Court Opinion

ID: 9941394
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:32.651298+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.370176
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL V

GEORGE OLIVERAS VÁZQUEZ                          Certiorari
Y OTROS                                          procedente del
                                                 Tribunal de Primera
          Recurrido                              Instancia, Sala
                                                 Superior de San Juan
                               KLCE202400107
              v.                                 Civil Núm.:
                                                 SJ2020CV03569
                                                 consolidado con
AUTORIDAD DE ENERGÍA                             SJ2020CV04798
ELÉCTRICA DE PUERTO RICO
                                                 Sobre:
        Peticionaria                             Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente; el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

      Comparece la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o parte

peticionaria), mediante recurso de Certiorari y Moción Urgente en

Auxilio de Jurisdicción, ambos presentados el 25 de enero de 2024,

a las 6:53pm. En el recurso de Certiorari solicita la revisión de la

Resolución dictada y notificada el 9 de enero de 2024 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro

primario). Por otro lado, en la Moción Urgente en Auxilio de

Jurisdicción nos solicita que se paralice el juicio señalado para el 5

de febrero de 2024 y que se ordene la celebración de una vista

urgente para auscultar fechas para el reseñalamiento.

      Por los fundamentos que expondremos adelante, denegamos

la expedición del auto de certiorari y declaramos No Ha Lugar

la solicitud en auxilio de jurisdicción.

                                      -I-

      Surge del expediente ante nuestra consideración, que el 6 de

diciembre de 20221 se celebró la Conferencia con Antelación a Juicio

1 Véase entrada número 31 de SUMAc.

Número Identificador
RES2024____________
KLCE202400107

y Vista Transaccional, en la cual se señaló el juicio en su fondo del

5 al 29 febrero de 2024 a las 10:00 de la mañana, de manera

presencial. El 27 de septiembre de 2023, el bufete Díaz & Vázquez

presentó ante el TPI renuncia a la representación legal de la AEE. El

3 de octubre de 2023, el TPI emitió determinación, en la que autorizó

la renuncia de la representación legal y concedió 30 días para

anunciar la nueva representación legal de la AEE2. El 26 de octubre

de 2023, se anunció la nueva representación legal de la AEE3. El 27

de diciembre de 2023, la AEE presentó Moción para solicitar

transferencia de juicio en su fondo por conflicto en calendario4. En

síntesis, alegó que para la misma fecha (del 5 al 29 de febrero de

2024) la firma legal tenía señalado otro juicio en su fondo en el caso

B DP2015-0017. Además, indicó que se comunicaron con los

representantes legales del señor George Oliveras Vázquez y otros

(parte recurrida), y que estos le informaron que se opondrían a la

transferencia del juicio. Por último, notificaron al TPI sus fechas

hábiles.

       La parte recurrida presentó la Oposición a Moción para

solicitar transferencia de juicio en su fondo por conflicto en

calendario5. La parte peticionaria presentó Replica a Oposición a

Moción para solicitar transferencia de juicio en su fondo por conflicto

en calendario6. El 9 de enero de 2024, el foro primario notificó

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Moción para solicitar

transferencia de juicio en su fondo por conflicto en calendario y esbozó

que el juicio fue pautado para el 6 de diciembre de 2022; además,

expresó que, al asumir la representación legal, certificaba que

2 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 4.
3 Véase entrada número 129 de SUMAc.
4 Revisada la moción, surge de la misma que la única solicitud esta relacionada

con el conflicto en el calendario del bufete, no se incluyó aseveración alguna sobre
la imposibilidad de contratación de la prueba pericial. Véase Apéndice del
Certiorari, pág. 6.
5 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 8.
6 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 13.
KLCE202400107                                                               3

estaba hábil y disponible para atender los señalamientos. El 19 de

enero      de   2024,   la   parte    peticionaria    presentó     Moción   de

Reconsideración a la cual la parte recurrente se opuso; y, el TPI

declaró No Ha Lugar la reconsideración presentada.

        Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria

presentó Petición de Certiorari, en la que adujo que el TPI cometió el

siguiente error:

        Erró el TPI al sustituir sus propios criterios por los criterios
        establecidos jurisprudencialmente para disponer sobre
        una solicitud de suspensión o transferencia de vista.

        El 26 de enero de 2024, la parte recurrida presentó su

Oposición a Remedio Solicitado en “Moción Urgente en Auxilio de

Jurisdicción”. Examinado el recurso que nos ocupa, y con el

propósito de lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto

ante nuestra consideración, prescindimos de términos, escritos o

procedimientos ulteriores, según lo permite la Regla (7)(B)(5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones7.

                                         II.

                                       -A-

        El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía

puede rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil8 y conforme a los criterios que dispone la Regla

40   del    Reglamento       del   Tribunal    de    Apelaciones9.     Nuestro

ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal revisor no

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando

estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto10. Esta norma de deferencia

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
10 Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 59 (2006); Coop. Seguros Múltiples de

P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
KLCE202400107

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

       No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el
       ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en
       aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1)
       actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso
       abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o
       aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo11.

       En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del

Tribunal de Primera Instancia12. No obstante, la Regla 52.1, supra,

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la

norma procesal. En específico establece que:

           […] El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
       Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
       Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden
       bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
       la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión.
              […]

       En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones13 para dirigir la activación de nuestra

jurisdicción discrecional en estos recursos, dispone que para

expedir un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en

consideración los siguientes criterios:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

11 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
12 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005);    Zorniak v. Cessna, 132 DPR
170, 180 (1992).
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400107                                                               5

          C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
          Primera Instancia.

          D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

          E. Si la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso
          es la más propicia para su consideración.

          F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

          G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

                                    -B-

          En cuanto a la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, la

Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones14, establece

que la forma en que debe realizarse su notificación es de la siguiente

manera:

          (E) Cualquier solicitud de orden bajo esta regla se ajustará,
          en cuanto a su forma y contenido, a las disposiciones de las
          Reglas 68 y 70, llevará el mismo epígrafe del caso principal,
          deberá ser notificada a las demás partes, y a cualquier
          persona contra quien se solicita un remedio, mediante el
          método que asegure que éstas queden notificadas de la
          solicitud simultáneamente con su presentación, y hará
          constar la notificación en la propia solicitud. De presentarse
          la solicitud de orden el mismo día en que se presenta el
          recurso, la notificación simultánea de dicha solicitud incluirá
          la notificación del recurso con su Apéndice. A los fines de la
          notificación simultánea a que se refiere esta regla, podrán
          utilizarse los métodos de notificación personal, por teléfono
          o correo electrónico, de forma que las partes advengan en
          conocimiento de la solicitud de orden y del recurso
          inmediatamente de su presentación.

                                          -C-

          Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, “de

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

14
     4 LPRA Ap. XXII-B, R.79 (e).
KLCE202400107

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”15.

                                     III.

       En el caso que nos ocupa, la AEE señala que el TPI erró al no

conceder la transferencia del juicio en su fondo. A su vez, solicita a

este foro que se suspenda el señalamiento y se ordene la celebración

de una vista para recalendarizar las fechas para el juicio en su

fondo.

       Examinado       el   expediente         ante   nuestra   consideración,

concluimos que la determinación recurrida no contiene indicio

alguno de craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error

al aplicar las normas procesales o sustantivas pertinentes, que

justifiquen nuestra intervención en sustitución del criterio utilizado

por dicho foro en el ejercicio de su discreción. De conformidad con

el derecho antes expuesto y los criterios establecidos en la Regla 40

del Reglamento Tribunal de Apelaciones, supra, para la expedición

del auto de certiorari, no existe fundamento que justifique nuestra

revisión judicial, por lo que damos deferencia a la determinación del

TPI.

                                         IV.

       Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición

del auto de certiorari y declaramos No Ha Lugar el auxilio de

jurisdicción.

       Notifíquese Inmediatamente.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

15 Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986) y Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).