Court Opinion

ID: 9941371
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:29:13.701112+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.271168
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL I

LEGACY MORTGAGE ASSET                                   Recurso de Certiorari
        TRUST                                           procedente del Tribunal
                                                        de Primera Instancia,
        Recurrido                                       Sala Superior de
                                                        Coamo
             v.                 KLCE202301343

 SUCESIÓN DE ANDRÉS                                     Caso Núm.
DAVID ROSARIO Y OTROS                                   CO2019CV00577

CARMEN DAVID ROSARIO
                                           Sobre:
       Peticionaria                        Cobro de Dinero y
                                           Ejecución de Hipoteca
                                           por la Vía Ordinaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

                                          -I-

       Comparece la Sra. Carmen David Rosario (señora David Rosario

o peticionaria), y solicita que revisemos una Resolución con fecha de

31 de octubre de 2023 emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Coamo (TPI),1 en la que dicho foro declaró No Ha

Lugar una Moción Sobre Relevo de Sentencia Al Amparo del Debido

Proceso de Ley, Nulidad de Sentencia y Ejecución y Sobre Paralización

de Orden de Mandamiento de Lanzamiento presentada por dicha parte

en el caso Legacy Mortgage Asset Trust 2019-GS6 (Legacy Mortgage o

recurrido) v. Sucesión de Andrés David Rosario y otros.

       Por las razones que expondremos a continuación, denegamos

expedir el auto de certiorari solicitado. Veamos el tracto procesal y las

normas jurídicas que sostienen nuestra determinación.

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo XI, págs. 40-53.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202301343                                                        2

                                  -II-

        El caso ante nuestra consideración se remite al 6 de diciembre

de 2019 cuando Legacy Mortgage instó una Demanda sobre cobro de

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra Andrés David

Rosario, Gloria Castellano Martínez y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por ambos.2 En la misma se adujo que el

matrimonio David-Castellano suscribió un pagaré a favor de

Associates Finance, Inc., o a su orden por la suma de $30,599.99 de

principal, intereses a razón de 14.15% anual, entre otras sumas que

incluyen costas, gastos y honorarios de abogados. Para garantizar

dicho pagaré, el matrimonio David-Castellano hipotecó un inmueble

en Coamo, Puerto Rico mediante la Escritura Núm. 124, otorgada el

28 de julio de 2001 ante la notario Arlene Echevarría Rodríguez. En la

demanda, Legacy Mortgage esgrimió ser la sucesora en derecho y

tenedora de buena fe del pagaré. Enunció que, desde el 2 de abril de

2019, declaró la totalidad de la deuda vencida. Indicó que, al 27 de

septiembre de 2019, el matrimonio David-Castellano adeudaba

$10,804.08 de principal y un balance diferido de $1,329.00 para un

total de $12,133.08, intereses al 13.64880%, los cuales continúan

acumulándose hasta el saldo total de la deuda, 5% de cargo por pago

vencido, más $6,119.99, para cubrir costas, gastos y honorarios de

abogados. Arguyó que resultaron infructuosos los esfuerzos para

requerirle el pago de la deuda al matrimonio David-Castellano. Por

cuanto, reclamó que, continuar con el incumplimiento del pago de la

deuda, el TPI ordenara la ejecución y venta en pública subasta del

inmueble, entre otros remedios.

        Posteriormente, el 24 de febrero de 2020, Legacy Mortgage,

presentó una moción informativa en la que notificó que, dado que el

codemandado Andrés David Rosario falleció y no se encontró caso

2 Íd., Anejo I, págs. 1-3.
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alguno sobre declaratoria de herederos, presentaría una Demanda

enmendada para incluir a los posibles herederos desconocidos como

Fulano de Tal, Fulana de Tal, Zutano de Tal, Zutana de Tal, Herederos

desconocidos A, B y C y a la señora Gloria Castellano Martínez en su

participación en la cuota viudal usufructuaria.3 Además, añadió como

codemandado al Secretario del Departamento de Hacienda.

        Conjunto con la moción informativa, Legacy Mortgage anejó una

declaración jurada suscrita el 23 de diciembre de 2019 por la

emplazadora Cahineé Medina Fernández.4 Esta declaró que el 17 de

diciembre de 2023 compareció al inmueble objeto del pleito y encontró

que en el mismo residían el señor Salvador Pérez Vega, excuñado del

fallecido, y su hija, la señora Joanne Pérez. El señor Pérez Vega le

manifestó que el señor Andrés David Rosario no procreó hijos, pero le

sobrevivieron dos (2) hermanos: Carmen David Rosario y Juan David

Rosario. Le expuso que la señora Joanne Pérez realizaba los pagos de

la hipoteca al banco. La emplazadora se personó a la residencia de la

señora David Rosario, quien confirmó ser la hermana del fallecido,

desconocía la dirección de su hermano Juan David Rosario, y expresó

que, desde el año 2004, su hija, la señora Joanne Pérez, pagaba la

hipoteca en controversia.

        Así las cosas, el 26 de febrero de 2020 el TPI emitió y notificó

una Orden en la que autorizó la Demanda Enmendada y la expedición

de los emplazamientos e interpelación por edicto, incluyendo como

desconocidos a los herederos del señor Andrés David Rosario.5 Surge

de los autos el 28 de septiembre de 2021 estos fueron emplazados e

interpelados.6

        Tras varios trámites procesales, el 28 de octubre de 2021,

Legacy Mortgage solicitó la anotación de rebeldía y sentencia en

3 Íd., Anejo II, págs. 4-6.
4 Íd., Anejo IV, págs. 12-13.
5 Tomamos conocimiento judicial del expediente del caso CO2019CV00577 en el
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada Núm. 21.
6 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo VI, págs. 15-16.
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rebeldía dado que los demandados no presentaron su contestación a

la demanda ni alegación responsiva.7

         Así las cosas, el 3 de noviembre de 2021, el TPI anotó la rebeldía

a la parte demandada.8 Posteriormente, el 6 de diciembre de 2021, el

Foro Primario dictó Sentencia en la que declaró Ha Lugar la Demanda.9

Subsiguientemente, el 27 de enero de 2022, el tribunal de instancia

emitió una Orden para librar un mandamiento de ejecución de la

Sentencia.10 Ulteriormente, el 22 de junio de 2022, la propiedad se

subastó y se adjudicó a la propia Legacy Mortgage.11

         El 16 de febrero de 2023, la señora David Rosario presentó su

Moción en la que sostuvo que Legacy Mortgage nunca la emplazó

personalmente, a pesar de que, desde el 17 de diciembre de 2019,

conocía que era heredera del señor Andrés David Rosario, su dirección

física y se dialogó personalmente con ella.12 Adujo que Legacy

Mortgage alegó desconocer las circunstancias personales de los

herederos del señor David Rosario, a sabiendas de dicha información.

Por ello, solicitó el relevo de la sentencia por falta de jurisdicción, la

nulidad de la ejecución de la sentencia, paralizar la Orden y

Mandamiento de lanzamiento y cualquier otro derecho que proceda.

         En oposición, el 21 de mayo de 2023, Legacy Mortgage

argumentó que, al momento de enmendar la Demanda, no se había

realizado una declaratoria de herederos, por lo que la peticionaria

carecía de legitimación activa para el reclamo. Por otro lado, estableció

que el término de seis (6) meses para solicitar relevo de sentencia era

fatal.

7 Íd., Anejo VII, págs. 17-19.
8 Entrada Núm. 48 en SUMAC.
9 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo VIII, págs. 20-23. Archivada y notificada

en autos el 16 de diciembre de 2021.
10 Entrada Núm. 52 en SUMAC.
11 Entrada Núm. 62 en SUMAC.
12 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo X, págs. 26-32.
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        El 31 de octubre de 2023, el TPI emitió una Resolución en la que

declaró No Ha Lugar a la solicitud presentada por la David Rosario.13

Fundamentó su determinación en que, dado que no se acreditó que,

en efecto, la aquí peticionaria era heredera del señor Andrés David

Rosario, no podía determinar si se omitió una parte indispensable, ni

dar por ciertas meras alegaciones.

        Inconforme, el 30 de noviembre de 2023, la señora David

Rosario acudió ante nos mediante el presente recurso de certiorari, en

el que le atribuyó al TPI la comisión del siguiente error:

        ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
        AL RESOLVER QUE EN AUSENCIA DE UN TESTAMENTO O
        DECLARATORIA DE HEREDEROS, SE PUEDE EMPLAZAR A
        LOS MIEMBRO DE UNA SUCESIÓN UTILIZANDO NOMBRES
        FICTICIOS DE HEREDEROS DESCONOCIDOS AUN CUANDO,
        EN CASOS COMO EL PRESENTE QUE, SÍ SE CONOCÍA EL
        VERDADERO NOMBRE DE LOS HEREDEROS Y SE SABÍA LA
        DIRECCIÓN DE LA PETICIONARIA.

        En síntesis, la peticionaria nos planteó si era posible emplazar

a los miembros de una sucesión mediante edicto, utilizando nombres

ficticios, a pesar de que la parte demandante conoce sus nombres y

direcciones. Además, aseveró que el hecho de que no exista un

testamento o una declaratoria de herederos, no exime a la parte

demandante de cumplir con el debido proceso de ley de emplazar a los

herederos conocidos.

        El 20 de diciembre de 2023, Legacy Mortgage compareció ante

nos y alegó que, dado que no se realizó una declaratoria de herederos,

los hermanos David Rosario no demostraron ser los herederos del

señor Andrés David Rosario.

        En vista del error imputado al TPI, exponemos la normativa

jurídica atinente a este recurso.

13 Íd., Anejo XII, págs. 40-53.
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                                   -III-

                                    -A-

      El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se

asienta en la sana discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al

intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la expedición

de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y

excepciones contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras

I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019). La

mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo". 800 Ponce de

León v. AIJ, supra. Por su parte, cuando se consideran remedios post

sentencia, nos corresponde evaluar la situación al amparo de las

disposiciones de la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, el cual

establece los criterios que debemos considerar al momento de ejercer

nuestra facultad discrecional:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
      el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a
      la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados,
      o de alegatos más elaborados.
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      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
      la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

De no estar presente algunos de estos criterios, corresponde

abstenernos de expedir el auto de certiorari.

                                    -B-

      El emplazamiento es un mecanismo procesal civil que

constituye un imperativo constitucional, en torno al debido proceso de

ley. Tiene la finalidad de notificarle a una parte demandada sobre la

existencia de una reclamación en su contra para que, si desea, ejerza

su derecho de comparecer al juicio, ser oída y presentar prueba a su

favor. Martajeva v. Ferré Morris y otros, 210 DPR 612, 620 (2022);

Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 480 (2019); Bernier

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). A la vez, este

mecanismo procesal inviste al tribunal de jurisdicción sobre la persona

demandada, de manera que quede obligada por su determinación. Íd.;

Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379, 384 (2021). Pues, “[l]a

jurisdicción sobre la persona está inexorablemente atada al debido

proceso de ley”. Natal Albelo V. Romero Lugo y otros, 206 DPR 465, 468

(2021). En este sentido, el “emplazamiento representa el paso

inaugural del debido proceso de ley que hace viable el ejercicio de la

jurisdicción judicial y su adulteración constituye una flagrante

violación al trato justo”. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 507

(2003). Debido al imperioso rol del emplazamiento en la política

pública de notificar a una parte demandada sobre el pleito en su

contra y no privar a una persona de su propiedad sin un debido

proceso de ley, la parte demandante tiene la obligación de dar

cumplimiento estricto a los requerimientos del emplazamiento. Rivera

Marrero v. Santiago Martínez, supra. La inobservancia de estos
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requerimientos acarrea que el tribunal carezca de jurisdicción sobre la

persona. Por esto, el máximo foro judicial reiteró que toda sentencia

dictada contra una persona que no se emplazó conforme a derecho, se

considera inválida y no se puede ejecutar. Lucero v. San Juan Star,

supra, págs. 507-508.

      La Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3,

dispone que el emplazamiento se puede diligenciar mediante entrega

personal o edicto. Es norma trillada que el emplazamiento personal es

la forma idónea para que un tribunal adquiera jurisdicción. Caribbean

Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1005 (2021). Por

excepción, se permite emplazar mediante edicto en las siguientes

circunstancias específicas:

      Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico,
      que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de
      realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser
      emplazada, o si es una corporación extranjera sin agente
      residente y así se compruebe a satisfacción del tribunal
      mediante una declaración jurada que exprese dichas
      diligencias, y aparezca también de dicha declaración o de la
      demanda presentada que existe una reclamación que justifica
      la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser
      emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito,
      el tribunal podrá dictar una orden para disponer que el
      emplazamiento se haga por un edicto.

      ...

      Cuando se trate de parte demandada desconocida, su
      emplazamiento se hará mediante edictos en conformidad con
      lo dispuesto en esta regla, dándose cumplimiento sustancial a
      dichas disposiciones en todo lo posible. Regla 4.6. de
      Procedimiento Civil, supra, R. 4.6.

      La declaración jurada que exprese las diligencias realizadas

para contactar a la persona demandada de forma personal debe

contener hechos específicos y no meras conclusiones de Derecho.

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 988 (2020). No obstante,

las gestiones informadas no deben ser en realidad el producto de una

recitación automática de alegaciones estereotipadas para obtener la

autorización   de   emplazar     mediante     edicto,   abstrayendo     las

circunstancias particulares del caso. Lanzo Llanos v. Banco de la

Vivienda, 133 DPR 507, 514 (1993).
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      Por otro lado, las normas aplicables a la persona demandada

desconocida son vinculantes para las situaciones en las que la persona

demandante conoce la identidad, más no así cuando se desconoce su

verdadero nombre, ni cuando conoce su nombre e identidad. Ortiz v.

Gobierno Mun. de Ponce, 95 DPR 472, 478 (1967).

                                   -C-

      A tenor con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 49.2,

una parte puede librarse de los efectos de una sentencia si demuestra

una de las siguientes razones:

      (a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
      (b) Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una
      debida diligencia, no puedo haber sido descubierta a tiempo
      para solicitar un nuevo juicio (…)
      (c) Fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
      “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”) falsa
      representación u otra conducta impropia de una parte
      adversa;
      (d) Nulidad de la sentencia;
      (e) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
      cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha
      sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería
      equitativo que la sentencia continúe en vigor, o
      (f) Cualquier otra razón que justifique la concesión de un
      remedio contra los efectos de una sentencia.

      La citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 49.2

“aplica sólo en aquellas raras instancias en que existe un error

jurisdiccional o una violación al debido proceso de ley que privó a una

parte de la notificación o de la oportunidad de ser oída”. J. A. Cuevas

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da. ed., San Juan,

Publicaciones JTS, 2011, pág. 1415. Por otro lado, la persona

peticionaria está obligada a justificar su solicitud de relevo de

sentencia, amparándose en algunas de las causales establecidas en la

regla. Reyes v. ELA. et al., 155 DPR 799 (2001). Empero, constituye

una decisión discrecional del juzgador de relevar a una parte de los

efectos de una sentencia, excepto medie nulidad o la sentencia en

cuestión sea satisfecha. Pérez Ríos y otros v. ELA y otros, 2023 TSPR

136, 213 DPR __ (2023); HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689 (2020);

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003).
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      Como regla general, la moción solicitando relevo de sentencia

debe presentarse dentro de un término razonable, nunca posterior a

transcurridos seis (6) meses de registrarse el dictamen judicial o

llevarse a cabo el procedimiento. Dicho término es fatal, por lo que la

presentación de una moción solicitando relevo de sentencia

transcurrido el periodo de seis (6) meses, priva al tribunal de

jurisdicción para atenderla. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004).

“Sin embargo, dicho plazo es inaplicable cuando se trata de una

sentencia nula”. Íd.     Una sentencia es nula cuando se dictó sin

jurisdicción o, al dictarse, se quebrantó el debido proceso de ley. García

Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 543 (2010). Al respecto,

el Tribunal Supremo dispuso lo siguiente:

      Resulta necesario puntualizar que, en estricto derecho,
      únicamente lo “anulable” puede ser objeto de “relevo” por el
      tribunal al amparo de las disposiciones de la antes citada Regla
      49.2 de Procedimiento Civil; ello en vista del hecho de que lo
      “anulable” es una identidad real bajo el palio de lo jurídico.
      Debe quedar claro, sin embargo, que lo que es “nulo” no puede
      ser objeto de “relevo” de parte de un tribunal, pues lo nulo
      nunca tuvo eficacia alguna, nunca “nació” en derecho, nunca
      existió.

      Una sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una
      sentencia nula en derecho y, por lo tanto, inexistente. En
      consecuencia, debe quedar claro que cuando la Regla 49.2 de
      Procedimiento Civil, supra, habla de “nulidad” de una
      sentencia hemos de entender que necesariamente se refiere a
      casos de “anulabilidad”. En otras palabras, el plazo de seis (6)
      meses que establece la citada Regla 49.2 es inoperante ante
      una sentencia “nula”, no así ante una alegación de
      “anulabilidad” de una sentencia.

      Dicho de otra forma, la discreción que tiene un tribunal, al
      amparo de las disposiciones de la referida Regla 49.2 de
      Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los efectos de
      una sentencia resulta inaplicable cuando se trata de una
      sentencia que es “nula”; si es nula, no hay discreción para el
      relevo, hay obligación de decretarla nula. Montañez v. Policía de
      PR, 150 DPR 917, 921-922 (2000).

      Recientemente, el máximo foro judicial reiteró que “cuando una

sentencia es nula y se solicita el relevo de la sentencia mediante el

mecanismo provisto por la Regla 49.2 [de Procedimiento Civil, supra,

R. 49.2], resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica”. Pérez

Ríos y otros v. ELA y otros, supra. Esto, independientemente de los

méritos o la reclamación que le asista a la persona perjudicada. López
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García v. López García, 200 DPR 50, 61 (2018); García Colón v. Sucn.

González, supra, págs. 543-544.

       Además, esta regla no limita el poder del tribunal bajo las

siguientes circunstancias:

       (1) conocer de un pleito independiente con el propósito de
       relevar a una parte de una sentencia, una orden o un
       procedimiento;
       (2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya
       sido emplazada, y
       (3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al
       tribunal. Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 49.2
       (Énfasis nuestro).

                                   -D-

       El   mecanismo       procesal     de       acumulación   de   parte

indispensable está predicado en la Regla 16.1 de Procedimiento

Civil, supra, R. 16.1. Una parte indispensable es aquella sin cuya

presencia no se puede adjudicar el pleito debido a que sus derechos

quedarán afectados. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto

Rico: Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan: Lexisnexis de Puerto

Rico, Inc., 2017, pág. 165. Por ello, la aludida Regla 16.1 de

Procedimiento Civil, supra, R. 16.1, dispone que “[l]as personas que

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse

la   controversia,    se   harán   partes     y    se   acumularán   como

demandantes o demandadas, según corresponda”.

       No obstante, no se trata de cualquier interés en el pleito,

puesto que debe ser un interés que impida la concesión de un

derecho adecuado sin afectar o destruir radicalmente los derechos

de la parte. López García v. López García, supra, pág. 64. A la vez,

tiene que ser un interés real e inmediato, no futuro ni meras

especulaciones. Íd.

       Esto responde a tres principios: la protección constitucional

que impide que una persona sea privada de su libertad y propiedad

sin un debido proceso de ley; la necesidad de que el dictamen

judicial sea completo y evitar la multiplicidad de pleitos. FCPR v.
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ELA et al., 2023 TSPR 26, 211 DPR 521, __ (2023); RPR & BJJ, Ex

parte, 207 DPR 389, 407 (2021); Cirino González v. Adm. Corrección

et al., 190 DPR 14, 46 (2014).

      El Tribunal Supremo estableció que, “[a]l determinar si una

persona es una parte indispensable en un pleito, se requiere un

enfoque    pragmático     e   individualizado,   a    tenor   con    las

particularidades de cada caso. FCPR v. ELA et al., supra; García

Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 549. En tal sentido, el

tribunal deberá evaluar los intereses envueltos en cada caso y

distinguir entre los diversos géneros de casos. Esto, de acuerdo con

el “tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos,

intereses en conflicto, resultado y formalidad”, FCPR v. ELA et al.,

supra, citando a Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001) y, “si

el tribunal “podrá hacer justicia y conceder un remedio final y

completo sin afectar los intereses del ausente’”. Íd. citando a Pérez

Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).

      A su vez, es norma trillada que la ausencia de una parte

indispensable priva de jurisdicción al tribunal dado que la sentencia

es nula. FCPR v. ELA et al., supra; Unysis PR, Inc. v. Ramallo Brother

Printing, Inc., 128 DPR 842, 859 (1991). Por ello, el máximo foro

judicial estableció lo siguiente:

      La falta de parte indispensable constituye un planteamiento
      tan relevante y vital que puede presentarse en cualquier
      momento, es decir, se puede presentar por primera vez en
      apelación e, incluso, un tribunal apelativo puede suscitarlo
      sua sponte, ya que[,] en ausencia de parte indispensable, el
      tribunal carece de jurisdicción. Romero v. SLG Reyes, 164
      DPR 721, 733 (2005).

      Cuando se determina que una parte indispensable está

ausente en el pleito, la acción debe ser desestimada sin perjuicio. Íd.

pág. 734. Excepto, a solicitud de parte, y sujeto a que las

circunstancias lo permitan y el tribunal pueda ejercer jurisdicción

sobre dicha parte indispensable ausente, se podrá incluir en el pleito
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sin desestimar la acción. Cirino González v. Adm. Corrección et al.,

supra, págs. 46-47.

                                 -E-

      En otro extremo, el Código Civil de 1930 definió el concepto

sucesión como “la transmisión de los derechos y obligaciones del

difunto a sus herederos”. 31 LPRA sec. 2081 (derogado). Dicha

transmisión ocurre por el simple hecho del fallecimiento del causante.

Es decir, la muerte del causante produce la apertura de la sucesión y

el inicio de la transmisión de la herencia a las personas sucesoras.

Scotiabank v. Sucn. Quiñones et al., 206 DPR 904, 918 (2021). En dicho

momento es que se le ofrece la herencia a las personas llamadas a

suceder, quienes tienen derecho de aceptar o repudiar su herencia. Íd.

No obstante, no basta con la muerte del causante para que se

adquiera una herencia, dado que la persona llamada a suceder

debe aceptarla, de forma expresa o implícita. Arrieta v. Chinea Vda.

De Arrieta, 139 DPR 525, 533 (1995). Rivera Rivera v. Monge Rivera,

117 DPR 464, 482 (1986). “Mientras no se acepte el llamamiento a

heredar, el llamado no es heredero; es meramente un heredero electo”.

E. González Tejera, Derecho de sucesiones, San Juan: Editorial de la

Universidad de Puerto Rico, T. I, 2006, pág. 185. La aceptación o

repudiación de la herencia es un acto voluntario, libre e irrevocable,

cuyo efecto se retrotrae al momento del fallecimiento del causante.

Scotiabank v. Sucn. Quiñones et al., supra, 920. Aun así, el Tribunal

Supremo ha resuelto que mientras la herencia esté yacente, se

entenderá que existe la personalidad del causante. Rivera Rivera v.

Monge Rivera, supra; Sucn. Criado v. Martínez et al., 25 DPR 334, 336

(1917); Figueroa v. Registrador, 18 DPR 260, 262 (1912).

      El título que acredita la sucesión legal se conoce como la

declaratoria de herederos mientras que la condición de heredero

voluntaria se acredita mediante testamento. E. González Tejera, op.

cit., pág. 26. Pero, a falta de testamento válido, la declaratoria de
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herederos es el procedimiento correspondiente al tribunal para

establecer la condición herederos. Íd. pág. 186. Empero, la declaratoria

de herederos no implica la automática aceptación de la herencia por

su mera radicación. Íd. Una persona tercera interesada en la herencia

puede interpelar a los llamados a heredar para que decidan si acepta

o rechazan la herencia. Íd. pág. 187.

      Considerando la normativa antes expuesta, resolvemos.

                                   -IV-

      En el caso ante nuestra consideración, la señora David Rosario

plantea que el TPI erró al declarar No Ha Lugar su solicitud de relevo

de sentencia. A su juicio, el TPI erró al permitir emplazar por edicto a

la sucesión del señor Andrés David Rosario por ser herederos

desconocidos, cuando, sostiene, Legacy Mortgage conocía su identidad

y dirección, por lo que se contravino a su debido proceso de ley.

      Tras un minucioso análisis de los hechos particulares, así como

la totalidad del expediente de este caso, concluimos que no procede

intervenir con la determinación recurrida.

      Sostiene la peticionaria que las acciones de Legacy Mortgage

vulneraron el debido proceso de ley de los hermanos David Rosario,

puesto que la parte demandante, a través de las diligencias de la

emplazadora,    efectuadas    en    una   etapa    temprana    de    los

procedimientos, tenía conocimiento de la identidad y dirección física

de, por lo menos, la señora David Rosario como heredera del señor

Andrés David Rosario. No obstante, tal y como se expresara en la

exposición de derecho que antecede, la condición de heredero no se

produce en forma automática con la muerte del causante, sino que

ocurre el llamamiento del heredero potencial para que este o estos

decidan la opción que desean dentro de las que les provee el

ordenamiento civil.

      Así las cosas, un examen del expediente demuestra que durante

la totalidad del trámite ante el foro primario la peticionaria no pudo
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evidenciar conforme al ordenamiento legal su alegada condición de

heredera. Es decir, esta no presentó una Resolución de Declaratoria

de Herederos que acreditase dicha condición. De otra parte, nos llama

la atención la dejadez de la peticionaria, pues esta, conforme a su

propia teoría, a pesar de conocer que había un procedimiento judicial

conducente al cobro de una deuda, con el potencial de afectar la

titularidad del bien hipotecado, optó por no tomar ninguna acción,

hasta luego de culminados los procedimientos ante el foro primario.

      Conforme a lo concluido por el TPI, no procedía la concesión de

una moción de relevo de sentencia ante meras alegaciones, sin

sustentar conforme a derecho.

                                     -V-

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari solicitado.

      Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones