Court Opinion

ID: 9916131
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:54.061202+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:06.609132
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL1

      WM CAPITAL                                 APELACION
    PARTNERS 53, LLC                             Procedente del
                                                 Tribunal de Primera
         Apelante                                Instancia, Sala
                                                 Superior de San Juan

                                            Caso Núm.:
             v.                             SJ2020CV01220
                              KLAN202201029 (807)

 BARRERAS, INC., Y                               Sobre: Regla 49.2 (1)
GABLES TOWERS, INC.                              de Procedimiento
                                                 Civil; Pleito
         Apelados                                Independiente de
                                                 Sentencias y
                                                 Órdenes; Sentencia
                                                 Declaratoria

Panel integrado por su presidente el juez Hernández Sánchez, la juez
Santiago Calderón y el juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

       Comparece ante nos, WM Capital Partners 53, LLC, en

adelante,   Capital    o   apelante,   solicitando   que   revisemos   la

“Sentencia” emitida sumariamente por el Tribunal de Primera

Instancia de San Juan, en adelante, TPI-San Juan, el 3 de marzo de

2022. La misma fue notificada el 4 de marzo de 2022. En la

sentencia recurrida, el Foro Primario desestimó la “Demanda

Enmendada” de Capital en contra de Barreras, Inc., en adelante,

Barreras y de Gables Towers Inc., en adelante, Gables, Gables o

apelada. En el pleito que incoó, al amparo de la Regla 49.2 (1) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, sobre Pleito

Independiente de Nulidad de Orden, Capital solicitó al Foro Primario

1 Véase Orden Administrativa OATA-2023-131 del 14 de julio de 2023,
donde se designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución de la
juez Alicia Álvarez Esnard.

Número Identificador
SEN2023___________________
KLAN202201029                                                          2

que, entre otras cosas, decretara la nulidad de la Sentencia emitida

por el TPI-San Juan el 18 de diciembre de 2017.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

                                    I.

      La situación de hechos que versa sobre la controversia que

nos trae Capital comienza en el año 2020. Sin embargo, algunos de

los hechos que forman parte de los principios del tracto procesal

ante esta Curia, se remontan al año 1960.

      Por lo extenso y complejo de los eventos que contextualizan la

controversia, nos limitaremos a hacer una sucinta enumeración de

los hechos más importantes. Para los fines de que este Tribunal

pudiera obtener un marco procesal y fáctico completo, la apelada

trae a nuestra atención la “Resolución” de un panel hermano de este

Foro en el año 2018 (KLCE201800350) adjuntado en el apéndice del

recurso.2 Refiriéndonos exclusivamente a la mencionada resolución,

y los recursos de las partes, hacemos el siguiente desglose de

hechos:

      1.     En el 1960, Barreras y el First National City Bank of
      New York crean un contrato de arrendamiento con derecho
      a edificar. En ese suelo se construyó una estructura que
      consta de dos (2) edificios, con el número de finca 35,957. El
      contrato dispone que, si el mismo culmina, Barreras se
      convertiría en el dueño de la edificación construida, sin
      gravámenes ni cargas. También impuso en la arrendadora la
      responsabilidad de pagar los impuestos (CRIM).
      2.     El First National City Bank of New York cede su
      arrendamiento, y eventualmente lo adquirió Gables en el año
      2005, quien continuó pagando los cánones de arrendamiento
      y manteniendo el edificio construido.
      3.     Gables solicitó unos prestamos de R.G. Premier Bank,
      y garantizó los mismos hipotecando el edificio y el
      arrendamiento de este.

2 Apéndice del recurso, págs. 92-106.
KLAN202201029                                                                  3

    4.    La    garantía     de    lo    prestamos       de     Gables    es
    eventualmente adquirida por Scotia Bank, y posteriormente
    por Capital.
    5.    El 17 de julio de 2012, Scotiabank, hoy Capital,
    presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de
    garantías contra Gables por incumplimiento con unos
    términos del contrato de arrendamiento. Barreras solicitó
    intervención en este pleito, alegando que Capital pretendía
    ejecutar unas garantías que recaían sobre unos bienes en los
    cuales reclamaba tener un interés propietario.
    6.    El 1 de octubre de 2013, Barreras le comunicó a
    Gables que deseaba cancelar el contrato de arrendamiento,
    por no haber pagado el CRIM, consolidándose así una deuda
    que ascendía los $800,000, y la falta de mantenimiento sobre
    los inmuebles objetos del contrato de arrendamiento.
    7.    Luego de unos intentos infructuosos para liquidar la
    deuda con Gables, Barreras presentó una demanda de
    desahucio contra ella el 28 de octubre de 2013. El TPI-San
    Juan declaró la misma “Ha Lugar”. Sin embargo, un Tribunal
    de Apelaciones revocó la sentencia (KLAN201401068 y
    KLAN201401070). El panel hermano concluyó que el Foro
    Primario   carecía      de    jurisdicción    para        adjudicar   la
    controversia,      ya   que    las   partes       del     contrato    de
    arrendamiento, según lo estipulado en este, estaban
    obligadas a resolver cualquier controversia referente a
    incumplimientos contractuales, mediante arbitraje.
    8.    Scotiabank solicitó intervenir en esta demanda, pero
    fue denegada por el Foro Primario. Luego, presentó un
    recurso de Certioari al Tribunal de Apelaciones, quien denegó
    expedir el auto.
    9.    El 18 de junio de 2014, el TPI-San Juan declaró “Ha
    Lugar” la petición de Barreras para intervenir en la demanda
    en cobro y ejecución de hipoteca.
    10.   En síntesis, Barreras argumentaba que, al amparo del
    contrato de arrendamiento, y el derecho de propiedad que
    adquirió por virtud de este sobre la finca 35,957, impedía la
    ejecución de hipoteca que pretendía Scotiabank. Por su
    parte, Scotiabank argüía que los préstamos que le hizo a
    Gables estaban garantizados con los edificios de la finca
    35,957. Esto último era un derecho propietario a su favor,
    que   lo   facultaba    a     subrogarse     en     el    contrato    de
    arrendamiento con Barreras. Además, era la postura de
    Capital que no intervenir en estos procedimientos atentaba
    contra el debido proceso de ley.
KLAN202201029                                                            4

    11.    El 31 de diciembre de 2014, Scotiabank y Gables
    presentaron conjuntamente un “Acuerdo de transacción para
    que   se    dicte     sentencia”.   El    mencionado     acuerdo
    contemplaba, entre otras cosas, la ejecución de las hipotecas
    que gravaban los bienes que Barreras, quien se opuso al
    acuerdo, y reclamaba como su propiedad.
    12.    El 5 de febrero de 2015, el TPI-San Juan no aprobó el
    acuerdo entre Gables y Scotiabank, por entender que la
    vigencia del arrendamiento entre Barreras y Gables, el cual
    se encontraba dilucidándose en un pleito de arbitraje, estaba
    aún en controversia.
    13.    Luego de una solicitud de reconsideración, el 28 de
    abril de 2015, el Foro Primario revocó su dictamen,
    determinando        esta   vez   que el   referido   contrato   de
    arrendamiento continuaba vigente, pues no existía dictamen
    alguno que decretara la resolución del mismo. Barreras
    solicitó una reconsideración que fue denegada. Luego, el 6
    de agosto de 2015, recurrió al Tribunal de Apelaciones para
    impugnar el acuerdo transaccional. Sobre este asunto, el
    Foro Intermedio revoco al TPI-San Juan, por entender que la
    ejecución de dicho acuerdo ponía en riesgo los derechos de
    Barreras.
    14.    El 31 de agosto de 2015, Scotiabank le solicitó a la
    Asociación Americana de Arbitraje, en adelante, AAA, que le
    permitiera intervenir en el proceso de arbitraje entre Gables
    y Barreras, toda vez que poseía un derecho real hipotecario
    sobre la finca objeto del contrato de arrendamiento. El 21 de
    octubre de 2015, la AAA denegó la solicitud de intervención,
    por entender que la participación del mismo solo estaba
    sujeta a las partes del contrato, y que el asunto planteado
    por Scotiabank no está regulado por el negocio jurídico entre
    Gables y Barreras.
    15.    En su dictamen, la AAA concluyó que Gambles
    incumplió con una condición del negoció jurídico, lo que
    facultó a Barreras a terminar el contrato de arrendamiento.
    16.    El 31 de octubre de 2016, Gables recurrió al TPI-San
    Juan para impugnar el Laudo de Arbitraje. Capital
    compareció solicitando autorización para intervenir en el
    proceso de revocación del laudo.
    17.    El 16 de enero de 2017, Capital presentó una
    Demanda de Sentencia Declaratoria en la Corte Federal para
    el Distrito de Puerto Rico, en adelante, Tribunal Federal (Civil
    No. 17-1122). Luego de una intervención de Barreras, el
KLAN202201029                                                        5

    Tribunal Federal desestimó la demanda de Capital el 17 de
    agosto de 2022.
    18.   El 13 de febrero de 2017, el TPI-San Juan denegó la
    intervención de Capital, y el 6 de diciembre de 2017 denegó
    el recurso de Gables, oponiéndose al laudo.
    19.   El 15 de febrero de 2018, Barreras presentó una
    “Moción en Solicitud de Orden en Ejecución de Sentencia”. En
    atención a esta solicitud, el Foro Primario emitió una orden
    y mandamiento de ejecución, en el cual le ordenó al Registro
    de la Propiedad a inscribir el dominio de la finca 35,957 a
    favor de Barreras, libre de carga o gravamen. Es decir,
    ordenó la eliminación de las hipotecas a favor de Capital.
    20.   El 12 de marzo de 2018, Capital recurrió en alzada
    ante este Tribunal mediante un recurso de Certiorari,
    planteando que el TPI-San Juan, mediante su orden y
    mandamiento, eliminó las hipotecas de su tenencia, violando
    su derecho al debido proceso de ley.
    21.   El 30 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones
    emitió una Resolución en la que desestimó el recurso de
    Capital, por falta de jurisdicción. Expresó el panel hermano
    en su dictamen que el Laudo de Arbitraje advino final y firme,
    luego que el TPI-San Juan denegara la revocación del laudo,
    denegó la revisión de este, y Gables ni Capital recurrieran al
    Tribunal de Apelaciones. Dispuso, además, que lo único que
    le restaba a Capital era incoar un pleito independiente de
    nulidad de sentencia.
    22.   El 1 de mayo de 2019, Barreras presentó un asiento
    de inscripción al Registro de la Propiedad, amparado en el
    mandamiento del TPI-San Juan.
    23.   El 24 de mayo de 2019, Capital presentó un asiento a
    su favor en el Registro de la Propiedad, amparado en un
    dictamen que obtuvo a su favor en el Tribunal Federal, previo
    a la desestimación del mismo.
    24.   Sin embargo, por medio de una Orden y mandamiento
    enmendado (nunc pro tunc), Barreras inscribió la finca en
    cuestión a su favor, libre del gravamen hipotecario.
    25.   El 20 de febrero de 2020, Capital presentó una
    “Demanda” bajo la Regla 49.2(1) de Procedimiento Civil,
    sobre nulidad de sentencia.
    26.   Poco tiempo después, el 10 de abril de 2020, Capital
    presentó una “Moción de Sentencia Sumaria”. En la misma,
    la Capital solicitó y argumentó lo siguiente:
KLAN202201029                                                                 6

    a.      Se declarara la nulidad de la Sentencia emitida por el
    TPI-San Juan el 18 de diciembre de 2017 (Civil Núm. K
    AC2016-1090 (908).
    b.      Se debió añadir como parte indispensable en el caso
    precitado, y como no se añadió, la sentencia es nula.
    c.      No se puede utilizar lo resuelto en el mencionado caso
    para afectar los derechos propietarios de Capital, y que así
    hacerlo es una violación al debido proceso de ley.
    d.      Que se decrete que ni el Laudo de Arbitraje, ni
    ninguna orden al amparo del mismo, es ilegal y nula en lo
    que concierne a Capital, por no haber este último pactado
    nada con las partes para someter las controversias a la
    American Arbitration Association.
    e.      Decrete la nulidad del asiento presentado por
    Barreras en el Registro de la Propiedad, amparado en el
    dictamen del caso Civil Núm. K AC2016-1090 (908), por
    entender que el mismo priva a Capital de su derecho
    propietario.
    f.      Decrete que Barreras está impedida de litigar cuestión
    alguna sobre los derechos de subrogación de Capital bajo el
    contrato de arrendamiento del año 1960, por ser la misma
    (en aquel momento) objeto de controversia ante el Tribunal
    Federal.
    27.     El 24 de agosto de 2020, Barreras presentó su
    “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud de
    Sentencia Sumaria de Barreras, Inc.”. En su moción, el
    demandado se opone alegando que:
          a. Los         acreedores           hipotecarios           sobre
          arrendamientos          inscritos        nunca     han       sido
          reconocidos como partes indispensables en los
          pleitos de terminación de contrato de arrendamiento
          y desahucio.
          b. Capital no era parte indispensable en el pleito
          cuya nulidad solicita. Además, indica que no hay
          jurisdicción     para      que      Capital      relitigue    su
          intervención,     mediante          la     regla    49.2      de
          Procedimiento Civil.
          c. Capital no tiene derecho a que se dicte sentencia
          sumaria a su favor, ya que el único interés que tuvo
          Capital fue sobre el arrendamiento con derecho a
          edificar en suelo ajeno de Gables. Como ese contrato
          ya no existe, por el incumplimiento de Gables,
          tampoco el interés hipotecario que alega tener el
          Capital.
KLAN202201029                                                             7

    28.     El 15 de septiembre de 2020, Capital presentó su
    “Oposición a Moción de Sentencia de Barreras, Inc.”. En su
    oposición, Capital argumenta que:
          a. Los     acreedores       hipotecarios     son      partes
          indispensables en cualquier causa de acción en
          donde puedan quedar afectadas sus garantías.
          b. No está relitigando su derecho a intervenir, sino
          que busca la nulidad de una sentencia que ordenó
          la eliminación de unas hipotecas, afectando su
          derecho propietario sobre las garantías de estas, y
          violentando el debido proceso de ley.
          c. Que la regla 49.2 de Procedimiento Civil es la vía
          correcta para dejar sin efecto la sentencia recurrida,
          y anular los procedimientos que culminaron en la
          eliminación de los gravámenes hipotecarios a su
          favor.
    29.     El 3 de marzo de 2022, el TPI-San Juan emitió una
    “Sentencia” en la que declaró “No Ha Lugar” la “Moción de
    Sentencia Sumaria” y la “Oposición a Moción de Sentencia
    Sumaria de Barreras, Inc.”, presentada por Capital. A su vez,
    declaró “Ha Lugar” la “Oposición a Moción de Sentencia
    Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria de Barreras, Inc.”.
    El Foro Primario sostuvo su determinación en las siguientes
    conclusiones:
          a. Quien es parte indispensable depende de los
          hechos de cada caso. Explica el TPI-San Juan que
          Capital,   en     efecto,   intentó    intervenir   en    los
          procedimientos de arbitraje, y le fue denegado.
          También, intentó intervenir en la demanda de
          desahucio que Barreras levantó contra Gables. Sin
          embargo, su solicitud fue igualmente rechazada,
          pero no impugnada por Capital. Argumenta el
          Tribunal    que     esta    inacción   provocó      que   las
          denegatorias adviniera final y firme.
          b. Las limitaciones de un proceso de arbitraje se
          circunscriben al mandato que lo faculta. En este
          caso, el Contrato de Arrendamiento entre Barreras y
          Gables facultaba a las partes a dilucidar sus
          controversias mediante arbitraje, pero nada decía
          sobre acreedores hipotecarios.
          c. Los reclamos de parte indispensable, debido
          proceso de ley y nulidad de laudo debieron ser objeto
          de un recurso de revisión, una vez el TPI-San Juan
          confirmó el laudo de arbitraje. Indica el Foro
KLAN202201029                                                          8

          Primario que la Regla 49 de Procedimiento Civil no
          puede servir de subterfugio para revisar lo que
          advino final y firme.
    30.     El 19 de marzo de 2022, Capital presentó una
    “Reconsideración” ante el Foro Primario. En su escrito,
    Capital argumentó, en esencia, lo mismo que planteo en su
    “Moción de Sentencia Sumaria” y en su “Oposición a
    Sentencia Sumaria de Barreras, Inc”:
          a. El proceso del Laudo violento el derecho de la
          Capital a un debido proceso de ley.
          b. Capital   era    parte     indispensable   en   los
          procedimientos de arbitraje y en el TPI-San Juan,
          que se celebraron referente a la propiedad en
          controversia. Alega que por no habérsele permitido
          ser parte, son estos nulos.
          c. No fue hasta que Barreras solicitó la eliminación
          de las hipotecas de Capital, y el TPI-San Juan lo
          autorizó, que entonces quedó facultado Capital para
          solicitar una revisión.
          d. En su solicitud de ejecución de sentencia,
          Barreras buscaba se declarara la inexistencia de las
          garantías hipotecarias a favor de Capital, para luego
          argumentar que no hay remedio para la Capital, bajo
          la Ley del Registro de la Propiedad.
    31.     El 20 de abril de 2022, Barreras presentó su
    “Oposición a Reconsideración”. En su escrito, la Gables alega,
    entre otras cosas, que los fundamentos de la reconsideración
    solicitada por la Capital son una repetición de sus previos
    escritos. Arguye que esto hace insuficiente su solicitud,
    conforme lo exigen las Reglas de Procedimiento Civil. Esta
    insuficiencia, a su vez, tiene el efecto de no interrumpir el
    término para recurrir mediante un recurso apelativo.
    32.     Finalmente, el 14 de noviembre de 2022, el TPI-San
    Juan emitió una “Resolución”, en la que declaró “No Ha
    Lugar” la “Reconsideración” presentada por Capital y “Ha
    Lugar” la “Oposición a Reconsideración” presentada por
    Barreras. En la misma, el Foro Primario otorga razón al
    planteamiento de la Gables, y expone que la reconsideración
    solicitada por la Capital es insuficiente en derecho, por lo que
    esta no procede.
    33.     El 16 de diciembre de 2022, la apelante recurre ante
    esta Curia, apelando la sentencia emitida y notificada
    sumariamente por el Foro Primario el 4 de marzo de 2022.
KLAN202201029                                                       9

      En su recurso, presenta ante nos el siguiente señalamiento
      de error:
          ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE UN ACREEDOR
          HIPOTECARIO NO PUEDE PEDIR, BAJO LA REGLA
          49.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LA NULIDAD DE
          UNA SENTENCIA QUE CONFIRMA UN LAUDO
          ARBITRAL EN EL QUE NO SE LE PERMITIÓ
          INTERVENIR,    BAJO       LA   PREMISA    QUE   SUS
          DERECHOS       HIPOTECARIOS       NO     QUEDARÍAN
          AFECTADOS, CUANDO EL LAUDO Y LA SENTENCIA
          QUE LO CONFIRMA ELIMINAN SU HIPOTECA SIN
          QUE HAYA PODIDO DEFENDERSE.

      Con el beneficio de la oposición de la apelada, procedemos a
disponer de los autos.

                              II.

      A. Apelación

      Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía,

los tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Como

regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para sustituir

las determinaciones de hechos del tribunal de instancia con

nuestras propias apreciaciones. Íd., pág. 771; Serrano Muñoz v.

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). De manera que, si la

actuación del tribunal no está desprovista de base razonable, ni

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el

criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección del

proceso. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013);

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

      Sin embargo, la norma de deferencia esbozada encuentra su

excepción y cede cuando la parte promovente demuestra que hubo

un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o

parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689

(2012). Además, se requiere que nuestra intervención en esta etapa
KLAN202201029                                                              10

evite un perjuicio sustancial. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al.,

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 745 (1986).

       Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción”. García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005), citando a

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). No obstante,

“el   adecuado   ejercicio    de     la   discreción   está   inexorable    e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd. A esos

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado cuáles son

situaciones que constituyen un abuso de discreción, a saber:

       [C]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en
       cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho
       material importante que no podía ser pasado por alto;
       cuando por el contrario el juez, sin justificación y
       fundamento alguno para ello, le concede gran peso y
       valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su
       decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no
       obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos
       materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el
       juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Ramírez
       v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002), citando
       a Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212.

       Así, pues, la discreción no implica que los tribunales puedan

actuar de una forma u otra en abstracción del resto del derecho.

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra.

       B. Jurisdicción

       La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para

considerar   y   decidir     casos    y   controversias.   Fideicomiso de

Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Oficina de

Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y

Comercio de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 26, 211 DPR ___ (2023);

MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, 2023 TSPR 8, 211

DPR ___ (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR

384 (2022). Es por ello que, la falta de jurisdicción de un tribunal
KLAN202201029                                                        11

incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una

controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386

(2020). Por tal razón, es norma reiterada que los tribunales son

celosos guardianes de su jurisdicción y que tienen el deber

ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera

otros. Pueblo v. Torres Medina, 2023 TSPR 50, 211 DPR ___ (2023).

      En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de

proteger nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla

donde no la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022). A

esos efectos, las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada

y deben ser resueltas con preferencia. Íd.; Fideicomiso de

Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Oficina de

Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y

Comercio de Puerto Rico y otros, supra.

      Es por esto que las normas que rigen el perfeccionamiento de

los recursos apelativos deben observarse de manera rigurosa. Soto

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

      Ahora bien, los términos para la presentación o notificación

de recursos apelativos pueden ser jurisdiccionales o de estricto

cumplimiento. Los términos jurisdiccionales son fatales, pues no

pueden    ser   prorrogados   o   extendidos,   no   importando    las

consecuencias procesales. Rosario Domínguez et als. v. E.L.A, 198

DPR 197, 208 (2017). Sin embargo, los términos de estricto

cumplimiento pueden ser prorrogados o extendidos si existe justa

causa para la dilación, y la misma es debidamente demostrada y

acreditada ante el Tribunal. Div. Empleados Públicos UGT v. CEMPR,

supra; Rivera Marcucci et al v. Suiza Dairy, supra, pág. 171; Soto

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92.

      Es decir, los términos jurisdiccionales que no se cumplen en

el término prescrito por ley, y los términos de estricto cumplimiento
KLAN202201029                                                        12

que no se observan sin justa causa, privan de jurisdicción al

Tribunal que los atiende.

      Un recurso presentado prematura o tardíamente priva

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Estos tipos de

recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto jurídico,

pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para

acogerlo. Id. Conforme a lo que antecede, este Tribunal de

Apelaciones puede desestimar, motu proprio, un recurso prematuro

o tardío por carecer de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

      En el caso de los recursos presentados ante el Tribunal de

Apelaciones, que provengan de sentencias civiles, el término para

recurrir es de carácter jurisdiccional. A esos efectos, expone el

reglamento de este Foro lo siguiente:

      Las apelaciones contra las sentencias dictadas en casos
      civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán
      dentro del término jurisdiccional de treinta días
      contados desde el archivo en autos de una copia de la
      notificación de la sentencia.

      (Énfasis nuestro).

      Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA
      Ap. XXII-B. R. 13.

      Por último, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento, supra, nos

permite desestimar un recurso que se presentó sin jurisdicción, a

solicitud de parte o a iniciativa propia. El mismo reza como sigue:

      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los motivos siguientes:
      (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
KLAN202201029                                                           13

      (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
      cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa
      causa para ello;
      (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de
      buena fe;
      (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha
      presentado una controversia sustancial o que ha sido
      interpuesto para demorar los procedimientos, o
      (5) que el recurso se ha convertido en académico.
      (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
      desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
      discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el
      inciso (B) precedente.

      C. Reconsideración

      La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, reza

de la siguiente manera:

      La parte adversamente afectada por una orden o resolución
      del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término
      de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha
      de la notificación de la orden o resolución, presentar una
      moción de reconsideración de la orden o resolución.
      La parte adversamente afectada por una sentencia del
      Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término
      jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo
      en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar
      una moción de reconsideración de la sentencia.
      La   moción    de   reconsideración     debe   exponer     con
      suficiente particularidad y especificidad los hechos y el
      derecho que la parte promovente estima que deben
      reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales
      relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes
      o conclusiones de derecho materiales.
      La moción de reconsideración que no cumpla con las
      especificidades de esta regla será declarada "sin lugar"
      y se entenderá que no ha interrumpido el término para
      recurrir.
      Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán
      interrumpidos los términos para recurrir en alzada para
      todas las partes. Estos términos comenzarán a correr
KLAN202201029                                                    14

      nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos
      copia de la notificación de la resolución resolviendo la
      moción de reconsideración.
      […]

      (Énfasis nuestro)

      El mecanismo procesal de la moción de reconsideración fue

introducido en nuestra jurisdicción en el 1937, mediante el Código

de Enjuiciamiento Civil de 1904. Ley Núm. 67 de 8 mayo de 1937,

la cual enmendó el Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

LPRA antes sec. 1251. El propósito de este mecanismo es permitirles

a los tribunales rectificar cualquier error cometido en sus

determinaciones. Div. Empleados Públicos UGT v. CEMPR, 2023

TSPR 107, 212 DPR ___ (2023); Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y

otros, 192 DPR 989, 995 (2015); Morales y otros v. The Sheraton

Corp., 191 DPR 1, 7 (2014); Interior Developers v. Mun. de San Juan,

177 DPR 693, 701 (2009); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 612

(1997). La moción de reconsideración debe exponer con suficiente

particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la

parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en

cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. Rivera

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 166-167 (2016). 32

LPRA Ap. V, R. 47.

      Según lo dispone la misma regla, es importante señalar que

cuando una moción de reconsideración no cumple con las

especificidades de la disposición estatutaria aludida, los términos

para recurrir no quedan interrumpidos. Marrero Rodríguez v.

Colón Burgos, 201 DPR 330, 341 (2018); 32 LPRA Ap. V, R. 47. Con

relación a esto último, para acudir en revisión ante el Tribunal de

Apelaciones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que

las Reglas de Procedimiento Civil establecen la suspensión
KLAN202201029                                                      15

automática de los mismos con la presentación oportuna y que

cumpla con los requisitos de la Regla 47 de Procedimiento

Civil, supra. Marrero Rodríguez v. Colón Burgos, supra, pág. 338;

Morales y otros v. The Sheraton Corp, supra, págs. 7-9; J.A.

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev.,

2012, pág. 292. Cuando una moción de reconsideración es

presentada conforme a derecho, los términos para apelar a un

tribunal de mayor jerarquía quedan interrumpidos, hasta tanto

el Tribunal de Primera Instancia archive en autos copia de la

notificación   de   la   resolución   resolviendo   la   moción    de

reconsideración. Marrero Rodríguez v. Colón Burgos, supra, pág.

338; Mun. Rincón v. Velázquez Muñíz, supra, pág. 1,000; Morales y

otros v. The Sheraton Corp, supra, pág. 8.; Plan Salud Unión v.

Seaboard Sur Co., 182 DPR 714, 719 (2011); Véase como discusión

ilustrativa de la evolución jurisprudencial sobre este asunto en Caro

v. Cardona, 158 DPR 592, 600-603 (2003).

      Ahora bien, es de gran importancia entender el razonamiento

legislativo detrás del requisito de especificidad. El mismo fue

integrado a la regla en cuestión en el año 2009. Surge del Informe

de las Reglas de Procedimiento Civil, hecho por el Comité Asesor

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, en adelante,

Informe del Comité Asesor, que esta enmienda busca evitar

mociones frívolas que tienen el propósito o efecto de dilatar

innecesariamente las ejecuciones de dictámenes judiciales.

Además, el requisito aludido tiene el efecto de poner en mejor

posición al foro judicial para evaluar si los términos para recurrir

quedan     o   no    interrumpidos      con   las    mociones      de

reconsideración. Informe del Comité Asesor, supra, Secretariado

de la Conferencia Judicial y Notarial, 2008, págs. 523, 551-552.

      Lo cierto es que, de acuerdo con el requisito de particularidad

de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, una moción de
KLAN202201029                                                       16

reconsideración no puede ser utilizada como subterfugio para

argumentar hechos que debieron o pudieron ser presentados,

especialmente si no hay justa causa para no haberlo hecho

anteriormente, o para dilatar los procedimientos. Insular Highway

v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 809 (2008); Rivera Marcucci et al. v. Suiza

Dairy, supra, págs. 166-167; Reyes Díaz v. E.L.A. et al, 155 DPR

799, 806 (2001); Vega v. Emp. Tito Castro, Inc., 152 DPR 79, 87-88

(2000); Lagares v. E.L.A., supra, pág. 612; Olmeda Nazario v. Sueiro

Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). J. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil: Suplemento Acumulativo 2001-2005, Tomo

IV, pág. 258 (Editorial JTS, 2005). José Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, Tomo IV, pág. 1374 (Editorial JTS, 2011).

       Si la especificidad es un requisito para la eficacia de una

reconsideración, y resulta, además, insuficiente para la misma traer

argumentos que no fueron levantados oportunamente, es forzoso

concluir que utilizar, o incluso copiar, los argumentos ya utilizados,

es también improcedente. Coincidimos con las expresiones del TSPR

en Morales v. The Sharon Corp. del 2014,3 en donde no solo indicó

que no era suficiente repetir los argumentos de mociones o escritos

pasados, sino que hacerlo de manera ad verbatim – o copiando

y pegando – agravaba la falta. Añadió que quien así procede “no

pone al juzgador en posición de evaluar qué parte, si alguna,

debe    ser    reconsiderada       o   enmendada        para    añadir

determinaciones de hechos o conclusiones de derecho adicionales”.

Morales v. The Sharon Corp., supra, pág. 26. (Énfasis nuestro).

       En conclusión, compartimos el extracto de un artículo de la

Revista Jurídica de Puerto Rico en el año 2015, que analizó el efecto

interruptor de una moción de reconsdieración para recurrir en

apelación:

3 Opinión disidente por la Honorable Juez Pabón Charneco, en Morales v.

The Sharon Corp., supra, pág. 25-26.
KLAN202201029                                                                      17

      [B]ajo el criterio de especificidad no debe haber lugar para
      compilaciones ad verbatim de argumentos que ya fueron
      esbozados y denegados anteriormente. Al contrario, cuando
      se hace referencia a especificidad, se espera que la parte que
      solicita la reconsideración de un dictamen, valga la
      redundancia, especifique o particularice qué parte del
      dictamen    requiere     ser   reconsiderada.     Para      ello,    el
      peticionario   puede     hacer    referencia     directa     a      las
      determinaciones de hecho y/o conclusiones de derecho cuya
      reconsideración se solicita. Como muy bien señaló la jueza
      asociada Pabón Charneco, cada solicitud de reconsideración
      debe estar fundamentada en cuestiones sustanciales de
      hecho o de derecho. Es decir, no basta con solicitar la
      reconsideración, sino que el peticionario debe arrojar luz al
      tribunal de por qué, basado en determinaciones de hechos o
      en el derecho aplicable, procede un dictamen distinto al
      emitido.4

                                        III.

      La parte apelante comparece ante esta Curia solicitando que

decretemos nula una “Sentencia” emitida el 3 de marzo de 2022. En

respuesta, Capital le solicitó al Foro Primario que reconsiderara su

dictamen el 19 de marzo de 2022. El 14 de noviembre de 2022, el

TPI-San Juan resolvió “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración

ante sí.

      Las Reglas de Procedimiento Civil, supra, disponen que el

término para apelar una sentencia queda interrumpido por la

presentación de una moción de reconsideración. El término

interrumpido es de treinta (30) días, y de carácter jurisdiccional. El

mismo comienza a decursar nuevamente una vez el Tribunal de

Primera Instancia archive en autos copia de la notificación de la

resolución resolviendo la moción de reconsideración.

      Sin    embargo,     el    termino        para    recurrir      no         queda

irremediablemente       interrumpido       una        vez   la     moción          de

4 Carlos Ríos Pierluisi, La Moción de Reconsideración y el Criterio Rector

para Intrerrumpir el Término para Acudir en Apelación, 85 Rev. Jur.
UPR. 291, 2016.
KLAN202201029                                                        18

reconsideración es presentada. La Regla 47 de Procedimiento Civil,

supra, tiene ciertos requisitos para que la misma sea suficiente. De

serlo, entonces queda interrumpido el término. De lo contrario, el

término para recurrir no se interrumpe con la solicitud de

reconsideración. Es decir, se cuenta desde que el dictamen recurrido

es notificado, no desde la resolución que atienda la reconsideración.

      En el caso de marras, el apelante presentó una solicitud para

que se dictara sentencia sumariamente. Así también lo hizo el

apelado. En su solicitud de sentencia sumaria, su oposición a la

solicitud de sentencia sumaria de Barreras y en su moción de

reconsideración, Capital trae los mismos argumentos, incumpliendo

así con los requisitos de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra,

sobre particularidad. No solo trae los mismos argumentos, sino que

los que plantea debieron ser levantados previamente, cuando el TPI-

San Juan sostuvo el Laudo de Arbitraje. Por último, y en adición a

estos dos incumplimientos, Capital incurre en el descuidado,

insuficiente e improcedente acto de copiar y pegar, ad verbatim,

argumentos y planteamientos en la moción de reconsideración al

Foro Primario, que ya había presentado en escritos anteriores.

Veamos.

      Para ilustrar la insuficiencia de la solicitud de reconsideración

de Capital, y que a su vez impidió la interrupción del término para

recurrir, hacemos los siguientes señalamientos.

      Tanto la introducción de la “Moción de Sentencia Sumaria” y

la “Reconsideración” de la apelante comienzan de la exacta siguiente

manera:

      La génesis de la controversia ante la atención de este
      Honorable Tribunal, emana de un contrato de arrendamiento
      de suelo pactado en el año 1960 (en adelante, el Contrato de
      Arrendamiento de 1960). Para el periodo de tiempo relevante
      a esta acción, las coGabless Barreras, Inc. (Barreras) y
KLAN202201029                                                          19

      Gables Towers, Inc. (Gables) eran respectivamente, el
      arrendador y el arrendatario bajo tal contrato.5

      Con relación a la Regla 21 de Procedimiento Civil, supra, y la

jurisprudencia interpretativa, Capital reproduce ad verbatim dos

párrafos, tanto en el acápite III(B) de su “Oposición a Sentencia

Sumaria de Barreras Inc.” y la parte II de su “Reconsideración”.6

      En la parte VI sobre derecho aplicable de la “Moción de

Sentencia Sumaria” de Capital, la parte III de la “Reconsideración”,

intitulada “Exposición y Argumentación”, la parte III de la “Oposición

a Moción de Sentencia Sumaria de Barreras, Inc.” llamada

“Exposición y Argumentación con respecto a la Sentencia Sumaria

de Barreras”, la apelante hace la misma exposición del derecho y

expone     la      misma    argumentación.7        Sus   planteamientos,

fundamentados en la misma interpretación del derecho, recogen las

controversias      del   Laudo   de   Arbitraje,   Capital   como   parte

indispensable en los procesos entre Gables y Barreras, la nulidad de

la sentencia y orden del Tribunal de Primera Instancia que facultó a

Barreras para solicitar la eliminación de las hipotecas a favor de

Capital, violaciones al debido proceso de ley, el mecanismo de

nulidad de sentencia, entre otros.

      Algunas porciones de los argumentos fueron escritos,

desarrollados y argumentados en el mismo orden y con identidad de

palabras. Por lo extenso de ambas discusiones, no reproduciremos

estos ejemplos de manera específica.

      Tan es así, que en su “Resolución” resolviendo la solicitud de

reconsideración, el TPI-San Juan se fundamenta exclusivamente en

la insuficiencia de la moción para denegar.8 En lo pertinente, reza el

referido dictamen de la siguiente manera:

5 Apéndice del recurso, págs. 468 y 1427.
6 Id. pág. 1138-1139 y 1428.
7 Apéndice del recurso, págs. 486-502; 1136-1143 y 1429-1443.
8 Id. pág. 1551.
KLAN202201029                                                         20

      Los planteamientos presentados por WM Capital son
      idénticos a los argumentos         que utilizó en la Moción
      de Sentencia Sumaria y en la Oposición a Moción de
      Sentencia Sumaria de Barreras Inc., presentadas el 10 de
      abril de 2020 y 15 de septiembre de 2020 respectivamente.
      Como se reseño en el tracto procesal, se trata de la misma
      teoría que WM Capital anteriormente centró su anterior
      solicitud de sentencia sumaria.
      Así pues, los argumentos que WM Capital presentó en su
      Reconsideración ya fueron considerados y discutidos.
      Por tanto, resulta obligado concluir que WM Capital no
      presentó     argumentos        jurídicos     novedosos    que
      persuadan a este foro a reconsiderar el análisis,
      conclusión y dictamen que se dictó.9

      (Énfasis nuestro).

      El término para recurrir en apelación de la “Sentencia”

emitida por el TPI-San Juan el 3 de marzo de 2020, comenzó a

cursar el 4 de marzo de 2020, cuando fue notificada. Sin embargo,

dentro del término de quince (15) días para solicitar reconsideración

e interrumpir el termino de apelar, la apelante presentó una moción

a tales efectos el 19 de marzo de 2020 al Foro Primario.

      Por haber sido insuficiente la moción de reconsideración

presentada por Capital, el término para recurrir no quedó

interrumpido por su presentación. Es decir, el término para recurrir

en apelación ante el Tribunal de Apelaciones comenzó a correr el 4

de   marzo    de   2020,    venciéndose       el   mencionado    término

jurisdiccional el 3 de abril de 2020.

      La apelante presentó su recurso de “Apelación” el 16 de

diciembre de 2022, vencido hacía más de dos años el término

jurisdiccional de treinta (30) días para hacerlo.

                                        IV.

      Por los fundamentos que anteceden, desestimamos por falta

de jurisdicción el recurso de epígrafe, por tardío.

9 Apéndice del recurso, pág. 1554.
KLAN202201029                                                    21

     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones