Court Opinion

ID: 9962640
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:37:37.596928+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:14.888270
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL XI

    EDWIN TORRES VEGA                                Certiorari procedente
                                                        del Tribunal de
              Recurrida                               Primera Instancia,
                                       KLCE202400110   Sala Superior de
                                                          Mayagüez
                   v.                    Consolidado
                                                        Civil Número:
                                       KLCE202400165  MZ2020CV00570
      HOSPITAL DE LA                                      Salón: 307
     CONCEPCIÓN, ET AL.
                                                                    Sobre:
             Peticionaria                                      Impericia Médica

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

        Comparecen el Dr. Ricardo Fontanet Sánchez y Puerto Rico

Medical Defense Insurance Company y el Hospital de La Concepción,

Inc. (conjuntamente “peticionarios”) vía certiorari y nos solicitan que

revoquemos la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Mayagüez, emitida el 9 de enero de 2024. Mediante dicho

dictamen, el foro primario declaró sin lugar las solicitudes de sentencia

sumaria de los peticionarios. Por los fundamentos que expresamos a

continuación, denegamos el auto de certiorari solicitado.

        En síntesis, el caso de epígrafe trata de una demanda por

impericia médica presentada por el señor Edwin Torres Vega (señor

Torres Vega o recurrido). Luego de un accidente automovilístico

ocurrido en 2018, el señor Torres Vega fue transportado al Centro de

Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Guánica, donde ocurrió una

Número Identificador

RES2024 _______________
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conversación telefónica entre un médico del CDT y el Dr. Fontanet

Sánchez, un cirujano ortopeda con una práctica privada que goza de

privilegios en el Hospital de La Concepción. Supuestamente, el médico

del CDT mencionó que el paciente consentía a que lo trasladaran al

Hospital para ser atendido por el Dr. Fontanet Sánchez. Al llegar al

Hospital, el Dr. Fontanet Sánchez le indicó al señor Torres Vega la

necesidad de hacer una intervención quirúrgica. Por la alegada

incapacitación del señor Torres Vega, la hermana de este, la señora

Evette M. Torres Vega, firmó el formulario de consentimiento, sin antes

leer el mismo.

      Poco después, se le realizó al señor Torres Vega un

procedimiento quirúrgico que involucró una reducción abierta con

fijación interna de la fractura de la patela y la remoción de fragmentos

intraarticulares. Sin embargo, no se le administró anticoagulantes u otro

tratamiento preventivo de embolismos antes o después de la cirugía ni

en las citas de seguimiento con el Dr. Fontanet Sánchez, quien sólo

ordenó terapias con una fisiatra. En el día de una de las mencionadas

citas, el señor Torres Vega se desmayó en el vestíbulo del Hospital,

cayendo al suelo y perdiendo el conocimiento. Después de hacerse unos

estudios, el Hospital encontró que el señor Torres Vega tenía una

embolia pulmonar bilateral, por la cual tuvo que ser hospitalizado.

      Luego de los hechos descritos, el señor Torres Vega presenta una

demanda contra el Dr. Fontanet Sánchez y el Hospital, entre otros, por

impericia médica, alegando que el Dr. Fontanet Sánchez no tomó las

medidas    reconocidas    y   necesarias    para   la   prevención    de

tromboembolismos y que el Hospital no cuidó adecuadamente del

recurrido posterior a su caída. Oportunamente, los peticionarios
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contestaron separadamente la demanda y las partes comenzaron sus

respectivos descubrimientos de prueba, cual incluyó la deposición de

un perito ortopeda que explicó la necesidad de administrar

anticoagulantes cuando haya fracturas en las extremidades inferiores,

aunque no exista conceso sobre esto en la comunidad científica. Para el

27 de abril de 2023, el señor Torres Vega le requirió al Dr. Fontanet

Sánchez producir documentos sobre su participación en la facultad

académica (teaching staff) del Hospital, los cuales no han sido

presentados.

      Eventualmente, los peticionarios solicitaron sentencia sumaria

de manera separada, a la cual el foro primario declaró sin lugar por

todavía existir controversia sobre el manejo del Hospital al darle de alta

al señor Torres Vega y si existe necesidad de prescribir medicamentos

anticoagulantes ante situaciones médicas como la del recurrido.

Insatisfechos, los peticionarios, de manera separada, recurrieron ante el

foro apelativo, argumentando en resumidas cuentas que el Tribunal de

Primera Instancia erró al: (1) ignorar hechos esenciales probados sobre

los cuales no hay controversia; (2) utilizar como criterio para resolver

la solicitud el que las alegaciones de las partes surge la existencia de

controversias; (3) no determinar que el Hospital no debe ser una parte

demandada, ya que el Dr. Fontanet Sánchez tiene una práctica privada;

y (4) omitir los hechos específicos incontrovertidos de su Resolución.

      En respuesta a los recursos de certiorari, el señor Torres Vega

alega que todavía existe controversia sobre: (1) el contenido de la

llamada telefónica entre el médico del CDT de Guánica y el Dr.

Fontanet Sánchez y las circunstancias de la transferencia del señor

Torres Vega al Hospital; (2) la falta de consentimiento informado del
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señor Torres Vega; (3) las órdenes médicas impartidas para el cuidado

del paciente fuera del Hospital; y (4) la relación profesional entre el Dr.

Fontanet Sánchez y el Hospital.

      Vale recordar que el auto de certiorari es el vehículo procesal,

discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor

jerarquía   puede    rectificar   errores   jurídicos.   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V); Regla 40 del Tribunal

de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). Conforme a la referida Regla

52.1, los criterios que permiten la expedición de un certiorari consisten

en revisar una orden de carácter dispositivo o resolución según las

Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil. Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Por lo tanto, la función del Tribunal Apelativo frente a la

revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la

actuación del foro primario y predicar su intervención en si la misma

constituyó un abuso de discreción; en ausencia de evidencia suficiente

de tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde

intervenir con las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Job

Connection Center, Inc. v. Supermercados Econo, Inc., 185 DPR 585

(2012) (citando a Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR

170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986)).

      Por su parte, el mecanismo procesal de la sentencia sumaria se

rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil y tiene como finalidad la

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan

controversias genuinas de hechos materiales. Véase Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186

DPR 113 (2012). Así, la Regla 36.2 permite que cualquiera de las partes
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pueda solicitar que se dicte sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre

cualquier parte de una reclamación. Regla 36.2 de Procedimiento Civil,

supra. Véase, también, Torres Pagán v. Municipio Autónomo de Ponce,

191 DPR 583 (2014). A su vez, se ha establecido que su peticionario

debe establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe

controversia sustancial sobre algún hecho material, es decir, suficiente

para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. Regla 36.1 de

Procedimiento Civil, supra. Véase también, Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200 (2010).

      En cuanto al estándar de revisión aplicable, el Tribunal de

Apelaciones utilizará los mismos criterios que el foro de primera

instancia al determinar la correspondencia de la sentencia sumaria,

aunque limitado a considerar aquellos documentos presentados en el

foro primario y obligado a cumplir con la Regla 36.4 de Procedimiento

Civil. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Debemos, por tanto,

examinar de novo el expediente y verificar que tanto la moción de

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de

forma; luego, revisar si en realidad existen hechos materiales en

controversia y, de encontrar que los hechos materiales realmente están

incontrovertidos, revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia

aplicó correctamente el derecho. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100 (2015).

      Ahora bien, la solicitud de sentencia sumaria, al igual que su

oposición, debe incluir una relación concisa y organizada, y en párrafos

enumerados, de todos los hechos esenciales sobre los cuales hay o no

hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas

de la prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos.
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Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. De no cumplirse con los

requisitos de forma, el foro primario no estará obligado a considerar

aquellos hechos que no han sido específicamente enumerados y que no

tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las declaraciones

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. Íd.

Véase, también, Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc.,

189 DPR 414 (2013). Incluso, el foro primario no podrá considerar

como prueba meras alegaciones y teorías. Pereira Suárez v. Jta. de

Directores, 182 DPR 485 (2011) (citando a Alberty v. Bco. Gub. de

Fomento, 149 DPR 655, 671 (1999); Pueblo v. Amparo, 146 DPR 467,

478 (1998); Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497

(1994); Ramos, Escobales v. García González, 134 DPR 969 (1993);

Defendini Collazo et al. v. ELA, Cotto, 134 DPR 28 (1993)).

      En cuanto a la impericia médica, el Tribunal Supremo ha dejado

claro que el médico tiene una amplia discreción profesional en su

trabajo y no se le imputa responsabilidad cuando se enfrenta a una

situación en la cual cabe la duda educada y razonable sobre cuál es el

curso médico para seguir. Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540

(1994) (citando a Cruz Rodríguez v. Centro Médico, 113 DPR 719, 732

(1983); Oliveros v. Abréu, 101 DPR 209, 228 (1973)). De hecho, se le

ha reconocido al médico una presunción de haber ejercido un grado

razonable de cuidado y de haber ofrecido un tratamiento adecuado.

Arrieta v. de la Vega, 165 DPR 538 (2005) (citando a Rodríguez Crespo

v. Hernández, 121 DPR 639 (1988)). No obstante, el criterio de

razonabilidad supone que el médico efectúe todos los exámenes

necesarios para llegar a un diagnóstico correcto. Íd. (citando a Morales

v. Hospital Matilde Brenes, 102 DPR 188 (1974)). Por lo tanto, para
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rebatir las referidas presunciones, el demandante debe demostrar (1)

cuáles son las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico

aplicables a los generalistas o a los especialistas; (2) que el demandado

incumplió con estas normas en el tratamiento del paciente; y (3) que

esto fue la causa de la lesión sufrida por el paciente. Íd. (citando a

Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 385 (1988)). Véase, también,

Art. 1802 del Código Civil de 1930 (31 LPRA sec. 5141).1

        De otra parte, el Tribunal Supremo ha resuelto que los hospitales

responden vicariamente por los médicos que son sus empleados o son

parte de su facultad y están disponibles para consultas con otros

médicos, y responden conjuntamente cuando los concesionarios de

franquicias exclusivas para prestar servicios en el hospital cometan

actos de impericia médica. Fonseca v. Hospital HIMA, 184 DPR 281

(2012) (citando a Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR

484, 515-516 (2009); Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR 397,

407 (1985); Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 606 (1984)). Igualmente,

los hospitales responden por los daños ocasionados al no tener

disponible el equipo básico necesario y modernos para atender aquellas

situaciones previsibles, o cuando tengan políticas institucionales que

obstaculicen el cuidado de los pacientes. Íd. (citando a Núñez v.

Cintrón, supra; Blas Toledo v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 323-

327 (1998); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721 (1984)).

        Como corolario de lo anterior, los hospitales responden por

aquellos médicos con prácticas privadas que gozan de privilegios en la

institución. Cruz Flores v. Hosp. Ryder Mem’l Inc., 210 DPR 465

1
  Por razón de los hechos haber ocurrido en el 2018, se utilizará el Código Civil del 1930 para
fundamentar nuestros criterios. Véase Art. 1815 del Código Civil de 2020 (31 LPRA sec. 11720).
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(2022) (citando a Fonseca v. Hosp. HIMA, supra, pág. 289; Márquez

Vega v. Martínez Rosado, supra). Sin embargo, los hospitales solo

responden por su propia negligencia si el perjudicado es un paciente

privado del médico con privilegios. Íd. En vista de ello, los hospitales

son responsables si incumplen con la obligación continua de velar por

la salud de los pacientes y garantizar su seguridad y bienestar mientras

estén en la institución. Íd. (citando a Márquez Vega v. Martínez Rosado,

supra, pág. 409).

      De conformidad con los hechos del presente caso, no advertimos

errores del Tribunal de Primera Instancia al denegar las solicitudes de

sentencia sumaria. Según el expediente, existe controversia sobre lo

acontecido en la conversación entre el Dr. Fontanet Sánchez y el

médico del CDT de Guánica, en lo relativo al consentimiento del

recurrido a ser atendido por el Dr. Fontanet Sánchez en el Hospital.

Tampoco en esta etapa es un hecho incontrovertido lo atinente a la

relación entre el Dr. Fontanet Sánchez y el Hospital, o la participación

de este en el teaching staff de la institución.

      Además, la deposición del perito deja dudas sobre cuál es la

mejor práctica médica en casos quirúrgicos como el de autos. Aunque

el perito admite que hay poco conceso en la comunidad científica sobre

la profilaxis diagnóstica y el manejo de tromboembolismos venosos en

pacientes con fracturas como las del recurrido, también alude a que los

ortopedas deben administrar anticoagulantes en estos tipos de casos

médicos. Al determinar la mejor práctica médica en estos tipos de

intervenciones quirúrgicas, el foro primario podrá evaluar la existencia

de responsabilidad en lo pertinente a la controversia.
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      En vista de ello, y evaluado cabalmente el expediente,

denegamos el auto solicitado en función de la existencia de

controversias sustanciales de hechos, según determinados por el foro

recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Álvarez Esnard concurre, sin escrito.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones