Court Opinion

ID: 9962645
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:38:10.820585+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:07.628203
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

MANUEL R. PRATS                                      APELACIÓN
VEGA                                                 procedente del
                                                     Tribunal de Primera
Apelado                                              Instancia, Sala
                                                     Superior de
        v.                    KLAN202300989          Bayamón

BRANDA CRUZ DÍAZ                                     Civil Núm.:
                                                     BY2021CV01717
Apelante
                                                     Sobre: Sentencia
                                                     Declaratoria

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza
Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos la señora Branda Cruz Díaz (señora Cruz

Díaz o apelante) por derecho propio, y solicita la revisión de la Sentencia

emitida el 29 de agosto de 2023, notificada el 30 de agosto de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón.

Mediante la misma, el TPI declaró Ha Lugar la Moción Solicitando

Sentencia Sumaria presentada por el señor Manuel R. Prats Vega (señor

Prats Vega o apelado) y determinó las cuantías que adeudaba éste a la

señora Cruz Díaz conforme a una estipulación (la Estipulación)

presentada en el Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de

Puerto Rico en el caso Núm. 09-08785 (Tribunal de Quiebras).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                    II.

      Según surge del expediente, el señor Prats Vega y la señora Cruz

Díaz producto de una relación consensual, procrearon dos hijos. Luego

de terminada la relación, el 19 de octubre de 2007, la señora Cruz Díaz

presentó una demanda para solicitar el pago de alimentos a favor de

Número Identificador
SEN2024 __________________
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los menores, y una demanda sobre la liquidación de comunidad de

bienes.

      El 16 de octubre de 2009, el señor Prats Vega radicó una petición

de reorganización financiera conforme al Capítulo 11 del Código de

Quiebras, 11 USC sec. 101, en el Tribunal Federal de Quiebras, caso

Núm. 09-08785. Luego de varios trámites, el 14 de enero de 2011,

ambos presentaron una Estipulación en el Tribunal Federal. En la

Estipulación, se resolvían asuntos y controversias que se encontraban

pendientes entre las partes, incluyendo las relativas a pensión

alimentaria de sus hijos y a la división de la comunidad de bienes. La

Estipulación formaba parte del Plan de Reorganización del señor Prats

Vega, el cual fue confirmado por el Tribunal de Quiebras el 6 de abril

de 2011. Dicho documento establece, entre otras cosas, que:

          […]

          2. Mr. Prats will transfer 50% of the net proceeds of
          the Keogh plan to Ms. Cruz upon approval of this
          Stipulation. The balance of the Keogh plan must be
          confirmed by the bank ("trustee") prior to the payment
          to Ms. Cruz.

          […]

          7. In the event Mr. Prats receives any
          reimbursement or proceeds arising from the
          cancellation of the option or purchase of contracts
          for any realty in Panamá, 50% thereof will be
          delivered to Ms. Cruz. If Mr. Prats buys, sells or by
          any means transfers said option for the real estate
          property located in Panamá, Mr. Prats will pay 50%
          of its proceeds to Ms. Cruz. Mr. Prats shall provide
          Ms. Cruz with any and all evidence of the transfer if
          any said option, as well as evidence of its actual status,
          which shall be provided no later than 30 days from the
          approval of this stipulation.

          8. Mr. Prats has agreed to pay $500,000.00 to settle
          Ms. Cruz's claim for her 50% participation in MP
          Radiology. Mr. Prats agrees to purchase a
          residential property in the name of Ms. Cruz with a
          purchase price of no less than $500,000.00, as set
          off for said participation. Ms. Cruz will select the
          property of her liking within the $500,000.00 price
          range and said purchase shall be fulfilled within one
          (1) year from the effective date of the Plan of
          Reorganization. Meanwhile, should Ms. Cruz leave
          the residential property located at Urb. Palmas Reales,
          Calle Viajera #82, Mr. Prats will pay Ms. Cruz a
          monthly stipend of $3,000.00, to be used by her for
          rent payment, until the purchase agreement of the
          $500,000.00 residence is executed. Mr. Prats shall
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          be fully responsible for the payment of the $500,000.00
          for the property and will guaranty said amount
          personally, or with any property of Mr. Prats, until
          setoff of any mortgage or loan to that effect. Failure to
          purchase this property or to fully satisfy any balance
          owed to the loan or banking institution will result in a
          breach of this agreement and generate a claim in favor
          of Ms. Cruz for the $500,000.00 amount.

          (Énfasis nuestro).

       Luego de varios trámites procesales, el 12 de octubre de 2011, el

Tribunal de Quiebras emitió un Decreto Final en el que cerró el caso

Núm. 09-08785 y declaró final y firme la Estipulación.

       Años después, el señor Prats Vega, al enfrentar dificultades

económicas, presentó una nueva petición de reorganización financiera

ante el Tribunal de Quiebras, bajo el caso Núm. 18-00295 BKT. En este

caso, la señora Cruz Díaz presentó la reclamación #7 en la cual solicitó

el pago de $995,600.00 de los cuales $845,600.00 consistían en una

alegada deuda de pensión alimentaria y otras partidas relacionadas a

la división de la comunidad de bienes contenidas en la Estipulación. El

20 de febrero de 2019, el señor Prats Vega se opuso a la reclamación

#7. Mediante su comparecencia, solicitó que el asunto relacionado a la

reclamación de la señora Cruz Díaz se dilucidara posterior a la

resolución del Tribunal Estatal.

       De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Quiebras emitió

una Orden en la cual confirmó el Plan de Reorganización del señor Prats

Vega. Sin embargo, dejó pendiente la adjudicación de la reclamación

#7 presentada por la señora Cruz Díaz, sujeto a lo que dispusiera el

Tribunal Estatal sobre las cuantías reclamadas.1

       Posteriormente, el 4 de mayo de 2021, el señor Prats Vega

presentó una Demanda, en la cual solicitó al TPI dictara una sentencia

declaratoria adjudicando la cuantía de ciertas sumas adeudadas a la

1 En el Tribunal Estatal había tres casos activos: (1) D AC2007-4426 sobre
Liquidación de Comunidad de Bienes, el cual fue paralizado al presentarse la
petición de reorganización financiera por el señor Prats Vega, (2) D AL2008-2182
sobre alimentos, el cual fue consolidado con el caso D CU2016-0118 sobre
custodia en la Sala de Familia y Menores del Tribunal Superior de Bayamón.
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señora Cruz Díaz en virtud de la Estipulación suscrita entre estos el 14

de enero de 2011 ante el Tribunal de Quiebras.2

       En respuesta, el 22 de noviembre de 2021, la señora Cruz Díaz

presentó su Contestación a Demanda Enmendada, en la cual solicitó al

foro primario que dictara sentencia a su favor y declarara no ha lugar

la Demanda presentada por el señor Prats Vega. Además, alegó que el

foro primario carecía de jurisdicción para atender la solicitud de

sentencia declaratoria, al haber un caso ventilándose en la Sala de

Menores y Relaciones de Familia de la Región Judicial de Bayamón, en

el cual se dirimían las reclamaciones monetarias entre las partes.

       El 31 de mayo de 2022, notificada el 1 de junio de 2022, el TPI

emitió una Orden a los efectos de aclarar que tenía jurisdicción y

competencia para dilucidar las controversias relativas a las cuantías

que el señor Prats Vega adeudaba a la señora Cruz Díaz, las cuales

fueron reclamadas en la Demanda Enmendada.

       Luego de varios trámites procesales, el 17 de abril de 2023, el

señor Prats Vega presentó una Moción de Sentencia Sumaria.3 Mediante

su comparecencia, alegó que la Estipulación suscrita entre las partes

el 14 de enero de 2011 ante el Tribunal de Quiebras fue firmada

personalmente por ambas partes, luego fue presentada el, ante dicho

foro mediante una moción conjunta, la cual aprobada el 11 de febrero

de 2011; que la Estipulación resolvía todas las controversias

2 La demanda fue enmendada el 23 de junio de 2021.
3 Anejó a la Solicitud de Sentencia Sumaria los siguientes Exhibits: (1) Sentencia

en el caso civil número DAC2007-4426 sobre liquidación de comunidad de bienes;
(2) “Notice of Bankrupcy Case #09-08785-11”; (3) “Joint Motion Submitting
Stipulation” con sus anejos; (4) “Order Approving Settlement/Stipulation” según
emitifa por el Tribunal de Quiebras; (5) “Amended Plan of Reorganization Chapter
11”; (6) “Order Confirming Amended Chapter 11 Plan”; (7) “Final Decree” emitido
por el Tribunal de Quiebra; (8) “Notice of Bankrupcy Case #18-00295-11”; (9)
“Claims Register”; (10) “Proof of Claim #7-4”; (11) “Objection to Third Amended
Claim 7-3 Filed by Branda Cruz Díaz”; (12) “Order” según emitida el 24 de abril
de 2019 por el Tribunal de Quiebra; (13) Escritura Núm. 35 de Segregación y
Compraventa; (14) Declaración Jurada firmada por Manuel R. Prats Vega junto
con el historial de pagos, estados bancarios y cheques cobrados; (15) Declaración
Jurada firmada por Manuel R. Prats Vega, junto con estado de cuenta de Kovack
Securities correspondiente a la cuenta 7R3-148255; (16) Declaración Jurada
firmada por Manuel R. Prats Vega junto con correo electrónico del 19 de diciembre
de 2018 por Ángel Ocasio Figueroa; (17) Informe de Subsidiario emitido por la
Secretaría del Tribunal de Justicia Sala de Bayamón en el caso BY2021CV01717;
(18) “Amended Plan of Reorganization 11/02/2018”; (19) “Order Confirming Plan”
según emitida por el Tribunal de Quiebras”; (20) Estudio de Título de la Finca
48818, Folio 67, Tomo 1477 de Guaynabo”.
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pendientes entre las partes, incluyendo las que relativas a la pensión

alimentaria y la división de comunidad de bienes; que al momento de

la estipulación, el señor Prats Vega y la señora Cruz Díaz eran partes

en dos casos que se ventilaban en el foro estatal sobre comunidad de

bienes y alimentos, respectivamente, los cuales se consolidaron; que la

estipulación formó parte del Plan de Reorganización del señor Prats

Vega, el cual fue confirmado por el Tribunal de Quiebras el 6 de abril

de 2011; que el 12 de octubre de 2011, el Tribunal de Quiebras emitió

un Decreto Final; que ninguna de las órdenes dictadas por el Tribunal

de Quiebras fue apelada; que el señor Prats Vega radicó otra petición

de reorganización financiera ante el Tribunal de Quiebras; que el

segundo caso de quiebras, la señora Cruz Díaz presentó la reclamación

#7, en la cual reclamó el pago de $995,600.00; que en la referida

reclamación #7, la señora Cruz Díaz incluyó ciertas cantidades en

concepto de pensión alimentaria, así como otras relacionadas al

acuerdo de la división de la comunidad de bienes contenidas en la

estipulación acordada por ambos; que el 20 de febrero de 2019, el señor

Prats Vega objetó la reclamación del pago; y que el 24 de abril de 2019,

el Tribunal de Quiebras emitió una Orden en la cual confirmó el Plan

de Reorganización del señor Prats Vega, no obstante, dejó pendiente la

adjudicación final de la objeción a la reclamación #7, sujeto a la

adjudicación final del Tribunal Estatal sobre las cuantías reclamadas.

      Además, el señor Prats Vega señaló que radicó el caso de epígrafe

y solicitó del TPI que, luego de examinar los documentos estipulados

entre las partes, las sumas consignadas en el tribunal y la prueba

admisible presentada por ambas partes en sus respectivas mociones,

dictara sentencia declarando que, conforme a la estipulación en el caso

de Quiebras, este le adeuda a la señora Cruz Díaz las siguientes

partidas:

      a. $86,021.86 – balance adecuado en concepto de los
      $500,000.00 pagaderos en consideración a la renuncia de
      la señora Cruz Díaz a su participación en la corporación
      MP Radiology.
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       b. $12,185.16 – monto acumulado en el Plan Keogh,
       MRPV Retirement Plan el cual acumulaba una cantidad
       de $250,370.33, de los cuales el 50% le pertenece,
       pagándole así el 10% de dicha cantidad.

       Así las cosas, el 11 de mayo de 2023, la señora Cruz Díaz

presentó su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria (Doc. #129).4 En

su comparecencia, arguyó que la Estipulación hacía referencia única y

exclusivamente al Caso Núm. DAL2007-2182 del TPI, sobre alimentos,

el cual fue consolidado con el caso de custodia DCU2016-0118.

Finalmente, expuso que lo único que la Estipulación contemplaba era

que las partes concluyeran los asuntos que estaban pendientes a la

fecha de la radicación de la Estipulación, pero no a comenzar un nuevo

pleito en el foro estatal.

       A raíz de lo anterior, el 29 de agosto de 2023, el TPI emitió una

Sentencia en la cual declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Sentencia

Sumaria presentada por el señor Prats Vega. Además, determinó que la

cantidad de $124,904.00 consignada el 24 de junio de 2021, era la

cantidad a la cual tenía derecho la señora Cruz Díaz en concepto del

50% del balance neto del plan Keogh; que no había derecho a pago en

concepto de la propiedad inmueble en Panamá, pues el desarrollador

no realizó ninguna devolución5; y que el señor Prats Vega le adeudaba

$86,021.86 a la señora Cruz Díaz en concepto de la compra de la

vivienda, por la cesión de ésta de su participación en la compañía MP

Radiology.

       En su dictamen, el TPI formuló las siguientes determinaciones

de hechos de las cuales no existe controversia, que, por la pertinencia

de las mismas, se transcriben a continuación:

           […]

4 No surge en el expediente que la apelante haya incluido anejos como parte de

su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.
5 Es importante destacar que el Tribunal de Primera Instancia confirió credibilidad

a un correo electrónico presentado por el señor Prats Vega, en el cual un
intermediario, el corredor de bienes raíces, fue quien certificó que el depósito
inicial del contrato de compraventa del apartamento en Yacht Club Tower en
Panamá no sería devuelto por el incumplimiento de los términos del contrato.
Véase, apéndice del Alegato de la Parte Apelada en Oposición a Recurso de
Apelación, pág. 127.
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    5. El 16 de octubre de 2009, Manuel R. Vega Prats, radicó
       una petición de reorganización financiera, bajo el caso
       número 09-08785 BKT11, conforme al Capítulo 11 del
       Código de Quiebra, 11 USC §101, et. seq., ante el
       Tribunal de Quiebra para el Distrito Federal de Puerto
       Rico.
    6. El 14 de enero de 2011 las partes, Manuel R. Prats
       Vega y Branda Cruz Díaz, a través de sus respectivas
       representaciones legales, presentaron ante el Tribunal
       de Quiebra un “Joint Motion Submitting Stipulation, a la
       entrada número 215 del récord electrónico del Tribunal
       de Quiebra en el caso núm. 09-08785 BKT. Las partes
       acompañaron el “Joint Motion Submitting Stipulation”
       con un “Stipulation” firmado por las partes, el 14 de
       enero de 2011, y una Sentencia, emitida el 29 de
       octubre de 2010, en el caso de alimentos número
       DAL2007-2182 (la Estipulación). Al párrafo 5 del “Joint
       Motion Submitting Sitpulation” las partes informan al
       Tribunal de Quiebra lo siguiente:

          5. The parties have informed their attorneys
          that on November 9, 2010, they reached an
          agreement in the state case of Branda Cruz
          Díaz vs. Manuel Prats Vega, Case No.: DAL
          2007-2182, which along with a Stipulation
          executed by the parties on January 14, 2011,
          settle all pending controversies between the
          parties. The parties hereby incorporate said
          agreements as an integral part of this joint
          motion and enclose as exhibits copy of the
          judgment and minutes of the case, as well as
          the Stipulation and corresponding exhibits.

          6. This agreement resolver any and all
          controversies   regarding   the   following
          matters:
                a. Child support payments
                b. Housing expenses
                c. Community property
                d.     Objection    to    Disclosure
          Statement
                e. Objection to Ms. Cruz’ proof of
          claim.

           (Énfasis nuestro).

    7. El 11 de febrero de 2011, el Tribunal de Quiebra emitió
       orden, aprobando la Estipulación entre las partes,
       según radicada el 14 de enero de 2011, a la entrada
       2215 del récord electrónico del Tribunal de Quiebras.
    8. Con fecha de 14 de enero de 2011, Prats Vega, con
       deudor de Capítulo 11, presentó el plan de
       reorganización financiera (Amended Chapter 11 Plan)
       en el caso 09-08785 BKT, para su aprobación, ante el
       Tribunal de Quiebras.
    9. El “Amended Chapter 11 Plan” a sus páginas 7, 9 y 10,
       clasificó como “Class 5”, la reclamación de la aquí
       demandada, Branda Cruz Díaz, e incorporó como parte
       del plan de reorganización financiera, la Estipulación
       presentada por las partes, el 14 de enero de 2011, y
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       aprobada por el Tribunal de Quiebra, el 11 de febrero
       de 2011. El “Amended Chapter 11 Plan” provee para el
       pago de la reclamación de Branda Cruz Díaz (Class 5),
       de la siguiente manera:

       CLASS 5 OTHER INTEREST HOLDERS

       This class includes any and all community interest of
       Ms. Branda Díaz Cruz as co-owner of some of debtor’s
       assets as a consequence of their consensual
       relationship, less any and all community debt. The
       parties have reached an agreement in the state court
       case styled Branda Cruz Díaz vs. Manuel Prats Vega,
       case no. DAL2007-2182 and on November 29, 2010
       judgement was entered accordingly. Thereafter, on
       January 14, 2011, the parties filed a Joint Motion
       Submitting Stipulation which incorporates the state
       court judgment and other agreements reached after
       November 29, 2010. The same is herein incorporated
       as Exhibit 1.

    10.El “Amended Chapter 11 Plan” fue aprobado por el
       Tribunal de quiebra mediante orden de confirmación
       (Order Confirming Plan) emitida el 6 de abril de 2011
       por el juez Brian K. Tester.
    11.El 12 de octubre de 2011 el Tribunal de Quiebra emitió
       “Final Decree and Certificate of Consumation” en el caso
       número 09-08785 BKT, mediante el cual decretó que
       el deudor, Prats Vega, había sustancialmente cumplido
       con el plan de reorganización financiera, y ordenó el
       cierre del caudal de quiebra.
    12.En la Estipulación, según aprobada por el Tribunal de
       Quiebra, las partes resolvieron todas las controversias
       existentes incluyendo las relativas a la liquidación de
       la comunidad de bienes de la siguiente manera:

                           STIPULATION
       COME NOW, Manuel Prats Vega (Mr. Prats) and Ms.
       Branda Cruz (Ms. Cruz), who in their individual and
       personal capacity, willingly and voluntarily agree to the
       following terms and conditions in order to settle all
       pending controversies before the Bankruptcy Court,
       Case No. 09-08785.

       1. …

       2. Mr. Prats will transfer 50% of the net proceeds
       of the Keogh plan to Ms. Cruz upon approval of this
       Stipulation. The balance of the Keogh plan must be
       confirmed by the bank ("trustee") prior to the payment to
       Ms. Cruz. (Énfasis suplido.)

       3. …

       4. …

       ……..

       7. In the event Mr. Prats receives any reimbursement
       or proceeds arising from the cancellation of the
       option or purchase of contracts for any realty in
       Panamá, 50% thereof will be delivered to Ms. Cruz.
       If Mr. Prats buys, sells or by any means transfers said
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       option for the real estate property located in Panamá,
       Mr. Prats will pay 50% of its proceeds to Ms. Cruz. Mr.
       Prats shall provide Ms. Cruz with any and all evidence
       of the transfer if any said option, as well as evidence of
       its actual status, which shall be provided no later than
       30 days from the approval of this stipulation. (Énfasis
       suplido).

       8. Mr. Prats has agreed to pay $500,000.00 to settle Ms.
       Cruz's claim for her 50% participation in MP Radiology.
       Mr. Prats agrees to purchase a residential
       property in the name of Ms. Cruz with a purchase
       price of no less than $500,000.00, as set off for
       said participation. Ms. Cruz will select the property of
       her liking within the $500,000.00 price range, and said
       purchase shall be fulfilled within one (1) year from the
       effective date of the Plan of Reorganization. Meanwhile,
       should Ms. Cruz leave the residential property located
       at Urb. Palmas Reales, Calle Viajera #82, Mr. Prats
       will pay Ms. Cruz a monthly stipend of $3,000.00,
       to be used by her for rent payment, until the
       purchase agreement of the $500,000.00 residence
       is executed. Mr. Prats shall be fully responsible for the
       payment of the $500,000.00 for the property and will
       guaranty said amount personally, or with any property
       of Mr. Prats, until setoff of any mortgage or loan to that
       effect. Failure to purchase this property or to fully satisfy
       any balance owed to the loan or banking institution will
       result in a breach of this agreement and generate a
       claim in favor of Ms. Cruz for the $500,000.00 amount.
       (Énfasis suplido).

       9. …

       10. The parties hereby incorporate by reference to this
       Stipulation the terms and agreements of the settlement
       and judgment issued in the state case of Branda Cruz
       Díaz vs. Manuel Prats Vega, case no.: D AL 2007-2182,
       which, along with this Stipulation, settle all
       pending controversies between the parties.

       11. Mr. Prats will incorporate the terms of this
       Stipulation to the proposed Plan of Reorganization.

       12. Failure to fully comply with the terms of this
       Stipulation will result in a breach of contract and will
       generate a claim in favor of Ms. Cruz for strict
       compliance and fulfillment of the same.

       13. …

       ……..

       18. This Stipulation, along with the Judgment entered
       by the state court which is herein incorporated,
       constitute the entire agreement between both parties
       concerning this transaction, and replace all previous
       communications, representations, understandings, and
       agreements, whether verbal or written between the
       parties to this Stipulation or their representatives. No
       representations or statements of any kind made by
       either party that are not expressly stated in this
       Stipulation and the state court Judgment, shall be
       binding on such parties.
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       In witness whereof, each party to this Stipulation has
       caused it to be executed as of this date, January 14,
       2011.

       s/ Manuel Prats Vega                   s/ Branda Cruz
       Manuel Prats Vega                       Branda Cruz

       (Énfasis nuestro).

    13.La Estipulación, también incorpora y es consistente
       con los acuerdos de las partes, recogidos en la
       Sentencia, dictada el 29 de noviembre de 2010, por el
       Tribunal Estatal, en el caso núm. D AL2007-2182, la
       cual en lo relativo a la división de comunidad de bienes
       indica:

                           SENTENCIA
          En la vista celebrada el 16 de noviembre de
          2010, ante la Examinadora del Tribunal,
          Lcda. Lissette Domenech Sánchez, las partes
          informaron, bajo juramento, haber llegado a
          los siguientes acuerdos en cuanto a la
          pensión alimentaria y otros asuntos:
          a. …

          b. …

          ..……

          f. El señor Prats aportará la suma de
          $3,000.00 mensuales para el gasto de
          vivienda; siempre y cuando la señora Cruz se
          vea obligada a abandonar la propiedad, por
          el proceso de ejecución de la vivienda actual.
          El señor Prats comprará una propiedad a
          nombre de la señora Cruz, hasta un máximo
          de $500,000.00 para beneficio de los
          menores y de ella. Una vez esto ocurra,
          quedaría anulado el pago de $3,000.00
          mensuales por concepto de vivienda.

          g. …

          h. La señora Cruz solicitará que se deje sin
          efecto su objeción al proceso de Quiebra
          presentado por el señor Prats, para poder
          cumplir con el presente acuerdo. Además, la
          señora Cruz renunció a su participación en
          cualquier corporación a la cual tenga algún
          derecho. Esta renuncia se hará considerando
          que el señor Prats comprará la vivienda de
          hasta $500,000.00, la señora Cruz recibirá el
          50 % del plan KEOGH y recibirá lo adeudado
          en pensión alimentaria a través del proceso
          de Quiebra. Además, el señor Prats solicitará
          una enmienda a la Forma 480-B del año
          2007.

    14.El 24 de enero de 2018, Manuel R. Prats Vega, radicó
       una segunda petición de reorganización financiera,
       bajo el caso número 18-00295 BKT11, conforme al
       Capítulo 11 del Código de Quiebra, 11 USC §101, et.
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       seq., ante el Tribunal de Quiebra para el Distrito
       Federal de Puerto Rico.
    15.El 4 de junio de 2018, la demandada, Branda Cruz
       Díaz, presentó su reclamación de pago número 7 (proof
       of claim #7). El 1 de febrero de 2019, Cruz Díaz
       enmendó su reclamación de pago por tercer ocasión, y
       radicó el “amended proof of claim #7-4” por la suma
       total de $995,600.00.
    16.Junto con su “amended proof of claim #7-4” radicado el
       1 de febrero de 2019, Cruz Díaz presentó un “Itemized
       Statement”, en el cual desglosó las partidas
       reclamadas, ante el Tribunal de Quiebra, en el caso de
       quiebra núm. 18-00295.
    17.El “Itemized Statement” presentado por Cruz Díaz el 1
       de febrero de 2019, junto a su “amended proof of claim
       #7-4”, incluye partidas pagaderas por el deudor, Prats
       Vega, conforme a la Estipulación en el caso núm. 09-
       08785 BKT, por concepto de liquidación de comunidad
       de bienes. La reclamación 7-4 también incluye ciertas
       cantidades por concepto de pago de pensión
       alimentaria.
    18.Entre las partidas reclamadas por Cruz Díaz, en su
       “amended proof of claim #7-4” (Exhibit J), se encuentran
       las siguientes:
          a. $150,000.00 por el 50% de las ganancias
              netas del plan Keogh, conforme a la
              estipulación entre las partes aprobada por
              el Tribunal de Quiebra en el caso 09-
              08785;
          b. $150,000.00 por el 50% del reembolso del
              contrato de opción de propiedad en
              Panamá, conforme a la estipulación entre
              las partes aprobada por el Tribunal de
              Quiebra en el caso 09-08785;
          c. $500,000.00 por no haber comprado una
              propiedad valorada en esa suma, en pago
              de la participación de Branda Cruz Díaz
              en MP Radiology, conforme a la
              estipulación entre las partes aprobada por
              el Tribunal de Quiebra en el caso 09-
              08785;
          d. $33,000.00 por presuntamente haber
              incumplido con el pago de $3,000.00 del
              estipendio    mensual     para    vivienda,
              pagadero hasta la compra de la propiedad
              por    la    suma      de     $500,000.00,
              correspondiente a los meses de agosto
              2015 hasta junio de 2016, conforme a la
              estipulación entre las partes aprobada por
              el Tribunal de Quiebra en el caso 09-
              08785;
          e. $41,800.00 por haber incumplido el pago
              de $10,000.00 anuales para viajes de los
              menores y la señora Cruz (partida
              correspondiente a pensión alimentaria);
          f. $113,300.00 por haber incumplido el
              pago     de    pensión    alimentaria     de
              $16,000.00        mensuales         (partida
              correspondiente a pensión alimentaria); y
          g. $7,500.00 por incumplir un pago de
              pensión     alimenticia    de    $3,000.00
              mensuales (partida correspondiente a
              pensión alimentaria).
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    19.El 20 de febrero de 2019, el deudor y aquí demandante,
       Prats Vega, objetó la reclamación de pago enmendada
       número 7-4, radicada por Branda Cruz Díaz, en el caso
       de quiebra núm. 18- 00295 BKT.
    20.El 24 de abril de 2019, el Tribunal de Quiebra emitió
       una orden, en el caso de quiebra núm. 18-00295 BKT,
       indicando que la adjudicación de las cantidades
       solicitadas en la reclamación 7 por Branda Cruz Díaz
       serían consideradas por el Tribunal de Quiebra, luego
       de que el Tribunal Estatal adjudique las cuantías
       correctas adeudadas por Prats Vega a Cruz Díaz.
    21.Conforme a la Estipulación entre las partes, el
       demandado, Manuel R. Prats Vega, pagaría un
       estipendio mensual de $3,000.00 a favor de Branda
       Cruz Díaz, hasta el momento en que Manuel R. Prats
       Vega comprara una propiedad, por la suma de
       $500,000.00, a favor de Branda Cruz Díaz. Si Prats
       Vega no adquiría la propiedad, la Sra. Cruz Díaz
       tendría una reclamación a su favor, por la suma de
       $500,000.00.
    22.El 29 de julio de 2011, la demandada, Branda Cruz
       Díaz, también conocida por Branda María Cruz Díaz,
       adquirió una propiedad inmueble, en la Urbanización
       Finca Elena, por la suma de $716,066.00, mediante la
       escritura de “Segregación y Compraventa” número 35,
       otorgada el 29 de julio de 2011, ante la notaria pública
       Estela I. Vallés Acosta.
    23.Desde el mes de octubre de 2011 hasta abril de 2023
       el demandado, Prats Vega, ha pagado a la demandada,
       Cruz Díaz, la suma de $413,978.14, en pagos
       regulares, hechos de las cuentas “Debtor-In-
       Possession”, a nombre de Manuel R. Prats Vega, en
       First Bank Puerto Rico, cuentas números 6002110818
       y 6002119233, además, cheques de gerentes, y
       consignaciones realizadas ante este Tribunal, en el
       caso de epígrafe.
    24.Al 31 de mayo de 2021, la cuenta del plan de retiro
       “Keogh”, bajo el nombre MRPV Retirement Plan, a
       beneficio de Manuel R. Prats Vega, cuenta número
       7R3-148255, en Kovack Securities, tenía un balance de
       $250,370.33, de los cuales se retiró la suma de
       $124,904.00, para hacer la consignación del 24 de
       junio de 2021 ante este Tribunal.
    25.El 19 de diciembre de 2018, el demandante Manuel R.
       Prats Vega, recibió en su correo electrónico
       manuel.prats@gmail.com, una comunicación escrita
       del corredor de bienes raíces, Ángel Ocasio-Figueroa,
       del correo electrónico angel@urbaniapr.com, en la cual
       fue personalmente notificado que el depósito para la
       compra del apartamento, en el “Yacht Club Tower”, en
       Panamá, no fue devuelto. El correo electrónico recibido
       por Prats Vega indica lo siguiente:
           Estimado Sr. Prats:
           Sirva la presente para dar [fe] y certificarle
           que su depósito inicial como parte de su
           contrato    de    [compraventa]     para    el
           apartamento de Yacht Club Tower en
           Panamá no fue devuelto por el Desarrollador
           ya que usted incumplió en los términos que
           decía el contrato y decidió no cerrar la
           [compraventa] del mismo. […]
    26.El 10 de enero de 2023, la Unidad de Cuentas de este
       tribunal emitió un Informe Subsidiario, en el cual
       certificó que, del 24 de junio de 2021 al 4 de enero de
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          2023, el demandado, Manuel R. Prats Vega, había
          depositado en el Tribunal la suma de $184,904.00.

      Inconforme, el 14 de septiembre de 2023, la señora Cruz Díaz

presentó oportunamente una Moción de Reconsideración. Solicitó al TPI

que dejara sin efecto la sentencia emitida y le concediera su día en corte

para tener la oportunidad de presentar evidencia a su favor y se

dilucidaran las controversias existentes. En desacuerdo, el señor Prats

Vega presentó su Moción de Oposición a Moción de Reconsideración. Así

las cosas, el 5 de octubre de 2023, el TPI emitió una Resolución,

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración

presentada por la señora Cruz Díaz.

      Insatisfecha aún con la determinación del TPI, la señora Cruz

Díaz acude ante este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de

epígrafe e imputó al foro primario los siguientes errores:

      Primer Señalamiento de Error: Erró el TPI al dictar la
      Sentencia Sumaria a favor de la Parte Demandante
      cuando surge claramente de la evidencia sometida por
      ambas partes que los hechos del presente caso, así como
      el derecho aplicable, favorecen a la Parte Demandada y no
      a la Parte Demandante.

      Segundo Señalamiento de Error: En la alternativa, erró el
      TPI al resolver el caso de epígrafe mediante el mecanismo
      de Sentencia Sumaria cuando, en el peor de los casos, el
      TPI debió de resolver todas las dudas sobre la procedencia
      de aplicar dicho mecanismo de la sentencia sumaria a
      favor de la Parte Demandada y debió denegar la moción de
      sentencia sumaria presentada por la Parte Demandante,
      debido a que, interpretando el récord de la manera más
      favorable a la Parte Demandada, existían y existen en este
      caso controversias sustanciales sobre hechos pertinentes
      y materiales, los cuales derrotaban y derrotan la
      aplicación del mecanismo de sentencia sumaria en este
      caso.

      El 13 de diciembre de 2023, el señor Prats Vega presentó su

Alegato de la Parte Apelada en Oposición a Recurso de Apelación.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

resolvemos.

                                   II.

                                   A.

      La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. V,
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R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es propiciar

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que

puede prescindirse del juicio plenario. Serrano Picón v. Multinational

Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de septiembre

de 2023.6 Los tribunales pueden dictar sentencia sumaria respecto a

una parte de una reclamación o sobre la totalidad de esta. 32 LPRA Ap.

V, R. 36.1; Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). La

sentencia   sumaria     procederá    si   las   alegaciones,   deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran

que no hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo. González

Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95,

resuelto el 24 de julio de 2023.

       El promovente debe presentar una moción fundamentada en

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA Ap.

V, R. 36.1; Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023). La

controversia sobre los hechos esenciales que genera el litigio tiene que

ser real, no especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de

naturaleza tal que permita concluir que existe una controversia real y

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez v.

Univisión, supra, págs. 213-214, seguido en Meléndez González v. M.

Cuebas, supra, pág. 110.

       Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

dispone que se deben cumplir unos requisitos de forma los cuales

deben satisfacerse al momento de presentar una solicitud de sentencia

6 Véase, además: Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el

23 de agosto de 2023; Ferrer et. al. v. PRTC, 209 DPR 574, 580-581
(2022); González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Ramos
Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010).
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sumaria. Estos requisitos son: (1) una exposición breve de las

alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia;

(3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria, (4)

una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del Tribunal;

(5) las razones por las cuales se debe dictar sentencia, argumentando

el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019).

      Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar dicha

moción a través de declaraciones juradas u otra documentación que

apoye su posición. Esto es, la parte que se opone debe proveer evidencia

sustancial de los hechos materiales que están en disputa. León Torres

v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 (2020). El hecho de no oponerse a la

solicitud de sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta

proceda si existe una controversia legítima sobre un hecho material.

Sin embargo, el demandante no puede descansar en las aseveraciones

generales de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5, estará

obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus

alegaciones'”. La Regla 36.5 de Procedimiento Civil, dispone que de no

producirse por parte del opositor una exposición de hechos materiales

bajo juramento, deberá dictarse sentencia sumaria en su contra. 32

LPRA Ap. V, R. 36.5; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216.

      La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, establece que, si no se dicta

sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio

solicitado o se deniega la moción de sentencia sumaria, y por tanto, es

necesario celebrar juicio, será obligatorio que el Tribunal en su

dictamen determine los hechos esenciales sobre los cuales no haya
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controversia sustancial y aquellos que sí se encuentran genuinamente

en controversia. 32 LPRA Ap. V, R.36.4

       Cónsono con lo anterior, nuestro estado de derecho le impone y

exige al TPI, exponer los hechos materiales y esenciales que están en

controversia, así como los que no lo están, independientemente de

cómo resuelvan una       solicitud de        sentencia sumaria. Meléndez

González v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la solicitud

de sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los documentos

que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, los

incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994).

       Por último, en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión que

debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Conforme a ello,

debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera

instancia   al   determinar   si   procede    dictar   sumariamente   una

sentencia. En esta tarea sólo podemos considerar los documentos que

se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si existe

o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y

si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente

al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). Finalmente, debemos revisar de

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el

derecho a la controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág.

119.
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                                   B.

      La Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece la

autoridad de los tribunales para declarar derechos, estados y otras

relaciones jurídicas, aunque se inste o pueda instarse otro remedio. El

mecanismo para llevar a cabo dicha facultad se conoce como la

sentencia declaratoria. El propósito de una sentencia declaratoria es

despejar una incertidumbre o poner fin a una controversia, pues se

trata de un mecanismo procesal adecuado para anticipar potenciales

demandas. Charana v. Pueblo, 109 DPR 641 (1980). Según ha sido

interpretada la precitada regla, la sentencia declaratoria establece un

mecanismo profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los

méritos de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando

exista un peligro potencial contra el promovente. Romero Barceló v.

ELA, 169 DPR 460 (2006).

      También cabe indicar que la Regla 59.3 de Procedimiento Civil

dispone que el tribunal podrá negarse a dar o registrar una sentencia

o decreto declaratorio cuando tal sentencia o decreto, no haya de poner

fin a la incertidumbre o controversia que originó el procedimiento. De

esta manera, se establece que los tribunales tendrán amplia discreción

con relación a las peticiones de sentencias declaratorias. 32 LPRA Ap.

V, R. 59.3.

                                   III.

      Mediante sus señalamientos de error, la señora Cruz Díaz alega

que el TPI erró al dictar la Sentencia apelada, bajo el fundamento de

que existen controversias sustanciales sobre hechos pertinentes y

materiales entre las partes, por lo que procedía se celebrara el juicio en

su fondo. En lo específico, arguye que no correspondía resolver el caso

sumariamente, pues surge claramente una diferencia de interpretación

real y sustancial en cuanto a la Estipulación, que derrota la pretensión

de que se dicte sentencia sumaria a favor del señor Prats Vega.

      Por su parte, el señor Prats Vega aduce que, al presentar el

recurso de epígrafe, la señora Cruz Díaz busca tergiversar las
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disposiciones de la Estipulación aprobada por el Tribunal de Quiebras

el 11 de febrero de 2011, mediante la cual, según sus alegaciones, se

habían resuelto todas las controversias existentes en ese momento

referentes a la pensión alimentaria, gastos de vivienda y comunidad de

bienes, sobre las cuales el TPI en el caso de epígrafe, tenía jurisdicción

para atender. A su vez, alega que en su recurso de apelación, la señora

Cruz Díaz no señaló las determinaciones de hechos o conclusiones de

derecho incorrectamente decididas por el TPI, sino que se limitó a

señalar que la Estipulación entre las partes solo atendió los asuntos

pendientes en el caso estatal D AL 2007-2182. Finalmente, arguye que

debido a que la señora Cruz Díaz no apeló la Resolución y Orden emitida

por el TPI el 31 de mayo de 2022, esta advino final y firme y constituye

la ley del caso. Añade que no podía volver a presentar asuntos relativos

al caso de pensión alimentaria ante el Tribunal de Familia.

      En primera instancia, es preciso apuntar que debemos

determinar si las partes, a tenor con la normativa referente a la revisión

de la solicitud de sentencia sumaria, cumplieron con los requisitos de

forma estatuidos en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 2009,

supra. Hemos evaluado los respectivos escritos de las partes y

encontramos que la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria (DOC.

#129) presentada por la señora Cruz Díaz no cumple con los referidos

requisitos. En específico, no controvirtió los hechos que el señor Prats

Vega estableció como que no estaban en controversia en su Moción

Solicitando Sentencia Sumaria. El escrito no contiene una relación

concisa, organizada y en párrafos enumerados de los hechos esenciales

y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, ni una

enumeración de los hechos que no están en controversia. Mas bien, se

limitó a sustentar su escrito solo en sus alegaciones, sin presentar

declaraciones juradas o prueba admisible en evidencia donde se

rebatieran los hechos que alegadamente no estaban en controversia.

      En este caso, la señora Cruz Díaz no logró rebatir con

especificación, detalle y evidencia que existía controversia sobre los
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hechos materiales contenidos en la solicitud de sentencia sumaria

presentada por el señor Prats Vega. La totalidad de la prueba en el

expediente apoya la disposición sumaria de la Demanda de epígrafe,

pues respalda la inexistencia de controversia sobre los hechos

materiales del caso y sustenta las conclusiones jurídicas del TPI. En

particular, no existe duda acerca de que el propósito de la Estipulación

fue finalizar todas y cada una de las controversias entre las partes, en

cuanto a la pensión alimentaria y la división de la comunidad de

bienes. Los términos de la misma son claros y no están sujeto a otra

interpretación que la emitida y aprobada por el Tribunal de Quiebra,

constituyendo así el acuerdo entre las partes.

      En consecuencia, de todo lo anteriormente expresado, luego de

examinar las mociones sobre sentencia sumaria y la documentación

anejada, así como la normativa imperante, concluimos que no incidió

ni abusó de su discreción el TPI al conceder el remedio sumario de la

desestimación solicitado por el señor Prats Vega, por lo que procede la

confirmación de su dictamen.

                                  IV.

      En virtud de lo anteriormente expresado, confirmamos la

Sentencia apelada.

      Lo acordó este Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal.

                                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones