Court Opinion

ID: 9952273
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:35:56.003853+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:31.277683
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

  CAPITAL MANAGEMENT                                    Certiorari
    GROUP, LLC COMO                                     procedente del
  AGENTE DE JEFFERSON                                   Tribunal de Primera
   CAPITAL SYSTEMS LLC                                  Instancia, Sala
                                                        Municipal de
  Demandante-Peticionaria                               Patillas
                                        KLCE202400201
                 V.                                     Caso Núm.
                                                        PA2023CV00273
                                                        (Sala 306)
IRIS G. VEGA HERNÁNDEZ
                                                        Sobre:
    Demandada-Recurrida                                 Cobro de Dinero
                                                        Regla 60

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

       Comparece         la   parte       demandante-peticionaria   Capital

Management Group, LLC, mediante un recurso de Certiorari y nos

solicita que revisemos la Orden emitida y notificada el 9 de febrero

de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de

Patillas (en adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI le impuso

una sanción de $100.00 a la parte demandante-peticionaria y le

ordenó a cumplir con la Resolución y Orden Conversión y

Emplazamiento emitida y notificada el 11 de enero de 2024.

       Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del presente recurso de Certiorari.

                                          I

       El 28 de noviembre de 2023, la parte demandante-peticionaria

presentó una Demanda sobre cobro de dinero en contra de la

Sra. Iris Vega Hernández (en adelante, Sra. Vega Hernández) bajo la

Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60.1 La demanda

1 Apéndice del Certiorari, págs. 2-3.

Número Identificador

RES2024_________
KLCE202400201                                                                   2

se acompañó con un proyecto de Notificación y Citación sobre Cobro

de Dinero dirigido a la Sra. Vega Hernández para ser expedido por la

Secretaria del tribunal, entre otros documentos.2

       Luego de varios trámites procesales, el 11 de enero de 2024,

se celebró la Vista de Regla 60. A esta vista únicamente compareció

la parte demandante-peticionaria representada por su abogada la

Lcda. Gyndrishka Camacho Figueroa.3 Finalizada la vista, el TPI

emitió     y   notificó   una     Resolución     y    Orden     Conversión      y

Emplazamiento disponiendo y ordenando lo siguiente:

         “Citado el caso para el día de hoy, ha comparecido la
         parte demandante a través de su representación legal y
         la parte demandada no ha comparecido. De los autos se
         desprende que no fue diligenciada la notificación-
         citación. Ante ello, este Tribunal resuelve y ordena:

         Se ordena la conversión al proceso ordinario.

         Parte demandante tiene hasta el 16 de enero de
         2024 para presentar proyecto de emplazamiento
         personal.

         Parte demandante tiene hasta el 1 de febrero de
         2024 para informar gestiones específicas para emplazar
         personalmente a la parte demandada.” (énfasis en el
         original).4

       En esa misma fecha, la parte demandante-peticionaria

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden5 acompañada de un

proyecto de emplazamiento dirigido a la Sra. Vega Hernández para

ser expedido por la Secretaria del tribunal.6 La parte demandante-

peticionaria expresó en su moción que, “en cumplimiento con la

[o]rden de este Foro, anejamos al presente escrito el Proyecto de

Emplazamiento para que sea expedido por este Ilustrado Tribunal”.

2 Este proyecto de Notificación y Citación sobre Cobro de Dinero fue expedido por

la Secretaria del tribunal el 4 de diciembre de 2023. Véase, la entrada Núm. 2 del
expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273 en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos.
3 Véase, la entrada Núm. 12 del expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273

en el SUMAC.
4 Apéndice del Certiorari, págs. 4.
5 Véase, la entrada Núm. 8 del expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273

en el SUMAC.
6 El emplazamiento fue expedido por la Secretaria del Tribunal ese mismo día.

Véase, las entradas Núm. 9 y 10 del expediente digital del Caso Núm.
PA2023CV00273 en el SUMAC.
KLCE202400201                                                                  3

       El 9 de febrero de 2024, el TPI emitió y notificó la Orden

recurrida, en la cual dispuso lo siguiente:

       “Examinados los autos, la parte demandante no ha
       cumplido con lo ordenado el pasado 11 de enero de
       2024. Se le sanciona en $100.00 dólares.

       Tiene hasta el 16 de febrero de 2024 para cumplir con
       la sanción y lo ordenado.” (énfasis en el original).7

       En esa misma fecha, la parte demandante-peticionaria

presentó una Moción en Reconsideración de Sanción.8 En lo

pertinente, la parte demandante-peticionaria indicó lo siguiente:

       15. Que la parte aquí compareciente cumplió
       parcialmente con la Resolución y Orden emitida el 11
       de enero de 2024, al presentar el Proyecto de
       Emplazamiento.

       16. No obstante, y debido a un error en nuestra
       agenda, no cumplimos en su totalidad con dicha
       orden.

       17. En específico, la parte aqu[í] compareciente
       calendarizó las fechas para el 16 de enero y 16 de
       febrero,   para     presentar   el   Proyecto   de
       Emplazamiento e informar las gestiones específicas,
       respectivamente.

       18. Sin embargo, al recibir la sanción, revisamos la
       Orden emitida y nos percatamos de la razón por la
       cual, no cumplimos con la orden en su totalidad.9
       (énfasis suplido).

       Finalmente, el 13 de febrero de 2024, el TPI emitió y notificó

Resolución NHL Reconsideración, en la cual dispuso lo siguiente:

7 Apéndice del Certiorari, pág. 1.
8 Apéndice del Certiorari, págs.6-7.
9 Apéndice del Certiorari, pág. 7. La parte demandante-peticionaria aprovechó
para informar las gestiones que se habían realizado para emplazar a las Sra. Vega
Hernández. Además, solicitó que se dejará sin efecto la sanción impuesta. En
específico, expresó lo siguiente:
        19. Ante ello, nos comunicamos inmediatamente con New Era,
        nuestros emplazadores, para validar las gestiones realizadas, hasta
        el día de hoy.
        20. Se nos informó que se visitó la direcci[ó]n de la parte
        demandada en el Bo Los Pollas, pero no se encontró a la parte
        demandada.
        21. Razón por la cual, se validó en la base de datos del DTOP y se
        obtuvo una nueva dirección de la parte demandada.
        22. El Sr. Humberto Meléndez Medina (emplazador), nos informó
        que se personará en la próxima semana en la nueva direcci[ó]n, de
        la región de Patillas.
        23. Ante ello, muy respetuosamente le solicitamos a este Honorable
        Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, de por
        cumplida su Orden y libere al abogado suscribiente de la sanción
        impuesta.” Íd.
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       “Examinada la moción, los argumentos que le
       acompañan y no existiendo justa causa para el
       incumplimiento de lo ordenado, este Tribunal resuelve:

       NO HA LUGAR la reconsideración. Cumpla con lo
       ordenado: Insistimos, este tribunal permitirá que se
       entretengan los casos.”10 (énfasis en el original).

       Inconforme        con    la    determinación   del   TPI,   la   parte

demandante-peticionaria acudió ante nos el 16 de febrero de 2024

mediante el presente recurso de Certiorari, en el cual señala la

comisión por el TPI del error siguiente:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       imponer sanción a la parte aquí demandante-
       peticionaria por no informar las gestiones realizadas
       para emplazar a la demandada, sin haber transcurrido
       el término de ciento veinte (120) días concedidos por la
       Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.

       Examinado el presente recurso, procedemos a disponer del

mismo sin necesidad de ulterior trámite, conforme lo autoriza la

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

                                        II

       El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,     “es    una      forma    de   razonabilidad   aplicada    al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

10 Apéndice del Certiorari, pág. 8.
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      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el

recurso   de   certiorari   para   revisar   resoluciones   u   órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd.

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
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          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia”. Regla 40 del
          Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

      La precitada regla mandata que, como foro apelativo,

evaluemos si alguna de las instancias enumeradas anteriormente es

de aplicación a la petición de certiorari. De alguna estar presente,

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen

recurrido. Por el contrario, estaremos impedidos de expedir el auto,

y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido.

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar,

de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en

la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

      De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir

con las decisiones discrecionales de un Tribunal de Primera

Instancia a menos que se demuestre que dicho foro incurrió en un

abuso de discreción, y que nuestra intervención evitaría un perjuicio

sustancial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435

(2013). En todo caso, el criterio rector al momento de evaluar si un

tribunal ha abusado de su discreción es la razonabilidad de la

determinación impugnada, y su fundamento en un sentido llano de

justicia. Id., págs. 434-435.
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                                 B.

      La discreción judicial se refiere al margen de libertad que

tienen los jueces para tomar decisiones basadas en su conocimiento,

experiencia, y en la interpretación de las leyes. Es “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724,

735 (2018); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723,

729 (2016); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; IG Builders

et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338.

      La discreción no implica que los tribunales puedan actuar de

una forma u otra en abstracción del resto del derecho. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. En otras palabras, la discreción no

opera en un vacío y su ejercicio se encuentra estrechamente

relacionado con el concepto de razonabilidad. VS PR, LLC v. Drift-

Wind, 207 DPR 253 (2021).

      Se ha señalado que la discreción que cobija al Tribunal de

Primera Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia,

por lo que sus decisiones merecen gran deferencia. BPPR v. Gómez

Alayón, 2023 TSPR 145, 213 DRP ___ (2023); Citibank et al. v. ACBI

et al., supra; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-

307 (2012).

      Como regla general, los foros apelativos no intervendrán en la

discreción de los foros primarios a no ser que las decisiones emitidas

resulten arbitrarias o en un abuso de su discreción. BPPR v. Gómez

Alayón, supra; VS PR, LLC v. Drift-Wind, supra, pág. 273; Umpierre

Matos v. Juelle, Mejía, 203 DPR 254, 276 (2019); Citibank et al. v.

ACBI et al., supra.

      Específicamente, se ha señalado que la discreción ha de ceder

en las circunstancias en las que se configura: un craso abuso de

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma
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procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa

evitaría un perjuicio sustancial a la parte afectada por su

determinación. BPPR v. Gómez Alayón, supra; Cruz Flores et al. v.

Hospital Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco.

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

      Por último, se han delimitado las instancias en las que un

tribunal abusa de su discreción de la siguiente manera:

      “C]uando no toma en cuenta e ignora en la decisión que
      emite, sin fundamento para ello, un hecho material
      importante que no podía ser pasado por alto; Cuando el
      juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento
      alguno, concede gran peso y valor a un hecho
      irrelevante e inmaterial y basa su decisión
      exclusivamente en éste; o cuando, [...] [tras] considerar
      y tomar en cuenta todos los hechos materiales e
      importantes y descartar los irrelevantes, el juez los
      sopesa y calibra livianamente”. BPPR v. Gómez Alayón,
      supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

                                 C.

      En virtud de las Reglas de Procedimiento Civil, los tribunales

están facultados para imponer sanciones por el incumplimiento con

sus órdenes. En particular, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a), dispone lo siguiente:

      “(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas
      reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a
      iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada
      podrá́ decretar la desestimación del pleito o de cualquier
      reclamación contra ésta o la eliminación de las
      alegaciones, según corresponda. Cuando se trate de un
      primer incumplimiento, la severa sanción de la
      desestimación de la demanda o la eliminación de las
      alegaciones tan sólo procederá́ después que el tribunal,
      en primer término, haya apercibido al abogado o
      abogada de la parte de la situación y se le haya
      concedido la oportunidad para responder. Si el abogado
      o abogada de la parte no responde a tal apercibimiento,
      el tribunal procederá́ a imponer sanciones al abogado o
      abogada de la parte y se notificará directamente a la
      parte sobre la situación. Luego de que la parte haya sido
      debidamente informada o apercibida de la situación y
      de las consecuencias que pueda tener el que la misma
      no sea corregida, el tribunal podrá́ ordenar la
      desestimación del pleito o la eliminación de las
      alegaciones. El tribunal concederá́ a la parte un término
      de tiempo razonable para corregir la situación que en
      ningún caso será́ menor de treinta (30) días, a menos
      que las circunstancias del caso justifiquen que se
      reduzca el término.”
KLCE202400201                                                                  9

       De la citada disposición surge que una vez se plantea ante el

Tribunal de Instancia una situación que amerite la imposición de

sanciones, este debe primeramente amonestar al abogado de la

parte. Si la acción disciplinaria no produce frutos positivos,

procederá la desestimación de la demanda o la eliminación de las

alegaciones, luego de que la parte haya sido debidamente informada

y   apercibida    de    las   consecuencias      que    puede     acarrear     el

incumplimiento. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217,

222 (2001).

                                       III

       En su recurso de Certiorari, la parte demandante-peticionaria

señala que erró el TPI “al imponer sanción a la parte aquí

demandante-peticionaria por no informar las gestiones realizadas

para emplazar a la demandada, sin haber transcurrido el término

de ciento veinte (120) días concedidos por la Regla 4.3 (c) de

Procedimiento Civil”.

       Del trámite procesal del presente caso surge que, llegado el 11

de enero de 2024, fecha señalada para la Vista de Regla 60, no se

había diligenciado la notificación-citación dirigida a la parte

demandada-recurrida.11 Esta había sido expedida por la Secretaria

del tribunal desde el 4 de diciembre de 2023. Ante esta situación, el

TPI emitió una resolución y orden al finalizar la vista disponiendo

que el caso se continuaría tramitando bajo el procedimiento

ordinario. Además, le concedió a la parte demandante-peticionaria

hasta el 16 de enero de 2024 para presentar un proyecto de

emplazamiento y hasta el 1 de febrero de 2024 para informar las

gestiones específicas que había llevado a cabo para emplazar.

11 En las reclamaciones bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 60, la parte demandante es responsable de diligenciar la notificación-citación
dirigida a la parte demandada dentro de un plazo de diez (10) días de presentada
la demanda.
KLCE202400201                                                       10

        En esa misma fecha, la parte demandante-peticionaria

cumplió con presentar el proyecto de emplazamiento. Sin embargo,

pasado el término concedido para informar las gestiones realizadas

para emplazar, el TPI emitió el 9 de febrero de 2024 la orden

recurrida imponiéndole una sanción económica de $100.00 a la

parte    demandante-peticionaria    y   ordenándole   nuevamente     a

cumplir con la totalidad de lo ordenado en el dictamen emitido el 11

de enero de 2024. La parte demandante-peticionaria presentó una

moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por

el TPI. En su moción, la parte demandante-peticionaria alegó que su

incumplimiento se debió a un error en su agenda; informó las

gestiones realizadas para emplazar; y solicitó que se dejara sin efecto

la sanción impuesta.

        Evaluado el presente recurso de certiorari a la luz de los

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, determinamos que no procede su expedición. La

imposición de una sanción es una determinación que recae en la

discreción del TPI como parte del manejo del caso ante su

consideración. Conforme al derecho expuesto, la discreción que

cobija al foro primario es amplia, por lo que decisiones de esta

naturaleza merecen gran deferencia.        Como foro apelativo, no

debemos intervenir con las determinaciones discrecionales del TPI,

salvo quedara establecido que haya mediado prejuicio, parcialidad,

craso abuso de discreción o error en la aplicación de una norma

procesal o de derecho sustantivo por parte de dicho foro y cuando

nueva intervención evite un perjuicio sustancial.

        En el presente caso, ante la ausencia de lo anterior, no se

justifica nuestra intervención con la decisión recurrida. A nuestro

juicio, el Tribunal de Primera Instancia actuó dentro de los

parámetros de su discreción y enmarcado en el criterio de la

razonabilidad al imponerle una sanción de $100.00 a la parte
KLCE202400201                                                          11

demandante-peticionaria     ante        su   falta   de   diligencia   e

incumplimiento con las órdenes del tribunal.

                                   IV

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

presente recurso de Certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones