Court Opinion

ID: 9374139
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:40.742189+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.153589
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VII

    ROLANDO L. HUERTAS                            Revisión Administrativa
          RIVERA                                  procedente de la
         Recurrente                               Administración de
                                                  Corrección y Rehabilitación.
              v.
                               KLRA202300039 Caso Número:
  DEPARTAMENTO DE                            GMA500-499-22
      CORRECCIÓN Y
     REHABILITACIÓN                            Sobre: Cambio de
          Recurrido                            tratamiento médico
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Ortiz Flores, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

       Comparece por derecho propio el señor Rolando L. Huertas Rivera

(Sr. Huertas; recurrente) y solicita que revisemos la denegatoria de una

Solicitud de Reconsideración emitida por la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)

en el caso número GMA500-499-22.

       Por   los   fundamentos      que    expondremos      a   continuación,

adelantamos que se confirma la determinación recurrida sin trámite

ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).1

                                       I

       El recurrente se encuentra confinado en la Institución correccional

de Guayama 500, y presentó, el 14 de julio de 2012, una Solicitud de

Remedio Administrativo ante la División de Remedios Administrativos del

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) identificada con el

número de caso GMA500-499-22. Expuso que tuvo una cita médica el 7

de julio de 2022 con un doctor internista de la institución correccional de

Guayama 500, quien le recordó al recurrente que tenía unas manchas

negras en la piel que se le están regando por el cuerpo, y que otra
1 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra]
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”.

Número Identificador
SEN2023_______________
KLRA202300039                                                           2

doctora internista de Sabana Hoyos le dejó saber que se trataba de una

bacteria en los intestinos a causa de la comida y agua. El Sr. Huertas

reclamó que necesita un medicamento para evitar que su salud se siga

deteriorando. La División de Remedios Administrativos del DCR emitió, el

30 de agosto de 2022, una Respuesta que dispuso lo siguiente:

      Le informamos que los medicamentos son recetados según
      el criterio clínico del médico. Si continua presentando las
      manchas que refiere, le orientamos a dialogar con su
      médico de cabecera, su inquietud relacionada a esta queja,
      en su próxima cita de seguimiento.

      Inconforme, el 18 de octubre de 2022, el recurrente presentó una

Solicitud de reconsideración. El 15 de diciembre de 2022, la División de

Remedios    Administrativos   del   DCR     emitió   una   Respuesta    de

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional que denegó la

Solicitud de Reconsideración y determinó lo siguiente:

      Luego de evaluar la solcitud de reconsideración se
      determinó modificar la contestación suministrada por el
      Gerente de OPD.

      Sr. Huertas, los días 7 de julio y 3 de octubre de 2022 usted
      fue atendido por el Internista. Tiene una cita de seguimiento
      dentro de tres meses[.] De su expediente no hay evidencia
      que haya solicitado los servicios de “sick call”. De esta forma
      recibirá la atención que se merece.

      Aun inconforme, el Sr. Huertas recurre de dicha determinación

mediante un escrito titulado Moción apelativa que se acoge como recurso

de revisión judicial de determinación administrativa ante nuestra

consideración.

                                    II

      Es norma asentada que las decisiones de los organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821

(2012). Al momento de “revisar una decisión administrativa, el criterio

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la

agencia.” González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

Luego, “[e]n caso de que exista más de una interpretación razonable de
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los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia, y no

sustituir su criterio por el de ésta.” Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409,

432 (2003). A su vez, “[e]l expediente administrativo constituirá la base

exclusiva para la decisión de la agencia en su procedimiento adjudicativo

y para la revisión judicial ulterior. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR

696, 708 (2004).

      La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

(LPAU), 3 LPRA sec. 9675, establece el alcance de la revisión judicial de

una determinación administrativa, como sigue:

      El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si
      determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.

      Las determinaciones de hechos de las decisiones de las
      agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en
      evidencia sustancial que obra en el expediente
      administrativo.

      Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus
      aspectos por el tribunal.

      Se ha pautado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que “los

procesos administrativos y las determinaciones de hechos de las

agencias est[á]n cobijados por una presunción de regularidad y

corrección”, por lo que “la revisión judicial se limita a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la

agencia o si ésta actuó de manera arbitraria, caprichosa o ilegal.” Vélez

Rodriguez v. Administración de Reglamentos y Permisos, 167 DPR 684,

693 (2006)

      Es decir, si quiere prevalecer, la parte recurrente está obligada a

presentar la evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho,

descartar la presunción de corrección de la determinación administrativa.

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). Se sabe que la

revisión judicial de determinaciones administrativas ha de limitarse a

evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o

fuera del marco de los poderes que se le delegaron. Torres v. Junta

Ingenieros, supra, a la pág. 708. En ese sentido, la parte que recurre

judicialmente una decisión administrativa tiene el peso de la prueba para
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demostrar que las determinaciones de hechos no están basadas en el

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son

irrazonables. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77

(2004). La presunción de corrección de la decisión administrativa cederá

en las siguientes circunstancias: (1) cuando no está basada en evidencia

sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha errado en la

aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o

ilegal. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).

                                      III

      El Sr. Huertas reitera en su recurso que no se le ha atendido su

condición e insiste en sugerir otros tratamientos para su condición. Luego

de examinar el recurso y sus anejos, no hemos encontrado prueba que

nos mueva a alterar la determinación del DCR. Conforme con lo intimado

anteriormente,     las   determinaciones    de   hechos   de   las   agencias

administrativas gozan de una presunción de corrección que le

corresponde derrotar a quien las impugna. Del expediente surge que el

DCR atendió la solicitud de remedio del recurrente y su determinación es

razonable y merece nuestra deferencia.

                                     IV

      Por los fundamentos que expresamos anteriormente, se confirma

la determinación del DCR.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      El Juez Candelaria Rosa disiente con la siguiente expresión:

“Disiento por considerar que carecemos de jurisdicción porque al

modificar la contestación corresponde al señor Huertas Rivera presentar

una nueva Reconsideración que pueda ser contestada de forma final por

el Coordinador”.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones