquez Santos por ser negociaciones y acuerdos privados de la cual

la Junta de Directores no participó ni intervino.

       No estamos ante una estrategia de litigio destinado a causar

dilación en los procedimientos. La Junta de Directores no descansa

en meras alegaciones ni expone aseveraciones que indiquen

desinterés o temeridad. En vez, la Junta de Directores descansa su

defensa en ley aplicable a los hechos, cuya ley no es mencionada por

la demandante, y expone argumentos que ameritan mayor

consideración y podrían evitar un fracaso en la administración de la

justicia. Evidentemente, la Junta de Directores probó que tiene una

buena defensa en sus méritos.

       Ahora bien, como corolario de la justa causa, debemos

considerar el grado de perjuicio que la demandante podría sufrir de

levantarse la anotación de rebeldía de la Junta de Directores. Según

constamos del expediente, el pleito se encuentra en la etapa inicial

del descubrimiento de prueba. A pesar de que la Demanda fue

instada en abril del año 2022, el caso fue paralizado inicialmente

por falta de pago de fianza bajo la Regla 69.5 de Procedimiento

Civil28 y luego el Tribunal de Primera Instancia tuvo a su

consideración una moción de sentencia sumaria y desestimación.

Resuelta la moción, el foro a quo tuvo a su consideración la rebeldía

del Sr. Vázquez Santos, la cual fue levantada el 14 de junio de 2023.

       Según surge de la Minuta de la vista del 20 de junio de 2023,

el primer interrogatorio cursado en el pleito fue enviada el 16 de

junio de 2023, un poco más de un mes previo a la solicitud de

levantamiento de la anotación de rebeldía.29 En otras palabras, el

descubrimiento de prueba se encuentra en sus inicios, por lo que es

una etapa propicia para el levantamiento de anotación de rebeldía,

pues, el perjuicio ocasionado a la parte demandante en dicha etapa

28 32 LPRA Ap. V, R. 69.5
29 Véase apéndice del recurso KLCE202301130, pág. 15.
KLCE202301130                                                        11

sería considerablemente poco. La concesión de este remedio

potencialmente pudiera causar cambios en el itinerario del caso y la

parte demandante posiblemente tendría que ajustar su estrategia

legal. No obstante, denegar este remedio privaría a la Junta de

Directores de su día en corte, habiendo probado una buena defensa

en sus méritos, así provocando un fracaso a la justicia. Reiteramos

que el norte de nuestro sistema jurídico es la ventilación de los

pleitos en sus méritos. Por tanto, el grado de perjuicio que se pudiese

ocasionar a la parte demandante con relación al proceso es

razonablemente mínimo.

      Por tanto, habiéndose probado una buena defensa en sus

méritos y que el grado de perjuicio que se puede ocasionar a la otra

parte con relación al proceso es razonablemente mínimo, procede

levantar la anotación de rebeldía de la Junta de Directores. En su

consecuencia, se aceptan la Contestación a Demanda y Demanda

contra Co-Parte Kevin Vázquez Santos.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, expedimos el auto de certiorari y revocamos

la Resolución Recurrida emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Bayamón. Se aceptan la Contestación a Demanda

y Demanda Contra Co-Parte Kevin Vázquez Santos y se devuelve el

caso al foro primario para la continuación de los procedimientos

conforme a lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones