Court Opinion

ID: 9949494
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-11 19:19:41.4496+00
Date Added: 2024-06-11T14:26:28.430201
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

            José R. Izquierdo II

                   Recurrido                      Certiorari

                      v.                         2024 TSPR 20

         Enrique (Kike) Cruz y otros             213 DPR ___

               Peticionarios

Número del Caso:    CC-2022-0847
                    cons. con CC-2023-0005

Fecha:   6 de marzo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

     Panel I

CC-2022-0847

Abogados de la parte peticionaria:

     Lcdo. Manuel A. Pietrantoni Cabrera
     Lcda. Annie Lorena Ramírez Hernández
     Lcda. Melanie Pérez Rivera

Abogada de la parte recurrida:

     Lcda. Lizabel M. Negrón Vargas

CC-2023-0005

Abogados de la parte peticionaria:

     Lcdo. Arot L. Velazquez Travieso
     Lcdo. Alexis G. Rivera Medina
     Lcdo. Joel Andrews Cosme Morales

Abogada de la parte recurrida:

     Lcda. Lizabel M. Negrón Vargas

Materia:   Derecho Constitucional – Reconocimiento del privilegio
cualificado del periodista; factores a evaluar ante una petición
para que se divulgue una fuente o información confidencial en una
acción por difamación.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
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                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José R. Izquierdo II

    Recurrido                                CC-2022-847
        v.                                     cons. con               Certiorari

Enrique (Kike) Cruz y otros                   CC-2023-5

    Peticionarios

  El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión del Tribunal.

                       En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2024.
                             El libre flujo de opiniones e ideas, sin lugar a

                       dudas,    constituye    un    pilar      fundamental   para   el

                       desarrollo    individual      y    colectivo    de   los   seres

                       humanos en una sociedad democrática.             La apropiada

                       disposición de este caso requiere que interpretemos

                       si en nuestro ordenamiento constitucional existe el

                       privilegio     cualificado         del     periodista,      como

                       corolario del derecho a la libertad de expresión y

                       de prensa consagrado en la Sec. 4 del Art. II de la

                       Constitución de Puerto Rico, infra, frente a una

                       solicitud    para     que    un    periodista   divulgue      sus

                       fuentes o informaciones confidenciales en una acción

                       por     difamación.          Por     los    fundamentos       que

                       discutiremos en esta Opinión, adelantamos que sí.
CC-2022-847 cons. con CC-2023-5                                             2

    Por consiguiente, al amparo de la referida disposición

constitucional,       hoy      reconocemos      por   primera     vez       la

existencia del privilegio cualificado del periodista en

protección de sus fuentes e informaciones confidenciales.

Así, resolvemos que -una vez establecida la pertinencia de

la identidad de la fuente periodística o de la información

confidencial       para   la     adjudicación    de   una    acción         por

difamación-    los    tribunales        deben   evaluar     si   la    parte

interesada    en     descubrir     la    información      solicitada        ha

presentado prueba para establecer: (1) que lo publicado es

falso y difamatorio; (2) que empleó esfuerzos razonables

para descubrir la fuente o la información confidencial por

otros medios, y (3) que es necesario conocer la identidad

de la fuente o la información confidencial para establecer

su causa de acción.         Si se demuestran estos factores, el

privilegio del periodista a no divulgar sus fuentes o

informaciones confidenciales cedería ante el interés de la

parte   que   solicita      el    descubrimiento,      por   lo       que    la

información solicitada podría ser compelida.                      Por las

razones que expondremos a continuación, modificamos el

dictamen recurrido y devolvemos el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que evalúe estos criterios.

                                     I

    Este caso tuvo su génesis el 18 de diciembre de 2020,

cuando el Sr. José R. Izquierdo II (señor Izquierdo II o

recurrido) presentó una Demanda sobre daños y perjuicios

por libelo en contra del Sr. Enrique “Kike” Cruz (señor
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Cruz   o   periodista),       la    Sra.    Vivian    López       Álvarez,    la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éstos y Publi-

Inversiones Puerto Rico, Inc. (El Vocero) (en conjunto,

peticionarios). En síntesis, el señor Izquierdo II sostuvo

que allá para diciembre de 2017, a través de una columna

publicada en el periódico El Vocero titulada “El acosador,

el encubridor y sus víctimas” (la columna), el señor Cruz

le imputó haber incurrido en conducta constitutiva de

hostigamiento sexual.         Aunque admitió que su nombre no fue

mencionado en la columna, alegó que el periodista luego

confirmó su identidad al realizar ciertas expresiones en

un programa radial.

      Según el señor Izquierdo II, después de la publicación

periodística,     éste    fue       destituido       de     su    puesto    como

Director     Ejecutivo        de     la    Compañía         de    Turismo     de

Puerto Rico.      Adujo que las imputaciones en su contra

constituyeron     declaraciones            falsas     y     maliciosas       que

laceraron su imagen y reputación, ya que los alegados

incidentes de hostigamiento sexual mientras se desempeñaba

como   Director   Ejecutivo         de    la     Compañía    de    Turismo    de

Puerto Rico nunca ocurrieron.               Por consiguiente, solicitó

una    compensación      de        $5,000,000      por      los    daños     que

presuntamente sufrió como resultado de la publicación de

la    columna;   $1,000,000         por    las    angustias       mentales,       y

$300,000 por la pérdida de salarios.

      Oportunamente,      los        peticionarios          contestaron       la

Demanda y adujeron que no actuaron de manera negligente o
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con malicia real.       Luego de varias controversias surgidas

durante el descubrimiento de prueba, el 28 de noviembre

de 2021, el señor Izquierdo II solicitó al tribunal de

instancia que ordenara a El Vocero a contestar un pliego

de    interrogatorios     al      amparo    de      la   Regla   34.2    de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.                  Posteriormente, el

18 de enero de 2022 y el 7 de febrero de 2022, el recurrido

le solicitó al foro primario que, de acuerdo con la citada

regla, ordenara al periodista a descubrir y contestar un

pliego de interrogatorios, debido a que este último objetó

gran parte de las preguntas y no fue responsivo en sus

contestaciones.        En específico, ciertos interrogatorios

requerían que el periodista revelara la identidad de las

personas mencionadas en la columna, mientras que otros

interrogatorios iban dirigidos a exigir que se divulgara

la identidad de las fuentes periodísticas.                   No obstante,

el señor Cruz se negó a identificar los nombres de las

personas referidas en la columna por entender que no eran

pertinentes a la causa de acción y se rehusó a revelar sus

fuentes    bajo   el    fundamento     de     que    dicha    información

constituía materia privilegiada.

     En lo pertinente, el periodista presentó una Oposición

a    “moción   para    compeler    a   Kike      Cruz    a   descubrir   lo

solicitado” y solicitud de orden protectora el 9 de marzo

de 2022.   Éste reiteró su objeción a varios interrogatorios

por entender que el señor Izquierdo II pretendía añadir

elementos no contemplados en la columna para establecer su
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causa de acción, ya que en la publicación no se mencionaba

el nombre del recurrido.         Además, el señor Cruz reafirmó

su oposición a revelar sus fuentes bajo el fundamento de

ser materia privilegiada.             Así pues, recurrió de forma

persuasiva    a     las   decisiones        de    otros    tribunales         de

Estados Unidos que han reconocido la existencia de un

privilegio    cualificado       del    periodista          frente       a    una

solicitud    para    divulgar    la    identidad          de    sus     fuentes

confidenciales.       Por último, adujo que revelar la fuente

era innecesario para adelantar la reclamación y que el

único motivo detrás de esa solicitud era el revanchismo.

     Después de evaluar las mociones presentadas por el

recurrido, así como los respectivos escritos en oposición

presentados por los peticionarios, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Orden el 12 de mayo de 2022.                       El foro

de   instancia    resolvió    que     el    periodista         no    tenía   que

contestar     los     interrogatorios            relacionados          con   la

identidad de las personas mencionadas en la columna.                          De

igual   forma,    determinó     que    no    tenía    que       revelar      sus

fuentes.     En desacuerdo, el señor Izquierdo II presentó

una moción de reconsideración ante el foro primario, la

cual fue denegada mediante una Resolución emitida el 14 de

junio de 2022 y notificada el 15 de junio de 2022.

     Inconforme con la determinación emitida, el 14 de julio

de 2022, el señor Izquierdo II presentó un recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.                         En resumen,

el recurrido adujo que el foro de instancia erró al negarle
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la información solicitada.                  Así pues, sostuvo que dicha

información era esencial para demostrar su causa de acción

y   alegó   que    la    misma    no    estaba          protegida       por    ningún

privilegio evidenciario.

     Por otra parte, los peticionarios se opusieron a la

expedición del recurso.               En esencia, plantearon ante el

tribunal apelativo intermedio que la identidad de las

personas     que   eran      objeto         de     la    columna       carecía     de

pertinencia para fines de la causa de acción del señor

Izquierdo    II,    pues     era       este       último       quien     tenía   que

demostrar que el artículo se refería a su persona.                            También

alegaron que, a la luz de un balance de los intereses

implicados    en    el     descubrimiento               de    prueba,     no    debía

permitirse que se revelaran las fuentes periodísticas. Por

ende, expresaron que el foro primario no abusó de su

discreción ni incurrió en prejuicio, parcialidad o error

manifiesto al emitir su dictamen.

     Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones expidió el

recurso de certiorari y modificó la Orden emitida por el

foro de instancia en cuanto al pliego de interrogatorios

que le fue cursado al periodista.                   Así las cosas, mediante

una Sentencia emitida el 27 de octubre de 2022 y notificada

el 28 de octubre de 2022, el foro apelativo intermedio

resolvió     que   el      periodista            tenía       que   contestar      los

interrogatorios dirigidos a conocer la identidad de las

personas     mencionadas         en    la     publicación,          ya    que    las

preguntas     -a        juicio    del        tribunal          apelativo-        eran
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pertinentes a la reclamación.1                  De igual forma, el foro

apelativo intermedio determinó que el señor Cruz debía

divulgar     sus    fuentes,       pues    concluyó       que   no   aplicaba

privilegio alguno.2          En consecuencia, los peticionarios

presentaron una solicitud de reconsideración, la cual fue

denegada     por   el   Tribunal      de    Apelaciones         mediante   una

Resolución emitida el 28 de noviembre de 2022 y notificada

el 1 de diciembre de 2022.

     Así    las    cosas,    los    peticionarios         presentaron       sus

recursos de certiorari por separado ante este Tribunal el

29   de    diciembre    de   2022     y    el    3   de    enero     de   2023,

respectivamente.        El     Vocero,          mediante        el    recurso

CC-2022-847, realizó el señalamiento de error siguiente:

          Erró el Tribunal de Apelaciones al modificar
      la Orden del Tribunal de Primera Instancia a los
      efectos de que el Sr. Cruz divulgue las fuentes
      confidenciales que le brindaron la información
      para su opinión publicada en el periódico El
      Vocero, en contravención al privilegio del
      reportero.3

1    El Tribunal de Apelaciones determinó que “[l]as preguntas 20, 21,
25, 26, 27[,] 30 y 31, mediante las cuales se requiere que el
[p]eriodista identifique a quién se refiere la [columna], así como
abunde sobre su contenido, deben ser contestadas. Se trata de asuntos
claramente pertinentes a la reclamación […]”.      (Escolio omitido).
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del certiorari
(recurso CC-2022-847), págs. 524-525.
2    El Tribunal de Apelaciones razonó que “[d]e forma similar, deben
ser contestadas las preguntas 15, 16, 19, 22, 23, 24 y 28, las cuales
requieren que el [p]eriodista divulgue quién le suplió la información
que él decidió publicar en la [columna], o bien qué gestiones hizo
para concluir que la información era confiable”. (Escolio omitido).
Íd., págs. 525-526.
3    Si bien no le correspondía a Publi-Inversiones Puerto Rico, Inc.
(El Vocero) señalar este error, destacamos que el Sr. Enrique “Kike”
Cruz (señor Cruz o periodista) lo planteó como parte de sus errores.
CC-2022-847 cons. con CC-2023-5                                   8

     Por   su   parte,   el   señor   Cruz,   mediante   el   recurso

CC-2023-0005, señaló como errores los siguientes:

          Erró el Tribunal de Apelaciones al no aplicar
      el privilegio cualificado del periodista que
      protege las fuentes a pesar de este privilegio
      haber sido reconocido a nivel federal a la luz
      de la Primera Enmienda.

          Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
      que    es    pertinente     contestar    ciertos
      interrogatorios que buscan revelar la fuente
      periodística y que se identifique al recurrido
      en una columna de opinión que no lo menciona, a
      pesar de que el [Tribunal de Primera Instancia]
      entendió que esto no era pertinente, siendo esto
      un abuso de discreción del foro intermedio.

          Erró el Tribunal de Apelaciones al obligar
      al compareciente a contestar preguntas de un
      interrogatorio que ya fueron contestadas y que
      el [Tribunal de Primera Instancia] consideró
      como contestadas, siendo esto un abuso de
      discreción del foro intermedio.

     El 24 de febrero de 2023 expedimos los recursos de

certiorari presentados y ordenamos la consolidación de

éstos.     Con el beneficio de los alegatos de las partes,

el caso quedó sometido en los méritos para su adjudicación

el 25 de mayo de 2023.        Así las cosas, procedemos a exponer

el marco jurídico aplicable a la presente controversia.

                                 II

A.   El alcance del descubrimiento de prueba

     Los foros primarios gozan de una gran discreción para

dirigir el descubrimiento de prueba.           Cruz Flores et al.

v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 496-496 (2022).                Es

norma reiterada que el proceso de descubrimiento de prueba

debe ser amplio y liberal.        Rivera et al. v. Arcos Dorados

et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Cruz Flores
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et al. v. Hosp. Ryder et al., supra, pág. 496; McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672 (2021).

No obstante, existen dos (2) limitaciones al descubrimiento

de prueba, a saber, “[e]n primer lugar, es imperioso que

el asunto que se pretende descubrir sea pertinente a la

controversia que se dirime. Segundo, la materia que se

pretende descubrir, aunque sea pertinente, no puede ser

privilegiada     o    quedará      excluida     del        alcance     del

descubrimiento de prueba”. (Negrilla suplida). Ponce Adv.

Med. v. Santiago González et al., 197 DPR 891, 898-899

(2017).

   En particular, la Regla 23.1 (a) de Procedimiento Civil

de 2009, 32 LPRA Ap. V, dispone lo siguiente:

         [l]as partes podrán hacer descubrimiento
     sobre cualquier materia, no privilegiada, que
     sea pertinente al asunto en controversia en el
     pleito pendiente, ya se refiera a la reclamación
     o defensa de cualquier otra parte, incluso la
     existencia, descripción, naturaleza, custodia,
     condición y localización de cualesquiera libros,
     información     almacenada     electrónicamente,
     documentos u otros objetos tangibles, y la
     identidad y dirección de personas que conozcan
     hechos pertinentes. No constituirá objeción el
     que la información solicitada sea inadmisible en
     el juicio, siempre que exista una probabilidad
     razonable de que dicha información conduzca al
     descubrimiento de evidencia admisible. (Negrilla
     suplida).

   A esos efectos, aun si un tribunal determina que la

información    solicitada     es    pertinente,       le    corresponde

evaluar   si   se     configuran     los      requisitos        para   el

reconocimiento       de   algún    privilegio.             El   profesor

Ernesto L. Chiesa Aponte nos indica que los privilegios

deben surgir de la ley, es decir, de la Constitución, las
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reglas de evidencia o las leyes especiales.                       E.L. Chiesa

Aponte,     Tratado       de      derecho        probatorio,          República

Dominicana, Ed. Corripio, [s. año], T. I, pág. 188.                              Así

pues, más allá de los privilegios establecidos en las

Reglas     de    Evidencia       de    Puerto     Rico,     existen        “otros

privilegios       en     desarrollo          o   reconocidos          en    otras

jurisdicciones, algunos con cierta base constitucional,

como el privilegio del periodista”.                (Negrilla y subrayado

suplidos).       Chiesa Aponte, op. cit., pág. 317.

     En   conformidad      con    lo       expuesto,   es    viable        que    en

nuestro ordenamiento surjan privilegios como corolario de

ciertas    normas       constitucionales,         de   forma      que      podría

“derivar[se] un privilegio del periodista, en relación con

las fuentes de información, lo que todavía no ha sido

aprobado    por    la    Corte    Suprema        [f]ederal”.          (Negrilla

suplida).       Chiesa Aponte, op. cit., pág. 189 esc. 15.                   Esto

nos lleva a expresarnos por primera vez sobre la posible

existencia de un privilegio del periodista al amparo de

nuestro    ordenamiento        constitucional,         pues      se   encuentra

estrechamente       vinculado         al    derecho    a    la   libertad         de

expresión y de prensa.

B.   La libertad de expresión y de prensa

     La Sec. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico

consagra el derecho fundamental a la libertad de expresión

al disponer que “[n]o se aprobará ley alguna que restrinja

la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo

a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la
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reparación de agravios”.                  Art. II, Sec. 4, Const. PR, LPRA,

Tomo 1, ed. 2023, págs. 292-293.                            Según surge de las

deliberaciones            entre       los       miembros      de     la       Convención

Constituyente, esta disposición constitucional abarca “el

ámbito    general           de       la     libertad       de       conciencia,         de

pensamiento, de expresión, y las actividades propias para

ejercitar       a       plenitud[,]         dentro       de     la    más       dilatada

libertad[,] la totalidad de [los] derechos”.                                   (Negrilla

suplida).           4     Diario      de        Sesiones      de     la       Convención

Constituyente            2564     (2003).          Así     pues,      esta      garantía

“faculta el desarrollo pleno del individuo y estimula el

libre intercambio y la diversidad de ideas, elementos

vitales       del       proceso      democrático”.              (Cita     depurada          y

negrilla suplida).               U.P.R. v. Laborde Torres y otros I,

180 DPR 253, 286 (2010).

      Hemos     manifestado               que     “[e]ntre         las        libertades

individuales, la libertad de expresión es probablemente la

más esencial, una vez garantizado el derecho a la vida y a

la    libertad          física”.          Asoc.    de    Maestros        v.    Srio.    de

Educación, 156 DPR 754, 767 (2002).                           Se trata, pues, de

una    garantía          dirigida     a     proteger       el      derecho      de    cada

ciudadano a exteriorizar libremente el contenido de su

conciencia e instaurar la premisa indispensable para la

formación de opinión pública, sobre cuyo régimen se funda

un gobierno democrático.                   Íd., pág. 768.            En ese sentido,

“[e]ste       Tribunal          ha   expresado          reiteradamente          que     la

libertad de expresión es una ‘raíz indiscutible del sistema
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democrático     de     gobierno’”.        Vigoreaux    Lorenzana      v.

Quizno's, 173 DPR 254, 268 (2008) (citando a Bonilla Medina

v. P.N.P., 140 DPR 294, 299 (1996)).                  Véase, además,

Mari Bras v. Casañas, 96 DPR 15, 20–21 (1968).                 Por tal

razón, “en la constelación de valores democráticos, goza

de una primacía peculiar”.           (Negrilla suplida).       Coss y

U.P.R. v. C.E.E., 137 DPR 877, 886 (1995).

     En armonía con lo anterior, este Foro está llamado a

la   más   celosa      protección    de   este   derecho   cardinal.

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 287;

Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 768.

Ahora bien, reconocemos que el derecho a la libertad de

expresión, al igual que otros derechos constitucionales,

no es absoluto.      U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra;

Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 493 (1982).                   En

esa misma línea “hemos reiterado a la saciedad que el

derecho a la libertad de palabra no está inmune a la

imposición de limitaciones, siempre y cuando éstas sean

interpretadas     de    forma   restrictiva,     de   manera   que    no

abarquen más de lo imprescindible”.              U.P.R. v. Laborde

Torres y otros I, supra.        Véanse, además: Muñiz v. Admor.

Deporte Hípico, 156 DPR 18, 24 (2002); Asoc. de Maestros

v. Srio. de Educación, supra, págs. 768–769; Velázquez

Pagán v. A.M.A., 131 DPR 568, 576 (1992).             Es por ello que

este derecho constitucional “puede subordinarse a otros

intereses cuando la necesidad y la conveniencia pública lo
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requieran”.            (Cita   depurada     y    negrilla      suplida).

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra.

     Al enfrentarnos a una controversia relacionada con el

derecho a la libertad de expresión y de prensa, debemos

tener presente que esta protección encuentra su origen en

los postulados de la Primera Enmienda de la Constitución

de   los   Estados     Unidos,    Emda.   I,    Const.   EE.UU.,   LPRA,

Tomo 1, ed. 2023, pág. 182.           Véase J. Trías Monge, Historia

Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. UPR, 1982,

Vol. III, pág. 181.            Como sabemos, “[nuestra] sección

corresponde a las restantes disposiciones de la [E]nmienda

[P]rimera en la Constitución federal e incorpora a nuestra

constitución todo el derecho históricamente establecido

con relación a la libertad de palabra, de prensa, de

reunión y de petición”.           (Negrilla suplida).        4 Diario de

Sesiones, supra, T. 4, pág. 2564.

     En particular, la Primera Enmienda de la Constitución

federal establece que “[e]l Congreso no aprobará ninguna

ley […] que coarte la libertad de palabra o prensa […]”.

Emda. I, Const. EE.UU., supra.                 Cabe destacar que, al

tratarse    de    un    derecho   fundamental,       esta    garantía    de

libertad de palabra y de prensa aplica en Puerto Rico.

Balzac v. People of Porto Rico, 258 US 298, 314 (1922).

Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 147

(2011); U.P.R.         v.   Laborde    Torres    y   otros    I,   supra,

pág. 288.        En consecuencia, debemos interpretar y hacer

efectiva la protección constitucional que provee nuestra
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Carta       de   Derechos      de     manera      compatible     con     el

reconocimiento ofrecido por el Tribunal Supremo de Estados

Unidos bajo la Constitución federal y “no en menor grado

de protección”.        Pueblo v. García Colón I, supra, págs.

147-148.

C.    El privilegio del periodista

      En Puerto Rico, al igual que en la mayoría de las

jurisdicciones de Estados Unidos, no es nueva la discusión

sobre el reconocimiento de algún tipo de privilegio a favor

del periodista que se niega a revelar sus fuentes de

información      al   amparo    del     derecho    a   la    libertad    de

expresión y de prensa.              Véase Informe de la conferencia

judicial sobre el privilegio del periodista, 42 (Núm. 2)

Rev. Col. Abog. PR 51, 51–52 (1981).                   El primer caso

reportado sobre el reclamo de un privilegio por el uso de

fuentes confidenciales en Estados Unidos data de 1848, el

cual dio lugar al primer estatuto que reconoció dicho

privilegio en Maryland en 1896.                Íd., pág. 51.          Véase

Ex parte Nugent, 18 F. Cas. 471 (C.C.D.D.C. 1848).

      Un tiempo después, el caso de Branzburg v. Hayes, 408

US    665   (1972)    (en   adelante,    Branzburg)     marcó    un    hito

histórico en la discusión sobre la posible confidencialidad

de la información obtenida por la prensa.                   En Branzburg,

el Máximo Foro federal consolidó los casos de tres (3)

periodistas que fueron llamados a testificar ante un Gran

Jurado sobre determinada información de actividad criminal

que     obtuvieron     mediante      fuentes   confidenciales.           La
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citación     se    diligenció      con   el   propósito   de    que   éstos

identificaran a las personas aludidas en sus respectivos

reportajes por presuntamente tratarse de fabricantes de

drogas   y     miembros      del   grupo   conocido   como     los    “Black

Panthers” que incurrieron en conducta criminal.                 Branzburg

v.    Hayes,      supra,     págs.   667–677.      Sin    embargo,      los

periodistas se negaron a testificar ante el Gran Jurado al

amparo de la Primera Enmienda de la Constitución federal.

Íd.    De esta forma, el Tribunal Supremo de Estados Unidos

examinó si, en el contexto de una citación de un Gran

Jurado relacionada con una investigación criminal, los

periodistas estaban exentos de comparecer y divulgar la

fuente de información confidencial al amparo de la citada

disposición constitucional.

      El Tribunal Supremo federal, mediante una Opinión del

Juez Asociado Señor White, resolvió en una decisión cinco

a cuatro (5-4) que los periodistas no tenían un privilegio

bajo la Primera Enmienda que les permitiera rehusarse a

comparecer y testificar ante un Gran Jurado sobre preguntas

relacionadas con la posible conducta criminal presenciada

por el periodista en cuanto a sus fuentes.                Íd., pág. 692.

Asimismo, rechazó el argumento de que el interés de los

periodistas       en    publicar     noticias    sobre    los    crímenes

cometidos      por     sus   fuentes     confidenciales      superaba    el

interés público de que un Gran Jurado investigara -de buena

fe- la alegada conducta delictiva denunciada por la prensa.

No obstante, el Tribunal Supremo federal reconoció que la
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recolección      de     información      periodística       no    está

desprovista de protección bajo la Primera Enmienda, pues

de lo contrario la libertad de prensa se vería seriamente

afectada (“[w]e do not question the significance of free

speech, press, or assembly to the country's welfare.                Nor

is it suggested that news gathering does not qualify for

First Amendment protection; without some protection for

seeking   out    the   news,   freedom   of   the   press   could    be

eviscerated”).     Íd., pág. 681.

   Con dicha aseveración, Branzburg dejó espacio para el

reconocimiento de un privilegio del periodista (absoluto o

cualificado) por parte del Congreso de los Estados Unidos

en la esfera federal, las legislaturas estatales o los

tribunales de cada estado en el ejercicio de interpretar

sus propias constituciones.           En lo pertinente, el Máximo

Foro federal manifestó lo siguiente:

         At the federal level, Congress has freedom
     to determine whether a statutory newsman's
     privilege is necessary and desirable and to
     fashion standards and rules as narrow or broad
     as deemed necessary to deal with the evil
     discerned and, equally important, to refashion
     those rules as experience from time to time may
     dictate. There is also merit in leaving state
     legislatures   free,   within   First    Amendment
     limits, to fashion their own standards in light
     of the conditions and problems with respect to
     the relations between law enforcement officials
     and press in their own areas. It goes without
     saying, of course, that we are powerless to bar
     state courts from responding in their own way
     and construing their own constitutions so as to
     recognize    a   newsman's    privilege,    either
     qualified or absolute. Íd., pág. 706.

   Por    otro   lado,   el    voto   decisivo   del   dictamen     fue

emitido por el Juez Asociado Señor Powell, quien concurrió
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con la mayoría y enfatizó el alcance limitado de la Opinión

por razón del interés sustancial que posee el Estado en el

contexto de una investigación criminal ante un Gran Jurado.

Aun así, manifestó que los tribunales estarían disponibles

para los periodistas en circunstancias en las que los

intereses legítimos de la Primera Enmienda requirieran

protección (“the courts will be available to newsmen under

circumstances where legitimate First Amendment interests

require protection”).       Íd., pág. 710 (Opinión concurrente

del Juez Asociado Señor Powell).           En ese sentido, razonó

que el grado de protección que se le debía conferir a las

fuentes de información dependería de un análisis caso a

caso de los intereses en competencia y el balance adecuado

entre el derecho a la libertad de prensa y el interés

público    envuelto.4      En   específico,     el   Juez    Asociado

Señor Powell expuso lo siguiente:

          [N]o harassment of newsmen will be tolerated.
      If a newsman believes that the grand jury
      investigation is not being conducted in good
      faith he is not without remedy. Indeed, if the
      newsman is called upon to give information
      bearing only a remote and tenuous relationship
      to the subject of the investigation, or if he
      has some other reason to believe that his
      testimony    implicates    confidential    source
      relationship without a legitimate need of law
      enforcement, he will have access to the court on
      a motion to quash and an appropriate protective
      order may be entered.     The asserted claim to

4    Sobre la interpretación que se le ha dado a la Opinión concurrente
del Juez Asociado Señor Powell, el tratadista Rodney A. Smolla comenta
lo siguiente: “Justice Powell's opinion thus did not appear to endorse
an outright rejection of the reporter's privilege. Rather, it appeared
to endorse a qualified privilege, in which a balancing test would be
employed case-by-case.       Branzburg may thus have not been a
five-to-four decision at all, but rather a decision ‘by a vote of four
and a half to four and a half.’” (Citas omitidas). 3 Smolla & Nimmer
on Freedom of Speech Sec. 25:22 (octubre 2023).
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        privilege should be judged on its facts by the
        striking of a proper balance between freedom of
        the press and the obligation of all citizens to
        give relevant testimony with respect to criminal
        conduct.      The   balance   of   these   vital
        constitutional and societal interests on a case-
        by-case basis accords with the tried and
        traditional way of adjudicating such questions.
        Íd., págs. 709–710 (Opinión concurrente del
        Juez Asociado Señor Powell).

    Finalmente, el Juez Asociado Señor Stewart emitió una

Opinión disidente, la cual reseñamos por su resonancia en

la evolución normativa pos-Branzburg.                  En su disenso, al

cual se unieron los Jueces Asociados Señores Brennan y

Marshall,    se    arguyó    a   favor       del   reconocimiento      de    un

privilegio cualificado del periodista al amparo del derecho

de la prensa a recolectar información.5                    El Juez Asociado

Señor Stewart planteó que la existencia de un derecho

constitucional del periodista a mantener sus fuentes de

información       confidenciales       surgía        del    amplio    interés

social en mantener el libre flujo de información a favor

del público (“[t]he reporter's constitutional right to a

confidential relationship with his source stems from the

broad    societal    interest     in     a    full    and    free    flow    of

information    to    the    public”).          Íd.,   pág.    725    (Opinión

disidente del Juez Asociado Señor Stewart).                         Por ende,

propuso que los tribunales debían emplear un test de tres

5    Valga señalar que el Juez Asociado Señor Douglas emitió una
Opinión disidente mediante la cual estimó que el privilegio del
periodista debió reconocerse como un derecho absoluto, ya que entendía
que el balance requerido se había hecho por quienes redactaron la Carta
de Derechos de la Constitución federal (“[m]y belief is that all of
the ‘balancing' was done by those who wrote the Bill of Rights”).
Branzburg v. Hayes, 408 US 665, 713 (1972) (Opinión disidente del
Juez Asociado Señor Douglas).
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(3) factores antes de ordenar que los periodistas revelaran

sus fuentes, por lo que el privilegio podría ceder si el

Gobierno demostraba: (1) que existe una creencia razonable

de que el periodista posee información que es claramente

relevante    para       el   fin   específico     de   la   investigación

gubernamental; (2) que no existe otro mecanismo o medio

menos lesivo a los derechos consagrados en la Primera

Enmienda     de    la    Constitución        de   Estados    Unidos     para

recolectar la información, y (3) que existe un interés

apremiante    en    obtener        la   información.     Íd.,   pág.     743

(Opinión disidente del Juez Asociado Señor Stewart).

    Luego de Branzburg, cuarenta y nueve (49) estados, así

como el Distrito de Columbia,6 han reconocido algún tipo

de privilegio en protección del periodista que se niega a

divulgar la identidad de sus fuentes confidenciales, ya

sea mediante la aprobación de leyes conocidas como “shield

laws” o por la vía judicial a través de una interpretación

de la constitución estatal o del derecho común.7                 Hasta el

momento no se ha aprobado una protección estatutaria a

nivel federal;          sin embargo, casi todos los tribunales

apelativos federales, con excepción del Sexto y el Séptimo

Circuito,     han       reconocido      en   contextos      distintos     el

privilegio cualificado del periodista -sujeto a un análisis

6    Cathy Packer, The Politics of Power: A Social Architecture
Analysis of the 2005-2008 Federal Shield Law Debate in Congress,
31 Hastings Comm. & Ent L.J. 395, 431-432 esc. 263 (2009).
7    J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y
relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. TEMIS,
2009, pág. 1183.
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de buena fe y balance de intereses, así como una variación

de un test de tres (3) factores- bajo la Primera Enmienda

de la Constitución federal o fundamentándose en el derecho

común.8   Este privilegio conlleva una determinación caso a

caso sobre en cuáles circunstancias debe ceder el interés

de la prensa.9       Cabe destacar que la protección de la

8    Véanse: United States v. Capers, 708 F.3d 1286, 1303 (11mo Cir.
2013) (reconociendo la existencia del privilegio cualificado del
periodista en casos civiles y criminales); Price v. Time, Inc., 416 F.
3d 1327, 1343 (11mo Cir. 2005) (aplicando el test de tres (3) factores
establecido en Miller v. Transamerican Press, Inc., infra); Shoen v.
Shoen, 48 F.3d 412, 415 (9no Cir. 1995) (reafirmando el privilegio
cualificado del periodista, sujeto a un test de tres (3) factores, a
saber, que el material solicitado: (1) no está disponible a pesar de
haber agotado otras fuentes razonables; (2) no es acumulativo; y (3)
resulta claramente relevante a un asunto importante del caso); LaRouche
v. Nat'l Broad. Co., 780 F.2d 1134, 1139 (4to Cir. 1986) (resolviendo
que el tribunal de distrito tiene discreción para determinar si se
debe compeler el testimonio de un periodista tras un análisis de
balance de intereses); Zerilli v. Smith, 656 F.2d 705, 714 (D.C. Cir.
1981) (requiriéndole al demandante por difamación que agotara otras
posibles fuentes de información antes de obligar al periodista a
revelar la identidad de las fuentes); Bruno & Stillman, Inc. v. Globe
Newspaper Co., 633 F.2d 583, 595-96 (1er Cir. 1980) (determinando que
los tribunales deben hacer un balance entre la necesidad invocada para
obtener la información solicitada y el daño potencial al libre flujo
de información); United States v. Cuthbertson, 630 F.2d 139, 147 (3er
Cir. 1980) (reconociendo el privilegio cualificado del periodista a no
divulgar sus fuentes confidenciales e información no publicada en casos
criminales); Miller v. Transamerican Press, Inc., 621 F.2d 721, 725-
726 (5to Cir. 1980) (reconociendo el privilegio cualificado del
periodista en protección de sus fuentes confidenciales en un caso por
difamación, excepto cuando la información: (1) es relevante; (2) no se
puede conseguir mediante otras alternativas, y (3) existe un interés
apremiante en obtener la información); Silkwood v. Kerr-McGee Corp.,
563 F.2d 433, 437-438 (10mo Cir. 1977) (revocando y devolviendo el
caso al foro primario, ya que del expediente no surgía información
sobre la naturaleza de la prueba solicitada, los esfuerzos para obtener
la información de otras fuentes, la necesidad de descubrir la
información y su relevancia); Baker v. F & F Inv., 470 F.2d 778, 783-
785 (2do Cir. 1972) (determinando que el testimonio del periodista
podía ser compelido si la parte peticionaria demostraba que la
información: (1) es relevante; (2) no puede obtenerse de otras fuentes,
y (3) resulta necesaria o crítica para la reclamación); Cervantes v.
Time, Inc., 464 F.2d 986, 993-994 (8vo Cir. 1972) (resolviendo que la
divulgación de las fuentes en una acción de libelo era innecesaria, ya
que el demandante no había presentado prueba conducente a prevalecer
en los méritos de la reclamación).
9   Álvarez González, op. cit., pág. 1183.
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Primera Enmienda ha sido más contundente en el contexto de

los casos civiles.10

     En    lo        concerniente     a       los     casos      por    difamación

presentados           por   figuras      o     funcionarios        públicos,          el

Tribunal Supremo federal ha manifestado que no existe un

privilegio absoluto a favor del periodista demandado con

relación        al     aspecto     subjetivo          de   sus     pensamientos,

opiniones y conclusiones en el proceso editorial bajo la

Primera Enmienda de la Constitución federal.                            Herbert v.

Lando, 441 US 153, 169 (1979).                 Allí el Máximo Foro federal

reiteró su intención de preservar el equilibrio alcanzado

en New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254 (1964),11

entre     el    interés      que   poseen       los    demandantes           sobre    su

reputación y el interés de la prensa al amparo de la Primera

Enmienda.       Herbert v. Lando, supra, págs. 169-170.                        Por su

parte,     el    tratadista        Rodney      A.   Smolla    comenta         que     lo

resuelto en el citado caso no socava el reconocimiento de

un privilegio cualificado en protección de las fuentes

confidenciales.             3 Smolla & Nimmer on Freedom of Speech

Sec. 25:24 (octubre 2023).                   Tanto en los foros judiciales

federales como en los estatales existe consenso en que las

órdenes        para    compeler     la       divulgación      de       las    fuentes

10   R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y
Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. PR, 1988, Vol. II, pág. 1588.
11   En lo pertinente, en New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254
(1964) el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que el estándar
para prevalecer en una causa de acción por difamación presentada por
un oficial público requería la demostración de malicia real.      Este
precedente fue incorporado a nuestra doctrina de difamación en García
Cruz v. El Mundo, Inc., 108 DPR 174 (1978).
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confidenciales no deben ser automáticas, por lo que los

tribunales han denegado este tipo de descubrimiento cuando

no se logra demostrar la relevancia, la necesidad, el

agotamiento de fuentes alternativas o que el caso contra

el periodista sea potencialmente meritorio.12

     Expuesto el marco jurídico aplicable, procedemos a

analizar la presente controversia.

                                 III

     El señor Cruz plantea la existencia del privilegio

cualificado del periodista en Puerto Rico y sostiene que

erró el Tribunal de Apelaciones al compeler la contestación

de ciertos interrogatorios que pretenden descubrir sus

fuentes    periodísticas      confidenciales,       así     como    la

identidad de las personas mencionadas en la publicación.

Por su parte, el señor Izquierdo II niega la existencia de

tal privilegio y aduce que sólo bastaba con establecer el

elemento de pertinencia para ordenar la divulgación de

dicha información.      En consecuencia, debemos determinar si

en    nuestro     ordenamiento      constitucional        existe    el

privilegio del periodista cualificado en protección de sus

fuentes e informaciones confidenciales.           Debido a que los

12   Algunos comentaristas sobre el tema señalan lo siguiente:
“disclosure orders are far from automatic in libel cases and other
litigation in which the journalist is a party. Most courts have held
that compelled disclosure of sources and work product raises
significant First Amendment concerns even when the journalist is
directly involved in the action, and many attempts to force disclosure
by party journalists have been denied for failure to make an adequate
showing of relevance, need, or exhaustion of alternative sources, or
to demonstrate that the case against the journalist has potential
merit.” 2 Testimonial Privileges Sec. 8:19 (febrero 2023).
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errores giran en torno a un mismo asunto, los discutiremos

en conjunto.

     De acuerdo con el desenvolvimiento histórico de la

normativa reseñada, resulta evidente que el desarrollo de

la protección a la libertad de prensa en Puerto Rico no se

ha logrado atemperar a la clara tendencia que predomina en

la inmensa mayoría de las jurisdicciones estatales, así

como en los circuitos apelativos a nivel federal.                      En

Puerto Rico no existen leyes ni parámetros específicos que

reconozcan la existencia de un derecho en protección de

los periodistas frente a las solicitudes para que divulguen

sus fuentes periodísticas e informaciones confidenciales.

No   obstante,      debemos   recordar   que    la   Constitución      de

Puerto Rico es una fuente independiente de la cual se

derivan protecciones y privilegios cuyos contornos pueden

ser delimitados “cuando su aplicación está reñida con un

derecho fundamental”.         Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183

DPR 770, 783 (2011) (citando a E.L. Chiesa Aponte, Tratado

de Derecho Probatorio, San Juan, Pubs. JTS, 2005, T. I,

págs. 169–170).

     En   nuestra    Asamblea    Legislativa    se    han   presentado

varios proyectos de ley para reconocer una protección de

los periodistas y sus fuentes, pero los resultados hasta

el   momento   han    sido    infructuosos.13        No   obstante,    la

13   Véanse, por ejemplo: el P. de C. 859 de 21 de septiembre de 1978;
el P. de la C. 662 de 27 de enero de 1986; el P. del S. 1019 de 11 de
octubre de 2005, 2da Sesión Ordinaria, 15ta Asamblea Legislativa; el
P. del S. 1611 de 29 de agosto de 2005, 4ta Sesión Ordinaria, 15ta
Asamblea Legislativa; el P. del S. 734 de 24 de enero de 2022, 3ra
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aprobación de un proyecto de ley no es indispensable para

reconocer que nuestro ordenamiento provee una protección

del quehacer periodístico y sus fuentes confidenciales al

amparo del derecho a la libertad de expresión y de prensa

garantizado en la Constitución de Puerto Rico.                          A fin de

cuentas, la función de interpretar nuestra Ley Suprema es

tarea indelegable del Poder Judicial.                 Figueroa Ferrer v.

E.L.A., 107 DPR 250, 277 (1978).                  Y es que no podría ser

de otra forma, pues el desarrollo pleno del derecho a la

libertad de expresión y de prensa, naturalmente, implica

la protección de los medios necesarios para hacer valer

este derecho.14       En esa línea, el reconocimiento de este

privilegio      es    de   vital      importancia      para        el     trabajo

investigativo de los periodistas, ya que fortalece la

confianza     entre    éstos      y    sus    fuentes       para        diseminar

información     valiosa     sin       temor   a    sufrir    represalias          y

promueve el derecho de la población a mantenerse bien

informada. 15

     Como hemos podido ver, en respuesta al vacío jurídico

existente en algunas jurisdicciones con relación a la

Sesión Ordinaria, 19na Asamblea Legislativa; el P. del S. 743 de 2 de
febrero de 2022, 3ra Sesión Ordinaria, 19na Asamblea Legislativa, y el
P. de la C. 1193 de 3 de febrero de 2022, 3ra Sesión Ordinaria, 19na
Asamblea Legislativa.
14   E. Pérez Jiménez, El derecho constitucional del periodista a no
divulgar sus fuentes de noticias y el contenido de la información
recopilada, 9 Rev. Jur. UIPR 101, 114 (1974).
15   Como es conocido, este Tribunal ha reconocido el derecho de acceso
a la información pública en beneficio de los ciudadanos como un derecho
constitucional implícito de la libertad de expresión. Véase Soto v.
Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982). Posteriormente, se aprobó la
Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la
Información Pública, Ley Núm. 141-2019, según enmendada, 3 LPRA secs.
9911-9923.
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protección de los periodistas y sus fuentes, los tribunales

“han   desarrollado     varias   doctrinas      para    justificar     la

indebida interferencia judicial en el libre ejercicio de

la libertad de prensa”.16 Recientemente, en Torres, Santana

v. Noticentro PR et al., 210 DPR 783 (2022) (Sentencia),

este Tribunal atendió una controversia que versaba sobre

una solicitud para que se divulgara la identidad de una

fuente periodística confidencial en el contexto de una

acción por difamación.17       En síntesis, este Foro emitió una

Sentencia    en   la   que    resolvió    que   le    correspondía     al

tribunal    de    instancia    determinar       si,    en   efecto,    la

identidad de la fuente periodística era pertinente para

evaluar si la información divulgada era de naturaleza

difamatoria.      Íd., pág. 784.       Además, se determinó que, de

entender que la información fuese pertinente a la causa de

acción, el tribunal de instancia debía establecer si se

configuraban los requisitos de algún privilegio.               Íd.

     En particular, mediante una Opinión de conformidad

emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García, a la cual

se unieron el Juez Asociado Señor Martínez Torres y la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, se destacó que se

debía auscultar la pertinencia de la identidad de la fuente

periodística para la adjudicación de la acción.                       Íd.,

16   Pérez Jiménez, supra, pág. 107.
17   Aunque las sentencias emitidas por este Tribunal no constituyen
precedentes vinculantes para la comunidad legal y el público en
general, las expresiones judiciales vertidas en éstas pueden tener un
valor persuasivo e ilustrativo en cuanto a la interpretación jurídica
de los miembros de este Foro sobre una controversia.
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pág. 796 (Opinión de conformidad del Juez Asociado Señor

Rivera García).        Por otro lado, mediante una Opinión de

conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Colón Pérez,

a la cual se unió el Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

se planteó que, de determinar que la identidad de la fuente

periodística fuese pertinente, el foro primario debía hacer

un balance de intereses, a la luz del reconocimiento del

privilegio     cualificado     del        periodista     en     nuestra

jurisdicción,     para      disponer       correctamente        de    la

controversia.     Íd., pág. 830 (Opinión de conformidad del

Juez Asociado Señor Colón Pérez).           Una lectura armonizada

de   las   referidas    Opiniones    de    conformidad    nos    parece

adecuada y necesaria para establecer un balance razonable

entre la libertad de expresión y de prensa que cobija a

los periodistas, y el estándar de prueba requerido para

todo individuo que busca proteger su reputación en una

acción por difamación.       Como ya indicamos, la libertad de

expresión y de prensa no es absoluta.

     Cónsono con la normativa reseñada, una vez establecida

la pertinencia de la identidad de la fuente periodística o

de la información confidencial para la adjudicación de la

acción, los tribunales deben evaluar si la parte interesada

en descubrir la información solicitada ha presentado prueba

alguna a los fines de establecer: (1) que lo publicado es

falso y difamatorio; (2) que empleó esfuerzos razonables

para descubrir la fuente o la información confidencial por

otros medios, y (3) que es necesario conocer la identidad
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de la fuente o la información confidencial para establecer

su causa de acción.          Véase Íd., págs. 830-831 (Opinión de

conformidad del Juez Asociado Señor Colón Pérez).                       Si se

satisfacen estos requisitos, el privilegio del periodista

a no divulgar sus fuentes o informaciones confidenciales

quedaría superado por el interés de la parte que demuestra

la necesidad de la divulgación, por lo que el periodista

podrá ser compelido a producir la información solicitada.

Ciertamente, el Poder Legislativo tendría la facultad de

aprobar legislación para complementar el privilegio en

discusión y atender de manera específica los asuntos que

afecten el interés público.             Ello sería, claro está, dentro

de los parámetros constitucionales que aseguran el derecho

a la libertad de expresión y de prensa.

     Habiendo contestado la interrogante de la existencia

del privilegio cualificado del periodista en Puerto Rico,

modificamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones que

determinó    en     estos    momentos     que      el   señor    Cruz   estaba

obligado    a     contestar       los   interrogatorios          dirigidos        a

conocer la identidad de las personas mencionadas en la

publicación y divulgar sus fuentes periodísticas.                       A esos

fines, en este caso le corresponde al Tribunal de Primera

Instancia       determinar    si    la    información        solicitada       es

pertinente para la adjudicación de la acción de difamación

y,   de    contestarse       en    la    afirmativa,       evaluar      si    se

satisfacen        los   criterios       que   hemos       establecido        para

compeler     el     descubrimiento        a   la    luz    del    privilegio
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cualificado      del        periodista.         Sólo    de       esta    forma,    los

tribunales estarían en posición de realizar un análisis

efectivo y completo de la controversia.

   Por las razones expuestas, concluimos que el privilegio

cualificado del periodista es el mecanismo adecuado en

nuestro    ordenamiento            para       vedar    aquellas          solicitudes

caprichosas        y        arbitrarias          que        busquen        descubrir

injustificadamente                las     fuentes            e         informaciones

confidenciales en un caso civil sobre libelo.                               De esta

manera, propiciamos el libre intercambio de ideas y un

mayor     acceso        a    la   información          en    beneficio       de     la

ciudadanía, lo cual sin duda redunda en el fortalecimiento

de una sociedad democrática.

                                         IV

   Por     los    fundamentos           que    anteceden,         se    modifica    la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 27 de

octubre de 2022 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que evalúe la pertinencia de la información

solicitada         (a        saber,       las        fuentes           periodísticas

confidenciales y la identidad de las personas mencionadas

en la publicación) y, de entenderla pertinente a la causa

de acción, adjudique si el privilegio cualificado del

periodista       queda       superado     a     la    luz    de    los     criterios

establecidos en esta Opinión.

   Se dictará Sentencia en conformidad.

                                              ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
                                                     Juez Asociado
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José R. Izquierdo II

    Recurrido                             CC-2022-847
        v.                                cons. con           Certiorari

Enrique (Kike) Cruz y otros               CC-2023-5

    Peticionarios

                                           SENTENCIA

                       En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2024.

                           Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
                       antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
                       presente Sentencia, se modifica la Sentencia emitida
                       por el Tribunal de Apelaciones el 27 de octubre
                       de 2022 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera
                       Instancia para que evalúe la pertinencia de la
                       información   solicitada   (a  saber,   las   fuentes
                       periodísticas confidenciales y la identidad de las
                       personas mencionadas en la publicación) y, de
                       entenderla pertinente a la causa de acción, adjudique
                       si el privilegio cualificado del periodista queda
                       superado a la luz de los criterios establecidos en la
                       Opinión.

                           Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
                       del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón
                       Pérez emitió una Opinión de Conformidad, a la cual se
                       unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez
                       Asociado señor Kolthoff Caraballo no interviene.

                                          Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                                         Secretario del Tribunal Supremo