Court Opinion

ID: 9374160
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:26:11.702031+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.260027
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL VI

    CARMEN M. PARRILLA                                 REVISIÓN
        GORDON                                         JUDICIAL
                                                       procedente de la
         Recurrente                                    Junta de Retiro
                                                       del Gobierno de
               v.                 KLRA202200301        Puerto Rico

    JUNTA DE RETIRO DEL                                Caso Núm.:
    GOBIERNO DE PUERTO                                 2022-0002
           RICO
                                                       Sobre: Cómputo
          Recurrida                                    de pensión

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón1, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

       Comparece la señora Carmen Parrilla Gordon (“señora Parrilla

Gordon”    o    “la    Recurrente”)   mediante   Revisión   de   Decisión

Administrativa, presentada el 8 de junio de 2022. Nos solicita que

revoquemos una Resolución emitida el 27 de abril de 2022,

notificada el 9 de mayo de 2022, por la Junta de Retiro del Gobierno

de Puerto Rico (“Junta de Retiro” o “agencia recurrida”). Mediante la

referida Resolución, la Junta de Síndicos de la Junta de Retiro

declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación presentado por la

señora Parrilla Gordon. En consecuencia, le denegó computar el

beneficio de su pensión por incapacidad no ocupacional y el pago

del retroactivo, según solicitado por la Recurrente.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos la Resolución recurrida.

                                      I.

       La señora Parrilla Gordon nació el 3 de junio de 1964 y se

desempeñó como Alguacil para la Administración de Tribunales. La

1Mediante Orden Administrativa OATA-2022-152 se designó a la Hon. Sol de B.
Cintrón Cintrón en sustitución de la Hon. Olga E. Birriel Cardona.

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
KLRA202200301                                                              2

Recurrente ingresó al Sistema de Retiro de los Empleados del

Gobierno y la Judicatura el 1 de febrero de 1989 y el 16 de junio de

2015 se separó del servicio público. Por tanto, culminó con 24 años

de servicios cotizados ante el Sistemas de Retiro.2

      El 16 de mayo de 2013, la señora Parrilla Gordon presentó

una solicitud de Beneficio de Pensión por Incapacidad ante el

Coordinador de los Sistemas de Retiro de su agencia. Mediante carta

con fecha de 16 de julio de 2014, la agencia recurrida le informó que

su solicitud de incapacidad había sido denegada puesto que no

cumplía con los requisitos médicos para ser incapacitada por la

agencia.3

      Posteriormente, el 3 de marzo de 2016, la Junta de Retiro

devolvió el caso a la Administración de los Sistemas de Retiro de los

Empleados del Gobierno y la Judicatura (“Administración de los

Sistemas de Retiro”) para reevaluación de sus condiciones médicas.

El 22 de julio de 2016, luego de la reevaluación ordenada por la

Junta de Retiro, la Administración de los Sistemas de Retiro denegó

el Beneficio de Pensión por Incapacidad Ocupacional y No

Ocupacional a la Recurrente. Inconforme con tal determinación, el

18 de agosto de 2016, la señora Parrilla Gordon presentó escrito de

reconsideración ante Administración de los Sistemas de Retiro. El

16 de diciembre de 2016, la aludida reconsideración fue declarada

No Ha Lugar.4

      De igual forma, el 7 de octubre de 2016, la señora Parrilla

Gordon presentó Apelación ante la Junta de Retiro. Transcurridos

varios trámites procesales, el 16 de marzo de 2017, la Junta de

Retiro ordenó la celebración de una Conferencia con Antelación a la

Vista a celebrarse el 20 de abril de 2017. En esta, las partes

2 Véase determinación de hechos núm. 1 en la Resolución recurrida, Apéndice
Recurso Revisión, pág. 105.
3 Apéndice Recurrido, págs. 12-13.
4 Véase determinaciones de hechos núm. 3 a la núm. 6 de la Resolución emitida

el 14 de julio de 2021 de la Junta de Retiro, Apéndice Recurrido, págs. 3-4.
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estipularon las condiciones médicas que padece la señora Parrilla

Gordon. Finalmente, el 27 de agosto de 2019, se celebró la Vista

Adjudicativa y el caso quedó sometido para adjudicación.5

       Evaluados los planteamientos presentados por las partes,

mediante Resolución emitida el 14 de julio de 2021, notificada el 4

de agosto de 2021, la Junta de Retiro revocó la determinación de la

Administración de los Sistemas de Retiro y le concedió a la señora

Parrilla Gordon los beneficios de una pensión por incapacidad no

ocupacional.6

       Así las cosas, con fecha de 19 de junio de 2021,7 la Junta de

Retiro le cursó una comunicación escrita a la Recurrente, donde le

expresó que, mediante el proceso apelativo se había determinado

concederle los beneficios de la pensión por incapacidad no

ocupacional, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm.

447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como

Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno del Estado Libre

Asociado, 3 LPRA sec. 761 et. seq. (“Ley Núm. 447”). Además, le

apercibió que sería sometida a un proceso de reevaluación dentro de

un término de tres (3) años, a partir de la fecha de la comunicación.8

       El 3 de diciembre de 2021, el Área de Servicios a Participantes

de la Junta de Retiro, le notificó a la Recurrente el monto mensual

de la pensión y el cálculo utilizado. Añadió que, para el pago del

retroactivo de la pensión, se utilizaría como fecha de partida el 19

de junio de 2021, por ser la fecha en la que se le informó que se le

concedería el beneficio de la pensión.9 Luego de varios días, el 6 de

diciembre de 2021, la Junta de Retiro le envió otra comunicación

5 Véase determinaciones de hechos núm. 7 a la núm. 19 de la Resolución emitida
el 14 de julio de 2021 de la Junta de Retiro, Apéndice Recurrido, págs. 4-5.
6 Apéndice Recurso Revisión, págs. 3-36.
7 La referida carta tiene fecha de 19 de junio de 2022. No obstante, la fecha de la

carta corresponde a un error, pues fue hace referencia a la Resolución de la Junta
de Retiro emitida el 14 de julio de 2022, notificada el 4 de agosto de 2022. Véase
Carta de 10 de diciembre de 2021 en el Apéndice Recurso Revisión, págs. 58-59.
8 Apéndice Recurso Revisión, págs. 1-2.
9 Apéndice Recurso Revisión, págs. 44-45.
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a la Recurrente, informándole que la Pensión por Incapacidad No

Ocupacional había sido aprobada con fecha de efectividad de 20

de junio de 2020.10

       A su vez, el 10 de diciembre de 2021, la Junta de Retiro, le

informó a la señora Parrilla Gordon que por error clerical se colocó

como la fecha del cálculo de la pensión, el 19 de junio de 2021,

cuando debió ser 19 de agosto de 2021. Por lo que, se dejó sin

efecto la carta enviada a la Recurrente con fecha de 19 de junio de

2021 y determinó que la nueva fecha de aprobación de los

beneficios era el 19 de agosto de 2021.11

       Mediante carta fechada 14 de diciembre de 2021, la Junta

de Retiro se reafirmó en la cantidad de la pensión otorgada, así

como su conclusión de pago de retroactivo de un año, contado

a partir de la comunicación de la Junta de Retiro corregida. Es

decir, contados a partir del 19 de agosto de 2021. Asimismo, le

informó a la Recurrente que producto del error en las fechas se le

emitió un pago de dos (2) meses adicionales a los que le correspondía

por ley, por lo que se procedería a emitir una factura de cobro.12

       Así las cosas, el 13 enero de 2022, la señora Parrilla Gordon

presentó recurso de apelación ante la Junta de Retiro. En ajustada

síntesis, la Recurrente alegó que el pago por concepto del

retroactivo de la pensión debe concederse desde un año de la

fecha de la solicitud el 16 de mayo de 2013 o en alternativa

desde el 22 de julio de 2016, fecha en que la Administración de

los Sistemas de Retiro le denegó su solicitud de pensión por

incapacidad no ocupacional. Por tanto, arguyó que es erróneo

computar el retroactivo de la pensión tomando como punto de

partida la fecha de la determinación concediendo la pensión,

10 Apéndice Recurso Revisión, págs. 47-48.
11 Apéndice Recurso Revisión, págs. 58-59.
12 Apéndice Recurso Revisión, págs. 65-68.
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entiéndase el 19 de agosto de 2021.13 En cuanto a la pensión que

debió recibir prospectivamente después de la determinación de la

Administración del Sistema de Retiro, que posteriormente fue

revocada por la Junta de Retiro, sostuvo que dicha cantidad no se

trata de un retroactivo, sino de una deuda acumulada. Indicó que

la fecha que se debe utilizar para el pago de los beneficios se

retrotrae a la fecha de la determinación inicial de la Administración

y no a la fecha en la que Junta de Retiro revocó dicha determinación.

          Luego de varios incidentes procesales, el 16 de marzo de 2022,

la Recurrente presentó ante la Junta de Retiro Moción Informativa

Sobre Conferencia de Status.14 Durante la vista del 23 de marzo de

2022, las partes estipularon las controversias contenidas en la

Moción       Informativa    y   coincidieron    en   que   por   tratarse   de

planteamientos de derecho no era necesario celebrar Vista

Evidenciaria.

          Así las cosas, mediante Resolución emitida el 27 de abril de

2022, notificada el 9 de mayo de 2022, la agencia recurrida confirmó

la decisión de la Junta de Retiro de 14 de diciembre de 2021, la

cual dispuso que el pago retroactivo de la pensión es un año

previo desde la fecha en que fue determinada la incapacidad. A

tenor con lo antes esbozado, la Junta de Retiro concluyó que en

el caso de marras la incapacidad fue determinada el 19 de

agosto de 2021, así que el pago del retroactivo se computaría a

partir de dicha fecha.

          Inconforme, la señora Parrilla Gordon presentó el recurso de

epígrafe y señaló la comisión de los siguientes errores por parte la

agencia recurrida:

          PRIMER ERROR: Erró la Junta de Retiro del Gobierno de
          Puerto Rico y su Junta de Síndicos al no considerar ni
          resolver el asunto de la inconstitucionalidad de la Ley Núm.
          302 de 2 de septiembre de 2000, que enmendó el Artículo 11
          y el Artículo 2-111, de la Ley 447 del 15 de mayo de 1951, 3

13   Apéndice Recurso Revisión, págs. 69-73.
14
     Apéndice Recurso Revisión, págs. 92-103.
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    L.P.R.A. Sección 771 en cuanto a la protección constitucional
    contemplado [sic] en el Artículo 2, Sección 7 de la
    Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
    prohíbe al Estado incurrir en el menoscabo de las relaciones
    contractuales y cuyo propósito no persigue un fin legítimo ni
    razonable en violación al debido procedimiento de ley, a la
    igual protección de las leyes y al Artículo 2, Sección 7 de la
    Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por lo
    que sus determinaciones están en conflicto con el balance
    más racional, justiciero y jurídico de la controversia,
    abusando de su discreción, actuando de este modo con
    pasión, prejuicio, parcialidad y error manifiesto.
    SEGUNDO ERROR: Erró la Junta de Retiro del Gobierno de
    Puerto Rico y su Junta de Síndicos al no expresarse en
    cuanto a la alegación de que el Estado no tiene un interés
    apremiante legítimo que justifique las enmiendas a la Ley
    447 del 15 de mayo de 1951 para limitar el retroactivo del
    pago de la pensión a un año, contrario a lo dispuesto en el
    Artículo 2, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico en
    cuanto a que no se aprobarán leyes que menoscaben las
    obligaciones contractuales, excediéndose el Tribunal los
    límites de su discreción actuando de este modo con perjuicio,
    parcialidad y error manifiesto.
    TERCER ERROR: Erró la Junta de Retiro del Gobierno de
    Puerto Rico y su Junta de Síndicos en el cálculo de la
    retribución promedio utilizada para el cómputo de la pensión
    por incapacidad no ocupacional y el cómputo del retroactivo,
    incurriendo de este modo en error manifiesto en cuanto al
    derecho aplicable y sobre el cómputo de retroactivo,
    abusando de su discreción y actuando de forma arbitraria
    infringiendo valores constitucionales fundamentales, lo que
    constituye también un enriquecimiento injusto excediéndose
    el Tribunal los límites de su discreción actuando de este
    modo con prejuicio, parcialidad y error manifiesto.
    CUARTO ERROR: Erró la Junta de Retiro del Gobierno de
    Puerto Rico y su Junta de Síndicos en cuanto al cálculo del
    pago del retroactivo al amparo de la Ley #[sic] 302 del 2 de
    septiembre de 2000, la cual limita la retroactividad del pago
    de pensión hasta un máximo de un año desde la fecha en fue
    determinada la incapacidad por el Administrador, por tomar
    como fecha para el cálculo la fecha a partir de que la Junta
    de Síndicos revocó la decisión de denegar la incapacidad por
    el Administrador, o sea la fecha del 14 de julio de 2021 en
    lugar de calcularlo desde la fecha en que la Administración
    de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la
    Judicatura resolvió el asunto denegando los beneficios de
    incapacidad solicitados y que fuera revocada por la Junta de
    Síndicos, abusando de su discreción, actuando de este modo
    con pasión, prejuicio, parcialidad y error manifiesto.
    QUINTO ERROR: Erró la Junta de Retiro del Gobierno de
    Puerto Rico y su Junta de Síndicos en cuanto al asunto de
    la determinación de la Junta de Síndicos al no acoger el
    planteamiento de que la decisión de los Sistemas de Retiro
    de los Empleados del Gobierno y la Judicatura del 14 de julio
    de 2021, por ser el resultado de una apelación se retrotrae al
    momento de surgir la incapacidad que le impidió trabajar, a
    la solicitud de los beneficios del sistema de retiro o a la
    determinación de retiro que fue revocada, cuya
    determinación denegando la incapacidad fue determinada el
    22 de julio de 2016, abusando de su discreción, actuando de
    ese modo con pasión, prejuicio, parcialidad y error
    manifiesto.
    SEXTO ERROR: Erró la Junta de Retiro del Gobierno de
    Puerto Rico y su Junta de Síndicos por privar a una persona
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      de su propiedad sin un debido Procedimiento de Ley toda vez
      que los beneficios de una pensión por incapacidad se
      acumularon desde la fecha de la determinación de
      incapacidad denegando retiro del 22 de julio de 2016 que fue
      revocada por la junta de síndicos y si debe pagársele a la
      pensionada no como retroactivo sino como un derecho
      adquirido que debió pagarse y no se hizo y que se le adeuda
      a la beneficiaria, abusando de su discreción, actuando de ese
      modo con pasión, prejuicio, parcialidad y error manifiesto.
      SEPTIMO [sic] ERROR: Erró la Junta de Retiro del Gobierno
      de Puerto Rico y su Junta de Síndicos al expresar que la
      pensionada debe realizarse evaluaciones medicas [sic]
      periódicas a pesar de tratarse de una incapacidad total y
      permanente, actuando de ese modo con pasión, prejuicio,
      parcialidad y error manifiesto.
      OCTAVO ERROR: Erró la Junta de Retiro del Gobierno de
      Puerto Rico y su Junta de Síndicos al resolver el asunto de
      la efectividad de la sentencia planteada, la interpretación que
      hace de la Ley 302 del 2 de septiembre de 2000 y el
      Reglamento, ya que es irrazonable y produce resultados
      inconsistentes con la Ley y la Justicia Sustancial, para el
      cómputo de la pensión retroactiva y en los planteamientos
      constitucionales, actuando la agencia administrativa de
      forma arbitraria, irrazonable e ilegal. (Énfasis en original).

      El 11 de julio de 2022, la Junta de Retiro presentó su Alegato

en Oposición a Recurso de Revisión. Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer la

normativa jurídica aplicable al caso ante nuestra consideración.

                                    II.
      A. El menoscabo de las obligaciones contractuales

      El Artículo II, Sección 7, de la Constitución de Puerto Rico,

prohíbe la aprobación de leyes que menoscaben las obligaciones

contractuales. Esta garantía constitucional limita la intervención del

gobierno con las obligaciones contractuales entre partes privadas y

las contraídas por el Estado. Toral Petroleum Puerto Rico Corp. v.

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, 2022 TSPR 89, 208 DPR __

(2022), resuelto el 30 de junio de 2022, citando a AMPR et als. v.

Sist. Retiro Maestros V, 190 DPR 854 (2014).Su propósito es

“asegurar la estabilidad de las relaciones contractuales”. Íd. Sin

embargo, su protección no es absoluta, ya que debe ser armonizada

con el poder de reglamentación del Estado en beneficio del interés

público.   El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado

reiteradamente que no todo menoscabo de una obligación
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contractual es inconstitucional. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros

V, supra, pág. 868. El análisis de esta cláusula constitucional

depende de, si el contrato que se modifica ocurre entre entes

privados o es uno en el que el Estado es parte. Toral Petroleum Puerto

Rico Corp. v. Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, supra.

      Los contratos privados se analizan mediante un escrutinio de

razonabilidad, en el que se toma en cuenta cuán sustancial es el

interés   público    promovido     y    la     extensión    del    menoscabo

contractual. El primer paso es determinar si existe una relación

contractual, y si su modificación representa un menoscabo

sustancial o severo. Íd. Si se determina que existe un menoscabo

severo,   entonces    es   necesario     evaluar,      si   la    intervención

gubernamental       responde   a   un        interés   legítimo    y   si   esta

racionalmente       relacionado    con        la    consecución        de   ese

objetivo. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros V, supra, pág. 869.

      Un escrutinio más riguroso es aplicado cuando el Estado es

parte de la relación contractual, “debido a que este podría actuar

para su propio beneficio”. Toral Petroleum Puerto Rico Corp. v.

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, supra. El menoscabo

contractual tiene que ser razonable y necesario para adelantar un

propósito gubernamental importante. Al evaluar la necesidad y

razonabilidad de una ley, procede conferir alguna deferencia al

criterio de la Asamblea Legislativa.               A mayor severidad del

menoscabo, mayor rigor debe tener el foro judicial en el análisis de

la legislación impugnada. No obstante, la validez será sostenida, si

el menoscabo surge como consecuencia de una modificación

razonable y necesaria dirigida a adelantar un interés público. AMPR

et als. v. Sist. Retiro Maestros V, supra, págs. 869-870; Trinidad

Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828, 835 (2013).

      En Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 81, 83

(2010), nuestro más Alto Foro enfatizó que un menoscabo
KLRA202200301                                                        9

contractual severo es aquel que modifica “adversamente los

términos o condiciones esenciales del contrato que principalmente

dieron motivo a la celebración de éste de modo que se frustren las

expectativas de las partes”.

             B. La doctrina de autolimitación judicial

       La función de los tribunales como últimos intérpretes de la ley

está limitada por la doctrina de autolimitación judicial. Toral

Petroleum Puerto Rico Corp. v. Autoridad de los Puertos de Puerto

Rico, supra; Senado de PR v. ELA, 203 DPR 62, 86 (2019); E.L.A. v.

Aguayo, 80 DPR 552, 595 (1958). “La doctrina de autolimitación

judicial aplica en aquellas situaciones en las que un tribunal es

llamado a evaluar la validez constitucional de una pieza legislativa”.

Brau, Linares v. ELA et als., 190 DPR 315, 337 (2014). El Tribunal

Supremo ha establecido que no se debe juzgar una cuestión

constitucional si se puede disponer del caso mediante un

fundamento de otra índole. Este principio de autolimitación está

predicado en la presunción de constitucionalidad de los actos de

otras ramas de gobierno. Además, ello permite que se mantenga el

equilibrio necesario entre las tres ramas de gobierno. E.L.A. v.

Aguayo, supra, págs. 596-597. Cuando se cuestiona la validez

constitucional de una regla o ley y surge una seria duda sobre su

constitucionalidad, los tribunales deben asegurarse de que no existe

una interpretación razonable de la ley, que le permita soslayar la

cuestión constitucional. Toral Petroleum Puerto Rico Corp. v.

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, supra, citando a Brau,

Linares v. ELA et als., supra. “Así, se propicia que los tribunales se

esfuercen por lograr interpretaciones que mantengan la vigencia de

las leyes.” Íd.

   De otra parte, como principio de análisis jurídico, “el hecho de

que una ley requiera interpretación, no la hace nula”, pues aún la

más clara de las leyes requiere de la interpretación del foro judicial.
KLRA202200301                                                      10

E.L.A. v. Frig. y Alm. Del Turabo, Inc., 155 DPR 27, 36 (2001). Véase,

además, O.E.G. v. Cordero, Rivera, 154 DPR 827, 835-836 (2001).

Estos principios de hermenéutica están firmemente establecidos en

nuestra jurisdicción, por tanto, no debemos pasar juicio sobre la

validez constitucional de una actuación de otra rama de gobierno,

siempre que a través de una interpretación razonable se pueda

disponer del asunto planteado. Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 DPR

715 (2000).

       C. Pensión por Incapacidad del Sistema de Retiro

      Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada y

mejor conocida como Sistema de Retiro de los Empleados de

Gobierno del Estado Libre Asociado, 3 LPRA sec. 761 et. seq., se

promulgó a los fines de instaurar un sistema de retiro para los

servidores públicos del gobierno estatal. López Echevarría v. Adm.

Sist. Retiro, 168 DPR 749 (2006); Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 467

(2003). Entre la gama de beneficios que brinda el estatuto se

encuentra la pensión por incapacidad ocupacional y no ocupacional.

3 LPRA secs. 769 y 770.

      En lo aquí atinente, la Ley Núm. 447, supra, en su Artículo

10, dispone que todo aquel trabajador que cuente con al menos

10 años de servicios acreditados y que por causa de un estado

mental o físico quede inhabilitado para desempeñar las

funciones de cualquier puesto que en el servicio del patrono se

le hubiere asignado será acreedor de una anualidad por

incapacidad no ocupacional. 3 LPRA sec. 770. (Énfasis nuestro).

      Desde su aprobación, la Ley Núm. 447, supra, ha sufrido

varias enmiendas a los fines de añadir al Sistema de Retiro del

Gobierno Central beneficios para el disfrute de sus participantes. A

consecuencia de ello, aumentó el reclutamiento en el sector público,

sin que el Sistema de Retiro recibiera nuevas inyecciones de ingreso

con las que pudiera responder a las necesidades de los participantes
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de nuevo ingreso y el aumento en beneficios legislado. Dichos

factores, entre otros, fueron estableciendo “las bases para el

surgimiento de un futuro déficit actuarial en el Sistema.” Véase

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 302 de 2 de septiembre de

2000 (Ley Núm. 302).      Para atender el asunto, la Asamblea

Legislativa enmendó la Ley Núm. 447, supra, en diversas ocasiones,

con el fin de “garantizar la existencia financiera del Sistema y

hacerlo efectivo”. Íd.

      Así, por ejemplo, mediante la aprobación de la Ley Núm. 302,

supra, que enmendó el Art. 2-111 de la Ley Núm. 447, supra, se

estableció que “[e]l pago de la anualidad por incapacidad

ocupacional y no ocupacional será retroactivo hasta un máximo

de un año, desde la fecha en que fue determinada la incapacidad

por el Administrador.” 3 LPRA sec. 771. (Énfasis y subrayado

nuestro).

                                III.

      En el recurso ante nuestra consideración, la parte Recurrente

esboza ocho señalamientos de error. En primera instancia, la

Recurrente nos solicita que decretemos la inconstitucionalidad de la

Ley Núm. 302, supra, la cual enmendó el artículo 2-111 de la Ley

Núm. 447, supra, pues su aprobación tuvo el efecto de menoscabar

las obligaciones contractuales que adquirió mediante el beneficio de

la pensión por incapacidad. En específico, reclama que la

aprobación de la precitada Ley Núm. 302, supra, limita el derecho a

reclamar retroactivamente a un (1) año el pago de la anualidad por

incapacidad ocupacional y no ocupacional a partir de la fecha en

que el Administrador determinó la incapacidad. A su vez, la

Recurrente esboza que el Estado no tiene un interés apremiante que

justifique la limitación del pago retroactivo de la pensión

ocupacional y no ocupacional a un (1) año a partir de la

determinación del Administrador.
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      En segunda instancia, la Recurrente alude que erró la Junta

de Retiro, tanto en el cálculo de la pensión por incapacidad como en

el cálculo para el pago del retroactivo. Sobre ello, arguye que la fecha

cierta que debe tomar en consideración la Junta de Retiro para

ambos cálculos, es la fecha en la que presentó la solicitud para

recibir los beneficios (16 de mayo de 2013) o en la alternativa, la

fecha en que la agencia denegó inicialmente los beneficios de la

pensión (22 de julio de 2016) y que dio lugar a la correspondiente

apelación. Por consiguiente, arguye que es a partir de la fecha de la

solicitud o la denegatoria inicial que procede el pago de la pensión

retroactiva de un (1) año, no a partir de la determinación del

Administrador como consecuencia del proceso de apelación.

      Como cuestión de umbral, nos corresponde atender los

primeros dos señalamientos de error de la parte Recurrente

relacionados a la inconstitucionalidad de la referida Ley Núm. 302,

supra. Según expusimos, los tribunales somos los últimos

intérpretes de las leyes, razón por la que estamos limitados por la

doctrina de autolimitación judicial. Toral Petroleum Puerto Rico Corp.

v. Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, supra. En ese sentido,

nuestro ordenamiento ha reiterado que no se debe juzgar una

cuestión constitucional si se puede disponer del caso mediante un

fundamento de otra índole. Este principio de autolimitación está

predicado en la presunción de constitucionalidad de las leyes. Íd.

De manera que este foro revisor tiene el deber de atemperar el

estatuto, si fuere posible, cuando se planteen interrogantes u

objeciones de carácter constitucional. Íd, citando a Nadal v. Depto.

Rec. Nat., supra.

      En el caso que nos ocupa, la parte Recurrente planteó ante la

Junta de Retiro que la Ley Núm. 302, supra, era inconstitucional en

su aplicación, toda vez que menoscababa sus derechos adquiridos.

Sobre ello, la agencia recurrida expresó lo siguiente: “sobre la
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alegación de inconstitucionalidad, no tenemos nada que disponer”.

Como bien alega la parte Recurrida en su oposición al recurso de

autos, a la agencia recurrida no se le delegó la facultad para decretar

la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas por otra rama de

gobierno. La Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los

Servidores Públicos, Ley Núm. 106 de 23 de agosto de 2017, 3 LPRA

sec. 9531 et seq., creó la Junta de Retiro como un nuevo organismo

del Gobierno de Puerto Rico. 3 LPRA sec. 9561. Entre las facultades

delegadas a la Junta, las cuales les confirió continuidad a las

funciones de las anteriores Juntas de Síndicos de los Sistemas de

Retiro, no se le delegó autoridad para adjudicar planteamientos

sobre la constitucionalidad de leyes. Siendo así, la Junta de Retiro

estaba impedida de atender los reclamos presentados por              la

Recurrente relacionados a la inconstitucionalidad de la referida Ley

Núm. 302, supra.

      Por tanto, concluimos que la Junta de Retiro, como organismo

del Poder Ejecutivo, no incidió al abstenerse de resolver sobre la

inconstitucionalidad que de la Ley Núm. 302, supra. Ciertamente,

dicha controversia no fue un asunto delegado a la Junta de Retiro,

dentro de los poderes conferidos en la Ley Orgánica. Aún cuando

reconocemos que somos los tribunales los últimos intérpretes de la

ley, este foro revisor podrá resolver aquellas cuestiones que ya han

sido adjudicadas previamente. Consiguientemente, este foro revisor

está impedido de atender los primeros dos señalamientos de error.

      En torno al tercer, cuarto, quinto, sexto y octavo señalamiento

de error, los discutiremos en conjunto por estos estar relacionados

entre sí. Es la contención de la Recurrente que el pago de pensión

por incapacidad ocupacional y no ocupacional y del retroactivo

procede desde el 16 de mayo de 2013, fecha en que solicitó los

beneficios de la pensión por incapacidad, o en su alternativa, a
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partir del 22 de julio de 2016, fecha en que la entonces

Administración de los Sistemas de Retiro, le denegó la aludida

solicitud. Como corolario de ello, sostiene la Recurrente que erró la

Junta de Retiro al resolver que la determinación de incapacidad

procede desde 19 de agosto de 2021, privándola así de un debido

proceso de ley. Por último, argumenta la señora Parrilla Gordon que

el pago prospectivo de la pensión por incapacidad desde la fecha que

le concedieron los beneficios no se trata de un retroactivo.

      Según    expusimos    anteriormente,   el   texto   incorporado

mediante la enmienda aprobada a la Ley Núm. 447, supra, por

virtud de la Ley Núm. 302, supra, en lo aquí relevante, estableció

que el pago de la anualidad por incapacidad no ocupacional es

retroactivo hasta un máximo de un (1) año, contado “desde la fecha

en que fue determinada la incapacidad por el Administrador”. En el

caso que nos ocupa, la determinación de incapacidad a la que

alude la enmienda a la Ley Núm. 447, supra, ocurrió el 22 de

julio de 2016, fecha en que la entonces Administración de los

Sistemas de Retiro adjudicó erróneamente la petición de la

Recurrente sobre los beneficios de pensión por incapacidad no

ocupacional, denegando su solicitud. Si bien es cierto que en ese

momento le fue denegada a la Recurrente su solicitud de pensión

por incapacidad, dicha determinación fue una errónea en derecho,

lo que provocó que la Junta de Retiro acogiera su solicitud de

apelación, reconociéndole su derecho a la pensión mediante

Resolución emitida el 14 de julio de 2021.

      La pensión por incapacidad no ocupacional que debió recibir

la señora Parrilla Gordon no se trata de un cómputo retroactivo, sino

de la pensión acumulada y adeudada desde la fecha de la

denegatoria por parte de la Administración. Al ser revocada dicha

determinación por la Junta de Retiro, concluimos que el 22 de julio

de 2016 es la fecha cierta desde la cual la Recurrente debió
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comenzar a recibir los beneficios solicitados. Por tanto, la

Resolución de la Junta de Retiro aprobando la pensión por

incapacidad ocupacional y no ocupacional se retrotrae al 22 de julio

de 2016, fecha en la cual la Recurrente debió comenzar a recibir los

beneficios de la pensión a la que tiene derecho.

        Por lo antes expuesto, revocamos la determinación de la Junta

de Retiro. En consecuencia, concluimos que el beneficio de pensión

por incapacidad de la Recurrente deberá ser computado a partir del

22 de julio de 2016, fecha en que la Administración para el Sistema

de Retiro adjudicó erróneamente que no le correspondía el

beneficio. Ello, debido a que mediante Resolución emitida el 14 de

julio de 2021, la Junta de Retiro revocó a la Administración y

determinó que la Recurrente era acreedora de los beneficios de la

pensión por incapacidad. A su vez, el cómputo para el pago

retroactivo que establece el Art. 2-111 de la Ley Núm. 447, supra,

deberá ser contado a partir del 22 de julio de 2016.

        Finalmente, nos corresponde resolver el señalamiento de error

séptimo esbozado por la Recurrente. Plantea que erró la Junta de

Retiro al requerirle a la Recurrente evaluaciones periódicas para

poder    continuar    recibiendo   los   beneficios   de   incapacidad

ocupacional, a pesar de tratarse de una incapacidad total y

permanente. Le asiste la razón.

        No existe controversia en cuanto a que la Recurrente recibe

actualmente una pensión por incapacidad no ocupacional, toda vez

que esta cumplió con las condiciones para el retiro, por lo que su

pensión no se encuentra sujeta a cambios o menoscabo. Según

dispone el Artículo 2-111 de la Ley Núm. 447, supra, los beneficiaros

de la pensión deberán someterse a exámenes periódicos, cuando

dicha incapacidad no sea total y permanente. En específico, el

aludido artículo establece que “[c]uando la prueba médica revele que

el participante está total y permanentemente incapacitado para
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cumplir los deberes de cualquier cargo, no será necesario el examen

periódico”. 3 LPRA sec. 771. (Énfasis nuestro). En atención a lo

anterior, concluimos que incidió la Junta de Retiro al requerir que

la Recurrente se sometiera a evaluaciones periódicas para la

continuación de los beneficios de pensión por incapacidad no

ocupacional, a pesar de ser beneficiaria de la pensión por una

incapacidad total y permanente.

                                  IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos la

Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin

opinion escrita.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones