Court Opinion

ID: 9952393
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:48:09.655362+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:17.873036
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VII

CARLOS MANUEL URRUTIA                             Certiorari
   BRUZÓN Y OTROS                                 procedente del
                                                  Tribunal de
          Recurrida                               Primera Instancia,
                                                  Sala de Bayamón
               v.              KLCE202301370
                                                  Sobre:
MUNICIPIO DE GUAYNABO                             Caída
       Y OTROS
                                                  Caso Número:
         Peticionaria                             GB2019CV00431
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

      La parte peticionaria, el Municipio Autónomo de Guaynabo,

comparece ante nos para que dejemos sin efecto una determinación

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 4

de octubre de 2023, notificada el 6 de octubre de 2023. Mediante la

misma, el foro primario declaró No Ha Lugar una solicitud de

desestimación promovida por la parte peticionaria. Lo anterior,

dentro de una acción sobre daños y perjuicios incoada en su contra

por los aquí recurridos, Carlos M. Urrutia Bruzón, su señora esposa,

Neriana Vicenty de Cardona y la Sociedad Legal de Gananciales por

ambos compuesta.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

                                  I

      El 10 de abril de 2019, los recurridos presentaron la demanda

de epígrafe en contra de, entre otros codemandados, el Municipio

compareciente. Una vez trabada la controversia, y tras acontecidas

múltiples incidencias no pertinentes al asunto que nos ocupa, el 12

Número Identificador
RES2024 ________________
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de julio de 2023, se dio inicio a una vista evidenciaria sobre el

criterio de negligencia en litigio.      El 4 de octubre de 2023 se

continuaron los procedimientos inherentes a la referida audiencia.

        Conforme surge de la Minuta del 4 de octubre de 2023,

durante la vista en cuestión, la entidad peticionaria, por conducto

de sus representantes legales, solicitó la desestimación de la

demanda de epígrafe al amparo de lo dispuesto en la Regla 39.2 (c)

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c). El Tribunal de

Primera Instancia denegó la referida solicitud en corte abierta. La

Minuta de los procedimientos se notificó el 6 de octubre de 2023.

        En desacuerdo con lo anterior, el 19 de octubre de 2023, la

parte       peticionaria   presentó    una   Moción   en    Solicitud   de

Reconsideración a Determinación Notificada Mediante Minuta el 6 de

octubre 2023. Ahora bien, conforme surge de los documentos de

autos y del expediente electrónico del caso de epígrafe, en igual

fecha, las codemandadas, Caparra Center Associates y QBE

Insurance       Company,     también    presentaron   una     Moción    de

Reconsideración respecto a la denegatoria antes aludida. Surge que,

respecto a ambos pliegos, se presentaron los correspondientes

escritos en oposición.

        Así las cosas, el 7 de noviembre de 2023, mediante Orden a

los efectos, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la

reconsideración promovida por el Municipio peticionario. Sin

embargo, el foro de origen no ha adjudicado la reconsideración

promovida por las codemandadas Caparra Center Associates y QBE

Insurance Company.

        El 5 de diciembre de 2023, la parte peticionaria compareció

ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En esencia,

impugna la legitimidad de la denegatoria a la desestimación que

solicitó.

        Procedemos a expresarnos.
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                                  II

                                  A

      La moción de reconsideración constituye el mecanismo

procesal que facilita al juzgador de hechos reexaminar su proceder

en cuanto a una controversia sometida a su escrutinio para que, en

determinado período, resuelva si es meritorio que sea enmendado o

que quede sujeto a una mayor evaluación. Caro v. Cardona¸ 158

DPR 592, 597 (2003). De este modo, los foros judiciales tienen la

facultad de reconsiderar sus dictámenes, siempre que ostenten

jurisdicción sobre el caso. Div. Empleados Públicos UGT v. CEMPR,

2023 TSPR 107, 212 DPR ___ (2023).

      A tenor con la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 47, la parte adversamente afectada por una orden o resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia puede servirse del

término de quince (15) días desde la fecha de notificación de la

misma, para solicitar su correspondiente reconsideración, mediante

moción a tal fin. El referido plazo es uno de cumplimiento estricto.

Ahora bien, en cuanto a la implicación procesal de una oportuna

moción de reconsideración, el referido estatuto dispone como sigue:

      […]

      Una vez presentada la moción de reconsideración,
      quedarán interrumpidos los términos para recurrir
      en alzada para todas las partes. Estos términos
      comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que
      se archiva en autos copia de la notificación de la
      resolución resolviendo la moción de reconsideración.

      […].

      32 LPRA Ap. V, R. 47. (Énfasis nuestro.)

                              B

      Por su parte, la jurisdicción se define como el poder o

autoridad del cual dispone un tribunal para atender y adjudicar

casos o controversias. FCPR v. ELA et al, 211 DPR 521, 529 (2023);

Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); SLG.
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Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).             Es

premisa cardinal en nuestro estado de derecho que los tribunales de

justicia deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando

obligados a considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento

del mismo. De ahí que las cuestiones relativas a la jurisdicción son

de carácter privilegiado y las mismas deben resolverse con

preferencia a cualesquiera otras. Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200

DPR 364, 372 (2018); Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254,

268 (2018); Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652,

660 (2014); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 297

(2016). La falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada

y, ante lo determinante de este aspecto, el mismo puede

considerarse, incluso, motu proprio. Mun. de San Sebastián v. QMC

Telecom, supra.

      En el anterior contexto y relativo a la causa que nos ocupa, la

doctrina vigente establece que un recurso prematuro, al igual que

uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de

jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta instancia, el mismo carece

de eficacia jurídica. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288,

299 (2022). Un recurso en alzada que se presenta antes de tiempo

no produce efecto jurídico alguno, puesto que no existe autoridad

judicial para acogerlo. Íd.

      De otro lado, en materia de derecho apelativo, y conforme al

ordenamiento procesal vigente, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b), establece que los recursos de

certiorari sometidos a la consideración del Tribunal de Apelaciones

para revisar resoluciones u órdenes emitidas por el Tribunal de

Primera Instancia, deberán ser presentados dentro del término de

treinta (30) días a partir de la fecha de notificación de la resolución

u orden recurrida. Por su parte, la Regla 32 (D) del Reglamento del
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Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), establece

igual periodo para la formalización de dicho recurso.

                                       III

      La parte peticionaria recurre de una Resolución notificada el

6 de octubre de 2023, mediante la cual se denegó una solicitud de

desestimación. Respecto a la misma, oportunamente presentó una

solicitud de reconsideración que, ciertamente tuvo un efecto

interruptor sobre los procedimientos. Dicha petición se declaró No

Ha Lugar mediante Orden del 7 de noviembre de 2023.

      Ahora bien, aun cuando el tribunal primario adjudicó la

referida solicitud de reconsideración, el término para acudir ante

nos no ha retomado su curso. De los documentos que obran en

autos surge que las codemandadas en el pleito de epígrafe, Caparra

Center      Associates    y    QBE    Insurance     Company,     igualmente

solicitaron la reconsideración de lo resuelto. Sin embargo, respecto

a esta petición, ni en la prueba que compone el expediente que

atendemos, ni en los registros del caso de epígrafe en el Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), surge que

el Tribunal de Primera Instancia haya adjudicado la misma.

      Reiteramos         que   la    presentación   de    una   moción   de

reconsideración, cuando es oportuna y cumple con las exigencias

legales pertinentes, tiene el efecto de interrumpir el término legal y

reglamentario aplicable para acudir en alzada, ello hasta tanto se

notifique      adecuadamente          la     resolución    atendiendo     la

reconsideración. En el caso de autos, aún queda pendiente de

adjudicación la Moción de Reconsideración presentada por las

codemandadas en el pleito que nos ocupa. Por tanto, en

consideración      a     lo    expresamente       dispuesto     en   nuestro

ordenamiento procesal, en la presente causa, los términos para

acudir en alzada aún continúan interrumpidos, hasta tanto el foro

de origen se exprese sobre la reconsideración propuesta por las
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codemandadas Caparra Center Associates y QBE Insurance

Company. Siendo así, resulta correcto concluir que el recurso de

epígrafe es un llamado anticipado al ejercicio de nuestras funciones.

Por lo tanto, solo podemos proveer para su desestimación por

carecer de jurisdicción para acogerlo. Advertimos que el Tribunal de

Primera Instancia debe esperar la emisión del mandato por parte de

este Foro para poder resolver la reconsideración pendiente.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente

recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones