Court Opinion

ID: 9952163
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:23:23.980118+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:16.984142
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                     PANEL ESPECIAL

CROCS PUERTO RICO,                                    CERTIORARI
INC.                                                  procedente del
                                                      Tribunal de
Demandante-Recurrente                                 Primera Instancia,
                                                      Sala Superior de
          v.                                          San Juan

CHERIF ROBERT                   KLCE202400085
MEDAWAR y MARÍA                                       Civil Núm.:
TERESA GALAZ                                          SJ2019CV01046

Demandados-Recurridos

                                                      Sobre: Sentencia
CHERIF ROBERT                                         Declaratoria; Pago
MEDAWAR y MARÍA                                       de lo Indebido
TERESA GALAZ

Terceros-Demandantes

          v.

CROCS RETAIL, INC.
t/c/c/ CROCS RETAIL,
LLC.

Tercera-Demandada

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                             RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2023.

      Comparecen ante nos Crocs Puerto Rico, Inc. (Crocs PR) y

Crocs Retail, Inc. (Crocs Retail) (conjuntamente, parte peticionaria)

y nos solicitan que revoquemos parcialmente la Minuta Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI), el 21 de diciembre de 2023. Mediante la misma, el TPI

no autorizó a la parte peticionaria la presentación de prueba

relacionada    a   ciertas   defensas   afirmativas   incluidas   en   la

contestación de la reconvención, por entender que dicho asunto fue

previamente adjudicado en la Sentencia Parcial dictada en el 2022.

Número Identificador
RES2024___________________
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       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                       I.

       Según surge del expediente, el 1 de julio de 2010, Cherif

Robert    Medawar      (Medawar o parte       recurrida)    y Crocs PR

suscribieron un contrato de arrendamiento sobre los primeros dos

(2) niveles de un edificio propiedad de Medawar, ubicado en la Calle

del Cristo en el Viejo San Juan. Tras el paso del huracán María por

Puerto Rico, el local arrendado sufrió daños. Ello desencadenó un

pleito judicial instado por Crocs PR, sobre sentencia declaratoria y

pago de lo indebido, que conllevó la interpretación del mencionado

contrato, específicamente sobre los procesos para cancelarlo. Luego

de múltiples trámites, Medawar presentó Contestación a Demanda y

Reconvención y una Demanda Contra Tercero contra Crocs Retail.1

     En la contestación a la Reconvención, Crocs incluyó como

defensas afirmativas, entre otras cosas, lo siguiente:

     10. Incumplimiento. Los demandados-reconvenientes
         incumplieron sus obligaciones bajo el Contrato de
         Arrendamiento y/o las disposiciones aplicables del
         Código Civil. A modo de ejemplo, los demandados-
         reconvenientes       incumplieron    su     obligación
         contractual de reparar la Propiedad de los daños
         sufridos por ésta a consecuencia del paso de los
         huracanes Irma y/o María dentro del término
         establecido en el Contrato de Arrendamiento; e
         incumplieron su obligación estatutaria de hacer las
         reparaciones necesarias en la Propiedad con el fin de
         conservarla en estado de servir para el uso al cual
         Crocs PR la había destinado y permitir el uso y
         disfrute, pacífico e ininterrumpido, de la misma.

     11. Exceptio no rite adimpleti contractus. Los
         demandados-reconvenientes no pueden exigir el
         cumplimiento de la(s) obligación(es) de Crocs PR bajo
         el Contrato de Arrendamiento pues estos no
         cumplieron con sus propias obligaciones en virtud
         del referido contrato y las disposiciones aplicables
         del Código Civil de Puerto Rico.

     12. En la alternativa, procede un ajuste o suspensión de
         los cánones de arrendamiento bajo el Contrato de
         Arrendamiento por el período de tiempo en que los
         demandados-reconvenientes       no    repararon   la

1 Apéndice del recurso, págs. 39-51, 52-57.
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         Propiedad de los daños sufridos por ésta a
         consecuencia de los huracanes Irma y/o María.

      El 20 de julio de 2022, el TPI emitió una Sentencia Parcial,

mediante la cual desestimó sumariamente, con perjuicio, la

Demanda presentada por Crocs PR contra Medawar. En su

determinación, el TPI concluyó que:

      De un análisis de la prueba presentada, y de las
      disposiciones del Contrato de Arrendamiento, no nos
      cabe duda de que Crocs incumplió con las disposiciones
      del acuerdo. La notificación enviada el 9 de noviembre
      de 2017 por parte de Crocs a Medawar, no cumplió con
      los requisitos que establecía la sec. 15 del Contrato de
      Arrendamiento. De acuerdo con los términos de la sec.
      15 del Contrato, una vez ocurre el evento atmosférico,
      Crocs debía informarle por escrito a Medawar sobre los
      daños que sufrió la propiedad; esto no ocurrió.
      Asimismo, el Contrato de Arrendamiento establece que,
      si se determina que los daños no se pueden reparar
      dentro de 130 días, cualquiera de las partes podrá dar
      por terminado el arrendamiento mediante una segunda
      notificación por escrito. Esta segunda notificación se
      debe hacer dentro de 20 días laborables contados a
      partir desde que se notificaron los daños. Esta segunda
      notificación tampoco ocurrió.

      A tono con lo anterior, el foro primario esgrimió que Crocs PR

debió cumplir con otros requisitos adicionales antes de dar por

terminado el contrato. Asimismo, el TPI determinó que Crocs PR

nunca informó por escrito sobre los daños, ni entregó la

correspondiente comunicación una vez transcurrieran los 20 días

laborables luego de la primera notificación. Por ello, el Tribunal de

Primera Instancia ultimó que la carta del 9 de noviembre de 2017

no tuvo el efecto de dar por terminado el acuerdo, y, como

consecuencia, los pagos de los cánones no fueron hechos por error

o inadvertencia.

      Inconforme con la anterior determinación, el 18 de agosto de

2022, Crocs PR y Crocs Retail comparecieron ante esta Curia

mediante el recurso de Apelación Civil KLAN202200661. Por medio

de una Sentencia dictada el 27 de enero de 2023, confirmamos la

Sentencia Parcial apelada. De dicho pronunciamiento Crocs acudió
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al Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero este denegó la Petición de

Certiorari.

       Así las cosas, continuaron los procesos ante el TPI. El 12 de

diciembre de 2023, las partes presentaron un Informe Conferencia

con   Antelación     a   Juicio2,   el   cual   fue   discutido   en   una

videoconferencia celebrada el 21 de diciembre del mismo año.

Durante la audiencia, el Tribunal destacó que quedaba pendiente la

reconvención instada por Medawar. Sobre el particular, se suscitó

un debate por las enmiendas a las alegaciones presentadas por

Crocs cuando contestó la reconvención.

       Particularmente, Crocs esbozó que Medawar incumplió con su

obligación esencial de reparar o reconstruir el techo y la estructura

del local arrendado, por lo que, en virtud de la defensa de exceptio

non adimpleti contractus, estaba eximido de pagar cualquier suma

adicional a lo ya pagado. A su vez, argumentó que Medawar cumplió

de forma defectuosa sus obligaciones bajo el contrato, por lo que, en

virtud de la mencionada defensa, no tenía que pagar cánones

adicionales a los que ya pagó. En la alternativa, adujo que, de tener

que pagarlos, la suma debía disminuirse de forma proporcional al

cumplimiento defectuosos de los arrendadores.

       Al discutir la teoría del caso, el foro primario determinó que

no procedían las enmiendas concernidas, tomando en consideración

la Sentencia Parcial la cual era final y firme. El Tribunal solicitó a

los abogados de Medawar expresarse sobre lo planteado por Crocs

con relación al incumplimiento de contrato de arrendamiento por no

haber realizado las mejoras al edificio como consecuencia de los

daños ocasionados por el huracán María.

       Escuchados los argumentos y planteamientos de las partes,

el TPI determinó, a través del dictamen recurrido, que no autorizaría

2Apéndice del recurso, págs. 842-904.
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la presentación de la prueba relacionada a las defensas afirmativas

esbozadas por Crocs. En ese sentido, expresó lo siguiente:

        Ciertamente la alegación de incumplimiento de contrato
        por parte de Medawar fue considerada en la sentencia
        parcial y, lógicamente, no se puede hablar de
        incumplimiento contractual cuando ya hay una
        determinación de hecho conforme la prueba presentada
        de que Crocs nunca notificó a Medawar sobre los daños
        reclamados por el edificio. En ese sentido, no puede
        haber un incumplimiento si no hay una notificación
        previa sobre una obligación contractual. Este Tribunal
        entiende que conforme lo que se planteó en la sentencia
        sumaria y lo que se resolvió, toda reclamación
        relacionada a incumplimiento de contrato por parte de
        Medawar sobre la no reparación de los daños dentro del
        término de ciento treinta (130) días no aplica [porque]
        nunca Crocs notificó el hecho de que el edificio sufriera
        daños. Ese asunto ya fue adjudicado en la sentencia
        parcial.

        En desacuerdo, Crocs incoó el recurso que hoy atendemos. En

este plantea que el foro a quo erró y abusó de su discreción:

        … al determinar que las defensas afirmativas de Crocs
        de (i) exceptio non adiempleti contractus y (ii) exceptio
        non rite adimpleti contractus son cosa juzgada y -a
        consecuencia de ello- prohibir que Crocs presente
        prueba sobre el incumplimiento de Medawar con sus
        obligaciones esenciales o su cumplimiento defectuoso.

        El 1 de febrero de 2024, Medawar instó su Oposición a la

Expedición del Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de

todas las partes, procedemos a resolver.

                                   II.

        El auto de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que

un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores que

cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera et al.

v. Arcos Dorados et al., 212 DPR __ (2023); Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); León v. Rest. El Tropical,

154 DPR 249 (2001). Su expedición está sujeta a la discreción del

foro revisor. La discreción consiste en una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

ecuánime. Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u

otra,   haciendo    abstracción   del    resto   del   derecho,   porque,
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ciertamente, eso constituiría un abuso de discreción. García v.

Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

dispone taxativamente los asuntos que podemos atender mediante

el referido recurso. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207

DPR 994 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).

A esos efectos, dicha Regla dispone —en lo concerniente— lo

siguiente:

      El recurso de certiorari, para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia
      cuando se recurra de decisiones sobre la
      admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales,   asuntos      relativos   a    privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual
      esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia. Al denegar la expedición
      de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal
      de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
      (Énfasis nuestro). Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
      supra.

      Por otro lado, para que este Foro pueda ejercer con mesura la

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

   (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
       a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho.

   (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

   (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.
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   (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.

   (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

   (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

   (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                  III.

      En esencia, la parte peticionaria arguye que la decisión

impugnada es incorrecta en estricto derecho. Entiende que en el

caso de autos no están presentes los elementos constitutivos de la

doctrina de cosa juzgada ni su modalidad de impedimento colateral

por sentencia.

      En primer orden, esgrime que no existe identidad de cosa

porque en la Sentencia Parcial de 2022 el TPI no atendió, ni adjudicó

el asunto del incumplimiento de Medawar con sus obligaciones

contractuales como arrendador, específicamente de reparar y

reconstruir el edificio para que Crocs pudiera usarlo. Añade que solo

se limitó a evaluar si Crocs cumplió con el proceso pactado para dar
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por terminado el contrato concernido. Además, esboza que en la

demanda desestimada por la Sentencia Parcial lo que se reclamó a

Medawar fue la devolución de un dinero; mientras que en esta etapa

del pleito el objetivo de sus defensas afirmativas es que se exima de

tener que pagar a Medawar. Es decir, destaca que son controversias

totalmente diferentes, toda vez que la aludida sentencia no abarcó

en su sección adjudicativa ni dispositiva los asuntos mencionados

ni el conocimiento constructivo de Medawar sobre los daños al

edificio.

       Cónsono con lo anterior, la parte peticionaria argumenta que

tampoco hay identidad en cuanto a la causa porque lo que se juzgó

en la Sentencia Parcial fueron las causas de acción de Crocs, a saber,

una sentencia declaratoria y la devolución del pago de lo indebido.

Destaca que las que se pretenden aplicar en esta ocasión son las de

exceptio non adimpleti contractus y exceptio non rite adimpleti

contractus. Asimismo, aduce que no está presente la identidad de

litigantes en la misma calidad que lo fueron en el pleito anterior.

       Por otro lado, la parte recurrida entiende que en el presente

caso no se manifiesta ninguna de las instancias contenidas en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, ni hubo abuso

de discreción por parte del TPI. Razona que dos (2) de las tres (3)

controversias que Crocs sometió ante la consideración del TPI (e

incluso ante este Foro apelativo) fue precisamente si Medawar

incumplió con el contrato de arrendamiento al no hacer las

reparaciones necesarias al edificio. Alega que dicha controversia fue

resuelta, pues el foro a quo determinó que quien incumplió fue Crocs

y que cualquier obligación de Medawar estaba supeditada a que

Crocs efectuara el requisito de notificación, lo cual no hizo. En

suma, la parte recurrida está conforme con la determinación del TPI.
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      Al    examinar     los   argumentos       de   las   partes    y    el

pronunciamiento sujeto a revisión, determinamos denegar la

expedición del auto de certiorari.

      Según el tracto fáctico del caso y las cláusulas del contrato

que rigen el negocio jurídico entre las partes, resulta evidente que

era requisito esencial que la parte peticionaria notificara por

escrito los daños que sufrió la propiedad tras el paso del evento

atmosférico, y, de ser necesario, la intención de dar por terminado

el acuerdo.3 Resuelto en la Sentencia Parcial dictada en el 2022 que,

conforme la prueba presentada, la parte peticionaria no notificó por

escrito a la parte recurrida, no procede la intervención con la

decisión objetada.

      Así las cosas, entendemos que la decisión del TPI fue

razonable. Por lo tanto, somos del criterio que el foro primario no

erró, ni abusó de su discreción en su determinación, ni en el manejo

del caso. La parte peticionaria no ha demostrado que el TPI actuó

con pasión, prejuicio, parcialidad o que incurrió en error manifiesto

al emitir la Minuta Resolución impugnada.

                                    IV.

      Por los fundamentos previamente expuestos denegamos la

expedición del auto de certiorari solicitado. Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

      La Juez Barresi Ramos concurre sin opinión escrita.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones

3Véanse, cláusulas 12(b) y 15(c) del contrato de arrendamiento entre Crocs y
Medawar.