Court Opinion

ID: 9952342
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:43:12.11075+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:52.832994
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

    FELIX GONZÁLEZ                                     Revisión
          RÍOS                                         Administrativa
                                                       procedente de la
        Recurrente                                     Oficina de Programas
                                                       Residenciales y de
                                                       Tratamiento en
             V.                                        Comunidad

                                KLRA202300633          Casos Núm.
  DEPARTAMENTO DE                                      D IS2016G0033, D
    CORRECCIÓN Y                                       IS2016G0034
   REHABILITACIÓN
                                                       Sobre:
         Recurrido                                     Programas de Pase
                                                       Extendido por
                                                       Condiciones de Salud
                                                       (Ley 25 del 19 de
                                                       julio de 1992)
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

       Comparece por derecho propio y de forma pauperis ante este

Tribunal el Sr. Félix González Ríos (en adelante, señor González Ríos

o recurrente), quien se encuentra confinado bajo la custodia del

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, DCR o

parte recurrida). Solicita que revoquemos la Determinación de la

Evaluación para el Programa de Pase Extendido por Condición de

Salud (Ley 25) emitida por el DCR el 13 de octubre de 2023 y

notificada el 4 de diciembre de 2023.1 Mediante dicho dictamen, la

parte recurrida denegó al recurrente beneficiarse del privilegio de

pase expendido por motivos de salud, al entender que existe un

proceso penal pendiente en su contra ante el TPI.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos la determinación del DCR, por considerar que no existe

1Apéndice del Escrito en cumplimiento de resolución del DCR, Anejo 1, págs 49-53.

Número Identificador
SEN2024________________
KLRA202300633                                                       2

un proceso penal pendiente en contra del recurrente y devolvemos

el asunto a dicha entidad para que continúe la evaluación de la

elegibilidad del recurrente para beneficiarse del referido Programa.

Explicamos.

                                  -I-

        El 22 de noviembre de 2022, el señor González Ríos presentó

una solicitud al Programa de Salud Correccional para someterse a

una evaluación médica con el objetivo de ser considerado para el

privilegio de pase extendido debido a su estado de salud.2 En

respuesta a esta solicitud, el 16 de agosto de 2023, el recurrente fue

evaluado por la internista del DCR, la doctora Damaris Silva Santa.

Como parte de este proceso, la doctora recomendó remitir el caso

del señor González Ríos para evaluación por parte del Panel de

Médicos por Salida por Ley 25/27 del Programa de Salud

Correccional (en adelante, Panel Médico), debido a sus condiciones

deformantes e incapacitantes severas en estado avanzado.3

Posteriormente, el 23 de agosto de 2023, el Panel Médico recomendó

la concesión del privilegio de pase extendido al solicitante.4

        Así las cosas, el 26 de septiembre de 2023, la parte recurrida

remitió el caso del señor González Ríos a una investigación de campo

para determinar la viabilidad de su excarcelación.5 Como parte de

este procedimiento, el DCR llevó a cabo una evaluación de la

idoneidad del hogar propuesto por el recurrente. La residencia

incluida en el plan de salida se encuentra ubicada en el Barrio

Borinquén, Sector Playuela, del municipio de Aguadilla. Además, el

DCR recibió el insumo de los vecinos del hogar propuesto, así como

de las víctimas de los delitos por los cuales el señor González Ríos

se encuentra confinado.

2 Íd., pág. 5.
3 Íd., págs. 7-10.
4 Íd., págs. 16-20.
5 Íd., págs. 24-25.
KLRA202300633                                                                     3

        En vista de lo anterior, el 28 de septiembre de 2023, el DCR

emitió una Certificación de Notificación [a las víctimas de delito].6 En

esta, especificó que una de las personas que fue víctima de los

delitos perpetrados por el señor González Ríos expresó su oposición

a la concesión del privilegio. Ante ello, se le informó sobre su derecho

a comparecer a una vista a esos efectos.7

        Por otra parte, el 10 de octubre de 2023, el DCR suscribió el

Informe Breve P.E.M.E.8 En síntesis, la parte recurrida detalló en

dicho informe que: (1) el señor González Ríos propuso el hogar de su

madre, la señora Carmen Ríos Medina, de setenta y cuatro años (74);

(2) la señora Ríos Medina consiente en acoger a su hijo en su

residencia; (3) al investigar el hogar propuesto por el recurrente, se

encontró una residencia de tres (3) cuartos y dos (3) baños, sin

proximidad a escuelas o servicios de cuidado infantil; (4) en el hogar

propuesto no residen menores de edad; (4) los ingresos mensuales

de la residencia son de $1,620.00, mientras que los gastos

ascienden a 460.00; y (5) la comunidad no expresó objeciones a la

concesión del privilegio.

        Finalmente, 13 de octubre de 2023, el DCR emitió la

Determinación de la Evaluación para el Programa de Pase Extendido

por Condición de S[a]lud (Ley 25) en la que denegó el privilegio de

pase expendido al señor González Ríos.9 El DCR fundamentó esta

decisión en el hecho de que el recurrente tiene una sentencia

mixta.10 Particularizó que, al cumplir la primera sentencia de diez

6 Íd., pág. 27.
7 Íd., págs. 27-32.
8 Íd., págs. 34-35.
9 Íd., págs. 49-53.
10 Cabe señalar que, el señor González Ríos se encuentra confinado por dos
infracciones al Artículo 133, incisos (b) y (f), del Código Penal de Puerto Rico. La
primera infracción resultó en una sentencia de diez (10) años de reclusión,
mientras que la segunda acarreó una pena adicional de quince (15) años de
reclusión, que debe cumplirse de manera consecutiva. No obstante, el TPI dispuso
que, dos (2) meses antes de cumplir la primera condena, el recurrente deberá
comparecer al foro primario para referir su caso ante un Técnico Sociopenal del
Programa de la Comunidad de Bayamón, con el fin de evaluar su idoneidad para
cumplir la segunda sentencia bajo libertad a prueba. Véase Apéndice del Escrito
en cumplimiento de resolución del DCR, págs. 1-2.
KLRA202300633                                                                   4

(10)    años       de   reclusión,   deberá     comparecer      ante     la   sala

sentenciadora del TPI para la disposición de la sentencia suspendida

de quince (15) años que le fue impuesta.11

        Inconforme con la decisión, el 5 de diciembre de 2023 el señor

González Ríos suscribió la petición que tenemos ante nuestra

consideración, la cual fue recibida en la Secretaría de este Tribunal

el 8 de diciembre de 2023.12 A través de su recurso, el recurrente

solicita la cancelación de su Sentencia Mixta para beneficiarse del

privilegio de pase extendido por razones de salud. Sostiene que lo

establecido en su sentencia no representa un delito pendiente, sino

más bien un acuerdo. Asimismo, señala que su estado de salud

constituye una situación imprevista.13

        El 29 de enero de 2023, el DCR compareció ante nosotros y

sostiene que el recurrido cuenta con un proceso criminal pendiente

ante el foro primario. Específicamente, arguye que el señor González

Ríos deberá comparecer ante la sala sentenciadora del TPI dos (2)

meses antes de cumplir la primera pena que le fue impuesta. Con

este razonamiento, el DCR concluye que la inminencia de esta vista

implica que el recurrente continúa "pendiente de algún proceso

criminal iniciado en su contra ante el tribunal estatal". Por lo tanto,

aduce que la negativa de no conceder el privilegio del señor González

Ríos pretende “cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Primera

Instancia: que una persona bajo su custodia comparezca a un

procedimiento judicial sobre una pena que aún no ha comenzado a

extinguir”.14

        Por otro lado, el DCR reconoce los serios problemas de salud

del recurrente, pero expone que es necesario asegurar su

comparecencia futura ante el tribunal en relación con la segunda

11 Íd., pág. 49.
12 El recurso del señor González Ríos fue titulado Aveás Corpus [sic].
13 Aveás Corpus [sic] del recurrente, pág. 5.
14 Escrito en cumplimiento de resolución del DCR, págs. 7-8.
KLRA202300633                                                               5

pena impuesta. Por último, argumenta que el señor González Ríos

carece de evidencia sustancial en el expediente administrativo que

tienda a rebatir la presunción de corrección y legalidad que respalda

la decisión administrativa.

        Es importante destacar que, el 12 de diciembre de 2023, el

señor     Rodríguez      González      interpuso     una     solicitud     de

reconsideración ante el Programa de Pase Extendido por Condición

de Salud Ley 25 del DCR. En su recurso, argumentó que: (1) se

encuentra postrado en cama debido a su condición crítica de salud;

(2) cuenta con hogar viable, recursos económicos y familiares

responsables; y (3) actualmente está bajo custodia mínima. Por

consiguiente, respaldó su solicitud con documentación médica que

incluye diagnósticos y fotografías para su reevaluación. Sin

embargo, el 15 de diciembre de 2023, notificada el 11 de enero de

2024, el DCR emitió una Respuesta de Reconsideración en la que

reiteró su posición. Además, subrayó que el recurrente no satisface

el requisito establecido en el Artículo VI, inciso 15, del Reglamento

Núm. 9488 del 9 de agosto de 2023, también conocido como

Programa Integral de Reinserción Comunitaria. Lo anterior, debido

a que tiene una condena total de veinticinco (25) años, la cual se

divide en diez (10) años de reclusión y luego una sentencia

suspendida de quince (15) años, según la Sentencia Mixta emitida

por el TPI de Bayamón, el 20 de marzo de 2017, por infracciones al

Artículo 133 del Código Penal.15

        Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a detallar la normativa aplicable en este caso. Veamos.

15 El tracto procesal reseñado demuestra que el recurrente acudió ante este
Tribunal antes de que presentara la referida “reconsideración”, por lo cual el
recurso de referencia es oportuno.
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                                 -II-

                                  A.

      Es norma conocida que los tribunales apelativos debemos

otorgar amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. Oficina de Ética Gubernamental v.

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89. (2022); Super Asphalt v. AFI y

otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla

Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía,

201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606,

626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923,

940 (2010). Por estas razones, dichas determinaciones suponen

una presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no

presente prueba suficiente para derrotarlas. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no

es absoluta, por lo que nuestro Máximo Foro ha enfatizado que

no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones administrativas que sean

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

      Por esa misma línea, en Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico,

196 DPR 606, 628 (2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las

normas básicas en torno al alcance de la revisión judicial de la forma

siguiente:

      Los tribunales deben deferencia a las decisiones de una
      agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
      cuando: (1) la determinación administrativa no está
      basada en evidencia sustancial; (2) el ente
      administrativo erró en la aplicación o interpretación de
      las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
      administrar; (3) el organismo administrativo actuó
      arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
      determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
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      actuación       administrativa       lesionó     derechos
      constitucionales fundamentales. Es importante destacar
      que si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas
      situaciones, aunque exista más de una interpretación
      razonable de los hechos procede que se valide la
      interpretación que realizó la agencia administrativa
      recurrida.

      Del mismo modo, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de junio

de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

estableció   el   marco   de   revisión    judicial   de   las    agencias

administrativas. Rolón    Martínez    v.     Supte.    Policía, supra. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo      fueron      correctas. Íd.; Oficina      de      Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de

PR, supra; Nobbe v. Jta. Directores, supra; Sec. 4.5 de la LPAU, 3

LPRA sec. 9675. Por lo tanto, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra.

      Ahora bien, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, los tribunales deberán darles

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Esto, pues el

Tribunal Supremo ha dispuesto que la deferencia que le deben los
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tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable

o   ilegalmente,     o    (3)   lesionó     derechos     constitucionales

fundamentales. Íd.; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez

Giraud, supra.

      Finalmente, destacamos que el criterio administrativo no

podrá prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación

estatutaria realizada por una agencia provoque un resultado

incompatible o contrario al propósito para el cual fue aprobada la

legislación y la política pública que promueve. Lo anterior ya que la

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia. Íd.

                                    B.

      La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

establece como política pública del Estado la reglamentación de las

instituciones penales con el objetivo de facilitar la rehabilitación

moral y social. Artículo IV, Sec. 19, LPRA Tomo I. Para dar

cumplimiento a este mandato, la Asamblea Legislativa otorgó al

Secretario o la Secretaria del Departamento de Corrección y

Rehabilitación (DCR), entre otras atribuciones, la autoridad para

adoptar, establecer, desarrollar e implementar reglas, reglamentos,

órdenes, manuales, normas y procedimientos, con el propósito de

supervisar el funcionamiento eficaz del Departamento y de los

programas y servicios que ofrece. Plan de Reorganización del

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, según

enmendado (Plan de reorganización), 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 7 (aa).

Asimismo, le confirió la facultad de implementar programas que

brinden servicios médicos y hospitalarios adecuados para la
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población correccional, dirigidos a la prevención de enfermedades y

el   diagnóstico    y   tratamiento        de   los   pacientes.   Plan   de

Reorganización, supra, Art. 7 (g).

      En concordancia con lo anterior, el Secretario o la Secretaria

del DCR tiene facultad para establecer programas que posibiliten a

las personas que se encuentran confinadas cumplir parte de su

sentencia fuera de la institución correccional. Estos programas de

desvío deben contar con reglamentos que detallen los objetivos, la

operación, los criterios y las condiciones para la concesión del

privilegio. Plan de Reorganización, supra, Art. 16. Además, cada

reglamento debe incluir los criterios, condiciones y procedimientos

para la revocación de este privilegio. Íd.

                                      C.

      El DCR implementó el Programa Integral de Reinserción

Comunitaria (Programa), que abarca los siguientes subprogramas:

(1) Programas Comunitarios de Base Religiosa y de Fe; (2) Programas

Comunitarios       Seculares;   (3)        Restricción   domiciliaria     por

incumplimiento a las órdenes del Tribunal, (4) Pase Extendido por

Condiciones de Salud; y (5) Pase Extendido con Monitoreo

Electrónico. A través de estos subprogramas, los miembros de la

población correccional tienen la oportunidad de cumplir parte de su

sentencia fuera de la institución correccional. El objetivo principal

de estos proyectos es viabilizar tratamientos individualizados para

contribuir a la rehabilitación de aquellas personas que han cometido

delitos mediante una reinserción adecuada a la comunidad sin

menoscabar la seguridad pública. Reglamento del Programa Integral

de Reinserción Comunitaria, Reglamento Núm. 9488 del 9 de agosto

de 2023 (Reglamento Núm. 9488), pág. 2. Cada solicitante debe

cumplir con una serie de requisitos aplicables a cada subprograma,

además de satisfacer los requisitos específicos correspondientes al

subprograma al que aplique.
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      Como parte de la evaluación de los candidatos a los

subprogramas, se recoge el insumo de las víctimas de los delitos por

los cuales fueron sentenciados. Íd., pág. 5. Luego de auscultar la

posición de las víctimas, el Técnico de Servicios Sociopenales emitirá

una recomendación al Secretario o la Secretaria del DCR y a la

División de Programas Comunitarios para una determinación final.

Íd., pág. 7. También se recopila información confiable que evidencie

que el miembro de la población correccional no representa un riesgo

para su propia seguridad, la de sus compañeros, la comunidad y las

víctimas o partes perjudicadas. Íd., pág. 11.

      En otra instancia, como parte de los requisitos generales de

elegibilidad para cualquier subprograma, el candidato o la

candidata no podrá estar pendiente de algún proceso criminal

iniciado en su contra ante el tribunal estatal o federal. Íd., pág.

12.

      Respecto a los requisitos para ser elegible al Pase Extendido

por Condiciones de Salud, conforme establece la Ley Núm. 25 del 19

de julio de 1992, Ley para el Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y de

otras Enfermedades en su Etapa Terminal que Están Confinados en

las Instituciones Penales o Internados en las Instituciones Juveniles

de Puerto Rico (Ley Núm. 25), 4 LPRA secs. 1601-1607, el solicitante

debe tener una prognosis de vida corta de menos de seis (6) meses

o presentar condiciones fisiológicas limitantes o incapacitantes.

Reglamento Núm. 9488, supra, pág. 15. Estas condiciones deberán

estar respaldadas por una certificación médica que incluya sus

debidas recomendaciones. Íd. Además, la elegibilidad para este

beneficio está sujeta a la recomendación que emita un panel médico

del DCR con ese propósito. Íd.

      Por otro lado, la persona que solicite el pase extendido por

condiciones de salud deberá contar con un hogar viable y familiares

disponibles para asumir su cuidado. Íd., págs. 16 y 17. Asimismo,
KLRA202300633                                                         11

se requiere que la persona no tenga delitos pendientes ante

ningún Tribunal de Justicia. Íd., pág. 16.

      Es importante destacar que, aparte de los criterios específicos

para participar en los subprogramas de desvío, podría exigirse que

los participantes sean sometidos a monitoreo y supervisión

mediante dispositivos de monitoreo electrónico. Íd., pág. 24. En

cuanto al Programa de Pase Extendido por Condiciones de Salud, se

llevará a cabo un seguimiento del cuidado proporcionado a estos

pacientes. Este seguimiento podría realizarse mediante visitas al

hogar por parte del personal médico y social debidamente

capacitado, con la frecuencia necesaria. Ley Núm. 25 de 1992,

supra, Art. 7, sec. 1607.

                                 D.

      Resulta ampliamente conocido que toda acción penal en

nuestro ordenamiento jurídico comienza con la determinación

de causa probable para citar o arrestar por parte de un juez o

jueza. Pueblo v. Martínez Hernández, 208 DPR 872, 880 (2022);

Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 DPR 497, 504 (2010); Pueblo v.

Rivera Martell, 173 DPR 601, 608 (2008); Pueblo v. Irizarry Quiñones,

160 DPR 544, 555 (2003). A partir de este momento, la persona se

encuentra “acusada” y, por lo tanto, sujeta a contestar una

acusación o denuncia en su contra, así como “propensa a ser

convicta”. Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 820 (1993); Pueblo

v. Carmen Centrale Inc., 46 DPR 494, 498 (1934).

      Por otro lado, el Tribunal Supremo ha expresado que el

proceso penal es un mismo y continuo proceso judicial que finaliza

con el fallo o la sentencia. Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 218, 229

(2009).   Además   de   la   adjudicación   en   los   méritos   de   la

causa penal, otros eventos procesales pueden dar por terminada la

acción contra la persona imputada de delito, como, por ejemplo, la

determinación de “no causa” para presentar una acusación en la
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etapa de vista preliminar en alzada, puesto que esta, por su

naturaleza y finalidad, impide el comienzo de otro proceso por ese

delito. Íd.; Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR 761, 768 (1999). De igual

forma, la resolución que declare “con lugar” una moción de

desestimación también pone fin a la acción penal. Pueblo v. Pérez

Pou, supra, pág. 230; Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008);

Pueblo v. Carrión Rivera, 159 DPR 633 (2003).

       En relación con el fallo, las Reglas Procedimiento Criminal

definen este término como aquel pronunciamiento hecho por el

tribunal condenando o absolviendo a la persona acusada de delito.

Regla 160 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 160. De

otro lado, la sentencia se refiere al pronunciamiento hecho por el

tribunal en cuanto a la pena que se le impone a la persona acusada.

Íd.,   R.   162.   Una   vez   dictada   la   sentencia,   se   entregará

inmediatamente al funcionario que deba ejecutarla una copia

certificada de la misma, la cual será suficiente para su ejecución,

sin que fuere necesaria ninguna otra orden o autorización para

justificar o pedir tal ejecución. Íd., R. 175.

                                   E.

       En nuestro ordenamiento jurídico, el foro primario podrá

suspender los efectos de una sentencia de reclusión en todo caso de

delito grave y todo caso de delito menos grave que surja de los

mismos hechos o de la misma transacción, de conformidad con los

requisitos y excepciones establecidos en la Ley Núm. 259 de 3 de

abril de 1946, conocida como Ley de Sentencia Suspendida y

Libertad a Prueba (Ley de Sentencia Suspendida), 34 LPRA sec.

1027. En ese sentido, esta ley provee una medida alterna a la pena

de cárcel. Pueblo v. Molina Virola, 141 DPR 714, 717 (1996).

       El beneficio de “sentencia suspendida” también es conocido

como “libertad a prueba” o “probatoria”. Íd.          En esencia, este

beneficio implica la suspensión de la ejecución de la sentencia para
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brindarle a la persona condenada de delito la oportunidad de quedar

en libertad durante todo o parte del término de la pena, sujeta a que

observe buena conducta y cumpla con todas las restricciones

impuestas por el tribunal. Íd.; Pueblo v. Vélez Torres, 2023 TSPR 66,

212 DPR ___; Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 881

(2010); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 535-536 (1999).

      La duración del período de libertad a prueba será igual a la

duración del período establecido en la sentencia. Ley de Sentencia

Suspendida, supra, Art. 3, sec. 1028. Durante este período, la

Administración de Corrección ejercerá el nivel de supervisión que

estime necesario para lograr la rehabilitación de la persona y

proteger a la comunidad. Además, toda persona puesta a prueba

estará sujeta a un régimen disciplinario de vida y a un plan de

tratamiento, cuya duración y condiciones serán determinadas por

la Administración de Corrección, según el problema específico de

conducta presentado por la persona puesta en libertad a prueba. Íd.

                                -III-

      En el presente caso, debemos determinar si el DCR incidió al

denegarle al señor González Ríos beneficiarse del privilegio de pase

expendido por razones de salud, bajo la interpretación de que existe

un proceso penal pendiente en su contra ante el TPI.

      Es ampliamente conocido que los Tribunales debemos ser

deferentes en torno a las decisiones administrativas, pero tal

deferencia cederá cuando la determinación no esté basada en

evidencia sustancial, cuando el ente administrativo haya errado

en la aplicación de la ley y cuando la actuación resulte

arbitraria, irrazonable e ilegal. Torres Rivera v. Policía de Puerto

Rico, supra.

      Después de analizar minuciosamente el expediente ante

nuestra consideración y el derecho aplicable al caso, encontramos

razones suficientes que justifican preterir la deferencia que de
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ordinario es otorgada a una determinación administrativa. En

consecuencia, llegamos a la conclusión de que el DCR incidió en su

decisión. Explicamos a continuación.

          Según se desprende de los autos, el señor González Ríos

presentó una solicitud para la concesión del beneficio de pase

extendido por razones de salud.16 Luego de la correspondiente

evaluación médica, el DCR denegó conceder el privilegio de pase

expendido bajo el único fundamento de que el recurrente tiene

pendiente un proceso criminal iniciado en su contra ante el

tribunal estatal.17 El DCR sostiene que, una vez el señor González

Ríos cumpla la primera sentencia de diez (10) años de reclusión,

deberá comparecer ante la sala sentenciadora del TPI para la

disposición de la sentencia suspendida de quince (15) años que le

fue impuesta. Agrega que, la negativa de no conceder el privilegio

pretende cumplir con la orden del foro primario, a saber: “que una

persona bajo su custodia comparezca a un procedimiento judicial

sobre una pena que aún no ha comenzado a extinguir”.

          De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, toda acción

penal inicia con la determinación de causa probable para citar o

arrestar por parte de un juez o una jueza. Pueblo v. Martínez

Hernández, supra, pág. 880. A partir de ese momento, la persona

enfrenta un proceso penal en su contra, ya que se encuentra

acusada y, por lo tanto, sujeta a responder a una acusación o

denuncia en su contra, y susceptible de ser convicta. Pueblo v. Miró

González, supra, pág. 820; Pueblo v. Carmen Centrale Inc., supra,

pág. 498. Además, uno de los eventos que marca el fin del proceso

criminal contra la persona acusada de un delito es la emisión

del fallo o la sentencia. Pueblo v. Pérez Pou, supra, pág. 229. Según

discutido, el fallo es el pronunciamiento hecho por el tribunal

16
     Íd., Anejo I, pág. 5.
17 Íd., págs. 49-53.
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condenando o absolviendo a la persona acusada de delito. Regla 160

de Procedimiento Criminal, supra, R. 160. En cambio, la sentencia

es el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que

se le impone a la persona acusada. Íd., R. 162.

         En este caso, el señor González Ríos fue condenado con una

Sentencia Mixta por la comisión de dos (2) delitos de actos lascivos.18

Específicamente, como resultado de la violación al Artículo 133,

inciso (b), fue condenado a cumplir una sentencia de diez (10) años

de prisión. Además, por la violación del Artículo 133, inciso (f), fue

sentenciado a cumplir una segunda pena de quince (15) años de

prisión, la cual debe ser cumplida de forma consecutiva con la

primera. Ahora bien, el foro primario dispuso que, dos (2) meses

antes de cumplir la primera condena, el recurrente deberá

comparecer al foro primario para referir su caso ante un Técnico

Sociopenal del Programa de la Comunidad, con el fin de evaluar su

idoneidad para cumplir la segunda sentencia bajo libertad a prueba.

         Por consiguiente, realmente no existe un proceso penal

iniciado, o pendiente, en contra del señor González Ríos. En

efecto, el 20 de marzo de 2017, se dictó una sentencia en su contra.

Esto significa que el tribunal emitió su decisión respecto a la pena

que el recurrente debe cumplir. Regla 162 de Procedimiento

Criminal, supra, R. 162. Destacamos que, la Sentencia Mixta es

clara: el señor González debe cumplir una pena total de veinticinco

años (25) de reclusión por cargos de actos lascivos, con la

posibilidad de cumplir su segunda pena bajo el beneficio de libertad

a prueba.19 Por lo tanto, el proceso criminal en su contra culminó.

Únicamente queda pendiente la ejecución de su sentencia.

         En ese sentido, el tribunal sentenciador, ejerciendo su

facultad de suspender total o parcialmente los efectos de la

18 Íd., págs. 1-2.
19 Íd.
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sentencia de conformidad con la Ley de Sentencia Suspendida,

supra, ordenó la celebración de una vista dos (2) meses antes de que

el recurrente cumpla la primera condena. Es menester destacar que,

esta vista no es equivale o significa la existencia de un proceso penal

iniciado o pendiente en contra del señor González Ríos. Esta vista

tiene como fin evaluar si el recurrente puede cumplir su segunda

pena mediante una alternativa a la prisión. Pueblo v. Molina Virola,

supra, pág. 717.          Así pues, de los autos no surge que el señor

González Ríos cuenta con nuevas acusaciones.

          Por último, el DCR argumenta que denegar el beneficio es

necesario para garantizar que el recurrente comparezca ante el

tribunal en el futuro, con respecto a la segunda pena impuesta.20

Sin embargo, este argumento no nos persuade. El DCR tiene la

capacidad de asegurar que el recurrente comparezca ante el tribunal

para cumplir con la vista relacionada con la segunda pena impuesta,

incluso si concede el privilegio de pase extendido. Esto se debe a

que, aun si el DCR le concediese el pase extendido al recurrente, el

DCR podría requerir que el señor González Ríos sea sometido a

monitoreo y supervisión mediante dispositivos de monitoreo

electrónico. Reglamento Núm. 9488, supra, pág. 24. Además, como

parte del Programa de Pase Extendido por Condiciones de Salud, se

llevaría a cabo un seguimiento del cuidado proporcionado a estos

pacientes mediante visitas domiciliarias. Ley Núm. 25 de 1992,

supra, Art. 7, sec. 1607.

          En conclusión, denegar el privilegio de pase extendido bajo el

fundamento de que el recurrente tiene un proceso criminal iniciado

en su contra ante el TPI, por el hecho de que debe comparecer a una

vista ante el foro sentenciador dos (2) meses antes de cumplir la

primera pena que le fue impuesta, para la evaluación de su caso

20
     Escrito en cumplimiento de resolución del DCR, pág. 7.
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para el beneficio de libertad a prueba, constituye una determinación

irrazonable.

      Ahora bien, debemos destacar que nada de lo anterior debe

interpretarse como que estamos adjudicando que el recurrente

debe ser admitido en el Programa.                  Nuestra determinación

únicamente se limita a pasar juicio sobre la validez jurídica de la

razón brindada por el DCR para determinar la inelegibilidad del

recurrente. Devuelto el asunto al DCR, le corresponderá evaluar

nuevamente el caso del señor González Ríos utilizando los criterios

dispuestos en la Ley 25 y la reglamentación antes discutida, a fin de

cerciorarse que éste cumple con todos los requisitos aplicables al

Programa, tomando en cuenta el insumo de las víctimas de los

delitos así como cualquier otra información relevante a los fines de

evaluar si el recurrente no representa un riesgo para su propia

seguridad, la comunidad y las víctimas o partes perjudicadas.

                                    -IV-

      Por      los    fundamentos    que     anteceden,       revocamos    la

determinación administrativa impugnada y se ordena la devolución

del   asunto     al   DCR    para   que    lleve   a   cabo    los   trámites

correspondientes conducentes a determinar, si, superado el

fundamento legal por el cual se le denegó al recurrente el privilegio

solicitado, este cualificaría para ser beneficiario del Programa, luego

de considerar los criterios aplicables, conforme dispuesto en la

sección que antecede.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones