Court Opinion

ID: 9916112
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:22:25.716025+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:04.759246
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

      ELDA GONZÁLEZ                                 Apelación
        SANTIAGO                                    procedente del
                                                    Tribunal de Primera
          Apelante                                  Instancia, Sala
                                                    Superior de San Juan
                               KLAN202300798
              v.                                    Caso Núm.:
                                                    SJ2023CV06071 (907)

     MICHAEL ZARCONE                                Sobre:
       CANDELARIO                                   Injunction (Entredicho
                                                    Provisional, Injunction
          Apelado                                   Provisional y
                                                    Permanente)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

       Comparece la señora Elda González Santiago (señora

González Santiago o apelante) mediante recurso de Apelación y nos

solicita que revoquemos la Sentencia Enmendada emitida el 20 de

julio de 2023, notificada el 21 de julio de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante el

aludido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar una Moción de

desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia presentada

por el señor Michael Zarcone Candelario (señor Zarcone Candelario

o apelado).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la determinación impugnada.

                                       I.

       El 22 de junio de 2023, la señora González Santiago presentó

una Demanda1 sobre entredicho provisional e interdicto preliminar

y permanente contra el señor Zarcone Candelario. Los hechos que

1 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1-119.

Número Identificador
SEN2023__________
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originaron la causa de acción comenzaron en el año 2021, cuando

el apelado compró un inmueble en el mismo condominio donde

reside la señora González Santiago. Específicamente, el señor

adquirió el inmueble que ubica en el segundo nivel del Condominio

Edificio Santa Rita (el Condominio), justo sobre el apartamento de

la señora González Santiago, ubicado en el primer nivel. Como parte

de sus alegaciones, sostuvo que el 19 de mayo de 2022, el apelado

le remitió un correo electrónico en el que indicó que durante dicha

semana habría mucho ruido debido a que estarían realizando unas

obras en su apartamento las cuales incluían, entre otras, reforzar

las paredes del baño y la cocina.

        El 21 de mayo de 2022, la señora González Santiago respondió

al mensaje, cuestionando a qué se refería el apelado al indicar que

reforzaría las paredes de la cocina y el baño. Ante la falta de

respuesta, el 24 de mayo de 2022, la apelante escribió nuevamente

al señor Zarcone Candelario con la misma inquietud. Además,

incluyó legislación relacionada al Régimen de Propiedad Horizontal

al que está sometido el Condominio, así como de la Ley Núm. 129

de 16 de agosto de 2020, según enmendada, conocida como la Ley

de Condominios de Puerto Rico (Ley de Condominios)2.

        Según esgrimió en su Demanda, en la misma fecha, el 24 de

mayo de 2022, “hubo ruidos estruendosos en [su] propiedad”3. Al

siguiente día, el 25 de mayo de 2022, el señor Zarcone Candelario

respondió el correo electrónico. En síntesis, manifestó que las

remodelaciones no afectarían “los muros, techos o pisos básicos

comunes”4, por lo que no se entorpecería la estabilidad estructural

del Condominio ni los elementos comunes.

2 31 LPRA secs. 1921a et seq.
3 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 3.
4 Íd., pág. 78.
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        El mismo día, 25 de mayo de 2022, la señora González

Santiago acudió a la Oficina Municipal de Permisos de San Juan

(Oficina de Permisos). Según indicó, allí pudo observar los planos de

la construcción del señor Zarcone Candelario, así como el memorial

explicativo del proyecto, percatándose de incongruencias en las

obras que estarían llevándose a cabo. Sostuvo que de los planos se

derivaban alteraciones a la fachada del edificio y la demolición de

elementos comunes necesarios, mientras que el memorial aludía

únicamente a una remodelación interior. Ante ello, la señora

González Santiago presentó una Querella5 ante la Oficina de

Permisos.

        El 7 de junio de 2022, la Oficina de Permisos emitió una carta6

dirigida al señor Zarcone Candelario, en la que le indicó que los

permisos para la obra que realizaba no habían sido aprobados, por

lo que había construido sin autorización, en violación a las

disposiciones del Reglamento Conjunto para la Evaluación y

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos

y Operación de Negocios, Regla 1.6.7 Permisos y Certificaciones.

Consecuentemente, la Oficina de Permisos le ordenó que culminara

el proceso para obtener el permiso de construcción en los siguientes

diez (10) días.

        Así las cosas, el permiso de construcción fue otorgado el 28

de julio de 2022. Más tarde, el 9 de agosto de 2022, la señora

González Santiago solicitó que la investigación de la Querella

continuase. Luego, el 18 de octubre de 2022, la apelante acudió

nuevamente a la Oficina de Permisos en donde, según alegó,

inspeccionó el permiso de construcción y solicitó que se le enviara

copia del expediente.

5 Íd., págs. 93-94.
6 Íd., pág. 95.
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        Debido a todo lo anterior, la señora González Santiago solicitó

que se ordenara el cese y desista de cualquier acto contrario a la ley

y a la escritura matriz del condominio, así como que se ordenara la

demolición de la obra y el restablecimiento de los elementos

comunes a su estado original y, que se anulara el permiso de

construcción.

        Tras la expedición del emplazamiento correspondiente, el 23

de junio de 2023, el foro de instancia emitió una Resolución y

Orden7, mediante la cual declaró No Ha Lugar el entredicho

provisional, por incumplimiento con la Regla 57.1 (a) y (b) de las de

Procedimiento Civil. Además, el TPI acortó el término para que el

apelado presentara su alegación responsiva, concediéndole un plazo

de cinco (5) días para ello8.

        El 30 de junio de 2023, el señor Zarcone Candelario presentó

Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Prórroga9. Por

medio de esta, solicitó un término adicional de diez (10) días para

someter su alegación responsiva. En la misma fecha10, el foro

primario intimó Orden11 concediendo la prórroga solicitada, hasta el

10 de julio de 202312.

        Ante ello, el 10 de julio de 2023, el señor Zarcone Candelario

presentó su Contestación a Demanda13. En síntesis, insistió en que

no se había realizado obra alguna que afectara la fachada, los

elementos comunes, la conservación, solidez ni la estructura del

edificio. Como defensas afirmativas sostuvo, entre otras, que la

Demanda no exponía alegaciones suficientes que justificaran la

7 Íd., págs. 120-121.
8 Íd.
9 Íd., págs. 128-129.
10 La Orden fue notificada el 5 de julio de 2023.
11 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 135.
12 Cabe mencionar que el 5 de julio de 2023, se generó una Notificación Electrónica

a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), en
la que se indicó que la moción carecía del arancel de primera comparecencia.
Conforme surge de SUMAC, el mismo fue pagado en esa misma fecha. Véase,
apéndice del recurso de Apelación, pág. 133 y entrada número 10 en SUMAC.
13 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 136-150.
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imposición de un injunction y, levantó la doctrina de agotamiento de

remedios.

       Simultáneamente, el señor Zarcone Candelario presentó una

Moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia14,

en la que alegó que el Departamento de Asuntos del Consumidor

(DACo) era el foro con jurisdicción exclusiva para atender el asunto

planteado por la señora González Santiago. Adujo, además, que ya

existía una querella ante dicha agencia, presentada por la apelante,

en la que se incluían alegaciones y se solicitaban remedios idénticos

a los que figuraban en la Demanda. Asimismo, indicó que la apelante

había presentado otras reclamaciones judiciales y administrativas

relacionadas al mismo asunto.

       Tras varios trámites, el 17 de julio de 2023, la señora González

Santiago presentó Moción en oposición a la desestimación15. Sostuvo

que la querella presentada ante el DACo era contra la Junta de

Directores y el Consejo de Titulares con relación a una anulación de

una asamblea y unas determinaciones tomadas, y que no estaban

vinculadas a su solicitud de revocación del permiso de construcción.

Añadió que la Demanda fue presentada al amparo de la Ley Núm.

161 de 1 de diciembre de 2009, conocida como la Ley para la

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley Núm. 161-

2009), la cual permite la presentación de un recurso ante el foro

primario, aun cuando ya se haya incoado una querella.

       Así las cosas, el 20 de julio de 2023, notificada el 21 de julio

de 2023, el TPI emitió una Sentencia Enmendada16. En virtud de

esta, el foro primario acogió la moción dispositiva instada por el

apelado y la declaró Ha Lugar. Razonó que, al tomar como ciertos

14 Íd., págs. 151-160.
15 Íd., págs. 168-185.
16 Íd., págs. 186-197. Una Sentencia fue previamente emitida y notificada el 20

de julio de 2023. No obstante, el mismo día, pero notificada al día siguiente, el TPI
emitió la Sentencia Enmendada de manera nunc pro tunc, a los únicos fines de
corregir ciertos errores clericales.
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todos los hechos bien alegados en la Demanda, e interpretarlos de

la manera más favorable a la apelada, resultaba evidente que el

remedio de injunction solicitado era improcedente con el caso. El

tribunal de instancia detalló que la presentación del recurso

extraordinario que contemplaba la Ley Núm. 161-2009, supra, para

la paralización o demolición de una obra, suponía un remedio que

procedía cuando se demostrara que la obra realizada no contaba con

las autorizaciones y los permisos correspondientes o, que la misma

se hubiese realizado en contravención al permiso otorgado. Agregó,

además, que la parte que presentara una reclamación amparada en

dicho precepto legal venía obligada a demostrar una de las

siguientes: (1) que el permiso de construcción había sido otorgado

mediando información incorrecta o falsa; (2) que el uso que se estaba

llevando a cabo no estaba autorizado o, (3) que se llevó a cabo una

obra de construcción sin los permisos necesarios.

       A tenor con lo anterior, el TPI concluyó como sigue:

              En la demanda de epígrafe, la única referencia que
       hace la parte [apelante] -en el contexto de los hechos del
       caso- a los criterios del Artículo 14.1 de la referida ley es que
       el demandado presentó una solicitud de permiso con
       información falsa o errónea, debido a que hay claras
       incongruencias entre el memorial explicativo y los planos
       con respecto a la manera en que las obras alterarían la
       fachada del Condominio. Además, la parte [apelante]
       sostuvo que dicho permiso se solicitó “en claro
       incumplimiento a la escritura matriz del condominio y ley de
       condominios”. Entrada núm. 1 del expediente electrónico,
       pág. 10.

               Ante ello, reiteramos que el procedimiento
       independiente, sumario y limitado bajo el Artículo 14.1 de la
       Ley Núm. 161-2009 no es el vehículo procesal apropiado
       para ventilar los reclamos y fundamentos jurídicos de la
       parte demandante a los fines de impugnar el permiso de
       construcción en controversia y solicitar la demolición de una
       obra que se construye en virtud de dicho permiso (cuya
       presunción de corrección surge de la propia Ley de Permisos)
       por el fundamento medular de que tales obras son contrarias
       a la Ley de Condominios, a la escritura matriz y el reglamento
       del condominio. Para atender tales reclamos, existen otros
       vehículos procesales adecuados que no son el procedimiento
       especial que estatuye el referido Artículo 14.1.17 (Énfasis en
       el original.)

17 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 208.
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         En desacuerdo con la determinación, y tras otros varios

trámites, el 4 de agosto de 2023, la apelante presentó Moción en

oposición a costas y honorarios de abogado y Moción solicitando

reconsideración de la sentencia18. Con relación a la reconsideración,

la señora González Santiago insistió en las alegaciones contenidas

en su Demanda.

         El 11 de agosto de 2023, el TPI emitió Resolución19, en la que,

en lo pertinente, declaró No Ha Lugar la aludida solicitud, en virtud

de la Regla 47 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. El foro

primario mantuvo su postura en cuanto a que el procedimiento

especial bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 no estaba

diseñado “para atender de manera colateral planteamientos basados

fundamentalmente en la Ley de Condominios”20. Indicó que las

alegaciones realizadas por la apelante no equivalían a que el permiso

había sido obtenido a través de información falsa o incorrecta, “a los

fines del requisito que establece el [referido Artículo 14.1] para que

proceda su revocación mediante este procedimiento especial de

alcance limitado”21.

         Inconforme aún, el 8 de septiembre de 2023 la señora

González Santiago presentó el recurso de Apelación que nos ocupa,

en el cual le imputó al foro de instancia la comisión de los siguientes

errores:

                Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al no tomar en
         consideración que la Moción asumiendo representación legal
         y solicitud de pr[ó]rroga fue presentada al pagar el arancel
         correspondiente el 5 de julio de 2023.

                 Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al entender
         que la parte apelada compadeció[sic] oportunamente aun
         habiendo una notificación del 5 de julio de 2023 de no
         presentada la Moción asumiendo representación legal y
         solicitud de prórroga por falta de pago de aranceles.

               Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia concediendo
         una prórroga luego de expirado el plazo concedido de 5 días.

18 Íd., págs. 217-232.
19 Íd., págs. 233-234.
20 Íd., pág. 234.
21 Íd.
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              Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al concluir que
        la demanda no procedía por medio del Art[í]culo 14.1 Ley
        núm. 161-2009.

              Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al desestimar
        la demanda.

               Err[ó] El Tribunal de Primera Instancia al demostrar
        parcialidad.

        El 30 de octubre de 2023, el señor Zarcone Candelario

compareció mediante Alegato en Oposición a Recurso de Apelación.

Perfeccionado el recurso y examinados los documentos que obran

en el expediente, estamos en posición de resolver.

                                       II.

                                       -A-

        La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil22, “es aquella que formula el demandado antes

de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que

se desestime la demanda presentada en su contra”23. La citada regla

dispone que la parte demandada puede presentar una moción de

desestimación en la que alegue las defensas siguientes:

        (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
        (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
        (3) insuficiencia del emplazamiento;
        (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
        (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
        concesión de un remedio;
        (6) dejar de acumular una parte indispensable24.

        Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2

(5), supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados

de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a

dudas”25. La norma que impera es que “tales alegaciones hay que

interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera más

favorable posible para la parte demandante”26. Por lo tanto, “al

22 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
23 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).
24 González Méndez v. Acción Social de Puerto Rico, 196 DPR 213, 234 (2016).
25 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428.
26 Íd., pág. 429.
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examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser

sumamente liberal y ‘únicamente procedería [desestimar] cuando de

los hechos alegados no podía concederse remedio alguno a favor del

demandante’”27. Además, “[t]ampoco procede la desestimación, si la

demanda es susceptible de ser enmendada”28.

       Nuestro máximo foro judicial ha expresado que al examinar

una moción de este tipo “debemos considerar, ‘si a la luz de la

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a

favor de [e]ste, la demanda es suficiente para constituir una

reclamación válida’”29. Además, el Tribunal debe aceptar como

ciertos todos los hechos que hayan sido bien alegados en la

demanda y excluir de sus análisis conclusiones legales. Luego, debe

determinar si, a base de esos hechos que aceptó como ciertos, la

demanda establece una reclamación plausible que justifique la

concesión de un remedio. Si de este análisis el Tribunal entiende

que no se cumple con el estándar de plausibilidad entonces debe

desestimar la demanda, pues no debe permitir que proceda una

demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las

alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba30.

                                       -B-

       El interdicto o injunction es un procedimiento especial

dirigido a proteger al promovente de daños irreparables a su

propiedad o a otros derechos mediante una orden que prohíba u

ordene ejecutar ciertos actos; gobernado por la Regla 57 de

Procedimiento Civil31, y por los Artículos 675 a 689 del Código de

Enjuiciamiento Civil32. Al emitirse, constituye un mandato judicial

27  Colón Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R.
Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis,
2007, pág. 231.
28 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.
29 Íd., pág. 429 que cita a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., [137 DPR 497

(1994)], Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991).
30 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis,

2010, pág. 268.
31 32 LPRA Ap. V, R. 57.
32 32 LPRA secs. 3521-3566.
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que requiere a una persona que haga o se abstenga de hacer o que

permita hacer, determinada cosa que infrinja o perjudique el de

otra33.   Este    remedio     extraordinario       se   caracteriza   por    su

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o

a restablecer el régimen de ley vulnerado por conducta opresiva,

ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico34.

       Es característica esencial del auto de injunction su vigencia

inmediata a partir de la notificación de la sentencia; su eficacia

descansa en su naturaleza sumaria y en su pronta ejecución35. Íd.

Los tribunales pueden tomar medidas específicas para eliminar la

perturbación,     sin    prohibir    absolutamente        la   conducta     del

demandado36.

       El interdicto es un remedio discrecional que ha de concederse

con cautela, luego que el promovente demuestre la existencia de los

requisitos para su expedición y que el tribunal realice un balance

de conveniencias y equidades37. Entre los requisitos para su

expedición se encuentran la irreparabilidad del daño, la existencia

de un remedio adecuado en ley y la probabilidad de prevalecer. Sólo

procede en situaciones claras en que las actuaciones del

demandado menoscaban o afectan el derecho que el demandante

interesa proteger o que pueden perjudicarlo38. Por ello, no procede

la expedición de un interdicto para la protección de un derecho

dudoso39.

       Aquél que solicita el interdicto debe acudir al tribunal sin

mediar tardanza inexcusable, carecer de un remedio adecuado en

33 32 LPRA sec. 3521.
34 Plaza Las Américas v. N&H, 166 DPR 631, 643 (2005).
35 Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 DPR 612 (1973).
36 Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).
37 Véase, 32 LPRA sec. 3523; Municipio de Loíza v. Sucn. Suárez. et. als.,154 DPR

333, 367 (2001).
38 Véase, 32 LPRA sec. 3523(2); E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679

(1999).
39 32 LPRA sec. 3523(1).
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el proceso ordinario, y demostrar que de no concederse antes de

adjudicarse el caso en sus méritos sufriría un daño irreparable40.

       La Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, dispone tres

modalidades de interdictos o injunctions. Las órdenes de entredicho

se emiten ex parte, son de naturaleza discrecional, pueden ser

emitidas sin notificación a la parte afectada si se demuestra la

existencia de un daño inmediato, y son de corta duración, pues

expiran, de ordinario, dentro de un máximo de diez (10) días,

prorrogables por diez (10) días más41. Mientras, el interdicto

preliminar o interlocutorio es un remedio provisional que persigue

mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos,

con el fin de que la conducta del demandado no convierta en

académica la sentencia que finalmente se dicte o que se le ocasione

al peticionario un daño de mayor consideración mientras se

dilucida el litigio42.

       El interdicto preliminar se emite discrecionalmente mediante

notificación previa a la otra parte de la orden con copia de la

petición de injunction, luego de la celebración de una vista,

conforme a la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra, de manera

que no interfiera con la naturaleza sumaria y expedita de este

procedimiento43. Su concesión no prejuzga el caso, pero la orden es

efectiva hasta que finalice el proceso44.

       Los criterios para determinar la concesión o negación de una

solicitud de injunction preliminar son: (1) la naturaleza de los daños

que puedan ocasionárseles a las partes de conceder o denegarlo; (2)

la irreparabilidad o existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la

40  Véase, Asoc. de Vecinos de Villa Caparra Sur v. Asociación de Fomento
Educativo, 173 DPR 304 (2008).
41 Véase, Arrarás v. Tribunal Superior, 100 DPR 379 (1972).
42 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 317 (2008); Rullán v.

Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006).
43 Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776 (1994).
44 Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra; Sucn. Figueroa v. Hernández, 72 DPR

508, 514 (1951).
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probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente

al resolver el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa

se torne académica de no concederlo, y (5) el posible impacto sobre

el interés público del remedio que se solicita45.

       Por su parte, el interdicto permanente se produce por una

sentencia final. Sin embargo, después del juicio en sus méritos y

antes de ordenar un injunction permanente, el tribunal debe

considerar, nuevamente, la existencia o ausencia de algún otro

remedio adecuado en ley46. Al determinar si procede otorgar un

interdicto permanente, el tribunal deberá considerar igualmente los

siguientes criterios: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio

en sus méritos; (2) si el demandante posee algún remedio adecuado

en ley; (3) el interés público involucrado y (4) el balance de

equidades47.

                                     -C-

       La “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto

Rico”, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada

(Ley Núm. 161-2009), se creó a los fines de establecer el marco legal

y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y

denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico48. La Ley

Núm. 161-2009 debe ser interpretada de modo que asegure que las

determinaciones realizadas a su amparo se lleven a cabo de modo

transparente, certero, confiable, uniforme, ágil y garantizando el

debido proceso de ley49.

       El Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, establece la certeza

de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos,

por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los

45 Mun. de Ponce v. Gobernador, supra.
46 Universidad del Turabo v. Liga Atlética Interuniversitaria, 126 DPR 497, 505
(1990).
47 Plaza Las Américas v. N&H, supra, pág. 644.
48 “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, Ley 161-2009,

según enmendada, 23 LPRA sec. 9011, et seq.
49 Artículo 1.3 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 nota.
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profesionales      no   autorizados50.     Al   respecto,   dicho    artículo

expresamente dispone lo siguiente:

                Se presume la corrección y la legalidad de las
         determinaciones finales y de los permisos expedidos por la
         Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo
         con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales
         Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo,
         engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito
         en el otorgamiento o denegación de la determinación final o
         del permiso, o en aquellos casos en que la estructura
         represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones
         ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida
         y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos,
         por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por
         el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura
         se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que
         un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el
         procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta
         Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.
                Además, se dispone que, bajo ninguna circunstancia,
         una determinación final será suspendida, sin mediar una
         autorización o mandato judicial de un Tribunal competente
         o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el
         debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no
         crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la
         propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo
         dispuesto en esta Ley, una determinación final se
         considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser
         impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos
         los requisitos establecidos en la notificación de
         determinación final y haya transcurrido el término de veinte
         (20) días sin que una parte adversamente afectada por la
         notificación haya presentado un recurso de revisión o un
         proceso de revisión administrativa, así como haya
         transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar
         revisión judicial. No obstante, la parte adversamente
         afectada por una determinación final, podrá ser revisada
         sujeto a lo establecido en esta Ley.
                De igual manera, tales permisos deberán ser
         sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades
         Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros.
         Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la
         comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en
         aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la
         salud, la seguridad, a condiciones ambientales o
         arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso
         otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio
         Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional
         Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser
         modificada, conservada o demolida, sólo después de que el
         foro administrativo o judicial competente así lo determine y
         siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el
         Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido
         proceso de ley51. (Énfasis nuestro).

         Por su parte, el Capítulo XIV de la Ley Núm. 161-2009,

contiene las disposiciones aplicables a los casos en los que debe

50 Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9019i.
51 Íd.
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presentarse una acción ante el Tribunal de Primera Instancia52. A

esos efectos, el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, dispone lo siguiente:

                 La Junta de Planificación, así como cualquier entidad
         gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
         Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
         instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en
         representación del interés público o una persona privada,
         natural o jurídica, que tenga un interés propietario o
         personal que podría verse adversamente afectado, podrá
         presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia
         declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar:
         (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se
         haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la
         paralización de una obra iniciada sin contar con las
         autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo
         con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3)
         la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de
         obras construidas, que al momento de la presentación del
         recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con
         permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o
         porque el mismo ha sido revocado. […]53.

                                      -D-

         Toda parte que comparezca por primera vez ante el TPI, el

Tribunal de Apelaciones o el Tribunal Supremo está obligada a pagar

aranceles de presentación y adherir los sellos de rentas internas

correspondientes, esto de acuerdo con la Ley de Aranceles de Puerto

Rico, Sec. 1 Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada

(Ley Núm. 17-1915)54. De lo contrario, el recurso presentado será

nulo y carecerá de valor55. Así pues, el pago de aranceles es una de

las condiciones necesarias para que se perfeccione cualquier

recurso56. El propósito de este requisito es cubrir los gastos

asociados a los trámites judiciales57. La sanción de nulidad por no

adherir los sellos de rentas internas a los documentos judiciales

busca evitar un fraude al erario58.

52 Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9024.
53 Íd.
54 32 LPRA sec. 1476.
55 Sección 5 de la Ley Núm. 17-1915, supra; M-Care Compounding et al. v. Depto.

Salud, 186 DPR 159, 174 (2012); Gran Vista I v. Gutiérrez y Otros, 170 DPR 174,
188-189 (2007); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781 (1976).
56 M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 174.
57 Sección 2 de la Ley Núm. 17-1915, supra; M-Care Compounding et al. v. Depto.

Salud, supra, pág. 174; Gran Vista I v. Gutiérrez y Otros, supra, pág. 188.
58 Sección 2 de la Ley Núm. 17-1915, supra; M-Care Compounding et al. v. Depto.

Salud, supra, pág. 174; Gran Vista I v. Gutiérrez y Otros, supra, pág. 188.
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       De conformidad con la facultad que le confirió la Ley Núm. 47-

2009, el Tribunal Supremo emitió una Resolución, la cual fue

aprobada por la Asamblea Legislativa, para cambiar las cantidades

de los derechos arancelarios. En lo pertinente al caso de autos, por

la primera alegación de la parte demandada en un pleito civil

contencioso, sea contestación o moción en el Tribunal de Primera

Instancia se tendrá que pagar $90.00 en aquellos casos de Sala

Superior59.

       No obstante, dicha regla general contiene excepciones que

relevan a las partes del pago de los derechos arancelarios60. Por

ejemplo, las personas indigentes están exentas del pago de aranceles

y deberán cumplir con los requisitos establecidos, de las Reglas de

Administración del Tribunal de Primera Instancia. Además, el

Tribunal Supremo estableció lo siguiente:

              [H]emos dispuesto también por excepción que si una
       persona solicita por primera vez en la etapa apelativa que se
       le permita litigar como indigente, sin que medie fraude o
       colusión de su parte, y el tribunal rechaza su petición, no se
       desestimará su recurso si presenta los aranceles
       correspondientes después de vencido el plazo apelativo, una
       vez se deniega la solicitud para litigar in forma pauperis.61

       También se ha dispuesto como una excepción a la regla de

nulidad que la desestimación no procede cuando la deficiencia

arancelaria ocurre sin intervención de la parte ni intención de

defraudar, sino por inadvertencia de un funcionario judicial,

que acepta por equivocación un escrito sin pago alguno o por

una cantidad menor de los aranceles que corresponden.

Tampoco es nulo el escrito judicial si la insuficiencia se debió a las

instrucciones erróneas del Secretario del Tribunal, sin intervención

de la parte, colusión o intención de defraudar62. (Énfasis nuestro).

59 In re: Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 192 DPR 397 (2015).
60 M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 176.
61 Sección 6 de la Ley Núm. 17-1915, supra; M-Care Compounding et al. v. Depto.

Salud, supra, pág. 176.
62 M-Care Compounding et al. v. Dpto. de Salud, supra, págs. 176-177.
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         El Tribunal Supremo determinó en Salas v. Baquero, 47 DPR

108, 113-114 (1934) que:

                Por eso, hemos señalado que "[s]i el propósito de la ley
         es proteger los derechos del estado y evitar fraudes al erario,
         no parece lógico que una vez cubiertos los derechos del
         estado, una parte que en nada se perjudica pueda
         aprovecharse del error alegando que la actuación judicial es
         nula desde su origen". Así, en estos casos, el error puede
         subsanarse por la parte que adeuda el pago del arancel.
         (Citas suprimidas).

                                        III.

         Confrontados los hechos e incidentes procesales antes

reseñados con la normativa jurídica esbozada, procedemos a

discutir conjuntamente el primer, segundo y tercer señalamiento de

error presentado por la señora González Santiago.

         En síntesis, la apelante aduce que incidió el TPI al considerar

la Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Prórroga

instada por el apelado, por entender que la misma fue presentada

de forma tardía y sin pagar el arancel correspondiente. Ante ello, la

apelante sostiene que erró el foro primario al conceder la prórroga

solicitada para presentar alegación responsiva.

         Según surge del expediente ante nos, el 23 de junio de 2023,

el foro primario emitió una Resolución y Orden mediante la cual le

concedió al señor Zarcone Candelario un término de cinco (5) días

para presentar su alegación responsiva. No obstante, el 30 de junio

de 2023, el señor Zarcone Candelario compareció ante el TPI

mediante Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de

Prórroga.

         Conforme a la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, “[c]uando el

plazo concedido sea menor de siete (7) días, los sábados, domingos

o días de fiesta legal intermedios se excluirán del cómputo”63. Por

tanto,     es    forzoso     concluir     que   el   apelante    compareció

oportunamente antes de expirar el plazo concedido por el TPI.

63 32 LPRA Ap. V, R. 68.1.
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Conforme a lo anterior, el foro primario, en su ejercicio de discreción

judicial, concedió la prórroga solicitada hasta el 10 de julio de 2023,

fecha en que el apelado presentó su alegación responsiva.

      Respecto al pago del arancel por primera comparecencia del

apelado, la normativa jurídica antes citada establece que el error de

no adherir el arancel correspondiente se puede subsanar al pagar el

mismo. Además, en el presente caso, no existen elementos

suficientes para concluir que haya tenido la intención de defraudar

al erario al presentar los documentos pertinentes. Cabe señalar que

el pago del arancel correspondiente por primera comparecencia se

emitió el 5 de julio de 2023. Por tanto, concluimos que los

señalamientos de error primero, segundo y tercero no se cometieron.

      En cuanto al cuarto, quinto y sexto señalamiento de error, la

señora González Santiago sostiene que el foro primario se equivocó

al desestimar la Demanda, toda vez que, según insiste, el permiso

de construcción fue obtenido mediante dolo y engaño, por lo que

debe revocarse. Además, sostiene que contrario a lo resuelto, es el

tribunal de instancia el foro con jurisdicción para atender su

reclamo, y no el DACo.

      Tras un minucioso examen del recurso de apelación y los

documentos que obran del expediente, concluimos que el TPI actuó

correctamente al desestimar la demanda al amparo de la Regla 10.2

de Procedimiento Civil. Una lectura de las alegaciones contenidas

tanto en la Demanda como en el recurso apelativo demuestran sin

más que la argumentación de la señora González Santiago se

circunscribe a violaciones a la Ley de Condominios, supra. En

particular, la apelante sostiene que los trabajos de construcción que

se llevan a cabo afectarán la fachada del edificio, por lo que el señor

Zarcone Candelario está violentando la referida ley.

      Ahora bien, la señora González Santiago presentó su recurso

bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, solicitando la
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revocación del permiso, fundamentándose primordialmente en el

incumplimiento con la Ley de Condominios, supra. En atención a la

Ley Núm. 161-2009, supra, la señora González Santiago se limita a

argumentar que el permiso fue obtenido mediante engaño, toda vez

que, según alega, los planos presentados ante la Oficina de Permisos

no concuerdan con el memorial explicativo sometido para solicitar

el permiso de construcción.

      Nótese del derecho expuesto que la solicitud para que se deje

sin efecto un permiso al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm.

161-2009, supra, es para las instancias específicas provistas por el

propio artículo, el cual debe ser interpretado de conformidad con el

Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, supra. Es decir, un análisis

de ambos artículos provee para que el TPI revoque un permiso

otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información

incorrecta o falsa o cuando, entre otras cosas, medie fraude, dolo,

engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el

otorgamiento de un permiso. De un análisis de las alegaciones de

las partes, del tracto procesal de la controversia y de los documentos

que obran en el expediente, no se puede concluir que ha mediado

alguna de tales circunstancias específicas que permitan revocar el

permiso emitido.

      A esos efectos, somos del criterio, al igual que el foro de

instancia, que el injunction estatutario dispuesto por el Artículo 14.1

de la Ley Núm. 161-2009, supra, no es el mecanismo para ventilar

la reclamación de la señora González Santiago, la cual se ciñe a

violaciones a la Ley de Condominios, supra. Tampoco podemos

perder de vista que la señora González Santiago presentó una

Querella ante el DACo, la cual aún se encuentra pendiente de

adjudicación, de la cual surgen las mismas alegaciones y en donde

se solicitan los mismos remedios incluidos en la reclamación

incoada ante el foro judicial. De manera que, el asunto se está
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ventilando de manera simultánea en el foro administrativo. En

consecuencia, concluimos que no se cometieron los errores cuarto,

quinto y sexto.

      Advertimos pues, una vez el organismo administrativo pase

juicio sobre ello, la señora González Santiago puede presentar un

recurso de revisión judicial ante este foro, de estar inconforme con

el curso decisorio de la agencia. Ello, a los fines de evaluar las

alegadas violaciones a la Ley de Condominios, supra.

                                IV.

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la

determinación apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones