Court Opinion

ID: 9952394
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:48:17.099909+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:08.423118
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

 UNIVERSAL                                            APELACIÓN
 INSURANCE                                            Procedente del
 COMPANY                                              Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
                                                      Superior de Carolina
 Apelante
                                                      Caso Núm.:
                                KLAN202300290 CA2019CV02596

 ESTADO LIBRE                                         Sobre: IMPUGNACIÓN
 ASOCIADO DE                                          POR CONFISCACIÓN
 PUERTO RICO                I

 Apelado
Panel integrado por su presidente la juez Grana Martínez, el juez
Rodríguez Flores y el juez Pérez Ocasio.'

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

        Comparece        ante    nos,    la   parte    demandante -apelante,

Universal Insurance Company, en adelante Universal o apelante

solicitando que revisemos una «Sentencia» emitida por el Tribunal

de Primera Instancia de Carolina, (en adelante TPI -Carolina), el 6 de

febrero de 2023, y notificada en autos el 7 de febrero de 2023. En la

misma el TPI -Carolina desestimO la causa de acción presentada por

Universal, al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V., R. 39.2(c). Posteriormente, el 16 de febrero de 2023

Universal presentó una "Moción de Reconsideración",2 el Foro a quo

1 Véase Orden Administrativa OATA
                                    -2023-13 1 del 14 de julio de 2023, donde se
designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución del juez Félix R. Figueroa
Cabán.
2 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo
                                            3, pág. 16-2 1.

Número Identificador
SEN2024
KLAN202300290                                                       2

denegó la solicitud de plano presentada por la parte apelante el 13

de marzo de 2023.

      El 10 de abril de 2023, Universal compareció ante este

Tribunal. La parte apelada, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

en adelante el Apelado o ELA, compareció ante este Tribunal

solicitando la desestimación del recurso de epígrafe el 10 de mayo

de 2023. Así las cosas, se le concedió un término adicional a la

parte apelante para que presentara su posición que fue radicada por

Universal el 25 de mayo de 2023. Declarada "No ha Lugar», la

solicitud de desestimación presentada por el ELA, se establecieron

términos para estipular la transcripción oral. Posteriormente, el 16

de octubre de 2023 el ELA preseñtó su alegato.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Sentencia del TPI- Carolina en el recurso de epígrafe.

                                 I.

      La situación de hechos que versa sobre la controversia que

nos ocupa en el día de hoy es la siguiente.

      Universal presentó una demanda el 12 de julio de 2019. En
esencia, se alegó que el 15 de mayo de 2019, la Policía de Puerto

Rico ocupó el vehículo de motor Toyota modelo Yaris, tablilla IPC   -

348 del año 2016 (en adelante, vehículo o automóvil) cuya dueña

registral, ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas,

(en adelante DTOP), al momento de los hechos lo era Sylvia Josefina

Jiménez Fuentes. El conductor al momento de los alegados hechos

lo era Ángel A. Rodríguez Giménez. El automóvil se ocupó por

alegadas violaciones a los Artículos 401 y 412 de la Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio
de 1971, según enmendada, 24 LPRA secs. 2401, 2411(b).
1ÇLA1N2U'2UU29U

       Popular Auto es la entidad que tenía un gravamen sobre el

auto y Universal es la aseguradora a la cual se le cedieron todos los

derechos sobre la unidad ocupada.3 El vehículo en cuestión tazó la

suma de $12,000.00.

       Posteriormente, la contestación por parte del ELA fue radicada
el 20 de agosto de 2019. A su vez, según surge de la Minuta                       -

Resolución del 28 de octubre de 2019, Popular Auto desistió de su

causa de acción y se le reconoció legitimación activa a Universal.4
Eventualmente, el 17 de marzo de 2020, Universal presentó una

"Solicitud de Sentencia Sumaria", y oportunamente el ELA se opuso

a la misma el 14 dejulio de 2020. A estos fines, el Foro a quo declaró

"No ha lugar" la solicitud de Sentencia Sumaria, razonando en

síntesis que:

       Como expusimos en la sección anterior, a partir de la
       vigencia de la Ley 287-2018 la doctrina de impedimento
       colateral por sentencia no podrá invocarse para
       impugnar una confiscación cuando un imputado o un
       acusado haga alegación de culpabilidad o se someta a
       un programa de desvío o cuando éste fallezca durante
       el procesamiento penal. Tampoco podrá invocarse en
       ausencia de alguna adjudicación expresa en otro
       proceso penal, civil o administrativo que se celebre
       por los mismos hechos que dieron lugar a la
       confiscación en el cual se determine que el bien
       confiscado no fue utilizado en la comisión de algún
       delito. La solicitud de sentencia sumaria que presentó
       la parte demandante no logró establecer la existencia de
       una adjudicación que concluyera que el Toyota
       confiscado no fue utilizado en la comisión de algún
       delito.5

       Así las cosas, el 18 de septiembre de 2020, Universal solicitó

mediante        una        "Moción     de   Reconsideración"         destacando

esencialmente         la   "Doctrina    del Impedimento          Colateral     por

Sentencia". Nuevamente el ELA, se opuso ante la "Moción de

Reconsideración".          Al ser declarada "No ha lugar", por el TPI             -

  SUMAC, entrada núm. 20. El TPI -Carolina dictó "Sentencia parcial con perjuicio",
la misma fue dictada y notificada el 15 de julio de 2020.
  Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo 7, pág. 49-50.
  Id. Anejo 10, a la pág. 84-93. (nfasis suplido)
 KLAN202300290
Carolina, Universal recurrió ante este Foro mediante el recurso
Universal Insurance Co. y otros y. Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y otros, KLCE2O2O-00870. Posteriormente, el ELA presentó su

oposición a la expedición del Recurso. Ante el planteamiento de ese

momento, este Tribunal sostuvo la determinación del Foro Recurrido

bajo el fundamento de cosa juzgada en su modalidad de

impedimento colateral por sentencia presentada por la parte

apelante.

       Así las cosas, se devolvió el caso ante el Foro Primario para la

continuidad de los procedimientos. Celebrada la Conferencia con

Antelación a Juicio el 11 de octubre de 2022, en síntesis, el Foro

Primario determinó que: "El tribunal hace constar que solo falta

resolver si la parte demandante podrá rebatir la presunción de

corrección de la confiscación del vehículo que se realizó en este

pleito".6

       El 6 de diciembre de 2022, celebrada la Vista en su Fondo, el

ELA presentó en corte abierta una "Solicitud de desestimación" al

amparo de la Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 39.2 (c), por entender que no se había rebatido la

presunción de corrección de la confiscación del vehículo. Esta fue

declarada "Ha Lugar" por el TPI -Carolina, mediante Sentencia

emitida el 6 de febrero de 2023 y notificada el 7 de febrero de 2023.

El Foro Primario desestimO con perjuicio la reclamación incoada por

Universal, y a su vez le impuso la cantidad de $1,500.00 en concepto
de honorarios por temeridad.

       El 16 de febrero de 2023, Universal presentó una "Moción de

Reconsideración" ante el TPI -Carolina que fue declarada "No ha

6 SUMAC,   entrada núm. 37. La parte apelante sometió el documento como parte
del anejo 13, no obstante, en el Apéndice del Recurso faltan las páginas 114-117.
 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo 2, pág. 3-15.
KLAN2O23002YU
Lugar" mediante una Resolución emitida el 11 de marzo del año

2023 y notificada el 13 de marzo de 2013.8

         Luego de varios trámites procesales, Universal presentó el

recurso de epígrafe el 10 de abril de 2023. El lo de mayo de 2023,
el ELA presentó una "Solicitud de Desestimación" que fue declarada
"No ha Lugar". Así las cosas, la parte apelante sometió el 20 de junio

de 2023, mediante moción la "Transcripción de la Prueba Oral", y

subsiguientemente el ELA presentó el 10 de julio de 2023, "Moción

Notificando Estipulación de Transcripción". No empero, mediante
Resolución, este Foro le concedió a la parte apelante veinte (20) días

adicionales para presentar su alegato suplementario, y treinta (30)
días, contados a partir de ese momento para que el ELA presentara

su alegato. Posteriormenté, el 16 de octubre de 2023 el ELA presentó
su alegato.

          En su recurso, la apelante le imputa al TPI -Carolina los

siguientes señalamientos de error:

              ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
              INSTANCIA SALA DE CAROLINA AL NO ACOGER LA
              DESESTIMACIÓN      EN    CORTE     ABIERTA
              PRESENTADA POR EL ESTADO, AÚN CUANDO
              DICHA PARTE NO PRESENTÓ PRUEBA ALGUNA
              SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL VEHICULO
              CONFISCADO Y LA COMISIÓN DE UN DELITO.

              ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
              INSTANCIA SALA DE CAROLINA AL IMPONERLE
              TEMERIDAD A LA PARTE APELANTE, ABUSANDO
              DE SU DISCRECIÓN AL HACERLO.

          Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a

disponer del Recurso ante nos.

8   Id. Anejo 3, pág. 16-21
 KLAN202300290                                                         6

                                 II.

A. Apelación

      Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía,

los tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.

Dávila Nieves u. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Como

regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para sustituir

las determinaciones de hechos del tribunal de instancia con

nuestras propias apreciaciones. Dávila Nieves y. Meléndez Marín,

supra, pág. 771; Serrano Muñoz y. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741

(2007). De manera que, si la actuación del tribunal no está
desprovista   de   base     razonable,   ni   perjudica   los derechos
sustanciales de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de

instancia a quien corresponde la dirección del proceso. SLG Zapata     -

Rivera y. IF. Montalvo, 189 DPR 414, 449-450 (2013). Sierra y.

Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

      Sin embargo, la norma de deferencia esbozada encuentra su

excepción y cede cuando la parte promovente demuestra que hubo

un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o
parcialidad. BPPR y. GómezAlayón, 2023 TSPR 145 (2023), 213 DPR

     (2023); Trans -Oceanic Life Ins, y. Oracle Corp., 184 DPR 689,

709 (2012). Además, se requiere que nuestra intervención en esta

etapa evite un perjuicio sustancial. BPPR y. Gómez Alayón, supra,

Rivera Gómez y otros y. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc., 2023

TSPR 65, 212 DPR          (2023); (2023); VSPR, LLC y. Drift-Wind, Inc.,

207 DPR 253, 273 (2021); Lluch y. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Por discreción se entiende el "tener poder para decidir en una

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción". BPPR y. Gómez Alayón, supra; García y. Asociación, 165
DPR 311, 321 (2005), citando a Pueblo u. Ortega Santiago, 125 DPR

203, 211(1990). No obstante, "el adecuado ejercicio de la discreción

está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad". A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico,

ha indicado cuáles son situaciones que constituyen un abuso de

discreción, a saber:

      [C]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta
      e ignora, sin funthmento para ello, un hecho material
      importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el
      contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para
      ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e
      inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o
      cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los
      hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes,
      el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.
      VS PR, LLC u. Drift-Wind, Inc., supra, pág 274. Citando con
      aprobación a Pueblo y. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580
      (2009). Ramírez y. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341
      (2002), citando a Pueblo y. Ortega Santiago, supra, págs.
      211-2 12.

      Así, pues, la discreción no implica que los tribunales puedan

actuar de una forma u otra en abstracción del resto del derecho.

Rivera et al. y. Arcos Dorados et al., supra.

B. Deferencia Judicial

      Es bien sabido que el Foro Primario es el que tiene la

oportunidad de ver y observar a los testigos y su manera de declarar,

de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, ademanes,

dudas y vacilaciones, e ir formando gradualmente en su conciencia
la convicción de si dicen o no la verdad. Graciani Rodríguez u. Garaje

Isla Verde, LLC, 202 DPR 117,127 (2019); Pueblo u. Torres Martínez,

200 DPR 834,857-858 (2018); IFCO Recycling u. Aut. Desp. Sólidos,

184 DPR 712, 746 (2012);Lópezv. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,136

(2004); Argüello u. Argüello, 155 DPR 62 (2001). Consecuentemente,
los tribunales apelativos       no debemos intervenir con la
apreciación de la prueba que realizan los tribunales de
KLAN202300290                                                      8

instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto. Torres González y. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821,

847 (2023); Super Asphalt Pavement Corp.       y.   Autoridad para el

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, 206 DPR 803,

820 (2021); Gómez Márquez y. Periódico el Oriental Inc., 203 DPR

783, 784 (2020); Pueblo y. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584

(2008). S.L.G. Rodriguez y. Nationwide, 156 DPR 614, 623 (2002).

(Énfasis suplido).
      El fundamento principal a esta deferencia es que el juzgador

del Foro Primario tuvo la oportunidad de observar toda la prueba

presentada, y por ende se encuentra en mejor situación que el

Tribunal Apelativo para considerarla. Argüello y. Argüello, supra,
pág. 78.

      De esta manera, reiteramos que "la llamada deferencia

judicial está predicada en que los jueces de las salas de

instancia están en mejor posición para aquilatar la prueba

testifical porque tienen la oportunidad de oír, ver y apreciar

el comportamiento del testigo». Pueblo y. Hernández Doble, 210

DPR 850, 865 (2022); Ortiz Ortiz y. Medtronic Puerto Rico Operations,

Co. 209 DPR 759, 779-780 (2022); Gómez Márquez y. Periódico el

Oriental Inc., supra, pág. 793. (Énfasis suplido). "Por lo tanto, la

facultad de los tribunales apelativos para sustituir el criterio

de   los   tribunales de     instancia se     reduce     a aquellas

circunstancias en las que, a la luz de la prueba admitida, no

exista base suficiente que apoye su determinación". Santiago Ortiz
y. Real Legacy Assurance Company, Inc. 206 DPR 194, 220 (2021).

(Énfasis suplido).

      Así mismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado

que [c]uando la impugnación de las determinaciones de hecho se

base en la prueba oral desfilada, así como en la credibilidad que le
KLA1N2U5UU29U                                                          y

mereció [...] este Tribunal ha expresado que "[EJs imprescindible

que se traiga a la consideración del foro revisor la

transcripción de la vista celebrada o una exposición narrativa

de la prueba". Graciani Rodríguez y. Garage Isla Verde LLC., supra,

pág. 129. (Énfasis suplido).

      Cónsono con los pronunciamientos del Máximo Foro de

Puerto Rico se ha establecido que:

      "[e]n consideración a la norma de corrección que cobija a las
      determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera
      Instancia, cuando uñ peticionario señala errores dirigidos a
      cuestionar la apreciación o suficiencia de la prueba, la
      naturaleza del derecho apelativo requiere que éste ubique al
      foro revisor en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro
      primario utilizando alguno de los mecanismos de
      recopilación de prueba oral, como lo son: (1) transcripción de
      la prueba, (2) exposición estipulada o (3) exposición
      narrativa".
      Pueblo y. Pérez Delgado, 2023 TSPR 35; 211 DPR        (2023).

      Así pues, sentencia nuestro Más Alto Foro que: "Ante la

presunción de corrección que revisten las determinaciones del foro

primario, quien desee impugnar las mismas deberá colocar al

tribunal revisor en posición de atender correctamente sus

planteamientos sobre la apreciación y la credibilidad de la prueba

oral desfilada". Id., pág. 11.

      Por otro lado, como norma general de nuestro ordenamiento

jurídico el peso, o la responsabilidad, de probar o presentar prueba

que sustente su postura, recae sobre aquel que promueve una

acción. Rivera Figueroa u. The FullerBrush Co., 180 DPR 894, 913

(2011); E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009,

Análisis por el Prof Ernesto L. Chiesa (Publicaciones JTS, 2009),
pág. 98. Con relación a esto, la Regla 110 de las Reglas de Evidencia,

32 LPRA Ap. IV R. 110, dispone que el juzgador de los hechos deberá

evaluar la evidencia presentada, sujetado a los siguientes principios:
 KLAN202300290                                                     lo

   (A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría
   vencida de no presentarse evidencia por alguna de las
   partes.

   B) La obligación de presentar evidencia primeramente
   recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto
   en controversia.

      E. .11
      Esto responde al entendido jurídico de que el peso de la

prueba es una obligación que tiene la parte que afirma la cuestión

en controversia, y de convencer al juzgador sobre la forma particular
en que ocurrieron los hechos que alega. Rivera Figueroa y. The

Fuller Brush Co., supra, pág. 913. Nuestro sistema evidenciario

impone la obligación inicial o primaria de presentar evidencia

a la parte que sostiene la afirmativa de la cuestión en

controversia. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho

Probatorio Puertorriqueño, Segunda Edición, Ediciones Situm,

2005, pág. 148; E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas

de Evidencia de Puerto Rico y Federales, Tomo II, Publicaciones

J.T.S., 2005, pág. 1003. (Énfasis suplido).

      Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones no debe elaborar

sobre la pasión, el prejuicio y la parcialidad si no puede

fundamentar que esto ocurrió en el caso ante su consideración.
Gómez Márquez y. Periódico el Oriental Inc., supra, pág. 784. El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado múltiples veces que:

"quien señale que el juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o

parcialidad debe sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente,

pues estas no deben convertirse en un instrumento para ejercer

presión contra el Tribunal de Primera Instancia". Id., pág. 785.
 TYT   A WTflfl.flEflnnnn
 1J.U1i               '%J

 C. Ley Uniforme de Confiscaciones

           La Ley Núm. 119-2011, también conocida como la Ley

 Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724, según enmendada,

 le confirió autoridad delegada a ciertas instrumentalidades del

 Estado Libre Asociado (en adelante, ELA) para confiscar bienes que
 son utilizados con fines ilícitos.9
           Como parte de la disposición legal antes citada, en su

 Exposición de Motivos se destacan que: "entre tales disposiciones se

 encuentra el Artículo II, Sección 7 de nuestra Constitución, que

reconoce el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la
propiedad. Además, establece que ninguna persona será privada de

su libertad y propiedad sin un debido proceso de ley". 10 [¯]
 Universal Insurance Company u. Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, 211 DPR 455 (2023). Sabido es que, como parte del proceso

"entre éstos, como en cualquier otra reclamación civil, todo

demandante tiene que poseer legitimación activa para incoar su
               11

          Por otro lado, hacemos hincapié en que del texto claro de la

ley se desprende lo siguiente:

          En nuestra jurisdicción, la confiscación es una acción
          civil o in rem, distinta y separada de cualquier acción in
          personam. La confiscación que lleva a cabo el Estado se
          basa en la ficción legal de que la cosa es la ofensora
          primaria. El procedimiento in rem tiene existencia
          independiente del procedimiento penal de naturaleza in
          personam, y no queda afectado en modo alguno por
          éste. Los procedimientos de confiscación civil
          pueden lievarse a cabo y culminarse antes de que se
          acuse, se declare culpable o se absuelva al acusado.
          Incluso, pueden lievarse aun cuando no se haya
          presentado ningún cargo.12

  Exposición de Motivos, Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724, Ley
Núm. 119-2011, según enmendada. (nfasis suplido).
10 Id.
11 Id. a la pág.
                 5
12 Id.
 KLAN202300290                                                              12

          Como parte de las expresiones de nuestro Máximo Foro sobre

las confiscaciones en In Rem, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha puntualizado que:

          Establecido lo anterior, reiteramos, que para que una
          confiscación in rem o civil sea procedente deben satisfacerse
          dos (2) requisitos primordiales. Primeramente, debe existir
          prueba suficiente y preponderante de que se ha cometido
          un delito. Segundo, debe demostrarse que existe un nexo
          entre la comisión del delito y la propiedad confiscada.
          Además, dada la naturaleza independiente de la acción civil
          de la confiscación, esta puede instarse antes de que se
          presente una acción criminal o, incluso, antes de que se
          haya obtenido un veredicto de culpabilidad o absolución.
          Lo crítico, es que el Estado demuestre que la propiedad
          confiscada se utilizó en una actividad delictiva.
          Universal Insurance y. ELA, supra, en la pág. 6. (nfasis en
          el original).
          Así las cosas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que "la ley dispone expresamente la determinación de

la Asamblea Legislativa sobre la naturaleza del procedimiento

de confiscación estatuido en Puerto Rico. De esta manera, "se

sostiene y reafirma la naturaleza in rem de las confiscaciones,
independiente de cualquier otra acción de naturaleza penal,

administrativa o de cualquier otra naturaleza".                    Universal

Insurance y. ELA, supra, pág. 8. (Énfasis y subrayado en el original).

          Continúa estableciendo nuestra Más Alta Curia que: "[. jEsto. .

debido a que la acción civil se dirige contra la cosa en sí misma, en

general, la       culpabilidad       o   inocencia   del   propietario      es

irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la confiscación

civil". Id. en la pág. 8. (nfasis y subrayado en el original).

          Por otro lado, como parte del proceso de Confiscación,

destacamos el artículo 8 de la Ley Núm. 119-2011, según

enmendada,'3 dispone que:
          El proceso de confiscación será uno civil dirigido
          contra los bienes e independiente de cualquier otro
          proceso de naturaleza penal, civil o administrativa que
          se pueda llevar contra el dueño o el poseedor de los

13   34 LPRA sec. 1724e, (énfasis suplido).
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     bienes ocupados bajo las disposiciones de cualquier ley
     que autorice la confiscación de bienes por parte del
     Estado. Los procesos de confiscación bajo esta Ley
     podrán lievarse a cabo y culminarse antes de que se
     acuse, se declare culpable o absuelva al acusado.
     Debido al carácter civil del proceso, la culpabilidad
     o inocencia del acusado no deberá tomarse en
     cuenta en el proceso de confiscación, solo deberá
     tomarse en cuenta la adjudicación de los hechos en
     sus méritos. Lo determinante en este proceso será si el
     bien en cuestión fue utilizado en la comisión de un
     delito independientemente del resultado de la acción
     criminal o de alguna otra naturaleza.

     Se dispone que, nO será de aplicación en los procesos
     de confiscación, la doctrina de Impedimento
     Colateral por Sent:encia en las siguientes instancias:
      a) Cuando el aéusado haya hecho alegación de
     culpabilidad;
     b) cuando el acusado se someta a un programa de
     desvío;
     c) cuando el acusado fallezca antes o en medio del
     proceso que se esté llevando a cabo contra su persona;
     d) en ausencia dé alguna adjudicación expresa en
     otro proceso penal, civil o administrativo, que se
     celebre por los mismos hechos que dieron lugar a la
     confiscación, en la cual se determine que el bien
     confiscado no fue utilizado en la comisión de algún
     delito; y
     e) en cualquier otra instancia que no se cumplan con
     los requisitos de la doctrina.

     A tenor con lo anterior, recientemente Nuestro Más Alto Foro

expresó que:

     La confiscación civil puede prevalecer aun cuando el
     Gobierno no haya presentado cargo alguno, ya que lo
     determinante es si alguna actividad delictiva se ha
     cometido en el vehículo o mediante el uso del vehículo,
     aunque no haya sido cometida por el poseedor o conductor
     del vehículo, es decir, independientemente de quién pudo
      cometer el acto delictivo.
      E...]

      Los procedimientos de confiscación civil pueden efectuarse
      aun cuando el gobierno no haya presentado ningún cargo.
      El Art. 8 de la Ley de Confiscaciones, 34 LPRA sec.
      1724e, expresamente dispone que el proceso de
      confiscación será independiente de cualquier otro
      procedimiento penal, civil o administrativo sobre los
      mismos hechos. Por consiguiente,           la   falta   de
      presentación de cargos criminales por los hechos que
      motivaron la confiscación de la propiedad en cuestión no
      invalida automáticamente la acción confiscatoria.
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        Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Oriental
        Bank y. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 209 DPR 796,
        799 (2022). (Negrilla suplida en el original).

        Por su parte, en el artículo 9 de Ley Núm. 119-2011, supra,

se destacan los bienes sujetos a confiscación:
       Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno de
       Puerto Rico, toda propiedad que resulte, sea producto o se
       utilice, durante la comisión de delitos graves y de
       aquellos delitos menos graves en los que por ley se autorice
       la confiscación, cuando tales delitos graves y menos graves
       se encuentren tipificados en el Código Penal de Puerto Rico,
       en las leyes de sustancias controladas, de armas y
       explosivos, en las leyes contra el crimen organizado, en las
       leyes de juegos prohibidos, bebidas alcohólicas, leyes
       fiscales, leyes contra la apropiación ilegal de vehículos, leyes
       de vehículos y tránsito y de embarcaciones; así como en otras
       leyes y en aquellos estatutos confiscatorios en los que por ley
       se autorice la confiscación. Toda propiedad que esté sujeta a
       una sentencia de confiscación que así lo autorice, será
       confiscada a favor del Gobierno de Puerto Rico.'4

       Resulta importante destacar que como parte del artículo 15,

Bienes Confiscados- Impugnación, se enfatiza que [...] "Se

presumirá la legalidad y corrección de la confiscación

independientemente               de     cualquier   otro    caso     penal,

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los

mismos hechos. El demandante tiene el peso de la prueba para

derrotar la legalidad de la confiscación. [¯¯]"¯ 15

D. La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
   y, R. 39.2(c)
       El inciso C de la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil,

supra, dispone expresamente que:

       (c) Después que la parte demandante haya terminado
       la presentación de su prueba, la parte demandada,
       sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso
       de que la moción sea declarada "sin lugar", podrá
       solicitar la desestimación fundándose en que bajo
       los hechos hasta ese momento probados y la ley, la
       parte demandante no tiene derecho a la concesión
       de remedio alguno. El tribunal podrá entonces
       determinar los hechos y dictar sentencia contra la parte
       demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta
       que toda la prueba haya sido presentada. A menos que

14 34 LPRA   sec. 1724f. (Énfasis suplido).
15 34 LPRA sec.   17241. (Énfasis suplido).
£..L,f11N      s)JJZ7..)

            el tribunal lo disponga de otro modo en su orden de
            desestimación, una desestimación bajo esta Regla 39.2
            y cualquier otra desestimación, excepto la que se
            haya dictado por falta de jurisdicción o por haber
            omitido acumular una parte indispensable, tienen el
            efecto de una adjudicación en los méritos.
            32 LPRA Ap. V. R. 39.2 (c). (Énfasis suplido).

            En el caso normativo Rivera Figueroa y. The Fuller Brush Co.,

supra, pág. 911, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableció que:

             Si la parte contra Ja cual se establece la presunción no
            ofrece prueba para demostrar la inexistencia del hecho
            presumido, la juzgadora o el juzgador debe aceptar que el
            hecho existe. Sin embargo, si se presenta prueba en apoyo
            de la inexistencia de tal hecho, ésta debe ser suficiente para
            persuadir a quien juzga que es más probable la inexistencia
            del hecho presumido que su existencia. Es decir, una vez
            activada la presunción ordenada por ley, la parte contra
            quien se emplea tiene el deber de presentar prueba para
            rebatir la presunción y dicha evidencia debe, además,
            persuadir al juzgador.

            Pues sabido es que:

            "[em una moción al amparo de la Regla 39.2(c),
            conocida como una moción contra la prueba o non-suit,
            el tribunal está autorizado, luego de que la parte
            demandante presente la prueba, a aquilatarla y a
            formular su apreciación de los hechos, según la
            credibilidad que le merezca la evidencia. Pero esa
            facultad se debe ejercitar después de un escrutinio
            sereno y cuidadoso de la prueba".
            Rivera Figueroa u. The FullerBrush Co, supra, pág. 916.

            Tal como requiere la Regla 39.2, supra, en caso de duda, se

debe requerir al demandado que presente su caso. En ese momento,

corresponde al Tribunal determinar si la prueba que preseñtó la

parte demandante es suficiente por sí misma para satisfacer los

requisitos de su particular causa de acción.

            De acuerdo con la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil de

2009, supra, la desestimación se da contra la prueba y la decisión
del Tribunal dependerá de su apreciación de la evidencia
presentada. Es norma conocida en nuestra jurisdicción que los

tribunales apelativos no intervendremos con la apreciación que
hagan de la prueba los foros de instancia en ausencia de pasión,
                                                                       16
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prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Rivera Figueroa y. The

Fuller Brush Co, supra, pág. 916.

E. Honorarios por temeridad

      Por otro lado, la Regla 44.1(d) de las de Procedimiento Civil,

supra, regulan la concesión de costas y honorarios en un pleito.

Veamos:

      En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya
      procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
      imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago
      de una suma por concepto de honorarios de abogado que
      el tribunal entienda correspondan a tal conducta. En caso
      que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios,
      agencias o dependencias haya procedido con temeridad o
      frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una
      suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en los
      casos en que esté expresamente exento por ley del pago de
      honorarios de abogado.
      32 LPRA Ap. V, R.44. 1 (d). González Ramos y. Pacheco
      Romero, 209 DPR 138, 139 (2022)

      Así las cosas, "la determinación de si se ha incurrido o no

en temeridad es una tarea que recae en la discreción sana del
tribunal sentenciador y solo se intervendrá con ella en casos en

los que se desprenda el abuso de tal facultad". González Ramos y.

Pacheco Romero, supra, pág. 141; SLG Flores- Jiménez y. Colberg,

173 DPR 843, 866 (2008). (]nfasis suplido)

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que "la

temeridad es aquella conducta que promueve un pleito que se pudo

obviar, lo prolonga innecesariamente o que obliga a una parte a

involucrarse en trámites evitables". Maderas Tratadas            y.   Sun

Alliance, 185 DPR 880, 925 (2012).
                                  III.

      La parte apelante comparece ante esta Curia solicitando que

revoquemos la Sentencia del TPI- Carolina por no estar conforme con

la determinación del Foro Primario. La apelante Universal nos

plantea dos (2) errores, que discutiremos a continuación.
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         A. Desestimación por Insuficiencia de Prueba

         Universal plantea ante este Tribunal que erró el Foro Primario
al acoger en corte abierta, la moción de desestimación al amparo de

la Regla 39.2 (c) presentada por el ELA, aun cuando dicha parte no

presentó prueba alguna sobre la relación entre el vehículo

confiscado y la comisión de un delito. No le asiste la Razón.

          Se desprende en el Artículo 8 de la Ley Núm. 119-2011, según

enmendada que: "El proceso de confiscación será independiente
de cualquier otro procedimiento penal, civil o administrativo

sobre los mismos hechos".            (Énfasis suplido)

          Por otro lado, según surge de la Solicitud de Sentencia

Sumaria presentada por la parte apelante,16 y de la Transcripción

de la Vista en su Fondo, con fecha del 6 de diciembre de 2022, el

Foro a quo determinó que la confiscación por parte del ELA había

surgido por una violación al amparo de la Ley Núm. 22-2000, según

enmendada y que cumplía con la presunción de corrección exigida
por la Ley Núm. 119-2011, según enmendada.'7

          De la misma manera, el Foro Primario concluyó que: "La

prueba que ha presentado la parte demandante en este pleito lo que

ha hecho es reproducir los argumentos que presentó en la Solicitud de

Sentencia Sumaria". 18 Continua el Juzgador de los Hechos,
exponiendo en Corte Abierta: "Sin embargo, su propio testigo en este

pleito testificó que él intervino por una intervención a la Ley 22,

específicamente por un viraje indebido y por rebasar una señal de

     Sobre este particular, el Foro a quo añadió:

16 Recurso de Apelación, Anejo 8, pág. 5 1-60.
17 Transcripción Oral Vista en   su Fondo, pág. 14, líneas 14-16.
18 Id., pág. 26, líneas 22-24, pág. 27 línea 1
19   Id., pág. 27, líneas 3-6.
     KLAN202300290                                                           18

         "la prueba que presentó la parte demandante en este pleito
         no rebate la presunción de legalidad de la confiscación, ni
         siquiera utilizó el testigo que ha presentado hoy para
         indagar sobre cuáles fueron los hallazgos de esa
         intervención, como se dio cuenta de que había picadura
         de marihuana y otras sustancias en el vehículo, que era la
         prueba que tenía que presentar en este procedimiento
         para rebatir la presunción de legalidad de confiscación,
         que es objeto de este pleito. Y, como dije, y lo que ha
         presentado la parte demandante en este pleito es
         meramente reproducir los argumentos que presentó en
         la Solicitud de Sentencia Sumaria que ya fue denegada
         por este Tribunal y fue confirmada por el Tribunal de
         Apelaciones".20

         De ordinario, la apreciación de la prueba no solo estuvo ante

el juzgador de hechos, sino que también fue evaluado por un Panel

Hermano de este Tribunal,21 donde se determinO basado en la

solicitud de Sentencia Sumaria, que no procedía una aplicación del

resultado favorable en el caso penal y que no erró el TPI -Carolina al

no aplicar la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de

impedimento colateral por Sentencia".22

         Habida cuenta de que, entendemos que no mediO pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, y que el criterio rector se

basa en la razonabilidad, encontramos que no surge evidencia

suficiente que pruebe las alegaciones de la parte apelante y rebata

la presunción de legalidad que opera bajo una ley especial. Es decir,

procedía la moción al amparo de la Regla 39.2 (c) presentada por el

ELA. No se cometió el error señalado.

         B. Honorarios por Temeridad

         Por otro lado, hemos destacado que según la imposición de

Honorarios por Temeridad descansa en la sana discreción del Foro

Sentenciador. Tal como expresa la Regla 44.1 (d), y según la

20 Id., pág. 27, líneas 8-23. (Ilnfasis suplido).
21 KLCE202000870
22  Posteriormente esta controversia fue resuelta por el Tribunal Supremo de
Puerto Rico en el caso: Universal Insurance Company u. Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, supra.
I\Ld-UN ¿U..OUUZU

jurisprudencia interpretativa de este criterio: "la determinación de

si se ha incurrido o no en temeridad es una tarea que recae en la

discreción sana del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con

ella en casos en los que se desprenda el abuso de tal facultad".
González Ramos y. Pacheco Romero, supra, pág. 141.

          De la Transcripción Oral de la Vista en su Fondo se desprende

que el TPI -Carolina evaluó y concluyó:

          "Incluso, también voy a evaluar con detenimiento si la parte
          demandante ha sido temeraria en la forma en que ha
          presentado esta prueba hoy, porque no han presentado una
          prueba distinta a la que ya fue declarada no ha lugar en la
           Solicitud de Sentencia Sumaria, lo que significa que no había
          mérito alguno para celebrar este juicio,23 porque la parte
          demandante claramente no presentó prueba alguna que
          justifique las causas de acción instadas en este pleito; lo que
          me lleva a concluir que fue un pleito totalmente innecesario
          instado por la parte demandante". 24

          Al ser una actuación discrecional por parte del Foro Primario,

y dentro del criterio de razonabilidad que impera en nuestra función

revisora, encontramos que la determinación de temeridad emitida

por el TPI -Carolina, estuvo dentro de su discreción. Entendemos que

no hay prueba de un abuso por parte del Tribunal Sentenciador. No

se cometió el error señalado.

                                       Iv.

          Luego de evaluar detenidamente el expediente que nos ocupa,

justipreciamos que el Foro Primario no abusó de su discreción en la

evaluación de la prueba ante sí. No hallamos sugerencia alguna en
los documentos evaluados que indique error de derecho o abuso

discrecional por parte del TPI -Carolina.

23   Id., pág. 28, línea 18-24.
241d., pág. 29, línea 1-5.
KLAN202300290                                                       20

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos al TPI          -

Carolina en su "Sentencia" dictada.

      Lo acordO y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre mediante voto escrito y el

Juez Rodríguez Flores concurre sin opinión escrita.

                            LCDA. LILIA M. OQUENDO SOIJS
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                                        ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                                         PANEL III

                                UNIVERSAL INSURANCE                       Apelación
                                      COMPANY                             procedente del
                                                                          Tribunal de Primera
                                      Apelante                            Instancia, Sala
                                                                          Superior de
                                         V.                               Carolina
                                                         KLAN202300290
                               ESTADO LIBRE ASOCIADO                      Civil Núm.:
                                  DE PUERTO RICO                          CA2O 19CV02596
                                      Apelado   Sobre:
                                               Impugnación de
                                               Confiscación
____________________________
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, el Juez
Rodríguez Flores y el Juez Pérez Ocasio.

                                  VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ

                                   El Tribunal de Apelaciones resolverá los recursos ante su

consideración mediante una resolución o sentencia, la cual incluirá

una exposición de los fundamentos que apoyen su determinación, y
cuando la naturaleza del recurso lo requiera, incluirá una relación

de hechos, una exposición y un análisis de los asuntos planteados,

o las conclusiones de derecho. 4 LPRA Ap. XXII, R. lo.
                                   Con relación a nuestra obligación como foro apelativo, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el mandato

incluido no se satisface con simplemente exponer en una breve

sentencia que estamos "convencidos que el tribunal a quo actuó

correctamente al denegar la rebaja solicitada" o que simplemente

indiquen de forma somera y superficial que los errores alegados no

habían sido cometidos. H. A Sanchez Martínez, Derecho Procesal
Apelativo,                             P.R.,    Lexis-Nexis, 2001, pág. 622623; Maldonado
Bermúdez y. Maldonado González, 141 DPR 19, 24-26 (1996); Torres

García y. Dávila Díaz y otros, 140 DPR 83, 85 (1996).

                                  De particular importancia es el análisis pertinente a las

controversias presentadas, pues permite al Tribunal Supremo, en

los casos en que se cuestione nuestro dictamen, conocer los
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fundamentos     precisos   de   nuestra     determinación.   Maldonado

Bermúdez u. Maldonado González, supra.

      Así las cosas, precisa destacar que, como norma general, no

intervendremos con las determinaciones de hechos del foro primario

en lo que respecta a la adjudicación de credibilidad, en ausencia de
prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción. Gómez

Márquez et al. u. El Oriental, 203 DPR 783, 793 (2020). En cuanto a

la acción de impugnación de confiscación, la acción confiscatoria

por parte del Estado goza de una presunción de corrección y

legalidad que tiene que ser derrotada por todo aquel que la

impugna. 34 LPRA sec. 17241.

      El procedimiento de confiscación está regulado por la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, según

enmendada, 34 LPRA sec. 1724 et. seq. (Ley 119-2011). Su política
pública es la creación de mecanismos que faciliten y agilicen el

proceso de confiscación de bienes muebles e inmuebles, además de

velar por los derechos y reclamos de las personas afectadas. Véase,

Exposición de Motivos de la Ley 119-2011. Esta legislación autoriza

al Estado a ocupar y hacer suya toda propiedad que se utilice en la

comisión de ciertos delitos graves y menos graves, incluso

violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Se trata de una

excepción al mandato constitucional que prohibe tomar propiedad

privada para fines públicos sin justa compensación. La confiscación

de los bienes que propician la comisión de un delito puede ser un

elemento disuasivo para el delincuente que, por temor a exponerse

al peligro de perder su propiedad, limita su actividad delictiva o no

le resulta tan fácil su realización. Además, se busca evitar que la

propiedad se utilice para futuras actividades delictivas. Coop. Seg.

Múlt. u. E.L.A., 180 DPR 655, 663 (2011).

      El proceso de confiscación tiene dos modalidades. La primera,

de naturaleza puramente penal, es parte del proceso criminal,
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dirigido contra el alegado autor del delito base que autoriza la

confiscación. La segunda se define como un proceso civil en el que

se va directamente contra la cosa a ser confiscada, separándolo

procesalmente del encausamiento criminal contra el presunto autor

del delito. A esta modalidad de la confiscación se le conoce como in

rem y es la que está recogida en la Ley de Confiscaciones. Coop. Seg.
Múlt. y. E.L.A., supra, pág. 664. La confiscación es una acción civil

in rem dirigida contra los bienes, e independiente de cualquier otro

procedimiento de naturaleza penal, civil o administrativo, que se

pueda llevar contra el dueño o poseedor de los bienes ocupados. Los

bienes sujetos a confiscación son los utilizados o producto de la

comisión de delitos graves y menos graves. Véase, Arts. 8 y 9 de la

Ley 119-2011, 34 LPRA secs. 1724 (e) (1).

      El Art. 15 de la Ley 119-2011 establece en lo pertinente que,

se presumirá la legalidad y corrección de la confiscación
independientemente de cualquier otro caso penal, administrativo o

cualquier otro procedimiento relacionado a los mismos hechos. El

demandante tiene el peso de la prueba para derrotar la legalidad de

la confiscación. 34 LPRA sec. 17441.

      En el caso que nos ocupa, de la transcripción de la prueba

oral se desprenden las manifestaciones del Agente Berrios Padilla a
los efectos de haber intervenido con el señor Rodríguez Giménez al

este realizar un viraje indebido y no obedecer la señal de "PARE", lo

que constituye una violación a la Ley Núm. 22-2000.

      Cabe resaltar que un panel hermano de este foro, en el

recurso   identificado   como   KLCE202000870,        confirmO   una

determinación previa del foro recurrido. En dicha Sentencia de 28
de septiembre de 2021 se confirmaron los siguientes hechos, según

decretados por el TPI, como no controvertidos. Estos son que:

      1. El 15 de mayo de 2019, el agente de la Policía de
         Puerto Rico, Gerardo Berrios Padilla, Placa 29553,
         intervino con Ángel A. Rodríguez Giménez (Rodríguez
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                Giménez), quien conducía un vehículo de motor
                Toyota Yaris 2016 con tablilla IPC-348 (en adelante
                el Toyota) por presuntas infracciones a la Ley 22-
                2000 conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de
                Puerto Rico.

             2. Durante el registro del Toyota, la policía encontró y
                ocupó una bolsa de papel estraza conteniendo 24
                galletas con aparente marihuana, una bolsita con
                cierre a presión con picadura de marihuana, una
                pipa de cristal multicolor con picadura quemada de
                marihuana y un vaporizador con líquido de
                marihuana. La prueba de campo que se le realizó a
                los artículos ocupados arrojó un resultado positivo a
               marihuana.

             Un examen de la transcripción del juicio en su fondo, no

    refleja que el apelante presentara prueba capaz de rebatir la

    legalidad de la confiscación, más bien insistió en argumentar que la

    causa criminal instada en contra del conductor del vehículo, aquí en
    controversia, había sido desestimada al no encontrarse causa para

    juicio en vista preliminar. Esto, a pesar de que dicho asunto había

    sido atendido previamente en el KLCE202000870. En dicho caso, se

    concluyó; "[e]sta determinación de no causa probable para acusar al

    imputado no es una limitación para que el Estado, de forma

    separada, ejerza su derecho de confiscar algún bien conforme a la

    ley aplicable. Mucho menos implica que el vehículo confiscado en

    cuestión no estuvo involucrado en la comisión de algún delito. Por

    tanto, al haber una ausencia de esta adjudicación expresa en esta

p
    etapa,    no procede la doctrina de impedimento colateral por
    sentencia de su faz."

             Coincido con el apelado en que, al insistir en el mismo

    planteamiento, y no presentar prueba suficiente que rebatiera la

    legalidad de la confiscación realizada por el Estado, más aun

    habiendo sido advertido expresamente por el foro recurrido ante la

    alegación de que la controversia no había sido incluida en el

    Informe, la parte apelante actuó temerariamente ocasionando que el

    tribunal, el Estado y su cliente invirtieran tiempo e incurrieran en

    gastos para atender un asunto completamente inmeritorio. Era un
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hecho ya determinado como incontrovertido, al momento del juicio,
que el agente había intervenido con el apelante y había ocupado

artículos que contenían marihuana. No he encontrado prueba

alguna en el expediente que rebata la presunción de legalidad y

corrección de la confiscación. El apelante no cuestionó al agente

sobre la ocupación de la marihuana o la inspección del vehículo.

      A la luz de lo antes señalado y, en ausencia de prejuicio,

parcialidad,    error manifiesto o abuso de discreción en la
determinación recurrida, confirmaría la sentencia desestimatoria en

su totalidad.
En San Juan, Puerto Rico a ..L de febrero de 2024.

                      Grace M. Grana Martínez
                  Jueza del Tribunal de Apelaciones