Court Opinion

ID: 9928545
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:56.993969+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:05.032399
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

                                                  Revisión
                                                  Administrativa
    CE CARIBBEAN                                  procedente de la
   EQUIPMENT, INC.                                Oficina de la
                                                  Administración de
       Recurrente                                 Servicios Generales
                                                  del Gobierno de
             v.               KLRA202300513       Puerto Rico

 JUNTA REVISORA DE                                Sobre: Adquisición
   SUBASTAS DE LA                                 de instalación de
 ADMINISTRACIÓN DE                                butacas para las
     SERVICIOS                                    salas de eventos de
     GENERALES                                    la Corporación del
                                                  Centro de Bellas
     A.E. NOVA                                    Artes Luis A. Ferré
 DISTRIBUTORS, INC.
                                                  Caso Núm.:
       Recurridos                                 JR-23-124
                                                  Subasta Núm.
                                                  23J-02855-R1

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez
Salgado Schwarz y el juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

      El 2 de octubre de 2023 la compañía CE Caribbean

Equipment (CE Caribbean o parte recurrente) acude ante nos para

impugnar la determinación de la Junta Revisora de Subastas de la

Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico

(Junta Revisora de ASG o parte recurrida), de la Subasta 23J-

02855-R1, Adquisición de instalación de butacas para las salas de

eventos de la Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Allí, la Junta Revisora adjudicó la buena pro a A.E. Nova

Distributors, Inc. (AE Nova o parte recurrida).

      El 13 de octubre de 2023, AE Nova presentó su alegato en

oposición.

      Examinados los escritos de las partes, se confirma la

Resolución recurrida. Veamos.

Número Identificador
RES2023 _______________
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                                        -I-

       El 16 de febrero de 2023 la Junta de Subastas de la

Administración de Servicios Generales (Junta de Subastas ASG)

emitió una Invitación a Subasta Formal 23J-028556-R1 para la

Adquisición e instalación de butacas para las salas de eventos de la

Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré del Gobierno

de Puerto Rico (CBA).1 El aviso invitaba a todas las personas

naturales o jurídicas que cumplieran con los requisitos mínimos

para establecer un contrato con el Gobierno de Puerto Rico a

participar de la referida subasta.

       La Junta de Subastas ASG detalló que llevaría a cabo una

reunión virtual pre subasta y una inspección ocular obligatoria de

las facilidades del CBA el 21 de febrero de 2023 a las 10:30 am y las

1:30 pm, respectivamente. Además, se indicó que la fecha límite

para entregar ofertas y el Acto de Apertura serían el 3 de marzo de

2023, a las 10:00 am y a las 3:00 pm respectivamente.

       En el Pliego de Subasta Formal,2 la Junta de Subastas ASG

señaló —entre otras— que los licitadores debían presentar junto con

sus ofertas una muestra de tela, al igual que una copia fiel y exacta

de la garantía emitida por el manufacturero del producto y servicio.3

Esta última debía detallar de forma clara y precisa el período

especifico o términos aplicables a cada garantía, su vigencia, los

trámites requeridos para reclamar la garantía, entre otros. No

obstante, la Junta de Subastas ASG no especificó en dicho Pliego la

fecha en la cual realizaría el examen y análisis de las muestras.

Tampoco les notificó a las partes si en efecto se llevaría a cabo el

examen y análisis.

1 Véase, Aviso de Subasta, págs. 1-2 del Apéndice de la Recurrente.
2 Véase, Pliego de Subasta Formal Núm. 23J-02855-R1, págs. 3-32 del Apéndice

de la Recurrente.
3 Id., pág. 16 del Apéndice de la Recurrente.
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       Así las cosas, el 21 de febrero de 2023 se llevó a cabo la

reunión virtual pre subasta a la cual asistieron 12 licitadores, entre

ellos, AE Nova y CE Caribbean. Tal y como se había señalado en el

aviso de subasta, en la tarde se llevó a cabo la inspección ocular

obligatoria de las facilidades del CBA

       Al día siguiente —22 de febrero de 2023— la Junta de

Subastas ASG enmendó el Pliego de Subasta con el fin de modificar

la Tabla de Ofertar y para añadir el requisito de literatura y

fotografías de las butacas y gradas a ofertarse.4 De igual modo, el

23 de febrero de 2023, la Junta de Subastas ASG emitió una

segunda enmienda al Pliego de Subastas para cambiar la fecha

límite para la entrega de ofertas y el Acto de Apertura.5 De manera

que, la nueva fecha para la entrega de ofertas y Acto de Apertura

sería el 7 de marzo de 2023.

       Llegado el 7 de marzo de 2023, AE Nova, CE Caribbean e

Integrated Design Solutions, Inc., presentaron sus respectivas

ofertas. En la tarde del mismo día, se celebró el Acto de Apertura de

los pliegos de subasta. Según surge del expediente, AE Nova ofreció

un precio para cada partida contenida ascendente a $917,179.02.6

Por otro lado, Integrated Design Solutions ofreció un precio total de

$840,303.60;7 no obstante, surge del expediente que Integrated

Design Solutions no ofertó en todos los renglones establecidos en el

Pliego de Subasta. Por su parte, CE Caribbean ofreció un precio total

de $1,165,303.60;8 sin embargo, CE Caribbean no incluyó en su

oferta copia fiel y exacta de la garantía del manufacturero de los

productos que ofreció. Tampoco informó de forma clara y detallada,

4 Véase, Enmienda Núm. 1, pág. 33 del Apéndice de la Recurrente.
5 Véase, Enmienda Núm. 2, pág. 34 del Apéndice de la Recurrente.
6 Véase, Oferta de AE Nova Distributors, Inc., pág. 145 del Apéndice de la
Recurrente.
7 Véase, Resolución de Adjudicación de la Subasta Formal Núm. 23J-02855-R1,

pág. 359 del Apéndice de la Recurrente.
8 Véase, Oferta de CE Caribbean Equipment, Inc., pág. 36 del Apéndice de la

Recurrente.
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qué incluía o no incluía su garantía, cómo debía reclamarse y quién

estaría a cargo de la reparación o reemplazo del producto.

       El 24 de marzo de 2023, la Junta de Subastas ASG emitió

Resolución de Adjudicación otorgando la buena pro a CE

Caribbean.9 Razonó que el licitador agraciado satisfacía las

necesidades y requisitos de la Administración de Servicios

Generales; además, que la parte recurrente cumplió con los

requisitos dispuestos en el pliego.

       En cuanto a los otros licitadores, expuso que Integrated

Design Solutions no incluyó junto a su oferta la muestra de tela

requerida en el Pliego de Subastas; además, notó el uso de cinta

correctiva en la Tabla de Oferta en clara contravención a la

instrucción Número 11 del Pliego de Subastas que expresamente

prohibía el uso de cinta correctiva.

       En cuanto a AE Nova, indicó que había cumplido con todos

los requisitos plasmados en el Pliego de Subastas; sin embargo, el

CBA y la Administración de Servicios Generales encontraron que la

calidad de las telas era inferior a las telas provistas por CE

Caribbean. Así mismo, encontró que no podía validar el desempeño

pasado de AE Nova en cuanto a obras similares a las requeridas por

el CBA.

       Inconforme, AE Nova acudió el 13 de abril de 2023 a la Junta

Revisora de ASG mediante Solicitud de Revisión Administrativa10 y

señaló la comisión de los siguientes errores:

       Primer Error: Erró y abusó de su discreción la Honorable
       Junta de Subastas al seleccionar la oferta de un licitador que
       incumplió las instrucciones y condiciones generales de la
       subasta y los requisitos contenidos en la Ley 75-2019, en el
       Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de la
       Administración de Servicios Generales, y en sus propios
       pliegos de subasta.

9  Véase, Resolución de Adjudicación, págs. 351-360 del Apéndice de la
Recurrente.
10 Véase, Solicitud de Revisión Administrativa, págs. 361-381 del Apéndice de la

Recurrente.
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      Segundo Error: Erró y abusó de su discreción la Honorable
      Junta de Subastas al no adjudicar la subasta a favor de AE
      Nova Distributors, Inc., a pesar de haber sido el licitador
      responsivo que ofreció el precio más bajo y, por lo tanto, quien
      ofreció el Mejor Valor.

      Tercer Error: Erró y abusó de su discreción la Honorable
      Junta de Subastas al adjudicar la subasta a base de criterios
      de evaluación no anunciados, en contravención de las
      disposiciones de la Ley 75-2019, del Reglamento Núm. 9230
      y de sus propias instrucciones y condiciones para esta
      subasta.

      El 30 de mayo de 2023, la Junta Revisora de ASG emitió una

Resolución en la que declaró Ha Lugar la Solicitud de Revisión de

AE Nova y ordenó la devolución del caso a la Junta de Subastas ASG

para que se llevara a cabo el proceso de inspección de muestras

conforme a la Ley 73-2019 y su reglamento. En ese sentido, ordenó

la devolución del caso para que la Junta de Subastas ASG evaluara

si AE Nova, como único licitador que entregó la documentación

requerida por el Pliego de Subasta, cumplía en ofrecer un producto

que satisficiera las necesidades del CBA y fuese merecedor de la

buena pro. Es menester señalar que, ni CE Caribbean ni la Junta

de Subastas ASG impugnaron dicha Resolución de la Junta

Revisora de ASG.

      Así las cosas, el 6 de junio de 2023 se celebró la inspección

de muestras. A dicha inspección comparecieron AE Nova y CE

Caribbean, a pesar de que la última fue descalificada.

      El 7 de julio de 2023, la Junta de Subastas ASG emitió una

Resolución enmendada mediante la cual adjudicó nuevamente la

buena pro a CE Caribbean. Explicó que las omisiones que

provocaron la descalificación de CE Caribbean eran desviaciones

permisibles al amparo del Reglamento Uniforme de Compras y

Subastas de Bienes, obras y Servicios no Profesionales de la

Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico,

Reglamento Núm. 9230, aprobado por el Departamento de Estado de

18 de noviembre de 2020. Añadió, que subsanó motu proprio la

ausencia de la garantía de los productos en el expediente de CE
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Caribbean ya que, la halló fácilmente en la red de internet. En

cuanto a AE Nova, indicó que no incluyó muestras para todos los

productos, lo que suponía su descalificación.

      Insatisfecha, AE Nova presentó una segunda Solicitud de

Revisión Administrativa ante la Junta Revisora de ASG y señaló la

comisión de los siguientes errores:

      Primer Error: Erró la y abusó de su discreción la Honorable
      Junta de Subastas al rehusarse a acatar la Resolución
      emitida por esta Junta Revisora en el caso JR-23-124 y
      adjudicar nuevamente la subasta a un licitador que fue
      descalificado como resultado de ese recurso.

      Segundo Error: Erró la y abusó de su discreción la Honorable
      Junta de Subastas al intentar subsanar defectos de forma y
      contenido en la oferta de su licitador agraciado que son
      insubsanables, por los cuales esta Junta Revisora había
      ordenado su descalificación.

      Tercer Error: Erró la y abusó de su discreción la Honorable
      Junta de Subastas al rehusarse a evaluar a AE Nova como
      único licitador responsivo y determinar si su oferta satisface
      las necesidades del CBA.

      El 12 de septiembre de 2023, la Junta Revisora de ASG

emitió una Resolución mediante la cual declaró Ha Lugar la

Solicitud de Revisión de AE Nova, revocó la determinación de la

Junta de Subastas ASG y ordenó la adjudicación de la buena pro a

AE Nova.

      Inconforme, CE Caribbean acudió ante esta Curia e imputó la

comisión de los siguientes errores:

      Primer Error: Erró la Junta Revisora al revocar a la Junta de
      Subastas y descalificar a Caribbean Equipment por entender
      que no fue un licitador responsivo y que dicha determinación
      había advenido fina y firme y constituía la “ley del caso”.

      Segundo Error: Erró la Junta Revisora al revocar a la Junta
      de Subastas y Descalificar a Caribbean Equipment por
      entender que no fue un licitador responsivo dado a que
      incumplió con los requisitos de garantía establecidas en el
      pliego de subastas y el reglamento uniforme.

      Tercer Error: Erró la Junta Revisora al revocar a la Juntade
      Subastas y adjudicarle la buena pro a AE Nova, a pesar de
      que este licitador no fue responsivo y, por consiguiente, debió
      ser descalificado.

                                   -II-

                                    A.
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         Es harto conocido que en nuestra jurisdicción no existe

legislación especial que regule los procedimientos de subastas

dirigidos a la adquisición de bienes y servicios para las entidades

gubernamentales.11 De igual forma, es norma reiterada que las

subastas están expresamente excluidas de los procedimientos

adjudicativos formales regulados por la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(Ley 38-2017).12 De hecho, el único aspecto de las subastas regulado

por la Ley 38-2017 lo son las etapas de reconsideración y revisión

judicial.13 De manera que, las agencias gubernamentales están

llamadas a adoptar las normas a                 seguir en sus         propios

procedimientos de adjudicación de subastas.14

         No obstante, los procedimientos de subastas del gobierno de

P.R. están revestidos del más alto interés público.15 Esto es así

debido a que, la consideración primordial al momento de determinar

quién debe resultar favorecido en el proceso de adjudicación de

subastas debe ser el interés público en proteger los fondos del

pueblo de Puerto Rico.16 En atención a esto, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha resuelto que el eje central de las subastas

gubernamentales        es   procurar     conseguir     los   precios     más

económicos; evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la

prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los

contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento.17

         Lo antes dicho cobra mayor importancia, ya que la subasta

tradicional y el requerimiento de propuestas son los métodos

mediante los cuales el gobierno central y el municipal adquieren

11 Caribbean Communications v. Pol. de PR, 176 DPR 978, 993 (2009).
12 Id.
13 3 LPRA sec. 2151.
14 3 LPRA secs. 2169 y 2172; Caribbean Communications, Id., pág. 993-994;
citando a Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR, 745, 757 (2004).
15 CD Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 343-344 (2016).
16 Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007).
17 Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 (2006).
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bienes y servicios.18 La subasta pública formal o mediante ofertas

selladas es el procedimiento más comúnmente utilizado por las

entidades gubernamentales.19 La subasta formal comienza con la

preparación del pliego de condiciones y especificaciones, seguido por

la emisión de la invitación o aviso de subasta al público. Luego, los

interesados someten sus propuestas selladas las cuales se hacen

públicas con la celebración del acto de apertura en presencia de

todos los postores. Las ofertas pasan a manos de un comité

evaluador que, luego de evaluarlas, emite su recomendación para la

adjudicación de la buena pro. Finalmente, el procedimiento

concluye con la adjudicación de la buena pro y la notificación de

esta a todos los postores.20

       Nuestro más alto foro ha resuelto que la característica

distintiva de la subasta formal es que las ofertas se presentan

selladas. Una vez abiertas las propuestas, no se admiten

modificaciones a las mismas, pues no hay cabida para la

negociación entre las partes.21 Esta secretividad responde a la

necesidad de garantizar que la competencia entre los licitadores sea

efectiva y honesta, pues de esa manera se evita que un licitador con

mayor capacidad económica enmiende su propuesta para superar

la de otro competidor.22

                                       B.

       La revisión de subastas es limitada y se rige por principios

similares a los que gobiernan la revisión de los procedimientos

celebrados ante las agencias.23 Como norma general, en el contexto

de las subastas gubernamentales, la Junta de Subastas de la

agencia goza de amplia discreción en la evaluación de las propuestas

18 PR Eco Park et al. v. Municipio de Yauco, 202 DPR 525, 531 (2019).
19 Caribbean Communications v. Pol. De PR, supra, pág. 994; citando a R & B Power

v. ELA, 172 DPR 607 (2007).
20 Id., pág. 995.
21 Trans Ad de PR v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 66 (2008). Énfasis nuestro.
22 Id.
23 Maranello v. OAT, 186 DPR 780, 793 (2012).
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sometidas ante su consideración.24 Es por esto que, de ordinario,

las agencias se encuentran en mejor posición que los tribunales

para evaluar las ofertas ante su consideración.25 Lo anterior

responde a la vasta experiencia y especialización que posee la

agencia y que, a su vez, la coloca en mejor posición que el foro

judicial para seleccionar al mejor licitador.26

         Por lo que, los tribunales reconocemos la discreción de las

agencias en el ejercicio de sus facultades para considerar

licitaciones, rechazar propuestas y adjudicar la subasta a favor de

la oferta que estime ajustada a las necesidades particulares de la

agencia y al interés público en general.27 De manera que, los

tribunales no deben intervenir con el criterio de las agencias,

excepto en aquellos casos donde se demuestre que la decisión se

tomó de forma arbitraria o caprichosa, o mediante fraude o mala

fe.28 Ausentes estos elementos, ningún licitador tiene derecho a

quejarse cuando otra oferta es elegida como la más ventajosa.29 El

criterio rector de las revisiones administrativas será la razonabilidad

de la actuación de la agencia. Los tribunales no deben alterar las

determinaciones        de    un     organismo      administrativo    si   están

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente

considerado en su totalidad.30

         Como corolario de lo anterior, los tribunales le debemos

deferencia judicial a las decisiones y actuaciones administrativas.

Por ello, la revisión judicial se limita a las ordenes o resoluciones

finales de las agencias. De esa forma, la Asamblea Legislativa limitó

la revisión judicial con la intención de evitar una intromisión

indebida y a destiempo en el trámite administrativo por parte de los

24 Caribbean Communications v. Pol. de PR, supra, pág. 1006.
25 Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 408 (2009).
26 Maranello v. OAT, supra, pág. 792
27 Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra.
28 Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007).
29 Id.
30 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005).
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tribunales.31 En lo pertinente, la Sección 4.2 de la Ley 38-2017

dispone que una parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de la Junta Revisora de Subastas de la

Administración de Servicios Generales podrá acudir ante esta Curia

mediante recurso de revisión en un término de veinte (20) días.32

Añade la Sección 4.2 que, las ordenes o resoluciones interlocutorias

emitidas en procesos que se desarrollan por etapas, no serán

revisables sino que podrán ser objeto de señalamiento de error en el

recurso de revisión.

       Nuestro foro supremo ha intimado que una orden o resolución

final tiene las características de una sentencia en un procedimiento

judicial, debido a que resuelve en definitiva la cuestión litigiosa y

permite su apelación o solicitarse su revisión.33 Por lo que, una

orden o resolución final es aquella que culmina el procedimiento

administrativo, tiene efectos sustanciales sobre las partes y resuelve

todas las controversias ante la agencia; les pone fin, sin dejar

pendiente una para ser decidida en el futuro.34

                                        C.

       La Ley de la Administración de Servicios Generales para la

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019,

Ley 73 de 19 de julio de 2019, según enmendada (Ley 73-2019)

establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la

centralización de los procesos de compras gubernamentales bienes,

obras y servicios, con el fin de lograr mayores ahorros fiscales y la

transparencia en la gestión gubernamental.35 En armonía con lo

anterior, se delegó en la Administración de Servicios Generales la

responsabilidad de implantar la política pública, dirigir el proceso

31 Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006).
32 3 LPRA sec. 9672.
33 J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 490 (1997).
34 Comisionado Seguros v. Universal, supra.
35 Véase, Ley 73-2019, Exposición de Motivos.
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de adquisición de bienes y servicios y la contratación de servicios

del Gobierno de Puerto Rico, entre otros.36

       Mediante la Ley 73-2019 se creó a la Junta de Subastas,

adscrita a la Administración de Servicios Generales, de naturaleza

cuasijudicial, con la facultad de evaluar y adjudicar las subastas del

Gobierno de Puerto Rico.37 La Junta de Subastas está facultada para

emitir invitaciones de subastas y solicitudes de propuestas selladas,

evaluar y adjudicar las propuestas y/o subastas, no aceptar

licitaciones que contengan precios en exceso del precio de venta al

detal sugerido por el manufacturero, entre otros. Por otro lado,

también se creó la Junta Revisora de Subastas, adscrita a la

Administración, de igual naturaleza cuasijudicial, facultada para

revisar   cualquier     impugnación   de   las   determinaciones    o

adjudicaciones hechas, entre otras, por la Junta de Subastas.38

       Sobre el procedimiento de revisión administrativa, el Artículo

66 dispone que la Junta Revisora debe considerar la revisión

administrativa dentro de los treinta días de su presentación.39

Dispone además que, si la Administración de Servicios Generales o

la Junta Revisora dejan de tomar alguna acción con relación a la

solicitud de revisión dentro del término correspondiente, se tendrá

por rechazada de plano y a partir de esa fecha comenzará a correr

el término para la revisión judicial. La parte adversamente afectada

por la adjudicación de la Junta Revisora, podrá presentar un

recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones conforme a las

disposiciones de la Ley 38-2017.40

       Por otra parte, la Ley 73-2019 dispone que la Administración

de Servicios Generales deberá cumplir con una serie de criterios

para la evaluación o adjudicación en los procesos de subastas,

36 3 LPRA sec. 9832e
37 3 LPRA sec. 9836.
38 3 LPRA sec. 9837.
39 3 LPRA sec. 9838c.
40 3 LPRA sec. 9838e.
KLRA202300513                                                             12

requerimientos de propuestas o requerimientos de cualificaciones.

En lo pertinente, el Artículo 33 dispone que:

       […]

       (g) Dispondrá que la garantía del producto o servicio deberá
       detallar claramente qué incluye y qué no incluye,
       presentando los costos de transporte, si alguno. A la vez,
       tiene que estar certificada en casos de productos, por el
       fabricante local o del exterior y también por su representante
       o distribuidor, garantizándole a la entidad gubernamental su
       reemplazo de partes o productos, servicios y mano de obra
       bajo términos claramente expuestos en la oferta del licitador
       e incluidos posteriormente en el contrato suscrito con el
       licitador agraciado.

       […]

       (j) Solicitará a todo licitador una descripción precisa y
       detallada de los bienes, obras o servicios objeto de oferta,
       incluyendo las garantías y términos de entrega, si algunas.
       No aceptará que los licitadores o contratistas, incluyan
       descripciones genéricas o ambiguas en los términos de
       entrega o las garantías de sus productos y servicios en sus
       procesos de subasta, requerimiento de propuestas y la
       contratación de adquisición de productos o servicios. En ese
       sentido, todo licitador y contratista, según aplique, debe
       incluir, de forma clara y detallada, el período específico o los
       términos aplicables a cada garantía, sus limitaciones y
       condiciones, los pasos requeridos para reclamar la garantía,
       una descripción clara de qué entidad proveerá el servicio de
       reemplazo, subsanación, corrección o reparación del
       producto o el servicio y los términos de entrega del producto
       o servicio. Cualquier oferta que no cumpla con lo antes
       expresado, se tendrá por no sometida y la misma no podrá
       ser favorecida en la adjudicación de la subasta o propuesta.
       De igual forma, bajo ninguna circunstancia, se podrá
       omitir lo dispuesto en ese inciso en el proceso de
       contratación para la adquisición de bienes, obras o
       servicios no profesionales.41

       Por otro lado, y en cumplimiento con lo dispuesto en el

Artículo 25, se crea el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas

de Bienes, obras y Servicios no Profesionales de la Administración de

Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm.

9230, aprobado por el Departamento de Estado de 18 de noviembre

de 2020 (Reglamento Núm. 9230). En el mismo, se disponen las

normas y procedimientos a seguir para la adquisición de bienes,

obras y servicios no profesionales en el Gobierno.42

                                         D.

41 3 LPRA sec. 9834i. Énfasis nuestro.
42 3 LPRA sec. 9834a.
KLRA202300513                                                           13
       El Reglamento Núm. 9230 dispone que la Junta de Subastas

deberá evaluar las ofertas tomando en consideración los criterios

establecidos en el pliego de la subasta formal en conjunto con los

criterios enumerados en dicho Reglamento.

       En lo pertinente, el inciso (h) de la Sección 7.3.17.2. dispone

que la Junta de Subastas debe considerar “[e]l periodo especifico o

los términos aplicables a cada garantía, sus limitaciones y

condiciones, los pasos requeridos para reclamar la garantía, qué

entidad proveerá el servicio de reemplazo, subsanación, corrección

o reparación del bien o el servicio.”43

       Por otra parte, la Sección 10.5.3. establece las condiciones

generales compulsorias a ser incluidas en todos los pliegos de

compras, subastas o solicitud de propuestas. En particular, la

Sección 10.5.3.17 dispone lo siguiente sobre la garantía de los

productos o servicios a ofrecer:

       El pliego deberá expresar que todo licitador deberá incluir,
       de forma clara y detallada, el período específico o los
       términos aplicables a cada garantía, sus limitaciones y
       condiciones, los trámites requeridos para reclamar la
       garantía, una descripción clara de qué entidad proveerá el
       servicio de reemplazo, subsanación, corrección o reparación
       del producto o el servicio y los términos de entrega del
       producto o el servicio y los términos de entrega del producto
       o servicio.

       La garantía del producto o servicio deberá detallar
       claramente qué incluye. A su vez, la garantía tiene que
       estar certificada, en casos de productos, por el fabricante
       local o del exterior y también por su representante o
       distribuidor, garantizándole a la entidad gubernamental su
       reemplazo de partes o productos, servicios y mano de obra
       bajo términos claramente expuestos en la oferta del licitador.

       Se informará, además, que el licitador deberá asumir los
       costos relacionados a la garantía, incluidos los gastos de
       transporte o envío.

       Se informará a los licitadores que se considerará de manera
       preferente la garantía prestada en Puerto Rico a la garantía
       prestada en el exterior.
       Se requerirá a todo licitador el deber de honrar al Gobierno
       la garantía, si alguna, independientemente de si se compra o
       no a través de un distribuidor.

43 Sección 7.3.17.2 del Reglamento Núm. 9230. Énfasis nuestro.
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       En el pliego se advertirá a todos licitador que el
       incumplimiento de lo antes expresado será razón de
       descalificación.44

                                    -III-

       Son tres los errores que la recurrente expone en su recurso de

revisión judicial. En el primer error, CE Caribbean plantea que la

Junta Revisora de ASG no debió revocar la determinación de la

Junta de Subastas ASG, y por consiguiente, descalificarlo por no ser

un licitador responsivo y porque dicha determinación constituía la

ley del caso. En el segundo error, arguye que la Junta Revisora de

ASG incidió al resolver que había incumplido con los requerimientos

de garantía dispuestos en el Pliego de Subasta y en el reglamento

aplicable. Por estar íntimamente relacionados, pasamos a discutir

conjuntamente el primer y segundo señalamiento de error.

       Primeramente, del expediente surge que todos los licitadores

interesados en la subasta debían someter, copia fiel y exacta de la

garantía del manufacturero, entre otros requisitos. Esto, en

cumplimiento —no solo con el Pliego de Subasta— sino que en

cumplimiento con la Ley 73-2019 y el Reglamento Núm. 9230.

Nótese, que de la primera Resolución de Adjudicación de la Junta

de Subastas ASG, AE Nova fue el único licitador que cumplió con

todos los requerimientos detallados en el pliego de subastas. Todavía

más, la Junta de Subastas ASG resolvió que CE Caribbean no

cumplió con el requerimiento de copia fiel y exacta de la garantía, e

inexplicamente, le adjudicó la buena pro, ello, en contravención a lo

dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 73-2019 y la Sección 10.5.3.17

del Reglamento Núm. 9230. Claramente, la Junta de Subastas ASE

debió descalificar a CE Caribbean y no adjudicarle la buena pro,

pero no lo hizo.

44 Sección 10.5.3.17 del Reglamento Núm. 9230. Énfasis nuestro.
KLRA202300513                                                       15
      A lo antes dicho, AE Nova acudió mediante solicitud de

revisión ante la Junta Revisora de ASG y esta descalificó a CE

Caribbean, revocó la adjudicación de la subasta y ordenó a la Junta

de Subastas ASG a revaluar la propuesta de AE Nova como el único

licitador responsivo que cumplía con todos los requisitos. Sin

embargo, la Junta de Subastas ASG ignoró la orden de la Junta

Revisora e incluyó a CE Caribbean, a pesar de que había sido

descalificado. Peor aún, la Junta de Subastas ASG le adjudicó

nuevamente la buena pro a la recurrente arguyendo que, aun

cuando CE Caribbean no había incluido copia fiel y exacta de la

garantía del manufacturero, la propia Junta se dio a la tarea de

buscar la garantía por la internet ya que era un documento de fácil

acceso. Además, arguyó que la deficiencia de CE Caribbean era una

desviación permisible con oportunidad de subsanación.

      Nótese, que la Ley 73-2019 y el Reglamento 9230 son claros

en cuanto al requisito de la copia de la garantía. Ambos disponen

que la ausencia de dicho documento en la propuesta de un licitador

es causa justa para su descalificación. Por otro lado, la

jurisprudencia   interpretativa   ha   sido   enfática   en   que   la

característica distintiva de las subastas formales lo son las

propuestas selladas y la secretividad que las acompaña hasta el Acto

de Apertura. Celebrado el Acto de Apertura, las propuestas no se

pueden enmendar. Ciertamente, la Junta de Subastas ASG erró,

no solo al adjudicarle la buena pro a la parte recurrente, sino al

enmendar motu proprio la propuesta de CE Caribbean con el fin de

adjudicarle nuevamente la buena pro. Ni CE Caribbean ni la Junta

podían enmendar la propuesta.

      Tampoco cabe decir que, la primera Resolución de la Junta

Revisora de ASG no fue una determinación final, por lo que, ahora

puede ser revisable ante este foro intermedio. Véase, que la

determinación de la Junta Revisora de ASG constituye una
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Resolución final que revocó una adjudicación final, descalificó y

excluyó del proceso de licitación a CE Caribbean; en consecuencia,

ordenó que AE Nova fuera revaluada al ser la única licitadora cuya

oferta cumplió con todos los requisitos establecidos en el Pliego de

Subastas.

       Resulta evidente que la primera Resolución representó el fin

de la participación de CE Caribbean en el proceso de subasta, pues

ni la Junta de Subastas ASG ni CE Caribbean la impugnaron. De

hecho, notificada la referida Resolución, la Junta de Subastas ASG

y CE Caribbean la acataron. Es decir, por una parte, CE Caribbean

no acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnarla y esta advino

final y firme. De otra parte, la Junta de Subastas ASG procedió a

revaluar a AE Nova, aunque erró al adjudicarle la buena pro a CE

Caribbean que había sido descalificada. El primer y segundo

señalamiento de error no se cometieron.

       En segundo orden, como tercer error CE Caribbean plantea

que la Junta Revisora de ASG erró al revocar la Junta de Subastas

ASG y adjudicarle la buena pro a AE Nova, quien era un licitador no

responsivo al no incluir todas las muestras de telas. En específico,

alega que el incumplimiento se configuró en la Reunión de Examen

de Muestra del 6 de junio de 2023, ya que —durante la inspección

de las muestras de telas— AE Nova le confirmó a la Junta de

Subastas ASG que no había incluido las muestras de todos los

productos que ofertó para la subasta.

       No obstante, del contenido de la Minuta no surge que AE Nova

hiciera tal aseveración.45 Inclusive, este Tribunal no encontró en el

contenido de la Minuta declaración alguna que coincida con la

alegación de la parte recurrente.

45 Véase, Minuta de Reunión Examen de Muestra, págs. 394-395 del Apéndice de

la Recurrente.
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       Como      bien    explicáramos     anteriormente,    los   tribunales

estamos impedidos de alterar las determinaciones de los organismos

administrativos cuando estas estén basadas en evidencia sustancial

que surja del expediente.46 Del expediente administrativo no surge

ningún tipo evidencia que demuestre que AE Nova declaró no haber

entregado las muestras de todos los productos. Esta alegación

solamente surge de la Resolución de Adjudicación de la Junta de

Subastas.      Por   consiguiente,   es     forzoso   concluir    que   dicho

planteamiento es uno infundado, pues adolece de evidencia

sustancial que lo respalde.

       En fin, la Resolución impugnada se encuentra sostenida por

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo y, en

armonía con las leyes y reglamento aplicables a los procedimientos

de subastas. Por lo que, merece nuestra deferencia. En ausencia de

abuso de discreción, parcialidad o perjuicio por parte de la Junta

Revisora de ASG, sostenemos el dictamen cuya revisión se solicita.

                                     -IV-

       Por los fundamentos antes expresados, se confirma la

adjudicación de la subasta recurrida.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

46 Otero v. Toyota, supra.