Court Opinion

ID: 9928543
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:45.834994+00
Date Added: 2024-06-11T09:53:02.015612
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

                                                APELACION
EDWIN CUADRADO PADILLA                          procedente del
                                                Tribunal de
Apelante                                        Primera
                                                Instancia, Sala
            v.                    KLAN202300436 Superior de
                                                Fajardo
MARIA YOLANDA IRIZARRY
SANTOS
Apelada                                             Civil Núm.:
                                                    NSCI201500442

                                                    Sobre:
                                                    Liquidación
                                                    Comunidad
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos el señor Edwin Cuadrado Padilla (señor

Cuadrado Padilla o apelante) y solicita la revisión de la Sentencia

dictada el 17 de marzo de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI). Mediante la misma, el TPI

dispuso que el señor Cuadrado Padilla retendría la titularidad de un

inmueble y deberá pagar a la señora María Yolanda Irizarry Santos

(señora Irizarry Santos o apelada) la suma de $33,218.75 por el valor

de su participación en la comunidad de bienes, más interés al tipo

legal del 8% anual, acumulados desde el 1 de febrero de 2018, hasta

satisfacer la Sentencia. Lo anterior, dentro de un pleito sobre

división de bienes gananciales.

                                  I

      Según surge del expediente, el señor Cuadrado Padilla y la

señora Irizarry Santos estuvieron casados bajo el régimen de

sociedad legal de bienes gananciales desde el 23 de diciembre de

1989 hasta el 13 de febrero de 2012, cuando el Tribunal de Primera

Número Identificador
SEN2023 ______________
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Instancia emitió la sentencia de divorcio. Mientras estuvieron

casados, el señor Cuadrado Padilla y la señora Irizarry Santos

acumularon bienes de naturaleza ganancial y obligaciones con

terceros.

      El matrimonio Cuadrado Irizarry vivió en un inmueble

ubicado en la carretera PR-985, kilómetro 1.6 del Barrio Quebrada,

en el municipio de Fajardo. Dicha propiedad pertenecía al señor

Juan Fernández Torres y su esposa, la señora Inés Padilla Rivera,

quienes criaron al señor Cuadrado Padilla desde que su madre

falleció y este tenía nueve (9) meses de nacido. El señor Cuadrado

Padilla se refería al señor Fernández Torres y a la señora Padilla

Rivera como sus abuelos. Estos últimos testaron el tercio de libre

disposición a favor de Cuadrado Padilla.

      El 18 de junio de 2015, el señor Cuadrado Padilla presentó

demanda sobre división de bienes gananciales contra la señora

Irizarry Santos. Alegó que adquirió su participación hereditaria

mediante la escritura pública número (1) sobre partición y

adjudicación de bienes hereditarios, de la cual surgía que la señora

Irizarry Santos compareció a los únicos efectos de reconocer el

carácter privativo de los bienes inmuebles heredados por su esposo.

Añadió que deseaba liquidar el aumento o merma en valor, si

alguno, que sufriera la propiedad desde el 27 de febrero de 1997

hasta la fecha de presentada la demanda. Esbozó que era necesario

liquidar la comunidad de bienes para finiquitar el único asunto

pendiente entre las partes.

      La    señora   Irizarry   Santos   contestó   oportunamente   la

demanda. Adujo, entre otras cosas, que los bienes de sus

respectivas herencias fueron invertidos para beneficio de la

Sociedad Legal de Bienes Gananciales que existía entre ambos, con

los cuales se reparó y mejoró un inmueble donde residieron.

Además, arguyó que las partes incurrieron en un préstamo para
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adquirir parte de la participación de la herencia que le correspondía

al señor Cuadrado Padilla, por lo que dicha inversión era ganancial.

Argumentó que las mejoras realizadas al inmueble donde vivieron

se hicieron con bienes de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales.

Aseveró que su exesposo se negaba a cumplir con su obligación de

compensarla con cualquier participación que pudiera tener en los

bienes adquiridos durante su matrimonio.

      Tras varios trámites procesales, el juicio en su fondo se

celebró los días 11, 12, 13 de enero y el 21 de febrero de 2023. Se

recibieron testimonios del señor Cuadrado Padilla, la señora Irizarry

Santos, el señor Robert Hoffman Carmona y el estimador de costos

de construcción, el señor José L. Cintrón. Asimismo, se admitió la

siguiente prueba documental:

     Exhibits Conjuntos:
    A. Informe de Tasación del Inmueble ubicado en PR-985,
       Kilómetro 1.6, Barrio Quebrada, Fajardo PR 00738, al
       11 de diciembre de 2019.
    B. Sentencia de Divorcio Caso NSRF201100793 dada el
       13 de febrero de 2012.
    C. Cheques por la suma de $ 85,717.02 fechados 17 de
       junio de 1997: $30,000.00 a la orden de Vicente
       Fernández, $44,344.02 a la orden de Cuadrado e
       Irizarry, $4,331.00 a la orden de Island Finance,
       $1,727.00 a la orden de Mueblerías Berrios,
       $1,741.00 a la orden de First Bank, $3,574.00 a la
       orden de Comoloco.

    Exhibits por parte del señor Cuadrado Padilla:

       1. Escritura #1 de Partición y Adjudicación de Bienes
          Hereditarios otorgada el 25 de febrero de 1997 ante
          el Notario Francisco José Ramos González, con
          Escritura #12 de Rectificación otorgada el 26 de
          septiembre de 2011 ante la Notario Claribel Toro
          Hernández.
          1A. Escritura # 48 de Testamento Abierto de Juan
          Fernández Torres otorgada el 26 de septiembre de
          1983 ante el Notario Julio de Santiago Díaz.
          1B. Escritura #49 de Testamento Abierto de Inés
          Padilla Rivera otorgada el 26 de septiembre de
          1983 ante el Notario Julio de Santiago Díaz.
          1C. Certificado de Cancelación de Gravamen
          Contributivo para el causante Juan Fernández
          Torres.
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         2. Moción Informativa en el caso NQ02015-206.
             2A. Orden de recoger pertenencias

             2B. Desglose de bienes muebles
             2C. Orden de Citación
             2D. Querella Ley 140
             ЗА. Fotografías del Inmueble
             3B. Fotografías del Inmueble
             3C. Fotografías del Inmueble
             3D. Fotografías del Inmueble
         4. Carta del 13 de junio de 1997.

       El señor Cuadrado Padilla Demandante ofreció en evidencia,

pero no fue admitido, un informe de estimado de costos de

construcción.

       Exhibits por parte de la señora Irizarry Santos:
       1. Documentos de Préstamo del 13 de junio de 1997.
       2. Cheque #13582.
       3. Pliego de Interrogatorios y Contestaciones con el
          limitado alcance que se admiten solamente las
          preguntas y contestaciones con las cuales se
          confrontó al señor Cuadrado Padilla durante su
          contrainterrogatorio.
       El TPI hizo las siguientes determinaciones de hechos:
       …
       5. Mediante Escritura #1 de Partición y Adjudicación
          de Bienes Hereditarios otorgada el 25 de febrero de
          1997 ante el Notario Francisco José Ramos
          González, Cuadrado adquirió el Inmueble como
          sigue: Cuadrado adquirió un interés del 45.83%
          mediante herencia y el 16.67% mediante donación,
          y el restante 37.5% mediante compra al Señor
          Vicente Fernández Padilla de su participación en el
          inmueble utilizando dineros gananciales del
          matrimonio Cuadrado-Irizarry. Exhibit 1 del
          Demandante. O sea, la propiedad es privativa de
          Cuadrado en un 62.5% y posganancial en un
          37.5%.1

1 El TPI explicó que llegó a esta conclusión a base de su lectura de la Escritura de

Partición y Adjudicación de Bienes Hereditarios. Esta identifica a los señores
Cuadrado-Irizarry como los comparecientes de la Segunda Parte, pero indica que
la señora Irizarry Santos comparece a los únicos efectos de reconocer "el carácter
privativo de los bienes inmuebles heredados por su esposo que son objeto de esta
escritura".
Las partes le atribuyeron al Inmueble un valor de $80,000 para propósitos de la
partición de herencia. Exhibits 1 y 1C del Demandante.
El párrafo Décimo de la escritura, indica que Don Vicente Fernández Padilla le
vende a Cuadrado su participación en el Inmueble por la suma de $30,000. Sin
embargo, no se presentó evidencia de que Cuadrado haya adquirido esa
participación con dineros privativos. Por el contrario, la evidencia demuestra que
el pago se hizo con dineros gananciales obtenidos a través de un préstamo
ganancial. Exhibit 1 de la Demandada y Exhibit Conjunto C.
"La restante participación del compareciente de la primera parte, o sea la suma
de $13,333.00, mediante este acto el compareciente de la primera parte dona al
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     6. Los Abuelos habían construido en el Inmueble una casa de
        dos plantas y 1,350 pies cuadrados de construcción, con
        sala, comedor, cocina, un baño, dos closets y dos
        dormitorios en el primer piso, y sala, un baño, y tres
        dormitorios, en el segundo piso. Exhibit 1 de Demandante.
     7. El 13 de junio de 1997, Cuadrado e Irizarry tomaron
        un préstamo de $63,390. Estipulación del 17 de
        febrero de 2023 y Exhibit 1 de la Demandada. De cuya
        suma pagaron $30,000 a Vicente Fernández para
        comprar su participación en el Inmueble, y utilizaron
        el balance (luego de los gastos de cierre) para saldar
        un préstamo ganancial de Island Finance, deudas
        gananciales con Mueblerías Berrios, First Bank y
        Comoloco. Exhibit Conjunto C y Estipulación del 17
        de febrero de 2023.

     8. Durante el matrimonio de Cuadrado e Irizarry se
        hicieron mejoras al Inmueble. Testimonios de
        Cuadrado e Irizarry.

     9. La casa ahora cuenta con 1,920 pies cuadrados de
        construcción. Exhibit Conjunto A. O sea, 570 pies
        cuadrados más que cuando la adquirieron,
        equivalente al 30% del área de construcción de la
        casa, incluyendo un salón de belleza con baño que
        construyeron y equiparon durante el 2001. Exhibit
        Conjunto A y Testimonio de Irizarry.

     10. Se construyó una verja con portones eléctricos par
         [sic] el frente de a [sic] casa, y verjas de cemento y
         cyclone fence en los costados. Construyeron también
         cuatro estructuras independientes en el terreno: un
         establo (325 pies cuadrados), jaula de gallos (800 pies
         cuadrados), y dos áreas de almacenamiento con
         baño. Exhibit Conjunto A, Estipulaciones Sobre
         Hechos y Documentos (11/3/2019) y Testimonios de
         Cuadrado e Irizarry.
     11. Las mejoras se hicieron con fondos gananciales,
         materiales que aportaba el patrono de Cuadrado y
         con el esfuerzo de Cuadrado o amistades que él
         reclutaba para ayudarle. Testimonios de Cuadrado e
         Irizarry.

     12. Las partes compraron con dinero ganancial e
         instalaron en el Inmueble: cuatro ventanas de
         seguridad y gabinetes de cocina. Estipulaciones Sobre
         Hechos y Documentos (11/3/2019).

     13. Las partes estipularon un valor de mercado de
         $118,000 para el Inmueble para propósitos de
         liquidación de la comunidad posganancial. Exhibit
         Conjunto A.

     14. El tasador estipulado adjudicó un valor de $30,000
         al terreno del Inmueble, $13,000 a la verja y

compareciente de la segunda parte y este a su vez acepta." No se presentó
evidencia de planilla de donación. Entendemos, por la manera en que está
redactada la Escritura 1, que la intención de Don Vicente Fernández Padilla fue
donar ese valor a su primo y hermano de crianza Cuadrado.”
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        edificaciones accesorias (véanse los ajustes a las
        comparables), y el balance de $75,000 a la Casa.
        Exhibit Conjunto A.

    15. Durante el matrimonio, Irizarry recibió una herencia
        con   la   cual,  entre     otras,   cosas,   ayudó
        económicamente a la unidad familiar y compró un
        automóvil para sí. Estipulaciones Sobre Hechos y
        Documentos (11/3/2019).

    16. Luego del Divorcio, Irizarry continuó ocupando el
        Inmueble hasta que se mudó en marzo de 2014 y
        retuvo un automóvil Isuzu Ascender del 2004.
        Testimonio de Irizarry y Estipulaciones Sobre Hechos
        y Documentos (11/3/2019). A la fecha del divorcio en
        2013, el automóvil tenía nueve años, y no se ofreció
        evidencia de su valor a esa fecha o a esta.

    17. Cuando desalojó el Inmueble, Irizarry se llevó el
        automóvil, muebles de sala y comedor, lavadora y
        secadora, nevera, algunos objetos de la vajilla, ollas y
        platos, y algunas piezas de ropa. Testimonio de
        Irizarry y Estipulaciones Sobre Hechos y Documentos
        (11/3/2019). No se ofreció evidencia competente del
        valor del carro ni de los muebles y enseres.

    18. No le avisó a Cuadrado cuando desalojó la propiedad
        ni le devolvió las llaves. Testimonios de Cuadrado e
        Irizarry.

    19. Durante 2013 y parte del 2014, pesaba una Orden de
        Protección contra Cuadrado.        Testimonio de
        Cuadrado.

    20. Cuadrado tomó posesión del Inmueble en o alrededor
        de agosto de 2015, encontró que faltaban gran parte
        del mobiliario y equipo, y procedió a cambiar los
        candados. Testimonios de Cuadrado y Hoffman.
        Cuando Cuadrado tomó posesión del Inmueble, aún
        estaba allí la estufa, y un chinero, cuyo valor no se
        estipuló ni evidenció. Exhibit 3(a) del Demandante.

    21. No fue hasta el 3 de enero de 2018 que Irizarry solicitó
        que se le compensara su parte proporcional de la
        renta. Véase, Moción Reclamando Créditos Por
        Concepto de Rentas.

    22. En agosto de 2015, Irizarry retiró propiedad adicional
        del Inmueble, bajo una orden del de [sic] recoger
        pertenencias      personales.    Llevándose    efectos
        personales y una secadora de cabello del salón de
        belleza. Exhibit 2A del Demandante, Testimonio de
        Irizarry, y Estipulaciones Sobre Hechos y Documentos
        (11/3/2019). Estos tampoco fueron valorados.

      Así las cosas, el 17 de marzo de 2023, el foro a quo dictó la

Sentencia que hoy revisamos. Mediante la misma, dispuso lo

siguiente:
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      En virtud de lo anterior, se dicta Sentencia para la
      liquidación de la comunidad posganancial, disponiendo
      que Cuadrado deberá retener la titularidad del
      inmueble y deberá pagar a Irizarry la suma de
      $33,218.75 por el valor de su participación en la
      comunidad, más intereses al tipo legal del 8% anual,
      según fijado por la Oficina del Comisionado de
      Instituciones Financieras, acumulados desde el 1 de
      febrero de 2018 y hasta que [SIC] se satisfecha la
      Sentencia. Regla 44.1 de Procedimiento Civil. No se [sic]
      proceden las costas ni honorarios de abogados.

      El TPI determinó que la comunidad posganancial participó en

la plusvalía de su crédito o inversión en el inmueble que fue

adquirido por el señor Cuadrado Padilla en un 62.5% con la herencia

que le dejaron los abuelos y la donación que le hiciera el señor

Fernández Padilla, y en un 37.5% con dinero de la Sociedad Legal

de Gananciales. Además, el tribunal de instancia concluyó que,

durante el matrimonio, el señor Cuadrado Padilla y la señora Irizarry

Santos hicieron mejoras al mencionado inmueble que incidieron

sobre su valor. Así, expresó que la comunidad posganancial

participó en el valor que dichas mejoras aportaron al inmueble

concernido. En consecuencia, el tribunal determinó que el crédito

de la señora Irizarry Santos ascendió a $33,218.75 es decir, la mitad

de la inversión posganancial con su plusvalía.

      En consonancia con lo anterior, el TPI expresó que las partes

del caso testificaron que el matrimonio construyó un salón de

belleza en la parte inferior de la casa. Añadió que dicha área de

construcción añadida al inmueble incidió en su valor según la

tasación. Además, el foro primario particularizó que no se ofreció

evidencia competente de los equipos y mobiliarios del salón de

belleza que, a la fecha el divorcio, habían depreciado 12 años.

      Asimismo, el TPI dispuso que:

      Irizarry admite que se llevó los muebles de sala,
      comedor, lavadora y secadora que pertenecían a la
      sociedad de gananciales. Sin embargo, Cuadrado retuvo
      la estufa y un chinero cuyo valor no surge del
      expediente. Por lo cual se nos hace imposible concluir
      si alguno de los cónyuges retuvo un valor mayor de los
      bienes muebles. En cuanto a los equipos que Irizarry
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        alega haber dejado en la propiedad y que Cuadrado
        alega habían desparecido cuando él tomó posesión, no
        se ha presentado evidencia que nos permita atribuir la
        desaparición de estos a alguna de las partes.

        Irizarry testificó que utilizó dinero privativo de una
        herencia para hacer mejoras a la propiedad. Sin
        embargo, los elementos que describió (gabinetes de
        cocina, abanicos de techo, tablillas y puertas de
        armario) no constituyen mejoras capitales sino equipos
        y mobiliarios cuyo reemplazo forma parte del
        mantenimiento de una casa. Aun cuando ese equipo o
        mobiliario fuera privativo de ella y permaneciera en
        parte en el Inmueble, no se nos ha traído evidencia del
        valor de estos. Irizarry también testificó que compró con
        dinero privativo las losas con las cuales se enchapó el
        baño de la primera planta, pero no aportó evidencia que
        nos permita cuantificar cómo esas losas inciden sobre
        el valor del Inmueble.

        Tampoco se ofreció evidencia del valor de renta del
        Inmueble. Sin embargo, los intereses sobre el valor de
        la participación de Irizarry en el Inmueble representan
        el valor de explotación o uso de ese capital. Por lo cual
        procede adjudicárselos a partir de que ella reclamó el
        pago de rentas. En cuanto a cualquier otro periodo en
        que Cuadrado o Irizarry hayan gozado del uso exclusivo
        del Inmueble, aplica la presunción que el comunero
        consintió tácitamente a que el otro comunero ocupara
        el bien común.

        En desacuerdo con la antedicha decisión, el 4 de abril de

2023,     el   señor   Cuadrado    Padilla   instó   una   moción    de

reconsideración. Analizado el escrito, el 11 de abril de 2023, el TPI

emitió una Resolución en la cual declaró Sin Lugar la solicitud de

reconsideración.

        Aún inconforme, el señor Cuadrado Padilla acude ante este

Tribunal de Apelaciones. Mediante su recurso, alega que el foro

primario cometió los siguientes errores:

        Erró el Honorable TPI al dictar sentencia imponiendo
        intereses a partir del 1 de febrero de 2018 contrario a lo
        dispuesto en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de
        Puerto Rico.

        Erró el Honorable TPI en su apreciación de la prueba al
        dictar sentencia en contrario a lo que demuestra la
        prueba documental y testifical en cuanto a que la
        propiedad inmueble es un bien privativo aportado al
        matrimonio por el apelante y no le pertenece a la
        sociedad de gananciales en un 37.5 por ciento por lo
        que el Tribunal estaría impedido de distribuir la
        plusvalía del bien inmueble sin tener conocimiento del
        valor en el mercado de dicho bien cuando fue adquirido
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      el 25 de febrero de 1997 y utilizando valores
      arancelarios de la escritura y equiparar los mismos con
      el valor en el mercado de la propiedad y máxime porque
      no procede en derecho.

      Erró el Honorable TPI al descartar el testimonio del
      perito para asignar un porciento hipotético para otorgar
      un valor monetario del bien inmueble privativo y dejar
      de atribuir los créditos correspondientes a la parte
      demandada de epígrafe.

      El 10 de octubre de 2023, el apelante presentó su alegato

suplementario. La apelada presentó su alegato en oposición el 7 de

noviembre de 2023. Con el beneficio de la comparecencia de todas

las partes, procedemos a resolver.

                                  II

                                 A.

      Es sabido que, tanto las determinaciones de hechos, como la

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y el valor

probatorio que le otorga el Tribunal de Primera Instancia a la

evidencia presentada, son merecedoras de gran deferencia. SLG

Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015). Su

razón de ser estriba en que es el foro sentenciador el que ha tenido

el beneficio de escuchar y observar el demeanor de los testigos.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). En

nuestro   ordenamiento    jurídico,    “ante   la   ausencia   de   error

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece la

intervención de los tribunales apelativos para revisar la apreciación

de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones

de hechos formuladas por el Tribunal de Primera Instancia”.

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). No

obstante, dicho principio no es uno absoluto.

      Recientemente, nuestro más Alto Foro reiteró que el juzgador

incurre en pasión, prejuicio o parcialidad cuando actúe movido por

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones,

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que
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no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala

e incluso antes de que someta prueba alguna. Ortiz Ortiz v.

Medtronic, 209 DPR 759, 779 (2022), citando Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, supra, a la pág. 782.

      Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico destacó

que el error manifiesto ocurre cuando el foro apelativo queda

convencido de que se cometió un error, a pesar de que haya

evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del tribunal,

porque existe un conflicto entre las conclusiones y el balance más

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida.

Íd. Por consiguiente, se ha establecido que cuando los foros

apelativos percibimos la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto no estamos compelidos a abstenernos, por lo que

bajo estas instancias poseemos autoridad para intervenir. SLG

Torres-Matundan v. Centro Patología, supra; Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, supra, a las págs. 770-771; González Hernández v.

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Muñiz Noriega

v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 (2010); Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810-811 (2009); Serrano Muñoz v.

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).

      Del mismo modo, este foro apelativo se encuentra en igual

condición que el TPI para evaluar la evidencia documental y pericial.

González Hernández v. González Hernández, supra, a la pág. 777.

Es decir, estamos autorizados a adoptar nuestro propio criterio al

momento de evaluarla. En Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169

DPR 273, 297 (2006), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó

que los tribunales apelativos “[t]enemos plena libertad de adoptar

nuestro propio criterio en la apreciación de la prueba pericial.

Incluso,   podemos     descartarla,   aunque    resulte   técnicamente

correcta”. Por consiguiente, los foros revisores poseen la facultad de

examinar y evaluar la prueba pericial según estimen prudente. Cruz
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Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 495 (2022);

González Hernández v. González Hernández, supra.

                                  B.

      La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3,

versa sobre la fijación del interés legal postsentencia y por

temeridad. Esta dispone lo siguiente:

   (a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la
       Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de
       Instituciones Financieras, y que esté en vigor al
       momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia de
       dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia
       que ordena el pago desde la fecha en que se dictó y
       hasta que ésta sea satisfecha, incluso las costas y los
       honorarios de abogado. El tipo de interés se hará
       constar en la sentencia.

      La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de
      interés por sentencia, tomando en consideración el
      movimiento en el mercado y con el objetivo de
      desalentar la presentación de demandas frívolas, evitar
      la posposición irrazonable en el cumplimiento de las
      obligaciones existentes y estimular el pago de las
      sentencias en el menor tiempo posible.

   (b) El tribunal también impondrá a la parte que haya
       procedido con temeridad el pago de interés al tipo que
       haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla
       y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia
       desde que haya surgido la causa de acción en todo caso
       de cobro de dinero y desde la presentación de la
       demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la
       fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la
       cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte
       demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto
       Rico, sus municipios, agencias, dependencias
       funcionarios o funcionarias en su carácter oficial. El
       tipo de interés se hará constar en la sentencia.

      Así, la mencionada Regla establece dos (2) tipos de intereses

legales: el interés postsentencia, que se refiere al tipo de interés que

se impone a favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que

ordenen el pago de dinero. Éste se computa sobre la cuantía de la

sentencia, incluyendo las costas y los honorarios de abogado, y se

fija desde la fecha en que se dicte la sentencia hasta que ésta se

satisface. Gutiérrez v. A.A.A., 167 DPR 130, 136-137 (2006).

      De otra parte, el interés por temeridad, el cual se impone

cuando convergen los dos requisitos siguientes: que la parte haya
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procedido temerariamente y que se trate de un caso sobre cobro de

dinero o daños y perjuicios. Lameiro v. Dávila, 103 DPR 834, 841

(1975). Éste se fija sobre la suma principal de la sentencia dictada

sin incluir las costas ni los honorarios de abogado. El interés por

temeridad se calcula dependiendo de la reclamación de que se trate:

en los casos de cobro de dinero, se computa desde que surge la

causa de acción, y en el caso de daños y perjuicios se hará a partir

de la presentación de la demanda. Gutiérrez v. A.A.A., supra, pág.

137; Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 424-425 (2002).

                                      C.

       La figura de la sociedad legal de gananciales se identifica como

una entidad separada y distinta de los cónyuges que la componen.

Cruz Viera v. Registrador, 118 DPR 911, 914 (1987). El régimen de

gananciales prevaleciente reconoce, como axioma básico, el

patrimonio individual de cada cónyuge separado del de la sociedad.

Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 DPR 549, 554 (2004),

citando a García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 336 (1978).2 En

Ex parte García, 54 DPR 503, 507 (1939), el Tribunal Supremo de

Puerto Rico expresó que:

       No existe ningún precepto legal que impida que una
       finca perteneciente en parte a uno de los cónyuges y en
       parte a la sociedad de gananciales se inscriba en el
       registro de la propiedad, expresando desde luego la
       parte proporcional correspondiente a cada una de las
       dos distintas entidades.

       En estas circunstancias, no existe impedimento en que una

persona adquiera una parte de una finca como bien privativo y otra

parte como ganancial. Mercado Riera v. Registrador, 95 DPR 86, 95

(1967). Así, lo que surge es la figura de la comunidad ordinaria que

habrá de regirse “por la normativa de la comunidad de bienes,

concurriendo a la misma, de una parte, la pareja colectivamente y,

2 El Código Civil de 1930 fue derogado por el Código Civil de 2020. Sin embargo,
los hechos del caso de autos ocurrieron con anterioridad a la vigencia del nuevo
Código, por lo que le aplica la jurisprudencia bajo el código de 1930.
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de otra, el esposo o esposos titulares individuales”. Universal

Funding Corp. v. Registrador, supra, citando a Rovira Tomás v. Srio.

de Hacienda, 88 DPR 173, 176 (1963).3

                                      III

       En primer orden, atenderemos el señalamiento de error traído

por el apelante sobre la imposición de intereses presentencia. Según

expuesto, el interés presentencia surge cuando el Tribunal de

Primera Instancia determina que una parte incurrió en temeridad,

conforme se desprende de la Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil,

supra. En el caso de autos, el foro a quo impuso intereses al tipo

legal del 8% anual, acumulados dese el 1 de febrero de 2018, fecha

en que la apelada exigió el pago de renta del inmueble en

controversia. De la transcripción de la prueba oral y de la Sentencia

se desprende que ninguna parte incurrió en temeridad. Cuando una

parte exige el canon de renta, esta tiene que presentar evidencia que

justifique la suma, y del expediente surge que la apelada no aportó

evidencia alguna del canon de renta. Ante ello, entendemos que

abusó de su discreción el foro a quo, toda vez que no procede

imponer el pago del interés legal a una renta que además no se sabe

su cuantía. Lo que correspondía era imponer el interés legal

postsentencia, el cual es parte integral de las sentencias dictadas y

pueden cobrarse aun cuando nada se haya dispuesto en una

sentencia. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 181

(1996).

       En su segundo señalamiento de error, el apelante imputó

error al foro primario al decretar que le pertenece un 37.5% del

inmueble a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. No le asiste la

razón. De los hechos se desprende que el bien inmueble objeto de

esta reclamación le fue dejado en herencia en un 45.83%, un

3 Véase, además, Comentarios a las reformas del derecho de familia, Madrid, Ed.

Tecnos, 1984, Vol. II, pág. 1,629.
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16.67% donación, por lo que el restante 37.5% tuvo que adquirirlo

mediante compraventa. El dinero para comprar ese porciento fue

adquirido mediante un préstamo, en el cual se obligaron ambos

cónyuges, haciendo este uno ganancial. Según expuesto, el TPI

calculó el valor de la participación de la apelada en la comunidad en

$33,218.75 y dispuso que la titularidad del inmueble se le

adjudicaría al apelante. En síntesis, a tenor con el derecho discutido

y a base de los hechos del caso bajo examen, es claro que procede

otorgar ese valor a la apelada por su participación en la Sociedad

Legal de Bienes Gananciales.

       En su tercer señalamiento de error, el apelante imputó error

al foro primario al este descartar el testimonio del perito para

asignar un porciento hipotético para otorgar un valor monetario del

bien   inmueble      privativo    y   dejar    de   atribuir    los   créditos

correspondientes a la apelada. Tampoco le asiste la razón.

Examinada la transcripción de la prueba oral, surge claramente que

el TPI no descartó el testimonio del perito estimador de costos de

construcción.4 Lo que no se admitió en evidencia fue el informe de

estimado de costos de construcción preparado por el perito Cintrón.

Se desprende de la transcripción de la prueba oral que la juzgadora

de los hechos apoyó su decisión en que las bases fácticas en las que

el perito descansó su opinión no estaban en evidencia y por las

razones que expresó el apelante, entiéndase en que el informe del

perito era uno incompleto, carecía de los “ítems” que el perito no

recogió en su informe y que los costos incluidos en este documento

eran unos estimados entre el 1997 al 2017 sin especificar en qué

año se construyó cada cosa en el inmueble.5

4 “Con la anuencia de la parte demandada, se le califica como perito en temas de

la estimación de la construcción.” Véase Transcripción de la Prueba Oral (TPO)
pág. 311.
5 Véase TPO págs. 345-346 y 348.
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                                 IV

      Por los fundamentos que preceden, se modifica la Sentencia

apelada, a los únicos efectos de eliminar la disposición de los

intereses legales del 8% anual, acumulados desde el 1 de febrero de

2018 y hasta que se satisfaga la Sentencia. En consecuencia,

procede imponer los intereses postsentencia correspondientes.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

      La juez Barresi Ramos concurre con el resultado sin opinión

escrita.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones