Court Opinion

ID: 9901394
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-21 18:13:54.15887+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:32.010530
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:
                                                2023 TSPR 125

                                                213 DPR ___
 Juan E. Cátala Suárez

Número del Caso:    TS-17,953

Fecha:    6 de octubre de 2023

Abogado de Juan E. Cátala Suarez

     Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía por resultar convicto en el foro estatal
por ciertos delitos en conexión con el ejercicio de la profesión.

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            EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:
                                                          Conducta
Juan E. Catalá Suárez               TS-17,953            Profesional

                                      PER CURIAM

             En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2023.

                                       “[L]a misión de los abogados en
                                    la sociedad es altamente noble,
                                    pues están llamados a auxiliar a
                                    la    recta   administración    de
                                    justicia.    En ellos confían no
                                    sólo las partes interesadas en los
                                    pleitos, sino las cortes mismas”.1

                 En     esta   ocasión    ejercemos    nuestra     facultad

             disciplinaria y ordenamos la suspensión inmediata e

             indefinida del Lcdo. Juan E. Catalá Suárez (licenciado

             Catalá Suárez o abogado) de la profesión legal por

             resultar convicto en el foro estatal por ciertos

             delitos en conexión con el ejercicio de la abogacía.

             1    In re Ortiz Gilot, 117 DPR 167, 168 (1986). Véanse, además:
             In re Siverio Orta, 117 DPR 14, 19 (1986); In re Boscio Monllor,
             116 DPR 692, 698 (1985).
TS-17,953                                                                           2

     Con su conducta, el abogado se apartó de los principios

de     honradez       y    moral     que      deben    distinguir        a    quienes

pertenecemos a esta noble profesión.                       Dicha conducta denota

un carácter moralmente corrompido que le incapacita para

continuar       ejerciendo          la   profesión         jurídica      en   nuestra

jurisdicción.

                                           I

     El licenciado Catalá Suárez fue admitido a la profesión

legal el 17 de agosto de 2010.                  El 21 de septiembre de 2023

la Secretaría de este Tribunal nos remitió copia de la

Sentencia de cárcel suspendida y libertad a prueba dictada

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Caguas, en Pueblo de Puerto Rico v. Juan Enrique [Catalá]

Suárez, Casos Criminales: E OP2023G0015, E EG2023G0001 y

E FJ2023G0005.             Según surge del mencionado dictamen, el

20 de septiembre de 2023 el foro de instancia sentenció al

abogado por cargos de conspiración (Art. 244 del Código

Penal,     33     LPRA       sec.    5334),       tentativa         de   amenaza        o

intimidación de testigo (Art. 283 del Código Penal, 33 LPRA

sec.    5376)     y       persuasión     de    incomparecencia           de   testigo

(Art.     281     del       Código       Penal,       33     LPRA     sec.     5374).

Específicamente,            surge    del      expediente       criminal       que   el

licenciado Catalá Suárez intervino con una testigo para que

cambiara una declaración jurada que ésta había prestado en

un caso de asesinato y, a su vez, para que no compareciera

en el proceso penal a ventilarse.
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     Por tales hechos, el tribunal de instancia condenó al

abogado a la pena de tres (3) años de cárcel en el caso

E OP2023G0015 (Art. 244 del Código Penal, supra), tres (3)

años de cárcel en el caso E FJ2023G0005 (Art. 281 del Código

Penal, supra)      y   cuatro (4)       años de cárcel      en   el caso

E EG2023G0001 (Art. 283 del Código Penal, supra). Se dispuso

que las penas serían cumplidas de forma concurrente y,

además, se impuso el pago de $300 de la pena especial por

cada caso. Asimismo, se ordenó la suspensión de la sentencia

a tenor con lo dispuesto en las leyes aplicables, sujeto a

varias condiciones establecidas en la sentencia.

     Luego de tomar conocimiento del fallo condenatorio por

medio de la Secretaría de este Tribunal, el 26 de septiembre

de   2023   emitimos     una   Resolución      mediante     la   cual   le

concedimos al licenciado Catalá Suárez un término de diez

(10)   días,   contado    a    partir    de   la   notificación    de   la

Resolución, para que mostrara causa por la cual no debía ser

suspendido de la abogacía en nuestra jurisdicción, conforme

a lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de

1909, 4 LPRA sec. 735.

       El 5 de octubre de 2023, el abogado compareció ante

este    Tribunal   mediante     una     Moción     en   cumplimiento    de

Resolución y/[u] Orden.        En su escrito aseguró entender que

no era prudente ni propio practicar el ejercicio de la

abogacía durante el cumplimiento de su sentencia.
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                                        II

      En múltiples ocasiones hemos manifestado que este Foro

tiene el poder inherente de reglamentar el ejercicio de la

abogacía en nuestra jurisdicción.                    In re Reyes Martínez,

207 DPR 536, 539 (2021); In re Santiago Maldonado, 206 DPR

1029, 1039 (2021); In re Villalona Viera, 206 DPR 360, 369

(2021).         Así, este Foro puede desaforar o suspender por un

término específico a los integrantes de la profesión legal

que        no    sean    aptos    para        ejercer       tal   ministerio.

In    re    Santamaría      Torres,     208    DPR   383,    385-386   (2021);

In re Ortiz Abrams, 194 DPR 492, 495 (2016).

      La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, provee

un procedimiento de separación sumaria de la profesión legal

en    aquellos      casos    en   los    que    recaiga      un   dictamen   de

culpabilidad en contra de un abogado. In re Peluzzo Perotín,

195 DPR 323, 327 (2016), citando a S. Steidel Figueroa,

Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan,

Pubs. JTS, 2010, pág. 356.              En lo pertinente, la mencionada

disposición expone lo siguiente:

                El abogado que fuere culpable de engaño,
            conducta inmoral (malpractice), delito grave
            (felony) o delito menos grave (misdemeanor),
            en conexión con el ejercicio de su profesión
            o que fuere culpable de cualquier delito que
            implicare   depravación   moral,   podrá   ser
            suspendido o destituido de su profesión por el
            Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona
            que siendo abogado fuere convicta de un delito
            grave cometido en conexión con la práctica de
            su profesión o que implique depravación moral,
            cesará convicta que fuere, de ser abogado o de
            ser competente para la práctica de su
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          profesión.      (Énfasis en el original y negrilla
          nuestra).

      Así pues, dicho mecanismo dispuesto en la Sec. 9 de la

Ley de 11 de marzo de 1909, supra, hace innecesario el

proceso disciplinario ordinario fijado en la Regla 14 del

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. In re Peluzzo

Perotín, supra, págs. 327-328.

      Sabido es que las funciones inherentes al profesional

del   Derecho     como    oficial   del     Tribunal    provocan      que   un

abogado convicto según lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley

de 11 de marzo de 1909, supra, no pueda descargar sus deberes

éticos    profesionales.         In    re     Peluzzo   Perotín,      supra,

pág. 328; In re Zúñiga López, 177 DPR 385, 389 (2009).

      Cuando un abogado se declara culpable de un delito en

conexión con el ejercicio de la profesión legal y de hechos

que    implican     depravación       moral    y   falta   de       honradez,

corresponde su separación de la profesión.                 In re Castro

Ward, 202 DPR 168, 170 (2019); In re Vázquez Torres II,

182 DPR 853, 855 (2011).

                                      III

      Luego de evaluar el expediente del licenciado Catalá

Suárez, queda claro que éste fue declarado convicto por los

delitos de conspiración (Art. 244 del Código Penal, supra),

tentativa de amenaza o intimidación de testigo (Art. 283 del

Código Penal, supra) y persuasión de incomparecencia de

testigo     (Art.   281    del   Código     Penal,   supra)     y    así    fue
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sentenciado el 20 de septiembre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.

     En vista de que el abogado cometió delitos graves en

conexión con el ejercicio de su profesión, es evidente que

está incapacitado para practicar la profesión legal y ello

constituye motivo suficiente para suspenderlo de la abogacía

en Puerto Rico.        Por consiguiente, en conformidad con lo

establecido por la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909,

supra, y con nuestra facultad para reglamentar la profesión

legal, se decreta la suspensión inmediata e indefinida del

licenciado Catalá Suárez del ejercicio de la abogacía.

                                  IV

     Por las razones antes expuestas, ordenamos la suspensión

inmediata e indefinida del Lcdo. Juan E. Catalá Suárez del

ejercicio de la abogacía.

     En consecuencia, el señor Catalá Suárez deberá notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad

para continuar representándoles.       Asimismo, deberá devolver

a sus clientes los expedientes de los casos pendientes, así

como los honorarios recibidos por trabajos no realizados.

De   igual   manera,   deberá   informar   inmediatamente   de   su

suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en los

que tenga algún asunto pendiente y acreditar a este Tribunal

el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista de los

clientes y los foros a quienes les notificó de su suspensión,

dentro del término de treinta (30) días, contado a partir
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de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a la

práctica de la profesión legal, de solicitarlo en el futuro.

    Se dictará Sentencia en conformidad.
               EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:
                                                        Conducta
Juan E. Catalá Suárez                  TS-17,953       Profesional

                                        SENTENCIA

                  En San Juan, Puerto Rico a 6 de octubre de 2023.

                      Por los fundamentos expuestos en la Opinión
                  Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
                  íntegra de la presente Sentencia, se ordena la
                  suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Juan E.
                  Catalá Suárez del ejercicio de la abogacía.

                      El   señor   Catalá   Suárez   deberá   notificar
                  inmediatamente a todos sus clientes sobre su
                  inhabilidad    para    continuar    representándoles.
                  Asimismo, deberá devolverles los expedientes de los
                  casos pendientes, así como los honorarios recibidos
                  por trabajos no realizados. De igual manera, deberá
                  informar inmediatamente de su suspensión a cualquier
                  foro judicial y administrativo en los que tenga algún
                  asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el
                  cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista de
                  los clientes y los foros a quienes le notificó de su
                  suspensión, dentro del término de treinta (30) días,
                  contado a partir de la notificación de la Opinión
                  Per Curiam y esta Sentencia.     No hacerlo pudiera
                  conllevar que no se le reinstale a la práctica de la
                  profesión legal, de solicitarlo en el futuro.

                        Notifíquese.
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    Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.

                      Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                      Secretario del Tribunal Supremo