Court Opinion

ID: 9962724
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:46:16.675587+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:29.245074
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

   JORGE RODRÍGUEZ                                CERTIORARI
       ALICEA                                     procedente del
                                                  Tribunal de
       Peticionaria                               Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
             v.                                   Arecibo
                               KLCE202400176
  MONIKA RODRÍGUEZ                                Caso número:
     GONZÁLEZ                                     AR2022RF00688

        Recurrida                                 Sobre: ALIMENTOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos, Jorge Rodríguez Alicea (Rodríguez Alicea

o peticionario) y nos solicita que revisemos una Orden emitida el 11

de enero de 2024, notificada ese mismo día, por el Tribunal de

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Arecibo. Mediante dicho

dictamen, el TPI determinó, entre otras cosas, que Rodríguez Alicea

no tiene derecho a obtener ningún tipo de información sobre el cuido

de la menor, directamente de la institución que lo provee,

estableciendo que primero debe solicitarle cualquier información a

Monika Rodríguez Gonzalez (Rodríguez González o recurrida) y de

esta no proveerla recurrir al Tribunal.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto de certiorari y se confirma la Orden recurrida.

                                 I.

      El 24 de agosto de 2022, Rodríguez Alicea presentó una

Petición de Alimentos. En ajustada síntesis, adujo que sostuvo una

relación extramarital con Rodríguez González de la cual nació la

menor L.R.R. Arguyó que Rodríguez González tiene la custodia física

de la menor y que entre las partes no se ha establecido una pensión

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
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alimentaria formal a favor de la menor. Por lo cual, solicitó que se

ordenara la celebración de una vista para fijación de alimentos ante

el Examinador de Pensión Alimentaria.

      Así las cosas, el 2 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la

Vista ante el Examinador de Pensiones Alimentarias y las partes

llegaron a una estipulación. Posteriormente, el 18 de noviembre de

2022, Rodríguez Alicea presentó una Moción Urgente Para qué No Se

Acoja Informe de la EPA. Planteó que en el proceso surgió que la

menor tenía un gasto de cuido que no le fue consultado y que

tampoco fue aprobado por el Tribunal. Indicó, además, que no objetó

el gasto ante el Examinador de Pensiones Alimentarias porque no

sabía que tenía ese derecho. Añadió que inició una acción de patria

potestad, custodia y relaciones filiales donde objetó el gasto de cuido

de la menor por ser uno en violación a la patria potestad del padre,

quien cuenta con recursos para el cuidado de la menor.

Consecuentemente, se retractó de cualquier estipulación hasta

tanto se resolviera la controversia del cuido de la menor.

      Oportunamente, el 1 de diciembre de 2022, Rodríguez Alicea

presentó una moción desistiendo voluntariamente del caso. El 2 de

diciembre de 2022, Rodríguez González presentó una oposición a la

moción para que no se acoja el Informe del Examinador. Esgrimió

que, durante la Vista ante el Examinador de Pensiones Alimentarias,

libre y voluntariamente, llegaron al acuerdo que dio lugar al Informe

y que el Examinador realizó preguntas dirigidas a corroborar la

razonabilidad del cuido. Así, manifestó que el desconocimiento del

derecho de contar con un recurso para el cuido de la menor, no da

lugar a que se deje sin efecto el acuerdo entre las partes.

      El 8 de diciembre de 2022, el TPI notificó la Sentencia emitida

el 18 de noviembre de 2022. En esta, el TPI aprobó el Informe del

Examinador de Pensiones Alimentarias y, en consecuencia, las
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estipulaciones a las que llegaron las partes. Oportunamente,

Rodríguez Alicea presentó una Moción de Reconsideración. En la

misma, señaló que al presentar la moción de desistimiento y no

existiendo una alegación responsiva de Rodríguez González, el

Tribunal debió decretar el desistimiento sin perjuicio.

      Subsiguientemente, el 12 de diciembre de 2022, el TPI emitió

una Orden mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud de

desistimiento voluntario y dejó sin efecto la Sentencia. Insatisfecha,

Rodríguez González acudió ante nos y el 8 de marzo de 2023,

emitimos una Sentencia mediante la cual revocamos la Orden del 12

de diciembre de 2022.

      Luego de varios incidentes procesales, el 8 de noviembre de

2023, Rodríguez Alicea presentó una Moción Urgente en Solicitud de

Remedio. A grandes rasgos, alegó que posee la patria potestad de la

menor. Sostuvo que se había personado al cuido de la menor y le

negaron información, salvo autorización de la madre, Rodríguez

González. Agregó que se trata de una violación más al derecho a la

patria potestad, ya que Rodríguez González no lo tiene autorizado

en el cuido.

      El 20 de diciembre de 2023, Rodríguez González presentó un

escrito titulado Cumplimiento de Orden Oponiéndonos a “Moción

Urgente”. Acentuó que los asuntos relacionados a la patria potestad

de la menor se están ventilando en el caso AR2022RF00855. Explicó

que en el caso de autos solo se atiende el asunto de los alimentos y

que la controversia que pende ante el Tribunal está relacionada con

el gasto del cuido de la menor. Resaltó, además, que en el caso de

alimentos nunca ha estado en controversia que ambas partes tienen

la patria potestad de la menor y que eso no significa que en el caso

de alimentos procede atender todos los asuntos relacionados con la
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custodia, la patria potestad y/o con las relaciones filiales que no

tengan que ver con el incidente del retracto de los alimentos.

      En vista de ello, el 11 de enero de 2024, el TPI emitió una

Orden mediante la cual dispuso:

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes.
      El Tribunal deniega la moción titulada “Moción Urgente
      en Solicitud de Remedio.” La misma no es específica en
      cuanto a que información solicitó y que información se
      le negó en el cuido. Por lo que el Tribunal no está [en]
      posición de resolver ninguna controversia.

      Se le ordena a la parte demandante que no puede ir al
      cuido a solicitar ningún tipo de información y mucho
      menos la información económica del mismo. Y el cuido
      no está obligado a entregarle ninguna información al
      demandante. Cualquier información que desee solicitar
      respecto al cuido primero tiene que solicitarla por
      escrito a la parte demandada y de no obtenerla debe
      solicitarla mediante moción con certificación de las
      gestiones realizadas.

      El Tribunal ha sido claro en sus órdenes y le apercibe
      que el incumplimiento de las órdenes del Tribunal
      conllevara sanciones económicas por una cuantía no
      menor de $500.00.

      Inconforme con esa determinación, el 12 de febrero de 2024,

Rodríguez Alicea acudió ante nos mediante un recurso de certiorari

y señaló la comisión del siguiente error:

      ERRÓ EL TPI AL ESTABLECER QUE EL PADRE NO
      PUEDE TENER ACCESO DIRECTO A INFORMACIÓN
      DEL CUIDO DE LA MENOR A SER PROVISTA POR LA
      INSTITUCIÓN QUE LA OFRECE, EN VIOLACIÓN Y
      RESTRICCIÓN ABIERTA A SU DERECHO A LA
      PATRIA POTESTAD Y AL DERECHO A UN DEBIDO
      PROCESO DE LEY PUESTO A QUE NUNCA SE HA
      CELEBRADO VISTA EVIDENCIARIA ALGUNA PARA
      RESTRINGIR O LIMITAR LA PATRIA POTESTAD DEL
      PADRE.

      El 21 de febrero de 2024, este Tribunal emitió una Resolución

mediante la cual se le concedió un término de veinte (20) días a

Rodríguez González para que presentara su posición al recurso. El

12 de marzo de 2024, Rodríguez González presentó su oposición al

recurso de certiorari. Contando con el beneficio de la comparecencia

de todas las partes, procedemos a resolver.
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                                II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
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      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.
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       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Sin embargo, la jurisdicción para atender el auto está atada,

entre otras cosas, a la fecha de su presentación. A estos efectos, la

Regla 32(D) del Reglamento de este Tribunal dispone que “[e]l

recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución u orden

[...] del Tribunal de Primera Instancia se formalizará mediante la

presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la notificación

de la resolución u orden recurrida”. Regla 32(D) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Este término es de

cumplimiento estricto. Íd.; Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679,

690 (2011).

   B. Competencia

       La competencia es la forma y manera en que se organiza y se

canaliza el ejercicio de la jurisdicción que posee un tribunal. Lemar

S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203 (1992). El objetivo es promover

una mejor distribución de los asuntos y de los casos a través del

sistema judicial con el ánimo de lograr la eficiente utilización de los

recursos y con el objetivo final de hacer justicia. J.A. Echevarría

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era Ed., 2012, pág. 50.

Véase, además, Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117 (1996). Esta

norma posee suma importancia en lo relativo a la efectiva

administración de la justicia. Echevarría Vargas, op. cit.

       Así pues, la inobservancia de esta norma puede tener la

consecuencia de conducir a la anarquía y resultar en detrimento de

la solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. Lemar
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S.E. v. Vargas Rosado, supra. Este asunto no versa sobre un

planteamiento jurisdiccional sino de manejo adecuado de casos.

Echevarría Vargas, op. cit. Ello es así pues nuestro sistema judicial

es uno de naturaleza unificado por lo que todos los tribunales en

Puerto Rico poseen una jurisdicción similar y unitaria. Ramírez v.

Registrador, 116 DPR 541 (1985).

      Así, aunque nuestro sistema judicial es unificado, la

jurisdicción se ejerce concretamente distribuyendo el trabajo

judicial entre los distintos tribunales y salas que integran el

Tribunal General de Justicia, de acuerdo con los principios

normativos de competencia. Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1 (2003).

   C. Patria potestad

      La patria potestad se define como el conjunto de deberes y

derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los

bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta que alcanzan la

mayoría de edad u obtienen su emancipación. Artículo 589 del

Código Civil (32 LPRA sec. 7241). A su vez, la custodia es un

componente de la patria potestad porque impone a los padres el

deber primario de tener a sus hijos no emancipados bajo su

compañía. Jusino González v. Norat Santiago, 2023 TSPR 47, 211

DPR ___ (2023). Véase, además, Ex parte Torres Ojeda, 118 DPR 469,

476 (1987). Es decir, la custodia es la tenencia o control físico que

tiene un progenitor sobre los hijos. Ex parte Torres Ojeda, supra,

pág. 477.

      La patria potestad constituye una obligación que se le impone

a los padres de educar, alimentar, cuidar de la salud física y mental

y proteger a los menores sobre los que ostentan la patria potestad.

Vargas v. Soler, 160 DPR 790 (2003). Dicha obligación debe ser

ejercida responsablemente en atención siempre al mejor bienestar

del menor. Íd.
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                               III.

      Como indicamos, el peticionario arguyó que incidió el foro de

instancia al establecer que el padre no puede tener acceso directo a

información del cuido de la menor a ser provista por la institución

que la ofrece, en violación y restricción abierta a su derecho a la

patria potestad y al derecho a un debido proceso de ley puesto a que

nunca se ha celebrado vista evidenciaría alguna para restringir o

limitar la patria potestad del padre. No le asiste la razón.

      En primer lugar, debemos dejar claro que, el caso ante

nuestra consideración es de alimentos y que existe un segundo caso

entre las mismas partes en el cual se están atendiendo los asuntos

relativos a la patria potestad. Por lo tanto, debido a que fue el propio

peticionario quien presentó dos (2) pleitos independientes, todo

asunto relativo a la patria potestad debe ser atendido en el caso

AR2022RF00855.

      En segundo lugar, luego de un análisis meticuloso del

expediente ante nos, junto a la Orden emitida el 11 de enero de 2024,

arribamos a la conclusión que no incidió el TPI al emitir la Orden

recurrida. Esto, pues de entrada la Moción Urgente en Solicitud de

Remedio que presentó el peticionario no es específica en cuanto a

que información solicitó y que información se le negó en el cuido al

que asiste la menor. Además, al analizar el escrito titulado

Cumplimiento de Orden Oponiéndonos a “Moción Urgente” y que

presentó la parte recurrida y las incidencias del pleito, podemos

constatar que la parte peticionaria pretendió disfrazar una solicitud

de descubrimiento de prueba con la presunta violación y restricción

abierta a su derecho a la patria potestad ocurrida en el cuido de la

menor.

      Así pues, no incidió el TPI al emitir la Orden del 11 de enero

de 2024, pues no se le violó ni restringió al peticionario de su
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derecho a la patria potestad. Tampoco incurrió el foro de instancia

en un abuso de discreción, no actuó con perjuicio y parcialidad y no

erró en la apreciación o aplicación de cualquier normal procesal. Así,

reiteramos que en el caso de autos se atienden los asuntos relativos

a los alimentos de la menor L.R.R. y que todos los asuntos relativos

a la patria potestad deben ser atendidos en el caso AR2020RF00855.

No podemos permitir que la controversia por el pago del cuido, que

data de más de un año, sea utilizada para adelantar otros intereses.

                              IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos al auto de

certiorari y se confirma la Orden recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones