Court Opinion

ID: 9408080
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:14:56.281923+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.516309
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE PONCE
                              PANEL XI

                                             Revisión de
     HÉCTOR F. NAVAS                         Decisión
        CORDERO                              Administrativa
                                             procedente del
          Recurrente                         Departamento de
                                             Corrección y
               V.              KLRA202300218 Rehabilitación

    DEPARTAMENTO DE                              Caso Núm.:
      CORRECCIÓN Y                               MA-292-23
     REHABILITACIÓN
                                                 Sobre:
          Recurrido                              Reclasificación
                                                 de Custodia

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      El 15 de mayo de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, el señor Héctor F. Navas Cordero (en adelante, señor

Navas Cordero o parte recurrente), mediante escrito intitulado

Revi[s]ión Judicial Naturaleza Civil. Por medio de este, nos solicita

que revisemos la Resolución de Hecho y Derecho, emitida y notificada

el 26 de abril de 2023, por Comité de Clasificación y Tratamiento (en

adelante, Comité) del Departamento de Corrección y Rehabilitación

(en adelante, parte recurrida o DCR). En virtud de la determinación

recurrida, el DCR denegó la solicitud de reclasificación de custodia

presentada por el señor Navas Cordero y ratificó la custodia máxima.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación, se

confirma la determinación recurrida.

                                  I

      Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 5

de abril de 2018, el señor Navas Cordero fue sentenciado a noventa

Número Identificador
RES2023 __________________
KLRA202300218                                                         2

y nueve (99) años de cárcel por infracción al Art. 93-A del Código

Penal de Puerto Rico1; a veinte (20) años de cárcel por infracción al

Art. 5.04 la Ley de Armas (cuya pena era de diez años, pero al

aplicarle el Art. 7.03, se estableció el doble de la pena para un total

de veinte años)2 y a veinte (20) años por infracción al Art. 93-A3 del

Código Penal, para una pena total de ciento diecinueve (119) años.

         De igual forma, conforme al expediente, el 24 de abril de 2018,

el señor Navas Cordero fue clasificado a custodia máxima debido a

la pena de reclusión impuesta y a los delitos de severidad extrema.

         Posteriormente, el 21 de octubre de 2022, el Comité le realizó

una evaluación de custodia a la parte recurrente, en la cual, la

puntuación total de custodia arrojó doce (12) puntos.         En igual

fecha, la parte recurrida suscribió un documento intitulado

Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento, mediante el cual,

dispuso lo siguiente:

         G. Acuerdo del Comité: Se ratifica custodia máxima.
         Dormitorio: continúe en el B5 5015. Estudios: se refiere
         al área educativa. Trabajo: no se asigna. Tratamiento:
         se refiere al [á]rea de Saludo Correccional (Trastornos
         Adictivos). Se integra formalmente en el Programa de
         Aprendiendo a Vivir sin Violencia (PEA).

         H. Fundamentos para los acuerdos tomados: El
         Manual de Clasificación de Confinados vigente
         establece que confinados con sentencias de 99 años o
         más, clasificados inicialmente en custodia máxima
         permanecerán en dicha custodia por cinco años. Luego
         de ese periodo serán evaluados. El confinado fue
         sentenciado por el Tribunal de Ponce a extinguir una
         sentencia de 119 años de reclusión, por los delitos de
         Art. 93 (A) Asesinato en primer grado, Art. 93 (A)
         Asesinato y Art. 5.04 L.A. Portación y uso de armas
         blancas/fuego. Ha cumplido de la sentencia impuesta
         un total de 4 años, 10 meses y 29 días. Adicional se
         evidencia que el MPC no cumple a cabalidad con el plan
         institucional, ya que se evidencia que en el periodo
         evaluado incurrió en un POSITIVO ADMINISTRATIVO,
         al rehusarse a la prueba para detectar el uso de
         sustancias controladas, realizada por el DCR. A raíz de
         esto se le radica querella disciplinaria #310-22-156,
         nivel I, código 137 (Rehusarse o negarse a someterse a
         pruebas de detección de sustancias controladas o

1   Asesinato en Primer Grado
2   Portación y uso de armas blancas/fuego
3   Asesinato
KLRA202300218                                                       3

      alcohol, requeridas por el Departamento de Corrección).
      Saliendo incurso en 11 de agosto de 2022. Al aplicar la
      escala de reclasificación de custodia arroja puntuación
      correspondiente a un nivel de máximas restricciones.
      Demostrando con estos hechos no estar comprometido
      con el proceso de rehabilitación y no cumplir con las
      normas y reglas por las que se rige la […]. El CCT entra
      en conocimiento que el MPC actualmente se encuentra
      tomando el tratamiento de Aprendiendo a Vivir sin
      Violencia, ofrecido por el Programa de Evaluación y
      Asesoramiento. Así las cosas y tomando en
      consideración la puntuación arrojada por la escala y
      para cumplir con el Manual de Clasificación de
      Confinado número 9151 del 22 de enero de 2020, el
      confinado deberá permanecer observando ajustes en
      máximas restricciones. Ubicación actual.            Para
      evaluación y posible integración de los cursos
      vocacionales. Limitadas las áreas, no cuenta con los
      ajustes necesarios para realizar labores.           Para
      evaluación y determinar necesidad de tratamiento.
      Para que continúe beneficiándose de los programas que
      se ofrecen en la institución, ya que cumple por delitos
      que envuelven violencia contra el ser humano.

      A tales efectos, el DCR emitió la Resolución de Hecho y

Derecho, donde ratificó la clasificación de custodia máxima

conforme al Manual de Clasificación de Confinados.

      Así las cosas, el 15 de febrero de 2023, el señor Navas Cordero

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo. Mediante esta,

solicitó que se le proveyera el tratamiento de sustancias adictivas

debido a que contaba con el referido hace unos meses y no se lo

habían provisto.   Adujo que esto podía afectarle, ya que estaba

próximo a cumplir cinco (5) años en custodia máxima y que ello le

impediría solicitar reclasificación.    El 27 de marzo de 2023, la

División de Remedios Administrativos emitió la Respuesta del [Á]rea

Concernida/Superintendente donde le indicó a la parte recurrente

que, se encontraba en espera de espacios disponibles para comenzar

las terapias de trastornos adictivos.

      Por otro lado, el 26 de abril de 2023, el Comité le realizó una

evaluación de custodia al señor Navas Cordero, en esta, arrojó una

puntuación total de 3 puntos. Mediante el Acuerdo del Comité de

Clasificación y Tratamiento, la parte recurrida dispuso lo siguiente:
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     G. Acuerdos del comité: Se ratifica custodia
     máxima.     Dormitorio: continúe en el B5 5015.
     Estudios: continúe referido al área educativa.
     Trabajo: continúe asignado a rendir labores de
     mantenimiento cancha en el B5 lado izquierdo.
     Tratamiento: continúe referido al área de Salud
     Correccional (Trastornos adictivos). Se da de baja de
     las terapias del Programa de Aprendiendo a Vivir sin
     Violencia (SPEA).

     H. Fundamentos para los Acuerdos tomados: Al
     aplicar la escala de reclasificación de casos
     sentenciados, el CCT acogió la modificación
     discrecional para un nivel de custodia más alto, ya
     que la puntuación obtenida por la escala no refleja
     los elementos necesarios para una evaluación
     objetiva y compleja del caso. Por lo que hace uso
     de: historial de violencia excesiva y desobediencia
     ante las normas. Toda vez que se desprende de sus
     expedientes que este de manera ilegal, voluntaria,
     maliciosa y criminalmente, actuando en común
     acuerdo con otros 4 individuos, le infirió múltiples
     heridas de balas en diferentes partes del cuerpo a
     otro ser humano, privándolo del derecho a la visa.
     También, este en un comportamiento deliberado,
     realizó actos equívocos con el fin de ocasionarle la
     muerte a otra persona que se encontraba con el
     fallecido, infiriéndole múltiples heridas de balas en
     diferentes partes del cuerpo, sin que se consumara
     el delito pretendido. Estos actos los cometió con
     una pistola calibre .40 para la cual no poseía licencia
     expedida por la Policía de P.R. ni el Tribunal de
     Primera Instancia. este acto de violencia
     desmesurada no sólo cobró la vida de un ser
     humano, sino que también atentó contra la vida de
     otro ser humano que se encontraba en el lugar de los
     hechos. Con estos actos ha quebrantado las normas
     que garantizan la sana convivencia en la sociedad,
     perfilándose así, como un ciudadano en completo
     desdén del bienestar de su comunidad y un peligro
     para la sociedad en general. Siendo sentenciado por
     el Honorable Tribunal Superior de Ponce a cumplir
     una pena de 119 años. Cuenta con un mínimo de
     sentencia para el 6 de noviembre de 2062 y un
     máximo tentativo para el 6 de noviembre de 2136,
     restándole así alrededor de 113 años para finalizar
     la sentencia impuesta. Por lo que, con su sentencia,
     el Tribunal pretende salvaguardar la seguridad
     pública,     simultáneamente       garantizando      la
     rehabilitación del miembro de la población
     correccional. Destacamos que, a pesar de haber sido
     debidamente juzgado y declarado convicto por
     dichos delitos, a 5 años y 5 meses de estar
     confinado, aún no ha realizado una introspección
     sobre sus acciones pasadas, negando de forma
     continua su participación en los actos criminales
     descritos anteriormente, alegando su inocencia y
     evadiendo asumir responsabilidad de sus actos.
     Durante su confinamiento en custodia máxima ha
     hecho eco de la desobediencia ante las normas que
     lo llevó a estar recluido al incurrir en querella
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      disciplinaria por negarse a realizarse prueba para
      detectar […] sustancias controladas, realizada por el
      DRC, lo que constituye en positivo administrativo.
      Demostrando con esta conducta no haberse alejado
      de la vida delictiva y no cumplir con las normas y
      reglas por las que se rige la agencia. El CCT entra
      en conocimiento que completó el tratamiento Psico-
      Educativo de Aprendiendo a Vivir Sin Violencia,
      ofrecido por el SPEA. Sin embargo, el CCT recalca
      que el proceso de rehabilitación es uno gradual y
      complejo, por ende, la consecuencia directa de
      completar tratamientos dirigidos a este fin, debe
      poder mesurarse en una constante de conducta
      positiva que certifique el efecto restaurativo y
      duradero que han aportado a la transformación de la
      conducta delictiva de los miembros de la población
      correccional. Meramente completar los mismos no
      es garantía incontrovertible de una modificación en
      la conducta de los confinados.         Avenimos en
      conocimiento que se encuentra en lista de espera
      para recibir las terapias de Trastornos Adictivos,
      toda vez que posee historial de uso de sustancias
      controladas, lo que hace imperioso que se beneficie
      de dichas terapias. Terapias que al presente son
      ofrecidas en esta institución. Cabe señalar que la
      evaluación de custodia comprende desde la fecha de
      su ingreso hasta el presente. Recalcando aún más
      la conducta institucional como reflejo de
      comportamiento real del confinado durante su
      reclusión. Exhortamos al confinado a mantener una
      conducta positiva y estable que lo lleve a demostrar
      sentido de responsabilidad e introspección hacia el
      confinamiento, que su conducta y actitudes relejen
      un verdadero cambio, mientras se produce la
      rehabilitación moral y social. Ubicación actual, para
      evaluación y determinar necesidades educativas.
      Por necesidad de servicios y disponibilidad del
      confinado. Para evaluación y determinar necesidad
      de tratamiento. Completó las terapias el 15 de
      diciembre de 2022.

      Consecuentemente, en igual fecha, el DCR emitió la

resolución cuya revisión nos ocupa.        Como parte de sus

determinaciones de hechos, el DCR expuso que, el señor Navas

Cordero había sido clasificado inicialmente en custodia máxima al

ingresar a prisión, lo anterior, debido a que tomaron en

consideración que este cumplía una pena de ciento diecinueve (119)

años de reclusión por delitos de severidad extrema. Indicó que, el

nivel de custodia máxima había sido ratificado en las siguientes

fechas: 16 de abril de 2019, 18 de octubre de 2019, 22 de octubre

de 2020, 29 de abril de 2021, 22 de octubre de 2021 y 10 de mayo
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de 2022, ello conforme al Manual de Clasificación de Confinados, el

cual establece que, “todo confinado con sentencia de 99 años o más,

clasificados en custodia máxima como resultado de la sentencia,

permanecerá en dicha custodia por 5 años y luego esto[s] serán

evaluados”. Añadió, además que, para el 21 de junio de 2022, la

parte recurrente se rehusó a ser sometido a la prueba de detección

de sustancias controladas, realizadas por el DCR y que, ello

constituyó un positivo administrativo.

      De igual forma, el DCR expuso las siguientes conclusiones de

derecho:

      El Manual de Clasificación del Confinado establece que
      el proceso de clasificación coordina la custodia física de
      los confinados en programas y recursos disponibles
      dentro del Sistema Correccional. Más aún, un proceso
      sistemático de clasificación contribuye a mantener a la
      sociedad protegida de las personas que han violentado
      las reglas formales de comportamiento. Por lo tanto,
      para lograr un sistema de clasificación funcional, el
      proceso tiene que ubicar a cada confinado en el
      programa de nivel de custodia menos restrictivo posible
      para que el confinado cualifique, sin menoscabar la
      seguridad y las necesidades de la sociedad, de los
      demás confinados y del personal correccional. La
      reevaluación de la custodia no necesariamente tiene
      como resultado un cambio de custodia o vivienda
      asignada, su función primordial es verificar la
      adaptación del confinado y prestarle atención a
      cualquier situación que pueda surgir.

      Al evaluar la custodia del miembro de la población
      correccional, el C.C.T. concluye ratificar la custodia
      máxima. Al aplicar la escala de reclasificación de casos
      sentenciados, el CCT acogió la modificación discrecional
      para un nivel de custodia más alto, ya que la
      puntuación obtenida por la escala no refleja los
      elementos necesarios para una evaluación objetiva y
      compleja del caso. Por lo que hace uso de: historial de
      violencia excesiva y desobediencia ante las normas.
      Toda vez que se desprende de sus expedientes que este
      de manera ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente,
      actuando en común acuerdo con otros 4 individuos, le
      infirió múltiples heridas de balas en diferentes partes
      del cuerpo, sin que se consumara el delito pretendido.
      Estos actos los cometió con una pistola calibre .40 para
      la cual no poseía licencia expedida por la Policía de P.R.
      ni el Tribunal de Primera Instancia. Este acto de
      violencia desmesurada no sólo cobró la vida de un ser
      humano, sino que también atentó contra la vida de otro
      ser humano que se encontraba ese día en el lugar de los
      hechos. Con estos actos ha quebrantado las normas
      que garantizan la sana convivencia en sociedad,
KLRA202300218                                                     7

      perfilándose así, como un ciudadano en completo
      desdén del bienestar de su comunidad y un peligro para
      la sociedad en general. Siendo sentenciado por el
      Honorable Tribunal Superior de Ponce a cumplir una
      pena de 119 años. Cuenta con un mínimo de sentencia
      para el 6 de noviembre de 2062 y un máximo tentativo
      para el 6 de noviembre de 2136, restándole así
      alrededor de 113 años para finalizar la sentencia
      impuesta. Por lo que, con su sentencia, el Tribunal
      pretende     salvaguardar     la   seguridad    pública,
      simultáneamente garantizando la rehabilitación del
      miembro de la población correccional. Destacamos que,
      a pesar de haber sido debidamente juzgado y declarado
      convicto por dichos delitos, a 5 años y 5 meses de estar
      confinado, aún no ha realizado una introspección sobre
      sus acciones pasadas, negando de forma continua su
      participación en los actos criminales descritos
      anteriormente, alegando su inocencia y evadiendo
      asumir responsabilidad de sus actos. Durante su
      confinamiento en custodia máxima ha hecho eco de la
      desobediencia ante las normas que lo llevó a estar
      recluido, al incurrir en querella disciplinaria por
      negarse a realizarse prueba para detectar el uso de
      sustancias controladas, realizada por el DCR, lo que
      constituye en positivo administrativo. Demostrando
      con esta conducta no haberse alejado de la vida
      delictiva y no cumplir con las normas y reglas por las
      que se rige la agencia. El CCT entra en conocimiento
      que completó el tratamiento Pisco-Educativo de
      Aprendiendo a Vivir sin Violencia, ofrecido por el SPEA.
      Sin embargo, el CCT recalca que el proceso de
      rehabilitación es uno gradual y complejo, por ende, la
      consecuencia directa de completar tratamientos
      dirigidos a este fin, debe poder mesurarse en una
      constante de conducta positiva que certifique el efecto
      restaurativo y duradero que han aportado a la
      transformación de la conducta delictiva de los
      miembros de la población correccional. Meramente
      completar los mismos no es garantía incontrovertible de
      una modificación en la conducta de los confinados.
      Avenimos en conocimiento que se encuentra en lista de
      espera para recibir las terapias de Trastornos Adictivos,
      toda vez que posee historial de uso de sustancias
      controladas, lo que hace imperioso que se beneficie de
      dichas terapias. Terapias que al presente son ofrecidas
      en esta institución. Cabe señalar que la evaluación de
      custodia comprende desde la fecha de su ingreso hasta
      el presente.      Recalcando aún más la conducta
      institucional como reflejo de comportamiento real del
      confinado durante su reclusión.          Exhortamos al
      confinado a mantener una conducta positiva y estable
      que lo lleve a demostrar sentido de responsabilidad e
      introspección hacia el confinamiento, que su conducta
      y actitudes reflejen un verdadero cambio, mientras se
      produce la rehabilitación moral y social.

      Inconforme con la determinación del DCR, la parte recurrente

acudió ante este foro revisor mediante escrito intitulado Revi[s]ión

Judicial Naturaleza Civil. Hacemos constar que, la parte recurrente
KLRA202300218                                                                     8

no realizó ningún señalamiento de error, sin embargo, nos solicita

que, revoquemos la determinación del Comité y ordenemos la

reevaluación de custodia del señor Navas Cordero.

       Por no entender necesaria la comparecencia de la parte

recurrida, prescindimos de esta4.

                                         II

A. Estándar de Revisión                 Judicial       de    Determinaciones
   Administrativas

       Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. OEG v. Martínez Giraud, 2022 TSPR 93,

210 DPR ___ (2022); Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 656,

672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021);

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019);

Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26,35 (2018); Torres Rivera

v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Es por ello, que, tales

determinaciones suponen una presunción de legalidad y corrección,

que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras la parte que

las impugne no presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.;

OEG v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185

DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no es absoluta, es por

lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no podemos

imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia a las

determinaciones administrativas que sean irrazonables, ilegales o

contrarias a derecho.

4 En virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.
XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier
caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera
eficiente.
KLRA202300218                                                                    9

         En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

         [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
         una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
         cuando: (1) la determinación administrativa no está
         basada en evidencia sustancial; (2) el ente
         administrativo erró en la aplicación o interpretación de
         las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
         administrar; (3) el organismo administrativo actuó
         arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
         determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
         actuación      administrativa      lesionó     derechos
         constitucionales    fundamentales.      Es   importante
         destacar que si el tribunal no se encuentra frente a
         alguna de esas situaciones, aunque exista más de
         una interpretación razonable de los hechos procede
         que se valide la interpretación que realizó la agencia
         administrativa recurrida. (Énfasis suplido).5

         El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v.

Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág.

820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya

un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 673; OEG v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra, pág. 819-820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde,

supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36;

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.

         Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

“estableció      el   marco     de   revisión    judicial       de   las   agencias

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

5   Véase Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820.
KLRA202300218                                                        10

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; OEG v. Martínez

Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 626-627;

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3

LPRA sec. 9675.     Nuestro Máximo Foro, ha expresado que, esta

intervención “debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se

fundamente en evidencia sustancial o cuando la agencia se

equivoque en la aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía,

supra, pág. 36. Siendo así, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Íd; OEG v. Martínez

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por

otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas en

su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec.

9675. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes

particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627.        El

Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le deben los

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria,

irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales

fundamentales. Íd. págs. 627-628; OEG v. Martínez Giraud, supra.

Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado que, conforme lo

anterior, el criterio administrativo no podrá prevalecer en aquellas
KLRA202300218                                                                11

instancias donde la interpretación estatutaria realizada por una

agencia provoque un resultado incompatible o contrario al propósito

para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo,

concedido cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder

ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que

conduzcan a la comisión de una injusticia”. Íd.

B. Reglamento Núm. 8583

      Conforme a las disposiciones contenidas en la LPAU y acorde

con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011,

el cual establece las facultades del Departamento de Corrección y

Rehabilitación, se creó el Reglamento para Atender las Solicitudes

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la

Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 3 de junio de

2015 (Reglamento Núm. 8583). Además, este fue promulgado al

amparo     de    la   ley   federal   conocida   como       Civil   Rights   of

Institutionalized Person Act, con el fin de canalizar de forma efectiva

los reclamos de la población correccional. Pérez López v. Depto.

Corrección, supra, pág. 670.

      El objetivo principal del referido esquema legal es que, toda

persona recluida en una institución correccional disponga de un

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda

presentar una solicitud de remedio, con el fin de minimizar las

diferencias entre los miembros de la población correccional y el

personal   del    Departamento        de   Corrección   y    Rehabilitación.

Asimismo, este tiene como objetivo el evitar y reducir la presentación

de pleitos en los tribunales de instancia. Véase, Introducción del

Reglamento Núm. 8583, supra; Pérez López v. Depto. Corrección,

supra, pág. 670.        En específico, la Regla VI del Reglamento

Núm. 8583, dispone que la División de Remedios Administrativos,

tendrá jurisdicción para atender toda solicitud de remedio
KLRA202300218                                                           12

presentada por los miembros de la población correccional,

relacionada directa o indirectamente con actos o incidentes que

afecten personalmente al miembro de la población correccional en

su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan

institucional, entre otras. Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 670.

         Por otro lado, la Regla XIII, Sección 5, del Reglamento 8583,

supra, dispone que el Evaluador tiene la facultad para desestimar

las solicitudes de los miembros de la población correccional cuando

se dan una serie de circunstancias, como haber radicado la solicitud

de remedio más de una vez sobre el mismo asunto.

      Finalmente, el Reglamento 8583, supra, dispone que, el Tribunal

de Apelaciones podrá realizar la revisión judicial de las solicitudes

de remedios administrativos instadas por los miembros de la

población correccional. Pérez López v. Depto. Corrección, supra, pág.

671. En lo pertinente, dispone lo siguiente:

         1. El miembro de la población correccional podrá
            solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
            dentro del término de (30) días calendarios, contados
            a partir de la fecha del archivo en autos de la copia
            de    la   Notificación   de    la   Resolución    de
            Reconsideración, emitida por el Coordinador de
            Remedios Administrativos o noventa (90) días a
            partir de la radicación de la Solicitud de
            Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa
            conforme a la misma.

         2. […]6

C. Manual para la Clasificación de Confinados, Reglamento
   Núm. 9151 del 22 de enero 2020

         El   Manual     para   la   Clasificación   de   los   Confinados,

Reglamento Núm. 9151 del 22 de enero 2020 (en adelante, Manual

Núm. 9151) fue promulgado en virtud de las facultades conferidas a

la Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado y la Ley

6   Regla XV del Reglamento Núm. 8583, supra.
KLRA202300218                                                             13

Núm. 38-2017, según enmendada, mejor conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

3 LPRA sec 9601 et seq. Entre los propósitos del referido manual

está, establecer un sistema organizado para ingresar, procesar y

asignar a las personas privadas de su libertad a instituciones y

programas     de   adultos   del        Departamento    de   Corrección    y

Rehabilitación. En el mismo, se propone como meta, ayudar a las

personas privadas de libertad en su readaptación y posible

reintegración a la sociedad.

      El aludido manual, en su sección 7, dispone sobre los

procedimientos para la revisión del nivel de custodia de los

confinados.    Este procedimiento de revisión se da con el fin de

determinar cuál es el nivel de custodia apropiado para el confinado.

Esta sección resume los objetivos de la reclasificación de custodia.

En particular, indica que, el Formulario de Reclasificación de

Custodia es utilizado para actualizar y revisar la evaluación inicial

de custodia del confinado y si procede que se mantenga o se

modifique. Manual Núm. 9151, supra. Indica, además que, esta

reevaluación tiene como propósito principal el verificar la adaptación

del confinado y atender cualquier situación que pudiese surgir.

Asimismo,     establece   que,     la    reevaluación   de   custodia,    no

necesariamente tendrá como resultado el cambio de la clasificación

de custodia o la vivienda asignada. Manual Núm. 9151, supra.

      El Manual Núm. 9151, supra, detalla el procedimiento de

reclasificación y los requisitos con los cuales el Técnico de Servicios

Sociopenal deberá cumplir al hacer una recomendación para

reclasificación de custodia. Entre estos requisitos se encuentran los

siguientes: revisar el auto de prisión y los documentos de apoyo

complementarios que obran en el expediente final del confinado;

revisar los formularios médicos y de salud mental del confinado, así

como las puntuaciones de aptitud correspondientes a educación,
KLRA202300218                                                     14

adiestramiento vocacional y trabajo; además, tendrá que realizarle

una entrevista al confinado con el fin de explicarle el proceso de

reclasificación y verificar y estudiar los datos básicos relacionados

con la clasificación, incluyendo delitos actuales, sentencias

actuales, historial delictivo, orden de detención y arresto, cambios

en   la   cantidad    de   la   fianza   (sumariados     solamente),

encarcelamientos previos bajo el DCR. fecha de excarcelación

prevista (sentenciados solamente), récord de conducta disciplinaria

de la institución y récord de participación de programas. Sección 7,

Manual Núm. 9151, supra.

      Nuestro Máximo Foro ha señalado que, la determinación

administrativa respecto al nivel de custodia asignado a los

confinados, requiere que se lleve a cabo un balance de intereses.

Este balance se basa en, “[e]l interés público de lograr la

rehabilitación del confinado, así como mantener la seguridad

institucional y general del resto de la población penal”, por otra

parte, “[e]stará el interés particular del confinado de permanecer en

un determinado nivel de custodia”. Cruz v. Administración, 164 DPR

341, 352 (2005).

      Es sabido que, la reevaluación del nivel de custodia, no

necesariamente tendrá como resultado el cambio de la clasificación

de custodia. Sección 7, Manual Núm. 9151, supra; Cruz v.

Administración, supra, pág. 354.     Lo anterior, debido a que, el

Comité tiene discreción al evaluar y determinar si el confinado es

merecedor de un nivel menor de custodia. Mediante el proceso de

reevaluación, el Comité tiene la oportunidad de atender las

necesidades del confinado, observar su progreso y recomendar

posibles cursos de acción respecto a su rehabilitación.           Íd.

Finalmente, la reclasificación del confinado dependerá de una

multiplicidad de factores que han sido formulados mediante los

manuales y reglamentos reseñados, y que, tienen el efecto limitante
KLRA202300218                                                       15

sobre la discreción de la agencia al momento de adjudicar

controversias relativas a la reclasificación de custodia. Íd.

         Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de epígrafe, procedemos a resolver.

                                  III

         En esencia, la parte recurrida nos solicita que revisemos la

Resolución de Hecho y Derecho emitida por el Comité de Clasificación

y Tratamiento del DCR.        Por medio de esta, el DCR ratificó la

clasificación de custodia máxima del señor Navas Cordero.

         Según el derecho expuesto, la sección 7 del Manual Núm.

9151, supra, dispone sobre el procedimiento para la revisión del

nivel de custodia de los confinados. Tal procedimiento, tiene como

propósito evaluar y determinar el nivel de custodia apropiado para

los confinados. Asimismo, indica que, para actualizar y revisar la

evaluación inicial de custodia del confinado, se utiliza el Formulario

de Reclasificación de Custodia7.        La reevaluación de nivel de

custodia, tiene como propósito examinar la adaptación del

confinado, así como atender cualquier situación que pudiese

presentarse.8

         Conforme al Manual Núm. 9151, supra, el Comité le realizó al

señor Navas Cordero una evaluación sobre modificación de

custodia. Según se desprende del expediente, el Comité tomó varios

factores en consideración para realizar la aludida evaluación y

ratificar la clasificación de custodia máxima de la parte recurrente,

entre estos, se encuentran su historial de violencia excesiva, su

desobediencia ante las normas de la institución carcelaria y su

comportamiento desde su ingreso a la institución carcelaria, hasta

la fecha en que se realizó la evaluación. Asimismo, añadió que, el

señor Navas Cordero tampoco había demostrado mejoría en su

7   Manual Núm. 9151, supra
8   Íd.
KLRA202300218                                                                  16

comportamiento, ni había realizado una introspección de su

conducta.

       Es menester destacar que, la reevaluación del nivel de

custodia, no necesariamente tendrá como resultado el cambio de la

clasificación de custodia. Lo anterior, debido a que, el Comité tiene

discreción al evaluar y determinar si el confinado es merecedor de

un nivel menor de custodia9.

       De acuerdo a lo anterior, colegimos que, la agencia pudo

evaluar de manera eficiente el nivel de custodia adecuado para el

señor Navas Cordero, basándose en su conocimiento especializado

y en los factores ya discutidos.         En la controversia que nos ocupa,

la parte recurrente no presentó evidencia suficiente que derrotara la

presunción      de    legalidad     y    corrección      que      suponen     las

determinaciones administrativas10.            Cónsono con lo anterior, la

parte recurrente no nos colocó en posición de variar la decisión del

ente administrativo.

       Ante la ausencia de una actuación arbitraria, ilegal,

irrazonable o que constituya un abuso de discreción por parte de la

agencia administrativa, razonamos que resulta innecesario que

intervengamos con su determinación.

                                        IV

       Por    los    fundamentos        que   anteceden,     se    confirma    la

determinación recurrida.

       Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Administrador

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado,

en cualquier institución donde este se encuentre.

9Íd; Cruz v. Administración, supra, pág. 354.
10Véase Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v.
Policía de PR, supra, pág. 626.
KLRA202300218                                                   17

     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones