Court Opinion

ID: 9381037
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:11:06.849297+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.305848
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI

 MARÍA DE LOS ÁNGELES                           Certiorari
   VILLARRUBIA RUIZ                             procedente del
                                                Tribunal de Primera
        Peticionaria                            Instancia, Sala
                                                Superior de
              v.                                Aguadilla

AGUADA EMERALD FIELDS
   CANNABIS WELLNESS
  CENTER, LLC., NATALIA
 ALBERTORIO RIVERA EN                 Caso Núm.:
SU CARÁCTER PERSONAL,                 AU2020CV00428
       COMO SOCIO
    ADMINISTRADORA Y    KLCE202300048
 AGENTE RESIDENTE DE
AGUADA EMERALD FIELDS
   CANNABIS WELLNESS                  Sobre:
 CENTER, LLC., EMERALD                Ley General de
     HOLDINGS, LLC.,                  Corporaciones de
     WILFREDO ORTIZ,                  Puerto Rico,
 PERSONA NATURAL ABC,                 Incumplimiento de
 PERSONA JURÍDICA DEF                 Contrato, Dolo,
                                      Daños y Perjuicios
        Recurridos

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      Comparece la señora María de los Ángeles Villarubia Ruiz (en

adelante, señora Villarubia Ruiz y/o peticionaria), ante este

Tribunal revisor, mediante un recurso de certiorari, en el cual nos

solicita que revisemos la Orden emitida y notificada el 9 de diciembre

de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Aguadilla (en adelante, TPI). En virtud del dictamen emitido, el TPI

dio por cumplido el descubrimiento cursado por la señora Villarubia

Ruiz a Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness Center, LLC, (en

adelante, Aguada Emerald y/o recurrida).

Número Identificador

RES2023______________
KLCE202300048                                                                  2

        Por los fundamentos que más adelante se exponen, se

desestima el recurso de certiorari presentado, por falta de

jurisdicción.

                                              I

        El 13 de diciembre de 2020, la señora Villarubia Ruiz presentó

una Demanda contra los demandados de epígrafe1. En la misma

alegó, en síntesis, incumplimiento contractual, violaciones a la Ley

General de Corporaciones, dolo, daños y perjuicios. Posteriormente,

la demandante enmendó sus alegaciones en dos ocasiones

adicionales. Esto es, el 28 de enero de 2021, presentó Demanda

Enmendada2 y el 15 de marzo de 2022, instó una Segunda Demanda

Enmendada3. Por su parte, el codemandado, señor Wilfredo Ortiz

Aponte y la parte codemandada Emerald Holdings, LLC, presentaron

sus contestaciones a la segunda demanda enmendada4. Con

relación a la parte codemandada Aguada Emerald, esta presentó

una Contestación a Segunda Demanda Enmendada y dos (2) días

después,       presentó        una     Contestación         a   Segunda   Demanda

Enmendada y Reconvención Enmendada.5

        Luego de varios incidentes procesales, los cuales no

pormenorizaremos, por no ser atinentes a la controversia de autos,

dio inicio el descubrimiento de prueba. Esta etapa fue constatada

luego de examinar el expediente judicial ante nuestra consideración,

así como, los autos ante el TPI, a través del Sistema Unificado de

Manejo y Administración de Casos (en adelante, SUMAC). De los

autos ante el TPI se desprende que el descubrimiento de prueba

debe culminar el 15 de mayo de 20236.

1
  Entrada 1 al expediente judicial del TPI en SUMAC.
2
  Entrada 12 al expediente judicial del TPI en SUMAC.
3
  Entrada 178 al expediente judicial del TPI en SUMAC.
4
  Entrada 201 y 207 al expediente judicial del TPI en SUMAC.
5
  Entradas 202 y 208 al expediente judicial del TPI en SUMAC.
6
  Entrada 468 al expediente judicial del TPI en SUMAC.
KLCE202300048                                                                     3

       Según surge de los autos, 5 de diciembre de 2022, la señora

Villarubia Ruiz, presentó una Solicitud de Orden sobre Producción de

Documentos y una Moción Incluyendo Anejos de Solicitud de Orden

de Producción de Documentos7. Con relación a esta solicitud, el 7 de

diciembre de 2022, notificada al día siguiente, el TPI emitió Orden

en la cual dispuso lo siguiente:

             “Se ordena a la señora Natalie Albertorio como
       administradora de Aguada Emerald producir los
       documentos requeridos al inciso 6 en Moción de orden
       sobre producción de documentos presentada por la
       parte demandante.

              Si no puede producirlo expréselo y si puede y no
       lo hace, el Tribunal tomará determinaciones en la
       vista...”8

       Un día siguiente a la notificación de esta Orden, entiéndase,

el 9 de diciembre de 2022, la codemandada Aguada Emerald

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden9. Arguyó que “allá

para el 21 de noviembre de 2022, la Sra. Natalia Albertorio contestó

la producción de documentos notificada por la parte demandante

que es exactamente la misma que se copia en la solicitud de orden

de la demandante del pasado lunes 5 de diciembre de 2022.”

Acompañó, además, un documento intitulado Contestaciones a

Segunda Producción de Documentos. En cuanto al escrito presentado

por Aguada Emerald, el 9 de diciembre de 2022, Tribunal dispuso:

“Cumplido descubrimiento.”10 Dicha orden fue notificada en esa

misma fecha.

       Con relación a la Orden antes aludida, el 16 de diciembre de

2022, la señora Villarubia Ruiz presentó, en lo pertinente, una

moción de reconsideración11. Adujo que, la Orden emitida por el TPI

7 Apéndice de la peticionaria a las páginas 3-6 y entrada 448 al expediente judicial
del TPI en SUMAC.
8 Apéndice de la peticionaria a la página 7 y entrada 469 al Expediente Judicial

del TPI en SUMAC.
9 Apéndice de la peticionaria a las páginas 8-13.
10 Apéndice de la peticionaria a la página 14.
11 Apéndice de la peticionaria a las páginas 15-19. El escrito fue intitulado Moción

de reconsideración y reiterando solicitud de imposición de sanciones.
KLCE202300048                                                                  4

el 9 de diciembre de 202212, fue emitida luego de que Aguada

Emerald, presuntamente indujo a error al TPI, presentando un

“alegado cumplimiento” con relación a la Orden emitida el 7 de

diciembre de 2022.13 En su escrito de reconsideración, la señora

Villarubia Ruiz arguyó, además que, tal cumplimiento no había

ocurrido, puesto que los documentos requeridos no fueron

producidos. Por su parte, el 19 de diciembre de 2022, Aguada

Emerald, presentó su oposición a la moción de reconsideración.14

       El 19 de diciembre de 2022, el TPI emitió Resolución,

notificada el 20 de diciembre de 2022, con relación a la moción de

reconsideración presentada por la señora Villarubia Ruiz. En la

misma ordenó, en síntesis, a Aguada Emerald y/o Natalia Albertorio

a cumplir la Orden del 7 de diciembre de 2022, so pena de severas

sanciones y de que el Tribunal concluyera que no producían los

documentos por ser adversos a su teoría del caso.15

       Dos    (2)   días    después      de    emitir    la   Resolución      en

Reconsideración, es decir, el 21 de diciembre de 2022, el TPI emitió

y notificó una segunda Resolución, esta vez en relación con la

oposición a la moción de reconsideración. En la referida Resolución,

el TPI dispuso No Ha Lugar a la moción de reconsideración.16

       Inconforme con la determinación que emitió el Tribunal el 9

de diciembre de 2022, el 18 de enero de 2023, la peticionaria acudió

ante este foro intermedio mediante recurso de certiorari, donde alegó

la comisión por el TPI, de un (1) error, a saber:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia e
      incurrió en prejuicio, parcialidad y craso abuso de su
      discreción al dictar la Resolución del 21 de diciembre
      de 2022. A pesar de que Aguada Emerald no ha
      producido       los      documentos        solicitados;

12 Apéndice de la peticionaria a la página 14.
13 Apéndice de la peticionaria a la página 7 y entrada 469 al Expediente Judicial
del TPI en SUMAC.
14 Apéndice de la peticionaria a las páginas 20-32.  El documento fue intitulado
Oposición a moción de reconsideración y reiterando solicitud de imposición de
sanciones.
15 Apéndice de la peticionaria a la página 33.
16 Apéndice de la peticionaria a la página 1.
KLCE202300048                                                            5

      constituyendo este proceder una violación al debido
      proceso de ley de la parte recurrente.

       El 6 de febrero de 2023, la recurrida compareció ante este

Tribunal mediante una Solicitud de Desestimación.

       En síntesis, la recurrida, en su solicitud de desestimación

sostiene que la peticionaria incumplió con las disposiciones del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, específicamente con la

Regla 33(A)17 y (B)18. Además, alegó que no procede la expedición del

auto de certiorari, amparándose en la Regla 40 del referido

Reglamento y en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil19. Por

su parte, el 13 de febrero de 2023, la peticionaria presentó Oposición

a Solicitud de Desestimación.

       De igual forma, el 13 de febrero de 2023, la recurrida presentó

su Alegato en Oposición.

       Como cuestión de umbral, luego de haber examinado los

planteamientos presentados en la solicitud de desestimación y su

oposición, así como los autos del presente caso y el contenido de los

autos originales del caso ante el TPI en el Sistema Unificado de

Manejo     y   Administración   de        Casos   (en   adelante,   SUMAC),

procederemos a resolver.

                                     II

A. Jurisdicción

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su

consideración. AAA v. Unión Independiente Auténtica de Empleados

de la AAA, 199 DPR 638, 651-52. Los tribunales adquieren

jurisdicción por virtud de ley, por lo que no pueden arrogársela ni

las partes pueden otorgársela. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE,

196 DPR 289, 296 (2016). Es norma reiterada en nuestro

17
  4 LPRA Ap. XXII-B R. (A).
18 4 LPRA Ap. XXII-B R. (B).
19 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
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ordenamiento, que: “los tribunales deben ser celosos guardianes de

su jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción

allí donde no la tienen”. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR

239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873,

882 (2007); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra. Es norma

reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción de los

tribunales para atender los recursos ante su consideración

constituyen materia privilegiada. AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR

273, 279 (2002). De manera que, debido a su naturaleza

privilegiada, las cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas con

preferencia, ya sea porque fuera cuestionada o motu proprio, pues,

por su naturaleza, incide directamente sobre el poder que tiene para

adjudicar las controversias. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364,

372 (2018).

      Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción,

debe declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus

méritos. Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B. De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos

será nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar. Bco. Santander

v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016); Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Es decir, una sentencia,

dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia nula en

derecho y, por lo tanto, inexistente. Montañez v. Policía de Puerto

Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).

B. La presentación y notificación de un recurso de certiorari

      Conforme     dispone   nuestro    ordenamiento     jurídico,   el

perfeccionamiento de un recurso de certiorari, en lo relativo su

presentación y a su notificación a las partes está regulado por la

Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Estas
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disposiciones reglamentarias deben observarse rigurosamente para

el correcto perfeccionamiento de los recursos20.

         La Regla 33 (A) del citado Reglamento, dispone la manera en

que se presentará un recurso de certiorari y lee de la siguiente

forma:

         “El recurso de certiorari que se someta a la
         consideración del Tribunal de Apelaciones, y sus tres
         copias, podrá presentarse [. . .] o en la Secretaría de la
         sede del Tribunal de Primera Instancia en la cual se
         resolvió la controversia objeto de revisión.

         [. . .] De presentarse el recurso de certiorari en la
         Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia
         en la cual se resolvió la controversia objeto de revisión,
         la Secretaría del tribunal recurrido retendrá una copia
         del escrito de certiorari y la parte peticionaria notificará
         a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones dentro de
         las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación
         de la solicitud, el original del escrito con el arancel
         cancelado y tres copias del mismo debidamente
         selladas por la Secretaría del tribunal recurrido, con la
         fecha y la hora de su presentación. El término aquí
         dispuesto será de cumplimiento estricto.” Énfasis
         suplido.

         Por su parte, la Regla 33 (B) dispone sobre cómo se notificará

el recurso de certiorari a las partes y lee de la siguiente forma:

         “La parte peticionaria notificará la solicitud de
         certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora
         de presentación, a los abogados o abogadas de
         récord, [. . .] dentro del término dispuesto para la
         presentación del recurso. Este término será de
         cumplimiento estricto. Efectuará la notificación por
         correo certificado con acuse de recibo o mediante un
         servicio similar de entrega personal por compañía
         privada con acuse de recibo. Cuando se efectúe por
         correo, se remitirá la notificación a los abogados o
         abogadas de las partes, [. . .] La parte peticionaria
         certificará el hecho de la notificación en la propia
         solicitud de certiorari. La fecha del depósito en el
         correo se considerará como la fecha de la notificación
         a las partes. La notificación mediante entrega personal
         deberá hacerse en la oficina de los abogados o las
         abogadas que representen a las partes, entregándola a
         éstos o éstas, o a cualquier persona a cargo de la
         oficina. [. . .] En caso de entrega personal, se
         certificarán la forma y las circunstancias de tal
         diligenciamiento, lo que se hará dentro de las
         próximas cuarenta y ocho horas. El término aquí
         dispuesto será de cumplimiento estricto. [. . .]”
         Énfasis suplido.

20   Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).
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      Con relación a los términos de cumplimiento estricto, el foro

judicial no está sujeto al automatismo que conlleva el término

jurisdiccional, sino que puede proveer justicia según lo ameriten las

circunstancias. Los requisitos de cumplimiento estricto se pueden

observar tardíamente si existe y se demuestra de forma detallada y

cabal una causa justa para no haber cumplido rigurosamente con

tales términos. Pueblo v. Pérez Suárez, 146 DPR 665 (1998). Estos

requisitos de cumplimiento estricto se pueden observar tardíamente

si existe y se demuestra detallada y cabalmente una justa causa

para no cumplir rigurosamente con los mismos, de forma tal que el

tribunal pueda estar en posición de resolver y ejercer su discreción

de manera prudente. Pueblo v. Pérez Suárez, 146 DPR 665 (1998)

supra.

      Para que un tribunal pueda eximir a una parte del requisito

de observar fielmente un término de cumplimiento estricto, deben

estar presentes las siguientes dos condiciones: (1) que en efecto

exista justa causa para la dilación y (2) que la parte le demuestre

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la

dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera

adecuada la justa causa aludida. Arriaga v. FSE, 145 DPR 122

(1998).

                                 III

      Un análisis de los planteamientos de las partes, incluyendo la

revisión de los autos ante este Tribunal intermedio y ante el TPI, a

través del SUMAC, evidencian que la peticionaria cumplió con los

requerimientos que impone el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, específicamente en cuanto a la Regla 33 (A), más no así

en cuanto a la Regla 33 (B). Veamos.

      En la Solicitud de Desestimación la recurrida esgrimió varias

alegaciones por las cuales el recurso de certiorari debía ser

desestimado, incluyendo en las mismas una oposición a la
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expedición      del    auto     de    certiorari.    Sin    embargo,       solo

pormenorizaremos las que son atinentes, como cuestión de umbral.

Entre las alegaciones para sustentar su solicitud de desestimación,

la recurrida esgrimió tres, las cuales sintetizamos de la siguiente

forma: (i) la peticionaria alegadamente no presentó ante el TPI, la

carátula del recurso en las setenta y dos (72) horas reglamentarias,

desde su radicación; (ii) la peticionaria alegadamente no notificó

adecuadamente el recurso de certiorari a la Lcda. María del Carmen

Gitany Alonso; y (iii) la peticionaria alegadamente no notificó el

recurso de certiorari al Lcdo. César T. Alcover Acosta.

       En primer lugar, debemos destacar nuevamente que, los

autos del presente caso ante el TPI se encuentran en el SUMAC, por

tanto, no existe un expediente físico en el foro primario. Conforme

al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, una vez se presenta un

recurso ante esta Curia, la peticionaria debe presentar ante el TPI,

dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas, la carátula del

recurso presentado. Un examen de los autos del foro primario y de

los que se encuentran ante este Tribunal intermedio, revelan que la

peticionaria acreditó haber notificado por correo certificado el

recurso de certiorari al TPI el 19 de enero de 202321. Sin embargo,

no fue hasta el 23 de enero de 2023, que el TPI recibió el sobre con

la carátula, determinando devolverlo a la peticionaria, debidamente

ponchado, pero sin radicar en el expediente judicial, bajo el

siguiente fundamento: “SE DEVUELVE SOLICITUD DE CERTIORARI

RECIBIDO EL 23 DE ENERO DE 2023, YA QUE EL MISMO DEBE

SUBIRLO AL SISTEMA SUMAC”22. Este documento fue publicado en

el SUMAC el 24 de enero de 2023, en un documento preparado por

21 Moción en Cumplimiento de Orden, presentada por la peticionaria ante esta
Curia el 31 de enero de 2023.
22 Véase Entrada 521 al Expediente Judicial del TPI en SUMAC y el denominado

Exhibit 3 de la Solicitud de Desestimación, presentada por la recurrida, el 6 de
febrero de 2023.
KLCE202300048                                                               10

la Secretaria Regional del foro recurrido e intitulado Hoja de

Trámite.23

       En el orden de los eventos, en esa misma fecha, entiéndase,

el 24 de enero de 2023, el TPI publicó también en SUMAC una Carta

Informando Presentación de Recurso en el Tribunal de Apelaciones24.

Esta carta constituye la notificación del Tribunal intermedio, al TPI

y a las partes, en torno a la presentación del recurso de certiorari

que nos ocupa, la cual contiene, además, el número de caso ante

esta Curia.

       Dos (2) días después de que se publicara en el SUMAC la Hoja

de Trámite, entiéndase, el 26 de enero de 2023, la peticionaria

presentó ante el TPI, una Moción para informar presentación de

recurso ante el Tribunal de Apelaciones25. En esa misma fecha, se

presentó, además, un escrito idéntico, el cual incluyó como anejo,

dos (2) documentos26. Al revisar los documentos que fueron

incluidos, nos percatamos de que el primer anejo es la carátula del

recurso de certiorari del caso ante nuestra consideración, y el

segundo es una copia de un recibo de envío por correo certificado.

Al revisar el recibo, no pudimos identificar claramente a quién iba

dirigido, ni la fecha en que se depositó en el correo, así como

tampoco, el número de seguimiento. Sin embargo, al revisar los

autos del presente caso, pudimos constatar que el recibo de envío

por correo certificado antes indicado correspondió a la notificación

al TPI, recibido en el servicio de correo postal el 19 de enero de 2023,

y entregado al TPI el 23 de enero de 202327. Esta última fecha,

coincide con el día en que el TPI recibió la correspondencia, según

hemos expuesto. Observamos, además, que la carátula del recurso

23 Es necesario aclarar, que publicar un documento en SUMAC es un trámite en
el cual se incluye un documento en el expediente electrónico. No contiene como
tal, un volante de notificación, salvo que así surja.
24 Véase Entrada 525 al Expediente Judicial del TPI en SUMAC.
25 Véase Entrada 529 al Expediente Judicial del TPI en SUMAC.
26 Véase Entrada 530 al Expediente Judicial del TPI en SUMAC.
27
   Número de seguimiento 7022 0410 0000 5628 0795.
KLCE202300048                                                        11

de certiorari cuenta con un ponche de presentación en la parte

superior derecha, que lee de la siguiente forma: “ENE23’23 C.J.A.

CORREO AM 11:08”.

      Todo este tracto sin duda confirma que: (i) el 19 de enero de

2023, la peticionaria depositó en el correo el documento que

contenía la carátula del recurso de certiorari; (ii) el 23 de enero de

2023, el TPI recibió el documento a las 11:08 am y en esa misma

fecha se preparó una Hoja de Trámite para devolver el mismo a la

peticionaria porque debía ser cargado a SUMAC; (iii) el 24 de enero

de 2023, el TPI publicó en SUMAC la Hoja de Trámite en relación a

este asunto; y (iv) el 26 de enero de 2023, la peticionaria notificó

nuevamente la carátula del recurso al TPI, pero esta vez, cargando

la misma a través del SUMAC.

      Con relación a este particular, nos parece que, aunque la

peticionaria incidió en el trámite requerido para presentar

documentos en casos a través del SUMAC, lo cierto es que el recurso

fue notificado al TPI de forma oportuna, por correo certificado con

acuse de recibo. No nos parece irrazonable que tomando en

consideración que (i) la peticionaria envió por correo certificado con

acuse de recibo la carátula del recurso de certiorari presentado ante

esta Curia al TPI el sábado, 19 de enero de 2023; (ii) la

correspondencia fue recibida en el TPI el 23 de enero de 2023; (iii) la

Hoja de Trámite para devolver el documento a la peticionaria fue

preparada por la Secretaria Regional, el 23 de enero de 2023, pero

publicada en el SUMAC el 24 de enero de 2023; considerando,

además, que esta Hoja de Trámite debió haberse notificado por

correo, con la carátula del recurso de certiorari devuelto; todo esto

haya provocado que la peticionaria cargara al SUMAC la carátula del

recurso presentado ante esta Curia, el 26 de enero de 2023. Lo

adecuado hubiese sido que, desde el principio, la peticionaria

hubiese cargado al SUMAC la carátula del recurso de certiorari,
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puesto a que los autos del caso recurrido se encuentran en el SUMAC

y no en un expediente físico. Sin embargo, dadas las circunstancias

antes expresadas, consideramos que existe una justa causa para la

dilación en cargar la carátula del recurso presentado en el SUMAC y

existe una base razonable, que se sustenta, además, del propio

expediente judicial ante el TPI, para que esta situación haya

ocurrido. Por tanto, y dados los fundamentos aquí esbozados, no

procede   desestimar    el   recurso   de    certiorari   por   alegado

incumplimiento con la Regla 33 (A) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones.

      En segundo lugar, la recurrida expuso en su solicitud de

desestimación que la peticionaria incumplió con el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones esbozando dos razones adicionales, al

amparo de la Regla 33 (B). La primera es una alegada inadecuada

notificación a una de las representantes legales de las partes, y la

segunda es una alegada falta de notificación del recurso a una de

las partes.

      Adelantamos que, con relación a la inadecuada notificación a

una de las representantes legales, no le asiste la razón. Veamos.

      La recurrida expuso que la peticionaria notificó el recurso a

una de las representantes legales de las partes, entiéndase, la

licenciada Gitany Alonso a una dirección incorrecta. Según la

recurrida, el recurso de certiorari le fue notificado por correo

certificado a la Urb. Paraíso de Mayagüez, Calle Bondad #5,

Mayagüez, P.R. 00680, pero debió decir Urb. Paraíso de Mayagüez

Calle Bondad #15, Mayagüez, P.R. 00680. Revisados los autos del

presente caso, pudimos constatar que no es correcta la alegación y

que en efecto la peticionaria notificó correctamente a la licenciada

Gitany Alonso. Su inobservancia fue al completar el comprobante

del envío por correo certificado, documento que posteriormente

utilizó la peticionaria para alegar a esta Curia, haber notificado a la
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licenciada Gitany Alonso. En este comprobante, fue que la

peticionaria escribió el #5, en vez del #15. Sin embargo, un examen

de los documentos provistos por la peticionaria nos lleva a concluir

que el sobre donde se notificó el recurso de certiorari, el cual,

casualmente, fue devuelto por el servicio postal por no haber sido

reclamado, contenía la dirección correcta de la licenciada Gitany

Alonso. Por tanto y según hemos expuesto, no le asiste razón a la

peticionaria a los fines de que existiera un defecto en la notificación

a la licenciada Gitany Alonso.

          En cambio, la recurrida plantea como otra causa para la

desestimación, que otra de las partes en el presente caso, no fue

notificada del recurso de certiorari. Es decir, la recurrida alegó que

el Lcdo. César T. Alcover Acosta, quien representa a otra de las

partes en este caso, no fue notificado del recurso presentado ante

esta Curia. Revisados los autos, notamos que en el recurso de

certiorari, la peticionaria certificó haber notificado copia del mismo

al Lcdo. César T. Alcover Acosta a su dirección en G.P.O. Box

364924, San Juan, Puerto Rico 00936-4924. Sin embargo, en la

Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual la peticionaria expresó

haber cumplido con la referida notificación, no obra prueba de tal

envío y esa es la contención de la peticionaria. Por su parte, en la

Oposición a Solicitud de Desestimación, la peticionaria expresó que

esta alegación era falsa y en una nota al calce, expresó, en síntesis,

que el recurso de certiorari le había sido entregado al licenciado

Alcover Acosta personalmente, el 19 de enero de 202328.

          Contando con las posiciones de ambas partes en torno a este

particular, no pudimos constatar en los autos ante esta Curia, en la

Moción en Cumplimiento de Orden, presentada por la peticionaria, al

momento en que acreditó la notificación del recurso y mucho menos,

28   Oposición a Solicitud de Desestimación.
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de la Oposición a Solicitud de Desestimación, que se hubiese

acreditado al Tribunal, que, en efecto, la alegada entrega personal

del recurso al licenciado Alcover Acosta se realizó. La peticionaria

tampoco informó sobre las razones para tal cambio en la forma en

que alegadamente se notificó el recurso, específicamente, en cuanto

al licenciado Alcover Acosta y mucho menos, se demostró justa

causa para el alegado cambio.

      Tomando en consideración que la peticionaria no cumplió con

las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del

recurso ante nos, tal falta incide en la autoridad que tiene esta Curia

para entender sobre los méritos del recurso de certiorari presentado.

Siendo así, carecemos de jurisdicción para dirimir la controversia

sometida ante nuestra consideración.

                                  IV

      Por los fundamentos expuestos, se declara Ha Lugar la

Solicitud de Desestimación. En su consecuencia, se desestima el

presente recurso por falta de jurisdicción, ante el incumplimiento

con las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del

mismo    y   no    haber    acreditado   justa   causa     para   dicho

incumplimiento.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves disiente por entender que el

recurso debió ser denegado. Ello, toda vez que el dictamen recurrido

no es revisable al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones