Court Opinion

ID: 9916080
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:50.235345+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.408823
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VIII

   JESSICA MÉNDEZ                                 Apelación,
    CORDERO, ALEX                                 procedente del Tribunal
  ANTONIO VILLEGAS                                de Primera Instancia,
   GONZÁLEZ POR SÍ                                Sala Superior de
Y EN REPRESENTACIÓN                               Aguadilla
     DE LA MENOR               KLAN202300992
    ADRIANA PAOLA
  VILLEGAS MÉNDEZ

      Parte Apelante                              Caso Núm.:
                                                  AG2023CV00396

             v.

                                                  Sobre:
                                                  Daños y Perjuicios
ESCUELA ELEMENTAL Y
   SUPERIOR (EAVIA)
ANTOLINA VÉLEZ INTER
       AGUADILLA,
      UNIVERSIDAD
 INTERAMERICANA DE
     PUERTO RICO,
UNIVERSAL INSURANCE
 COMPANY; MUNICIPIO
     AUTÓNOMO DE
AGUADILLA, COMPAÑÍA
   OPERADORA O DE
   ENTRETENIMIENTO
    DESCONOCIDA,
 ASEGURADORA ABC,
  ASEGURADORA DEF,
    ASEGURADORA
GHI, ASEGURADORA JKL

       Parte Apelada

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Jessica Méndez

Cordero y Alex Antonio Villegas González, por sí y en representación de la

menor Adriana Paola Villegas Méndez (en adelante, “Méndez-Villegas” o

los “Apelantes”), mediante recurso de apelación presentado el 6 de

noviembre de 2023. Nos solicitaron la revocación de una Sentencia Parcial

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en

Número Identificador
SEN2023______________
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adelante, el “TPI”), el 22 de agosto de 2023, notificada y archivada el 24 de

mismo mes y año. Dicho dictamen fue objeto de una solicitud de

reconsideración interpuesta por los Apelantes, declarada “No Ha Lugar”

mediante Resolución y Orden de 3 de octubre de 2023, notificada y

archivada en autos el mismo día.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos

la Sentencia Parcial apelada.

                                      I.

       El caso de autos tuvo su génesis el 18 de octubre de 2022, cuando

la menor Adriana Paola Villegas Méndez sufrió una caída en un inflable de

obstáculos mientras participaba del día de juegos. La asistencia a esta

actividad era de carácter compulsorio, como parte del curso de educación

física y salud de la Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico (en adelante, la “UIPR”). La

menor presuntamente sufrió una rotura de la patela de la pierna izquierda,

rodilla, tibia, menisco y ligamentos, por lo que tuvo que ser atendida de

emergencia e intervenida quirúrgicamente en dos (2) ocasiones. Arguyeron

que la menor permaneció encamada por espacio de tres (3) semanas y

tuvo que recibir terapias físicas y psicológicas para su rehabilitación.

       En vista de los hechos antes mencionados, el 18 de marzo de 2023,

Méndez-Villegas presentó una “Demanda” de daños y perjuicios en contra

de la UIPR y su aseguradora Universal Insurance Company (en adelante,

“Universal” o la “Apelada”), entre otros codemandados. Luego de

contestada la “Demanda”, Universal presentó “Moción de Sentencia

Sumaria Parcial” el 19 de mayo de 2023.

       En la misma expuso que la póliza emitida a favor de la UIPR

contiene un endoso de exclusión de cubierta a personas que resulten

lesionadas mientras se encuentran participando o practicando un deporte.

El endoso CG-21-01-11-85 intitulado “Exclusion Athletic or Sport

Participants” (en adelante, “cláusula de exclusión”), lee como sigue:

       “EXCLUSION-ATHLETIC OR SPORT PARTICIPANTS
       This endorsement insurance provided under the following:

       COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE PART.
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       SCHEDULE
                                      […]
       With respect to any operations shown in the Schedule, this
       insurance does not apply to “body injury” to any person while
       practicing for or participating in any sports or athletic contest
       or exhibition that you sponsor.”

       Por lo tanto, arguyó que el accidente de la menor no estaba cubierto

por la póliza por haber ocurrido mientras estaba practicando una actividad

deportiva. En consecuencia, solicitó la desestimación, con perjuicio, de la

“Demanda”. El 8 de julio de 2023, los Apelantes presentaron su oposición

mediante la cual, en síntesis, alegaron que “bajo cualquier criterio

hermenéutico, una actividad en un inflable como parte de un día de juegos,

no es una actividad deportiva excluida de la cubierta de la póliza en

controversia”.1

       Analizadas las mociones presentadas por las partes, el 22 de agosto

de 2023, notificada el 24 de mismo mes y año, el tribunal de instancia emitió

Sentencia Parcial en la cual declaró “Ha Lugar” la solicitud de sentencia

sumaria. Mediante el referido dictamen, el foro a quo determinó que la

reclamación efectuada no está cubierta por la póliza de seguro de

Universal. Así pues, desestimó la “Demanda”, con perjuicio, en cuanto a

Universal.    Inconforme,      Méndez-Villegas       presentó     “Moción   de

Reconsideración” el 7 de septiembre de 2023. Allí expusieron que existía

un hecho en controversia, por lo que antes de resolver la solicitud de

sentencia sumaria era necesario pasar prueba para determinar si, en

efecto, la actividad del día de juegos era o no una atlética o deportiva que

estuviese excluida por la póliza expedida por Universal. Por otro lado,

indicaron que, ante la falta de claridad sobre el tipo de actividad celebrada,

al momento de interpretar el texto de la cláusula de exclusión, la misma

debe ser interpretada en contra del asegurador.

       El foro apelado emitió una Orden el 8 de septiembre de 2023,

notificada en igual fecha, en la que concedió a la Apelada un término de

veinte (20) días para fijar su posición. El 28 de septiembre de 2023,

Universal presentó su “Oposición a Reconsideración”. En la misma

1 Véase, “Moción en Oposición a Sentencia Sumaria Parcial”, Ap. pág. 38.
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reiteró su postura en cuanto a que las reclamaciones de la “Demanda” no

están cubiertas debido a la cláusula de exclusión. Asimismo, indicó que los

Apelantes no le notificaron la presentación de la reconsideración, en

contravención con la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Sostuvo que, aunque entiende que la falta de notificación pudo haber sido

producto de algún error técnico del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC), ello no significaba que no deba estar

pendiente al fiel cumplimiento de las notificaciones, puesto que de un mero

examen del volante de notificación que genera SUMAC, hubiese notado el

error y haberlo corregido.

       Sometidas las mociones, el TPI emitió Resolución el 3 de octubre de

2023, notificada en igual fecha, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la

“Moción de Reconsideración”. En desacuerdo con dicho proceder,

Méndez-Villegas presentó el recurso de apelación ante nuestra

consideración, en el cual alegaron la comisión de los siguientes errores:

       1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
          RESOLVER QUE CONFORME A LA CLÁUSULA DE
          EXCLUSIÓN    DEL    ENDOSO     CG-21-01-1185
          “EXCLUSION     ATHLETIC     OR      SPORTS
          PARTICIPANTS”,    UNIVERSAL     INSURANCE
          COMPANY NO RESPONDE POR LOS DAÑOS Y
          PERJUICIOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA.

       2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
          CONSIDERAR COMO FUNDAMENTO DE SU
          DICTAMEN, EL ALEGADO INCUMPLIMIENTO CON LA
          NOTIFICACIÓN    DE     LA   MOCI[Ó]N    DE
          RECONSIDERACIÓN.
       El 17 de noviembre de 2023, Universal presentó “Alegato de la

Parte Apelada Universal Insurance Company”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                     II.

                                    A.

       El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a las

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria.
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       A la luz de sus disposiciones, si de “las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente,

y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar la sentencia sumaria

a favor de la parte promovente”. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32

LPRA, Ap. V, R. 36.3. En ese sentido, se considera un hecho material o

esencial, “aquel que pueda afectar el resultado de la reclamación de

acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo

de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011); Universal Ins. et als. v. ELA et al.,

2023 TSPR 24, 211 DPR ___ (2023). Cabe señalar que el juzgador no está

limitado a los hechos o documentos que se produzcan en la solicitud, sino

que puede tomar en consideración todos los documentos que obren en el

expediente del tribunal.

       Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los cuales el

tribunal tenga ante su consideración todos los hechos necesarios y

pertinentes para resolver la controversia y surja claramente que la parte

promovida por el recurso no prevalecerá. Mejías et al. v. Carrasquillo et al.,

185 DPR 288, 299 (2012); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR

881, 911-912 (1994). Sin embargo, el tribunal no podrá dictar sentencia

sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos;

(2) haya alegaciones afirmativas en la Demanda que no han sido refutadas;

(3) surja de los propios documentos que acompañan la moción una

controversia real sobre algún hecho material; o (4) la moción no procede

como cuestión de derecho. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., 2023

TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de

Titulares, supra, pág. 168.

       Para prevalecer, el promovente de este recurso debe presentar una

moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier evidencia

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos

materiales sobre la totalidad o parte de la reclamación. Roldan Flores v. M.

Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). Por su parte, la parte promovida
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por una moción de sentencia sumaria debe demostrar que existe

controversia en cuanto a algún hecho material que sea constitutivo de la

causa de acción del demandante. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR

7, 25-26 (2014). Así, la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria

en su contra debe controvertir la prueba presentada y no cruzarse de

brazos. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). No puede descansar en

meras afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud

pasiva, sino que está obligada a presentar contradeclaraciones juradas y/o

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por

el promovente. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 677; Ramos

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214-215 (2010).

       Según las directrices pautadas por nuestro más Alto Foro, una vez

se presenta la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, el tribunal

deberá: (1) analizar todos los documentos incluidos en ambas mociones y

aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si la parte

opositora controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones en la

demanda que no han sido refutadas en forma alguna por los documentos.

Abrams Rivera v. ELA, DTOP y otros, 178 DPR 914, 932 (2010).

       Al examinar la procedencia de una moción que solicita disponer de

un caso sumariamente, el tribunal no tiene que sopesar la evidencia y

determinar la veracidad de la materia, sino que su función estriba en

determinar la existencia o no de una controversia genuina, la cual amerite

ser dilucidada en un juicio plenario. JADM v. Centro Comercial Plaza

Carolina, 132 DPR 785, 802-803 (1983). Además de que “[t]oda inferencia

razonable que se realice a base de los hechos y documentos presentados,

en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte sentencia

sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que

se opone a ésta”. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005).

       En el caso de revisar la determinación del TPI respecto a una

sentencia sumaria, este Foro apelativo se encuentra en la misma posición

que el foro de instancia para evaluar su procedencia. Birriel Colón v.

Supermercados Los Colobos, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023);
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Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020). La

revisión que realice el foro apelativo deberá ser de novo, examinando “el

expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la

solicitud de sentencia sumaria y realizando todas las inferencias

permisibles a su favor”. Birriel Colón v. Supermercados Los Colobos, supra.

(Énfasis suplido). No obstante, dicha revisión estará limitada solamente a

adjudicar los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Bravo,

161 DPR 308, 335 (2004). De modo que las partes que recurren a un foro

apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la atención del

foro de instancia. Íd. En adición a esta limitación, se ha aclarado que al foro

apelativo le está vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en

disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia.

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335.

       En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro más Alto

Foro delimitó los pasos del proceso a seguir para la revisión de la sentencia

sumaria por parte de este foro revisor, el cual consiste de: (1) examinar de

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; (2) revisar que

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si

en realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos,

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.4, de exponer concretamente cuáles hechos materiales

encontró que están en controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y, de

encontrar que los hechos materiales realmente son incontrovertidos, debe

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó

correctamente el derecho a la controversia. Íd., págs. 118-119.

                                      B.

       En nuestra jurisdicción, el negocio de seguros está investido de un

alto interés público debido a la importancia, complejidad y efecto en la

economía y la sociedad. Consejo Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761, 773

(2022). Así como debido “al papel que juega en la protección de los riesgos
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que amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos”. R.J. Reynolds v.

Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017) citando a Natal Cruz v. Santiago

Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013). El contrato de seguro juega un

papel esencial en el ámbito comercial, toda vez que permite a las personas

y a los negocios proteger sus recursos al transferir el impacto monetario de

ciertos riesgos a cambio del pago de una prima. Maderas Tratadas v. Sun

Alliance et al., 185 DPR 880, 897 (2012). Es precisamente por esta razón

que el negocio de seguros ha sido regulado ampliamente por el Estado, a

través de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada,

conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, 26 LPRA sec. 101

et seq. (en adelante, el “Código de Seguros” o la “Ley Núm. 77-1957”).

      El “contrato de seguro” se define como aquel por el que una persona

se obliga a indemnizar a otra si se produce un suceso incierto previsto. Su

propósito es indemnizar y proteger al asegurado mediante el traslado del

riesgo a la aseguradora si ocurre un evento específicamente pactado en el

contrato. Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102; R.J.

Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 707; Integrand Assurance v. CODECO

et al., 185 DPR 146, 162 (2012). Por su parte, la “póliza” configura el

documento escrito donde se plasman los términos que rigen el contrato de

seguro. Art. 11.140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1).

      Es norma conocida que, en materia de seguros, la fuente principal

de interpretación es el Código de Seguros, supra. Serrano Picón v.

Multinational Life Ins., supra.   Así pues, la Ley Núm. 77-1957, supra,

dispone que “todo contrato de seguro debe interpretarse globalmente, a

base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen

en la póliza y según se hayan ampliado, extendido o modificado por

aditamento, endoso o solicitud que sean añadidos a la póliza para formar

parte de ésta”. Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 370 (2008);

Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125. Por tanto, nuestro

más alto foro estatal ha reconocido que, como el contrato de seguros es

uno de adhesión, al momento de interpretar los términos de la póliza éstos

deben ser “generalmente entendidos en su más corriente y usual
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significado, sin atender demasiado al rigor gramatical, sino al uso general

y popular de las voces”. Morales Garay v. Roldan Coss, 110 DPR 701, 706

(1981). Es decir, al examinar los términos consignados en el contrato, los

tribunales están llamados “a considerar los vocablos utilizados a base de

su aceptación cotidiana como lo haría un ciudadano de inteligencia

promedio interesado en obtener una póliza de seguro”. Maderas Tratadas

v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898.

       De igual forma, se ha establecido que aquellas cláusulas oscuras se

interpretarán a favor del asegurado. Integrand Assurance v. CODECO

et al., 185 DPR 146, 162 (2012). No obstante, dicho principio de

hermenéutica no aplicará cuando las cláusulas en cuestión resulten claras

y libres de ambigüedad, haciéndose valer en tales casos la voluntad de las

partes. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898.

       Por otra parte, y debido a que nuestro ordenamiento jurídico permite

que en un contrato de seguro las partes acuerden excluir ciertos eventos u

ocurrencias, para poder determinar qué riesgos están cubiertos en la póliza

de seguros, hay que considerar si en el contrato se incluyó una cláusula de

exclusión. Este tipo de cláusulas “limitan la cubierta provista por un seguro

al exceptuar determinados eventos, riesgos o peligros”. Viruet et al. v. SLG

Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 279 (2015). Nuestro Tribunal Supremo

reconoce que “[c]omo norma general, éstas cláusulas son desfavorecidas,

por lo que han de interpretarse restrictivamente en contra del asegurador”,

a menos que la cláusula haya sido confeccionada mediante términos

claros. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra. Ello es así para poder

cumplir con el propósito de todo seguro de ofrecer la mayor protección al

asegurado. Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 370-371 (2008).

                                      III.

       En el caso de autos, los Apelantes acuden ante nos luego de que el

foro primario declarara “Ha Lugar” una “Moción de Sentencia Sumaria

Parcial” presentada      por   Universal     y denegara    una    moción    de

reconsideración interpuesta por éstos.
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       En primero término, se hace indispensable establecer que en el

presente caso no existe una controversia sobre hechos medulares. Al

examinar la solicitud de sentencia sumaria y la oposición presentada por

los Apelantes, notamos que ambas partes esbozaron los mismos

hechos esenciales y pertinentes en sus respectivas comparecencias.

Es, pues, evidente que la controversia que se sometió ante la consideración

del TPI y que hoy se presenta en el recurso que nos ocupa, se limita a

plantear un asunto de estricto derecho en cuanto a la interpretación que se

le debe dar a la cláusula de exclusión en controversia, a base de los hechos

incontrovertidos. No estando en controversia ningún hecho específico,

procede analizar los planteamientos de las partes, a base del derecho

aplicable.

       En el recurso de apelación, arguyen que erró el foro a quo al resolver

que, conforme a la cláusula de exclusión incluida en la póliza, la Apelada

no responde por los daños y perjuicios reclamados en la “Demanda”.

Asimismo, plantean que erró al considerar como fundamento de su

dictamen, el alegado incumplimiento con la notificación de la moción de

reconsideración. Veamos.

       Respecto al primer señalamiento de error, Méndez-Villegas sostiene

que, aunque la actividad donde ocurrieron los hechos alegados tiene

facilidades deportivas, las lesiones sufridas por la menor surgieron como

resultado del uso de un inflable. Entiéndase que, no se trató de un

accidente ocurrido en la práctica de un deporte o actividad atlética formal.

Indican que, por definición, una actividad deportiva requiere entrenamiento

y sujeción a normas definidas para su ejercicio. Añadieron que al carecer

la referida cláusula de una definición de lo que es deporte o una actividad

atlética y, por ende, haber una falta de claridad sobre el tipo de actividad

celebrada, el foro primario, conforme los principios de hermenéutica, debió

interpretar la cláusula de la manera más favorable al beneficiario de la

póliza, la UIPR. Estamos de acuerdo con dicho análisis.

       Es harto conocido en nuestro ordenamiento jurídico que, al

momento de interpretar una cláusula, los tribunales estamos llamados a
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considerar las palabras o términos utilizados a base de su aceptación

cotidiana. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra. Además, en caso

de que exista una cláusula de exclusión, estas deberán interpretarse

restrictivamente, a favor del asegurado, pues se busca cumplir con el

propósito de ofrecer la mayor protección al asegurado. Echandi Otero v.

Stewart Title, supra. Ahora bien, en los casos en que una póliza no defina

los términos utilizados en las cláusulas de exclusión resulta necesario

definir los mismos, conforme al uso común que le concede una persona

ordinaria.

       La cláusula de exclusión ante nuestra consideración dispone lo

siguiente:

       …this insurance does not apply to “body injury” to any person
       while practicing for or participating in any sports or
       athletic contest or exhibition that you sponsor. (Énfasis
       suplido).

       Es decir, esta cláusula excluye de cubierta a aquellas situaciones en

que una persona sufra lesiones corporales mientras practica o participa

en cualquier deporte, competencia o exhibición atlética que el

asegurado, en este caso la UIPR, patrocine. No empece, esta cláusula

no provee una definición de estas palabras, por lo que deja en manos del

tribunal su interpretación. En vista de ello, debemos determinar si la

actividad en un inflable constituye practicar o participar en un deporte,

competencia o exhibición atlética.

       Un panel hermano de este Tribunal atendió una controversia sobre

una cláusula de exclusión análoga a la de autos en el recurso núm.

KLAN201000812. En dicho caso, el apelante acudió a cierto club para

renovar su licencia de portar armas para lo cual era necesario que tomara

un curso de uso y manejo de armas de fuego. Durante éste, el apelante

sufrió unos daños que reclamó a la aseguradora del club. No obstante, ésta

alegó que la póliza contenía una cláusula de exclusión que no cubría

aquellos daños mientras practicaba o participa en cualquier deporte,

competencia o exhibición atlética. Al momento de interpretar la cláusula de

exclusión el foro apelativo expuso que:
KLAN202300992                                                                      12
       Para que la exclusión aplique, y no haya cubierta de la póliza,
       es necesario que la persona lesionada estuviera haciendo
       actos similares a los requeridos para una competencia,
       concurso o exhibición deportiva, de forma tal, que ésta
       pudiera desarrollar las capacidades y destrezas particulares
       y esenciales para tener éxito en el evento atlético o
       deportivo.2

       En esa línea, definieron actividad deportiva como “un juego o

ejercicio en que se hace prueba de agilidad, destreza o fuerza y que

aprovecha al cuerpo y al espíritu. Además, supone entrenamiento y

sujeción a unas normas”.3 Ante tales hechos, el panel hermano concluyó

que la práctica del tiro al blanco, por sí sola, no constituía que el apelante

estuviese practicando el deporte de tiro al blanco, ni que estuviera en un

concurso o exhibición de dicho deporte en el cual aplicaría la exclusión de

la póliza. Asimismo, concluyó que dicha práctica era incidental al curso de

uso y manejo de armas de fuego necesario para renovar su licencia de

portar armas, conforme requiere la ley de armas y el reglamento.

       Debido a que la póliza en el caso de autos no define “actividad

deportiva”, acogemos la definición otorgada por el panel hermano al caso

de marras. Establecido lo anterior, no podemos concluir que una actividad

en un inflable constituye una actividad deportiva y, por consiguiente, una

actividad que no esté cubierta por la póliza. Ante las circunstancias

específicas del caso e interpretando el término según su significado común,

la participación de la menor en un inflable no era parte de un juego o

ejercicio en que se hiciera prueba de agilidad, destreza o fuerza, ni supuso

un entrenamiento y sujeción a norma alguna. Surge de la “Demanda” que

la menor acudió al día de juegos como parte de su curso de educación

física y salud. Por tanto, al no realizar actos similares a los requeridos para

una competencia, concurso o exhibición deportiva, de forma tal, que ésta

pudiera desarrollar las capacidades y destrezas particulares y esenciales

para tener éxito en el evento atlético o deportivo, no aplica la cláusula de

exclusión.    Recordemos       pues,    que     este   tipo   de    cláusulas    son

2 Véase, Russ, Lee y Segalla Thomas, Couch on Insurance 3D, West Group, 1995, sec.

129:33; 7A Appleman, Insurance Law & Practice, sec. 4514.
3 Véase, caso núm. KLAN201000812, Sentencia emitida el 29 de octubre de 2010, citando

a Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Diccionario
General Ilustrado, Lengua Española, Vox; Reese v. Alea London Ltd., 332 Fed. Appx 135.
KLAN202300992                                                                  13

desfavorecidas y deben interpretarse de manera restrictiva, en contra del

asegurador.

       Incluso, los Apelantes exponen que una de las causas de la

ocurrencia del accidente se debió a que no se contaba con el personal de

seguridad diestro para supervisar la utilización adecuada de las actividades

de entretenimiento. Por tanto, resulta lógico concluir que no existía

estructura de competencia, ni normas definidas para su ejercicio. Así pues,

somos de la opinión de que no es posible que se considere dicha actividad

como una deportiva, excluida por la póliza.

       Por lo antes establecido, concluimos que la cláusula de exclusión no

aplica a los hechos en controversia, por lo que la reclamación efectuada

está cubierta por la póliza de seguro expedida por Universal. En el caso

ante nuestra consideración, no surge que la menor estuviese practicando

o participando de deporte alguno, sino que se encontraba en un inflable

como parte del día de juegos de su escuela. En vista de lo anterior, resulta

errada la determinación del foro apelado al declarar “Ha Lugar” la moción

de sentencia sumaria presentada por Universal, por considerar que era

aplicable la cláusula de exclusión y desestimar la causa de acción en su

contra.

       Mediante el segundo señalamiento de error, los Apelantes arguyen

que erró el foro de instancia al considerar como fundamento de su

dictamen, el alegado incumplimiento con la notificación de la moción de

reconsideración.

       El 7 de septiembre de 2023, Méndez-Villegas presentó una “Moción

de Reconsideración” en la plataforma de SUMAC. Al próximo día, el foro

a quo emitió una Orden mediante la cual le concedió a Universal un término

de veinte (20) días para que se expresara en torno a la misma. No empece

lo anterior, surge de SUMAC que la representación legal de Universal fue

inactivada el 24 de agosto de 2023, fecha en que se notificó la Sentencia

Parcial. Entiéndase que fue inactivado antes de que la Sentencia Parcial

adviniera final y firme. Por lo tanto, no le fue notificada la moción solicitando
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reconsideración, ni el término concedido por el tribunal de instancia. Dicho

error en el sistema fue reconocido por la Apelada.

       Ahora bien, surge del expediente ante nuestra consideración que el

15 de septiembre de 2023 se celebró una Conferencia Inicial a la cual

compareció el representante legal de Universal y expuso que desconocía

sobre la moción y el término de veinte (20) días otorgado. Así pues, solicitó,

y el tribunal le concedió, que dicho término comenzara a contar a partir de

dicha vista. Oportunamente, Universal presentó su oposición el 28 de

septiembre de 2023 mediante la cual expuso sus argumentos en contra de

la reconsideración.

       Ciertamente, aunque la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra,

requiere que la notificación de la moción sea dentro del término de quince

(15) días concedido para presentarla, la misma también establece que

dicho término será de cumplimiento estricto. Es decir, que el mismo se

podrá extender o prorrogar al demostrar justa causa. Indistintamente de la

situación provocada por SUMAC al eliminar a la representación de

Universal antes de advenir final y firme la Sentencia Parcial, el mismo fue

subsanado durante la celebración de la Conferencia Inicial, cuando el

representante legal de Universal advino en conocimiento de la moción

presentada. Nótese que la Apelada tuvo la oportunidad de presentar su

oposición dentro del término concedido por el tribunal de instancia, luego

de celebrada la vista.

       Presentada la “Moción de Reconsideración” a tiempo y sin

habérsele quebrantado el derecho a un debido proceso de ley de Universal

cuando se le permitió presentar su oposición dentro del término concedido

por el TPI, reiteramos que erró el foro apelado al declarar “No Ha Lugar” la

moción de reconsideración.

                                     IV.

       Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, se revoca la Sentencia Parcial

apelada, toda vez que entendemos que la cláusula de exclusión de la póliza

expedida por Universal no es de aplicación a los hechos del caso. En vista
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de ello, procede devolver el caso al TPI para la continuación de los

procedimientos consistentes con la presente Sentencia.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones