Court Opinion

ID: 9941455
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:37:39.104315+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:41.840855
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

     MARÍA ISABEL SILVA                           CERTIORARI
     LÓPEZ                                        procedente del
                                                  Tribunal de
          Recurrido                               Primera Instancia
                               KLCE202301375      Sala Superior de
             v.                                   San Juan

     HOSPITAL MENONITA                            Civil Núm.:
     CAGUAS, INC.                                 SJ2023CV03387

        Peticionarios                             Sobre:
                                                  Despido
                                                  Injustificado

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico a 22 de enero de 2024.

         Comparece    ante    este   foro    el   Hospital   Menonita

 Caguas, Inc. (Hospital Menonita o “parte peticionaria”)

 y nos solicita que revisemos una Resolución emitida por

 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

 Juan.     Mediante esta, el foro primario declaró No Ha

 Lugar a la solicitud para extender el descubrimiento de

 prueba, presentada por la parte peticionaria.

         Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 DENEGAMOS el certiorari solicitado.

                                        I.

         El 21 de abril de 2023, la Sra. María Isabel Silva

 López    (señora     Silva   o   “la   recurrida”)    presentó   una

 Querella por despido injustificado y represalias, al

 amparo del procedimiento sumario dispuesto en la Ley

 Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32

 LPRA sec. 3118 et seq., en contra del Hospital Menonita.1

 1 Querella, anejo I, págs. 1-8 del apéndice del recurso. El 5 de
 junio de 2023, el foro primario declaró Ha Lugar la conversión de

Número Identificador
RES2023 ______________
KLCE202301375                                                     2

En esencia, alegó que no renunció a su empleo de manera

voluntaria, por el contrario, fue forzada a renunciar

por la conducta hostil del patrono.           Por consiguiente,

sostuvo que fue despedida injustificadamente, así como

por    represalias.          Como    remedio,     solicitó      una

indemnización no menor a $200,000.00.

      Por su parte, el 12 de mayo de 2023, Hospital

Menonita    contestó    la   querella.2      En   lo   pertinente,

expresó que la señora Silva no fue despedida, sino que

renunció voluntariamente.           A su vez, sostuvo que la

recurrida nunca presentó alegaciones o quejas de acoso

laboral.    Por tanto, solicitaron que se declarara sin

lugar la Querella.

      Luego de varias incidencias procesales, el 5 de

junio de 2023, el foro primario emitió una Orden -

Informe al amparo de la Regla 37.1 de Procedimiento

Civil.3 En relación a dicha orden, expresó lo siguiente:

         Se apercibe que la Parte G del Informe,
         “Itinerario para el Descubrimiento de
         Prueba”,   debe   ser  completada   en   su
         totalidad y se deberá desprender del mismo
         un calendario completo del descubrimiento
         de prueba propuesto por las partes para ser
         evaluado por el Tribunal. De lo contrario,
         el Informe se catalogará como “no puesto o
         presentado”.      La   responsabilidad   de
         presentar el Informe es solidaria y el
         incumplimiento   con   este   requerimiento
         resultará en una sanción automática de
         $150.00 a cada parte, a favor del Fondo
         Especial del Poder Judicial de Puerto Rico.
         El Informe debe ser radicado íntegramente
         por todas las partes, no se admitirán
         informes presentados por parte o por
         separado.
      Así las cosas, el 13 de julio de 2023, las partes

presentaron el Informe Manejo del Caso, en el cual

los procedimientos a ordinarios.     Véase, anejo VI, pág. 24 del
apéndice del recurso.
2 Contestación a la Querella, anejo II, págs. 9-16 del apéndice del

recurso.
3 Orden - Informe al amparo de la Regla 37.1 de Procedimiento Civil,

anejo V, págs. 21-23 del apéndice del recurso.
KLCE202301375                                                                3

establecieron      como    fecha    límite           para     concluir       el

descubrimiento de prueba el 30 de octubre de 2023.4

      Por consiguiente, el 3 de agosto de 2023, el foro

primario notificó una Orden de Calendarización del Caso

y Orden Permanente.5         Mediante esta, determinó que el

descubrimiento de prueba concluiría el 2 de octubre de

2023, y que, a partir de dicha fecha las partes contarían

con 30 días para presentar mociones dispositivas, si

fueran necesarias. A su vez, dispuso que las solicitudes

de   prórroga     debían    cumplir          con    la      Regla      6.6   de

Procedimiento Civil.

      El 20 de octubre de 2023, el Hospital Menonita

presentó Moción Solicitando Extensión del Término para

Completar    el    Descubrimiento            de    Prueba     y     Presentar

Mociones Dispositivas.6 En la aludida moción esbozó que

las partes habían establecido que el descubrimiento de

prueba terminaría el 30 de octubre de 2023, mientras que

el foro primario dispuso hasta el 2 de octubre de 2023.

Sin embargo, solicitaron un término adicional para poder

completar el descubrimiento de prueba, puesto que han

tenido inconvenientes y no han podido culminarlo.

      Por su parte, el 23 de octubre de 2023, la señora

Silva presentó Oposición a Solicitud de Extensión de

Descubrimiento      de     Prueba        y        Solicitud       de     Orden

Protectora.7        En     esencia,          sostuvo     que      la     parte

peticionaria      dejó    vencer    el       término     para       descubrir

prueba, sin solicitar una extensión.

4 Informe Manejo del Caso, anejo XI, págs. 27-36 del apéndice del
recurso.
5 Orden de Calendarización del Caso y Orden Permanente, anejo XIII,

págs. 38-39 del apéndice del recurso.
6  Moción Solicitando Extensión del Término para Completar el
Descubrimiento de Prueba y Presentar Mociones Dispositivas, anejo
XIV, págs. 40-49 del apéndice del recurso.
7 Oposición a Solicitud de Extensión de Descubrimiento de Prueba y

Solicitud de Orden Protectora, anejo XV, págs. 51-54 del apéndice
del recurso.
KLCE202301375                                                             4

        El 25 de octubre de 2023, el foro primario notificó

una Orden, mediante la cual denegó la solicitud para

extender el descubrimiento de prueba, al presentarlo

tardíamente.8

        Inconforme, el 27 de octubre de 2023, Hospital

Menonita       solicitó     reconsideración.9         Señaló     que,   el

descubrimiento        de     prueba    no   ha    sido    opresivo,      al

contrario, alegó que se encontraban en un estado de

indefensión. Por lo tanto, solicitó que se le permitiera

hacer     un    descubrimiento         adicional     sobre      evidencia

descubierta después de la deposición a la señora Silva.

        El 31 de octubre de 2023, la recurrida presentó

Oposición a Moción de Reconsideración.10                  En síntesis,

señaló que la parte peticionaria no fundamentó su pedido

en   derecho,        ni    expuso     hechos     nuevos   que    permitan

modificar la Orden emitida por el foro de instancia.                     El

6 de noviembre de 2023, Hospital Menonita presentó su

Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración.11

        Evaluados los argumentos de las partes, el 7 de

noviembre       de   2023,    el    foro    primario      notificó      una

Resolución, y dispuso lo siguiente:12

          A la solicitud de reconsideración se
          provee: No Ha Lugar. La prórroga fue
          denegada porque fue solicitada tardíamente
          y sin causa justificada.

          La orden de calendarización claramente
          establece   que  la   fecha  límite  para
          completar el descubrimiento de prueba era
          el 2 de octubre de 2023.

8 Orden, anejo XVI, pág. 55 del apéndice del recurso.
9  Moción de Reconsideración, anejo XVII, págs. 56-59 del apéndice
del recurso.
10 Oposición a Moción de Reconsideración, anejo XVIII, págs. 60-63

del apéndice del recurso.
11 Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración, anejo XIX, págs.

64-70 del apéndice del recurso.
12 Resolución, anejo XXIII, págs. 74-75 del apéndice del recurso.
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     Todavía inconforme, el 6 de diciembre de 2023, el

Hospital Menonita presentó el Certiorari Civil que nos

ocupa, y en el cual planteó que el foro primario cometió

los siguientes errores:

          PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
          INSTANCIA AL DENEGAR LA MOCIÓN SOLICITANDO
          EXTENSIÓN DEL TÉRMINO PARA COMPLETAR EL
          DESCUBRIMIENTO   DE  PRUEBA  Y   PRESENTAR
          MOCIONES DISPOSITIVAS.

          SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
          INSTANCIA   AL   DENEGAR   LA   MOCIÓN  DE
          RECONSIDERACIÓN DE LA PETICIONARIA.

          TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
          INSTANCIA AL NEGARSE A CONSIDERAR LA
          RÉPLICA   A    OPOSICIÓN   A   MOCIÓN   DE
          RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE PETICIONARIA.

     El    14     de    diciembre        de   2023,    emitimos     una

Resolución.      Mediante esta, le concedimos a la recurrida

quince (15) días para oponerse y expresarse sobre los

méritos del recurso.

     El    29    de    diciembre    de    2023,   la   señora     Silva

compareció mediante Oposición a Petición de Certiorari.

     Con    el   beneficio    de    la     comparecencia   de     ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

                                     II.

                                     A.

     La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas

por el Tribunal de Primera Instancia.             Es decir, cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.”      Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.
KLCE202301375                                                   6

    Asimismo, dispone los supuestos en que este foro

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional

y a manera de excepción, en las siguientes instancias:

       [C]uando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a
       privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía,   en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la
       cual esperar a la apelación constituiría un
       fracaso irremediable de la justicia.

    Por   su    parte,   la   Regla   40   del   Reglamento   del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

establece los criterios que este foro debe tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

este recurso discrecional; a saber:

       (A) Si el remedio y la disposición de la
       decisión recurrida, a diferencia de sus
       fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es
       la más indicada para el análisis del
       problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
       error craso y manifiesto en la apreciación
       de la prueba por el Tribunal de Primera
       Instancia.

       (D)   Si   el   asunto   planteado   exige
       consideración más detenida a la luz de los
       autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se
       presenta el caso es la más propicia para su
       consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden
       de    mostrar    causa   no    causan    un
       fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final
       del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden
       de mostrar causa evita un fracaso de la
       justicia.    Regla 40 del Reglamento del
       Tribunal de Apelaciones, supra.
KLCE202301375                                                         7

                                 -B-

      Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que

los   foros   revisores    “no    debemos     intervenir       con   las

determinaciones de los juzgadores de primera instancia,

salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto.”       Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186

DPR 889, 908-909 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo,

171 DPR 717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1,

25 (2005).     Sin embargo, es preciso reseñar que nuestro

más Alto Foro también ha reconocido que “la tarea de

determinar     cuándo     un    tribunal      ha     abusado    de   su

discreción no es una fácil.”           SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013), citando a Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).                 A tales

efectos, ha manifestado considerar “que el adecuado

ejercicio     de   discreción    judicial      está       estrechamente

relacionado con el concepto de razonabilidad.”                       SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 434-435.

      Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico define el

concepto      de    “discreción”       como        “una     forma    de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera.”               IG Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012), citando a Pueblo v.

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), entre otros.

De esa manera, la discreción se nutre de “un juicio

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en

un sentido llano de justicia […].”            SLG Zapata-Rivera v.

J.F. Montalvo, supra, pág. 435, citando a Santa Aponte

v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977).

                                   -C-

      La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, conocida
KLCE202301375                                                                       8

como    Ley       de    Procedimiento          Sumario       de     Reclamaciones

Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2)

instituye un procedimiento sumario de adjudicación de

pleitos laborales dirigido a la rápida consideración y

adjudicación           de     aquellas     reclamaciones            de    empleados

contra sus patronos relativas a salarios, beneficios y

derechos          laborales.             Es     por      ello       que    ciertas

disposiciones           estatuidas        en    la    aludida       ley    son    más

favorables al obrero que al patrono.                         Rivera v. Insular

Wire Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996). De ahí que

se le imponga una carga procesal más onerosa a la parte

con mayores medios económicos, el patrono, sin privarle

de poder defender sus derechos. Íd., pág. 924. De esta

forma,       el    legislador           implantó      la     política       pública

estatal de proteger a los empleados y desalentar los

despidos sin justa causa.

       En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la

naturaleza sumaria de este procedimiento responde a la

política pública de “abreviar el procedimiento de forma

que    sea    lo       menos    oneroso        posible       para    el   obrero”.

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483,

492 (1999).            A fin de lograr la consecución de dichos

propósitos, la Ley establece: (1) términos cortos para

presentar la contestación de la querella o demanda; (2)

criterios         para       conceder     una    sola        prórroga      para   la

contestación de la querella o demanda; (3) un mecanismo

para diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) el

proceso       para          presentar    defensas        y    objeciones;         (5)

límites       a        la     utilización       de     los        mecanismos       de

descubrimiento de prueba; (6) la aplicabilidad limitada

de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que

no esté en conflicto con el procedimiento sumario; (7)
KLCE202301375                                                                9

que ninguna de las partes pueda someter más de un

interrogatorio o deposición, ni tomar una deposición a

la     otra     parte      después          de     haber     sometido       un

interrogatorio ni viceversa, excepto cuando concurran

circunstancias excepcionales; y, (8) la obligación de

los tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el

patrono       incumple    con     el    término      para    contestar      la

querella o demanda.             Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al.,

174 DPR 921 (2008).

       Cónsono con lo anterior, solo se ha permitido que

este    Tribunal         revise    resoluciones            interlocutorias

provenientes de un procedimiento sumario al amparo de la

referida ley cuando dicha resolución sea dictada sin

jurisdicción, de forma ultra vires o en casos extremos

en los cuales los fines de la justicia requieran la

intervención       de    este     Tribunal.          Dávila,       Rivera    v.

Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498.

       La razón de ser de la norma general de abstención

es evitar dilaciones que normalmente las revisiones de

determinaciones          interlocutorias            conllevan,       lo     que

precisamente       derrotaría          el    fin    perseguido       por    el

procedimiento       sumario.       Dávila,         Rivera     v.    Antilles

Shipping,      Inc.,     supra,    pág.      498;    Medina    Nazario       v.

McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).

       Ahora bien, el Tribunal Supremo ha enfatizado que

“el procedimiento sumario, no es, ni puede ser, una carta

en blanco para la concesión de remedios a obreros que no

han justificado adecuadamente, mediante alegaciones o

prueba, hechos que avalen, su derecho a lo reclamado”.

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 928.

Asimismo, se ha determinado que el carácter reparador y

expedito del procedimiento sumario no puede tener el
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efecto de privar al patrono querellado de un debido

proceso de ley. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494,

516-517 (2003).

                                       III.

       En el presente caso, el Hospital Menonita solicitó

que    revisáramos        la    Resolución         emitida      por   el    foro

primario, mediante la cual denegó extender el término

para       el   descubrimiento          de     prueba      al    haber      sido

solicitado tardíamente, y sin causa justificada.                             Sin

embargo,        expresan        que       fueron     diligentes        en     el

descubrimiento de prueba, y el retraso se debió a que la

señora Silva omitió información.

       Es preciso recordar que, según dicta la norma,

procede nuestra abstención cuando consideremos que no es

el momento adecuado para intervenir con el manejo de un

caso por parte del foro primario.                        Por lo tanto, como

bien lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la

discreción a la hora de actuar debe estar regida por su

estrecha relación con el concepto de razonabilidad.

Esta doctrina de abstención es aún mucho más importante

y restrictiva en casos de querellas laborales, como el

presente caso.            Dávila, Rivera v. Antilles Shipping,

Inc., supra, pág. 498.

       Así las cosas, luego de evaluar el recurso de autos,

y     la     Resolución        recurrida,          conforme      al   derecho

aplicable,           rechazamos       ejercer      nuestra       jurisdicción

revisora para intervenir y variar el dictamen recurrido.

El    caso      de    autos    no     plantea      una    controversia       que

represente           alguna    de   las      excepciones        anteriormente

mencionada a la norma general esbozada sobre abstención

judicial.        Por lo tanto, concluimos que el asunto aquí
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revisado    no   requiere   nuestra   intervención   en   este

momento.

                              IV.

    Por los fundamentos, antes expuestos DENEGAMOS el

auto de certiorari.

    Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones