Court Opinion

ID: 9962741
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:47:58.430354+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.420055
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

                                      Revisión Judicial
MAITE A. RIVERA FONSECA               procedente del
  PERSONA CUSTODIA-                   Tribunal
        Recurrida                     Administrativo de
                        KLRA202300522 ASUME, Región
                                      Arecibo

              v.                                  Caso Núm.
                                                  0502524

                                                  Sobre:
                                                  REVISIÓN
     JAMES SANTIAGO                               ADMINISTRATIVA
       RODRÍGUEZ
  PERSONA NO CUSTODIA-
        Recurrente

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez, y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2024.

      Comparece el demandado recurrente, James Santiago Rodríguez

(en adelante, ¨recurrente¨ o ¨señor Santiago) mediante recurso de

revisión judicial administrativa. Mediante el presente recurso solicita

la revisión de una Resolución sobre modificación de pensión

alimentaria emitida por el Juez Administrativo de la Administración

para el Sustento de Menores, Región de Arecibo (en adelante,

¨ASUME¨) emitida el 15 de agosto de 2023 y notificada el 17 de agosto

de 2023. En el referido dictamen, ASUME declaró Ha Lugar una

solicitud de modificación de pensión alimentaria solicitada por Maite

A. Rivera Fonseca (en adelante, ¨recurrida¨ o ¨señora Rivera¨).

      Por las razones que expondremos a continuación, se confirma el

dictamen recurrido.

                                                                     1
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                                   I.

      El señor James Santiago y la señora Riversa procrearon una

hija, CSR, durante una relación consensual. El 8 de septiembre de

2021, ASUME dictó una Resolución en rebeldía en la cual le impuso al

señor Santiago el pago de una pensión alimentaria de $483.52 a favor

de CSR. La pensión se determinó imputándole al señor Santiago un

salario mínimo de $7.25 por hora.

      El 25 de octubre de 2021, el recurrente presentó ante el Tribunal

Administrativo de ASUME, Región de Arecibo, una solicitud de

prorrateo de sus obligaciones alimentarias para conservar su reserva

de ingresos, alegando estar desempleado.

      Durante el transcurso de los procedimientos, la señora Rivera

advino en conocimiento de que el señor Santiago había incorporado y

registrado la corporación CGY, Corp. (¨CGY¨).

       Ante posibles cambios sustanciales en los ingresos del señor

Santiago, el 17 de mayo de 2022, la señora Rivera le solicitó a ASUME

la modificación de la pensión alimentaria previo al prorrateo. La

recurrida alegó la existencia de nueva información en los ingresos del

señor Santiago, en comparación con el mínimo federal imputado en

septiembre de 2021.

      El 11 de julio de 2022, tras la celebración de la primera vista de

modificación de pensión en el caso de autos, ASUME emitió una Orden

en la que expresó que la prueba presentada por la recurrida para

evidenciar el cambio en los ingresos del señor Santiago no era

pertinente por ser anterior a septiembre de 2021, fecha en la que se

ordenó la pensión alimentaria. A su vez, le concedió treinta (30) días a

la señora Rivera para demostrar que entre septiembre de 2021 y julio

de 2022 existían los alegados cambios en los ingresos del señor

Santiago. Respecto a la corporación CGY, el foro administrativo

determinó que: (1) no era parte del pleito; (2) era una entidad jurídica

con personalidad propia e independiente de sus accionistas, directores
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y oficiales, y; (3) no se presentó prueba suficiente para descorrer el velo

corporativo.

      Como parte del descubrimiento de prueba, el 13 de julio de

2022, mediante correo electrónico, la recurrida le solicitó al foro

administrativo que emitiera, en lo pertinente, las siguientes órdenes:

      1) Orden dirigida al Departamento de Hacienda
      (¨Hacienda¨) para que provea copia de las planillas
      contributivas del señor Santiago y las de CGY para los
      años 2020 y 2021;

      2) Orden dirigida al Departamento de Obras Públicas
      (¨DTOP¨) para que provea los vehículos y traspasos a
      nombre del señor Santiago y CGY para los años 2021 y
      2022;

      3) Orden dirigida al Departamento del Trabajo (¨DTRH¨)
      para que provea Certificación del Departamento del
      Trabajo del señor Santiago para los años 2021 y 2022 y el
      registro corporativo de CGY para los años 2021 y 2022;

      4) Orden dirigida al Fondo del Seguro del Estado (¨CFSE¨)
      para que provea información sobre el recurrente y CGY
      para los años 2021 y 2022;

      5) Orden dirigida a la compañía Pura Energía para que
      provean una Certificación de Empleo del señor Santiago y
      una certificación de empleo de contratación de CGY para
      los años 2021 y 2022;

      6) Orden dirigida al señor Santiago para que provea sus
      estados bancarios y los estados bancarios de CGY para los
      años 2021 y 2022.

      El 14 de julio de 2022, el recurrente se opuso a la expedición de

las órdenes respecto a la información referente a CGY. Argumentó que

el foro administrativo ya había resuelto que la corporación no formaba

parte del pleito y que era un ente jurídico con personalidad

independiente a la del señor Santiago.

      Atendida la solicitud de la señora Rivera, el 20 de julio de 2022,

ASUME emitió una Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar las

órdenes dirigidas a Hacienda, DTOP, DTRH, CFSE y Pura Energía

referente a CGY porque la recurrida no proveyó el número de seguro

social patronal de la corporación. De igual manera, declaró No Ha

Lugar la orden dirigida a que el recurrente proveyera los estados de

cuentas de CGY. La Jueza Administrativa nuevamente determinó que
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¨la corporación es un ente separado a sus oficiales, accionistas y

directivos¨.

      Así las cosas, el 21 de julio de 2022, la recurrida expresó la

necesidad de obtener los estados de cuenta bancaria de CGY para

demostrar que el recurrente utiliza la corporación para pagar sus

gastos personales. Además, proveyó el número de seguridad patronal

de CGY para que ASUME expidiera las correspondientes órdenes.

      A solicitud de la señora Rivera, el 5 de agosto de 2022, la Jueza

Administrativa le ordenó al Departamento de Hacienda a proveer copia

de las Planillas de Contribución sobre ingresos radicadas para los años

contributivos 2020 y 2021 de la corporación CGY.

      El 15 de agosto de 2022, la señora Santiago volvió a solicitar que

se ordenara la presentación de los estados de cuenta de CGY a lo que

ASUME declaró No Ha Lugar mediante Orden de 17 de agosto de 2022.

Resolvió que la petición era tardía y que concederla extendería el

término de treinta (30) días concedido el 11 de julio de 2022 para

demostrar la existencia de cambios en los ingresos del señor Santiago.

      En reconsideración, el 18 de agosto de 2022, la señora Rivera

solicitó nuevamente la entrega de los estados de cuenta para lograr

evidenciar los ingresos del señor Santiago.

      El 22 de agosto de 2022, el señor Santiago solicitó que, vencido

el término otorgado el 11 de julio de 2022, se continuara el

procedimiento de prorrateo de sus obligaciones alimentarias.

      Ante las reiteradas solicitudes de la señora Rivera, el 26 de

agosto de 2022, se dictaminó una Orden en donde el foro

administrativo acogió la solicitud de la señora Rivera y les ordenó a las

correspondientes instituciones bancarias la entrega de los estados de

cuenta de CGY. Por otra parte, extendió hasta el 30 de septiembre de

2022 el término concedido a la recurrida para presentar la prueba

pertinente a los cambios de ingreso del recurrente.
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      El 8 de septiembre de 2022, First Bank presentó una Moción

Informativa sobre Orden e informó que, en aras de proteger la

confidencialidad de la información financiera de sus clientes, le solicitó

a CGY que les proveyera autorización para cumplir con la Orden de la

agencia, lo cual denegaron. Así las cosas, First Bank señaló que estaba

imposibilitado de cumplir con la producción de la información

ordenada.

      Mediante correo electrónico enviado el 13 de septiembre de

2022, la señora Rivera solicitó el emplazamiento de CGY.

      Posteriormente, el señor Santiago y la Procuradora Auxiliar de

ASUME se opusieron a que el Tribunal ordenara a First Bank la

entrega    de    la   información   solicitada   por   entender   que   las

corporaciones son personas jurídicas separadas de sus accionistas y

directores.

      No obstante, el 4 de octubre de 2022, la Jueza Administrativa le

ordenó a First Bank a cumplir con lo ordenado. La Orden dispuso:

      ¨[…] Tomando en cuenta que el presidente de CGY Corp.
      es James Santiago Rodríguez, persona no custodia, y que
      la persona custodia realiza el descubrimiento de prueba
      para en su momento demostrar que procede descorre[r] el
      velo corporativo, se ordena:

           •    First Bank tiene 10 días para cumplir con la orden
                de 26 de agosto de 2022.

      Mediante Orden emitida el mismo día, ASUME citó la

comparecencia de CGY a la vista calendarizada para el 2 de noviembre

de 2022.

      El 26 de septiembre de 2022, la señora Rivera presentó su

Planilla de Información Personal y Económica (PIPE) en la que declaró

un salario bruto de $0.00 y estar recibiendo pagos mensuales de la

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) de $150 por

incapacidad parcial permanente desde el 8 de febrero de 2022.

      Por su parte, el señor Santiago presentó su PIPE el 27 de

diciembre de 2022 en la que declaró un salario bruto de $0.00, no

tener ingresos y que, un familiar le estaba prestando dinero.
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      Luego de varios trámites que no son necesarios pormenorizar

para poder disponer del caso y la celebración de múltiples vistas,

ASUME emitió el 15 de agosto de 2023 y notificada el 17 de agosto de

2023 una Resolución y Orden. Como parte de la prueba presentada,

fueron admitidos los testimonios de las partes y de la presidenta de

CGY, Yajaira Santiago.

      En lo pertinente a la señora Rivera, la Juez Administrativa

realizó las siguientes determinaciones de hechos:

      […] 6. La PC es soltera, tiene otro hijo menor de edad y
      estudiante universitario que se hospeda y regresa al hogar
      materno, es empleada del Departamento de Educación,
      ocupa un puesto de enfermera escolar, se encuentra en
      licencia sin sueldo, está acogida a los servicios de la
      Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en
      descanso y tiene ingresos de: $150 mensual de la CFSE
      por incapacidad parcial permanente desde el 8 de febrero
      de 2022, beneficios el Programa de Asistencia Nutricional
      (PAN) y ayuda económica de familiares.

      7. El ingreso de la PC en el Departamento de Educación
      es de $2,816.00 bruto mensual y en el 2022 recibió un
      ingreso bruto de $30,622.5 a 2 de diciembre de 2022
      ($2,551.89 mensual bruto), según talonario.

      8. En la PIPE de 7 de diciembre de 2022 la PC enumeró
      gastos que suman $2,727 mensual aproximado. […]

      En cambio, referente al señor Santiago y a la corporación CGY,

realizó las siguientes determinaciones:

      […] 9. La PNC es soltera, tiene 2 hijos (caso 0550742)
      además de la alimentista e informó en la PIPE de 27 de
      diciembre de 2022 estar desempleado, vivir con su madre
      y padrastro y tener ingresos por ayuda económica de
      familiares. Declaró en la vista que se dedicó previamente
      a la venta de alarmas y otros productos Alpha One, fue
      consultor de Pura Energía y que está desempleado desde
      el 2017.

      10. La PNC incorporó el 25 de enero de 2020 la empresa
      sin fines de lucro CGY, Corp. (en adelante corporación) y
      fue su presidente desde esa fecha hasta el 2 de diciembre
      de 2021, fecha en que renunció a la presidencia. Durante
      su presidencia la corporación no tuvo oficiales
      (secretaria(o),   tesorera(o),  empleados(as),      bienes
      inmuebles ni oficina o equipos.

      11. La corporación se dedica a orientar sobre sistemas de
      generación de energía con placas solares y referir posibles
      clientes a empresas que ofrecen estos productos.

      12. La PNC, durante el periodo de su presidencia, era la
      persona que buscaba clientes, recibía referidos y refería a
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      compañías. Declaró que no recibía remuneración por
      estas gestiones.

      13. La corporación tuvo ingresos por los referidos que hizo
      a Alpha Solar Solutions y Solar Team Management en el
      2020 de $90,969.22 y en el 2021 de $81,336.76.

      14. En el periodo que la PNC fue presidente de la
      corporación no se informaron en las planillas de
      contribución sobre ingresos corporativas pagos por
      servicios profesionales o comisiones.

      15. La PNC tuvo el control financiero total y absoluto de
      la corporación durante el periodo de su presidencia y
      hasta el 22 de diciembre de 2021, fecha en que se registró
      el cambio en la cuenta bancaria corporativa.

      16. Durante su presidencia el número de teléfono, la
      dirección postal y la dirección electrónica de la
      corporación eran las mismas que las de la PNC.

      17. La PNC era la única persona que firmaba los cheques
      de la corporación, buscaba clientes, recibía referidos y
      refería posibles clientes a Alpha Solar y Solar Team. En el
      2021[,] él, como presidente y único miembro de la junta
      directiva, aprobó la compra de un vehículo de motor para
      la corporación.

      18. La PNC recibió de la corporación $17,000 entre enero
      de 2022 y mayo de 2022; $2,000 por pago de comisiones
      y la diferencia en calidad de préstamo sin intereses ni
      fecha cierta de pago.

      19. La PNC no está incapacitada para ejercer un trabajo
      remunerado. […].

      Cónsono con los anterior, concluyó que era inverosímil concluir

que el señor Santiago no se benefició de los ingresos de CGY.

      A su vez, procedió a computar el ingreso neto mensual del señor

Santiago en $3,139.90, tomando en cuenta lo recibido por este entre

enero y mayo de 2022. Por otra parte, computó el de la señora Rivera

en $2,112.78, según informado en la Hoja de Cómputos de 8 de

septiembre de 2021.

      Como corolario de los anterior, declaró Ha Lugar la solicitud de

modificación de pensión alimentaria previo al prorrateo y le ordenó al

señor Santiago: (1) el pago de una pensión alimentaria mensual de

$825.76, efectiva a 17 de mayo de 2022; y (2) el pago mensual de

$54.50 adicional a la pensión alimentaria por 36 meses para cubrir el
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60% del tratamiento de ortodoncia de la menor, comenzando en

septiembre de 2023.

      Inconforme, el señor Santiago presentó el 31 de agosto de 2023

una Moción de Reconsideración. El término para que el foro

administrativo atendiera la reconsideración transcurrió sin que el

recurso fuera atendido.

      El 6 de octubre de 2023, el señor Santiago presentó ante el

Tribunal   de   Apelaciones   un   Recurso   de   Revisión   Judicial

Administrativa solicitando que se revise la Resolución emitida por

ASUME. Realizó los siguientes señalamientos de errores:

      Erró la Juez Administrativa al concederle oportunidad
      adicional a la P.C. de solicitar una modificación de la
      Orden de Pensión Alimentaria del 8 de septiembre de
      2021, a pesar de que el 11 de julio de 2022 emite
      Orden donde luego de atender la Solicitud de
      Modificación solicitada por la P.C. previo al prorrateo,
      determina que evaluado los testimonios y fotografías
      presentadas como prueba por la PC, las mismas no
      eran pertinentes por ser anteriores al 8 de septiembre
      de 2021, fecha en que se adjudicó la Orden de Pensión.

      Erró la Juez Administrativa al conceder un
      descubrimiento de prueba sobre CGY Corp, quien[,] al
      momento de la orden administrativa, no era parte del
      caso y por tanto el Tribunal no tenía jurisdicción sobre
      dicha entidad jurídica.

      Erró la Juez Administrativa al ordenar un
      descubrimiento de prueba, sobre entidad jurídica
      quien no es parte del pleito y sin que la P.C. hubiera
      demostrado su pertinencia en la vista del 11 de julio
      de 2022 y los cambios sustanciales en ingreso del
      P.N.C.

      Erró la Juez Administrativa sobre la imputación de
      ingresos que realizó [l]a P.C., por la cantidad de
      $2,112.78; cuando los gastos reportados en su PIPE
      asciende[n] a $2,727.00 y donde no se tomó en
      consideración los depósitos bancarios de la cuenta
      #086-257722.

      Erró la Juez Administrativa al imputarle ingresos al
      P.N.C. de los estados bancarios de la Corporación CGY
      Corp, que no fueron admitidos en evidencia siendo
      ésta una persona jurídica independiente del cual el
      Tribunal de ASUME no tenía jurisdicción.

      Erró la Juez Administrativa al abusar de su discreción
      al ordenar descubrir prueba sobre información
      económica de una Corporación que no es parte del
      pleito.
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      El 16 de noviembre de 2023, la señora Rivera presentó una

Moción Solicitando Desestimación en Virtud de la Regla 83(1) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Argumentó que el Tribunal de

Apelaciones     carece    de    jurisdicción   porque    la    Moción       de

Reconsideración presentada por el señor Santiago ante ASUME no fue

perfeccionada dentro del término de veinte (20) días, ya que omitieron

someter los anejos.

      Mediante Resolución emitida el 31 de enero de 2024, declaramos

No Ha Lugar la solicitud de desestimación y se le concedió a la parte

recurrida un término para presentar su alegato en oposición.

      Ante una solicitud de prórroga presentada por la recurrida, le

concedimos, mediante Resolución de 8 de febrero de 2024, una

prórroga final de diez (10) días para expresarse.

      El 22 de febrero de 2024, la señora Rivera presentó su oposición

a la revisión judicial.

      Examinado el expediente ante nuestra consideración y la

posición de las partes, procedemos a resolver.

                                      II.

A. La revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial

      La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA

sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden ser

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta

disposición    es   delimitar    la    discreción   de   los      organismos

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Andrea Hernández Feliciano v.

Municipio de Quebradillas, 211 DPR 99 (2023). Es norma reiterada

que, al revisar las determinaciones de los organismos administrativos,

los tribunales apelativos le conceden gran consideración y deferencia,

por la experiencia y el conocimiento especializado que estos poseen.

Íd.
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      Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial que

obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma anterior

nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal Supremo ha

resuelto con igual firmeza que, los tribunales no podemos imprimirle

un sello de corrección, so pretexto de deferencia, a las determinaciones

o   interpretaciones     administrativas    irrazonables,     ilegales,    o

simplemente contrarias a derecho. Super Asphalt v. AFI y otro, 206

DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR

117 (2019).

      Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la agencia

cuando no se pueda hallar fundamento racional que explique o

justifique    el   dictamen    administrativo.     Rolón    Martínez      v.

Superintendente, 201 DPR 26 (2018). Por ende, "los tribunales deben

darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior responde a

la vasta experiencia y al conocimiento especializado que tienen las

agencias sobre los asuntos que le son encomendados. Capó Cruz v.

Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020).

      Por consiguiente, dada la presunción de corrección y regularidad

que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas por las agencias

administrativas, éstas deben ser respetadas mientras la parte que las

impugna no produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Graciani

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra. Al revisar las decisiones de las

agencias, el criterio rector que debe guiar a los tribunales es la

razonabilidad de la actuación, aunque esta no tiene que ser la única o

la más razonable. Andrea Hernández Feliciano v. Municipio de

Quebradillas, supra.
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      Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no está

basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de

la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera irrazonable,

arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos

constitucionales fundamentales, entonces la deferencia hacia los

procedimientos administrativos cede. Íd.

      Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la

agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd. Por

tanto, si una parte afectada por un dictamen administrativo impugna

las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de derrotar, con

suficiente evidencia, que la decisión del ente administrativo no está

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo

ante su consideración. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra;

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). De no identificarse y

demostrarse esa otra prueba en el expediente administrativo, las

determinaciones de hechos deben sostenerse por el tribunal revisor,

pues el recurrente no ha logrado rebatir la presunción de corrección o

legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003).

B. Apreciación de la prueba

      La tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente

ocurrió depende, en gran medida, de la exposición del juzgador de los

hechos a la prueba presentada, lo cual incluye, ver el comportamiento

del testigo y escuchar su voz, mientras ofrece su testimonio. Robert

Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759

(2022). De ahí que, los tribunales apelativos no debemos intervenir con

la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las

determinaciones de hechos que realizan los tribunales de instancia,

salvo que se demuestre que el juzgador actuó movido por pasión,
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prejuicio o parcialidad o que incurrió en error manifiesto. Íd. Cuando

la alegación es de pasión, prejuicio o parcialidad, el llamado a los foros

apelativos es verificar, primordialmente, si el juzgador de los hechos

cumplió con su función de adjudicar de manera imparcial. Gómez

Márquez et al. v. El Oriental Inc., 203 DPR 783, 793 (2020). Solo así

podremos apoyar sus determinaciones de hechos. Íd.

       Por otro lado, constituye error manifiesto cuando, de un análisis

de la totalidad de la evidencia, el foro apelativo se convence de que se

cometió un error, independientemente de que exista evidencia que

sostenga las conclusiones de hecho del Tribunal. Íd. De manera que,

la facultad de los foros apelativos para sustituir el criterio de los

tribunales de instancia se limita a aquellos escenarios, en los cuales,

de la prueba admitida no surge base suficiente que apoye su

determinación. Robert Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations,

Co., supra. Como se sabe, las diferencias de criterio jurídico no

alcanzan dicho estándar. Íd.

       Ahora bien, cabe destacar que, en ausencia de evidencia oral, el

Tribunal de Apelaciones carece de los elementos para descartar la

apreciación razonada y fundamentada de la prueba que realizó el foro

primario. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289

(2011).

       Como vemos, nuestro esquema probatorio está revestido de un

manto de deferencia hacia las determinaciones de credibilidad que

realizan los juzgadores de instancia, con respecto a la prueba testifical

presentada ante sí. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 146-147

(2020). Lo anterior, en reconocimiento a la oportunidad que tiene el

foro primario de ver y observar a los testigos declarar, de poder

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas,

vacilaciones con el efecto de ir formando gradualmente, en su

conciencia, la convicción sobre si dicen o no la verdad. Íd., págs. 857-

858.
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                                  III.

      En el caso de marras, la determinación final de la agencia le

impuso al recurrente la modificación del pago de una pensión

alimentaria, calculada a base de los ingresos recibidos por este. El

recurrente, a través de sus seis señalamientos de errores, en esencia,

pretende cuestionar principalmente un asunto, a saber, la apreciación

de la prueba realizada con el fin de auscultar la realidad financiera de

las partes.

      Debemos recordar que, los foros apelativos debemos deferencia

a las determinaciones alcanzadas por los foros primarios, puesto que

fue ante estos que testificaron las personas bajo juramento, ocasión

que los puso en posición de auscultar gestos, expresiones, oír cambios

de tonos, y ejercer la delicada función de adjudicar veracidad. A menos

que se demuestre que el foro primario actuó movido por pasión,

prejuicio o parcialidad o que incurrió en error manifiesto, no estamos

en posición de intervenir con la apreciación de la prueba.

      Asimismo, cabe mencionar que, la presunción de legalidad y

corrección de las decisiones de las agencias administrativas prevalece

siempre que la parte que la impugne no demuestre evidencia suficiente

que la rebata. De no existir alguna de las situaciones previamente

contempladas, estamos obligados a validar la determinación del foro

administrativo aun cuando exista más de una interpretación posible

en cuanto a los hechos.

      En el caso ante nuestra consideración, se celebraron múltiples

vistas en las cuales testificaron tanto las partes, como la Presidenta de

la corporación CGY. Sin embargo, no se presentó medio de

transcripción oral alguno, ello a pesar de que los errores señalados por

el recurrente tratan precisamente sobre el valor probatorio que el foro

administrativo le concedió al testimonio de las partes y la testigo,

previo a permitir la revisión de la pensión alimentaria, ordenar el

descubrimiento de prueba, computar los ingresos de las partes e
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imponer la pensión. Consecuentemente, las partes no nos pusieron en

posición de determinar si se cometieron los errores señalados.

      Por lo anterior, como foro revisor estamos impedidos de

intervenir con la apreciación de la prueba y mostraremos deferencia a

las determinaciones realizadas por el foro administrativo.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos anteriormente, los cuales

hacemos formar parte integral del presente dictamen, se confirma la

Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones