Court Opinion

ID: 9962641
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:37:44.961527+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:14.965846
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI
                                       REVISIÓN
                                       ADMINISTRATIVA
  JOSÉ TEXIDOR PÉREZ                   procedente de
                                       Departamento de
     RECURRENTE                        Corrección y
                                       Rehabilitación
           V.            KLRA202400083
                                       Crim. Num.: B-1825-23
    SECRETARIO DE
        JUSTICIA
                                       Sobre:
     RECURRIDOS
                                       Reconsideración

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

       Comparece, José Texidor Pérez (en lo sucesivo, “el recurrente”),

mediante el recurso de epígrafe. Ello, a los fines de solicitar nuestra

intervención para que dejemos sin efecto la determinación emitida el 18

de octubre de 2023 y notificada el 2 de noviembre de 2023, por el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, por sus siglas

“DCR”). Mediante la referida determinación, el DCR le negó al recurrente

la tenencia física de dos (2) sellos de Rentas Internas.

                                      I.

       Surge del expediente administrativo ante nos, que el recurrente se

encuentra en la Institución 501 del Complejo Correcional de Bayamón, en

el cumplimiento de una pena carcelaria. La controversia que nos ocupa

dio inicio el 8 de febrero de 2023. En esta fecha, según adujo el

recurrente, una Oficial de Custodia le negó la posesión de dos (2) sellos

de Rentas Internas valorados en la cantidad de ciento ochenta dólares

($180). Alegadamente, los referidos sellos fueron comprados por un

familiar del recurrente. Posterior a la compra, dicho familiar envió al

recurrente los sellos por correo postal.

Número Identificador
SEN2024 ________
KLRA202400083                                                                  2

       Así las cosas, el 17 de octubre de 2023, el recurrente presentó

ante el DCR una “Solicitud de Remedio Administratrivo.” En esencia,

reiteró su solicitud sobre la entrega de los dos (2) sellos de Rentas

Internas. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2023, el DCR notificó una

“Respuesta al Miembro de la Población Correcional.” Mediante esta, negó

al recurrente la tenencia de los aludidos sellos. Ello, bajo el fundamento

de que son sellos que se utilizan para presentar recursos legales al foro

judicial, los cuales se le harán disponibles al recurrente al momento en

que vaya a radicar algún escrito en el tribunal. En reacción, el 7 de

noviembre     de          2023,   el    recurrente   presentó    “Solicitud    de

Reconsideración.” En síntesis, reprodujo los planteamientos esbozados

en su petición anterior.

       En atención a ello, el 2 de enero de 2024, el DCR notificó una

determinación intitulada: “Respuesta de Reconsideración al Miembro de

la Población Correccional.” Mediante esta, denegó la “Solicitud de

Reconsideración.” Dicho foro, reiteró al recurrente que los sellos serían

custodiados hasta el momento en que necesitara colocarlos en algun

documento        legal.     Añadió     como     fundamento   jurídico,   que   el

superintendente tenía la discreción de tomar determinaciones respecto a

la posesión de propiedad cuyo valor exceda la cantidad de veinticinco

dólares ($25).

       Inconforme, el 19 de enero de 2024, el recurrente presentó ante

nos el recurso de epígrafe. Mediante este, señaló como error lo siguiente:

       Suplico a este Honorable Tribunal ya que se me ha
       denegado el derecho a una defensa adecuada, ha poder
       llevar el caso en alzada ante su consideración y en vista que
       no hay Reglamento que impida tener los sellos, no es razón
       justificable que impida se me entregue los sellos.

                                          II.

A. Deferencia a las decisiones administrativas

       Sabido es que la revisión judicial de las decisiones administrativas

tiene como fin primordial limitar la discreción de las agencias y asegurarse

que éstas desempeñen sus funciones conforme a la ley. García Reyes v.
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Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891 (2008). En el ámbito administrativo,

los tribunales apelativos deben conceder una gran deferencia a las

decisiones emitidas por las agencias administrativas debido a la vasta

experiencia y conocimiento especializado en los asuntos que les han sido

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 923,

940 (2010); véanse también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589,

(2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003).

         Ahora    bien,   nuestro   Tribunal   Supremo   ha   reiterado   que

la deferencia reconocida a las decisiones de las agencias administrativas

habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté basada en

evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la

ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, irrazonable o

ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012);

véanse también, Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 869

(2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota,

supra.

         En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en que las

determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas tienen a

su favor una presunción de regularidad y corrección, que debe ser

respetada mientras la parte que las impugne no produzca suficiente

evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91

(2006); véanse también, Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas,

Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 532 (1993).

B. Reglamentos atienentes a la correspondencia y propiedad de los

miembros de la población correccional

                 El Reglamento de Normas para Regir la Correspondencia

de los       Miembros de la Población Correccional en Instituciones

Correccionales y Programas de la Administración de Corrección,

establece en su Art. V., que los confinados tendrán derecho a recibir y

enviar comunicaciones escritas. Reglamento Núm. 7594, Departamento
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de Estado, 24 de octubre de 2008. Ahora bien, dicho derecho tiene ciertas

limitaciones reglamentarias. En vista de ello, se le podrá limitar a los

confinados el recibo y envío de correspondecia, por razones de

seguridad,     mal    comportamiento        o     clasificación.   Íd.    Asimismo,

la correspondencia que reciba un recluso será objeto de monitoreo e

inspección, según lo permitan las normas de respeto y confidencialidad

establecidas. Íd. A tenor de ello en el Art. VIII del referido Reglamento se

dispone,     entre   otras   cosas,   que       “[c]ada   institución    establecerá

procedimientos para el manejo y monitoreo de la correspondencia…”

      De otra parte, el Art. II del Reglamento Interno de Normas y

Limitaciones sobre Propiedad Personal de Confinados del 30 de

dieciembre de 2004, según enmendado, tiene el propósito de establecer

“guías para la retención, manejo y disposición de la propiedad personal

de los confinados en las instituciones correccionales.” Asimismo, en el

referido artículo se establece como política de la Administración de

Corrección lo siguiente:

      [L]os confinados sólo podrán tener en su posesión aquella
      propiedad que le ha sido autorizada a retener al momento
      de su ingreso, la que le es provista mientras está
      encarcelado. También la propiedad que adquiere en la
      Comisaría de la institución o que ha sido autorizada a
      recibirse por correo o mediante entrega durante horas de
      visita de conformidad con las normas institucionales. Art. II,
      supra.

      Cónsono con ello, un confinado solo podrá tener bajo su posesión

la propiedad personal que: a) se le haya autorizado a retener a su ingreso

a la institución correccional; b) aquella propiedad que se le haya provisto

por la institución durante la estadía en prisión; c) la propiedad que haya

sido adquirida mendiante compra en la Comisaría de la Institución; d)

aquella propiedad que se le haya autorizado a recibir por correo, de

conformidad con lo dispuesto en los reglamentos y las normas

intitucionales; y e) la propiedad que haya sido autorizada por los

funcionarios de la institución. Art. VI, supra. Cabe destacar, que este

reglamento añade que “[b]ajo ninguna circunstacia se permitirá la

posesión de propiedad personal en exceso de los límites establecidos en
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estas normas…” Íd. Entre los referidos límites impuestos a la Población

Correccional se encuentran los relacionados al valor de la propiedad que

se puede poseer. Particularmente, las disposisciones regalmentarias

“prohíben el que se apruebe la posesión de cualquier artículo cuyo

valor exceda los veinticinco dólares. Cualquier autorización que

exceda este límite de veinticinco dólares ($25) será aprobada por

escrito por el superintendente.” (Énfasis nuestro). Art. X, supra.

                                     III.

       Como fue expuesto, el recurrente reclama a los Oficiales

Correcionales del DCR la entrega de dos (2) sellos de Rentas Internas

valorados en la cantidad de ciento ochenta dólares ($180). Luego de

evaluar en su totalidad el expediente administrativo ante nos, concluimos

confirmar la derminación del DCR.

       El derecho de los confinados a tener propiedad personal no es

absoluto. En general, tanto la propiedad que un recluso puede recibir por

correo postal, como la propiedad que podrá retener en su área de

vivienda, estará limitada a la autorización correspondiente. De igual

manera, existen limitaciones particulares de cantidad y valor monetario

para los objetos que un confinado pueda poseer. En lo atinente, el

recurrente solicita la tenencia física de unos sellos que exceden la cuantía

de veinticinco dólares (25). En este tipo de casos, la posesión solo puede

ser autorizada por el consentimiento escrito del superintendente. Por

tanto, no le asiste la razón al recurrente al solicitar la tenencia automática

de los sellos en cuestión. Ello, dado que, para poder mantener los sellos

en su àrea de vivienda, la reglamentación aplicable, requiere dicha

aprobación del superintendente.

       De otra parte, cabe destacar que el DCR no le está negando al

recurrente el uso de los sellos de Rentas Internas. Solo prohibieron que

los referidos sellos estuvieran en su área de vivienda. Siendo así, el

recurrente podrá utilzar dichos sellos en el momento en que los vaya a

adherir en algun documento. Por lo cual, el DCR no le está violentando al
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recurrente algun derecho relacionado a la presentación de recursos

legales. A su vez, reiteramos que el DCR es la agencia que tiene el

conocimiento especializado para el manejo de la convivencia y seguridad

de la población correccional. Sus decisiones se presumen correctas. En

esta controversia, el recurrente no derrotó la referida presunción. Por

consiguiente, confirmamos el dictamen recurrido.

                                    IV.

      Por todos los fundamentos anteriormente discutidos, se dicta

Sentencia mendiante la cual se confirma la determinación recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      El Juez Candelaria disiente por considerar que este Tribunal

carece de jurisdicción para revisar una mera respuesta, pues contrario a

la Resolución que emite el Coordinador luego de acoger una

reconsideración, no constituye la decisión final de la agencia.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones