Court Opinion

ID: 9952386
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:28.793744+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:06.723139
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

                                                Certiorari
  JOSE ARTURO MOLINA                            procedente del
            CARRIÓN                             Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala de
  Demandante Recurrido
                    -
                                 KLCE2O23O 1469 San Juan
               y.                                     Civil núm.:
                                                      SJ2023CV05556
  MUNICIPIO AUTÓNOMO                                  (801)
   DE SAN JUAN, et al
                                                      Sobre:
 Demandado Peticionario
                -
                                                      Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez
Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y lajueza Borja Vjzcarrondo.

Sánchez Ramos, juez ponente

                              RESOLUCIÓN
       En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

       El   Tribunal     de   Primera     Instancia   ("TPI")   denegó   la

desestimación de una demanda de daños y perjuicios contra un

municipio. Según se explica a continuación, en las circunstancias

particulares de este caso, no era necesario que el demandante

notificara al municipio de su reclamación, dentro del término de

90 días desde los hechos, del modo pretendido por dicha parte.

                                     I.

       En junio de 2023, el Sr. José Arturo Molina Carrión (el

"Demandante") presentó la acción de referencia, sobre daños y

perjuicios (la "Demanda"), en contra, en lo pertinente, del Municipio

de San Juan (el "Municipio"). Alegó que, el 29 de junio de 2022, "fue

objeto de un disparo por la policía municipal", lo cual fue producto de

negligencia imputable al Municipio.

       El Municipio presentó una Moción en Solicitud de Desestimación

por falta de Notificación (la "Moción"). Planteó que el Demandante no
había cumplido con el requisito de notificación previa al Municipio
dispuesto en la Ley 107-2020 (el "Código Municipal").

Número Identificador
RES2 024
KLCE2O23O 1469                                                         2

      El Demandante se opuso a la Moción. ResaltO que, el 1 de

agosto de 2022, "33 días luego de los hechos, se presentó una querella

administrativa en la División Inspección y Asuntos Disciplinarios" del
Municipio.    Por tanto, arguyó que el Municipio tuvo una pronta

oportunidad de tomar conocimiento de los hechos y así realizar la

investigación correspondiente.     Planteó que, "[d]e esta manera[,]

quedó notificado" el Municipio de "los hechos que motivan" la

Demanda.
      Mediante una Resolución notificada el 15 de noviembre (la

"Resolución"), el TPI denegó la Moción. El TPI razonO que, aun luego
de la aprobación del Código Municipal, seguían vigentes y aplicables

las excepciones al requisito de notificación al Municipio.       El TPI

concluyó que, en este caso, "exigir el requisito de notificación no es

práctico ni salvaguarda los intereses que se buscan proteger con su

exigencia".

      El TPI advirtió que, dentro del término contemplado por ley, el

Demandante presentó una "querella formal ante la División
Inspección y Asuntos Disciplinarios del Municipio", así como "otro

ciudadano también [presentó] otra por el mismo incidente". Por tanto,

el TPI concluyó que el Municipio "tuvo conocimiento de la identidad

de los testigos del disparo, direcciones, teléfonos, datos del policía

envuelto, narrativo escrito del evento, imputación de negligencia y

responsabilidad civil, fecha, lugar, causa y naturaleza general del

daño sufrido". Incluso, el TPI consignó que, "ya para el 30 de agosto
de 2022, se estaba citando a uno de los testigos como parte de la

investigación administrativa de la policía municipal".

      El 20 de noviembre, el Municipio solicitó la reconsideración de

la Resolución; en esencia, subrayó que, desde la enmienda a la
antigua ley de municipios autónomos realizada mediante la

Ley 121-2018, era requisito jurisdiccional la notificación al Municipio.

El Demandante se opuso y, mediante una Orden notificada el 30 de
KLCE2O23O 1469                                                       3
noviembre, el TPI denegó la referida moción de reconsideración.

      Inconforme, el 27 de diciembre, el Municipio presentó el recurso
que nos ocupa, en el cual reproduce lo planteado al TPI en la Moción.

Disponemos.

                                  II.

      El Artículo 1.051 del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7082,

exige, como condición para demandar por daños a un municipio, que

se notifique al mismo dentro de los 90 días siguientes a los hechos; el
lenguaje actual dispone:

      Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase
      contra un municipio por daños personales o a la
      propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del
      municipio, deberá presentar una notificación escrita
      dirigida al Alcalde, haciendo constar en forma clara y
      concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del
      daño sufrido. En dicha notificación se especificará,
      además, la cuantía de la compensación monetaria o el
      tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y
      direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante,
      y en los casos de daño a la persona, el lugar donde recibió
      tratamiento médico en primera instancia.

      (a) Forma de entrega y término para hacer la notificación.

     Dicha notificación se entregará al Alcalde, se remitirá por
     correo certificado a la dirección designada por el
     municipio o por diligenciamiento personal, acudiendo a
     la oficina del Alcalde durante horas laborables, y
     haciendo entrega de la misma a su secretaria personal o
     al personal administrativo expresamente autorizado a
     tales fines.

     La referida notificación escrita deberá presentarse dentro
     de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el
     reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados.
     Si el reclamante está mental o fisicamente imposibilitado
     para hacer dicha notificación en el término antes
     establecido, no quedará sujeto al cumplimiento del
     mismo, debiendo hacer la referida notificación dentro de
     los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la
     incapacidad.

     Si el perjudicado fuere un menor de edad o una persona
     sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o
     la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso,
     estará obligada a notificar al Alcalde la reclamación
     dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en
     que tuvo conocimiento de los daños que se reclaman. Lo
     anterior no será obstáculo para que el menor o la persona
     sujeta a tutela haga la referida notificación por su propia
     iniciativa dentro del término prescrito, si quien ejerce la
     patria potestad, custodia o tutela no lo hace.
KLCE2O23O 1469                                                       4

      (b) Requisito jurisdiccional.   -

      No podrá responsabilizarse, ni iniciarse acción de clase
      alguna contra un municipio, en reclamaciones por daños
      causados por culpa o negligencia, a menos que el
      reclamante haga la notificación escrita, en la forma,
      manera y en los plazos de caducidad dispuestos en este
      Artículo. No constituirá una notificación válida, aquella
      que se presente en alguna otra entidad estatal o
      municipal que no sea la del municipio contra el que se
      presenta la reclamación.

      Esta disposición es similar a otra que requiere notificación al

Estado Libre Asociado de Puerto Rico antes de instar una demanda
de daños contra dicha parte. 32 L.P.R.A sec. 3077a.

      Este requisito de notificación persigue los siguientes fines:

(1) proporcionar al gobierno la oportunidad de investigar los hechos

que dan origen a la reclamación; (2) desalentar las reclamaciones

infundadas; (3) propiciar un pronto arreglo de las mismas; (4) permitir
la inspección inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran

cambios; (5) descubrir el nombre de las personas que tienen

conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo es

más confiable; (6) advertir a las autoridades de la existencia de la

reclamación para que se provea la reserva necesaria en el presupuesto

anual; y, 7) mitigar el importe de los daños sufridos mediante

oportuna intervención ofreciendo      tratamiento médico adecuado y
proporcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado. Acevedo

Ramos y. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788, 801 (2001); López y.

Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243, 248 (1993); Passalacqua y.
Municipio de San Juan, 116 DPR 618, 627(1985); Mangual y. Tribunal

Superior, 88 DPR 491, 494 (1963).

      Debe tenerse en cuenta que este tipo de requisito se interpreta

restrictivamente. Zambrana Maldonado y. ELA, 129 DPR 740, 756
(1992); Passalacqua, 116 DPR a la pág. 629; Insurance Co. of P.R. y.

Ruiz, 96 DPR 175, 179 (1968); Acevedo Ramos, 153 DPR a la pág. 788;
López, 133 DPR a la pág. 252.
KLCE202301469                                                                     5

                                        III.

        Como cuestión de umbral, subrayamos que, en lo pertinente,

no hay diferencia sustancial entre el lenguaje actual del Código
Municipal, en cuanto al requisito de notificación en controversia, y el

lenguaje estatutario anterior, el cual ha sido objeto de interpretación

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en numerosas ocasiones a

través de varias décadas.

       Ahora, como desde al menos el 1980, el texto del estatuto

dispone que el requisito es "jurisdiccional". En efecto, "tanto la ley de

1980 como la de 1991 titula[ba]n esta notificación como 'requisito

jurisdiccional"'. López, 133 DPR a la pág. 250 n. 1 (énfasis en

original); véase, además, el texto estatutario citado en Acevedo Ramos,

153 DPR a las págs. 797-798.

       Es por ello que, desde al menos 1963, se ha considerado que

este requisito es indispensable, es decir, que esta notificación "es una

parte esencial de la causa de acción y, a menos que se cumpla con la

misma, no existe el derecho a demandar". Mangual, 88 DPR a la

pág. 495; véanse, además, López,                133 DPR a la pág. 249;

Passalacqua, 116 DPR a la pág. 628.

       De forma similar, al igual que desde hace décadas, el estatuto

actual requiere que la notificación vaya dirigida al alcalde del

municipio y que contenga ciertos extremos en torno a los detalles de

la reclamación. Acevedo Ramos, 153 DPR a las págs. 797-798.

       Ahora bien, en ciertas circunstancias, el requisito sencillamente

no es aplicable. No se trata de que se exima al litigante de cumplir
con el requisito por "justa causa", sino de que "jurídicamente no

[tiene] razón de ser aplicar el requisito [en ciertas] circunstancias ya
que no fue para ellas que se estableció dicho requisito". López, 133

1La utilización, en parte de la jurisprudencia, del término «cumplimiento estricto»,
al referirse a este requisito, únicamente se refería al hecho de que, en ciertos
contextos, el requisito sencillamente no aplicaba, no a que un litigante sería
eximido de cumplir con el mismo si mostraba justa causa.
KLCE202301469                                                                   6

DPR a la pág. 252; véanse, además, Meléndez Gutiérrez y. EM, 113

DPR811, 815 (1983); RomeroArroyo y. ELA, 127 DPR724, 736 (1991).

       Así pues, el requisito de notificación en controversia no aplica

"donde el esquema legislativo carece de virtualidad, propósito u

objetivo y donde jurídicamente no hay razón para aplicarlo". Acevedo

Ramos, 153 DPR a la pág. 799.                 Por ejemplo, el requisito de

notificación     no    aplica    cuando      un    municipio      tiene   "pleno

conocimiento", previo y oportuno, de los hechos objeto de la

reclamación. Acevedo Ramos, 153 DPR a la pág. 801 2
       El hilo conductor de esta jurisprudencia es que el requisito no

aplica cuando no tendría sentido exigir su cumplimiento a la luz del

propósito del requisito. Por ello es crucial recordar el propósito del
requisito: "poner sobre aviso [al Municipio] de que ha surgido una

probable causa de acción por daños en su contra de modo que pueda

activar sus recursos de investigación prontamente, antes de que
desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas en orden a la

preparación de una adecuada defensa contra la reclamación o una

transacción adecuada de la misma, cuando proceda".                    Rivera de
Vicenti y. ELA, 108 DPR 64, 69 (1978); Romero Arroyo, 127 DPR a la

pág. 734.

                                       Iv.

       En este caso, concluimos que el Demandante cumplió con el

requisito de notificación al Municipio a través de la entrega por el

Demandante, al Municipio, dentro del correspondiente término de
90 días,    de    un    Formulario      de    Querella     Administrativa      (el
"Formulario"), en el cual se proveen los detalles del incidente objeto
de la Demanda.

2 También se ha aclarado que el requisito de notificación no aplica en situaciones
donde el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde
hay constancia efectiva de la identidad de los testigos y donde el municipio, por
tanto, puede fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la
demanda. Acevedo Ramos u. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788. 800 (2001);
Romero Arroyo u. ELA, 127 DPR a las págs. 735-736; Meléndez Gutiérrez u. ELA,
113 DPR a la pág. 815.
KLCE2O23O 1469

       Adviértase que, en circunstancias muy similares, en Rivera

Fernández     y.   Mun. Carolina,   190 DPR 196, 209-210 (2014),

igualmente se concluyó que un "informe de incidente" presentado en

la alcaldía del municipio cumplió con el requisito de notificación en

controversia.      Ello, aunque el mismo no estaba dirigido, ni fue

entregado, al alcalde, como lo requería (y aún lo requiere) el estatuto

pertinente.

       Al igual que en Rivera Fernández, 190 DPR a la pág. 209, el

Formulario constituyó un "método de notificación previa que p[usoJ
sobre aviso al Municipio de una posible reclamación en su contra", y

cuya entrega se hizo "de forma fehaciente en derecho". "No podemos

arraigarnos al tecnicismo de que la persona que tiene que ser

notificada es el alcalde, ya que lo verdaderamente importante es que
el municipio quede notificado de la posible causa de acción". Rivera

Fernández, 190 DPR a la pág. 209.
      Al igual que se concluyó en Rivera Fernández, 190 DPR a la

pág. 210, se cumplió el requisito aquí con la entrega al Municipio del

Formulario, pues desde ese momento la información estuvo "en poder
del Municipio", por lo que "este tenía conocimiento de los hechos,

conociendo incluso la identidad de los testigos, lo cual pudo haber

utilizado para investigar, corroborar o refutar los hechos". De hecho,

en este caso, desde al menos finales de agosto (apenas dos meses
luego de los hechos), ya el récord refleja que el Municipio había

iniciado la investigación correspondiente. El "fin público se satisfizo

desde el momento" en que se "entregó el formulario que el propio

municipio" suple para hacer "constar las particularidades del

incidente". Rivera Fernández, 190 DPR a la pág. 210.

      Aun de concluirse que el requisito no se cumplió con la entrega

del Formulario (lo cual, según expuesto arriba, no es correcto), la

realidad es que, a la luz del propósito del requisito, no tenía razón de

ser aplicar el mismo en estas circunstancias. Ello porque, con la
KLCE202301469                                                         8

entrega del Formulario, se cumplió con el propósito del requisito, pues

se puso sobre aviso de forma adecuada y oportuna al Municipio sobre

los hechos objeto de la Demanda, de forma que la entidad tuviese la

oportunidad de investigarlos prontamente. Passalacqua, 116 DPR a

la pág. 632 (resolviendo que el requisito no aplica cuando el municipio

es demandado y emplazado dentro del término requerido por ley para

la notificación); Rivera de Vicenti, 108 DPR a la pág. 69 (resolviendo

que este tipo de requisito no aplica cuando, "para todo efecto", el

mismo sería un "gesto fútil e inoperante").

      No podemos olvidar que "[tienemos el deber de hacer que el

Derecho sirva propósitos útiles sociales, no esquemas teóricos

abstractos que arrojan resultados prácticos absurdos; tales como

consagrar la pérdida de derechos por darle vitalidad a una condición

o requisito que ya ha perdido su propósito, su razón de ser".

Passalacqua, 116 DPR a la pág. 632.           "[D]ebemos evitar una
interpretación que pueda conducir a resultados absurdos e

irrazonables". Rivera Fernández, 190 DPR a la pág. 202. Las "leyes

deben interpretarse con miras a lograr resultados sensatos, lógicos y

razonables que representen y salvaguarden la efectividad de la

intención legislativa". Rivera Fernández, 190 DPR a las págs. 202-203

(2014); véase, además, Rivera de Vicenti, 108 DPR a la pág. 69.

      En fm, y contrario a lo que propone el Municipio, no podemos

de forma automática e inflexible interpretar que aplica un requisito

cuyo cumplimiento, en las circunstancias de este caso, carecería de

fin práctico alguno. El requisito no existe para, de forma arbitraria,
privar a un litigante de su día en corte, o para ahorrarle dinero a los

municipios sin que se adelante algún otro fin público, sino para

proveer un aviso oportuno al municipio que le permita luego

defenderse adecuadamente en el tribunal. En este caso, el Municipio

tuvo el referido aviso y plena oportunidad de investigar los hechos
KLCE2O23O 1469

rápidamente, por lo que tendrá una más que adecuada oportunidad

de defenderse.

                                 V.

      Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del

auto solicitado.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      El Juez Pagán Ocasio disiente con opinión escrita.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                  Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

 Jos ARTURO MOLINA                                Certiorari
 CARRIÓN                                     procedente del
                                             Tribunal de Primera
          Recurrido                          Instancia, Sala
                              KLCE2O23O 1469 Superior de San
                                                  Juan

 MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
 SAN JUAN, ET AL.                                 Caso Núm.
                                                  SJ2023CV05556
         Peticionario
                                                  Sobre:
                                                  Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero, y la Jueza Boria
Vizëarrondo.
       VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PAGAN OCASIO

       En San Juan, Puerto Rico, a     q de febrero de 2024.
                                        "Dissents speak to a future
                                        age. It's not simply to say,
                                        'My colleagues are wrong and
                                        I would do it this way.' But
                                        the greatest dissents do
                                        become court opinions and
                                        gradually over time their
                                        views become the dominant
                                        view.     So    that's     the
                                        dissenter's hope: that they
                                        are writing not for today, but
                                        for tomorrow." -Justice Ruth
                                        Bader Ginsburg.

                                  I.

       Muy respetuosamente disiento de la determinación tomada

por la mayoría del Panel, por entender que el término dispuesto por

el inciso (a) del Artículo 15.003 de la Ley Núm. 121 del 29 de junio

de 2018, 21 LPRA sec. 7082 (Ley Núm. 121-2018),, enmendado por

el Artículo 1.05 1 del nuevo Código Municipal de Puerto Rico (Ley
Núm. 107-2020, 21       LPRA sec. 7082) (Código Municipal), para
presentarle al alcalde la notificación escrita de daños sufridos por

culpa o negligencia del municipio no es de cumplimiento estricto

sino un requisito jurisdiccional y, por ende, caduca ante su

Número Identificador
RES2024
KLCE2O23O 1469                                                        2

incumplimiento. En ese extremo, considero que, la determinación

de la mayoría de denegar el Certiorari y consecuentemente, sostener
la Demanda en contra del Municipio Autónomo de San Juan

(Municipio o Peticionario), es contrario al propio texto de la Ley Núm.

12 1-2018, Íd., y trastoca el debido proceso de ley que asiste a todas

las partes que comparecen a solicitar justicia. En ese sentido, es
evidente que el Tribunal de Primera Instancia (TPI)) carece de

jurisdicción y, por ello, desestimaría la Demanda del caso de marras

presentada en contra el Municipio.

      No es necesario reproducir el trasfondo procesal del caso. Me

remito al trasfondo consignado en la ponencia mayoritaria.
                                  II.

                                  A.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la

jurisdicción es aquel "poder o autoridad de un tribunal para

considerar y decidir casos y controversias". Cobra Acquisitions,

LLC   y.   Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384, 394 (2022);

Administración de Terrenos de Puerto Rico y. Ponce Bayland
Entreprises, Inc., 207 DPR 586, 600 (2021); Muni. De San

Sebastián y. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); SLG Solá.
Moreno y. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 6?2 (2011). En esa línea,

los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y, por

ello, debe atenderse con preferencia. Muni. De San Sebastián y..

QMC Telecom, supra, en la pág. 660; González y. Mayagüez

Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Lo anterior se debe a

que los tribunales "no tiene[n] discreción para asumir jurisdicción

donde no la hay". Muni. De San Sebastián y. QMC Telecom, supra,

en la pág. 660; Souffront y. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Ante
la ausencia de jurisdicción, es norma conocida que los tribunales

deben abstenerse de atender el caso en los méritos y proceder a
desestimar el caso. Muni. De San Sebastián y. QMC Telecom,
KLCE2O23O 1469                                                       3

supra, en la pág. 660; Carattino y. Collazo Syst. Analysis, Inc.,

158 DPR 345, 355 (2003); Vega et al. y. Telefónica, 156 DPR 584,

595 (2002); Pagán Alcalde Mun. De Cataño, 143 DPR 314, 326

(1997).

      Por otro lado, "[p]ara adjudicar un caso, el tribunal debe tener

'tanto jurisdicción sobre la materia como sobre las partes litigiosas"

Cobra Acquisitions, LLC y. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384,

394 (2022) (citando a Shell y. Srio. Hacienda, 187 PR 109, 122

(2012)); Administración de Terrenos de Puerto Rico y. Ponce
Bayland Entreprises, Inc., supra, pág. 600. En vista de ello, la

falta de jurisdicción es una defensa que no se renuncia. Shell y.

Srio. Hacienda, supra, pág. 122; véase, además, Regla 10.2 (1) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. y, R. 10.2. Cuando hay carencia

de jurisdicción sobre la materia, esta:
           (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las
          partes no pueden voluntariamente conferirsela a un
          tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3)
          conileva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4)
          impone a los tribunales el ineludible deber de
          auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los
          tribunales apelativos el deber de examinar la
          jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y
           (6) puede preseútarse en cualquier etapa del
          procedimiento, a instancia de las partes o por el
          tribunal motu proprio. Cobra Acquisitions, LW y.
          Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384, 394
          (2022)(Énfasis Suplido); Fuentes Bonilla V. ELA,
          200 DPR 364, 372 (2018).

                                   B.

      Nuestro más alto foro ha expresado que, ante "el lenguaje

claro y explícito [de un estatuto,J [e]ste no debe ser tergiversado,

malinterpretadó ni sustituido". Puerto Rico Fast Ferries, LLC y.

Autoridad de Alianzas Público -Privadas, 2023 TSPR 121. Los

tribunales solo deben suplir la ley cuando existen deficiencias y sea

necesario, pues "no p[ueden] usurpar la función de legislar de la

Asamblea Legislativa". íd. En otras palabras, cuando el lenguaje del
KLCE2O23O 1469

estatuto es claro, estamos obligados a respetar la voluntad del

legislador. íd.; González Meléndez y. Municipio Autónomo de San

Juan,     2023   TSPR 95;      San Gerónimo Caribe Project          y.

Registradora, 189 DPR 849 (2013).

        Sin embargo, la Asamblea Legislativa legislo claramente sobre

el asunto en controversia y sobre el Artículo 15.003 de la Ley Núm.

121-2018, supra, dispuso:

              Los Artículos 15.003 y 15.004 de la referida Ley,
        establecen el consentimiento y los límites de
        responsabilidad de los municipios en caso de demandas
        por los daños personales o a la propiedad, ocasionados
        por su culpa o negligencia, y regula el procedimiento
        que debe seguir toda persona que interesa presentar la
        reclamación judicial en su contra. Sobre este particular,
        el Artículo 15.003 establece como requisito previo
        el comunicar mediante notificación escrita al
        alcalde sobre la existencia de una posible
        reclamación en contra del municipio. Además, en su
        inciso (b) dispone que el cumplimiento con la
        notificación al alcalde, de la forma, manera y dentro
        del término establecido, es un requisito de
        naturaleza jurisdiccional.

        La doctrina vigente establece que los requisitos
     establecidos en el Artículo 15.003 son de
     cumplimiento estricto y no un requisito
     estrictamente jurisdiccional. Además, se han
     reconocido      jurisprudencialmente        múltiples
     circunstancias que constituyen "justa causa" y que
     excusan al reclamante del cumplimiento con la
     notificación requerida por el referido Artículo.

            En atención a los fundamentos antes
     mencionados, esta Asamblea Legislativa entiende
     menester enmendar el Artículo 15.003 de la Ley 81-
     199 1, según enmendada, a los fines de reiterar su
     intención de forma clara e inequívoca sobre el
     alcance, forma y manera en que se debe cumplir el
     requisito de previa notificación escrita al alcalde en
     caso de reclamaciones de cualquier clase contra un
     municipio, por daños personales o a la propiedad,
     ocasionados por la culpa o negligencia del
     municipio. El cumplimiento cabal con cada uno de
     los requisitos plasmados en el Artículo 15.003, es
     una condición previa indispensable sin la cual no se
     podrá responsabilizar al municipio, ni iniciarse
     acción de clase alguna en su contra, en
     reclamaciones por daños causados por culpa o
     negligencia de este. Además, esta Ley establece que
     los términos para hacer la notificación, contenidos
     en el inciso (a) del Artículo 15.003 de la Ley 81-
     199 1, según enmendada, son de caducidad y su
KLCE2O23O 1469

     incumplimiento es un defecto fatal. Exposición de
     Motivos de la Ley Núm. 121-2018, supra. (Énfasis
     suplido y subrayado).

     En esa línea el artículo en cuestión expresamente indica:

          Toda persona que tenga reclamaciones de
    cualquier clase contra un municipio por daños
    personales o a la propiedad, ocasionados por la culpa o
    negligencia del municipio, deberá presentar una
    notificación escrita dirigida al alcalde, haçiendo
    constar en forma clara y concisa la fecha, lugar,
    causa y naturaleza general del daño sufrido. En
    dicha notificación se especificará, además, la
    cuantía de la compensación monetaria o el tipo de
    remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y
    direcciones de sus testigos y la dirección del
    reclamante, y en los casos de daño a la persona, el
    lugar donde recibió tratamiento médico en primera
    instancia.

           (a) Forma de entrega y término para hacer la
    notificación. -Dicha notificación se entregará al alcalde,
    se remitirá por correo certificado a la dirección
    designada por el municipio o por diligenciamiento
    personal, acudiendo a la oficina del alcalde durante
    horas laborables,. y haciendo entrega de la misma a su
    secretaria personal o al personal administrativo
    expresamente autorizado a tales fines.

          La     referida   notificación    escrita   deberá
    presentarse dentro de los noventa (90) días siguientes a
    la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los
    daños reclamados. Si el reclamante está mental o
    fisicamente imposibilitado para hacer dicha notificación
    en el término antes establecido, no quedará sujeto al
    cumplimiento del mismo, debiendo hacer la referida
    notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a
    la fecha en que cese la incapacidad.

           Si el perjudicado fuere un menor de edad o una
    persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria
    potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere
    el caso, estará obligada a notificar al alcalde la
    reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes
    a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que se
    reclaman. Lo anterior no será obstáculo para que el
    menor o la persona sujeta a tutela haga la referida
    notificación por su propia iniciativa dentro del término
    prescrito, si quien ejerce la patria potestad, custodia o
    tutela no lo hace.

          La   referida notificación escrita deberá
    presentarse dentro de los noventa (90) días
    siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo
    conocimiento de los daños reclamados.       .   .

         (b)    Requisito      jurisdiccional. -No   podrá
    responsabilizarse, ni iniciarse acción de clase alguna
KLCE2O23O 1469                                                      6

      contra un municipio, en reclamaciones por daños
      causados por culpa o negligencia, a menos que el
      reclamante haga la notificación escrita, en la forma,
      manera y en los plazos de caducidad dispuestos en
      esta sección.   .Íd., sec. 7082. (]nfasis suplido).
                          .   .

                                  III.

      Como cuestión de umbral, no podemos eludir que, el término

de noventa (90) días es jurisdiccional, a tenor con el Artículo 15.003

de la Ley Núm. 121-2018, Íd. Este estatuto y sus enmiendas

expresamente disponen que la notificación de los daños en un pleito

contra un municipio es un requisito jurisdiccional y el piazo de

noventa (90) días caduca ante su incumplimiento.

      Sin embargo, toda vez que, nuestro más alto foro le otorgó una

interpretación distinta al artículo en cuestión,         la Asamblea
Legislativa se vio obligada a enmendar la Ley de Municipios

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley

Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 21 LPRA secs. 4001 et seq.

(derogada), a través del nuevo Código Municipal, para reiterar de
forma clara e indiscutible su intención legislativa; esto es:

      [AJ los fines de establecer de forma clara e inequívoca el
      proceso de notificación al alcalde, requerido en caso de
      reclamaciones contra un municipio por daños; precisar
      la forma y manera de entrega de la notificación y que el
      término para su cumplimiento es uno de caducidad;
      afirmar el carácter jurisdiccional del requisito de
      notificación al alcalde; y para otros fines relacionados.
      Exposición de Motivos de la Ley Núm. 12 1-2018, supra
      (citando a vase, además, Rivera Fernández y.
      Municipio de Carolina, 190 D.P.R. 196 (2014);
      Romero Arroyo y. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991);
      Meléndez Gutiérrez y. E.L.A., 113 D.P.R. 811(1983);
      López y. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 243
      (1993); Méndez Pabón y. Alcalde de Aguadilla, 151
      D.P.R. 853 (2000)).

      Contrario a la opinión de la mayoría del Panel, considero que,

al examinar el artículo en cuestión, resulta palmario que el mismo

ostenta un leguaje claro e inequívoco mediante el cual se desprende

que es de carácter jurisdiccional. En otras palabras, no existe

espacio para interpretar lo contrario.
KLCE2O23O 1469                                                     7
       De hecho, tal requisito no queda en el vacío. Adviértase que,

que el Legislador explicó la importancia de por qué el término es de

cumplimiento jurisdiccional:

              [C]ontempl[ado] las virtudes y limitaciones de los
       municipios para atender sus responsabilidades o
       funciones delegadas, y cómo estas contrastan e
       interactúan con el gobierno central. La mayoría de los
       municipios cuentan con recursos limitados para
       proveer servicios esenciales a sus ciudadanos. El
       gobierno estatal posee los recursos para enfrentar un
       gran volumen de pleitos judiciales, en contraste, para
       los gobiernos municipales el costo de litigación resulta
       insostenible. Una decisión judicial adversa podría
       agotar los recursos fiscales disponibles en las arcas de
       muchos municipios, comprometiendo su viabilidad
       operacional y el ofrecimiento de servicios esenciales al
       pueblo.

       Además, mi interpretación del Artículo 15.003 de la Ley Núm.

121-2018, supra, a favor del Municipio es cónsona con la intención

legislativa:

         Los Artículos 15.003 y 15.004 de la referida Ley,
      establecen el consentimiento y los límites de
      responsabilidad de los municipios en caso de demandas
      por los daños personales o a la propiedad, ocasionados
      por su culpa o negligencia, y regula el procedimiento
      que debe seguir toda persona que interesa presentar la
      reclamación judicial en su contra. Sobre este particular,
      el Artículo 15.003 establece como requisito previo el
      comunicar mediante notificación escrita al alcalde
      sobre la existencia de una posible reclamación en
      contra del municipio. Además, en su inciso (b) dispone
      que el cumplimiento con la notificación al alcalde, de la
      forma, manera y dentro del término establecido, es un
      requisito de naturaleza jurisdiccional.

         Por tal razón, la variada jurisprudencia
      interpretativa sobre este Artículo basa sus
      fundamentos en el historial legislativo de la Ley
      Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada,
      conocida como la "Ley de Reclamaciones y
      Demandas contra el Estado". La doctrina vigente
      establece que los requisitos establecidos en el
      Artículo 15.003 son de cumplimiento estricto y no
      un requisito estrictamente jurisdiccional. Además,
      se han reconocido jurisprudencialmente múltiples
      circunstancias que constituyen "justa causa" y que
      excusan al reclamante del cumplimiento con la
      notificación requerida por el referido Artículo.
         En atención a los fundamentos antes mencionados,
      esta Asamblea Legislativa entiende menester enmendar
      el Artículo 15.003 de la Ley 81-1991, según
      enmendada, a los fines de reiterar su intención de forma
      clara e inequívoca sobre el alcance, forma y manera en
    KLCE2O23O 1469

          que se debe cumplir el requisito de previa notificación
          escrita al alcalde en caso de reclamaciones de cualquier
          clase contra un municipio, por daños personales o a la
          propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del
          municipio. El cumplimiento cabal con cada uno de
          los requisitos plasmados en el Artículo 15.003, es
          una condición previa indispensable sin la cual no se
          podrá responsabilizar al municipio, ni iniciarse
          acción de clase alguna en su contra, en
          reclamaciones por daños causados por culpa o
          negligencia de este. Además, esta Ley establece que
          los términos para hacer la notificación, contenidos
          en el inciso (a) del Artículo 15.003 de la Ley 81-
          1991, según enmendada, son de caducidad y su
          incumplimiento es un defecto fatal. Exposición de
          Motivos de la Ley Núm. 121-2018, supra. (nfasis
          suplido).

          En vista de ello, el cumplimiento con los requisitos incluidos

en el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 12 1-2018, supra, sec. 7082, es

"una condición previa indispensable sin la cual no se podrá

responsabilizar al municipio, ni iniciarse acción de clase alguna

en su contra, en reclamaciones por daños causados por culpa o
negligencia de este". Exposición de Motivos de la Ley Núm. 121-

2018, supra. (1nfasis Suplido).

          Lo anterior es cónsono con la norma interpretativa del nuevo

Código Municipal, supra. Mediante la aprobación de este código se

compiló "toda legislación municipal aprobada por la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico referente a la organización, gobierno,

administración y funcionamiento de los municipios". Íd. sec. 7002.

Además, se estableció que, "[l]os poderes y facultades conferidos a
los municipios por este Código, excepto disposición en contrario, se

interpretarán liberalmente a favor de los municipios".

          La mayoría resuelve que el demandante cumplió con el

requisito de notificación al Municipio a través de la entrega de un

formulario de querella administrativa ante la Policía Municipal de
San Juan.' Lo anterior contrasta y es contrario a lo exigido en el

nuevo Código Municipal. De un examen sosegado del referido

1   Apéndice del Recurso de Certiorari, Anejo 4, págs. 19-23.
KLCE2O23O 1469                                                         g

documento resulta palmario que no contiene lo exigido por el Código
Municipal para que pueda constituir una notificación adecuada al

Municipio. En el mismo no se incluye la cuantía de la compensación

monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, tampoco
se mencionan los nombres y direcciones de sus testigos como
tampoco el lugar           en donde recibió tratamiento. Véase, Artículo
    15.003 de la Ley Núm. 12 1-2018, supra, sec. 7082.

          Tras un análisis sosegado y cuidadoso de los principios de

hermenéutica que rigen la interpretación de estatutos claros y
expresos en correcta práctica apelativa, resolvería que el ilustrado

foro de primera instancia erró al interpretar que no procedía la

desestimación de la Demanda contra el Municipio. Ello, al sostener
erróneamente que el requisito de notificación "no es práctico ni

salvaguarda los intereses que se buscan proteger con su exigencia".2

Específicamente porque,            según el TPI,   dicho requerimiento
jurisdiccional se satisfizo con la presentación de querellas ante la

División Inspección y Asuntos Disciplinarios del Municipio dentro

de los noventa (90) días y porque también habían citado testigos

como       parte    de la investigación administrativa de la policía

municipal. No obstante, ante un texto claro y expreso, los tribunales

deben abstenerse de interpretar más allá de lo que dice el texto para
evitar la interferencia con las funciones de la legislatura. A tenor con

el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 121-2018, supra. sec. 7082, para

entablar una reclamación contra el municipio por daños, la

notificación debe ser por escrito dirigida al alcalde dentro del plazo

de caducidad de noventa (90) días. Del expediente del caso de autos

se desprende palmariamente que la parte demandante incumplió
con el artículo en cuestión, y, además aceptó que no envió una
notificación oficial al Municipio. En consecuencia, resolvería que el

2   Id., Anejo 1, págs. 1-4.
KLCE2O23O 1469                                                10
TPI carece de jurisdicción sobre la materia y debe desestimar el

pleito en contra del Municipio.

                                  Iv.

      Por los fundamentos expuestos precedentemente, disiento de

la decisión mayoritaria.

                                    !Pagánasio
                                        Juez de Apelaciones