Court Opinion

ID: 9928607
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:29:18.390121+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:20.690377
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

  SUCN. JULIO C. VALENTÍN                                      APELACION
           LUGO                                                procedente del
                                                               Tribunal de Primera
             Apelantes                                         Instancia, sala de
                                                               Utuado
                  v.                    KLAN202200387
                                                               Caso número:
       SUCN. GENOBEBA                                          L AC2011-0003
        VALENTÍN LUGO
                                                               Sobre:
             Apelados                                          Partición de Herencia

Panel especial integrado por su presidenta, la juez Rivera Marchand, el juez
Salgado Schwarz y la juez Aldebol Mora1.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

       Comparece la parte apelante, Sucesión de Julio César Valentín

Lugo, y nos solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, el 22 de febrero

de 2022, notificada el día 4 de marzo del mismo año. Mediante dicho

dictamen el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria

parcial promovida por la Sucesión de Genobeba Valentín Lugo. Ello, en un

pleito sobre partición de herencia.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma el

dictamen apelado.

                                           I

      El 2 de febrero de 2011, Julio C. Valentín Lugo (Julio César Valentín),

representado por su apoderada Elba Valentín Rey (Elba Valentín), incoó

una Demanda sobre liquidación de comunidad de bienes por herencia en

contra de Genobeba Valentín Lugo (Genobeba), Heriberto Valentín Lugo

(Heriberto), Andrea Valentín Lugo (Andrea), Carmen Zaida Valentín Lugo

(Carmen) y la sucesión de Luis Manuel Valentín Lugo (sucesión de Luis

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-001 de 9 de enero de 2023, se designó a la

Hon. Waleska Aldebol Mora en sustitución de la Hon. Ivelisse Domínguez Irizarry.

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
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Valentín).2 Indicó que su padre, Julio Valentín Lugo (Valentín), falleció el

27 de enero de 1955 en Arecibo, Puerto Rico, teniendo como esposa a

Ramona Lugo Serrano (Lugo Serrano), quien falleció posteriormente,

dejando como herederos a Genobeba, Heriberto, Julio César, Andrea,

Santiago, Carmen, Nilda Margarita, Juan Calíope y Luis Manuel, todos de

apellidos Valentín Lugo. Sostuvo que, estos eran dueños en común

proindiviso de los bienes de la herencia, cuyo único bien sujeto a partición

era una finca sita en Utuado, Puerto Rico.3 Por otro lado, a la Sucesión de

Julio Valentín se le añaden Milagros y Ramon Valentín Sánchez. Arguyó

que poseía y dominaba mayoritariamente el bien sucesoral.

       Posteriormente, el 7 de febrero de 2012, la demanda fue enmendada

con el propósito de incluir como demandados a la sucesión de Heriberto,

quien falleció el 6 de octubre de 2011 y a la sucesión de Juan Calíope,

quien falleció el 11 de junio de 2006.4 Así mismo, la demanda fue

enmendada en una segunda ocasión para sustituir a Julio César Valentín,

ello a causa de su fallecimiento el 20 de marzo de 2011.5 En esta última, la

parte apelante indicó que Julio César Valentín, en vida, compró las

participaciones hereditarias de la herencia de su padre a sus hermanos:

Genobeba, Heriberto, Luis Manuel, Andrea, Carmen Zaida, Nilda

Margarita, Juan Calíope y Santiago. Por otro lado, señaló que los otros dos

hijos de Julio Valentín, Milagros y Ramon Valentín Sánchez, vendieron

mediante documentos privados sus participaciones a Ramona Lugo

Serrano, previo al fallecimiento de esta.6 Alegó que esta, a su vez vendió

su participación ganancial, más su correspondiente usufructo, a Julio César

Valentín mediante la Escritura Número 73 del 22 de noviembre de 1976. El

15 de agosto de 2019, la demanda fue enmendada nuevamente con el

propósito de añadir a la Sucesión de Genobeba y la Sucesión de Carmen

Zaida, debido a que estas habían fallecido.7

2 Apéndice 12 del recurso, págs. 41-43.
3 Íd., pág. 41.
4 Apéndice 13 del recurso, pág. 44-46.
5 Apéndice 14 del recurso, pág. 47-56.
6Íd, pág. 52.
7 Apéndice 30 del recurso, págs. 183-193.
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      Por su parte, el 11 de enero de 2013, Andrea y Heriberto Valentín

Montijo8, presentaron Contestación a la Demanda.9 Alegaron que Santiago

era incapaz y no estaba apto para tomar decisiones y su porción de la

herencia acrecentaba la de sus hermanos, por lo cual negaron que Julio

César Valentín hubiera adquirido esa participación. Además, rechazaron

que el bien en controversia, la finca sita en Utuado, fuera el único bien

sujeto a partición.10

      Posteriormente, el 15 de marzo de 2013, la parte apelada Noel

Valentín Montijo11contestó igualmente la demanda y añadió que existía un

panteón familiar en el cementerio de Utuado que pertenecía a la Sucesión

Valentín Lugo, pero que los apelantes lo estaban utilizando como si fuera

propiedad única y exclusiva de estos. Alegó que dicho bien era parte del

caudal relicto de las Sucesiones de Julio Valentín y Ramona Lugo y que no

era propiedad exclusiva de los apelantes.12

      El 15 de noviembre de 2016, los apelados enmendaron la

contestación a la demanda y sometieron una reconvención. En esta

plantearon que, cada vez que se le solicitaba a la Sucesión de Julio César

Valentín    los   documentos        pertinentes     a   la   compraventa   de   las

participaciones, estos le informaban que no habían sido aceptados por el

tribunal. Además, exigieron su participación en la renta devengada de

varias propiedades del caudal en, al menos, los últimos diez (10) años.

Indicaron que tales bienes consistían en dos locales dedicados a negocios

de venta y comida, los cuales devengaban una renta de $900.00

mensuales y cuatro apartamentos de vivienda con una renta de $250.00

mensuales, para un total de $228,000.00 recibidos en dichos años, sin que

les pagaran a los demás herederos lo que les correspondía. Además de

reclamar la referida cuantía, solicitaron el pago por concepto de daños.13

8
  Estos son parte de la Sucesión de Heriberto Valentín Lugo.
9
  Apéndice 15 del recurso, págs. 57-59.
10 Apéndice 23 del recurso, págs. 134-138.
11 Este forma parte de la Sucesión de Heriberto Valentín Lugo.
12 Apéndice 26 del recurso, págs.152-172.
13 Apéndice 23 del recurso, pág. 134-138.
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      Luego de varias incidencias procesales, el 30 de marzo de 2016, la

parte apelada presentó una réplica en la cual cuestionó la validez y

admisibilidad de los documentos privados donde alegadamente se

adquirieron las participaciones en la herencia. Sostuvo que la autenticidad

de dichos escritos estaba en controversia.14

      Así las cosas, el 22 de noviembre de 2016, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución mediante la cual admitió los diez (10)

documentos que los apelados plantearon estar en controversia.15 En

desacuerdo, la parte apelada acudió ante este Foro intermedio mediante

apelación, acogida como certiorari, con denominación alfanumérica

KLAN201700184. En el citado recurso, señaló que el foro primario erró al

decretar la admisibilidad de los referidos documentos ofrecidos por los aquí

apelantes, toda vez que no se presentó prueba que acreditara su

autenticación prima facie, ello en cumplimiento con lo requerido por las

Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI. Por su parte, los

apelantes arguyeron que tales documentos eran originales y que los aquí

apelados no presentaron prueba alguna para impugnar las firmas de los

comparecientes en los mismos.

      Evaluado el recurso, un panel hermano emitió una Sentencia en la

cual determinó que le asistía la razón a la parte apelada. En consecuencia,

revocó la determinación del foro primario y devolvió el caso para que se

celebrara una vista evidenciaria.16

      Celebrada la vista, el 13 de febrero de 2019, el foro a quo emitió una

Resolución mediante la cual decretó inadmisibles los documentos

referentes a la compraventa de las participaciones hereditarias entre los

hermanos de Julio César Valentín y este. A su vez, declaró inadmisible el

documento en el que se pretendía probar el presunto traspaso de las

participaciones hereditarias de Milagros y Ramón Valentín Sánchez a Lugo

Serrano.17

14 Apéndice 16 del recurso, págs. 60-61.
15 Apéndice 24 del recurso, págs. 139-147.
16 Apéndice 26 del recurso, págs. 152-172.
17 Apéndice 28 del recurso, págs. 174-181.
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      Luego de varios trámites procesales, el 21 de mayo de 2021, la parte

apelada instó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial.18 Solicitó que se

llevara a cabo la partición y adjudicación de la herencia, ello basado en que

los documentos privados que ofreció la parte apelante sobre las

compraventas no constituyeron prueba suficiente para demostrar que Julio

César Valentín adquirió la mayoría de las participaciones en la herencia de

su padre. Alegó que dichos documentos tampoco establecieron con

exactitud la dimensión del caudal hereditario.19 A su vez, sostuvo que la

parte apelante no logró demostrar que Julio César Valentín adquirió los

bienes reclamados mediante el otorgamiento de una escritura pública,

según exigido por el Código Civil de Puerto de 1930, 31 LPRA sec. 1 et

seq., vigente al momento de los hechos y reiteró que ninguno de los

herederos que presuntamente vendieron sus participaciones recibieron el

pago correspondiente.

      Por su parte, el 22 de julio de 2021, los apelantes se opusieron y

presentaron una solicitud de sentencia sumaria a su favor.20 Adujeron que

la parte apelada incumplió con los requisitos de la Regla 36 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.21 Además, argumentaron que

Julio César Valentín adquirió la finca número 17056, sita en Utuado,

18 Apéndice 32 del recurso, págs. 199-287.
19  Íd., págs.199-287. Junto a su moción, la parte apelada presentó los siguientes
documentos: (1) Transcripción de deposición de Andrea Valentín Lugo; (2) Resolución sobre
Información de Dominio emitida el 18 de septiembre de 1979 en el Caso Civil Núm. TS-76-
1758; (3) Escritura Núm. 17 sobre compraventa de derechos y acciones otorgada el 15 de
abril de 2008 por Santiago Valentín Lugo a favor de Elba Iris Valentín Rey, en representación
de Julio César Valentín Rey. Véase, Apéndice 32 del recurso, págs. 210-287.
20 Apéndice 33 del recurso, págs. 288-382. Junto a su moción, la parte apelante presentó

los siguientes documentos: (1) Resolución emitida el 22 de noviembre de 2016 en el Caso
Núm. LAC2011-0003; (2) Minuta de la vista evidenciaría celebrada el 11 de octubre de
2016 en el Caso Núm. LAC2011-0003; (3) Resolución Nunc Pro Tunc sobre Declaratoria
de Herederos emitida el 15 de febrero de 2007 en el Caso Núm. LICI200600179; (4)
Notificación de defunción o donación del Departamento de Hacienda; (5) Certificación de
Cancelación de Gravamen Contributivo; (6) Resolución sobre Declaratoria de Herederos
emitida el 5 de diciembre de 2013 en el caso núm. L1CI201300186; (7) Resolución sobre
Declaratoria de Herederos emitida el 5 de diciembre de 2013 en el Caso Núm.
L1CI200600179; (8) Notificación electrónica y Sentencia emitida el 28 de febrero de 2018
en el Caso Núm. KLAN201700184; (9) Resolución sobre información de dominio emitida
el 18 de septiembre de 1979 en el Caso Núm. TS-76-1758; (10) Resolución Nun Pro Tunc
sobre Información de Dominio en el Caso Núm. TS-76-1758; (11) Notas marginales de la
finca 17,056 del Registro de la Propiedad; (12) Escritura Núm. 73 sobre compraventa de
derechos y acciones otorgada el 22 de noviembre de 1976 por Ramona Lugo Serrano;
(13) Escritura Núm. 18 sobre compraventa de derechos y acciones otorgada el 19 de abril
de 2008 por Nilda Margarita Valentín Lugo a favor de Elba I. Valentín Rey. Véase,
Apéndice 33 del recurso, págs. 312-382.
21 Apéndice 33 del recurso, págs. 288-382.
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mediante un procedimiento de expediente de dominio y que esta fue

inscrita, por lo que invocaron la doctrina de la prescripción adquisitiva.

Sobre ese particular, especificaron que, a la fecha de la presentación de la

demanda en el año 2011, habían transcurrido treinta y dos (32) años desde

la inscripción registral. A su vez, invocaron la misma doctrina respecto a la

participación hereditaria correspondiente a la finca de 11.4053 cdas. Según

arguyeron, Julio César Valentín había adquirido de su madre el cincuenta

por ciento (50%), mediante la Escritura Núm. 73 y había permanecido en

posesión de esta por más de treinta (30) años.22 Por último, la parte

apelante sostuvo que había prescrito o que no existía el derecho de la parte

apelada a reclamar rentas por las propiedades arrendadas, ya que ninguna

de estas estaba incluida en el caudal hereditario, por ser bienes privativos

de Julio César Valentín.

      Evaluadas las posturas de las partes, el 22 de febrero de 2022,

notificada el 4 de marzo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia, emitió

la Sentencia Parcial que nos ocupa.23 Mediante dicho dictamen, el foro

primario declaró Ha Lugar el petitorio sumario promovido por la parte

apelada. Concluyó que la parte apelante fue incapaz de derrotar la solicitud

de la parte apelada a través de prueba que fuera admisible o que pudiera

llegar a serlo. Particularizó que la parte apelante no contó con la prueba

suficiente que demostrara que la finca objeto del expediente de dominio y

la finca de 11.4053 cdas., eran bienes privativos y exclusivos de esta.

Expresó que no fue persuasivo el argumento en oposición a las rentas

devengadas por el arrendamiento de dichas propiedades. Por ello, ordenó

la continuación de los procedimientos y autorizó al contador partidor a llevar

a cabo las operaciones correspondientes para proceder con la partición de

la herencia.24

      Posteriormente, el 16 de marzo de 2022, la parte apelante compareció

mediante Moción de Reconsideración en la cual solicitó: (1) se reconociera

22Íd., págs. 288- 382.
23 Apéndice 34 del recurso, págs. 383-389.
24Íd., pág. 388.
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que la parte apelante adquirió mediante escritura pública la participación

ganancial mas el correspondiente usufructo de Ramona Lugo Serrano y las

participaciones de Nilda Margarita Valentín; (2) determine que las

participaciones adquiridas por la parte apelante mediante escrituras

públicas les pertenecen a estos; (3) se reconozca que la parte apelante ha

estado en posesión de la finca numero 17056, por mas de 30 años siendo

de aplicación la doctrina de usucapión extraordinaria; (4) se aplique la

norma establecida por el Tribunal Supremo en el caso de Molina González

v. Álvarez Gerena, 2019 TSPR 191, 203 DPR __ (2019) en el cual

estableció que las rentas reclamadas por comuneros se empiezan a

computar desde la fecha en que se interpone la reclamación judicial y

(5) se emita determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.25 El 21

de abril de 2022, notificada el 26 de abril de 2022, el Tribunal de Primera

Instancia, emitió una resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la

Moción de Reconsideración.26

      Inconforme con dicha determinación, el 24 de mayo de 2022, la parte

apelante acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y realizó los

siguientes señalamientos de error:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al decretar No
       Ha Lugar, la “Moción en Oposición a que se dicte Sentencia
       Sumaria Parcial y Solicitud para que se dicte Sentencia Sumaria
       Parcial a favor de la parte demandante”, presentada el 22 de
       julio de 2021, por la parte apelante y determinar: “Al amparo de
       la Regla 42.2 (b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32
       LPRA Ap. V, R. 42.2 (b), el Tribunal considera innecesario
       especificar los hechos probados y consignar separadamente
       sus conclusiones de derecho.”

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al [d]escartar la
       admisibilidad de la escritura número 73 del 22 de noviembre de
       1976, en Manatí, Puerto Rico, ante el notario público Amílcar
       Abreu Román y la escritura número 18 del 19 de abril de 2008,
       en Utuado, Puerto Rico, ante el notario público Ricardo Morales
       Maldonado y no reconocer la titularidad y protección legal de la
       adquisición de dicha participación hereditaria, que brindan los
       referidos instrumentos público[s].

       Erró Honorable el Tribunal de Primera Instancia al [d]escartar la
       admisibilidad de las Resoluciones sobre el Expediente de
       Dominio, las que también fueron admitida[s] mediante la
       Sentencia del Tribunal Apelativo, notificada el 8 de marzo de
       2018. No reconocer la titularidad y protección legal, que luego

25 Apéndice 36 del recurso, págs. 391-404.
26 Apéndice 37 del recurso, págs. 405-406.
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       de 31 años de inscrita en el Registro de la Propiedad, la Finca
       número 17056, Folio 247, Tomo 366 de Utuado, concede a favor
       de los apelantes y despojarlos de la misma, habiendo estado
       inscrita a su favor y su anterior dueño por más de 31 años.

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al [c]onceder el
       derecho a la parte apelada a solicitar rentas, sin que los
       apelados invocasen su reclamación por la vía judicial y por
       escrito, no siendo hasta la radicación de su reconvención
       radicada el 15 de noviembre de 2016, que procedieron a
       reclamar rentas, todo ello en contravención a lo dispuesto en
       Molina González [v]. Alvares Gerena, 2019 TSPR 191.

       En cumplimiento con nuestra Resolución del 25 de mayo de 2022,

el 23 de junio de 2022, Andrea Valentín Lugo y otros miembros de la

Sucesión de Heriberto Valentín Lugo, comparecieron mediante Alegato en

Oposición.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                      II

                                      A

       El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo para

asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso. Serrano Picón

v. Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de

septiembre de 2023; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103,

resuelto el 23 de agosto de 2023; González Meléndez v. Municipio

Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de

2023; Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 80, 212 DPR

___ (2023); Universal Ins. et als. v. ELA et al., 2023 TSPR 24, 211 DPR

___ (2023). Dicho mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial o

totalmente, de litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales no exista

controversia material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario

y el derecho así lo permita. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR

964 (2022). Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella

parte que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

       Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos
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ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR

20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el tribunal,

como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso judicial,

mientras simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo

procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico.

Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Como se sabe, en aras de

prevalecer en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa de

acción. Íd.

       Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa impone

unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al momento de

presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: (1) una exposición

breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones

por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3;

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 8; Pérez Vargas v. Office

Depot, 203 DPR 687 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple

con estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

       Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág.

43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar esta solicitud

viene obligado a enfrentar la moción de su adversario de forma tan
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detallada y específica como lo ha hecho la parte promovente puesto que,

si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra,

si la misma procede en derecho. Íd.

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, la

parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Claro

está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la

prueba específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Íd. En otras palabras, la

parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye

los hechos materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se

puede colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, la

consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción del

Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos los

hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los hechos

y de los documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la

sentencia sumaria, pues solo procede si bajo ningún supuesto de hechos

prevalece la parte promovida. Íd., pág. 625. Además, al evaluar los méritos

de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar

guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de su

“día en corte”, componente integral del debido proceso de ley. León Torres

v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no procederá

cuando existan controversias sobre hechos esenciales materiales, o si la
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controversia del caso está basada en elementos subjetivos como intención,

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Acevedo y otros v. Depto.

Hacienda y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Un

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Oriental Bank v. Caballero

García, supra, pág. 7; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ahora bien,

el Foro de última instancia ha reiterado que cualquier duda no es suficiente

para derrotar una moción de sentencia sumaria, pues debe tratarse de una

incertidumbre que permita concluir que existe una controversia real sobre

hechos relevantes y pertinentes. Íd. Además, existen casos que no se

deben resolver mediante sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la

verdad de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones.

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no

es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la sentencia

sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho. Universal Ins. et als.

v. ELA et al., supra.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios que

este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de revisar una

sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v.

M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre ese particular, nuestro más Alto

Foro señaló que:

       [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el
       expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
       Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro
       primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia
       Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de
       forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en
       realidad existen hechos materiales en controversia y, de
       haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
       Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer
       concretamente cuáles hechos materiales encontró que están
       en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de
       encontrar que los hechos materiales realmente están
       incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
       Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
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       Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al.,
       supra, pág. 679.

       Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma posición que

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una

sentencia sumaria. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial,

Inc.) e Integrand Assurance Company, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de

octubre de 2023; Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company,

supra; González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros,

supra; González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

Por ello, nuestra revisión es una de novo y nuestro análisis debe regirse

por las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, así

como de su jurisprudencia interpretativa. González Meléndez v. Municipio

Autónomo de San Juan y otros, supra. A tenor con la referida normativa,

dicha revisión se realizará de la manera más favorable hacia la parte que

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro de origen y

realizando todas las inferencias permisibles a su favor. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance

Company, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente están

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó

correctamente el derecho. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, supra.

       A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de

la controversia ante nuestra consideración.

                                      III

    Como primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene que el

Tribunal de Primera Instancia erró al declarar No Ha Lugar la moción en

oposición y sentencia sumaria a su favor. En un segundo señalamiento de

error, plantea que el foro primario incidió al descartar la admisibilidad de las

Escrituras Número 73 y Número 18 ante notario público y no reconocer la

titularidad y protección legal que brindan dichos instrumentos públicos. A

su vez, como tercer señalamiento de error, alega que el foro a quo erró al
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descartar la admisibilidad de las resoluciones sobre el expediente de

dominio, las cuales arguye que fueron admitidas mediante sentencia de

este Foro intermedio y no reconocer la titularidad que concede esta a favor

de los apelantes sobre la finca número 17056, la cual lleva inscrita treinta

y un (31) años. Como cuarto y último señalamiento de error, arguye que el

foro de origen incidió al conceder el derecho a la parte apelada a solicitar

rentas, sin que esta invocara su reclamación por la vía judicial y por escrito,

no siendo hasta la radicación de la reconvención que procediera a reclamar

rentas y esto ser en contra a lo dispuesto en Molina González v. Álvarez

Gerena, 203 DPR 442 (2019). Por estar estrechamente relacionados entre

sí, procederemos a discutir los cuatro señalamientos de error de manera

conjunta.

       Sabido es que, ante una solicitud de sentencia sumaria, esta Curia

se encuentra en igual posición para efectuar un análisis de novo de los

petitorios sumarios sometidos ante la consideración del foro primario. Tras

evaluar las mociones sumarias presentadas y el expediente ante nos,

colegimos que, ambas partes cumplieron sustancialmente con las

formalidades y exigencias de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y

su jurisprudencia interpretativa. De igual forma, el inciso (b) de la Regla

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, establece que el

juzgador no está obligado a hacer determinaciones de hecho cuando este

así lo estime por la naturaleza del remedio solicitado. Ahora bien, luego de

examinar la totalidad del expediente ante nos, colegimos que no existen

controversias sobre hechos medulares que impidan la solución de la

presente causa por la vía sumaria. En su consecuencia, nos corresponde

determinar si el derecho se aplicó correctamente.

       Hemos examinado cuidadosamente de novo el trámite procesal, el

expediente ante nos, los escritos de las partes, así como la normativa

aplicable y concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no erró en su

determinación. Nos explicamos.
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       En su solicitud de sentencia sumaria parcial, la Sucesión de

Genobeba Valentín, solicitó que se llevara a cabo el trámite de partición y

adjudicación de la herencia. Esto fundamentado en que los documentos

presentados por la parte apelante no constituían prueba suficiente para

probar que Julio César Valentín había adquirido las participaciones de los

demás herederos. Arguyó, además, que la parte apelante no logró

establecer la dimensión del remanente del caudal hereditario y que era

necesario identificar los bienes que componían el caudal, así como su

valor. En su petitorio sumario, señaló que la parte apelante no logró

demostrar que adquirió los bienes reclamados mediante el otorgamiento de

una escritura pública conforme lo exigía el Código Civil de Puerto Rico de

1930. Además, indicó que Santiago no estaba apto al momento del

otorgamiento de la escritura pública de compraventa de su participación.

Por último, argumentó que el foro primario había emitido una resolución en

la cual declaró inadmisibles los documentos privados en los cuales,

alegadamente, la parte apelante había obtenido las participaciones de los

herederos de Julio Valentín. Por lo que arguyó que la parte apelante había

fallado en probar que se había realizado la compraventa de las respectivas

participaciones de los demás herederos en el caudal de Valentín Lugo.

       En oposición, la parte apelante señaló que la solicitud de sentencia

sumaria parcial promovida por la parte apelada no cumplía con los

requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Arguyó que Julio

César Valentín adquirió la finca número 17056, sita en Utuado, mediante

un procedimiento de expediente de dominio en el año 1979 y levantó por

esto la doctrina de prescripción adquisitiva. Ello, debido a que, a la fecha

de la presentación de la demanda en el año 2011, habían transcurrido

treinta y dos (32) años desde la inscripción original de la finca en el Registro

de la Propiedad. Levantó esta misma defensa sobre la participación

hereditaria de la finca de 11.4053 cuerdas, debido a que Julio César

Valentín había adquirido la participación de su madre, equivalente al

cincuenta por ciento (50%) de su participación ganancial en la Escritura
KLAN202200387                                                               15

Número 73, por lo cual había permanecido más de treinta (30) años en su

posesión. Por último, arguyó que la parte apelada no tenía derecho a

reclamar las rentas por las propiedades arrendadas debido a que ninguna

de estas estaba incluida en el caudal hereditario, pues eran bienes

privativos de Julio César Valentín.

       Surge de la Sentencia Parcial apelada que el foro a quo determinó,

con anterioridad a las peticiones sumarias, que los documentos privados

que pretendía ofrecer como evidencia la parte apelante eran inadmisibles.

En virtud de ello, no le concedió a Julio César Valentín la titularidad de los

bienes objeto de esta controversia. Ante el escenario anterior, coincidimos

con lo determinado por el foro primario que, en efecto, la parte apelante no

ha logrado establecer que Julio César Valentín adquirió, en vida, las

particiones correspondientes a los demás herederos.

       Surge claramente del expediente ante nos que ha transcurrido más

de una década desde la presentación de la acción sobre partición. Ambas

partes han tenido oportunidad suficiente de realizar un descubrimiento de

prueba adecuado. Sin embargo, aun en la etapa procesal avanzada en la

cual se encuentra el presente pleito, la parte apelante no ha demostrado la

adquisición de las participaciones de los demás herederos, conforme

resuelto por el foro primario.

       No pudiendo demostrar la adquisición de los bienes que forman

parte del caudal hereditario, ni que estos eran bienes privativos y exclusivos

de Julio César Valentín, entendemos que el argumento relacionado a las

rentas devengadas por el arrendamiento de las referidas propiedades es

incorrecto. Ello, debido a que, en este caso, son rentas cobradas mediante

el uso exclusivo por un comunero de un bien común. En consecuencia,

procedía dictar sentencia sumaria parcial a favor de la parte apelada.

       En cuanto al argumento de prescripción adquisitiva que la parte

apelante invoca nuevamente basándose en un expediente de dominio,

colegimos que el foro primario resolvió correctamente en cuanto a que el

Artículo 191 de la Ley Núm. 210-2015, conocida como la Ley del Registro
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de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 30

LPRA sec. 6297, expresamente dispone que el expediente de dominio se

utiliza para justificar el dominio y no equivale a una acción declaratoria de

usucapión. Por tanto, dicho expediente de dominio no es prueba de que

Julio César Valentín hubiese adquirido la finca al amparo de la doctrina de

prescripción adquisitiva y, por tanto, no le asiste la razón a la parte

apelante.

       En virtud de lo anterior, determinamos que el Tribunal de Primera

Instancia no erró al emitir la Sentencia Parcial declarando Ha Lugar la

solicitud de sentencia sumaria parcial promovida por la parte apelada. Por

lo tanto, no se cometieron los errores señalados. En fin, al evaluar

concienzuda y ponderadamente de novo los eventos procesales al palio de

la normativa jurídica antes esbozada, coincidimos con la determinación del

foro apelado.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el dictamen

apelado.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones