Court Opinion

ID: 9949495
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-11 19:19:42.38315+00
Date Added: 2024-06-11T14:26:27.643218
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:

                                                2024 TSPR 19

 Carlos H. Raffucci Caro                        213 DPR ___

 (TS-9,263)

Número del Caso:    CP-2016-0001

Fecha:    5 de marzo de 2024

Oficina del Procurador General:

          Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez
          Subprocuradora General

          Lcda. Lorena Cortés Rivera
          Subprocuradora General

          Lcda. Mabel Sotomayor Hernandez
          Subprocuradora General

          Lcdo. Omar Andino Figueroa
          Subprocurador General

          Lcda. Minnie H. Rodríguez López
          Procuradora General Auxiliar

          Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
          Procuradora General Auxiliar

          Lcda. Gisela Rivera Matos
          Procuradora General Auxiliar

          Lcda. Noemí Rivera de León
          Procuradora General Auxiliar

Abogada del querellado:

          Lcda. Margarita Carrillo Iturrino

Comisionada Especial:

          Hon. Enid Martínez Moya

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría por quebrantar los
Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, así como los
Arts. 2 y 56 de la Ley Notarial y la Regla 5A del Reglamento
Notarial.

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               EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos H. Raffucci Caro
   (TS-9,263)
                                  CP-2016-0001

                                       PER CURIAM

               En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

                    Nuevamente nos vemos en la obligación de ejercer

               nuestra potestad disciplinaria sobre un letrado que se

               apartó de los principios deontológicos que rigen la

               profesión jurídica.   En esta ocasión, concluimos que

               el Lcdo. Carlos Humberto Raffucci Caro quebrantó los

               Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,

               infra, así como los Arts. 2 y 56 de la Ley Notarial,

               infra y la Regla 5a del Reglamento Notarial, infra. En

               consecuencia, decretamos su suspensión inmediata e

               indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

                                         I

                    El licenciado Raffucci Caro fue admitido a la

               práctica de la abogacía en 1989 y a la notaría en 1990.
CP-2016-0001                                                                   2

El 27 de febrero de 2009, la Sra. Zor Janet Alejandro

Portalatín       (señora     Alejandro       Portalatín       o    promovente)

presentó una queja en la que realizó imputaciones serias

sobre la conducta del letrado en el desempeño de su función

notarial.

      El primer incidente descrito en la queja se suscitó con

la escritura número uno (1) de 15 de enero de 2009 sobre

dación en pago autorizada por el licenciado Raffucci Caro y

presentada en el Registro de la Propiedad el 20 de mayo de

2008. En la mencionada escritura, el Sr. Pedro J. Gómez

García (señor Gómez García) cedió a True Hardware Corp.,

representada      por   el    Sr.    Jorge    Hernández       Miller      (señor

Hernández Miller), una propiedad localizada en Manatí. Sobre

ese particular, se alegó que el licenciado Raffucci Caro,

luego de presentar el instrumento público ante el Registro

de la Propiedad, acudió a la oficina de la señora Alejandro

Portalatín y se apropió ilegalmente del comprobante original

de presentación de la mencionada escritura. Tras apropiarse

del   comprobante,         alegadamente      el   letrado         envió   a        un

mensajero    a    retirar    el     instrumento    del    Registro        de   la

Propiedad sin el aval de los otorgantes. Luego de esto, el

licenciado Raffucci Caro fungió de intermediario para que un

tercero —amigo suyo— adquiriera la propiedad objeto del

negocio jurídico en controversia.

      En el segundo incidente, la señora Alejandro Portalatín

arguyó que el licenciado Raffucci Caro anuló un testimonio

en    un    documento        titulado     “Adendum        a       contrato     de
CP-2016-0001                                                           3

reconocimiento de participación” fechado de 15 de diciembre

de 2007, sin autorización de las partes otorgantes.

      En el tercer incidente, se adujo que el licenciado

Raffucci Caro, preparó, firmó y notarizó un contrato de

arrendamiento, en el cual la firma de uno de los otorgantes;

a saber, el señor Hernández Miller, fue falsificada. En otras

palabras, se arguyó que el licenciado Raffucci Caro dio fe

de un hecho falso.

      Finalmente,     la   promovente   alegó    que    el   licenciado

Raffucci Caro, como notario autorizante de la escritura de

dación en pago antes mencionada, expidió bajo su firma y

sello copias inconsistentes de este instrumento público. A

su   vez,   el   letrado   expidió   distintas        versiones   de   un

certificado de resolución corporativa junto a la escritura

de referencia.

      En su contestación a la queja, el letrado afirmó,

respecto    a    la   primera   alegación,      que    los   documentos

relativos a la presentación de la escritura de dación en

pago estaban en su oficina y que en ningún momento los

sustrajo de la oficina de la promovente. El licenciado

Raffucci Caro explicó que la escritura aludida se retiró

porque el señor Gómez García le indicó que había llegado a

un acuerdo con el señor Hernández Miller para dejar sin

efecto el negocio jurídico. A su vez, el señor Gómez García

le comunicó que otros dos abogados le habían aconsejado dejar

sin efecto el negocio de la dación en pago. Sucesivamente,

el licenciado Raffucci Caro expresó que, aunque coincidió
CP-2016-0001                                                              4

con el análisis de los abogados, no brindó asesoría formal

al señor Gómez García sobre el asunto.                  Sin embargo, el

letrado admitió que no corroboró la veracidad de la alegada

anuencia del señor Hernández Miller sobre el retiro de la

escritura.

     Finalmente, el señor Raffucci Caro explicó que luego de

dejar sin efecto la dación en pago sobre el inmueble, el

señor Gómez García acudió a su oficina y le expresó que

estaba buscando un comprador para esa finca. El letrado

reconoció que le ofreció la propiedad al Sr. Giorgio Coppola

Cascella,    un   amigo   suyo   de   más        de     20   años,    quien

eventualmente la adquirió.

     En lo concerniente al segundo incidente, el licenciado

Raffucci Caro señaló que anuló el addendum en controversia

dado que por error le asignó un número que ya había sido

utilizado    en   otro    instrumento.      Al        percatarse     de   la

duplicidad y por entender que no era necesario notarizar el

addendum, optó por dejar sin efecto el testimonio. Además,

expresó que esto ocurrió en presencia de los otorgantes.

     En cuanto a la legitimidad de la firma en un contrato

de arrendamiento entre JJH Import y Mansiones del Patio Inc.,

el licenciado Raffucci Caro reconoció que la firma no se

parecía a la del señor Hernández Miller, presidente de ambas

corporaciones. Sin embargo, enunció que el documento fue

firmado ante él y constaba en el Registro de Testimonios, lo

que creaba una fuerte presunción de veracidad. De igual modo

señaló que, aunque en el contrato aparecía como fecha de
CP-2016-0001                                                               5

otorgamiento el 2 de enero de 2008, este fue otorgado el 9

de enero de 2008, cuando el señor Hernández Miller regresó

de un viaje.

      Finalmente,           en      lo     atinente    a   las    versiones

inconsistentes         de    una     misma   resolución    corporativa,    el

letrado arguyó que se trataba de distintas copias que se

generaron en el proceso de autorizar la escritura de dación

en   pago    y   que    se        fueron   descartando.    Explicó   que   el

certificado de resolución impreso inicialmente, indicaba una

cantidad incorrecta sobre el valor de la transacción y en

lugar de imprimir el documento nuevamente, borró la suma con

corrector líquido. El letrado intimó que la señora Alejandro

Portalatín y el señor Hernández Miller retuvieron las copias

que debían ser descartadas con el fin de hacerle daño.

      Tras investigar el asunto, el 25 de abril de 2014, la

Oficina del Procurador General presentó un Informe final en

el   que    concluyó        que    el    licenciado   Raffucci   Caro   había

incurrido en serias faltas éticas.                    Consecuentemente, en

cumplimiento con nuestras órdenes, el Procurador General

presentó la Querella correspondiente en la cual formuló 14

cargos por incumplimiento con los Cánones 18, 19, 21, 35 y

38 del Código de Ética Profesional, infra, los Arts. 2, 41

y 56 de la Ley Notarial, infra y la Regla 5a del Reglamento

Notarial, infra.1

1 En los Cargos I, II y III se le imputó al letrado haber alterado el
certificado de resolución corporativa que acompañaba la escritura de
dación en pago y también haber expedido distintas versiones del
mencionado instrumento público. Consecuentemente, se le imputó haber
quebrantado los Cánones 15, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,
infra. En los Cargos III y IV se le imputó haber violado el Canon 18 del
CP-2016-0001                                                             6

      Vista     la   querella    presentada       por   la   Oficina    del

Procurador General, el 21 de junio de 2017 nombramos a la

Hon. Enid Martínez Moya como Comisionada Especial. Luego de

un procedimiento extenso, el 4 de mayo de 2023 recibimos su

informe. En síntesis, concluyó que el licenciado Raffucci

Caro violó los Arts. 2 y 56 de la Ley Notarial, 4 LPRA secs.

2002, 2091; la Regla 5a del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap.

IX.   y   los    Cánones   18,    35    y    38   del   Código    de   Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

      Dado que varios de los cargos incluidos en la querella

requieren       determinaciones    de       credibilidad,    en   adelante

exponemos un breve resumen de las determinaciones de hecho

incluidas en el informe.

      A. Sobre la escritura de dación en pago:

      El 15 de enero de 2008, el licenciado Raffucci Caro

autorizó la escritura número uno (1) de dación en pago. En

esa escritura, el señor Gómez García como deudor, le cedía

Código de Ética Profesional, infra, y el Art. 41 de la Ley Notarial,
infra, por no incluir una nota de saca en el original de la escritura
de dación en pago al expedir una copia certificada. En los cargos V, VI,
VII, VIII y IX se le imputó al querellado haber dado fe de un hecho
falso al asegurar que el señor Hernández Miller firmó determinado
contrato de arrendamiento en su presencia. Es la posición del Estado que
la firma que aparece en el mencionado contrato no es la del señor
Hernández Miller. Por eso, se le imputó haber violado los Arts. 2 y 56
de la Ley Notarial, supra, la Regla 5a del Reglamento Notarial, infra,
y los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra. En el
cargo X se le imputó haber violado el Canon 19 del Código de Ética
Profesional, infra, al dejar sin efecto, unilateralmente un addendum al
“Contrato de reconocimiento de participación” realizado mediante el
affidávit Núm. 5818. En los Cargos XI, XII, XIII y XIV se le imputó
haber asesorado a uno de los otorgantes de la escritura de dación en
pago en contra de los intereses del otro. El Procurador General expresó
que esa conducta constituyó conflicto de interés y a su vez, violó la
Regla 5a del Reglamento Notarial, infra, así como los Cánones 21 y 38
del Código de Ética Profesional, infra.
CP-2016-0001                                                       7

y   traspasaba   a   True   Hardware     Corp.,   como    acreedora,

determinado inmueble ubicado en Manatí. En el instrumentó

público se especificó que la dación se efectuaba por el

precio convenido y ajustado de $700,000. A su vez se expuso

que la dación se realizaba con la intención de extinguir

totalmente varias deudas por mercancía suplida por parte del

acreedor.

     El Sr. Máximo Guadalupe, empleado de Hernández Miller,

presentó la escritura en el Registro de la Propiedad. Luego

de presentarlas, el señor Guadalupe regreso a las oficinas

de True Hardware Corp. con las boletas y minutas originales

de presentación, y se las entregó al señor Hernández Miller.

Este último se las entregó a su entonces esposa, la señora

Alejandro Portalatín, quien las guardó en su escritorio.

     En el ínterin, la relación de negocios entre el señor

Hernández Miller y el licenciado Raffucci Caro se deterioró.

Tras ocurrir varios incidentes no relacionados con esta

querella, el señor Hernández Miller ordenó un estudio de

título de la propiedad que había adquirido por medio de la

dación en pago. Al hacerlo, advino en conocimiento de que la

escritura de dación en pago había sido retirada antes de

lograr   la   inscripción   registral.    La   retiró    una   persona

llamada Carlos A. Malaret Vázquez. Ante ese escenario, el

señor Hernández Miller le solicitó a la señora Alejandro

Portalatín, que buscara las boletas de presentación. Ella no

las encontró en la gaveta de su escritorio y notó que también
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habían desaparecido unas licencias de camiones que allí se

guardaban.

     La promovente afirmó que recordaba que el licenciado

Raffucci Caro se había llevado varias cajas de documentos

cuando    abandonó     True    Hardware   Corp.,   empresa   del   señor

Hernández Miller en la cual el letrado tuvo una oficina por

un tiempo. Alegadamente, al momento de retirarse de la

oficina, el letrado afirmó que los documentos que se llevaba

eran papeles para descartar. Ante ello, la señora Alejando

Portalatín le envió una misiva en la que le solicitó que

devolviera     todos     los    documentos    relacionados     con    la

mencionada Compañía. En respuesta, el licenciado Raffucci

Caro envió una carta en la que negó haber retirado los

documentos. Sucesivamente, la promovente presentó un informe

de incidente ante la Policía de Puerto Rico, sin embargo, no

hizo imputación alguna contra el letrado.

     Posteriormente, el señor Gómez García, quien cedió a

True Hardware la propiedad en controversia, se acogió a un

proceso de quiebra. La señora Alejandro Portalatín asistió

a   varias   vistas      del    procedimiento      y   ahí   advino   en

conocimiento de que la propiedad había sido vendida al señor

Coppola    Cascella.     Consecuentemente,      True   Hardware    Corp.

instó una demanda para que, entre otras cosas, se dilucidara

la titularidad del inmueble en pugna. Sobre el asunto, se

dictó una sentencia parcial que favoreció a la empresa antes

dicha.
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     En la sentencia parcial también se concluyó que el

licenciado Raffucci Caro había orientado al señor Gómez

García sobre cómo podría recuperar la finca que había cedido

a True Hardware Corp., mediante el retiro de las escrituras

u otorgación de acta. No obstante, durante este proceso

disciplinario, el licenciado Raffucci Caro siempre negó lo

anterior. Alegó que fue el señor Gómez García quien le

expresó que había llegado a un acuerdo con el señor Hernández

Miller para dejar sin efecto la dación en pago y le pidió

que le entregara todos los documentos relacionados con ese

asunto. En esa línea, el licenciado Raffucci Caro también

argumentó   que     el   señor   Gómez   García   había     recibido

asesoramiento de dos abogados que le recomendaron dejar sin

efecto la dación y que él, sin emitir una recomendación

formal, únicamente le expresó que pensaba igual que los

abogados.

     No obstante, el letrado reconoció que no corroboró con

el señor Hernández Miller si existía un acuerdo para dejar

sin efecto el negocio, porque su relación con este no estaba

en buenos términos. Durante una vista celebrada por la

Comisionada Especial, el licenciado Raffucci Caro dio otra

explicación.   En    específico,   esbozó   que   no   le    pareció

necesario comunicarse con el señor Hernández Miller porque

sabía que este último no había cumplido con los acuerdos

asumidos con el señor Gómez García y entendía que lo más

conveniente era rescindir el negocio. Asimismo, durante otra

vista ante la Comisionada Especial, el letrado reiteró que
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no tenía que comunicarse con el señor Hernández Miller “ni

como notario, ni como astronauta, ni como nada más”. Informe

de la Comisionada Especial, pág. 123.

     El licenciado Raffucci Caro explicó que, semanas luego

del retiro de la escritura de dación en pago, el señor Gómez

García visitó su oficina y le solicitó que le ayudara a

buscar un comprador para el inmueble. Acto seguido, el

letrado admitió que le ofreció la propiedad en controversia

a su amigo, el señor Coppola Cascella. A su vez, expresó que

asistió al otorgamiento de la escritura de compraventa a

petición del señor Coppola Cascella, pero no fue quien

autorizó ese negocio jurídico. De la vista evidenciaria en

el caso civil respecto a la titularidad del inmueble, surge

que el licenciado Raffucci Caro fue la persona que realizó

todas las gestiones y negociaciones para que el señor Coppola

Cascella adquiriera la propiedad sobre la cual anteriormente

el propio letrado había autorizado la escritura de dación en

pago.

     Es de notar que la Comisionada Especial destacó en su

informe que, en el expediente de la reclamación civil en la

que True Hardware Corp. litigó la titularidad del inmueble,

el licenciado Raffucci Caro ofreció una versión diferente

sobre los hechos. Particularmente, el letrado dijo que el

señor Gómez García acudió a su oficina y le expresó que

quería recobrar la propiedad que había dado en pago porque

el señor Hernández Miller no había satisfecho ninguna de sus

obligaciones. En ese entonces, el letrado le comentó al señor
CP-2016-0001                                                             11

Gómez García que no creía que el señor Hernández Miller le

iba a cumplir y le indicó los pasos que debía seguir para

prescindir del negocio. En ningún momento mencionó que otros

dos abogados fueron quienes le brindaron asesoría al señor

Gómez García.

     Tras    evaluar     toda        la     prueba   sobre    este   asunto,

incluyendo los testimonios de las partes, la Comisionada

Especial no hizo determinación de credibilidad respecto a

quién tenía las boletas de presentación de la escritura en

disputa ni quien ordenó su retiro. Enfatizó que este era un

caso complicado, en el que se brindaron muchas versiones que

no se pudieron corroborar.

     Empero, determinó que tenía prueba clara, robusta y

convincente para concluir que el licenciado Raffucci Caro

asesoró al señor Gómez García respecto al curso a seguir

para dejar sin efecto la escritura de dación en pago.

Consecuentemente, concluyó que este violó la Regla 5a del

Reglamento Notarial, supra, que impone al notario que ha

autorizado     una     escritura           el   deber    de    actuar    con

imparcialidad    durante        el        otorgamiento   de   esta   y   con

posterioridad.       Al no cumplir con su obligación, el letrado

provocó que la propiedad fuera vendida por quien no era su

dueño. A su vez, la Comisionada Especial concluyó que la

actuación del letrado violó el Canon 38 del Código de Ética

Profesional, supra.

B. Sobre las versiones inconsistentes de la misma resolución
corporativa
CP-2016-0001                                                             12

     Por otra parte, el otorgamiento de la escritura de

dación en pago requirió que se preparara una resolución

corporativa    para   autorizar      al    señor     Hernández    Miller   a

representar a True Hardware Corp., en calidad de presidente.

La primera versión impresa de la resolución tenía un error

al indicar que el valor de la dación en pago era de $800,000

en lugar de $700,000. Al percatarse de la situación, el

licenciado Raffucci Caro procedió a tachar la cuantía con

corrector líquido. El letrado adujo que decidió corregir la

cantidad en lugar de imprimir otro documento porque una

resolución corporativa no requiere especificar el valor del

negocio para el cual se prepara y que lo hizo en presencia

de las partes.

     A juicio de la Comisionada Especial, las circunstancias

que rodearon la firma de esa resolución corporativa no

quedaron   claras     del    todo.        Por   eso,    sin      hacer   una

determinación de credibilidad respecto a los motivos de las

inconsistencias       en    las   copias        de     las    mencionadas

resoluciones, la Comisionada concluyó que la manera en que

el licenciado Raffucci Caro manejó la corrección de los

errores en dichos documentos denota descuido y negligencia

en el ejercicio de la notaría. Entiéndase que los errores

cometidos en las resoluciones corporativas podían subsanarse

destruyendo el documento y preparando uno nuevo, o mediante

los métodos establecidos en el Art. 32 de la Ley Notarial,

4 LPRA sec. 2050, vigente al momento de los hechos. Empero,

los documentos notariales no pueden subsanarse utilizando
CP-2016-0001                                                               13

corrector líquido. Al actuar de esa manera, el letrado violó

los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

C.   Anulación de un addendum sin autorización de las partes

      Por otro lado, el 12 de diciembre de 2007 se suscribió

un    addendum     a     un     contrato        de    reconocimiento       de

participación.      Este      addendum     se    notarizó    mediante      el

testimonio número 5818. El letrado se dio cuenta de la

duplicidad y decidió corregirla cancelando el testimonio del

addendum. Razonó que como el contrato de reconocimiento de

participación no había sido notarizado, el addendum tampoco

tenía     que   serlo.   El    licenciado       Raffucci    Caro   procedió

entonces a incluir a mano: “[c]ertifico que este testimonio

es nulo y que este documento no está notarizado. Yo, el

notario”. Tanto el señor Hernández Miller como la promovente

de   la   queja   alegaron     que   no   se    les   notificó     sobre   la

anulación del addendum. El licenciado Raffucci Caro por su

parte, aseguró que había puesto la nota en presencia de las

partes.

        Respecto a este incidente, la Comisionada Especial

concluyó que no había prueba clara, robusta y convincente

para determinar que el letrado violó el Canon 19 de Ética

Profesional, supra.

D. Sobre la legitimidad de la firma del otorgante en un
contrato de arrendamiento

      Por otra parte, en lo concerniente a un contrato de

arrendamiento de una propiedad inmueble suscrito el 2 de

enero de 2008 y notarizado por el licenciado Raffucci Caro,

la señora Alejandro Portalatín alegó que el día en que se
CP-2016-0001                                                             14

otorgó   el   contrato,   el    señor      Hernández      Miller,   quien

aparecía   como   suscribiente,       no   estaba    en    Puerto   Rico.

Sucesivamente,    adujo   que   la    firma    que     aparecía     en   el

documento había sido falsificada.

     En la contestación a la querella, el letrado expresó

que la firma del contrato estaba pautada para efectuarse el

2 de enero de 2008 pero no pudo hacerse porque Hernández

Miller se encontraba de viaje. Explicó que el contrato de

arrendamiento se suscribió el 9 de enero de 2008 pero por

error, en el documento se mantuvo la fecha de 2 de enero de

2008.

     Ahora    bien,   durante   una    vista   ante       la   Comisionada

Especial celebrada el 23 de enero de 2023, el licenciado

Raffucci Caro testificó que el contrato se había suscrito el

2 de enero de 2008. Tras ser increpado por lo expresado en

la contestación a la querella, este se sostuvo en que el

contrato fue suscrito el 2 de enero de 2008.

     Tras evaluar la firma en el mencionado contrato de

arrendamiento, dos peritos presentaron posturas opuestas. El

perito del Estado concluyó que la firma no correspondía a la

del señor Hernández Miller, mientras que el perito del

licenciado Raffucci Caro concluyó que el señor Hernández

Miller tenía la capacidad de modificar su firma.

     No obstante, al evaluar toda la prueba, la Comisionada

Especial no le dio credibilidad a la conclusión del perito

del letrado. Explicó que este no evidenció la utilización de

métodos confiables en la comunidad científica para llegar a
CP-2016-0001                                                            15

su determinación. Así las cosas, determinó que la firma que

aparecía en el contrato de arrendamiento no era la de

Hernández    Miller       y    en   consecuencia,    que   el   licenciado

Raffucci Caro dio fe de un hecho falso. En consecuencia, el

letrado violó los Arts. 2 y 56 de la Ley Notarial, supra,

así como los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional,

supra.

        Al concluir su informe, la Comisionada Especial no

recomendó una sanción específica para el licenciado Raffucci

Caro. Empero, destacó que este en ningún momento aceptó sus

faltas o pidió disculpas por la conducta imputada. De igual

forma, señaló que el letrado tiene historial disciplinario

previo. Finalmente, solicitó que este Tribunal impusiera la

sanción que entendiera correspondiente.

     Con este marco fáctico, el asunto quedó sometido para

nuestra determinación final.

                                       II

A. Disposiciones Notariales

     En el descargo de sus funciones los abogados y notarios

deben    observar    el       Código   de   Ética   Profesional,   la   Ley

Notarial de Puerto Rico, y el Reglamento Notarial. De lo

contrario se exponen a severas sanciones disciplinarias. In

re Maldonado de Jesús, 208 DPR 601, 611 (2022).

     En esa línea, la fe pública es la espina dorsal del

sistema notarial. Íd. págs. 611-612; In re Torres Rivera,

204 DPR 1, 11 (2020); In re Pagán Díaz, 198 DPR 398, 404

(2017).    Es   la    presunción        controvertible     de   legalidad,
CP-2016-0001                                                                             16

corrección y exactitud, tanto formal como sustantiva de la

que se reviste un documento que ha sido autorizado por un

notario. En ese sentido, un documento notarial avalado por

la dación de fe brinda la confianza de que los hechos

jurídicos y las circunstancias acreditadas en efecto fueron

percibidos o comprobados por el notario. In re González

Pérez, 208 DPR 632, 645-646 (2022); In re Villalona Viera,

206    DPR        360,          370        (2021).     “Es      precisamente            esta

representación de la fe pública notarial la que establece la

diferencia entre la función que desempeña el abogado y la

del notario”. In re Colón Ramery I, 133 DPR 555, 562 (1993).

       En ese contexto, el notario, como depositario de la fe

pública notarial tiene el deber de ser imparcial antes,

durante      y       después       del      otorgamiento        de    un       instrumento

público.         En      consonancia,          la    Regla      5a    del      Reglamento

Notarial,        4       LPRA   Ap.      XXIV,      dispone     que   “[h]ay       ciertas

actuaciones o gestiones no notariales incompatibles con

dicha función que afectan la imparcialidad del notario y

menoscaban la fe pública de la que está investido”. Entre

estas, al notario autorizante de un instrumento público le

está   vedado            actuar       como    agente       de   cierre,        agente    de

desembolso           o    agente      de    seguro    de     título,       o   desempeñar

funciones similares en el negocio jurídico o transacción que

motivó su intervención. Íd.

       Por otra parte, el Art. 56 de la Ley Notarial, 4 LPRA

sec. 2091, establece que un testimonio o declaración de

autenticidad             es el     documento en el cual un notario, a
CP-2016-0001                                                     17

solicitud de una parte interesada, da testimonio de fe de un

documento no matriz, además de su fecha. En esencia, el

notario acredita que, en fecha cierta, se firmó un documento

en su presencia por la persona que evidentemente es quien

dice ser. Íd. Así pues, los notarios no pueden dar fe

notarial en un documento en el cual la persona que pretende

la otorgación no compareció personalmente. In re González

Pérez, supra.

     B. Cánones de Ética Profesional

     Por otro lado, este Tribunal tiene el deber ineludible

de cerciorarse de que los profesionales que son admitidos al

ejercicio de la abogacía y la notaría realicen sus funciones

de forma competente, responsable y diligente. In re Montañez

Morales, 2023 TSPR 11, 212 DPR ___ (2023); In re Meléndez

Artau, 2023 TSPR 60, 212 DPR ____ (2023); In re Colón Olivo

I, 211 DPR 5 (2023); In re Lewis Maymó, 205 DPR 397, 402

(2020). En ese renglón “[s]erá impropio de un abogado asumir

una representación profesional cuando está consciente de que

no puede rendir una labor idónea competente y que no puede

prepararse   adecuadamente   sin   que   ello     apareje   gastos   o

demoras irrazonables a su cliente o a la administración de

la     justicia”. Canon 18 del           Código        de      Ética

Profesional, supra. El Canon 18 de Ética Profesional condena

la desidia y la displicencia en los asuntos que le son

encomendados a los abogados. In re Maldonado de Jesús, supra.

     De igual forma, todo miembro de la profesión legal debe

conducirse de forma honesta y honrada ante los tribunales,
CP-2016-0001                                                              18

para con sus representados y en las relaciones con sus

compañeros. Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

Con este precepto ético se pretende resaltar la verdad como

atributo inseparable del abogado. In re Cardona Estelritz,

2023   TSPR    100,    212   DPR     ___   (2023).     “Para    actuar     de

conformidad con el mandato de este canon, es indispensable

que los abogados se aseguren de no proveer información falsa

o incompatible con la verdad y de no ocultar información

cierta que deba ser revelada”. In re Aponte Morales, 2023

TSPR 13, 211 DPR 171 (2023). En el ejercicio de la abogacía

este canon se incumple por el simple hecho de faltar a la

verdad,   independientemente         de    las   razones.      In   re   Lugo

Quiñones, 206 DPR 1, 12 (2021); In re Charbonier Laureano,

204 DPR 351, 364 (2020).

       Este deber de sinceridad y honradez se extiende a la

conducta del abogado en su función notarial. In re Tejada

Rivera, 155 DPR 175 (2001). En esa línea, la certificación

de un hecho falso es una de las faltas más graves que puede

cometer un notario. In re González Pérez, supra; In re

Santiago Rodríguez, 206 DPR 853, 861 (2021); In re Flores

Martínez, 199 DPR 691, 702 (2018). Este proceder transgrede

la fe pública notarial y afecta la confianza del sistema de

autenticidad documental.           In re Vázquez Margenat,           supra,

págs. 978-979;        In re Arocho Cruz,         supra;     In re Llanis

Menéndez,     175   DPR   22,   26   (2008).     De   ahí   que,    en   esos

escenarios no se considera defensa el no haber procedido de

mala fe ni deliberadamente, no haber actuado con la intención
CP-2016-0001                                                                        19

de defraudar o engañar, así como no haber causado daño o

perjuicio a un tercero. In re Maldonado de Jesús, supra,

pág. 617. Dar fe de un hecho falso es una falta tan grave

que, además de quebrantar la Ley Notarial y el Reglamento

Notarial, supra, también constituye una violación de los

Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. In re

Vázquez Margenat, supra, pág. 979.

      Por último, es ampliamente conocido que todo abogado

debe conducirse en forma digna y honorable, tanto en su vida

privada como en el desempeño de su profesión. In re Cardona

Estelritz, supra; In re Bermúdez Meléndez, 198 DPR 200

(2017). Conforme al Canon 38 del Código de Ética Profesional,

supra,      los    integrantes       de        la     profesión       legal     deben

esforzarse al máximo de sus capacidades para exaltar el honor

y   la    dignidad       de   la    profesión,         aunque        ello   conlleve

sacrificios personales. In re Maldonado de Jesús, supra.

                                         III

         Luego    de   ponderar     minuciosamente          los       hechos    y   el

derecho aplicable, coincidimos con la apreciación de la

Comisionada Especial y le brindamos deferencia por ser quien

tuvo oportunidad de recibir y examinar la prueba. Véanse, In

re Meléndez Mulero, 208 DPR 541, 554 (2022); In re Colón

Ortiz, 204 DPR 452, 461 (2020). De una evaluación integral

del   expediente,         surge    que    el        licenciado       Raffucci    Caro

antepuso     sus       conflictos    interpersonales             a    su    deber   de

exaltar el honor y la dignidad de la profesión, aunque ello
CP-2016-0001                                                         20

conlleve sacrificios personales. Así, cometió serias faltas

en el ejercicio de su función pública notarial.

     En primer lugar, el licenciado autorizó una escritura

de dación en pago y luego orientó a uno de los otorgantes

sobre   cómo   dejar    sin   efecto   el    negocio   y   retirar   el

instrumento del Registro de la Propiedad, sin consultarlo

con la otra parte. Admitió que en ningún momento corroboró

con el señor Hernández Miller si autorizaba dejar sin efecto

la dación del inmueble, porque tenía conflictos personales

con este. Como si fuera poco, luego de provocar que la

escritura se retirara, gestionó y facilitó que un amigo suyo

adquiriera esa propiedad de quien ya no era su dueño.

     Definitivamente, el licenciado Raffucci Caro incurrió

en conducta altamente impropia. Su actuación da al traste

con el deber de imparcialidad que tiene un notario como

depositario de la fe pública notarial, que no puede ponerse

en tela de juicio por actos posteriores o simultáneos al

otorgamiento del instrumento público.

     Reconocemos que la Regla 5a del Reglamento Notarial,

supra, define expresamente unas funciones que le están

prohibidas al notario que autoriza una escritura; a saber,

desempeñarse como agente de cierre, agente de desembolso o

agente de título. Ese no es el caso del licenciado Raffucci

Caro. Aquí, tampoco está presente la figura del notario que,

luego de autorizar un instrumento público representa a uno

de   los   otorgantes    en   un   litigio    relacionado    con     esa

escritura. Véanse, Regla 5 del Reglamento Notarial, supra,
CP-2016-0001                                                                        21

e In re Colón Ramery II, 138 DPR 793 (1995). No obstante,

no   albergamos       dudas       de   que        son   situaciones          como   las

ocurridas en este caso las que hemos intentado prevenir para

que no se vea afectada la imparcialidad del notario y de la

fe pública de la cual es custodio.

     Ciertamente, asesorar a un otorgante para que retire

del Registro de la Propiedad un instrumento público en el

que se fungió como notario autorizante, en perjuicio de la

otra parte otorgante y sin su consentimiento, quebranta el

deber de imparcialidad que debe caracterizar la práctica

notarial.      Por     lo     tanto,        pautamos      que        este     proceder

constituye      una     violación           del    Art.    5a    del        Reglamento

Notarial,      supra.       Asimismo,        al    desempeñar        sus     funciones

movido por animosidad, el licenciado Raffucci Caro incurrió

en conducta impropia y faltó a su deber de exaltar el honor

y la dignidad de la profesión.

     En     segundo     lugar,         le    brindamos        deferencia        a    la

Comisionada Especial en su conclusión de que el letrado dio

fe   de   un    hecho       falso      al     legitimar         un    contrato       de

arrendamiento     en    el     que     la    firma      del     otorgante,       señor

Hernández      Miller       fue    falsificada.           Así,       el     licenciado

Raffucci Caro incurrió en otra falta grave en el desempeño

de su encomienda.

     No pasamos por alto que el letrado ofreció versiones

contradictorias en sus escritos ante este Tribunal y en el

procedimiento de audiencias ante la Comisionada Especial.

Primero manifestó que la fecha de otorgamiento que aparecía
CP-2016-0001                                                                      22

en el contrato de arrendamiento —2 de enero de 2008— no era

certera, dado que se había firmado en una fecha posterior.

Consta en el expediente, que el 2 de enero de 2008 el señor

Hernández       Miller      no   se    encontraba     en    Puerto     Rico.       No

obstante,       en   la     vista      en   su   fondo     celebrada       por    la

Comisionada Especial, el letrado cambió su versión de los

hechos y sostuvo que el contrato se firmó en la fecha que

surge del documento. Evidentemente, el letrado quebrantó

gravemente su deber de sinceridad y honradez. Lo que es peor

aún, le mintió a este Tribunal.

     Llegado este punto, nos corresponde ahora evaluar la

sanción a imponerse al licenciado Raffucci Caro por sus

serias     infracciones.          En    esa      tarea,    juegan     un     papel

importante los criterios siguientes: la buena reputación del

abogado en la comunidad; su historial previo; si el caso que

se examina constituye la primera falta y si ninguna parte ha

resultado perjudicada; la aceptación de la falta y su sincero

arrepentimiento; si se trata de una conducta aislada; el

ánimo de lucro que medió en su actuación; resarcimiento al

cliente,    y     cualesquiera         otras     consideraciones,       ya       sean

atenuantes o agravantes, que medien en relación con los

hechos. Véanse, In re Meléndez Mulero, supra, págs. 555-556;

In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 866 (2021); In re Roldán

González, 195 DPR 414, 426 (2016).

     Esta    no      es    la    primera    situación      disciplinaria          del

letrado.        En In re Raffucci Caro, 206 DPR 589 (2021),

atendimos    otra         querella     en   su   contra    por   su   desempeño
CP-2016-0001                                                       23

deficiente en una encomienda notarial. En aquella ocasión,

la sanción impuesta fue una amonestación. En esta ocasión,

el licenciado Raffucci Caro no reconoció haber cometido las

faltas imputadas e incluso, dio versiones inconsistentes y

contradictorias sobre los hechos. Su actitud está lejos de

ser el paradigma de conducta que debe exhibir todo letrado

en el desempeño de sus funciones y, por tanto, amerita la

máxima sanción disciplinaria.

     Por     los   fundamentos      expuestos,     decretamos      la

suspensión     inmediata   e   indefinida   del   ejercicio   de   la

abogacía y la notaría del Lcdo. Carlos Humberto Raffucci

Caro. Como consecuencia, se le impone el deber de notificar

a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva

a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y

cualquier cantidad recibida en honorarios por los servicios

no rendidos. Se le impone también la obligación de informar

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por

último, acreditará a este Tribunal el cumplimiento con lo

aquí ordenado, incluyendo una lista de los clientes y los

foros a quienes      le notificó su     suspensión, dentro del

término de 30 días, contado a partir de la notificación de

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

    De otra parte, se ordena al Alguacil de este Tribunal

incautar inmediatamente la obra y sello notarial del Sr.

Carlos Humberto Raffucci Caro y entregarlos al Director de
CP-2016-0001                                                      24

la   Oficina    de   Inspección   de   Notarías   (ODIN)   para   el

correspondiente examen e informe. La fianza notarial queda

automáticamente cancelada y se considerará buena y válida

por tres (3) años después de su terminación, en cuanto a

los actos      realizados durante el periodo en que         estuvo

vigente.

      Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por

medio del correo electrónico registrado en el Registro Único

de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) al Sr. Carlos

Humberto Raffucci Caro. El recibo de esta notificación será

confirmado por la vía telefónica.

      Se dictará Sentencia en conformidad.
           EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos H. Rafucci Caro
    (TS-9,263)
                                  CP-2016-0001

                               SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

              Por los fundamentos antes expuestos en la
         Opinión que antecede, la cual se hace formar parte
         de esta Sentencia, decretamos la suspensión inmediata
         e indefinida del ejercicio de la abogacía y la
         notaría del Lcdo. Carlos Humberto Raffucci Caro. Como
         consecuencia, se le impone el deber de notificar a
         todos sus clientes sobre su inhabilidad para
         continuar representándoles. Del mismo modo, se le
         ordena que devuelva a sus clientes los expedientes
         de los casos pendientes y cualquier cantidad recibida
         en honorarios por los servicios no rendidos. Se le
         impone    también   la    obligación   de    informar
         oportunamente de su suspensión a los foros judiciales
         y   administrativos   en   los  que   tenga   asuntos
         pendientes. Por último, acreditará a este Tribunal
         el cumplimiento con lo aquí ordenado, incluyendo una
         lista de los clientes y los foros a quienes le
         notificó su suspensión, dentro del término de 30
         días, contado a partir de la notificación de esta
         Opinión Per Curiam y Sentencia.

             De otra parte, se ordena al Alguacil de este
         Tribunal incautar inmediatamente la obra y sello
         notarial del Sr. Carlos Humberto Raffucci Caro y
         entregarlos al Director de la Oficina de Inspección
         de Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e
CP-2016-0001                                             2

informe. La fianza notarial queda automáticamente cancelada
y se considerará buena y válida por tres (3) años después
de su terminación, en cuanto a los actos realizados durante
el periodo en que estuvo vigente.

     Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.

                      Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                     Secretario del Tribunal Supremo