Court Opinion

ID: 9941508
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:41:56.891831+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.117186
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VIII

Leslie Collazo Rivera                           CERTIORARI
                                                procedente del Tribunal
         Recurrida                              de Primera Instancia,
                                                Sala Superior de
              vs.                               Bayamón

María M. Cintrón Valle,              Civil Núm.:
Jesús M. Oyola, Víctor KLCE202301451 BY2023CV03009
J. Olivo Afanador,
Verónica Morán y la                  Sobre: Incumplimiento
Sociedad Legal de                    de Contrato
Gananciales compuesta                Interferencia
por Víctor J. Olivo                  Contractual Torticera
Afanor y Verónica                    Abuso del Derecho
Morán; Víctor J. Olivo               Enriquecimiento
Afanador CPA, CSP                    Injusto, Daños y
                                     Perjuicios.
        Recurrido

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                   RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

        Comparece ante nos, el señor Víctor J. Olivo Afanador, la

señora Verónica Morán, y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (en conjunto, parte peticionaria o SLG Olivo-

Morán), quienes presentan recurso de Certiorari en el que solicitan

la revocación de la “Resolución” emitida el 29 de noviembre de

2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No

Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por la parte

peticionaria.

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

1 Notificada el 30 de noviembre de 2023.

Número Identificador

RES2024 ___________
KLCE202401451                                                                   2

denegamos el recurso presentado mediante los fundamentos que

expondremos a continuación.

                                        I.

       El 30 de mayo de 2023, la señora Leslie Collazo Rivera (en lo

sucesivo, parte apelada o Sra. Collazo Rivera) presentó una

“Demanda”       por     incumplimiento        de    contrato,     interferencia

contractual torticera, abuso del derecho, enriquecimiento injusto y

daños y perjuicios contra, entre otras personas, la SLG Olivo-

Morán. En esencia, alegó que, el 30 de mayo de 2017, suscribió

un contrato de arrendamiento con los codemandados María M.

Cintrón Valle y David M. Nieves Cintrón.               Aduce que, mediante

dicho acuerdo, se le otorgó el derecho de opción de compra sobre la

propiedad alquilada, la cual operaba como negocio de salón de

belleza y producía alrededor de $134,000.00 netos al año. Arguyó

que, a pesar de que el contrato tenía vigencia hasta el 30 de mayo

de 2022, ambas partes acordaron su extensión hasta tanto se

tasara el inmueble y se negociara su venta.

       A pesar de lo anterior, sostuvo que, el 24 de mayo de 2023,

la parte peticionaria le informó que había comprado la propiedad

objeto del arrendamiento. Aseveró que, mediante este acto, se le

pretendía usurpar de su negocio, y se le ocasionaron daños

emocionales      y    económicos.      Por    entender      que    hubo      una

interferencia contractual torticera, solicitó se anulase la escritura

de compraventa habida entre los demandados, y reclamó un total

de $550,760.00 en daños.

       Esta reclamación fue enmendada en tres ocasiones.2 La

“Tercera Demanda Enmendada” se presentó el 20 de junio de

2023, con el propósito de incluir como parte demandada a Víctor

2 Las primeras dos enmiendas se hicieron con el propósito de corregir el nombre de
ciertos demandados, tanto en el epígrafe como en el cuerpo de la reclamación.
KLCE202401451                                                       3

J. Olivo Afanador CPA, CSP (en adelante, VJOA), entidad jurídica

que compró el inmueble en cuestión.

      Así las cosas, el 28 de julio de 2023, la SLG Olivo-Morán

presentó una “Moción de Desestimación”, y solicitó se desestimara

la reclamación presentada en su contra.               En síntesis, el

matrimonio argumentó que, según se alegó en la “Tercera

Demanda Enmendada”, la propiedad en cuestión fue adquirida por

VJOA.   Su   contención   es   que,   como    dicha    entidad   posee

personalidad jurídica propia y separada a la de sus miembros,

éstos no responden en su carácter personal.

      En respuesta, el 4 de agosto de 2023, la Sra. Collazo Rivera

presentó una “Oposición a Moción de Desestimación” y, en lo

pertinente, esgrimió que la “Demanda” contiene alegaciones contra

la parte peticionaria en su carácter personal.        Específicamente,

señaló que, la reclamación incluye alegaciones por los daños

emocionales sufridos a consecuencia del trato irrespetuoso,

acechante y amenazante por parte del Sr. Olivo Afanador.           En

cuanto a la señora Verónica Morán, esposa del Sr. Olivo Afanador,

indicó que también está vinculada de manera directa con los daños

reclamados, puesto que el matrimonio se benefició de las

actuaciones del Sr. Olivo Afanador. Afirmó que estas alegaciones

en nada se relacionan con la corporación, sino que están dirigidas

directamente contra la persona de la parte peticionaria.

      Por su parte, el 17 de agosto de 2023, VJOA presentó

“Moción de Desestimación”, y solicitó la desestimación de la

reclamación presentada en su contra, bajo la premisa de que la

parte recurrida no tiene derecho alguno sobre la propiedad en

controversia, en vista de que el contrato de arrendamiento y la

opción de compra incluida en este se encuentran vencidos desde el

año 2022. A su vez, manifestó ser un tercero registral y, debido a
KLCE202401451                                                           4

que el contrato estaba vencido, negó la existencia de una

interferencia contractual torticera.

       Posteriormente, el 6 de septiembre de 2023, la Sra. Collazo

Rivera se opuso a la desestimación solicitada por VJOA,3 y

peticionó su denegatoria bajo los siguientes fundamentos: (1) de

las alegaciones de la “Demanda” surge que, por acuerdo entre las

partes, el contrato fue extendido hasta que se tasara la propiedad y

se negociara su venta, (2) debido a que dicho contrato fue

extendido, el mismo continuaba vigente, y (3) la figura del tercero

registral es inaplicable, toda vez que VJOA actuó de mala fe.

       El 13 de octubre de 2023, el foro a quo celebró vista

argumentativa con relación a las mociones de desestimación

presentadas, y ambas partes tuvieron oportunidad de abundar al

respecto.

       Evaluados los escritos y argumentos de ambas partes, el 29

de noviembre de 2023,4 el Tribunal de Primera Instancia emitió

una “Resolución” mediante la cual declaró No Ha Lugar las

solicitudes de desestimación presentadas por la SLG Olivo-Morán y

VJOA.     Razonó que: (1) aunque la parte recurrida alegó que la

empresa VJOA fue la entidad que compró la propiedad, la

“Demanda” contiene alegaciones contra la parte peticionaria en su

carácter personal, (2) en la “Demanda” se alegó que el contrato de

arrendamiento quedó extendido por acuerdo entre las partes, por

lo que es necesario evaluar prueba sobre tal argumento, y (3) como

consecuencia de lo anterior, ambas mociones resultan prematuras

dado a que no se ha comenzado un descubrimiento de prueba que

aclare todos los argumentos expuestos por las partes.

       Inconforme, la SLG Olivo-Morán recurre ante este foro

apelativo intermedio, y señala la comisión de los siguientes errores:

3 Véase, “Oposición a Moción de Desestimación”; apéndice págs. 53-57.
4 Notificada el 30 de noviembre de 2023.
KLCE202401451                                                    5

      Primero Error:
      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al no desestimar la demanda en contra del
      matrimonio Olivo-Morán por dejar de exponer una
      reclamación que justifique la concesión de un remedio.

      Segundo Error:
      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al no desestimar la demanda en contra del
      matrimonio Olivo-Morán cuando todos los actos
      alegadamente realizados por el Sr. Olivo fueron como
      presidente y en representación de la codemandada
      “VJOA”.

      Tercer Error:
      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al no desestimar la demanda en contra del
      matrimonio Olivo-Morán por existir alegaciones de
      responsabilidad extracontractual en contra del Sr. Olivo
      en su carácter personal.

      Cuarto Error:
      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al no desestimar la demanda en contra del
      matrimonio Olivo-Morán por existir alegaciones de
      interferencia torticera en contra del Sr. Olivo en su
      carácter personal.

      Quinto Error:
      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al no desestimar la demanda en contra del
      matrimonio Olivo-Morán por existir alegaciones de
      abuso del derecho en contra del Sr. Olivo en su carácter
      personal.

      Sexto Error:
      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al no desestimar la demanda en contra del
      matrimonio Olivo-Morán por existir alegaciones de
      enriquecimiento injusto en contra del Sr. Olivo en su
      carácter personal.

                                II.

      El recurso de Certiorari es el mecanismo procesal utilizado

para revisar aquellas resoluciones u órdenes interlocutorias

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone que, como

norma general, dicho recurso solo será expedido por este Tribunal

de Apelaciones en dos instancias, a saber: (1) cuando se recurra de
KLCE202401451                                                        6

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57; o (2) cuando se

recurra de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

      No obstante lo anterior, y a modo de excepción, este foro

apelativo   intermedio   podrá    revisar   órdenes    o   resoluciones

interlocutorias dictadas por el foro primario cuando se recurra de

lo siguiente: (1) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de

hechos o peritos esenciales; (2) asuntos relativos a privilegios

evidenciarios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de

relaciones de familia; y (5) en casos que revistan interés público o

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

      Por su parte, nuestro Alto Foro ha expresado que el auto de

Certiorari constituye un vehículo procesal discrecional que permite

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.   Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023

TSPR 46.    Si bien el auto de Certiorari es un vehículo procesal

extraordinario de carácter discrecional, al atender el recurso no

debemos “hacer abstracción del resto del Derecho”.            Mun. de

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). Así, a los

fines de ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional en la

consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso,

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40, imparte que esta segunda instancia judicial

tomará en consideración los siguientes criterios al determinar si

procede o no la expedición de un auto de Certiorari:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
KLCE202401451                                                             7

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Además, resulta pertinente apuntar el hecho de que los

tribunales de instancia poseen gran flexibilidad y discreción para

lidiar con el manejo diario y la tramitación de los asuntos

judiciales. In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).             Así, se les ha

reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficiente para

conducir los asuntos ante su consideración de la forma y manera

que su buen juicio les indique. Íd.

       En ese sentido, nuestro Tribunal Supremo ha establecido

que,   como    norma    general,    el   Tribunal   de    Apelaciones    no

intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del foro

primario. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Este foro apelativo intermedio sólo intervendrá en el ejercicio de la

discreción    del   Tribunal   de   Primera      Instancia    en    aquellas

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo. Íd.

       Cónsono con lo anterior, nuestra Alta Curia ha reiterado que

“las decisiones discrecionales que toma el Tribunal de Primera

Instancia no serán revocadas a menos que se demuestre que ese

foro abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,

189 DPR 414, 434 (2013). A esos efectos, el máximo foro judicial

pronunció     que    “los   foros   apelativos    no     deben     pretender
KLCE202401451                                                     8

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro

primario”. Íd.

                                       III.

       Luego de considerar el recurso ante nos, a la luz del derecho

antes citado, y siguiendo los criterios para la expedición del auto

de Certiorari, determinamos que no están realmente presentes en

este caso los criterios esbozados por la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra.

       En su escrito, la parte peticionaria argumenta que el foro

recurrido debió desestimar la reclamación presentada en su

contra, toda vez que se alegó que VJOA fue quien compró la

propiedad arrendada. Su contención es que, como dicha entidad

posee personalidad jurídica propia, la SLG Olivo-Morán no fue

parte del negocio jurídico y, por tanto, el matrimonio no responde

en su carácter personal.

       Según revela el tracto procesal discutido, la SLG Olivo-

Morán presentó una “Moción de Desestimación” al amparo de la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Por

tanto, el Tribunal de Primera Instancia tomó por cierto aquellas

alegaciones bien hechas por la Sra. Collazo Rivera en su “Tercera

Demanda Enmendada”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

174 DPR 409, 428 (2008). Tras este ejercicio, el foro primario

declaró No Ha Lugar la “Moción de Desestimación” presentada por

la parte peticionaria, por entender que la reclamación contiene

alegaciones dirigidas a su carácter personal.

       Lo cierto es que, tras una lectura de las alegaciones

incluidas en la reclamación, surge que, en efecto, se alegó que el

Sr. Olivo Afanador compró la propiedad través de VJOA.5 No

obstante lo anterior, existen alegaciones contra el Sr. Olivo

Afanador en su carácter personal, respecto a que este último causó

5 Véase, “Tercera Demanda Enmendada”, alegación número 7.
KLCE202401451                                                                       9

daños emocionales a la Sra. Collazo Rivera, mediante amenazas,

trato irrespetuoso y conducta acechante y amenazante.6 A su vez,

se alegó que la SLG Olivo-Morán se benefició y aprovechó de estas

actuaciones.7 Estas alegaciones en nada se relacionan con la

corporación, sino que están dirigidas directamente contra la

persona de la parte peticionaria.

       A su vez, con el fin de precisar los asuntos en controversia y

facilitar la búsqueda de la verdad, el foro recurrido concluyó que es

necesario efectuar un descubrimiento de prueba que aclare todos

los argumentos expuestos por las partes. No hay duda que, de esta

forma, se coloca al juzgador de los hechos “en la mejor posición

posible para resolver justamente”. E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9

(2004). Tratándose de una determinación discrecional y enmarcada

dentro del criterio de la razonabilidad, esta no debe ser modificada.

Enfatizamos que, los tribunales de instancia gozan de amplia

discreción para pautar y conducir los procedimientos ante sí y,

salvo particulares excepciones, este foro apelativo debe abstenerse

de intervenir en el manejo del caso. BPPR v. Gómez Alayón, 2023

TSPR 145.

       Ante ello, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia

no abusó de su discreción, y su decisión fue conforme a derecho.

En vista de lo anterior, resulta meridianamente claro que el caso

de epígrafe no presenta alguno de los criterios expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que

requiera la expedición del auto de Certiorari. En atención a lo cual

no debemos anteponer nuestro criterio por el ejercicio de

discreción que la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 44.2, claramente le reconoce al foro a quo. En consecuencia,

denegamos la expedición del auto de Certiorari.

6 Véase, “Tercera Demanda Enmendada”, alegaciones número 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 21.
7 Véase, “Tercera Demanda Enmendada”, alegación número 23.
KLCE202401451                                                       10

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de este dictamen, denegamos el recurso de Certiorari

solicitado por el señor Víctor J. Olivo Afanador, la señora Verónica

Morán, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones