Court Opinion

ID: 9928503
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:20:12.099793+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:25.653274
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL XI

                                                    Certiorari procedente
 NANCY FIGUEROA PINEO                               del Tribunal de Primera
                                                    Instancia, Sala
         RECURRIDA                                  Superior de Caguas

              V.                               Civil Núm.:
                                 KLCE202301175 LA2023-0650
     VLADIMIR HARRIS
       VILLANUEVA                                   Sobre:

       PETICIONARIO                               ORDEN DE
                                                  PROTECCIÓN
                                                  LEY NÚM. 284-1999
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2023.

      Comparece el Sr. Vladimir Harris Villanueva (en adelante, Sr. Harris

o Peticionario) ante este Tribunal y mediante una Petición de Certiorari nos

solicita que revoquemos una Orden de Protección expedida en su contra

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Caguas (en

adelante, TPI) el 22 de septiembre de 2023. En el referido dictamen el TPI

expidió una Orden de Protección al amparo de la Ley Contra el Acecho en

Puerto Rico, infra, con vigencia de 22 de septiembre de 2023 hasta el 22

de marzo de 2024.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos

la expedición del recurso.

                                     I.

       El 7 de septiembre de 2023, el Sr. Harris y la Sra. Nancy Figueroa

Pinedo (en adelante, Sra. Figueroa) se comunicaron por llamada telefónica

para discutir el estatus de un trabajo por el cual el Sr. Harris había

contratado a la Sra. Figueroa. Luego de una acalorada discusión, la Sra.

Figueroa acudió el próximo día al cuartel de la Policía. Posteriormente, se

celebró una vista ex parte en la cual se otorgó una orden provisional de

Número Identificador
SEN-RES2023 ________
KLCE202301175                                                                                    2

protección a la Sra. Figueroa en contra del Sr. Harris, y se citó la

celebración de una vista final para el 22 de septiembre de 2023. En esta

vista final, la Sra. Figueroa compareció nuevamente por derecho propio,

mientras que el Sr. Harris compareció con representación legal.

        Según surge de la regrabación de la vista, la Sra. Figueroa reiteró lo

que había testificado en la vista ex parte, que no se sentía segura en la

relación laboral con su cliente.1 Relató que luego de una llamada, donde le

notificó al Sr. Harris que no había culminado el trabajo por el cual fue

contratada, que este la insultó y amenazó, advirtiéndole que conocía donde

esta vivía, y que aunque vivía en una urbanización de control acceso la

podía esperar afuera. 2 Luego testificó que recibió una llamada de una

agente de la Policía y de la representación legal del abogado del Sr. Harris.

La Sra. Figueroa narró que en la llamada se le presentó un acuerdo de

transacción para culminar la relación contractual entre ella y el Sr. Harris, a

cambio de que esta desistiera de la orden de protección. Sin embargo, no

aceptó la oferta porque se sintió nerviosa y presionada a aceptarla, en

adición a que no quería abandonar el proceso de la orden de protección. 3

Además, y como contestación a preguntas de la Juez, la Sra. Figueroa

narró como en la madrugada del 8 de septiembre —entiéndase una horas

después de la llamada donde alega fue amenazada— recibió varias

llamadas de un número desconocido, las cuales no contestó.4

        Por otro lado, el Sr. Harris testificó que nunca llamó a la Sra.

Figueroa en la madrugada del 8 de septiembre de 2023, y como prueba

presentó un registro de llamadas de la compañía telefónica. 5 Como

consecuencia, la Juez indagó sobre el origen del registro, a lo cual el Sr.

Harris contestó que fue él mismo quien descargó el registro del portal de la

compañía y que solo tenía ante sí el registro del 7 y 8 de septiembre de

1
  Regrabación de la Vista del 22 de septiembre de 2023, min. 2-3.
2
  Id.
3
  Regrabación de la Vista del 22 de septiembre de 2023, min. 3:30 – 5. (La Sra. Figueroa reiteró su
nerviosismo y su interés de continuar con la orden en el min. 18-21 porque temía por su
seguridad).
4
  Regrabación de la Vista del 22 de septiembre de 2023, min. 17.
5
  Regrabación de la Vista del 22 de septiembre de 2023, min. 22-25.
KLCE202301175                                                               3

2023.6 Posteriormente, y como respuesta a preguntas de su abogado, el

Sr. Harris testificó que nunca insultó ni amenazó a la Sra. Figueroa, que la

razón por la cual conocía donde vivía era porque ella trabajaba desde su

hogar y había ido a pagarle por su trabajo, y que la disputa entre ellos

respondía a un incumplimiento de contrato, por lo que su enojo era

justificado.7

           Luego de escuchar ambos testimonios, el TPI expidió la orden de

protección en contra del Sr. Harris con una vigencia de seis (6) meses, esto

es, de 22 de septiembre de 2023 al 22 de marzo de 2024. Para ello, y luego

de aquilatar la prueba presentada, el TPI realizó las siguientes

determinaciones de hechos:

           Peticionaria insiste en sus alegaciones contra su otrora
           cliente, el aquí peticionado, consistente en insultos y
           amenazas, así mismo, luego de expedida la orden ex parte
           existió interferencia indebida del peticionado a través de su
           abogado para que la peticionaria dejare sin efecto la orden de
           protección. Luego de escuchar al peticionado, el tribunal
           queda convencido que amerite que se extienda por 6 meses
           adicionales la presente orden.

           En desacuerdo con la orden expedida, el Sr. Harris alega que:

           ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA, SALA MUNICIPAL DE CAGUAS AL EXPEDIR
           LA ORDEN DE PROTECCIÓN LA 2023-0650 AL AMPARO
           DE LA LEY NÚM. 284-1999 A FAVOR DE LA SRA. NANCY
           FIGUEROA PINEDO A PESAR DE NO EXISTIR LOS
           ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE
           ESTA.

           ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
           MUNICIPAL DE CAGUAS AL CONCEDER UN REMEDIO
           BAJO LA [sic] LEY NUM. 284-1999, CON LAS
           DETERMINACIONES DE HECHOS ESBOZADOS EN LA
           ORDEN FINAL CONCEDIDA.

           ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
           MUNICIPAL DE CAGUAS AL INDICAR EN LAS
           DETERMINACIONES DE HECHO QUE EL PETICIONADO
           REALIZO UNA DETERMINACIÓN INDEBIDA MEDIANTE
           SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y PRESENTAR PRUEBA
           MEDIANTE LA VOZ DEL TRIBUNAL.

6
    Id.
7
    Regrabación de la Vista del 22 de septiembre de 2023, min. 29-32.
KLCE202301175                                                                4

       Este tribunal concedió un término de diez (10) días para que el

recurrido mostrase causa para no expedir el auto y revocar. Transcurrido

ese término sin recibir su comparecencia procedemos a discutir el marco

jurídico aplicable a la controversia planteada y resolvemos de conformidad.

                                   II.
A. Certiorari

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un

tribunal inferior. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023 TSPR

65, 212 DPR ____; Orthopedics Prod. Of Puerto Rico, LLC v. Medshape,

Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil

de 1933, conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec.

3491. La característica distintiva del certiorari “se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar

sus méritos”. Íd. Ahora bien, el ejercicio de esta discreción no es absoluto.

Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece una serie de instancias en las que los foros apelativos pueden

ejercer su facultad revisora:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

       De igual modo, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, delimita los criterios para la expedición de un auto de certiorari. Así

pues, estas consideraciones “orientan la función del tribunal apelativo

intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional”. Rivera

Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. La aludida regla permite que
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el análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en el vacío ni se

aparte de otros parámetros al momento de considerar los asuntos

planteados. Íd.; 800 Ponce de León v. American International, 205 DPR

163, 176 (2020). De conformidad con lo anterior, la Regla 40, supra,

dispone los siguientes criterios:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

      Los foros revisores no debemos intervenir en las determinaciones

de hechos del tribunal de instancia, “salvo que se pruebe que dicho foro

actuó con prejuicio o parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o

en error manifiesto. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018). Esta norma

permite que el foro primario actúe conforme a su discreción judicial, que es

la facultad que tiene “para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Id. pág. 735; Graciani Rodríguez v. Garage Isla

Verde, LLC, 202 DPR 117, 132 (2019). El ejercicio esta discreción “está

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Id.;

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). Así pues, “la

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”. Id.; Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). No obstante, un tribunal incurre

en abuso de discreción cuando ignora sin fundamento un hecho material,
KLCE202301175                                                              6

concede demasiado peso a un hecho inmaterial, y fundamenta su

determinación en ese hecho irrelevante, o cuando a pesar de examinar

todos los hechos del caso hace un análisis liviano y la determinación resulta

irrazonable. Id. pág. 736. En esos casos, los foros apelativos ostentamos

la facultad discrecional para expedir el recurso de certiorari y ejercer

nuestra función revisora.

B. Estándar de revisión
      De acuerdo con la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 42.2, “[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador

para juzgar la credibilidad de los testigos”. En virtud de esta norma, “los

tribunales apelativos otorgan gran deferencia a las determinaciones de

hecho, la apreciación de la prueba testifical y las adjudicaciones de

credibilidad que hacen los tribunales de primera instancia”. SLG Torres-

Matundan v. Centro de Patología, 193 DPR 920, 933 (2015). Esta

deferencia responde a que el foro primario es “quien ve y escucha a los

testigos y, por ende, está en mejor posición para evaluar y aquilatar la

prueba presentada en el juicio”. Id., pág. 933; Laboy Roque v. Pérez y otros,

181 DPR 718, 744 (2011). En el caso del foro apelativo solo tiene ante sí

“los récords mudos e inexpresivos”. Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177

DPR 967, 987 (2010); Rivera Torres v. Diaz López, 207 DPR 636, 658

(2021).

      Ahora bien, la deferencia a las determinaciones de hechos del foro

primario no es absoluta. Los foros apelativos solo pueden intervenir con las

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia si

demuestran que “el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o

parcialidad o que incurrió en error manifiesto”. Gómez Márquez v. Periódico

El Oriental, 203 DPR 783, 793 (2020); Dávila Nieves v. Meléndez Marín,

187 DPR 750, 753 (2013). Esta norma permite considerar el proceso

revisor en dos categorías principales. Para examinar si media pasión,

prejuicio o parcialidad, “debemos verificar primordialmente si el juez de
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primera instancia cumplió su función de adjudicar de manera imparcial”, en

cuyo caso podemos descansar en las determinaciones de hecho. Id.

      Por otro lado, “el error manifiesto ocurre cuando, de un análisis de la

totalidad de la evidencia, el tribunal apelativo queda convencido de que se

cometió un error, aunque haya evidencia que sostenga las conclusiones de

hecho del Tribunal”. Id. Así pues, existe un error manifiesto “cuando la

apreciación de esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es

inherentemente imposible o increíble”. Id; Pueblo v. Toro Martínez, 200

DPR 834, 859 (2018).

C. Ley contra el acecho en Puerto Rico, Ley 284-1999, según
   enmendada
      La Ley 284, supra, provee mecanismos para proteger debidamente

a las personas que son víctimas de acecho. Artículo 2, 33 LPRA sec. 4013.

Su objetivo es “tipificar como delito y penalizar todo patrón de conducta de

acecho, que induzca temor en el ánimo de una persona razonable y

prudente de sufrir algún daño físico en su persona, sus bienes y/o en la

persona de un miembro de su familia”. Exposición de Motivos de la Ley

284, supra. Esta legislación “reafirma la política pública del Gobierno de

Puerto Rico de luchar contra cualquier tipo de manifestación de violencia

que atente contra los valores de paz, seguridad, dignidad y respeto que se

quieren mantener para nuestra sociedad”. Id.

      Cónsono con lo anterior, el Artículo 3(a) de la Ley 284, supra, define

acecho en los siguientes términos:

   (a) “Acecho” — Significa una conducta mediante la cual se ejerce una
       vigilancia sobre determinada persona; se envían comunicaciones
       verbales o escritas no deseadas a una determinada persona, se
       realizan amenazas escritas, verbales o implícitas a determinada
       persona, se efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada
       persona, se hostiga repetidamente mediante palabras, gestos o
       acciones dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la
       víctima o a miembros de su familia. (Énfasis nuestro). 33 LPRA
       sec. 4013.

   A su vez, el Artículo 4 de la precitada ley tipifica el delito de acecho de
la siguiente manera:
          Toda persona que intencionalmente manifieste un
          patrón constante o repetitivo de conducta de acecho
          dirigido a intimidar a una determinada persona a los
KLCE202301175                                                             8

          efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia
          podría sufrir daños, en su persona o en sus bienes; o
          que mantenga dicho patrón de conducta a sabiendas de
          que determinada persona razonablemente podría sentirse
          intimidada incurrirá en delito menos grave. (Énfasis
          nuestro). 33 LPRA sec. 4104.

      En cuanto al patrón de conducta persistente, el Artículo 3 (b) del

estatuto preceptúa lo siguiente:

      Significa realizar en dos (2) o más ocasiones actos que
      evidencian el propósito intencional de intimidar a
      determinada persona o a miembros de su familia. (Énfasis
      nuestro). 33 LPRA sec. 4013.

      Asimismo, define intimidar en el Artículo 3(f) como:

      [T]oda acción o palabra que manifestada repetidamente
      infunda temor en el ánimo de una persona prudente y
      razonable a los efectos de que ella, o cualquier miembro de
      su familia pueda sufrir daños, en su persona o en sus bienes,
      y/o ejercer presión moral sobre el ánimo de ésta para llevar a
      cabo un acto contrario a su voluntad. (Énfasis nuestro). 33
      LPRA sec. 4013.

      Cabe destacar que, en su Exposición de Motivos la Ley 284, supra,

dispone que el acecho constituye una actividad criminal compuesta de una

serie de actos que al examinarse pueden parecer un comportamiento legal

tal como enviar flores, escribir cartas de amor o esperar por una persona

fuera de su lugar de trabajo o de su casa. No obstante, estos actos por sí

solo no constituyen acecho. Ahora bien, tales “actos unidos a intentos de

atemorizar, intimidar o hacer daño a una persona, o a miembros de su

familia o a su propiedad, pueden constituir un patrón de conducta ilegal”.

Exposición de Motivos de la Ley 284, supra.

      La orden de protección al amparo de esta ley es un mecanismo

rápido y ágil que ampara a las personas que son víctimas de acecho.

      Esta orden de protección es un remedio civil que puede solicitar

cualquier persona que haya sido víctima de acecho, o de conducta

constitutiva del delito de acecho, sin que sea necesario la presentación

previa de una denuncia o acusación. (Énfasis nuestro). Art. 5 (a), 33 LPRA

sec. 4015. A su vez, un patrono puede solicitar una orden de protección a

favor de un empleado si, dicho empleado es o ha sido víctima de acecho o

de conducta constitutiva del delito de acecho y los actos han ocurrido en el
KLCE202301175                                                             9

lugar de trabajo o en sus inmediaciones. Art. 5 (b), 33 LPRA sec. 4015. El

tribunal podrá emitir una orden de protección cuando determine que existen

motivos suficientes para creer que la parte peticionaria ha sido víctima de

acecho. Art. 5, 33 LPRA sec. 4015. Cabe destacar que, el Tribunal de

Apelaciones podrá revisar las órdenes de protección de conformidad a los

criterios establecidos en ley. Id.

                                     III.

       El Sr. Harris nos solicita que expidamos el auto de Certiorari y

revoquemos la orden de protección expedida por el TPI en su contra.

Reclama que el TPI erró en sus determinaciones de hechos en la Orden de

Protección y, por tanto, erró al expedirla ya que, según el Peticionario, no

se cumplió con el patrón de conducta de acecho que requiere el estatuto,

entiéndase que ocurran dos o más situaciones intimidantes. Esto último,

porque interpreta el Sr. Harris que de los autos no se desprende prueba de

otro incidente entre las partes, además de la llamada telefónica, que

expusiera la Sra. Figueroa a sufrir un daño emocional, a su persona o

propiedad.

       Luego de analizadas las alegaciones del peticionario, y luego de

haber escuchado detenidamente, y en su totalidad, la regrabación de la

vista, hemos decidido no expedir el auto solicitado. No encontramos

fundamentos jurídicos que nos motiven a expedir el auto de certiorari de

conformidad a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. De igual modo, no encontramos los elementos

requeridos para determinar que el TPI actuó de forma arbitraria,

caprichosa, o incurrió en un craso abuso de discreción, o aplicación errónea

de la ley.

                                     IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

       Notifíquese inmediatamente.
KLCE202301175                                                              10

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones