Court Opinion

ID: 9394856
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:16:17.764182+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.186600
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        PANEL VII

    PEDRO JOSÉ DE PEDRO                                        Certiorari
        MARTÍNEZ                                             procedente del
                                                          Tribunal de Primera
              Peticionario                                   Instancia, Sala
                                            KLCE202300273      Superior de
                                                                Bayamón
                       v.
                                                                     Caso Núm.:
                                                                   BY2018CV02909
     JOSÉ RAÚL DE PEDRO
      MARTÍNEZ Y OTROS                                                  Sobre:
                                                                   Acción de Nulidad
               Recurrido                                              de Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                     RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

        Mediante un recurso discrecional de certiorari, comparece la

parte demandante y peticionaria, conformada por el señor Pedro De

Pedro Martínez y la señora Rebecca De Pedro González. Solicita la

revisión de novo de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, por virtud de la cual se declaró No Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial, instada por los demandados y recurridos,

José Raúl De Pedro Montes, su esposa, Marly Martínez de Andino, y

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en

adelante, matrimonio De Pedro - Martínez).

        Cabe señalar que los peticionarios impugnan la determinación

judicial denegatoria, en el sentido de que aducen que las controversias

de hechos esbozadas en el dictamen constituyen, en realidad, asuntos

de derecho. A tales efectos, sostienen que el foro primario debió

Número Identificador

RES2023 _______________
KLCE202300273                                                                                   2

decretar la nulidad del contrato de compraventa, según enmendado,

mediante el cual el señor Raúl De Pedro Villamil1 vendió al matrimonio

De Pedro - Martínez su participación de las acciones en dos

corporaciones por un precio aplazado de $750,000 pagadero en diez

años. El fundamento de nulidad argüido por los peticionarios se asienta

en que, a través de la transacción original y su enmienda, presuntamente

se enajenó una participación específica, no abstracta, aun cuando el

acuerdo se efectuó antes de la disolución de la comunidad de bienes

postganancial, previo a la partición de la comunidad hereditaria indivisa

y sin el consentimiento de todos los herederos.2 Adelantamos la

denegación a la expedición del auto solicitado.

        La presente causa tiene su origen en una Demanda presentada

por los peticionarios sobre la inexistencia del contrato de compraventa

antes aludido. Posteriormente, los peticionarios instaron una Segunda

Demanda Enmendada en la que añadieron partes indispensables y otras

causas de acción relacionadas con el albaceazgo, la liquidación de la

comunidad hereditaria y una reclamación en daños y perjuicios. Surge

del expediente que todos los demandados presentaron sus respectivas

alegaciones responsivas.3

        Suscitados un sinnúmero de incidentes, innecesarios de

pormenorizar, el matrimonio De Pedro - Martínez presentó una Moción

de Sentencia Sumaria Parcial con el fin de que se declarase sin lugar

la causa de acción atinente a la nulidad contractual. Los peticionarios

1
  A cuatro años de suscrito el acuerdo, don Raúl De Pedro Villamil falleció testado el 7 de octubre
de 2012.
2
   La comunidad de bienes postganancial y la comunidad hereditaria surgieron a partir del
fallecimiento de la esposa de don Raúl en 2006, Diana Eva Martínez Contreras.
3
  Los otros demandados son: José Raúl De Pedro Martínez, Guillermo José De Pedro Montes, Alma
Rosa De Pedro Montes y Pedro De Pedro González.
KLCE202300273                                                             3
se opusieron y, a su vez, solicitaron sumariamente el decreto de nulidad

ab initio del acuerdo. El matrimonio De Pedro - Martínez replicó y

presentó oposición al pedimento abreviado de la parte peticionaria.

Luego de analizar los escritos de las partes y la documentación anejada

a los mismos, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no estaba

en posición de dictar sentencia sumaria parcial para desestimar la causa

de acción de nulidad contractual por existir hechos esenciales en

controversia.

      Así las cosas, la parte peticionaria presentó oportunamente el

recurso del título. En síntesis, planteó que, en cuanto a la causa de

acción de nulidad contractual, no existían controversias de hechos

medulares, sino asuntos de derecho de los que el foro primario debió

disponer y decretar la nulidad del contrato de compraventa en

controversia.

      Sabido es que el auto de certiorari es un vehículo procesal

discrecional y extraordinario, mediante el cual un tribunal de mayor

jerarquía puede rectificar errores jurídicos, como parte del ámbito

provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, y de conformidad con los criterios dispuestos

por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307

(2012). En su parte pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, dispone que “[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de . . . la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”.
KLCE202300273                                                           4

      Ahora bien, aun cuando las normas procesales autoricen nuestra

intervención, la Regla 40, supra, provee los criterios rectores para que,

en el ejercicio de nuestra discreción, realicemos un análisis subjetivo y

determinemos si es el momento apropiado para intervenir como foro

apelativo. Este examen requiere evaluar, entre otras consideraciones, si

la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia

o si se produce un fraccionamiento indebido o la dilación injustificada

del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).

      En ese sentido, la función de un tribunal apelativo frente a la

revisión de controversias a través de un certiorari requiere valorar la

actuación de la primera instancia judicial y predicar la intervención en

si la misma constituyó o no “un craso abuso de discreción, o que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

Asimismo, es importante resaltar que, al denegar la expedición de un

recurso de certiorari, este foro intermedio no tiene que fundamentar su

decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Ello así, porque la acción de denegar

no prejuzga los méritos de las cuestiones planteadas. Por lo tanto, de

persistir el asunto, la parte peticionaria puede reproducir la contención

mediante el correspondiente recurso de apelación.

      Justipreciados detenidamente los documentos que comprenden

el expediente ante nuestra consideración, así como los argumentos de

los peticionarios y la Moción de Mostración de Causa presentada por

la parte recurrida, quien no cuestiona la denegación de su Moción de

Sentencia Sumaria Parcial, queda claro que las determinaciones
KLCE202300273                                                                                         5
fácticas       incontrovertidas            consignadas           en     la     Resolución          son

insuficientes para determinar la nulidad contractual.4 En este caso, entre

la concreción del acuerdo y la presentación de la reclamación

acontecieron acuerdos de otro tipo tangencial y hechos pertinentes

atinentes a la controversia de validez contractual, los cuales son

necesarios de dilucidar en una vista en su fondo, para poder establecer

si el contrato de compraventa en controversia es nulo ab initio o

meramente anulable. En el caso último, surgen otras cuestiones cuya

adjudicación sumaria es inadecuada, ya que es imperativa la evaluación

de elementos subjetivos de intención, propósitos mentales y

credibilidad. Por tanto, ante la ausencia de certeza en cuanto a hechos

materiales en controversia y la pertinencia de éstos en la adjudicación

de la reclamación,5 concluimos que la actuación del foro impugnado no

adolece de abuso de discreción, parcialidad, acción prejuiciada o error

4
  En su parte pertinente, los hechos incontrovertidos son: “(1) Don Raúl De Pedro Villamil y doña
Diana Eva Martínez Contreras se casaron en primeras y únicas nupcias bajo el régimen de sociedad
legal de gananciales. (2) Para abril de 2006, los herederos de [doña Diana Eva] eran sus únicos hijos
sobrevivientes: el codemandante Pedro José De Pedro Martínez y el codemandado José Raúl De
Pedro Martínez y sus [cinco] nietos . . . Para octubre de 2012, los herederos de [don Raúl] eran sus
únicos hijos sobrevivientes: [Pedro José y José Raúl]. (3) El 21 de agosto de 2002, [doña Diana Eva]
otorgó testamento abierto e instituyó herederos en cuanto a la legítima larga a sus dos hijos [Pedro
José y José Raúl] y legó el tercio de libre disposición a sus [cinco] nietos por partes iguales. En
dicho testamento, [doña Diana Eva] también dispuso que su participación ganancial en las acciones
corporativas se distribuyera por partes iguales entre sus dos hijos. (4) El 10 de abril de 2006, falleció
[doña Diana Eva] y su caudal relicto no se dividió oportunamente y permanece indiviso hasta el
momento. Antes de la fecha de su deceso, [doña Diana Eva] y [don Raúl] poseían 113 acciones de
Refrigerama, Inc. y 138 acciones de Empresas R&D de Puerto Rico, Inc. (5) El 26 de junio de 2008,
[don Raúl] (abuelo), de una parte, y José Raúl De Pedro Montes (nieto) y su esposa Marly Martínez
de Andino, de otra parte, suscribieron un contrato de compraventa titulado Contrato de
Participación de y sobre Acciones, mediante el cual el primero le vendió a los segundos 56.50
acciones de Refrigerama, Inc. y 69.00 acciones de Empresas R&D de Puerto Rico, Inc., por el precio
alzado de $750,000.00. El precio sería pagadero dentro de los próximos [diez] años. Restaban sin
vender 56.50 acciones de Refrigerama, Inc. y 69.00 acciones de R&D de Puerto Rico, Inc. Esas
acciones permanecen indivisas. (6) El 29 de agosto de 2008, [don Raúl] (abuelo), de una parte, y
[José Raúl] (nieto) y su esposa [Marly], de otra parte, suscribieron una Enmienda de Compraventa
de Derechos Acciones y Participación Accionaria Suscrito el 26 de junio de 2008, la cual
[enmienda] las fechas que han de recibirse los cánones de pago . . .”.
5
  En esencia, el foro a quo consignó las siguientes controversias: (1) si en el contrato de compraventa
de acciones concurrieron el consentimiento, objeto y causa, aunque el objeto del contrato fuese cosa
ajena; (2) si la sucesión de doña Diana Eva prestó o no su consentimiento a la venta de las acciones
corporativas en común proindiviso; (3) si el peticionario De Pedro Martínez confirmó o no el
contrato de compraventa de acciones, al suscribir como oficial de una de las corporaciones un
contrato de préstamo de $100,000 otorgado al matrimonio De Pedro - Martínez, como abono al
precio pactado; (4) si el contrato de compraventa de acciones es nulo o anulable; (5) si la causa de
acción de nulidad está o no prescrita, en particular, desde cuándo comienza a discurrir el término
prescriptivo de cuatro años: desde la fecha de su otorgamiento o a partir de la consumación del
contrato, cuando se cumplieron todas las prestaciones; y (6) si el matrimonio De Pedro - Martínez
cumple o no con los requisitos de prescripción adquisitiva (usucapión) de bienes muebles.
KLCE202300273                                                           6

manifiesto, por lo que no procede intervenir con su determinación

judicial de denegar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada

por la parte recurrida y proceder con la continuación del litigio.

      Por     consiguiente,   de   conformidad      con   los    criterios

reglamentarios antes citados, denegamos la expedición del recurso

solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones