Court Opinion

ID: 9952423
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:51:31.268352+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:53.188221
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

 LYMARIE COLÓN RODRÍGUEZ                               Certiorari
                                                       procedente del
      Parte Recurrida                                  Tribunal de Primera
                                                       Instancia, Sala
              v.                                       Superior de Trujillo
                                                       Alto
        AUTORIDAD               KLCE202400067
    METROPOLITANA DE
    AUTOBUSES (A.M.A.)
   REPRESENTADA POR SU                                 Caso Núm.:
  PRESIDENTE Y GERENTE                                 TJ2020CV00271 (407)
    GENERAL JOSUÉ L.
   MENÉNDEZ AGOSTO,
      AUTORIDAD DE
  TRANSPORTE INTEGRADO                                 Sobre:
     DE PUERTO RICO                                    Ley de Represalia en el
   REPRESENTADO POR SU                                 Empleo (Ley Núm.
   DIRECTOR EJECUTIVO                                  115-1991)
    JOSUÉ L. MENÉNDEZ
         AGOSTO

     Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos la Autoridad Metropolitana de Autobuses

(AMA o parte peticionaria) mediante recurso de Certiorari y solicita

que revoquemos la Resolución1 emitida el 4 de enero de 2024,

notificada el 8 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Trujillo Alto (TPI o foro primario).

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la moción

de desestimación presentada por la AMA.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de Certiorari solicitado y confirmamos la

Resolución recurrida.

1 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 235-236.

Número Identificador
SEN2024__________
KLCE202400067                                                       2

                                         I.

       Según surge del expediente apelativo, el 3 de septiembre de

2020, la señora Lymarie Colón Rodríguez (señora Colón Rodríguez o

parte recurrida) presentó una Querella2 en contra de la AMA bajo el

procedimiento sumario dispuesto por la Ley Núm. 2 del 17 de

octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley de

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec.

3118, et seq. (Ley Núm. 2-1961). En esta, adujo que es empleada de

carrera de la AMA y ha ocupado el puesto de Ejecutiva de Asuntos

Fiscales desde julio de 2012. En esencia, alegó que las tareas

adscritas a su hoja de deberes le fueron violentadas de forma

sistemática y no se respetó su jerarquía en la estructura

administrativa de la entidad, excluyéndola de su autoridad y

responsabilidades. Sostuvo, además, que producto de ciertos

señalamientos y denuncias ha sido víctima de represalia por parte

de sus supervisores.

       El 21 de septiembre de 2020, compareció la AMA mediante

Contestación a Querella y Reiterando Solicitud para que se Tramite el

Pleito a Través del Procedimiento Ordinario3. Así las cosas, el 16 de

noviembre de 2020, se celebró una vista inicial, en la cual el foro

primario resolvió mantener el procedimiento sumario, extendiéndolo

a los mecanismos de descubrimiento de prueba solicitado por ambas

partes4.

       Luego de varias incidencias procesales, el 9 de agosto de 2021,

la AMA presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria5, en la cual

arguyó que la acción presentada en su contra estaba prescrita. El

19 de agosto de 2021, la señora Colón Rodríguez presentó una

2 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1-10.
3 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 14-25.
4 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 26-30.
5 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 31-66.
KLCE202400067                                                           3

Solicitud Sentencia Sumaria Parcial6, en la cual reiteró las acciones

de represalia por parte de la AMA.

       Posteriormente, el 30 de agosto de 2021, la señora Colón

Rodríguez presentó Oposición a Sentencia Sumaria Presentada por la

A.M.A.7. A su vez, la parte peticionaria compareció mediante

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 8 el 13 de

septiembre de 2021.

       Evaluadas las mociones presentadas por las partes, el 18 de

enero de 2023, notificada el 2 de febrero de 2023, el TPI emitió

Resolución9 y declaró No Ha Lugar ambas solicitudes de sentencia

sumaria. Además, consignó los siguientes hechos materiales sobre

los cuales no existe controversia, a saber:

       1. La Autoridad Metropolitana de Autobuses (“AMA”), es una
          corporación pública del Gobierno de Puerto Rico, creada
          al amparo de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según
          enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad
          Metropolitana de Autobuses.
       2. La Querellante, Lymarie Colón Rodríguez, es mayor de
          edad, vecina de Trujillo Alto, P.R.
       3. La Querellante es empleada de carrera de la AMA y ha
          ocupado el puesto de Ejecutiva de Asuntos Fiscales desde
          julio de 2012 a septiembre de 2017 y de septiembre de
          2018 al presente.
       4. Efectivo el 16 de julio de 2020, el Sr. Samuel Pérez
          Sánchez fue designado como Vicepresidente Interino de
          Administración y Finanzas de la AMA, supervisor
          inmediato de la Querellante.
       5. Previamente, el Vicepresidente de Administración y
          Finanzas de la AMA lo era el Sr. Julio Lasalle Rodríguez,
          quien ocupó el puesto hasta el 15 de julio de 2020.
       6. La Querellante presentó Querella el 3 de septiembre de
          2020, alegando una causa de acción por represalias al
          amparo de la Ley 115 de 20 de diciembre de 1991; una
          causa de acción bajo el Art. 4.2 de la Ley 2 del 4 de enero
          de 2018, conocido como el Código Anticorrupción para el
          Nuevo Puerto Rico y se acogieron al procedimiento
          sumario establecido por la Ley Núm. 2 del 17 de octubre
          de 1961, 32 L.P.R.A. Sec. 3118, según enmendada.
       7. La Querellante alega haber sido víctima de represalias por
          parte de sus supervisores y en específico, del Sr. Julio
          Lasalle Rodríguez producto de señalamientos y
          denuncias que ha hecho al Presidente de la AMA, a la

6 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 96-125.
7 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 67-95.
8 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 126-161.
9 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 163-169.
KLCE202400067                                                              4

         Asesora Legal y Vice-Presidenta de Gerencia y Capital
         Humano, por el transcurso de los pasados años.
      8. La     Querellante    alega    que    sus     funciones    y
         responsabilidades le han sido violentadas de forma
         sistemática y no se ha respetado su jerarquía en la
         estructura administrativa de la AMA.
      9. El 20 de julio de 2020 la Querellante envió una
         comunicación a su entonces supervisor y Vicepresidente
         de Administración y Finanzas, Samuel Pérez Sánchez.
     10. La Querellante alega en su correo electrónico que el Sr.
         Julio Lasalle Rodríguez, por los últimos tres años y medio
         (3.5) previos a cursar el correo del 20 de julio de 2020, no
         le permitió ejercer sus funciones como lo describe su Hoja
         de Deberes y que las funciones que ha estado ejerciendo
         han sido limitadas.

       Particularmente, luego de evaluar la prueba presentada y las

alegaciones de las partes, el TPI determinó lo siguiente:

       [C]oncluimos que no procede resolver sumariamente el
       presente caso. El expediente demuestra que existen hechos
       materiales del caso que están realmente y de buena fe
       controvertidos. En el presente caso existe controversia sobre
       cuál específicamente fue la actividad protegida de la cual
       participó la querellante, previo a denunciar el alegado
       despojo de funciones y como consecuencia de la que alega,
       fue víctima de represalia. […] También se ha controvertido el
       momento cuando comenzaron las acciones en represalias
       contra la querellante, lo cual es indispensable para adjudicar
       la controversia sobre prescripción10.

       Así las cosas, el 1 de noviembre de 2023, la AMA presentó una

Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil11. En esta, arguyó que, si bien la acción en su

contra estaba prescrita, la misma no justificaba la concesión de un

remedio bajo los estatutos invocados de la Ley 115-199112 ni del

Código Anticorrupción13. Además, planteó la ausencia de parte

indispensable en el pleito.

       Oportunamente, la señora Colón Rodríguez presentó su

oposición a moción de desestimación mediante Breve Contestación

a Repetida Moción de Desestimación de la Parte Querellada, en la

cual adujo que la parte peticionaria volvió a argumentar lo que hace

10 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 168.
11 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 170-196.
12 Ley Núm. 115-1991, según enmendada, conocida como Ley contra el Despido

Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro
Legislativo, Administrativo o Judicial, 29 LPRA secs. 194 et seq.
13 Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como Código Anticorrupción para

el Nuevo Puerto Rico, 3 LPRA secs. 1881 et seq.
KLCE202400067                                                       5

más de un año había expuesto mediante Moción de Sentencia

Sumaria14. Por su parte, el 16 de diciembre de 2023, la AMA

presentó Réplica a Breve Contestación a Repetida Moción de

Desestimación de la Parte Querellada15.

       En vista de lo anterior, el 4 de enero de 2024, notificada el 8

de enero de 2024, el foro primario emitió Resolución16 en la que

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por la

AMA.

       En desacuerdo con la determinación, el 18 de enero de 2024,

la AMA compareció ante nos mediante el recurso de epígrafe y señaló

al TPI la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL T.P.I. AL DECLARAR NO HA
       LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA
       POR LA AMA Y AL NO RESOLVER QUE EN EL PRESENTE
       CASO NO EXISTE UNA CAUSA DE ACCIÓN A FAVOR DE LA
       QUERELLANTE-RECURRIDA     QUE    JUSTIFIQUE   LA
       CONCESIÓN DE UN REMEDIO CONTRA LA AMA.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL T.P.I. AL DECLARAR NO HA
       LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA
       POR LA AMA Y AL NO RESOLVER QUE LA CAUSA DE
       ACCIÓN POR REPRESALIAS SE ENCUENTRA PRESCRITA.

       TERCER ERROR: ERRÓ EL T.P.I. AL DECLARAR NO HA
       LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA
       POR LA AMA Y AL NO RESOLVER QUE NO PROCEDE LA
       CAUSA DE ACCIÓN DE LA QUERELLANTE-RECURRIDA AL
       AMPARO DEL CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN DE PR CONTRA
       LA AMA Y POR FALTA DE PARTE INDISPENSABLE.

       Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores, según lo permite la Regla (7)(B)(5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones17.

14 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 197-220.
15 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 222-234.
16 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 235-236.
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.
KLCE202400067                                                                 6

                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior18. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial19. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”20. Empero, el ejercicio de la

discreción    concedida      “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”21.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil22. La mencionada

Regla dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”23. Asimismo,

y a manera de excepción, se podrá expedir este auto discrecional en

las siguientes instancias:

       [C]uando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
       testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
       privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos
       de relaciones de familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia24.

       En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto

18 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-
338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).
19 Íd.
20 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712-713 (2019).
21 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
22 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
23 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175.
24 Íd.
KLCE202400067                                                                7

de revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir

si expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento25. Esta norma

procesal dispone lo siguiente:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Por lo tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes

enumerados, se justifica nuestra intervención, pues distinto al

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el

auto de certiorari26. Por supuesto, esta discreción no opera en el

vacío y en ausencia de parámetros que la dirijan27. Es preciso

recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera28”.

25 4 LPRA XXII-B, R. 40.
26 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).
27 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,

183 DPR 580 (2011).
28 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
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                                      -B-

       La Ley Núm. 2-1961, supra, provee un procedimiento sumario

para las reclamaciones laborales de obreros y empleados contra sus

patronos, relacionados a salarios, beneficios y otros derechos

relativos al ámbito laboral. El alcance de dicha ley se ha extendido

a procesos judiciales relacionados con reclamaciones por: “(1)

cualesquiera derechos o beneficios laborales; (2) cualesquiera

sumas en concepto de compensación por trabajo o labor realizado;

(3) cualesquiera compensaciones en caso de que dicho obrero o

empleado hubiese sido despedido de su empleo sin justa causa, o

(4) cuando el Legislador lo haya dispuesto expresamente al aprobar

otras leyes protectoras de los trabajadores”29.

       Así pues, el legislador implantó la política pública estatal de

proteger el empleo y desalentar los despidos sin justa causa. A fin

de lograr la consecución de dichos propósitos, el estatuto establece:

(1) términos cortos para presentar la contestación de la querella o

demanda; (2) criterios para conceder una sola prórroga para la

contestación de la querella o demanda; (3) un mecanismo para

diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) el proceso para

presentar defensas y objeciones; (5) límites a la utilización de los

mecanismos de descubrimiento de prueba; (6) la aplicabilidad

limitada de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no

esté en conflicto con el procedimiento sumario; (7) que ninguna de

las partes pueda someter más de un interrogatorio o deposición, ni

está autorizado a tomar una deposición a la otra parte después de

haber sometido un interrogatorio ni viceversa, excepto cuando

concurran circunstancias excepcionales; y (8) la obligación de los

29 Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).
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tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el patrono

incumple con el término para contestar la querella o demanda30.

         En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido que la

naturaleza sumaria de este procedimiento responde a la política

pública de “abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos

oneroso posible para el obrero”31. Por ello, solo se ha permitido que

este tribunal revise resoluciones interlocutorias provenientes de un

procedimiento sumario al amparo de la referida ley cuando dicha

resolución sea dictada sin jurisdicción, de forma ultra vires o en

casos extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la

intervención de este tribunal apelativo32. En Dávila, Rivera v. Antilles

Shipping, Inc., el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó como

sigue:

                Así, pues, concluimos que, con el objetivo de
         salvaguardar la intención legislativa, autolimitamos nuestra
         facultad revisora, y la del [Tribunal de Apelaciones], en
         aquellos casos de resoluciones interlocutorias dictadas al
         amparo de la citada Ley Núm. 2 con excepción de aquellos
         supuestos en que la misma se haya dictado sin jurisdicción
         por el tribunal de instancia y en aquellos casos extremos en
         los cuales los fines de la justicia requieran la intervención del
         foro apelativo; esto es, en aquellos casos extremos en que la
         revisión inmediata, en esa etapa, disponga del caso, o su
         pronta disposición, en forma definitiva o cuando dicha
         revisión inmediata tenga el efecto de evitar una “grave
         injusticia” (miscariage of justice)33.

         La razón de ser de esta norma general de abstención es evitar

dilaciones que normalmente las revisiones de determinaciones

interlocutorias conllevan, lo que precisamente derrotaría el fin

perseguido por el procedimiento sumario34.

                                       -C-

         En lo referente a la naturaleza de la prescripción, es doctrina

reiterada que es materia sustantiva y no procesal35. Se fundamenta

30 32 LPRA sec. 3120; véase, Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., 174 DPR 921, 929

(2008).
31 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 (1999).
32 Íd., pág. 498.
33 Íd.
34 Íd.
35 Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 DPR 405, 407 (1974); Zambrana

Maldonado v. ELA, 129 DPR 961 (1992); Municipio de Cayey v. Soto Santiago, 131
DPR 304 (1992).
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en la necesidad de poner fin a la inseguridad jurídica y a otros

efectos adversos que surgen cuando se postergan o dejan pendientes

posibles acciones judiciales. Persigue, además, el fin de sancionar el

abandono de derechos por el titular de estos36.

       La razón de ser de la institución de la prescripción extintiva o

liberatoria es el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los

derechos y asegurar el tráfico jurídico, el “señorío de las cosas”, al

evitar litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las

reclamaciones37. La prescripción tiene su fundamento en la

necesidad de poner fin a la inseguridad jurídica y a otros efectos

adversos que surgen cuando se postergan o dejan pendientes

posibles acciones judiciales. Persigue el fin de sancionar el

abandono de derechos por el titular de estos38.

       La prescripción        responde a una presunción legal de

abandono, derivada del hecho del transcurso de un tiempo

determinado sin reclamarse un derecho39. En nuestra jurisdicción,

la prescripción constituye un derecho sustantivo40, que acarrea la

desestimación de una reclamación presentada fuera del término

establecido por ley41.

       En particular, la prescripción de las acciones no corre contra

menores de edad o incapacitados42. Por tal razón, la prescripción de

las acciones no corre en su contra. El término queda suspendido

durante el periodo de incapacidad. Cuando la prescripción se

interrumpe, el plazo comienza a contar de nuevo al cesar la causa

que lo impide43. El tiempo que dure una incapacidad no se considera

36 Vega Lozada v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 DPR 746 (1994).
37  Ramón Orlando de Jesús Martínez v. Carlos E. Chardón, 116 DPR 238, 243
(1985).
38 Vega Lozada v. J. Pérez & Cía, Inc., supra; Santiago Rivera v. Osvaldo Ríos

Alonso, 156 DPR 181 (2002).
39 Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001).
40 Íd., a la pág. 348
41 Rimco, Inc. v. Pérez y Cía. de P.R., Inc., 148 DPR 60, 65 (1999).
42 Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 623 (1986).
43 Márquez v. Trib. Superior, 85 DPR 559 (1962).
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para computar un término prescriptivo que corra en contra de una

persona incapaz44.

                                    III.

      En el presente recurso, la AMA arguye que incidió el foro

primario al declarar No Ha Lugar su Moción de Desestimación al

Amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. En esencia, la parte

peticionaria señala que la causa de acción instada por la señora

Colón Rodríguez se encuentra prescrita; no existe una reclamación

contra la AMA que justifique la concesión de un remedio; y hay

ausencia de parte indispensable en el pleito.

      Del expediente apelativo se desprende que el caso de epígrafe

es uno tramitado bajo la Ley Núm. 2-1961, supra, en el que la AMA

recurre de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, la

cual es revisable, por vía de excepción, según lo dispuesto por el

Tribunal Supremo en el caso Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc.,

supra. Según nuestro ordenamiento jurídico, este foro apelativo

debe abstenerse de revisar asuntos interlocutorios tramitados bajo

la Ley Núm. 2-1961, supra. Las únicas excepciones reconocidas a

dicha limitación son cuando el dictamen del cual se recurre se haya

dictado sin jurisdicción, en casos que se puedan disponer

prontamente en su totalidad y de forma definitiva, o para evitar una

grave injusticia que se produciría en la eventualidad de que este foro

no interviniera.

      Al analizar los hechos del caso de marras a la luz de la

doctrina antes expuesta, forzoso es concluir que la Resolución de la

cual se recurre fue dictada con jurisdicción y el hecho de que este

foro revisor no intervenga no le causará a las partes una grave

injusticia, pues el TPI está en mejor posición para evaluar, aquilatar

y dirimir las controversias, así como recibir y apreciar toda la

44 Gómez v. Márquez, 81 DPR 721, 727 (1960).
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prueba. En virtud de lo antes expuesto, sostenemos que no están

presente ninguna de las excepciones a la limitación para revisar

asuntos interlocutorios bajo la Ley Núm. 2-1961, supra.

      Además, coincidimos con el foro primario en que, ante la

complejidad del pleito, se hace necesario adjudicar la controversia

sobre prescripción y si existe o no actividad protegida, de manera

que el TPI pueda aquilatar la prueba documental y testifical que

puedan presentar en su día las partes. Como cuestión de derecho

no procede la moción de desestimación instada por la AMA.

      En suma, la AMA no ha demostrado que el tribunal recurrido

haya actuado de forma prejuiciada o parcializada, o que cometiera

un error en la aplicación de la norma jurídica que amerite nuestra

intervención en esta etapa de los procedimientos. Por consiguiente,

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Resolución

recurrida.

                                IV.

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones