Court Opinion

ID: 9916162
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:26:17.331222+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:12.437206
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

     LUIS JOSÉ                                     APELACIÓN
 RODRÍGUEZ PÉREZ Y                                 procedente del
      OTROS                                        Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
 Demandante-Apelados                               Superior de San
                                                   Juan
             v.
                                 KLAN202300714     Caso Núm.
 DEPORTES SALVADOR                                 SJ2021CV00391
 COLOM, INC. Y OTROS
                                      CONS.        Sala: 805
 Demandada-Apelantes
                                               SOBRE: DAÑOS Y
------------------------------   KLCE202300892 PERJUICIOS
        LUIS JOSÉ                              --------------------------
 RODRÍGUEZ PÉREZ Y                             CERTIORARI
          OTROS                                procedente del
                                               Tribunal de Primera
             v.                                Instancia, Sala
                                               Superior de San
      Demandantes-                             Juan
       Recurridos

 DEPORTES SALVADOR                                 Civil Núm.
   COLOM, Y OTROS                                  SJ2021CV00391

       Demandados
                                                   SALA: 805

     UNIVERSAL
 INSURANCE COMPANY                                 SOBRE: DAÑOS Y
                                                   PERJUICIOS
Demandada-Peticionaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

      En cuanto al recurso KLAN202300714, comparece la parte

apelante, Deportes Salvador Colom, Inc., (en adelante, “apelante” o

“Deportes SC”), para solicitarnos que se revise la Sentencia Parcial

emitida el 13 de junio de 2023, notificada el 14 de junio de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en

adelante, (“Tribunal de Primera Instancia”), mediante la cual

desestimó sin perjuicio la Demanda en cuanto al demandante Luis

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                     2

José Rodríguez Pérez (en adelante, “señor Rodríguez Pérez” o

“Apelado”), por ser prematura.

      En cuanto al recurso KLCE202300892, comparece la parte

peticionaria,   Universal   Insurance     Company,      (en   adelante,

“peticionario” o “Universal”), para solicitarnos que se revise la

Resolución emitida el 30 de mayo de 2023, notificada el 1 de junio

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual se

declaró “No Ha Lugar” la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.

      Examinadas las solicitudes de autos, la totalidad de los

expedientes y el estado de derecho aplicable ante nuestra

consideración, resolvemos lo siguiente: 1) en cuanto al caso

KLAN202300714, se confirma en cuanto a la desestimación sin

perjuicio de la causa de acción del Sr. Rodríguez Pérez y

modificamos la Sentencia apelada para ordenar la paralización de

los procedimientos hasta la culminación de los procesos en la

Corporación del Fondo del Seguro del Estado por economía procesal,

evitando la bifurcación del pleito y posible perjuicio a las partes. Por

otro lado, 2) en cuanto al caso KLCE202300892, expedimos el

recurso de Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida por los

fundamentos que expondremos a continuación.

                                   I

      El 21 de enero de 2021, el Sr. Rodríguez Pérez, la Sra. Mayra

Díaz Rivera, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

y el menor de edad D.R.D. (en adelante y en conjunto, “Familia

Rodríguez-Díaz”) presentaron una Demanda de daños y perjuicios

en contra de Deportes SC, como patrono del Sr. Rodríguez Pérez.

Los demandantes reclamaron una indemnización por los daños y

perjuicios sufridos por el accidente del Apelado mientras este ejercía

funciones laborales en el almacén de Deportes SC. Específicamente,

se alegó que Deportes SC tuvo una plataforma mecánica instalada

en   su   almacén    y   que   alegadamente,     fue   manufacturada
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                           3

caseramente y no era apta para el transporte de personas. Según

las alegaciones de la Demanda, el señor Rodríguez Pérez sufrió una

caída debido a las deficiencias de la plataforma. Como consecuencia,

sufrió graves heridas y quedó parapléjico, entre otras cosas.

       Por su parte, el 27 de septiembre de 2021, Deportes SC

presentó Contestación a Demanda. En esta, alegó que estaba

asegurado bajo la Ley Núm. 45 de 1935, según enmendada, también

conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes

del Trabajo.1 Siendo así, el 3 de diciembre de 2021, la Familia

Rodríguez-Díaz presentó Primera Demanda Enmendada, mediante

la cual incluyó como codemandados a Inversiones Comerciales, Inc.

(en adelante “Inversiones CI”), arrendadora del inmueble donde

presuntamente ocurrieron los hechos, y a Universal Insurance

Company (en adelante “Universal”), compañía aseguradora de

Deportes SC e Inversiones CI. En su Primera Demanda Enmendada,

la Familia Rodríguez Díaz reiteró sus alegaciones contra Deportes

SC junto al remedio solicitado y añadió que Inversiones CI conocía

de   la   existencia   y   características    de   las   condiciones     que

presuntamente le ocasionaron los daños al Sr. Rodríguez Pérez.

Además, sostuvo que el incidente constituyó una ocurrencia

conforme a las pólizas expedidas por Universal, por lo que según

expresaron, Deportes SC, Inversiones CI y Universal responden

solidariamente por los daños sufridos.

       El 26 de enero de 2022, Inversiones CI presentó Contestación

a Primera Demanda Enmendada. En síntesis, aceptó ser el

arrendador del inmueble, pero negó la existencia de una relación

causal que lo vincule con los daños reclamados por la Sociedad

Legal de Gananciales y el menor D.R.D. Siendo así, el 11 de febrero

de 2022, Universal presentó Moción Incorporando por Referencia

1 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de

18 de abril de 1935, según enmendada,11 LPRA sec. 1.
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Contestación a Demanda Enmendada de Deportes Salvador Colom,

Inc.    como    Alegación    Responsiva,        en   donde   alegó    que   su

responsabilidad      está    sujeta   a   los    términos,   condiciones     y

exclusiones de la Póliza Núm. 560-000714617.

        Tras varios trámites procesales, el 21 de julio de 2022,

Deportes       SC   radicó   Moción   Solicitando      Paralización   de    los

Procedimientos y/o Desestimación Sin Perjuicio. En síntesis, arguyó

que, según las alegaciones de la Demanda y admisión de parte, el

obrero lesionado se encontraba recibiendo tratamiento en la

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, “CFSE”),

por lo que se encuentra impedido de continuar los procedimientos

hasta que la CFSE emita una resolución que sea final y firme.

Evaluada la solicitud, el Tribunal de Primera Instancia le otorgó un

término de dos (2) meses a la Familia Rodríguez-Díaz para que

presentaran resolución de la CFSE, so pena de desestimación.

        Así las cosas, trascurridos los dos meses sin que los apelados

presentaran Resolución final de la CFSE, Deportes SC solicitó

nuevamente la paralización o desestimación del pleito. El Tribunal

de Primera Instancia no realizó determinación alguna en cuanto a

esto.

        Posteriormente, el 29 de noviembre de 2022, Universal

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, en la cual alegó la

inexistencia de controversias de hechos en cuanto a la póliza, ya que

esta no ofrece cubierta para los daños reclamados en la Primera

Demanda Enmendada. Por su parte, el 30 de enero de 2023, la

Familia Rodríguez-Díaz radicó Oposición a Moción para Solicitar

Sentencia Sumaria. Arguyó que se incumplió con los requisitos de la

Regla 36 de Procedimiento Civil.2 Además, sostuvo que la póliza

emitida por Universal tiene varios endosos relevantes que añadieron

2 32 LPRA Ap. V, R. 36.
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                           5

a Inversiones CI como asegurado y que proveen cubierta para daños

a raíz de accidentes intencionales. De forma adicional, aseguró que

las cláusulas de la póliza son contradictorias y sujetas a

interpretación. En respuesta a lo anterior, Universal presentó

Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria en donde

expuso que los endosos expresamente excluyen cubierta por

conducta intencional y por los daños bajo la Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes en el Trabajo.3

        Por otro lado, no habiéndose expresado el Tribunal de Primera

Instancia en cuanto a la nueva solicitud de paralización presentada

por Deportes SC, el 13 de junio de 2023, la compañía presentó una

tercera solicitud de orden, en la cual reclamó la desestimación del

pleito. En respuesta, el Foro de Instancia emitió Sentencia Parcial

desestimando sin perjuicio la Demanda del obrero lesionado. Sin

embargo, no realizó determinación alguna en cuanto a la causa de

acción que ostenta la familia.

        Insatisfechos con la determinación, el 23 de junio de 2023,

Deportes SC presentó Moción en Reconsideración, en la cual solicitó

que se desestimara la causa de acción en cuanto a la Sra. Mayra

Díaz Rivera, la Sociedad Legal de Gananciales y el menor D.R.D.

Argumentó que en base a la inmunidad patronal que les otorga la

Ley Núm. 45-1935, según enmendada4, la familia no tiene una

causa de acción en su contra. El 2 de agosto de 2023, el Tribunal de

Primera Instancia declaró “No Ha Lugar” la Reconsideración

presentada por Deportes SC.

        Ahora bien, en cuanto a la Solicitud de Sentencia Sumaria

Parcial presentada por Universal, el Tribunal de Primera Instancia

emitió Resolución el 1 de junio de 2023, en la cual declaró “No Ha

3 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, 11 LPRA

sec. 1 et seq.
4 Id.
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                 6

Lugar” la solicitud. Fundamentó su decisión en que las cláusulas de

la póliza son oscuras y ambiguas y que, aunque el Commercial

General Liability (en adelante, “CGL”) no provee cubierta de “bodily

injury” por los hechos presentados en la Demanda, el Foro de

Instancia entiende que Inversiones CI pudiese tener cubierta por el

hecho de que el señor Rodríguez no es su empleado.

      Insatisfechos, Deportes SC presentó Reconsideración el 16 de

junio de 2023, en la cual solicitó que se considerara a Deportes SC

como asegurado y se acoja el hecho de que Puerto Rico Occupational

Safety Heath Administration (en adelante, “PR OSHA”) no señaló

conducta intencional en sus citaciones. Por su parte el Foro de

Instancia emitió Orden en la cual declaró “No Ha Lugar” la

Reconsideración presentada por Deportes SC.

      Inconformes, el 11 de agosto de 2023, Universal presentó

recurso de Certiorari KLCE202300892 en el cual levanta los

siguientes señalamientos de error:

                         PRIMER ERROR

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL
      DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE SETENCIA
      SUMARIA PARCIAL DE UNIVERSAL AL CONCLUIR
      QUE EL ENDOSO STOP GAP- EMPLOYERS LIABILITY
      PROVEE CUBIERTA, YA QUE LAS CUBIERTAS DE
      BODILY INJURY BY ACCIDENT SON DOS CUBIERTAS
      DIFERENTES CON SUS PROPIAS EXCLUSIONES, Y NO
      EXCLUIR DICHO ENDOSO EXPRESAMENTE LOS
      ACCIDENTES DE EMPLEADOS, NI SUS FAMILIARES.
      (Énfasis suplido).

                        SEGUNDO ERROR

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL
      DETERMINAR QUE NO ESTÁ CLARA LA INTENCIÓN
      DEL ENDOSO DE ASEGURADO ADICIONAL EN EL
      CUAL SE INCLUYÓ A ICI, POR TENER DUDA EL TPI
      SOBRE SI LA INTENCIÓN DEL ENDOSO FUE QUE ICI
      SE SUBROGARA EN LOS DERECHO[S] DE DSC PARA
      EFECTOS DE LAS EXCLUSIONES, POR NO ESTAR
      CLARO SI LE APLICA LA EXCLUSIÓN DE
      EMPLOYEERS LIABILITY A ICI AL IGUAL QUE LE
      APLICA A DCS, A PESAR DE ICI NO SER PATRONO
      DEL DEMANDANTE.
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                              TERCER ERROR

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL
       CONCLUIR QUE LAS DISPOSICIONES CONJUNTAS
       DEL CGL Y EL ENDOSO DE ASEGURADO ADICIONAL
       DE ICI SON “CLÁUSULAS OSCURAS Y AMBIGUAS” E
       INTERPRETARLAS A FAVOR DEL ASEGURADO.

                             CUARTO ERROR

       ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE EL CGL NO LE
       PROVEE CUBIERTA A DSC, PERO “ICI SI PUDIERA
       TENER CUBIERTA” POR EL HECHO QUE EL
       DEMANDANTE NO ES SU EMPLEADO.

       Por otra parte, en cuanto al caso KLAN202300714, Deportes

SC presentó recurso de Apelación ante este foro revisor el 14 de

agosto de 2023, señalando el siguiente error:

       EL TPI ERRÓ AL NO DESESTIMAR LA TOTALIDAD DE
       LAS CAUSAS DE ACCIÓN EN LA DEMANDA Y
       PERMITIR LA CONTINUACIÓN FRAGMENTADA DE UN
       PROCESO JUDICIAL SOBRE LOS DAÑOS Y
       PERJUICIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE UN
       OBRERO LESIONADO, QUIEN TODAVÍA NO HA SIDO
       DADO DE ALTA POR PARTE DE LA CORPORACIÓN
       DEL FONDO DE SEGUROS DEL ESTADO, NI SE HA
       EMITIDO UNA RESOLUCIÓN FINAL SOBRE SI LA CFSE
       SE SUBROGARÍA EN LOS DERECHOS DEL
       TRABAJADOR SEGÚN DISPONE LA LEY 45.

       Habiendo      comparecido       las   partes    y   presentado      sus

respectivos escritos, damos por perfeccionado los presentes

recursos y procedemos a exponer el derecho aplicable.

                                       II

A. Certiorari

       El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.5 La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil,6 establece los preceptos que regulan la

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones, sobre

5 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
6 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
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el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.7 En lo

pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

              El recurso de certiorari para revisar resoluciones
       u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
       obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
       el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
       sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés público o en
       cualquier otra situación en la cual esperar a la
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
       certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
       tiene que fundamentar su decisión.

             Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
       expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
       revisada en el recurso de apelación que se interponga
       contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
       sobre los errores no perjudiciales.

       32 LPRA Ap. V, R. 52.1

       Por otra parte, la Regla 52.2(b)8 establece los términos y

efectos de la presentación de un recurso de certiorari:

              (b) Recurso de “certiorari”. Los recursos de
       certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar las
       resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción
       voluntaria […] deberán ser presentados dentro del
       término jurisdiccional de treinta (30) días contados
       desde el archivo en autos de copia de la notificación de
       la sentencia o resolución recurrida.

              Los recursos de certiorari al Tribunal de
       Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del
       Tribunal de Primera Instancia […] deberán presentarse
       dentro del término de treinta (30) días contados desde
       la fecha de notificación de la resolución u orden
       recurrida. El término aquí dispuesto es de
       cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien
       circunstancias especiales debidamente sustentadas en
       la solicitud de certiorari.

              En aquellos casos que mediante recurso de
       certiorari se paralicen los procesos ante el Tribunal de

7 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
8 32 LPRA Ap. V, 52.2(b).
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       Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones deberá
       resolver la controversia presentada ante sí dentro de los
       sesenta (60) días siguientes a que las partes
       concernidas se hayan expresado.

       32 LPRA Ap. V, 52.2(b)

       La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto

del Derecho y, por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión

justiciera.9 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto

de certiorari, no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.10

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones11, orienta la función del tribunal intermedio para ejercer

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de

certiorari.12 La referida regla dispone lo siguiente:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

9 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR 821 (2023); Mun.

Caguas v. JRO Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
10 Id.
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
12 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                           10

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

         Cabe precisar que, el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.13 Es por ello que, los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.14 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que, el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos:

(1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.15

B. Ley Núm. 45-1935

     El segundo párrafo del Art. 29 de la Ley de Compensaciones por

Accidentes en el Trabajo establece lo siguiente:

             Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus
         beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a
         entablar acción por daños contra tercero, en los casos
         en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con
         los términos de esta Ley, estuviere obligado a
         compensar en alguna forma, o a proporcionar
         tratamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del
         Estado se subrogará en los derechos del obrero o
         empleado, o de sus beneficiarios, y podrá entablar
         procedimientos en contra del tercero en nombre del
         obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los
         noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión
         fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como
         resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial
         o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos
         incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado
         lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la
         misma.16 (Énfasis nuestro).

     Por su parte, el Tribunal Supremo ha interpretado quiénes son

beneficiarios en cuanto a dicha ley. En el caso Día, Inc. et al. v.

13 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
14 Id.
15  Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al.,
210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155
(2000).
16 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, 11 LPRA

sec. 32.
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Tribunal Superior17 se especificó que la determinación de quién es

beneficiario es una que se toma al momento en el que el

Administrador emite su decisión final. Sin embargo, “cuando se

trata de un accidente del trabajo en que la persona solamente surge

lesiones, sin mediar muerte dentro del período de tiempo que

establece la ley, realmente no existe ni entra en juego problema de

identificación de beneficiario, este será el propio lesionado.”18 Ahora

bien, el término prescriptivo de un año para iniciar acción de daños

contra el causante responsable no queda suspendido en cuanto a

los familiares de un lesionado acogido al tratamiento ante el Fondo

del Seguro del Estado por estos no resultar beneficiarios al amparo

de la legislación especial.19

    Siendo así, es importante enfatizar que las causas de acción del

lesionado y su familia son causas totalmente aparte, por lo que si la

familia no presenta su causa de acción dentro del término de

prescripción ésta quedará prescrita. De hecho, la jurisprudencia

establece que “[e]n lo que toca a la acción de la sociedad de

gananciales y de los hijos, hemos resuelto que nuestro estatuto de

Compensaciones a Obreros no les impide demandar al tercero antes

de expirar el plazo reservándole al Fondo para subrogarse en los

derechos del lesionado.”20 De hecho, el Tribunal Supremo ha

expresado que las compensaciones otorgadas a la Sociedad Legal de

Gananciales por concepto de daños y perjuicios son privativas,21 lo

que refuerza aún más la separación de las causas de acciones de la

familia con la del lesionado.

C. Sentencia Sumaria

         La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que tiene

como propósito la solución, justa, rápida y económica de los litigios

17 Día, Inc. et al v. Tribunal Superior, 104 DPR 149, 151 (1975).
18 Id.
19 Id.
20 Alvarado v. Calaino Romero, 104 DPR 127, 135 (1975).
21 Robles Ostolaza v. UPR, 96 DPR 583, 597 (1968).
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civiles que no contengan controversias de hechos materiales y, por

lo tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su fondo.22La

Regla 36.1 de Procedimiento Civil23 establece que las partes podrán

presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o

cualquier parte de la reclamación solicitada. La Sentencia Sumaria

es una excepción al juicio mediante testimonios vivos frente al

juzgador de los hechos.24 La parte que solicita la Sentencia Sumaria

tiene la responsabilidad de demostrar de manera clara que el

promovido no puede prevalecer mediante ningún supuesto de

hechos y que el tribunal cuenta con la verdad sobre todos los hechos

necesarios para resolver la controversia ante su consideración.25

         Por su parte, el Tribunal tiene discreción para conceder o no

la Sentencia Sumaria, ya que el mal uso de esta puede despojar a

un litigante de su día en corte, lo que coartaría su debido proceso

de ley.26 Es por lo anterior, que no es aconsejable que se utilice el

mecanismo de Sentencia Sumaria cuando hay elementos subjetivos

que deban ser evaluados por el juzgador. No obstante, el Tribunal

puede utilizar el mecanismo de sentencia sumaria, aun cuando hay

elementos subjetivos, si la evidencia que será considerada en la

solicitud surge que no existe controversia en cuanto a los hechos

materiales.27 Ahora bien, antes de utilizar el mecanismo de

Sentencia Sumaria, el Tribunal debe examinar lo siguiente:

         (1) analizará los documentos que acompañan la moción
         solicitando la Sentencia Sumaria y los documentos
         incluidos con la moción en oposición y aquellos que
         obren en el expediente del tribunal, (2) determinará si
         el oponente controvirtió algún hecho materia o si hay

22 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).
23 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
24 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.
25 Id.
26 Roing Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617, (1990).
27 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.
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         alegaciones de la demanda que no han sido
         controvertidas o refutadas en forma alguna por los
         documentos. 28

         Anteriormente discutimos que el fin de la Sentencia Sumaria

es aligerar la tramitación del caso, permitiendo al Tribunal disponer

de un caso sin la celebración de una vista en sus méritos. Sin

embargo, al dictar Sentencia Sumaria no se puede poner en peligro

o lesionar los intereses de las partes. Es por eso que, si existen

dudas sobre la existencia de controversias de hechos estas deben

resolverse en contra de la parte que solicita la Sentencia Sumaria.

El Tribunal de Primera Instancia no podrá dictar Sentencia Sumaria

cuando “(1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos,

(2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no ha sido

refutadas, (3) surge de los propios documentos que se acompañan

con la moción una controversia real sobre hecho material y esencial

o (4) como cuestión de derecho no procede.”29

         Ahora bien, si la otra parte desea derrotar una moción de

Sentencia sumaria, deberá presentar declaraciones juradas y

documentos que pongan en controversia los hechos presentados por

el promovente.30 No obstante, el solo hecho de no presentar

evidencia que controvierta la presentada por el promovente, no

implica necesariamente que procede la Sentencia Sumaria. Los

jueces tienen el deber de evaluar toda la evidencia, incluso aquella

que no haya formado parte de la solicitud.31

         En cuanto al estándar aplicable al Tribunal de Apelaciones al

momento de revisar las determinaciones del foro primario de

conceder o denegar mociones de Sentencia Sumaria, se ha

establecido que debemos realizar una evaluación de novo de la

controversia.32 En ese análisis, estamos facultados a considerar los

28 Management Administration Services, Corp v. ELA, 152 DPR 599, 611 (2000).
29 Id.
30 PFZ Props, Inc v Gen, Acc Ins. Co. 136 DPR 881, 912 (1994).
31 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004).
32 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 114 (2015).
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documentos que se presentaron ante el foro primario, determinar si

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales, y

revisar si se aplicó el derecho de forma correcta.33

D. El contrato de seguro

     El negocio de seguros está revestido de un alto interés público

debido al rol que ocupa en la protección de los riesgos que amenazan

la vida o el patrimonio de la ciudadanía.34 Por tal razón, ha sido

regulado mediante el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley

Núm. 77 de 19 de junio de 1957.35 Dicho estatuto establece la

hermenéutica aplicable para la interpretación de las Pólizas de

Seguros. Siendo así, “[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse

globalmente, a base del conjunto total de sus términos y

condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan

ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o

solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta.”36 Ahora

bien, debemos destacar que las normas generales del Código Civil

de Puerto Rico sobre la interpretación de los contratos aplican sólo

supletoriamente.37

     Al igual que todos los contratos, los contratos de seguros son la

ley entre las partes.38 Sin embargo, son considerados contratos de

adhesión, por lo que deben interpretarse liberalmente en beneficio

del asegurado.39 No obstante, si los términos del contrato de seguros

son claros, específicos libre de ambigüedades, y que no dan margen

33 Id.
34 Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, 212
DPR ___; W.M.M. y otros v. Puerto Rico Christian School, Inc., y otros, 2023 TSPR
48, 211 DPR 871 (2023); San Luis Center Apts. Et al. v. Triple-S, 208 DPR 824,
831 (2022).
35 Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1975, 26

LPRA sec. 101.
36 Art. 11.250, 26 LPRA sec. 1125.
37 Consejo de Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761, 773 (2022); Banco de la Vivienda

v. Pagán Ins. Underwriters, 111 DPR 1, 6 (1981).
38 Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S, 210 DPR 344, 359 (2022); López v.

Atlantic Southern Ins. Co. 158 DPR 562, 568 (2003).
39 Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S, supra, pág. 358; Molina v. Plaza Acuática,

166 DPR 260, 267 (2005).
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a diferentes interpretaciones, se hará clara la voluntad de las

partes.40

   Los términos de las pólizas de seguro deben ser generalmente

entendidos en su más corriente y usual significado, sin atender

demasiado al rigor gramatical, sino al uso general y popular de las

voces.41 De esta manera, el asegurado que adquiere una póliza tiene

derecho a confiar en la cubierta que se le ofrece, leyendo las

cláusulas del contrato a la luz del sentido popular de sus palabras.42

   Ahora bien, los seguros tienen como propósito la indemnización

y protección en caso de producirse el suceso incierto previsto.43 Al

evaluar cuales son los riesgos cubiertos por la póliza de seguros es

necesario estudiar si existe alguna cláusula de exclusión. La

jurisprudencia ha establecido que “[e]stas cláusulas tienen el

propósito de limitar la cubierta establecida en el acuerdo principal

y disponen que el asegurador no responderá por determinados

eventos, riesgos o peligros.”44 A raíz de lo anterior, el Tribunal

Supremo ha resuelto que las exclusiones se deben interpretar

restrictivamente en contra del asegurador, para así cumplir con el

propósito de todo seguro de ofrecer la mayor protección a la persona

asegurada.45 No obstante, “[s]i una cláusula de exclusión aplica

claramente a determinada situación, la póliza, en general, no cubre

los daños en cuestión, a pesar de las inferencias que parezca surgir

de las demás clausulas”.46

40 Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S, supra, pág. 359; Molina v. Plaza Acuática,

supra, pág. 268.
41 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1032 (2020); Morales Garay v. Roldan

Coss, 110 DPR 701,706 (1981).
42 SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 73 (2011); Barreras v.

Santana, 87 DPR 227, 235 (1963).
43 Art. 1.020, 26 LPRA sec. 102.
44 Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 370 (2008).
45 Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Co., supra; Id.
46 Marin v American Int’l Ins. Co. of Puerto Rico, 137 DPR 356, 362(1994).
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                                      III

       El presente caso fue consolidado por ambos recursos nacer de

la misma causa de acción presentada ante el Tribunal de Primera

Instancia. Sin embargo, los discutiremos separadamente, para

facilitar la compresión de nuestra determinación.

                                       A

       KLAN202300714:

       En el caso ante nos, el Apelante presentó recurso de Apelación

en el cual alegó que erró el Tribunal de Primera Instancia al no

desestimar la causa de acción presentada por la Familia Rodríguez-

Díaz permitiendo así la fragmentación de los procesos cuando aún

no se tiene una determinación por parte de la CFSE.

       Como discutimos anteriormente, la Ley Núm. 45-193547

establece que un obrero o sus beneficiarios en casos de muerte

tienen derecho a entablar una causa de acción por daños en contra

de un tercero siempre que la CFSE estuviere obligado a compensar

de alguna forma al lesionado o sus beneficiarios. Ahora bien, el

Tribunal Supremo interpretó que cuando se trata de un accidente

del trabajo en el que la persona solamente sufre lesiones, sin mediar

la muerte, no hay más beneficiarios que el propio lesionado. Por

tanto, la causa de acción de la familia es una separada a la del

lesionado, que nace del Art. 1802 del Código Civil.48 Siendo así, de

la familia no presentar su causa de acción dentro del término

establecido de un año prescribe, ya que la Ley Núm. 45-1935 no

paraliza los términos correspondientes en cuanto a los familiares

que no son beneficiarios.

       En el caso ante nos, el Sr. José Rodríguez Pérez fue

presuntamente         lesionado       mientras       realizaba      funciones

47 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, 11 LPRA

sec. 1
48 31 LPRA sec. 5141. Aclaramos que es de aplicación el Código Civil del 1930 ya

derogado por la fecha en que surgieron los hechos.
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                    17

correspondientes a su trabajo y aún recibe tratamiento médico a

través de la CFSE. El 21 de enero de 2021 el Sr. Rodríguez Pérez, su

esposa, la Sociedad Legal de Gananciales y su hijo menor

presentaron Demanda por daños y perjuicios. No obstante, el Foro

de Instancia desestimó sin perjuicio la acción del lesionado por aún

no tener una determinación firme y ejecutoria de la CFSE. Es por

lo anterior, que Deportes SC recurre ante nos solicitando la

desestimación total de la Demanda, alegando que la familia es

beneficiaria según la Ley Núm. 45-1935, no le asiste la razón.

      Como discutimos anteriormente, el Tribunal Supremo ha

determinado que, cuando se aplica la Ley Núm. 45-1935, es

importante identificar quiénes son los beneficiarios. Siendo así,

cuando el empleado fallece, los familiares pasan a ser los

beneficiarios ante dicha ley. Sin embargo, cuando el empleado está

lesionado, él es el único beneficiario. En consonancia con lo anterior,

la reclamación de la señora Díaz Rivera, la Sociedad Legal de

Gananciales y el menor D.R.D. es una aparte, cobijada por el

Código Civil de Puerto Rico, el cual le concede un término de

un año para iniciar la reclamación de daños y perjuicios. Por lo

que si la causa de acción no es presentada dentro de este

término la misma prescribe.

      Por otra parte, si bien es cierto que las causas de acción son

separadas, existen elementos que las unifican, por lo que continuar

con los procedimientos sin haber recibido una determinación por

parte de la CFSE ocasionaría un perjuicio a las demás partes. Por

tanto, ordenamos la paralización de los procesos hasta que la

CFSE emita una determinación. Esta decisión responde al

principio   de   economía    procesal   que    permea    en   nuestro

ordenamiento jurídico.
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                   18

                                  B

KLCE202300892:

      Por otro lado, pasamos a discutir el recurso de certiorari

presentado ante nos. En dicho recurso, Universal trae ante nuestra

consideración cuatro señalamientos de error que giran en torno a la

interpretación   de   las   cláusulas   de   la   póliza   de   seguro.

Primeramente, señala que erró el Tribunal de Primera Instancia al

concluir que no procede expedir Sentencia Sumaria Parcial debido a

que el endoso STOP GAP- EMPLOYER LIABILITY provee cubierta,

puesto a que las cubiertas de “bodily injury” y “bodily injury by

accident” son diferentes cada una con sus propias exclusiones.

      Como discutimos anteriormente, la Sentencia Sumaria tiene

como propósito la solución justa, rápida y económica en los procesos

civiles que no contengan controversias de hechos materiales. Sin

embargo, el mal uso de este mecanismo puede despojar a un

litigante de su día en corte lo cual coartaría su debido proceso ley.

En consecuencia, no erró el foro a quo al no resolver el pleito

sumariamente, pues persisten controversias de hechos que

prohíben la resolución del pleito por esta vía y son necesarias para

poder determinar la aplicabilidad de las pólizas de seguro. Los

siguientes hechos son aquellos que permanecen en controversia:

      a. Hechos materiales que están en controversia:

         50. Si el Sr. Rodríguez es empleado regular de DSC
         desde el 2013.

         51. Si luego de entrar a la plataforma, el Sr.
         Rodríguez oprimió el botón casero que hacía que la
         plataforma se moviera de una planta a otra. Si luego
         de oprimir el botón una primera vez, la plataforma
         no se movió. Si el Sr. Rodríguez entonces oprimió el
         botón por segunda vez. Si en ese momento, la
         plataforma se desplomó y cayó al vacío caída libre.

         52. Si la dejadez e indiferencia de los dueños,
         gerencia y supervisores de DSC para con la vida,
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                            19

             integridad física y salud del Sr. Rodríguez constituye
             conducta intencional.49

          Por otro lado, debemos determinar si es de aplicación la Ley

Núm. 45-193550 o si el accidente ocurrió por actos intencionales y,

de esta manera, determinar si aplica alguna de las cláusulas de

exclusión. Es importante hacer énfasis en que la causa de acción

que ostentaba el Sr. Rodríguez Pérez ha sido desestimada hasta que

la CFSE realice una determinación final. No obstante, queda

pendiente la causa de acción en cuanto a la Sra. Díaz Rivera, la

Sociedad Legal de Gananciales y el menor D.R.D., los cuales no

están excluidos totalmente de la póliza de seguros. Puntualizamos

que, para que proceda una sentencia sumaria, es necesario probar

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales

y pertinentes.      Por existir controversia de hechos materiales, no

procede emitir Sentencia Sumaria Parcial.

          Por otro lado, en el caso ante nos, el Foro de Instancia emitió

Resolución en la cual realizó varias interpretaciones en cuanto a la

póliza     de   seguros   otorgada    por   Deportes     SC    y   Universal,

específicamente en cuanto al CGL, el endoso de Employers Liability

y el endoso correspondiente a Inversiones CI. Por su parte, el Foro

Primario concluyó que, en cuanto al CGL y el endoso de Employers

Liability, específicamente las cubiertas por “bodily injury” y “bodily

injury by accident”, los daños que provienen de una conducta

intencional están excluidos. Además, entendió que, de aplicar la

inmunidad patronal bajo la Ley del Sistema de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo a Deportes SC no le corresponde resarcir a

la Familia Rodríguez-Díaz por los daños sufridos. Adicionalmente, el

Tribunal de Primera Instancia concluyó que no hay cubierta a favor

de Deportes SC por “bodily injury” bajo el CGL ya que, el accidente

49 Véase apéndice del recurso KLCE202300892, págs. 53-54.
50 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, 11 LPRA

sec. 1.
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del Sr. Rodríguez Pérez sucedió durante el curso del trabajo que

realizaba para Deportes SC como empleado. Siendo así, los reclamos

de la Sra. Díaz Rivera, la Sociedad Legal de Gananciales y el menor

D.R.D. no pueden ser consideradas por disposición de las cláusulas

de exclusión del CGL.

        En cuanto a la interpretación del endoso Employers Liability,

el Foro Primario entendió que existen dos (2) cubiertas, “bodily

injury” y “bodily injury by accident” la cuales son diferentes y tienen

sus propias exclusiones. A tenor con lo anterior el Tribunal de

Primera Instancia determinó que para el endoso de Employers

Liability solo es de aplicación la cubierta de “bodily injury by

accident”, la cual no excluye expresamente los accidentes de

empleados mientras que estos llevan a cabo tareas relacionadas al

negocio y tampoco excluye a los familiares de los empleados que

sufrieron el daño.

        Discutiremos inicialmente las cubiertas de “bodily injury” y

“bodily injury by accident” según establecidas en la póliza de

seguros. El CGL define, el “bodily injury” como “bodily injury,

sickness or disease sustained by a person, including death resulting

from any of these at any time.”51 En cuanto a esta cobertura el CGL

establece como exclusiones: (1) las acciones intencionales, (2) las

compensables por leyes del trabajador, (3) los accidentes que

son ocasionados al realizar acciones correspondientes al curso

de los negocios.52

        Ahora bien, en cuanto al endoso de Employers Liability es

meritorio señalar que este es un “Stop Gap” el cual tiene como

propósito suplementar la protección provista a los empleados por

los sistemas de compensación por accidentes del trabajo. Sin

embargo,       la   propia   cubierta   establece   lo   siguiente:   “this

51 Véase apéndice del recurso KLCE202300892, pág. 272.
52 Id., pág. 261.
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endorsement modifies insurance provided under the following:

Comercial General Liability Coverage Part”. Siendo así, entendemos

que el mencionado endoso debe ser interpretado de manera

separada al CGL.

        Por ello, el endoso Employers Liability provee cobertura para

las sumas que el asegurado se vea obligado a pagar bajo las leyes

de Puerto Rico por los daños sufridos que correspondan a la

cobertura de “bodily injury by accident”.53 Este es definido como

“bodily injury, sickness or disease sustained by a person, including

death, resulting from an accident. A disease is not a “bodily injury

by accident unless it results directly from “bodily injury by

accident.”54 Dicha cobertura excluye los actos intencionales

cometidos por el asegurado, si se puede razonablemente creer que

la ocurrencia de dicho daño era prácticamente inevitable. No

obstante, a diferencia del “bodily injury”, no se excluyen las acciones

de empleados llevadas a cabo como tareas del negocio ni a los

familiares del empleado que sufrieron daños.55

        Lo cierto es que, en cuanto al endoso de Employers Liability,

la propia póliza distingue las cubiertas de “bodily injury” y “bodily

injury by accident”. De hecho, el inciso (H) del mencionado endoso

dice lo siguiente: “For the purposes of this endorsement, the

definition of “bodily injury” does not apply.”56 (Énfasis nuestro).

El Tribunal de Primera Instancia realizó la interpretación correcta

ya que no son de aplicación las exclusiones de la cobertura de

“bodily injury”, sino las de “bodily injury by accident”. Es necesario

enfatizar que el Tribunal Supremo ha señalado que en cuanto a las

cláusulas de exclusión que tienen como propósito limitar la

53 Id., págs. 311-312.
54 Id., pág. 314.
55 Id., pág. 312.
56 Id., pág. 314.
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                           22

cobertura establecida en el acuerdo principal, deben interpretarse

restrictivamente en contra del asegurador.

           Además, el propio endoso de Employers Liability establece en

el inciso (c) lo siguiente:

                the damages we will pay, where recovery is
           permitted by law, include damages:
       (1) For:
       (a) Which you are liable to a third party by reason of a claim or
           “suit” against you by that third party to recover the damages
           claimed against such third party as a result of injury to your
           “employee”,
       (b) Care and loss of services, and
       (c) Consequential “bodily injury by accident” or “bodily
           injury by disease” to spouse, child, parent, brother or
           sister of the injured “employee”.57 […] (Énfasis nuestro).

           A tenor con lo interpretado por el Tribunal de Primera

Instancia, el endoso de Employers Liability no excluye

totalmente a los familiares de los empleados que sufrieron

daños, los cuales tienen una causa de acción bajo el Art. 1802

del Código Civil del 1930. Por tanto, mediante una interpretación

restrictiva y no rebuscada según establecido por el Tribunal

Supremo58, resulta forzoso concurrir con la interpretación del foro

primario.

           Por otro lado, pasamos a resolver los restantes tres errores en

conjunto por estos estar intrínsecamente relacionados entre sí.

           En el segundo, tercer y cuarto error Universal alegó que el

Tribunal de Primera Instancia no actuó correctamente al determinar

que el endoso del asegurado adicional es oscuro y ambiguo e

interpretarlo a favor del asegurado. A tenor con lo anterior, el Foro

de Instancia determinó que no estaba claro si Inversiones CI se

subrogaba a los derechos de Deportes SC por lo que este podría

tener cubierta, ya que el Sr. Rodríguez Pérez no es su empleado.

           En nuestro ordenamiento jurídico está establecido que

cuando las cláusulas de un contrato son oscuras y ambiguas estas

57 Id., pág. 312.
58
     Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Co., supra.
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                     23

deben ser interpretadas a favor del asegurado. Entendemos que

esto se aplica a la póliza de seguro presentada ante nos. Tomando

esto en consideración, pasamos a interpretar el endoso del

asegurado adicional el cual establece lo siguiente:

      A. Section II – Who is an insured is amended to include as
         an additional insured the person(s) or organization(s)
         shown in the schedule but only with respect to liability
         for “bodily injury”, “Property Damages” or “personal and
         advertising injury” caused in whole or in part by your
         acts or omissions or the acts or omissions of those
         acting on your behalf:
      1. In the performance of your ongoing operations;
      2. In connection with your premises owned by or rented
         to you.
      1. The insurance afforded to such additional insured only
         applies to the extent permitted by law; and
      2. If coverage provided to the additional insured is required
         by a contract or agreement, the insurance afforded to
         such additional insured will not be broader than that
         which you are required by the contract or agreement to
         provide for such additional insured.59

      Según el endoso de asegurado adicional, Inversiones CI es un

asegurado cuyo endoso está limitado a la cubierta de “bodily injury”,

en específico “employees of the insured”. No obstante, a pesar de no

existir controversia de que el Sr. Rodríguez Pérez no es un empleado

de Inversiones CI, el Foro de Instancia entendió que no queda del

todo claro si la intención del endoso es que Inversiones CI se

subrogue a los derechos de Deportes SC, ya que el endoso de nada

dispone en cuanto a esto. Por tanto, concurrimos con el foro a quo

de que permanece la interrogante de si las exclusiones del endoso

de Employers Liability son de igual aplicación a Inversiones CI,

debido al lenguaje de modificación utilizado en dicho endoso y que

nada dispone la póliza en cuanto a ello.

                                    IV

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, en cuanto al caso KLAN202300714,

confirmamos en cuanto a la desestimación sin perjuicio de la causa

de acción del Sr. Rodríguez Pérez y modificamos la Sentencia dictada

59 Véase apéndice del recurso KLCE202300892, pág. 408.
KLAN202300714 CONS. KLCE202300892                                24

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para

ordenar la paralización de los procedimientos en cuanto a Mayra

Díaz Rivera, la Sociedad Legal de Gananciales y el menor D.R.D.

hasta la culminación de los procesos en la Corporación del Fondo

del Seguro del Estado.

      Por otro lado, en cuanto al caso KLCE202300892 expedimos

el recurso de Certiorari y confirmamos la Resolución emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones