Court Opinion

ID: 9901396
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-21 18:13:56.124885+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:31.992401
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

    Puerto Rico Fast Ferries, LLC

               Recurrido

                   v.

   Autoridad de Alianzas Público-
              Privadas                          Certiorari

             Peticionaria                     2023 TSPR 121

  Autoridad de Transporte Marítimo            213 DPR ___

               Recurrida

   HMS Ferries, Inc.; HMSI Ferries
          Puerto Rico, LLC

              Recurridos

Número del Caso:    CC-2022-0764

Fecha:   3 de octubre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

   Panel Especial

Abogados de la parte peticionaria:

   Lcdo. Hermán G. Colberg Guerra
   Lcda. María D. Bertólez-Elvira
   Lcda. Liz Arelis Cruz Maisonave

Abogados de los recurridos:

   Lcdo. Enrique Pérez-Ochoa
   Lcda. Alexandra Casillas-Cabrera
   Lcda. Glorimar Irene Abel

Materia: Ley de Alianzas Público-Privadas – Gastos a ser sufragados
en el contexto de una revisión judicial al amparo de la ley especial
no incluyen el pago de honorarios de abogado.

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       EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Fast Ferries,
LLC

         Recurrido

                  v.

Autoridad    de             Alianzas
Público-Privadas

         Peticionaria
                                         CC-2022-764             Certiorari
Autoridad         de      Transporte
Marítimo

            Recurrida

HMS Ferries, Inc.; HMSI
Ferries Puerto Rico, LLC

            Recurridos

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión
del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2023.

   Nos corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones

erró   al    declarar        no   ha    lugar    un    Memorando      de    costas

presentado por la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de

Puerto Rico (AAPP o peticionaria) en cuanto a unos gastos

de honorarios de abogado y mensajería.                        Específicamente,

debemos aclarar: (1) cuáles son las costas que sufragará la

parte perdidosa tras un proceso de revisión judicial al

amparo      del    Art.     20(f)   de    la    Ley    Núm.    29-2009,      según

enmendada, conocida como Ley de Alianzas Público-Privadas

(Ley   de    APP),     27    LPRA      sec.    2619,   y   (2)   si    la    parte
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prevaleciente puede reclamar honorarios de abogado sin que

el foro apelativo intermedio haya hecho una determinación

de temeridad en contra de la parte perdidosa.

      Por los fundamentos que discutiremos, confirmamos la

determinación recurrida y resolvemos que los gastos a ser

sufragados, en el contexto de una revisión judicial al

amparo de la Ley de APP, no incluyen el pago de honorarios

de abogado.

                                 I

      La controversia que debemos atender en el presente caso

es secuela de la Opinión que emitimos el 4 de agosto de 2022

en PR Fast Ferries et al. v. AAPP, 210 DPR 332 (2022).              En

aquella ocasión resolvimos que el Tribunal de Apelaciones

es el foro con jurisdicción para adjudicar un memorando de

costas presentado por la peticionaria, en virtud de la Ley

de APP, 27 LPRA sec. 2601 et seq. A tales efectos, ordenamos

al foro apelativo intermedio evaluar los méritos de los

argumentos    planteados   por    las    partes   respecto   a   cuáles

partidas constituyen el “pago de honorarios” que establece

el Art. 20(f) de la Ley de APP, supra, y, una vez definido

su alcance, declarar ha lugar el memorando de costas.

      Según surge del tracto fáctico, la AAPP interpuso ante

el foro apelativo intermedio un memorando de costas para

recobrar de Puerto Rico Fast Ferries (PRFF o recurrida)

ciertos gastos incurridos por haberse revisado judicialmente

un Aviso de adjudicación emitido el 2 de noviembre de 2020.

Las    partidas   reclamadas     por    la   tramitación   del   pleito
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fueron: (1) $109.00 por gastos de fotocopias; (2) $36.00 por

gastos de mensajería, y (3) $20,119.73 por honorarios de

abogado.

   Por su parte, la recurrida argumentó que, a pesar de que

el Art. 20(f) de la Ley de APP, supra, dispone para el pago

de honorarios, de su texto se desprende que lo que se regulan

son los gastos incurridos por la parte prevaleciente durante

el proceso de revisión judicial.      En ese sentido, la PRFF

planteó que la concesión de los gastos no incluye el pago

de honorarios de abogado, pues para ello hace falta una

determinación   de   temeridad.    Asimismo,   razonó    que   la

imposición del pago de honorarios de abogado representaría

un obstáculo para valerse del mecanismo de revisión judicial

a su disposición y, además, una violación al debido proceso

de ley por constituir un disuasivo.    De esta forma, sostuvo

que la Ley de APP no autoriza la concesión irrestricta de

honorarios de abogado a la parte prevaleciente. Por último,

expuso que los gastos de mensajería no son reembolsables

como costas.

   En respuesta al escrito presentado por la PRFF, la AAPP

adujo que el Art. 20(f) de la Ley de APP, supra, expresamente

dispone para el pago de honorarios de abogado.          Planteó,

además, que según las Reglas 34.4 y 44.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, Rs. 34.4 y 44.1, tanto las costas como

los honorarios de abogado se consideran gastos.

   En virtud de la determinación de este Tribunal, y luego

de evaluar los argumentos de las partes, el foro apelativo
CC-2022-764                                                                              4

intermedio emitió una Resolución en la que concluyó que no

procedía conceder el pago de honorarios de abogado ni los

gastos de mensajería.                  No obstante, declaró ha lugar el

memorando de costas en cuanto al gasto de fotocopias.

     Inconforme           con     la      determinación           del     Tribunal       de

Apelaciones, la AAPP presentó el recurso de certiorari que

nos ocupa, en el que formuló el error siguiente:

      Erró el Tribunal de Apelaciones al requerir una
      determinación de temeridad para el pago de
      honorarios de abogado conforme el [Art.] 20(f) de
      la Ley de APP.

     Expedido        el        recurso      y     con   el        beneficio       de     la

comparecencia de las partes, el caso quedó sometido en los

méritos       para        su     adjudicación.              Así    las     cosas,       nos

encontramos          en        posición     de     resolver        la     controversia

planteada.

                                            II

A.   La interpretación de las leyes

     La   jurisprudencia               de   este     Tribunal       que        declara       o

interpreta la ley es necesaria para orientar a los juristas,

jueces    y    a   la      ciudadanía.            R.E. Bernier y          J.A.    Cuevas

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto

Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 199.

Al   ejercer       nuestra        función        interpretativa          como    foro    de

última instancia, debemos resolver las controversias entre

las partes y ser fuente gestadora de pautas legales que la

norma estatutaria no ha esclarecido.                         Íd.    Esto no es otra

cosa que humanizar las normas legales abstractas para darle

sentido       práctico          al     aplicarlas       a     hechos       y    personas
CC-2022-764                                                                   5

particulares.    Íd.,      pág.     202.            De     este      modo,     la

interpretación   que    se       haga   de     la        ley   debe    ser     lo

suficientemente flexible para adaptarla a las circunstancias

actuales y a las exigencias modernas.                Íd.

   Es un principio cardinal de hermenéutica que todas las

leyes,    sean   claras      u     obscuras,             requieren     de      la

interpretación de este Tribunal.             En el descargo de nuestra

función revisora, tenemos el deber de evaluar cuál fue la

verdadera intención de la Asamblea Legislativa al aprobar

el estatuto, de modo que la misma se ajuste a la política

pública que la inspiró.       Morales et als. v. Marengo et al.,

181 DPR 852, 858 (2011).         Los tribunales estamos llamados a

llenar las lagunas o vacíos en la ley y armonizar los

estatutos aplicables que estén en conflicto, a los fines de

obtener un resultado sensato, lógico y razonable.                      Rosario

Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 206 (2017).

   No    obstante,   aun     cuando     tenemos          la    facultad      para

interpretar la ley en busca de un sentido armonioso, el

lenguaje claro y explícito de ésta no debe ser tergiversado,

malinterpretado ni sustituido.          San Gerónimo Caribe Project

v. Registradora, 189 DPR 849, 866 (2013).                      Por tal razón,

sólo debemos suplir las deficiencias del estatuto cuando sea

necesario, pues no podemos usurpar la función de legislar

de la Asamblea Legislativa.         Íd., pág. 867.

   Es doctrina arraigada que cuando el lenguaje de una ley

es claro, los tribunales venimos obligados a respetar la

voluntad legislativa.      Íd.     Ahora bien, cuando de cualquier
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modo exista ambigüedad en el texto del estatuto, debemos

procurar que la misma se interprete de tal manera que no

produzca un resultado absurdo o contrario a su razón de ser.

Rosado Molina v. ELA, y otros, 195 DPR 581, 590 (2016).

     En el proceso de descubrir la voluntad de la Asamblea

Legislativa al adoptar un estatuto, podemos valernos de las

siguientes    fuentes:   (1)    el   historial   legislativo    de   la

disposición objeto de controversia; (2) los datos recogidos

en el informe de la comisión legislativa que estudió el

proyecto de ley, y (3) las expresiones que se dieron en el

hemiciclo durante la sesión de aprobación del estatuto,

según recogidas en el Diario de Sesiones.             Con. Tit. 76

Kings Court v. MAPFRE, 208 DPR 1018, 1028-1029 (2022);

Consejo Titulares v. DACo, 181 DPR 945, 960–961 (2011).

     Asimismo, resulta pertinente considerar la naturaleza

del problema o la necesidad existente que se quiso atender

mediante la legislación, pues en ocasiones su texto no

revela su propósito.       Con. Tit. 76 Kings Court v. MAPFRE,

supra, pág. 1029; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos,

184 DPR 712, 739-740 (2012).         De este modo, al interpretar

el   estatuto,   resulta       importante   conocer    el   contexto

histórico, cultural y social en el que se aprobó.              Íd.       A

fin de cuentas, la razón y finalidad de la norma, es pues,

el imperativo que determina su alcance. Bernier y Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 247.
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B.    La Ley de Alianzas Público-Privadas

      El 8 de junio de 2009, la Asamblea Legislativa aprobó la

Ley de APP con el objetivo de favorecer y promover el

establecimiento       de      las     Alianzas         Público-Privadas.

Exposición    de    motivos    de    la    Ley   Núm.       29-2009     (2009

[Parte 1] Leyes de Puerto Rico 249-250).                 En esencia, el

referido estatuto serviría a los fines de lidiar con la

situación    fiscal   precaria      del   Gobierno     de    Puerto     Rico,

fortalecer     su     crédito,       liberar      la        capacidad     de

financiamiento y asegurar la continuación del desarrollo de

nuevos    proyectos    de     interés     público,     tales     como:     la

construcción de nuevas instalaciones, el mantenimiento de

las   existentes y    la    prestación      de   servicios      esenciales

eficientes y accesibles a toda la ciudadanía.                     PR Fast

Ferries et al. v. AAPP, supra, págs. 336-337.

      Para viabilizar el cumplimiento de la política pública

esbozada en la Ley de APP, se creó la AAPP, corporación

pública adscrita a la Autoridad de Asesoría Financiera y

Agencia Fiscal de Puerto Rico.            Art. 5(a) de la Ley de APP,

27 LPRA sec. 2604.      A tales efectos, se le confirieron los

poderes y derechos generales y específicos necesarios para

el logro de sus objetivos.          Arts. 5 y 6 de la Ley de APP,

27 LPRA secs. 2604 y 2605.          Véase, además, PR Fast Ferries

et al. v. AAPP, supra, pág. 337.

      Cabe destacar que, al aprobar el mencionado estatuto, el

legislador determinó la inaplicabilidad de varias leyes,

entre las que se encuentra la Ley Núm. 38-2017, según
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enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec.

9601 et seq.       Sobre este particular, la Ley de APP establece

lo siguiente:

       Artículo 19. – Inaplicabilidad de [c]iertas [l]eyes.

       (c) Exención de la LPAU. – Se eximen todos los
       procedimientos y las actuaciones autorizadas por
       [la Ley de APP], incluyendo, pero sin limitarse a
       los procedimientos y las actuaciones sobre
       aprobación de reglamentos, determinación de
       proyectos para el establecimiento de Alianzas,
       selección de propuestas y adjudicaciones de
       [c]ontratos   de   [a]lianza,    de   todas   las
       disposiciones de la LPAU. 27 LPRA sec. 2618.

   Cónsono con lo anterior, el Art. 20 de la Ley de APP,

27 LPRA sec. 2619, contempla un procedimiento especial de

revisión judicial que desplaza cualquier otro procedimiento

o criterio jurisdiccional de competencia que de otra forma

aplicaría en conformidad con otras leyes o reglamentos.

Véase, además, PR Fast Ferries et al. v. AAPP, supra,

pág.   339.   Es    decir,    prescinde    del    cauce      administrativo

establecido en la LPAU, así como de otras disposiciones

legales.

   Ahora bien, de iniciarse un proceso de revisión judicial

al amparo de la Ley de APP, la parte no prevaleciente

sufragará     los    gastos    incurridos       por    las    demás   partes

involucradas en dicho procedimiento.                   En cuanto a este

particular,    el     Art.    20(f)   de   la    Ley    de    APP,    supra,

específicamente dispone lo siguiente:

       (f)   Pago   de  [h]onorarios   –   La  parte   no
       prevaleciente tras un procedimiento de revisión
       judicial bajo el [Art.] 20(b) sufragará los gastos
       en   que   hayan  incurrido   las   demás   partes
CC-2022-764                                                         9

     involucradas   en  dicho  procedimiento  y   las
     cantidades de estos gastos podrán deducirse,
     compensarse o retirarse de cualquier carta de
     crédito o fianza provista en relación al proceso
     de revisión judicial. (Énfasis nuestro).

   En resumen, para que opere el pago de honorarios o gastos

aludido, es necesario que se cumplan esencialmente dos (2)

requisitos, a saber: (1) que se presente un recurso de

revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones o,

en segunda instancia, un recurso de certiorari ante este

Tribunal, según el trámite procesal delineado en la Ley de

APP, y (2) que haya una parte no prevaleciente en el proceso

de revisión judicial.

                               III

   Nos corresponde interpretar si, según el Art. 20(f) de

la Ley de APP, supra, procede la imposición del pago de

honorarios de abogado a la parte perdidosa en un proceso de

revisión    judicial   sin    que    haya   una     determinación   de

temeridad. Asimismo, debemos determinar cuáles gastos deben

ser satisfechos por la parte no prevaleciente.

   En el caso de autos, la AAPP alega que el Tribunal de

Apelaciones erró al denegar la partida de honorarios de

abogado reclamada a la PRFF, entidad no prevaleciente en un

proceso    de   impugnación   de    contrato   de   alianza   público-

privada.    En específico, la parte peticionaria plantea que

el foro apelativo intermedio, en contravención de los Arts.

19 y 20(f) de la Ley de APP, supra, y a lo resuelto en

PR Fast Ferries et al. v. AAPP, supra, erró al requerir la
CC-2022-764                                                                10

imposición de temeridad para la concesión de honorarios de

abogado.

      Por su parte, la PRFF expone que el Art. 20(f) de la Ley

de APP, supra, no dispone expresamente para el pago de

honorarios     de   abogado.        La   recurrida       entiende    que    el

artículo en controversia se refiere a los gastos (fees), no

a los honorarios de abogado (attorney’s fees).                     Asimismo,

la PRFF alega que, si el legislador hubiese tenido la

intención de conceder honorarios de abogado, lo hubiese

dispuesto expresamente en el lenguaje utilizado en la Ley

de    APP.     Resolvemos    que    le   asiste     la    razón,    por    los

fundamentos que se exponen a continuación.

      La Exposición de Motivos de la Ley de APP reitera el fin

que persiguió el legislador al aprobarla.                  En esencia, el

estatuto especial respondió a la grave situación económica

de Puerto Rico, lo que motivó el fortalecimiento de las

Alianzas      Público-Privadas      para     promover      el     desarrollo

económico y la competitividad, asegurar la continuación de

los     proyectos   de   alto      interés    público,      así     como    la

prestación de servicios esenciales eficientes y accesibles

para la ciudadanía.      Es decir, las disposiciones de la Ley

de APP se pensaron en el contexto de la crisis fiscal del

Gobierno de Puerto Rico y las necesidades de la población.

      Al hacer referencia al Art. 20(f) de la Ley de APP,

supra, resulta incuestionable que éste fue titulado como

“Pago    de   Honorarios”.         Sin   embargo,    al    remitirnos      al

lenguaje utilizado por el legislador para la construcción
CC-2022-764                                                                      11

de la referida disposición, surge clara e inequívocamente

que    éste    decidió       mencionar      solamente       el     concepto      de

“gastos”, sin expresar su deseo de que la parte perdidosa,

tras un proceso de revisión judicial al amparo de la Ley de

APP,    tuviera      la     responsabilidad          de   sufragar,       además,

honorarios de abogado.                 Nos encontramos, pues, ante el

axioma de que “el nombre no hace la cosa”.                      OCS v. CODEPOLA,

202 DPR 842, 880 (2019); Batista, Nobbe v. Jta. Directores,

185    DPR    206,    223     (2012);     Borschow        Hosp.    v.     Jta.   de

Planificación, 177 DPR 545, 567 (2009).                   (Énfasis nuestro).

      Tanto la Ley de APP como su Reglamento, 1 permanecen

silentes en cuanto al significado del término “gastos”.                          Por

esta razón, y dado a que no existe precedente que trate

sobre el Art. 20(f) del referido estatuto, además de acudir

a la intención legislativa, procedemos, a modo ilustrativo

y por analogía, a realizar un análisis de la Regla 44 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44, así como de la

jurisprudencia interpretativa esbozada por este Tribunal

respecto al pago de “gastos”.

      Aclaramos      que    el    legislador    limitó          expresamente     la

aplicación de ciertas leyes en la Ley de APP.                      Sin embargo,

nada    dispuso      sobre       las   Reglas   de    Procedimiento        Civil,

32 LPRA Ap. V.             Así pues, no existe impedimento que nos

prohíba       auxiliar       nuestro      análisis        con     dicho    cuerpo

1    Reglamento Núm. 8968 de 11 de mayo de 2017, conocido como Reglamento para
la licitación, evaluación, selección, negociación y adjudicación de contratos
de alianzas público-privadas participativas bajo la Ley Núm. 29-2009, según
enmendada (Reglamento).
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reglamentario, pues éste nos guiará en nuestro quehacer de

alcanzar una interpretación integrada, lógica y razonable

de la intención legislativa.2

    Como regla general, en nuestro ordenamiento la concesión

de honorarios de abogado a la parte que prevaleció en un

litigio depende exclusivamente de la determinación que haga

el juzgador en torno a si la parte perdidosa o su abogado,

actuaron o no con temeridad. Corpak, Art Printing v. Ramallo

Brothers, 125 DPR 724, 736 (1990).              Esta norma encuentra su

excepción y cede si una ley especial expresamente así lo

dispone.     Íd.

    De      esta      manera,      la      imposición        o    concesión

de honorarios de abogado no procede en todos los casos.

Depende, pues, de la determinación discrecional que haga el

tribunal en torno a si la parte perdidosa o su abogado,

actuaron con temeridad o frivolidad, o de la existencia de

una ley especial.        Íd.; Ortiz Valle v. Panadería Ricomini,

210 DPR 831 (2022).           Véase, además, la Regla 44.1(d) de

Procedimiento Civil, supra.

    Hemos reiterado que los honorarios de abogado no forman

parte de las costas como norma general.                   Sucn. Arroyo v.

Municipio, 81 DPR 434, 438-439 (1959); García v. Sucn.

Rodríguez, 61 DPR 612, 616 (1943).              No obstante, una vez el

2    Valga resaltar que, debido a que la Ley Núm. 29-2009, según enmendada,
conocida como Ley de Alianzas Público-Privadas y su Reglamento guardan silencio
en cuanto al término específico para la presentación del memorando de costas,
la Autoridad de Alianzas Público-Privadas recurrió por analogía al término
jurisprudencial de diez (10) días, según dispuesto en la Regla 44.1(b) y (c) de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(b) y (c).
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tribunal   determina   que   se   incurrió    en   temeridad,   está

obligado a imponer el pago de los honorarios de abogado a

favor de la parte que prevaleció en el pleito. Torres

Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 779 (2016).

   En cuanto a las costas, la Regla 44.1(a) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(a), dispone lo siguiente:

     Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo
     favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia
     en apelación o revisión, excepto en aquellos casos
     en que se disponga lo contrario por ley o por
     estas reglas. Las costas que podrá conceder el
     tribunal son los gastos incurridos necesariamente
     en la tramitación de un pleito o procedimiento que
     la ley ordena o que el tribunal, en su discreción,
     estima que una parte litigante debe reembolsar a
     otra. (Énfasis nuestro).

   Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que no todos los

gastos del litigio son recobrables como costas.        J.T.P. Dev.

Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992);

Andino Nieves v. A.A.A., 123 DPR 712, 716 (1989); Garriga,

Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963).         Sólo son

recobrables aquellos gastos necesarios y razonables para la

tramitación del pleito, procedimiento o apelación que un

litigante debe reembolsar a otro.           ELA v. El Ojo de Agua

Development, 205 DPR 502, 527 (2020); Rodríguez Cancel v.

A.E.E., 116 DPR 443, 461 (1985); Garriga, Jr. v. Tribunal

Superior, supra, pág. 249.

   A modo de ejemplo, no son recobrables como costas los

honorarios de abogado, salvo que una ley especial disponga

para ello; los gastos ordinarios de oficina (tales como,

pero sin limitarse a sellos de correo postal, materiales de

oficina,   servicios    telefónicos     y     de   mensajería   sin
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justificar       su     necesidad        para      el    caso,     y     compra      de

mobiliario); la transportación de los abogados durante una

inspección ocular, las transcripciones de récords de vista

cuando      se   soliciten        por     ser       convenientes,            pero    no

necesarias; los servicios paralegales, entre otros.                                 Íd.,

pág. 248; Andino Nieves v. A.A.A., supra, págs. 718-719;

Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 78 (1967).                    Cabe señalar que

hemos reconocido como costas los gastos de fotocopias del

escrito de apelación y sus respectivos legajos, siempre y

cuando se incurran en el cumplimiento de los requisitos de

presentación          que   impone       el     Tribunal      de       Apelaciones.

Sánchez v. Sylvania Lighting, 167 DPR 247, 254 (2006).                               No

obstante, si el gasto de fotocopias surge como resultado del

trámite ordinario de oficina, no es recobrable como costas.

     Como    bien      plantea      la     PRFF,        el   uso       del    término

“honorarios” en el título del Art. 20(f) de la Ley de APP,

supra, no puede leerse aisladamente.                     Al examinar el texto

del artículo de forma integral, nos hemos convencido, al

igual que lo hizo el foro apelativo intermedio, de que la

palabra     “gastos”,       sin    más,       se    refiere        a    las    costas

necesarias y razonables para la tramitación de un pleito o

procedimiento, según se reconoce en nuestro ordenamiento.3

3    En Vázquez v. Comisión Industrial, 55 DPR 719, 723-725 (1939), establecimos
lo siguiente:
      No puede argüirse que la frase “gastos” (expenses) incluye
      “honorarios de abogado”, pues tanto en la Ley Común que
      impera en los Estados Unidos como en nuestro Derecho, las
      palabras “costas” (costs), “gastos o desembolsos” (expenses
      or disbursements), y “honorarios de abogado” (attorney's
      fees), expresan tres conceptos distintos.
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   Por otro lado, si consideramos que la aprobación de la

Ley de APP obedeció primordialmente a la crisis fiscal y

económica del Gobierno, no resulta lógico ni persuasivo que

la intención del legislador haya sido reconocer como gastos

el pago de honorarios de abogado.             Ello implicaría que, en

caso de la AAPP no prevalecer en un proceso de revisión

judicial, tenga que sufragar tanto las costas como los

     En el caso de Rivera v. Gerardino, 53 D.P.R. 107,
     112 [(1938)],   se   cita   con   aprobación   de Veve  v.
     [El] Municipio de Fajardo, 18 D.P.R. 764, 770 [(1912)]:
       Los artículos 327 y 339 que dejamos transcritos hacen
       referencia a costas, desembolsos y honorarios de
       abogados y[,] por tanto, nosotros debemos aceptar esta
       misma distinción, sin que podamos comprender en el
       concepto de costas, desembolsos y honorarios.
                              ........
       Bajo el concepto de costas vienen comprendidos los
       derechos y las indemnizaciones que consistan en
       cantidades   fijas    e   inalterables,    determinadas
       anticipadamente por las leyes, reglamentos o aranceles,
       entendiéndose por desembolsos los demás gastos del
       juicio, o sean las indemnizaciones y derechos, que no
       estén comprendidos en el concepto expresado. Bajo la
       denominación de honorarios de abogado viene comprendida
       la remuneración de sus servicios profesionales.
     En los casos de Swartzel v. Rogers, 3 Kan. 380, 382, y Ball
     v. Vason, 50 Ga. 254, se sostiene que la frase “costs and
     expenses” no incluye honorarios de abogado.
     En el mismo caso de Rivera v. Gerardino, supra, se cita de
     Corpus Juris:
       Las costas son cierta concesión autorizada por el
       estatuto para reembolsar a la parte victoriosa los
       gastos incurridos en la prosecu[c]ión o defensa de un
       recurso o procedimiento especial.
                              ........
       Las palabras ‘honorarios' y ‘costas' son usadas con
       frecuencia indistintamente como si tuvieran el mismo
       significado. No obstante costas y honorarios son
       esencialmente distintos. Las primeras son una concesión
       hecha a una de las partes por los gastos incurridos en
       la prosecución o defensa de un litigio -un incidente de
       la sentencia; mientras que los últimos son una
       compensación a los funcionarios públicos por los
       servicios prestados a individuos, en el desarrollo de
       la causa. (15 Corpus Juris, págs. 19 y 20.)
     A nuestro juicio, la Comisión Industrial, de acuerdo con los
     artículos 11, 15 y 35 de la Ley de Compensaciones por
     Accidentes del Trabajo, carece de jurisdicción para condenar
     al patrono no asegurado a pagar los honorarios del abogado
     del obrero lesionado o sus beneficiarios.
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honorarios de abogado de las demás partes involucradas en

el pleito.         Abona a la interpretación que adoptamos, el

silencio que guardó el legislador al respecto y su deseo de

propiciar       mayor       participación       ciudadana          y    de    empresas

locales     para       el     establecimiento         de     alianzas         público-

privadas.

     En   consideración         a    lo   expresado,        resolvemos         que   el

término “gastos” según utilizado por el legislador en el

Art. 20(f) de la Ley de APP, supra, se refiere a las costas

o gastos razonables y necesarios para la tramitación de un

caso, según la normativa establecida por este Tribunal.

Esto,     sin   duda        alguna,    no   contempla         la       concesión     de

honorarios de abogado.

     Ciertamente, el Tribunal de Apelaciones actuó de manera

correcta al proveer no ha lugar a la concesión de los

honorarios de abogado reclamados por la AAPP, y al utilizar

por analogía la norma establecida en nuestro ordenamiento

sobre la imposición de honorarios de abogado cuando una

parte incurra en temeridad o una ley especial lo establezca

expresamente.       Asimismo, determinamos que el foro apelativo

intermedio actuó acertadamente al: (1) conceder la partida

de   gastos      por        fotocopias,     y   (2)        denegar      los     gastos

reclamados por mensajería.

     Resolver lo contrario implicaría la imposición de una

sanción a una parte que ha litigado un asunto de forma

genuina y de buena fe.              Especialmente, ante el silencio del
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legislador de imponerle honorarios de abogado a la parte

perdidosa.

                           IV

   Por los fundamentos antes expresados, se confirma la

Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 12 de

octubre de 2022, en la que se declaró ha lugar el Memorando

de costas presentado por la AAPP en cuanto al gasto de

fotocopias y no ha lugar en cuanto al gasto de mensajería y

honorarios de abogado.

   Se dictará Sentencia en conformidad.

                            ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
                                   Juez Asociado
            EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Fast Ferries,
LLC

       Recurrido

             v.

Autoridad    de      Alianzas
Público-Privadas

       Peticionaria
                                CC-2022-764     Certiorari
Autoridad     de   Transporte
Marítimo

        Recurrida

HMS Ferries, Inc.; HMSI
Ferries Puerto Rico, LLC

        Recurridos

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 3 de octubre de 2023.

    Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,
la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia,
se confirma la Resolución emitida por el Tribunal de
Apelaciones el 12 de octubre de 2022, en la que se declaró ha
lugar el Memorando de costas presentado por la Autoridad de
Alianzas Público-Privadas en cuanto al gasto de fotocopias y
no ha lugar en cuanto al gasto de mensajería y honorarios de
abogado.

    Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario          del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez        no
interviene.

                            Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                          Secretario del Tribunal Supremo