Court Opinion

ID: 9916081
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:55.937863+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.421814
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL IX

    ÁNGEL MARTÍNEZ REYES                              REVISIÓN JUDICIAL
                                                      procedente de
        PETICIONARIO                                  Gobierno de Puerto
                                                      Rico, Junta de
                                                      Libertad Bajo
                                   KLRA202300542      Palabra
                                                      _____________
              V.                                      Caso Número:
                                                      147489
                                                      Confinado Número:
                                                      1-701567
    JUNTA DE LIBERTAD BAJO                            ______________
           PALABRA                                    SOBRE:
                                                      No Concesión del
           RECURRIDA                                  Privilegio de
                                                      Libertad Bajo
                                                      Palabra-Volver a
                                                      Considerar

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas,
el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

                             SENTENCIA1
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Comparece ante nos, por derecho propio, el Sr. Ángel

Martínez     Reyes     (señor    Martínez    Reyes    o   Peticionario)    y

solicita que revisemos una Resolución emitida por la Junta de

Libertad Bajo Palabra (en adelante Junta) el 20 de junio de

2023, archivada en autos el 3 de julio de 2023. Por medio del

referido dictamen, la Junta determinó que el señor Martínez

Reyes   no   cualificaba        para   beneficiarse    del   privilegio   de

libertad bajo palabra.

      Examinado el recurso presentado, así como el derecho

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción.

                                       -I-

      El 7 de junio de 2023, la Junta celebró una vista para

la consideración del peticionario al privilegio de libertad

bajo palabra. Así pues, el señor Martínez Reyes compareció

1 Conforme a la Resolución emitida por la Junta el 20 de junio de 2023,
el caso del señor Ángel Martínez Reyes volverá a ser considerado para el
privilegio de libertad bajo palabra en enero de 2024.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023___________________
KLRA202300542                                                   Pág. 2 de 6

desde     la    Institución     Correccional       de   Ponce     Principal,

mediante el sistema de videoconferencia. Además, compareció a

la vista el técnico de servicios sociopenales, Dimas Torres

Sánchez.

      Así las cosas, el 20 de junio de 2023, la Junta emitió

una     Resolución     mediante   la    cual   esbozó     las     siguientes

determinaciones de hechos:

         1- El peticionario está clasificado en custodia
            mínima desde el 11 de junio de 2019.
         2- El peticionario extingue sentencia de ciento
            catorce (114) años por Asesinato en primer
            grado e Infracción a la Ley de Armas.
         3- Al peticionario le fue realizada la toma de
            muestra de ADN el 28 de marzo de 2007.
         4- El peticionario cuenta con las terapias de
            Trastornos    Adictivos   desde    el   9   de
            septiembre de 2003.
         5- El   peticionario    completó   las   terapias
            psicológicas de Aprendiendo a Vivir sin
            Violencia el 26 de junio de 2003 de la
            Sección   del   Programa   de   Evaluación   y
            Asesoramiento (SPEA). Cuenta con evaluación
            psicológica de 28 de agosto de 2020.
            Conforme a los hallazgos de la evaluación
            psicológica realizada al peticionario el 10
            de junio de 2003, requerimos que este le sea
            realizada una evaluación psiquiátrica por
            Salud Correccional, que incluya diagnósticos
            y si amerita tratamiento farmacológico.
         6- El peticionario no propuso oferta de empleo.
            Sin embargo, este está exento de este
            requisito debido a que cuenta con más de
            sesenta (60) años de edad.
         7- El peticionario no propuso amigo consejero.
            Sin embargo, este está exento de este
            requisito debido a que cuenta con más
            sesenta (60) años de edad.
         8- El peticionario propuso residir en el hogar
            de su hermana, María Martínez Reyes en Toa
            Baja. Sin embargo, de la investigación
            realizada en la comunidad surgió que este
            hogar no resultó viable. El peticionario
            deberá someter otro hogar.

      Conforme a lo anterior, la Junta determinó que el señor

Martínez       Reyes   no   cumplió    con   los   requisitos      para   ser

elegible para el beneficio de libertad bajo palabra. Ello,

debido a que el peticionario no propuso oferta de empleo, ni

amigo consejero y el hogar propuesto para residir no resultó

viable, así como otros factores. Sin embargo, la Junta indicó
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en su Resolución que el caso del señor Martínez Reyes volverá

a ser considerado para el privilegio de libertad bajo palabra

en enero del 2024.

     Finalmente, en lo pertinente al presente caso, en dicho

dictamen se apercibió al peticionario de lo siguiente:

     “La parte afectada por la presente Resolución,
     podrá radicar ante la Junta, una Reconsideración
     de la misma, dentro del plazo de veinte (20) días
     contados a partir de la fecha en que fue
     notificada. Dicha solicitud de Reconsideración
     deberá   presentarse   por  escrito,   consignando
     claramente la palabra Reconsideración como título
     y así como también en el sobre de envío.

     […]

     De    no   optar    por    el  procedimiento   de
     Reconsideración ante la Junta, la parte afectada
     podrá, dentro del término de treinta (30) días
     contados a partir de la fecha del archivo en
     autos de esta Resolución, presentar un recurso de
     revisión    judicial    ante  el    Tribunal   de
     Apelaciones.”

     No    surge     del     expediente     que   el     recurrente   haya

solicitado una reconsideración de la resolución emitida por

la Junta.2

     Finalmente, el 18 de octubre de 2023, el señor Martínez

Reyes   presentó     el    recurso   ante   nuestra    consideración.      En

síntesis, alegó que la Junta no consideró otros recursos que

existen en la comunidad para determinar su elegibilidad al

programa de libertad bajo palabra.

     Luego      de    examinar       el     expediente     ante   nuestra

consideración, estamos en posición de resolver.

2 El recurrente hizo formar parte del presente recurso los siguientes
documentos: (a) la portada de un sobre titulado "Reconsideración"; (b) un
Recibo de Formulario o Correspondencia dirigido a la Junta de Libertad
Bajo Palabra con fecha de 2 de agosto de 2023; (c) un Recibo de
Formulario o Correspondencia dirigido a la Lcda. Aixa Pérez Mink con
fecha de 21 de septiembre de 2023; (d) un escrito titulado Moción de
Reconsideración, sin evidencia alguna de si fue presentado o no; (e) una
Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 20 de junio
de 2023; (f) un Acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento con
fecha de 21 de julio de 2023 y; (g) una Escala de Reclasificación de
Custodia.
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                                       -II-

A. Jurisdicción

     Según ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico,

resulta    indispensable         que     los        recursos      apelativos        se

perfeccionen según lo exige la ley y el Reglamento de este

Tribunal.3 Las partes tienen la responsabilidad de observar

rigurosamente       el       cumplimiento             de        los       requisitos

reglamentarios      para    perfeccionar           los   recursos      presentados

ante la consideración del Tribunal Supremo y el Tribunal de

Apelaciones.4

     Es    norma    reiterada,         que    el     comparecer       por    derecho

propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento con las

reglas    procesales.5     Por   tanto,        el    incumplimiento         con   las

normas    jurídicas        pertinentes         para        la    presentación        y

perfeccionamiento del recurso ante nuestra consideración nos

priva de jurisdicción para atenderlo.

     La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un

tribunal para considerar y decidir casos o controversias.6

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente

ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar

es   el   aspecto    jurisdiccional.7           Esto,       debido    a     que   los

tribunales tienen la responsabilidad indelegable de examinar,

en primera instancia, su propia jurisdicción.8

     Así pues, los tribunales debemos ser celosos guardianes

de nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos relacionados

3 Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005); Rojas v.
Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).
4 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); DACO v. Servidores

Públicos Unidos, 187 DPR 704, 707 (2013); M-Care Compounding v. Dpto. de
Salud, 186 DPR 159, 176 (2012).
5 Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714, 722 (2003).
6 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, 200 DPR 254, 267 (2018). Véanse,

además: Yumac Home v. Empresas Massó, supra; Mun. de San Sebastián v. QMC
Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR
445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); Cruz
Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); S.L.G. Solá-Moreno
v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).
7 Id., pág. 268; Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-

234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; Cruz Parrilla
v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403.
8 Id.; Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457.
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con    ésta    son    privilegiados       y    deben       atenderse          de   manera

preferente.9 Como es sabido, es deber ministerial de todo

tribunal,      cuestionada       su    jurisdicción         por      alguna        de    las

partes o incluso cuando no haya sido planteado por éstas,

examinar y evaluar con rigurosidad el asunto jurisdiccional,

pues   éste     incide     directamente        sobre       el    poder    mismo         para

adjudicar una controversia.10

       En   consonancia,      constituye           norma    reiterada         el    de    la

importancia de cumplir con los términos, debido a que un

recurso     presentado      de   modo     prematuro,            al   igual      que      uno

tardío,       priva   de    jurisdicción           al   tribunal         al    cual      se

recurre.11      En    consecuencia,           su     presentación         carece          de

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el

momento de su presentación no ha habido autoridad judicial o

administrativa para acogerlo.12

       Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones disponen lo siguiente:

       (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento
       la desestimación de un recurso por los motivos
       siguientes:

       (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
       jurisdicción;
       […]

       (C) El    Tribunal  de   Apelaciones,  a   iniciativa
       propia, podrá desestimar un recurso de apelación o
       denegar un auto discrecional por cualesquiera de los
       motivos consignados en el inciso (B) precedente.13

                                      -III-

       Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración,

concluimos que el peticionario presentó tardíamente el mismo.

Veamos.
9  Id.; Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág.660; Horizon v.
Jta. Revisora, RA Holdings, supra, pág.234; Cordero et al. v. ARPE et
al., supra, pág.457.
10 Id.; Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 123; Yumac Home v. Empresas

Massó, supra, pág. 103; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR
1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).
11 Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).
12 Rodríguez v. Segarra, 150 DPR 649 (2000).
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C).
KLRA202300542                                                        Pág. 6 de 6

        En el presente caso, el señor Martínez Reyes alegó que

presentó una reconsideración ante la Junta. Sin embargo, no

surge    del    expediente     evidencia      alguna       que   indique    que    el

escrito        de   reconsideración           fue        presentado        por      el

peticionario. A pesar de que el señor Martínez Reyes incluyó

en su recurso de revisión una copia de un escrito titulado

Moción de Reconsideración, dicho escrito no aparece ponchado

y tampoco encontramos evidencia en el expediente que indique

que el mismo fue presentado. Siendo ello así, esta Curia está

impedida       de   tomar     como    cierto        el     hecho     de    que    una

reconsideración haya sido presentada. Por lo cual, el término

de treinta (30) días para solicitar revisión judicial comenzó

a contar desde que la Resolución emitida por la Junta fue

archivada en autos, a saber: el 3 de julio de 2023.

        Aquí, la Junta emitió una Resolución el 20 de junio de

2023, la cual fue archivada en autos el 3 de julio de 2023.

Es decir, el peticionario tenía hasta el 3 de agosto de 2023,

para    presentar      el   recurso    de   revisión       judicial       ante    este

Tribunal de Apelaciones. No obstante, el recurso de revisión

ante nuestra atención fue presentado el 18 de octubre de

2023. En otras palabras, el señor Martínez Reyes presentó el

recurso      ante   nos     tardíamente.       En        consecuencia,      estamos

impedidos      de   acoger     el     presente       recurso        por   falta     de

jurisdicción.

                                       -IV-

        Por los fundamentos antes expresados, se desestima el

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

        Lo   acuerda    y   manda     el    Tribunal       y   lo    certifica     la

Secretaria del Tribunal.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones