Court Opinion

ID: 9388078
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:11:19.429476+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.225031
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL V

 MUNICIPIO AUTÓNOMO                                APELACIÓN
     DE CAGUAS                                     Procedente del
                                                   Tribunal de Primera
          Apelante                                 Instancia, Sala
                                                   Superior de Caguas
               v.               KLAN202200930
                                                   Civil Núm.:
 EDWIN PÉREZ APONTE                                CG2022CV02388
        y otros                                    (801)

         Apelados                                  Sobre: Expropiación
                                                   forzosa

Panel integrado por su presidenta, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, jueza ponente.

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

      Comparece ante nos el Municipio Autónomo de Caguas

(“Apelante” o “Municipio de Caguas”) mediante Apelación presentada

el 22 de noviembre de 2022. Nos solicita que revoquemos la

Sentencia emitida y notificada el 12 de octubre de 2022, por el

Tribual de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (“foro

primario” o “foro a quo”). Por virtud de la misma, el foro a quo

desestimó la Petición sobre expropiación forzosa instada por el

Municipio de Caguas por incumplimiento con los requisitos

dispuestos en la Ley General de Expropiación Forzosa, Ley de 12 de

marzo de 1903, según enmendada, 32 LPRA sec. 2901 et seq., y el

Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 14 de agosto de

2020, según enmendada, 21 LPRA sec. 7001 et seq. (“Código

Municipal”).

      Por      los     fundamentos     expuestos     a     continuación,

REVOCAMOS la Sentencia apelada.

Número Identificador

SEN2023____________
KLAN202200930                                                                   2

                                        I.

       Los hechos que originan el presente caso surgen cuando el

26 de septiembre de 2015, la Oficina de Permisos del Municipio de

Caguas emitió una Resolución en la que declaró estorbo público

una propiedad ubicada en la Urbanización Villas del Rey IV de

dicho municipio.1

       Posteriormente, el 16 de julio de 2022, el Municipio de Caguas

presentó una Petición2 sobre expropiación forzosa en contra de los

presuntos dueños de la propiedad ubicada en la Urbanización Villa

del Rey IV, 3 el señor Edwin Pérez Aponte, el señor Miguel Pérez

Aponte, el señor Miguel Pérez Santiago, el señor Rafael Pérez Aponte,

la señora Adela Claudio Aldoy (en conjunto, “Apelados”). Además,

notificó de la presentación de la demanda al Centro de Recaudación

de Ingresos Municipales (“CRIM”). En esencia, el Municipio de

Caguas instó su petición al amparo de las disposiciones de la

Sección 5 (a) de la Ley General de Expropiación Forzosa, Ley de 12

de marzo de 1903, según enmendada, 32 LPRA sec. 2907; el Código

Municipal, supra, y la Ordenanza Municipal Número 20 del Año

Fiscal 2018-2019.

       En síntesis, el Municipio de Caguas alegó que la propiedad

llevaba mucho tiempo abandonada, y esto ocasionaba riesgos para

la salud, seguridad y ornato de los vecinos, transeúntes y

comunidad en general. Por lo anterior, solicitó que se declarare Ha

Lugar la Petición de expropiación forzosa incoada, se ordenara la

declaración para la adquisición y entrega material de la propiedad;

que se le otorgara la titularidad en pleno dominio sobre la propiedad;

1
  Véase Anejo 3 del Recurso de Apelación, págs. 61-62.
2 Véase Anejo 2 del Recurso de Apelación, págs. 5-8.
3 Descripción de la Propiedad: URBANIZACIÓN Villa Del Rey IV SEC I (Calle 6

4L-29) de Caguas. Solar: 29 MANZANA 4-L. Cabida: 304.52 Metros Cuadrados.
Linderos: Norte, con el solar 28, distancia de 23.00 metros. Sur, con el solar 30,
distancia de 23.00 metros. Este, con la calle, distancia de 13.24 metros. Oeste,
con los solares 1 y 2, distancia de 13.24 metros. BARRIO CAÑABONCITO. Enclava
una vivienda de concreto para una sola familia. Es segregación de la finca 13101,
al Folio 11 del Tomo 441 de Caguas. Número de Catastro: 225-012-488-29-001.
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se dictara sentencia a su favor por la cantidad de la deficiencia entre

la suma fijada y ofrecida por el Municipio de Caguas, y la cantidad

que a tal efecto determinara el tribunal como justa compensación

por la propiedad; se ordenara al Registrador de la Propiedad a que

inscriba la propiedad a favor del Apelante libre de todo gravamen o

carga; y se ordenara al CRIM a eliminar la deuda contributiva en el

catastro número 251-012-488-29-001.4

       Así las cosas, el 22 de julio de 2022, el foro primario emitió y

notificó Resolución mediante la cual concedió al Apelante un término

de diez (10) días para presentar la declaración para la adquisición y

entrega material de propiedad, el informe del tasador revisor y copia

de la ordenanza para la declaración de utilidad pública conforme a

lo dispuesto en el Código Municipal, supra.5

       Luego de varios incidentes procesales, el 25 de agosto de

2022, el Apelante presentó documento intitulado Declaración para

la Adquisición y Entrega Material de la Propiedad. Por virtud de este,

alegó que el fin de la expropiación forzosa era la adquisición de una

propiedad por necesidad y utilidad pública, para la realización de

otros programas en beneficio del pueblo. Además, adujo que

conforme a la sección 5(a) de la Ley General de Expropiación

Forzosa, no se requiere el depósito de suma alguna en el Tribunal

como justa compensación por la propiedad. También, arguyó que el

Municipio de Caguas tiene necesidad y urgencia de obtener el

dominio de la propiedad objeto de expropiación con el fin de

habilitarla para fines de necesidad y utilidad pública. Por último,

esbozó que la adquisición del derecho en pleno dominio sobre la

4 El Municipio de Caguas acompañó su Petición con un Informe de Tasación
realizado el 14 de julio de 2022 por la tasadora Natalia G. Rivera Ortiz, licencia
1347-EPA que el valor estimado en el mercado de la propiedad asciende a veinte
mil dólares ($20,000). Véase Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 14-60.
5 Véase Anejo 4 del Recurso de Apelación, pág. 64.
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propiedad objeto de expropiación no requiere la aprobación de la

Junta de Planificación de Puerto Rico.6

         Luego de analizados los planteamientos presentados, el

Municipio de Caguas, el 22 de septiembre de 2022, notificada al día

siguiente, el foro primario emitió Sentencia, en la cual determinó lo

siguiente:

               El 22 de julio de 2022, emitimos orden
         concediendo 10 días a la parte demandante para
         someter la declaración de adquisición y entrega
         material de propiedad, el informe del tasador revisor y
         copia de la ordenanza para declaración de utilidad
         pública en torno a la petición de expropiación del caso
         de marras. Los documentos requeridos deben formar
         parte del legajo de la petición de expropiación al
         momento de radicarse la misma.
               A solicitud de la parte demandante extendimos
         por 30 días adicionales el término para presentar los
         documentos. A esta fecha, el plazo originalmente
         otorgado, así como su extensión, vencieron sin que la
         parte   demandante      los   haya    producido.   En
         consecuencia, se desestima sin perjuicio la demanda.7

         Posteriormente, el 12 de octubre de 2022, emitió y notificó una

segunda Sentencia, en la cual determinó lo siguiente:

         Mediante orden fechada 22 julio de 2022, se le requirió
         a la parte demandante cumplir con someter la
         declaración para la adquisición y entrega material de la
         propiedad objeto de la petición de expropiación forzosa
         en este caso, el informe del tasador revisor certificando
         como correcta la tasación inicial realizada por el
         Municipio de Caguas, y copia de la ordenanza
         municipal para declaración de utilidad, Para ello, se le
         concedió 10 días. Vencido el término inicial, sin que se
         haya sometido los documentos requeridos, se desestima
         sin perjuicio la demanda.8

         Inconforme, el 22 de noviembre de 2022, el Apelante acudió

ante esta Curia y esbozó el siguiente señalamiento de error:

         ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
         ORDENAR AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A
         PRESENTAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL QUE
         DECLARE LA UTILIDAD PÚBLICA DEL BIEN
         INMUEBLE    OBJETO    DEL   PROCESO   DE
         EXPROPIACIÓN FORZOSA Y UN INFORME DE UN
         TASADOR REVISOR CUANDO DICHAS EXIGENCIAS
         NO APLICAN A PROCESOS DE EXPROPIACIÓN DE
         BIENES DECLARADAS ESTORBOS PÚBLICOS DE

6   Véase Anejo 7 del Recurso de Apelación, págs. 68-69.
7   Véase Anejo 1(a) del Recurso de Apelación, págs. 1-2.
8   Véase Anejo 1(b) del Recurso de Apelación, págs. 3-4.
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         CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4.010. 4.011 Y
         4.012 DEL CÓDIGO MUNICIPAL.9

         Por su parte, el 3 de enero de 2023, el CRIM presentó Alegato

en Oposición.

         Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica a aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                        II.
           A. Expropiación Forzosa y Justa Compensación

         Nuestra Constitución reconoce el derecho al disfrute de la

propiedad como un derecho fundamental. Art. II, Sec. 7, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1. “El derecho al disfrute de la propiedad . . . está

supeditado       al   poder    inherente      del   Estado   para   establecer

restricciones sobre las propiedades privadas en favor del bienestar

común”. ELA v. El Ojo de Agua Develeopment, 205 DPR 502, 518

(2020). Por consiguiente, el Estado no puede tomar la propiedad

privada para uso público a no ser a cambio de justa compensación

y conforme a la ley. Art. II, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. No

obstante, como soberano, el Estado puede “adquirir el dominio de

una propiedad sita dentro de sus límites territoriales. . . para fines

públicos” mediante la expropiación forzosa. ELA v. El Ojo de Agua

Development, supra. Véase, también, Adm. Terrenos v. Ponce

Bayland, 207 DPR 586 (2021).

                Por otra parte, en el ejercicio del poder de dominio
         eminente del Estado, existen casos excepcionales en los
         que el Estado puede ocupar o incautar un derecho real
         sin haber iniciado el procedimiento judicial de
         expropiación forzosa y sin haber consignado el pago de
         la justa compensación. Amador Roberts et als. v. ELA,
         191 DPR 268, 279 (2014). (Cita omitida).

         Para ello existe la acción de expropiación a la inversa,

mediante la cual “se garantiza el cumplimiento del Estado con las

disposiciones constitucionales que establecen que nadie será

9   Véase Recurso de Apelación, págs. 1-24.
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privado de su propiedad sin un debido proceso de ley y sin haber

mediado compensación”. Íd. (Cita y escolio omitidos). A esos fines,

el término incautación se refiere a las instancias cuando “el gobierno

se apodera de la propiedad privada para uso público y la ocupa

físicamente”. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados

Unidos y Puerto Rico, Programa de Educación Jurídica Continua de

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1988, reimpreso 2013,

Vol. II, pág. 870 (Énfasis suplido). También se ha definido como

“cualquier privación o interferencia sustancial en el dominio o el

disfrute de una cosa” o “[c]ualquier interferencia sustancial con la

propiedad que destruya o disminuya su valor, o por la cual el

derecho del dueño a usarla o disfrutarla sea sustancialmente

menoscabado o destruido”. Íd., pág. 887.

 B. Ley General de Expropiación Forzosa y Código Municipal
                        de Puerto Rico

      La Sección 5 (a) de la Ley General de Expropiación Forzosa,

Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, 32 LPRA sec. 2907

(“Ley de General de Expropiación Forzosa”), reconoce expresamente

la facultad que ostentan los municipios para instar procesos de

expropiación forzosa. De igual forma, el Código Municipal de Puerto

Rico, Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, 21

LPRA sec. 7001 et seq., (“Código Municipal”), establece que los

municipios podrán instar procesos de expropiación forzosa dentro

de sus límites territoriales.

   En específico, el Artículo 2.018 inciso (a) (2) (v) y (vi) del Código

Municipal, supra, establece que los municipios pueden ocupar,

demoler o causar perjuicios a la propiedad privada, para ser

utilizada para los siguientes fines:

      […]
      (v) cuando sea favorable al interés público, que las
      estructuras abandonadas o solares abandonados,
      yermos o baldíos en las comunidades, que estén en
      estado de abandono, constituyendo o no estorbos
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      públicos, sean objeto de expropiación por el municipio
      donde ubiquen, con el propósito de transferir su
      titularidad a personas, corporaciones con o sin fines de
      lucro, desarrolladores, contratistas y cualesquiera otros
      que tengan un legítimo interés en mantener esas
      propiedades en condiciones.
      (vi) Cualquier otro propósito de utilidad que sea
      declarado así por la Legislatura Municipal conforme
      a las facultades otorgadas a los municipios por este
      Código y en cumplimiento con la Ley de 12 de marzo
      de 1903, según enmendada. (Énfasis nuestro) 21
      LPRA sec. 7183.

      Sobre el particular, el Artículo 2.018 inciso (a) establece los

municipios podrán instar procesos de expropiación forzosa por

cuenta propia bajo lo siguiente:

         […]
     (1) Privación de Propiedad: […].
     (2) Ocupación de propiedad privada: […].
     (3) Acceso a la Propiedad: […].
     (4) Declaración de Utilidad Pública: El Alcalde solicitará
         a la Legislatura Municipal la aprobación de una
         ordenanza para que declare la utilidad pública de
         cualesquiera propiedades, intereses o derechos que
         deseen ser adquiridas, por éstas ser útiles, necesarias
         y   convenientes     a    los    fines    municipales.
         Disponiéndose, que el uso para el cual se destina la
         propiedad a adquirirse mediante la expropiación, la
         naturaleza o extensión del derecho a adquirirse, la
         cantidad de terreno a expropiarse, y la necesidad o lo
         adecuado del sitio en particular que se expropia, no
         podrá ser objeto de revisión por los tribunales. Sin
         embargo, una vez el titular de dominio es
         debidamente notificado del procedimiento de
         expropiación en su contra, este tendrá la oportunidad
         de presentar una contestación ante el Tribunal y
         levantar las defensas y objeciones que tenga sobre el
         carácter público del uso.
                La ordenanza antes mencionada deberá
         identificar la propiedad, interés o derecho a
         expropiarse, el fin público al que será destinado, los
         fondos disponibles y reservados para cubrir la
         totalidad de la justa compensación que en su día
         pudiese ser determinada por un Tribunal, así como
         la cantidad correspondiente a la justa compensación
         según el informe de valoración de la propiedad.
         […]
      (5) Adquisición de Bienes Inmuebles: […].
      (6) Plano de Mensura: […].
      (7) Informe de Valoración: Los municipios contratarán
          los servicios de evaluadores profesionales de bienes
          raíces, debidamente autorizados a ejercer dicha
          profesión, a los fines de establecer el valor actual de
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           la propiedad a adquirirse. Los informes de valoración
           contendrán la siguiente información:
           (i) justo valor en el mercado de la propiedad,
           (ii) una descripción de la propiedad,
           (iii) identificación de las estructuras ubicadas en el
           inmueble,
           (iv) la fecha de preparación del informe,
           (v) descripción de las ventas comparables,
           (vi) la firma del tasador; y
           (vii) cualquier otra información pertinente y
           necesaria para la mejor presentación del justo valor
           en el mercado.
                 Cada informe de valoración deberá ser
           sometido a un Tasador Revisor, distinto de quien lo
           preparó, para su evaluación. El informe de
           valoración a presentarse ante el Tribunal deberá ser
           aprobado mediante certificación de aprobación del
           Tasador Revisor. De no contar con un Tasador
           Revisor, los municipios deberán remitir el informe de
           valoración al Centro de Recaudación de Ingresos
           Municipales para su revisión y aprobación o rechazo.
           […]
      (8) Personas con Interés: […].
      (9) Petición de Expropiación: […].
    (10) Investidura de Título y Posesión Material: […].
    (11)    Justa Compensación (Valor Razonable             en   el
           Mercado): […]. 21 LPRA sec. 7183.

      Por    otro   lado,   el   Código   Municipal,   supra,    contiene

disposiciones especiales para los casos de expropiaciones de

propiedades inmuebles declaradas estorbos públicos y su eventual

transferencia a una tercera persona. A esos fines, el Artículo 4.007

del Código Municipal, supra, establece como política pública

“[r]estaurar y ocupar las estructuras, que por sus condiciones,

constituyen una amenaza a la salud, la seguridad y bienestar de los

residentes de las comunidades donde están situadas; y [f]ortalecer

la seguridad en esas comunidades y propiciar la mejor calidad de

vida de los residentes. 21 LPRA sec. 7631 (c) y (d).

       De conformidad con la política pública antes reseñada, el

Artículo 4.010 del Código Municipal, supra, establece que los efectos

de declarar una propiedad como estorbo público son los siguientes:
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     (a) El municipio podrá disponer la rotulación del
         inmueble como estorbo público.
     (b) El municipio podrá realizar la tasación de la
         propiedad, a través de un tasador con licencia
         para ejercer en Puerto Rico, o solicitar la misma
         al CRIM para determinar su valor en el mercado.
     (c) El municipio podrá solicitar al Centro de
         Recaudación de Ingresos Municipales la certificación
         de deuda de contribución sobre la propiedad.
     (d) El municipio podrá expropiar el inmueble por
         motivo de utilidad pública. Disponiéndose que
         cuando el inmueble objeto de expropiación tenga
         deudas, intereses, recargos o penalidades con el
         Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
         sobre la contribución a la propiedad se le restará la
         cantidad adeudada al valor de tasación al momento
         de calcular la justa compensación. Una vez se le
         transfiera la titularidad al municipio, toda deuda,
         intereses, recargo o penalidades con el Centro de
         Recaudación de Ingresos Municipales será
         cancelada en su totalidad. 21 LPRA sec. 7634.
         (Énfasis y subrayado nuestro).

  Cónsono con lo antes expuesto, el Artículo 4.011 del Código

Municipal, supra, dispone lo siguiente:

      Cuando el municipio no fuere a expropiar inmuebles
      declarados como estorbo público, por motivos de
      utilidad pública, procederá a preparar un Inventario de
      Propiedades Declaradas como Estorbo Público, que
      incluirá la siguiente información:
         (a) Localización física de la propiedad.
         (b) Descripción registral, de estar inscrita en el
         Registro de la Propiedad; con una relación de las
         hipotecas y otros gravámenes sobre el inmueble,
         incluyendo deuda de contribución sobre la
         propiedad inmueble, con el Centro de Recaudación
         de Ingresos Municipales (CRIM), sobre la propiedad
         objeto del procedimiento.
         (c) Número de Catastro.
         (d) Nombre del propietario, poseedor o persona con
         interés en la propiedad. (e) Valor en el mercado
         según tasación. El municipio mantendrá el
         Inventario con información actualizada, la cual
         estará disponible al público. 21 LPRA sec. 7635.

      En cuanto a los bienes declarados como estorbo público que

sean adquiridos por el Municipio para transferirle a terceros, el

Artículo 4.012 del Código Municipal, supra, dispone lo siguiente:

      Las propiedades incluidas en el Inventario de
      Propiedades Declaradas como Estorbo Publico podrán
      ser objeto de expropiación por el municipio para su
      posterior transferencia a toda persona que esté en
      disposición de adquirirla para su reconstrucción y
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      restauración o para hacer una nueva edificación. Para
      ello, el municipio tendrá que adquirir la propiedad, ya
      sea por compraventa o bien, sujetándose al
      procedimiento de expropiación forzosa mediante el cual
      viene obligado a pagar al titular el justo valor de la
      propiedad. 21 LPRA sec. 7636.

                                 III.

      En el presente caso, nos corresponde resolver únicamente si

erró el foro primario al ordenar al Municipio de Caguas a presentar

una ordenanza municipal que declare la utilidad pública del bien

inmueble objeto del proceso de expropiación forzosa y el informe de

un tasador revisor.

      El Municipio de Caguas alega que, cuando un bien objeto de

una expropiación ha sido previamente declarado estorbo público, no

aplican los requisitos del Art. 2.018 del Código Municipal, supra,

sino los Artículos 4.010. 4.011 y 4.012 del mismo Código, los cuales

establecen los requisitos de expropiación para bienes declarados

como estorbo público. Por consiguiente, el Municipio de Caguas

arguye que no tiene que presentar una ordenanza municipal que

declare la utilidad pública del bien inmueble ni un informe de un

tasador revisor.

      Por su parte, el CRIM arguye que es necesario una ordenanza

municipal específica sobre el fin público deseado. Además, aduce

que el Municipio de Caguas debe cumplir con el requisito de revisar

la tasación efectuada por un evaluador distinto del informe inicial,

es decir, un tasador revisador. Por último, esboza que, conforme a

derecho, de existir una deuda contributiva sobre la propiedad

inmueble, el CRIM está obligado a recaudarla previo a la entrega del

bien expropiado, y no procede que el Municipio de Caguas descuente

previamente las contribuciones adeudadas sobre la propiedad

declarada estorbo público.

      Según expusimos, el Artículo 2.018 inciso (a) (2) (v) y (vi) del

Código Municipal, supra, faculta a los municipios para ocupar,
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demoler o causar perjuicios a la propiedad privada, ya sea o no

declarada estorbo público, para ser utilizada para fines públicos

mediante el procedimiento de expropiación, “con el propósito de

transferir su titularidad a personas, corporaciones con o sin fines

de lucro, desarrolladores, contratistas y cualesquiera otros que

tengan un legítimo interés en mantener esas propiedades en

condiciones”. 21 LPRA sec. 7183. En un proceso donde el bien no

ha sido declarado estorbo público, se podrá requerir, entre otros

documentos, una declaración de utilidad pública y un informe de

valoración que deberá ser revisado por un Tasador Revisor. 21 LPRA

sec. 7183 (a) (4) y (7).

      No obstante, en el caso particular de que los bienes hayan

sido declarados estorbos públicos previo a la presentación de la

petición de expropiación forzosa, será de aplicación lo dispuesto

en el Artículo 4.010 del Código Municipal, supra, el cual dispone lo

siguiente:

      (a) El municipio podrá disponer la rotulación del
          inmueble como estorbo público.
      (b) El municipio podrá realizar la tasación de la
          propiedad, a través de un tasador con licencia
          para ejercer en Puerto Rico, o solicitar la misma
          al CRIM para determinar su valor en el mercado.
      (c) El municipio podrá solicitar al Centro de
          Recaudación de Ingresos Municipales la certificación
          de deuda de contribución sobre la propiedad.
      (d) El municipio podrá expropiar el inmueble por
          motivo de utilidad pública. Disponiéndose que
          cuando el inmueble objeto de expropiación tenga
          deudas, intereses, recargos o penalidades con el
          Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
          sobre la contribución a la propiedad se le restará la
          cantidad adeudada al valor de tasación al momento
          de calcular la justa compensación. Una vez se le
          transfiera la titularidad al municipio, toda deuda,
          intereses, recargo o penalidades con el Centro de
          Recaudación      de    Ingresos  Municipales    será
          cancelada en su totalidad. 21 LPRA sec. 7636.
          (Énfasis y subrayado nuestro).

      Como vemos, el artículo antes reseñado no requiere a los

municipios que presente una ordenanza que declare que el bien

objeto de la expropiación sea declarado de utilidad pública. Tampoco
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surge que se requiera la presentación de un informe de un tasador

revisor. En el caso de autos, el 29 de septiembre de 2015, la

propiedad inmueble objeto de controversia fue declarada estorbo

público por virtud de la Resolución emitida por la directora de la

Oficina de Permisos del Municipio de Caguas, la señora Milagros

Calixto Vega. Posterior a la aludida declaración de estorbo público,

el Municipio presentó Petición sobre expropiación forzosa.

         A la luz de los fundamentos esbozados, cuando el Municipio

presenta una petición de expropiación forzosa, debe cumplir con los

requisitos del Artículo 2.018 según lo exige el Código Municipal de

Puerto Rico. No obstante, cuando la propiedad inmueble objeto del

proceso de expropiación forzosa ha sido declarada estorbo público

previamente, los Artículos aplicables son 4.010, 4.011 y 4.012 del

Código Municipal, supra. Es decir, una vez declarada la propiedad

como estorbo público, los Artículos que rigen el procedimiento de

expropiación forzosa aplicable a los Municipios son los Artículos

4.010, 4.011 y 4.012 del Código Municipal, supra. Surge del

expediente, que la propiedad objeto de la controversia fue declarada

previamente estorbo público.10

         Cónsono con lo anterior, colegimos que, de conformidad con

la Ley General de Expropiación Forzosa, supra, y el Código

Municipal, supra, el Municipio de Caguas no tenía que presentar los

documentos solicitados por el foro primario. El inciso (b) del Artículo

4.010 del Código Municipal, supra, exige a los municipios realizar

una tasación de la propiedad, a través de un tasador con licencia en

Puerto Rico. En cumplimiento con su obligación, el Municipio de

Caguas realizó una tasación de la propiedad inmueble el 14 de julio

de 2022 por un tasador con licencia en Puerto Rico, la señora Natalia

G. Rivera Ortiz. Ante este escenario, el Código Municipal, supra,

10   Véase Apéndice 3 del recurso.
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provee para que un municipio expropie un bien declarado estorbo

público y esa prerrogativa no supone la emisión de una ordenanza

municipal que establezca el interés del municipio en expropiar, o la

utilidad o fin público que la expropiación adelanta, o que se

especifiquen los fondos con los que habrá de pagarse la justa

compensación.

      A esos efectos, no le asiste razón al foro primario al ordenar la

presentación de una ordenanza municipal que declare la utilidad

pública del bien inmueble objeto del proceso de expropiación

forzosa,    y    solicitar   el   informe    de un   tasador    revisor.   En

consecuencia, concluimos que no procede la desestimación de la

Petición de expropiación forzosa presentada por el Municipio de

Caguas.

                                       IV.

      Por       los   fundamentos      antes   expuestos,      REVOCAMOS

la Sentencia apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera

Instancia, para la continuación de los procedimientos acorde con lo

aquí dispuesto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones