Court Opinion

ID: 9554701
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:19:05.751404+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:17.898974
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

 MARÍA DE MATER O’NEILL                          Certiorari
   BECERRA Y OTROS                               procedente del
                                                 Tribunal de
             Recurrido                           Primera Instancia,
                                                 Sala Superior de
                v.                 KLCE202300584 San Juan

                                                      Caso Número:
 WASHINGTON PARTNERS,                                 SJ2022CV06522
     LLC Y OTROS

          Peticionario                                Sobre:
                                                      Daños y otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparecen Washington Partners, LLC y Taft Partners, LLC

(peticionarios) y nos solicitan la revocación de la Orden emitida el 12

de enero de 2023, notificada el 17 del mismo mes y año, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro

primario). En esta, el foro primario no autorizó la Reconvención

presentada por los peticionarios.

       Por    los    fundamentos   que    exponemos    a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos.

                                     I.

       María de Mater O’Neill y Sara Marina Dorna Pesquera

(recurridas) incoaron una Demanda en contra de Washington

Partners, LLC, Taft Partners, LLC, Gustavo Ayala, Rafael Santiago

Rivera, Eduardo Oliver Polanco, Constructora BHC y otros.1 Según

se desprende de sus alegaciones, las demandantes residen en el

apartamento número 1 del Condominio Trigo 557, que consta de

1 Apéndice, págs. 1-20.

Número Identificador:

RES2023________
KLCE202300584                                                                 2

tres niveles y se encuentra ubicado en la zona histórica de Miramar,

en el Municipio de San Juan. Relataron que, desde junio de 2021,

los demandados, en calidad de titulares de los apartamentos

número 2 y 3, han realizado construcciones y remodelaciones sin

ostentar los debidos permisos de las agencias gubernamentales y en

violación de la escritura matriz. En particular, indicaron que el

permiso de construcción emitido por la Oficina de Gerencia y

Permisos (OGPe) era un permiso nulo.

       Expusieron, además, que las referidas construcciones han

ocasionado daños a las paredes y al techo de su apartamento y han

afectado su salud. A su vez, adujeron que dichas construcciones

impiden el acceso a la azotea del edificio, en la cual se encontraban

unas placas solares de su propiedad. A esos efectos, solicitaron al

foro primario un injunction, una sentencia declaratoria y remedios

por los daños y perjuicios sufridos. La demanda fue enmendada

para incluir a la OGPe como parte indispensable. Además, en

cumplimiento con una orden del TPI, la parte demandante aclaró

que su solicitud de injunction era de índole estatutario, al amparo

del Artículo 14.1 de la Ley161-2009, 23 LPRA sec. 9024.

       Luego de varias incidencias procesales, el foro primario (sala

de recursos extraordinarios), mediante una Sentencia Parcial2

emitida el 27 de octubre de 2022, por la vía sumaria, ordenó la

desestimación y el archivo de las reclamaciones de la demanda

enmendada sobre el injunction estatutario, bajo el Artículo 14.1 de

la Ley Núm. 161-2009, supra y la solicitud de sentencia

declaratoria.3 Consignó que, la OGPe había dejado en suspenso la

vigencia y la efectividad del permiso de construcción, pendiente a

2 Apéndice, págs. 370-401.
3 De otra parte, el foro primario emitió una Sentencia Parcial mediante la cual
acogió un aviso de desistimiento sin perjuicio de la reclamación contra Rafael
Santiago Rivera presentada por las demandantes. Además, dictó otra Sentencia
Parcial mediante la cual desestimó la reclamación instada contra la OGPe. Véase,
Apéndice pág. 370 nota núm. 1.
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una recomendación final del Instituto de Cultura Puertorriqueña,

por lo que, la obra de construcción se encontraba paralizada.

Determinó que dichas reclamaciones se tornaron académicas como

consecuencia de los cambios fácticos suscitados luego de que se

presentara el caso en su origen. De otra parte, refirió la reclamación

sobre daños y perjuicios ante la secretaria regional para que se

continuara el caso como un pleito ordinario ante la sala civil

correspondiente.

       Así las cosas, y en lo referente al recurso ante nos, el 19 de

diciembre de 2022 (5:40:49 pm Entrada Núm. 104), Washington

Partners, LLC, Taft Partners, LLC, y Gustavo Ayala, presentaron su

Contestación a la Demanda.4 En suma, negaron las alegaciones y

adujeron que los daños alegados en la demanda eran inexistentes.

Más tarde, pero en igual fecha, instaron una Reconvención

(6:34:00pm Entrada Núm. 106).5 Arguyeron que la azotea era un

elemento privativo o común limitado de los apartamentos número

dos (2) y tres (3), respectivamente. A su vez, alegaron que el sistema

de paneles fotovoltaicos fue instalado en la azotea sin la autorización

de los demás titulares del condominio. Adujeron que la instalación

de las placas solares provocó la perforación de la loza en la azotea

del apartamento número tres (3) y de la azotea de la terraza del

apartamento       número     dos   (2).   Además,   indicaron   que   las

perforaciones han causado una constante intrusión de agua en el

interior del apartamento número tres (3) y en la terraza del

apartamento número dos (2). Por ello, solicitaron el desahucio

sumario de las recurridas por la ocupación y uso de la propiedad de

los apartamentos números 2 y 3. En particular, solicitaron la

remoción de toda propiedad o artículo que se encontrara fijado en la

referida azotea. Suplicaron al foro primario que ordenara la

4 Íd., págs. 402-412.
5 Apéndice, págs. 413-420.
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reparación de las áreas afectadas y el resarcimiento por los daños y

perjuicios sufridos. Además, solicitaron remedios por los presuntos

actos torticeros de las demandantes con las relaciones contractuales

de los peticionarios ante terceros, más costas, gastos y honorarios

de abogado. Asimismo, solicitaron un señalamiento de vista para

dilucidar el desahucio sumario.6

        Así las cosas, los peticionarios presentaron una Solicitud de

Anotación de Rebeldía7 a la cual se opusieron las recurridas. En su

Oposición a la Reconvención y Anotación de Rebeldía8 arguyeron que,

en el presente caso los demandados incumplieron lo establecido en

la Regla 11.5 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

R. 11.5, al presentar su reconvención de forma tardía y sin

autorización previa del TPI. En su consecuencia, solicitaron que la

Reconvención presentada se tuviese por no puesta y se denegara la

Solicitud de Anotación de Rebeldía.9

        Evaluados los escritos de las partes, el foro primario emitió

una Orden, en la cual expuso lo siguiente:

        “No se autoriza reconvención. Dicha acción de desahucio
        sumario deberá presentarla en un pleito independiente.”10

        Insatisfechos,          los      peticionarios     solicitaron        una

reconsideración.11 En ella, arguyeron que la causa de acción

promovida en la Reconvención surgía de la misma serie de eventos

objeto de la demanda. Por ello, alegaron que la reconvención

presentada era una de carácter compulsorio y debía permitirse.

Aclararon         que    la   acción    sobre   interferencia   ilícita   podría

considerarse como una reconvención permisible, según la Regla

11.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. En reacción a lo

anterior,     las       recurridas     presentaron   una    Oposición     a    la

6 Apéndice págs. 421-424.
7 Íd. pág. 425.
8 Íd. págs. 426-427.
9 Íd.
10 Íd. pág. 428-429.
11 Apéndice, págs. 430-433.
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Reconvención.       En esencia argumentaron que, la Reconvención

presentada altera radicalmente el alcance y naturaleza del caso.12

Además, plantearon que la Reconvención fue presentada posterior a

la contestación a la demanda, por lo que debía darse por

renunciada. Por su parte, los peticionarios nuevamente suplicaron

al foro primario que autorizara sus reclamaciones y que atendiera la

acción de desahucio sumario.13

       Evaluadas las posturas de las partes, el foro primario

mediante una fundamentada Resolución declaró no ha lugar el

petitorio de reconsideración.14

       Aún en desacuerdo, los peticionarios acuden ante esta Curia

mediante el recurso del epígrafe y señalan el siguiente error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al desatender lo
       pautado en la Regla 11 de Procedimiento Civil en torno
       a la procedencia de una reconvención compulsoria.

       La Dra. Mater O’Neill Becerra compareció mediante Oposición

a Expedición de Certiorari, por lo que, con el beneficio de las posturas

de ambas partes, procedemos a resolver.15

                                     II.

A. Certiorari

       El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 190 (2020). Es norma reiterada

que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708,

718 (2019). A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor

12 Íd., págs. 441-448.
13 Íd., págs. 449-453.
14 Íd., págs. 454-459.
15 Cabe señalar que, el 18 de mayo de 2023, el foro primario emitió una Sentencia

Parcial en la que autorizó el desistimiento con perjuicio de la Sra. Sara Dorna
Pesquera. Véase, Oposición a Expedición de Certiorari de la parte recurrida, págs.
75-78.
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tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

      Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias

que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et

al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el recurso de

certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

800 Ponce de León v. AIG, supra. No obstante, también dispone que

el tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además,

Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019). A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:
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      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en

aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por el

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción.

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra.

                                 III.

      Nos   corresponde    resolver,    si   en   esta   etapa   de   los

procedimientos, el foro primario incidió al no autorizar la

Reconvención instada por los peticionarios.

      Al entender sobre la expedición de un auto de certiorari de

naturaleza discrecional, debemos evaluar conforme nos permiten los

estándares de revisión establecidas en la normativa antes expuesta.

Solo así, podremos expedir el auto de certiorari presentado e

intervenir con el dictamen recurrido. Con esta premisa conceptual

establecida, corresponde a la parte peticionaria fundamentar cómo

el TPI excedió los parámetros legales o no consideró adecuadamente

el derecho aplicable.
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      En síntesis, la parte peticionaria plantea que su reconvención

versa sobre los mismos eventos que motivaron la reclamación de la

parte recurrida. Por ello, plantea que dicha reconvención era una de

carácter compulsorio. Arguyó que, no existe disposición legal que

impida a un tribunal procesar mediante una reconvención una

acción de desahucio sumario. Por su parte, la recurrida sostiene

que los demandados no solicitaron autorización al TPI antes de

presentar    la   Reconvención.    Indicó   que    los   peticionarios

comparecieron mediante mociones dispositivas y una contestación

a la demanda, sin presentar reconvención alguna. Sostuvo que las

reclamaciones sobre las áreas comunes, limitados y/o privativos del

Condominio se relacionan a controversias que son de la jurisdicción

y competencia del Departamento de Asuntos al Consumidor, al

amparo de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921

et seq., por lo que, no procede la intervención del foro primario sobre

dichas alegaciones instadas en la Reconvención.

      Tras un examen sosegado del recurso de epígrafe, concluimos

que no concurren los criterios que justifiquen nuestra intervención

sobre la Orden recurrida, la cual no se aparta del estado de derecho

vigente, según analizado por el foro primario. Colegimos que el TPI

ejerció su amplia facultad discrecional en la presente causa y no

identificamos indicio de pasión, parcialidad o error manifiesto en la

determinación emitida. Al examinar cuidadosamente el tracto

procesal, así como la normativa aplicable, concluimos que los

peticionarios no nos han puesto en posición para intervenir, en esta

etapa de los procedimientos, en este asunto de naturaleza

interlocutoria. Tampoco identificamos factor o criterio alguno que

apunte a un fracaso irremediable de la justicia. Sobre tales bases,

concluimos que no está presente ninguno de los criterios

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de
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Apelaciones, supra, que justifique nuestra intervención sobre el

dictamen recurrido.

                                    IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari solicitado.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones