Court Opinion

ID: 9962675
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:41:06.767986+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.576101
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL II

  CONSEJO DE TITULARES                            CERTIORARI
 DEL CONDOMINIO LA CIMA                           procedente del
 DE TORRIMAR, ATTENURE                            Tribunal de Primera
 HOLDINGS TRUST 3 Y HRH                           Instancia, Sala
 PROPERTY HOLDINGS LLC                            Superior de
                                    KLCE202400171 Bayamón
          Peticionarios
                                                      Caso número:
                v.                                    BY2019CV05283

        QBE SEGUROS                                   Sobre:
                                                      Daños y Otros
            Recurrido

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

      Comparece la parte peticionaria, el Consejo de Titulares del

Condominio La Cima de Torrimar, Attenure Holdings Trust 3 y HRH

Property Holdings, LLC, mediante el recurso de epígrafe y nos solicitan la

revocación de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón, el 17 de noviembre de 2023, notificada el 21 del

mismo mes y año. En el referido dictamen, el foro recurrido determinó que

lo relacionado a la suscripción, reservas y reaseguro no era pertinente ni

relevante para la controversia del caso, por lo que declaró No Ha Lugar la

Moción para Compeler Descubrimiento promovida por la parte peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

auto de certiorari, en cuanto al primer error señalado, y se modifica el

dictamen recurrido. Veamos.

                                      I

      El 9 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares del Condominio

La Cima de Torrimar, Attenure Holdings Trust 3 y HRH Property Holdings,

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
KLCE202400171                                                            2

LLC (peticionarios), incoaron una Demanda,1 posteriormente enmendada,2

sobre incumplimiento de cubierta de seguros, daños, sentencia

declaratoria, dolo y mala fe en la ejecución del contrato, en contra de QBE

Seguros (Óptima Seguros o recurrido). En síntesis, alegaron que, el

Condominio La Cima de Torrimar tuvo daños causados por el paso del

Huracán María en el año 2017. Señalaron que, para esa fecha, dicha

propiedad estaba asegurada bajo la póliza de propiedad comercial emitida

a su favor por Óptima Seguros. Arguyeron que el recurrido se había negado

a pagarles los daños a la propiedad estimados en $5,505,306.98. Según

adujeron, Óptima Seguros violó las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 19

de junio de 1957, según enmendada, conocida como el Código de Seguros

de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq. (Código de Seguros), actuó de

forma indiferente e irrazonable y se negó a reconocer y pagar los daños de

la mencionada propiedad. En vista de ello, solicitó una sentencia

declaratoria, la indemnización por el monto de los daños cubiertos bajo la

póliza en cuestión, más el pago de las costas, intereses y honorarios de

abogado.

        Por su parte, el 9 de marzo de 2022, Óptima Seguros presentó su

alegación responsiva.3 En esencia, negó las alegaciones esbozadas en su

contra. Como parte de sus defensas afirmativas, planteó que los daños

alegados por los peticionarios eran exagerados, especulativos, infundados

y excesivos. Añadió que dicha sobreestimación y el reclamo de daños

inexistentes constituía fraude.

        Luego de varios trámites procesales, el 25 de octubre de 2023, la

parte peticionaria instó una Moción para Compeler Descubrimiento.4

Sostuvo que había realizado esfuerzos razonables y de buena fe con

Óptima Seguros, en aras de resolver los asuntos relacionados al

descubrimiento de prueba sin tener que acudir al tribunal. No obstante,

alegó que, ante la insuficiencia de las contestaciones y respuestas

1 Apéndice del recurso, págs. 1-12.
2 Íd., págs. 13-25.
3 Íd., págs. 26-53.
4 Íd., págs. 54-79.
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suplementarias al Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento para la

Producción de Documentos, recurrió al foro primario en auxilio. Argumentó

que el descubrimiento de prueba solicitado a Óptima Seguros: (1) era

pertinente; (2) conducía a prueba pertinente; (3) no era prueba privilegiada;

e (4) imponía una carga mínima al recurrido. Según arguyó, la información

relacionada a los interrogatorios notificados estaba típicamente contenida

en el expediente de reclamación del caso y en documentos producidos

rutinariamente en las reclamaciones sobre cubiertas de seguros. En vista

de ello, solicitó que se le ordenara a Óptima Seguros, en un término

perentorio, a proveer la información y documentación requerida por esta

como parte del descubrimiento de prueba. En específico, solicitó que se

descubriera lo siguiente:

        (a) [E]l expediente de suscripción y lo relacionado al proceso
            de suscripción de la póliza objeto del presente litigio;

        (b) [L]a información sobre las reservas relacionadas a la
            reclamación de La Cima de Torrimar;

        (c) [L]a información sobre el proceso de reaseguro en lo
            relacionado a la reclamación de La Cima de Torrimar;

        (d) [L]a información sobre la estructura de compensación de
            Óptima en lo relacionado a la reclamación de La Cima de
            Torrimar;

        (e) [C]ada una de las partidas, hechos y evidencia en los que
            Óptima sostiene que cualquier partida de daño [de] la
            [p]ropiedad [a]segurada en la [r]eclamación es
            preexistente[.]5

        En respuesta, el 14 de noviembre de 2023, Óptima Seguros se

opuso.6 Sostuvo que los documentos concernientes a los asuntos sobre la

suscripción de la póliza, la reserva de la reclamación y el reaseguro no eran

pertinentes ni estaban relacionados a las alegaciones esbozadas en la

Demanda, por lo que no eran descubribles. En cuanto a la información

sobre la estructura de compensación de los ajustadores y empleados de la

aseguradora, arguyó que tal petitorio era académico, toda vez que ya le

5 Apéndice del recurso, pág. 55.
6 Íd., págs. 201-214.
KLCE202400171                                                              4

había provisto a la peticionaria copia del contrato de servicio del ajustador

independiente, quien atendió la presente reclamación. Sobre el quinto

requerimiento, adujo que esa información fue provista mediante la entrega

de los estimados extrajudiciales, como los informes periciales realizados

por la aseguradora. Sobre ese particular, abundó que la parte peticionaria

tuvo amplia oportunidad de preguntarle a los peritos durante sus

deposiciones todo lo relacionado a sus informes y los daños que estos, de

acuerdo con su conocimiento y experiencia, entendían que no estaban

relacionados con el Huracán María. Por otro lado, reiteró que no procedía

la producción solicitada en torno al expediente de suscripción, toda vez que

la controversia plasmada en la acción de epígrafe no versaba sobre el

análisis y la aceptación del riesgo, como tampoco sobre la validez de las

cláusulas contenidas en la póliza. Asimismo, solicitó que el tribunal también

ordenara la protección de lo anterior por tratarse de información

privilegiada, pues el material solicitado para la evaluación de riesgo

constituía secretos de negocio.

        Evaluadas las posturas de las partes, el 17 de noviembre de 2023,

notificada el 21 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia

emitió la Orden que nos ocupa.7 Concluyó que no procedía el

descubrimiento de prueba solicitado por la parte peticionaria, en cuanto a

temas de suscripción, reservas y reaseguro. Determinó que nada de lo

solicitado era pertinente y relevante a la médula de la controversia en el

caso de epígrafe. En vista de ello, declaró No Ha Lugar la Moción para

Compeler Descubrimiento promovida por la parte peticionaria.

        En desacuerdo, el 6 de diciembre de 2023, la parte peticionaria

presentó una Moción de Reconsideración,8 a la cual se opuso Óptima

Seguros.9 Atendidos los escritos de las partes, el 9 de enero de 2024,

notificada al día siguiente, el foro primario emitió una Resolución mediante

la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.10

7 Apéndice del recurso, págs. 219-220.
8 Íd., págs. 221-227.
9 Íd., págs. 230-233.
10 Íd., págs. 234-236.
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       Inconforme con dicha determinación, el 9 de febrero de 2024, la

parte peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y realizó

los siguientes señalamientos de error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su discreción
       al denegar el descubrimiento del expediente de suscripción o
       “underwritting” [sic] y lo relacionado al proceso de suscripción
       por determinar que dicha información no era pertinente ni
       relevante a la médula de la controversia en el caso de
       epígrafe.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su discreción
       al denegar el descubrimiento de la información sobre las
       reservas relacionadas a la reclamación de [L]a Cima de
       Torrimar y la información sobre el proceso de reaseguro en lo
       relacionado a la reclamación de [L]a Cima de Torrimar por
       entender que dicha información no era pertinente ni relevante
       a la médula de la controversia en el caso de epígrafe.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su discreción
       al no haber evaluado y tomado en consideración que la
       información solicitada no era privilegiada y es pertinente, por
       lo que debió haberse ordenado su descubrimiento.

       En cumplimiento con nuestra Resolución del 13 de febrero de 2024,

y luego de una prórroga a esos efectos, la parte recurrida compareció

mediante Oposición a Petición de Certiorari, el 4 de marzo de 2024.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                      II

                                      A

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
KLCE202400171                                                               6

      56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
      de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o

peritos   esenciales,   asuntos   relativos   a   privilegios   evidenciarios,

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas

excepciones.

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al.

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352,

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla

dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
KLCE202400171                                                                  7

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
       ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
       indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante,

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

(Énfasis omitido).

       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario,

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).
KLCE202400171                                                                  8

                                       B

       Sabido es que el descubrimiento de prueba es el mecanismo que

utilizan las partes para obtener hechos, título, documentos u otras cosas

que están en poder de la parte demandada o que son de su exclusivo

conocimiento y que son necesarias para hacer valer sus derechos. Mcneil

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672 (2021). El propósito

del descubrimiento de prueba es: (1) delimitar las controversias; (2) facilitar

la consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el juicio; (4) facilitar

la búsqueda de la verdad, y (5) perpetuar la prueba. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, supra, págs. 24-25; García Rivera et al. v. Enríquez,

153 DPR 323, 333 (2001). Es por ello que, desde Sierra v. Tribunal

Superior, 81 DPR 554, 560 (1959), el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

reconocido lo valioso y necesario que resulta un descubrimiento de prueba

amplio y liberal. Izquierdo II v. Cruz y otros, 2024 TSPR 20, resuelto el 6 de

marzo de 2024; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Mcneil

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 672. Dicho alcance amplio y

liberal del descubrimiento de prueba, esencialmente, propicia las

transacciones, acelera los procedimientos y evita sorpresas indeseables

durante el juicio en su fondo. Íd.

       Conforme a lo anterior, la Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 23, provee los parámetros concretos que regulan el

descubrimiento de prueba en los casos civiles. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, supra. En particular, la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 23.1(a), dispone lo siguiente:

       El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea
       limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con
       las disposiciones de estas reglas, será como sigue:

              (a) En general.—Las partes podrán hacer
                  descubrimiento sobre cualquier materia,
                  no privilegiada, que sea pertinente al
                  asunto en controversia en el pleito
                  pendiente, ya se refiera a la reclamación o
                  defensa de cualquier otra parte, incluso
                  la existencia, descripción, naturaleza,
                  custodia, condición y localización de
                  cualesquiera libros, información almacenada
                  electrónicamente, documentos u otros
KLCE202400171                                                               9

                 objetos tangibles, y la identidad y dirección
                 de personas que conozcan hechos
                 pertinentes. No constituirá objeción el que la
                 información solicitada sea inadmisible en el
                 juicio, siempre que exista una probabilidad
                 razonable de que dicha información
                 conduzca al descubrimiento de evidencia
                 admisible. (Énfasis nuestro).
              […]

       Por lo tanto, existen dos (2) limitaciones al descubrimiento de

prueba: (1) que el asunto que se pretende descubrir sea pertinente a la

controversia que se dirime; (2) que la materia que se pretende descubrir,

aunque sea pertinente, no sea privilegiada o esta quedará excluida del

alcance del descubrimiento de prueba. Izquierdo II v. Cruz y otros, supra.

Es decir, el descubrimiento de prueba se extiende a cualquier materia que

no sea privilegiada y que sea pertinente al asunto en controversia. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra; Ponce Adv. Med. v. Santiago

González et al., 197 DPR 891, 898 (2017).

       Se entiende materia privilegiada aquella que se encuentra dentro del

alcance de alguno de los privilegios reconocidos en las Reglas de

Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI. Ponce Adv. Med. v. Santiago

González et al., supra, pág. 899; E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004);

García Rivera et al. v. Enríquez, supra, pág. 333. A la luz de lo anterior, en

ausencia de la invocación certera y oportuna de un privilegio específico

reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, una parte en un pleito no

puede objetar un requerimiento de descubrimiento de prueba bajo ese

fundamento. Íd. Acentuamos que, los tribunales debemos interpretar la

existencia de un privilegio probatorio de manera restrictiva para no

entorpecer la consecución de la verdad en los procesos judiciales. 32 LPRA

Ap. VI, R. 518; Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, págs.

899-900; Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509, 518-519 (2013).

       En cuanto a la pertinencia, la citada Regla 23.1 admite el

descubrimiento de todos los asuntos que puedan tener cualquier relación

con la materia objeto del litigio, aunque no estén relacionados con las

controversias alegadas. García Rivera et al. v. Enríquez, supra, págs. 333-
KLCE202400171                                                               10

334. En síntesis, la prueba pertinente es aquella que produzca o pueda

producir, entre otras cosas, lo siguiente:

         (a) prueba que sea admisible en el juicio; (b) hechos que
         puedan servir para descubrir evidencia admisible; (c) datos
         que puedan facilitar el desarrollo del proceso; (d) admisiones
         que puedan limitar las cuestiones realmente litigiosas entre
         las partes; (e) datos que puedan servir para impugnar la
         credibilidad de los testigos; (f) hechos que puedan usarse
         para contrainterrogar a los testigos de la otra parte; (g)
         nombres de los testigos que la parte interrogada espera
         utilizar en el juicio. Mcneil Healthcare v. Mun. Las Piedras II,
         supra, pág. 674, citando a Sierra v. Tribunal Superior, supra,
         pág. 573 esc. 10.

         Ahora bien, lo anterior no significa que el descubrimiento de prueba

sea una carta en blanco para utilizarse indiscriminadamente para hostigar

y perturbar a una parte. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra;

Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 54 (2002). Es en ese escenario que el

Tribunal de Primera Instancia, en el ejercicio de su sana discreción, puede

limitar el alcance y los mecanismos a utilizarse, ya que su obligación es

garantizar una solución justa, rápida y económica del caso, sin que ello

constituya alguna ventaja para cualquiera de las partes en el pleito. Íd.

Sobre ese particular, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los foros

apelativos no han de interferir con el foro primario en el ejercicio de sus

facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en que se

demuestre que este último: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió

en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra, págs. 26-27, citando a Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Véase, además, Mcneil

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 672. Del mismo modo, el

referido criterio de revisión aplica a la intervención de los tribunales

apelativos en cuanto a las determinaciones interlocutorias de los tribunales

de instancia. Íd.; Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664

(2000). Ello, a su vez, se evalúa a la luz de lo dispuesto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez,

supra.
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       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                     III

       La parte peticionaria sostiene, como primer señalamiento de error,

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar el descubrimiento

del expediente de suscripción (underwriting) y lo relacionado al proceso de

suscripción, por determinar que dicha información no era pertinente a la

controversia de autos. En su segundo señalamiento de error, plantea que

el foro a quo erró al denegar el descubrimiento de la información sobre las

reservas y el proceso de reaseguro relacionadas a su reclamación, por

entender que dicha información no era pertinente ni relevante a la presente

controversia. Como tercer y último señalamiento de error, argumenta que

el foro primario incidió al no evaluar si la información solicitada era

privilegiada y pertinente al caso de epígrafe, por lo que debió haberse

ordenado su descubrimiento.

       Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, colegimos

que, en cuanto al segundo y tercer señalamiento de error, no existe criterio

jurídico que amerite nuestra intervención con lo resuelto por el Tribunal de

Primera Instancia. Al entender sobre los planteamientos que la parte

peticionaria propone ante este Foro, concluimos que la sala de origen no

incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción al no permitir que se

descubriera la información sobre las reservas y el reaseguro. En

consecuencia, por encontrarnos ante un asunto discrecional, y en ausencia

de prueba que constituya un fracaso a la justicia, no sustituiremos con

nuestro criterio lo correctamente resuelto por el foro de instancia. Por

consiguiente, confirmamos el dictamen recurrido en cuanto a esos dos

señalamientos de error.

       Por otro lado, en cuanto al primer error señalado, hemos evaluado

cuidadosamente el expediente ante nuestra consideración y entendemos

que, conforme lo dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, tenemos
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autoridad para atender el asunto ante nuestra consideración, por tratarse

de asuntos relativos a privilegios evidenciarios, encontrarnos en la etapa

procesal adecuada para intervenir y para evitar un fracaso a la justicia. Por

ello, procede expedir el auto de certiorari en cuanto a dicho error y modificar

el dictamen recurrido. Nos explicamos.

       Sabido es que este Foro no debe de entender en asuntos sobre

descubrimiento de prueba, a menos que se demuestre un fracaso a la

justicia, cónsono con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Dicho

esto, al examinar el pronunciamiento del cual se recurre, específicamente

la denegatoria de descubrir el expediente de suscripción solicitado, se

desprende que, según demostró la parte peticionaria, si esta Curia no actúa

respecto a su solicitud, habría de producirse un fracaso a la justicia. 800

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).

       Al examinar con detenimiento la totalidad del expediente ante nos,

colegimos que la información sobre la suscripción de la póliza en cuestión

no es un asunto que escape al descubrimiento de prueba en pleitos

incoados en contra de las aseguradoras. El expediente de suscripción es

el punto de partida del proceso de ajuste de reclamación, ya que contiene

información sobre la forma en que la aseguradora, en este caso Óptima

Seguros, evaluó la propiedad en controversia antes de asumir los riesgos

cubiertos por la póliza. En dicha evaluación, corresponde a la aseguradora

determinar la asegurabilidad, las calificaciones de riesgo, la condición, el

manejo y el mantenimiento de la propiedad a ser asegurada, el modo de

obtener las bases para la asignación de primas y aceptar los posibles

riesgos. Dicha evaluación permite comparar la póliza expedida en cuestión

con la póliza que se pudo haber expedido.

       Según surge del expediente ante nos, Óptima Seguros levantó como

defensas afirmativas que los daños reclamados por la parte peticionaria

eran especulativos, exagerados, excesivos, infundados e inexistentes.

Asimismo, alegó la existencia de fraude. Del expediente que nos ocupa, no

se desprende que la parte recurrida haya renunciado a las mencionadas
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defensas. Por lo tanto, la información solicitada que haga referencia al

estado de la propiedad previo a suscribir la póliza cobra relevancia en el

descubrimiento de prueba, debido a que es pertinente a las defensas

afirmativas presentadas por Óptima Seguros en su Contestación a

Demanda Enmendada. A tenor de lo antes expuesto, concluimos que la

información solicitada sobre el expediente de suscripción es pertinente, por

lo que procede su descubrimiento. Por tanto, el primer señalamiento de

error se cometió.

       Ahora bien, en torno a si los documentos que conforman el

expediente de suscripción constituyen un privilegio de secreto de negocio,

es de ver que el expediente judicial, en lo relativo a la adjudicación de esta

parte de la controversia, se encuentra huérfano de lo que constituye el

análisis que mandata nuestro Tribunal Supremo en Ponce Adv. Med. v.

Santiago González et al., supra. Ante la ausencia del antes aludido análisis,

es forzoso concluir que, previo al descubrimiento del expediente de

suscripción en controversia, de conformidad con el procedimiento para

conceder un privilegio probatorio establecido por nuestro más Alto Foro en

Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, el foro de origen

deberá resolver si Óptima Seguros estableció, mediante preponderancia

de la prueba, los criterios del privilegio que invoca.

       En vista de lo anterior, concluimos que el Tribunal de Primera

Instancia incidió en su proceder, por lo que se hace necesaria nuestra

intervención en esta etapa de los procedimientos, pues lo contrario podría

resultar en un fracaso irremediable de la justicia. Por consiguiente, y al

amparo de lo dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, procede la expedición del auto de

certiorari, en cuanto al primer error señalado, y la modificación de la Orden

recurrida. Ello, a los únicos fines de permitir el descubrimiento de prueba

en cuanto al expediente de suscripción, luego de que el foro a quo resuelva

si Óptima Seguros estableció, mediante preponderancia de la prueba, los

criterios del privilegio que invoca.
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                                     IV

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de certiorari,

en cuanto al primer señalamiento de error, y modificamos el dictamen

recurrido. En consecuencia, ordenamos que se permita el descubrimiento

de prueba en cuanto al expediente de suscripción, luego de que el Tribunal

de Primera Instancia resuelva si Óptima Seguros estableció, mediante

preponderancia de la prueba, los criterios del privilegio que invoca.

Devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

      NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones