Court Opinion

ID: 9962740
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:47:51.754327+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:08.446119
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

                                                                APELACIÓN acogida
                                                                como recurso de
                                                                REVISIÓN
                                                                procedente de la Junta
      IN RE: ING. ÁNGEL                                         de Planificación del
    RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,                                          Gobierno de Puerto
                                        KLAN202400077           Rico.
            Recurrente.
                                                                Querella.:
                                                                2022-SRQ-009732.

                                                                Sobre:
                                                                número de permiso
                                                                2019-279203-PUS-
                                                                065158.

                                                   Núm. de auditoría:
                                                   2022-AUD-00157.
 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                     SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2024.

         El Ing. Ángel Rodríguez Sánchez (ingeniero Rodríguez Sánchez o

 recurrente) instó este recurso de apelación1 el 22 de enero de 2024. Nos

 solicita la revisión de una Resolución emitida y notificada el 22 de

 noviembre de 2023, por la Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta de

 Planificación o Junta). Mediante esta, la Junta de Planificación acogió el

 Informe y Recomendación del Oficial Auditor de Permisos Interino a la

 Junta de Planificación y, en consecuencia, suspendió al recurrente por un

 término de dos (2) años de su credencial como Profesional Autorizado y le

 impuso una multa de veinticinco mil dólares ($25,000.00).

         Evaluado el recurso y la oposición al mismo, confirmamos la

 determinación emitida por el foro administrativo.

 1 Conforme le fuera apercibido al recurrente en la Resolución que fue notificada el 22 de

 diciembre de 2023, el recurso apropiado para revisar dicha determinación administrativa
 es el recurso de revisión judicial. Nos remitimos, además, a lo dispuesto en la Ley de
 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, en su Sec. 4.2 LPRA
 sec. 9672. No obstante, en ánimo de agilizar los procedimientos, mantenemos la
 designación alfanumérica otorgada por la Secretaría de este Tribunal.

Número identificador

SEN2024_________________
KLAN202400077                                                                           2

                                            I

        El 16 de marzo de 2022, la señora Arlene M. Figueroa Díaz, técnica

de permisos de la Oficina Regional de Permisos de Salinas del Consorcio

CCVS2, solicitó a la Junta de Planificación la auditoría de un permiso de

uso núm. 2019-279203-PUS-065158, objeto de controversia en la Querella

número 2022-SRQ-008850, que se había presentado ante el Consorcio

CCVS. En esencia, alegó que, el 3 de septiembre de 2019, el ingeniero

Rodríguez Sánchez otorgó un permiso de uso3 a favor del señor Miguel

Flores Torres, para un lote ubicado en la comunidad Las Mareas en

Salinas, con el propósito de solicitar el cambio de nombre para las

utilidades del servicio de agua, el cual contenía ciertas incongruencias4 en

la evidencia documental que se había utilizado para expedir el permiso.

        A la luz de ello, el 20 de abril de 2022, la Junta de Planificación le

remitió al recurrente un informe intitulado Notificación de Hallazgos

Preliminares de Auditoría5, en el cual le concedió un término de quince (15)

días para presentar los documentos o la información que aclarara o

señalara alguna deficiencia respecto al informe de hallazgos. En lo

pertinente, la Junta apuntó que el predio objeto del permiso estaba ubicado

en una zona delimitada como barrera costera6 y que estaba identificado

como Reserva Nacional de Investigaciones Estuarina de Bahía de Jobos.

En virtud de lo anterior, concluyó que el recurrente había fallado en su

función como Profesional Autorizado al aprobar el permiso en una zona

restringida.

2 Consorcio compuesto por los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas.

3 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 71-72.

4 En específico, el informe de hallazgos apuntó que la prueba documental sometida
reflejaba que el recurrente había utilizado como evidencia de titularidad una escritura de
compraventa de participación hereditaria en común proindiviso, sin que se incluyera la
autorización de todos los dueños. Además, concluyó que se había expedido el permiso
sin que mediase un permiso único previo. Por lo anterior, la recomendación del informe de
hallazgos era que la Junta auditara el permiso de uso núm. 2019-27903-PUS-06518.

5 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 16-24.

6Íd., a la pág. 18. Barrera Costera o Coastal Barrier constituye una declaración del
Gobierno Federal de no participar y desestimar el desarrollo de dichas áreas.
KLAN202400077                                                             3

        Respecto a los documentos contenidos en el expediente, el informe

apuntó que el ingeniero Rodríguez Sánchez no había presentado el

permiso único vigente, según requerido por el Reglamento Núm. 9081,

también conocido como Reglamento Conjunto para la Evaluación y

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y

Operación de Negocios (Reglamento Núm. 9081 o Reglamento Conjunto),

que se aprobó el 7 de mayo de 2019. De igual forma, indicó que el

expediente no reflejaba la obtención de un permiso de construcción previo.

Agregó que el recurrente había presentado como evidencia de titularidad

una escritura sobre compraventa de participación hereditaria en común

proindiviso, la cual carecía de varias páginas, por lo que presentaba dudas

sobre la titularidad de los terrenos. Así pues, el informe recomendó que no

se aprobara el permiso.

        Oportunamente, el 27 de mayo de 2022, el ingeniero Rodríguez

Sánchez presentó su Moción fijando posición en cuanto a auditoría 2022-

AUD-001577. En síntesis, argumentó que sus actuaciones no fueron mal

intencionadas y que había cumplido los requisitos de la Ley Núm. 161-

2009, también conocida como Ley para la Reforma de Permisos de Puerto

Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011, et seq. (Ley Núm. 161-2009).

Sostuvo que no se consideraron trámites previamente autorizados, los

cuales no fueron cuestionados en su momento. Respecto a la escritura,

planteó que la falta de partes constituía un error subsanable. Por último,

expuso que estaba impedido de realizar una investigación completa dado

que era la Junta quien tenía la información relacionada con las gestiones

anteriores al permiso que él había autorizado.

        Posteriormente, el 9 de junio de 2022, la Oficina de Auditoría de la

Junta de Planificación presentó su Informe Final de Auditoría8. Dicho

informe concluyó que la totalidad del predio de terreno correspondiente al

permiso otorgado por el recurrente había sido declarada zona de reserva

7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 24- 30.

8 Íd., a las págs. 31-38.
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natural, conforme a la reglamentación federal y estatal pertinente, y se

encontraba en una zona delimitada como barrera costera. Especificó que

la barrera costera constituía una declaración del Gobierno Federal, cuyo fin

era evitar el desarrollo de dichas áreas. Apuntó que los datos reflejaban

que el predio de terreno se encontraba en un 98% en el distrito de

preservación de recursos9.

        Además, el informe final concluyó que existía una falta de claridad

en la titularidad del predio, toda vez que se había presentado una escritura

incompleta. Asimismo, indicó que el ingeniero Rodríguez Sánchez no

presentó el permiso de uso previamente aprobado. Respecto a la Moción

fijando posición en cuanto a auditoría 2022-AUD-00157, concluyó que el

recurrente no había presentado argumento o evidencia documental alguna

que sustentara la legalidad del permiso, por lo que mantenía los

señalamientos preliminares. A la luz de ello, concluyó que las deficiencias

del permiso no eran subsanables, por lo que recomendó revocar el

permiso, paralizar la obra y emitir una multa.

        Luego de evaluar los hallazgos y recomendaciones de la Oficina de

Auditoría, el 31 de agosto de 2022, la Junta de Planificación emitió una

Resolución10 en la cual acogió el Informe Final de Auditoría. A su vez, refirió

dicho informe al Consorcio CVVS para que actuase de conformidad a la

querella instada, procediera a solicitar la revocación del permiso y

continuara con el trámite ordinario de la querella presentada en contra del

recurrente.

        Inconforme con el dictamen de la Junta de Planificación, el 11 de

octubre de 2022, el recurrente presentó un recurso de revisión judicial ante

este foro, al cual se le asignó el alfanumérico KLRA20220056511. En este,

9 El Distrito de PR (preservación de recursos) comprende propiedades o partes de estas

cuyo orden natural existente debe mantenerse a un máximo. En dicho Distrito no se
permitirá construcción alguna, excepto las relacionadas con estudios científicos.
10 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 39-43.

11 Véase, apéndice de la Oposición a recurso de revisión, a las págs. 1-24.
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solicitó se revocase la Resolución del 31 de agosto de 2022. En específico,

formuló los siguientes señalamientos de error:

      Erró la Junta de Planificación en haber comenzado una
      auditoría de un permiso final y firme bajo el amparo del
      Artículo 9.10 de la ley 161 de 2009 sin que existieran
      expresamente delimitados los elementos de fraude, dolo,
      engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito
      en el otorgamiento o denegación [sic] de la determinación
      final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura
      represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones
      ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y
      el permiso otorgado, como requiere el más estricto debido
      proceso de ley.

      Erró la Junta de Planificación en comenzar un proceso de
      Auditoría de un permiso final y firme que no comienza con
      una querella al amparo del artículo 9.10 la Ley 161 de 2009,
      sino con la solicitud tardía de una auditoría que no se alegara
      nada en específico, no le fuera notificada al Profesional
      Autorizado y en donde no se alegaba los elementos de
      fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de
      algún otro delito en el otorgamiento o denegación [sic] de la
      determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que
      la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a
      condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación
      final emitida y el permiso otorgado, como requiere el más
      estricto debido proceso de ley.

      Erró la Junta de Planificación en no garantizar al Profesional
      Autorizado el más estricto Debido Proceso de Ley que exige
      el Artículo 9.10 de la ley 161 de 2009.

      Erró la Junta de Planificación en permitir una evaluación
      presentada en violación a los requisitos impuestos por la Ley
      161 de 2009 de un permiso final y firme.

      Erró la Junta de Planificación en emitir una Resolución
      basada en evidencia secreta que no consta en el expediente
      administrativo, entiéndase la querella alegadamente
      presentada en el Consorcio que da origen a todo el trámite de
      auditoría, privando a la Recurrente de conocer la legitimación
      del querellante, alcance de su querella y cumplimiento
      procesal con la presentación de la misma; en la alternativa la
      Junta omite en su Resolución adjudicar hechos
      fundamentales procesales en su Resolución como lo es el
      alegado contenido de la querella.

      Atendido el recurso, un panel hermano dictó Sentencia el 30 de

noviembre de 2022. En síntesis, determinó que: (1) en el informe de

auditoría final surgía evidencia suficiente para rebatir la presunción de

corrección y validez del permiso; (2) la Junta podía comenzar la

investigación motu proprio, y que el término de noventa días (90) para

efectuar auditorías aplicaba, únicamente, a las auditorías aleatorias, y no a

aquellas que fueran presentadas mediante querella; (3) al recurrente se le
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notificó sobre los hallazgos de las presuntas faltas y se le concedió término

para responder a dichos hallazgos, por lo que se le garantizó el debido

proceso de ley; (4) la decisión se basó en el expediente administrativo; (5)

el Consorcio CCVS12 era quien poseía la autoridad para presentar la

querella y solicitar una auditoría ante la Junta.

         A la luz de ello, concluyó que la determinación de la Junta fue

correcta y que esta no había actuado de manera arbitraria, ilegal,

irrazonable o fuera del marco de sus poderes. Por tanto, confirmó el

dictamen recurrido.

         En desacuerdo con la determinación de este foro, el recurrente

presentó una moción de reconsideración. No obstante, el 30 de noviembre

de 2023, el referido panel emitió una Resolución13 que declaró sin lugar la

misma.

         Aún inconforme, el ingeniero Rodríguez Sánchez presentó una

Petición de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico14. No

obstante, el 24 de marzo de 2023, dicho foro denegó la expedición del auto.

         De otra parte, luego de celebrada una vista administrativa, el 18 de

octubre de 2023, el Oficial Auditor de Permisos Interino presentó su Informe

y Recomendación del Oficial Auditor de Permisos Interino a la Junta de

Planificación15, en el cual recomendó suspender al recurrente por el

término de un (1) año y la imposición de una multa de $5,000.00 En lo

pertinente, concluyó que el recurrente había realizado un trámite de cambio

de nombre a una propiedad, sin cumplir con lo establecido en la Ley Núm.

161-2009 y el Reglamento Conjunto. En específico, determinó que el

ingeniero Rodríguez Sánchez emitió dicho permiso en una propiedad que

se encontraba localizada en terrenos en los que las leyes federales y

12 Véase, apéndice de la Oposición a recurso de revisión, a la pág. 23. Véase, además,

Convenio de Transferencia de Facultades sobre la Ordenación Territorial a la Oficina de
Permisos y la Oficina de Ordenación Territorial del Consorcio CCVS, integrado por los
Municipios Autónomos de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas del 26 de diciembre de 2016.

13 Véase, apéndice de la Oposición a recurso de revisión, a la pág. 74.

14 Íd., a la pág. 75.

15 Véase, apéndice del recurso, a las págs.7-15.
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estatales prohibían el desarrollo de construcción. Reiteró que el recurrente

emitió el permiso sin tener el permiso único anterior, contrario a la Sección

3.7.1.5 del Reglamento Conjunto.

        Por otra parte, el Oficial Auditor consignó que la Junta tenía

jurisdicción para atender la controversia, toda vez que en el foro primario

se ventilaba una controversia con relación a la revocación de dicho

permiso. Mientras que, en el caso del título, la controversia giraba en torno

a las sanciones impuestas al recurrente en su capacidad de Profesional

Autorizado. Además, aclaró que la Junta de Planificación ostentaba

jurisdicción para investigar y resolver querellas contra profesionales

autorizados, cuando estos actuasen contrario a las facultades delegadas.

Afirmó que al recurrente se le había notificado de la presentación de la

querella, los hechos que configuraban las infracciones, se le había

apercibido de su derecho a presentar evidencia exculpatoria y a solicitar

una vista administrativa. Asimismo, aclaró que el recurrente tuvo acceso al

expediente de la querella, y tuvo la oportunidad de presentar evidencia y

solicitar la citación de testigos en la vista administrativa. A tales efectos,

razonó que se habían satisfecho las garantías procesales que exigía el

debido proceso de ley.

        Inconforme, el 17 de octubre de 2023, el señor Rodríguez Sánchez

presentó su Moción solicitando desestimación o archivo de querella16. En

síntesis, alegó que se había instado una demanda de injunction ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, con el

alfanumérico GM2023CV0072. Sostuvo que, ante la presentación de la

referida causa de acción, la Junta carecía de jurisdicción, según el Art. 14.1

de la Ley Núm. 161-2009. Adujo que, tanto el informe preliminar de

auditoría, como la notificación de hallazgos preliminares y el pleito ante el

foro primario, trataban sobre los mismos hechos, por lo que procedía la

desestimación de la querella.

16 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 45-47.
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        Luego de examinar los planteamientos de las partes, el 22 de

diciembre de 2023, la Junta de Planificación emitió una Resolución17,

notificada el mismo día, en la cual acogió el Informe y Recomendación del

Oficial Auditor de Permisos Interino a la Junta de Planificación, suspendió

al recurrente por un término de dos (2) años y le impuso una multa de

$25,000.00.

        A la luz de ello, el 22 de enero de 2024, el recurrente presentó este

recurso18, en el que apuntó la comisión de los siguientes errores:

        Erró la Junta de Planificación al dictar Resolución en relación
        a [sic] una auditoría de un permiso final y firme bajo el palio
        del Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009 sin cumplir con los
        criterios para ello.

        Erró la Junta de Planificación al confirmar la auditoría
        realizada al Ingeniero Rodríguez Sánchez sin que existieran
        expresamente delimitados los elementos de fraude, dolo,
        engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún otro delito
        en el otorgamiento o denegación [sic] de la determinación
        final o del permiso, o en aquellos caso en que la estructura
        represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones
        ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y
        el permiso otorgado, como requiere el más estricto debido
        proceso de ley.

        Erró la Junta de Planificación al llevar a cabo un proceso de
        Auditoría de un permiso final y firme que no comienza con
        una querella contra el Ingeniero Ángel Rodríguez al amparo
        del artículo 9.10 de la Ley 161 de 2009, sino con la solicitud
        tardía de una auditoría que no se alegara nada en específico,
        ni le fuera notificada al Profesional Autorizado, aquí apelante.

        Erró la Junta de Planificación al basar su determinación en
        evidencia inadmisible y que claramente viola el derecho
        constitucional del apelante al Debido Proceso de Ley.

        El 21 de febrero de 2024, la Junta de Planificación presentó su

oposición al recurso de revisión judicial.

        Examinados los escritos de las partes y la Resolución dictada por la

apelada, resolvemos.

17 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-6.

18 En la misma fecha, el recurrente presentó una Moción urgente en auxilio de jurisdicción.

En síntesis, alegó que la suspensión de su credencial y la imposición de una multa
violentaba su derecho a un debido proceso de ley, toda vez que se afectaron sus derechos
propietarios y se violentaba su derecho constitucional a ganarse el sustento por medio del
trabajo. Cónsono con lo anterior, solicitó se decretase la nulidad de la Resolución del 22
de diciembre de 2023; en la alternativa, que se dejara en suspenso la suspensión para
fungir como profesional autorizado, hasta tanto este foro atendiera el recurso en los
méritos. El 23 de enero de 2023, emitimos una Resolución en la cual declaramos sin lugar
la Moción urgente en auxilio de jurisdicción.
KLAN202400077                                                                               9

                                              II

                                              A

        Tal cual señala el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Municipio de

San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003), la doctrina de

cosa juzgada, de origen romano, tenía base estatutaria en el Art. 1204 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 334319. Por ello, en nuestro

acervo jurídico, la presunción de cosa juzgada se rige por los postulados

del Derecho Civil. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452,

464 (1996).

        Así pues, conforme a la doctrina civilista, para que se active la

presunción de cosa juzgada en otro juicio, “[…] es necesario que entre el

caso resuelto por la sentencia y aquél en que esta sea invocada, concurra

la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los

litigantes y la calidad con que lo fueron.” Añade el Tribunal Supremo:

        La doctrina está fundamentada en el interés del Estado en
        ponerle fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos para
        que no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores de
        un proceso judicial. Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225
        (1961). El efecto de la aplicación de esta doctrina es que la
        sentencia emitida en un pleito anterior impide que se litiguen
        posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas
        causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y
        adjudicadas, y aquellas que se pudieron haber litigado.
        Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732-33 (1978);
        Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972).

Municipio de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR, a las págs. 769-
770.

        Basado en esos mismos propósitos, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha reconocido otra modalidad de la doctrina de cosa juzgada, en la

que no resulta necesaria la identidad de las causas. Esta es la figura

jurídica del impedimento colateral por sentencia. A & P Gen. Contractors v.

Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981). Ella surte efecto cuando un hecho

esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina

19 El Código Civil de Puerto Rico, Ed. 1930, fue derogado efectivo el 28 de noviembre de

2020, por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020.
Aunque la doctrina de cosa juzgada no está regulada en el Código Civil de 2020, como lo
estuvo en el Código Civil de 1930, la misma se mantiene vigente conforme a la
jurisprudencia. Por tanto, citamos el Código Civil de 1930, con el fin de explicar la doctrina
de cosa juzgada.
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mediante sentencia válida y final. Como resultado, tal determinación es

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén

envueltas causas de acción distintas20. A & P Gen. Contractors v. Asoc.

Caná, 110 DPR, a la pág. 762. Véase, además, Vidal v. Monagas, 66 DPR

622 (1946).

        Cual citado, el Art. 1204 del Código Civil derogado exigía la identidad

entre las cosas, las causas y las personas de los litigantes. En primer lugar,

cuando la doctrina de cosa juzgada alude a la identidad entre las cosas, se

refiere al “objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”. Lausell

Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533, 535 (1975). Es decir, el objeto

de una demanda.

        En cuanto a la identidad de causa, esta se refiere a la razón o motivo

de pedir; significa el fundamento u origen de las cuestiones planteadas y

resueltas. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR, a la pág. 765.

El requisito de identidad de causas se constituye cuando la nueva acción

esté como embebida en la primera o fuese consecuencia inseparable de la

misma. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR, a la pág. 464.

        Con referencia al requisito de la identidad de las personas de los

litigantes, el mismo se rige por la doctrina de la mutualidad. Íd., a la pág.

46521. Ello implica que las partes litigantes deben haber sido las mismas en

ambos pleitos, el original y el segundo, o se hallaren en una relación mutua.

Pol Sella v. Lugo Christian, 107 DPR 540, 550 (1978).

        Además, la doctrina de cosa juzgada es extensible a los

procedimientos de naturaleza administrativa. Mun. de San Juan v.

Bosque Real, 158 DPR, a la pág. 770. En ese ámbito, la doctrina tiene

varias vertientes; a decir: (a) su aplicación dentro de la misma agencia, a

20 En el caso de A & P Gen. Contractors, el Tribunal Supremo reconoce que la figura del

impedimento colateral por sentencia o colateral estoppel by judgment fue adoptada del
derecho anglosajón. No obstante, también concluye que dicha figura es armonizable y
debe ser tratada como una modalidad de la doctrina de cosa juzgada civilista. 110 DPR,
a la pág. 763. Véase, además, lo apuntado por el Tribunal Supremo en el caso de Martínez
Díaz v. E.L.A., 182 DPR 580, 584-589 (2011), sobre el tema de la aplicación
interjurisdiccional de la doctrina de cosa juzgada vis à vis la aplicación de la modalidad de
impedimento colateral por sentencia.

21 Véase, además, Pol Sella v. Lugo Christian, 107 DPR 540, 550 (1978); A & P Gen.

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR, a la pág. 762.
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sus propias decisiones; (b) su aplicación interagencial; es decir, de una

agencia a otra; y, (c) su aplicación entre las agencias y los tribunales.

Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 733 (1978).

       De ser aplicable, la doctrina de cosa juzgada surte en el ámbito

administrativo el mismo efecto que en la esfera judicial. Esto es, que la

sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito

posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y

cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron

haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior. Íd.,

a las págs. 732-733.

       Ahora bien, el Tribunal Supremo se ha negado a aplicar la doctrina

de cosa juzgada de forma automática o de manera rígida. A modo

ilustrativo, ha declinado aplicarla para evitar una injusticia o cuando se

plantean consideraciones de interés público, aun cuando concurran los

requisitos antes discutidos22. No obstante, ello no implica que las

excepciones a su aplicación se van a aplicar liberalmente; por el contrario,

las excepciones a la aplicación de la doctrina de cosa juzgada no se

favorecen, pues se puede afectar la finalidad de las controversias

adjudicadas y, por ende, el buen funcionamiento del sistema judicial. P. R.

Wire Products v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152 (2008), que cita a

Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 271 (2004).

                                          B

       Es norma reiterada que las decisiones de los organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son

encomendados. Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 919

(2021). Además, al momento de revisar una decisión administrativa, el

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la

agencia. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276

22 Inclusive, el Tribunal Supremo ha caracterizado ese interés público, como “intereses

públicos mayores”, que así lo ameriten. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184
DPR 133, 154 (2011); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 268 (2005).
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(2013). Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude a

este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en

posición de conceder el remedio solicitado. Morán v. Martí, 165 DPR 356,

366 (2005).

       A su vez, el estándar de revisión judicial en materia de decisiones

administrativas se circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido

por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos de la

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo; y, (3) si las conclusiones de derecho fueron

correctas. Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010).

       Así pues, las determinaciones de hechos de organismos y agencias

“tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser

respetada mientras la parte que las impugne no produzca evidencia

suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006).

Por ello, la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó

de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes

que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).

       Cónsono a lo anterior, con el propósito de “convencer al tribunal de

que la evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe demostrar

que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda

concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con

la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”. Misión Ind. P.R.

v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998).

       No obstante, las conclusiones de derecho de las agencias

administrativas serán revisables en toda su extensión. Torres Santiago v.

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II, 179 DPR, a la pág. 941. Sin embargo, esto no significa
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que los tribunales podemos descartar libremente las conclusiones e

interpretaciones de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).

       En fin, como ha consignado el Tribunal Supremo, la deferencia

concedida a las agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la

determinación administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el

organismo administrativo haya errado en la aplicación o interpretación de

las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3)

cuando el organismo administrativo actúe arbitraria, irrazonable o

ilegalmente, al realizar determinaciones carentes de una base racional; o,

(4) cuando la actuación administrativa lesione derechos constitucionales

fundamentales. Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR, a la pág. 819, que

cita a Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016);

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012).

                                      III

       Según expuesto, el recurrente arguye que la Junta de Planificación

erró al emitir una Resolución en la cual acogió el Informe y Recomendación

del Oficial Auditor de Permisos Interino a la Junta de Planificación y, en

consecuencia, suspenderlo por un término de dos (2) años e imponerle una

multa de $25,000.00.

       Por su parte, la Junta de Planificación plantea que este foro validó

el proceso de auditoría mediante la Sentencia que se emitió el 30 de

noviembre de 2022, en el caso Ing. Ángel Rodríguez Sánchez v. Junta de

Planificación, alfanumérico KLRA202200565. Además, argumentó que el

recurrente acudió al Tribunal Supremo mediante un recurso de certiorari,

con el alfanumérico CC-2023-0126, el cual también fue denegado. Por lo

anterior, adujo que la corrección del proceso de auditoría es la ley del caso.

       Conforme al derecho antes expuesto, la doctrina de cosa juzgada

surte en el ámbito administrativo el mismo efecto que en la esfera judicial.

Es decir, la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en

un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de

acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que
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pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción

anterior23.

       Surge del expediente ante nuestra consideración que los errores

planteados por el ingeniero Rodríguez Sánchez estuvieron ante la

consideración de este foro apelativo mediante el recurso de revisión judicial

KLRA202200565. En este, un panel hermano concluyó                    que la

determinación de la Junta había sido correcta. A su vez, el panel hermano

enfatizó que el recurrente no había presentado evidencia suficiente para

derrotar la presunción de corrección de la determinación del foro

administrativo. Por último, concluyó que la Junta no había actuado de

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera del marco de los poderes que

se le delegaron. A la luz de ello, confirmó la determinación de la Junta.

       Por tanto, colegimos que el recurso de Apelación que presentó el

ingeniero Rodríguez Sánchez, acogido como recurso de revisión judicial,

constituye cosa juzgada. Nótese que el recurso ante nos plantea los

mismos señalamientos de error que el recurrente presentase en el

KLRA202200565, los cuales fueron atendidos y adjudicados. Es decir, en

el caso resuelto por Sentencia el 30 de noviembre de 2022, Ing. Ángel

Rodríguez Sánchez v. Junta de Planificación, y el caso del título, concurren

la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los

litigantes y la calidad con que lo fueron.

       Así pues, concluimos que la Sentencia dictada en el caso

KLRA202200565, impide que se litiguen en el pleito ante nos y entre las

mismas partes, los asuntos ya adjudicados, los cuales advinieron finales y

firmes. A la luz de ello, procede que apliquemos la doctrina de cosa

juzgada. De igual forma, determinamos que no existen circunstancias

extraordinarias que nos permitan intervenir en el caso y, por excepción, no

aplicar la doctrina de cosa juzgada.

       Por otra parte, cabe precisar que este Tribunal no puede sustituir el

juicio o el criterio de la Junta de Planificación por el suyo, a menos que el

23 Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR, a las págs. 732-733.
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ente administrativo haya actuado de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o

fuera del marco de los poderes que se le delegaron. Por ello, al momento

de ejercer nuestra función revisora, el criterio rector será la razonabilidad

de la determinación de dicha agencia.

       De igual forma, las determinaciones de hechos de los organismos y

las agencias administrativas tienen a su favor una presunción de

regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte que las

impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas.

       En el presente caso, surge de la Resolución que emitió la Junta el

22 de diciembre de 2023, que al recurrente se le impuso dos años de

suspensión y una multa de $25,000.00. No obstante, no surge del

expediente ante nos que el ingeniero Rodríguez Sánchez incluyese algún

señalamiento de error respecto a la suspensión o la multa que le impuso la

Junta de Planificación. Es decir, el recurrente no ha puesto a este Tribunal

en posición de resolver contrario a la determinación de la Junta. El

recurrente tenía el deber de colocar a este Tribunal en posición de evaluar

dicha determinación, pero no lo hizo.

       De hecho, en la vista celebrada el 17 de octubre de 2023, el

recurrente optó por no presentar prueba alguna. En su lugar, decidió

plantear asuntos que ya habían sido atendidos previamente por este foro

intermedio. Así pues, la Junta tomó en consideración los documentos que

obraban en el expediente del caso, incluido el informe final de auditoría –

que ya había sido validado por un panel hermano – y concluyó que, en

efecto, el ingeniero Rodríguez Sánchez había otorgado un permiso de uso

en contravención a la ley y al reglamento.

       Así pues, basados en la deferencia y razonabilidad que merecen las

determinaciones administrativas, y ante la falta de evidencia que pruebe lo

contrario, nos abstenemos de intervenir en la determinación de la Junta de

Planificación, respecto a las sanciones impuestas al recurrente.
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                                    IV

       Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la

Resolución emitida y notificada el 22 de diciembre de 2023, por la Junta de

Planificación.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones