Court Opinion

ID: 9941416
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:33:37.781978+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:37.140308
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL V ESPECIAL

JUAN APONTE COLÓN Y                                  Certiorari
OTROS                                                procedente del
                                                     Tribunal de Primera
    Parte Querellante-                               Instancia, Sala
         Apelante                                    Superior de Bayamón

                              KLAN202300890          Caso Núm.:
             v.                                      SJ2017CV01935 (502)

                                                     Sobre:
EMPRESAS DÍAZ, INC. Y                                Despido Injustificado y
OTROS                                                Salarios;
                                                     Acción Representativa
    Parte Querellada-                                (Procedimiento Sumario)
         Apelada
                                                          consolidado con:

ARTURO DÍAZ IRIZARRY                                 Caso Núm.:
                                                     SJ2018CV01811 (502)
    Parte Querellante-
         Apelante

             v.                                      Sobre:
                                                     Despido Injustificado y
EMPRESAS DÍAZ, INC. Y                                Salarios;
OTROS                                                Acción Representativa
                                                     (Procedimiento Sumario)
    Parte Querellada-
         Apelada

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard1

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

       Comparecen ante nos el señor Juan Aponte Colón y otros (en

conjunto, apelantes o empleados) mediante recurso de Apelación y

solicitan la revisión de la Sentencia Parcial emitida el 22 de

septiembre de 2023, notificada el 25 de septiembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI o foro

primario). Mediante el aludido dictamen, el TPI archivó con perjuicio

1 El caso de epígrafe se asigna a este Panel Especial conforme a la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, emitida el 4 de enero de 2021, con efectividad del
10 de enero de 2022.

Número Identificador
SEN2024__________
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las reclamaciones instadas por 36 coquerellantes, sin especial

imposición de costas, gastos y honorarios de abogados.

       Por   los   fundamentos       que    exponemos    a   continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                       I.

       El 11 de septiembre de 2017, cuarenta y cinco (45) personas

presentaron Querella2 bajo el procedimiento sumario dispuesto por

la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq.

(Ley Núm. 2-1961) contra Empresas Díaz Inc., Betteroads Asphalt

LLC h/n/c Betteroads Asphalt Corporation, Betteroads Asphalt II

LLC,      Betterecycling        Corporation,       Petroleum    Emulsion

Manufacturing Corporation (PEMCO), Puerto Rico Asphalt LLC,

Asphalt Quality Services LLC, Ready Asphalt LLC, Puerto Rico Gas

& Petroleum LLC y Hopi Copters, Inc. (en conjunto, apeladas o

empresas). Los apelantes solicitaron una suma conjunta no menor

de $2,447,036.67 en concepto de indemnización por despido

injustificado, más intereses; una suma conjunta no menor de

$874,996.82 en concepto de indemnización por los salarios

devengados no remunerados, bonos de navidad, sumas descontadas

de sus salarios, el pago de horas extra, penalidades e intereses; y

una suma no menor al 25% de la indemnización en concepto de

honorarios de abogados.

       El 1 de diciembre de 2017, las apeladas presentaron un

escrito intitulado Moción informativa sobre procedimiento de quiebra

y en solicitud de paralización de los procedimientos 3. Del mismo

surge que se presentó una petición de quiebra involuntaria contra

Betteroads Asphalt LLC y Betterecycling Corporation en el Tribunal

de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, bajo la legislación

2 Apéndice del recurso de apelación, págs. 1-61.
3 Véase Entrada Núm. 3 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de

Casos (SUMAC).
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federal pertinente. En virtud de lo anterior, el 12 de diciembre de

2017, notificada el 14 de diciembre de 2017, el TPI emitió una

Sentencia Parcial4 en la que decretó la paralización de los

procedimientos en el presente caso contra Betteroads Asphalt LLC

y Betterecycling Corporation, exclusivamente.

       Entre el 1 de diciembre de 2017 y el 7 de mayo de 2018, las

apeladas presentaron sus respectivas contestaciones a querella. En

lo pertinente, PEMCO alegó afirmativamente en su Contestación a

Querella, que el despido fue justificado como resultado de un cierre

parcial    de    operaciones      y/o     eliminación   de   puestos   por

reorganización.

       El 29 de septiembre de 2021, Betteroads Asphalt LLC,

Betterecycling Corporation y varios empleados presentaron unos

acuerdos transaccionales ante el Tribunal de Quiebras5. El 25 de

octubre de 2021, el Tribunal de Quiebras aprobó los acuerdos

transaccionales de algunos de los empleados querellantes con

Betteroads Asphalt LLC y Betterecycling Corporation que habían

sido presentados en las quiebras involuntarias.

       Luego de varios trámites procesales, el 11 de noviembre de

2021, Betteroads Asphalt II, Petroleum Emulsion Manufacturing

Corporation h/n/c PEMCO, Empresas Díaz y HOPI Copters Inc.,

presentaron Moción de Sentencia Sumaria Parcial con relación a los

ex empleados de Petroleum Emulsión Manufacturing Corporation

h/n/c PEMCO6. En esta, solicitaron al foro primario que dictara

sentencia       sumaria    parcial    a    su   favor   desestimando   las

reclamaciones de despido injustificado presentadas en su contra por

Manuel Rosa Tirado, Evelyn Rodríguez Monzón, Luz Esquilín

Carmona y Alberto Rivera Colón.

4 Véase Entrada Núm. 19 del SUMAC.
5 Apéndice del recurso de apelación, págs. 78-93.
6 Apéndice del recurso de apelación, págs. 94-121.
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       En esa misma fecha, Puerto Rico Asphalt, Puerto Rico Gas

and Petroleum, Asphalt Quality Services, Ready Asphalt, Betteroads

Asphalt II, Petroleum Emulsion Manufacturing Corporation h/n/c

PEMCO, Empresas Díaz y HOPI Copters Inc., presentaron Moción de

Sentencia Sumaria Parcial en cuanto a 40 Querellantes7. En esencia,

solicitaron que se desestimaran las reclamaciones de despido

injustificado en las que cuarenta (40) querellantes alegaron que eran

empleados de Betteroads Asphalt II y Betterecycling Corporation.

Las   apeladas      argumentaron       que    aplicaba   la   doctrina   de

impedimento colateral por sentencia y res judicata respecto a las

quiebras involuntarias de Betteroads Asphalt II y Betterecycling

Corporation y, en la alternativa, solicitaron la desestimación con

perjuicio de las querellas presentadas por los cuarenta (40)

empleados ya que estos suscribieron acuerdos transaccionales que

fueron aprobados por el Tribunal de Quiebras.

       Por su parte, el 13 de diciembre de 2021, Luz Selenia Esquilin

Carmona, Alberto Rivera Colón, Evelyn Mercedes Rodríguez Monzón

y Manuel Antonio Rosa Tirado comparecieron mediante Moción en

Oposición a Sentencia Sumaria y Objetando la Enmienda de las

Alegaciones8. En su escrito, alegaron que las empresas intentan

enmendar su contestación a la querella a través de su moción de

sentencia sumaria parcial para corregir deficiencias en sus

alegaciones. Señalaron que, inicialmente las empresas adujeron que

los despidos se debieron a un cierre parcial de operaciones y/o

eliminación de puestos por reorganización; pero, posteriormente

afirmaron que el cierre de operaciones fue total.

       En esta misma fecha, los apelantes presentaron Moción en

Oposición a Sentencia Sumaria y Honorarios de Abogados9.

7 Apéndice del recurso de apelación, págs. 122-140.
8 Apéndice del recurso de apelación, págs. 141-149.
9 Apéndice del recurso de apelación, págs. 150-156.
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Arguyeron que el acuerdo transaccional al cual llegaron las

empresas y algunos de los apelantes no incluyó al señor Wilfredo

Arroyo Velázquez, por lo que se oponen a que se desestime su causa

de acción. Además, reclamaron a base de la doctrina de quantum

meruit los honorarios de los abogados que participaron en el proceso

que culminó con la estipulación. Sostuvieron que los abogados

realizaron trabajo legal a partir de septiembre de 2017 y el patrono

es responsable de este pago.

       Así las cosas, el 7 de octubre de 2022, notificada el 13 de

octubre de 2022, el TPI emitió Resolución10 en la que declaró No Ha

Lugar las solicitudes de sentencia sumaria parcial. Dicho foro,

concluyó que:

              En el presente caso existen controversias de hechos,
       según previamente identificadas, que entrañan el dirimir
       credibilidad. Por ejemplo, la operación de PEMCO y la
       contratación de empleados con posterioridad a los despidos
       de los coquerellantes para ocupar puestos análogos. Más
       aún, es menester adjudicar si BA, BC y PEMCO, funcionaban
       -de facto- como una sola empresa, es decir, como un solo
       patrono.
              Ante estas circunstancias, es necesaria la celebración
       de un juicio en su fondo donde el Tribunal tenga la
       oportunidad de aquilatar la evidencia que en su día se
       presente. En fin, resulta meritorio que ambas partes tengan
       su día en corte, presenten prueba testifical a su favor y
       tengan la oportunidad de contrainterrogar a los testigos de
       las partes adversas.

       En esta misma fecha se celebró ante el TPI una Vista de

Conferencia con Antelación a Juicio, en la que, luego de escuchadas

y evaluadas las posiciones de ambas partes, el Tribunal determinó

lo siguiente:

              En cuanto a la resolución emitida, se enmendará la
       misma a los fines de archivar las reclamaciones de esos 40
       querellantes. La licenciada Dapena Rodríguez se ofrece a
       presentar el correspondiente proyecto11.

       Luego de varios trámites procesales, el 22 de septiembre de

2023, notificada el 25 de septiembre de 2023, el TPI emitió una

Sentencia Parcial12 en la que, como resultado de la estipulación ante

10 Apéndice del recurso de apelación, págs. 157-173.
11 Véase Entrada Núm. 205 del SUMAC.
12 Apéndice del recurso de apelación, págs. 177-178.
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el Tribunal de Quiebras, ordenó el archivo con perjuicio de las

reclamaciones de treinta y seis (36) coquerellantes13, sin especial

imposición de costas, gastos y honorarios de abogados.

       Inconformes, el 5 de octubre de 2023, los apelantes

comparecen ante nos mediante recurso de Apelación en el que

señalan al TPI la comisión de los siguientes errores:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al archivar
       con perjuicio las reclamaciones de 36 co-querellantes sin
       especial imposición de costas, gastos y honorarios de
       abogados.

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al permitir
       que el Patrono enmendara las alegaciones de la Contestación
       a la Querella.

       El 10 de noviembre de 2023, las apeladas presentaron Alegato

de las Apeladas en Oposición a la Apelación. Con el beneficio de la

comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

                                       II.

                                       -A-

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que los

tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción14. Por ello, antes de entrar en los méritos de una

controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos

13 A. Empleados de Betteroads Asphalt II que suscribieron la estipulación:

1) Juan Aponte Colón; (2) Jesús Manuel Arroyo García; (3) María Elena Batista
Duarte; (4) Pablo Calderón Santana; (5) José Antonio Ceballos Cirino; (6) Ivelisse
Colón Rodríguez; (7) María de los Ángeles Cordero Vélez; (8) Mario Cruz González;
(9) Jessica Vanessa Custodio López; (10) Zaida del Toro Figueroa; (11) Wilfredo
José Díaz Ruiz; (12) Ángel Luis Esquilín Latorre; (13) Jaime Estrada Delgado; (14)
Grizella Feliciano Negrón; (15) Aleida Edmee Guzmán Ramos; (16) Alexis Joel
Heredia Díaz; (17) Enid Llorens Rodríguez; (18) Ramón Caonabo Menéndez Pérez;
(19) Rafael Montalvo Carril; (20) Blanca Ortiz Marrero; (21) José Omar Rivera
Meléndez; (22) Marcelino Rivera Pizarro; (23) Yanira Rivera Ramos; (24) Ángel
David Román Juarbe; (25) Luis Alberto Santiago Colón; (26) Ana Luisa Sepúlveda
Rosado; (27) Braulio Torres Pellot y (28) Ruth Melba Valentín García;
B. Empleados de Betterecycling Corporation que suscribieron la
estipulación: (29) Eva María Aquino Quiles; (30) Melissa Bermúdez Bernier; (31)
José Antonio Ceballos Cirino; (32) Willie Figueroa Rodríguez; (33) Pedro
Hernández Jiménez; (34) Wanda Ivette Lebrón González; (35) Luis Javier Ramírez
Martínez; y (36) Antonio L. Rivera Rivera.
14 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora Estelar v.

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169
DPR 873, 882 (2007).
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jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar15.

       El Tribunal Supremo define el concepto de “jurisdicción” como

“el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos

o controversias”16. Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas,

por lo que deben ser resueltas con preferencia17. Si el tribunal carece

de jurisdicción, el único curso de acción posible es así declararlo,

sin necesidad de discutir los méritos del recurso en cuestión18. De

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que carecería de

eficacia19. La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

autoriza a este Tribunal para que, a iniciativa propia o a solicitud de

parte, desestime un recurso por falta de jurisdicción20.

       Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto

reiteradamente que los reglamentos que disponen sobre la forma y

presentación de los recursos ante foros apelativos deben observarse

rigurosamente21. El propósito de estas normas reglamentarias es

facilitar el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en

posición de decidir correctamente los casos22. Empero, nuestro

Máximo Foro ha rechazado la interpretación y aplicación restrictiva

de todo requisito reglamentario cuando ello derrote el interés de que

los casos se vean en los méritos23. Sin embargo, esto no implica que

una parte posee una licencia para soslayar de manera injustificada

el cumplimiento con nuestro Reglamento24.

15 Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. Hormigonera

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).
16 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v.

Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963).
17 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).
18 Íd.
19 Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005).
20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
21 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera

Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005); Pellot
v. Avon, 160 DPR 125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003);
Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 195 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-
130 (1998).
22 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).
23 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Pérez Soto v. Cantera

Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013); Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30 (2006).
24 Arriaga v. F.S.E., supra.
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         Ante la severidad de esta sanción, en Román et als. v. Román

et als.25, el Tribunal Supremo estableció unos criterios guías que

nos permiten ponderar si realmente el quebrantamiento de las

disposiciones reglamentarias constituye un impedimento real y

meritorio para que se considere el caso en los méritos. Por lo tanto,

solo     si   se   cumple    con    dichos     parámetros     procederá     la

desestimación26.

         Así pues, antes de desestimar un recurso debemos analizar

los siguientes criterios27, a saber: (1) cerciorarse primero que el

incumplimiento haya provocado un impedimento real y meritorio

para que el tribunal pueda atender el caso en los méritos, y (2) usar

medidas intermedias menos drásticas dirigidas al trámite y

perfeccionamiento diligente de los recursos de apelación. El

Tribunal Supremo expresó que al evaluar estos criterios “se

concilian el deber de las partes de cumplir con los reglamentos

procesales y el derecho estatutario de todo ciudadano a que su caso

sea revisado por un panel colegiado de tres jueces”28.

         Ante esto, no cabe duda de que la parte compareciente tiene

que perfeccionar su recurso conforme a los preceptos de ley vigentes

y de nuestro reglamento. De lo contrario, este Tribunal no estará en

posición de revisar el dictamen recurrido29. Por lo tanto, para

adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso que el recurso

presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. Ello es

imprescindible, puesto que al carecer de jurisdicción sobre un

recurso únicamente podemos así declararlo y proceder con su

desestimación30. De conformidad con ello, toda persona que

presente      un   recurso    de   apelación     ante    nosotros   tiene   la

25 Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002).
26 Íd.
27 Íd., págs. 167-168.
28 Íd.
29 Morán v. Martí, supra.
30 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 855.
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responsabilidad de cumplir con todos los términos para presentar

su escrito, los términos para notificar a las partes apeladas y con los

requisitos de contenido del recurso.

                                       -B-

       En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de honorarios

de abogado puede ser objeto de un contrato de servicios

profesionales. El contrato más común al respecto es el que otorga

un abogado y su cliente para la representación legal de este último.

En esta relación contractual, sin embargo, entran en juego ciertas

disposiciones éticas que regulan y establecen unos límites legales a

las cuantías susceptibles de ser cobradas por el abogado31. Es decir,

la autonomía de la voluntad que rige las relaciones contractuales en

nuestro ordenamiento, en el caso de los contratos de servicios

legales,   está    supeditada      a   consideraciones       éticas    que    son

intrínsecas a la profesión legal32. En específico, las establecidas en

el Canon 24 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 24.

       En ausencia de contrato, el cómputo de la cuantía de

honorarios de abogados susceptibles de ser cobrada puede ser

calculada a base del criterio de quantum meruit.

       El precepto legal quantum meruit significa “tanto como se

merece”.33 Esta máxima reconoce el derecho que tiene toda persona

a reclamar el valor razonable de los servicios que ha prestado34. En

nuestro ordenamiento jurídico, la acción para reclamar el valor

razonable de servicios a base de un quantum meruit emanaba del

Art. 1473 del Código Civil del 1930, el cual disponía en parte que:

       En cuanto a los servicios profesionales, se estará, para la
       remuneración de los mismos, a lo convenido entre las partes;
       cuando no hubiere convenio y surgieran diferencias, la parte
       con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en

31 Nasser Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 370 (1989).
32 In re Acevedo Álvarez, 178 DPR 685, 690 (2010); véase, además, el Canon 24

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 24.
33 I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, Ed.

Lexis, 2000, pág. 395.
34 Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 DPR 545, 557 (1992); Ex parte

Capó y Rivera, 59 DPR 899 (1942); Ruiz de Val v. Morales, 43 DPR 283 (1932).
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       juicio de la otra parte, ante cualquier corte con jurisdicción
       competente, el importe razonable de dichos servicios35.

       De una lectura del precitado artículo, se puede colegir que

proveía un remedio en restitución basado en elementos de justicia.

Este procuraba evitar el enriquecimiento injusto de quien recibe un

servicio permitiéndole al que lo presta la posibilidad de reclamar su

valor razonable cuando no se hubiera pactado un precio cierto36.

       Sobre el particular, nuestro más alto foro explicó, además,

que, en este tipo de acción de cobro de dinero por servicios

prestados, el peso de la prueba recae sobre el abogado. Por tal razón,

le corresponde al letrado presentar prueba, sea directa o

circunstancial, sobre: (1) las gestiones profesionales que realizó para

beneficio de su cliente; (2) las horas o fracción de tiempo que le

dedicó a cada una de dichas gestiones, y, (3) el valor razonable de

las horas dedicadas37.

       Una vez el foro primario evalúa la prueba, tiene el deber de

fijar los honorarios a los que tenga derecho el reclamante y evaluar

su razonabilidad tomando en consideración, entre otros, los factores

enumerados en el Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra,

a saber:

       (1)   El tiempo y trabajo requeridos, la novedad y dificultad
             de las cuestiones envueltas y la habilidad que requiere
             conducir propiamente el caso;
       (2)   si el aceptar la representación del caso en cuestión ha
             de impedir al abogado que se haga cargo de otros casos
             que probablemente han de surgir del mismo asunto, y
             en los cuales existe una razonable expectativa de que
             de lo contrario sus servicios serán solicitados o que tal
             representación implique la pérdida de otros asuntos
             extraños al caso en cuestión o el antagonismo con otros
             clientes;
       (3)   los honorarios que acostumbradamente se cobran en el
             distrito judicial por servicios similares;
       (4)   la cuantía envuelta en el litigio y los beneficios que ha
             de derivar el cliente de los servicios del abogado;
       (5)   la contingencia o certeza de la compensación, y

35 31 LPRA ant. sec. 4111. Cabe destacar que el Código Civil de Puerto Rico de

1930, vigente al momento en que surgieron los hechos del presente caso, fue
derogado y sustituido mediante la Ley Núm. 55-2020, aprobada el 1 de junio de
2020, conocida como Código Civil de Puerto Rico de 2020.
36 Cruz Pérez v. Roldan Rodríguez, 206 DPR 261, 272 (2021); Blanco Matos v. Colón

Mulero, 200 DPR 398, 413 (2018).
37 Íd.
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      (6)   la naturaleza de la gestión profesional, si es puramente
            casual o para un cliente constante.

                                   III.

      En su primer señalamiento de error, los apelantes arguyen

que erró el TPI al no conceder honorarios de abogados por el mero

hecho de que la reclamación entre algunos coquerellantes y las

empresas Betteroads Asphalt LLC y Betterecycling Corporation se

finiquitó por un acuerdo transaccional. Aducen que en el presente

caso debieron concederse los respectivos honorarios de abogado a

base de la doctrina de quantum meruit.

      Es preciso señalar que, en el caso de autos, el TPI emitió una

Sentencia Parcial38 en la que decretó la paralización de los

procedimientos contra Betteroads Asphalt LLC y Betterecycling

Corporation, exclusivamente, debido a una petición de quiebra

involuntaria en el Tribunal de Quiebras. Además, las referidas

empresas, junto a algunos coquerellantes, presentaron acuerdos

transaccionales ante el Tribunal de Quiebras, los cuales fueron

aprobados el 25 de octubre de 2021. Mientras que, el 13 de

diciembre de 2021, los apelantes presentaron ante el TPI la Moción

en Oposición a Sentencia Sumaria y Honorarios de Abogados en la

que, entre otras cosas, reclamaron los honorarios de los abogados

que participaron en el proceso que culminó con la estipulación ante

el Tribunal de Quiebras.

      Ante este escenario, ni el Tribunal de Primera Instancia ni este

Tribunal de Apelaciones poseen jurisdicción sobre las empresas

Betteroads Asphalt LLC y Betterecycling Corporation, de modo que

se pueda ordenar en esta etapa de los procedimientos el pago de los

honorarios de abogados reclamados. En consecuencia, actuó

correctamente el foro primario al archivar con perjuicio las

38 Véase Entrada Núm. 19 del SUMAC.
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reclamaciones de 36 coquerellantes “sin especial imposición de

costas, gastos y honorarios de abogado”39.

       Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, los

apelantes alegan que erró el TPI al permitir que las empresas

enmendaran        las   alegaciones     a   la    contestación   a   querella.

Particularmente, adujeron que en las mociones de sentencia

sumaria     las   empresas      incorrectamente       habían     ampliado    y

enmendado sus alegaciones de la contestación a la querella en

violación a la Ley Núm. 2-1961 y su jurisprudencia.

       Conforme al tracto procesal del presente caso, el 7 de octubre

de 2022, notificada el 13 de octubre de 2022, el TPI emitió una

Resolución mediante la cual atendió las mociones de sentencia

sumaria junto a sus respectivas oposiciones. Del expediente ante

nos, no surge que los apelantes hayan recurrido oportunamente de

dicho dictamen. Sin embargo, a través del presente recurso, los

apelantes pretenden que este Tribunal de Apelaciones revise un

asunto que no fue atendido dentro de la Sentencia Parcial que nos

ocupa. A la luz del derecho antes expresado y las faltas antes

reseñadas, resulta forzoso concluir que estamos impedidos de

atender el segundo señalamiento de error de los apelantes para

brindarles algún remedio.

                                      IV.

       Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el

dictamen apelado.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

39 Apéndice del recurso de apelación, pág. 178.