Court Opinion

ID: 9962806
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:54:10.693044+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.935650
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

     HILDA SOSA QUIÑONES                           Certiorari
                                                   procedente del
         Recurrida                                 Tribunal de
                                                   Primera Instancia,
                                                   Sala Municipal de
                                                   Guaynabo
       En Interés de         KLCE202400149
                                                   Caso núm.:
                                                   D2JV2023-0112
      EDWIN CANDELARIO
            SOSA                                   Sobre:
                                                   Art. 4.14 Ley Núm.
                                                   408-2000 (Ley de
                                                   Salud Mental de
                                                   Puerto Rico)

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

                             RESOLUCIÓN

Figueroa Cabán, Juez Ponente

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

       Comparece la Administración de Servicios de Salud

Mental y Contra la Adicción, en adelante ASSMCA, quien

nos    solicita   que    revoquemos     una   Resolución       y   Orden,

emitida el 18 de enero de 2024. Mediante la misma, el

Tribunal     de   Primera    Instancia,        Sala     Municipal       de

Guaynabo,    en   adelante    TPI,      declaró    no   ha     lugar   la

reconsideración de ASSMCA, por lo que prevaleció la orden

de ubicar al paciente en un hogar de cuido prolongado o

en la alternativa, de pagar sus gastos hospitalarios.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se    desestima   el    recurso   de    certiorari      por    falta    de

jurisdicción      por    incumplir      con   la   Regla      33(B)    del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

                                  -I-

       La señora Hilda Sosa Quiñonez, en adelante la señora

Sosa, presentó una Petición de Ingreso Involuntario por

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400149                                                        2

un Máximo de 15 Días, en adelante Petición de Ingreso

Involuntario1, al amparo del Art. 4.14 de la Ley Núm. 408-

2000,     según    enmendada.      En    la     misma,   fungió    como

peticionaria en interés de la persona para quien se

solicita el ingreso involuntario, su hijo el señor Edwin

Candelario Sosa, en adelante el señor Candelario, o el

participante.

        Luego de varios trámites innecesarios de relatar

para obtener el resultado alcanzado, el TPI emitió una

Resolución y Orden. Mediante la misma, ordenó: 1) a

ASSMCA, ubicar de forma inmediata al señor Candelario en

un lugar de cuidado prolongado como parte de los Servicios

Transicionales Residenciales Orientados; 2) al Hospital

Panamericano, a identificar un lugar privado, certificado

y cuyo costo será sufragado por ASSMCA, para la ubicación

del paciente mientras espera por su ingreso en un lugar

de cuidado prolongado; o 3) a ASSMCA, pagar los gastos

hospitalarios del recurrido hasta la ubicación del señor

Candelario en un hogar de cuidado prolongado.2

        En   desacuerdo,     ASSMCA     presentó    un   Escrito    de

Certiorari, en el que alegó que el TPI cometió los

siguientes errores:

        COMETIÓ GRAVE ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA
        INSTANCIA, SALA MUNICIPAL DE GUAYNABO AL DICTAR UNA
        RESOLUCIÓN Y ORDEN CONTRARIA A DERECHO.

        COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL INTERFERIR
        CON LA POLÍTICA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO EN
        CUANTO A LA FORMA Y MANERA EN QUE ASSMCA OFRECE LOS
        SERVICIOS A LA POBLACIÓN AL ORDENARLE A LA ASSMCA
        A UBICAR AL PACIENTE EDWIN CANDELARIO SOSA EN UN
        HOGAR SIN CONTRATO CON LA AGENCIA O EN LA
        ALTERNATIVA OBLIGARLE EL PAGO AL HOGAR Y AL HOSPITAL
        PANAMERICANO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL JOVEN
        ACUTALMENTE [SIC.], AFECTANDO LA SEPARACIÓN DE
        PODERES.

1   Apéndice de la peticionaria, págs. 79-86.
2   Id., págs. 10-14.
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      En lo aquí pertinente, el participante presentó una

moción   de    desestimación       en   la    que    adujo   que   ASSMCA

“incumplió con su obligación de notificar el recurso de

certiorari” a la peticionaria, es decir, a la señora Sosa

y no justificó el incumplimiento con dicho requisito

reglamentario.

      Así     las   cosas,    el   Tribunal         de   Apelaciones    le

concedió a ASSMCA un término de cinco (5) días para

mostrar causa por la cual no se debía desestimar el

recurso de certiorari.

      En cumplimiento de nuestra orden, ASSMCA alegó que

cumplió con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en

tanto,      notificó   el     recurso        de     certiorari     a   las

representantes legales del Hospital Panamericano y del

participante, el señor Candelario, persona para quien se

solicita el ingreso involuntario. Ello mediante correo

certificado con el recibo #9589-0710-5270-1245-0547-63.3

      Revisados      los     escritos     de      las    partes    y   los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                                   -II-

                                   A.

      La Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones establece:

      La parte peticionaria notificará la solicitud de
      certiorari, debidamente sellada con la fecha y la
      hora de presentación, a los abogados o abogadas de
      récord, o en su defecto, a las partes, así como al
      Procurador General o Procuradora General, y al
      Fiscal de Distrito o a la Fiscal de Distrito en los
      casos criminales, dentro del término dispuesto para
      la presentación del recurso. Este término será de
      cumplimiento estricto. Efectuará la notificación
      por correo certificado con acuse de recibo o
      mediante un servicio similar de entrega personal
      por compañía privada con acuse de recibo. Cuando se
      efectúe por correo, se remitirá la notificación a

3  ASSMCA no incluyó copia de la boleta de envío por correo
certificado, mediante la cual, entendemos, se alega, que se notificó
a ambas representantes legales.
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      los abogados o abogadas de las partes, o a las
      partes, cuando no estuvieren representadas por
      abogado o abogada, a la dirección postal que surja
      del último escrito que conste en el expediente del
      caso. Cuando del expediente no surja una dirección,
      de estar la parte representada por abogado o
      abogada, la notificación se hará a la dirección que
      de éste o ésta surja del registro que a esos efectos
      lleve el Secretario o Secretaria del Tribunal
      Supremo. La parte peticionaria certificará el hecho
      de la notificación en la propia solicitud de
      certiorari. La fecha del depósito en el correo se
      considerará como la fecha de la notificación a las
      partes. La notificación mediante entrega personal
      deberá hacerse en la oficina de los abogados o las
      abogadas que representen a las partes, entregándola
      a éstos o éstas, o a cualquier persona a cargo de
      la oficina. De no estar la parte representada por
      abogado o abogada, se entregará en el domicilio o
      dirección de la parte o de las partes, según ésta
      surja de los autos, a cualquier persona de edad
      responsable que se encuentre en la misma. En caso
      de entrega personal, se certificarán la forma y las
      circunstancias de tal diligenciamiento, lo que se
      hará dentro de las próximas cuarenta y ocho horas.
      El término aquí dispuesto será de cumplimiento
      estricto.

      La notificación podrá efectuarse por los otros
      medios, en la forma y bajo los requisitos dispuestos
      en la Regla 13(B) de este Reglamento.4

                                   B.

      Es    norma    jurisprudencial      reiterada     en    nuestro

ordenamiento jurídico que la extensión de un término de

cumplimiento     estricto     no   es   automática,5 y       que   ello

procede    por   excepción,    solo     cuando   la   parte    que   lo

solicita demuestra justa causa para la tardanza.6 En otras

palabras,     solo    procede      prorrogar     un    término       de

cumplimiento estricto cuando: (1) en efecto exista justa

causa para la dilación; y (2) que la parte le demuestre

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene

para la dilación, acreditando adecuadamente la justa

causa aludida.7

4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B). (Énfasis suplido)
5 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013).
6 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007). Véase, además, Rivera

Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 171 (2016).
7 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, pág. 171; Soto Pino v. Uno

Radio Group, supra, pág. 93; García Ramis v. Serrallés, supra.
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     Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de

Puerto     Rico,     en     adelante        TSPR,       ha     resuelto

consecuentemente     que,       “la     justa   causa    se    acredita

mediante     explicaciones         concretas       y    particulares,

debidamente evidenciadas en el escrito, que le permitan

a los tribunales concluir que hubo una excusa razonable

para la tardanza o la demora”.8            “[N]o constituyen justa

causa las ‘vaguedades y las excusas o planteamientos

estereotipados’”.9        Así     pues,    “[a]l   justipreciar     las

razones ponderadas por una parte, el juzgador debe llevar

a cabo un análisis cuidadoso de las explicaciones que

demuestren el incumplimiento y de la evidencia que lo

sustentan”.10      No     valen       “justificaciones        genéricas”

carentes de detalles.11

     Finalmente, conviene resaltar el apercibimiento que

el TSPR hace a los abogados de Puerto Rico en Soto Pino

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 97 (2013):

     [S]e le recuerda a la clase togada que es un deber
     acreditar la existencia de justa causa, incluso
     antes de que un tribunal se lo requiera, si no se
     observa un término de cumplimiento estricto. En el
     caso específico del derecho procesal apelativo,
     este incumplimiento impide la revisión judicial ya
     que ocasiona que no se perfeccionen sus recursos
     apelativos.12

                                   C.

     El TSPR ha resuelto que los tribunales deben ser

celosos guardianes de su jurisdicción, viniendo obligados

a considerar dicho asunto aún en ausencia de señalamiento

a esos efectos por las partes, esto es, motu proprio.13

8 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, págs. 171-172.
9 Id., pág. 172.
10 Id.
11 Id.
12 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 97. (Énfasis en el

original y suplido).
13 Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Ríos

Martínez, Com. Alt. PNP v CLE, 196 DPR 289, 296 (2016); Pérez Soto
v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 (2013); Juliá v.
Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); Vázquez v. ARPE, 128
DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. Aut. de Fuentes Fluviales, 89
DPR 414, 419 (1963).
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Así, el tribunal que no tiene la autoridad para atender

un recurso, sólo tiene jurisdicción para así declararlo

y desestimar el caso.14 Además, si un tribunal carece de

jurisdicción también carece de discreción para asumir

jurisdicción donde la ley no la confiere.15 En síntesis,

la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el

Tribunal puede arrogársela.16

                                  D.

      Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones dispone:

      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento
          la desestimación de un recurso por los motivos
          siguientes:

           (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
           jurisdicción;

           …

      (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa
          propia,   podrá  desestimar  un   recurso  de
          apelación o denegar un auto discrecional por
          cualesquiera de los motivos consignados en el
          inciso (B) precedente.17

                                 -III-

      El   peticionado,        señor     Candelario,       solicita   la

desestimación del pleito de epígrafe porque ASSMCA no

notificó el recurso de certiorari a la señora Sosa,

peticionaria de      la Petición de Ingreso            Involuntario,

conforme       requiere   el     Reglamento      del       Tribunal   de

Apelaciones, supra.       Tiene razón. Veamos.

      Luego de revisar los documentos que obran en autos,

resolvemos que ASSMCA incumplió con la Regla 33(B) de

nuestro    reglamento.         Ello    obedece   a   que    aquella   no

notificó el recurso de certiorari a la señora Sosa,

14 Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., supra, pág. 269.
15 Id.
16 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372-373 (2018); Peerless Oil

v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); Szendrey v. F.
Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Martínez v. Junta de
Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104
DPR 778, 782 (1976). 6140, Guaynabo, PR
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C).
KLCE202400149                                                              7

peticionaria de la Petición de Ingreso Involuntario, a la

dirección que obra en el expediente del TPI, a saber,

Sosa Quiñonez Hilda, HC 01 Box 6140, Guaynabo, PR, 00971.

Tampoco certificó la ocurrencia de dicho evento en la

solicitud    de     certiorari.            Sencillamente,      ASSMCA    no

consideró    este    incumplimiento           con    este   requisito    de

cumplimiento estricto.               Menos aún, expuso justa causa

para la inobservancia.

     La   notificación          a    la    representación      legal    del

peticionado y a la del Hospital Panamericano no era

suficiente para cumplir con la exigencia reglamentaria.

     En fin, ASSMCA obvió notificar a la señora Sosa,

quien fungió como peticionaria en la orden de ingreso

involuntario,       en      interés         del     peticionado,       señor

Candelario.

                                     -IV-

     Por los fundamentos antes expuestos, se desestima la

expedición    del        auto       de    Certiorari    por    falta      de

jurisdicción,       por    incumplir        con   la   Regla   33(B)    del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones