Court Opinion

ID: 9952384
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:19.889214+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:14.017171
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

                                                             Apelación
  WILBERTO ORTIZ RUIZ                                        procedente del
                                                             Tribunal de
           Apelante                                          Primera
                                                             Instancia, Sala
                                                             de Caguas
               v.                   KLAN202301144
                                                             Civil Núm.:
                                                             CG2022CV00818
  PEP BOYS MANNY MOE &
   JACK OF PR INC. Y                                         Sobre:
         OTROS                                               Despido
                                                             Injustificado;
           Apelada                                           Alegadas
                                                             Represalias;
                                                             Alegada
                                                             Difamación;
                                                             Reclamación de
                                                             Daños y
                                                             Perjuicios
 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez
 y la jueza Prats Palerm

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 9 de febrero de 2024.

         Comparece       Wilberto    Ortiz       Ruiz,       en   adelante     el

 señor    Ortiz      o   el    apelante,     quien      nos       solicita    que

 revoquemos         la    Sentencia       Sumaria        emitida        por    el

 Tribunal      de    Primera      Instancia,      Sala       de     Caguas,    en

 adelante      TPI.      Mediante    la     misma,      el    TPI     desestimó

 sumariamente la demanda del apelante.

         Por     los          fundamentos        que         expondremos       a

 continuación,           se     confirma     la        Sentencia        Sumaria

 apelada.

                                     -I-

         El señor Ortiz presentó una Demanda contra Pep

 Boys Manny Moe & Jack of PR, en adelante Pep Boys o la

 apelada,      sobre     reclamación        de   salarios         por   despido

Número Identificador

SEN2024_________________
KLAN202301144                                                                      2

injustificado,            represalias,           difamación,             daños     y

perjuicios.1

        Por su parte, Pep Boys presentó su Contestación a

Querella, en la que alegó que la querella no aduce

hechos que justifiquen la concesión de un remedio y no

establece un caso prima facie de represalias, porque

no existe nexo causal entre las acciones imputadas a

la apelada y los daños alegados por el apelante.2 En

todo caso, afirmó que el despido fue con justa causa,

conforme       a    lo    dispuesto    en    la     Ley    Sobre         Despidos

Injustificados, en adelante Ley Núm. 80-1976, porque

el señor Ortiz incurrió en un “patrón de violaciones

serias a las normas que le habían sido suministradas,

las políticas y los procedimientos de la empresa”. De

modo,    que       el    patrono   procedió       con     el    despido          para

“proteger la operación adecuada y segura del negocio”.

Además,    arguyó         que,   previo     al    despido,          el    apelante

recibió advertencias escritas y verbales como parte

del proceso de disciplina correctiva y progresiva. A

su vez, adujo que el señor Ortiz no participó en una

actividad protegida, por lo que la Ley de Represalias

contra el Empleado por Ofrecer Testimonio, en adelante

Ley     Núm.       115-1991,     no   es    aplicable          al    pleito       de

epígrafe. Así pues, concluyó que el apelante no es

merecedor de las partidas reclamadas, las penalidades,

ni los honorarios de abogado.

        Posteriormente y por las razones esbozadas en la

Contestación a la Querella, la apelada presentó una

Solicitud de Sentencia Sumaria.3

1 Apéndice del apelante, págs. 1-13.
2 Íd., págs. 14-31.
3 Id., págs. 100-137.
KLAN202301144                                                                3

        En     desacuerdo,        el     señor    Ortiz     presentó        una

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, en la que

adujo que Pep Boys nunca anejó política alguna a su

solicitud de sentencia sumaria que establezca que el

aquí compareciente violó alguna norma o procedimiento

que justifique su despido.4 También, alegó que no hizo

declaraciones             deshonestas       y     falsas        sobre       las

transacciones de la cuenta de Sabor Taíno. Así pues,

reafirmó las expresiones vertidas                     en su      declaración

jurada,       a   saber,    que    no    hizo    el   cambio     de   las    20

carpas, ni autorizó y/o solicitó que la deuda de Sabor

Taíno se transfiriera a A&R. Además, señaló que, de

haber        cometido      las    infracciones        alegadas        por    la

apelada, Pep Boys no aplicó sus políticas de manera

uniforme porque solo despidió al señor Ortiz y no a

otros empleados que incurrían en las mismas prácticas.

Finalmente, sostuvo que la disciplina progresiva, así

como el despido,            constituyeron actos            de represalias

contra el apelante. Argumentó que conforme surge de su

testimonio         bajo     juramento,      presentó       dos    querellas

contra       el    supervisor      directo,      quien     lo    llamó      “en

evidente estado de embriaguez” y le gritó de manera

continua.         Según    el    señor    Ortiz,      al   presentar        las

querellas, participó de varias actividades protegidas

por la Ley          Núm. 115-1991 y         aunque     pasaron 5 meses

desde que presentó las querellas y el despido, existe

nexo     causal     entre       estos    eventos.     En   último       lugar,

destacó que, a pesar de que la persona a cargo de la

investigación en Pep Boys determinó que las razones

del despido son ciertas, estas podrían estar basadas

4   Id., págs. 830-1197.
KLAN202301144                                                   4

en   evidencia    y   testimonios    falsos,    y    podrían   ser

contrarias al marco legal de la Ley Núm. 80-1976.

      Luego que el señor Ortiz presentara una oposición

a    sentencia   sumaria,   que     incluyó    una   declaración

jurada,5 y Pep Boys se opusiera a la misma6, el TPI

desestimó con perjuicio la demanda7. Estimó que había

125 hechos que no estaban en controversia y determinó

lo siguiente en cuanto a la justificación del despido:

           De la investigación interna de la empresa,
      surgió que el señor Ortiz Ruiz les había ordenado
      y autorizado a los empleados de la tienda a
      facturar mercancía del cliente Sabor Taíno en la
      cuenta de A&R. Lo anterior significa que se
      consignó información falsa en documentos de la
      empresa,   lo   cual   representa  un   acto   de
      deshonestidad. Surgió, además, que el señor Ortiz
      Ruiz instruyó al personal de la tienda a dividir
      la transacción de las carpas de Sabor Taíno en
      varias máquinas y se facturaron; que la práctica
      de dividir las transacciones venía ocurriendo;
      que el señor Ortiz Ruiz no reportó lo anterior,
      ni impartió medida disciplinaria alguna a algún
      empleado de la tienda por el procesamiento de las
      transacciones en controversia. Puntualizamos que,
      durante la investigación realizada por Pep Boys,
      el empleado José Roldán declaró que “si hay poco
      crédito, se dividen las transacciones para ayudar
      al cliente” y que fue el señor Ortiz Ruiz quién
      “le dio instrucciones para hacer el “Split” de la
      transacción”.   La   práctica   de  dividir   las
      transacciones tiene el efecto directo de burlar
      el límite del crédito del cliente, lo cual
      conlleva un riesgo económico para la compañía,
      como resultado de una actuación deshonesta
      realizada por su empleado.8

      Por otro lado, el foro recurrido declaró no ha

lugar la causa de acción de represalias. Ello porque

enviar un mensaje de WhatsApp al presidente de Pep

Boys solicitando ayuda sobre asuntos relacionados con

baterías de automóviles no es una actividad protegida

bajo la Ley Núm. 115-1991. Además, no se configura el

requisito de temporalidad que exige la causa de acción

de represalias porque la alegada acción protegida se

5 Id., págs. 830-1197.
6 Id., págs. 1198-1278.
7 Id., págs. 1347-1370.
8 Id., págs. 1365-1366.
KLAN202301144                                                                   5

ejecutó el 5 de junio de 2021 y el despido ocurrió el

26 de noviembre de 2021.9

        Además,          para     el    TPI,    tampoco    se    configuró     la

causa         de         acción        de      represalias       las     medidas

disciplinarias aplicadas al señor Ortiz, luego de que,

el 8 de agosto de 2021, presentara una queja ante

Recursos Humanos en contra de su supervisor. Para el

tribunal sentenciador, dichas acciones disciplinarias

fueron conformes a la política                         de la     apelada     y no

establecieron             un      nexo       causal    entre     la    actividad

protegida y la acción adversa.10

        En desacuerdo, el apelante presentó una solicitud

de      determinaciones                  de      hechos        adicionales      y

reconsideración11, a la que se opuso Pep Boys12 y que el

TPI declaró no ha lugar13.

        Aún        inconforme,          el    señor    Ortiz     presentó     una

Apelación           en     la     que       invoca    la   comisión     de    los

siguientes errores:

        ERRÓ EL TPI AL NO DETERMINAR COMO HECHOS PROBADOS
        AQUELLOS HECHOS INCONTROVERTIDOS PRESENTADOS POR
        EL OBRERO DESPEDIDO EN SU OPOSICIÓN A LA
        SENTENCIA SUMARIA. DE HABER DETERMINADO COMO
        HECHOS PROBADOS LOS MISMOS, ERA MÁS QUE EVIDENTE
        QUE PROCEDÍA DECLARAR SIN LUGAR LA SENTENCIA
        SUMARIA.

        ERRÓ EL TPI AL UTILIZAR EVIDENCIA INADMISIBLE
        COMO BASE PARA DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA DEMANDA
        COMETIENDO ERROR MANIFIESTO EN DARLE CREDIBILIDAD
        A DECLARACIONES NO JURADAS INADMISIBLES.

        ERRÓ EL TPI AL NO ADMITIR NI CONSIDERAR, NI
        SIQUIERA   MENCIONAR,   LA   EXISTENCIA    DE LA
        DECLARACIÓN JURADA DE UNA EMPLEADA DE LA
        DEMANDADA DE NOMBRE GERALIS DÍAZ PRESENTADA COMO
        EVIDENCIA EN LA OPOSICIÓN DEL OBRERO DESPEDIDO A
        LA SENTENCIA SUMARIA CUANDO LA MISMA CREABA UNA
        EVIDENTE   CONTROVERSIA   DE  HECHOS    SOBRE LA
        PROCEDENCIA DEL DESPIDO, DEMOSTRANDO QUE EL TPI
        COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EN DARLE CREDIBILIDAD A
        CIERTAS DECLARACIONES NO JURADAS DESHECHANDO LA

9 Id., pág. 1367.
10 Id., págs. 1369-1370.
11 Id., págs. 1378-1407.
12 Id., págs. 1410-1416.
13 Id., pág. 1417.
KLAN202301144                                                      6

     DECLARACIÓN JURADA QUE REFUTABA LAS DECLARACIONES
     NO JURADAS.

     ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA
     RECLAMACIÓN DE DESPIDO INJUSTIFICADO A PESAR DE
     LA EVIDENTE CONTROVERSIA DE HECHOS SOBRE LA
     PROCEDENCIA DEL DESPIDO.

     ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA
     RECLAMACIÓN    DEL    OBRERO   DESPEDIDO    SOBRE
     REPRESALIAS A PESAR DE QUE SE DEMOSTRÓ LA
     EXISTENCIA DE UNA [SIC.] CASO PRIMA FACIE DE
     DESPEDIDO [SIC.] Y QUE LA RAZÓN DADA POR EL
     PATRONO PARA DESPEDIR AL OBRERO ES UN PRETEXTO.

     ERRÓ EL TPI AL CONCEDER COMO COSTAS LA CANTIDAD
     TOTAL   DEL  GASTO   DE  LAS   DOS  SESIONES  DE
     DEPOSICIONES TOMADAS AL OBRERO DESPEDIDO. [SIC.]
     CUANDO SOLO SE USÓ UNA PARTE ÍNFIMA DE DICHA
     DEPOSICIÓN PARA DESESTIMAR EL CASO.

     Oportunamente, la apelada presentó su alegato.

     Luego de revisar los escritos de las partes y los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                              -II-

                               A.

     La    sentencia   sumaria    es   un    mecanismo      procesal

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito

de   facilitar   la    solución     justa     y    rápida    de   los

litigios     y    casos      civiles        que    no       presenten

controversias genuinas de hechos materiales y que, por

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en

su fondo.14 Se trata de un mecanismo para aligerar la

tramitación de un caso, cuando de los documentos que

acompañan   la   solicitud    surge    que    no   existe     disputa

sobre algún hecho material y lo que procede es la

aplicación del derecho.15

14 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263,
277-279 (2021); Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR
100, 110-113 (2015); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR
586, 594 (2013); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200,
213 (2010).
15 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, supra, págs.

277-279; Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 110-113;
Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214.
KLAN202301144                                                                     7

        Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil

dispone que un reclamante debe “presentar una moción

fundada        en     declaraciones             juradas      o      en     aquella

evidencia       que      demuestre          la    inexistencia            de     una

controversia          sustancial           de     hechos          esenciales      y

pertinentes,          para   que      el    tribunal         dicte       sentencia

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier

parte de la reclamación solicitada”.16

        El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.17 Esto

es, recae sobre el oponente la obligación de citar

específicamente los párrafos, según enumerados en el

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia

admisible que fundamenta su alegación, y especificar

la página o sección de la evidencia que contradice o

refuta el hecho.18 Además, el oponente puede someter

hechos     materiales          adicionales         que       alegadamente        no

están     en    controversia          y     que    impiden         la     solución

sumaria    del        conflicto.19         De    así    hacerlo,         tiene   la

responsabilidad          de,     al       igual        que   el      proponente,

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la

pieza     de        evidencia      que      sostiene         el     hecho,       con

referencia específica a la parte de la evidencia que

lo apoya.20

        A su vez, el TSPR ha reiterado que:

16 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
17 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).
18 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).
19 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.
20 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36.3 (b)(3).
KLAN202301144                                                                   8

      La parte que se opone a una Moción de Sentencia
      Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición
      a la solicitud presentada y de acuerdo con los
      requisitos de forma que exige la citada Regla 36
      de Procedimiento Civil, traer a la atención del
      Tribunal la evidencia que demuestra que existen
      hechos materiales en controversia.21

      Por otro lado, la Regla 36.3 (c) de Procedimiento

Civil dispone, que:

      [L]a parte contraria no podrá descansar solamente
      en las aseveraciones o negaciones contenidas en
      sus alegaciones, sino que estará obligada a
      contestar en forma tan detallada y específica,
      como lo haya hecho la parte promovente. [De lo
      contrario], se dictará la sentencia sumaria en su
      contra si procede.22

      También,          la     Regla    36.5    de     Procedimiento       Civil

establece         que:        “[l]as     declaraciones         juradas      para

sostener      u       oponerse      a   la    moción    se    basarán     en   el

conocimiento            personal        del     (de     la)     declarante.23

Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en

evidencia         y    demostrarán        afirmativamente        que      el(la)

declarante            está     cualificado(a)         para    testificar       en

cuanto a su contenido”.24

      En armonía con lo anterior, aquella parte que se

oponga    a    que       se     dicte    sentencia       sumaria     no    puede

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones.25 No

obstante,         “la        omisión    en     presentar      evidencia        que

rebata     aquella            presentada       por     el    promovente,       no

necesariamente           implica        que   procede       dictar   sentencia

sumaria de forma automática”.26

      Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M.

Cuebas,       supra,           el     TSPR     estableció       el     estándar

específico            que      debe      utilizar       el     Tribunal        de

21 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 122.
22 Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3
(c).
23 32 LPRA Ap. V, R.36.5.
24 32 LPRA Ap. V, R.36.5; Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664,

677-678 (2018).
25 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011).

Véase, además, Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756
(2012).
26 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556.
KLAN202301144                                                  9

Apelaciones para revisar una sentencia sumaria dictada

por el Tribunal de Primera Instancia:

     Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera
     v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de
     Apelaciones se encuentra en la misma posición del
     Tribunal de Primera Instancia al momento de
     revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese
     sentido, está regido por la Regla 36 de
     Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos
     criterios que esa regla y la jurisprudencia le
     exigen al foro primario. Obviamente, el foro
     apelativo intermedio estará limitado en el
     sentido de que no puede tomar en consideración
     evidencia que las partes no presentaron ante el
     Tribunal de Primera Instancia       y no puede
     adjudicar los hechos materiales en controversia,
     ya que ello le compete al foro primario luego de
     celebrado un juicio en su fondo. La revisión del
     Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe
     examinar el expediente de la manera más favorable
     a favor de la parte que se opuso a la Moción de
     Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a
     cabo todas las inferencias permisibles a su
     favor.

     Segundo, por estar en la misma posición que el
     foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe
     revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria
     como su Oposición cumplan con los requisitos de
     forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento
     Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera
     v. JF Montalvo, supra.

     Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
     dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones
     debe revisar si en realidad existen hechos
     materiales en controversia. De haberlos, el foro
     apelativo intermedio tiene que cumplir con la
     exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil
     y debe exponer concretamente cuáles hechos
     materiales encontró que están en controversia y
     cuáles están incontrovertidos. Esta determinación
     puede hacerse en la Sentencia que disponga del
     caso y puede hacer referencia al listado numerado
     de hechos incontrovertidos que emitió el foro
     primario en su Sentencia.

     Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos
     materiales realmente están incontrovertidos, el
     foro apelativo intermedio procederá entonces a
     revisar de novo si el Tribunal de Primera
     Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
     controversia.27
                                1.

     Bajo    la    modalidad   de     contradicción   del   “sham

affidavit doctrine”, los tribunales están impedidos de

considerar       “un    testimonio     reciente    que    resulta

contrario    a    una   declaración    bajo   juramento   emitida

27 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.
(Énfasis en el original).
KLAN202301144                                                                        10

anteriormente, si no se provee una explicación para la

contradicción entre ambas”.28 La norma aplica cuando la

declaración       inicial        contiene           respuestas          libres      de

ambigüedades        sobre          un        hecho         medular;            y     la

contradicción       entre         la        declaración         inicial        y    la

posterior es “manifiesta o patente”.29 Específicamente,

el TSPR expresó:

      …juzgamos conveniente aplicar estos principios en
      aquellas situaciones en que una parte procura
      ingeniarse supuestos hechos materiales contrarios
      a un testimonio previo ofrecido bajo juramento,
      con el propósito de impedir que se dicte
      sentencia sumaria en su contra.30

      Mientras,        en    su        modalidad        de      omisión,           esta

doctrina implica que una parte está impedida de crear

una    controversia          de         hechos        al        presentar          una

declaración       jurada     en    apoyo        a    su     oposición          a   una

solicitud    de    sentencia           sumaria       que,       por      omisión     o

añadidura, contradiga el testimonio previo de dicha

parte durante su deposición.31

                                        B.

      La Ley Núm. 80-1976 fue adoptada con el propósito

de    proteger       al      obrero           que      ha         sido     privado

injustificadamente           de        su     trabajo        y,     a     su       vez,

desalentar      este      tipo     de        despido       al     imponerle          al

patrono el pago de la indemnización conocida como la

mesada.   Así      pues,     este           ordenamiento          tiene    un       fin

reparador,      porque       provee           remedios          justicieros          y

consustanciales        con        los       daños     que       puede      haberle

causado a un empleado el despido injustificado.32

      Ahora bien, para efectos de la Ley Núm. 80-1976,

“[n]o se considerará despido por justa causa aquel que

28 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, pág. 439.
29 Id., págs. 440-441.
30 Id., pág. 442.
31 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, pág. 441.
32 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra; Beauchamp v. Holsum

Bakers of P.R., 116 DPR 522, 526 (1985).
KLAN202301144                                                                         11

se hace por mero capricho del patrono o sin razón

relacionada con el buen y normal funcionamiento del

establecimiento”.33 La política pública que subyace a

dicho     cuerpo        normativo      es       proteger        al       obrero       y

desalentar el despido injustificado.34 Sin embargo, le

reconoce      al     patrono     el    derecho          a   despedir            a    un

empleado siempre que haya justa causa para ello.35

                                       C.

        La Ley Núm. 115-1991 se creó para proteger a los

empleados contra las represalias que puedan tomar los

patronos      en     su    contra,      por          ofrecer,        o    intentar

ofrecer,      algún       tipo    de        testimonio,          expresión             o

información        ya   sea   verbal        o   escrita,        ante       un       foro

legislativo,         administrativo             o    judicial        en     Puerto

Rico.36

     El propósito de dicho cuerpo normativo es proteger

a los empleados que fueran despedidos, amenazados o

discriminados en el empleo, a modo de represalias, por

participar      en      alguna   de    las          actividades          protegidas

mencionadas anteriormente.37

     En lo pertinente, la Ley Núm. 115-1991 establece:

        (a)   Ningún patrono podrá despedir, amenazar o
              discriminar contra un empleado con relación
              a los términos, condiciones, compensación,
              ubicación, beneficios o privilegios del
              empleo porque el empleado ofrezca o intente
              ofrecer,    verbalmente   o    por    escrito,
              cualquier     testimonio,      expresión     o
              información   ante   un   foro    legislativo,
              administrativo o judicial en Puerto Rico,
              así   como   el   testimonio,    expresión   o
              información que ofrezca o intente ofrecer,
              en los procedimientos internos establecidos
              de la empresa, o ante cualquier empleado o

33 Margarita León Torres v. Erasmo Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 38
(2020); González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213
(2016). Véase, además el Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec.
185b.
34  Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446
(2016); Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480
(2011).
35 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 377 (2001).
36 29 LPRA sec. 194a.
37 SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 366-367 (2009).
KLAN202301144                                                                             12

             representante en una posición de autoridad,
             cuando   dichas  expresiones  no   sean   de
             carácter    difamatorio    ni    constituyan
             divulgación   de  información  privilegiada
             establecida por ley.
     (b)     …
     (c)     El empleado deberá probar la violación
             mediante       evidencia     directa      o
             circunstancial. El empleado podrá, además,
             establecer un caso prima facie de violación
             a la ley probando que participó en una
             actividad protegida por las secs. 194 et
             seq.,    de   este    título  y   que   fue
             subsiguientemente despedido, amenazado o
             discriminado en su contra de su empleo. Una
             vez establecido lo anterior, el patrono
             deberá alegar y fundamentar una razón
             legítima y no discriminatoria para el
             despido. De alegar y fundamentar el patrono
             dicha razón, el empleado deberá demostrar
             que la razón alegada por el patrono era un
             mero pretexto para el despido.38

     Como    criterio         adicional,          debe       probarse         que        la

acción adversa del patrono ya sea discrimen, amenaza,

alguna sanción o el despido, ocurrió después de la

actividad     protegida.39            Es    decir,          el    empleado          debe

demostrar    el    nexo      causal        entre       su    incursión             en   la

actividad     protegida           y    la     actuación            adversa              del

patrono.40

     Establecido un caso prima facie por represalias,

corresponde       al        patrono        articular             una        razón        no

represiva     para      la    acción        adversa.41            De    probar           lo

anterior,     se       requerirá            del    empleado                 que,        por

preponderancia         de    la   prueba,         se    valga          de    factores

adicionales a la proximidad temporal para comprobar

que las razones articuladas por el patrono no son más

que meros pretextos destinados a ocultar el verdadero

ánimo represivo.42

     Una vez el empleado prueba su caso prima facie, el

patrono    puede       rebatir        la   presunción            establecida             si

38 Art. 2 de la Ley Núm. 115-1991 (29 LPRA sec. 194a).
39  Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759, 766-767
(2011); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 395 (2011).
40 Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., supra, pág. 767.
41 Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 400.
42 Id.
KLAN202301144                                                                     13

alega      y        fundamenta          una     razón        legítima      y      no

discriminatoria para la acción adversa.43 Si el patrono

cumple        con     este     segundo         paso,     el    empleado         debe

demostrar que la razón alegada por el patrono es un

mero pretexto para la acción adversa.44

       Finalmente, cabe destacar que “esta disposición no

protege a un trabajador por el mero hecho de haber

sido    objeto        de     represalias        en     relación      a   cómo     se

desempeña en su empleo. Es decir, la Ley Núm. 115 no

protege         a      los         trabajadores             contra       acciones

disciplinarias motivadas por la manera en que éstos

ejecutan las funciones de sus puestos”.45

                                          D.

        Como norma general, la imposición de las costas

se     rige     por     lo     dispuesto        en     la     Regla      44.1     de

Procedimiento          Civil.      En     lo   que     nos    concierne,        esta

Regla establece:

        (a) Su concesión. Las costas serán concedidas a
        la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se
        dicte sentencia en apelación o revisión, excepto
        en aquellos casos en que se disponga lo contrario
        por ley o por estas reglas. Las costas que podrá
        conceder el tribunal son los gastos incurridos
        necesariamente en la tramitación de un pleito o
        procedimiento que la ley ordena o que el
        tribunal, en su discreción, estima que una parte
        litigante debe reembolsar a otra.

        (b) Cómo se concederán. La parte que reclame el
        pago   de   costas   presentará  al   tribunal   y
        notificará a la parte contraria, dentro del
        término de diez (10) días contados a partir del
        archivo en autos de copia de la notificación de
        la sentencia, una relación o memorándum de todas
        las partidas de gastos y desembolsos necesarios
        incurridos para la tramitación del pleito o
        procedimiento. […] Cualquier parte que no esté
        conforme   con   las   costas   reclamadas   podrá
        impugnarlas en todo o en parte, dentro del
        término de diez (10) días contados a partir de
        aquel en que se le notifique el memorándum de
        costas. […]46

        Por     otro       lado,     la       imposición       de     costas      es

43 Id., pág. 393; 29 LPRA sec. 194a(c).
44 Id.
45 SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, supra, pág. 367.
46 Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV, R. 44.1.
KLAN202301144                                                                     14

mandatoria.47        No obstante, su concesión no opera de

forma     automática,         ya    que        tiene        que    presentarse

oportunamente        un    memorando      de        costas    en    el    que    se

precisen los gastos incurridos.48 Además, el tribunal

tiene amplia discreción para evaluar la razonabilidad

y determinar la necesidad de los gastos detallados.49

        Finalmente, tanto el término para presentar el

memorando de costas como el que regula su notificación

a la parte adversa, son jurisdiccionales.50

                                    -III-

        El apelante alega que el TPI erró al declarar con

lugar     la   solicitud      de    sentencia         sumaria,       porque       la

apelada no controvirtió los 184 hechos fundamentados

en   declaraciones           juradas       y        evidencia       admisible,

conforme       los        parámetros       de        la      Regla        36     de

Procedimiento Civil. Además, los hechos en los que Pep

Boys fundamentó su petitorio de despacho sumario son

inadmisibles         en    evidencia,          ya     que     aquel       utilizó

declaraciones escritas no juradas. Sostiene, a su vez,

que existe controversia sobre la ilegalidad y fraude

de la práctica de dividir transacciones, ya que obra

en   el    expediente        prueba       que       establece       que        dicha

práctica era usual en Pep Boys. Del mismo modo, aduce

que existe controversia sobre los hechos relacionados

con la práctica de asignar la deuda de un cliente a la

cuenta de otro.

        Por otro lado, opina que se configuró la causa de

acción por represalias porque la apelada incurrió en

“disparate      treatment”         al   tomar        acción       disciplinaria

47  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 934
(2012).
48 Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. PR, 173 DPR 170 (2008).
49 Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 935.
50 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 217

(2017).
KLAN202301144                                                                            15

contra     el    apelante          y        no    contra          otros     empleados,

incluyendo       el     supervisor               de    este,       que    incurrieron

también en la práctica de dividir la transacción de un

cliente en varias solicitudes de crédito, cuando el

límite     de         crédito          es        inferior          al      solicitado.

Igualmente, afirma que existe un nexo causal entre la

actividad protegida y la acción disciplinaria adversa

porque, una vez se querelló contra su supervisor ante

Recursos    Humanos,          se       inició          un    patrón       de    acciones

disciplinarias contra el señor Ortiz que culminaron

con   su   despido.         Finalmente,               el    apelante       impugna       la

imposición       de    costas       por          concepto         del    costo     de    la

totalidad       de     la    deposición               que    se    le     tomó.    Ello,

cuando el TPI a penas la utilizó.

      En cambio, Pep Boys arguye que procede confirmar

la sentencia sumaria apelada. En su opinión, la misma

es cónsona con la doctrina jurisprudencial vigente,

que concede deferencia a las                            decisiones gerenciales

sobre el manejo de personal conforme a las normas,

políticas y procedimientos del                              patrono.      Además, los

hechos propuestos por el señor Ortiz no merecen mayor

consideración porque son parte de un “sham affidavit”

en    el        que     el      apelante                afirmó           declaraciones

inconsistentes con una versión previa de los hechos,

sin    aclarar          a     satisfacción                  del        tribunal,        las

contradicciones             entre           ambas          posiciones.          Por     el

contrario, las declaraciones escritas incluidas en el

expediente        de     la     investigación                    realizada       por     el

patrono    son        admisibles            porque          no    se     ofrecen       para

aseverar    la        verdad       de       su        contenido,         sino    con     el

propósito de probar que se realizó una investigación

formal de las imputaciones contra el apelante. En todo
KLAN202301144                                                                     16

caso, estas declaraciones son admisibles como récord

de negocio para establecer la posición del patrono al

momento del despido del apelante.

      Debemos añadir, que la apelada entiende que no

erró el TPI al no considerar la declaración jurada de

la exempleada de Pep Boys, Geraliz Díaz Alicea. Esto

es    así,    porque      dicha       declaración            jurada     no       fue

producida     durante      el     descubrimiento              de   prueba,        se

presentó 1 año y 5 meses después de la declaración

original      en    el    contexto          de    la      investigación           de

Recursos     Humanos      sobre       el    caso       del    apelante       y    no

establece conocimiento personal de aquella sobre los

hechos de los cuales declara. Tampoco se configuran

las   causas       de    acción       de    despido          injustificado         y

represalias.       Respecto       a    la       reclamación        de   despido

injustificado, la apelada entiende que el despido del

apelante fue justificado y no represivo, ya que aquel

violentó las normas, políticas y procedimientos de Pep

Boys. En cuanto a la reclamación de represalias, no se

constituyó la causa de acción porque el señor Ortiz no

participó en una actividad protegida y tampoco sufrió

ninguna acción adversa; en todo caso, “lejos de ser

represaliado,       al    señor       Ortiz       se    le     mejoraron         sus

condiciones        laborales”.         En       fin,    “como      no    existe

proximidad temporal entre el alegado incidente y el

despido      del    querellante,           no    existe       inferencia          de

causalidad”.        Finalmente,            Pep     Boys       opina     que       el

argumento sobre la irrazonabilidad del monto de las

costas    impuestas      no     es    meritorio.          Argumenta      que      el

señor Ortiz aplica un estándar de concesión de costas

ajeno a la Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil y su

jurisprudencia interpretativa. Del mismo modo, arguye
KLAN202301144                                                                  17

que los gastos relacionados y concedidos por el foro

sentenciador       fueron       razonables          y    necesarios          para

prevalecer en el caso de epígrafe.

       Al   examinar     de    novo    la     solicitud        de    sentencia

sumaria, sus respectivas oposiciones y la totalidad

del   expediente       en    autos,    encontramos         que      no    existe

controversia sobre los hechos materiales que el foro

de instancia dictaminó como incontrovertidos. Por tal

razón, en ausencia de hechos controvertidos, evaluamos

la    aplicación       del   derecho     y    colegimos        que    el     foro

sentenciador no erró sobre el particular. Veamos.

       En   primer       lugar,     la       declaración         jurada       del

apelante     es   un    “sham     affidavit”        en    el    que      constan

declaraciones inconsistentes con su versión previa de

los hechos, sin proveer una explicación razonable de

la inconsistencia.

       En segundo lugar,            la investigación del patrono

confirmó      las        violaciones           de        las        normas      y

procedimientos          de    Pep      Boys.        A     saber,         dividir

transacciones, cobrar por mercancía vendida, recibir

pagos en efectivo y ATH Móvil, y utilizar la tarjeta

de crédito personal para realizar pagos a clientes. A

nuestro entender, estas prácticas son contrarias a la

operación de este tipo de empresa.

       De modo que, conforme la evidencia presentada, el

despido fue justificado porque el apelante violentó

las normas de la empresa, incurrió en conflicto de

interés y tuvo problemas de honestidad porque burló

los   límites     de    crédito     establecidos          por    el      patrono

apelado.

       En tercer lugar, resulta forzoso concluir que no

se configuró la causa de acción de represalias porque
KLAN202301144                                                                18

el apelante no realizó una actividad protegida y de

haberla      realizado,      no        hubo    proximidad      causal   entre

esta y la acción adversa o el despido. Comunicarse con

el     presidente       de        la     empresa       sobre      un    asunto

operacional ordinario, no es una actividad protegida

bajo    la     Ley    Núm.   115-1991.           Además,    la    acción    de

presentar       una    queja           contra     su   supervisor,       ante

Recursos Humanos de Pep Boys, no tuvo efecto adverso

contra el señor Ortiz. Por el contrario, después de

realizar esa actividad protegida, fue asignado a la

que él entiende era la mejor tienda de Pep Boys, en

Altamira.

        Finalmente, el tribunal sentenciador tiene amplia

discreción      para     imponer         una     cuantía    razonable       por

costas. En tanto el apelante no nos puso en posición

de   establecer       que    el    foro        sentenciador      incurrió   en

abuso     de    discreción             con     respecto    a     la    cuantía

impuesta, esta decisión amerita nuestra deferencia.

                                        -IV-

       Por los fundamentos antes expuestos, se confirma

la Sentencia Sumaria apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones