Court Opinion

ID: 9941445
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:36:49.635594+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.460672
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VIII

MAICO PROPERTIES, LLC.                        Apelación acogida
                                              como certiorari,
      Parte Recurrida                         procedente del Tribunal
                                              de Primera Instancia,
                                              Sala Superior de
             v.                 KLAN202301106 Bayamón

                                                    Caso Núm.:
ROSA IVETTE RODRÍGUEZ                               GB2020CV00655
PINTO, NILDA RODRÍGUEZ
 RAMÍREZ, JULIO PÉREZ                               Sala: 506
  RODRÍGUEZ, VÍCTOR
   PEREZ RODRÍGUEZ                                  Sobre:
                                                    División de Comunidad
     Parte Peticionaria                             de Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

      Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, el Sr. Víctor

Pérez Rodríguez (en adelante, el “señor Pérez Rodríguez” o el

“Peticionario”), mediante un mal denominado recurso de apelación, el cual

posteriormente acogimos como un auto de certiorari mediante Resolución

de 13 de diciembre de 2023. Nos solicitó la revocación de la Orden emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en

adelante, el “TPI”), el 2 de noviembre de 2023, notificada y archivada en

autos el 6 de mismo mes y año, en la que dejó sin efecto una vista pautada

para el 7 de noviembre de 2023.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos

el auto de certiorari y revocamos la Orden recurrida.

                                     I.

      El presente recurso tiene su génesis el 23 de octubre de 2020, con

la presentación de una “Demanda” de división de comunidad de bienes

hereditaria por parte de Julio E. Rodríguez Vázquez, Ivette M. Rodríguez

Número Identificador
SEN2024______________
KLAN202301106                                                                   2

Vázquez, Carlos M. Rodríguez Ramírez1 y Ada D. Rodríguez Ramírez, en

contra de Rosa I. Rodríguez Pinto, Nilda Rodríguez Ramírez, Julio Pérez

Rodríguez y Víctor Pérez Rodríguez.2 Alegaron ser dueños en común

proindiviso de cierta propiedad inmueble comercial sita en el Municipio de

Guaynabo, la cual interesaban dividir y liquidar. Informaron que el Sr. Efraín

Díaz Burgos, presidente de Maico Properties, LLC, (en adelante, el “señor

Díaz Burgos”, “Maico” o el “Recurrido”) estaba dispuesto a comprar la

propiedad e interesaba que se le hiciera un ofrecimiento por parte de todos

los dueños del inmueble y poder negociar un precio de venta.

       Luego de varios incidentes procesales, entre los cuales se encontró

el diligenciamiento del emplazamiento por edicto del señor Pérez

Rodríguez y una moción conjunta en la cual se expusieron las condiciones

de la venta, el 17 de mayo de 2022 las partes presentaron “Moción en

Conjunto Informando Estipulación”.3 Allí expusieron que luego de

transcurrido el tiempo pactado para el mercadeo de la propiedad, las partes

recibieron varias ofertas para la compra del inmueble en controversia.

Posterior a discutir las ofertas sometidas y de negociar el precio con los

ofertantes, las partes le sometieron al foro recurrido el acuerdo finiquitado

intitulado “Contrato de Promesa Bilateral de Compraventa de Bien

Inmueble”, a los fines de que éste le impartiere su aprobación.

       Entre los acuerdos arribados, indicaron que aceptaron la oferta de

Maico por la suma de $1,700,000.00 y que fijaron un depósito por la

cantidad de $85,000.00, el cual sería acreditado al precio de venta de la

propiedad y distribuido entre éstos en sus respectivas cuotas, quedando

consignado ante el TPI hasta la fecha del cierre. Asimismo, las partes se

comprometieron a suscribir una escritura de compraventa y a que, una vez

aprobada la misma, se sometieran al foro primario los costos que la

transacción conllevara para cada comunero, así como la distribución final

1  La Sra. Virginia Carrión Flores fue designada como Defensora Judicial del co-
demandante, Carlos Rodríguez Ramírez. Véanse, Entradas Núm. 29 y 30 de SUMAC.
2 Julio Pérez Rodríguez y Rosa Rodríguez Pinto renunciaron al diligenciamiento del

emplazamiento, conforme la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase,
Entrada Núm. 4 de SUMAC.
3 Véase, Entrada Núm. 32 de SUMAC.
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que correspondiera a cada uno, según sus respectivas cuotas de

participación en el inmueble.

       Así pues, solicitaron al tribunal de instancia que dictara sentencia,

convirtiendo el acuerdo en un contrato con aprobación judicial. Conforme

lo anterior, el 20 de mayo de 2022, enmendada nunc pro tunc el 5 de julio

de 2022, el TPI emitió una Sentencia en la que aprobó los términos allí

expresados, sujeto al fiel y estricto cumplimiento de todas las partes

con los compromisos, obligaciones y estipulaciones que entre sí y

que ante el tribunal asumieron. De igual forma, apercibió que “el

incumplimiento de las obligaciones acordadas dará lugar a las medidas y

procedimientos también acordados para el caso de incumplimiento de lo

pactado, más cualquier otra medida o sanción que el Tribunal pueda

entender apropiada conforme al incumplimiento, sus circunstancias y el

derecho aplicable”.4 En cumplimiento con la Sentencia, el 24 de mayo de

2022, las partes consignaron el depósito de $85,000.00, según acordado.

       El 23 de julio de 2022, Maico adquirió la totalidad de las

participaciones de las cuotas abstractas de la parte demandante para un

53. 3333333%, mediante el otorgamiento de cuatro (4) escrituras públicas.5

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2022, el señor Pérez Rodríguez

presentó, por derecho propio, “Moción en Solicitud de Desembolso de

Fondos Consignados”. Informó que el 1 de diciembre de 2022 vendió su

participación a Maico, a lo cual adjuntó copia de la Escritura Núm. 20 sobre

Compraventa de Participación de Cuota Abstracta Proindiviso, otorgada

ante el notario público Luis Enrique Cabán Muñiz.6 En vista de ello, solicitó

la suma de $8,500.00 correspondiente al pronto consignado el 24 de mayo

de 2022. No empece lo anterior, el foro recurrido emitió una Orden el 7 de

diciembre de 2022, en la que concedió un término de quince (15) días a la

parte demandante y demandada para presentar su posición. Ello puesto a

que no surgía del expediente la participación del Peticionario.

4 Véase, Sentencia y Sentencia Enmendada, Entradas Núm. 33 y 39, respectivamente, de

SUMAC.
5
  Véase, Entrada Núm. 42 de SUMAC.
6 Véase, Entrada Núm. 55 de SUMAC.
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         Luego de varios sucesos procesales impertinentes, el 26 de mayo

de 2023, Maico presentó “Moción en Cumplimiento de Orden”.7 En la

misma sostuvo que estaba de acuerdo con la solicitud del señor Pérez

Rodríguez, en cuanto a que los fondos consignados fueran retirados.

Expresamente indicó que la cuantía a la cual tenía derecho era de

$8,500.00.

         El 1 de agosto de 2023, el señor Pérez Rodríguez presentó

“Respuesta al Tribunal sobre la Respuesta del Abogado Luis Cabán

Mu[ñí]z Maico Properties LLC Fechada el 27 de mayo de 2023”.8 En

síntesis, reclamó la devolución de $3,800.00 que, alegadamente, fueron

retenidos por el Lcdo. Luis Cabán Muñiz, por cierta Declaratoria de

Herederos presentada ante el Tribunal. Asimismo, solicitó el reembolso de

los gastos de cierre según surgía en el acuerdo de la venta original y, por

último, que se cumpliera con la Sentencia de 20 de mayo de 2022,

enmendada nunc pro tunc el 5 de julio de 2022. El TPI emitió una Orden en

la misma fecha en la que ordenó al Peticionario a comparecer mediante

representación legal. Ante tal dictamen, el 1 de agosto de 2023, el señor

Pérez Rodríguez presentó una moción en la que requirió que se le

permitiera comparecer por derecho propio.9

         En vista de lo anterior, el foro a quo emitió una Orden el 9 de agosto

de 2023 en la que declaró “No Ha Lugar” la moción por derecho propio,

pues la misma no cumplió con la notificación requerida a todas las partes,

de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. A tono con ello, ordenó

el cumplimiento con la Orden de 1 de agosto de 2023. Entiéndase, que el

Peticionario compareciere representado por un abogado. Sin embargo, el

23 de agosto de 2023 el señor Pérez Rodríguez presentó nuevamente una

moción en la cual reiteró su solicitud de comparecer por derecho propio.

         Por tal motivo, el 25 de agosto de 2023 el foro recurrido citó a las

partes a una vista el 7 de noviembre de 2023 para determinar si procedía

la litigación por derecho propio del señor Pérez Rodríguez. Así las

7 Véase, Entrada Núm. 75 de SUMAC.
8 Véase, Entrada Núm. 93 de SUMAC.
9
    Véase, Entrada Núm. 95 de SUMAC.
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cosas, el 6 de noviembre de 2023 el tribunal de instancia emitió una Orden

en la que dejó sin efecto la vista señalada, por el caso contar con una

Sentencia final y firme, y de la cual no se presentó reconsideración ni

recurso de apelación.

       Inconforme con tal determinación, el 10 de noviembre de 2023, el

Peticionario presentó “Moción para Programar una Audiencia por

Incumplimiento del Contrato de Venta y en Descontinuación de una

Orden Judicial”.10 Allí, solicitó que se señalara una vista sobre el acuerdo

establecido en el “Contrato de Promesa Bilateral de Compraventa de Bien

Inmueble” y la Sentencia emitida en el caso. Además, reiteró su solicitud

de auto representarse y la devolución de los $3,8000.00. Finalmente, el

foro de instancia emitió una Orden el 10 de noviembre de 2023 en la que

dispuso: “Nada que proveer. El caso tiene una Sentencia Final”.

       En desacuerdo con tal proceder, el señor Pérez Rodríguez presentó

el recurso ante nuestra consideración mediante el cual solicitó que se deje

sin efecto la Orden del 10 de noviembre de 2023 y que se le conceda la

oportunidad de exponer su posición.

       El 13 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la que

acogimos el recurso como una petición de certiorari y concedimos un

término de diez (10) días a la Recurrida para presentar su alegato en

oposición.

       El 19 de enero de 2024, Maico presentó “Alegato en Oposición a

Certiorari”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                       II.

                                       A.

       El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una decisión

de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR

10Véase, Entrada Núm. 107 de SUMAC. Adicional, en misma fecha el señor Pérez
Rodríguez presentó “Moción” y “Moción en Solicitud de Retiro de Fondos Bajo la Ley
Núm. 69 de 14 de agosto de 1991”, véase Entradas Núm. 108 y 109 de SUMAC.
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391, 403 (2021). La característica distintiva de este recurso se asienta en

la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición

y adjudicar sus méritos. Rivera et. al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR

65, 212 DPR ___ (2023). Así, este solo se expedirá luego de justipreciar

los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40, y en aquellas instancias específicas que delimita la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. A esos efectos, la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, limita la autoridad de

este Tribunal de Apelaciones para revisar las órdenes y resoluciones

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia por medio del recurso

discrecional del certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición

reglamentaria, supra, dispone que:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable la justicia, al denegar la
       expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión. Íd.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata nuestra

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que

son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4

LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que debemos considerar al atender

una solicitud de expedición de un auto de certiorari.

       Dentro de este marco, el análisis del foro apelativo intermedio –al

momento de considerar los asuntos planteados mediante el recurso

de certiorari– no se efectúa en el vacío ni se aparta de otros parámetros.

Rivera et. al. v. Arcos Dorados et al., supra; 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 176 (2020). Las delimitaciones que imponen estas disposiciones

reglamentarias tienen como objetivo intrínseco prevenir la “dilación que
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causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser

planteadas a través del recurso de apelación”. Mun. Aut. De Caguas v. JRO

Construction, Inc. et al., 201 DPR 703, 712 (2019). Nótese que, distinto al

recurso de apelación, el auto de certiorari, por ser un recurso discrecional,

debe ser utilizado con cautela y por razones de peso.

       En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente

ha indicado que la discreción significa tener poder para decidir en una u

otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado ejercicio de la

discreción judicial está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto

de la razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones

emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción.

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

                                       B.

       En     nuestro   ordenamiento    jurídico   el   derecho   a   la   auto

representación está regulado por la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V. Ésta dispone que, en los casos civiles ordinarios, las personas

naturales podrán representarse si cumplen con los siguientes cinco (5)

requisitos:

       (a) que la persona no está representada por abogado o
       abogada;
       (b) que la decisión de autorepresentación es voluntaria e
       inteligente, así como con pleno conocimiento de causa y de
       que la persona será tratada como cualquier otra parte
       representada por abogado o abogada;
       (c) que la persona puede representarse a sí misma de
       manera adecuada, de acuerdo a la complejidad de la
       controversia a adjudicarse;
       (d) que la persona tiene los conocimientos mínimos
       necesarios para defender adecuadamente sus intereses,
       cumplir con las reglas procesales y alegar el derecho
       sustantivo aplicable, y
       (e) que la autorrepresentación no va a causar o contribuir a
       una demora indebida o a una interrupción de los
       procedimientos, que no entorpecerá la adecuada
       administración de la justicia ni atentará contra la dignidad del
       tribunal, de las partes o de sus abogados o abogadas. 32
       LPRA Ap. V, R. 9.4.
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       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el derecho de una

persona a autorepresentarse en pleitos civiles no es un derecho ilimitado,

sino que deberá balancearse frente a varios criterios e intereses. Ante una

petición de representación por derecho propio, los tribunales considerarán,

entre otros factores, la demora, los retrasos o posibles interrupciones de

los procesos judiciales y su efecto negativo sobre la administración de la

justicia. Deberá considerarse la capacidad y calidad de la representación

por derecho propio, así como la complejidad de la materia del litigio.

Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 785 (1988); Pueblo v. Cruzado

Laureano,    161   DPR       840   (2004). Entiéndase,   el   derecho   a   la

autorrepresentación no es ilimitado ni absoluto, y el tribunal deberá

asegurarse de que la persona cumple con estos requisitos a partir de su

comparecencia inicial y durante todo el proceso. Lizarríbar v. Martínez

Gelpí, supra, pág. 784; 32 LPRA Ap. V, R. 9.4. Ello puesto a que el

incumplimiento con alguno de dichos requisitos será causa justificada para

suspender la autorrepresentación. Íd.        Adicional, la precitada Regla

establece que, si en el transcurso del proceso una parte requiere

comparecer representado por derecho propio, deberá solicitar autorización

al tribunal y, adicional a cumplir con los requisitos antes dispuestos,

satisfacer los siguientes:

       (1) que la persona ha solicitado autorepresentarse de forma
       oportuna, y
       (2) que la persona ha manifestado de manera expresa e
       inequívoca el propósito o interés de comenzar con su
       autorepresentación. Íd.

       Por último, es norma sólidamente establecida que quien comparece

por derecho propio estará sujeto a la imposición de las mismas sanciones

que la Regla 9.3 del precitado cuerpo reglamentario provee para los

abogados, así como las consecuencias procesales que ésta dispone. 32

LPRA Ap. V, R. 9.4.

                                      III.

       Surge del recurso ante nuestra consideración que el Peticionario

alega que el foro de instancia incidió al dejar sin efecto la vista señalada

para el 7 de noviembre de 2023, en la cual se dilucidaría su capacidad
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como litigante pro se, conforme requiere la Regla 9.4 de Procedimiento

Civil, supra.

       Conforme hemos adelantado, el señor Pérez Rodríguez solicitó

comparecer por derecho propio luego de que el 1 de agosto de 2023 el TPI

le ordenara comparecer mediante representación legal. Ante su reiterada

solicitud, el foro recurrido señaló una vista para el 7 de noviembre de 2023

y determinar si procedía la litigación por derecho propio del Peticionario.

No obstante lo anterior, dicha vista fue dejada sin efecto mediante Orden

de 6 de noviembre de 2023. Ello pues, el foro de instancia sostuvo que el

caso contaba con una Sentencia Enmendada final y firme, y de la cual no

se radicó reconsideración ni recurso de apelación.

       Inicialmente, las solicitudes del Peticionario versaban sobre la

solicitud de fondos consignados en el tribunal y en cuanto al presunto

incumplimiento    con   la   Sentencia    Enmendada.      Ante   este   último

planteamiento y la reiterada solicitud del señor Pérez Rodríguez en acudir

por derecho propio ante el foro de instancia, es que se señaló la vista del 7

de noviembre de 2023. Nótese, pues, que la misma tenía el propósito de

dilucidar si procedía o no la litigación pro se del Peticionario. Es decir, si

cumplía con los criterios establecidos en la Regla 9.4 de Procedimiento

Civil, supra.

       Por tanto, si bien es cierto que el caso cuenta con dictamen en los

méritos final y firme, el Peticionario solicitó el cumplimiento de la Sentencia

Enmendada en la cual se acogieron los acuerdos estipulados mediante un

“Contrato de Promesa Bilateral de Compraventa de Bien Inmueble”. En

dicho dictamen, el foro de instancia expresamente dispuso que el

incumplimiento de las obligaciones acordadas dará lugar a medidas y

procedimientos también acordados para el caso de incumplimiento de

lo pactado, más cualquier otra medida o sanción que el foro de

instancia pueda entender apropiada conforme al incumplimiento, sus

circunstancias y el derecho aplicable. Así pues, es innegable que el TPI

retuvo jurisdicción para garantizar el cumplimiento con lo pactado y que se

recogió mediante la Sentencia Enmendada.
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       A tono con lo anterior, procede la celebración de la vista para

establecer si el señor Pérez López cumple con los requisitos establecidos

en la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, para comparecer por derecho

propio y presentar sus argumentos, indistintamente de que pleito haya

advenido final y firme, pues los remedios solicitados por éste están

relacionados con la manera en que alegadamente se ejecutó la Sentencia

Enmendada.

       Finalmente, Maico deberá presentar sus argumentos en cuanto a la

imposición de fianza de no residente ante el foro recurrido, al amparo de la

Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. Lo anterior,

debido a que no hemos encontrado en el expediente del caso que existiera

alguna controversia traída ante el TPI sobre dicho particular.

                                     IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, expedimos el auto de certiorari

presentado y revocamos la Orden recurrida. Se devuelve el caso al TPI

para que señale una vista al amparo de la Regla 9.4 de Procedimiento Civil,

supra, y se dilucide la procedencia de la autorepresentación del

Peticionario.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones