Court Opinion

ID: 9952189
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:26:19.670249+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:50.600034
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

WILMINGTON SAVINGS FUND                Apelación
SOCIETY, FSB, AS TRUSTEE               procedente del
 OF FINANCE OF AMERICA                 Tribunal de
 STRUCTURED SECURITIES                 Primera
 ACQUISITION TRUST 2019-               Instancia, Sala
            HB1          KLAN202400063 Superior de
                                       Carolina
       Parte Apelada
                                                                Civil Núm.:
                  v.                                            CA2021CV02524
 LA SUCESIÓN DE DOMINGO                                         Sobre:
  ANDINO MARRERO T/C/C                                          Ejecución de
     DOMINGO ANDINO                                             hipoteca

    Ángel Luis Andino Falú
       Parte Apelante

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

       El 19 de enero de 2024, el Sr. Ángel Luis Andino Falú, a través

de su apoderada Angelis Andino Ayala1 (parte apelante), presentó

por derecho propio el recurso de epígrafe. Solicita que revoquemos

la Sentencia Sumaria emitida el 20 de diciembre de 2023, y

notificada el 21 de diciembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala de Carolina, que declaró con lugar la demanda

de ejecución de hipoteca promovida por Wilmington Savings Fund

Society FSB, as Trustee of Finance of America Structured Securities

Acquisition     Trust     2019-HB1,       en    contra     de     un     inmueble

1 Angelis Andino Ayala no es abogada. Ésta funge como apoderada de Ángel Luis

Andino Falú por virtud de la Escritura Núm. 4 (Poder Especial), otorgada el 8 de
julio de 2022, ante el notario Erick E. Kolthoff Benners. El poder está debidamente
inscrito en el Registro de Poderes de la Oficina del Director de Inspección de
Notarías; y para el 3 de agosto de 2022, a las 8:44 a.m., no había sido revocado,
modificado, ampliado o anulado. Véase, Apéndice del recurso no numerado,
Exhibit A, Power of Attorney y Certificación de la Oficina de Inspección de
Notarías.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202400063                                                                 2

perteneciente a los miembros de la sucesión de Domingo Andino

Marrero t/c/c Domingo Andino t/c/c Rufino Andino Marrero,

ubicado en el Barrio Martín González de Carolina. También solicitó

la revocación de la orden emitida el 10 de enero de 2024 y notificada

el 11 de enero de 2024, que le advirtió a la apoderada Angelis Andino

Ayala, por segunda ocasión, que no está autorizada a comparecer

en representación de ninguna parte en el pleito, toda vez que ésta

no es abogada.2

       El 24 de enero de 2024, la Secretaría de este Tribunal de

Apelaciones notificó a la parte apelante deficiencias en el

perfeccionamiento del recurso, porque el escrito tiene el epígrafe

incorrecto.

       El 19 de febrero de 2024, la parte apelada presentó su alegato

en oposición, en el que solicitó la desestimación del recurso por

incumplimiento con las normas que regulan el perfeccionamiento de

los recursos de apelación ante este Tribunal de Apelaciones.

       Así pues, tras evaluar el trámite procesal del recurso, este

Tribunal desestima el presente recurso por falta de jurisdicción,

debido al incumplimiento craso con las normas que regulan el

perfeccionamiento de los recursos de apelación establecidas en la

Regla 16 de nuestro Reglamento, infra.

                                       I.

                                      A.

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal

para considerar y decidir casos o controversias.3 Por esa razón, lo

primero que se debe considerar en toda situación jurídica

presentada ante un foro adjudicativo, es el aspecto jurisdiccional,

2 Relacionado con este último asunto, también solicitó que revocáramos una
orden emitida el 28 de noviembre de 2023, notificada el 30 de noviembre de 2023;
esto es, expirado el término de treinta (30) días disponible para ello.
3 Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al, 204 DPR 89, 101 (2020).
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pues una sentencia dictada sin jurisdicción es nula4. Cónsono con

ello, el foro judicial está obligado a auscultar el cumplimiento de los

requisitos jurisdiccionales que la ley establece, antes de considerar

los méritos de una controversia.5

       Así, el Tribunal Supremo ha reafirmado que los entes

adjudicativos tienen que ser guardianes celosos de su jurisdicción y

no    poseen      discreción      para      asumirla      si    no     existe.6

Consecuentemente, cuando un tribunal carece de jurisdicción, está

obligado a desestimar el recurso.7 Por esa razón, la Regla 83 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones8 nos autoriza a desestimar

un recurso cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.

                                      B.

       El Tribunal Supremo ha manifestado que las partes tienen la

responsabilidad de observar rigurosamente las normas sobre el

perfeccionamiento de los recursos apelativos y su cumplimiento no

puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados.9 Ello, ante la

necesidad de colocar a los tribunales apelativos “en posición de

decidir correctamente los casos, contando con un expediente

completo y claro de la controversia que tiene ante sí”.10

       De hecho, el Tribunal Supremo ha expresado que, de no

observarse las disposiciones reglamentarias al respecto, nuestro

ordenamiento autoriza la desestimación del recurso.11 Sin embargo,

ante la severidad de esta sanción, dicho Foro exige que nos

aseguremos de que el incumplimiento con las disposiciones

reglamentarias aplicables haya provocado un impedimento real y

4 Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208-209 (2022); Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).
5 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.
6 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019).
7 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 196 DPR 157, 165 (2016).
8 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83.
9 Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585, 590 (2019); Soto Pino v. Uno

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).
10 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.
11 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008).
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meritorio para que podamos considerar el caso en los méritos.12 Por

ejemplo, “[u]n recurso que carece de un apéndice, con los

documentos necesarios para poner al tribunal en posición de

resolver, impide su consideración en los méritos”.13

        Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha puntualizado que

el hecho de que las partes litigantes comparezcan por derecho

propio, por sí solo, no justifica que ellas incumplan con las reglas

procesales. Ello cobra mayor importancia en el caso de aquellas

normas que establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento

estricto.14

        La Parte II del Reglamento del Tribunal de Apelaciones15

gobierna lo relativo a la presentación de escritos de apelación de

sentencias en los casos civiles. En particular, la Regla 1616 exige la

inclusión de una cubierta; el epígrafe; información de los abogados

y las partes; información del caso (relación fiel y concisa de los

hechos); un índice; el señalamiento de los errores que a juicio del

apelante cometió el tribunal apelado; la discusión de los errores

señalados, que incluya las disposiciones de ley y la jurisprudencia

aplicables; y un apéndice.

        En cuanto al apéndice, éste deberá contener una copia de los

siguientes documentos: (1) las alegaciones de las partes (demanda

principal, demandas de coparte o de tercero y reconvención, y sus

respectivas contestaciones); (2) la sentencia del TPI cuya revisión se

solicita y la notificación del archivo en autos de copia de la misma;

(3) toda moción, resolución u orden necesaria para acreditar la

interrupción y reanudación del término para presentar el escrito de

apelación y la notificación del archivo en autos de copia de la

resolución u orden; (4) toda resolución u orden, y toda moción o

12 Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002).
13 Íd. (Bastardillas en el original).
14 Febles v. Romar, 59 DPR 714, 722 (2003).
15 4 LPRA Ap. XXII-B.
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R.16.
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escrito de cualesquiera de las partes que forme parte del expediente

original en el TPI, en las que se discuta expresamente lo planteado

en el escrito de apelación, o que sea relevante a éste; y (5) cualquier

otro documento que forme parte del expediente original ante el TPI

y pueda serle útil al foro revisor para resolver la controversia.17

                                   II.

       El escrito presentado por la parte apelante incumple

sustancialmente con las disposiciones de nuestro Reglamento

relativas al contenido y forma de los escritos de apelación. Entre las

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación de

estos recursos, se encuentra la obligación de presentar una relación

fiel y concisa de los hechos del caso, de señalar los errores que a

juicio del apelante cometió el tribunal apelado; la discusión de los

errores señalados (incluyendo las disposiciones de ley y la

jurisprudencia aplicables) y un apéndice.

       El escueto recurso de la parte apelante carece de una relación

de los hechos del caso y no formula señalamiento de error o discute

falta alguna que, a juicio de la promovente, hubiera cometido el foro

apelado. Estrictamente, el escrito de dos (2) páginas menciona que

se apela de la Sentencia Sumaria y las órdenes relacionadas al inicio

de este escrito, sin señalamiento o argumento en derecho que de

margen a identificar los asuntos que se pretenden traer a nuestra

atención. Tales circunstancias nos imposibilitan calibrar en sus

méritos el recurso ante nuestra consideración.

       A lo anterior, hay que añadir que, junto a su recurso, la parte

apelante presenta un apéndice incompleto, en el que incluyó copia

de las órdenes impugnadas y de su oposición a la solicitud de

sentencia sumaria – presentada por derecho propio a través de su

apoderada -, pero omitió anejar copia de la Sentencia Sumaria cuya

17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (E).
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revisión solicita y su notificación, así como la copia del escrito en

solicitud del remedio sumario presentado ante el foro apelado en el

cual se discutió el asunto objeto del dictamen impugnado en este

recurso. De igual modo, la parte apelante tampoco subsanó la

deficiencia notificada por la Secretaría de este Tribunal.

      La obligación de perfeccionar un recurso, según lo exige la ley

y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, le corresponde a la

parte que solicita un remedio ante este Tribunal. El hecho de que

ésta comparezca por derecho propio, por sí solo, no justifica que

incumpla con las reglas procesales. La omisión de la parte apelante

de cumplir con nuestro Reglamento nos imposibilita auscultar

nuestra propia jurisdicción y, por ende, constituye un impedimento

real y meritorio para la consideración del recurso en sus méritos.

      En fin, el incumplimiento craso con las normas que regulan

el perfeccionamiento de los recursos de apelación establecidas en

nuestro Reglamento nos obliga a concluir que carecemos de

jurisdicción para atender el reclamo de la parte apelante.

                                  III.

      Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal desestima

el recurso por falta de jurisdicción.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones