Court Opinion

ID: 9890352
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:18:09.269622+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:44.100736
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VI

CARMEN B. TÁNTALOS                         CERTIORARI
                                           procedente del
        Recurrida                          Tribunal de Primera
                             KLCE202300942 Instancia, Sala
            v.                             Superior de Orocovis

 [T]OROVERDE CORP.,                              Caso núm.:
       Y OTROS                                   OR2023CV00083
                                                 (001)
      Peticionarios
                                                 Sobre: Accidentes en
                                                 Establecimientos
                                                 Comerciales

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      Comparece       ante   este   tribunal   apelativo   Toro   Verde

Enterprises y Universal Insurance Corporation (los peticionarios)

mediante el Recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que

revisemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Orocovis (TPI), el 24 de julio de 2023, notificada el

1 de agosto de siguiente. Mediante este dictamen, el foro primario

denegó la Moción de Desestimación presentada por los peticionarios.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos expedir el recurso de certiorari solicitado.

                                    I.

      El 9 de octubre de 2019, la Sra. Carmen B. Tántalos (la señora

Tántalos o la recurrida) presentó una demanda sobre daños y

perjuicios contra los peticionarios en el Tribunal de Distrito Federal

para el Distrito de Puerto Rico. En esencia alegó que, el 26 de mayo

de 2019 en una excursión, visitó las instalaciones de Toro Verde en

el municipio de Orocovis y al utilizar la tirolina (zipline) llamada El

Monstruo, el sistema de frenos fue operado negligentemente. Arguyó

Número Identificador
RES2023_______________________
KLCE202300942                                                                  2

que el operador falló en activar el freno y reducir la velocidad lo que

ocasionó que sufriera una serie de daños al chocar con varios

objetos mal ubicados en la plataforma de aterrizaje. Adujo que, como

resultado del accidente, tuvo que recibir tratamiento médico por las

lesiones ocasionadas. Sin embargo, la señora Tántalos desistió de

su reclamo, ante la corte federal, a la luz de la Regla 41(a)(1)(A)(i) de

las Reglas de Procedimiento Civil Federal.

       El 10 de enero de 2020, la señora Tántalos instó su reclamo

en daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Aibonito (AI2020CV00003). Tras varios incidentes

procesales celebrados en la región judicial de Orocovis, las partes

presentaron una moción conjunta en la que solicitaron el

desistimiento sin perjuicio al amparo de la Regla 39.1(b) de las de

Procedimiento Civil, infra, y que el término prescriptivo para ejercer

la acción de daños y perjuicios comenzara a partir de la orden del

tribunal. Atendida la solicitud, el 6 de julio de 2021, el TPI dictó una

Sentencia declarando ha lugar el desistimiento voluntario de la

demanda sin perjuicio.1 Además, estableció que el término

prescriptivo para ejercer la acción comenzaría a partir de la fecha de

emitida la referida sentencia.

       El 12 de enero de 2022, la señora Tántalos incoó nuevamente

su acción de daños y perjuicios ante el Tribunal de Distrito Federal

para el Distrito de Puerto Rico. Sin embargo, su reclamo no tuvo

éxito puesto que fue desestimado sin perjuicio ante la falta de

jurisdicción. Específicamente el tribunal federal concluyó que esta

había pactado una cláusula de selección de foro por la cual se obligó

1
  Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 59. La Sentencia se notificó al día
siguiente. Destacamos que en el dictamen el TPI consignó “[d]ada en Aibonito para
Orocovis.” En la notificación, como en todas las expedidas en dicho caso, surge
del epígrafe, Centro Judicial de Aibonito, Sala Superior de Orocovis. La Región
Judicial de Aibonito está compuesta por los siguientes municipios: Aibonito,
Barranquitas, Coamo, Comerío y Orocovis.
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a presentar cualquier causa de acción en los tribunales estatales de

Puerto Rico.2

        Así las cosas, el 8 de mayo de 2023 la señora Tántalo presentó

una Demanda en daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Orocovis. Luego de renunciado al

emplazamiento y; por tanto, dándose por emplazada, Toro Verde

presentó una moción de desestimación en la que sostuvo que

cuando se presentó la demanda, por segunda ocasión ante el

tribunal federal, la recurrida agotó su última oportunidad para

litigar su acción. Los peticionarios sostuvieron que la recurrida

asumió el riesgo de la desestimación al voluntariamente y a

sabiendas presentar su pleito en el foro federal para probar su

suerte, aún cuando había desistido ante ese tribunal en una ocasión

anterior.3

        Por su parte, la señora Tántalos se opuso a la desestimación

al indicar que había desistido su demanda voluntariamente solo una

vez. Asimismo, arguyó que el asunto objeto de la moción de

desestimación era cosa juzgada por el tribunal federal mediante una

sentencia final y firme.

        Atendidas las mociones, el TPI emitió el dictamen recurrido en

el cual declaró No Ha Lugar a la moción de desestimación y pautó la

continuación de los procedimientos.

        Inconforme      con   dicha    determinación,   los   peticionarios

presentaron el recurso que nos ocupa imputándole al foro a quo

haber cometido los siguientes errores:

           ERRÓ EL TPI EN DENEGAR LA MOCIÓN DE
           DESESTIMACIÓN PUES TÁNTALOS, AL PRESENTAR
           LA DEMANDA POR TERCERA VEZ EN EL TRIBUNAL
           FEDERAL, INCUMPLIÓ CON Y RENUNCIÓ A LOS
           TÉRMINOS    DE    LA    ESTIPULACIÓN   DE
           DESISTIMIENTO HECHA AL AMPARO DE LA REGLA
           39.1(A)(2).

2 Íd., a la pág. 101.
3 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 11.
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          ERRÓ EL TPI EN DENEGAR LA MOCIÓN DE
          DESESTIMACIÓN PUES TÁNTALOS, AL PRESENTAR
          LA DEMANDA POR CUARTA VEZ EN EL TRIBUNAL
          ESTATAL,  INCURRIÓ   EN   FÓRUM SHOPPING,
          VIOLENTANDO ASÍ LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
          PROCESAL Y EL PROPÓSITO QUE PERSIGUIÓ LA
          ESTIPULACIÓN.

          ERRÓ EL TPI EN DENEGAR LA MOCIÓN DE
          DESESTIMACIÓN PUES LA SENTENCIA FEDERAL EN
          TÁNTALOS III PERMITIÓ QUE EL PLEITO FUESE
          REINSTADO DENTRO DEL FORO FEDERAL, NO ASÍ
          EN EL FORO ESTATAL UNA CUARTA VEZ.

       El 29 de agosto de 2023,                emitimos una Resolución

concediéndole a la parte recurrida el término de diez (10) días para

expresarse. El 11 de septiembre siguiente, la parte recurrida

presentó una Moción de Desestimación … la cual fue declarada No

Ha Lugar y se le concedió a dicha parte el término de diez (10) días

para presentar su memorando en oposición.4 El 25 de septiembre

de 2023 se cumplió con lo ordenado, por lo que nos damos por

cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.

       Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo;

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                      II.

       El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Todo

recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo deberá ser

examinado primeramente al palio de esta regla, la cual limita la

autoridad y el alcance de la facultad revisora de este foro apelativo

sobre órdenes y resoluciones dictadas por el foro de primera

instancia. Entre otras razones, dicha regla dispone que solamente

se expedirá el recurso de certiorari cuando se recurra “de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra.

4 Véase la Resolución del 13 de septiembre de 2023.
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         Sin embargo, aun cuando el asunto esté contemplado por

dicha regla para determinar si procede la expedición de un recurso,

debemos acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, que lee como

sigue:

               El tribunal tomará en consideración los siguientes
           criterios al determinar la expedición de un auto de
           certiorari o de una orden de mostrar causa:

           (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
           (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.
           (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.
           (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
           (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
           caso es la más propicia para su consideración.
           (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
           y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
           (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.

         Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). Así, pues, es norma reiterada que este foro intermedio no

habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de

Primera Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso

abuso       de     discreción,      prejuicio,     error      manifiesto   o

parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689,

709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729,

745 (1986).

         De otra parte, la Regla 39.1 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 39.1, en sus incisos (a) y (b) regula las diferentes

formas de desistimiento de las reclamaciones judiciales en el ámbito

civil. El inciso (a), de la antedicha norma, preceptúa las instancias
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en las que la parte demandante puede desistir de un pleito de

manera voluntaria, esto es: a través de un aviso de desistimiento o

mediante una estipulación de desistimiento firmada por todas

las partes comparecientes. El inciso (b) atiende las instancias no

cubiertas por el inciso (a) de la regla. En este escenario, el tribunal

tiene discreción judicial para terminar el litigio e imponer las

condiciones   que    estime   pertinentes;   entre    estas   que    el

desistimiento sea con perjuicio e incluso que se ordene el pago

de costas y honorarios de abogado. Pagán Rodríguez v. Pres. Cams.

Legs., 206 DPR 277, 287 (2021).

      En lo aquí pertinente, la regla reconoce la doctrina de los dos

desistimientos, la cual dispone que un segundo desistimiento tendrá

el efecto de una adjudicación en los méritos. Ahora bien, según

reconocido por el Tribunal Supremo, “[é]sta [doctrina] solamente

aplica a los desistimientos hechos mediante el aviso del litigante y

no por estipulación de las partes”. Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz

y otros, 184 DPR 453, 460 (2012). El propósito primario de esta

doctrina de los dos desistimientos es limitar el uso irrazonable por

el demandante de su derecho unilateral a desistir en etapas

tempranas del procedimiento. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011,

Tomo III, a la pág. 1140. Así, desistimientos sucesivos por

estipulación, que expresan ser sin perjuicios, no impiden que se

entable nuevamente la acción. Cuando “el desistimiento se produce

mediante estipulación, las demás partes que han comparecido al

pleito tienen que necesariamente aprobar el desistimiento y; por

consiguiente, en evitación de gastos y molestias ulteriores, pueden

exigir ellas mismas que el desistimiento sea con perjuicio.” Íd., a la

pág. 1144.
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                                         III.

          Según reseñamos, todo recurso de certiorari presentado ante

este foro intermedio deberá ser examinado primeramente al palio de

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, y posteriormente

según los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones,        supra.    Examinado         el   expediente    ante   nuestra

consideración, si bien se trata de la denegatoria de una moción

dispositiva, no se encuentran presentes las condiciones que

ameritan la intervención de este Tribunal de Apelaciones.

          En síntesis, los peticionarios señalan que procede la

revocación de la Orden recurrida debido a que la señora Tántalos

incumplió con las estipulaciones que las partes le presentaron al

Tribunal       de   Primera     Instancia       al momento        de   ordenar   el

desistimiento sin perjuicio. Sin embargo, de la lectura de la moción

conjunta; así como de la Sentencia dictada en el caso identificado

alfanuméricamente AI2020CV00003, no surge que se hubiese

plasmado el alegado acuerdo de instar el próximo caso nuevamente

en el mismo foro estatal.5 Además, ni tan siquiera en la referida

Sentencia se expresó la reapertura del caso a solicitud de parte. Por

otro lado, tanto el desistimiento inicial (en la corte federal), como la

desestimación posterior dictada por dicho foro, han sido decretadas

sin perjuicio por orden del tribunal. Estos dictámenes advinieron

finales y firmes. Tampoco obviemos que el único desistimiento en el

tribunal local fue por orden del TPI al tenor de un acuerdo por

estipulación de las partes por lo que no fue uno unilateral instado

por la parte demandante (aquí recurrida). En el cual, como vimos,

las partes le solicitaron al tribunal primario que una de las

condiciones fuese que se decretara sin perjuicio.6

5
    Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 56-59.
6 Surge de la Minuta de vista de Status Conference celebrada el 22 de junio de

2021, que las representaciones legales de las partes alcanzaron este acuerdo
para evitar que el foro a quo pudiese desestimar el nuevo pleito. Íd., a las
págs. 53-54.
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       De otra parte, en nuestro sistema judicial existe una sola

jurisdicción y, de ser necesario, los peticionarios tienen disponible

el mecanismo de traslado, regulado por las Reglas 3.1 y 3.5 de las

Reglas de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de entender

que el foro más apropiado para la adjudicación de la causa es en el

municipio de Aibonito.7 Puntualizamos que los procedimientos del

caso, presentado en el Tribunal de Aibonito e identificado

alfanuméricamente AI2020CV0003, se celebraron en la Sala

Superior de Orocovis la cual forma parte de la misma Región

Judicial.

       En fin, reiteramos que de la lectura del Recurso de Certiorari

no surge razón alguna por la que debamos de intervenir con la Orden

recurrida, ello por no estar presentes los criterios de la Regla 40 de

nuestro Reglamento, supra.

                                      IV.

       Por   los   fundamentos        antes    expuestos,     denegamos   la

expedición del recurso de certiorari solicitado.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

7 Véase, Ramírez Sainz v. S.L.G. Cabanillas, 177 DPR 1, 36 (2005).