Court Opinion

ID: 9394850
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:15:42.915234+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:02.990093
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VI

  EL PUEBLO DE PUERTO                          CERTIORARI
          RICO                                 procedente del
                                               Tribunal de
          Recurrida                            Primera Instancia,
                                               Sala Superior de
                                 KLCE202300374 San Juan
               v.
                                                  Civil número:
    EDWIN HERNÁNDEZ                               K BD2022G0230
         MATOS
                                                  Sobre:
         Peticionario                             64(A) Y 64(P)
                                                  Crasa Violación al
                                                  Debido Proceso de
                                                  Ley

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, los
jueces Bonilla Ortiz y Pagán Ocasio.

Birriel Cardona, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      Comparece el Sr. Edwin Hernández Matos (señor Hernández

Matos o el peticionario), y solicita la revocación de la Minuta

Resolución emitida el 9 de febrero de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario),

notificada el 7 de marzo de 2023. Mediante la referida Minuta

Resolución el foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Desestimación presentada por el peticionario al amparo de la

Regla 64 (A) de Procedimiento Criminal, fundamentada en que la

acusación y denuncia no imputan delito y concluyó que conforme

a la Regla 35 de Procedimiento Criminal, sobre el contenido de la

acusación, se cumplen los estándares mínimos para notificar al

acusado de que se le acusa.        Igualmente, mediante la Minuta

Resolución aquí recurrida, el TPI declaró No Ha Lugar una Solicitud

de Desestimación presentada por el señor Hernández Matos al

amparo    de   la   Regla   64   (P)   de   Procedimiento   Criminal,

 Número Identificador
 RES2023 _______________
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fundamentada en ausencia total de prueba para acusar. Sobre

esos extremos, tras escuchar la regrabación de la vista preliminar,

concluyó el TPI que aunque la prueba presentada por el Ministerio

Público en esa etapa, es prueba circunstancial que consiste de

prueba de referencia, particularmente, récords electrónicos de

negocios y vídeos de una investigación sobre su contenido, la

misma es susceptible a utilizar las excepciones de prueba de

referencia bajo la Regla 901 (13) de Evidencia y la Regla 902,

inciso (L) sobre Autenticación prima facie de récord electrónico.

Finalmente concluyó el foro primario que no hubo ausencia total

de prueba sobre los elementos esenciales del delito.    Razonó el

TPI, que la prueba presentada en la Vista Preliminar no tiene que

cumplir con las Reglas de Evidencia en esa etapa, y que aunque

se trate prueba de referencia, dicha prueba es susceptible de ser

admitida en juicio, si el Ministerio Público cumple con las Reglas

901 y 902 de Evidencia, supra.

      Por los fundamentos que pasamos a exponer, expedimos el

auto de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.

                              I

       El 9 de marzo de 2022, el Ministerio Público formuló

denuncia en contra del señor Hernández Matos en la que le imputó

infracción al Artículo 182 del Código Penal de Puerto Rico.

(Apropiación Ilegal Agravada) que lee como sigue:

        EL REFERIDO ACUSADO, EDWIN HERNÁNDEZ
        MATOS, ALLÁ EN O PARA LOS DÍAS DEL 2 DE
        OCTUBRE DE 2021 HASTA EL 3 DE MARZO DE 2022
        EN LAS TIENDAS PEP BOY DE LA MARGINAL
        BALDORIOTY DE CASTRO EN SANTURCE; PUERTO
        RICO, QUE FORMA PARTE DE LA JURISDICCIÓN DEL
        TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE SAN
        JUAN, ILEGAL, VOLUNTARIA Y CRIMINALMENTE, SE
        APROPIÓ SIN VIOLENCIA NI INTIMIDACIÓN DE
        VARIEDAD EN MERCANCÍA Y DINERO EN EFECTIVO
        EXTRAÍDO DE LA CAJA REGISTRADORA DE LA
        TIENDA PEP BOY, LA CUAL ESTÁ REPRESENTADA
        POR EL SR. MATHEW RICHARDS SILCOX Y JENNIFER
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        VEGA DÍAZ, LOS CUALES SON REPRESENTANTES DE
        DICHA TIENDA, LA PROPIEDAD ESTÁ VALORADA EN
        $10, 776.79.

        EL AGRAVANTE CONSISTE EN QUE LA CANTIDAD ES
        MAYOR DE $10,000 DÓLARES.

      El 4 de agosto de 2022, el Ministerio Público presentó un

pliego de acusación que duplica las mismas alegaciones de la

Denuncia.

      Así las cosas, el 29 de septiembre de 2022, el señor

Hernández Matos presentó ante el foro primario Solicitud de

Desestimación,    Regla   64   (A)   de   Procedimiento   Criminal-

Fundamentado en que la Acusación y Denuncia no Imputa Delito.

En esencia, el peticionario sostuvo que el Ministerio Público omitió

informarle, tanto en la denuncia como en la acusación la

modalidad del Artículo 181 del Código Penal, por la cual lo estaba

procesando.      En igual fecha, el peticionario presentó además,

Solicitud de Desestimación, Regla 64 (P): de Procedimiento

Criminal- Fundamentado en Ausencia Total de Prueba.

      El 7 de diciembre de 2022, el Ministerio Público presentó

ante el TPI Urgente Moción en Oposición a Solicitud de

Desestimación. Sostuvo que la acusación cumple con informar

adecuadamente el delito imputado ya que especifica qie el

peticionario se apropió de bienes muebles pertenecientes a la

tienda Pep Boys en violación a lo dispuesto en el inciso (a) del

Artículo 181 del Código Penal de 2012. Asimismo, destacó que el

propósito de la acusación es notificarle al acusado el delito por el

cual se le está procesando, sin que sea necesaria la utilización de

palabras específicas. Puntualizó el Ministerio Público que la

acusación le imputa al señor Hernández Matos haberse apropiado

sin violencia de un bien que no le pertenece.
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      En lo referente a la Solicitud de Solicitud de Desestimación,

Regla 64 (P): de Procedimiento Criminal- Fundamentado en

Ausencia Total de Prueba, destacó el Ministerio Público que la

prueba desfilada puede consistir de prueba circunstancial.

      El 2 de enero de 2023 el Ministerio Público presentó ante el

TPI Urgente Moción Para Someter Videos Presentados en la Vista

Preliminar, a lo que se opuso el peticionario mediante moción

presentada el 5 de febrero de 2023 y alegó que dicha evidencia

era inadmisible.

      Finalmente, el 9 de febrero de 2023, tras celebrar una vista,

el foro primario emitió Minuta Resolución en la que declaró No Ha

Lugar la Solicitud de Desestimación presentada por el peticionario

al amparo de la Regla 64 (A) de Procedimiento Criminal,

fundamentada en que la acusación y denuncia no imputan delito

y concluyó que conforme a la Regla 35 de Procedimiento

Criminal, sobre el contenido de la acusación, se cumplen

los estándares mínimos para notificar al acusado de que se

le acusa.      Igualmente, mediante la Minuta Resolución aquí

recurrida, el TPI      declaró    No    Ha   Lugar   una   Solicitud   de

Desestimación presentada por el señor Hernández Matos al

amparo    de   la    Regla   64   (P)   de   Procedimiento     Criminal,

fundamentada en ausencia total de prueba para acusar la prueba

presentada en la Vista Preliminar no tiene que cumplir con las

Reglas de Evidencia en esa etapa, y que aunque se trate prueba

de referencia, dicha prueba es susceptible de ser admitida en

juicio.

      Inconforme, el señor Hernández Matos presentó el recurso

de epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por parte

del foro primario:
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       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN
       JUAN AL NO DESESTIMAR LA ACUSACIÓN AL AMPARO
       DE LA REGLA 64 (A) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL,
       QUE A SU VEZ CARECE EN INCLUIR TODOS LOS
       ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONFIGURAR EL
       DELITO DE APROPIACIÓN ILEGAL. CONSISTENTE, EN
       QUE     LA    HONORABLE     JUEZA    ANALIZÓ
       INCORRECTAMENTE LAS ALEGACIONES DE LA
       ACUSACIÓN, CUANDO INFIRIÓ Y TOMÓ EN
       CONSIDERACIÓN “ALEGACIONES” QUE NO IMPUTA LA
       ACUSACIÓN.

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN
       JUAN AL NO DESESTIMAR LA ACUSACIÓN AL AMPARO
       DE LA REGLA 64 (P) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL,
       AUSENCIA TOTAL DE PRUEBA. CONSISTENTE, EN QUE
       LA DETERMINACIÓN DE CAUSA PROBABLE PARA
       ACUSAR DURANTE LA VISTA PRELIMINAR SE
       FUNDAMENTÓ       EN     PRUEBA    TOTALMENTE
       INADMISIBLE.

      El 24 de abril de 2023, compareció ante nos el Pueblo de

Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador General,

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. En síntesis, sostiene

que la Resolución recurrida no constituyó un abuso de discreción

del foro primario, por lo que procede denegar el auto de certiorari

solicitado por el señor Hernández Matos.

                                II

                                A.

      El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v.

Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para

revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd.

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,      por   tratarse    ordinariamente   de   asuntos

interlocutorios.
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      Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar

el ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal

considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari.

Estos son:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.

         D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap.
         XXII-B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para

el ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una

lista exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando éste haya

incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un

craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación

errónea de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 719 (2007); In re Ruiz

Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. Asociación, 165

DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005);
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Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664 (2000);

Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992).

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. En otras

palabras, el ordenamiento     impone    que   ejerzamos nuestra

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención. De no

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto

solicitado, de manera que se continúen los procedimientos del

caso sin mayor dilación en el Foro de Instancia.

      Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari,

debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v.

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Bco. Popular de P. R. v. Mun.

De Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).

                              B.

      La Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,

contiene una serie de fundamentos que el imputado de delito

puede invocar a los fines de solicitar la desestimación de una

acusación o denuncia. Entre esos fundamentos, el inciso (a) de la

Regla 64, supra, dispone que “la acusación o denuncia no

imputa un delito”. Para que el Ministerio Público pueda cumplir

con lo anterior, no se le exige ningún lenguaje estereotipado o

técnico en su redacción ni el uso estricto de las palabras

dispuestas en el estatuto, solo se le exige que el contenido

exponga todos los hechos constitutivos del delito. Pueblo v.

Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 629 (2012).
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                                 C.

      De otra parte, el principio de legalidad es un conjunto de

garantías al ciudadano, propias de un sistema de derecho

constitucional y democrático. Este principio opera como un

conjunto de reglas cuyo denominador común es la justificación

para que la intervención del Estado en los asuntos de los

individuos esté basada en la ley y no en la fuerza bruta. Asimismo,

el principio de legalidad no es solo una exigencia de seguridad

jurídica que requiere la determinación previa por ley de delitos y

penas, sino que, además, es la garantía política de que la persona

no será sometida por el Estado, ni por los jueces a penas que no

admita    el    pueblo.     D.   Nevares-Muñiz,     Derecho       Penal

Puertorriqueño: Parte General, 7ma ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst.

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 69.

      Nuestro    Tribunal   Supremo    en   Meléndez     v.   Tribunal

Supremo, 90 DPR 656 (1964), puntualizó que lo que se persigue

es que los tribunales, en su rol de interpretar la ley, no se excedan

en sus funciones y adjudiquen las controversias a tono con la

intención del legislador. La premisa básica del principio de

legalidad puede resumirse en que la ley escrita es la única fuente

del Derecho Penal. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 73; Pueblo v.

Santiago, 98 DPR 82 (1969).

      El principio de legalidad está consagrado en el Art. 2 del

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5002, el cual dispone lo

siguiente:

       No se instará acción penal contra persona alguna por un
       hecho que no esté expresamente definido como delito en
       este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena
       o medida de seguridad que la ley no establezca con
       anterioridad a los hechos.

       No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni
       medidas de seguridad.
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      El referido artículo advierte que los hechos por los cuales

pueda ser acusado una persona deberán estar claramente

descritos por ley. Esta prohibición responde al requisito de que las

leyes deben dar un aviso adecuado de las consecuencias penales

de la conducta que ordenan prohíben.

En cuanto a la interpretación de los estatutos penales, el Art. 13

del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5013, establece la

siguiente normativa:

      Si el lenguaje empleado en un estatuto es susceptible de
      dos o más interpretaciones, debe ser interpretado para
      adelantar los principios establecidos en este Código y la
      protección del bien tutelado en el artículo particular objeto
      de interpretación, pero siempre tomando como base el
      principio de responsabilidad penal.

      Sobre esta norma de hermenéutica, debemos destacar que

la misma admite una interpretación restrictiva o extensiva, que

adelante el propósito legislativo, siempre que no caiga en la

analogía. (Énfasis y subrayado nuestro). Nevares-Muñiz, op. cit.,

pág. 122.

      La ley no puede estar redactada de tal forma, que un

individuo de inteligencia común esté obligado a adivinar su

significado o que pueda, razonablemente, diferir de su aplicación;

ello violaría el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7 de la

Constitución del ELA; Pueblo v. Hernández Colón, 115 DPR 891

(1987).

      Todas las leyes, incluso las más claras, requieren de algún

grado de interpretación. Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 DPR 903

(1995). Sobre esa realidad, es fundamental recordar, que al

lenguaje de una ley debe dársele la interpretación que valide el

propósito    del   Legislador,     conscientes     siempre     de     sus

consecuencias. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 DPR 404, 409

(1988). Por esta razón, "tenemos el deber de hacer que el derecho
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sirva propósitos útiles y evitar una interpretación tan literal que

lleve a resultados absurdos."          Íd. No debe caerse en la

superficialidad de creer que una ley penal es nula por defecto de

vaguedad debido a que requiera alguna interpretación. Pueblo v.

Tribunal Superior, 81 DPR 763, (1960).

      Cónsono con lo anterior, en nuestro sistema jurídico los

tribunales somos los llamados a interpretar las leyes. En el

ejercicio de tal función, utilizamos los principios de hermenéutica

judicial para interpretar los estatutos de acuerdo con la verdadera

intención del legislador. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530,

(1999).

      Sin embargo, esto no quiere decir que a la letra de un

estatuto deba dársele su significado más restrictivo, o hacer caso

omiso de la evidente intención del Legislador. Pueblo v. Sierra

Rodríguez, supra; Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra; Pueblo v.

Mantilla, supra. No debemos perder de vista, que la Ley Penal "no

es, [ni tampoco será nunca] un sistema completo y sin lagunas de

modo que, con el simple procedimiento lógico basado en los

preceptos   legales   escritos,   se   puedan    resolver    todas   las

cuestiones". Pueblo v. Tribunal Superior, supra.

      El Artículo 12 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5012,

dispone en cuanto a la interpretación de palabras y frases, que

serán estas interpretadas según el contexto y el significado

sancionado por el uso común y corriente.

      En Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 2014, el Máximo

Foro expresó en cuanto a la interpretación de la ley lo siguiente:

      Ahora bien, lo anterior no implica que cada hecho
      constitutivo de delito deba desprenderse de una simple
      lectura de la ley, ya que todas las leyes, incluyendo las de
      índole penal, están sujetas a interpretación. Conforme a
      ello, ante una duda de qué es lo que constituye delito bajo
      determinada disposición penal, el tribunal debe aplicar los
      correspondientes principios de hermenéutica, lo cual
KLCE202300374                                                              11

      podría resultar en alcanzar una interpretación
      restrictiva o extensiva del delito.” (Énfasis nuestro).

                                     D.

      El delito de apropiación ilegal está tipificado en el Artículo

181 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5251 que dispone

expresamente lo siguiente:

            Incurrirá en delito menos grave, toda persona que
            ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de
            bienes muebles pertenecientes a otra persona en
            cualquiera de las siguientes circunstancias:

                      (a)     Cuando se toma o sustrae un bien
                              sin el consentimiento del dueño,

                      (b)     Cuando se apropia o dispone de un bien
                              que se haya recibido en depósito,
                              comisión o administración, o por otro
                              título que produzca obligación de
                              entregarlos o devolverlos, o

                      (c)     Cuando mediante engaño se induce a
                              otro a realizar un acto de disposición de
                              un bien.

                     El tribunal también podrá imponer la pena
                     de restitución.

                     33 LPRA sec. 5251

      En   lo   pertinente,     el    delito     de   apropiación     ilegal

agravada está tipificado en el Artículo 182 del Código Penal de

2012, 33 LPRA sec. 5252 en las siguientes modalidades:

            Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal
            descrito en la sección 5251 de este título, ..
            ………………………

            Si el valor del bien apropiado ilegalmente es
            menor de diez mil (10,000) dólares, pero mayor de
            quinientos (500) dólares será sancionado con pena de
            reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            33 LPRA sec. 5252

                                     III

      En el caso que nos ocupa, es la contención del peticionario

que   incidió   el   foro   primario       al   denegar   su   solicitud   de
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desestimación de la denuncia y la acusación, presentada al

amparo de la Regla 64 inciso a de las Reglas de Procedimiento

Criminal, supra, fundamentada en que estas no imputan delito.

     Como cuestión de umbral destacamos que el 9 de marzo de

2022, el Ministerio Público presentó denuncia en contra del señor

Hernández Matos por el delito de apropiación ilegal, la cual lee

expresamente como sigue:

          EL REFERIDO ACUSADO, EDWIN HERNÁNDEZ
        MATOS, ALLÁ EN O PARA LOS DÍAS DEL 2 DE
        OCTUBRE DE 2021 HASTA EL 3 DE MARZO DE 2022
        EN LAS TIENDAS PEP BOY DE LA MARGINAL
        BALDORIOTY DE CASTRO EN SANTURCE; PUERTO
        RICO, QUE FORMA PARTE DE LA JURISDICCIÓN DEL
        TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE SAN
        JUAN, ILEGAL, VOLUNTARIA Y CRIMINALMENTE, SE
        APROPIÓ SIN VIOLENCIA NI INTIMIDACIÓN DE
        VARIEDAD EN MERCANCÍA Y DINERO EN EFECTIVO
        EXTRAÍDO DE LA CAJA REGISTRADORA DE LA
        TIENDA PEP BOY, LA CUAL ESTÁ REPRESENTADA
        POR EL SR. MATHEW RICHARDS SILCOX Y JENNIFER
        VEGA DÍAZ, LOS CUALES SON REPRESENTANTES DE
        DICHA TIENDA, LA PROPIEDAD ESTÁ VALORADA EN
        $10, 776.79.

        EL AGRAVANTE CONSISTE EN QUE LA CANTIDAD ES
        MAYOR DE $10,000 DÓLARES.

     Asimismo, en el pliego acusatorio, el Ministerio Público

reprodujo el contenido expreso de la denuncia.

     Sobre esos extremos, dispone expresamente el Artículo 182

del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5252 que incurrirá en

apropiación ilegal agravada “[t]oda persona que cometa el

delito de apropiación ilegal descrito en la sección 5251 de

este título, “si el valor del bien apropiado ilegalmente es

menor de diez mil (10,000) dólares, pero mayor de quinientos

(500) dólares”. A su vez, el Artículo 181, del Código Penal de

2012, 33 LPRA sec. 5251, dispone en su inciso (a) como uno de

los elementos de delito de apropiación ilegal, la apropiación sin

violencia ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a otra
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persona     “cuando se toma o sustrae un bien               sin el

consentimiento del dueño”

         De lo anterior se desprende que es palmario que el pliego

acusatorio no contiene todos los elementos del delito de

apropiación ilegal agravada, toda vez que el Ministerio

Público omitió incluir el elemento contenido en el inciso (a)

de del Artículo 181, supra, que dispone que la apropiación

ocurre      “cuando   se   toma   o   sustrae   un   bien   sin   el

consentimiento del dueño”.

         Por imperativo del principio de legalidad, no estamos

pues ante la omisión de un detalle o de un lenguaje específico

sino ante la omisión en el pliego acusatorio de un elemento

del delito por el cual se quiere acusar al peticionario. En

vista de que el contenido de la denuncia y la acusación debe

exponer todos los hechos constitutivos del delito, y en el

presente caso el Ministerio Público omitió uno de ellos,

concluimos que procedía la desestimación de la acusación

al amparo de la Regla 64 (A) de Procedimiento Criminal,

supra. Véase además, Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621,

629 (2012). En el caso que nos ocupa la acusación no imputa

delito

         Con estos antecedentes, concluimos que incidió el foro

primario al declarar No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación,

Regla 64 (A) de Procedimiento Criminal- Fundamentado en que la

Acusación y Denuncia no Imputa Delito.

                                IV

         Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la Minuta-Resolución recurrida.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones. El Juez Bonilla Ortiz disiente sin

opinión escrita.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones