Court Opinion

ID: 9962748
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:48:34.655181+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.686162
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VIII

Israel Carrión Cotto,                               CERTIORARI
Iluminada Rivera                                    procedente del
Benítez, Sociedad Legal                             Tribunal de Primera
de Gananciales                                      Instancia, Sala
compuesta ambos.                                    Superior de Caguas
        Recurridos
              vs.                                   Civil Núm.:
OT Rehabilitation                  KLCE202400167    CG2023CV02197
Services PSC,
representada por su
presidente Kenneth W.                               Sobre:
Ortiz Vicente y
Compañías                                           Incumplimiento de
Aseguradoras X, Y, Z                                Contrato, Cobro de
                                                    Dinero - Ordinario
       Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.
Rivera Colón, Juez Ponente.

                                     SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2024.

        Comparece ante nos, OT Rehabilitation Services PSC,

representada por su presidente, el señor Kenneth W. Ortiz Vicente,

(en adelante, OT Rehabilitation o peticionario), quien solicita se

revoque la “Resolución” dictada el 28 de noviembre de 2023, 1 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.

Mediante dicho dictamen el Foro Primario denegó la “Moción

Asumiendo Representación Legal y Solicitando Desestimación”

presentada por el peticionario.

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

expide el recurso de certiorari, se revoca la determinación

recurrida, y se ordena la consolidación del caso CG2023CV02197

con     el   caso     CG2021CV03250,        por   los   fundamentos   que

expondremos a continuación.
1 Notificada el 7 de diciembre de 2023.

Número Identificador

SEN2024 ___________
KLCE202400167                                                                      2

                                      -I-

      El 7 de julio de 2023, el señor Israel Carrión Cotto, la señora

Iluminada     Rivera    Benítez   y       la    Sociedad     Legal   de    Bienes

Gananciales compuesta por ambos, (a continuación, matrimonio

Carrión–Rivera o recurridos), presentaron una “Demanda” sobre

incumplimiento     de    contrato     y        cobro   de   dinero   contra       OT

Rehabilitation, bajo el número de caso CG2023CV02197. En

apretada síntesis, los recurridos alegaron una serie de hechos que

constituían incumplimientos al contrato de arrendamiento suscrito

entre las partes, y reclamaron el cumplimiento específico del

contrato. Además, detallaron el total de los montos adeudados, por

concepto de cánones de arrendamiento atrasados, recargos y

sanciones.

      Así las cosas, el 24 de agosto de 2023, el peticionario

presentó     una   “Moción    Asumiendo            Representación         Legal    y

Solicitando Desestimación”.           En esencia, planteó que ante el

Tribunal de Primera Instancia ya se estaba dilucidando el caso

CG2021CV03250, cuyas partes, hechos y controversia eran

idénticas.    En específico, esbozó que el aquí recurrido, era el

demandado en el citado caso, por lo que, le correspondía presentar

una reconvención a tenor con la Regla 11 de Procedimiento Civil,

infra. Así las cosas, argumentó que procedía la desestimación de

la “Demanda”, por las controversias estar sub judice en otro caso.

      Por su parte, el 14 de septiembre de 2023, los recurridos

presentaron una “Réplica a Moción Solicitando Desestimación”, y

éstos plantearon que no procedía la desestimación del caso, toda

vez que el caso CG2021CV03250 aún no ha sido resuelto.                            Por

tanto, arguyeron que el contrato de arrendamiento entre las partes

estaba vigente, y era exigible.           A esos efectos, añadieron a su

escrito extractos de una deposición tomada el 14 de abril de 2023,

como parte del caso CG2021CV03250, para sustentar que no se
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habían probado los incumplimientos que el peticionario alegó en

su “Demanda”. Finalmente, el matrimonio Carrión-Rivera, razonó

en su “Réplica”, que la desestimación del caso CG2023CV02197

únicamente procedería si el peticionario resultare airoso en el caso

CG2021CV03250.

       El 28 de noviembre de 2023, el Foro de Primera Instancia

emitió “Resolución”, donde declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por OT Rehabilitation.2 Determinación

que    reiteró    el   29     de    enero         de   2024,3   al   denegar   la

“Reconsideración” presentada por el peticionario. 4

       Inconforme, OT Rehabilitation recurre ante nos, y argumenta

que el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes

errores:

       A. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
          de Caguas, al no desestimar la demanda. Pues el
          demandante pretende que el foro apelado adjudique
          controversias que están ante la consideración de la
          Sala 802 del Tribunal de Caguas, es decir en salas
          de igual jerarquía sobre las mismas partes,
          contratos y bien inmueble.

       B. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
          de Caguas, al no desestimar la demanda, habida
          cuenta que los reclamos que alega el demandante,
          debían ser presentados en el pleito inicial y no de
          forma independiente o separada.

                                           -II-

                                           -A-

       Las Reglas de Procedimiento Civil persiguen que las

controversias sean resueltas de forma justa, rápida y económica.

32 LPRA Ap. V, R. 1. Por ello, en cuidado de la economía procesal

se han establecido disposiciones que regulan el manejo de los

casos que se dilucidan en los foros judiciales.

       En lo que nos concierne, la Regla 5.1 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 5.1, dicta que “las alegaciones permitidas serán

2 Anejo IX del Apéndice de la Petición.
3 La Orden emitida fue notificada en esta misma fecha.
4 Anejo XII del Apéndice de la Petición.
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la demanda, la reconvención, la demanda contra coparte, la

demanda contra tercero y sus respectivas contestaciones”.

      “Una parte puede presentar una reclamación contra una

parte adversa a través del mecanismo de la reconvención”. S.L.G.

Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 332 (2010).               La

Regla 11.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11.3, define

el alcance de esta herramienta,

      Una reconvención puede disminuir o derrotar la
      reclamación de la parte adversa y también puede
      reclamar un remedio por cantidad mayor o de
      naturaleza diferente al solicitado en la alegación de la
      parte adversa.

      “El propósito de esta regla es evitar la multiplicidad de

litigios al crear un mecanismo en el que se diluciden todas las

controversias comunes en una sola acción”. S.L.G. Font Bardón v.

Mini-Warehouse, supra, a la pág. 333; Neca Mortg. Corp. v. A&W

Dev. S.E., 137 DPR 860, 867 (1995).

      Nuestro ordenamiento procesal reconoce dos (2) tipos de

reconvenciones: las permisibles y las compulsorias. La distinción

entre ambas es medular, puesto la omisión de presentar una

reconvención compulsoria podría ser fatal. La Regla 11.1 de

Procedimiento   Civil,   32   LPRA   Ap.   V,   R.   11.1,   define   las

reconvenciones compulsorias como aquellas que surgen “del acto,

de la omisión o del evento que motivó la reclamación de la parte

adversa y no requiera para su adjudicación la presencia de

terceros sobre quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción”.

Éstas deberán ser presentadas al momento en el que la parte que

reconviene notifique su alegación.

      Nuestro    Tribunal     Supremo      ha    resuelto    que,     las

reconvenciones compulsorias, de no formularse al momento de

notificar su alegación, se tendrán por renunciadas las causas de

acción que la motivan. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra,

a la pág. 867. Dicho de otra manera, en aquellos casos en que no
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se formulen oportunamente las reconvenciones compulsorias, se

considerarán     adjudicados    la   totalidad   de    los    hechos   y

reclamaciones,    sin   que    el    demandado        pueda   presentar

posteriormente una reclamación que haya surgido de los mismos

eventos”. Íd.

       Por otro lado, en el caso de Consejo Titulares v. Gómez

Estremera et al., 184 DPR 407, 424–425 (2012), nuestro más Alto

foro resolvió que el criterio rector para determinar que estamos

ante una reconvención compulsoria lo será,

       (1) “si existe una relación lógica entre la reclamación
       presentada en la demanda y la que es objeto de la
       reconvención”; (2) “cu[a]ndo los hechos esenciales de
       ambas reclamaciones están tan vinculados que la
       economía judicial exige que se ventilen en conjunto”;
       (3) “[s]i las cuestiones de hecho y de derecho entre
       ambas son las mismas”; (4) “si la doctrina de res
       judicata impediría una acción independiente”, y (5) “si
       ambas reclamaciones surgen de la misma prueba y
       están vinculadas lógicamente”. R. Hernández Colón,
       Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil,
       4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2007,
       pág. 218.

       En cuyo caso aplicará “por analogía, el principio de la cosa

juzgada, [siendo concluyente con] relación a aquellos asuntos que

pudieron haber sido planteados y no lo fueron”. Consejo Titulares

v. Gómez Estremera et al., supra, a la pág. 425; Sastre v. Cabrera,

75 DPR 1, 3 (1953); J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, 2ª ed., Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág. 558. La

doctrina de res judicata impide una reclamación posterior que

debió presentarse como reconvención compulsoria en una acción

anterior. Ello es así, porque las reconvenciones compulsorias

envuelven controversias y partes sustancialmente idénticas a las

de la reclamación primaria. J. A. Cuevas Segarra, op. cit. a la pág.

563.

       Añade el tratadista Cuevas Segarra en su escrito, J. A.

Cuevas Segarra, op. cit. a la pág. 559, que:
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       La reconvención contra el demandante debe ser en la
       misma capacidad en la cual el demandante demandó al
       demandado. Los actos realizados por una misma
       persona en dos diferentes capacidades deben
       generalmente ser consideradas "as the transactions of
       two diferent legal personages". Bender y. William sport
       Area School Dist., 475 US 534 (1986), citando a F.
       James & G. Hazard, Civil Procedure, 3rd ed., 1985,
       pág. 594. El concepto de "Legal Personage" es un medio
       práctico para identificar el interés real en juego en la
       demanda.

       Por su parte, la Regla 11.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 11.2, define las reconvenciones permisivas como aquellas

en las cuales la reclamación contra la parte adversa no surge del

acto, de la omisión o del evento que motivó la reclamación de dicha

parte. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, a la pág. 332.

       Ahora bien, nuestro ordenamiento procesal reconoce la

presentación    de   una   reconvención     con    posterioridad   a   la

presentación de una alegación responsiva. Sin embargo, tal

alternativa está condicionada al permiso del Tribunal, y supone

una reclamación propia “cuya exigibilidad surja después de la

parte haber notificado su alegación”. 32 LPRA Ap. V, R. 11.4;

       La razón por la que se requiere la autorización, pues si
       la nueva reclamación afecta sustancialmente el trámite
       de la reclamación, se puede denegar el permiso de
       manera que el demandado incoe su reclamo en pleito
       independiente.

       J. A. Cuevas Segarra, op. cit. a la pág. 570.

       Añade el Tratadista Cuevas Segarra que “la regla aplica tanto

a las reconvenciones compulsorias como a las permisibles. El

único requisito es que tal reclamación "madure", luego que la parte

haya radicado su alegación responsiva y se solicite permiso al

tribunal”. J.A. Cuevas Segarra, op. cit. a la pág. 569. Cuando las

respectivas    reclamaciones   de   las   partes   están   basadas     en

diferentes violaciones del mismo contrato, la reconvención puede

considerarse permisible.    J.A. Cuevas Segarra, op. cit. a la pág.

568.
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      Asimismo, en aras de evitar la multiplicidad de los pleitos, la

Regla 11.5. de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11.5, provee

un mecanismo para presentar una reclamación, por medio de

reconvención, a pesar de que ésta no fue formulada al momento de

contestar la demanda, por descuido, inadvertencia o negligencia

excusable, o cuando así lo requiera la justicia. Esta última,

también estará sujeta al permiso del Tribunal, y será presentada

mediante una enmienda a la contestación de la demanda.

      Según esbozado, si bien es cierto que nuestro ordenamiento

procesal exige la presentación de la reconvención compulsoria al

momento de contestar la demanda, salvadas excepciones permiten

presentarla posteriormente. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse,

supra, a las págs. 333-334.

      En primer término, se puede presentar una
      reconvención compulsoria a través de una alegación
      suplementaria. Regla 11.5 de Procedimiento Civil de
      Puerto Rico. Este mecanismo se utiliza cuando es con
      relación a una reclamación cuya exigibilidad advenga
      luego de que dicha parte haya notificado su
      contestación a la demanda. El objetivo de esta regla
      es poner al día el litigio, añadiendo alegaciones
      sobre     hechos    que    hayan     surgido    “con
      posterioridad a la alegación que se pretende
      suplementar”.

      Otra de las instancias en las que una parte puede
      presentar una reconvención compulsoria es a través de
      una solicitud de enmienda a su alegación. Regla 11.6
      de Procedimiento Civil. Se reconoce esta excepción en
      aquellos casos en los que una parte deje de formular
      una reconvención en su contestación a la demanda por
      descuido, inadvertencia o negligencia excusable, o
      cuando así lo requiera la justicia.

      (Énfasis nuestro). (Citas omitidas).

      El poder que tienen los Tribunales para conceder los

remedios de suplementar o enmendar alegaciones, para incluir la

reconvención, está revestido de discreción, y sólo será modificado

en casos que se demuestre abuso de ésta. El Tribunal Supremo

analizó estos requisitos, para guiar la discreción de los tribunales.

      A pesar de que los Tribunales pueden conceder las
      enmiendas de forma liberal, esta liberalidad no es
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       infinita. Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 796
       (1976). Al momento de permitir una enmienda a las
       alegaciones se deben ponderar los factores siguientes:
       “(1) el impacto del tiempo transcurrido previo a la
       enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la
       otra parte, y (4) la procedencia de la enmienda
       solicitada”. Íd., a la pág. 334.

       Cada uno de estos factores deberá ser auscultado en

conjunto, ya que ninguno de ellos opera aisladamente. A modo de

ponerlo en contexto, el Tribunal Supremo ha resuelto que el paso

del tiempo no impide, ipso facto, que el tribunal admita una

enmienda. Ello pues, los tribunales deberán conceder el permiso

para enmendar la demanda liberalmente, aun en etapas avanzadas

de los procedimientos.          Tan es así, que se pueden realizar

enmiendas a las alegaciones en etapas tan avanzadas como la

“Conferencia con Antelación al Juicio”. Íd., a la pág. 335.

       Existen   dos   factores    de   suma       relevancia   que   deben

considerar los tribunales al momento de conceder o denegar la

autorización de enmiendas a las alegaciones. El primero lo será el

perjuicio que se cause a la parte contraria, pues si la solicitud de

autorización se presenta en un momento irrazonable, se debe

denegar.   Por   último,   se     analizará   si    tal   enmienda    altera

radicalmente el alcance y la naturaleza del caso convirtiendo la

controversia inicial en tangencial, en cuyo caso se denegará. Íd., a

las págs. 335-336.

       Nótese que, “[e]l cambio de teoría por sí solo no es suficiente

para denegar el permiso a menos que éste cause perjuicio al

demandado”. Íd., pág. 336, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado

de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág.

317.

       Finalmente, no pese a la liberalidad con la cual los

Tribunales podrán conceder el permiso para enmendar, el

demandado deberá solicitarlo oportunamente.               De lo contrario,
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esta podrá ser denegada por incuria o falta de buena fe.         J. A.

Cuevas Segarra, op. cit. a la pág. 571.

                                 -B-

      La Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

38.1, expone que:

      Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que
      comprendan cuestiones comunes de hechos o de
      derecho, el tribunal podrá ordenar la celebración de una
      sola vista o juicio de cualquiera o de todas las
      cuestiones litigiosas comprendidas en dichos pleitos,
      podrá ordenar que todos los pleitos sean consolidados y
      podrá dictar, a este respecto, aquellas órdenes que
      eviten gastos o dilaciones innecesarias.

      Al igual que con las reconvenciones, nuestro Tribunal

Supremo ha reconocido que “[u]n principio cardinal en nuestro

derecho procesal es el de evitar la multiplicidad de pleitos, y de

adjudicar en una causa las distintas reclamaciones de las partes

cuando la naturaleza de las causas lo permiten”. López Valdés v.

Tribunal Superior, 96 DPR 779, 792 (1968). Lo anterior, a la luz de

la necesidad de “evitar la proliferación de acciones, lograr la

economía procesal y evitar la indeseable probabilidad de que

surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente”

Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 125 (1996), citando a

Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 608 (1989).

      En atención a la precitada regla procesal, nuestro Tribunal

Supremo señaló que los reclamos no tienen que surgir del mismo

evento o transacción. Íd., a la pág. 27. Dicha disposición tampoco

requiere la existencia de hechos o derecho en común, basta con

que haya similaridad en uno u otro.

                                 -C-

      A tenor con el Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico,

Edición de 1930, según enmendado, 31 LPRA sec. 3052, ante el

incumplimiento de alguna obligación recíproca, las partes podrán
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escoger entre exigir el cumplimiento específico del contrato o

resolver el mismo. El citado artículo expresa que:

      La facultad de resolver las obligaciones se entiende
      implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de
      los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

      El perjudicado podrá escoger entre exigir el
      cumplimiento o la resolución de la obligación, con el
      resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos
      casos. También podrá pedir la resolución, aun después
      de haber optado por el cumplimiento, cuando éste
      resultare imposible.

      El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no
      haber causas justificadas que le autoricen para señalar
      plazo.

      Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de
      terceros adquirentes, con arreglo a los Artículos 1247 y
      1250, y las disposiciones de la Ley Hipotecaria.

      Las obligaciones recíprocas son aquellas en las cuales

existen   prestaciones   y    contraprestaciones     a   tal   extremo

interdependientes entre sí.   En éstas una obligación es la causa

determinante de la otra, y el cumplimiento de esa obligación por

un contratante constituye el motivo del contrato para el otro, y

viceversa. Municipio de Ponce v. Vidal, 65 DPR 370, 375 (1945).

      Nótese que el antedicho artículo del Código Civil provee un

mecanismo a las partes del contrato, para resolverlo, exigir el

cumplimiento específico, y en instancias pedir resarcimiento de

daños.    Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 19 (2005). En cuanto al

derecho de resolver el contrato, la jurisprudencia reconoce una

condición resolutoria tácita en todo contrato bilateral que opera ex

propio vigore. Íd.

      Dependiendo la magnitud del incumplimiento de la otra

parte, el perjudicado podrá elegir entre exigir el cumplimiento del

contrato o declarar su resolución.    En otras palabras, si el que

incurre en incumplimiento exige la satisfacción de la prestación

debida, la otra parte puede oponer la defensa del contrato

incumplido.    Íd., a la pág. 20.    Ahora bien, sólo procederá la
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resolución   del   contrato   cuando    el   cumplimiento   parcial   o

defectuoso de la obligación implica la frustración de la finalidad

contractual para el perjudicado. Íd., a las págs. 19-20.

                                  -D-

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece las instancias en

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de

certiorari sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202

DPR 478, 486 (2019).      Como norma general, dicho recurso sólo

será expedido por este Tribunal de Apelaciones en dos instancias,

a saber: (1) cuando se recurra de una resolución u orden bajo las

Reglas 56 y 57; o (2) cuando se recurra de la denegatoria de una

moción de carácter dispositivo.

      Ahora bien, para poder ejercer sabiamente nuestra facultad

discrecional en la consideración de los asuntos planteados

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de
      una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
             recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
             contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
             indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
             y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
             Tribunal de Primera Instancia.
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         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
             detenida a la luz de los autos originales, los
             cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
             elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
             el caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causan un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución
             final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa evita un fracaso de la justicia.

      Además, resulta pertinente apuntar el hecho de que los

tribunales de instancia poseen gran flexibilidad y discreción para

lidiar con el manejo diario y la tramitación de los asuntos

judiciales. In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).          Así, se les ha

reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficiente para

conducir los asuntos ante su consideración de la forma y manera

que su buen juicio les indique. Íd.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que, como norma general, el Tribunal de Apelaciones

no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del foro

primario. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

      El Tribunal de Apelaciones sólo intervendrá en el ejercicio de

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de

discreción, o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo.        Rivera y otros v. Bco.

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

      Asimismo, en el Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 –

2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24u, en relación a la

competencia   del   Tribunal   de     Apelaciones,   se    establece   la

importancia de brindar acceso fácil, económico y efectivo a la
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ciudadanía, así como permitir la comparecencia efectiva de

ciudadanos por derecho propio. Fraya v. ACT, 162 DPR 182, 189-

190 (2004); Salinas v. S.L.G. Alonso, 160 DPR 647, 658 (2003).

                                       -III-

      Según esbozado, OT Rehabilitation arrendó del Matrimonio

Carrión-Rivera el local comercial descrito como DK-5, ubicado en

la Calle España del Barrio Bairoa, en Caguas.

      Alega OT Rehabilitation que, ante discrepancias con los

recurridos en el uso y disfrute de la propiedad rentada, éste instó

el pleito CG2021CV03250, y solicitó la resolución del contrato de

arrendamiento por actos de los recurridos. A su vez, reclamó el

resarcimiento de los daños causados.

      Tras varios años de litigio en el pleito anterior, el 7 de julio

de   2023,      el     Matrimonio      Carrión-Rivera   instó        un    pleito

independiente en solicitud del cumplimiento específico del contrato

de arrendamiento, bajo el número de caso CG2023CV02197.

      En esencia, el contrato cuya resolución se solicita en el caso

CG2021CV03250, instado en el año 2021, es el mismo que, los

recurridos    solicitan     su    cumplimiento específico       en     el caso

CG2023CV02197. Podemos colegir, del derecho esbozado, que

ambos remedios surgen al amparo del Art. 1077 de Código Civil del

año 1930, supra.

      Por su parte, el 24 de agosto de 2023, el peticionario

presentó en el caso CG2023CV02197, una “Moción Asumiendo

Representación Legal y Solicitando Desestimación”. En ésta

planteó   que        procedía    la   desestimación   del    caso,    pues     la

controversia en torno a la exigibilidad del contrato entre las partes

se estaba dilucidando ante dicho foro, en el caso CG2021CV03250.

A su vez, planteó, que, por tratarse del mismo contrato de

arrendamiento, lo que procedía era que, los aquí recurridos

presentaran          una   reconvención        compulsoria    en      el    caso
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CG2021CV03250. Atendida la solicitud de desestimación, el Foro

de Instancia la declaró No ha lugar, y reiteró su posición al

denegar    la    “Moción   de     Reconsideración”   presentada    con

posterioridad.

      El peticionario plantea que el Foro recurrido cometió varios

errores,   los   cuales,   por    estar   íntimamente    relacionamos,

discutiremos en conjunto.

      Según el derecho reseñado, la reconvención, independiente

de si es compulsoria o permisible, tiene como propósito evitar la

multiplicidad de litigios al crear un mecanismo en el que se

diluciden todas las controversias comunes en una sola acción.

S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, a la pág. 333; Neca

Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, a la pág. 867.

      A su vez, las reconvenciones compulsorias no formuladas, al

momento de contestar la demanda, tienen efecto que se den por

renunciadas todas las causas de acción que debieron ser atendidas

y no fueron formuladas.         Ante ello, es meritorio reiterar que el

criterio rector, para determinar si la reclamación contra la parte

adversa es una reconvención compulsoria, lo es,

      (1) “si existe una relación lógica entre la reclamación
      presentada en la demanda y la que es objeto de la
      reconvención”; (2) “cu[a]ndo los hechos esenciales de
      ambas reclamaciones están tan vinculados que la
      economía judicial exige que se ventilen en conjunto”; (3)
      “[s]i las cuestiones de hecho y de derecho entre ambas
      son las mismas”; (4) “si la doctrina de res judicata
      impediría una acción independiente”, y (5) “si ambas
      reclamaciones surgen de la misma prueba y están
      vinculadas lógicamente”.

      R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico:
      derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed.
      LexisNexis de Puerto Rico, 2007, pág. 218.

      En el caso de marras, arguyen los recurridos que los

reclamos incluidos en el caso CG2023CV02197 no fueron incluidos

como una reconvención, pues, versan sobre hechos ocurridos con

posterioridad a la presentación de la “Contestación a la Demanda”.
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      No obstante, hemos observado que, en ambos casos, las

partes han comparecido en la misma calidad de arrendador y

arrendatario.   Por lo que, podemos inferir que los hechos a

exponer, y el derecho aplicable serán relativamente similares.

      Ahora bien, si bien no procede la desestimación del pleito

CG2023CV02197, se desprende que el presente caso, al igual que,

el   caso   CG2021CV03250,            versan   esencialmente    sobre   la

exigibilidad del contrato de arrendamiento suscrito entre OT

Rehabilitation y los recurridos.

      En aras de evitar la multiplicidad de litigios y garantizar la

economía procesal, nos parece innecesario ocupar dos salas del

Tribunal de Primera Instancia para atender controversias cuya

finalidad y alcance es el mismo. Además, las propias partes han

expresado que, el resultado de caso CG2021CV03250 incide

directamente en la validez de los planteamientos del caso

CG2023CV02197.         Ante   ello,    procede   que   los   casos   antes

mencionados sean consolidados en el caso CG2021CV03250,

siendo este el más antiguo, para que las controversias sean

dilucidadas en un mismo pleito.

      Si bien hemos esbozado que la consolidación de los pleitos

no depende de que exista identidad entre las partes en los pleitos a

consolidarse, señalamos que es un aspecto que puede pesar sobre

el ánimo del juzgador al tomar la determinación Vives Vázquez v.

ELA, supra, a la pág. 127.

                                      -IV-

      Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar

parte de este dictamen, expedimos el auto de certiorari y revocamos

la “Resolución” recurrida, a los fines de que se ordene la

consolidación    del     caso    CG2023CV02197,          con    el   caso

CG2021CV03250, por ser este último el más antiguo. Se devuelve
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el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de

los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones