Court Opinion

ID: 9941514
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:27.699894+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.155674
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL I1

CARMEN ROJAS COSME                               Apelación
                                                 Procedente del
            Apelante                             Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala
                                                 Superior de
               V.                  KLAN202400009 Carolina

FIRSTBANK PUERTO RICO;                                Civil Núm.:
EMPRESAS MELCO                                        CA2023CV01933

            Apelados

                                                      Sobre:
                                                      Acción Civil; Fraude
                                                      Injunction;
                                                      Embargo Ilegal

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

                                       I.

       El 3 de enero de 2024, la señora Carmen Rojas Cosme (señora

Rojas Cosme o apelante), presentó ante este foro, por derecho

propio, un Alegato de la apelante en el que solicitó que revoquemos

una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina (TPI), el 26 de septiembre de 2023, notificada

y archivada en autos el 28 de septiembre de 2023.2 En el dictamen,

el TPI desestimó la Demanda presentada por la señora Rojas Cosme

en contra de FirstBank Puerto Rico y Empresas Melco (parte

apelada).

       De umbral, debemos mencionar que la Regla 7 (B) (5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)

1 Véase Orden Administrativa OAJP 2021-086.
2 Apéndice del Alegato de la apelante, págs. 21-27.

Número Identificador
SEN2024________________
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(5), le confiere a este foro la facultad para prescindir de escritos, en

cualquier caso, ante su consideración, con el propósito de lograr su

más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de este

caso, prescindimos de la comparecencia de la parte apelada.

                                       II.

       El caso de maras tuvo su génesis en una Demanda, por

derecho propio, sobre fraude y embargo ilegal incoada el 15 de junio

de 2023 por la señora Rojas Cosme. En ella, la apelante alegó que:

(1) el 31 de enero de 2003 adquirió una propiedad en la vía 37 VS-

27 de Villa Fontana, Carolina, Puerto Rico, por el valor de

$128,000.00; (2) posteriormente constituyó una hipoteca de

$233,750.00 sobre la propiedad antes descrita ante la notaria

Yvannie Arroyo Casillas; (3) la parte apelada no realizó ningún

desembolsó de fondos a la señora Rojas Cosme, pero, aun así, gravó

la propiedad mencionada con una hipoteca que duplica su valor; (4)

FirstBank Puerto Rico le entregó la cantidad de $16,000.00 a

Empresas Melco; y (5) previamente FirstBank Puerto Rico presentó

una demanda en contra de la señora Rojas Cosme, la cual culminó

con una orden de lanzamiento. De conformidad con lo anterior, la

apelante solicitó: la concesión de un injuction con el fin de detener

el lanzamiento en su contra y que se declare la hipoteca inexistente

y contraria a la ley. También solicitó que se concedan: (1) la partida

de un (1) millón de dólares por alegado fraude; (2) la cantidad de dos

(2) millones de dólares por la orden de lanzamiento; (3) y la partida

de dos (2) millones de dólares por alegados daños morales.3

       En la misma fecha, el foro primario emitió una Orden en la

que denegó la petición de representación por derecho propio de la

3 Entrada Núm. 1 del expediente digital del caso en el Sistema Unificado de Manejo

y Administración de Casos (SUMAC).
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señora Rojas Come.4 Ante ello, le concedió un término de quince (15)

días para gestionar su representación legal.

       Inconforme, el 29 de junio de 2023, la apelante presentó una

Moción para que se deje sin efecto orden.5 En síntesis, planteó que

la Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V. R. 9.3, le otorga

el derecho de comparecer por derecho propio, por lo que la

denegación de la autorrepresentación constituye una privación de

sus derechos. Por su parte, el 18 de julio de 2023, el TPI emitió un

dictamen en el que declaró “No ha lugar” la moción de

reconsideración.6

       El 31 de julio de 2023, la señora Rojas Cosme presentó,

nuevamente y por derecho propio, una Moción sobre jurisdicción.7

En la misma, argumentó que: (1) la parte apelada no contestó la

demanda, a pesar de que recae en ella el peso de la prueba de

demostrar que efectivamente le entregó el dinero a la señora Rojas

Cosme; (2) en el caso anterior sobre ejecución de hipoteca, así como

en el presente caso, la parte apelada no demostró haber entregado

el dinero a la apelante; (3) en el caso anterior sobre ejecución de

hipoteca, FirstBank Puerto Rico se limitó a exponer un recuento del

caso y no presentó evidencia sobre la emisión de algún pago a favor

de la apelante; y (4) dado a los hechos del caso y por razón de que

el delito de fraude no prescribe, se debe dictar sentencia por las

alegaciones.

       En consecuencia, el 2 de agosto de 2023, el foro primario

emitió una Orden.8 En el referido dictamen, le impuso a la señora

Rojas Cosme una sanción de doscientos dólares ($200.00), conforme

lo dispone la Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra, por incumplir

4 Apéndice del Alegato de la apelante, pág. 6.
5 Entrada Núm. 4 del expediente digital del caso en el SUMAC.
6 Entrada Núm. 5 del expediente digital del caso en el SUMAC.
7 Entrada Núm. 8 del expediente digital del caso en el SUMAC.
8 Entrada Núm. 9 del expediente digital del caso en el SUMAC.
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con la Orden emitida el 18 de julio de 2023 que denegaba la

representación por derecho propio.

       Aun así, el 8 de agosto de 2023, la señora Rojas Cosme

presentó una Moción de inhibición (R63PC) en la que reiteró que la

Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra, le otorga el derecho a la

autorrepresentación y que la presunción legal de fraude la protege.9

Asimismo, sostuvo que: (1) el foro primario se desvió al imponerle

una sanción de doscientos dólares ($200.000); (2) la parte apelada

no ha respondido a pesar de haber transcurrido cincuenta y tres

(53) días, lo que implica una admisión de las alegaciones de la

demanda; y (3) procede que se anote la rebeldía y se dicte sentencia

a su favor.

       El 9 de agosto de 2023, FirstBank Puerto Rico presentó una

Solicitud de desestimación en la que alegó que la señora Rojas Cosme

lleva más de una década ocupando el tiempo y los recursos de

distintos foros judiciales con la intención de dilatar los trámites

relacionados con la ejecución de la Sentencia dictada en el caso de

cobro de dinero y ejecución de hipoteca número FCD2006-2275.10

Para respaldar su posición, enumeró las siguientes acciones

presentadas por la apelante: (1) caso número 13-02050-BKT13 ante

el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico; (2) caso

número FDP2017-0199 ante el Tribunal de Primera Instancia; (3)

caso número 21-1066 ante el Tribunal Federal para el Distrito de

Puerto Rico y (4) caso número 22-01742-ESL13 ante el Tribunal de

Quiebras para el Distrito de Puerto Rico. Además, señaló que la

señora Rojas Cosme presentó una Reconvención en el caso

FCD2006-2275, planteando las mismas alegaciones que las

incluidas en la Demanda presentada el 15 de junio de 2023 en el

caso CA2023CV01933. También, indicó que la señora Rojas Cosme

9 Entrada Núm. 10 del expediente digital del caso en el SUMAC.
10 Entrada Núm. 11 del expediente digital del caso en el SUMAC.
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presentó una multitud de recursos ante los foros superiores,

incluyendo los casos número CC2018-0147 ante el Tribunal

Supremo; KLAN201901089 y KLAN202200839 ante el Tribunal de

Apelaciones, sin lograr prevalecer en ninguno de ellos. Por ello,

solicitó que se tome conocimiento judicial de los expedientes de los

casos antes mencionados, incluyendo el caso número FCD2006-

2275, el cual se está ventilando en el Tribunal de Primera Instancia

ante el Hon. Ismael Álvarez Burgos. De la misma manera, solicitó la

desestimación con perjuicio, así como la imposición de costas y

honorarios de abogado por temeridad.

       El 16 de agosto de 2023, el foro primario emitió una Orden en

la que dispuso que no procede lo solicitado por la señora Rojas

Cosme en la Moción de inhibición (R63PC) presentada el 8 de agosto

de 2023.11 Aun así, refirió los autos a la Jueza Administradora con

el fin de que designe un juez que resuelva la moción de recusación.

En consonancia con lo anterior, el 17 de agosto de 2023, la Hon.

Nereida Feliciano Ramos emitió una Resolución en la que declaró

“No ha lugar” la moción de recusación presentada por la apelante.12

       Posterior a ello, la apelante presentó, nuevamente y sin

representación      legal,    varias     mociones      sobre      recusación.

Específicamente, (1) el 23 de agosto de 2023, presentó la Moción de

inhibición atada a injuction de ejecución sentencia nula por falta de

pago13; (2) el 6 de septiembre de 2023 presentó la Moción de

inhibición, rebeldía y sentencia14; y, (3) el 19 de septiembre de 2023,

presentó la Moción a inhibición sometida por la propia juez de

instancia15. En estas mociones, expuso argumentos similares a los

incluidos en la primera moción de recusación presentada el 8 de

agosto de 2023.

11 Entrada Núm. 14 del expediente digital del caso en el SUMAC.
12 Entrada Núm. 16 del expediente digital del caso en el SUMAC.
13 Entrada Núm. 19 del expediente digital del caso en el SUMAC.
14 Entrada Núm. 22 del expediente digital del caso en el SUMAC.
15 Entrada Núm. 26 del expediente digital del caso en el SUMAC.
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       El 26 de septiembre de 2023, el foro primario emitió una

Sentencia en la que dispuso la desestimación y archivo de la

demanda por incumplimiento con las órdenes del tribunal, de

conformidad con lo dispuesto en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento

Civil, supra, R. 39.2 (a)16. En concreto, el foro primario reiteró que

previamente había instruido a la señora Rojas Cosme a obtener

representación legal, ya que no se le autorizó a representarse por

derecho propio. No obstante, la apelante compareció en múltiples

ocasiones sin haber gestionado representación legal.

       El 5 de octubre de 2023, la señora Rojas Cosme presentó una

Moción de relevo, nulidad, falta de jurisdicción en la que sostuvo que

el foro primario cometió una serie de errores.17 Es relevante destacar

que, los errores señalados por la señora Rojas Cosme son una

repetición de los argumentos presentados a lo largo de todas sus

mociones anteriores.

       De acuerdo con la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra,

R. 49.1, el 21 de diciembre de 2023, el foro primario emitió una

Resolución en la que declaró “No ha lugar” la Moción de relevo,

nulidad, falta de jurisdicción.18 A su vez, subsanó el error referente

al apellido de la apelante en dictámenes anteriores, donde la había

identificado como Carmen Gómez Cosme en lugar de Carmen Rojas

Cosme. Además, reafirmó que el error no tiene un impacto

sustancial en el caso ni afectó los derechos de la apelante. En

consecuencia,      emitió   los   siguientes     dictámenes:      (1)   Orden

enmendada nunc pro tunc19 y (2) Sentencia nunc pro tunc20, con el

fin de enmendar la Sentencia emitida el 26 de septiembre de 2023 y

la Orden emitida el 24 de agosto de 2023, así como cualquier otra

16 Entrada Núm. 27 del expediente digital del caso en el SUMAC. Cabe resaltar

que la Sentencia fue notificada el 28 de septiembre de 2023.
17 Entrada Núm. 32 del expediente digital del caso en el SUMAC.
18 Entrada Núm. 36 del expediente digital del caso en el SUMAC.
19 Entrada Núm. 35 del expediente digital del caso en el SUMAC.
20 Entrada Núm. 37 del expediente digital del caso en el SUMAC.
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orden o resolución que conste en el expediente para sustituir toda

mención del apellido Gómez por el apellido Rojas.

      Inconforme, la señora Rojas Cosme presentó ante nos y por

derecho propio un Alegato de la apelante e imputó al TPI los

siguientes errores:

      PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ [EL TPI] AL
      NO APLICAR EL DEBIDO PROCESO DE LEY PROCESAL.

      SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ [EL TPI] AL
      NO APLICAR EL DEBIDO PROCESO DE LEY SUSTANTIVO.

      TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ [EL TPI] AL
      NO APLICAR LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO,
      “QUE ESTÁN POR ENCIMA DE LA MISMA CONSTITUCIÓN”.

      CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ [EL TPI] AL
      NO APLICAR EL NUEVO CÓDIGO CIVIL, QUE EN EL
      ARTÍCULO 7 LE ORDENA: “LA LEY OBLIGA”.

      A continuación, pormenorizaremos las normas jurídicas

atinentes a este recurso de apelación.

                                  III.

                                   A.

      La representación por derecho propio en casos de índole civil

se rige por las disposiciones de la Regla 9.4 de Procedimiento Civil,

supra, R. 9.4. Dicha regla establece lo siguiente:

      Las personas naturales en los casos civiles ordinarios podrán
      representarse. La persona que se autorepresenta deberá
      cumplir con los requisitos siguientes:

      (a) que la persona no está representada por abogado o
      abogada;

      (b) que la decisión de autorepresentación es voluntaria e
      inteligente, así como con pleno conocimiento de causa y de
      que la persona será tratada como cualquier otra parte
      representada por abogado o abogada;

      (c) que la persona puede representarse a sí misma de
      manera adecuada, de acuerdo a la complejidad de la
      controversia a adjudicarse;

      (d) que la persona tiene los conocimientos mínimos
      necesarios para defender adecuadamente sus intereses,
      cumplir con las reglas procesales y alegar el derecho
      sustantivo aplicable, y

      (e) que la autorrepresentación no va a causar o contribuir
      a una demora indebida o a una interrupción de los
      procedimientos, que no entorpecerá la adecuada
      administración de la justicia ni atentará contra la dignidad
      del tribunal, de las partes o de sus abogados o abogadas.
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      El tribunal deberá asegurarse de que la persona cumple con
      estos requisitos a partir de su comparecencia inicial y
      durante todo el proceso. El incumplimiento con alguno de
      estos requisitos será causa justificada para suspender su
      autorrepresentación. Cuando el tribunal suspenda la
      autorrepresentación de una persona, le ordenará que en
      determinado plazo comparezca representada por abogado o
      abogada.

      (Énfasis nuestro).

      Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que el derecho a autorepresentarse no es absoluto e ilimitado,

debido   a   que   existen   consideraciones   que   podrían     inducir

correctamente a un juzgador de los hechos a negar a las partes, en

determinados casos, la oportunidad de representarse por derecho

propio en los procedimientos judiciales. Lizarribar v. Martínez

Gelpí, 121 DPR 770, 785 (1988). Cada una de estas consideraciones

deberán ser justamente balanceadas por el tribunal, atendiendo las

circunstancias particulares del caso, los intereses de las partes y la

eficiencia en la administración de la justicia. Íd., pág. 786.

                                  B.

      La Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.4

establece que dichas reglas “[s]e interpretaran de modo que faciliten

el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que

garanticen una solución justa, rápida y económica de todo

procedimiento”. A pesar de que el ordenamiento favorece que los

casos se ventilen en sus méritos, las Reglas de Procedimiento Civil

proveen medidas para descongestionar los tribunales de forma que

se descarten los pleitos que atrasan el calendario. Sánchez

Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714 (2009). A esos

efectos, la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, supra, establece

bajo qué parámetros procede la desestimación de un pleito:

      (a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o
      con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa
      propia o a solicitud del demandado podrá decretar la
      desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra
      él, o la eliminación de las alegaciones, según corresponda.
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      Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa
      sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación
      de las alegaciones tan sólo procederá después que el
      tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o
      abogada de la parte de la situación y se le haya concedido la
      oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de la
      parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá
      a imponer sanciones al abogado o la abogada de la parte y se
      notificará directamente a la parte sobre la situación. Luego
      de que la parte haya sido debidamente informada o
      apercibida de la situación y de las consecuencias que
      pueda tener el que ésta no sea corregida, el tribunal
      podrá ordenar la desestimación del pleito o la eliminación
      de las alegaciones. El tribunal concederá a la parte un
      término de tiempo razonable para corregir la situación, que
      en ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos que
      las circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el
      término.

      […]

      (Énfasis nuestro).

      Sin embargo, tal como se desprende de la propia regla, ante el

primer incumplimiento, la desestimación no procede de forma

automática. El tribunal debe, en primera instancia, apercibir a la

parte de la situación. Si lo anterior no surte efectos, “únicamente

después que la parte haya sido propiamente informada y apercibida

de la situación y de las consecuencias que pueda tener el que esta

no sea corregida”, procederá la imposición de la desestimación.

Mun. De Arecibo v. Almac Yakima, 154 DPR 217 (2001).

      Ahora bien, cuando la parte exponga las razones por las que

no se debe desestimar el caso, el tribunal deberá realizar un balance

entre: “la necesidad del tribunal de supervisar su calendario, el

interés público en la resolución expedita de los casos, y el riesgo de

perjuicio al demandado por la dilación”. Echevarría Jiménez v.

Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664 (1989). “[D]e no demostrarse

perjuicio verdadero con la dilación es irrazonable ordenar el archivo”

del caso. Íd. En síntesis, la desestimación de un caso debe proceder

en   situaciones   extremas    en   las   que   se   haya   demostrado

inequívocamente el incumplimiento reiterado con las órdenes del

tribunal, y después que se hayan impuesto otras sanciones.

Además,     ha   sido   resuelto   en   reiteradas   ocasiones   que   la
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desestimación de un pleito como medio de sanción debe ser el último

recurso, a utilizarse después que otras sanciones hayan demostrado

ser ineficaces. Ramírez de Arellano v. Srio. De Hacienda, 85 DPR

823, 929-830 (1962).

                                 IV.

      Ciertamente, nuestro ordenamiento reconoce el derecho a la

autorepresentación. No obstante, este derecho no es absoluto y la

persona que desee autorepresentarse debe cumplir con los

requisitos de la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra. Así pues, el

incumplimiento con alguno de los requisitos será causa justificada

para suspender la autorrepresentación.

      Asimismo, el incumplimiento reiterado con las órdenes del

tribunal es razón suficiente para decretar la desestimación del

pleito, previo apercibimiento.

      Tras un análisis objetivo y cuidadoso de la totalidad del

expediente ante nuestra consideración, resolvemos que el TPI no

incurrió en error, perjuicio, parcialidad ni abusó de su discreción al

desestimar la demanda presentada por la señora Rojas Cosme ni

resolvió contrario a derecho. En efecto, la apelante ha comparecido

por derecho propio en múltiples ocasiones. En respuesta a sus

peticiones, el foro primario le ordenó reiteradamente que gestionara

representación legal, debido a que no se le autorizó representarse

por derecho propio. Además, le impuso una sanción económica de

doscientos dólares ($200.00) y le apercibió sobre las consecuencias

de no corregir la situación. A pesar de ello, no compareció mediante

representación legal, incumpliendo con la Orden del TPI emitida el

24 de agosto de 2023.

      Por lo cual, el foro recurrido actuó conforme a derecho. La

apelante incumplió crasamente todas las órdenes del foro judicial.

En virtud de lo anterior, procede confirmar la Sentencia apelada, lo
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cual conlleva la desestimación de la demanda incoada por la señora

Rojas Cosme.

                                V.

     Por todo lo antes expuesto, se confirma la Sentencia apelada.

     Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones