Court Opinion

ID: 9381045
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:11:42.148849+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.410133
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

CARLOS ABRAHAM RIVERA                               Apelación procedente
       APONTE                                       del Tribunal de Primera
                                                    Instancia, Sala
                                                    Superior de San Juan
                 V.

           EX PARTE
                                    KLAN202201031 Caso Núm.:
                                                  KJV2001-0439

                                                    Sobre:
                                                    Administración Judicial

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

                                   SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

        Comparecen ante nosotros mediante el presente recurso de

apelación, Tania Verónica Aponte Huertas (Tania Verónica) y Carlos

Abraham Rivera Aponte (Carlos Abraham) (denominados en conjunto,

parte apelante). Nos solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 30

de junio de 2022.1

        Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a

continuación confirmamos el dictamen apelado.

                                       I

        El 9 de marzo de 2001, el Sr. Carlos Abraham Rivera Aponte radicó

ante el TPI una Solicitud de Administración Judicial.2 En esencia, este

solicitó al Tribunal que nombrara a un administrador judicial para la

distribución del caudal de Carlos Rivera Pérez (Sr. Rivera), quien falleció

sin testamento. El Sr. Rivera estaba casado con Vicenta Aponte Huertas

(doña Vicenta), quien falleció en el 2000 con testamento.3 La sociedad legal

de bienes gananciales compuesta por ambos no se liquidó al momento del

1 Apéndice del recurso, pág. 1.
2 Apéndice del recurso, pág. 36.
3 Apéndice del recurso, pág. 2.

Número Identificador
SEN2023________
KLAN202201031                                                                 2

fallecimiento del Sr. Rivera, por lo que los coherederos estipularon que los

bienes de ambos caudales se considerarían en una sola acción y como un

solo caudal.4 El Sr. Rivera y doña Vicenta procrearon tres hijos durante el

matrimonio, Evelyn Rivera Aponte, María Isabel Rivera Aponte y Carlos

Abraham Rivera Aponte.5 A su vez, doña Vicenta tenía una hija legalmente

adoptada, de nombre Tania Verónica Aponte Huertas. En su testamento,

doña Vicenta instituyó a sus cuatro hijos como únicos y universales

herederos en partes iguales, salvo que mejoró a sus hijos Carlos Abraham

y Tania Verónica.

          Posteriormente, el 17 de febrero de 1999, doña Vicenta modificó su

testamento, a través de codicilos, según surge del expediente. La testadora

modificó las disposiciones en cuanto a la mejora, de la siguiente forma:

          [E]l tercio (1/3) destinado mejoras lo lego totalmente a mi hija
          Tania y como parte del mismo, mi propiedad residencial
          localizada en la urbanización Encantada Apartamento 4907
          Condominio Montecillo Court, Trujillo Alto Puerto Rico.

          [E]l tercio (1/3) de libre disposición lo lego por partes iguales
          a mis nietos Carlos Andres y María Alexandra.

          […]

          [D]entro del tercio (1/3) designado a mejoras incluyo además
          del apartamento 4907 en Montecillo Court en Encantada, un
          certificado de depósito del Banco Santander cuyo número es
          5003520929. Por lo demás ratifico el referido testamento en
          todas sus partes sujeto a las modificaciones aquí hechas.

          Cónsono con la petición del coheredero Carlos Abraham, el Tribunal

nombró al Lcdo. Reynaldo Quiñones Márquez como el administrador

judicial, comisionado y contador partidor, más dispuso en la Orden los

honorarios para sus labores. Adicional, en la misma Orden el foro primario

estableció que se distribuiría en igual proporción entre todos los miembros

de la sucesión y que se pagaría con los fondos de esta.

          Luego de varias incidencias procesales, lo cual incluyó la

presentación de un Aviso Sobre Acuerdo Transaccional, el TPI emitió la

Sentencia Parcial apelada. En su dictamen, el foro primario resolvió “que

4   Id.
5   Apéndice del recurso, pág. 45.
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los honorarios del comisionado especial constituyen una deuda del caudal,

por lo que procede el pago de las facturas aprobadas por [el] Tribunal antes

de la adjudicación de los bienes del caudal.”6 Además, el TPI concluyó “que

la coheredera Tania Aponte Huertas es heredera universal mejorada de la

sucesión de Vicenta Aponte Huertas, y que, como tal, no tiene un derecho

absoluto al pago de la mejora.”7 El Tribunal llegó a esta conclusión al

realizar un análisis del lenguaje utilizado por la testadora. Razonó el foro

primario que al leer en conjunto las disposiciones del testamento de doña

Vicenta, siendo esta una persona “no profesional del Derecho, utilizó la

frase ‘lego’ como sinónimo de la palabra ‘dejo’.”8 A su vez, el TPI resolvió

que los honorarios del comisionado, por ser una deuda del caudal, deberán

pagarse antes de distribuir el resto de la herencia. Dichos gastos se deben

pagar en igual proporción entre todos los miembros de la sucesión.

        Por otro lado, el Tribunal dispuso que al no ser la mejora un derecho

absoluto, la misma quedó extinguida, ya que, “los fondos del certificado de

depósito fueron utilizados para pagar las deudas del caudal”.9 El Tribunal

determinó que, por ser Tania Verónica heredera universal, esta responde

solidariamente con los demás herederos, y que nada impide “que los

coherederos, después de la partición del caudal y la conclusión del caso de

epígrafe, lleguen a un acuerdo para pagarle a la coheredera la parte de la

mejora extinguida.”10 En lo que respecta a la Estipulación Transaccional el

Tribunal ordenó al Comisionado a realizar la partición de la herencia según

lo ahí establecido, siempre que fuese cónsono a los resuelto en la

Sentencia Parcial.11

        Por no estar conforme, el 28 de julio de 2022, la Sra. Tania Verónica

Aponte presentó moción titulada Reconsideración de Sentencia Parcial.12

La anterior fue declarada No Ha Lugar por el TPI, mediante Resolución

6 Apéndice del recurso, pág. 1.
7 Apéndice del recurso, pág. 1.
8 Apéndice del recurso, pág. 9.
9 Apéndice del recurso, pág. 12.
10 Id.
11 Apéndice del recurso, pág. 13.
12 Apéndice del recurso, pág. 14.
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emitida el 3 de agosto de 2022, notificada el 5 del mismo mes y año.13 Por

otro lado, el coheredero Carlos Abraham radicó Moción Solicitando la

Reconsideración en la cual requirió que el TPI reconsiderara su resolución

anterior, en específico, por entender que la misma atendió asuntos

nuevos.14 No obstante, el Tribunal emitió Resolución el 14 de noviembre de

2022, notificada el 19 del mismo mes y año, en la cual declaró No Ha Lugar

esta segunda reconsideración.15

       Aún inconformes, los coherederos Tania Aponte y Carlos Abraham,

acuden ante este Tribunal mediante el presente recurso de apelación y nos

señalan la comisión de los siguientes errores:

       Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       determinar que Tania Aponte Huertas era solamente
       heredera universal y que no era legataria del legado
       específico del certificado de depósito de $100,000.00

       Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       determinar que los honorarios del Administrador Judicial son
       una deuda del caudal y se paga antes del legado y de la
       adjudicación de los bienes.

       Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al ignorar
       el Acuerdo Transaccional que puso fin a la controversia entre
       los herederos sobre el pago del legado.

       Cuarto error: erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse
       a aprobar el Acuerdo de Transacción sometido por los
       herederos para distribuir los bienes hereditarios y poner fin a
       la administración judicial.

       El 12 de enero de 2023 emitimos Resolución para conceder a la

parte apelada un término para expresarse en cuanto al recurso. Con el

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

Acudió    ante     nosotros     el   Administrador      Judicial   mediante      una

comparecencia especial para indagar sobre la necesidad de su

comparecencia. No emitimos Resolución a tales efectos por entender que

no es necesaria dicha comparecencia para resolver el recurso.

                                          II

                                          A

13 Apéndice del recurso, pág. 31.
14 Apéndice del recurso, pág. 18 (Esta segunda reconsideración fue presentada el 19 de
agosto de 2022.)
15 Apéndice del recurso, pág. 32.
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        En nuestro derecho sucesoral se ha reconocido la figura del

heredero forzoso. Estos herederos “son personas ubicadas en el ámbito de

parentesco de sangre o de afinidad del causante y a quiénes éste debe

instituir herederos, forzosamente, para que sea válida la institución de

herederos que contenga el testamento.”16 A esos efectos, el derogado

Código Civil disponía que el testador debía garantizar una tercera parte de

su herencia a sus herederos forzosos.17 Esa participación denominada

legítima, se define como “la porción de bienes de que el testador no puede

disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados

por esto herederos forzosos.”18 A esa institución de herederos forzosos se

le conoce también como un llamamiento a título universal.19

        Ahora bien, garantizada la participación de los herederos forzosos

en el caudal del testador, este puede disponer del restante de su

patrimonio, con plena liberalidad. Es por esa razón que un testador puede

designar a una persona como legatario, a título particular, sobre

determinado bien o bienes, según corresponda. Cónsono con esta

premisa, “[e]l testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o

de legado.”20 En la eventualidad de que surja una duda en cuanto a la

calidad del llamamiento, “aunque el testador no haya usado materialmente

la palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto,

valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia.”21

        A tales fines, se ha dicho que un legado es “una disposición

testamentaria a título singular o particular a favor de determinada persona,

constituyendo dicha disposición una obligación a cumplir por los

herederos”.22 Conforme a lo anterior, el testador puede instituir diferentes

16 J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Rev. Jur. U.I.A., 1990, Vol. III, T.
IV, pág. 231.
17 El caso que nos ocupa se rige por las disposiciones del Código Civil de 1930, ya

derogado, debido a que los derechos a la herencia de quien falleció antes de entrar en
vigor del Nuevo Código Civil de Puerto Rico se rigen por la legislación anterior. Artículo
1816 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 11721.
18 31 LPRA sec. 2361.
19 Vélez Torres, op. cit, pág. 303.
20 31 LPRA sec. 2122; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 101 (2008).
21 31 LPRA sec. 2122.
22 Vélez Torres, op. cit.
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tipos de legados, ya sea de cosa específica y determinada o legado de

parte alícuota, entre otros.23

       Ahora bien, es importante precisar que existe una diferencia entre

un heredero y un legatario. A esos efectos, la doctrina establece que, “[e]l

heredero es un sucesor a título universal y, por lo tanto, sucesor del

causante en la universalidad de las relaciones jurídicas de éste (su

patrimonio); el legatario, en cambio, es sucesor a título particular y, por lo

tanto, sucesor en bienes, derecho o valores patrimoniales determinados.”24

De otra parte, es importante delimitar las diferencias aludidas y en caso de

duda, procede que los tribunales interpreten la última voluntad del

causante.25

       De este modo, el artículo 624 del Código Civil establece que “[t]oda

disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus

palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del

testador.”26 De tal forma, “[e]n caso de duda se observará lo que parezca

más conforme a la intención del testador según el tenor del mismo

testamento.”27 La norma antes citada ha sido interpretada para colegir que

lo que debe prevalecer es la voluntad del testador, “por lo que, la función

judicial o de quien sea llamado a ejercer en materia de interpretación

testamentaria consiste en descubrir esa voluntad, a fin de que se

produzcan en su día los efectos que quería el autor del testamento”.28

       El Tribunal Supremo ha reconocido que la interpretación de un

testamento sobre legados y derechos de los herederos forzosos se mueve

entre dos campos. Uno de ellos es el criterio objetivo o germánico, bajo el

cual la calificación del llamamiento depende del contenido de la disposición

testamentaria. De acuerdo con este principio, el cual ha adoptado nuestro

Tribunal Supremo, se entiende que, “será heredero aquel en cuyo favor se

23 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 102.
24 Vélez Torres, op. cit., pág. 304.
25 Torre Ginés v. E.L.A, 118 DPR 436, 445 (1987).
26 31 LPRA sec. 2129.
27 31 LPRA sec. 2129.
28 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, Ed. Universidad de Puerto Rico, San

Juan, Puerto Rico, 2002, Tomo 2, cap. I; pág. 59.
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dispone la universalidad, o una cuota o porción aritmética de la herencia, y

será legatario, aquel que es llamado a recibir bienes específicos o

determinados del caudal hereditario.”29 De otra parte, bajo la teoría

subjetivista, “la clasificación del llamamiento dependerá de las palabras

que haya utilizado el testador en su testamento.”30 De tal modo, “si el

testador utiliza la palabra ‘lego’ se estará ante un legado y si emplea el

término ‘heredero’ se tratará de un llamamiento en tal concepto.”31

                                             B

        La cotitularidad sobre un patrimonio relicto, conocida como

comunidad hereditaria, termina con la partición de la herencia. E. González

Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, Ed. Universidad de Puerto

Rico, San Juan, Puerto Rico, 1983, Vol. 1, pág. 294. Mediante este acto

jurídico los herederos, quienes hasta ese momento son únicamente

titulares de una cuota abstracta sobre la totalidad del caudal hereditario,

convierten sus participaciones indivisas en la herencia en bienes

determinados o cuotas sobre bienes determinados. Puig Peña, Tratado de

Derecho Civil Español, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1965,

Tomo V, Vol. 3, pág. 162.

        La partición de la herencia está regulada esencialmente por los

Artículos 1005 a 1034 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 2857-

2919 y por los Artículos 600 al 605 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

LPRA secs. 2621-2626. Debido a la multiplicidad de intereses de los

miembros de una comunidad hereditaria, su terminación está sometida a

varias normas indispensables para la validez del negocio jurídico

pluripersonal que culmina con la partición de la herencia. Por consiguiente,

para realizar dicha partición, es menester llevar a cabo varias operaciones

previas entre las cuales debemos mencionar la determinación del monto

total del activo y del pasivo sucesorio, lo cual requiere un inventario de

todos los activos, así como el avalúo de estos.

29 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 104.
30 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 105.
31 Id.
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        Determinado el activo y pasivo, se liquida el caudal mediante el

cobro de créditos y el pago de deudas.32 Luego, se fija el haber de cada

heredero siguiendo lo dispuesto en el testamento o en la declaratoria de

herederos, en la proporción establecida en la ley o en el testamento y se

forman hijuelas de bienes de la misma calidad y especie y de la misma

igualdad, cuando la participación es igual, y se adjudican éstas a los

herederos de manera que, con la aceptación de la hijuela cada heredero

transforma su participación indivisa en la herencia en bienes concretos y

determinados, en los cuales de ordinario, tendrá cada uno propiedad

exclusiva. E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, Ed.

Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 1983, Vol. I, págs. 293.

                                            C

        La figura del contrato de transacción, regulado por los artículos 1709

a 1718 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 4821-4830, se

define como el pacto mediante el cual las partes, “dando, prometiendo o

reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o

ponen término al que había comenzado.”33 Un contrato de transacción

puede surgir a la vida jurídica tanto de forma judicial, como extrajudicial.

Claro está, siempre se requerirá que cada uno los contratantes cumplan

con una concesión. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484,

498 (2009); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870

(1995). Los elementos constitutivos de este contrato son: “(1) la existencia

de una controversia o relación jurídica incierta litigiosa; (2) la intención de

las partes de sustituir—mediante la transacción—, la incertidumbre sobre

los elementos objetivos de la relación jurídica por otra ‘cierta e

incontestable’, y (3) las concesiones recíprocas.” Sagardía De Jesús v.

Hosp. Aux. Mutuo, supra.

32 31 LPRA sec. 2883. Véase, además, Ruiz v. Ruiz, 74 DPR 347, 351 (1953) (“[P]referente
es el derecho de los acreedores al de los herederos, y primero es pagar que heredar.
Hasta tanto no se satisfaga el total de las deudas del caudal hereditario, los herederos no
tienen derecho alguno preferente a parte alguna de la herencia.”)
33 31 LPRA sec. 4821.
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          La causa del contrato de transacción es la incertidumbre que le

antecede a su otorgamiento, pues “[l]as partes, al transigir, podrían

encontrarse en un estado de incertidumbre en torno a la razón jurídica que

les asista y la ignorancia objetiva del resultado del pleito o pleito futuro,”

esta incertidumbre es lo que normalmente mueve a las partes a transigir.

Id.

          En cuanto a los requisitos básicos requeridos por nuestro

ordenamiento jurídico a todo tipo de contrato, incluyendo los acuerdos de

transacción, entiéndase, consentimiento, objeto y causa, se ha señalado lo

siguiente:

          Existe el consentimiento de los contratantes, ya que tiene que
          ser consensual; su objeto es la controversia entre las partes
          —la polémica judicial o extrajudicial— pues sin ella no puede
          existir la transacción; y su causa consiste en la eliminación de
          la controversia mediante recíprocas concesiones, pues si
          bien tiene el propósito de desaparecer un conflicto pendiente,
          se diferencia de otras figuras contractuales que tienen la
          misma finalidad en que ello se logra mediante renuncias
          mutuas. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág.
          871.

          Si el Tribunal acoge un acuerdo transaccional a fines de dar por

terminado un litigio, lo acordado tendrá efecto de cosa juzgada entre las

partes. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 406, 410 (1993).

Sin embargo, si las partes deciden no incorporar el acuerdo al proceso

judicial, bastará un aviso de desistimiento de la demanda para que el

Tribunal conceda finalidad a las controversias entre las partes. Neca Mortg.

Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 870. Claro está, la doctrina de cosa

juzgada se refiere solo a lo que fue objeto del acuerdo, pues es sabido que

“[l]a    transacción      no   comprende         sino   los   objetos   expresamente

determinados en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras,

deban reputarse comprendidos en la misma.”34

                                           III

          En su escrito de apelación, la parte apelante nos señala que el foro

primario incidió al determinar que la coheredera, Tania Aponte Huertas, es

34   31 LPRA sec. 4826.
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únicamente heredera universal y no legataria del certificado de depósito.

Además, que erró el TPI al resolver que los horarios del administrador

judicial son una deuda del caudal, por lo que debe pagarse antes del legado

y de adjudicar el resto de los bienes de la herencia. Asimismo, la parte

apelante señala que erró el TPI al ignorar el acuerdo transacción, y no

aprobar el mismo.

          En oposición, el coheredero Osvaldo Ortiz Medina (Sr. Ortiz), nos

señala que, conforme al Artículo 804 del Código Civil de 1930, la

coheredera y apelante, es quien debe sufrir la pérdida del legado del

certificado de depósito por no haber reclamado el mismo cuando debía.

Además, que esta consintió a que se cambiara dicho certificado y se

fundiera con el resto del caudal. El Sr. Ortiz aduce que ante tal situación, la

coheredera no puede pedir que se convierta “el legado de cosa específica

y determinada en un legado remuneratorio” conforme el Artículo 808 del

Código Civil.35

          Primeramente, entendemos pertinente atender el asunto relativo a

las etapas previas a esta apelación. Particularmente, el hecho de que hubo

dos reconsideraciones posteriores a la Sentencia Parcial emitida por el TPI,

y antes de presentarse este recurso. Lo anterior, pues, nuestro más alto

foro ha resuelto en reiteradas ocasiones que los tribunales debemos ser

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que estamos obligados

motu proprio a considerar este asunto antes de acoger o entrar en los

méritos de cualquier reclamación. García v. Hormigonera Mayagüezana,

172 DPR 1, 7 (2007); Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 470 (2006).

Notamos que, la primera Moción de Reconsideración fue resuelta por el

TPI el 3 de agosto de 2022, notificado a las partes el 5 del mismo mes y

año. Sin embargo, a pesar de que el foro primario declaró No Ha Lugar la

reconsideración, en su Resolución añadió fundamentos nuevos para

sustentar su dictamen previo. En específico, el Tribunal explicó que la

estipulación transaccional, aparte de que no recogía todas las

35   Alegato del Coheredero Osvaldo Ortiz medina, pág. 10.
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controversias sobre la partición de la herencia, aún existían conflictos entre

los coherederos al respecto.

          Inconforme,        el       coheredero   Carlos   Abraham   presentó

Reconsideración de la resolución anterior, la cual fue declarada No Ha

Lugar por el TPI mediante Resolución emitida el 14 de noviembre de 2022,

notificada el 19 del mismo mes y año. El Tribunal aclaró el asunto en torno

a la aludida Estipulación Transaccional, referente a las razones por las

cuales no fue aprobada. Particularmente, ya que dos de los coherederos

no la firmaron, aparte, que el referido acuerdo no incluyo el pago al

contador partidor.36

          Como norma general, una segunda moción de reconsideración no

interrumpe el termino para apelar, cuando la misma está basada en los

mismos argumentos que la primera, o cuando el dictamen del tribunal

resolviendo la moción de reconsideración, no altera sustancialmente la

determinación inicial. Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330,

341 (2018); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 158 DPR 345, 365-366

(2003). No obstante, “‘cuando la moción de reconsideración tiene el efecto

de modificar o enmendar la sentencia original, por alterar sustancialmente

el resultado del caso o por producir un cambio sustancial en la sentencia

original, puede la parte afectada presentar una segunda moción de

reconsideración siempre y cuando la misma vaya dirigida exclusivamente

a los nuevos pronunciamientos de la sentencia enmendada, pues esta

sentencia enmendada constituye una nueva providencia judicial distinta y

separada de la original’.” Báez Figueroa v. Adm. De Corrección, 2022

TSPR 51, que cita a José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, 1369, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1369.

          Si bien el dictamen del foro primario no cambió, en su Resolución

del 3 de agosto, el Tribunal incluyó determinaciones de hechos adicionales,

de las cuales el coheredero, Carlos Abraham reconsideró. Resolvemos

que, esta reconsideración cumplió con los criterios que estableció nuestro

36   Apéndice del recurso, pág. 32.
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Tribunal Supremo en Carattini v. Collazo Syst. Analysis, supra, ratificado

en Báez Figueroa v. Adm. De Corrección, supra. Esto así, ya que la

Resolución del TPI trajo asuntos nuevos que no fueron objeto de la

Sentencia Parcial. En específico, en su dictamen original, el TPI nada

expresó sobre el acuerdo transaccional, más allá de que el contador

partidor debía repartir los fondos del caudal conforme a lo allí estipulado,

siempre que fuese conforme con los pronunciamientos de la Sentencia

Parcial. La coheredera Tania entendió que el TPI debía declarar aprobado

dicho acuerdo en su solicitud de reconsideración. Sin embargo, el TPI

aclaró que no procedía aprobarlo, por las razones expuestas en su

Resolución, de la cual recurrió el coheredero Carlos Abraham. Por lo

anterior, tenemos jurisdicción para atender el presente recurso en sus

méritos.

       De acuerdo con las determinaciones de hechos realizadas por el

foro primario, las cuales merecen gran deferencia de nuestra parte, no cabe

duda de que doña Vicenta realizó un llamamiento especial en el tercio de

la mejora a nombre de su hija Tania Aponte, coheredera-apelante. En

específico, en sus codicilos, la testadora mejoró a su hija con un

apartamento y un certificado de depósito por la cantidad de $100,000. En

lo que respecta al primer error, el foro primario tuvo que aplicar la normativa

jurídica aplicable para interpretar la voluntad de la causante en su

testamento. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 106-

107 (2008). De un análisis integral de las disposiciones testamentarias, se

desprende, que en efecto la testadora tenía la intención de dejar a su hija

el apartamento y el certificado de depósito, en calidad de heredera

universal, tal como resolvió el TPI. No obstante, dicha mejora quedó

extinguida por la inexistencia de los bienes en el caudal hereditario. Véase,

E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, Ed. Universidad

de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 1983, Vol. 2, págs. 421 y 435. No

se cometió el primer error.
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          Asimismo, surge del expediente ante nuestra consideración que las

partes presentaron un Aviso Sobre Acuerdo Transaccional el cual, en

efecto, no fue firmado por todos los coherederos, requisito necesario para

la validez de un acuerdo de transacción. Entiéndase, el consentimiento de

las partes. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 871. Ahora

bien, en su dictamen, el foro primario ordenó al contador partidor a utilizar

dicho acuerdo para realizar la partición del caudal, en lo que no fuese

incompatible con la Sentencia Parcial. Esto así, ya que, de disponer

exactamente según el acuerdo, no habría fondos suficientes para realizar

el pago adeudado al contador partidor.

          Cabe señalar que, al realizar las operaciones particionales y restar

las deudas de la herencia, se restan los gastos de partición hechos en

interés común de todos los herederos.37 Estos gastos incluyen los servicios

del contador partidor, así como las costas ocasionadas en los

procedimientos de su función como tal. Viuda de Giol v. Giol García, 98

DPR 227, 233 (1969). Los honorarios por servicios como contador partidor,

así como las costas ocasionadas en los procedimientos de su función como

tal deben deducirse de la herencia como lo prescribe el Artículo 1017 del

Código Civil de 1930. Id. Los errores señalados por la parte apelante no

fueron cometidos por el Tribunal de Primera Instancia.

          Por lo cual, en ausencia de error manifiesto, perjuicio o parcialidad

que nos mueva a intervenir con la determinación del TPI, procede confirmar

el dictamen apelado. Véase, Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR

721, 728 (1984). Tampoco se demostró que el foro primario erró en su

apreciación de la prueba.

                                       IV

          Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia

Parcial apelada.

          Notifíquese.

37   31 LPRA sec. 2883.
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      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones