Court Opinion

ID: 9941332
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:25:43.529777+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:32.509114
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   Panel II

     STEPHANIE I. ZAPATA                          Apelación
          Apelada                                 procedente del
                                                  Tribunal de
                                    KLAN202301050 Primera Instancia,
                v.                                Sala Municipal de
                                                  Corozal en Guayama

  HARRY A. PAGÁN BERRÍOS                              Caso Núm.
          Apelante                                    PA2023CV00092

                                                      Sobre:
                                                      Liquidación de
                                                      Comunidad de
                                                      Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Jueza Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

      Comparece el señor Harry A. Pagán Berríos (señor Pagán Berríos o

apelante), a través de un recurso de apelación, solicitando la revocación

de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Guayama, (TPI), el 26 de octubre de 2023. Habiéndose

anotado la rebeldía contra el apelante, el foro primario declaró Con Lugar

la demanda presentada por la señora Stephanie I. Zapata (señora Zapata

o apelada), concediendo los remedios solicitados por esta, referente a un

proceso de liquidación de comunidad de bienes.

      Sin embargo, el apelante acude ante nosotros esgrimiendo que la

Sentencia aludida es nula, por cuanto no fue debidamente emplazado, es

decir, que el TPI nunca llegó a adquirir jurisdicción sobre su persona.

Tiene razón, procede revocar.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLAN202301050                                                            2

I. Resumen del tracto procesal

           El 5 de mayo de 2023, la señora Zapata incoó Demanda sobre

liquidación de comunidad de bienes gananciales contra el señor Pagán

Berríos. Esta adujo que mantuvo una relación consensual con el

apelante, y que, durante la vigencia de esta, adquirieron un bien

inmueble, en comunidad de bienes, con una participación de 50% para

cada cual. Además, sostuvo que desde que se separó del señor Pagán

Berríos, asumió el pagó del préstamo hipotecario referente al inmueble

mencionado, por la cantidad mensual de $385.50. Al tenor de lo cual,

solicitó: (1) liquidar la comunidad de bienes que constituyó con el

apelante; (2) que se le reconociese el crédito correspondiente por los

pagos realizados al préstamo del bien inmueble; y (3) se realizara un

inventario y avalúo del bien inmueble para que sea liquidado conforme a

derecho.

           En el segundo inciso de la demanda bajo discusión, se afirmó que

el señor Pagán Berríos; es mayor de edad, soltero, empleado, con

dirección postal en PO Box 1321, Patillas, Puerto Rico, 007231.

(Énfasis provisto).

           Luego, el 12 de julio de 2023, la apelada acudió nuevamente ante

el TPI, presentando esta vez una Solicitud de Anotación de Rebeldía y

Remedio. Allí aseveró haber emplazado al apelante conforme a las Reglas

de Procedimiento Civil. Sin embargo, había transcurrido en exceso el

término que disponía este para solicitar prórroga, o contestar la

demanda, sin que llevara a cabo una o la otra, por lo cual, solicitó que se

le anotara la rebeldía y se dieran por admitidas las alegaciones

contenidas en la Demanda.

1
    Apéndice 1 del recurso de apelación, pág. 1.
KLAN202301050                                                            3

           En atención a lo cual, el 14 de julio de 2023, el TPI emitió una

Orden declarando Ha Lugar la solicitud de la apelada y señalando Vista

en Rebeldía a ser celebrada el 14 de agosto de 2023.

           La Vista en Rebeldía fue celebrada según pautada, resultando en

un dictamen favorable a la causa de acción presentada. Por tanto, el TPI

le ordenó al señor Pagán Berríos satisfacer un crédito a la apelada de

$10,080.67, y el reembolso futuro de 50% de todos los pagos realizados

por la señora Zapata al préstamo hipotecario hasta la venta de la

propiedad. También, ordenó que se liquidara la comunidad de bienes

compuesta por las partes mediante la venta de la propiedad inmueble,

comenzando su precio base en $110,000.00, o mejor oferta.

           En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

resaltamos que, en la Sentencia emitida se dejó plasmado que a la

referida vista compareció la parte demandante-apelada, pero no el señor

Pagán Berríos. Además, en la introducción de dicho dictamen el foro

apelado reiteró que la parte demandada fue emplazada conforme a las

Reglas de Procedimiento Civil, y, transcurrido el término de la parte

demandada para presentar la correspondiente Contestación a Demanda

y/o alegación responsiva sin hacerlo, se le anotó la rebeldía2.

           Posteriormente, el mismo foro apelado emitió una Sentencia

Enmendada, a los únicos fines de incluir la firma de la Juez en el

dictamen.

           Es así como, en desacuerdo con la Sentencia aludida, el señor

Pagán Berríos acude ante nosotros señalando la comisión de los

siguientes errores por el foro apelado:

               LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN AQUÍ SE SOLICITA DEBE
               SER REVOCADA, POR HABER SIDO EMITIDA EN VIOLACIÓN
               AL DEBI[DO] PROCESO DE LEY, AL NO HABER SIDO
               ACREDITADO EL DILIGENCIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO
               CONFORME A DEREHO.

2
    Apéndice 8vo del recurso de apelación, pág. 13.
KLAN202301050                                                                   4

            LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN AQUÍ SE SOLICITA DEBE
            SER REVOCADA, POR HABER SIDO EMITIDA EN VIOLACIÓN
            AL DEBIDO PROCESO DE LEY, AL ANOTARLE LA REBELDÍA
            AL DEMANDADO SIN QUE SE LE NOTIFICARA EL ESCRITO
            EN QUE SE SOLICITÓ LA REBELDÍA, SIN QUE SE LE
            NOTIFICAR[A]   LA   DETERMINACIÓN      ANOTANDO    LA
            REBELDÍA, Y SIN QUE SE CITARA A LA VISTA EN REBELDÍA.

       El 29 de noviembre de 2023 emitimos una Resolución permitiendo

a la apelada presentar alegato en oposición, conforme lo provee la Regla

22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

22. Transcurrido el término dispuesto sin que la apelada compareciera,

hemos decidido dar el recurso como perfeccionado, por lo que estamos

en posición para resolver.

II. Exposición de Derecho

       A. Sobre la jurisdicción

                                            a.

       El término jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Ruiz Camilo

v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); Yumac Home v.

Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon Media v. Jta.

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014).

       Tanto los foros de instancia, como los foros apelativos, tienen el

deber de analizar de forma prioritaria si poseen jurisdicción para atender

las controversias presentadas ante su consideración, puesto, que los

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra

jurisdicción,    incluso    cuando   ninguna     de   las   partes invoque     tal

defecto. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 268; Horizon Media

v.   Jta.    Revisora,     RA   Holdings,   supra; Shell    Chemical   v.    Srio.

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Lo anterior responde a que las

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse

con preferencia a los demás asuntos. Incluso, nuestro Tribunal Supremo

ha añadido, que evaluar los aspectos jurisdiccionales son parte de
KLAN202301050                                                                   5

nuestro deber ministerial y debe hacerse antes de que el tribunal pueda

conocer del pleito. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Mun. San

Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 652, 660 (2014); García v.

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). De aquí que, si

determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una

controversia    determinada,   debemos        así   declararlo   y   proceder   a

desestimarlo pues no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde

no la hay. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Yumac Home v. Empresas

Massó, supra.

                                         b.

      Respecto a la jurisdicción sobre la persona o in personam, se

refiere al poder o autoridad que tiene un tribunal para sujetar a una

persona a una decisión obligatoria declarando sus respectivos derechos y

obligaciones. Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319 (2018); Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 702 (2012). Un tribunal

adquiere jurisdicción del demandado de dos maneras; mediante el uso

adecuado de las normas procesales de emplazamiento provistas en las

Reglas de Procedimiento Civil y; a través de la sumisión voluntaria del

demandado a la jurisdicción del tribunal, lo que puede ser de forma

explícita o tácita. Cirino González v. Adm. de Corrección, 190 DPR 14, 29

(2014); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997).

      Nuestro Alto foro ha expresado, que "[e]l concepto de jurisdicción in

personam está inextricablemente atado al debido proceso de ley". Reyes

v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 21 (1993). También, ha

señalado que el tribunal, al ejercer su discreción de cómo proceder ante

una alegación de falta de jurisdicción sobre la persona, deberá balancear

la necesidad de determinar la suficiencia de la defensa con prontitud para

así evitar una costosa litigación y promover la rápida solución de la

controversia contra la deseabilidad de que se celebre una vista
KLAN202301050                                                              6

evidenciaria, para así poder tener ante sí todos los elementos para

resolver lo relacionado con falta de jurisdicción sobre la persona. Molina v.

Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 337 (1987).

      Por último, puntualizamos que cuando un tribunal efectúa un

dictamen careciendo de jurisdicción sobre la materia o sobre la persona,

su actuación u orden se considera nula. López García v. López García,

200 DPR 50 (2018); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc.., 144 DPR 901,

913 (1998).

      B. El emplazamiento

      El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se le

notifica al demandado de la existencia de una reclamación instada en su

contra y se le requiere que comparezca para que formule su alegación

responsiva. Es mediante su debido diligenciamiento, que el tribunal

adquiere jurisdicción sobre su persona para resolver el asunto.

(Énfasis provisto). Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319, 330

(2018); Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017); Global

v. Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005). Este mecanismo tiene el propósito

principal de notificar a la parte demandada de forma sucinta y sencilla

que se ha presentado una acción en su contra, garantizándole la

oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su

favor. Torres Zayas v. Montano Gómez, supra; Bonilla Ramos v. Dávila

Medina, 185 DPR 667, 682 (2012); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164

DPR 855, 863 (2005). Conforme lo anterior, no es hasta que se diligencie

el emplazamiento y se adquiera jurisdicción, cuando la persona puede

ser considerada propiamente parte, pues, aunque haya sido nombrada

en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal.

Torres Zayas v. Montano Gómez, supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,

192 DPR 854, 869 (2015).
KLAN202301050                                                                  7

       Nuestras Reglas de Procedimiento Civil establecen dos maneras

para diligenciar un emplazamiento: de forma personal o mediante edicto.

Caribbean Orthopedics v. Medshape Inc., 207 DPR 994 (2021); Sánchez

Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982 (2020). El emplazamiento personal

es el método idóneo para adquirir jurisdicción. Íd.

       Los requisitos para la expedición, forma y diligenciamiento de un

emplazamiento están regulados por la Regla 4 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4, y su inobservancia priva al tribunal de su

jurisdicción sobre la persona del demandado. (Énfasis provisto). Torres

Zayas v. Montano, supra, en la pág. 467; Datiz Vélez v. Hospital

Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004). Tales requisitos son de cumplimiento

estricto y su adecuado diligenciamiento constituye un imperativo

constitucional del debido proceso de ley. Bernier González v. Rodríguez

Becerra, 200 DPR 637, 645 (2018); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152

DPR 367, 374 (2000). Así, las reglas disponen que al instar la acción en

el   tribunal   “[l]a   parte   demandante   presentará     el    formulario   de

emplazamiento conjuntamente con la demanda para su expedición

inmediata por el Secretario del Tribunal”. Regla 4.1 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4.1. Una vez expedido el

emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte (120) días

a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del

emplazamiento por edicto. Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R.4.3 (c).

       Por otra parte, las mismas reglas procesales bajo discusión

disponen    que    el   emplazamiento   y    la   demanda    se    diligenciarán

conjuntamente al entregar copia de la demanda y del emplazamiento, ya

sea mediante su entrega física a la parte demandada, o haciéndola

accesible en su inmediata presencia. Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R.4.4. Esto es lo que se conoce como emplazamiento
KLAN202301050                                                                8

personal el cual se lleva cabo mediante la entrega de la demanda y del

emplazamiento al demandado. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis,

2017, pág. 223. Al entregar la copia de la demanda y del emplazamiento,

ya sea mediante entrega física a la parte demandada o haciéndolas

accesibles en su inmediata presencia, la persona que lo diligencia hará

constar al dorso de la copia del emplazamiento su firma, la fecha, el

lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se

hizo la entrega. (Énfasis provisto). Regla 4.4 de Procedimiento Civil,

supra.

      A   tales    efectos,   todo   demandado   tiene   el   derecho   a   ser

emplazado conforme a derecho y existe en nuestro ordenamiento una

política pública de que la parte demandada debe ser emplazada

debidamente para evitar el fraude y que se utilicen procedimientos

judiciales con el propósito de privar a una persona de su propiedad sin el

debido proceso de ley. First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR

901, 916 (1998). El propósito de los requisitos prescritos en la Regla

4.4, supra, es dar aviso al demandado, primero, de la persona a quien se

entregó el emplazamiento para que pueda determinar que se entregó a

persona capacitada en derecho para recibirlo pues de lo contrario el

emplazamiento es nulo y no confiere jurisdicción. AFF v. Tribunal

Superior, supra.

      Cabe resaltar que, [D]e no cumplirse estrictamente con los requisitos

para emplazar conforme a la ley o regla correspondiente, el tribunal

estaría impedido de actuar sobre la persona del legitimado pasivo, es

decir, que carecería de jurisdicción sobre su persona. Álvarez v. Arias, 156

DPR 352, 366 (2002); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac. Inc., supra, en la

pág. 913; Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997); Peguero y otros

v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 (1995).
KLAN202301050                                                                  9

       A tono con la citada jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha

señalado que, toda sentencia o dictamen de un tribunal en contra

de un demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme

a derecho es inválido y no puede ser ejecutado. Íd. (Énfasis provisto).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

     Ambos señalamientos de error alzados por la parte apelante están

íntimamente relacionados, constituyendo la solución del primero la base

para disponer del segundo. Según adelantamos, el apelante asevera que

el TPI incidió al emitir Sentencia en su contra, interviniendo un

diligenciamiento de emplazamiento defectuoso, a través del cual no fue

advertido del proceso en su contra. Es decir, el apelante aduce que el

foro apelado nunca adquirió jurisdicción sobre su persona, a causa del

emplazamiento defectuoso, por lo que la Sentencia emitida es nula.

       Sobre lo anterior, ya hemos resaltado que la Regla 4.4 de

Procedimiento Civil, supra, dispone que el emplazamiento personal es la

entrega de la demanda y el emplazamiento al demandado. Asimismo, la

misma regla dicta que, al hacer la entrega física de la demanda y el

emplazamiento, la persona que lo diligencia hará constar al dorso de la

copia del emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la

entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. Íd. La

inobservancia de estos requisitos priva de jurisdicción al tribunal sobre

la persona del demandado. Íd.

       Basta una sola mirada al emplazamiento que presuntamente se le

entregó    al   apelante     para    percatarse   de   que   incumple   con   los

requerimientos mínimos establecidos por la Regla de Procedimiento Civil

citada, para que se tenga como efectivo al momento de determinar si se

adquirió jurisdicción sobre la persona emplazada3. En este sentido, el

diligenciante, señor William A. Rodríguez Torres, no precisó al dorso del

3 Anejo 5 del recurso de apelación, págs. 9-10.
KLAN202301050                                                                        10

emplazamiento la dirección física en donde presuntamente emplazó al

apelante. El examen del documento bajo discusión revela que, en la

sección del formulario dispuesta para el emplazamiento a persona

particular, se encuentra un encasillado reservado para el emplazamiento

por entrega personal, donde se exige que se provea una dirección

física sobre el lugar donde aconteció tal acto. Sin embargo, aunque el

encasillado provisto para tal fin fue marcado, no se proveyó dirección

física alguna, ni constancia sobre el lugar en donde supuestamente fue

emplazado el apelante. El espacio destinado en dicho formulario para

proveer la dirección física donde supuestamente fue emplazado el

apelante fue ocupado con el nombre de este. Es decir, del documento que

está supuesto a informar al Tribunal sobre dónde presuntamente fue

emplazado personalmente el apelante, no surge dato alguno que ayude a

constatar que, en efecto, fuera entregado al apelante en un lugar cierto.

No conforme con esta falta, además, la fecha del diligenciamiento

aparece tachada y modificada en manuscrito en el formulario,

cambiando             el     mes      en      que,   presuntamente,   se   entregó   el

emplazamiento.

          En definitiva, el dorso de la copia del emplazamiento revela craso

incumplimiento con los requerimientos dimanantes de la Regla 4.4 de

Procedimiento Civil, supra, que resultaban necesarios para colocar en

posición al tribunal de determinar si, efectivamente, la parte demandada

fue emplazada, y entonces poder asumir jurisdicción sobre este. Por

tanto, no podemos avalar la afirmación del foro apelado en términos de

que la parte demandada fue emplazada conforme a las Reglas de

Procedimiento Civil4, sino que, al contrario, concluimos que no fueron

cumplidos los requisitos mínimos reglamentarios para establecer el

4
    Apéndice 10 del recurso de apelación, pág. 17.
KLAN202301050                                                           11

emplazamiento personal del apelante, teniendo como resultado la falta de

jurisdicción sobre su persona.

      De lo anterior se sigue que, no habiendo adquirido jurisdicción el

TPI sobre la persona del apelante, por causa de intervenir un

emplazamiento defectuoso, ni apreciando nosotros que el apelante se

hubiese sometido voluntariamente de alguna manera a la jurisdicción de

dicho foro, los dictámenes hasta aquí hechos en contra del señor Pagán

Berríos han de tenerse por nulos. Así, no tiene efecto alguno la anotación

de rebeldía, ni la Sentencia en rebeldía apelada. Toda      sentencia    o

dictamen de un tribunal en contra de un demandado que no ha sido

emplazado o notificado conforme a derecho es inválido y no puede

ser ejecutado. Íd. (Énfasis nuestro). Álvarez v. Arias, supra.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia apelada,

pues el Tribunal de Primera Instancia no adquirió jurisdicción sobre la

persona del apelante, al intervenir un emplazamiento defectuoso.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones