Court Opinion

ID: 9896830
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:10.505967+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:17.666518
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

  ALEJANDRO TORRES                          REVISIÓN
  PÉREZ                                     ADMINISTRATIVA
                                            procedente de
       Recurrente                           San Juan
                            KLRA202300451
            v.                              Caso Núm.:
                                            CUCB-11-23
  DEPARTAMENTO DE
  CORRECCIÓN                          Sobre: Ley 85-2022
                                      Corrección Hoja de
       Recurrido                      Liquidación de
                                      Sentencia
 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                             SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2023.

       Comparece ante este foro el Sr. Alejandro Torres

 Pérez (señor Torres o “el recurrente”) y nos solicita

 que revisemos la Respuesta al Miembro de la Población

 Correccional     emitida    por   la    División   de   Remedios

 Administrativos (DRA) del Departamento de Corrección y

 Rehabilitación (el Departamento o “agencia recurrida”),

 la cual fue notificada el 28 de junio de 2023.          Mediante

 esta, la DRA le informó al señor Torres que bajo las

 instrucciones impartidas para la aplicación de la Ley

 Núm. 85-2022 no se puede computar la Sentencia restante

 hasta el tiempo que cumplió la Sentencia de diez (10)

 años por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, debido a

 que, dicho delito había sido eliminado de la Hoja de

 Liquidación de Sentencia.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación,

 REVOCAMOS el dictamen administrativo recurrido.

                                -I-

       El señor Torres se encuentra bajo la custodia del

 Departamento desde el 27 de marzo de 2012, cuando ingresó

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLRA202300451                                                        2

como sumariado, y donde actualmente extingue una condena

por los siguientes delitos: veinticinco (25) años por

infracción al Artículo 106 del Código Penal de 2004,

reclasificado a segundo grado a cumplirse consecutivos

entre sí y consecutivos con la Ley de Armas;                 tres (3)

años por infracción al Artículo 249 del Código Penal de

2004, para un total de veintiocho (28) años; cinco (5)

años por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas

que se duplica en virtud del Artículo 7.03 de la Ley de

Armas, para un total de diez (10) años; dos (2) años y

seis (6) meses que se duplican en virtud del Artículo

7.03 de la Ley de Armas, para un total de cinco (5) años

por infracción al Artículo 5.10 de la Ley de Armas,

reclasificado al Artículo 5.15 de la Ley de Armas, y dos

(2) años y seis (6) meses que se duplican en virtud del

Artículo 7.03 de la Ley de Armas para un total de cinco

(5) años por infracción al Artículo 5.15 de la Ley de

Armas.1        La Sentencia dictada el 17 de enero de 2013,

asciende a cuarenta y ocho (48) años de cárcel.

        Conforme surge del expediente, el 4 de diciembre de

2020, le fue notificado al señor Torres su Hoja de

Liquidación de Sentencia la cual establecía que la fecha

en que cumplía el mínimo de Sentencia era el 14 de

noviembre de 2035.2         Posteriormente, el 21 de marzo de

2023,     le    notificaron      en   su   Hoja   de    Control   sobre

Liquidación de Sentencias que el mínimo de Sentencia lo

cumpliría el 21 de septiembre de 2028, puesto que le

aplicaba       la   Ley   Núm.    85-2022.3       Sin    embargo,   el

recurrente sostiene que la notificación establecía que

1 Sentencia, anejos I-II, págs. 1-3 del apéndice del recurso.
2 Hoja Control Sobre Liquidación de Sentencia, anejo III, pág. 4
del apéndice del recurso.
3 Hoja Control Sobre Liquidación de Sentencia, anejo IV, pág. 5 del

apéndice del recurso.
KLRA202300451                                                              3

comenzó a cumplir Sentencia desde el 21 de marzo de 2022,

cuando realmente fue desde el 17 de enero de 2013.

      Así las cosas, el 2 de junio de 2023, el señor

Torres        presentó         una     Solicitud            de      Remedio

Administrativo.4        Alegó que, no estaba de acuerdo con el

tiempo    que    establecieron         en     su     Hoja    Control       de

Liquidación de Sentencia al computar el término mínimo

para cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra,

el cual sería desde el 21 de septiembre de 2028.                     Esbozó

que   debió     ser    desde    la    fecha    que    fue        dictada   la

Sentencia, entiéndase el 17 de enero de 2013, y no desde

el 21 de marzo de 2022.              Por lo tanto, solicitó fuera

corregida su hoja de liquidación de sentencia.

      El 27 de junio de 2023 la DRA emitió una Respuesta

al Miembro de la Población Correccional en la que le

expresaron lo siguiente:5

         Por este medio se le informa al confinado
         que las instrucciones de Ley 85, nos recalca
         que no se puede computar la Sentencias
         restantes que cumplirá hacia el tiempo que
         cumplió la Sentencia de 10 años por el Art.
         5.04 LA, esta Sentencia fue eliminada de la
         nota de Liquidación, según petición de los
         confinados que no querían ver en sus hojas
         de liquidación sentencias ya cumplidas.
         Estamos cónsonos con la instrucciones
         impartidas por Nivel Central.

      En desacuerdo, el 13 de julio de 2023, el recurrente

presentó una Solicitud de Reconsideración, la cual fue

recibida por el oficial Beltrán.6 En su escrito, expresó

que no estaba de acuerdo con la respuesta recibida,

puesto que, iba en contra de las disposiciones de la Ley

Núm. 85-2022.         Arguyó que, la pena más alta que le fue

4  Solicitud de Remedio Administrativo, anejo V, págs. 6-7 del
apéndice del recurso.
5 Respuesta al Miembro de la Población Correccional, anejos VI-VII,

págs. 8-9 del apéndice del recurso.
6 Solicitud de Reconsideración, anejo VIII, pág. 10-11 del apéndice

del recurso.
KLRA202300451                                                          4

impuesta fue de 25 años por infracción al Artículo 106

del Código Penal, por lo que, ese sería el término que

deben computar para disponer el mínimo jurisdiccional y

poder cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra.

     No obstante, transcurrió el término para que el

Departamento acogiera la moción, así las cosas, el 25 de

agosto de 2023, el señor Torres acudió ante nosotros

mediante Petición de Revisión Administrativa y formuló

el siguiente señalamiento de error:

          ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN EN LA
          INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY 85-
          2022 AL COMPUTAR EL MÍNIMO DE SENTENCIA DEL
          RECURRENTE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
          EXTINGUIÓ SU PRIMERA SENTENCIA EN LUGAR DE
          LA FECHA EN LA QUE EMPEZÓ A CUMPLIR
          SENTENCIA (EAC), FUE ENCARCELADO.

     Por su parte, el 28 de septiembre de 2023, el

Departamento compareció ante este Foro, por conducto de

la Oficina del Procurador General, mediante un Escrito

en   Cumplimiento       de      Resolución      y      Solicitud      de

Desestimación.      De inicio, manifestaron que no tienen

evidencia    en   el   expediente        administrativo       sobre   la

presentación de una Solicitud de Reconsideración por

parte del recurrente, por lo tanto, el recurrente había

presentado el recurso de forma tardía.                  No obstante,

añadieron que de tomar en consideración el recurso,

expresaron que, la Ley Núm. 85-2022 no dispone desde

cuando es que se debe comenzar a computar el mínimo de

la Sentencia más larga.            Por lo tanto, sostienen que

aplicaron correctamente las disposiciones del precitado

estatuto.

     El 5 de octubre de 2023, el recurrente presentó

Escrito     de    Réplica     Urgente      en    Oposición       a    la

Desestimación.         Arguye      que,    la   Ley    Núm.    85-2022

expresamente      dispone    que    la    persona     convicta   tiene
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derecho       a    cualificar     para      libertad        bajo    palabra     al

cumplir con el término concerniente a la pena mayor

recibida por alguno de los delitos cometidos.                         A su vez,

esboza que dicho estatuto prevalecerá sobre cualquier

otra disposición de Ley que no estuviera en armonía con

lo establecido.             Por consiguiente, manifiesta que la

hoja     de       liquidación        de     sentencia        es     errónea,    y

procedería se ordene su revisión y corrección.

       Con el beneficio de la comparecencia escrita de las

partes involucradas en este caso, procedemos a disponer

de las cuestiones planteadas en el recurso de epígrafe.

                                          II.

       La Junta de Libertad Bajo Palabra fue creada bajo

la aprobación de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974

(Ley Núm. 118-1974), 4 LPRA sec. 1501 et seq., está

autorizada         a     “decretar    la    libertad        bajo    palabra     de

cualquier          persona     recluida         en    cualquiera        de     las

instituciones penales de Puerto Rico […]”.                         Art. 3 de la

Ley Núm. 118-1974, 4 LPRA sec. 1503. Ese organismo tiene

la autoridad de conceder a cualquier persona recluida en

una    institución           correccional            de    Puerto     Rico     el

privilegio de cumplir la última parte de su condena en

libertad bajo palabra.                Benítez Nieves v. ELA et al.,

202 DPR 818 (2019).

       Los beneficios de sentencia suspendida o libertad

bajo palabra no son un derecho que pueda reclamarse,

sino     un       privilegio      legislativo             cuya     concesión    y

administración se confía al Tribunal o a la Junta de

Libertad          bajo    Palabra,    respectivamente.               Pueblo     v.

Negrón    Caldero,          157   DPR      413,      420    (2002).          Ambos

privilegios son medidas penológicas que disfrutan los

convictos como parte de su tratamiento de rehabilitación
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y   se   considera      que    mientras   disfrutan    de    estos

privilegios están técnicamente en reclusión.           Íd.

     La Ley 85 de 11 de octubre de 2022, enmendó el

Artículo 3 de la Ley Junta de Libertad Bajo Palabra, 4

LPRA sec. 1503.       Así también, enmendó el Artículo 308 de

la Ley Núm. 146-2012, conocida como Código Penal de

Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5416.            Ello con el fin de

establecer      los    términos   para    cualificar    para    la

consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

     Con   la    medida   se   busca   “establecer    una   manera

justa, retributiva y rehabilitadora, que le permita a

aquella persona convicta por varios delitos el poder ser

considerada para libertad bajo palabra al cumplir con

los términos de la sentencia más onerosa relacionada

directamente con alguno de los delitos por los cuales

fue encontrado culpable”.         Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 85-2022.

     En específico, la Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022

enmendó el Artículo 308 del Código Penal, ante, que ahora

establece lo siguiente:

         Artículo 308. – Términos para cualificar
         para consideración de la Junta de Libertad
         bajo Palabra.

         Toda    persona     convicta     bajo     las
         disposiciones de este Código podrá ser
         considerada para libertad bajo palabra por
         la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir
         el setenta y cinco por ciento (75%) del
         término de reclusión impuesto.           Este
         cómputo nunca excederá de quince (15) años
         cuando se trate de un adulto o de cinco (5)
         años cuando se trate de un menor sentenciado
         y procesado como adulto en delitos para los
         cuales    al    realizarse     el     cómputo
         jurisdiccional para cualificar ante la
         consideración de la Junta de Libertad Bajo
         Palabra este sea mayor a lo requerido para
         delitos con pena fija señalada en el tipo
         de cincuenta (50) años.

         En delitos graves cuyo término de reclusión
         señalada en el tipo sea de cincuenta (50)
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       años, la persona podrá ser considerada para
       libertad bajo palabra por la Junta de
       Libertad Bajo Palabra al cumplir quince
       (15) años de su sentencia o cinco (5) años
       si se trata de un menor de edad procesado y
       sentenciado como adulto.

       […]

       En aquellos procesos judiciales en que se
       encuentre al acusado culpable por más de un
       delito y se le imponga una sentencia a ser
       cumplida de manera consecutiva, la persona
       convicta tendrá derecho a cualificar para
       libertad bajo palabra al cumplir con el
       término concerniente a la pena mayor
       recibida   por    alguno   de   los   delitos
       cometidos. Cuando más de uno de los delitos
       cometidos conlleve la misma pena, la
       persona   convicta    cualificará   para   el
       beneficio de libertad bajo palabra con el
       mero hecho de haber cumplido con el término
       de una de ellas.       Lo dispuesto en este
       párrafo      será       de    aplicabilidad,
       independientemente si la Ley en virtud de
       la cual resulta convicto, sea una Ley Penal
       Especial.

    Asimismo, la Sección 2 de la Ley Núm. 85-2022

enmendó el Artículo 3 la Ley Núm. 118 de 22 de julio de

1974, conocida como Ley de la Junta de Libertad Bajo

Palabra para que lea de la siguiente forma:

       Artículo 3. – Autoridades, deberes y
       poderes de la Junta de Libertad Bajo Palabra
       tendrá la siguiente autoridad, poderes y
       deberes:

       […]

       (6) En aquellos procesos judiciales en que
       se encuentre al acusado culpable por más de
       un delito y se le imponga una sentencia a
       ser cumplida de manera consecutiva, la
       persona   convicta    tendrá    derecho   a
       cualificar para libertad bajo palabra al
       cumplir con el término concerniente a la
       pena mayor recibida por alguno de los
       delitos cometidos. Cuando más de uno de los
       delitos cometidos conlleve la misma pena,
       la persona convicta cualificará para el
       beneficio de libertad bajo palabra con el
       mero hecho de haber cumplido con el término
       de una de ellas.     Lo dispuesto en este
       párrafo     será      de     aplicabilidad,
       independientemente si la Ley en virtud de
       la cual resulta convicto, sea una Ley Penal
       Especial.

       […]
KLRA202300451                                                8

     A su vez, la Sección 3 de la Ley Núm. 85-2022

establece lo siguiente:

        Esta Ley aplicará de manera retroactiva,
        independientemente del Código Penal o Ley
        Penal Especial vigente al momento de los
        hechos delictivos, siempre y cuando resulte
        favorable para la persona condenada. Las
        cláusulas de prohibiciones absolutas de
        libertad bajo palabra en los delitos de
        leyes   penales    especiales    no   serán
        aplicables al caso de menores juzgados y
        sentenciados     como    adultos     cuando
        contravengan lo aquí establecido.

     Por último, la Sección 4 de la Ley Núm. 85-2022

indica que “[l]as disposiciones de esta Ley prevalecerán

sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere

en armonía con lo aquí establecido”.

     El 11 de octubre de 2023, la Secretaria Auxiliar de

Programas y Servicios del Departamento de Corrección y

Rehabilitación, emitió la Carta Circular Núm. 2023-02,7

con el fin de establecer el procedimiento a seguir para

el cumplimiento de la Ley Núm. 85-2022.          En la carta

indicó lo siguiente:

        Según dispone la mencionada Ley Núm. 85 y
        los numerosos adiestramientos impartidos,
        los empleados pertenecientes a la Sección
        de Récord deben estar llevando a cabo el
        siguiente procedimiento:

     1. Verificarán    todos     los        expedientes
        criminales    de    toda     la       población
        correccional.

     2. Evaluarán el documento titulado “Hoja de
        Control sobre Liquidación de Sentencias.”
        De observar más de un término computado,
        identificarán la sentencia base mayor.

     3. Tomarán en cuenta las sentencias de manera
        individual.   Las   sentencias   que    son
        consecutivas no deberán estar consolidadas
        en    la   nueva   revisión.    De    estar
        consolidadas, el resultado conllevaría a
        identificar   una   pena  mayor    que   no

7 Carta Circular Núm. 2023-02, anejo I, págs. 1-4 en la Moción
Informativa Urgente en Solicitud se tome Conocimiento Judicial.
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       necesariamente sea la correcta para el
       cómputo final a los fines requeridos por la
       ley.

    4. Los nuevos cómputos se harán en una nueva
       “Hoja de Control sobre Liquidación de
       Sentencia”, la cual se identificará como
       una “Reliquidación”.

    5. Si la pena mayor resultara ser de un hecho
       ocurrido estando en una alternativa de
       reclusión, el término en el que comenzará a
       cumplir el mínimo de esa pena mayor se
       computará a partir del cumplimiento del
       remanente de la pena revocada.

    6. En virtud de lo anterior, en la nueva “Hoja
       de Control sobre Liquidación de Sentencia”,
       identificarán la pena mayor y se observará
       el mínimo de esa sentencia. En el caso de
       que el mínimo sea mayor de 15 años, se
       atemperará a 15 años, salvo en los casos
       sentenciados por asesinato en primer grado,
       que el mínimo será de 25 años naturales, en
       adultos y 10 años naturales en menores
       juzgados como adultos.

    7. Computarán en primer orden la pena mayor
       con el mínimo. Cuando el mínimo de la pena
       mayor sea menor de 15 años, no se efectuará
       cómputo adicional. Solo se pondrá en primer
       orden.

    8. Adjudicarán las bonificaciones adicionales
       al nuevo cómputo en el máximo y en el
       mínimo, exceptuando los casos de asesinato
       en primer grado, que solo bonifican en el
       máximo.

    9. Si el delito de la pena mayor (primer orden)
       excluye las bonificaciones adicionales, no
       podrán ser acreditadas, aunque el confinado
       tenga tiempo adjudicado por concepto de
       trabajo y/o estudios.

    10. Computarán los demás términos de las
      sentencias consecutivas en el mismo orden
      de la hoja de liquidación anterior y no se
      computarán mínimos adicionales.

    11. Se considerará y documentará solamente un
      mínimo, el cual responderá a la pena mayor.

    12. Los delitos cumplidos en su totalidad
      permanecerán en la nueva “Hoja de Control
KLRA202300451                                          10

       sobre Liquidación de Sentencias”. Por
       ejemplo, en los casos de asesinato en primer
       grado cometidos con armas, se computará en
       primer orden el asesinato en primer grado
       con el mínimo establecido, beneficiándolo
       del tiempo en reclusión preventiva. Luego,
       se incluirán y computarán los demás delitos
       de la sentencia, incluyendo los de armas.

     13. Evidenciarán, además, en la nueva “Hoja de
       Control sobre Liquidación de Sentencias” lo
       siguiente:
           • Casos pendientes
           • Detainer
           • Warrant
           • Pena Especial

     14. Se identificará en el registro de control
       (libro del área socio penal) cada uno de
       los casos reliquidados. Además, se indicará
       la fecha del cumplimiento del mínimo, con
       el fin de tener de manera accesible la
       información.

     15. Se documentará en el expediente criminal
       todo el proceso aquí expresado, realizando
       las    anotaciones    correspondientes del
       ejercicio reliquidado en el orden de los
       delitos que se adjudicaron, o que ya
       contenía    sus    mínimos   cumplidos con
       anterioridad.

     16. Una vez el empleado de la Sección de Récord
       culmine el proceso descrito, referirá la
       nueva "Hoja de Control sobre Liquidación de
       Sentencias" a la Unidad de Servicios Socio
       Penales, para las acciones y los referidos
       correspondientes, según nuestras leyes y
       reglamentos.

     17. Todos los confinados serán      orientados
       sobre este procedimiento.

                          III.

     El señor Torres manifiesta que la Hoja Control

Sobre Liquidación de Sentencia que recibió el 21 de marzo

de 2023, establecieron que su término mínimo para ser

considerado para libertad bajo palabra era el 21 de

septiembre de 2028.   Sin embargo, alega debe ser al 21

de septiembre de 2023, puesto que, la fecha en que

comenzó a cumplir la sentencia fue desde el 17 de enero
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de 2013.        Como consecuencia, esboza que en la última

Hoja     Control      Sobre    Liquidación       de    Sentencia     fue

eliminado un cómputo de aproximadamente 10 años, lo

cuales cumplió, por lo que, la agencia recurrida aplicó

de manera errónea la Ley Núm. 85-2022.

       Por su parte, el Departamento esboza que desde el

2008 habían emitido unas instrucciones sobre cómo se

realizaría el computo de las sentencias por Ley de Armas.

En síntesis, argumentan que, en los casos donde hay una

sentencia       por   varios       delitos   y    entre    ellos     una

convicción a la Ley de Armas, se deberá liquidar dichas

sentencias al inicio del cómputo de la sentencia, como

realizaron en el caso del recurrente.                 A su vez, alegan

que la Ley Núm. 85-2022 nada dispone sobre cuando se

comienza a computar el mínimo de la sentencia más larga.

       Por consiguiente, la agencia recurrida aludió que

la controversia de derecho en este caso se centra en el

inicio del periodo de quince (15) años para que el señor

Torres    sea    elegible     al    privilegio    de    libertad   bajo

palabra.    Así las cosas, indicaron que, en primer orden,

al recurrente le estaban liquidando la sentencia de diez

(10) años que le fue impuesta por infracción al Artículo

5.04 de la Ley Núm. 404-2000, en segundo orden, los dos

casos sobre Artículo 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, y en

tercer y cuarto orden, las sentencias impuestas por

infracción a los Artículos 106 y 249 del Código Penal de

2004.

       Conforme a lo antes reseñado, manifestaron que la

hoja de liquidación de sentencia del 21 de marzo de 2023,

el   recurrente       había   extinguido     en   su     totalidad    la

sentencia por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, puesto

que, el máximo de sentencia lo cumplió el 21 de marzo de
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2022.   Así las cosas, antes de que le aplicaran la Ley

Núm. 85-2022, el recurrente se encontraba cumpliendo las

sentencias por el Artículo 5.15 de la Ley Núm. 404-2000,

por razón en que fueron impuestas las penas.

     Según surge del expediente, el 17 de enero de 2013

el señor Torres fue sentenciado a cumplir de forma

consecutiva     cuarenta   y   ocho   (48)     años   de     prisión.

Mientras el recurrente cumplía su Sentencia, entró en

vigor la Ley Núm. 85-2022, del cual el estatuto dispone:

        (5) En aquellos procesos judiciales en que
        se encuentre al acusado culpable por más de
        un delito y se le imponga una sentencia a
        ser cumplida de manera consecutiva, la
        persona   convicta    tendrá    derecho   a
        cualificar para libertad bajo palabra al
        cumplir con el término concerniente a la
        pena mayor recibida por alguno de los
        delitos cometidos. Cuando más de uno de los
        delitos cometidos conlleve la misma pena,
        la persona convicta cualificará para el
        beneficio de libertad bajo palabra con el
        mero hecho de haber cumplido con el término
        de una de ellas.     Lo dispuesto en este
        párrafo     será      de     aplicabilidad,
        independientemente si la Ley en virtud de
        la cual resulta convicto, sea una Ley Penal
        Especial. (Énfasis suplido).

     Así las cosas, el Departamento de Corrección el 4

de diciembre de 2020 emitió una Hoja de Control sobre

Liquidación     de    Sentencias.         En   la     cual     evaluó

primeramente la sentencia de diez (10) años, que era la

más larga por infracción a la Ley de Armas, y determinó

que el cómputo mínimo era para el 14 de noviembre de

2035,   luego    de   aplicadas     las   bonificaciones        y   la

preventiva.

     Posteriormente, el 21 de marzo de 2023, realizaron

un nuevo cómputo en la Hoja de Control sobre Liquidación

de Sentencias a los fines de aplicar la Ley Núm. 85-

2022.   En esta eliminaron la sentencia por infracción al

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, y computaron como fecha
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de cumplimiento mínimo siendo el 21 de septiembre de

2028, conforme a que el término a computar el mínimo

comenzó a transcurrir luego de cumplir con la sentencia

bajo el Artículo 5.04 de la Ley de Armas.            Por no estar

de acuerdo con este nuevo cómputo el recurrente acudió

ante nosotros.

     Estando     pendiente       el   recurso    ante     nuestra

consideración, el 11 de octubre de 2023, la Secretaría

Auxiliar   de    Programas   y    Servicios     de   la   agencia

recurrida, emitió la Carta Circular Núm. 2023-02, en la

que aclaró que los delitos cumplidos en su totalidad

permanecerán en la Hoja de Control sobre Liquidación de

Sentencias.      Como a su vez, dispuso que se deberá

identificar la pena mayor y se observará el mínimo de

esa sentencia.     Con relación a esta Carta Circular, la

Oficina del Procurador General nos indicó: “…entendemos

que lo correcto en derecho es que este Insigne Foro

devuelva el caso a la agencia para que proceda de

conformidad a sus nuevas instrucciones”.

     Por consiguiente, al estar en controversia la Hoja

Control Sobre Liquidación de Sentencia del señor Torres,

concluimos que     el Departamento de Corrección           deberá

reevaluar el caso de epígrafe a tenor con la Ley Núm.

85-2022, y la Carta Circular del 18 de octubre de 2023,

para computar la fecha estimada de elegibilidad para

cualificar para el privilegio de libertad bajo palabra.

     Así, y en consideración a lo antes mencionado,

procede revocar el dictamen revisado y, en consecuencia,

ordenar la devolución al Departamento de Corrección para

que actúe de conformidad con lo aquí dispuesto.

                             IV.
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    Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el

dictamen recurrido y devolvemos el caso al Departamento

de Corrección para que revise nuevamente la Hoja de

Control sobre Liquidación de Sentencias del recurrente.

    Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones