Court Opinion

ID: 9962628
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:36:12.727105+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:13.588027
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

                                                  Apelación
 BILLY CRESPO RIVERA                              procedente del
                                                  Tribunal de
          Apelante                                Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
                                                  Mayagüez
              V.
                                KLAN202400107     Caso Núm.:
                                                  MZ2022CV01819
   RAMLY HENRÍQUEZ
    GONZÁLEZ, ETC.                                Sobre:
                                                  Daños y Perjuicios
            Apelada

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2024.

      El 7 de febrero de 2024, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones el señor Billy Crespo Rivera, (en adelante, parte

apelante o señor Crespo Rivera), mediante recurso de Apelación. En

el mismo nos solicita que revisemos la Sentencia emitida el 14 de

diciembre de 2023 y notificada el 19 de diciembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.         En

virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró Con Lugar la

Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2(5) de

Procedimiento Civil presentada el 2 de octubre de 2023 por el señor

Ramly Henríquez González (en adelante parte apelada o señor

Henríquez González).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada que desestimó la Demanda con

perjuicio, así como la imposición de honorarios de abogado a la parte

apelante.

Número Identificador
SEN2024 ________________
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                                      I

        El caso que nos ocupa dio inicio el día 2 de diciembre de 2022,

cuando el señor Billy Crespo Rivera (en adelante señor Crespo

Rivera o parte apelante) interpuso ante el Tribunal de Primera

Instancia una Demanda de interdicto permanente por alegado

incumplimiento del señor Ramly Henríquez González, H/N/C

Annie’s Place con las disposiciones del Título III de la Americans with

Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12181 et seq. (en adelante “ADA”).

Reclamó, además, daños de conformidad con el artículo 1536 del

Código Civil de 2020, infra.

        En la Demanda, el apelante alegó que sufre de depresión,

ansiedad y claustrofobia, diagnosticadas desde el año 2017, por lo

que, desde entonces se encuentra en tratamiento psiquiátrico con

APS Health. Alegó que, los padecimientos descritos interfieren en la

realización de sus actividades normales diarias, ya que su crisis de

ansiedad y sus ataques de pánico se presentan sin advertencia o

existencia de síntomas. Acotó que, no puede usar el cinturón de

seguridad en su vehículo ni subirse a un ascensor solo, porque se

siente encerrado o limitado, debido a la claustrofobia que le han

diagnosticado. Añadió que, tampoco puede someterse a exámenes

médicos en los cuales se utilicen equipos médicos grandes o que

estén    alrededor     de   su   cuerpo,   por lo   que   deben   sedarlo

completamente, pues de lo contrario, siente la necesidad de salir de

allí y se desespera.

        Particularmente el apelante alegó en la Demanda que visitó

Annie’s Place el día 15 de diciembre de 2021, por la cercanía a su

hogar y porque quería comer en este popular y reconocido

restaurante, sobre todo, porque queda cerca a la playa. Adujo que,

ya había asistido a este lugar hacía varios años, al ser tanto su

restaurante favorito como el de su hijo. Arguyó que, en la visita del

15 de diciembre de 2021, no se le permitió el ingreso, ya que tanto
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la esposa del dueño como la supervisora intervinieron de manera

hostil para impedirle entrar, pues, le comentaron que nadie entraba

sin vacunas ni mascarilla, y no cambiaron de opinión, pese a su

solicitud de un acomodo razonable por su discapacidad, por la cual,

no puede usar una mascarilla. Aseveró el apelante que lo que le

hizo sentir discriminado, triste y humillado, fue el trato hostil y

grosero, con el cual le indicaron que debía utilizar una mascarilla si

quería ser atendido en Annie’s Place. Arguyó que, la parte apelada

lo echó del lugar y le negó el servicio profiriéndole gritos y palabras

hostiles. Insistió en que lo anterior afectó de manera grave a la parte

apelante, y le generó un daño emocional, pues por sus condiciones

de salud mencionadas anteriormente, así como lo humillante y

grosero que fue dicho trato, se sintió muy mal anímica y

emocionalmente. El apelante acotó que, no usa mascarilla debido a

sus enfermedades, y no a un capricho deliberado. Alegó que, el día

que ocurrieron los hechos intentó explicar la razón por la cual no

utiliza su mascarilla, pero la parte apelada, por conducto de sus

empleados, no lo escuchó, y decidió negarle un trato igualitario en

los servicios ofrecidos por la propiedad.

      Posteriormente, el día 24 de mayo de 2023, la parte apelada

presentó Contestación a Demanda negando la mayoría de las

alegaciones de la Demanda, reconociendo únicamente ciertos

detalles específicos como su titularidad sobre Annie’s Place y la

negativa de entrada a la parte apelante basada en directrices de

salud pública. En su alegación responsiva, la parte apelada articuló

varias defensas afirmativas y, además, calificó la demanda como

frívola y temeraria. Por lo anterior, solicitó la desestimación de la

demanda y la imposición a la parte apelante del pago de costas y

honorarios de abogado.

      Acaecidas    varias    incidencias    procesales   innecesarias

pormenorizar, el 2 de octubre de 2023, la parte apelada incoó ante
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el foro a quo, Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2(5)

de Procedimiento Civil.     En apretada síntesis argumentó que, el

asunto del interdicto es académico, toda vez que, el requisito de usar

mascarilla ya no está vigente, y porque existe una orden de

protección bajo la Ley 284-1999 dictada contra el señor Crespo

Rivera que le impide entrar al Restaurante Annie’s Place hasta

febrero de 2027. Añadió que, la demanda de daños no aduce hechos

que justifiquen la concesión de un remedio. En la misma fecha, la

parte apelada presentó otro escrito intitulado como Moción para

presentar anejo 5 de la moción de desestimación, a través de la cual

sometió el aludido anejo.

      Transcurrida una prórroga solicitada y concedida, el 2 de

noviembre de 2023, la parte apelante presentó Oposición a

Desestimación. En esencia, acotó que el caso no es académico y que

la conducta de la parte apelada constituye un trato discriminatorio

bajo la ADA. Sostuvo que, a pesar del cese de las restricciones de

COVID-19, la parte apelada no ha demostrado con certeza que no

repetirá las conductas impugnadas.          Arguyó que, la Demanda

contiene hechos suficientes para justificar un remedio legal tanto

bajo la Ley ADA como bajo el Artículo 1536 del Código Civil, infra,

debido a los daños emocionales y el trato humillante sufrido por el

apelante. Apoyado en los aludidos argumentos, le solicitó al foro

primario que denegara la moción de desestimación y permitiera que

el caso avanzara a la etapa de descubrimiento de prueba y, de ser

necesario, a juicio.

      Posteriormente, el 28 de noviembre de 2023, el foro a quo dio

por sometida la moción de desestimación presentada por la parte

apelada y el día 19 de diciembre de 2023, notificó Sentencia

mediante la cual desestimó la Demanda. Basó su dictamen en el

hecho de que las restricciones de COVID-19 en Puerto Rico, que

fundamentaban      la   acción   legal   fueron   dejadas   sin   efecto,
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convirtiendo en académico el reclamo de entrar al restaurante sin

mascarilla.    Aludió a que una orden de protección existente le

prohibía al apelante entrar al restaurante hasta 2027, lo que

invalidaba cualquier orden judicial que permitiera su entrada. Por

último, la primera instancia judicial determinó que no hubo

violación de ley por parte del señor Henríquez González al negar la

entrada a la parte apelante, descartando así, la causa de acción por

daños y perjuicios. En mérito de lo anterior, el 14 de diciembre de

2023, el foro de instancia declaró Con Lugar la Moción de

Desestimación al Amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil

interpuesta por la parte apelada. En específico, dispuso lo siguiente:

        Por todo lo anterior, este Tribunal declara Con Lugar la
        moción de desestimación presentada por el señor
        Henríquez y en consecuencia dicta sentencia en la que
        desestima la demanda con perjuicio. Se le impone al
        señor Crespo el pago de las costas del proceso y
        $2,000.00 de honorarios de abogado.

        En desacuerdo con lo resuelto por el foro primario, el día 3 de

enero     de   2024,   la   parte   apelante   presentó   Moción    de

Reconsideración.    Argumentó que la Sentencia desestimatoria no

abordó adecuadamente las alegaciones de discriminación y trato

humillante, que, a su juicio, violaron la Ley ADA. En esencia, la

parte apelante acotó que la parte apelada, a través de sus

empleados, no solo incumplió con proporcionarle un acomodo

razonable, sino que también violó los principios antidiscriminatorios

de la ADA al someterla a maltrato y humillación.

        En respuesta, el 4 de enero de 2024, la parte apelada

interpuso su Oposición a “Moción de Reconsideración”. En apretada

síntesis, recabó del foro primario que mantuviera su dictamen, toda

vez que, la decisión fue correcta, ya que la Demanda se centraba en

la solicitud del apelante de entrar a Annie’s Place sin mascarilla y

sin estar vacunado.
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      En la misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia dictó la

Resolución que se transcribe a continuación:

      ATENDIDA LA PRESENTE MOCIÓN EN CONJUNTO
      CON LA OPOSICIÓN PRESENTADA POR LA PARTE
      DEMANDADA, ESTE TRIBUNAL DETERMINA LO
      SIGUIENTE: NO HA LUGAR A LA SOLICITUD DE
      RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE
      APELANTE.

      Inconforme, la parte apelante acudió ante este foro revisor

mediante    recurso   de   Apelación     y   esgrimió   los   siguientes

señalamientos de error:

      Primero: Erró el TPI al expedir una sentencia sin tomar
      en consideración la causa de acción de daños bajo el
      Artículo 1536 del nuevo Código Civil de Puerto Rico ni
      las alegaciones indicadas en la demanda sobre esta.

      Segundo: Erró el TPI al imponer el pago de honorarios
      de abogado ya que en el presente caso no ha mediado
      temeridad y fue desestimado por academicidad.

      El 11 de marzo de 2024, la parte apelada compareció

mediante Alegato del Apelado Ramly Henríquez González. Con el

beneficio de la comparecencia de las partes procedemos a resolver.

                                  II

A. Academicidad

      Como sabemos, los tribunales revisores solo podremos

resolver los casos que sean justiciables. Bhatia Gautier v.

Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920 (2011).            Nuestro Tribunal Supremo ha

reiterado que, bajo el precepto de justiciabilidad, “[l]a intervención

de los tribunales tendrá lugar sólo si existe una controversia

genuina entre partes opuestas que tienen un interés real en obtener

un remedio que afecte sus relaciones jurídicas”. Hernández, Santa

v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727, 738 (2022).

      El Máximo Foro ha resuelto que una controversia no es

justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión política; (2)

una de las partes carece de legitimación activa; (3) hechos

posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia en
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académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión

consultiva; o (5) se intenta promover un pleito que no está maduro.

Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803 (2021); Bhatia Gautier v.

Gobernador, supra, págs. 68-69.

      En consonancia con lo anterior, nuestra última instancia

judicial ha reconocido que los tribunales pierden su jurisdicción

sobre una controversia cuando, durante el trámite judicial, ocurren

cambios fácticos o judiciales que tornan en académica o ficticia su

solución. Esto es, el foro judicial no puede entender sobre un caso

que ha perdido su condición de controversia viva y presente en

atención a los cambios fácticos o de derecho acaecidos en el

transcurso del tiempo. Pueblo v. Pagán Medina, 177 DPR 842, 844

(2010); Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 816. Asimismo,

deberán ser evaluados los eventos anteriores, próximos y futuros, a

los fines de determinar si la controversia entre las partes sigue viva

y subsiste con el tiempo. Íd.

      Una vez se determina que ha desaparecido el carácter

adversativo entre los intereses de las partes involucradas, los

tribunales pierden su jurisdicción en el pleito y, por tanto, deben

abstenerse de considerar el caso en sus méritos. Con esta limitación

sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario

de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos

de los tribunales que resulten superfluos. (Citas omitidas). Smyth,

Puig v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 78 (2007). Véase Super Asphalt

v. AFI y otros, supra, pág. 816.

      Existen varias excepciones a la doctrina de academicidad: a

saber, cuando se plantea una cuestión recurrente y que por su

naturaleza evade o se hace muy difícil la adjudicación ante los

tribunales; en aquellos casos en que la propia demandante termina

voluntariamente su conducta ilegal; si la situación de hechos ha

sido modificada por el demandado, pero no tiene visos de
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permanencia; en los casos en que el tribunal ha certificado un pleito

de clase y la controversia se tornó académica para un miembro de

la clase, mas no para el representante de la misma; o aquellos casos

que aparentan ser académicos, pero que en realidad no lo son por

sus consecuencias colaterales. El Vocero v. Junta de Planificación,

121 DPR 115 (1988); Smyth, Puig v. Oriental Bank, supra, pág. 78.

B. Responsabilidad Civil Extracontractual

      El Artículo 1536 de nuestro Código Civil, 31 LPRA §5311 et

seq, dispone que la persona que por culpa o negligencia cause daño

a otra, viene obligado a repararlo. Para que prospere una

reclamación por daños y perjuicios al amparo del referido precepto

legal, se requiere la concurrencia de tres elementos, los cuales

tienen que ser probados por la parte demandante: (1) el acto u

omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u

omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real

causado al reclamante.

      El daño constituye el menoscabo material o moral que sufre

una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad

o en su patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica

y por el cual ha de responder otra persona.             En nuestro

ordenamiento jurídico se reconoce la existencia de dos tipos de

daños: los especiales, conocidos como daños físicos, patrimoniales,

pecuniarios o económicos, y los generales, conocidos como daños

morales. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 845

(2010).

C. Responsabilidad de los Centros Comerciales

      Existen actividades comerciales cuya naturaleza les imponen

un deber de cuidado y protección para con sus clientes. En Sociedad

v. González Padín, 117 DPR 94 (1986), nuestro Más Alto Foro

estableció que el dueño de un establecimiento comercial abierto al

público debe mantenerlo en condiciones de seguridad tales que las
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personas inducidas a penetrar en el mismo no sufran ningún daño.

El incumplimiento de este deber por parte del propietario o sus

empleados es fuente de responsabilidad extracontractual. Véase,

Colón v. Kmart, 154 DPR 510 (2001); J.A.D.M v. Centro Comercial

Plaza Carolina, 132 DPR 785 (1993). Dicha obligación implica que

el dueño u operador tiene el deber de ejercer un cuidado razonable

para mantener la seguridad de las áreas accesibles al público o

cliente para que de ese modo se evite que sus clientes sufran de

algún daño. Sociedad v. González Padín, a la pág. 104; Colón v.

Kmart y otros, supra.

       Por ejemplo, en casos criminales, nuestro Tribunal Supremo

además ha expresado que lo determinante al momento de evaluar si

un establecimiento comercial tiene el deber de ofrecer seguridad

adecuada y razonable a sus clientes y visitantes, no es el tamaño ni

la clasificación del establecimiento. Lo preciso será analizar, la

totalidad de las circunstancias del caso, en particular: (1) la

naturaleza del establecimiento comercial y de las actividades que allí

se llevan a cabo; (2) la naturaleza de la actividad criminal que se ha

registrado y se está registrando en las facilidades y en el área donde

está ubicado el establecimiento; y (3) las medidas de seguridad

existentes en el mismo. Santiago Colón v. Supermercado Grande, 166

DPR 796, 813 (2006); J.A.D.M. v. Centro Comercial Plaza Carolina,

supra. En reiteradas ocasiones, este además ha aclarado que el

dueño de un establecimiento comercial es responsable bajo el Art.

18021 del Código Civil cuando crea una condición peligrosa dentro

del establecimiento, en el área designada para el flujo de clientes, si

tal condición es causa eficiente y próxima del accidente que ocasiona

los daños a la parte demandante.

1 Artículo enmendado por el Art. 1536 del Nuevo Código Civil de Puerto Rico que

entró en vigencia el 28 de noviembre de 2020 a través de la Ley 55 del 1 de junio
de 2020.
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      Ahora bien, aunque los dueños de los establecimientos

comerciales tienen un deber de mantener el local en condiciones de

seguridad tales que sus parroquianos no sufran daños, los dueños

no son aseguradores absolutos de los daños que sufran sus clientes

en   los   predios   del   negocio.   De    este   modo,    se    impondrá

responsabilidad al dueño del establecimiento por daños sufridos por

un patrocinador o visitante del negocio cuando la causa de los daños

esté vinculada a condiciones peligrosas dentro del establecimiento,

las cuales eran de conocimiento de los propietarios o su

conocimiento era imputable a ellos. El demandante en este caso,

tiene la carga de probar que el dueño no ejercitó el cuidado debido.

Véase, Colón v. Plaza Las Américas, 136 DPR 235 (1994). En otras

palabras    y   como   anteriormente       establecido,    el    dueño   del

establecimiento no es un asegurador de la seguridad de los clientes

del negocio, y su deber sólo se extiende al ejercicio del cuidado

razonable para su protección, y que el visitante tiene que probar que

el dueño del establecimiento no ha ejercido el cuidado debido para

que el local sea seguro para él. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644,

650 (1985).

      Recapitulamos, como regla general, le corresponde a la parte

actora en un caso de daños y perjuicios donde alegue haber sufrido

daños como consecuencia de la negligencia de la parte demandada

el peso de la prueba respecto a dicha alegada negligencia. Vaquería

Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799 (1978); Irizarry v. A.F.F.,

93 DPR 416 (1966); Morales Mejías v. Met. Pack. & Ware. Co., 86

DPR 3 (1962). En palabras más sencillas, la parte demandante tiene

la obligación de poner al tribunal en condiciones de poder hacer una

determinación clara y específica sobre negligencia mediante la

presentación de prueba a esos efectos.
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D. Medidas cautelares por razón de la Pandemia Covid-19

      A tenor con el estado de emergencia a nivel mundial, el

Gobierno de Puerto Rico emitió varias órdenes ejecutivas con el

propósito de implementar medidas restrictivas para controlar los

contagios de COVID 19 en la Isla.       El 12 de marzo de 2020 la

entonces Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced

(en adelante, la Gobernadora), mediante la Orden Ejecutiva 2020-

20, decretó un estado de emergencia ante la amenaza provocada por

la pandemia por la propagación de COVID-19 (coronavirus). El 15

de marzo de 2020, la Gobernadora emitió la Orden Ejecutiva 2020-

23 decretando un cierre total y toque de queda que aplicaba a entes

gubernamentales y privados, con ciertas exclusiones relacionadas a

servicios esenciales. La Orden Ejecutiva se extendió en dos

ocasiones, con vigencia hasta el 3 de mayo de 2020. El 1 de mayo

de 2020, se emitió la OE-2020-038, mediante la cual se extendió el

toque de queda hasta el 25 de mayo de 2020. Esa orden flexibilizó

las actividades económicas autorizadas, sujeto a varias condiciones

dirigidas a prevenir el riesgo de contagio.

      Mediante la OE-2021-036 del 20 de mayo de 2021, el

Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia (en adelante, el

Gobernador) dejó sin efecto el toque de queda.       No obstante, se

estableció que las personas venían obligadas a cumplir con las

medidas cautelares impuestas en dicha Orden Ejecutiva. Entre las

aludidas medidas cautelares, se dispuso que las operaciones

privadas que atendieran público debían tener una ocupación

máxima de un cincuenta por ciento (50%) en aquellos lugares o

espacios cerrados. En los espacios abiertos, no existía tal limitación,

siempre y cuando, se mantuviera un distanciamiento físico mínimo,

de seis (6) pies de distancia.

      Subsiguiente, y con el objetivo específico de proteger la salud

del pueblo de Puerto Rico, el Gobierno entendió meritorio tomar
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acciones claras y contundentes para asegurar que cada ciudadano

estuviese saludable. Consecuentemente, con el interés apremiante

de salvaguardar la vida de toda la población en general y asegurar

minimizar la posibilidad de contagio en actividades medulares y

lugares de alta exposición al virus, mediante la Orden Ejecutiva OE-

2021-063, el Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, implementó

acciones afirmativas -como el requerimiento de la vacunación o

prueba negativa de COVID-19- en locales donde se expendía

bebida o comida preparada, tales como restaurantes, teatros,

cines, coliseos y centros de actividades, a fin de evitar contagios en

esas facilidades.

      Atinente a la controversia que nos ocupa, el 15 de noviembre

de 2021, el Gobernador promulgó la Orden Ejecutiva OE-2021-075

mediante la cual, entre otros asuntos, estableció una serie de

medidas cautelares que debían tomar las personas en su carácter

individual, a los fines de evitar el contagio con el virus y

salvaguardar su vida y la de las demás personas.

      En particular, la Sección cuarta (4ª) de la precitada Orden

Ejecutiva disponía lo siguiente:

      […..]

      MEDIDAS CAUTELARES INDIVIDUALES.              Toda
      persona que esté en contacto con cualquier persona
      fuera de su unidad familiar deberá cumplir con las
      siguientes medidas de protección:

      1. Cubrirse el área de la boca y la nariz con una
      mascarilla o bufanda de tela u otro material, conforme
      las directrices del Departamento de Salud y las
      siguientes guías:

              a. Todas       las   personas    deberán     utilizar
              mascarillas en lugares cerrados, tales como
              comercios, oficinas médicas, casinos, servicios
              financieros, servicios al consumidor, profesionales,
              no profesionales, universitarios y postsecundarios,
              religiosos, cines, teatros, coliseos, barras, entre
              otros. Esto, independientemente de su estatus de
              vacunación contra el COVID-19. Quedan
              exceptuadas las personas que participen en
              reuniones de veinte (20) personas o menos en las
              que todos los presentes estén completamente
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          vacunados y aquellas que lleven a cabo actos en las
          que el uso de la mascarilla sea incompatible o
          afecte su salud.

          b. Es requerida la mascarilla en espacios al aire
          libre, aunque la persona esté parcial o
          completamente vacunada, cuando haya una
          actividad concertada u organizada que implique
          aglomeración de cincuenta (50) o más personas. Se
          recomienda su utilización en lugares turísticos en
          los que también haya una aglomeración de
          visitantes.

          c. Empleados en los hospitales y centros que
          brinden servicios de salud deberán utilizar las
          mascarillas KN-95 o N-95.

          d. El Departamento de Salud podrá exigir la
          utilización de mascarillas en otros escenarios en
          los que determine adecuado para evitar futuros
          contagios.

          e. Se entiende por "mascarilla" cualquier
          producto de tela u otro material que cubre la boca,
          la nariz y la barbilla, provisto de un arnés de
          cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse a las
          orejas. Lo anterior, según las recomendaciones y
          especificaciones del Departamento de Salud y los
          CDC.

      2. Mantener un espacio mínimo de seis (6) pies entre
      sí y las demás personas fuera de su unidad familiar,
      evitando cualquier aglomeración.

      3. Lavar sus manos con agua y jabón regularmente, o
      con desinfectantes de manos aprobados por entidades
      oficiales de salud.

      Asimismo, en la Sección décima (10ª) de la aludida Orden

Ejecutiva se dispuso que:

      REQUERIMIENTO A VISITANTES. En aras de lograr
      salvaguardar la salud de toda la población en Puerto
      Rico y minimizar los contagios, ordeno que a partir de
      la vigencia de esta Orden Ejecutiva todos los
      restaurantes (incluyendo los "fast foods", "food courts"
      y cafeterías), barras, chinchorros, cafetines, "sport
      bars", teatros, cines, coliseos, centros de convenciones
      y de actividades, y cualquier otro local que expenda
      bebida o comida preparada, hoteles, paradores,
      hospederías, salones de belleza, barberías, salones de
      estética, spa, gimnasios y casinos, deberán verificar que
      todos sus visitantes -sujeto a las excepciones
      dispuestas en esta sección- cumplan con una de las
      siguientes condiciones:

      1. que el visitante presente evidencia de que está
      debidamente inoculado con una vacuna autorizada por
      la FDA para atender la emergencia del COVID-19 o
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     cualesquiera otras incluidas en la lista de uso de
     emergencia de la WHO;

     2. que el visitante presente un resultado negativo de
     COVID-19 proveniente de una prueba viral cualificada
     SARS-CoV-2 (pruebas de amplificación del ácido
     nucleico ("NAA T") o pruebas de antígeno) realizada
     dentro de un término máximo de 72 horas antes de la
     visita y que haya sido procesada por un profesional de
     la salud autorizado, previo a acceder al comercio, o

     3. que el visitante presente un resultado positivo a
     COVID-19 de los pasados 3 meses, junto con
     documentación de su recuperación, incluyendo una
     carta de un proveedor de salud certificado o de algún
     oficial gubernamental de salud que certifique que la
     persona está recuperada y lista para comparecer a
     lugares públicos.

     Será responsabilidad de cada negocio o entidad
     comercial solicitar a cada visitante aplicable -antes de
     que entre al comercio- que presente el certificado de
     inmunización ("COVID-19 Vaccination Record Card' o
     "Vacu ID"), el resultado negativo de la prueba viral o el
     resultado positivo a COVID-19 de los pasados tres (3)
     meses, junto con documentación de su recuperación.
     Por su parte, será responsabilidad del visitante
     presentar su certificado de inmunización ("COVID-19
     Vaccination Record Card' o "Vacu ID"), el resultado
     negativo de la prueba viral o el resultado positivo a
     COVID-19 de los pasados tres (3) meses, junto con
     documentación de su recuperación, como condición
     para poder acceder al comercio. El certificado de
     inmunización o la prueba viral podrá ser presentada por
     cualquier otro método físico o digital. Es importante
     señalar que lo dispuesto en esta Orden Ejecutiva no
     limita la facultad de cualquier operador privado de
     implementar restricciones adicionales a las aquí
     dispuestas. Es decir, nada de lo dispuesto en esta
     Orden Ejecutiva debe interpretarse como que los
     operadores privados no pueden tomar medidas
     adicionales o más restrictivas, incluyendo, pero no
     limitándose a cualquier restricción voluntaria de su
     horario de operaciones, autolimitación de espacio o
     cantidad de personas que pueden permanecer en su
     interior. (Énfasis nuestro).

     Quedan exceptuados de cumplir con el cernimiento
     dispuesto en esta sección todos los menores de cinco (5)
     años, quienes por ahora no pueden ser vacunados. En
     cambio, las disposiciones de esta sección le serán
     aplicables a los niños de cinco (5) años a once (11) años
     -ya que están en proceso de vacunación- luego del 31
     de enero de 2022.

     Asimismo, en el caso de los restaurantes (incluyendo los
     "fast foods", "food courts" y cafeterías), barras,
     chinchorros, cafetines y "sport bars", están exceptuadas
     de esta Sección todas las personas que única y
     exclusivamente adquieran alimentos en modo de
     entrega ("de/iver/'), servicarro o recogido ("curbside
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     pickup" o "pickup"); es decir, que no consumirán
     alimentos dentro del establecimiento comercial.
     Cualquier visitante que se niegue a cumplir con los
     requerimientos dispuestos en esta Orden Ejecutiva,
     según implementados por el operador privado, no
     podrá acceder al local. De ser la persona un huésped
     de un hotel, parador o hospedería, incluyendo los
     alquileres a corto plazo, éste no podrá acudir ni
     pernoctar en el referido lugar hasta tanto y en cuanto
     cumpla con las disposiciones de esta Orden Ejecutiva.
     Se insta a todos los ciudadanos a cooperar con los
     operadores privados para el cumplimiento con lo aquí
     dispuesto. De cualquier ciudadano no cooperar y
     tratar de forzar a algún operador privado a incumplir
     con las disposiciones de esta Orden Ejecutiva, podrá
     estar sujeto a lo dispuesto en la Sección 14ª de esta
     Orden y a cualquier otra disposición del Código
     Penal de Puerto Rico aplicable. Cualquier
     restaurante (incluyendo los "fast foods", "food
     courts" y cafeterías), barra, chinchorro, cafetín,
     "sport bars", teatro, cine, coliseo, centro de
     convenciones y de actividades, y cualquier otro local
     que expenda bebida o comida preparada, además de
     cualquier salón de belleza, barbería, salón de estética,
     spa, gimnasio o casino que no cumpla con los
     requerimientos dispuestos anteriormente, estará
     obligado a limitar su aforo a una capacidad máxima
     del 50% del local, según el código de edificación
     vigente en Puerto Rico (PR Building Code 2018).
     (Énfasis nuestro).

     FISCALIZACIÓN. Se ordena que las agencias
     concernientes fiscalicen el fiel cumplimiento de lo
     establecido en esta Orden Ejecutiva. A su vez, se insta
     al público a informar a las autoridades pertinentes de
     entidades que incumplan con lo aquí dispuesto. Con el
     propósito de que los ciudadanos puedan contribuir a la
     fiscalización y al cabal cumplimiento con esta Orden
     Ejecutiva, se ordena que cada comercio o
     establecimiento tenga afiches en lugares visibles
     notificando la línea confidencial para el COVID-19
     creada por el Departamento de Salud. El afiche o
     anuncio debe informar si el lugar realiza cernimiento de
     vacunación o de prueba negativa en su entrada. Este
     afiche o letrero deberá contener la siguiente información
     de contacto para que los ciudadanos puedan reportar
     incumplimientos: a) Teléfono: (787) 522-6300,
     extensiones 6899, 6840, 6824, 6833 y 6893 b) Correo
     electrónico: investigaciones@salud.pr.gov. Se requiere,
     además, que de no realizarse el cernimiento aquí
     dispuesto, el afiche o letrero mencionado anteriormente
     deberá contener el número de personas que compone la
     ocupación máxima requerida de 50% de la capacidad
     del lugar, según el código de edificación vigente en
     Puerto Rico (PR Building Code 2018) y autorizado por el
     Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, lo
     anterior, so pena de incumplimiento con esta Orden
     Ejecutiva. Se insta a que los ciudadanos notifiquen a
     las     agencias     concernientes,      incluyendo     al
     Departamento de Salud, de cualquier operador privado
     que no esté cumpliendo con el cernimiento o con la
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      limitación del 50% de capacidad del lugar, según
      dispuesto en esta Orden Ejecutiva.

      En la décimo cuarta (14ª) sección de esta Orden Ejecutiva, el

Primer Mandatario estableció que, por el incumplimiento con lo

ordenado, se estaría sujeto las siguientes penalidades:

      INCUMPLIMIENTO. Ante el incumplimiento con las
      disposiciones contenidas en esta Orden Ejecutiva por
      cualquier persona y/o empresa, se implementarán las
      sanciones penales y aquellas multas establecidas por el
      Artículo 5.14 de la Ley Núm. 20-2017, según
      enmendada, la cual establece pena de reclusión que no
      excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de
      cinco mil ($5,000) dólares o ambas penas a discreción
      del tribunal y de cualquier ley aplicable. De igual forma,
      conforme a las disposiciones del inciso (a) del Art. 33 de
      la Ley orgánica del Departamento de Salud, "[t]oda
      persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones
      de esta ley o de los reglamentos dictados por el
      Departamento de Salud al amparo de los mismos
      incurrirá en delito menos grave y sentenciado que podrá
      ser sancionada con pena de reclusión que no excederá
      de seis (6) meses o multa no mayor de cinco mil dólares
      ($5,000) o ambas penas a discreción del tribunal". De
      otra parte, el inciso (b) de este artículo dispone que
      "[t]oda persona natural o jurídica que infrinja por
      primera vez las disposiciones de esta ley o de los
      reglamentos dictados por el Departamento de Salud al
      amparo de la misma, será responsable de una multa
      administrativa no mayor de cinco mil (5,000) dólares,
      según las disposiciones de la [Ley Núm. 38-2017, "Ley
      de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
      de Puerto Rico"]; en el caso de incurrir nuevamente en
      violación a esta ley o los reglamentos dictados por el
      Departamento en virtud de la misma en un período de
      tiempo de un (1) año, la multa impuesta podrá ser
      aumentada hasta un máximo de diez mil (10,000)
      dólares". De incumplir con las disposiciones de esta
      Orden, la persona estará sujeta a enfrentar un proceso
      penal, el cual deberá ser iniciado sin dilación alguna por
      el Ministerio Público, quien, a su vez, deberá solicitar
      fijación de fianza, según lo establecen las Reglas de
      Procedimiento Criminal.

      Con posterioridad, mediante la Orden Ejecutiva 2021-504, el

Gobernador sostuvo la declaración de emergencia y delegó al

Secretario de Salud el poder para establecer directrices relacionadas

al COVID-19.    En consonancia con la directriz impartida por el

Gobernador, el Secretario de Salud instauró el requisito de uso de

mascarillas y la vacunación compulsoria contra COVID-19 mediante
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las Órdenes Administrativas concernientes y se promulgó el

Reglamento 9210 del Departamento de Salud.

E. La Moción de Desestimación

      La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2, faculta a la parte contra la cual se presente una alegación

en su contra a presentar una moción de desestimación, por los

fundamentos siguientes: 1) falta de jurisdicción sobre la materia; 2)

falta de jurisdicción sobre la persona; 3) insuficiencia del

emplazamiento;     4)   insuficiencia    del   diligenciamiento    del

emplazamiento; 5) dejar de exponer una reclamación que justifique

la concesión de un remedio, y 6)        dejar de acumular una parte

indispensable. Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR

384, 396 (2022); Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR

38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013).

La precitada regla permite a la parte demandada presentar una

moción de desestimación debidamente fundamentada previo a

contestar la demanda instada en su contra. Casillas Carrasquillo v.

ELA, 209 DPR 240, 247 (2022); Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205

DPR 1043, 1065 (2020).

      Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que, al momento de considerar una moción de desestimación, los

tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma

más favorable a la parte demandante. Cobra Acquisitions v. Mun.

Yabucoa et al., supra; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra; Rivera

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra, pág. 49; Cruz Pérez v.

Roldán Rodríguez, 206 DPR 261, 267 (2021); Colón Rivera et al. v.

ELA, supra, pág. 1049. Es por lo que, para que proceda una moción

de desestimación, "tiene que demostrarse de forma certera en ella

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier

estado de [D]erecho que se pudiere probar en apoyo a su
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reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a

su favor". Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., supra; Casillas

Carrasquillo v. ELA, supra; Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, supra,

págs. 267-268; Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra,

pág. 49; Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654

(2013); López García v. López García, 199 DPR 50, 69-70 (2018).

F. Regla 44.1-Honorarios de Abogados

      La concesión de honorarios de abogado está regulada por la

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.

44.1 (d). La misma autoriza al Tribunal a imponer honorarios de

abogado cuando una parte o su abogado procede con temeridad o

frivolidad. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163, 192

(2022).

      La temeridad se define como aquella conducta que hace

necesario   un   pleito   que   se   pudo   evitar,   que   lo   prolonga

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en gestiones

evitables. Íd, pág. 193; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR

476, 504 (2010). Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha

expresado también que “[l]a temeridad es una actitud que se

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento

y la administración de la justicia.” Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155

DPR 764, 779 (2001).

      Por otro lado, la frivolidad se define como “aquello que no tiene

razón de ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna.” Depto. Rec. v.

Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 100 (1999). Sólo lo claramente

irrazonable o inmeritorio debe dar paso a una determinación de

frivolidad por un tribunal apelativo. Id.

      En Feliciano Polanco v. Feliciano González, 47 DPR 722, 730

(1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que “[a] modo de

ejemplo, constituyen actos temerarios los siguientes:
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      cuando el demandado contesta la demanda y niega su
      responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente;
      cuando se defiende injustificadamente de la acción que
      se presenta en su contra; cuando no admite
      francamente su responsabilidad limitada o parcial, a
      pesar de creer que la única razón que tiene para
      oponerse a la demanda es que la cuantía es exagerada;
      cuando se arriesga a litigar un caso del que prima facie
      se desprende su negligencia; o cuando niega un hecho
      que le consta ser cierto.”

      El propósito de la imposición de honorarios de abogado en

casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante

perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo

e inconveniencias de un pleito.” Andamios de PR v. Newport Bonding,

179 DPR 503, 520 (2010); Pérez Rodríguez v. López Rodríguez,

supra; González Ramos v. Pacheco Romero, supra; Fernández v. San

Juan Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

      Además, la imposición de honorarios de abogado tiene como

objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para

compensar los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la

otra parte. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713,

718-719 (1987).     Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que, la

facultad de imponer honorarios de abogados es la mejor arma que

ostentan los tribunales para gestionar de forma eficaz los

procedimientos judiciales y el tiempo de la administración de la

justicia, así como para proteger a los litigantes de la dilación y los

gastos innecesarios. González Ramos v. Pacheco Romero, supra.

      La determinación sobre si una parte ha procedido con

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador

y no será variada en apelación a menos que se demuestre que éste

ha abusado de su discreción. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez,

supra; González Ramos v. Pacheco Romero. Tampoco será variada
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la partida concedida a menos que resulte ser excesiva, exigua o

constituya un abuso de discreción. Feliciano Polanco v. Feliciano

González, supra, a las págs. 728-729.

      Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso

ante nos.

                                 III

      En su primer señalamiento de error, la parte apelante nos

plantea que, incidió el foro primario al expedir una sentencia sin

tomar en consideración la causa de acción de daños bajo el Artículo

1536 del nuevo Código Civil de Puerto Rico ni las alegaciones

indicadas en la demanda sobre esta. No le asiste la razón.

      De entrada, es preciso destacar que, en su Moción de

Reconsideración de la sentencia, la parte apelante no argumentó lo

señalado ante este foro como error, a los efectos de que el foro

apelado no consideró su reclamo al amparo del Artículo 1536 del

Código Civil de 2020, supra. Por el contrario, señaló que el Tribunal

de Primera Instancia sostuvo que la Demanda no establecía una

acción en daños y perjuicios, ya que los hechos alegados no

demostraban una violación legal por parte del demandado. Su

argumentación ante el foro intimado más bien, se circunscribió

eminentemente, a sus alegaciones por violaciones a la Ley ADA.

      La parte apelante reclama los alegados daños y perjuicios

sufridos, luego de que el 15 de diciembre de 2021, no se le permitiera

el ingreso al restaurante Annie’s Place. Arguyó que, tanto la esposa

del dueño como la supervisora intervinieron de manera hostil para

impedirle entrar, ya que según le indicaron, nadie entraba sin

vacunas ni mascarilla. Esgrimió que la parte apelada le negó un

acomodo razonable por su discapacidad, por la cual no podía usar

una mascarilla.

      Tal cual fue esbozado previamente, nuestro ordenamiento

jurídico establece que para que prospere una reclamación por daños
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y perjuicios al amparo del Artículo 1536 de nuestro Código Civil,

supra, se requiere la concurrencia de tres elementos, los cuales

tienen que ser probados por la parte demandante: (1) el acto u

omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u

omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real

causado al reclamante.

      Como sabemos, por razón de la Pandemia del Covid-19, en

ánimo de preservar la vida, y la salud de la ciudadanía en general,

el Gobierno se vio precisado de tomar medidas cautelares, por lo

que, emitió sendas órdenes ejecutivas y administrativas, así como el

Reglamento 9210.

      Particularmente atinente al caso ante nos, el 15 de

noviembre de 2021, el Gobernador promulgó la Orden Ejecutiva

OE-2021-075, la cual, entre otros asuntos, estableció lo siguiente:

      MEDIDAS CAUTELARES INDIVIDUALES
      Toda persona que esté en contacto con cualquier
      persona fuera de su unidad familiar deberá cumplir con
      las siguientes medidas de protección:

      1. Cubrirse el área de la boca y la nariz con una
      mascarilla o bufanda de tela u otro material, conforme
      las directrices del Departamento de Salud y las
      siguientes guías:

          a. Todas las personas deberán utilizar
          mascarillas en lugares cerrados, tales como
          comercios, oficinas médicas, casinos, servicios
          financieros,     servicios     al    consumidor,
          profesionales, no profesionales, universitarios y
          postsecundarios, religiosos, cines, teatros,
          coliseos,     barras,    entre     otros.    Esto,
          independientemente       de    su    estatus     de
          vacunación contra el COVID-19. Quedan
          exceptuadas las personas que participen en
          reuniones de veinte (20) personas o menos en las
          que todos los presentes estén completamente
          vacunados y aquellas que lleven a cabo actos en las
          que el uso de la mascarilla sea incompatible o
          afecte su salud.

          b. Es requerida la mascarilla en espacios al aire
          libre, aunque la persona esté parcial o
          completamente vacunada, cuando haya una
          actividad concertada u organizada que implique
          aglomeración de cincuenta (50) o más personas. Se
          recomienda su utilización en lugares turísticos en
KLAN202400107                                                  22

          los que también haya una aglomeración de
          visitantes.

          c. Empleados en los hospitales y centros que
          brinden servicios de salud deberán utilizar las
          mascarillas KN-95 o N-95.

          d. El Departamento de Salud podrá exigir la
          utilización de mascarillas en otros escenarios
          en los que determine adecuado para evitar
          futuros contagios.

          e. Se entiende por "mascarilla" cualquier
          producto de tela u otro material que cubre la
          boca, la nariz y la barbilla, provisto de un arnés
          de cabeza que puede rodear la cabeza o
          sujetarse a las orejas. Lo anterior, según las
          recomendaciones       y    especificaciones    del
          Departamento de Salud y los CDC.

      2. Mantener un espacio mínimo de seis (6) pies entre
      sí y las demás personas fuera de su unidad familiar,
      evitando cualquier aglomeración.

      3. Lavar sus manos con agua y jabón regularmente, o
      con desinfectantes de manos aprobados por entidades
      oficiales de salud.

      Asimismo, en la Sección décima (10ª) de la aludida Orden

Ejecutiva se dispuso que:

      REQUERIMIENTO A VISITANTES. En aras de lograr
      salvaguardar la salud de toda la población en Puerto
      Rico y minimizar los contagios, ordeno que a partir
      de la vigencia de esta Orden Ejecutiva todos los
      restaurantes (incluyendo los "fast foods", "food
      courts" y cafeterías), barras, chinchorros, cafetines,
      "sport bars", teatros, cines, coliseos, centros de
      convenciones y de actividades, y cualquier otro
      local que expenda bebida o comida preparada,
      hoteles, paradores, hospederías, salones de belleza,
      barberías, salones de estética, spa, gimnasios y
      casinos, deberán verificar que todos sus visitantes -
      sujeto a las excepciones dispuestas en esta sección-
      cumplan con una de las siguientes condiciones:

      1. que el visitante presente evidencia de que está
      debidamente inoculado con una vacuna autorizada
      por la FDA para atender la emergencia del COVID-19
      o cualesquiera otras incluidas en la lista de uso de
      emergencia de la WHO;

      2. que el visitante presente un resultado negativo
      de COVID-19 proveniente de una prueba viral
      cualificada SARS-CoV-2 (pruebas de amplificación
      del ácido nucleico ("NAA T") o pruebas de antígeno)
      realizada dentro de un término máximo de 72 horas
      antes de la visita y que haya sido procesada por un
      profesional de la salud autorizado, previo a acceder
      al comercio, o
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     3. que el visitante presente un resultado positivo
     a COVID-19 de los pasados 3 meses, junto con
     documentación de su recuperación, incluyendo una
     carta de un proveedor de salud certificado o de algún
     oficial gubernamental de salud que certifique que la
     persona está recuperada y lista para comparecer a
     lugares públicos.

     Será responsabilidad de cada negocio o entidad
     comercial solicitar a cada visitante aplicable -antes
     de que entre al comercio- que presente el certificado
     de inmunización ("COVID-19 Vaccination Record
     Card' o "Vacu ID"), el resultado negativo de la prueba
     viral o el resultado positivo a COVID-19 de los
     pasados tres (3) meses, junto con documentación de
     su recuperación. Por su parte, será responsabilidad
     del    visitante    presentar   su   certificado    de
     inmunización ("COVID-19 Vaccination Record Card'
     o "Vacu ID"), el resultado negativo de la prueba viral
     o el resultado positivo a COVID-19 de los pasados
     tres (3) meses, junto con documentación de su
     recuperación, como condición para poder acceder al
     comercio. El certificado de inmunización o la prueba
     viral podrá ser presentada por cualquier otro método
     físico o digital. Es importante señalar que lo
     dispuesto en esta Orden Ejecutiva no limita la
     facultad de cualquier operador privado de
     implementar restricciones adicionales a las aquí
     dispuestas. Es decir, nada de lo dispuesto en esta
     Orden Ejecutiva debe interpretarse como que los
     operadores privados no pueden tomar medidas
     adicionales o más restrictivas, incluyendo, pero no
     limitándose a cualquier restricción voluntaria de su
     horario de operaciones, autolimitación de espacio o
     cantidad de personas que pueden permanecer en su
     interior. (Énfasis nuestro).

     Quedan exceptuados de cumplir con el cernimiento
     dispuesto en esta sección todos los menores de cinco (5)
     años, quienes por ahora no pueden ser vacunados. En
     cambio, las disposiciones de esta sección le serán
     aplicables a los niños de cinco (5) años a once (11) años
     -ya que están en proceso de vacunación- luego del 31
     de enero de 2022.

     Asimismo, en el caso de los restaurantes (incluyendo los
     "fast foods", "food courts" y cafeterías), barras,
     chinchorros, cafetines y "sport bars", están exceptuadas
     de esta Sección todas las personas que única y
     exclusivamente adquieran alimentos en modo de
     entrega ("de/iver/'), servicarro o recogido ("curbside
     pickup" o "pickup"); es decir, que no consumirán
     alimentos dentro del establecimiento comercial.
     Cualquier visitante que se niegue a cumplir con los
     requerimientos dispuestos en esta Orden Ejecutiva,
     según implementados por el operador privado, no
     podrá acceder al local. De ser la persona un huésped
     de un hotel, parador o hospedería, incluyendo los
     alquileres a corto plazo, éste no podrá acudir ni
     pernoctar en el referido lugar hasta tanto y en cuanto
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      cumpla con las disposiciones de esta Orden Ejecutiva.
      Se insta a todos los ciudadanos a cooperar con los
      operadores privados para el cumplimiento con lo aquí
      dispuesto. De cualquier ciudadano no cooperar y
      tratar de forzar a algún operador privado a incumplir
      con las disposiciones de esta Orden Ejecutiva, podrá
      estar sujeto a lo dispuesto en la Sección 14ª de esta
      Orden y a cualquier otra disposición del Código
      Penal de Puerto Rico aplicable. Cualquier
      restaurante (incluyendo los "fast foods", "food
      courts" y cafeterías), barra, chinchorro, cafetín,
      "sport bars", teatro, cine, coliseo, centro de
      convenciones y de actividades, y cualquier otro
      local que expenda bebida o comida preparada,
      además de cualquier salón de belleza, barbería, salón
      de estética, spa, gimnasio o casino que no cumpla
      con los requerimientos dispuestos anteriormente,
      estará obligado a limitar su aforo a una capacidad
      máxima del 50% del local, según el código de
      edificación vigente en Puerto Rico (PR Building
      Code 2018). (Énfasis nuestro).

      FISCALIZACIÓN. Se ordena que las agencias
      concernientes fiscalicen el fiel cumplimiento de lo
      establecido en esta Orden Ejecutiva. A su vez, se insta
      al público a informar a las autoridades pertinentes de
      entidades que incumplan con lo aquí dispuesto. Con el
      propósito de que los ciudadanos puedan contribuir a la
      fiscalización y al cabal cumplimiento con esta Orden
      Ejecutiva, se ordena que cada comercio o
      establecimiento tenga afiches en lugares visibles
      notificando la línea confidencial para el COVID-19
      creada por el Departamento de Salud. El afiche o
      anuncio debe informar si el lugar realiza cernimiento de
      vacunación o de prueba negativa en su entrada. Este
      afiche o letrero deberá contener la siguiente información
      de contacto para que los ciudadanos puedan reportar
      incumplimientos: a) Teléfono: (787) 522-6300,
      extensiones 6899, 6840, 6824, 6833 y 6893 b) Correo
      electrónico: investigaciones@salud.pr.gov Se requiere,
      además, que de no realizarse el cernimiento aquí
      dispuesto, el afiche o letrero mencionado anteriormente
      deberá contener el número de personas que compone la
      ocupación máxima requerida de 50% de la capacidad
      del lugar, según el código de edificación vigente en
      Puerto Rico (PR Building Code 2018) y autorizado por el
      Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, lo
      anterior, so pena de incumplimiento con esta Orden
      Ejecutiva. Se insta a que los ciudadanos notifiquen a
      las     agencias     concernientes,      incluyendo     al
      Departamento de Salud, de cualquier operador privado
      que no esté cumpliendo con el cernimiento o con la
      limitación del 50% de capacidad del lugar, según
      dispuesto en esta Orden Ejecutiva.

      En la sección décimo cuarta (14ª) de la referida Orden

Ejecutiva,   el   Primer   Mandatario    estableció    que,   por   el
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incumplimiento con lo ordenado, se estaría sujeto a siguientes las

penalidades:

       INCUMPLIMIENTO. Ante el incumplimiento con las
       disposiciones contenidas en esta Orden Ejecutiva por
       cualquier persona y/o empresa, se implementarán las
       sanciones penales y aquellas multas establecidas por el
       Artículo 5.14 de la Ley Núm. 20-2017, según
       enmendada, la cual establece pena de reclusión que no
       excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de
       cinco mil ($5,000) dólares o ambas penas a discreción
       del tribunal y de cualquier ley aplicable. De igual forma,
       conforme a las disposiciones del inciso (a) del Art. 33 de
       la Ley orgánica del Departamento de Salud, "[t]oda
       persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones
       de esta ley o de los reglamentos dictados por el
       Departamento de Salud al amparo de los mismos
       incurrirá en delito menos grave y sentenciado que podrá
       ser sancionada con pena de reclusión que no excederá
       de seis (6) meses o multa no mayor de cinco mil dólares
       ($5,000) o ambas penas a discreción del tribunal". De
       otra parte, el inciso (b) de este artículo dispone que
       "[t]oda persona natural o jurídica que infrinja por
       primera vez las disposiciones de esta ley o de los
       reglamentos dictados por el Departamento de Salud al
       amparo de la misma, será responsable de una multa
       administrativa no mayor de cinco mil (5,000) dólares,
       según las disposiciones de la [Ley Núm. 38-2017, "Ley
       de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
       de Puerto Rico"]; en el caso de incurrir nuevamente en
       violación a esta ley o los reglamentos dictados por el
       Departamento en virtud de la misma en un período de
       tiempo de un (1) año, la multa impuesta podrá ser
       aumentada hasta un máximo de diez mil (10,000)
       dólares". De incumplir con las disposiciones de esta
       Orden, la persona estará sujeta a enfrentar un proceso
       penal, el cual deberá ser iniciado sin dilación alguna por
       el Ministerio Público, quien, a su vez, deberá solicitar
       fijación de fianza, según lo establecen las Reglas de
       Procedimiento Criminal.

       Por otro lado, a parte de lo dispuesto por la Orden Ejecutiva

OE-2021-075, nuestro ordenamiento jurídico en materia de daños y

perjuicios le exige al dueño de un establecimiento comercial abierto

al público mantenerlo en condiciones de seguridad tales que las

personas inducidas a penetrar en el mismo no sufran ningún daño.2

El incumplimiento de este deber por parte del propietario o sus

empleados es fuente de responsabilidad extracontractual.3 Dicha

obligación implica que el dueño u operador tiene el deber de ejercer

2 Sociedad v. González Padín, supra.
3 Colón v. Kmart, supra; J.A.D.M v. Centro Comercial Plaza Carolina, supra.
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un cuidado razonable para mantener la seguridad de las áreas

accesibles al público o cliente para que de ese modo se evite que sus

clientes sufran de algún daño. Sociedad v. González Padín, a la pág.

104; Colón v. Kmart y otros, supra.

        En el presente caso, la parte apelada simple y sencillamente,

estaba dando estricto cumplimiento a la precitada Orden Ejecutiva

OE-2021-075, la cual proscribía que las personas entraran a

lugares    dedicadas     al   estipendio     de    comida,     incluidos    los

restaurantes como el suyo, sin el uso de mascarillas. En resumen,

estaba en el pleno ejercicio y cumplimiento de su deber legal. En

vista de lo anterior, no incidió el foro a quo, al no imponerle

responsabilidad a la parte apelada bajo el Artículo 1536 de nuestro

Código Civil, supra.

       En su segundo señalamiento de error, arguye la parte

apelante que erró el foro primario al imponerle la suma de $2,000.00

por concepto de honorarios de abogado. No nos persuade.

       A la luz de nuestro ordenamiento jurídico y particularmente,

del estado de derecho vigente en el contexto de la Pandemia del

Covid-19 que azotó a nuestro territorio y que, a su vez, puso en jaque

a la población a nivel mundial, las actuaciones de la parte apelante

no tuvieron el mínimo indicio de prudencia y sensatez. Ante una

situación que constituía una amenaza a la vida y la seguridad de las

personas, el bien común prevalece sobre cualquier interés personal

como el que tenía el apelante de acudir al restaurante de la parte

apelada, ello, en claro menosprecio de la seguridad de las demás

personas. No conforme con ello, interpuso una Demanda, a todas

luces, frívola, ocupando los recursos del Poder Judicial inmerecida

e injustificadamente.4         Consecuentemente, no incidió el foro

4 Al momento de instar su reclamación sobre daños y perjuicios (Demanda) en

diciembre de 2022, ya existía una Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra
el Acecho en Puerto Rico expedida desde febrero de 2022 a favor del señor
Henríquez González.
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primario al imponerle los honorarios de abogado impugnados a la

parte apelante.

                               VI

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada que desestimó la Demanda con perjuicio, así

como la imposición de honorarios de abogado a la parte apelante.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones