Court Opinion

ID: 9928518
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:21:39.849336+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:39.340422
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL1

ANDRÉS JOSÉ LUGO RIVERA                               Apelación
                                                      procedente del
          Apelante                                    Tribunal de
                                                      Primera Instancia,
              v.               KLAN2023008682         Sala Superior de
                                                      Aguadilla
SYLMARIE GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ                                             Caso Núm.
                                                      AG2022RF00055
           Apelada
                                                      Sobre:
                                                      Divorcio (R.I.)
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el
Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos

Pagán Ocasio, juez ponente

                            S EN T EN C I A

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

                                     I.

      El 28 de septiembre de 2023, el señor Andrés José Lugo Rivera

(señor Lugo Rivera o apelante) presentó una Apelación civil en la que

solicitó que revoquemos una Resolución emitida y notificada por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI) el 10

de agosto de 2023.3 En su dictamen, el TPI autorizó la matrícula de

una menor, producto del matrimonio entre el señor Lugo Rivera y la

señora Sylmarie González Rodríguez (señora González Rodríguez o

parte apelada), en una escuela privada ubicada en el Municipio de

Aguadilla distinta a la institución educativa pública, situada en el

Municipio de Aguada, propuesta por el apelante dentro de un pleito

de divorcio, relaciones paternofiliales, custodia y otros. Resolvió el

foro recurrido que dicha institución educativa ofrece los servicios

1 Ver Orden Administrativa OAJP-2021-86 del 4 de noviembre de 2021.
2  Relacionado con: KLCE202201277, KLAN202200441, KLAN202200991 y
KLAN202300418.
3 Apéndice de la Apelación civil, págs. 67-70.

Número Identificador
SEN2023________________
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académicos conforme al grado de kínder que la niña requiere y

merece.

      El mismo día, el apelante radicó una Moción urgente para que

se autorice transcripción en la que solicitó que se autorizara la

transcripción de la prueba oral de una vista celebrada por el foro

primario el 8 de agosto de 2023 y que se ordenara al TPI a entregar

la regrabación solicitada.

      El 4 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la que

autorizamos la presentación de la transcripción como método de

reproducción de la prueba oral y ordenamos a la parte apelante al

cumplimiento con las Reglas 21, 22 y 76.1 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 21, 22 & 76.1.

      El 1 de noviembre de 2023, el señor Lugo Rivera presentó una

Moción para informar sobre decisión del TPI posterior a la

presentación de este recurso que incide sobre la controversia en este

caso en la que informó a esta Curia sobre una Sentencia dictada por

el foro primario el 5 de octubre de 2023 en la que autorizó la

custodia compartida de la menor en tiempo igual. Según esbozó,

dicha decisión incidió sobre varias controversias objeto del presente

recurso.

      Ese mismo día, radicó una Moción en cumplimiento para

presentar transcripción estipulada en la que sometió la transcripción

de la vista según solicitado.

      El 2 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la que

acogimos la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral y le

concedimos a la parte apelante un plazo de treinta (30) días para

presentar un alegato suplementario. Asimismo, expresamos que

una vez radicado dicho alegato, entonces la parte apelada tendría

treinta (30) días para someter su alegato en oposición a la Apelación.
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       El 30 de noviembre de 2023, la señora González Rodríguez

radicó un Alegato en el que, en síntesis, se opuso a la revocación de

la Sentencia apelada.

       El 4 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la que

nos dimos por enterados del cumplimiento de la parte apelada.

       Transcurrido el término provisto a la parte apelante para la

presentación de un Alegato suplementario sin que lo hiciera, damos

por perfeccionado el recurso. En adelante, pormenorizaremos los

hechos procesales atinentes al caso de autos.

                                       II.

       El caso de marras tiene su génesis el 27 de enero de 2022, día

en que el señor Lugo Rivera radicó una Petición individual de divorcio

por ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial.4 El

8 de marzo de 2022, la señora González Rodríguez presentó una

Contestación a demanda.5

       Luego de múltiples trámites procesales, los cuales incluyeron

cuatro casos ante este Tribunal de Apelaciones,6 el 9 de mayo de

2023, el señor Lugo Rivera radicó una Moción urgente en cuanto a

ingreso de la menor a la escuela en la que solicitó al TPI que

autorizara la matrícula de la menor en una escuela bilingüe del

Municipio de Aguada, así como la inclusión del padre en las

responsabilidades de transporte de esta entre la institución y su

hogar.7 Según la moción, la escuela se ubicaba a dos minutos de la

residencia de la menor y a doce (12) minutos de la residencia del

apelante. Por ello, planteó que podría asumir la responsabilidad de

transporte de la menor. Asimismo, añadió que trabajó en la escuela

por cerca de un año. A su vez, manifestó que la señora González

4 Entrada Núm. 1 del expediente digital del caso en el Sistema Unificado de Manejo

y Administración de Casos (SUMAC).
5 Entrada Núm. 20 del expediente digital del caso en el SUMAC.
6 Refiérase a las sentencias emitidas por este Panel en el KLAN202200441 y el

KLAN202300418 para una revisión de los demás hechos procesales de este caso.
7 Apéndice de la Apelación civil, págs. 1-3.
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Rodríguez se opuso a la escuela por entender que no cumplía con

sus expectativas y por preferir opciones con horario extendido

debido a sus compromisos laborales, pese a la disponibilidad del

apelante para transportar a la menor. Por último, denunció que la

actitud de la madre en este caso no propendía al bienestar de la

menor.

       El 17 de mayo de 2023, la Trabajadora Social de la Unidad de

Relaciones de Familia del TPI (Trabajadora Social) asignada al caso

sometió un Informe Social Complementario en el que realizó

recomendaciones sobre la custodia compartida de la menor, así

como los aspectos educativos y de salud mental.8 En lo pertinente,

esbozó que la escuela propuesta por el señor Lugo Rivera era

cercana tanto al hogar paterno como al materno, mientras que la

institución propuesta por la señora González Rodríguez era cercana

al lugar de trabajo de esta. En vista de ello, si se escogiera la escuela

propuesta por el padre, sería necesario que el señor Lugo Rivera se

responsabilizara por transportar a la menor. Según el informe, de

optarse por esa opción, también se evitaría colocar a la menor en un

cuido. Por lo anterior, recomendó que se pudiera considerar la

escuela ubicada en el Municipio de Aguada si el apelante se

comprometía a asumir la responsabilidad de buscar a la menor al

salir de clases, acudir a la escuela de surgir alguna situación de

emergencia y hacerse cargo del cuido de la menor hasta que la

madre culminara su jornada laboral diaria.

       Ese mismo día, el señor Lugo Rivera radicó una Moción

urgente para que se ordene a la demandada retirar la matrícula que

hizo de la menor en kínder en violación al derecho de patria potestad

del padre y sin autorización judicial en la que planteó que la señora

González Rodríguez matriculó a la menor en la escuela ubicada en

8 Íd., págs. 11-32.
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el Municipio de Aguadilla, sin el consentimiento del padre y a la

espera de la decisión del foro primario respecto a la controversia.9

Por ello, solicitó al TPI que ordenara a la parte apelada a retirar

inmediatamente la matrícula de la menor.

        Ese mismo día también, el TPI emitió una Resolución sobre

moción urgente en la que recalcó que el asunto de la escuela en la

que la menor sería matriculada era materia sub judice, por lo cual

ninguna parte podía tomar una decisión unilateral sobre ello.10

        El 31 de mayo de 2023, la señora González Rodríguez presentó

una Moción para cumplir orden en la que se expresó sobre la Moción

urgente para que se ordene a la demandada retirar la matrícula que

hizo de la menor en kínder en violación al derecho de patria potestad

del padre y sin autorización judicial en la que solicitó que se

autorizara la matrícula de la menor en la escuela ubicada en el

Municipio de Aguadilla.11 A su entender, dicha institución educativa

privada era la mejor opción para el bienestar de la menor porque:

(1) se mantendría tanto la ruta actual de viaje de la menor como su

rutina de horarios; (2) la localización de la misma cerca del lugar de

empleo de la parte apelada le permitiría atender prontamente

cualquier emergencia con la menor; (3) la escuela propuesta por el

padre es una institución pública, por lo cual era conocido que ante

ausencia de maestros, falta de personal, días de cierre temprano se

podría afectar el tiempo lectivo de los menores y provocar que no se

cubriera el currículum académico; y (4) según la situación de empleo

descrita por el señor Lugo Rivera, de obtener un empleo, entonces

no podría asumir la responsabilidad de transportar a la menor

según propone y, por tanto, tendría que delegarla a otras personas.

Además, defendió su decisión de matricular a la menor en la escuela

9 Íd., págs. 7-9.
10 Íd., pág. 10.
11 Íd., págs. 36-39.
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previo a una decisión final del foro primario sobre la controversia

como un intento de asegurar el espacio debido a la cercanía del

comienzo del semestre escolar.

        Ese mismo día, radicó una Moción para exponer posición con

relación a informe forense en la que se opuso al Informe Social

Complementario y sus recomendaciones, haciendo hincapié en que

la custodia compartida no beneficiaría a la menor.12

        Ese mismo día también, el TPI emitió una Resolución en la que

ordenó la celebración de una vista el 8 de agosto de 2023 para

evaluar cuál escuela sería la mejor para el bienestar de la menor.13

Asimismo, como medida provisional, ordenó la matrícula de la

menor en la escuela ubicada en el Municipio de Aguadilla.

        El 9 de junio de 2023, el apelante presentó una Moción en

solicitud de reconsideración en cuanto a la matrícula provisional de

la menor en kínder en la que solicitó que reconsiderara su

determinación de permitir la matrícula provisional de la menor en

la escuela propuesta por la parte apelada.14 En contraste, solicitó al

TPI que autorizara la matrícula provisional en la escuela que

propuso él, así como la citación de la Trabajadora Social como

testigo para la vista evidenciaria sobre la controversia de la

institución educativa. Según adujo, la menor tomó los exámenes de

admisión y fue aceptada en la escuela ubicada en el Municipio de

Aguada, la cual, además, alegó que fue recomendada en el Informe

Social Complementario.

        Ese mismo día, el TPI emitió una Resolución sobre Moción de

reconsideración en la que dispuso que la reconsideración sería

atendida en la vista.15

12 Íd., pág. 34.
13 Íd., pág. 40.
14 Íd., págs. 41-47.
15 Íd., pág. 48.
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        El 12 de junio de 2023, el TPI emitió una Resolución en la que

consolidó la vista señalada para la evaluación de la controversia

sobre la escuela en la que la menor sería matriculada con otra vista

señalada para el 21 de junio de 2023.16

        El 16 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden en la que

ordenó la expedición de citaciones tanto a la Trabajadora Social

como a la directora escolar de la escuela propuesta por el señor Lugo

Rivera.17

        El 21 de junio de 2023, el TPI celebró una vista en la que se

evaluó una controversia respecto a las relaciones filiales durante el

verano y la participación de la menor en un campamento de verano,

lo cual quedó documentado en una Minuta transcrita ese mismo

día.18 Las partes tuvieron amplia oportunidad de desfilar prueba. A

su vez, el foro primario señaló la continuación de la vista para el 8

de agosto de 2023.

        El 8 de agosto de 2023, se celebró la continuación de la vista

en la que declararon: la señora Carol Monroig (señora Monroig),

asistente de directores de la escuela propuesta por la parte apelada;

la señora González Rodríguez; la señora Ayxa I. Arroyo Badillo, la

Trabajadora Social adscrita al caso; y el señor Lugo Rivera, lo cual

quedó plasmado en una Minuta transcrita el 9 de agosto de 2023.19

En dicha vista, la Trabajadora Social reiteró las recomendaciones

incluidas en el Informe Social Complementario, a los efectos de que

ambos padres se mantuvieran al tanto de las actividades escolares

de la menor y la ayudaran a estudiar, así como que, contando con

el compromiso de transportación del padre, se podría considerar la

escuela propuesta por este. Asimismo, consignó que la funcionaria

manifestó no haber investigado el ofrecimiento académico de cada

16 Íd., pág. 52.
17 Íd., pág. 56-57.
18 Íd., págs. 61-62.
19 Íd., págs. 63-64.
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escuela. En ese momento, no testificó la directora escolar de la

escuela propuesta por el apelante, pese a haber sido anunciada

como testigo.

       El 10 de agosto de 2023, el TPI emitió la Resolución apelada

en la que autorizó la matrícula de la menor en la escuela privada

propuesta por la señora González Rodríguez.20 En el dictamen,

concluyó que autorizar la propuesta del señor Lugo Rivera

equivaldría a afectar o interferir con la custodia monoparental

ostentada por la parte apelada. A su juicio, no se recibió evaluación,

evidencia, informe social o peritaje que acreditara que la propuesta

del apelante era buena para la menor, lo cual era acentuado por la

falta de buena comunicación entre las partes. Asimismo, señaló que

no se recibió prueba sobre el costo económico de las instituciones y

que la escuela propuesta por el apelante está localizada más lejos

del trabajo de la madre, lo cual mereció importancia debido a que

esta era la responsable principal de la menor en asuntos escolares.

       Sobre el testimonio vertido en las vistas, la Resolución

consigna que la señora Monroig declaró sobre los servicios ofrecidos

por la institución propuesta por la parte apelada, los cuales incluían

enseñanza bilingüe, desarrollo de destrezas socioemocionales,

servicio de desayuno y almuerzo, tres trabajadores sociales y una

terapista, dos asistentes para el grado de kínder, placas solares que

evitarían la interrupción de las clases por falta de energía eléctrica

y facilidades de cuido hasta las 5:30 de la tarde, entre otras. Por otra

parte, consignó que la señora González Rodríguez testificó que el

cambio de escuela era necesario porque la institución en la que

estaba la menor no ofrecía los grados de kínder, que matriculó a la

menor de forma provisional para no perder el espacio, que evaluó

varias escuelas y que determinó que la escuela ubicada en Aguadilla

20 Íd., págs. 68-70.
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era la mejor por su enseñanza bilingüe y cercanía a su lugar de

empleo. Asimismo, señaló que no pudo ponerse de acuerdo con el

apelante y expresó que, de suscitarse una emergencia, la escuela le

quedaba a diez (10) o quince (15) minutos, mientras que la escuela

propuesta por el apelante le queda a cuarenta y cinco (45) minutos.

Por otro lado, la Trabajadora Social prestó testimonio sobre la

recomendación condicionada de la escuela propuesta por el señor

Lugo Rivera, indicó no haber realizado un estudio más profundo de

las escuelas, pero manifestó que conocía ambas escuelas y que eran

buenas. Por último, el señor Lugo Rivera declaró que la escuela que

propuso contaba con dos guardias de seguridad, dos trabajadoras

sociales y una sicóloga. Asimismo, expresó que estaba estudiando a

tiempo completo, que podía transportar a la menor y que la menor

tomó un examen de admisión en la escuela, pero admitió que no le

informó a la parte apelada sobre ese hecho y el resultado del

examen.

        El 25 de agosto de 2023, el señor Lugo Rivera radicó una

Moción en solicitud de reconsideración y en solicitud de determinación

de hechos adicio[nales] y enmiendas a determinaciones de hechos en

cuanto a la matrícula de la menor en kínder en la que planteó que el

foro primario debía reformular sus determinaciones de hechos y

reconsiderar su autorización a matricular la menor en la escuela

propuesta por la madre.21

        El 29 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución en la

que declaró No Ha Lugar la reconsideración solicitada por el

apelante.22

        Inconforme, el 28 de septiembre de 2023, el señor Lugo Rivera

presentó la Apelación civil de epígrafe y le imputó al foro primario la

comisión del siguiente error:

21 Íd., págs. 71-84.
22 Íd., pág. 85.
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      EL [TPI] COMETIÓ UN ABUSO DE DISCRECIÓN CRASO AL
      PERMITIR LA MATRÍCULA DE LA MENOR EN KÍNDER EN
      UNA ESCUELA QUE NO ES LA QUE MEJOR PROPENDE A
      SU BIENESTAR CONFORME A LAS RECOMENDACIONES
      QUE REALIZÓ LA UNIDAD SOCIAL Y EN LA QUE SE
      MATRICULÓ EN CONTRAVENCIÓN AL DERECHO A LA
      PATRIA POTESTAD DEL PADRE, INCLUSO HACIENDO
      DETERMINACIONES QUE NO SE SUSTENTAN EN LA
      PRUEBA.

      En apoyo de su contención, argumentó que la escuela

sugerida por el padre respondía al mejor bienestar de la menor, lo

cual alegó que fue reconocido en el Informe Social Complementario

preparado por la Trabajadora Social.

      A su entender, el foro primario se equivocó en sus

determinaciones de hechos, basadas en el desfile de prueba, y, en

cambio, debió concluir que:

      (1) La Trabajadora Social se reafirmó en que la escuela
          propuesta por el padre respondía al mejor bienestar de
          la menor;
      (2) La Trabajadora Social demostró que conocía
          perfectamente las escuelas, dado que expresó que había
          trabajado en la escuela propuesta por la señora
          González Rodríguez e iba todos los días a la escuela
          sugerida por el apelante;
      (3) La parte apelada testificó que no visitó la escuela
          recomendada por el padre y que quedaba a dos minutos
          de su residencia;
      (4) La parte apelada admitió que no pudo determinar si la
          escuela sugerida por el padre era mejor o peor que la
          institución propuesta por ella, que matriculó a la menor
          en la escuela sin autorización, que la escuela sugerida
          por ella tenía un sistema para ver las notas de la menor
          por vía electrónica, lo cual también existía en la escuela
          pública recomendada por el padre mediante el Sistema
          de Información Estudiantil;
      (5) La señora Monroig no pudo precisar si las maestras de
          kínder estaban acreditadas y admitió que los maestros
          del sistema público debían tener licencias específicas
          para impartir lecciones a cada grado;
      (6) La señora Monroig también admitió que el currículo de
          ambas escuelas eran el mismo, así como las actividades,
          y que seguían el calendario del Departamento de
          Educación;
      (7) La señora Monroig declaró que la matrícula en la escuela
          propuesta por la madre estaba abierta durante todo el
          año.
      (8) El señor Lugo Rivera testificó que trabajó en la escuela
          que proponía, que conocía a todo el personal, que era
          una escuela ejemplar y que contaba con una matrícula
          de quinientos (500) estudiantes y, por ello, la menor
          recibiría una educación centrada. Asimismo, destacó
          que los maestros tenían buena asistencia y que las
          instalaciones de la escuela eran buenas.
      (9) El apelante expresó que la menor podría permanecer en
          dicha escuela hasta octavo grado, que la escuela estaba
          especializada en idiomas, que todas las clases se
          enseñaban en inglés, que los niños de grados
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            elementales estaban totalmente supervisados, que
            había seguridad, que tenía servicios de un psicólogo, dos
            trabajadoras sociales y enfermeras, que ofrecía
            desayuno y almuerzo y que tenía dos campamentos de
            verano.
       (10) El apelante declaró que el horario de la escuela era de
            7:30 en la mañana a 2:30 en la tarde, con posible
            extensión hasta las 5:30 de la tarde.
       (11) El apelante expresó que la escuela estaba ubicada a dos
            minutos de la residencia de la señora González
            Rodríguez y a quince minutos de la residencia del
            apelante.
       (12) El apelante reiteró su disponibilidad para asistir a las
            faenas escolares de la menor.
       (13) No se pasó prueba alguna en la audiencia sobre la
            custodia monoparental y cómo se vería afectada su
            custodia según la escuela en que se matriculara la
            menor. Tampoco se consideró prueba sobre el costo de
            las instituciones.23

       Por último, el apelante esbozó que el Informe Social

Complementario admitido por el TPI reflejó que la escuela que

propuso propendía al mejor bienestar de la menor, así como que

contó con prueba de que hay comunicación entre las partes, debido

a la coordinación habida entre ambas durante el verano.

       El 1 de noviembre de 2023, el señor Lugo Rivera presentó una

Moción para informar sobre decisión del TPI posterior a la

presentación de este recurso que incide sobre la controversia en este

caso en la que informó que, el 5 de octubre de 2023, el TPI emitió

una Sentencia en la que concedió la custodia compartida de la

menor en semanas alternas.24 Según esbozó, el dictamen afectó la

controversia ante esta Curia.

       Ese mismo día, radicó una Moción en cumplimiento para

presentar transcripción estipulada en la que sometió la transcripción

de la vista según solicitado. El 2 de noviembre de 2023, emitimos

una Resolución en la que acogimos la transcripción.

       El 30 de noviembre de 2023, la señora González Rodríguez

radicó un Alegato en el que esbozó que el recurso correcto para

cuestionar la determinación del TPI era el certiorari, cuyos criterios

23 Para un análisis literal de las determinaciones de hechos propuestas por el
apelante, véase Apelación Civil, págs. 7-10, párrafos 24-38.
24 Apéndice de la Moción para informar sobre decisión del TPI posterior a la

presentación de este recurso que incide sobre la controversia en este caso, Anejo 1,
págs. 1-19.
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de expedición alegó que no se cumplían y, en consecuencia, planteó

que no debía ser expedido. En la alternativa, argumentó que debía

sostenerse la Sentencia apelada, puesto que revocarla sería

perjudicial para la menor. Asimismo, adujo que el apelante no

demostró que el TPI actuó con prejuicio, pasión o parcialidad. Por el

contrario, arguyó que el foro primario basó su decisión en la prueba

desfilada, la cual constituyó evidencia suficiente para demostrar que

la escuela propuesta por ella propendía al mejor bienestar de la

menor.

                                 III.

                                 A.

      En nuestra jurisdicción, se ha reconocido que el derecho a la

patria potestad es naturalmente inherente a los padres, representa

un derecho fundamental de estos y es una función reconocida por

el Estado en los padres, en beneficio de los menores. Torres, Ex

parte, 118 DPR 469, 472-473 (1987). Cuando se habla de patria

potestad se refiere al conjunto de derechos y deberes que tienen los

padres respecto a la persona y los bienes de sus hijos menores de

edad no emancipados. Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 537 (2000);

Torres, Ex parte, supra, pág. 473. De esta forma, los padres con

patria potestad tienen el derecho de tomar decisiones esenciales y

primordiales en la vida de los hijos menores de edad, entre las cuales

se encuentra su educación. Gil v. Marini, 167 DPR 553, 568 (2006);

Torres, Ex parte, supra, pág. 475; véase Art. 2, Sec. 5, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1. Este último deber de educar quedó incluido también

en el Art. 153 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.

601, así como en el Art. 590 del Código Civil de Puerto Rico de 2020,

31 LPRA sec. 7242.

      Ahora bien, frente a estos derechos y deberes, se encuentra el

ejercicio de parens patriae del Estado. En virtud de este, los

tribunales estamos llamados a regirnos por el bienestar y los
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mejores intereses de los menores al resolver controversias que

versan sobre la patria potestad y la custodia de los menores. Muñoz

Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016); Rivera Ríos,

Ex parte, 173 DPR 678, 682 (2008). De esta forma, si un tribunal

percibe un conflicto entre intereses ajenos y el mejor interés de un

menor, debe resolver a favor del menor. Íd.; Ortiz v. Meléndez, 164

DPR 16, 28 (2005).

      En adición, los intereses de los menores están revestidos de

tal interés público que el Estado, en protección de dicho interés,

tiene amplias facultades y discreción para actuar. Rivera Ríos, Ex

parte, supra, págs. 682–683. Por ello, cuando los padres

con patria potestad no pueden llegar a acuerdos respecto al menor,

los tribunales tienen la facultad de adjudicar lo que proceda, puesto

que “el ejercicio de una eminente patria potestad de El Pueblo de

Puerto Rico es superior a la de los padres”. Rivera Ríos, Ex parte,

supra, pág. 682 (citando a Negrón v. Lugo, 59 DPR 870, 875

(1942)). No obstante, esta facultad no es absoluta ni le permite al

tribunal obviar los mandatos claros de la ley y la doctrina. Íd.

                                 B.

      Como regla general, los foros apelativos no debemos intervenir

con las determinaciones de hechos de los tribunales de primera

instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el

valor probatorio conferido a la prueba presentada en sala. González

Rivera v. Robles      Laracuente, 203 DPR 645, 665 (2019)

(Resolución), Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado

señor Feliberti Cintrón; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR

750, 770-771 (2013); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177

DPR 345, 356 (2009). Ello, salvo que se demuestre que el Tribunal

de Primera Instancia incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto. Íd. Esta norma de deferencia judicial está apoyada

en que la tarea de apreciación de la prueba testifical está llena de
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elementos subjetivos y es el foro de primera instancia quien está en

mejor posición para aquilatarla. González Rivera v. Robles

Laracuente, supra; Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967,

986-987 (2010); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág.

771; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001). Los foros apelativos

solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”. González Rivera

v. Robles Laracuente, supra; Trinidad v. Chade, 153 DPR 280,

291 (2001) citando a Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR

721, 728 (1984). Por lo cual, las decisiones del tribunal de primera

instancia están revestidas de una presunción de corrección. López

García v. López García, 200 DPR 50 (2018); Vargas Cobián v.

González Rodríguez, 149 DPR 859 (1999).

      A tenor con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra,

R. 42.2, dispone que “[l]as determinaciones de hechos basadas en

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la

credibilidad de las personas testigos”. Sólo podremos intervenir con

estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

prueba. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR

746 (2011). Por tal razón, se ha establecido que, en ausencia de

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción, de

ordinario, el pronunciamiento del tribunal de primera instancia será

sostenido en toda su extensión por el tribunal intermedio. Sucn.

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Trans-Oceanic

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012).

      Al respecto, “[u]n tribunal puede incurrir en abuso de

discreción cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho

material; cuando el juez le concede demasiado peso a un hecho

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho
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irrelevante, o cuando este, a pesar de examinar todos los hechos del

caso,    hace   un    análisis   liviano   y la   determinación      resulta

irrazonable.” Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018);

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). Por otra

parte, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR

834, 859 (2018), resolvió que:

        […] un juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si
        actúa “movido por inclinaciones personales de tal intensidad
        que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a
        las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin
        importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se
        someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187
        DPR 750, 782 (2013).

                Por otro lado, enunciamos que se consideran
        claramente erróneas las conclusiones del foro revisado “si de
        un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal queda
        convencido de que se cometió un error, […] [porque] las
        conclusiones están en conflicto con el balance más racional,
        justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”.
        Íd., pág. 772, al citar a Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR
        728, 731 (1977).

               Es decir, consideramos que se incurre en un error
        manifiesto cuando “la apreciación de esa prueba se distancia
        de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o
        increíble”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 816 (2002).

               Este estándar de revisión, por ejemplo, restringe
        nuestra facultad para sustituir el criterio del foro primario a
        escenarios en que de la prueba admitida no exista base
        suficiente que apoye tal determinación. Íd.

        Ahora bien, la alegación de una parte de que el foro primario

cometió error no debe hacerse ligeramente. Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, supra, pág. 775. Así pues, la parte que “señale

que el juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe

sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente […].” Íd. Es decir,

quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es,

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como

adecuada para sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco

Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007).
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                                  IV.

      En el caso de marras, el TPI dictó una Resolución en la que

autorizó la matrícula de la menor, hija de las partes, en una escuela

privada que radica en el Municipio de Aguadilla, la cual fue

propuesta por la señora González Rodríguez. A juicio del foro

primario, la institución educativa propendía al mejor bienestar de la

menor y, a su vez, consignó que no recibió prueba respecto a la

conveniencia de la escuela promovida por el apelante.

      En oposición, el señor Lugo Rivera adujo que el TPI abusó de

su discreción, que la escuela propuesta por él respondía al mejor

bienestar de la menor y que así lo consignó un Informe Social

Complementario preparado por la Trabajadora Social adscrita al

caso. Asimismo, arguyó que mediante su propio testimonio y el de

la Trabajadora Social arrojó suficiente prueba para determinar que

dicha escuela era preferible.

      En contraste, la señora González Rodríguez argumentó dos

posiciones: (1) que el recurso correcto para cuestionar la

determinación del TPI era el certiorari, que los criterios para su

expedición no se cumplían y que, por lo tanto, procedía denegar su

expedición; y (2) que no procedía revocar la Sentencia por suponer

un efecto perjudicial a la menor, sin evidencia de prejuicio, pasión o

parcialidad ni prueba de que la escuela propuesta por el apelante

era mejor que la propuesta por ella.

      Como asunto de umbral, entendemos pertinente señalar que

la Apelación ante nos es el recurso apropiado para la impugnación

de la Resolución en cuestión, toda vez que se trata de un dictamen

emitido por el TPI sobre patria potestad o custodia, el cual modifica

alguna   determinación    final   previa.   Ello,   en   virtud   de   la

jurisprudencia, constituye propiamente una sentencia de la cual se

puede apelar. Véase Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR
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807, 813-814 (2012); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 129

(1998).

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en especial de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) estipulada

por las partes, en correcta práctica adjudicativa apelativa, resulta

evidente que el TPI no incidió en el error señalado. La determinación

apelada fue correcta en derecho. Los argumentos del apelante no

nos motivan a variar la determinación del TPI, mientras que, por el

contrario, la prueba desfilada confirma que la determinación del foro

primario respondió al mejor interés de la menor.

      Según se desprende del expediente, ante el foro primario

desfiló prueba acerca de los amplios servicios e instalaciones que

ofrece la escuela propuesta por la señora González Rodríguez, los

cuales quedaron recogidos en la Resolución apelada y en la parte II

de esta Sentencia. El foro primario entendió meritorio adjudicarles

credibilidad a dichos testimonios, los cuales fueron vertidos por la

parte apelada, la asistente de directores de la escuela y la

Trabajadora Social adscrita al caso. En comparación, la prueba a

favor de la escuela propuesta por el apelante careció de declaración

alguna de los beneficios superiores de dicha institución, más allá

del testimonio del señor Lugo Rivera. Es por ello que, frente a esta

prueba, el TPI consideró creíble y le dio mayor peso a la evidencia

vertida a favor de la escuela que propuso la parte apelada, en un

ejercicio de valor probatorio y discreción. Resolvemos que no

intervendremos con ello.

      De igual manera, el apelante no adujo razón de peso para

variar las determinaciones de hechos que el TPI realizó a base del

testimonio oral. Dichas determinaciones no fueron claramente

erróneas, sino que representaron el balance más racional, justiciero

y jurídico de la totalidad de la prueba. Ausente prueba alguna de
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que el foro primario procedió con prejuicio, parcialidad, error

manifiesto o abuso de discreción, corresponde sostenerlas.

      Cabe destacar que, contrario a los argumentos del señor Lugo

Rivera, la Trabajadora Social adscrita al caso expresó que se podría

considerar la escuela propuesta por este con la condición de que el

apelante, quien estaba desempleado, fuera quien transportara a la

menor a la escuela.

      Por otra parte, el señor Lugo Rivera trajo a nuestra atención

una Sentencia dictada por TPI el 5 de octubre de 2023 en la que le

concedió la custodia compartida de la menor en semanas alternas a

ambos padres. Según adujo el apelante, esta determinación debe

afectar la Apelación ante esta Curia, especialmente debido a que el

foro primario consignó en la Resolución apelada que, entre sus

razones, se encontraba evitar afectar o interferir con la custodia

monoparental ostentada por la señora González Rodríguez. No le

asiste la razón. Independientemente del cambio en la custodia, la

prueba desfilada ante el foro primario lo llevó a concluir de forma

fundamentada que la escuela propuesta por la madre respondía al

mejor bienestar e interés de la menor. Ese criterio no debe verse

afectado por la determinación de custodia compartida.

      A la luz de lo anterior, procede confirmar la determinación

recurrida, toda vez que es correcta en derecho y el apelante no adujo

argumentos ni presentó evidencia alguna para justificar la

intervención de esta Curia.

                                 V.

      Por los fundamentos anteriores, se confirma la Resolución

recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones