Court Opinion

ID: 9928603
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:59.458048+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:40.364518
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL II

  DIANA CABRERA TORRES                         Apelación
                                               procedente del
            Apelante                           Tribunal de
                                 KLAN202300925 Primera
                                               Instancia, Sala
                v.                             de Bayamón

                                                   Caso Núm.
    PAN PEPÍN, INC.                                BY2023CV00696
COMPAÑÍA ASEGURADORA A
                                                   Sobre:
            Apelada                                Represalia;
                                                   Discrimen;
                                                   Despido
                                                   Injustificado;
                                                   Procedimiento
                                                   Sumario

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

                                 I.

      El 8 de febrero de 2023 la Sra. Diana Cabrera Torres presentó

una Querella contra Pan Pepín, Inc. y su aseguradora, mediante el

procedimiento sumario de Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,

según enmendada. Solicitó la concesión de remedios bajo la Ley 100

del 31 de agosto de 2004. Incluyó en la Querella tres causas de

acción: despido injustificado, bajo lo codificado en la Ley Núm. 80

de 30 de mayo de 1976, según enmendada; discrimen laboral bajo

la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada; y

represalias en el empleo, bajo la Ley Núm. 115-1991, según

enmendada.

      Específicamente       alegó     haber      sido    despedida

constructivamente luego de haber presentado una querella ante la

Unidad del Departamento del Trabajo (UAD) y la Oficina de Igualdad

en el Empleo Federal (EEOC) por haber sido víctima de discrimen

Número Identificador

SEN2023__________
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laboral después de haber solicitado un acomodo razonable por su

condición de salud. Al respecto, la señora Cabrera Torres fue

diagnosticada con varias condiciones respiratorias causadas por su

trabajo al recibir servicios en la Corporación del Fondo del Seguro

del Estado (CFSE), entre ellos broncoespasmos y asma. Tanto CFSE

como la señora Cabrera Torres notificaron a Pan Pepín de tales

condiciones y de la necesidad de un acomodo razonable. El 7 de julio

de 2020, ocurrió la renuncia causada, según la señora Cabrera

Torres, por la reiterada negativa de Pan Pepín en brindarle el

acomodo    solicitado,   incurriendo   en   atropellos   y   conductas

discriminatorias.

      En su Contestación a Querella de 10 de abril de 2023, Pan

Pepín negó las alegaciones de la señora Cabrera Torres, presentó

defensas afirmativas y solicitó la desestimación de la Querella. Como

parte de su alegación responsiva, Pan Pepín incluyó un alegado

trasfondo laboral de la señora Cabrera Torres, del cual surge que

previo a su renuncia, esta fue sujeto de una investigación interna

motivada por múltiples acciones disciplinarias y quejas de sus

subordinados sobre su comportamiento hostil. Además, arguyeron

que la señora Cabrera Torres no podía ejercer las funciones del

puesto, aunque le fuera provisto el acomodo.

      Así las cosas, el 6 de junio de 2023, Pan Pepín presentó Moción

de Sentencia Sumaria y solicitó la desestimación del recurso. Fundó

la misma en que las alegaciones presentadas en la Querella se

encontraban prescritas debido a que el evento principal había

ocurrido previo al 8 de febrero de 2020. En respuesta, el 26 de junio

de 2023, la señora Cabrera Torres presentó Oposición a Solicitud de

Sentencia Sumaria Presentada por la Parte Querellada Pan Pepín, Inc.

y Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria a Favor de la Parte

Querellante de Epígrafe. Por su parte, el 21 de julio de 2023, Pan

Pepín presentó Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria a Favor de
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la Parte Querellante del Epígrafe” y Réplica a “Oposición a Solicitud

de Sentencia Sumaria Presentada por la Parte Querellada Pan Pepín,

Inc.”.

         Evaluadas las mociones, el 5 de octubre de 2023, el Tribunal

de Primera Instancia emitió Sentencia Parcial y Orden declarando

“Ha Lugar” la Moción de Sentencia Sumaria y desestimando con

perjuicio las causas de acción de despido injustificado, discrimen en

el empleo y discrimen por impedimento. Concluyó que, aunque el

término prescriptivo de un año comenzó el 1 de julio de 2020, día

en que la señora Cabrera Torres sometió su carta de renuncia, este

fue pausado al acudir al Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos. Por ello, dicho término reinició el 1 de febrero de 2022,

fecha en que la Directora de la Unidad de Antidiscrimen notificó a

Pan Pepín y a la señora Cabrera Torres autorización para

desistimiento voluntario y el cierre de caso ante la Agencia. Es decir,

a partir de dicha notificación, la señora Cabrera Torres tenía hasta

el 1 de febrero de 2023, para presentar la Querella ante el Tribunal

de Primera Instancia. Por ende, para el 8 de febrero de 2023, día en

que se presentaron las causas de acción, ya estaban prescritas. En

cuanto a la acción por represalias, el Foro primario declaró “No Ha

Lugar” la Moción de Sentencia Sumaria y ordenó la continuación de

los procedimientos, ya que persistían controversias de hechos que

impedían la resolución definitiva del pleito en aquel momento.

         Insatisfecha con el proceder del Foro primario, el 16 de

octubre de 2023, la señora Cabrera Torres presentó un Recurso de

Apelación Civil. Sostiene:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón al
         declarar; (A) Ha Lugar la Solicitud de Sentencia
         Sumaria de la parte Querellada de manera parcial, al
         concluir que el término prescriptivo para instar la
         causa de acción por discrimen se inició a partir de
         que el Secretario del Departamento del Trabajo y
         Recursos Humanos del ELA notificó por correo
         ordinario la determinación del cierre administrativo
         ante la UAD y acogió la fecha del matasello del sobre
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       de dicha determinación al resolver que la acción al
       amparo tanto de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de
       1959, según enmendada como de la Ley Núm. 80 de
       30 de mayo de 1976, de Diana Cabrera Torres
       estaban prescritas.

       El 17 de octubre de 2023, emitimos Resolución, concediéndole

término de treinta (30) días a Pan Pepín para expresarse en torno al

presente recurso. A esos efectos, el 26 de octubre de 2023, Pan Pepín

compareció mediante Moción de Desestimación. Señala que el Foro

a quo no fue debidamente notificado por la señora Cabrera Torres

de la presentación del recurso, incumpliendo con la Regla 14(B) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

       Evaluada la Moción, el 28 de noviembre de 2023, emitimos

Resolución concediéndole término de diez (10) a la señora Cabrera

Torres para que se expresara. Ello así, el 8 de diciembre de 2023, la

señora     Cabrera      Torres     compareció       mediante      Moción      en

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Moción de Desestimación.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso incoado.

                                      II.
                                      A.

       Sabemos que los tribunales debemos ser celosos guardianes

de nuestra jurisdicción.1 Cabe puntualizar que “[l]a jurisdicción es

el poder o autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir

casos o controversias”.2 Las cuestiones relativas a la jurisdicción,

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a

cualesquiera otras.3 Por lo que, los tribunales tienen el deber

1 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Vázquez v. ARPE, 128

DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980);
Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).
2 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122

(2012); Asoc. Punta Las Marías v. ARPE, 170 DPR 253, 263 [nota al calce núm. 3]
(2007); Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 456 (2012).
3 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364
(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).
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indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder

atender los recursos presentados ante éstos.4

       Los tribunales no pueden atribuirse jurisdicción si no la

tienen, ni las partes en litigio pueden otorgársela.5 Así, cuando un

tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.6 Debido a

que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.7

                                       B.

       Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en diversas ocasiones

que los reglamentos para perfeccionar los recursos, ante los foros

apelativos, deben observarse rigurosamente.8 Si bien es cierto que

un foro apelativo debe aplicar su reglamento de manera flexible, no

es menos cierto que esta aplicación se circunscribe a:

       “[s]ituaciones muy particulares, en las cuales tal
       flexibilidad estaba plenamente justificada, como
       cuando se trata de un mero requisito de forma, de
       menor importancia, o cuando el foro apelativo ha
       impuesto una severa sanción de desestimación sin
       antes haber apercibido a la parte debidamente. Ninguna
       de tales expresiones nuestras debe interpretarse como
       que da licencia a las partes o al foro apelativo para
       soslayar injustificadamente el cumplimiento del
       reglamento de ese foro…”.9

       Por tanto, este Tribunal tiene la discreción para decidir si

procede desestimar un recurso por razón de incumplimiento con

nuestro     Reglamento.       Desde     esa    perspectiva,      veamos      las

disposiciones aplicables y relevantes para el perfeccionamiento de

un recurso de apelación.

4 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005);

Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
5 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
6 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Carattini v. Collazo Systems Analysis

Inc., 158 DPR 345, 355 (2002); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002)
7 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Maldonado, 171 DPR, pág. 55;

Souffront, 164 DPR, pág. 674; Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
8 M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159,

176 (2012); Véase: García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007); Pellot v. Avon,
160 DPR 125 (2003); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998); Matos v. Metropolitan
Marble Corp., 104 DPR 122 (1975).
9 Arriaga, 145 DPR, pág. 130.
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       La Regla 14(B) de nuestro Reglamento, rectora de la

presentación y notificación de la apelación civil, dispone:

       [D]e presentarse el original del recurso de apelación
       en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto
       con el arancel correspondiente, la parte apelante
       deberá notificar la cubierta o primera página del
       escrito de apelación debidamente sellada con la
       fecha y hora de presentación, a la Secretaría de la
       sede del Tribunal de Primera Instancia que haya
       dictado la sentencia apelada, dentro de las setenta
       y dos (72) horas siguientes a la presentación del
       escrito de apelación. Este término será de
       cumplimiento estricto.10

       De lo antes citado claramente puede observarse que, al

presentar un recurso de apelación ante la Secretaría de este

Tribunal, la parte viene obligada a notificar al foro apelado de la

presentación del recurso dentro de las setenta y dos (72) horas

posteriores a la presentación del recurso. Este requisito es de

cumplimiento estricto, por lo que la parte debe presentar justa

causa para su incumplimiento. De conformidad con ello, nuestra

revisión sobre un recurso de apelación depende de la rigurosidad y

diligencia con la que el apelante cumple con las disposiciones de

nuestro Reglamento.

       Existe una diferencia entre un requisito de cumplimiento

estricto y un requisito jurisdiccional. Los Tribunales pueden

extender discrecionalmente un término de cumplimiento estricto o

permitir su cumplimiento tardío solo cuando la parte que lo solicita

demuestre justa causa para la tardanza. Por consiguiente, los foros

adjudicativos pueden eximir a una parte del requisito de observar

fielmente un término de cumplimiento estricto si: 1) en efecto existe

justa causa para la dilación y, 2) si la parte le demuestra

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la

dilación. Es decir, que la parte interesada le acredite al tribunal de

manera adecuada la justa causa aludida.

10 Énfasis nuestro.
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       En ausencia de justa causa, el tribunal no tiene discreción

para prorrogar el término y, en consecuencia, expedir el recurso. En

Arraiga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado,11 nuestro más alto

Foro dispuso que, no es con vaguedades, excusas o planteamientos

estereotipados que se cumple con el requisito de justa causa, sino

con    explicaciones      concretas      y     particulares,   debidamente

evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o

demora ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales.12

                                      III.

       De un examen minucioso del expediente y sus anejos, así

como del Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC), se

desprende que nunca se entregó la cubierta o primera página del

recurso apelativo al Tribunal de Primera Instancia sellada. Según la

mencionada Regla 14(B), la parte tiene la obligación de entregar al

Foro a quo específicamente la cubierta o primera página del recurso

apelativo sellada con la fecha y hora de su presentación. Dicha

obligación subsiste si se optare por presentarse el recurso de forma

virtual.

       De igual forma, el que la señora Cabrera Torres haya radicado

una Moción al Expediente Judicial informando haber presentado el

recurso ante nos, tampoco substituye ni subsana el haberse

abstenido de cumplir con la reglamentación. En ausencia de la

requerida notificación de la Regla 14(B) del Reglamento, sin que la

señora Cabrera Torres haya esgrimido razón o causa justificada

alguna para su incumplimiento, carecemos de jurisdicción para

atender el recurso.

                                      IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso

apelativo por falta de jurisdicción.

11 145 DPR 122 (1998).

12 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).
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     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones