Court Opinion

ID: 9890323
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:15:20.502883+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:11.733862
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

    ZORALYS CORTÉS                                        Certiorari
       FELICIANO                                          procedente del
                                                          Tribunal de
         Recurrida                                        Primera Instancia,
                                                          Sala de Aguada
              v.
                                 KLCE202300832 Sobre:
    COOPERATIVA DE                             Despido
      FARMACIAS                                Injustificado
   PUERTORRIQUEÑAS                             (Ley Núm. 80)

        Peticionaria                                      Caso Número:
                                                          AU2021CV00155

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

      La     parte      peticionaria,       Cooperativa      de   Farmacias

Puertorriqueñas (Coopharma), comparece ante nos para que

dejemos sin efecto la determinación emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, el 26 de abril de 2023,

notificada el 2 de mayo del mismo año. Mediante la misma, el foro

primario declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria

promovida por la parte peticionaria, ello dentro de una acción civil

sobre discrimen, represalias, despido constructivo y acoso laboral

incoada por la parte aquí recurrida, Zoralys Cortés Feliciano.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                        I

      El 31 de marzo de 2021, la parte recurrida presentó la

demanda de epígrafe. En el pliego, alegó que, el 14 de febrero de

2017, comenzó a trabajar en Coopharma, la aquí peticionaria, en la

posición de contable. Detalló que, mientras ocupaba dicha posición,

estuvo embarazada durante el periodo de octubre de 2019 a junio

Número Identificador
RES2023 ________________
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de 2020, aproximadamente.1 Destacó que, poco después de haber

regresado de su licencia de maternidad, se llevó a cabo una reunión,

en la cual Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma, y la

Lcda. Vanessa Alvarado Gotay la amonestaron por un alegado acto

de insubordinación ocurrido el 15 de marzo de 2020. A su vez,

expuso que, en la mencionada reunión, le cuestionaron su

productividad durante el tiempo que estuvo embarazada y le

abordaron una serie de ausencias reportadas en dicho término para

asistir a citas médicas.

       Además, la parte recurrida, sostuvo que, luego que cuestionó

varias acciones tomadas por los gerenciales de Coopharma que

estaban en contravención con los reglamentos internos de la

corporación, el señor Ortiz dejó de copiarle los correos electrónicos

sobre compra de materiales y de brindarle la información y

documentación necesaria para llevar a cabo los contratos de

servicios. Al respecto, detalló que luego de dichos cuestionamientos,

el señor Ortiz le informó que, en adelante, las compras de materiales

estarían a cargo del gerente de operaciones, la asistente ejecutiva y

él. Arguyó que lo anterior tuvo el efecto de limitar sus funciones

como contable de la mencionada compañía. Adujo, que, el 12 de

febrero de 2021, no tuvo más opción que terminar su relación

laboral con la parte peticionaria, tras haber sufrido represalias,

acoso laboral y discrimen por razón de embarazo de parte de dicha

compañía.

       Posteriormente, el 2 de junio de 2021, la parte peticionaria

presentó    su    alegación     responsiva.       En   esencia,   negó   las

imputaciones hechas en su contra. Especificó que la única

amonestación que se le realizó a la recurrida fue por haberse negado

a acudir a Coopharma el 15 de marzo de 2020, según las

1 Véase, Demanda, Apéndice del recurso, pág. 2.
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instrucciones impartidas. En cuanto al alcance de lo discutido en la

reunión, afirmó, que, contrario a lo aducido, no se le cuestionó a la

recurrida por las ausencias incurridas por razón de su embarazo,

sino, que se abordó sobre una serie de ausencias reportadas para

atender asuntos personales.

       En cuanto al argumento de la recurrida sobre la limitación de

sus funciones como contable de Coopharma, la peticionaria indicó

que los correos electrónicos sobre compras de materiales solo se le

descontinuaron       mientras      se    encontraba      en   su    licencia    de

maternidad. Ahora bien, afirmó que, una vez la recurrida se

reincorporó a Coopharma, se le brindó información actualizada de

todos los trabajos pendientes.

       Por otra parte, la peticionaria sostuvo que la recurrida no

demostró que su única alternativa era abandonar su cargo, como

requiere     el   ordenamiento          jurídico   vigente     sobre     despido

constructivo, por lo que debía concluirse que esta última renunció

voluntariamente a su empleo.

       Acontecidas múltiples incidencias no pertinentes a la

controversia que nos ocupa, el 14 de diciembre de 2022, Coopharma

presentó una Moción de Sentencia Sumaria.2 En lo ateniente, reiteró

que no existía controversia en cuanto a que la recurrida no demostró

que su única alternativa fue abandonar su posición de contable.

Afirmó, además, que no surgía que sus gerenciales impidieron que

2 La parte peticionaria acompañó su Moción de Sentencia Sumaria con la siguiente

prueba documental: Deposición de Zoralys Cortés Feliciano, la aquí recurrida, del
3 de agosto de 2022; Reporte de Separación de la recurrida de Pharma Max con
fecha del 23 de junio de 2021 [sic]; Evaluación de Desempeño de la recurrida en
Pharma Max del 26 de mayo de 2021; Certificado de Registro de Comerciante de
Frappelados, emitido el 17 de abril de 2020; Carta de renuncia de la recurrida con
fecha del 12 de febrero de 2021; Documento intitulado Acción Correctiva
Documentada al Expediente del Empleado con fecha del 21 de agosto de 2020;
Mensajes de texto entre la recurrida y el señor Ortiz. Carta del 25 de agosto de
2020 dirigida al señor Ortiz, suscrita por la recurrida; Carta del 11 de febrero de
2021 dirigida a la recurrida, suscrita por el señor Ortiz; Mensajes de texto entre
el   señor   Ortiz    y   la   recurrida    del   11    de    febrero   de   2021;
Orden Ejecutiva Núm. 2020-023, emitida el 15 de marzo de 2020, por la
Gobernadora, Wanda Vázquez Garced; Deposición del señor Ortiz del 7 de
septiembre de 2022.
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la recurrida laborara en un ambiente adecuado o que incurrieron en

acciones arbitrarias e irrazonables. A tenor con ello, sostuvo que

una única amonestación escrita no justificaba que la recurrida

hubiera renunciado a su empleo.

       De igual forma, indicó que en ningún momento se afectaron

los términos y condiciones del empleo de la recurrida por razón de

su embarazo, y que, una vez concluida su licencia de maternidad,

fue reinstalada a su puesto. Alegó, a su vez, que la recurrida no

participó de ninguna actividad protegida bajo la Ley Núm. 115-

1991, mejor conocida como la Ley de Represalias, 29 LPRA sec. 194,

et seq., puesto que los cuestionamientos de esta fueron realizados

en el curso de gestiones inherentes al puesto que ocupaba. Expuso,

además, que no surgía que los gerenciales de Coopharma

incurrieron en humillaciones, burlas o intimidaciones, ni que

crearon un riesgo a la salud o integridad de la recurrida, por lo que

no se había configurado una causa de acción al amparo de la Ley

para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico, Ley Núm.

90-2020, 29 LPRA sec. 3111, et seq. Así, solicitó al Tribunal de

Primera Instancia la desestimación de la acción de epígrafe.

       El 10 de enero de 2023, la parte recurrida presentó su escrito

en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.3 En el escrito reprodujo

3 La parte recurrida, acompañó su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria con

la siguiente prueba documental: Deposición de la recurrida del 3 de agosto de
2022; Correo electrónico del 11 de febrero de 2020, enviado por la recurrida al
señor Ortiz; Orden Ejecutiva Núm. 2020-023, emitida el 15 de marzo de 2020, por
la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced; Mensajes de texto entre la recurrida y
el señor Ortiz; Deposición del señor Ortiz del 7 de septiembre de 2022; Correos
electrónicos entre el señor Ortiz y la recurrida del 15 de marzo de 2020 y 22 de
agosto del mismo año; Correo electrónico del 14 de marzo de 2020, enviado por la
recurrida a la Lcda. Elda Sierra; Correo electrónico del 14 de marzo de 2020,
enviado por el señor Ortiz a la recurrida; Correo electrónico del 14 de marzo de
2020, enviado por la recurrida al señor Ortiz; Resolución de la Junta de
Coopharma con fecha del 13 de mayo de 2020; Información general de
Coronavirus Supplies and Materials, LLC, recopilada del Registro de
Corporaciones y Entidades; Certificado de Organización de Coronavirus Supplies
and Materials, LLC, emitido el 13 de mayo de 2020; Correo electrónico del 1 de
abril de 2020, enviado por la recurrida al señor Ortiz; Correo electrónico del 6 de
abril de 2020, enviado por la recurrida a Lilliam D. Candelaria y Marilyn L. Pérez
Chacón, copiado al señor Ortiz; Correo electrónico del 17 de abril de 2020, enviado
por la recurrida a la señora Candelaria, Claribel Arocho y al señor Ortiz, copiado
a la señora Pérez Chacón; Correo electrónico del 17 de abril de 2020, enviado por
el señor Ortiz a la recurrida; Correo electrónico del 17 de abril de 2020, enviado
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sus previas contenciones y reiteró que el señor Ortíz la amonestó en

más de una ocasión. En específico, indicó que las reprimendas se

hicieron luego de que le cuestionó a la Junta de Directores por varias

acciones llevadas a cabo por los gerenciales de Coopharma. Entre

ellas, destacó que le indicó al señor Ortiz que había un posible

conflicto de interés con la contratación de un empleado que era hijo

de un suplidor y que refutó unas compras a suplidores que no

estaban incorporados. Expuso que, luego de realizar los referidos

señalamientos, cuando solicitaba los documentos requeridos para

la aprobación de las compras, se le negaban. Arguyó que lo anterior

tuvo el efecto de crear un ambiente de trabajo tan hostil, por lo que

no tuvo otro remedio que renunciar a su posición en Coopharma.4

A tenor con lo anterior, arguyó que existía controversia sobre si el

señor Ortiz, a consecuencia de dichos cuestionamientos, la removió

de sus funciones como contable y le limitó el acceso a información

que era vital para realizar su trabajo. A su vez, adujo que existía

disputa sobre si las actuaciones en su contra por parte de los

funcionarios de Coopharma ocasionaron un despido constructivo.

       Por otra parte, la recurrida insistió en su escrito que, en la

reunión llevada a cabo el 20 de agosto de 2020, el señor Ortíz y la

Lcda. Alvarado Gotay, además de abordar el alegado acto de

insubordinación del 15 de marzo de 2020, le cuestionaron por su

productividad      y   ausencias      durante      el   tiempo    que     estuvo

embarazada. A tenor con ello, arguyó que existía disputa sobre si

dichas acciones constituyeron represalias o hostigamiento laboral,

o si, en la alternativa, la impulsaron a no tener más opción que

por la recurrida al señor Ortiz; Carta del 25 de agosto de 2020 dirigida al señor
Ortiz, suscrita por la recurrida; Correo electrónico del 25 de agosto de 2020,
enviado por el señor Ortiz a la recurrida; Correo electrónico del 4 de noviembre
de 2020, enviado por el señor Ortiz a la recurrida; Correo electrónico del 4 de
noviembre de 2020, enviado por la recurrida al señor Ortiz; Correo electrónico del
28 de octubre de 2020, enviado por la recurrida al señor Ortiz; Correo electrónico
del 18 de diciembre 2020, enviado por el señor Ortiz a la recurrida; Entradas del
diario de la recurrida del 21 de agosto del 2020 y 26 de agosto de 2020; Capturas
de pantalla del perfil de Coopharma en connectzoho.com.
4 Véase, Oposición a Moción De Sentencia Sumaria, Apéndice del recurso, pág. 123.
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renunciar a su posición en la mencionada empresa. En virtud de lo

anterior, peticionó que se denegara la solicitud de sentencia sumaria

promovida por la peticionaria.

      Tras entender sobre los respectivos argumentos de las partes,

el 26 de abril de 2023, notificada el 2 de mayo del mismo año, el

Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia Parcial recurrida.

Mediante la misma, desestimó las causas de acción de represalias y

de despido al amparo de la Ley de Protección de Madres Obreras,

Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, 29 LPRA 467, et seq. (Ley 3).

El   tribunal    primario,    basó     su   determinación,   en   que   los

cuestionamientos realizados por la recurrida se hicieron en el curso

de sus funciones como contable, por lo cual no eran expresiones

protegidas por la Ley de Represalias, supra. A su vez, el tribunal a

quo expresó que era un requisito esencial para la aplicación de la

Ley 3, supra, que la mujer hubiera sido despedida durante su

embarazo. Indicó que surgía que la recurrida disfrutó de su licencia

de maternidad y que los términos de su contrato no se habían

afectado por razón de su embarazo.

      No obstante, el tribunal primario no descartó que la Ley 3,

supra, pudiese aplicar por razón de discrimen, dado a que existía

controversia sobre si el señor Ortiz le llamó la atención a la recurrida

por su productividad durante su embarazo y por las ausencias

incurridas durante ese término. A su vez señaló que había disputa

sobre si los cuestionamientos realizados por recurrida fueron la

razón por la que el señor Ortiz le limitó sus tareas como contable y

la privó de información necesaria para realizar sus funciones, o si,

por el contrario, se le privó a la recurrida de sus funciones como

contable   por    razón      de   su   productividad   mientras    estaba

embarazada. Así pues, bajo tales fundamentos, declaró No Ha Lugar

la Moción de Sentencia Sumaria promovida por la peticionaria y

ordenó la continuación de los procedimientos con relación a las
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causas de acción de despido injustificado, acoso laboral y discrimen

al amparo de la Ley 3, supra.

      Inconforme, el 5 de mayo de 2023, la parte peticionaria

presentó Moción de Reconsideración. En específico, solicitó que se

reconsiderara la determinación sobre la reclamación al amparo de

la Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de

1976, 29 LPRA sec. 185a, et seq. (Ley 80).

      Evaluada la solicitud, el 23 de junio de 2023, notificada el 30

del mismo mes y año, el tribunal primario declaró No Ha Lugar la

reconsideración.   Particularmente,    expresó   que    la   recurrida

demostró que, en varias ocasiones, se limitó el acceso a información

pertinente a su posición y se le impidió que realizara labores propias

de sus funciones. Conforme a lo anterior, el tribunal primario

justipreció que podría concluirse que la recurrida no renunció

voluntariamente a su empleo y que dicha renuncia fue promovida

por su patrono. No obstante, señaló que la parte peticionaria aún

tenía oportunidad de controvertir lo anterior.

      Aún en desacuerdo, el 26 de julio de 2023, la parte

peticionaria compareció ante nos mediante el presente recurso de

certiorari y nos solicita que revisemos únicamente la determinación

interlocutoria del tribunal a quo, en la cual declaró sin lugar la

desestimación sumaria de la causa de acción de despido

injustificado. A tales efectos, formula los siguientes señalamientos:

      Erró el TPI al no dictar sentencia sumaria en este caso
      en relación con la reclamación de despido constructivo.

      Erró el TPI al no adjudicar que procedía desestimar la
      acción de despido constructivo por no estar presentes
      los elementos constitutivos de la misma.

                                  II

      El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos
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Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ____

(2023); Mcneil Healthcase v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659

(2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Mediante

la presentación de un recurso de certiorari, se pretende la revisión

de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de

instancia en el transcurso y manejo del caso que atienden. Distinto

al ejercicio de sus funciones respecto a un recurso de apelación, el

tribunal al que se recurre mediante el vehículo procesal del recurso

de certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya

sea expedir el auto solicitado o denegarlo. 800 Ponce de León v. AIG,

supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593

(2011); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). No obstante, “[e]l examen que hace

el tribunal apelativo, previo a expedir un certiorari, no se da en el

vacío ni en ausencia de otros parámetros.” 800 Ponce de León v. AIG,

supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
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          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Ahora     bien,   la   correcta   consecución       de   la    justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad.     De ahí la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso   que    atiende     conforme   le   dicte   su   buen      juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142

DPR 117 (1987). Cónsono con ello, sabido es que los tribunales

apelativos no “deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste en el ejercicio

de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o

parcialidad incurrió en craso abuso de discreción o en error

manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

La discreción es el más poderoso instrumento reservado al juzgador.

Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004). Al precisar su alcance,

el estado de derecho lo define como la autoridad judicial para decidir

entre uno o varios cursos de acción, sin que ello signifique

abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et al.,

supra. Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al
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concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial

empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et al v.

ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 729 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311, 321

(2005). En consecuencia, la doctrina establece que un tribunal

incurre “en abuso de discreción cuando el juez: ignora sin

fundamento algún hecho material; cuando [el juez] le concede

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a pesar de

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la

determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al.,

supra, pág. 736.

                                III

      Un examen detallado de los documentos que componen el

expediente que nos ocupa, nos lleva a abstenernos de ejercer

nuestras funciones revisoras respecto al pronunciamiento emitido

por el tribunal primario. Sabido es que la sentencia sumaria es un

mecanismo adjudicativo de naturaleza extraordinaria, sujeta a

determinadas formalidades impuestas por ley, que propende a la

celeridad en la disposición de los asuntos sometidos a la

consideración de la maquinaria judicial. Oriental Bank v. Caballero

García, 2023 TSPR 103, 212 DPR ___ (2023); Acevedo Arocho y otros

v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros; 2023 TSPR 80,

212 DPR ___ (2023); Universal Insurance Company y otros v. Estado

Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24, 211 DPR ___

(2023); Rivera Matos, et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024

(2020); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); Savary

et al. v. Mun. De Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1030 (2017). SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). La legitimidad de su

empleo está supeditada a la efectiva inexistencia de controversia
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alguna sobre los hechos medulares de la causa de acción de que

trate, ello a la luz de la prueba documental sometida a la

consideración del Juzgador por parte de quien propone la moción

correspondiente, así como de quien se opone a la misma. Por tanto,

compete al tribunal examinar toda la evidencia habida ante sí, de

modo tal que pueda concluir que solo resta disponer de cuestiones

puramente normativas. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004);

Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990). Ahora

bien, dictar sentencia sumaria en un caso es una facultad propia a

la discreción del adjudicador, a los fines de evitar que se prive a una

persona de su derecho a tener su día en corte. SLG Zapata-Rivera

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 451-452 (2013); Ramos Pérez v.

Univisión, supra; Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, supra. Así, de no

quedar clara la total inexistencia de controversias de hechos

materiales, el foro a quo está llamado a no preterir el cauce ordinario

de los procedimientos. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3.

      Al entender sobre la prueba que compone el expediente de

autos de novo, conforme a Meléndez González, et al. v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 118 (2015), advertimos que ningún criterio jurídico

particular justifica que dejemos sin efecto la determinación

recurrida. Nada nos sugiere que, en el ejercicio de sus facultades,

el foro recurrido haya incurrido en error de derecho o en abuso de

la discreción que le asiste, de modo que se haga meritorio que

soslayemos la norma de abstención judicial que, en dictámenes

como el de autos, regula el ejercicio de nuestras funciones. A

nuestro juicio, el pronunciamiento en cuestión es producto del

adecuado ejercicio de las facultades que le asisten al Tribunal de

Primera Instancia en la materia que atendemos, por lo que, ante ello,

no resulta preciso que intervengamos.
KLCE202300832                                                     12

      En su gestión, la sala de origen resolvió que controversias

sustanciales de hechos requerían disponer del asunto mediante el

cauce ordinario de los procedimientos, ello a fin de poder declarar

adecuadamente de los respectivos derechos y obligaciones de las

aquí comparecientes a la luz de la normativa vigente sobre despido

injustificado, acoso laboral y discrimen en el empleo. En particular,

surge que la parte recurrida sustentó con evidencia que el señor

Ortiz le limitó el acceso a información pertinente y le impidió que

realizara labores inherentes a sus funciones de contable. Sabido es

que la Ley 80, supra, por ficción de ley, equipara una renuncia

involuntaria a un despido. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR

20, 50 (2020). A pesar de que ni el mencionado estatuto, ni la

jurisprudencia interpretativa, fijan concretamente que constituye

una renuncia involuntaria, si un empleado logra demostrar que la

reducción de funciones inherentes a su posición produjo un

ambiente de empleo intolerable, a tal nivel que la única alternativa

razonable era renunciar, se podría configurar una causa de acción

por despido constructivo. Íd., págs. 37-39.

      Así pues, tomando en consideración la relación fáctica

expuesta, y acorde con el ejercicio adecuado de nuestra facultad

discrecional, denegamos expedir el auto solicitado, en virtud de los

criterios dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Juez Grana Martínez concurre sin

opinión escrita.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones