Court Opinion

ID: 9388075
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:10:54.677835+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.259372
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL IX

                                                          Apelación
       ROLANDO RIVAS                                      procedente del
          CALZADA                                         Tribunal de Primera
                                                          Instancia, Sala
            Apelante                                      Superior de
                                                          Bayamón
                v.                  KLCE202300227
                                                          Caso Núm.:
                                                          DDP2016-0090
CPG REAL ESTATE, CPG
 ISNALND SERVICING;
 DULANODE TAL, DBR                           Sobre: DAÑOS Y
 DORADO OWNER LLC;                           PERJUICIOS
  MENGANA DE CUAL
        Apelados
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                                   SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

          Comparece      la   parte    peticionaria,     Dorado   Beach      Golf

Management, LLC, (parte peticionaria) y nos solicita que revisemos

una Resolución emitida el 2 de febrero de 2023, notificada el 6 de

febrero del 2023. Mediante el referido dictamen, el Foro recurrido

declaró No Ha Lugar la Moción en Torno a Resolución y Orden de 22

de noviembre de 20221. En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia

por voz del Hon. Eduardo R. Rebollo Casalduc, declinó denegar una

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial mediante una Resolución

que expusiera los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales

no hay controversia, así como los que fueron realmente y de buena

fe     controvertidos,     según      requerido    por   la   Regla   36.4    de

Procedimiento Civil, infra.

          Insatisfecho con el dictamen, el 8 de marzo de 2023, el

peticionario instó un Recurso de Certiorari Y/O Mandamus. En

adición, la parte peticionaria solicitó un Auxilio de Jurisdicción.

Examinado el recurso y la solicitud de auxilio, mediante Resolución

1
    Resolución notificada el 28 de noviembre de 2022.

Número Identificador
SEN2023__________________
KLCE202300227                                                             2

notificada el 9 de marzo de 2023, este Tribunal ordenó la

paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera

Instancia y le concedió a la parte recurrida un término de cinco (5)

para presentar su posición al recurso.

      Luego de la prórroga concedida, previa solicitud a esos efectos,

la parte recurrida presentó su posición al recurso y solicitó la

desestimación de este. Atendida la solicitud de desestimación, la

declaramos No Ha Lugar.

      Por las razones que expondremos a continuación, resolvemos

expedir el auto solicitado, revocar la decisión recurrida y devolver el

caso al Tribunal de Primera Instancia, para que se continúen con

los procedimientos de forma compatible con esta decisión.

                                     I

      Conforme surge del expediente del recurso ante nuestra

consideración, el 11 de febrero de 2016, el Sr. Rolando Rivas

Calzada (parte recurrida) presentó una demanda contra CPG Real

Estate; CPG Island Servicing2; Fulano de Tal; Aseguradora A;

Aseguradora B. Posteriormente, el 21 de julio de 2017, la parte

recurrida presentó una Demanda Enmendada para incluir como

demandados a DBR Dorado Owner, LLC y Mengana de Cual. El 29

de agosto de 2017, el Tribunal de Primera Instancia permitió la

enmienda solicitada. Así las cosas, el 20 de septiembre de 2019, la

parte recurrida solicitó permiso para enmendar nuevamente la

Demanda, con el propósito de sustituir el nombre de Mengana de

Cual por Dorado Beach Golf Management, LLC.

      Luego de varios trámites procesales, el 11 de abril de 2022, la

parte peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria

mediante la cual solicitó que se desestimara la Demanda presentada

2
  De conformidad con una moción conjunta presentada por la parte recurrida y
por las codemandadas CPG Real Estate LLC y CPG Island Servicing LLC, el 2 de
febrero de 2022, el Tribunal de Primera Instancia notificó Sentencia Parcial
mediante la cual archivó con perjuicio las reclamaciones en contra de esas
codemandadas.
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en su contra, por haberse presentado la misma fuera del término

prescriptivo. En la alternativa, solicitó que dictara sentencia y

determinara que la inmunidad patronal impide que se considere que

en el caso de autos hay solidaridad entre la parte peticionaria y la

codemandada DBR Dorado Ownwer, LLC, así como entre la parte

peticionaria y Luxury Hotels International of Puerto Rico, Inc. En

otras palabras, solicitó que se determinara que la peticionaria sólo

respondería a la parte recurrida de aquel porcentaje de los daños

que corresponda a su participación, si alguna, luego de descontada

la suma correspondiente al grado de contribución de Luxury Hotels

International of Puerto Rico Inc, y DBR Dorado Owner, LLC.

       En atención a lo anterior, el 17 de mayo de 2022, la parte

recurrida presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria

Parcial, mediante la cual solicitó al Tribunal de Primera Instancia

que declare No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

presentada por la parte peticionaria. Así las cosas, el Tribunal de

Primera Instancia dictó una Resolución, notificada el 28 de

noviembre de 2022, mediante la cual declaró Con Lugar la Oposición

a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada. A esos efectos,

el Tribunal dispuso lo siguiente: “El Tribunal determina que la causa

de acción no está prescrita en cuanto a Dorado Beach Golf

Management, LLC conforme ya el Tribunal había establecido en

Resolución emitida el 3 de julio de 2020. Se incorporan a esta

Resolución los argumentos presentados por la parte demandante en

la Oposición”. Quiere decir que, en fines prácticos, al declarar Con

Lugar la oposición a la solicitud de sentencia sumaria, el Tribunal

el foro primario denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada

por la parte peticionaria3.

3
  Cabe señalar que así lo reconoció el foro primario en su Orden del 15 de
diciembre de 2022, en la cual dispuso que: “Se apercibe que el Tribunal atendió
Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada el 11 de abril de 2022 en inciso
II de Resolución y Orden de fecha de 22 de noviembre de 2022, notificada el 28
de noviembre de 2022.”
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      En desacuerdo, el 13 de diciembre de 2022, la parte

peticionaria presentó una Moción en Torno a Resolución y Orden de

22 de noviembre de 2022. En su moción, entre otras cosas, la parte

peticionaria solicitó que el Tribunal de Primera Instancia dictara

una Resolución de conformidad con la Regla 36.4 de Procedimiento

Civil, supra, en la que enumere los hechos esenciales y pertinentes

sobre los cuales no hay controversia sustancial y los hechos

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe

controvertidos.

      Luego de varios trámites procesales, el 2 de febrero de 2023,

notificada el 6 de febrero de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Orden y Resolución mediante la cual, entre otros, declaró

No Ha Lugar la Moción en Torno a Resolución y Orden de 22 de

noviembre de 2022, presentada por la parte peticionaria.

      Insatisfecho, el 8 de marzo de 2023, el peticionario acudió

ante este Tribunal de Apelaciones mediante una petición de

Certiorari y Mandamus, por medio de la cual nos plantea lo

siguiente:

         Erró el TPI al negarse reiteradamente a
         resolver la Solicitud de Sentencia Sumaria que
         presentó la compareciente de conformidad
         con lo requerido por la Regla 36.4 de
         Procedimiento Civil, amparándose en “que la
         causa de acción no está prescrita en cuanto a
         Dorado Beach Golf Managemente, LLC
         conforme ya el Tribunal había establecido en
         Resolución emitida el 3 de julio de 2020”
         mediante la cual se declaró no ha lugar una
         solicitud    de    desestimación    presentada
         meramente a base de la alegaciones de la
         Segunda Demanda Enmendada.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                 II

      A. El auto de certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su
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discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009). Nótese que, distinto al recurso de

apelación, el auto de certiorari, por ser un recurso discrecional,

debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz

de León, supra, pág. 918. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre

uno o varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR

559, 580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El

adecuado ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria

dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
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decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable la justicia, al denegar

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Int’l. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. En lo pertinente, el precitado precepto dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al

determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una orden de

mostrar causa:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida a diferencia de sus fundamentos son
            contrarios a derecho.

         B. Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la
            prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

         D. Si el asunto planteado exige consideración
            más detenida a la luz de los autos originales,
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              los cuales deberán ser elevados, o de alegatos
              más elaborados.

           E. Si la etapa del procedimiento en que se
              presenta el caso es la más propicia para su
              consideración.

           F. Si la expedición del auto o de la orden de
              mostrar causa no causa un fraccionamiento
              indebido del pleito y una dilación indeseable
              en la solución final del litigio.

           G. Si la expedición del auto o de la orden de
              mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

      Así, los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio

sabio y prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas

v. JRO Contruction, 201 DPR 703, 712 (2019). Es decir, que la

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene

“como propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial

de controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación”. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      B. Auto de Mandamus

      El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 3421, define el auto de mandamus como un recurso altamente

privilegiado, dictado por un tribunal de justicia a nombre del

Gobierno de Puerto Rico y dirigido a alguna persona, corporación o

tribunal de inferior jerarquía, requiriéndole el cumplimiento de

algún acto dentro de sus atribuciones o deberes ministeriales. El

auto de mandamus sólo procede para exigir el cumplimiento de un

deber impuesto por la ley; es decir, un deber calificado de

“ministerial” y que, como tal, no admite discreción en su ejercicio,

sino que es mandatorio e imperativo. AMPR v. Srio. Educación, ELA,

178 DPR 253, 263 (2010).

      El    requisito   fundamental    para    expedir   el    recurso

de mandamus es la constancia de un deber claramente exigido por
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ley que debe ser ejecutado. Si la ley prescribe y define el deber que

debe cumplirse con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio

de la discreción o juicio, el acto es ministerial. Íd. Por el contrario,

cuando la ejecución del acto o la acción que se describe depende de

la discreción o juicio del funcionario, tal deber no es ministerial y

como tal, queda fuera del ámbito del recurso de mandamus. Íd.

      El deber ministerial que exige el mandamus debe emanar de

un empleo, cargo o función pública, por lo que el recurso procede

contra todos los funcionarios del ejecutivo. Noriega v. Hernández

Colón, 135 DPR 406, 449 (1994). Puede presentarse en contra

funcionarios públicos, cualquier agencia, junta o tribunal inferior de

nuestro sistema judicial, siempre que éstos estén obligados a

ejecutar un acto por mandato de ley. Art. 650 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3422.

      El auto de mandamus, como lo expresa la ley, es uno

“altamente privilegiado”. Ello significa que su expedición no se

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana

discreción    del   foro    judicial. AMPR        v.   Srio.    Educación,

E.L.A., supra; Ortiz v. Muñoz, Alcalde de Guayama, 19 DPR 850

(1913). Su expedición no procederá en los casos en que se encuentre

un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. Art.

651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423.

      La Regla 54 de Procedimiento Civil establece los requisitos

para presentar y atender un mandamus. A saber, el auto

de mandamus podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al

efecto. Cuando el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto

sea evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa por no

ejecutarlo, el tribunal podrá ordenar perentoriamente la concesión

del remedio; de otro modo, ordenará que se presente una

contestación y tan pronto sea conveniente, celebrará una vista,

recibiendo   prueba,   si   es   necesario,   y    dictará     su   decisión
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prontamente, 32 LPRA Ap. V, R. 54. Se ha resuelto además que

para la expedición de un auto de mandamus el tribunal deberá

considerar los siguientes factores: (1) el posible impacto que éste

pueda tener sobre los intereses públicos involucrados; (2) evitar una

intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y (3)

que el auto no se preste a confusión o perjuicio de los derechos de

terceros. Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 448.

        En términos procesales, debe existir un requerimiento previo

del peticionario hacia el demandado para que este cumpla con el

deber    exigido. AMPR   v.   Srio.   Educación,   E.L.A., supra,    pág.

267; Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 448-449. Solo se

exime de este requisito cuando aparece que el requerimiento

hubiese sido inútil e infructuoso, pues hubiese sido denegado si se

hubiera hecho; o cuando el deber que se pretende exigir es uno de

carácter público a diferencia de uno de naturaleza particular, que

afecta solamente el derecho del peticionario. (Citas omitidas). Íd.

        De otra parte, la carga probatoria en la concesión o

denegación     de   un   auto    de mandamus descansa        sobre        el

peticionario. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 269. Es

este quien tiene la obligación de demostrar la existencia de un deber

ministerial que no ha cumplido el funcionario público contra quien

se ha presentado el recurso. Una vez la parte demandante prueba la

existencia de un deber ministerial y que este no se ha cumplido, le

corresponde al funcionario sobre quien recae tal deber ministerial la

carga probatoria de demostrar que la concesión del auto afectaría

negativamente un interés público mayor o que simplemente se le

hace imposible. Íd.

        El Tribunal de Apelaciones podrá conocer en primera

instancia una petición de mandamus. Art. 4.006 (d) de la Ley Núm.

201-2003, Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24y. Dicha petición se regirá por la
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reglamentación procesal civil, por las leyes especiales pertinentes y

por las reglas aplicables del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55 En particular, la Regla 54 del Reglamento

del   Tribunal     de   Apelaciones   rige   la   presentación      de   los

procedimientos de mandamus ante este Tribunal al disponer, en lo

pertinente, que:

      (A) Cualquier petición para que el tribunal expida un recurso

      de hábeas corpus o mandamus contendrá numeradas, en el

      orden que aquí se dispone, las partes siguientes:

(1) Las citas de las disposiciones legales que establecen la

      jurisdicción del tribunal y la Región Judicial a la que

      corresponde el recurso de conformidad con la ley y el inciso

      (G) de esta regla.

(2) Un breve resumen de los hechos.

(3) Un señalamiento breve y conciso de las controversias de

      derecho planteadas en la petición, de las disposiciones de la

      ley y de la jurisprudencia aplicables.

(4) Un argumento de las controversias planteadas.

(5) La súplica.

      (B) En los casos en que el recurso de hábeas corpus

      o mandamus plantee alguna cuestión que trate sobre la comisión

      de algún error por un tribunal, relacionado con la suficiencia o

      apreciación de la prueba oral, la parte peticionaria procederá

      conforme lo disponen las Reglas 76 y 76.1 de este apéndice.

      (C) La cubierta de la petición contendrá solamente el

      epígrafe, el cual identificará a la parte peticionaria y a las

      partes contrarias como demandadas, y el nombre, la

      dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección

      del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo del

      abogado o abogada de la parte peticionaria, si hubiera.

      Inmediatamente después, habrá un índice detallado de la

      petición que se ajustará a lo dispuesto en la Regla 75.
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    (D) Cualquier documento que se deba traer a la atención del

    Tribunal de Apelaciones en esta etapa del procedimiento se

    unirá al final de la petición como apéndice.

    […]

    (I) En todo caso en que el Tribunal de Apelaciones considere

    que no se justifica el ejercicio de su jurisdicción, ordenará el

    traslado a la Sala del Tribunal de Primera Instancia que

    corresponda. Tal orden no se considerará en forma alguna

    una adjudicación en los méritos.

    (J) La parte peticionaria emplazará a todas las partes a tenor

    con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y

    de las leyes pertinentes. Cuando se trate de un recurso

    de mandamus dirigido contra un juez(a) para que éste(a)

    cumpla con un deber ministerial con relación a un caso que

    esté pendiente ante su consideración, el peticionario no

    tendrá que emplazar al juez(a) de acuerdo a las disposiciones

    pertinentes de las Reglas de Procedimiento Civil. En estos

    casos, bastará con que el peticionario notifique al juez(a) con

    copia del    escrito de mandamus de conformidad a lo

    dispuesto en la Regla 13(B) de este apéndice. También

    deberá notificar a las otras partes en el pleito que originó la

    petición de mandamus y al tribunal donde éste se encuentre

    pendiente, de conformidad con la Regla 13(B) de este

    apéndice. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55.

      C. Sentencia Sumaria

      El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles

a las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y

económica de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla

36 del mencionado cuerpo procesal atiende lo referente al

mecanismo de sentencia sumaria.
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      A la luz de sus disposiciones, si de “las alegaciones,

deposiciones,   contestaciones   a   interrogatorios   y   admisiones

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en

cuanto a algún hecho esencial y pertinente, y que como cuestión de

derecho el tribunal debe dictar la sentencia sumaria a favor de la

parte promovente”. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap.

V, R. 36.3. En ese sentido, se considera un hecho material o

esencial, “aquel que pueda afectar el resultado de la reclamación de

acuerdo al derecho sustantivo aplicable.” SLG Szendrey-Ramos v.

Consejo de Titulares, 184 D.P.R. 133, 167 (2011). Cabe señalar que

el juzgador no está limitado a los hechos o documentos que se

produzcan en la solicitud, sino que puede tomar en consideración

todos los documentos que obren en el expediente del tribunal.

      Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los cuales

el tribunal tenga ante su consideración todos los hechos necesarios

y pertinentes para resolver la controversia y surja claramente que la

parte promovida por el recurso no prevalecerá. Mejías et al. v.

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); PFZ Props., Inc. v.

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). Sin embargo, el

tribunal no podrá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones

afirmativas en la Demanda que no han sido refutadas; (3) surja de

los propios documentos que acompañan la moción una controversia

real sobre algún hecho material; o (4) la moción no procede como

cuestión de derecho. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares,

supra, pág. 168.

      Para prevalecer, el promovente de este recurso debe presentar

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos materiales sobre la totalidad o parte de la
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reclamación. Roldan Flores v. M. Cuebas et al., 199 D.P.R. 664, 676

(2018).

      Por su parte, la parte promovida por una moción de sentencia

sumaria debe demostrar que existe controversia en cuanto a algún

hecho material que sea constitutivo de la causa de acción del

demandante. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 D.P.R. 7, 25-26

(2014). Así, la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria

en su contra debe controvertir la prueba presentada y no cruzarse

de brazos. ELA v. Cole, 164 D.P.R. 608, 626 (2005). No puede

descansar en meras afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni

tomar una actitud pasiva, sino que está obligada a presentar

contradeclaraciones juradas y/o contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente. Roldán

Flores v. M. Cuebas      et al., supra, pág. 677; Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 214-215 (2010).

      Según las directrices pautadas por nuestro más Alto Foro,

una vez se presenta la solicitud de sentencia sumaria y su oposición,

el tribunal deberá: (1) analizar todos los documentos incluidos en

ambas mociones y aquellos que obren en el expediente del

tribunal; y (2) determinar si la parte opositora controvirtió algún

hecho material o si hay alegaciones en la demanda que no han

sido refutadas en forma alguna por los documentos. Abrams

Rivera v. ELA, DTOP y otros, 178 D.P.R. 914, 932 (2010).

      Al examinar la procedencia de una moción que solicita

disponer de un caso sumariamente, el tribunal no tiene que sopesar

la evidencia y determinar la veracidad de la materia, sino que su

función estriba en determinar la existencia o no de una

controversia genuina, la cual amerite ser dilucidada en un juicio

plenario. JADM v. Centro Comercial Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785,

802-803 (1983). Efectuado dicho análisis jurídico, si el Tribunal de

Primera Instancia concluye que no procede dictar sentencia
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sumariamente, está compelido a cumplir con las disposiciones de la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.

      Conviene, pues, citar la parte pertinente de la referida Regla,

a saber:

      Si en virtud de una moción presentada bajo las
      disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre
      la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio
      solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar
      juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la moción
      mediante una determinación de los hechos esenciales y
      pertinentes sobre los cuales no hay controversia
      sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que
      están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta
      qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación no
      está en controversia, ordenando los procedimientos
      ulteriores que sean justos en el pleito, incluso una vista
      evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al
      celebrarse el juicio, se considerarán probados los hechos
      así especificados y se procederá de conformidad. 32
      LPRA Ap. V, R. 36.4.

      Como surge de las precitadas disposiciones reglamentarias, la

obligación del foro primario de exponer, mediante su dictamen,

aquellos hechos que están en controversia y los que no lo están al

resolver toda moción de sentencia sumaria, aplica cuando no se

dispone de la totalidad del pleito mediante sentencia sumaria o

cuando no se concede todo el remedio que se solicita en la moción.

Lo anterior es cónsono con las disposiciones de la Regla 42.2 de

Procedimiento Civil del mismo cuerpo reglamentario, la cual exime

expresamente de la obligación de fundamentar toda sentencia

dictada en algunas situaciones. Expresamente, la Regla 42.2 de

dicho cuerpo reglamentario exime al foro de instancia de cumplir

con esta norma “[a]l resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y

36.2 de este apéndice”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Es decir, el hecho

de que el foro de instancia dicte sentencia sumariamente o deniegue

una moción de sentencia sumaria, de forma parcial o total, tiene un

efecto en cuanto a la naturaleza del dictamen que se emita y a las

reglas procesales aplicables para fines de su revisión apelativa.

    En el caso de revisar la determinación del TPI respecto a una

sentencia sumaria, este Foro apelativo se encuentra en la misma
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posición que el foro de instancia para evaluar su procedencia. Rivera

Matos et al. v. Triple-S et al, 204 DPR 1010, 1025 (2020); Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión

que realice el foro apelativo deberá ser de novo y estará limitado a

solamente adjudicar los documentos presentados en el foro apelado.

Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). De modo que las partes

que recurren a un foro apelativo no pueden litigar asuntos que no

fueron traídos a la atención del foro de instancia. Íd. En adición a

esta limitación, se ha aclarado que al foro apelativo le está vedado

adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha

tarea le corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo,

supra, págs. 334-335.

       En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro más

Alto Foro delimitó los pasos del proceso a seguir para la revisión de

la sentencia sumaria por parte de este foro revisor, el cual consiste

de: (1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen

al foro primario; (2) revisar que tanto la moción de sentencia

sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de forma

codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si en realidad

existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, cumplir

con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró

que están en controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y, de

encontrar que los hechos materiales realmente son incontrovertidos,

debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia

aplicó correctamente el derecho a la controversia. Íd., págs. 118-

119.

                                 III

       La parte peticionaria presentó un recurso de certiorari y/o

mandamus con relación a la Resolución del Tribunal de Primera
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Instancia notificada el 6 de febrero de 2023. Sin embargo, según

explicamos anteriormente, la expedición de un mandamus no

procederá en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y

eficaz en el curso ordinario de la ley. En el presente caso, existe un

recurso adecuado y eficaz para atender la controversia ante nos, por

lo que acogemos el recurso como un recurso de certiorari

exclusivamente.

      En el caso de autos, debemos determinar si el Tribunal de

Primera Instancia resolvió correctamente al declarar Con Lugar la

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte

recurrida mediante su Resolución notificada el 28 de noviembre de

2022, y en consecuencia, negarse a resolver de conformidad con la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, mediante su Resolución

notificada el 6 de febrero de 2022.

      Conforme hemos discutido, el 11 de abril de 2022, la parte

peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria mediante

la cual solicitó que se desestimara la Demanda presentada en su

contra, por haberse presentado la misma fuera del término

prescriptivo. En la alternativa, solicitó que se determinara que la

peticionaria sólo respondería a la parte recurrida de aquel

porcentaje de los daños que corresponda a su participación, si

alguna, luego de descontada la suma correspondiente al grado de

contribución de Luxury Hotels International of Puerto Rico Inc, y

DBR Dorado Owner, LLC.

      Posteriormente, el 17 de mayo de 2022, la parte recurrida

presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial,

mediante la cual solicitó al Tribunal de Primera Instancia que

declare No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

presentada por la parte peticionaria. Así las cosas, el Tribunal de

Primera Instancia dictó una Resolución, notificada el 28 de
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noviembre de 2022, mediante la cual declaró Con Lugar la Oposición

a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada.

      En otras palabras, al declarar Con Lugar la oposición a la

solicitud de sentencia sumaria, el Tribunal el foro primario denegó

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte

peticionaria sin cumplir con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil,

supra. Consecuentemente, el 13 de diciembre de 2022, la parte

peticionaria presentó una Moción en Torno a Resolución y Orden de

22 de noviembre de 2022, en la que solicitó al Tribunal de Primera

Instancia que dictara una Resolución en la que enumere los hechos

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente

y de buena fe controvertidos.

      La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, es clara en

cuanto a que si en virtud de una moción de sentencia sumaria no

se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo el

remedio solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar

juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante

una determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos. En

el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia no lo hizo. Por lo

tanto, resulta forzoso concluir que erró el Tribunal de Primera

Instancia al no hacerlo.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales se hacen

formar parte del presente dictamen, se declara No Ha Lugar la

Solicitud de Desestimación presentada por la parte recurrida y se

expide el auto solicitado. En consecuencia, se revoca la decisión

recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia,
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para la continuación de los procedimientos de forma compatible con

lo aquí dispuesto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones