Court Opinion

ID: 9408074
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:14:18.939963+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.467725
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

    PUERTO RICO                                   CERTIORARI
TELEPHONE COMPANY                                 procedente del
                                                  Tribunal de Primera
 Demandante-Recurrido                             Instancia, Sala
                                                  Superior de San
            Vs.                                   Juan

  SANTOS DÍAZ DÍAZ,             KLCE202300470 Civil Núm.
   ROSALINA DE LA                             K AC2008-1455
 MATTA, LA SOCIEDAD
      LEGAL DE                                    Sala: 603
    GANANCIALES
   COMPUESTA POR                                  SOBRE: COBRO DE
    ESTOS Y DATA                                  DINERO REGLA 60
     RESEARCH
    CORPORATION

Demandada-Peticionaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      El 21 de abril de 2023, el Sr. Santos Díaz Díaz, su esposa, la

Sra. Rosalina de la Matta, la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta     por      ambos    y   Data   Research   Corporation   (los

peticionarios) presentaron un recurso de Certiorari y solicitaron la

revisión de una Orden que se emitió el 23 de marzo de 2023 y se

notificó el 28 de marzo de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante el aludido dictamen, en

lo pertinente, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración que presentaron los peticionarios en cuanto a la

extensión del término que le concedió el TPI a Puerto Rico Telephone

Company (PRTC o recurrido) para ejecutar la sentencia.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

Número Identificador
RES2023 _____________________
KLCE202300470                                                              2

                                          I.

          El 15 de diciembre de 2022, PRTC presentó una Moción para

que se Extienda Término de Ejecución de Sentencia.1 En esta señaló

que el TPI dictó una Sentencia Sumaria a su favor el 16 de noviembre

de 2016 la cual se notificó el 22 de noviembre de 2016. Alegó que

dicho dictamen había advenido final y firme el 18 de diciembre de

2017. Sin embargo, informó que la sentencia no había sido

satisfecha y que conforme a la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V., R. 51.1, el término para ejecutarla vencía el 19 de

diciembre de 2022. Sostuvo que había realizado esfuerzos para

tratar de identificar activos de los peticionarios para propósitos de

la ejecución de sentencia y aunque había identificado varios, no se

habían podido identificar suficientes para satisfacer la totalidad de

la sentencia. Por este motivo, le solicitó al TPI a que le concediera

un término adicional al estipulado en la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, supra, para poder ejecutar la totalidad de la Sentencia.

          Posteriormente, el 23 de diciembre de 2022, el señor Díaz, su

esposa, la señora de la Matta y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (matrimonio Díaz de la Matta) presentaron

una Moción Urgente Asumiendo Representación Legal y Solicitando

Término mediante la cual informaron que habían contratado los

servicios      legales    del   Lcdo.    Rosario   Albarrán   para   que   lo

representaran en la presente controversia.2 Además, plantearon que

la Sentencia antes descrita advino final y firme el 22 de diciembre

de 2016 y no el 19 de diciembre de 2017. En consecuencia,

sostuvieron que el término para solicitar la extensión de término de

la ejecución de la sentencia al amparo de la Regla 51.1 de

Procedimiento Civil, supra, venció el 22 de diciembre de 2021. Así

1   Véase, págs. 1-2 del apéndice del recurso.
2
    Íd., págs. 12-13.
KLCE202300470                                                         3

pues, solicitaron un término para presentar su posición en cuanto

a la solicitud de extensión de término que presentó PRTC.

          Sin que el matrimonio Díaz de la Matta tuviese la oportunidad

de presentar su posición en cuanto a la solicitud de PRTC, el 20 de

diciembre de 2022, el TPI emitió una Resolución mediante la cual

declaró No Ha Lugar la extensión de término de ejecución de

sentencia que solicitó PRTC.3 Específicamente resolvió lo siguiente:

                La Sentencia en el presente caso se dictó el 16 de
          noviembre de 2016. Como se sabe, la Regla 6.6 de
          Procedimiento Civil dispone que “cualquier solicitud de
          prórroga deberá presentarse antes de expirar el plazo
          cuya prórroga se solicita y hacerse conforme a lo que
          establece la Regla 68.2”. La Regla 68.2 del mismo
          cuerpo jurídico otorga al Tribunal de discreción de
          conceder la prórroga solicitada por justa causa.

                 Del expediente de autos surge que, el último
          trámite del demandante fue una solicitud de ejecución
          de sentencia al demandado presentada el 6 de abril de
          2022. El Tribunal no está obligado a conceder la
          ejecución transcurridos cinco (5) años, desde la
          notificación de la Sentencia. De lo contrario ésta se
          convertiría en un gravamen perpetuo por la mera
          negligencia o dejadez del acreedor al no ejecutarla.

                Además, la parte demandante no provee justa
          causa y no acredita en su escrito prueba fehaciente de
          las gestiones de localización y cobro realizadas a la
          parte demandada dentro de los últimos cinco (5) años.
          Es decir, solicita ahora su ejecución sin explicar a la
          corte qué motivos tuvo para no solicitar con
          anterioridad a la ejecución de la sentencia y sin exponer
          ninguna razón que pudiese haber justificado el ejercicio
          a su favor de la discreción judicial. Por ende, a tenor
          con Banco Territorial y Agrícola de P.R. v. Marcial, 44
          DPR 129 (1932), se dispone NO HA LUGAR a la petición
          de ejecución.

          Inconforme con este dictamen, el 10 de enero de 2023, la parte

recurrida presentó una Moción de Reconsideración.4 Puntualizó que

el término para ejecutar la sentencia no había vencido en el

momento en que se presentó la Moción para que se Extienda Término

de Ejecución de Sentencia el 15 de diciembre de 2022. Explicó que

la Sentencia advino final y firme el 18 de diciembre de 2022 toda vez

3   Íd., pág. 14.
4   Íd., págs. 15-24.
KLCE202300470                                                         4

que luego de que se dictara Sentencia, los recurridos acudieron en

alzada ante este foro intermedio y luego a nuestro más alto foro que

determinó denegarles su recurso de certiorari. Sostuvo que esta

denegatoria se notificó el 4 de diciembre de 2017 y la parte recurrida

tenía diez (10) días laborales para presentar una reconsideración y

no lo hizo. En consecuencia, indicó que, transcurrido el término

antes descrito, la Sentencia que se dictó el 16 de noviembre de 2016

había advenido final y firme el 18 de diciembre de 2022. Por estos

motivos, afirmó que la prórroga que solicitaron para extender el

término para ejecutar la sentencia se presentó cuatro (4) días

previos a que venciera el término de cinco (5) años para ejecutar la

sentencia y, en consecuencia, se cumplió con las Reglas 51.1 y 68.2

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V.

           Ahora bien, en cuanto a la justa causa para que procediera la

extensión de término solicitada, los recurridos detallaron una serie

de diligencias que realizaron para completar la ejecución de

sentencia. Sin embargo, insistieron que las numerosas gestiones

realizadas para tartar de dar con el paradero de los bienes, las

cuentas y demás activos de los peticionarios se les había dificultado

al no contar con sus números de seguro social y dado que la

corporación co-demandada había sido cancelada. Por los motivos

antes expuestos, le solicitaron al TPI a que reconsideraran su

dictamen del 20 de diciembre de 2022 y le extendieran el término

para ejecutar la Sentencia.

           El 17 de enero de 2023, el TPI dictó una Orden que fue

notificada el 18 de enero de 2023 declarando Ha Lugar la solicitud

de reconsideración.5 Además, expresó que dejaba sin efecto la

Resolución que emitió el 20 de diciembre de 2022 y, en

5
    Íd., págs. 25-26.
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consecuencia, le concedía la solicitud al recurrido para extender el

término de ejecución de sentencia hasta el 19 de diciembre de 2027.

           En desacuerdo con esta determinación, el 1 de febrero de

2023, los peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración.6

En primer lugar, indicaron que el TPI erró al acoger la Moción de

Reconsideración que presentó la parte recurrida el 10 de enero de

2023 ya que no se les brindó una oportunidad para presentar una

oposición a lo solicitado conforme a la Regla 8.4 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 8.4. Además, señaló que en la Resolución

del 18 de enero de 2023 mediante la cual se dejó sin efecto la

Resolución del 27 de diciembre de 2022 y en consecuencia se le

extendío el término a la parte recurrida para ejecutar la sentencia,

no se presentaron fundamentos y tampoco se formularon una

relación de hechos que justificaran dicha determinacion.

           Por otra parte, el matrimonio Díaz de la Matta planteó que, a

pesar de que estaban de acuerdo con la alegación de la parte

recurrida en cuanto a que la Moción para que se Extienda Término

de Ejecución de Sentencia se presentó previo a que transcurriera el

término de cinco (5) años para ejecutar la sentencia, la única

manera que la parte podía interrumpir dicho término era

presentando una moción de prorroga al amparo de la Regla 68.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, R. 68.2. Señalaron que la

referida regla exigía que se presentara justa causa para solicitar la

prórroga de un acto que requería realizarse dentro de un término

especifico como el del caso de autos. En este sentido, sostuvieron

que la parte recurrida no cumplió con el requisito de justa causa

que exige la Regla antes descrita. Particularmente, alegaron que la

parte recurrida se limitó a mencionar meras generalidades y no

hechos específicos que le impidieran ejecutar la sentencia en el

6
    Íd., págs. 27-34.
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término prescrito. Por último, argumentaron que el planteamiento

de PRTC en cuanto a que se le dificultó reunir los activos suficientes

para satisfacer la totalidad de la sentencia dado que no contaban

con los números de seguro social de los demandados y que la

corporación Data Research Corporation había sido cancelada era

falso. Adujeron que la parte recurrida tenía posesión de sus planillas

mediante las cual aparecía sus números de seguro social y en

cuanto a Data Research Corporation indicaron que el nombre

correcto de esta era D.R.C. Corporation y estaba activa todavía. Por

las razones antes esbozadas, solicitaron que se dejara sin efecto la

Resolución del 17 de enero de 2023.

           En respuesta, el 6 de marzo de 2023, PRTC presentó una

Oposición a Moción de Reconsideración.7 En esta, reiteró los

argumentos de la Moción de Reconsideración que presentó el 10 de

enero de 2023. Además, puntualizó que en varias ocasiones este foro

intermedio había avalado solicitudes de extensión de término para

ejecutar la sentencia que se presentaron previo al vencimiento del

término de cinco (5) años estipulado en la Regla 51.1 de

Procedimiento Civil, supra, cuando resulta necesario continuar el

proceso de ejecución de sentencia. Cónsono a esto, sostuvo que lo

que se ha establecido jurisprudencialmente es que lo que procede

hacerse dentro de los cinco (5) años es iniciar el proceso de ejecución

de sentencia sin que ello signifique que se tiene que completar. En

vista de ello, razonó que no tendría sentido el que no se pueda

extender el término para completar el proceso que ya fue

diligentemente iniciado. Finalmente, afirmó que había explicado

detalladamente las gestiones y las razones por las cuales solicitaba

la extensión de término para ejecutar la sentencia y, por

consiguiente, indicó que cumplió con la Regla 68.2 de Procedimiento

7
    Íd., págs. 37-47.
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Civil, supra. A tales efectos, le solicitó al TPI a que declarara No Ha

Lugar la solicitud de reconsideración de los peticionarios.

          Evaluados los escritos de ambas partes, el 23 de marzo de

2023, el TPI emitió una Orden que se notificó el 28 de marzo de

2023.8 En lo pertinente, declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración que presentó la parte peticionaria. Aún inconforme,

el 27 de abril de 2023, la parte peticionaria presentó el recurso de

epígrafe y formuló los siguientes señalamientos de error:

          Erró el Tribunal de Instancia al revocar la resolución
          del 20 de diciembre de 2022, sin darle oportunidad
          a la parte promovente a presentar su posición a la
          moción de reconsideración presentada por la parte
          recurrida según dispone la Regla 8.4 de
          Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 8.4).

          Erró el TPI al revocar su resolución del 20 de
          diciembre de 2022 y concederle a la parte recurrida
          una extensión de tiempo de cinco años para ejecutar
          la sentencia bajo la Regla 51.1 de Procedimiento
          Civil (32 LPRA Ap. V., R. 51.1). La Regla 51.1 no
          provee para la extensión del término de cinco años
          para ejecutar la sentencia cuando este término no
          ha vencido. La Regla 51.1, supra, solo dispone para
          extender el término una vez el término original
          expiró y no se pudo ejecutar la sentencia. Pero en
          este caso la parte interesada tiene que mostrar
          causa por lo cual el tribunal debe extender el
          término para ejecutar la sentencia.

          Atendido el recurso, el 3 de mayo de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole a la parte recurrida diez (10) días para

presentar su postura. Oportunamente, PRTC presentó su oposición

al recurso y negó que el TPI cometiera los errores que la parte

peticionaria le imputó.

          Por otra parte, el 17 de mayo de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole cinco (5) días al Juez que atendió el caso

ante el TPI para que fundamentara la Orden que emitió el 17 de

enero de 2023 y notificó el 18 de enero de 2023 conforme lo dispone

la Regla 83.1 de nuestro reglamento. En cumplimiento con esta

orden, el 22 de mayo de 2023, el TPI emitió una Resolución bien

8   Íd., pág. 49.
KLCE202300470                                                      8

fundamentada en la cual expuso el derecho correspondiente a la

controversia ante nos y a base de ello y analizado el tracto procesal

del caso, en síntesis, resolvió lo siguiente:

      […] surge que la solicitud de extender el término para la
      ejecución de la sentencia cumple con los criterios de la
      Regla 51.1 de Procedimiento Civil, es decir, se presentó
      antes de haber concluido el término original. Estamos
      ante una Sentencia de 16 de noviembre de 2016, que
      fue objeto de unos procedimientos apelativos, el
      mandato se recibió el 11 de enero de 2018 y la solicitud
      de extensión se presentó el 19 de diciembre de 2022.
      Así, el término de cinco (5) años dispuesto por la Regla
      51.1, desde que la Sentencia advino final y firme no
      había transcurrido. En conclusión, somos del criterio
      que le asiste la razón en derecho a la parte demandante
      y se emitió la referida Resolución de 17 de enero de
      2023.

      Cabe precisar, que el TPI, además, puntualizó que la

autorización del Tribunal para extender el término para ejecutar una

sentencia era un ejercicio de carácter discrecional y dependía de

la justificación que presentara la parte promovente de la ejecución

para establecer el por qué no llevó a cabo la ejecución dentro del

plazo de cinco años.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y la

bien fundamentada Resolución del TPI procedemos a resolver.

Veamos.

                                   II.

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 201 DPR ___ (2023). Los

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.
KLCE202300470                                                              9

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      Es importante destacar que, al interpretar la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, el Tribunal Supremo resolvió que “las

resoluciones atinentes a asuntos postsentencia [como la que

tenemos    ante    nuestra     consideración]   no     se     encuentran

comprendidas      entre   aquellas   determinaciones    de        naturaleza

interlocutoria categóricamente sujetas a escrutinio mediante el

recurso de certiorari”. IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,

339 (2012). En otros términos, al determinar si procede expedir o

denegar un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto

postsentencia,     debemos     evaluar   únicamente         los     criterios

enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. Íd. La aludida regla establece lo siguiente:
KLCE202300470                                                          10

               El tribunal tomará en consideración los
           siguientes criterios al determinar la expedición de
           un auto de certiorari o de una orden de mostrar
           causa:

           (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.

           (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

           (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
           y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.

           (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

           (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
           el caso es la más propicia para su consideración.

           (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causan un fraccionamiento indebido del
           pleito y una dilación indeseable en la solución final
           del litigio.

           (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
           XXII-B, R. 40.

        Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                   III.

        Previo a atender la controversia ante nos, debemos señalar

que, en el presente recurso se recurre de una resolución atinente a

un asunto postsentencia, la cual no se encuentra comprendida

entre     aquellas   determinaciones      de   naturaleza   interlocutoria

evaluadas al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.
KLCE202300470                                                         11

En vista de ello, nos corresponde justipreciar si debemos ejercer

nuestra facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados

en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.

      Luego de examinar el expediente y la bien fundamentada

Resolución del TPI a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal

de Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso

de epígrafe.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones