Court Opinion

ID: 9916121
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:12.771881+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:05.643366
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

                                                      Certiorari
    ROLANDO RIVAS                                     procedente del
       CALZADA                                        Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
         Recurrido                                    Superior de
                                                      Bayamón
             v.
                                                      Caso Núm.:
                                   KLCE202301036      DDP2016-0090
CPG REAL ESTATE, CPG                                  (701)
  ISLAND SERVICING;
 FULANO DE TAL, DBR
 DORADO OWNER LLC;                                    Sobre:
DORADO BEACH GOLF                                     DAÑOS Y
  MANAGEMENT, LLC;                                    PERJUICIOS
   ASEGURADORA A;
   ASEGURADORA B

      Peticionario
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2023.

      Comparece ante nos, Dorado Beach Golf Management, LLC

(Dorado Beach) y nos solicita que revisemos la Resolución y Orden

emitida el 28 de junio de 2023 y notificada 30 de junio de 2023, por

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón.

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Sentencia Sumaria que presentó Dorado Beach.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación, se expide

el auto de certiorari y se confirma la Resolución y Orden recurrida.

                                    I.

      Según surge del expediente ante nos, el 11 de febrero de 2016,

Rolando Rivas Calzada (Rivas Calzada) presentó una Demanda

contra   Dorado        Beach   y    otros,   sobre   daños   y   perjuicios.

Oportunamente, el 21 de julio de 2017, Rivas Calzada presentó una

Demanda Enmendada para incluir como demandados a DBR

Dorado Owner, LLC y Mengana de Cual. El 29 de agosto de 2017,

Número Identificador
SEN2023__________________
KLCE202301036                                                        2

el TPI permitió la enmienda solicitada.      Así las cosas, el 20 de

septiembre de 2019, la Rivas Calzada solicitó permiso para

enmendar nuevamente la demanda, con el propósito de sustituir el

nombre de Mengana de Cual por Dorado Beach.

      Luego de varios incidentes procesales, el 11 de abril de 2022,

Dorado Beach presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

mediante la cual solicitó que se desestimara la causa de acción

presentada en su contra, por haberse presentado la misma fuera del

término prescriptivo. En la alternativa, solicitó que dictara sentencia

y determinara que la inmunidad patronal impide que se considere

que en el caso de autos hay solidaridad entre la parte peticionaria y

la codemandada DBR Dorado Ownwer, LLC. (DBR), así como entre

la parte peticionaria y Luxury Hotels International of Puerto Rico,

Inc. (Luxury Hotels).

      Consecuentemente, el 17 de mayo de 2022, Rivas Calzada

presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial,

mediante la cual solicitó que declarase No Ha Lugar la Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial que presentó Dorado Beach. Así, el 22 de

noviembre de 2022, notificada el 28 de noviembre de 2022, el TPI

emitió una Resolución mediante la cual declaró Con Lugar la

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial que presentó

Rivas Calzada. A esos efectos, el Tribunal dispuso lo siguiente: “[e]l

Tribunal determina que la causa de acción no está prescrita en

cuanto a Dorado Beach Golf Management, LLC conforme ya el

Tribunal había establecido en Resolución emitida el 3 de julio de

2020. Se incorporan a esta Resolución los argumentos presentados

por la parte demandante en la Oposición”. Es decir, mediante dicha

Resolución el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria que

presentó Dorado Beach.

      Inconforme, el 13 de diciembre de 2022, Dorado Beach

presentó una Moción en Torno a Resolución y Orden de 22 de
KLCE202301036                                                           3
noviembre de 2022. En su escrito, entre otras cosas, la parte

peticionaria   solicitó   que   el   TPI   dictara   una   resolución   de

conformidad con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, en la

cual enumerara los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales

no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes

que están realmente y de buena fe controvertidos.

      El 2 de febrero de 2023, notificada el 6 de febrero de 2023, el

TPI emitió una Resolución y Orden mediante la cual declaró No Ha

Lugar la Moción en Torno a Resolución y Orden de 22 de noviembre

de 2022, que presentó la parte peticionaria. Oportunamente, el 8 de

marzo de 2023, Dorado Beach presentó ante este Tribunal un

Recurso de Certiorari y/o Mandamus. El 31 de marzo de 2023, este

Tribunal emitió una Sentencia mediante la cual se revocó la

determinación del foro recurrido y se le ordenó que realizara una

resolución con las determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho.

      Devuelto el caso al foro de instancia, el 28 de junio de 2023,

el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar

la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial que presentó Dorado

Beach. En su Resolución, el TPI determinó que los hechos probados

que presentó Dorado Beach como parte de su solicitud de sentencia

sumaria están relacionados a su solicitud de desestimar el pleito por

prescripción y en su consecuencia, estos hechos ya fueron

adjudicados por el tribunal mediante Resolución el 3 de julio de

2020, por lo que nada tenía que resolver al respecto. Añadió que,

con relación a las alegaciones sobre el porcentaje de daño, en ese

momento el Tribunal no estaba en posición de hacer dicha

determinación.

      El 17 de julio de 2023, Dorado Beach presentó una Solicitud

de Reconsideración, de Determinaciones de Hecho y Derecho

Adicionales y de Enmienda a Determinaciones de Hecho. Así, el 4 de

agosto de 2023, Rivas Calzada presentó la correspondiente

oposición a la solicitud de reconsideración. El 21 de agosto de 2023,
KLCE202301036                                                         4

el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar

la solicitud de reconsideración que presentó la parte peticionaria.

      Insatisfecho con esa determinación, el 20 de septiembre de

2023, Dorado Beach presentó un Recurso de Certiorari ante este

Tribunal y alegó la comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el TPI al determinar que la
      compareciente no podía presentar una Solicitud de
      Sentencia Sumaria por Prescripción basada en
      evidencia obtenida durante el descubrimiento de
      prueba, porque previamente, antes de comenzado el
      mismo, presentó una Solicitud de Desestimación
      basada meramente en que de las alegaciones
      incluidas en la Demanda surgía que la misma estaba
      prescrita (sin acompañar prueba alguna) y, en
      atención a la misma, el TPI “emitió una resolución
      resolviendo que el pleito no prescribió en contra de
      Dorado Beach, {la cual} es ya final y firme”. Lo
      anterior, en abstracción del derecho que establece
      claramente las diferencias entre una Solicitud de
      Desestimación y una Solicitud de Sentencia
      Sumaria, así como de la propia resolución señalada,
      la cual establece meramente que “al examinar el
      expediente en su totalidad, debemos tomar como
      cierto que la parte demandante, el señor Rivas, se
      enteró el 12 de agosto de 2019, que el codemandado,
      Dorado Beach, era la compañía que le daba
      mantenimiento a los carritos de golf”.

      SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al no formular como
      hechos probados los consignados en la Solicitud de
      Sentencia    Sumaria     presentada,   los    cuales
      demuestran que la parte demandante se enteró que
      la compareciente era la compañía que le daba
      mantenimiento al carrito de golf objeto de la
      Demanda (12 de agosto de 2019), 5 años y medio
      después de que ocurrió el accidente en cuestión (18
      de febrero de 2014) debido a su propia inacción,
      dejadez y negligencia, y que además: (i) no fueron
      controvertidos por la parte demandante; y (ii) están
      sustentados en transcripciones de deposiciones y
      otra prueba admisible en evidencia. Lo anterior, en
      abstracción de la Sentencia emitida previamente
      por este Honorable Tribunal y de la doctrina del
      “sham affidavit” adoptada en SLG Zapata Berrios v.
      J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414
      (2013).

      TERCER ERROR: Erró el TPI al no desestimar la
      Demanda por prescripción, de conformidad con la
      prueba incontrovertida presentada que demuestra
      que la parte demandante se enteró que la
      compareciente era la compañía que le daba
      mantenimiento al carrito de golf objeto de la
      Demanda (12 de agosto de 2019), 5 años y medio
      después de que ocurrió el accidente en cuestión (18
      de febrero de 2014) debido a su propia inacción,
      dejadez y negligencia, lo anterior, en abstracción del
      derecho que establece claramente que el reclamante
KLCE202301036                                                      5
      en una acción de daños y perjuicios debe ser
      diligente en investigar la identidad del causante de
      los daños alegados, y que incluso de ello dependerá
      cuando comenzará a transcurrir el término
      prescriptivo para ejercitar la acción.

      Examinado el Recurso de Certiorari, el 28 de septiembre de

2023, este Tribunal emitió una Resolución concediéndole un término

de veinte (20) días a la parte recurrida para que presentara su

posición al recurso. El 19 de octubre de 2023, la parte recurrida

presentó un Alegato de la Parte Recurrida. Contando con el beneficio

de la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                              II.

A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023); 800 Ponce de León

Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176

DPR 913, 917 (2009). En particular, es un recurso mediante el cual

se solicita la corrección de un error cometido por un foro inferior.

Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la

determinación de expedir o denegar un recurso de certiorari está

enmarcada en la discreción judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG,

supra. No obstante, la discreción judicial para expedir o no el auto

de certiorari solicitado no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos

parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:
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      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

      A.     Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida
      a diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.
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       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de    la     discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

B. Sentencia Sumaria

       Como es sabido, la Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) regula todo lo relacionado a la moción de sentencia sumaria.

Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y otros, 2023

TSPR 80, 212 DPR __ (2023). Dicho mecanismo procesal es utilizado

en aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de

hechos materiales y que, por consiguiente, la celebración de un

juicio en su fondo no es necesaria en la medida que solo resta por

dirimir determinadas controversias de derecho. Íd. Véase, además,

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 334 (2021).
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      El propósito que persigue el mecanismo de la sentencia

sumaria es que los pleitos civiles sean solucionados de forma justa,

rápida y económica. González Meléndez v. Municipio de San Juan,

2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023). Véase, además, Acevedo Arocho

y otros v. Departamento de Hacienda y otros, supra; SLG Fernández-

Bernal v. RAD-MAN et al., supra. Véase, además, Rodríguez Méndez

et al. v. Laser Eye Surgery, 195 DPR 769, 785 (2016). Por tanto,

quien promueva la sentencia sumaria deberá establecer su derecho

con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre

algún hecho material. Así, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil (32

LPRA Ap. V), establece cual será el contenido y los requisitos de

forma que deberán observarse tanto en la solicitud de sentencia

sumaria que inste la parte promovente, como en la oposición que

pueda presentar la parte promovida. Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda y otros, supra; León Torres v. Rivera

Lebrón, 204 DPR 20, 43 (2020).

      Por ser la sentencia sumaria un remedio discrecional, el

principio rector para el uso de este mecanismo es el sabio

discernimiento del juzgador, ya que mal utilizada puede privar a una

parte de su día en corte, principio elemental del debido proceso de

ley. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Así pues, un

tribunal podrá emitir una sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones,   contestaciones,    interrogatorios   y   admisiones

ofrecidas, junto a las declaraciones juradas – según fueran ofrecidas

– surge que no existe una controversia real sustancial en cuanto a

ningún hecho material, restando entonces resolver la controversia

en estricto derecho. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra; Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.

      Nuestro máximo Foro ha sido enfático en que, el hecho de que

la parte promovida no presente prueba que controvierta la evidencia

presentada por la parte promovente de la moción de sentencia
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sumaria, no implica que dicha moción procederá automáticamente

si efectivamente existe una controversia sustancial sobre hechos

materiales. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra. Ahora

bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que una

moción de sentencia sumaria no procederá cuando: (1) existen

hechos materiales controvertidos (2) hay alegaciones afirmativas en

la demanda que no han sido refutadas (3) surge de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

sobre algún hecho material o (4) como cuestión de derecho no

procede. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra. Véase, además, SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et

al., supra; Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 333-334 (2004).

      De igual forma, el mecanismo de sentencia sumaria no es

utilizable cuando existen controversias de hechos materiales sobre

elementos    subjetivos   de   intención,   propósitos    mentales    o

negligencia. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra. Véase, además, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao,

197 DPR 656 (2017); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219

(2010); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).

      Finalmente, hay que señalar que al momento de atender una

solicitud de revisión de sentencia sumaria los foros apelativos

estamos llamados a “examinar el expediente de novo y verificar que

las partes cumplieron con las exigencias” pautadas en las Reglas de

Procedimiento Civil. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

supra; Rivera Matos et al. v. ELA, 204 DPR 1010, 1025 (2020). Según

ha establecido el Tribunal Supremo, este Tribunal está limitado a:

(1) considerar los documentos y argumentos que se presentaron

ante el foro primario (lo cual implica que, en apelación, los litigantes

no pueden añadir prueba que no fue presentada oportunamente

ante el tribunal de instancia ni esbozar nuevas teorías); (2)

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos
KLCE202301036                                                                10

materiales y esenciales, y (3) determinar si el derecho de aplicó de

forma correcta. González Meléndez v. Municipio de San Juan, supra.

Así pues, los foros apelativos estamos en la misma posición que los

tribunales de instancia y se utilizan los mismos criterios para

evaluar una solicitud de sentencia sumaria. Íd.

C. Prescripción

       El Artículo 1868 del Código Civil (31 LPRA ant. sec. 5298)1

dispone que las acciones para exigir responsabilidad civil por las

obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o negligencia

prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el

agraviado. La prescripción es una institución de derecho sustantivo,

no procesal, que constituye una de las formas de extinción de las

obligaciones. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR

120, 213 DPR ___ (2023); Westerbank v. Registradora, 172 DPR 71

(2007). Véase, además, Galib Franaie v. El Vocero, 138 DPR 560

(1995). Dicho de otro modo, la prescripción es una de las formas

mediante las cuales una obligación pierde su vigencia. Westerbank

v. Registradora, supra. Cónsono con la teoría cognitiva del daño, este

plazo comienza desde el momento en que el agraviado conoce del

daño y su causante, momento desde el cual puede ejercitar su

acción. San Juan v. Bosque Real SE, 158 DPR 743 (2003).

       "[E]l propósito de la prescripción es fomentar el pronto

reclamo de los derechos, a la misma vez que se procura la

tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una acción

civil en su contra [y se elimina] la incertidumbre de las relaciones

jurídicas […]". Umpierre Biascoechea v. Banco Popular de Puerto

Rico, 170 DPR 205 (2007). Sobre el momento en que comienza el

término de prescripción para ejercer una acción personal, el Artículo

1869 del Código Civil (31 LPRA ant. sec. 5299) dispone lo siguiente:

1 Cualquier mención subsiguiente al Código Civil de Puerto Rico se entenderá que

es a su edición de 1930 aplicable a los hechos del caso de autos.
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"[e]l tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando

no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará

desde el día en que pudieron ejercitarse". Ojeda v. El Vocero de PR,

137 DPR 315 (1997).

      Cónsono con lo anterior, el Artículo 1869 del Código Civil,

supra, establece que el plazo hábil para el ejercicio de toda clase de

acciones comienza a contar desde que éstas puedan ejercitarse. Así

pues, al interpretarse conjuntamente las disposiciones de los

Artículos 1802, 1868 y 1869 del Código Civil, supra, surge que el

término durante el cual puede ejercitarse toda acción de daños y

perjuicios comienza a partir del momento cuando el perjudicado

conoce sobre del daño que ha sufrido.

      Por otro lado, en Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740,

(1992), el Tribunal Supremo expresó que:

       Como se podrá observar, la prescripción es un fenómeno
       basado en la inercia, mientras que la interrupción está
       basada en la actividad, la ruptura de esa inercia. De
       acuerdo con Orozco Pardo, la "interrupción, suspensión y
       renuncia, son los componentes que hacen justa y moral a
       la prescripción" Orozco Pardo, Guillermo, La Interrupción
       de la Prescripción Extintiva en el Derecho Civil, Cap. III,
       pág. 59, Granada (1986). Cabe señalar "que la
       prescripción extintiva está basada en una presunción
       'iuris tantum' de abandono, que admite prueba en
       contra, la existencia de una voluntad manifestada y
       probada, contraria a la prescripción, destruye aquella
       presunción, quedando impedida su consumación”.
       (Énfasis suplido).

D. Ley del caso

      En nuestro acervo jurídico “los derechos y obligaciones

adjudicadas en el ámbito judicial, mediante dictamen firme,

constituyen la ley del caso”. MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152

DPR 599, 606 (2000) (citando a In re: Tormos Blandino, 135 DPR 573

(1994)). Esta doctrina, más que constituir un mandato inflexible,

recoge la costumbre deseable de respetar como finales aquellas

controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal

dentro de un caso. Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto, 130

DPR 749, 754 (1992).
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      En Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005), nuestro

Tribunal Supremo expuso que “las determinaciones de un tribunal

apelativo constituyen la ley del caso en todas aquellas cuestiones

consideradas y decididas”. Íd., pág. 843 (citando a Secretario del

Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 (1967)). Dichos

pronunciamientos, de ordinario, “obligan tanto al tribunal de

instancia como al que las dictó si el caso vuelve a su consideración”.

Íd. Estos dictámenes judiciales, que constituyen la ley del caso,

incluyen todas aquellas cuestiones finales consideradas y decididas

por el Tribunal.

      No obstante, esta doctrina procede, solamente, cuando exista

una decisión final de la controversia en sus méritos. Cacho Pérez v.

Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 10 (2016). Por consiguiente, las

controversias previamente dirimidas y adjudicadas por el foro

primario o por un tribunal apelativo no pueden reexaminarse. Íd.,

pág. 9. Es decir, dichos asuntos no se pueden reevaluarse, pasado

el periodo provisto para la reconsideración y para la revisión, a

menos que las determinaciones previas sean erróneas o puedan

causar una grave injusticia. In re Fernández Díaz, 172 DPR 38, 43-

44 (2007).

      El Tribunal Supremo ha dicho que los Tribunales de Primera

Instancia “deben realizar el esfuerzo máximo posible por evitar la

emisión de dictámenes contradictorios e inconsistentes”. Núñez

Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992). Así, se garantiza

un trámite ordenado de los litigios, y la estabilidad y la certeza de

los derechos y obligaciones de las partes. En resumen, las órdenes

y resoluciones emitidas por un tribunal, mediante las cuales

resuelve en los méritos el asunto traído a su atención, se consideran

finales y firmes, convirtiéndolos en la ley del caso, una vez haya

transcurrido el periodo provisto para la reconsideración y para la
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revisión por un tribunal de mayor jerarquía, sin que éstas sean

modificadas o revocadas.

                               III.

      Examinado el recurso de marras, a la luz de la Resolución y

Orden emitida por el TPI el 28 de junio de 2023 y notificada el 30 de

junio de 2023, confirmamos el dictamen recurrido. Veamos.

      Al examinar cautelosamente el trámite procesal del caso y al

hacer nuestra revisión de novo de la determinación del Tribunal de

Primera Instancie, específicamente, la Resolución y Orden emitida el

28 de junio de 2023, no encontramos indicio de que el foro recurrido

haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al

ejercer su discreción, o cometido algún error de derecho. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, supra.

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689,

709 (2012).

      En el caso ante nos, el TPI tuvo la oportunidad de evaluar la

Solicitud de Sentencia Sumaria que presentó la parte peticionaria y

declaró No Ha Lugar la misma. Consecuentemente, mediante la

Resolución y Orden recurrida realizó las determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho que entendió procedentes, de conformidad

con la Sentencia que emitió este Tribunal el 31 de marzo de 2023,

las cuales adoptamos para propósitos de esta Sentencia. Así pues,

con tal proceder el foro primario actuó dentro de su discreción y

conforme a derecho.

      En adición, es necesario resaltar que la controversia en torno

a la prescripción de la causa de acción en contra de Dorado Beach

fue atendida y resuelta por el TPI mediante Resolución emitida el 3

de julio de 2020, la cual es final y firme y constituye la ley del caso.

      En conclusión, luego de evaluar el recurso ante nuestra

consideración, a la luz de la totalidad del expediente y examinado el

marco jurídico, resolvemos que no se ha producido ninguna

circunstancia que nos mueva a revocar la determinación a la que

arribó el foro de instancia. Así, resolvemos confirmar el Recurso de
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Certiorari solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos

que nos motiven a revocar la Resolución y Orden recurrida.

                             IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari y se confirma la Resolución y Orden recurrida. Devolvemos

el caso al foro de instancia para la continuación de los

procedimientos.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones