Court Opinion

ID: 9952268
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:35:26.927828+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:29.738159
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

      ESTADO LIBRE                                     CERTIORARI
      ASOCIADO DE                                      Procedente del
      PUERTO RICO                                      Tribunal de Primera
      Parte Recurrida                                  Instancia, Sala
                                                       Superior de San
                                KLCE202301109          Juan
             v.
                                                       Núm.:
                                                       KEF20080188
     EL OJO DE AGUA
    DEVELOPMENT, INC.                                  Sobre:
     Parte Peticionaria                                EXPROPIACIÓN
                                                       FORZOSA

Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, el Juez
Rodríguez Flores y la Jueza Prats Palerm1.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

       Comparece la parte interesada-peticionaria, El Ojo de Agua

Development, Inc. (en adelante, ¨peticionarios¨ o ¨El Ojo de Agua ¨)

mediante recurso de Certiorari presentado el 10 de octubre de 2023.

Solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, ¨TPI¨) dictada el

17 de mayo de 2023 y notificada el 25 de mayo de 2023. Mediante

la Resolución el TPI declaró ¨No Ha Lugar¨ una Moción para el pago

de la justa compensación y que no tenía jurisdicción para ordenar el

pago de lo ordenado en la Sentencia del 12 de julio de 2022 dictada

por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Primer

Circuito (en adelante, ¨Primer Circuito¨).

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto de Certiorari y confirmamos la Resolución apelada.

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-212 de 18 de enero de 2024, se
designa a la Hon. Annette M. Prats Palerm en sustitución del Hon. José Ignacio
Campos Pérez.

Número Identificador
SEN2024____________
KLCE202301109                                                        2

                                      I.

      Los hechos de este caso se remontan al 10 de abril de 2008

cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, ¨ELA¨)

presentó una petición de expropiación forzosa a nombre y para

beneficio del Municipio de Juana Díaz. La expropiación forzosa

pretendía adquirir el dominio absoluto de una parcela de 6.55

cuerdas de terreno ubicada en el mismo municipio. A su vez, tenía

como fin público el uso del terreno para el Proyecto Viviendas

Unifamiliares, Carr. Estatal 14, Km. 20.6 Barrio Cañas Arriba de

Juana Díaz, Puerto Rico. Como parte del proceso de expropiación

forzosa, el ELA señaló como parte con interés a la corporación El Ojo

de Agua y a su titular, Humberto Escabí Trabal.

      Tras varios trámites y celebrado el juicio en su fondo, el TPI,

Sala Superior de San Juan dictó Sentencia el 9 de febrero de 2015.

Mediante el dictamen determinó que el ELA tenía que pagar a El Ojo

de Agua la cantidad de $295,000.00 por concepto de justa

compensación del terreno expropiado. Además, determinó que la

expropiación tuvo el efecto de dejar una porción de 31.18 cuerdas

de terreno enclavado, por lo que procedía una compensación

adicional en daños a favor de El Ojo de Agua de $1,403,000.00, más

los intereses legales.

      Luego de varios trámites procesales que no son necesarios

pormenorizar para poder disponer del caso, el 25 de octubre de 2022

El Ojo de Agua presentó una Moción para el pago de la justa

compensación. Alegó que, mediante la confirmación de la Octava

Enmienda al Plan de Ajuste bajo el Título III del ELA, et al. se ordenó

el pago total e íntegro de la justa compensación en casos de

expropiación forzosa. Señaló que, por lo tanto, procede la

consignación de la justa compensación según la Sentencia del 9 de

febrero de 2015 dictada por el TPI.
KLCE202301109                                                         3

      Por su parte, el 28 de noviembre de 2022 el ELA presentó una

Oposición a la moción para el pago de la justa compensación. Alegó

que el TPI no posee jurisdicción para emitir una orden al ELA

respecto a la consignación o pago de la sentencia pendiente.

Además, adujo que la paralización de los procedimientos contra el

Estado y sus funcionarios continúa en vigor. Argumentó que el Plan

de Ajuste solo modificó la paralización para atender la continuación

de la litigación de los casos de expropiación forzosa y la distribución

de los fondos consignados en el Tribunal. Añadió que la Corte Título

III posee jurisdicción exclusiva para atender este tipo de asuntos.

      El 5 de diciembre de 2022, El Ojo de Agua presentó una

Moción de Réplica a Oposición en la que argumentó que el Plan de

Ajuste le confiere jurisdicción y competencia al TPI para el pago y

distribución de la justa compensación. En respuesta, el 27 de

diciembre de 2022 el ELA presentó una Dúplica de Réplica en la que

señaló que la paralización automática no fue levantada para incluir

casos de ejecución de sentencia. El 24 de enero de 2023, El Ojo Agua

presentó una Breve Réplica a Dúplica en la que reafirmó su postura.

      Así las cosas, el TPI dictó una Resolución el 17 de mayo de

2023, notificada el 25 de mayo de 2023. Mediante la Resolución, el

TPI resolvió ¨No Ha Lugar¨ la Moción para el pago de la justa

compensación por falta de jurisdicción. El TPI determinó que la Corte

Título III retiene la jurisdicción exclusiva sobre cualquier asunto

relacionado a disputas sobre las distribuciones bajo el Plan de

Ajuste.

      El 8 de junio de 2023, El Ojo de Agua presentó una Moción de

Reconsideración. El 5 de julio de 2023 el ELA radicó una Moción de

Prórroga solicitando un término adicional para expresarse sobre la

moción de reconsideración. El ELA presentó su Oposición a Moción

de Reconsideración el 31 de julio de 2023.
KLCE202301109                                                        4

      Luego de varios trámites, el 12 de septiembre de 2023 el TPI

dictó una Orden, notificada el 14 de septiembre de 2023. Mediante

el referido dictamen el TPI declaró ¨No Ha Lugar¨ la Moción de

Reconsideración presentada el 8 de junio de 2023.

      Inconforme, el 10 de octubre de 2023 El Ojo de Agua presentó

un recurso de Certiorari. Solicitó que se revocara la Resolución del

17 de mayo de 2023. Realizó el siguiente señalamiento de error:

      Erró el TPI al declararse sin jurisdicción para ordenar el pago
      de la justa compensación determinada en su Sentencia de 9
      de febrero de 2015 que es final y firme y ordenar el pago de
      las costas.

El 16 de octubre de 2023 este Tribunal dictó una Resolución

concediéndole al ELA un término de diez (10) días para exponer su

posición. A tales efectos, el 24 de octubre de 2023, el ELA presentó

una Solicitud de breve término adicional solicitando un término

adicional para exponer su posición. El 26 de octubre de 2023

dictamos una Resolución concediendo un término final, a vencer el

3 de noviembre de 2023, para presentar su escrito en oposición.

      En cumplimiento, el 3 de noviembre de 2023, el ELA presentó

su Escrito en cumplimiento de orden en donde expuso su oposición a

la expedición del auto de Certiorari. Sostiene que el TPI no tiene

jurisdicción para ordenar la consignación o pago de la Sentencia

pendiente. Argumenta que el párrafo 58.1 del Plan de Ajuste no le

confiere jurisdicción al tribunal para ordenar la consignación de

pago y distribución de la justa compensación en casos de

expropiación forzosa cuyos hechos ocurrieron previo a la petición de

quiebra del Gobierno de Puerto Rico y que tengan sentencias finales

y firmes que no sean líquidas. Reitera que quedan asuntos por

resolver que afectarían la justa compensación, como el cálculo de

los intereses. Debido a esto, sostiene que la ejecución de la sentencia

se mantiene paralizada. No obstante, argumenta que el TPI tiene
KLCE202301109                                                        5

jurisdicción para permitir la litigación de la cuantía de intereses de

forma que la Sentencia emitida advenga líquida.

                                  II.

A. El Certiorari

   El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce

de León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163

(2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723,

728-729    (2016);   véase,   además,    Art.   670   del   Código   de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición

del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal

revisor. Íd.; IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y

órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, supra; Scotiabank de

Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo

pertinente, la referida regla dispone lo siguiente:

      [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
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      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,   asuntos    relativos   a    privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones
      de familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

Aun   cuando    al   amparo   del   precitado   estatuto   adquirimos

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que

este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente su

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para analizar el problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
         manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
         a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
         la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

      De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia,

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v.

Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad
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aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-

435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd.

Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.

Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

      Se podrán revisar, mediante certiorari, los asuntos post

sentencia los cuales, de ordinario, no tienen otro método disponible

de revisión apelativa. En estos casos, la intervención apelativa

deberá limitarse a considerar si procede expedir el auto sobre una

determinación en un trámite post sentencia, a tenor con los criterios

de la Regla 40 de nuestro Reglamente, supra. IG Builders et al. V.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Banco Popular de Puerto Rico v.

Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR 145.

B. Jurisdicción

      La jurisdicción se define como el poder o la autoridad que

posee un tribunal para considerar y decidir casos o controversias

con efecto vinculante para las partes. Adm. Terrenos v. Ponce

Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); Allied Mgmt. Group v. Oriental

Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et

al., 204 DPR 89, 101 (2020). En Puerto Rico, los tribunales son foros

de jurisdicción general por lo que, de ordinario, pueden atender todo

tipo de controversia que sea traída ante su consideración, excepto

que carezcan de jurisdicción sobre la materia. Adm. Terrenos v.

Ponce Bayland, supra; Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al.,

supra; Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).

      La jurisdicción sobre la materia ha sido definida como "la

capacidad del Tribunal para atender y resolver una controversia

sobre un aspecto legal". Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra,
KLCE202301109                                                         8

citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra. Sobre este

particular, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el Estado,

a través de sus leyes, es quien único puede otorgar o privar a un

tribunal de jurisdicción sobre la materia. Beltrán Cintrón et al. v. ELA

et al., supra; Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra; Unisys v.

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 862 esc. 5, 1991 Juris P.R. No. 69

(1991).

      Así pues, para privar a un tribunal de jurisdicción, es

necesario que algún estatuto lo disponga expresamente o que surja

de él por implicación necesaria. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179

DPR 231, 241, (2010). La falta de jurisdicción sobre la materia

acarrea las siguientes consecuencias: (1) no es susceptible de ser

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal

motu proprio. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra, en las págs.

101-102. Véase También, J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento

Civil Puertorriqueño, 1era Ed. 25. (2010).

C. Plan de Ajuste y Confirmation Order

      Luego de que el Gobierno realizara una petición de quiebra, al

amparo del Título III de PROMESA, el 18 de enero de 2022, la Corte

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico

confirmó el Plan de Ajuste Fiscal (en adelante, ¨Plan de Ajuste) que

presentó el Gobierno de Puerto Rico y que fue certificado por la

Junta de Supervisión Fiscal. Para ello emitió, como parte del caso In

re Commonwealth of Puerto Rico, Case. No. 17BK3283-LTS, el Order

and Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint
KLCE202301109                                                       9

Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the

Employees    Retirement   System    of   the   Government     of   the

Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings

Authority (en adelante, ¨Confirmation Order¨). El Plan de Ajuste

adquirió efectividad el 15 de marzo de 2022.

      El Plan de Ajuste define las reclamaciones procedentes de una

acción de expropiación forzosa como:

             1.212 Eminent       Domain/Inverse    Condemnation
      Claim: A Claim arising from or related to (a) an Eminent
      Domain Proceeding and a Final Order entered therein for an
      amount in excess of the amount deposited by the condemnor
      in accordance with the terms and provisions of 32 L.P.R.A. §
      2907, including, without limitation, interest accrued with
      respect thereto, or (b) an asserted inverse condemnation of
      property caused by an asserted taking of property for public
      use by one of the Debtors without due process of law and
      without having received just compensation, including,
      without limitation, through the imposition of development
      restrictions or use limitations.

A su vez, define las acciones de expropiación forzosa como:

      1.213 Eminent Domain Proceeding: A condemnation action
      or proceeding commenced by the Commonwealth or an agency
      or entity thereof in the Court of First Instance in accordance
      with the terms and provisions of 32 L.P.R.A § 2905 to obtain
      title to real property located on Puerto Rico.

      Por otro lado, el párrafo 58.1 establece el tratamiento que se

le otorgará a las reclamaciones de expropiación forzosa bajo el Plan

de Ajuste. Dispone:

           PROVISIONS FOR TREATMENT OF CW EMINENT
                   DOMAIN CLAIMS (CLASS 54)
      58.1 Treatment of Eminent Domain Claims: From and
      after the Effective Date, (a) to the extent not modified prior
      thereto, the automatic stay extant pursuant to section 362 of
      the Bankruptcy Code shall be deemed modified in order to
      permit the holder of an Eminent Domain/Inverse
      Condemnation Claim to (i) liquidate such Eminent
      Domain/Inverse Condemnation Claim in such holder's
      Eminent Domain Proceeding and (ii) cause the Clerk of the
      Court of First Instance to distribute to such holder the
      amount of monies on deposit with the Court of First
      Instance with respect to the condemned property, and (b)
      subject to the entry of the Confirmation Order or the Findings
      of Fact and Conclusions of Law in respect of the Plan providing
      such Claims must be paid in full to the extent they are
      Allowed Claims for just compensation, upon each such
      order becoming a Final Order, and upon the occurrence of
      another Final Order determining the validity and amount
      of just compensation attributable to an Eminent
KLCE202301109                                                              10

      Domain/Inverse Condemnation Claim, the holder of an
      Allowed Eminent Domain/Inverse Condemnation Claim
      shall be entitled to receive, in full consideration,
      satisfaction, release, and exchange of such holder's
      unpaid balance of its Allowed Eminent Domain/Inverse
      Condemnation Claim, in Cash, one hundred percent
      (100%) of such Allowed Eminent Domain/Inverse
      Condemnation Claim; provided, however, that, in the event
      that (x) the Oversight Board appeals from the Confirmation
      Order and the Findings of Fact and Conclusions of Law
      regarding the Title III Court's ruling that Allowed Eminent
      Domain/Inverse Condemnation Claims must be paid in full or
      otherwise be rendered unimpaired pursuant to the Plan, (y)
      such appeal is successful, and (z) a Final Order is entered
      holding that Allowed Eminent Domain/Inverse Condemnation
      Claims may be impaired, subject to the terms and provisions
      of Articles LXXVII and LXXXII of the Plan, each holder of an
      Allowed Eminent Domain/Inverse Condemnation Claim shall
      be entitled to receive, in full consideration, satisfaction,
      release, and exchange of such holder's unpaid balance of its
      Allowed Eminent Domain/Inverse Condemnation Claim, and
      the Reorganized Commonwealth shall make, payments, in
      Cash, in an amount equal to the pro rata payments to be made
      to holders of Allowed CW General Unsecured Claims up to the
      GUC Recovery Cap. (Énfasis suplido).

      La intención del párrafo 58.1 es clara. Respecto a las

reclamaciones de expropiación forzosa, pretende: (1) levantar la

paralización     de   los        procedimientos    para      continuar    los

procedimientos hasta que se dicte sentencia y advenga final y firme,

de modo que la reclamación advenga líquida; (2) distribuir el dinero

consignado en el Tribunal de Primera Instancia; y (3) el pago de las

Órdenes Finales que hayan determinado la justa compensación.

      En el ámbito federal, el término ¨liquidate¨ significa realizar el

correspondiente cálculo de lo debido. Sobre lo pertinente, la

jurisprudencia federal ha establecido que ¨[a] claim is liquidated if

it is subject to “ready determination and precision in computation

of the amount due.¨ In re Sylvester, 19 B.R. 671, 673 (9th Cir. BAP

1982), citando    a In      re    Bay   Point     Corp., 1    B.C.D.     1635

(Bankr.D.N.J.1975). Además, han esbozado que ¨[t]o liquidate a

claim is to determine by agreement or litigation the precise amount

of it.¨ In re Silver, 109 F. Supp. 200 (E.D. Ill. 1952), aff'd, 204 F.2d

259 (7th Cir. 1953), citando a Webster's International Dictionary y

Bouvier's Law Dictionary.
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      Respecto al significado de ¨Final Order¨, el Plan de Ajuste

define el término como:

      1.253 Final Order: An order or judgment of a court of
      competent jurisdiction that has been entered on the docket
      maintained by the clerk of such court and has not been
      reversed, vacated, or stayed and as to which (a) the time to
      appeal, petition for certiorari, or move for a new trial, re-
      argument, or rehearing has expired and as to which no
      appeal, petition for certiorari, remand proceeding, or other
      proceedings for a new trial, re-argument, or rehearing shall
      then be pending or (b) if an appeal, writ of certiorari, new trial,
      re-argument, or rehearing thereof has been sought, (i) such
      order or judgment shall have been affirmed, reversed or
      remanded in part or in full, with no further proceedings on
      remand, by the highest court to which such order was
      appealed, certiorari shall have been denied, or a new trial, re-
      argument, or rehearing shall have been denied or resulted in
      no modification of such order and (ii) the time to take any
      further appeal, petition for certiorari, or move for a new trial,
      re-argument, or rehearing shall have expired; provided,
      however, that the possibility that a motion under Rule 60 of
      the Federal Rules of Civil Procedure, or any analogous rule
      under the Bankruptcy Rules or the Local Bankruptcy Rules,
      may be filed relating to such order shall not prevent such
      order from being a Final Order, except as provided in the
      Federal Rules of Appellate Procedure, the Bankruptcy Rules,
      or the Local Bankruptcy Rules.

      Cónsono con lo anterior, la jurisprudencia federal define

¨Final Order¨ como una que ¨ends the litigation on the merits and

leaves   nothing    for   the   court    to   do   but   execute     the

judgment.¨ Whitfield v. Municipality of Fajardo, 564 F.3d 40, 45 (1st

Cir. 2009) citando a Catlin v. United States, 324 U.S. 229, 233, 65

S.Ct. 631, 89 L.Ed. 911 (1945). (Énfasis suplido). En otras palabras,

una orden no es final si permanecen asuntos post-sentencia a

determinar por el Tribunal.

      Mediante el párrafo 76 del Confirmation Order, la Jueza Laura

Taylor Swain dispuso que:

      76. Eminent Domain/Inverse Condemnation Claims.
      Notwithstanding anything contained in the Plan or this
      Confirmation Order to the contrary, (a) nothing contained in
      the Plan or this Confirmation Order shall impair or otherwise
      affect the treatment provided in Class 54 to holders of Allowed
      Eminent Domain/Inverse Condemnation Claims, (b) as of the
      Effective Date, and upon the effective date of a Final
      Order of a court of competent jurisdiction determining
      the validity of an amount of just compensation
      attributable to an Allowed Eminent Domain Claim or
      Allowed Inverse Condemnation Claim, the holder of such
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      a Claim shall be entitled to receive, in full consideration,
      satisfaction, release, and exchange of such holder's
      unpaid balance of its Allowed Eminent Domain/Inverse
      Condemnation Claim, in Cash, one hundred percent
      (100%) of such Allowed Eminent Domain/Inverse
      Condemnation      Claim,     and   (c)   Allowed    Eminent
      Domain/Inverse Condemnation Claims shall not be treated in
      any way as CW General Unsecured Claims for purposes of
      distribution. Nothing in the Plan or this Confirmation
      Order shall be construed to prevent any determination
      of just compensation from including, if and to the extent
      the tribunal deems appropriate, interest on an Allowed
      Eminent       Domain/Inverse      Condemnation       Claim.
      Notwithstanding the foregoing, in the event that (x) the
      Oversight Board appeals from the Confirmation Order and the
      Findings of Fact and Conclusions of Law regarding the Title
      III Court's ruling that Allowed Eminent Domain/Inverse
      Condemnation Claims must be paid in full or otherwise be
      rendered unimpaired pursuant to the Plan, (y) such appeal is
      successful, and (z) a Final Order is entered holding that
      Allowed Eminent Domain/Inverse Condemnation Claims may
      be impaired, subject to the terms and provisions of Articles
      LXXVII and LXXXII of the Plan, each holder of an Allowed
      Eminent Domain/Inverse Condemnation Claim shall be
      entitled to receive, in full consideration, satisfaction,
      release, and exchange of such holder's unpaid balance of
      its Allowed Eminent Domain/Inverse Condemnation
      Claim, and the Reorganized Commonwealth shall make,
      payments, in Cash, in an amount equal to the pro rata
      payments to be made to holders of Allowed CW General
      Unsecured Claims up to the GUC Recovery Cap. (Énfasis
      suplido).

      Por otro lado, el párrafo 77.1 del Plan de Ajuste recoge las

provisiones que gobiernan las distribuciones al amparo del referido

Plan. En lo pertinente a las distribuciones en las reclamaciones de

expropiación forzosa dispone:

                  PROVISIONS GOVERNING DISTRIBUTIONS
      77.1 Time and Manner of Distribution: Except as otherwise
      provided herein, distributions under the Plan shall be made
      to each holder of an Allowed Claim as follows:
      […]
      (e) Distributions with respect to Eminent Domain/Inverse
      Condemnation Claims: Except as otherwise provided herein,
      within ten (10) Business Days following the occurrence of
      a Final Order determining the validity and amount of just
      compensation attributable to an Eminent Domain/Inverse
      Condemnation Claim, the Disbursing Agent shall
      distribute, or cause to be distributed, to each holder of an
      Allowed Eminent Domain/Inverse Condemnation Claim,
      Cash in the amount of such Allowed Claim. […] (Énfasis
      suplido).

La disposición claramente establece que la distribución de la

compensación en un caso sobre expropiación forzosa, que contenga
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una Orden Final, será ordenada por el ¨Disbursing Agent¨. El Plan

de Ajuste define el término ¨Disbursing Agent¨ como:

      1.204 Disbursing Agent: Such Entity or Entities designated
      by the Oversight Board, upon consultation with AAFAF, on
      or prior to the Effective Date to make or to facilitate
      distributions in accordance with the provisions of the Plan.

A esos efectos, el Confirmation Order establece que:
      35. Disbursing Agent. Pursuant to section 1.204 of the Plan,
      the Disbursing Agent shall be, as applicable, such Entity or
      Entities designated by the Oversight Board, upon consultation
      with AAFAF, on or prior to the Effective Date to make or to
      facilitate distributions in accordance with the provisions of the
      Plan and this Confirmation Order. Upon designation thereof,
      the Oversight Board shall file an informative motion with the
      Title III Court setting forth the name of the Disbursing Agent
      designated.

      Relativo a la jurisdicción de la Corte Título III, el Plan de Ajuste

establece que retendrá jurisdicción en determinadas circunstancias.

En lo pertinente, el párrafo 91.1 dispone:

                     RETENTION OF JURISDICTION

      91.1 Retention of Jurisdiction: The Title III Court shall
      retain and have exclusive jurisdiction over any matter
      arising under PROMESA, arising in, or related to, the Title
      III Cases and the Plan, or that relates to the following:

      (a) to allow, disallow, determine, liquidate, classify,
      estimate, or establish the priority, secured or unsecured
      status, or amount of any Claim not compromised or
      settled hereby, including, without limitation, the
      resolution of any request for payment of any Claim and
      the resolution of any and all objections to the secured or
      unsecured status, priority, amount, or allowance of
      Claims not compromised or settled hereby; […]

      (c) to ensure that distributions to holders of Allowed
      Claims are accomplished pursuant to the provisions of the
      Plan and adjudicate any and all disputes arising from or
      relating to distributions under the Plan; […]

      (g) to resolve any cases, controversies, suits, disputes or other
      challenges of any kind that may arise in connection with the
      consummation, interpretation or enforcement of the Plan, the
      Confirmation Order, Definitive Documents or any other
      contract, instrument, security, release or other agreement or
      document that is entered into or delivered pursuant to the
      Plan or any Entity's rights arising from or obligations incurred
      in connection with the Plan or such documents; […]. (Énfasis
      suplido).

      En otras palabras, la Corte Título III retiene jurisdicción

exclusiva para garantizar que las distribuciones a los titulares de
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Reclamaciones Permitidas se realicen de conformidad con el Plan de

Ajuste. Además, retiene jurisdicción para resolver las disputas

relacionadas a las distribuciones según lo establecido en el Plan de

Ajuste. El inciso (c) del párrafo 91.1 expresamente establece que la

Corte Título III solo retendrá jurisdicción para velar por el

cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ajuste referente a las

distribuciones y para resolver disputas que surjan relacionadas a

las mismas. No obstante, no retiene jurisdicción para realizar las

correspondientes distribuciones. Según el párrafo 77.1 del Plan de

Ajuste, las distribuciones serán realizadas por el Disbursing Agent.

                                III.

      En síntesis, los peticionarios alegan que incidió el TPI al

declarar que carecía de jurisdicción para ordenar el pago de la justa

compensación determinada mediante Sentencia del 9 de febrero de

2015 y para determinar los intereses y costas del pleito.

      El 18 de enero de 2022 la Corte de Distrito de los Estados

Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó la Octava Enmienda

al Plan de Ajuste Fiscal. La Octava Enmienda al Plan de Ajuste

únicamente permite la continuación de los procedimientos de los

casos de expropiación forzosa que quedaron paralizados hasta tanto

se dicte sentencia final y firme, de modo que la reclamación advenga

líquida y para permitir la distribución de los fondos que ya están

consignados en el Tribunal.

      Surge del presente caso que, aunque existe una Sentencia

final del 9 de febrero de 2015, lo cierto es que no se ha consignado

la totalidad de la justa compensación, según dispone la referida

Sentencia. Tampoco se encuentran consignados, y existe disputa

con relación a, los intereses que deberán ser pagados y las costas

del pleito.
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      Por lo anterior, no procede ninguna de las dos modificaciones

establecidas en el Artículo LVIII, párrafo 58.1, de la Octava

Enmienda al Plan de Ajuste, supra. Por tanto, el TPI actuó

correctamente al declararse sin jurisdicción para atender la

solicitud de la parte apelante para que se ordenara al ELA a

consignar y desembolsar el pago de la Sentencia.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

Certiorari y confirmamos la Resolución apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones