Court Opinion

ID: 9941515
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:32.662604+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.163763
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL
                            OATA-2023-1311

  ARANZA M. RIVERA                                    APELACIÓN
     SANTIAGO                                         procedente del
                                                      Tribunal de Primera
         Apelado                                      Instancia, Sala
                                KLAN202300349         Superior de Ponce
             v.
                                                      Caso Núm.
   RAMÓN L. RIVERA                                    PO2021RF00513
       ORTIZ
      Apelante                                        Sobre: Alimentos
                                                      entre parientes
 HALMERIE SANTIAGO
      CANCEL
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Mateu Meléndez, el
Juez Marrero Guerrero y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

       Comparece la parte apelante, Ramón L. Rivera Ortiz, para

solicitarnos que se revoque la Sentencia Enmendada dictada el 20

de marzo de 2022, notificada el 21 de marzo de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en la cual

declaró con lugar la demanda sobre alimentos entre parientes.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

confirma la Sentencia Enmendada apelada.

                                       I

       El 26 de junio de 2021, la Sra. Rivera Santiago instó una

Demanda sobre alimentos entre parientes en contra de su

progenitor, el Sr. Rivera Ortiz. En la Demanda se alegó que la Sra.

Rivera     Santiago     estaba      cursando      estudios         profesionales

ininterrumpidamente desde que alcanzó la mayoridad de edad.

Adicionalmente, se alegó que el Sr. Rivera Ortiz poseía los medios

económicos necesarios para el pago de una pensión alimentaria y

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-131 se designa al Juez Joel A.

Cruz Hiraldo en sustitución del Juez Roberto Rodríguez Casillas.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
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que la Sra. Rivera Santiago necesitaba de ello por los gastos de

estudios    universitarios.    Posteriormente,      la   Demanda       fue

enmendada para incluir a Sra. Santiago Cancel, la madre de la

demandante, como parte indispensable. Según las alegaciones

enmendadas, la Sra. Santiago Cancel tenía un acuerdo previo con

la demandante y que le pagaba una pensión de $300.00 a

$400.00.

      El 5 de mayo de 2022, el Sr. Rivera Ortiz presentó una

Contestación a Demanda Enmendada, en la cual alegó que la

demandante no necesitaba pensión alimentaria debido a que

trabajaba, tenía con negocio propio y contaba con ingresos

suficientes para sufragar sus estudios. Luego de varios trámites

procesales y un descubrimiento de prueba, el Tribunal de Primera

Instancia celebró juicio el 29 de agosto de 2022 y el 9 de

septiembre de 2022.

      Así las cosas, el 12 de diciembre de 2022, notificada el 14 de

diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó

Sentencia. Como parte de las determinaciones de hecho, el Foro de

Instancia señaló que el Sr. Rivera Ortiz no le paga pensión

alimentaria, que ascendía a $450.00, a la demandante desde que

cumplió los veintiún (21) años, el 27 de marzo de 2021. Basándose

en la evidencia admitida a través de los procedimientos, el foro

primario    entendió    que    la   demandante       tenía   necesidades

económicas y que, al amparo del Artículo 655 del Código Civil2 y la

jurisprudencia, procedía declarar Ha Lugar a la demanda de

alimentos en contra del Sr. Rivera Ortiz, imponiéndole el pago de

una pensión alimentaria de $400.00 a partir del 26 de junio de

2021, fecha en que se radicó la Demanda. En adición, se le impuso

2 Art. 655 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, según
enmendada, 31 LPRA § 7533.
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la cantidad de $3,000.00 al Sr. Rivera Ortiz en concepto de gastos

de litigio y honorarios de abogado.

       El 29 de diciembre de 2022, el Sr. Rivera Ortiz presentó una

Reconsideración      y    Solicitud   de   Determinaciones   de     Hechos

Adicionales. En primer lugar, se levantó que se dictó sentencia

únicamente en contra del Sr. Rivera Ortiz mientras que se hizo

caso omiso a la Sra. Santiago Cancel, por lo que solicitó que se

dictara sentencia que la incluyera para así establecer su obligación

de alimentar conforme a lo acordado entre la demandante y Sra.

Santiago Cancel. En adición, el Sr. Rivera Ortiz impugnó la

imposición de $3,000.00 en concepto de gastos del litigio y

honorarios de abogados, arguyendo que nunca se obró con

temeridad que justificara dicha imposición y que la demandante

tampoco presentó un memorando de costas conforme a la Regla 44

de Procedimiento Civil3. Por último, el Sr. Rivera Ortiz indicó que el

Tribunal de Primera Instancia incidió al no incluir en sus

determinaciones de hechos los gastos de matrícula, las ayudas

económicas,      préstamos     estudiantiles   y   los   ingresos   de   la

demandante al determinar o computar la pensión alimentaria por

entenderlos necesarios.

       Luego de las oposiciones por la demandante y codemandada,

el 20 de marzo de 2023, notificada al día siguiente, el Foro de

Instancia emitió una Resolución y en esta le impuso la pensión

alimentaria de $300.00 a la Sra. Santiago Cancel, declaró No Ha

Lugar a la reconsideración sobre honorarios de abogado e hizo

determinaciones de hechos adicionales. Simultáneamente, el

Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Enmendada

donde incorporó las determinaciones de hechos adicionales y

añadió la respectiva imposición de pensión alimentaria a la Sra.

Santiago Cancel.

3 32 LPRA Ap. V, R. 44.
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      Inconforme, el 20 de abril de 2023, el Sr. Rivera Ortiz

presentó su apelación ante nos con los siguientes señalamientos

de error:

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      IMPONER $3,000.00, POR CONCEPTO DE GASTOS Y
      HONORARIOS DE ABOGADOS, PRIMERO SIN
      EXISTIR MEMORANDO DE GASTOS CONFORME A
      DERECHO Y EN SEGUNDO LUGAR, EN NINGÚN
      LUGAR DE LA SENTENCIA COMO TAMBI[É]N LA
      SENTENCIA ENMENDADA SE SEÑALA QUE LA
      PARTE CO DEMANDADA [sic] AQUÍ APELANTE EL SR.
      RAMÓN L. RIVERA ORTIZ, HAYA OBRADO EN EL
      CASO CON TEMERIDAD PARA LA CONCESIÓN DE
      HONORARIOS DE ABOGADOS.

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
      INCLUIR EN SUS DETERMINACIONES DE HECHOS
      LOS GASTOS ESPEC[Í]FICOS DE MATRÍCULA POR
      TRIMESTRE    DE   LA  DEMANDANTE,     GASTOS
      ESENCIALES PARA LA CONCESIÓN DE ALIMENTOS
      ENTRE PARIENTES PARA ESTUDIOS, COMO
      TAMPOCO MENCIONAR EN LAS DETERMINACIONES
      DE    HECHOS    LAS   AYUDAS    ECONÓMICAS,
      PR[É]S[T]AMOS   ESTUDIANTILES,    PARA    LA
      DETERMINACIÓN     Y/O   C[Ó]MPUTO    DE   LA
      APORTACIÓN DEL SR. RAMÓN L. RIVERA ORTIZ.

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL NO
      INCLUIR EN SUS DETERMINACIONES DE HECHOS
      LOS INGRESOS DETALLADOS DE LA DEMANDANTE
      QUIEN TRABAJA, PARA LA DETERMINACIÓN Y/O
      C[Ó]MPUTO DE LA APORTACIÓN DEL SR. RAMÓN
      RIVERA ORTIZ.

      Transcurridos    los   términos   para   las   partes   apeladas

comparecer, éstas no comparecieron por lo cual prescindimos de

sus escritos y damos por perfeccionado el recurso de epígrafe.

Examinado el expediente en su totalidad, procedemos a establecer

el derecho aplicable y resolver.

                                   II

A. La obligación alimentaria entre parientes y los gastos de

reclamación

      En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de satisfacer

las pensiones alimentarias a favor de menores de edad está
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revestida del más alto interés público.4 En numerosas ocasiones el

Tribunal Supremo ha reconocido que esta clase de reclamo

constituye parte del derecho a la vida consagrado en nuestra

Constitución.5 Estatutariamente, la obligación alimentaria a favor

del menor de edad se encuentra en el Artículo 590(b) de la Ley

núm. 55-2020, conocida como el Código Civil de Puerto Rico de

20206, y regulada por la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 19867.

       En lo pertinente al caso ante nos, nuestro Código Civil en su

Artículo 6558 establece que si el alimentista alcanza su mayoridad

mientras cursa ininterrumpidamente estudios profesionales, la

obligación alimentaria sobre este se extiende hasta que obtenga el

grado o título académico o técnico correspondiente o hasta que

alcance los veinticinco (25) años de edad, cual ocurra primero, a

discreción del juzgador y dependiente a las circunstancias de cada

caso. En otras palabras, la obligación alimentaria entre parientes

bajo estas circunstancias no se extingue al alcanzar la mayoridad,

sino que se extiende hasta obtener el grado o título objeto de los

estudios o hasta alcanzar la edad de veinticinco (25) años. Cierto

es, la extensión puede estar sujeto a la discreción del juzgador, sea

judicial   o    administrativo,      y   varía    por    las   circunstancias

particulares de cada caso.

       Ahora bien, es norma reiterada por la jurisprudencia y

adoptada estatutariamente que la obligación alimentaria incluye el

pago de una partida para cubrir los honorarios de abogado, sin

necesidad      de   que   el   demandado         actúe   con    temeridad     al

4 Umpierre Matos v. Juelle Abello, 203 DPR 254, 265 (2019); Díaz Ramos v. Matta

Irizarry, 198 DPR 916, 927 (2017); Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR
700, 711 (2014).
5 Art. II, Sec. 7, Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1; Umpierre Matos v. Juelle

Abello, supra, pág. 266; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728,
738 (2009).
6 Art. 590(b) del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, según

enmendada, 31 LPRA § 7242(b).
7 Ley Orgánica de la Administración Para el Sustento De Menores, Ley Núm. 5

de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA § 501 et seq.
8 Art. 655 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, supra, 31 LPRA § 7533.
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defenderse.9 Asimismo, el Artículo 656 de nuestro Código Civil

dispone que “[c]uando el alimentista se vea compelido a acudir al

tribunal o a iniciar un proceso administrativo para reclamar su

derecho a los alimentos, la cuantía que se imponga al alimentante

incluirá una partida razonable para sufragar los gastos del

litigio y los honorarios de abogados”.10 (Énfasis Nuestro). Es

decir,    cuando     el    alimentante      incumpla    con    su       obligación

alimentaria y compele al alimentista a reclamar sus derechos por

vía judicial o administrativa, se le impondrá al alimentante una

partida para cubrir los gastos de reclamación.

B. Deferencia judicial en determinaciones de hechos

         Constituye norma trillada que, ante la ausencia de error

manifiesto,     prejuicio,    parcialidad     o   pasión,     los       tribunales

apelativos debemos abstenernos de intervenir para revisar la

apreciación     de    la    prueba,    adjudicación      de   credibilidad      o

determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de Primera

Instancia.11 Esta deferencia judicial está predicada en que los

jueces de las salas de instancia están en mejor posición para

aquilatar la prueba testifical porque tienen la oportunidad de oír,

ver y apreciar el comportamiento de los testigos.12 Por otro lado, “si

la apreciación de la prueba no representa el balance más racional,

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y cuando la

evaluación     se    distancie   de    la    realidad   fáctica     o    esta   es

inherentemente imposible o increíble”, los tribunales apelativos

tendrán el deber ineludible de intervenir.13

9 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, págs. 740-741; Viera v. Morell,

115 DPR 4, 14 (1983); Conesa v. Corte, 72 DPR 68, 72 (1951).
10 Art. 656 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, supra, 31 LPRA § 7534.
11 Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 778 (2022);

Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company, Inc., 206 DPR 194, 219
(2021).
12 Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company, Inc., supra; Meléndez Vega

v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013).
13 Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company, Inc., supra; González

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).
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       Ahora     bien,     cuando     las      conclusiones         de     hechos   se

fundamentan en evidencia documental o pericial, la norma

establecida dicta que el tribunal revisor estará en igual posición

que    el   tribunal     sentenciador         para   evaluarla.14         Bajo    estas

circunstancias, el tribunal apelativo tendrá la facultad de adoptar

su propio criterio en la apreciación y evaluación de la prueba

pericial, y hasta para descartarla, aunque resulte técnicamente

correcta.15

                                        III

       En su primer señalamiento de error, el apelante argumentó

que el Tribunal de Primera Instancia erró al imponerle los gastos

de litigio cuando no se presentó un memorando de costas

conforme la Regla 44 de Procedimiento Civil16 y al imponerle los

honorarios de abogados cuando no se procedió con temeridad o

frivolidad. No le asiste la razón.

       En la Sentencia Enmendada, el Tribunal de Primera

Instancia le impuso al apelante una cuantía de $3,000.00 en

concepto de gastos de litigio y honorarios de abogado. Esta partida

fue impuesta conforme a lo dispuesto en el Artículo 656 de nuestro

Código Civil17, cuyo estatuto exige que se incluya una partida

razonable para sufragar los gastos del litigio y honorarios de

abogados cuando el alimentista se vea obligado a reclamar su

derecho a alimentos. Dicho estatuto no requiere la presentación de

un memorando de costas y, en conjunto a lo establecido

jurisprudencialmente, tampoco exige temeridad o frivolidad de la

parte demandada.

       La     realidad     del   caso    es     que    el     Sr.        Rivera   Ortiz

unilateralmente cesó el pago de pensión a la Sra. Rivera Santiago,

sin solicitar el relevo de la pensión y bajo la errónea premisa de
14 Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company, Inc., supra.
15 Id.; González Hernández, supra.
16 32 LPRA Ap. V, R. 44.
17 Art. 656 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, supra.
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que se extinguió automáticamente la obligación alimentaria. Así, a

consecuencia de los actos del Sr. Rivera Ortiz, la Sra. Rivera

Santiago tuvo que acudir al Tribunal de Primera Instancia para

reclamar su derecho a los alimentos, por lo que nuestro

ordenamiento jurídico claramente dispone que se incluirá una

partida razonable para sufragar los gastos del litigio que incurrió

en el pleito y los honorarios de abogados. Por tanto, el Tribunal de

Primera Instancia no cometió el señalado error y actuó conforme a

derecho.

         Como segundo y tercer señalamiento de error, el apelante

indicó     que   el   foro   primario   erró   al   no   incluir   en   sus

determinaciones de hechos los gastos detallados de matrícula por

trimestre, las ayudas económicas, préstamos estudiantiles, y los

ingresos detallados de la demandante por su trabajo para la

determinación y/o cómputo de la aportación del apelante. El

apelante arguyó que, a pesar de que surge del expediente del caso

y fue materia de prueba en el juicio en su fondo, el Tribunal de

Primera Instancia no incluyó los referidos gastos e ingresos de

manera detallada y se limitó a hacer determinaciones generales,

por lo que desconoce específicamente qué elementos llevó al foro a

quo a imponer una obligación alimentaria de $400.00.

         No obstante, el apelante no alegó que hubo error manifiesto,

prejuicio, parcialidad o pasión por parte del Tribunal de Primera

Instancia y tampoco cuestionó la apreciación de la prueba o

adjudicación de credibilidad. El apelante reconoció que el foro

primario consideró la evidencia documental que obra en el

expediente junto a la materia de prueba examinada en el juicio y

que el tribunal hizo unas determinaciones de hechos sobre ello,

aunque generales y no de forma detallada. En esencia, el apelante

se limitó a indicar que el foro a quo no incluyó ciertas cuantías

específicas en sus conclusiones de hechos.
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      Luego de un estudio concienzudo del expediente en su

totalidad y de la prueba que la acompaña, resulta forzoso concluir

que no hubo error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por el

Tribunal      de    Primera      Instancia.   La   apreciación        de   prueba

representa un balance racional, justiciero y jurídico de la totalidad

de la prueba y su evaluación no es una que se distanció de la

realidad fáctica de manera inherentemente imposible. En ausencia

de alegación o criterio jurisprudencial que active nuestro deber de

intervenir,    le     debemos      completa    deferencia   judicial       a   las

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba del Tribunal de

Primera Instancia.

                                        IV

      Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos

formar     parte     de   este    dictamen,   se   confirma      la    Sentencia

Enmendada apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Ponce.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones