Court Opinion

ID: 9952138
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:20:51.360077+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:23.316473
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL

    CARLA T. RODRÍGUEZ                                   CERTIORARI
         BERNIER                                         Procedente de Tribunal
        Peticionaria                                     de Primera Instancia,
                                 KLCE202300676           Sala Superior de Ponce

             v.
                                                         Núm.: JDI2014-0178

      JOSÉ M. RIVERA                                     Sobre: Divorcio
         SANTOS
         Recurrido

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza
Rivera Pérez, y la Jueza Prats Palerm1.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

        Ante nos comparece la parte peticionaria, Carla T. Rodríguez

Bernier (¨peticionaria¨ o ¨Lcda. Rodríguez Bernier¨) mediante recurso

de Certiorari. Solicita que revoquemos dos (2) resoluciones dictadas por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (¨TPI¨).

Mediante Resolución emitida el 10 de mayo de 2023, notificada el 15 de

mayo de 2023, el TPI dictó No Ha Lugar una Solicitud de

Reconsideración presentada por la Lcda. Rodríguez Bernier. Por medio

de dicha denegatoria, el TPI sostuvo un dictamen en donde relevó a la

parte recurrida, José M. Rivera Santos (¨recurrido¨ o ¨Lcdo. Rivera

Santos¨) del pago de una pensión alimentaria a favor de su hijo, Carlos

J. Rivera Rodríguez, mayor de edad y presuntamente incapaz.

        Mediante una segunda Resolución, dictada el 24 de mayo de 2023

y notificada el 31 de mayo de 2023, el TPI resolvió No Ha Lugar una

Urgente Solicitud de Remedio y Notificación de Presentación de

Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutora. A través de la

solicitud, el TPI fue notificado sobre el inicio del procedimiento de

declaración de incapacidad del joven y se solicitó la imposición de una

1
 Mediante Orden Administrativa OATA-2024-021 de 2 de febrero de 2024, se designa
a la Hon. Annette M. Prats Palerm en sustitución de la Hon. Eileen J. Barresi Ramos.

Número Identificador
SEN2024____________
KLCE20230676                                                                    2

pensión alimentaria provisional. El TPI denegó la solicitud por entender

que era una segunda moción de reconsideración presentada fuera de

término.

        Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos la cual

surge     de    una       determinación        sobre   alimentos,    la   petición

de Certiorari presentada ante nuestra consideración será acogida como

un   recurso         de   Apelación,   aunque     conservará   la    clasificación

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal. Véase: Cortés

Pagán v. González Colón, 184 DPR 807, a la pág. 813 (2012); Figueroa

v. Del Rosario, 147 DPR 121, a la pág. 129 (1998).

        Por    los    fundamentos      que     expondremos     a    continuación,

adelantamos que se Revocan las Resoluciones recurridas.

                                          I.

        La Lcda. Rodríguez Bernier y el Lcdo. Rivera Santos procrearon

durante su matrimonio un hijo, el joven Rivera Rodríguez, nacido el 12

de febrero de 2002. Durante el 2005 las partes se divorciaron,

acordando una pensión alimentaria y el pago del plan médico del

entonces menor de edad.

        Luego de que el joven Rivera Rodríguez advino la mayoría de

edad, el 24 de febrero de 2023, el Lcdo. Rivera Santos presentó ante el

TPI una Moción Solicitando Relevo de Pensión Alimentaria. Adujo que,

al joven advenir la mayoría de edad, no existía ninguna obligación para

continuar aportando a su sustento. El joven había interrumpido sus

estudios universitarios y se encontraba trabajando en el bufete de

abogados de su madre.

        Posteriormente, el 15 de marzo de 2023, la Lcda. Rodríguez

Bernier presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Relevo de

Pensión Alimentaria. Mediante esta, informó al TPI que el recurrido

había incumplido con la Regla 4.4 (c) de Procedimiento Civil, al no

notificar la Solicitud de Relevo de Pensión Alimentaria a su hijo. Además,

la peticionaria le informó al TPI sobre la condición de autismo del joven,
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luego de que el recurrido no lo notificara al Tribunal en la Moción

Solicitando Relevo de Pensión Alimentaria.

      La Lcda. Rodríguez Bernier argumenta que, una vez notificado el

TPI de la condición del joven, este venía obligado a actuar conforme

dispone la Regla 15.2 de las de Procedimiento Civil. Según la

peticionaria, la Regla establece la necesidad de celebrar una vista para

asegurarse de que el joven entendía la naturaleza del procedimiento y,

de ser necesario, nombrarle un defensor judicial.

      Para sustentar que su hijo no entendía el proceso al que sería

expuesto, la Lcda. Rodríguez Bernier presentó múltiples documentos

que evidenciaban la condición de autismo del joven. Entre los

documentos, presentó una Certificación de Registro del Departamento

de Educación, la cual acreditaba que el joven recibía los servicios de

educación especial desde sus cuatro (4) años y las evaluaciones

realizadas. La peticionaria solicitó que el TPI nombrara un defensor

judicial para su hijo.

      El 20 de marzo de 2023, el TPI emitió una Orden mediante la cual

requirió al Lcdo. Rivera Santos notificar su solicitud al joven Rivera

Rodríguez. A su vez, le confirió al joven quince (15) días para exponer

su posición.

      Así las cosas, el 12 de abril de 2023 el joven Rivera Rodríguez,

por conducto de su madre, presentó una Solicitud de Prórroga y

Señalamiento de Vista. Mediante la solicitud, la Lcda. Rodríguez

Bernier, en su carácter de madre, argumentó que su hijo no tenía

capacidad      para   entender   las   implicaciones   del   proceso   y   el

incumplimiento con la Orden emitida por el TPI. Añadió que estaba

recopilando toda la información y documentación necesaria para

presentar la Petición de Declaración de Incapacidad y Nombramiento

de Tutora. Además, informó que había contratado a la Dra. Lilliana

Hernández Martínez con el propósito de que esta emitiera un Informe.
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El Informe sería utilizado en la Petición de Declaración de Incapacidad

y Nombramiento de Tutora.

      En base a esto, nuevamente solicitó que el TPI señalara una vista

con el propósito de evaluar si su hijo entendía la naturaleza del proceso

y la necesidad de nombrarle un defensor judicial. También solicitó un

término de treinta (30) días para documentar la presentación de la

Petición de Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor.

      El 14 de abril de 2023, notificada el 21 de abril de 2023, el TPI

emitió una Orden declarando No Ha Lugar la Solicitud de Prórroga y

Señalamiento de Vista presentada por la peticionaria, como madre del

joven Rivera Rodríguez.

      Esa misma fecha, el Tribunal emitió una Resolución mediante la

cual relevó de la pensión alimentaria al Lcdo. Rivera Santos, por el

joven Rivera Rodríguez haber advenido a la mayoría de edad. En su

Resolución, el TPI resolvió que ¨[s]e releva del pago de la pensión

alimentaria al Sr. José Miguel Rivera Santos por haber advenido a la

mayoría de edad José Miguel Rivera Rodríguez. Efectivo el 12 de febrero

de 2023¨.

      Inconforme, la Lcda. Rodríguez Bernier y el joven Rivera

Rodríguez, por conducto de su madre, presentaron una Urgentísima

Solicitud de Reconsideración el 8 de mayo de 2023. Mediante la misma,

reiteró su solicitud de celebrar una vista para evaluar el estado mental

del joven. Una vez más, presentó evidencia respecto a la condición de

autismo del joven. A tales efectos, presentó el Informe de Evaluación

Psicológica realizado por la Dra. Hernández Martínez, recibido por la

peticionaria el 4 de mayo de 2023.

      En oposición, el 12 de mayo de 2023, el Lcdo. Rivera Santos

presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Reconsideración y Otros

Extremos.   Alegó   que   la   peticionaria   estaba   imposibilitada   de

comparecer en beneficio de su hijo por existir un conflicto ético.
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Además, argumentó que, al no existir una declaración de incapacidad,

no procedía la solicitud de que se mantuviese la pensión alimentaria.

      El 10 de mayo de 2023, notificada el 15 de mayo de 2023, el TPI

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la Urgentísima Solicitud

de Reconsideración presentada por la peticionaria. Ese mismo día, el

TPI emitió una Orden indicando: ¨Nada que proveer, el Tribunal ya se

expresó. La capacidad del joven Carlos José Rivera Rodríguez se

presume. Se apercibe que existen otros remedios expresados en el

Código Civil que pueden atender la situación planteada¨.

      El 17 de mayo de 2023, la Lcda. Rodríguez Bernier presentó una

Urgente Solicitud de Remedio y Notificación de Presentación de Petición

de Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor. La recurrida

notificó al TPI que había presentado la Petición de Declaración de

Incapacidad y Nombramiento de Tutora en el Caso Civil Núm.

PO2023RF00435. A su vez, solicitó que se reinstalara la pensión

alimentaria o la imposición de una pensión alimentaria provisional.

      El 24 de mayo de 2023, notificada el 31 de mayo de 2023, el TPI

dictó una Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud presentada

por la peticionaria por haberse presentado fuera de término.

      Insatisfecha, la Lcda. Rodríguez Bernier comparece ante este

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari presentado el

14 de junio de 2023. La peticionaria hace los siguientes señalamientos

de error:

      Erró el TPI, al relevar al recurrido, licenciado Rivera
      Santos, de la pensión alimentaria y al no celebrar una vista
      con el propósito de asegurarse que el joven Rivera
      Rodríguez era capaz de comprender la naturaleza del
      proceso, todo ello, conforme dispone la Regla 15.2 de las
      de Procedimiento Civil.

      Erró el TPI, al no reinstalar la pensión alimentaria o
      celebrar una vista para fijar una pensión alimentaria
      provisional, una vez documentada la presentación de la
      Petición de Declaración de Incapacidad y Nombramiento de
      Tutora y ponerlo en condiciones de conocer que la
      manutención total del joven Rivera Rodríguez estaba
      siendo cubierta únicamente por la peticionaria, licenciada
      Rodríguez Bernier.
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      Erró el TPI, al descartar la Urgente Solicitud de Remedio y
      Notificación de presentación de Petición de Declaración de
      Incapacidad y Nombramiento de Tutor presentada por la
      peticionaria,    licenciada    Rodríguez      Bernier,   por
      supuestamente        considerarla   una      reconsideración
      presentada de forma tardía.

      El 20 de junio de 2023, este Tribunal mediante Resolución le

concedió al Lcdo. Rivera Santos un término de diez (10) días para

presentar su oposición.

      En cumplimiento, el 30 de junio de 2023, el recurrido presentó

un Memorando en Oposición a que se Expida Recurso de Certiorari.

Argumentó que no procedía la expedición del recurso de Certiorari

porque el joven Rivera Rodríguez advino a la mayoría de edad y no había

sido incapacitado judicialmente. Por ende, adujo que, hasta tanto el

Tribunal no declare incapaz al joven, no existirá fundamento para que

el recurrido continúe pagando una pensión alimentaria.

                                   II.

A. Derecho de Alimentos

      Entre los deberes principales de la patria potestad se encuentra

el deber de proveer alimentos a los hijos. Esta obligación de los padres

y el derecho de los hijos menores de edad a reclamar sus alimentos es

parte esencial del derecho constitucional a la vida. Este deber y derecho

constitucional, que a su vez está revestido del más alto interés público,

que no es otro que el mejor bienestar del menor, está ampliamente

resguardado en los Artículos 653 al 680 del Código Civil de Puerto Rico,

31 LPRA secs. 7531 a la 7582 y en la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre

de 1986, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la

Administración para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501 et. seq.

Véase, Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1 (2004); Martínez v. Rodríguez,

160 DPR 145 (2003); Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 DPR 3 (1993).

Los tribunales tienen el deber de velar por ese derecho y asegurar el

cumplimiento con las obligaciones que derivan del deber de los

progenitores de alimentar a sus hijos menores de edad, toda vez que

un reclamo de alimentos se fundamenta en el derecho a la vida
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consagrado en la Sección 7 del Artículo II de nuestra Constitución.

Const. ELA Art. II, Sec. 7., Const. P.R., LPRA, Tomo 1; Díaz Ramos v.

Matta Irizarry, 198 DPR 916 (2017), 923.

      Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición

social de la familia. Los alimentos comprenden también la educación e

instrucción del alimentista, cuando es menor de edad. Artículo 653 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 7531.

      A su vez, la obligación de brindar alimentos a los menores de

edad surge de la relación paterno-filial que se origina en el momento en

que la paternidad o maternidad quedan establecidas. McConnell v.

Palau, 161 DPR 734, (2004).

      La obligación de los padres para proveer el sustento a sus hijos

tiene dos bases estatutarias: (1) la que es parte del contenido jurídico

del ejercicio de la patria potestad y emana del Artículo 590 del Código

Civil, 31 LPRA 7542; y (2) la que surge del Artículo 658 del Código Civil,

31 LPRA 7541, que regula lo concerniente a alimentos entre parientes.

      A diferencia de la obligación de proveer alimentos que establece

el Artículo 590 del Código Civil, supra, para los hijos que viven en

compañía de sus progenitores, como consecuencia del ejercicio de la

patria potestad, el Artículo 658 del Código Civil, supra, regula la

obligación de un progenitor en cuanto a los “hijos no emancipados que

no viven en su compañía y sobre los cuales no tiene la patria potestad,

y a hijos y otros parientes, no importa su edad, que tengan necesidad

de alimentos, y siempre que el alimentante cuente con recursos para

proveerlos”. Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4 (1983). Se funda en

el estado de necesidad del hijo y depende de la condición económica de

los padres alimentantes.

      Una vez emancipados o alcanzado la mayoría de edad, los hijos

tienen la capacidad para representar sus propios intereses ante los

tribunales. Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 268 (1985). Por
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tal razón, el alimentista se convierte en parte indispensable para la

controversia de alimentos y habrá que notificarle todo lo relacionado a

dicha controversia. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009).

       Es norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo que el hecho

de que los hijos puedan comparecer a solicitar alimentos, aún luego de

alcanzar la mayoridad, obedece a que la obligación de alimentarlos no

cesa    automáticamente      porque    estos   hayan    cumplido     21

años. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550 (2012);

Key Nieves v. Oyola Nieves, supra. La emancipación por mayoría de

edad no apareja ipso facto la pérdida del derecho a reclamar alimentos

de los padres, pues siempre subsistirá la obligación que emana del

Artículo 658 del Código Civil, supra, que atiende las necesidades

alimentarias entre parientes. De manera que, una vez establecida una

pensión alimentaria, ni la emancipación, ni la mayoría de edad de los

hijos relevan al padre de su obligación de alimentarles si aquellos lo

necesitaren. Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 DPR 518, 523

(1976); Rivera et al. v. Villafañe González, 186 DPR 289, 293 (2012). No

obstante, ese tipo de obligación requiere que el hijo ya mayor de

edad tenga la necesidad de esa pensión alimentaria, lo que se analiza

bajo criterios distintos a los que se toman en cuenta cuando se

adjudican los alimentos de un menor. Por tanto, este viene obligado a

probar las circunstancias que le hacen acreedor de estos. (Citas

omitidas). Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra. En otras

palabras, la pensión alimentaria no cesa automáticamente al momento

de cumplir la mayoridad de edad.

       Debido a lo anterior, resolvemos que es deber del alimentante, si

es que así lo desea, poner en conocimiento al tribunal de que sus hijos

alimentistas están próximos a llegar a la mayoridad y su interés de ser

relevado del pago de la pensión alimentaria. Es decir, la pensión

otorgada a un menor de edad continuará en vigor –aunque advenga a

la mayoría de edad- hasta que no se realice el trámite procesal descrito
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anteriormente. Esa moción se le deberá notificar al alimentista, de

modo que este pueda comparecer dentro de ese mismo pleito -a nombre

propio- y establecer que sus necesidades permanecen vigentes y que

reúne los requisitos que le hacen acreedor de la pensión a pesar de que

ya es mayor de edad. Entonces, solo restará que el tribunal, tomando

en consideración las circunstancias particulares de cada caso, evalúe

si procede relevar al padre alimentante de la obligación que se le había

impuesto hasta ese momento. Íd.

      Por otro lado, el Artículo 658 se distingue en que la obligación es

exigible cuando se demuestra la necesidad de alimentos del hijo y son

reclamados judicialmente. 31 LPRA 7563; Chévere v. Levis I, 150 DPR

525 (2000); Guadalupe Viera v. Morell, supra. El Tribunal Supremo ha

resuelto que la fecha de efectividad de una orden del tribunal fijando

una pensión alimentaria es la fecha de su reclamación, por lo que los

alimentos se abonarán a partir del momento en que se exijan

judicialmente. Quiles Pérez v. Cardona Rosa, 171 DPR 443 (2007),

citando a Pueblo v. Zayas Colón, 139 DPR 119 (1995) y De Jesús v.

Castellar, 80 DPR 241 (1958). Por tanto, al dictar una sentencia o

resolución sobre alimentos, el pago de la correspondiente pensión

alimentaria será retroactivo a la fecha en que el alimentista presentó

su   acción   ante   el   Tribunal,   independientemente   del   tipo   de

procedimiento utilizado. Pueblo v. Zayas Colón, supra, págs. 125-126.

B. Debido Proceso de Ley

      El debido proceso de ley es un derecho fundamental reconocido

tanto en nuestra Constitución como en la Constitución Federal.

Artículo II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emda. V y XIV, Const.

EE.UU. Dicha garantía opera en dos dimensiones distintas, a saber, la

sustantiva y la procesal. ELA et al. v. Molina Figueroa, 186 DPR 461

(2012). El debido proceso de ley sustantivo pretende proteger y

salvaguardar los derechos fundamentales de las personas al requerirle

al Estado justificación al intervenir con los mismos. Por otro lado, en
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su vertiente procesal el debido proceso de ley busca garantizar que la

interferencia con los intereses de libertad o propiedad de las personas

se lleve a cabo a través de un procedimiento que sea imparcial y justo.

      Nuestra jurisprudencia ha establecido varios requisitos que todo

procedimiento adversativo debe cumplir para satisfacer las exigencias

mínimas del debido proceso de ley, a saber: que las partes sean

notificadas adecuadamente del proceso; que las partes tengan la

oportunidad de ser oídos; que el proceso se lleve a cabo ante un

juzgador imparcial; que las partes tengan derecho a contrainterrogar a

los testigos y a examinar la evidencia presentada en su contra; que la

decisión se base en evidencia presentada y admitida en juicio y que las

partes tengan derecho a tener asistencia de abogado. Hernández v.

Secretario, 164 DPR 390 (2005); McConell v. Palau, supra; Rivera

Rodríguez v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881 (1993).

C. Regla 15.2 de las de Procedimiento Civil

La referida Regla 15.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
15.2 (a), dispone que:

      Regla 15.2. Menores y personas incapacitadas

      (a) Un o una menor deberá comparecer por medio de su
      padre o madre con patria potestad o, en su defecto, por
      medio de su tutor o tutora general. Una persona mayor de
      edad o emancipada que esté judicialmente incapacitada
      deberá comparecer por medio de su tutor o tutora general.
      Sin embargo, el tribunal podrá nombrarle un defensor o
      una defensora judicial a cualquier menor o persona
      incapacitada judicialmente siempre que lo juzgue
      conveniente o esté dispuesto por ley.
      (b) En los casos previstos en la última oración de la
      Regla 4.4(c) y en la Regla 22.2, el tribunal determinará
      sobre el estado mental de la parte y si es conveniente
      y procede el nombramiento de un defensor o una
      defensora judicial. 32 LPRA Ap. III, R. 15.02. (Énfasis
      suplido).

      Nuestro Tribunal Supremo resolvió en el año 2000 el caso Rivera

y otros v. Bco. Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140 (2000), donde

discutió el alcance de la citada Regla 15.2.    Dicho foro catalogó de

obligación, el tener que celebrar una vista para dilucidar la capacidad
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de una parte en el pleito, una vez se le presentan al tribunal motivos

para dudar de la misma y se solicita que se nombre un defensor

judicial. El Tribunal Supremo expresó sobre lo anterior que:

           La incapacidad de una persona solamente puede ser
      solicitada por el cónyuge, los parientes del presunto
      incapaz y el fiscal. Véanse Arts. 181 y 182 del Código
      Civil, 31 L.P.R.A. secs. 704-705. Por lo tanto,
      generalmente, una parte en un pleito no puede solicitar
      al tribunal que declare incapaz a la parte contraria. No
      obstante, a partir de la aprobación de las Reglas de
      Procedimiento Civil de 1979, se impuso al demandante,
      su abogado o la persona que diligencia el
      emplazamiento, la obligación "de informar al tribunal
      la condición mental del demandado, cuando este hecho
      es de su conocimiento o tiene motivos fundados para
      así creerlo, de suerte que, el tribunal proceda a tomar
      las medidas necesarias para determinar la cuestión de
      capacidad mental, en su caso, nombrando un defensor
      'ad litem', según establece la Regla 15.2(b) de
      Procedimiento Civil". Énfasis suplido.
      [. . .]
           Una vez notificado el tribunal de instancia sobre la
      posibilidad de que un demandado esté incapacitado, y
      existiendo fundamento razonable para ello, vendrá
      obligado dicho foro a hacer una determinación sobre el
      estado mental de la parte. Regla 15.2(b) de
      Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Basado en esta
      determinación, decidirá el tribunal si procede o no el
      nombramiento de un defensor judicial a la parte. Id.
      Contrario a la determinación sobre el estado mental --
      la cual es obligatoria en estos casos--, la decisión de
      nombrar un defensor judicial es una que estará sujeta
      a un criterio de conveniencia, según se desprende del
      texto del Inciso (b) de la Regla 15.2. Rivera Durán v.
      Banco Popular, supra, a la pág. 176. (Énfasis suplido).

      Resulta indubitado, pues, que existe una obligación continua de

informar sobre la condición mental de alguna parte, tanto para la parte

demandante, su abogado y el emplazador, así como también puede

informarlo un pariente del primero. Una vez se le presentan al tribunal

motivos fundados para dudar de la capacidad de una parte, éste viene

obligado a celebrar una vista a esos efectos.

D. El Defensor Judicial

      El defensor judicial “es un tutor especial nombrado [por el

tribunal] para que represente a un incapacitado o a un menor en un

pleito en específico”. R & G Premier Bank of P.R. v. Registradora, 158

DPR 241 (2002); Rivera y Otros v. Bco. Popular de Puerto Rico, supra.

Este nombramiento obedece al poder de parens patriae que tiene el
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Estado, cuyo único y principal objetivo es velar por el bienestar de los

menores e incapaces. Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290 (2003); Santana

Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985).

      En virtud de la Regla 4.4(c) de Procedimiento Civil, en todos los

casos en que la parte demandante, su abogado o abogada o la persona

que diligencie el emplazamiento tenga fundamento razonable para creer

que la persona que será emplazada está incapacitada mentalmente,

“deberá notificarlo al tribunal para que éste proceda de acuerdo con lo

dispuesto en la Regla 15.2 (b). Así pues, partiendo de dicha solicitud,

decidirá el tribunal si procede o no el nombramiento de un defensor

judicial a la parte, sujeto a un criterio de conveniencia, según se

desprende del texto de la Regla 15.2 (b) de Procedimiento Civil, supra.

      Una vez el foro de primera instancia quede informado sobre la

posibilidad de que un demandado esté incapacitado, y existiendo

fundamento razonable para ello, éste vendrá obligado a hacer una

determinación sobre el estado mental de la parte, de acuerdo con las

disposiciones de la Regla 15.2(b) de Procedimiento Civil, supra. A base

de tal determinación es que el tribunal decidirá si procede o no el

nombramiento de un defensor judicial a la parte. Rivera y Otros v. Bco.

Popular de Puerto Rico, supra.

      De modo, que el tribunal tiene la discreción de establecer

cualquier otra medida para proteger los intereses de esta parte, cuya

determinación estará guiada por el principio rector de todo nuestro

ordenamiento procesal de lograr que los casos sean resueltos de una

forma justa, rápida y económica. Íd.

      Analizada la controversia bajo el crisol doctrinario previamente

esbozado, nos encontramos en posición de resolver el caso ante nos.

                                  III.

      La parte peticionaria y madre del joven Rivera Rodríguez, reclama

mediante sus señalamientos de error que el TPI erró al relevar al

recurrido de la pensión alimentaria y no celebrar una vista con el
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propósito de asegurarse que el joven era capaz de comprender la

naturaleza del proceso conforme la Regla 15.2 de las de Procedimiento

Civil. Además, plantea que el TPI erró al no reinstalar la pensión

alimentaria o celebrar una vista para fijar una pensión provisional, una

vez documentada la presentación de la Petición de Incapacidad y

Nombramiento de Tutora y ponerlo en condiciones de conocer que la

manutención total del joven estaba siendo únicamente satisfecha por

la peticionaria. Concluye sus planteamientos de errores señalando que

erró el TPI al descartar la Urgente Solicitud de Remedio y Notificación

de presentación de Petición de Incapacidad y Nombramiento de Tutor

presentada por la peticionaria por supuestamente considerarla como

una reconsideración presentada de manera tardía.

      Por encontrarse íntimamente relacionados los señalamientos de

error, procederemos nuestro análisis y discusión de manera conjunta.

      En los hechos pertinentes a la controversia ante nuestra

consideración, comparece la madre reclamando los derechos de su hijo,

que, aunque mayor de edad, se alega tiene una incapacidad que no le

permite tomar decisiones ni le permite discernir la naturaleza del

procedimiento que se lleva a cabo en el Tribunal. Si bien es cierto que

la capacidad se presume conforme nuestro Código Civil, ante un

reiterado reclamo de una posible incapacidad, el TPI debió de

asegurarse que el joven entendía la naturaleza y los efectos del proceso.

      No podemos pasar por alto que se trata de la obligación y

responsabilidad de unos padres de alimentar a un hijo, que, aunque es

mayor de edad, se alega que es presuntamente incapaz.

      No obstante, ante los planteamientos recurrentes de la madre

peticionaria ante el TPI y la presentación de documentación en apoyo

de su postura, el TPI debió entrevistar al joven como parte del debido

proceso de ley para así evaluar su condición física y mental antes de

tomar la drástica determinación de suspender la pensión alimentaria.

El TPI debió celebrar una vista al amparo de la Regla 15.2 de las de
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Procedimiento Civil de manera que pudiera implementar las medidas

necesarias de carácter provisional.

      Como bien señalamos anteriormente, la madre peticionaria,

presentó distintas evaluaciones médicas realizadas al joven a través de

los años, su diagnóstico de autismo y las alegadas limitaciones que

posee para regir sus bienes y persona. Ante el escenario y condiciones

presentadas al TPI, este tenía que haber actuado dándole un debido

proceso de ley, debió tomar las medidas cautelares y celebrar una vista

al amparo de la Regla 15.2 de las de Procedimiento Civil de manera que

pudiera implementar las medidas necesarias de carácter provisional

para cerciorarse de la capacidad de Carlos J. Rivera Rodríguez de

entender los procedimientos, incluyendo designarle un defensor

judicial y representación legal. Ello está cimentado en que la

emancipación ni la mayoría de edad de los hijos releva a los padres de

alimentar a los hijos si lo necesitan.

      Este Tribunal entiende que los planteamientos de error fueron

cometidos, por lo que Revocamos las Resoluciones recurridas.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso y

revocamos los dictámenes recurridos. Así resuelto, se devuelve el caso

al TPI para la continuación de los procedimientos conforme lo aquí

resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del

Tribunal.

      Notifíquese inmediatamente.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones