Court Opinion

ID: 9962618
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:35:08.652318+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:13.320536
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL
                                                Certiorari
                                                procedente del
    EL PUEBLO DE PUERTO                         Tribunal de Primera
            RICO                                Instancia, Sala de
                                                Caguas
         Peticionario
                              KLCE202400294 Crim. núm.:
              v.                                E LE2022G0055
                                                E LE2022G0056
       CAROLA DEL MAR                           E1TR202200007
     ALVARADO VÁZQUEZ
                                                Por:
          Recurrida                             Infr. Art. 5.07, Art.
                                                7.02, Art. 7.06 de la
                                                Ley 22-2000

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard1.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

        El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) ordenó la exclusión

de los testimonios de una patóloga forense y del fotógrafo de la

correspondiente autopsia, por considerar que se anunciaron de

forma tardía. Según se explica a continuación, concluimos que erró

el TPI pues el remedio adecuado, en estas circunstancias, no es

excluir el testimonio, sino conceder a la defensa el tiempo necesario

para prepararse adecuadamente.

                                       I.

        Contra la Sa. Carola Del Mar Alvarado Vázquez (la

“Imputada”) se presentaron varias denuncias penales; se le imputó,

en esencia, causar la muerte de una persona (Ariel Muriel Cirino, o

la “Víctima”), mientras conducía un “vehículo de motor marca

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes
adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202300767).

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202400294                                                        2

Mercedes Benz, modelo GLA 250, … bajo los efectos de bebidas

embriagantes”.

        Luego de los trámites pertinentes, en marzo de 2022, se

presentaron dos acusaciones contra la Imputada, por violación a los

Artículos 5.06 y 5.07(C) de la Ley 22-2000, 9 LPRA secs. 5126 y

5127(C) (sobre regateo, y causar muerte conduciendo de forma

temeraria, respectivamente).

        Con el juicio pautado para iniciar el 22 de enero de 2024, el

17 de enero de 2024, el Ministerio Público presentó una Moción

Urgente en Solicitud de Remedio y Anunciando la Inclusión de Testigo

(la “Moción”).     Se explicó que, desde que se sometieron las

acusaciones, se había anunciado como testigo a la Dra. Lorraine

López Morell (la “Patóloga Anterior”), pues ella había realizado la

autopsia de la Víctima. Se reseñó, no obstante, que, en abril de

2022, la Patóloga Anterior había renunciado a su trabajo con el

Instituto de Ciencias Forense (“ICF”), y que ella ha estado trabajando

en el estado de la Florida (Office of the Medical Examiner, District

One).

        El Ministerio Público indicó que, ante la determinación del TPI

de denegar la presentación del testimonio de la Patóloga Anterior

“mediante el sistema de video conferencia de dos vías”, se habían

realizado un número de diligencias para lograr que la Patóloga

Anterior compareciera a declarar de forma presencial. No obstante,

se informó que no era “legalmente viable que el [Estado Libre

Asociado] de Puerto Rico perfeccione un contrato … para lograr la

comparecencia” de la Patóloga Anterior.       Ello porque el patrono

actual de la Patóloga Anterior requiere un contrato con dicha

entidad y, a la misma vez, se negó a aceptar la inclusión de ciertas

cláusulas que son necesarias de conformidad con las leyes y

reglamentación aplicable en Puerto Rico.
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      Ante la referida situación, el Ministerio Público informó que le

había solicitado al ICF, y dicha entidad había acordado producir, un

“examen pericial forense independiente” que ilustrara al TPI sobre

las “circunstancias de la muerte” de la Víctima. Expuso que dicho

examen constaría en una Opinión Pericial preparada por la Dra.

María Conte Miller.

      Por tanto, el Ministerio Público solicitó que se permitiese la

inclusión de la Dra. Conte como testigo con el fin de declarar sobre

la “causa y manera de muerte de la víctima en este caso”. Como la

Dra. Conte, para preparar su opinión, utilizaría las fotos de autopsia

tomadas por el Sr. Rafael Olivo Goytia (el “Fotógrafo”), también se

solicitó la inclusión de este como testigo.

      El Ministerio Público explicó que el TPI tenía discreción para

autorizar lo solicitado. Enfatizó que era un “hecho indubitado que

[la Víctima] falleció como consecuencia de los traumas que recibió

en el accidente de autos” y que, por tanto, la “causa y manera de

muerte de la víctima no resulta sorpresiva para la defensa”.

      Mediante un escrito presentado el 23 de enero, la defensa se

opuso a la Moción. Resaltó que la misma se presentó en el último

día de la desinsaculación del jurado. Arguyó que la explicación del

Ministerio Público para la no disponibilidad de la Patóloga Anterior

era “pobre” y que la Moción era “sorpresiva y tardía”. Indicó que las

fotos de la autopsia no le habían sido entregadas. Adujo que, de

concederse la Moción, la defensa se vería obligada a “buscar

cuidadosamente y contratar un perito … y solicitar un nuevo

descubrimiento de prueba a esos fines”.

      Por su parte, el 25 de enero, el Ministerio Público le informó

al TPI que ya había producido a la defensa (el 22 de enero) un

número de documentos y fotos relacionados con el récord médico de

la Víctima, así como varios documentos relacionados con la Víctima,

su identificación, y sobre el trámite de entrega del cuerpo y autopsia
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realizada por el ICF, incluidas las fotos de la misma y la opinión

pericial de la Dra. Conte. El Ministerio Público indicó que fue ese

mismo día (22 de enero) cuando tuvo posesión de los documentos y

fotos entregados.

      Mediante una Resolución notificada el 14 de febrero (la

“Resolución”), el TPI denegó la Moción. El TPI razonó que la solicitud

del Ministerio Público resultaba tardía, en particular en atención a

que el Ministerio Público sabía desde algún tiempo antes que la

Patóloga Anterior no estaría disponible. Aseveró que el informe de

autopsia era “importan[te]” en el caso y que el Ministerio Público no

había “sido diligente en la tramitación de la comparecencia de la

[Patóloga Anterior] ni justificó la razón por la cual no notificó antes

a este Tribunal ni a la defensa sobre el nuevo informe pericial y los

nuevos testigos”. Concluyó que la inclusión del “nuevo informe …

provocaría un perjuicio a la acusada quien tendría que incurrir en

la contratación de un perito para evaluar el mismo”. El TPI señaló

el inicio del juicio para el 4 de marzo de 2024.

      Oportunamente,       el    Ministerio    Público    solicitó    la

reconsideración de la Resolución. El Ministerio Público expuso que

no había mediado mala fe de su parte.         Además, arguyó que lo

solicitado no causaría perjuicio a la defensa, pues, luego de que

oportunamente se le proveyera la defensa el informe preparado por

la Patóloga Anterior, la Imputada “no anunció la contratación de

ningún perito para rebatir el mismo”. Resaltó que la Opinión de la

Dra. Conte “en nada cambia[]” las conclusiones del informe de la

Patóloga Anterior, y que, al “no exist[ir] nada distinto”, la defensa no

se “afecta[ría] en nada”. El Ministerio Público también planteó que

el TPI no debió aplicar la “sanción más severa”, sino que debió acudir

a “otras alternativas menos punibles para atender” la situación.

      La Imputada se opuso a la moción de reconsideración. Arguyó

que el 7 de diciembre de 2023 había solicitado mediante moción
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conocer qué testigo, si alguno, no estaría disponible, pero el

Ministerio Público guardó silencio. Alegó que el Ministerio Público,

conociendo que la Patóloga Anterior no estaría disponible, no lo

informó y “orquest[ó] un plan para que la Dra. Conte Miller

preparara otro informe”, lo cual demostraba su mala fe.

      Mediante una Resolución notificada el 5 de marzo, el TPI

denegó la referida moción de reconsideración.

      Inconforme, el 8 de marzo (viernes), el Ministerio Público

presentó el recurso que nos ocupa.          Señaló que “es difícil

comprender la repentina necesidad de la [Imputada] – en contratar

un perito -para rebatir las conclusiones de una opinión pericial

independiente que, en nada, discrepa del informe médico de

autopsia.” Arguyó que ello “parece ser una estrategia acomodaticia

para no permitir la inclusión de la doctora Conte Miller” y “privar[]

así al Ministerio Público de una prueba esencial en su caso”.

      Planteó que “cualquier perjuicio” a la defensa, podía

“subsanarse con la concesión de tiempo para prepararse sobre la

opinión pericial, que ya se le entregó hace más de un mes”.

Concluyó que “imponer la sanción más severa de excluir un

testimonio esencial del Ministerio Público, cuando existe ese

remedio alternativo no perjudicial, sin duda, es un claro abuso de

discreción”. El Ministerio Público arguyó que no tenía pertinencia,

en este contexto, la moción de la defensa del 7 de diciembre de 2023,

ello porque la misma lo que solicitaba era conocer si el Ministerio

Público utilizaría “testimonio anterior” de un testigo ahora no

disponible, lo cual no es el caso aquí.

      Finalmente, el Ministerio Público resaltó que, de haberse

concedido la Moción, el itinerario del juicio no se hubiese afectado

porque los testigos nuevos no se habrían presentado hasta la

“primera semana de abril”.
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       Mediante una Resolución emitida el 11 de marzo, y a solicitud

del Ministerio Público, paralizamos los procedimientos ante el TPI y

le concedimos a la Imputada hasta el 18 de marzo para mostrar

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la

Resolución. La Imputada compareció y reprodujo lo planteado ante

el TPI en cuanto a la supuesta mala fe del Ministerio Público al no

ser diligente en obtener la comparecencia de la Patóloga Anterior y

al informar de forma tardía que esta no sería testigo en el caso2.

Resolvemos.

                                        II.

       La norma es que el TPI tiene discreción para permitir la

inclusión de testigos no anunciados en el juicio. Pueblo v. Ramos

Álvarez, 118 DPR 782, 789 (citando Pueblo v. Santiago, 56 DPR 109

(1940)). Ahora bien, para determinar cómo ejercer dicha discreción,

debe tomarse en cuenta si lo solicitado por el Ministerio Público

causaría un perjuicio indebido a la defensa. Íd.

       Por ejemplo, en la jurisdicción federal, se toma en cuenta si el

Ministerio Público actuó de mala fe y las razones que hubo para la

tardanza en anunciar el testigo; el grado de perjuicio a la defensa; y

2 En una moción de prórroga del 15 de marzo, la Imputada alegó que el Procurador

General no le había notificado el recurso por correo electrónico, y que el mismo
no fue recibido, por correo certificado, sino hasta el día antes (14 de marzo).
Posteriormente, el Procurador General certificó que sí había notificado a la
defensa, por correo electrónico enviado el mismo día de su presentación, el
recurso junto con sus anejos y la moción en auxilio de jurisdicción. No obstante,
el 25 de marzo, la Imputada replicó que no había recibido el referido correo
electrónico y, además, solicitó la desestimación del recurso sobre la base de que
los anejos del recurso no fueron incluidos junto con el recurso que recibió, el 14
de marzo, por correo certificado. Hemos determinado denegar la referida moción
de desestimación, pues el Procurador General demostró satisfactoriamente haber
enviado oportunamente el recurso y sus anejos por correo electrónico a la defensa.
De todas maneras, aun si el correo electrónico no se hubiese recibido, la defensa
admitió que, desde el 14 de marzo, recibió el recurso oportunamente enviado
por correo certificado y, aun si se hubiesen omitido los anejos en dicho envío, ello
no conllevaría la desestimación del recurso. Véase Regla 12.1 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 12.1 (las “disposiciones sobre los
requisitos de notificación a las partes … deberán interpretarse de forma que se
reduzcan al mínimo las desestimaciones de los recursos. … el Tribunal de
Apelaciones deberá proveer una oportunidad razonable para la corrección de
defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes”).
Adviértase, además, que la defensa no ha planteado que sus derechos o capacidad
para oponerse al recurso se haya afectado de forma alguna por la supuesta
omisión de los anejos; de hecho, el mismo 25 de marzo, la Imputada presentó su
oposición a los méritos de lo planteado en el recurso de referencia.
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la viabilidad de eliminar dicho perjuicio a través de una posposición

del proceso. US v. Golyansky, 291 F.3d 1245, 1249 (10mo Cir.

2002); véanse, además, US v Sandoval-Rodríguez, 452 F.3d 984, 989

(8vo. Cir. 2006); US v. DeCoteau, 186 F.3d 1008 (8vo Cir. 1999).

      De   ser   necesario     sancionar    al    Ministerio   Público,   lo

“preferible” es posponer el proceso y, en ausencia de mala fe, es

“raro” que se excluya la evidencia propuesta y se deniegue una

posposición. Golyansky, 291 F.3d a la pág. 1249.

      Para concluir que la defensa ha sufrido perjuicio, es necesario

que se demuestre que se ha afectado adversamente la capacidad del

acusado de defenderse adecuadamente. Golyansky, 291 F.3d a la

pág. 1250. Al evaluar el curso de acción apropiado, el tribunal debe

evaluar si una posposición le permitiría a la defensa prepararse

adecuadamente      ante   la    inclusión       de   nueva     prueba.    Íd.

Ordinariamente,    debe      imponerse     el    remedio     menos   severo

disponible para remediar cualquier perjuicio a la defensa. US v.

Maples, 60 F.3d 244, 247 (6to Cir. 1995).

                                   III.

      Concluimos que erró el TPI al denegar la Moción. El récord

no le permitía concluir al TPI que medió mala fe de parte del

Ministerio Público.   De hecho, el Ministerio Público suplió una

relación cronológica detallada de sus múltiples esfuerzos para evitar

tener que recurrir a testigos no anunciados anteriormente.

      En cualquier caso, y como cuestión de derecho, el factor más

importante a examinarse era el grado de perjuicio a la defensa y, de

haber perjuicio, si había medidas menos drásticas que la exclusión

de la prueba para remediar dicho perjuicio.

      En este caso, la defensa aseveró que, supuestamente,

necesitaría contratar un perito para examinar el informe de autopsia

de la Dra. Conte y las fotos de la autopsia. No obstante, la defensa
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no ha explicado por qué ello sería necesario en las circunstancias

particulares de este caso.

       Adviértase que la defensa desde mucho antes de presentada

la Moción contaba con el informe de la Patóloga Anterior, el cual el

Ministerio Público ha representado que contiene las mismas

conclusiones que el informe de la Dra. Conte. Por tanto, no estamos

ante una situación de sorpresa para la defensa; tampoco la defensa

ha aseverado que podría ser viable impugnar con éxito la prueba del

Ministerio Público en cuanto a la causa de muerte de la Víctima3.

       En cualquier caso, el TPI pudo haber continuado con el juicio

según señalado y haber calendarizado el día del testimonio de la

Dra. Conte y del Fotógrafo para una fecha posterior que le permitiese

a la defensa contratar un perito, si así lo estimase conveniente.

       En fin, ante las circunstancias particulares de este caso,

concluimos que el TPI no sopesó adecuadamente los intereses en

conflicto, por lo cual debió tomar las medidas de calendario

necesarias que le permitiesen al Ministerio Público presentar los dos

testigos anunciados en la Moción, mientras se le aseguraba a la

Imputada su derecho a prepararse y defenderse adecuadamente.

                                      IV.

       Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de

certiorari solicitado, se revoca la Resolución recurrida y se devuelve

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto y

dispuesto.

3 El caso en el cual descansa principalmente la defensa, US v. Davis, 244 F.3d

666 (8vo Cir. 2001), es distinguible. Allí se trataba de evidencia nueva de
naturaleza “altamente técnica”; en cambio, en este caso, se trata de un informe
de autopsia cuyas conclusiones el Ministerio Público categóricamente ha afirmado
que son iguales a las del informe entregado anteriormente a la defensa y sobre un
asunto que usualmente no es contencioso en este tipo de caso (que la víctima de
un accidente vehicular murió por causa del accidente, en vez de por “otras”
causas).
KLCE202400294                                                                   9

       Al amparo de la Regla 211 de Procedimiento Criminal,4 Regla

211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,R. 211, dejamos sin

efecto la suspensión de los procedimientos; el Tribunal de Primera

Instancia puede proceder de conformidad con lo aquí resuelto, sin

que tenga que esperar por nuestro mandato.

       Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

4 La Regla 211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,R. 211, dispone:

       En situaciones no previstas por la ley, estas reglas o las reglas que
       apruebe el Tribunal Supremo, tanto éste como el Tribunal de
       Circuito de Apelaciones, encauzarán el trámite en la forma que a su
       juicio sirva los mejores intereses de todas las partes. Queda
       reservada la facultad del Tribunal Supremo y del Tribunal de
       Circuito de Apelaciones para prescindir de términos, escritos o
       procedimientos específicos en cualquier caso ante su
       consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente
       despacho.
Véase también: Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241 (1969); Perez v. Corte,
50 DPR 540 (1936).