Court Opinion

ID: 9901399
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-21 18:14:00.083383+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:33.204981
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

     Héctor Luis Delucca Jiménez

                Apelado
                                              2023 TSPR 119
                   v.
                                               213 DPR ___
   Colegio de Médicos Cirujanos de
         Puerto Rico y otros

               Apelantes

Número del Caso:   AC-2022-0083

Fecha:   2 de octubre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

     Panel Especial

Abogado de la parte apelante:

     Lcda. Tania Maité Colón Rodríguez
     Lcdo. Carlos Juan Cardona Rosado

Abogados de la parte apelada:

     Lcdo. Iván A. Rivera Reyes
     Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés
     Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos

Oficina del Procurador General:

     Hon. Fernando Figueroa Santiago
     Procurador General

     Lcdo. Omar Andino Figueroa
     Subprocurador General

Abogados de los Amicii Curiae:

     Asociación de Abogados de Puerto Rico:
     Lcdo. Ferdinand Ocasio

     Asociación Médica de Puerto Rico:
     Lcdo. Federico Hernández Denton
     Lcdo. Luis R. Román Negrón

Materia: Derecho Constitucional – Inconstitucionalidad de la
colegiación compulsoria para poder ejercer la medicina en Puerto Rico.

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                  EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Luis Delucca Jiménez

      Apelado

        v.
                                          AC-2022-0083

Colegio de Médicos Cirujanos
de Puerto Rico y otros

      Apelantes

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

                  En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2023.

                       El      requisito        estatutario      de      colegiación

                  compulsoria     para     poder     ejercer    legítimamente     la

                  medicina en Puerto Rico es inconstitucional. En la

                  controversia           ante        nuestra          consideración,

                  indiscutiblemente,        el     Estado      tiene    un   interés

                  apremiante en regular el ejercicio de la medicina para

                  resguardar     la   salud        pública;     sin    embargo,   la

                  colegiación obligatoria no es necesaria para lograr

                  este objetivo. Por esa razón, la medida impugnada no

                  sobrevive el escrutinio estricto.

                       De un análisis sosegado del esquema instituido

                  por la Asamblea Legislativa para regular la práctica

                  de la medicina, surge con meridiana claridad que la
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Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica es el único

organismo rector de la profesión médica en Puerto Rico. Es

mediante el buen ejercicio de esas funciones delegadas a la

Junta que el Estado afianza su interés apremiante. Ante ese

escenario, el requisito de membresía obligatoria impuesto a

la    clase     médica     constituye     un    menoscabo             del    derecho

fundamental de los galenos a asociarse con quien deseen.

                                      I

       La controversia ante nuestra consideración se originó

mediante      la    presentación     de   una    demanda          de        sentencia

declaratoria por parte del Dr. Héctor Luis Delucca Jiménez

contra el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El doctor Delucca

Jiménez solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de

la colegiación compulsoria de los médicos cirujanos. Explicó

que a pesar de que cumplía con todos los requisitos para

ejercer la medicina en Puerto Rico no deseaba ser miembro

del    Colegio      de    Médicos.   Arguyó      que    el        requisito          de

colegiación compulsoria lesionaba su derecho constitucional

a la libertad de asociación y expresión.

       Posteriormente, el doctor Delucca Jiménez presentó una

moción de sentencia sumaria, en la que expuso que procedía

un    decreto      de   inconstitucionalidad      por       la    vía        sumaria,

porque     la       controversia     planteada         en        el     caso      era

estrictamente de derecho.
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      En respuesta, el Estado también presentó una solicitud

de    sentencia     sumaria.      En     síntesis,      planteó     que       la

colegiación obligatoria superaba el escrutinio estricto,

pues el derecho de los médicos a la libertad de asociación

cedía ante el interés estatal apremiante de promover y velar

por   la    salud   del    pueblo.     Resaltó   que    en   este   caso      la

profesión bajo análisis ejerce un rol vital para proteger la

salud de las personas. A su vez, destacó que el Colegio

desempeña un rol social importante en protección de la salud

y el bienestar público.

      Por    su   parte,    el   Colegio   se    unió   a    la   moción      de

sentencia sumaria del Estado y esbozó que la solicitud del

doctor Delucca Jiménez era improcedente, ya que el requisito

de afiliación obligatoria superaba el rigor constitucional.

En apoyo, enfatizó que la Asamblea Legislativa le delegó una

serie de facultades y obligaciones ajenas a la regulación de

la profesión que están directamente dirigidas a promover el

interés apremiante de salvaguardar la salud pública. Añadió

que la Asamblea Legislativa le autorizó a crear una entidad

sin fines de lucro para instaurar programas de servicio a la

comunidad. En esa línea, destacó que la Fundación del Colegio

de Médicos Cirujanos de Puerto Rico ha ocupado un rol

protagónico en la protección del bienestar general durante

situaciones de emergencia como el paso del Huracán María, el

terremoto acaecido en el área sur de Puerto Rico en 2020 y

la pandemia del Covid-19.
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      Además, el Colegio explicó que creó el Instituto de

Investigación        Clínica       y      Desarrollo            Tecnológico           para

implementar      programas         educativos            y     promover        estudios

científicos en aras de contribuir a la salud pública.

      Sucesivamente, el doctor Delucca Jiménez presentó una

réplica en la que, en esencia, argumentó que el Estado y el

Colegio    no    lograron        superar          el   crisol           constitucional.

Explicó    que       los     demandados            (aquí       peticionarios)             no

identificaron        un    interés       apremiante           que       justificara       la

colegiación compulsoria y tampoco expusieron que ese fuera

el medio menos restrictivo para lograr los objetivos del

Estado. Dicho de otro modo, adujo que los demandados no

probaron —ni siquiera explicaron— la inexistencia de medios

alternos a la colegiación compulsoria. De igual forma, el

doctor Delucca Jiménez esbozó que todas las aportaciones del

Colegio de Médicos podían realizarse sin obligar a estos

profesionales        de    la    salud    a       afiliarse         a    la   mencionada

entidad.   Finalmente,           reiteró      que      existían           medios     menos

lesivos de su derecho de asociación, como por ejemplo la

regulación      de    la     profesión        a     través      de       la   Junta       de

Licenciamiento y Disciplina Médica.

      Tras examinar las posturas de las partes, el Tribunal

de Primera Instancia, mediante sentencia sumaria, concluyó

que   la   colegiación            compulsoria            de    los        médicos      era

constitucional.           Para   llegar       a    esa       conclusión,        el    foro

primario determinó que el Colegio de Médicos forma parte
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esencial del esquema que le permite al Estado adelantar su

interés apremiante de promover el bienestar y la salud

pública. A su vez, acogió el planteamiento del Colegio

respecto a que no es un mero espejo de la Junta, dado que se

le delegaron múltiples funciones independientes de carácter

público.   Finalmente,   coligió      que   el   pago   de   una    cuota

obligatoria para el financiamiento de la función pública del

Colegio, como requisito para practicar la profesión, era una

lesión mínima del derecho de asociación.

     Luego     de   presentar   una     reconsideración       que     fue

denegada, el doctor Delucca Jiménez presentó una apelación

ante el foro intermedio. En suma, arguyó que erró el Tribunal

de Primera Instancia al validar la colegiación compulsoria

a pesar de que el Estado jamás demostró que no existían

medidas menos onerosas para alcanzar su interés apremiante.

     Por su parte, el Colegio de Médicos reiteró su postura

respecto a que la colegiación compulsoria respondía no solo

al interés del Estado de regular la profesión, sino al de

proteger la salud pública. En ese contexto, expresó que como

las funciones de índole pública o social delegadas al Colegio

no estaban dentro de aquellas delegadas a la Junta, esta

última no podía constituir el medio menos intrusivo para

salvaguardar el interés público.

     Posteriormente, en su alegato, el Estado recalcó que se

debía sostener el mandato de colegiación por el importante
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rol público que le fue delegado al Colegio en pro de la salud

puertorriqueña.

      Sometido el asunto ante su consideración, el Tribunal

de Apelaciones emitió una sentencia en la que revocó al

Tribunal      de        Primera     Instancia        y       decretó           la

inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria de la

clase médica. El foro intermedio ultimó que, si bien el

Estado    tiene    un    interés    apremiante      en     reglamentar         la

práctica de la medicina y resguardar la salud pública, en

este caso no se demostró la inexistencia de medidas menos

restrictivas para lograrlo. Asimismo, el foro a quo expuso

que la Junta de Licenciamiento y Disciplina médica es un

medio menos intrusivo para lograr el interés gubernamental.

Por      último,    resaltó        que     todos      los        deberes       y

responsabilidades que se le otorgaron al Colegio pueden

lograrse sin tener que imponer una colegiación compulsoria.

      Inconforme, el Colegio de Médicos recurrió ante nos. En

síntesis,    reitera      su   planteamiento       sobre    la    importante

función social que realiza y expone que, de eliminarse la

colegiación compulsoria no podría cumplir sus propósitos. En

apoyo, alega que en 1997, la Asamblea Legislativa eliminó el

requisito de colegiación compulsoria y después tuvo que

reinstaurarlo      precisamente          porque    eliminarlo        impactó

negativamente la labor de la entidad. De igual modo, expresa

que la Junta ha enfrentado señalamientos del Contralor de

Puerto Rico por no contar con un inventario ni un plan de
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retención para los expedientes médicos. Asimismo, afirma que

la Junta tiene un atraso en la gestión de asuntos éticos y

de impericia médica. Por esa razón, el Colegio aduce que

esta no puede considerarse un medio menos oneroso.

      En contraposición, el doctor Delucca Jiménez reitera

que el Colegio y el Estado no demostraron que la colegiación

compulsoria       es    imprescindible            por     no     existir    otra

alternativa menos restrictiva para adelantar el interés

apremiante esbozado. Asimismo, enfatiza que, en este caso la

Junta es el organismo que rige la profesión médica y, por

ende, el medio menos restrictivo para lograr los objetivos

del Gobierno. A su vez, hace hincapié en que todas las

funciones    de    carácter        social   que    desempeña        el   Colegio,

aunque son encomiables, no justifican la obligatoriedad de

su membresía. Finalmente, el Doctor Delucca Jiménez expresa

que   el    Colegio         incurre      repetidamente         en   expresiones

políticas con las que no se solidariza.

      Por otro lado, la Asociación de Abogados de Puerto Rico

y la Asociación Médica de Puerto Rico comparecieron como

amigos de la corte. En su amicus curiae, la Asociación de

Abogados    de     Puerto         Rico   expresa        que    la   colegiación

compulsoria       no   es    el    mecanismo      menos       restrictivo   para

adelantar cualquier interés del Estado en la regulación

profesional de la medicina. De forma similar, la Asociación

Médica de Puerto Rico esboza que la colegiación compulsoria

es inconstitucional. Para apoyar su postura, destaca que el
AC-2022-0083                                                                    8

Colegio no tiene facultades regulatorias sobre los médicos

y que la Junta es el organismo encomendado a salvaguardar el

fin    público    de     regular     el     ejercicio     de    la    mencionada

profesión. Asimismo, la Asociación Médica puntualiza que

desde 1902 realiza una labor equivalente al Colegio y que no

es válido obligar a la clase médica a pertenecer a una

asociación       por    encima      de    otras   que     ejercen     funciones

análogas.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes y

los amicii curiae, nos encontramos en posición de resolver

la controversia ante nos.

                                          II

      A. Libertad de asociación en Puerto Rico

        La Carta de derechos de la Constitución de Puerto Rico

consagra    de    manera      expresa       que   “[l]as       personas    podrán

asociarse    y    organizarse            libremente     para    cualquier       fin

lícito,     salvo       en     organizaciones           militares      o    cuasi

militares”. Art. II, Sec. 6, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed.

2016,     pág.    299.       Esta    garantía      constitucional          se       ha

reconocido como un derecho fundamental que está directamente

relacionado       con    la    libertad        humana     y    la    democracia.

Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, 202 DPR 428, 433

(2019).

        Como una extensión lógica del derecho de las personas

a asociarse libremente, reconocimos también su derecho a no

asociarse. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR
AC-2022-0083                                                            9

791, 811-812 (2014). A su vez, tras realizar una exégesis de

este derecho, concluimos que la Constitución local consigna

una especie de protección distinta y de mayor amplitud a la

que se reconoce al amparo de la Constitución de Estados

Unidos. Íd., pág. 811. Por esa razón, al disponer de estas

controversias “resolvemos por fundamentos locales adecuados

e   independientes        al   derecho   constitucional      federal        de

libertad    de     asociación”.     Rodríguez    Casillas     et    al.     v.

Colegio, supra, pág. 455.

      Por otra parte, en el ejercicio de su poder de razón de

Estado, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de regular

y   controlar      la   práctica    de   las   profesiones,     salvo       la

abogacía, a fin de proteger la salud y el bienestar público.

Íd. pág. 440. Respecto al alcance de esa potestad, explicamos

que   “[e]l      Estado    puede   establecer     unos   requisitos         de

conocimientos mínimos, capacidad, destreza, entereza moral

o cualquier otro que esté racionalmente relacionado con el

objetivo      de   garantizar      que   los    examinados     posean       la

competencia para practicar la profesión en forma adecuada”.

(Negrilla suplida). Rodríguez Casillas et al. v. Colegio,

supra, pág. 428; Marcano v. Departamento Estado, 163 DPR

778, 786 (2005). Sin embargo, no se pueden violar derechos

fundamentales       so     pretexto      de    esta   amplia       facultad

discrecional. Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, supra,

pág. 440.
AC-2022-0083                                                                       10

       En fiel apego a la norma constitucional, este Tribunal

pautó que la colegiación compulsoria de un grupo profesional

crea una fricción inevitable con el derecho de libertad de

asociación de sus integrantes. Íd., pág. 448. Así, por

tratarse     de      un    derecho          fundamental,      la       interferencia

gubernamental únicamente puede validarse si logra superar el

escrutinio estricto. Rodríguez Casillas et al. v. Colegio,

supra, pág. 455.

       Al aplicar el escrutinio estricto, se invierte el peso

de    la   prueba    y     se    presume       que    la   medida       impugnada   es

inconstitucional. San Miguel Lorenzana v. ELA, 134 DPR 405,

425    (1993).       De        ese     modo,       para    superar        el     crisol

constitucional,           el    Estado      está     obligado      a    articular       la

existencia      de    un       interés      apremiante       que       justifique   la

necesidad de su actuación. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR

II,    supra,       págs.       813-814.       Sin     embargo,         el     estándar

probatorio no solo requiere que la acción estatal persiga un

interés apremiante, sino que exige también que el Estado

demuestre     que     no       tiene    medidas      menos    restrictivas         para

adelantar ese interés. Íd., págs. 814-815. Dicho de otro

modo, el Estado únicamente podrá interferir con un derecho

fundamental       cuando        no     le   quede     otra   opción.         Rodríguez

Casillas et al. v. Colegio, supra, pág. 433. “Solo de esa

manera se protege adecuadamente un derecho tan fundamental

como el de la libertad de asociación”.                     Rivera Schatz v. ELA

y C. Abo. PR II, supra, págs. 813-814.
AC-2022-0083                                                                11

     Recientemente, en el caso Vélez Colón v. Colegio de

Optómetras    y        otros,    2023   TSPR    78,   212   DPR   __   (2023),

decretamos        la     inconstitucionalidad         de    la    disposición

estatutaria que obligaba a los optómetras a ser miembros del

Colegio de Optómetras para ejercer válidamente su profesión

en Puerto Rico. Allí, luego de examinar con el debido rigor

las leyes que reglamentaban esa profesión, concluimos que la

colegiación compulsoria no era indispensable, ya que la

Junta    Examinadora        es    el    único   organismo    regulador      del

ejercicio de la optometría y a su vez, el ente encargado de

adelantar los intereses del Estado. Íd., pág. 24.

  B. Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

        Por otro lado, la Ley Núm. 139, aprobada el 1 de agosto

de 2008, 20 LPRA sec. 131, et seq., según enmendada, conocida

como la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina

Médica, es el estatuto rector de la profesión médica en

Puerto Rico.

        En su exposición de motivos, el legislador consignó que

la “sociedad tiene un interés de primera jerarquía en la

integridad de la profesión médica. Para velar por dicho

interés social, el Estado tiene el derecho de reglamentar la

práctica     de    la     profesión.      Uno    de   los   mecanismos      más

importantes       para     lograr       este    fin   es    el    proceso    de

licenciamiento para ejercer la profesión”. Exposición de

motivos de la Ley Núm. 139-2008. A su vez, la Asamblea

Legislativa explicó que la aprobación del estatuto respondió
AC-2022-0083                                                 12

a la insuficiencia de su antecesora, la Ley Núm. 22 de 22 de

abril de 1931, para lograr el interés apremiante del Estado,

así como las quejas en cuanto a la administración del

Tribunal   Examinador   de   Médicos.   Íd.   En   específico,   se

expresó:

     La Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931 creó el
     Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico. La
     misma fue originalmente aprobada en el 1931 y con
     el transcurso de los años ha sido enmendada en
     múltiples ocasiones. Dichas enmiendas, algunas
     inconexas, hacen de la ley vigente una arcaica,
     disfuncional y ajena a las tendencias modernas de
     regulación de la práctica de la profesión médica.
     . . .

     Recientemente hemos visto cómo el deterioro
     propiciado por la disfuncionalidad de la ley ha
     propiciado serios problemas relacionados con la
     práctica de la medicina en Puerto Rico. De igual
     forma existen muchas quejas relacionadas con la
     administración del Tribunal Examinador de Médicos.
     . . .

     La Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según
     enmendada, fue el comienzo de tal protección a la
     salud y bienestar general, pero al presente su
     texto no ha sido lo suficiente para obligar a los
     funcionarios a cargo de la misma a cumplir con su
     responsabilidad ética y social. Es necesaria la
     intervención de esta Asamblea Legislativa para
     atender   este  asunto   de  primera   prioridad.
     Exposición de motivos de la Ley Núm. 139-2008

     Con lo anterior en mente, la Ley Núm. 139-2008, supra,

estableció un nuevo esquema para regular la práctica de la

medicina en Puerto Rico. Como parte de esa gesta, se instauró

la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica adscrita al

Departamento de Salud. Art. 3 de la Ley Núm. 139-2008, 20

LPRA sec. 132. Así, se dispuso que “[e]l Departamento de

Salud será responsable de asegurarse que se cumpla con la
AC-2022-0083                                              13

política pública de que es al Estado al que le compete

licenciar y disciplinar los profesionales médicos”. Íd.

    Entre las extensas facultades que le fueron conferidas

a la Junta cabe destacar:

    a. adoptar un sello oficial.
    . . .

    j. enmendar, rechazar o aprobar el Código de Ética
    para los Médicos en Puerto Rico, conforme a lo
    dispuesto en la Ley Núm. 77 de 13 de agosto de
    1994;

    k. establecer mediante reglamento los requisitos
    de educación continua que podrán tomar los médicos
    y aprobar los cursos que se ofrezcan a tales fines.

    l. Establecer procedimientos de investigaciones y
    celebración     de     vistas      administrativas
    relacionadas a la conducta de los tenedores de la
    licencia de Médicos Asistentes concedida en virtud
    de esta Ley.

    m. Ofrecer cursos de educación continuada para la
    renovación de la licencia de Médicos Asistentes
    emitida en virtud de esta Ley.

    n. Preparar y administrar exámenes de reválida a
    ser aprobados para el ejercicio de la profesión de
    Médico Asistente.

    o. Establecer la reglamentación necesaria para la
    implantación de esta legislación.

    p. Garantizar la licencia de Médico Asistente a
    aquella persona que reúna los requisitos de esta
    Ley.

    q. Promover investigaciones sobre el desempeño
     de los miembros de la profesión de Médico
    Asistente.

    r. Denegar o revocar cualquier licencia emitida en
    virtud de esta Ley si se determinase que algún
    aspirante al ejercicio de la profesión o algún
    Médico Asistente licenciado carece de buena
    reputación según definido en esta Ley. En caso de
    que la Junta revoque o deniegue una licencia bajo
    este fundamento, deberá notificar por escrito a la
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     persona en cuestión de su derecho a apelar al
     Tribunal de Apelaciones, dentro del término de
     treinta (30) días contados a partir de la
     notificación de la revocación o denegatoria.

     s. Garantizar que el requisito de educación se
     cumpla antes de la emisión de la licencia.

     t. Otorgar certificaciones, las cuales tendrán un
     término de vigencia de cuatro (4) años, que
     acrediten los cursos en educación continuada para
     garantizar los conocimientos en el campo de
     Médicos Asistentes, así como las teorías y
     práctica de las comunicaciones y cualquier otra
     materia que la Junta tenga a bien incluir.

     u. En cualquier momento, en que la Junta estime
     que alguna persona o empresa pública o privada
     incurra en actuaciones o prácticas que puedan
     constituir una violación a esta Ley, podrá
     denunciar dichos actos ante un tribunal con
     competencia y solicitar o interponer un interdicto
     o cualquier acción legal necesaria para detener
     dicha práctica.
     . . .

     Art. 4 de la Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec. 132a.

     De forma similar, entre la exhaustiva lista de deberes

y responsabilidades de la Junta, están: (1) promulgar reglas

y reglamentos justos e imparciales; (2) seleccionar y/o

administrar     exámenes     de   licenciamiento;       (3)   recibir,

investigar y adjudicar querellas; (4) iniciar procesos de

investigación    motu      proprio   e    imponer   multas,    previa

celebración de una vista, por violaciones a las leyes de la

práctica   de     la    medicina;        (5)   emitir     citaciones,

emplazamientos, administrar juramentos, recibir testimonios

y conducir vistas; (6) desarrollar e implantar métodos para

evaluar y mejorar la práctica de los médicos; (7) proponer

recomendaciones a la Asamblea Legislativa para                realizar
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enmiendas a la ley para beneficio de la salud, la seguridad

y el bienestar público, y (8) desarrollar y adoptar su

presupuesto. Art. 8 de la Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec.

132e. Sobre este último punto, a grandes rasgos, el estatuto

dispone que la Junta se sostendrá a base de los ingresos

generados por sus actividades, incluyendo honorarios, cargos

y reembolsos. Art. 39 de la Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec.

135h.

       Como medida protectora, la Junta puede expedir órdenes

de    cese    y   desista     para   evitar   que   cualquier   persona,

asociación        o   corporación    viole    cualquier   provisión   del

estatuto. Art 28(g) de la Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec.

134b.

       A fin de evaluar y fiscalizar el desempeño de esta

entidad, la Junta viene obligada a presentar al Gobernador

y al Secretario de Salud un informe anual sobre sus labores,

en el que rinda cuentas sobre el número de solicitudes y

licencias expedidas, y sus gastos e ingresos. Art. 31 de la

Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec. 135a. Asimismo, deberá rendir

un informe anual sobre la cantidad de querellas presentadas

contra       médicos      u   osteópatas,     los   casos   adjudicados

judicialmente         y   aquellos   transigidos    judicial    o   extra

judicialmente. Art. 32 de la Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec.

135a.

     C. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico
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     Por otra parte, la Ley Núm. 77 de 13 de agosto de 1994,

20 LPRA sec. 73, et seq., según enmendada, conocida como la

Ley del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico autorizó

la creación del organismo antes mencionado.

En la Exposición de Motivos, se consignó:

     El Colegio cuya creación se autoriza en esta medida
     tendrá como propósitos que se vigile adecuadamente
     por la conservación y el mejoramiento de calidad
     en el ejercicio de la medicina que hemos
     experimentado en Puerto Rico; se fomente el
     continuo progreso de la medicina; se divulguen
     conocimientos médicos; se eleven las normas de la
     educación médica; se recaben la aprobación y el
     cumplimiento de leyes meritorias en relación con
     la salud y consecución del bienestar de todos
     nuestros conciudadanos y de la profesión médica;
     se logre que el médico sea de la mayor utilidad
     posible para el pueblo en la prevención y curación
     de las enfermedades y con relación a los problemas
     de la asistencia médica y los servicios médicos
     hospitalarios; se fomente que los médicos se
     desarrollen e interrelacionen en todas las fases
     de sus labores; se desarrollen y estrechen las
     relaciones de cordialidad entre los miembros de la
     profesión médica; y se colabore con el Tribunal
     Examinador    de    Médicos   en    los    procesos
     disciplinarios por violaciones de ley y normas
     éticas. Exposición de motivos de la Ley Núm. 77-
     1994.

Entre las facultades que le fueron conferidas a esta entidad

se encuentra:

     A. Subsistir y operar bajo ese nombre.

     B. Demandar y ser demandado como persona jurídica.

     C. Poseer y usar un sello oficial que podrá alterar
     a su voluntad según se disponga por su Reglamento.

     D. Adquirir derechos y bienes, tanto muebles como
     inmuebles, por donación, legado, tributos entre sus
     propios miembros, compra o de otro modo legal;
     poseerlos, hipotecarlos, arrendarlos y disponer de
     los mismos en cualquier forma legal y de
     conformidad con su Reglamento.
AC-2022-0083                                                   17

      E. Tomar dinero a préstamo, y constituir y dar
      garantías para el pago de los mismos.

      F. Adoptar su Reglamento y para enmendarlo en la
      forma y con los requisitos que en el mismo se
      provea,   garantizando   siempre  los   derechos
      individuales de los colegiados.

      G. Proponer al Tribunal Examinador de Médicos las
      enmiendas   al   Código   de  Cánones   de   Ética
      Profesional que estime necesarias para promover la
      mejor salud y bienestar del pueblo y la excelencia
      de los colegiados en el ejercicio de la medicina;
      y enmiendas a los procedimientos para recibir,
      investigar preliminarmente y referir al Tribunal
      Examinador las querellas que se formulen respecto
      a la práctica y conducta profesional de los
      colegiados para que éste imponga las sanciones
      aplicables, si así procede. Toda proposición para
      enmendar, revisar íntegramente o derogar el Código
      de Cánones de Ética Profesional e instituir otro
      nuevo, será presentada al Tribunal Examinador, el
      cual deberá pasar juicio sobre cada proposición a
      los fines de aprobarla, rechazarla, modificarla o
      considerarla, conforme a su criterio. El Tribunal
      Examinador podrá, sin embargo, aprobar, revisar o
      enmendar el Código de Cánones de Ética Profesional
      con independencia de cualquier proposición o falta
      de ella que haga al efecto el Colegio.

      H. Proteger a sus miembros, promover su desarrollo
      profesional y disponer la creación de sistemas de
      seguros y fondos especiales y otros de protección
      voluntaria.

      . . .

      Art. 4 de la Ley Núm. 77-1994, 20 LPRA sec. 73c.

      Es menester aclarar que el estatuto habilitador del

Colegio de Médicos no ha sido enmendado para atemperarse a

las disposiciones de la Ley Núm. 139-2008, supra, y por lo

tanto, su texto hace alusión al antiguo Tribunal Examinador

de   Médicos   en   lugar   de   la   Junta   de   Licenciamiento   y

Disciplina Médica, que es el ente rector vigente.
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      Dicho esto, en lo concerniente al poder de recibir e

investigar las quejas que se formulen sobre sus miembros, si

el   Colegio,        luego    de       dar    la     oportunidad          a    las   partes

interesadas de ser oídos, encuentra causa fundada de posible

conducta ilegal o antiética, debe referir el expediente a la

Junta con sus observaciones. Art. 20 de la Ley Núm. 77-1994,

LPRA sec. 73e. Empero, nada de lo dispuesto en el estatuto

limita   o   altera         la    facultad          de    la   Junta      para       iniciar

cualquier procedimiento por su propia cuenta. Íd.

      En lo atinente a la controversia aquí planteada, la Ley

Núm. 77-1994 dispone que ninguna persona podrá ejercer la

medicina en Puerto Rico sin ser miembro del Colegio de

Médicos. Art. 7 de la Ley Núm. 77-1994, 20 LPRA sec. 73f. De

lo contrario, estará sujeta a ser sancionada con pena de

multa no menor de $100 ni mayor de $500. Art. 13 de la Ley

Núm. 77-1994, 20 LPRA sec. 73o.

                                              III

      Ciertamente,           la    regulación             de   la   práctica          médica

constituye       un    interés             estatal       apremiante       estrechamente

vinculado        a     la        salud        pública.         Al      analizar          las

particularidades de esta controversia, no pasamos por alto

la preeminencia de la profesión médica y su rol vital de

atención     y        cuidado          a     la      salud     de     las          personas.

Históricamente, esa ha sido precisamente una de las razones

medulares    por       las       que       hemos     validado       que       la   Asamblea

Legislativa, en su ejercicio de poder de razón de Estado,
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establezca los estándares que deben regir la práctica de las

distintas profesiones. Rodríguez Casillas et al. v. Colegio,

supra, pág. 440. Sin embargo, ese ejercicio de poder estatal

debe ceñirse al mandato constitucional.

        Aquí,    indiscutiblemente,         la     colegiación      obligatoria

para ejercer legítimamente la medicina en Puerto Rico incide

sobre    el     derecho    a   la   libertad        de   asociación      de   los

integrantes de la mencionada profesión. Por eso, este Foro,

como máximo intérprete y guardián de nuestra Constitución,

está en la obligación de someter esa intromisión estatal al

rigor del escrutinio estricto.

        En esa encomienda, no podemos perder de perspectiva que

la   primacía      del    interés     apremiante,        por   sí    misma,    no

justifica la lesión de derechos fundamentales. Por eso,

independientemente de los poderosos intereses que promuevan

la acción estatal que incide sobre derechos individuales, se

requiere a su vez, que esta sea la única alternativa para

conseguir esos fines. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II,

supra, pág. 813. De ahí que, la controversia planteada se

circunscribe       a     determinar    si    el     Estado     no    tiene    una

alternativa       menos     intrusiva       para    adelantar       el   interés

apremiante de regular el ejercicio de la medicina y así,

preservar la salud pública.

        Aclarado este extremo, resulta evidente que obligar a

los médicos a ser miembros de una asociación no es el

mecanismo       menos    restrictivo    al       alcance   del      Estado    para
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lograr sus objetivos. La realidad es que, en este caso, la

colegiación obligatoria no es necesaria para sostener el

esquema     regulador    de    la    medicina       y   preservar       la    salud

pública.

      Sin lugar a duda, la Junta de Licenciamiento es la

entidad llamada a adelantar el interés apremiante antes

discutido.      De   hecho,    la    Ley    Núm.    139-2008,          supra,      que

instauró este organismo, estructuró todo un nuevo esquema

para regular la medicina, precisamente, en reconocimiento de

que el anterior no era suficiente para lograr los objetivos

del   Estado.      Durante    ese    proceso    de      redefinición          de   la

práctica médica, la Ley Núm. 77-1994, supra, que creó el

Colegio permaneció inalterada. En contraste, la Asamblea

Legislativa      entendió     que    era    necesario         gestar     un     ente

apropiado para regular la profesión y ofrecer garantías al

pueblo con relación a la profesión médica. Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 139-2008, supra.

      Así    las     cosas,    la    Junta     es       el   único      organismo

encomendado por ley a regular la práctica médica en Puerto

Rico. Art. 4 de la Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec. 132a.

Consecuentemente,       es    esta    entidad       quien     puede      expedir,

renovar o suspender cualquier licencia. Íd. Ese proceso de

licenciamiento, según describe la Exposición de motivos de

la Ley Núm. 139-2008, supra, es uno de los mecanismos más

importantes      para   lograr      la     integridad        de   la    profesión

médica. En esa tarea, la Junta administra los exámenes de
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reválida y es quien se encarga de reglamentar de forma

exhaustiva los requisitos que debe satisfacer un aspirante.

Art. 7 de la Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec. 132d.

     En lo concerniente al ámbito disciplinario, la Junta es

la entidad que adopta y aplica los cánones de ética de la

profesión. Art. 8 de la Ley Núm. 139-2008, 20 LPRA sec. 132e.

También puede iniciar procedimientos de investigación motu

proprio e imponer multas por violaciones a las leyes y

reglamentos que viene encargada de administrar. Íd. A su vez

es quien único, mediante un procedimiento formal, tiene la

potestad de tomar medidas disciplinarias como la suspensión

o revocación de una licencia. Art. 4 de la Ley Núm. 139-

2008, 20 LPRA sec. 132a.      En apoyo a esa función, el Colegio

tiene la facultad de recibir e investigar quejas que se

formulen sobre la conducta de sus miembros, y de referir

estos asuntos a la atención de la Junta. Art. 6 de la Ley

Núm. 77-1994, 20 LPRA sec. 73e. Sin embargo, esa facultad no

limita    la   autoridad    de   la   Junta     de   iniciar    estos

procedimientos por su propia cuenta. Íd.

     A lo largo de este pleito, el Colegio ha insistido en

que la colegiación compulsoria es indispensable porque la

Asamblea Legislativa le delegó unas “funciones públicas”

que, aunque no están intrínsecamente relacionadas con la

regulación de la profesión, son esenciales para proteger la

salud    pública.   Esa   aserción,   no   se   ajusta   al   análisis

constitucional vigente. En controversias de esta naturaleza,
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el interés apremiante de resguardar la salud del pueblo debe

analizarse en el contexto de la reglamentación profesional

y no como un fin independiente. La colegiación compulsoria

es un requisito de licenciamiento profesional, y por tanto,

debe responder únicamente al interés apremiante de regular

el ejercicio de una profesión.

     No obstante, de una evaluación integral de la Ley Núm.

77-1994, supra, es inescapable concluir que el Colegio de

Médicos    esencialmente          ostenta   las    facultades    y    deberes

características       de    una    asociación     profesional    o    de   una

entidad sin fines de lucro. En términos generales, su rol se

circunscribe a: proteger a sus miembros; instituir programas

de   servicio     a        la     comunidad;      subvencionar       estudios

científicos; fomentar el mejoramiento del ejercicio de la

medicina    y   los    servicios        médicos;     ofrecer     cursos     de

educación continua, y colaborar con el Gobierno y otras

asociaciones en beneficio del bienestar público. Arts. 4-5

de la Ley Núm. 77-1994, supra, 20 LPRA secs. 73c-73d.

     Estos objetivos son loables e importantes. Sin embargo,

y sin afán de menospreciar su rol social, esas facultades

extrínsecas a la regulación de la profesión no superan el

crisol     constitucional.         El   Colegio,     como   muchas     otras

organizaciones, puede implementar medidas que contribuyan a

preservar la salud pública. No por eso se justifica obligar

a las personas a ser miembros de estas entidades para obtener

una licencia profesional.
AC-2022-0083                                                           23

        No se justifica que todos los médicos estén obligados

a asociarse al Colegio para que este pueda realizar clínicas

de vacunación, pruebas gratuitas de Covid-19, distribuir

medicamentos o mantener un centro de llamadas. Por más

encomiable que resulte su gesta, el sostenimiento de esa

función social no puede ser a expensas del derecho de

asociación de los galenos.

      Finalmente, reconocemos el rol colaborativo del Colegio

en lo concerniente a proponer enmiendas a los cánones de

ética    profesional   y   ofrecer   cursos   de     educación    médica

continua. Art. 4 de la Ley Núm. 77-1994, 20 LPRA sec. 73c.

Empero, no es necesaria la colegiación compulsoria para que

el Colegio proponga las enmiendas que entienda necesarias a

las reglas éticas y mucho menos para que sea un proveedor de

educación continua, como lo son muchas otras organizaciones

avaladas por la Junta. Y es que, eliminar la obligatoriedad

de la membresía al Colegio no es eliminar el Colegio mismo.

Esa     entidad   puede    subsistir   como        una   de    membresía

voluntaria, y como lo han hecho otros Colegios luego de un

decreto de inconstitucionalidad del requisito de membresía

obligatoria.

      Aquí no hay ni un solo interés apremiante que no se

pueda adelantar sin obligar a los médicos a asociarse con

quien no desean. Es más, el surgimiento de una colegiación

voluntaria, que es lo único que conlleva un decreto de

inconstitucionalidad,      no   afectaría     de    forma     alguna    el
AC-2022-0083                                                              24

esquema regulador de la medicina diseñado por la Asamblea

Legislativa. La colegiación compulsoria de los médicos es a

lo sumo, conveniente, pero de ningún modo indispensable.

Difícilmente se podría argumentar que los objetivos que el

Estado promueve con este requisito de afiliación, que ni

siquiera están directamente relacionados con la regulación

de la profesión médica, no se pueden conseguir de una forma

menos    lesiva.    La    conveniencia    no   puede       anteponerse     al

mandato constitucional.

       Al igual que en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II,

supra; Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, supra, y Vélez

Colón v. Colegio de Optómetras y otros, supra, en este caso,

es    mediante     las    facultades     delegadas     a    la    Junta    de

Licenciamiento y no a través de la colegiación compulsoria,

que el Estado adelanta su interés apremiante de regular la

profesión médica, sin menoscabar el derecho de este gremio.

                                    IV

     Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia

del     Tribunal         de   Apelaciones      y     se      decreta       la

inconstitucionalidad          de    la     colegiación           compulsoria

establecida por los Arts. 7, 8 y 13 de la Ley Núm. 77-1994,

20 LPRA secs. 73f, 73g y 73o.

       Se dictará Sentencia de conformidad.

                                   RAFAEL L. MARTINEZ TORRES
                                          Juez Asociado
            EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Luis Delucca Jiménez

     Apelado

       v.
                                   AC-2022-0083

Colegio de Médicos Cirujanos
de Puerto Rico y otros

     Apelantes

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2023.

            Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
       antecede, la cual se hace formar parte de esta
       Sentencia, se confirma la sentencia del Tribunal de
       Apelaciones y se decreta la inconstitucionalidad de la
       colegiación compulsoria establecida por los Arts. 7,
       8 y 13 de la Ley Núm. 77-1994, 20 LPRA secs. 73f, 73g
       y 73o.

            Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
       del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera
       García emitió una Opinión de conformidad. La Jueza
       Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión
       disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió
       una Opinión disidente. El Juez Asociado señor Estrella
       Martínez disintió sin opinión escrita.

                           Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                          Secretario del Tribunal Supremo
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

  Héctor Luis Delucca Jiménez

                 Apelado

                     v.                           AC-2022-0083

 Colegio de Médicos Cirujanos
    de Puerto Rico y otros

               Apelantes

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor
Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2023.

        El   aseguramiento           de     una    robusta        salud    pública

representa uno de los fines primordiales del estado moderno.

Como parte de esa gesta, resulta indispensable exigir los

más altos estándares en las profesiones que adelantan esa

causa. Bajo ese entendido, no hay duda alguna de que el

interés      público      en      regular    efectivamente         la     profesión

médica cede pocas veces ante otros intereses sociales.

        No   obstante,       el    poder    estatal       para    supervisar     el

ejercicio      de     una      profesión      no        supone    una     autoridad

irrestricta para establecer requisitos que no sirvan un

propósito significativo, en detrimento del derecho de un

individuo a no asociarse con una organización cuya membresía

objeta. Cónsono con mi criterio reiterado en casos de esta

naturaleza,      la    colegiación          compulsoria,         como   medida   de

reglamentación profesional, no supera el crisol de nuestra

Carta    Magna      cuando     representa         una    exigencia      redundante

dentro del esquema profesional aplicable.
AC-2022-0083                                                                         2

         Tras examinar los argumentos ante nos, coincido con el

criterio        mayoritario        respecto     a    que       la    colegiación

compulsoria de los médicos puertorriqueños representa un

menoscabo fútil de su derecho a la no asociación. Máxime,

cuando el esquema regulatorio no depende en forma alguna de

la participación del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto

Rico (CMCPR).

         A fin de cuentas, la discusión no es si esta medida

obligatoria sirve para adelantar la salud pública en un

sentido        abstracto     o    general.    Tampoco,        si    sostiene   las

actividades sociales y benéficas de un gremio profesional.

Más bien, debe examinarse únicamente bajo el supuesto de si

es   o    no    necesaria        para   adelantar    el       poderoso   interés

gubernamental en regular el ejercicio de la medicina.

         De este modo, difícilmente puede afirmarse que la

colegiación compulsoria es el medio menos oneroso al derecho

agraviado y que adelante el crucial interés público en la

reglamentación efectiva de la medicina. Por estos motivos,

estoy conforme en decretar la inconstitucionalidad de la

colegiación compulsoria de los médicos en Puerto Rico.

                                         I

         A. Derecho a la           no   asociación        y    la    colegiación
            compulsoria

         El    derecho   a   la     asociación      surge      expresamente     de

nuestra Constitución. Allí se preceptúa que “[l]as personas

podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin
AC-2022-0083                                                             3

lícito,       salvo    en    organizaciones    militares     o   cuasi

militares”.1 Ciertamente, la preeminencia de este derecho en

nuestra jurisdicción no se discute, pues obedece a una

intención de reconocer un derecho distinto a aquel que surge

de la Constitución federal.2

        En fiel apego a los valores que protege esta garantía

constitucional, desde hace décadas este Foro reconoció que

el derecho a la asociación supone necesariamente el derecho

a no asociarse.3 Al así hacerlo, hemos sido enfáticos que

nuestra discusión respecto a este derecho constitucional se

enmarca en los confines de la Constitución de Puerto Rico,

como fundamento estatal adecuado e independiente.4

        Ahora bien, sobre este derecho constitucional no había

sido objeto de mayor discusión hasta nuestra Opinión en

Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791 (2014).

Allí,    nos     expresamos    sobre   el   esquema   de   colegiación

compulsoria que se le había impuesto en nuestra jurisdicción

a los abogados. Amparados exclusivamente en nuestro poder

inherente para reglamentar la profesión legal, declaramos

inconstitucionales ciertas disposiciones de la Ley Núm. 109-

2014,     las    cuales     habían   reestablecido    la   colegiación

compulsoria de los letrados.5

         1   Const. P.R., Art. II, Sec. 6.
         2   Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 810-11
 (2014).
       3 Íd., págs. 811-12 (citando a Colegio de Abogados v. Schneider,

 112 DPR 540 (1982)).
       4 Íd., pág. 809 (Invocando la doctrina de Michigan v. Long, 463

 US 1032 (1983)).
       5 Íd., pág. 795.
AC-2022-0083                                                                  4

     Fue     nuestro     criterio   que    la    reimposición     de     la

colegiación compulsoria a los abogados representaba una

intromisión inconstitucional en la esfera delegada a este

Tribunal por nuestra Carta Magna.6 Además, estimamos, que

como Foro rector poseíamos las herramientas necesarias para

salvaguardar el buen funcionamiento de la justicia en Puerto

Rico.7 Al evaluar la improcedencia del esquema de colegiación

compulsoria    de   la    profesión   legal,     indicamos   que       “los

abogados son un grupo de profesionales sui géneris que,

contrario a otros grupos profesionales, están fiscalizados

por un ente permanente que los regula de manera independiente

a cualquier grupo profesional o colegio”.8 (Énfasis en el

original).

     Ahora    bien,    como   parte   de   nuestra     exposición       del

derecho, también nos expresamos sobre las imbricaciones

constitucionales       del   requerimiento      de   asociación    a    una

organización, como precondición para ejercer una profesión.9

Ya en Colegio de Abogados v. ELA, 181 DPR 135, 137 (2011),

mediante Resolución, habíamos adelantado que

       es la colegiación compulsoria de una clase profesional
       la que crea una fricción inevitable con la libertad
       de asociación de los afectados. Por ello, esa
       limitación significativa de la libertad a no asociarse
       es constitucional solamente si el Estado demuestra un
       interés   gubernamental   apremiante   que   la   hace
                  10
       necesaria.

       6 Íd., pág. 821.
       7 Íd.
       8 Íd., págs. 816-17.
       9 Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pág. 809.
       10 Colegio de Abogados v. ELA, 181 DPR 135, 137 (2011).
AC-2022-0083                                                                           5

        Así, en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra,

reconocimos que una medida que incida sobre este derecho

fundamental         deberá     representar       no    solamente      un     interés

apremiante del Estado, sino que debe ser el medio menos

oneroso para la consecución de ese fin.11

        Posteriormente, este Foro tuvo una segunda ocasión para

atender una controversia sobre un esquema de colegiación

compulsoria en Rodríguez Casillas et al v. Colegio, 202 DPR

428 (2019). Allí, resolvimos que nuestra discusión en Rivera

Schatz v. ELA II, supra, sobre el derecho a la no asociación,

era     extensiva        a    otras     profesiones.12       Consecuentemente,

reiteramos que cualquier actuación estatal que interfiriera

con   el        ejercicio     del     derecho    a    la    asociación       debería

sobrepasar, para su validez, un escrutinio constitucional

estricto.13        Ello, presupone la existencia de un interés

apremiante que haga la actuación necesaria y que el Estado

no tenga a su alcance medidas menos onerosas para lograr el

interés articulado.14

        Según concluimos, en el contexto particular de los

técnicos y mecánicos automotrices, aunque existía un interés

apremiante del Estado, la colegiación compulsoria no era el

medio      menos       oneroso.15      Así,     recurrimos     a   un      análisis

detallado         de    las    disposiciones          que   crearon     la     Junta

           11 Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pág. 813.
           12 Rodríguez Casillas et al v. Colegio, 202 DPR 428, 451 (2019).
           13 Íd., pág. 449-50.
           14 Íd., pág. 450.
           15 Íd., pág. 452.
AC-2022-0083                                                                                         6

Examinadora         de     Técnicos         y   Mecánicos         Automotrices             y    el

Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico.

Al   comparar            estas     disposiciones,             estimamos              que   sería

mediante el buen ejercicio de las facultades delegadas a esa

junta examinadora que se lograrían mantener estándares altos

en esa profesión.16

        Destaco, que en esa ocasión el compañero Juez Asociado

señor        Estrella      Martínez          apuntaló,          que     era          “necesario

enfatizar        que       el     esquema          de    colegiación             compulsoria

invalidado          en     este     caso        particular        no       necesariamente

corresponde a la realidad de las profesiones restantes en

Puerto Rico”.17 (Énfasis en el original). Lo anterior, pues

la regulación de las diversas profesiones es un asunto que

no puede tratarse homogéneamente.18

        En     lo        sucesivo,          esta        Curia     ha        tenido         otras

oportunidades            para     revisitar        el    tema     de       la    colegiación

compulsoria.              En      esas          instancias,             he           reafirmado

infatigablemente la necesidad de incorporar al análisis un

componente          práctico        y       contextualizado.19                  En     términos

concretos,          me    refiero       a    la     necesidad         de     precisar          las

características que debe exhibir un método alterno a la

colegiación          compulsoria,           para        que     pueda      decretarse          la

          Íd., pág. 452.
         16

          Íd., pág. 457. (Expresión concurrente, J. Estrella Martínez).
         17
       18 Íd.
       19 Véanse, Colegio de Veterinarios v. Veterinario Express et al,

 supra. (Opinión concurrente, J. Rivera García); Reyes Sorto et al v.
 CIAPR, 2023 TSPR 62, 211 DPR __ (2023) (Opinión de conformidad, J.
 Rivera García) y Negrón Román y otros v. Col. CPA y otros, 2023 TSPR
 87, 212 DPR __ (2023), (Opinión de conformidad, J. Rivera García).
AC-2022-0083                                                              7

inconstitucionalidad de esta última. Por ello, insisto que

la determinación sobre si efectivamente existe un medio

menos oneroso requiere, responsablemente, determinar que esa

alternativa es viable y efectiva.

     No obstante, ya en Col. Vet. v. Veterinario Express et

al, supra, adelanté que cuando la reglamentación de una

profesión   demuestre    que    puede   operar   efectivamente      sin

necesidad de una colegiación compulsoria, la ausencia de

esta resulta una alternativa viable.20 Esto se manifiesta con

absoluta claridad cuando la prueba demuestra que el rol del

colegio profesional “no es el de ejercer funciones de otro

modo pertenecientes al Estado, sino el de complementar las

ya   ejercidas   por    la     Junta    Examinadora”.21    (Negrillas

suplidas). Igual criterio reiteré en ocasión de considerar

la colegiación compulsoria impuesta a los optómetras.22

     B. Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

     El poder para regular la profesión médica en Puerto

Rico ha sido investido por disposición estatutaria en la

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM),                 en

virtud de su ley orgánica.23 Así lo afirma expresamente el

Artículo 7 del estatuto al indicar que la “Junta tendrá a

su cargo la autorización, en el Estado Libre Asociado de

       20 Colegio de Veterinarios v. Veterinario Express et al, supra,

 pág. 562.
       21 Íd., pág. 567.
       22 Vélez et al v. Col. Optómetras et al, 2023 TSPR 78, 212 DPR

 __ (2023) (Opinión de conformidad, J. Rivera García).
       23 Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Ley Núm.

 139-2008, 20 LPRA sec. 131 et seq.
AC-2022-0083                                                                    8

Puerto    Rico,       del    ejercicio   de   la    profesión    de   médico

cirujano y osteópata”.24 Dice, además, que la “Junta tendrá

facultad       para     denegar,   suspender,       cancelar    o     revocar

cualquier licencia y para emitir una orden fijando a un

médico un período de prueba por un tiempo determinado”.25

      En cuantos a sus facultades, destaco que este ente

público puede: (1) enmendar, rechazar o aprobar el Código

de Ética para los Médicos en Puerto Rico; (2) establecer los

requisitos de educación continua y aprobar los cursos a esos

fines;        (3)     establecer    procesos       de   investigación      y

celebración de vista administrativas contra los tenedores

de   licencias;        (4)    preparar   y    administrar      exámenes   de

reválida y (4) denegar y revocar cualquier licencia emitida

en virtud de esa ley por motivo                    de carencia de buena

reputación.26 La JLDM también establece los requisitos que

debe cumplir un aspirante a la profesión de la medicina,27

incluyendo requisitos adicionales para los médicos graduados

en facultades en el extranjero.28

      Por otro lado, la JLDM tiene una extensa facultad

disciplinaria respecto a los médicos licenciados en Puerto

Rico y para denunciar, además, aquellos individuos que se

encuentren incursos en la práctica ilícita de la medicina.

Esto incluye la facultad para, a iniciativa propia o tras

         24 20 LPRA sec. 132d.
         25 Íd.
         26 20 LPRA sec. 132a.
         27 20 LPRA sec. 133b.
         28 20 LPRA sec. 133d.
AC-2022-0083                                                                     9

una   querella,       referir      al   Departamento       de   Justicia   una

conducta para su investigación.29 Destaco, que la JLDM puede

suspender a un médico por una multiplicidad de razones

detalladas en ley, entre las cuales figura la ausencia de

prueba sobre una póliza de responsabilidad financiera, según

exigida por el Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto

Rico.30

      C. Ley del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico

      La colegiación compulsoria de los médicos en Puerto

Rico tiene su origen en la Ley del Colegio de Médicos-

Cirujanos de Puerto Rico31. En virtud de este estatuto,

nuestra        Asamblea   Legislativa       facultó    a    los   galenos   a

constituirse como ente jurídico, sujeto a la celebración de

una asamblea de los médicos licenciados en ese momento.32 Su

Artículo 8, recoge la obligación que tienen los médicos en

Puerto Rico de colegiarse para poder ejercer la medicina en

nuestra jurisdicción.33

      Como hemos reseñado en ocasiones previas, el CMCPR

ostenta una serie de facultades que son comunes a los entes

jurídicos. A saber: (1) demandar y ser demandado bajo ese

nombre, (2) poseer y usar un sello oficial, (3) adquirir

derechos       y   bienes,   (4)    tomar   dinero    a    préstamo,   entre

          29 20 LPRA sec. 134.
          30 Íd.
          31 Ley Núm. 77-1994, 20 LPRA sec. 73 et seq.
          32 20 LPRA sec. 73b.
          33 20 LPRA sec. 73g.
AC-2022-0083                                                            10

otras.34 Ademas, posee facultad para proponer “al Tribunal

Examinador de Médicos las enmiendas al Código de Cánones de

Ética Profesional que estime necesarias...”.35 (Negrillas

suplidas).      Puede     proponer      también    “enmiendas    a    los

procedimientos para recibir, investigar preliminarmente y

referir al Tribunal Examinador las querellas que se formulen

respecto    a   la   práctica      y   conducta    profesional   de   los

colegiados para que éste imponga las sanciones aplicables”.36

(Negrillas suplidas).

     No obstante, la ley aclara inmediatamente que “[e]l

Tribunal Examinador podrá, sin embargo, aprobar, revisar o

enmendar el Código de Cánones de Ética Profesional con

independencia de cualquier proposición o falta de ella que

haga al efecto el Colegio”.37 De este modo, la Ley expresa

en términos claros que la facultad que posee el CMCPR en

estas materias no le confiere autoridad alguna para obligar

a la JLDM a adoptar los cambios propuestos.

     Esto se repite nuevamente en la esfera de la ética

profesional. Aquí, el CMCPR tiene facultad para recibir e

investigar quejas y, de encontrar causa fundada, referir el

expediente      a    la     JLDM       con   sus     observaciones     y

recomendaciones.38 Nótese, que distinto a otras profesiones

       34 20 LPRA sec. 73c.
       35 Íd. Estas disposiciones hacen referencia al antiguo Tribunal
 Examinador de Médicos, sustituido por la Junta de Licenciamiento y
 Disciplina Médica, en virtud de la Ley Núm. 139-2008, supra.
       36 Íd.
       37 Íd.
       38 20 LPRA sec. 73e.
AC-2022-0083                                                         11

previamente examinadas por este Tribunal, la autoridad legal

del CMCPR ni siquiera le permite impartir sanciones a sus

miembros. Solamente pueda remitir el asunto a la JLDM.

     La     Ley   igualmente      le    reconoce    varios     deberes

aspiracionales     al    CMCPR,   los    cuales,    por   su   propia

redacción, no implican autoridad expresa o implícita alguna

para regular la profesión.39 Además, el estatuto faculta al

CMCPR a establecer una Fundación para instrumentar programas

de servicios a la comunidad.40 También, se le reconoce al

CMCPR la facultad para proveer entrenamiento y cursos de

educación continua a sus miembros.41

                                  II

     Como     cuestión    de   umbral,    precisa    esclarecer     la

naturaleza real de este caso. Esto es, si la colegiación

compulsoria de los médicos en Puerto Rico, como medida de

reglamentación profesional, es constitucionalmente viable.

Lo anterior, bajo la doctrina reiterada de este Foro, a los

efectos de que el derecho a no asociarse, si bien no es de

carácter absoluto, cede únicamente cuando se articula la

existencia de un interés apremiante del Estado y se prueba,

además, que la medida impugnada representa el medio menos

oneroso para la consecución de ese interés.

       39 20 LPRA sec. 73d.
       40 20 LPRA sec. 73c.
       41 Íd.
AC-2022-0083                                                                                           12

       La historia de estos litigios demuestra que la correcta

ubicación de estos casos debe atenerse a la necesidad o no

de    esta    medida      como          parte    de     la    fiscalización                 de       una

determinada profesión. Por ello,                             consigno mi rechazo a

cualquier          propuesta             que          tendría           el        efecto              de

reconceptualizar estas controversias bajo intereses ajenos

a la reglamentación profesional.

       Como    he    sostenido             reiteradamente,               la       colegiación

compulsoria de una profesión sobrevive o desaparece tras

concretarse         un    análisis              constitucional               de    escrutinio

estricto, matizado por las consideraciones prácticas sobre

la    viabilidad         de       la    alternativa          propuesta            al        esquema

regulatorio bajo examinación. Además, no ha sido la práctica

de este Tribunal considerar la constitucionalidad de una

colegiación obligatoria bajo la premisa de si el colegio que

se beneficia de esta medida asiste al Estado en alguna

actividad o esfuerzo social de sustancial importancia.

       El    propósito,           después        de    todo,       no    es       defender            la

colegiación por la trascendencia que le podamos adscribir a

un colegio particular o a los loables menesteres que este

ejecute.      Si    hay       o    no    otras        actividades            ⎯ ajenas            a    la

reglamentación           profesional⎯             para       las    cuales             el   Estado

determine depender de un colegio profesional, estas resultan

del     todo       impertinentes                para     adjudicar                la        validez

constitucional de una colegiación compulsoria.
AC-2022-0083                                                           13

     Establecido lo anterior, resta únicamente considerar

si la colegiación compulsoria aquí impugnada supera los

exigentes    requisitos     constitucionales    que    este    Foro   ha

promulgado. En ese sentido, no hay duda alguna que la primera

parte del escrutinio estricto queda enteramente satisfecha.

Ciertamente, el Gobierno de Puerto Rico posee y acredita un

poderosísimo interés en la reglamentación efectiva de la

medicina.

     Es evidente y conocida la importancia de la profesión

médica como piedra angular de una sociedad de avanzada y

garante de los más altos estándares de salubridad pública.

En el adelantamiento de esa causa,             resulta enteramente

aceptable que el Estado requiera de los médicos que deseen

practicar lícitamente en nuestra jurisdicción una serie de

cualificaciones que acrediten su aptitud profesional.

     Es por ello que la Ley Núm. 177-2008, supra, establece

los distintos requisitos que se le exigen a un doctor en

medicina para obtener su licencia en Puerto Rico. Entre

ellos, aprobar una reválida, mantener un nivel determinado

de educación continua, obtener una póliza de seguro contra

negligencia    profesional     y   cumplir   con      unos    rigurosos

estándares de probidad moral y ética.

     Ahora     bien,   es    precisamente      al   examinar      estos

requisitos que surge con meridiana claridad la identidad de

a quién se le ha investido con facultad para ejercer esta

función fiscalizadora. Un examen básico de la Ley de la
AC-2022-0083                                                                       14

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, supra, confirma

que es esa entidad y ninguna otra, quien ostenta la totalidad

de las funciones reglamentarias de la medicina en Puerto

Rico. Con eso nada más, el caso de marras se torna totalmente

distinguible de las medidas de colegiación compulsorias

vigentes     en       las    profesiones      de     la     ingeniería        y   la

agrimensura y en la de los contadores públicos autorizados.

     Vale recabar, que la colegiación compulsoria de los

ingenieros        y    agrimensores     procede       de         un    sistema    de

reglamentación profesional compartida entre el Estado y el

colegio, como entidad cuasipública.42 Allí, el Colegio de

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico opera, para todo

efecto     práctico,          las     actividades          atinentes          a   la

fiscalización ética y el cumplimiento con los requisitos de

educación continua.43 La Junta Examinadora de Ingenieros y

Agrimensores          se    perfila    como     un        ente        prácticamente

inoperante    y       que,    más   aún,   se      opuso     a        los   intentos

legislativos de eliminar la colegiación compulsoria.44

     En el caso de los contadores públicos autorizados, el

modelo regulatorio parte de la premisa de que la Junta de

Contabilidad ha ejercido consistente unas funciones mínimas.

Añádase, que el historial de esa profesión evidencia un

patrón de delegar facultades a la National Association of

       42Reyes Sorto et al v. CIAPR, 2023 TSPR 62, 211 DPR __ (2023)

 (Opinión de conformidad, J. Rivera García, pág. 37).
       43 Íd., pág. 38.
       44 Íd.
AC-2022-0083                                                                15

State Boards of Accountancy y al Colegio de Contadores

Públicos Autorizados de Puerto Rico.45 Esto último, como

parte del reconocimiento expreso del rol crucial del gremio

en la función de encausamiento ético y en el cumplimiento

de   la    encomienda       legislativa      para   inspeccionar          las

bitácoras de los contadores.46

        De este modo, no puede sostenerse que el CMCPR tenga

alguna injerencia en la reglamentación de la profesión

médica. Esa ha sido una realidad histórica que hoy queda

recogida en palabras inconfundibles en la ley orgánica de

la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, supra. En

estas     circunstancias,     la   situación    fáctica      y    legal   se

asemeja al caso resuelto recientemente sobre la colegiación

compulsoria de los optómetras.47

        La colegiación compulsoria de los médicos cirujanos

opera     entonces   como     un   requisito    estatutario        sin    fin

apreciable que lo justifique. En circunstancias como estas,

me reafirmo en el criterio jurídico que he esbozado. De este

modo,     al   recurrir   a   la   segunda     parte   del       escrutinio

estricto, la existencia o no de un medio menos oneroso,

forzosamente debo concluir que el medio menos oneroso ya

existe, pues se trata precisamente del esquema vigente.

       45 Negrón Román y otros v. Col. CPA y otros, 2023 TSPR 87, 212

 DPR __ (2023), (Opinión de conformidad, J. Rivera García, págs. 9-11).
       46 Íd., págs. 13-14.
       47 Vélez et al v. Col. Optómetras et al, supra.
AC-2022-0083                                                                16

     Evidentemente,        la    ausencia           de      la    colegiación

compulsoria no afecta en forma alguna la estructuración del

modelo regulatorio en la medicina. Exigir este requisito,

que innecesariamente menoscaba el derecho a no asociarse sin

cumplir     con    los   requisitos        para    ello,     representa    un

desenlace         impermisible        en          nuestro        ordenamiento

constitucional.          Ante    ello,       procede        el   decreto   de

inconstitucionalidad.

                                           Edgardo Rivera García
                                               Juez Asociado
                      EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

     Héctor Luis Delucca Jiménez

          Apelado

               v.                             AC-2022-0083

     Colegio de Médicos Cirujanos
     de Puerto Rico y otros

          Apelantes

     La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente

Rodríguez emitió unapinión de conformidad en parte y disidente en parte

                      En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2023.

                            Como parte de una sucesión de pronunciamientos

                      dirigidos   a   menoscabar      las   medidas      legisladas   para

                      salvaguardar     la     salud    pública      de     la   comunidad

                      puertorriqueña,1 una vez más, mis compañeros y compañera

                      de estrado se enfrascaron en un ejercicio adjudicativo

                      de   carácter   autómata.     Esta    vez,   la    emprendieron    en

                      contra de la colegiación compulsoria de la clase médica.

                      Al dejar sin efecto la asociación obligatoria de estos

                      profesionales,    dan    al     traste   con un     mecanismo     que

                      ha probado ser efectivo en varios frentes, como sería

                      promover la calidad de la prestación de servicios a toda

                      1 No debemos olvidar los casos de Vélez Colón v. Colegio de
                      Optómetras, 2023 TSPR 78, 212 DPR ___(2023) y Colegio de Médicos
                      Veterinarios v. Veterinario Express, 210 DPR 527 (2022), y mi
                      postura en estos.
AC-2022-0083                                                                            2

la ciudadanía, promover la práctica ética de la profesión,

proteger la salud pública y promover los adelantos de la

profesión, exaltando las nuevas tendencias y la actualización

del conocimiento.

        Esta acción es contraria a la realidad de las operaciones

cotidianas del colegio profesional en cuestión y la respectiva

junta    examinadora,       y,   además,      se    toma    de    espaldas         a    la

evidencia histórica. A fin de cuentas, el saldo de este

proceder perjudicará ─directa o indirectamente─ la manera en

que     la     ciudadanía        recibe       sus    servicios           de   salud.

Lamentablemente,         perdimos      la     ocasión      para        refrendar       la

constitucionalidad          de   la   colegiación          compulsoria        de       los

médicos cirujanos, en beneficio de ese bien tan preciado e

indispensable para toda persona, irrespectivo de su género,

raza, edad o condición económica y social: la salud.

        Por los fundamentos que expongo a continuación, disiento

del curso de acción mayoritario. Soy del criterio que la

medida       que   nos   correspondía         justipreciar         sobrevive            el

escrutinio constitucional aplicable.

                                          I

        El   Dr.   Héctor    Luis     Delucca       Jiménez      (doctor      Delucca

Jiménez) presentó una demanda de sentencia declaratoria en

contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Colegio

de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (Colegio) solicitando que

se    decretara     la    inconstitucionalidad             de     la     colegiación

compulsoria de los médicos cirujanos. Alegó que era un médico

autorizado en Puerto Rico con licencia vigente otorgada por
AC-2022-0083                                                                  3

la    Junta    de   Licenciamiento      y   Disciplina       Médica    (Junta)

adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico; que cumplía

con todos los requisitos para ejercer la profesión de médico

en Puerto Rico; que las leyes aplicables le exigían ser

miembro del Colegio; que no quería pertenecer al Colegio, y

que   su    obligatoriedad       para   ganarse     la    vida   lesionaba    su

derecho constitucional de libertad de asociación y expresión.

       El     doctor   Delucca    Jiménez        argumentó   que,     según   lo

resuelto en Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, 202 DPR 428

(2019) y Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791

(2014), cuando una ley establecía un requisito de colegiación

compulsoria, se tenía que aplicar un escrutinio estricto, lo

cual requería probar un interés apremiante para ello y que no

existía otra medida menos onerosa para proteger ese interés.

Adujo que la Ley Núm. 77-1994, según enmendada, 20 LPRA sec.

73 et seq. (Ley Núm. 77), estatuto que crea al Colegio, no

proveía o evidenciaba un interés apremiante para lesionar su

derecho constitucional, que los fines legítimos de la Ley

Núm. 77, supra, se podían cumplir sin obligar a los médicos a

asociarse al Colegio y que existían mecanismos menos onerosos

para regular esta profesión. Sobre este último punto, apuntó

a que la Junta, creada en virtud de la Ley Núm. 39-2008, según

enmendada      20   LPRA   sec.    131,     et    seq.,    tenía    facultades

investigativas,         fiscalizadoras,            disciplinarias       y     de

licenciatura. Por estas razones, solicitó que la colegiación

compulsoria de los médicos se declarara inconstitucional.
AC-2022-0083                                                             4

       Posteriormente, el 6 de junio de 2020 el doctor Delucca

Jiménez presentó una Moción en solicitud de sentencia sumaria.

En esta, sostuvo que la colegiación compulsoria de los médicos

era      inconstitucional          pues    violentaba        el   derecho

constitucional del demandante de ganarse la vida y practicar

su profesión sin tener que claudicar a su derecho de libertad

de asociación. En particular, planteó tres hechos materiales

no controvertidos que, a su juicio, eran suficientes para

concluir       mediante    dictamen    declaratorio     sumario   que    la

colegiación compulsoria de los médicos era inconstitucional:

1) el demandante era médico licenciado en Puerto Rico; 2) para

cumplir con los requisitos legales para practicar la medicina

en Puerto Rico, el demandante era miembro del Colegio; y, 3)

en Puerto Rico la ley exige que para practicar la profesión

de    médico    se   tiene   que   estar   colegiado    al    Colegio.   En

síntesis, el doctor Delucca Jiménez aseveró que no existía un

interés apremiante para lesionar el derecho constitucional de

los médicos en Puerto Rico y que existían mecanismos menos

onerosos para regular la profesión de los médicos, como la

Junta.

       Por su parte, el 22 de julio de 2020 el Estado presentó

una Moción de sentencia sumaria. Solicitó que el foro primario

dictara una sentencia sumaria en la que se sostuviera la

colegiación compulsoria cuestionada. Por un lado, el Estado

reconoció que no era constitucionalmente permisible que se le

impusiera      la    colegiación     compulsoria   a   un    ciudadano   en

detrimento      de    su   derecho    constitucional     a   libertad    de
AC-2022-0083                                                                                5

asociación,         salvo      que    se   articulara       la        existencia      de    un

interés apremiante y se probara que el Estado no tenía a su

alcance medidas menos onerosas que la legislada para lograr

el interés articulado. Sin embargo, expresó que lo anterior

no implicaba que el Estado no tuviera la facultad de regular

y controlar las prácticas de las profesiones a fin de proteger

la salud y el bienestar público, siempre y cuando el Estado

superara un escrutinio estricto. Sobre esto, planteó que el

Estado     tenía          un   interés        apremiante         de        reglamentar      la

profesión, así como de mejorar los servicios ofrecidos al

público.           En     particular,         enfatizó          que        las    funciones

primordiales del Colegio eran ayudar al mejoramiento de la

salud en Puerto Rico y cooperar con los gobiernos municipales,

y   con   el       gobierno         estatal    y    federal      y     sus       agencias    e

instrumentalidades públicas en el diseño de la implantación

de la política pública sobre la salud en Puerto Rico.

      En su Moción de sentencia sumaria, el Estado proveyó como

ejemplo de los deberes relacionados, no con la regulación de

la profesión en sí, sino con proteger la salud y el bienestar

público, el rol del Colegio en el manejo de la pandemia

ocasionada por el COVID-19. Sobre esto, el Estado enfatizó la

importancia de las labores que llevó a cabo el Colegio. Por

ejemplo,    el          Colegio     organizó       un   centro        de    llamadas      para

orientar       a    miles      de    ciudadanos         sobre    las       medidas    y    los

protocolos necesarios para proteger la seguridad, salud y vida

de todos al atender casos sospechosos de COVID-19. El Estado

reconoció que el Colegio trabajó arduamente en orientar y
AC-2022-0083                                                            6

brindar información a la comunidad durante esta crisis de

salud pública.

     Finalmente, el Estado planteó que, tras hacer el análisis

de escrutinio estricto, el derecho a la libertad de asociación

cedía ante el interés apremiante que tenía el Estado de

promover y velar por la seguridad, salud, bienestar general,

vida y dignidad de todos los ciudadanos de Puerto Rico que

recibían algún servicio de un profesional de la salud como lo

eran los médicos cirujanos. Además, destacó que este caso en

particular versaba sobre una profesión de la salud que era

delicada y que una falla de un médico podía causarle la vida

a un paciente. Tras exponer sus argumentos, el Estado solicitó

que el foro primario validara la colegiación compulsoria del

Colegio.

     Por otro lado, el 13 de agosto de 2020 el Colegio presentó

una Respuesta del [Colegio] a la moción de sentencia sumaria.

En esta, el Colegio planteó que la colegiación compulsoria de

los médicos cirujanos cumplía con el crisol constitucional,

por lo que la solicitud de sentencia sumaria que presentó el

doctor Delucca Jiménez era improcedente. En su escrito, el

Colegio    resaltó   que,    más   que     regular   la   profesión,    la

existencia de esta entidad con membresía obligatoria era parte

del esquema establecido por el Estado para salvaguardar la

salud pública. El Colegio argumentó que este hecho resultaba

ser evidente tras examinar las facultades que se le otorgaron

y las obligaciones que se le impusieron cuando fue creado.

Además,    esbozó    que    este   mismo    ejercicio     llevaba   a   la
AC-2022-0083                                                        7

conclusión forzosa que el Colegio no era una imagen virtual

de la Junta. Esto así, pues, si bien era cierto que el Colegio

tenía    facultades   y   obligaciones   que   apoyaban   la   gestión

reguladora de la Junta, de las quince obligaciones que se le

imponían al Colegio en el art. 5 de la Ley Núm. 77, supra,

nueve de ellas son obligaciones de carácter estrictamente

público. Estas eran:

        (a) Ayudar al mejoramiento de la salud del pueblo
        de Puerto Rico.

        (b) Fomentar el mejoramiento del ejercicio de la
        medicina.

        (c) Promover y divulgar el continuo progreso de la
        medicina.

        (d) Cooperar con los gobiernos municipales, estatal
        y federal, y sus agencias, instrumentalidades
        públicas y organismos reguladores, en el diseño y
        la implantación de la política pública sobre la
        salud en Puerto Rico, cuando sean requerido para
        ello.

        (e) Colaborar para que la prestación de los
        servicios médico-hospitalarios en Puerto Rico sean
        de   la  misma   calidad   para   todo   individuo,
        independientemente de su condición económica, raza,
        color, origen, religión, sexo o credo político.
                   .   .   .   .   .   .   .   .
        (g) Defender la confidencialidad de la relación
        entre médico y paciente, de conformidad con los
        parámetros dispuestos en la legislación aplicable;
                   .   .   .   .   .   .   .   .
        (i) Orientar a la comunidad sobre problemas de la
        salud pública y de asistencia médica;

        (j) Instar a que el médico sea de la mayor utilidad
        posible para nuestro pueblo en la prevención de las
        enfermedades, así como parte del mejoramiento de la
        calidad de vida;

        (k) Cooperar con los organismos gubernamentales y
        las entidades privadas correspondientes y orientar
        a la comunidad para alcanzar el mayor grado de
        razonabilidad posible en los costos de los servicios
        de salud. 20 LPRA sec. 73d.
AC-2022-0083                                                 8

     Además, el Colegio apuntó al hecho de que estos deberes

de índole pública surgían como la razón principal para la

reinstauración de la colegiación compulsoria de los médicos

cirujanos, luego de que se dejara sin efecto el referido

requisito en el 1997. A estos efectos, citó la Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 56 del 13 de julio de 2001: “los

problemas que enfrenta nuestro pueblo en el área de la salud

requieren de un Colegio de Médicos-Cirujanos fuerte y vigoroso

que pueda ayudar al Gobierno y a la sociedad en general a la

solución de los mismos, para lo cual es de gran interés público

restablecer la colegiación obligatoria para la clase médica”.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 56 de 13 de julio de 2001

(2001 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 269, 271).

     En su escrito, el Colegio proveyó tres ejemplos concretos

de actuaciones que había tomado para hacer valer sus deberes

de índole público. En primer lugar, la Asamblea Legislativa

específicamente autorizó al Colegio a crear una corporación

sin fines de lucro para instrumentar sus programas de servicio

a la comunidad, la cual en efecto se creó y a la cual se le

asignó por lo menos el 3% de las cuotas que recibía el Colegio.

Según el Colegio, esta corporación —la Fundación del Colegio

de Médicos Cirujanos de Puerto Rico— ha desempeñado un rol

protagónico en la salud pública de Puerto Rico, y se ha

destacado por sus orientaciones al público sobre enfermedades

infecciosas y las clínicas de vacunación de influenza y de

pruebas de COVID-19. Además, el Colegio indicó que, tras el

paso del Huracán María y de los terremotos del área sur, la
AC-2022-0083                                                                 9

Fundación del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico fue

designada por el Departamento de Salud como repositorio del

Banco    de    Medicamentos,     a    cargo    de    la   administración      y

distribución       de   estos    durante      misiones    de   médicos      que

visitaron diferentes puntos de la Isla que habían quedado sin

acceso a cuidado médico.

        En    segundo   lugar,   el    Colegio       destacó   que   creó    el

Instituto de Investigación Clínica y Desarrollo Tecnológico,

que tenía a su cargo programas y actividades dirigidas a

educar, promover, fomentar, facilitar e impulsar estudios

científicos tanto en el área clínica como en el área de

tecnología que contribuyan al adelanto de la salud pública de

Puerto Rico. Finalmente, el Colegio indicó que asesoraba

regularmente a la Asamblea Legislativa, sometiendo ponencias

y testificando ante comisiones legislativas en asuntos de

salud sobre los cuales la legislatura requería asesoramiento.

En concreto, en el año y medio previo a la presentación de su

escrito, el Colegio había sometido más de cincuenta ponencias

ante la legislatura, además de participar como integrante de

múltiples comisiones, comités y juntas de gobierno.

        El    Colegio    concluyó      que     era     parte    integral      e

indispensable del esquema a través del cual el Estado promovía

su interés apremiante en el bienestar y la salud pública.

Aseveró, pues, que en el balance de los intereses envueltos —

tanto de los profesionales autorizados, el del Estado, y el

del     Pueblo—    la   colegiación     compulsoria       de   los   médicos

cirujanos cumplía con el crisol constitucional.
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     El    18    de    agosto     de    2020      el   doctor    Delucca       Jiménez

presentó una Réplica a escritos de codemandados en relación a

la solicitud de sentencia sumaria. En este, argumentaron que

los demandados fallaron en identificar un interés apremiante

para exigir la colegiación compulsoria y que no discutieron

la existencia de otro mecanismo para lograr el fin perseguido

sin lesionar el derecho de libertad de asociación de los

médicos cirujanos. Sobre este último punto, el doctor Delucca

Jiménez planteó que las aportaciones del Colegio se podrían

realizar sin obligar a los médicos a pertenecer a dicha

organización. Añadió que el Estado siempre podía reforzar y

ampliar    las        facultades       de    la    Junta.       Esto,    argumenta,

constituía      un     mecanismo       menos      oneroso.       Por    otro     lado,

argumentó que las razones de la Asamblea Legislativa para

establecer la colegiación compulsoria nuevamente en el año

2001, según surgen de la Exposición de Motivos de la Ley Núm.

56-2001,        supra,       no        cumplían        con      los      requisitos

jurisprudenciales expuestos a partir del año 2014. Finalmente,

destacó    que        un   decreto      de     inconstitucionalidad            de    la

colegiación compulsoria no sería sinónimo de la eliminación

del Colegio.

     En respuesta, el Estado presentó una Réplica a oposición

a moción de sentencia sumaria el 3 de septiembre de 2020. En

su breve escrito, el Estado reiteró su postura a favor de la

constitucionalidad          de    la    colegiación       compulsoria          de   los

médicos cirujanos. Enfatizó la necesidad de la colegiación

compulsoria, máxime con la situación de emergencia de salud
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causada por el COVID-19, en vista de que una de sus funciones

primordiales era ayudar al mejoramiento de la salud en Puerto

Rico    y   cooperar       con     los   gobiernos       en   el     diseño    e

implementación de la política pública sobre la salud en Puerto

Rico.

       El   mismo   día,     el    Colegio    presentó    una      Dúplica    del

[Colegio] a la moción de sentencia sumaria. Argumentó en

contra de la alegación del doctor Delucca Jiménez en cuanto a

que las aportaciones del Colegio se podrían realizar sin

obligar a los médicos a pertenecer a dicha asociación. Apuntó

al hecho de que en la Exposición de Motivos de la Ley Núm.

56-2001,     supra,     la        Asamblea    Legislativa       expresamente

determinó que la descolegiación de los médicos cirujanos en

el 1994 causó un disloque en las aportaciones que el Colegio

podía hacer para salvaguardar la salud pública. Esto, arguyó

el Colegio, era reflejo de que las obligaciones de índole

pública requerían de un colegio más financieramente robusto,

de modo que pudiera ayudar al Estado a salvaguardar la salud

pública, y para eso era necesaria la colegiación compulsoria.

       Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó

una Sentencia el 18 de septiembre de 2020. El foro primario

identificó    41    hechos    que    fueron    admitidos      por    todas    las

partes. A tono con estos, el foro primario determinó que el

Colegio formaba parte integral e indispensable del esquema a

través del cual el Estado promovía su interés apremiante del

bienestar y salud pública de Puerto Rico, no solo en teoría

sino en la práctica también. Concluyó que el financiamiento
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de esta gestión pública como requisito para el licenciamiento

de los médicos cirujanos tenía un efecto mínimo en el derecho

de asociación de estos. Razonó, además, que la colegiación

compulsoria como manera de asegurar el cobro de la cuota y

llevar a cabo actividades en apoyo de la gestión del Estado

era el método menos oneroso para alcanzar este fin.

     Al aplicar el escrutinio estricto, la sala sentenciadora

identificó el interés del Estado en salvaguardar la salud

pública como uno apremiante y de la más alta jerarquía. Sobre

esto, acogió el planteamiento del Colegio sobre el hecho de

que este no era una imagen virtual de la Junta. Esto así,

porque el Art. 5 de la Ley Núm. 77-1994, supra, le imponía al

Colegio un sinnúmero de obligaciones de carácter estrictamente

público que no compartía con la Junta. Además, resaltó que

los servicios de índole público que había provisto el Colegio

surgían como la principal razón de la Asamblea Legislativa

para reinstaurar la colegiación compulsoria de los médicos

cirujanos en el 2001. Entre estos servicios se encontraban

los siguientes: (a) llevar a cabo clínicas de vacunación de

influenza y pruebas de COVID-19; (b) servir como repositorio

del Banco de Medicamentos tras el paso desastres naturales;

y, (c) la labor de asesorar a la Asamblea Legislativa mediante

ponencias   y   testimonios   ante   comisiones   legislativas   en

asuntos de salud, Finalmente, rechazó la contención del doctor

Delucca Jiménez de que las aportaciones del Colegio se podrían

realizar sin obligar a los médicos a colegiarse, pues la
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Exposición        de        Motivos      de    la   Ley    Núm.    56-2001,    supra,

desmentían esta aserción.

     Por tanto, luego de aplicar el escrutinio estricto, el

foro primario resolvió que la colegiación compulsoria de los

médicos cirujanos era constitucional.

     Inconforme,             el    doctor       Delucca     Jiménez     recurrió   al

Tribunal de Apelaciones. Argumentó nuevamente que ser médico

licenciado en Puerto Rico, miembro del Colegio y que en Puerto

Rico la ley exigía que para practicar la profesión de médico

se tenía que ser miembro de la referida entidad, eran hechos

suficientes para concluir que la colegiación compulsoria de

los médicos era inconstitucional. El galeno adujo también

argumentó     que           el    foro    inferior        erró    al   confirmar   la

constitucionalidad de la colegiación compulsoria basándose

únicamente en la existencia de un interés apremiante y sin

que se demostrase que no existía otra medida menos onerosa

para proteger ese interés.

     En particular, planteó que las obligaciones de carácter

estrictamente público que se le imponían por ley al Colegio

se podrían continuar llevando a cabo sin el requisito de

colegiación compulsoria. Apuntó al hecho de que la Asamblea

Legislativa apoyaba a distintas organizaciones y asociaciones

con aportaciones directas cuando entendía que complementaban

la gestión del Gobierno. Por ende, el doctor Delucca Jiménez

concluyó que la colegiación compulsoria no sobrepasaba el

crisol constitucional porque existían otras alternativas para

cumplir     con        el     interés         apremiante    del    Estado,    dígase:
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asignarle fondos adicionales a la Junta, el Colegio u otras

organizaciones para que realizaran las labores interesadas

por la Asamblea Legislativa.

     Por su parte, el Colegio y el Estado comparecieron ante

el foro apelativo intermedio y reiteraron los argumentos que

habían planteado con anterioridad a favor de la colegiación

compulsoria.

         El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia mediante

la cual revocó el dictamen recurrido. Entendió que el foro

primario     erró    al    decretar       la   constitucionalidad    de    la

colegiación compulsoria de los médicos cirujanos. El foro

apelativo intermedio reconoció que salvaguardar el bienestar

y   la    salud     del   Pueblo     de    Puerto   Rico   eran   intereses

apremiantes del Estado. Sin embargo, entendió que todos los

deberes y responsabilidades que se le otorgaron al Colegio,

en virtud de la Ley Núm. 77-1994, supra, podían lograrse sin

tener que imponer una colegiación compulsoria. A su juicio,

el Estado y el Colegio fallaron en demostrar que no existían

medidas menos onerosas más allá de imponer la colegiación

compulsoria para obtener el financiamiento necesario para

alcanzar el interés apremiante que persiguen de salvaguardar

la salud y el bienestar público. Finalmente, aseveró que la

Junta constituía la medida menos onerosa para proteger los

intereses    del     Estado.   Por    estas     razones,   el   Tribunal   de

Apelaciones decretó la inconstitucionalidad de la colegiación

compulsoria de los médicos cirujanos establecida en la Ley

Núm. 77-1994, supra.
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      Inconforme, el Colegio recurrió ante nos mediante un

recurso de apelación. En esencia, esbozó los argumentos que

reprodujo ante el Tribunal de Apelaciones y enfatizó que la

historia del Colegio demostraba que no podría cumplir su

propósito de asistir al Estado para salvaguardar la salud

pública sin la colegiación compulsoria, ya que esta fue la

experiencia cuando los médicos fueron descolegiados en el año

1997. Añadió que la Junta ni tan siquiera era capaz de cumplir

cabalmente con sus funciones de regular la profesión sin el

apoyo del Colegio. Sobre esto, aludió al Informe de la Oficina

del Contralor DA-22-08, publicado el 1 de febrero de 2022,

relacionado       con   las   operaciones   de    la    Junta.    El   informe

identificó que había 160 casos de conducta no profesional y

408 de impericia médica ante la Junta sin resolver, siendo el

caso más antiguo de 2001. Sobre esto, el Colegio apuntó a que,

mediante el Consejo de Ética, era responsable de recibir e

investigar quejas respecto a la conducta profesional y ética

de los médicos, emitía informes con recomendaciones, y refería

sus hallazgos a la Junta para su adjudicación final. El costo

de   toda   esa    operación     la   asumía     el    Colegio.   Por    ende,

argumentó que, ante la realidad de que la operación del

Consejo de Ética del Colegio sería económicamente insostenible

sin la colegiación compulsoria, sostener la decisión del

Tribunal de Apelaciones cargaría aún más a la Junta con casos

éticos que no era capaz de resolver oportunamente.

      Además, el Colegio apuntó a que el Informe del Contralor

identificó que la Junta no contaba con un inventario ni un
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plan de retención para los expedientes médicos. El informe

indicaba que: “La Junta no cuenta con un inventario ni un plan

de     retención      para     los      expedientes       médicos”     y    ”las

instalaciones no contaban con anaqueles suficientes para el

archivo de los expedientes de médicos. Estos se colocaban en

cajas en el suelo, unas sobre otras, lo cual dificultaba la

identificación de documentos”.2 El Colegio argumentó que la

ineficiencia de la Junta en el manejo de los expedientes

médicos y de los datos necesarios para corroborar el estado

de la práctica de la profesión era un problema recurrente que

afectaba toda la estructura del sistema de salud, desde los

procesos de credencialización para fines de contratación de

los médicos por las aseguradoras, hasta la recopilación de

las estadísticas necesarias para justificar, a nivel del

Congreso de los Estados Unidos, los ajustes de tarifas y

aportaciones       federales       al    sistema    de    salud      por   áreas

geográficas. El Colegio, asimismo, aseveró que actualmente

recopilaba y facilitaba esos datos de los médicos porque tenía

en su matrícula a todos los médicos licenciados del país. Así,

expuso     que   el      Colegio   funcionaba      como    un   respaldo    que

garantizaba la recopilación y conservación de la información

y datos de cada uno de los médicos y de la práctica médica.

        Por consiguiente, el Colegio arguyó ante esta Curia que,

tomando conocimiento de que las funciones y responsabilidades

delegadas por ley a la Junta y al Colegio eran distinguibles,

y del deplorable estado de las operaciones de esta Junta,

2   Apéndice, pág. 55.
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evidenciadas por el informe de la Oficina del Contralor,

existían fundamentos suficientes por los que no se podía

adjudicar que la Junta era la medida menos onerosa para

cumplir   con     el   interés   apremiante    que    justificaba    la

colegiación compulsoria de los médicos cirujanos.

     Por su parte, el doctor Delucca Jiménez reiteró que las

disposiciones que le obligaban a formar parte del Colegio eran

inconstitucionales porque había una ausencia total de prueba

con relación al requisito de ser el medio menos oneroso por

no   existir    otra   alternativa     para   perseguir    el   interés

apremiante      esgrimido.   Además,    planteó      que   validar   la

colegiación compulsoria, sería permitir que una organización

privada intervenga en asuntos políticos a nombre de todo un

grupo profesional con ideologías y formas de pensar distintas.

Finalmente, arguyó que la falta de fondos públicos no podía

justificar la lesión de un derecho constitucional. De esta

forma, solicitó que se confirmara la Sentencia.

     Procedo, pues, a discutir el derecho aplicable y detallar

cómo hubiese dispuesto del caso ante nos.

                                  II

A. Derecho a la libre asociación

     El derecho a la libertad de asociación está consagrado

expresamente en nuestra Constitución, donde se establece que

“[l]as personas podrán asociarse y organizarse libremente para

cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o

cuasi militares”. Art. II, Sec. 6, Const. ELA, LPRA, Tomo 1,

ed. 2016. A pesar de que el derecho constitucional a la libre
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asociación se expresa en su vertiente positiva en el texto de

la   Constitución,     este    Tribunal     también          ha    reconocido   el

derecho en su vertiente negativa, dígase, el derecho a no

asociarse. Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, 202 DPR 428

(2019); Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791

(2014). Sin embargo, ni la vertiente positiva de este derecho

constitucional ni la negativa constituyen un derecho absoluto,

lo   cual   significa         que   puede        ceder       en     determinadas

circunstancias     ante   intereses      de      mayor       jerarquía   o   ante

situaciones que revistan un alto interés público. P.N.P. v. De

Castro Font II, 172 DPR 883 (2007); P.A.C. v. ELA I, 150 DPR

359 (2000); Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1

(1978).

      Sobre esto, hemos expresado que cualquier acción del

Estado sobre el derecho a la libre asociación está sujeta a

un escrutinio estricto. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II,

supra, pág. 813; Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, supra,

págs. 449-450. El análisis que se lleva a cabo en el escrutinio

estricto es en extremo riguroso, a tal punto que la ley

impugnada se presumirá inconstitucional. Rodríguez Pagán v.

Dpto. de Servicios Sociales, 132 DPR 617, 635 (1993). Dicho

lo   anterior,    la   Corte   Suprema      de    los    Estados       Unidos   ha

reiterado   que   el   escrutinio     estricto          no    es    “estricto   en

teoría, pero fatal en la práctica”. (Traducción suplida).

Adarand Constructors, Inc. v. Peña, 515 US 200, 237. Vease

también: Grutter v. Bollinger, 539 US 306. Por el contrario,

el Estado puede legislar de manera que interfiera con este
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derecho,     siempre   y     cuando   demuestre     la     existencia         de   un

interés colectivo de superior jerarquía y que la condición

promueve su consecución. Rodríguez Pagán v. Dpto. de Servicios

Sociales, supra, pág. 635.

        Este estándar de revisión judicial requiere evaluar dos

criterios;      el   Estado    debe    demostrar     que:        1)    la    acción

cuestionada sirve un interés gubernamental apremiante; y 2)

que no tenía a su alcance una medida menos onerosa para lograr

el interés articulado. Rodríguez Casillas v. Colegio, supra,

pág. 467; Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pág.

813; Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 87-88 (2010); Calo

Morales v. Cartagena Calo, 129 DPR 102, 133 (1991).

        Sobre el primer criterio, es necesario aclarar que el

Estado tiene el deber de identificar la existencia de un

interés de alta jerarquía y no basta con identificar cualquier

tipo    de   interés    gubernamental.       Esto    resulta          claro    tras

contrastar el hecho de que el escrutinio estricto requiere de

un interés apremiante mientras que un interés legítimo es

suficiente para el escrutinio racional. Véase: Pérez Román v.

Proc.    Esp.   Rel.    de    Fam.,   148   DPR     201,    212-213         (1999);

Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562, 582 (1992); San

Miguel Lorenzana v. ELA, 134 DPR 405, 425 (1993). Algunos

ejemplos de intereses gubernamentales que se han reconocido

como apremiantes son: la regulación de distintas profesiones;

la   salud   pública;      proteger    el   bienestar       de    los   menores;

investigar y combatir el crimen y mantener la integridad de

la rama judicial y la confianza del pueblo en un sistema
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judicial imparcial. Rexach v. Ramírez Velez, 162 DPR 130

(2004); El Pueblo de Puerto Rico v. Santiago Feliciano, 139

DPR 361 (1995); Williams-Yulee v. Florida Bar Supreme Court

of the United States, 575 US 433 (2015).

        Tras superar el primer escollo del escrutinio estricto,

al identificar la existencia de un interés apremiante, el

tribunal debe evaluar si existe una medida menos onerosa que

la medida impugnada para proteger el interés apremiante.

Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, supra, pág. 450; Rivera

Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pág. 813. La Corte

Suprema de los Estados Unidos ha explicado que esto significa

evaluar si el acto impugnado es necesario para adelantar el

interés apremiante que el Estado identificó. City of Richmond

v. J.A. Croson Co., 488 US 469, 471 (1989)

        Además, la Corte Suprema de los Estados Unidos explicó

más a fondo lo que significa evaluar el criterio de la

existencia    de   un   medio    menos   oneroso    en   U.S.   v   Playboy

Entertainment Group, Inc., 529 US 803 (2000). En ese caso, la

Corte Suprema de los Estados Unidos, aplicando el escrutinio

estricto, analizó si el Estado contaba con una alternativa

menos     restrictiva     para    cumplir     con   su    propósito.    En

particular, la Corte Suprema evaluó si el medio menos oneroso

no solo existía en teoría, sino que evaluó que este fuese

efectivo en la práctica. Además, explicó que cuando se plantea

la existencia de una alternativa plausible y menos restrictiva

que la impugnada, es obligación del Estado probar que esa

medida    propuesta     sería    inefectiva   en    la   consecución   del
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interés adelantado. U.S. v Playboy Entertainment Group, Inc.,

supra. Es decir, para concluir que existen medidas menos

onerosas, no es suficiente apuntar a la existencia de una

alternativa que podría cumplir con el interés apremiante del

Estado,   sino    que    es     forzoso     evaluar      la    viabilidad      y

efectividad de las medidas alternativas para asegurarse que

en efecto cumpliría con su propósito. Este ejercicio analítico

lo incorporé en la postura que expresé en Román Negrón v.

Colegio de Contadores Públicos Autorizados, 2023 TSPR 87, 212

DPR __(2023) (Opinión de conformidad de la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez). Véase, también: Reyes Sorto v. ELA, 2023

TSPR 62, 211 DPR __(2023)(Opinión de conformidad del Juez

Asociado señor Rivera García, a la cual se unieron la Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella

Martínez).

     Nótese,     además,      que   este    Tribunal   también        ha   hecho

expresiones en las cuales se evidencia que ha considerado la

viabilidad de una medida alternativa. En Trinidad Hernández

v. ELA, 188 DPR 828 (2013), tuvimos la encomienda de evaluar

la procedencia de una reforma al Sistema de Retiro, al amparo

de   la   cláusula      contra      el     menoscabo     de        obligaciones

contractuales     de    nuestra          Constitución.        El    escrutinio

aplicable en ese caso requería que la modificación contractual

cuestionada, además de ser razonable, debía ser necesaria para

adelantar un propósito gubernamental importante. Sobre esto,

este Tribunal expresó que “no se sostendrá el menoscabo de

una obligación contractual si la parte demandante demuestra
AC-2022-0083                                                        22

que existen alternativas menos drásticas o severas que las

que el legislador escogió para lograr su objetivo”. Trinidad

Hernández v. ELA, supra, pág. 837. Sin embargo, los allí

demandantes    alegaron     de   forma generalizada   que     existían

alternativas menos onerosas, pero no detallaron cómo estas se

llevarían a cabo ni si asegurarían la solvencia del Sistema

de Retiro. Entonces, este Tribunal concluyó que estos de no

demostraron “evidencia para convencer al tribunal en un juicio

que estas alternativas son viables y menos onerosas”. (Énfasis

suplido). Trinidad Hernández v. ELA, supra, pág. 838. Aunque

no   hemos    tenido   la   oportunidad   de   abundar    sobre    qué

exactamente significa que una alternativa sea o no viable,

indudablemente ha sido un factor que se hemos tomado en

consideración previamente.

B. Ley del Colegio de Médicos Cirujanos

     En el 1994, con el propósito disponer la creación y

organización    del    Colegio    y   especificar   sus     funciones,

facultades y deberes, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley

Núm. 77-1994, mejor conocida como Ley del Colegio de Médicos

Cirujanos de Puerto Rico, supra. En la Exposición de Motivos

de la referida ley se expone la motivación del Estado para

crear el Colegio:

     El Colegio cuya creación se autoriza en esta medida
     tendrá como propósitos que se vigile adecuadamente
     por la conservación y el mejoramiento de calidad en
     el ejercicio de la medicina que hemos experimentado
     en Puerto Rico; se fomente el continuo progreso de
     la medicina; se divulguen conocimientos médicos; se
     eleven las normas de la educación médica; se recaben
     la aprobación y el cumplimiento de leyes meritorias
     en relación con la salud y consecución del bienestar
AC-2022-0083                                                23

    de todos nuestros conciudadanos y de la profesión
    médica; se logre que el médico sea de la mayor
    utilidad posible para el pueblo en la prevención y
    curación de las enfermedades y con relación a los
    problemas de la asistencia médica y los servicios
    médicos hospitalarios; se fomente que los médicos
    se desarrollen e interrelacionen en todas las fases
    de sus labores; se desarrollen y estrechen las
    relaciones de cordialidad entre los miembros de la
    profesión médica; y se colabore con el Tribunal
    Examinador    de    Médicos    en    los    procesos
    disciplinarios por violaciones de ley y normas
    éticas. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 77 de
    13 de agosto de 1994 (1994 [Parte 1] Leyes de Puerto
    Rico 361, 362).

    Para hacer valer las razones que motivaron la creación

del Colegio, la Asamblea Legislativa enumeró un listado de

deberes con los cuales la organización tiene que cumplir:

    (a) Ayudar al mejoramiento de la salud del pueblo
    de Puerto Rico.

    (b) Fomentar el mejoramiento del ejercicio de la
    medicina.

    (c) Promover y divulgar el continuo progreso de la
    medicina.

    (d) Cooperar con los gobiernos municipales, estatal
    y federal, y sus agencias, instrumentalidades
    públicas y organismos reguladores, en el diseño y
    la implantación de la política pública sobre la
    salud en Puerto Rico.

    (e) Colaborar para que la prestación de los
    servicios médico-hospitalarios en Puerto Rico sean
    de   la  misma   calidad   para   todo   individuo,
    independientemente de su condición económica, raza,
    color, origen, religión, sexo o credo político.

    (f) Elevar y mantener la dignidad de la profesión y
    de sus miembros y desalentar, velar y denunciar la
    práctica desleal y anti-ética en el ejercicio de la
    profesión.

    (g) Defender la confidencialidad de la relación
    entre médico y paciente, de conformidad con los
    parámetros dispuestos en la legislación aplicable.
AC-2022-0083                                                    24

    (h) Defender los derechos e inmunidades de los
    médicos en armonía con el interés público.

    (i) Orientar a la comunidad sobre problemas de la
    salud pública y de asistencia médica.

    (j) Instar a que el médico sea de la mayor utilidad
    posible para nuestro pueblo en la prevención de las
    enfermedades, así como parte del mejoramiento de la
    calidad de vida.

    (k) Cooperar con los organismos gubernamentales y
    las entidades privadas correspondientes y orientar
    a la comunidad para alcanzar el mayor grado de
    razonabilidad posible en los costos de los servicios
    de salud.

    (l) Establecer, de acuerdo a la capacidad económica
    del Colegio, medidas de protección mutua para los
    colegiados.

    (m) Estrechar los lazos de amistad y compañerismo
    entre los colegiados.

    (n) Promover el mejoramiento profesional de todos
    los colegiados mediante la viabilización de la
    educación médica continua conforme a los criterios
    establecidos por el Tribunal Examinador y a lo
    dispuesto en el Artículo 4(L) de esta Ley, y por
    otros medios.

    (o) Tomar las medidas apropiadas, necesarias y
    convenientes en derecho para hacer efectivos los
    deberes aquí señalados. 20 LPRA sec. 73d.

    Además,    la   ley   orgánica   del   Colegio   detalló   las

facultades que ostenta el organismo, entre estas:

               .     .     .    .    .     .    .     .

    (g) Proponer al Tribunal Examinador de Médicos las
    enmiendas al Código de Cánones de Ética Profesional
    que estime necesarias para promover la mejor salud
    y bienestar del pueblo y la excelencia de los
    colegiados en el ejercicio de la medicina; y
    enmiendas a los procedimientos para recibir,
    investigar preliminarmente y referir al Tribunal
    Examinador las querellas que se formulen respecto a
    la práctica y conducta profesional de los colegiados
    para que éste imponga las sanciones aplicables, si
    así procede. Toda proposición para enmendar,
    revisar íntegramente o derogar el Código de Cánones
AC-2022-0083                                                  25

    de Ética Profesional e instituir otro nuevo, será
    presentada al Tribunal Examinador, el cual deberá
    pasar juicio sobre cada proposición a los fines de
    aprobarla, rechazarla, modificarla o considerarla,
    conforme a su criterio. El Tribunal Examinador
    podrá, sin embargo, aprobar, revisar o enmendar el
    Código de Cánones de Ética Profesional con
    independencia de cualquier proposición o falta de
    ella que haga al efecto el Colegio.

    (h) Proteger a sus miembros, promover su desarrollo
    profesional y disponer la creación de sistemas de
    seguros y fondos especiales y otros de protección
    voluntaria.

    (i) Instrumentar     programas   de   servicio   a   la
    comunidad.

    (j)   Subvencionar   estudios     e    investigaciones
    científicas que contribuyan      al   adelanto de la
    medicina y la salud pública.

    (k) Para instrumentar sus programas de servicios a
    la comunidad, el Colegio queda autorizado a crear
    la Fundación del Colegio de Médicos Cirujanos de
    Puerto Rico, la cual funcionará como una corporación
    de fines no pecuniarios. No obstante, la Fundación
    podrá dedicarse a hacer inversiones para cumplir
    los propósitos del Colegio si así lo autorizan
    previamente los colegiados reunidos en asamblea. La
    Fundación proveerá entre otros, programas de
    servicio a la comunidad, educativos, deportivos,
    artísticos, culturales y cualesquiera otros de
    interés social y profesional. El Colegio, previa
    autorización expresa de los colegiados reunidos en
    asamblea, podrá traspasar a la Fundación, a título
    oneroso o gratuito, cualesquiera de sus bienes
    muebles o inmuebles que el Colegio mismo determine
    que sea conveniente o necesario para que dicha
    Fundación cumpla cabalmente con los objetivos y
    propósitos de su creación.

    (l) Ofrecer entrenamiento y cursos de educación
    médica continua a sus colegiados de las distintas
    ramas de la profesión médica a través del Instituto
    de Educación Médica Continua del Colegio de Médicos
    Cirujanos de Puerto Rico, según las necesidades de
    los interesados y de conformidad a los requisitos
    que establezca el Tribunal Examinador de Médicos.

    (m) Establecer relación o afiliación con colegios
    o asociaciones       análogas    de     los    Estados
    Unidos de América u otros países, conforme a las reglas
AC-2022-0083                                                                 26

        aplicables de reciprocidad y cortesía.

        (n) Crear corporaciones subsidiarias dedicadas a
        promover los fines y propósitos comprendidos por
        sus facultades, poderes y política pública.

        (o) Ejercer las facultades incidentales que sean
        necesarias o convenientes a los fines de su creación
        y funcionamiento y que no estén en conflicto con
        esta Ley. 20 LPRA sec. 73d.

        Nótese que los deberes y facultades, al igual que el

propósito de la creación del Colegio, se pueden organizar en

dos categorías. Por un lado, una labor importante del Colegio

ciertamente está dirigida a la regulación de la profesión.

Por el otro, el Colegio tiene una serie de deberes y facultades

que no están en nada relacionados con la regulación de la

profesión, sino que son de índole estrictamente público y

están dirigidos a velar por la salud pública.

        Finalmente, es de particular importancia señalar que la

referida ley no impuso la colegiación compulsoria, sino que

dejó al arbitrio de la comunidad médica escoger, mediante

referéndum, si estos deseaban colegiarse compulsoriamente. A

estos    efectos,   se    celebró    un    referéndum     en   el    cual   se

recibieron     5,603     papeletas   para      un   69%   de   los    médicos

cirujanos con licencia regular y un 80% de estos votaron a

favor de la colegiación compulsoria. Dicha cifra ascendió a

4,517 que votaron a favor, lo que constituye un 56% del total

de los médicos cirujanos con licencia regular al momento del

referéndum.    Véase:     Exposición      de   Motivos    de   la    Ley   Núm.

56-2001 (2001 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 269, 270).

        Tres años más tarde, la Asamblea Legislativa aprobó la
AC-2022-0083                                                                27

Ley Núm. 129-1997 con el propósito de eliminar la colegiación

compulsoria    de   la   profesión      de   médicos    cirujanos.     En   la

Exposición de Motivos se detallaron las razones por las cuales

la Asamblea Legislativa decidió deshacer este requisito:

         La experiencia habida desde entonces demuestra
     que la entidad creada por ley ha carecido del apoyo
     de los profesionales a los cuales la legislación
     obligó tanto a quedar afiliados como a mantener con
     el pago de cuotas que la misma ley ha hecho
     obligatorias.

        Se ha determinado, además, que el Colegio ha
     incurrido en prácticas administrativas y fiscales
     que han merecido el repudio de algunos colegiados y
     de sectores de la sociedad en general.

        Ante tal situación, resulta patentemente injusto
     obligar a todos los profesionales que el Tribunal
     Examinador de médicos de Puerto Rico ha licenciado
     debidamente para ejercer la profesión por cumplir
     con los requisitos que este organismo les requiere
     en el desempeño de las funciones que le han sido
     asignadas por la Ley Núm. 22 de 22 del abril de
     1931, según enmendada, a también tener que sostener
     con sus cuotas las actuaciones, las deliberaciones
     y los gastos de una entidad en la que no interesan
     participar. Sobre todo, resulta especialmente
     injusto que, como resultado de no pagar las cuotas
     del organismo creado por ley, esta misma ley les
     imposibilite taxativamente el ejercicio de la
     profesión para la cual ya han obtenido una licencia.
     Es por ello que la presente pieza legislativa tiene
     como principal fin eliminar el carácter obligatorio
     que la legislación objeto de enmienda impuso.
     Exposición de Motivos de la Ley Núm. 129 de 4 de
     noviembre de 1997 (1997 [Parte 1] Leyes de Puerto
     Rico 619-620).

     Esta   enmienda      se   hizo   sin     antes    llevar    a   cabo   un

referéndum de la comunidad de médicos cirujanos, a pesar de

que hacía tres años una mayoría de estos había votado a favor

de la colegiación compulsoria.

     Cuatro    años      más   tarde,    en    el     2001,     la   Asamblea

Legislativa aprobó nuevamente otra ley relacionada con el
AC-2022-0083                                                                     28

Colegio. En esa ocasión, aprobó la Ley Núm. 56-2001 con el

propósito    de        reinstaurar        el   requisito       de    colegiación

compulsoria.      En    la    Exposición       de   Motivos    de    la   ley,   la

Asamblea Legislativa aclaró que la Ley Núm. 129-1997 “derogó

ese requisito contra de la voluntad de la gran mayoría de los

miembros    del   Colegio,          por   razones     ajenas   a    los   mejores

intereses de la clase médica y de la salud y el bienestar del

país en general”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 56 de

13 de julio de 2001 (2001 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 269,

270).

      Además, la Asamblea Legislativa resaltó las propuestas

del Colegio para mejorar los servicios de salud pública como

la razón de ser de la organización. Sobre esto, particularizó

la   importancia        de    las    labores    del    Colegio      mediante     su

intervención      en    los    problemas       de   salud   del     Municipio    de

Vieques asociados con las ondas de sonido, el cáncer, el

efecto del uranio enrarecido y de los metales pesados, junto

a la seriedad con que han denunciado los problemas de la

Reforma de Salud. Finalmente, reconoció que la eliminación de

la colegiación compulsoria fue un error y que “los problemas

que enfrenta nuestro pueblo en el área de la salud requieren

de un Colegio de Médicos-Cirujanos fuerte y vigoroso que pueda

ayudar al Gobierno y a la sociedad en general a la solución

de los mismos, para lo cual es de gran interés público

restablecer la colegiación obligatoria para la clase médica”.

(Énfasis suplido) Íd.
AC-2022-0083                                                                  29

      Como se puede observar, el Colegio, a pesar de ser una

entidad de relativa reciente creación, ha atravesado por

varias   etapas     con    relación     al    requisito      de    colegiación

compulsoria. En un primer lugar, se dejó la decisión a los

propios médicos cirujanos y una mayoría de estos votó a favor

de la colegiación compulsoria. Luego, sin llevar a cabo una

consulta a la profesión para conocer la posición de la mayoría

de los médicos cirujanos al respecto, la Asamblea Legislativa

unilateralmente           decidió      eliminar        este         requisito.

Posteriormente,      la    Asamblea    Legislativa     reconoció        que   la

eliminación de este requisito debilitó al Colegio y esto hirió

su habilidad de cumplir con sus deberes, particularmente

aquellos dirigidos a velar por la salud pública. Ante esta

realidad, nuevamente se volvió a instaurar el requisito de

colegiación compulsoria con el propósito de robustecer al

Colegio y ponerlo en posición de cumplir con su razón de ser.

C. Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

      Por virtud del poder de razón de Estado (police power),

la   Asamblea     Legislativa       tiene    la   facultad    de    regular    y

controlar la práctica de las profesiones a los fines de

proteger la salud y el bienestar público, así como evitar el

fraude   y   la   incompetencia.       Rodríguez     Casillas      et   al.   v.

Colegio, supra, págs. 439-440; Matos v. Junta Examinadora,

165 DPR 741, 754 (2005). En el ejercicio de esa facultad y

con el objetivo de velar por el bienestar de la ciudadanía a

través de un brazo regulador del Estado que autorice solamente

a aquellos profesionales capacitados y responsables con los
AC-2022-0083                                                           30

estándares médicos vigentes para ejercer la medicina en Puerto

Rico, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 22 de 22 de

abril de 1931, Ley para crear el Tribunal Examinador de

Médicos. Esta ley fue enmendada en múltiples ocasiones y

“dichas enmiendas, algunas inconexas, [hicieron] de la ley

[...] una arcaica, disfuncional y ajena a las tendencias

modernas de regulación de la práctica de la profesión médica”.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 139 de 1 de agosto de

2008 (2008 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 718,719). Por esta

razón, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 139-2008,

Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, 20 LPRA

sec. 131 et seq.

     A través de esta ley se creó la Junta con siete (7)

miembros nombrados por el Gobernador de Puerto Rico quienes,

entre otros requisitos, deberán poseer un título de Doctor en

Medicina y una licencia regular para ejercer su profesión, y

haber practicado activamente su profesión en Puerto Rico por

lo menos durante siete (7) años previo al nombramiento.

     La Junta tiene diversas facultades delegadas por ley,

entre ellas: 1) enmendar, rechazar o aprobar el Código de

Ética para los Médicos en Puerto Rico; 2) establecer mediante

reglamento los requisitos de educación continua que podrán

tomar los médicos y aprobar los cursos que se ofrezcan a tales

fines;   3)   establecer    procedimientos     de   investigaciones    y

celebración de vistas administrativas relacionadas con la

conducta de los tenedores de la licencia de Médicos Asistentes

concedida     en   virtud   de   esta   ley;   4)   ofrecer   cursos   de
AC-2022-0083                                                                          31

educación continuada para la renovación de la licencia de

Médicos    Asistentes       emitida    en   virtud      de    esta       ley,    y    5)

Preparar y administrar exámenes de reválida a ser aprobados

para el ejercicio de la profesión de Médico Asistente. 20 LPRA

sec. 132a.

        La ley, además, le impone una serie de responsabilidades

a la Junta. Entre estas, se encuentran las siguientes: 1)

Evaluar    la     educación   médica    y    los      entrenamientos        de       los

candidatos; 2) valuar la experiencia profesional previa de

los candidatos; 3) emitir o denegar licencias iniciales o

licencias aprobadas; 4) mantener seguros y completos los

expedientes de los licenciados; 5) aprobar o denegar por justa

causa     las     solicitudes    de     renovación           de   licencia;          6)

desarrollar e implantar métodos para identificar a los médicos

que      violan      este     estatuto;          7)     emitir       citaciones,

emplazamientos, administrar juramentos, recibir testimonios y

conducir vistas; 8) disciplinar licenciados que se encuentren

en violación de las leyes y reglamentos sobre la práctica de

la medicina; 9) emitir un acuse de recibo de las querellas o

cualquier otra información adversa presentada por personas o

entidades que adviertan a la Junta y notificar la Resolución

final    del    asunto   informado;     10)      desarrollar         e    implantar

métodos para identificar médicos incompetentes que fallen en

cumplir con los estándares de cuidado de la profesión; 11)

desarrollar e implantar métodos para evaluar y mejorar la

práctica de los médicos; 12) desarrollar e implantar métodos

que     aseguren    la   continuidad        de    la    competencia         de       los
AC-2022-0083                                                                      32

licenciados; y, 13) iniciar acciones de investigación motu

propio e imponer multas por violaciones a las leyes de la

práctica de la medicina, disponiéndose que la Junta no podrá

imponer multas sin la previa celebración de una vista. 20 LPRA

sec. 132e.

       Como se puede apreciar, todas las responsabilidades que

la     Asamblea    Legislativa    le     impuso      a    la        Junta,    aunque

indirectamente inciden en la salud pública por la naturaleza

de la profesión, están dirigidas directamente a cumplir con

la   regulación      efectiva    de    la   profesión          de     los    médicos

cirujanos.

                                      III

       El Colegio solicitó que revisáramos la determinación del

foro    intermedio    que   revocó     la   sentencia       del       Tribunal   de

Primera      Instancia      y,        consecuentemente,              declaró     la

inconstitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria

de los médicos cirujanos de Puerto Rico.

       Como señalé, la controversia de autos requería que se

analizara a la luz del escrutinio estricto. Es decir, se debe

presumir      la     inconstitucionalidad            de        la      colegiación

compulsoria impugnada y es el Estado quien tiene la carga de

demostrar la existencia de un interés apremiante y que la

colegiación       compulsoria    es    la   medida       menos       onerosa   para

adelantar el referido interés apremiante.

       El primer paso de este análisis exige identificar el

interés apremiante que el Estado ha buscado adelantar al

imponer la colegiación compulsoria de los médicos cirujanos.
AC-2022-0083                                                              33

En el caso del Colegio, existen dos intereses apremiantes.

Primero, ya este Tribunal ha establecido que el Estado tiene

un interés apremiante de regular las profesiones a los fines

de que se le provean a la ciudadanía servicios de alta calidad

y competencia; en particular, expresamos que la Asamblea

Legislativa       tiene   la   facultad   de   regular   y   controlar    la

práctica de las profesiones, salvo la jurídica, a fin de

proteger la salud y el bienestar público, así como evitar el

fraude   y   la    incompetencia.    Rodríguez     Casillas    et   al.   v.

Colegio, supra, págs. 439-440; Véase también Accurate Sols.

v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 434 (2015); Matos v.

Junta Examinadora, 165 DPR 741, 755 (2005).

     En el caso específico del Colegio, resulta claro que está

diseñado con el propósito de hacer cumplir el cometido del

Estado de regular la profesión a través de: 1) sus labores

relacionadas con el proceso de disciplina ética de los médicos

cirujanos; 2) su responsabilidad como repositorio de datos

médicos requeridos por ley, y 3) su rol como proveedor de

capacitación y educación continua.

     Según esbocé, el Colegio está facultado por ley a recibir

e investigar querellas que se formulen respecto a la práctica

y conducta de médicos cirujanos colegiados y preparar informes

para referir a los profesionales a la Junta. No hay duda de

que la Junta está igualmente facultada por ley para llevar a

cabo el proceso de disciplina ética sin la intervención del

Colegio. Sin embargo, en términos prácticos, resulta evidente

que la Junta no podría ser, por sí sola, una medida menos
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onerosa que resulte ser viable para regular los asuntos éticos

de la profesión. Evidencia de esto son las observaciones que

se hicieron como parte del Informe de la Oficina del Contralor

DA-22-08, publicado el 1 de febrero de 2022. Ahí, como aludí

previamente,    se   expuso   que    la    Junta     tiene   160     casos   de

conducta no profesional y otros 408 casos de impericia médica

sin resolver, siendo el caso más antiguo de 2001.

     Al declararse la inconstitucionalidad de la colegiación

compulsoria de los médicos cirujanos, el Colegio perderá

jurisdicción sobre los médicos cirujanos no colegiados, lo

que redundará en que la Junta tendrá que manejar todas las

responsabilidades con las que ya está teniendo dificultad para

llevar   a   cabo,   más   aquellas       que   el   Colegio       realiza   al

presente.    Estas    preocupantes    observaciones          hechas    en    el

Informe de la Oficina del Contralor deberían servir como un

indicador de que, si incluso con la colaboración del Colegio

en el proceso pre-adjudicativo la Junta está tan atrasada en

sus funciones, este organismo no será efectivo ni viable para

manejar todas estas responsabilidades por sí solo.

     Además, nótese que la Asamblea Legislativa, al momento

de crear la Junta, diseñó un esquema que reconoce el rol

crucial de apoyo a la Junta que tiene el Colegio. Esto resulta

particularmente evidente con relación a la responsabilidad de

la Junta dirigidas al manejo y la custodia de información de

los médicos cirujanos. Sobre esto, el inciso (cc) del Art. 8

de la Ley Núm. 139-2008, establece la responsabilidad de

notificar    las     decisiones     disciplinarias,          las    licencias
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denegadas y limitaciones o renuncias voluntarias de licencias

por    un   médico,    con   cualquier    limitación    o   renuncia   que

acompañe     a   una   licencia    relacionada   al     licenciado,    con

cualquier orden emitida por la Junta, determinaciones de hecho

y     conclusiones     de    derecho.    Asimismo,     indica   que    esta

información debe ser remitida al “Federation Physician Data

Center of the Federation of State Medical Boards of the United

States, al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y a

cualquier otra entidad que funcione como repositorio de datos

requerida por ley”. (Énfasis suplido) 20 LPRA sec. 132e.

Veamos que la Asamblea Legislativa designó al Colegio como

repositorio de información delicada e importante relevante a

la regulación de la profesión.

       Nuevamente, le correspondía a este Tribunal auscultar si

la Junta, por sí sola, resultaba ser el medio menos oneroso

para cumplir con estas labores. Del Informe de la Oficina del

Contralor surge que la Junta no cuenta con un inventario ni

un plan de retención de los expedientes médicos. El informe

resalta que esta situación, contraria a la reglamentación

vigente, dificulta que los expedientes médicos se mantengan

en buen estado y se puedan localizar. De nuevo, estamos ante

una situación en la cual la Junta no tiene la capacidad

práctica para llevar a cabo sus deberes y, consecuentemente,

no resulta ser una medida viable y efectiva para adelantar el

interés apremiante del Estado.

       Finalmente, este Tribunal debió examinar si la Junta

puede, en efecto, manejar sus responsabilidades con relación
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a la educación continua de los miembros de la profesión. Sobre

esto,    el   Colegio   resalta   la   importancia     de   entender   la

complejidad de la representación gremial de la profesión

médica. Esto así, ya que esta profesión no es una homogénea,

como lo sería, por ejemplo, la abogacía; la profesión médica

implica la existencia por certificación de ciento sesenta y

cuatro especialidades y subespecialidades reconocidas por la

American Board of Medical Specialities, las cuales la Junta

está obligada a reconocer por virtud del Art. 2(d) de la Ley

Núm. 139-2008, supra.

        El Colegio apunta a que cada una de estas especialidades

y   subespecialidades     requieren     medidas   de    entrenamiento,

capacitación y educación continua distinta. Para cumplir con

esto, el Colegio cuenta con Capítulos Representativos de cada

especialidad, lo cual le permite tener las herramientas para

proveer información sobre asuntos concernientes al interés

educativo y profesional de cada especialidad. Por otro lado,

la composición de la Junta está limitada a siete médicos, lo

cual le impide que tenga entre sus miembros representantes de

todas las especialidades. Indudablemente, este hecho incide

en la capacidad de la Junta de mantener un sistema de educación

continua adecuado para todos los miembros de la profesión.

        Tras llevar a cabo el análisis de rigor, resulta forzoso

concluir que el Colegio es la medida menos onerosa legislada

que tiene el Estado a su alcance para adelantar el interés

apremiante de regular la profesión de los médicos cirujanos.

Esto así, pues, a pesar de compartir funciones y deberes con
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la Junta, esta última no tiene la capacidad práctica para,

por sí sola y sin el apoyo de un Colegio financieramente

robusto, regular la profesión. Al no existir un medida menos

onerosa, viable y efectiva para regular la profesión de los

médicos   cirujanos,    soy     del    criterio     que   el    requisito    de

colegiación     compulsoria     al    Colegio     cumple     con    el   crisol

constitucional.

      Restaría, entonces, llevar a cabo el mismo análisis de

escrutinio estricto con relación al segundo interés apremiante

que   resalta    el    Estado      para    justificar      la      colegiación

compulsoria en este caso: salvaguardar la salud pública.

Nótese que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha

señalado la salud pública como un interés tan apremiante y

fundamental, que puede incidir sobre derechos individuales.

Véase: Jacobson v. Masachussetts, 195 US 11 (1905).

      En consideración de la importancia de la obligación del

Estado para salvaguardar la salud pública, es inexorable

colegir   que,    en   el   caso      de   los   Médicos       Cirujanos,    la

colegiación     compulsoria     es    la   medida    menos      onerosa    para

adelantar este interés apremiante. Esto así, por dos razones:

1) el Colegio no es una imagen virtual de la Junta, sino que

tiene un número de obligaciones impuestas por ley de carácter

estrictamente públicas que no comparte con la Junta, y 2) el

argumento relacionado con la viabilidad de la medida menos

onerosa en este caso no es uno basado en especulaciones, sino

en la historia del Colegio en las pasadas tres décadas.

      Sobre el primer punto, tras un estudio cuidadoso de sus
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respectivas leyes, resulta evidente que ambas organizaciones,

el Colegio y la Junta, no son meros reflejos el uno del otro.

Por   el    contrario,    la    Asamblea       Legislativa    limitó    las

responsabilidades    de    la    Junta     a    aquellas     estrictamente

relacionadas con la regulación de la profesión, mientras que

le otorgó al Colegio una serie de obligaciones dirigidas a

salvaguardar el bienestar y la salud pública que no están

intrínsecamente     relacionadas     con        la   regulación    de   la

profesión. Como reseñamos previamente, estas obligaciones de

índole pública son las siguientes:

      (a)   Ayudar al mejoramiento de la salud del pueblo
            de Puerto Rico.

      (b)   Fomentar el mejoramiento del ejercicio de la
            medicina.

      (c)   Promover y divulgar el continuo progreso de la
            medicina.

      (d)   Cooperar   con   los  gobiernos    municipales,
            estatal   y    federal,   y    sus    agencias,
            instrumentalidades   públicas   y    organismos
            reguladores, en el diseño y la implantación de
            la política pública sobre la salud en Puerto
            Rico, cuando sean requerido para ello.

      (e)   Colaborar para que la prestación de los
            servicios médico-hospitalarios en Puerto Rico
            sean de la misma calidad para todo individuo,
            independientemente de su condición económica,
            raza, color, origen, religión, sexo o credo
            político.
                  .   .   .   .   .   .   .  .

      (f)   Defender la confidencialidad de la relación
            entre médico y paciente, de conformidad con
            los parámetros dispuestos en la legislación
            aplicable;
                  .   .  .   .   .   .   .  .

      (g)   Orientar a la comunidad sobre problemas de la
            salud pública y de asistencia médica;
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     (h)   Instar a que el médico sea de la mayor utilidad
           posible para nuestro pueblo en la prevención
           de las enfermedades, así como parte del
           mejoramiento de la calidad de vida;

     (i)   Cooperar con los organismos gubernamentales y
           las entidades privadas correspondientes y
           orientar a la comunidad para alcanzar el mayor
           grado de razonabilidad posible en los costos
           de los servicios de salud. 20 LPRA sec. 73d.

     El Colegio ha cumplido de manera concreta con estas

obligaciones, que no comparte con la Junta, a través de un

sinnúmero de gestiones. Un ejemplo de esto es la creación de

la Fundación del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico,

corporación sin fines de lucro. Las funciones principales de

la Fundación incluyen, entre otras: (1) proveer programas de

servicios a la comunidad, educativos, deportivos, artísticos,

culturales     y    cualesquiera     otros     de   interés    social   y

profesional; (2) promover la enseñanza de las ciencias médicas

en Puerto Rico, en armonía con la reglamentación aplicable

adoptada por el Consejo de Educación Superior o por cualquier

otro organismo acreditador con autoridad al respecto; (3)

promover la prestación de servicios de salud dirigidos a

sectores médicamente indigentes y que dependen de programas

de bienestar social; y, (4) realizar actividades que generen

fondos. Reglamento General Del Colegio De Médicos Cirujanos De

Puerto Rico, aprobado el 26 de abril de 2015.

     Las ayudas comunitarias ofrecidas por la Fundación desde

el 2016 comprenden: (1) Evaluaciones pediátricas a niños con

impedimentos       del   programa   de   las   Olimpiadas     Especiales;

(2) Participación destacada a los niños y a la educación médica
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en la actividad Colegio Médico con el Pueblo en el Parque

Julia        de    Burgos       en    Carolina;     (3)   Visitas     a    comunidades

especiales; (4) Donativos de equipo médico (sillas de ruedas

motorizadas,              concentradores       de    oxígeno);      (5)     Asistencia

médica en el Foro de Liderazgo para Jóvenes Universitarios

con Impedimentos organizado por la Oficina del Procurador para

Personas con Impedimentos (OPPI) y la Oficina de Educación y

Relaciones          con     la    Comunidad;      (6)     Orientaciones      sobre    el

dengue, ZIKA, H1N1, COVID-19; (7) Clínicas de vacunación; (8)

Orientaciones sobre efectos de fumigación con NALED, alimentos

GMO, glifosatos, depósitos de cenizas y otros carcinógenos;

(9)     Brigadas           de     equipos    multidisciplinarios            de    “first

responders”          que        visitaron   comunidades       aisladas       en   varios

municipios después del Huracán María, y (10) Auspicios de

ferias de salud (Feria Multifásica de Salud Misión Médica

Internacional Dr. Mario Porrata, Cardiday).3

        Además, los estudios de investigación o auspicios de la

Fundación en pro de la medicina y la salud pública incluyen:

(1) La planificación de un proyecto piloto sobre el uso de la

buprenorfina en pacientes jóvenes adultos adictos, con la

ayuda de agencias gubernamentales y otros;(2) Co-auspiciar,

con     la    Fundación          Operación     Solidaridad,      un       estudio   para

conocer el “Perfil de Violencia en Puerto Rico: Factores de

Riesgo,           Retos     y    Propuestas”;       (3)    Estudio    investigativo

conjuntamente             con    el   Comité   de    Salud    Ambiental       sobre   el

análisis de metales en el particulado que proviene de las

3   Apéndice, pág. 147.
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canteras en la comunidad Canarico en Juana Díaz; (4) Auspicios

de    dos     estudiantes     de    la   Escuela   de       Salud     Pública     para

concluir un estudio ambiental; (5) Auspicio al Taller Musical

Triole Tá, quienes trabajan con el desarrollo sicomotor de

niños       hiperactivos,      autistas,     con   déficit          de   atención   o

distrofia muscular, a través de la música; (6) Auspicio al

Club de Robótica de la Escuela Especializada en Ciencias y

Matemáticas Sotero Figueroa; (7) Auspicio al Campamento de

Verano Sonrisas: Lucha contra el SIDA; (8) Presentación de

resultados del estudio Prevalencia de enfermedades crónicas

en las comunidades de Miramar y Puerto Jobos del municipio de

Guayama, y (9) Auspicio 5K a beneficio del Hospital de Niño.4

        Por    otro    lado,       el    Colegio   creó        el     Instituto     De

Investigación Clínica y Desarrollo Tecnológico, que tiene a

su cargo programas y actividades para todos los colegiados en

adiestramiento, en instituciones académicas y en la práctica

privada        dirigidos      primordialmente           a    educar,       promover,

fomentar, facilitar e impulsar estudios científicos tanto en

el área clínica como en el área de tecnología que contribuyan

al    adelanto    de   la     salud      pública   de       nuestro      pueblo. Para

garantizar los fondos para el funcionamiento del Instituto,

se le asigna un presupuesto anual correspondiente al uno por

ciento (1%) del dinero recaudado en concepto de cuotas.5

        Sobre esto, se pueden resaltar varias iniciativas del

Colegio que tuvieron el propósito de colaborar con el Estado

en salvaguardar la salud pública en tiempos de emergencia.

4   Apéndice, pág. 148.
5   Apéndice, pág. 144-145.
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Por ejemplo, durante el estado de emergencia subsiguiente al

Huracán María, el Coolegio tuvo a su cargo la administración

y control de un banco de medicamentos para uso y distribución

durante    las   clínicas       en     que   los   médicos   voluntarios

participaron a través de la Isla durante varios meses que duró

la emergencia.6 El Colegio también desplegó un equipo de

profesionales voluntarios de distintas especialidades para la

distribución de medicamentos y cuidado de la salud de los

afectados por los temblores del área sur y fue designado por

Departamento de Salud de Puerto Rico para ser el custodio y

administrador     del   banco     de   medicamentos.7     Finalmente,   el

Colegio organizó y mantuvo una clínica de pruebas gratuitas

de COVID-19, apoyado por voluntarios del Colegio de Enfermeros

Profesionales de Puerto Rico y con el suplido de pruebas por

parte del Departamento de Salud; el Colegio realizó más de

ocho mil (8,000) pruebas rápidas y moleculares, convirtiéndose

en un recurso esencial para las estadísticas reportadas en el

Departamento de Salud de Puerto Rico.8

      Como se puede observar, es indudable que al Colegio se

le han impuesto responsabilidades por ley que no comparte con

la Junta dirigidas a salvaguardar la salud pública. Es forzoso

concluir que la Junta no puede ser el medio menos oneroso

disponible al Estado para hacer valer este interés apremiante.

Sin   embargo,   esto   no   es      suficiente    para   finalizar   este

análisis, pues resta evaluar si el medio menos oneroso en este

6 Apéndice, pág. 148.
7 Íd.
8 Íd.
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caso es que el Colegio siga cumpliendo con sus deberes sin

exigir la colegiación compulsoria.

       La   controversia    presente     no    requería      recurrir   a   un

ejercicio     especulativo       para    auscultar     la     viabilidad     y

efectividad del Colegio y de la Junta sin el requisito de la

colegiación compulsoria. Esto así, ya que, tal y como reseñé

anteriormente, el Colegio ha pasado por varios cambios a

través de los años, incluyendo un periodo en el cual la

Asamblea    Legislativa     eliminó     el    requisito      de   colegiación

compulsoria.

       Es decir, no teníamos que intentar de imaginar cómo se

verían afectados los esfuerzos del Colegio para hacer valer

su razón de ser, sino que ya la historia nos indica exactamente

lo que ocurrió tras la descolegiación de la profesión en el

año 1997. A la Asamblea Legislativa le tomó tan solo cuatro

años   percatarse     del   efecto      nocivo   que   había       tenido   la

colegiación voluntaria sobre la capacidad del Colegio para

cumplir con sus deberes y responsabilidades de índole pública.

Es por esto por lo que la Asamblea Legislativa expresó de

manera contundente en la Exposición de Motivos de la Ley Núm.

56-2001,     supra,   que   la    reinstauración       del    requisito     de

colegiación compulsoria estuvo motivada por la necesidad de

tener un “Colegio de Médicos-Cirujanos fuerte y vigoroso” que

pueda ayudar al Estado y la sociedad a enfrentar los problemas

en el área de salud pública. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 56 de 13 de julio de 2001 (2001 [Parte 1] Leyes de Puerto

Rico 269, 271). Es decir, la Asamblea Legislativa reconoció
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la realidad de que la colegiación voluntaria al Colegio no

resultó ser viable para hacer valer su interés apremiante.

Entonces, si en el año 1997 la colegiación voluntaria tuvo la

consecuencia de debilitar al Colegio a tal punto que no podía

cumplir con sus deberes, resulta lógico concluir que en el

año 2023 la colegiación voluntaria continúa siendo un método

inefectivo y no viable para salvaguardar la salud pública.

     No puede ser que, teniendo el beneficio de conocer de

primera mano los efectos nefastos que tuvo la colegiación

voluntaria sobre el Colegio hace dos décadas, este Tribunal

concluya,     sin    razón    alguna,    que        la     eliminación   de     la

colegiación compulsoria hoy tendrá un efecto distinto.

                                    IV

     En   síntesis,     he    evaluado     la       constitucionalidad         del

requisito de colegiación compulsoria al Colegio a la luz del

escrutinio     estricto,      tomando    en     consideración         los      dos

intereses apremiantes del Estado.

     En     primer   lugar,    a   pesar       de        compartir   deberes     y

facultades relacionadas con la regulación de la profesión con

la Junta, la realidad es que la referida junta no tiene la

capacidad de regular la profesión por sí sola de manera

efectiva y viable. Aunque en teoría está facultada en ley para

regular la profesión, no constituye la medida menos onerosa,

efectiva y viable, y necesita del Colegio y de la colegiación

compulsoria para cumplir con sus deberes.

     En segundo lugar, el Colegio tiene múltiples deberes y

facultades dirigidos a cumplir con el interés apremiante de
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salvaguardar la salud pública que no comparte con la Junta.

Además, recalqué que ya se ha hecho un intento de permitir la

colegiación      voluntaria       en     la   profesión     de   los    médicos

cirujanos,    pero    esto    tuvo       un   efecto     perjudicial     en    la

capacidad del Colegio para cumplir con sus responsabilidades.

     A la luz de lo expuesto, era preciso concluir que la

colegiación      voluntaria       tampoco     constituye    el   medio    menos

oneroso para adelantar el interés apremiante del Estado. Al

disponer lo contrario, una mayoría de este Tribunal ignora la

historia   del    Colegio     y    las    expresiones      que   ha    hecho    la

Asamblea Legislativa al respecto.

     Nuevamente,      se     aborda       este   tipo     controversia         sin

considerar sus particularidades y en total abstracción de las

consecuencias de este dictamen, máxime para una profesión que

tiene un rol hegemónico en salvaguardar la salud. Con este

proceder     nefasto,      según       mencioné,    se     perjudica      a    la

ciudadanía. Me veo imposibilita de embarcarme por ese rumbo.

                                         V

     Por los fundamentos esbozados, disiento.

                                              Maite D. Oronoz Rodríguez
                                                  Jueza Presidenta
                EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Luis Delucca Jiménez

    Apelado

           v.                               AC-2022-0083

Colegio de Médicos Cirujanos
de Puerto Rico y otros

    Apelantes

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

                En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2023.

                        Insistimos,         el     requisito       de    colegiación

                compulsoria que se exige en nuestro País, como

                condición para ejercer determinadas profesiones,

                es una medida de protección social. El mismo, a

                todas     luces,           puede       co-habitar       en   nuestro

                ordenamiento           jurídico              con    el       derecho

                constitucional a la libre asociación. Tal y como

                hemos expresado en el pasado, uno no cancela al

                otro.

                        Por    tal    razón,        hoy      reafirmamos     nuestros

                pronunciamientos en Reyes Sorto et al. v. CIAPR,

                2023    TSPR    62,    212       DPR    __    (2023),    Opinión   de

                conformidad          del     Juez      Asociado     Colón      Pérez,
AC-2022-0083                                                                   2

en   cuanto      a     la    constitucionalidad          del      requisito    de

colegiación      compulsoria         para     poder   ejercer      determinadas

profesiones       en      nuestra    jurisdicción;          en    esta    ocasión,

aquella    que    se requiere          para      desempeñarse      como    médico-

cirujano en Puerto Rico. Por no ser ésta la postura de una

mayoría de este Tribunal, disentimos.

                                            I.

      Los hechos medulares que dan margen al presente litigio

no están en controversia. Allá para el 14 de enero de 2020,

el Dr. Héctor Luis Delucca Jiménez (en adelante, “doctor

Delucca Jiménez”), médico de profesión, presentó ante el

Tribunal de Primera Instancia una Demanda sobre sentencia

declaratoria en contra del Colegio de Médicos-Cirujanos de

Puerto Rico (en adelante, “Colegio de Médicos Cirujanos”) y

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante,

“ELA”). En ésta, a grandes rasgos, arguyó que la Ley Núm.

77-1994, infra, la cual creó el referido colegio y exige la

colegiación       compulsoria        de      los    médicos-cirujanos         como

condición para poder ejercer dicha profesión en nuestra

jurisdicción, era inconstitucional.

      En   específico,         y    mediante       Moción    en    solicitud    de

sentencia sumaria, el doctor Delucca Jiménez argumentó que

la obligación de pertenecer al Colegio de Médicos Cirujanos,

impuesta    por      el     estatuto    de       referencia,      violentaba    su

derecho a la libre asociación y que no existía un interés

público que lo justificara. En virtud de ello, solicitó que

se   decretara       la     inconstitucionalidad            del   requisito    de
AC-2022-0083                                                        3

colegiación compulsoria dispuesto en la Ley Núm. 77-1994,

infra.

     En respuesta, el ELA, mediante su Moción de sentencia

sumaria argumentó que, dado el interés apremiante del Estado

en promover y velar por la seguridad, salud, bienestar

general y vida de la población, en el caso del requisito de

colegiación compulsoria para poder ejercer la profesión de

médico-cirujano en nuestro País, el derecho de asociación

del doctor Delucca Jiménez debía ceder. Por su parte, el

Colegio de Médicos Cirujanos, mediante su Respuesta del

CMCPR, se unió a lo expresado por el ELA.

     Así las cosas, evaluados los argumentos de todas las

partes en el litigio, y tras varios incidentes procesales

no necesarios pormenorizar aquí, el 18 de septiembre de 2020

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia. Al así

hacerlo, -- y por considerar que el requisito de colegiación

compulsoria para poder ejercer en nuestra jurisdicción la

profesión   de    médico   cirujano    era   la   alternativa     menos

onerosa   en     el   ejercicio   de   regular    a   estos   y   estas

profesionales --, emitió un sentencia sumaria a favor del

Colegio de Médicos Cirujanos y del ELA, validando así la

constitucionalidad del referido requisito.

     Inconforme con el proceder del foro primario, el doctor

Delucca Jiménez acudió al Tribunal de Apelaciones mediante

una Apelación de sentencia. En síntesis, argumentó que el

Tribunal de Primera Instancia había errado en su decisión,
AC-2022-0083                                                              4

pues la misma coarta el derecho a la libertad de asociación

de los médicos-cirujanos que aquí ejercen esa profesión.

      Enterados de lo anterior, tanto el Colegio de Médicos

Cirujanos, como el ELA, comparecieron ante el foro apelativo

intermedio, en oposición a lo solicitado por el doctor

Delucca Jiménez. En sus respectivos alegatos, esbozaron

argumentos similares a los expresados ante el foro primario.

      Así las cosas, examinados los alegatos de las partes,

el Tribunal de Apelaciones notificó una Sentencia mediante

la cual revocó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera

Instancia. Esto, por entender que el Estado, al requerir la

colegiación     compulsoria    como     requisito     para      ejercer   la

profesión de médico-cirujano en el País, interfirió con el

derecho fundamental a la libertad de asociación que le

asiste   al    doctor   Delucca    Jiménez     y    que    la   mencionada

interferencia     no    superaba   el     escrutinio        estricto.     Lo

anterior, haciendo caso omiso al interés apremiante del

Estado   en    promover   y   velar     por    la   seguridad,      salud,

bienestar general y vida de los y las ciudadanas del País,

y sin tener prueba que acreditara que los supuestos medios

menos onerosos eran, al menos, viables.

      En desacuerdo con la mencionada sentencia, el Colegio

de   Médicos    Cirujanos     solicitó    su    reconsideración.          Sin

embargo, dicha solicitud fue denegada por el foro apelativo

intermedio.

      Insatisfecho      con   la   determinación          tomada   por    el

Tribunal de Apelaciones, el referido colegio acudió ante nos
AC-2022-0083                                                                   5

mediante recurso de Apelación. En esencia, nos señala que

el foro apelativo intermedio erró al revocar el dictamen

sumario emitido por el foro primario y, de esta forma,

declarar    la      inconstitucionalidad                del    requisito        de

colegiación compulsoria para poder ejercer la profesión

médica en nuestra jurisdicción. A su modo de ver, el Tribunal

de   Apelaciones        carecía    de        los   elementos       probatorios

necesarios para revocar la determinación del Tribunal de

Primera    Instancia        y     sentenciar        que       la   colegiación

compulsoria de los profesionales que forman parte de este

gremio era inconstitucional.

     Trabada así la controversia, y con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes con interés en el litigio,

este Tribunal -- a nuestro juicio, erradamente -- confirma

la Sentencia emitida por el foro apelativo intermedio y

declara    inconstitucional         el        requisito       de   colegiación

compulsoria      para   poder     ejercer la       profesión        de   médico-

cirujano    en    nuestro       País,    según     se     establece      en   los

Artículos 7 y 8 de la Ley 77-1994, infra. Por no estar de

acuerdo    con    dicho    proceder,          disentimos.      Explicamos       el

porqué.

                                        II.

                                        A.

     Como es sabido, el Artículo II, Sección 4, de la

Constitución      del    Estado    Libre       Asociado       de   Puerto     Rico

consagra el derecho fundamental del Pueblo a la libertad de

expresión y a reunirse de forma pacífica. Art. II, Sec. 4,
AC-2022-0083                                                           6

Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 290. Por su parte,

el Artículo II, Sección 6, incorpora el derecho a que “[l]as

personas p[uedan] asociarse y organizarse libremente para

cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o

cuasi militares”. Íd., pág. 299. Ambos derechos -- el de

expresión y el de asociación -- son fundamentales para la

consecución y el ejercicio de la libertad de conciencia,

necesaria en toda democracia. U.P.R. v. Laborde Torres y

otros I, 180 DPR 253, 286 (2010); P.R.T.C. v. Unión Indep.

Emp. Telefónicos, 131 DPR 171, 186 (1992). Véase, Reyes

Sorto et al. v. CIAPR, supra, Opinión de conformidad del

Juez Asociado Colón Pérez.

       Ahora bien, no empece a que en nuestra Carta Magna

están expresamente consagrados los derechos a la libertad

de expresión y a la libre asociación, -- del cual se deriva

su vertiente negativa, es decir, el derecho a no asociarse

--,   en   múltiples      ocasiones   hemos   sentenciado    que   tales

derechos no son absolutos. (Negrilla suplida). P.N.P. v. De

Castro Font II, 172 DPR 883, 893-894 (2007); P.A.C. v. E.L.A.

I, 150 DPR 359, 372 (2000); Democratic Party v. Tribunal

Electoral, 107 DPR 1, 25 (1978). Por tanto, en aquellos

escenarios en los cuales se alegue una violación a alguno

de estos derechos, “[l]os tribunales debe[rán] ..., sopesar

el    alcance   de   la    restricción   a    la   libre   expresión       y

asociación y la importancia del interés gubernamental que

anima la restricción, a la luz de la amenaza que la conducta

impedida representa para tal interés del Estado”. (Negrilla
AC-2022-0083                                                       7

suplida). Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 DPR 251,

255-256     (1979).   Lo     anterior,     pues,    “los    derechos

individuales tienen que entenderse dentro del cuadro general

de la sociedad con arreglo a las limitaciones inherentes a

la vida en común”. (Negrilla suplida). 4 Diario de Sesiones

de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 2576 (1961).

Véase, S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832,

842–843 (1977). Véase, además, Reyes Sorto et al. v. CIAPR,

supra, Opinión de conformidad del Juez Asociado Colón Pérez.

                                 B.

     Establecido lo anterior, debemos reiterar que “toda

comunidad    políticamente    organizada    tiene   lo     que   hemos

llamado el poder público del estado o ‘police power’ para

salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar de sus

habitantes”. (Citas omitidas y cita depurada). Domínguez

Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 36 (2010). En el ejercicio de

ese poder, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de

regular y controlar la práctica de las profesiones, -- salvo

la jurídica --, a fin de proteger la salud y el bienestar

público, así como evitar el fraude y la incompetencia.

Rodríguez Casillas et al. v. Colegio, 202 DPR 428, 439–440

(2019); Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 193 DPR

423, 434 (2015). Véase, Reyes Sorto et al. v. CIAPR, supra,

Opinión de conformidad del Juez Asociado Colón Pérez.

     Al respecto, este Tribunal ha establecido que dichas

regulaciones no privan a los ciudadanos y a las ciudadanas

de sus profesiones. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR
AC-2022-0083                                                            8

405, 413 (1993); Asoc. Drs. Med. Cui. Salud v. Morales, 132

DPR 567, 586 (1993). Véase, Reyes Sorto et al. v. CIAPR,

supra, Opinión de conformidad del Juez Asociado Colón Pérez.

En   particular,   hemos   sentenciado      que     las   profesiones       y

oficios se regulan por razones del eminente interés público

del que están revestidas. Íd.

      Con la intención de proteger el mencionado interés

público,     mediante   estatutos,     se    han     formado    diversos

colegios   profesionales    para     que    éstos    “defiend[a]n    los

intereses de los gremios que agrupan [y, además], los de la

ciudadanía    en   general”.   Rodriguez     Casillas      v.   Colegio,

supra, pág. 473, Opinión disidente del Juez Asociado Colón

Pérez. De esta forma, según expresamos en Rodríguez Casillas

et al. v. Colegio, supra, pág. 474, Opinión disidente del

Juez Asociado Colón Pérez,

           los referidos colegios profesionales cumplen
      con la importante función de educar, tanto a la
      sociedad como a sus miembros, sobre los asuntos que
      atañen a su profesión. De igual forma, se aseguran
      de que quienes forman parte de su gremio mantengan
      sus conocimientos actualizados y cumplan con los
      requerimientos éticos que les rigen, protegiendo
      así a la ciudadanía de ser víctimas de prácticas
      ilegales o un desempeño incompetente por parte de
      los profesionales a los que estas instituciones
      regulan.

           En esa dirección, [mencionábamos] que “[e]l
      establecimiento de [colegios profesionales] no
      tiene por objeto principal la satisfacción de los
      intereses profesionales, ni aún los colectivos de
      la profesión, sino la del interés público que pueda
      suponer el ejercicio de determinada profesión”. J.
      Gálvez Montes, La organización de las profesiones
      tituladas, Madrid, Consejo de Estado y Boletín
      Nacional de Estado, 2002, pág. 50. Esto responde a
      que, aunque la exigencia de una titulación funciona
      como garantía de que solo ejerzan una profesión
      aquellos   que    hayan   acreditado    tener   los
AC-2022-0083                                                       9

        conocimientos    necesarios,     existen   ciertas
        profesiones   en    las   cuales    --   por   sus
        características particulares -- no basta dicha
        garantía para proteger el interés público. Íd.
        Véase, además, Reyes Sorto et al. v. CIAPR, supra,
        Opinión de conformidad del Juez Asociado Colón
        Pérez.

                                  C.

        En ese contexto, entiéndase, en la búsqueda de proteger

adecuadamente el interés público, se creó la Ley del Colegio

de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 13 de

agosto de 1994, según enmendada, (20 LPRA sec. 73 et seq.).

Dicha     disposición   legal    regula    lo   relacionado    a   la

colegiación compulsoria de los médicos-cirujanos en nuestro

País.

        En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el

Artículo 8 del mencionado cuerpo de ley establece que “[l]a

colegiación será compulsoria y será requisito para poder

ejercer la medicina en Puerto Rico”. 20 LPRA sec. 73g. Por

su parte, el Artículo 7 de la referida legislación dispone

que:

             Serán miembros del Colegio todas las personas
        que posean una licencia regular expedida por el
        Tribunal Examinador autorizándoles a ejercer la
        medicina en Puerto Rico, conforme a lo establecido
        en el Artículo 13 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril
        de 1931, según enmendada1, que regula el ejercicio
        de la medicina en Puerto Rico y que hayan pagado la
        cuota anual que disponga el Reglamento del Colegio.
        La referida licencia deberá estar vigente y el
        médico cirujano deberá haber cumplido con los
        requisitos   de   recertificación   que   le   sean
        aplicables.

1 Dicha ley fue derogada y sustituida por la Ley 139-2008, 20 LPRA sec.
131 et seq.
AC-2022-0083                                                         10

             A menos que sea miembro del Colegio de Médicos
        Cirujanos y esté al día en el pago de las cuotas
        correspondientes, ninguna persona podrá ejercer la
        profesión de medicina en Puerto Rico, incluyendo
        cualesquiera especialidades de ésta, salvo por lo
        dispuesto en el Artículo 15 de la Ley Núm. 22 de 22
        de abril de 1931, según enmendada2, y en la Ley 79
        de 28 de junio de 1978, según enmendada3. 20 LPRA
        sec. 73f. (Negrilla suplida).

        Sobre el alcance de sus deberes, debemos señalar que

el Colegio Médicos Cirujanos tiene la obligación de:

        A. Ayudar al mejoramiento de la salud del pueblo de
           Puerto Rico.

        B. Fomentar el mejoramiento del ejercicio de la
           medicina.

        C. Promover y divulgar el continuo progreso de la
           medicina.

        D. Cooperar con los gobiernos municipales, estatal
           y federal, y sus agencias, instrumentalidades
           públicas y organismos reguladores, en el diseño
           y la implantación de la política pública sobre
           la salud en Puerto Rico, cuando sean requeridos
           para ello.

        E.    Colaborar para que la prestación de los
             servicios médico-hospitalarios en Puerto Rico
             sean de la misma calidad para todo individuo,
             independientemente de su condición económica,
             raza, color, origen, religión, sexo o credo
             político.

        F. Elevar y mantener la dignidad de la profesión y
           de sus miembros y desalentar, velar y denunciar
           la práctica desleal y anti-ética en el ejercicio
           de la profesión.

        G. Defender la confidencialidad de la relación entre
           médico y paciente, de conformidad con los
           parámetros    dispuestos   en   la    legislación
           aplicable.

2 La mencionada ley fue derogada y sustituida por la Ley 139-2008, 20
LPRA sec. 131 et seq.

3   La referida legislación fue derogada por la Ley Núm. 109-1996.
AC-2022-0083                                                       11

     H. Defender los derechos e inmunidades de               los
        médicos en armonía con el interés público.

     I. Orientar a la comunidad sobre problemas de la
        salud pública y de asistencia médica.

     J. Instar a que el médico sea de la mayor utilidad
        posible para nuestro pueblo en la prevención de
        las enfermedades, así como parte del mejoramiento
        de la calidad de vida.

     K. Cooperar con los organismos gubernamentales y las
        entidades privadas correspondientes y orientar a
        la comunidad para alcanzar el mayor grado de
        razonabilidad posible en los costos de los
        servicios de salud.

     L. Establecer, de acuerdo a la capacidad económica
        del Colegio, medidas de protección mutua para los
        colegiados.

     M. Estrechar los lazos de amistad y compañerismo
        entre los colegiados.

     N. Promover el mejoramiento profesional de todos los
        colegiados mediante la viabilización de la
        educación   médica   continua   conforme  a   los
        criterios establecidos por el Tribunal Examinador
        y a lo dispuesto en el Artículo 4(L) de esta Ley,
        y por otros medios.

     O. Tomar las medidas apropiadas, necesarias y
        convenientes en derecho para hacer efectivos los
        deberes aquí señalados. 20 LPRA sec. 73d.

     Como se puede apreciar, son muchas las funciones que

el Colegio de Médicos Cirujanos realiza, particularmente en

las áreas de protección social, salud, ética y educación

continua.   Las   mismas   son   de   suma   importancia   para    la

regulación y sostenimiento de la profesión médica en nuestro

País.

     Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, y

no de otra, que procedía disponer de la causa de epígrafe.

Como una mayoría de este tribunal no lo hizo, procedemos --

desde la disidencia, nuevamente -- a así hacerlo.
AC-2022-0083                                                                 12

                                     III.

     Como mencionamos anteriormente, en el presente caso,

el Colegio de Médicos Cirujanos, en esencia, sostiene que

el Tribunal de Apelaciones erró al revocar al Tribunal de

Primera Instancia y declarar la inconstitucionalidad del

requisito de colegiación compulsoria como condición para

ejercer la profesión médica en nuestra jurisdicción.                         Le

asiste la razón.

     Y es que, el Juez que suscribe no alberga duda alguna

que el requisito de colegiación compulsoria para practicar

determinada     profesión       en     el     País      puede       cohabitar

armoniosamente    en       nuestro   ordenamiento         jurídico    con    el

derecho a la libre asociación. Uno no cancela al otro.

     En ese sentido, -- al igual que muchos tratadistas del

tema --, vemos el requisito de colegiación compulsoria para

ejercer determinada profesión como una medida de protección

social;   lo   que,    a    todas    luces,   constituye         el   interés

apremiante al que se refiere la doctrina constitucional

antes expuesta. De igual manera, en lo que respecta a este

caso, se trata también de la alternativa menos onerosa para

adelantar el referido interés. Esto, debido a que es el

Colegio   de     Médicos       Cirujanos,      y     no     la    Junta      de

Licenciamiento    y    Disciplina      Médica,     --     quienes     solo   se

limitan a la regulación la licencia y de la disciplina de

estos profesionales --, a quien la Asamblea Legislativa le

ha delegado la función de salvaguardar el interés apremiante

del estado de proteger la salud pública del País.
AC-2022-0083                                                                13

       Es, pues, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto

Rico     el   ente   que,     --     en        nuestra   jurisdicción       --,

verdaderamente ejerce las funciones necesarias para asegurar

los estándares adecuados para las profesiones en cuestión,

convirtiéndose así en la alternativa menos onerosa a la que

llama el ordenamiento constitucional al momento de disponer

de casos como éste. De lo anterior, no albergamos duda

alguna.

       Ciertamente   se     cometió       el    error    aquí   señalado.    El

requisito de colegiación compulsoria exigido a los médicos-

cirujanos     para poder     practicar          su   profesión   en   nuestra

jurisdicción es, a nuestro parecer, uno constitucionalmente

válido.

                                      IV.

   Por    los   fundamentos        antes       expuestos,   disentimos      del

proceder de una mayoría de este Tribunal en el día de hoy.

                                                     Ángel Colón Pérez
                                                      Juez Asociado