Court Opinion

ID: 9962707
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:44:33.465815+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.037944
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

BAUTISTA CAYMAN                                           CERTIORARI
ASSET COMPANY                                             procedente del
                                                          Tribunal de
Recurrida                                                 Primera Instancia,
                                                          Sala Superior de
        v.                   KLCE202301381                Mayagüez
MARÍA DEL CARMEN                                          Civil Núm.:
JIMÉNEZ SOTO y                                            YU2020CV00220
OTROS
                                                          Sobre:
Peticionarios                                             Ejecución de
                                                          hipoteca: Propiedad
                                                          Residencial, Cobro
                                                          de Dinero –
                                                          Ordinario

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora María

del   Carmen    Jiménez    Soto   y        el   señor   Luis   Ruiz   Jiménez

(peticionarios), y nos solicitan la revisión de la Resolución y Orden

emitida el 7 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez. En el dictamen recurrido, el

TPI declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación por

Falta de Jurisdicción presentada por los peticionarios, al amparo de

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. .10.2 (5).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Resolución y Orden

recurrida.

                                      I.

      El 12 de agosto de 2020, Bautista Cayman Asset Company

(Bautista Cayman), presentó una demanda en contra del señor Luis

Antonio Ruiz Vargas, la señora María del Carmen Jiménez Soto y la

Número Identificador
SEN2024 ________________
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Sociedad Legal de Gananciales que ambos componían, por cobro de

dinero y ejecución de prenda e hipoteca. En la demanda, alegaron

que el 30 de septiembre de 2004, los peticionarios suscribieron un

Contrato de Préstamo y Línea de Crédito, en virtud del cual Doral

Bank les extendió dos préstamos; un Préstamo Comercial a término

por la cantidad de $320,000.00 y una Línea de Crédito por la

cantidad de $15,000.00 y que para garantizar el préstamo,

suscribieron un Pagaré Hipotecario por la suma de $320,000.00.

Además, arguyeron que los peticionarios dejaron de cumplir con el

pago de las mensualidades del préstamo hipotecario, adeudándole

a Bautista Cayman, sucesor en interés de Doral Bank y quienes

adquirieron los pagarés, la cantidad principal de $233,476.42,

$110,012.20 en concepto de intereses acumulados a la fecha de la

demanda, $785.91 en concepto de cargas por demoras y $32,000.00

en concepto de costas, gastos y honorarios de abogados.

       La demanda fue enmendada el 27 de agosto de 2020, a los

efectos de incluir a los herederos del señor Ruiz Vargas, pues este

había fallecido.1 Los codemandados herederos son Evelyn Ruiz

Jiménez, Elizabeth Ruiz Jiménez, Ada Ruiz Jiménez y Luis Ruiz

Jiménez.

       El 24 de marzo de 2021, la señora Jiménez Soto presentó su

Contestación a Demanda Enmendada.2 El mismo día, presentó una

moción al amparo de las reglas 69.5 y 69.6 de Procedimiento Civil a

los efectos de solicitar al tribunal la imposición de una fianza de no

residente a Bautista Cayman.3 Asimismo, el 12 de abril de 2021, los

codemandados, Evelyn Ruiz Jiménez, Elizabeth Ruiz Jiménez, Ada

Ruiz Jiménez y Luis Ruiz Jiménez presentaron su oportuna

1 El TPI permitió la enmienda a la demanda el 27 de enero de 2021.
2 La contestación a la demanda fue enmendada el 24 de marzo de 2021 a los
efectos de solicitar una imposición de fianza de no residente a Bautista Cayman
por ser una corporación extranjera.
3 La fianza de no residente fue prestada el 6 de mayo de 2021 y notificada al

tribunal el 1 de junio de 2021.
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contestación a la demanda enmendada. Posteriormente, estos

repudiaron la herencia de su padre, el señor Ruiz Vargas, por lo que

solicitaron al tribunal se desestimara la demanda en su contra. El

27 de mayo de 2021, notificada el 2 de junio de 2021, el TPI notificó

mediante Resolución que se desestimaba el pleito en contra de estos.

       Luego de varios trámites procesales, el 16 de junio de 2023,

los peticionarios presentaron Moción Solicitando Desestimación por

Falta de Jurisdicción. En su comparecencia, alegaron que el foro

primario carecía de jurisdicción para atender la demanda incoada

por Bautista Cayman. Enfatizan que del Registro de Corporaciones

del Departamento de Estado de Puerto Rico, Bautista Cayman no

estaba registrado como una corporación en la jurisdicción de Puerto

Rico ni había solicitado autorización para hacer negocios en Puerto

Rico. Además, realizaron una búsqueda en el Registro de Licencias

de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto

Rico (OCIF) y el resultado fue que Bautista Cayman no había

obtenido una licencia para llevar a cabo funciones bancarias.

Fundamentan sus alegaciones en que la Ley Núm. 164 de 16 de

diciembre de 2009 (Ley Núm. 164-2009), mejor conocida como Ley

de Corporaciones de Puerto Rico disponía que una corporación

foránea no podrá hacer negocios en Puerto Rico, directamente, o por

medio de un agente o representante localizado en Puerto Rico, hasta

tanto no sometiera varios documentos al Secretario de Estado y

cumpliera con los derechos pagaderos y establecidos por la propia

Ley.

       En respuesta, el 21 de junio de 2023, Bautista Cayman

presentó su réplica y oposición a la moción de desestimación

presentada por los peticionarios. En síntesis, alegó que no se

consideraban transacciones de negocios en el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, sujetas a una previa autorización: entablar, defender

o transigir cualquier proceso judicial; crear o adquirir deudas,
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hipotecas o garantías de bienes muebles e inmuebles; garantizar o

cobrar deudas o ejecutar hipotecar o garantías en las propiedades

que garantizan las deudas; y ser titular, sin más, de bienes muebles

o inmuebles. Por lo anterior, sostuvieron que no procedía el petitorio

desestimatorio de los peticionarios.

      El 7 de septiembre de 2023, el TPI emitió la Resolución y

Orden. En síntesis, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción

Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada por

los   peticionarios.   Además,   concluyó    que   no   procedía    la

desestimación del pleito ya que Bautista Cayman, a pesar de ser los

tenedores de un pagaré con garantía hipotecaria, instaron una

demanda a los fines de cobrar su acreencia y ejecutar el contrato de

prenda en controversia, y que la Ley General de Corporaciones, en

su Artículo 13.05 establece que dichas actividades no constituyen

transacciones de negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, por lo que el tribunal no estaba privado de jurisdicción.

      En desacuerdo con la determinación del TPI, el 25 de

septiembre de 2023, los peticionarios presentaron una solicitud de

reconsideración, la cual el foro primario declaró No Ha Lugar el 25

de octubre de 2023, notificada el 8 de noviembre de 2023.

      Aun inconforme, los peticionarios acudieron ante este

Tribunal de Apelaciones y alegaron que el foro primario cometió el

siguiente error:

      Erró el TPI al declarar sin lugar nuestra Moción
      Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción
      (Ap. @111)         y nuestra Moción Solicitando
      Reconsideración (Ap. @114), al entender que la
      Demandante-Recurrida no está llevando a cabo
      negocios en Puerto Rico y al guardar silencio respecto a
      nuestra solicitud de llevar a cabo descubrimiento de
      pruebas respecto a la controversia jurisdiccional y sobre
      la actividades comerciales que la demandante recurrida
      está llevando a cabo en Puerto Rico.

      El 2 de enero de 2024, Bautista Cayman presentó Escrito de

Mostración de Causa.
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       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a disponer del recurso.

                                        II.

                                        A.

       El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); León v. Rest. El Tropical, 154 DPR

249 (2001). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos atender

mediante el referido recurso. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et

al., 207 DPR 994 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478

(2019).4

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

       Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

4 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                  B.

      El Artículo 13.01 (a) de la Ley Núm. 164-2009, define el

término corporación foránea como “una corporación organizada con

arreglo a las leyes de cualquier jurisdicción que no sea el Estado
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Libre Asociado de Puerto Rico”. Por otra parte, el inciso (b) del mismo

artículo, dispone que “una corporación foránea no podrá hacer

negocios en Puerto Rico directamente, o por medio de un agente o

representante localizado en Puerto Rico, hasta tanto no pague al

Secretario de Estado los derechos pagaderos establecidos en el

Capítulo 237 de este subtítulo…”.

      Como consecuencia de hacer negocios sin cumplir con los

requisitos, el Artículo 13.03 de la Ley dispone que:

      (a) Una corporación foránea a la cual se le exija cumplir
          con las disposiciones de las secs. 3801 y 3807 de
          este título, y que haya realizado negocios en el
          Estado Libre Asociado sin autorización, no podrá
          incoar procedimiento alguno en los tribunales del
          Estado Libre Asociado, hasta que dicha corporación
          haya sido autorizada a hacer negocios en esta
          jurisdicción y haya pagado al Estado Libre Asociado
          todos los derechos, penalidades e impuestos de
          franquicia por los años o fracciones de éstos durante
          los cuales la corporación hizo negocios en esta
          jurisdicción sin autorización.

      (b) El hecho de que una corporación foránea dejara de
          obtener autorización para hacer negocios en el
          Estado Libre Asociado no menoscabará la validez de
          ningún contrato o acto de la corporación foránea, y
          no impedirá que la corporación foránea se defienda
          de cualquier procedimiento en el Estado Libre
          Asociado. 14 LPRA § 3803.

      Referente a la controversia ante nuestra consideración, el

Artículo 13.05 de la Ley Núm. 164, supra, establece las actividades

que no constituyen transacciones de negocios en el Estado Libre

Asociado. Estas son:

      (a) Las siguientes actividades, sin que la lista sea
      exhaustiva, no constituyen transacciones de negocios
      en el Estado Libre Asociado:

            (1) Entablar, defender o transigir cualquier
                proceso judicial.

            […]

            (7) Crear o adquirir deudas, hipotecas o
            garantías de bienes muebles o inmuebles.

            (8) Garantizar o cobrar deudas o ejecutar
            hipotecas o garantías en las propiedades
            que garantizan las deudas.
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              [. . .]

              4 LPRA § 3805.

      Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

en Caguas Company, Inc. v. López, 59 DPR 264 (1941) resolvió que

“una corporación extranjera que no haga negocios en la isla tiene

capacidad para demandar en nuestros tribunales en cobro de

pagarés de los cuales sea tenedora”.

                                    III.

      En su único señalamiento de error, los peticionarios esbozan

que Bautista Cayman es una corporación foránea que lleva más de

5 años llevando a cabo negocios dentro de la jurisdicción de Puerto

Rico sin autorización para ello, pues estos no han pasado por el

procedimiento de registro de corporación en Puerto Rico. Enfatizan

que las actividades comerciales que está llevando a cabo Bautista

Cayman no están incluidas entre las actividades que la Ley de

Corporaciones proclama que no constituyen transacciones de

negocio, en específico, vender acreencias, pagarés y sentencias a

otras personas naturales y/o jurídicas, sin autorización para ello.

      Por su parte, Bautista Cayman alega, en primer lugar, que

esperar a la conclusión del descubrimiento de prueba, 2 años

después de haber propiamente informado que estos eran una

corporación      foránea,    para   hacer      súplicas   inoportunas    e

improcedentes predicadas en tal condición, era una conducta de

mala fe por parte de los peticionarios. Además, que la Ley 164-2009

es clara y específica, por lo que reclamar judicialmente el pago de

una deuda monetaria con garantía hipotecaria adquirida no es una

transacción de negocios que requiera certificado de autorización por

el   Departamento       de   Estado.       Finalmente,    señala   que   el

descubrimiento de prueba culminó el 14 de abril de 2023, por lo que

los peticionarios no podían requerir un descubrimiento de prueba

adicional vencido el término, sin justa causa.
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      Así las cosas, debemos determinar si Bautista Cayman tiene

la autoridad o no para reclamar judicialmente en Puerto Rico la

acreencia de una deuda monetaria con garantía hipotecario. Tras

un análisis del expediente y las argumentaciones de las partes,

entendemos que la determinación del foro de instancia es correcta

en derecho y tiene jurisdicción para atender la controversia

suscitada entre las partes.

      Somos del criterio que la Ley 164-2009, tal y como

mencionamos anteriormente, es clara y precisa en cuanto a las

actividades comerciales que no constituyen transacciones de

negocios en el Estado Libre Asociado. Bautista Cayman adquirió

unos pagarés hipotecarios producto de un endoso. Actualmente son

los tenedores de dichos pagarés hipotecarios, por lo que pueden

cobrar su acreencia por producto de un incumplimiento de pago,

como lo es en este caso. Los peticionarios dejaron de cumplir con

los pagos correspondientes a sus obligaciones contractuales sobre

el préstamo hipotecario, por lo que la deuda fue declarada vencida,

líquida y exigible.

      Bautista Cayman entabló una demanda en la jurisdicción de

Puerto Rico, a los efectos de cobrar su acreencia y adquirir lo

correspondiente a la falta de pago de los peticionarios. Según la Ley

164-2009, este tipo de actividad se permite sin tener que ser

autorizado por el Estado Libre Asociado, ni inscribirse como

corporación en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico. Como

ya discutimos anteriormente, el Artículo 13.05, supra, dispone,

referente a este tipo de actividad específicamente, lo siguiente:

      Las siguientes actividades, sin que la lista sea
      exhaustiva, no constituyen transacciones de negocios
      en el Estado Libre Asociado:

      (1) Entablar, defender o transigir cualquier proceso
          judicial

      […]
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      (8) Garantizar o cobrar deudas o ejecutar hipotecas
      o garantías en las propiedades que garantizan las
      deudas.

      4 LPRA § 3805.

      (Énfasis nuestro)

      Bajo nuestro criterio, Bautista Cayman sí está autorizado

para reclamar judicialmente en los tribunales de Puerto Rico para

cobrar la deuda de una acreencia obtenida a su favor, y no está

obligado a solicitar autorización para hacer negocios en Puerto Rico.

La determinación del TPI fue correcta en derecho y en consecuencia,

confirmamos la Resolución y orden apelada.

                                 V.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari y se confirma la Resolución y Orden recurrida.

      Lo acordó este Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones