Court Opinion

ID: 9928492
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:19:16.691154+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:39.968273
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

                                                    Apelación
         TATIANA                                    procedente del
      VALLESCORBO                                   Tribunal de Primera
         CUEVAS                                     Instancia, Sala
                                                    Superior de San Juan
           Apelante

                                  KLAN202300199 Sobre: Custodia
                v.

                                                    Caso Núm.
      IVÁN E. RIVERA                                KCU2019-0066
        LABRADOR                                    (701)

            Apelado

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, la
jueza Mateu Meléndez y el juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                  SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2023.

        Comparece ante nos la señora Tatiana Vallescorbo Cuevas

(Vallescorbo Cuevas o apelante) para que revisemos la Sentencia

dictada y notificada el 29 de diciembre de 2022, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), en la que

sostuvo los hallazgos y las recomendaciones del Informe Social

Forense emitido por la trabajadora social, Elizabeth Litsky Collazo.

Por lo que, entre otros asuntos, ordenó continuar con la custodia

compartida del menor N.E.R.V.

        El 13 de enero de 2023, la apelante solicitó reconsideración y

el 6 de febrero de 2023 el TPI la declaró No Ha Lugar.1

        Examinados los escritos de las partes y con el beneficio de la

transcripción de la prueba oral, resolvemos confirmar el dictamen

apelado. Veamos los fundamentos.

1 Notificada el mismo día.

Número Identificador

SEN2023 _______________
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                                         -I-

       El 22 de febrero de 2019 la señora Vallescorbo Cuevas incoó

una demanda contra el señor Iván Enrique Rivera Labrador (Rivera

Labrador o apelado) solicitando la custodia monoparental de su hijo

N.E.R.V. (NERV o menor),2 producto de una relación que culminó en

verano de 2018, por lo que acordaron compartir la custodia del

menor. Sin embargo, ante la existencia de un ambiente de alta

conflictividad entre ambos progenitores, la señora Vallescorbo

Cuevas solicitó la concesión de una custodia monoparental.

       Ante tal solicitud, el TPI ordenó a la Unidad Social la

realización de un informe social. Por lo cual, el 9 de junio de 2019

la trabajadora social Elizabeth Litsky Collazo (TS Litsky Collazo),

rindió un Informe Social Forense (Informe Social I) recomendando la

custodia compartida.3 Recibido el Informe Social I, se les informó a

las partes el trámite a seguir de no estar conformes.4 Por ello, la

apelante decidió impugnar el mismo.5

       Luego de varios incidentes, el TPI entendió que era necesario

reevaluar el caso,6 por lo cual, el 12 de mayo de 2021 ordenó a la

Unidad Social la reevaluación. En lo pertinente, expresó:

       Se refiere el asunto a la Unidad Social para revaluación
       debido a que han transcurrido casi dos años desde que se
       presentó el Informe Social original sin que se haya
       determinado si el Tribunal acoge las recomendaciones.
       Además, porque con posterioridad a la presentación del
       Informe han ocurrido incidentes entre las partes que están
       íntimamente relacionados con los requisitos que el Tribunal
       debe evaluar al momento de adjudicar los casos de Custodia,
       a tenor con la Ley 223 de 2011. A estos efectos, se ordena a
       la unidad Social evaluar los eventos relacionados con las
       alegaciones sobre eventos de Ley 54; los acuerdos alcanzados
       por las partes en ocasión de un caso de Ley 54; las
       alegaciones sobre agresión sexual al menor; y, la intención de
       los profesionales de la salud que han evaluado y/o tratado en
       este periodo a este núcleo familiar y sus componentes. […].7

2 Anejo I de la Apelante, págs. 1 – 5.
3 Anejo CXXV de la Apelante, págs. 494 – 507.
4 Anejo VIII de la Apelante, págs. 35 – 36.
5 Anejo IX de la Apelante, págs. 43 – 45.
6 Anejo LXX de la Apelante, págs. 254 – 257.; Véase, además, Anejo LXXI de la

Apelante, págs. 258 – 259.
7 Id., en la pág. 255.
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       En cumplimiento con lo ordenado, el 16 de septiembre de

2021 la TS Litsky Collazo sometió un Informe Social Forense

(Informe Social II).8 Reiteró su recomendación de que ambos

progenitores ostentaran la custodia compartida de NERV.

       1. Que la Custodia del menor continúe Compartida entre las
       partes de la siguiente forma;
          - Semanas alternas de lunes a lunes, entregando y
          recogiendo el menor en su colegio y cuando no haya
          clases en la caseta del guardia de la Urbanización
          Monteclaro, donde reside la madre y los abuelos
          maternos.
          - El señor Rivera podrá hacer arreglos de cuido con el Sr.
          Mario Rivera, abuelo paterno, y el Sr. Xavier Rivera
          cuando esté de turno y tenga que salir a atender un caso.
          De éstos no poder ayudarlo, le madre será la opción.
          - Cada padre se comunicará con el menor miércoles y
          sábados entre 5:00 y 6:00 p.m. de la semana que no lo
          tenga bajo su cuidado. De no responder la llamada, el
          padre que lo tiene bajo su cuidado, se encargará de
          devolver le llamada.
          - Durante el periodo navideño se alternarán entre las
          partes las siguientes fechas cada año:
          - Del 24 de diciembre a las 3:00 p.m. al 31 de diciembre
          a las 3:00 p.m.
          - Del 31 de diciembre a las 3:00 p.m. al 7 de enero a las
          3:00 p.m.
          - En el 2021-2022 el menor estará con el padre del 24 al
          31 de diciembre y del 31 de diciembre al 7 de enero con
          la madre.
          - El fin de semana que se celebra el Día de los Padres, el
          menor permanecerá con el padre de viernes a domingo,
          independientemente a quien le corresponda. De igual
          forma será el fin de semana que se celebra el Día de las
          Madres.
       2. Que se le prohíba a las partes, sus familiares y a cualquier
       otra persona relacionada a ellos hacer comentarios sobre las
       partes en presencia del menor.
       3. Que se le prohíba al Sr. Imanol Caballero, compañero de la
       madre, realizar comentarios alusivos al caso de las partes y
       sobre el Sr. Iván E. Rivera Labrador y sus familiares, en las
       redes sociales y en los medios de comunicación para los que
       escribe. De igual forma, el Sr. Iván E. Rivera Labrador no
       deberá hacer comentarios sobre el señor Caballero y sus
       familiares en las redes sociales.
       4. Las partes se notificarán todos los asuntos relacionados al
       menor. Cada padre será responsable da las citas médicas,
       terapias y otros asuntos cuando lo tenga bajo su custodia.
       5. Las partes continuaran participando del proceso de
       Coordinación de Parentabilidad con la Dra. María del Mar
       Torres Suria. Estos cumplirán con las condiciones y reglas
       establecidas por la doctora. Que la Dra. Torres someta un
       Informe al Tribunal del Progreso del proceso de
       parentabilidad.
       8. El menor continuará participando de terapia psicológica con
       la Psicóloga que recomiende la Dra. Francés Seda, Psicóloga.9

8 Anejo CXXVII de la Apelante, págs. 534 – 560.
9 Id., en las págs. 559 – 560.
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          En desacuerdo, el 13 de octubre de 2021 la señora

Vallescorbo Cuevas anunció su intención de impugnar el referido

informe.10 En resumen, señaló las siguientes razones para

impugnar el Informe Social II:

      •     No refleja haber puesto al menor como la estrella polar del
            caso que nos ocupa;
      •     Carece de información esencial e indispensable para la
            adjudicación de un caso de custodia;
      •     Da visos de parcialidad al basarse en las recomendaciones
            de una profesional de la salud que tuvo y ocultó a una de
            las partes el conflicto de interés que existía y que incidía
            directamente con su recomendación;
      •     No hace referencia al efecto que tuvo sobre el menor en el
            ámbito escolar el ejercicio de la custodia compartida
            provisional por los pasados años que, de haberse
            considerado utilizando los estándares de la profesión del
            trabajo social, no llevarían a concluir de la misma forma;
      •     Tiene visos de parcialidad, por omitirse toda la información
            que resultaba adversa a una de las partes;
      •     Omite información sumamente importante certificada por la
            escuela del menor sobre cuál ha sido el rendimiento escolar
            desde que la custodia ha sido provisionalmente compartida;
      •     Se minimizan los incidentes de violencia doméstica y de
            maltrato de menores al dejar de incluir los relatos sobre todo
            incidentes graves ocurridos en presencia del menor;
      •     Erróneamente concluye que ambos padres están en
            igualdad de condiciones para custodiar al menor durante
            los periodos de turno que resultan tan amplias que no
            atienden adecuadamente las necesidades del menor;
      •     Ignora la prueba pertinente al atender, discutir y evaluar
            todos los elementos reconocidos por nuestro Tribunal
            Supremo al momento de adjudicar una custodia compartida,
            aunque los discuta uno a uno.11

          Luego de varios trámites procesales, se celebró el Juicio en su

fondo en los días del 5 al 9 de diciembre de 2022.12 Ambas partes

comparecieron         personalmente,       y   testificaron   en    la   vista.13

Evaluados los testimonios ofrecidos en el Juicio y el expediente del

caso, el TPI emitió una Sentencia el 29 de diciembre de 2022,14 con

las siguientes determinaciones de hechos:

          1. Las partes en el presente asunto son los padres del menor
          Nicolás Enrique Rivera Vallescorbo, nacido el 8 de mayo de
          2013.
          2. Las partes sostuvieron una relación consensual que finalizó
          en el año 2018.

10 Anejo LXXXVII de la Apelante, págs. 327 – 335.
11 Id., en las págs. 333 – 334.
12 Transcripción de Vista de Impugnación de Informe Social (TPO).
13 Además de las partes, comparecieron en calidad de testigo: la TS Litsky Collazo

(Perito del tribunal); el Sr. Imanol Caballero Valentín (esposo de la señora
Vallescorbo Cuevas); la Dra. Iris M. Rosales Concepción (Perito de la señora
Vallescorbo Cuevas); y, el Dr. Emil Alicea Rodríguez (perito del señor Rivera
Labrador).
14 Anejo CXX de la Apelante, págs. 442 – 460.
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    3. Cuando finalizaron su relación las partes acordaron,
    extrajudicialmente, compartir la custodia de su hijo Nicolás.
    4. Desde e1 2018 al presente las partes han compartido la
    custodia del menor.
    5. La Custodia Compartida se interrumpió por un periodo
    durante los meses de junio a agosto de 2020, cuando se
    suspendieron las relaciones entre el menor y el señor Rivera
    por la expedición de una Orden de Protección Ex Parte en
    contra del padre.
    6. El plan de Custodia Compartida se reanudo el 30 de agosto
    de 2020.
    7. La Trabajadora Social Litsky Collazo tiene 33 años y 8
    meses de experiencia como Trabajadora Social, todos ellos en
    la Unidad de Trabajo Social del Tribunal de San Juan.
    8. La Trabajadora Social Litsky Collazo ha rendido dos
    Informes en el presente asunto, por lo que conoce a este núcleo
    familiar desde el 2019.
    9. En la sección II de su Informe, sobre Motivo del Referido, la
    Trabajadora Social Litsky Collazo indicó lo siguiente:

      La Sra. Tatiana Vallescorbo Cuevas, madre del menor,
      interesa la custodia monoparental. Considera que el
      bienestar emocional y físico al igual que la seguridad del
      menor están bajo su custodia. El Sr. Iván Rivera
      Labrador, padre del menor, se opone a la solicitud de
      ésta. Considera que no hay razones para cambiar el
      arreglo de custodia compartida existente.

    10. En la sección sobre Motivo del Referido la Trabajadora
    Social incluyó las posturas de cada parte sobre el asunto en
    controversia que, en este caso, es la Custodia del menor.
    11. La Orden de Referido del Tribunal, fechada 12 de mayo
    de 2021, es una Orden de Reevaluación de Custodia y
    Custodia Compartida y responde, precisamente, al motivo
    indicado por la Trabajadora Social en su Informe; a saber, la
    demandante interesa la custodia monoparental y el
    demandando la custodia compartida.
    12. Se ordenó la reevaluación del caso porque habían
    transcurrido casi dos años desde que se rindiera el Informe
    original y porque se alegaba habían ocurrido eventos que
    incidían sobre los criterios que dispone la Ley 223 de 2011.
    13. Las instrucciones impartidas en la Resolución y Orden de
    12 de mayo de 2021 eran sobre asuntos a ser evaluados como
    parte del Estudio Social sobre Custodia, pero no constituían el
    motivo del referido.
    14. El 23 de mayo de 2020 se expidió una Orden de Protección
    Ex Parte al amparo de la Ley 54, a favor de la señora
    Vallescorbo Cuevas y en contra del señor Rivera Labrador, en
    el caso OPA-2020-003545.
    15. La vista en el referido caso OPA-2020-003545, fue
    pautada para el 22 de julio de 2020.
    16. El 22 de julio de 2020, previo al comienzo de la vista, las
    partes llegaron a una Estipulación, bajo juramento, en la que
    acordaron lo siguiente:
       a. Las partes no tendrían ninguna comunicación ni
           contacto,     excepto     bajo     las    condiciones
           específicamente establecidas en el referido acuerdo.
       b. La única comunicación que tendrían las partes sería
           la relacionada al recogido y entrega del menor.
       c. De reestablecerse las relaciones paternofiliales en el
           presente caso de Custodia, el recogido y entrega del
           menor sería en la entrada-caseta de la Urbanización
           Monteclaro en Bayamón.
       d. En caso de que el señor Rivera Labrador no pudiera
           llegar a tiempo debería enviar mensaje a la señora
           Vallescorbo Cuevas, informándole en un periodo de
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            dos horas o menos antes del recogido o entrega. En
            ese caso, la señora Vallescorbo Cuevas llevaría al
            menor a la casa de su hermana para que el señor
            Rivera Labrador pudiera recogerlo.
        e. Ninguna de las partes podría enviar mensaje a
            través de terceros.
        f. El acuerdo estaría vigente por un año, o hasta que
            un foro con jurisdicción dispusiera otra cosa.
        g. El acuerdo se haría formar parte del presente litigio.
        h. Si el señor Rivera Labrador tuviese que ir a la
            legislatura, notificaría a la señora Vallescorbo
            Cuevas con antelación por mensaje de texto.
    17. Con posterioridad a alcanzar la referida Estipulación no
    hubo querellas adicionales entre las partes por violencia
    doméstica.
    18. Cuando la Trabajadora Social Litsky Collazo condujo el
    estudio social no había un caso sobre Violencia Domestica
    pendiente y la Perito entendió que las partes habían
    alcanzado un acuerdo sobre el asunto antes de que las
    alegaciones de la señora Vallescorbo Cuevas fuesen
    adjudicadas por un tribunal con competencia.
    19. La Trabajadora Social Litsky Collazo identificó el acuerdo
    entre las partes como un "Acuerdo de Comunicación", porque
    en ese documento se establecía la forma en la que las partes
    se comunicarían, aunque fuese de manera limitada, para
    coordinar la entrega y recogido del menor.
    20. El referido acuerdo es esencialmente un acuerdo de
    comunicación porque regula la forma en la que se daría la
    comunicación entre las partes.
    21. Como parte del Protocolo de Evaluación la Trabajadora
    Social Litsky Collazo entrevistó a la señora Vallescorbo
    Cuevas en las siguientes ocasiones:
        a. 10 de junio de 2021 - por videoconferencia
        b. 5 de agosto de 2021- por videoconferencia
        c. 24 de agosto de 2021-de manera presencial
    22. Durante alguna de esas entrevistas la señora Vallescorbo
    Cuevas entregó a la Trabajadora Social varios documentos
    sobre asuntos que ella entendía debían ser considerados por
    ser pertinentes a la controversia entre las partes.
    23. La Trabajadora Social no incluyó los documentos que le
    fueron entregados por la señora Vallescorbo Cuevas en el
    listado de documentos incluidos en la sección IV, inciso C del
    Informe Social, sobre Revisión de Documentos.
    24. Los documentos entregados por la señora Vallescorbo
    Cuevas a la Trabajadora Social Litsky Collazo no fueron
    sometidos en evidencia durante el juicio en su fondo, lo que
    nos impide conocer su contenido y evaluar si los mismos
    pudieron afectar los hallazgos y las recomendaciones de la
    Trabajadora Social Litsky Collazo.
    25. Las alegaciones de las partes relacionadas al
    funcionamiento escolar de Nicolás fueron evaluadas por la
    Trabajadora Social Litsky Collazo mediante entrevista a la
    Directora de la Escuela Josefita Monserrate de Selles, donde
    estudia el menor.
    26. La Trabajadora Social Litsky Collazo se comunicó con la
    escuela del menor y fue la institución educativa la que
    determinó cual sería el funcionario que pondrían a disposición
    de la Trabajadora Social Litsky Collazo para ser entrevistado.
    27. Durante la entrevista con la Directora de la escuela del
    menor no surgió información de que el menor confrontara
    problemas de tardanzas ni de falta de pagos.
    28. De las entrevistas realizadas por la Trabajadora Social
    Litsky Collazo al menor no surgieron indicios de que el menor
    percibiera la situación de hostilidad y confrontación entre las
    partes, aunque sí sabe que no se hablan y desconoce la razón
    para ello.
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    29. Del Informe Social se desprende que el menor sí percibe
    que el señor Rivera Labrador y el señor Caballero Valentín no
    se agradan.
    30. La Trabajadora Social Litsky Collazo no visitó la
    Urbanización Monteclaro para corroborar las alegaciones de
    la señora Vallescorbo Cuevas sobre uno de los eventos que dio
    pie a que ella solicitara una Orden de Protección Ex Parte.
    31. Del estudio social realizado, la Trabajadora Social Litsky
    Collazo confirmó que el menor fue dejado solo en el vehículo
    por el señor Rivera Labrador en dos ocasiones.
    32. Ante el antes mencionado hallazgo, la Trabajadora Social
    optó por orientar al padre de que no podía dejar solo al menor;
    orientación a la que el señor Rivera Labrador se mostró
    receptivo.
    33. A pesar de tener la discreción de referir al Rivera Labrador
    a alguna agencia ante sus hallazgos, la Trabajadora Social no
    lo consideró necesario porque entendió que con la orientación
    provista era suficiente para que el hecho no volviera a ocurrir,
    considerando la receptividad del demandado a las directrices
    impartidas.
    34. En nuestra Resolución de 27 de septiembre de 2021,
    establecimos que se prohibía a las partes dejar solo, sin
    supervisión, al menor en cualquier momento o circunstancia,
    por breve que pudiera parecer.
    35. La Trabajadora Social Litsky Collazo fue notificada de la
    Resolución y Orden de 12 de mayo de 2021, tomó
    conocimiento de las instrucciones impartidas respecto a los
    asuntos que debía considerar en su evaluación.
    36. La Trabajadora Social Litsky Collazo cumplió la
    encomienda de evaluar las alegaciones de Ley 54; los
    acuerdos alcanzados por las partes en ocasión del caso de
    Ley 54; las alegaciones sobre agresión sexual al menor; y, la
    intervención de los profesionales de la salud que habían
    evaluado y/o tratado al menor y al núcleo familiar.
    37. Con respecto a las alegaciones de Ley 54, la Trabajadora
    Social Litsky Collazo entendió que, habiendo las partes
    alcanzado un acuerdo sin que un foro con competencia
    adjudicara las alegaciones, el asunto había quedado resuelto
    entre ellos.
    38. La señora Vallescorbo Cuevas no denunció incidentes o
    eventos adicionales a los ocurridos con anterioridad al
    acuerdo alcanzado por las partes.
    39. Con respecto a los acuerdos alcanzados por las partes en
    ocasión del caso de Ley 54, la Trabajadora Social Litsky
    Collazo tomó conocimiento de estos y los detalló en su Informe
    Social.
    40. Con respecto a las alegaciones sobre agresión sexual al
    menor y la intervención de los profesionales de la salud que
    habían evaluado y/o tratado al menor y al núcleo familiar, la
    Trabajadora Social Litsky Collazo, la Trabajadora Social
    obtuvo la información al respecto de parte de la Dra. Frances
    Seda quien en ese momento era la psicóloga del menor.
    41. La Trabajadora Social Litsky Collazo no evaluó el Informe
    de la Dra. Judith Mercado ni entrevistó a la profesional, sino
    que obtuvo el insumo de su intervención de parte de la Dra.
    Frances Seda.
    42. Al momento del estudio social la doctora Mercado ya no
    estaba interviniendo con el menor.
    43. La Dra. Frances Seda fue seleccionada como psicóloga del
    menor por recomendación de la Trabajadora Socia Litsky
    Collazo en el primer Informe Social.
    44. El demandado, señor Rivera Labrador, es Fiscal Auxiliar
    y trabaja para el Departamento de Justicia.
    45. El abuelo del menor también es Fiscal y trabaja para el
    Departamento de Justicia.
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    46. El 15 de julio de 2021, cuando la Trabajadora Social
    Litsky Collazo discutió el caso con la Dra. Frances Seda, ésta
    informó que estaba próxima a suscribir contratos de servicios
    profesionales con el Departamento de Justicia, lo que le
    generaba un conflicto para continuar tratando a Nicolás.
    47. La Trabajadora Social Litsky Collazo desconocía que,
    previo a su intervención en este caso, la Dra. Frances Seda
    había tenido contratos previos con el Departamento de
    Justicia.
    48. A solicitud de la parte demandante, tomamos
    conocimiento judicial de que la Dra. Frances Seda tuvo los
    siguientes contratos previos con el Departamento de Justicia:
       a. 2015-000047
       b. 2016-000057
       e. 2017-000062
    49. Para los referidos años la señora Vallescorbo Cuevas
    también trabajaba para el Departamento de Justicia.
    50. La Dra. Frances Seda intervino con Nicolás y con este
    núcleo familiar durante el periodo del 2020 al 2021.
    51. No tenemos elementos para concluir que la Dra. Frances
    Seda tuviese conflictos de intereses al momento en que
    proveyó tratamiento a Nicolás o que su juicio profesional
    estuviese comprometido.
    52. La señora Vallescorbo Cuevas no ha presentado una
    querella profesional por conflicto de intereses en contra de la
    Dra. Frances Seda.
    53. De la entrevista de la Trabajadora Social Litsky Collazo a
    la Dra. Frances Seda se desprende que la que fue la psicóloga
    del menor opina lo siguiente con respecto a los asuntos en
    controversia en este caso:
       a. No ve impedimento o dificultad para que el menor se
           pueda relacionar con su abuelo y tío paterno.
       b. El menor se siente muy bien con su mamá y su papá.
       c. El     señor     Rivera     Labrador      sigue    sus
           recomendaciones con respecto al menor.
       d. Ambas partes son excelentes padres y adoran a
           Nicolás.
    54. La Dra. Frances Seda no recomienda que se retome la
    relación entre el menor y su abuela y tía paterna.
    55. De la Evaluación Psicométrica del menor realizada por la
    Dra. Frances Seda el 10 de marzo de 2021, se desprende que
    la profesional hizo las siguientes recomendaciones, entre
    otras:
       a. Menor necesita terapia psicológica para manejo de
           emociones y desarrollo de autocontrol.
       b. Terapia educativa dirigida al desarrollo de
           destrezas de comprensión verbal y lectoescritura.
       c. Evaluaciones en las áreas de Terapia del Habla y
           Lenguaje.
    56. Al presente, transcurridos casi dos años desde que se
    emitieran estas recomendaciones, las partes no han
    coordinado los servicios recomendados para el menor.
    57. No nos persuade la explicación provista por la señora
    Vallescorbo Cuevas en términos de que no ha coordinado los
    servicios recomendados para el menor porque desconoce la
    dirección actual del señor Rivera Labrador y, por tanto, no
    sabe si los potenciales proveedores de estos servicios le
    quedan distantes.
    58. En diciembre de 2017, Nicolás fue sometido a otra
    evaluación psicométrica, por parte del Dr. Alberto Pérez
    González, Psicólogo Clínico. Esa evaluación, copia de la cual
    fue admitida en evidencia, es anterior a que el menor
    ingresara al sistema educativo.
    59. La evaluación del doctor Pérez González, a diferencia de
    la de la doctora Seda, no contiene recomendaciones de
    servicios específicos para el menor.
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    60. Es razonable entender que la doctora Seda tenía
    elementos adicionales para emitir recomendaciones sobre
    servicios para el menor porque se trata de un niño que llevaba
    ya varios años en el escenario escolar, a diferencia de cuando
    fue evaluado por el doctor Pérez González.
    61. Como parte de su Protocolo de Evaluación la Trabajadora
    Social Litsky Collazo no visitó el hogar del señor Rivera
    Labrador porque lo había visitado en ocasión del primer
    estudio social y, al momento de la segunda evaluación, el
    demandado vivía en la misma propiedad.
    62. Durante las entrevistas realizadas por la Trabajadora
    Social Litsky Collazo la señora Vallescorbo Cuevas no levantó
    ningún planteamiento o alegación con respecto a la vivienda
    del señor Rivera Labrador que sugiriera a la Perito la
    necesidad de visitar nuevamente el hogar del demandado.
    63. Como Fiscal, el señor Rivera Labrador realiza turnos.
    64. Cuando el señor Rivera Labrador tiene turnos, el menor
    se queda con la señora Vallescorbo Cuevas, coordinación que
    se realiza por conducto del abuelo materno.
    65. La Trabajadora Social Litsky Collazo no indagó en este
    estudio sobre las condiciones de salud del señor Rivera
    Labrador que provocan que sea paciente de Cannabis
    medicinal porque eso fue cubierto en el primer estudio social
    realizado.
    66. Durante las entrevistas de la Trabajadora Social Litsky
    Collazo a la señora Vallescorbo Cuevas no hubo alegaciones
    o planteamientos relacionados con las condiciones de salud
    mental del demandado que sugirieran que era un asunto
    sobre el que se debía auscultar más allá de lo que ya surgía
    del primer estudio social.
    67. La Trabajadora Social Litsky Collazo entrevistó a Nicolás
    en tres ocasiones. En todas las ocasiones el menor reiteró su
    deseo de estar tiempo igual con ambos progenitores.
    68. Las entrevistas de la Trabajadora Social Litsky Collazo
    con el menor reflejan que Nicolás tiene fuertes vínculos y
    apego con ambos progenitores.
    69. En el periodo evaluado Nicolás obtuvo promedio de A.
    70. La Trabajadora Social Litsky Collazo no identifica
    impedimentos para que las partes continúen ejerciendo la
    Custodia Compartida de Nicolás.
    71. Surge de los autos del caso que, en el 2019, la señora
    Vallescorbo Cuevas acudió al Tribunal en solicitud de
    remedios porque, según eventos que le había narrado Nicolás,
    ella entendía que el menor había sido agredido sexualmente
    por un primo paterno. En atención a las alegaciones
    presentadas, con la intervención de este Tribunal, se llevó a
    cabo un proceso de validación de abuso sexual, realizado por
    la Dra. Judith Mercado Colón, Psicóloga Clínica.
    72. Del Informe sobre Evaluación Forense de la doctora
    Mercado Colón se desprenden los siguientes hallazgos y/o
    recomendaciones que son pertinentes a la controversia ante
    nuestra consideración:
       a. La profesional concluyó que el primo de Nicolás en
           efecto,    "manifestó     conductas      sexualmente
           inapropiadas hacia él".
       b. La profesional concluyó que ello representaba una
           carga emocional para Nicolas y un conflicto con decir
           la verdad y mentir.
       c. La profesional concluyó que la abuela paterna de
           Nicolás, la Sra. Myrna I. Labrador Nazario, no dio
           credibilidad a las expresiones del niño sobre lo
           ocurrido.
       d. La profesional estableció que "es necesario que
           ambos padres le crean al menor para ayudarlo a
           superar esta experiencia".
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          e.   La profesional recomendó que "en el momento en que
               el Tribunal determine reanudar las relaciones del
               menor con la familia paterna, éstas deberán darse
               inicialmente dentro de un contexto de relaciones
               terapéuticas, para trabajar con la secuela emocional
               de la situación".
       73. La Perito de la parte demandante, Dra. Isis M. Rosales
       Concepción, tiene un contrato de 160 horas mensuales con la
       compañía privada Physician Correctional, que provee los
       servicios de salud a los confinados.
       74. La doctora Rosales Concepción es, además, la directora
       del Help Me Center Skills and Learning Center, centro
       interdisciplinario en el que atiende a menores con dificultad
       de aprendizaje, desarrollo, conducta y emociones.
       75. El testimonio de la doctora Rosales Concepción de que,
       además de su contrato de 160 horas mensuales con Physician
       Correctional, atiende entre 80 y 120 pacientes o casos15
       semanales en Help Me Center no nos mereció credibilidad.
       76. Aunque la doctora Rosales Concepción declaró que ha
       sido perito en 5 a 7 casos de Custodia, no pudo identificar
       casos específicos en los que ha sido cualificada en tal calidad.
       77. La doctora Rosales Concepción es cliente del abogado de
       la demandante, Lcdo. Dennis Seilhamer Andon, quien la
       representa legalmente en el caso número AG2020RF00267,
       del que tomamos conocimiento judicial a solicitud de la parte
       demandada.
       78. Contrario a lo declarado por la doctora Rosales
       Concepción en términos de que se trataba de un caso que
       inició hacía unos cinco años, el referido caso inició en junio de
       2020 y terminó hace menos de dos meses, mediante
       Sentencia de 31 de octubre de 2022. Es decir, que cuando la
       doctora Rosales fue contratada como Perito y cuando rindió su
       Informe el 23 de febrero de 2022, su caso personal estaba
       activo y el abogado de la demandante era también su
       abogado.
       79. Para realizar su función como Perito Revisor, la doctora
       Rosales Concepción entrevistó en cuatro ocasiones a la
       demandante, señora Vallescorbo Cuevas, y en dos ocasiones
       a la pareja de la demandante, el señor Caballero Valentín.
       Además, realizó una vista ocular al hogar de la demandante.
       80. La doctora Rosales Concepción no entrevistó al
       demandado, a ningún familiar de éste ni a otro colateral que
       no fuese la pareja de la demandante.
       81. La doctora Rosales Concepción no entrevistó a Nicolás.
       82. Según su Informe, el que fue admitido en evidencia, la
       doctora Rosales Concepción revisó varias mociones
       presentadas por las partes y una resolución del Tribunal. No
       obstante, al ser interrogada sobre la forma en la que tuvo
       acceso a dichos documentos, alegó que no los revisó, sino que
       su conocimiento sobre el contenido de estos provino del
       Informe de la Trabajadora Social Litsky Collazo. Las
       contradicciones de la Perito en este asunto minaron
       efectivamente su credibilidad.
       83. El Informe Pericial de la doctora Rosales Concepción no
       detalla la literatura científica en la que sustenta su análisis,
       hallazgos y recomendaciones.
       84. La doctora Rosales Concepción emite recomendaciones
       que incluyen mantener un acuerdo de comunicación entre dos
       partes que tienen un hijo en común de apenas 9 años.
       85. Ocurrieron dos eventos que dieron lugar a que la señora
       Vallescorbo Cuevas solicitara una Orden de Protección Ex
       parte. Además, la señora Vallescorbo Cuevas se sentía
       humillada por el tono hostil de los mensajes del señor Rivera
       Labrador.

15 Inicialmente declaró que eran pacientes; luego indicó que son casos. [Nota de

la Sentencia, Véase: Anejo CXX de la Apelante, pág. 448A.]
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    86. El primer evento ocurrió durante el proceso de entrega y
    recogido del menor. Luego de que el menor se montara al carro
    del señor Rivera Labrador, las partes tuvieron una discusión
    relacionada con su participación sobre el inmueble que
    poseían en comunidad.
    87. El otro evento ocurrió el 20 de mayo de 2020. Ese día al
    señor Rivera Labrador le correspondía recoger al menor en la
    casa del abuelo materno. La señora Vallescorbo Cuevas le
    solicitó recogiera al menor en la entrada de la Urbanización
    Monteclaro y el señor Rivera Labrador insistía en recogerlo
    dentro de la urbanización, en la casa del abuelo materno.
    88. La seguridad de la urbanización le negó la entrada al
    señor Rivera Labrador y éste insistió en entrar en un momento
    en el que el portón de la urbanización permanecía
    parcialmente abierto, dejando su carro en frente al sistema de
    intercomunicación en el carril de visitantes, provocando con
    ello un tapón en la entrada de la urbanización.
    89. Por este incidente la administración de la urbanización
    llamo a la Policía, quienes intervinieron con el señor Rivera
    Labrador.
    90. Mientras ocurría este evento, la señora Vallescorbo estaba
    junto al señor Caballero Valentín y Nicolás, en su vehículo, en
    la entrada de la urbanización presenciando todo.
    91. La señora Vallescorbo Cuevas y/o el señor Caballero
    Valentín optaron por bajarse del vehículo y tomar fotos del
    incidente.
    92. La señora Vallescorbo Cuevas pudo haber optado por
    llevarse al menor del lugar para no exponerlo a ese evento
    mientras la situación pasaba.
    93. Nicolás expresó a la señora Vallescorbo Cuevas que le da
    miedo cuando lo dejan solo.
    94. El documento identificado como Resumen de
    Documentos, admitido como Exhibit 3, fue preparado por la
    señora Vallescorbo Cuevas, entregado a la Trabajadora Social
    Litsky Collazo y contiene el desglose de los otros documentos
    entregados a la Trabajadora Social con su versión respecto a
    la pertinencia de los mismos para el estudio social en curso.
    95. La señora Vallescorbo Cuevas desconocía que el señor
    Rivera Labrador utilizara los servicios de una babysitter para
    cuidar a Nicolas hasta que leyó el Informe Social.
    96. La Trabajadora Social Litsky Collazo no evaluó la
    distancia entre el hogar del señor Rivera Labrador y las del
    abuelo y tío paterno.
    97. La señora Vallescorbo Cuevas entiende que el acuerdo
    logrado con el señor Rivera Labrador en ocasión de la solicitad
    de Orden de Protección presentada por ella es una medida que
    ha resultado muy beneficiosa para ella para retomar otros
    asuntos de su vida.
    98. La señora Vallescorbo Cuevas le ha hecho preguntas al
    menor para indagar donde es la residencia actual del
    demandado.
    99. La señora Vallescorbo es quien cuida al menor cuando el
    señor Rivera Labrador tiene turnos y cuando el menor no tiene
    clases, pero el demandado trabaja.
    100. La señora Vallescorbo Cuevas ha optado por seleccionar
    alternativas de empleos que le den flexibilidad para atender
    al menor.
    101. El abuelo materno sirve de intermediario para la
    coordinación y entrega del menor.
    102. Desde mayo de 2020, no han ocurrido eventos
    adicionales durante la entrega y recogido del menor.
    103. Desde su nacimiento, Nicolás ha estado bajo la custodia
    de ambos progenitores.
    104. El Perito de la parte demandada, Dr. Larry Alicea
    Rodríguez fue cualificado como Perito sin objeción de la parte
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    demandante, luego de que las partes estipularan sus
    credenciales.
    105. Es la opinión del doctor Alicea Rodríguez que el rol del
    perito revisor es contestar 23 preguntas de investigación, las
    que detalló y contestó en su Informe Pericial.
    106. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo atendió de forma específica
    el asunto referido por el Tribunal en términos de si conviene al
    bienestar óptimo de Nicolás mantener la Custodia Compartida
    o cambiar a Custodia Monoparental y la respuesta fue
    recomendar mantener la Custodia Compartida.
    107. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo sí recopiló datos que
    apoyan su recomendación y los corroboró (trianguló).
    108. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo no levantó preocupaciones
    relacionadas a ética profesional.
    109. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo evaluó datos suficientes
    para en el alcance y profundidad con relación a documentos
    revisados y colaterales.
    110. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo no evidenció ningún sesgo
    confirmatorio.
    111. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo utilizó modelos forenses
    apropiados o acercamientos conceptuales para acercarse a los
    asuntos objeto de estudio.
    112. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo demuestra conocimiento
    suficiente y apropiado de las leyes y reglas que aplican al
    caso.
    113. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo debió mejorar ciertos
    aspectos como la triangulación con la literatura y el
    establecimiento de hipótesis, pero que, a pesar de esas
    debilidades, el Informe Social atiende y contesta de forma
    adecuada la pregunta del Tribunal y fue realizado de forma
    competente. Es decir, son fallas, pero su gravedad no tiene el
    efecto de invalidar el Informe de la Trabajadora Social Litsky
    Collazo.
    114. Es la impresión del doctor Alicea Rodríguez que la
    Trabajadora Social Litsky Collazo en su Informe corroboró las
    alegaciones de seguridad y descartó riesgo a la seguridad,
    luego de orientar al demandado; corroboró que el menor tiene
    apego a ambas partes; y, corroboró que no existe una
    amenaza fundamentada al bienestar del menor por parte del
    padre.
    115. Con respecto a la intervención de la Perito de la parte
    demandante, doctora Rosales Concepción, el doctor Alicea
    Rodríguez señaló las siguientes irregularidades:
       a. La profesional realizó cuatro entrevistas con la
            demandante;
       b. La profesional hace referencia a documentos que
            fueron presentados por las partes con posterioridad
            a la fecha del Informe Pericial objeto de revisión.
       c. Tiene información selectiva y parcializada;
       d. Existe sesgo confirmatorio. La profesional escogió
            información que apoya su posición sin considerar
            otra;
       e. Carece de objetividad;
       f. No es balanceado;
       g. No contiene literatura sobre Custodia para
            establecer si la literatura apoya las conclusiones;
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      h.    Sustenta sus conclusiones en la Teoría de Apego a
            pesar de que éticamente no se puede hacer una
            conclusión sobre Apego sin realizar una evaluación.
       i. Un Perito Revisor puede levantar impresiones, más
            no conclusiones sin haber evaluado el caso.
    116. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez,
    el Informe de la doctora Rosales Concepción no refuta en
    cantidad ni en calidad el Informe de la Trabajadora Social
    Litsky Collazo.
    117. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez,
    el Informe de la doctora Rosales Concepción carece de
    utilidad, validez científica y no cumple con los criterios de un
    Informe de un Perito Revisor.
    118. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez,
    cuando existen problemas de comunicación entre los
    progenitores el menor resultará afectado, independientemente
    de la modalidad de Custodia, sea monoparental o compartida.
    119. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez,
    el Coordinador de Parentalidad es un recurso que sería de
    beneficio en este caso para que ayude a las partes a
    establecer parámetros en situaciones de alta conflictividad, a
    resolver oportunamente sus disputas y a implementar el plan
    de parentalidad que se establezca.
    120. Según la opinión profesional del doctor Alicea Rodríguez,
    Nicolás debe ser visualizado como una persona que es sujeto
    de derecho y que tiene derecho a opinar.
    121. El hecho de que la señora Vallescorbo Cuevas y el señor
    Rivera Labrador no hablen directamente no implica que no
    exista comunicación alguna entre ellos.
    122. La Terapia de Coparentalidad se puede realizar de
    manera paralela, trabajando con las partes por separado.
    123. Cuando la señora Vallescorbo Cuevas y el señor Rivera
    Labrador decidieron separarse, procuraron los servicios del
    Dr. Alberto Pérez González para ayudar al menor en el
    proceso, evitar que se sintiera abandonado y ayudarlos a ellos
    a establecer estructuras y métodos de disciplina uniformes
    para su hijo.
    124. El señor Rivera Labrador entendía que era muy
    prematuro para exponer al menor a una tercera persona, el
    señor Caballero Valentín, y quiso abordar al doctor Pérez
    González al respecto, pero en privado, sin la presencia de la
    señora Vallescorbo Cuevas.
    125. Ese acercamiento afectó la forma y la confianza en la
    que las partes habían venido trabajando con el doctor Pérez
    González y el profesional entendió que no podía continuar
    proveyéndoles el servicio.
    126. La señora Vallescorbo Cuevas y el señor Rivera
    Labrador han estado inmersos en otra litigación por la división
    de la comunidad de bienes constituida entre ellos y han tenido
    múltiples controversias por el inmueble de Valparaíso.
    127. El señor Rivera Labrador reconoce que no debió dejar
    solo al menor, por breve que le pareciera o por extraordinarias
    que fueran las circunstancia.
    128. El señor Rivera Labrador debió optar por echar gasolina
    en otro momento o por encargar comida a domicilio, pero no
    debió dejar solo al menor en ningún momento, en ninguna
    circunstancia.
    129. El señor Rivera Labrador no informó al Tribunal sobre su
    cambio de dirección. Es irrazonable su planteamiento de que
    su derecho a la intimidad le faculte a omitir brindar esa
    información, la que debe proveer ya que es parte en el caso y,
    además, por tratarse de la dirección de Nicolás cuando está
    bajo su custodia.
    130. El señor Rivera Labrador no ha provisto regularmente la
    información sobre sus turnos como Fiscal. No nos persuade su
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       alegación de que proveer esa información le represente un
       problema de seguridad.
       131. Las partes han cambiado de dirección, residiendo en
       Condado, Bayamón, Viejo San Juan, Cataño y Carolina, sin
       que ello haya interrumpido o afectado la Custodia Compartida
       de Nicolás.
       132. El señor Rivera Labrador realiza turnos nocturnos por
       dos semanas, cada dos tres meses, con dos días libres cada
       semana.
       133. El señor Caballero Valentín es la pareja sentimental de
       la señora Vallescorbo Cuevas.
       134. Durante el evento ocurrido el 20 de mayo de 2020, en
       ningún momento el señor Rivera Labrador se acercó al
       vehículo del señor Caballero Valentín y de la señora
       Vallescorbo Cuevas ni tuvo comunicación con ellos.
       135. El señor Caballero Valentín tiene cuenta de Twitter y en
       la misma ha escrito sobre el señor Rivera Labrador,
       imputando que el Fiscal tiene orden de protección, que la ha
       violado en múltiples ocasiones y que el Juez a cargo no hizo
       nada porque el demandado es hijo de otro Fiscal.
       136. Ese tipo de publicación en las redes sociales por parte
       del señor Caballero Valentín resultan inflamatorios y agravan
       aún más la ya lacerada relación entre el señor Rivera
       Labrador y la señora Vallescorbo Cuevas, en menoscabo del
       bienestar óptimo de Nicolás.
       137. Mediante Orden de 25 de mayo de 2021, designamos a
       la Dra. María del Mar Torres Suria como Coordinadora de
       Parentalidad en este caso, con la encomienda de ayudar a
       mejorar la comunicación entre las partes y promover que
       lograran acuerdos en búsqueda del mejor bienestar de
       Nicolás.
       138. El 23 de agosto de 2022, la doctora Torres Suris rindió
       un Informe sobre su intervención en el caso.
       139. Del referido Informe surge que la señora Vallescorbo
       Cuevas acudió a cita con la doctora Torres Suria en las
       siguientes fechas: 3 de agosto de 2021, 3 de septiembre de
       2021, 8 de octubre de 2021, 3 de diciembre de 2021, 10 de
       enero de 2022 y 25 de febrero de 2022. El señor Rivera
       Labrador acudió a terapia con la doctora Torres Suria en las
       siguientes fechas: 13 de agosto de 2021, 3 de septiembre de
       2021, 8 de octubre de 2021, 13 de diciembre de 2021 y 24 de
       febrero de 2022.
       140. Surge del Informe que como parte de los esfuerzos de la
       doctora Torres Suria se intentó alcanzar un acuerdo con
       relación a la comunicación del menor con el progenitor no
       custodio en semanas alternas. A pesar de ser uno de los
       asuntos dentro del ámbito de acción de la Coordinadora de
       Parentalidad, las partes se resisten a implementar el acuerdo
       y quieren involucrar a sus respectivos representantes legales
       en todos los asuntos.
       141. Del Informe de la doctora Torres Suria también se
       deprende que, por situaciones vividas, a la señora Vallescorbo
       Cuevas no le interesa tener comunicación directa con el señor
       Rivera Labrador por no confiar en él ni en su palabra.
       142. Del Informe de la doctora Torres Suria surge que, aunque
       el señor Rivera Labrador manifiesta que su interés no es
       seguir litigando, los medios que emplea para resolver
       conflictos no son los más adecuados.
       143. En su Informe la doctora Torres Suria indicó que en el
       presente caso no se cumplieron los objetivos del proceso de
       coparentalidad.16

16 Id., en las págs. 443 – 453.
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        En la referida sentencia, el TPI concluyó: “que la señora

Vallescorbo Cuevas no logró impugnar efectivamente los hallazgos y

las recomendaciones de la Trabajadora Social…”.17 En lo pertinente,

fundamentó:

    •   Omisión de evaluar y considerar documentos producidos por
        la demandante – La señora Vallescorbo ha planteado
        reiteradamente que la Trabajadora Social omitió considerar
        los documentos que ella le produjo que son pertinentes a los
        criterios que establece la Ley 223 de 2011 y que evidencian
        que el demandado no ha ejercido su rol custodio de manera
        responsable. Sin embargo, del testimonio de la Trabajadora
        Social bajo juramento, el que nos mereció credibilidad, surge
        que ella sí consideró los documentos para su análisis, aunque
        no los haya desglosado, lo que debió hacer. Por otro lado, la
        parte demandante omitió someter los referidos documentos en
        evidencia, lo que nos impide conocer su contenido y evaluar si
        en efecto, los mismos pudieron haber afectado los hallazgos y
        recomendaciones del Informe Social.

    •   Carencia de Valor Probatorio del Informe Pericial de la parte
        demandante – Como surge de varias determinaciones de
        hechos, entendemos que la doctora Rosales Concepción entró
        en contradicciones sobre varios asuntos, lo que minó
        gravemente la credibilidad que nos mereció su testimonio.
        Para tratar de establecer que tiene experiencia en casos de
        Custodia de niños y que su experiencia no se limita o enfoca
        en casos de adultos transgresores, la doctora Rosales declaró
        que, además de tener un empleo a tiempo completo en el
        escenario correccional, atiende entre 80 y 120 casos
        semanales, lo que nos parece poco probable. Por otro lado, la
        Perito ofreció información incorrecta respecto su relación
        abogado-cliente con el representante legal de la parte
        demandante lo que, además de afectar su credibilidad, pone
        en entredicho su imparcialidad. De otra parte, la doctora
        Rosales Concepción trascendió su rol como perito revisor y se
        abrogó la facultad de realizar su propia evaluación, con el
        agravante de que, para ello, solamente consideró la posición
        de la parte demandante, lo que impide tener un análisis
        objetivo, balanceado e imparcial
        Sobre este asunto, nos persuade la opinión del doctor Alicea
        Rodríguez de que hubo sesgo confirmatorio y que el Informe
        de la doctora Rosales Concepción carece de validez.

    •   Seguridad del menor - La señora Vallescorbo Cuevas ha
        planteado, con toda razón, preocupaciones por la seguridad
        de su hijo ya que fue dejado solo en dos ocasiones por el padre
        y fue expuesto a situaciones de índole sexual por un primo
        paterno mientras estaba bajo el cuidado de la abuela paterna.
        Sobre ambos asuntos y su gravedad nos hemos expresado y
        tomado medidas. El señor Rivera Labrador conoce que no
        puede dejar al menor solo en ningún momento y ha sido
        receptivo a ello. Con respecto a la exposición a la conducta
        sexualizada, hemos determinado que el menor no puede
        relacionarse con la abuela y tía paterna y que corresponde a
        las partes siempre creerle a su hijo para que puedan ayudarlo.

17 Id., en la pág. 457.
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   •   Violencia doméstica - Aunque no nos corresponde adjudicar si
       hubo en este caso eventos que constituyeron violencia
       doméstica, si podemos concluir que hubo situaciones entre las
       partes que presenció el menor y que las partes debieron
       ejercer un mejor juicio para evitar exponer a Nicolás a esos
       eventos. Es claro para el Tribunal que las discusiones entre
       las partes no necesariamente han sido provocadas por
       asuntos relacionados con la Custodia de Nicolás, sino con
       otras situaciones entre ellos, como lo es la división del bien
       ganancial que tenían en común. En el incidente del 20 de
       mayo de 2020, el señor Rivera Labrador ejerció, cuanto
       menos, un pobre juicio y la señora Vallescorbo debió llevarse
       al menor del área para que no presenciara el incidente. Ambas
       partes faltaron en anteponer el bienestar del menor a sus
       conflictos.

   •   Capacidades para satisfacer las necesidades del menor – La
       parte demandante no logró convencernos de que el señor
       Rivera Labrador desatienta o esté incapacitado de suplir las
       necesidades médicas y educativas del menor y que sea ella la
       única que se encargue. Lo que surge de la prueba desfilada es
       que los problemas de comunicación les impiden a ambos
       atender y coordinar asertivamente las necesidades de salud
       y educativas del menor, lo que se evidencia en el hecho de
       que, al día de hoy, no han implementado las recomendaciones
       provistas hace casi dos años por la Trabajadora Social, lo que
       deben hacer de inmediato.

   •   Comunicación – La falta de disposición a identificar canales
       de comunicación, aunque sean alternos, no puede ser avalada
       por el Tribunal y es un asunto que trasciende la modalidad de
       Custodia, que se establezca. Las partes en este caso tienen
       un hijo en común y es menester identificar formas de
       comunicarse lo que es indispensable y necesario para
       garantizar su bienestar al menos hasta que Nicolás tenga 21
       años, cuando cese la Patria Potestad que ambos ejercen.18

       Ante las determinaciones de hechos y conclusiones antes

dicha, el TPI acogió las recomendaciones del Informe Social II,

excepto las relacionadas al cuido nocturno por parte del abuelo y tío

paterno. Por lo cual, dispuso:

       1. La Custodia del menor continuará siendo Compartida y
       ejercida por las partes de la siguiente forma:
          - Semanas alternas: de lunes a lunes, entregando y
          recogiendo al menor en su colegio y cuando no haya
          clases en la caseta del guardia de la Urbanización
          Monteclaro, donde reside la madre y los abuelos
          maternos.
          - Cuando el señor Rivera Labrador tenga turnos
          nocturnos la madre será la primera opción. Se le
          conceden 20 días al señor Rivera Labrador para
          informar la frecuencia con la que se le informan los
          turnos que se le asignan y para informar el próximo turno
          nocturno programado.
          - Cada padre se comunicará con el menor miércoles y
          sábados entre 5:00 y 6:00 p.m. de la semana que no lo

18 Id., en las págs. 457 – 459.
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          tenga bajo su cuidado. De no responder la llamada, el
          padre que lo tiene bajo su cuidado se encargará de
          devolver la llamada.
       2. Durante el período navideño se alternarán entre las partes
       las siguientes fechas cada año:
          - Del 24 de diciembre a las 3:00 p.m. al 31 de diciembre
          a las 3:00 p.m.
          - Del 31 de diciembre a las 3:00p.m. al 7 de enero a las
          3:00 p.m.
          - En el 2022-2023 el menor estará con la madre del 24
          al 31 de diciembre y del 31 de diciembre al 7 de enero
          con el padre.
       3. El fin de semana que se celebra el Día de los Padres, el
       menor permanecerá con el padre de viernes a domingo,
       independientemente a quien le corresponda. De igual forma
       será el fin de semana que se celebra el día de las Madres.
       4. Se prohíbe a las partes, sus familiares y a cualquier otra
       persona relacionada a ellos hacer comentarios sobre las
       partes en presencia del menor.
       5. Se prohíbe al Sr. Imanol Caballero, compañero de la madre,
       realizar comentarios alusivos al caso de las partes y sobre el
       Sr. Iván E. Rivera Labrador y sus familiares, en las redes
       sociales y en los medios de comunicación para los que escribe.
       De igual forma, el Sr. Iván E. Rivera Labrador no deberá hacer
       comentarios sobre el señor Caballero y sus familiares en las
       redes sociales.
       6. Las partes se notificarán todos los asuntos relacionados al
       menor. Cada padre será responsable de las citas médicas,
       terapias y otros asuntos cuando lo tenga bajo su custodia.
       7. Las partes continuarán participando del proceso de
       Coordinación de Parentalidad. Se les concede término de
       veinte (20) días para informar si existe conflicto para que ese
       servicio lo continúe proveyendo la Dra. María del Mar Torres
       Surja. Una vez designado el Coordinador de Parentalidad, el
       Tribunal emitirá Resolución definiendo el alcance específico de
       la intervención de dicho profesional.
       8. El menor continuará participando de terapia psicológica. Se
       les concede a las partes término de veinte (20) días para
       informar el nombre del profesional que le dará tratamiento a
       Nicolás y la fecha de la siguiente cita.
       9. Se les concede a las partes término de veinte (20) días para
       presentar moción conjunta informando la coordinación de
       todos los servicios recomendados por la Dra. Frances Seda.
       10. Se le concede al señor Rivera Labrador término de diez
       (10) días para informar su dirección actual. 19

       Inconforme, la señora Vallescorbo Cuevas el 13 de enero de

2023 presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración.20 Adujo,

que la Sentencia dictada va en detrimento de la vida, la seguridad y

la dignidad del menor. Señaló, que el foro primario no atendió los

asuntos medulares, como exige la Ley Núm. 223–2011.21

19 Id., en la págs. 459 – 460.
20 Anejo CXXI de la Apelante, págs. 461 – 487.
21 Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011, según enmendada, conocida como

Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de
Custodia, 32 LPRA sec. 3181 et seq.
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         En oposición, el apelado sometió su posición el 2 de febrero

de 2023.22

         Atendida las mociones de las partes, el TPI declaró No Ha

Lugar la solicitud de reconsideración el 3 de febrero de 2023.23

         Aún inconforme, el 8 de marzo de 2023 la señora Vallescorbo

Cuevas recurrió ante este foro intermedio y señaló la comisión de

cinco (5) errores:

         Primero, erró y abusó de su discreción el honorable Tribunal
         de Primer Instancia al haber concluido que no se impugnó el
         Informe Social rendido por la Trabajadora Social Elizabeth
         Litsky, tras a haber descartado en lo absoluto la prueba
         pericial rendida por el perito de la parte Demandante lo que
         en la práctica tiene el efecto de una descalificación subsiliente.
         [sic].

         Segundo, erró y abusó de su discreción el honorable tribunal
         de Primera Instancia al haber concluido que no se impugnó el
         informe Social rendido por la Trabajadora Social Elizabeth
         Litsky, y acoger sus recomendaciones -sin ningún tipo de
         protección- a pesar de que estas no propenden al menor
         bienestar del menor ante hechos probados de maltrato por
         negligencia, según consta de las propias determinaciones de
         hecho del tribunal. [sic].

         Tercero, erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal
         de Primera Instancia al haber concluido que no se impugnó el
         Informe Social rendido por la Trabajadora Social Elizabeth
         Litsky al negarse a pasar juicio sobre los incidentes de
         violencia doméstica que además no fueron atendidos en el
         Informe y los cuales inciden al momento de otorgar una
         custodia al amparo de la Ley Núm. 223-2011. [sic].

         Cuarto, erró y abusó de su discreción el honorable Tribunal de
         Primera Instancia al haber concluido que no se impugnó el
         Informe Social rendido por la Trabajadora Social Elizabeth
         Litsky, al descartar la prueba presentada por la madre
         durante su testimonio y habida en el expediente del Tribunal,
         determinando que la única manera de probar el contenido de
         los documentos presentados a la Trabajadora Social y los
         cuales esta testificó haber recibido eran exclusivamente
         entrándolos como Exhibits de la parte Demandante, durante
         el proceso ante la Unidad Social. [sic].

         Quinto, erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de
         Primera Instancia al emitir órdenes de censura previa en un
         proceso de custodia en contra terceros que son parte de la
         Demanda. [sic].

         Tras varias incidencias procesales, el señor Rivera Labrador

sometió su oposición a la presente apelación el 10 de abril de 2023.

Sometida la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de la Vista de

22 Anejo CXXII de la Apelante, págs. 488 – 490.
23 Notificada el 6 de febrero de 2023.; Anejo CXXIII de la Apelante, págs. 491 –

491-A.
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Impugnación de Informe Social, la apelante sometió el 10 de julio

de 2023 un Escrito Suplementario. De igual forma, el 10 de

noviembre de 2023 el apelado presentó el escrito intitulado:

ESCRITO        SUPLEMENTARIO             REITERANDO           OPOSICIÓN         A

APELACIÓN.

       Habiendo comparecido las partes, damos por sometido el

asunto.

                                       -II-

       Examinado el tracto procesal, pasemos ahora a exponer el

derecho aplicable.

                                       -A-

       Al revisar una determinación de un tribunal de menor

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del

caso.24 Como regla general, los foros apelativos no debemos

intervenir con las determinaciones de hechos de los tribunales de

primera instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los

testigos y el valor probatorio conferido a la prueba presentada en

sala, pues solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”.25 Lo

anterior, se fundamenta en la premisa de que el foro primario es

quien tiene la oportunidad de escuchar a los testigos declarar y

apreciar su “demeanor”.26

       Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada

encuentra su excepción y cede cuando la parte promovente

demuestra que:

       [h]ubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con
       prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.27

24 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).
25 Id., págs. 770-771.; SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 356 (2009).
26 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006).
27 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).; Trans-Oceanic Life Ins.

v. Oracle Corp., 184 DPR 689,709 (2012).
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         Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción”.28 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está

inexorable      e   indefectiblemente       atado      al   concepto   de   la

razonabilidad”.29 A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha enumerado situaciones que constituyen un abuso de discreción:

         [c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta
         e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material
         importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el
         contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para
         ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e
         inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o
         cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los
         hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes,
         el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.30

         En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de

base razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde

la dirección del proceso.31 En ese sentido, las conclusiones de

derecho son revisables en su totalidad por los tribunales

apelativos.32

         Ahora bien, la norma de deferencia antes esbozada no es de

aplicación a la evaluación de la prueba pericial y documental. En lo

que respecta a las conclusiones de hecho basadas en prueba pericial

o documental, los foros revisores nos encontramos en igual posición

que los tribunales sentenciadores para apreciarla y adoptar nuestro

propio criterio.33 Incluso, podemos descartarla, aunque sea

técnicamente correcta.34

                                      -B-

         La jurisprudencia ha dispuesto que para tomar una

determinación en que se proteja el mejor interés del menor debe

28 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
29 Id.
30 Ramírez v. Policía de PR, 158 DPR 320, 340-341 (2002).
31 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
32 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770.
33 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).
34 Id.
KLAN202300199                                                               21
considerarse una serie de factores que individualmente no son

determinantes de por sí.

       Algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta son: la

preferencia del menor; su sexo, edad, salud mental y física; el cariño

que puede brindársele por las partes en controversia; la habilidad

de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas,

morales y económicas del menor; el grado de ajuste del menor al

hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la interrelación del

menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia;

y la salud psíquica de todas las partes.35

       La Ley Núm. 223-201136 establece como política pública del

Estado que los tribunales, aun contra la voluntad de alguno de los

progenitores que interese se le otorgue la custodia monoparental,

evalúen y consideren la custodia compartida como primera opción.37

En ese sentido, el Artículo 7 del estatuto dispone que al considerarse

una solicitud de custodia en la que surjan controversias entre los

progenitores, el tribunal referirá el caso al trabajador social de

Relaciones de Familia, para que realice una evaluación y rinda un

informe con recomendaciones al Tribunal.38 Tanto el trabajador

social, como el tribunal, tomarán en consideración los siguientes

criterios:

       1)     La salud mental de ambos progenitores, así como la del
              hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar.
       2)     El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido
              por cada uno de los progenitores y si ha habido un
              historial de violencia doméstica entre los integrantes
              del núcleo familiar.
       3)     La capacidad de cada progenitor para satisfacer las
              necesidades afectivas, económicas y morales del
              menor, tanto presentes como futuras.
       4)     El historial de cada progenitor en la relación con sus
              hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución
              de la relación consensual, como después del mismo.

35 Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 105 (1976).
36 Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011, según enmendada, conocida como

Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de
Custodia, 32 LPRA sec. 3181 et seq.
37 Arts. 2 y 4 de la Ley Núm. 223-2011, supra. 32 LPRA secs. 3181 y 3182.
38 32 LPRA sec. 3185.
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         5)    Las necesidades específicas de cada uno de los
               menores cuya custodia está en controversia.
         6)    La interrelación de cada menor, con sus progenitores,
               sus hermanos y demás miembros de la familia.
         7)    Que la decisión no sea producto de la irreflexión o
               coacción.
         8)    Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad
               y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar
               los hijos conjuntamente.
         9)    Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los
               progenitores han solicitado la patria potestad y
               custodia compartida.
         10)   Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los
               progenitores impedirá que funcione el acuerdo
               efectivamente.
         11)   Si la ubicación y distancia de ambos hogares perjudica
               la educación del menor.
         12)   La comunicación que existe entre los progenitores y la
               capacidad para comunicarse mediante comunicación
               directa o utilizando mecanismos alternos.
         13)   Analizará la presencia de la enajenación parental, o
               cualesquiera otras razones que pudieran ocasionar la
               resistencia del menor para relacionarse con sus
               padres.
                [. . .].
         14)   Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda
               considerarse para garantizar el mejor bienestar del
               menor.39

         Por su parte, el Artículo 9 de la Ley Núm. 223-2011, supra,

señala las instancias en que la custodia compartida no debe ser

considerada como beneficiosa y favorable para los mejores intereses

de los menores.40 A saber:

         1)    Cuando uno de los progenitores manifiesta que no le
               interesa tener la custodia de los menores, a base de un
               plan de custodia compartida. Se entenderá que la
               renuncia es a favor del otro progenitor.
         2)    Si uno de los progenitores sufre de una incapacidad o
               deficiencia mental, según determinada por un
               profesional de la salud, y la misma es de naturaleza
               irreversible y de tal magnitud que le impide atender
               adecuadamente a los hijos/as y garantizar la
               seguridad e integridad física, mental, emocional y/o
               sexual de éstos.
         3)    Cuando los actos u omisiones de uno de los
               progenitores resulte perjudicial a los hijos o constituya
               un patrón de ejemplos corruptores.
         4)    Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o
               compañero o compañera consensual haya sido convicto
               por actos constitutivos de maltrato de menores.
         5)    Cuando uno de los progenitores se encuentre confinado
               en una institución carcelaria.
         6)    Cuando uno de los progenitores ha sido convicto por
               actos constitutivos de violencia doméstica, según lo

39 Id.
40 32 LPRA sec. 3187.
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               dispuesto en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
               según enmendada.
         7)    Situaciones donde el padre o la madre haya cometido
               abuso sexual, o cualquiera de los delitos sexuales,
               según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico,
               hacia algún menor.
         8)    Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o
               compañero o compañero consensual, si hubiera, sea
               adicto a drogas ilegales o alcohol.41

         Por último, cabe señalar que, “[e]l Tribunal siempre tendrá

discreción judicial para la determinación y adjudicación de custodia,

protegiendo siempre los mejores intereses y el bienestar de los

menores a la luz de todas las circunstancias existentes”.42

                                     -III-

         En el presente caso la apelante arguye que el TPI incidió al

concluir que no se impugnó el Informe Social II rendido por la

TS Litsky Collazo, lo cual desembocó en la formulación de

determinaciones de hechos erróneas y, en consecuencia, en un

dictamen desfavorecedor.

         Particularmente, la apelante nos señala que el TPI erró al

acoger las recomendaciones de la TS Litsky Collazo sin considerar

los hechos de maltrato probados; omitir las alegaciones de violencia

doméstica; además, le concedió poco o ningún valor probatorio a la

prueba documental y pericial vertida por la parte apelante. También,

aduce que incidió al censurar previamente a una persona que no es

parte en el pleito, y sobre el cual, el aludido foro no adquirió

jurisdicción. No tiene razón. Veamos.

         Primeramente, debemos señalar que el TPI no descartó la

prueba pericial rendida por la Dra. Rosales Concepción, perito de la

parte demandante-apelante. Por el contrario, el juzgador evaluó y

adjudicó el valor probatorio correspondiente a la prueba presentada:

         [A] la doctora Isis Rosales, como perito en este caso, el
         Tribunal la va a declarar Con Lugar. Cualquier asunto
         relacionado al valor probatorio que se le provea al testimonio
         de la doctora, pues, ya será materia de adjudicación en el
         momento de… de eso mismo, de determinar valor probatorio.43

41 Id.
42 32 LPRA sec. 3186.
43 TPO del 6 de diciembre de 2022, pág. 44.
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       Algo muy diferente a descartar la prueba, es determinar que

la misma carecía de valor probatorio. Ciertamente, el TPI determinó

que el testimonio de la Dra. Rosales Concepción, al igual que su

informe, carecían de valor probatorio y fundamentó sus razones.

Ello lo hizo al escuchar el testimonio, examinar el informe y observar

el demeanor de la perito. Nada en el expediente nos mueve a tomar

una determinación en contrario, por lo cual merece nuestra

deferencia.

       En segundo orden —y en cuanto a la falta de protección del

TPI ante los alegados hechos de maltrato por negligencia—, tampoco

tiene razón. Contrario a lo argumentado por la apelante, debemos

indicar que el foro primario dispuso medidas para asegurar el mejor

bienestar del menor. Surge del expediente, que hubo unos

incidentes donde NERV fue dejado solo mientras se encontraba bajo

la responsabilidad del señor Rivera Labrador, sin embargo, en su

momento y reiterado en varias ocasiones, éste fue advertido de que

no podía dejar solo al menor. En cuanto a la situación donde el

menor fue expuesto a una conducta sexualizada, el juzgador

estableció las restricciones que entendió correctas, y aún en la

sentencia apelada reiteró ciertas prohibiciones en relación a dicho

asunto.

       En tercer orden —y relación a la negativa del TPI a pasar juicio

sobre los incidentes de violencia doméstica—, no tiene razón. El

Artículo 9 de la Ley Núm. 223-2011 dispone que no se considerará

una solicitud de        custodia compartida cuando uno                 de los

progenitores haya sido convicto por un caso de Ley Núm. 54–1989,

no obstante, en el presente caso no surge que los progenitores hayan

sido   convictos     por   Ley    Núm.     54–1989.44     Ciertamente,      los

44 De los autos ante nos, surge que el 23 de mayo de 2020 mediante el caso OPA-

2020-003545 se expidió una Orden de Protección Ex Parte a favor de la señora
Vallescorbo Cuevas. Sin embargo, dicha orden fue archivada ante el desistimiento
de la parte peticionaria (señora Vallescorbo Cuevas). Véase: Anejos XL & XLV de
la Apelante, págs. 139 – 148, 171 – 173.
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progenitores han tenido controversias abrasivas y totalmente

reprochables, pero el juzgador apreció que no constituyen un

impedimento para que los padres compartieran la custodia del

menor NERV.

       En cuarto lugar —y concerniente a los documentos que la

apelante le entregó a la TS Litsky Collazo y no los incluyó en el

informe—, no tiene razón. La apelante no colocó al TPI en posición

de poder evaluar la información que contenía los mismos:

       [S]in embargo, del testimonio de la Trabajadora Social bajo
       juramento, el que nos mereció credibilidad, surge que ella sí
       consideró los documentos para su análisis, aunque no los
       haya desglosado, lo que debió hacer. Por otro lado, la parte
       demandante omitió someter los referidos documentos en
       evidencia, lo que nos impide conocer su contenido y
       evaluar si en efecto, los mismos pudieron haber afectado los
       hallazgos y recomendaciones del Informe Social.

       Ciertamente, para que el juzgador tuviera la oportunidad de

examinar el contenido de cada documento, la apelante no cumplió

con las condiciones básicas que establecen las Reglas de Evidencia

de Puerto Rico. Luego de examinar la TPO,45 sin lugar a duda, fue

la propia apelante quien no puso al TPI en la posición de evaluar

dichos documentos.

       Por último, —en cuanto al planteamiento de censura previa al

señor Imanol Caballero Valentín—, indicamos que la orden del TPI

está dirigida a velar por el mejor bienestar del menor. Nótese, que la

orden expresamente dispuso:

       “Se prohíbe al Sr. Imanol Caballero, compañero de la
       madre, realizar comentarios alusivos al caso de las
       partes y sobre el Sr. Iván E. Rivera Labrador y sus
       familiares, en las redes sociales y en los medios de
       comunicación para los que escribe”.46

       Es decir, lo que se busca prohibir son los comentarios alusivos

a este caso y los conflictos habidos entre las partes y sus familiares.

       Visto lo anterior, concluimos que contrario a lo argüido por la

parte apelante, las determinaciones de hechos del TPI sí hallan

45 Véase, TPO del 7 de diciembre de 2022, págs. 40 – 81.
46 Véase, la Sentencia apelada, a la pág. 460 del apéndice.
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fundamento    en     la   prueba   desfilada,   tanto   testifical   como

documental. Por lo que, en la ausencia de prejuicio, parcialidad o

error manifiesto del juzgador de los hechos en la apreciación de la

prueba, confirmamos la Sentencia apelada.

                                   -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones