Court Opinion

ID: 9941513
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:24.037039+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.146182
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

 CARLOS SUÁREZ GARCÍA,                               Certiorari
NORMA BENÍTEZ SANTIAGO Y                             procedente del
  LA SOCIEDAD LEGAL DE                               Tribunal de Primera
 GANANCIALES COMPUESTA                               Instancia, Sala
        POR AMBOS                                    Superior de Bayamón
                               KLCE202301244
        Recurridos
                                                     Caso Núm.
             v.                                      TA2022CV00066

     HOGAR POSADA LA
     VICTORIA, INC.; AIG                             Sobre:
   INSURANCE COMPANY                                 Daños y Perjuicios
 PUERTO RICO; UNIVERSAL
INSURANCE COMPANY; JOHN
  DOE, FULANO DE TAL; B
  INSURANCE COMPANY; C
    INSURANCE COMPANY

       Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                             S EN T EN C I A

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

                                      -I-

       Comparece AIG Insurance Company (AIG o la peticionaria) y

solicita que revoquemos una Resolución emitida el 23 de marzo de

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (TPI).1 Mediante esta, el TPI declaró No Ha Lugar a la

Solicitud de sentencia sumaria que presentó AIG para desestimar la

Demanda que incoaron el señor Carlos Suárez García; la señora

Norma Benítez Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (los esposos Suárez-Benítez o los recurridos)

en su contra.2

1  Apéndice de la Petición de certiorari, Anejo XVI, págs. 229-239. Archivada y
notificada en autos el 24 de marzo de 2023. El 10 de abril de 2023, AIG presentó
una moción de reconsideración, la cual el TPI se pronunció No Ha Lugar mediante
una Resolución emitida el 11 de octubre de 2023, archivada y notificada el 13 de
octubre de 2023.
2 Íd., Anejo X, págs. 135-141.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202301244                                                       2

        Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y por

los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el

auto de certiorari y revocamos la determinación recurrida.

                                 -II-

        La controversia ante nuestra consideración dimanó el 25 de

enero de 2022, cuando los esposos Suárez-Benítez instaron una

Demanda sobre daños y perjuicios contra Hogar Posada La Victoria,

Inc. (Hogar); Eastern American Insurance Agency, Inc. (Eastern

American); John Doe; Fulano de Tal; A Insurance Company; B

Insurance Company; C Insurance Company.3 Arguyeron que su

hija, la señora Clarixa Suárez Benítez (la señora Suárez Benítez),

presentaba problemas de uso y adicción a sustancias controladas,

por lo que el 26 de enero de 2021 ingresó voluntariamente a un

centro de rehabilitación y cuidado de personas con problemas de

adicción a sustancias controladas en Toa Alta, operado por el Hogar.

Manifestaron que, al próximo día, se les notificó que su hija se había

evadido de las instalaciones del Hogar. Sostuvieron que el 30 de

enero de 2021, se encontró muerta a su hija por una presunta

sobredosis de drogas. Esgrimieron que el Hogar se comprometió a

brindar vigilancia y seguridad a su hija y que su muerte fue

producto de la negligencia del Hogar al no brindar vigilancia,

cuidado, ni el tratamiento adecuado para evitar su evasión y su

alegada recaída en el uso de sustancias controladas. Por ello,

solicitaron ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) por concepto

de daños, sufrimientos y angustias mentales.

        Luego de varios trámites procesales, el 31 de julio de 2022,

los esposos Suárez-Benítez peticionaron que se les permitiera

enmendar la Demanda para incluir como parte demandada a las

compañías aseguradoras que expidieron pólizas de seguro a favor

3 Íd., Anejo I, págs. 1-3.
KLCE202301244                                                            3

del hogar, siendo estas: AIG y Universal Insurance Company

(Universal).4 El TPI declaró dicho petitorio Ha Lugar mediante Orden

emitida el 22 de agosto de 2022.5

        Así las cosas, el 21 de octubre de 2022, Universal presentó

una Moción de sentencia sumaria en la que solicitó que se

desestimara la acción en su contra.6 Planteó que los hechos que

provocaron la presentación de la Demanda se produjeron por las

omisiones del Hogar en brindar sus servicios profesionales de

cuidado, vigilancia y tratamiento a la señora Suárez Benítez y que

la póliza de responsabilidad general comercial que emitieron no

proveía cubierta por los servicios profesionales que produjeron los

daños reclamados. Universal se amparó en las siguientes cláusulas

de exclusión por servicios profesionales:

        This insurance does not apply to “bodily injury”, “property
        damage”, or “personal and advertising injury” due to the
        rendering of or failure to render any professional service.

        This exclusion applies even if the claims against any insured
        allege negligence or other wrongdoing in the supervision,
        hiring, employment, training or monitoring of others by that
        insured, if the “occurrence” which caused the “bodily injury”
        or “property damage”, or the offense which caused the
        “personal and advertising injury”, involved the rendering of
        or failure to render any professional service.7

        Adicionalmente, enfatizó que estaban excluidos de cubierta

los siguientes servicios rendidos o su falta de rendirlos por

proveedores de salud:

        With respect to any operation shown in the Schedule, this
        insurance does not apply to “bodily injury”, “property
        damage”, or “personal and advertising injury” arising out of:

        1. The rendering or failure to render:

        a. Medical, surgical, dental, X-ray or nursing service,
        treatment, advice or instruction, or the related furnishing of
        food or beverages;

        b. Any health or therapeutic service, treatment, advice or
        instruction; or

4 Íd., Anejo VI, pág. 12.
5 Íd., Anejo VII, pág. 20.
6 Íd., Anejo IX, págs. 24-134.
7 Íd., pág. 81.
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        c. Any service treatment, advice or instruction for the
        purpose of appearance or skin enhancement, hair removal or
        replacement or personal grooming;

        2. The furnishing or dispensing of drugs or medical, dental
        or surgical supplies or appliances; or

        3. The handling or treatment of dead bodies, including
        autopsies, organ donation or other procedures.

        This exclusion applies even if the claims against any insured
        allege negligence or other wrongdoing in the supervision,
        hiring, employment, training or monitoring of others by that
        insured, if the “occurrence” which caused the “bodily injury”
        or “property damage”, or the offense which caused the
        “personal and advertising injury” involved that which is
        described in Paragraph 1., 2. or 3.8

        Asimismo, sustentó la desestimación a su favor con la

siguiente cláusula de exclusión por lesiones de pacientes:

        This insurance does not apply to “bodily injury” or
        “advertising injury” sustained by any person while:

        1. Your patient; or

        2. At premises shown in the Schedule (including while
        entering or leaving these premises) for the purpose of
        receiving health care or service.9

        Por otro lado, el 28 de octubre de 2022, AIG radicó una

Solicitud de sentencia sumaria a fin de que también se desestimara

la acción en su contra.10 Arguyó que la Demanda se promovió por

las alegadas actuaciones del Hogar y que la póliza Directors &

officers not for profit: Not-for-profit individual and organization

insurance policy including employment practices liability insurance

que expidieron a favor del Hogar excluía de cubierta los daños

reclamados. Argumentó la desestimación a su favor, en virtud de la

siguiente cláusula de exclusión de errores generales y omisiones en

servicios profesionales:

        In consideration of the premium charged, it is hereby
        understood and agreed that the Insurer shall not be liable to
        make any payment for Loss in connection with any Claim or
        Claims made against the Insured alleging, arising out of,
        based upon, or attributable to the Organization’s or an
        Insured’s performance of or failure to perform professional
        services, or any act, error, or omission relating thereto.11

8 Íd., pág. 93.
9 Íd., pág. 109.
10 Íd., Anejo X, págs. 135-200.
11 Íd., pág. 170.
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        Específicamente, AIG se apoyó en la siguiente cláusula de

exclusión:

        The Insurer shall not be liable to make any payment for Loss
        in connection with Claim made against an Insured:

        ...

        h) for bodily injury, sickness, disease, or death of any person,
        or damage to or destruction of any tangible property,
        including the loss of use thereof thereto . . . 12

        En oposición a la sentencia sumaria solicitada por AIG, el 21

de noviembre de 2022, los esposos Suárez-Benítez expresaron que

estaba en controversia la interpretación del texto de las cláusulas

de exclusión contenidas en la póliza expedida por la peticionaria a

favor del Hogar.13 Precisaron que la póliza era ambigua en cuanto a

si excluía de cubierta los daños sufridos por la señora Suárez

Benítez que se transmiten por herencia o los daños propios que

sufrieron los recurridos tras la muerte de su hija. Además, indicaron

que la póliza no especificaba si los daños excluidos eran los físicos

o emocionales. Razonaron que dichas ambigüedades se debían

interpretar a su favor y que el TPI debía apreciar prueba sobre la

interpretación que las partes le otorgaran a la referida póliza.

        El 23 de marzo de 2023, el foro primario emitió una Sentencia

sumaria parcial en la que declaró Ha Lugar a la solicitud de

sentencia sumaria presentada por Universal. El TPI incluyó como

determinación de hecho que el hogar no ejerció su deber de cuidado,

vigilancia, seguridad ni brindó el tratamiento adecuado a la señora

Suárez Benítez, por lo que los esposos Suárez-Benítez reclamaron

daños, sufrimientos y angustias mentales. El foro recurrido

concluyó que dichas acciones constituyeron servicios profesionales

de acuerdo con la póliza emitida por Universal, por lo que la

reclamación quedó excluida de cubierta. A saber:

        Es menester señalar que el Tribunal Supremo interpretó que
        el término servicios profesionales conlleva una vocación,

12 Íd., pág. 151.
13 Íd., Anejo XII, págs. 209-214.
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        llamado, ocupación o empleo que, a su vez, implica algún
        tipo de conocimiento, labor o destreza especializada. Viruet
        et al. v. SLG Casiano-Reyes, [194 DPR 271 (2015)]. En el
        caso específico de los servicios provistos en los centros
        de rehabilitación dedicados al cuidado y tratamiento de
        personas adictas a las drogas, dichos servicios conllevan
        conocimientos, atenciones y destrezas particulares, lo
        cual implica la prestación de servicios profesionales. Por
        lo anteriormente expuesto, concluimos que la póliza en
        cuestión contiene una exclusión de servicios, por lo que
        Universal no responde por los daños reclamados en la
        Demanda Enmendada, y por consiguiente, acogemos la
        Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, presentada por la
        compañía Aseguradora, Universal Insurance Company.14
        (Énfasis nuestro).

        En la misma fecha, el TPI declaró No Ha Lugar a la solicitud

de sentencia sumaria radicada por AIG.15 En esencia, el tribunal de

instancia apuntó que estaba en controversia si la póliza de seguro

emitida por AIG excluía los daños sufridos por los esposos Suárez-

Benítez o los daños sufridos por su hija. Además, el foro a quo

estableció que la póliza era ambigua respecto a si la exclusión de

lesión corporal incluía los daños emocionales sufridos por los

recurridos. Por esto, el TPI determinó que las dichas ambigüedades

ameritaban que las partes tuvieran su día en corte para dirimir las

controversias.

        Inconforme con la determinación del TPI, el 10 de abril de

2023, AIG solicitó reconsideración,16 la cual fue denegada por el TPI

por medio de una Resolución emitida el 11 de octubre de 2023.17

        Inconforme, el 9 de noviembre de 2023 AIG acudió a esta

Curia apelativa y nos señaló que el TPI cometió los siguientes

errores:

        PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO
        CONCEDER LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA
        PARCIAL SOLICITADA POR AIG CONFORME [CON] LAS
        EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO Y CUYOS
        HECHOS MATERIALES NO FUERON REFUTADOS POR LOS
        DEMANDANTES.

        SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI AL
        LLEVAR A CABO DETERMINACIONES DE HECHOS

14 Íd., pág. 227.
15 Íd., Anejo XVI, págs. 229-239. Archivada y notificada en autos el 24 de marzo

de 2023.
16 Íd., Anejo XVII, págs. 240-246.
17 Íd., Anejo XIX, págs. 253-260. Archivada y notificada en autos el 13 de octubre

de 2023.
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      MATERIALES, PERO DENEGANDO LA SOLICITUD DE
      SENTENCIA SUMARIA PARCIAL EN BASE DE TEORÍAS E
      INTERPRETACIONES ERRADAS DE LOS DEMANDANTES.

      En síntesis, subrayó que resultaba claro que la póliza excluía

de cubierta todo tipo de daño, sea físico o mental o cualquier otro,

que surjan de una lesión física o que esté relacionado con la muerte

de una persona. Estimó que extender la interpretación de las

cláusulas   resultaría   en   el   menoscabo   de   las   obligaciones

contractuales.

      El 8 de diciembre de 2023, los esposos Suárez-Benítez

presentaron un Memorando en oposición a que se expida el auto de

certiorari. En esencia, establecieron que no se debía expedir el

recurso dado que se requiere recibir prueba testifical para analizar

el motivo e interpretación en la contratación y las cláusulas

contractuales.

      En atención a los errores señalados, procedemos a exponer

las normas jurídicas atinentes a este recurso.

                                   -III-

                                   -A-

      El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica

se asienta en la sana discreción encomendada al tribunal revisor

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307 (2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del

TPI. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los

procesos civiles, la expedición de un auto de certiorari se encuentra

delimitada a las instancias y excepciones contenidas en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et

al., 202 DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que sólo se
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expedirá un recurso de certiorari cuando "se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla

56, injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo". 800 Ponce de León v. AIJ, supra. Por su parte,

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios

que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad

discrecional:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      De esta forma, de no estar presente algunos de estos criterios,

corresponde abstenernos de expedir el auto de certiorari.

                                  -B-

      La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos

materiales y esenciales. Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36; Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, (2017). Se

considera un hecho material esencial aquel que puede afectar el

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR

133 (2011). En ese sentido:
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      La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las
      alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y
      admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas
      si las hay, u otra evidencia, demuestran que no hay
      controversia real sustancial en cuanto a algún hecho
      esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, el
      tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte
      promovente. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra, R.
      36.3 (e).

      Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para

resolver la controversia y sólo resta aplicar el derecho. Burgos López

et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1 (2015); Mejías v. Carrasquillo,

185 DPR 288 (2012). En sentido contrario, un asunto no debe ser

resuelto por la vía sumaria cuando:

      (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos;
      (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han
      sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que
      acompañan la moción una controversia real sobre algún
      hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no
      procede. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares,
      supra.

      El inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil dispone

que la moción de la parte promovente deberá contener:

      (1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes;
      (2) los asuntos litigiosos o en controversia;
      (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual
      es solicitada la sentencia sumaria;
      (4) una relación concisa y organizada en párrafos
      enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes
      sobre los cuales no hay controversia sustancial, con
      indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones
      juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se
      establecen los mismos, así como de cualquier otro
      documento admisible en evidencia que se encuentre en el
      expediente del tribunal;
      (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,
      argumentando el derecho aplicable, y
      (6) el remedio que debe ser concedido.
      Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3(a).

      Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones

contenidas en sus alegaciones. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195

DPR 769 (2016). Es preciso que la parte promovida formule, con
KLCE202301244                                                          10

prueba adecuada en derecho, una posición sustentada con

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que refuten los

hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200 (2010). Por consiguiente, cualquier duda que plantee

sobre la existencia de hechos materiales en controversia no será

suficiente para derrotar la procedencia de la solicitud. Oriental Bank

v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014). Después de todo, la etapa

procesal para presentar prueba que controvierta los hechos

propuestos por una parte en su Moción de Sentencia Sumaria no es

en el juicio, sino al momento de presentar una Oposición a la Moción

de Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento

Civil. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).

      En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, supra,

R. 36.3 (b)(1). Le corresponde citar con especificidad cada uno de los

párrafos, según enumerados en la solicitud de sentencia sumaria,

que entiende se encuentran en controversia, al igual aquellos que

no. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Dicha

tarea deberá ser realizada de forma tan detallada y específica como

lo haya hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba

admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página

o sección pertinente. Id. Ahora bien, la inobservancia de las partes

con la normativa pautada tiene repercusiones diferentes para cada

una. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que:

      Por un lado, si quien promueve la moción incumple con los
      requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a
      considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora
      no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar
      Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede
      en derecho. Incluso, si la parte opositora se aparta de las
      directrices consignadas [en la regla] el tribunal podrá no
      tomar en consideración su intento de impugnación de los
      hechos ofrecidos por el promovente. Meléndez González et al.
      v. M. Cuebas, supra.
KLCE202301244                                                          11

      En ese mismo orden, la jurisprudencia ha establecido que el

deber de numeración no constituye un mero formalismo ni es un

simple requerimiento mecánico sin sentido. Este esquema le

confiere potestad a los tribunales para excluir aquellos hechos

propuestos que no hayan sido enumerados adecuadamente o que

no hayan sido debidamente correlacionados con la prueba. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

      Ahora, si el TPI considera que no procede dictar sentencia

sumaria en el caso que tiene ante sí, o que no procede conceder ese

remedio en su totalidad, es obligatorio que cumpla con lo expuesto

en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.4, que dispone:

      Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones
      de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del
      pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega
      la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que
      el tribunal resuelva la moción mediante una determinación
      de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no
      hay controversia sustancial y los hechos esenciales y
      pertinentes que están realmente y de buena fe
      controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños
      u otra reparación no está en controversia, ordenando los
      procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito,
      incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en
      controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán
      probados los hechos así especificados y se procederá de
      conformidad.

      A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta
      regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, si
      alguno.

                                   -C-

      Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha establecido que

la materia de seguros está investida de alto interés público debido a

que desempeña un trascendental rol en la protección de riesgos que

amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos. Serrano Picón

v. Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR __ (2023); RJ

Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706-707 (2017); Natal Cruz v.

Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575-576 (2013). De esta forma,

la industria de seguros está extensamente regulada por el Código de
KLCE202301244                                                         12

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq., y supletoriamente

por el Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5311 et seq.

      El contrato de seguro es definido como aquel “mediante el cual

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle

un beneficio específico o determinable al producirse un suceso

incierto previsto en el mismo”. 26 LPRA sec. 102. De producirse el

suceso incierto previsto en el contrato de seguro, su propósito radica

en proteger al asegurado mediante la transferencia del riesgo que

asumió la compañía aseguradora a cambio del pago de la prima. RJ

Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 707; Natal Cruz v. Santiago

Negrón et al., supra, pág. 576; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176

DPR 372, 384 (2009).

      Los términos acordados entre el asegurado y la aseguradora

están contenidos en la póliza. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et

al., 185 DPR 880 (2012). “La póliza es el instrumento escrito en que

se expresa un contrato de seguro”. 26 LPRA sec. 1114 (1). Las

cláusulas contenidas en la póliza constituyen la ley entre las partes.

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 897; SLG

Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 386. El Código de Seguros

dispone las normas hermenéuticas que los tribunales deben

atribuirles a los contratos de seguros. RJ Reynolds v. Vega Otero,

supra; Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 369 (2008). A

saber, “[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente,

a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se

expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o

modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y

que forme parte de ésta”. 26 LPRA sec. 1125. Los términos

esbozados en la póliza deben ser interpretados en su acepción

general, sin ceñirse demasiado al rigor gramatical. Rivera Matos et

al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1020 (2020); Echandi Otero v.

Stewart Title, supra, pág. 370; Marín v. American Int’ l. Ins. Co. of PR,
KLCE202301244                                                          13

137 DPR 356, 361 (1994). “Sin embargo, si de la póliza se desprende

un significado particular para determinado término, este se aplicará

a tenor con lo convenido por las partes”. SLG Francis-Acevedo v.

SIMED, supra, pág. 387. A tal efecto, los tribunales deben interpretar

los términos según su acepción general, como lo interpretaría una

persona de inteligencia promedio que pretenda adquirir la póliza.

Íd.; Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; Rivera Matos et al.

v. Triple-S et al., supra; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al.,

supra, pág. 898; Quiñones López v. Manzano Posas, 141 DPR 139,

155 (1996).

      Es norma trillada que un contrato de seguro es un contrato

de adhesión, debido a que la aseguradora es la parte que dicta los

términos y las condiciones expuestas en la póliza. SLG Francis-

Acevedo v. SIMED, supra, pág. 386; Maderas Tratadas v. Sun

Alliance et al., supra, pág. 899; En este sentido, toda ambigüedad se

debe interpretar en favor del asegurado, por vía de una

interpretación razonable. Serrano Picón v. Multinational Life Ins.,

supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 386; Echandi

Otero v. Stewart Title, supra. Ahora bien, cuando las cláusulas sean

claras y libres de ambigüedad, esta norma hermenéutica no aplicará

y el asegurado se ceñirá por los términos de la póliza. Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra. Los términos de un contrato

son claros cuando no dan lugar a duda, ambigüedad o divergencia

en interpretaciones. Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág.

1021; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 387.

      Además, se debe considerar si la póliza contiene cláusulas de

exclusión para cerner los riesgos cubiertos por la aseguradora. SLG

Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 388. Las cláusulas de

exclusión limitan la cubierta de protección y, como consecuencia,

disponen las circunstancias en las que la aseguradora no

responderá por determinados eventos, riesgos o peligros. Íd.;
KLCE202301244                                                       14

Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; Rivera Matos et al. v.

Triple-S et al., supra, pág. 1021; Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes,

194 DPR 271, 279 (2015); Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR

1, 11 (2010); Echandi Otero v. Stewart Title, supra. Por ello, las

cláusulas de exclusión deben interpretarse restrictivamente para

que la aseguradora cumpla su propósito de proveer protección al

asegurado. Íd.; Marín v. American Int’ l. Ins. Co. of PR, supra, pág.

362. Así, cualquier ambigüedad en una cláusula de exclusión debe

resolverse a favor del asegurado. Íd. Empero, cuando los términos,

las condiciones y las exclusiones contenidas en la póliza son

claras, deben interpretarse literalmente, a tenor con la voluntad

de las partes. Íd.; Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Quiñones

López v. Manzano Posas, supra, pág. 156. En tal eventualidad, la

aseguradora no está obligada a cubrir los riesgos expresamente

excluidos, aun cuando otras cláusulas de la póliza parezcan

inferir lo contrario. Marín v. American Int’ l. Ins. Co. of PR, supra;

Quiñones v. Manzano Posas, supra.

      A la luz de las normas jurídicas antes expuestas, procedemos

a resolver.

                                 -IV-

      La controversia ante nos gira en torno a la interpretación de

las cláusulas de exclusiones contenidas en la póliza Directors &

officers not for profit: Not-for-profit individual and organization

insurance policy including employment practices liability insurance

que AIG expidió a favor del Hogar. En este recurso, AIG le atribuyó

al TPI la comisión de dos (2) errores. En síntesis, esgrimió que, a

diferencia de lo resuelto por el TPI, se debía desestimar la demanda

en su contra, a tenor con las exclusiones incluidas en la póliza de

seguro que expidió.

      De un examen sosegado y meticuloso de las cláusulas de

exclusiones contenidas en la póliza expedida por AIG, resolvemos
KLCE202301244                                                       15

que el reclamo de los esposos Suárez-Benítez quedó excluido de

cubierta y, por consiguiente, se debía desestimar la demanda en

contra de AIG. Ello, pues tal y como se expusiera previamente en

este escrito, cuando los términos, las condiciones y las exclusiones

contenidas en una póliza son claras, estas deben interpretarse

literalmente, a tenor con la voluntad de las partes. En el caso de la

póliza que nos ocupa, expresamente se excluye de cubierta aquellas

reclamaciones hechas contra el asegurado por lesión corporal,

enfermedad, o muerte de alguna persona. (The Insurer shall not be

liable to make any payment for Loss in connection with Claim made

against an Insured: h) for bodily injury, sickness, disease, or death

of any person, or damage to or destruction of any tangible property,

including the loss of use thereof[…]). Ante este claro lenguaje, debió

aplicarse la norma vigente en cuanto a este tipo de contrato a los

efectos de que si no existe ambigüedad en el texto éste se

interpretará de forma literal. En consecuencia, tomando en cuenta

los hechos particulares del caso ante nuestra consideración y la

cláusula de exclusión antes transcrita, el Foro Primario debió

concluir que bajo ninguna circunstancia podría responsabilizarse a

la aseguradora, por lo que erró el TPI al denegar la solicitud de

sentencia sumaria presentada por AIG, puesto que procedía

desestimar la demanda en su contra. Véase, Serrano Picón v.

Multinational Life Insurance Company, supra.

      De esta forma, nos parece improcedente considerar si AIG

cubría los daños propios o heredados por los recurridos tras la

lamentable muerte de su hija. Reiteramos, la póliza contiene un

lenguaje claro a los efectos de que la aseguradora no responderá por

daños reclamados por lesión corporal, enfermedad, o muerte de

alguna persona.
KLCE202301244                                                      16

                                 -V-

      Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Resolución del 23 de marzo de 2023. En

consecuencia, se desestima la Demanda en contra de AIG.

      Devolvemos el caso al TPI para que se continúe con los

procedimientos de acuerdo con lo aquí resuelto.

      Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

      El Juez Pagán Ocasio disiente con opinión escrita.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL I

CARLOS SUÁREZ GARCÍA,                         Certiorari
NORMA BENÍTEZ SANTIAGO Y                      procedente del
LA SOCIEDAD LEGAL DE                          Tribunal de Primera
GANANCIALES COMPUESTA                         Instancia, Sala
POR AMBOS                                     Superior de Bayamón
                            KLCE202301244
       Recurridos
                                              Caso Núm.
            v.                                TA2022CV00066

HOGAR POSADA LA
VÍCTORIA, INC.; AIG                           Sobre:
INSURANCE COMPANY                             Daños y Perjuicios
PUERTO RICO; UNIVERSAL
INSURANCE COMPANY; JOHN
DOE, FULANO DE TAL; B
INSURANCE COMPANY; C
INSURANCE COMPANY

      Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

      VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PAGÁN OCASIO

      En San Juan, Puerto Rico, a     de enero de 2024.

                                     “Dissents speak to a future age.
                                     It’s not simply to say, ‘My
                                     colleagues are wrong and I
                                     would do it this way.’ But the
                                     greatest dissents do become
                                     court opinions and gradually
                                     over time their views become
                                     the dominant view. So that’s
                                     the dissenter’s hope: that they
                                     are writing not for today, but
                                     for tomorrow”. -Justice Ruth
                                     Bader Ginsburg.

      Respetuosamente disiento de la determinación adoptada por

la mayoría del Panel, por entender que existen controversias de

hechos sobre si la póliza en cuestión excluye las causas de acción

contenidas en la demanda. Considero que, la determinación de la

mayoría de desestimar, en etapa temprana del procedimiento la

reclamación en controversia, es contraria al debido proceso de ley

que asiste a todas las partes que comparecen a solicitar justicia. En

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202301244                                                        2

ese sentido, permitiría que el procedimiento continúe ante el foro

recurrido.

                                 I.

          El caso de marras tuvo su génesis el 25 de enero de 2022

cuando el matrimonio Suárez-Benítez incoó una Demanda sobre

daños y perjuicios contra Hogar Posada La Victoria, Inc. (Hogar);

Eastern American Insurance Agency, Inc. (Eastern American); John

Doe; Fulano de Tal; A Insurance Company; B Insurance Company;

C Insurance Company.1 En esta, argumentó que su hija, Clarixa

Suárez Benítez (Suárez Benítez), tenía problemas de uso y adicción

a sustancias controladas, incluyendo marihuana, cocaína y heroína.

Sostuvo que el 25 de enero de 2021, en el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Fajardo, se ordenó que la señora Suárez Benítez

ingresara voluntariamente a un centro de rehabilitación y cuidado

de personas con problemas de adicción a sustancias controladas,

ubicado en el Barrio Ortiz de Toa Alta, el cual era operado por el

Hogar. Alegó que existió un acuerdo de pago y un compromiso de

vigilancia y seguridad por parte del Hogar. Aseveró que el 26 de

enero de 2021, la señora Suárez Benítez ingresó voluntariamente al

centro de rehabilitación y, al siguiente día, el 27 de enero de 2021,

se le notificó que su hija se evadió de las instalaciones del Hogar.

Argumentó que el 30 de enero de 2021, se encontró sin vida a su

hija en el Barrio Villa Juventud de Toa Alta, por una alegada

sobredosis. Arguyó que la muerte de la señora Suárez Benítez se

debió a la negligencia del Hogar al no ejercer el deber de vigilancia y

cuidado, ni brindar el tratamiento adecuado para evitar la evasión

de su hija y que, presuntamente, no recayera en el uso de sustancias

controladas. Por esto, reclamó ciento cincuenta mil dólares

11
     Íd., Anejo I, págs. 1-3.
KLCE202301244                                                                    3

($150,000.00) por concepto de daños, sufrimientos y angustias

mentales.

        Tras la parte recurrida presentar una Moción de desistimiento

parcial, el 17 de mayo de 2022, el TPI emitió una Sentencia parcial

en la que se desistió el pleito contra Eastern American.2

        En igual fecha, el matrimonio Suárez-Benítez solicitó que se

le anotara la rebeldía al Hogar por no contestar la demanda.3

Mediante una Orden dictada y notificada el 24 de mayo de 2022, el

foro primario declaró Ha Lugar la anotación de rebeldía solicitada.4

        El 31 de julio de 2022, la parte recurrida radicó una moción

para enmendar la demanda a fin de incorporar a AIG y Universal

Insurance Company (Universal) como parte demandada, dado que

ambas aseguradoras expidieron pólizas de seguro a favor del Hogar.5

El 22 de agosto de 2022, el TPI emitió y notificó una Orden en la que

declaró Ha Lugar la enmienda a la demanda.6

        Transcurridos varios trámites procesales, el 21 de octubre de

2022, Universal radicó una Moción de sentencia sumaria para

desestimar la reclamación en su contra.7 Expuso que expidió una

póliza de responsabilidad general comercial a favor del Hogar, con

vigencia del 25 de septiembre de 2020 al 25 de septiembre de 2021.

Planteó que el pleito se suscitó por las alegadas omisiones del Hogar

en sus servicios profesionales al no ejercer su deber de cuidado,

vigilancia y tratamiento. Argumentó que, a tenor con los términos y

las condiciones de su póliza, dichos servicios profesionales del

centro de rehabilitación estaban excluidos de cubierta, de modo que

no respondía por los daños reclamados. En relación con la exclusión

por servicios profesionales, la póliza establece:

2 Archivada y notificada en autos el 18 de mayo de 2022. Íd., Anejo III, págs. 7-8.
3 Íd., Anejo II, pág. 4-6.
4 Íd., Anejo IV, págs. 9.
5 Íd., Anejo VI, pág. 12.
6 Íd., Anejo VII, pág. 20.
7 Íd., Anejo IX, págs. 24-134.
KLCE202301244                                                             4

        This insurance does not apply to “bodily injury”, “property
        damage”, or “personal and advertising injury” due to the
        rendering of or failure to render any professional service.

        This exclusion applies even if the claims against any insured
        allege negligence or other wrongdoing in the supervision,
        hiring, employment, training or monitoring of others by that
        insured, if the “occurrence” which caused the “bodily injury”
        or “property damage”, or the offense which caused the
        “personal and advertising injury”, involved the rendering of
        or failure to render any professional service.8

        A su vez, Universal apuntó que, en virtud del endoso sobre

exclusión de los servicios brindados por los proveedores de salud, la

póliza no cubría los servicios rendidos o la falta de rendirlos. A saber:

        With respect to any operation shown in the Schedule, this
        insurance does not apply to “bodily injury”, “property
        damage”, or “personal and advertising injury” arising out of:

        1. The rendering of or failure to render:

             a. Medical, surgical, dental, X-ray or nursing service,
             treatment, advice or instruction, or the related
             furnishing of food or beverages;

             b. Any health or therapeutic service, treatment, advice or
             instruction; or

             c. Any service treatment, advice or instruction for the
             purpose of appearance or skin enhancement, hair
             removal or replacement or personal grooming;

        2. The furnishing or dispensing of drugs or medical, dental
        or surgical supplies or appliances; or

        3. The handling or treatment of dead bodies, including
        autopsies, organ donation or other procedures.

        This exclusion applies even if the claims against any insured
        allege negligence or other wrongdoing in the supervision,
        hiring, employment, training or monitoring of others by that
        insured, if the “occurrence” which caused the “bodily injury”
        or “property damage”, or the offense which caused the
        “personal and advertising injury” involved that which is
        described in Paragraph 1., 2. or 3.9

        Por otra parte, Universal, esgrimió que la póliza no ofrecía

cubierta por las lesiones sufridas por pacientes de la institución,

según el siguiente endoso de exclusión de lesiones de pacientes:

        This insurance does not apply to “bodily injury”, “personal
        injury” or “advertising injury” sustained by any person while:

        1. Your patient; or

8 Íd., pág. 81.
9 Íd., pág. 93.
KLCE202301244                                                              5

        2. At premises shown in the Schedule (including while
        entering or leaving these premises) for the purpose of
        receiving health care or service.10

        De forma similar, el 28 de octubre de 2022, AIG presentó una

Solicitud de sentencia sumaria para que se desestimara la demanda

en su contra.11 La parte peticionaria señaló que expidió una póliza

denominada Directors & officers not for profit: Not-for-profit individual

and organization insurance policy including employment practices

liability insurance a favor del Hogar, con vigencia del 30 de octubre

de 2020 al 30 de octubre de 2021. Estableció que la Demanda

enmendada se circunscribió en argüir que la muerte de Suárez

Benítez se debió a las alegadas actuaciones del Hogar. Además,

aseveró que la única alegación en su contra se ciñó en que su

compañía aseguraba los daños reclamados, que, a su entender, no

estaban cubiertos. Sustentó que la póliza no proveía cubierta por el

siguiente endoso sobre exclusión de errores generales y omisiones

en servicios profesionales.

        In consideration of the premium charged, it is hereby
        understood and agreed that the Insurer shall not be liable to
        make any payment for Loss in connection with any Claim or
        Claims made against the Insured alleging, arising out of,
        based upon, or attributable to the Organization’s or an
        Insured’s performance of or failure to perform professional
        services, or any act, error, or omission relating thereto.12

        Asimismo, sostuvo que aplicaba la siguiente exclusión

específica:

        The Insurer shall not be liable to make any payment for Loss
        in connection with Claim made against an Insured:

        ...

        h) for bodily injury, sickness, disease, or death of any person,
        or damage to or destruction of any tangible property,
        including the loss of use thereof. . .13

        El 21 de noviembre de 2022, el matrimonio Suárez-Benítez se

opuso a la solicitud de sentencia sumaria solicitada por Universal.14

10 Íd., pág. 109.
11 Íd., Anejo X, págs. 135-200.
12 Íd., pág. 170.
13 Íd., pág. 151.
14 Íd., Anejo XI, págs. 201-208.
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Estimó que estaba en controversia si la póliza expedida por

Universal proveía cubierta por los daños reclamados, dado que el

centro de rehabilitación no ofrecía servicios profesionales, ni era un

proveedor de salud para que aplicara la exclusión de lesiones de

pacientes. A su entender, la referida exclusión correspondía a

acciones de mala práctica médico-hospitalaria.

       En igual fecha, la parte recurrida radicó una Oposición a

moción de sentencia sumaria de AIG.15 Subrayó que el asunto en

controversia versó en un examen de interpretación sobre si la póliza

expedida por AIG brindaba cubierta por los daños personales

sufridos tras la muerte de su hija. Manifestó que la muerte crea dos

causas de acciones: los daños de la causante que se transmiten por

herencia y los daños propios de los familiares. A su juicio, la póliza

excluía de cubierta los daños físicos sufridos por Suárez Benítez que

se transmiten por herencia, los cuales no se reclamaron en el pleito.

No obstante, argumentó que la póliza era imprecisa sobre la causa

de acción por razón de muerte que está excluida de cubierta, y si la

exclusión se refiere a los daños físicos, emocionales o ambos. A esos

efectos, puntualizó que tal ambigüedad debía interpretarse a su

favor. Formuló que, en vista de la confusa redacción de las cláusulas

de la póliza, el TPI debía apreciar prueba sobre dichas discrepancias

en la interpretación de la aludida póliza.

       El 23 de noviembre de 2022, AIG solicitó al TPI que le

concediera un término para presentar una réplica a la Oposición a

moción de sentencia sumaria de AIG.16 En igual fecha, el tribunal a

quo notificó que el asunto estaba sometido y bajo su estudio.17

       Así las cosas, el 23 de marzo de 2023, el TPI dictó una

Sentencia sumaria parcial en la que declaró Ha Lugar la sentencia

15 Íd., Anejo XII, págs. 209-214.
16 Íd., Anejo XIII, págs. 215-216.
17 Íd., Anejo XIV, pág. 217.
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sumaria solicitada por Universal.18 El foro primario consignó que los

servicios de vigilancia y cuidado en el centro de rehabilitación

constituyeron servicios profesionales, y que, al tratarse de una

omisión en la prestación de servicios profesionales, los daños

alegados quedaron excluidos de cubierta en la póliza expedida por

Universal.

       El mismo día, el TPI emitió una Resolución en la que declaró

No Ha Lugar a la sentencia sumaria solicitada por AIG.19 El foro

recurrido formuló los siguientes hechos en controversia:

       1. Si la póliza de seguro emitida por AIG no excluye los daños
       sufridos por los demandantes, Carlos Suárez y Norma
       Benítez.

       2. Si la póliza de seguro excluye los daños de la causante,
       Clarixa Suárez Benítez, que se transmiten por herencia.

       3. Si la compañía aseguradora no responde cuando la
       reclamación es por lesión corporal, enfermedad o muerte de
       cualquier persona.

       4. Si la póliza de seguro nada expresa sobre cuál acción
       excluye por muerte (causa de acción por sufrimientos del
       causante que se transmiten a los herederos o causa de
       acción por daños, sufrimientos y angustias mentales
       sufridos por familiares).

       5. Si la póliza de seguro excluye los daños físicos,
       emocionales o todos, ya que aparentemente no especifica qué
       clase de daños son los que se excluyen de la póliza.20

       En síntesis, el TPI determinó que existe controversia de

hechos sustanciales dado que la póliza de seguro expedida por AIG

no es precisa respecto a si la exclusión de bodily injury comprendía

los daños emocionales, y qué acciones por causa de muerte excluía.

El foro recurrido entendió que dichas ambigüedades en la póliza

ameritaban dilucidarse en un juicio plenario.

       Insatisfecho con tal determinación, el 10 de abril de 2023, AIG

solicitó reconsideración.21 En respuesta, el 28 de abril de 2023, el

18 Archivada y notificada en autos el 24 de marzo de 2023. Íd., Anejo XV, págs.

218-228.
19 Archivada y notificada en autos el 24 de marzo de 2023. Íd., Anejo XVI, págs.

229-239.
20 Íd., págs. 233.
21 Íd., Anejo XVII, págs. 240-246.
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matrimonio Suárez-Benítez presentó su oposición.22 El 11 de

octubre de 2023, el TPI denegó el petitorio solicitado por AIG.23

       Inconforme, el 9 de noviembre de 2023, AIG presentó el

recurso ante nuestra consideración y le imputó al TPI la comisión

de los siguientes errores:

       PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO
       CONCEDER LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA
       PARCIAL SOLICITADA POR AIG CONFORME [CON] LAS
       EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO Y CUYOS
       HECHOS MATERIALES NO FUERON REFUTADOS POR LOS
       DEMANDANTES.

       SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI AL
       LLEVAR A CABO DETERMINACIONES DE HECHOS
       MATERIALES, PERO DENEGANDO LA SOLICITUD DE
       SENTENCIA SUMARIA PARCIAL EN BASE DE TEORÍAS E
       INTERPRETACIONES ERRADAS DE LOS DEMANDANTES.

       Tras    un    estudio     objetivo,   sereno    y   cuidadoso      de   la

controversia, estoy en posición de analizar cómo debe resolverse la

misma, en correcta práctica adjudicativa.

       En consideración a los argumentos de las partes, se resumen

las normas jurídicas, máximas y doctrinas aplicables a los errores

imputados.

                                       II.

                                       A.

       En nuestra jurisdicción, es norma reiterada que la industria

de seguros está revestida del más alto interés público. Jiménez

López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); PFZ Props., Inc. v.

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 901 (1994). En varias ocasiones,

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el alto interés

público se debe al rol que ocupa en la protección de los riesgos que

amenazan la vida o el patrimonio de la ciudadanía y la

extraordinaria importancia que juegan los seguros en la estabilidad

de nuestra sociedad. Serrano Picón v. Multinational Life Ins.,

22 Íd., Anejo XVIII, págs. 247-252.
23 Archivada y notificada en autos el 13 de octubre de 2023. Íd., Anejo XIX, págs.

253-260.
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2023 TSPR 118, 212 DPR __ (2023); Rivera Matos, et al v. Triple-

S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, 204 DPR 1010,

1019 (2020); R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706

(2017) (citando a Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR

564, 575 (2013)). Por ello, la industria de seguros está altamente

regulada por la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”.24

       Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los

seguros juegan un papel económico vital tanto a nivel individual

como en el ámbito comercial, ya que permite a las personas y a los

negocios, proteger sus recursos al transferir el impacto monetario

de ciertos riesgos a cambio del pago de una prima. Maderas

Tratadas v. Sun Alliance Ins. Co., 185 DPR 880, 896, 897 (2012).

       El Código de Seguros define el contrato de seguros como

“aquel por el que una persona se obliga a indemnizar a otra si se

produce un suceso incierto previsto”. Art. 1.020 del Código de

Seguros.25 En ese contexto, constituye un acuerdo donde una parte

se compromete a compensar a otra por una pérdida ocasionada a

causa de una contingencia en particular. Savary et al. v. Mun.

Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1023 (2017). Es decir, a cambio del

pago de una prima, se transfiere el riesgo de un evento específico a

la aseguradora, quien viene obligada a cubrir los daños económicos

por los que el asegurado esté llamado a responder. Íd; Viruet et al.

v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 278 (2015). Conforme lo

anterior, la función primordial de una póliza de seguro es establecer

un mecanismo para transferir un riesgo y de esta manera proteger

al asegurado de ciertos eventos identificados en el contrato de

seguro. Íd.; R.J. Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 707. Es por

ello que, la asunción de un riesgo de pérdida y el compromiso de

24 26 LPRA sec. 101 et seq.
25 26 LPRA sec. 102.a.
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asegurar contra dicha pérdida son requisitos esenciales de un

contrato de seguro. Comisionado de Seguros de Puerto Rico v.

Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de

Armas de Puerto Rico, Inc., 202 DPR 842 (2019).

      Otra de las características esenciales de las pólizas de seguro

es la obligación de indemnizar. Íd. “Indemnizar se define como la

acción de resarcir de un daño o perjuicio”. Íd. Véase I. Rivera García,

Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed., San Juan, Lexis

Publishing, 2000, pág. 125.

      La póliza configura el documento escrito donde se plasman los

términos que rigen el contrato de seguro. Rivera Matos, et al v.

Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra; R.J.

Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 707. Véase, además, el Art.

11.140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1). En otras

palabras, los términos acordados entre la parte asegurada y la

aseguradora están contenidos en la póliza. Maderas Tratadas v.

Sun Alliance Ins. Co., supra, pág. 897. Por lo tanto, las cláusulas

contenidas en la póliza constituyen la ley entre las partes. Íd.

                                  B.

      Siendo la industria de seguros una materia revestida de alto

interés público, el Código de Seguros establece la forma en que se

interpretarán los contratos de seguros. Rivera Matos, et al v.

Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra. Este

dispone que las cláusulas contenidas en una póliza se interpretarán

globalmente. Íd. A saber, a base del conjunto total de sus términos

y condiciones, según expuestos en la póliza y conforme a como se

hayan ampliado, extendido o modificado por aditamento, endoso o

solicitud adherida a la póliza y que forme parte de esta. Íd.; Echandi

Otero v. Stewart Title, supra, pág. 369. Véase, además, el Art.
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11.250 del Código de Seguros.26 “En consecuencia, corresponde

interpretar el lenguaje plasmado en la póliza en su acepción de uso

común general, sin ceñirse demasiado al rigor gramatical”. Rivera

Matos, et al v. Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance

Company, supra. Véanse, además, Jiménez López et al. v. Simed,

180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra;

Echandi Otero v. Stewart Title, supra. Asimismo, las cláusulas

del contrato de seguros deberán examinarse desde “la óptica de una

persona normal de inteligencia promedio”. Rivera Matos, et al v.

Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra;

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011). “Sin

embargo, si de la póliza se desprende un significado particular para

determinado término, este se aplicará a tenor con lo convenido por

las partes”. SLG Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 387. De

esa forma, podemos asegurarnos de que quien adquiere la póliza

reconoce cuál es el alcance de la misma. Rivera Matos, et al v.

Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra, pág.

1020.

        Cabe resaltar que, en la interpretación de los contratos de

seguro, las normas generales del Código Civil “aplicarán sólo de

manera supletoria”. Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág.

369. Véase, además, Banco de la Vivienda v. Underwriters, 111

DPR 1 (1981); Molina Texidor v. Centro Recreativo Plaza

Acuática, 166 DPR 260 (2005); Artículos 1233 a 1241 del Código

Civil de 1930, según enmendado (Código Civil).27

        Además, no podemos perder de perspectiva que un contrato

de seguro es un contrato de adhesión, debido a que la aseguradora

es la parte que dicta los términos y las condiciones expuestas en la

póliza. SLG Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 386; Maderas

26 26 LPRA sec. 1125.
27 31 LPRA secs. 3471-3479.
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Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 899. Por lo tanto, los

contratos de seguros deben interpretarse liberalmente en beneficio

del asegurado. Monteagudo Pérez v. ELA., 172 DPR 12, 21 (2007).

Es decir, toda ambigüedad debe interpretarse a favor del asegurado,

por vía de una interpretación razonable. Serrano Picón v.

Multinational Life Ins., supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED,

supra, pág. 386; Echandi Otero v. Stewart Title, supra. De ese

modo, se cumple con el designio intrínseco de la póliza, que es dar

protección a la parte asegurada. Rivera Matos, et al v. Triple-S

Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra, pág. 1021.

      Ahora bien, cuando los términos de un contrato de seguro son

claros, específicos y no dan lugar a ambigüedades o a distintas

interpretaciones, se hará valer la voluntad de las partes. Íd.;

Quiñones López v. Manzano, 141 DPR 139, 155-156 (1996);

Molina Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, supra.

Véase, además, el Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471.

                                  C.

      En materia de seguros, es necesario considerar si la póliza

contiene cláusulas de exclusión para cernir los riesgos cubiertos por

la aseguradora. SLG Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 388.

Las cláusulas de exclusión limitan la cubierta de protección y, como

consecuencia,   disponen    las   circunstancias   en   las   que   la

aseguradora no responderá por determinados eventos, riesgos o

peligros. Íd.; Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra;

Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1021; Viruet et

al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 279 (2015); Jiménez

López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 11 (2010); Echandi Otero v.

Stewart Title, supra. Por ello, las cláusulas de exclusión deben

interpretarse restrictivamente para que la aseguradora cumpla su

propósito de proveer protección al asegurado. Íd.; Marín v.

American Int’ l. Ins. Co. of PR, 137 DPR 356, 362. Así, cualquier
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ambigüedad en una cláusula de exclusión debe resolverse a favor

del asegurado. Íd. Sin embargo, cuando los términos, las

condiciones y las exclusiones contenidas en la póliza son claras,

deben interpretarse literalmente, a tenor con la voluntad de las

partes. Íd.; Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Quiñones López

v. Manzano Posas, supra, pág. 156. En tal eventualidad, la

aseguradora no está obligada a cubrir los riesgos expresamente

excluidos, aun cuando otras cláusulas de la póliza parezcan inferir

lo contrario. Marín v. American Int’ l. Ins. Co. of PR, supra;

Quiñones v. Manzano Posas, supra.

                                 D.

      Respecto a la exclusión de servicio profesional, en ausencia de

una definición de dicho término en la póliza, se empleará su

acepción legal. Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág.

1022; Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra, pág. 280. Es

decir, “en materia de seguros, se ha resuelto que un servicio

profesional conlleva una vocación, llamado, ocupación o empleo que

supone, además, algún tipo de conocimiento, labor o destreza

especializada. Asimismo, las habilidades que requiere un servicio

profesional son predominantemente intelectuales o mentales, no

físicas o manuales”. Íd. No obstante, el hecho de que el término

servicio profesional no esté expresamente definido en una póliza no

hace que la exclusión sea ambigua. M. J. O’ Leary et al., Directors &

Officers Liability Insurance Deskbook, 4ta ed., Chicago: American

Bar Association, 2016, pág. 177.

      En nuestra jurisdicción se adoptó el enfoque de parte integral

o acción asociada con la prestación de un servicio profesional. Esto

es, “hay acciones que, aunque no requieren de conocimientos

especializados, por constituir parte integral del proceso de brindar

servicios profesionales, les aplica esta exclusión”. Rivera Matos et

al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1023. Además, “en ocasiones, las
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tareas ordinarias también pueden calificarse como servicios

profesionales si son esenciales a las gestiones de un profesional”.

Íd., págs. 1023-1024. Así, las lesiones o los daños resultantes de

acciones tomadas durante la prestación de un servicio profesional

se han considerado excluidas de cobertura. M. J. O’ Leary et al., op.

cit. Para aplicar este enfoque, se requiere examinar la naturaleza de

la conducta imputada. Rivera Matos et al. v. Triple-S et al.,

supra, pág. 1024.

                                 III.

      Como cuestión de umbral, no podemos eludir que un contrato

de seguro es un contrato de adhesión. SLG Francis-Acevedo v.

SIMED, supra, pág. 386; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et

al., supra, pág. 899. Por consiguiente, cualquier ambigüedad debe

interpretarse en favor de la parte asegurada.

      La mayoría del Panel resuelve que las exclusiones contenidas

en la póliza son claras y deben interpretarse literalmente. Por lo que,

a su entender, el reclamo de los esposos Suárez-Benítez por la

súbita muerte de su hija está excluido de cubierta. Lo anterior

debido a que están excluidas las reclamaciones por lesión corporal,

enfermedad o muerte de alguna persona. No obstante, a mi

respetuoso entender, existen controversias de hechos relacionadas

con el contrato de seguro emitido por AIG, debido a que la póliza de

seguro contiene cláusulas imprecisas. De un minucioso estudio de

la póliza en cuestión, surgen legítimas interrogantes sobre la

exclusión de cobertura en cuanto a (1) si la póliza excluyó

únicamente los daños físicos o si se extiende a los daños

emocionales que reclama la parte demandante, por no especificarse.

Asimismo, surgen interrogantes respecto a qué acciones por

muertes quedaron excluidas, si la acción de sufrimientos de la

señora Suárez Benítez, que se transmiten por herencia, o la acción

propiamente de los familiares por los daños, sufrimientos y
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angustias mentales ante la muerte de su familiar. Esto incide

directamente en establecer la intención de AIG y del Hogar al

adquirirse la cobertura contra la corporación, a su vez, en

determinar si AIG provee cubierta por el reclamo contra el Hogar.

      Adviértase que, la exclusión no es clara ni puede interpretarse

literalmente. En virtud de la ambigüedad inherente a la redacción

de la póliza en cuestión, considero que el TPI actuó correctamente.

En efecto, existen controversias de hechos esenciales que impiden

resolver   el    pleito   sumariamente,      en    esta    etapa    de     los

procedimientos.

      Ante      la   necesidad   de    dilucidar   estas     discrepancias

interpretativas, resulta imperativo que el foro primario considere la

presentación de prueba pertinente que aclare la verdadera

naturaleza de las cláusulas cuestionadas en la póliza, así como el

trato que se le ha dado en casos idénticos o similares ante

planteamientos análogos. Además, estas cláusulas imprecisas están

contenidas      en   un   contrato    de   adhesión.   Por   lo    cual,   su

interpretación debe ser liberalmente a favor de la parte asegurada.

Monteagudo, Pérez v. ELA, supra, pág. 21.

      De acuerdo con todo lo anterior y contrario a la opinión

mayoritaria, entiendo prudente no intervenir con el criterio del foro

recurrido, en esta etapa de los procedimientos.

                                     IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de los principios

de hermenéutica que rigen la interpretación de las cláusulas de los

contratos de seguro, la póliza en cuestión y el estudio pormenorizado

de la jurisprudencia sobre el particular, entiendo respetuosamente,

que en correcta práctica adjudicativa apelativa, corresponde

denegar la consideración de este asunto. Por ello, disiento del curso

de acción tomado por la mayoría en este caso.
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      A mi entender, este pleito no cumple con los criterios que rigen

a esta Curia para intervenir, en esta etapa de los procedimientos. La

determinación del foro primario es, en esencia, correcta en derecho.

Por lo tanto, no hubiese expedido el auto. Considero que existen

razones de peso para que el proceso ante el foro primario continúe

su curso, de forma tal que el TPI llegue a una conclusión sobre la

posible responsabilidad de la aseguradora y su extensión, según las

controversias que aún están pendientes de adjudicación.

      Por los fundamentos expuestos, disiento de la decisión

mayoritaria.

                       Ángel R. Pagán Ocasio
                        Juez de Apelaciones