Court Opinion

ID: 9408064
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:13:19.97691+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.429808
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

 WILMINGTON SAVINGS                               Certiorari
 FUND SOCIETY, FS, NOT                            procedente del
   INDIVIDUALLY BUT                               Tribunal de
SOLLELY AS TRUSTEE FOR                            Primera Instancia,
  FINANCE OF AMERICA                              Sala Superior de
STRUCTURES SECURITIES                             Bayamón
  ACQUISITIONS TRUST
       2018-HB1                                   Civil Núm.:
                                                  BY2019CV01214
        Peticionarios

                                             Sobre:
              V.                             Ejecución de
                               KLCE202300463 Hipoteca
 LA SUCESIÓN DE JORGE
   LUIS ORTIZ JIMÉNEZ
T/C/C JORGE LUIS ORTIZ
    T/C/C JORGE ORTIZ
 JIMÉNEZ T/C/C JORGE L.
  ORTIZ T/C/C JORGE L.
      ORTIZ JIMÉNEZ
   compuesta por EYBEL
ORTIZ RUIZ Y FULANA DE
   TAL COMO POSIBLES
       HEREDEROS
DESCONOCIDOS; CENTRO
   DE RECAUDACIÓN DE
INGRESOS MUNICIPALES
     (CRIM); ESTADOS
   UNIDOS DE AMÉRICA

          Recurridos

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      Comparece Wilmington Savings Fund Society, FSB, not

individually but solely as trusteee for Finance of America

Structures Securities Acquisition Trust 2018-HB1 (en delante

“Wilmington     Savings”   o   peticionario),   quien   solicita   que

revoquemos una Resolución que emitió el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 9 de marzo de 2023.

Número Identificador
RES2023 _______
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Mediante referido dictamen el foro primario denegó una solicitud

de reconsideración mediante la cual se solicitaba dejar sin efecto

la nulidad de una subasta.

       Luego de examinar el presente recurso, determinamos que

procede su desestimación por falta de jurisdicción, debido a que

su presentación ante este foro revisor resultó tardía.

                                I.

       El 10 de julio de 2021 el foro primario dictó una Sentencia

en Rebeldía contra la Sucesión de Jorge Luis Ortiz Jiménez t/c/c

Jorge Luis Ortiz. Expuso que el señor Jorge Luis Ortiz Jiménez

falleció y la propiedad ubicada en la urbanización Sierra Bayamón,

Solar 18 de la Manzana 79, no es la residencia principal de, al

menos, un deudor sobreviviente. Tras ello, determinó que se le

adeudaba al demandante la suma de $86,690.23 de principal e

intereses, mas gastos y honorarios de abogado. Decretó que de

no hacer efectivo el pago, se ordenaría la venta en pública subasta

de la propiedad hipotecada para aplicar el importe de la venta al

saldo de la deuda.

       El 21 de junio de 2022 el Tribunal emitió una Orden Sobre

Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes. Consecuentemente, el

7 de septiembre de 2022 el Alguacil expidió el Edicto de Subasta

en el cual anunció las fechas de las subastas a celebrarse el 17,

24 y 31 de octubre de 2022. El edicto de subasta fue publicado

los días 14 y 23 de septiembre de 2022 en el periódico El Nuevo

Día.

       La venta judicial finalmente se efectuó el 31 de octubre de

2022. Tras otros trámites, el 21 de noviembre de 2022 el

peticionario presentó una Moción en Solicitud de Confirmación de

Venta Judicial.   Mediante referida moción solicitó que el foro

emitiera una orden de la confirmación de la Venta Judicial y
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pusiera al peticionario en posesión de la propiedad autorizando el

lanzamiento de sus ocupantes y sus bienes con cualquier

pronunciamiento que procediera en derecho.

         Ese mismo día 21, notificada el 22 de noviembre de 2022 el

foro primario decretó lo siguiente:

         Sin lugar, habiéndose celebrado subasta mientras
         está en efecto moratoria otorgada por HUD por razón
         del paso del Huracán Fiona. Queda anulada subasta
         celebrada en autos.

         El 20 de diciembre de 2022, el peticionario presentó moción

Urgente Solicitando Reconsideración de Orden. Allí indicó que la

moratoria no aplicaba al presente caso pues no era residida por

los deudores, debido a que estos habían fallecido.

         Tras no recibir respuesta del foro primario, el 3 de marzo de

2023, Wilmington Savings Fund presentó una Moción Reiterando

Solicitud de Reconsideración de Orden.

         En cuanto a la primera solicitud de reconsideración

intitulada, Urgente Solicitando Reconsideración de Orden, el 9 de

marzo de 2023 el foro primario declaró como sigue: “Sin Lugar.

Naturaleza ultra vires del acto celebrado no puede dejarse sin

efecto por vía de la reconsideración en esta instancia.”1

         El 23 de marzo de 2023 Wilmington Savings solicitó

Reconsideración de orden, la que fue denegada el 24 de marzo de

2023, notificada el día 27 de marzo del corriente.

         En desacuerdo, el peticionario acude ante nos arguyendo

que incidió el TPI al:

         Considerar que el acto de subasta fue uno ultra vires
         que amerita la nulidad de la subasta por haberse
         celebrado durante una moratoria que no era de
         aplicabilidad al presente pleito.

1
    Apéndice págs. 32-33.
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      Examinado el Recurso de Certiorari le concedimos término

a la parte recurrida para presentar su posición en torno al recurso,

mas no lo hizo. Disponemos.

                                II.

                                A.

      La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para

considerar y decidir casos y controversias con efecto vinculante

para las partes. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, et al., 211

DPR   __   (2023),   2023   TSPR      8; Adm.   Terrenos   v.   Ponce

Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); Allied Mgmt. Group v.

Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020); Beltrán Cintrón et

al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020). Al cuestionarse la

jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso,

cuando no haya sido planteado por éstas, el foro examinará y

evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional como parte de su

deber ministerial, pues éste incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia.          Torres Alvarado v.

Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019).

      De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias

consecuencias, tales como el que no sea susceptible de ser

subsanada; las partes no puedan conferírsela voluntariamente a

un tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva la

nulidad de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso, y puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; véase,

además, MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra.
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        Por consiguiente, los asuntos relacionados a la jurisdicción

de un tribunal son privilegiados y deben atenderse con primacía a

cualesquier otros. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra. Así

pues,      cuando     un     tribunal   determina     que     carece

de jurisdicción sobre la materia para atender determinado asunto,

solo resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en

los   méritos    de   la   controversia. MCS Advantage,     Inc.   v.

Fossas Blanco, supra; Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra,

pág. 386.

                                  B.

        La Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece que “el recurso de certiorari para

revisar cualquier otra resolución u orden […] se formalizará

mediante la presentación de una solicitud dentro de los treinta

(30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la

notificación de la resolución u orden recurrida.    Este término es

de cumplimiento estricto.”

        A su vez, la Regla 52.2(b) de procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, dispone que, los recursos de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias,

deberán presentarse dentro del término de treinta (30) días desde

la fecha de notificación de la resolución u orden. AFI v. Carrión

Marrero y otros, 209 DPR 1, 5 (2022). De igual forma, la Regla

52.2 establece múltiples instancias en las que el aludido término

puede ser interrumpido.       En lo pertinente, la Regla 52.2(g)

dispone lo siguiente:

        (g) Interrupción del término para presentar una solicitud de
        certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El transcurso del
        término para presentar ante el Tribunal de Apelaciones una
        solicitud de certiorari se interrumpirá y comenzará a
        contarse de nuevo en conformidad con lo dispuesto en
        la Regla 47.
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         La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 47,

dispone como sigue:

         La parte adversamente afectada por una sentencia del
         Tribunal de Primera Instancia podrá presentar, dentro del
         término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de
         archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia,
         una moción de reconsideración de la sentencia.
         […]

         Una vez presentada la moción de reconsideración
         quedarán interrumpidos los términos para recurrir en
         alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán
         a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en
         autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la
         moción de reconsideración.
         […] (Énfasis suplido).

         La Regla 47 es una herramienta que permite que el foro

adjudicativo enmiende o corrija los errores incurridos al dictar una

sentencia, resolución u orden. Simons y otros v. Leaf Pretroleum

Corp., 209 DPR 216 (2022).             La presentación de la moción de

reconsideración repercute en la interrupción automática del

término para invocar el socorro de un foro revisor. A tenor con la

norma      procesal,   la    parte    promovente     de    la   solicitud   de

reconsideración tendrá el término de quince días contado desde la

fecha en que el tribunal archive en autos copia de la notificación

de la sentencia, resolución u orden. Cuando el dictamen es una

sentencia, el término es jurisdiccional y si son resoluciones u

órdenes, el plazo es de cumplimiento estricto. Simons y otros v.

Leaf Pretroleum Corp., 209 DPR 216 (2022); Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731 (2016); Morales y otros

v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014).

         Como es conocido, para saber si la moción interrumpió el

término para ir en alzada, el tribunal tiene que examinar si el

promovente cumplió con los requisitos de la norma procesal. Es

decir,    una   vez    que    el     foro   adjudicativo   evalúe    que    la

presentación y la notificación fue oportuna, resta que examine
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la particularidad y especificidad de los hechos y el derecho que el

promovente entiende que el tribunal debe reconsiderar. Simons y

otros v. Leaf Petroleum Corp., supra.           Así pues, el efecto de

interrupción automática de la moción de reconsideración siempre

está sujeto a los requerimientos de la Regla 47. Simons y otros v.

Leaf Petroleum Corp., supra; que cita a Morales y otros v. The

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 8 (2014).

        Presentada   la   normativa      jurídica   que    enmarca    la

controversia que atendemos, disponemos.

                                  III.

        De los hechos que informa esta causa surge que el 10 de

julio de 2021 el foro primario dictó una Sentencia en Rebeldía

sobre ejecución de hipoteca contra la Sucesión de Jorge Luis Ortiz

Jiménez t/c/c Jorge Luis Ortiz.

        El 21 de junio de 2022 el Tribunal emitió una Orden Sobre

Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes. La venta judicial se

efectuó el 31 de octubre de 2022.              Así las cosas, el 21 de

noviembre de 2022 el peticionario presentó una Moción en

Solicitud de Confirmación de Venta Judicial.

        El 21 de noviembre, notificada el 22 de noviembre de

2022 foro primario denegó esta solicitud.                 Explicó   que,

“habiéndose celebrado subasta mientras está en efecto moratoria

otorgada por HUD por razón del paso del Huracán Fiona. Queda

anulada subasta celebrada en autos.”

        Por estar insatisfecho con la determinación del tribunal,

el 20     de    diciembre      de        2022, Wilmington       Savings

solicitó reconsideración.     Para       ese    trámite   la Regla 47 de

Procedimiento Civil, supra, provee un término de cumplimiento

estricto de quince (15) días, contados desde la fecha de la
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notificación de la orden o resolución.            Como la orden fue

notificada   el   22   de   noviembre,    el   término   para   solicitar

reconsideración vencía el 7 de diciembre de 2022.

        En consideración al hecho de que el término de quince (15)

días es de cumplimiento estricto, era indispensable que se

acreditara justa causa para la dilación, lo cual no ocurrió en este

caso.     Esto es, el peticionario solicitó la reconsideración,

transcurrido en exceso el término disponible para ello, sin explicar

su tardanza ni justificarla. De ese modo, debemos concluir que la

solicitud de reconsideración, que fue presentada ante el foro

primario de forma tardía, no surtió efecto alguno, ni fue capaz

de interrumpir el término para acudir ante este foro.

        Meses más tarde, el 9 de marzo de 2023, aun cuando la

moción de reconsideración era patentemente ineficaz, el tribunal

de instancia se expresó con un, “Sin Lugar”. Agregó el TPI que,

“[La] naturaleza ultra vires del acto celebrado no puede dejarse

sin efecto por vía de la reconsideración en esta instancia”.

        De esa decisión, el peticionario acude ante nosotros.         No

obstante, como antes dicho, a tenor al derecho aquí reseñado,

estamos impedidos de          atender    su    reclamación   porque    la

determinación del foro primario no era viable. Ello, por cuanto el

tribunal de instancia carecía de jurisdicción para atender una

solicitud de reconsideración inoportuna y radicada a destiempo.

Sabido es que es nuestra función ineludible examinar la

jurisdicción, tanto de nuestro foro apelativo, como también la del

foro de donde procede el recurso.

        En nuestra encomienda notamos que, la solicitud de

reconsideración ante el TPI era un petitorio sin eficacia judicial,

pues el peticionario no cumplió con las disposiciones de la Regla
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47 de Procedimiento Civil, supra, al presentarla luego de

transcurrido el término de quince (15) días.     Es por ello, que la

determinación de denegar la solicitud de reconsideración es un

acto inoficioso, que no se puede considerar como punto de partida

para los trámites posteriores a esta decisión, como lo sería acudir

a nuestro foro.     Por las razones antes expresadas, estamos

impedidos de asumir jurisdicción para intervenir.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, que se hacen formar

parte de esta sentencia, se DESESTIMA el recurso de epígrafe por

falta de jurisdicción, debido a su presentación tardía.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones