Court Opinion

ID: 9952151
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:22:09.349547+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:17.324029
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

   ANTHONY HERNÁNDEZ                                  Revisión
        EDWARDS                                       Judicial
                                                      procedente del
       Recurrente                                     Departamento de
                                                      Corrección y
                                 KLRA202300651        Rehabilitación
             V.
                                                      Caso Núm.:
                                                      GMA500-1049-23
    DEPARTAMENTO DE
     CORRECCIÓN Y                                     Sobre: Custodia
    REHABILITACIÓN                                    Protectiva

        Recurrido

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez
 y la jueza Prats Palerm

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece Anthony Hernández Edwards, en adelante

 el señor Hernández o el recurrente, y nos solicita que

 revisemos la Respuesta, emitida por el Departamento de

 Corrección       y     Rehabilitación,      en    adelante   DCR   o   el

 recurrido, mediante la cual se le denegó el cambio de

 custodia de protectiva a población general.

       Por        los       fundamentos       que     expondremos        a

 continuación, se revoca la resolución recurrida y se

 devuelve el caso al DCR para que proceda conforme a lo

 solicitado           en    el   Escrito      en     Cumplimiento       de

 Resolución.

                                       -I-

       El    señor         Hernández    presentó     la   solicitud     de

 remedio administrativo número GMA500—1049-23, mediante

Número Identificador

SEN2024_________________
KLRA202300651                                                                          2

la que peticionó ser removido de custodia protectiva a

población general, por motivos de salud y seguridad.1

      En su Respuesta, el DCR dispuso que “la Oficina

de Clasificación de Confinados impartió instrucciones

que   una       vez       el     MPC     solicite      custodia            protectiva

permanecerá          en    ese      estatus     durante      el       resto    de    la

sentencia que le resta por cumplir”.2

      Inconforme,                el       recurrente             presentó            una

reconsideración3, que el DCR denegó.4

      Aun insatisfecho, el señor Hernández presentó una

Moción      Solicitando             Revisión       Judicial           en      Base     a

Respuesta           de    División       de   Remedios       Administrativos,

mediante la cual adujo que desde febrero de 2018 se

encuentra en custodia protectiva de manera voluntaria

y   que    en       agosto     de     2023    solicitó      un    cambio       de     su

custodia        a    población         general.       Destacó,        además,        que

desde mayo de 2019 disfruta de una custodia mínima y

que   el    Reglamento              de    Clasificación           y    Tratamiento

permite     a       los    confinados         pedir    el   traslado          de     una

institución              carcelaria       a     otra,       por       motivos         de

seguridad.

      Examinados los escritos de las partes y la copia

certificada del expediente administrativo, estamos en

posición de resolver.

                                         -II-

      La        revisión            judicial          de    las         decisiones

administrativas tiene como fin primordial delimitar la

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan

1  Copia certificada del              expediente   administrativo,          caso   Núm.:
GMA500-1049-23, pág. 5.
2 Id., págs. 7-8.
3 Id., págs. 9-10.
4 Id., págs. 11-12.
KLRA202300651                                                              3

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.5 A

esos    efectos,      la   revisión      judicial        comprende    tres

aspectos, a saber:           (1) si el remedio concedido fue

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están

sostenidas      por   evidencia        sustancial    que    obra     en    el

expediente administrativo visto en su totalidad, y (3)

si se sostienen las conclusiones de derecho realizadas

por la agencia.6

       En lo aquí pertinente, la intervención judicial

debe circunscribirse a determinar si las conclusiones

de derecho del organismo administrativo son correctas.7

Ahora bien, ello no significa que el tribunal revisor

tiene     una   facultad         irrestricta       para    revisar        las

conclusiones de derecho del ente administrativo.                           Al

contrario,8      los tribunales deben concederle gran peso

y deferencia a las interpretaciones que los organismos

administrativos realizan de las leyes y reglamentos

que     administran,       por    lo    que   no    pueden     descartar

libremente      las   conclusiones        e   interpretación         de    la

agencia,    sustituyendo         el    criterio     de    éstas    por    el

propio. De este modo, si la interpretación de la ley o

reglamento         que       realiza          determinada          agencia

administrativa es razonable, aunque no sea la única

razonable,        los       tribunales         debemos       concederle

5 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99, 114-115
(2023); Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364 (2018);
Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011).
6  Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 115;
Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839-840
(2021); Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 591
(2020).
7 OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 89 (2022). Véase, además,

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627-628 (2016).
8 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, págs. 115-116;

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012); JP,
Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009);
Rivera Concepción v. ARPe, 152 DPR 116, 122 (2000).
KLRA202300651                                                            4

deferencia.9 Más aún, los tribunales podrán sustituir

el   criterio      de   la   agencia        por   el    suyo   únicamente

cuando no encuentren una base racional para explicar

la determinación administrativa.10

                                  -III-

        Para efectos del resultado alcanzado, citaremos

in extenso la posición del Departamento de Corrección

según        expuesta   en   su       Escrito     en    Cumplimiento    de

Resolución:

        [E]l señor Hernández Edwards procura que se le
        saque de custodia protectiva. A tal efecto,
        solicitó ser trasladado a una institución del
        bando Ñeta por cuestiones de seguridad. A pesar
        de ello, en febrero de 2018, fue trasladado de
        Ponce Principal a Guayama 500, es decir, DCR lo
        trasladó   a   una    institución   de   custodia
        protectiva, cuando él nunca solicitó custodia
        protectiva, sino ser trasladado a una institución
        del bando Ñeta. Así pues, fue trasladado a una
        institución donde no hay confinados del bando
        Ñeta, bando al cual él pertenece; y a pesar de él
        haber solicitado expresamente ser trasladado a
        una institución Ñeta.

        Además, llamamos a la atención que el traslado de
        febrero de 2018 no fue realizado por el CCT
        siguiendo el procedimiento de la sección 9 (VI)
        del reglamento Núm. 9151, supra, procedimiento
        que se sigue cuando un confinado solicita
        voluntariamente entrar a una Unidad Especial de
        Vivienda por custodia protectiva. No existen
        documentos acreditativos de que se siguió el
        proceso de la Sección 9(VI)(3) del reglamento
        Núm. 9151.

        Ante el escenario antes descrito, procede que el
        caso sea devuelto a DCR de forma que el CCT
        evalúe el caso conforme la Sección 9(VI)(2), y
        determine si el señor Hernández Edwards puede
        regresar a la población general. (Énfasis en el
        original y suplido)

        En     consideración      a    lo    anterior,       acogemos   la

interpretación que hace el recurrido de la normativa

reglamentaria           aplicable            y         del     expediente

administrativo, y adoptamos, además, la solución que

propone a la controversia de autos. A esos efectos, es

9 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. Véase, además,
OEG v. Martínez Giraud, supra, págs. 88-89.
10 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 116.
KLRA202300651                                                            5

pertinente recordar que las decisiones de las agencias

administrativas        merecen     deferencia11,      más     aún,       en

materia de clasificación del grado de custodia de un

confinado12.

                                 -IV-

     Por      los    fundamentos    previamente       expuestos,         se

revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso

al Departamento        de Corrección y Rehabilitación para

que el Comité de Clasificación y Tratamiento evalúe al

señor Anthony Hernández Edwards conforme a la Sección

9(VI)   (2)    del    Manual   para     la    Clasificación       de    los

Confinados, Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de

2020.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

11OEG v. Martínez Giraud, supra.
12 López Borges v. Administración        de   Corrección,   185   DPR   603
(2012).