Court Opinion

ID: 9941487
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:40:15.494505+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.690747
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

                                            Apelación
     JAVIER RAMÍREZ                         procedente del
       GONZÁLEZ                             Tribunal de Primera
                                            Instancia, Sala de
       Parte Apelada          KLAN202300320 Arecibo

              v.                                 Civil núm.:
                                                 AR2020CV00554
      MASTER LINK
     CORPORATION
   CARLOS A. MORALES                             Sobre:
       VÁZQUEZ                                   Cobro de Dinero

       Parte Apelante
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

      Comparece Master Link Corporation (Master Link) y su único

accionista, señor Carlos A. Morales Vázquez (Sr. Morales), y solicitan

que revisemos la Sentencia emitida el 13 de marzo de 2023, y

notificada el 14 de marzo de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala de Arecibo. Mediante el referido dictamen, el

TPI declaró con lugar la acción de cobro de dinero instada por la

parte apelada, señor Javier Ramírez González (Sr. Ramírez). Por

consiguiente, ordenó a Master Link y al Sr. Morales a pagar

solidariamente al Sr. Ramírez la suma de $118,648.50, más

intereses por mora. La parte apelante pide que modifiquemos

parcialmente la sentencia apelada, a los fines de eliminar de dicha

suma las partidas correspondientes a “nómina pendiente de pago” y

“renta de equipos de agrimensura”.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, y con

el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, se confirma la

sentencia apelada.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202300320                                                                     2

                                         I.

       El 4 de mayo de 2020, el Sr. Ramírez presentó una demanda

sobre cobro de dinero en contra de Master Link, su único accionista,

director y oficial, Sr. Morales (en conjunto, los codemandados), la

señora Aixa Quiñones Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por éstos1. En síntesis, adujo que, el 3 de febrero de

2012, el Sr. Morales, en su carácter personal y en representación de

Master     Link,    lo   contrató    para     que    prestara     sus    servicios

profesionales de supervisión como ingeniero civil en los trabajos de

construcción del proyecto denominado Rehabilitación de la Planta

Generatriz de Culebra, propiedad de la Autoridad de Energía

Eléctrica (AEE). El Sr. Ramírez explicó que, conforme al referido

contrato de servicios profesionales, éste recibiría un pago de

$7,000.00 mensuales en contraprestación por sus servicios,

pagaderos de forma bisemanal y hasta la fecha en que terminara el

proyecto.

       En la demanda, el Sr. Ramírez alegó que Master Link emitió

los pagos bisemanales por la totalidad de lo pactado hasta el 10 de

diciembre de 2014, fecha a partir de la cual comenzó a emitir pagos

bisemanales parciales por una cantidad menor a la acordada,

incumpliendo así el convenio de servicios profesionales. El

demandante aseguró que prestó todos los servicios para los cuales

fue contratado, así como otros servicios adicionales relacionados

con el proyecto; tales como, asesoría, agrimensura, preparación de

documentación para extended overhead, comunicados y reuniones

con abogados, asesores externos y personal de la compañía de

seguros, renta de equipo de construcción, entre otros. Todo lo

anterior hasta el 2 de marzo de 2016, fecha en que decidió no

1 El 14 de julio de 2020, el TPI dictó Sentencia Parcial de desistimiento voluntario

sin perjuicio en cuanto a Aixa Quiñones Rodríguez y la Sociedad Legal de
Gananciales. Véase, el expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC) en el caso AR2020CV00554, entrada 20.
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continuar rindiendo servicios para los codemandados dado el

incumplimiento del pago concertado de $7,000.00 mensuales.

Según aseveró, el 16 de julio de 2017, remitió un correo electrónico

dirigido a los codemandados solicitando la liquidación de las

facturas pendientes de pago, que a esa fecha totalizaban

$160,287.00.

      El Sr. Ramírez manifestó que, a raíz del correo electrónico, las

partes se reunieron los días 17 y 19 de julio de 2017, y acordaron

ajustar la suma de $160,287.00 a una cantidad menor, ascendente

a $123,394.44, condicionado a que la deuda tenía que ser satisfecha

en su totalidad y de forma inmediata. Indicó que, el 21 de julio de

2017, el Sr. Morales le cursó un correo electrónico en el que

acompañó un borrador de los acuerdos alcanzados en las reuniones

del 17 y 19 de julio de 2017. Según alegó, en el referido borrador el

Sr. Morales aceptó adeudar la suma de $123,394.44, pero,

unilateralmente, incluyó términos de pago no acordados en las

reuniones. Particularmente, condicionó el pago de la cantidad

adeudada al resultado del pleito sobre incumplimiento de contrato

que Master Link instó en contra de la AEE en cuanto al proyecto de

Culebra, Civil Núm. K AC2016-0818.

      Ante ello, el Sr. Ramírez explicó que optó por cursar a los

codemandados una carta por correo certificado con acuse de recibo

el 20 de diciembre de 2019, reclamando el pago de la totalidad de la

suma ajustada de $123,394.44, más una partida por concepto de

intereses al amparo de los parámetros establecidos por el Colegio de

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR). Expuso que los

codemandados recibieron la misiva el 23 de diciembre de 2019.

      Alegó el Sr. Ramírez que, a pesar de sus gestiones de cobro,

los codemandados se niegan a pagar la cantidad ajustada. Al tenor,

argumentó que la deuda era una líquida, vencida y exigible, y

reclamó su pago. Además, solicitó el pago de $203,600.73 por
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concepto de intereses legales por mora, computados al cinco por

ciento (5%), desde el 17 de julio de 2017 hasta el 30 de abril de 2020,

para un total de $326,995.20, más los intereses legales que se

acumulen hasta su saldo total, costas gastos y honorarios de

abogado.

      Los codemandados presentaron su contestación a la demanda

el 17 de junio de 2020. En esencia, admitieron la existencia del

acuerdo, pero negaron que el Sr. Morales hubiera suscrito el mismo

en su carácter personal. De igual forma, aceptaron que las partes se

reunieron los días 17 y 19 de julio de 2017, pero negaron que en

dicha reunión Master Link hubiera aceptado adeudar cantidad

alguna.

      Los codemandados explicaron que Master Link contrató al Sr.

Ramírez para supervisar un proyecto de la AEE, que fue cancelado

en octubre de 2014; que dicha cancelación le fue informada al Sr.

Ramírez el 26 de noviembre de 2014, y que a partir de dicha fecha

Master Link dio por finalizado el contrato de servicios profesionales

con el Sr. Ramírez. No obstante, según se alegó, las partes acordaron

de forma verbal que, a partir del 10 de diciembre de 2014, Master

Link le pagaría al Sr. Ramírez $1,650.00 bisemanales por trabajos

de oficina. Afirmaron que el Sr. Ramírez recibió la compensación

$1,650.00 bisemanales hasta el 2 de marzo de 2016, fecha en que

dejó de prestar servicios para Master Link.

      Además, los codemandados objetaron la deuda reclamada y

articularon que en la reunión llevada a cabo los días 17 y 19 de julio

de 2017 propusieron al Sr. Ramírez unas alternativas de pago sobre

las cuales nunca recibieron respuesta. Así pues, entre sus defensas

afirmativas, alegaron que la deuda no es una líquida y exigible. Por

otro lado, plantearon que la demanda no establecía hechos que

justificaran la concesión de un remedio, por haberse verificado el

pago o por prescripción parcial o total de la deuda.
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       Luego de varios incidentes procesales, el 28 de junio de 2022,

notificada el 30 de junio del 2022, el TPI dictó una Resolución

mediante la cual rechazó desestimar la causa de acción en contra

del Sr. Morales, en su carácter personal. Posteriormente, el 25 de

agosto de 2022, este foro apelativo emitió una Resolución por virtud

de la cual denegó la expedición del auto de certiorari incoado por los

codemandados para la revisión de la denegatoria de la solicitud de

desestimación (KLCE202200845).

       Así las cosas, el 9 de diciembre de 2022, las partes

presentaron un Informe Conjunto sobre Conferencia con Antelación a

Juicio Enmendado2. En igual fecha, presentaron una Moción

Conjunta     en    Cumplimiento       de    Orden     Acompañando         Prueba

Documental.3

       El 7, 8, 9 y 10 de febrero de 2023, se celebró el juicio en su

fondo. El demandante, Sr. Ramírez, presentó su propio testimonio.

Por su parte, la parte demandada presentó los testimonios del

codemandado Sr. Morales y la señora Annabelle Alicea Abreu.

También el TPI admitió y marcó prueba documental.4

2 En éste, las partes esbozaron las siguientes estipulaciones: (1) El 3 de enero de

2011, Master Link Corporation suscribió un contrato con la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico para un proyecto denominado “Rehabilitation of Culebra
Power Station”; (2) Conforme el contrato de servicios del 3 de febrero de 2012, el
demandante, ingeniero Javier Ramírez González, fue contratado como supervisor
de proyecto de la obra denominada como “Rehabilitación de la Planta Generatriz
de Culebra”; y (3) Conforme el contrato del 3 de febrero de 2012, el demandante,
ingeniero Javier Ramírez González, recibiría una compensación de $7,000.00
dólares mensuales pagaderos de forma bi-semanal. En el Informe Conjunto, las
partes también ofrecieron una lista de la prueba documental estipulada en cuanto
a su autenticidad, así como de la prueba documental y testifical que presentarían
en el juicio. Íd., entrada 113.
3 En dicha moción, enumeraron la prueba documental estipulada, la prueba

documental de la parte demandante y la prueba documental de la parte
demandada, igualmente anunciadas en el Informe Conjunto de Conferencia con
Antelación a Juicio Enmendado. Íd., entrada 114.
4 Durante la celebración del juicio, se admitió y marcó la siguiente prueba

documental anunciada por las partes en el Informe Conjunto de Conferencia con
Antelación a Juicio Enmendado: (A) Estipulada, solamente en cuanto a su
autenticidad, y no el contenido: (1) Rehabilitation of Culebra Power Station,
Contract 091253; (2) “Acuerdo Proyecto Culebra” del 3 de febrero de 2012; (3) (a)
correo electrónico del 16 de julio de 2017 remitido por el señor Javier Ramírez
González y dirigido al señor Carlos Morales Vázquez al cual se acompañó un
enlace que contenía el documento titulado “Reclamación de Facturas Pendientes
de Pago” y (b) anejo del Correo electrónico del 16 de julio de 2017 remitido por el
señor Javier Ramírez González y dirigido al señor Carlos Morales Vázquez sobre
“Reclamación de Facturas Pendientes de Pago”; (4) correo electrónico del 16 de
julio de 2017 remitido por el señor Carlos Morales Vázquez y dirigido al señor
Javier Ramírez González; (5) correo electrónico del 21 de julio de 2017 y el 5 de
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       El Sr. Ramírez testificó que el Sr. Morales le hizo el

acercamiento para que trabajara en el proyecto identificado como

Planta Generatriz de Culebra, en calidad de ingeniero gerente o

construction manager. El 3 de febrero de 2012, firmaron el “Acuerdo

Proyecto Culebra”, conforme al cual “[l]os honorarios por la

supervisión ser[ía]n a razón de $7,000.00 mensuales”.5 No obstante,

el Sr. Ramírez explicó que, a pesar de no formar parte de los servicios

contratados,      adicionalmente        realizó   funciones      de    ingeniero

residente, responsable de los trabajos de campo; atendió asuntos

administrativos; y estuvo a cargo del quality control y los aspectos

técnicos del proyecto.6 También se desempeñó como oficial de

seguridad en el proyecto y agrimensor.7 Según dijo, para los trabajos

de agrimensura, utilizó su propio equipo.8

       Asimismo, el Sr. Ramírez expresó que la primera fase del

proyecto comenzó el 13 de febrero de 2012. Sin embargo, al

percibirse un fuerte olor a hidrocarburo la obra se detuvo por 6.4

noviembre de 2019 remitidos por el señor Carlos Morales Vázquez y dirigido al
señor Javier Ramírez González; (6) cheque personal número 1078 del 26 de julio
de 2017 por la suma de $3,898.77; (7) carta del 20 de diciembre de 2019 remitida
por el demandante, Ing. Javier Ramírez González, dirigida al señor Carlos Morales
Vázquez sobre “Facturas Pendientes de Pago”; (8) declaración de Ingresos de
Hacienda sujetos a retención Forma 480.6(b) de Javier Ramírez en los años 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; (9) Certificado de Incorporación Master Link
Corp.; (10) By-laws Master Link Corp.; (11) (a) Consentimiento Escrito del 2 de
diciembre de 2009 suscrito por Carlos Morales; (b) Consentimiento Escrito del 13
de agosto de 2010 suscrito por Carlos Morales; (c) Certificado de Resolución
Corporativa del 9 de febrero de 2011 suscrito por Karla Vélez; (d) Certificado de
Resolución Corporativa del 25 de abril de 2011 suscrito por Karla Vélez; (e)
Consentimiento Escrito del 2 de mayo de 2011 suscrito por Carlos Morales; (f)
Consentimiento Escrito del 2 de diciembre de 2020 suscrito por Karla Vélez; (g)
Certificado de Resolución del 7 de enero de 2021 suscrito por Karla Vélez. (B)
Prueba de la parte demandante: (1) Rehabilitación Planta de Energía de Culebra,
Especificaciones 0912653; (2) Estados de la Cuenta de Banco de Javier Ramírez
González, cuyos últimos dígitos son 7658; (3) Reclamación de “Extended
Overhead”, Planta Generatriz Culebra, Contrato 2011-P00067 (Admitido pero con
una admisibilidad limitada); (4) Reclamación de “Extended Overhead Parte II”,
Planta Generatriz Culebra, Contrato 2011-P00067; (5) Tabla en Excel que resume
todos los gastos, página 37 (entrada 120 de SUMAC) y (6) Moción de Sentencia
Sumaria Parcial del caso civil número K AC2016-0818. (C) Prueba de la parte
demandada: (1) Cash Disbursement Journal a Javier Ramírez, años 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y 2019 sacados de Peach Tree; y (2) Desglose de Pagos a Javier
Ramírez en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2019 sacados de Peach Tree
(Se da por no puesto lo que está en highlights y manuscrito, lo que se toma por
evidencia es el Estado según impreso). Íd., entradas 128-131.
5 Transcripción de la vista celebrada el 7 de febrero de 2023, págs. 43-44, 46, 50,

60.
6 Íd., págs. 50-51.
7 Íd., págs. 51-52, 57, 61.
8 Íd., pág. 57.
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meses (192 días).9 Más adelante, el proyecto se paralizó por 13.15

meses adicionales. Mientras estuvo el proyecto detenido, el Sr.

Ramírez indicó que continuó recibiendo el pago por sus honorarios

de $7,000.00 mensuales.10

        El testigo especificó que el proyecto se canceló el 31 de octubre

de 2014, y que el Sr. Morales le continuó pagando los $7,000.00

mensuales hasta la última semana de noviembre de 2014.11 Adujo

que, en ese mes, el Sr. Morales lo citó a una reunión en la que le

explicó lo sucedido y ofreció pagarle el 50% del salario. El Sr.

Ramírez declaró que le indicó al Sr. Morales que estaba dispuesto a

que se le pagara el 50% del salario, con la condición de que se le

pagara el restante 50% una vez la compañía estuviera en posición

de así hacerlo.12

        El Sr. Ramírez indicó que luego de cancelado el proyecto de

Culebra, preparó el extended overhead número 1 y número 2.13

También trabajó en varias subastas a favor de Master Link y acudió

a entrevistas con abogados para la preparación de la demanda

contra la AEE y compañías aseguradoras. A su vez, declaró que

realizó varios trabajos en la residencia del Sr. Morales y en la de un

familiar de éste.14

        El Sr. Ramírez indicó que decidió trabajar para Master Link

hasta el 2 de marzo de 2016, porque, pese a sus incesantes

reclamos, el Sr. Morales nunca le pagó el restante 50% del salario.15

Puntualizó que en la factura por servicios profesionales reclamó el

50% adeudado desde el 26 de noviembre de 2014 hasta el 2 de

marzo de 2016, y desglosó el importe reclamado16. De la misma

9 Íd., pág. 82.
10 Íd., págs. 83-84, 87.
11 Íd., pág. 88.
12 Íd., pág. 89.
13 Según explicó, el extended overhead consiste en los gastos que tuvo Master Link

(contratista) durante el tiempo que estuvo detenido el proyecto por causas ajenas
a éste. Master Link reclamó dicho gasto a la AEE. Íd., pág. 121, 148.
14 Íd., pág. 90.
15 Íd., pág. 89, 104-105.
16 Íd., págs. 108-113.
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manera, justificó el desglose de la factura de cambios de orden y

economía para el proyecto17.

       Respecto al reclamo por concepto de renta de equipos, el Sr.

Ramírez afirmó que la factura se circunscribe al gasto o pérdida de

productividad que le ocasionó el hecho de tener su equipo de

agrimensura confinado en el proyecto detenido por 19.55 meses.

Aseguró que no facturó el costo por el servicio de agrimensura.18

       Finalmente, el Sr. Ramírez declaró que el borrador de la

Minuta y acuerdos entre Javier Ramírez y Carlos Morales en

representación de Master Link para atender reclamaciones de

comisiones otros pagos relacionados al proyecto de Culebra, remitida

por el Sr. Morales mediante correo electrónico del 21 de julio de

2017, no refleja el convenio habido entre las partes durante los días

17 y 19 de julio de 2017, específicamente respecto a la controversia

relativa a la partida por concepto de nómina pendiente de pago19 y

los acuerdos de pago de la cantidad reclamada.20

       El Sr. Ramírez puntualizó que, en las reuniones del 17 y 19

de julio de 2017, acordó con el Sr. Morales que la suma total

reclamada en las facturas se pagaría en ese momento.21 El testigo

explicó que, toda vez que la minuta no reflejaba los acuerdos

conforme fueron asumidos por las partes, optó por no presentar

comentarios o sugerencia alguna en torno a ésta.22 En su lugar, dijo

que el 20 de diciembre de 2019, remitió una misiva al Sr. Morales

en la que nuevamente reclamó el pago de la deuda y manifestó su

inconformidad con las condiciones unilaterales impuestas por éste

17 Íd., pág. 113-116.
18 Íd., págs. 116-117; Transcripción de la vista del 8 de febrero de 2023, págs. 52,

113-114, 119-120, 130, 137-138, 143.
19 Transcripción de la vista del 8 de febrero de 2023, págs. 43-44.
20 Íd., págs. 51-53.
21 Íd., pág. 53.
22 Íd., pág. 56.
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para efectuar el pago.23 Al no recibir respuesta, presentó la

reclamación judicial.24

        En el contrainterrogatorio, el Sr. Ramírez aceptó que el

contrato de servicios del 3 de febrero de 2012 no fue objeto de

enmiendas por escrito, sino que las enmiendas se hicieron en forma

verbal.25 De la misma forma, reconoció que en ese acuerdo Master

Link se comprometió a pagarle $7,000.00 mensuales solamente por

la gerencia del proyecto.26

        A su vez, el testigo explicó el proceso para el cobro de las

comisiones especificadas en el acuerdo del 3 de febrero de 2012 y

admitió que, conforme al mismo, no se requería la presentación de

facturas para cobrarlas. No obstante, afirmó que la información

constaba documentada en las carpetas de archivo de la empresa.27

Además, aclaró que, a pesar de que en los extended overhead

dirigidos a la AEE no se incluyeron facturas por concepto de renta

de equipo, cuando preparó dichos documentos, acompañó un

recordatorio dirigido al Sr. Morales respecto a las cantidades que

éste le adeuda por concepto de renta de equipo.28 Por último, reiteró

que, luego de la cancelación del proyecto, el Sr. Morales le pidió que

continuara trabajando a tiempo completo con la condición de que se

le iba a pagar el 50% restante una vez la empresa estuviera

solvente.29

        La parte demandada inició su turno de prueba con el

testimonio del Sr. Morales. Éste declaró que mediante el acuerdo se

comprometió a pagar al Sr. Ramírez $7,000.00 mensuales por el

servicio de administrar el proyecto.30 No obstante, expresó que,

23 Íd., págs. 60-61.
24 Íd., pág. 63.
25 Íd., pág. 76, 83.
26 Íd., pág. 84.
27 Íd., págs. 97-98, 104-105.
28 Íd., págs. 165, 179.
29 Íd., pág. 154.
30 Transcripción de la vista del 9 de febrero de 2023, pág. 62.
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después de que la AEE canceló el proyecto, llegó a un acuerdo con

éste para pagarle menos, debido a que no estaba ejerciendo tareas

de ingeniero.31 Según explicó, las partes acordaron que el Sr.

Ramírez incluyera sus reclamaciones por concepto de salarios

dejados de devengar y renta de equipo en los extended overhead

objeto de la demanda presentada por Master Link contra la AEE,

quedando la liquidación de tales reclamaciones sujetas al resultado

de la referida acción judicial.32

        En cuanto al equipo propiedad del Sr. Ramírez que se quedó

confinado en el área del proyecto mientras éste estuvo detenido, el

testigo interpretó que la orden de la AEE se refería más bien a los

equipos pesados, cuyos costos de transportación resultaban altos, y

no a los equipos pequeños, como el de agrimensura; razón por la

cual, arguyó que el Sr. Ramírez pudo haber retirado su equipo del

proyecto en cualquier momento.33 Al respecto, puntualizó que el

contrato del 2012 no contempla el pago por concepto de

arrendamiento de equipo y que tampoco existe factura alguna por

dicho concepto porque dicha reclamación había quedado sujeta al

resultado del pleito que Master Link presentó en contra de la AEE.34

        Además, el Sr. Morales expresó que le bajó el sueldo al Sr.

Ramírez porque éste no estaba desempeñando funciones de

ingeniero, sino que ejercía labores de estimador y ayudante de

asuntos de la oficina. Abundó que las partes acordaron que al Sr.

Ramírez se le volvería a pagar el salario de $7,000.00 mensuales si

la empresa conseguía algún nuevo proyecto en el que éste volviera a

tener el cargo de ingeniero administrador.35 No obstante, afirmó que

nunca acordó pagar la diferencia en sueldo.36 Además, especificó

31 Íd., pág. 70.
32 Íd., pág. 71.
33 Íd., pág. 72, 153-154.
34 Íd., págs. 73-74, 76, 94, 95.
35 Íd., págs. 74-75, 87.
36 Íd., pág. 87.
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que durante la relación laboral el Sr. Ramírez tampoco le exigió

sueldos dejados de devengar.37 Con ello, reiteró que la reclamación

del Sr. Ramírez por salarios dejados de devengar dependía del

resultado del pleito judicial instado por Master Link en contra de la

AEE.38

        Por otro lado, el testigo admitió que el Sr. Ramírez generó

miles de documentos que fueron enviados a la AEE y que, de no

haber sido por ese trabajo, Master Link se hubiera visto

imposibilitado de presentar una reclamación por extended overhead

en contra de la referida agencia.39 También aceptó adeudar al Sr.

Ramírez la suma aproximada de $19,000.00 por concepto de orden

de cambio y economía para el proyecto.40

        En el contrainterrogatorio, el Sr. Morales reconoció que, en la

reclamación contra la AEE, Master Link incluyó en cada extended

overhead una partida por concepto de renta de equipos de

agrimensura.41         A   continuación,     aceptó     que       dichos   equipos

pertenecen al Sr. Ramírez.42 De igual forma, aseguró que el contrato

suscrito entre éste y el Sr. Ramírez se enmendó de manera verbal.43

A su vez, indicó que si la AEE le hubiera pagado a Master Link los

extended overhead, él le hubiera pagado al Sr. Ramírez los salarios

dejados de devengar y el alquiler de los equipos de agrimensura.44

        El segundo testigo de la parte demandada fue la señora

Anabel Alicea Abreu (Sra. Alicea). Ésta declaró que trabajó como

contable de la compañía Master Link desde el 2006 hasta marzo del

2011.45 Su trabajo consistía en registrar toda transacción monetaria

de la empresa, una vez recibida la documentación de soporte.46

37 Íd., pág. 94.
38 Íd., págs. 85-86.
39 Íd., págs. 63-64.
40 Íd., pág. 64.
41 Íd., pág. 118.
42 Íd., pág. 116.
43 Íd., pág. 38.
44 Íd., págs. 129, 140, 149.
45 Transcripción de la vista del 10 de febrero de 2023, pág. 8.
46 Íd., pág. 9-10.
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Explicó que el sistema de registro que utiliza la compañía, refleja los

pagos realizados a favor del Sr. Ramírez por sus servicios

profesionales y por concepto de rembolsos y petty cash.47 Expresó

que los pagos periódicos bisemanales del Sr. Ramírez fueron

reducidos en algún momento.48 También, detalló el proceso para el

pago de comisiones y admitió que al Sr. Ramírez no se le pagó

ninguna partida por concepto de comisión.49

        El 13 de marzo de 2023, luego de evaluar la prueba desfilada,

el TPI emitió la Sentencia objeto de revisión en este recurso. En su

pronunciamiento, consignó las siguientes determinaciones de

hechos:

         1. Conforme a lo testificado por el codemandado,
         Morales Vázquez, éste es el único accionista, director
         y oficial de MLC.

         2. El 3 de enero de 2011, MLC suscribió un contrato
         con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
         (en adelante “AEE”) para la construcción de un
         proyecto denominado “Rehabilitation of Culebra Power
         Station” (en adelante “Proyecto de Culebra”). [Exhibit
         Conjunto #1]

         3. En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el
         contrato entre la AEE y MLC dispone que, como
         contratista de la obra, MLC suministraría toda la
         mano de obra, supervisión, equipo, herramientas,
         servicios, ingeniería, fabricación, construcción,
         pruebas, permisos, entre otros elementos necesarios
         para la rehabilitación de la planta generatriz de la AEE
         ubicada en el municipio de Culebra. [Exhibit Conjunto
         #1, Artículo 1]

         4. Del precitado contrato, así como de sus
         especificaciones, también surge que MLC contrataría
         varios profesionales y empleados tales como gerente de
         proyecto, ingeniero residente, oficial de seguridad,
         agrimensor, entre otros. [Exhibit Conjunto #1,
         Artículos 12.7, 12.32 y 56.10; Exhibit #1 de la Parte
         Demandante, Página 1300-1, Artículo 1.3]

         5. De conformidad a los testimonios del demandante,
         Ramírez González, y del codemandado, Morales
         Vázquez, no existe relación contractual alguna entre la
         AEE y el demandante por cuanto éste no participó en
         forma alguna de las negociaciones entre la AEE y MLC
         ni suscribió el referido contrato.

47 Íd., pág. 68, 70.
48 Íd., pág. 60.
49 Íd., pág. 75, 84.
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      6. El 3 de febrero de 2012, el demandante y el
      codemandado, Morales Vázquez, suscribieron un
      documento titulado “Acuerdos Proyecto de Culebra”
      para establecer unos acuerdos profesionales para la
      construcción del Proyecto de Culebra [Exhibit
      Conjunto #2]. En virtud del referido documento
      suscrito el 3 de febrero de 2012, las partes alcanzaron
      los siguientes acuerdos:

       A. Los honorarios por la supervisión será a razón de
       $7,000.00 dólares mensuales pagaderos de forma
       bi-semanal como servicios profesionales. Master
       Link Corp. (MLC) realizará las deducciones
       contributivas correspondientes.

       B. Toda economía y cambio de orden logrado será
       recompensado [por] una comisión equivalente del
       15% de ganancia obtenida. Este pago será
       realizado al momento de ser recibido el pago de la
       certificación correspondiente.

       C. Los gastos de gasolina, mantenimiento, peaje y
       vehículo será sufragado por este servidor. De surgir
       otro trabajo al antes establecido, MLC reembolsará
       el incremento en gasto asociado.

       D. Los gastos de transportación aérea, terrestre en
       la Isla de Culebra, estacionamiento, alojamiento y
       otros gastos relacionados para llevar a cabo mis
       funciones, será pagado como gastos reembolsables.

       E. Los gastos de teléfono e internet serán
       sufragados por este servidor hasta el monto
       establecido por su plan de servicio. De haber algún
       incremento en exceso de la tarifa establecida, este
       sería sufragado por MLC.

       F. Se proveerá de una tarjeta de crédito corporativa
       para cubrir todo gasto relacionado al proyecto.

       G. Este servidor podrá prestar servicios a terceros
       siempre y cuando no interfiera con sus labores y
       funciones antes descritas.

       H. De alguna de las partes querer prescindir de los
       acuerdos antes establecidos, deberá ser notificado
       con por lo menos 15 días con antelación a la fecha
       de su efectividad.

     7. A tenor con lo pactado en el inciso uno (1) del
     precitado acuerdo del 3 de febrero de 2012, MLC pagó
     al demandante la suma neta de $3,004.61 de forma bi-
     semanal desde el 23 de febrero de 2012. [Exhibit #2 de
     la Parte Demandante y Exhibit #2 de la Parte
     Demandada]

     8. El 3 de abril de 2013, MLC remitió a la AEE una
     misiva suscrita por el demandante a la cual acompañó
     un informe certificado por la firma de Contadores
     Públicos Autorizados Vicente García C.P.A. & Co.,
     P.S.C. mediante el cual MLC reclama a la AEE el pago
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     por gastos adicionales incurridos durante la obra por
     concepto de “Extended Overhead”, entre éstos, la renta
     de un equipo de mensura por 6.40 meses a un costo
     total de $11,200.00. [Exhibit #3 de la Parte
     Demandante]

     9. El 22 de enero de 2015, MLC remitió a la AEE una
     segunda misiva suscrita por el demandante a la cual
     acompañó un segundo informe certificado por la firma
     de Contadores Públicos Autorizados Vicente García
     C.P.A. & Co., P.S.C. mediante el cual MLC reclama a la
     AEE el pago de otros gastos adicionales incurridos
     durante la obra por concepto de “Extended Overhead”,
     entre éstos, la renta de un equipo de mensura por 13.17
     meses a un costo total de $23,047.50. [Exhibit #4 de la
     Parte Demandante]

     10. Como parte de su testimonio, el codemandado,
     Morales Vázquez, declaró que, a finales del mes de
     noviembre del año 2014, a raíz de los problemas
     económicos que enfrentaba MLC como consecuencia de
     la cancelación de la construcción del Proyecto de
     Culebra, propuso al demandante que permaneciera
     trabajando, percibiendo el cincuenta por ciento (50%)
     del ingreso pactado en el inciso uno (1) del precitado
     acuerdo del 3 de febrero de 2012.

     11. Conforme testificara el demandante, testimonio que
     nos mereció absoluta credibilidad, debido a la amistad
     que los unía, éste accedió al pedido del codemandado,
     Morales Vázquez, con la condición de que el restante
     cincuenta por ciento (50%) se le pagara de forma
     retroactiva, una vez Morales Vázquez y/o MLC contara
     con mayor liquidez.

     12. Desde el 10 de diciembre de 2014 hasta el 2 de
     marzo de 2016, fecha en que el demandante decidió no
     continuar rindiendo servicios a los demandados, MLC
     pagó al demandante la suma neta de $1,502.30 de
     forma bi-semanal equivalente al cincuenta por ciento
     (50%) del ingreso pactado en el inciso uno (1) del
     precitado acuerdo del 3 de febrero de 2012. [Exhibit #2
     de la Parte Demandante y Exhibit #2 de la Parte
     Demandada]

     13. En consonancia a lo testificado por el demandante,
     cuyo testimonio nos merece absoluta credibilidad,
     durante el periodo del 10 de diciembre de 2014 y el 2 de
     marzo de 2016, éste rindió diversos servicios para los
     demandados, algunos relacionados al Proyecto de
     Culebra. Entre éstos, la preparación del “Extended
     Overhead Parte II” y entrevistas con el Lcdo. Henry
     Vázquez para la preparación de la Demanda de MLC en
     contra de la AEE sobre Incumplimiento de Contrato y
     Daños y Perjuicios.

     14. Este Tribunal toma conocimiento judicial en torno
     a que el 25 de agosto de 2016, MLC radicó Demanda
     sobre Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios
     en contra de la AEE, Civil Núm. KAC2016-0818,
     mediante la cual solicita al Tribunal de Primera
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     Instancia que dicte Sentencia condenando a la AEE,
     entre otras cosas, a pagarle a MLC unas sumas de
     dinero por concepto de los gastos adicionales incurridos
     que surgen de los referidos “Extended Overhead”, así
     como intereses por mora.

     15. El 30 de septiembre de 2016, MLC radicó una
     Moción de Sentencia Sumaria Parcial en el precitado
     caso a la cual acompañó una declaración jurada del
     aquí codemandado, Morales Vázquez. Mediante dicha
     solicitud sumaria, MLC solicita al Tribunal de Primera
     Instancia que condene a la AEE a pagarle una suma de
     dinero que ha sido reconocida y aceptada por la AEE
     por concepto de los gastos adicionales incurridos que
     surgen de los referidos “Extended Overhead”. [Exhibit
     #6 de la Parte Demandante]

     16. Mediante correo electrónico del 16 de julio de 2017,
     el demandante remitió al codemandado, Morales
     Vázquez, un documento sobre “Reclamación Facturas
     Pendientes de Pago” a través del cual reclama a los
     demandados el pago de la suma de dinero adeudada a
     esa fecha e incluyó las facturas pendientes de pago las
     cuales totalizaban ciento sesenta mil, doscientos
     ochenta y siete dólares ($160,287.00) [Exhibit Conjunto
     #3]. Particularmente, solicitó el pago de las siguientes
     partidas:

       1. Servicios Profesionales - $7,797.55

       2. Nómina Pendiente de Pago - $66,910.59

       3. Orden de Cambio y Economía Para el Proyecto:

       a. Economía Tanque Diésel - $7,368.50
       b. Acero Estructural - $9,360.00
       c. Louvers - $19,981.21
       d. Varios Cambios - $1,543.19
       e. Prefabricados - $13,507.20

       4. Renta de Equipos de Agrimensura - $33,818.76

     17. Según fuera testificado por el demandante,
     testimonio al cual este Tribunal otorga completa
     credibilidad, la factura por concepto de “servicios
     profesionales” corresponde, en síntesis, en entrevistas
     que éste tuvo con el Lcdo. Henry Vázquez para la
     preparación de la precitada demanda de MLC en contra
     de la AEE, caso KAC2016-0818.

     18. A tenor con lo declarado por el demandante,
     testimonio que nos merece absoluta credibilidad, la
     factura por concepto de “nómina pendiente de pago”
     corresponde al pago retroactivo del cincuenta por ciento
     (50%”) de los ingresos pactados en el inciso uno (1) del
     precitado acuerdo del 3 de febrero de 2012.

     19. De acuerdo con lo testificado por el demandante,
     testimonio que nos merece absoluta credibilidad, la
     factura por concepto de “Orden de Cambio y Economía
     Para el Proyecto” corresponde al pago de comisiones
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     pactado en el inciso dos (2) del precitado acuerdo del 3
     de febrero de 2012.

     20. Conforme fuera testificado por el demandante, cuyo
     testimonio merece absoluta credibilidad, la factura por
     concepto de “Renta de Equipos de Agrimensura”
     corresponde a la renta de equipo de agrimensura que
     estuvo destacado en el Proyecto de Culebra por un
     período total de 19.57 meses y cuyo gasto por concepto
     de “Extended Overhead” es reclamado por MLC a AEE
     mediante la precitada Demanda.

     21. El equipo de agrimensura utilizado en la obra era
     propiedad del demandante, conforme fuera declarado
     por el propio codemandado, Morales Vázquez.

     22. A esa misma fecha, 16 de julio de 2017, el
     codemandado, señor Morales Vázquez, remitió correo
     electrónico al demandante confirmando una reunión a
     efectuarse el día 17 de julio de 2017, a las 10:00 am,
     con el propósito de discutir las facturas pendientes de
     pago por los servicios rendidos y solicitó al demandante
     llevar copia del contrato firmado entre ellos en el 2012.
     [Exhibit Conjunto #4]

     23. De conformidad al testimonio del demandante,
     Ramírez González y del codemandado, Morales
     Vázquez, éstos se reunieron los días 17 y 19 de julio de
     2017 y discutieron partida por partida cada una de las
     facturas pendientes de pago.

     24. Con arreglo a lo testificado por el demandante y
     adjudicada la absoluta credibilidad que nos merece, las
     partes acordaron ajustar cada una de las partidas
     adeudadas a una cantidad menor con la condición de
     que dicha cantidad se pagara de forma inmediata.

     25. El 21 de julio de 2017, el codemandado, señor
     Morales Vázquez, cursó al demandante, mediante
     correo electrónico, un “Borrador de Acuerdo para
     reclamaciones de comisión del Proyecto Culebra” que fue
     redactado por el codemandado, Morales Vázquez.
     [Exhibit Conjunto #5]

     26. Del precitado correo electrónico remitido por el
     codemandado, Morales Vázquez, se desprende el
     siguiente mensaje: “[F]avor comentarlo e incluir lo que
     entiendas necesarios [sic] para tratar de llegar a un
     acuerdo final sobre estas controversias. Pienso que el
     acuerdo que te envió [sic] recoge todo lo que discutimos
     más algunas cosas que le incluí que opino son a tú [sic].
     Recuerda debemos nadar para el mismo lado tú al igual
     que yo tienes dinero pillado al lado de halla [sic],
     debemos movernos con agilidad antes de que cambien
     los personajes envueltos o pongan un síndico.”

     27. Del referido “Borrador de acuerdo” se desprende, en
     lo pertinente, lo siguiente:

       Minuta y acuerdos entre Javier Ramírez y
       Carlos Morales en representación de Master
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       Link para atender reclamaciones de comisiones
       otros pagos relacionados al proyecto de
       Culebra.

       1. Reclamación sobre economía en la fabricación del
       tanque se acordó $3,116.00 que surge de la
       economía en la fabricación del tanque que
       originalmente fue de $145,774.00 y finalmente
       costo $125,000.00 incluyendo el costo de flete.
       Hubo una economía de $20,774.00 X 15%=
       $3,116.00.

       2. Reclamación sobre economía en los aceros se
       acordó $3,300.00 que surge de la cantidad que se
       tuvo en consideración al momento de cotizar que fue
       $127,000 - $105,000 (cantidad pagada) =
       $22,000.00 X 15% += $3,300.00.

       3. Reclamación por servicios profesionales se
       acordó $3,898.77 esta factura corresponde en
       servicio prestado al Lic. Henry Vázquez.

       4. Reclamación por comisión por cambios pequeños
       se acordó $1,235.00 que surge de una ganancia
       aproximada de $8,236 X 15%=$1,235.00.

       5. Reclamación por economía en el pre-fabricado se
       acordó $1,750.00 que surge del costo utilizado en el
       estimado para la subasta y la cantidad finalmente
       pagada. $107,000.00 - $95,327.00 = $11,673.00 X
       15% = $1,750.

       6. Reclamación de los Louver se acordó un pago tipo
       lump sum por $10,000.00 como pago total sin entrar
       en detalles de fórmulas para determinar cantidad.

       7. Sueldos dejados de devengar se acordó que se
       pagará a razón del porciento que la AEE page [sic]
       de la reclamación de extended overhead,
       excluyendo los trabajos realizados y el retenido.

       8. Reclamación por renta de equipo de agrimensura
       y costo de agrimensura. Se acordó que lo que pague
       [sic] la AEE respecto a este punto será de Javier
       Ramírez sin ningún descuento.

       Términos de pago acordados de los diferentes
       renglones de los diferentes renglones [sic]

       1. Los renglones 1, 2, 4, 5, y 6 se acuerda un plan
       de pago a partir de la fecha que se firme este
       acuerdo. Este acuerdo constara de un pago fijo
       mensual durante 5 meses por $3,898.00. Con este
       pago final se extingue la deuda de comisiones del
       proyecto de Culebra, ambas partes reconocen que
       luego del pago final no habrá más reclamaciones
       sobre comisiones relacionadas al proyecto de
       Culebra.

       2. El renglón 3 se pagó en el día 17 de Julio del 2017
       con el cheque 1100 que le fue entregado al señor
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       Javier Ramírez. Los servicios brindados que cubre
       este pago están descritos en la factura 080820161
       sometida por el ingeniero Javier Ramírez. Con este
       pago las partes acuerdan que los servicios
       brindados bajo la factura 080820161 fueron
       cubiertos en su totalidad, por lo que no podrá haber
       reclamaciones futuras sobre este servicio.

       3. El renglón 7 reclamación por sueldos sin
       devengar esta partida, aunque no es reconocida por
       Carlos Morales se aceptó que se pague con la
       reclamación de extended overhead que se mantiene
       contra la AEE. La cantidad aceptada es de
       $65,000.00 incluyendo los intereses esta deuda no
       acumulara más intereses de los ya aceptados. Será
       pagada aplicándole el mismo por ciento de
       descuento que aplique la AEE a la reclamación de
       Extended Overhead excluyendo la cantidad que la
       AEE pague por concepto de retenido, trabajos
       realizados, daños [sic] y cualquier otro gasto no
       relacionado con el extended overhead. Con la
       cantidad que se pague queda salda la totalidad de
       la deuda sin tener derecho a reclamaciones
       posteriores.

       4. El renglón número 8 que corresponde a alquiler y
       servicios de agrimensura se acordó que Javier
       Ramírez cobrará la cantidad que la AEE pague por
       estos servicios en la reclamación de “extended
       overhead”. Carlos Morales rechaza cualquier pago
       a su favor sobre esta reclamación entendiendo que
       el equipo alquilado es de Javier Ramírez por lo que
       aceptó no hacer reclamaciones futuras sobre la
       partida reclamada en este inciso.

     28. Apartándose del contenido del “Borrador de
     Acuerdo” redactado por el codemandado, Morales
     Vázquez, la suma de $3,898.77 correspondiente a la
     factura 080820161 por concepto de “servicios
     profesionales” fue satisfecha al demandante el 26 de
     julio de 2017 mediante un cheque personal número
     1078 emitido por la pareja consensual del
     codemandado, Morales Vázquez, señora Aixa Quiñones
     Berríos. [Exhibit Conjunto #6]

     29. A tenor con lo declarado por el demandante, cuyo
     testimonio nos merece completa credibilidad, del
     referido “borrador de acuerdo” redactado y remitido por
     el    codemandado,      Morales     Vázquez,     surgen,
     correctamente, las sumas que las partes acordaron
     ajustar. Sin embargo, el codemandado, Morales
     Vázquez, incluyó condiciones no acordadas en las
     reuniones del 17 y 19 de julio de 2017, particularmente,
     condicionando el pago de las partidas adeudadas y
     ajustadas al resultado de la precitada demanda
     radicada por MLC contra la AEE en el Tribunal de
     Primera Instancia de Puerto Rico, Región de San Juan,
     caso    número      KAC2016-0818,       así   como    la
     comparecencia del demandante como testigo de MLC en
     dicho caso.
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     30. Cónsono a lo declarado por el demandante y
     adjudicada la entera credibilidad que nos merece, el
     demandante no aceptó las condiciones de pago
     propuestas por el codemandado, Morales Vázquez, por
     las mismas no ajustarse a lo convenido en las reuniones
     del 17 y 19 de julio de 2017 toda vez el demandante
     aceptó los ajustes realizados con la condición de que
     dicha cantidad se pagara de forma inmediata.

     31. Conforme testificara el demandante, testimonio que
     nos merece absoluta credibilidad, luego que el
     codemandado, Vázquez Morales, remitiera el precitado
     correo electrónico del 21 de julio de 2017, las partes
     sostuvieron varias comunicaciones verbales iniciadas
     por el codemandado, Morales Vázquez, con el propósito
     de contratar los servicios del demandante para
     desempeñarse en otros proyectos nuevos. No obstante,
     el demandante siempre condicionó cualquier acuerdo a
     que se le pagara la suma adeudada en su totalidad.

     32. El 5 de noviembre de 2019, el codemandado,
     Morales Vázquez, cursó al demandante un segundo
     correo electrónico mediante el cual nuevamente remitió
     el “Borrador de Acuerdo para reclamaciones de comisión
     [sic.] del proyecto Culebra”. [Exhibit Conjunto #5]

     33. Del precitado correo electrónico se desprende lo
     siguiente: “[E]sto [sic] fueron los acuerdos a los que
     llegamos en nuestra reunión del 17 y 21 de julio de 2017.
     El 21 de julio de 2017 de [sic] llevaste el cheque 1100 por
     $3,898.17 pagando lo acordado del renglón tres luego te
     envie [sic] el acuerdo final para tus comentarios y firma
     y nunca recibí la respuesta”.

     34. El 20 de diciembre de 2019, el demandante cursó al
     codemandado, Morales Vázquez, una misiva sobre
     “Facturas Pendientes de Pago”. Conforme testificara el
     demandante, cuyo testimonio nos merece absoluta
     credibilidad, mediante dicha misiva éste reclamó a los
     demandados el pago de las partidas adeudadas
     aplicando el ajustado acordado en las reuniones de julio
     de 2017, cuya suma total asciende a Ciento dieciocho
     mil seiscientos cuarenta y ocho dólares con
     cincuenta centavos ($118,648.50). [Exhibit Conjunto
     #7, Página 10]

     35. Mediante la referida carta, el demandante admitió
     haber cobrado la factura número 08082161
     correspondiente a la partida por concepto de servicios
     profesionales ascendente a $3,898.77 y solicitó el pago
     de las siguientes partidas aplicando el ajuste acordado:

       1. Nómina Pendiente de Pago - $65,000.00

       2. Orden de Cambio y Economía Para el Proyecto -
       $19,401.00
       a. Economía Tanque Diésel - $3,116.00
       b. Acero Estructural - $3,300.00
       c. Louvers - $10,000.00
       d. Varios Cambios - $1,235.00
       e. Prefabricados - $1,750.00
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          3. Renta de Equipos de Agrimensura - $34,247.50

       36. Conforme testificara el codemandado, Vázquez
       Morales, éste admitió adeudar al demandante la suma
       acordada de $19,401.00 por concepto de “Orden de
       Cambio y Economía Para el Proyecto”.

       37. Conforme testificara el codemandado, Vázquez
       Morales, también estaría dispuesto a pagar al
       demandante, de forma inmediata, las partidas por
       concepto de “sueldos dejados de devengar” y “renta de
       equipos de agrimensura” si la AEE pagara a la MLC las
       sumas reclamadas en la referida demanda, KAC2016-
       0818, por concepto de “Extended Overhead”. Conforme
       testificara el demandante, cuyo testimonio nos merece
       absoluta credibilidad, tal condición nunca fue acordada
       entre las partes. (Bastardillas y negrillas en el
       original).50

       Cónsono con lo anterior, el TPI concluyó que, durante los días

17 y 19 de julio de 2017, los codemandados reconocieron adeudar

al Sr. Ramírez las partidas que surgen de las facturas del 16 de julio

de 2017, y que las partes acordaron ajustar cada una de las partidas

a la suma total de $118,648.50. El tribunal destacó que el Sr.

Morales aceptó que fue él quien redactó el borrador de acuerdo del

cual surge cada una de las partidas ajustadas. Así, por ejemplo,

enfatizó que el Sr. Morales reconoció adeudar al Sr. Ramírez la

cantidad de $19,401.00 por concepto de comisiones que se

desprende de los incisos 1, 2, 4, 5 y 6 del referido borrador.

       Asimismo, el TPI resolvió que el Sr. Morales aceptó el resto de

las sumas reclamadas. Ello pues, porque el Sr. Morales había

declarado estar dispuesto a pagar las partidas por concepto de

“nómina pendiente de pago” ($65,000.00) y “renta de equipos de

agrimensura” ($34,247.50) si Master Link ganaba el pleito que instó

en contra de la AEE por concepto de extended overhead. El TPI

concluyó que tales declaraciones no eran cónsonas con un deudor

que niega adeudar las cuantías reclamadas.

50 Íd., entrada 132.
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        Al tenor, dado el hecho de que la AEE no contrató con el Sr.

Ramírez, el TPI coligió no conceder credibilidad al testimonio del Sr.

Morales en torno a que las partes acordaron que el pago de las

partidas estuviese condicionado al resultado de la demanda que

Master Link instó contra la AEE.

        En cambio, el TPI concedió entera credibilidad al testimonio

del Sr. Ramírez, consistente en que la suma ajustada debía pagarse

en su totalidad de manera inmediata y sin condición alguna. Por lo

anterior, el TPI dedujo que los acuerdos alcanzados los días 17 y 19

de julio de 2017 constituyen una obligación contractual líquida,

vencida y exigible, que debió ser pagada en su totalidad de forma

inmediata y sin condición alguna.

        Además, resolvió que los codemandados eran responsables

solidariamente del pago de la suma adeudada. A tales efectos, el TPI

concluyó que las actuaciones del Sr. Morales demostraron que su

participación en los acuerdos no fue únicamente en calidad

representativa de Master Link. Así, destacó que tanto para el 3 de

febrero de 2012, como para los días 17 y 19 de julio de 2017, el Sr.

Morales era el único accionista, director y oficial de Master Link.

Asimismo, puntualizó que, aunque el acuerdo del 3 de febrero de

2012 fue realizado por Master Link, el Sr. Morales suscribió dicho

acuerdo sin referencia alguna a que su comparecencia era en

representación de Master Link. De igual forma, mencionó que, aun

cuando del “borrador de acuerdo” redactado por el Sr. Morales surge

que su comparecencia es “en representación de Master Link”, en

varios de sus incisos éste hacía referencia a su persona, sin hacer

aclaración o hincapié que actuaba en representación de Master

Link.

        Así, por ejemplo, el TPI reseñó que el pago emitido a favor del

Sr. Ramírez el 26 de julio de 2017, por la suma de $3,898.77,

correspondiente a la factura 080820161 por concepto de “servicios
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profesionales”, no lo realizó Master Link, sino que fue la pareja

consensual del Sr. Morales, la señora Aixa Quiñones Berríos, lo que,

a juicio del tribunal, demostraba que, aunque Master Link podía

hacer pagos y retenciones, realmente era el Sr. Morales, en su

carácter personal, quien efectuaba la contratación con éste en una

relación simbiótica con su empresa. En fin, el TPI sentenció que el

Sr. Morales no había aportado prueba que demostrara que su

participación hubiera sido en representación de su empresa.

      A tenor con lo anterior, el TPI declaró con lugar la acción de

cobro de dinero y, consecuentemente, condenó a los codemandados

Master Link y Sr. Morales a pagar solidariamente al Sr. Ramírez las

sumas correspondientes a las siguientes reclamaciones: $65,000.00

en nóminas pendientes de pago, $34,247.50 por renta de equipos

de agrimensura y $19,401.00 en comisiones por órdenes de cambio;

para un total de 118,648.50, más los intereses por mora devengados

desde el 19 de julio de 2017.

      Oportunamente, los codemandados presentaron una solicitud

de reconsideración. En esencia, cuestionaron la adjudicación de

credibilidad y evaluación de prueba que llevó a cabo el TPI para

conceder las partidas de $65,000.00 por concepto de nómina

pendiente de pago y $34,247.50 por renta de equipos de

agrimensura. Arguyeron que, según las admisiones del Sr. Ramírez

durante la vista en su fondo: (1) ocurrió una novación del contrato

cuando se le notificó la cancelación del convenio habido entre

Master Link y la AEE, reduciéndosele la compensación por sus

servicios, y (2) no hubo contrato de arrendamiento de equipos ni

facturación alguna a Master Link por dicho concepto. Por tanto,

solicitaron al TPI que eliminara de la sentencia la concesión de las

referidas   partidas.   También   objetaron   la   determinación   de

responsabilidad solidaria.
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      Mediante orden emitida y notificada el 30 de marzo de 2023,

el TPI declaró sin lugar la solicitud de reconsideración.

      Inconforme, el 13 de abril de 2023, los codemandados Master

Link y Sr. Morales (en adelante, parte apelante) instó el presente

recurso y apuntaron los siguientes señalamientos de error:

      1. Erró el Honorable TPI al concluir en su determinación
      de hechos #10, 11, 12, 18 y 24 que la reclamación del
      señor Javier Ramírez por sueldos sin devengar o
      “nómina pendiente de pago”, provienen del acuerdo
      suscrito el 3 de febrero de 2012, y que constituyen
      hechos probados que la parte demandada acordó pagar
      esta partida a la parte demandante.

      2. Erró el Honorable TPI al concluir en su determinación
      de hechos #8 y 9 que existía un contrato de
      arrendamiento entre Master Link Corp. y Javier
      Ramírez por concepto de arrendamiento de equipo de
      agrimensura cuando la parte demandante declaró y
      admitió que nunca hubo un contrato de arrendamiento
      por equipo entre la parte demandante y Master Link
      Corp., la parte demandante también admitió que no
      facturó el pago por ese equipo en arrendamiento hasta
      el verano de 2017, y también declaró la parte
      demandante que este equipo solo había sido utilizado
      por unos días.

      Luego, mediante Moción en Cumplimiento de Orden de 21 de

junio de 2023, la parte apelante presentó la transcripción de la

prueba oral del juicio celebrado, con la anuencia del Sr. Ramírez.

Por lo cual, aceptamos la transcripción presentada como estipulada

por las partes.

      Luego, el 31 de julio de 2023, la parte apelante presentó su

Alegato Suplementario.

      Por su parte, el 28 de agosto de 2023, el Sr. Ramírez presentó

su Alegato de la Parte Apelada. En éste, adujo que el dictamen

emitido por el TPI está sustentado en la prueba que tuvo ante su

consideración,    según   corroborado   mediante    la   transcripción

presentada.

                                  II.

                                 -A-
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       Sabido es que los tribunales apelativos no debemos intervenir

con las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad

de los tribunales de primera instancia, en ausencia de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la

prueba.51

       Esta deferencia judicial está predicada en que los jueces de

las salas de instancia están en mejor posición para aquilatar la

prueba testifical porque tienen la oportunidad de oír, ver y apreciar

el comportamiento del testigo.52 Solamente se podrá intervenir

cuando la apreciación de la prueba no represente el balance más

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba.53

       No obstante, incurre en pasión, prejuicio o parcialidad “aquel

juzgador que actúe movido por inclinaciones personales de tal

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento,

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que [se]

someta prueba alguna”.54 Lo que constituye pasión, prejuicio o

parcialidad dependerá de las circunstancias particulares de cada

caso. Por tanto, ante una alegación de pasión, prejuicio o parcialidad

los foros apelativos deben evaluar si el juzgador cumplió su función

judicial de adjudicar la controversia conforme a derecho y de manera

imparcial. Solo así el foro apelativo puede descansar en las

determinaciones de hechos de las salas de instancia.55

       Por otro lado, ocurre error manifiesto cuando “la apreciación

de la prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente

51 Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 778 (2022); E.L.A. v. S.L.G. Negrón-
Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012).
52 Pueblo, v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 (2022), citando a Santiago Ortiz

v. Real Legacy, et al., 206 DPR 194, 219 (2021).
53 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011), citado

en Santiago Ortiz v. Real Legacy, et al., supra, pág. 219.
54 Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187

DPR 750, 782 (2013).
55 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 777 (2013).
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imposible o increíble”.56 Así, surge el error manifiesto cuando, de un

análisis de la totalidad de la evidencia, el tribunal apelativo queda

convencido de que se cometió un error, aunque haya evidencia que

sostenga las conclusiones de hechos del tribunal inferior. Ello es

particularmente cierto cuando el tribunal descansa exclusivamente

en una parte de la prueba, mientras hubo otra prueba que la

contradijera.57

       En consecuencia, la facultad de los tribunales apelativos para

sustituir el criterio de los tribunales de primera instancia se reduce

a aquellas circunstancias en las que, a la luz de la prueba admitida

“no existe base suficiente que apoye su determinación”.58 Las

diferencias de criterio jurídico no cumplen con el referido estándar

de revisión.59

       Ahora bien, cuando las conclusiones de hechos se basan en

prueba documental o pericial, los tribunales apelativos están en

idéntica posición que el tribunal inferior para evaluarla. Por ende, el

tribunal apelativo tendrá la facultad para adoptar su propio criterio

en la apreciación y evaluación de dicha prueba, “y hasta para

descartarla, aunque resulte técnicamente correcta”.60

                                        -B-

       Es norma conocida que, en nuestro ordenamiento jurídico,

como regla general, el peso de la prueba en toda acción civil recae

sobre la parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia

por alguna de las partes.61 Cónsono con lo anterior, la obligación de

presentar evidencia recae primeramente sobre la parte que sostiene

la afirmativa en el asunto en controversia.62 Por ello, la obligación

56 Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, citando a, citando a Pueblo v. Toro Martínez, 200

DPR 834, 859 (2018).
57 Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 793 (2020).
58 Íd., pág. 794.
59 Íd.
60 Santiago Ortiz v. Real Legacy, et al., supra.
61 Regla 110(A) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 110(A).
62 Regla 110(B) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 110(B).
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de presentar evidencia y persuadir al juzgador de la existencia de

los elementos esenciales de una reclamación recae sobre el

demandante.63

       En los casos de naturaleza civil, la determinación del juzgador

se hará mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios

de probabilidad.64

                                        -C-

       En una acción de cobro de dinero, el demandante viene

obligado a establecer que es acreedor de una deuda válida existente;

que la deuda no se ha pagado y que el demandado es el deudor.65.

En cambio, el demandado tiene que aportar prueba de la extinción

de la obligación.66

       El Artículo 1042 del Código Civil de 1930 dispone que las

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de

los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de

culpa o negligencia.67 En cuanto a los contratos, el Art. 1044 del

mismo código dispone que, “las obligaciones que nacen de los

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben

cumplirse al tenor de los mismos”.68 “Consecuentemente, un

contrato existe desde que una o varias personas prestan su

consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar algún

servicio”.69 Es por ello, que el Artículo 1054 de ese código sujeta a

aquellos que de alguna manera contravengan sus obligaciones a la

63 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 913 (2011).
64 Regla 110(F) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 110(F).
65 General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986).
66 El Art. 1168 del Código Civil de 1930 establece que le “[i]ncumbe la prueba de

las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la
opone. 31 LPRA ant. sec. 3261. Aludimos a las disposiciones del derogado Código
Civil de 1930 por estar vigente al momento de los hechos que generaron esta
controversia. El Código Civil de 1930 fue revocado y sustituido por la Ley Núm.
55-2020, conocida como el Código Civil de Puerto Rico. Conforme al Art. 1812 del
Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11,717, los contratos celebrados conforme al
régimen de la legislación anterior y que son válidos con arreglo a ella, surten todos
los efectos según la misma.
67 31 LPRA ant. sec. 2992.
68 31 LPRA ant. sec. 1994.
69 Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 455 (2014).
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indemnización de los daños y perjuicios causados.70 Bajo dicho

supuesto, todo incumplimiento contractual dará lugar a un

resarcimiento.71

       Los contratos serán válidos si concurren tres elementos:

consentimiento, objeto y causa.72 A su vez, “[l]os contratos serán

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado,

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su

validez”.73 El principio de la autonomía contractual que rige en

nuestra     jurisdicción     “permite       que   las   partes     contratantes

establezcan los pactos, las cláusulas y las condiciones que

entiendan      convenientes”.74       Esa     autonomía       estará    limitada

únicamente, y el contrato será nulo e inexistente, si este último

resulta contrario a las leyes, a la moral o al orden público.75

       Asimismo, el Artículo 1210 del Código Civil de 193076

establece que los contratos se perfeccionan desde el mero

consentimiento entre las partes. Además, dispone que obligan tanto

al cumplimiento de lo expresamente pactado, como a las

consecuencias que sean conformes a la buena fe, al uso y la ley,

según la naturaleza de lo pactado.77 “En tales casos, cualquiera de

las partes contratantes puede impugnar el contrato, aunque se haya

beneficiado del mismo”.78

       A su vez, es norma conocida en materia de interpretación de

contratos que “[s]i los términos de un contrato son claros y no dejan

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido

literal de sus cláusulas”79. Por el contrario, “[s]i las palabras

70 31 LPRA ant. sec. 3018.
71 Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 18 (2005).
72 Art. 1213 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3391.
73 Art. 1230 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3451.
74 Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., supra, págs. 455-456; Art. 1207 del Código

Civil, 31 LPRA ant. sec. 3372.
75 31 LPRA ant. sec. 3372; Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., supra, pág. 456.
76 31 LPRA ant. sec. 3375.
77 Íd.
78 Íd.
79 Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3471.
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parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes,

prevalecerá ésta sobre aquéllas”. Asimismo, ante la diversidad de

sentidos que pueda contener una cláusula, se deberá, en claro

principio de la conservación del contrato, interpretar en el sentido

más adecuado para que el contrato tenga efecto.80

                                       III.

       En esencia, nos corresponde determinar si el Sr. Ramírez

tiene derecho a cobrar las partidas por concepto de “nómina

pendiente de pago” y “rentas de equipos de agrimensura”.

       En su primer señalamiento de error, la parte apelante indica

que el TPI erró en la apreciación de la prueba al resolver que la

reclamación del Sr. Ramírez por concepto de sueldos sin devengar o

“nómina pendiente de pago” provienen del acuerdo suscrito el 3 de

febrero de 2012, y que la parte demandada acordó pagar esta

partida al Sr. Ramírez.

       La    parte    apelante     aduce      que   el   acuerdo   del   2012

específicamente se contrajo para los trabajos de supervisión para el

proyecto de Culebra, a razón de $7,000.00 mensuales; que en el

referido acuerdo las partes consintieron que cualquiera de éstas

podía rescindirlo con la mera notificación, que ello ocurrió cuando

el Sr. Morales le informó al Sr. Ramírez sobre la cancelación del

proyecto en noviembre de 2014; y que hubo una novación verbal de

dicho contrato cuando el Sr. Ramírez aceptó seguir trabajando en

las oficinas administrativas y subastas por la cantidad de $1,750.00

bisemanales. Añadió que el Sr. Ramírez aceptó dicha cantidad como

pago total de sus servicios durante dieciséis (16) meses, sin haber

reclamado pago adicional durante dicho periodo. La parte apelante

articula que no existe prueba en el récord que demuestre que Master

Link acordara pagarle al Sr. Ramírez un 50% adicional por concepto

80 Artículo 1236 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3474.
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de nómina de manera retroactiva basado en el acuerdo del 2012.

Puntualizó que Master Link solamente consintió a pagar la cantidad

ajustada de $65,000.00 por concepto de “nómina pendiente de pago”

condicionado al resultado de la demanda K AC2016-0818.

      Por su parte, el Sr. Ramírez arguye que la prueba demostró

que accedió a recibir el 50% del salario pactado en el acuerdo del 3

de febrero de 2012, con la condición de que se le pagara el 50%

restante de manera retroactiva tan pronto la empresa contara con

mayor liquidez. De otra parte, asevera que acordó ajustar las

cuantías reclamadas, incluyendo, “nómina pendiente de pago” y

“rentas de equipos de agrimensura”, con la condición de que la

cantidad reclamada fuera pagada en su totalidad y de manera

inmediata, sin sujeción a ningún evento futuro. Veamos.

      La prueba desfilada en el juicio demostró que, el 3 de febrero

de 2012, las partes suscribieron un acuerdo para establecer las

directrices que regirían la relación profesional para el proyecto de

Culebra. Conforme con dicho acuerdo, Master Link pagaría a favor

del Sr. Ramírez $7,000.00 mensuales por la supervisión del

proyecto, pagaderos de forma bisemanal. A tenor con lo pactado,

Master Link pagó al Sr. Ramírez la suma acordada a partir del 23

de febrero de 2012.

      No obstante, la AEE canceló el proyecto de Culebra en octubre

de 2014. Entonces, y a raíz de los problemas económicos que dicha

cancelación representó para Master Link, el Sr. Morales le propuso

al Sr. Ramírez que permaneciera trabajando para su empresa

percibiendo el 50% del ingreso pactado en el acuerdo del 3 de febrero

de 2012. Así pues, a partir del 10 de diciembre de 2014, y hasta el

2 de marzo de 2016, Master Link pagó al Sr. Ramírez el 50% del

salario pactado en el 2012.

      El TPI concedió credibilidad a la versión del Sr. Ramírez en

cuanto a que las partes pactaron que éste continuaría trabajando
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para Master Link por el 50% del salario convenido con la condición

de que el restante 50% se pagara de manera retroactiva una vez la

corporación     contara     con    mayor      liquidez.      También   confirió

credibilidad al testimonio del Sr. Ramírez referente a que la deuda

relacionada con la “nómina pendiente de pago” corresponde al pago

retroactivo del 50% de los ingresos pactados en el 2012. A su vez,

creyó que el ajuste de la deuda se realizó con el propósito de que

ésta fuera satisfecha en su totalidad de manera inmediata.

       La parte apelante cuestiona la credibilidad que le otorgó el

juzgador de los hechos a la prueba desfilada. Sin embargo, es norma

reiterada que la evidencia directa de un testigo que merezca entero

crédito será prueba suficiente de cualquier hecho.81 Conforme dicho

principio, la adjudicación de credibilidad que realizó el foro de

primera instancia merece nuestra deferencia, por ser dicho foro

quien tuvo ante sí a los testigos y dirimió el comportamiento de éstos

al declarar.

       De la prueba surge que el Sr. Morales testificó que, después

que la AEE canceló el proyecto, llegó a un acuerdo con el Sr. Ramírez

para pagarle la mitad del salario que hasta entonces había recibido.

Surge, además, que la partida de “nómina pendiente de pago”

corresponde al pago retroactivo del 50% de los ingresos pactado. En

su testimonio, así como en el borrador del acuerdo que éste remitió

al Sr. Ramírez el 21 de julio de 2017, el Sr. Morales condicionó la

reclamación correspondiente a “nómina pendiente de pago” al

resultado del pleito judicial instado por Master Link en contra de la

AEE. A base de ello, el TPI concluyó que la parte apelante aceptó

adeudar la partida, pero no creyó que las partes hubieran acordado

la referida condición.

81 Regla 110 (D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (D).
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      Habiendo considerado el TPI las versiones conflictivas y

adjudicado cuál testimonio le fue más creíble o razonable, no nos

corresponde, en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error

manifiesto, intervenir en la apreciación de la prueba que éste hizo.

      Por otro lado, la parte apelante manifestó que el TPI incidió al

determinar que existió un contrato de arrendamiento por equipo de

agrimensura entre Master Link y el Sr. Ramírez, cuando éste admitió

que el acuerdo del 2012 no contempla el pago por concepto de

arrendamiento de equipo, que sólo había utilizado el equipo por

unos días y que no facturó el pago por ese equipo en arrendamiento

hasta el verano de 2017.

      Según testificado por el Sr. Ramírez, la factura por concepto

de “renta de equipo de agrimensura” corresponde al gasto o pérdida

de productividad que le ocasionó el hecho de tener su equipo de

agrimensura confinado en el proyecto por un periodo total de 19.57

meses, cuyo gasto Master Link reclamó a la AEE en la acción judicial

en cobro de dinero relacionado en los extended overhead.

      De otra parte, en el contrainterrogatorio, el Sr. Morales

admitió que, en el pleito contra la AEE, Master Link incluyó una

reclamación en cada extended overhead por concepto de renta de

equipos de agrimensura. Además, aceptó que dicho equipo

pertenece al Sr. Ramírez. De la misma forma, y al igual que ocurrió

con la partida correspondiente a “nómina pendiente de pago”, el Sr.

Morales también aseveró que estaría dispuesto a pagar al Sr.

Ramírez el importe por concepto de “renta de equipos de

agrimensura” si Master Link resultaba favorecido en la reclamación

judicial que instó en contra de la AEE. A juicio del TPI, ello

constituyó una aceptación de la deuda que, a tenor con el resto de

la prueba creída, debió ser satisfecha en su totalidad de forma

inmediata a las reuniones de julio de 2017.
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      Las determinaciones de hechos encuentran apoyo en los

testimonios que fueron vertidos en el juicio y a los que la sala

sentenciadora confirió credibilidad. En su dictamen, el TPI indicó a

qué testigo le concedió credibilidad y a cuál no y por qué. Basado en

ello, consignó los hechos probados y adjudicó el pleito. La parte

apelante no aportó evidencia que contradijera las determinaciones

del TPI de manera que nos moviera a sustituir su criterio por el

nuestro.   Tampoco     articuló   fundamentos      convincentes    para

sustentar sus alegaciones. Así pues, la parte apelante no esbozó

razones meritorias para que este Tribunal pudiese concluir que el

TPI erró al determinar, luego de emitir numerosas determinaciones

de hechos al respecto, que el Sr. Ramírez incumplió con su deber de

establecer los elementos necesarios para probar su causa de acción.

      En fin, en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error

manifiesto, los tribunales apelativos no debemos intervenir con la

apreciación de la prueba de los foros primarios. Esta deferencia

responde a que son éstos los que tienen la oportunidad de recibir y

apreciar toda la prueba testifical presentada, de escuchar la

declaración de los testigos y de evaluar su comportamiento. La parte

apelante no demostró que el TPI hubiera incurrido en perjuicio,

parcialidad o error manifiesto, por lo que no habremos de intervenir

con su apreciación de la prueba.

      En vista de lo anterior, en el presente caso no encontramos

razones para variar las determinaciones y conclusiones emitidas por

el TPI. Así pues, concluimos que no se cometieron los errores

señalados, razón por la cual procede confirmar el dictamen apelado.

      No   obstante,   y   como    consideración    adicional,   resulta

apropiado señalar que la disposición para lograr el buen

funcionamiento del ente gubernamental no es responsabilidad

única del Estado y su sistema de fiscalización; también, es función

de cada ciudadano. La deshonestidad es un profundo problema
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humano desde tiempos ancestrales capaz de socavar cualquier

institución pública o privada. De los hechos ante nuestra

consideración se desprende que dos profesionales reclaman al

Estado el pago de varias sumas por concepto de Extended Overhead.

Por un lado, el contratista de la obra reconoce que adeuda al

ingeniero ciertas cuantías objeto del reclamo al Estado solamente si

este último las paga, pero no si le toca costearlas de su propio

pecunio. Por el otro, el ingeniero, que asiste al contratista en la

petición de reembolso al Estado, a su vez, le reclama al individuo el

pago en su totalidad y niega que su pago esté condicionado al

reclamo hecho al Estado. Entendemos que nos toca a todos, en

nuestros distintos entornos combatir este mal, fiscalizando y

levantando nuestra voz en aquellas instancias en las que nos

parezca que estamos ante situaciones cuestionables. Por tal razón,

en nuestra función judicial, corresponde referir los hechos que

tenemos ante nuestra consideración al Departamento de Justicia

para su evaluación.

                                 IV.

      Por las razones anteriormente expresadas, se confirma la

sentencia apelada. Se refieren los hechos del presente caso a la

atención del Departamento de Justicia.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones