Court Opinion

ID: 9916154
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:47.336149+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:10.356379
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

  ROBERTO MORALES                                  APELACIÓN
       CABÁN                                       procedente del
      Apelante                                     Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
                                KLAN202300856      Superior de
              V.                                   CAROLINA

    CARMEN GARCÍA                                  Civil. Núm.
      GUTIÉRREZ                                    CA2023CV01576
       Apelada
                                                   Sobre:
                                                   DAÑOS Y
                                                   PERJUICIOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

       El 25 de septiembre de 2023, el Sr. Roberto Morales Cabán

(apelante o señor Morales) acudió ante nos mediante una Apelación

Civil y solicitó la revocación de una Sentencia que se dictó el 31 de

agosto de 2023 y se notificó el 1 de septiembre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).

Mediante el aludido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio una

demanda sobre daños y perjuicios que presentó el apelante.

       Por   los    fundamentos      que    exponemos   a   continuación,

revocamos la Sentencia apelada.

                                       I.

       El 17 de mayo de 2023, el señor Morales presentó una

Demanda sobre daños y perjuicios contra la Sra. Carmen García

Gutiérrez (apelada o señora García).1 Alegó que, a finales del 2020,

la señora García aumentó el volumen de su radio de manera tal que

el sonido se escuchaba en su residencia, la cual se ubicaba a 1.6

kilómetros de distancia. Adujo que el aludido sonido se escuchaba

1 Véase, Apéndice del recurso, págs. 1-4.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
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incluso con las ventanas cerradas y en horas de la madrugada.

Esbozó que se reunió con varios vecinos los cuales compartieron sus

inquietudes ante el ruido proveniente de la propiedad de la señora

García. Indicó que, pese a distintas gestiones realizadas por los

vecinos para disuadir la conducta de la apelada, la situación

persistió. Además, sostuvo que las autoridades policiacas, tanto la

municipal como la estatal, se negaron a intervenir. Finalmente,

indicó que la situación se tornó tan insoportable que tuvo que

vender su residencia, la cual fue su hogar por décadas, debido a la

perturbación a su paz por parte de la señora García.

       Ante este escenario, solicitó una compensación no menor de

quinientos mil ($500,000.00) dólares por los daños a su derecho

constitucional a vivir en paz en su hogar. Asimismo, solicitó la

imposición del rembolso de todos los gastos incurridos incluyendo

honorarios de abogados.

       Por su parte, el 6 de junio de 2023, la señora García presentó

una Moción en Solicitud de Desestimación.2 En síntesis, argumentó

que las alegaciones que surgían de la Demanda no exponían una

reclamación que justificara la concesión de un remedio. Asimismo,

planteó que aun tomando como ciertas dichas alegaciones, estas no

describían hechos específicos de acciones dirigidas hacia el

apelante. Finalmente, sostuvo que no existían daños continuos y

que la única fecha en la cual se alegó la comisión de algún daño era

a finales del 2020, por lo cual la acción estaba prescrita.

       En respuesta, el 8 de agosto de 2023, el apelante presentó una

Oposición a la Solicitud de Desestimación.3 En esencia, argumentó

que las alegaciones de su Demanda informaron adecuadamente a la

señora García las razones por las cuales se le estaba reclamando.

De igual forma, sostuvo que el término prescriptivo de la causa de

2 Íd., págs. 5-11.
3 Íd., págs. 12-15.
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acción ya se había interrumpido, ya que en el caso civil núm.

CN2022CV00133, el apelante había presentado una demanda

contra tercero contra la apelada. Afirmó que dicha demanda contra

tercero fue desestimada sin perjuicio mediante una Sentencia

Parcial que se emitió el 8 de febrero de 2023 y a partir de tal fecha,

comenzó a transcurrir nuevamente el término prescriptivo de la

causa de acción.

       De otro lado, el 18 de agosto de 2023, la apelada presentó una

Réplica a “Oposición a la Solicitud de Desestimación”.4 Explicó que,

la demanda no expuso una relación sucinta y sencilla de los hechos

alegados. A su vez, arguyó que las alegaciones en la demanda no

demostraron con suficiente claridad y especificidad algún hecho

sufrido directamente por el apelante y tampoco estableció nexo

causal entre las alegaciones y la apelada.

       Evaluado estos escritos, el 31 de agosto de 2023, el TPI emitió

su Sentencia.5 En esta, declaró Ha Lugar la moción de desestimación

y consecuentemente, desestimó con perjuicio la causa de acción

presentada por el apelante. Inconforme, el 25 de septiembre de

2023, el señor Morales acudió ante este foro y formuló los siguientes

señalamientos de error:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al privar al
        apelante de su derecho a un día en corte, en
        violación a la política pública de atender los asuntos
        ante sí en sus méritos y sin proveer razonamiento
        alguno en derecho.

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al adoptar la
        radical medida de desestimar la demanda.

       Atendido el recurso, el 27 de septiembre de 2023, emitimos

una Resolución en la cual le concedimos hasta el 25 de octubre de

2023 a la parte apelada para que presentara su alegato en oposición.

Oportunamente, el 25 de octubre de 2023, compareció la señora

4 Íd., págs.16-19
5 Íd., pág. 20
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García con su Oposición a Apelación y negó que el TPI cometiera los

errores que el señor Morales le imputó. Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver la

controversia ante nuestra consideración.

                                  II.

      Una   persona    contra   quien    se   haya   presentado     una

reclamación judicial puede solicitar su desestimación cuando, de la

faz de las alegaciones de la demanda, surja que alguna defensa

afirmativa puede derrotar la pretensión del demandante. Conde

Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1077-1078 (2020). A tales

efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2

establece varias defensas privilegiadas que pueden ser presentadas

en   cualquier    momento,       mediante     moción       debidamente

fundamentada. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-

821 (2013). Específicamente, la referida regla dispone lo siguiente:

      Toda defensa de hechos o de derecho contra una
      reclamación se expondrá en la alegación responsiva
      excepto que, a opción de la parte que alega, las
      siguientes defensas pueden hacerse mediante una
      moción debidamente fundamentada:

      (1) Falta de jurisdicción sobre la materia;

      (2) Falta de jurisdicción sobre la persona;

      (3) Insuficiencia del emplazamiento;

      (4)   Insuficiencia       del     diligenciamiento      del
      emplazamiento;

      (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la
      concesión de un remedio;

      (6) Dejar de acumular una parte indispensable;

      Ahora bien, en lo pertinente a la controversia ante nos, el

quinto inciso de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite

al demandado solicitar la desestimación de una acción cuando esta

“deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio”. En tales casos, la desestimación solicitada se dirige a los

méritos de la controversia y no a los aspectos procesales. Cruz Pérez
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v. Roldán Rodríguez et al., 206 DPR 261, 267 (2021). Cabe precisar

que, al evaluar una moción de desestimación bajo este fundamento,

es necesario que el tribunal considere como ciertas todas las

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera clara en

la demanda. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38,

49 (2015). Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en

diversas ocasiones que, ante una moción de desestimación, las

alegaciones   hechas     en   la   demanda    hay   que    interpretarlas

conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible

para la parte demandante. González Méndez v. Acción Social et al.,

196 DPR 213, 234 (2016).

       Ahora bien, es importante enfatizar que, al plantearse la

defensa de dejar de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio, la demanda no debe desestimarse a

menos que se desprenda con toda certeza que la parte no tiene

derecho a remedio alguno, independientemente de los hechos

que puedan ser probados en apoyo a su reclamación. (Énfasis

suplido) Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR, 497,

505 (1994). Por este motivo, el Tribunal tendrá que examinar con

extrema cautela los hechos alegados y asegurarse de que no existe

remedio a favor de la parte demandada y que la insuficiencia es de

tal   naturaleza   que   no    permite   el   ejercicio   de   la   acción

correspondiente. Rodríguez v. Tribunal Municipal y Ramos, 74 DPR

656, 665 (1953). De igual forma, el Tribunal Supremo ha

establecido que no procederá la desestimación de una demanda

si esta es susceptible de ser enmendada. (Énfasis suplido) Colón

v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). En fin, la desestimación de la

reclamación judicial procede cuando surja de los hechos bien

alegados en la demanda que la parte demandante no tiene derecho

a remedio alguno. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501

(2010).
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      Nuestro estado de derecho reconoce e impulsa la política

judicial que establece que los casos se ventilen en sus méritos de

forma rápida, justa y económica. Amaro González v. First Fed. Savs.,

132 DPR 1042, 1052 (1993). En consecuencia, la desestimación de

un pleito, previo a entrar a considerar los argumentos que en el

mismo se plantean, constituye el último recurso al cual se debe

acudir, luego de que otros mecanismos resulten ser ineficaces

en el orden de administrar la justicia. (Énfasis suplido) S.L.G.

Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005).

                                    III.

      En el caso de autos, el señor Morales impugnó una Sentencia

que el TPI dictó el 31 de agosto de 2023 y notificó el 1 de septiembre

de 2023    desestimando con perjuicio su causa de acción.

Específicamente, en su primer señalamiento de error, el apelante

argumentó que el foro primario violó la política pública de atender

los asuntos que están ante su consideración en sus méritos. Por otro

lado, en su segundo señalamiento de error, planteó que el TPI erró

al adoptar la radical medida de desestimar la demanda. Le asiste la

razón. Veamos.

       Por estar intrínsecamente relacionados, atenderemos ambos

señalamientos de error de manera conjunta. En la presente

controversia,    la   señora   García      presentó    una    moción   de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil,

supra, fundamentándose en que las alegaciones no contenían una

reclamación     que   justificara   la     concesión   de    un   remedio.

Entendemos que una lectura de las alegaciones de la Demanda

según lo requiere una moción al amparo de la Regla 10.2(5) de

Procedimiento Civil, supra, demuestra que el señor Morales podría

tener derecho a un remedio si se probaran los hechos alegados. Por

ello, tomando en consideración la política pública que rige en

nuestro ordenamiento jurídico de que la desestimación de una
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causa de acción constituye el último recurso al cual se debe acudir

y favoreciendo la creencia de que los casos deben ventilarse en sus

méritos, resolvemos que, en esta etapa de los procedimientos, la

desestimación de la causa de acción es una sanción muy drástica.

      Ante lo antes expresado y de una lectura conjunta, liberal y

de la manera más favorable al apelante, le devolvemos el caso al TPI

para que le permita al peticionario enmendar su demanda. De esta

forma, colegimos que los errores formulados por el señor Morales se

cometieron toda vez que el TPI incidió al desestimar la demanda en

el caso de autos. Por último, aclaramos que con este dictamen no

estamos prejuzgando la procedencia de la demanda.

                                   IV.

      Por   los   fundamentos     antes   expuestos,   revocamos    la

Sentencia apelada y le devolvemos el caso al TPI para que proceda

conforme a lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones