Court Opinion

ID: 9394849
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:15:38.723915+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.034890
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

       EL PUEBLO                                    Certiorari procedente del
           DE                                       Tribunal de Primera
      PUERTO RICO                                   Instancia, Sala Superior
                                                    de Fajardo
       RECURRIDO
                                              Criminal Número:
                                              NSCR200300943
                                              NSCR200300944
             V.                 KLCE202300345 NSCR200300945
                                              NSCR200300946
                                              NSCR200300953
                                              (SALÓN 308)
    JAIME HERNÁNDEZ
         MÉNDEZ                               Sobre: Artículo 83 C.P.
                                              (1974) Asesinato en
     PETICIONARIO                             Primer Grado y otros
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores1, el Juez Rivera
Torres y el Juez Salgado Schwarz

Ortiz Flores, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

       Comparece ante nosotros el señor Jaime Hernández Méndez (Sr.

Hernández; peticionario) mediante el presente recurso de certiorari y nos

solicita que revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI), el 13 de febrero de 2023,

notificada el 22 de febrero del mismo año.

       Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a

continuación denegamos expedir el auto de certiorari.

                                        I

       Previo a los hechos que dan lugar al presente recurso, el Sr.

Hernández había presentado un recurso de apelación de la sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia cuando fue hallado culpable

por los delitos de Asesinato,2 Tentativa de Asesinato,3 Portación y Uso de

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-056 de 29 de marzo de 2023 se designa a
la Hon. Laura I. Ortiz Flores en sustitución del Hon. Roberto Sánchez Ramos para
entender y votar.
2 Artículo 83 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4202.
3 Id.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300345                                                                        2

Armas de Fuego Sin Licencia,4 y Disparar o Apuntar o Armas.5 En dicha

ocasión, un panel hermano confirmó las sentencias dictadas por el foro

primario.6 Posteriormente, el peticionario acudió al TPI mediante una

“solicitud de nulidad de sentencia al amparo de la Regla 192.1 de las de

Procedimiento Criminal.”7 Lo anterior, ya que –según sus alegaciones– en

la etapa apelativa, el Tribunal de Apelaciones no tuvo ante sí todos los

autos originales del caso.8 Dicha solicitud fue declarada No Ha Lugar por

el foro primario, por lo que el peticionario acudió ante este Tribunal el 24 de

marzo de 2023, mediante un recurso de certiorari. En dicha ocasión,

procedimos a denegar expedir el auto de certiorari.9

       Posteriormente, el 8 de febrero de 2023, el Sr. Hernández radicó una

moción titulada Informativa Pertinente y en Solicitud ante el TPI, en la cual

requirió al foro primario que le permitiera “acceso al registro (libro) que

vienen obligados a llevar los secretarios de la fecha que se celebró la Regla

6, determinación de causa probable y en la fecha en que se celebró la vista

preliminar[,] previo coordinación de fechas.”10 Dicha solicitud fue declarada

No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia, mediante Orden emitida

el 13 de febrero de 2023, notificada el 22 de febrero del mismo año.

Particularmente, el Tribunal notificó lo siguiente: “A lo solicitado en el inciso

4 de la moción presentada el 8 de febrero de 2023. No Ha Lugar.”

       De esta determinación, el Sr. Hernández presentó Reconsideración,

la cual fue declarada No Ha Lugar por el foro primario. Inconforme, el

peticionario acude ante nosotros y nos señala lo siguiente:

       Cometió error el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       denegar acceso a información relacionada con la acción
       penal que se siguió contra él en violación al estado de
       derecho vigente.

4 Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley Núm. 404-2000), Ley Núm. 404-
2000, 25 LPRA sec. 458c (derogada).
5 Artículo 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458n (derogada).
6 Tomamos conocimiento judicial de la sentencia emitida en el recurso KLAN0500233, por

virtud de la facultad que nos concede la Regla 202 de las Reglas de Evidencia de Puerto
Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 202.
7 Petición de Certiorari Criminal, pág. 2.
8 Id.
9 Tomamos conocimiento judicial de la sentencia emitida en el recurso KLCE202300306,

por virtud de la facultad que nos concede la Regla 202 de las Reglas de Evidencia de
Puerto Rico, supra.
10 Apéndice del recurso, pág. 31.
KLCE202300345                                                             3

      Para una mejor disposición del caso, el pasado 12 de abril de 2023

emitimos Resolución para ordenar al TPI que fundamentara su decisión.

Con el beneficio de la Resolución Enmendada del foro primario,

debidamente fundamentada, resolvemos a continuación.

                                     II

      El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que permite

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal

inferior. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009). Para

determinar si procede la expedición de un auto de certiorari, la Regla 40

del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone

que debemos considerar los siguientes criterios:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la

decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y

no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008), que

cita a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). Asimismo, se ha

resuelto que “los tribunales apelativos no debemos intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre
KLCE202300345                                                                 4

que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o

parcialidad.” Pueblo v. Soto Molina, 191 DPR 209, 227 (2014), que cita a:

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v.

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                      III

       En el presente recurso, se recurre de una Resolución del Tribunal

de Primera Instancia que denegó la solicitud del peticionario de acceso al

registro, o libro que están obligados a llevar los secretarios del tribunal. En

específico, en su escrito de certiorari, el Sr. Hernández nos señala que

incidió el foro primario al no permitirle acceso a la información solicitada, la

cual está relacionada con su caso, por lo cual solicita que le permita

acceder a los registros de Secretaría. Mediante Resolución emitida el 12

de abril de 2023 solicitamos al foro primario que emitiera una Resolución

Enmendada, en la cual fundamentara su determinación. Recibida y

evaluada la misma, estamos en posición de resolver.

       Al atender una petición de certiorari en casos como el de autos, nos

corresponde analizar, si bajo la discreción concedida a este tribunal revisor

bajo la Regla 40, debemos o no expedir el auto de certiorari. Evaluada la

resolución recurrida, resolvemos que no se cumple ninguno de los criterios

previamente citados. Asimismo, luego de analizar el expediente ante

nuestra consideración, somos del criterio que el peticionario no demostró

que el TPI haya incurrido en un abuso de discreción que amerite nuestra

intervención. Tampoco vemos error en la aplicación del Derecho, ni que el

foro primario haya actuado con pasión, perjuicio o parcialidad. En su

Resolución Enmendada, el TPI fundamentó su determinación en que no

puede concedérsele a acceso al Sr. Hernández “a documentos no públicos

privilegiados como lo [es,] el registro (libro) de las fechas en que se celebró

la Regla 6 [y] las fechas en las que se celebró la Vista Preliminar.”11

11 Véase, Resolución Enmendada, Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Fajardo.
KLCE202300345                                                                5

       Por todo lo anterior, en ausencia de alguno de los criterios

contemplados en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, no se

justifica nuestra intervención, por lo que denegamos expedir el auto

solicitado.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el auto de

certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones