Court Opinion

ID: 9896839
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:52.449888+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:21.717081
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VII

 WALTER CORTÉS PÉREZ                                REVISIÓN
       Y OTROS                                      ADMINISTRATIVA
                                                    procedente de la
       RECURRENTE                KLRA202300318      Comisión Apelativa del
                                                    Servicio Público
               V.
                                                    Caso Núm.:
 MUNICIPIO DE MOROVIS                               2017-07-0085

         RECURRIDO               Consolidado con:   Sobre:
                                                    Retribución
                                                    REVISIÓN
                                                    ADMINISTRATIVA
 CRISTIAN J. SEPÚLVEDA           KLRA202300319      procedente de la
    CLASS Y OTROS                                   Comisión Apelativa del
                                                    Servicio Público
       RECURRENTE
                                                    Caso Núm.:
               V.                                   2017-07-0086

 MUNICIPIO DE MOROVIS                               Sobre:
                                                    Retribución
         RECURRIDO
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2023.

       Walter Pérez Cortés (señor Pérez Cortés) y otros; 1 y Cristian J.

Sepúlveda Class (Señor Sepúlveda Class) y otros, 2 (denominados en

conjunto    “recurrentes”)   presentaron   dos   Recursos    de    Revisión

Administrativa solicitando que revoquemos las Resoluciones emitidas por

la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP o Comisión) el 21 de abril

de 2023. En los aludidos dictámenes la Comisión declaró No Ha Lugar las

Apelaciones instadas por los recurridos tras resolver que el aumento

salarial reclamado por los empleados del Municipio de Morovis no procedía.

Mediante nuestra Resolución del 11 de julio de 2023, ordenamos la

consolidación de los recursos.

1 KLRA202300318.
2 KLRA202300319.

Número Identificador
SEN2023 ________
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                    2

       Por los fundamentos que expondremos a continuación se confirman

las determinaciones recurridas.

                                        I

       En   aras    de   comprender         los planteamientos ante     nuestra

consideración, conviene establecer algunos antecedentes fácticos que no

están en controversia y que surgen de los expedientes administrativos

objetos de revisión.

       El 7 de junio de 2007, se emitió la Resolución Núm. 61, Serie 2006-

2007 (Resolución Núm.61) del municipio de Morovis (Municipio o recurrido)

titulada Para disponer y aprobar el presupuesto funcional de ingresos y

egresos que ha de regir durante el año económico 2007-2008 en el

Municipio de Morovis, Puerto Rico; para autorizar al director de Finanzas a

registrar lo dispuesto en esta Resolución en los libros de contabilidad y el

sistema mecanizado de contabilidad a su cargo; y para otros fines. En lo

aquí pertinente, la referida resolución dispuso lo siguiente:

       SECCIÓN 3RA: Autorizar mediante el Presupuesto Funcional
       2007-2008, como por la presente sección se autoriza, la
       vigencia del aumento al Salario Mínimo Federal en el
       Municipio de Morovis a partir del 1 de julio de 2007 de $5.15
       a $5.85 por hora.

       SECCIÓN 4TA: Autorizar al Alcalde, como por la presente
       sección se autoriza, a recomendar los mecanismos y
       procesos necesarios a recogerse en un reglamento a ser
       sometido para la aprobación de este cuerpo y; establecer el
       pago de salarios del Municipio de Morovis de forma
       bisemanal a partir del 1 de enero de 2008 y años
       subsiguientes, disponiéndose que el salario actual por año
       del Alcalde será distribuido en un total de 26 pagos al año.

       SECCIÓN 5TA: Autorizar al Director de Finanzas a crear un
       fondo especial intitulado “Desarrollo de Eventos y Facilidades
       Deportivas” mediante la transferencia de la asignación
       dispuesta en la partida 01-09-05-9481, Celebración Caribe
       Basket.

       SECCIÓN 6TA: Autorizar al Director de Finanzas a transferir
       al fondo especial existente intitulado “programa de Reciclaje
       Municipal” la cantidad dispuesta en la partida 01-10-45-99.01,
       Programa de Reciclaje. (Énfasis nuestro).3

3
 Véase Resolución Num.61 en Apéndice del Recurso de Revisión KLRA202300318, págs.
61-63.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                         3

       A partir de enero de 2008 el Municipio comenzó a pagar de manera

bisemanal a los empleados municipales.4

       El 7 de junio de 2017, la entonces alcaldesa del Municipio, Carmen

I. Maldonado González, notificó todo el personal municipal una carta

titulada Método y Frecuencia de Pago de Nómina Bisemanal. En ésta

informó que al realizarse el cambio del método de pago de uno quincenal

a uno bisemanal en el 2008, se cometió un error de cálculo consistente en

computar el sueldo anual a base de trece (13) meses de salario, en lugar

de computarlo a base de doce (12) meses, lo que provocó que se pagara

un salario indebido. Por ello, dispuso como medida correctiva, continuar

realizando los pagos de forma bisemanal, pero utilizando el computo

correcto a base de doce (12) meses a partir del 18 de junio de 2017. Por

su pertinencia a los casos de epígrafe transcribimos a continuación la

referida misiva:

       Saludos cordiales. Como es de su conocimiento para el 1 de
       enero de 2008 se cambió el método y la frecuencia de pago
       de salarios en el Municipio de Morovis de quincenal a
       bisemanal.

       No obstante, es mi obligación notificarles que en el momento
       en que se realizó tal cambio en el Municipio, la fórmula
       utilizada para calcular la cuantía del pago bisemanal fue una
       errónea. Entre finales del año 2007 y comienzo del 2008, al
       calcular los pagos bisemanales, realizaron el cómputo
       basándose en un sueldo anual constituido por trece (13)
       meses de salario. Luego de una investigación exhaustiva que
       incluyó una consulta legal a la Oficina de la Contralora de
       Puerto Rico, esta concluyó que el cálculo correcto debió
       haber sido computar a base de los doce (12) meses que
       constituyen un año natural. En palabras de la Contralora
       Yasmín M. Valdivieso “el cómputo correcto debió haber sido
       entre 12 meses, le corresponde al Municipio evaluar y
       determinar las medidas administrativas o correctivas que
       puede tomar para corregir esta situación”.

       La fórmula erróneamente utilizada desde el año 2008 fue la
       siguiente:

           •   Sueldo Mensual del Empleado se multiplicó por trece (13)
               meses en lugar de los doce (12) meses que constituye un
               año. Luego, el total de los trece (13) meses se dividió entre
               veintiséis (26) bisemanas que contiene un año. Ese total
               constituyó el pago bisemanal, erróneamente calculado,
               provocando un pago en exceso del salario de su plaza.

4 Véase Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria en Apéndice del Recurso de Revisión

KLRA202300319, pág. 65.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                            4

        La Contralora en su opinión consultiva cita la Carta Circular
        2002-03 de la Administración de los Sistemas de Retiro de
        los Empleados del Gobierno y la Judicatura (“ASR”) del 1 de
        marzo de 2002 titulada Aplicación Correcta Descuento Retiro.
        En la misma se explica la fórmula a utilizar para el descuento
        adecuado de la aportación al Sistema de Retiro cuando el
        pago de salario es bisemanal. A esos fines, se dispone que
        el sueldo mensual debe ser multiplicado por 12, no 13 meses,
        y luego ese cómputo anual dividido entre 26 bisemanal. La
        fórmula correcta que debió ser utilizada para la conversión del
        pago quincenal a bisemanal se detalla a continuación.
            •   Sueldo Mensual del Empleado se multiplica por doce (12)
                meses, eso es lo que constituye un año. El total de los doce
                (12) meses se divide en 26 bisemanal que contiene un año.
                Ese total es el que constituye el pago bisemanal correcto.

        Como mencioné anteriormente, tan pronto nos percatamos
        sobre este asunto, solicitamos a la Oficina de la Contralora
        de Puerto Rico nos orientara en cuanto al tema de la fórmula
        utilizada para el cambio de frecuencia de pago de nómina de
        quincenal a bisemanal.

        En su respuesta la Contralora nos expresó, que no existe
        prohibición alguna en cuanto a cambiar o implantar un pago
        de salario de forma bisemanal, en vez del pago quincenal. Sin
        embargo, para computar la cuantía del pago a uno bisemanal,
        tenía que basarse la fórmula en doce (12) meses,
        equivalentes a un año.

        El haberse utilizado una fórmula incorrecta al momento de
        convertir el pago de quincenal a uno bisemanal constituyó un
        error que motivó a que se pagara un salario indebido al
        personal municipal. Ese asunto tiene que ser corregido, no
        puede subsistir.

        Por consiguiente, como medida correctiva a este asunto les
        informo que a partir de la bisemana que comienza el 18 de
        junio de 2017, se continuarán realizando los pagos de forma
        bisemanal, ajustando la fórmula de conversión a la correcta.

        De tener alguna duda al respecto puede referir la misma, por
        escrito, a la atención de la Directora de Recursos Humanos
        del Municipio. (Énfasis nuestro). 5

        Luego de recibir la carta del Municipio el señor Cortés Pérez, el

señor Sepúlveda Class y otros setenta y tres (73) empleados municipales

presentaron sus respectivas Apelaciones ante la CASP el 28 de julio de

2017.6 En lo pertinente, alegaron que el Municipio les redujo el salario sin

5 Véase Carta en Apéndice del Recurso de Revisión KLRA202300318, págs. 105-106.
6 La CASP consolidó en el caso Walter Pérez Cortés y otros (7), caso núm. 2017-07-0085,

las apelaciones de siete (7) empleados, a saber: (1) Carlos Pillot Rodríguez; (2) Beliza
Andino Morales, (3) Freddie Carrión Carrión, (4) Víctor M. Otero Maldonado, (5) Ana L.
Rivas Fernández; (6) María E. Arroyo Padilla y (7) Rafael A. González Robles.
También consolidó en el caso de Cristian J. Sepúlveda Class y otros (66), caso núm. 2017-
07-0086, las apelaciones de sesenta y seis (66) empleados, a saber: (1) Carmen L.
González Quiñones; (2) Carlos Oliveras González; (3) Jesús Santiago González; (4) Kevin
O. Martinez Vega; (5) Mariela Vázquez Morales; (6) Luis E. Torres Silva; (7) Lourdes
Villareal Camacho; (8) Wilberto Alvarado Alvarado; (9) Brenda L. Torres Rivera; (10)
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                             5

considerar un aumento salarial aprobado por la Legislatura Municipal en el

2008, sin llevar a cabo procedimiento administrativo o investigación alguna

y violando con ello el principio de mérito y sus derechos adquiridos.

        El Municipio presentó su Contestación a solicitud de apelación

arguyendo en esencia que en el 2008 no se aprobó un aumento salarial ni

se modificó el Plan de Clasificación y Retribución, sino que solo se aprobó

el cambio en el método de pago de quincenal a bisemanal. Según explicó

se cometió un error al realizar el cambio pues se utilizó un cómputo

considerando 13 meses al año en lugar de 12 meses como correspondía,

por lo que la acción tomada para corregir dicho error era correcta.

        Luego de varios trámites procesales el Municipio presentó en ambos

casos Moción solicitando resolución sumaria acompañada con varios

documentos.7 En esencia alegó que los aumentos salariales concedidos

desde el 2008 mediante el cambio al método bisemanal fueron ilegales.

Esto ya que conllevó el pago de un mes de sueldo adicional al salario

establecido en el Plan de Clasificación y Retribución del Municipio sin que

se cumpliera con el trámite de ley correspondiente para aprobar un

aumento de sueldo. Sostuvo que por cuanto no había hechos en

controversia procedía disponer del asunto sumariamente y desestimar las

apelaciones.

Aníbal Rivera Alvarado; (11) Jesús M. Rodríguez Ojeda; (12) José L. Collazo Olivo; (13)
Francisco J. Torres Pagán; (14) José De León Ortega; (15) Edwin Ojeda Fernández; (16)
Carmen O. Rodríguez Rivera; (17) Lisbeth Rodríguez Castro; (18) Eugenio Figueroa
Morales; (19) Carlos Rivera Rivera; (20) Edward Rodríguez Sánchez; (21) Víctor J. Díaz
Santiago; (22) Verónica Torres Rodríguez; (23) Edwin Martínez Torres; (24) Carlos A. Díez
Rolón; (25) Julio V. Morales Rodríguez; (26) Juan F. Rodríguez Flores; (27) Lennin
Vázquez Fontán; (28) Juan T. Rivera Santos; (29) Irma I. Sostre Torres; (30) Juan C.
Cortés Albaladejo; (31) Severiario Rodríguez Laureano; (32) Teresita Cruz Meléndez; (33)
Yacelie Russe Santiago; (34) Betsy I. Rosado Velázquez; (35) Manuel Rodríguez Marrero;
(36) Abigail Ocasio Vega; (37) Daniela Chévere Dávila; (38) Kristy Rodriguez Santiago;
(39) Janet Pérez Cruz; (40) Sophy Vélez Marrero; (41) Damaris Marrero Colón; (42)
Lissette Guzmán Torres; (43) Noel Diaz Meléndez; (44) José A. Marrero Rivera; (45) Luis
A. Rivera Carrión; (46) Brenda L. Pagán Rivera; (47) Maricelis Ojeda Otero; (48) Rosarito
Rosado Rosario; (49) Nancy Otero Pérez; (50) Nilda Z. Castellano Negrón; (51) Víctor M.
Negrón Jiménez; (52) Eugenio Martinez Rodríguez; (53) Millie Ocasio Caraballo; (54)
Glenda Otero Rosado; (55) Marilyn Matos Ramírez; (56) Griselle Negrón Nazario; (57) Ana
l Noriega Robles; (55) Héctor R. Santos Rivera; (59) Moraima Diaz Soto; (60) Víctor Pérez
Fernández ; (61) Rubén Rodríguez Rodríguez; (62) Ernesto Vázquez Barreto; (63) Ernesto
Santos Nieves; (64) René Otero Torres; (65) Rosa O. Rivera Torres; y (66) Eileen
Chéverez Rivas.
7
  En el caso Walter Pérez Cortés y otros presentó, entre otros documentos, la Resolución
Núm. 61. En el caso de Cristian J. Sepúlveda Class y otros presentó, entre otros
documentos, la Carta del 21 de marzo de 2017, suscrita por la Alcaldesa, Carmen
Maldonado González, y dirigida a la contralora; Carta del 5 de mayo de 2017, dirigida a la
alcaldesa y suscrita por la Contralora.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                  6

       Por su parte, los apelantes presentaron en ambos casos su

correspondiente Oposición a solicitud de sentencia sumaria acompañada

de varios documentos.8 En esta, alegaron que existía controversia en torno

a los hechos planteados por el Municipio como incontrovertidos. Sin

embargo, solicitaron que se resolviera el asunto sumariamente a su favor

por no existir controversia en cuanto a que la Resolución Núm. 61 incluía

un aumento salarial a ser efectivo desde 1 de enero de 2008.

       Consideradas las comparecencias de las partes la Oficial

Examinadora     a   cargo    de   ambos     casos   emitió       los   Informes

correspondientes     recomendando      al   panel   a    cargo    a    disponer

sumariamente de las apelaciones y declararlas sin lugar. Esto ya que,

según concluyó, de los documentos admitidos no surgía el aumento de

salario alegado por los apelantes, pues solo se desprende que la

Legislatura Municipal autorizó la aprobación del pago de nómina bisemanal

y ordenó al alcalde a crear los procedimientos pertinentes para que dicho

método de pago diera inicio el 1 de enero de 2008. A su vez razonó que el

Municipio realizó pagos por una cuantía mayor a su obligación de pago

debido a que al convertir el pago de nómina a bisemanal cometió un error

de cómputo consistente en multiplicar el salario anual de los empleados por

trece meses previo a dividirlo por las 26 semanas que tiene el año. En

consecuencia, determinó que tratándose de un error de hecho, se cumplían

los elementos de la doctrina de cobro de lo indebido por lo que procedía el

recobro.

       El 21 de abril de 2023 el panel de la CASP emitió Resoluciones

finales en ambos casos en las que acogió las recomendaciones sometidas

por la Oficial Examinadora y declaró No Ha Lugar las apelaciones. El 11 de

mayo de 2023, los apelantes presentaron Moción de Reconsideración. No

obstante, la CASP no actuó en torno a la reconsideración dentro de los 15

8 Entre otros documentos, presentaron el Mensaje de presupuesto 2007-2008 del
entonces alcalde, Heriberto Rodríguez Adorno; Acta de la Continuación de Sesión
Ordinaria de la Legislatura Municipal del 6 de junio de 2007.
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días dispuestos en el Art. 14 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3

LPRA Ap. XIII.

        El 26 de junio de 2023 los apelantes presentaron de manera

oportuna los recursos de revisión judicial que nos ocupan alegando que la

CASP erró en lo siguiente:

        PRIMER ERROR: Erró la Comisión Apelativa del Servicio
        Público al concluir que de la Resolución Núm. 61, Serie 2006-
        2007, del 6 de julio de 2006, no surge el aumento de sueldo
        aprobado para los Recurrentes.

        SEGUNDO ERROR: Erró la Comisión Apelativa de Servicio
        Público al no conceder el remedio solicitado por los
        recurrentes de que se les reconociera el aumento concedido
        desde el año 2008.

        En sus recursos los aquí recurrentes alegaron que del trámite

legislativo de la Resolución Núm. 61 surge que la intención legislativa, tanto

del Alcalde como de la Legislatura Municipal, era que los empleados

municipales gozaran de un aumento salarial cuando se cambió la

frecuencia de pagos de un sistema quincenal (24 pagos) a uno bisemanal

(26 pagos). Argumentaron que dicha intención surge del Mensaje de

Presupuesto ofrecido por el Alcalde en el 2007 y del Acta de la

Continuación de la Sesión Ordinaria de la Legislatura Municipal del 6 de

junio de 2007, durante la cual se discutió el presupuesto propuesto por el

Alcalde para el año fiscal 2007-2008. A su juicio, en la medida que el

Alcalde propuso y la Legislatura Municipal aprobó, que los 26 pagos

bisemanales serían por la misma cantidad que los 24 pagos que se

realizaban quincenalmente, recibieron un aumento equivalente a un mes

de trabajo. De otro lado, sostuvieron que el estatuto aplicable faculta a los

Municipios a otorgarle aumentos salariales a sus empleados con

aprobación de sus legislaturas municipales mas no exige acción posterior

para otorgarle efectividad a los aumentos aprobados.

        A solicitud de los recurrentes ordenamos la consolidación de los

recursos.9 Así las cosas, el Municipio presentó su Alegato en oposición al

9 Véase nuestra Resolución del 14 de julio de 2023.
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recurso de revisión consolidado el 26 de julio de 2023. En este sostuvo la

procedencia de la determinación de la CASP pues a su juicio, de la

Resolución Núm. 61 no surge el aumento de salario alegado. Solo surge

que la Legislatura Municipal autorizó la aprobación del pago de nomina

bisemanal y ordenó al alcalde a crear los reglamentos pertinentes para que

dicha manera de pago diera inicio el 1 de enero de 2018. Según abundó,

ni siquiera existe reglamento alguno sometido por el alcalde y aprobado por

la Legislatura Municipal estableciendo los procesos necesarios para dicho

cambio. También planteó que un aumento de sueldo general para los

empleados      municipales   únicamente     puede     concederse   mediante

ordenanza municipal en la que se consideren el efecto del aumento en los

tipos mínimos y máximos en cada escala. Por lo que no basta que el alcalde

haya anunciado el aumento en su mensaje de presupuesto.

                                      II

                                      A.

      En nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de las agencias

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales. The

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Esta norma

de deferencia se basa en que las agencias son las que cuentan con

conocimiento     especializado   en   los   asuntos    que   les   han   sido

encomendados, así como con vasta experiencia en la implantación de sus

leyes y reglamentos. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923,

940 (2010); Camacho Torres v. Admin. para el Adiestramiento de Futuros

Empresarios y Trabajadores, 168 DPR 66 (2006). Es por ello que tales

determinaciones tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección

que debe respetarse. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 26 (2012); IFCO

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012).

      Las determinaciones finales de las agencias administrativas son

revisadas en este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de revisión

administrativa. El estándar de revisión de este tipo de recurso está

fundamentado en el principio rector de la razonabilidad; es decir, se
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                   9

examina que la agencia no haya actuado de manera arbitraria o ilegal, o de

forma tan irrazonable que sea considerado un abuso de discreción. Rolón

Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía,

196 DPR 606, 626 (2016). En este sentido, la revisión judicial se limita a

examinar: 1) si el remedio concedido fue razonable; (2) si las

determinaciones están sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró

la agencia al aplicar la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra,

pág. 940; véase, además, Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA

sec. 9675.

       No obstante, la deferencia judicial cede cuando la actuación

administrativa es irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas

que conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. Fcias. V. Caribe Specialty

II, supra, pág. 941. Así, para impugnar la razonabilidad de una

determinación o demostrar que la evidencia que obra en el expediente

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale

la prueba en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal

evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387,

398 (1999). La evidencia sustancial es la prueba relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.

Rolón Martínez v. Caldero López, supra, pág. 36.

       De otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son

revisables en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.

Rebollo v. Yiyi Motos, 161 DPR 69, 77 (2004). Aun así, debemos dar

deferencia a las interpretaciones que los organismos administrativos hacen

de las leyes y reglamentos que administran. Ante casos dudosos, donde

pueda concebirse una interpretación distinta de estas leyes y reglamentos,

la determinación de la agencia merece deferencia sustancial. Torres

Santiago v. Depto. de Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).

                                      B.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                    10

   Los municipios son entidades jurídicas creadas por la Asamblea

Legislativa al amparo de la Sec. 1 del Art. VI de la Constitución de Puerto

Rico, para atender las necesidades de la comunidad local. Pfizer Pharm. v.

Mun. de Vega Baja, 182 DPR 267, 286 (2011); Ortiz v. Mun. de San Juan,

167 DPR 609, 613 (2006); Art. VI, Sec. 1, Const. de PR, LPRA, Tomo 1. Es

por ello que sólo poseen los poderes expresamente delegados por el

legislador. Íd.

   A tales efectos, el Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-

2020, según enmendada establece como política pública del gobierno

otorgar a los municipios aquellos poderes y facultades necesarias para que

puedan asumir su función a favor del desarrollo social y económico de sus

jurisdicciones. Art. 1.003, 21 LPRA sec. 7003.

   El gobierno municipal está compuesto por el Alcalde y la Legislatura

Municipal. El Alcalde es la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva

responsable       por   la   dirección,   administración   y   fiscalización   del

funcionamiento del Municipio. Art. 1.018, 21 LPRA sec. 7028. La

Legislatura Municipal es por su parte el organismo responsable de ejercer

las facultades legislativas conferidas por el estatuto. Art. 1.020, 21 LPRA

sec. 7041.

       Entre otros deberes y funciones, el Alcalde es responsable de

organizar, dirigir y supervisar todas las funciones y actividades

administrativas del municipio; preparar el proyecto de resolución del

presupuesto general de gastos de funcionamiento del municipio;

administrar el presupuesto general de gastos; dar cuenta inmediata a las

autoridades competentes sobre cualquier irregularidad, deficiencia o

infracción a las leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos aplicables

al municipio, y diseñar, formular y aplicar un sistema de administración de

personal para el municipio de acuerdo con las disposiciones de esta ley y

los reglamentos adoptados. Art. 1.018, 21 LPRA sec. 7028. En particular,

el alcalde deberá presentar a la Legislatura Municipal, para su aprobación,

el sistema de administración de personal del municipio y el Proyecto de
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                               11

Resolución de Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio

para cado año fiscal. Art. 1.019, 21 LPRA sec. 7029.

        A la Legislatura Municipal le corresponde, entre otras facultades y

deberes, aprobar anualmente la resolución del presupuesto general de

ingresos y gastos de operación y funcionamiento del municipio; aprobar los

planes del área de personal del municipio que someta el alcalde y los

reglamentos, las guías, la clasificación y las escalas de pago que deban

adoptarse para la administración del sistema de personal. Art. 1.039, 21

LPRA sec. 7065.

        Los poderes y las facultades conferidos a los municipios por el

Código de Municipios Autónomos, asi como por el estatuto precedente, la

Ley de Municipios Autónomos, infra, se interpretarán liberalmente a favor

de los municipios, en armonía con la buena práctica de política pública

fiscal y administrativa. Art. 1.005, 21 LPRA sec. 7005.

    En lo aquí pertinente, el Capítulo 11 de la Ley de Municipios Autónomos

de Puerto Rico, Ley Núm. 81-1991, (Ley de Municipios Autónomos) vigente

al momento de los hechos en controversia, establece las reglas que regulan

la administración del personal municipal. En particular, faculta a cada

municipio a establecer un sistema autónomo para la administración del

personal municipal el cual se regirá por el principio de mérito.10 Para ello

los municipios deben adoptar un reglamento de Administración de Personal

que contenga un Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme

para los empleados de carrera y de confianza. Art. 11.001, 21 LPRA sec.

ante. 4551.

    Le corresponde al alcalde establecer el plan de clasificación y

retribución con la aprobación de la Legislatura Municipal. Art. 11.006, 21

LPRA sec. ante. 4556. El propósito de dicho plan es agrupar en clases

aquellos puestos que sean de naturaleza similar. Art. 11.006, 21 LPRA

sec. ante. 4556(b). Las autoridades nominadoras, entiéndase el alcalde o

10 Se consideran esenciales al principio de mérito las siguientes áreas de la administración

del personal municipal: clasificación de puestos, reclutamiento y selección, ascensos,
traslados y descensos, adiestramiento, retención. Art. 11.005, 21 LPRA sec. ant. 4555.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                12

la legislatura municipal, determinan el valor relativo en la escala de

retribución de acuerdo a las clases que comprendan el plan de clasificación

tomando en consideración los siguientes factores: la naturaleza y

complejidad de las funciones, grado de responsabilidad y autoridad que se

ejerce y que se recibe, condiciones de trabajo, riesgos inherentes al trabajo

y requisitos mínimos del puesto. Art. 11.006, 21 LPRA sec. ante. 4556.

   En particular, el Art. 11.015 establece las reglas que todo Municipio

habrá de observar para establecer los planes de retribución de los

empleados municipales. En lo aquí pertinente, el referido artículo indica lo

siguiente:

       Art. 11.015 – Disposiciones sobre Retribución

           El alcalde preparará planes de retribución separados para
       los empleados de la Rama Ejecutiva del Gobierno Municipal
       en los servicios de carrera y de confianza. Dichos planes
       deberán ajustarse a la situación fiscal prevaleciente en el
       municipio y requerirán la aprobación de la legislatura
       mediante ordenanza. …
           a) Planes de retribución. — Los planes de retribución
               dispondrán el tratamiento equitativo a los empleados y
               estimulará la máxima utilización de los recursos
               humanos y fiscales disponibles.
               Dichos planes estipularán una escala de retribución
               para cada clase de puesto, que deberá consistir de un
               tipo mínimo y uno máximo, y todos aquellos tipos
               intermedios que se consideren necesarios.
               Los tipos establecidos en las escalas de retribución
               corresponderán a un salario mensual y a una jornada
               regular de trabajo. Cuando en un puesto se presten
               servicios a base de una jornada parcial, el sueldo a
               fijarse será proporcional a la jornada regular de trabajo
               que se establezca por reglamento.
           b) Administración de los planes de retribución. — Las
               autoridades      nominadoras        establecerán      por
               reglamento las normas que regirán la administración
               de los planes del servicio de carrera y confianza. La
               autoridad nominadora podrá reasignar las clases a
               otras escalas manteniendo actualizado el Plan de
               Retribución para que responda a las necesidades del
               servicio.
           c) Cuando la capacidad económica del municipio lo
               permita, los empleados que ocupen puestos regulares
               y que no hayan recibido ninguna clase de aumentos
               de sueldo, excepto los otorgados por disposición de
               una ordenanza municipal, durante un período
               ininterrumpido de cinco (5) años de servicios, recibirán
               un aumento de sueldo equivalente a un tipo o paso de
               la escala correspondiente. Dicho aumento de sueldo
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                13

              se podrá conceder en forma consecutiva hasta que el
              empleado alcance el tipo máximo de la escala
              asignada a su puesto. La autoridad nominadora
              municipal podrá denegar dicho aumento de sueldo a
              cualquier empleado si a su juicio los servicios del
              empleado durante el período de cinco (5) años
              correspondientes no hubiesen sido satisfactorios. En
              tales casos la autoridad nominadora informará al
              empleado, por escrito, las razones por las cuales no se
              le concede el referido aumento de sueldo y de su
              derecho de apelación ante la Junta de Apelaciones del
              Sistema de Administración de Personal. Art. 11.015,
              21 LPRA sec. ante. 4565.

                                 C.

       Es una norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que todas

las leyes, aunque sean claras, requieren interpretación. El Artículo 19 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 5341, dispone que cuando la ley es clara y libre

de toda ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de

cumplir su espíritu. Por otro lado, el Art. 20 del Código Civil, 31 LPRA sec.

5342, establece que para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando

sus expresiones son ambiguas, se considerará su razón y su espíritu,

mediante la atención a los objetivos del legislador, a la causa o el motivo

para dictarla. Cuando las palabras de una ley son ambiguas, su sentido

debe buscarse en su espíritu o en su intención, en su contexto y en

comparación con otras palabras y frases que se relacionen. Art. 23 del Cod.

Civ., 31 LPRA sec. 5345.

       Cónsono con lo anterior el Tribunal Supremo ha reconocido que

cuando el lenguaje de una ley es claro y explícito, su texto es la expresión

por excelencia de la intención legislativa y no debe ser tergiversado,

malinterpretado ni sustituido. Puerto Rico Fast Ferries, LLC v. Aut. de

Alianzas Público-Privadas, 2023 TSPR 121, 213 DPR _____; Otero de

Ramos v. Srio. de Hacienda, 156 DPR 876 (2002). En este sentido, los

tribunales sólo debemos suplir las deficiencias de un estatuto cuando sea

necesario, pues no podemos usurpar la función legislativa. Íd. Ahora bien,

cuando de cualquier modo exista ambigüedad en el texto de un estatuto,
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                14

los tribunales debemos procurar que la misma se interprete de manera tal

que no produzca un resultado absurdo o contrario a su razón de ser. Íd.

       En aquellas instancias en las que se requiere evaluar la intención

legislativa podemos valernos de las siguientes fuentes: (1) el historial

legislativo de la disposición objeto de controversia; (2) los datos recogidos

en el informe de la comisión legislativa que estudió el proyecto de ley; (3)

las expresiones que se dieron en el hemiciclo durante la sesión de

aprobación del estatuto, según recogidas en el Diarios de Sesiones. Puerto

Rico Fast Ferries, LLC v. Aut. de Alianzas Público-Privadas, supra.

También resulta importante conocer el contexto histórico, cultural y social

en el que se aprobó el estatuto. Id.

                                       III

                                       A.

       Nuestro ordenamiento nos requiere otorgar gran deferencia a las

determinaciones administrativas debido a su expertise sobre los asuntos

que adjudican. Es por ello que nuestra revisión de las determinaciones de

las agencias está limitada a examinar si están sostenidas con evidencia

sustancial, si la agencia erró al aplicar la ley y si el remedio concedido fue

razonable.   En particular, cuando una parte interesa impugnar las

determinaciones de hechos debe señalar prueba en el récord

administrativo que reduzca o menoscabe el peso de la evidencia en que se

basó la determinación.

       En las revisiones administrativas de epígrafe los recurrentes

solicitan que revoquemos la Resoluciones emitidas por la CASP

declarando No Ha Lugar sus apelaciones pues según alegan, de los

documentos que forman parte del expediente administrativo se desprende

que la intención del alcalde y de la Legislatura Municipal era otorgarles un

aumento de sueldo mediante el cambio en el método de pago de quincenal

a bisemanal. Plantean que tal intención surge y del Mensaje de

Presupuesto de 2007-2008 del alcalde en ese entonces y del Acta de la

Sesión Ordinaria del 6 de junio de 2007. Por su parte, el Municipio enfatizó
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                     15

que el aumento alegado no surge de la Resolución Núm. 61 pues ésta se

limita a autorizar el cambio en el método de pago de nómina. Aduce

además que el referido aumento se dio como resultado de un error en el

cálculo utilizado para convertir los pagos quincenales a bisemanales, por

lo que no se concedió conforme a derecho.

       La Resolución Núm. 61 fue aprobada por la Legislatura Municipal y

por el Alcalde el 7 de junio de 2007. La misma tenía como propósito

principal aprobar el presupuesto sometido por el Alcalde el cual habría de

regir el Municipio durante el año fiscal 2007-2008. En lo aquí pertinente la

sección cuarta dispuso lo siguiente:

       SECCIÓN 4TA: Autorizar al Alcalde, como por la presente
       sección se autoriza, a recomendar los mecanismos y
       procesos necesarios a recogerse en un reglamento a ser
       sometido para la aprobación de este cuerpo y; establecer el
       pago de salarios del Municipio de Morovis de forma
       bisemanal a partir del 1 de enero de 2008 y años
       subsiguientes, disponiéndose que el salario actual por año
       del Alcalde será distribuido en un total de 26 pagos al año.11

       Según surge de la sección objeto de controversia la

Legislatura Municipal autorizó al alcalde “establecer el pago de

salarios del Municipio de Morovis de forma bisemanal a partir del 1

de enero de 2008”. Si bien no se dispuso el procedimiento que se

utilizaría para implementar el cambio en el pago de nómina de los

empleados, se autorizó al alcalde “a recomendar los mecanismos y

procesos necesarios a recogerse en un reglamento a ser sometido

[a la Legislatura Municipal] para aprobación”. En lo concerniente al

alcalde, sí se dispuso expresamente que su salario actual sería

distribuido en un total de 26 pagos bisemanales al año.

       El texto de la referida sección es claro y libre de ambigüedad, por lo

que según las normas de interpretación que rigen nuestro ordenamiento,

su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir con la

intención de legislativa. Mediante la Resolución Núm. 61 el gobierno

municipal solamente aprobó cambiar el método de pago de nómina de

11 Véase Resolución Num.61 en Apéndice del Recurso de Revisión KLRA202300319, pág.

101.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                    16

todos los empleados municipales a uno bisemanal. No surge de la

Resolución Núm. 61 autorización alguna para que dicho cambio estuviera

acompañado de un aumento de sueldo.

       Si bien las normas de interpretación no nos obligan a considerar el

trámite legislativo para comprender el sentido de la Resolución Núm. 61,

revisamos el Acta de la Sesión Ordinaria y el Mensaje de Presupuesto del

alcalde por ser parte de los documentos incluidos en los expedientes

administrativos.

       Durante el Mensaje de Presupuesto el Alcalde para ese entonces

indicó lo siguiente:

       Contando en que entiendes claramente este mensaje, quiero
       decirte que encomendé al Comité de Presupuesto Municipal
       la materialización de las vías económicas necesarias para
       cumplir con lo que fue mi compromiso personal contigo. Por
       lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008, comenzarás a
       recibir tu salario bisemanal lo que representa un aumento
       promedio mensual de $80 mínimo a cada empleado. O
       sea, recibirás tu salario mensual de ahora, trece veces cada
       año a la vez que el beneficio te brindará la oportunidad de
       planificar mejor tus finanzas. 12 (Énfasis nuestro).

       Del Acta de la Sesión Ordinaria del 6 de junio de 2007 surge que la

Legislatura Municipal continuó la discusión del presupuesto para el año

fiscal 2007-2008, la cual había comenzado el día previo, y discutió el

informe del contable, así como el presupuesto final. A tales efectos, revisó

el presupuesto prestando atención a las partidas que habían sufrido

cambios con relación al presupuesto del año anterior. En particular, se

identificaron aumentos en las partidas de Obras Públicas Municipales

($410,479.5 a $477,983.50), Manejo de Emergencias ($232,141.50 a

$232,609.50), Recursos Humanos ($103,900.95 a $106,976.25) y

Servicios Generales Municipales ($137,806.50 a $138,148.50) debido a los

ajustes realizados en los salarios de los empleados para adoptar el

aumento del salario mínimo federal.13 Según surge de la sección tercera de

la Resolución Núm. 61 este ajuste responde al aumento al salario mínimo

12 Véase  Mensaje Presupuestario 2007-2008 en Apéndice del Recurso de Revisión
KLRA202300319, pág. 174.
13 Esto corresponde a la implementación en el Municipio del salario mínimo federal

aprobado por el Gobierno Federal. No se trata del aumento en controversia.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                 17

federal en el Municipio de $5.15 a $5.85 por hora. Posteriormente, se

discutió en detalle las secciones tercera, cuarta, quinta y sexta del Proyecto

de Resolución. Al discutir la sección cuarta el Director de Finanzas para

ese entonces, Luis A. Otero Arce, indicó lo siguiente:

       En el caso de la sección cuarta como también se mencionó
       en el mensaje de presupuesto, el establecimiento del pago
       del salario bisemanal en vez de quincenal que es el actual.
       Precisamente por eso no hubo asignaciones de aumento
       general a los empleados, sino que ese aumento se hizo
       indirectamente mediante el establecimiento de este pago
       bisemanal. Actualmente en el pago quincenal serían 24
       pagos al año que recibirían los empleados y mediante el pago
       bisemanal serían 26 pagos al año. Lógicamente si se deja en
       ese caso el del Alcalde de la misma forma que de los demás
       empleados estaría aumentándose el salario del Alcalde por lo
       cual al final de la sección indica que disponiéndose que el
       salario actual del Alcalde que recibe actualmente por año
       será distribuido en un total de 26 pagos al año, o sea, que en
       el caso de él sí sufriría una reducción en lo que se refleja la
       bisemanal, pero a los efectos su salario continuará siendo el
       mismo.14 (Énfasis nuestro).

       Luego de analizar de manera integrada los documentos antes

mencionados, es forzoso concluir que tanto el Alcalde como la Legislatura

Municipal interesaban aumentar indirectamente el sueldo a los empleados

municipales mediante el cambio en el método de pago de nómina,

utilizando un cálculo basado en 13 meses año para la conversión de pagos

de quincenal a bisemanal. Es decir, al realizar el cambio a pagos

bisemanales multiplicando el sueldo mensual de los empleados por 13 en

lugar de 12 meses, se añadía un mes de sueldo al salario anual de cada

empleado. Es por ello que el alcalde mencionó en su mensaje de

presupuesto que cada empleado comenzaría a recibir su salario actual,

trece veces al año. En esa misma línea, el Director de Finanzas del

Municipio indicó en la Sesión Ordinaria que no hubo asignaciones en el

presupuesto para un aumento general a los empleados municipales pues

el pretendido aumento se implementaría indirectamente mediante los

pagos bisemanales.

14Véase Continuación Sesión Ordinaria en Apéndice del Recurso de Revisión
KLRA202300319, pág. 154.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                    18

       No obstante, el contenido de estos documentos no reduce ni

menoscaba el valor de la evidencia documental que obra en los

expedientes administrativos revisados y que motivó a la CASP a determinar

que el aumento de sueldo reclamado por los recurrentes no surge de la

Resolución Núm. 61. Para empezar, la intención de conceder un aumento

de sueldo de manera indirecta a los empleados del Municipio no se reflejó

en la Resolución Núm. 61, pues según vimos la Legislatura Municipal sólo

autorizó al Alcalde a realizar el cambio en el pago de nómina. No dispuso

el método ni el cálculo para llevarlo a cabo pues ello debía adoptarse

mediante un reglamento aprobado por la Legislatura Municipal. Mucho

menos dispuso de las partidas presupuestarias necesarias para sufragar el

aumento de $80 en promedio prometidos por el Alcalde en su mensaje de

presupuesto. Además, durante la discusión del presupuesto sometido por

el Alcalde, la Legislatura Municipal no consideró ninguna partida dirigida a

sufragar el alegado aumento de sueldo a todos los empleados municipales.

Esto, a diferencia de las partidas identificadas para cubrir el aumento del

salario mínimo federal.

       De otro lado, entre los documentos considerados la Comisión evaluó

la Carta enviada por la Alcaldesa del Municipio a la Oficina del Contralor de

Puerto Rico, solicitando una opinión consultiva en torno al cambio en el

método de pago implementado en el 2008. También consideró la Carta

remitida por la Oficina del Contralor de Puerto Rico en respuesta a la

solicitud de la Alcaldesa. Veamos.

       El 21 de marzo de 2017 la entonces alcaldesa del Municipio, Carmen

I. Maldonado González solicitó a la Oficina del Contralor de Puerto Rico

una opinión legal en torno a la implementación del pago bisemanal a los

empleados municipales realizada en el 2008.15 Según indicó en su misiva,

al asumir la administración del Municipio advino en conocimiento de que al

establecerse la fórmula para el cómputo del pago bisemanal se cometió un

error que tuvo el efecto de aumentar todos los sueldos de los empleados

15 Véase Carta en Apéndice del Recurso de Revisión KLRA202300319, págs. 104-106.
KLRA202300318 consolidado con KLRA202300319                                        19

del Municipio. Esto ya que, al cambiar la frecuencia de pago a una

bisemanal se multiplicó el sueldo mensual de cada empleado por trece (13)

y se dividió el resultado de esa multiplicación por veintiséis (26); cuando lo

correcto era multiplicar el salario mensual por doce (12) que son los meses

que tiene el año, y dividir el resultado por veintiséis (26), que son las

bisemanas que tiene el año. El referido error tuvo como resultado que cada

empelado obtuviera un aumento de un mes completo de sueldo

anualmente. Abundó que el aumento así concedido no fue aprobado por la

Legislatura Municipal ni firmado por el Alcalde. En atención a lo anterior,

solicitó que, entre otras, se le respondieran las siguientes interrogantes: si

el aumento salarial requería la aprobación mediante Ordenanza o

Resolución de la Legislatura Municipal; si la implantación de un método de

pago de nómina cuyo cálculo y efecto fue aumentar el salario a los

empleados municipales fue un acto ilegal; y si el pago de un mes “trece” al

salario de los empleados municipales durante un periodo de 8 años,

constituyó un aumento directo o indirecto.

       El 5 de mayo de 2017 la Oficina del Contralor, por conducto de la

Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, remitió una carta al

Municipio ofreciendo su opinión en torno a algunas de las interrogantes

planteadas.16 En particular concluyó que, si una resolución concediendo la

facultad de alterar las escalas de retribución mediante un cambio en el pago

de nómina tiene el efecto de aumentar el salario de los empleados, dicha

acción así como las enmiendas correspondientes al plan de clasificación y

retribución municipal, requerían la aprobación específica de la Legislatura.

Al respecto consignó que:

       En este caso, entendemos que el hecho de que la Resolución
       no hiciera expresión alguna de aumento de sueldo, y que no
       exista evidencia que dicho aumento de sueldo fuese legislado
       por la Legislatura, ni aprobado por el entonces alcalde, puede
       ser un evento importante para que los foros correspondientes
       puedan discernir sobre la nulidad de dicha actuación de la
       pasada administración municipal. Sin embargo, faltaría
       probar el hecho de que, efectivamente, los aumentos de
       sueldo no fueron incluidos en la partida presupuestaria

16 Véase Carta en Apéndice del Recurso de Revisión KLRA202300319, págs. 107-114.
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        correspondiente de acuerdo a los artículos 7.001 y 7.002 [de
        la Ley de Municipios Autónomos].

        A su vez concluyó que el multiplicar el salario mensual por 13 meses

en lugar de 12 meses fue un error de cálculo que produjo un pago indebido

con un impacto abarcador, pues además de conllevar un aumento de

sueldo anual, también alteró las aportaciones al retiro.17

        En suma, de los documentos antes reseñados surge que la

Resolución Núm. 61 no dispuso un aumento de sueldo a los empleados

municipales. Sin embargo, a pesar de no haber sido aprobado el referido

aumento se materializó como resultado de un cálculo erróneo realizado por

el Municipio al convertir los pagos quincenales en pagos bisemanales que

según veremos a continuación, constituyó también una actuación ultra vires

por parte del Municipio. En consideración a ello no vemos razón para variar

la determinación de hecho realizada por la Comisión a los efectos de que

de la Resolución Núm. 61 no autoriza un aumento de sueldo para los

empleados municipales.

                                            B.

        Nos corresponde ahora analizar si la CASP aplicó correctamente el

derecho al concluir que el Municipio no podía conceder el aumento de

sueldo otorgado. Tal cual reseñáramos, desde enero de 2008 el Municipio

implementó el cambio en los pagos de nómina al sistema bisemanal y tras

utilizar un cálculo erróneo para ello, otorgó un aumento a los empleados

municipales. Ahora bien, la Ley de Municipios Autónomos vigente al

momento de los hechos dispone que el Alcalde es el responsable de

preparar el proyecto de resolución del presupuesto general de gastos del

municipio y de diseñar el sistema de administración del personal municipal

para someterlos a la aprobación de la Legislatura Municipal.

        En particular, su Art. 11.015 exige que todos los puestos del

Municipio estén sujetos al plan de clasificación y retribución, el cual debe

17 De otro lado, por falta de evidencia, se abstuvo de determinar si el referido cálculo fue

un error de derecho, o un error de hecho. También se negó a responder sobre la legalidad
de las actuaciones cuestionadas por entender que debían dilucidarse en otros foros con
la evidencia apropiada.
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ser establecido por el alcalde y aprobado por la Legislatura Municipal.

Dicho plan establece la escala de retribución para cada puesto y especifica

el tipo mínimo y el máximo que puede ser devengado en cada escala. El

referido artículo dispone a su vez que tanto el alcalde como la Legislatura

Municipal deberán establecer por reglamento las normas que regirán el

plan de clasificación y retribución. De manera que, cualquier cambio en el

plan de clasificación o en la retribución de los empleados municipales

deberá ser propuesto por el Alcalde y aprobado por la Legislatura Municipal

previo a su implementación. Así se garantiza que el gobierno municipal

evalúe la viabilidad del ajuste salarial propuesto, identifique las partidas

presupuestarias para sufragarlo y establezca los mecanismos para su

implementación.

       Considerando que el Alcalde no sometió para la aprobación de la

Legislatura Municipal un plan para aumentar la retribución de los

empleados municipales, asi como tampoco identificó las partidas

presupuestarias para sufragarlo, resolvemos que el aumento concedido fue

contrario a derecho y como tal, es nulo. Contrario a lo alegado por los

recurrentes, el inciso (c) del Art. 11.015 no faculta al Municipio a conceder

aumentos mediante ordenanza sin trámite ulterior. El referido artículo

autoriza al Municipio a otorgar un aumento equivalente a un tipo o paso en

la escala correspondiente por años de servicios a los empleados regulares

cuando la capacidad económica así lo permita. No obstante, aun dicho

aumento debe ser propuesto por el Alcalde y aprobado por la Legislatura

Municipal.

       A su vez concluimos que la CASP actuó razonablemente al denegar

las apelaciones instadas por los recurrentes ya que, la acción municipal

impugnada ante la Comisión no es el recobro del aumento ilegalmente

otorgado desde el 2008, sino el ajuste en los salarios descontando el

aumento ilegalmente concedido.
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                                     IV

      Por   los   fundamentos      antes    expuestos     confirmamos     las

Resoluciones recurridas.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones