Court Opinion

ID: 9952290
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:37:32.634476+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:00.685034
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL I

BETTY GONZÁLEZ DONES                              Certiorari
                                                  procedente del
          Recurrida                               Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
               v.                   KLCE202400109 Canóvanas

SARA ESTHER RIVERA PEÑA,                                   Caso Núm.
LILLIAM MARGARITA RIVERA                                   JU2023CV00238
PEÑA, AMARILYS RIVERA PEÑA Y
OTROS
                                                           Sobre:
        Peticionarios                                      División o
                                                           Liquidación de la
                                                           Comunidad de
                                                           Bienes
                                                           Hereditarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero, y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

                              R E SO L U C I Ó N

       En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

                                         I.

       El 25 de enero de 2024, el señor Andrés Rivera Peña, la señora

Sara Rivera Peña (señora Rivera Peña), la señora Lilliam Rivera

Peña, la señora Amarilys Rivera Peña, la señora Estrella Rivera

Peña, el señor José Rivera Peña y el señor Miguel Rivera Peña

(peticionarios), como parte de la sucesión del causante Crecencio

Rivera Ortiz, presentaron una petición de Certiorari en la que

solicitaron que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Canóvanas, (TPI, foro

primario o a quo) el 19 de diciembre de 2023, y notificada y

archivada en autos el 27 de diciembre de 2023.1 Mediante el

dictamen, el TPI declaró “HA LUGAR” una Moción en Solicitud de

Descalificación a tenor con el Canon 21 y 23 del Código de Ética

1 Apéndice de la petición de Certiorari, Anejo 1, págs. 1-2.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400109                                                                   2

Profesional2 y consecuentemente, descalificó al licenciado Pedro L.

Betancourt Rivera (licenciado Betancourt Rivera), representante

legal de los peticionarios, ya que, tiene interés en el caudal y lo

convertirán en testigo por ser mencionado en las alegaciones.3

          El 29 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos a la señora Betty González Dones (señora González

Dones o recurrida) un término de diez (10) días, a partir de la

notificación, para exponer su posición en cuanto a los méritos del

recurso de Certiorari.

          El 9 de febrero de 2024, la recurrida presentó una Oposición

a la Expedición del Auto de Certiorari Solicitud de Deferencia Judicial

ante Ausencia de Perjuicio, Parcialidad, Error Manifiesto o Abuso de

Discreción. En la misma solicitó que se deniegue la expedición de

certiorari y se mantenga inalterada la determinación del TPI.

          Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, damos por perfeccionado el recurso de epígrafe, y, en

adelante, pormenorizaremos los hechos procesales atinentes al

Certiorari.

                                          II.

          El caso de marras tuvo su génesis el 24 de agosto de 2023

cuando la señora González Dones presentó una Demanda de

2
    Íd., Anejo V, págs. 87-90.
3 Íd., Anejo II, pág. 5. La Alegación 12 de la Demanda expresa lo siguiente sobre

el licenciado Betancourt Rivera:

          12. Una vez Don Crecencio Rivera Ortiz falleció, la parte
          demandada, específicamente, la Sra. Lilliam Rivera, Estrella Rivera
          y el hijo de la Sra. Sara Rivera Peña (Sr. Pedro Luis Betancourt
          Rivera), constantemente le proferían comentarios hirientes y
          ofensas a la Sra. Betty González Dones: “bruta” “tú no sabes nada”,
          “cochina”, “ciega”, “te tienes que ir de la casa”; y presionándola
          incesantemente a abandonar su propiedad. Esta situación
          incesante, obligó a la demandante a irse de la propiedad. A pesar
          de que la Sra. Betty González Dones recuperó la posesión del bien
          inmueble en donde residió con su difunto esposo, por espacio de
          dos (2) días, nuevamente tuvo que salir de la posesión de la
          propiedad, en contravención con sus derechos y nuestro derecho
          vigente. Esto ante el estado emocional que la tenían los
          demandando antes señalados y los constantes comentarios de
          devaluación y presión para que se fuera de su hogar. (Énfasis
          suplido).
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división y liquidación de comunidad de bienes hereditarios contra la

Sucesión Rivera Ortiz compuesta por los aquí peticionarios y el

señor Luis Rivera Peña (señor Rivera Peña).4 En su reclamación, la

señora González Dones solicitó al TPI dividir o partir, y adjudicar la

herencia del causante Crecencio Rivera Ortiz, que fue su esposo por

treinta y dos (32) años, que ordenara a los peticionarios y el señor

Rivera Peña a entregarle a ella la posesión inmediata de la propiedad

donde ella residió con su difunto esposo; que le atribuyera la

vivienda que constituyó su hogar familiar como su vivienda personal

y, de ser necesario, le atribuyera el derecho de habitación en forma

vitalicia y gratuita; le adjudicara cualquier otro bien o cualesquiera

otros bienes correspondientes en ley; y le impusiera a los

peticionarios, con excepción del señor Rivera Peña, el pago de costas

y honorarios de abogados.

        El 19 de septiembre de 2023, el TPI notificó una Orden emitida

el 18 de septiembre de 2023 por la cual ordenó a la señora González

Dones a “mostrar causa por la cual la Región Judicial de Caguas

posee competencia territorial en este caso”, considerando que el

inmueble objeto de partición de herencia está ubicado en

Canóvanas, Puerto Rico.5

        El 5 de octubre de 2023, la recurrida presentó una Moción en

Cumplimiento de Orden.6

        El 24 de octubre de 2023, el señor Rivera Peña presentó una

Contestación a Demanda.7

        Al    siguiente       día,   los   peticionarios   presentaron   una

Contestación a Demanda, y una Moción Solicitando Traslado

mediante la cual alegaron que tanto los peticionarios como los

4 Íd., Anejo II, pág. 3-81.
5 Véase, Sistema Unificado para el Manejo y Administración de Casos (SUMAC),

Entrada Núm. 5.
6 Íd., Entrada Núm. 6.
7 Íd., Entrada Núm. 9.
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bienes, específicamente la propiedad objeto de partición, están

ubicados en Canóvanas.8

       El 25 de octubre de 2023, la señora González Dones presentó

una Moción en Solicitud de Descalificación a tenor con el Canon 21 y

23 del Código de Ética Profesional.9 Mediante esta arguyeron que el

licenciado Betancourt Rivera es hijo de la señora Rivera Peña, una

de las herederas forzosas y peticionarias en el caso de marras:

       . . . POR LO QUE, SI ESTA FALLECIERA EN EL
       PROCESO DEL LITIGIO O POSTERIOR A ESTE, EL
       LCDO. PEDRO L. BETANCOURT RIVERA, SERIA EL
       HEREDERO DE SUS BIENES HEREDITARIOS;
       BIENES QUE SON OBJETOS DE ESTE LITIGIO,
       EXISTIENDO UN CLARO CONFLICTO DE INTERÉS Y
       EMPAÑANDO     LA  TRANSPARENCIA    DE  LOS
       PROCESOS Y LA SANA JUSTICIA.10

       Además, según las alegaciones de la señora González Dones,

el   licenciado      Betancourt       Rivera      debe     abstenerse       de    su

representación legal dado a un claro conflicto de interés con los

bienes objeto de litigio; apariencia de conducta impropia; como

medida preventiva para evitar que el licenciado incurra en cualquier

conflicto ético y consecuentemente sea disciplinado; y como el caso

de autos se encuentra en sus etapas iniciales, su descalificación no

afectaría los procedimientos, lo cual sí ocurriría de surgir alguna

situación que requiera su descalificación en el futuro.

       El TPI emitió una Orden de Traslado del 25 de octubre de

2023, notificada y archivada en autos el 1 de noviembre de 2023, de

la Región Judicial de Caguas a la Región Judicial de Carolina, “por

ser de su competencia al ubicar en el Barrio Cubuy de Canóvanas

el inmueble objeto de petición de liquidación y adjudicación”.11

       El 8 de noviembre de 2023, el TPI notificó una Orden emitida

el 7 de noviembre de 2023 por la cual le otorgó veinte (20) días a los

8 Apéndice de la petición de Certiorari, Anejo III, págs. 82-84; Íd., Anejo IV, págs.

85-86.
9 Íd., Anejo V, págs. 87-90.
10 Íd., pág. 87. (Énfasis y subrayado en el original). Dicho argumento nos parece

especulativo.
11 Véase, Entrada Núm. 15 en el SUMAC.
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peticionarios y el señor Rivera Peña para presentar su posición en

relación a la descalificación solicitada.12

        El 28 de noviembre de 2023, los peticionarios presentaron

una Moción en Cumplimiento de Orden arguyendo sus razones por

las cuales no procedía la descalificación del licenciado Betancourt

Rivera.13 Entre estas que, la muerte de la señora Rivera Peña es un

hecho incierto o no ha acontecido, y aún si ocurriese, “no se

establece como se configuraría un conflicto de interés o se

mancharía la transparencia de los procedimientos y la sana justicia

y más que una razón es una imputación infundada contra el

abogado”.14

        El 27 de diciembre de 2023, el foro primario notificó una

Resolución emitida el 19 de diciembre de 2023 por la cual declaró

“HA LUGAR” una Moción en Solicitud de Descalificación a tenor con

el Canon 21 y 23 del Código de Ética Profesional.

        En desacuerdo, los peticionarios presentaron la petición de

Certiorari y le imputaron al foro a quo la comisión del siguiente error:

        A.   ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
        INSTANCIA Y ABUS[Ó] DE SU DISCRE[C]I[Ó]N AL
        DECLARAR HA LUGAR LA DESCALIFICACI[Ó]N DE LA
        REPRESENTACI[Ó]N LEGAL DE LOS PETICIONARIOS[.]

        El 29 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos a la señora González Dones un término de diez (10) días,

a partir de la notificación de la misma, para exponer su posición en

cuanto a los méritos del recurso de Certiorari.

        El 9 de febrero de 2024, la recurrida presentó una Oposición

a la Expedición del Auto de Certiorari Solicitud de Deferencia Judicial

ante Ausencia de Perjuicio, Parcialidad, Error Manifiesto o Abuso de

Discreción.

12 Íd., Entrada 19.
13 Apéndice de la petición de Certiorari, Anejo VI, págs. 91-93.
14 Íd., pág. 91.
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       Consecuentemente,          el    caso     quedó   perfeccionado         para

determinación judicial.

                                        III.

                                            A.

       El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite       a   un   tribunal        de    mayor   jerarquía      revisar     las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1,15 establece las instancias en las que el foro revisor posee

autoridad para expedir un auto de certiorari sobre materia civil.

Scotiabank v. ZAF Corporation, et als., 202 DPR 478 (2019). La

citada regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de

Apelaciones para atender un recurso de certiorari que trate sobre la

revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera

Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703

15 Esta Regla dispone que:

       [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.

               Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
       por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
       a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
       (Énfasis nuestro).
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(2019). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y

en   la   cautela     que    debemos       ejercer    para     no    interrumpir

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan

ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1 debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los

criterios que debemos tomar en consideración al atender una

solicitud de expedición de un auto de certiorari.16

       Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

16 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
         el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
         en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
         Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
         luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
         más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
         indeseable en la solución final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
         un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
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161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare

LLC, supra, pág. 729. Lo anterior “no significa poder actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Hietel v.

PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,

658 (1997). Ello, ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 736.

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                  B.

      La Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 9.3, establece

que, a tenor con el poder inherente de supervisar la conducta de los

abogados, un tribunal puede, motu proprio o a petición de parte,
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descalificar a un representante legal cuando este “incurra en

conducta que constituya un obstáculo para la sana administración

de la justicia o infrinja sus deberes hacia el Tribunal, sus

representados(as) o sus compañeros(as) abogados(as)”. Véase,

además, Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585,

595-596 (2012). En esa línea, los tribunales pueden ordenar tal

descalificación cuando abone a la marcha de un pleito, a la solución

rápida, económica y justa de los litigios, y para prevenir una

violación a cualquiera de los cánones del Código de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Job Connection Center v. Sups. Econo,

supra, pág. 596; véase, además, Meléndez v. Caribbean Int’l.

News, 151 DPR 649, 661 (2000). Sin embargo, nuestro máximo foro

ha sido claro en que una descalificación no constituye una acción

disciplinaria y no debe imponerse ligeramente. Job Connection

Center v. Sups. Econo, supra, págs. 596-597; véase, además, K-

Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 633, 638 (1988).

Lo anterior se debe a que, la descalificación de un representante

legal “afecta negativamente varios aspectos, tales como los derechos

de las partes y el trámite de los procedimientos”. Íd., pág. 596. Por

lo tanto, solo debe proceder cuando sea estrictamente necesario y

no existan otras medidas menos onerosas para asegurar la

integridad del proceso y trato justo de las partes. Íd., pág. 597.

Además, los tribunales deberán realizar un “balance entre el efecto

adverso que la representación legal pueda tener sobre los derechos

de las partes a un juicio justo e imparcial, y en el sistema judicial”.

Íd.

      Cuando un tribunal ordena la descalificación de un abogado

motu proprio, no será necesario presentar prueba sobre la violación

ética. Íd., pág. 597; véase, además, Meléndez v. Caribbean Int’l.

News, supra, 661; Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138

DPR 850, 864 (1995); In re Carreras Rovira y Suarez Zayas, 115
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DPR 778 (1984). Sin embargo, si quien solicita la descalificación es

una parte, “la mera presentación de una moción de descalificación

no conlleva automáticamente la concesión de la petición en

cuestión”. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 597.

En estos casos, los tribunales deberán hacer un análisis de la

totalidad de las circunstancias a tenor con los siguientes factores:

             (i) si quien solicita la descalificación tiene
      legitimación activa para invocarla; (ii) la gravedad de la
      posible violación ética involucrada; (iii) la complejidad
      del derecho o los hechos pertinentes a la controversia y
      el expertise de los abogados implicados; (iv) la etapa de
      los procedimientos en que surja la controversia sobre
      descalificación y su posible efecto en cuanto a la
      solución justa, rápida y económica *598 del caso, y (v)
      el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la
      moción se está utilizando como mecanismo para dilatar
      los procedimientos. Job Connection Center v. Sups.
      Econo, supra, págs. 597-598; véase, además, Liquilux
      Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, supra, pág. 865.

      Los tribunales también deberán brindarle al abogado objeto

de la solicitud de descalificación, la oportunidad de ser oído. Job

Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 598; véase,

además, Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra, 670.

      Finalmente, nuestro más alto foro ha reiterado que, “la

determinación de derecho del tribunal de instancia de descalificar a

un abogado es una decisión impregnada de un alto grado de

discreción que tiene dicho foro en el manejo procesal de un caso”.

Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 602; véase,

además, Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra, 664. Sin

embargo, los foros apelativos:

      [E]stamos llamados a revisar la decisión sobre la
      descalificación si se demuestra que hubo un craso
      abuso de discreción, que el foro primario actuó con
      prejuicio o parcialidad, que se equivocó en la
      interpretación o aplicación de cualquier norma procesal
      o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa
      etapa evitará un perjuicio sustancial. Job Connection
      Center v. Sups. Econo, supra, pág. 602.
KLCE202400109                                                       11

                                 C.

      En otros términos, el Canon 21 del Código de Ética

Profesional, supra, C. 21 les impone a los abogados el deber de evitar

una representación de intereses encontrados y un deber de lealtad

con su cliente. In re Pietri Torres, 201 DPR 583, 595 (2018); véase,

además, In re Ortiz Rivera, 195 DPR 122, 132-133 (2016); In re

Reyes Coreano, 190 DPR 739, 753 (2014). En lo pertinente, el

Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, establece que:

             El abogado tiene para con su cliente un deber de
      lealtad completa. Este deber incluye la obligación de
      divulgar al cliente todas las circunstancias de sus
      relaciones con las partes y con terceras personas, y
      cualquier interés en la controversia que pudiera influir
      en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún
      abogado debe aceptar una representación legal
      cuando su juicio profesional pueda ser afectado por
      sus intereses personales. (Énfasis suplido).

      Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado

que el representante legal debe abstenerse de aceptar una

representación cuando: “(1) pueda verse afectada por sus

intereses   personales    o   expectativas;   (2)   resulta   en   una

representación simultánea de dos clientes con intereses adversos, o

(3) el asunto del cual trata puede afectar cualquier interés de un

cliente anterior”. In re Pietri Torres, supra, pág. 595 (Énfasis

suplido); véase, además, In re Ortiz Rivera, supra, pág. 133; In re

González Hernández, 190 DPR 164, 172-174 (2014). Lo anterior se

debe a que “la relación abogado-cliente entra en conflicto con los

intereses personales, familiares, económicos, profesionales, o de

otra índole, del propio abogado”. In re Rafucci Caro, 206 DPR 589,

610 (2021). In re González Hernández, supra, pág. 172 (citando a

S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del

abogado, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2010, pág. 134).

      Nuestro más alto foro igualmente ha hecho hincapié en que

las prohibiciones del Canon 21 del Código de Ética Profesional,

supra, se extienden a la existencia real pero además a:
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      [C]onflictos aparentemente existentes, pero que
      llevan consigo la semilla de un posible o potencial
      conflicto futuro. Es decir, está también vedado al
      abogado asumir la representación legal de clientes
      cuando resulta razonablemente anticipable un
      futuro conflicto de intereses, aún cuando sea
      inexistente al momento de la aceptación de la
      representación legal. (Énfasis Suplido). In re Ortiz
      Martínez, 161 DPR 572, 581 (2004); véase, además,
      Sepúlveda Girón, 155 DPR 345, 357 (2001).

      Por su parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,

supra, C. 38 les advierte a los togados a exaltar el honor y dignidad

de la profesión, aunque conlleve sacrificios personales y deben evitar

la apariencia de conducta impropia. Véase, además, In re

Bermúdez Meléndez, 198 DPR 900, 906-908.

      Consecuentemente, el Canon 23 del Código de Ética

Profesional, supra, C. 23 expresamente les prohíbe a los abogados

adquirir interés o participación alguna en el asunto bajo litigio. Este

canon tiene como propósito prevenir conflictos de intereses que

pudiesen interferir con “el ejercicio de un juicio profesional

independiente por parte del abogado a quien el cliente encomendó

su representación”. In re García Muñoz, 170 DPR 780, 792 (2007).

                                  D.

      Finalmente, el Canon 22 del Código de Ética Profesional,

supra, C. 22 establece que,

      Excepto cuando sea esencial para los fines de la
      justicia, el abogado debe evitar testificar en beneficio o
      en apoyo de su cliente. Cuando un abogado es testigo
      de su cliente, excepto en materias meramente formales,
      tales como la comprobación o custodia de un
      documento y otros extremos semejantes, debe dejar la
      dirección del caso a otro abogado. Véase, además,
      Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR
      921, 931 (2014); In re Colón Ramery, 138 DPR 793,
      795-796 (1995).
                                 IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la petición de

certiorari, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos
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abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio,

no   atisbamos motivo o error alguno que amerite             nuestra

intervención. La determinación del foro primario es esencialmente

correcta en derecho. Por lo tanto, no intervendremos con el manejo

del caso que ha establecido el foro a quo.

                                 V.

      Por los fundamentos pormenorizados precedentemente, se

deniega la expedición del auto de Certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones