Court Opinion

ID: 9916026
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:15:58.682589+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:37.219005
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

PR Recovery and                                        CERTIORARI
Development JV, LLC                                    procedente del
                                                       Tribunal de Primera
         Recurrida                                     Instancia, Sala
                                                       Superior de San
             vs.                                       Juan

AM Group, LLC h/n/c              KLCE202301339
VOM Fass; Anthony                                      Civil Núm.:
Meléndez Berríos y su                                  SJ2021CV07460
esposa Delia Estrella                                  (604)
Martínez Díaz, y la
Sociedad Legal de
Gananciales compuesta                                  Sobre:
por ellos; y Helena Rivera                             Cobro de Dinero;
González                                               Ejecución de
                                                       Hipoteca
        Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Cruz Hiraldo y el Juez Salgado Schwarz1.

Rivera Colón, Juez Ponente

                        SENTENCIA ENMENDADA2

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece ante nos, AM Group, LLC (AM Group o parte

peticionaria), quien presenta recurso de Certiorari en el que solicita

la revocación de la “Resolución” emitida el 26 de octubre de 2023,3

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha

Lugar la “Moción de Desestimación” presentada por la parte

peticionaria.

       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

1 Véase Orden Administrativa Núm. OATA-2023-204, donde se designa al Juez

Carlos G. Salgado Schwarz en sustitución del Hon. José J. Monge Gómez, por
encontrarse fuera del Tribunal por causas justificadas.
2 Se enmienda a los únicos efectos de aclarar que, luego de evaluar el escrito del

peticionario, así como la evidencia documental anejada al mismo, prescindimos
de la comparecencia de la parte recurrida. Regla 7 (b)(5) del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b)(5).
3 Notificada el 30 de octubre de 2023.

Número Identificador

SEN2023 ___________
KLCE202301339                                                     2

confirmamos    el   dictamen   mediante    los   fundamentos    que

expondremos a continuación.

                                 I.

      El 11 de noviembre de 2021, Puerto Rico Recovery and

Development JV, LLC (PRRD o parte recurrida) presentó una

“Demanda” por cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra AM

Group. En esencia, alegó que, el 11 de diciembre de 2015, la parte

peticionaria suscribió un contrato de préstamo, el cual fue

asegurado mediante pagaré en favor del Banco de Desarrollo

Económico para Puerto Rico (BDE), o a su orden, debidamente

endosado a favor de la parte recurrida.    Arguyó que, AM Group

incumplió con sus obligaciones de asegurar el pago puntual, por lo

que la deuda reclamada estaba vencida, líquida y exigible. A su

vez, indicó ser el tenedor físico del pagaré operacional, y recalcó

que dicho pagaré estaba debidamente endosado a su favor.

      El 1 de febrero de 2022, AM Group presentó una “Moción de

Desestimación” y, en síntesis, argumentó que PRRD no posee

legitimación activa para presentar la reclamación, toda vez que: (1)

el BDE estaba impedido de cederle el préstamo, (2) el BDE

impugnó la validez del Contrato de Compraventa de Cartera de

Préstamos, y (3) PRRD no es el legítimo tenedor por endoso de los

pagarés asegurados.

      Por su parte, el 28 de febrero de 2022, PRRD presentó su

“Oposición a la Moción de Desestimación” y, en lo pertinente,

sostuvo que: (1) no existe impedimento alguno para que BDE le

cediera el préstamo, (2) PRRD es, en efecto, el tenedor actual del

pagaré y como tal tiene derecho a cobrar la acreencia que reclama,

y (3) el hecho de que BDE haya impugnado la transacción por la

cual PRRD advino acreedor es inconsecuente a la condición de

deudor de la parte peticionaria, y debido a que las transacciones se
KLCE202301339                                                                       3

presumen válidas, PRRD es el acreedor hasta que se pruebe lo

contrario.4

        Evaluados los escritos presentados por ambas partes, el 12

de enero de 2023,5 el Tribunal de Primera Instancia emitió una

“Resolución” mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción de

Desestimación” presentada por AM Group. Razonó que: (1) toda

vez que PRRD alegó ser el tenedor actual del pagaré, tal hecho

debe tomarse como cierto y, consecuentemente, posee standing

para presentar el pleito, (2) las alegaciones de la “Demanda” son

suficientes para sostener el pleito, al amparo de la Regla 10.2 (5)

de Procedimiento Civil, infra.

        Inconforme, el 1 de febrero de 2023, AM Group presentó una

“Moción de Reconsideración”. Atendido su escrito, y la oposición

presentada por la parte recurrida,6 el 26 de octubre de 2023,7 el

foro a quo declaró No Ha Lugar la “Moción de Reconsideración”

presentada por la parte peticionaria.

        Así las cosas, el 9 de noviembre de 2023, PRRD presentó

una “Moción Informativa y en Solicitud de Orden” donde solicitó se

le ordenase a la parte peticionaria a contestar la “Demanda”,

dentro del término de 10 días. Ese mismo día, entiéndase, el 9 de

noviembre de 2023,8 el foro primario concedió a AM Group 10 días

para contestar la reclamación.

        Ante este hecho, el 15 de noviembre de 2023, la parte

peticionaria presentó una “Moción Informativa” en la cual expuso

que estaría recurriendo de la “Resolución” emitida el 12 de enero

de 2023.9 Por ello, esbozó que contestar la “Demanda” sería un

ejercicio infructuoso.

4 Mediante “Moción en torno a Oposición a Moción de Desestimación” presentada el 29 de

agosto de 2022, PRRD reafirmó estos argumentos.
5 Notificada el 17 de enero de 2023.
6 Véase, “Oposición a Moción de Reconsideración” del 13 de febrero de 2023.
7 Notificada el 30 de octubre de 2023.
8 Notificada en igual fecha.
9 Notificada el 17 de enero de 2023.
KLCE202301339                                                       4

      El 29 de noviembre de 2023, AM Group presentó auto de

Certiorari ante este foro apelativo intermedio, y señaló la comisión

de los siguientes errores, a saber:

       1) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
          determinar que PRRD tiene legitimación activa para
          instar la demanda del caso de epígrafe.

       2) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en
          determinar que PRRD tiene derecho a algún
          remedio.

      Dicho recurso fue acompañado por una “Moción Urgente de

Auxilio de Jurisdicción” en la cual se solicitó la paralización de los

procedimientos ante el foro recurrido.

                                 II.

                                 -A-

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.2, le permite al demandado solicitar que se desestime la

demanda en su contra antes de contestarla. R. Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta

ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. La

precitada regla dispone lo siguiente:

      Toda defensa de hechos o de derecho contra una
      reclamación se expondrá en la alegación responsiva
      excepto que, a opción de la parte que alega, las
      siguientes defensas pueden hacerse mediante una
      moción debidamente fundamentada: (1) falta de
      jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción
      sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento;
      (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
      (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
      concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una
      parte indispensable.

      Ante una moción de desestimación, “el tribunal tomará como

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no

den margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

174 DPR 409, 428 (2008). Asimismo, deberá interpretar las

alegaciones de forma conjunta, liberal y de la manera más
KLCE202301339                                                         5

favorable posible en favor del demandante. Torres, Torres v. Torres

et al., 179 DPR 481, 502 (2010). Es decir, “[l]a demanda no deberá

desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no

tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que

pueda probar”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, a la

pág. 428. Ello solo aplicará a aquellos hechos alegados de forma

“clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”.

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).

       Al atender este tipo de moción, el tribunal deberá tener en

cuenta que, conforme lo dispone la Regla 6.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, la demanda sólo tiene que contener

“una relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativas de

que el peticionario tiene derecho a un remedio”, por lo que la

norma procesal que rige establece que las alegaciones solo buscan

“notificarle a la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las

reclamaciones en su contra.” Torres, Torres v. Torres et al., supra,

a la pág. 501. Es por esto que una demanda no será desestimada,

salvo que se demuestre “que el demandante no tiene derecho a

remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar”. Aut.

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, a la pág. 428.            Por

consiguiente, el asunto a considerar es, “si a la luz de la situación

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de

éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación

válida”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág.

505.

                                 -B-

       En   general,   los   tribunales   tienen   la   obligación     y

responsabilidad de decidir los casos que se le presentan ante su

consideración, incluso aquellos que con gusto evitaría. No

obstante, como doctrina de autolimitación y de prudencia en el

ejercicio del Poder Judicial, los tribunales solo pueden resolver
KLCE202301339                                                       6

aquellas controversias que sean justiciables. Hernández Montañez

v. Parés Alicea, 2022 TSPR 14. El concepto de justiciabilidad

“impone el deber de examinar si los casos que traban una

controversia de índole constitucional cumplen con determinados e

indispensables requisitos previo a una expresión”. Noriega v.

Hernández Colón, 135 DPR 406, 420 (1994).         Lo anterior, pues,

“los tribunales existen únicamente para resolver controversias

genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real

en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones

jurídicas”.   E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958).       Por

consiguiente, para poder ejercer de forma válida nuestra facultad

de interpretar la ley, es necesario que el caso presente una

controversia auténtica, definida y concreta, dentro de un contexto

adversativo. De lo contrario, procede la desestimación del recurso

presentado porque, como no existe una controversia real entre los

litigantes, el tribunal debe abstenerse de adjudicarlo.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una

controversia no es justiciable en las siguientes circunstancias, a

saber: (1) cuando la cuestión a resolver es una cuestión política; (2)

cuando el pleito no está maduro; (3) cuando, después de iniciado el

pleito, hechos posteriores lo convierten en académico; (4) cuando lo

que se procura obtener es una opinión consultiva; y (5) cuando las

partes no poseen legitimación activa para incoar la acción

presentada. Noriega v. Hernández Colón, supra, a la pág. 421.

                                 -C-

      Nuestra jurisprudencia define el término de legitimación

activa como “la capacidad que se requiere a la parte promovente de

una acción para comparecer como litigante ante el tribunal,

realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener

una sentencia vinculante”. Hernández, Santa v. Srio. De Hacienda,

208 DPR 727, 739 (2022).
KLCE202301339                                                            7

      Al amparo de esta doctrina, la parte promovente tiene que

demostrar lo siguiente: (1) que sufrió un daño claro y palpable; (2)

que dicho daño es real, inmediato y preciso, entiéndase, no

abstracto o hipotético; (3) la existencia de un nexo causal entre la

acción que se ejercita y el daño alegado, y (4) que la causa de

acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010).             En la

jurisdicción federal, se han reconocido criterios similares. Véase,

Spokeo, Inc. v. Robins, 578 US 330, 338 (2016).            (“The plaintiff

must have (1) suffered an injury in fact, (2) that is fairly traceable

to the challenged conduct of the defendant, and (3) that is likely to

be redressed by a favorable judicial decision”).

      Es la parte demandante quien tiene el peso de la prueba

para demostrar que cumple con todos estos criterios. Fund.

Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, a la pág. 585; Spokeo, Inc. v.

Robins, supra, a la pág. 338.         Como en el caso que nos ocupa,

cuando el pleito se encuentra en sus etapas iniciales, entiéndase,

en la presentación de la demanda, corresponde al demandante

alegar con claridad aquellos hechos que demuestren cada uno de

los elementos que sustentan su legitimación. Spokeo, Inc. v.

Robins, supra, a la pág. 338; Warth v. Seldin, 422 US 490, 518

(1975).

                                   III.

      Como    cuestión      de   umbral,    debemos   evaluar     si,    de

conformidad     con   el    derecho    antes   esbozado,    procedía     la

desestimación    de    la    reclamación.      Consecuentemente,        nos

corresponde evaluar las alegaciones bien hechas por PRRD en su

“Demanda”. Tras una lectura de ésta, nos percatamos que la parte

recurrida alegó, entre otras cosas, lo siguiente: (1) BDE y AM

Group otorgaron un contrato de préstamo por la suma principal de
KLCE202301339                                                                         8

$380,000.00,10 (2) este contrato está evidenciado mediante pagaré

emitido a favor de BDE, o a su orden,11 (3) PRRD es el tenedor

físico del pagaré,12 (4) dicho pagaré está debidamente endosado a

su favor,13 (5) AM Group incumplió con sus obligaciones de pago,14

(6) la deuda está vencida, líquida y exigible,15 (7) la cantidad

adeudada es de $371,365.51,16 y (8) para asegurar el pago, la

parte peticionaria suscribió un “Acuerdo de Gravamen Mobiliario”

por el cual transfirió, cedió, otorgó y/o pignoró en favor de BDE,

ahora PRRD, ciertos derechos, títulos o intereses.17

         En su escrito, AM Group argumenta que PRRD no alegó o

demostró ser el poseedor legítimo del pagaré.                    Su contención es

que la parte recurrida no es una institución financiera, por lo que

estaba impedida de adquirir la cartera de préstamos del BDE.18

Añade que, por esto, la venta debe ser declarada nula y PRRD

carece de legitimación activa para presentar el caso de epígrafe.

         Diferimos de su postura, pues, en primer lugar, de una

simple lectura de la “Demanda” surge que PRRD es el tenedor

físico del pagaré, y que dicho pagaré está debidamente

endosado a su favor. Tomando estos hechos como ciertos,

debemos asumir que la parte recurrida es el poseedor legítimo del

instrumento y, por ende, posee derecho para ejercer su reclamo.

Por consiguiente, concluimos que PRRD alegó con claridad

aquellos hechos que demuestren cada uno de los elementos que

sustentan su legitimación.

         En cuanto al segundo señalamiento de error, AM Group

enfatiza que de la “Demanda” no se desprende que la parte

10 Véase, alegación número 7.
11 Véase, alegación número 8.
12 Véase, alegación número 9.
13 Íd.
14 Véase, alegación número 16.
15 Véase, alegación número 18.
16 Véase, alegación número 17.
17 Véase, alegación número 10.
18 Hace alusión al caso SJ2019CV11697, en el cual BDE solicitó se declare la nulidad del

negocio jurídico por el cual PRRD adquirió la cartera de préstamos.
KLCE202301339                                                         9

peticionaria tenga una deuda con PRRD, y mucho menos que

dicha deuda está líquida, vencida y exigible.        Así, entiende que,

conforme la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, la parte

recurrida deja de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio. Tampoco le asiste la razón.

      Como bien señalamos, además de alegar ser el poseedor

legítimo del pagaré, PRRD alegó que AM Group suscribió un

contrato de préstamo, que esta última incumplió con su obligación

de pago, y que adeudada la cantidad de $371,365.51. Esto, sin

duda demuestra que la parte peticionaria tiene una deuda con

PRRD.    Como si fuera poco, la parte recurrida alegó que la

deuda está vencida, líquida y exigible, y que, para asegurar su

pago, la parte peticionaria transfirió, cedió, otorgó y/o pignoró en

favor de PRRD ciertos derechos, títulos o intereses. Tras evaluar

estas alegaciones de forma conjunta, liberal y de la manera más

favorable posible para el demandante, nos resulta forzoso concluir

que PRRD tendría un remedio en ley, por lo que la desestimación

del pleito es improcedente en derecho.

      Finalmente, queremos resaltar el hecho de que PRRD no tan

solo alegó estos hechos en el vacío, sino que anejó a su “Demanda”

documentación que acredita sus alegaciones como, por ejemplo,

copia del pagaré hipotecario.

                                  IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de este dictamen, expedimos el recurso de Certiorari

presentado   por   la   parte   peticionaria,   AM    Group,   LLC,   y

confirmamos la “Resolución” recurrida, emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

      Debido al resultado que hemos llegado, declaramos No Ha

Lugar la “Moción Urgente de Auxilio de Jurisdicción”.
KLCE202301339                                                      10

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones