Court Opinion

ID: 9962818
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:55:26.077781+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:37.124072
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                            TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL ESPECIAL

Condado 6, LLC                                          APELACIÓN
                                                        procedente del
     Demandante-Apelados                                Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala de
                   vs.                                  Humacao

Palmas de Lucía Inc.,
Costa del Mar Guest
House Inc., Mauna                        Civil Núm.:
Caribe, Inc., Lucía Beach,               HU2018CV00084
LLC, Guánica 1929, Inc.,
Juan López Molina, su      KLAN202400017
esposa María Del Carmen                  Sobre: Cobro de
Rodríguez Correa y la                    Dinero, Ejecución de
Sociedad Legal de                        Hipoteca por la Vía
Gananciales compuesta                    Ordinaria; y
por ambos                                Ejecución de
                                         Gravamen Mobiliario
 Demandados-Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                            SENTENCIA

           En San Juan, Puerto Rico, a 07 de marzo de 2024.

           Comparece ante nos, Palmas de Lucia, Inc., Costa del Mar

Guest House, Inc., Mauna Caribe, Inc., Lucia Beach, LLC., Juan

López Molina, su esposa María Del Carmen Rodríguez Correa, la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta éstos, y Guánica 1929,

Inc. (en adelante, parte apelante), quienes presentaron recurso de

“Apelación Civil”, en el que solicitan la revocación de la “Sentencia

Enmendada” dictada el 4 de diciembre de 2023,1 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao.

           Mediante dicho dictamen, el Foro Primario declaró “Ha

Lugar” la “Moción en Solicitud de Sentencia” presentada por

Condado 6, LLC. (a continuación, Condado 6 o parte apelada), y

ordenó a la parte apelante el pago de los montos adeudados.
1
    Notificada el 5 de diciembre de 2023.

Número Identificador

SEN2024 ___________
KLAN2024000017                                                                     2

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

Confirma la “Sentencia Enmendada”, por los fundamentos que

expondremos a continuación.

                                          -I-

        El 9 de abril de 2018, Condado 6 presentó “Demanda” por

cobro de dinero, ejecución de hipoteca por la vía ordinaria y

ejecución de gravamen mobiliario.                 Ésta fue instada contra de

Palmas de Lucía, Inc., Costa del Mar Guest House, Inc., Mauna

Caribe, Inc., como deudores, y a Guánica 1929, Inc., Juan López

Molina, su esposa María del Carmen Rodríguez Correa y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, quienes solo

comparecieron como garantizadores solidarios de los préstamos

suscritos.

        Entre otras cosas, Condado 6, alegó haber adquirido todo el

interés del Banco de Desarrollo Económico en seis (6) préstamos

comerciales,2 en los cuales los miembros de la parte apelante

comparecieron en calidad de deudor o en calidad de garantizador

solidario, respectivamente.

        A saber, Préstamo I: Suscrito el 7 de mayo de 2003, por

BDE y Palmas de Lucía, Inc., por la suma principal de

$1,094,163.00. Préstamo II: Suscrito el 28 de abril de 2004, por

BDE y Costa del Mar Guest House, Inc., por la suma principal de

$558,045.00. Préstamos III y IV: Suscritos, ambos, el 5 de mayo

de 2009, por BDE y Mauna Caribe, Inc., para una suma principal

$1,400,000.00. Préstamos V y VI: Suscritos, ambos el 30 de

diciembre de 2014, por BDE y Lucía Beach, LLC., para un

principal de $695,400.00.

        En concreto Condado 6 arguyó que, los montos reclamados

estaban vencidos, eran líquidos y exigibles. Además, aseguró que,

2 Garantizados, entre otras cosas, por pagarés hipotecarios, pagarés asegurados.
KLAN2024000017                                                                         3

desde el 1 de agosto de 2017, es poseedor buena fe de los pagarés

asegurados, garantías y colaterales, resultados de los antes

mencionados préstamos.

        Así las cosas, el 9 de julio de 2018, la parte apelada presentó

la “Contestación a Demanda”, donde negó conocer si Condado 6,

era el tenedor buena fe de los pagarés hipotecarios que pretendía

ejecutar. A su vez, negó por falta de información3, que la parte

apelante tuviese un interés asegurado en virtud de las alegadas

cesiones de gravámenes hipotecarios.

        Así las cosas, el 31 de julio de 2018, la parte apelada

presentó una “Moción Bajo Juramento Solicitando se Dicte

Sentencia Sumaria”.4            En muy apretada síntesis, alegó que las

cantidades reclamadas, que no habían sido controvertidas por la

parte apelante, estaban vencidas, liquidas y exigibles. Condado 6

reiteró    ser    tenedor     buena      fe   de    los    pagarés      hipotecarios,

mobiliarios y demás garantía, pues, desde el 1 de agosto de 2017,

todo interés de Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico,

le fue cedido. 5

        Tras varios trámites procesales, el 14 de enero de 2019,

Condado 6 reiteró la “Moción de Sentencia Sumaria”.6                           Así las

cosas, el 31 de enero de 2019, la parte apelante presentó “Moción

en Oposición a Sentencia Sumaria”.7 En muy resumida cuenta, la

parte apelante plantó que existía controversia en cuanto a, si la

cesión y endoso, por parte de BDE, de los pagarés, garantías y

demás colaterales se realizaron dentro del marco de legalidad. En

particular arguyó la parte apelante que, Condado 6 no era un

acreedor legítimo de las obligaciones reclamadas, por entender que

3 En la “Contestación Enmendada a Demanda”, Anejo19 del Apéndice, los apelantes
plantearon que la cesión de los pagarés a favor de Condado 6 fue una ilegal y contraria a
lo pactado por BDE y éstos.
4 Anejo 4 del Apéndice.
5 Párrafo 3.11 de la “Moción Bajo Juramento Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria”.
6 La “Moción de Sentencia Sumaria” presentada por Condado 6 el 14 de enero de 2019,

ante el Foro de Instancia no fue incluida en el Apéndice de la apelación. Sin embargo,
ésta fue mencionada en la Sentencia dicta por el Foro de Instancia.
7 Anejo 9 del Apéndice.
KLAN2024000017                                                                  4

la cesión de derechos se hizo en contravención del Reglamento de

Disposición de Propiedades del Banco de Desarrollo Económico

para Puerto Rico, según enmendado al 13 de diciembre de 2016.

En virtud de sus planteamientos la parte apelante presentó una

“Demanda contra tercero”,8 mediante la cual incluyó en el pleito a

BDE.

        Posteriormente, el 25 de febrero de 2019, la parte apelante

presentó “Moción Suplementando Moción en Oposición a Moción

de Sentencia Sumaria y Réplica a Moción en Oposición a Solicitud

de Permiso para presentar Demanda contra Tercero y Oposición a

Sentencia       Sumaria”.9          En     ésta   replanteó    los   argumentos

relacionados a la ilegalidad en la transacción de la cesión de la

acreencia, entre Condado 6 y BDE. Además, resaltó que BDE no

podía vender o ceder su acreencia a Condado 6, por ésta última no

ser un banco, fideicomiso o institución, según requerido por la

Sección 3.06 de todos los contratos de préstamo suscritos.

        Surge del expediente judicial que, dado la controversia

planteada,       el   Tribunal de Primera Instancia              celebró vistas

argumentativas,           expidió     órdenes     para   que    se   produjeran

documentos y autorizó la presentación “Demanda contra Tercero”10

contra BDE. Ésta fue enmendada con posterioridad a los únicos

fines de alegar que la cesión de los préstamos era nula, pues

Condado 6 no cumplía con la definición que el BDE acordó, en la

sección 3.06 de los Contratos de Préstamo, podrían ser cesionarios

o adquirentes de las acreencias de éstos.11

        Ahora bien, la referida “Demanda Enmendada Contra

Tercero” presentada fue desestimada el 13 de junio de 2022,

8 Anejo 11 del Apéndice
9 Anejo 12 del Apéndice
10 Incluida en el Anejo 11 del Apéndice.
                                       Fue enmendada posteriormente, “Demanda
Enmendada contra Tercero”, Anejo 15 del Apéndice
11 Párrafos 2.17-2.19 de la “Demanda enmendada contra Tercero”
KLAN2024000017                                                                     5

mediante una “Sentencia Parcial”,12 en la cual el Foro de Instancia

atendió la “Moción de Desestimación” presentada por BDE.                           El

Tribunal sentenciador, al aquilatar los argumentos de las partes,

concluyó que, “[s]i permitiéramos la continuación de los procesos

abonaríamos a la dilación de los procesos, cuando desde este

momento podemos determinar que el contrato, a todas las luces no

goza de ilegalidad”.13

        La determinación del Foro de Instancia, en cuanto a BDE,

fue cuestionada por la parte apelante ante este Tribunal en el caso

KLAN202200570. Atendido los argumentos allí planteados, el 4 de

noviembre de 2022, este Tribunal dictó “Sentencia”14 confirmando,

sin modificación, lo resuelto por el Foro de Instancia.

        La parte apelante recurrió de esta determinación al Tribunal

Supremo, el cual emitió Resolución el 3 de febrero de 2023

declarando “No ha lugar” el recurso discrecional presentado ante

sí.15     En consecuencia, la “Sentencia” dictada por este Foro

Apelativo advino final, firme e inapelable. 16

        Resuelta la controversia sobre la legalidad de la cesión de

derechos, garantías y colaterales, el 13 de julio de 2023, el

Tribunal dictó una “Sentencia”.17 En ésta declaró “Ha Lugar” la

“Moción de Sentencia Sumaria” del apelado, Condado 6.                              Al

hacerlo, el Foro de Instancia adoptó y reseñó lo resuelto en la

“Sentencia” final y firme que emitió este Tribunal en el caso

KLAN202200570.

        A solicitud de parte, el referido dictamen fue enmendado el 4

de diciembre de 2023, por la “Sentencia Enmendada”,18 a los

únicos efectos de hacer constar que la Hipoteca denominada como

VII estuvo debidamente inscrita desde agosto de 2018. Ante ello,

12 Anejo II del Apéndice del Alegato en Oposición.
13 A la pág. 13 de la Sentencia Parcial.
14 Notificada en esta misma fecha.
15 Mandato registrado en los autos del Foro de Instancia el 13 de marzo de 2023.
16 Se registró el Mandato del Tribunal Supremo en los autos de dicho caso.
17 Notificada el 14 julio del mismo año.
18 Anejo 1 del Apéndice.
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la deuda reclamada era una real que podría ser ejecutada, por

ejecución de hipoteca.

      Inconforme el 4 de febrero de 2024, recurrió ante nos la

parte apelante mediante el recurso de Apelación Civil. Al leer los

argumentos planteados por esta parte, nos percatamos que son

exactamente los mismos que fueron aquilatados y adjudicados en

el caso de KLAN202200570. Ello es, que Condado 6 no es tenedor

de buena fe de los pagarés, garantías y colaterales que hoy intenta

ejecutar. Lo anterior por la parte apelante entender, que la cesión

de derechos entre este y BDE fue una ilegal.

      No surge del escrito de Apelación Civil planteamientos o

evidencia distinta a la presentada en el caso KLAN202200570. Sin

embargo, la parte apelante plantea en su recurso que el Foro de

Instancia cometió el siguiente error,

      Erró el TPI al declarar con Lugar una Demanda de
      manera Sumaria sin la oportunidad de realizar
      descubrimiento de pruebas.

      Con el beneficio del “Alegato de la Parte Demandante-

Apelada” de, Condado 6, este Tribunal está en posición de resolver.

                                  -II-

                                  -A-

      Las   Reglas    de   Procedimiento   Civil   viabilizan   que   las

controversias incoadas ante el Tribunal General de Justicia sean

resultas de forma rápida, justa y económica. 32 LPRA Ap. V, R. 1.

El Tribunal Supremo ha reiterado que, la Moción de Sentencia

Sumaria     es   un   mecanismo     procesal   que    provee    nuestro

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica

de las controversias en las que resulta innecesario celebrar un

juicio plenario. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR

100, 109 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,

430 (2013). “Se facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al

poner al tribunal en posición de evaluar conjuntamente las
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versiones encontradas para cada uno de los hechos refutados a la

luz de las referencias a la prueba que alegadamente los apoya”.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., supra, a las pág. 111–

112, citando a SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a las

págs. 433–434.

       La Sentencia Sumaria está regulada por la Regla 36 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 – 36.6. En particular

la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 expone

que,

       Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier
       momento después de haber transcurrido veinte (20)
       días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte
       demandada, o después que la parte contraria le haya
       notificado una moción de sentencia sumaria, pero no
       más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha
       límite establecida por el tribunal para concluir el
       descubrimiento de prueba, presentar una moción
       fundada en declaraciones juradas o en aquella
       evidencia que demuestre la inexistencia de una
       controversia sustancial de hechos esenciales y
       pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia
       sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier
       parte de la reclamación solicitada.

       Ahora bien, cumplido lo expuesto en el precitado texto, la

parte contra quien se opone la moción de sentencia sumaria “no

podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones

contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a

contestar en forma tan detallada y específica, como la haya hecho

la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la sentencia

sumaria en su contra si procede”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c)

       Como norma general, para rebatir una moción de sentencia

sumaria, la parte opositora deberá presentar contradeclaraciones

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los

hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 215 (2010); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v.

Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986).
KLAN2024000017                                                    8

      Por su parte, los incisos (d) y (e) de la Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, constituyen un

mandato directo al foro de instancia.

      (d) Toda relación de hechos expuesta en la moción de
           sentencia sumaria o en su contestación podrá
           considerarse admitida si se indican los párrafos o
           las páginas de las declaraciones juradas o de otra
           prueba admisible en evidencia donde ésta se
           establece, a menos que esté debidamente
           controvertida conforme lo dispone esta regla. El
           tribunal no tendrá la obligación de considerar
           aquellos hechos que no han sido específicamente
           enumerados y que no tienen una referencia a los
           párrafos o las páginas de las declaraciones juradas
           u otra prueba admisible en evidencia donde se
           establecen. Tampoco tendrá la obligación de
           considerar cualquier parte de una declaración
           jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la
           cual no se haya hecho referencia en una relación de
           hechos.
      (e) La sentencia solicitada será dictada inmediatamente
           si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
           interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a
           las declaraciones juradas si las hay, u otra
           evidencia demuestran que no hay controversia real
           sustancial en cuanto a algún hecho esencial y
           pertinente y que como cuestión de derecho el
           tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la
           parte promovente.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico analizó en el caso

normativo de Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra, a las

págs.109–110, que,

      Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de
      manera clara que, ante los hechos materiales no
      controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el
      Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de
      todos los hechos necesarios para poder resolver la
      controversia.

      El Máximo Foro definió el concepto de “hechos materiales”

como “aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de

acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.          Ramos Pérez v.

Univisión, supra, a la pág. 213; Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, a la pág. 110.     Ante ello, “cualquier duda no es

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria”.

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214.
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         Añade el caso que, ante una controversia de hechos el

Tribunal viene obligado a analizar los documentos que acompañan

la solicitud de sentencia sumaria, la oposición, y aquellos

documentos que obren en el expediente judicial. Íd, a la pág. 217.

      Esta determinación debe ser guiada por el principio de

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte

sentencia sumaria.          Este análisis liberal persigue evitar la

privación del derecho de todo litigante a su día en corte cuando

existen controversias de hecho legítimas y sustanciales que deben

ser resueltas. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617

(1990); Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 216–217.

      Ante un planteamiento que realmente controvierta de buena

fe los hecho esenciales y pertinentes corresponde que el Tribunal

celebre juicio. Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra, a la

pág. 112.

      Por su parte, el Tribunal Supremo ordena a este Tribunal

Apelativo resolver los asuntos presentados ante su consideración

de forma fundamentada, para garantizar la función revisora de

éste. Íd, a la pág. 114.

      El Tribunal Supremo ha sido enfático en que el Tribunal de

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el foro de

primera instancia al momento de revisar la procedencia de una

Sentencia Sumaria. Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra, a

la pág. 115. Ello es, determinar si, tanto la “Moción de Sentencia

Sumaria” como su oposición cumplieron con los requisitos de

forma impuestos por las reglas.         Además, deberá, analizar si en

realidad existen hechos materiales en controversia, de existir

deberá     detallarlos,    según   lo   requiere   la   Regla   36.4   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.

      Siendo así, de entender que los “hechos materiales realmente

están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio procederá
KLAN2024000017                                                         10

entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia

aplicó correctamente el Derecho a la controversia”, Meléndez

González et al. v M. Cuebas, supra, a la pág. 119.

      Ahora   bien,   por     ser   la     revisión   del   Tribunal   de

Apelaciones una de novo, éste tomará en consideración

únicamente los hechos y documentos considerados por el

Tribunal de Instancia.      Lo anterior sin adjudicar los hechos

materiales en controversia. Íd, a la pág. 118.

                                    -B-

      La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

42.1, define el término “Sentencia” como “cualquier determinación

del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la

cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse”.

      Surge, además, las Reglas de Procedimiento Civil disponen

que el Tribunal podrá dictar Sentencia final, en cuanto a una o

más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del

pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón

para esperar a la culminación del pleito.

      En términos literales, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 42.3, expone que,

      Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa,
      la sentencia parcial dictada será final para todos los
      fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las
      obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea
      registrada y se archive en autos copia de su
      notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella
      respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47,
      48 y 52.2.

                                    -C-

      “En nuestra jurisdicción, los derechos y las obligaciones

adjudicados mediante un dictamen judicial, que adviene final y

firme, constituyen ley del caso”.         Cacho Pérez v. Hatton Gotay y

otros, 195 DPR 1, 8 (2016).
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         La doctrina de la Ley de Caso ha sido definida por el

Tribunal Supremo como “la norma de que las determinaciones de

un tribunal apelativo, en todas aquellas cuestiones consideradas y

decididas, generalmente obligan tanto al Tribunal a quo como al

que las dictó, si el caso vuelve a su consideración”, H.A. Sánchez

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Lexis Nexis,

L001, págs. 627-628; C. E. Díaz Olivo, Litigación Civil, 2016,

Puerto Rico, pág. 111.

         La figura es definida como una norma, pues “es la práctica

general observada por los tribunales de negarse a reabrir lo que ya

antes se había decidido. (…) Esto es una cuestión de sana práctica

y   no    una    regla   inquebrantable”     J.   A.   Echevarría     Vargas,

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ª ed. rev., 2012, págs. 368-

369.

         La doctrina de la ley del caso sólo podrá ser planteada como

una defensa, cuando exista una determinación final que adjudique

la controversia en sus méritos.          Lo anterior, para garantizar la

finalidad de las determinaciones judiciales y brindar certidumbre a

ésta. C. E. Díaz Olivo, Litigación Civil, 2016, op. cit., a la pág. 111

Nuestro ordenamiento jurídico persigue que las partes en un pleito

puedan proceder sobre unas directrices confiables y certeras. R.

Ortega-Vélez,     Diccionario    de      Términos      y    Frases:   Derecho

puertorriqueño, 5ª, Ediciones Situm, Inc., 2022, pág. 191

         De hecho, “no debe alterarse una decisión previamente

emitida, si del récord no surge que hubiese habido una variación

en los hechos del caso o en el derecho imperante”.                    Sánchez

Martínez, op. cit. a la pág. 629.

         Ahora   bien,   el   Tribunal    Supremo          reconoce   que   los

Tribunales podrán modificar las determinaciones de los foros

apelativos. Asimismo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha

expresado que, la doctrina de la ley del caso “dirige la discreción
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del tribunal, no la limita”. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros,

supra, a la pág. 9.

      Sin embargo, esta flexibilidad no es absoluta, y sólo opera

cuando el foro determina que la decisión anterior es una errónea

que   podría   causar     una   grave    injusticia.   R.   Ortega-Vélez,

Diccionario Jurídico Derecho Puertorriqueño, 1ª ed. Ediciones

Scisco, 2005, pág. 248.

                                 -III-

      La parte apelante cuestiona si el Tribunal de Primera

Instancia incidió al resolver sumariamente el pleito sin conceder a

las partes un término para descubrimiento de pruebas.                No le

asiste la razón.

      Surge del trámite procesal antes discutido que, el 9 de abril

de 2018, Condado 6 presentó una “Demanda” contra la parte

apelante, para recuperar los montos adeudados por estos últimos.

Con posterioridad Condado 6 presentó una “Moción de Sentencia

Sumaria” acompañada de documentos públicos y documentos

privados   debidamente      autenticados,     que      sustentaban    sus

planteamientos.

      Por su parte, la parte apelante presentó una “Contestación a

Demanda” y una “Moción en Oposición a Sentencia Sumaria”,

respectivamente.      En ambos escritos, la parte apelante, planteó

que sólo existía controversia en cuanto a la legalidad de la cesión

de los pagarés, garantías y colaterales.

      Traído al pleito al Banco de Desarrollo Económico, para

dilucidar la controversia de la parte apelante, el Tribunal de

Primera Instancia ordenó la producción de documentos y celebró

vistas argumentativas con el fin de determinar si existía alguna

ilegalidad en la cesión de derechos. Escuchados los planteamientos

de las partes, aquilatada la evidencia, en consideración con el

derecho aplicable a este tipo de transacciones, el 13 de junio de
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2022, el Foro Primario determinó que la cesión de BDE a Condado

6 fue una legal.

      La determinación del Foro de Instancia fue confirmada por

este Tribunal de Apelaciones en la “Sentencia” dictada el pasado 4

de noviembre de 2022, en el caso KLAN202200570. Determinación

que es final y firme, la cual constituye ley del caso.

      Según esbozada, la figura de ley del caso no constituye una

camisa de fuerza para los Tribunales.         Sin embargo, “no debe

alterarse una decisión previamente emitida, si del récord no surge

que hubiese habido una variación en los hechos del caso o en el

derecho imperante”. Sánchez Martínez, op. cit. a la pág., 629.

      Ahora bien, la parte apelante ha recurrido ante nos,

mediante el recurso de Apelación Civil, para que se revoque la

“Sentencia Enmendada”, con los mismos planteados que fueron

aquilatados y adjudicados en el caso de KLAN202200570.

      Lo anterior por la parte apelante entender, que la cesión de

derechos entre este y BDE fue una ilegal. Sin embargo, contrario a

los preceptos legales esbozados, la parte apelante continúa

descansando en meras alegaciones que no han sido sustentadas.

      Han pasado alrededor de 16 meses desde que este Tribunal

dictó Sentencia confirmando la determinación del              Foro de

Instancia, en cuanto a la legalidad de la cesión que hizo BDE a

Condado 6. Sin embargo, los planteamientos de la parte apelante

continúan descansando en la creencia de que la cesión de Banco

de Desarrollo Económico a Condado 6 es una ilegal.

      Contrario a las disposiciones judiciales la parte apelante no

ha demostrado la variación de hechos y derechos que nos lleven a

la   conclusión    que   la   determinación    dictada   en   el   caso

KLAN202200570 debe ser modificada.          A su vez, estos tampoco

han presentado evidencia que nos permitan concluir que la
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determinación del Tribunal de Primera Instancia es una errónea

que podría causar una grave injusticia.

                                 -V-

      Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar

parte de este dictamen, se confirma la “Sentencia Enmendada”

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones