Court Opinion

ID: 9941511
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:11.35633+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:46.307539
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

JULIO A. VEGA PACHECO                          Certiorari
                                               procedente del
  Querellante-Recurrente                       Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala de
                                               Fajardo
                v.
                                              Caso Núm.:
 VIEQUES AIR LINK, INC.,        KLCE202301444 LU2023CV00116
   ASEGURADORA ABC
                                               Sobre:
   Querellado-Recurrido
                                               DESPIDO
                                               INJUSTIFICADO,
                                               LEY 80-1976,
                                               según enmendado;
                                               DISCRIMEN POR
                                               REPRESALIAS; LEY
                                               2-1961, según
                                               enmendado
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez
Bonilla Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm

Prats Palerm, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

       Ante nos comparece la parte querellante-recurrente, Julio A.

Vega Pacheco (en adelante Sr. Vega), mediante una Petición de

Certiorari, en la que solicita que se revoque una Orden emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI),

del 11 de diciembre de 2023. Mediante dicha Orden, el TPI denegó

una moción de descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 34

de las de Procedimiento Civil y alega el Sr. Vega que en la misma

no se fundamentan las razones por las cuales no se deben

contestar las objeciones de las contestaciones a interrogatorios,

constituyendo un abuso de discreción y un error claro y manifiesto

en la apreciación de dicha prueba.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación se

deniega la expedición del recurso de Certiorari. Veamos.

Número Identificador

RES2024______________________
_______
KLCE202301444

                                                                   2

                                  I

      El 1 de junio de 2023, el Sr. Vega presentó una Querella

contra Vieques Air Link, Inc. (en adelante VAL o querellada-

recurrida) al amparo de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961 de

Procedimiento Sumario, Ley 80 de 30 de mayo de 1976 sobre

Despido Injustificado y Ley 115 de 20 de diciembre de 1991 sobre

Represalias. En síntesis, el Sr. Vega alega que fue despedido de su

empleo injustificadamente y que sufrió represalias sin que VAL

tomara ninguna acción.

      VAL presentó su Contestación a Querella el 19 de junio de

2023. Entre otras cosas, negó que el Sr. Vega hubiese sido

despedido injustificadamente y negó que hubiese sido objeto de

represalias durante los años que el Sr. Vega trabajó para ellos.

      Tan pronto como el 28 de junio de 2023, el Sr. Vega cursó

un Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción

de Documentos como su mecanismo de descubrimiento de prueba.

VAL notificó sus contestaciones a interrogatorio el 28 de agosto de

2023. El Sr. Vega, no conforme con varias de las contestaciones,

para el 6 de septiembre de 2023, le notificó a VAL unas objeciones.

Posteriormente, y en cumplimiento con la Regla 34 de las de

Procedimiento Civil, las partes se reunieron telefónicamente el 18

de septiembre de 2023 para discutir las objeciones a las

contestaciones a interrogatorios. VAL suplementó varias de sus

contestaciones al interrogatorio para el 12 de octubre de 2023.

      No conforme con las respuestas, el Sr. Vega presentó para el

4 de noviembre de 2023, una “Moción para Compeler Contestación

a Primer Pliego de Interrogatorios y Producción de Documentos al

Amparo de la Regla 34 de las de Procedimiento Civil.” A esos fines,

el 6 de noviembre de 2023 el TPI le solicitó al Sr. Vega un proyecto

de orden para considerarlo. El 7 de noviembre de 2023, VAL

presentó una oposición a la solicitud del Sr. Vega y mediante
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                                                                 3

Orden del mismo día el TPI dejó sin efecto la Orden de 6 de

noviembre de 2023. De dicha Orden, el Sr. Vega no solicitó

Reconsideración.

      Para el 28 de noviembre de 2023 el Sr. Vega presenta una

“Moción Informativa Sobre Mociones Pendientes” donde nuevamente

le solicita al TPI que resuelva en sus méritos la moción al amparo

de la Regla 34. El mismo día, el TPI toma conocimiento y le ordena

a la parte querellada VAL a que cumpla con el descubrimiento de

prueba en 10 días so pena de sanciones.

      El 29 de noviembre de 2023, VAL solicita mediante moción

que se deje sin efecto Orden de 28 de noviembre de 2023 y en

oposición a la “Moción Informativa sobre Mociones Pendientes”. En

las mismas argumenta que las controversias de descubrimiento de

prueba ya habían sido resueltas. El TPI, una vez más, toma

conocimiento y deja sin efecto la Orden de 28 de noviembre de

2023, mediante Orden de 29 de noviembre de 2023, notificada el 4

de diciembre de 2023.

      Nuevamente el Sr. Vega presenta moción el 9 de diciembre

de 2023 solicitándole al TPI que resuelva en sus méritos y

fundamente las mociones previamente presentadas al amparo de la

Regla 34 de las de Procedimiento Civil. El 11 de diciembre de 2023

VAL presenta su respectiva oposición alegando que la misma era

una segunda solicitud de reconsideración y que la controversia

había sido resuelta por el TPI. Ese mismo día, el TPI declara No ha

Lugar la solicitud del Sr. Vega.

      En desacuerdo, el Sr. Vega presentó oportunamente la

presente Petición de Certiorari el 20 de diciembre de 2023, en la

que formuló el siguiente señalamiento de error:

      El TPI abusó crasamente de su discreción e
      incurrió en error manifiesto al declarar sin lugar la
      moción al amparo de la Regla 34 del querellante
      mediante orden que no fundamenta, ni articula la
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                                                                      4

         procedencia de unas contestaciones a un pliego de
         interrogatorios y requerimientos objetados.

         El Sr. Vega sostuvo que el TPI no permitió que este

descubriera prueba enteramente pertinente y no privilegiada al

considerar las alegaciones de su querella. Además, alega que no

existe justificación alguna para no permitir que el Sr. Vega

descubra por medio de un Primer Pliego de Interrogatorios y

Requerimiento de Producción de Documentos prueba conducente a

establecer que fue despedido injustificadamente por VAL y de que

este fue objeto de represalias en el empleo por su supervisor, entre

otras.

         Por su parte, Val sometió una Oposición a Expedición de

Certiorari Interlocutorio y Solicitud de Desestimación el 26 de

diciembre de 2023, en la que sostuvo que la orden interlocutoria

de la que se recurre se emitió dentro del contexto de una querella

presentada al amparo del proceso sumario para reclamaciones

laborales establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,

por tanto, ante la naturaleza sumaria de dichas reclamaciones,

este Tribunal carece de jurisdicción para atender la misma.

                                 II

A. El certiorari

         El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce

de León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163

(2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723,

728-729      (2016);   véase,   además,   Art.   670   del   Código   de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición

del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal
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revisor. Íd.; IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012).

          La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

delimita expresamente las instancias en las que este Tribunal de

Apelaciones puede expedir los recursos de certiorari para revisar

resoluciones y órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, supra;

Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487

(2019). En lo pertinente, la referida regla dispone lo siguiente:

      [e]l   recurso   de    certiorari  para   revisar
      resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas
      por el Tribunal de Primera Instancia, solamente
      será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden
      bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de
      una moción de carácter dispositivo. No obstante,
      y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el
      Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra
      de decisiones sobre la admisibilidad de testigos
      de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos
      a privilegios evidenciarios, anotaciones de
      rebeldía o en casos de relaciones de familia, en
      casos que revistan interés público o en cualquier
      otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso
      de certiorari, en estos casos, el Tribunal de
      Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

   Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que

este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente su

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         rerurrida, a diferencia de sus fundamentos
         son contrarios a derecho.
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                                                                    6

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para analizar el problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error
         craso y manifiesto de la apreciación de la
         prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración,
         más detenida a la luz de los autos originales,
         por los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se
         presenta el caso es la más propicia para su
         consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa no causan un fraccionamiento
         indebido del pleito y una dilación indeseable
         en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B.

      De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia,

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v.

Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-

435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado

en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de

justicia. Íd. Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de

razonabilidad. Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275

(2019); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Procedimiento Sumario bajo la Ley Núm. 2 de 1961

      La Ley Núm. 2-1961, también conocida como la Ley de

Procedimientos Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA

sec. 3118 et. seq., provee un procedimiento sumario para la

tramitación y adjudicación de pleitos laborales. La esencia del

trámite sumario creado por la Ley Núm. 2-1961, supra, es proveer
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                                                                   7

un mecanismo judicial para que se consideren y adjudiquen

querellas   de   obreros    o   empleados       de   manera   rápida,

principalmente en casos de reclamaciones salariales y beneficios.

Bacardí Corporation v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1019 (2019);

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 732. Con su

adopción, el legislador pretendió brindarle a los obreros y

empleados un mecanismo procesal judicial capaz de lograr la

rápida consideración y adjudicación de las querellas que éstos

presenten contra sus patronos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.,

174 DPR 921, 928 (2008); Rivera v. Insular Wire Products Corp.,

140 DPR 912, 923 (1996).

      La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en

su tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública

de proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. Izagas

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011). Con el fin

de adelantar su propósito, la ley estableció:

      [. . .] (1) términos cortos para la contestación de la
      querella presentada por el obrero o empleado; (2)
      criterios para la concesión de una sola prórroga para
      contestar la querella; (3) un mecanismo para el
      emplazamiento del patrono querellado; (4) el
      procedimiento para presentar defensas y objeciones;
      (5) criterios para la aplicación de las Reglas de
      Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre
      el uso de los mecanismos de descubrimiento de
      prueba; (7) una prohibición específica de demandas o
      reconvenciones contra el obrero o empleado
      querellante; (8) la facultad del tribunal para dictar
      sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no
      cumpla con los términos provistos para contestar la
      querella, y (9) los mecanismos para la revisión y
      ejecución de las sentencias y el embargo preventivo.
      Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, págs. 923-
      924. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR
      439, 446 (2016).

      Reiteradamente nuestro más Alto Foro ha expresado que "[l]a

esencia y médula del trámite fijado para casos sobre reclamaciones

de salarios consagrado en la Ley Núm. 2… constituye el

procesamiento sumario y su rápida disposición. Desprovisto de

esta característica, resulta un procedimiento ordinario más...".
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                                                                          8

(Citas omitidas). Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 DPR 838, 856

(2001). Es por ello que, la Ley de Procedimiento Sumario de

Reclamaciones       Laborales     introdujo    a    nuestro    ordenamiento

jurídico un trámite especial y expedito para atender las querellas

relacionadas con disputas laborales presentadas por empleados o

empleadas, u obreros u obreras en contra de sus patronos. En

estos casos se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo

aquello que no        esté   en    conflicto       con   las   disposiciones

específicas de las mismas o con el carácter sumario del

procedimiento establecido por esta ley. Díaz Santiago v.

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 207 DPR 339, (2021).

(énfasis suplido)

      Como podrá observarse, el procedimiento sumario creado

por la Ley Núm. 2-1961, supra, es uno abarcador que al hacer un

balance de los intereses envueltos impone la carga procesal más

onerosa al patrono, sin que esto signifique que éste queda privado

de defender sus derechos. Rivera v. Insular Wire Products Corp.,

supra, pág. 924. En vista de su carácter reparador, esta ley debe

ser interpretada liberalmente a favor del empleado. (Cita omitida).

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 232 (1998).

      Por otra parte, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147

DPR 483, 501 (1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la

oportunidad de expresarse en relación con el alcance de la revisión

judicial   de   resoluciones       interlocutorias       dictadas   en   un

procedimiento sumario instado al amparo de la Ley Núm. 2-1961,

supra. Allí expresó lo siguiente:

      De una lectura de los preceptos anteriores se
      desprende que el legislador no tuvo la intención
      expresa de que estuviera disponible un mecanismo de
      revisión directa de las resoluciones interlocutorias.
      Más aún, en todos los debates celebrados en la
      Cámara y el Senado en torno al P. del S. 194 --que dio
      origen a la ley que analizamos-- no se hizo mención
      de la posibilidad de que tales resoluciones
      interlocutorias fueran revisables. Todo lo anterior
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      abunda a nuestra conclusión de que la revisión de
      resoluciones interlocutorias es contraria al carácter
      sumario del procedimiento y que, debido a ello,
      debemos autolimitar nuestra facultad al efecto. Id.,
      pág. 496.

      Concluyó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Díaz

Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, supra, a

la pág. 349, y citando a Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc.,

supra, pág. 498, lo siguiente:

      […] En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra,
      reconocimos que esta norma de autolimitación de
      revisión contempla una serie de instancias en las que
      una resolución interlocutoria sí es revisable por este
      Tribunal Supremo o por el Tribunal de Apelaciones,
      según corresponda. A estos efectos, a modo de
      excepción, concluimos que los tribunales apelativos
      deben mantener y ejercer su facultad para revisar
      mediante        certiorari    aquellas       resoluciones
      interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario
      tramitado según la Ley Núm. 2 en las siguientes
      instancias: (1) cuando el foro primario haya actuado
      sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la
      revisión inmediata dispone del caso por completo,
      y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar
      una grave injusticia. ́Id., pág. 498. Véase,
      además, (citas omitidas). En estas instancias, el
      carácter sumario y la celeridad que caracterizan a los
      procedimientos tramitados bajo la Ley Núm. 2 ceden y
      los foros apelativos pueden revisar determinada
      resolución interlocutoria. (énfasis suplido).

      Así las cosas, nuestro más Alto Foro, ha reiterado que las

resoluciones interlocutorias que emita el Tribunal de Primera

Instancia no son revisables por este tribunal.     Dávila, Rivera v.

Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 497. En función del interés

protegido por esta legislación social, consistentemente hemos

destacado la importancia de asegurar que los trámites judiciales

encaminados bajo el palio de la Ley Núm. 2-1961, supra, no

pierdan su esencia expedita. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,

supra. Por lo tanto, corresponde a los tribunales asegurar la

estricta observancia del proceso sumario […]’’. León Torres v.

Rivera Lebrón, 204 DPR 20,33, (2020).

      Esbozada la norma jurídica, procedemos a disponer del

recurso ante nuestra consideración.
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                                     III

        En el caso que nos ocupa, la parte querellante-recurrente,

Sr. Vega, nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y

revoquemos la Orden interlocutoria emitida 11 de diciembre de

2023 y notificada el mismo día, en la que el TPI denegó una

moción de la parte querellante al amparo de la Regla 34 de las de

Procedimiento Civil.

        Examinado el recurso y la posición de las partes, este

Tribunal determina que se encuentra impedido de intervenir en los

méritos de la resolución interlocutoria, ya que de lo contrario se

desvirtuaría el propósito sumario que le quiso imprimir el

legislador a los procedimientos tramitados bajo la Ley Núm. 2-

1961.    El legislador fue claro cuando dispuso que las revisiones

interlocutorias en un procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2-

1961, supra, no serían revisables por este foro. De ordinario, el

mencionado estatuto contiene las excepciones establecidas por la

jurisprudencia      interpretativa   del   Tribunal   Supremo   donde

limitaron las intervenciones de este foro revisor.      En particular,

destacamos las excepciones establecidas en Dávila, Rivera, supra,

donde el Alto Foro limitó nuestra intervención a ciertas instancias,

a saber: (1) cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción;

(2) en situaciones en las que la revisión inmediata dispone del caso

por completo; y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una

grave injusticia.

        En el caso ante nos, la orden que se pretende revisar fue

dictada por un tribunal con jurisdicción y la misma no amerita

nuestra revisión inmediata para evitar un fracaso de la justicia,

toda vez que, no se cumplen ninguna de las excepciones

establecidas. En consecuencia, procede denegar la expedición del

recurso de Certiorari solicitado.
KLCE202301444

                                                                  11

                                IV

      Por todo lo anterior, se deniega la expedición del recurso de

Certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones