Court Opinion

ID: 9381063
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:12:56.229353+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.548120
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL IV

    MÓNICA HERNÁNDEZ                                 Revisión Administrativa
        MORALES                                      procedente del
                                                     Departamento de
       Parte Recurrente                              Asuntos del Consumidor

                v.
                                              QUERELLA NÚMERO:
                                KLRA202200665 SAN-2020-0007944
    DEPARTAMENTO DE
      ASUNTOS DEL
     CONSUMIDOR, SR.
        FEDERICO                                     SOBRE:
    RODRÍGUEZ TORRES
                                                     Bienes Raíces (Ley Núm.
       Parte Recurrida                               10 de 26 de abril de
                                                     1994, según
                                                     enmendada)
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

         Comparece la Sra. Mónica Hernández Morales (en adelante,

Sra. Hernández Morales o parte querellante-recurrente) y nos

solicita la revisión de la Resolución emitida el 31 de octubre de 2022

y notificada el 1 de noviembre de 2022 por el Departamento de

Asuntos del Consumidor (DACO).1 Mediante dicho dictamen, el

DACO declaró No Ha Lugar la querella presentada por la Sra.

Hernández Morales en contra del Sr. Federico Rodríguez Torres (en

adelante, Sr. Rodríguez Torres o parte querellada-recurrida), por

falta de jurisdicción.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deja sin efecto la Resolución recurrida y se devuelve el caso al foro

administrativo para la celebración de una vista con el propósito de

que se dilucide adecuadamente esta controversia.

1   Apéndice 1 y 2 del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 1-5.

Número Identificador

SEN2023 _________
KLRA202200665                                                                  2

                                       I

       El 30 de diciembre de 2020, la Sra. Hernández Morales

presentó ante el DACO la Querella Núm. San-2020-0007944 en

contra del Sr. Rodríguez Torres. En síntesis, la Sra. Hernández

Morales alegó que el Sr. Rodríguez Torres incurrió en actos o

prácticas proscritas por la Ley Núm. 10-1994, infra, al llevar a cabo

una transacción de bienes raíces relacionada con un bien inmueble

ubicado en la urbanización Los Faroles en el municipio de

Bayamón.2

       El 19 de enero de 2021, el Sr. Rodríguez Torres presentó

Moción de Desestimación, en la que solicitó la desestimación de la

querella presentada en su contra bajo la Regla 10 del Reglamento

de Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento Núm. 8034

de 14 de junio de 2011, por entender que esta dejaba de exponer

una reclamación que justifique la concesión de un remedio.3 En

síntesis, el Sr. Rodríguez Torres alegó que, de la relación de hechos

expuesta en la querella y del contrato suscrito entre las partes,4

surge que él no actuó como corredor de bienes raíces durante la

referida transacción, sino como propietario del bien inmueble, por

lo que no le aplicaban las disposiciones de la Ley Núm. 10-1994,

infra, y, en consecuencia, la controversia no era un asunto bajo la

jurisdicción del DACO.

       Así las cosas, el 28 de enero de 2021, la parte querellante-

recurrente presentó Moción Asumiendo Representación Legal y

Réplica a Moción de Desestimación.5            En síntesis, alegó la parte

querellante-recurrente que se había comunicado con el querellado-

recurrido una vez encuentra en Clasificados “On Line”, la propiedad

2 Apéndice 9 del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 50-60. Ley
Núm. 10-1994, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el
Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes
Raíces en Puerto Rico”, 20 LPRA sec. 3025 et seq.
3 Apéndice 6 del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 23-28.
4 Apéndice 14 B y C del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 79-82.
5 Apéndice 7 del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 29-40.
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inmueble en la urbanización Los Faroles en el pueblo de Bayamón

por el precio de venta de $278,000.00.6 También, arguyó que del

clasificado surgía que “The Property Shop”, a través del Sr.

Rodríguez Torres, con licencia de corredor de bienes raíces número

C-16985 y teléfono (787) 632-1050, era la entidad y/o la persona a

cargo de la venta.7        Además, argumentó la parte querellante-

recurrente que luego de que le entregara una comunicación escrita

al Sr. Rodríguez Torres en relación a la suma de $7,000.00, por

concepto de opción de la propiedad, el querellado-recurrido procedió

a remover el anuncio de clasificados “On Line” y lo reemplazó por

otro similar, pero eliminando el nombre del negocio (The Property

Shop), así como el número de su licencia de corredor de bienes

raíces.8 Por último, alegó la parte querellante-recurrente que en la

querella presentada en DACO explicó la forma y manera que

contactó al querellado-recurrido, y sobre el particular expresó que

una vez observó el clasificado no surgía que fuera el dueño de la

propiedad; que no fue hasta que se coordinó una reunión en la

propiedad donde advino en conocimiento que además de “Realtor”,

era el dueño de la propiedad.9 El 10 de febrero de 2021, la Sra.

Hernández Morales presentó en DACO Moción Acompañando

Documentos Relacionados a Réplica a Moción de Desestimación10, a

la cual anejó las capturas de imagen de clasificados “On Line”.

       El 18 de febrero de 2021, el DACO dictó y notificó Resolución

Parcial, mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por la parte querellada-recurrida.11 De

esta determinación la parte querellada-recurrida no presentó

moción de reconsideración ni interpuso recurso de revisión judicial.

6 Id.
7 Id.
8 Id.
9 Id.
10 Apéndice 7A del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 41-45.
11 Apéndice 8 y 8A del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 46-49.
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Luego de varios trámites procesales, el 10 de marzo de 2021 DACO

notificó, nuevamente, la Resolución Parcial, mediante documento

intitulado Minuta y Orden.12 De esta nueva notificación la parte

querellada-recurrente no solicitó reconsideración ni instó recurso de

revisión judicial.

       El 18 de marzo de 2021, el Sr. Rodríguez Torres presentó su

Contestación a Querella ante DACO, mediante la cual negó todas las

alegaciones hechas en su contra.13

       El 2 de junio de 2021, se comenzó a celebrar la vista

administrativa del caso de autos ante la Jueza Administrativa, Lcda.

Mari R. Ortiz Maldonado, la cual se pautó su continuación luego de

varios reseñalamientos para el 1 de diciembre de 202114, fecha en

la cual se dio el asunto en sus méritos por sometido.

       Así las cosas, el 21 de junio de 2022, DACO ordenó la

celebración de una vista de novo ante una nueva Jueza

Administrativa, Lcda. Viviana M. Lebrón Rodríguez, la cual quedó

pautada para el 12 de julio de 2022.15 El 23 de junio de 2022, DACO

dictó y notificó Orden dejando sin efecto la vista de novo pautada

para el 12 de julio de 2022.16

       Finalmente, el 31 de octubre de 2022, DACO dictó Resolución

notificada el 1 de noviembre de 2022, desestimando la querella por

falta de jurisdicción.17 La Resolución emitida dispuso lo siguiente:

       “Luego de haber escuchado las vistas y evaluado el
       expediente administrativo y la prueba que obra en el
       mismo, se formulan las siguientes:

                   DETERMINACIONES DE HECHOS

12 Apéndice 12 del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 71-74.
13 Apéndice 11 del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 67-69.
14 La continuación de la vista se debió a que quedó pendiente la presentación de

la prueba por parte del señor Rodríguez Torres. Apéndice 14V, 14W y 14X del
Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 154-163.
15 Apéndice 14Y del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 164-167.
16 Apéndice 14Z del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 168-169.
17 Véase nota al calce 1.
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    1. El 27 de agosto de 2021, la parte querellante suscribió un
       contrato de opción de compra y otro de compraventa con
       el querellado, Federico Rodríguez Torres y su esposa,
       Xiomara S. Rodríguez Gómez, sobre la propiedad del
       querellado y su esposa, sita en la [U]rbanización Los
       Faroles, 20 Paseo Las Galerías en Bayamón, Puerto Rico.

    2. En los contratos objeto de la presente querella, la parte
       querellada compareció como vendedor y propietario junto
       a su esposa, de la referida propiedad.

    3. El querellado no compareció en dichos contratos como
       corredor de bienes raíces. En los contratos no compareció
       ninguna persona fungiendo como corredor de bienes
       raíces.

    4. El querellado tiene licencia de bienes raíces, sin embargo,
       en los contratos objeto de la presente querella, él es el
       vendedor y dueño de la propiedad.

    5. Los contratos objeto de la querella de epígrafe, son entre
       partes privadas.

                   CONCLUSIONES DE DERECHO

       […]

       En la presente querella, se perfeccionó entre las partes de
       epígrafe, un contrato de opción de compra y uno de
       compraventa de una propiedad inmueble del querellado.
       Este contrato fue uno entre partes privadas y en d[o]nde
       no medió un corredor de bienes raíces. El querellado
       compareció en ambos contratos junto a su esposa, como
       los dueños de la propiedad opcionada. Por tanto, en el
       presente caso no son de aplicación las disposiciones de la
       Ley para Reglamentar el Negocio de Corredores,
       Vendedores o Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico,
       Ley Número 10 del 26 de abril de 1994 y su Reglamento.
       Por tanto, el Departamento de Asuntos del Consumidor
       carece de jurisdicción para entender en un contrato entre
       partes privadas. La jurisdicción de este caso le pertenece
       al Tribunal de Primera Instancia.

       Por todo lo anteriormente expuesto, este Departamento,
       en virtud de las facultades conferidas por la Ley Núm. 5
       de 23 de abril de 1973, según enmendada, emite la
       siguiente:

                                ORDEN

       Se declara no ha lugar la querella de epígrafe por falta de
       jurisdicción.

       […]”.
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         El 16 de noviembre de 2022, la parte querellante-recurrente

presentó Moción en Solicitud de Reconsideración.18 DACO, el 18 de

noviembre de 2022, mediante Resolución en Reconsideración,

declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración presentada por

la parte querellante-recurrente.19

         Inconforme, la parte querellante-recurrente acude ante nos el

16      de   diciembre      de   2022     mediante     recurso     de   revisión

administrativa titulado Alegato de la Parte Demandante Recurrente,

en el cual plantea la comisión de los errores siguientes:

         Erró en grave error de derecho el Departamento de
         Asuntos del Consumidor, al declarar sin jurisdicción la
         Querella SAN-2020--0007944, cuando previamente
         había declarado sin lugar la Moción de Desestimación
         presentada por el querellado ante la Juez
         Administrativa Mari R. Ortiz Maldonado.

         Erró en grave error de derecho el Departamento de
         Asuntos del Consumidor, al determinar que el
         Contrato entre las partes era uno privado cuando el
         querellado se dedica habitualmente al negocio de
         ventas de bienes inmuebles.

         El 3 de enero de 2023, compareció ante nos la parte

querellada-recurrida con su Alegato en Oposición a Recurso de la

Recurrente.

         Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                         II

                                         A.

         La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos,

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965

(2011); Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A esos

efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión

18   Apéndice 3 del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 6-20.
19   Apéndice 4 y 5 del Alegato de la Parte Demandante Recurrente, págs. 21-22.
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del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al.

II, 179 DPR 923, 940 (2010) y Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR

263, 279-280 (1999).

      Nuestro    Tribunal   Supremo     ha    establecido   que    las

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad.

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez

v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999). La

evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión". Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra;

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Dicho análisis requiere

que la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, tanto la

que sostenga la decisión administrativa como la que menoscabe el

peso que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v.

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Ello implica que, de existir

un conflicto razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación

de la agencia. Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687

(1953).

      Debido a la presunción de regularidad y corrección de los

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas,

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la
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evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Gutiérrez

Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007).

      Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v.

Toyota, supra, pág. 728. En cambio, las conclusiones de derecho

son revisables en todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz Auto

Corp., 173 DPR 870, 894 (2008). De esta manera, los tribunales, al

realizar su función revisora, están compelidos a considerar la

especialización y la experiencia de la agencia con respecto a las leyes

y reglamentos que administra. Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med.

Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho

no conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la

agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A &

C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

      Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente.

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012);

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).

                                  B.

      La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder que tiene el

tribunal para atender y decidir un caso o controversia. Fuentes

Bonilla v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 200 DPR 364 (2018).

La jurisprudencia del Foro Más Alto ha dictado reiteradamente que

los tribunales tienen el deber ineludible de verificar la existencia de
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jurisdicción, motu proprio, sin necesidad de un señalamiento previo

de alguna de las partes en el litigio. Carattini v. Collazo Systems

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003).

      La falta de jurisdicción de un tribunal no es subsanable, por

lo que el tribunal está impedido de asumir la jurisdicción, a su

discreción, donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo,

169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).

De igual manera, las partes no pueden voluntariamente conferirle o

abrogarle jurisdicción al tribunal.

      Por consiguiente, al determinar que no se tiene jurisdicción,

el tribunal tiene que desestimar la reclamación ante sí, sin entrar a

resolverla en sus méritos. Esto se fundamenta en que, si un tribunal

dicta una sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será

jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero et al. v. ARPE et al.,

187 DPR 445, 447 (2012).

      En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, la Regla

10 del Reglamento Núm. 8034, supra, dispone que, a iniciativa

propia o a solicitud del querellado, el DACO podrá ordenar al

querellante a que muestre causa por la cual no deba desestimarse

la querella por las razones siguientes: “la querella no presenta una

reclamación que justifique la concesión de un remedio, por

inmeritoria, por falta de jurisdicción, o por cualquier otro

fundamento que en Derecho proceda.” Regla 10.1. del Reglamento

Núm. 8034, supra. Contra dicha determinación, procederá una

solicitud de reconsideración o revisión, según se dispone en la Regla

29 de este Reglamento. Regla 10.2. del Reglamento Núm. 8034,

supra.

                                  C.

      El DACO tiene como propósito primordial “vindicar e

implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias

inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un
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control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo.”

Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de

Asuntos del Consumidor”, 3 LPRA sec. 341b. A fin de poder cumplir

con este propósito, el Secretario del DACO tiene el deber y la facultad

de “[a]tender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas

por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos

del sector privado de la economía.” Artículo 6(c) de la Ley Núm. 5 de

23 de abril de 1973, supra. En aras de vindicar eficazmente los

derechos de los consumidores, el DACO “posee una estructura de

adjudicación administrativa con plenos y amplios poderes para

adjudicar las querellas ante su consideración, y conceder los

remedios pertinentes conforme a derecho.” Artículo 6(d) de la Ley

Núm. 5 de 23 de abril de 1973, supra.

      Además      de   quejas   y   querellas   presentadas   por   los

consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector

privado de la economía, la Asamblea Legislativa le ha delegado

mediante distintas leyes al DACO la autoridad para regular y

atender otros asuntos específicos en los que haya consumidores

envueltos. Ameiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363,

373-374 (2008).

      En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, la Ley

Núm. 10-1994, según enmendada, conocida como “Ley para

Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor,

Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico”, 20 LPRA sec.

3025 et seq., la cual, primordialmente, reglamenta el ejercicio de la

profesión de corredor de bienes raíces en Puerto Rico, faculta al

DACO a supervisar el negocio de bienes raíces en Puerto Rico y la

venta en Puerto Rico de bienes raíces ubicados fuera del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo 23 de la Ley Núm. 10-1994,

supra. El DACO puede emplear todas las facultades y poderes que
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le han sido conferidos por la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,

supra, en la investigación, tramitación, adjudicación y disposición

de las querellas que se traigan ante su consideración bajo las

disposiciones de la Ley Núm. 10-1994, supra.

       El Artículo 1(g) de la Ley Núm. 10-1994, supra, define el

término corredor de bienes raíces de la forma siguiente:

       “(g) Corredor de bienes raíces. – Es la persona natural
       que, poseyendo una licencia para ejercer la profesión de
       corredor de bienes raíces expedida por la Junta, actúe
       como intermediario, mediante pago o promesa de pago
       de cualquier compensación mutua y previamente
       convenida, entre las partes que acuerden llevar a cabo
       en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico una
       transacción de compraventa, promesa de venta, opción
       de compra o venta, permuta, arrendamiento, subasta,
       administración de propiedades, o en el ofrecimiento,
       promoción o negociación de los términos de una venta,
       opción de compraventa, promesa de venta, alquiler,
       administración, permuta de bienes inmuebles
       localizados en o fuera del Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico. Sin embargo, no se considerará ejercer
       la profesión de bienes raíces para propósitos de este
       capítulo, cualquier tipo de transacción relacionada
       con la compra, venta, alquiler, permuta, subasta o
       administración de un bien inmueble en la que él sea
       titular de dicho bien inmueble y actúe en beneficio
       propio y no como intermediario entre dos (2)
       clientes.” (Énfasis suplido). Véase, además, la Sección
       7 del Artículo 4 del Reglamento de la Ley para
       Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces en Puerto
       Rico, Reglamento Núm. 5567 de 3 de abril de 1997.20

       Por otra parte, el Artículo 33 de la Ley Núm. 10-1994, supra,

dispone lo siguiente:

       “Las disposiciones de esta Ley no aplicarán:

20La Sección 7 del Artículo 4 del Reglamento de la Ley para Reglamentar el
Negocio de Bienes Raíces en Puerto Rico, Reglamento Núm. 5567 de 3 de abril de
1997, define el término corredor de bienes raíces de la forma siguiente:
       “La persona natural que, poseyendo una Licencia para ejercer la
       profesión de Corredor de Bienes Raíces expedida por la Junta,
       actúe como intermediario, mediante pago o promesa de pago de
       cualquier compensación mutua y previamente convenida, entre las
       partes que acuerden llevar a cabo en Puerto Rico una transacción
       de compraventa, promesa de venta, subasta, administración de
       propiedad o en el ofrecimiento, promoción o negociación de los
       términos de una venta, opción de compraventa, alquiler,
       administración, permuta de bienes raíces localizados en o fuera de
       Puerto Rico. Disponiéndose, sin embargo, que no se considerará
       ejercer la profesión de Corredor de Bienes Raíces para propósitos
       de la Ley o este Reglamento, cualquier tipo de transacción
       relacionada con la compra, venta, alquiler, permuta, subasta o
       administración de un bien inmueble y actúe en beneficio propio y
       no como intermediario entre los clientes.”
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      (a) A los abogados en sus relaciones profesionales
      (abogado-cliente) con sus clientes.

      (b) A los apoderados nombrados de acuerdo con las
      leyes vigentes en Puerto Rico en relación con los bienes
      de sus poderdantes.

      (c) A los albaceas, contadores partidores y
      administradores judiciales, en lo que respecta a los
      bienes de caudales hereditarios a su cargo.

      (d) A las personas que actúen por designación de los
      Tribunales o agencias del Gobierno Federal o Estatal.

      (e) A los propietarios de bienes inmuebles localizados en
      o fuera de Puerto Rico que vendan o enajenen bienes
      inmuebles      propios     cuando   no     se   dediquen
      habitualmente a la venta de bienes raíces. La Junta
      podrá establecer por reglamento las normas necesarias
      para evitar que esta excepción se utilice para el ejercicio
      sin licencia de las actividades que esta Ley regula.”
      (énfasis suplido). Véase, Ameiro González v. Pinnacle
      Real Estate, supra.

                                  III

      En su recurso de revisión, la Sra. Hernández Morales señala

que el DACO erró “al declarar sin jurisdicción la Querella SAN-2020-

0007944, cuando previamente había declarado sin lugar la Moción

de Desestimación presentada por el querellado ante la Juez

Administrativa Mari R. Ortíz Maldonado” y “al determinar que el

Contrato entre las partes era uno privado cuando el querellado se

dedica habitualmente al negocio de ventas de bienes raíces”.

      En el dictamen recurrido, el DACO, luego de haber escuchado

las vistas21 y evaluado el expediente administrativo, así como la

prueba que obraba en este, formuló cinco (5) determinaciones de

hechos de las cuales concluyó que los contratos suscritos eran entre

partes privadas, donde no había mediado un corredor de bienes

raíces; y que el Sr. Rodríguez Torres y su esposa habían comparecido

en los referidos contratos como propietarios del bien inmueble objeto

de estos. Finalmente, dicho foro resolvió que no eran de aplicación

21Como reseñamos, el dictamen recurrido se emitió por voz de un Juez
Administrativo distinto al que presidió la vista adjudicativa.
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las disposiciones de la Ley Núm. 10-1994, supra, por lo que el DACO

carecía de jurisdicción para entender en estos contratos.

      Como expusimos, la Ley Núm. 10 de 1994, supra, dispone

que, como regla general, no se considera ejercer la profesión de

bienes raíces cualquier tipo de transacción relacionada con la

compra, venta, alquiler, permuta, subasta o administración de un

bien inmueble en la que un corredor de bienes raíces, según definido

por esta Ley, sea titular de dicho bien inmueble y actúe en beneficio

propio y no como intermediario entre dos (2) clientes. Artículo 1(g)

de la Ley Núm. 10-1994, supra. Por excepción, la misma Ley dispone

que sus disposiciones no aplicarán, entre otros, “[a] los propietarios

de bienes inmuebles localizados en o fuera de Puerto Rico que

vendan o enajenen bienes inmuebles propios cuando no se

dediquen habitualmente a la venta de bienes raíces.” (énfasis

suplido). Artículo 33(e) de la Ley Núm. 10-1994, supra.

      Analizado el dictamen recurrido, encontramos que este está

huérfano de un análisis en torno a estas disposiciones de la Ley

Núm. 10 de 1994, supra. Únicamente se formulan conclusiones de

derecho relacionadas con la jurisdicción del DACO en general. A su

vez, el referido dictamen no hace referencia alguna a la prueba que

sustenta sus determinaciones de hechos ni al peso que le dio el

juzgador a esta.

      A nuestro juicio, al DACO le correspondía evaluar el carácter

en que actuó el Sr. Rodríguez Torres tomando en consideración

todas las disposiciones de la Ley Núm. 10 de 1994, supra, de manera

conjunta, las cuales atienden este asunto, y debió analizar toda la

prueba que surja del expediente administrativo, así como las

alegaciones de la parte recurrente a la luz de la prueba presentada.

                                 IV

      Por los fundamentos expuestos, se deja sin efecto la

Resolución recurrida y se devuelve el caso al foro administrativo para
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la celebración de una vista con el propósito de que se dilucide

adecuadamente esta controversia.

     La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones