Court Opinion

ID: 9952266
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:35:13.799019+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:29.686333
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

FRANKLIN CREDIT                                     APELACIÓN
MANAGEMENT                                          procedente del
CORPORATION como                                    Tribunal de
Agente de WILMINGTON                                Primera
SAVINGS FUND SOCIETY                                Instancia, Sala
FSB, SOLELY AS                                      Superior de
CERTIFICATE TRUSTEE             KLAN202300946       Manatí
OF BOSCO CREDIT II
TRUST SERIES 2017-1
                                                    Civil Núm.:
Apelados                                            MT2019CV00849

            v.
                                                    Sobre:
JORGE JOSÉ ROSA                                     Cobro de Dinero y
MIRANDA y OTROS                                     Ejecución de
                                                    Hipoteca
Apelantes

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                            RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos, el señor Jorge José Rosa Miranda (señor

Rosa Miranda) y solicita la revisión de la Sentencia Sumaria emitida

el 1 de septiembre de 2023, notificada el 5 de septiembre de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Manatí (TPI).

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Solicitud

de Sentencia Sumaria presentada por Franklin Credit Management

Corporation como agente de servicio de Wilmington Savings Fund

Society, FSB, Solely As Certificate Trustee Of Bosco Credit II Trust

Series 2017-1 (FCMC). Además, ordenó al señor Rosa Miranda pagar

$126,431.55 en concepto del pagaré hipotecario, más los intereses

y $16,408.00 por honorarios de abogados.

      Sin embargo, de una lectura de la sentencia sumaria,

observamos que no se desprende la adjudicación de la reconvención

de forma fehaciente. Ante ello y por considerar que la referida causa

Número Identificador
RES2024 _________________
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de acción quedó pendiente ante el foro primario, conforme exigen las

Reglas 42.1 y 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V. R.42.1 y 42.3, acogemos el recurso instado como un recurso de

certiorari. Se mantendrá el mismo alfanumérico asignado por la

Secretaría de este Tribunal de Apelaciones por cuestiones de

economía procesal.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto de Certiorari y se devuelve el caso al

TPI para la continuación de los procedimientos.

                                     I.

        Los hechos de este caso se remontan al 12 de diciembre de

2003, cuando el señor Rosa Miranda otorgó un pagaré a favor de

Doral Mortgage Corp. o a su orden, por la suma principal de

$164,080.00 más intereses desde la fecha en que suscribió hasta el

pago total del principal, a razón de 5.25% de interés anual sobre el

balance adeudado. FCMC es el actual tenedor del pagaré hipotecario

objeto de la controversia suscitada entre las partes.

        Por lo anterior, el 9 de octubre de 2019, FCMC presentó una

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor

Rosa Miranda. En esta alegó que el último pago que el señor Rosa

Miranda efectuó fue el 1 de enero de 2016, por lo que incumplió con

su obligación de pagar en plazos mensuales el principal y los

intereses, según lo acordado.

        Así las cosas, el 3 de febrero de 2020, el TPI refirió a las partes

al Centro de Mediación y Conflictos en Casos de Ejecución de

Hipotecas (CMC), por lo que fueron paralizados los procedimientos.

El 26 de mayo de 2021, el CMC presentó un Moción Informativa en

Casos     de   Ejecución   de   Hipoteca    Mediante    Videoconferencia

acompañada de su Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de

Hipoteca Mediante Videoconferencia en la cual se informó el

resultado del referido.
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      Luego de múltiples trámites procesales, el 6 de julio de 2021,

FCMC presentó una Moción de Sentencia Sumaria. Mediante su

comparecencia, alegó que la deuda en controversia se encontraba

vencida, líquida y exigible, y que estos cumplieron cabalmente con

la Ley 184-2012, por lo que solicitó al foro primario que declarara

Ha Lugar su moción de sentencia sumaria. Destacó que la propiedad

objeto del procedimiento no era la residencia principal del señor

Rosa Miranda.

      El 12 de octubre de 2021, el señor Rosa Miranda presentó su

Contestación a Demanda y Reconvención. Adujo, entre otras cosas,

que realizó los pagos del pagaré hipotecario mensualmente, por 15

años ininterrumpidamente, y cuestionó la razón por la cual FCMC

no le aceptaba los pagos de la deuda. En respuesta y luego de varias

prórrogas, el 23 de junio de 2022, FCMC presentó Réplica a

Reconvención. Posteriormente, el 1 de agosto de 2022, el señor Rosa

Miranda presentó su Oposición a Réplica a Reconvención.

      Luego de evaluar las comparecencias de las partes, el 1 de

septiembre de 2023, notificada el 5 de septiembre de 2023, el TPI

emitió Sentencia Sumaria. Entre otras cosas, determinó que el señor

Rosa Miranda debía pagar a FCMC la cantidad de $126,431.55 por

concepto del principal, más intereses al tipo pactado de 5.25% anual

desde el 1 de enero de 2016. Además, la suma de $16,408.00

equivalente al 10% del principal original, para costas, gastos y

honorarios de abogados. Asimismo, ante la eventualidad de que el

señor Rosa Miranda no cumpliera con los pagos, se ordenaría la

venta en pública subasta de la propiedad hipotecada para aplicar el

importe de la venta al saldo de la deuda.

      De la antedicha determinación, el 12 de septiembre de 2023,

el señor Rosa Miranda solicitó reconsideración, pero esta fue

denegada mediante Resolución el 11 de octubre de 2023, notificada

el 12 de octubre de 2023.
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      Inconforme con la determinación del TPI, el 24 de octubre

2023, el señor Rosa Miranda acudió ante este Tribunal de

Apelaciones y alegó que el foro primario cometió los siguientes

errores:

      Erró el foro de instancia al dictar Sentencia Sumaria en
      el caso de epígrafe y ordenar posteriormente una vista
      argumentativa para discutir hechos medulares en
      controversia que pone de manifiesto el proceder erróneo
      en derecho, constitutivo de abuso de discreción y
      errático del foro de instancia.

      Erró el foro de instancia al dictar Sentencia Sumaria en
      el caso de epígrafe pese a la existencia de una
      reconvención no resuelta y un reclamo de derecho de
      propiedad o posesión sobre el instrumento negociable
      conforme a la sección 2-306 de la Ley de Transacciones
      Comerciales[,] según enmendada, supra, de la parte
      apelante, que el foro de instancia ha señalado una vista
      argumentativa fijada luego de haber dictado Sentencia
      Sumaria.

      Erró el foro de instancia al dictar Sentencia Sumaria en
      el caso de epígrafe pese al tracto procesal que delata el
      incumplimiento de la parte apelada con dictámenes del
      foro de instancia y las reglas procesales sobre
      incumplimientos tardíos de escritos y al aseverar
      incorrectamente que la parte apelante no fijó oposición
      a la Solicitud de Sentencia Sumaria de la parte apelada
      y que tampoco fijó oportunamente su posición en
      cuanto a la oposición de la parte apelada sobre la
      Moción de Derecho de Propiedad o Posesión sobre el
      Instrumento Negociable de la parte apelada.

      Erró el foro de instancia al dictar Sentencia Sumaria en
      el caso de epígrafe pese a que el expediente del caso de
      epígrafe se halla huérfano de evidencia que acredite que
      la parte apelada ofreció a la parte apelante todas las
      alternativas de Mitigación de Pérdidas que le permitan
      conservar su vivienda principal.

      Erró el foro de instancia al declarar No Ha Lugar la
      Moción de Reconsideración de la parte apelante sobre
      la Sentencia Sumaria dictada en este caso y al no
      haberla dada por sometida sin oposición ya que la parte
      apelada fijó su oposición a dicha moción a destiempo.

      El 22 de enero de 2024, FCMC presentó su Alegato en

Oposición de la Parte Apelada Conformando Límite de Páginas.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a disponer del recurso.
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                                        II.

       El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera

et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR ___ (2023); Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); León v. Rest. El Tropical,

154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos

atender mediante el referido recurso. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,

202 DPR 478 (2019).1

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

       Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

1 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                III.

      En su segundo señalamiento de error, el señor Rosa Miranda

aduce, entre otras cosas, que erró el foro primario al dictar la

Sentencia Sumaria recurrida y disponer del caso, al existir una

reconvención no resuelta presentada por éste el 12 de octubre de

2021. Añade que el proceder del TPI es uno erróneo en derecho,

abusivo de su discreción y parcializado.
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      Al revisar el expediente ante nuestra consideración nos

percatamos que el TPI no adjudicó todas las reclamaciones

existentes, ya que solo dispuso de la demanda presentada por

FCMC, más no de la reconvención que había ante su consideración.

En vista de ello, el dictamen aquí en cuestión se considera una

resolución interlocutoria y no una sentencia. Regla 42.1 de las de

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V. R.

42.1. Tampoco se considera una sentencia parcial, dado que en la

misma no se incluyeron las palabras requeridas para ello por la

Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32

LPRA Ap. V. R. 42.3. Consecuentemente, el recurso instado

constituye más bien un certiorari, por lo que se acoge como tal.

      Ante la situación indicada y la norma de revisión judicial

dispuesta tanto en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de

Puerto Rico de 2009, 32 LPRA, Ap. V, R. 52.1, y la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40

entendemos que no es el momento apropiado para entrar en los

méritos y resolver las controversias relacionadas planteadas por el

peticionario que le den finalidad a la totalidad del pleito de la cual

podrán recurrir ante este foro de así entenderlo necesario. Lo más

adecuado es que el TPI disponga de la totalidad de las reclamaciones

de las partes de epígrafe. Solo así esta Curia tendrá ante su

consideración un marco fáctico completo y podrá adjudicar todos

los planteamientos de las partes de una forma correcta y certera.

      Conforme lo anterior, resulta innecesaria la discusión

de los demás errores señalados por el peticionario.

                                 IV.

      En virtud de todo lo anteriormente expresado, denegamos la

expedición del auto de Certiorari y devolvemos el caso al foro

primario para la continuación de los procedimientos conforme lo

aquí resuelto.
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     Lo acordó este Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones