Court Opinion

ID: 9941548
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:45:30.24666+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.630873
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL IX

                                                     Certiorari
                                                     Procedente del
   JOSÉ R. CAPÓ FONT                                 Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
           Recurrido                                 Superior de Arecibo

                v.
                                  KLCE202301174 Sobre: Daños y
    ESTADO LIBRE                                Perjuicios
 ASOCIADO DE PUERTO
    RICO Y OTROS
                                                     Caso Núm.:
          Peticionario                               AR2022CV00395

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Rodríguez Casillas, juez ponente

                                RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

         El 23 de octubre de 2023 el Estado Libre Asociado de P.R.

(ELA), nos presenta un recurso de certiorari, en el cual, solicita la

revisión de la Resolución emitida y notificada el 24 de agosto de 2023

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI),

que dejó sin efecto la Sentencia emitida el 1 de junio de 2023 que

declaró la paralización de los procedimientos en virtud del interdicto

permanente que dispone la Orden de Confirmación, y en

consecuencia, autorizó la Demanda Enmendada. El TPI determinó

que, conforme a la Orden de Modificación emitida por la juez Laura

Taylor Swain el 20 de octubre de 2022, se permitía la litigación de

casos en daños y perjuicios al amparo de la Ley de Pleitos contra el

Estado, como el presente.

         El 6 de septiembre de 2023 el ELA presentó una

Reconsideración a Resolución Reapertura, en la cual, el 20 de

septiembre de 2023, notificada el 21 de septiembre de 2023, el TPI

emitió    una    Resolución, en      la   que   denegó   la   solicitud   de

Número Identificador
RES2024 _______________
KLCE202301174                                                          2

reconsideración y determinó que en la reclamación del señor José

E. Capó Font existen dos causas de acción (parte recurrida o señor

Capó Font).

        El 16 de noviembre de 2023, la parte recurrida presentó su

escrito en oposición.

        Examinada la posición de ambas partes denegamos expedir

el auto de certiorari solicitado.

                                      -I-

        El 8 de marzo de 2022 el señor Capó Font presentó una

acción en daños y perjuicios contra el Departamento de Corrección

y Rehabilitación (DCR), la Oficina de Servicios con Antelación a

Juicio (OSAJ), la Policía de PR y varios demandados de nombres

desconocidos. En resumen, adujo que el 25 de marzo de 2021, en

horas de la madrugada, funcionarios del DCR y/o la OSAJ

irrumpieron en su residencia y, sin identificarse, abrieron la puerta,

a pesar de que se les requirió que se identificaran. Alegó que los

funcionarios realizaron varias detonaciones con armas de fuego,

ocasionándole una herida en su hombro derecho. Argumentó que

los funcionarios no cumplieron con los protocolos administrativos

aplicables y dispararon de forma negligente, sin preocuparse por su

seguridad ni la de su hijo, quien presuntamente se encontraba en el

interior de la residencia. Arguyó también que la Policía entró a su

residencia sin una orden de allanamiento e incautaron diez armas y

rifles, con un valor en el mercado de $8,000.00; por lo cual, solicitó

una restitución de esa cantidad. También, alegó daños físicos y

emocionales que se cuantifican en la cantidad de $150,000.00.

        El 7 de abril de 2022 el señor Capó Font informó el

diligenciamiento del emplazamiento al Estado.

        El 26 de mayo de 2022 el ELA presentó un Aviso de

Injunction Permanente Prohibiendo la Litigación del Presente Caso y

Sobre    el   Requisito   de   Presentar    una   Solicitud   de   Gastos
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Administrativos ante el Tribunal de Título III. Adujo que, en este caso,

opera el injunction descrito en el párrafo 59 de la Orden de

Confirmación emitido por el Tribunal de Distrito el 18 de enero de

2022. Por lo que, en virtud del injunction, el caso estaba paralizado

permanentemente y el TPI no tenía jurisdicción para continuar el

trámite judicial. Advirtió, que el único remedio que tenía disponible

el señor Capó Font en esa etapa del caso, de la restructuración de

la deuda del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III del estatuto

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act

("PROMESA"), era la presentación de una Solicitud de Gastos

Administrativos ante la Corte de Título III, conforme establece la

Orden de Confirmación.

      El 1 de junio de 2022, notificada el 6 de junio de 2022, el TPI

emitió una Sentencia, en la que decretó la paralización de los

procedimientos    en   el   presente   caso   y   ordenó   el   archivo

administrativo.

      No obstante, el 7 de agosto de 2023 el señor Capó Font

presentó una Moción Solicitando la Reapertura y Continuación de los

Procedimientos. Allí, expuso que el 20 de octubre de 2022 la juez

Laura Taylor Swain emitió una Orden de Modificación a la Orden de

Confirmación, en la que dispuso que el interdicto permanente

establecido en el párrafo 59 no aplicaría a las reclamaciones

instadas en virtud de la Ley de Pleitos contra el Estado, cuando estas

no excedan los límites estatutarios de $75,000.00 y $150,000.00;

por lo cual, arguyó que el presente caso ya no estaba afectado por el

interdicto permanente, en la medida que se trataba de una

reclamación post-petición sobre daños y perjuicios, al amparo de la

Ley de Pleitos contra el Estado, con varios codemandados y cuya

cuantía no excedía los límites estatutarios. Así, solicitó la reapertura

de los procedimientos.
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      El 8 de agosto de 2023 el TPI concedió 30 días al ELA para

que fijara su posición. A lo que, el 17 de agosto de 2023 el Estado

presentó una Oposición a Reapertura del Caso. Adujo que, a pesar

de la Orden de Modificación, el presente caso continuaba afectado

por interdicto permanente dispuesto en la Orden de Confirmación,

ya que la cuantía de $158,000.00 que el señor Capó Font reclamaba

excedía los límites estatutarios. Razón por la cual, no procedía la

reapertura de los procedimientos.

      El 21 de agosto de 2023, el señor Capó Font presentó una

Dúplica a Oposición a Reapertura del Caso y Solicitud de Enmienda

a la Demanda. Informó que el 3 de agosto de 2023 la Policía le

devolvió las armas incautadas y que el 11 de agosto de 2023 se

sometió a una intervención quirúrgica como consecuencia de los

alegados hechos producto de la presente reclamación. Solicitó que

se le permitiera una enmienda a la demanda para eliminar la

alegación de restitución por la incautación de las armas e incluir

una nueva alegación sobre la intervención quirúrgica. Entonces, la

cuantía en daños se reduciría a $150,000.00. Así, presentó la

Demanda Enmendada, en la que modificó la cuantía a $150,000.00.

      El 24 de agosto de 2023, el TPI emitió y notificó una

Resolución, en la que dejó sin efecto la Sentencia de paralización,

ordenó la continuación de los procedimientos y autorizó la enmienda

a la demanda.

      El 6 de septiembre de 2023 el ELA presentó una

Reconsideración a Resolución Reapertura, en la que adujo que en el

presente caso solo había un reclamante y no existían múltiples

causas de acción, por lo que, la reclamación enmendada de

$150,000.00 excedía de los limites estatutarios. En consecuencia,

continuaba operando el interdicto permanente dispuesto en el

párrafo 59 de la Orden de Confirmación.
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         El 6 de septiembre de 2023 el TPI emitió y notificó una

Orden, en la que concedió 20 días al señor Capó Font para replicar.

A lo que el recurrido, el 18 de septiembre de 2023 presentó una

Dúplica a Moción de Reconsideración. En síntesis, arguyó que tiene

dos causas de acción, una contra el DCR y otra contra la Policía.

         El 20 de septiembre de 2023 —notificada el 21 de

septiembre de 2023— el TPI emitió una Resolución en la que

denegó la moción de reconsideración y resolvió que la Ley de

Pleitos contra el Estado, dispone que cuando existan varias causas

de acción a las que tenga derecho un solo perjudicado, la

indemnización      por los     daños    y   perjuicios    no   excederá   de

$150,000.00. Por lo cual, consignó que el recurrido tenía dos causas

de acción; a saber: una contra el DCR y sus funcionarios, por el

alegado disparo y los daños físicos y emocionales, y otra, contra la

Policía por el alegado allanamiento ilegal e incautación de las armas

de fuego. Así, ordenó la continuación de los procedimientos.

         Inconforme, el ELA acude ante nos señalando el siguiente

error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el
         presente caso no está afectado por el interdicto
         permanente dispuesto en la Orden de Confirmación, y
         ordenar la reapertura del caso y la continuación de los
         procedimientos, bajo la premisa errónea de que el
         demandante tiene dos causas de acción como parte de
         su reclamación al amparo de la Ley de Pleitos contra el
         Estado.
                                   -II-

                                     -A-

         Sabido es que el auto de certiorari es mecanismo procesal de

carácter discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior rango.1 Así, por

1 Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019);

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
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discreción se entiende como el poder para decidir en una forma u

otra, esto es, escoger entre uno o varios cursos de acción.2

        Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,3 delimita

las instancias en que habremos de atender y revisar vía certiorari las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a

saber:

        [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
        solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
        cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
        56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
        dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
        anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
        órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
        de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
        admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
        asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
        rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
        revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
        esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
        la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
        en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
        fundamentar su decisión. […].4

        Por otra parte, y con el objetivo de que podamos ejercer

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos del

asunto esbozado en el auto de certiorari— contamos con la Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,5 que establece los

siguientes criterios:

        El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
        determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
        orden de mostrar causa:
           A. Si el remedio y la disposición de la decisión
                recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
                contrarios a derecho,
           B. Si la situación de hechos planteada es la más
                indicada para el análisis del problema.
           C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
                manifiesto en la apreciación de la prueba por el
                Tribunal de Primera Instancia.
           D. Si el asunto planteado exige consideración más
                detenida a la luz de los autos originales, los cuales
                deberán ser elevados, o de alegatos más
                elaborados.
           E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
                caso es la más propicia para su consideración.

2 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
3 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
4 Id.
5 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
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          F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causan un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución final
             del litigio.
          G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa evita un fracaso de la justicia. 6

        Por lo cual, al tener discreción judicial, este foro apelativo

tiene la reserva para expedir o denegar el auto de certiorari; bajo el

siguiente crisol:

        [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
        de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
        hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́ con
        prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
        o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
        sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
        perjuicio sustancial.7

        De manera, que si la actuación del TPI no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes,

deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a quien le

corresponde la dirección del proceso.8

                                      -III-

        Conforme a los hechos detallados y al derecho esbozado en

esta     Resolución,     no     están    presentes     las    circunstancias

contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que

nos motive expedir el auto solicitado. Tampoco encontramos

justificación alguna para intervenir con la resolución recurrida, a la

luz de los criterios establecidos en la Regla 40 de este tribunal,

supra.

        Nada impide que el error señalado pueda ser presentado

nuevamente en una apelación de resultar el ELA la parte

adversamente        afectada.    En     esta   etapa    temprana      de   los

procedimientos no intervendremos con la determinación recurrida,

pues la prudencia nos dicta esperar a que el TPI emita una sentencia

y ver si la actual controversia prevalece o no.

6 Id.
7 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
8 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
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      Por tal razón, denegamos la expedición el auto de certiorari

solicitado.

                                    -IV-

      Por     lo    fundamentos    antes   expuestos,   denegamos   la

expedición del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones