Court Opinion

ID: 9408093
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:16:39.680321+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.705093
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

    EL PUEBLO DE PUERTO                               Apelación
            RICO                                      procedente del
                                                      Tribunal de Primera
           Apelado                                    Instancia, Sala de
                                                      Aibonito
               v.
                                 KLAN202101071 Crim. Núm.:
    STEVEN A. RODRÍGUEZ                        B VI2019G0033
          MATÍAS                               B LA2019G0103
                                               B LA2019G0104
           Apelante
                                                      Por:
                                                      Inf. Art. 93-D 1er.
                                                      Grado CP,
                                                      Inf. Art. 5.07 Ley de
                                                      Armas,
                                                      Inf Art. 5.15 Ley de
                                                      Armas.
Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez
Marrero Guerrero1 y la Jueza Díaz Rivera2.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

       Comparece el apelante, Sr. Steven A. Rodríguez Matías, y nos

solicita que revoquemos una Sentencia emitida el 9 de diciembre de

2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito.

Mediante dicho dictamen, se sentenció al apelante, luego de que un

jurado rindiera un veredicto de culpabilidad el 29 de septiembre de

2021, por infracción de los Arts. 5.07 y 5.15 de la Ley de Armas del

2000, 25 LPRA secs. 455 et. sec y del Art. 93(D) del Código Penal de

Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

1
  Mediante Orden Administrativa OATA-2022-061 se designa al Hon. Ricardo G.
Marrero Guerrero en sustitución del Hon. Misael Ramos Torres.
2 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-140 se designa a la Hon. Karilyn M.

Díaz Rivera en sustitución del Hon. Roberto J. Sánchez Ramos.

Número Identificador
SEN2023________________
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                                    I

      Por hechos ocurridos el 5 de mayo de 2019, el Ministerio

Público presentó tres (3) denuncias en contra del apelante, a saber:

un cargo por violación al Art. 99 (d); un cargo por violación al Art.

5.07 de la Ley de Armas; y un cargo por violación al Art. 5.15 de la

Ley de Armas. Por los mismos hechos se presentaron denuncias

contra el señor Santos Rivera, contra quien se determinó causa en

ausencia, pero no había sido arrestado al momento de celebrarse el

juicio contra el apelante.

      Celebrada    la   vista   preliminar,   el   Tribunal   hizo   una

determinación de causa probable para juicio en todos los cargos.

Oportunamente, el Ministerio Público presentó las acusaciones

correspondientes, casos BV12019G0333, BLA2O19GO1O3 al 0104.

En dichas acusaciones, se le imputó al apelante lo siguiente:

      Caso núm. BV12019G0333, Art. 93 (d) del Código
      Penal, supra
      El referido acusado STEVEN ANTHONY RODRIGUEZ
      MATIAS C/P TETA, allá en o para el día 5 DE MAYO DE
      2019 en Aibonito, Puerto Rico, que forma parte de la
      jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Aibonito, ilegal, voluntaria, criminal , intencionalmente
      [sic], a propósito o con conocimiento dio muerte a
      JORGE JUAN ROLON ALVARADO, al disparar un arma
      de fuego en Calle Baldorioty Intersección con la Calle
      Ramón Flores, en el pueblo de Aibonito, perteneciente
      al Gobierno de Puerto Rico, siendo la misma, un lugar
      público o abierto al público, con claro menosprecio de
      la seguridad pública. CERTIFICACION DE MUERTE
      PAT-1760-19.

      Caso núm. BLA2O19GO1O3, Art. 5.07 de la derogada
      Ley Núm. 404-2000. Supra
      El referido acusado STEVEN ANTHONY RODRIGUEZ
      MATIAS C/P TETA, allá en o para el día 5 DE MAYO DE
      2019 en Aibonito, Puerto Rico, que forma parte de la
      jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Aibonito, ilegal, voluntaria, criminalmente, portó,
      poseyó y/o usó sin autorización de esta Ley un arma
      larga semiautomática COLOR NEGRA, LARGA, un rifle,
      así como cualquier modificación de éstas o cualquiera
      otra arma que pueda ser disparada automáticamente, o
      escopeta de cañón cortado a menos de dieciocho (18)
      pulgadas, la cual es capaz de causar grave daño
      corporal. Utilizando dicha arma color negra larga, en la
      comisión del delito de Infracción Artículo 93, Código
      Penal e Infracción Artículo 5.15, Ley de Armas en contra
      de JORGE JUAN ROLON ALVARADO.
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      Caso núm. BLA2O19GO1O4, Art. 5.15 de la derogada
      Ley Núm. 404-2000, supra
      El referido acusado STEVEN ANTHONY RODRIGUEZ
      MATIAS C/P TETA, allá en o para el día 5 DE MAYO DE
      2019 en Aibonito, Puerto Rico, que forma parte de la
      jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Aibonito, ilegal, voluntaria, criminalmente disparó un
      arma de fuego, COLOR NEGRA, LARGA, en un sitio
      público o en cualquier otro sitio donde hubo alguna
      persona que pudo sufrir o sufrió daño. Consistente
      dichas acciones en que el acusado le disparó a la
      persona de JORGE JUAN ROLON ALVARADO,
      ocasionándole la muerte.

      Una vez culminado el proceso de desinsaculación de jurado, el

desfile de prueba del Juicio en su Fondo se llevó a cabo los días 30

de agosto, 3, 8, 15, 22, 27 y 29 de septiembre de 2021. Luego de

escuchados los testimonios de los testigos y evaluada la totalidad de

la prueba que tuvo ante sí, el 29 de septiembre de 2021, el Jurado

emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos imputados

al apelante. Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia aceptó

los veredictos y declaró al apelante culpable.

      Posteriormente, el 9 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la

Vista de Imposición de Sentencia. Mediante el dictamen, el Tribunal

de Primera Instancia sentenció al apelante de la siguiente forma: por

el Art. 93-D 1er Grado del Código Penal, supra, noventa y nueve (99)

años de cárcel, consecutiva con las penas impuestas en los casos

BLA2019G0103 y BLA2019G0104; por el Art. 5.15 de la Ley de

Armas, supra, un (1) año duplicada a dos (2) años de cárcel en virtud

del Art. 7.03 de la Ley de Armas, consecutiva con las penas

impuestas en los casos BLA2019G0103 y BVI2019G0033 y, por el

Art. 5.07 de la Ley de Armas, supra, dieciocho (18) años duplicada

a treinta y seis (36) años de cárcel en virtud del Art. 7.03 de la Ley

de Armas, consecutiva con las penas impuestas en los casos

BLA2019G0104 y BVI2019G0033.

      Inconforme con la Sentencia, el 27 de diciembre de 2021, el

apelante acudió a este Foro apelativo intermedio y señaló la

comisión de los siguientes errores:
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      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      permitir que el Ministerio Público no presentase la foto
      del testigo Robin Báez al panel de jurados número 4, y
      en cuanto a todos los paneles la foto del Sr. Jorge Luis
      Rolón, durante el proceso de selección de Jurado, esto
      a pesar de que la defensa levantó oportunamente su
      objeción en cuanto a la deficiencia del Ministerio
      Público, lo que violó el debido procedimiento de ley del
      acusado.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      permitir que el acusado fuera identificado por los
      testigos de fiscalía sin que a éste se le requiriese
      quitarse la mascarilla, contrario a como se hizo en el
      momento de selección de jurado, por lo que la
      identificación del acusado en el juicio fue defectuosa y
      violó el debido proceso de ley.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      aceptar un veredicto de culpabilidad que es contrario a
      la prueba presentada por el patólogo forense quien
      estableció que los impactos de bala recibidos por el
      occiso provinieron de alguien que le disparó desde la
      parte de atrás y no desde el frente del cuerpo donde se
      encontraba el acusado.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
      suprimir la confesión del acusado la cual fue producto
      del requerimiento del Fiscal Víctor Casiano Cosme en
      una celda del tribunal, luego de celebrada la vista de
      causa probable, momento en el cual el acusado no
      contaba con representación legal y no le hizo las
      advertencias que exige nuestro ordenamiento jurídico.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      permitir que se le mostrase al jurado en el proceso
      deliberativo, un video que había sido admitido
      condicionalmente como evidencia ilustrativa y
      demostrativa, sin que en dicho momento estuviese la
      testigo con la cual se presentó ese video.

      El 29 de marzo de 2023, El Pueblo de Puerto Rico acudió ante

nos mediante su Alegato. Con el beneficio de contar con las

comparecencias de las partes, procedemos a resolver el recurso que

nos ocupa.

                                 II

   A. La desinsaculación del jurado

      La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

dispone expresamente que “[e]n los procesos por delito grave el

acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado

imparcial compuesto por doce vecinos del distrito…” Art. II, Sec. 11,
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Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Por su parte, la Constitución de los

Estados Unidos de América codifica el derecho a juicio en jurado en

casos    criminales   en   su   Sexta   Enmienda:   “In   all   criminal

prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and

public trial, by an impartial jury of the State and district wherein

the crime shall have been committed[…].” Emda. VI, Const. EE.

UU., LPRA, Tomo 1.

        Asimismo, el derecho a un juicio por jurado en casos penales

se reconoció, mediante el proceso de incorporación selectiva, como

uno fundamental aplicable a los estados por medio de la

Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Duncan v. State of La.,

391 US 145, 149 (1968). Por esa razón, el proceso de seleccionar el

jurado conocido como desinsaculación, tiene unas exigencias

constitucionales. Esas exigencias se manifiestan en el requisito de

(1) representatividad del grupo de candidatos a jurados entre los

cuáles se van a seleccionar los jurados que juzgarán al acusado y

los suplentes, conocido como venire; (2) las recusaciones perentorias

y motivadas y (3) el requisito de que los jurados sean vecinos del

distrito donde se alega que se cometió el delito.

        En Pueblo v. Jiménez Hernández, 116 D.P.R. 632, 635 (1985),

nuestro Tribunal Supremo señaló que "[n]o hay duda de que el

procedimiento de desinsaculación del jurado es una de las etapas

más críticas e importantes de un juicio criminal por cuanto el mismo

es uno de los mecanismos mediante los cuales se pretende

garantizar que el jurado que intervendrá en el proceso como

juzgador supremo de los hechos será uno imparcial, capacitado y

libre de prejuicios." Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 151

(1968); Connors v. United States, 158 U.S. 408 (1985).

        Como es sabido, la desinsaculación del jurado está regulada

por las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 LPRA,

Ap. II. Estas reglas contienen una serie de salvaguardas para que
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tanto la Defensa como el Ministerio Público puedan seleccionar

como jurados personas que han de juzgar la causa de manera

imparcial. A los fines de seleccionar un jurado imparcial, tanto el

Juez que preside los procedimientos, como las partes deben indagar

durante el proceso de desinsaculación sobre si existe algún viso de

imparcialidad en los candidatos a jurados. Esto incluye cualquier

tipo de relación entre los candidatos con cualquiera de las partes o

testigos.

      No obstante, lo anterior, las Reglas de Procedimiento Criminal

no contienen una exigencia legal para que el Ministerio Público

presente en persona a todos los testigos de cargo como paso

indispensable para que comience el proceso. Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559 (2009). Lo anterior quiere decir que,

independientemente estén presentes o no los testigos de cargo al

momento de desinsaculación del jurado, el TPI tiene la obligación de

procurar que un acusado de delito tenga un juicio justo. A esos

efectos, nuestro más Alto Foro expresó lo siguiente:

        [e]n   nuestro    Ordenamiento      Jurídico,  existen
        mecanismos que permitirían evitar la selección de
        algún jurado indeseado por estar relacionado de
        alguna manera con un testigo, sin requerir la
        presencia de este último. Así, por ejemplo, el propio
        “procedimiento de desinsaculación”, (voir dire), le
        permite a las partes y al juez indagar con preguntas a
        los potenciales miembros del jurado, para así evitar la
        selección de un candidato a jurado que pueda tener su
        juicio obnubilado o denote visos de parcialidad.
        Véanse, Pueblo v. Hernández Delgado, 116 DPR 427
        (1990); Pueblo v. Jiménez Hernández, 116 DPR 632
        (1985)…Precisamente, esa es la razón de ser de la
        Regla 119 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,
        la cual autoriza tanto al magistrado que preside el
        proceso, y a los abogados de las partes para que
        formulen a los candidatos potenciales a jurados las
        preguntas que entiendan pertinentes a su capacidad
        para actuar. Pueblo v. Jiménez Hernández, supra,
        págs. 637-638. Por eso, un voir dire pormenorizado
        por parte del juez y los respectivos representantes
        legales de las partes, subsana la ausencia física de
        todos los testigos al momento de la selección del
        jurado.

        Además, hay otras salvaguardas para que el veredicto
        que emita el jurado sea imparcial. Las Reglas 126 y
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       127 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,
       proveen para que el tribunal discrecionalmente ordene
       que se llame a uno o más jurados suplentes. Estos se
       podrán utilizar en cualquier momento anterior al
       sometimiento final del caso al jurado, si uno de los
       jurados muriese, se enfermase o tuviese que ser
       relevado por causa suficiente. De igual manera, la
       Regla 144(d) de Procedimiento Criminal 34 LPRA Ap.
       II, dispone que el tribunal podrá ordenar la disolución
       del jurado antes del veredicto si se comete algún error
       de derecho o se incurre en alguna irregularidad
       durante el proceso que, a juicio del tribunal, le impida
       al jurado rendir un veredicto justo e imparcial. Como
       señala el Profesor Chiesa: “[e]sta regla constituye el
       vehículo estatutario para hacer valer el derecho del
       acusado a la terminación del juicio cuando la
       continuación es incompatible con el concepto de
       “jurado ‘imparcial’ componente esencial del derecho
       constitucional a juicio por jurado”. E.L. Chiesa, op. Cit,
       Vol. II, sec. 15.5 pag. 322. De esta forma, si el
       problema surge con un miembro del jurado en
       particular, no debe disolverse al jurado si hay jurados
       suplentes o si el acusado renuncia válidamente al
       jurado de doce miembros. Id.

       De lo anterior podemos razonar que, luego de que los
       jurados pasan el cedazo de la desinsaculación, si
       surge que alguno de ellos no puede ser completamente
       imparcial por estar o haber estado relacionado de
       alguna manera con algún testigo, dicho jurado puede
       sustituirse con un suplemente. De no poderse dar la
       sustitución por carencia de suplentes, entonces queda
       disponible la vía de la disolución del jurado como
       remedio final para preservarle al acusado su derecho
       a un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Rivera
       Santiago, supra, págs. 585-587.

      Nuestro más alto foro, reiteradamente ha reconocido dos (2)

métodos de seleccionar y juramentar al jurado, que son el método

corto y el largo. En el método corto se examina a cada candidato y

de no ser recusado por alguna de las partes, éste queda seleccionado

automáticamente para formar parte del jurado, sin poder ser

recusado posteriormente por las partes, aunque estos no hayan

agotado   sus   recusaciones.     Una     vez   concluida    la     ronda

de desinsaculación, se toma el juramento definitivo a los jurados.

      Mientras que en el método largo se examinan varias rondas

de jurado y una vez concluidas las recusaciones motivadas y

agotadas las recusaciones perentorias a las que se tiene derecho,

queda constituido de esa forma el jurado al que se le toma juramento
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definitivo. A diferencia del método corto, donde una vez el candidato

no es recusado por alguna de las partes éste automáticamente pasa

a formar parte del jurado, en el método largo las partes si pueden

recusar a un candidato examinado en alguna ronda anterior. Pueblo

v. Romero Rodríguez, 112 D.P.R. 437, 444-445 (1982); E.L.

Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, Sec. 30.5, págs. 394-395.

      Según lo ha expresado nuestro más alto foro, existe una

predilección por el método largo para la desinsaculación del jurado

sobre el método corto. Pueblo v. Morales Acosta, 66 D.P.R. 10, 15

(1946); Pueblo v. Torres Rivera, 48 D.P.R. 39, 46 (1935). Aunque el

tribunal de instancia tiene discreción para elegir el método a utilizar

para desinsacular al jurado. Pueblo v. Vázquez, 68 D.P.R. 67, 73

(1948); Pueblo v. Torres Rivera, supra, a la pág. 46. Lo importante es

que una vez se elige un método y se inicia el procedimiento

de desinsaculación bajo ese método, el tribunal deberá continuar

utilizando el método hasta concluir con la desinsaculación del

jurado. Pueblo v. Romero Rodríguez, supra, a la pág. 446.

      Una vez seleccionado el petit jury, esto es los jurados que

adjudicarán la causa, la función de éste es recibir la prueba y aplicar

a esa prueba el derecho que corresponda, según impartido en las

instrucciones al jurado que haga el juez que preside los

procedimientos. Finalmente, cabe señalar que el Tribunal Supremo

de Puerto Rico tuvo la oportunidad de definir la función del jurado

en nuestro ordenamiento jurídico en Pueblo v. Echevarría, 128 DPR

299, 337-338 (1991). A esos fines, expresó lo siguiente:

       “La opción de un juicio ante un panel de jurados
       implica conferir a éstos la administración de la justicia,
       esto es la determinación final sobre culpabilidad. El
       Jurado, compuesto por una muestra representativa de
       la comunidad del acusado tiene como encomienda
       evaluar la prueba, recibir instrucciones sobre el
       derecho aplicable, deliberar en secreto y rendir un
       veredicto final. De entender el Jurado que el acusado
       incurrió en responsabilidad criminal por los hechos
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       que se le imputan deberá determinar el delito
       específico o el grado del mismo, por el cual éste deberá
       responderle a la sociedad”.

   B. La identificación del acusado

      La identificación del acusado es una de las etapas más

esenciales o críticas en el procedimiento criminal, pues no puede

haber una convicción sin prueba que “conecte” o “señale” al

imputado de delito, como el responsable de los hechos delictivos. Es

decir, para que una persona acusada de la comisión de un crimen

pueda tener un juicio justo e imparcial, el Estado debe garantizarle

que su identificación como autor del delito imputado es confiable y

legítima, tal como lo exige el Artículo II, Sección 11, de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase a

Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 252 (1969), seguido en

Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302, 309 (1987). Incluso,

la falta de una identificación confiable constituye una violación al

debido proceso de ley del acusado. Pueblo v. Hernández González,

175 D.P.R. 274, 286 (2009).

      Como los mayores extravíos en la administración de la justicia

criminal lo ocasionan los errores en la identificación del acusado,

pues “evidencia de identificación es la evidencia de opinión por

excelencia”, el Tribunal Supremo adoptó la doctrina que ordena “la

supresión   de    toda   prueba   de   identificación   fruto     de   un

procedimiento tan viciado que, como cuestión de derecho, haga

constitucionalmente inadmisible la identificación por violar el

debido proceso de ley.” Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. en las

págs. 251-252 y 257. No obstante, la determinación de si se ha

violado este derecho depende de la totalidad de las circunstancias

que rodearon el procedimiento o método utilizado para la

identificación.

      En ese sentido, nuestro Alto Foro ha reiterado que el posible

efecto corruptor de un procedimiento innecesariamente sugestivo
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deberá sopesarse contra los siguientes factores: (a) la oportunidad

que tuvo el testigo de ver al criminal durante la comisión del delito;

(b) el grado de atención del testigo; (c) la precisión de la descripción

del perpetrador que haga el testigo; (d) el grado de certeza que

demuestre el testigo durante la rueda de detenidos y (e) el lapso de

tiempo que ha transcurrido entre el crimen y la identificación.

Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216, 224 (1989); Pueblo v.

Hernández González, 175 D.P.R. en la pág. 292.

       Por otro lado, la evaluación sobre el método utilizado para

identificar a un acusado es una cuestión estrictamente de derecho

que atañe a la admisibilidad de la prueba de identificación. Ahora

bien, una vez admitida por el tribunal, la confiabilidad de la prueba

de identificación, al igual que la credibilidad que merezca el

resto de la prueba del Estado, es un asunto que deberá dirimir

el Jurado. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R., en las págs. 183-

184.

   C. Apreciación de la Prueba

       El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, Art. II Const. ELA, LPRA, Tomo 1, garantiza a todo

acusado de delito el derecho fundamental a la presunción de

inocencia durante todo proceso criminal. Ese derecho constituye

uno de los imperativos del debido proceso de ley, según lo ha

reconocido nuestro más alto foro en múltiples ocasiones. Pueblo v.

Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011). Además, y de manera más

específica, la Regla 110 (F) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.

II, dispone que, en los casos criminales, la culpabilidad de la

persona debe ser establecida más allá de duda razonable. Es el

Ministerio Público quien tiene la obligación de presentar evidencia

para cumplir con la carga probatoria de establecer la culpabilidad

del acusado. Dicho de otra forma, el Ministerio Público tiene que

probar más allá de duda razonable todos los elementos del delito, la
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intención o negligencia criminal en su comisión y la conexión de la

persona acusada con los hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150

DPR 84, 99 (2000).

      No obstante, lo anterior, es necesario señalar que la duda

razonable no es una duda especulativa ni se extiende a cualquier

duda posible. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido como

duda razonable aquella duda fundada que surge como el raciocinio

de todos los elementos de juicio envueltos en un caso. Nuestro más

alto Foro ha expresado además que, para poder rebatir la

presunción de inocencia, el Ministerio Público deberá probar cada

uno de los elementos del delito imputado y producir certeza o

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un

ánimo no prevenido. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985),

Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3 (1984); Pueblo v. Irizarry, 156

DPR 780 (2002).

      Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico es norma

reiterada que, al enfrentarnos a la tarea de revisar la suficiencia de

la prueba en convicciones criminales, nuestra función revisora está

enmarcada dentro de unas consideraciones que nos limitan. Como

es sabido, al momento de revisar las determinaciones que realizan

los juzgadores de primera instancia, ya sea Juez o Jurado, debemos

otorgarle una gran deferencia en cuanto a la prueba testifical

presentada ante ellos. La regla general es que el tribunal revisor no

debe intervenir con la adjudicación de credibilidad de los testigos ni

sustituir   las   determinaciones   de   hechos    basadas    en   las

apreciaciones de esa prueba. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834

(2018). Además, el veredicto del jurado, como la sentencia del juez,

es un acto investido con la alta dignidad de la magistratura en la

función juzgadora de la conducta de los hombres, y no es para

echarse a un lado con liviandad e indiferencia. Pueblo v. Figueroa

Rosa, 112 DPR 154 (1992).
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      La norma expuesta descansa en el hecho de que los foros de

instancia están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada,

pues tienen la oportunidad de observar y escuchar a los testigos y,

por ello, su apreciación merece gran respeto y deferencia. Pueblo v.

Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591

(1995).

      Claro está, a pesar de que la determinación de culpabilidad

hecha por el juzgador de los hechos merece gran deferencia, ésta

podrá ser revocada en apelación si se demuestra que hubo pasión,

prejuicio o parcialidad y/o si se incurre en error manifiesto debido

a que la prueba no concuerda con la realidad fáctica o es increíble o

imposible. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991); Pueblo v.

Acevedo Estrada, supra, pág. 99. Así, pues, a menos que existan

los elementos antes mencionados o que la apreciación de la prueba

se distancie de la realidad fáctica o ésta sea inherentemente

imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá abstenerse de

intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el juzgador de

los hechos. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra.

      En el caso Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782

(2013), el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de

definir lo que es pasión, prejuicio o parcialidad y error manifiesto. A

esos efectos, expresó que se incurre en pasión, prejuicio o

parcialidad cuando se actúa “movido por inclinaciones personales

de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento,

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se

someta prueba alguna.” Por su parte, las determinaciones del foro

revisado son un error manifiesto si de un análisis de la totalidad de

la evidencia, el foro revisor queda convencido de que se cometió un

error porque las conclusiones están en conflicto con el balance más

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida
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debido a que se distancian de la realidad fáctica o es inherentemente

imposible o increíble. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág.

772.

       Finalmente, en cuanto a la cantidad de prueba requerida para

sostener una convicción, es necesario acudir a la Regla 110 de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Conforme al inciso (D) de la referida

Regla “la evidencia directa de una persona testigo que merezca

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que

otra cosa se disponga por ley.” Es por ello por lo que el testimonio

de un sólo testigo, de ser creído por el juzgador de los hechos, es

suficiente para sustentar una convicción ya que no se trata de un

análisis de cantidad.

   D. Derecho a la no autoincriminación

       El derecho a la no autoincriminación surge, en primer lugar,

de la Enmienda Quinta de la Constitución de los Estados Unidos de

América, la cual establece que “[n]inguna persona (…) será

compelid[a] en ningún caso criminal a declarar contra sí mismo

(…)” De igual forma, nuestra Constitución reconoce el derecho a la

no autoincriminación.

       La Sección 11 del Artículo II de nuestra Constitución dispone

que “[n]adie será obligado a incriminarse mediante su propio

testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni

comentarse en su contra.” Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A.,

Tomo I. Dicha protección constitucional pretende evitar que las

personas sean sometidas al conflicto de decidir si mienten o se

incriminan o si declaran o no, a la vez que promueve que el Estado

lleve a cabo sus investigaciones criminales civilizadamente. Pueblo

v. Sustache Torres, 168 D.P.R. 350, 354 (2006). Este derecho ha sido

reconocido como uno de los más trascendentales y fundamentales

del derecho penal practicado en un sistema democrático de
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gobierno. Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551, 556

(1989).

      Esta protección constitucional, complementada por la

extensa doctrina jurisprudencial desarrollada a partir de Miranda v.

Arizona, 384 U.S. 435 (1966), ampara a una persona desde el

momento en que una investigación policial de los hechos delictivos

se centra en ella como sospechosa, se encuentra efectivamente

detenida y bajo la custodia del estado y expuesta a ser interrogada

por agentes del Estado. A partir de ese momento, y sólo si concurren

esas circunstancias, es indispensable que se le advierta a la persona

a quien el Estado pretende interrogar, de su derecho a permanecer

callada, de que cualquier declaración que haga podrá y será

utilizada como evidencia en su contra, y su derecho a ser asistido

por un abogado de su elección, o en su defecto, uno asignado por el

Estado. Pueblo v. Millán Pacheco, 182 D.P.R. 595, 610 (2011), Pueblo

v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515 (1987).

      En Pueblo v. Millán Pacheco, supra, el Alto Foro reiteró que la

razón de la decisión de Miranda v. Arizona, supra, fue reducir al

mínimo el riesgo de que se produzcan confesiones bajo coerción.

Para lograr este objetivo, el Tribunal Supremo Federal concluyó que

era necesario que el sospechoso y/o acusado estuviera informado

de manera adecuada y efectiva de sus derechos. Íd, a la pág. 610.

Para determinar si las advertencias Miranda se le hicieron a la

persona acusada o sospechosa eficazmente es necesario tomar en

consideración “la totalidad de las circunstancias” que rodean la

confesión. Pueblo v. Viruet Camacho,         173   D.P.R.   563,   574

(2008). Entre las circunstancias que se deben evaluar se encuentra

el periodo de tiempo que el sospechoso o el acusado estuvo bajo

custodia policiaca antes de prestar la confesión, la conducta

policiaca mientras estuvo bajo custodia y si el sospechoso o acusado

estuvo asistido por un abogado al hacer su confesión. Íd. Igualmente
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el tribunal tomará en consideración si la renuncia al derecho a la no

autoincriminación fue una voluntaria. Así, una renuncia al derecho

a la no autoincriminación es voluntaria cuando se realiza sin la

mediación de coacción o violencia por parte de los funcionarios del

Estado en el procedimiento que culmina en la toma de la

confesión. Pueblo en interés menor J.A.B.C., supra, a la pág. 561.

       Para que la confesión efectuada sea admisible en evidencia,

le corresponde al Estado probar que fue hecha de manera libre y

voluntaria mediante una renuncia válida e informada de los

derechos constitucionales. Pueblo v. Viruet Camacho, supra, a la

pág.575, Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791, 802 (1988). Ello

quiere decir, que es el Estado quien tiene que demostrar que la

renuncia al derecho a la no autoincriminación fue una voluntaria,

inteligente y consciente. Pueblo v. Pellot Pérez, supra. Para probar lo

anterior es necesario que se presente prueba detallada sobre las

advertencias específicas que se le hicieron al sospechoso o al

acusado sobre las condiciones imperantes en el momento en que se

llevó a cabo la confesión o la admisión. Pueblo v. Medina Hernández,

158 D.P.R. 489, 509 (2003). Si el Estado no logra satisfacer la carga

probatoria, entonces procede la supresión de cualquier declaración

incriminatoria hecha por el acusado, evitando así una violación al

derecho constitucional a la no autoincriminación que cobija a todo

ciudadano. Pueblo v. Millán Pacheco, supra, a la pág. 612.

   E. La autenticación y admisión de la evidencia

      En el ámbito del derecho probatorio, nuestro ordenamiento

jurídico establece que, para que sea admisible la evidencia

presentada, además de pertinente, debe ser autenticada. Así, para

que una evidencia sea admitida, la parte proponente viene obligada

a efectuar su autenticación. Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 DPR 484

(1986). La Regla 901 de Evidencia, supra, R.901, contiene una
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lista, no taxativa, de métodos para autenticar la evidencia, “por lo

que la autenticación no tiene que realizarse mediante un método

específico”. Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 813

(2020).

        A estos efectos, la Regla 901 (A) de Evidencia, supra, R. 901

(A), dispone que “[e]l requisito de autenticación o identificación como

una condición previa a la admisibilidad se satisface con la

presentación      de      evidencia   suficiente     para        sostener   una

determinación de que la materia en cuestión es lo que la persona

proponente sostiene”. Autenticar una pieza de evidencia es probar

que la misma es lo que su proponente alega que es. Rosado Reyes

v.   Global    Healthcare, supra,     pág.    812; Pueblo        v.   Echevarría

Rodríguez I, supra. Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit., pág.

345.

     F. Evidencia ilustrativa

        La    evidencia    demostrativa      ilustrativa    es    aquella   que

“únicamente es para enseñar, instruir, representar o hacer más

comprensible un testimonio u otra evidencia”. Pueblo v. Rivera

Nazario, 138 DPR 760, 774 (1995). Nuestro Foro Judicial Máximo

explicó que:

          "En el caso de la evidencia ilustrativa, cuyo fin es
          ilustrar o clarificar un testimonio, como por ejemplo un
          croquis, un chart, una fotografía, lo único que el
          proponente debe establecer es que tal evidencia es de
          ayuda al juzgador para entender otra evidencia,
          particularmente el testimonio de un testigo. En estos
          casos el origen de la evidencia ilustrativa tiene poca o
          ninguna importancia. [...] Lo único importante es que el
          tribunal entienda que la evidencia ilustrativa hace
          más comprensible la otra evidencia." Íd.; Chiesa,
          P.P.R., Evidencia, pág. 514, escolio 44.

        Una fotografía es “una reproducción fiel y exacta de la

persona, sitio o cosa”. In Re Colton Fontan, 128 DPR 1, 95 (1991);

Pueblo v. Márquez, 67 DPR 326, 335 (1947). Su valor intrínseco se

halla en “su capacidad de perpetuar, de manera objetiva, múltiples

detalles”. Esto es, “[p]or su naturaleza tangible, las fotografías
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describen mejor que las palabras” y, contrario a lo que ocurre con el

testimonio oral de un testigo, “no descansan en una ‘memoria pobre

o falible’”. In Re Colton Fontan, supra. El valor probatorio de las

fotografías se encuentra cuando se presentan, entre otros fines, para

“ilustrar los hechos esenciales sobre los cuales han declarado los

testigos". Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 894 (1996); Pueblo

v. López Rodríguez, 118 DPR 515, 543 (1987). Tanto las fotografías

como el video perpetúan hechos con una certeza, eficiencia y

confiabilidad que excede la capacidad normal humana. Pueblo v.

Luzón, 113 DPR 315, 326 (1982).

      La autenticación de la evidencia va a depender de si es

evidencia real o evidencia ilustrativa. En los casos de evidencia real,

el procedimiento de autenticación será diferente al proceso de

autenticación de evidencia ilustrativa. “Hay mucho más rigor en la

evidencia real,   pues      hay     que    satisfacer   [el     requisito

de] mismidad [establecido     en]     la   Regla    901(A).”      Chiesa

Aponte, Reglas    de   Evidencia    Comentadas,     Ediciones     SITUM

2016, pág. 394.

      Igualmente, Emmanuelli nos explica que:

       [c]uando se trata de evidencia real, la autenticación es
       crítica, ya que generalmente es indispensable para
       establecer           los            hechos            en
       controversia. Para autenticar este tipo de evidencia
       debe recurrirse principalmente a la Regla 901. Es
       necesario establecer que dicha evidencia es
       justamente lo que el proponente sostiene. Ahora
       bien, cuando se trata de evidencia ilustrativa, lo que
       se debe establecer para autenticarla es que servirá de
       ayuda, explicación o ilustración al juzgador de hechos
       al evaluar la prueba o los testimonios. En este
       sentido, cuando se trata de autenticar una fotografía
       a los fines de mostrar la condición en que quedaron los
       vehículos luego de una colisión, lo que debe establecer
       el proponente es que la fotografía refleja fiel y
       razonablemente la condición en que quedaron los
       vehículos luego de la colisión. No es necesario
       establecer quién tomó la fotografía, que tipo de
       máquina fotográfica utilizó, etc. Solamente se requiere
       establecer que la fotografía es útil para hacer la
       determinación sobre la ocurrencia y circunstancias del
       accidente. Lo dicho en cuanto a la fotografía también
       es aplicable a los videos o películas. Emmanuelli
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       Jiménez, Prontuario     de    Derecho      Probatorio
       Puertorriqueño, Ed. SITUM, 2016, pág. 611.

      Por su parte, en la autenticación de la evidencia real se

requiere una rigurosidad mayor, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha establecido que “no todo tipo de evidencia real demostrativa

requiere que se establezca su autenticidad por medio de una

“cadena de custodia” como condición previa a su admisibilidad.

Cuando se ofrecen en evidencia objetos que son fácilmente

identificables, ya sea porque poseen unas características distintivas

o porque tienen un número o marca particular, no es imprescindible

establecer   la   cadena   de     custodia   para   su   admisión   en

evidencia”. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 349

(1991); Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 699 (1989).

                                   III

      En el primer señalamiento de error, el apelante alega que erró

el Tribunal de Primera Instancia porque no se le presentó la foto del

testigo Robin Báez al panel de jurado número 4. Añade, que tampoco

se le presentó la foto del testigo Jorge Luis Rolón a ningún panel de

jurados. Indica, que el no haber presentado las referidas fotografías,

violó su debido proceso de ley.

      Según señalamos anteriormente, la función de un jurado es

recibir la prueba y aplicar a esa prueba el derecho que corresponda.

Por su parte, la finalidad del proceso de desinsaculación del jurado

es que las partes seleccionen los candidatos idóneos que, a su juicio

entiendan, han de juzgar la causa de manera imparcial.

      En el presente caso, como parte de la desinsaculación del

jurado, hubo varios testigos de cargo que fueron presentados ante

el jurado. Algunos de los testigos de cargo fueron presentados de

manera presencial y otros mediante fotografía. Sin embargo, los

testigos Robin Báez y Jorge Luis Rolón no fueron presentados a los

candidatos, ni presencial, ni mediante fotografía, a todos los
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candidatos         durante         el     proceso       de    desinsaculación.

Específicamente, el testigo Robin Báez no fue presentado al Panel 4

de candidatos durante el proceso de desinsaculación y el testigo

Jorge Luis Rolón no fue presentado a ninguno de los paneles de

candidatos a jurados durante dicho proceso.

         No obstante, durante dicho proceso, tanto el juez como la

defensa y el Ministerio Público realizaron preguntas para depurar

los candidatos a jurado. En ese momento tuvieron la oportunidad

de hacer las preguntas que entendieron necesarias para identificar

algún viso de parcialidad en los candidatos a jurado. En efecto, a

pesar de que el testigo Robin Báez no fue presentado ante el Panel

4 durante la desinsaculación, el juez que presidió los procedimientos

preguntó si alguien conocía al testigo. Incluso, dos de los candidatos

contestaron que lo conocían y fueron recusados por las partes3.

         Es preciso señalar, que no surge del expediente ante nuestra

consideración         cuántos      de   los   jurados    escogidos   finalmente

pertenecían al panel 4. Tampoco surge que cuando el testigo Robin

Báez se sentó a declarar, algún jurado haya manifestado conocerlo.

Finalmente, la defensa no nos puso en condición de concluir que el

apelante sufrió algún perjuicio como consecuencia de que no se

presentara       la   fotografía    del    testigo en    el   momento de     la

desinsaculación. Por lo tanto, el apelante no nos puso en condición

de concluir que no fue juzgado por un jurado imparcial. El primer

error no fue cometido.

         Como segundo error, el apelante señala que la identificación

del acusado en el juicio fue defectuosa debido a que no se le requirió

quitarse la mascarilla al momento de ser identificado por los testigos

de cargo.      No obstante, del expediente de autos no surge que el

apelante haya objetado su identificación con mascarilla en sala por

3
    Véase TPO, págs. 663-673.
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parte de los testigos de cargos. Por el contrario, es un señalamiento

que se trae por primera vez en el escrito de apelación presentado

ante este foro revisor. Como es sabido, los foros revisores no

resolverán ninguna cuestión que no haya sido oportunamente

planteada y resuelta previamente por el tribunal cuta sentencia se

apela. Véase Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). Ante ello,

este Tribunal de Apelaciones está impedido de atender el segundo

señalamiento de error, pues no fue un asunto planteado y resuelto

por el Tribunal de Primera Instancia.

      Señala también el apelante, que el Tribunal de Primera

Instancia erró al aceptar un veredicto de culpabilidad que es

contrario a la prueba presentada por el patólogo forense. Añade que

el patólogo forense estableció que las heridas de bala recibidas por

el occiso provinieron de alguien que le disparó desde la parte de

atrás y no desde el frente del cuerpo donde se encontraba el

acusado.

      En síntesis, el apelante señala que el veredicto del jurado

ignora el hecho de que existe una incongruencia entre el testimonio

de los testigos que ubican al acusado frente al occiso y el testimonio

pericial del Patólogo Forense. Conforme argumenta el apelante, en

la discusión de su tercer señalamiento de error, las conclusiones del

patólogo forense deben examinarse en conjunto con el testimonio de

los testigos de cargo. Veamos.

       De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, este

Tribunal   debe    examinar       si   hubo   algún      prejuicio,   pasión,

imparcialidad o error manifiesto por parte del jurado al aquilatar la

prueba desfilada.        Concluimos que no. Los testimonios de los

testigos   de   cargo,    según    creídos    por   el    jurado,     no   son

necesariamente incompatibles entre sí. En el presente caso, las

conclusiones no están en conflicto con el balance más racional,

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida y creída
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por el jurado, ni se distancian de la realidad fáctica o es

inherentemente imposible o increíble. Tampoco se nos ha puesto en

condición de concluir que el jurado actuó con pasión, prejuicio o

parcialidad al momento de aquilatar la prueba. En consecuencia,

concluimos que el tercer señalamiento de error no fue cometido.

          De otra parte, en el cuarto señalamiento de error, señala el

apelante que erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no

suprimir la confesión del acusado. Sostiene el apelante, que ésta

fue producto del requerimiento del Fiscal Víctor Casiano Cosme en

una celda del tribunal, luego de celebrada la vista de causa probable

cuando el apelante no tenía representación legal. No le asiste la

razón.

          En primer lugar, debemos señalar que, si bien es cierto que el

Fiscal Víctor Casiano Cosme se dirigió al apelante cuando éste

estaba en la celda del tribunal, sin abogado y luego de haberse

determinado causa para arresto, también es cierto que en ese

momento no se produjo confesión alguna por parte del apelante.

Incluso, de la prueba desfilada y creída por el jurado surge que en

ese momento el fiscal le pide que no hable4.

          Se desprende del expediente ante nuestra consideración, que

la confesión del apelante se dio en la Fiscalía de Aibonito luego de

una renuncia libre y voluntaria a su derecho a la no auto

incriminación5. El cuarto señalamiento de error, tampoco fue

cometido.

          Por último, el apelante señala que erró el Tribunal de Primera

Instancia al mostrarle al jurado en el proceso deliberativo, un video

que había sido admitido como evidencia, sin que en ese momento

estuviera presente la testigo con la que se presentó el video.

4
    Véase TPO, pág. 11.
5
    Véase TPP, pág. 14, 16, 21-23.
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      El proceso de autenticación de evidencia es un requisito previo

a la admisibilidad de toda evidencia. La rigurosidad de la

autenticación dependerá del propósito con el que se ofrece

determinada prueba. En el presente caso, el video en cuestión se

ofreció y admitió, luego de autenticado, como evidencia ilustrativa

del testimonio de la señora Sandra Vega Martínez. Una vez admitido

el video, nada impedía que pudiera ser reevaluado por el Jurado en

el proceso de deliberación. El quinto error no fue cometido.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte del presente dictamen, se confirma la sentencia apelada.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones