Court Opinion

ID: 9928581
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:26:57.064618+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:47.502831
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

Magdalena S. Espinosa                             APELACIÓN
López, Kathryn A.                                 procedente del
McCloskey Díaz, Mariola                           Tribunal de Primera
Espinosa McCloskey y                              Instancia, Sala
Marina Espinosa                                   Superior de San
McCloskey                                         Juan
Demandantes-Apelantes
            vs.
Triple S Salud, Inc. (antes KLAN202301020
Seguros de Servicios de
Salud de P.R., Inc., t/c/p                Civil Núm.:
Triple S Inc.); y Triple S
Management Corp.;                         SJ2022CV04242
Entidades A, B, y C;                      (908)
Sutano de Tal, Fulana de
Tal y Manuel Espinosa
McCloskey
    Demandados y                                  Sobre:
 Demandado-Nominal el                             Ley de Corporaciones
   último; Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2023.

      Comparece        la   parte   apelante   Magdalena   Sofía   López,

Kathryn Ann McCloskey Díaz, Mariola Espinosa McCloskey y

Marina Espinosa McCloskey (en adelante, “Sucesión Espinosa

Robledo”) para solicitarnos que se revoque la “Sentencia” emitida y

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan, el 3 de abril de 2023. Mediante dicha “Sentencia” se

declara Ha Lugar la Moción de Desestimación.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración se

Número Identificador

SEN2023 ___________
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confirma     mediante    los   fundamentos     que    expondremos    a

continuación.

                                    I.

      El 23 de mayo de 2022, la Sucesión Espinosa Robledo instó

una Demanda contra Triple-S Salud (en adelante, “TSS”) y Triple-S

Management Corporation (“TSM”) para exigir la titularidad de unas

acciones que pertenecían al Dr. Manuel Espinosa Robledo (en

adelante, “Dr. Espinosa Robledo” o “el causante”).        Surge de la

Demanda que el causante tuvo dos hijos: (1) la Sra. Magdalena

Sofía Espinosa López y (2) el Dr. Ángel Francisco Espinosa. Este

último falleció y fue sustituido por su sucesión, la cual está

compuesta por su viuda, Kathryn McCloskey, sus hijas Mariola y

Marina      Espinosa    McCloskey    y   su   hijo   Manuel   Espinosa

McCloskey.

      Estos alegan que (1) el Dr. Espinosa Robledo era dueño de

varias acciones de la entidad Seguros de Servicios de Salud de

Puerto Rico, Inc. (ahora TSS), (2) la parte apelante posee certificado

de acciones para la acción original adquirida y de dos acciones

resultantes de una transacción de división de acciones, (3) los

certificados no se han redimido, cedido o traspasado a persona

alguna, menos aun a la parte apelada, (4) los certificados no

contienen disposiciones que establezcan la obligación de los

accionistas de permitir que la corporación redima las acciones al

fallecimiento de los causantes y (5) la acción de redimir las

acciones es nula y en violación a los derechos hereditarios.        Así

pues, solicitaron que la parte apelada emita nuevos certificados a

nombre de cada uno de los miembros de la Sucesión Robledo

Espinosa, el pago de los dividendos dejados de percibir, la

rendición de cuentas y que se determine el valor presente de las

acciones.
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      Posteriormente, el 11 de octubre de 2022, TSS y TSM

radicaron una Moción de Desestimación. Argumentaron que,

procede desestimar la Demanda por las siguientes razones: (1) la

causa de acción está prescrita por haber transcurrido más de 40

años desde que ocurrió la redención, (2) las tres acciones fueron

válidamente redimidas por TSS a solicitud de la viuda y albacea de

la sucesión del causante, la Sra. Gloria López Ramírez (en

adelante, “Sra. López Ramírez”), (2) los apelantes no tienen derecho

a tener acceso a los libros corporativos porque no son accionistas

de TSS ni de TSM, (4) la redención no violentó el ordenamiento

legal respecto a las figuras de herencia y Sociedad Legal de

Gananciales, (5) TSS no es un brazo del estado y (6) en su defecto,

las acciones en controversia, fueron adquiridas por virtud de la

figura de usucapión.

      A la Moción de Desestimación anejaron varios documentos a

saber: (1) los certificados de acciones, (2) correos electrónicos

intercambiados entre la representación legal de los apelantes y

TSS, (3) declaraciones juradas de la albacea testamentaria y viuda

del causante. De esta documentación se desprende que, la fecha

de muerte del Dr. Espinosa Robledo es el 22 de marzo de 1979.

También que la Sra. López Ramírez solicitó la cancelación de las

acciones pertenecientes al causante el 20 de noviembre de 1979 y

el 7 de enero de 1981. La parte apelada señaló que, la Demanda

se redactó de manera imprecisa con el objetivo de evadir la defensa

de prescripción. Solicitaron que la Moción de Desestimación no se

considerara como una sentencia sumaria, porque los documentos

hacen referencia a los hechos consignados en la Demanda y que

responden a las imprecisiones de la Demanda.

      Así las cosas, el 30 de diciembre de 2022, la Sucesión

Espinosa   Robledo     presentó   su   Oposición   a   Moción    de

Desestimación. Indicaron que: (1) la Moción de Desestimación se
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basa en una serie de hechos que no surgen de la faz de la

Demanda, (2) los documentos no pueden considerarse en esta

etapa sin que se realice un extenso y exhaustivo descubrimiento de

prueba, (3) las reglas procesales exigen que una moción de

desestimación a la que se anejan documentos se considere como

una de sentencia sumaria, y (4) de la Demanda no surge que la

acción este prescrita.    El 31 de enero de 2023, TSS y TSM

presentaron su Réplica a Oposición a Moción de Desestimación.

En su escrito manifestaron que: (1) la parte apelante omitió datos

indispensables en la Demanda, como la fecha de la muerte del

causante, (2) la Demanda está mal redactada (3) las alegaciones

mal hechas y las argumentaciones de derecho no tienen que darse

por ciertas y (4) que aun tomando como ciertos los hechos bien

alegados en la Demanda, la Sucesión Espinosa Robledo no tiene

derecho a remedio alguno.

      Luego de varios trámites procesales, el 3 de abril de 2023, el

Foro Primario emitió una Sentencia donde declaró Ha Lugar la

Moción de Desestimación radicada por la parte apelada y

desestimó la Demanda con perjuicio.

      Inconforme con lo anteriormente resuelto, la parte apelante

acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que

señaló los siguientes errores:

      A. erró el TPI al desestimar esta acción bajo la figura de
         la prescripción cuando los hechos en que descansa
         esa defensa afirmativa no surgen con claridad de
         las alegaciones de la demanda

      B. Erró el TPI al dejar de considerar los hechos bien
         alegados en la demanda, al considerar como ciertas
         las alegaciones hechas por Triple S, que surgen de
         documentos extrínsecos a la demanda, como hechos
         admitidos, sin convertir la moción de desestimación
         presentada por Triple S en una sentencia sumaria
         conforme requerido por Ley

      C. La supuesta redención de acciones no se ajustó a
         derecho
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      D. Erró el TPI al dejar de aplicar la Doctrina de
         Imprescriptibilidad de las acciones que surgen de un
         acto nulo ab initio lo cual hubiera requerido que se
         declarara No Ha Lugar la moción de desestimación
         promovida por Triple-S.

                                  II.

                                  A.

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.2, permite que un demandado solicite la desestimación de la

causa de acción en su contra, antes de contestarla, si de las

alegaciones de la demanda surge claramente que alguna de las

defensas afirmativas prosperará. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et

al., 205 DPR 1043, 1065 (2020).

      La precitada regla dispone lo siguiente:

      Toda defensa de hechos o de derecho contra una
      reclamación se expondrá en la alegación responsiva
      excepto que, a opción de la parte que alega, las
      siguientes defensas pueden hacerse mediante una
      moción debidamente fundamentada: (1) falta de
      jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción
      sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento;
      (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
      (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
      concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una
      parte indispensable. (Énfasis Nuestro.)

      Al evaluar una moción de desestimación, los tribunales

están obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien

alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma más

favorable a la parte demandante.        López García v. López García,

200 DPR 50, 73 (2018).       Esta doctrina solo es aplicable a los

hechos que, de su faz, no dan margen a dudas. First Fed. Savs v.

Asoc. De Condómines, 114 DPR 426, 432 (1983).             El tribunal

también dará por admitidas las inferencias que surjan de los

hechos. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 105 (2002).

Las admisiones se tomarán en consideración únicamente para

propósitos de resolver la moción de desestimación. Id. pág. 103.

      Para que una demanda no sea desestimada, es necesario

que las alegaciones incluyan información suficiente sobre hechos
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que resulten plausibles. Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662, 678 (2009).

Un reclamo es plausible cuando, el demandante alega hechos

fácticos que permiten al tribunal razonablemente inferir que el

demandado es responsable de los daños alegados. Id. Solicitar

motivos plausibles no impone un requisito de probabilidad en

etapas tempranas del caso, solo requiere la inclusión de hechos

suficientes que generen una expectativa razonable de que el

descubrimiento de prueba revelará evidencia relacionada con la

causa de acción. Bell Atlantic Corp v. Twombly, 550 US 544, 545

(2007).

        La    desestimación          por    prescripción        es    una     forma      de

desestimación contemplada en la regla 10.2 de Procedimiento Civil,

supra, sobre falta de jurisdicción de la materia.                      La prescripción

extintiva es una institución de derecho sustantivo que representa

una de las maneras en que las obligaciones pueden extinguirse.

S.L.G. Serrano- Baez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011). El

Código Civil aplicable a este caso establece que “se extinguen del

propio modo por la prescripción, los derechos y las acciones, de

cualquier clase que sean”. 31 LPRA § 5241.1 El objetivo de esta

figura es promover el pronto reclamo de los derechos, a la vez que

se protege al obligado de la eterna pendencia de un reclamo en su

contra.      Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, 170 DPR, 149, 166

(2007).

        En otras palabras, la dejadez y la inercia en el ejercicio de

los derechos da paso a la aplicación de la prescripción. Santos de

Garcia v. Banco Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). Así pues, la

prescripción estimula el ejercicio rápido de las acciones. Id.

También evita que una de las partes quede en estado de

indefensión. S.L.G. Serrano- Baez v. Foot Locker, supra, a la pag.

831. Finalmente, una vez transcurre el periodo de tiempo

1 Se cita el Código Civil de Puerto Rico de 1930 por ser el aplicable a los hechos del caso.
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establecido por ley sin que el titular del derecho reclame, se origina

una presunción legal de abandono. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux.

Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012).

       Por otra parte, cabe destacar que nuestra Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, no prohíbe que se incluyan documentos

en la moción de desestimación. Como regla general, las mociones

de desestimación, bajo el inciso (5) de la precitada Regla, que

contengan documentos anejados deberán considerarse mociones

de sentencia sumaria. Sanchez v. Aut. De Los Puertos, 153 DPR

559, 570 (2001).     Sin embargo, esta Regla no establece que las

mociones    de   desestimación      bajo   los    demás    incisos    deban

igualmente considerarse sentencias sumarias, cuando se le

adjunten documentos.

       Asimismo, la Regla 12 (d) de Procedimiento Civil Federal,

Fed. R. Civ. P. 12 (d), equivalente a nuestra Regla 10.2 de

Procedimiento     Civil,   supra,   permite      considerar   documentos

anejados a una moción de desestimación sin que se tenga que

considerar como una sentencia sumaria cuando se trata de: (1)

documentos cuya autenticidad no está en controversia, (2)

documentos medulares a la causa de acción o referidos en la

demanda o (3) récords públicos. Rivera v. Centro Médico del

Turabo, 575 F.3d 10, 15 (1er Cir. 2009); Trans-Speck v. Caterpillar,

524 F.3d 15, 321 (1er Cir. 2008); Clorox Co. Puerto Rico v. Proctor,

228 F.3d. 24, 32 (1er Cir.2000).

                                    B.

       La   corporación    es una entidad empresarial con una

personalidad jurídica reconocida por el estado, independiente de

sus miembros, quienes son responsables de los resultados de la

actividad de la organización hasta el monto que hayan invertido.

C.E.    Díaz     Olivo,    Corporaciones-Tratado          Sobre      Derecho

Corporativo, 2018, pág. 15. De igual manera, las personas
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jurídicas tienen la capacidad de adquirir y poseer diversos tipos de

bienes, asumir obligaciones y llevar a cabo acciones legales tanto

civiles como criminales. 31 LPRA § 104.                      La manera en que las

corporaciones operan se establece en los estatutos corporativos,

los    cuales      se     consideran         el   reglamento         interno   de   las

corporaciones. Díaz Olivo, op. cit., pág. 106.                            Las acciones

representan un interés propietario sobre una corporación y suelen

evidenciarse con el certificado de acción. Id., a la pág. 15.

         Las corporaciones se caracterizan por el elemento de libre

transferibilidad de intereses. Id. Esto significa que, el accionista

tiene la facultad de vender o transferir sus acciones sin la

aprobación de la corporación ni de sus compañeros accionistas.

Ley General de Corporaciones para el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Ley Núm, 3 de 9 de enero de 1956.2 Sin embargo,

este derecho puede restringirse en el certificado de incorporación

de la empresa, en los estatutos corporativos, por un acuerdo entre

los tenedores de los valores o entre los accionistas y la corporación.

Díaz Olivo, op. cit., pág. 339. Respecto al derecho de redención o

de rescate, éste se ha definido como una prerrogativa que se

reserva la corporación o que se le otorga al accionista, para que la

corporación adquiera las acciones que este posee mediante el pago

de una cantidad acordada previamente. Id. a la pág. 316.

        Cónsono con lo anterior, La Ley General de Corporaciones

para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, disponía lo

siguiente:

        Toda corporación podrá emitir una o más clases
        de acciones del capital corporativo o una o más
        series de acciones en cualquiera de las clases. Todas
        las clases o cualquiera de ellas podrán ser de acciones
        con o sin valor a la par, y con el derecho al voto, pleno o
        restringido, y en las series y denominaciones y con las
        preferencias y derechos relativos, de participación, de
        opción u otros derechos especiales, condicionales,
        limitados o restringidos, que se declare y expresen

2 Se cita esta ley por ser la aplicable a los hechos del presente caso.
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      en el certificado de incorporación, o en cualquiera
      de sus enmiendas, o en la resolución o resoluciones
      que dispongan la emisión de tales acciones y que
      apruebe la junta de directores al amparo de las
      facultades que se confieren por las disposiciones del
      certificado de incorporación o cualquiera de sus
      enmiendas. (Énfasis Suplido).

                                 III.

      En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante nos

solicita que revoquemos la “Sentencia” emitida por el Tribunal de

Primera Instancia en la que declara Ha Lugar la Moción de

Desestimación.

      Los errores A, B y D están estrechamente relacionados, por

lo tanto, se abordarán de manera conjunta en la discusión.         La

Sucesión Espinosa Robledo plantea que, el Foro Primario erró al:

(1) desestimar la acción bajo la figura de la prescripción, cuando

los hechos en que descansa esa defensa afirmativa no surgen con

claridad de las alegaciones de la demanda, (2) dejar de considerar

los hechos bien alegados en la demanda, (3) considerar como

ciertas las alegaciones hechas por Triple S, que surgen de

documentos extrínsecos y (4) al dejar de aplicar la doctrina de

Imprescriptibilidad de las acciones que surgen de un acto nulo ab

initio. No le asiste la razón.

      Para evitar que se desestime una demanda, es crucial que

las alegaciones contengan información suficiente sobre hechos que

resulten plausibles.    Ashcroft v. Igbal, supra, a la pag. 678.   Es

decir, el demandante debe colocar al Tribunal en posición para

evaluar la causa de acción e inferir que el demandado es

responsable de los daños alegados. Id. Surge del expediente que,

la Demanda no incluye datos importantes como las fechas de las

muertes del Dr. Espinosa Robledo y de su hijo, el Dr. Espinosa

López. Tampoco menciona las cláusulas de redención contenidas

en los certificados de acciones. Esto es, no suministran la fecha

en que se abrió la Sucesión Espinosa Robledo, dato esencial para
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determinar cuándo comenzó a transcurrir el término prescriptivo.

Así pues, aun tomando como ciertos todos los hechos bien

alegados en la Demanda, no nos encontramos en posición para

conceder un remedio, pues las alegaciones no incluyen hechos

suficientes que generen una expectativa razonable de que el

descubrimiento de prueba revelará evidencia que demuestre la

existencia de una causa de acción vigente. Bell Atlantic Corp v.

Twombly, supra, a la pág. 545.             Al contrario, estas alegaciones

generan dudas. En resumidas cuentas, la información que

omitieron nos conduce a la conclusión de que la causa de acción

esta prescrita.

      Por otra parte, la Moción de Desestimación radicada por TSS

y TSM cumple con los requisitos dispuestos por ley. El hecho de

que se hayan incluido los certificados de acciones, correos

electrónica     y        declaraciones     juradas    no      significa    que

automáticamente           deba   considerarse    como       una   moción    de

sentencia sumaria. Esto es así, ya que nuestro ordenamiento no

prohíbe   que       se     incluyan      documentos     a    la   moción    de

desestimación. A su vez, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de

Puerto Rico, supra, establece que las mociones de desestimación

bajo el inciso (5) que estén acompañadas con documentación

adicional se consideraran como sentencias sumarias, mas no

dispone lo mismo para los demás incisos.                Además, según las

Reglas de Procedimiento Civil Federal, supra, la inclusión de

documentos a las mociones de desestimación está permitido,

cuando se trata de documentos medulares a la causa de acción o

referidos a la demanda. No cabe duda de que la fecha de la muerte

del causante y los certificados de acción, son fundamentales a

nuestra causa de acción, ya que nos indican que la acción legal ha

prescrito y que existía una restricción al derecho de libre
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transferibilidad.   No obstante,    aun   sin   la   inclusión   de   los

documentos, estaríamos en condición de desestimar la Demanda.

       Aclarados estos asuntos, procedemos a atender el próximo

señalamiento de error. La parte apelante alega que, la redención

de acciones no se ajustó a derecho. Esto no es así, veamos por

qué.

       Surge del expediente del caso que las acciones contenían

una restricción a la libre transferencia de las acciones a hijos que

no fueran médicos. A pesar de que uno de los hijos del causante

era médico, de la Demanda no se desprende la fecha de su

defunción. Así pues, le omite al Tribunal datos pertinentes a la

causa de acción. Además, los certificados de las acciones

contenían la siguiente cláusula de redención:

       Cualquier accionista que deseare vender, donar o en
       cualquier forma enajenar o desprenderse de sus
       acciones vendrá obligado en caso de venta, a
       ofrecerlas por escrito primero a la corporación
       para que esta las adquiera, si así lo desea, al mismo
       precio que cualquier comprador de buena fe, estuviere
       dispuesto y hábil a pagar por dichas acciones. En caso
       de una donación, el accionista tendrá derecho a percibir
       de la corporación, si esta deseare obtenerlas, un precio
       que será igual al valor en los libros de las acciones en
       ese momento. La forma en que han de ejercitarse los
       derechos antes dispuestos será promulgada por
       resolución la Junta de Directores de la Corporación al
       efecto. (Énfasis Nuestro).

       Por consiguiente, TSS poseía el derecho de redención o

rescate, el cual fue ejercido de manera legal y conforme a lo

establecido. En esencia, la parte apelada hizo uso de su

prerrogativa legal para recuperar de manera legítima las acciones.

                                   IV.

       Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos

formar parte de esta Sentencia, confirmamos la “Sentencia”

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan a los fines de declarar Ha Lugar la Moción de Desestimación.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones