Court Opinion

ID: 9952358
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:43.788433+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:59.986150
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

                                                Apelación
      ORIENTAL BANK                             procedente del
                                                Tribunal de Primera
        Parte Apelante                          Instancia, Sala de
                                  KLAN202300547 Toa Alta
               v.
                                                      Civil núm.:
 ORLANDO FIGUEROA                                     BY2021CV00978
  MARCANO, GLORIA
   ESTHER PADILLA                                     Sobre:
    CALDERÓN Y LA                                     Cobro de dinero y
 SOCIEDAD LEGAL DE                                    Ejecución de
 BIENES GANANCIALES                                   Hipoteca
COMPUESTA POR AMBOS

       Parte Apelada
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

                                SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

        Comparece      Oriental   Bank    (Oriental   o   parte   apelante)

mediante el recurso de Apelación y nos solicita que revoquemos la

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI),

Sala de Bayamón, el 22 de febrero de 2023, notificada el 24 de

febrero de 2023. En el referido dictamen, el foro primario desestimó

con perjuicio la causa de acción de ejecución de hipoteca. El 10 de

marzo     de   2023,      la   parte   apelante   presentó    Moción    de

Reconsideración, la cual el TPI declaró No Ha Lugar mediante

Resolución y Orden emitida el 24 de mayo de 2023, notificada el 25

de mayo de 2023.

        Examinada la solicitud de autos ante nuestra consideración,

la totalidad del expediente y el estado de derecho aplicable,

modificamos la Sentencia Parcial apelada mediante los fundamentos

que expondremos a continuación, y así modificada, se confirma.

Número Identificador
SEN2024________________
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                                       I.

        El 11 de marzo de 2021, Oriental presentó una Demanda en

cobro de dinero y ejecución de garantías, contra el Sr. Orlando

Figueroa Marcano, la Sra. Gloria Esther Padilla Calderón, y la

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos

(matrimonio Figueroa-Padilla o parte apelada).1 En síntesis, adujo

que el 20 de agosto de 2005, la parte apelada suscribió un pagaré

hipotecario a favor de RG Premier Bank of Puerto Rico, o a su orden,

debidamente endosado a favor de Oriental, por la suma principal de

$26,800.00, devengando intereses a razón del 6.625%, pagadero

mensualmente en plazos de $171.60.2 Como garantía de pago, en

la misma fecha, la parte apelada otorgó ante el Notario Félix Javier

Santiago García la escritura núm. 159.3 En ella, se constituyó una

hipoteca que grava un bien inmueble sito en Toa Baja.

        Oriental alega que, desde el 1 de agosto de 2020, el

matrimonio Figueroa-Padilla dejó de pagar las mensualidades de su

obligación. Por lo que, declaró vencida y exigible la totalidad de la

deuda ascendente a la suma de $19,609.28 del principal, los

intereses a razón de 6.625%, la suma de $12.00 por cargos, más la

suma de $2,680.00 en concepto de costas, gastos y honorarios de

abogados.

        En respuesta, el matrimonio Figueroa-Padilla presentó el 5 de

mayo de 2021 una Contestación a Demanda y Reconvención.4

Alegaron que, el 20 de septiembre de 2020 venció la deuda y pagaron

la totalidad mediante débito directo. Sin embargo, sostienen que

Oriental intentó cobrar un pago final de aproximadamente

$19,000.00, el cual no había sido pactado en el Pagaré, ni en la

Escritura de Hipoteca. Por consiguiente, solicitaron la desestimación

1 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 1-3.
2 Íd., págs. 4-7.
3 Íd., págs. 8-33.
4 Íd., págs. 34-37.
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de la demanda, que la parte apelante reparara el daño a su crédito

y se ordenara el pago de daños por angustias mentales.

        En cumplimiento con la Ley Núm. 184-2012, según

enmendada, el 18 de junio de 2021, siendo notificada el 21 de junio

de 2021, el TPI refirió el caso al Centro de Mediación de Conflictos

(Centro de Mediación).5

        Sin embargo, el 24 de junio de 2021, la parte apelada presentó

una Moción de Reconsideración y Solicitud de Paralización de

Mediación.6 El matrimonio Figueroa-Padilla arguyó que el foro

primario debía reconsiderar la determinación de referir el caso a un

proceso de mediación, puesto que, en el caso de autos no se

contemplaba una falta de pago o atrasos en el préstamo hipotecario.

No obstante, el TPI denegó la moción.7

        Luego de varias incidencias procesales, el 27 de junio de 2022,

el Centro de Mediación presentó Moción Informativa sobre Resultado

de caso de Ejecución de Hipoteca Atendido mediante Servicio de

Videoconferencia Intramuros de los CMC.8 En síntesis, la mediadora

informó que las partes comparecieron a la primera cita de mediación

el 25 de febrero de 2022, y tuvieron un total de siete (7) reuniones.

No obstante, señaló que la parte apelada informó no estar interesada

en continuar con el servicio de mediación, pues no reconocían el

balance de la deuda hipotecaria. Así, la mediadora expresó daba por

concluido el servicio de mediación sin un acuerdo.

        El 4 de agosto de 2022, Oriental presentó una Moción

Solicitando se dicte Sentencia Sumaria a favor de la Parte

Demandante.9 En su comparecencia alegó que no había una

5 Íd., págs. 50-53.
6 Íd., págs. 55-56.
7 Íd., pág. 61.
8 Íd., págs. 67-68.
9 Los anejos correspondientes a la Moción de Sentencia Sumaria presentada por

Oriental son: (1) Proyecto de Sentencia Parcial, (2) Pagaré Hipotecario, (3)
Escritura Núm. 159 de Segunda Hipoteca, (4) Certificación de Propiedad
inmueble, (5) Declaración Jurada del Sr. Rafael Vélez Rivera, Manager Mortgage
Servicing de Oriental Bank. Íd., págs. 69-112.
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controversia, puesto que, la parte apelada tenía una obligación

impagada.

        En respuesta, el matrimonio Figueroa-Padilla, se opuso a la

moción de sentencia sumaria de la parte apelante.10 Sostuvo que la

alegada deuda que reclamaba Oriental trataba sobre un pago final

englobado (“balloon payment”) de $19,906.00, el cual no fue pactado

en la Escritura de Hipoteca, ni en el Pagaré. Añaden que, realizaron

todos los pagos mensuales de $171.60 desde el 20 de septiembre de

2005 hasta el 1 de septiembre de 2020, mediante débito directo de

su cuenta. Por lo tanto, solicitaron al TPI denegara la moción de

sentencia sumaria de Oriental, y les permitiera continuar con el

descubrimiento de prueba.

        El 2 de septiembre de 2022, Oriental presentó Réplica a

Oposición de Sentencia Sumaria.11 En síntesis, manifestó que el 21

de julio de 2005, el matrimonio Figueroa-Padilla firmó el Truth in

Lending Disclosure Statement (TILA), en el cual surge que quedaría

un balance impago de $19,717.54.12 Sostiene que, la deuda

reclamada es por el incumplimiento sobre el pago final que quedó

impago a la fecha de vencimiento del préstamo hipotecario, y no por

las mensualidades de $171.60 que fueron satisfechas a agosto

2020.

        El 13 de septiembre de 2022, la parte apelada presentó una

Dúplica a Réplica.13 En síntesis, alegaron que no reconocían que los

10  Los anejos correspondientes a la oposición presentada por el Matrimonio
Figueroa Padilla son: (1) Pagaré hipotecario, (2) Pagos realizados desde la cuenta
del Matrimonio Figueroa Padilla correspondientes a los meses desde Enero-Agosto
de 2020 (3) Payoff Letter con fecha del 31 de mayo de 2022, (4) Notificación sobre
la Transferencia de la Administración de Préstamo, (5) Carta de Cobro con fecha
del 25 de septiembre de 2020, (6) Carta de Cobro con fecha del 24 de octubre de
2020, (7) Payoff Letter con fecha del 9 de octubre de 2020, (8) Carta de Cobro con
fecha del 2 de noviembre de 2020, (9) Cheques a nombre de Oriental en concepto
de pagos del préstamo, (10) Carta de Cobro con fecha del 24 de noviembre de
2020, (11) Carta de Devolución de Cheques, (12) Payoff Leyyer con fecha del 24
de marzo de 2021, (12) Declaración Jurada de la Sra. Gloria Esther Padilla
Calderón. Íd., págs. 113-143.
11 Íd., págs. 144-146.
12 Íd., págs. 197-198.
13 Íd., págs. 201-205
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términos del contrato de préstamo, conforme establecidos en el

Pagaré hubiesen sido modificados. Además, invocaron la doctrina

de rebus sic stantibus, puesto que el tipo de cobro que Oriental

solicitaba era injusto, ilegal y oneroso.

       Luego de revisar las posiciones de las partes, así como la

prueba sometida, el foro de instancia emitió una Sentencia Parcial,

el 22 de febrero de 2023, notificada el 24 de febrero de 2023, en la

cual desestimó con perjuicio la Demanda instada por Oriental.14 A

su vez, formuló las siguientes determinaciones de hechos:

       1. El 11 de marzo de 2021, Oriental presentó una
       Demanda de ejecución de hipoteca y cobro de dinero,
       por el balloon payment de $19,609.28, como un pago
       final en el último mes del préstamo.

       2. Oriental es una institución bancaria, organizada y
       existente, conforme a las leyes de Puerto Rico, con
       oficinas principales en Oriental Center, 254 Ave. Muñoz
       Rivera, San Juan, PR 00918.

       3. Oriental es el sucesor en derecho y tenedora de buena
       fe del Pagaré Hipotecario Original que grava la Finca
       Número 22,098.

       4. El Sr. Orlando Figueroa Marcano y la Sra. Gloria
       Esther Padilla Calderón están casados entre sí, bajo el
       régimen económico de sociedad legal de bienes
       gananciales, son propietarios y vecinos de Toa Baja,
       Puerto Rico.

       5. El matrimonio Figueroa-Padilla reside en la
       propiedad objeto de este litigio que tiene la siguiente
       dirección física: C-23 Santa Guadalupe, Urb. Santa
       María, Toa Baja, Puerto Rico 00954-0564.

       6. El 20 de agosto de 2005, el matrimonio Figueroa-
       Padilla y R & G Premier Bank of Puerto Rico (RG),
       otorgaron la Escritura Núm. 159 de Segunda Hipoteca,
       ante el Notario Público Félix Javier Santiago García,
       mediante una Hipoteca, en San Juan, Puerto Rico. La
       Segunda Hipoteca recae sobre la Finca Número 22,098,
       inscrita al Folio 40 del Tomo 378 de Toa Baja del
       Registro de la Propiedad de Bayamón, Sección Segunda,
       con la siguiente descripción registral:

               URBANA: solar número veintitrés (23) del
               bloque C de la Urbanización Santa María,
               sita en el Barrio Candelaria del Municipio
               de Toa Baja, con un área de trescientos
               treinta punto setecientos cuarenta y uno
               metros     cuadrados    (330.741    m.c.),

14 Íd., págs. 227-249.
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          equivalentes a 0.0841 de cuerda, en lindes,
          por el Norte, con la calle número tres en
          distancia de 2,137 metros y en arco de
          10.186 metros; por el Sur, con los solares
          número Once y Doce en distancia de 2.137
          metros y en arco de 13.102 metros; por el
          Este, con el solar número veinticuatro en
          distancia de 24.00 metros y por el Oeste,
          con el solar número veintidós en distancia
          de 24.00 metros. Enclava estructura de
          hormigón y bloques dedicada a la vivienda.

    7. El 20 de agosto de 2005, el matrimonio Figueroa-
    Padilla y RG suscribieron el Pagaré Hipotecario,
    ante el Notario Público Félix Javier Santiago García,
    Afidávit Número 2337, por la suma principal de
    $26,800.00, más interés al 6.625 por ciento anual
    pagaderos a favor de RG o al tenedor del pagaré
    hipotecario en pagos consecutivos mensuales de
    $171.60, comenzando el 1 de octubre de 2005 hasta
    1 de septiembre de 2020. A su vez, el matrimonio
    Figueroa-Padilla tendría que pagar un cargo por
    atraso de 5% de cualquier plazo mensual que sea
    recibido después del día 15 de cada mes de la fecha
    de vencimiento de dicho plazo.

    8. El matrimonio Figueroa-Padilla y RG pactaron el
    aseguramiento   del   pagaré     hipotecario  antes
    mencionado y estos primeros son deudores solidarios
    de dicha deuda.

    9. El 2 de noviembre de 2020, Oriental le envió al
    matrimonio Figueroa-Padilla, por correo certificado con
    acuse de recibo número 7019 2280 001 1632 2213, al
    PO Box 564, Toa Alta, PR, 00954-0564, una carta sobre
    el Préstamo Hipotecario 1348669. En la misma, le
    informó      al   matrimonio     Figueroa-Padilla    que
    incumplieron con los términos del contrato hipotecario
    y le solicitaron que, en un término de 30 días, contados
    a partir de la fecha de la carta, enviaran el total
    adeudado y que, de no recibir dicho pago, declararían
    vencida la totalidad de la deuda e iniciarían acción
    judicial.

    10. El 25 de marzo de 2021, Oriental le envió una carta
    al matrimonio Figueroa-Padilla, indicándole que
    rechazaban el pago efectuado a su préstamo hipotecario
    número 1348669, debido a que no cubría la totalidad
    de la deuda y su caso había sido referido a su división
    legal.

    11. La hipoteca que Oriental está ejecutando en el
    caso de autos es la que se otorgó en la Escritura
    Núm. 159 de Segunda Hipoteca, ante el Notario
    Público Félix Javier Santiago García Hipoteca, en
    San Juan, Puerto Rico.

    12. El 11 de marzo de 2021, la Registradora de la
    Propiedad Ivonne Palem Cruz emitió la Certificación de
    Propiedad Inmueble Sección II de Bayamón,
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    Certificación Número 2021-004793-CERT de la Finca
    Número 22,098 de Toa Baja (Certificación Registral de
    la Finca Número 22,098).

    13. La Certificación Registral de la Finca Número 22,098,
    establece que el matrimonio Figueroa-Padilla es el
    titular registral de la propiedad objeto del presente
    litigio, en virtud de la Escritura Número 157 de
    Compraventa, por el precio de venta de $134,000.00,
    otorgada el 20 de agosto de 2005, ante el Notario
    Público Félix Javier Santiago García, según inscripción
    4.

    14. La Certificación Registral de la Finca Número 22,098,
    establece que se encuentran inscritas dos Hipotecas en
    el Tomo Móvil del Registro de la Propiedad, Sección II de
    Bayamón. Veamos:

          Hipoteca: Afecta a hipoteca en garantía de
          un pagaré a favor de R&G Premier Bank of
          Puerto Rico; por la suma principal de
          $107,200.00, con intereses al 6.375%
          anual, vencedero el 1 de septiembre de
          2035, tasada en $107,200.00; en virtud de
          la Escritura Número 158, otorgada en San
          Juan el 20 de agosto de 2005, ante Félix
          Javier Santiago García, según inscripción
          5.

          Hipoteca: Afecta a hipoteca en garantía de
          un pagaré a favor de R&G Premier Bank of
          Puerto Rico; por la suma principal de
          $26,800.00, con intereses al 6.625% anual,
          vencedero el 1 de septiembre de 2020,
          tasada en $26,800.00; en virtud de la
          escritura número 159, otorgada en San
          Juan el 20 de agosto de 2005, ante Félix
          Javier Santiago García, según inscripción
          6.

    15. El Pagaré Hipotecario está garantizado con una
    segunda hipoteca, la cual consta inscrita en el Registro
    de la Propiedad, gravando la Finca Número 22,098.

    16. La Certificación Registral de la Finca Número 22,098,
    establece de forma y específica los términos de la suma
    principal que el matrimonio Figueroa-Padilla adeuda a
    RG (Oriental), y en ningún lugar menciona la existencia
    de un pago final global o balloon payment de
    $19,609.28, en el último mes del préstamo.

    17. Los términos de la Escritura Núm. 159 de
    Segunda Hipoteca y del Pagaré Hipotecario Afidávit
    Número 2337, son unos claros, específicos y
    detallados en relación a los pagos que tendrán que
    efectuar el matrimonio Figueroa-Padilla, durante la
    vigencia del préstamo y en caso de una acción
    judicial de ejecución de hipoteca. Surge de manera
    clara que en ninguno de los términos dispuestos en
    esos contratos de adhesión se hace mención alguna
    de que el matrimonio Figueroa-Padilla tuviera que
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    pagar al acreedor hipotecario (Oriental) un pago final
    englobado de $19,609.28, como último pago al
    finalizar el vencimiento del préstamo hipotecario.

    18. Los términos de la Escritura Núm. 159 de Segunda
    Hipoteca y del Pagaré Hipotecario Afidávit Número 2337,
    son unos específicos y claros y establecen de manera
    detallada cuáles son las sumas de dinero que tiene
    derecho a cobrarle la Institución Financiera al
    matrimonio Figueroa-Padilla.

    19. Según el Pagaré Hipotecario y la Escritura Núm.
    159 de Segunda Hipoteca todos los pagos a ser
    efectuados por el matrimonio Figueroa-Padilla
    serían de $171.60 hasta el saldo de la deuda.

    20. El 29 de mayo de 2022, Oriental emitió un Payoff
    Letter al matrimonio Figueroa-Padilla, donde establecen
    que para saldar su préstamo hipotecario le deben pagar
    a estos segundos la suma de $23,999.54.

    21. El 6 de diciembre de 2022, el matrimonio Figueroa-
    Padilla y Oriental suscribieron conjuntamente una
    Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden, donde
    informaron que el 6 de diciembre de 2022,
    inspeccionaron el Pagaré Hipotecario Original en las
    instalaciones bancarias de Oriental y corroboraron las
    firmas de los demandados y que el instrumento
    negociable inspeccionado es el original.

    22. El Payoff Letter del 31 de mayo de 2022, refleja que
    el Banco solamente le está cobrando intereses a la parte
    demandada, por la suma reclamada en la Demanda que
    es de $19,609.21 desde el 1 de agosto de 2022, lo cual
    demuestra que hasta agosto de 2020 no hubo retrasos
    en el pago del préstamo hipotecario.

    23. El matrimonio Figueroa-Padilla pagó puntualmente
    todos los pagos mensuales de $171.60 desde el 20 de
    agosto de 2005 hasta el 1 de septiembre de 2020,
    mediante débito directo de su cuenta con Oriental
    número 157-311056673.

    24. El 2 de septiembre de 2022, Oriental aceptó en su
    Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria que, según el
    Pagaré Hipotecario y la Escritura de Segunda Hipoteca,
    todos los pagos a ser satisfechos por el matrimonio
    Figueroa-Padilla serían de $171.60 hasta el saldo de la
    deuda.

    25. El 2 de septiembre de 2022, Oriental aceptó en su
    Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria, que el
    matrimonio Figueroa-Padilla realizó 179 pagos de
    $171.60 hasta agosto de 2020.

    26. Oriental aceptó que el matrimonio Figueroa-Padilla
    realizó 179 pagos de $171.60 hasta agosto de 2020, por
    lo que el Préstamo Hipotecario Núm. 1348669, según
    establecen los términos de los contratos de adhesión, la
    Escritura Núm. 159 de Segunda Hipoteca y del Pagaré
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      Hipotecario, Afidávit Número 2337, fue saldado en su
      totalidad, ya que no surge de los términos de dichos
      contratos la existencia de un pago global de $19,609.21.

      27. El 2 de septiembre de 2022, Oriental indicó en su
      Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria, que su
      reclamación de deuda se trata únicamente de un pago
      englobado o balloon payment, por la suma de
      $19,609.28, que no se menciona en la Escritura Núm.
      159, ni en el Pagaré.

      28. El 2 de septiembre de 2022, Oriental aceptó en su
      Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria, que ni la
      Escritura de Hipoteca, ni el Pagaré, mencionan que la
      parte deudora deberá pagar al acreedor un pago final
      englobado de $19,609.28, como último pago al finalizar
      el vencimiento del préstamo.

      29. El 21 de julio de 2005 y el 20 de agosto de 2005, el
      matrimonio Figueroa-Padilla firmó e inicio el Trust In
      Lending Disclosure Statement, donde se indicó que se
      efectuaría un pago global o balloon payment el 1 de
      agosto de 2020.

      (Énfasis nuestro).

      Por último, señaló que examinados los términos de la

Escritura Núm. 159 de Segunda Hipoteca y del Pagaré Hipotecario,

dichos contratos no establecían una cláusula que dispusiera el pago

global o balloon payment de $19,609.28, como último pago al

finalizar el vencimiento del préstamo hipotecario. Cónsono con lo

anterior,    determinó   que   el   matrimonio   Figueroa-Padilla,   no

adeudaba suma alguna respecto al Pagaré Hipotecario, por lo que,

desestimó la causa de acción, ordenándole a Oriental cancelar el

pagaré y a presentar en el Registro de la Propiedad los documentos

necesarios para cancelar la Segunda Hipoteca.

      Finalmente, el foro a quo dispuso:

            [E]xisten controversias de hechos y de credibilidad
            sobre si las partes efectuaron una contratación
            válida e informada, sobre un pago final englobado de
            $19,609,28, como último pago al finalizar el
            vencimiento del préstamo. Aclaramos que de
            demostrarse que dicho gravamen es válido, dicha
            deuda es una personal y no grava la Finca Número
            22,098.

      En desacuerdo con la determinación del foro primario, el 10

de marzo de 2023, Oriental presentó una Reconsideración para que
KLAN202300547                                                      10

se deje sin efecto Sentencia Parcial en virtud de los términos del

Pagaré Hipotecario.15 La parte apelante arguyó que el TPI dictó la

sentencia basada en una apreciación incorrecta del lenguaje

contenido en el Pagaré. Reiteró que, el Pagaré no establecía un

número de pagos mensuales a realizar para saldar la deuda, sino

que disponía que la parte apelada debía pagar mensualmente la

cantidad de $171.60, hasta que pagaran totalmente la deuda.

Sostienen que de la evidencia presentada, detalló los pagos

realizados por el matrimonio Figueroa-Padilla hasta agosto de 2020;

sin embargo, quedó un balance pendiente de $19,609.28 pagaderos

a la fecha de vencimiento del pagaré el 1 de septiembre de 2020.

       Por otra parte, Oriental señaló que, conforme al Art. 121 de la

Ley Hipotecaria, Ley Núm. 210-2015, según enmendada, conocida

como la “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico” (en adelante, “LRPI” o Ley Núm. 210-

2015), el registrador no cancelaría la inscripción de una hipoteca,

mediante instancia. También, que a quien le corresponde solicitar

la cancelación de la hipoteca es al deudor, mediante escritura

pública.

       En respuesta, el matrimonio Figueroa-Padilla, presentó su

oposición, mediante la cual reiteraron que Oriental no podía exigir

el pago de una obligación hipotecaria mediante un documento

distinto al Pagaré. Por lo tanto, arguyeron que no procedía el cobro

de ninguna otra obligación que no fue pactada entre las partes.

       Así las cosas, el 24 de mayo de 2023, siendo notificada el 25

de mayo de 2023, el foro primario emitió una Resolución y Orden.16

En esta, el foro primario declaró no ha lugar la solicitud de

reconsideración presentada por Oriental. El foro a quo dispuso que,

reexaminó las alegaciones de las partes, así como todo el expediente,

15 Íd., págs. 254-257.
16 Íd., págs. 258-273.
KLAN202300547                                                        11

y determinó que, Oriental no proveyó ninguna ley o jurisprudencia

del   Tribunal   Supremo    que   estableciera   que   una   tabla   de

amortización tenía capacidad legal para cambiar los términos de

una Escritura de Hipoteca y Pagaré Hipotecario. Añadió que, el hecho

de que un empleado de Oriental haya incluido el pago global en una

Tabla de Amortización, no afecta los términos del Pagaré

Hipotecario, ni de la Escritura de Hipoteca. Así las cosas, el TPI

expresó lo siguiente:

          El Tribunal concluye que la conducta de Oriental
          desde la presentación de la Demanda hasta el
          presente en tratar de cobrar un pago global o
          balloon sin ningún fundamento en hecho o en
          derecho ha probado que su conducta es una
          crasamente temeraria y determinamos que se
          impone la suma de $10,000.00 a Oriental en
          concepto de temeridad para que sea pagado al
          matrimonio Figueroa-Padilla hasta esta etapa del
          procedimiento. Aclaramos que el Tribunal podría
          volver a imponer temeridad a la parte que así lo
          amerite en posteriores etapas del proceso.

          El Tribunal reitera la corrección de la totalidad de su
          Sentencia Parcial, emitida el 22 de febrero de 2023 y
          notificada el 24 de febrero de 2023, por lo que se
          incorpora por referencia la totalidad de la misma. La
          referida Sentencia Parcial solo se enmienda para
          incluir la determinación de que Oriental es
          crasamente temerario y tiene que pagarle al
          matrimonio      Figueroa-Padilla      la    suma     de
          $10,000.00 y aclararle a Oriental que en la
          referida Sentencia Parcial se determinó y se le
          ordenó que este era responsable de costear y
          realizar todos los trámites extrajudiciales para
          que se cancele la Segunda Hipoteca. (Énfasis en el
          original).

       Inconforme con el dictamen, Oriental instó el presente recurso

de apelación y formuló los siguientes señalamientos de error:

          PRIMER ERROR: Erró el TPI al desestimar la causa
          de acción de ejecución basándose en una
          interpretación errónea del Pagaré Hipotecario y la
          Hipoteca.

          SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al abusar de su
          discreción y ordenar a Oriental a asumir los costos
          de la cancelación de la hipoteca obviando que los
          Deudores se obligaron contractualmente a asumir
          ese costo y que hay un balance impagado.
KLAN202300547                                                                   12

           TERCER ERROR: Erró el TPI al imponer una sanción
           de $10,000.00 a Oriental por ejercer su derecho a
           solicitar una reconsideración.

           CUARTO ERROR: Erró el TPI y mostró parcialidad al
           cuestionar la prueba presentada por Oriental aun
           cuando la representación de los Deudores no
           presentó ningún cuestionamiento sobre ésta, al así
           hacerlo permitió la inferencia de parcialidad.

                                        II.

                                        A.

       La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos

materiales y esenciales.17

       En lo pertinente, procede dictar sentencia sumaria si de las

alegaciones,     deposiciones,      contestaciones       a   interrogatorios      y

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada, si

alguna, demuestran la inexistencia de controversia real y sustancial

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de

derecho procede hacerlo.18

       El promovente de la sentencia sumaria deberá demostrar que

no existe controversia real sustancial de ningún hecho material.19

Un hecho material es definido como aquel que “puede afectar el

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable”.20 Se podrá derrotar una moción de sentencia sumaria si

existe una “duda que permita concluir que existe una controversia

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.21

17
   Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto de
2023; Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796 (2020); Meléndez González
et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 115 (2015).
18
    Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); González
Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el
24 de julio de 2023; Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, págs. 808 y 809.
19
   Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a); Birriel Colón v.
Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance Company, 2023
TSPR 120, resuelto el 3 de octubre de 2023; Rosado Reyes v. Global Healthcare,
supra, pág. 808.
20
   Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012).
21
   Íd. pág. 130; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).
KLAN202300547                                                                  13

       Toda inferencia que se haga de los hechos incontrovertidos

debe efectuarse de la forma más favorable a la parte que se opone a

la sentencia sumaria.22 Nuestro más alto foro ha expresado, que,

“el hecho de que la otra parte no presente prueba que controvierta

la evidencia presentada por la parte promovente de la moción de

sentencia sumaria, no implica necesariamente que dicha moción

procederá     automáticamente         si   verdaderamente         existe    una

controversia sustancial sobre hechos materiales y esenciales”.23 No

se dictará sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales

y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la

demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de

derecho no procede.24

       A su vez, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que, el

Tribunal de Apelaciones se encuentra en igual posición que los

tribunales de primera instancia al revisar solicitudes de sentencia

sumaria.25 Es por lo que, el Tribunal de Apelaciones “está regido por

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro

primario”.26 El Tribunal de Apelaciones no podrá considerar

documentos que no fueron presentados ante el TPI, ni adjudicar

hechos materiales y esenciales en controversia.27 Los criterios a

seguir por este tribunal apelativo intermedio, al atender la revisión

de una sentencia sumaria dictada por el foro primario, han sido

22
   Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et
al., supra, a la pág. 756.
23
   Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan, 208 DPR 310 (2021).
24
   Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, pág. 756.
25
   Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand
Assurance Company, supra; Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, pág. 809.
26
   Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.
27
   Íd. págs. 114 y 115.
KLAN202300547                                                                 14

enumerados con exactitud por nuestro Tribunal Supremo.28 A tenor

con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones debe:

              1) examinar de novo el expediente y aplicar los
              criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil,
              supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario;

              2) revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria
              como su oposición cumplan con los requisitos de
              forma codificados en la referida Regla 36, supra;

              3) revisar si en realidad existen hechos materiales
              en controversia y, de haberlos, cumplir con la
              exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32
              LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles
              hechos materiales encontró que están en
              controversia y cuáles están incontrovertidos, y

              4) de encontrar que los hechos materiales realmente
              están incontrovertidos, debe proceder a revisar de
              novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó
              correctamente el Derecho a la controversia.

                                         B.

         El Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 193029, según

enmendado, 31 LPRA sec. 2992, (“Código Civil”), enumera las

fuentes de las obligaciones reconocidas por nuestro ordenamiento

jurídico. Así, el referido artículo dispone que “[l]as obligaciones

nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”.30 En particular, sobre las obligaciones de naturaleza

contractual, el Art. 1206 establece que un “contrato existe desde que

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”.31 Ahora bien,

para que un contrato sea fuente de obligaciones es necesario que

concurran los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato, y (3)

28
     Roldán Flores v. M. Cuebas et al, 199 DPR 664, 679 (2018).
29 El referido Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, fue derogado

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Para fines de la
presente controversia, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por
ser la ley vigente y aplicable a la controversia ante nuestra consideración.
30
   Íd.
31 31 LPRA sec. 3371
KLAN202300547                                                                15

causa de la obligación que se establezca.32 De manera que, al

concurrir los referidos elementos nace una obligación; desde el

punto de vista del acreedor, existe un derecho a exigir su

cumplimiento y, desde la perspectiva del deudor, existe el deber de

cumplirla.

      Por otra parte, como es sabido, en nuestro ordenamiento

jurídico impera el principio de la autonomía de la voluntad, en virtud

del cual las partes contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que

no sean contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público.33

Además, otro axioma que rige en nuestra jurisdicción es la libertad

de contratación. Éste, entre otras cosas, permite que “[l]os contratos

[sean] obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones

esenciales para su validez”.34 En otras palabras, generalmente, una

obligación contractual cobra vida jurídica independientemente de la

forma mediante la cual las partes finalmente concreten dicha

obligación, salvo que por ley se exija – como requisito ad

solemnitatem – una forma específica de otorgamiento para su

validez.

      También, es un principio prevaleciente en nuestro sistema de

derecho que las relaciones contractuales se rigen por el principio de

pacta sunt servanda. El referido principio, consignado en el Art.

1044 del Código Civil, supra, establece que “[l]as obligaciones que

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.35 Así, luego

de perfeccionado el contrato, las partes quedan obligadas no solo al

32
   Arts. 1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3451 y 3391; Díaz Ayala et
al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001).
33
   Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1
(2005).
34
   Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451.
35
   31 LPRA sec. 2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012).
KLAN202300547                                                                16

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena

fe, al uso y a la ley.36

      Cónsono con lo antes expuesto, en nuestra jurisdicción rige la

teoría de subjetividad en la interpretación de los contratos.37 La

teoría de la subjetividad consiste en indagar cuál fue la intención de

los contratantes. Esto conlleva reconstruir el sentido de una

declaración de negocios para conseguir los efectos deseados por las

partes.38    Algunos       contratos    requerirán     interpretación      para

determinar la naturaleza de la prestación a la que se obligó cada

parte.39

      Para realizar tan ardua tarea, el Código Civil establece unas

disposiciones generales para la interpretación de los contratos.

Entre ellas, el Art. 1234 dispone que “para juzgar de la intención de

los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de

éstos, coetáneos y posteriores al contrato”40. Por otro lado, es

importante tener presente que, “cuando los términos de un contrato

son claros, y no dejan duda sobre la intención de los contratantes,

se utilizará el sentido literal de sus cláusulas”.41 Del mismo modo,

cuando los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a

dudas sobre la intención de los contratantes, no cabe recurrir a

reglas de interpretación.42 El Código Civil dispone que, “[c]ualquiera

que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán

entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de

aquéllos sobre que los interesados se propusieron contratar”.43

36
   Art 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.
37
   Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 537 (1997); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR
842, 853 (1991).
38
   Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161, 174 (1989); Marcial v.
Tomé, supra.
39
   S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 725 (2001).
40 31 LPRA sec. 3472.
41
   Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471.
42
   Íd.; González v. Sucn. Cruz, 163 DPR 449 (2004); Residentes Parkville v. Díaz,
Palou, 159 DPR 374 (2003).
43
   31 LPRA sec. 3473.
KLAN202300547                                                                  17

Además, cuando alguna cláusula del contrato admita diversos

sentidos, deberá entenderse el más adecuado para que produzca el

efecto.44

       Por lo tanto, si bien es cierto que el tribunal tiene que

considerar la intención de las partes para interpretar los contratos

- ante la encomienda de determinar la naturaleza de una obligación

contractual o el alcance de esta - dicha “interpretación tiene que ser

cónsona con el principio de la buena fe y no puede llevar a

resultados incorrectos, absurdos e injustos”.45 Esto por motivo de

que, una vez concurren las condiciones esenciales para su validez,

los contratos son obligatorios y son los tribunales quienes están

facultados para velar por el cumplimiento de estos.46 Más

importante aún, los tribunales de justicia no pueden relevar a una

parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando dicha

obligación es legal, válida y carece de vicio alguno.47

                                       C.

       Por otra parte, como es sabido la hipoteca es, en esencia, un

derecho real, de naturaleza accesoria e indivisible, y de constitución

registral que garantiza una obligación pecuniaria.48 El Art. 1773 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5041, dispone que “[s]olo podrán

ser objeto del contrato de hipoteca: (1) los bienes inmuebles; (2) los

derechos reales enajenables con arreglo a las leyes, impuestos sobre

bienes de aquella clase”. Además, por su naturaleza constitutiva,

para que la hipoteca sea válida y cobre vida jurídica, tiene que

constar en escritura pública y estar inscrita en el Registro de la

Propiedad.49

44
   31 LPRA sec. 3474.
45
   S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 727.
46
   Mercado Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997).
47
    De Jesús González v. Autoridad de Carreteras, 148 DPR 255, 271 (1999);
Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra; Cervecería Corona v. Commonwealth Ins.
Co., 115 DPR 345, 351 (1984); Olazábal v. U.S. Fidelity, 103 DPR 448, 462 (1975).
48
   Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 111 (2016).
49
   Art. 1774 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5042; Art. 57 de la Ley Núm.
210-2015.
KLAN202300547                                                          18

      Por consiguiente, si el derecho real de hipoteca no se

constituye, a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad,

sólo existirá un derecho de crédito exigible y válido, pero no el

derecho real de hipoteca.50 Dicho de otro modo, una escritura de

constitución de hipoteca no inscrita en el Registro de la Propiedad

solo tiene el carácter de un crédito personal. Al respecto nuestro

Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a inscripción registral de la

hipoteca representa el acto constitutivo mediante el cual la garantía,

que la hipoteca representa, produce efectos reales y adviene eficaz

erga omnes”.51

      El contrato de hipoteca supone la existencia de dos figuras

jurídicas, una obligación principal, y la hipoteca en sí, que sirve de

garantía al acreedor de la primera. El carácter accesorio de la

hipoteca implica que esta subsiste mientras el crédito que asegura

tenga vida, por lo que, extinguido el crédito (obligación principal), se

extingue la hipoteca.52

      A su vez, entre las clases de hipoteca voluntaria se encuentra

la constituida en garantía de instrumentos negociables. En esos

casos, cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar

títulos transferibles por endoso o al portador -como el pagaré en el

caso de epígrafe-, el derecho hipotecario se entenderá transferido,

con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni

de hacerse constar la transferencia en el Registro. Es decir, la propia

ley hipotecaria reconoce la transferencia automática del derecho de

hipoteca cuando se transfiere el instrumento que ésta garantiza.53

      Por último, quien tenga a su favor un crédito hipotecario,

ostenta una acción personal (el crédito) y una acción real (la

50
   S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181, 188-189 (1982).
51
   Rosario Pérez v. Registrador, 115 DPR 491, 494 (1984). Resuelto bajo la
derogada Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, estatuto
aplicable a los hechos de nuestro caso.
52
   Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980).
53 Des. Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR 290, 300-301 y 308 (2017).
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hipoteca). Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico existen

dos vías procesales para hacer efectivo el crédito hipotecario: (1) la

acción personal de cobro de dinero, con embargo de la finca en

aseguramiento de sentencia, según provee para ello la Regla 51.2 de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.2, y (2) el

procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria

establecido en la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA

sec. 6001 et seq.54 y la Regla 51.3 (b) de las de Procedimiento Civil,

supra.55

       De modo que, en estos casos el acreedor hipotecario para

satisfacer su crédito puede optar entre el requerimiento personal al

deudor o la ejecución de la garantía hipotecaria. Es decir, esto

último es el mecanismo que tiene disponible el acreedor hipotecario

ante el incumplimiento del deudor hipotecante con el pago

correspondiente a la deuda u obligación principal garantizada

mediante la constitución del derecho real de hipoteca.

                                       D.

       En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido la validez

de los contratos de adhesión.56 Éstos son aquellos donde las

condiciones se han establecido por una de las partes contratantes,

por lo que el aceptante “no presta colaboración alguna a la

formación del contenido contractual, quedando así sustituida la

ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo por un

simple acto de aceptación o adhesión al esquema predeterminado

unilateralmente.”57        La     norma       establecida       por     nuestra

54 Procedimiento que antes se regía por las disposiciones de la Ley Hipotecaria de

1979, que fue derogada al implantarse la Ley Núm. 210-2015.
55 Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292-294 (1993); véase,

además, L. Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra ed., San
Juan, Jurídica Editores, 2012, págs. 567-568.
56
   Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 176 (2011).
57
   Maryland Cas'y Co. v. San Juan Rac'g Assoc. Inc., 83 DPR 559, 566 (1961),
citando a J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 8va ed.,
Madrid, Ed. Reus, 1954, T. 3, pág. 332.
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jurisprudencia es que este tipo de contratos se interpretará de forma

favorable hacia la parte que nada tuvo que ver con su

redacción.58 Sin embargo, “[s]i los términos de un contrato son

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se

estará al sentido literal de sus cláusulas”.59 Así, al interpretar

un contrato de adhesión, la función principal del tribunal será

evaluar la presencia de cláusulas ambiguas.60 Por lo tanto, “en

ausencia de ambigüedad, el cumplimiento con las cláusulas del

contrato es obligatorio y su contenido es la ley entre las partes”.61

       Cuando éstos contienen una cláusula confusa, la misma se

interpretará liberalmente a favor del asegurado.62 No obstante, este

análisis no se puede realizar de manera desenfrenada sino

únicamente cuando se justifique y surja claramente la necesidad de

interpretación. Ello, como corolario del principio básico de derecho

contractual que dispone que cuando los términos y condiciones son

claros, específicos y libres de ambigüedades, los mismos serán

obligatorios entre las partes.63

                                          III.

       Oriental alega, en síntesis, que el TPI erró al desestimar la

causa de acción de ejecución de hipoteca, basándose en una

interpretación     errónea     de    la     prueba   presentada,        el    pagaré

hipotecario y la hipoteca. A su vez, aducen que el foro primario

abusó de su discreción al mostrar parcialidad al cuestionar la

prueba     desfilada     por   estos,       aun   cuando     no    se        presentó

cuestionamiento alguno o prueba en contrario por los apelados.

Además, cuestionan la sanción que el TPI les impuso de diez mil

($10,000.00) dólares, por solicitar, en derecho, la reconsideración

58
   Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, a la pág. 176.
59
   Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471.
60
   S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 72-73 (2011).
61
   San Luis Center v. Triple-S, 208 DPR 824 (2022), citando a R.J. Reynolds v. Vega
Otero, 197 DPR 699, 708 (2017).
62
   Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1021 (2020).
63
   Quiñones López v. Manzano Posas, 141 DPR 139, 155 (1996).
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de la sentencia. Solicitan a este Tribunal de Apelaciones, que se deje

sin efecto la Sentencia Parcial emitida por el TPI y se dicte sentencia

sumaria a su favor.

       Por su parte, el matrimonio Figueroa Padilla alega que

Oriental, en repetidas ocasiones, intentó inducir a error al foro

primario al hacer alegaciones que no estaban sustentadas con la

prueba y que entorpecieron el descubrimiento de la verdad. Explican

que el documento intitulado TILA, el cual alega y sustenta la parte

apelante fue donde se pactó la cantidad adeudada, no es suficiente

para poder demostrar que en efecto se pactó un acuerdo entre las

partes para un pago final de $19,717.00. Finalmente, alegan que

Oriental actuó con temeridad, por lo que el TPI podía, bajo su

facultad discrecional, imponer la sanción correspondiente y los

costos del litigio.

       Según expuesto, al momento de evaluar si procede una

sentencia sumaria, los foros apelativos están en la misma posición

que el TPI. Por ello, en el proceso de evaluar una sentencia sumaria

dictada por el TPI, los tribunales revisores están llamados a

examinar el expediente de novo y verificar que las partes cumplieron

con las exigencias de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. De

encontrar     que     los   hechos   materiales    realmente     están

incontrovertidos, nos corresponde revisar de novo si el TPI aplicó

correctamente el derecho. Examinados los escritos de las partes,

procedemos a resolver.

       Se desprende del expediente ante nuestra consideración que,

el 20 de agosto de 2005, el matrimonio Figueroa Padilla suscribió

un pagaré hipotecario a favor de RG Premier Bank, debidamente

endosado a favor de Oriental. Como parte de lo pactado, se

determinó que la suma principal a pagarse consistiría de

$26,800.00, devengando intereses a razón del 6.625%, pagadero

mensualmente en plazos de $171.60. Como garantía de pago, el
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matrimonio Figueroa Padilla también constituyó una hipoteca que

gravaba un bien inmueble sito en Toa Baja.

       Oriental alega que el matrimonio Figueroa Padilla incumplió

con los pagos correspondientes al pagaré hipotecario desde el 1 de

agosto de 2020, por lo que aseguran que existe una deuda de

$19,609.28 del principal, más los intereses, además de la suma por

concepto de costas, gastos y honorarios de abogados. Para sustentar

sus alegaciones, presentaron un documento intitulado Truth in

Lending Disclosure Statement64, el cual alegan fue firmado por el

matrimonio Figueroa Padilla en donde aparece un aparente balance

que debía ser pagado por estos. No le asiste la razón. Veamos.

       En cuanto a lo pactado entre las partes referente a los pagos

y los intereses en el Pagaré, el documento dispone lo siguiente:

       Por valor recibido, el (los) suscribiente (s) (“Deudor”)
       promete (n) pagar a RG PREMIER BANK OF PUERTO
       RICO o a su orden, la suma de TWENTY-SIX
       THOUSAND       EIGHT      HUNDRED       AND      00/100
       DÓLARES, con intereses sobre el balance insoluto de
       principal desde la fecha de este Pagaré, hasta su
       pago a razón del SIX AND 62500/10000 por ciento
       anual. El principal e intereses serán pagaderos en RG
       PREMIER BANK OF PUERTO RICO RG PLAZA
       BUILDING 280 PIÑERO AVE. SAN JUAN, PR 0091 o en
       cualquier otro lugar que el tenedor de este Pagaré
       indique por escrito, en plazos mensuales y
       consecutivos de ONE HUNDRED SEVENTY-ONE AND
       60/100 dólares (US $171.60) en el primer (1er) día
       de cada mes comenzando en octubre de 2005 hasta
       que se pague totalmente la deuda evidenciada por el
       presente, si no antes pagada, quedará vencida y
       pagadera en 1 de septiembre de 2020.

       (Énfasis nuestro).

       Además, la Escritura Núm. 159 de Segunda Hipoteca,

respecto a las condiciones acordadas entre las partes, disponía lo

siguiente:

       SEGUNDO: Que el deudor adeuda al Prestador la suma
       principal de TWENTY SIX THOUSAND EIGHT
       HUNDRED DOLLARS con interés sobre la misma a
       razón del six point six two five (6.625%) por ciento
       anual, cuya deuda esta evidenciada por un pagaré
       pagadero al Prestador, o a su orden, fechado August,

64 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 197-198.
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          twenty (20) two thousand five (2005) (en adelante “el
          Pagaré”) en el cual se dispone para el pago de plazos
          mensuales de principal e intereses con el balance de
          la deuda, si no ha sido antes satisfecho, vencedero y
          pagadero el September, two thousand twenty (2020).

          (Énfasis nuestro).

          De un análisis de lo anterior, concluimos, al igual que el TPI,

que no surge cláusula o disposición alguna que disponga que debía

realizarse un pago global por la cantidad de $19,609.28 como uno

final del Pagaré. En este caso, las cláusulas estipuladas entre ambas

partes son claras y detalladas en cuanto a las cantidades, la

frecuencia de los pagos, el interés y la cantidad a satisfacer una vez

finalizado el término del Pagaré. Incluso, de la comparecencia de

Oriental en la Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria, surge que

estos aceptaron que ni de la Escritura de Hipoteca ni del Pagaré

Hipotecario existe alguna disposición, cláusula o condición que la

cantidad en controversia debía ser satisfecha como pago final al

culminar el préstamo hipotecario.65

          Es un hecho probado que el matrimonio Figueroa Padilla

realizó 179 pagos por la cantidad de $171.60, mediante débito

directo de su cuenta con Oriental, hasta la fecha acordada como

vencimiento del término del Pagaré Hipotecario. Los referidos pagos

fueron realizados desde el 20 de agosto de 2005 hasta el 1 de

septiembre de 2020 y estos incluían el pago del Centro de

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), por lo que la cifra de

la totalidad mensual ascendía a $248.00 dólares.66

          Es importante destacar que nuestro más alto foro en First

Bank v. Registradora, 208 DPR 64 (2021), estableció que “para

modificar una hipoteca es necesario hacerlo constar mediante

escritura pública”.

65
     Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 144-146.
66 Id., págs. 123-130.
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      A tales efectos, en este caso al no haber un documento

firmado por el matrimonio Figueroa Padilla que constara en

escritura pública en el cual se modificara o añadiera alguna

condición a las ya establecidas en el Pagaré firmado por ambas

partes o que dispusiera la cantidad de $19,609.28 como pago final

global a satisfacerse, no tienen validez ni fundamento jurídico las

alegaciones de Oriental. Por lo tanto, Oriental no puso en posición a

este Tribunal para poder concluir que procedía la ejecución de

hipoteca.

      Atendidos el primer y cuarto señalamiento de error antes

esbozados, procedemos a examinar el tercer señalamiento de error,

referente a la cancelación del pagaré. En síntesis, Oriental alega que

la sanción impuesta por el TPI ascendente a diez mil ($10,000.00)

dólares atenta contra la buena fe del banco para poder cobrar lo que

ellos consideraban el matrimonio Figueroa Padilla adeudaba como

parte del Pagaré. Veamos.

      El TPI en su Sentencia Parcial emitida el 22 de febrero de

2023, notificada el 24 de febrero de 2023, nada dispuso respecto a

una sanción económica a Oriental en concepto de temeridad. No es

hasta que Oriental, ejerciendo el derecho que le corresponde de

solicitar reconsideración, que el foro primario emitió una Resolución

y Orden en la cual, dentro de otras cosas, reiteró la sentencia parcial

y enmendó la misma para incluir una sanción de $10,000.00 por

temeridad. En lo específico, el TPI dispuso que:

      … se reitera en su totalidad la Sentencia Parcial, emitida
      el 22 de febrero de 2023 y notificada el 24 de febrero de
      2023, donde se desestimó con perjuicio la causa de
      acción de ejecución de hipoteca de la Finca Número
      22,098, por lo que se incorpora por referencia la
      totalidad de la misma. La referida Sentencia Parcial solo
      se enmienda para incluir la determinación de que
      Oriental es crasamente temerario y tiene que pagarle al
      matrimonio Figueroa-Padilla la suma de $10,000.00 y
      aclararle a Oriental Bank que en la referida Sentencia
      Parcial se determinó y se le ordenó que este era
      responsable de costear y realizar todos los trámites para
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      que se cancele la Segunda Hipoteca en el Registro de la
      Propiedad.

      Tomando en consideración el expediente y las comparecencias

de ambas partes, determinamos que la sanción impuesta a Oriental

por el foro primario fue una excesiva e injustificada. En la Resolución

y Orden emitida por el TPI el 24 de mayo de 2023, notificada el 25

de mayo de 2023, en cuanto a la sanción, el foro primario dispuso

lo siguiente:

      El tribunal concluye que la conducta de Oriental desde
      la presentación de la Demanda hasta el presente en
      tratar de cobrar un pago global o balloon sin ningún
      fundamento en hecho o derecho ha probado que su
      conducta es una crasamente temeraria y determinamos
      que se impone la suma de $10,000.00 a Oriental en
      concepto de temeridad para que sea pagado al
      matrimonio Figueroa-Padilla hasta esta etapa del
      procedimiento. Aclaramos que el Tribunal podría volver
      a imponer temeridad a la parte que así lo amerite en
      posteriores etapas del proceso.

      Sin embargo, del texto de la referida Resolución y Orden, no

se reveló justificación o fundamento alguno de la razón por la cual

se impuso la sanción, y tampoco los alegados actos por parte de

Oriental que merecieron tal sanción. El foro primario se limitó a

expresar que Oriental, al presentar en varias ocasiones su postura

respecto a la deuda que entendían quedaba por sufragar, incurrió

en temeridad. Primero, ante la falta de un fundamento válido en

derecho, destacamos que no se debe imponer una sanción por

temeridad a una parte por el mero hecho de que esta utilice los

remedios procesales que las reglas le proveen, tales como la solicitud

de reconsideración. Segundo, resulta inconsistente imponer una

sanción por temeridad y concluir que existe una posibilidad sobre

un pago final englobado que pudiera constituir una deuda personal.

Este Tribunal entiende que, no existiendo una justificación válida

para la imposición de la sanción a Oriental, determinamos dejar sin

efecto dicha sanción, modificando así la Sentencia Parcial emitida

por el TPI.
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          Finalmente, el foro primario ordenó que Oriental realizara las

gestiones necesarias para cancelar la Segunda Hipoteca en el

Registro de la Propiedad. En lo pertinente, dispuso que:

          Se ordena que una vez sea final y firme la presente
          Sentencia Parcial, Oriental Bank tendrá un término de
          30 días calendarios para cancelar el Pagaré Hipotecario
          y presentar en el Registro de la Propiedad la Instancia
          Cancelando la Segunda Hipoteca, y deberá presentar en
          un término de 10 días luego de presentada la Instancia,
          una Moción Informativa, en la cual se deberán anejar el
          recibo de presentación.

          De un análisis de la Escritura 159 del 20 de agosto de 2005,

inciso 2167, se desprende con meridiana claridad que los Sres.

Orlando Figuera Marcano y Gloria Padilla Calderón se obligaron a

realizar la correspondiente cancelación. Lo pactado en la escritura,

lee:

          21. Descargo: Una vez pagada todas las sumas
          garantizadas por esta Hipoteca, el Prestador descargará
          y cancelará esta Hipoteca por cuenta del Deudor o, a
          opción del Deudor, endosará el Pagaré “para
          cancelación únicamente” sin cargo al Deudor. (Énfasis
          nuestro).

          Del Alegato de los Apelados no encontramos ningún

argumento o réplica, en contrario a lo pactado en la Escritura 159,

inciso 21. Por lo tanto, este Tribunal modifica el dictamen del TPI y

determina que los costos para cancelar la correspondiente Hipoteca

serán con cargo del matrimonio Figueroa-Padilla.

                                        IV.

           Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la

Sentencia Parcial emitida por el TPI únicamente a los siguientes

efectos: Se elimina la sanción económica de diez mil ($10,000.00)

según fue impuesta a Oriental Bank en esta etapa de los

procedimientos, se elimina la determinación de que Oriental Bank

cancelará el pagaré hipotecario a su costo y se modifica para que

dicha cancelación sea a costo del matrimonio Figueroa-Padilla

67
     Índice del Apéndice páginas 102-103.
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conforme pactado en la Escritura 159, inciso 21. Así modificada se

confirma.

      Se devuelve el caso al foro primario para la continuación de

los procedimientos.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones