Court Opinion

ID: 9916159
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:26:07.394221+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:11.260497
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VI

                                             Revisión
   CHRISTIAN BELLO                           Administrativa
       COLÓN                                 procedente de la
                                             Administración de
    Parte Recurrente                         Corrección y
                               KLRA202300503 Rehabilitación
              v.
                                                     Caso Adm. Núm.
 JUNTA DE LIBERTAD                                   147403
   BAJO PALABRA

     Parte Recurrida                                 Sobre: No concesión del
                                                     privilegio bajo palabra-
                                                     Volver a Considerar

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

       Comparece ante nos el Sr. Christian Bello Colón (en adelante,

Sr. Bello Colón) mediante un Escrito de Revisión Judicial y nos

solicita la revisión de la Resolución emitida el 20 de julio de 2023

por la Junta de Libertad Bajo Palabra (en adelante, Junta). Mediante

este dictamen, la Junta le denegó al Sr. Bello Colón el privilegio de

libertad bajo palabra.

       Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Resolución recurrida.

                                        I.

       El 26 de junio de 2023, se celebró una Vista de Consideración1

ante la Junta, a la cual compareció el Sr. Bello Colón por derecho

propio, mediante el sistema de videoconferencia, para ser evaluado

con relación a la concesión de libertad bajo palabra.

1 La citación a la Vista de Consideración fue diligenciada el 1 de junio de 2023.

Número Identificador

SEN2023 _________
KLRA202300503                                                           2

       El 20 de julio de 2023, la Junta emitió la Resolución2

recurrida, notificada el 10 de agosto de 20233, en la cual realizó las

siguientes determinaciones de hechos:

                     DETERMINACIONES DE HECHOS

    1. El peticionario se encuentra cumpliendo sentencia de
       13 años por infracción al Art. 182 (apropiación ilegal
       agravada)[,] y 228 (utilización [sic.] ilegal de tarjetas de
       crédito) del Código Penal, infracción al Art. 5.04
       (portación y uso de arca sin licencia) de la Ley Núm. 404
       de 11 de septiembre de 2000, según enmendada,
       infracción al Art. 404 (posesión de sustancias
       controladas)[,] dos (2) casos de la Ley Núm. 4 de 23 de
       junio de 1971, según enmendada y tentativa al Art. 3.1
       (maltrato) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
       según enmendada.
    2. Conforme a la totalidad del expediente, tentativamente
       extingue su [S]entencia el 22 de diciembre de 2029.
    3. El peticionario se encuentra en nivel de custodia de
       mínima seguridad desde el 9 de diciembre de 2020.
    4. El peticionario por su historial social ha tomado
       tratamiento contra el uso de narcóticos Trastorno
       Adictivos finalizándolo el 26 de junio de 2020.
    5. El peticionario fue evaluado por NRT en el 2021. En las
       Recomendaciones dada por dicha entidad se indica que
       tiene que ser referido a tomar terapias individuales
       como seguimiento a los hallazgos encontrados.
    6. El peticionario ha propuesto hogar para pernoctar que
       fue investigado y fue aceptado. Sin embargo, no
       propuso oferta de trabajo ni candidato para fungir como
       amigo consejero.
    7. El peticionario se encuentra laborando en brigadas en
       la Institución donde está ingresado.
       En su dictamen la Junta dispuso lo siguiente:

              En el caso que nos ocupa, el peticionario se
        encuentra en nivel de custodia de mínima seguridad
        desde el 9 de diciembre de 2020. Por su historial social
        ha tomado tratamiento contra el uso de narcóticos
        Trastornos Adictivos finalizándolo el 26 de junio de
        2020. Fue evaluado por la SPEA en el 2021, en las
        recomendaciones dadas por dicha entidad se indica que
        tiene que ser referido a tomar terapias individuales
        como seguimiento a los hallazgos encontrados. Ha
        propuesto hogar para pernoctar que fue investigado y
        fue aceptado. Sin embargo, no propuso oferta de
        trabajo ni candidato para fungir como amigo
        consejero, actualmente se encuentra laborando en
        brigadas en la Institución donde está ingresado.
        Tomando en consideración todos los factores del
        presente caso, consideramos que el peticionario no

2
 Anejo 1 del Escrito de Revisión Judicial.
3
  La fecha de la notificación surge de la copia certificada del expediente
administrativo del caso Núm. 147403.
KLRA202300503                                                                   3

        cualifica para beneficiarse del privilegio de libertad
        bajo palabra.
              […]
              Se dispone no conceder el privilegio de libertad
        bajo palabra a CHRISTIAN BELLO COLÓN. Este caso
        volverá a ser considerado para el mes de mayo de 2024,
        fecha para la cual el Departamento de Corrección y
        Rehabilitación deberá someter Informe de [A]juste y
        [P]rogreso con el plan de salida debidamente
        corroborado.4 (Énfasis suplido.)

        El 29 de agosto de 2023, el Sr. Bello Colón presentó ante la

Junta Reconsideración.5 En su escrito de reconsideración alegó la

parte aquí recurrente que las ofertas de empleo propuestas le fueron

entregadas mediante carta a le técnico socio penal, la Sra. Lizette

Valle, pero no llegó al expediente, y que con relación al amigo

consejero propuesto fue entrevistado y juramentado en el área de

sociales de la Institución Centro de Detención del Oeste en

Mayagüez, por lo cual la determinación de la Junta no estuvo

basada      en    el   expediente.   A     su   moción    en     solicitud    de

reconsideración, el Sr. Bello Colón le anejo copia de las tres (3)

cartas siguientes: (a) carta fechada 13 de abril de 2023 del Sr. John

M. Pérez González proponiéndose como amigo consejero; (b) dos (2)

cartas fechadas de 20 de abril de 2023 del Sr. Edgar Ramos y el Sr.

Giovanny Castillo Colón sobre ofertas de empleo.

        El 15 de septiembre de 2023, la Junta declaró No Ha Lugar la

solicitud    de    reconsideración       presentada   por   la    parte      aquí

recurrente.

        Aun inconforme con esta determinación de la Junta, el Sr.

Bello Colón acudió ante nos el 25 de septiembre de 2023 mediante

el presente Escrito de Revisión Judicial, en el cual señala, en esencia,

que erró la Junta al denegarle el privilegio de libertad bajo palabra

por falta de ofertas de empleo y amigo consejero.                   El 29 de

septiembre de 2023, mediante Resolución se le ordenó a la Oficina

4 Id.
5 Véase copia certificada del expediente administrativo del Caso Núm. 147403.
KLRA202300503                                                       4

del Procurador General en representación de la Junta que se

expresara en el término de diez (10) días en cuanto al recurso de

revisión judicial presentado.

      El 12 de octubre de 2023, la Junta, representada por la

Oficina del Procurador General, compareció ante nos mediante la

presentación de un Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud

de Desestimación. Así las cosas, el 25 de octubre de 2023 dictamos

Resolución concediéndole a la Junta un término de diez (10) días

para presentar copia del expediente administrativo del Caso

Número: 147403. El 6 de noviembre de 2023, la Junta presentó

Moción en Cumplimiento de Resolución mediante la cual presentó

copia del expediente administrativo.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

así como con la copia del expediente administrativo procedemos a

resolver.

                                 II.

A. Revisión judicial de determinaciones administrativas

      La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos,

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965

(2011); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A esos

efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión

del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobre v. Jta. Directores, 185

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al.

II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de. San Juan v. J.C.A., 149 DPR

263, 279-280 (1999).

      Nuestro    Tribunal   Supremo     ha    establecido   que    las

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán
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sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad.

Batista, Nobre v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira

Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397-398 (1999).

La evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión". Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., supra;

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, pág. 728. Dicho análisis requiere que

la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, tanto la que

sostenga la decisión administrativa como la que menoscabe el peso

que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com.

Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).

      Debido a la presunción de regularidad y corrección de los

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas,

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Gutiérrez

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 245 (2007).

      Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v.

Toyota, supra, pág. 728 (2005). En cambio, las conclusiones de

derecho son revisables en todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz
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Auto Corp., 173 DPR 870, 894 (2008). De esta manera, los

tribunales, al realizar su función revisora, están compelidos a

considerar la especialización y la experiencia de la agencia con

respecto a las leyes y reglamentos que administra. Asoc. Vec. de H.

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si

el punto de derecho no conlleva interpretación dentro del marco de

la especialidad de la agencia, entonces el mismo es revisable sin

limitación. Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 461

(1997).

      Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente.

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012);

Federation des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).

B. Junta de Libertad Bajo Palabra

      Mediante la Ley Núm. 118 de 22 de Julio de 1974, según

enmendada, conocida como la Ley de la Junta de Libertad Bajo

Palabra, 4 LPRA sec. 1501 et seq., según enmendada, (en adelante,

Ley de la JLBP) se creó la Junta de Libertad Bajo Palabra. Esta está

adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación, según

establece su Art. 1, 4 LPRA sec. 1501. Dicha entidad, posee

autoridad para “decretar la libertad bajo palabra de cualquier

persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de

Puerto Rico”. Véase: Art. 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de Julio de

1974, 4 LPRA sec. 1503. “La libertad bajo palabra será decretada

para el mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias

presentes permitan a la Junta creer, con razonable certeza que tal

medida habrá de ayudar a la rehabilitación del delincuente”. Íd. De

esta forma, se permite que una persona convicta y sentenciada a un
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término de reclusión cumpla la última parte de su sentencia fuera

de la institución penal, “sujeto al cumplimiento de las condiciones

que se impongan para conceder la libertad”. Maldonado Elías v.

González Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987). (Énfasis nuestro). Al

conceder el privilegio de libertad bajo palabra, la Junta puede

imponer las condiciones que estime necesarias. De esta forma, el

liberado tiene una libertad cualificada, pues dichas condiciones

restringen sus actividades más allá de las restricciones comunes

que se le imponen por ley a cada ciudadano. Benítez Nieves v. E.L.A.

et al., 202 DPR 818, 825 (2019).

      En cuanto a la controversia que nos atañe, el Art. 3 (a)(6) de

la Ley de la JLBP, supra, establece que, “[p]ara determinar si

concede o no la libertad bajo palabra, la Junta tendrá ante sí toda

la información posible sobre el historial social, médico, ocupacional

y delictivo de cada confinado, incluyendo la actitud de la comunidad

respecto a la liberación condicional del sujeto, y una evaluación que

deberá someter la Administración de Corrección”. 4 LPRA sec. 1503.

      Por su parte, en cuanto al proceso de concesión del privilegio

de libertad bajo palabra, esta ley establece que:

      Una persona recluida en una institución carcelaria en
      Puerto Rico o en cualquier Programa de Desvío que
      cumpla con los requisitos establecidos por la Junta
      mediante reglamento o en esta ley, que muestre un alto
      grado de rehabilitación y que no represente un riesgo a
      la sociedad, podrá solicitar formalmente el privilegio de
      libertad bajo palabra dentro de la jurisdicción de la
      Junta mediante los mecanismos que disponga la
      misma, igualmente mediante reglamento. La solicitud
      por parte de la persona recluida conllevará el
      consentimiento de esta para que la Junta pueda revisar
      y obtener copia de todos los expedientes sobre dicha
      persona en poder de la Administración de Corrección, a
      fin de que pueda ser considerada para la concesión de
      los privilegios contemplados en esta Ley. 4 LPRA sec.
      1503c.

      Ahora bien, “el beneficio de la libertad bajo palabra no es un

derecho   reclamable,   sino   un   privilegio   cuya   concesión   y

administración recae en el tribunal o en la Junta”. Quiles v. Del
KLRA202300503                                                           8

Valle, 167 DPR 458, 475 (2006). El mencionado privilegio será

concedido siempre y cuando el convicto “muestre un alto grado de

rehabilitación y que no represente un riesgo a la sociedad”. Art. 3(c)

de la Ley de la JLBP, 4 LPRA sec. 1503c. Por consiguiente, la Junta

posee discreción para decretar la libertad bajo palabra de cualquier

persona recluida en las instituciones penales de Puerto Rico,

siempre que no se trate de los delitos excluidos de dicho beneficio,

y que la persona haya cumplido el término mínimo de la sentencia

dispuesto por dicha ley. Art. 3 de la Ley de la JLBP, supra; Toro Ruiz

v. J.L.B.P. y otros, 134 DPR 161, pág. 166 (1993). Así, por tratarse

de un privilegio, la Junta tendrá facultad para concederlo, tomando

en consideración ciertos factores que establece dicha ley en su Art.

3(d). Entre los factores a considerarse por la JLBP se enumeran los

siguientes:

       1) naturaleza y circunstancias del delito o delitos por
          los cuales cumple la sentencia;
       2) veces que el confinado haya sido convicto y
          sentenciado;
       3) relación de liquidación de la sentencia o sentencias
          que cumple el confinado;
       4) totalidad del expediente penal y social e informes
          médicos, completados por cualquier profesional de
          la salud mental, que existan sobre el confinado;
       5) historial del ajuste institucional y del historial social
          y psicológico del confinado preparado por el
          Departamento de Corrección y Rehabilitación y el
          historial médico y psiquiátrico preparado por Salud
          Correccional del Departamento de Salud;
       6) edad del confinado;
       7) tratamientos para condiciones de salud que reciba o
          haya recibido el confinado;
       8) opinión de la víctima;
       9) planes de estudio, adiestramiento vocacional o
          estudio y trabajo del confinado;
       10) lugar en el que piensa residir el confinado y
          actitud de dicha comunidad, de serle concedida la
          libertad bajo palabra; y
       11) cualquier otra consideración meritoria que la
          Junta de Libertad Bajo Palabra haya dispuesto
          mediante reglamento. (Énfasis suplido.) 4 LPRA
          sec. 1503d.

       Por ende, denegar el beneficio de libertad a prueba a un

confinado de forma arbitraria, o revocarle la libertad bajo palabra

sin   garantizarle   el   debido   proceso   de   ley,   constituye   una
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interferencia o privación de un interés libertario, lo que justifica la

intervención judicial oportuna para corregir el agravio. Vázquez v.

Caraballo, 114 DPR 272, pág. 279 (1983); Martínez Torres v. Amaro

Pérez, 116 DPR 717, págs. 726-727 (1985).                 Ahora bien, en el

ejercicio de la discreción que la ley le concede a la Junta, es esta la

entidad facultada para decidir si concede o revoca el referido

beneficio de libertad condicional a un confinado. Este Foro no ha

de invadir esa autoridad salvo que haya en el expediente indicios de

arbitrariedad o irrazonabilidad.

C. Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento
Núm. 9232 de 18 de noviembre de 2020

       El Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra,

Reglamento Núm. 9232 de 18 de noviembre de 2020 (en adelante,

Reglamento       Núm.    9232)      establece   las   reglas        procesales    y

sustantivas      que    gobiernan     las   funciones     adjudicativas          del

mencionado organismo administrativo. A su vez, este incorpora las

disposiciones de los procedimientos adjudicativos estatuidos por la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto    Rico    (en   adelante,    LPAU)6.    Además,        el    mencionado

reglamento cimenta los criterios de elegibilidad para beneficiarse del

privilegio de libertad bajo palabra.

       La sec. 9.1 (A) del Art. IX del Reglamento Núm. 9232, supra,

expresa que, “[s]e entenderá solicitado formalmente el privilegio de

libertad bajo palabra mediante el recibo del referido que a tales

efectos remita el Departamento de Corrección y Rehabilitación o a

solicitud por escrito del peticionario”. Del mismo modo el inciso (B)

del previo artículo señala que, “[e]l referido del caso a la Junta

conlleva el consentimiento del peticionario para que la Junta pueda

revisar y obtener copia de todos sus expedientes en poder del

6 Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, mejor conocida como Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 3 LPRA § 9601 et seq.
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Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los fines de poder

ser evaluado por la Junta”.

      Por su parte, la Sección 10.2 del Art. X del Reglamento Núm.

9232, supra, dispone que la documentación a ser considerada por

la Junta para conceder o denegar el privilegio de libertad bajo

palabra, será la siguiente:

      A. El Departamento de Corrección y Rehabilitación,
      a través de sus funcionarios, empleados y/o
      representantes autorizados, proveerá a la Junta
      todo documento que contenga información
      relacionada a los criterios antes esbozados. La
      producción de estos documentos se hará para la
      fecha de la vista de consideración o la fecha en que
      se vuelva a reconsiderar el caso. En cumplimiento
      con lo anterior, el Departamento de Corrección y
      Rehabilitación, remitirá a la Junta los siguientes
      documentos:

      1.    […]
            […]
      7.    Informe Breve de Libertad Bajo Palabra.
         a. Este informe será remitido, con dos (2) meses
            de anticipación a la fecha en que la Junta
            volverá a evaluar el caso, y tendrá una
            vigencia de un (1) año desde la fecha de
            emisión.
      8. Evidencia del historial de trabajo y estudio en la
         institución.
      9. Copia de la carta de oferta de empleo o, en la
         alternativa, carta de aceptación de la institución
         donde cursará estudios el peticionario.

         […]
      13.    En los casos que aplique, someterá evidencia
         sobre:
         a. […]
            […]
         b. Juramento de amigo consejero debidamente
            cumplimentado y suscrito por la persona
            propuesta.
            […].

      En lo pertinente al caso ante nos, el Reglamento 9232, supra,

en el inciso (B) (7) de la Sección 10.1 del Art. X, establece los criterios

de elegibilidad que la Junta tomará en consideración, en cuanto al

plan de salida estructurado y viable en las áreas de oferta de empleo

y/o estudio, residencia y amigo consejero: En específico sobre las

ofertas de empleo y amigo consejero establece lo siguiente:
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       […]
       d. Oferta de empleo y/o estudio.
          i.    Todo peticionario deberá proveer una oferta
                de empleo o, en la alternativa, un plan
                estudios adiestramiento vocacional o
                estudio y trabajo.
          ii.   La oferta de empleo se presentará
                mediante carta suscrita por la persona
                que extiende la ofertade empleo al
                peticionario, incluyendo la siguiente
                información:
                (a) Nombre completo, dirección postal,
                    física, electrónica y teléfono(s) de la
                    persona que ofrece el empleo.
                (b) Nombre, dirección postal, física,
                    electrónica y teléfono(s) y naturaleza
                    del negocio en el cual se ofrece el
                    empleo.
                (c) Funciones       que     ejercerá      el
                    peticionario y el horario de trabajo.
                (d) […]
          iii.  […]
          iv.   La falta de oferta de empleo o estudio no
                será razón suficiente para denegar el
                privilegio.
          v.    Se exime de presentar una oferta de empleo
                o estudios en aquellos casos en que el
                peticionario      padezca     de    alguna
                incapacidad física, mental o emocional,
                debidamente diagnosticada y certificada
                por autoridad competente, o sea mayor se
                sesenta (60) años.

          […]
          f. Amigo consejero

          i. El amigo consejero tiene la función de cooperar
          con la Junta y el Programa de Comunidad del
          Departamento de Corrección y Rehabilitación, en
          la rehabilitación del peticionario.

          ii. Requisitos
              a) No tener relación de afinidad hasta el
          segundo grado, o de consanguinidad con el
          peticionario. Esta prohibición no aplicará en
          aquellos casos que la Junta, en el ejercicio de su
          discreción, entienda meritorio a base de las
          circunstancias particulares del caso.
          b)     No ser o haber sido representante legal del
          peticionario en cualquier proceso judicial o
          administrativo.
          c)     Tener la mayoría de edad.
          d)     Ser residente en Puerto Rico. Puede residir
          en el área limítrofe al Programa de Comunidad
          con competencia. Debe tener contacto frecuente
          con el peticionario.
          e)     Ser una persona de integridad moral.
          f)     No tener antecedentes penales.
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              iii. Se realizará una investigación en la
              comunidad sobre la conducta e integridad
              moral de la persona propuesta para amigo
              consejero.
              […]
              v. La falta del amigo consejero no será razón
              suficiente para denegar el privilegio.
              […].

        Además, la Sección 12.3 (B) del Reglamento Núm. 9232,

supra, en cuanto a las determinaciones sobre libertad bajo palabra

dispone que, “[c]uando la Junta deniegue la libertad bajo palabra,

expresará individualmente en su resolución las determinaciones de

hecho     y   conclusiones   de   derecho   que   fundamentan     dicha

determinación, así como indicará fecha (mes y año) en que volverá a

considerar el caso”.

                                   III

        En su Escrito de Revisión Judicial, el Sr. Bello Colón señala en

síntesis que erró la Junta al denegarle el privilegio de libertad bajo

palabra debido a que no había propuesto ofertas de trabajo y un

candidato para fungir como amigo consejero lo cual cuestiona y nos

solicita que revoquemos la Resolución recurrida y devolvamos el caso

para que la Junta lo considere nuevamente en sus méritos.

        Por su parte, en su Escrito en Cumplimiento de Resolución y

Solicitud de Desestimación, la Junta, por conducto de la Oficina del

Procurador General, alega que procede la desestimación del recurso

de revisión presentado por el Sr. Bello Colón por falta de

jurisdicción. Sostiene que el Sr. Bello Colón no notificó la

presentación del recurso a la Junta ni certificó haberle enviado copia

de este a dicha agencia o a la Oficina del Procurador General dentro

del término jurisdiccional para solicitar revisión judicial. No

obstante, la Junta aclara que el 10 de octubre de 2023 se presentó
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una Carta Informando Presentación de Recurso en el Tribunal de

Apelaciones ante la Oficina del Procurador General.7

        Además, la Junta sostiene que el Sr. Bello Colón no incluyó

en el apéndice del recurso una copia de la solicitud de

reconsideración que presentó ante la Junta el 29 de agosto de 2023

ni de la resolución que emitió la Junta en atención a dicha solicitud.

Esta última, alegadamente se emitió el 15 de septiembre de 2023 y

se notificó el 18 de septiembre de 2023.

        Evaluado    el   recurso     de   revisión,    la    determinación

administrativa recurrida, el escrito en oposición y la solicitud de

desestimación presentada por la Junta, así como la copia certificada

del expediente administrativo, determinamos que no procede la

desestimación del recurso ante nos.             En específico, la Junta

reconoce en su escrito en oposición que el recurso de revisión

administrativa presentado por el Sr. Bello Colón le fue notificado el

10 de octubre de 2023 mediante Carta Informando Presentación de

Recurso en el Tribunal de Apelaciones, notificación que se realizó

dentro del término reglamentario establecido.               Además, de la

documentación de la copia certificada del expediente administrativo

surge    la   documentación      necesaria     para    acreditar    nuestra

jurisdicción y evaluar el recurso en sus méritos. Veamos.

        Del Informe de Libertad Bajo Palabra suscrito el 10 de abril de

2023 por la Sra. Mildred Soto Rodríguez surge que el Sr. Bello Colón

no sometió candidato para amigo consejero y ofertas de empleo

requeridos.8 Sin embargo, de la evaluación de la copia certificada del

expediente administrativo, surge una misiva de 17 de abril de 2023,

recibida y ponchada por la Junta el 19 y 24 de abril de 2024, de la

técnica de servicios sociopenales, la Sra. Lissette V. Valle Pérez,

7  Véase, nota al calce núm. 12 del Escrito en Cumplimiento de Resolución y
Solicitud de Desestimación, pág. 7.
8
  Véase copia certificada del expediente administrativo del Caso Núm. 147403.
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sometiendo Juramento de Amigo y Consejero del Sr. John Michael

Pérez González, amigo consejero propuesto por la parte aquí

recurrente.9 Además, surge de la copia certificada del expediente

administrativo que, el 15 de mayo de 2023, la Técnica de Servicios

Sociopenales, la Sra. Lissette V. Valle Pérez, notificó y recibido por

la Junta el 1 de junio de 2023, la parte aquí recurrente sometió

oferta de empleo del Sr. Edgar Ramos Martínez en el área de

construcción, con dirección Calle Andrés Cámara #36DD Barrio Río

Hondo Mayagüez, con número de teléfono 787-538-7864 o con

Giovanny Castillo en soldadura y fabricación de tubos galvanizados,

no costa dirección con número de teléfono 939-422-7450.10

       De la evaluación del expediente administrativo, así como la

Resolución recurrida concluimos que las dos razones por la cual la

Junta le deniega al Sr. Bello Colón el privilegio de libertad a prueba

quedaron controvertidas por la documentación que obra en el

expediente administrativo. En específico, Técnica de Servicios

Sociopenales, la Sra. Lissette V. Valle Pérez, le notificó a la Junta el

17 de abril de 2023 Juramento de Amigo y Consejero del Sr. John

Michael Pérez González y el 15 de mayo de 2023 notificó las ofertas

de empleo. La vista del caso del Sr. Bello Colón se celebró el 26 de

junio de 2023, fecha para la cual obraba en el expediente

administrativo la información por la cual deniegan el privilegio de

libertad a prueba solicitado por alegadamente carecer de la misma.

       Por tanto, entendemos que las razones esgrimidas por la

Junta en la Resolución recurrida, de falta de amigo consejero y

ofertas de empleo, no se sostiene del expediente administrativo, por

lo cual la presunción de corrección quedó rebatida.

9
  Id. El documento Juramento de Amigo y Consejero fue suscrito el 14 de abril de
2023 por el Sr. Sr. John Michael Pérez González.
10
   Id. Surge del expediente certificado Resultados de Investigación Cooperativa de
22 de agosto de 2023 que de la investigación del Sr. Edgar Ramos Martínez,
empleador propuesto por la parte recurrente, se trató de coordinar entrevista
personal que no fue posible, expresó que la oferta de empleo estaba vigente y que
estaba dispuesto ayudarlo en el proceso.
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                                 IV

      Por los fundamentos expuestos, se revoca la Resolución

recurrida y se devuelve el caso a la Junta para que evalúe

nuevamente el caso, en un término razonable, de conformidad a lo

aquí dispuesto. Adviértase que esta Curia no está pasando juicio

sobre la posibilidad de que el Sr. Bello Colón sea o no merecedor del

privilegio en cuestión.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones