Court Opinion

ID: 9962842
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:57:52.861632+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:39.622141
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL

 MUNICIPIO DE AÑASCO                              REVISIÓN JUDICIAL
                                                  Procedente de la
         Recurrente                               División de Revisiones
                                                  Administrativas de la
                                                  Oficina de Gerencia de
                                                  Permisos
                v.

                                              Núm.: 2023-500380-
                                KLRA202300555 SDR-012972
 OFICINA DE GERENCIA
  DE PERMISOS; LLE
 DEVELOPMENT CORP.                                Sobre: Solicitud de
                                                  Permiso de Extracción
         Recurridos                               de Corteza Terrestre

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Diaz Rivera y la Jueza Prats Palerm

Prats Palerm, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2024.

      Comparece el recurrente, Municipio de Añasco (“recurrente”)

mediante recurso de revisión judicial. Solicita la revisión de la

Resolución emitida y notificada el 28 de septiembre de 2023 por la

División de Revisiones Administrativa de la Oficina de Gerencia de

Permisos (“DRA de la OGPe”), con relación a una solicitud de permiso

de extracción de corteza terrestre presentada por LLE Development

Corporation (“LLE”). Mediante esta, la DRA de la OGPe determinó, a

solicitud de partes, devolver el caso a la Junta Adjudicativa de la Oficina

de Gerencia de Permisos (“Junta Adjudicativa de la OGPe”) para

continuar la evaluación de los asuntos presentados.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación se

desestima el presente Recurso de Revisión Judicial por falta de

jurisdicción.

Número Identificador

SEN2024____________
KLRA202300555                                                         2

                                   I.

      Conforme surge del expediente de autos, el 10 de noviembre de

2020, la LLE presentó una solicitud de permiso simple para extracción

de corteza terrestre -en una finca ubicada en la PR-401 Final del Barrio

Añasco Abajo del Municipio de Añasco- ante la Junta Adjudicativa de la

OGPe identificada con la codificación alfanumérica 2020-340582-PCT-

005125. Como parte del proceso de evaluación, la Junta Adjudicativa

de la OGPe celebró varias vistas públicas en los siguientes días: 18 de

julio, 9 de septiembre y 21 de octubre de 2022.

      Posteriormente, el 15 de junio de 2023, la Junta Adjudicativa de

la OGPe emitió una Resolución, notificada el 22 de junio de 2023, en la

cual consideró NO FAVORABLE la solicitud de permiso para la

extracción de corteza terrestre.

      Inconforme, el 12 de julio de 2023, la LLE presentó una solicitud

de revisión administrativa ante la DRA de la OGPe donde solicitó la

revisión de la determinación NO FAVORABLE al permiso para la

extracción de corteza terrestre.

      La referida revisión administrativa fue acogida el 26 de julio de

2023 por la DRA de la OGPe. Así las cosas, el 3 de agosto de 2023, la

DRA de la OGPe emitió una orden pautando la vista de revisión

administrativa para el 22 de agosto de 2023.

      En conjunto, el 21 de agosto de 2023, LLE y OGPe presentaron

una Solicitud de Devolución en la cual solicitaron que se devolviera el

caso a la OGPe para su correspondiente evaluación y resolución.

      Según pautado, el 22 de agosto de 2023, la DRA de la OGPe

celebró la vista de revisión administrativa a través de Microsoft Teams

presidida por el Oficial Examinador, Luis A. Builtrago Amaro. Además,

allí comparecieron los siguientes por medios de sus representantes:

LLE, el Municipio de Añasco, el Programa Sea Grant UPR, la Comisión

de Desarrollo Región Oeste del Senado de Puerto Rico, Surfrider

Foundation Rincón y Juan C. Martínez Cruzado.
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      En lo aquí pertinente, se argumentó lo siguiente durante la

mencionada vista administrativa: (1) la LLE planteó que el Reglamento

Núm. 9233 del 2 de diciembre de 2020, conocido como Reglamento

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al

Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (“Reglamento

Conjunto 2020”), no requiere que se explique la razón de la Solicitud de

Devolución del caso a la OGPe; y (2) el Municipio de Añasco planteó que

aunque recibió notificación de la Solicitud de Devolución, desconocen la

razón que motivo la misma y solicitó que se emitiera una resolución con

la debida explicación a esos efectos. Por otro lado, la Comisión de

Desarrollo Región Oeste del Senado de Puerto Rico mostró su apoyo al

planteamiento del Municipio de Añasco.

      Finalmente, el 1 de septiembre de 2023, el Oficial Examinador

preparó un Informe de Vista en el cual recomendó declarar HA LUGAR

la solicitud de devolución del caso a la OGPe.

      Así las cosas, el 28 de septiembre de 2023, la DRA de la OGPe

emitió una Resolución donde determinó devolver el caso a la Junta

Adjudicativa de la OGPe y realizó el apercibimiento sobre los remedios

disponibles. Es decir, se acogieron las recomendaciones del Oficial

Examinador. Además, la referida Resolución fue notificada a los

siguientes por medios de sus representantes: LLE, el Departamento de

Desarrollo Económico y Comercio de la OGPe, el Municipio de Añasco,

el Programa Sea Grant UPR, la Comisión de Desarrollo Región Oeste del

Senado de Puerto Rico, Surfrider Foundation Rincón, la Asamblea

Legislativa Municipio de Añasco, la Junta de Planificación, Carlos A.

Torres Báez, Roberto L. Díaz Díaz y Juan C. Martínez Cruzado.

      Inconforme, el 26 de octubre de 2023, el Municipio de Añasco

acude ante nosotros mediante Recurso de Revisión Judicial. Mediante

este, adujo que la DRA de la OGPe cometió el siguiente error:

      ERRO (sic) LA DIVISION (sic) DE RECONSIDERACIONES
      DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS AL
      PERMITIR    LA    DEVOLUCION      (sic) DEL  CASO
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      PREVIAMENTE DENEGADO POR LA MISMA AGENCIA
      LUEGO DE UN EXTENSO TRAMITE (sic) DE VISTAS
      PUBLICAS (sic) SIN JUSTIFICAR Y FUNDAMENTAR DE
      MANERA PUBLICA (sic) CLARA Y PRECISA LOS MOTIVOS
      PARA LA APLICACIÓN (sic) DE LA SECCION (sic) 11.1.2.11
      DEL REGLAMENTO CONJUNTO EN PERJUICIO A TODAS
      LAS PARTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO.

      Por otro lado, el 1 de noviembre de 2023, la OGPe del

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presentó una

Solicitud de Desestimación y Oposición a Solicitud de Revisión en la cual

arguye que el recurrente no tiene legitimación activa para incoar el

Recurso de Revisión Judicial debido a lo siguiente: (1) las únicas Partes

reconocidas como tal dentro del procedimiento administrativo fueron la

OGPe y LLE; y (2) aunque el recurrente participó en las vistas públicas

nunca fue considerado Parte ni este presentó una solicitud formal de

intervención. Además, el 9 de noviembre de 2023, presentó una copia

del expediente administrativo

      A esos efectos, el 9 de noviembre de 2023, el recurrente presentó

una Réplica a Desestimación mediante la cual alegó que la Resolución

recurrida reconoció como partes a los que asistieron a la vista de

revisión. Sin embargo, sostuvo que no fueron considerados en la

solicitud de devolución ni expresaron el motivo de la referida devolución.

      Asimismo, el 21 de noviembre de 2023, LLE presentó una Solicitud

de Desestimación y Oposición a Solicitud de Revisión Judicial donde

reiteró los planteamientos de la OGPe sobre la falta de legitimación

activa del recurrente y añadió que el recurso ante nos debe ser

desestimado por haberse presentado prematuramente. LLE plantea que

este Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción por no existir una

decisión que revisar.

      Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, damos

por sometido el asunto y resolvemos.
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                                     II.

A. Revisión Judicial

       El Artículo 4.006 (c) de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada,

conocida como la “Ley de la Judicatura de 2003”, dispone que mediante

el recurso de revisión judicial el Tribunal de Apelaciones acogerá, como

cuestión de derecho, “las decisiones, órdenes y resoluciones finales

de organismos o agencias administrativas”. 4 LPRA sec. 24y (énfasis

suplido).

       Por su parte, la Sección 4.6 de la Ley Núm. 38-2017, según

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (en adelante, la “LPAU”),

establece –en su parte pertinente– lo siguiente:

       El Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de
       derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales
       de organismos o agencias administrativas. 3 LPRA sec.
       9676 (énfasis suplido).

Asimismo, la Sección 4.2 del precitado estatuto expone que:

       Una parte adversamente afectada por una orden o
       resolución final de una agencia y que haya agotado todos
       los remedios provistos por la agencia o por el organismo
       administrativo apelativo correspondiente podrá presentar
       una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
       dentro de un término de treinta (30) días contados a partir
       de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación
       de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la
       fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este
       título cuando el término para solicitar la revisión judicial
       haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna
       de una moción de reconsideración. 3 LPRA sec. 9672
       (Énfasis suplido).

       Además, la Sección 3.14 de la referida pieza legislativa dispone

que:

       La orden o resolución [final] advertirá el derecho de
       solicitar la reconsideración ante la agencia o de instar
       el recurso de revisión como cuestión de derecho en el
       Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán
       ser notificadas del recurso de revisión, con expresión de los
       términos correspondientes. Cumplido este requisito
       comenzaran a correr dichos términos. 3 LPRA sec. 9654
       (énfasis suplido).

       Es decir, este Tribunal está facultado para revisar aquellas

determinaciones administrativas que sean finales. Así también lo
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establece la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXIIB, R. 56. Esta dispone el trámite a seguir para la revisión

administrativa y limita tal procedimiento a las determinaciones

administrativas finales.

      Aunque la LPAU no define el término “orden o resolución final”, la

jurisprudencia ha determinado que estas se refieren “a las decisiones

que ponen fin al caso ante la agencia, que tienen efectos sustanciales

sobre las partes”. Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 DPR 928, 935-936

(2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., 144 DPR 483, 490 (1997).

B. Jurisdicción

      La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para atender

en los méritos una controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, 200

DPR 254, 267 (2018); Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46,

55 (2007). La jurisdicción no se presume y los tribunales no tienen

discreción para asumirla donde no la hay. Íd. Conforme a ello, en toda

situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo, lo primero

que se debe considerar es el aspecto jurisdiccional. Horizon v. Jta.

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-234 (2014); Cordero et al. v.

ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). Esto, debido a que los tribunales

tienen la responsabilidad indelegable de examinar, en primera

instancia, su propia jurisdicción. Íd. Así pues, los tribunales debemos

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Íd., SLG Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).             Los asuntos

jurisdiccionales son privilegiados y deben resolverse con preferencia a

cualquier otro asunto planteado. Carattini v. Collazo Systems Analysis,

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

C. Legitimación Activa en el proceso administrativo

      La legitimación activa es una doctrina de autolimitación judicial,

mediante la que se analiza si la parte compareciente es la parte

adecuada para cuestionar una actuación gubernamental. Hernández
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Montañez v. Parés Alicea, 208 DPR 727 (2022). Específicamente, se ha

definido a la legitimación activa como “la capacidad que se le requiere a

la parte promovente de una acción para comparecer como litigante ante

el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma,

obtener una sentencia vinculante”. Ramos, Méndez v. García García, 203

DPR 379, 394 (2019); Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 69

(2017).

      Para que una parte tenga legitimación activa debe demostrar la

existencia de varios elementos, a saber: (1) ha sufrido un daño claro y

palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto e

hipotético; (3) existe un nexo causal entre el daño sufrido y la acción

ejercitada; y (4) que su causa de acción surge al amparo de la ley o la

Constitución. Íd.

      Ahora bien, la Sección 3.5 de la LPAU dispone el procedimiento

para solicitar intervenir en un procedimiento adjudicativo:

          Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un
          procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá
          someter una solicitud por escrito y debidamente
          fundamentada para que se le permita intervenir o
          participar en dicho procedimiento. La agencia podrá
          conceder o denegar la solicitud, a su discreción,
          tomando en consideración entre otros los siguientes
          factores:

            (a) Que el interés del peticionario pueda ser afectado
            adversamente por el procedimiento adjudicativo.

            (b) Que no existan otros medios en derecho para que
            el peticionado pueda proteger adecuadamente su
            interés.
            (c) Que el interés del peticionario ya esté representado
            adecuadamente por las partes en el procedimiento.

            (d) Que la participación del peticionario pueda ayudar
            razonablemente a preparar un expediente más
            completo del procedimiento.

            (e) Que la participación del peticionario pueda
            extender o dilatar excesivamente el procedimiento.

            (f) Que el peticionario represente o sea portavoz de
            otros grupos o entidades de la comunidad.

            (g) Que el peticionario pueda aportar información,
            pericia,    conocimientos     especializados     o
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            asesoramiento técnico que no estaría disponible de
            otro modo en el procedimiento.

         La agencia deberá aplicar los criterios que anteceden de
         manera liberal y podrá requerir que se le someta
         evidencia adicional para poder emitir la determinación
         correspondiente con respecto a la solicitud de
         intervención. 3 LPRA sec. 9645.

      Por otro lado, en Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563

(2010), el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que debe distinguirse

la legitimación requerida para participar en la agencia administrativa

versus la legitimación requerida para solicitar la revisión judicial.

Además, añade que “[e]l hecho de haber participado en el proceso

administrativo no le asegura que posea legitimación necesaria y

requerida para la intervención judicial”. Fund. Surfrider y otros v. ARPe,

supra citando a D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum,

2001, pág. 500.

      Exclusivamente, para tener legitimidad para presentar un recurso

de revisión judicial se tienen que satisfacer dos requisitos: (1) ser parte

y (2) estar “adversamente afectado” por la decisión administrativa. Mun.

de Aguada v. JCA, 190 DPR 122 (2014); Fund. Surfrider y otros v. ARPe,

supra, págs. 575-576.

      En cuanto al primer criterio, se ha resuelto que una “parte” es: 1)

toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija

específicamente la acción de una agencia o que sea parte en la acción;

2) la persona que se le permita intervenir o participar; 3) la persona que

haya radicado una petición para la revisión o cumplimiento de una

orden, y 4) la persona que sea designada como parte en el

procedimiento. 3 LPRA sec. 9603(k); Fund. Surfrider y otros v. ARPe,

supra, pág. 576.

      De otro lado, respecto al segundo criterio que postula que debe

establecerse que la parte esté adversamente afectada se resolvió que se
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requiere que la afectación le sea adversa o desfavorable a sus intereses.

Fund. Surfrider y otros v. ARPe., supra, pág. 577.

      Sin embargo, nuestro más Alto Foro ha expresado que los criterios

de la legitimación activa deben interpretarse de manera flexible y liberal

para la parte promovente del pleito, cuando se trate de una acción en

contra de agencias y funcionarios gubernamentales. Ramos, Méndez v.

García García, supra; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra.

                                   III.

      En el presente Recurso de Revisión Judicial, el Municipio de

Añasco, mediante el único señalamiento de error, alegó que la DRA de

la OGPe erró al permitir la devolución del caso a la Junta Adjudicativa

de la OGPe sin considerar la participación de las personas y entidades

en las vistas de revisión, y sin justificar los motivos para ese proceder.

Sin embargo, de entrada, estamos obligados a auscultar nuestra

jurisdicción para atender el recurso de epígrafe.

      Por consiguiente, avisamos que jurisdiccionalmente estamos

impedidos de entrar en los méritos toda vez que el recurrente carece de

legitimación activa para instar el presente recurso de revisión judicial.

Veamos.

      Tal y como repasamos en el ápice II de esta Sentencia, para que

una parte posea legitimación activa ante el foro judicial y pueda

cuestionar una determinación administrativa, el litigante tiene que

haber sido parte en el proceso administrativo ante la agencia y poseer

un interés que pueda ser adversamente afectado. Mun. de Aguada v.

JCA, supra; Fund. Surfrider y otros v. ARPe, supra.

      Aquí, el recurrente no demostró que contara con legitimación

activa para instar el recurso de revisión judicial ante este tribunal.

      Primero, el recurrente no es Parte del caso ventilado ante la DRA

de la OGPe. Surge del expediente que el recurrente no es la persona a

quien se dirige la acción administrativa, ni fue designado como Parte en
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el procedimiento ni tampoco solicitó formalmente ser Parte a través del

mecanismo de intervención. Aunque sí podemos señalar que el

recurrente   participó   de   las   vistas   públicas   del   procedimiento

administrativo y recibió notificación de la Resolución recurrida. No

podemos olvidar la norma reiterada y vigente en nuestro ordenamiento

jurídico: “[e]l hecho de haber participado en el proceso administrativo

no le asegura que posea legitimación necesaria y requerida para la

intervención judicial”. Fund. Surfrider y otros v. ARPe, supra. Es decir,

no todo el que participa en el procedimiento administrativo tiene

legitimación activa para ser parte en la revisión judicial.

      Segundo, las alegaciones hechas por el recurrente en el recurso,

así como en su Réplica a Desestimación no establecieron hechos que

demostraran que la Resolución recurrida le afectara adversamente. El

Municipio de Añasco solamente argumentó que la determinación sobre

la petición de devolución realiza por la DRA de la OGpe se llevó a cabo

sin discutir las razones y motivos con los participantes mediante el

trámite de vistas públicas. Por lo tanto, sus alegaciones no son

suficientes para cumplir con el interés requerido para tener derecho a

revisión judicial. Reiteramos que no es suficiente que la actuación

gubernamental tenga un efecto sobre el litigante, sino que ese efecto

tiene que ser adverso o desfavorable a sus intereses. Así que, ante ese

escenario, se requiere que el recurrente alegue un daño particular y

concreto. No bastan meras alegaciones en el vacío para adjudicarse

legitimación activa.

      En consecuencia, ante la ausencia de los criterios de legitimación

aquí apuntados no podemos ejercer el poder de la revisión judicial, pues,

venimos llamados a resolver controversias genuinas y no cuestiones

abstractas e hipotéticas que no tengan consecuencias entre las partes.

Así las cosas, es forzoso concluir que procede la desestimación del caso

de epígrafe, debido a que el recurrente carece de legitimación activa.
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                                       IV.

      Por todo lo anterior, se desestima el recurso de epígrafe bajo el

fundamento de falta de jurisdicción.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones