Court Opinion

ID: 9962648
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:38:29.512476+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:21.725969
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI

    L. I. PETROLEUM                             REVISIÓN
           CORP.                                ADMINISTRATIVA
                                                procedente de la
       Recurrente                               Oficina de Gerencia
                                                de Permisos (OGPe)
            v.             KLRA202400085
                                                Caso Núm.: 2020-
 VP PETROLEUM, LLC                              346154-CCO-007244
     OFICINA DE
    GERENCIA DE                                 Sobre: CONSULTA
      PERMISOS                                  DE CONSTRUCCIÓN
                                                ESTACIÓN DE
       Recurridos                               GASOLINA

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos, L.I. Petroleum Corp. (recurrente) y nos

solicita que revisemos la Resolución emitida por la División de

Revisiones Administrativas (DRA) de la Oficina de Gerencia de

Permisos (OGPe) del 18 de enero de 2024. Mediante dicho dictamen,

el DRA declaró No Ha Lugar la Solicitud de Revisión Administrativa

que presentó la recurrente ante dicho foro el 20 de septiembre de

2023 y, en consecuencia, confirmó la Resolución del 28 de agosto de

2023, notificada el 31 de agosto de 2023, por la OGPe, aprobando la

consulta para la construcción de una estructura en materiales

mixtos, de una (1) planta, con facilidades para el uso de estación de

gasolina, venta de artículos de uso corriente en el hogar y venta de

accesorios para automóviles, solicitada por VP Petroleum, LLC.

(recurrida), bajo el número de caso 2020-346154-CCO-007244.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Resolución de la cual se recurre.

Número Identificador
SEN2024_________
KLRA202400085                                                         2

                                 I.

      Surge del expediente ante nos que, la parte recurrida presentó

ante la consideración de la Junta Adjudicativa de la OGPe una

Solicitud de Consulta de Construcción 2020-346154-CCO-007244

para la construcción de una estación de gasolina en la Carretera PR-

670, Esquina PR-137 del Barrio Pugnado Afuera del Municipio de

Vega Baja. En dicha solicitud, la parte recurrida explicó que la

consulta de construcción no contemplaba variaciones a parámetros

de diseño y que el proyecto se presentada como una consulta de

construcción por ser el único mecanismo discrecional con

requerimiento de vista pública bajo las disposiciones del Reglamento

Conjunto 2020.

      Consecuentemente, el 3 de febrero de 2022, la parte

recurrente presentó una solicitud de intervención. El 7 de febrero de

2022, la OGPe emitió una Resolución mediante la cual permitió la

intervención de la parte recurrente. Así, la OGPe llevó a cabo vistas

públicas sobre la Solicitud de Consulta de Construcción que

presentó la parte recurrida. Dichas vistas públicas se llevaron a

cabo los días 21 de septiembre de 2022 y 10 de marzo de 2023.

Surge del expediente que, la recurrente participó de las vistas

públicas   y   contrainterrogó        la   prueba   de   la   recurrida.

Posteriormente, la recurrente presentó un Memorando Post Vista.

      Luego, el 28 de agosto de 2023, la OGPe emitió una

Resolución, notificada el 31 de agosto de 2023, mediante la cual

aprobó la Solicitud de Consulta de Construcción que presentó la

parte recurrida bajo el número de caso 2020-346154-CCO-007244.

Así las cosas, el 20 de septiembre de 2023, la recurrente presentó

una Solicitud de Revisión Administrativa ante la DRA de la OGPe bajo

el número 2023-511360-SDR-013589. Oportunamente, el 2 de

octubre de 2023, la DRA de la OGPe emitió una Notificación

Acogiendo Solicitud de Revisión Administrativa.
KLRA202400085                                                      3

      El 26 de octubre de 2023, la DRA llevó a cabo una Vista para

atender la Solicitud de Revisión Administrativa que presentó la parte

recurrente. El 10 de noviembre de 2023, las partes presentaron sus

correspondientes memorandos post vista. Subsiguientemente, el 18

de enero de 2024, la DRA emitió una Resolución mediante la cual

declaró No Ha Lugar la Solicitud de Revisión Administrativa.

      Inconforme con esa determinación, el 20 de febrero de 2024,

la parte recurrente acudió ante nos mediante un recurso de revisión

judicial, alegando la comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR:

      ERRÓ LA DROGPE AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
      SOLICITUD  DE   REVISIÓN  ADMINISTRATIVA
      CONFIRMANDO LA RESOLUCIÓN DE LA OGPE,
      APROBANDO LA CONSULTA DE CONSTRUCCIÓN
      IMPUGNADA     A    PESAR    DEL    CLARO
      INCUMPLIMIENTO     CON   EL     REQUISITO
      REGLAMENTARIO DE LOTIFICACIÓN PREVIA Y A
      PESAR DE QUE LA PARTE PROPONENTE
      INCUMPLIÓ CON EL REQUISITO INDISPENSABLE
      DE DEMOSTRAR LA DISPONIBILIDAD DE LA
      INFRAESTRUCTURA REQUERIDA.

      SEGUNDO ERROR:

      ERRÓ LA DROGPE AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
      SOLICITUD    DE  REVISIÓN  ADMINISTRATIVA
      CONFIRMANDO ASÍ LA RESOLUCIÓN DE LA OGPE
      APROBANDO LA CONSULTA DE CONSTRUCCIÓN
      IMPUGNADA, A PESAR DE QUE LA RECURRIDA VP
      PRETROLEUM CORP. PRESENTÓ UN ESTUDIO DE
      VIABILIDAD INCOMPLETO.

      El 22 de febrero de 2024, emitimos una Resolución mediante

la cual le concedimos un término de veinte (20) días a la parte

recurrida para que presentara su posición al recurso. El 13 de marzo

de 2023, la parte recurrida presentó un Alegato en Oposición a

Recurso de Revisión Judicial. Con el beneficio de la comparecencia

de ambas partes, procedemos a resolver.
KLRA202400085                                                     4

                              II.

   A. Revisión judicial de las determinaciones administrativas

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, (3

LPRA sec. 9601 et seq.) (LPAU), se creó a los fines de uniformar los

procedimientos      administrativos      ante     las     agencias.

Consecuentemente, desde la aprobación del procedimiento provisto

por la LPAU, los entes administrativos están precisados a conducir

sus procesos de reglamentación, adjudicación y concesión de

licencias y permisos de conformidad con los preceptos de este

estatuto y el debido proceso de ley. López Rivera v. Adm. de

Corrección, 174 DPR 247, 254-255 (2008).

      La Sección 4.1 de la LPAU, dispone que las decisiones

administrativas finales pueden ser revisadas por el Tribunal de

Apelaciones. (3 LPRA sec. 9671). La finalidad de esta disposición es

delimitar la discreción de los organismos administrativos para

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de

forma razonable. Capó Cruz v. Jta. de Planificación et al., 204 DPR

581, 590-592 (2020); Empresas Ferrer, v. ARPe, 172 DPR 254, 264

(2007).

      Es norma reiterada que las decisiones de los organismos

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad

y corrección, OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 852-853 (2019). Esto

debido a que, mediante esta norma se reconoce el peritaje del que

gozan los organismos administrativos en aquellas materias que le

han sido delegadas por ley. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178

(2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821

(2012).

      Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU establece

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de
KLRA202400085                                                        5

las agencias si están basadas en "evidencia sustancial que obra en

el expediente administrativo". (3 LPRA sec. 9675). Como vemos, la

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta.          Por eso, el

Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales

no pueden extender un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas

irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Super

Asphalt v. AFI y otro 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez

v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019).

      Sin embargo, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Supte. Policía, 201 DPR 26, 36-37 (2018). Por ende, "los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Torres Rivera

v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627 (2016). Lo anterior responde a

la vasta experiencia y conocimiento especializado que tienen las

agencias sobre los asuntos que le son encomendados. González

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

      Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación,

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017). Por lo tanto,

al momento de examinar un dictamen administrativo se determina

que: (1) la decisión administrativa no está basada en evidencia

sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley (3) el

organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales
KLRA202400085                                                                   6

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos

administrativos cede. Empresas Ferrer v. ARPe, supra, pág. 264.

      En esta tarea, los foros judiciales analizarán los aspectos

siguientes: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado;

(2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia están

sostenidas por evidencia sustancial, y (3) si las conclusiones de

derecho fueron correctas. Asoc. Fcias v. Caribe Specially et al. II, 179

DPR 923, 940 (2010). Mientras que, las determinaciones de hecho

se deben sostener si las mismas se basan en evidencia sustancial

que surja de la totalidad del expediente administrativo, Rolón

Martínez     v.     Supte.    Policía,   201   DPR    26,      36    (2018),   las

determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad.

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627.

      Si bien es cierto que la revisión judicial no equivale a la

sustitución automática del criterio e interpretación del organismo

administrativo, Rebollo v. Y Motors, 161 DPR 69, 77 (2004), los

tribunales        revisores   descartarán      el   criterio    de    los   entes

administrativos cuando "no se pueda hallar fundamento racional

que explique o justifique el dictamen administrativo". Rolón Martínez

v. Supte.    Policía, supra. Si la interpretación y la aplicación del

derecho no es correcta, el foro apelativo está obligado a intervenir.

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).

"En esas circunstancias, [el foro apelativo] cederá la deferencia que

merecen las agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las

leyes y los reglamentos que administra". Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra.

   B. Ley 161-2009

      Mediante la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para

la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según

enmendada (23 LPRA sec. 9011 et seq.), se crearon varios

organismos destinados a atender los diversos aspectos del proceso
KLRA202400085                                                             7

de permisos, entre los cuales está la OGPe. La OGPe es la entidad

encargada      de   la   evaluación,      concesión     o   denegatoria   de

determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de

terrenos, así como de las consultas de ubicación. Artículo 2.5 de la

Ley Núm. 161-2009 (23 LPRA sec. 9012d).

       En lo que atañe al recurso de revisión judicial presentado,

parte de las facultades de la OGPe consisten en la aprobación o

denegatoria de las solicitudes de consulta de ubicación. La consulta

de ubicación tiene como propósito realizar una evaluación y

determinación sobre los usos de terrenos propuestos, que no sean

permitidos ministerialmente, y que, debido a la naturaleza y

complejidad del uso propuesto, requiera un grado mayor de análisis.

Artículo 1.5 de la Ley Núm. 161-2009 (23 LPRA sec. 9011 (14)). En

el caso de una consulta de ubicación, la determinación final no

constituye el otorgamiento de un permiso. Íd., sec. 9011 (21). La

consulta de ubicación es un instrumento de planificación mediante

el cual se evalúa, considera y autoriza o deniega una propuesta

sobre el uso de un terreno particular.1

       Asimismo, el Artículo 6.1 de la Ley para la Reforma de

Permisos de Puerto Rico creó la Junta Adjudicativa, organismo al

que se le delegó la responsabilidad de evaluar y adjudicar solicitudes

de carácter discrecional. (23 LPRA sec. 9016e). El término

discrecional se refiere a “una determinación que conlleva juicio

subjetivo por parte de la Junta Adjudicativa […] sobre la forma en

que se conduce o propone una actividad o acción”. Artículo 1.5 de

la Ley Núm. 161-2009 (23 LPRA sec. 9011 (26)). Así pues, el cuerpo

evaluador utiliza su conocimiento especializado, discreción y juicio

para llegar a una determinación, la cual no se limita a cuestiones

1 Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 557 (2009).
KLRA202400085                                                                    8

ministeriales de estándares fijos o medidas objetivas, sino que

considera otros asuntos. Íd.

       En sentido contrario, la determinación de carácter ministerial

es aquella que no conlleva juicio subjetivo por parte de un

funcionario público o profesional autorizado sobre la forma en que

se conduce o propone una actividad o acción. Artículo 1.5 de la Ley

Núm. 161-2009 (23 LPRA sec. 9011 (48)). La determinación no está

sujeta a juicios discrecionales o personales, sino que se trata

exclusivamente de la aplicación de los requisitos específicos de las

leyes o reglamentos a los hechos presentados. Íd.

    C. Reglamento Conjunto 20202

           a. Lotificación

       El Tomo XII del Reglamento Conjunto 2020 define el término

lotificación como:

       [s]e refiere a la división de una finca en dos (2) o más partes
       para la venta, traspaso, cesión, arrendamiento, donación,
       usufructo, uso, censo, fideicomiso, división de herencia o
       comunidad, o para cualquier otra transacción; así como para
       la construcción de uno (1) o más edificios; la constitución de
       una comunidad de bienes sobre un solar, predio o parcela de
       terreno, donde se le asignen lotes específicos a los
       comuneros; así como para la construcción de uno (1) o más
       edificios; e incluye también urbanización, según se define en
       la reglamentación aplicables y, además, una mera
       segregación.

       De otro lado, la Sección 2.2.3.8 del Reglamento Conjunto

2020 establece que:

       a. La estructura ubicará en un solar con tamaño suficiente
          para proveer el estacionamiento requerido.
       b. El proyecto podrá incluir el desarrollo de una o más
          estructuras principales en un mismo solar si se propone
          segregar el mismo, de manera que cada estructura
          ubique en un solar independiente con accesos y
          estacionamiento independientes.
       c. Cuando se combinen usos comerciales y residenciales en
          una sola estructura, los accesos al estacionamiento, los
          cómputos de estacionamiento y las aceras serán
          separados e independientes para cada uso.

2 Reconocemos que el Reglamento Conjunto 2020 fue declarado nulo por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Martínez Fernández v. QMC Telecom,
LLC, 2023 TSPR 75, 212 DPR ___ (2023). No obstante, aun cuando la
determinación entró en vigor a partir del 16 de junio de 2023, el caso ante nos fue
atendido por la OGPe bajo el Reglamento Conjunto 2020. Por lo que, según
resuelto en Martínez Fernández v. QMC Telecom, LLC, supra, el efecto de la
declaración de nulidad es prospectivo y no afecta los permisos expedidos o que
estuvieran pendientes a la fecha de la opinión.
KLRA202400085                                                          9

        Cónsono con lo anterior, la Sección 5.1.1.1. del Reglamento

Conjunto 2020 establece que:

        a. Cuando un predio de terreno no se proponga en su
           totalidad para desarrollo, se proveerá aquella capacidad
           adicional en la infraestructura con acceso público o
           privado debidamente dedicado, a la infraestructura
           dentro del remanente para suplir las necesidades que
           generaría un desarrollo similar al propuesto en el
           remanente, si la totalidad del remanente estuviera dentro
           del suelo urbano.
        b. Si el remanente está fuera del suelo urbano o si la
           segregación solicitada completa la lotificación, no se
           permitirá    proveer    capacidad    adicional    en   la
           infraestructura para proveer desarrollos futuros.

        Asimismo, la Sección 5.1.1.3 del Reglamento Conjunto 2020

establece que:

       No se constituirá ningún edificio ni se dispondrá en forma
       alguna de ningún terreno, ni se expedirá permiso alguno
       para uso de terrenos o para edificaciones, hasta tanto el
       Plano de Inscripción correspondiente haya sido aprobado,
       salvo en los siguientes casos:
    a. Urbanizaciones – Se podrá autorizar la construcción de las
       estructuras conjuntamente con las obras de urbanización
       sin haberse autorizado los planos de inscripción.
    b. Lotificaciones Producto de Reparcelación – Se podrá imponer
       limitación al uso o disposición, aun luego de aprobarse el
       Plano de Inscripción, hasta tanto se construyan y acepten
       las obras de urbanización necesarias para los usos
       contemplados en el Plan Territorial o en este Reglamento.

           b. Estaciones de Gasolina

        El Reglamento Conjunto 2020 define el término Consulta de

Construcción como el “trámite ante la OGPe, sobre un proyecto de

uso ministerial, pero que conlleva variaciones a los parámetros de

construcción del distrito donde ubica, el cual será adjudicado por la

Junta Adjudicativa o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la

III”.

        Así, la Sección 8.8.1.1 del Reglamento Conjunto establece

que, “[l]a OGPe o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la

III entenderán, sujeto a lo establecido en esta Sección, en toda

solicitud para una nueva estación de gasolina en los distritos

permitidos por este Reglamento”. Además, la Sección 8.8.1.2 del

mencionado reglamento establece que,
KLRA202400085                                                         10

      [t]oda solicitud para una nueva estación de gasolina o
      ampliación a una existente que conlleve un aumento en el
      número de despachadores existentes, mayor a un cincuenta
      por ciento (50%), deberá ser acompañada de una
      certificación donde conste que han sido notificados de la
      intención de establecer dicha estación de gasolina todos los
      distribuidores, mayoristas, dueños o arrendatarios de
      estaciones de gasolina que radiquen dentro del perímetro
      establecido más adelante a propósito del estudio de
      viabilidad. Dicha certificación incluirá el nombre y la
      dirección de las personas notificadas.

      Consecuentemente,       la   Sección   8.8.1.4   del   Reglamento

Conjunto 2020 sobre el estudio de viabilidad establece que:

      a. Toda solicitud para una nueva estación de gasolina o
         ampliación a una existente que conlleve un aumento en
         el número de despachadoras existentes, mayor a un
         cincuenta por ciento (50%), deberá ser acompañada de
         un estudio de viabilidad que demuestre la necesidad y
         conveniencia del establecimiento de la misma.
      b. Dicho estudio deberá considerar, con respecto al sector
         dentro del perímetro de mil seiscientos (1,600) metros
         radiales, los siguientes aspectos:
      1. La concentración poblacional.
      2. La concentración del tránsito vehicular, de los residentes
         en el área de mercado.
      3. Intensidad de los usos comerciales, industriales e
         institucionales.
      4. Negocios similares existentes dentro del sector.
      5. Impacto anticipado del nuevo establecimiento sobre
         aquellos de naturaleza similar existentes dentro de dicho
         perímetro.
      6. La forma de operación de la nueva estación, esto es, si es
         de tipo convencional o de autoservicio.
      7. Análisis de tránsito que considere la demanda a
         satisfacer de los residentes en el área de mercado, el
         tránsito esperado y el impacto sobre las vías existentes.
      c. Considerar la cercanía a áreas naturales protegidas y
         cuerpos hídricos superficiales y subterráneos.
      d. Cualesquiera otros factores relevantes que merezcan
         consideración en relación con la propuesta estación de
         gasolina.

                               III.

      Mediante el primer señalamiento de error, la parte recurrente

adujo que erró la DRA al declarar No Ha Lugar la Solicitud de

Revisión Administrativa confirmando la Resolución de la OGPe,

aprobando la consulta de construcción impugnada a pesar del claro

incumplimiento con el requisito reglamentario de lotificación previa

y a pesar de que la parte proponente incumplió con el requisito

indispensable de demostrar la disponibilidad de la infraestructura

requerida.
KLRA202400085                                                       11

      Según surge del derecho que antecede, el trámite de

lotificación previa no es aplicable durante la etapa de la consulta de

construcción, sino durante la etapa posterior que es la del trámite

de permiso de construcción. Así, surge de las determinaciones de

hechos que, la consulta de construcción se propone en un predio de

terreno para el cual se suscribió un contrato de arrendamiento.

Dicho predio es parte de una finca mayor y fue delimitado en el plano

presentado para la consulta. Según surge del expediente de la

agencia administrativa, así como de la Resolución recurrida, el

proyecto no conlleva variaciones en construcción. Además, debemos

dejar claro que el proyecto trata sobre una consulta de construcción

para una propuesta estación de gasolina. Es decir, no es un permiso

de construcción ni un permiso de uso. Por lo que, la Sección 5.1.1.3

del Reglamento Conjunto 2020 no es de aplicación. Dicha sección

es de aplicación al momento de presentar el permiso de construcción

correspondiente.

      Así pues, reiteramos que el Reglamento Conjunto 2020 no

exige la lotificación previa como condición o requisito a la

aprobación de una consulta de construcción. Por lo cual, no incidió

la DRA al declarar No Ha Lugar la Solicitud de Revisión

Administrativa confirmando la Resolución de la OGPe.

      De otro lado, es menester dejar claro que la propiedad donde

se propone el proyecto es para el uso de estaciones de gasolina. De

una revisión del expediente ante nos surge que, el uso de gasolinera

es permitido ministerialmente en el distrito en que ubica la

propiedad y que el mismo cumple con los parámetros de

construcción aplicables. Así, no debemos perder de perspectiva que

la determinación de carácter ministerial es aquella que no conlleva

juicio subjetivo por parte de un funcionario público o profesional

autorizado sobre la forma en que se conduce o propone una

actividad o acción. Artículo 1.5 de la Ley Núm. 161-2009, supra. Es
KLRA202400085                                                           12

decir, la determinación no está sujeta a juicios discrecionales o

personales, sino que se trata exclusivamente de la aplicación de los

requisitos específicos de las leyes o reglamentos a los hechos

presentados. Íd.

      En su segundo señalamiento de error, la parte recurrente

planteó que erró la DRA al declarar No Ha Lugar la Solicitud de

Revisión Administrativa confirmando así la Resolución de la OGPe

aprobando la consulta de construcción impugnada, a pesar de que

la recurrida presentó un estudio de viabilidad incompleto. No le

asiste la razón.

      Según la Sección 8.8.1.4 del Reglamento Conjunto 2020, el

fin del estudio de viabilidad es demostrar la necesidad y

conveniencia del establecimiento de la nueva estación de gasolina.

En el caso ante nos, la parte recurrente sostiene que el estudio de

viabilidad no contiene el análisis que versa sobre la consideración

de la cercanía del proyecto a las áreas naturales protegidas y los

cuerpos de agua porque dicho requisito no existía previo al

Reglamento Conjunto 2020 cuando se preparó el estudio de

viabilidad. Señaló que el estudio de viabilidad debe ser actualizado.

      Sin   embargo,   las    agencias   concernidas       realizaron   la

evaluación ambiental y emitieron la correspondiente Determinación

de Cumplimiento Ambiental para Evaluación Ambiental el 21 de

junio de 2021. Además, en el informe post vista se complementó la

información para el estudio de viabilidad. Por consiguiente, la DRA

tomó en consideración la información de las áreas naturales y los

cuerpos de agua al considerar el estudio de viabilidad completo.

      En consecuencia, luego de una evaluación detenida del

expediente ante nuestra consideración junto al derecho aplicable,

entendemos que la OGPe y la DRA actuaron de forma razonable. Es

norma    reiterada   que     las   decisiones   de   los     organismos

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad
KLRA202400085                                                      13

y corrección y que son las agencias administrativas quienes

ostentan el peritaje en aquellas materias que le han sido delegadas

por ley. Véase, OCS v. CODEPOLA, supra; OCS v. Universal, supra.

      Así, sostenemos que el remedio concedido por la DRA fue

apropiado, las determinaciones de hecho que realizó la agencia

están sostenidas por evidencia sustancial y las conclusiones de

derecho fueron correctas.

                             IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones.

      La jueza Álvarez Esnard concurre sin voto escrito.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones