Court Opinion

ID: 9962697
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:43:28.211317+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:27.307580
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

   DAVID A. FLORES                                     Revisión
       CABÁN                                           Administrativa
                                                       procedente del
         Recurrido                                     Departamento de
                                                       Asuntos del
             V.                 KLRA202400061          Consumidor (DACO)

     MUNICH, LLC. Y                                    Casos Núm.
        OTROS                                          SAN-2023-0015396

        Recurrente                                     Sobre:
                                                       Compraventa de
                                                       Vehículo de Motor
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

       Comparece Munich, LLC. (en adelante, Munich o parte

recurrente), mediante recurso de revisión en el que nos solicita que

revoquemos la Resolución Núm. SAN-2023-0015396 dictada y

notificada el 19 de diciembre de 2023, por el Departamento de

Asuntos del Consumidor de Puerto Rico (en adelante, DACO).1 En

dicha determinación, el DACO decretó la rescisión del contrato de

venta entre el señor David A. Flores Cabán (en adelante, señor Flores

Cabán o recurrido) y Munich. Ello, al concluir que la parte

recurrente incurrió en dolo grave al momento de la contratación, lo

que vició el consentimiento del señor Flores Cabán.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la determinación recurrida. Explicamos.

                                      -I-

       El 10 de abril de 2023, el señor Flores Cabán y Munich

suscribieron un contrato de compraventa referente a un vehículo de

1 Apéndice del Recurso de revisión administrativa de Munich, págs. 1-14.

Número Identificador
SEN2024________________
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motor usado, un BMW del año 2021 con 3,693 millas, por un valor

de $64,995.00.2 Como parte del acuerdo, el señor Flores Cabán

entregó otro vehículo de motor BMW del año 2019, con 36,655

millas. Este vehículo tenía una deuda pendiente de $36,439.74, la

cual fue asumida por el concesionario. Además, el recurrido

adquirió una garantía extendida de Veritas Global Protection (en

adelante, Veritas) por $4,150.00, la cual fue incluida en el precio

final del vehículo, debido a que este auto no contaba con la garantía

del fabricante.3 Esta nueva garantía tiene vigencia hasta el 11 de

mayo de 2028. Por último, la transacción entre el señor Flores

Cabán y Munich fue financiada a través del Pentagon Federal Credit

Union (en adelante, PenFed) por un total de $87,418.64, con un

interés del 10%, y el plazo de pago se extendió hasta el 26 de abril

de 2029.4

          Como parte del proceso de la compraventa, el recurrido firmó

varios documentos, incluyendo la Nota aclaratoria, la Garantía con

el fabricante y la Declaración de impacto.5 A través de estos

documentos, el señor Flores Cabán afirmó, entre otras cosas, que:

(1) verificó y realizó una prueba de manejo del vehículo, confirmando

que todo estuvo bien al momento de la compra; (2) fue informado

sobre la posibilidad de que el vehículo fue utilizado para renta diaria,

fue adquirido en pública subasta o perteneció a una compañía, y

que pudo haber sido sometido a reparaciones de mecánica,

hojalatería y pintura; (3) reconoce que el vehículo puede tener

etiquetas reasignadas por la Unidad de Vehículos Hurtados del

Departamento de la Policía de Puerto Rico; (4) entiende que Munich

no es responsable de la garantía que pudiera tener o no el vehículo

con el fabricante; (5) es responsable de verificar con el fabricante de

2 Íd., pág. 72.
3 Íd., pág. 81.
4 Íd., págs. 75-77.
5
    Íd., págs. 83-85.
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la unidad la vigencia que pudiera tener la garantía original; (5)

reconoce que Munich únicamente es responsable de la garantía que

concede, conforme al reglamento aplicable a vehículos usados

emitido por el DACO; y (7) Munich le brindó setenta y dos (72) horas

a partir de la fecha de la compra para inspeccionar minuciosamente

el vehículo.

        Así las cosas, durante el mes de mayo de 2023, el recurrido

percibió ruidos en el vehículo adquirido.6 Por este motivo, presentó

una reclamación ante el concesionario, Munich. No obstante, la

parte recurrida le instruyó al señor Flores Cabán que se comunicara

directamente con su proveedor de garantía, la compañía Veritas,

para abordar el problema experimentado con el vehículo.7

        En vista de lo anterior, el 17 de mayo de 2023, el recurrido

llevó su vehículo a Carauto, uno de los talleres autorizados para

brindar servicios bajo la garantía ofrecida por Veritas. El taller

inspeccionó la unidad y proporcionó un estimado para las

reparaciones necesarias y las piezas requeridas, según los defectos

encontrados.8 El costo estimado de las reparaciones ascendió a

$14,048.51. En consecuencia, el señor Flores Cabán presentó la

reclamación        correspondiente   ante   Veritas   basada   en   este

presupuesto.

        Además de esto, el señor Flores Cabán optó por llevar su

vehículo a Autogermana. Durante este proceso, le informaron que,

según sus registros, el automóvil había estado involucrado en

un accidente anterior y había sido declarado "pérdida total" por

el Seguro Triple-S.9 Por estas razones, el vehículo no estaba

cubierto por la garantía del fabricante.

6 Íd., pág. 45.
7 Íd., págs. 45, 47 y 49.
8 Íd., págs. 82.
9 Íd., págs. 78-80.
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         De otro lado, el 30 de mayo de 2023, Veritas notificó al señor

Flores Cabán que su solicitud de garantía, identificada con el

número C1001112226 y gestionada a través de Carauto, fue

denegada. Esta decisión se basó en el hecho de que la unidad

estuvo involucrada en una colisión, lo que hace que la

reparación no sea elegible para la cobertura, según los términos

del contrato de servicios entre el recurrido y Veritas.10

         Dada la situación descrita, el señor Flores Cabán presentó

una segunda reclamación ante Munich, solicitando esta vez un

cambio de vehículo.11 Sin embargo, la parte recurrente reiteró que

recurriera a su garantía extendida o acudiera al DACO.12

         Ante la negativa de la parte recurrente de efectuar el cambio

de unidad, el 5 de junio de 2023, el señor Flores Cabán instó una

querella ante el DACO contra Munich y PenFed.13 En esta,

argumentó que el referido vehículo comenzó a exhibir ruidos dos

semanas después de su adquisición, requiriendo el uso de la

garantía extendida para obtener servicios. Sin embargo, estos

servicios fueron denegados por la garantía, dado que previamente la

guagua había sido impactada y declarada “pérdida total”. Asimismo,

sostuvo que fue engañado al no ser informado sobre el estado real

del vehículo antes de la compra. Por tanto, el recurrido solicitó que

el DACO ordenara la resolución del contrato de compraventa del

vehículo y la devolución del dinero abonado, incluyendo el

financiamiento.

         El 19 de septiembre de 2023, el DACO celebró una vista

adjudicativa para considerar las alegaciones en su totalidad.

Durante el transcurso del procedimiento,                     todas las   partes

estuvieron representadas por abogados y presentaron pruebas

10 Apéndice de la Moción en cumplimiento de orden, pág. 1.
11 Apéndice del Recurso de revisión administrativa de Munich, pág. 47.
12 Íd.
13 Íd., págs. 25-32.
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documentales y testimoniales. Como parte de los testimonios, el

señor Flores Cabán aseguró que no hubiera adquirido el vehículo

si hubiera sabido que previamente fue declarado “pérdida total”

por el seguro.14 No obstante, admitió que, a pesar de haber firmado

los documentos relacionados con la compraventa, no inspeccionó ni

llevó la unidad a un mecánico para su evaluación una vez la

adquirió. Esto se debió a la confianza depositada en el señor Alcides

Márquez Villanueva, presidente de Munich, para realizar este tipo

de transacciones.15

        Por otro lado, el señor Márquez Villanueva, declaró que le

informó al recurrido que la unidad no contaba con garantía del

fabricante y que había sido sometida a trabajos de hojalatería debido

a un impacto anterior.16 De la misma manera, afirmó que

desconocía la procedencia exacta del vehículo, incluido el hecho de

que había sido declarado como "pérdida total", ya que fue adquirido

en una subasta.17

        El 19 de diciembre de 2023, el DACO emitió una Resolución

en la que decretó la rescisión del contrato de compraventa entre el

señor Flores Cabán y Munich.18 En su dictamen, concluyó que la

parte recurrente incurrió en dolo grave durante la contratación, lo

que vició el consentimiento del señor Flores Cabán. Para respaldar

su decisión, el DACO señaló que, aunque Munich le informó al

recurrido que la unidad fue impactada y reparada en un lugar de

hojalatería, no le informó que fue declarada “pérdida total” por

el seguro. Precisó que, de los documentos suscritos por el recurrido,

como la Nota aclaratoria, la Garantía con el fabricante y la

Declaración de impacto, no surge que la unidad fue declarada

“pérdida total” debido al impacto sufrido. La agencia agregó que

14 Íd., págs. 52 y 62.
15 Íd., págs. 53 y 60.
16 Íd., págs.66-67.
17 Íd., pág. 70.
18 Íd., págs. 1-14.
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Munich, al ser experto en la venta de autos, debió saber que, al

adquirir el vehículo en pública subasta, sin la garantía del

fabricante, era necesario notificarle al señor Flores Cabán,

verbalmente y por escrito, que la unidad que estaba adquiriendo

carecía de dicha garantía debido a la declaración de "pérdida total"

por parte del seguro original. Por consiguiente, concluyó que el

recurrido consintió sin estar debidamente informado.

       Como parte de la decisión administrativa, el DACO dispuso

que: (1) Munich reembolsara al señor Flores Cabán todas las

mensualidades que ha abonado hasta el momento a la institución

que financió la transacción, PenFed; (2) al referido reembolso se le

aplicará el interés legal correspondiente a la suma de dinero desde

el momento en que se ordenó el pago hasta que se satisfaga

completamente; (3) la parte recurrente cubrirá todos los pagos que

PenFed realice al señor Flores Cabán como resultado de la nulidad

del contrato de compraventa; y (4) Munich liquidará el saldo

pendiente que el señor Flores Cabán tenga con PenFed para liberarlo

de su deuda con dicha entidad financiera. Una vez que Munich

cumpla con las disposiciones del DACO, el recurrido deberá entregar

el vehículo descrito previamente a las partes querelladas.

       Inconforme con la determinación administrativa, el 26 de

diciembre       de     2023,   la   parte   recurrente   presentó   una

Reconsideración.19 Sin embargo, el DACO no actuó dentro de los

quince (15) días establecidos para su consideración, por lo que fue

rechazada de plano, conforme la Sección 3.15 de la Ley Núm. 38 del

30 de junio de 2017, 3 LPRA 9655, conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU).

19 Íd., págs. 15-24.
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       Finalmente, el 6 de febrero de 2024, Munich compareció ante

nosotros e imputó la comisión de los siguientes errores:

         Primer error: Erró el DACO al admitir evidencia que no
         fue autenticada y carece de garantías de confiabilidad.
         Dicha evidencia tampoco fue notificada a las partes, según
         requerido por el Reglamento de Procedimientos
         Adjudicativos del DACO.

         Segundo error: Erró el DACO al concluir que hubo dolo
         grave.

         Tercer error: Erró el DACO al no considerar que el
         contrato de financiamiento con Pentagon no es un
         contrato de venta condicional a plazos.

       Para sustentar su posición, Munich argumentó que el DACO

admitió de forma errónea el documento que aparentemente preparó

Autogermana, a pesar de la objeción presentada durante la vista

administrativa.20 En concreto, señaló que la jueza administrativa

admitió el documento como Exhibit antes del inicio del desfile de

prueba, es decir, sin que el recurrido lo hubiera ofrecido como

evidencia a su favor. Además, expuso que el documento lleva la

fecha del 23 de abril de 2021, no está firmado por ninguna persona

y fue alterado en la parte superior, ya que se borró el nombre de la

persona a quien está dirigido. Sostuvo que los principios

fundamentales de las Reglas de Evidencia podrán utilizarse en estos

procesos administrativos mientras no sean incompatibles con la

naturaleza de los mismos.

       Asimismo,       alegó   que   el   documento    de   Autogermana

constituye prueba pericial, toda vez que contiene opiniones de uno

o varios técnicos mecánicos sobre el estado de la unidad. Por lo

tanto, para que el testimonio pericial contenido en la hoja de

reparación en cuestión fuera admisible, debió haber sido notificado

como informe pericial y notificado a las partes y al DACO con al

menos treinta (30) días de anticipación a la fecha de la vista

administrativa. Sin embargo, nada de esto ocurrió en este caso, por

20 Íd., págs. 78-80.
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lo que la agencia incumplió con la Regla 20.6 de su propio

reglamento, el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del

Departamento de Asuntos del Consumidor. Por todas estas razones,

Munich concluyó que la indebida admisión del documento como

evidencia por parte del DACO vició el procedimiento administrativo.

      Por otro lado, alegó que no hubo evidencia que respaldara que

Munich conocía que la unidad fue declarada “pérdida total” previo a

la compraventa. Por el contrario, la prueba desfilada ante el DACO

demostró que Munich divulgó todas las condiciones que conocía

sobre la unidad al momento de la venta, incluyendo que había

sufrido un impacto, que había sido sometida a reparaciones de

hojalatería y pintura, y que no tenía garantía del fabricante. A pesar

de esta información, el señor Flores Cabán decidió adquirir la

unidad.

      Por último, la parte recurrente resaltó que el señor Flores

Cabán no presentó ninguna alegación contra PenFed, por lo que

cualquier   reclamación   en   contra   de   esta   parte   debió   ser

desestimada. Ahora bien, indicó que, en caso de proceder la

rescisión del contrato, la obligación de Munich se limitaría a

devolver la cantidad recibida de parte del señor Flores Cabán, es

decir, la suma de $64,995.00, independientemente del monto del

préstamo concedido por PenFed. Esto se debe a que Munich no

puede reembolsar al recurrido más de lo recibido, ya que esta

medida no está contemplada en el Código Civil como una forma

válida de restitución. Según el Código Civil, las partes deben

devolver las prestaciones recibidas, y en este caso, la prestación

recibida por Munich fue de $64,995, ni más ni menos.

      En respuesta, el señor Flores Cabán presentó su Oposición a

recurso de revisión administrativa. Como parte de sus argumentos,

cuestionó tanto el primer como el segundo señalamiento de error.

Fundamentó que el 2 de septiembre de 2023, envió por correo
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electrónico a Munich todos los documentos que pretendía presentar

como evidencia para la vista adjudicativa. Entre estos documentos

incluyó el proporcionado por Autogermana. Sin embargo, la parte

recurrente tuvo la oportunidad de impugnar la autenticidad del

documento proporcionado, pero no lo hizo. Asimismo, argumentó

que Munich pudo haber involucrado a Autogermana en el caso, pero

tampoco lo hizo. Agregó que PenFed tampoco objetó la autenticidad

ni la admisibilidad del documento; de hecho, afirmó haberlo recibido

por correo electrónico. Por tanto, sostuvo que Munich no puede

plantear este argumento por primera vez ante el Tribunal de

Apelaciones. Respecto al segundo error, el recurrido manifestó que,

dada la experiencia del vendedor en el mercado de ventas de

automóviles, éste debió conocer que el vehículo había sido declarado

“pérdida total”, lo que implica dolo grave.

      Por su parte, el 7 de marzo de 2024, PenFed presentó la

Posición de Pentagon Federal Credit Union en torno a Recurso de

Revisión Administrativa. En esta moción, cuestionó el último

señalamiento de error planteado por Munich. En síntesis, alegó que

el DACO nunca cometió el tercer error, ya que la agencia no

determinó que el contrato era un contrato de venta al por menor a

plazos. De hecho, afirmó que el DACO no tiene ninguna resolución

que hacer respecto al contrato de préstamo entre PenFed y el señor

Flores Cabán, ya que la querella no incluyó ninguna alegación

contra dicha entidad. Aclaró que la única razón por la que PenFed

fue incluida en el litigio fue para que esta pudiera emitir una

certificación con la información del historial de pagos y el saldo

adeudado, para poder eximir al recurrente de su obligación con la

entidad financiera en caso de que se anulara el contrato de

compraventa entre Munich y el señor Flores Cabán, como

efectivamente ocurrió.
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      Del mismo modo, la institución financiera sostuvo que el

contrato entre el señor Flores Cabán y PenFed es un contrato de

préstamo, que es independiente y separado del contrato de

compraventa. En virtud de este contrato, otorgó al recurrido la suma

de $64,995.00, y a cambio, el señor Flores Cabán se comprometió a

reembolsar dicho monto, más intereses y cualquier otro cargo

acordado. Por lo tanto, la restitución de las prestaciones implicaría

que Munich devuelva al recurrido el total de las mensualidades

pagadas a PenFed en concepto del préstamo concedido para la

compra del vehículo, incluyendo los intereses. Además, corresponde

que Munich pague el balance de cancelación del préstamo a favor

de PenFed para liberar al recurrente de su deuda.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a discutir las normas jurídicas aplicables a este

recurso.

                                -II-

                                -A-

      Es norma conocida que los tribunales apelativos debemos

otorgar amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. Oficina de Ética Gubernamental v.

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89. (2022); Super Asphalt v. AFI y

otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla

Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía,

201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606,

626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923,

940 (2010). Por estas razones, dichas determinaciones suponen

una presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no

presente prueba suficiente para derrotarlas. Oficina de Ética
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Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no es

absoluta, por lo que nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones administrativas que sean

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

      Por esa misma línea, en Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico,

196 DPR 606, 628 (2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las

normas básicas en torno al alcance de la revisión judicial de la forma

siguiente:

      Los tribunales deben deferencia a las decisiones de una
      agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
      cuando: (1) la determinación administrativa no está
      basada en evidencia sustancial; (2) el ente
      administrativo erró en la aplicación o interpretación de
      las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
      administrar; (3) el organismo administrativo actuó
      arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
      determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
      actuación       administrativa       lesionó     derechos
      constitucionales fundamentales. Es importante destacar
      que si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas
      situaciones, aunque exista más de una interpretación
      razonable de los hechos procede que se valide la
      interpretación que realizó la agencia administrativa
      recurrida.

      Del mismo modo, la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

estableció   el   marco   de   revisión     judicial    de    las   agencias

administrativas. Rolón     Martínez   v.      Supte.     Policía, supra. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd.; Oficina de Ética Gubernamental

v.   Martínez     Giraud, supra;   Torres      Rivera    v.     Policía   de
KLRA202400061                                                            12

PR, supra; Nobbe v. Jta. Directores, supra; Sec. 4.5 de la LPAU, 3

LPRA sec. 9675. Por lo tanto, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra.

      Ahora bien, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, los tribunales deberán darles

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Esto, pues el

Tribunal Supremo ha dispuesto que la deferencia que le deben los

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable

o   ilegalmente,     o    (3)   lesionó     derechos     constitucionales

fundamentales. Íd.; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez

Giraud, supra.

      Finalmente, destacamos que el criterio administrativo no

podrá prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación

estatutaria realizada por una agencia provoque un resultado

incompatible o contrario al propósito para el cual fue aprobada la

legislación y la política pública que promueve. Lo anterior ya que la

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia. Íd.
KLRA202400061                                                        13

                                  -B-

      La Sección 3.13 de la Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, 3

LPRA 9653, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), dispone que “[l]as

Reglas   de   Evidencia    no     serán   aplicables   a   las   vistas

administrativas, pero los principios fundamentales de evidencia

se podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y

económica del procedimiento” (énfasis nuestro). Por tanto, los

procedimientos administrativos son de naturaleza flexible, por lo

que rige una norma liberal en la aplicación de las reglas con el único

propósito de descubrir la verdad. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 732

(2005); J.R.T. v. Aut. De Comunicaciones, 110 DPR 879 (1981).

                                  -C-

      Dispone el Código Civil de 2020 que, el contrato es el negocio

jurídico bilateral por el cual dos o más partes expresan su

consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear, regular,

modificar o extinguir obligaciones. Art. 1230 del Código Civil de

2020, 31 LPRA sec. 9751. A tenor con esto, las partes pueden

establecer las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente,

siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden

público. Íd., Art. 1232, sec. 9753.

      Una vez las partes prestan su consentimiento, estas quedarán

obligadas al cumplimiento de la obligación pactada, ya que “[l]o

acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes…”. Íd.,

Art. 1233, sec. 9754. Lo anterior es un concepto conocido en latín

como pacta sunt servanda, el cual establece que las obligaciones que

se derivan de contrato perfeccionado rigen sobre todas las partes

contratantes y no pueden ser unilateralmente alteradas. M. García

Cárdenas, Derecho de Obligaciones y Contratos, 2da edición, Puerto

Rico, MJ Editores, 2017, p. 20.
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      Además, el Código Civil establece que no existe contrato hasta

tanto las partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la

causa. Art. 1237 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9771. En

virtud de ello, para que un contrato sea válido, se requiere que

concurran tres elementos esenciales, a saber: (1) consentimiento de

los contratantes, (2) objeto cierto que sea materia del contrato y (3)

la causa de la obligación que se establezca. Aponte Valetín v. Pfizer

Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263, 284 (2021). La falta de alguno

de ellos será causa de nulidad del contrato y, por tanto, inexistente

en el orden jurídico. Rosario Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR

180, 188 (2016).

                                 -D-

      Según nuestro ordenamiento jurídico, los vicios de la voluntad

comprenden el error, el dolo, la violencia y la intimidación. Art. 285

del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6191. Si en un negocio

jurídico media la presencia de alguno de estos vicios, el acuerdo es

anulable si dicho vicio fue determinante para su otorgamiento. Íd.,

Art. 293, sec. 6212. Específicamente, el dolo se define como la

acción u omisión intencional por la cual una parte o un tercero

inducen a otra parte a otorgar un negocio jurídico que de otra

manera no hubiera realizado. Íd., Art. 292, sec. 6211. Por lo tanto,

“constituye dolo callar sobre una circunstancia importante

relacionada con el objeto del contrato”. Bosques v. Echevarría,

162 DPR 830, 836 (2004).

      No todo tipo de dolo produce la nulidad del contrato. Para que

el dolo produzca la nulidad del negocio jurídico, deberá ser grave y

no haber sido empleado por las dos partes contratantes. Íd. En

cambio, el dolo incidental no produce la nulidad del contrato, sino

que sólo obliga a quien lo empleó a indemnizar por los daños y

perjuicios. Íd., Art. 294 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6213.

Esto es así, ya que este tipo de dolo no tiene una influencia decisiva
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en la esencia de la obligación. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144

DPR 659, 667 (1997). De hecho, en este tipo de casos existe la

voluntad de contratar de la parte perjudicada, pero hay engaño en

el modo en que se celebra el negocio jurídico. Por lo cual, el contrato

de todas formas se hubiera celebrado, pero no bajo las mismas

condiciones. Íd.

       Nuestro Tribunal Supremo dispuso en Colón v. Promo Motor

Imports, Inc., supra, pág. 668, que independientemente del tipo de

dolo que se alegue, corresponde a quien reclama dicha conducta la

responsabilidad de la prueba. No obstante, esto no significa que el

dolo debe establecerse de manera directa, ya que puede demostrarse

mediante inferencia o por evidencia circunstancial. Íd., pág. 669.

       En cuanto a la determinación de si existe dolo que anula el

consentimiento, nuestro más alto foro ha resuelto que se debe

considerar, entre otras cosas, la preparación académica del

perjudicado, así como su condición social y económica, y las

relaciones y el tipo de negocios en que se ocupa. Citibank v.

Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 518 (1988). Además, puede

que en un caso el dolo no surja de un simple hecho, sino del

conjunto y la evolución de circunstancias y manejos engañosos.

Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583 (1982). De la misma

manera, puede ser que lo que aparenta ser incidental desde la

perspectiva general del contrato en cuestión sea en realidad esencial

para los contratantes, por lo que el engaño o incumplimiento con

alguno de los elementos de la contratación puede dar lugar a la

variante del dolo causante. M. Albaladejo, Comentarios al Código

Civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág.

431.

                                 -E-

       Según las normativas previamente discutidas sobre los

contratos, es relevante enfatizar que la invalidez de un contrato es
KLRA202400061                                                       16

una sanción legal que, mediante una decisión judicial, priva a un

negocio jurídico de sus efectos propios por adolecer de un vicio

originario, esencial e intrínseco al acto. Art. 341 del Código Civil de

2020, 31 LPRA sec. 6311.

      El negocio jurídico puede ser nulo o anulable. En esencia, es

nulo si: (1) el objeto, la causa o el consentimiento son inexistentes;

(2) el objeto o la causa son ilícitos; (3) carece de las formalidades

exigidas por la ley para su validez; o (4) es contrario a la ley

imperativa, la moral o el orden público. Por el contrario, es anulable

si: (1) el otorgante tiene incapacidad de obrar, (2) concurre algún

vicio de la voluntad, o (3) el acto adolece de un defecto de forma no

solemne. Íd., Art. 342, sec. 6312.

      Además, la sentencia que invalida un negocio jurídico obliga

a las partes a restituir, con sus frutos y productos, lo recibido en

virtud del negocio jurídico. Íd., Art. 346, sec. 6316.

                                  -F-

      Es pertinente destacar que, por el contrato de compraventa,

la parte vendedora se obliga a transferir a la parte compradora el

dominio de un bien, y esta a su vez se obliga a pagar un precio cierto.

Art. 1274 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9941. Es

importante destacar que una de las obligaciones de la parte

vendedora es “garantizar al comprador que el bien vendido tiene

las cualidades prometidas y que está libre de defectos que

disminuyen o destruyen su valor o la aptitud para su uso

ordinario o convenido” (énfasis nuestro). Íd., Art. 1287, sec. 9991.

                                  -G-

      El Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico

(DACO) fue creado con el objetivo principal de vindicar e

implementar los derechos de los consumidores. Ley Núm. 5 de 23

de abril de 1973, Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del

Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq. A tales fines, la ley habilitadora
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del DACO le otorgó al Secretario o la Secretaria la facultad de

atender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas por

los consumidores de bienes y servicios adquiridos en el sector

privado de la economía. 3 LPRA sec. 341e(c). En ese sentido, la

agencia cuenta con amplios poderes para adjudicar las querellas

ante su consideración, y conceder los remedios pertinentes

conforme a derecho. 3 LPRA sec. 341 e(d).

      De acuerdo con lo anterior y en virtud de la Ley Núm. 7 de 24

de septiembre de 1979, conocida como la Ley de Garantías de

Vehículos de Motor, 10 LPRA secs. 2051 et seq., el DACO adoptó el

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm.

7159 del 6 de junio de 2006, (Reglamento Núm. 7159). Este cuerpo

reglamentario tiene como finalidad los siguientes objetivos: (1)

proteger adecuadamente a los consumidores y sus inversiones en la

adquisición de vehículos de motor; (2) procurar que todo

consumidor que compre un vehículo de motor en Puerto Rico, le

sirva para los propósitos que fue adquirido, y que reúna las

condiciones mínimas necesarias para garantizar la protección de su

vida y propiedad; y (3) prevenir las prácticas ilícitas en la venta de

vehículos   de   motor   en   Puerto   Rico.   Regla   2,   Reglamento

7159, supra. Además, aplica a toda persona natural o jurídica que

se dedique a la venta y servicio de vehículos de motor nuevos o

usados en Puerto Rico y debe interpretarse liberalmente a favor del

consumidor. Reglas 3-4, Reglamento 7159, supra; Polanco v.

Cacique Motors, 165 DPR 156, 163-164 (2005).

      En lo que respecta al presente caso, el Reglamento Núm. 7159

del DACO le impone a todo vendedor de vehículos de motor ciertas

obligaciones. Entre estas, la obligación de informar a cada

consumidor el estado y las condiciones de la unidad que está

adquiriendo. Concretamente, la Regla 30 establece que:
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       30.1 – Todo vendedor estará obligado a notificarle por
       escrito al consumidor si el vehículo de motor usado que
       interesa, ha sido usado como taxi, vehículo de
       transportación pública, vehículo de servicio público, de
       alquiler, de demostración o cualquier otra finalidad que
       conlleve un uso irregular o excesivo.

       30.2. – Todo vendedor de un vehículo de motor usado, el
       cual haya sido impactado y reparado posteriormente,
       deberá indicarlo verbalmente y notificarlo por escrito al
       consumidor en el contrato de compraventa.

      De otro lado, la Regla 37 del Reglamento Núm. 7159 expone

que “[n]ada de lo dispuesto en este Reglamento limitará en forma

alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le

reconozca las leyes generales o especiales del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, así como las acciones de saneamiento por evicción,

saneamiento por vicios ocultos o redhibitoria y cualesquiera otras

que reconozca el Código Civil de Puerto Rico” (énfasis nuestro). Regla

37, Reglamento 7159, supra.

                                  -III-

      En el presente caso, debemos determinar si el DACO incidió

al decretar la rescisión del contrato de compraventa entre el señor

Flores Cabán y Munich, bajo el fundamento de que la parte

recurrente incurrió en dolo grave al momento de la contratación.

Específicamente, al no informarle al recurrido que el vehículo de

motor usado que estaba adquiriendo había sido declarado “pérdida

total” por el seguro original lo que significó que careciera de todo

tipo de garantía.

      Es ampliamente conocido que los tribunales debemos ser

deferentes en torno a las decisiones administrativas, pero tal

deferencia cederá cuando la determinación no esté basada en

evidencia sustancial, cuando el ente administrativo haya errado en

la aplicación de la ley y cuando la actuación resulte arbitraria,

irrazonable e ilegal. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra. Sin

embargo, tras una evaluación exhaustiva del expediente bajo

nuestra consideración y de la normativa aplicable al caso, no
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encontramos razones que justifiquen preterir la deferencia otorgada

a la decisión administrativa. En consecuencia, llegamos a la

conclusión de que el DACO no incidió en su decisión. Explicamos.

         En síntesis, la parte recurrente sostuvo como primer

señalamiento de error que el DACO no actuó correctamente al

admitir en evidencia el estimado de Autogermana21, debido a que no

fue autenticado, conforme requieren las Reglas de Evidencia, por lo

que careció de garantías de confiabilidad. Según la Sección 3.13 de

la LPAU, supra, las Reglas de Evidencia no son aplicables a las

vistas administrativas y los principios fundamentales de

evidencia podrán utilizarse para lograr una solución rápida, justa

y económica del procedimiento. Por lo tanto, la jueza administrativa

no estaba obligada a aplicar las Reglas de Evidencia en la vista

administrativa celebrada en este caso. En este sentido, no se

cometió el error alegado.

         Como segundo señalamiento de error, la parte recurrente

alegó que el DACO erró al concluir que hubo dolo grave, ya que la

evidencia no respalda que Munich conocía que la unidad había sido

declarada “pérdida total” antes de la compraventa. Por el contrario,

adujo que la prueba desfilada ante el DACO demostró que reveló

todas las condiciones que conocía sobre la unidad al momento de la

venta, incluyendo el historial de impactos, las reparaciones de

hojalatería y pintura, y la falta de garantía del fabricante, y que

pesar esta divulgación, el señor Flores Cabán decidió adquirir la

unidad. Sin embargo, no coincidimos con su planteamiento.

         Si bien es cierto que Munich le informó al señor Flores Cabán

que el auto había sido impactado y reparado, no le reveló que

anteriormente había sido declarado “pérdida total”. Aparte de

esto, de los documentos suscritos por el recurrido, como la Nota

21 Íd.
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aclaratoria, la Garantía con el fabricante y la Declaración de impacto,

no surge que la unidad fue declarada “pérdida total” debido a un

impacto anterior.22 Según el Reglamento Núm. 7159 del DACO, todo

vendedor tiene la obligación de informar verbalmente y

notificar por escrito a cada consumidor las condiciones de la

unidad que está adquiriendo. Regla 30.2, Reglamento 7159, supra.

Asimismo, el Código Civil establece que, en un contrato de

compraventa, “la parte vendedora tiene la obligación de

garantizar al comprador que el bien vendido tiene las cualidades

prometidas y que está libre de defectos que disminuyen o

destruyen su valor o la aptitud para su uso ordinario o

convenido” (énfasis nuestro). Art. 1287 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 9991. Por consiguiente, concluimos que Munich

incumplió con las obligaciones que le impone el DACO en relación

con la venta de vehículos usados, así como también con las

disposiciones previamente citas del Código Civil relacionadas con el

contrato de compraventa.

        Cabe       destacar   que,   así   mismo   como   Munich   tuvo

conocimiento acerca de que la unidad: (1) fue impactada, (2) fue

sometida a trabajos de hojalatería y pintura, y que (3) no tenía

garantía del fabricante, es razonable concluir que debió conocer que,

precisamente, ese impacto causó que el vehículo fuera declarado

“pérdida total” y que no contara con la garantía del fabricante,

especialmente considerando que se trataba de un automóvil con tan

solo 3,694 millas recorridas.

        Además,        el presidente de Munich, el señor Márquez

Villanueva, cuenta con vasta experiencia en la venta de autos,

concretamente con veinticinco (25) años de experiencia, según su

propio testimonio.23 Por lo tanto, coincidimos con la determinación

22 Íd., págs. 83-85.
23 Íd., pág. 65.
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de la agencia de que éste debió saber que, al adquirir una unidad a

través del proceso de subasta, esta podía haber sido declarada

pérdida total anteriormente.

        Es forzoso concluir que el automóvil fue declarado “pérdida

total” y que este dato esencial no se le informó al señor Flores Cabán.

De hecho, al recurrido no se le notificó verbalmente ni por escrito

que el BWM del 2021 había sido declarado “pérdida total” por el

seguro original. Así que Munich mantuvo en silencio una

circunstancia importante relacionada con el objeto del contrato, por

lo que incurrió en dolo grave. Bosques v. Echevarría, supra, pág. 836

(2004). Además, no podemos perder de perspectiva que, en la vista

adjudicativa celebrada por el DACO, el señor Flores Cabán aseguró

que no hubiera adquirido el vehículo si hubiera sabido que

previamente fue declarado “pérdida total” por el seguro.24

        Como tercer error, la parte recurrente alegó que, en caso de

proceder la orden decretando la rescisión del contrato, la obligación

de Munich se limitaría a devolver la cantidad recibida de parte del

señor     Flores     Cabán,   es   decir,   la   suma   de   $64,995.00,

independientemente del monto del préstamo concedido por PenFed.

Esto se debe a que Munich no puede reembolsar al recurrido más

de lo recibido, ya que esta medida no está contemplada en el Código

Civil como una forma válida de restitución. Según el Código Civil,

las partes deben devolver las prestaciones recibidas, y en este caso,

la prestación recibida por Munich fue de $64,995, ni más ni menos.

        Efectivamente, las partes están obligadas a devolver lo

recibido en virtud del negocio jurídico. Art. 346 del Código Civil de

2020, 31 LPRA sec. 6311. Por lo tanto, tras la recisión del contrato

de compraventa, Munich debe reembolsar al señor Flores Cabán

todas las mensualidades que ha pagado hasta la fecha a PenFed,

24 Íd., págs. 52 y 62.
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incluyendo el interés legal correspondiente a la suma de dinero

desde el momento en que se ordenó el pago hasta que se satisfaga

completamente. Asimismo, Munich debe liquidar cualquier saldo

pendiente que el señor Flores Cabán tenga con PenFed para liberarlo

de su deuda. Finalmente, el señor Flores Cabán deberá entregar el

vehículo objeto de la controversia a Munich. De esta manera, las

partes se devolverán lo recibido en virtud del contrato de

compraventa. Es importante destacar que cualquier suma adicional

que Munich pague a las partes en concepto de intereses es una

consecuencia directa de su comportamiento doloso.

                                 -IV-

      Por   los   fundamentos    que    anteceden,   confirmamos     la

determinación del DACO.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones