Court Opinion

ID: 9941358
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:28:00.912426+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:34.279504
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

 BARQUÍN INTERNATIONAL                              Certiorari procedente
 CORPORATION Y OTROS                                del Tribunal de Primera
                                                    Instancia, Sala Superior
         RECURRIDOS                                 de San Juan

                v.               KLCE202400063 Caso Número:
                                               SJ2020CV02902
     ASOCIACIÓN DE
  MAESTROS DE PUERTO
      RICO Y OTROS                                  Sobre:
                                                    Daños y perjuicios
       PETICIONARIOS
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

        La Asociación de Maestros de PR y otros comparecen ante este

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari y nos pide que

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan, emitida y notificada el 3 de noviembre de 2023.

Por medio de dicho dictamen el foro primario declaró no ha lugar la solicitud

de sentencia sumaria presentada por ambas partes involucradas en el

caso.

        Por los fundamentos a continuación, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

                                      I

        Por hechos acontecidos el 25 de mayo de 2019, Barquín

International Corporation, empresa privada dedicada a la venta de equipos

electrónicos y programas de computadora, presentó una demanda sobre

daños y perjuicios en contra de la Asociación de Maestros de PR a la luz

de un contrato de arrendamiento que pactaron entre estos. En esencia

sostuvo que durante la madrugada se quebró un tubo del edificio que

provocó una inundación que afectó la propiedad arrendada y, por

consiguiente, causó daños a los bienes de la empresa. Barquín alegó que

sufrió daños a su propiedad ascendentes a $3,515,703.87, además

Número Identificador
RES2024_______________
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sostuvo que sus operaciones se vieron interrumpidas por los trabajos de

reparación los cuales le ocasionaron daños estimados en $1,500,000.00.

Asimismo, reclamó una suma no menor de $360,000.00 como

indemnización por los gastos de la empresa y $250,000.00 por las

angustias y sufrimientos mentales de Ramón C. Barquín por el efecto que

tuvo esta situación en su trabajo y esfuerzos en rehabilitar su empresa.

Finalmente, la compañía sostuvo que procedía una indemnización

adicional de $250,000.00 por los daños a la reputación y buen nombre de

la marca de la empresa.

      Por su parte, los peticionarios contestaron la demanda al negar que

fuera negligente en momento alguno. Además, sostuvieron que la tubería

que colapsó se encontraba dentro de la pared del edificio, por lo cual no

tenía acceso a darle mantenimiento, predecir o prevenir su destrucción. Del

mismo modo, adujo que los daños reclamados eran exagerados,

especulativos, preexistentes a la fecha de los hechos alegados y no

guardaban relación con la realidad. También, sostuvo que si hubo algún

daño este fue el producto de un caso fortuito o causa interventora.

      Posteriormente, los peticionarios presentaron Solicitud de sentencia

sumaria en la que plantearon que, mediante el contrato de arrendamiento

pactado entre las partes, el recurrido relevó la responsabilidad de estos.

Precisamente, adujo que la cláusula leía como sigue:

      Ni la ARRENDADORA ni los agentes ni empleados de la
      ARRENDADORA serán responsables, y por la presente el
      ARRENDATARIO releva a la ARRENDADORA y a los
      agentes y empleados de la ARRENDADORA de toda
      reclamación por daños a la persona o a la propiedad
      (incluyendo pérdida o interrupción de negocio) del
      ARRENDATARIO o de alguna persona que así lo reclame a
      través del ARRENDATARIO, que resultare de fuego,
      accidente o condición en el local accidentado, el complejo y
      aceras, calles y otras áreas que colinden o estén adyacentes
      a dicho complejo, incluyendo, pero no limitado a
      reclamaciones por daños que resultaren de; (i) cualquier
      defecto o falla de plomería, o equipo de aire acondicionado,
      alambrado eléctrico o instalaciones del mismo, tubos de
      agua; (ii) cualquier equipo o accesorio fuera de servicio; (iii)
      la explosión, colación o filtración de cualquier tanque, fuente
      de agua, lavamanos, inodoro, tubo de desperdicios, drenaje
      u otro tubo o tanque en, sobre o alrededor del complejo o local
      accidentado; (iv) el retroceso de cualquier tubería sanitaria o
      conducto, (v) el escape de vapor o agua caliente; (vi) agua
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      saliente de o viniendo por el techo o cualquier lugar en o cerca
      de dicho complejo o edificio local; (vii) el caerse cualquier
      instalación, estucado o empañetado; (viii) cristal roto; (ix) el
      ejercicio de este contrato; (x) cualquier acto u omisión de
      otras partes que no sean la ARRENDADORA, sus empleados
      o agentes, (xi) cualquier acto u omisión de la
      ARRENDADORA, sus agentes y empleados, a menos que
      dicho acto u omisión constituya negligencia de la
      ARRENDADORA. El ARRENDATARIO acuerda, sin
      embargo, que en ningún caso se hará valer derecho alguno
      de subrogación en contra de la ARRENDADORA por
      cualquier lesión o daño sufrido por el ARRENDATARIO
      según se ha mencionado, sea o no por negligencia crasa. Ni
      la ARRENDADORA ni sus agentes serán responsables de
      daño a la propiedad del ARRENDATARIO ni de otras
      personas empleadas en el complejo, ni por la pérdida o daño
      a la propiedad alguna del ARRENDATARIO debido a hurto o
      a alguna otra razón.

      Además, argumentaron que dicho contrato no fue suscrito por

Barquín, sino con el Sr. Molina en su carácter personal, y que el

subarriendo estaba proscrito por el mismo contrato. Asimismo, sostuvo que

no se encontraba presente el elemento de relación causal entre los

alegados actos negligentes y los daños reclamados ni la previsibilidad de

estos. Por su parte, la parte recurrida se opuso y, a su vez, presentó una

moción de sentencia sumaria a su favor en la que sostuvo que la cláusula

de relevo de responsabilidad contenía una excepción.

      Tras múltiples instancias procesales, el Tribunal de Primera

Instancia dictó Resolución mediante la cual denegó la Solicitud de

Sentencia Sumaria al encontrar que se encontraban en controversia los

siguientes hechos:

      1. En relación a los daños por pérdida de propiedad que reclama
         Barquín, está en controversia cuál es la propiedad específica
         que sufrió daños y/o pérdidas como resultado del incidente
         ocurrido el 25 de mayo de 2019.
      2. Está en controversia la magnitud, extensión y valoración de los
         daños alegados por Barquín.
      3. Si era previsible que el tubo de agua que se rompió y ocasionó
         la filtración de agua y luego la inundación el día de los hechos,
         estaba oxidado, corroído y/o deteriorado.
      4. Si, conforme lo anterior, hubo un acto u omisión por parte de la
         AMPR respecto al evento de la rotura del tubo de agua. De
         contestarse en la afirmativa, si existe un nexo causal entre los
         daños y pérdidas en propiedad alegadas por Barquín y dicho
         acto u omisión.
      5. Si la póliza que MAPFRE expidió a favor de la AMPR, y que
         estuvo vigente durante los hechos del 25 de mayo de 2019,
         cubre los daños alegados por Barquín.
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      Inconforme, luego de rechazar las mociones de reconsideración de

ambas partes, los peticionarios presentaron el certiorari ante nuestra

consideración. Mediante este recurso discrecional señalaron que el

Tribunal de Primera Instancia incurrió en los siguientes errores:

      Primer error: Erró el TPI al determinar que la frase o
      excepción “a menos que dicho acto u omisión constituya
      negligencia de la ARRENDADORA” incluída en el último
      inciso de la Cláusula de Renuncia de Reclamaciones (el
      inciso ‘xi’) aplica a los incisos ‘i’,’ii’, ‘iii’ y ‘vi’ invocados por la
      compareciente, en abstracción de la “regla del último
      antecedente” y lo resuelto en Meléndez v. Tribunal, 90 D.P.R.
      656 (1964). Particularmente, considerando que: (i) a
      diferencia del inciso ‘xi’, los tres incisos señalados no incluyen
      ni utilizan los términos acto ni omisión y (ii) los puntos y comas
      que separan cada una de las 11 (xi) enumeraciones de la
      cláusula claramente establecen 11 supuestos separados y
      distintos.

      Segundo error: Erró el TPI al no formular como hechos
      probados 13 hechos que tanto la compareciente como la
      parte demandante consignaron no están en controversia, y
      además eran materiales. Erró además al no formular como
      hechos probados 3 hechos adicionales, lo[s] cuales: (i) no
      fueron controvertidos por la parte demandante mediante
      evidencia; y (ii) están sustentados en transcripciones de
      deposiciones y otra prueba admisible en evidencia.

      Tercer error: Erró el TPI al no desestimar la Demanda por
      ausencia de nexo causal, a pesar de que la propia parte
      demandante admitió que desconocía que en el local en
      cuestión había equipo valorado en $3.5 millones, incluso para
      efectos de sus propias responsabilidades contributivas, para
      cuyos propósitos lo valorizó en aproximadamente
      $26,000.00.

      Por su parte, la parte recurrida presentó Oposición a expedición de

certiorari y alegato mediante el cual sostuvo que no procedía la expedición

del auto porque no había mediado perjuicio, parcialidad, ni error craso en

la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia.

                                         II

                                         A

      El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que permite

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).

En esencia consiste en un recurso extraordinario caracterizado por que

descansa en la discreción del tribunal para su expedición, la cual no es

irrestricta. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). El tribunal
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tiene discreción para atender el asunto planteado, bien sea para expedir o

denegar el auto. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580

(2011). En estos casos procede un análisis dual para determinar si se

expide o no un recurso de certiorari, el cual consta de una parte objetiva y

otra subjetiva.

       Primero, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LRPA Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para revisar

resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia será

expedido, entre otros, cuando se recurra de la denegatoria de una moción

de carácter dispositivo u alguna orden bajo las Reglas 56 y 57. A esos

efectos, el primer examen para que un recurso de certiorari sea expedido

es que tenga cabida bajo uno de los escenarios contemplados en la Regla

52.1, supra.

       Superada esta primera etapa, procede examinar si se justifica

nuestra intervención a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Recuérdese que es un recurso que

depende de la discreción del tribunal revisor. Conforme a esta Regla, los

criterios que justifican nuestra intervención son los siguientes:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Por lo tanto, la discreción judicial no opera en el vacío. En etapa de

revisión judicial es norma reiterada que el Tribunal de Apelaciones no habrá

de intervenir con el ejercicio de discreción del Tribunal de Primera

Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,
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prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012) (citando a Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 745 (1986). Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido, por tanto,

debemos ejercer nuestra discreción para evaluar si, a la luz de estos

criterios, se requiere nuestra intervención. Si no fuera así, procede que nos

abstengamos de expedir el auto, de manera que se continúen los

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera instancia.

                                      B

       En nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia sumaria responde al

propósito de aligerar la conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su

fondo, pero siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a

ser dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente”.

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001). Véase, además,

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). Conforme a

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para adjudicar una moción de

sentencia sumaria se requiere la presentación de “una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia

de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para

que el tribunal dicte sentencia sumariamente” bien sea sobre la totalidad

de la reclamación o parte de esta. En este sentido, un hecho material “es

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el

derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193

DPR 100, 110 (2015). Por ello, “[l]a controversia debe ser de una calidad

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través de

un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

       En armonía con lo anterior, la sentencia sumaria solo debe dictarse

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales en

la controversia, no procede que se dicte sentencia sumaria. Sin embargo,

se ha establecido que la sentencia sumaria, “[p]rocede, aunque se hayan

alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero cuando el
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promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante dicha

prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre los

hechos medulares.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 577. Ante

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, es

decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia admisible.” Id.

        En fin, toda vez que la sentencia sumaria es un remedio de carácter

discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su

día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Mgmt. Adm.

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). Siendo esto así, solo

procede que se dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera clara

que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de

todos     los    hechos      necesarios      para     poder     resolver     la

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-

110. De haber alguna duda acerca de la existencia de una controversia

sobre los hechos medulares y sustanciales del caso deberá resolverse

contra la parte que solicita la moción, haciendo necesaria la celebración de

un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, 132 DPR 115,133 (1992).

        Según se ha reiterado jurisprudencialmente, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar

la determinación del tribunal primario, estamos limitados de dos maneras:

(1) considerar solamente los documentos que se presentaron ante el foro

de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de

forma correcta. Esto es, estamos impedidos de adjudicar los hechos

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335

(2004). El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea

que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro intermedio. Por

consiguiente, el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M.
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Cuebas, supra, estableció el estándar que debemos utilizar como tribunal

revisor al momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que

se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria.

       En lo pertinente, dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de

Apelaciones es de novo y debe examinar el expediente de la manera más

favorable hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria

en el foro primario”. Id. en la pág. 118. Además, reiteró que por estar en la

misma posición que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de

forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id.

                                     III

       La parte peticionaria expone en su recurso de certiorari que erró el

TPI al no dictar sentencia sumaria por determinar que aplicaba la excepción

contenida en el propio contrato de arrendamiento. Además, sostiene que

erró el foro de instancia al no acoger como hechos probados los trece (13)

hechos consignados por ambas partes sobre los cuales no hay

controversia. Finalmente, argumenta que el tribunal inferior debió

desestimar la demanda por ausencia de nexo causal cuando los propios

recurridos admitieron que desconocían que en el local arrendado había

equipo valorado en $3.5 millones, cuando para efectos contributivos se

había valorado en $26,000.00.

       Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos

encontramos ante uno de los escenarios contemplados por dicha

disposición para presentar recursos de certiorari ante este Tribunal.

Específicamente, solamente se expedirá este tipo de recursos cuando se

recurra de una resolución o denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Entre las mociones de este tipo se encuentran las solicitudes

de sentencia sumaria que fueron denegadas en el caso ante nuestra

consideración. No obstante, el ejercicio de discreción que nos compete

realizar no basta con la aplicación de esta regla.
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        Nos corresponde analizar si procede la expedición del recurso de

certiorari a la luz de los criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones. Luego de un cuidadoso análisis del

expediente, y de las determinaciones de hechos realizadas por el TPI,

resolvemos que no se justifica nuestra intervención en esta etapa del

procedimiento judicial. Habiendo considerado de novo el listado de hechos

controvertidos incluidos en el dictamen del Tribunal de Primera Instancia,

nos resulta evidente que su juicio acerca de la existencia de los hechos en

disputa tiene base adecuada y racional en el expediente, lo cual impide la

disposición sumaria de la controversia y amerita la celebración del juicio en

su fondo.

        En primer lugar, la interpretación del foro recurrido respecto a la

cláusula de relevo de responsabilidad no constituye un error de derecho o

abuso de su discreción. Esto se debe a que surge de la prueba anejada a

la Solicitud de sentencia sumaria que las partes pactaron el relevo de

responsabilidad sobre “cualquier acto u omisión de la ARRENDADORA,

sus agentes y empleados, a menos que dicho acto u omisión constituya

negligencia de la ARRENDADORA”. Esta cláusula siendo general en

cuanto a cualquier acto, deja en controversia si de hecho los peticionarios

fueron negligentes.

        Segundo, respecto a los alegados hechos consignados por ambas

partes, estos eran hechos inmateriales a las causas de acción o eran

conclusiones de derecho correspondientes al Tribunal. Entiéndase,

aquellos que no fueron expresamente adoptados por el Tribunal de Primera

Instancia como hechos incontrovertidos son asuntos no materiales para la

adjudicación de la acción ante la consideración del Tribunal.1 Entre estos

se encuentran los hechos 2.1, 2.5-2.7, 2.9 y 2.15 sugeridos en la moción

de sentencia sumaria. Por consiguiente, no nos corresponde intervenir en

cuanto a este señalamiento de error. Tercero, existe controversia

1 Un hecho material es aquel componente de la causa de acción, “aquel que puede afectar

el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Meléndez
González v. M. Cuebas, supra, en la pág. 110.
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sustancial respecto al nexo causal y sobre la valoración de los daños,

propiamente reconocido por las partes. No erró el Tribunal de Primera

Instancia al concluir que no era recomendable dictar sentencia sumaria.

       Cónsono con lo anterior, no encontramos que el tribunal primario

haya incurrido en un abuso de discreción o que haya actuado bajo prejuicio

o parcialidad que acarree un fracaso de la justicia. Tampoco se demostró

que el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación o aplicación

de una norma procesal ni que intervenir en esta etapa evitaría un perjuicio

sustancial contra los peticionarios, razón por la cual denegamos la

expedición del certiorari.

                                    IV

       Por los fundamentos anteriores, a la luz de los criterios que guían

nuestra discreción, declaramos no ha lugar la expedición del recurso de

certiorari.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones