Court Opinion

ID: 9374156
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:25:56.113479+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.241433
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL II

          BUENA VISTA                                           REVISIÓN
       DEVELOPMENT, LLC,                                        procedente del
                                                                Departamento de la
              Recurrente,                                       Vivienda de Puerto
                                                                Rico.
                    v.

      DEPARTAMENTO DE LA                 KLRA202300029          Núm. de caso ante
       VIVIENDA DE PUERTO                                       organismo recurrido:
      RICO como administrador                                   PR-IPG-000753.
           del ECONOMIC
          DEVELOPMENT
     INVESTMENT PORTFOLIO                                       Sobre:
     FOR GROWTH PROGRAM,                                        inelegibilidad de
                                                                fondos CDBG-DR.
               Recurrida.

 Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
 Romero García y la Juez Méndez Miró.

 Romero García, jueza ponente.

                                       SENTENCIA

           En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

           La parte recurrente, Buena Vista Development, LLC (Buena Vista)

 incoó el presente recurso de revisión el 19 de enero de 2023. La recurrente

 adjuntó a su escrito varios documentos.

           Examinado el escrito de la recurrente, así como los documentos

 anejados al mismo, prescindimos de la comparecencia del Departamento

 de la Vivienda de Puerto Rico1 y resolvemos.

           Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el

 recurso.

                                              I

           El 20 de septiembre de 2021, Buena Vista presentó una solicitud

 para un préstamo CDBG-DR2 de $50,000,000.00 (préstamo IPG3) para

 1Ello, conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que nos
 permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o
 procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el
 propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.
 7(B)(5).
 2   Community Development Block Grant-Disaster Recovery, por sus siglas en inglés.

 3   Se refiere al Economic Development Investment Portfolio for Growth Program, o IPG.

Número identificador

SEN2023_____________________
KLRA202300029                                                                 2

desarrollar un proyecto turístico a gran escala4. No obstante, el 20 de

diciembre de 2022, el Departamento notificó a Buena Vista que el

Proyecto no era elegible para financiación bajo el IPG5. Esto, pues no sería

completado para septiembre de 2026 y, como consecuencia, el Objetivo

Nacional de Creación de Empleos LMI6 no se cumpliría.

          Así también, el aviso impuso a Buena Vista el requisito jurisdiccional

de solicitar reconsideración ante el Departamento, antes de poder recurrir

ante el foro apelativo en revisión judicial7. Esto, conforme al Artículo XXVII

del Reglamento 4953 del 19 de agosto de 1993, conocido como el

Reglamento para regular los procedimientos de adjudicación formal en el

Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas.

          Consecuentemente, el 13 de enero de 2023, Buena Vista presentó

una Solicitud de Reconsideración del Aviso8. En ella, argumentó que

procedía notificar nuevamente el aviso y reconsiderar la determinación por

dos razones: (1) la notificación del aviso era defectuosa y, por lo tanto, nula;

y, (2) la determinación comunicada en el aviso no estaba sustentada en

evidencia sustancial contenida en el expediente administrativo.

          A la fecha de presentación de este recurso, el Departamento no se

ha expresado en cuanto a la solicitud de reconsideración presentada por

Buena Vista. No obstante, Buena Vista incoó el presente recurso y alegó la

comisión de los siguientes errores:

          A. Erró el Departamento al notificar un Aviso defectuoso que
             no cumple con los requisitos establecidos en la LPAU y en
             la jurisprudencia aplicable.

          B. Erró el Departamento al emitir una determinación que no
             está apoyada en evidencia sustancial contenida en el
             expediente administrativo y las reglas aplicables.

(Énfasis omitido).

4   Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-64.

5   Íd., a las págs. 114-117.

6   Las siglas LMI se refieren, en inglés, al labor market information.
7   Véase, apéndice del recurso, a la pág. 117.

8   Íd., a las págs. 118-272.
KLRA202300029                                                                  3

                                      II

                                      A

       Recordemos que la doctrina prevaleciente dispone que los

tribunales tenemos la obligación de ser los guardianes de nuestra propia

jurisdicción. También, que la ausencia de jurisdicción no puede ser

subsanada, ni un tribunal asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la

tiene. Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980);

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).

      Una de las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es

cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, pues “[…] adolece del

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

recurre […] puesto que su presentación carece de eficacia y no produce

ningún efecto jurídico […]”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR

83, 98 (2008).

      A su vez, este Tribunal no puede conservar el recurso con el

propósito de atenderlo y reactivarlo posteriormente. Claro está, las

partes que presentaron el recurso antes del tiempo para ello pueden acudir

nuevamente, de manera diligente, ante este Tribunal, cuando proceda.

Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 210-213 (2000); Rodríguez v.

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR

153, 154 (1999). En cuanto a nuestra intervención como foro intermedio

revisor, el Tribunal Supremo de Puerto Rico acotó que la notificación

defectuosa   nos priva     de   jurisdicción   porque   el   recurso      resulta

prematuro. PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 538 (2019).

                                      B

       Las Secciones 3.15 y 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, según

enmendada, 3 LPRA secs. 9655 y 9672, respectivamente, en lo pertinente

disponen:

       La parte afectada por una resolución u orden parcial o final
       podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha
       de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden,
       presentar una moción de reconsideración de la resolución u
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      orden. La agencia dentro de los quince (15) días de
      haberse presentado dicha moción deberá considerarla.
      Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince
      (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a
      correr nuevamente desde que se notifique dicha
      denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días,
      según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su
      consideración, el término para solicitar revisión empezará a
      contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia
      de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo
      definitivamente la moción de reconsideración. Tal resolución
      deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa
      (90) días siguientes a la radicación de la moción de
      reconsideración. Si la agencia acoge la moción de
      reconsideración pero deja de tomar alguna acción con
      relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta
      haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el
      término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse
      a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días
      salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos
      noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un
      período que no excederá de treinta (30) días adicionales.

3 LPRA sec. 9655. (Énfasis nuestro).

      Por otro lado, en cuanto a la revisión judicial, la Sección 4.2 de la

LPAU establece lo siguiente:

      Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
      final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
      provistos por la agencia o por el organismo administrativo
      apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término
      de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo
      en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución
      final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las
      dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término
      para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido
      mediante la presentación oportuna de una moción de
      reconsideración. […]

      .        .       .        .          .      .        .       .

3 LPRA sec. 9672. (Énfasis nuestro).

                                     III

      El 20 de diciembre de 2022, el Departamento notificó el aviso a

Buena Vista e indicó que el Proyecto no era elegible para financiación bajo

el IPG. Consecuentemente, el 13 de enero de 2023, Buena Vista presentó

una solicitud de reconsideración del aviso. Conforme a la legislación

aplicable, una vez presentada la solicitud de reconsideración, la agencia

tendría 15 días para emitir una determinación. A la fecha de la presentación
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de este recurso 19 de enero de 2023, el Departamento no aún no se

había expresado en cuanto a la solicitud de reconsideración.

      Según lo antes expuesto, la falta de una determinación final del

Departamento de la Vivienda incide sobre la facultad de este foro para

revisar la notificación de la determinación de la agencia. Acorde con lo

anterior, concluimos que no ostentamos jurisdicción para atender el

presente recurso, pues la parte recurrente acudió ante nos de forma

prematura.

      Reiteramos que la norma prevaleciente nos impone la obligación de

ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción. También, que la ausencia

de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal asumirla,

atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene. Por todo lo anterior, nos

encontramos despojados de autoridad para examinar los méritos del

recurso y, a la luz del derecho aplicable, procede su desestimación.

                                    IV

      A la luz de lo antes expuesto, desestimamos el recurso ante nuestra

consideración por este Tribunal carecer de jurisdicción para entender en el

mismo.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones