Court Opinion

ID: 9952225
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:30:30.742042+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:15.908403
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL IX

                                                     Certiorari
                                                     Procedente del
LUIS O. JIMÉNEZ COLÓN                                Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
          Peticionario                               Superior de Carolina

                v.                  KLCE202400057 Sobre: Custodia,
                                                  Patria Potestad,
 ALANNA COLÓN RIVERA                              Alimentos

           Recurrida                                 Caso Núm.:
                                                     FCU2013-0100
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos, el Sr. Luis Omar Jiménez Colón (en

adelante, “Jiménez Colón o peticionario – demandante”) mediante el

certiorari epígrafe, para que revisemos la Orden emitida el 15 de

diciembre de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina (en adelante, “TPI”). Allí, se declaró No Ha

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el peticionario.

       Evaluada la totalidad del expediente, denegamos el recurso

de certiorari. Veamos.

                                         -I-

       Se desprende del expediente que el peticionario, señor

Jiménez Colón y la Sra. Alanna Colón Rivera (en adelante, “Colón

Rivera o recurrida – demandada”) procrearon al menor LRJC.2

Concluida la relación habida entre ellos, establecieron unos

acuerdos referentes al bienestar del menor LRJC, que fueron

aprobados y estipulados por el TPI el 11 de marzo de 2014.3 Entre

1 Notificada el 18 de diciembre de 2023.
2 En la actualidad, LRJC tiene la edad de 12 años.
3 Anejo XI del Peticionario, a las págs. 65 – 68.

Número Identificador
RES2024 _______________
KLCE202400057                                                            2

las estipulaciones, se estableció la suma $500.00 en concepto de

pensión alimentaria, la cual sería pagada por el señor Jiménez Colón

directamente a la cuenta de la señora Colón Rivera.4

        Así las cosas, el 8 de noviembre de 2022 la recurrida

presentó una solicitud de modificación de pensión y una moción

para que se encontrara incurso en desacato al peticionario por

existir una deuda de alimentos.

        Luego de varias incidencias, el 11 de octubre de 2023 el

Examinador de Pensiones Alimentarias, el Sr. Juan Carlos Corchado

Cuevas (en adelante, “Corchado Cuevas o Examinador”), celebró

una vista.5 En consecuencia, el 26 de octubre de 2023,6 el

Examinador emitió el Informe sobre Pensión Alimentaria Provisional,7

en las que esbozó las siguientes determinaciones de hechos:

        1. Las partes son los padres de Lucas Ronaldo Jiménez,
        nacido el 22 de diciembre de 2011, quien cuenta con 11 años,
        y se encuentra bajo la custodia del promovente.

        2. El promovente se desempeña como vicepresidente en
        Golden Billing, donde devenga un ingreso neto mensual de
        $4,079.84.

        3. La promovida, en adelante la alimentante, se desempeña
        como Especialista de Habla y Lenguaje en el Centro Tera
        (servicios profesionales), y como Asistente Administrativa y
        tripulación de embarcación para E-Holdings (Caribbean
        Sailors). De su Planilla de Información Personal y económica
        (PIPE) y su testimonio bajo juramento, surge que tiene gastos
        mensuales aproximados de $3,000.00, por lo que se le
        imputaron como ingreso neto mensual.

        4. A la alimentante le corresponde asumir el 42.37 % del costo
        de crianza y de los gastos suplementarios del menor. El costo
        de crianza del menor asciende a $1,315.00, por lo que la
        pensión alimentaria básica mensual es de $557.22. No
        obstante, debido a que por las relaciones maternofiliales la
        promovida pasa el 39.45% del tiempo con el menor, la pensión
        alimentaria se ajusta a $337.38.
        5. El menor tiene el siguiente gasto suplementario:
                a. Gasto mensual de vivienda ($137.71)
        6. Realizados los cálculos correspondientes, resulta una
        pensión alimentaria mensual de $475.10.8

4 Id., a la pág. 68
5 Anejo II del Peticionario, a las págs. 2 – 5.
6 Notificado el 1 de noviembre de 2023.
7 Anejo II del Peticionario, a las págs. 2 – 5.
8 Id., a las págs. 2 – 3.
KLCE202400057                                                                      3

        Basado en dichas determinaciones, el Examinador recomendó

que:

        [S]e imponga a la alimentante la obligación de proveer
        provisionalmente una pensión alimentaria mensual de
        $475.10, efectiva al 1 de octubre de 2023 (primer pago el 25
        d octubre de 2023), a través del depósito del dinero en efectivo
        en la cuenta bancaria del promovente.
               Además, que se ordene a las partes que los gastos de
        salud no cubiertos por el plan médico del menor, sea asumido
        a razón de 42% la alimentante y 58% el promovente, mediante
        reembolso en el término de 30 días, previa notificación y
        presentación de evidencia de pago, teniendo 30 días desde
        que se incurrió en el gasto para presentar dicha evidencia, so
        pena de entenderse renunciados, salvo que medien
        circunstancias extraordinarias. [. . .].9

        Mediante Resolución del 27 de octubre de 2023,10 el TPI

acogió la totalidad del informe y las recomendaciones del

Examinador.11 No obstante, y previo a ser notificada dicha

resolución, el 30 de octubre de 2023 la recurrida presentó una

“Moción Urgente Impugnando Informe Del Examinador de Pensiones

Alimentarias”.12 Luego, la misma parte sometió una “Moción de

Reconsideración y en Auxilio de Jurisdicción”.13

        Mediante Resolución del 7 de noviembre de 2023,14 el TPI

acogió la solicitud de reconsideración, y declaró Ha Lugar la

misma.15 En lo pertinente, determinó que:

               [E]l tribunal determina que el estado de derecho vigente
        en el presente caso es el establecido mediante Sentencia
        emitida el 11 de marzo de 2014. El mismo continuará vigente
        hasta que el tribunal resuelva las controversias planteadas,
        las cuales serán atendidas en vista evidenciaría señalada
        para el 18 de diciembre de 2023.16

        Inconforme, el peticionario presentó “Moción Urgente De

Reconsideración De Resolución”,17 la cual, fue declarada No Ha Lugar

el 15 de diciembre de 2023.18

9 Id., a la pág. 5.
10 Notificada el 1 de noviembre de 2023.
11 Anejo II del Peticionario, a las págs. 6, 8.
12 Anejo V del Peticionario, a las págs. 16 – 21.
13 Anejo VI del Peticionario, a las págs. 22 – 23.
14 Notificada el 9 de noviembre de 2023.
15 Anejo VII del Peticionario, a las págs. 24 – 26.
16 Id., a la pág. 26.
17 Anejo IX del Peticionario, a las págs. 31 – 59.
18 Notificada el 18 de diciembre de 2023. Anejo I del Peticionario, a la pág. 1.
KLCE202400057                                                                  4

       Aun inconforme, el señor Jiménez Colón recurrió el 17 de

enero de 2024 ante este Foro apelativo mediante el auto de

certiorari y señaló la comisión de los siguientes errores:

       1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar “ha lugar”
       la Moción de Reconsideración presentada por la parte apelada
       – demandada el 1 de noviembre de 2023.

       2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto la
       resolución emitida por este mismo Tribunal el 27 de octubre
       de 2023, en la que se acogió el informe del examinador en su
       totalidad y sus recomendaciones, fijando una pensión
       alimentaria provisional de acuerdo a las guías mandatorias y
       rendido el informe del examinador, conforme a derecho por el
       distinguido examinador de pensiones que presidió la vista de
       alimentos el 11 de octubre de 2023.

       3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al actuar
       con pasión, perjuicio, parcialidad, incurriendo en un error
       manifiesto al indicar que el estado derecho vigente en el
       presente caso continua siendo el establecido mediante una
       sentencia basada en una estipulación de acuerdo entre las
       partes, siendo esta una remota con fecha del 11 de marzo de
       2014. Existiendo una determinación reciente y acorde con la
       realidad actual de ambos padres, establecida conforme a
       derecho por el distinguido examinador de pensiones y acogida
       en primera instancia por el propio Tribunal de Instancia
       mediante resolución del 27 de octubre de 2023, notificada a
       las partes del 1 de noviembre de 2023 y al dejar sin efecto el
       señalamiento ante el Oficial Examinador de Pensiones
       Alimentarias del Tribunal, EPA, para el 14 de diciembre de
       2023 y no señalar nueva fecha para la vista final de
       alimentos. [sic].

       Por su parte, el 1 de febrero de 2024 la representación legal

de la recurrida compareció ante nos mediante el escrito intitulado:

“Memorando de Oposición”.19

       Habiendo comparecido ambas partes, damos por sometido el

asunto.

                                      -II-

                                      -A-

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto

de certiorari constituye un vehículo procesal de carácter discrecional

que, permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

19 Informaron que no fueron contratados para brindar representación legal en la

etapa apelativa, dado que la recurrida no cuenta con capacidad económica para
sufragar dichos servicios. Sin embargo, con el consentimiento de su representada,
consignaron la oposición a la expedición del presente recurso.
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determinaciones de un tribunal inferior.20 Por lo cual, se entiende

por discreción el poder para decidir en una forma u otra; esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción.21

       En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,22

delimita las instancias en que revisaremos las resoluciones y

órdenes interlocutorias emitidas por los tribunales de instancia, a

saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].23

       Con el objetivo de que podamos ejercer nuestra facultad

discrecional —de entender o no en los méritos del recurso de

certiorari— nuestros oficios se encuentran en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,24 que dispone los

siguientes criterios para la expedición de un auto de certiorari o de

una orden de mostrar causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
              recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
              contrarios a derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
              indicada para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
              manifiesto en la apreciación de la prueba por el
              Tribunal de Primera Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
              detenida a la luz de los autos originales, los cuales
              deberán ser elevados, o de alegatos más
              elaborados.

20 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019).; IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
21 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
22 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
23 Id.
24 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
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           (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
               caso es la más propicia para su consideración.
           (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
               causa no causan un fraccionamiento indebido del
               pleito y una dilación indeseable en la solución final
               del litigio.
           (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
               causa evita un fracaso de la justicia. 25

         Es decir, al contar con la discreción judicial, nos reservamos

la determinación de expedir o denegar el auto. Nuestro Alto Foro

Judicial ha dispuesto que:

         [d]e ordinario, no se intervendrá́ con el ejercicio de discreción
         de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
         hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́ con
         prejuicio o parcialidad, o que se equivocó́ en la interpretación
         o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
         sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
         perjuicio sustancial.26

         De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a

quien le corresponde la dirección del proceso.27

                                       -III-

         En síntesis, el peticionario señala que el TPI incidió al acoger

la solicitud de reconsideración presentada por la recurrida, y dejar

sin efecto la determinación emitida el 27 de octubre de 2023. Añade

que, al indicar que el estado de derecho vigente en el presente caso

es el establecido en la Sentencia del 11 de marzo de 2014, el foro

recurrido actuó con pasión, prejuicio y parcialidad incurriendo así

en un error manifiesto.

         No obstante, contrario a los señalamientos del peticionario, el

TPI no incidió ni cometió un error manifiesto en el proceder del

presente caso. La determinación recurrida constituye una decisión

dentro del claro ejercicio de discreción conferido a los tribunales de

primera instancia y de su facultad de manejar los casos de la

25 Id.
26 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).;
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
27 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
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manera que entiendan más adecuada, conforme las normas de

derecho aplicables y los hechos ante su consideración.

      Por lo tanto, y conforme al derecho aplicable, no se configura

ninguna de las instancias contempladas en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, y a la luz de los criterios establecidos en

la Regla 40 de este tribunal, supra, que debemos evaluar, no

encontramos justificación para intervenir. Además, el peticionario

no señaló prueba en el expediente tendente a demostrar que el foro

primario abusó de su discreción o actuó con perjuicio, parcialidad o

error manifiesto. Así, en el ejercicio de la sana discreción que nos

permite la Regla 40 del Tribunal Apelaciones, supra resolvemos

denegar el auto de certiorari solicitado.

                                 -IV-

      Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos el presente

recurso de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones