Court Opinion

ID: 9952360
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:56.173446+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:05.651506
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                     APELACIÓN
   MUNICIPIO DE                                      Procedente de
UTUADO, representado                                 Tribunal de Primera
 por su Hon. Jorge A.                                Instancia, Sala
    Pérez Heredia                                    Superior de Utuado
       Apelante
                              KLAN202300948
                                                     Núm.:
             v.                                      UT2023CV00304

                                                     Sobre: Mandamus,
     LEGISLATURA                                     Impugnación
     MUNICIPAL DE                                    Presupuesto 2023-
   UTUADO y el Hon.                                  2024; Impugnación
 Jorge Lajara Sanabria,                              Resolución 25
  como Presidente de la                              Legislatura
  Legislatura Municipal                              Municipal;
 de Utuado, Puerto Rico                              Violación a la Ley
         Apelado                                     107-2020 Código
                                                     Municipal de Puerto
                                                     Rico

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Ronda del Toro y la Jueza Prats Palerm1.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

      Comparece el Municipio de Utuado (¨apelante¨) mediante

Apelación y nos solicita que se revoque, en parte, la Sentencia

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Utuado (¨TPI¨) el 4 de octubre de 2023. Mediante el referido

dictamen, el TPI sostuvo que la Legislatura Municipal de Utuado

(¨Legislatura Municipal¨ o ¨apelados¨) estaba facultada para aprobar

el presupuesto del año fiscal 2023-2024.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se

designa a la Hon. Annette M. Prats Palerm en sustitución del Hon. Carlos G.
Salgado Schwarz.

Número Identificador

SEN2024____________
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                                             I.

      El 15 de julio de 2023 el Municipio de Utuado, representado

por su Alcalde, Hon. Jorge A. Pérez Heredia, presentó una Demanda

sobre Sentencia Declaratoria, Mandamus e Injunction Provisional,

Preliminar y Permanente en contra de la Legislatura Municipal de

Utuado y su Presidente, Hon. José Lajara Sanabria. El Municipio de

Utuado impugnó las actuaciones de la Legislatura Municipal al

aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023-2024. La parte

apelante argumentó que los actos de la parte apelada se

encontraban en contravención con el Código Municipal de Puerto

Rico (¨Código Municipal¨).

      Según      el       Municipio   de   Utuado        las    actuaciones    que

contravinieron        el    Código    Municipal        fueron     las   siguientes

reducciones: (1) $423,342.00 a $150,100.00 para el servicio de

energía eléctrica; (2) $491,705.63 a $171,705.63 para el servicio de

agua potable; (3) $130,000.00 a $0.00 para el pago de sentencias y

reclamaciones; (4) $350,000.00 a $256,770.50 para el combustible;

(5) $19,400.00 para becas a favor de los estudiantes de Utuado, y;

(6) $100,000.00 a $45,000.00 para los servicios profesionales del

sistema operativo de contabilidad. En síntesis, señaló que la

reducción   del       presupuesto     municipal         de     $11,300,000.00    a

$9,857,583.00 provocó el cese de operaciones del municipio debido

a su incapacidad de cumplir con sus responsabilidades estatutarias

de   brindarle        a    la   ciudadanía        servicios    esenciales.    Como

consecuencia, solicitó del TPI que impugnara el presupuesto

aprobado por la Legislatura Municipal.

      Por su parte, el 5 de septiembre de 2023 la Legislatura

Municipal presentó una Moción en Solicitud de Desestimación. Según

la parte apelada, las causas de acción de Mandamus y Sentencia

Declaratoria no contemplaban remedios para las controversias

planteadas en la Demanda. Alegó que obró conforme a derecho, ya
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que el Código Municipal la faculta a aprobar el presupuesto, a pesar

de las objeciones del Alcalde. Por consiguiente, argumentaron que

el Municipio no podía objetar el presupuesto por la vía judicial.

      Ese mismo día, el TPI emitió una Orden concediéndole a la

Legislatura Municipal hasta el 8 de septiembre de 2023 para

exponer su posición respecto a alegaciones del Municipio de Utuado.

      El 7 de septiembre de 2023 el Municipio de Utuado presentó

la Réplica a Moción de Desestimación. En esencia, se opuso a que se

desestimara la demanda porque la impugnación del presupuesto no

cuestionaba la validez del proceso de aprobación. Por el contrario,

expuso que la impugnación se fundamentaba en que el presupuesto

aprobado resultó ser uno desbalanceado. Adujo que la Legislatura

Municipal no cumplió con su deber de aprobar un presupuesto de

ingresos y gastos que permitiera la continuación de las operaciones

administrativas y los servicios esenciales a la ciudadanía.

      Posteriormente, el 11 de septiembre de 2023 la Legislatura

Municipal presentó la Moción en Cumplimiento de Orden y

Reiterando Desestimación. En lo pertinente, reclamó que su

autoridad para la asignación de los recursos disponibles, conforme

a las prioridades de la ciudadanía, prevalecía ante las objeciones del

Alcalde. Explicó que las modificaciones del presupuesto se hicieron

a base de las recomendaciones del director asociado de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Señaló que las

recomendaciones se realizaron luego de que dicha oficina se

percatara de que algunas partidas propuestas en el presupuesto

original estaban infladas.

      En contravención, ese mismo día, el Municipio de Utuado

presentó la Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden. Señaló que

la Moción en Cumplimiento de Orden y Reiterando Desestimación

presentada por la Legislatura Municipal no fue sostenida por

ninguna disposición legal. Además, señaló que la Legislatura
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Municipal solo se limitó a discutir su facultad para aprobar el

presupuesto 2023-2024, incumpliendo con lo dispuesto en la Orden

del TPI.

      Luego de varios trámites, el TPI dictó una Sentencia el 4 de

octubre de 2023. Mediante la referida Sentencia, el TPI declaró No

Ha Lugar la Moción en Solicitud de Desestimación presentada por la

Legislatura Municipal. Resolvió que la Legislatura Municipal omitió

su deber ministerial de establecer una partida para el pago de

sentencias y reclamaciones de los tribunales de justicia en el

presupuesto del año fiscal 2023-2024. Por tal razón, le ordenó a la

Legislatura Municipal rectificar dicho error y restituir la partida en

un plazo de 20 días. Añadió que el reajuste se deberá cargar a la

cuenta especial establecida por la Legislatura Municipal a base de

los sobrantes. En cuanto a las demás reclamaciones realizadas por

el Municipio de Utuado, el TPI resolvió que no eran justiciables por

tratarse de una cuestión política.

      Inconforme, el 25 de octubre de 2023, el Municipio de Utuado

presentó un recurso de Apelación. Solicitó que revoquemos, en

parte, la Sentencia del 4 de octubre de 2023, Sostiene que el TPI

cometió los siguientes errores:

      Erró el Honorable TPI al sostener que la Legislatura Municipal
      puede abusar de su discreción reduciendo gastos y
      obligaciones, al punto de hacer inoperante el funcionamiento
      del municipio, sin tomar en consideración que dicho cuerpo
      legislativo viene obligado a aprobar un presupuesto de
      ingresos y gastos balanceado, de tal forma en que el municipio
      pueda operar en beneficio de sus obligaciones de servicios de
      energía eléctrica, agua potable y combustible, entre otros.

      Erró el Honorable TPI al no anular el presupuesto
      desbalanceado y no determinar como correcto el sometido por
      el alcalde o en la alternativa, ordenar que el Municipio de
      Utuado opere con el mismo presupuesto 2022-2023, cuando
      el presupuesto aprobado por la Legislatura Municipal
      representa una merma de $1,442,417.00 que imposibilita la
      operación fiscal y administrativa del municipio hasta junio del
      2024.

      Erró el Honorable TPI al ordenar que se sustraiga la suma de
      $130,000.00 del sobrante del presupuesto que concluyó al 30
      de junio de 2023 y se incluya como parte del nuevo
      presupuesto, cuando el Código Municipal determina las
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      fuentes de ingresos que un municipio debe tomar para la
      preparación de cada presupuesto.

      Este Tribunal, mediante Resolución emitida el 26 de octubre

de 2023, ordenó a la parte apelada someter su alegato antes del 27

de noviembre de 2023.

      Transcurrido el término otorgado a la Legislatura Municipal

para exponer su oposición sin que hayan cumplido, se entiende

perfeccionado el recurso para disponer.

                                  II.

A. Doctrina de Autolimitación Judicial

      Los tribunales existen únicamente para resolver controversias

genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real

en obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas. ELA v.

Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). A partir de este principio, el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos, ha desarrollado una doctrina de

autolimitación judicial cuando surgen conflictos entre ramas de

Gobierno, basada en el concepto de justiciabilidad. Conforme a

dicha doctrina, un caso no es justiciable cuando se presenta

una cuestión política o una de las partes carece de legitimación

activa para promover un pleito.

      Estas limitaciones al Poder Judicial descansan en dos

premisas: (1) que los tribunales únicamente pueden resolver

asuntos que surgen de un contexto adversativo capaz de ser resuelto

judicialmente y, (2) que la Rama Judicial no intervendrá,

prudencialmente, en áreas reservadas a otras ramas del gobierno,

restricción inherente a la división tripartita de nuestro sistema

republicano. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1995).

      La doctrina de la cuestión política surge de la realidad de

nuestro sistema republicano de gobierno en el cual las Ramas

Ejecutiva, Legislativa y Judicial operan mediante una separación de

poderes sostenida por un sistema de pesos y contrapesos. Córdova
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Iturregui, et al. v. Cámara de Representantes, 171 DPR 789

(2007). Basado en esto, existen tres vertientes de la doctrina

de cuestión política:

      (a) la que requiere que los tribunales no asuman jurisdicción
      sobre un asunto porque éste ha sido asignado textualmente
      por la Constitución a otra rama del Gobierno;
      (b) aquella según la cual las cortes deben de abstenerse de
      intervenir, bien porque no existan criterios de decisión
      susceptibles de descubrirse y administrarse por los
      tribunales, o bien por la presencia de otros factores análogos,
      y;
      (c) la que aconseja la abstención judicial por consideraciones
      derivadas de la prudencia. Noriega v. Hernández Colón,
      supra.

      En esencia, la doctrina de cuestión política “impide la revisión

judicial de asuntos que fueron delegados a las otras ramas políticas

del Gobierno o, en última instancia, al electorado.” Córdova

Iturregui, et al. v. Cámara de Representantes, supra citando a PPD v.

Gobernador II, 136 DPR 916 (1994); Noriega Rodríguez v. Jarabo,

136 DPR 497 (1994). Por tanto, un caso no es justiciable bajo la

doctrina de cuestión política cuando se dan alguno de los siguientes

elementos: (1) la existencia de una delegación expresa del asunto en

controversia a otra rama del gobierno; (2) la ausencia de criterios o

normas judiciales apropiadas para resolver la controversia; (3) la

imposibilidad de decidir sin hacer una determinación inicial de

política pública que no le corresponde a los tribunales; (4) la

imposibilidad de tomar una decisión sin expresar una falta de

respeto hacia otra rama de gobierno; (5) una necesidad poco usual

de adherirse, sin cuestionar, a una decisión política tomada

previamente,   y   (6)   potencial   de   confusión   proveniente   de

pronunciamientos múltiples de varios departamentos del Gobierno

sobre un punto. Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45, 54 (1986),

citando a Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962).

      No    obstante     lo   anterior,   no   todo   asunto   político

necesariamente implica que sea una cuestión política. C.R.I.M. v.

Méndez Torres, 174 D.P.R. 216 (2008). Los tribunales estamos
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plenamente facultados para determinar si las otras ramas del

gobierno han observado los límites constitucionales que les han sido

impuesto y si sus actos exceden sus poderes delegados. Córdova

Iturregui, et al. v. Cámara de Representantes, supra. Ello tiene

perfecta armonía con el principio de separación de poderes, pues se

ha dispuesto que:

      Son los tribunales los intérpretes finales de las leyes y la
      Constitución, e incluso, de las actuaciones de las otras ramas
      del Gobierno. Ello es necesario ya que una rama de gobierno
      no puede convertirse en juez de sus propias actuaciones. Así
      se vela el cumplimiento con el sistema de pesos y
      contrapesos. C.R.I.M. v. Méndez Torres, supra.

      La normativa antes esbozada requiere que los tribunales, para

determinar si la controversia traída ante su consideración es o no

una cuestión política, examinen cuidadosamente la Constitución o

la ley, lo que sea aplicable, a los fines de encontrar si el asunto en

cuestión ha sido encomendado con exclusividad a otra rama del

gobierno. Serrano Geyls, Raúl, Derecho Constitucional de Estados

Unidos y Puerto Rico, Vol. I, Ed. Colegio de Abogados (1986).

B. Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio

      La Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, mejor conocida

como ¨Código Municipal de Puerto Rico¨ (¨Código Municipal¨) les

impone a los municipios la obligación de aprobar un presupuesto

general balanceado de ingresos y gastos que gobernará durante

cada año fiscal.

      La Legislatura Municipal ejercerá el poder legislativo en el

municipio y tendrá las facultades y deberes sobre los asuntos locales

que se le confieren en el Código Municipal. Como parte de sus

deberes y facultades, se encuentra la aprobación del presupuesto

del municipio. 21 LPRA § 7065.

      En cambio, los alcaldes ejercerán el poder ejecutivo en el

municipio. Tienen la responsabilidad de dirigir, administrar y

fiscalizar el funcionamiento de los municipios y sus deberes se

extienden desde la administración del gobierno municipal hasta la
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preparación del proyecto de presupuesto que ha de considerar la

Asamblea Municipal en primera instancia. 21 LPRA § 7028; Acevedo

v. Asamblea Mun. San Juan, 125 DPR 182 (1990).

      La aprobación del presupuesto municipal comienza con la

presentación del Proyecto de Resolución del Presupuesto General de

Ingresos y Gastos (¨proyecto de resolución¨) por el Alcalde ante la

Legislatura Municipal. El Art. 2.097 del Código Municipal, 21

L.P.R.A. § 7311, establece que ¨[e]l Alcalde preparará el proyecto de

resolución del presupuesto general de ingresos y gastos del

municipio balanceado para cada año fiscal, el cual deberá ser uno

balanceado […]¨. (Énfasis suplido). La Constitución de Puerto Rico

consagra el principio del presupuesto balanceado en la Sec. 7, Art.

VI. A tales efectos, dispone:

      Las asignaciones hechas para un año económico no podrán
      exceder de los recursos totales calculados para dicho año
      económico, a menos que se provea por ley para la imposición
      de   contribuciones   suficientes     para cubrir   dichas
      asignaciones. CONST. PR art. VI, § 7.

A su vez, la Sec. 8, Art. VI dispone que:

      Cuando los recursos disponibles para un año económico no
      basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año,
      se procederá en primer término, al pago de intereses y
      amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás
      desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se
      establezca por ley. CONST. PR art. VI, § 8.

      Como parte del proyecto de resolución, el Alcalde tiene que

incluir un mensaje presupuestario con unas explicaciones y

justificaciones de las peticiones presupuestarias de mayor magnitud

y trascendencia. 21 LPRA § 7313(a). El proyecto de resolución

deberá también incluir un plan financiero con un resumen

general de los gastos municipales. 21 LPRA § 7313(b).

      El Art. 2.100 del Código Municipal, 21 LPRA § 7314, establece

que el proyecto de resolución deberá incluir unas asignaciones

mandatorias. Sobre las asignaciones mandatorias, dispone que:

      […] En el proyecto de resolución del presupuesto general de
      cada municipio será mandatorio incluir asignaciones con
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      crédito suficiente para los siguientes fines y en el orden de
      prioridad que a continuación se dispone:
      (a) Intereses, amortizaciones y retiro de la deuda pública
      municipal;
      (b) otros gastos y obligaciones estatutarias;
      (c) el pago de las sentencias de los tribunales de justicia;
      (d) la cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier
      déficit del año fiscal anterior;
      (e) los gastos a que esté legalmente obligado el municipio
      por contratos ya celebrados;
      (f) los gastos u obligaciones cuya inclusión se exige en este
      Código;
      (g) otros gastos de funcionamiento; y
      (h) la contratación de artistas de música autóctona
      puertorriqueña, según la Ley 223-2004, según enmendada,
      conocida como “Ley de Nuestra Música Autóctona
      Puertorriqueña”.
              La Legislatura Municipal podrá enmendar el
      proyecto de resolución del presupuesto general de
      ingresos y gastos del municipio que presente el Alcalde
      para incorporar nuevas cuentas o disminuir o eliminar
      asignaciones de cuentas. Sin embargo, las asignaciones
      para cubrir las cuentas indicadas en los incisos (a), (b), (c),
      (d) y (e) de este Artículo no podrán reducirse ni eliminarse,
      pero se podrán enmendar para aumentarlas. Id. (Énfasis
      suplido).

En otras palabras, las asignaciones mandatorias serán los incisos

(a), (b), (c), (d) y (e) del referido artículo. Como resultado de este

mandato legislativo, ni el Alcalde ni la Asamblea Municipal pueden

reducir o eliminar estas asignaciones mandatorias. Por el contrario,

la Legislatura Municipal estará facultada para eliminar, reducir o

aumentar las asignaciones contenidas en los incisos (f), (g) y (h).

      Cuando a nuestro Tribunal Supremo le tocó interpretar este

Artículo lo hizo en el citado caso de Alcalde Mun. de Humacao v.

Ramos Cofresí, supra. En esa ocasión el más Alto Foro incluyó

dentro del concepto de gastos u obligaciones, cuya inclusión se

exige en lo que actualmente dispone el Código Municipal, los gastos

presupuestados en ese entonces por el Alcalde de Humacao para

organizar   las   unidades   administrativas    de   los   municipios,

incluyendo la creación de los puestos del personal de confianza del

Alcalde. No se extendió dicha interpretación a otros gastos

ordinarios de funcionamiento. Hon. Rivera Torres v. Legislatura

Municipal De Villalba, KLAN200901689.
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      En torno al trámite para la consideración y aprobación de la

resolución del presupuesto del municipio durante una sesión

ordinaria, el Art. 2.101 del Código Civil, 21 LPRA § 7315, establece

el curso de acción a seguir y al cual debe atenerse tanto la

Legislatura Municipal como el Alcalde. Establece:

      La Legislatura Municipal deberá considerar el proyecto de
      resolución del presupuesto general de ingresos y gastos del
      municipio durante una sesión ordinaria, según se dispone en
      el Artículo 1.037 de este Código, y aprobarlo y someterlo al
      Alcalde no más tarde del 20 de junio de cada año fiscal a
      excepción de ocasión de una declaración de emergencia. […]
      (b) Aprobación sobre objeciones del Alcalde – Cuando el
      Alcalde devuelva a la Legislatura Municipal el proyecto de
      resolución del presupuesto general de ingresos y gastos con
      sus objeciones y recomendaciones, el Presidente de esta […]
      convocará a una sesión extraordinaria […] para considerar
      únicamente las recomendaciones u objeciones del Alcalde.
             […]
             (2) La Legislatura Municipal podrá aprobar el
             proyecto de resolución del presupuesto general de
             ingresos y gastos municipal por sobre las objeciones
             y recomendaciones del Alcalde, con el voto
             afirmativo de no menos de dos terceras (2/3) partes
             del número total de sus miembros de la Legislatura
             Municipal. El presupuesto así aprobado entrará en
             vigor y regirá para el año económico siguiente.
             (3) […] En caso de que exista desacuerdo entre la
             Legislatura Municipal y el Alcalde en la aprobación de
             la resolución del presupuesto general de ingresos y
             gastos, con relación a los gastos presupuestados, la
             misma quedará aprobada, pero las diferencias entre las
             cantidades en desacuerdo serán llevadas a una cuenta
             de reserva. […]

Cónsono con lo anterior, es a la Legislatura Municipal a la que le

corresponde la aprobación final del presupuesto, a pesar de las

objeciones del Alcalde.

      Respecto al uso de los sobrantes del presupuesto del año fiscal

anterior, el Artículo 2.106, 21 LPRA § 7320, dispone:

      Sin perjuicio de lo dispuesto en este Código, a propuesta del
      Alcalde, la Legislatura Municipal podrá autorizar reajustes
      en el presupuesto general de gastos del municipio con los
      sobrantes que resulten como saldos en caja al 30 de junio
      de cada año, después de cerrado el presupuesto y de haberse
      cubierto las deudas con cargo a dichos sobrantes. También
      se podrá reajustar el presupuesto con los ingresos de años
      anteriores cobrados después del 1 de julio, que resulten
      como sobrantes disponibles […]. (Énfasis suplido).

Será decisión de la Legislatura Municipal el uso de los sobrantes en

el nuevo presupuesto municipal.
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                                  III.

      El   Municipio   de   Utuado,      mediante   los   primeros   dos

planteamientos de error, plantea que el TPI incidió al determinar que

la controversia ante su consideración era una cuestión política y,

por tal razón, no era justiciable. No le asiste la razón.

      Como cuestión umbral, tenemos el deber de determinar si la

controversia presentada ante el foro de instancia era justiciable o si,

en efecto, se trataba de una cuestión política.

      El Código Municipal establece las partidas que el Alcalde debe

presupuestar cada año, y que la Legislatura Municipal no puede

reducir o eliminar de la petición presupuestaria. El Artículo 2.100

del Código Municipal, supra, establece que la Legislatura Municipal

no podrá reducir o eliminar las siguientes partidas: intereses,

amortizaciones y retiro de la deuda pública municipal; otros gastos

y obligaciones estatutarias; el pago de las sentencias de los

tribunales de justicia; la cantidad que fuere necesaria para cubrir

cualquier déficit del año fiscal anterior y los gastos a que esté

legalmente obligado el municipio por contratos ya celebrados.

Cónsono con lo anterior, la Legislatura Municipal podrá aumentar,

reducir o eliminar cualquier partida que no se encuentre dentro de

las partidas mandatorias. Conforme surge del referido Artículo, los

gastos ordinarios de funcionamiento no están contenidos dentro de

las partidas mandatorias.

      Luego de examinar los hechos del caso, no hemos encontrado

que la Legislatura Municipal haya intervenido con las partidas

mandatorias presupuestadas por el Alcalde. Las partidas de

servicios como los de energía eléctrica, agua potable y combustible

no son partidas mandatorias, como pretende argumentar el

Municipio de Utuado. La Legislatura Municipal, a su discreción,

podrá aumentar o reducir dichas partidas, según estime necesario.
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      La controversia sobre las diferencias de criterio entre el

Alcalde y la Legislatura Municipal respecto a ciertas partidas de

gastos consignadas en el Presupuesto 2023-2024 es una cuestión

política. No le corresponde a la Rama Judicial intervenir con la

sabiduría del Alcalde y de la Legislatura Municipal respecto a la

manera de utilizar los fondos del Municipio para cubrir sus gastos.

Como consecuencia, no estamos en posición de intervenir con la

discreción de la Rama Ejecutiva y Legislativa de los municipios.

      Por último, mediante el tercer señalamiento de error, el

Municipio de Utuado alega que el TPI no podía ordenar el uso de los

sobrantes del Presupuesto 2022-2023 para cubrir la partida

destinada al pago de sentencias. Tampoco le asiste la razón.

      En lo pertinente, el Artículo 2.106 del Código Municipal,

supra, claramente establece que se podrán realizar reajustes

presupuestarios con los ingresos de años anteriores que resulten

como sobrantes. Por ende, el TPI no cometió el error señalado al

ordenar el uso de los sobrantes para cubrir el pago de las sentencias.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones