Court Opinion

ID: 9394832
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:13:46.984035+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.506466
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

    SAMUEL SANTIAGO                              Apelación
    SANTIAGO Y OTROS                             procedente del
                                                 Tribunal de Primera
          Apelantes                              Instancia, Sala de
                                                 San Juan
              v.              KLAN202300178
                                                 Civil núm.:
      JESÚS CASTRO                               SJ2017CV01263
    SANTIAGO Y OTROS                             (806)

          Apelados                               Sobre:
                                                 Daños y Perjuicios
              v.

     DOMINO´S CORP.
        Y OTROS

          Apelados

    SAMUEL SANTIAGO                              Apelación
    SANTIAGO Y OTROS                             procedente del
                                                 Tribunal de Primera
          Apelados                               Instancia, Sala de
                                                 San Juan
              v.              KLAN202300195
                                                 Civil núm.:
      JESÚS CASTRO                               SJ2017CV01263
    SANTIAGO Y OTROS                             (806)

          Apelantes                              Sobre:
                                                 Daños y Perjuicios
              v.

     DOMINO´S CORP.
        Y OTROS

          Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      En un caso de daños y perjuicios por un accidente de tránsito,

el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria,

desestimó,   por   prescripción,   las   reclamaciones   contra   una

aseguradora presentadas por los demandantes y por un chofer

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                              2

demandado por vía de una demanda contra tercero.           Según se

explica en detalle a continuación, procede la desestimación de la

apelación del chofer, pues la misma no se notificó a todas las partes

del caso; en cuanto a los demandantes, concluimos que los términos

de la póliza no le permiten reclamar contra la aseguradora.

                                 I.

      En marzo de 2017, el Sr. Samuel Santiago Santiago y la Sa.

Carmen Pagán Arroyo (los “Demandantes”) presentaron una acción

de daños y perjuicios en conexión con un accidente de tránsito

ocurrido el 8 septiembre de 2016, aproximadamente a las 7:20 pm.

Alegaron que, mientras cruzaban la Ave. San Claudio en Cupey,

fueron atropellados por un vehículo (el “Vehículo”) manejado por el

Sr. Jesús Castro Santiago (el “Chofer”).

      Esta acción se presentó contra el Chofer y contra Domino’s

Corp. (“Dominos”), quien se alegó era el patrono del Chofer.

También se incluyó como demandados a Juan Doe y Juana Doe.

Según se alegó en la demanda:

            […]

            5. El codemandado, Sr. Castro Santiago, al
               momento de ocurrir el accidente, se
               encontraba   en     gestiones  de   trabajo
               (entregando    pizza)    que   beneficiaban
               directamente a su patrono, el codemandado
               Domino’s Corp.

            6. La parte demandada tenía expedida una póliza
               de seguros que, de prevalecer la parte
               demandante en su causa de acción, cubre el
               tipo de reclamación que nos ocupa.

            […]

            9. Por desconocer de su existencia y verdadero
               nombre, hemos denominado a Juan Doe y
               Juana Doe a cualquier persona natural o
               jurídica   que   pudiera    tener    alguna
               responsabilidad por los hechos alegados en
               esta demanda.

      En junio de 2017, el TPI le anotó la rebeldía a Dominos.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                                       3

      Mientras tanto, por los mismos hechos y en solicitud de los

mismos remedios, los Demandantes presentaron, en agosto de

2017, la acción de referencia (la “Demanda”) en contra del Chofer,

Juan Doe y Juana Doe.          En cuanto a estos últimos, se alegó lo

mismo que en la primera acción.             En septiembre de 2017, los

Demandantes enmendaron la Demanda para incluir al Sr. Gilberto

Castro de Armas y la Sra. Madeline Santiago Morales; se alegó que

estos eran los padres del Chofer, quien era menor de edad al

momento de los hechos.

      En febrero de 2018, el Chofer contestó la Demanda y

reconvino.

      En marzo del mismo año, el Chofer presentó una Demanda

Contra Tercero para traer al pleito a: Dominos, la Compañía de

Seguros ABC e Integrand Assurance Company (“Integrand”).                    Se

alegó que, al momento de los hechos, el Demandado realizaba

funciones para Dominos y que este era su patrono. También se

alegó que Integrand tenía expedida una póliza de seguros que

incluía al Vehículo.

      En mayo de 2018, el TPI consolidó ambas acciones e instruyó

a las partes a que presentaran todos los documentos y mociones en

el caso posterior (SJ2017CV01263).

      El     31   de   julio   de    2018     Dominos       fue    emplazado

personalmente.1

1Véase Entrada núm. 23 del Expediente Electrónico del Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”) y Entrada núm. 48. Véase, además,
SUMAC Entrada núm. 43, donde surge que el 15 de octubre de 2018, el TPI
notificó la siguiente Orden:

      No obra en sistema ni en el expediente judicial dirección alguna de
      la tercera Demadada, Domino’s Corp. Surge que fue emplazada
      personalmente. Ante la falta de dicha información, el Tribunal está
      impedido en notificar determinaciones a dicha parte. Se le
      conceden 10 días a la tercera demandante para proveer dirección
      física o postal de la tercera demandada, Domino’s Corp.

El 24 de octubre de 2018, el Chofer cumplió con lo ordenado e informó que la
dirección de Domino’s Corp. es: PMB 519 138 Avenida Winston Churchill San
Juan P.R. 00926, con número de teléfono (787) 754- 0236. Véase SUMAC Entrada
núm. 45.
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         El 31 de agosto de 2018, los Demandantes solicitaron en el

caso más viejo autorización para enmendar la demanda con el fin

de incluir a Integrand como demandado adicional e incluir la

siguiente alegación:

               6. La parte codemandada Integrand Ass. Co.
                  tenía expedida una póliza de seguros que, de
                  prevalecer la parte demandante en su causa
                  de acción, cubre el tipo de reclamación que
                  nos ocupa.

         En septiembre de 2018, Integrand presentó una Moción

Solicitando Desestimación de Demanda Contra Tercero. Sostuvo que:

1) la póliza núm. AP 28092767 (la “Póliza”), expedida a favor de

Gaither International (“Gaither”), no provee cubierta para la

reclamación de autos; 2) el Chofer no es asegurado bajo la Póliza; 3)

el Chofer no era empleado de Gaither, por lo que no existe

responsabilidad vicaria; 4) Gaither no tiene obligación legal de emitir

pago por los daños alegados en la Demanda; 5) el empleado dueño

del Vehículo, Oscar Fernando Castro de Armas, no tiene cubierta ya

que la Póliza claramente establece que no cualifica como asegurado

si el empleado de Gaither es dueño del Vehículo, y que este tampoco

aparece como asegurado adicional; 6) el Chofer no cualifica como

asegurado bajo la póliza de Gaither; y 7) el Vehículo era utilizado

como herramienta de trabajo para Dominos, pero no para Gaither.

         En noviembre de 2018, el TPI también notificó una Resolución

mediante la cual motu proprio le anotó la rebeldía a Dominos por no

haber presentado la correspondiente alegación responsiva, ni haber

solicitado una prórroga para presentar su alegación responsiva,

dentro del término reglamentario aplicable.2

         El 19 de diciembre de 2018, Integrand contestó la Demanda

Contra Tercero.

2   Véase SUMAC Entrada núm. 48.
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         Tras varias incidencias procesales, el 19 de mayo de 2021, la

Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico (la

“Aseguradora”), sucesor en interés de Integrand, presentó una

Contestación Enmendada a la Demanda Contra Tercero, la que fue

permitida por el TPI.         En esencia, negó responsabilidad por los

hechos de la Demanda y levantó la defensa de prescripción.3

         El 24 de febrero de 2022, las partes presentaron el Informe de

Conferencia con Antelación al Juicio en el que estipularon hechos,

delimitaron sus teorías y defensa, y estipularon la Póliza.

         El 28 de febrero de 2022, la Aseguradora presentó una Moción

de Sentencia Sumaria (la “Moción”). Reiteró que la Póliza no provee

cubierta para la reclamación de autos porque el Chofer no figuraba

como persona autorizada bajo la Póliza; además, arguyó que la

reclamación en su contra estaba prescrita, al haberse presentado en

el 2018, cuando el accidente ocurrió el 8 de septiembre de 2016.4

         Los Demandantes se opusieron a la Moción; arguyeron que la

Póliza incluía al Vehículo que conducía el Chofer y que, por tanto,

la Aseguradora debe responder.                En cuanto a la prescripción,

plantearon que esa defensa fue renunciada porque no se incluyó al

contestarse inicialmente la Demanda Contra Tercero.5

         Por su parte, el Chofer también se opuso a la Moción; sostuvo

que,     al   momento       de   expedirse     la   Póliza,   Integrand    tenía

conocimiento de que el Vehículo no estaba a nombre de Gaither.

Arguyó que en la Póliza se incluyeron varios vehículos para los

cuales Gaither no era el titular registral y que, por medio de la Póliza,

Integrand representó que existía cubierta para los vehículos. En

cuanto        a   la   prescripción,   solo    adujo    que    Integrand    fue

oportunamente demandada.6

3   Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 55-56.
4   Íd., págs. 106-126.
5   Íd., págs. 191-202.
6   Íd., págs. 231-244.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                                     6

      El 19 de mayo de 2022, las partes presentaron el Informe de

Conferencia con Antelación a Juicio Enmendado (el “Informe”).7 El

24 de mayo, se celebró la Conferencia con Antelación a Juicio y Vista

Transaccional en la cual el TPI aprobó el Informe y el TPI señaló el

Juicio en su Fondo para el 22, 23 y 26 de junio.8

      Posteriormente,     la   Aseguradora      presentó    una    moción

informativa suplementando su solicitud de sentencia sumaria9 y el

Chofer presentó su escrito en oposición.10

      Mediante una Sentencia Parcial notificada el 11 de octubre de

2022 (la “Sentencia”), el TPI desestimó la reclamación contra la

Aseguradora. El TPI concluyó que la misma estaba prescrita.11

      Inconformes, el 26 de octubre, los Demandantes solicitaron la

reconsideración de la Sentencia, así como determinaciones de

hechos y de derecho adicionales; la Aseguradora se opuso.

      Mediante una Resolución notificada el 14 de noviembre, el TPI

denegó la reconsideración solicitada.

      No obstante, el 8 de diciembre, los Demandantes advirtieron

al TPI que la Sentencia no había sido notificada a Dominos12, por lo

cual, ese mismo día, el TPI notificó nuevamente la Sentencia.13

      Poco después, el         16 de diciembre, los Demandantes

informaron al TPI que la dirección utilizada una semana antes para

notificar la Sentencia a Dominos tenía un error porque no se

incluyeron los últimos 4 dígitos del código postal.               Además,

suplieron dos direcciones adicionales de Dominos que informaron

haber encontrado; una de ellas expusieron que surgía de la página

web del Servicio Postal de Estados Unidos.14 Ese mismo día, el TPI

7 Véase SUMAC Entrada núm. 172.
8 Véase SUMAC Entrada núm. 174.
9 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 292-301.
10 Íd., págs. 302-304.
11 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 307-319.
12 Véase SUMAC Entrada núm. 196.
13 Véase SUMAC Entrada núm. 197 y Entrada núm. 190, Notificación Versión 2.
14 Véase SUMAC Entrada núm. 198 y Anejo 1.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                                      7

ordenó notificar nuevamente la Sentencia a todas las direcciones

provistas en la moción.15

         El 29 de diciembre, los Demandantes solicitaron la

reconsideración de la Sentencia y determinaciones de hechos y de

derecho adicionales.        La Aseguradora se opuso a la solicitud de

reconsideración. El 1 de febrero, el Chofer indicó al TPI que se unía

a lo planteado por los Demandantes.

         Mediante una Resolución notificada el 2 de febrero, el TPI

denegó la solicitud de reconsideración y de determinaciones de

hechos y de derecho adicionales presentada por los Demandantes y

a la cual se había unido el Chofer.

         El 6 de marzo (lunes), los Demandantes presentaron uno de

los recursos que nos ocupa (KLAN202300178); plantean que erró el

TPI:

                1. al no dictaminar que tanto la contestación de
                   Integrand Assurance Co., como la posterior
                   contestación de la Asociación de Garantía de
                   Seguros Misceláneos de Puerto Rico a la
                   demanda contra terceros presentada en su
                   contra, tuvo el efecto jurídico de enmendar
                   automáticamente la demanda, sin necesidad
                   que la parte demandante apelante tuviese que
                   hacer nada. Mercado Figueroa v. Municipio de
                   San Juan, 2015 TSPR 14.

                2. al declarar que la causa de acción del
                   demandante contra tercero, Sr. Jesús Castro,
                   de incumplimiento de contrato de la
                   Asociación    de   Garantía    de   Seguros
                   Misceláneos de Puerto Rico por haberle
                   negado defensa y cubierta bajo la póliza de
                   Integrand que aseguraba el vehículo que él
                   conducía y que impactó a los demandantes
                   apelantes estaba prescrita.

                3. al no pasar juicio respecto a la “Moción
                   Solicitando Autorización del Honorable
                   Tribunal para Enmendar la Demanda”, que
                   fue presentada el 31 de agosto de 2018, en la
                   Secretaría del TPI, bajo los dos números del
                   presente      caso:     KDP2017-0306        y
                   SJ2017CV01263.

15   Véase SUMAC Entrada núm. 199 y Entrada núm. 190, Notificación Versión 3.
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      Ese mismo día, el Chofer presentó el otro recurso que nos

ocupa (KLAN202300195); señala que erró el TPI al determinar que

la causa de acción en contra de la Aseguradora está prescrita.

      Mediante una Resolución emitida el 8 de marzo consolidamos

ambos recursos.

      La Aseguradora se opuso a ambos recursos de apelación.

Resolvemos.

                                 II.

      En cuanto al recurso KLAN202300195, concluimos que

procede su desestimación, pues el mismo no fue notificado a

Dominos, quien es parte en este caso.

      La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay.

Íd.   Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873,

882 (2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado.

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

      Para el perfeccionamiento adecuado de un recurso presentado

ante el foro apelativo intermedio es necesario la oportuna

presentación y la notificación del escrito a las partes apeladas.

Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543 (2017). En tal

contexto, la Regla 13 (A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B

R. 13(A), establece que el término para presentar el recurso de

apelación será dentro “de treinta (30) días contados desde el archivo

en autos de copia de la notificación de la sentencia”. Dicho término

es de carácter jurisdiccional. Íd; véase también la Regla 52.2(a) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). Como sabemos, un

término jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                                 9

Martínez Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Por ende,

no puede acortarse, ni extenderse. Torres v. Toledo, 152 DPR 843,

851 (2000).

      Por su parte, la Regla 13 (B)(1) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones establece que la parte apelante deberá notificar a las

partes el recurso de apelación y los Apéndices dentro del término

dispuesto para la presentación del recurso, ello con independencia

de si comparecieron a los procedimientos, o si se efectuó una

declaración de rebeldía en cuanto a su persona. Dicho término es

de estricto cumplimiento. A tales efectos, la parte apelante deberá

certificar con su firma en el recurso, por sí o por medio de su

representación legal, la fecha en que se efectuó la notificación. 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B)(1).

      Cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, los

tribunales no están atados al automatismo que conlleva un requisito

de carácter jurisdiccional y pueden, por lo tanto, proveer el remedio

que   estimen     pertinente,   extendiendo   el   término   según   las

circunstancias.    Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564

(2000). Sin embargo, la justa causa tiene que ser acreditada con

explicaciones concretas y particulares que permitan al juzgador

concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza. Febles

v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003); Soto Pino v. Uno Radio Group,

189 DPR 84, 92-93 (2013).

      Por su parte, la Regla 83 (C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXII-B R. 83 (C), permite la desestimación de un recurso de

apelación por falta de jurisdicción.

      En este caso, no surge del expediente que el Chofer haya

notificado su recurso a Dominos. De todas maneras, le concedimos

al Chofer un término para que mostrase causa por la cual no

debíamos desestimar el recurso por ausencia de notificación a

Dominos y a la Aseguradora.          Sin embargo, al comparecer al
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                             10

respecto, el Chofer únicamente acreditó haber notificado su recurso

a los Demandantes y a la Aseguradora, pero no acreditó, ni aseveró,

haber notificado el recurso a Dominos.

      Al no haberse acreditado la notificación del recurso a

Dominos, y al no haberse siquiera intentado aducir algún tipo de

justa causa para dicha omisión, nos vemos en la obligación de

desestimar el mismo.

      Por otra parte, y contrario a lo planteado por la Aseguradora,

no procede la desestimación del recurso presentado por los

Demandantes. Aunque la Aseguradora plantea que el apéndice del

recurso es incompleto, la norma es que ello no nos obliga a

desestimar. Tampoco tiene razón la Aseguradora al plantear que el

término para apelar comenzó cuando el TPI intentó por primera vez

notificar la Sentencia a Dominos. En las circunstancias particulares

de este caso, consideramos razonable la determinación del TPI de

que era necesaria una segunda notificación a dicha parte, por lo

cual el término para solicitar reconsideración y apelar comenzó a

transcurrir a partir de esa segunda notificación.

                                 III.

      El mecanismo de sentencia sumaria procura, ante todo,

aligerar la tramitación de aquellos casos en los cuales no existe una

controversia de hechos real y sustancial que exija la celebración de

un juicio en su fondo. Véase Rodríguez García v. Univ. Carlos Albizu,

200 DPR 929 (2018); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200.

      La Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36, rige el proceso mediante el cual una parte puede solicitar al

tribunal que dicte sentencia sumaria a su favor. Cuando cualquier

parte solicite que el pleito sea resuelto por la vía sumaria, deberá

demostrar “la inexistencia de una controversia sustancial de hechos

esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                               11

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la

reclamación”. 32 LPRA Ap. V, Rs. 36.1 y 36.2.

      El criterio rector al momento de considerar la procedencia de

un dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos

esenciales y pertinentes, según alegados por las partes en sus

respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que sólo reste aplicar el

derecho.   Véanse Rodríguez García, 200 DPR a la pág. 941;

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017);

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013).

      El TPI no debe dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de

los propios documentos que se acompañan con la moción, una

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como

cuestión de derecho, no procede. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical,

189 DPR 586 (2013); González v. Multiventas, 165 DPR 873, 889

(2005); PFZ Properties, Inc. v. General Accident Insurance Co., 136

DPR 881, 913–914 (1994).

                                 IV.

      “La prescripción extintiva es una institución de derecho

sustantivo que extingue el derecho a ejercer determinada causa de

acción”. Maldonado Rivera v. Suarez y otros, 195 DPR 182, 192

(2016). En otras palabras, la prescripción extintiva es materia de

naturaleza sustantiva, regida por nuestro Código civil. SLG García–

Villega v. ELA et al, 190 DPR 799, 812 (2014); Fraguada Bonilla v.

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); 31 LPRA ant. sec. 5291.

      La prescripción extintiva “tiene como propósito castigar la

inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones, puesto que no

se debe exponer a las personas toda la vida, o por un largo tiempo,

a ser demandadas”. SLG Haedo-López v. SLG Roldán-Rodríguez, 203

DPR 324, 336-337 (2019) (Citas omitidas). Véase, además, COSSEC
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                               12

et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010). “Al respecto,

transcurrido el periodo de tiempo establecido por ley sin reclamo

alguno por parte del titular del derecho, se origina una presunción

legal de abandono”. Fraguada Bonilla, 186 a la pág. 374.

      El término prescriptivo para presentar una reclamación, al

amparo del Artículo 1802 del Código civil, supra, es de un año desde

que el agraviado supo, o debió saber con razonable diligencia, del

daño. Artículo 1868 del Código civil, 31 LPRA ant. sec. 5298; SLG

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 832 (2011).

      Así mismo, el término prescriptivo, cuando no exista

disposición especial que indique alguna otra cosa, comenzará a

transcurrir desde el día en que pudo ejercitarse la misma. Art. 1869

del Código civil, 31 LPRA ant. sec. 5299.      Para que comience a

transcurrir el término, es necesario que la persona perjudicada

conozca del daño sufrido, quién se lo ha causado y los elementos

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción.

Fraguada Bonilla, 186 a la pág. 374 (Citas omitidas).

      Ahora bien, “si el desconocimiento [de los elementos de la

causa de acción] se debe a falta de diligencia, entonces no son

aplicables estas consideraciones sobre la prescripción”.           Íd.;

COSSEC et al., supra. A estos efectos, se le exige a la parte afectada

la diligencia de una persona prudente y razonable, de manera que

descubra los elementos necesarios para su causa de acción en un

tiempo razonable para, así, cumplir con los propósitos de la

prescripción. Véase, Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 330 (2004).

Comenzado a transcurrir el término, el Artículo 1873 del Código civil

establece que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el

deudor”. 31 LPRA ant. sec. 5303.
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                                     V.

        El Código civil establecía una presunción de mancomunidad

en las obligaciones, salvo que se pactara expresamente la

solidaridad. 31 LPRA ant. sec. 3101. En cuanto a las obligaciones

extracontractuales civiles que surgen de la culpa o negligencia, el

Código civil no disponía si habría de regir la solidaridad o la

mancomunidad. Ante esta laguna, se estableció que, cuando exista

pluralidad    de    co-causantes     de   un    daño     indivisible,   estos

responderán solidariamente ante el agraviado. García v. Gobierno

de la Capital, 72 DPR 138 (1951). Por lo que el perjudicado podrá

recobrar de cada causante la totalidad de la deuda que proceda.

        En materia de la prescripción, el Código civil disponía que:

“[l]a interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones

solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y

deudores”. 31 LPRA ant. sec. 5304. No obstante, en acciones de

daños y perjuicios, cuando coincide más de un causante de un

daño,    el   agraviado    ordinariamente       deberá     interrumpir     la

prescripción en relación con cada co-causante por separado, dentro

del término de un año establecido por el Artículo 1868 del Código

civil, supra, si interesa conservar su causa de acción contra cada

uno de ellos.      Por ello, la presentación oportuna de la demanda

contra un presunto co-causante ordinariamente no tiene el efecto

de interrumpir el término prescriptivo contra el resto de los alegados

co-causantes del daño. Fraguada Bonilla, supra (Citas omitidas).

        No obstante, recientemente se aclaró que, en atención a la

particular    naturaleza   de   la   relación   entre     quien    responde

vicariamente por los actos de otra persona, la reclamación por daños

contra uno de ellos interrumpe en cuanto al otro. Pérez et al. v.

Lares Medical et al, 207 DPR 965 (2021).

        En efecto, entre un patrono y su empleado existe una relación

de solidaridad propia que se distingue de la solidaridad impropia
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que de ordinario existe entre los co-causantes de un daño

extracontractual.      En   otras      palabras,   cuando   aplica   la

responsabilidad vicaria que se establece bajo el Artículo 1803 del

Código civil, supra, no es de aplicación la solidaridad impropia

establecida en Fraguada Bonilla, supra, y su progenie.

                                 VI.

       El Código de Seguros de Puerto Rico define el seguro como “el

contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra

o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al

producirse un suceso incierto previsto en el mismo”.         Feliciano

Aguayo v. MAPFRE, 207 DPR 138, 148 (2021), citando el Artículo

1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102.

“[D]ebido a que la industria de los seguros está revestida del más

alto interés público, es reg[lament]ada extensamente por el Estado”.

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614, 632 (2009) (Citas

omitidas); véase, por ejemplo, 26 LPRA secs. 1-10377. El “negocio

de seguros está investido de un alto interés público debido al papel

que juega en la protección de los riesgos que amenazan la vida o el

patrimonio de los ciudadanos”. RJ Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR

699, 706 (2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 564, 575

(2013). Este alto interés surge “de la extraordinaria importancia que

juegan los seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”.           RJ

Reynolds, supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384

(2009). Lo anterior, toda vez que el contrato de seguro “permite

igualmente a las personas, como a los negocios, proteger sus

recursos al transferir el impacto monetario de ciertos riesgos a

cambio del pago de una prima”. Feliciano Aguayo, 207 DPR a la pág.

150.

       Ahora bien, según establece el Código de Seguros de Puerto

Rico, este tipo de contrato debe ser interpretado “globalmente, a

base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se
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expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido o

modificado por aditamento, endoso o solicitud que sean añadidos a

la póliza para formar parte de ésta”. Íd., citando el Artículo 11.250

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA. sec. 1125.

      Por ser un contrato de adhesión, el mismo debe ser

interpretado liberalmente a favor del beneficiario. Sin embargo, “si

los términos del contrato de seguro son claros, específicos y no dan

margen a ambigüedades o diferentes interpretaciones, se hará valer

la clara voluntad de las partes”. Echandi Otero v. Stewart Title, 174

DPR 355, 369-370 (2008).

      En cuanto a los endosos de exclusión de cubierta, el Código

de Seguros dispone que todo asegurador debe “[p]roveer al

consumidor una orientación clara y completa sobre la cubierta,

beneficios, límites y exclusiones de la póliza de seguros gestionada

por su conducto, así como de los deberes y obligaciones de éste como

asegurado bajo la misma”. 26 LPRA sec. 949c (1).

      Las cláusulas de exclusión se interpretarán restrictivamente,

de modo que se cumpla con los propósitos de cubierta al asegurado.

En efecto, “las exclusiones se han de interpretar restrictivamente a

favor del asegurado, para así cumplir con el propósito de todo seguro

de ofrecer la mayor protección a la persona asegurada.”        (Citas

omitidas). Monteagudo Perez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21 (2007). Claro

está, “si las cláusulas de exclusión son claras y aplican a

determinada situación, la aseguradora no será responsabilizada por

aquellos riesgos expresamente excluidos”. Maderas Tratadas v. Sun

Alliance et al., 185 DPR 880, 899-900 (2012); Integrand Assurance

v. CODECO et al., 185 DPR 146, 162 (2012); Jiménez López et al. v.

SIMED, 180 DPR 1, 10, 11 (2010); Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR

260, 267-268 (2005).

      Respecto al alcance de la responsabilidad del asegurador

frente al perjudicado, el Artículo 20.010 del Código de Seguros de
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Puerto Rico, dispone que “[e]l asegurador que expidiere una póliza

asegurando a una persona contra daños o perjuicios, […] será

responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza,

y el pago de dicha pérdida por el asegurador hasta el grado de su

responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, no dependerá

del pago que efectúe el asegurado en virtud de sentencia firme

dictada contra él con motivo del suceso, ni dependerá de dicha

sentencia”. 26 LPRA sec. 2001.

      En cuanto a la naturaleza de la relación jurídica entre un

asegurador y un asegurado esta es de carácter contractual. Pues se

rige por lo pactado en el contrato de seguros, que es ley entre las

partes. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 531 (1999).

Véase, además, Echandi Otero, 174 DPR a la pág. 355. En atención

a lo anterior, se ha resuelto que “[p]ara que exista solidaridad entre

una compañía aseguradora y el asegurado, ello debe surgir

claramente del contrato de seguros. Dicha solidaridad debe haberse

pactado expresamente o, al menos, debe surgir claramente del

contenido del contrato que la relación entre las partes se constituyó

con tal carácter”. Gen. Accid. Ins. Co. P.R., 148 DPR a la pág. 537,

citando a Torrellas v. Sucn. Torellas, 57 DPR 501 (1940). Así pues,

es en virtud de dicha relación contractual, que la aseguradora viene

obligada a indemnizar y proteger a su asegurado en caso de

producirse el suceso incierto previsto. S.L.G. Francis-Acevedo, 176

DPR a la pág. 384; Monteagudo Pérez, 172 DPR a la pág. 20; Díaz

Ayala v. ELA, 153 DPR 675, 690 (2001).

      Por otro lado, el Código de Seguros dispone distintas maneras

en que una persona perjudicada puede solicitar el resarcimiento

correspondiente contra un asegurador o un asegurado. El Artículo

20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, provee lo siguiente:

            (1) La persona que sufriere los daños y
            perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa
            contra el asegurador conforme a los términos y
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            limitaciones de la póliza, acción que podrá
            ejercitar contra el asegurador solamente o contra
            éste y el asegurado conjuntamente. La acción
            directa contra el asegurador se podrá ejercer
            solamente en Puerto Rico. La responsabilidad del
            asegurador no excederá de aquella dispuesta en
            la póliza, y el tribunal deberá determinar no
            solamente la responsabilidad del asegurador, si
            que también la cuantía de la pérdida. Cualquier
            acción incoada conforme a esta sección estará
            sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y
            a las defensas que pudieran alegarse por el
            asegurador en acción directa instada por el
            asegurado.

            (2) En una acción directa incoada por la persona
            que sufriere los daños y perjuicios contra el
            asegurador, éste está impedido de interponer
            aquellas defensas del asegurado basadas en la
            protección de la unidad de la familia u otras
            inmunidades similares que estén reconocidas en
            el ordenamiento jurídico de Puerto Rico.

            (3)  Si el perjudicado entablara demanda contra
            el asegurado solamente, no se estimará por ello
            que se le prive, subrogándose en los derechos del
            asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de
            sostener acción contra el asegurador y cobrarle
            luego de obtener sentencia firme contra el
            asegurado. 23 LPRA sec. 2003.

      Conforme al Artículo 20.030 del Código de Seguros de Puerto

Rico, cuando una persona alega que ha sufrido daños y perjuicios

causados por las acciones u omisiones culposas o negligentes de un

asegurado, puede encausar su acción de tres formas distintas: (1)

demandar al asegurador; (2) demandar al asegurado, o (3) demandar

al asegurado y su asegurador conjuntamente. Savary et al. v. Mun.

Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1024 (2017); SLG Albert-García v.

Integrand Asrn., 196 DPR 382, 393 (2016); Neptune Packing Corp. v.

Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988).           Esta acción se

caracteriza por ser “independiente, distinta y separada” de la

reclamación que tiene disponible el promovente en contra del

causante de sus daños. Savary, 198 DPR a la pág. 1024; Ruiz v.

New York Dept Stores, 146 DPR 353, 364 (1998). Véase, además,

SLG Albert-García, supra.
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      Cuando la persona se dirige contra el asegurado solamente lo

hace sin perjuicio del derecho del perjudicado de instar una acción

posterior contra el asegurador y reclamarle a éste el pago de la

indemnización a que tiene derecho por sentencia firme contra el

asegurado. Neptune Packing Corp., 120 DPR a la pág. 290. Véase,

además, Ruiz, 146 DPR a la pág. 367-368.

      La elección del mecanismo procesal para presentar una acción

judicial en contra de un asegurador o asegurado repercutirá en

cuanto a los requisitos que el tercero perjudicado tendrá que

cumplir para ser compensado por los daños sufridos. Menéndez,

Velázquez, 203 DPR a la pág. 907. En la relación entre asegurado,

asegurador y tercero perjudicado, el vínculo jurídico del tercero

perjudicado y el asegurador solo surge en dos (2) escenarios: ante

una acción directa contra el asegurador o ante una acción conjunta

en contra de un asegurador y su asegurado. Véase, por ejemplo,

Almonte de Mejías v. Díaz, 86 DPR 111 (1962).

      Cuando un tercero perjudicado solicita indemnización al

asegurador solamente, su derecho está predicado en los términos de

la póliza entre el asegurado y el asegurador.    SLG Albert García,

supra, pág. 393. Al respecto, en Trigo v. The Travelers, Ins. Co., 91

DPR 868 (1965), se resolvió que, en la causa de acción directa frente

a una aseguradora, un tercero perjudicado tiene derecho a exigir

compensación por los daños sufridos, aun cuando la causa de

acción contra el asegurado haya prescrito, pero solo si se

interrumpió oportunamente la acción contra dicha aseguradora.

Véase, Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623 (1982). Es

decir, aunque la causa de acción estuviese prescrita contra el

asegurado, ello no implica que esté también prescrita contra la

aseguradora.
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                                     VII.

         Concluimos que erró el TPI al considerar que la reclamación

de los Demandantes contra la Aseguradora estaba prescrita. En

primer lugar, en la demanda inicial se incluyó a la Aseguradora,

aunque con nombre desconocido. Por tanto, cuando posteriormente

se le identificó, los efectos de ello se retrotraen a la demanda inicial,

la cual se presentó dentro del año del accidente.

         En segundo lugar, y más importante aún, partiendo de la

premisa de que el Chofer fuese una parte asegurada en la Póliza en

conexión con la responsabilidad pública del Vehículo (lo cual, como

veremos, no es correcto), existiría una solidaridad propia entre el

Chofer y la Aseguradora que implicaría que interrumpir en cuanto a

uno de ellos conlleva automáticamente la interrupción del término

en cuanto al otro.

         En efecto, en este caso, la Póliza establecía un pacto expreso

de solidaridad entre la Aseguradora y su asegurado a favor de

terceros. Esto se desprendía claramente de la Sección II, Cláusula

A de la Póliza:

                We will pay all sums an “insured” legally must
                pay as damages because of “bodily injury” or
                “property damage” to which this insurance
                applies…16

         Al haberse establecido la solidaridad en la Póliza, los

Demandantes podían interrumpir el término prescriptivo para

demandar a la Aseguradora mediante una reclamación judicial

contra el asegurado bajo la Póliza. De esta forma, la presentación

de una demanda contra el asegurado también interrumpiría el

término prescriptivo contra la Aseguradora.

                                     VIII.

         Ahora bien, un examen detenido de la Póliza arroja que el

Chofer no está protegido por la misma, por lo cual los Demandantes

16   Véase Apéndice del Recurso KLAN202300178, pág. 139.
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no tienen una causa de acción viable contra la Aseguradora.

Veamos.

         La Póliza dispone que el asegurado nombrado (“named

insured”) es Gaither.17 También dispone en el segundo inciso (“Item

Two”) que la misma provee cobertura para el Vehículo.18 El dueño

del Vehículo es el Sr. Oscar Fernando Castro de Armas,19 quien se

alega era el tío paterno del Chofer y accionista mayoritario de

Gaither.20

         La parte pertinente de la Póliza, llamada “Business Auto

Coverage Form” (CA 00 01 10 13), SECTION I - COVERED AUTOS,

dispone:

                  Item Two of the Declarations shows the “autos”
                  that are covered “autos” for each of your
                  coverages. The following numerical symbols
                  describe the “autos” that may be covered “autos”.
                  The symbols entered next to a coverage on the
                  Declarations designate the only “autos” that are
                  covered “autos”

                  A. Description Of Covered Auto Designation
                  Symbols

                  Symbol – Description                   Of   Covered       Auto
                  Designation Symbol

                  1 - Any “Auto”

                  […]

                  7 - Specifically Described “Autos”

                         Only those “autos” described in Item Three of
                         the Declarations for which a premium charge
                         is shown (and for Covered Autos Liability
                         Coverage any “trailers” you don’t own while
                         attached to any power unit described in Item
                         Three).
                  […]
                  9 - Non owned “autos”

                         Only those “autos” you do not own, lease,
                         hire, rent or borrow that are used in
                         connection with your business. This
                         includes “autos” owned by your “employees”,
                         partners (if you are a partnership), members
                         (if you are a limited liability company) or
17   Véase   Apéndice   del   recurso   KLAN202300178,   pág. 128.
18   Véase   Apéndice   del   recurso   KLAN202300178,   págs. 129 y 131.
19   Véase   Apéndice   del   recurso   KLAN202300178,   pág. 127
20   Véase   Apéndice   del   recurso   KLAN202300178,   pág. 233.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                                21

                     members of their house holds but only while
                     used in your business or your personal
                     affairs.
                […]21

         La parte de la Póliza llamada SECTION II - COVERED AUTOS

LIABILITY COVERAGE, dispone:

                A. Coverage

                   We will pay all sums an “insured” legally must
                   pay as damages because of “bodily injury” or
                   “property damages” to which this insurance
                   applies, caused by an “accident” and resulting
                   from the ownership, maintenance or use of a
                   covered “auto”.

                   We will also pay all sums an “insured” legally
                   must pay as a “covered pollution cost or
                   expense” to which this insurance applies,
                   caused by an “accident” and resulting from the
                   ownership, maintenance or use of covered
                   “autos”. However, we will only pay for the
                   “covered pollution cost or expense” if there is
                   either “bodily injury” or “property damage” to
                   which this insurance applies that is caused by
                   the same “accident”.

                   We have the right and duty to defend any
                   “insured” against a “suit” asking for such
                   damages or a “covered pollution cost or
                   expense”. However, we have no duty to defend
                   any “insured” against a “suit” seeking
                   damages for “bodily injury” or “property
                   damages” or a “covered pollution cost or
                   expense” to which this insurance does not
                   apply. We may investigate and settle any claim
                   or “suit” as we consider appropriate. Our duty
                   to defend or settle ends when the Covered
                   Autos Liability Coverage Limit of Insurance
                   has been exhausted by payment of
                   judgements or settlements.

                   1. Who is An Insured

                        The following are “insureds”:

                        a. You for any covered “auto”

                        b. Anyone else while using with your
                           permission a covered “auto” you own,
                           hire or borrow except:

                           (1) The owner or anyone else from
                               whom you hire or borrow a
                               covered “auto”.

21   Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 138-139.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                                   22

                              This exception does not apply if the
                              covered “auto” is a “trailer”
                              connected to a covered “auto” you
                              own.

                          (2) Your “employee” if the covered
                              “auto”   is   owned  by    that
                              “employee” or a member of his or
                              her household.

                          (3) Someone using a covered “auto”
                              while he or she is working in a
                              business of selling, servicing,
                              repairing, parking or storing “autos”
                              unless that business is yours.

                          (4) Anyone        other    than       your
                              “employees”, partners (if you are a
                              partnership), members (if you are a
                              limited liability company) or a lessee
                              or borrower or any of their
                              “employees”, while moving property
                              to or from a covered “auto”.

                          (5) A partner (if you are a partnership)
                              or a member (if you are a limited
                              liability company) for a covered
                              “auto” owned by him or her or a
                              member of his or her household.
                              (Énfasis suplido).22

         Por otro lado, el endoso Hired Autos Specified As Covered

Autos You Own CA 99 16 10 13 de la Póliza (el “Endoso”) establece

lo siguiente:

                B Changes       In    Covered     Autos     Liability
                Coverage

                The following is added to the Who is An Insured
                provision:

                While any covered “auto” described in the
                Schedule is rented or leased to you and is being
                used by or for you, its owner or anyone else from
                whom you rent or lease it is an “insured” but only
                for that covered “auto”.23

         De lo anterior surge que el Chofer no es un asegurado bajo la

Póliza.     Ello porque el Chofer no es el principal asegurado (es

Gaither), y porque no se alegó que el Vehículo, al momento del

accidente, fuese propiedad de, o hubiese sido prestado a, o alquilado

22   Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 139-140.
23   Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, pág. 158.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195                               23

por, Gaither. De hecho, lo que surge del récord es que, al momento

del accidente, el Vehículo se utilizaba para beneficio de Dominos.

Aun partiendo de la premisa de que el Vehículo hubiese sido

prestado a Gaither, la Póliza excluye como asegurado al dueño del

vehículo prestado y también a empleados de Gaither cuando este, o

algún miembro de su hogar, es el dueño del vehículo. Ello implica

que, en estas circunstancias, el Chofer no es un asegurado bajo la

Póliza.

      Así pues, como el Chofer no es un asegurado bajo la Póliza,

dadas las circunstancias del accidente objeto de la Demanda, los

Demandantes no tienen una causa de acción viable contra la

Aseguradora.   La Aseguradora sólo responde por los actos o la

responsabilidad que pueda atribuírsele a algún asegurado suyo

conforme a los términos y condiciones de sus obligaciones bajo la

Póliza. No responde automáticamente por cualquier accidente en el

cual esté involucrado un vehículo incluido en la Póliza.           En

consecuencia, aunque por otros fundamentos, concluimos que

actuó correctamente el TPI al desestimar la Demanda contra la

Aseguradora.

                                 IX.

      Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso

KLAN202300195 por falta de jurisdicción y se confirma la Sentencia

apelada en el recurso KLAN202300178.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones