Court Opinion

ID: 9408095
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:16:48.76095+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.789515
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL1

EL PUEBLO DE PUERTO                                  Certiorari procedente
RICO                                                 del Tribunal de
                                                     Primera Instancia,
           Recurrido                                 Sala Superior de
                                                     Aguadilla

                v.              KLCE202300482 Caso Núm.
                                              A BD2017G0143

LUIS M. RIVERA CASTILLO                              Reclasificado:
                                                     Sobre:
          Peticionario                               Inf. Art. 189 CP con
                                                     atenuantes

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón,
el Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos

Pagán Ocasio, juez ponente

                               S EN T EN C I A

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

                                       I.

         El 28 de abril de 2023, el señor Luis M. Rivera Castillo

(peticionario) presentó una Petición de Certiorari, en la que solicitó

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI) el 30 de noviembre de

2022 y notificada el 6 de diciembre de 2022.2 Mediante el referido

dictamen, el TPI declaró “No Ha Lugar” la Moción de Corrección de

Sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal.3

         El 3 de mayo de 2023, notificada el 5 de mayo de 2023,

emitimos una Resolución en la que concedimos a la parte recurrida

diez (10) días, para presentar su posición sobre el recurso.

         El 15 de mayo de 2023, el recurrido presentó su Escrito en

Cumplimiento de Orden. Mediante este, argumentó que procede que

se corrija la condena impuesta al peticionario en el caso número A

1   Ver Orden Administrativa OA JP-086 del 4 de noviembre de 2021.
2   Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo IX, pág. 27.
3   Íd., Anejo VII, págs. 21-25.

Número identificador
SEN2023_________
KLCE202300482                                                              2

BD2017G0143, ya que, habiéndosele sentenciado por el delito de

tentativa de robo, se le impuso una pena mayor a los diez años que

establece el Código Penal, lo que la convierte en una sentencia ilegal.

            Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos los hechos atinentes a la Petición de Certiorari.

                                         II.

            El caso de marras tuvo su génesis el 23 de mayo de 2017 con

la presentación de cuatro denuncias por alegadas infracciones al

Art. 190 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5260, Art. 5.04, 5.05 y 5.15

de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, Ley de Armas de

Puerto Rico, 25 LPRA ant. sec. 458c, 458d y 458n; por hechos

ocurridos el 22 de mayo de 2017.4 El 3 de noviembre de 2017, el

Ministerio Público presentó las correspondientes acusaciones por

los delitos imputados en las denuncias.5

            Así las cosas, el 14 de noviembre de 2017, las partes

sometieron una moción sobre alegación pre-acordada.6 El acusado

renunció al jurado y sometió alegación de culpabilidad. El TPI aceptó

la renuncia del jurado y ordenó la continuación del proceso por

Tribunal de Derecho.7 La alegación pre-acordada consistía en la

reclasificación del delito del Art. 190 del Código Penal, supra, para

imputar una tentativa del Art. 189 del Código Penal, 33 LPRA sec.

5259, con atenuantes y pena sugerida de 11 años y 6 meses de

cárcel. En los casos por los Arts. 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley de

Armas,             supra,    se   enmendaron   las   acusaciones   para   que

establecieran que eran sin uso de arma. La pena sugerida para el

Art. 5.04, supra, era de un (1) año y seis (6) meses de cárcel, para el

Art. 5.05, supra, era de un (1) año de cárcel, y para el Art. 5.15,

supra, era de un (1) año de cárcel, consecutivos entre sí y con la

4   Íd.,   Anejo   I, págs. 1-4.
5   Íd.,   Anejo   II, págs. 5-8.
6   Íd.,   Anejo   III, págs. 9-10.
7   Íd.,   Anejo   IV, págs. 11-12.
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pena de tentativa del Art. 189 del Código Penal, supra, para un total

de 15 años.

          Posteriormente, el 14 de noviembre de 2017 el TPI emitió la

Sentencia del caso en la cual aceptó la alegación de culpabilidad del

peticionario y lo declaró culpable y convicto por los delitos

mencionados.8 La Sentencia por la infracción de tentativa del Art.

189 del Código Penal con atenuantes, supra, impuso una pena de

once años y medio (11.5 años).9

          El 19 de enero de 2022, en el caso ALA2017G0097 el

peticionario por derecho propio presentó su Moción al amparo del

Artículo 36 del Código Penal (Pena de la tentativa) y la Regla 185 p.c.

para la corrección de la sentencia, mediante la cual solicitó la

corrección de la sentencia debido a que la pena excede lo autorizado

por ley.10

          El 24 de octubre de 2022, el peticionario, representado por

abogados, presentó una Moción de Corrección de Sentencia al

amparo de la Regla 185 del Código Penal.11 Mediante esta,

argumentó que la sentencia impuesta por la infracción a la tentativa

del Art. 189 del Código Penal con atenuantes, supra, era incorrecta

e ilegal ya que excede la pena máxima dispuesta en el Código Penal.

Así mismo, planteó que la pena impuesta violenta el principio de

legalidad que prohíbe la imposición de penas o medidas de

seguridad no establecidas previamente por ley. Por lo tanto, explicó

que en este caso procedía únicamente la imposición de una

sentencia máxima de 5 años y 9 meses de cárcel, correspondiente al

delito en su modalidad de tentativa, menos el 25% por el atenuante.

          El 30 de octubre de 2022, el TPI concedió quince (15) días al

Ministerio Público para fijar su posición.12 El 30 de noviembre de

 8   Íd., Anejo V, págs. 13-16.
 9   Íd., pág. 16.
10   Íd., Anejo VI, págs. 17-20.
11   Íd. Anejo VII, págs. 21-25.
12   íd. Anejo VIII pág. 26.
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2022, mediante orden, el TPI declaró “No ha Lugar” la corrección de

sentencia.13 El 19 de diciembre de 2022 se presentó una Moción de

Reconsideración.14 Mediante esta, reiteró la solicitud de corrección

de sentencia por ser contraria a derecho al exceder el máximo

permitido por ley. El 21 de diciembre de 2022, el TPI concedió un

término de quince (15) días al Ministerio Público para fijar su

posición.15

            El 20 de marzo de 2023, el peticionario presentó una Moción

Informativa en la cual solicitó que se declarara con lugar la moción

de reconsideración presentada el 19 de diciembre de 2022, toda vez

que el Ministerio Público no compareció.16 Sin embargo, el 27 de

marzo de 2023, el TPI emitió una orden en la cual declaró sin lugar

la moción de reconsideración.17

            Inconforme, el peticionario recurrió ante nos e imputó al TPI

el siguiente error:

            ERRÓ EL TPI AL DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD
            DE CORRECCIÓN DE SENTENCIA POR TENTATIVA
            DEL ART. 189 DEL CP CON ATENUANTES EN
            VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y AL
            PRINCIPIO DE LEGALIDAD CUANDO LA MISMA ES
            ILEGAL, NULA, DEFECTUOSA Y EXCEDE LA PENA
            ESTABLECIDA POR EL CP

            El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Procurador

General, se allanó a que procede la corrección en la condena

impuesta al peticionario en el caso número A BD2017G0143, ya

que, habiéndosele sentenciado por el delito de tentativa de robo, se

le impuso una pena mayor a los diez años que establece el Código

Penal, lo que la convierte en una sentencia ilegal.

13   Íd.,   Anejo   IX, pág. 27.
14   Íd.,   Anejo   X, págs. 28-30.
15   Íd.,   Anejo   XI, pág. 31.
16   Íd.,   Anejo   XII, págs. 32-33.
17   Íd.,   Anejo   XIII, págs. 34-35.
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      En vista del error imputado, los argumentos de las partes y el

allanamiento     del   Procurador        General   a    lo   solicitado,

pormenorizaremos las normas jurídicas aplicables.

                                  III.

                                  A.

      El principio de legalidad está consagrado en el Art. 2 del

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5002, el cual dispone lo

siguiente:

       No se instará acción penal contra persona alguna por un
       hecho que no esté expresamente definido como delito en
       este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o
       medida de seguridad que la ley no establezca con
       anterioridad a los hechos.

       No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni
       medidas de seguridad. (Énfasis suplido).

      El referido artículo advierte que los hechos por los cuales

pueda ser acusado una persona deberán estar claramente descritos

por ley. Esta prohibición responde al requisito de que las leyes deben

dar un aviso adecuado de las consecuencias penales de la conducta

que ordenan o que prohíben.

      El principio de legalidad es un conjunto de garantías al

ciudadano, propias de un sistema de derecho constitucional y

democrático. Este principio opera como un conjunto de reglas cuyo

denominador común es la justificación para que la intervención del

Estado en los asuntos de los individuos esté basada en la ley y no

en la fuerza bruta. Asimismo, el principio de legalidad no es solo una

exigencia de seguridad jurídica que requiere la determinación previa

por ley de delitos y penas, sino que, además, es la garantía política

de que la persona no será sometida por el Estado, ni por los jueces

a penas que no admita el pueblo. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal

Puertorriqueño: Parte General, 7ma ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst.

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 69.
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      Nuestro Tribunal Supremo en              Meléndez     v.   Tribunal

Supremo, 90 DPR 656 (1964), puntualizó que lo que se persigue es

que los tribunales, en su rol de interpretar la ley, no se excedan en

sus funciones y adjudiquen las controversias a tono con la intención

del legislador. La premisa básica del principio de legalidad puede

resumirse en que la ley escrita es la única fuente del Derecho

Penal. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 73; Pueblo v. Santiago, 98 DPR

82 (1969).

                                    B.

      La Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.

185, provee un mecanismo para que el Tribunal de Primera

Instancia pueda corregir una sentencia ya dictada. Precisamente

dispone lo siguiente:

      (a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. — El tribunal
      sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier
      momento. Asimismo, podrá, por causa justificada y en bien
      de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa
      (90) días de haber sido dictada, siempre que la misma no
      estuviere pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60)
      días después de haberse recibido el mandato confirmando la
      sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido
      una orden denegando una solicitud de certiorari.
      (b) Errores de forma. —Errores de forma en las sentencias,
      órdenes u otros documentos de los autos y errores en el
      expediente que surjan por la inadvertencia u omisión podrán
      corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de
      notificarse a las partes, si el tribunal estimara necesaria
      dicha notificación.
      (c) Modificación de sentencia. — El Tribunal podrá modificar,
      a solicitud por escrito del Ministerio Público, previa
      autorización del Jefe de Fiscales en consulta con el
      Secretario de Justicia, una sentencia de reclusión cuando el
      convicto coopere en una investigación o procesamiento
      criminal, en cumplimiento con el Plan de Reorganización del
      Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 y con
      los requisitos del Artículo 11 del Código Penal de Puerto Rico.

      En síntesis, esta Regla establece que pueden revisarse

sentencias en dos situaciones, a saber, cuando la sentencia es

válida, pero se quiere reducir la pena y cuando la sentencia es ilegal,

nula o defectuosa. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 539, 540-

41 (1964). Los tribunales tienen la facultad de corregir una

sentencia ilegal en cualquier momento. Una sentencia ilegal es la

que se dicta sin jurisdicción o autoridad, contrario al derecho
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vigente. Pueblo v. Lozano Díaz, 88 DPR 834, 838 (1963). Por lo

general, la violación que hace nula la sentencia surge con relación a

los términos y condiciones que limitan la pena por convicción.

Pueblo v. García, 165 DPR 339, 349 (2005).

      Esta regla es el mecanismo disponible para corregir una

sentencia, ante alguno de los siguientes escenarios: (1) que la pena

rebase los límites dispuestos en el estatuto penal, (2) que se impuso

un castigo diferente al que se había establecido, (3) la sentencia tiene

errores de forma, o (4) por el bien de la justicia. Pueblo v Martinez

Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v Silva Colon, 184 DPR

759, 770 (2012).

                                   C.

      El Art. 189 del Código Penal, supra, tipifica el delito de robo,

como sigue:

             Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes
      muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la persona
      en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio
      de violencia o intimidación, o inmediatamente después de
      cometido el hecho emplee violencia o intimidación sobre una
      persona para retener la cosa apropiada, será sancionada con
      pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

      El Art. 36 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5049, sobre la pena

de tentativa establece lo siguiente:

             Toda tentativa de delito grave conlleva una pena
      igual a la mitad de la pena señalada para el delito
      consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la
      pena máxima de la tentativa. Toda tentativa de delito que
      conlleve una pena de reclusión por un término fijo de
      noventa y nueve (99) años, conlleva una pena de reclusión
      por un término fijo de veinte (20) años. (Énfasis suplido).

      Por último, el Art. 67 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5100

regula lo relacionado a atenuantes y agravantes y dispone lo

siguiente:

      La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada
      Artículo de este Código. Excepto en delitos cuyo término de
      reclusión señalado en el tipo sea de noventa y nueve (99)
      años, el tribunal podrá tomar en consideración la existencia
      de circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los
      Artículos 65 y 66 de este Código. En este caso, de mediar
      circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser
      aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar
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      circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un
      veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida.
      (Énfasis suplido).

                                    IV.

      En el caso de marras, nos corresponde resolver si el TPI erró

al declarar No ha lugar la solicitud de corrección de sentencia por

tentativa del Art. 189 del Código Penal, supra, con atenuantes por

exceder la pena establecida por el estatuto.

      Según       pormenorizamos,     el   peticionario   se   encuentra

cumpliendo cárcel, luego de que el TPI aceptó la alegación

preacordada y dictó la Sentencia por la infracción de tentativa del

Art. 189 del Código Penal con atenuantes, supra, e impuso una pena

de once años y medio (11.5 años), junto a otras penas por otros

delitos. Sin embargo, el Art. 36 del Código Penal, supra, es claro al

disponer que “toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual

a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, no

pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la tentativa”.

La pena que estableció el Art. 189 del Código Penal, supra, para el

delito de robo es de quince (15) años. Por lo tanto, la sentencia por

la tentativa del mencionado delito no debió exceder el término de

diez (10) años.

      La parte recurrida está de acuerdo en que la pena impuesta

es improcedente en derecho.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del trámite

procesal pormenorizado, del expediente en su totalidad y visto el

allanamiento del Pueblo de Puerto Rico, resolvemos que el TPI erró

al declarar No ha lugar la solicitud de corrección de sentencia por

tentativa del Art. 189 del Código Penal, supra, con atenuantes por

exceder la pena establecida por el estatuto. Por otro lado, es

importante aclarar que la sentencia se impuso con atenuantes, y en

conformidad con la alegación preacordada acogida por el Tribunal.
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                                   V.

      Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari,

se revoca la Resolución recurrida. Se devuelve el caso al TPI y se

ordena a que proceda a corregir la condena impuesta al peticionario

conforme a lo aquí resuelto.

      Notifíquese a todas las partes y al Procurador General. El

Departamento de Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia

de la presente al recurrente en cualquier institución donde se

encuentre confinado.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones