Court Opinion

ID: 9381038
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:11:10.77143+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.295628
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL

Miriam Vélez García                                CERTIORARI
                                                   procedente del
        Recurrida                                  Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
              vs.                                  Superior de Guayama
                              KLCE202300081
Pedro L. Hernández                                 Civil Núm.:
Claudio por sí y en                                GM2021CV00194
representación de G &
G Windows and Doors                                Sobre: Injunction
MGN, Inc.                                          Provisional, Preliminar
                                                   y Permanente; Acción
       Peticionario                                Derivativa; Daños

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores.

Rivera Colón, Juez Ponente.

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

       Comparece ante nos, el señor Pedro L. Hernández Claudio

(Sr. Hernández Claudio o parte peticionaria), quien presenta

recurso de Certiorari en el que solicita la revocación de la

“Resolución” emitida y notificada el 3 de enero de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama.

Mediante el referido dictamen, el Foro Primario declaró Con Lugar

la “Moción Solicitando Reconsideración a Resolución” presentada

por la señora Miriam Vélez García (Sra. Vélez García o parte

recurrida).

       El 30 de enero de 2023, emitimos una “Resolución” mediante

la cual le otorgamos a la parte recurrida un término de veinte (20)

días,1 contados a partir de la notificación de dicha “Resolución”,

para someter su alegato en oposición. El referido término venció el

21 de febrero de 2023, por lo que, habiendo transcurrido el

1Véase la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.
XXII-B, R. 7(B)(5).

Número Identificador

SEN2023 ___________
KLCE202300081                                                             2

término concedido, procedemos a dar por perfeccionado el presente

recurso, y a resolverlo sin el beneficio de su comparecencia.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

revocamos       el    dictamen   mediante      los        fundamentos   que

expondremos a continuación.

                                    I.

      El 30 de abril de 2021, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una “Sentencia” mediante la cual declaró Con Lugar una

demanda de divorcio bajo la causal de ruptura irreparable,

decretando disuelto el vínculo matrimonial habido entre las partes.

Como parte del dictamen, el Foro Primario plasmó varias órdenes,

entre las cuales, dispuso que, “[l]a Sra. Miriam Vélez García

continuar[á] ocupando el bien ganancial que constituyó el hogar

del matrimonio”.2 El hogar de matrimonio, objeto de la presente

controversia, se localiza en la Urbanización Gran Vista II en el

municipio de Gurabo.

      Así las cosas, el 16 de junio de 2021, Sr. Hernández Claudio

presentó una “Demanda”, y solicitó la división de la comunidad de

bienes   post    ganancial.      Según surge del expediente,            esta

reclamación          fue   consolidada   con         el      caso   número

GM2021CV00194, ante el Foro Recurrido. El referido caso, inició

como una acción derivativa, donde se dilucidaban los asuntos

relativos a una corporación perteneciente a ambas partes.

      Poco más de un año después, el 8 de agosto de 2022, el Sr.

Hernández Claudio presentó un escrito ante el Tribunal de Primera

Instancia,3 y solicitó que se le ordenase a la Sra. Vélez García a

pagar un canon de renta por el uso exclusivo de la propiedad

inmueble que constituyó el hogar matrimonial. La parte recurrida

2Véase, pág. 11 del apéndice que acompaña el presente recurso.
3 Véase, “Réplica a Varias Mociones; En Solicitud de que se Ordene a la
Demandante al Pago de Rente [sic] por uso Exclusivo”.
KLCE202300081                                                         3

se opuso a la solicitud,4 y señaló que, imponer el pago de renta

violentaba la orden que se dictó en la “Sentencia” de divorcio, toda

vez que éste era el hogar seguro de la Sra. Vélez García.

         El 7 de septiembre de 2022,5 el Foro a quo emitió una

“Resolución”, y determinó que la Sra. Vélez García no podía

invocar el hogar seguro, por las siguientes razones: (1) no había

menores residiendo en el hogar, y (2) los remedios provisionales se

pueden modificar en un pleito de partición de comunidad post

ganancial.

         Luego de varios trámites procesales, el Tribunal le otorgó a la

parte recurrida un término para que se expresara respecto a la

cuantía de $2,700.00 mensual en concepto de renta que solicitó el

Sr. Hernández Claudio. Así, el 21 de noviembre de 2022, la Sra.

Vélez García presentó una “Moción en Cumplimiento de Orden

sobre Solicitud de Pago de Renta sobre el Hogar Ganancial”, y

reiteró que el pago por renta es improcedente en derecho. Lo

anterior, por quedar constituido el derecho a hogar seguro en la

“Sentencia” de divorcio. Además, arguyó que, los Arts. 481 y 482

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6855-6856, disponen

que el reclamo de hogar seguro tiene el efecto de retirar el

inmueble del proceso de liquidación del régimen económico

matrimonial, por lo que se debe dilucidar cualquier controversia

sobre el hogar seguro en el mismo Tribunal que emitió la

“Sentencia”.

         Al día siguiente, el Sr. Hernández Claudio presentó una

“Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden”, y planteó que, en

esa etapa, no procedía dilucidar si se constituyó o no el hogar

seguro, pues ya este argumento había sido resuelto por el Foro

Primario.

4   Véase, “Oposición al Pago de Renta” del 19 de agosto de 2022.
5   Notificada en igual fecha.
KLCE202300081                                                           4

      Evaluadas las mociones presentadas por ambas partes, el 22

de noviembre de 2022,6 el Tribunal de Primera Instancia emitió

una “Resolución” mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción

en Cumplimiento de Orden sobre Solicitud de Pago de Renta sobre

el hogar Ganancial” presentada por la Sra. Vélez García, y señaló

una vista evidenciaria para la fijación del canon de arrendamiento.

      Insatisfecha, el 8 de diciembre de 2022, la Sra. Vélez García

presentó una “Moción Solicitando la Reconsideración a Resolución”

en la cual reiteró la aplicación de la figura del hogar seguro. El Sr.

Hernández Claudio se opuso a la solicitud de la parte recurrida.7

      Contando con la posición de ambas partes, el 3 de enero de

2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Resolución”,

declarando Con Lugar la “Moción Solicitando la Reconsideración a

Resolución” presentada por la parte recurrida. Razonó que, en

primer lugar, con la aprobación del Código Civil de 2020 se

extendió el derecho de hogar seguro a los excónyuges, aún sin la

procreación de hijos en común. En segundo lugar, determinó que

procedía objetar o modificar el derecho de hogar seguro ante el

tribunal que emitió la “Sentencia”, en este caso, el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Por tanto, concluyó

que el inmueble no es parte de la liquidación, sino hasta que el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, disponga

lo contrario.

      Inconforme, el Sr. Hernández Claudio recurre ante este foro

apelativo   intermedio,    y   plantea   la   comisión    del   siguiente

señalamiento de error:

      Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
      Instancia al declarar con lugar la moción de
      reconsideración presentada, por no poseer jurisdicción
      para resolver la misma controversia, lo cual ya había
      constituido cosa juzgada. Al hacerlo, abusó de su

6Notificada el 23 de noviembre de 2022.
7 Véase, “Réplica a Moción de Reconsideración” presentada el 2 de enero de
2023.
KLCE202300081                                                         5

      discreción al incurrir en prejuicio, parcialidad y error
      manifiesto.
                                   II.

      En lo pertinente, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 47, dispone que “[l]a parte adversamente afectada por

una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá

presentar, dentro del término de cumplimiento estricto de

quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o

resolución, una moción de reconsideración de la orden o

resolución”. (Énfasis nuestro). Esta moción “debe exponer con

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho

que el promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en

cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales”. Íd. De lo

contrario, “será declarada ‘sin lugar’ y se entenderá que no ha

interrumpido el término para recurrir”. Íd.

      Por   consiguiente,   ante    la   presentación   y   notificación

oportuna de esta moción, el tribunal deberá examinar “la

particularidad y especificidad de los hechos y el derecho que el

promovente entiende que el tribunal debe reconsiderar”. Pueblo v.

Rosario Paredes, 2022 TSPR 46, 209 DPR ___. Independientemente

de que el promovente no logre que el tribunal reconsidere, su

solicitud interrumpirá automáticamente el plazo para acudir en

alzada, salvo que se trate de una moción escueta y sin

fundamentos. Íd.

      En lo concerniente, cuando una moción de reconsideración

es notificada fuera del término de cumplimiento estricto que

dispone la Regla 47, supra, es posible que dicho término sea

prorrogado, siempre y cuando la parte que presenta la solicitud

cumpla con la carga de acreditar la justa causa que les impidió
KLCE202300081                                                      6

notificar oportunamente. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196

DPR 157, 176 (2016).

                                III.

       Según se desprende del trámite procesal ya discutido, y tras

haberse declarado disuelto el matrimonio entre las partes de

epígrafe, el Sr. Hernández Claudio solicitó que se le ordenase a la

Sra. Vélez García a pagar un canon de renta por el uso exclusivo

de la propiedad inmueble que constituyó el hogar matrimonial. La

parte recurrida se opuso, toda vez que éste era hogar seguro,

según la orden que se dictó en la “Sentencia” de divorcio.

       El 7 de septiembre de 2022, el Tribunal a quo emitió una

“Resolución” mediante la cual determinó que, en la “Sentencia” de

divorcio, no se constituyó el derecho de hogar seguro, y que

procedía el pago de renta por el uso exclusivo del inmueble. La

Sra.   Vélez   García    no   solicitó    la   revisión   de   dicha

determinación dentro del término dispuesto en ley. Véase,

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.

       No fue hasta el 21 de noviembre de 2022 que la parte

recurrida presentó una “Moción en Cumplimiento de Orden sobre

Solicitud de Pago de Renta sobre el Hogar Ganancial”, y reiteró

que, por quedar constituido el derecho a hogar seguro, el canon de

renta es improcedente en derecho.

       Al día siguiente, el foro a quo emitió una “Resolución”

mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción en Cumplimiento

de Orden sobre Solicitud de Pago de Renta sobre el hogar

Ganancial” presentada por la Sra. Vélez García, y señaló una vista

evidenciaria para la fijación del canon de arrendamiento.

       No obstante, el 8 de diciembre de 2022, la Sra. Vélez

García presentó una “Moción Solicitando la Reconsideración a

Resolución”, y reiteró la aplicación de la figura del hogar seguro. A

pesar de que el Sr. Hernández Claudio se opuso a la solicitud de la
KLCE202300081                                                         7

parte recurrida, y señaló que dicho argumento ya había sido

resuelto por el foro primario, el 3 de enero de 2023, el foro

recurrido     declaró   Con   Lugar     la    “Moción   Solicitando   la

Reconsideración a Resolución” presentada por la parte recurrida.

      Ante este cuadro fáctico, la parte peticionaria sostiene que el

Tribunal de Primera Instancia erró al declarar Con Lugar la

“Moción Solicitando la Reconsideración a Resolución”, toda vez que

no poseía jurisdicción para resolver dicha controversia. Le asiste

la razón.

      Como puede observarse, el 7 de septiembre de 2022 fue la

fecha en que el Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó una

“Resolución” resolviendo el planteamiento del hogar seguro. A

partir de dicha fecha, la Sra. Vélez García ostentaba de un

término de cumplimiento estricto de quince (15) días para

solicitar    la   reconsideración     del    dictamen   interlocutorio.

Resulta pertinente mencionar que, ante el paso de la tormenta

tropical Fiona por nuestra Isla, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico decretó, mediante Resolución, la extensión de “todo

término que haya vencido o que venza entre el lunes 19 de

septiembre de 2022 y el lunes 10 de octubre de 2022,

inclusive, se extenderá hasta el martes 11 de octubre de

2022”.      Véase, In re Medidas Judiciales ante emergencia tras el

paso del Huracán Fiona, 2022 TSPR 118. (Énfasis en el original).

No obstante lo anterior, la parte recurrida nunca solicitó la

reconsideración de la “Resolución” del 7 de septiembre de

2022 dentro de la extensión concedida. Sino que, no fue hasta

el 21 de noviembre de 2022 y el 8 de diciembre de 2022 que la

parte recurrida presentó mociones reiterando la aplicación de la

figura del hogar seguro.

      Ante este cuadro fáctico, la Sra. Vélez García debía, como

mínimo, demostrar y acreditar justa causa para la dilación.
KLCE202300081                                                         8

Tratándose   de   un   término   de    cumplimiento   estricto,   “[l]os

tribunales no gozan de discreción para prorrogar los términos de

cumplimiento estricto automáticamente”. Rivera Marcucci v. Suiza

Dairy, supra, a la pág. 170. No habiéndose demostrado la justa

causa, el foro adjudicativo no poseía discreción para extender

el término de cumplimiento estricto. En conformidad con esto,

abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al

reconsiderar su dictamen, mediante la presentación de una

solicitud de reconsideración tardía, para la cual la parte recurrida

no demostró justa causa.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de este dictamen, se revoca la “Resolución” emitida el 3 de

enero de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Guayama, toda vez que la solicitud de reconsideración fue

tardía, y la parte recurrida no demostró justa causa para la

dilación.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones