Court Opinion

ID: 9952248
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:33:21.926647+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:36.284684
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

      HERIBERTO                                         Recurso de Certiorari
   MADERA GONZÁLEZ                                      procedente del
                                                        Tribunal de Primera
          Recurrido                                     Instancia, Sala
                                                        Superior de Ponce

              V.                 KLCE202301326
                                                        Caso Núm.:
                                                        PO2022CV02917
 FERDINAND MERCADO
  BORRERO Y OTROS                                       Sobre:
                                                        Violación de Derechos
         Peticionario                                   Civiles, Daños

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

                                        -I-

       Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en

representación del oficial de custodia Ferdinand Mercado Borrero en

su carácter personal (oficial Mercado Borrero o peticionario) por

conducto de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,

mediante el recurso de epígrafe. En el mismo se nos solicita que

revoquemos una Resolución emitida el 16 de octubre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), en la que

se declaró No Ha Lugar una moción de desestimación promovida por

el Estado en cuanto al oficial Mercado Borrero en su carácter

personal como parte del trámite una Demanda que entabló el señor

Heriberto Madera González (señor Madera González o recurrido).1

       El 30 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la

que le concedimos al señor Madera González un plazo de diez (10)

1 Apéndice de Petición de Certiorari, Anejo XII, págs. 54-55. Archivada y notificada

en autos el 20 de octubre de 2023. El 24 de octubre de 2023, el Estado solicitó
reconsideración, la cual el TPI declaró No Ha Lugar mediante Resolución emitida
el 25 de octubre de 2023, archivada y notificada el 27 de octubre de 2023.

Número Identificador
SEN2024________________
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días para expresarse en torno a los méritos del recurso. En atención

a una Moción Informativa presentada por la Oficina del Procurador

General el 9 de enero de 2024 en la que informó a este Tribunal que

la notificación del recurso al recurrido se había demorado pues este

había sido reubicado en otra institución penal, el 12 de enero de 2024

emitimos Resolución en la que concedimos un nuevo término al señor

Madera González para que se expresara sobre los méritos del recurso.

El 31 de enero de 2024 el recurrido compareció mediante un escrito

que denominó Moción Informativa. En el mismo formuló alegaciones

adicionales contra otros funcionarios del DCR y solicitó que se le

asignara representación legal, o en su defecto, la celebración de una

vista.

         Como cuestión de umbral, conforme a lo dispuesto en la Regla

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7(B)(5), considerada la naturaleza de los asuntos ante nuestra

consideración, y en aras de promover el más justo y eficiente

despacho del asunto ante nos, denegamos la solicitud instada por el

recurrido. De otra parte, y por los fundamentos que expondremos a

continuación, expedimos el auto de certiorari y revocamos la

determinación recurrida.

                                     -II-

         La controversia ante nuestra consideración dimanó el 17 de

diciembre de 2021 cuando el señor Madera González, miembro de la

población correccional de la Institución Facilidad Médica Ponce 500,

incoó una Demanda por derecho propio y de forma pauperis, sobre

daños y perjuicios y violación de derechos civiles contra el oficial

Mercado Borrero y el Departamento de Corrección y Rehabilitación

(DCR).2 Arguyó que el oficial Mercado Borrero tiene una persecución

2 Íd., Anejo I. págs. 1-17. El Estado aclaró que el 17 de diciembre de 2021
corresponde a la fecha presentación de la Demanda ante la Secretaría del TPI y
que transcurrió un (1) año en trámites administrativos en el tribunal para que
fuese colocada en el Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC).
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en su contra y que en múltiples e infructuosas ocasiones solicitó

ayuda al DCR. Sostuvo que el 25 de agosto de 2021, mientras

laboraba en la cocina de la institución correccional, un confinado que

estaba pintando, le peticionó lavar una brocha y llevarse un vaso con

el sobrante de pintura. Indicó que, frente a la puerta de su módulo,

el aquí peticionario le preguntó sobre el contenido del vaso y el

recurrido le relató su versión de los hechos y le entregó la pintura.

Precisó que, por tres (3) días, el oficial Mercado Borrero no lo sacó de

su módulo para trabajar y que, al preguntarle la razón, burlándose,

le comentó que todo estaba bien. A los pocos días, recibió una

querella, acto que le afectó emocionalmente.

      De igual forma, alegó que el 29 de agosto de 2021, mientras

estaba en su celda preparándose para el culto, el oficial Mercado

Borrero junto con los oficiales Santiago y Rosado y algunos

confinados que trabajaban en la cocina, lo sacaron al pasillo, lo

rodearon y los tres (3) oficiales le hablaron de forma hostil e

intimidante, causándole pánico y un estado nervioso. Relató que

cuando le solicitó información de la placa al oficial Rosado, este se

negó y le profirió “que se fuera para el carajo”. Manifestó que se

comunicó con el sargento Narváez para que se le buscara ayuda con

la Policía de Puerto Rico y con los servicios médicos dado que la

situación le causó daños emocionales y este le indicó que dialogaría

con el comandante de turno. Alegó que, instantes después, varios

oficiales con macanas y gas lo encerraron en una celda, sin motivo

alguno. Precisó que les suplicó a los oficiales que no le violaran sus

derechos como confinado y estos respondían riéndose. Expuso que

estuvo en estas condiciones por varios días, sin atención ni

oportunidad de bañarse. Planteó que el mal manejo de la situación

por parte del DCR y las intimidaciones le causaron un daño

irreparable, daños psicológicos y emocionales, no ha podido dormir,

tiene la escena en su mente, se le ha afectado su diario vivir, no es la
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misma persona por los miedos y no ha podido relacionarse con otras

personas, por lo que reclamó veinticinco mil dólares ($25,000.00).

Solicitó la designación de un abogado de oficio, el diligenciamiento de

los emplazamientos y que se le eximiera del pago de aranceles.

Aseveró que agotó los remedios administrativos a su alcance.

       El recurrido acompañó la Demanda con una Resolución del

DCR, de la cual se desprende que, el 25 de agosto de 2021, el oficial

Mercado Borrero le radicó una querella por apropiación ilegal y abuso

y mal uso de privilegio.3 Tras una vista disciplinaria celebrada el 14

de octubre de 2021, la Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias

determinó que, a tenor con los Códigos 127 y 222 del Reglamento

para establecer el procedimiento disciplinario de la población

correccional, Reglamento Núm. 9221 de 8 de octubre de 2020, el

señor Madera González no cometió el acto prohibido.

       Tras varios trámites procesales, el 23 de febrero de 2023, el

Estado, en representación del DCR y del oficial Mercado Borrero,

radicó una Moción solicitando desestimación por dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio al amparo de

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.4

Primero, explicó que el caso de marras estaba prescrito dado que se

emplazó al ELA el 4 de noviembre de 2022 cuando los eventos

alegadamente ocurrieron el 25 y 29 de agosto de 2021. Segundo,

informó que el 29 de agosto de 2021, el recurrido presentó un recurso

administrativo ante el DCR, solicitó reconsideración y estando

inconforme, no recurrió en revisión judicial ante esta Curia, conforme

dispone el Reglamento para atender las solicitudes de remedios

administrativos radicadas por los miembros de la población

correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 y la Ley

de procedimiento administrativo uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

3 Íd., págs. 15-17.
4 Íd., Anejo VIII, págs. 35-46.
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3 LPRA secs. 9601 et seq. Razonó que dicha determinación era final,

firme e inapelable. Por último, adujo que no se sostenía la acción

personal contra el oficial Mercado Borrero porque estaba cobijado por

la doctrina de inmunidad condicionada debido a que actuó en el

ejercicio de sus funciones oficiales para mantener orden, control y

bienestar en la población correccional y que, de mediar una actuación

culposa o negligente, la realizó dentro del marco de sus funciones

oficiales.

       El 4 de mayo de 2023, el señor Madera González presentó su

oposición, en la que esgrimió que la acción no estaba prescrita.5

Señaló que, a causa de la demanda incoada contra el oficial Mercado

Borrero, sufre persecución por parte de la oficialidad, lo que le

produce daños psicológicos y necesidad de que recibir tratamiento.

       Así las cosas, el 16 de octubre de 2023, el TPI emitió una

Resolución en la que declaró No Ha Lugar a la desestimación

solicitada por el Estado. Estableció que la acción no estaba prescrita

dado que la Demanda se presentó el 17 de diciembre de 2021.6

       Inconforme, el 24 de octubre de 2023, el Estado solicitó una

reconsideración, en la que reiteró las defensas de prescripción,

finalidad de los remedios administrativos e inmunidad condicionada

del oficial Mercado Borrero.7 Puntualizó que la demanda no se radicó

hasta el 24 de octubre de 2022 cuando se anotó, se registró el caso

en SUMAC y se le asignó el número de caso. Con el objetivo de

sustentar su alegación, acompañó la Orden Administrativa 2018-02

del TPI sobre el manejo de casos de naturaleza civil cuando las partes

comparecen en forma pauperis.8 En respuesta, el 25 de octubre de

2023, el TPI declaró dicha comparecencia No Ha Lugar.9

5 Íd., Anejo X, págs. 49-51.
6
  Íd., Anejo XII, págs. 54-55. Archivada y notificada en autos el 20 de octubre de
2023.
7 Íd., Anejo XIII, págs. 56-67.
8
  Íd., págs. 66-67.
9
  Íd., Anejo XIV, págs. 68-69. Archivada y notificada en autos el 27 de octubre de
2023.
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         En desacuerdo, el Estado acudió ante nos mediante este

recurso de certiorari y le imputó al TPI el siguiente señalamiento de

error:

         ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
         AL DENEGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN
         PRESENTADA POR EL ESTADO AL AMPARO DE LA REGLA
         10.2(5) DE PROCEDIMIENTO CIVIL, AUN CUANDO DE LOS
         HECHOS ALEGADOS EN LA DEMANDA SE DESPRENDE
         QUE EL SEÑOR MADERA GONZÁLEZ NO TIENE DERECHO
         A REMEDIO ALGUNO CONTRA EL OFICIAL MERCADO
         BORRERO A LA LUZ DE LA DOCTRINA DE INMUNIDAD
         CONDICIONADA.

         En síntesis, el peticionario sostiene que, en lo que respecta a la

acción personal contra el oficial Mercado Borrero, la demanda no

adujo derecho alguno que el señor Madera González pueda tener en

contra del peticionario por la doctrina de inmunidad condicionada.

         En vista del error imputado, procedemos a discutir las normas

jurídicas aplicables a este recurso.

                                    -III-

                                     -A-

         El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se

asienta en la sana discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307

(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su

juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la

expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las

instancias     y   excepciones    contenidas    en   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, supra, R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las

Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).

La mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de
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la denegatoria de una moción de carácter dispositivo". 800 Ponce de

León v. AIJ, supra. Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento

de ejercer nuestra facultad discrecional:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
      el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a
      la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados,
      o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
      la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      A tenor con estos criterios, como foro revisor, tenemos la

obligación   de   obrar   con   discernimiento      judicial   en   nuestra

intervención para no interrumpir a destiempo el trámite ante el

tribunal de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág.

98. De esta forma, de no estar presente algunos de estos criterios,

corresponde abstenernos de expedir el auto de certiorari.

                                    -B-

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 10.2, enumera los

fundamentos por los que se permite la desestimación de una

demanda como, entre otros, dejar de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio. Al evaluar una moción de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

supra, R. 10.2, el tribunal debe interpretar las alegaciones e la

demanda, de la manera más liberal posible a favor de la parte

demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409,

428-429 (2008). En este sentido, “el tribunal tomará como ciertos
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todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den

margen a dudas”. Íd., pág. 428; Colón Gorbea v. Sánchez Hernández

et al., 202 DPR 760, 765 (2019); Pressure Vessels PR v. Empire Gas

PR, 137 DPR 497, 505 (1994). Importante es que una demanda sólo

debe tener una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativo

de que la parte demandante tiene derecho a un remedio. Véase, Regla

6.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 6.1. No obstante, en este

ejercicio no se presumirán como ciertas las conclusiones legales ni

los elementos de la causa de acción apoyados por aseveraciones

conclusorias. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico:

derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 2017, pág. 307.

      Posteriormente, el tribunal debe determinar si, en base a los

hechos bien alegados en la demanda, existe una reclamación

plausible que justifique que la parte demandante tiene derecho a un

remedio, a la luz de la experiencia y el sentido común. Íd. De no

cumplir con el estándar de plausibilidad, “el tribunal debe desestimar

la demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo

el pretexto de que con el descubrimiento de prueba puedan probarse

las alegaciones conclusorias”. Íd.

      Por ello, la demanda no debe desestimarse, excepto que se

demuestre que la parte demandante no tiene derecho a remedio

alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Aut. Tierras v.

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429. Igualmente, la demanda

no debe ser desestimada si es susceptible de ser enmendada. Íd.

                                 -C-

      Jurisprudencialmente se adoptó la doctrina de inmunidad

condicionada de los funcionarios de la Rama Ejecutiva ante

reclamaciones de responsabilidad civil que pudieran generar sus

conductas en el desempeño de sus deberes oficiales. Acevedo v. Srio.

Servicios Sociales, 112 DPR 256, 262 (1982). Por la inmunidad
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condicionada ser una defensa afirmativa, la carga probatoria recae

sobre el funcionario público que la levanta. Íd., pág. 263.

       La inmunidad condicionada es independiente de la inmunidad

soberana del Estado. Romero Arroyo v. ELA, 127 DPR 724, 745

(1991). La inmunidad del Estado limita la responsabilidad civil de la

entidad gubernamental, mientras que la inmunidad condicionada

limita la responsabilidad personal de los funcionarios públicos por el

daño causado en el descargo de sus deberes. Íd.

       Esta doctrina aplica al funcionario público que ejerza deberes

que contienen un elemento discrecional, de forma razonable y de

buena fe. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 495 (1989).

Ahora bien, dicha acción discrecional no puede violar derechos

estatutarios ni constitucionales claramente establecidos, de los

cuales una persona razonable tuviese conocimiento. Harlow c.

Fitzgerald, 457 US 800, 818 (1982). La aplicación de la doctrina

depende del alcance de la discreción del funcionario público, sus

responsabilidades, la creencia de motivos fundados y buena fe, más

la totalidad de las circunstancias. Procunier v. Navarette, 434 US 555,

561-562 (1978), citando a Scheuer v. Rhodes, 416 US 232, 247-248

(1683). El objetivo es que “actúen con libertad y tomen decisiones sin

sentir presiones y amenazas contra sus patrimonios”. De Paz Lisk v.

Aponte Roque, supra. Por otro lado, no procede responsabilizar en su

carácter personal al funcionario público que actuó conforme con las

directrices oficiales. Íd.

       Como es sabido, la inmunidad condicionada no es absoluta.

Pues, el funcionario público responde si no actúa de buena fe o si,

aun mediando la buena fe, procedió irrazonablemente o sabía que su

conducta era ilegal. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra. En este

aspecto, “[l]a razonabilidad de la actuación oficial constituye una

cuestión de hecho a determinarse caso por caso”. Íd. Sin embargo, la

buena fe no es el único criterio que debe evaluarse, puesto que no se
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pueden violar principios legales establecidos. Íd. Esta inmunidad no

cubre actuaciones dolosas, fraudulentas, maliciosas o delictivas del

funcionario en el ejercicio de sus funciones. In re Colton Fontán, 128

DPR 1, 8 (1991); Romero Arroyo v. ELA, supra, pág. 743.

      Dado que la inmunidad condicionada protege al funcionario

público de reclamaciones en su contra y evita las cargas de un litigio,

el tribunal debe atender la determinación de su aplicación en una

etapa temprana de los procedimientos judiciales. Borello v. Allison,

446 F.3d 742 (7th Cir. 2006); Kelley v. Laforce, 288 F.3d 1, 7 (1rt Cir.

2002); Swain v. Spinney, 117 F.3d 1, 10 (1st Cir. 1997). Empero, en

ocasiones es imposible determinar la aplicación de la doctrina en una

etapa temprana si existen hechos esenciales en controversia. Kelley

v. Laforce, supra; Swain v. Spinney, supra. En tal circunstancia, sólo

cuando los hechos estén establecidos, el tribunal puede determinar

si la acción del funcionario público fue objetivamente razonable y así

aplique la defensa afirmativa. Íd.

      Respecto con la aplicación de la inmunidad condicionada de

los oficiales correccionales, en la esfera federal se ha establecido que

la persona confinada debe demostrar que tenía claramente

establecido sus derechos. Treats v. Morgan, 308 F.3d 868, 875 (8th

Cir. 2002). Un derecho está claramente establecido si sus contornos

son suficientemente claros para que el funcionario demandado esté

razonablemente advertido sobre el tipo de acción que violaría los

derechos de otros. Taylor v. Barkes, 575 US 822, 825 (2015); Hope v.

Pelzer, 536 US 730, 739 (2002), refiriéndose a Mitchell v. Forsyth, 472

US 511, 535 (1985). Ahora bien, no quiere decir que la acción de un

funcionario público está protegida por la inmunidad cualificada sólo

porque no haya sido previamente considerada ilegal. Íd. Pues,

responderá si, a la luz del derecho vigente, su acción es

evidentemente ilegal. Íd. En tal eventualidad, es pertinente examinar

las normas de conducta de los oficiales correccionales para
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determinar si el oficial demandado violó derechos claramente

establecidos de la persona confinada. Treats v. Morgan, supra.

                                 -IV-

      En el caso ante nuestra consideración, el Estado recurre ante

una determinación del TPI en la que se declaró No Ha Lugar la Moción

solicitando desestimación, apuntando que, al amparo de la doctrina

de inmunidad condicionada, la Demanda dejó de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio por parte del

oficial Mercado Borrero.

      De una lectura sosegada del expediente ante nuestra

consideración, consideramos que le asiste la razón al peticionario.

Incluso consideradas favorablemente las alegaciones a favor del

demandante-recurrido, notamos que los alegados actos del oficial

Mercado Borrero fueron cometidos como parte de sus funciones

oficiales. Con relación al incidente del 25 de agosto de 2021, a la luz

del Reglamento Núm. 9221 del DCR, el oficial Mercado Borrero tenía

la facultad de presentar una querella contra el señor Madera

González si tenía motivo fundado o conocimiento de que cometió

alguna infracción a las normas o los reglamento del DCR. De igual

forma, referente a los hechos del 29 de agosto de 2021, conforme a

las propias alegaciones, no se derrotaría la inmunidad condicionada,

incluso si consideráramos la posibilidad de la existencia de cierta

negligencia en el ejercicio de los deberes del cargo ocupado por el

peticionario. No podemos perder de perspectiva que el peticionario

tiene entre sus funciones oficiales mantener el orden, así como la

seguridad dentro de la institución correccional.

      En consecuencia, expedimos el auto de certiorari y revocamos

la determinación del TPI en declarar No Ha Lugar a la desestimación

de la demanda en cuanto al carácter personal del peticionario.
KLCE202301326                                                      12

                                 -V-

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la determinación recurrida, ordenando la

desestimación de la demanda en cuanto al oficial Mercado Borrero en

su carácter personal.

      Notifíquese a todas las partes. El DCR deberá entregar copia

de la presente Sentencia al señor Madera González en cualquier

institución correccional donde se encuentre.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones