Court Opinion

ID: 9952228
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:31:16.152956+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:24.390894
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

  EL PUEBLO DE PUERTO                           Certiorari
          RICO                                  procedente del
                                                Tribunal de
         Peticionario                           Primera Instancia,
                                                Sala Superior de
                                  KLCE202301431 Mayagüez
              V.
                                                      Casos Núm.:
      MARCELINO NIEVES                                I1VP202300263-
          FLORES                                      265
                                                      I1CR202300052
          Recurrido
                                                      Sobre:
                                                      Art. 284 Código
                                                      Penal y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

       La Oficina del Procurador General de Puerto Rico, en

representación          del       Pueblo       de      Puerto          Rico

(en   adelante,    Peticionario    o    Procurador)   nos   solicita   que

revisemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante TPI) el 3 de agosto de

2023, reducido a escrito el 8 de agosto y notificado el 4 de octubre

de 2023. Mediante referida decisión, el foro primario desestimó

las acusaciones presentadas contra el señor Marcelino Nieves

Flores (recurrido o acusado) al amparo de la Regla 64(n)(6) de

Procedimiento Criminal, infra.

       Por las razones que exponemos, expedimos el recurso y

revocamos la Resolución recurrida.

                                       I.

       Por eventos ocurridos el 18 de noviembre de 2022, el 1ro

de diciembre de 2022 se presentaron cargos criminales contra el

Número Identificador
SEN2024 _______
KLCE202301431                                                     2

señor Marcelino Nieves Flores, tres cargos por violación al Artículo

284   (grave)   Conspiración,   amenazas     o   atentados   contra

funcionarios del sistema de justicia o sus familiares del Código

Penal y una por violación al Artículo 246 (menos grave) sobre

Resistencia u Obstrucción a la Autoridad del mismo código. En

ese momento no se determinó causa para arresto.

      El Ministerio Público solicitó la vista de determinación de

causa para arresto en alzada, la cual quedó pautada para el 20 de

enero de 2023. Finalmente se celebró el 10 de febrero de 2023

sin la comparecencia del imputado. Allí, el magistrado determinó

causa probable en todos los cargos y fijó una fianza de $10,000.00

en los casos por el Artículo 284 del Código Penal.

      Las denuncias por violación al Artículo 284 del Código Penal,

supra, leían como sigue:

      El referido imputado MARCELINO NIEVES FLORES,
      allá en o para el día 18 de noviembre de 2022 y en
      Mayagüez, Puerto Rico que forma parte de la
      jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Mayagüez, amenazó al Agte. Aurelio Jiménez Román,
      pl. 21758, Agente de la Policía de Puerto Rico mientras
      se encontraba realizando sus funciones y en el
      ejercicio de las responsabilidades oficiales asignadas
      a su cargo. Consistente en que el imputado le indicó
      al Agte. Jiménez que iba bajar su dedo para que sus
      amigos lo mataran en el negocio mientras este se
      encontraba en un plan de trabajo. Sintiendo este
      temor por su vida y su seguridad.

      Las otras dos denuncias leían de forma similar en cuanto a

los agentes Carlos Fábregas Morales y Sigfredo Arce Izquierdo.

      El 13 de febrero de 2023 se diligenció la orden de arresto,

el imputado prestó fianza y quedó citado para el 1ro de marzo de

2023 para la celebración de la vista preliminar de conformidad a

la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 23.

      El 1 de marzo de 2023, el recurrido acudió a la vista, pero

sin representación legal, por lo que la vista quedó pautada para el

10 de abril de 2023.        Ese día, el señor Nieves Flores no
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compareció pues había sido arrestado por las autoridades

federales. Ante ello, la vista preliminar se reseñaló para el 4 de

mayo de 2023, además se le requirió al Ministerio Público hacer

las gestiones correspondientes para que el recurrido fuera llevado

al tribunal primario.

         A petición del Ministerio Público, el 13 de abril de 2023, el

TPI emitió el Auto de Habeas Corpus Ad Prosequendum.               No

obstante, el 4 de mayo de 2023, el señor Nieves Flores no fue

llevado a la vista, por lo que el Tribunal expidió Orden requiriendo

el traslado de confinado1 y reseñaló la vista para el 18 de mayo

de 2023.         Ese día, el señor Nieves Flores tampoco acudió al

tribunal. Entonces, la defensa solicitó la desestimación a tenor

con la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal por haber

transcurrido los términos para la celebración de la vista de la Regla

6 en alzada y por no haberse celebrado la Vista Preliminar en el

término reglamentario. El foro primario expidió orden requiriendo

traslado de confinado para la vista próxima vista a celebrarse el

15 de junio de 2023.2

         Entretanto, el 13 de junio de 2023 el imputado presentó por

escrito la Moción de Desestimación a tenor con la Regla 64(n)(6)

de Procedimiento Criminal por transcurrir el término para la

celebración de la Vista Preliminar. Expuso que la Vista Preliminar

fue citada en cuatro ocasiones los días: 1ro de marzo, 10 de abril,

4 de mayo y 18 de mayo de 2023 y en ninguna el señor Nieves

Flores pudo comparecer por razones no atribuibles a él.

         Llegado el 15 de junio de 2023, el señor Nieves Flores,

tampoco fue llevado a la audiencia.       El TPI expidió otra Orden

requiriendo el traslado del confinado.

1
    Resolución, apéndice pág. 34.
2
    Resolución, apéndice pág. 35.
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      Así las cosas, el 30 de junio de 2023, el Ministerio Público

presentó una Contestación a Moción de Desestimación.             En

síntesis, esbozó que fue diligente en presentar el correspondiente

Detainer y el Habeas Corpus Ad Prosequendum y que los

alguaciles diligenciaron las órdenes del tribunal. Expuso que, de

haber existido una demora, no fue intencional y existe justa

causa. Además, indicó que tampoco se le ha causado un perjuicio

al acusado. Por ello, aludió que el remedio solicitado por el señor

Nieves Flores no procedía.

      Para el 6 de julio de 2023 se pautó la vista preliminar y

el señor Nieves Flores tampoco acudió, por lo que el TPI expidió

otra Orden requiriendo el traslado del confinado.

      Así las cosas, el 3 de agosto de 2023 se celebró la vista

preliminar y evidenciaria. En esta ocasión el señor Nieves Flores

compareció. En la audiencia, el Ministerio Público explicó que el

agente Fábregas Morales no acudió por razones de salud.          En

cuanto al agente Jiménez Román, el Ministerio Fiscal desconocía

las razones para su ausencia.      Luego de que ambas partes

argumentaran la solicitud de desestimación, y tras el testimonio

del señor Nieves Flores en cuanto al perjuicio causado, el foro

primario   decretó   desestimar   bajo   la   Regla   64(n)(6)   de

Procedimiento Criminal por haberse vulnerado el derecho del

acusado a un juicio rápido.

      En la Resolución emitida el 3 de agosto, reducida a escrito

el 8 de agosto de 2023, el foro primario explicó que no existía

justa causa para la demora en la atención de la Vista Preliminar

en su fondo dentro de los parámetros de razonabilidad. El foro
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de instancia incluyó una tabla con el tracto procesal y un resumen

de lo ocurrido en cada fecha.

       Explicó el TPI que desde que el acusado fue ingresado en la

cárcel federal, un total de cinco (5) ocasiones no fue producido,

físicamente ni por videoconferencia, para los actos que se

celebraron en la esfera estatal.     Agregó el foro de instancia lo

siguiente:

       En el presente caso la institución carcelaria federal,
       en reiteradas ocasiones ha hecho caso omiso a las
       órdenes emitidas por el Tribunal sin mostrar justa
       causa para ello. Ante lo cual, después de excedido el
       término dispuesto por las Reglas de Procedimiento
       Criminal para la celebración de la Vista Preliminar, el
       Tribunal no puede seguir tomando como justa causa
       de forma indefinida lo concerniente a que el imputado
       no fue trasladado sin que se mostrase razón válida
       para ello. Sumado al hecho que, en el último
       señalamiento, aunque fue por primera vez producido
       el imputado, el Ministerio Público no se encontraba
       preparado para la celebración de la vista. Debido a la
       incomparecencia de dos testigos esenciales, uno de
       los cuales ni siquiera mostró causa por su
       incomparecencia, habiendo quedado debidamente
       citado en corte abierta en la vista anterior. A su vez,
       destacamos que es necesario salvaguardar el debido
       proceso de ley que asiste al acusado consagrado en
       nuestra Constitución.

       Inconforme con esta determinación, el Estado, a través de

la   Oficina   del   Procurador   acudió   ante   nos   mediante   el

presente recurso de Certiorari, en el cual señala, que erró el

Tribunal de Primera Instancia al:

       Desestimar las denuncias en virtud de la Regla
       64(n)(6) de Procedimiento Criminal, sin realizar un
       balance razonable de los criterios conforme lo dispone
       la propia Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, y sin
       establecer que hubo justa causa para la dilación de los
       términos de juicio rápido, ignorando lo resuelto en
       Smith v. Hooey, supra y Dickey v. Florida, supra, pues
       el Ministerio Público realizó gestiones continuas para
       procurar la comparecencia del recurrido, quien se
       encuentra sumariado por delitos cometidos a nivel
       federal. Además, que justificó la primera ausencia de
       uno de los testigos perjudicados (razón médica) y
       señaló que estaba preparado para iniciar la vista
       preliminar con la prueba disponible.
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      El recurrido presentó su posición.        Con el beneficio de

ambas comparecencias y luego de escuchar la regrabación de la

vista evidenciaria celebrada el 3 de agosto de 2023, disponemos.

                                 II.

                                 A.

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario

por el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía

que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior.

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). A diferencia del

recurso de apelación, el tribunal superior puede expedir el auto

de   certiorari   de   manera   discrecional.    Pueblo   v.   Rivera

Montalvo, supra; Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918

(2009). Sin embargo, esa discreción no es irrestricta. Pueblo v.

Rivera Montalvo, supra. Así, se ha reiterado que los jueces, "so

pretexto de ejercer su discreción, no puede[n] olvidarse de, ni

relegar a un segundo plano, los mandatos y dictados de nuestra

Constitución y los de las leyes, pertinentes a la cuestión en

controversia". Pueblo v. Rivera Montalvo, supra; Negrón v. Srio.

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001), citando a Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990).

      El Tribunal Supremo ha indicado que la discreción significa

tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para

escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García v. Padró, 165 DPR

324, 334 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, supra, pág. 211. El

adecuado ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo
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v. Ortega Santiago, supra, pág. 211. Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales

de un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas

por   este   último   sean   arbitrarias   o   en   abuso   de   su

discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G.

Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso,

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto
      de certiorari, o de una orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida a diferencia de sus fundamentos son
      contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
      y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más
      elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
      el caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.
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      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

                                 B.

      En los casos en que recaiga una determinación de causa

probable para arresto por la comisión de un delito grave según la

Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 6, procederá la

celebración   de   una   vista   preliminar.   Pueblo   v.   Martínez

Hernández, 208 DPR 872, 880-881 (2022).

      En cuanto al juicio rápido, la Sexta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos, así como el Art. II, Sec. 11 de la

Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, reconocen que todo

acusado tiene el derecho a un juicio rápido. Este derecho está

anclado en vindicar el derecho constitucional del acusado y el

derecho a la sociedad a que se juzgue sin dilación alguna a los

que infringen la ley. Pueblo v. Martínez Hernández, supra, pág.

882; Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 DPR 497, 502 (2010).

      El derecho a juicio rápido abarca desde la imputación inicial

del delito hasta el juicio en su fondo. Pueblo v. Martínez

Hernández, supra, pág. 882; Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165,

169 (1974). En miras de viabilizar esta norma constitucional, la

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, instrumenta los

términos que deben transcurrir en las distintas etapas del proceso

penal contra la persona imputada. Pueblo v. Martínez Hernández,

supra.

      En especial, la Regla 64, 34 LPRA Ap. II. R. 64, indica:

      La moción para desestimar la acusación o denuncia, o
      cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en
      uno o más de los siguientes fundamentos:
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      (n) Que existen una o varias de las siguientes
      circunstancias, a no ser que se demuestre justa
      causa para la demora o a menos que la demora para
      someter el caso a juicio se deba a la solicitud del
      acusado o a su consentimiento:
      [………]

      (5) Que la persona estuvo detenida en la cárcel por
      un total de treinta (30) días después de su arresto sin
      que se le hubiere celebrado la vista preliminar en los
      casos en que deba celebrarse.

      (6) Que no se celebró vista preliminar a la persona
      dentro de los sesenta (60) días de su arresto en los
      casos en que deba celebrarse. (Énfasis nuestro).

      Así pues, los términos de juicio rápido no son fatales, por lo

cual pueden extenderse ya sea por justa causa, por demora

atribuible al acusado o si el imputado consiente a ello. Pueblo v.

Martínez Hernández, supra, pág. 883, véase Regla 64(n) de

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633,

641 (2003).

      Ahora bien, agrega la citada Regla 64 (n) lo siguiente:

      Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una
      acusación o denuncia, bajo este inciso, sin antes
      celebrar una vista evidenciaria. En la vista, las partes
      podrán presentar prueba y el tribunal considerará los
      siguientes aspectos:
      (1) Duración de la demora;
      (2) razones para la demora;
      (3) si la demora fue provocada por el acusado o
      expresamente consentida por éste;
      (4) si el Ministerio Público demostró la existencia de
      justa causa para la demora, y
      (5) Los perjuicios que la demora haya podido causar.

      Una vez celebrada la vista, el magistrado consignará
      por escrito los fundamentos de su determinación, de
      forma tal que las partes tengan la oportunidad
      efectiva y objetiva de evaluar, si así lo solicitan, la
      reconsideración o revisión de dicha determinación.

      Ninguno de los mencionados criterios es determinante en la

adjudicación del reclamo del acusado; más bien, el valor que se

le confiera a cada uno de ellos va a depender de las circunstancias

relevantes que el tribunal tiene ante sí. Pueblo v. García Colón I,
KLCE202301431                                                    10

182 DPR 129 (2011); Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781, 792

(2001). Para que el motivo de una demora constituya justa causa,

debe     estar    enmarcado      dentro    de     parámetros     de

razonabilidad. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 791; Pueblo v.

Rivera Colón, 119 DPR 315 (1987).

       Al referirse al asunto de la tardanza, el Tribunal Supremo ha

expresado que la dilación, es decir, la mera inobservancia del

término --sin más-- no necesariamente constituye una violación

al derecho a juicio rápido, ni conlleva la desestimación de la

denuncia o la acusación. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793.

       Por otro lado, al abordar el aspecto de las razones que

provocan la inobservancia de los términos de juicio rápido, se han

establecido ciertas diferencias en cuanto al rigor con el cual éstas

deben       ser    evaluadas. Íd.         Así,     por     ejemplo,

las demoras institucionales, que, de ordinario, son imputables al

“Estado” y las cuales no tienen de forma alguna el propósito de

perjudicar a la persona imputada o acusada, serán tratadas

con menos rigurosidad que las intencionales, cuyo fin es

entorpecer la defensa del imputado. Pueblo v. Valdés et al., supra,

pág. 793; Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986). (Énfasis

nuestro).   Ello, no obstante, el hecho de que las demoras no

intencionales merezcan un trato más laxo, no supone que las

mismas, ausentes otras circunstancias, justifican la inobservancia

de los términos de juicio rápido. Pueblo v. García Vega, 186 DPR

592, 612 (2012); Pueblo v. Valdés et. al, supra, pág. 794. Para

ello, el estado debe realizar esfuerzos razonables de buena fe para

trasladar al acusado. Véase Dickey v. Florida, 398 US 30, 90 S.Ct.

1564, 26 L.Ed.2d 26 (1970), citando a Smith v. Hooey, 393 US

374, 89 S.Ct. 575, 21 L.Ed.2d 607 (1969). (“State had a duty to
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make a diligent and good-faith effort to secure the presence of the

accused from the custodial jurisdiction and afford him a trial.”)

      De otro lado, se ha reconocido que la enfermedad de un

testigo esencial se considera justa causa para la suspensión de un

juicio. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 144 (2011); Pueblo

v. Irlanda, 45 DPR 586, 588-589 (1933); Pueblo v. Ibern, 31 DPR

917, 921 (1923).        En esa línea se ha indicado que el

quebrantamiento de salud de un testigo esencial o de un

funcionario público involucrado en el procesamiento criminal, es

una causa de fuerza mayor que no puede ser controlada por el

Estado. Pueblo v. García Colón I, supra.

      Recapitulamos que, una vez el imputado de delito reclama

oportunamente una violación a los términos estatuidos en la Regla

64(n) de Procedimiento Criminal, el Ministerio Público tiene el

peso de demostrar la justa causa para la dilación. Pueblo v. García

Vega, supra; Pueblo v. Valdés Medina, supra. En cambio, es el

acusado quien tiene que probar el perjuicio que resulta de la

tardanza. Al hacerlo, no tiene que demostrar un estado de

indefensión, sino el perjuicio sufrido en específico. Pueblo v.

García Vega, supra. No puede ser abstracto ni puede apelar a un

simple cómputo de rigor matemático. Tiene que ser real y

sustancial. Pueblo v. García Vega, supra, pág. 612, citando a

Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 438.

      Por la naturaleza variable y flexible del derecho a juicio

rápido, la determinación de qué constituye justa causa bajo la

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, debe realizarse

caso a caso y a la luz de la totalidad de las circunstancias. Pueblo

v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 583 (2015). Una vez el Tribunal

de Primera Instancia determine que no hubo justa causa,
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procederá la desestimación del proceso penal. Pueblo v. Martínez

Hernández, supra, pág. 883.

                                   III.

      El Procurador General sostuvo que el foro primario erró al

determinar que el Estado tenía que justificar las razones por las

cuales las autoridades federales no trasladaron al recurrido, quien

estaba sumariado en el centro federal. Indicó que el Ministerio

Público actuó de buena fe y diligentemente para conseguir que el

señor Nieves Flores fuera producido a tiempo.             Señaló que las

autoridades locales no pueden ejercer poder sobre las federales.3

Agregó que el 3 de agosto de 2023 el recurrido fue producido por

las autoridades federales, pero dos testigos perjudicados no se

encontraban en sala, uno de ellos por razones de salud.             Indicó

que contaba con la mitad de la prueba y podía comenzar la vista

preliminar. De otro lado, mencionó que la defensa del recurrido

no demostró cual fue el perjuicio que ocasionó la presunta demora

en que se celebrara la vista preliminar.

      El recurrido, por su parte, alegó que la demora en celebrar

la vista preliminar tampoco le es atribuible. Agregó que invocó

oportunamente su derecho a juicio rápido. Sostuvo que existían

otros mecanismos para la comparecencia del acusado, adicionales

al Detainer y al Habeas Corpus ad Prosequendum, como lo sería

la videoconferencia. Expuso que el día de la vista evidenciaria uno

de los perjudicados no compareció ni se excusó. Indicó que el TPI

concluyó que el Ministerio Público no estaba preparado para la

vista preliminar, hecho que no fue refutado por fiscalía. Reiteró

que la decisión del TPI fue la correcta en derecho. Evaluamos.

3
 Citando a Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003,1011 (2017); Puerto Rico v.
Sánchez Valle, 579 US 59, 73 (2016).
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        De los hechos que informa esta causa surge que 13 de

febrero de 2023 se diligenció la orden de arresto contra el señor

Nieves Flores. Este prestó fianza y quedó citado para el 1ro de

marzo de 2023 para la celebración de la vista preliminar de

conformidad a la Regla 23 de Procedimiento Criminal.        Ese día el

imputado compareció a la vista sin representación legal.

        Así las cosas, el foro primario pautó la vista preliminar para

el 10 de abril de 2023. Llegado el día, el imputado no compareció

por estar sumariado en el Metropolitan Detention Center en

Guaynabo. Ante ello, a petición del Ministerio Fiscal, el 13 de abril

de 2023 el Tribunal emitió una orden de Auto de Habeas Corpus

Ad Prosequendum, dirigida al Secretario de Justicia de los EEUU;

al Alguacil Federal para el Distrito de Puerto Rico; Alcaide de la

Institución Federal “Metropolitan Detention Center” Guaynabo y

cualquier agente estatal o federal o alguacil estatal o federal. Esa

orden se emitió con el fin de que el acusado fuese llevado al

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez a la vista del 4

de mayo de 2023 y en fechas subsiguientes que señale referido

foro.

        A la vista del 4 de mayo el acusado no compareció, a pesar

de que el foro primario había emitido una orden a la entidad

federal para que lo trasladaran a la vista. A las vistas señaladas

para los días 18 de mayo, el 15 de junio y el 6 de julio de 2023 el

imputado tampoco fue trasladado de la entidad federal a la

estatal.

        Finalmente, el 3 de agosto de 2023 el acusado compareció

a la vista preliminar y evidenciaria. La vista evidenciaria se llevó

a cabo.     Los procesos en cuanto al a vista preliminar no se

pudieron iniciar por la ausencia de un testigo perjudicado. En este

punto, el Tribunal le preguntó al Ministerio Público si estaba listo
KLCE202301431                                                            14

para la vista preliminar y el fiscal indicó que tenía la mitad de la

prueba, pero no podía terminar la vista preliminar.4 Acto seguido,

el imputado testificó sobre su alegado perjuicio de que el caso no

fuese atendido a tiempo.

      El foro primario decretó desestimar los cargos por violación

al juicio rápido. Para arribar a esta determinación indicó que, “la

institución carcelaria federal, en reiteradas ocasiones ha hecho

caso omiso a las órdenes emitidas por el Tribunal sin mostrar justa

causa para ello.”5       Agregó que “el Tribunal no puede seguir

tomando como justa causa de forma indefinida lo concerniente a

que el imputado no fue trasladado sin que se mostrase razón

válida para ello.” A esto, el Tribunal añadió que el día de la vista

uno de los testigos no compareció, a pesar de que estaba citado.

      Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el

expediente, la regrabación de la vista, a la luz de las normas

jurídicas reseñadas, debemos revocar la resolución recurrida.

      Justipreciamos que el motivo de la demora no ocurrió por

actos atribuibles al Estado, sino porque el acusado se encontraba

detenido en la institución federal en Guaynabo. Ante ello, el

Estado procuró la comparecencia oportuna del imputado, al

obtener las órdenes para que el ente federal lo llevara a las vistas

pautadas. De esta forma el Estado realizó esfuerzos razonables

de buena fe para lograr que el acusado estuviera presente en las

vistas.     No obstante, una vez diligenciadas las órdenes, le

correspondía al ente federal trasladar al acusado al foro primario,

pero ello no sucedió. En este punto, el tribunal reconoció en la

Resolución que revisamos, que la institución federal hizo caso

omiso a las órdenes del tribunal, sin mostrar justa causa.

4
  Regrabación de la vista evidenciaria de 3 de agosto de 2023, minuto 25:00
en adelante.
5
  Apéndice pág. 35.
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         De manera que, es forzoso concluir que la incomparecencia

del acusado no fue causada por algún acto intencional del Estado,

sino porque el custodio del señor Nieves Flores, quien era el ente

federal, no lo trasladó a las vistas.       Así pues, es evidente que la

demora no fue atribuible al Estado y este demostró justa causa

para la dilación del proceso. Ante ello, debió tratarse con menos

rigurosidad el asunto del juicio rápido, según lo establecido en

nuestro ordenamiento jurídico.

         En cuanto a la incomparecencia de dos testigos esenciales

al último señalamiento, cuando por primera vez fue producido el

acusado, uno de ellos tenía un asunto médico6.             Esto también

constituye justa causa para la suspensión de un juicio. Según

reseñamos, el quebrantamiento de salud es un evento de fuerza

mayor que no puede ser controlada por el Estado. Véase Pueblo

v. García Colón I, supra.

         En estas circunstancias, decretamos la existencia de

razones válidas y razonables para la demora en la atención de la

vista preliminar.        Esto es, quedó debidamente justificado la

extensión de los términos de juicio rápido.           Por ello, procede

revocar la Resolución aquí recurrida.

                                      IV.

         Por las razones antes expresadas, decretamos expedir el

auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida.

         Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

6
    Véase Resolución, apéndice pág. 31.