Court Opinion

ID: 9554695
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:18:16.270345+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:12.798170
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL III

                                                           Apelación
        PR RECOVERY AND                                    procedente del
      DEVELOPMENT JV, LLC.                                 Tribunal de
                                                           Primera Instancia,
               Apelado                                     Sala Superior de
                                      KLAN202300260        Carolina

                 v.                                        Civil Núm.:
                                                           CA2021CV03193

      REBECA I. CARRASQUILLO                               Sobre:
      DE JESÚS T/C/C REBECA                                Cobro de Dinero,
       ISIS CARRASQUILLO DE                                Ejecución de
     JESÚS H/N/C CITRUS CAFÉ                               Hipoteca y
                                                           Ejecución de
            Apelante                                       Gravamen
                                                           Mobiliario
 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, la Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez
 Flores

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2023.

         Comparece         la    señora    Rebecca    I.   Carrasquillo     De

 Jesús, en adelante la Sra. Carrasquillo o la apelante,

 quien     nos       solicita      revoquemos    la     Sentencia    Sumaria

 dictada el 25 de enero de 2023. Mediante la misma, el

 Tribunal       de    Primera      Instancia,    Sala      de   Carolina,   en

 adelante TPI, declaró Con Lugar la demanda por cobro de

 dinero, ejecución de hipoteca y ejecución de gravamen

 mobiliario presentada por PR Recovery and Development,

 en adelante PRRD o apelada.

         Por         los        fundamentos     que        expondremos        a

 continuación, se confirma la Sentencia apelada.

                                          -I-

         Según surge del expediente ante nos, PRRD presentó

 una demanda por cobro de dinero, ejecución de hipoteca

 y ejecución de gravamen mobiliario en contra de la Sra.

 Carrasquillo.1

 1   Apéndice de la apelada, págs. 1-96.

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300260                                                          2

      Posteriormente, la Sra. Carrasquillo presentó su

Contestación a la Demanda de Ejecución de Sentencia, en

la cual sostuvo que la apelada no ostenta legitimación

activa ni madurez para cobrar la acreencia y que el

Banco de Desarrollo Económico, en adelante BDE, estaba

impedido de cederle el préstamo objeto del litigio a

PRRD.2

      Así   las    cosas,   PRRD    presentó    una        Solicitud   de

Sentencia Sumaria.3 Adujo que es el acreedor legítimo de

la Sra. Carrasquillo y, por no haber controversia sobre

los   hechos      materiales   del    caso     de    autos,     tampoco

existía     impedimento     para    que   el   BDE    le    cediera    el

préstamo objeto del litigio.4

      Por su parte, la apelante presentó una Oposición

Jurada a Moción de Sentencia Sumaria.5 En esta reafirmó

los planteamientos esbozados en su Contestación a la

Demanda de Ejecución de Sentencia. En esencia, sostuvo

que la sentencia sumaria era improcedente porque existe

controversia sobre la legitimación activa de PRRD para

cobrar la acreencia reclamada.6 Del mismo modo, alegó

que el pleito no está maduro hasta tanto no se resuelva

el pleito del BDE, en virtud del cual se impugna la

validez del contrato de cesión entre aquel y PRRD, así

como un pleito federal, en el que se está dilucidando

la obligación de la Junta de Control Fiscal de revisar

el contrato en controversia.7

      En    desacuerdo,      PRRD    presentó        una     Réplica       a

Oposición Jurada a Solicitud de Sentencia Sumaria en la

cual manifestó que la Oposición incumplió con la Regla

2 Id., pág. 567.
3 Id., págs. 1-116.
4 Id., págs. 567-568.
5 Id., págs. 117-250.
6 Id., pág. 568.
7 Id.
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36    de    Procedimiento      Civil,    en    la    medida       en   que    no

incluyó      una   relación      concisa      con    referencia         a    los

párrafos enumerados por PRRD, de los hechos esenciales

y    pertinentes    controvertidos,           con    indicación        de    los

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen

los mismos, y tampoco sustentó sus hechos alegados ni

argumentos levantados con declaraciones juradas u otra

prueba      admisible.8        Además,   arguyó       que     la       Ley    de

Transacciones Comerciales lo legitima como tenedor de

los   pagarés,     por    lo    que   tiene     derecho     a     exigir      el

cumplimiento de la obligación que reclama.9 En última

instancia, enfatizó que la determinación de los pleitos

legales relacionados con el contrato de transferencia

de    préstamos    comerciales        entre     el    BDE     y    PRRD,      no

afectan la condición de deudora de la apelante.10

       Tras    evaluar    los    escritos      de    las    partes      y    los

documentos que obran en el expediente, el TPI declaró

Ha Lugar la demanda presentada por PRRD,11 posterior a

determinar que no existe controversia sobre ninguno de

los hechos materiales listados a continuación:

       1.    El 24 de julio de 2014, el BDE y la Parte
             Demandada suscribieron una Carta Compromiso.

       2.    El 3 de octubre de 2014 el BDE y la Parte
             Demandada otorgaron un contrato de Préstamo
             (en lo sucesivo, el "Contrato de Préstamo"),
             autenticado ante el Notario Público Frank M.
             González Acevedo bajo el afidávit número
             139,633, mediante el cual se concedió a la
             Demandada un préstamo comercial por la suma de
             $142,068.00.

       3.    El Contrato de Préstamo está evidenciado por
             un Pagaré emitido el 3 de octubre de 2014 por
             la Demandada, a favor del BDE, o a su orden,
             debidamente endosado a favor de PRRD, por la
             suma principal de $142,068.00, acumulando
             intereses a una tasa variable del 2% sobre la

8 Id., págs. 251-564.
9 Id.
10 Id., págs. 568-569.
11 Id., págs. 610-611.
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         tasa de interés preferente, prevaleciente de
         tiempo en tiempo determinada por el Citibank,
         N.A., con un vencimiento al 5 de octubre de
         2034, autenticado bajo el afidávit número
         139,638 ante el Notario Público Frank M.
         González Acevedo (en lo sucesivo, el "Pagaré
         Operacional").

    4.   El Contrato de Préstamo fue enmendado el 25 de
         septiembre de 2015 mediante un Acuerdo Sobre
         Plan de Pago Especial (en lo sucesivo, la
         "Enmienda I") suscrito por el BDE y la
         Demandada, autenticado bajo el afidávit número
         5,612 ante el Notario Público Hernán E. Jorge
         Rosado, mediante el cual, entre otros: (i)
         reconoció y aceptó adeudar a dicha fecha la
         suma de $122,894.76 por concepto de principal;
         (ii) se realizó un plan de pagos especial;
         (iii) se extendió el vencimiento al 5 de
         septiembre de 2045; y (iv) se fijó la tasa de
         interés a 5.50%.

    5.   La Enmienda I está evidenciada por un Allonge
         emitido el 25 de septiembre de 2015 por el BDE
         y la Demandada.

    6.   PRRD   es  el   tenedor   físico  del Pagaré
         Operacional, según enmendado, el cual está
         debidamente endosado a favor de PRRD.

    La Colateral Hipotecaria

    7.   Como colateral para asegurar el pago y
         cumplimiento puntual de sus obligaciones bajo
         el Contrato de Préstamo y toda obligación
         presente y futura de la Demandada para con el
         BDE, ahora PRRD, la Parte Demandada entregó al
         BDE, ahora PRRD, en carácter prendatario el
         siguiente pagaré hipotecario, el cual está en
         posesión de PRRD, en virtud de un Contrato de
         Prenda otorgado el 3 de octubre de 2014,
         autenticado   mediante   el   afidávit   número
         139,634 del Notario Público Frank M. González
         Acevedo   (en   adelante,   el   "Contrato   de
         Prenda"):

    i.   Pagaré hipotecario emitido el 3 de octubre de
         2014, por la Demandada a favor del BDE, o a su
         orden, debidamente endosado a favor de PRRD,
         por   la   suma   principal  de   $135,000.00,
         autenticado bajo el afidávit número 139,632
         del Notario Público Frank M. González Acevedo
         (en lo sucesivo, el "Pagaré Hipotecario"). El
         Pagaré   Hipotecario   está  garantizado   por
         hipoteca constituida mediante la Escritura
         Número 30 de Hipoteca en Primer Rango Garantía
         de Pagaré, otorgada en San Juan, Puerto Rico,
         el 3 de octubre de 2014, ante el Notario
         Público Frank M. González Acevedo, la cual
         consta inscrita al folio 21 del tomo 1041 de
         Carolina Norte, finca número 14,652, Registro
         de la Propiedad, Primera Sección de Carolina
         (en lo sucesivo, la "Hipoteca").

    8.   La Hipoteca I      que garantiza el Pagaré
         Hipotecario grava la siguiente propiedad, cuyo
         titular registral es la Demandada:
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         i.   URBANA: Local número 103 localizado en el
              piso número uno del Condominio Verde Mar
              en Isla Verde, Puerto Rico. Tiene una
              cabida   superficial   de   750.00   pies
              cuadrados. Este solar está radicado a la
              izquierda del edificio. Colinda por el
              SUR, 25.00 pies con la pared divisoria
              principal del edificio por donde tiene
              puerta principal. Este local colinda por
              el NORTE con la pared medianera que los
              separa del estacionamiento local uno, dos
              y tres; por el OESTE en 30.00 pies con el
              área del patio común del edificio. Por el
              ESTE, con 30.00 pies por la pared
              medianera que los separa de la escalera
              de acceso a la segunda planta del
              edificio. Consta este local de espacio
              para comercio y forma parte integral del
              local antes descrito, los locales uno,
              dos y tres[.]

              Finca número 14,652, inscrita al folio 16
              del tomo 384 de Carolina Norte, Registro
              de la Propiedad de Puerto Rico, Sección I
              de   Carolina   (en   lo   sucesivo,   la
              "Propiedad").

    9.   El gravamen sobre el Pagaré Hipotecario quedó
         debidamente perfeccionado al haberse entregado
         al acreedor hipotecario la posesión del Pagaré
         Hipotecario cuyo tenedor, físicamente y por
         endoso, al presente es PRRD.

    Colateral Adicional

    10. Como colateral para asegurar el pago y
        cumplimiento puntual de sus obligaciones bajo
        el Contrato de Préstamo, el 3 de octubre de
        2013, el BDE, ahora PRRD, y la Demandada
        suscribieron un Acuerdo de Gravamen Mobiliario
        (en    los[sic]    sucesivo,   el    "Gravamen
        Mobiliario"), autenticado bajo el afidávit
        número 139,635 del Notario Público Frank M.
        González Acevedo, mediante el cual, entre
        otras cosas, la Demandada transfirió, cedió,
        otorgó y/o pignoró a favor de BDE, ahora PRRD,
        todo derecho, título y/o interés sobre todo el
        equipo y maquinaria, inventario y las cuentas
        por cobrar, presentes o futuras, y el producto
        de cualesquiera de ellos, incluyendo sin
        limitarse al equipo a ser adquirido por la
        Demandada.

    11. El   Gravamen  Mobiliario   quedó  debidamente
        perfeccionado mediante la radicación de una
        declaración    de     financiamiento    número
        2014005460 en el Departamento de Estado de
        Puerto Rico (en lo sucesivo, la "Declaración
        de Financiamiento").

    12. La Declaración de Financiamiento fue enmendada
        el 4 de marzo de 2019 (en adelante, la
        "Enmienda    I    a    la    Declaración    de
        Financiamiento").

    13. La Declaración de Financiamiento fue enmendada
        el 20 de agosto de 2019 (en adelante, la
        "Enmienda    II    a   la    Declaración    de
        Financiamiento").
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        La Garantía Continua e Ilimitada

        14. El 3 de octubre de 2014, la Demandada otorgó
            una Garantía Continua e Ilimitada, autenticada
            bajo el afidávit número 139,636 del Notario
            Público Frank M. González Acevedo, (en lo
            sucesivo, la "Garantía"), mediante la cual
            garantizó solidariamente el pago de todas las
            obligaciones   presentes  y   futuras  de   la
            Demandada.

        A. Suma de Dinero Adeudadas

        15. La   Parte   Demandada   incumplió  con   las
            obligaciones contraídas bajo el Contrato de
            Préstamo, la Garantía y los demás documentos
            de préstamo antes señalados al dejar de pagar
            las mensualidades vencidas.

        16. Al 18 de agosto de 2022, la Parte Demandada
            adeudaba a PRRD, bajo el Contrato de Préstamo,
            el Pagaré Operacional, el Pagaré Hipotecario,
            la Garantía, y los demás documentos de
            préstamo, una suma no menor de $171,882.85 la
            cual se desglosa como sigue: (i) $122,816.61
            por concepto de principal; más (ii) $34,252.34
            por concepto de intereses acumulados y no
            pagados, cantidad que se continúa acumulando
            hasta su total y completo pago a razón de
            $23.55 diarios; más (iii) $1,313.90 por
            concepto de cargos por mora; más (iv) la suma
            agregada de $13,500.00 por concepto de costas,
            gastos y honorarios de abogado pactados
            expresamente   por   las  partes,   según   se
            desprende   del   Pagaré  Hipotecario   y   la
            Hipoteca.

        17. Al presente, las cuantías antes descritas
            adeudadas por la Parte Demandada se encuentran
            vencidas,   son  líquidas   e   inmediatamente
            exigibles.

        18. El 25 de febrero de 2020, PRRD envió a la
            Parte Demandada por correo certificado con
            acuse   de    recibo la   Notificación  de
            Incumplimiento.

        19. Al presente, PRRD es el tenedor de buena fe y
            por endoso del Pagaré Operacional, el Allonge
            al Pagaré Operacional y el Pagaré Hipotecario.

        20. Conforme surge de los documentos de préstamo,
            particularmente del Pagaré Operacional, el
            Allonge al Pagaré Operacional y el Pagaré
            Hipotecario que evidencian la deuda, PRRD es
            el titular de las facilidades de crédito
            objeto de cobro con derecho a exigir el
            cumplimiento de la totalidad de lo adeudado.12

        A   la    luz      de   las   determinaciones   de   hechos

previamente citadas, el TPI razonó que PRRD demostró

incontrovertiblemente,            mediante   prueba     documental,

fehaciente y admisible, que es el tenedor actual de los

12   Id., págs. 569-573.
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pagarés    que    evidencian    el     préstamo      concedido    a   la

apelante y cuyo cobro y ejecución se solicita en este

caso; que la propiedad gravada por la hipoteca consta

inscrita     en    el   Registro           de   la    Propiedad;      el

perfeccionamiento del gravamen mobiliario a su favor;

el incumplimiento de la apelante con sus obligaciones

de pago; y que la deuda reclamada se encuentra vencida,

líquida y exigible.13

     En desacuerdo con dicha determinación, la apelante

presentó una moción de reconsideración14 a la que se

opuso PRRD15, que el TPI declaró No Ha Lugar16.

     Insatisfecha,      la     Sra.    Carrasquillo      presentó     un

recurso apelativo en el cual invoca la comisión de los

siguientes errores:

     LA SENTENCIA SUMARIA FUE DICTADA SIN TOMAR
     EN CUENTA TODOS LOS VICIOS QUE INVALIDAN EL
     LOAN   SALE  AGREEMENT  Y  QUE   ANULAN  LA
     LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA PARTE DEMANDANTE-
     APELADA PR RECOVERY.

     LAS CANTIDADES RECLAMADAS POR PR RECOVERY Y
     RELACIONADAS EN LA SENTENCIA SUMARIA SON
     INCORRECTAS.17

     Oportunamente,     la apelada presentó             su Moción     de

Desestimación     y/o   Alegato       en    Oposición   de   la   Parte

Apelada.18

     Luego de revisar los escritos de las partes y los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

13 Id., pág. 609.
14 Id., págs. 612-626.
15 Id., págs. 627-641.
16 Id., pág. 642.
17 La apelante invoca la comisión de dos señalamientos de error. En

el segundo, alega que las cantidades reclamadas por PRRD y
relacionadas en la sentencia sumaria son incorrectas. Sin embargo,
no discute dicho señalamiento de error, por lo cual se tiene por no
puesto. Véase, Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 99
(2011); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).
18 Alegato de la apelada, págs. 1-23.
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                                    -II-

                                       A.

       La    sentencia       sumaria    es     un      mecanismo    procesal

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito

de facilitar la solución justa y rápida de los litigios

y casos civiles que no presenten controversias genuinas

de hechos materiales y que, por lo tanto, no ameritan

la celebración de una vista en su fondo.19 Se trata de

un mecanismo para aligerar la tramitación de un caso,

cuando      de    los   documentos     que    acompañan       la   solicitud

surge que no existe disputa sobre algún hecho material

y lo que procede es la aplicación del derecho.20

       Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil

dispone que un reclamante debe “presentar una moción

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia

que    demuestre        la     inexistencia       de    una   controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que

el    tribunal      dicte    sentencia       sumariamente      a   su   favor

sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación

solicitada”.21

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.22 Esto

es,    recae      sobre   el    oponente     la     obligación     de   citar

específicamente los párrafos,                 según enumerados en el

escrito      de    sentencia     sumaria,     que      entiende    están   en

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia
19  Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263,
277-279 (2021); Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100,
110-113 (2015); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594
(2013); Ramos Pérez v. Univisión de PR, 178 DPR 200, 213 (2010).
20 Aponte  Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, supra, págs.
277-279; Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 110-113;
Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214.
21 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
22 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).
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admisible que fundamenta su alegación, y especificar la

página    o    sección     de     la    evidencia      que    contradice       o

refuta el hecho.23 Además, el oponente puede someter

hechos materiales adicionales que alegadamente no están

en controversia y que impiden la solución sumaria del

conflicto.24 De así hacerlo, tiene la responsabilidad

de, al igual que el proponente, enumerar los hechos en

párrafos separados e indicar la pieza de evidencia que

sostiene el hecho, con referencia específica a la parte

de la evidencia que lo apoya.25

     El TSPR reiteró en Meléndez González, et als. v.

M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., 193 DPR 100, 122

(2015), que:

     La parte que se opone a una Moción de Sentencia
     Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición
     a la solicitud presentada y de acuerdo con los
     requisitos de forma que exige la citada Regla 36
     de Procedimiento Civil, traer a la atención del
     Tribunal la evidencia que demuestra que existen
     hechos materiales en controversia.26

     Por otro lado, la Regla 36.3(c) de Procedimiento

Civil dispone, que:

     [L]a parte contraria no podrá descansar solamente
     en las aseveraciones o negaciones contenidas en
     sus alegaciones, sino que estará obligada a
     contestar en forma tan detallada y específica,
     como lo haya hecho la parte promovente. [De lo
     contrario], se dictará la sentencia sumaria en su
     contra si procede”.27

     Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M.

Cuebas,       Inc.    y   Bohío        Int.,   Corp,    supra,     el   TSPR

estableció el estándar específico que debe utilizar el

Tribunal      de     Apelaciones        para   revisar       una   sentencia

sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia:

23 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).
24 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.
25 Id.; Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.3(b)(3).
26 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int.,

Corp., supra, pág. 122.
27 Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c).
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     Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera
     v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de
     Apelaciones se encuentra en la misma posición del
     Tribunal de Primera Instancia al momento de
     revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese
     sentido,   está  regido   por  la   Regla  36   de
     Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos
     criterios que esa regla y la jurisprudencia le
     exigen al foro primario. Obviamente, el foro
     apelativo intermedio estará limitado en el sentido
     de que no puede tomar en consideración evidencia
     que las partes no presentaron ante el Tribunal de
     Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos
     materiales en controversia, ya que ello le compete
     al foro primario luego de celebrado un juicio en
     su fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones
     es una de novo y debe examinar el expediente de la
     manera más favorable a favor de la parte que se
     opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro
     primario, llevando a cabo todas las inferencias
     permisibles a su favor.

     Segundo, por estar en la misma posición que el
     foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe
     revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria
     como su Oposición cumplan con los requisitos de
     forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento
     Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v.
     JF Montalvo, supra.

     Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
     dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones
     debe revisar si en realidad existen hechos
     materiales en controversia. De haberlos, el foro
     apelativo intermedio tiene que cumplir con la
     exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil
     y   debe  exponer   concretamente  cuáles  hechos
     materiales encontró que están en controversia y
     cuáles están incontrovertidos. Esta determinación
     puede hacerse en la Sentencia que disponga del
     caso y puede hacer referencia al listado numerado
     de hechos incontrovertidos que emitió el foro
     primario en su Sentencia.

     Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos
     materiales realmente están incontrovertidos, el
     foro apelativo intermedio procederá entonces a
     revisar de novo si el Tribunal de Primera
     Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
     controversia.28

                             B.

     El Código Civil de 1930, vigente al momento de los

hechos,   define    el   contrato   de   préstamo    en   los

siguientes términos:

     Por el contrato de préstamo, una de las partes
     entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para
     que use de ella por cierto tiempo y se la
     devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero
     u otra cosa fungible, con condición de volver
     [sic] otro tanto de la misma especie y calidad, en

28 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int.,
Corp., supra, págs. 118-119. (Énfasis en el original).
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      cuyo caso       conserva        simplemente        el    nombre       de
      préstamo.

      El comodato es esencialmente gratuito.

      El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto
      de pagar interés.29

      Por su parte, el TSPR ha definido el contrato de

préstamo como:

      […]   unilateral,   por    cuanto   sólo   produce
      obligaciones para una de las partes, que es el
      prestatario; traslativo de dominio, en el sentido
      de que, con la entrega de la posesión, se entrega
      también su título, ya que el prestatario recibe la
      cosa para gastarla, estando este obligado a
      devolver el género y; gratuito u oneroso, según se
      hayan pactado el pago de intereses o no.

      Toda vez que el contrato de préstamo es uno
      unilateral, por generar obligaciones a cargo del
      prestatario, éste estará obligado a entregar lo
      prestado –con sus intereses si se pactaron- una
      vez el término haya vencido.30

                                       C.

      La   Ley    Núm.   208-1995,          conocida          como    la    Ley   de

Transacciones Comerciales, según enmendada31, se adoptó

con   la      finalidad        de      simplificar,             clarificar         y

modernizar       el   derecho         que       rige     las     transacciones

comerciales, uniformar el derecho                      entre las diversas

jurisdicciones        existentes            y    permitir        la        continua

expansión de las prácticas comerciales.32

      Ahora      bien,    un     instrumento             negociable,         según

definido por la mencionada disposición legal, es “una

promesa    incondicional         de     pagar      una    suma       de     dinero,

pagaderos a la presentación o en fecha determinada, que

no contiene ninguna otra promesa u orden”.33

29 Art. 1631 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
4511. (Derogado).
30 Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 492 (2010). (Citas

omitidas).
31 Sec. 1-101 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 401 nota et

seq.).
32 Sec. 1-101 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 401); Cruz

Consulting v. El Legado, et al., 191 DPR 499, 508 (2014); COSSEC v.
González López, 179 DPR 793, 802 (2010).
33 Sec. 2-102 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 504(a)).
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      Sobre       lo     que   constituye        una       cesión     de    un

instrumento       negociable,      el   Capítulo       2   de    la   Ley    de

Transacciones          Comerciales,     supra,    establece         que    esta

ocurre “cuando se entrega por una persona que no sea su

emisor con el propósito de darle a la persona que lo

recibe      el    derecho      a   exigir    el        cumplimiento         del

instrumento”.34 “Sea esta una negociación o no, confiere

al cesionario cualquier derecho del cedente a exigir el

cumplimiento       del      instrumento,     incluyendo             cualquier

derecho que tuviese como tenedor de buena fe ...”.35

      Por otro lado, la Sec. 2-206(a) y la Sec. 9-406(d)

de   la   Ley     de    Transacciones     Comerciales           disponen     lo

siguiente:

      Sección 2-206. — Endoso Restrictivo. (19 LPRA §
      556)

      (a) Un endoso que limita el pago a una persona
          en particular o que de otra forma prohíbe la
          cesión    o    negociación  posterior    del
          instrumento no es efectivo para evitar una
          cesión    o    negociación  posterior    del
          instrumento.36

            […]

            Sección 9-406. — Relevo de un deudor de una
            cuenta;   notificación    de   una    cesión;
            identificación   y   evidencia   de   cesión;
            restricciones de una cesión de cuentas;
            papel   financiero,   pagos   intangibles   y
            pagares ineficaces. (19 LPRA § 2306)

            […]

      (d)     Disposiciones que restrinjan la cesión
              serán inefectivas. Excepto según de otro
              modo se dispone en la subsección (e) y la
              Sección 9-407, y sujeto a la subsección
              (h), una disposición en un acuerdo entre un
              deudor de una cuenta y un cedente o en un
              pagaré será inefectiva en la medida que:

              (1) prohíba, restrinja, o requiera el
              consentimiento del deudor de una cuenta o
              persona obligada bajo un pagaré a la cesión
              o transferencia o a la creación, el
              embargo, la perfección o ejecución de una
              garantía mobiliaria sobre la cuenta, papel
              financiero, pago intangible o pagaré; o

34 Sec. 2-203 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 553).
35 Id.
36 Sec. 2-206 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA Sec. 556).
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            (2) provea que la cesión o transferencia o
            la   creación,    embargo,   perfección    o
            ejecución del gravamen podrá resultar en un
            incumplimiento,    derecho   a    reembolso,
            reclamación, defensa, terminación, derecho
            a terminar o remedio bajo la cuenta, papel
            financiero, pago intangible o pagaré.37

            […]

     Finalmente, es pertinente destacar que la Cláusula

3.06 del Contrato de Préstamo lee como sigue:

     Sección 3.06. Cesión de Colateral. El [BDE]
     tendrá el derecho absoluto de vender o ceder a
     cualquier otro Banco, fideicomiso o institución,
     toda o cualquier parte del Préstamo. Además, el
     [BDE] podrá constituir, a su opción, cualquier
     gravamen sobre cualquier colateral que garantice
     el pago del Préstamo para fines de levantar
     fondos para cumplir, si necesario, con los
     términos y condiciones de este Contrato.38

                                 D.

     El Art. 1118 del Código Civil de 1930, vigente al

momento de los hechos, establece lo siguiente:

     Artículo 1118. — Pago de buena fe al poseedor del
     crédito. (31 LPRA § 3168)

     El pago hecho de buena fe al que estuviere en
     posesión del crédito liberará al deudor.39

     En   lo      aquí   pertinente,   en   Rodríguez   v.    Banco

Popular de Puerto Rico 66 DPR 781, 784-85 (1946) el

TSPR resolvió:

     [s]erán casos de aplicación del art. 1164 y
     consiguiente eficacia del pago: el hecho al
     acreedor primitivo por un deudor que no conozca
     la   cesión  del    crédito  ni  la   incapacidad
     sobrevenida aquél; el que se verifique en favor
     de un cesionario, reconocido como tal, aunque
     después se declare la rescisión o nulidad de la
     transmisión, y el que se haga a los que, como
     herederos, posean la del acreedor. En estos
     casos, ni puede perjudicar al deudor que aquéllos
     a quienes pague sean luego vencidos en juicio, ni
     a los que en éste triunfen quedará otro medio que
     reclamar al que cobró indebidamente. (citas
     internas omitidas).

                                 E.

     En cuanto a la revisión y aprobación de contratos

otorgados      por   entidades   gubernamentales    del      Estado

37 Sec. 9-406 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA Sec. 2306).
38 Apéndice de la apelante, pág. 24.
39 Art. 1118 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA Sec.

3168.
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Libre         Asociado     de    Puerto       Rico,      la     Puerto     Rico

Oversight,         Management         and     Economic        Stability     Act

dispone en la Sec. 2144(b), lo siguiente:

        […]

        (b)…

        (2) Authority to review certain contracts. The
        Oversight Board may establish policies to require
        prior   Oversight    Board  approval   of   certain
        contracts, including leases and contracts to a
        governmental      entity    or    government-owned
        corporations rather than private enterprises that
        are proposed to be executed by the territorial
        government, to ensure such proposed contracts
        promote    market    competition   and    are   not
        inconsistent with the approved Fiscal Plan.

        (5) Failure to comply. If a contract, rule,
        regulation, or executive order fails to comply
        with policies established by the Oversight Board
        under this subsection, the Oversight Board may
        take such actions as it considers necessary to
        ensure that such contract, rule, executive order
        or regulation will not adversely affect the
        territorial government's compliance with the
        Fiscal   Plan,   including  by   preventing   the
        execution or enforcement of the contract, rule,
        executive order or regulation. 48 U.S.C. §2 144.
        […]40

                                      -III-

        En síntesis, la apelante impugna la capacidad de

PRRD para cobrar las cantidades reclamadas por varias

razones. Entiende que el Loan Sale Agreement es nulo

porque fue el resultado de una transacción fraudulenta,

que      se    está      impugnando     ante     el   TPI.       Además,    el

documento en cuestión carece de plena eficacia jurídica

porque no cumple con un requisito de forma, a saber,

haber sido aprobado por la Junta de Control Fiscal,

controversia que se está ventilando ante el Tribunal de

Apelaciones Federal. En consecuencia, considera que la

Sentencia apelada es prematura hasta que se resuelvan

estas controversias en dichos foros.                     Sostiene, además,

que el apelado no es legítimo tenedor por endoso del

pagaré         debido     a     que    el     endosatario        no   es     un

40   Apéndice de la apelante, pág. 603.
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representante           autorizado       del    BDE       y    la     escritura       en

virtud      de    la    cual     se     le    concedían         facultades           para

endosar      es    nula.        Finalmente,          alega      que      el      apelado

tampoco es un tenedor legítimo del pagaré debido a que

no es un banco, fiduciario o institución financiera.

        Por su parte, la apelada arguye que es la actual y

legítima      acreedora         del crédito en controversia.                         Esto

obedece      a    que    los    pagarés        que    representan             la   deuda

fueron debidamente cedidos y endosados a su favor.                                     A

su     entender,        BDE     no    estaba     impedido           de      ceder     el

préstamo a su favor. Ello responde a que la cláusula

3.06 del contrato de préstamo no restringe la facultad

del cedente para vender el crédito en controversia.                                   De

todos      modos,        una     restricción          a       la    cesión         sería

contraria a la Ley de Transacciones Comerciales, supra,

y a la ley orgánica del BDE. Además, la nulidad del

contrato de cesión de crédito no afecta la condición de

deudora      de    la    apelante.       En     todo      caso,        el     pago   que

realice extingue la obligación para cualquier acreedor.

A    esto hay que añadir                que contrario              alega la parte

apelante,         la    validación       del     contrato           de      cesión    de

crédito entre BDE y PRRD, por parte de la Junta de

Control Fiscal, no es un requisito de forma solemne

para la eficacia del negocio jurídico.

        Luego de revisar cuidadosamente los documentos que

obran       en     autos,        determinamos             que       PRRD         cumplió

cabalmente con los requisitos de forma de la Regla 36.1

de     Procedimiento           Civil,    supra.        Así,        pues,      presentó

documentos y una declaración jurada en apoyo de sus

alegaciones.41           En      cambio,        la        apelada            incumplió

crasamente         con        sus     obligaciones              bajo        la     Regla

41   Apéndice de la apelante, págs. 1-116.
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36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra.42 Esto es así

porque       no    citó      específicamente         los   párrafos       según

enumerados         en   la    moción      de    sentencia      sumaria      que

considera que están en controversia. Menos aún, para

cada     uno       especificó       la    prueba      admisible      en     que

fundamenta su contención y la página o sección de la

prueba que establece una controversia real sobre los

hechos       materiales           pertinentes      para     adjudicar        la

reclamación. Por el contrario, su oposición consistió

en     una    extensa        argumentación      de     derecho    sobre      la

nulidad del contrato de cesión de activos entre BDE y

PRRD, y los documentos que acompañó con su escrito solo

pretenden apoyar dicha contención jurídica. En ningún

momento           controvirtió          los    hechos      y     documentos

presentados por la apelada.

       Ante dicho escenario, corresponde determinar si el

TPI aplicó correctamente el derecho y adelantamos que a

nuestro entender sí lo hizo. Veamos.

       Surge de los documentos que obran en autos que las

partes suscribieron un contrato de préstamo43 que está

representado         por     un   pagaré44.    Que    dicho    contrato      se

enmendó45 y la nueva obligación está reconocida por un

pagaré46. Además, ambos pagarés se endosaron a favor de

PRRD.47 A esto hay que añadir que la obligación suscrita

por la apelante está garantizada por un bien inmueble

de su propiedad.48 Como si lo anterior fuera poco, las

partes       suscribieron          un    gravamen       mobiliario        sobre

42 Id., págs. 117-250.
43 Apéndice del apelada, págs. 17-38.
44 Id., págs. 39-40.
45 Id, págs. 41-46.
46 Id, pág. 53.
47 Id, págs. 39-40 y 53-54.
48 Apéndice de la apelante, págs. 44-45.
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determinados           bienes49        y        la        apelante          garantizó,

solidariamente, el pago de sus obligaciones presentes y

futuras      mediante       la       suscripción                de    una     garantía

continua      e        ilimitada50.             Finalmente,            la     apelante

incumplió     con        las      obligaciones                 contraídas         y     las

gestiones de cobro realizadas resultaron infructuosas.51

En   consecuencia,         la     apelante               adeuda      las    cantidades

reconocidas en la sentencia, que son a su vez líquidas

y exigibles.

      Por    otro      lado,      el   ataque             a    la    transacción         de

cesión de créditos entre BDE y PRRD es inconsecuente

con relación al pleito ante nuestra consideración. De

un examen cuidadoso del expediente se desprende que la

apelante es parte de una obligación crediticia válida,

garantizada hipotecariamente, que no ha cumplido. Esta

obligación es vinculante ante el poseedor del crédito,

en este caso PRRD. De modo que de cumplir la misma

quedará      liberada          respecto              a        cualquier       acreedor

potencial. Si posteriormente resulta que BDE vence en

el pleito, tal evento no afectará la posición jurídica

de la Sra. Carrasquillo. Así pues, aquel tendrá que

reclamar     su    acreencia         de     quien          resultó         vencido,      es

decir, PRRD.

      Tampoco tiene razón la apelante cuando alega que

la   falta    de       validación          del       contrato         de    cesión       de

créditos     por       parte    de     la       Junta          de    Control      Fiscal

constituye        un    requisito          de    forma         solemne       de       dicho

negocio jurídico. De la lectura de la Sec. 2144(b) de

la   Puerto       Rico     Oversight             Management           and     Economic

Stability Act no se desprende que dichas disposiciones

49 Apéndice de la apelada, págs. 87-89.
50 Id, págs. 90-93.
51 Id, págs. 94-95.
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impongan un requisito de forma indispensable para la

eficacia del contrato en cuestión. En todo caso, como

indicamos previamente, el ataque al contrato de cesión

entre BDE y PRRD no afecta la validez del crédito que

se reclama en el presente pleito.

     Por otro lado, no nos convence el argumento de la

apelante sobre la falta de validez de los endosos de

los pagarés pertinentes a la transacción de autos. Así

pues, la presunta nulidad de la escritura de la cual

emana la autorización del representante del BDE para

endosar   los     pagarés    es    una       alegación     conclusoria          y

especulativa.       A   nuestro    entender,         no    constituye          un

fundamento        válido    para     dejar          sin        efecto        unas

transacciones que de su faz cumplen cabalmente con las

disposiciones de la Ley de Transacciones Comerciales,

supra. Por el contrario, nuestra revisión de la cadena

de endosos demuestra que la apelada es la poseedora del

instrumento negociable en cuestión y en consecuencia ha

recibido de su transferente el derecho a reclamar su

cumplimiento.

     Finalmente,        contrario        a     la   pretensión          de     la

apelante,    la    Sec.    3.06    del       Contrato     de    Préstamo       no

impone al BDE una restricción para ceder un crédito. No

lo puede hacer porque esta sería contraria a la Ley de

Transacciones Comerciales, supra. Por el contrario, la

lectura de dicha disposición revela que el BDE ostenta

una facultad absoluta para vender o ceder un crédito o

cualquier parte de este. Es aquí donde debe recaer el

énfasis de la interpretación.

                                   -IV-

    Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia Sumaria apelada.
KLAN202300260                                              19

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

    La     jueza   Grana   Martínez   disiente   con   opinión

escrita.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones
            ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

    PR RECOVERY AND                               Apelación
  DEVELOPMENT JV, LLC.                            procedente del
                                                  Tribunal de Primera
           Apelado                                Instancia, Sala
                                                  Superior de
              v.                                  Carolina

         REBECA I.                                Civil Núm.:
    CARRASQUILLO DE            KLAN202300260      CA2021CV03193
   JESÚS T/C/C REBECA
  ISIS CARRASQUILLO DE                            Sobre:
   JESÚS H/N/C CITRUS                             Cobro de Dinero,
           CAFÉ                                   Ejecución de
                                                  Hipoteca y
          Apelante                                Ejecución de
                                                  Gravamen
                                                  Mobiliario

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
 Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

        VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ

       El objetivo de la moción solicitando sentencia sumaria es

 facilitar la solución justa, rápida y económica de un caso. Universal

 Insurance Company v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2023

 TSPR 24; MAPFRE Preferred Risk Insurance Co. & Popular Auto v.

 Estado Libre Asociado, 209 DPR 910, 946 (2022); Meléndez

 González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); SLG Zapata-

 Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v.

 Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). Es el mecanismo procesal que

 provee nuestro ordenamiento para resolver controversias que no

 requieren la celebración de un juicio. Segarra Rivera v. International

 Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964, 979 (2022). Ahora bien, la

 sentencia sumaria solo procede cuando se demuestre la inexistencia

 de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes,

 para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre

 la totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada y siempre

 y cuando así proceda en derecho. 32 LPRA Ap. V., R. 36.3; MAPFRE

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300260                                                     2

Preferred Risk Insurance Co. & Popular Auto v. Estado Libre

Asociado, supra.

      Al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria,

el juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en

todo momento de que su determinación puede conllevar que se prive

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44

(2020); Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 138; Mun. de

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327 (2013); Jusino et als. v.

Walgreens, 155 DPR 560, 578 (2001); Roig Com. Bank v. Rosario

Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990).

      Por otro lado, un hecho material es aquel que puede afectar el

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable. O sea, es aquel que tomando en consideración el derecho

aplicable, puede alterar la forma en que se resuelve un caso.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Para mí, la

legitimación activa de PR Recovery and Development JV, LLC, en

adelante PRRDJV, para presentar la reclamación que hoy nos ocupa

es un hecho en controversia que debe ser dilucidado mediante la

celebración de un juicio en su fondo. No albergo duda que este es

un hecho material capaz de derrotar la reclamación. Adviértase que

la cesión del instrumento sea ésta una negociación o no, confiere al

cesionario cualquier derecho del cedente a exigir el cumplimiento

del instrumento, incluyendo cualquier derecho que tuviese como

tenedor de buena fe, pero el cesionario no podrá adquirir los

derechos de un tenedor de buena fe por una cesión directa o

indirecta de un tenedor de buena fe, si el cesionario participó en un

fraude o ilegalidad que afectó al instrumento. 19 LPRA sec. 553 (b).

      La apelante sostiene que PRDRJV participó de un alegado

fraude que vicia de ilegalidad la cesión del instrumento. Esto

afirmando que la transacción de cesión es nula por haberse hecho
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por una persona (endosatario) sin capacidad legal para representar

al Banco de Desarrollo Económico. A mi entender esta controversia

no es inconsecuente en el pleito que hoy nos ocupa. Me parece que

dilucidar la legitimación activa de quien pretende el cobro del

pagaré es un hecho material capaz de cambiar el curso de acción de

la reclamación. Entiendo que es este precisamente el tipo de hecho

que, por su trascendencia, requiere un juicio en su fondo, una vez

se ha levantado una seria duda sobre la legitimación activa del

reclamante. Tampoco creo que la alegación es una conclusoria y

especulativa. Véase, como fuente persuasiva, las expresiones de un

panel hermano en el KLAN202300013, en una controversia de la

misma naturaleza a la que hoy nos ocupa y de la cual el apelado es

parte. Citamos: “[l]a Sentencia apelada ignora que existe una

controversia real y material sobre la titularidad de los créditos

objeto de cobro”. Específicamente, determinó que procedía dictar

sentencia sumariamente aun cuando el propio BDE informó al

TPI que los créditos que la parte Apelada pretende cobrar no le

pertenecen y son propiedad gubernamental del BDE. Esto es un

hecho     esencial   en   controversia   que   no   puede   adjudicarse

sumariamente, pues hay elementos de intención, que ameritan la

celebración de un juicio plenario. En este caso, el factor de

credibilidad es esencial y está en disputa, por lo que no procede la

sentencia sumaria como mecanismo procesal de adjudicación.

        Por otra parte, en una controversia de la misma naturaleza en

la cual PRDJV fue parte reclamante sobre el cobro de cierto activo

adquirido de la misma manera que el pagaré que hoy le reclama a la

apelante, un panel hermano revocó la sentencia emitida por el foro

primario mediante sentencia sumaria y desestimó la reclamación.

Ello, concluyendo que había controversia sobre la legitimación

activa de PRDJV al existir controversia sobre la venta del préstamo

por el Banco de Desarrollo Económico. Véase, KLAN202300107.
KLAN202300260                                                        4

      En fin, el posible incumplimiento de la apelante con su

obligación contractual no justifica que concedamos una solicitud de

sentencia sumaria, cuando la legitimación activa del apelado está en

controversia y es un hecho material para la reclamación. Después

de todo, el tenedor de buena fe significa el tendedor de un

instrumento si: (1) cuando fue emitido o negociado al tenedor, el

instrumento no tenía evidencia aparente de falsificación o alteración

ni era de tal forma irregular o incompleto como para que debiera

cuestionarse su autenticidad; y (2) el tenedor tomó el instrumento (i)

por valor, (ii) de buena fe, (iii) sin tener aviso de que el instrumento

estuviese en mora o hubiese sido desatendido o de que existiese un

incumplimiento no subsanado respecto al pago de otro instrumento

emitido como parte de la misma serie, (iv) sin tener aviso de que el

instrumento contiene una firma no autorizada o ha sido alterado, (v)

sin tener aviso de la existencia de una reclamación contra el

instrumento de las descritas en la Sección 2-306, y (vi) sin tener

aviso de que una parte tenga una defensa o reclamación de

resarcimiento de las descritas en la Sección 2-305(a).19 LPRA sec.

602 (a)(1) y (2). De hecho, el derecho a exigir el cumplimiento de la

obligación contraída por una parte en un instrumento de pagarlo

está sujeto a lo siguiente: (… (ii) coacción, falta de capacidad legal o

ilegalidad de la transacción que, bajo otra ley, anula la obligación

del deudor, …. 19 LPRA sec. 605 (a) (ii).

      Resumiendo, no concibo el uso de la sentencia por la vía

sumaria cuando hay controversia de un hecho material como el que

ha planteado la parte apelante de falta de legitimación activa. Para

mí es un hecho en controversia cuyo efecto en la reclamación puede

ser tan material como para lograr la desestimación de esta, por lo

que concluyo que debió haber sido dilucidado mediante un juicio en

su fondo.
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En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2023.

                    Grace M. Grana Martínez
                Jueza del Tribunal de Apelaciones