Court Opinion

ID: 9962710
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:44:54.118125+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.042750
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL I

                                                         REVISIÓN
    ELAINE M. ACOSTA                                     procedente del
    JAVIERRE                                             Departamento
                                                         de Hacienda
    Recurrente                             KLRA202400017 Oficina de
                                                         Apelaciones
                 v.                                      Administrativas
    NEGOCIADO DE SERVICIO
    AL CONTRIBUYENTE                                                Caso Núm.:
                                                                    2017-EM-1050
    Recurrido
                                                                    Sobre:
                                                                    Error Matemático
                                                                    Año 2015
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                    SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

         Comparece ante nos, mediante Recurso de Revisión de

Decisión Administrativa del Departamento de Hacienda presentado

el 17 de enero de 2024, la señora Elaine M. Acosta Javierre (Sra.

Acosta Javierre). Por medio del Recurso, la Sra. Acosta Javierre nos

solicita que revoquemos la Resolución1 de la Oficina de Apelaciones

Administrativas del Departamento de Hacienda que declaró No Ha

Lugar a la Querella y confirmó el error matemático para el año

contributivo 2015.

         El 22 de enero de 2024, concedimos un término de treinta (30)

días para que el Negociado de Servicio al Contribuyente presentase

su     alegato        en   oposición.    Transcurrido        el    término      sin    la

comparecencia de la parte recurrida, procedemos a prescindir de su

comparecencia con el propósito de lograr el más justo y eficiente

despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal a tenor con la

1
 Apéndice del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa del Departamento de Hacienda,
Anejo V, págs. 24-29. Notificada y archivada el 18 de diciembre de 2023.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

           Por      los    fundamentos         que   discutimos     a    continuación,

confirmamos la Resolución de referencia.

                                                I.

           El 16 de agosto de 2017, el Negociado de Servicio al

Contribuyente (Negociado) emitió una Determinación Final en la que

le notificó a la Sra. Acosta Javierre sobre un error matemático para

el año contributivo de 2015, por cual la Sra. Acosta Javierre era

responsable por una deuda contributiva de $78,317.04.2 En

consecuencia, el 29 de septiembre de 2017, la Sra. Acosta Javierre

recurrió          ante      la    Secretaría    de   la   Oficina   de    Apelaciones

Administrativas (Secretaría) para objetar la Determinación Final. El

5 de noviembre de 2020, mediante Contestación a Querella,3 el

Negociado se sostuvo en su determinación. Así las cosas, la

Secretaría procedió a resolver.

           El 18 de diciembre de 2023, la Secretaría emitió la Resolución

de la cual hoy se recurre. En la Resolución, la Secretaría hizo las

siguientes determinaciones de hecho:

           1. La parte Querellante [Sra. Acosta Javierre], como
              parte de un proceso de separación de empleo, recibió
              una compensación de $302,857.00.
           2. Dicha compensación fue calculada siguiendo la
              fórmula dispuesta en la Ley 80-1976, según
              enmendada [Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley
              Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, (29 LPRA sec. 185ª
              et seq.)].
           3. La compensación recibida por la Querellante [Sra.
              Acosta Javierre] es considerada una Compensación
              Especial Pagada por Liquidación o Cierre de
              Negocios bajo el Artículo 10 de la Ley 80-1976, y libre
              de pago de contribuciones sobre ingresos.
           4. En adición a los ingresos por salarios, la parte
              Querellante [Sra. Acosta Javierre] informó en el
              Anejo IE Individuo (Ingresos Excluidos y Exento),
              como       Compensación     Especial    Pagada      por
              Liquidación o Cierre de Negocios bajo el Artículo 10
              de la Ley 80-1976, la cantidad de $301,857.00.

2
    Íd., Anejos II y VI, págs. 18 y 30.
3
    Íd., Anejo IV, págs. 20-23.
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         5. La parte Querellante [Sra. Acosta Javierre] no realizó
            el cómputo de la Contribución Básica Alterna.4

         La Secretaría tuvo que resolver si la compensación de

$302,857.00 se encontraba exenta del cómputo de la Contribución

Básica Alterna. Luego de analizar las leyes y reglamentos

pertinentes,         determinó   que   dicha   compensación   no   estaba

contemplada explícitamente dentro de las excepciones de la

definición de ingreso neto sujeto Contribución Básica Alterna al

amparo de la Sección 1021.02 del Código de Rentas Internas, (13

LPRA sec. 30062) y el Reglamento Núm. 8329 del Departamento de

Hacienda de 9 de enero de 2013 (Reglamento Núm. 8329).5 En

consecuencia, concluyó que la compensación recibida por la Sra.

Acosta Javierre estaba sujeta a la Contribución Básica Alterna y que

al no ser incluida en el cómputo de la planilla para el 2015, se

cometió el error matemático. Así las cosas, la Secretaría confirmó la

determinación del Negociado.6

         Inconforme, el 17 de enero de 2024, la Sra. Acosta Javierre

presentó el Recurso de Revisión de Decisión Administrativa ante

nuestra consideración. En este, incluyó un señalamiento de error:

         LA OFICINA DE APELACIONES ADMINISTRATIVAS
         DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ERRÓ AL
         CONFIRMAR EL ERROR MATEMÁTICO DE LA
         PLANILLA DE CONTRIBUCIÓN SOBRE INGRESOS DE
         INDIVIDUO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE
         LA RECURRENTE.

         En su escrito, la Sra. Acosta Javierre reconoció que ni la

Sección 1021.02(a)(1)(B) del Código de Rentas Internas, supra, ni el

Artículo 1021.02-2(b)(2) del Reglamento Núm. 8329, supra,

reconocen una exención a la Contribución Básica Alterna para

aquellas compensaciones recibidas al amparo de la Ley Núm. 80-

1976, supra, para el año 2015. Sin embargo, nos solicitó que

4
  Íd., Anejo V, pág. 25.
5
  Íd., pág. 27.
6
  Íd., págs. 27-28.
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revoquemos la Resolución para “evitar que se frustre la clara

intención legislativa para con los obreros que reciben una paga por

separación que nace con un objetivo reparador”.7

           Discutidos los hechos, procedemos a revisar el derecho

aplicable.

                                             II.

                                             A.

           El Artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley

Núm. 201-2003, (4 LPRA sec. 24y (c)), faculta al Tribunal de

Apelaciones a atender las decisiones, órdenes y resoluciones finales

de       organismos          o    agencias   administrativas.   Los   organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, puesto que

estos tienen el conocimiento especializado sobre los asuntos que les

han sido delegados. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211

DPR 99 (2023); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016);

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012). Al

momento de revisar una decisión administrativa, el principio rector

es el criterio de la razonabilidad de las decisiones y actuaciones de

la agencia. Íd. Todas las decisiones administrativas gozan de una

presunción de legalidad y corrección, por lo cual la parte que las

impugne debe producir suficiente evidencia para derrotarla. Íd.

           Las facultades adjudicativas de una agencia están regidas por

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, (3 LPRA sec. 9601 et seq.) (LPAU) y

por la jurisprudencia aplicable. La Sección 3.1 de la LPAU, Íd.,

requiere que las agencias fundamenten sus resoluciones con

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Estas

determinaciones deben reflejar que se consideraron y resolvieron los

conflictos de prueba y, además, deben describir tanto los hechos

7
    Íd., Alegato del Recurrente, pág. 4.
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probados como los rechazados. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR

254, 265 (2007). Por lo tanto, la facultad revisora de los tribunales

está limitada a determinar: (1) que el remedio concedido por la

agencia fuese el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho

estuvieron basadas en evidencia sustancial que obre en el

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho

fueron correctas mediante su revisión completa y absoluta. LPAU,

supra, sec. 4.5.

      Sobre nuestra facultad revisora, el Tribunal Supremo ha

expresado que:

      [L]as determinaciones de hecho se deben sostener si
      se fundamentan en evidencia sustancial que surja de
      la totalidad del expediente administrativo. Mientras,
      la deferencia antes mencionada no se extiende de
      manera automática a las conclusiones de derecho
      emitidas por la agencia, ya que estas serán revisables
      en todos sus aspectos por el tribunal. Esto es, que el
      tribunal las puede revisar sin sujeción a norma o
      criterio alguno. Hernández Feliciano v. Mun.
      Quebradillas, supra, pág. 115. (citas omitidas) (Énfasis
      nuestro).

      “[L]os foros apelativos debemos diferenciar entre asuntos de

interpretación estatutaria, en la que los tribunales son especialistas,

y los asuntos propios de la discreción o la pericia administrativa”.

Íd., pág. 116. Al revisar las determinaciones de hecho, los tribunales

solo pueden sustituir su criterio por el de la agencia cuando las

determinaciones no están fundamentadas en evidencia sustancial.

“Evidencia sustancial es ‘aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión’”. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., supra, pág. 266 (citando a

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006)). La

parte que impugne una determinación “tiene que convencer al

tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó la agencia para

formular tales determinaciones no es sustancial”. Otero v. Toyota,

163 DPR 716, 728 (2005).
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      Los tribunales les deben menor deferencia a las conclusiones

de   derecho   de   las    agencias.     Hernández Feliciano v.        Mun.

Quebradillas, supra, pág. 115. Aun así, la interpretación judicial del

derecho   no   constituye     una      sustitución   automática   de    las

conclusiones de derechos de una agencia. Íd. En otras palabras, la

deferencia disminuida no trata de una revisión de novo. El criterio

administrativo solo debe ser descartado cuando “no se pueda hallar

fundamento racional que explique o justifique el dictamen

administrativo”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36

(2018).

                                    B.

      La interpretación de leyes es un ejercicio que los tribunales

deben realizar cuidadosamente. “El éxito de nuestro sistema de

poderes depende de que cada una de las ramas acepte y respete la

autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus funciones”.

Senado v. Tribunal Supremo y otros, 208 DPR 115, 135 (2021). Los

tribunales no pueden imponer sus interpretaciones sobre la

intención legislativa cuando el texto de una ley es claro y libre de

toda ambigüedad. González Hernández v. González Hernández, 181

DPR 746 (2011). El Art. 22 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA

sec. 5311., dispone que las palabras del texto de una ley se

entienden por su “significado usual y corriente” y por el “use general

y popular de las voces”.

      Ante la ambigüedad, los tribunales deben interpretar el

significado de la ley a base de la intención legislativa. “Una expresión

ambigua es la que es susceptible a dos o más significados, lo que

requiere identificar, precisamente, cuál de las posibles definiciones

es la correcta”. OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1030 (2020).

El Art. 23 del Código Civil, supra, dispone que “su sentido debe

buscarse en su espíritu o en su intención, en su contexto y en

comparación con otras palabras y frases que se relacionen”. Sin
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embargo, “[l]os tribunales no pueden, bajo el pretexto de buscar la

intención legislativa en un estatuto, añadirle limitaciones o

restricciones que no surjan de su texto”. González Hernández v.

González Hernández, supra, pág. 763. Nuestra interpretación debe

“atribuirle un sentido que asegure el resultado que la Asamblea

Legislativa o la agencia administrativa quiso obtener”. OCS v. Point

Guard Ins., supra, pág. 1030.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que las leyes

contributivas “deben recibir una interpretación razonable que tienda

a llevar a efecto el propósito y la intención del legislador”. Lilly Del

Caribe v. CRIM, 185 DPR 239, 251 (2012). Las mismas deben de

interpretarse de “forma justa y conforme a sus propios y expresos

términos”. Yiyi Motors, Inc. V. E.L.A., 177 DPR 230, 250 (2009). Sin

embargo, las exenciones contributivas son una excepción a la

norma. Deben entenderse como un privilegio concedido por el

Estado para negar los efectos de las leyes contributivas. Interior

Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693 (2009). En

consecuencia, toda duda al respecto debe resolverse en contra

de la existencia de la exención. Lilly del Caribe v. Mun. De

Carolina, 210 DPR 306 (2022).

      Ahora bien, el ejercicio de descifrar la intención legislativa no

es necesario cuando el texto de una ley es claro. “[C]uando el

legislador se ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco, el texto

de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa”.

Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 476-477 (2006). “[C]uando

una ley es clara y no es ambigua no hay necesidad de mirar más

allá de la letra en búsqueda de la intención legislativa”.

Departamento Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195, 215 (2005). En

ocasión, el legislador omite alguna información en una ley o

reglamento. Este silencio legislativo no debe achacarse al error del

legislador. “No todo silencio es producto de la falibilidad del
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legislador. En ocasiones, es parte del diseño legislativo; es decir, se

trata   de   omisiones   intencionales”.   J.   M.   Farinacci    Fernós,

Hermenéutica puertorriqueña, Cánones de interpretación jurídica, 1a

ed. rev., San Juan, Ed. Interjuris, 2019, pág. 155.

                                    C.

        La Ley Núm. 80-1976, supra, tiene como propósito proteger

de “forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la

tenencia de su empleo mediante la aprobación de una ley que, a la

vez que otorgue unos remedios más justicieros y consubstanciales

con los daños causados por un despido injustificado, desaliente la

incidencia de este tipo de despido”. Exposición de Motivos, Ley Núm.

80-1976. Para lograr dichos propósitos, los empleados que sean

despedidos     injustificadamente    tienen     derecho    a   recibir   la

compensación de la mesada, que dependerá del tiempo que trabajó

el empleado y el sueldo que devengaba. SLG Pagán-Renta v.

Walgreens, 190 DPR 251 (2014); Porto y Siruano v. Bently P.R., Inc.,

132 DPR 331 (1992).

        La Ley Núm. 80-1976 y sus enmiendas subsiguientes

demuestran la clara intención del legislador de que la compensación

por un despido injustificado esté libre de toda contribución sobre

ingreso. La Ley Núm. 278-2008 enmendó los Artículos 7 y 10 de la

Ley Núm. 80-1976 para          “incluir como mesada exenta de

deducciones por concepto de contribuciones sobre ingresos, toda

cuantía recibida por obreros despedidos por las razones (d), (e) y (f)

del Artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 278-2008.

        Como la controversia ante la consideración de este Tribunal

trata sobre una planilla para el año contributivo 2015, es imperativo

que veamos las disposiciones de la Ley Núm. 80-1976 pertinentes

para aquella fecha. El Artículo 1 de la Ley Núm. 80-1976 disponía

que:
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       El pago de la indemnización provista por esta Ley,
       al igual que cualquier pago voluntario equivalente que
       fuera pagado por el patrono al empleado por razón del
       despido del empleado, estará libre del pago de
       contribuciones sobre ingresos, independientemente
       de que dicho pago se realice al momento del despido o
       posteriormente, o se haga por razón de un acuerdo de
       transacción o en virtud de una sentencia judicial u
       orden administrativa. Cualquier cantidad pagada en
       exceso de la cuantía de la indemnización provista en
       esta Ley, quedará sujeta a contribución sobre ingresos.
       (Énfasis nuestro).

       El Artículo 10 de la Ley Núm. 80-1976 disponía que:

       No se hará descuento alguno de nómina sobre la
       indemnización dispuesta por el Artículo 1 de la Ley
       Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,
       debiendo el patrono entregar íntegramente el monto
       total de la misma al empleado. Aquella compensación
       entregada a un obrero por concepto de liquidación o
       cierre de negocios, o programas empresariales para
       compartir ganancias con los empleados cuando el
       despido de éste se fundamente en las razones
       expuestas en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 2 de
       la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según
       enmendada, estará libre del pago de contribuciones
       sobre ingresos, pero podrá incluir aquellos otros
       descuentos acordados por el patrono y el empleado.
       (Énfasis nuestro).8

       Por lo tanto, la Ley Núm. 80-1976 tiene la clara intención de

que las compensaciones que surjan en virtud de ésta estén exentas

de contribuciones sobre ingresos. Ella no hace referencia alguna a

la relación entre una compensación al amparo de la Ley Núm. 80-

1976 y la Contribución Básica Alterna.

       La   Contribución      Básica     Alterna    es   una     contribución

determinada en un cómputo paralelo a la contribución regular, pero

eliminando el beneficio de tasas contributivas preferenciales y varias

deducciones y exenciones. Tiene como propósito “procurar que todo

individuo haga una aportación mínima al estado […]” y “recalcular

el ingreso [del] contribuyente para eliminarle o reducirle el impacto

de los beneficios de ciertas deducciones, exenciones y tratamientos

8 La Ley Núm. 278-2008 enmendó el Artículo 10 de la Ley Núm. 80-1976 para

leer como señalamos. El Artículo 10 fue enmendado posteriormente por el Artículo
4.11 de la Ley Núm. 4-2017 para disponer que: “No se hará deducción o retención
alguna sobre la indemnización dispuesta por esta Ley, salvo por aquellas
deducciones o retenciones requeridas por leyes aprobadas por el Congreso de los
Estados Unidos de América”.
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que pueda reclamar […]”. C. E. Díaz Olivo, Derecho Tributario:

Contribución sobre ingresos, 1a ed. rev., Colombia, Ed. AlmaForte,

2022, págs. 63 y 65. Por lo tanto, la Contribución Básica Alterna fue

conceptualizada como una excepción a las deducciones, exenciones

y excepciones aplicables a la contribución sobre ingresos normal.

      En lo pertinente a la Contribución Básica Alterna, la Sección

1021.02 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, supra, (13

LPRA sec. 30062), dispone que:

      (a) Imposición de la Contribución Básica Alterna a
      Individuos. —
         (1) Regla general. — Se impondrá, cobrará y pagará
         por todo individuo para cada año contributivo
         indicado a continuación, en lugar de cualquier otra
         contribución impuesta por esta parte, una
         contribución sobre el ingreso neto sujeto a
         contribución básica alterna, determinada de
         acuerdo a la siguiente tabla y reducida por el crédito
         básico alterno por contribuciones pagadas al
         extranjero (cuando la misma sea mayor que la
         contribución regular):
                                       [...]
         (2) Ingreso neto sujeto a contribución básica alterna.
         — Para fines de este apartado el término “ingreso
         neto sujeto a contribución alterna” significa:
             (A) El ingreso bruto del contribuyente para el año
             contributivo, determinado conforme a lo
             dispuesto en la Sección 1031.01 de este subtítulo
             reducido por:
                 (i) Las exenciones establecidas en los párrafos
                 (1), (2), (3)(A), (3)(B), (3)(L), (3)(M). (4)(D), (6),
                 (7), (10), (11), (12), (15), (16), (17), (18), (20),
                 (22), (23), (24), (25), (26), (27), (29), (30), (32),
                 (33), (34 y (35) y (36) del apartado (a) de la
                 Sección 1031.02.
                 (ii) El monto de los ingresos exentos recibidos
                 de una compañía inscrita de inversión, a tenor
                 con la Sección 1112.01,
                 (iii) Las deducciones admitidas por las
                 Secciones        1033.01(a)(1),       1033.01(a)(4),
                 1033.01(b)(3),       1033.01(b)(4),      1033.02(c),
                 1033.02(d), 1033.02(e), 1033.05(a), 1033.07,
                 1033.13, 1033.15 y 1033.16, y aquella parte
                 de la Sección 1031.03(a)(2) que se refiera a
                 contribuciones sobre la propiedad, patentes y
                 licencias pagadas durante el año contributivo
                 y pagos por ser servicios públicos (“utilities”)
                 tales como, agua, electricidad y teléfono; y
                 (iv) Las concesiones de deducciones por
                 exenciones personales y por dependientes
                 dispuestas en la Sección 1033.18.
             (B) [...]
             (C) Para propósitos de determinar el monto del
             ingreso neto sujeto a contribución básica
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           alterna no aplicarán las exclusiones o
           exenciones de ingreso que no emanen de este
           Subtítulo,     aunque     las   mismas       estén
           concedidas por leyes especiales, excepto las
           dispuestas en la Ley 225-1995, según
           enmendada, conocida como “Ley de Incentivos
           Agrícolas de Puerto Rico”, la Ley 73-2008, según
           enmendada, conocida como “Ley de Incentivos
           Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, o
           cualquier ley análoga anterior o posterior, la Ley
           83-2010, conocida como la “Ley de Incentivos de
           Energía Verde de Puerto Rico”, o cualquier otra
           ley anterior o subsiguiente de naturaleza similar,
           o en la Ley 78-1993, según enmendada,
           conocida como “Ley de Desarrollo Turístico de
           Puerto Rico de 1993”, o cualquier otra ley
           sucesora, incluyendo la ley conocida como “Ley
           de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010”,
           o en la Ley 20-2012, según enmendada, mejor
           conocida como “Ley Para Fomentar la
           Exportación de Servicios”, o cualquier otra ley
           sucesora, o la Ley 22-2012, según enmendada,
           mejor conocida como “Ley para Incentivar el
           Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto
           Rico”, o cualquier otra ley sucesora, o la Ley 14-
           2017, conocida como “Ley de Incentivos para la
           Retención y Retorno de Profesionales Médicos”.
           (Énfasis nuestro).

     Como podemos ver, el Código de Rentas Internas contiene un

listado taxativo de las exclusiones y exenciones de ingresos

aplicables al cómputo del monto del ingreso neto sujeto a la

Contribución Básica Alterna. Aunque esta Sección ha sido

enmendada para incluir leyes como la Ley Núm. 4-2017, la

Asamblea Legislativa no ha integrado a la Ley Núm. 80-1976 como

excepción al cómputo de la Contribución Básica Alterna.

     El Reglamento Núm. 8329, supra, abunda sobre el tema pero

tampoco incluye a la Ley Núm. 80-1976. El Artículo 1021.02-2

dispone que:

     Artículo 1021.02-2- Ingreso neto sujeto a contribución
     básica alterna. –
        (a) [...]
        (b) Exenciones y exclusiones de leyes especiales-
            (1) Regla general.- Según dispuesto en la
            Sección 1021.03(a)(2)(B), las exclusiones,
            exenciones o deducciones concedidas bajo
            leyes especiales o no contempladas en el
            Subtítulo A del Código, no reducirán el ingreso
            bruto del contribuyente para propósito de la
            determinación del ingreso neto sujeto
            a contribución básica alterna. Por tanto, en la
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            determinación del ingreso neto sujeto
            a contribución básica alterna, el ingreso bruto
            ajustado del contribuyente para el año
            contributivo deberá ser aumentado por
            aquellas      exclusiones,      exenciones       o
            deducciones que no surjan de la Sección
            1021.02(a)(2)(A) del Código y aquellas
            exclusiones, exenciones o deducciones que
            surjan de leyes especiales.
            (2) Excepción. – Para propósitos de determinar el
            ingreso neto sujeto a contribución básica alterna,
            se admitirán las exclusiones y exenciones
            dispuestas en las siguientes leyes:
                Ley 225-1995, según enmendada, conocida
                como “Ley de Incentivos Agrícolas de Puerto
                Rico”;
                Ley 73-2008, según emendada, conocida
                como “Ley de Incentivos Económicos para el
                Desarrollo de Puerto Rico, o cualquier ley
                análoga anterior o posterior, incluyendo las
                Leyes Núm. 73-2008, Núm. 135-1997, Núm. 8
                de 24 de enero de 1987, Núm. 26 de 2 de junio
                de 1978, y Núm. 57 de 13 de junio de 1963
                todas según enmendadas, incluyendo los
                dividendos distribuidos bajo dichas leyes;
                Ley 83-2010, conocida como la “Ley de
                Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico”, o
                cualquier otra ley anterior o subsiguiente de
                naturaleza similar;
                Ley 78-1993, según enmendada, conocida
                como “Ley de Desarrollo Turístico de Puerto
                Rico de 1993”, o cualquier otra ley sucesora,
                incluyendo la ley conocida como “Ley de
                Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010”;
                y
                Ley 168 de 30 de junio de 1968, según
                enmendada, conocida como “Ley de Incentivos
                de Facilidades Hospitalarias”, incluyendo los
                dividendos distribuidos bajo dicha ley.
                (Énfasis nuestro).

      Donde único se discute la Ley Núm. 80-1976 en el Código de

Rentas Internas es en la Sección 1031.01(b)(15), que dispone:

      Sección 1031.01. — Ingreso Bruto.
      (a) Definición General. — Salvo que se disponga de otro
      modo en este Código, el término “Ingreso bruto”
      significa todo ingreso, ganancia, o beneficio recibido o
      derivado de cualquier procedencia. Ingreso bruto
      incluye, pero no se limita a las siguientes clases de
      ingresos:
             […]
      (b) Exclusiones del Ingreso Bruto. — Las siguientes
      partidas serán excluidas de la definición de ingreso
      bruto:
             […]
             (15) Las compensaciones o indemnizaciones
      recibidas por un empleado por razón de despido, sin
      que sea necesario determinar su justa causa, hasta una
      cantidad máxima equivalente a la indemnización que el
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      empleado pudiese recibir al amparo de la Ley Núm. 80
      de 30 de mayo de 1976, según enmendada.

                                  III.

      Como hemos señalado, la Asamblea Legislativa no incluyó a

la Ley Núm. 80-1976 dentro de las excepciones al cómputo de la

Contribución Básica Alterna. Al día de hoy, aún no la han

incorporado.     Los    tribunales       no   pueden     imponer     sus

interpretaciones sobre el texto de una ley que es claro y manifiesto.

“[C]uando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e

inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda

intención legislativa”. Romero Barceló v. E.L.A., supra. Debemos

partir de la premisa de que el legislador estaba consciente del

esquema contributivo del Código de Rentas Internas y de la Ley

Núm. 80-1976 y que su silencio no fue por error o negligencia.

      Consideramos claro y manifiesto que las leyes incluidas en el

texto de la Sección 1021.02 del Código de Rentas Internas, supra, y

en el Artículo 1021.02-02 del Reglamento Núm. 8329, supra, fueron

seleccionadas deliberadamente. “No todo silencio es producto de la

falibilidad del legislador. En ocasiones, es parte del diseño

legislativo; es decir, se trata de omisiones intencionales”. J. M.

Farinacci Fernós, op. cit., pág. 155.

      Recordemos que la Contribución Básica Alterna le garantiza

una contribución mínima al Estado que, para lograr su propósito,

elimina ciertas exenciones, deducciones y tratamientos aplicables a

la contribución sobre ingresos normal. A la misma vez, cualquier

duda sobre la existencia de una exención contributiva debe ser

resuelta en contra de su existencia. Por la naturaleza de la

Contribución Básica Alterna, y por las normas que rigen la

interpretación   de    leyes   contributivas,   entendemos     que    la

determinación de la Secretaría de la Oficina de Apelaciones

Administrativas fue correcta.
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                                 IV.

      Por los fundamentos discutidos, confirmamos la Resolución de

la Secretaría de la Oficina de Apelaciones Administrativas del

Departamento de Hacienda.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

      El juez Marrero Guerrero disiente, al considerar, tal y como es

reconocido en la página 9 de la Sentencia mayoritaria, que la Ley

Núm. 80-1976 tiene la clara intención de que las compensaciones

que surjan en virtud de ésta estén exentas de contribuciones sobre

ingresos. Así las cosas, suscribo las siguientes expresiones

consignadas por un Panel Hermano de este Tribunal en el Caso

Núm. KLRA202300193, Sentencia de 26 de junio de 2023:

      “ […] A nuestro entender, constituye un contrasentido
      concluir que un obrero está exento de pagar
      contribuciones sobre la compensación especial recibida
      por este al amparo del Art. 10 de la Ley Núm. 80 pero
      que, sin embargo, debe incluir dicha cuantía en el
      cálculo para determinar su ingreso neto sujeto a
      contribución básica alterna. Lo anterior implicaría
      derrotar por completo la intención del Estado de
      proteger a aquellos trabajadores que, por razones fueras
      de su alcance, quedan desprovistos de un empleo con
      el cual sustentarse.”

      El resultado anunciado hoy, tan distinto al alcanzado en la

referida Sentencia, tiene el efecto de quebrantar para la recurrente,

comparado su caso con el de la querellante-recurrente en el caso

KLRA202300193, uno de los principios que, a nuestro modo de ver,

deben guiar nuestra función adjudicativa: brindar trato similar a

personas en las mismas circunstancias.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones