Court Opinion

ID: 9388077
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:11:14.552786+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.235013
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

     EDGARDO L. PÉREZ,                                CERTIORARI
    MARGAMARIE MIRANDA                                procedente del
       DE JESÚS Y LA                                  Tribunal de Primera
     SOCIEDAD LEGAL DE                                Instancia, Sala
        GANANCIALES                                   Superior de Bayamón
      COMPUESTA POR
          AMBOS                                       Caso Núm.:
                                                      BY2020CV01943
         Recurridos             KLCE202201300
                                                      Sobre:
             vs.                                      Cobro de Dinero

    ALEJANDRO BRITO Y
    BRITO DEVELOPMENT
          GROUP

        Peticionarios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, jueza ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

       Comparece ante este Tribunal intermedio Alejandro Brito (en

adelante, señor Brito) y Metro Avanti Properties, Inc. h/n/c Brito

Development (en adelante, Brito Development Group), en conjunto

parte peticionaria, a través de un recurso de Certiorari instado el 29

de noviembre de 2022 y nos solicita que se revoque la Resolución

recurrida2 del Tribunal de Primera Instancia (en adelante, el TPI),

declare Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria, ordene la

devolución de los $5,000.00 dólares que fueron dados como

adelanto, se decrete el Contrato resuelto y se ordene la devolución

de las contraprestaciones que son, los planos confeccionados por el

Arquitecto Edgardo L. Pérez (en adelante, Arquitecto Pérez y/o señor

1 Véase Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023 en la que se
asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
de la Hon. Laura I. Ortíz Flores.
2 Emitida y notificada el 15 de septiembre de 2022. Apéndice de la parte

peticionaria a las págs. 29-36.

Número Identificador

RES2023 ___________
KLCE202201300                                                                 2

Pérez) y la compensación que la parte peticionaria le pagó por los

mismos.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, y

revisados los autos ante el TPI3, se deniega la expedición del auto de

Certiorari.

                                       I

       El 26 de junio de 2020, el señor Pérez, la señora Margamarie

Miranda De Jesús (en adelante, señora Miranda De Jesús) y la

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante,

SLG y en conjunto, parte recurrida), presentaron una Demanda4 en

cobro de dinero e incumplimiento de contrato contra el señor Brito

y Brito Development Group. La Demanda surge debido a que el 17

de abril de 2020, el señor Brito y Brito Development Group

alegadamente le notificaron de forma unilateral y sin previa

notificación al Arquitecto Pérez que prescindiría de sus servicios y le

instruyeron que no se mantuviese trabajando en la terminación de

los planos.5 En la demanda el señor Pérez y la señora Miranda de

Jesús solicitaron: (i) que se condenara al señor Brito y a Brito

Development Group pagarles solidariamente la suma vencida,

líquida y exigible de $236,040.00 dólares más intereses acumulados

desde la fecha de terminación unilateral que le son adeudados,

según el contrato; (ii) que se condenara al señor Brito y a Brito

Development Group al pago de gastos, costas, honorarios de

abogados por temeridad e intereses legales (desde la fecha en la cual

la parte demandada dio por terminado el contrato) hasta el pago de

lo adeudado; (iii) que se prohíba la utilización del contenido de los

planos presentados por el Arquitecto Pérez, a los cuales los

3 Este Tribunal evaluó en lo pertinente, el expediente del caso de autos ante el
TPI, a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC), con especial énfasis a las alegaciones originales de las partes, la
solicitud de sentencia sumaria y su oposición.
4 Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 381-384.
5 Apéndice de la parte peticionaria a la pág. 382.
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demandantes mantendrían su derecho de propiedad intelectual,

hasta tanto el señor Brito y Brito Development Group pagaran la

totalidad de lo adeudado por el trabajo ejecutado por el Arquitecto

Pérez.6

       El 10 de septiembre de 2020, el señor Brito y Brito

Development Group presentaron Contestación a Demanda y

Reconvención. 7 En el escrito el señor Brito y Brito Development

Group alegaron que el Contrato se dio por terminado el 17 de abril

de 2020, debido al incumplimiento del Arquitecto Pérez con el

contrato, fraude en la contratación y representaciones falsas del

Arquitecto     Pérez     sobre   su    capacidad      económica,      pericia   e

infraestructura para cumplir con lo contratado.8 Además, alegaron

que pagaron todo lo que correspondía por el contrato, por lo que no

existía una cantidad líquida y exigible que se adeudara. 9 En la

reconvención solicitaron que el TPI: (i) condenara al Arquitecto Pérez

al pago de $5,000.00 dólares en reembolso de la cantidad pagada;

(ii) declarara el Contrato nulo por vicios en el consentimiento; (iii)

ordenara la devolución de las contraprestaciones, incluyendo los

$40,000.00 dólares entregados al Arquitecto Pérez; y (iv) se

condenara al Arquitecto Pérez a resarcir la cantidad de $545,000.00

dólares que corresponde a la cantidad adicional que tuvieron que

pagar a la nueva firma de arquitectura que tuvieron que contratar.10

       Posteriormente, el 7 de octubre de 2020, el señor Pérez, la

señora Miranda De Jesús y la SLG, por ellos compuesta,

presentaron Contestación a Reconvención.11 Le solicitaron al TPI que

declarara     No    Ha     Lugar      las   peticiones       realizadas   en    la

reconvención.12 Alegaron en síntesis que: (i) el pago de $10,000.00

6 Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 383-384.
7 Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 373-380.
8 Apéndice de la parte peticionaria a la pág. 374.
9 Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 374 y 376.
10 Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 379-380.
11 Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 368-372.
12 Apéndice de la parte peticionaria a la pág. 371.
KLCE202201300                                                             4

dólares es el pago crítico donde el cliente, en este caso el señor Brito,

confirmaba el proseguir del proyecto, y que era parte de la

estructura acordada entre ellos; (ii) el pago de $10,000.00 dólares le

correspondía al señor Brito; y, (iii) que por un error completamente

involuntario se envió la factura por segunda ocasión sobre el pago

de $10,000.00 dólares, pero que el Arquitecto Pérez solo cobró la

cantidad una vez.13

         Así las cosas, el 8 de abril de 2022, la parte peticionaria

presentó una Moción de Sentencia Sumaria. 14 En dicha moción

solicitaron al TPI que dictara sentencia desestimando la demanda

en su totalidad y que en su lugar se condenara al señor Pérez, a la

señora Miranda de Jesús y a la SLG, por ellos compuesta, a

devolverles los $40,000.00 dólares pagados por los planos y

conceptos que el Arquitecto Pérez retuvo, los $5,000.00 dólares por

sobrepago, más las costas y honorarios de abogado por frivolidad.15

         La parte recurrida presentó su oposición a la misma y a su

vez, presentaron una moción de sentencia sumaria el 2 de junio de

2022, en el escrito intitulado, Oposición a Moción de Sentencia

Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria.16 En síntesis solicitaron

al TPI que: (i) declarara No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria

radicada por el señor Brito; (ii) declarara Ha Lugar su Solicitud de

Sentencia Sumaria;                   (iii) condenara al señor Brito a pagar

solidariamente la suma de $231,040.00 dólares; y (iv) condenara al

señor Brito al pago de las costas, honorarios por temeridad e

intereses legales hasta el pago de lo adeudado.17 Por su parte, el 21

de julio de 2022, la parte peticionaria presentó Réplica a “Oposición

a Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria”.18

13   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la pág. 369.
14   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   las págs. 336-372.
15   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la pág. 347.
16   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   las págs. 66-335.
17   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la pág. 81.
18   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   las págs. 37-61.
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          El 15 de septiembre de 2022, el TPI emitió y notificó

Resolución19. En la misma, el TPI concluyó que: “Luego de evaluar

los escritos presentados, el tribunal concluye que no debe utilizar el

mecanismo de sentencia sumaria para resolver la totalidad de este

caso, ya que existen controversias de hechos genuinas que, según

su juicio, deben dilucidarse en una vista de juicio en su fondo”.20

          El TPI dispuso, además, declarando No Ha Lugar la Moción de

Sentencia       Sumaria      presentada      por   el   señor   Brito   y   Brito

Development Group y también declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Sentencia Sumaria presentada por el señor Pérez, la señora Miranda

De Jesús y la SLG, por ellos compuesta. En su consecuencia, ordenó

la continuación de los procedimientos. Como parte de su dictamen,

el TPI consignó trece (13) determinaciones de hechos, como no

controvertidos, los cuales se detallan a continuación:

      1. Mediante propuesta de servicios profesionales de 21 de
         mayo de 2019, el Arquitecto Edgardo Pérez (Arquitecto o
         Demandante) propuso los términos mediante los cuales
         éste proveería “servicios profesionales para diseño, planos
         de construcción, certificación de documentos de
         construcción y servicios durante la construcción”,
         relacionados con un proyecto tipo “Senior Living” de 177
         unidades de vivienda a desarrollarse en la Carretera
         Estatal Núm. 837 de Guaynabo Puerto Rico (el Proyecto).21

      2. En torno al pago por los servicios del Arquitecto, el
         Contrato provee para el pago basado en tareas (énfasis
         suplido) - las que el Demandante dividió en cuatro fases
         como sigue:

                 Etapa 1
                         Etapa inicial de concepto del
                         proyecto Esquemático --------          $40,000

                 Desglosado de las siguientes maneras [sic]:

                         a. Al aceptar la propuesta -----       $10,000
                         b. Al presentar el plano
                            conceptual---------------------     $10,000
                         c. Al completar esquemático --         $10,000
                         d. Al completar proceso
                         de radicación Anteproyecto ---         $10,000

19   Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 29-36.
20   Apéndice de la parte peticionaria a la pág. 36.
21   Apéndice de la parte peticionaria a la págs. 332-335.
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                 Etapa 2
                       Desarrollo final del diseño y
                       Documentos de construcción
                       para       presentar          en
                       competencia y/o aplicar para
                       fondos federales ---------------        $85,000

                 Desglosado de las siguientes maneras [sic]:

                          a. Orden de proceder----------- $10,000
                          b. Al completar documento de
                          construcción de arquitectura
                          (planos y especificaciones) ---- $25,000
                          c. Al completar documentos
                          de construcción de Fases de
                          Ingenieros

                            1.   Estructura                    $10,000
                            2.   Mecánico                      $10,000
                            3.   Eléctrico                     $10,000
                            4.   Civil                         $10,000
                            5.   Consultor de Permisos         $10,000

                 Etapa 3
                       Adjudicación del proyecto.
                       Una vez llevada a cabo la
                       transacción financiera para
                       viabilizar el proyecto ----------- $390,000.00

                 Etapa 4
                       Etapa de Servicios Durante
                       Construcción    (Dividido    en
                       pagos mensuales durante el
                       periodo de construcción) ------ $150,000.00

                 Total de Honorarios                          $650,000.00.22

      3. Cónsono con el Contrato, el Dueño le pagó al Arquitecto
         Pérez la cantidad de $30,000.00, relacionados con las
         Etapa 1(a) “Al aceptar la propuesta”; Etapa 1(b) “Al
         presentar plano conceptual”; y Etapa 1(c) “Al completar
         esquemático”.23

      4. El Arquitecto no facturó la Etapa 1(d) “Al completar
         proceso de radicación Anteproyecto”, debido a que el
         Proyecto no requería la presentación de un Anteproyecto
         de construcción.24

      5. El 10 de enero de 2020, a solicitud del Arquitecto Pérez, el
         Dueño le pagó al Arquitecto $10,000.00 adicionales
         relacionados con la Etapa 2(a) del Contrato- “Orden de
         Proceder”.25

22   Apéndice de la parte peticionaria a las págs. 333-334.
23   Apéndice de la parte peticionaria a la pág. 86.
24   Id.
25   Apéndice de la parte peticionaria a la pág. 358.
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      6. Además, a solicitud del Arquitecto Pérez, el Dueño le
         desembolsó $5,000.00, como adelanto al Contrato, a la
         consultora de permisos del Arquitecto.26

      7. Sobre la gestión de los permisos del Proyecto, el Contrato
         dispone que:

         [L]os servicios del arquitecto incluyen la gestión y
         obtención de todos los endosos, autorizaciones y permisos
         correspondientes al proyecto para la construcción y
         ocupación, exceptuando Consulta de Ubicación. De ser
         necesario la radicación de Consulta de Ubicación conlleva
         un costo adicional de veinte mil dólares ($20,000.00).27

      8. El 7 de abril de 2020, el Arquitecto le remitió la factura
         “#37##” mediante la cual solicitó el pago de $10,000.00
         “por servicios prestados hasta el 7 de abril de 2020”, por
         concepto de “Orden a proceder planos de construcción”.28

      9. No obstante, los $10,000.00, por dicha partida, había,
         sido pagados el 10 de enero de 2020.29

     10. El 17 de abril de 2020 el Dueño le comunicó al Arquitecto
         verbalmente que habían tomado la decisión de terminar el
         Contrato.30

     11. La terminación de servicios fue confirmada mediante
         comunicación escrita de 4 de mayo de 2020.31

     12. Sobre la facultad para terminar el Contrato, la cláusula 9
         de dicho Contrato dispone que:

         Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el
         presente acuerdo mediante notificación escrita de la otra.
         Además, se dará por terminado este acuerdo sino le son
         asignados al proyecto los fondos necesarios para su
         desarrollo y construcción.32

     13. Al momento de la terminación del Contrato, el Arquitecto
         no había “completado” los planos arquitectónicos del
         Proyecto.33

         Por otra parte, en la Resolución emitida, el TPI también

consignó asuntos que estimó, se encuentran controvertidos, los

cuales requieren ser adjudicados luego de un desfile de prueba

donde se conceda el correspondiente valor probatorio. En síntesis,

el TPI entendió que al menos, los siguientes asuntos se encuentran

26   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la   pág.   359.
27   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la   pág.   334.
28   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la   pág.   360.
29   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la   pág.   358.
30   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la   pág.   84.
31   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la   pág.   364.
32   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la   pág.   335.
33   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la   pág.   84.
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controvertidos: (i) si la propuesta (de servicios profesionales) fue

aceptada por el señor Brito como representante de Metro Avanti

Properties Inc. h/n/c “Brito Development Group” convirtiéndose la

propuesta en el Contrato entre las partes; (ii) si conforme a la

estructura de pagos del Contrato, el desembolso por el “Consultor

de Permisos” no procede hasta “completar los documentos de

construcción de Fases de ingenieros”; (iii) si el Arquitecto Pérez y su

consultora de permisos no gestionaron ni obtuvieron permiso ni

autorización alguna, en torno al Proyecto y; (iv) si al momento de la

terminación del Contrato el Arquitecto Pérez no había completado

los documentos de construcción de Fases de Ingenieros, sino que

según alegó el Arquitecto Pérez, dichos consultores “estaban listos

para preparar sus dibujos”.34

         A raíz de ello, el 11 de octubre de 2022 la parte aquí

peticionaria presentó una Moción de Reconsideración. 35 Por su

parte, la parte aquí recurrida presentó una Moción en Cumplimiento

de Orden y Oposición a Reconsideración el 31 de octubre de 2022.36

Mediante Resolución emitida y notificada el 1 de noviembre de 2022,

el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración y Ha Lugar

la Moción en Cumplimiento de Orden y Oposición a Reconsideración.37

         No conforme con la determinación del foro primario, el 29 de

noviembre de 2022, el señor Brito y Brito Development Group

acudieron ante nos, mediante recurso de Certiorari, donde alegaron

la comisión de cinco (5) errores por el TPI, a saber:

         Primer Error – Erró el TPI y abus[ó] de su discreción al
         determinar que existen controversias de hechos que
         impiden dictar sentencia sumaria.

         Segundo Error – Erró el TPI al determinar que no
         procede dictar sentencia desestimando en forma
         sumaria la reclamación de cobro de dinero.

34   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   las págs. 34-35.
35   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   las págs. 20-28.
36   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   las págs. 2-7.
37   Apéndice   de   la   parte   peticionaria   a   la pág. 1.
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          Tercer Error – Erró el TPI al rehusar atender la
          solicitud de desestimación de la solicitud de orden por
          falta de justiciabilidad.

          Cuarto Error – Erró el TPI [al] denegar la solicitud de
          que se le condene al demandante a devolver los $5,000
          que reconoció fueron dados como adelanto.

          Quinto Error – Erró el TPI al rehusar ordenar la
          devolución de las contraprestaciones.

          El 27 de diciembre de 2022, la parte recurrida presentó ante

nos un Escrito Fijando Posición y Oposición al Certiorari. Alegaron

que el recurso de Certiorari ante nos es producto de planteamientos

frívolos y temerarios. Alegan que es incorrecta la posición planteada

en el recurso de que los trabajos no se llevaron a cabo, según ellos,

lo cual consta en los correos electrónicos. Solicitaron que se

impusiera una sanción respecto a ese particular y que se declarara

No Ha Lugar la expedición del recurso de Certiorari.

          Con el beneficio de la posición de ambas partes, procederemos

a disponer del recurso ante nuestra consideración.

                                      II

      A. Expedición del recurso de Certiorari

          Los recursos de Certiorari presentados ante el Tribunal de

Apelaciones deben ser examinados en principio bajo la Regla 52.1

de las Reglas de Procedimiento Civil.38 Esta Regla limita la autoridad

y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal mediante el

recurso de Certiorari sobre órdenes y resoluciones dictadas por los

Tribunales de Primera Instancia. La Regla lee como sigue:

          El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u
          órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
          Primera Instancia, solamente será expedido por el
          Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
          resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
          denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
          obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
          el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
          resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
          Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
          sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
          esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,

38   R.P. CIV. 52.1, 32 LPRA Ap. V.
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         anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
         familia, en casos que revistan interés público o en
         cualquier otra situación en la cual esperar a la
         apelación constituiría un fracaso irremediable de la
         justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
         Certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones
         no tiene que fundamentar su decisión. 39 Cualquier
         otra resolución u orden interlocutoria expedida por el
         Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
         recurso de apelación que se interponga contra la
         sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los
         errores no perjudiciales. 40 (Énfasis suplido).

         El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior.41 Expedir el recurso “no procede

cuando existe otro recurso legal que protege rápida y eficazmente

los derechos de la parte peticionaria”.42 Conviene desatacar que la

discreción ha sido definida como “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera”.43 A esos efectos, se ha considerado que “la discreción se

nutre de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y en un

sentido llano de justicia y no es función al antojo o voluntad de uno,

sin tasa ni limitación alguna”. 44 La Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, esboza los criterios que el Tribunal deberá

considerar para expedir un auto de Certiorari, como sigue:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
            contrarios a derecho.
         B. Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.
         D. Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los cuales
            deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
         E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
         F. Si la expedición el auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del

39   R.P. CIV. 52.1, 32 LPRA Ap. V.
40   R.P. CIV. 52.1, 32 LPRA Ap. V.
41   Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).
42   Id.
43   SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
44   Id.
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          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 45

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal

Supremo) ha establecido que un tribunal revisor no debe sustituir

su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto. 46 Quiérase decir, no hemos de

interferir con los Tribunales de Primera Instancia en el ejercicio de

sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en

que se demuestre que este último: (i) actuó con prejuicio o

parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de discreción, o (iii) se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo.47

     B. La discreción judicial

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.48 (Énfasis suplido). Un tribunal de justicia incurre en

un abuso de discreción: cuando el juez no toma en cuenta e ignora

en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho

material importante que no podía ser pasado por alto; cuando el

juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa

su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante

considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e

importantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra

livianamente.49

45 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
46 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
47 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
48 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 434. Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009).
49 Pueblo v. Rivera Santiago, Id.
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     C. La Sentencia Sumaria

       Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento

Civil50, la cual desglosa los requisitos específicos con los que debe

cumplir esta figura procesal.51 El mecanismo procesal de sentencia

sumaria es un remedio discrecional extraordinario que únicamente

se concederá cuando la evidencia que se presente con la moción

establezca con claridad la existencia de un derecho. 52 Solamente

debe ser dictada una sentencia sumaria “en casos claros, cuando el

Tribunal     tenga    ante     sí   la    verdad   sobre todos       los   hechos

pertinentes”.53

       El propósito de la sentencia sumaria es facilitar la solución

justa, rápida y económica de los litigios civiles que no presenten

controversias genuinas de hechos materiales, razón por la cual no

ameritan la celebración de un juicio en su fondo. 54 En otras

palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo

cuando esté claramente convencido que la vista evidenciaria es

innecesaria. 55 Al no haber controversia sustancial y real sobre

hechos materiales, sólo falta aplicar el derecho pertinente a la

controversia.56 Por lo tanto, una controversia en torno a hecho no

materiales, de existir, no impide que el tribunal dicte una sentencia

por la vía sumaria.57

       En      consonancia          con    lo    anterior,     el    mecanismo

de sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar

los calendarios judiciales y evitar el derroche de dinero y tiempo que

50 32 LPRA Ap. V. (2009).
51 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).
52 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).
53 Id. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986).

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 726 (1994). Cuadrado Lugo
v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990).
54 García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 337 (2001). Pilot Life Ins. Co. v.

Crespo Martínez, 136 DPR 624, 632 (1994).
55 Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).
56 García Rivera et al. v. Enríquez, supra.
57 H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor, 133 DPR 945 (1993).
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implica la celebración de un juicio en su fondo.58 La Regla 36.3 de

Procedimiento Civil59, detalla el procedimiento que deben seguir las

partes al momento de solicitar que se dicte una sentencia sumaria

a su favor. A esos efectos, establece que una solicitud al amparo de

ésta deberá incluir: (i) una exposición breve de las alegaciones de las

partes; (ii) los asuntos litigiosos o en controversia; (iii) la causa de

acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la

sentencia sumaria; (iv) una relación concisa, organizada y en

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se

encuentre en el expediente del tribunal; (v) las razones por las cuales

debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y

(vi) el remedio que debe ser concedido.60

       Por su parte, la Regla 36.3 inciso (a)(4) de procedimiento Civil

dispone:

       (a) La moción de sentencia sumaria se notificará a la
           parte contraria y contendrá lo siguiente: …
       (4) una relación concisa, organizada y en párrafos
       enumerados de todos los hechos esenciales y
       pertinentes sobre los cuales no hay controversia
       sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas
       de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en
       evidencia donde se establecen estos hechos, así como
       de cualquier otro documento admisible en evidencia que
       se encuentre en el expediente del tribunal…61

       Por otro lado, la Regla 36.3 inciso (c) de Procedimiento Civil

lee como sigue:

       (b) Cuando se presente una moción de sentencia
           sumaria y se sostenga en la forma provista en esta

58 Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615, 630 (2009). Padín v. Rossi, 100
DPR 259, 263 (1971). William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203
DPR 687, 699 (2019).
59 32 LPRA Ap. V (2009).
60 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 (2009). Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940

(2018). William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra, 698.
61 R.P. CIV. 36.3 (a)(4), 32 LPRA Ap. V.
KLCE202201300                                                                         14

            Regla 36, la parte contraria no podrá descansar
            solamente en las aseveraciones o negaciones
            contenidas en sus alegaciones, sino que estará
            obligada a contestar en forma tan detallada y
            específica como lo haya hecho la parte promovente.
            De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria
            en su contra si procede. 62

       Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3

establece que:

       La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si
       las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
       interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
       declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia
       demuestran que no hay controversia real sustancial en
       cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como
       cuestión     de     derecho,     el    tribunal    debe
       dictar sentencia sumaria a     favor    de   la   parte
       promovente.63

       Sin embargo, el solo hecho de no presentar evidencia que

controvierta la presentada por la parte promovente no implica que

necesariamente proceda la sentencia sumaria.64

       Conforme ha resuelto el Tribunal Supremo, el demandante no

puede descansar en las aseveraciones generales de su demanda,

“sino que, a tenor con la Regla 36.5, estará obligada a demostrar

que [tiene] prueba para sustanciar sus alegaciones”. 65 Las meras

afirmaciones no bastan.66 “Como regla general, para derrotar una

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente”.67

       Ahora bien, reiteradamente el Tribunal Supremo ha indicado

que, el mecanismo de sentencia sumaria no es el apropiado para

62 R.P. CIV. 36.3 (c), 32 LPRA Ap. V.
63 García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323 (2001). Roldán Flores v. M.
Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018). Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra,
225. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, 430.
64 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, 913. García Rivera et al. v. Enríquez,

153 DPR 323, 338 (2001). Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 DPR
538, 549 (1991). Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, supra, 281. Corp. Presiding
Bishop CJS of LDS v. Purcell, supra, 721.
65 Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 (1983). Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010).
66 Id.
67 Ramos Pérez v. Univisión, supra, 215. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra,

677.
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resolver casos en donde hay elementos subjetivos, de intención,

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad

sea esencial. 68 De la misma manera, también ha dicho que “hay

litigios y controversias que por la naturaleza de los mismos no hacen

deseable o aconsejable el resolverlos mediante una sentencia

sumariamente dictada, porque difícilmente en tales casos el

Tribunal puede reunir ante sí toda la verdad de los hechos a través

de ‘affidavits' o deposiciones”.69

       El Tribunal Supremo se expresó en cuanto al proceso de

revisión de las sentencias sumarias y estableció que en dicho

proceso el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar

que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición

cumplan con los requisitos de forma codificados en la referida

Regla 36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos materiales

en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 70 , de exponer concretamente

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el

Derecho a la controversia.71

       La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: (i)

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (ii) haya

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas;

68 Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507, 521 (1999). Soto v. Hotel Caribe
Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR
656, 663 (2017).
69 Elías y otros v. Chenet y otros, supra. García López v. Méndez García, 88 DPR

363, 380 (1963).
70 32 LPRA Ap. V (2009).
71 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 679. Meléndez González v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 118-119 (2015).
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(iii) surja de los propios documentos que se acompañan con la

moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial;

o (iv) como cuestión de derecho, no proceda.72 Además, al revisar la

determinación del TPI respecto a una sentencia sumaria, estamos

limitados de dos maneras: (i) solo podemos considerar los

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia;

(ii) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó

de forma correcta. 73 Las partes no pueden añadir en apelación

exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentados

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el

foro apelativo.74 Mientras que el segundo limita la facultad del foro

apelativo a revisar si en el caso ante su consideración existen

controversias reales en cuanto a los hechos materiales, pero no

puede adjudicarlos.75 También, se ha aclarado que al foro apelativo

le es vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa,

porque dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia.76

                                    III

      Habida cuenta de que el recurso ante nuestra consideración

se trata de un Certiorari, este Tribunal intermedio debe determinar,

como cuestión de umbral, si procede su expedición. Tal como se

desprende del recuento procesal del caso, el recurso ante nos

impugna la denegatoria de una solicitud de sentencia sumaria. A

raíz de ello, tratándose una solicitud de sentencia sumaria de un

escrito de carácter dispositivo, conforme la Regla 52.1 de las Reglas

72 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, 208 DPR 310, 335 (2021).
73 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 114.
74 Id.
75 Íd., a la pág. 115.
76
   Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).
KLCE202201300                                                       17

de Procedimiento Civil 77 , estamos en posición de acoger o no el

recurso discrecional del Certiorari instado.

          Es menester destacar, que la revisión de una denegatoria de

sentencia sumaria procede de novo ante este foro. A los fines de

resolver este caso, debemos en primera instancia determinar si las

partes cumplieron con los requisitos formales que dimanan de la

Regla 36.3 de Procedimiento Civil.78 Luego de analizada la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por la parte aquí peticionaria y la

Oposición a Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por la parte aquí recurrida, somos del criterio de que las

partes cumplieron satisfactoriamente con los requisitos impuestos

por la regla antes mencionada. Por consiguiente, nos queda

determinar si existe una controversia real sobre hechos materiales

y esenciales, y si el TPI aplicó correctamente el derecho.

          Evaluado      detenidamente   el   expediente   y   habiendo

considerado de novo los escritos y documentos de las partes en torno

a la petición de sentencia sumaria, no advertimos error en la

determinación efectuada por el foro recurrido en torno a la

existencia de hechos en controversia, ni sobre la consecuente

denegación de la resolución sumaria de la causa por la existencia

de estos, como cuestión de derecho. Es decir, no encontramos

indicio de que el TPI haya actuado de forma arbitraria ni caprichosa,

o haya abusado en el ejercicio de su discreción o cometido algún

error de derecho. Así pues, conforme a los criterios esbozados en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones que guían

nuestra discreción para ejercer la facultad revisora ante este tipo de

recurso, no identificamos fundamentos jurídicos que nos muevan a

expedir el auto solicitado.

77   R.P. CIV. 52.1, 32 LPRA Ap. V.
78   R.P. CIV. 36.3, 32 LPRA Ap. V.
KLCE202201300                                                         18

         Lo aquí resuelto, advertimos, no tiene efecto de juzgar o

considerar en los méritos ninguna de las controversias de derecho

planteadas por las partes, de modo que estas podrían ser planteadas

nuevamente en una etapa posterior al juicio en su fondo. Es decir,

la denegatoria de esta Curia a expedir un recurso de Certiorari no

implica que el dictamen revisado esté libre de errores o que

constituya una adjudicación en los méritos.79 Esto es así, ya que,

como es sabido, una resolución de denegatoria de un auto

de Certiorari no implica posición alguna de este Tribunal respecto a

los méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso. 80 La

resolución denegatoria simplemente es indicio de la facultad

discrecional del tribunal revisor de negarse a revisar en determinado

momento una decisión emitida por el tribunal de instancia. 81

                                        IV

         Por los fundamentos que anteceden, y luego de haber

evaluado el expediente en su totalidad, las posiciones de las partes,

aplicando el alcance de nuestra función como tribunal revisor, se

deniega la expedición del recurso de Certiorari. Se devuelve el caso

al foro primario para la continuación de los procedimientos.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones

79   Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 12 (2016).
80   SLG v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992).
81   Id., 756.