Court Opinion

ID: 9896831
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:15.145113+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:20.462989
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

 JUAN R. RODRÍGUEZ,                                      APELACIÓN
   CARMEN PRADO                                          ACOGIDA COMO
    SANTAMARÍA                                           CERTIORARI
                                                         procedente del
      Demandantes-                                       Tribunal de Primera
       Peticionarios              KLAN202300739          Instancia, Sala de
                                                         Familia y Menores de
               v.                                        Bayamón

  NICOLE M. SÁNCHEZ
    CABÁN, JUAN R.                                       Civil Núm.
  RODRÍGUEZ PRADO                                        DCU2015-0565

       Demandados-                                       SALA: 4005
        Recurridos
                                                         SOBRE: CUSTODIA
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2023.

       Comparecen ante nos las Partes Peticionarias, el Sr. Juan R.

Rodríguez Espada y la Sra. Carmen Prado Santana (en adelante,

“Partes Peticionarias”), para solicitarnos que se revoque la

Resolución Enmendada emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 15 de mayo de 2023 y

notificada el 20 de julio de 2023, en la cual declaró No Ha Lugar la

solicitud de relaciones abuelo filiales.

       Acogemos el recurso de epígrafe como una petición de

Certiorari por ser el recurso adecuado.1 Sin embargo, este

mantendrá la misma identificación alfanumérica correspondiente a

una apelación.

1 El término "sentencia" incluye cualquier determinación del Tribunal de Primera

Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse.
Solo debe quedar pendiente su ejecución. Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 42.1. Por otro lado, el término “resolución” incluye cualquier
dictamen que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial. Id.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
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      Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

expide el auto de certiorari y se confirma la determinación recurrida.

                                  I

      Fruto de la relación entre los señores Nicole M. Sánchez

Cabán y Juan R. Rodríguez Prado, ambos menores de edad en aquel

entonces, nació el 19 de mayo de 2009 en Puerto Rico, la menor

(JCRS). Al momento del alumbramiento, la Sra. Sánchez Cabán

contaba con catorce (14) años. Los abuelos paternos, el Sr. Juan R.

Rodríguez Espada y la Sra. Carmen Prado Santana, asumieron la

custodia física de su nieta cuando esta tenía dos meses hasta el 12

de noviembre de 2019, cuando la menor tenía diez años.

      El presente caso tuvo su inicio en el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Arecibo, el 11 de marzo de 2011, cuando

la Parte Peticionaria radicó una demanda para solicitar la custodia

de la menor JCRS. El 19 de agosto de 2015, el caso fue trasladado

al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón bajo la

designación alfanumérica DCU2015-0565. Luego de varios trámites

procesales, el 22 de enero de 2020, el Tribunal, mediante Resolución,

ordenó que la custodia fuera ostentada por la Parte Recurrida, Sra.

Sánchez    Cabán.    Posteriormente,     el   Tribunal   acogió    las

recomendaciones ofrecidas por la Unidad de Trabajo Social, que

propuso que las relaciones entre los abuelos paternos y la menor se

llevaran a cabo mediante un tratamiento terapéutico. Se ordenó a la

Parte Peticionaria y a la menor cumplir con un plan de terapia

psicológica, de manera individual. La Dra. Venus Hernández estuvo

a cargo de la terapia psicológica de la abuela mientras que la menor

fue atendida por la Dra. Norma Gómez Soto, quien anteriormente

había sido contratada por la abuela paterna.

      A la luz de lo anterior, la Dra. Venus Hernández expresó que

la Sra. Carmen Prado Santamaría había cumplido con lo requerido

por el tribunal y que estaba lista para comenzar la relación abuelo
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filial. Sin embargo, la menor demostró resistencia a restablecer la

conexión con su abuela paterna. Cónsono con ello, el Tribunal

instruyó a la Trabajadora Social, la Sra. Karim Rosado Raíces, que

llevara a cabo una discusión de caso para discutir sus hallazgos y

recomendaciones y entrevistara a la menor para conocer su punto

de vista. El tribunal tuvo la oportunidad de escuchar a la menor el

4 de octubre de 2022.

      La trabajadora social presentó su Informe Social el 31 de mayo

de 2022, en el cual recomendó que las relaciones abuelo filiales se

suspendieran en atención al interés óptimo de la menor. Esta

conclusión se tomó considerando los sentimientos de JCRS y la

recomendación      de    su   terapista.    Del   informe   previamente

mencionado, se desprende el resultado de las entrevistas realizadas

a ambas psicólogas y la menor. La menor a sus trece (13) años, le

manifestó a la Trabajadora Social que estaba “agotada de estar en el

tribunal y de todo lo relacionado con la familia de su padre […] pero

mi abuela no va a parar".2 La menor señaló que su abuela le mintió

acerca de su madre y que constantemente la llevaba a hospitales

para personas con problemas mentales y que desde que está con su

mamá no ha tenido que ir. También le pidió a la Trabajadora Social

que no la hiciera volver a ver a su abuela. La menor verbalizó que

no desea estar cerca de ella, que espera que respeten su deseo de

no verla y que se encuentra feliz con su madre.

      Inconforme con las recomendaciones, la Parte Peticionaria

solicitó impugnar el Informe Social y, el 3 de mayo de 2023, el

Tribunal celebró la vista en sus méritos. En esta vista, testificó la

Trabajadora Social del Tribunal, la Sra. Karim Rosado Raíces, y la

Trabajadora Social, María Deniz Ortiz Díaz, como perito de

impugnación de la Parte Peticionaria. Del testimonio de la Sra.

2 Véase apéndice del recurso KLAN202300739, pág. 6.
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Karim Rosado Raíces surge que la menor prefiere quedarse con su

madre y que no sabe en qué contexto la abuela la llevaba a

hospitales. De igual forma, la menor manifestó que se liberó al

hablar con su terapista. También hizo referencia a actos de maltrato

por parte de su abuela, pero no quiso profundizar sobre estos. La

Sra. Rosado Raíces no encontró indicios de que la menor estuviera

siendo manipulada.

      La Trabajadora Social del Tribunal mencionó que la menor

tenía un vasto conocimiento de los detalles del caso y que dicha

información no debía ser compartida. Por último, esta entiende que

no se debe forzar a la menor a sostener una relación con sus

abuelos.

      La Dra. Venus Hernández le expresó a la Sra. Rosado Raíces

que la abuela se encuentra en buen estado, que le realizaron varias

evaluaciones y que la Dra. Gómez se inventó una excusa para que

no se den las relaciones abuelo filiales.3 La Trabajadora Social del

Tribunal reconoce que la menor JCRS vivió gran parte de su vida

con   sus   abuelos    y   que,   en   algún    momento,   experimentó

desestabilización, pero actualmente se encuentra bien. La Dra.

Gómez entiende que en este momento no es apropiado fomentar las

relaciones abuelo filiales. Es importante destacar que, aunque no se

entrevistó al abuelo y la menor no expresó ningún comentario

negativo sobre él, la suspensión de las relaciones involucra a ambos.

      La Sra. Rosado Raíces señaló que era consciente que quien

contrató a la Dra. Gómez para que se le brindaran terapias

psicológicas a la menor fue la Parte Peticionaria para que le

proveyera servicios a JCRS. Inicialmente, la Dra. Gómez sugirió que

se restablecieran las relaciones entre los abuelos y la nieta, pero

posteriormente cambió de opinión, lo que finalmente desencadenó

3 Véase apéndice del recurso KLAN202300739, pág. 7.
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en una queja ética por parte de la Parte Peticionaria, Sra. Carmen

Prado Santamaria, con fecha del 24 de noviembre de 2019.

        Indistintamente de lo anterior, el 19 de enero de 2021, el

Tribunal confirmó que ella siga siendo la terapeuta de la menor

JCRS. Mas adelante, la abuela solicitó nuevamente que la Dra.

Gómez Soto no continuara ofreciendo sus servicios a la menor. No

obstante, el 29 de marzo de 2021, el foro primario denegó la petición

de la Parte Peticionaria manteniendo el tratamiento de la menor a

cargo de ésta. Cabe destacar que, aunque se alegó que la Dra.

Gómez era terapista de la abuela y de la menor, surge del expediente

que fue contratada exclusivamente para proporcionar terapias a

JCRS.

        El 22 de julio de 2022, los Apelantes presentaron una moción

al Tribunal en la que se indicaba que la Junta de Examinadores de

Psicólogos de Puerto Rico recomendó que se presentara una querella

formal contra la Dra. Gómez Soto. Sin embargo, la recomendación

de querella formal no le impide seguir desempeñando su función de

terapista. La Dra. Ortiz Díaz, concluyó que la Dra. Gómez Soto no

debió haber continuado brindando sus servicios a la menor. Así

mismo, recomendó que las relaciones abuelo filiales se llevaran a

cabo.

        En la vista de impugnación, la Parte Peticionaria presentó a

la Dra. María D. Ortiz Díaz, la cual fue cualificada como perito en

trabajo social. Esta presentó un informe de impugnación con fecha

del 11 de febrero de 2023. De acuerdo con su testimonio, se

desprende que su razón para intervenir es evaluar el informe social

de la Trabajadora Social del Tribunal, con el objetivo de verificar si

la intervención se llevó a cabo siguiendo las guías y estándares

acordados por la comunidad profesional en el ámbito de la

evaluación relaciones familiares. La Dra. Ortiz Díaz utilizó el método

conocido    como    "Meta-Análisis",   el   cual   implica   revisar   la
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documentación sin entrevistar a las partes. Destaca que las

preferencias de los menores no debe ser el único factor para

considerar al recomendar las relaciones abuelo filiales y que se debe

tomar en cuenta la madurez de la menor.4 Aclaramos que esta no

entrevistó a la menor. Así mismo, señaló que los primeros cinco

(5) años de la vida de un ser humano son esenciales y que la menor

pasó estos con su abuela. Indicó que no se justifica la suspensión

de la relación abuelo filial. Formuló dos preguntas que, a su

entender, son relevantes: 1) ¿Qué pasó que mis abuelos dejaron de

verme?; y 2) ¿Cuál es el rol de los abuelos en este caso?5

        De otro lado, es esencial destacar el rol e interés del padre de

la menor, el Sr. Juan R. Rodríguez Prado, en este caso. En un

comienzo, el Sr. Rodríguez Prado solicitó que se establecieran las

relaciones paternofiliales con la menor JCRS. Mas adelante, el 28 de

diciembre de 2021, informó a la Unidad Social que no tenía interés

en continuar con dicha solicitud. El 31 de enero de 2022, enunció

que interesaba continuar con el caso. El 14 de febrero de 2022, el

Tribunal le ordenó que contratara un trabajador social para la

preparación de un informe social de su hogar en Estados Unidos.

Pese a ello, el Sr. Rodríguez Prado no cumplió con el mandato.

Ulteriormente, el 30 de junio de 2022, expresó su voluntad de

desistir de la solicitud.

        El 12 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia

celebró vista en la cual se ordenó el cambio de custodia a favor de

la madre, la Sra. Nicole M. Sánchez Cabán. Asimismo, el 22 de enero

de 2020, el Tribunal emitió una Resolución estableciendo el cambio

de custodia y paralizando las relaciones abuelo filiales hasta que la

menor cumpliera con su tratamiento y estuviese preparada para

reanudar las relaciones abuelo filiales. Pasado unos trámites

4 Véase apéndice del recurso KLAN202300739, pág. 8.
5 Id., pág. 9.
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procesales, el foro primario emitió una Resolución Enmendada para

incorporar determinaciones adicionales, a solicitud de parte.

      Inconforme con lo resuelto en la vista de impugnación, el 21

de agosto de 2023, la Parte Peticionaria acudió a este Tribunal

mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los siguientes

errores:

 A. Erró el Honorable Tribunal en realizar determinaciones de
    hecho y conclusiones de derecho, bajo criterios subjetivos
    de la Juez y no sostenidos en la evidencia presentada, ni
    el expediente judicial.

 B. Erró el Honorable Tribunal al aplicar de manera retroactiva
    las disposiciones del Código Civil de 2020, habiendo sido
    este caso, radicado y tramitado bajo el Código de 1930.

 C. Erró el Honorable Tribunal al no permitir a la parte
    apelante, realizar evaluación a la menor por un tercero
    imparcial, para demostrar la importancia y/o necesidad
    de la relación abuelo filial solicitada por quienes fueron los
    padres de esta durante casi toda su vida.

 D. Erró el Honorable Tribunal al no tomar en consideración
    que los abuelos paternos, en el presente caso fueron los
    únicos custodios de la menor los primeros 10 años de su
    vida (teniendo al presente 14 años de edad)

 E. Erró el Honorable Tribunal al determinar que no se ofreció
    evidencia del beneficio, importancia y/o necesidad de las
    relaciones abuelo filiales solicitadas, cuando surge del
    propio informe pericial de la parte demandante apelante
    entrado en evidencia.

 F. Erró el Honorable Tribunal al tomar en consideración la
    opinión de la menor, a pesar de que entendió se le debe
    explicar a esta la razón legal para que fuera a hospitales
    psiquiátricos y a pesar de que sus alegaciones de maltrato
    sobre los abuelos han sido investigadas y descartadas por
    el Departamento de la Familia

 G. Erró el Honorable Tribunal, al negar al Sr. Juan Rodríguez
    Espada relación abuelo filial, pese a que nunca se pasó
    prueba de que no se pudiera dar la misma y de la misma
    Resolución, surge que la menor no hizo alegación negativa
    sobre este.

 H. Erró el Honorable Tribunal, al mantener como único
    profesional con contacto con la menor a la Dra. Gómez, sin
    tomar la solicitud del padre con patria potestad, en
    consideración al proceso disciplinario en curso y a las
    notificaciones sobre violaciones al código de ética de los
    psicólogos en el presente caso.
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    I. Erró el Honorable Tribunal en fundar su Resolución en
       razonamientos subjetivos y en asumir alegadas posiciones
       del padre sin que se pasara prueba sobre ello.

    J. Erró el Honorable Tribunal en cuestionar la opinión profesional
       de la perito, Dra. Venus Hernández al no entrevistar a la menor
       cuando fue el mismo tribunal, quien negó tal derecho.

                                       II

A. Certiorari

        El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.6 La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil7 establece los preceptos que regulan la

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.8 En lo

pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

               El recurso de certiorari para revisar resoluciones
        u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia, solamente será expedido por el
        Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
        resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
        denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
        obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
        el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
        resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
        sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
        esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
        anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
        familia, en casos que revistan interés público o en
        cualquier otra situación en la cual esperar a la
        apelación constituiría un fracaso irremediable de la
        justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
        certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
        tiene que fundamentar su decisión.
               Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
        expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
        revisada en el recurso de apelación que se interponga
        contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
        sobre los errores no perjudiciales.

        32 LPRA Ap. V, R. 52.1

6 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
8 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
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       Por otra parte, la Regla 52.2(b)9 establece los términos y

efectos de la presentación de un recurso de certiorari:

              (b) Recurso de “certiorari”. Los recursos de
       certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar las
       resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción
       voluntaria […] deberán ser presentados dentro del
       término jurisdiccional de treinta (30) días contados
       desde el archivo en autos de copia de la notificación de
       la sentencia o resolución recurrida.
              Los recursos de certiorari al Tribunal de
       Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del
       Tribunal de Primera Instancia […] deberán presentarse
       dentro del término de treinta (30) días contados desde
       la fecha de notificación de la resolución u orden
       recurrida. El término aquí dispuesto es de
       cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien
       circunstancias especiales debidamente sustentadas en
       la solicitud de certiorari.
              En aquellos casos que mediante recurso de
       certiorari se paralicen los procesos ante el Tribunal de
       Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones deberá
       resolver la controversia presentada ante sí dentro de los
       sesenta (60) días siguientes a que las partes
       concernidas se hayan expresado.

       32 LPRA Ap. V, 52.2(b)

       La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión

justiciera.10 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto

de certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.11

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones12 orienta la función del tribunal intermedio para ejercer

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de

certiorari.13 La referida regla dispone lo siguiente:

9 32 LPRA Ap. V, 52.2(b).
10 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
11 Id.
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
13 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLAN202300739                                                                 10

         El tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

         Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.14 Es por ello que los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.15 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1)

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.16

14 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
15 Id.
16 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al., 210

DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
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B. Relaciones Abuelo Filiales

       El Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha reconocido a los

progenitores el derecho fundamental de tomar decisiones relativas

al cuidado, crianza y custodia de sus hijos. Este derecho se

encuentra respaldado por las constituciones de Puerto Rico y de

Estados Unidos. Troxel v. Granville, 530 US 57, 66 (2000); Rexach v.

Ramírez, 162 DPR 130, 148 (2004). La Decimocuarta Enmienda

provee una protección particular a los intereses libertarios de los

individuos frente a la interferencia indebida por parte del gobierno.

Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1 ed. 2016, pág. 198. El

derecho constitucional de los padres y madres se ha ubicado dentro

del componente sustantivo de esta enmienda. Estas prerrogativas

también han sido evaluadas desde el marco del derecho a la

intimidad, el cual tiene raíces constitucionales. “Toda persona tiene

derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a

su reputación y a su vida privada o familiar”. Constitución del

Estado Libre Asociado, Art. II, § 8; Rexach v. Ramírez, supra, pág.

143.

       En Puerto Rico las relaciones familiares están revestidas de un

alto interés público. Martínez v. McDougal, 133 DPR 228, 231 (1993).

El derecho de los progenitores a tomar decisiones sobre sus hijos se

encuentra dentro del concepto de patria potestad. Galarza v.

Mercado, 139 DPR 619, 641 (1995). La patria potestad consiste en

la totalidad de deberes y derechos que corresponden a los

progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos desde el

momento de su nacimiento hasta que alcanzan su mayoría de edad.

31 LPRA § 7332. Entre sus obligaciones se encuentra el velar por

sus      hijos,   alimentarlos,   corregirlos,   inculcarle    valores   y

representarlos en el ejercicio de las acciones. 31 LPRA § 7242. La

patria     potestad    implica    la   responsabilidad    de     ejercerla

responsablemente de conformidad con la ley. 31 LPRA § 7251.
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    Por otra parte, el Estado posee un interés legítimo en ofrecerle

a los ciudadanos la atención y cuidado que no puede proporcionarse

ellos mismos. Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 313 (2001).

Esto implica que los derechos derivados de la patria potestad están

supeditados a la autoridad del estado a través de su poder de parens

patriae. Como regla general, el estado debe abstenerse de intervenir

en la esfera familiar. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 146.        No

obstante, los derechos de los progenitores deben ceder cuando en

su ejercicio se perjudica el interés óptimo del menor. Torres Ojeda,

Ex parte, 118 DPR 469, 480 (1987). La intervención del gobierno se

limita a aquellas circunstancias en las cuales existe un interés

apremiante. Troxel v. Granville, supra, pág. 68. Le corresponde al

gobierno demostrar que no existe un medio menos oneroso para

lograr su objetivo. 31 LPRA § 7321. A esos efectos, el tribunal tiene

la potestad de suspender o privar temporal o permanentemente a

los progenitores de la patria potestad sobre sus hijos cuando estos

no sean capaces de satisfacer sus necesidades. Rexach v. Ramírez,

supra, pág. 147. El tribunal determinará caso a caso el alcance de

dicha privación o suspensión. 31 LPRA § 7321. Al adjudicar

controversias relacionadas con menores, los tribunales deben

guiarse por el principio de asegurar los mejores intereses de los

menores y su bienestar integral. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 147;

Torres Ojeda, Ex parte, supra, pág. 480; Nudelman v. Ferrer Bolívar,

107 DPR 495, 508 (1978).

    El derecho de visita es el que inherentemente posee el

progenitor para comunicarse y establecer vínculos con sus hijos.

Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 775 (1985). Con el fin de

salvaguardar el bienestar del menor, el tribunal puede restringir o

interrumpir las relaciones familiares en situaciones graves que lo

justifiquen. 31 LPRA § 7331. El derecho de las relaciones abuelo

filiales fue reconocido a través de la promulgación de la Ley Núm.
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182-1997. Esta ley modificó el artículo 152A del anterior Código

Civil. El artículo establecía que los progenitores no pueden impedir

sin justa causa que los hijos se relacionen con sus abuelos.

Asimismo, les reconocía legitimación activa a los abuelos para ser

oídos ante el juez para que este último decidiera, tomando en

consideración las circunstancias particulares de cada caso. 31 LPRA

§ 591A.17

     Conviene destacar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos,

en Troxel v. Granville, expresó que los tribunales no pueden otorgar

visitación de los abuelos sobre la objeción de los padres a menos que

existan circunstancias excepcionales que justifiquen la intervención

estatal. Troxel v. Granville, supra, pág. 87. Nuestro Tribunal

Supremo tuvo la oportunidad de interpretar el artículo 152A del

antiguo      Código      Civil     tomando        en     consideración   este

pronunciamiento. Así pues, expresó que los tribunales deben darle

una consideración especial a la decisión de los padres de rechazar

las relaciones abuelo-filiales. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 161.

También, resaltó que no debe imponérseles a los padres la carga de

probar que las relaciones solicitadas por los abuelos serán

perjudiciales para el menor. Id., pág. 161. Enfatizó que les

corresponde a los abuelos solicitantes el peso de la prueba para

demostrar que tienen la aptitud para relacionarse con sus nietos. Id.

     Como es conocido, la aprobación del nuevo Código Civil de

Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, derogó el contenido del Art.

152A. Conforme a lo anterior, la relación abuelo filial se rige por el

Art. 619 del Código Civil vigente. 31 LPRA § 7332. Dicho artículo

establece lo siguiente:

       Corresponde a los progenitores que ejercen la patria
       potestad decidir con qué personas dentro o fuera del
       núcleo familiar se relaciona su hijo. Por ser un derecho
       fundamental, la determinación de los progenitores a
       estos efectos goza de una presunción de corrección.

17 Este artículo fue derogado por el Código Civil del 2020.
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      El tribunal solo puede interferir con el ejercicio de ese
      derecho cuando se demuestra la existencia de intereses
      apremiantes mediante prueba robusta, clara y
      convincente.
      Si el tribunal adjudica el derecho de visita, los
      progenitores determinarán la planificación del tiempo, el
      lugar y el modo de las relaciones autorizadas, siempre
      buscando el interés óptimo de los menores.
      A la hora de determinar el derecho de visita, el tribunal
      deberá tomar en consideración entre otras cosas, si esas
      relaciones familiares son importantes para el desarrollo
      integral del menor de edad, y si este ha estado bajo el
      cuidado temporal de otras personas.

    Cabe destacar que, hasta el momento, nuestro Tribunal

Supremo no ha tenido la ocasión de dar una interpretación al nuevo

artículo del Código Civil relacionado al derecho de visita de otros

parientes, el cual incluye el de los abuelos. Existen discrepancias

importantes entre ambos artículos. El Código Civil anterior requería

que los progenitores mostraran justa causa para prohibir las

relaciones abuelo filiales mientras que el nuevo Código Civil

establece una presunción de corrección a favor de los progenitores

al decidir con que personas los hijos menores de edad pueden

relacionarse. 31 LPRA § 7332. Así pues, el estándar de prueba

impuesto a los parientes es más alto. Les corresponde a los abuelos

demostrar con prueba clara robusta y convincente que el derecho

de visita contribuye al interés optimo y desarrollo integral del menor.

C. Disposiciones Transitorias

      Nuestro Código Civil vigente provee algunos artículos que

unifican la transición entre este y el Código Civil derogado de 1930.

Estas disposiciones abordan la cuestión de determinar cuál ley debe

aplicarse a acciones específicas utilizando los criterios provistos. El

artículo 1808, expone lo siguiente:

       Las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de
la entrada en vigor de este Código, subsisten con la extensión y en
los términos que le reconoce la legislación precedente; pero
sujetándose, en cuanto a su ejercicio y procedimientos para hacerlos
valer, a lo dispuesto en este Código. Si el ejercicio del derecho o de la
acción se halla pendiente de procedimientos comenzados bajo la
legislación anterior, y estos son diferentes de los establecidos en este
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Código, pueden optar los interesados por unos o por otros. 31 L.P.R.A.
§ 11713.

      Por otro lado, el artículo 1817 expresa que los casos que no

estén contemplados en las disposiciones previas serán resueltos

aplicando los principios que les sirvan de fundamento. 31 LPRA §

11722.

D. Apreciación de la Prueba

      Por lo general, un tribunal apelativo no debe interferir con las

conclusiones de hecho ni en la valoración de la credibilidad realizada

por el Juez del Tribunal de Primera Instancia. Serrano Muñoz v. Aux.

Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). Esto es, los foros apelativos deben

mostrar deferencia y respeto hacia la apreciación de la prueba

realizada por los foros inferiores. McConnell Jiménez v. Palau, 161

DPR 734, 737 (2004).

      La razón subyacente de esta deferencia hacia el Tribunal de

Primera Instancia radica en que el juez del foro primario tuvo la

oportunidad de presenciar la totalidad de la evidencia presentada,

lo que lo coloca en una posición más ventajosa que el tribunal de

apelación para considerarla. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR

560, 573 (1998). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que, por lo general, es el juez del Tribunal de Primera Instancia

quien se encuentra en una posición más favorable para valorar la

evidencia testimonial presentada, dado que fue él quien presenció y

escuchó a los testigos. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001).

El juez sentenciador ante quien deponen los testigos es quien tiene

la   oportunidad       de   poder    apreciar   sus   gestos,   titubeos,

contradicciones,       manerismos,     dudas,    vacilaciones   y,   por

consiguiente, de ir formando gradualmente en su consciencia la

convicción en cuanto a si dicen la verdad. Id., pág. citando a J.A.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Civil. San Juan, Pubs. JTS, T.

II, pág. 685 (2000).
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      Por consiguiente, el tribunal revisor no intervendrá con la

apreciación de la prueba hecha por el juzgador de los hechos, salvo

que exista error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. González

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011).

Esto se debe a que, de ordinario, “solo tenemos récords mudos e

inexpresivos” ante nuestra consideración al ejercer nuestra función

revisora. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010).

Cuando el Tribunal de Primera Instancia realice una apreciación

errónea de la prueba, su determinación estará sujeta a la facultad

revisora de los foros apelativos. Cárdenas Maxán v. Rodríguez

Rodríguez, 125 DPR 702, 712 (1990). Por lo tanto, los tribunales de

apelaciones intervendrán cuando la apreciación de la prueba no

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de toda la

prueba presentada. Méndez v. Morales, supra, a la pág. 36 (1996).

E. Peritos

    Un perito es “una persona que, a través de la educación o

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una

materia de manera que puede formar una opinión que sirva de

ayuda al juzgador”. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR

322, 338 (2010), citando traducción de Black's Law Dictionary, 8va

ed., Minnesota, Ed. Thomson West, 2004, pág. 619. Conforme a las

Reglas de Evidencia, una persona puede testificar como perito

“cuando [su] conocimiento científico, técnico o especializado sea de

ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la prueba o

determinar un hecho en controversia”. 32 LPRA Ap. VI, R. 702.

Cónsono con ello, para calificar como experto, es necesario poseer

“especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o

instrucción suficiente… en el asunto sobre el cual habrá de prestar

testimonio”. Regla 703 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 703.

      Una vez el perito haya sido calificado, las partes pueden

presentar prueba sobre el valor probatorio de su testimonio, con el
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propósito de impugnar o sostener su credibilidad. Véase, Sucn.

Pagán Berríos v. UPR y otros, 206 DPR 317 (2021). En sintonía con

lo anterior, el valor probatorio del testimonio va a depender de los

siguientes criterios, a saber: (1) si el testimonio está fundamentado

en hechos o información suficiente; (2) si el testimonio es el producto

de principios y métodos confiables; (3) si la persona testigo aplicó

los principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso;

(4) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado

generalmente en la comunidad científica; (5) las calificaciones o

credenciales de la persona testigo, y (6) la parcialidad de la persona

testigo. 32 LPRA Ap. VI, R. 702.

      Por otro lado, “toda persona testigo que declare en calidad de

perita podrá ser contrainterrogada siempre sobre sus calificaciones

como perita, el asunto objeto de su opinión pericial y los

fundamentos de su opinión”. 32 LPRA Ap. VI, R. 707. Lo anterior es

independiente de los medios de prueba para impugnar la

credibilidad de testigos, establecidos en la Regla 608 de Evidencia,

32 LPRA Ap. VI.

                                   III

      En el presente caso, la Parte Peticionaria nos solicita que

revoquemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia en

cuanto a la suspensión de las relaciones abuelo filiales.

       Primeramente, los Apelantes señalan como error que el

Tribunal de Primera Instancia aplicó de manera retroactiva las

disposiciones del Código Civil de 2020. El caso ante nos tuvo su

génesis en la presentación del Informe Social de la Trabajadora

Social del Tribunal, la cual recomendó que no se llevaran a cabo las

relaciones abuelo filiales. El Tribunal emitió la orden de realizar una

discusión de caso el 19 de abril de 2022 y el informe fue presentado

el 31 de mayo de 2022. Así pues, es a partir del 31 de mayo de 2022

que surge la controversia de autos. Por consecuente, el Código Civil
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aplicable a los hechos de este caso es el vigente y el foro a quo no

incidió.

      Es importante destacar que, la presunción que respalda a los

progenitores, según el artículo 619 del Código Civil actual, supra, es

mayor al Código Civil anterior y el estándar de prueba aplicable es

más exigente. No obstante, aunque el Código Civil derogado les

exigía a los progenitores justa causa para prohibir las relaciones

abuelo filiales, el desenlace de la controversia ante nos sería el

mismo bajo cualquiera de las normativas.

      Los errores A, D y E se discutirán en conjunto por encontrarse

estrechamente relacionados. La Parte Peticionaria señala como

errores el uso de criterios subjetivos y no sostenidos en la evidencia

presentada, el no tomar en consideración que la menor pasó los

primeros diez (10) años de su vida con sus abuelos paternos y el

determinar que no se ofreció evidencia del beneficio de las relaciones

abuelo filiales. No le asiste la razón. Surge del expediente del caso,

que el Tribunal de Primera Instancia tuvo la oportunidad de

entrevistar a la menor. Asimismo, la Trabajadora Social del Tribunal

se reunió con la menor, con su terapeuta y con la psicóloga de su

abuela. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia se basó en la

prueba presentada, la cual consta en el expediente y no meramente

en criterios subjetivos.

       Cabe destacar que el juzgador del Foro Inferior tomó en

consideración el hecho de que la menor convivió con sus abuelos

por muchos años. Sin embargo, no fue el único factor que tomó en

cuenta, pues, también evaluó si las relaciones abuelo filiales son

importantes para el desarrollo integral de ésta. Luego de examinar

la prueba, entendió que, por el momento, no existe un interés

apremiante en fomentar dichas relaciones. Por lo tanto, prevalece la

presunción de corrección de las determinaciones de los padres con

patria potestad, en este caso su madre, conforme al Artículo 619 de
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nuestro Código, supra. Por otro lado, el Foro Primario no les

concedió mayor peso a las recomendaciones de la perito de la Parte

Peticionaria, puesto que esta no entrevistó a la menor ni a la madre.

Dado a que del expediente no surge error manifiesto, pasión,

perjuicio o parcialidad, se concede entera deferencia al foro a quo en

su   apreciación   de   prueba    y,   en   su   consecuencia,     las

determinaciones de hechos respecto a esta materia.

      Aclarados estos asuntos, procedemos a atender el próximo

señalamiento de error. La Parte Peticionaria indica que el Foro

Inferior erró al negar al abuelo de la menor, el Sr. Juan Rodríguez

Espada, la relación abuelo filial, pese a que no se pasó prueba de

que no se pudiera dar la misma y que la menor no hizo alegación

negativa sobre él. Dicho argumento no es válido. A pesar de que la

menor no realizó declaraciones desfavorables respecto a su abuelo,

le correspondía a este demostrar al Tribunal mediante prueba

robusta, clara y convincente que las relaciones abuelo filiales eran

beneficiosas. De lo contrario, prevalece la presunción de corrección

sobre las decisiones tomadas por la madre de la menor, conforme lo

dispuesto en el Art. 619 del Código Civil, supra. Según constamos,

del expediente no surge que el abuelo paterno haya demostrado que

existen intereses apremiantes respecto a la relación de la menor

JRCS con su abuelo de forma tal que amerite que el Tribunal

intervenga. Le correspondía al abuelo ofrecer la evidencia necesaria

para derrotar dicha presunción y este no lo hizo.

      Por otra parte, los Apelantes señalan como errores el

mantener como único profesional con contacto con la menor a la

Dra. Gómez, sin tomar en consideración la solicitud del padre de la

menor y al asumir alegadas posiciones del padre sin que se pasara

prueba sobre ello. Según se desprende del expediente, el Sr.

Rodríguez Prado, padre de la menor, solicitó que se establecieran las

relaciones paternofiliales, pero luego desistió de la solicitud.
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También, solicitó ser eximido de comparecer a la vista de

impugnación de informe social, pues, aunque está de acuerdo con

que su hija se relacione con sus abuelos, entiende que su presencia

no era “visceral para el asunto” debido a que no era el que impugnó

el informe. Así pues, el juzgador lo eximió de asistir a la vista. Es

esencial subrayar que los abuelos paternos no poseen legitimación

activa para instar acciones correspondientes al padre de la menor.

Por lo tanto, procede disponer de estos argumentos.

      Los Apelantes indican que el Foro Primario erró al no

permitirles realizarle una evaluación a la menor por un tercero

imparcial para demostrar la importancia de la relación abuelo filial

y por cuestionar la opinión profesional de la perita, Dra. Venus

Hernández, al no entrevistar a la menor. Surge del expediente que,

la menor ha sido evaluada por la Dra. Gómez Soto, la Dra. María de

Los Ángeles de Jesús y la trabajadora social de la Unidad Social del

Tribunal, incluyendo a la Sra. Karim Rosado Raíces. La Trabajadora

Social del Tribunal se considera una perita del tribunal y tercero

imparcial a esta controversia. La abuela paterna recibió tratamiento

psicológico por la Dra. Venus Hernández. Esta recomendó que las

relaciones abuelo filiales se llevaran a cabo. No obstante, no le

correspondía tomar dicha determinación. Su intervención debió

limitarse a proveer su opinión respecto al estado mental de la

abuela, no de la menor JCRS.

      Por último, los abuelos paternos señalan como error el haber

tomado en consideración la opinión de la menor. Del informe

revisado por el Tribunal, surge que la menor tiene buenas notas,

expresa sentirse feliz con su madre y, por el momento, no desea

relacionarse con su abuela. Esta ha obtenido información en exceso

acerca de los procedimientos judiciales, lo cual la ha afectado en

gran medida. La menor llegó a la conclusión de que lo que le había

dicho su abuela, acerca de su mamá, no era correcto. Asimismo, la
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menor comentó que hubo actos de maltrato de parte de su abuela,

pero no quiso abundar en ellos. Cónsono con lo anterior, la opinión

de la menor de catorce (14) años tiene un valor significativo en las

determinaciones de los aspectos principales de su vida, tal como con

quien desea vivir y por qué, además de ser un componente integral

para resolver cuál es el interés óptimo del menor. El Código Civil

vigente concede el derecho a ser oído al menor en casos de

emancipación igual que lo hizo la Ley 246-201118 en casos al

amparo de la misma. Aunque, al presente, el Código Civil no brinda

expresamente un derecho a ser escuchado al menor en casos de

derecho de visita, la realidad es que tampoco la prohíbe.

Entendemos que el Tribunal no se excedió de su discreción a tomar

en consideración la opinión de la menor. De igual modo, la

determinación de la madre con patria potestad, la Sra. Nicole M.

Sánchez Cabán, prevaleció y reiteramos que esta goza de una

presunción de corrección al palio de nuestro Código Civil y

jurisprudencia, la cual no fue rebatida por los Apelantes.

       El Tribunal de Primera Instancia determinó que no se

demostró que las relaciones abuelo filiales benefician a la menor en

este momento y concurrimos con su determinación. Dado a que del

expediente no surge error manifiesto, pasión, perjuicio o parcialidad,

se concede deferencia a las determinaciones de hechos del Tribunal

de Primera Instancia.

                                     IV

       Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, expedimos el auto de certiorari y

confirmamos la Resolución Enmendada emitida por el Tribunal de

Primera Instancia.

18 Art. 44 de la Ley Para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, Ley

Núm. 246-2011, según enmendada, 8 LPRA § 1153. Aclaramos que la Ley Núm.
246-2011 fue derogada por la Ley Núm. 57-2023, 8 LPRA § 1641 et seq. No
obstante, la Ley Núm. 246-2011 era la ley aplicable al momento de los hechos.
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     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones