Court Opinion

ID: 9890393
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:21:51.962586+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:40.057741
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL X

 MAGDALENA PÉREZ                               Apelación acogido
 ROSARIO Y ROSA MARÍA                          como Certiorari
 PEÑA PÉREZ                                    procedente del
                                               Tribunal de Primera
        Recurridas                             Instancia, Sala
                                 KLAN202300835 Superior de Bayamón

               v.                                         Caso Núm.:
                                                          BY2023CV03453 (701)

 SUJEIDY LÓPEZ ANDALUZ                                    Sobre:
                                                          Desahucio por
        Peticionaria                                      Incumplimiento

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2023.

       Comparece la señora Sujeidy López Andaluz (señora López

Andaluz o peticionaria) mediante recurso de Apelación, el cual

acogemos como certiorari por ser el recurso adecuado para la

revisión del dictamen recurrido1, y nos solicita la revisión de la

Resolución emitida y notificada el 5 de septiembre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI o foro

primario). Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar

una solicitud de relevo de sentencia presentada por la peticionaria.

El recurso de epígrafe fue acompañado por una Moción en Auxilio de

Jurisdicción        en    la   que   se   solicitó   la    paralización   de   los

procedimientos ante el foro primario.

       Por   los         fundamentos      que   exponemos      a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari y declaramos No Ha

Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

1 Por motivos de economía procesal, hemos decidido conservar la designación
alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal.

Número Identificador
RES2023__________
KLAN202300835                                                         2

                                         I.

        El 21 de junio de 2023, la señora Magdalena Pérez Rosario y

la señora Rosa María Peña Pérez (en conjunto, recurridas)

presentaron una Demanda2 sobre desahucio en contra de la

peticionaria. En síntesis, alegaron haber suscrito con la peticionaria

un contrato de arrendamiento con opción a compra de una

propiedad inmueble por la cantidad de $385.00 mensuales.

Además, señalaron que la peticionaria les adeuda la suma de

$2,387.75 por concepto de canon de arrendamiento.

        El 19 de julio de 2023, se celebró Vista de Conferencia Inicial

a la que comparecieron ambas partes por derecho propio. Según

surge de la Minuta3, transcrita el 20 de julio de 2023, el TPI

determinó que, en efecto, las recurridas son dueñas de la propiedad

en controversia. Además, consignó que la peticionaria se sometió a

la jurisdicción, aceptó la deuda, pero sostuvo que no era justo que

se le ordenara desalojar la propiedad luego de haber invertido en

ella.

        Así las cosas, el 19 de julio de 2023, notificada el 21 de julio

de 2023, el TPI emitió Sentencia4 en la que declaró Con Lugar la

demanda instada por las recurridas. En consecuencia, ordenó a la

peticionaria el desalojo de la propiedad, sin establecer deuda, toda

vez que las recurridas, libre y voluntariamente, condonaron la

misma. El foro primario estableció una fianza de $500.00 para

procedimientos apelativos.

        Posteriormente, el 21 de agosto de 2023, la peticionaria, sin

someterse a la jurisdicción, presentó una Moción Urgente Asumiendo

Representación Legal y de Nulidad de Sentencia (Regla 49.2 de Proc.

Civil)5. Adujo que procede la nulidad de la sentencia debido a falta

de parte indispensable en el pleito. Particularmente, alegó que el

2 Véase apéndice del recurso, págs. 53-54.
3 Véase apéndice del recurso, págs. 39-41.
4 Véase apéndice del recurso, pág. 38.
5 Véase apéndice del recurso, págs. 23-32.
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documento titulado Contrato de Arrendamiento con Opción a

Compra6, fue suscrito por personas que no fueron incluidas en el

pleito. Además, señaló que, aunque la peticionaria compareció a la

vista celebrada ante el TPI, lo hizo sin haber sido emplazada

adecuadamente         y      en   desconocimiento    de   sus     derechos.

Particularmente, alegó que a la peticionaria no se le entregó copia

de la demanda.

       El 5 de septiembre de 2023, el TPI emitió y notificó una

Resolución7 en la que declaró No Ha Lugar el relevo de sentencia

solicitado por la peticionaria.

       Inconforme, el 20 de septiembre de 2023, la peticionaria

comparece ante nos y señala los siguientes errores:

              Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
       determinar que la Sentencia dictada es nula, bajo las
       disposiciones de la Regla 49.2, por falta de jurisdicción sobre
       la persona de la demandada, resultado de un emplazamiento
       deficiente en el cual faltó la entrega de copia de la demanda.

              Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
       determinar que la Sentencia dictada es nula, bajo las
       disposiciones de la Regla 49.2, por falta de parte
       indispensable por la parte demandante, al no incluir la
       demanda a un supuesto titular del inmueble sobre el cual
       versa la acción de desahucio.

              Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
       determinar que la Sentencia dictada es nula, bajo las
       disposiciones de la Regla 49.2, por falta de parte
       indispensable por la parte demandada, al no incluir la
       demanda a uno de los contratantes, inquilino en el
       arrendamiento y optante en la opción a compra del inmueble
       sobre el cual versa la acción de desahucio.

       En esta misma fecha, presentó una Moción en Auxilio de

Jurisdicción en la que solicitó la paralización de los procedimientos.

       Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores, según lo permite la Regla (7)(B)(5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones8.

6 Véase apéndice del recurso, págs. 55-63.
7 Véase apéndice del recurso, págs. 5-6.
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.
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                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior9. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial10. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”11. Empero, el ejercicio de la

discreción    concedida      “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”12.

       La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones13,

establece los criterios que este foro debe tomar en consideración al

entender o no en los méritos los asuntos planteados mediante un

recurso de certiorari. La aludida regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

9 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023);

800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR,
185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005);
Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
10 Íd.
11 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, supra, pág. 91 (2001).
12 Íd.
13 4 LPRA XXII-B, R. 40.
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         Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento        impone     que    ejerzamos          nuestra   discreción   y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

         En lo pertinente a este caso, el certiorari también es el recurso

apropiado para solicitar la revisión de determinaciones post

sentencia14. A esos efectos, el Tribunal Supremo expresó que:

         Las resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se
         encuentran comprendidas entre aquellas determinaciones
         de naturaleza interlocutoria categóricamente sujetas a
         escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra parte,
         por emitirse este tipo de decisión luego de dictada la
         sentencia, usualmente tampoco cualifica para el recurso de
         apelación provisto para dictámenes judiciales finales. Se
         corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos nunca se
         vean sujetos a examen judicial simplemente porque ocurren
         en una etapa tardía en el proceso, tal como lo es la ejecución
         de sentencia15.

                                       -B-

         En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha establecido que el desahucio es un

procedimiento especial de naturaleza sumaria, cuya finalidad es

recuperar la posesión de una propiedad inmueble mediante el

lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista que la

detente16. Este procedimiento es regulado por el Código de

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, cuyas normas determinan el

curso a seguir en las acciones de desahucio17.

         El   procedimiento        sumario          de    desahucio     persigue

principalmente recobrar la posesión de un inmueble por quien tiene

derecho a ella18. A modo de excepción, cuando la demanda se

fundamenta en la falta de pago del canon o precio convenido, es

14 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339.
15 Íd.
16 Véase, Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 (1992);

Mora Dev. Corp. V. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987); C.R.U.V. v. Román, 100 DPR
318, 321 (1971); Fernández & Hno. V. Pérez, 79 DPR 244 (1956).
17 32 LPRA sec. 2821, et seq.
18 Fernández & Hno. v. Pérez, supra, págs. 247-248.
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posible acumular en el mismo procedimiento judicial, una acción en

cobro de dinero19. En estos casos no se admitirá otra prueba que no

sea el recibo o cualquier otro documento en que conste haberse

verificado el pago20.

         En casos apropiados el demandado puede presentar otras

defensas afirmativas íntimamente relacionadas con la causa del

desahucio, de forma tal que el procedimiento se torne en ordinario21.

Ello, en reconocimiento de que el derecho de dominio no es de

atribución absoluta de su titular, y puede ceder ante intereses

sociales de orden superior.

                                       III.

         Tras examinar el dictamen recurrido a la luz de las

disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,

entendemos       que    no    procede     nuestra     intervención      con       la

determinación impugnada. Ante los hechos que presenta este caso,

no consideramos que la determinación del foro primario haya sido

arbitraria, caprichosa o que haya lesionado el debido proceso de ley

de la peticionaria. En consecuencia, no vemos razón alguna para

intervenir con el dictamen emitido por el TPI.

                                       IV.

         Por   los   fundamentos       que    anteceden,      denegamos           la

expedición del auto de certiorari y declaramos No Ha Lugar la Moción

en Auxilio de Jurisdicción.

         Notifíquese inmediatamente.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

19 32 LPRA sec. 2829.
20 Íd.
21 Véase, Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra, págs. 747-748; Jiménez v. Reyes, 146

DPR 657 (1998); Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra, a la pág. 245.