Court Opinion

ID: 9916071
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:13.373564+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:19.356332
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

   SERVIMETAL LLC.                          Revisión
                                            Administrativa
       Recurrente                           Procedente de la
                                            Negociado de
            v.                              Transporte y Otros
                                            Servicios Públicos
   NEGOCIADO DE
TRANSPORTE Y OTROS        KLRA202300528 Número de Caso
SERVICIOS PÚBLICOS                      ante el Negociado
                                        Boleto Núm. 2056
      RECURRIDO                         Solicitud Núm.
                                        933490
                                        Hoja de
                                        Intervención Núm.
                                        933281
                                        Franquicia Núm.
                                        N/A

                                            Sobre:
                                            Recurso de Revisión
                                            por Expedición de
                                            Boleto de Infracción

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico a 28 de noviembre de 2023.

      Servimetal, LLC (parte recurrente o Servimetal) nos solicita

que revoquemos una determinación del Negociado de Transporte

y otros Servicios Públicos (en adelante, Negociado o NTSP)

emitida el 30 de agosto de 2023. En la referida decisión

administrativa, el Negociado denegó la revisión del boleto Núm.

2056 y ordenó el pago de la multa de $2,000.00 por infracción al

inciso A-1.01 del Código de Reglamentos del Negociado.

      Por los fundamentos que exponemos, confirmamos el

dictamen recurrido.

                                I.

      El 8 de junio de 2022 el Inspector Francis González

Camacho, realizó la intervención 933281 a un vehículo comercial

Número Identificador
SEN2023_________
KLRA202300528                                                       2

con peso de 19,500 libras por operar sin autorización del

Negociado de Transporte y Servicio Público. El nombre del cliente

identificado era Servimental LLC, a quien se le impuso el boleto

de infracción número 2056 por $2,000.00 por prestar un servicio

no autorizado, según la falta codificada como A-1.01 del Código

de Reglamentos del Negociado de Transporte y Otros Servicios

Públicos. Esta falta dispone como sigue:

         Dedicarse a prestar, ofrecer o promocionarse para
         ofrecer servicios públicos mediante paga sin haber
         previamente solicitado y obtenido la correspondiente
         autorización del NTSP. Esta infracción incluye transitar
         por las vías públicas con una tablilla publica instalada
         en la unidad y con la autorización vencida por seis (6)
         meses o más.

         En desacuerdo, Servimetal presentó un Recurso de Revisión

ante el Negociado de Transporte, asignado al número 933490. Allí

alegó que, “Servimetal, LLC es una empresa privada, no ofrece

servicios públicos mediante paga. Somos mayoristas en la venta

de materia prima de metales, no se le cobra al comerciante por la

entrega de estos bienes. Solo transportamos nuestro producto,

recalco: No nos dedicamos a transportar carga púbica mediante

paga. Este boleto #2056, NO aplica”.1

         La vista pública quedó pautada para el 18 de octubre de

2022. A esta comparecieron el inspector Francis González y, en

representación de Servimetal, acudió el Lcdo. Eugene Scott

acompañado de Eddie Otero, Vicepresidente de Finanzas.

         Ese día la Oficial Examinadora le solicitó a Servimetal

exponer por escrito sus argumentos. Según requerido, el 4 de

noviembre de 2022 Servimetal presentó el escrito de Memorando

de derecho en apoyo a solicitud de revisión.

         Tras ello, el 16 de enero de 2023 la Oficial Examinadora

rindió su informe, en el que recomendó declarar No Ha Lugar el

1
    Apéndice pág. 8.
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recurso de revisión por expedición de boleto de infracción. En su

análisis emitió las siguientes determinaciones de hechos:

         1. El vehículo intervenido, el cual fue descrito por el
            Inspector como un vehículo pesado, de plataforma fija,
            carga con amarres y lona, es propiedad del Peticionario-
            Recurrente.

         2. Durante la intervención, el vehículo de tablilla H69287
            estaba siendo operado por el señor Ismael Quintana.
            Se le solicitó al operador su licencia de operador,
            certificación de autorización del Negociado de
            Transporte y factura por la mercancía transportada. El
            operador proveyó al Inspector una factura o conduce
            que indica que el “Carrier” es Servimetal y que la
            mercancía iba dirigida al señor Julio Pérez en la
            dirección de Patillas. La carga en ese entonces constaba
            de cinco (5) paletas de madera por la cantidad
            facturada al cliente de $562. Sin embargo, no contaba
            con licencia de operador y/o autorización del Negociado
            de Transporte. El vehículo, además, llevaba tablilla
            privada. Por ello, el inspector impuso una multa por
            ofrecer servicios no autorizados ascendente a
            $2,000.00.

         3. Conforme a la Certificación de Capacidad de Carga
            emitida por la Autoridad de Carreteras y Transportación
            sobre el vehículo de tablilla H69287, dicho vehículo
            tiene un Peso bruto de $1,500 libras; un Peso
            Descargado de 11,220 libras y una capacidad de carga
            de 8,280 libras.

         Como    parte   de   las   conclusiones   de   derecho,   la   Oficial

Examinadora mencionó que “[d]urante la vista, la parte peticionaria-

recurrente sostuvo que el Negociado de Transporte carece de

jurisdicción para regular las actividades que realiza, ello bajo el

fundamento de que no son una compañía de servicio público dado que

no cobran ni ofrecen transporte de carga mediante paga, sino que

transportan su propia mercancía para entregar a personas-clientes-

privadas.     Esbozó que las infracciones son improcedentes.”2            Más

adelante explicó que conforme la definición del término de “vehículo de

motor comercial”, el Negociado de Transporte ostenta jurisdicción para

regular el transporte de carga en el vehículo del peticionario-recurrente,

pues se encontraba ofreciendo servicios públicos mediante paga sin

haber previamente solicitado y obtenido autorización del Negociado.3

2
    Apéndice pág. 24.
3
    Apéndice págs. 22-25.
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      El 30 de agosto, notificada el 12 de septiembre de 2023, el

Negociado de Transporte aprobó y acogió el Informe de la Oficial

Examinadora y declaró No Ha Lugar el Recurso de Revisión por

Expedición de Boleto en cuanto a la infracción A-1.01 por la

cantidad de $2,000.00. Ordenó así el pago de la multa.

     En desacuerdo, el 11 de octubre de 2023 Servimetal

presentó el recurso que revisamos alegando la comisión de los

siguientes errores:

     Primero:    Erró el Negociado al determinar que
     Servimetal ofrece “servicios públicos mediante paga”
     según definidos por la Ley Núm. 109-1962, infra y el
     Reglamento 9358.

     Segundo: Erró el Negociado al imponerle a Servimetal
     una multa de $2,000 al amparo de la Infracción Núm.
     A-1.01 del Reglamento Núm. 9358, en contravención
     con su facultad y de manera inconsistente con otras
     determinaciones.

     Según ordenado, el Negociado de Transporte y Otros

Servicios Públicos, representado por la Oficina del Procurador

General de Puerto Rico presentó su posición. Con el beneficio de

ambas comparecencias, disponemos.

                               II.

                               A.

      Los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a

las determinaciones de las agencias administrativas, por razón de

la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen

sobre los asuntos que se les han delegado. Hernández Feliciano v.

Municipio de Quebradillas, 211 DPR __ (2023), 2023 TSPR 6, res.

25 de enero de 2023; Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR

26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626

(2016). Estos dictámenes cuentan con una presunción de

legalidad y corrección que subsiste mientras no se produzca

suficiente prueba para derrotarla. OEG v. Martínez Giraud, 210
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DPR 79 (2022); Capó Cruz v. Junta de Planificación et al., 204

DPR 581 (2020).

      En cuanto a las determinaciones de hechos emitidas por la

agencia, la parte que las impugna tiene el peso de la prueba para

demostrar que estas no están basadas en el expediente o que las

conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. OEG v.

Martínez Giraud, supra; OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178-179

(2012); González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276-278

(2013).       Las conclusiones de derecho serán revisables en todos

sus aspectos por el tribunal. Véanse Sec. 4.5 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 38-2017, (LPAU);

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra; ECP

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281-282 (2020).

      Así pues, la deferencia a la determinación de una agencia

administrativa cederá cuando: (1) no está basada en evidencia

sustancial; (2) el ente administrativo erró al aplicar o interpretar

las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado

administrar; (3) el organismo administrativo actuó de forma

arbitraria,     irrazonable   o   ilegal,   realizando   determinaciones

carentes de una base racional, o (4) cuando la actuación

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales.

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628.

                                     B.

      El Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos

(NTSP) fue creado en virtud de la Ley Núm. 211-2018, conocida

como la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta

Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico”. Mediante

referida ley, el Negociado de Transporte es la agencia encargada

de administrar la Ley 109 del 28 de junio de 1962, conocida como
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“Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, 27 LPRA Sec. 1001 y

siguientes (Ley de Servicio Público).

        El Artículo 14 de la Ley de Servicio Público delegó en el

Negociado de Transporte, 27 LPRA sec. 1101, entre otros, la

facultad para “reglamentar las compañías de servicio público,

porteadores públicos y porteadores por contrato”. De igual forma,

el Negociado de Transporte, “tendrá facultad para reglamentar las

empresas de vehículos privados dedicados al comercio,

incluyendo todos los vehículos de motor comercial. Estas

empresas no se considerarán como Porteadores Públicos.”

Además, estará facultado para “imponer multas administrativas y

otras    sanciones   al   amparo   de   esta   Ley;   para   conducir

investigaciones e intervenciones”. Artículo 14, incisos a y b.

        Agrega el Artículo 14 de la Ley de Servicio Público que,

        (c) Los poderes y facultades dispuestos en los incisos
        (a) y (b) de este Artículo serán ejercitables no
        solamente en relación con las compañías de servicio
        público, porteadores por contrato, empresas de
        vehículos privados dedicados al comercio, personas
        que se dediquen al transporte turístico, según se
        define en esta Ley y entidades que actúen como
        compañías de servicio público o como porteadores por
        contrato, sino también con respecto a:

        (1) Toda persona o entidad que infrinja a las
        disposiciones de esta Ley.

        (2) Toda persona o entidad cuyas actuaciones afecten
        o puedan afectar la prestación de algún servicio
        público.

        (3) Toda persona o entidad que lleve a cabo
        cualquier actividad para la cual sea necesaria
        obtener una autorización o endoso del NTSP.

        (4) Toda persona o entidad cuyas actuaciones u
        omisiones resulten en perjuicio de las actividades,
        recursos o intereses en relación con los cuales el NTSP
        tiene poderes de reglamentación, supervisión o
        vigilancia.

        El Artículo 2 de la Ley 109-1962, 27 LPRA sec. 1002, define

distintos conceptos que, por su pertinencia, citamos:
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    (c) Autorización.        Incluye licencia, permiso,
    franquicia, concesión, poder, derecho, privilegio y
    permiso temporáneo de cualquier clase, expedido por
    el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos
    o por el extinto Consejo Ejecutivo. El uso de
    cualquiera de estos términos solo o en conjunción con
    uno o más de ellos no tiene el propósito de excluir los
    otros. Toda persona natural o jurídica regulada por el
    Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos,
    incluyendo los vehículos de motor comercial,
    necesita una autorización expedida por éste
    para poder operar en Puerto Rico.

    (h) Compañía de servicio público. Incluye todo
    porteador público, empresa de gas, empresa de
    energía eléctrica, empresa de dique para carenar,
    corredor de transporte, empresa de red de transporte,
    operador de muelle, almacenista, empresa de puentes
    de pontazgo, empresa de fuerza nuclear, empresa de
    envase, de venta, reparación y reconstrucción de
    cilindros de gas licuado de petróleo, empresa de
    servicio y venta de taxímetros y empresa de
    mudanzas que se ofrecen a prestar o prestan sus
    servicios u ofrecen a entregar o entregan productos,
    mediante paga al público en general, o a una parte del
    mismo, en Puerto Rico. No incluye a personas que
    prestan el servicio para su uso exclusivo.

    (l) Empresa de acarreo de carga en vehículos de
    motor. Incluye toda persona, que en su carácter de
    porteador público fuere dueña, controlare, explotare
    o administrare cualquier vehículo de motor que se
    utilice para el acarreo de carga por cualquier vía
    pública terrestre, independientemente de que tal
    acarreo se efectúe o no entre terminales fijos, o a
    través de rutas regulares o irregulares.

    (cc) Empresa de vehículos privados dedicados al
    comercio. Incluye a toda persona que no sea
    porteador público ni porteador por contrato y que
    transporte en un vehículo de motor, bienes, cargas o
    productos de los cuales es dueño, con el propósito de
    venta, alquiler o arrendamiento. El vehículo deberá
    estar    registrado    en    el   Departamento      de
    Transportación y Obras Públicas a nombre del dueño
    de la carga y así tiene que constar en el Permiso para
    Vehículos de Motor o Arrastres.

    (hh) Mediante paga. Incluye cualquier remuneración
    pagada, prometida o debida, directa o indirectamente.

    (nn) Porteador por contrato. Incluye toda persona,
    excepto los porteadores públicos, que se dedique
    mediante paga, bajo contrato o acuerdo individual
    personal o por medios tecnológicos, al transporte de
    pasajeros o bienes en vehículos de motor o
    embarcaciones entre puntos en Puerto Rico, aun
    cuando dicho transporte se efectúe incidentalmente
    en la explotación de cualquier otro negocio o actividad
    con fines pecuniarios o no pecuniarios.
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       (oo) Porteador público. Incluye toda:

       (1) Empresa de ferrocarriles.
       (2) Empresa de transporte de pasajeros.
       (3) Empresa de transporte de carga, con excepción
       de los vehículos privados dedicados al comercio.
       […]

       (yy) Vehículo de motor comercial o Vehículo de
       Transporte Comercial. Significa cualquier vehículo
       motorizado autopropulsado o remolcado, usado en
       una carretera en el comercio interestatal o intraestatal
       para transportar pasajeros, carga pública o carga
       privada, cuando el vehículo,

       (1) Tiene una clasificación de peso bruto del vehículo
       o una clasificación de peso de la combinación bruta, o
       peso bruto del vehículo o peso de la combinación
       bruta, de 4,536 kg (10,001 libras) o más, lo que
       sea mayor; o
       […]

       Asimismo, el Artículo 23 (b) de la Ley 109, supra, establece

que,

       Excepto según se dispone más adelante en este
       Artículo, ninguna persona comenzará a operar como
       compañía de servicio público o porteador por
       contrato ni lo continuará haciendo si ya estuviere
       operando, a menos que posea una autorización válida
       del NTSP para tales operaciones. El NTSP podrá
       intervenir con cualquier persona que sin proveerse de
       una autorización válida actúe como compañía de
       servicio público o porteador por contrato y para
       ordenar a la misma, luego de concederle la
       oportunidad de una audiencia, que cese dichas
       actuaciones. 27 LPRA Sec. 1110.

       De otro lado, como parte de los poderes delegados, el

Negociado de Transporte aprobó el Reglamento número 9358, de

7 de febrero de 2022, "Código de Reglamentos del Negociado de

Transporte y Otros Servicios Públicos".        El Capítulo 1.03 del

Código dispone que su propósito es:

       Mediante este Código el Negociado establece los
       criterios que han de seguirse para autorizar,
       reglamentar y fiscalizar las empresas de servicio
       público, el Transporte Comercial y las personas bajo
       la jurisdicción del Negociado, incluyendo aquellos
       vehículos que por su naturaleza caen bajo la
       clasificación      de    Transporte      Comercial,
       indistintamente de que los mismos sean
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       utilizadas para fines privados o para ofrecer
       servicios mediante paga, así como garantizar que
       los procedimientos administrativos se efectúen de
       manera rápida, justa y económica, asegurando la
       solución equitativa de los casos ante la consideración
       de este Organismo. Asimismo, el presente Código se
       emite con el fin de adelantar la Política Pública del
       Gobierno de Puerto Rico, según expuesta en la Ley de
       Transformación Administrativa de la Comisión de
       Servicio Público, Ley 75-2017, de “simplificar y
       agilizar los trámites administrativos relacionados con
       la regulación, el licenciamiento y la fiscalización de los
       servicios públicos y del Transporte Comercial, de
       manera que se salvaguarde la seguridad sin que se
       entorpezca el desarrollo económico y la más amplia
       disponibilidad de servicios al público. (Énfasis
       nuestro).

       A su vez, el Capítulo 1.04 de ese cuerpo legal también

dispone que este aplica a, “aquellos vehículos que por su

naturaleza caen bajo la clasificación de Transporte Comercial,

indistintamente de que los mismos sean utilizadas para fines

privados o para ofrecer servicios mediante paga.”

       En cuanto al vehículo de motor comercial, el Capítulo

2.293 del Código contiene la siguiente definición:

       Vehículo de motor comercial, Vehículo de transporte
       comercial, Vehículo comercial o CMV. En el presente
       Código y conforme al Código de Reglamentos
       Federales, este término tendrá tres (3) significados,
       según el Capítulo o el tema en el cual se utilice:

       a. Para efectos del presente Código, y cuando no se
       refiera al requisito de CDL ni al uso y las pruebas de
       sustancias controladas y alcohol, significa cualquier
       vehículo motorizado autopropulsado o remolcado,
       usado en una carretera en el comercio interestatal o
       intraestatal para transportar pasajeros, carga pública
       o carga privada, cuando el vehículo:

       i. Tiene una clasificación de peso bruto vehicular o una
       clasificación de peso bruto de la combinación, o peso
       bruto vehicular o peso bruto de la combinación, de
       4,536 kg (10,001 libras) o más, lo que sea mayor;
       o

       Por su parte, el Capítulo 3.03 de referido Reglamento indica

que:
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      Todo vehículo que por su naturaleza cae bajo la
      clasificación de Transporte Comercial, indistintamente
      de que sea utilizado para fines privados o para
      ofrecer     servicio    mediante     paga,      deberá
      registrarse en el Negociado para poder operar
      en Puerto Rico. (Énfasis nuestro).

      En cuanto al transporte de carga, el Capitulo XIII del

Reglamento dispone como sigue:

      13.02 Todo vehículo de motor comercial, además de
      cumplir con las disposiciones del presente Código y,
      en particular, el presente Capítulo y el Capítulo XXI,
      deberá cumplir con el Reglamento para el Transporte
      Comercial, supra.

      13.03 Solicitud de Autorización de Franquicia. Toda
      persona natural o jurídica que interese ofrecer,
      brindar o dedicarse a la operación de un vehículo
      sujeto a las disposiciones de este Capítulo deberá
      cumplir con el procedimiento dispuesto en el Capítulo
      III del presente Código, incluyendo el pago de los
      derechos aplicables a la solicitud.

      De otro lado, en cuanto al conduce o factura el inciso 21.04

menciona que, “[t]odo conductor u operador de un vehículo que

transporte carga mediante paga o utilizando un vehículo de

motor comercial deberá tener consigo el conduce o factura

correspondiente a la carga autorizada. En dicho documento se

identificará, como mínimo, el tipo de carga, su lugar de origen y

su destino, el dueño y el destinatario.”

      En cuanto a las multas, el Reglamento contiene la Tabla A-

1 de Autorizaciones, con las faltas administrativas codificadas. En

lo aquí pertinente la falta número A-1.01 se refiere a:

      Dedicarse a prestar, ofrecer o promocionarse para
      ofrecer servicios públicos mediante paga sin haber
      previamente solicitado y obtenido la correspondiente
      autorización del NTSP. Esta infracción incluye transitar
      por las vías públicas con una tablilla publica instalada
      en la unidad y con la autorización vencida por seis (6)
      meses o más.

      Cuantía y detalle de la multa: $2,000.00 R. 75% De
      estar vencida la autorización por menos de (6) meses,
      se impondrá la Infracción Núm. A-1.03.
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      Por esta razón, una agencia no puede asumir jurisdicción

sobre una actividad, materia o conducta cuando no esté

claramente autorizada por ley para ello. ASG v. Mun. San Juan,

168 DPR 337, 343 (2006); P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat

Corp., 111 DPR 686 (1981). Es decir, ni la necesidad, ni la

utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto en cuanto

a fuente de poder de una agencia administrativa. ASG v. Mun. San

Juan, supra; Martínez Segarra v. Rosado Santoni, 162 DPR

582 (2005). De otro lado, es un axioma elemental vinculado a la

tarea de hacer justicia, que los hechos determinan el derecho y,

que para juzgar hay que conocer. Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR

933, 938 (1997).

      A la luz de la antes mencionada normativa, disponemos.

                                  III.

      Evaluamos los dos señalamientos de error en conjunto por

estar relacionados. Servimetal alega que el Negociado en ningún

momento ha demostrado que ellos prestan servicios públicos

mediante paga.         Por ello, entienden, que no puede asumir

jurisdicción   sobre    una   actividad   que   no   esté   claramente

autorizada por ley para ello. Resaltan que Servimetal, como parte

del servicio que brinda a sus clientes, transporta, sin que medie

compensación alguna, sus productos o bienes desde su centro de

operación hasta los centros de almacenaje y distribución o puntos

de ventas de sus clientes. Explican que la actividad comercial que

realizan no es de “porteador público” o “porteador por contrato” o

“empresa de acarreo de carga en vehículos de motor”, los cuales

si ofrecen un servicio de transportación mediante paga. Sostienen

que Servimetal puede catalogarse únicamente como una empresa

de vehículos privados dedicados a comercio, sin que medie

compensación alguna. Por tanto, alegan que la multa impuesta
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por infracción al código A-1.01 por “dedicarse a prestar, ofrecer o

promocionarse para ofrecer servicios públicos mediante paga sin

haber previamente solicitado y obtenido la correspondiente

autorización del NTSP” no procede.

      Mencionan que, en un caso anterior de Servimetal, el propio

Negociado, cuando revisó el boleto número 505, validó una

decisión del oficial examinador Lcdo. Herman F. Valentín Figueroa,

quien sostuvo, luego de una vista administrativa que, “el

transporte que efectúa el Peticionario-Recurrente es para la

entrega de sus propios productos y que no se dedica a prestar,

ofrecer o promocionarse para ofrecer servicios de transporte a

terceros.   Por esta razón, entendemos que esta infracción no

procede.” Agregó que en esa revisión del Boleto 505, el Negociado

emitió una Resolución y Orden.      Ante ello, coligen que no hay

razón para que haya discrepancia en la misma agencia con el

proveedor Servimedical.       Aducen como fundamento, que “la

determinación    administrativa   no    puede    producir   soluciones

contradictorias para situaciones fundamentalmente idénticas.”

citando a Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105,

136-37 (2002).

      El Negociado de Transporte, por su parte, nos informa que

de los documentos que el conductor le entregó al Inspector

González    Camacho,    los   que      constan   en   el    expediente

administrativo, surge que el conductor se dirigía a prestar el

servicio prepagado de entrega de carga al Sr. Julio Pérez en

Patillas. Que el peso bruto del vehículo es de 19,500 libras, por

lo que, está catalogado como un vehículo de motor comercial.

Afirman que el servicio de transporte de carga comercial, el cual

se considera público, es uno regulado por el Negociado de

Transporte. Por consiguiente, tienen jurisdicción para regular e
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intervenir con el referido vehículo.    Adujeron que los casos del

Tribunal de Apelaciones que citó la parte recurrente, fueron

emitidos bajo un estado de derecho previo, por tanto, deben ser

rechazados.   Evaluamos.

       El Negociado de Transporte determinó que el recurrente

incurrió en violación al Código A-1.01, por “dedicarse a prestar,

ofrecer o promocionarse para ofrecer servicios públicos mediante

paga    sin   haber   previamente      solicitado   y   obtenido   la

correspondiente autorización del NTSP”. El Negociado determinó

que Servimetal se encontraba ofreciendo servicios públicos

mediante paga sin haber previamente solicitado y obtenido

autorización del Negociado.

       Esta determinación se sustenta con el hecho número dos (2)

el cual recopila, en síntesis, que, durante la intervención, el

vehículo de tablilla H69287 estaba siendo operado por el señor

Ismael Quintana. Este proveyó al Inspector una factura o conduce

que indica que el “Carrier” es Servimetal y que la mercancía iba

dirigida al señor Julio Pérez en la dirección de Patillas. La carga

en ese entonces constaba de cinco (5) paletas de madera por la

cantidad facturada al cliente de $562.              Sin embargo, no

contaba con licencia de operador y/o autorización del Negociado

de Transporte.

       Como vemos, la prueba que se presentó en la audiencia,

demostró que aun cuando Servimetal alega que no se dedica al

transporte de carga mediante paga, cuando se intervino con el

operador, este mostró que la carga fue facturada al cliente por

$562. Este hecho, lo corroboramos con el documento de Uniform

Stright Bill of Landing Original que fue incluido en el Anejo III del

recurso del Negociado de Transporte, el cual revela que el servicio

de acarreo fue prepagado.        Al utilizar un vehículo de motor
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comercial    para   acarrear   carga,   era   medular   obtener    la

correspondiente autorización del Negociado de Transporte, tal

como lo provee el Capítulo 2 (c) del Reglamento 9358.

      Por tanto, la determinación de hecho se sustenta con la

evidencia del expediente y no fue controvertida. En ese escenario,

queda validada la multa que se impuso por infringir la falta

número A-1.01 del Reglamento 9358.

      Por último, el caso que atendemos es distinguible a la

revisión del Boleto 505 que nos menciona Servimetal, pues

referida revisión en ningún lugar se estableció que se facturó por

la carga. En el caso ante nuestra consideración, sí se facturó. Al

mediar paga en el acarreo, se cumple con los criterios del inciso

A-1.01 del Reglamento 9358. Consecuentemente, nos adherimos

a la norma general de deferencia a las determinaciones

administrativas.

                                IV.

      Por las razones antes esbozadas, confirmamos la Resolución

y Orden emitida por el Negociado de Transporte el 30 de agosto

de 2023, mediante la cual impuso una multa a Servimetal por

$2,000.00.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones