Court Opinion

ID: 9916034
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:28.46076+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:39.088154
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

 ADELINA RIVERA BADILLO                                Apelación
 y el/los miembro(s) de                                procedente del
 la SUCESIÓN DE ADELINA                                Tribunal de
 RIVERA BADILLO, DANIEL                                Primera
    RIVERA BADILLO y                                   Instancia, Sala
  el/los miembro(s) de                                 de Aguadilla
 la SUCESIÓN DE DANIEL           KLAN202300951
    RIVERA BADILLO y                                   Civil Núm.:
 ELIDIA RIVERA BADILLO                                 AG2022CV01548
 y el/los miembro(s) de
 la SUCESIÓN DE ELIDIA
     RIVERA BADILLO                                    Sobre:
                                                       Liquidación de
          Apelados                                     comunidad de
                                                       bienes

             v.

   LUIS ÁNGEL LUCIANO
    RIVERA, MARILYN
    LUCIANO RIVERA y
   FRANCISCO LUCIANO
         VÉLEZ

         Apelantes

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                               SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2023.

       Comparecen Luis Ángel Luciano Rivera, en adelante

 el señor Luciano Rivera, Marilyn Luciano Rivera, en

 adelante la señora Luciano Rivera, y Francisco Luciano

 Vélez, en adelante el señor Luciano Vélez, en conjunto

 los     apelantes,      y    solicitan      que       revoquemos    una

 Sentencia     emitida        por   el     Tribunal       de   Primera

 Instancia,       Sala   de     Aguadilla,     en       adelante    TPI.

 Mediante la misma, se declaró no ha lugar una demanda

 sobre     usucapión         extraordinaria        y     división      de

 comunidad.

Número Identificador

SEN23_________________
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        Por     los        fundamentos      que     expondremos      a

continuación, se confirma la sentencia apelada.

                                    I.

        Según     surge       del     expediente      ante    nuestra

consideración, los apelantes presentaron una Demanda

por usucapión extraordinaria y división de comunidad

contra la señora Adelina, el señor Daniel y la señora

Elidia,       todos   de   apellido      Rivera   Badillo,   así   como

contra los miembros de sus respectivas sucesiones, en

adelante        los   apelados.1      En     lo   aquí   pertinente,

adujeron:

        . . . . . . . .

        12. Los demandantes, Luis Ángel Luciano Rivera,
        Marilyn Luciano Rivera y Francisco Luciano
        Vélez, han ocupado sus propiedades en concepto
        de   dueño,    continuamente,   públicamente   y
        pacíficamente. Durante todos estos años cada
        uno de los demandantes han [sic.] realizado
        remodelaciones    y    mantenimiento   de    sus
        residencias y de mantenimiento de sus solares.
        Todas las construcciones, remodelaciones y
        mejoras en sus propiedades las han realizado en
        concepto de dueño.

        […]

        15. La transacción verbal mediante la cual
        adquirieron los demandantes sus propiedades no
        ha podido tener acceso al Registro de la
        Propiedad por la razón, que al día de hoy
        tampoco    están    disponibles     los    titulares
        codemandados para otorgar la correspondiente
        Escritura de Segregación y Ratificación de
        Compraventa, por lo que, resulta imposible para
        los   demandantes    dividir    la   comunidad   que
        existes    [sic.]    entre    estos    y   los   co-
        demandantes, toda vez que cada uno tiene según
        nuestro ordenamiento jurídico una participación
        alícuota de la Finca Principal hasta tanto no
        se     segregue     la      misma    mediante     el
        correspondiente instrumento público, en este
        caso la Escritura de Segregación, para poder
        así     restablecer      el     tracto     registral
        interrumpido de sus propiedades por vía de
        otorgar el instrumento público correspondiente
        y presentar el mismo al Registro de la
        Propiedad, bajo la Finca Matriz.

        . . . . . . . .

1   Apéndice de los Apelantes, págs. 1-12.
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        38. Por todo lo cual, se suplica de este
        Honorable Tribunal que luego de los trámites
        legales   pertinentes   declare  HA   LUGAR   la
        presente Demanda de Usucapión Extraordinaria y
        de División de Comunidad que existe sobre la
        Finca #28,699 a tenor con lo dispuesto en el
        Código Civil vigente, declare justificado el
        dominio, ordene se realice la Escritura de
        Segregación del Solar 4 y del Solar 5 a favor
        de Luis Angel Luciano Rivera, el Solar 2 y el
        Remanente de la Finca Principal a favor de la
        demandante Marilyn Luciano Rivera y el Solar 1
        a favor del demandante Francisco Luciano Vélez,
        y finalmente ordene a la Honorable Registradora
        de la Propiedad, Sección de Aguadilla a
        inscribir los inmuebles objeto de esta Demanda
        a favor de los demandantes según se solicita.

        [Específicamente,    solicitaron       al     TPI   que
        ordenara:]

        1. …la División de la Comunidad y Declare
           justificado el dominio privativamente a favor
           de los comuneros demandantes sobre sus
           respectivos   solares:  Luis   Angel  Luciano
           Rivera del Solar 4 y 5, Marilyn Luciano
           Rivera del Solar 2 y el Remanente y Francisco
           Luciano Vélez del Solar 1;

        2. …   [la  otorgación  de]   la   Escritura  de
           Segregación y División de Comunidad de la
           Finca #28,699 y la Escritura de Segregación y
           Uso Público;

        3. … [y] a la Honorable Registradora de la
           Propiedad,   Demarcación   de   Aguadilla   a
           inscribir los inmuebles objeto de esta
           Demanda, Solar 1, Solar 2, Solar 4, Solar 5 y
           el Remanente, a favor de los demandantes,
           Luis Angel Luciano Rivera, Marilyn Luciano
           Rivera     y   Francisco    Luciano    Vélez,
           respectivamente según fueron solicitados.2

        Posteriormente,     se   emplazó   a    los    apelados   por

edicto y se les anotó la rebeldía.3 Celebrada la vista

de juicio en su fondo, el TPI declaró no ha lugar la

Demanda. En lo aquí pertinente dispuso:

             En segundo lugar, según la evidencia
        presentada el señor Francisco Luciano Vélez
        adquirió su solar en el año 1953, mientras que
        el señor Luis Ángel Luciano Rivera y la señora
        Marilyn Luciano Rivera adquirieron los suyos en
        1989 y 1996, respectivamente. Surge, además,
        que la señora Adelina Rivera Badillo, el señor
        Daniel Rivera Badillo y la señora Elidia Rivera
        Badillo adquirieron la propiedad de la cual se
        alega se segregaron los solares por expediente
        de dominio, en virtud de resolución dictada el
        30 de junio de 1995 y enmendada el 11 de julio
        de 1996.

2   Id.
3   Id., págs. 18-24.
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           Los codemandantes Francisco Luciano Vélez
      y Luis Ángel Luciano Rivera adquirieron los
      solares de una finca que no constaba inscrita
      y, por tanto, de una persona que no constaba en
      ese momento, ni consta al presente, como
      titular   registral   de  la   referida  finca;
      mientras que la codemandante Marilyn Luciano
      Rivera adquirió los solares de una finca que no
      constaba inscrita y de dos personas que al
      presente constan como titulares registrales,
      pero en conjunto con un miembro adicional de
      una comunidad de bienes.

           A   tales   efectos,   no    podemos    hablar
      propiamente de prescripción ordinaria, por lo
      que, en el presente caso estamos ante el
      término de 30 años. Los codemandantes reconocen
      que, si bien adquirieron los solares objeto de
      la reclamación en 1953, 1989 y 1996, también es
      cierto que, posteriormente, los codemandados
      adquirieron   la  propiedad    de   la    cual   se
      segregaron, por expediente de dominio, en
      virtud de resolución dictada el 30 de junio de
      1995 y enmendada el 11 de julio de 1996;
      derecho que también fue inscrito en el Registro
      de la Propiedad. Es a partir de entonces que
      comienza a transcurrir el referido término. Sin
      embargo, en el presente caso, dicho término no
      ha transcurrido.

           Luego de un examen de las alegaciones, así
      como de los testimonios vertidos en sala, la
      prueba documental presentada, el expediente
      judicial y el derecho aplicable, es forzoso
      concluir   que   los    codemandantes  no   han
      demostrado que cuenta [sic.] con elementos
      dispuestos para que se declare su dominio sobre
      las fincas objeto de la reclamación.4

      Oportunamente,         los      apelantes     solicitaron

Reconsideración5, que el TPI declaró no ha lugar6.

      Inconforme      con   la   determinación,   los   apelantes

presentaron una Apelación en la que alegan que el TPI

incurrió en los siguientes errores:

      ERRÓ EL TPI:

      AL DECLARAR NO HA LUGAR LA DEMANDA POR EL
      FUNDAMENTO DE QUE NO SE CUMPLIERON CON LOS
      REQUISITOS   DE   LA   PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
      EXTRAORDINARIA (USUCAPIÓN).

      [AL] NO RESOLVER LOS ASPECTOS SOLICITADOS SOBRE
      LA DIVISIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES EXISTENTE
      ENTRE           APELANTES/DEMANDANTES         Y
      APELADOS/DEMANDADOS.

4 Id., págs. 27-34.
5 Id., págs. 36-44.
6 Id., pág. 45.
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       Dado a que los apelados no presentaron su alegato

en oposición a la apelación en el término establecido

en     el    Reglamento     del       Tribunal    de          Apelaciones,

consideramos     el   recurso     perfeccionado           y    listo    para

adjudicación.

       Examinados     el    escrito      de    los     apelantes,         el

expediente y la prueba documental, estamos en posición

de resolver.

                                  II.

                                   A.

       En lo aquí pertinente, el Código Civil de Puerto

Rico    de   2020,    en   adelante      el   CC-2020,         dispone    lo

siguiente:

       Los términos prescriptivos, de caducidad o de
       usucapión   que  estén   transcurriendo   en el
       momento en que este Código entre en vigor,
       tienen la duración dispuesta en la legislación
       anterior; pero si el término queda interrumpido
       después de la entrada en vigor de este Código,
       su duración será la determinada en este.7

                                   B.

       Establecido lo anterior, el Art. 280 del Código

Civil de 1930, en adelante el CC-1930, dispone que uno

de     los    derechos     reales       reconocidos           en   nuestro

ordenamiento     civil     es     el    derecho      de       propiedad     o

dominio. Así pues, “[l]a propiedad es el derecho en

virtud del cual una cosa pertenece en particular a una

persona con exclusión de cualquier otra. La propiedad

concede el derecho de gozar y disponer de las cosas

sin    más   limitaciones       que     las   establecidas         en     las

leyes”.8

7 Art. 1814 de la Ley Núm. 55-2020 (31 LPRA sec. 11719).
8 Art. 280 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 (31 LPRA sec.
1111). Cabe destacar que el Código Civil de Puerto Rico de 1930,
vigente al momento en que ocurrieron los hechos del presente
caso, fue derogado y sustituido mediante la Ley Núm. 55-2020,
aprobada el 1 de junio de 2020, conocida como Código Civil de
Puerto Rico de 2020.
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       En lo aquí pertinente, el derecho de propiedad

“…se    adquiere        por   la       ocupación.      …   Puede     también

adquirirse por medio de la prescripción”.9 En cuanto a

este último modo de adquirir la propiedad, hay que

señalar que “por la prescripción se adquieren, de la

manera y con las condiciones determinadas en la ley,

el dominio y los demás derechos reales. También se

extinguen      del      propio       modo   por   la     prescripción      los

derechos      y    las    acciones,         de    cualquier       clase    que

sean”.10

       Al respecto, el profesor Vélez Torres afirma que

la prescripción adquisitiva del dominio o                          usucapión

resulta como,

       …una consecuencia de la posesión civil mantenida
       durante un determinado número de años. Consiste
       en la adquisición del dominio u otro derecho real
       poseíble por medio de la posesión civil mantenida
       durante el tiempo y con arreglo a las condiciones
       que   requiere  la   ley.   Constituye  un   modo
       originario de adquirir la propiedad y otros
       derechos reales, pues el adquirente no deriva su
       derecho de un anterior dueño mediante un acto
       traslativo del derecho, como lo sería un contrato
       o un testamento, sino que adquiere por el solo
       hecho de poseer en determinado concepto (como
       dueño, usufructuario, titular de un predio
       dominante, etc.), durante determinado periodo de
       tiempo.11

       Es     pertinente         mencionar,        que     para      que    se

configure la usucapión, “es indispensable que estemos

ante una cosa o un derecho susceptible de apropiación

por un tiempo determinado y según las condiciones que

dicta la ley”.12

       Ahora bien, la usucapión puede ser de dos clases,

a    saber,    ordinaria         o    extraordinaria.        Ambas    clases

“requieren        que    exista       una   posesión       ininterrumpida,

9 31 LPRA sec. 1931.
10 31 LPRA sec. 5241.
11 J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los Bienes, Los

Derechos Reales, Madrid, Offirgraf, S.A., 1997, Tomo II, pág.
263.
12 Bravman, González v. Consejo de Titulares, 183 DPR 827, 838,

(2011).
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pública,    pacífica          y    en        concepto        de    dueño    por    el

término     fijado       en       la        ley”.13     Específicamente,            la

usucapión ordinaria “requiere la posesión mediante la

concurrencia      de      buena         fe    y     justo        título    junto   al

transcurso de diez años según un tiempo fijado por la

ley”.14     En     cambio,             la         prescripción        adquisitiva

extraordinaria “no requiere el elemento de buena fe ni

de justo título, por lo que se le requiere al poseedor

un término más prolongado para que pueda adquirir la

cosa o el derecho”.15 “En ésta el término requerido es

de treinta años para los bienes inmuebles”.16 Requiere

además, que la posesión sea una civil y no natural; es

decir, no bastará la mera tenencia de una cosa o un

derecho y su disfrute (como ocurre para la posesión

natural),    sino      que        es    necesario           que    dicha   tenencia

esté unida a la intención de hacer suya la cosa o el

derecho que se esté poseyendo.17

       Respecto      a     última             clase         de     usucapión,       el

tratadista Ramón Roca-Sastre explica lo siguiente: “Lo

que usualmente se califica de prescripción extintiva

secundum tabulas          no es             propiamente          una prescripción

apoyada     fundamentalmente                 en    el   Registro,          sino    una

prescripción que se produce extrarregistralmente, pero

cuyo   resultado         extintivo           viene      a    coincidir       con   el

contenido registral, consistente generalmente en una

cancelación       indebida             de    un     derecho        real    en     cosa

ajena”.18

13 Id.
14 Id.
15 Id., pág. 839.
16 Id.
17 Suc. Maldonado v. Suc. Maldonado, 166 DPR 154, 183 (2005).
18  R. Roca-Sastre, Derecho Hipotecario, Fundamentos de la
Publicidad Registral, 8.a ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T.
II, pág. 565. (Énfasis en el original)
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      Por    su    parte,    el    profesor       Luis    Rafael     Rivera

Rivera añade que quien haya inscrito su título goza de

la   presunción     de    que     ha    poseído    pública,       pacífica,

ininterrumpidamente y de buena fe durante el tiempo de

vigencia del asiento y de los de sus antecesores de

quienes traiga causa.19 Esto significa que el titular

registral queda favorecido y el tiempo para calcular

el término de la usucapión extraordinaria se computará

a base de la vigencia del asiento de inscripción.20

                                       C.

      Cabe    destacar      que       la    Ley   del   Registro     de    la

Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de

Puerto      Rico   define       las     presunciones      en      cuanto    a

derechos inscritos de la siguiente forma:

            A todos los efectos legales se presumirá
      que los derechos publicados en el asiento de
      inscripción de cada finca existen y pertenecen
      a su titular en la forma determinada por el
      asiento respectivo. También se presumirá que
      quien tenga inscrito a su favor el dominio de
      los inmuebles o derechos reales tiene la
      posesión de los mismos. Estas presunciones
      admiten    prueba    en    contrario,   pero    los
      tribunales cuidarán de que en caso de duda
      sobre el hecho de la posesión sea reconocido
      como poseedor el titular inscrito, con reserva
      de   las   acciones    que   puede   ejercitar   su
      contradictor      en      la     vía      ordinaria
      correspondiente. En virtud de lo indicado, no
      podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria
      del dominio de inmuebles o derechos reales
      inscritos a nombre de un titular determinado,
      sin que previamente o a la vez se pida en una
      acción civil o criminal la corrección, nulidad
      o     cancelación     de     la    correspondiente
      inscripción, cuando proceda.21

      Además,      el    Tribunal      Supremo     de    Puerto    Rico    ha

establecido la improcedencia de la inscripción de una

resolución aprobatoria de una información de dominio

cuando existe un asiento contradictorio y a pesar de

haber citado al titular, este no ha consentido a la

19   L.   R.   Rivera-Rivera,   Derecho    Registral   Inmobiliario
Puertorriqueño, 3.a ed. rev., San Juan, Ed. Jurídica Editores,
2012, págs. 59-60.
20 Id.
21 Art. 34 de la Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA sec. 6049).
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cancelación     ni       ha        sido        vencido      en    juicio.22       En

consecuencia,        “[e]l           expediente             de    dominio         es

inaplicable cuando se trata de obtener la extinción de

asientos     definitivos            sin        la     garantía     del      juicio

contencioso”.23

                                          D.

        Como regla general, un tribunal apelativo no debe

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la

adjudicación    de       credibilidad               que    haya   efectuado      el

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del

foro de instancia.24 Esto es, los tribunales apelativos

deben mantener deferencia para con la apreciación de

la prueba que realiza un tribunal de instancia.25 El

fundamento    de     esta         deferencia          es    que   el     juez    de

primera instancia tuvo la oportunidad de observar toda

la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en

mejor     situación          que     el        tribunal       apelativo         para

considerarla.26         En    vista        de        esta    deferencia,         los

tribunales     apelativos             no        intervendremos           con     la

apreciación        de        la      prueba           reflejada        en       las

determinaciones         de    hechos           del    tribunal     apelado       en

ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios

de pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió un

error manifiesto.27

22 Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 361, 368-369 (1977).
Además, en Ruiz Sierra v. Registrador, 103 DPR 578, 579-580
(1975) y Caballero v. Registrador, 35 DPR 617, 619 (1926), quedó
establecido, que una vez el tribunal emite la sentencia, el
registrador o la registradora deberá proceder con la inscripción
sin considerar los fundamentos intrínsecos de la sentencia o
sustituir su criterio por el del tribunal en cuanto a sus
determinaciones de hecho.
23 Sánchez González v. Registrador, supra.
24 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).
25 McConnel v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004).
26 Véase, Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).
27 Véase, Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 793

(2020).
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        No obstante, cuando las conclusiones de hecho se

basan en prueba pericial o documental, el tribunal de

apelaciones se encuentra en la misma posición que el

tribunal      de       instancia.28             De   modo,     que      el    tribunal

intermedio no está obligado a conceder deferencia a la

apreciación de la prueba del foro sentenciador.

                                              III.

        En   esencia,           los       apelantes       alegan        que    el    TPI

cometió un error de derecho al computar el término de

la usucapión extraordinaria respecto al señor Luciano

Vélez -que ha poseído la finca en exceso de 70 años- y

al no atender la petición de la señora Luciano Rivera

-que ha poseído por más de 27 años- de dividir la

comunidad         de       bienes        que    ostentan       con      los     señores

Rivera       Badillo.           A   su        entender,      han     adquirido        el

dominio      de       la    finca        en    controversia        en     calidad     de

dueños,       indistinta             e        indiferentemente           de     si    se

inscribió         posteriormente               el    derecho    de       propiedad     a

favor de los apelados. No tienen razón. Veamos.

        Contrario           a       su        contención,       la       inscripción

registral del dominio a favor de los señores Rivera

Badillo establece el parámetro de adjudicación de la

controversia ante nuestra consideración.

        Como la finca número 28699 está inscrita a favor

de los apelados, se presume que el dominio existe y

pertenece         a    aquellos.              Además,   se     presume        que    han

ostentado la posesión de dicho inmueble por el tiempo

de vigencia del asiento de inscripción. Para derrotar

dichas       presunciones                a      favor     de       los        titulares

inscritos, los apelantes tienen que probar en juicio

28   Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 918 (2016).
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ordinario          que        han      cumplido            cabalmente             con          los

requisitos de la prescripción adquisitiva.

       Ahora       bien,       ¿cuál       es        el    término         de    usucapión

aplicable?

       Como       el         término       de        prescripción              adquisitiva

estaba transcurriendo al momento de entrar en vigor el

CC-2020, el término aplicable al caso de autos es el

del CC-1930, es decir, 30 años. En consecuencia, para

usucapir la finca número 28699, los apelantes tienen

que    probar         que     la     han    poseído                ininterrumpidamente,

pública, pacífica y en concepto de dueño por más de 30

años, contados a partir del 11 de julio de 1996, fecha

de     la        inscripción             registral                 del     inmueble             en

controversia.            De    modo,       que       basta          un   simple       cálculo

aritmético         para       concluir       que          la       reclamación        de        los

apelantes es prematura.

       De lo anterior, es forzoso colegir, además, que

la    petición          de    división       de       comunidad           de     la    señora

Luciano Rivera también es prematura. Ello en la medida

en    que,       en     este       momento,          no        puede     establecer             un

derecho      a     una       cuota     abstracta               e    indivisa      sobre         la

finca número 28699.

       Conviene añadir, que el Art. 212 de la Ley Núm.

210-2015          (30        LPRA     sec.       6352)              no    aplica           a    la

controversia de autos. Esto es así porque el asiento

de    inscripción             de    la     finca          número         28699     ni          está

inscrito          erróneamente,             ni        es           inexacto,          ni       los

apelantes, en este momento, son titulares de derecho

real alguno sobre el inmueble en cuestión.

       Finalmente, al no haber presentado alguno de los

medios       de       reproducción              de        la        prueba      oral,           los

apelantes no nos pusieron en posición de impugnar la
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apreciación de esta por parte del foro sentenciador,

de modo que de los testimonios se hubiese desprendido

alguna     prueba        que   contradijera          las      firmes

determinaciones     de    derecho    que   apoyan    la    sentencia

apelada.

                               IV.

    Por    los   fundamentos        previamente     expuestos,    se

confirma la sentencia apelada.

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones