Court Opinion

ID: 9916093
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:20:54.690763+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:51.915215
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

DUI, Inc.                                  CERTIORARI
                                           procedente del
       Recurrida                           Tribunal de Primera
                                           Instancia, Sala
            vs.             KLCE2023000988 Superior de
                                           Guayama
Mary Flores Morales;
Banco Popular de P.R.;                         Civil Núm.:
Oriental Bank and                              GM2022CV00487
Trust; Compañía de
Seguros ABC                                    Sobre: Daños y
                                               Perjuicios, Daños por
      Peticionarios                            Incumplimiento
                                               Contractual

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria, Banco Popular de Puerto

Rico (en adelante, “BPPR”) para solicitarnos que se revoque la

“Resolución” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Guayama el 8 de agosto de 2023 y notificada el 9 de

igual mes y año. Mediante dicha “Resolución”, se declara No Ha

Lugar la Moción de Desestimación presentada por BPPR.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

confirma    mediante     los   fundamentos    que   expondremos    a

continuación.

                                   I.

      El 7 de julio de 2022, DUI, Inc. (en adelante, “DUI”) presentó

una demanda por incumplimiento contractual y, daños y perjuicios

contra Mary Flores Morales (en adelante, Sra. Flores Morales),

BPPR, Oriental Bank & Trust (en adelante, “Oriental”) y Compañía

Número Identificador

SEN2023 ___________
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de Seguros ABC. En dicha demanda alegó que, el 20 de junio de

2012, suscribió con BPPR un suplemento al “Contrato de Cuentas

de Depósitos Comerciales” titulado “Disposiciones Especiales para

Originadores de Transferencias ACH”, para integrar el servicio de

transacciones electrónicas a la empresa conocido como “Cámara

de Compensación de Transacciones” o “Automative Clearing

House” (en adelante, “ACH”). Arguyó que, en septiembre de 2014,

suscribieron una enmienda a este acuerdo para incluir a la Sra.

Flores Morales como usuaria del sistema ACH, quien había

comenzado a trabajar como empleada de DUI en el área de

contabilidad en ese mismo año.

      Señaló que, la Sra. Flores Morales emitió pagos a través de

este sistema y los dirigió a sus cuentas bancarias personales con

BPPR y Oriental. Que el modus operandi de la Sra. Flores Morales

consistía en que: (1) sustituía en el archivo de ACH el número de

cuenta bancaria de los beneficiarios que recibirían el pago con sus

números de cuentas bancarias personales, (2) emitía el pago del

suplidor, empleado o agencia a su cuenta personal y (3) por último,

volvía al archivo del sistema y removía su número de cuenta

colocando nuevamente el del beneficiario. Que, como parte de su

esquema, utilizó dos cuentas personales con BPRR y tres cuentas

de Oriental. DUI manifestó que la Sra. Flores Morales realizó 58

transacciones electrónicas desviando a sus cuentas personales con

Oriental la cantidad de $107,88.97.    Que la Sra. Flores Morales

realizó varias transacciones fraudulentas a través del terminal de

computadoras de la propia sucursal de BPPR ubicada en el

municipio de Caguas.

      En la Demanda se alega que, a finales del 2018, el Ing.

Carlos Bonilla Colón presentó una querella ante la Policía de

Puerto Rico y que posteriormente, presentó otra querella ante la

oficina del “Federal Bureau of Investigation” (en adelante, “FBI”).
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El 4 de diciembre de 2019, el FBI presentó una acusación contra la

Sra. Flores Morales por fraude bancario y una alegación de

confiscación.   El 12 de agosto de 2021, la Sra. Flores Morales

suscribió un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal, en la

cual admitió haber apropiado ilegalmente la suma de $651,953.42

de fondos propiedad de DUI.         La apropiación ilegal de fondos

ocurrió desde septiembre 2014 hasta el 16 de noviembre de 2018.

      Por último, DUI aseveró que: (1) BPPR conoce a la Sra. Flores

Morales porque es su cliente, (2) el esquema de fraude ocurrió

dentro del propio BPPR, (3) BPPR envió un aviso de alerta luego de

consumada la apropiación ilegal, (4) no se realizaron en más de

cuatro años informes de auditoría como parte del paquete de

seguridad del sistema de BPPR y (5) BPPR actuó contrario a lo que

dispone la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995,

sobre los procedimientos de seguridad adecuados. Es importante

resaltar que todas estas alegaciones se encuentran en              la

introducción de la demanda.

      El 12 de septiembre de 2022, el BPPR presentó una Moción

de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, en donde alegó que: (1) DUI le

reclama daños por incumplimiento contractual, (2) tomando en

consideración los acuerdos contractuales, DUI no tiene derecho a

remedio   alguno   y   (3)   las   obligaciones   que   presuntamente

fundamentan el reclamo de DUI, no existen bajo el contrato. En

cuanto a la reclamación extracontractual, BPPR señaló que, se

debía desestimar porque la causa de acción estaba prescrita, los

hechos alegados no corresponden a la realidad, las alegaciones de

hechos son insuficientes y DUI renunció a la misma en el contrato.

Agregó que no incumplió con la Ley de Transacciones Comerciales,

supra, puesto que sus disposiciones no fueron violadas y los

hechos alegados por DUI no son suficientes para justificar su
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concesión. Por último, reiteró que, la Demanda está desprovista de

alegaciones de hechos suficientes para fundamentar las causas de

acción reclamadas.

        Posteriormente, el 28 de octubre de 2022, DUI presentó una

Oposición a Moción de Desestimación. Indicó que: (1) la magnitud

de transacciones fraudulentas permitidas por BPPR no tienen

precedentes judiciales, (2) ninguno de los casos citados por BPPR

se asemejan a los hechos de este caso, (3) durante el periodo de

tiempo que ocurrió la apropiación ilegal de fondos, BPPR no

detectó el fraude ni congeló las cuentas de Flores-Morales, (4) en

todos los casos citados por BPPR, el banco del originador no era el

mismo    banco   del   beneficiario,   y   que,   (5)   BPPR    transfirió

internamente los fondos durante más de cuatro años de la cuenta

de DUI a la cuenta de la Sra. Flores Morales.

        El 7 de noviembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una orden mediante la cual señaló una vista para discutir la

Moción    de   Desestimación    por    videoconferencia.   El     15   de

noviembre, BPPR presentó su Réplica a la Oposición radicada por

DUI, en la cual alegó que dicha solicitud no contiene argumento

alguno que logre derrotar los planteamientos consignados en la

Moción de Desestimación. Así las cosas, el 27 de enero de 2023,

DUI presentó una Dúplica a la “Réplica a la Oposición a la Moción

de Desestimación Presentada por Banco Popular de Puerto Rico”.

De igual manera, el BPPR presentó oportunamente su respuesta a

esta moción.

      Posteriormente, el BPPR presentó una Moción Informativa

mediante la cual comunicó que el Tribunal Federal emitió una

Sentencia Enmendada en el caso de U.S. v. Mary Flores-Morales

condenando a la Sra. Flores Morales a una pena de reclusión de 27

meses y una pena de restitución a favor de DUI por la suma de

$651,952.42.     El 31 de mayo de 2023 se celebró una vista
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argumentativa donde ambas partes tuvieron la oportunidad de

expresar su posición sobre la Moción de Desestimación.

        Luego de varios trámites procesales, el 8 de agosto de 2023,

el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Resolución” en la cual

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación.

        Inconforme    con    lo    anteriormente       resuelto,    la   parte

peticionaria acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe,

en el que señalo el siguiente error:

        Erró el TPI al denegar la Moción de Desestimación del
        BPPR a pesar de que se demostró que las
        reclamaciones contenidas en la Demanda no
        satisfacen el estándar de alegación aplicable y/o son
        improcedentes como cuestión de Derecho.

                                     II.

                                     A.

        La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que un

demandado solicite la desestimación de la causa de acción en su

contra, antes de contestarla, si de las alegaciones de la demanda

surge    claramente    que   alguna        de   las   defensas     afirmativas

prosperará. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043,

1065 (2020).

        La precitada regla dispone lo siguiente:

        Toda defensa de hechos o de derecho contra una
        reclamación se expondrá en la alegación responsiva
        excepto que, a opción de la parte que alega, las
        siguientes defensas pueden hacerse mediante una
        moción debidamente fundamentada: (1) falta de
        jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción
        sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento;
        (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
        (5) dejar de exponer una reclamación que
        justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de
        acumular una parte indispensable. (Énfasis Nuestro.)

        Al evaluar una moción de desestimación, los tribunales

están obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien

alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma más

favorable a la parte demandante.           López García v. López García,

200 DPR 50, 73 (2018).            Esta doctrina solo es aplicable a los
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hechos que, de su faz, no dan margen a dudas. First Fed. Savs v.

Asoc. De Condómines, 114 DPR 426, 432 (1983).            El tribunal

también dará por admitidas las inferencias que surjan de los

hechos. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 105 (2002).

Las admisiones se tomarán en consideración únicamente para

propósitos de resolver la moción de desestimación. Id. pág. 103.

Por consiguiente, el demandado deberá probar que el demandante

no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la

demanda de la forma más liberal. López Garcia, supra., pág. 70.

      Para que una demanda no sea desestimada, es necesario

que las alegaciones incluyan información suficiente sobre hechos

que resulten plausibles. Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662, 678 (2009).

Un reclamo es plausible cuando, el demandante alega hechos

fácticos que permiten al tribunal razonablemente inferir que el

demandado es responsable de los daños alegados. Id. Solicitar

motivos plausibles no impone un requisito de probabilidad en

etapas tempranas del caso, solo requiere la inclusión de hechos

suficientes que generen una expectativa razonable de que el

descubrimiento de prueba revelará evidencia relacionada con la

causa de acción. Bell Atlantic Corp v. Twombly, 550 US 544, 545

(2007).

      En el caso de Ashcroft v. Igbal, la Corte Suprema de los

Estados Unidos explicó que para evaluar si las alegaciones en una

demanda    son   factibles   y   no   meramente   especulativas,   los

tribunales deben llevar a cabo un análisis contextual de dos

etapas. Ashcroft v. Igbal, 556 US 662, 678 (2009). En la primera

etapa se requiere considerar como ciertos los hechos en la

demanda con excepción de las alegaciones concluyentes, las

conclusiones de derecho y los hechos genéricos. Id. La segunda

etapa consiste en determinar si con base en las alegaciones bien

fundamentadas en la demanda, el demandante ha establecido una
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reclamación que merece la concesión de un remedio. Id. pág. 679.

El tribunal decidirá si en vista de todas las circunstancias del

caso, el demandante ha presentado una reclamación factible o si la

causa de acción debe ser desestimada. Id.

      Finalmente, la Regla 8.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 8.2, establece lo siguiente:

      Todas las aseveraciones de reclamaciones o de
      defensas se expondrán en párrafos numerados,
      limitándose el contenido de cada párrafo, en cuanto sea
      posible, a un solo conjunto de circunstancias, pudiendo
      hacerse referencia a cualquier párrafo por su número en
      todas las alegaciones subsiguientes. Cada reclamación
      basada en un acto, una omisión o un evento
      independiente, y cada defensa que no constituya una
      mera negación, se hará constar como una reclamación o
      defensa separada, siempre que la separación facilite
      una formulación más clara de los asuntos expuestos.
      (Énfasis suplido.)

                                     III.

      En el caso ante nuestra consideración, la parte peticionaria

nos solicita que revoquemos la “Resolución” emitida por el Tribunal

de Primera Instancia en la que declara No Ha Lugar la Moción de

Desestimación.

      Como único señalamiento de error, el BPPR plantea que el

Foro Primario erró al denegar la Moción de Desestimación a pesar

de que se demostró que las reclamaciones contenidas en la

Demanda no satisfacen el estándar de alegación aplicable y/o son

improcedentes como cuestión de derecho. No le asiste la razón.

      Los reclamos que el recurrido presenta contra BPPR se

encuentran en la introducción de la Demanda. Aunque estos

reclamos no fueron numerados, al analizar la Demanda en su

totalidad, podemos inferir que DUI tiene derecho a obtener un

remedio. Así pues, si asumimos que las alegaciones de la Demanda

son ciertas y las consideramos de la manera más favorable y liberal

para la parte demandante, existe una causa de acción contra BPPR.

En otras palabras, la Demanda incluye hechos suficientes que
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generan una expectativa razonable de que el recurrido ha sufrido

un daño y que, el peticionario fue quien lo causó.              No nos

encontramos frente a alegaciones que sean simplemente una

posibilidad especulativa.     En síntesis, se satisface el estándar

mínimo    de    suficiencia   y   plausibilidad   que   exige   nuestro

ordenamiento.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos

formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de certiorari y

confirmamos la “Resolución” emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Guayama a los fines de declarar No Ha

Lugar la Moción de Desestimación.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones