Court Opinion

ID: 9952340
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:42:58.085427+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:57.162100
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL1

MUNICIPIO DE MAUNABO                                        Certiorari
                                                            procedente del
          Recurrido                                         Tribunal de
                                                            Primera
                                                            Instancia, Sala
               v.                  KLCE202400064            Superior de
                                                            Humacao

COBRA ACQUISITIONS, LLC.
                                                            Caso Núm.
         Peticionario                                       MB2018CV00043

                                                            Sobre:
                                                            Ley 81 de 30 de
                                                            agosto de 1991;
                                                            Pago Arbitrios de
                                                            Construcción y
                                                            Patentes
                                                            Municipales

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Bonilla Ortiz y el Juez Pagán Ocasio.

Pagán Ocasio, juez ponente

                               S EN T EN C I A

       En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

                                        I.

       El 17 de enero de 2024, Cobra Acquisitions, LLC (Cobra o la

parte peticionaria) presentó una Petición de Certiorari en la que

solicitó que revoquemos una Orden emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI o foro primario)

el 18 de diciembre de 2023, notificada y archivada en autos ese

mismo día.2 Mediante el dictamen, el TPI concedió un embargo

preventivo, bajo la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 34 LPRA Ap.

V, R. 56.1, en el que ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica

(AEE) retener y detener cualquier pago a Cobra por la cantidad de

$9,020,254.57 hasta que no se resolviera la Demanda que promueve

1 Véase Orden Administrativa OATA-2024-013, del 18 de enero de 2024.
2 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo J, págs. 126-127.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202400064                                                         2

el Municipio de Maunabo (Municipio de Maunabo o parte recurrida)

en contra de la parte peticionaria en reclamo del pago de arbitrios

de construcción y patentes municipales.

      El 18 de enero de 2024, Cobra radicó una Urgente solicitud en

auxilio de jurisdicción en la que solicitó que paralizáramos los efectos

de la orden de embargo hasta que se resolviera la Petición de

Certiorari en   sus      méritos.   Asimismo,   presentó   una   Moción

informativa sobre notificación de recurso de certiorari en la que

informó que notificó el recurso a las partes.

      Ese mismo día, emitimos una Resolución en la que le

concedimos al Municipio de Maunabo hasta el 19 de enero de 2024,

en o antes de las 2:30 p.m., para exponer su posición respecto a la

Urgente solicitud en auxilio de jurisdicción. También, le concedimos

un término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de

dicho dictamen, para exponer su posición sobre los méritos del

recurso de certiorari.

      El 19 de enero de 2024, el Municipio de Maunabo radicó una

Moción en oposición al auxilio de jurisdicción en la que solicitó que

declaráramos Sin Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción.

      Ese mismo día, emitimos una Resolución en la que declaramos

No Ha Lugar la Urgente solicitud en auxilio de jurisdicción.

      El 22 de enero de 2024, Cobra presentó una Moción de

reconsideración y reiterando urgente solicitud en auxilio de

jurisdicción en la que insistió en que reconsideráramos la

denegatoria de la petición de auxilio de jurisdicción.

      El 24 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que

declaramos No Ha Lugar la reconsideración, en esa etapa de los

procedimientos.

      El 31 de enero de 2024, Cobra radicó una Solicitud para que

se entienda sometido recurso sin oposición de la parte recurrida en la

que solicitó que diéramos por perfeccionado el recurso porque el
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Municipio de Maunabo no había comparecido para exponer su

posición dentro del término concedido.

       El 1 de febrero de 2024, el Municipio de Maunabo presentó

una Moción en solicitud de prórroga o término final en la que solicitó

un término final de ocho (8) días para expresar su posición respecto

a los méritos del recurso. Según adujo, su incomparecencia se debió

a inadvertencia en percatarse del término concedido originalmente

en nuestra Resolución del 18 de enero de 2024.

       El 2 de febrero de 2024, Cobra radicó una Oposición a solicitud

de prórroga en la que solicitó que denegáramos la concesión de

tiempo adicional a la parte recurrida.

       Ese mismo día, emitimos una Resolución en la que, en vista

del tiempo transcurrido y del incumplimiento con nuestra orden

inicial, le concedimos al Municipio de Maunabo una prórroga final

de tres (3) días, contados a partir de la notificación de dicho

dictamen, para cumplir con lo ordenado.

       El 5 de febrero de 2024, el Municipio de Maunabo presentó

un Alegato del Municipio de Maunabo en el que solicitó que

deneguemos la expedición del certiorari solicitado.

       Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por perfeccionado el recurso de epígrafe y, en adelante,

pormenorizamos los hechos procesales atinentes a la Petición de

Certiorari.

                                  II.

       El caso de marras tiene su génesis el 14 de noviembre de 2018

cuando el Municipio de Maunabo presentó una Demanda contra

Cobra y la AEE en reclamo del pago de arbitrios de construcción y

patentes municipales.3

3 Íd., Anejo A, págs. 1-7.
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        Luego de múltiples trámites procesales, el 9 de julio de 2019,

el TPI dictó una Sentencia en la que desestimó la Demanda por falta

de jurisdicción y falta de parte indispensable.4 Oportunamente, el

Municipio de Maunabo apeló la determinación, asignándosele al

recurso el alfanumérico KLAN202000146.

        El 28 de abril de 2020, esta Curia dictó Sentencia en la que se

modificó el dictamen del foro primario, a los efectos de revocar la

determinación de falta de parte indispensable y de dejar sin efecto

la desestimación en cuanto a Cobra. En lo pertinente, se concluyó:

(1) que Cobra no estaba exento del pago de arbitrios de construcción;

y (2) que correspondía que el foro primario determinara si a Cobra

le correspondía pagar las patentes municipales según el requisito de

“presencia física”.

        Devuelto el caso al foro primario y después de varios trámites

procesales, las partes radicaron sendas mociones en solicitud de

sentencia sumaria.5 En atención a ello, el 14 de noviembre de 2022,

el TPI dictó una Sentencia sumaria en la que ordenó a Cobra pagar

$8,489,651.36 en concepto de contribución por arbitrios de

construcción y $530,603.21 en concepto de contribución en

patentes municipales a favor del Municipio de Maunabo.6

        Inconforme con esa última determinación, el 9 de enero de

2023, Cobra presentó una Apelación en la que solicitó la revocación

del dictamen, basándose en que la determinación de esta Curia en

el KLAN202000146 sobre el pago de arbitrios de construcción era

obiter dictum y, por ello, no establecía precedente sobre la resolución

final   del   caso.    Al   recurso     se   le   asignó    el   alfanumérico

KLAN202300022.

4 Notificada y archivada en autos el 10 de julio de 2019.     Entrada Núm. 36 del
expediente digital del caso en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de
Casos (SUMAC).
5 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejos F y G, págs. 49-73 y 74-102.
6 Notificada y archivada en autos el 15 de noviembre de 2023. Íd., Anejo H, págs.

103-116.
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       El 17 de marzo de 2023, emitimos una Sentencia en la que

revocamos la determinación y devolvimos el caso al foro primario

para que, en síntesis, evaluara: (1) la cantidad final adeudada por

Cobra por concepto de arbitrios de construcción; y (2) si Cobra

cumplía con los requisitos para la imposición del pago de patente

municipal y, de cumplir, qué cantidad le correspondía pagar.7

       Devuelto una vez más el caso al foro de origen,8 el 15 de

diciembre de 2023, el Municipio de Maunabo presentó una Urgente

moción en solicitud de orden sobre remedio provisional en

aseguramiento de la efectividad de la Sentencia en la que solicitó al

TPI que emitiera una orden a la AEE de retener y no desembolsar la

cantidad de $9,020,254.57 de los pagos que la corporación pública

le adeuda a Cobra.9 De una evaluación de la moción surgen dos

observaciones pertinentes. En primer lugar, la parte peticionaria

esbozó que, conforme a la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra,

no estaba obligada a pagar fianza, toda vez que contaba con una

Sentencia del Tribunal de Apelaciones – la emitida en el

KLAN202300022 – en la que se declaró que Cobra estaba obligada

a pagar contribuciones municipales, lo cual constituía un

documento público del que se desprende que la obligación era

legalmente exigible. En segundo lugar, solicitó que se señalara una

vista para discutir el remedio provisional en aseguramiento de

sentencia solicitado. La solicitud de celebración de vista no fue

concedida.

       El 18 de diciembre de 2023, el TPI dictó la Orden recurrida en

la que ordenó a la AEE retener y detener, de manera inmediata,

cualquier pago a Cobra por la suma de $9,020,254.57.10

7 Véase nuestra Sentencia en el KLAN202300022.
8 El trámite procesal se reanudó a partir del 21 de agosto de 2023, fecha en que

se recibió el mandato del caso, lo cual surge de las Entradas Núm. 135 y 136 del
expediente digital del caso en el SUMAC.
9 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo I, págs. 117-125.
10 Íd., Anejo J, pág. 127.
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       Ese mismo día, Cobra radicó una Urgente solicitud para que

se deje sin efecto orden de embargo preventivo en la que solicitó que

el foro primario dejara sin efecto el remedio provisional impuesto.11

En su escrito, denunció que el embargo preventivo fue concedido en

menos de veinticuatro (24) horas, sin darle la oportunidad a la parte

peticionaria de expresarse, sin celebrarse vista, como lo requiere la

Regla 56.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 56.2, y sin prestarse

fianza, según exige la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, R.

56.3. Asimismo, planteó que no existía una sentencia ejecutable

respecto a la cuantía que Cobra le adeuda al Municipio de Maunabo,

si alguna.

       El 19 de diciembre de 2023, el Municipio de Maunabo

presentó una Réplica a moción para que se deje sin efecto la orden

del Honorable Tribunal en la que solicitó al foro primario que

declarara Sin Lugar la moción de Cobra en oposición a la Orden.12

Según adujo, dejar sin efecto el embargo preventivo le causaría daño

irreparable a la parte recurrida debido a que se quedaría sin medios

para ejecutar la eventual sentencia sobre la parte peticionaria, una

demandada no residente y no domiciliada. Ese mismo día, la parte

recurrida notificó al TPI que diligenció la Orden de embargo

preventivo.13

       El 20 de diciembre de 2023, el TPI emitió una Orden en la que,

en atención a varias solicitudes de las partes de que se impusieran

sanciones, invitó a las partes a dialogar y evitar los ataques entre

abogados.14 Asimismo, puntualizó que el foro primario tenía claro el

alcance de la determinación previa del Tribunal de Apelaciones en

el caso.

11 Íd., Anejo K, págs. 128-130.
12 Entrada Núm. 170 del expediente digital del caso en el SUMAC.
13 Entrada Núm. 173 del expediente digital del caso en el SUMAC.
14 Entrada Núm. 174 del expediente digital del caso en el SUMAC.
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       Ese mismo día, Cobra renovó15 su petición de dejar sin efecto

el embargo preventivo y reiteró16 su solicitud al TPI de que tuviera

por no puestos los escritos radicados por la representación del

Municipio de Maunabo, aduciendo que no ostentaban la autoridad

para presentarlos. A su vez, la parte recurrida se opuso a ambas

peticiones en una Dúplica reiterando oposición a que se deje sin

efectos la orden del Honorable Tribunal.17

       El 21 de diciembre de 2023, el TPI emitió dos órdenes: en una,

declaró No Ha Lugar la solicitud de dejar sin efecto el embargo

preventivo;18 en la otra, rechazó el planteamiento de Cobra sobre la

autoridad de la representación legal del Municipio de Maunabo19.

       En desacuerdo, el 17 de enero de 2024, Cobra presentó la

Petición de Certiorari de            epígrafe    y   planteó    los   siguientes

señalamientos de error:

       PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Cometió grave
       error y abusó de su discreción el Tribunal de Primera
       Instancia al autorizar una solicitud de embargo sin
       observar el cumplimiento de los requisitos de la Regla
       56.4 de Procedimiento Civil.

       SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Cometió grave
       error y abusó de su discreción el Tribunal de Primera
       Instancia al autorizar una solicitud de embargo sin
       requerirle al Municipio la prestación de una fianza en
       clara violación al debido proceso de ley de COBRA.

       El 5 de febrero de 2024, el Municipio de Maunabo radicó un

Alegato del Municipio de Maunabo en el que solicitó que deneguemos

la expedición del auto solicitado. Según esbozó, el TPI dictó la Orden

recurrida, sin fijar fianza ni celebrar vista, porque la orden de

embargo se gestionó después de dictada una sentencia final,

aplicando así una de las excepciones establecidas en la Regla 56.3

de Procedimiento Civil, supra. Es su posición que la Sentencia

emitida el 17 de marzo de 2023 en el KLAN202300022 constituía

15 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo N, págs. 135-137.
16 Entrada Núm. 176 del expediente digital del caso en el SUMAC.
17 Entrada Núm. 178 del expediente digital del caso en el SUMAC.
18 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo O, pág. 138.
19 Entrada Núm. 179 del expediente digital del caso en el SUMAC.
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una sentencia final y firme en la que se adjudicó que Cobra está

obligado a pagarle al Municipio de Maunabo por arbitrios de

construcción. Además, arguyó que procedía dictar la Orden sin

notificación ni celebración de vista porque: (1) producto del referido

dictamen, la parte recurrida posee un interés propietario sobre los

fondos    a       embargar   y   (2)    el       caso   presenta     circunstancias

extraordinarias, ya que Cobra es una corporación foránea sin bienes

en Puerto Rico y, por ello, ante el pago de los fondos que la AEE le

adeuda, se pondría en riesgo la posibilidad de recobrar lo adeudado.

                                        III.

                                            A.

       El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite       a    un   tribunal       de    mayor       jerarquía     revisar   las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1,20

establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad

20 Esta Regla dispone que:

       [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.

              Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
       por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
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para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank

v. ZAF Corporation, et als., 202 DPR 478 (2019). La citada regla

delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para

atender un recurso de certiorari que trate sobre la revisión de

dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun.

de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703 (2019). Nuestro rol

al atender recursos de certiorari descansa en la premisa de que es el

foro de instancia quien está en mejor posición para resolver

controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y en la cautela

que debemos ejercer para no interrumpir injustificadamente el

curso corriente de los pleitos que se ventilan ante ese foro. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los

criterios que debemos tomar en consideración al atender una

solicitud de expedición de un auto de certiorari.21

        a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
        (Énfasis nuestro).
21 Esta Regla dispone lo siguiente:

        El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
        determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
        de mostrar causa:
          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
          el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
          en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
          Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
          luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
          alegatos más elaborados.
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      Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare

LLC, supra, pág. 729. Lo anterior “no significa poder actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Hietel v.

PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,

658 (1997). Ello, ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 736.

        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
        más propicia para su consideración.
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
        causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
        indeseable en la solución final del litigio.
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
        un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
KLCE202400064                                                       11

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                 B.

      Tanto la Constitución de Puerto Rico como la Constitución de

los Estados Unidos protegen a toda persona de ser privada de su

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7,

Const. ELA, LPRA, Tomo I; Enmiendas V y XIV, Const. EE. UU.,

LPRA, Tomo I. Entre los principios fundamentales del debido

proceso de ley, la jurisprudencia federal ha incluido el derecho a ser

oído y notificado. Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133

DPR 881, 889 (1993). A su vez, nuestro Tribunal Supremo ha

resuelto reiteradamente que los requisitos constitucionales del

debido proceso de ley son aplicables a los procedimientos de

embargo, independientemente de que la incautación sea temporera.

Íd., pág. 890. Ello es lógico, toda vez que, cuando se utiliza este

mecanismo,    el   alegado   deudor   es   privado   de   un   interés

constitucional significativo de propiedad y el Estado ejerce una

acción estatal sustancial que activa la aplicación de la cláusula de

debido proceso de ley. Íd.

      Ahora bien, procesalmente, el embargo es uno de los remedios

provisionales de aseguramiento de sentencia y está regulado por la

Regla 56 de Procedimiento Civil, supra, R. 56. El embargo se

considera una interdicción jurídica en el patrimonio del deudor,

cuyo efecto procesal principal es sujetar los bienes embargados al

cumplimiento de la obligación o reclamación en el proceso principal.

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 840-841 (2010);

Alum Torres v. Campos del Toro, 89 DPR 305, 321 (1963). Como

medida, el embargo no tiene que recaer únicamente sobre los bienes

del alegado deudor, sino que se puede extender a bienes en posesión
KLCE202400064                                                         12

de un tercero. Cacho Perez v. Hatton Gotay, 195 D.P.R. 1, 13

(2016); Prado v. Quiñones, 78 DPR 313 (1955).

      Al concederse el embargo, así como cualquier otro remedio en

aseguramiento de sentencia, los tribunales deben prestarle atención

a: (1) que el remedio sea provisional; (2) que el propósito sea

asegurar la efectividad de la sentencia; y (3) los intereses de todas

las partes, según lo requiera la justicia y las circunstancias. Íd.;

Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 839. Ello, a su vez,

está codificado en la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra, la

cual establece específicamente lo siguiente:

             En todo pleito antes o después de sentencia, por
      moción de la parte reclamante, el tribunal podrá dictar
      cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar
      la efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder el
      embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la
      prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de bienes
      muebles, la sindicatura, una orden para hacer o desistir de
      hacer cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar
      cualquier otra medida que estime apropiada, según las
      circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un
      remedio provisional, el tribunal considerará los intereses de
      todas las partes y dispondrá según requiera la justicia
      sustancial. (Énfasis nuestro).

Sobre esta Regla, debemos pormenorizar dos asuntos. En primer

lugar, como sugieren las porciones enfatizadas, el foro que expide la

medida provisional posee discreción para ordenar la medida que

estime   apropiada,    teniendo    la   obligación    de   evaluar    las

circunstancias del caso, los intereses de las partes y la justicia

sustancial. En segundo lugar, dada la discreción antes mencionada,

la lista enumerada por esta Regla no es taxativa. Citibank v. ACBI,

supra, pág. 732.

      Ahora bien, la Regla 56.2 de Procedimiento Civil, supra,

establece, como requisito, que “[n]o se concederá, modificará,

anulará, ni se tomará providencia alguna sobre un remedio

provisional sin notificar a la parte adversa y sin celebrar una vista,

excepto según se dispone en las Reglas 56.4 y 56.5”. (Énfasis

nuestro).
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      A esto, la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, añade el

requisito de prestar fianza al disponer que el remedio provisional

únicamente podrá concederse sin la prestación de fianza cuando: (1)

surja de documentos públicos o privados, según definidos por ley y

firmados ante una persona autorizada para administrar juramento,

que la deuda es legalmente exigible; (2) el litigante sea indigente o

insolvente; y (3) se gestione el remedio después de la sentencia.

      Respecto a la notificación y la vista, la Regla 56.4 de

Procedimiento Civil, supra, Regla 56.4, establece que no se podrá

expedir una orden de embargo o prohibición de enajenar sin previa

notificación y vista, excepto cuando la parte reclamante demuestre:

(1) que tiene un interés propietario sobre la cosa embargada; (2) que

existen circunstancias extraordinarias; o (3) la probabilidad de

prevalecer mediante prueba documental fehaciente que demuestre

que la deuda es líquida, vencida y exigible. Véase también Rivera

Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, supra. En adición, la referida

Regla provee que, en caso de que se conceda una orden de esta

índole sin notificación ni vista, cualquier parte afectada podrá

presentar “en cualquier tiempo una moción para que [se] modifique

o se anule la orden, y dicha moción se señalará para vista en la fecha

más próxima posible y tendrá precedencia sobre todos los demás

asuntos”. Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra. Para efectos de

esa vista, será suficiente notificar a la parte que obtuvo la orden

mediante una notificación de dos (2) días o la notificación más corta

que el tribunal prescriba. Íd.

      En este contexto, nuestra jurisprudencia ha definido qué

documentos constituyen “documentos fehacientes”, al igual que los

requisitos de liquidez y exigibilidad de una deuda. En primer lugar,

una sentencia final – aquella que pone fin a una reclamación judicial

y contra la cual se puede apelar – es un documento fehaciente.

Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 543 (2001); U.S.
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Fire Ins. V. A.E.E., 151 DPR 962 (2000); Feliciano Figueroa et al.

v. Toste Piñero, 134 DPR 909 (1993). En segundo lugar, una deuda

es líquida cuando la cantidad debida es “cierta” y “determinada”. Íd.,

pág. 546. Entretanto, es exigible y vencida cuando debe ser

satisfecha por la naturaleza de la obligación o por requerimiento del

acreedor. Véase Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).

                                 C.

      Desde la perspectiva del Tribunal de Apelaciones al considerar

la revisión de medidas provisionales como el embargo, resulta

imperativo considerar el concepto de discreción judicial como una

cuestión de umbral.

      La discreción judicial se entiende como la facultad que tiene

un tribunal para resolver de una forma o de escoger entre varios

cursos de acción. Citibank v. ACBI, supra, pág. 735. Este concepto,

a su vez, está intrínsecamente atado a la razonabilidad. Íd., citando

a García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). Es, en esencia,

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Negrón v. Srio de Justicia, 154

DPR 79, 91 (2001). De lo anterior se colige que la discreción

aplicable al TPI en sus determinaciones discrecionales es amplia y,

por ello, estas decisiones merecen gran deferencia. Citibank v.

ACBI, supra, pág. 735. Lo anterior resulta lógico, toda vez que el

foro primario es quien conoce las particularidades de cada caso,

tiene contacto con las partes litigantes y conoce la prueba desfilada.

Íd., pág. 736; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288,

306–307 (2012).

      Como norma general, el Tribunal Supremo ha reiterado que

los   tribunales   apelativos   no    deben    intervenir   con    las

determinaciones discrecionales del foro primario, ni sustituir el

criterio utilizado por éste en el ejercicio de su discreción, a menos

que se demuestre que actuó con prejuicio o parcialidad o incurrió
KLCE202400064                                                        15

en craso abuso de discreción o en error manifiesto. Íd. Los abusos

de discreción pueden ocurrir cuando el juez: (1) ignora algún hecho

material sin razón para ello; (2) le concede demasiado peso a un

hecho inmaterial, fundamentando su decisión en ese hecho

irrelevante; o (3) pese a evaluar todos los hechos del caso, realiza un

análisis liviano y su determinación resulta irrazonable. Íd.

Asimismo, los foros apelativos pueden intervenir cuando las

decisiones discrecionales resulten arbitrarias. VS PR, LLC v. Drift-

Wind, 207 DPR 253, 273 (2021).

      Nuestro más alto foro ha incluido los remedios provisionales

entre las determinaciones discrecionales, puesto que tienen el

componente intrínseco de la discreción judicial. Engineering

Service v. AEE, 209 DPR 1012, 1021 (2022). Es decir, las decisiones

del foro primario en este ámbito, como en el caso del embargo

preventivo, gozan de amplia discreción y merecen gran deferencia.

Íd.; Citibank v. ACBI, supra. Ello encuentra apoyo en la naturaleza

de los remedios provisionales, una medida temporera que será

concedida por el tribunal, motivado por una petición de parte, si

juzga que las razones lo justifican y que podrá modificarse,

ampliarse, sustituirse o dejarse sin efecto en cualquier momento.

Íd., págs. 1020-1021.

      Visto de este modo, por tratarse de determinaciones

discrecionales, las decisiones del foro primario sobre remedios

provisionales están cobijadas por los criterios de deferencia antes

esbozados, los cuales obligan a los tribunales apelativos a limitar el

ejercicio de su facultad revisora. Citibank v. ACBI, supra. Empero,

como se puede ver, esta norma de limitación autoimpuesta no

representa un obstáculo que impida que los tribunales apelativos

revisen este tipo de determinaciones, especialmente por las

consecuencias reales que pueden tener. Engineering Service v.

AEE, supra, pág. 1022; Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, 203 DPR
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254, 275-276 (2019). En ese sentido, la limitación debe ceder si el

juzgador comete una equivocación al interpretar o aplicar cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo, o si existe evidencia de

prejuicio o parcialidad. Íd.; Umpierre Matos v. Juelle, Mejía,

supra, págs. 275-276. También, debe ceder cuando el foro primario

no se rija por un criterio de razonabilidad y adecuación, o cuando

no consideren los intereses de ambas partes como lo requiera la

justicia sustancial y las circunstancias de cada caso. Íd.; Citibank

v. ACBI, supra. Naturalmente, estos motivos de intervención con la

discreción judicial se suman a los demás criterios esbozados

previamente.

                                 IV.

      El caso de marras nos encomienda la tarea de resolver si

procede una orden de embargo sin la prestación de una fianza y sin

la celebración de una vista, cuando la vista fue solicitada por la

propia parte que pidió el embargo y cuando la orden se gestiona

después de una Sentencia final que adjudica la obligación de una

parte de pagar, pero no la cuantía debida.

      Por un lado, la posición de Cobra es que el TPI erró al dictar

la Orden recurrida menos de veinticuatro (24) horas después de que

se solicitó, sin darle la oportunidad de oponerse, sin la celebración

de una vista y sin la prestación de fianza. Por el otro, la contención

del Municipio de Maunabo es que la Sentencia dictada por esta

Curia en el KLAN202300022 era una sentencia final y firme que

permitía la concesión de la orden de embargo sin la prestación de

fianza ni la celebración de una vista, toda vez que adjudicó que

Cobra estaba obligada a pagar arbitrios de construcción a la parte

recurrida. Además, arguye que, como Cobra es una corporación

foránea sin bienes muebles o inmuebles en la jurisdicción, existían

circunstancias extraordinarias que permitían prescindir de la

celebración de la vista.
KLCE202400064                                                                    17

       Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica adjudicativa apelativa, resulta forzoso concluir

que el TPI erró al dictar la Orden recurrida sin requerir la prestación

de una fianza y sin ordenar la celebración de una vista. Según surge

del expediente, no se cumplieron los requisitos para dictar una

orden de embargo sin cumplir con estas obligaciones procesales y

garantizar el debido proceso de ley a todas las partes.

       En primer lugar, para que el TPI pueda eximir de la prestación

de la fianza a la parte promovente de una solicitud de embargo se

requiere que la orden sea gestionada después de una sentencia, que

de algún documento juramentado se desprenda que la deuda es

legalmente exigible o que se trate de un litigante indigente. Regla

56.3 de Procedimiento Civil, supra. Al solicitar la orden de embargo,

el Municipio de Maunabo esbozó que no venía obligado a pagar

fianza porque contaba con la Sentencia emitida el 17 de marzo de

2023 en el KLAN202300022 “en la que se declaró que Cobra tenía

que pagar las contribuciones municipales, lo que constituye un

documento público del que se desprende que la obligación es

legalmente exigible”.22 No obstante, aunque la referida Sentencia

reafirmó que procedía la imposición de arbitrios de construcción a

Cobra, también fue enfática en que el TPI no fundamentó

acertadamente la cuantía adeudada. Asimismo, concluyó que

estaba en controversia si Cobra cumplía con los requisitos para la

imposición del pago de patente municipal y, de cumplir, qué

cantidad le correspondería pagar. Por esa razón, se revocó la

determinación del foro primario y se devolvió el caso con la

encomienda de que el foro primario dilucidara estas controversias

mediante una vista evidenciaria.23 A esos efectos, no existe una

22 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo I, pág. 123.
23 Adviértase que, pese a la revocación de la Sentencia emitida por el TPI el 14 de

noviembre de 2022, la Orden recurrida ordenó el embargo de $9,020,254.57, la
suma exacta de las cuantías concedidas en la Sentencia del foro primario revocada
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sentencia final del TPI ni del Tribunal de Apelaciones que especifique

la cantidad exacta que Cobra adeuda por arbitrios de construcción,

ni que adjudique que le corresponde el pago de patentes

municipales. Visto así, no se cumplió con ninguna de las

excepciones establecidas en la Regla 56.3 de Procedimiento Civil,

supra, para la concesión del embargo sin la prestación de la fianza.

No surge del expediente documento alguno, público o privado, ni

sentencia final que establezca que la deuda es exigible. Por estos

motivos, erró el TPI al emitir la Orden recurrida sin requerir la

prestación de fianza.

      En segundo lugar, para que el TPI pueda prescindir del

señalamiento y la celebración de una vista al dictar una orden de

embargo es necesario que la parte promovente demuestre: (1) que

tiene un interés propietario sobre la cosa embargada; (2) que existen

circunstancias extraordinarias; o (3) la probabilidad de prevalecer

mediante prueba documental fehaciente que demuestre que la

deuda es líquida, vencida y exigible. Regla 56.4 de Procedimiento

Civil, supra. En este caso, se dictó la orden de embargo recurrida

sin que se haya contado con prueba documental que demostrara

que la deuda era líquida y exigible. Para probarlo, era necesario

demostrar que la cantidad debida era cierta y determinada. Por el

contrario, como reconoció la Sentencia previa de esta Curia que el

Municipio de Maunabo utilizó para justificar la orden, está en

controversia la cuantía debida por concepto de arbitrios de

construcción y, por ello, no es cierta ni determinada. Todavía más,

en el caso de la deuda por concepto de patentes municipales, aún

está en controversia si procede su imposición a la parte peticionaria.

      En tercer lugar, ante esta Curia, el Municipio de Maunabo

argumenta que la celebración de la vista no era necesaria porque se

en el KLAN202300022, $8,489,651.36 por concepto de arbitrios de construcción
y $530,603.21 por concepto de patente municipal.
KLCE202400064                                                        19

conformaba la excepción de circunstancias extraordinarias. Según

aduce, Cobra es una corporación foránea sin bienes muebles e

inmuebles en esta jurisdicción y, por ello, ante el pago de los fondos

por la AEE se corre el peligro de que no se pueda cobrar deuda

alguna. Sin embargo, es de notar que ese planteamiento solo fue

mencionado someramente en la Urgente moción en solicitud de orden

sobre remedio provisional en aseguramiento de la efectividad de la

Sentencia, la solicitud original de la orden de embargo.24 En esa

moción, pese al carácter urgente con el que se calificó la petición, el

Municipio de Maunabo solicitó que el TPI señalara una vista para

discutir el embargo. No obstante, inmediatamente, el foro primario

dictó la Orden recurrida sin señalar la vista, aun cuando fue

solicitada por la propia parte recurrida, promovente de la medida de

aseguramiento de sentencia. Al ignorar este hecho material, incurrió

en abuso de su discreción.

       En cuarto lugar, la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra,

establece que, luego de concedida una orden de embargo sin

celebrarse la vista, la parte afectada podrá presentar una moción

para modificar o anular la orden y el TPI tendrá que señalar una

vista para la fecha más cercana posible, con precedencia sobre todos

los asuntos. En este caso, la Orden de embargo fue emitida el 18 de

diciembre de 2023. Ese mismo día, Cobra radicó una solicitud para

dejar sin efecto la orden de embargo. Dos días después, repitió su

petición. No obstante, a pesar de lo dispuesto en la Regla 56.4 de

Procedimiento Civil, supra, el TPI declaró No Ha Lugar la petición de

Cobra. Al así proceder, erró. Aún más, surge del tracto procesal del

caso que, al presente, el foro primario tampoco ha cumplido con esta

obligación.

24 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo I, págs. 117-125.
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      A tenor con nuestra función revisora, resolvemos que el foro

recurrido   cometió   los   errores    señalados.   En   vista   de   los

fundamentos discutidos, corresponde concluir que el TPI cometió

una equivocación al aplicar una norma procesal, lo cual justifica

nuestra intervención. En definitiva, la Orden recurrida no procede

en derecho y, por consiguiente, debe ser revocada.

                                  V.

      Por los fundamentos pormenorizados, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Orden recurrida. Se devuelve el caso al TPI

para la continuación de los procedimientos conforme con lo aquí

resuelto.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones