Court Opinion

ID: 9381050
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:12:03.599655+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.374511
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

MARÍA DE LOURDES PEREIRA                               Certiorari
BABILONIA                                              procedente del
                                                       Tribunal de Primera
          Recurrida                                    Instancia, Sala
                                                       Superior de San
                                                       Caguas
              v.                 KLCE202201196
                                                       Caso Núm.:
                                                       CG2021CV01701
DAISY ESPINET CABRERA
ISABELA, LA TRATTORIA                                  Sobre:
CORP.                                                  Acción Resolutoria,
                                                       Daños, Ley de
        Peticionaria                                   Corporaciones

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

       Comparecen Daisy Espinet Cabrera (señora Espinet Cabrera)

y el restaurante Isabela La Trattoria, Corp. (en conjunto, parte

peticionaria), mediante recurso de certiorari y solicitan nuestra

intervención para que revoquemos la Minuta del 24 de agosto de

2022, y las Órdenes del 30 de septiembre de 2022 y 12 de octubre

de 2022, respectivamente1, que emitió el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI o foro primario)2.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por

prematuro en cuanto a la Minuta del 24 de agosto de 2022 y la Orden

del 12 de octubre de 2022. En relación con la Orden del 30 de

1 La Minuta fue notificada y archivada en autos el 29 de agosto de 2022, véase
Entrada Núm. 99 del SUMAC. La Orden del 30 de septiembre de 2022, fue
notificada y archivada en autos en la misma fecha, véase Entrada Núm. 132 del
SUMAC. La Orden del 12 de octubre de 2022, fue notificada y archivada en autos
en la misma fecha, véase Entrada Núm. 142 del SUMAC.
2 Nuestro Tribunal Supremo determinó en Silva Barreto v. Tejada Martell, 199 DPR

311 (2017) que se permite acumular en un mismo recurso apelativo varias
determinaciones emitidas en el mismo caso, condicionado a que el recurso se
presente oportunamente en alzada.

Número Identificador
SEN2022__________
KLCE202201196                                                                       2

septiembre        de   2022,     expedimos      el     recurso   de   certiorari    y

confirmamos la determinación recurrida.

                                          I.

         El 15 de julio de 2021, la señora María de Lourdes Pereira

Babilonia (señora Pereira Babilonia o parte recurrida), presentó

Demanda3 sobre acción resolutoria, daños y perjuicios y una causa

de acción al amparo de la Ley de Corporaciones. Alegó que la señora

Espinet Cabrera y la señora Pereira Babilonia son accionistas de

Isabela La Trattoria, Corp., cada una con un cincuenta por ciento

(50%) de participación en las acciones corporativas. Asimismo, la

parte recurrida arguyó que, desde el 17 de febrero de 2021, la señora

Espinet Cabrera ha realizado compras, desembolso y retiros de la

cuenta operacional de Isabela La Trattoria, Corp. y ha otorgado

contratos con terceros sin contar con la aprobación de la señora

Pereira Babilonia, quien es accionista igualitaria.

         Luego de solicitar prórroga, el 29 de septiembre de 2021, la

señora Espinet Cabrera, sin someterse a la jurisdicción, presentó su

Contestación a Demanda y Reconvención4.

         Posteriormente, el 26 de enero de 2022, la parte recurrida

cursó a la parte peticionaria el Primer Pliego de Interrogatorio,

Requerimiento de Admisiones y Producción de Documentos5. En esta

misma fecha, la parte peticionaria presentó una Moción de Prórroga.

El TPI le concedió a la parte peticionaria una prórroga de veinte (20)

días para proveer la información solicitada por la parte recurrida.

         El 1 de abril de 2022, la parte peticionaria notificó la

Contestación a Primer Interrogatorio y Requerimiento de Admisiones

y Producción de Documentos6. Inconforme, el 19 de mayo de 2022,

la     parte     recurrida      presentó       una     Moción    Objetando         las

3   Véase Apéndice 1 del recurso de Certiorari.
4   Véase Apéndice 2 del recurso de Certiorari.
5   Véase Apéndice I de la Oposición a Certiorari.
6   Véase Apéndice VII de la Oposición a Certiorari.
KLCE202201196                                                                 3

Contestaciones7 ofrecidas por la parte recurrente. El 24 de mayo de

2022, el TPI emitió una Orden, en la que dispuso: “Enterado.

Exponga su posición la parte demanda en el periodo de 5 días

perentorios, so pena de conceder lo solicitado”8. El 3 de junio de

2022, la parte peticionaria solicitó veinte (20) días para cumplir la

orden9.

       El 4 de junio de 2022, la parte peticionaria presentó un escrito

intitulado Moción informando incumplimiento de la demandada con

la orden del Tribunal en solicitud de otras órdenes en oposición a

prórroga solicitada por demandada10. Ante ello, el TPI emitió una

Orden11 en la que concedió una prórroga de quince (15) días para el

cumplimiento de la orden previamente emitida. El 20 de julio de

2022, la parte peticionaria presentó Moción en cumplimiento de

Orden; informativa sobre error de envío incompleto de prueba

documental y sobre otros extremos12.

       El 3 de agosto de 202213 el TPI celebró una vista procesal.

Según surge de la Minuta, a la vista compareció la Lcda. Maribel

Vidal Valdés en representación de la parte recurrida; la parte

peticionaria no compareció ni su representación legal, Lcdo. Nelson

Rivera    Cabrera.     Ante    dicha    incomparecencia,        la   vista   se

recalendarizó para el 24 de agosto de 2022. A su vez, el TPI impuso

una sanción de $300.00 dólares al representante legal de la parte

peticionaria     por     el   reiterado      incumplimiento,         tanto   al

descubrimiento de prueba como a las órdenes del tribunal. El 11 de

agosto de 2022 se transcribió la Minuta, la cual no fue firmada por

7  Véase Apéndice VIII de la Oposición a Certiorari.
8  Véase Apéndice IX de la Oposición a Certiorari.
9 Véase Apéndice X de la Oposición a Certiorari.
10 Véase Apéndice XI de la Oposición a Certiorari.
11 Véase Apéndice XII de la Oposición a Certiorari.
12 Véase Apéndice XIV de la Oposición a Certiorari.
13 El 17 de junio de 2022, el TPI notificó a las partes del señalamiento. Véase,

Entrada Núm. 45 del SUMAC.
KLCE202201196                                                             4

la jueza del TPI y así se notificó a los representantes legales de las

partes14.

         El 24 de agosto de 2022 se celebró Vista Sobre el Estado de

los Procedimientos. Nuevamente, surge de la Minuta que la Lcda.

Maribel Vidal Valdés compareció en representación de la parte

recurrida, pero no compareció la parte peticionaria ni el Lcdo.

Nelson Rivera Cabrera. En esta ocasión, el TPI impuso $3,000 de

sanciones a favor de la parte recurrida a ser resarcidos en el período

de diez (10) días perentorios, so pena de mayores sanciones. El 29

de agosto de 2022 se transcribió la Minuta, la cual no fue firmada

por la jueza del TPI y así se notificó a todas las partes, incluyendo a

la parte peticionaria15.

         El 2 de septiembre de 2022, la parte peticionaria presentó

Moción Solicitando Reconsideración Parcial de Orden16. En su escrito,

solicitó la reconsideración parcial en cuanto a la cuantía de la

sanción impuesta por la incomparecencia de su representación legal

a la vista señalada para el 24 de agosto de 2022. El 7 de septiembre

de 2022, el TPI emitió una Orden17 en la que ordenó a la parte

recurrida exponer su posición en relación con la moción de

reconsideración de cuantía de sanción.

         El 8 de septiembre de 2022, la señora Espinet Cabrera

presentó Moción por derecho propio18 en la cual alegó lo siguiente:

         Traigo a la atención del Honorable Tribunal, mi preocupación
         ante el hecho de que quien es mi representante legal a la cual
         se le pagó y aún no ha concluido el asunto sea quien me está
         demandado. La demandante a quien representa la Lcda.
         Vidal fue mi pareja sentimental, la también Lcda. María de
         Lourdes Pereira Babilonia. Siendo la Lcda. Vidal mi
         representante legal en gestiones de cobro aun inconclusas
         me preocupa granadamente el que tiene mi información
         personal en su totalidad.

         Respetuosamente solicito al Honorable Tribunal tome las
         medidas pertinentes en ese asunto o me indique que

14   Véase   Entrada Núm. 98 del SUMAC.
15   Véase   Entrada Núm. 99 del SUMAC.
16   Véase   Apéndice XIX de la Oposición a Certiorari.
17   Véase   Apéndice XX, XXI-A de la Oposición a Certiorari.
18   Véase   Apéndice XXIV de la Oposición a Certiorari.
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          medidas puedo tomar. (Se anejan el contrato entre la parte
          recurrente y la Lcda. Vidal Valdés).

          El 8 de septiembre de 2022, notificada el 12 de septiembre de

2022, el TPI emitió una Orden19 a la parte recurrida para que en el

término de diez (10) se expresara sobre la Moción por Derecho Propio

presentada por la parte peticionaria. Luego de solicitar prórroga, la

parte recurrida presentó Réplica y Oposición Respecto a Moción por

Derecho Propio radicada por Daisy Espinet Cabrera-Demandada20. El

12 de octubre de 2022, el TPI emitió y notificó una Orden en la que

dispuso: “enterado”21.

          Inconforme, el 15 de septiembre de 2022, la parte recurrida

presentó la Urgente moción de reconsideración en cuanto a negativa

de modificar órdenes de descubrimiento de prueba a terceros22. El 29

de septiembre de 2022, la parte recurrida presentó la Moción en

Cumplimiento de Orden y Replicando “Moción en solicitud de Orden a

la parte Demandante para que cumpla con su deber de firmar cheques

a tiempo, urgente moción en solicitud de Orden dirigida a los

suplidores para que no afecten las operaciones del restaurante…23.

El 30 de septiembre de 2022, el TPI emitió y notificó una Orden24 en

la que dispuso lo siguiente: “Enterado, se ordena a la parte

demandada proceda con el cumplimiento del trámite, conforme a

derecho”.

          Aún inconforme, el 31 de octubre de 2022, la parte

peticionaria presentó el recurso de epígrafe en el cual imputa al TPI

los siguientes señalamientos de error:

          PRIMERO: EL HONORABLE TPI, SALA DE CAGUAS AL IMPONER
          SANCIONES ECONÓMICAS ASCENDENTES A $3,000.00 POR
          ALEGADO INCUMPLIMIENTO CON EL DEBER DE DESCUBRIR PRUEBA
          CUANDO LOS INTERROGATORIOS FUERON CONTESTADOS, LAS
          CONTESTACIONES     SUPLEMENTADAS,     COPIOSA      PRUEBA
          DOCUMENTAL PRODUCIDA Y LA RESTANTE PUESTA A LA DISPOSICIÓN
          DE LA PARTE DEMANDANTE, QUIEN ES ACCIONISTA EN UN 50% DE

19   Véase, Entrada Núm. 120 del SUMAC.
20   Véase, Entrada Núm. 137 del SUMAC.
21   Véase Apéndice X del recurso de Certiorari.
22   Véase Apéndice XXII de la Oposición a Certiorari.
23   Véase Apéndice XXIII de la Oposición a Certiorari.
24   Véase Entrada Núm. 132 del SUMAC.
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       LA CORPORACIÓN TIENE PLENO ACCESO A LAS FACILIDADES DE LA
       CORPORACIÓN Y A LOS DOCUMENTOS EN ELLOS CONTENIDOS.

       SEGUNDO: COMETIÓ MANIFIESTO ERROR DE DERECHO EL
       HONORABLE TRIBUNAL A QUO AL NO CONSIDERAR Y RESOLVER
       COMO CUESTIÓN DE UMBRAL UN PLANTEAMIENTO DE IMPUGNACIÓN
       DE CAPACIDAD DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE
       DEMANDANTE PARA CONTINUAR REPRESENTADO A DICHA PARTE
       CUANDO SU REPRESENTACIÓN LEGAL LO ES TAMBIÉN DE LA PARTE
       CODEMANDADA, SRA. DAISY ESPINET CABRERA.

       TERCERO: COMETIÓ MANIFIESTO ERROR DE DERECHO EL
       HONORABLE TRIBUNAL AL RESOLVER QUE NO TENÍA FACULTAD EN
       LEY PARA MODIFICAR ÓRDENES SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE
       PRUEBA CUANDO LAS MISMAS FUERON DICTADAS POR EL PROPIO
       HONORABLE TRIBUNAL.

       El 22 de diciembre de 2022, la parte recurrida presentó su

Oposición a Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable a la

controversia ante nos.

                                        II.

                                       -A-

       El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía

revise las determinaciones25 de un foro inferior26. Esta facultad

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un

recurso de certiorari, está limitada por la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil de Puerto Rico27, que establece cuáles asuntos

interlocutorios serán revisables.

       Esta    norma      procesal     faculta    nuestra     intervención     en

situaciones determinadas. En específico, dispone que:

           […]
           El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
       Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
       Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden
       bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

25 “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable
mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al.,
203 DPR 708, 718 (2019).
26 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338
(2012).
27 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202201196                                                                      7

       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
       la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión.
           Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
       expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
       revisada en el recurso de apelación que se interponga contra
       la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este
       apéndice sobre los errores no perjudiciales28.

       Una vez el tribunal apelativo determina que la resolución

interlocutoria es revisable según la Regla 52.1, supra, procede su

evaluación al amparo de otros parámetros. Así pues, la discreción

del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin

parámetros29. Al ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para

ello debemos considerar30. Éstos son:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.
       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.
       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.
       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.
       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.
       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

28 Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar
la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar
a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp.
et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).
29 Véase Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).
30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202201196                                                                  8

       Este recurso debe ser utilizado con cautela y por razones de

peso31. Solo procede “cuando no existe un recurso de apelación o

cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los

derechos del peticionario”, o en aquellos casos en los que la ley no

provee un remedio adecuado para corregir el error señalado32.

       Nuestro ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto33. Esta norma de

deferencia también aplica a las decisiones discrecionales de los

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

       No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el
       ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en
       aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1)
       actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso
       abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o
       aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo34.

       Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento       impone     que    ejerzamos      nuestra     discreción     y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención. No obstante, “[a]l denegar

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”35.

                                      -B-

       Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción36. Por ello, antes de entrar en los

31 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 918 (2009).
32 Íd.
33 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
34 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
35 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
36 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora Estelar v.

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169
DPR 873, 882 (2007).
KLCE202201196                                                                  9

méritos de una controversia, es necesario que nos aseguremos que

poseemos      la   facultad     para    actuar,     ya   que     los   asuntos

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos con

preferencia37.

       El Tribunal Supremo ha definido la “jurisdicción” como “el

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o

controversias”38. En los casos en que los tribunales carecen de

jurisdicción, el único curso de acción posible es así declararlo, sin

necesidad de discutir los méritos del recurso en cuestión39. De no

hacerlo, la determinación sería nula, por lo que carecería de

eficacia40. La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones41

autoriza a este Tribunal para que, a iniciativa propia o a solicitud de

parte, desestime un recurso por falta de jurisdicción.

       Conforme a la Regla 31 del Reglamento de este Tribunal, un

recurso de certiorari “se formalizará mediante la presentación de una

solicitud de certiorari” en el término provisto por la Ley de la

Judicatura de Puerto Rico y por el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones42.

       Cónsono con lo anterior, la Regla 32 (D), supra, establece que,

para solicitar la revisión de una resolución del Tribunal de Primera

Instancia, la parte que recurra deberá presentar su solicitud “dentro

de los treinta días siguientes a la fecha del archivo en autos de una

copia de la notificación de la resolución u orden recurrida”43. Este

término es de cumplimiento estricto y solo puede prorrogarse por

causa justificada44.

37 Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); González v. Mayagüez
Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); García v. Hormigonera Mayagüezana,
172 DPR 1, 7 (2007).
38 S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v.

Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963).
39 Íd.
40 Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005).
41 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
42 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 31.
43 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D).
44 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013).
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       Un término de cumplimiento estricto, a diferencia de un

término jurisdiccional, no es fatal, pues éste puede ser prorrogado

por el tribunal y “proveer justicia según lo ameriten las

circunstancias”45. Sin embargo, este Tribunal no tiene discreción

para prorrogar automáticamente un término de cumplimiento

estricto46. Solamente tenemos discreción para extender el término

de cumplimiento estricto, en aquellos casos en que la parte presente

una justa causa por su incumplimiento47.

       Para así proceder, el tribunal deberá antes observar el

cumplimiento de dos condiciones:

       (1) que en efecto exista justa causa para la dilación;
       (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las
           bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que
           la parte interesada acredite de manera adecuada la justa
           causa aludida48.

       Si no se cumplen estas dos condiciones, el tribunal no tendría

discreción para extender el término de cumplimiento estricto49.

       No obstante, con respecto a la acreditación de justa causa, el

Tribunal Supremo ha señalado que:

       […] [l]a acreditación de justa causa se hace con explicaciones
       concretas y particulares -debidamente evidenciadas en el
       escrito- que le permitan al tribunal concluir que hubo una
       excusa razonable para la tardanza o la demora. Las
       vaguedades y las excusas o los planteamientos
       estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa50.

       Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del

grave e insubsanable defecto de la falta de jurisdicción. Como tal su

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico,

pues en ese momento o instante en el tiempo no ha nacido autoridad

judicial o administrativa alguna para acogerlo y menos para

conservarlo.

45 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357,
360 (1977); véase, además, Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998).
46 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.
47 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250,

253 (2007).
48 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.
49 Íd.
50 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, citando a Febles v. Romar, 159 DPR 714,

720 (2003).
50Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999).
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                                        -C-

         Reconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen

una gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados

en sus salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces51. En el ámbito del

desempeño judicial, la discreción no significa poder para actuar en

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho;

ciertamente, esto constituiría un abuso de discreción. La discreción

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera52. Tal conclusión justiciera

deberá estar avalada por el convencimiento del juzgador de que la

decisión tomada se sostiene en el estado de derecho aplicable a la

cuestión planteada. Ese ejercicio constituye "la razonabilidad" de la

sana discreción judicial53.

         En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente

con la discreción judicial. Es norma reiterada que este foro no habrá

de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de

Instancia, salvo en caso de "un craso abuso de discreción o que el

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial"54.

         Nuestras Reglas de Procedimiento Civil55, establecen varios

mecanismos para permitir a las partes descubrir, obtener o

perpetuar la prueba necesaria para sustanciar sus alegaciones en el

acto del juicio. Estos mecanismos están basados en el principio

básico de que, antes del juicio, las partes tienen derecho a descubrir

51   Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981).
52   Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1997).
53   Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
54   Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
55   32 LPRA Ap. V.
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toda la información relacionada con su caso, independientemente

de quién la posea. Las normas de descubrimiento de prueba

persiguen los siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en

controversia; (2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio,

evitando así sorpresas en esta etapa de los procedimientos; (3)

facilitar la búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar evidencia. En

esencia, su finalidad es permitir que las partes puedan prepararse

para el juicio, de forma tal que tengan la oportunidad de obtener la

evidencia necesaria para evaluar y resolver las controversias del

caso56.

       La Regla 23.1 de Procedimiento Civil57, establece el alcance

del descubrimiento de prueba. En lo pertinente, señala lo siguiente:

       Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier
       materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en
       controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la
       reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la
       existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y
       localización de cualesquiera libros, información almacenada
       electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles y la
       identidad y dirección de personas que conozcan hechos
       pertinentes. No constituirá objeción el que la información
       solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista
       una probabilidad razonable de que dicha información
       conduzca al descubrimiento de evidencia admisible.

       La aludida regla expone el criterio de pertinencia al asunto en

controversia, lo que debe enmarcarse en la búsqueda de la verdad,

así como en la deseabilidad de que el alcance del descubrimiento de

prueba sea uno amplio y liberal, de manera que se logren soluciones

justas, rápidas y económicas a las controversias existentes entre las

partes58.

       El Tribunal de Primera Instancia tiene amplia discreción para

pautar el procedimiento sobre el descubrimiento de prueba que se

va a seguir59. En consideración a lo anterior, el tribunal viene

56 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 151-152, (2000).
57 Supra, R. 23.1.
58 Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 D.P.R. 962, 971 (2009); Rodríguez v.

Syntex, 160 DPR 364, 394 (2003); Lluch v. España Service Sta., supra, pág. 744.
59 Berríos Falcón v. Torres Merced, supra, pág. 971; Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117

DPR 838, 849 (1986).
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obligado a cumplir con la máxima de llevar a cabo un proceso justo

para las partes, asumiendo un rol activo en el mismo y como tal

tiene discreción para limitar o extender el alcance para descubrir

prueba. Como norma general, también tiene el tribunal poderes

específicos de supervisión a través de los mecanismos particulares

de descubrimiento de prueba y el poder para sancionar a la parte

que es compelida y se rehúsa a cumplir las órdenes dirigidas a

descubrir prueba. Regla 34.3 de Procedimiento Civil60,

         La precitada regla confiere amplia discreción al tribunal para

castigar de diversas formas la negativa a cumplir una orden. Dicho

precepto autoriza al tribunal a, entre otras medidas, imponer

sanciones económicas, eliminar las alegaciones de las partes,

desestimar parte o la totalidad de una reclamación, imponer

desacato, eliminar defensas, o prohibir la presentación de

determinada materia en evidencia. Sin embargo, ese proceder de

desestimar una demanda o eliminar las alegaciones de una parte se

debe ejercer juiciosa y apropiadamente61.

                                        III.

         En su recurso, la parte peticionaria nos solicita la revisión de

una minuta y dos órdenes independientes dictadas por el TPI.

Mediante el primer señalamiento de error, la parte peticionaria

adujo que cometió error al imponerle una sanción económica de

$3,000.00 por alegadamente incumplir con el deber de descubrir

prueba, esto a través de la Minuta del 24 de agosto de 2022,

transcrita el 29 de agosto de 2022.

         Surge del expediente que, el 17 de junio de 2022, el TPI

notificó62 a los representantes legales de cada parte el señalamiento

de vista a celebrarse el 3 de agosto de 2022. Llegado el día del

60   Supra, R. 34.3; Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 612 (1989).
61   Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).
62   Véase, Entrada Núm. 45 del SUMAC.
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señalamiento, el representante legal de la parte peticionaria no

compareció. No obstante, ese mismo día, se coordinó con los dos

representantes legales la fecha de la próxima vista, la cual fue

señalada para el 24 de agosto de 2022. El 11 de agosto de 2022, el

foro primario notificó a los representantes legales de las partes la

Minuta de la vista, en la cual dispuso lo siguiente:

         Se impone una sanción de $300.00 al licenciado Nelson
         Rivera Cabrera a ser pagados a favor de la parte demandante
         (la Lcda. Maribel Vidal Valdés) en el término perentorio de 5
         días so pena de mayores sanciones por el reiterado
         incumplimiento tanto al descubrimiento de prueba como a
         las órdenes del Tribunal63.

         El 24 de agosto de 2022, día señalado para celebrarse la vista,

nuevamente el representante legal de la parte peticionaria no

compareció ante el TPI. Ante dicha incomparecencia, el foro primario

ordenó lo siguiente:

             Conforme a lo discutido, el Tribunal dispone lo siguiente:
         • Se impone $3,000 de sanciones a favor de la demandante
         a ser resarcidos en el período de 10 días perentorios, so pena
         de mayores sanciones.

         […]

         • Se ordena notificar la minuta al licenciado Rivera y a
         los demandados.

         […]”64. (Énfasis nuestro).

         Tras un examen del expediente, colegimos que, la Minuta de

la vista celebrada el 24 de agosto de 2022, transcrita el 29 de agosto

de 2022, no fue firmada por la jueza del TPI. La Regla 32(b)(1) del

Reglamento para la Administración del Tribunal de Primera

Instancia65, define las “minutas” del modo siguiente:

         La minuta será el registro oficial de las incidencias más
         importantes ocurridas durante la vista judicial en el salón de
         sesiones y en cámara. [...] La minuta no será notificada a las
         partes o a sus abogados, salvo que incluya una Resolución
         u Orden emitida por el juez o la jueza en corte abierta,
         en cuyo caso será firmada por el juez o la jueza y
         notificada a las partes. La Secretaria, custodia del
         expediente, podrá expedir copia de la minuta previo la
         cancelación    de   los     derechos   arancelarios,    según
         corresponda. (Énfasis y subrayado nuestro).

63   Véase Entrada Núm. 98 del SUMAC.
64   Véase Entrada Núm. 99 del SUMAC.
65   4 LPRA Ap. II-B, R. 32(b)(1).
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          En Sánchez et als. vs. Hosp. Dr. Pila et als.66, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico dispuso que:

          [U]na notificación verbal en corte abierta de una
          determinación interlocutoria del Tribunal de Primera
          Instancia en un caso civil no constituye la notificación que
          se requiere para activar el plazo dispuesto por ley para
          interponer una moción de reconsideración o un recurso de
          "certiorari" ante el Tribunal de Circuito. La notificación que
          activa estos términos tiene que constar por escrito y
          dicho escrito tiene que ser notificado a las partes.
          (Énfasis y subrayado nuestro).

          Cuando la determinación de un juez consta en una minuta,

es su notificación por escrito lo que activa el término para recurrir a

este tribunal de Apelaciones67. Nótese, además, que una minuta sólo

se convierte en un dictamen judicial cuando lleva estampada la

firma del juez que emitió la orden o resolución. Sin esa firma, “la

minuta solo recoge la impresión del funcionario o funcionaria de

sala que la preparó, lo que no necesariamente va a coincidir con lo

que en verdad se resolvió en corte abierta68.”

          De una revisión del expediente ante nuestra consideración se

desprende que la Minuta que la parte peticionaria pretende revisar

no contiene la firma de la jueza a cargo de los procedimientos, sino

únicamente lleva la firma de la Secretaria de Servicios a Sala. Ante

esas circunstancias, no nos encontramos ante un dictamen judicial

revisable por este Tribunal. Así pues, este tribunal carece de

jurisdicción para atender este error por ser uno prematuro.

          En su segundo señalamiento de error, la parte peticionaria

alegó que el foro primario incidió al no resolver como cuestión de

umbral un planteamiento de impugnación de capacidad de la

representación legal de la parte recurrida.

          Conforme surge del trámite procesal antes consignado, el 8 de

septiembre de 2022, la señora Espinet Cabrera presentó una Moción

66   158 DPR 255, 262 (2002).
67   Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., supra.
68   Véase, El Pueblo de Puerto Rico v Ríos Nieves, 209 DPR 264, (2022).
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por derecho propio69 en la que solicitó la descalificación de la

representante legal de la parte recurrida. El 11 de octubre de 2022,

la parte recurrida presentó Réplica y Oposición Respecto a Moción

por      Derecho     Propio    radicada      por   Daisy   Espinet   Cabrera-

Demandada70. Por su parte, el 12 de octubre de 2022, el TPI emitió

y notificó una Orden en la que dispuso: “Enterado”. Por ende, la

Moción por derecho propio71, así como la moción presentada por la

parte recurrida, Réplica y Oposición Respecto a Moción por Derecho

Propio radicada por Daisy Espinet Cabrera-Demandada, aún no han

sido resueltas por el foro primario. Solo cuando el TPI emita una

decisión sobre el particular y disponga definitivamente de dicho

petitorio, es que comenzarán a transcurrir los plazos de los

procedimientos, por lo que solo entonces esta Curia poseerá

jurisdicción sobre la causa de autos. En consecuencia, la

controversia traída ante nuestra atención es una prematura y este

foro carece de jurisdicción para atender el asunto.

          Por último, en su tercer señalamiento de error, la parte

peticionaria sostiene que erró el TPI al no modificar las órdenes

sobre descubrimiento de prueba y permitir que se continúen

causando daños y perjuicios a las operaciones del restaurante

Isabela La Trattoria, Corp.

          Ciertamente, de ordinario, las determinaciones discrecionales

del foro primario, relacionadas con el manejo del caso merecen

nuestra deferencia, a menos que se demuestre que la determinación

tomada por el foro primario fue irrazonable, abusó de su discreción

o incurrió en un menoscabo a la justicia. Examinado el recurso de

certiorari presentado por la parte aquí peticionaria y los documentos

que obran en el expediente, concluimos que el TPI no abusó de su

69   Véase Apéndice XXIV de la Oposición a Certiorari.
70   Véase, Entrada Núm. 137 del SUMAC.
71   Véase Apéndice XXIV de la Oposición a Certiorari.
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discreción ni su decisión fue contraria a derecho. No cabe duda de

que los tribunales conservan amplia discreción para regular el

descubrimiento de prueba y así poder cumplir con su obligación de

“garantizar una solución justa, rápida y económica del caso, sin

ventajas para ninguna de las partes”72. Por tanto, determinamos que

el tercer error no fue cometido y por ello, confirmamos la Orden

emitida y notificada por el TPI el 30 de septiembre de 2022.

                                         IV.

          Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por prematuro en

cuanto a la Minuta del 24 de agosto de 2022 y la Orden emitida

del 12 de octubre de 2022. En relación con la Orden del 30 de

septiembre de 2022, expedimos el auto de certiorari y

confirmamos la determinación recurrida.

          Notifíquese.

          Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

72   Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 1, 13 (1962).