Court Opinion

ID: 9941420
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:34:11.515043+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:37.394167
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

   ÁNGEL LUIS RESTO                               CERTIORARI
     PÉREZ, LYDIA                                 procedente del
   MARGARITA RESTO                                Tribunal de
    PÉREZ Y RUFINO                                Primera Instancia,
     RESTO PÉREZ                                  Sala Superior de
       Recurridos                                 Caguas
                               KLCE202400046
             v.                                   Caso número:
                                                  CY2022CV00110
   WILMA R. RAMIÍREZ
   RIVERA Y MIGUEL                                Sobre:
         PLAZA                                    DESAHUCIO
      Peticionarios                               PRECARIO

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

      Comparece ante nos, Wilma R. Ramírez Rivera y Miguel Plaza

(en conjunto, la parte peticionaria) y nos solicitan que revisemos la

Minuta emitida el 7 de septiembre de 2023 y notificada el 12 de

septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de Caguas. Mediante dicha Minuta, el TPI determinó que el

caso no debía ser resuelto mediante el mecanismo de sentencia

sumaria y entre otras cosas, concedió un término de noventa (90)

días para presentar una tasación. Además, las partes recurren de

una Orden emitida el 5 de diciembre de 2023 y notificada el 12 de

diciembre de 2023, mediante la cual dio por cumplida la Orden

emitida en la mencionada Minuta, relacionada con la tasación.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación, se

desestima el Recurso de Certiorari por falta de jurisdicción.

                                 I.

      Surge del expediente ante nos que, el 28 de marzo de 2022,

Ángel Luis Resto Pérez, Lydia Margarita Resto Pérez y Rufino Resto

Pérez (en conjunto, la parte recurrida) presentaron una Demanda de

 Número Identificador
 RES2024 _______________
KLCE202400046                                                        2

Desahucio en contra de la parte peticionaria. Posteriormente, el 18

de mayo de 2022, la parte peticionaria presentó una Contestación a

la Demanda. Consecuentemente, el 30 de junio de 2022, la parte

recurrida presentó una Contestación a la Reconvención y Solicitud de

Anotación de Rebeldía del Codemandado Miguel Plaza. El 11 de

agosto de 2022, el peticionario, Miguel Plaza, presentó una Solicitud

[sic] se Levante la Anotación de Rebeldía al Codemandado Miguel

Plaza.

         Luego de varios trámites procesales, el 1 de marzo de 2023, la

parte peticionaria presentó una Moción de Sentencia Sumaria.

Subsiguientemente, el 9 de marzo de 2023, la parte recurrida

presentó un Escrito en Oposición a la Moción Radicada por los

Codemandados el 1ro de marzo de 2023 y en Torno al Acuerdo de

Transacción. Así, el 22 de marzo de 2023, la parte peticionaria

presentó una Réplica de Parte Demandada a Escrito en Oposición

[…].

         El 7 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una Vista sobre el

estado de los procedimientos. El 12 de septiembre de 2023, fue

transcrita la Minuta sobre la Vista de referencia y notificada a las

partes. El 30 de noviembre de 2023, la parte peticionaria presentó

una Moción Sometiendo Tasación de la Parte Demandada. Así, el 4

de diciembre de 2023, la parte recurrida presentó una Moción en

Cumplimiento de Orden […]. Oportunamente, el 5 de diciembre de

2023, el TPI emitió una Orden mediante la cual dio por cumplida la

Orden del 7 de septiembre de 2023. Dicha Orden fue notificada el 12

de diciembre de 2023.

         El 7 de diciembre de 2023, la parte peticionaria presentó una

Solicitud de Reconsideración a Minuta […]. El 12 de enero de 2024,

la parte peticionaria presentó un Recurso de Certiorari ante este

Tribunal y alegó la comisión de los siguientes errores:
KLCE202400046                                                3

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, al resolver
      que el derecho plasmado en Escritura Pública,
      número Tres, [3], del Tres, [3], de agosto del 2020,
      sobre “Dación en Pago”, otorgada por Don Eladio
      Veguilla López como Cedente y Doña Wilma Rosa
      Ramírez, (La Demandada) como recipiente del
      derecho, por su prestación de servicios resulta
      inoficiosa.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      determinar que La Solicitud de Sentencia
      Sumaria, a pesar de no ser controvertida
      eficientemente y en contrario, la parte
      demandada admitió sin reparos, la Escritura de
      Dación En Pago. Siendo sus mejores argumentos
      la preterición, de una heredera y ser esa
      heredera, parte indispensable en el derecho
      contractual, por mor de ser hija; y lesión a su
      derecho hereditario.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, al resolver,
      no podía dejarse sin herencia, a un potencial
      heredero, y no hacerla parte indispensable del
      Negocio Jurídico plasmado en la escritura, de
      marras, 2 ante. Ello conforme a lo solicitado por
      la parte demandante, en su Réplica a nuestra
      Moción de Sentencia Sumaria y esbozado ante el
      tribunal en vista virtual Mediante Medios
      electrónicos.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, al entender
      inoficiosa la “Dación En Pago” y determinar que
      la participación de los Herederos demandantes,
      son, en efecto acreedores al Ochenta y Tres,
      [83%] por ciento, del caudal existente. Por dicha
      vara, entonces la demandada, es acreedora al
      Diez y Siete [17%]. Además, debe satisfacer
      “Renta, desde el fallecimiento de las personas”.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al no
      exponer, ni verbal, ni por escrito, las bases en
      Hermenéutica jurídica, para determinar hechos y
      derechos aplicables al caso, al determinar que no
      era de aplicación la Solicitud de Sentencia
      Sumaria radicada por la demandada y Teniendo
      ante sí, réplica de la parte demandante, que, en
      efecto, sus únicas alegaciones fueron La falta de
      parte indispensable en las escrituras de Dación
      En Pago y el pago de “renta” por el uso del
      inmueble. Aun, cuando la parte demandante
      aceptó, la existencia de la escritura de Dación en
      Pago, como eficiente y sin reparos de esta.
      Simplemente oyó a la parte demandante, y sus
      planteamientos, más los de la parte demandada
      fueron desestimados de plano, simplemente
      entendimos, el señor Juez estableció que “no es
      así”. Dándole la razón y avalando las
      contenciones de la demandante.
KLCE202400046                                                     4

         Erró el Tribunal de Instancia, al emitir
         Resolución, firmada por la Secretaria de Sala, en
         la que se resumió escuetamente, más o menos, lo
         que pronunció el Señor juez. “El tribunal”, dice
         la minuta, “hace constar que este caso no se
         resuelve por sentencia sumaria, es un caso
         sencillo”. Luego narra que el tribunal procede a
         “discutir con las partes” el procedimiento y el
         computo que hizo para esta determinación. Por
         otra parte, se resume dicha narrativa sobre la
         vista que “El licenciado Ríos entiende que es
         tribunal ha errado en su apreciación de la prueba
         porque hay una escritura de dación en pago”. “El
         Licenciado Ríos solicita del tribunal haga
         determinaciones por escrito para recurrir”.
         Finalmente, el tribunal hace constar que se
         necesita el valor de la propiedad y concede el
         término de 90 días para que cada parte produzca
         una tasación. Una vez se reciba la tasación, se
         emitirá una orden para señalar una vista. Todo en
         un lapso de tiempo en el cual no se consideró,
         realmente una cintila de la prueba, por ser
         considerado un caso sencillo. Así mismo se
         resumió la minuta.

         Erró el tribunal al no atender Moción de
         Reconsideración de la parte demandada del 7 de
         diciembre del 2023, entrada 59, del Registro, en
         la cual exponemos, a nuestro mejor juicio, todas
         las alegaciones y jurisprudencia suficiente,
         aplicable al caso, respecto al Derecho hereditario,
         posible, así como el derecho contractual del caso.
         Todo amparado en los hechos y la evidencia
         disponible por no existir resolución informada
         firmada por el Señor juez; salvo la orden a las
         partes a someter Tasaciones del inmueble en 90
         días. Siendo su última Resolución Firmada el 12
         de diciembre del 2023, entrada 60, del registro,
         luego las partes sometieran las tasaciones a la
         consideración del tribunal, en la cual, solamente
         dice: “Se da por cumplida”.

                              II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205
KLCE202400046                                                           5

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,
KLCE202400046                                                           6

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
          diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Sin embargo, la jurisdicción para atender el auto está atada,

entre otras cosas, a la fecha de su presentación. A estos efectos, la

Regla 32(D) del Reglamento de este Tribunal dispone que “[e]l
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recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución u orden

[...] del Tribunal de Primera Instancia se formalizará mediante la

presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la notificación

de la resolución u orden recurrida”. Regla 32(D) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Este término es de

cumplimiento estricto. Íd.; Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679,

690 (2011).

   B. La jurisdicción

      La jurisdicción es el poder de un tribunal para considerar y

decidir casos y controversias. MCS Advantage Inc. v. Fossas Blanco

y otros, 211 DPR 135 (2023). Véase, además, Pueblo v. Rivera Ortiz,

209 DPR 402 (2022); Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586

(2021).

      Reiteradamente, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción y que no contamos discreción para asumir jurisdicción

donde no la tenemos. Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank,

204 DPR 374 (2020); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., et al., 188

DPR 98, 104-105 (2013). Asimismo, nuestro más alto Foro ha

reiterado que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada

por las partes. Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, supra.

Es por ello, que las cuestiones relativas a la jurisdicción de un

tribunal son privilegiadas y deben atenderse con primacía. Íd.

      Así pues, “[u]na sentencia, dictada sin jurisdicción por un

tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto,

inexistente”. Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, supra.

A causa de ello, cuando un tribunal determina que no tiene

jurisdicción para intervenir en un asunto, procede la inmediata
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desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. Íd.

      Consecuentemente, si un recurso de apelación se presenta

luego del término que provee la ley para recurrir, el mismo debe

desestimarse por ser un recurso tardío. Pueblo v. Rivera Ortiz, supra.

La presentación tardía del recurso adolece del defecto insubsanable

de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home

v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 107 (2015). Así, la desestimación

de un recurso tardío es final, por lo que priva fatalmente a la parte

de presentarlo nuevamente, ante cualquier Foro.

      Lo determinante para concluir si un recurso es tardío, es su

fecha de presentación. Pueblo v. Rivera Ortiz, supra; Mun. de Rincón

v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989,1018 (2015). Por lo tanto, se debe

cumplir estrictamente todo el procedimiento para apelar o de lo

contrario, el tribunal revisor no tendrá jurisdicción sobre el asunto.

Pueblo v. Rivera Ortiz, supra; Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR

102, 105 (1974).

      Cónsono con lo anterior, la Regla 83 (B) (1) y (C) de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, nos faculta a desestimar, motu

proprio, un recurso por falta de jurisdicción. Yumac Home v.

Empresas Massó, supra; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122

(2012).

   C. Reconsideración

      Es norma reiterada que “los tribunales tienen el poder

inherente de reconsiderar sus determinaciones, a solicitud de parte

o motu proprio, siempre que, al actuar de esa manera, todavía

conserven jurisdicción sobre el caso”. División de Empleados

Públicos v. CEMPR, 2023 TSPR 107, 212 DPR ___ (2023). Véase,

además, Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011); Interior

Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693 (2009). Así, la moción
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de   reconsideración     es   el   mecanismo      que    provee    nuestro

ordenamiento para permitir que un tribunal modifique su fallo y

enmiende o corrija los errores en que haya incurrido. División de

Empleados Públicos v. CEMPR, supra. Dicho mecanismo procesal

está regido por la Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y

dispone que:

      La parte adversamente afectada por una orden o resolución
      del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término
      de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha
      de la notificación de la orden o resolución, presentar una
      moción de reconsideración de la orden o resolución.

      La parte adversamente afectada por una sentencia del
      Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término
      jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo
      en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar
      una moción de reconsideración de la sentencia.

      La moción de reconsideración debe exponer con suficiente
      particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la
      parte promovente estima que deben reconsiderarse y
      fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las
      determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de
      derecho materiales.

      La moción de reconsideración que no cumpla con las
      especificidades de esta regla será declarada "sin lugar" y se
      entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir.
      Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán
      interrumpidos los términos para recurrir en alzada para
      todas las partes. Estos términos comenzarán a correr
      nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia
      de la notificación de la resolución resolviendo la moción de
      reconsideración.

      La moción de reconsideración se notificará a las demás
      partes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos
      por esta regla para presentarla ante el tribunal de manera
      simultánea. El término para notificar será de cumplimiento
      estricto.

      Así pues, ante una determinación del Tribunal de Primera

Instancia las partes cuentan con un término de quince (15) días

desde la fecha de la notificación para presentar la moción de

reconsideración. Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. Este

término es de carácter jurisdiccional cuando se solicita la

reconsideración de una sentencia. Íd. Por otro lado, el término de

quince (15) días para presentar la reconsideración de una
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determinación interlocutoria, ya sea una resolución u orden, es a su

vez de cumplimiento estricto. Íd.

      Es importante resaltar que los términos dispuestos en la Regla

47 de Procedimiento Civil, supra, y en la Regla 52.2 de

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), para recurrir al Tribunal de

Apelaciones, inician simultáneamente con la notificación de la

determinación de la cual se busca la reconsideración o revisión en

alzada. Véase, División de Empleados Públicos v. CEMPR, supra. Sin

embargo, las Reglas 47 y 52.2 de Procedimiento Civil, supra,

disponen que la solicitud de reconsideración tiene el efecto de

paralizar los términos para acudir en revisión al Tribunal de

Apelaciones. Por consiguiente, “[d]e presentarse un recurso de

apelación antes de que el Tribunal de Primera Instancia disponga de

esa moción, este sería prematuro, por lo que el foro apelativo

intermedio carecería de jurisdicción para atenderlo”. División de

Empleados Públicos v. CEMPR, supra.

                             III.

      Según surge del tracto procesal que antecede, el 1 de marzo

de 2023, la parte peticionaria presentó una Moción de Sentencia

Sumaria. Consecuentemente, el 9 de marzo de 2023, la parte

recurrida presentó un Escrito en Oposición a la Moción Radicada por

los Codemandados el 1ro de marzo de 2023 y en Torno al Acuerdo de

Transacción. Así las cosas, el 7 de septiembre de 2023, el foro

recurrido llevó a cabo una Vista sobre el estado de los

procedimientos. Acto seguido, se transcribió la Minuta de la Vista

celebrada el 7 de septiembre de 2023 y, en consecuencia, el 12 de

septiembre de 2023, se les notificó a las partes a través del Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).

      Surge de la Minuta del 7 de septiembre de 2023, que el foro de

instancia hizo constar que el caso no debía resolverse por sentencia
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sumaria y explicó la razón a las partes. Además, surge de la Minuta

que el foro recurrido concedió a las partes un término de noventa

(90) días para que cada parte produjera una tasación.

        El 30 de noviembre de 2023, la parte peticionaria presentó

una Moción Sometiendo Tasación de la Parte Demandada. El 4 de

diciembre de 2023, la parte recurrida presentó una Moción en

Cumplimiento de Orden. Consecuentemente, el 5 de diciembre de

2023, el TPI emitió una Orden, notificada el 12 de diciembre de 2023,

mediante la cual dio por cumplida la Orden del 7 de septiembre de

2023.

        El 7 de diciembre de 2023, la parte peticionaria presentó una

Solicitud de Reconsideración a Minuta […]. El 12 de enero de 2024,

la parte peticionaria presentó el Recurso de Certiorari que nos ocupa.

        De una lectura minuciosa del expediente ante nos, así como,

del expediente del SUMAC y la Minuta del 7 de septiembre de 2023,

se desprende que no albergamos jurisdicción para atender el

recurso de epígrafe. Aun cuando en la primera página del recurso,

la parte peticionaria esbozó que recurría de la Orden emitida por el

TPI el 5 de diciembre de 2023 y notificada el 12 de diciembre de

2023, al analizar el recurso surge claramente, tanto de los errores

señalados como del análisis, que la intención de la parte peticionaria

es que revisemos la Minuta emitida el 7 de septiembre de 2023, en

la cual se denegó la solicitud de sentencia sumaria.

        Así, la parte peticionaria intentó recurrir de la Orden emitida

el 5 de diciembre de 2023, mediante el cual el foro de instancia dio

por cumplida la Orden del 7 de septiembre de 2023, sin hacer

ningún pronunciamiento específico en derecho. Indudablemente, la

parte peticionaria recurrió de la Minuta del 7 de septiembre de 2023,

cuyo término estaba vencido. Es decir, si la parte peticionaria estaba

inconforme con la determinación que el TPI hizo en la Vista sobre el
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estado de los procedimientos y que recogió en la Minuta, tenía que

presentar la solicitud de reconsideración dentro del término de

quince (15) días desde que se le notificó la misma o en la alternativa,

recurrir ante este Tribunal en el término de treinta (30) días

dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

      Al presentarse el recurso de certiorari el 12 de enero de 2024,

este es tardío, pues la Solicitud de Reconsideración a Minuta […], que

presentó la parte peticionaria el 7 de diciembre de 2023, no paralizó

el término para acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones.

      Además, es pertinente puntualizar que, a la fecha de la

presentación del recurso de epígrafe, el TPI no había hecho

pronunciamiento     alguno    con    relación   a   la   solicitud   de

reconsideración que presentó la parte peticionaria ante su

consideración. Por lo tanto, de haberse presentado la solicitud de

reconsideración a tiempo, lo que no ocurrió, tampoco tendríamos

jurisdicción por ser el recurso uno prematuro.

                              IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el Recurso

de Certiorari por tardío. Se devuelve el caso al foro de instancia para

la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Álvarez Esnard concurre sin opinión escrita.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones