Court Opinion

ID: 9941462
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:16.082448+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.010972
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

                                                   CERTIORARI
ROLANDO REYES SIERRA                               Procedente del
                                                   Departamento de
         Recurrente                                Corrección y
                                                   Rehabilitación
                                 KLRA202300545
               v.                                  Remedio Adm.
                                                   Núm.:
                                                   ICG-1132-2023
   DEPARTAMENTO DE
     CORRECCIÓN Y                                  Confinado Núm.:
    REHABILITACIÓN                                 1-10321

          Recurrido                             Sobre:
                                                Programa de
                                                Pre-Reinserción
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

      Comparece el señor Rolando Reyes Sierra (“señor Reyes

Sierra” y “Recurrente”) por derecho propio e in forma pauperis

mediante un recurso de Revisión de Decisión Administrativa en

Auxilio de Jurisdicción presentado el 20 de octubre de 2020. Nos

solicita que revoquemos una Evaluación del Programa de Pre-

Reinserción emitida el 17 de agosto de 2023 y notificada el 19 de

septiembre de 2023 por el Departamento de Corrección y

Rehabilitación (“DCR” o “agencia recurrida”). Mediante el aludido

dictamen, la agencia recurrida determinó que el Recurrente no

cualifica para participar del Programa para la Pre-Reinserción a la

Libre Comunidad.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el

auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.

                                     I.

      El señor Reyes Sierra actualmente se encuentra cumpliendo

una sentencia de noventa y nueve (99) años en la Institución

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLRA202300545                                                          2

Correccional Guerrero de Aguadilla por la comisión de un asesinato

en primer grado, según prohíbe el Artículo 83(a) del Código Penal de

1974, Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, 33

LPRA 4002, y por infracción a los Artículos 4.04, 4.15 y 5.01 de la

Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de

2000, según enmendada, 25 LPRA secs. 457i, 458a y 458n.

        El 3 de agosto de 2023, el Recurrente presentó una Solicitud

de Remedio Administrativo,1 en la que solicitó ser integrado al

Programa para a Pre Reinserción a la Libre Comunidad, de

conformidad con la Orden Administrativa DCR-2018-07, la cual

estaba vigente a la fecha de la solicitud. El 23 de agosto de 2023,

la agencia recurrida emitió una Respuesta al Miembro de la

Población Correccional.2 En torno a su petición, notificó que se

encontraba aún en evaluación.3

        En el interín, el 7 de septiembre de 2023, el DCR adoptó la

Orden Administrativa DCR-2023-03 intitulada Proyecto para la Pre-

Reinserción a la Libre Comunidad (“Orden Administrativa DCR-

2023-03”), la cual derogó la Orden Administrativa DCR-2018-07,

titulada Programa de Pre Reinserción a la Libre Comunidad, del 21

de diciembre de 2018 (“Orden Administrativa DCR-2018-07”).

        Insatisfecho con la respuesta emitida por el DCR el 23 de

agosto de 2023, el 15 de septiembre de 2023, sometió una

Solicitud        de   Reconsideración.4   En   su   escrito,   adujo   su

inconformidad en torno a la respuesta aludida por no atender su

solicitud, y nuevamente peticionó ser integrado al Programa para la

Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. Trascurridos varios días, el

19 de septiembre de 2023, el DCR notificó una Evaluación Programa

1 Apéndice del recurrente, pág. 5.
2 Íd., págs. 6-7.
3 Íd., pág. 7.
4 Íd., pág. 8.
KLRA202300545                                                                    3

de Pre-Reinserción,5 la cual había sido realizada el 17 de agosto de

2023.6 Al respecto, dictaminó lo siguiente:

        No cumple con lo dispuesto en la Orden Administrativa
        DCR2018-07- Programa para la Pre-Reinserción a Libre
        Comunidad-Normas Generales, Letra B-Exclusiones, Inciso
        #5 “Ley de Armas Núm. 404-2000, según enmendada,
        conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico. Se
        considerarán aquellos casos que estén cumpliendo sentencia
        por los delitos de ley de armas acompañados con otros delitos
        que cualifiquen para su participación en el programa. Para
        ello debe haber cumplido la pena impuesta por el delito de la
        ley de armas. Surge de la Hoja Control Liquidación de
        Sentencia que cumplirá las penas impuestas por el delito de
        Infracción al Art. 5.01 LA, Art. 4.15 LA y Art. 4.04 LA el 27
        de febrero de 2099, sus sentencias fueron dictadas
        concurrentes.7 (Énfasis suplido).

        En desacuerdo con tal dictamen, ese mismo día, 19 de

septiembre de 2023, el Recurrente presentó una Solicitud de

Reconsideración.8 Argumentó que incidió el DCR al resolver que la

comisión del delito bajo la Ley de Armas, supra, le excluye de

participar en el programa solicitado. Señaló, además, que solamente

estaba cumpliendo la pena mayor por el delito de asesinato en

primer grado.

        En consecuencia, el 28 de septiembre de 2023, la agencia

recurrida emitió una Respuesta de Reconsideración al Miembro de la

Población Correccional, notificada el 3 de octubre de 2023.9 En torno

a dicha solicitud, dispuso lo siguiente:

        Con relación a su solicitud de reconsideración, dialogado con
        el área socio penal, su solicitud para el programa pre
        reinserción libre comunidad, le fue entregada el día
        19/septiembre/23, y firmada por usted. Indicando la
        misma, que dispuesto a la orden administrativa
        DCR2018-07 fue denegada, por Inciso #5 por Ley de Armas.
        Para su conocimiento en dicho documento indican que si
        usted no está de acuerdo a la decisión, puede realizar una
        revisión de su caso ante e[l] Tribunal de Apelaciones,
        tiene 30 días para realizar el mismo.

        Inconforme con la determinación administrativa, el 20 de

octubre de 2023, el señor Reyes Sierra acudió ante nos mediante

5 Íd., pág. 9.
6 A la fecha de emitida la Evaluación del Programa de Pre-Reinsercion se encontraba

vigente la Orden Administrativa DCR-2018-07, supra.
7 Íd.
8 Íd., pág. 10-12.
9 Íd., pág. 17.
KLRA202300545                                                               4

un recurso intitulado Revisión de Decisión Administrativa en Auxilio

de Jurisdicción. En éste, esbozó los siguientes señalamientos de

error:

         PRIMER ERROR: Erró el D.C.R. al no basar su determinación
         en evidencia sustancial, erró en la aplicación e interpretación
         de las leyes y los reglamentos que se le la ha encomendado
         administrar, lesionando así los derechos fundamentales del
         Peticionario, al actuar así, arbitraria, caprichosa, irrazonable
         e ilegalmente, habiendo una determinación carente de base
         racional y contraria a derecho.
         SEGUNDO ERROR: Erró el D.C.R. al aplicar la disposición
         de O.A. DCR 2018-07-Normas Generales, Letra B-
         Exclusiones Inciso #5, ello contrario a derecho y en un claro
         abuso de discreción, y contrario a lo establecido en la Ley
         Núm. 79-2022.
         TERCER ERROR: Erró el D.C.R. al no conceder al
         Peticionario poder participar del Programa para la Pre-
         Reinserción a la Libre Comunidad, ignorando así que su
         actuación supone un grave perjuicio para quien suscribe, en
         tanto interrumpió el Proceso de Rehabilitación emprendido
         por este proceso que constituye la meta principal del sistema
         penal según la carta magna.
         CUARTO ERROR: Erró el D.C.R. al incumplir con el mandato
         constitucional de Rehabilitación al utilizar como único factor
         en la determinación denegada, que el delito de ley de armas
         excluye al Peticionario de participar en dicho programa en
         virtud de lo dispuesto en el inciso #5, letra B-Exclusiones de
         las Normas Generales de la Orden Administrativa D.C.R.-
         2018-07 aprobada el 21 de diciembre de 2018, sabiendo ellos
         que mi sentencia fue dictada de manera concurrente.
         QUINTO ERROR: Erró el D.C.R. al denegar el Programa para
         la Pre-Reinserción a la Libre Comunidad al Peticionario,
         impidiendo y coartando la política pública de la Agencia,
         Sección 19 Art. VI Constitución del Estado Libre Asociado de
         Puerto Rico L.P.R.A. Tomo I ya que a través de dicho
         programa viabiliza que el confinado trabaje para el sustento
         económico de sus familiares o estudios mientras utiliza un
         brazalete electrónico, el cual es el deseo e interés del
         suscribiente.

         El 10 de noviembre de 2023, esta Curia emitió Resolución

en la cual concedió diez (10) días a la agencia recurrida a los fines

de que presentara su oposición.

         Mientras se encontraba pendiente de adjudicación el recurso

del Recurrente ante esta Curia, el 16 de noviembre de 2023, el

DCR remitió una Certificación al Recurrente.10 En ésta, notificó el

estado de su caso ante el organismo administrativo:

         [E]l 7 de septiembre de 2023, fue efectiva la Orden
         Administrativa DCR-2023-03 Proyecto para la Pre-
         Reinserción a la Libre Comunidad. Esta orden
         administrativa es de beneficio para el confinado por lo que

10 Apéndice de la agencia recurrida, pág. 1.
KLRA202300545                                                        5

         su caso se encuentra al presente en proceso de
         reevaluación para el Centro de Rehabilitación y Nuevas
         Oportunidades de Arecibo conforme a dicha orden.11
         (Énfasis nuestro).

         Respectivamente, el 21 de noviembre de 2023, la agencia

recurrida presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución y

Solicitud de Desestimación. En síntesis, alegó que este Tribunal

carece de jurisdicción para atender los méritos del caso, toda vez

que su presentación resulta prematura. En específico, adujo que el

caso presente se encuentra pendiente de adjudicación.

         Examinado el Escrito en Cumplimiento de Resolución y

Solicitud de Desestimación presentado, esta Tribunal declaró No Ha

Lugar, y concedió un término de diez (10) días a la agencia recurrida

para que expresara su posición en cuanto al recurso. Al día

siguiente, entiéndase, el 7 de diciembre de 2023, el Recurrente

presentó una Réplica a Escrito en Cumplimiento de Resolución y

Solicitud. En esencia, alegó que sesenta y siete (67) días después de

presentar su solicitud de reconsideración, advino en conocimiento

de que su caso se encuentra en proceso de reevaluación. Por lo

anterior, reiteró que el Tribunal de Apelaciones ostenta jurisdicción

para atender su reclamación.

         Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa aplicable al caso ante nuestra

consideración.

                                    II.

 A. Alcance de las garantías mínimas contenidas en la Ley de
           Procedimiento Administrativo Uniforme

         La Ley de Procedimiento Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec.

9602 (“LPAU”), decreta como política pública la solución informal de

las      controversias   administrativas,   de   manera   que   resulte

11 Íd.
KLRA202300545                                                                   6

innecesaria la tramitación formal de los asuntos sometidos ante la

agencia.    Las    disposiciones    de        esta     ley   “se   interpretarán

liberalmente, de forma tal que garanticen que los procedimientos

administrativos se efectúen en forma rápida, justa y económica y

que aseguren una solución equitativa en los casos bajo la

consideración de la agencia”. 3 LPRA Sec. 9602.

      Ahora       bien,    “[l]os      procedimientos              adjudicativos

administrativos efectuados por las agencias, y cobijados por la

LPAU, deben ofrecer unas garantías mínimas uniformes”.

(Énfasis suplido). Autoridad de Carreteras y Transportación v.

Programa, 210 DPR 897, 915 (2022). Dicha uniformidad permea

también en los términos para la presentación de una moción de

reconsideración y para recurrir en revisión judicial al Tribunal de

Apelaciones. Autoridad de Carreteras y Transportación v. Programa,

supra; SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).

    B. Solicitud de reconsideración a nivel administrativo

      La Sección 3.15 de la LPAU, supra, reconoce el derecho a

solicitar   reconsideración    ante      el    ente      administrativo.      Este

mecanismo brinda a las agencias la oportunidad para corregir sus

errores, lo que contribuye a reducir la presentación de recursos de

revisión    judicial,   “procurando,     de     esta     forma,    alcanzar    los

postulados de justicia y economía, enmarcados en la declaración de

política pública de la LPAU”. Saldaña Egozcue v. Junta de

Administración Central del Condominio Park Terrace et. al., 201 DPR

615, 622 (2018). Véase, también, Fonte Elizondo v. F & R Const., 196

DPR 353, 358 (2016). En lo concerniente, la precitada sección

establece que:

      La parte adversamente afectada por una resolución u orden
      parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días
      desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la
      resolución    u    orden,   presentar    una    moción     de
      reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro
      de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción
      deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare
KLRA202300545                                                       7

      dentro de los quince (15) días, el término para solicitar
      revisión comenzará a correr nuevamente desde que se
      notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince
      (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna
      determinación en su consideración, el término para
      solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en
      que se archive en autos una copia de la notificación de la
      resolución de la agencia resolviendo definitivamente la
      moción de reconsideración. 3 LPRA sec. 9655. (Énfasis
      suplido).

      La presentación de una oportuna moción de reconsideración

interrumpe automáticamente el término para acudir en revisión

judicial. Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504, 514

(2006). Dentro del término de quince (15) días, la agencia posee la

facultad para proceder de la siguiente manera: (1) tomar alguna

determinación en su consideración; (2) rechazarla de plano, o (3) no

actuar sobre ésta, lo cual equivale a rechazarla de plano. Íd., págs.

514-515.

      Conviene destacar que, en Flores Concepción v. Taíno Motors,

supra, pág. 521, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió

prospectivamente que un organismo administrativo conserva su

jurisdicción para acoger una moción de reconsideración, aun

después de transcurrido el término establecido, siempre y cuando

no haya cursado el término para acudir en revisión ante el

tribunal intermedio y no se haya presentado un recurso ante

dicho foro. (Énfasis nuestro). Este arreglo estatutario evita que el

ciudadano esté sujeto a la inacción de la agencia por un tiempo

indefinido. Assoc. Condomines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 853

(2014). A su vez, se garantiza el derecho a acudir al foro apelativo

mediante revisión judicial. Miranda Corrada v. Departamento de

Desarrollo Económico, 2023 TSPR 40. Véase, también, W. Vázquez

Irizarry, Derecho administrativo, 82 Rev. Jur. UPR 279, 299 (2013).

     C. Revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones

      Una parte inconforme con la determinación administrativa

tiene el derecho a recurrir en revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones. El aludido derecho “es parte del debido proceso de ley
KLRA202300545                                                           8

protegido por la Constitución de Puerto Rico”. Autoridad de

Carreteras y Transportación v. Programa, supra, pág. 908; Assoc.

Condomines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014).

      A esos fines, “el Artículo 4.006(c) de la Ley de la Judicatura

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorga la competencia

apelativa al Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones,

órdenes y resoluciones finales de las agencias administrativas”.

Assoc. Condomines v. Meadows Dev., supra. En esa dirección, la

Sección 4.2 de la LPAU, supra, reconoce el derecho a acudir al foro

apelativo mediante el recurso de revisión judicial. Al respecto, el

citado precepto dispone lo siguiente:

      Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
      final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
      provistos por la agencia o por el organismo administrativo
      apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
      término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del
      archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o
      resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable
      de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el
      término para solicitar la revisión judicial haya sido
      interrumpido mediante la presentación oportuna de una
      moción de reconsideración. La parte notificará la
      presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas
      las partes dentro del término para solicitar dicha revisión.

      El proceso de revisión judicial está limitado a determinar: (1)

si el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las

determinaciones de hechos de la agencia están basadas en evidencia

sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) si las

conclusiones de derecho fueron las correctas. Asoc. FCIAS. v. Caribe

Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010). Véase, también, Mun. de San

Juan v. J.C.A. 149 DPR 263, 279 (1999). Los tribunales apelativos

debemos sostener los dictámenes agenciales a menos que la

presunción de legalidad haya sido superada. Capó Cruz v. Junta de

Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v. Pol. de

Puerto Rico, 196 DPR 606, 626 (2016).
KLRA202300545                                                        9

  D. Proyecto para la Pre-Reinserción a Libre Comunidad de
      conformidad a la Orden Administrativa DCR-2023

       La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto

Rico, LPRA Tomo I, decreta como política pública del Estado “el

reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer

posible su rehabilitación moral y social”. Como corolario de este

mandato, el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección

y Rehabilitación, Núm. 2 de 21 de Noviembre de 2011, según

enmendado, 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 2, (“Plan de Reorganización”)

aspira a “la creación de un sistema integrado de seguridad y

administración correccional en donde las funciones y los deberes se

armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y

medidas de seguridad”.

      El Artículo 7 del Plan de Reorganización, supra, reconoce el

establecimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación

como el organismo responsable de implantar la política pública

relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación. 3 LPRA,

Ap. XVIII, Art. 4. Este cuerpo legal faculta al Secretario del DCR a

adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar e implementar

reglas, reglamentos, órdenes, entre otros, para el funcionamiento

efectivo de la agencia bajo su jurisdicción. 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 7.

      En virtud de esas facultades, el 7 de septiembre de 2023, el

DCR adoptó la Orden Administrativa DCR-2023-03 intitulada

Proyecto para la Pre-Reinserción a la Libre Comunidad (“Orden

Administrativa”). Esta medida agencial procura que “los miembros

de la población correccional se adapten a la vida en libre comunidad

a los fines de que se conviertan en personas independientes y

productivas para nuestra sociedad y reconozcan que se encuentran

ante una nueva oportunidad de vida”. Introducción de la Orden
KLRA202300545                                                          10

Administrativa, supra, pág. 3. Por medio de esta iniciativa, éstos

convivirán en una facilidad correccional, similar a las condiciones

que podrían encontrarse una vez estén en la libre comunidad.

Introducción de la Orden Administrativa, supra, págs. 2-3.

  E. Criterios de elegibilidad para participar en el Proyecto
          para la Pre-Reinserción a la Libre Comunidad

      El apartado IV de la Orden Administrativa, supra, fija los

criterios de elegibilidad para participar del Proyecto para la Pre-

Reinserción a la Libre Comunidad. A esos fines, la Orden

Administrativa, supra, establece los siguientes requisitos que debe

exhibir el solicitante de este beneficio:

      1. No tener resoluciones administrativas disciplinarias en
         su contra durante los últimos seis (6) meses. Tampoco
         puede tener procesos disciplinarios pendientes de,
         resolver.
      2. Estar clasificados en custodia mediana o mínima.
      3. No tener pendiente       procesos   criminales   ante   los
         tribunales.
      4. Podrá estar disfrutando de pases familiares sin custodia.
      5. Haber satisfecho la Pena Especial impuesta o poseer un
         plan de pago, conforme a la Ley Núm. 183-1998, según
         enmendada, conocida corno "Ley de Compensación a las
         Víctimas de Delito". 6 Debe estar en cumplimiento con lo
         dispuesto en las siguientes leyes a) Ley Núm. 175-1998,
         según enmendada, conocida como "Ley del Banco de
         Datos de ADN de Puerto Rico". b) Ley Núm. 243-2011,
         según enmendada, "Registro de Personas Convictas por
         Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores".
      6. Deberá restarle diez (10) años o menos para cumplir el
         mínimo de la sentencia.
      7. Debe estar cumpliendo con el Plan Institucional asignado
         favorablemente      y    presentar       buenos     ajustes
         institucionales. Esto debe estar certificado por el Técnico
         de Servicios Sociopenales y contar con el visto bueno del
         supervisor.
      8. En los casos datos miembros de la población correccional
         que tengan historial de uso de sustancias controladas o
         alcohol, deberán haberse beneficiado de tratamiento
         contra la adicción.
      9. En tos casos de los miembros de la población correccional
         convictos por infracción a la Ley Núm. 54 del 15 de agosto
         de 1989, conocida como la "Ley para la Prevención e
         Intervención con la Violencia Doméstica" o de algún delito
         de naturaleza sexual, previo a ser considerados para
         participar del Proyecto, deberán haberse beneficiado del
         programa Aprendiendo a Vivir Sin Violencia y contar con
         la recomendación favorable del terapista/ psicólogo.
    10. En tos casos en que el miembro de la población
        correccional haya incurrido en el delito de fuga o en la
        comisión de un nuevo delito, deberá haber transcurrido
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         un mínimo de tres (3) años desde la fecha en que fue
         sentenciado. Además, tendrá que haber completado el
         tratamiento recomendado en su Plan Institucional.
    11. En tos casos en que el miembro de la población
        correccional haya incurrido en violación a las normas y
        condiciones de algún programa previo, podrá ser
        considerado solamente por una segunda ocasión
        adicional, luego de haber transcurrido un mínimo de
        dieciocho (18) meses desde el incumplimiento. Además,
        tendrá    que    haber    completado     el    tratamiento
        recomendado en su Plan Institucional. No se considerará
        para participar del programa si incurrió en la comisión de
        un nuevo delito durante el disfrute del privilegio.
    12. No constituir un riesgo para su propia seguridad, la de
        sus compañeros, la comunidad y tas víctimas o partes
        perjudicadas.
    13. Tener una actitud positiva y tener la disposición genuina
        de trabajar, estudiar, rendir tas tareas que se le requieran
        y de ser orientado en las áreas que sean necesarias.
    14. Deberá estar en disposición y actitud favorable para que
        el patrono, la institución educativa o el centro de
        tratamiento, pueda darle seguimiento y supervisión a su
        trabajo, estudios o tratamiento, según aplique.
    15. Estar dispuesto (el confinado o un familiar) a sufragar los
        costos que conlleve su Supervisión Electrónica, la cual
        será constante mientras participe del Proyecto, y
        cualquier otro gasto en el cual incurra, entre ellos, los
        gastos básicos por los servicios de agua y luz, alimentos
        y vestimenta. IV (A), Orden Administrativa, págs. 4-6.

      De acuerdo con la aludida Orden, “será excluida para

participar de este Programa, toda persona convicta de delito grave a

la cual se le haya hecho una determinación de reincidencia agravada

o reincidencia habitual, conforme a las disposiciones del Código

Penal de Puerto Rico”. IV (B), Orden Administrativa, supra, pág. 6.

                                   III.

      En el presente recurso, el señor Reyes Sierra alega que el DCR

violentó su derecho a la rehabilitación a tenor con la Sección 19 del

Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. En específico, aduce

que la agencia recurrida incidió al dictaminar que su condena bajo

Ley de Armas de Puerto Rico, supra, le excluye de participar en el

Programa de Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. Por otro lado,

advierte que el ente administrativo le notificó el estado de su

solicitud sesenta y siete (67) días después de la presentación de su

petición de reconsideración. Puntualiza que, de haber esperado el

aludido término no hubiera ejercido oportunamente su derecho a
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solicitar revisión judicial. Por lo anterior, sostiene que este Tribunal

posee jurisdicción para atender en sus méritos su caso.

      Por su parte, el DCR argumenta que el Tribunal de

Apelaciones    carece   de   jurisdicción   para    intervenir   en   la

determinación recurrida. Arguye que, a la fecha de la presentación

de la solicitud de revisión judicial, entiéndase, el 6 de octubre de

2023, el trámite administrativo no había concluido. Por lo anterior,

sostiene que la reclamación del recurrente es prematura. A la luz de

tales argumentos, solicita la desestimación del recurso ante nuestra

consideración.

      En el presente caso, nos corresponde determinar si esta Curia

ostenta jurisdicción para intervenir en el dictamen del organismo

administrativo recurrido. Veamos.

      Como foro revisor, nuestra tarea se circunscribe a examinar

las determinaciones finales de las agencias mediante el recurso de

revisión judicial. Así permitimos que el ente agencial ejerza sus

facultades adjudicativas mediante su conocimiento especializado.

Ante la presentación de una reconsideración a nivel agencial, se

interrumpe el término para recurrir al foro apelativo. De hecho, la

agencia conserva su jurisdicción después de transcurridos los

quince (15) días para atender la reconsideración, siempre y cuando

no haya cursado el término para acudir en revisión judicial y no

se haya presentado un recurso ante este tribunal. (Énfasis

nuestro). Flores Concepción v. Taíno Motors, supra, pág. 514. A esos

efectos, el término para acoger la reconsideración no es indefinido.

Esta limitación salvaguarda la oportunidad de solicitar revisión

judicial: derecho procedente del debido proceso de ley. Autoridad de

Carreteras y Transportación v. Programa, supra, pág. 908; Assoc.

Condomines v. Meadows Dev., supra, pág. 847.

      Tras una evaluación minuciosa del expediente ante nuestra

consideración, resolvemos que este tribunal tiene jurisdicción para
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atender el caso en sus méritos. El 17 de agosto de 2023, el DCR

emitió una Evaluación del Programa de Pre-Reinserción, notificada el

19 de septiembre de 2023. En ésta, determinó que el señor Reyes

Sierra no cualifica para participar del Programa para la Pre-

Reinserción a la Libre Comunidad, de conformidad con la Orden

Administrativa DCR-2018-07, supra, vigente al momento de la

evaluación. Inconforme con el proceder administrativo, el 15 de

septiembre de 2023, el Recurrente presentó oportunamente su

petición de reconsideración. Cabe destacar que, sobre dicha

solicitud de reconsideración, el 28 de septiembre de 2023, la

agencia recurrida emitió una Respuesta de Reconsideración al

Miembro de la Población Correcional, mediante la cual denegó

la solicitud instada. La misma fue notificada el 3 de octubre de

2023.

        Amparado en su derecho a solicitar revisión judicial, el 20 de

octubre de 2023, el Recurrente acudió ante este Tribunal mediante

recurso de revisión administrativa. Contrario a lo alegado por el

DCR, aquí se emitió una determinación, la cual adjudicó de manera

final la solicitud de reconsideración instada por el Recurrente. En

particular, en la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la

Población Correcional, se le apercibió al Recurrente de su derecho a

acudir ante esta Curia, disponiendo lo siguiente: “[…] Para su

conocimiento en dicho documento indican que[,] si usted no está de

acuerdo a la decisión, puede realizar una revisión de su caso ante

el Tribunal de [A]pelaciones, tiene 30 días para realizar el

mismo”. (Énfasis suplido). Por tanto, la agencia recurrida no puede

inducir a error a este Tribunal alegando que el caso está pendiente

de adjudicación en virtud de la Certificación emitida el 16 de

noviembre de 2023. Adviértase que el DCR expidió dicho

documento cuando el Recurrente ya había presentado el recurso

ante nos. Resolver que no ostentamos jurisdicción como argumenta
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la agencia, privaría al Recurrente de su derecho a solicitar revisión

judicial, el cual ejerció de manera correcta y eficiente.

      En torno a los méritos del caso, determinamos que incidió el

DCR al denegar la solicitud de reconsideración presentada por el

Recurrente el 15 de septiembre de 2023. Cabe destacar que, desde

el 7 de septiembre de 2023, antes de que el Recurrente instara su

solicitud de reconsideración, entró en vigor la Orden Administrativa

DCR-2023-03, supra. Una vez solicitada la reconsideración, le

correspondía a la agencia recurrida reevaluar el caso a tenor con los

criterios de elegibilidad contenidos en la referida Orden. No

obstante, la agencia optó por denegar la solicitud de reconsideración

y posteriormente, enviarle una Certificación al Recurrente, donde le

notificó que su caso sería reevaluado a tenor con las disposiciones

de la aludida Orden.

      Aun cuando esta Curia ostenta jurisdicción para atender los

méritos del presente recurso, resolvemos que erró el DCR al denegar

la solicitud de reconsideración. En todo momento la solicitud de

reinserción a la libre comunidad presentada por el Recurrente fue

evaluada a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa

DCR2018-07, supra. En vista de que a la fecha de la presentación

de la reconsideración ya había entrado en vigor la nueva Orden

Administrativa DCR-2023-03, supra, la agencia tenía que reevaluar

la petición del Recurrente conforme a la normativa vigente del DCR,

lo cual no hizo. Siendo así, resolvemos que el DCR deberá

justipreciar la petición del Recurrente de conformidad con la nueva

Orden Administrativa DCR-2023-03, supra. No obstante, aclaramos

que no estamos determinando que el Recurrente es o no merecedor

de los beneficios del programa para la reinserción a la libre

comunidad.

      Por tal razón, devolvemos el caso al organismo agencial para

que emita un dictamen de reconsideración de conformidad a los
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criterios de elegibilidad contenidos en el apartado IV de la Orden

Administrativa DCR-2023-03, supra.

                                  IV.

      Por    los   fundamentos      expresados,    revocamos       la

determinación recurrida del DCR y devolvemos el caso a la agencia

para que dicte una determinación de manera compatible con esta

sentencia.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones