Court Opinion

ID: 9941498
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:41:12.044236+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.847054
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL V

   EDWIN FRANCISCO                                       Apelación
 COLÓN MALDONADO,                                        procedente del
  esposa IRIS NEREIDA                                    Tribunal de Primera
   NÚÑEZ PÉREZ y la                                      Instancia, Sala
 SOCIEDAD LEGAL DE                                       Superior de Comerío
GANANCIALES compuesta
       por ambos

            Apelada               KLAN202301109 Caso Núm.:
                                                CR2021CV00074
                v.

  NÉLIDA MARÍA LUNA
       COLÓN                                             Sobre:
                                                         Servidumbre
           Apelante

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

        Comparece Nélida María Luna Colón (en adelante, apelante

y/o señora Luna Colón), para solicitarnos la revisión de la Sentencia

emitida el 24 de octubre de 2023, y notificada el 25 de octubre de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Comerío (en adelante, TPI).1 Mediante el dictamen apelado, el foro

primario declaró Ha Lugar una Demanda sobre servidumbre de

paso.     Sobre      dicha   Sentencia,         la   apelante   presentó   una

reconsideración,2 la cual fue reconsiderada favorablemente en

cuanto a la imposición de honorarios por temeridad, no así en

cuanto al derecho de servidumbre, mediante Resolución emitida y

notificada el 10 de noviembre de 2023.3

        Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia apelada, según reconsiderada.

1 Apéndice de la apelante, a las págs. 10-26.
2 Id., a las págs. 3-8.
3 Id., a las págs. 1-2.

Número Identificador

SEN2024______________
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                                        I

        El 29 de marzo de 2021, se presentó una Demanda en el caso

ante nos.4 En la Demanda, se expone que en el predio de terreno de

la señora Luna Colón se encuentra enclavada una estructura

residencial. El predio de terreno del señor Edwin Francisco Colón

Maldonado (en adelante, señor Colón Maldonado) y la señora Iris

Nereida Núñez Pérez (en adelante, señora Núñez Pérez y en

conjunto, parte apelada) colinda con el predio de terreno de la

señora     Luna      Colón.   Ambos     predios    se   benefician   de una

servidumbre de paso que le da acceso al lugar. La parte apelada

expuso que para llegar a su predio era necesario pasar por el frente

del predio de la apelante. Sin embargo, explicaron que la apelante,

sin su consentimiento, extendió la verja de su propiedad sobre el

área que da acceso a la propiedad de la parte apelada, entiéndase,

les obstruyó el acceso. A esos efectos, la parte apelada le solicitó al

foro primario: (i) $25,000.00 dólares para resarcir daños económicos

a su propiedad, así como angustias y sufrimientos mentales; (ii) que

la apelante fuera encontrada incursa en temeridad, por lo que se le

impusiera una suma no menor de $5,000.00 dólares en pago de las

costas, gastos y honorarios de abogados; (iii) que se declare el

derecho de servidumbre de paso a favor de la finca de la parte

apelada; y, (iv) se ordene la remoción de la parte de la verja y las

plantas que obstruyen el acceso al predio de la parte apelada.

        Así las cosas, el 15 de junio de 2021, se presentó la

Contestación a Demanda.5 Allí, negó la mayoría de las alegaciones

y presentó defensas afirmativas.

        De lo que sigue, el Juicio en su Fondo fue celebrado.

Subsiguientemente, el 24 de octubre de 2023, el tribunal a quo

4 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 1-3.
5 Id., a las págs. 4-6.
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emitió la Sentencia apelada, notificándose al día siguiente.6 En ella,

declaró Con Lugar la solicitud presentada por la parte apelada y

estableció una servidumbre de paso; declaró No Ha Lugar una

solicitud de indemnización económica para resarcir presuntos

daños por angustias y sufrimientos mentales; e impuso la suma de

$3,000.00 dólares por concepto de honorarios de abogado por

entender la parte apelante que actuó con temeridad.7

       Producto del juicio celebrado, el foro primario emitió catorce

(14) determinaciones de hechos8, las cuales transcribimos in

extenso:

           1. La parte demandante es dueña de un solar con
              cabida de 2,675.4258 metros cuadrados en el
              barrio Barrancas del pueblo de Barranquitas.
              Consta inscrita al folio 113 del tomo 235 de
              Barranquitas, finca número 4,929. Adquirieron
              los demandantes por compra mediante la
              escritura número 45 otorgada en Aibonito, el día
              19 de diciembre de 2020, ante la notaria
              Dilianette Santini Rivera. La cooperativa la
              Aiboniteña había reposeído este solar y el
              demandante lo adquirió.
           2. La parte demandada es dueña de solar con cabida
              1,219.8847 metros cuadrados y residencia
              enclavada. Consta inscrita al folio 74 del tomo
              100 de Barranquitas, finca número 9,403.
              Adquirió por compra mediante las escrituras
              números 7 y 23, los días 26 de febrero de 2000 y
              15 de agosto de 2000, ante el notario Juan
              Antonio Núñez García.
           3. Los solares de la parte demandada y la
              demandante son colindantes.
           4. La finca de la parte demandante se encuentra
              enclavada.
           5. Los solares del área se benefician de una
              servidumbre de paso que le da acceso al lugar.
              Que la servidumbre de paso antes mencionada
              fue aprobada por la Administración de
              Reglamentos y Permisos (ARPE), en el caso
              número 84-41-C-047-BPL, según Resolución
              expedida el día 3 de mayo de 1985, en Bayamón,
              Puerto Rico, mediante plano archivado en el
              Registro de la Propiedad bajo el número 2740, y
              con la siguiente descripción: RÚSTICA: Solar “A”,
              Cabida 918.0028 metros cuadrados destinada
              para el uso público. Esto como parte del plan de
              lotificación en el área. Exhibits V y VII. Que fue

6 Apéndice de la apelante, a las págs. 10-26.
7 Id., a las págs. 23-25.
8 En la Sentencia se enumeran trece (13) determinaciones de hechos. No obstante,

en realidad son catorce (14) determinaciones de hechos, la confusión se debe a
que el número cinco (5) se encuentra repetido en dos (2) ocasiones.
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         construido un camino de uso público que pasa
         por frente del predio de la demandada y que da
         acceso a otros solares con edificaciones hasta la
         carretera estatal número 152. Exhibit VIII. El
         Exhibit VIII (H), muestra el lugar en controversia
         cuando el demandante lo adquirió, siendo el solar
         del demandante el que est[á] posterior a la verja
         de alambre eslabonado y el camino de uso
         público. El mismo que llega hasta la carretera
         estatal número 152.
      5. El demandante posee otra propiedad que se
         beneficia de la misma servidumbre. Cuando
         compr[ó] la propiedad objeto de la controversia,
         no vio ningún tipo de documento porque conocía
         al anterior dueño. Compró a sabiendas que la
         finca no tenía entrada.
      6. Que, en el pasado, a raíz de fenómenos naturales
         como el huracán Georges el terreno que
         comprende el camino de uso público en
         controversia había cedido, pero luego con los
         arreglos realizados, el camino ha perdurado,
         incluso luego del huracán María. Esto se refleja
         en el Exhibit VIII (G).
      7. Que      existe    lo   que   parece   ser   unos
         desprendimientos u hondonadas, pero estas son
         dentro de la propiedad de la demandante, no
         hacia el área del camino público. Exhibit VII
         (B)(G)(I).
      8. Que la parte demandada, luego de radicada la
         demanda instaló en el área del camino p[ú]blico
         unos postes de color amarillo con una cadena e
         impidió el paso de la parte demandante por el
         área. Exhibit VIII (A)(I)(G).
      9. Que, para dar mantenimiento a su solar, la parte
         demandante bajaba su tractor por el remanente
         de una finca colindante desde un camino de uso
         público hasta su finca. Declara la parte
         demandante que bajaba el tractor con mucho
         riesgo. El tribunal tuvo la oportunidad de
         caminar esta área y subir hasta el camino público
         a través del remanente. Ciertamente hay áreas
         bastante inclinadas o escalpadas. Exhibit VIII(E).
         Además,        tuvimos     la   oportunidad     de
         transportarnos en el vehículo hasta el lugar.
         Desde ese lugar hay que pasar un camino de uso
         público a otro y la distancia hasta la carretera
         estatal 152 es considerablemente m[á]s larga que
         desde el camino púb[l]ico que nos ocupa en la
         controversia. Por medio de este último la
         distancia es mucho más corta y recta hacia la
         carretera estatal número 153.
     10. Según lo antes descrito, se tiene acceso hasta la
         vía pública desde el solar enclavado del
         demandante por dos lugares. Uno el camino
         público de donde se solicita la servidumbre.
         Exhibit VIII(B)(G)(I)(H). El otro es el que se
         muestra en el Exhibit VIII(E).
     11. El tribunal tuvo la oportunidad de caminar el
         área y entrar al solar de la parte demandante por
         un predio de terreno corto, a solo pasos del
         camino público por donde se solicita el acceso
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              según está marcado en el Exhibit VIII(I) y
              muestran los Exhibit VII(G) y (H). Se trata de un
              área recta donde es susceptible de pasar del
              camino [p]úblico al solar del demandante
              caminando corta distancia.
          12. Que conforme observado en la vista ocular y las
              fotos ilustrativas, hay espacio suficiente para una
              entrada. Que la p[é]rdida de terreno no es
              considerable ni afectaría la residencia de la
              demandada ya que la entrada est[á] m[á]s arriba.
              Se observa de forma clara en el Exhibit VIII (G),
              siendo el solar del demandante el que está luego
              del alambre eslabonado.
          13. Que el demandante adquirió la propiedad de la
              cooperativa estando la finca enclavada. Que el
              aislamiento de esta finca sin acceso a la vía
              pública, no proviene de actos de la propia
              voluntad de la parte demandante.9

        En la Sentencia apelada, el TPI concluyó que:

        […] Por otro lado, como quedó demostrado en la vista
        ocular que compareció el tribunal estando presentes
        todas las partes y sus representantes legales, a simple
        vista se pueden demostrar las condiciones favorables
        para el (sic) establecer la servidumbre. [...] El tribunal
        entiende que el derecho de servidumbre de paso por el
        predio solicitado qued[ó] demostrado con acuerdo a lo
        solicitado y la prueba presentada. Las fotografías
        admitidas en evidencia son ilustrativas, la vista ocular
        fue     demostrativa.     Como     expuesto      en    las
        determinaciones de hechos, del camino público de
        donde se solicita acceso [a] la finca de la parte
        demandante queda a pasos. Solo se camina en línea
        recta unos pocos pasos para llegar desde el camino
        público hasta la finca del demandante. Esta misma
        característica lo hace el punto de acceso menos
        perjudicial para el predio sirviente de la demandada a
        simple vista. [...] El que la demandada luego de radicar
        la demanda se haya dedicado a ornamentar el lugar de
        la solicitada servidumbre de paso, sembrando plantas
        entre otras cosas, no quita la característica de que sea
        el punto más cercano desde el camino público hasta la
        finca del demandante y además menos perjudicial
        […].10

        El foro primario dispuso, además, que el terreno que ocupara

esa servidumbre de paso se delineara de acuerdo a como transcurre

el camino de uso público en línea recta, encontrando de frente el

solar del demandante.11 También, dispuso que los metros que

fuesen      necesarios       para       establecer   la   servidumbre    fuesen

determinados            conforme    a    lo   establecido   por   las   agencias

9 Apéndice de la apelante, a las págs. 13-15.
10 Id., a las págs. 22-23.
11 Id., a la pág. 23.
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gubernamentales concernidas en cuanto a anchura y características

para la utilización normal de la finca dominante.12 Además,

sentenció que, si los metros necesarios para establecer la

servidumbre quedaran dentro de los terrenos de la apelante, debían

ser tasados. Por último, concluyó que, salvo acuerdo entre las

partes, el valor asignado constituiría la compensación a beneficio de

la apelante como predio sirviente.13

        Inconforme, el 9 de noviembre de 2023, la apelante presentó

una Moción Solicitando Reconsideración y Honorarios de Abogado.14

En respuesta, mediante Resolución emitida y notificada el 10 de

noviembre de 2023, el foro primario dispuso lo siguiente:

        En cuanto a la reconsideración sobre la imposición de
        honorarios por temeridad, podría indicarse que existía
        una desavenencia en cuanto a quién favorece el derecho
        aplicable de manera que la controversia debía ser
        adjudicada por el tribunal, Santiago Colón v[.]
        Supermercados Grande[,] 166 DPR 796 (2006), razón
        por la cual se declara con lugar la reconsideración con
        relación a este aspecto. En cuanto a la reconsideración
        sobre el derecho de servidumbre, No ha lugar.

        Insatisfecha aún, el 11 de diciembre de 2023, compareció la

señora Luna Colón, mediante un recurso de Apelación, en el cual

elaboró los siguientes dos (2) errores presuntamente cometidos por

el foro primario:

        Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
        Instancia al establecer la servidumbre de paso sin que
        existiera prueba pericial en cuanto a la viabilidad del
        terreno, habiéndose establecido que dicho terreno ha
        cedido en el pasado, debiendo haber tenido esto la
        necesidad de ser aprobado por ingeniero ante el
        requisito de menos onerosidad de la servidumbre.

        Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
        Instancia al establecer el derecho a servidumbre antes
        de que se estableciera con claridad el tamaño de la
        misma y el valor de esta. Muy a pesar de que la
        sentencia exige del demandante el cumplimiento de
        esto, entendemos que conforme dispone el [C]ódigo
        [C]ivil, dichas acciones debieron realizarse antes.

12 Apéndice de la apelante, a la pág. 23.
13 Id., a la pág. 23.
14 Id., a las págs. 3-9.
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       El 10 de enero de 2024, la apelante presentó su Alegato en

Oposición. Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes procederemos a exponer el derecho aplicable.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil15,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.16 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.17 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.18
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.19 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.20 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

15 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
16 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
17 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
19 32 LPRA Ap. V, R. 47.
20 Id.
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    B. Deferencia judicial

        Las determinaciones hechas por los foros inferiores sobre la

prueba recibida merecen gran deferencia de los foros revisores.21 En

ese sentido, y como regla general, no debemos intervenir con las

determinaciones que este haya efectuado en virtud de la presunción

de corrección de la que gozan.22 A esos efectos, aunque no está

exenta de la posibilidad de toda revisión, si la actuación del tribunal

a quo no está desprovista de base razonable ni perjudica los

derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el

criterio del TPI a quien corresponde la dirección del proceso.23 Se

puede preterir esta deferencia cuando el juzgador de hechos haya

incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad, error manifiesto, o

cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique.24 De igual

forma, se podrá intervenir con la determinación del TPI cuando la

referida valoración se aparte de la realidad fáctica o resulte

inherentemente imposible o increíble.25 El nivel de pasión, prejuicio

o parcialidad que hace falta demostrar para impugnar exitosamente

las determinaciones del TPI sobre los hechos varía de caso a caso.26

Los foros apelativos podremos intervenir con tal apreciación luego

de realizar una evaluación rigurosa y que, de esta, surjan serias

dudas, razonables y fundadas.27

        El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal

Supremo) ha determinado que un juez incurre en pasión, prejuicio

o parcialidad si actúa movido por inclinaciones personales de tal

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con

21 Pueblo v. Pérez Núñez, 208 DPR 511, 514 (2022).
22 Id., 529.
23 Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
24 Id. Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996).
25 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Pueblo v. Arlequín

Vélez, 204 DPR 117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424
(2019) citando a Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 63 (1991). González Hernández
v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Pueblo v. Viruet Camacho, 173
DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). Pueblo v.
Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
26 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 775-776 (2013).
27 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
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respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento,

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se

someta prueba alguna.28 Por otro lado, un tribunal de justicia

incurre en un abuso de discreción cuando el juez: (i) no toma en

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello,

un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; (ii)

por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede

gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su

decisión exclusivamente en éste; o, (iii) no obstante considerar y

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y

descartar los irrelevantes, los sopesa y calibra livianamente.29

Cuando lo que se impugna es la adjudicación de credibilidad y la

determinación      de   los   hechos,     la      conducta,   participación   y

expresiones del juez durante el proceso judicial serán los elementos

que se tomarán en consideración para evaluar este incurrió en

pasión, prejuicio o parcialidad.30

       En el caso Torres Pérez v. Colón García, nuestro Alto Foro

expresó:

       Donde se halla la médula del problema adjudicativo es
       cuando toca al juez dirimir conflictos en la prueba,
       decidir sobre probabilidades, descartar imposibles,
       hurgar más allá de los testimonios para encontrar las
       verdades que muchas veces se ocultan tras meras
       apariencias, suplir a base de sus propias experiencias y
       conocimientos de la vida aquellos hechos no aportados
       articuladamente por los testimonios, pero inescapables
       al proceso inductivo de su inteligencia.31

       A luz de lo anterior, la llamada deferencia judicial está

predicada en que los jueces de las salas de instancia están en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical porque tienen la

oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento de la persona

28 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 782.
29 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
30 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 776.
31 Torres Pérez v. Colón García, 105 DPR 616, 623 (1977).
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testigo.32 Por ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se

presume correcta.33 Recalcamos que, la tarea de adjudicar

credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió depende en gran

medida de la exposición del juez a la prueba presentada.34 Por su

parte, un foro apelativo cuenta solamente con “récords mudos e

inexpresivos”, por lo que se le debe respeto a la adjudicación de

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos.35 No

obstante, si la apreciación de la prueba no representa el balance

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y

cuando la evaluación se distancie de la realidad fáctica o esta es

inherentemente imposible o increíble tenemos la responsabilidad

ineludible de intervenir.36 Sin embargo, a pesar de que existe esta

norma de deferencia judicial, también hemos indicado que, cuando

las conclusiones de hecho del foro de instancia estén basadas en

prueba pericial o documental, el tribunal revisor se encuentra en la

misma posición que el foro recurrido.37

       En consecuencia, al este tribunal apelativo enfrentarse a la

tarea de revisar las determinaciones del foro de instancia, no debe

intervenir con las determinaciones de hechos, con la apreciación de

la prueba ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el

mismo, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que

este último: (i) actuó con prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un

craso abuso de discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.38

32 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Meléndez Vega v. El Vocero de PR,

189 DPR 123, 142 (2013).
33 Id. Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148 (2009). Pueblo v. Acevedo Estrada,

supra.
34 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 771.
35 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).
36 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. González Hernández v. González

Hernández, supra.
37 González Hernández v. González Hernández, Id.
38 González Hernández v. González Hernández, Id., 776. Ramírez Ferrer v. Conagra

Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140,
155 (2000). Pueblo v. Irizarry, supra. Pueblo v. Maisonave, supra, 62-63.
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    C. Las servidumbres

         El Título VI del Código Civil de Puerto Rico de 2020 aborda los

derechos reales de goce. Por su parte, el Capítulo III de dicho Título

aborda lo relacionado a las servidumbres. La servidumbre es

definida como el derecho real limitado que recae sobre una finca,

denominada finca sirviente, en beneficio de otra finca o de una o

varias personas o comunidad individualizadas.39 A la luz de lo

anterior, si la relación es entre fincas, la que recibe la utilidad se

llama finca dominante.40 A tales efectos, la utilidad puede consistir

en el otorgamiento al titular de la finca dominante o a las personas,

según sea el caso, de un determinado uso de la finca sirviente, o en

una reducción de las facultades del titular de la finca sirviente.41

         En lo que respecta al objeto de las servidumbres, estas pueden

constituirse sobre finca propia o ajena; de igual forma, pueden

constituirse servidumbres recíprocas entre fincas dominantes y

sirvientes.42 Las servidumbres pueden originarse de dos (2)

maneras.43 Son voluntarias las servidumbres que se constituyen por

negocio jurídico bilateral o unilateral; mientras que, son forzosas

aquellas servidumbres cuya constitución puede ser exigida en los

casos contemplados en la ley.44 Acentuamos que, las servidumbres

son inseparables de la finca a la que pertenecen activa o

pasivamente.45

         Existen tres (3) modos de constituir una servidumbre: (i) por

negocio jurídico celebrado voluntaria o forzosamente; (ii) por

sentencia, cuando se trata de una servidumbre forzosa en los casos

y las condiciones previstas en la ley y el obligado a constituirla se

39 31 LPRA § 8501, Art. 935.
40 Id.
41 Id.
42 31 LPRA § 8502, Art. 936.
43 31 LPRA § 8504, Art. 938.
44 Id.
45 31 LPRA § 8505, Art. 939.
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niega a hacerlo voluntariamente; y, (iii) por usucapión.46 Resaltamos

que, al constituirse una servidumbre se entienden concedidos todos

los derechos necesarios para su uso.47 A su vez, se entiende que el

titular sirviente asume todas las obligaciones inherentes a su

relación con la finca gravada.48 A raíz de ello, la servidumbre debe

ejercerse del modo más adecuado a fin de obtener la utilidad para el

titular dominante y, a su vez, del modo menos incómodo y lesivo

para el titular sirviente.49

         En particular, la Sección cuarta del Capítulo III aborda lo

concerniente a las servidumbres forzosas. Así, las cosas, las

servidumbres forzosas de paso a            favor de una finca sin

comunicación suficiente con la vía pública, de acceso a una red

general, de energía solar, de energía eólica y de acueducto se rigen

por dicho capítulo.50 Consecuentemente, la persona titular del

derecho de propiedad o de derechos reales posesorios de una finca

sin salida o con salida insuficiente a una vía pública puede exigir a

sus vecinos el acceso a ella, mediante el establecimiento de una

servidumbre de paso de anchura y características suficientes para

la utilización normal de la finca dominante.51 Así, pues, la

servidumbre de paso o el acceso a la red general debe darse por el

punto menos perjudicial o incómodo para la finca sirviente y, si es

compatible, por el punto más beneficioso para la finca dominante.52

         Enfatizamos    que,   la   servidumbre   forzosa   solo   puede

establecerse previo pago de una indemnización consistente en el

valor de la parte afectada de la finca sirviente y de la reparación de

los perjuicios que pueda ocasionar al titular sirviente.53, Ahora bien,

46 31 LPRA § 8521, Art. 944.
47 31 LPRA § 8532, Art. 949.
48 Id.
49 31 LPRA § 8533, Art. 950.
50 31 LPRA § 8541, Art. 954.
51 31 LPRA § 8542, Art. 955.
52 31 LPRA § 8547, Art. 960.
53 31 LPRA § 8548, Art. 961.
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si el titular sirviente también utiliza la servidumbre u obtiene algún

beneficio de ella, la indemnización se reduce proporcionalmente.54

A modo de excepción, si una finca queda sin salida a una vía

pública, o sin acceso a una red general o al agua como consecuencia

de un acto de disposición sobre una o más partes de la finca

originaria, o de división de la cosa común, el paso o el acceso debe

obtenerse a través de la finca originaria o de la parte de la finca

colindante procedente de la originaria, y no debe pagarse

indemnización, salvo pacto distinto.55

                                  III

         En el recurso ante nos, la apelante plantea que el foro

primario incidió tras establecer una servidumbre de paso sin haber

recibido prueba pericial en torno a la viabilidad del terreno, el cual

presuntamente cedió en el pasado. A su vez, esgrimió que la primera

instancia judicial se equivocó al haber establecido la servidumbre

de paso, previo a establecer con claridad el tamaño y valor de esta.

Luego de un análisis del expediente en su totalidad colegimos que

los errores señalados no fueron cometidos y procede confirmar la

Sentencia apelada. Además, tras razonar que los errores se

encuentran relacionados, procederemos a discutir los mismos en

conjunto. Veamos.

         En el recurso ante nuestra consideración, los errores versan

sobre la apreciación de la prueba del foro primario hacia la prueba

desfilada durante el Juicio en su Fondo, tomando en consideración

las determinaciones de hechos que surgen de la Sentencia emitida

el 24 de octubre de 2023 y notificada al día siguiente. Resulta

menester recordar que, en el caso ante nos, se celebró una vista

ocular en la cual quedó constituido el Tribunal, estando presentes

54 Id.
55 31 LPRA § 8549, Art. 962.
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todas las partes y sus representantes legales. Posteriormente, se

celebró el Juicio en su Fondo.

      Es    de     ver     que,    para     que     se     constituya

una servidumbre de paso, es necesario la existencia de una finca

enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público. En el

presente caso resulta indudable que la finca de la parte apelada se

encuentra enclavada y no tiene acceso a la vía pública.

      En la vista ocular, el Tribunal tuvo la oportunidad de observar

los caminos en los cuales podía establecerse la servidumbre.

Respecto al camino que la apelante planteó que se debía utilizar

para la servidumbre, el foro primario determinó que era mucho más

oneroso para la parte apelada y expresó que:

      […] Por otro parte, el otro acceso a la finca del
      demandante, como expuesto, es atravesando un
      remanente de otra finca y con una inclinación
      pronunciada como lo demuestran los Exhibits VIII (E).
      Además, es mucho más el terreno que hay que recorrer
      por el remanente y este da acceso a unos caminos de
      uso público que se conectan, dando finalmente acceso
      a la carretera municipal 152. […].

      Sin embargo, respecto al camino que la parte apelada planteó

que se debía utilizar para la servidumbre el foro primario estuvo de

acuerdo y expresó que:

      […] Como expuesto en las determinaciones de hechos,
      del camino público de donde se solicita acceso a la finca
      de la parte demandante queda a pasos. Solo se camina
      en línea recta unos pocos pasos para llegar desde el
      camino público hasta la finca del demandante. Esta
      misma característica lo hace el punto de acceso menos
      perjudicial para el predio sirviente de la demandada a
      simple vista. Lo que se solicita es la entrada en
      continuación del camino en línea recta que a simple
      vista se aprecia el espacio suficiente para constituir una
      entrada en el área, sea más arriba o un poco más abajo.
      […] Se trata del punto menos perjudicial o incómodo
      para la finca sirviente y, a su vez, el punto más
      beneficioso para la finca dominante. Este es el acceso
      por mucho el más cercano a la carretera estatal número
      152. […]

      En su Sentencia, el TPI tan solo declaró el derecho de

servidumbre de paso a favor de la finca de la parte apelada. Ahora,

y como bien dispuso el foro primario, le corresponde a la parte
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apelada cumplir con el Artículo 961 del Código Civil,56 consistente

en el pago de la indemnización a la parte apelante para poder

establecer la servidumbre.

       Reiteramos que, los foros apelativos podremos intervenir con

la apreciación del TPI, luego de realizar una evaluación rigurosa y

que, de esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.57

Consecuentemente, las decisiones discrecionales que toma el TPI no

serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de

su discreción.58

       Puntualizamos que, nuestro trasfondo doctrinario recae en

que, nuestro sistema judicial es uno adversativo de derecho rogado

que descansa en la premisa de que las partes, cuidando sus

derechos e intereses, son los mejores guardianes de la pureza de los

procesos, y de que la verdad siempre aflore salga a relucir.59 No

obstante, cualquier defecto en la denominación del pleito o en la

súplica del remedio no impedirá que el tribunal conceda el remedio

que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba.60

       En resumidas cuentas, las determinaciones hechas por el foro

primario sobre la prueba recibida merecen gran deferencia de

nuestro foro revisor.61 Como corolario de lo anterior, si la actuación

del tribunal a quo no está desprovista de base razonable ni perjudica

los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca

el criterio del TPI a quien corresponde la dirección del proceso.62 Por

consiguiente, los errores esbozados no fueron cometidos por lo que

procede confirmar la Sentencia apelada.

56 31 LPRA § 8548, Art. 961.
57 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
58 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, supra.
59 Fundación Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563, 585 (2010).
60 32 LPRA Ap. V, R. 71.
61 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
62 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
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                                IV

     Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones