Court Opinion

ID: 9374157
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:26:00.490429+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.248750
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

B. FERNÁNDEZ & HNOS.,                 Apelación
 INC.; PAN PEPÍN, INC.;               procedente del
MARVEL INTERNATIONAL,                 Tribunal de Primera
  INC.; B. FERNÁNDEZ    KLAN202200737 Instancia, Sala de
  INVESTMENT, CORP.                   Bayamón

          Apelante                              Caso núm.:
                                                BY2019CV02415
              v.
                                                Sobre:
 INTEGRAND ASSURANCE                            Cobro de Dinero;
  COMPANY; OFICINA DEL                          Prácticas Desleales
     COMISIONADO DE                             en el Ajuste de
   SEGUROS DE PUERTO                            Reclamaciones;
     RICO; COMPAÑÍA                             Violación Código de
  ASEGURADORA ABAC Y                            Seguros
  DEF; CORPORACIONES
  UVW Y XYZ; FULANO DE
  TAL; MENGANO DE TAL

          Apelados
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      Comparecen la parte apelante, compuesta por las empresas

B. Fernández & Hnos., Inc. (B. Fernández), Pan Pepín, Inc. (Pepín),

B. Fernández Investment, Corp. (BFI) y Marvel International, Inc.

(Marvel), en conjunto los Apelantes, mediante Recurso de Apelación

en el que solicitan que revoquemos la Sentencia que emitió el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 25 de

julio de 2022, notificada el 29 de julio de 2022. En el referido

dictamen, el foro primario condenó a la Asociación de Garantía de

Seguros Misceláneos de Puerto Rico (Asociación) al pago global de

$300,000.00, a favor de los Apelantes, en virtud del Artículo 38.080

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 3808.

      Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable,

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado.

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202200737                                                      2

                                 I.

      Las cuatro corporaciones apelantes iniciaron una reclamación

ante la compañía de seguros, Integrand Assurance Company

(Integrand) por los daños causados a sus propiedades como

consecuencia del paso del Huracán María por Puerto Rico el 20 de

septiembre de 2017.

      Según expusieron, éstos suscribieron con Integrand una

póliza de seguro número CP-028098050-01, que cubría las pérdidas

sufridas que ascendieron a $8,962,142.00. Tras un proceso de

negociación, las partes apelantes decidieron transigir la reclamación

por la suma de $7,500,202.00. No obstante, Integrand condicionó el

pacto transaccional a la firma de un documento intitulado

Acceptance of Payment and Full Release of Liability. Mediante el

referido acuerdo, suscrito por las partes el 25 de octubre de 2018,

Integrand pagó a los Apelantes la cantidad de $3,500,000.00. A su

vez, se dedujo la suma de $1,022,941.00, por concepto de deducible

de la póliza, quedando un balance pendiente de pago por la cantidad

de $2,977,262.00. Integrand se obligó a hacer un pago expedito por

la cantidad de $2,102,871.00, en o antes del 25 de noviembre de

2018. En tanto, las partes apelantes, accedieron a posponer el pago

restante por la suma de $874,391.00, hasta que se completaran

determinadas obras de reparación en los bienes afectados.

      Sin embargo, la compañía aseguradora no cumplió con el

pago acordado dentro del término pactado. No obstante, la

aseguradora comenzó a hacer pagos parciales que fueron objetados

por los Apelantes. Ante ello, el 8 de mayo de 2019, las empresas

apelantes presentaron una Demanda contra Integrand, la Oficina

del Comisionado de Seguros de Puerto Rico y otros, en cobro de

dinero, prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones y violación

al Código de Seguros. Reclamaron el pago por la cantidad de
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$1,477,262.00, más los intereses que ha devengado desde el 25 de

noviembre de 2018 hasta el presente.

         Mientras, el 31 de mayo de 2019, el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan, ordenó el Procedimiento de

Rehabilitación en cuanto a Integrand, conforme a las disposiciones

del capítulo 40 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec.

4001 et seq1. A tenor, el 14 de junio de 2019, el foro a quo emitió

Sentencia Administrativa en la que ordenó la paralización de los

procedimientos por 90 días y decretó el archivo administrativo del

caso de autos, según determinado por el artículo 40.120 del Código

de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 40122.

         El 23 de septiembre de 2019, el TPI de San Juan ordenó la

conversión del procedimiento de rehabilitación de Integrand a uno

de liquidación al amparo del Artículo 40.140 del Código de Seguros

de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 40143. En consecuencia, el 25 de

septiembre de 2019, el foro de instancia de San Juan declaró

insolvente a Integrand y emitió una Orden de Liquidación contra la

aseguradora. Asimismo, el TPI inició el procedimiento de liquidación

y designó como Liquidador al Comisionado de Seguros de Puerto

Rico4.

         Después de varios trámites procesales, el 22 de julio de 2020,

los Apelantes presentaron una Moción en Solicitud de Reapertura y

Continuación de los Procedimientos, en la que solicitaron al tribunal

a quo la reapertura del caso de epígrafe, la continuación de los

procedimientos y la dilucidación de las controversias presentadas.

Además, solicitaron la comparecencia inmediata de la Asociación de

Garantía de Seguros Misceláneos como representante de Integrand5.

1 Véase el Caso Civil Núm. SJ2019CV05526.
2 Véase la página 34 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
3 Véase Orden de Liquidación de 23 de septiembre de 2019, notificada el 25 de

septiembre de 2019, Caso Civil Núm. SJ2019CV05526, en el Sistema SUMAC.
4 Véase la página 44 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
5 Véase la página 55 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
KLAN202200737                                                            4

            El 25 de agosto de 2020, la Asociación presentó una Moción

de Desestimación en la que expuso que, ante la liquidación de

Integrand y ante la inexistencia de un deber en ley que vinculara a

la Asociación con lo reclamado por los Apelantes en la Demanda,

procedía la desestimación de la causa6. La parte apelante se opuso

a la petición de la Asociación. Adujo que la Asociación estaba

obligada a pagar el reclamo incoado, independiente del ajuste que

se llevó a cabo y conforme dispone el Artículo 38.050(6) del Código

de Seguros, 26 LPRA sec. 3805(6). La Asociación replicó. Evaluadas

las solicitudes de las partes, el 22 de octubre de 2020, el TPI dictó

Sentencia en la que decretó la desestimación sin perjuicio del pleito7.

No obstante, este dictamen fue revocado por este Tribunal mediante

Sentencia emitida el 29 de octubre de 20218. En el referido

dictamen, este foro intermedio resolvió que la reclamación instada

por los Apelantes estaba cubierta por la Asociación, por tratarse de

una reclamación incoada bajo la póliza de seguro de propiedad y que

no ha sido pagada en su totalidad.

            El 2 de junio de 2022, los Apelantes presentaron una Moción

de Sentencia Sumaria, en la que alegaron que ante la inexistencia de

una controversia sustancial sobre el incumplimiento del pago

pactado por Integrand procedía que se dictara sentencia sumaria a

su favor. El 30 de junio de 2022, la Asociación presentó su Oposición

Juramentada a Moción de Sentencia Sumaria9.

            Después de evaluar las posiciones de ambas partes, el 25 de

julio de 2022, el TPI dictó Sentencia en la que condenó a la

Asociación al pago global de $300,000.00, a favor de los Apelantes,

conforme al Artículo 38.080 del Código de Seguros, supra.

6   Véase   la   página   59 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
7   Véase   la   página   78 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
8   Véase   la   página   82 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
9   Véase   la   página   418 en el Apéndice del Recurso de Apelación.
KLAN202200737                                                                  5

       Inconformes, los Apelantes presentaron una Moción de

Reconsideración y Solicitud de Vista Argumentativa que fue

declarada No Ha Lugar por el TPI el 16 de agosto de 2022.

       Aún insatisfechos, los Apelantes acudieron ante nosotros,

mediante Recurso de Apelación, en el que señalaron los siguientes

dos errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       NEGARSE A ACOGER TODOS LOS HECHOS INCONTROVERTIDOS Y
       MEDULARES ADELANTADOS POR LOS DEMANDANTES EN SU MOCIÓN
       DE SENTENCIA SUMARIA, A PESAR DE QUE NINGUNO DE ESOS
       HECHOS -SUSTENTADOS CADA CUAL CON EVIDENCIA ATINENTE- FUE
       PROPIAMENTE CONTROVERTIDO POR LA PARTE DEMANDADA Y A
       PESAR DE QUE CADA UNO DE ESTOS HECHOS CONSTA FIELMENTE
       EVIDENCIADO.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       EN SU INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 38.080, SEGÚN
       ENMENDADO POR LA LEY NÚM. 262 DE 13 DE AGOSTO DE 2008, Y
       AL DETERMINAR QUE LA ASOCIACIÓN DE GARANTÍA DE SEGUROS
       MISCELÁNEOS DE PUERTO RICO DEBÍA RESPONDER FRENTE A LOS
       CUATRO DEMANDANTES HASTA EL LÍMITE DE $300,000.

                                       II.

                                       A.

       El Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 193010, según

enmendado, 31 LPRA sec. 2992, (“Código Civil”), enumera las

fuentes de las obligaciones reconocidas por nuestro ordenamiento

jurídico. Así, el referido artículo dispone que “[l]as obligaciones

nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”. Íd. En particular, sobre las obligaciones de naturaleza

contractual, el Art. 1206 establece que un “contrato existe desde que

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”.11

10 El referido Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, fue derogado
por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Para fines de la
presente controversia, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por
ser la ley vigente y aplicable a la controversia ante nuestra consideración.
11 31 LPRA sec. 3371.
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      Ahora bien, para que un contrato sea fuente de obligaciones

es   necesario   que   concurran    los   siguientes   requisitos:   (1)

consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia

del contrato, y (3) causa de la obligación que se establezca. Arts.

1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3451 y 3391; Díaz Ayala

et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001). De manera que, al

concurrir los referidos elementos nace una obligación; desde el

punto de vista del acreedor, existe un derecho a exigir su

cumplimiento y, desde la perspectiva del deudor, existe el deber de

cumplirla.

      Uno de los contratos regulados por nuestro Código Civil es el

de transacción. El contrato de transacción es un “acuerdo mediante

el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna

cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya

comenzado, con el propósito de evitar los pesares que conllevaría un

litigio”. (Citas omitidas.) López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838,

846 (2006). Véase, además: Art. 1709 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 4821; Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR

219 (2007); Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193 (2006);

Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 5 (1998).

      Por su parte, los elementos constitutivos de un contrato de

transacción son: (1) una relación jurídica incierta y litigiosa; (2) la

intención de los contratantes de componer el litigio y sustituir la

relación dudosa por otra cierta e incontestable, y (3) las recíprocas

concesiones de las partes. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico,

31 LPRA sec. 4821. Véase, además: Mun. San Juan v. Prof. Research,

supra; López Tristani v. Maldonado Carrero, supra; Neca Mortg. Corp.

v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). En términos generales,

toda transacción supone que las partes tienen dudas sobre la validez

o corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y optan por

resolver dichas diferencias mediante mutuas concesiones. Citibank
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v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 512 (1988); Sucn. Román

v. Shelga Corp., 111 DPR 782, 791 (1981).

       Como todo contrato, un acuerdo transaccional debe contener

objeto, consentimiento y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 3391. Sobre la causa de un contrato de transacción, nuestro

Alto Foro ha expresado que “[e]n conjunto, el litigio y las recíprocas

concesiones constituyen los elementos de la causa”. López Tristani

v. Maldonado Carrero, supra, pág. 857, citando a E. López de Barba,

El contrato de transacción, su resolución por incumplimiento, Murcia,

Eds. Laborum, 2001, pág. 78.

       En armonía con lo anterior, en todo contrato de transacción,

“[e]s necesario que cada uno de los contratantes reduzca y sacrifique

a favor de otro una parte de sus exigencias a cambio de recibir una

parte de aquello objeto del litigio”. S. Tamayo Haya, El Contrato de

Transacción, Madrid, Ed. Thomson/Civitas, 2003, pág. 141. Véase,

además: López de Barba, op. cit., pág. 89.

       El Máximo Foro en Mun. San Juan v. Prof. Research, supra,

citando a Santos Briz, indica que la “reciprocidad en las

prestaciones es la base indispensable de este contrato”. J. Santos

Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003,

T. IV, pág. 583. Por lo tanto, es necesario que las partes en este tipo

de contrato “sacrifiquen y concedan al mismo tiempo alguna cosa

en función de la superación del litigio sobre la cosa controvertida”.

Tamayo Haya, op. cit., pág. 210. Véase: López Tristani v. Maldonado

Carrero, supra, pág. 857. Es por ello que, “[l]a consecuencia

inmediata será que a falta de recíprocas concesiones no estaremos

ante una transacción por falta de causa”. Tamayo Haya, op. cit., pág.

144.

                                  B.

       La Ley Núm. 72-1991, creó la Asociación de Garantías de

Seguros Misceláneos de Puerto Rico y añadió el Capítulo 38 al
KLAN202200737                                                        8

Código de Seguros de Puerto Rico. 26 LPRA secs.3801-3820. Este

capítulo comprende las disposiciones referentes a dicha entidad

legal, sin fines de lucro, que está compuesta por todos los

aseguradores autorizados a tramitar seguros en Puerto Rico,

excepto aquellos expresamente excluidos por la ley. 26 LPRA sec.

3806.

        El propósito principal del Capítulo 38 es crear un mecanismo

para el pago de las reclamaciones cubiertas bajo determinadas

pólizas de seguro, como resultado de la insolvencia de un

asegurador. 26 LPRA sec. 3802. Además, se pretende evitar

dilaciones excesivas en el pago y evitar las pérdidas financieras a los

reclamantes o tenedores de pólizas. Íd; San José Realty SE v. El

Fénix de PR, 157 DPR 427, 448 (2002). Para lograr dicho propósito,

el Capítulo 38 se interpretará liberalmente. 26 LPRA sec. 3804.

        Como base para las disposiciones incluidas en dicho capítulo

se utilizó la legislación modelo redactada y promovida por la

Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus

siglas en inglés), conocida como el Property and Casualty Insurance

Guaranty Association Model Act. Exposición de motivos, Ley

Núm.72-1991.

        Este capítulo cubre toda clase de seguro, excepto reaseguro y

aquellos incluidos a modo taxativo en el Art. 38.030 del Código de

Seguros, 26 LPRA sec. 3803. Rodríguez v. Longhorn Steakhouse, 202

DPR 158, 164 (2019). Los poderes y deberes de la Asociación están

determinados en el Artículo 38.080 de la referida legislación que

dispone como sigue:

   (a) La Asociación:
       (1) Vendrá obligada a pagar reclamaciones cubiertas
       existentes antes de la determinación de la insolvencia
       y las que surjan antes de la más temprana de las
       siguientes fechas:
           (A) El final del período de treinta (30) días después
           de la determinación de insolvencia;
           (B) la fecha de expiración de la póliza;
           (C) la fecha en que el asegurado sustituya la póliza u
           ocasione su cancelación.
KLAN202200737                                                          9

           Independientemente de otras disposiciones de
      este capítulo, una reclamación cubierta no incluirá
      una reclamación radicada con la Asociación después
      de la fecha final que fije el tribunal para la radicación
      de reclamaciones contra el liquidador o administrador
      del asegurador insolvente. La Asociación sólo pagará
      aquella cantidad de cada reclamación cubierta que
      exceda de cien (100) dólares. Dicha cantidad será un
      deducible del cual no responderá el caudal del
      asegurador insolvente.
      (2) Satisfará sus obligaciones con respecto a las
      reclamaciones cubiertas de conformidad con los
      términos, condiciones y límites de la póliza del
      asegurador insolvente. Disponiéndose, sin embargo,
      que en ningún caso la Asociación pagará en exceso de
      trescientos mil dólares (300,000) por evento
      independientemente del número de reclamantes, ni
      más de un millón de dólares (1,000,000) como
      agregado anual, independientemente del número de
      eventos cubiertos bajo esa póliza. La Asociación se
      considerará como el asegurador hasta el límite de su
      obligación con respecto a las reclamaciones cubiertas
      y hasta tal límite tendrá todos los derechos, poderes y
      obligaciones del asegurador insolvente como si éste no
      estuviere insolvente.
      (3) […]
      (4) Investigará las reclamaciones presentadas a la
      Asociación y ajustará, negociará, transigirá y pagará
      las reclamaciones cubiertas hasta el límite de la
      obligación de la Asociación, y desestimará todas las
      otras reclamaciones y podrá revisar las transacciones,
      los relevos y sentencias en las cuales fueron partes el
      asegurador insolvente o sus asegurados para
      determinar hasta qué punto dichas transacciones,
      relevos y sentencias puedan ser propiamente
      objetadas. La Asociación sólo tramitará aquellas
      reclamaciones que se hayan presentado dentro del
      período establecido conforme a las disposiciones del
      Artículo 40.190 de este Código, aun cuando se haya
      reclamado por la vía judicial.
      […]. 26 LPRA sec. 3808(1).

      En resumen, la referida norma establece que la Asociación

vendrá obligada a pagar reclamaciones cubiertas existentes antes

de la determinación de insolvencia de un asegurador. Además,

sufragará tal obligación conforme a los términos, condiciones y

límites de la póliza del asegurador insolvente. 26 LPRA sec. 3808 (2);

Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 416 (2002).

      Una reclamación cubierta por la Asociación está definida en

el Artículo 38.050(6) como:

      (6) […] una reclamación no pagada, incluyendo una de
      primas no devengadas que surja de, y esté dentro de la
      cubierta y esté sujeta a los límites aplicables de una póliza
      de seguro a la cual aplique este capítulo que haya sido
      emitida por un asegurador conforme a lo dispuesto en este
      Código, si tal asegurador se convierte en asegurador
KLAN202200737                                                       10

      insolvente luego de la fecha de vigencia de este capítulo y
      donde:
         (a) El reclamante o el asegurado sea un residente de
         Puerto Rico al momento en que ocurra el suceso contra
         el cual se asegura. Para entidades que no sean un
         individuo, la residencia de un reclamante o de un
         asegurado es el estado donde radica su sitio principal
         de negocio al momento de ocurrir el evento asegurado;
         o
         (b) la propiedad de la cual surge la reclamación está
         permanentemente localizada en Puerto Rico. 26 LPRA
         sec. 3805(6).

      De ordinario, los pleitos pendientes contra el asegurador

insolvente deben ser desestimados y remitidos al foro que

administra el procedimiento de liquidación. Rodríguez v. Longhorn

Steakhouse, supra, pág.163. No obstante, a manera de excepción,

existen reclamaciones que no tienen que ser desestimadas y

remitidas al foro de liquidación. Esto sucede cuando, por virtud de

ley, la Asociación está obligada a responder por la aseguradora

insolvente. Íd. En estos casos, la Asociación opera como una

aseguradora de la aseguradora insolvente y responderá por el pago

de la sentencia que en su día se emita, de conformidad con los

términos, condiciones y límites de la póliza del asegurador

insolvente. Íd.; Artículo 38.080 del Código de Seguros, supra.

                                  C.

      El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams Rivera

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas,

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200,

213 (2010).

      A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil provee

que, para que proceda dictar sentencia sumaria, es necesario que

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a
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ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,

430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const.

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. De modo que, ante la clara

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en

controversia, no procede dictar sentencia sumaria. Mejías et al. v.

Carrasquillo et al., supra; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v.

Purcell, 117 DPR 714 (1986).

      Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo no significa

necesariamente       que   ha   de   emitirse   el   dictamen   sumario

automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que

ello ocurra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v.

P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).

      De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil,

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo

haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de esta forma,

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3(c).
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      Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte

que se opone a la misma. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra,

pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág.

721. No obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar

una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre

hechos relevantes y pertinentes”. Const. José Carro v. Mun. Dorado,

supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.

      Resulta menester precisar que:

      [A]l dictar sentencia sumaria el tribunal deberá: (1) analizar
      los documentos que acompañan la solicitud de sentencia
      sumaria y los documentos incluidos con la moción en
      oposición, así como aquellos que obren en el expediente del
      tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción
      controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay
      alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o
      refutadas en forma alguna por los documentos. S.L.G.
      Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167
      (2011); que cita a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333
      (2004). Véase, además, López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-
      563 (2005).

      A tales efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o

documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que debe

considerar todos los documentos del expediente, sean o no parte de

la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones

hechas por las partes. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra;

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281

(1990).

      En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar

sentencia sumaria, sin embargo: (1) sólo puede considerar los

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y

(2) sólo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina

de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta.

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129.
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      Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar

específico, que, como foro apelativo, debemos utilizar. A tales

efectos, en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100

(2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar

que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición,

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de

Procedimiento Civil. Íd., pág. 118. Subsecuentemente, si existen

hechos materiales controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil

y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos”. Íd., pág.

119. Por el contrario, si encontramos que los hechos materiales del

caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro

primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la

controversia que tuvo ante sí. Íd.

      Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa

en cuanto a que, cuando se utiliza la sentencia sumaria, “el sabio

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en

corte, principio elemental del debido proceso de ley”. Mejías et al. v.

Carrasquillo et al., supra; MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152

DPR 599, 611 (2000).

                                   III.

      Los Apelantes alegan que el foro de instancia erró al acoger

solamente 15 hechos como incontrovertidos e ignorar los otros

hechos esenciales que esbozaron en su petición sumaria, sin que la

parte apelada los controvirtiera conforme a la Regla 36.3(b)(c) de

Procedimiento Civil, supra. Aducen que esta omisión provocó que el

tribunal   apelado   errara   en     su   análisis,   al   equiparar   las
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reclamaciones de cada una de las corporaciones como una sola

cuando en realidad no lo son. Insisten en que la póliza multilínea

aseguraba a los Apelantes y sus propiedades de manera individual.

Como fundamento para su argumentación, los Apelantes afirman

que el huracán María provocó múltiples eventos que afectaron a los

Apelantes de manera separada e independiente. Por ello, entienden

que el TPI erró al interpretar el Artículo 38.080 del Código de

Seguros, supra, y determinar que los Apelantes solamente tienen

derecho a cobrar una suma total de $300,000.00. Según éstos, el

evento al que hace referencia el precitado artículo es aquel que

causa un solo daño, en un lugar, a una parte, y que puede ser

fácilmente separado de otros daños y eventos. Por ende, razonaron

que, ante la existencia de múltiples eventos cubiertos bajo una sola

póliza, el límite de $300,000.00 se aplica a cada evento.

          Por su parte, la Asociación arguye que la pretensión de los

Apelantes, en definir un evento como el reclamo del daño de cada

apelante, atenta contra los principios básicos de hermenéutica que

establecen que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad,

su letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con

su espíritu12. Por ello, asegura que un evento, en el contexto del

Código de Seguros, es el suceso que causa el reclamo. Por

consiguiente, la Asociación puntualiza que, según la redacción del

Artículo 38.080, el límite de responsabilidad de la Asociación

respecto a las reclamaciones cubiertas por ésta es de $300,000.00.

          Primeramente, debemos atender el planteamiento esbozado

por los Apelantes sobre el supuesto error que cometió el TPI, al no

acoger todos los hechos esenciales alegados por éstos en su petición

sumaria y que esto, presuntamente, causó que el foro de instancia

incidiera en el análisis de la controversia. Veamos.

12   Véase el Artículo 19 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5341.
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      Después de revisar con detenimiento la Moción de Sentencia

Sumaria, presentada por los Apelantes, y su oposición, sometida por

la Asociación, no podemos coincidir con el señalamiento de los

Apelantes. De la Sentencia surge con claridad que el tribunal a quo

determinó que no existe controversia sobre los hechos esenciales

alegados por los Apelantes, y que la Asociación los aceptó como

ciertos. Así pues, luego de examinar las peticiones de las partes,

decretamos que los hechos materiales determinados por el foro

primario no están controversia. Ahora bien, el TPI determinó que la

controversia en el caso de marras más bien se limitaba a la

interpretación dada por las partes sobre el Artículo 38.080 del

Código de Seguros, supra. Ante esto, corresponde revisar de novo si,

en efecto, el foro sentenciador aplicó correctamente el derecho a la

controversia ante nuestra consideración. Meléndez González, et al.

v. M. Cuebas, supra.

      El inciso 2 del Artículo 38.080 del Código de Seguros, según

enmendado, dispone como sigue:

   (a) La Asociación:
          […]
          (2) Satisfará sus obligaciones con respecto a las
       reclamaciones cubiertas de conformidad con los términos,
       condiciones y límites de la póliza del asegurador insolvente.
       Disponiéndose, sin embargo, que en ningún caso la
       Asociación pagará en exceso de trescientos mil dólares
       ($300,000) por evento independientemente del número
       de reclamantes, ni más de un millón de dólares
       ($1,000,000) como agregado anual, independientemente del
       número de eventos cubiertos bajo esa póliza. La Asociación
       se considerará como el asegurador hasta el límite de su
       obligación con respecto a las reclamaciones cubiertas y hasta
       tal límite tendrá todos los derechos, poderes y obligaciones
       del asegurador insolvente como si éste no estuviere
       insolvente. (Énfasis suplido). 26 LPRA sec. 3808(2).

      Al interpretar las leyes, nuestro ordenamiento jurídico ha

establecido ciertas normas de hermenéutica legal, que sirven de guía

al momento de ejercer nuestra función adjudicativa. Const. José

Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 126. Como principio rector,

destaca el dispuesto en el Artículo 19 del Código Civil de Puerto Rico,
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31 LPRA sec. 5341, que establece que “[c]uando la ley es clara y libre

de toda ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el

pretexto de cumplir su espíritu”.

         A tenor, al examinar el texto de la norma en pugna surge con

meridiana claridad que la Asociación no podrá pagar en exceso de

$300,000.00 por evento. Ello, independiente del número de

reclamantes. En el caso de marras, es un hecho incontrovertido que

el evento que causó los daños que reclaman los Apelantes fue el

huracán María. Interpretar que cada uno de los daños sufridos por

las distintas corporaciones constituye un evento independiente para

cada uno de los reclamantes, es otorgarle un significado distinto a

la letra clara del estatuto. Asimismo, resulta irrazonable concluir

que cada una de las corporaciones apelantes debe ser compensada

con un pago de $300,000.00. Ello es contrario a lo establecido en el

referido Art. 38.080, supra, pues el estatuto limita el pago de

$300,000, independiente del número de reclamantes. Resolver lo

contrario daría al traste con la intención del precitado artículo de

limitar la responsabilidad de la Asociación en cuanto al pago de las

reclamaciones cubiertas por ésta13.

         Conforme a lo anterior, concluimos que el foro de instancia no

incidió al determinar que la responsabilidad de la Asociación con

respecto al pago reclamado por los Apelantes se limita al pago total

por la cantidad de $300,000.00.

                                       IV.

         Por   los   fundamentos       que   anteceden,        confirmamos   la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Bayamón.

         Notifíquese.

13   Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 262-2008.
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     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones