Court Opinion

ID: 9374129
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:23:56.270038+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.040969
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VI

 FERNANDO A. PACHECO                 APELACIÓN
 TEJADA DE POR SI Y EN               procedente del
 REPRESENTACION DE LA                Tribunal de
  SOCIEDAD DE BIENES                 Primera
GANANCIALES COMPUESTA                Instancia, Sala
  POR EL Y SU ESPOSA Y KLAN202200894 Superior de San
         OTROS                       Juan

           Apelante                                  Civil número:
                                                     SJ2021CV06006
              v.
                                                     Sobre:
MUNICIPIO DE SAN JUAN Y                              Daños y
        OTROS                                        Perjuicios

           Apelados

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el
juez Bonilla Ortiz y el juez Pagan Ocasio.

Birriel Cardona, Jueza Ponente

                           SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      Comparece         Fernando   A.    Pacheco,   de   por   sí   y   en

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por él y su esposa Cristina Guzmán Marte (en adelante, “parte

apelante” o “apelantes”) y nos solicitan que revisemos una

Sentencia emitida y notificada el día 1 de septiembre de 2022 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

(“TPI”).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

REVOCA la Sentencia apelada.

                                   -I-

      Los hechos que motivan el recurso de epígrafe se originan

el 16 de septiembre de 2021 cuando la parte apelante entabló una

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
KLAN202200894                                                                            2

demanda sobre daños y perjuicios.1 En síntesis, alegó que el 17

de enero de 2021 sufrió una caída debido a que su motora resbaló

en gravilla como consecuencia de que la Autoridad de Acueductos

y Alcantarillados (AAA) reparó un tubo roto y en lugar de echar

brea para tapar el hoyo, lo cubrió con tierra y piedras por lo que

alegó que se creó una situación de peligro. Además, añadió que

después de resbalar en la gravilla cayó en un hoyo cercano

lastimándose manos, codos, cara, cuello y cabeza. Así las cosas,

ese mismo día fue al Hospital Doctors Hospital de Santurce donde

le dieron medicamentos y le realizaron estudios que revelaron que

tenía fracturas de hueso en la órbita del ojo derecho y en sus dos

codos. A renglón seguido, alegó que, el Doctor que lo atendió lo

refirió a un maxilofacial pero no a un ortopeda por lo que no pudo

operarse de su fractura de los codos a tiempo. El apelante

argumenta que no advino en conocimiento hasta que, al continuar

el dolor, decidió ir a IPA de Santurce (Health Pro Med) donde al

examinarlo resultó con fracturas en su muñeca derecha y ambos

codos. Ante esto, alegó que lo refirieron a un ortopeda que le

expresó que ya no podía operarlo de sus fracturas porque había

pasado mucho tiempo del accidente.

           Por último, solicitó $100,000.00 por los daños y perjuicios

causados como consecuencia del incidente y $15,000.00 por las

angustias           mentales         sufridas     por       el        demandante    como

consecuencia del incidente.

           El 24 de marzo de 2022, la parte apelada presentó Moción

en       Solicitud      de    Orden       en    torno   a        la    Administración   de

Compensación por Accidentes de Automóviles, mediante la cual

solicitaron una orden dirigida a la parte apelante para que, en un

1
    Apéndice de la Apelación, págs. 1-3
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término de diez días, informaran el estado procesal del caso ante

la ACAA, si alguno, y acreditaran el cumplimiento con el requisito

de la notificación de la Demanda a ACAA, según lo dispone la ley.2

El 25 de marzo de 2022, el TPI declaró con lugar la solicitud de

orden antes mencionada.3

        El 14 de abril de 2022, el Municipio de San Juan y Optima

Seguros, Inc. (en adelante “Apelados” o “parte apelada”)

presentaron una moción de desestimación.                  4   En síntesis,

solicitaron la desestimación sin perjuicio de la demanda por haber

la parte apelante incumplido con el requisito de notificación de la

demanda a la ACAA, según lo exige la sección 7(B) de la Ley de

Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor.

        El 22 de abril de 2022, el TPI le impuso a la parte apelante

una sanción por $50.00 por su incumplimiento con la notificación

de la demanda a ACAA y por incumplir con la orden de así hacerlo5.

También, le dio 10 días perentorios para pagar la sanción y

cumplir con lo ordenado so pena de desestimación.

        El 12 de mayo de 2022, la parte Apelante presentó su

Oposición a Desestimación.6 En síntesis, arguyó que no se habían

percatado de la orden, ni de la sanción por lo que al recibir la

moción de desestimación cumplieron con la orden. Por lo tanto,

solicitaron que se denegara la moción de desestimación por ser

académica. El mismo día, 12 de mayo de 2022, la parte apelada

presentó su contestación a la demanda.7 En síntesis, se opuso a

los reclamos del apelante y solicitó al TPI que desestimara con

perjuicio la causa de acción.

2
  Apéndice de Alegato de las partes Apeladas, págs. 1-5
3
  Id. pág. 6
4
  Apéndice de la Apelación, págs. 4-5
5
  Id. pág. 6
6
  Id. págs. 9-12
7
  Id. págs. 13-21
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         Tras varios trámites procesales, los apelados presentaron

una demanda contra tercero contra la AAA. 8 En la misma,

argumentaron que en caso de que se dicte en su día sentencia en

contra de los apelados, condene a AAA a indemnizar total o

parcialmente a la parte apelante debido a la alegación de la parte

apelante sobre la creación de una situación de peligro al realizar

un trabajo de reparar un tubo roto de la AAA. El 14 de junio de

2022, el TPI declaró ha lugar la Demanda contra tercero.9

         Así las cosas, el 15 de junio de 2022, el TPI ordenó

nuevamente a la parte apelante a presentar la resolución firme y

ejecutoria           de   la   administración,   (ACAA)   so   pena   de

desestimación.10 Ante este panorama, la parte apelante sometió

una moción solicitando tiempo adicional. 11 En esta, argumentó

que la División Legal de la ACAA le habían prometido entregarle la

resolución, pero cuando llamó le mencionaron que la empleada

que trabajaba con la resolución faltó al trabajo. Por lo tanto,

solicitó diez (10) días adicionales para proveer dicha resolución.

         El 5 de julio de 2022, la parte demandante sometió una

moción de reconsideración.12 En síntesis, argumentó que nunca

recibió tratamiento de la ACAA por lo que esta no había incurrido

en ningún gasto. Posteriormente, el 7 de julio de 2022, presentó

una moción donde sometió prueba documental en la que incluyó

un correo electrónico que recibió de la división legal de ACAA, en

la cual indicaban que estaban llevando a cabo una búsqueda en el

sistema para determinar si la apelante tenía algún caso radicado

en la ACAA. Ante esto, la parte apelante presentó una Moción en

cumplimiento de orden en la cual anejó un correo electrónico de

8
  Id. págs. 26-28
9
  Id. pág. 29
10
   Id. pág. 30
11
   Id. págs. 31-32
12
   Id. págs. 33-36
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la división legal de ACAA en el cual le indicaban que después de la

búsqueda en el sistema de ACAA, no aparecía que la parte

apelante hubiera radicado un caso en la ACAA.13

         Así las cosas, mediante orden del 8 de agosto de 2022, el

TPI emitió una orden indicando que la moción de cumplimiento de

orden no cumplió con lo ordenado.14 Ese mismo día emitió otra

orden en la que le dio a la parte apelante diez (10) días más para

informar la fecha del último servicio y/o tratamiento médico

recibido por el apelante.15

         El 1 de septiembre de 2022, el TPI dictó sentencia

desestimando el presente caso bajo la Ley Núm. 111-2020, Ley

de Protección Social por Accidente de Vehículo de Motor, por

entender que era prematura la demanda.16

         El TPI basó su decisión en la nueva legislación, Ley Núm.

111, supra, al establecer que ésta estableció una acción de

subrogación de la ACAA en los derechos de un lesionado o sus

beneficiarios para entablar una acción judicial contra terceros

responsables del accidente.

         Así las cosas, el TPI citó la Exposición de Motivos de dicha

ley que lee como sigue:

         “Establece la acción de subrogación de la ACAA en los
         derechos de un lesionado o sus beneficiarios a
         entablar una reclamación judicial por daños y
         perjuicios contra terceros responsables del accidente
         tal como se le concede a la Corporación del Fondo del
         Seguro del Estado.” Énfasis suplido.

De igual manera, basó su decisión en lo dispuesto en el Art. 7

(A)(4)(c) de la susodicha Ley:

         “El lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar
         demanda ni transigir ninguna causa de acción que
         tuvieren contra el tercero responsable de los danos,

13
   Id. págs. 37-38
14
   Id. págs. 45
15
   Id. págs. 46
16
   Id. págs. 51-52
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           hasta después de transcurridos noventa (90) días a
           partir de la fecha en que la resolución de la
           administración fuere firme y ejecutoria.”

           Ante este panorama, el TPI entendió relevante para la

disposición del caso lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en

Saldaña Torres v Municipio de San Juan, 198 DPR 934 (2017), en

cuanto a la acción de subrogación de la CFSE y los términos

dispuestos para que el obrero pueda presentar su causa de acción

en daños contra un tercero. Nuestro Tribunal Supremo en este

caso resolvió que “una acción presentada por un obrero lesionado

que ha acudido al Fondo antes que transcurran los noventa días

de ser firme la decisión del Administrador del Fondo es

prematura”.

           En desacuerdo con la referida Sentencia, los apelantes

solicitaron —sin éxito— su reconsideración, la cual fue declarada

no ha lugar.17 Aún inconformes, los apelantes acudieron ante nos

mediante el recurso de título y señalaron los siguientes errores:

           ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL EXIGIRLE A LA PARTE APELANTE QUE
           PRODUZCA UNA RESOLUCIÓN DE LA ACAA QUE
           FUERE FIRME Y EJECUTORIA SO PENA DE
           DESESTIMACIÓN CUANDO EL APELANTE NUNCA
           RECURRIÓ A LA ACAA PARA RECIBIR TRATAMIENTO,
           POR LO TANTO, ERA IMPOSIBLE QUE EL APELANTE
           PUDIERA PRESENTAR LA RESOLUCIÓN QUE ESTABA
           ORDENANDO     EL  HONORABLE     TRIBUNAL   DE
           INSTANCIA.

           El 13 de diciembre de 2022, la parte apelada y tercero

demandado presentó su alegato. El 15 de diciembre de 2022, la

parte apelada presentó su alegato en oposición. Tras recibir el

mismo,          decretamos   perfeccionado   el   recurso,   por   lo   que

procedemos con su adjudicación.

17
     Id. págs. 54-57
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                                 -II-

                                     -A-

     El Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31

LPRA § 10801, dispone que “la persona que por culpa y

negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. Para

que prospere una reclamación por daños y perjuicios al amparo

del referido precepto legal, se requiere la concurrencia de tres

elementos, los cuales tienen que ser probados por la parte

demandante: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el

daño ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante. Nieves

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). El daño constituye

el menoscabo material o moral que sufre una persona, ya sea en

sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio,

causado en contravención a una norma jurídica y por el cual ha

de responder otra persona. En nuestro ordenamiento jurídico se

reconoce la existencia de dos tipos de daños: los especiales, que

pueden   ser    daños     físicos,     patrimoniales,   pecuniarios   o

económicos,     y   los    generales,      conocidos    como    daños

morales. Nieves Díaz v. González Massas, supra.

                                     -B-

     La Ley Núm. 111-2020, 9 LPRA sec. 3161, et seq., mejor

conocida como la Ley de Protección Social por Accidentes de

Vehículos de Motor se adoptó con el propósito de atemperar a

tiempos vigentes las disposiciones de la derogada Ley Núm. 138

de 26 de junio de 1968, según enmendada. El objetivo de esta

medida es proveer un seguro obligatorio y compensar a los

asegurados por accidentes de tránsito, ya sea por daños

corporales, enfermedad o muerte que surja como consecuencia
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del accidente. Mediante la aprobación de este estatuto, se

reconoció la existencia e importancia de la ACAA, por lo que se

propicia la agilidad y modernización de dicha institución, con el fin

de proveer servicios de calidad y promover la prevención de

accidentes de vehículos de motor.

      En lo pertinente, el Art. 7 de la Ley Núm. 111-2020, 9 LPRA

sec. 3167, dispone lo siguiente:

     La Administración tendrá derecho a ser indemnizada
     solidariamente por la persona responsable del accidente
     o por el titular registral del vehículo de motor conducido
     por el responsable del accidente por todos los gastos en
     que incurra la Administración en relación con dicho
     accidente si los daños fueron causados:
     a. intencionalmente;
     b. por una persona que sin ser conductor o lesionado
     provoca un accidente;
     c. por un conductor involucrado en un accidente que no
     se detiene inmediatamente y abandona el lugar del
     accidente;
     d. por el desprendimiento de objetos cargados en
     aditamentos o accesorios instalados en el vehículo de
     motor, o por el desprendimiento de aditamentos o
     accesorios agregados al vehículo de motor que no sean
     de fábrica, tales como, y sin que se considere una
     limitación, canastas de carga o portabicicletas,
     portamaletas o porta kayaks; o
     e. en todos los casos contemplados en el Artículo 6 de
     exclusiones de cubierta.

      La ACAA tendrá derecho a ser indemnizada por todos los

gastos incurridos en relación con accidentes. Para ello, el inciso

(A)(4) del Art. 7 de la Ley Núm. 111-2020, supra, le reconoce a

la ACAA una acción de subrogación en los derechos de un

lesionado o sus beneficiarios. En otras palabras, la ACAA posee el

derecho de presentar una reclamación judicial por daños y

perjuicios contra terceros, siempre y cuando ésta tenga la

obligación de compensar a un lesionado o sus beneficiarios. Se

trata de uno de los cambios fundamentales incluídos en el

precitado estatuto, pues se le otorga a la ACAA una facultad que

no poseía bajo la legislación anterior. Según reconoce la propia
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ley, es un procedimiento análogo al concedido a la Corporación

del Fondo del Seguro del Estado. Por consiguiente, “el lesionado o

sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del

tercero responsable de dicha lesión, enfermedad, incapacidad

o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme

la resolución del caso por la Administración”.

      La   acción   de   subrogación   se   rige   por   el   siguiente

procedimiento:

a. Cuando un lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte,

tuvieren derecho a entablar acción por daños contra terceros,

en los casos en que la Administración, de acuerdo con los términos

de esta Ley, estuviere obligado a compensar en alguna forma o a

proporcionar tratamiento, la Administración se subrogará en los

derechos del lesionada o de sus beneficiarios, y podrá entablar

procedimientos en contra del tercero en nombre del lesionado

o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes

a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier

cantidad que como resultado de la acción, o a virtud de

transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los

gastos incurridos en el caso, se entregará al lesionado o a sus

beneficiarios con derecho a la misma. El lesionado o sus

beneficiarios serán parte en todo procedimiento que estableciere

la Administración bajo las disposiciones de esta Ley, y será

obligación de la Administración notificar por escrito al lesionado o

sus beneficiarios de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días

laborables de iniciada la acción.

b. Si la Administración dejare de entablar demanda contra la

tercera persona responsable, según se ha expresado en el

párrafo anterior, el lesionado o sus beneficiarios quedarán en

libertad completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin
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que vengan obligados a resarcir a la Administración por los gastos

incurridos en el caso.

c. El lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni

transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero

responsable de los daños, hasta después de transcurridos

noventa (90) días a partir de la fecha en que la resolución de la

Administración fuere firme y ejecutoria.

       Por su parte, el inciso B del Art. 7 de la Ley Núm. 111-

2020, supra, provee que la ACAA tendrá derecho a intervenir “en

todo    caso   en    que   se   solicite   ante   los   tribunales

indemnización a base de la aplicación del principio de

negligencia, por razón de daños o lesiones por los cuales se

proveyeron beneficios bajo esta Ley”. En tales instancias, la parte

demandante deberá notificar a la ACAA copia de la demanda, y

deberá incluirse el número de caso de su reclamación como parte

del epígrafe o en una de las alegaciones de la demanda. Si se

incumple con lo anterior, el tribunal le concederá a la parte

apelante un término no menor de treinta (30) días para

subsanarlo. De no cumplir con ello, se desestimará, sin perjuicio,

de la reclamación.

                                -III-

       En el caso de autos, la parte apelante sufrió un accidente en

el que alega sufrió daños debido a la negligencia de la parte

apelada. Así las cosas, decidió presentar su acción de daños y

perjuicios ante el TPI. Tras varios trámites procesales, el TPI

desestimó la demanda ante la negativa de la parte apelante de no

entregar una resolución final y firme de parte de ACAA o informar

el último servicio médico recibido ante la agencia. Ante el

incumplimiento de esta orden, el TPI entendió que la acción era

prematura. Adelantamos que no le asiste la razón.
KLAN202200894                                                  11

      Si bien es cierto que La Ley Núm. 111-2020, supra, en su

exposición de motivos establece la creación de una acción de

subrogación para la ACAA similar a la de la Corporación del Fondo

del Seguro de Estado en casos donde un tercero con negligencia

haya causado daños, esto no significa que un demandante que

haya decidido no recurrir a ACAA en primera instancia se quedara

desprovisto de remedio alguno.

      De igual manera, el Art. 7 (A)(4)(c) de dicha Ley establece

el término de noventa (90) días en el cual ningún lesionado podrá

entablar una demanda contra un tercero hasta que la Resolución

de la ACAA sea final, firme y ejecutoria.

      Es importante distinguir los hechos del caso ante nos con

los de Saldaña Torres v Municipio de San Juan, supra. En Saldaña,

a diferencia del presente caso, los empleados si presentaron sus

reclamaciones ante el CFSE. Por lo tanto, nuestro Tribunal

Supremo al tomar en cuenta la acción de subrogación y los

términos dispuestos en la ley determinó que la acción de los

empleados era prematura. En el caso ante nos, la parte apelante

nunca comenzó una acción ante la ACAA e incluso anejo

Certificación de No deuda con la ACAA, por lo que dicha agencia

no iba a tener interés en subrogarse.

      Después de un análisis del expediente y de la legislación

aplicable, entendemos que en ningún momento dicha legislación

establece que una persona que sufrió daños tiene que recurrir de

manera obligatoria a la ACAA y no puede acudir en primera

instancia al TPI. Si el legislador hubiese querido limitar la

jurisdicción de este Honorable Tribunal así mismo lo hubiera

expresado. En ausencia de expresión del legislador al respecto,

entendemos que el agraviado debe tener la libertad de acudir al

foro que entienda correcto, como ocurrió en este caso.
KLAN202200894                                                   12

     Por lo tanto, entendemos que el TPI erró al desestimar por

prematura la acción de la parte apelante. No cabe duda, que el

TPI ordenó a la parte apelante a cumplir con lo imposible, y que

esta actuó conforme a derecho.

                               -IV-

     Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la

Sentencia apelada y se ordena a cumplir con lo aquí resuelto.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

     El Juez Bonilla Ortiz disiente sin opinión escrita.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones