Court Opinion

ID: 9962788
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:52:29.479729+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:34.688650
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

     EL PUEBLO DE                                   CERTIORARI
     PUERTO RICO                                    procedente del
                                                    Tribunal de Primera
         Recurrido                                  Instancia, Sala
                                                    Superior de Ponce
                                KLCE202400106
             v.                                     Crim. Núm.
                                                    JSC2023G0252
  JOSEAN AYALA DÍAZ                                 J1CR20230223

        Peticionario                                Sala: 404

                                                    Sobre: ART. 411-A
                                                    SUST. CONTR. Y
                                                    ART. 246-A C. P.
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente
                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

      Comparece        la   parte   peticionaria,   Josean   Ayala    Díaz,

solicitando la revisión de la Resolución emitida y notificada el 2 de

enero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de

Ponce, en la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de desestimación

presentada por el peticionario.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida.

                                     I.

      Por hechos acontecidos el 22 de agosto de 2023 en la Plaza

Las Delicias en Ponce, Puerto Rico, el Ministerio Público presentó

acusaciones en contra del peticionario, imputándole cargos por

violación al Art. 411-A de la Ley de Sustancias Controladas de

Puerto Rico.1 Específicamente, se le imputó la comisión del delito de

posesión de la sustancia controlada conocida como marihuana, sin

1 Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de

1971, según enmendada, 24 LPRA § 2411a.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLCE202400106                                                       2

autorización en Ley para ello, dentro de los cien (100) metros

radiales de un área recreativa.

      Luego de varios trámites procesales, impertinentes para la

controversia que nos ocupa, el 4 de diciembre de 2023, el

peticionario presentó Moción de Desestimación y/o para Presentar

Defensas. En ésta, alegó que el Certificado de Análisis del Instituto

de Ciencias Forense de Puerto Rico reflejaba que la cantidad

incautada de marihuana fue de 0.19 gramos. Expresó, además, el

representante legal del peticionario que, según su experiencia como

abogado criminalista, dicha cantidad de marihuana pudiese tener

un costo de $1.00 a $2.00. Es por ello que, sostuvo que la conducta

es tan insignificante que no amerita un procesamiento ni una pena

de convicción. Ante ello, le solicitó al Tribunal de Primera Instancia

la desestimación del pleito o, en la alternativa, que se incluyera la

conducta insignificante como defensa para el juicio en su fondo.

      En respuesta, el 22 de diciembre de 2023, el Ministerio

Público presentó Contestación a Moción de Desestimación y/o para

Presentar Defensas. En síntesis, alegó que la conducta insignificante

tiene el fin de impedir que se procese a personas por actos que no

producen el daño o el peligro que la ley que define el delito pretende

evitar y que debe ser considerar exclusivamente cuando el

ciudadano incurra en actos que no producen dicho daño o peligro.

Afirmó el Ministerio Público que, independientemente de la

cantidad, el acto de la posesión de marihuana en los alrededores

de un área recreativa como es la plaza pública a las 11:00AM es

una conducta que desestabiliza el orden público y debe ser

sancionada con la severidad que exige la ley, por lo que solicitó

que se declarara No Ha Lugar a la moción de desestimación.

      Atendidos los escritos presentados, el 27 de diciembre de

2023, el foro a quo celebró vista sobre desestimación. El 2 de enero

de 2024, el foro primario emitió y notificó una Resolución en la cual
KLCE202400106                                                             3

declaró “No Ha Lugar” a la solicitud de desestimación presentada

por el peticionario.

      Inconforme con dicha determinación, el 25 de enero de 2024,

el peticionario recurrió a este foro revisor y presentó el recurso de

certiorari ante nos con el siguiente señalamiento de error:

      A. Primer señalamiento de Error:
      “Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
      Superior de Ponce, al declarar No Ha Lugar la solicitud
      de desestimación al amparo de el [sic] Art. 34 de Código
      Penal de 2012, según enmendado, por Conducta
      Insignificante.”

      Examinado        los   recursos     en   su   totalidad   y   con   la

comparecencia ambas partes, damos por perfeccionado el recurso y

procedemos a establecer el derecho aplicable y resolver.

                                     II

A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.2 Ahora bien, la

discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto del

Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para así llegar a una conclusión justiciera. 3

Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari

no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.4 Cónsono con

lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones5

orienta la función del tribunal intermedio para ejercer sabiamente

su facultad discrecional y establece los criterios que debe considerar

al determinar si procede o no expedir un auto de certiorari.6 La

referida regla dispone lo siguiente:

2 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___

(2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG
Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
3 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 847 (2023); Mun. Caguas

v. JRO Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
4 Id.
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
6 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
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       El tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.7 Es por ello que los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.8 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1)

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.9

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
7 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
8 Id.
9 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al., 210

DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
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B. Las Causas de Exclusión de Responsabilidad Penal como

Defensas Afirmativas

       En la evaluación de una conducta delictiva primero se debe

determinar     si   objetivamente      hubo     una    acción     u   omisión

correspondiente a la descripción del delito y si existe una

imputación subjetiva.10 Luego, en el mismo ejercicio evaluativo, el

juzgador deberá considerar si, a base de alguna defensa afirmativa,

los hechos están justificados, exculpados o exentos por alguna

exclusión de responsabilidad penal.11

       En cuanto al procedimiento a seguir al plantearse las defensas

afirmativas, la tratadista Dora Nevares-Muñiz explica lo siguiente:

       Tratándose de defensas afirmativas, es necesario que
       el acusado acepte la comisión de los hechos. Ahora
       bien, alegará como justificación, excusa o eximente
       jurídica al delito la causa de exclusión de
       responsabilidad que proceda en su caso. El acusado
       presentará prueba de los requisitos de la eximente. Le
       corresponderá entonces al fiscal probar la culpabilidad
       del acusado fuera de toda duda razonable.12 (Énfasis
       Nuestro).

       Cónsono con lo anterior, el imputado debe aceptar la comisión

de los hechos del delito como parte de sus alegaciones e incorporar

la defensa de la causa de exclusión de responsabilidad penal que le

corresponda a su teoría legal del caso. Asimismo, en la etapa del

juicio, el fiscal presentará la evidencia en contra del imputado para

probar su caso más allá de duda razonable y el acusado presentará

la prueba que sustente su defensa. En todo caso, la determinación

sobre si se constituyó la defensa de causa de exclusión de

responsabilidad penal se reservará para el juzgador y descansará en

su sana discreción al momento de emitir su fallo.

10 D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 7ma ed. rev.,

San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 211.
11 Id.
12 D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, op. cit., pág.

213.
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B. La Defensa de Conducta Insignificante

       Entre las defensas eximentes, existe la defensa de conducta

insignificante que, sin negar la existencia de un elemento del delito,

establece que la conducta no es lo suficientemente nociva como para

ser merecedora de pena, fundamentada en consideraciones de

política pública que evite el aparato gubernamental emplee sus

limitados recursos en perseguir infracciones de poca monta y

quedando su adjudicación final en la sana discreción del juzgador

de hechos.13 En el derecho comparado, particularmente en la esfera

federal y anglosajona, esta defensa es denominada “de minimis”.14

       Nuestro Código Penal de 2012, según enmendado15, establece

varias causas de exclusión de responsabilidad penal, entre ellos la

conducta insignificante. Sobre la conducta insignificante, el Art. 34

del Código Penal establece que “[n]o incurre en responsabilidad

penal la persona cuya conducta es tan insignificante que no amerita

el procesamiento ni la pena de una convicción”. 16 En cuanto este

particular, se trata de una conducta que, aunque no es justificada

y tampoco el delito cometido, es relativamente tolerada por su

escasa gravedad en las circunstancias que ocurre y porque no

produce un daño o riesgo significativo al bien jurídico, por lo que no

amerita procesamiento criminal.17

       En otras palabras, su invocación implica reconocer que la

conducta del imputado satisface todos los elementos del delito, pero

que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, resulta ser una

13  L. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos,
Publicaciones JTS, 2013, pág. 143.
14 D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, op. cit., pág.

274. Véase, además, Model Penal Code § 2.12.
15 Código Penal de Puerto Rico de 2012, Ley Núm. 146-2012, según enmendada,

33 LPRA § 5001 et seq. El Código Penal codifica las siguientes diez defensas
afirmativas como causas de exclusión de responsabilidad penal: legítima defensa;
estado de necesidad; ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber;
obediencia jerárquica; error acerca de un elemento del delito; ignorancia de la ley
penal; entrampamiento; intimidación o violencia; temor insuperable y conducta
insignificante.
16 Id., 33 LPRA § 5047.
17 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado por Dora Nevares-

Muñiz, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2019, pág. 73.
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conducta tan trivial que no amerita emplear los limitados recursos

del Estado e imponer una sanción o se exime de responsabilidad

penal por no constituir el tipo de conducta que el legislador había

previsto como punibles.18

C. Art. 411-A de la Ley de Sustancias Controladas

       El delito de introducción de drogas en escuelas o instituciones

recreativas está tipificado en el artículo 411-A de la Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio

de 1971, según enmendada.19 En lo pertinente, el Art. 411-A

establece lo siguiente:

             Toda      persona     que,    a    sabiendas    e
       intencionalmente y en violación a las disposiciones de
       esta ley, introduzca, distribuya, dispense, administre,
       posea o transporte para fines de distribución, venda,
       regale, entregue en cualquier forma, o simplemente
       posea cualquier sustancia controlada de las incluidas
       en las Clasificaciones I a V de esta ley en una escuela
       pública o privada, instalación recreativa, pública o
       privada, o en los alrededores de cualquiera de éstas,
       incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será
       sentenciada con el doble de las penas provistas por el
       Artículo 401(b) o 404(a) de esta ley, por un delito
       cometido por primera vez, que envuelva la misma
       sustancia y la misma clasificación.

       […]

             Instalación recreativa pública o privada.— Se
       entenderá todo parque, cancha, piscina, salón de
       máquinas de vídeo o pinball , estadio, coliseo, área o
       lugar designado o comúnmente utilizado para la
       celebración de actividades de juego, entretenimiento,
       diversión o recreación pasiva, competencias o eventos
       deportivos, profesionales o de aficionados. Por
       "alrededores de una instalación recreativa" se entenderá
       cubierta un área de hasta cien (100) metros radiales a
       contarse desde los límites de la instalación recreativa,
       según indicados estos límites por cerca o cualquier otro
       signo de demarcación. […]20

       La redacción actual del referido artículo es producto de la

enmienda de la Ley Núm. 18-1998, la cual tuvo el propósito de

aclarar y expandir el alcance de la prohibición de distribución o

18 L. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op. cit., pág. 143-145.
19 Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de

1971, según enmendada, 24 LPRA § 2411a.
20 Id.
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venta de drogas en las escuelas públicas y privadas, "o en sus

alrededores", así incluyendo a todas aquellas áreas de diversión y

recreación, pública o privada.

                                     III

       Como único señalamiento de error, el peticionario indicó que

el foro a quo incidió al no desestimar la acusación por tratarse de

una conducta insignificante al amparo del el Art. 34 del Código

Penal.21 En apretada síntesis, la defensa del peticionario arguyó que

basado en su experiencia como “Abogado Criminalista” la cantidad

de sustancia controlada incautada, particularmente 0.19 gramos de

marihuana, y su precio, ello constituye conducta insignificante

debido a que no existe proporcionalidad entre los gastos de

procesamiento en comparación al cumplimiento de la pena y el valor

de la cantidad que se ocupó. Adelantamos que no le asiste la razón

al peticionario.

       Por otro lado, el Procurador General esgrimió que la defensa

de conducta insignificante solo está disponible para actos de escasa

gravedad que son tolerables por las circunstancias en que ocurren

y que, a la luz del historial legislativo, el consumo o posesión de

sustancias controladas en un área recreativa a plena luz del día no

puede tildarse como conducta insignificante cuando se le ha dado

un tratamiento distintivo a esta conducta delictiva en particular. En

esencia, se trata precisamente de una conducta que la Ley Núm. 4

de 23 de junio de 197122 pretende evitar y penaliza severamente.

       Ahora bien, nos corresponde determinar si se debe atender la

causa de exclusión de responsabilidad penal que es la conducta

insignificante previo a la etapa de juicio. Ante un concienzudo

estudio y análisis de la defensa de conducta insignificante,

21 Código Penal de Puerto Rico de 2012, Ley Núm. 146-2012, según enmendada,

33 LPRA § 5047.
22 Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de

1971, según enmendada, 24 LPRA § 2411a.
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entendemos que, en nuestra jurisdicción, no podemos atender dicha

causa de exclusión de responsabilidad penal previo al juicio. Lo

contrario sería una determinación prematura y contrario a nuestro

estado de derecho. Veamos.

          Aunque ciertamente en otras jurisdicciones se ha utilizado la

conducta        insignificante,     o   la   defensa     de minimis,      para   la

desestimación de una denuncia o acusación, la realidad es que

nuestro        ordenamiento       jurídico     no   lo   contempla.       Además,

constamos que existe un consenso entre nuestros tratadistas

que las causas de exclusión de responsabilidad penal son

atendidas en la etapa de juicio, sin distinción especial para la

conducta insignificante. Ante ello, resulta forzoso concluir, tal

como menciona la Dra. Dora Nevares-Muñiz, que la presentación y

la determinación de conducta insignificante, así como las otras

defensas afirmativas y eximentes de responsabilidad penal, se

reservará para el juzgador de los hechos en la etapa de juicio.23

Particularmente, el imputado deberá (1) aceptar la comisión de los

hechos, (2) alegar la defensa afirmativa que proceda en su caso y (3)

presentar evidencia a su favor mientras que el fiscal probará la

culpabilidad del imputado más allá de duda razonable. Una vez

cumplido con lo anterior y presentada toda la prueba, le

corresponderá al juzgador de los hechos, sea mediante jurado o

por tribunal de derecho, tomar en última instancia la

determinación apropiada a la luz de las circunstancias del caso

y descansando en su sana discreción.

          En el caso de autos, el peticionario presentó una Moción de

Desestimación y/o para Presentar Defensas luego de la Vista

Preliminar, pero previo a la etapa de juicio, una acción

prematura, pues, nuestro estado de derecho no contempla la

23
     D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, op. cit..
KLCE202400106                                                       10

desestimación o levantar una defensa afirmativa de una denuncia o

acusación al amparo de una causa de exclusión de responsabilidad

penal previo al acto del juicio. Además del inconveniente temporal,

asunto que va a la médula de nuestro dictamen confirmando la

decisión del foro de instancia, indudablemente también otros

requisitos que deben observarse como parte de una defensa

afirmativa bajo conducta insignificante fueron obviados por el

peticionario. No surge que el peticionario personalmente haya

admitido los hechos por infracción al Art. 411-A de la Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico según contemplado en el

pliego acusatorio. Más bien, su argumento principal para que el

Tribunal adjudicara a su favor su petición giró alrededor de la

“experiencia   profesional   como    Abogado   Criminalista”   de   su

representación legal relacionado al costo al detal correspondiente a

0.19 gramos de marihuana versus el costo del procesamiento

judicial y posible encarcelamiento en una facilidad correccional.

      A lo anterior se añade que el Ministerio Público aún no ha

tenido la oportunidad de presentar más allá de duda razonable su

prueba ante el Juzgador de hechos, más aun tratándose como en el

caso de autos, del procesamiento de un caso bajo el Art. 411-A de la

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico que busca mantener

libre de la exposición de narcóticos a la comunidad que hace uso de

facilidades recreativas y entretenimiento, así como las escuelas y

sus áreas circundantes.

                                    IV

      Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos

formar parte de esta sentencia, se expide el auto de certiorari y se

confirma la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Ponce.
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     El Tribunal de Primera Instancia puede proceder de

conformidad con lo aquí resuelto, sin la necesidad de esperar por

nuestro mandato.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones