Court Opinion

ID: 9941342
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:26:29.078635+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.277586
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

    MMG I PR CDGY, LLC                               Certiorari
                                                     Procedente del Tribunal
           Recurrida                                 de Primera Instancia,
                                                     Sala de CAGUAS
                v.                  KLCE202301420
                                                     Caso Núm.:
  KING´S SPORT WEAR &                                CG2020CV01358
 PRO-SHOP, INC.; FEDERAL
   DEPOSIT INSURANCE                                 Sobre:
  CORPORATION (FDIC),                                Cancelación Pagaré
  como Síndico de DORAL                              Hipotecario Extraviado
        MORTGAGE
      CORPORATION;
     RUSHMORE LOAN
 MANAGEMENT SERVICES,
 LLC; BANCO POPULAR DE
      PUERTO RICO; y
    FIRSTBANK PUERTO
      RICO; FULANO Y
 MENGANO DE TAL, como
    posibles tenedores del
   pagaré hipotecario cuya
    cancelación se solicita

          Demandados

   EDWIN RODRÍGUEZ
   RODRÍGUEZ, OLGA
  CANCEL RIVERA y LA
 COMUNIDAD DE BIENES
    COMPUESTA POR
       AMBOS

          Peticionarios

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       El 14 de diciembre de 2023, El Sr. Edwin Rodríguez Rodríguez, la

Sra. Olga Cancel Rivera y la Comunidad de Bienes compuesta por ambos

instaron el recurso de epígrafe (en adelante, los peticionarios). En este, nos

solicitan la revocación de varias órdenes y/o resoluciones emitidas por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en adelante, TPI o

Número Identificador

RES2024 _________________
KLCE202301420                                                                2

foro primario). Por virtud de estas, el TPI denegó la solicitud de

desestimación por falta de legitimación activa que estos presentaron,

rechazó la petición de reconsideración que sobre estos instaron, así como

les anotó la rebeldía.

       Evaluado el legajo apelativo, por las razones que adelante

consignamos, denegamos la expedición del recurso.

                                        I.

       El 8 de julio de 2020, PRCI Loan, LLC (en adelante, PRCI) instó

Demanda sobre cancelación de pagaré hipotecario extraviado contra varios

demandados, entre ellos, los peticionarios. En esta, indicó que las personas

demandadas se incluyeron como parte demandada en calidad de posibles

tenedores conocidos del pagaré, cuya cancelación solicitaba y describió el

mismo de la siguiente manera:

       “PAGARÉ a favor de Doral Mortgage Corporation, o a su orden,
       por la suma principal de $89,060.00, con intereses al 7-7/8% anual
       y vencimiento 1 de abril de 2009, ante el notario Hiran Amundaray
       Rivera, el 11 de marzo de 1994. Garantizado con hipoteca
       constituida en la misma fecha y ante el mismo notario mediante la
       Escritura Número 312, inscrita al folio 182 del tomo 1300, sobre la
       propiedad inmueble que se describe a continuación.”

       “URBANA: Solar radicado en la Urbanización Altos de la Fuente,
       localizado en el barrio Turabo del [término] municipal de Caguas,
       Puerto Rico, que se describe en el plano de inscripción de la
       urbanización con el número, área y colindancias que se relacionan
       a continuación: Solar número K-cuatro (K-4) con una cabida
       superficial de cuatrocientos dieciocho metros cuadrados con
       sesenta centésimas de otro (418.60) m/c, en lindes por el NORTE,
       en dieciséis metros con diez centésimas de otro (16.10 m) con la
       calle [número] ocho; por el SUR, en dieciséis metros con diez
       centésimas de otro (16.10 m) con predio de hermanos Flores
       Blandino; por el ESTE, en veintiséis (26.00 m) metros con el solar
       [número] K-tres (K-3); y por el OESTE, en veintiséis metros con el
       solar K-cinco (K-5). Sobre este solar enclava una estructura
       construida de concreto armado y cemento dedicado a vivienda
       para una familia.

       Consta inscrita al folio 180 del tomo 1300 de Caguas, finca 46,001,
       Registro de la Propiedad de Caguas, Sección Primera.

       PRCI indicó que el crédito garantizado por el pagaré antes descrito

fue satisfecho al haberse saldado su acreencia, que este no ha sido cancelado

y que se realizó una búsqueda exhaustiva para localizarlo, sin darse con su

paradero, presumiéndose, pues, que se extravió. Así, adujo que, según su
KLCE202301420                                                                  3

mejor conocimiento, la parte demandada debió ser la última tenedora de

buena fe del pagaré y que el mismo no se ha negociado, cedido, endosado

o de otro modo transferido. Por ello, alegó que dicha parte continuaba

siendo su único dueño y titular. En virtud de todo esto, solicitó que luego

de los trámites de rigor pertinentes, se dictara sentencia disponiendo de la

cancelación del pagaré, así como que se ordenara la cancelación total de la

hipoteca que lo garantiza y grava el inmueble antes descrito.

       Habiendo comparecido inicialmente el 28 de septiembre de 2020

mediante Moción asumiendo representación legal y en solicitud de término, el 10

de febrero de 2021, los peticionarios presentaron una Solicitud de

desestimación por falta de legitimación activa de la parte demandante. Según allí

señalaron, de las propias alegaciones de la demanda surge que todos los

codemandados son directa o indirectamente partes actoras en el caso, y

tienen algún tipo de interés o legitimación, ya sea pasiva o activa, para ser

parte de este caso. No obstante, adujeron que del escrito de la demanda, no

se incluyó una alegación que señale que la parte demandante PRCI Loan,

LLC tiene algún crédito, interés o acreencia a su favor respecto al pagaré,

cuya cancelación se solicita, por lo que reclamó que esta carecía de

legitimación activa para presentar esta demanda.

       El 7 de abril de 2021, PRCI se opuso a la solicitud de desestimación

de los peticionarios. Al así hacer, señaló que actualmente en un pleito

independiente demandó a King’s Sport Wear y a los peticionarios en cobro

de dinero en ejecución de un pagaré; que este pagaré actualmente tiene un

rango en segundo lugar después de una hipoteca que ya fue pagada en su

totalidad, que la demanda de epígrafe se radicó con el propósito de cancelar

el pagaré de la hipoteca de forma que el pagaré que tiene a su favor,

advenga en rango preferente y que la razón por la que los peticionarios

reclaman la falta de legitimación es una estrategia para obstaculizar el que

se pueda cobrar lo que se le debe. Por su parte, el 5 de mayo de 2021, los
KLCE202301420                                                                  4

peticionarios sometieron Réplica a Moción en oposición a solicitud de

desestimación por falta de legitimación activa de la parte demandante, en la que

niegan que el pleito en cobro de dinero instado por PRCI le brinde

legitimación activa para instar el caso de epígrafe.

       El 14 de marzo de 2022, se solicitó que la parte demandante fuera

sustituida por MMG, autorizándose esta el día 16. Luego, el 15 de

noviembre de 2022, MMG sometió Moción reiterando Oposición a solicitud de

desestimación por falta de legitimación activa de la parte demandante; Moci[ó]n

uni[é]ndose a representaci[ó]n legal. Así las cosas, el 26 de octubre de 2023, el

foro primario emitió Orden mediante la cual determinó que la parte

demandante tiene jurisdicción para instar el presente caso, ordenándole a

informar el curso a seguir en el caso.1 El 8 de diciembre de 2023, MMG

sometió Moción en cumplimiento de Orden y en solicitud de sentencia en la que,

entre otras cosas, indicó que, habiéndose denegado la solicitud de

desestimación y la reconsideración sometida por los peticionarios, estos no

han comparecido como posibles tenedores del pagaré objeto de la

reclamación. Por esta razón, afirmó que procedía que se les anotara la

rebeldía y, en virtud del derecho citado en el escrito, se dictara sentencia en

su contra y a favor de MMG.

       El 8 de diciembre de 2023, notificada el 11, el TPI emitió Orden

mediante la cual le anotó la rebeldía a los peticionarios. De la misma

manera, le concedió término a MMG para someter certificación registral,

por no ser suficiente un estudio de título. Los peticionarios instaron una

solicitud de reconsideración en cuanto a la anotación de rebeldía. Así,

reclamó que previo a anotarles la rebeldía, el foro primario debió adjudicar

la solicitud de imposición de fianza no residente a MMG que presentó en el

caso. Asimismo, afirmaron que no procedía la anotación de rebeldía, ya que

1 El 10 de noviembre de 2023, los peticionarios solicitaron reconsideración de la
determinación de jurisdicción. Esta fue denegada mediante Orden del mismo día,
notificada el 14.
KLCE202301420                                                                                5

han comparecido desde un inicio en todas las instancias que se les ha

requerido o que han estimado necesario.

        El 14 de diciembre de 2023, los peticionarios instaron el recurso de

epígrafe y le adjudicaron al foro primario equivocarse al:

        […] declarar No Ha Lugar la solicitud de desestimación por
        falta de legitimación activa de la parte demandante
        presentada por los peticionarios.

        […] declarar No Ha Lugar la solicitud de reconsideración
        presentada por los peticionarios.

        […] no considerar la solicitud de Orden para imponer fianza
        de No-residente a MMG y no paralizar el caso hasta que la
        fianza sea prestada.

        […] no considerar la oposición a la moción en cumplimiento
        de orden y solicitud de sentencia presentada por MMG y
        emitir la Orden/Resolución de 8 de diciembre de 2023 anotando
        la rebeldía a los peticionarios.2

        En la misma fecha, los peticionarios sometieron una Urgente solicitud

de auxilio de jurisdicción y en cumplimiento con la Regla 79(e) del Reglamento de

este Honorable Tribunal de Apelaciones en la que solicitaron la paralización de

los procedimientos. Al atenderla, ese mismo día emitimos Resolución

declarando No Ha Lugar la paralización solicitada y ordenándole a la parte

recurrida a comparecer en 10 días para presentar su posición.

2 Cabe señalar que, tal cual los peticionarios propiamente señalan en la página 18 de su

recurso, el 12 de diciembre de 2023, estos sometieron una Solicitud de reconsideración de
anotación de rebeldía respecto a los codemandados aquí comparecientes; y en solicitud de que se
imponga fianza de no-residente a MMG I PR CDGY, LLC y paralice el caso. Asimismo, como
igual apuntan, a la fecha de la radicación del recurso, este escrito no había sido atendido
por el foro primario. Un examen de este escrito nos permite apreciar que, mediante el
mismo, los peticionarios pidieron al foro primario que reconsiderara las actuaciones que
atacan ante este Tribunal de Apelaciones en el señalamiento y la discusión de su tercer y
cuarto error.

Es hartamente conocido que, cuando la parte adversamente afectada por una resolución u
orden presenta ante el TPI una específica y bien fundamentada moción de reconsideración
dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días que establece la Regla 47
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47, el término para recurrir en revisión judicial
queda interrumpido. Este plazo, comenzará a contar nuevamente desde la fecha en la que
se archiva en autos copia de la notificación del dictamen en el que el Tribunal de Primera
Instancia disponga definitivamente de la reconsideración. Íd.

No habiéndose resuelto al momento de la presentación del recurso los asuntos levantados
por los peticionarios en sus últimos 2 errores en cuanto a la anotación de rebeldía, así como
sobre la imposición de una fianza no residente, carecemos de jurisdicción para evaluar
estos planteamientos por haberse sometido estas controversias prematuramente ante
nuestra consideración.
KLCE202301420                                                               6

       En cumplimiento con lo ordenado, el 26 de diciembre de 2023, MMG

sometió Oposición a “certiorari”. El 2 de enero de 2024, los peticionarios

replicaron dicho escrito.

                                      II

                                     -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones
KLCE202301420                                                                                7

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

        El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.3

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra.

                                             -B-

        El concepto de justiciabilidad requiere la existencia de un caso o

controversia real para que los tribunales puedan ejercer válidamente el

poder judicial. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60

(2009). De modo que la intervención del tribunal tendrá lugar únicamente

si existe una controversia genuina surgida entre partes opuestas que tienen

un interés real en obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas. Id,

citando a Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011).

La capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción para

3
  Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto
planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que
se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de
la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301420                                                                    8

comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos

procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante se conoce

como legitimación activa. Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379

(2019). Esta, se refiere a la condición o atributo que permite a una persona

comparecer ante un foro judicial o administrativo a reclamar un derecho.

P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 665-666 (1995).

                                         -C-

        La cancelación de un asiento es “la operación registral que tiene por

objeto dejar sin efecto y publicar la pérdida de vigencia de un asiento

anterior”. Popular Mortgage v Registrador, 181 DPR 625 (2011). Como regla

general, para cancelar un asiento es necesario el consentimiento de los

titulares afectados por el mismo. Si estos no consienten, podrá acudirse a

los tribunales para que éstos ordenen la cancelación correspondiente. Íd.

        La Ley 210-2015 titulada Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria

del Estado Libre Asociado (en adelante, Ley 210-2015) regula en su Artículo

121 lo concerniente a la cancelación de hipoteca en garantía de instrumentos

negociales o títulos transferibles por endoso; procedimiento; escritura de

cancelación.4 Así, y sobre el particular, este dispone como a continuación

transcribimos:

        Las inscripciones de hipoteca constituidas para garantizar
        obligaciones representadas por instrumentos negociables o títulos
        transferibles por endoso o pagaderos al portador, se cancelarán
        total o parcialmente mediante escritura otorgada por la persona con
        derecho a exigir el cumplimiento del instrumento de los títulos
        expresados. Solamente en los casos de prescripción de hipoteca no
        será necesaria la cancelación del instrumento conforme lo antes
        indicado. Aun cuando se haya extinguido el crédito hipotecario y
        salvo el caso dispuesto en el Artículo 120 de esta Ley, los
        registradores no cancelarán la inscripción de la hipoteca sino en
        virtud de escritura pública según establecido en este Artículo. En
        las escrituras de cancelación de instrumentos negociables
        pagaderos a la orden o títulos transferibles por endoso será
        obligación del notario hacer constar que el compareciente es una
        persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento. En
        todo caso deberá hacerse constar en la escritura la identificación de
        los instrumentos y su inutilización o reducción parcial en el acto del
        otorgamiento.

4 30 LPRA Sec. 6171.
KLCE202301420                                                                           9

        De otra parte, el artículo 122 de la Ley 210-2015 dispone que, si todos

o algunos de los instrumentos negociables se extraviaron o fueron

destruidos, únicamente podrán cancelarse dichas inscripciones mediante la

presentación de la sentencia final y firme debidamente certificada en la que

se declaren extinguidas las obligaciones representadas por los referidos

instrumentos.5

        El procedimiento para cancelar una hipoteca en garantía de un

pagaré requiere que el tenedor legal del pagaré- quien está llamado a

otorgar el correspondiente instrumento público- acuda a un notario para

que este último autorice la correspondiente escritura de cancelación. El

notario, deberá hacer constar que el deudor es tenedor por endoso, o que el

último endoso se hizo en blanco. Popular Mortgage v. Registrador, supra, a

la págs. 635-636. y se alegue que el último poseedor conocido del pagaré

fue el deudor. Cuando la acción judicial la insta un tercero, deberá

demandarse a ese último poseedor conocido, pero, además, deberá

demandarse al último acreedor conocido de las obligaciones representadas

por el pagaré, así como al acreedor que conste en el Registro de la

Propiedad, cuando este último sea una persona distinta al primero. El

tribunal deberá comprobar que el pagaré se extravió en manos del alegado

último poseedor conocido.

                                           III

        Tal como apuntamos al comienzo de esta Resolución, mediante el

señalamiento y la discusión de sus primeros 2 errores estos persiguen la

revocación de la denegatoria de la solicitud de desestimación que instaron

basada en un reclamo de falta de legitimación activa por parte de PRCI, así

como de MMG, para instar el pleito.6 Para ello, en síntesis, reproducen los

5 30 LPRA Sec. 6172.
6 Siendo ello así, estamos ante una decisión interlocutoria que atiende uno de los asuntos

por los que, conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, podemos expedir un
auto de certiorari.
KLCE202301420                                                             10

argumentos levantados ante el TPI en cuanto a que la Demanda no contiene

alegación alguna que señale que PRCI- o MMG como sustituta- tiene algún

crédito, interés o acreencia a su favor respecto al pagaré cuya cancelación

se solicita. Ante ello, argumentan que ninguna de estas entidades cumplió

con demostrar como exige nuestro ordenamiento jurídico: que ha sufrido

un daño claro y palpable; que el daño es real, inmediato y preciso, no

abstracto o hipotético; que existe una conexión entre el daño sufrido y la

causa de acción ejercitada y que la causa de acción surge al palio de la

constitución o una ley.

       Hemos deliberado metódicamente los méritos del recurso al amparo

del derecho consignado en la presente Resolución. De igual manera,

consideramos el desarrollo del pleito de epígrafe mediante el estudio del

expediente judicial a través del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC). Efectuado este ejercicio, no

encontramos fundamentos jurídicos válidos para intervenir con la

determinación recurrida. Esto, de conformidad con los criterios que guían

nuestra discreción para ejercer nuestra facultad revisora en el auto

discrecional del certiorari establecidos en la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra. Así, no encontramos que la decisión emitida por el TPI

sea contraria a derecho, ni que en ella haya mediado prejuicio o parcialidad.

Tampoco estimamos que la etapa del procedimiento en que se presenta sea

la más propicia para su consideración.

                                     IV

       Por las razones antes consignadas, denegamos expedir el auto de

certiorari solicitado por el Sr. Edwin Rodríguez Rodríguez, la Sra. Olga

Cancel Rivera y la Comunidad de Bienes compuesta por ambos.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.
KLCE202301420                                            11

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones