Court Opinion

ID: 9394844
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:15:00.550409+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.068523
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

    LCDO. JOSEPH M. LÓPEZ                         Certiorari
       BENABE, et. als.                           procedente del
                                                  Tribunal de
            Recurridos                            Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
                                    KLCE202300067 Fajardo

                 V.                                Caso Núm.:
                                                   NSCI201600028
    MUNICIPIO DE LUQUILLO,
            et. als.                               Sobre:
                                                   Daños y Perjuicios
           Recurrentes

Panel integrado por su presidenta la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Ronda Del Toro y la Juez Álvarez Esnard

Ronda del Toro, Juez Ponente

                               SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2023.

         Comparece, el Municipio de Luquillo (en adelante Municipio

o peticionario), quien presentó un recurso de Certiorari en el que

nos solicita que revoquemos una Resolución que emitió el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (en adelante TPI),

el 1 de noviembre de 2022.1 Mediante el referido dictamen el foro

primario declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario para que

se desestime la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación

expedimos el auto solicitado y modificamos la Resolución

recurrida. Así modificada, se confirma.

                                       I.

         El 20 de enero de 2016, el matrimonio compuesto por Lcdo.

Joseph López Benabe y la Lcda. Dinorah I. Sánchez Rivera (en

1
    Notificada el 2 de noviembre de 2022.

Número Identificador
SEN2023 ________
KLCE202300067                                                                 2

conjunto parte recurrida) y la señora Jennie Erazo Rosario,

presentaron una demanda contra el Municipio, entre otros

codemandados, por daños y perjuicios, violación de derechos

civiles,     persecución     política    y   represalias.         Entre   los

codemandados, en su carácter personal se encontraba el alcalde

del municipio y, a los empleados municipales: Keyla Centeno

Avilés, Yarelix Pumarejo Torrens, Ruth E. López Delgado y Luis R.

Rodríguez Charles.        El Lcdo. López Benabe y la Lcda. Sánchez

Rivera, alegaron que fueron empleados de carrera del Municipio

hasta que el primero fue despedido ilegalmente el 15 de mayo de

2015 y la segunda fue objeto de un despido constructivo por

represalias y discrimen político el 13 de agosto de 2015.

         Luego    de   varios   trámites     procesales,    los   empleados

municipales presentaron una moción solicitando la desestimación

de la reclamación contra éstos en su carácter personal. Contando

con las posiciones de las partes, el 20 de noviembre de 2018, el

TPI dictó una sentencia parcial en la que declaró Ha Lugar la

moción de los empleados municipales y desestimó la reclamación

en su contra.2         Los recurridos solicitaron la revisión de este

dictamen mediante un recurso de Certiorari.                Este recurso fue

denegado por un panel hermano en el caso KLCE201900130.

         Así las cosas, el 3 de marzo de 2021, el Municipio presentó

tres mociones dispositivas, a saber: 1) Solicitud de desestimación

de la demanda por el incumplimiento de todos los demandantes

con el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos; 2) Solicitud

de desestimación de la demanda, en cuanto a Joseph López

Benabe por falta de Jurisdicción sobre la materia (Jurisdicción

Exclusiva de la CASP), y 3) Solicitud de desestimación de la

2
    La sentencia parcial fue enmendada Nunc Pro Tunc el 9 de enero de 2019.
KLCE202300067                                                             3

demanda, en cuanto a Dinorah Sánchez Rivera por falta de

Jurisdicción sobre la materia (Jurisdicción Exclusiva de la CASP).

      En la primera de estas mociones, el Municipio solicitó la

desestimación   de    la   demanda        en    su   contra    alegando   el

incumplimiento con el requisito de notificación previa requerido el

Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. El 15 de junio de

2021, el Tribunal de Primera Instancia, en una resolución, declaró

No Ha Lugar la solicitud de desestimación por incumplimiento con

el requisito de notificación previa. Este dictamen fue sujeto a un

recurso de Certiorari, presentado por el Municipio ante este

Tribunal   de   Apelaciones.         En    la    Sentencia       del   caso

KLCE202200324,       se    expidió   el   recurso     y   se   modificó   la

determinación del TPI.         Mediante la aludida sentencia se

desestimó la reclamación de la Sra. Erazo Rosario, pero se

confirmó la determinación del TPI en cuanto a Lcdo. López Benabe

y la Lcda. Sánchez Rivera.

      Siendo ello así, el TPI continuó con los procedimientos en el

caso y ordenó a las partes a expresarse respecto a las dos

mociones dispositivas pendientes, identificadas en la página

anterior. En síntesis, el Municipio argumentó que el TPI no tenía

jurisdicción sobre la materia dado que la Comisión Apelativa para

el Servicio Público (CASP) es la entidad con jurisdicción primaria

exclusiva sobre las reclamaciones hechas en la demanda.

Respecto a la Lcda. Sánchez Rivera, el Municipio planteó que debe

desestimarse la acción porque ella nunca acudió a CASP. Por otro

lado, el Municipio destacó que el Lcdo. López Benabe, quien

reclamó ante CASP, presentó una Solicitud de Reconsideración

ante la entidad el 11 de junio de 2015, y que ésta estaba

pendiente de adjudicación. Por lo cual, el TPI estaba impedido de

atender la reclamación hasta tanto CASP resolviera la solicitud.
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Los recurrentes expresaron su oposición a la desestimación

argumentando que la presente reclamación no se fundaba en la

retención del empleo, o de asuntos en el cual la CASP tenía

jurisdicción primaria exclusiva, sino en daños y perjuicios por

violación a derechos civiles; la Constitución de Estados Unidos de

América, la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Derechos Civiles

Federal, 42 USC sec. 1983; los artículos 1802 y 1803 del entonces

vigente Código Civil de Puerto Rico (vigente en ese momento); la

Ley Número 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como la

Ley de Represalias, y el Family and Medical Leave Act of 1993, 29

USC secs. 2601-2654.

      Así las cosas, el 1 de noviembre de 2022, el Tribunal emitió

una Resolución resolviendo las dos mociones dispositivas. Luego

de evaluar las solicitudes de desestimación del Municipio y la

Demanda, tomando como cierto los hechos bien alegados y

haciendo todas las inferencias permisibles a favor de los

recurridos, el Tribunal de Instancia entendió que estaba ante el

tipo de reclamación contemplada en Colón Rivera et al. v. ELA,

189 DPR 1033 (2013), por lo cual declaró No Ha Lugar las

mociones presentadas por el municipio. Insatisfecho el Municipio

presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada no

ha lugar por el TPI el 22 de diciembre de 2022.

      Por lo anterior, el Municipio presentó ante este Tribunal de

Apelaciones el presente recurso de Certiorari el 23 de enero de

2013, en donde señaló los siguientes errores:

            Erró el TPI al evaluar la solicitud de
      desestimación por falta de jurisdicción sobre la
      materia bajo los parámetros aplicables a la Regla
      10.2(5) de las de Procedimiento Civil, en lugar de
      aplicar la Regla 10.8 de las de Procedimiento Civil.
           Erro el TPI al denegar la desestimación de la
      demanda, en cuanto al Lcdo. Joseph M. López Benabe,
      debido a la jurisdicción exclusiva de la CASP, a la cual
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      este se sometió para, simultáneamente, acudir al foro
      judicial sin cumplir con el estándar establecido por el
      Tribunal Supremo para poder eludir el trámite
      administrativo por alegadas violaciones de derechos
      civiles.
             Erro el TPI al denegar la desestimación de la
      demanda, en cuanto a la Lcda. Dinorah Sánchez
      Rivera, por falta de jurisdicción sobre la materia
      (jurisdicción exclusiva de la CASP), a pesar de haber
      incumplido con el estándar establecido por el Tribunal
      Supremo para eludir el trámite administrativo ante
      reclamos de alegada violación de derechos civiles.
            Erró el TPI al denegar la solicitud de
      desestimación al amparo del caso de Colón Rivera vs.
      ELA, 189 DPR 1033 (2013), cuando éste solo provee
      para la desestimación de la demanda de autos.
                                II.

                                A.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR _ (2023); 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012).

      La característica distintiva de este recurso se asienta en la

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su

expedición y adjudicar sus méritos.       IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra, pág. 338. Dicha discreción es "una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera".   800 Ponce de León v. AIG, supra; IG

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1, establece la autoridad limitada de este Tribunal para revisar

las órdenes y las resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional

del certiorari. Esta, en lo pertinente, dispone que:
KLCE202300067                                                      6

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. [.
      . .]
      32 LPRA Ap. V, R. 52.1

      Con   el   fin   de   ejercer   sabiamente   nuestra   facultad

discrecional en la consideración de los asuntos planteados

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, imparte los siguientes

criterios que debemos tomar en consideración al determinar si

procede o no la expedición de un auto de Certiorari:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso
      y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más
      elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
      el caso es la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que

un Tribunal Apelativo sólo intervendrá contra las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando se

demuestre que “hubo un craso abuso de discreción o que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa

evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).
KLCE202300067                                                                  7

                                       B.

      La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que

formula el demandado para solicitar que se desestime la demanda

presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

174 DPR 409, 428 (2008). La citada regla dispone que la parte

demandada puede presentar una moción de desestimación en la

que alegue las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción sobre

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3)

insuficiencia   del    emplazamiento;                (4)   insuficiencia      del

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar

de acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

      En términos generales, al evaluar la concesión de una

moción de desestimación, nuestro máximo foro ha establecido que

las   alegaciones     deben      ser        interpretadas    conjuntamente,

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte

demandante. González Méndez v. Acción Social, 196 DPR 213,

234 (2016). Por otra parte, la demanda no debe desestimarse a

menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a

remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Íd.;

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.

       Cuando se trata de un reclamo de derechos civiles realizado

por un empleado público, la alegación de violación de derechos

civiles requiere que al atender una moción solicitando la

desestimación   el    Tribunal    debe         ser    sumamente     liberal    y

“únicamente procedería cuando de los hechos bien alegados no

podía concederse remedio alguno a favor del demandante.” Ver:

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013).
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                                   C.

      Es norma reiterada que los asuntos relacionados con la

jurisdicción del Tribunal son privilegiados y deben atenderse con

prioridad. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019);

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018).            Al

cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes

o, incluso, cuando no haya sido planteado por éstas, el foro

examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional

como parte de su deber ministerial, pues éste incide directamente

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia.        Torres

Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., supra. Se ha señalado que la:

      [La] ausencia de jurisdicción sobre la materia trae
      consigo las consecuencias siguientes: (1) no es
      susceptible de ser subsanada; (2) las partes no
      pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal
      como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva
      la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a
      los tribunales el ineludible deber de auscultar su
      propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales
      apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro
      de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse
      en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de
      las partes o por el tribunal motu proprio”. González
      v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855
      (2009).
      De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta

declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos

de la controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.      Así lo expone la Regla

10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R.10.8, que

establece:

      [. . .] (c) Siempre que surja, por indicación de las
      partes o de algún otro modo, que el tribunal carece de
      jurisdicción sobre la materia, éste desestimará el
      pleito.

      Bajo esta disposición, se puede desestimar una reclamación

por ser de jurisdicción exclusiva de una agencia administrativa o
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de la esfera federal.   Esto significa que al amparo de la Regla

10.8(c) los tribunales locales deben desestimar una acción civil

cuando surge la falta de jurisdicción sobre la materia ante el foro

aludido. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, a la pág.

855.

       En lo pertinente, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone sobre la moción de desestimación

que:

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una
       reclamación se expondrá en la alegación responsiva
       excepto que, a opción de la parte que alega, las
       siguientes defensas pueden hacerse mediante una
       moción debidamente fundamentada: (1) falta de
       jurisdicción sobre la materia [. . .]

       La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, “es aquella que formula el

demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en

la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su

contra”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409,

428 (2008).    Entre las defensas que pueden alegar, mediante

moción fundamentada, está la falta de jurisdicción sobre la

materia. 32 LPRA Ap. V. R. 10.2. Por tanto, esta regla permite a

la parte demandada alegar que dado que no hay jurisdicción sobre

la materia se vuelve improcedente la demanda incoada.

       Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2,

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados

de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a

dudas”    y,   “tales   alegaciones    hay    que    interpretarlas

conjuntamente, liberalmente, y de la manera más favorable

posible para la parte demandante”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz

Dev. Corp., supra, págs. 428-429. Particularmente, una moción
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al amparo de la Regla 10.2, supra, fundada en la falta de

jurisdicción sobre la materia, “para desestimar un caso por falta

de jurisdicción sobre la materia ‘es necesario determinar si,

tomando como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene

jurisdicción para atender el reclamo’”. Colón Rivera et al. v. ELA,

supra, pág. 1049, citando a Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R.

13, 30 (1999).

                                 D.

      La Ley Núm. 184-2004 estableció la Comisión Apelativa del

Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) como

el organismo adjudicativo sustituto de la Junta de Apelaciones del

Sistema de Administración de Personal y le confirió jurisdicción

apelativa sobre todas las reclamaciones de los empleados públicos

no organizados sindicalmente, las cuales se relacionan con el

principio del mérito. Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1050.

Conforme a esta Ley, las acciones relacionadas al principio del

mérito son: clasificación de puestos, reclutamiento y selección,

ascensos, traslados y descensos, adiestramiento, y retención. Id.,

pág. 1051.

      Por virtud del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3 LPRA

Ap. XIII, conocido por el "Plan de Reorganización de la Comisión

Apelativa    del   Servicio   Público"   [en   adelante   Plan   de

Reorganización] se fusionó la CASARH y la Comisión de Relaciones

del Trabajo del Servicio Público, como la nueva CASP. Art. 1, Plan

de Reorganización, supra. La CASP es un organismo cuasi judicial,

especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de

mérito, en el que se atenderán casos laborales, de administración

de recursos humanos y de querellas de los empleados públicos

cubiertos por la Ley Núm. 45-1998, la Ley Núm. 184-2004, y los

empleados municipales cubiertos por la Ley Núm. 81 de 30 de
KLCE202300067                                                       11

agosto de 1991.    Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas,

2023 TSPR 6, pág. 13.

      El Art. 8 del Plan de Reorganización, supra, establece que la

CASP tendrá, entre otras, las siguientes facultades, funciones y

deberes:

      [. . .]
      i) conceder los remedios que estime apropiados y
      emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes
      conforme a las leyes aplicables. Esto incluye, entre
      otras, órdenes provisionales o permanentes de cesar
      y desistir; órdenes para la reposición de
      empleados suspendidos o destituidos, con o sin
      el abono de la paga atrasada dejada de percibir
      y la concesión de todos los beneficios marginales a los
      cuales los empleados hubiesen tenido derecho
      durante el período de suspensión o destitución;
      órdenes imponiendo sanciones económicas o
      procesales a agencias, funcionarios o representantes
      legales por incumplimiento o dilación de los
      procedimientos; y órdenes imponiendo sanciones a
      agencias, organizaciones sindicales o representantes
      exclusivos, incluyendo la descertificación de estos
      últimos; [. . .]
       j) conceder indemnizaciones por daños y
      perjuicios e imponer multas administrativas en
      todo tipo de discrimen que sea probado por los
      empleados que acuden ante este foro, sin
      menoscabo de los derechos de los servidores públicos
      de recurrir al foro judicial para el reclamo de daños y
      perjuicios cuando no lo reclamen ante la Comisión; [.
      . .] (énfasis nuestro).
      Por su parte, en el Art. 12 del Plan de Reorganización, supra,

especificó cuál sería la jurisdicción apelativa de CASP.         Dicho

artículo expresa lo siguiente:

      La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las
      apelaciones surgidas como consecuencia de acciones
      o decisiones de los Administradores Individuales y los
      municipios en los casos y por las personas que se
      enumeran a continuación:
      (a) cuando un empleado, dentro del Sistema de
      Administración de los Recursos Humanos, no cubierto
      por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según
      enmendada, conocida como la "Ley de Relaciones del
      Trabajo del Servicio Público", alegue que una acción o
      decisión le afecta o viola cualquier derecho que se le
      conceda en virtud de las disposiciones de [. . .] la Ley
      Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada,
      conocida como la "Ley de Municipios Autónomos", los
      reglamentos que se aprueben para instrumentar
KLCE202300067                                                       12

      dichas leyes, o de los reglamentos adoptados por los
      Administradores Individuales para dar cumplimiento a
      la legislación y normativa aplicable.
                                   E.

      La Ley 115-1991 conocida como “Ley contra el Despido

Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio

ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial” se aprobó con

el fin de conferirle una herramienta a los trabajadores en contra

de posibles actos de represalias por parte de los patronos,

motivadas por el ofrecimiento de algún testimonio o alguna

información ante ciertos foros.          Velázquez Ortiz v. Mun. de

Humacao, 197 DPR 656, 668-669 (2017); Cordero Jiménez v.

UPR, 188 DPR 129, 135-136 (2013).             El Art. 2 de la Ley de

Represalias, 29 LPRA sec. 194a, prohíbe que un patrono, público

o privado, despida, amenace, o discrimine contra un empleado

porque el empleado ofrezca o intente ofrecer testimonio o

información “ante un ante un foro legislativo, administrativo o

judicial de Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de

carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información

privilegiada establecida por ley”.         Para hacer valer la antes

mencionada prohibición el Art. 2, supra, también dispone que:

      (b) Cualquier persona que alegue una violación a las
      [29 LPRA secs. 194 et seq.] de este título podrá instar
      una acción civil en contra del patrono dentro de tres
      (3) años de la fecha en que ocurrió dicha violación y
      solicitar se le compense por los daños reales sufridos,
      las angustias mentales, la restitución en el empleo,
      los salarios dejados de devengar, beneficios y
      honorarios de abogado. La responsabilidad del
      patrono con relación a los daños y a los salarios
      dejados de devengar será el doble de la cuantía que
      se determine causó la violación a las disposiciones de
      dichas secciones. 29 LPRA sec. 194a (b).
      La Ley Núm. 115, supra, crea una presunción juris tantum

de violación a la misma a favor del querellante, al disponer que

éste establece un caso prima facie una vez prueba que (1)

participó   en   una   actividad        protegida   y   (2)   que   fue
KLCE202300067                                                            13

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su

contra en el empleo. Ya el querellante habiendo establecido de

forma     prima   facie   su   caso,    el   patrono   deberá   alegar   y

fundamentar que tuvo una razón legítima y no discriminatoria

para el despido. Ante esto, el empleado, aún puede prevalecer si

prueba que la razón alegada por el patrono es un simple pretexto

para el despido discriminatorio.        Véase, Art. 2, Ley 115-1991,

supra; Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 446

(2012).

                                   F.

        La Family and Medical Leave Act (FMLA) es una legislación

Federal que garantiza a todo empleado elegible el poder

ausentase sin paga de su empleo por un periodo de 12 semanas

en el término de 1 año, ante una enfermedad grave (“serious

illness”) que no le permita ejercer sus funciones. Además, la ley

le permite utilizar este permiso para el cuido de un familiar

cercano que se encuentre enfermo, o por el nacimiento-o

adopción- y cuido de un nuevo miembro de la familia. 29 USCA

sec. 2612(a)(1); SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251,

255 (2014). Por lo tanto, la FMLA le garantiza al empleado la

retención de su empleo o posición equivalente mientras este se

acoja al permiso provisto por ella.           Igualmente establece que

durante ese periodo el patrono deberá proveerle al empleado el

seguro médico que disfrutaba al momento en que se acogió a los

beneficios de esta ley. 29 USC secs. 2614(a)(1) y 2614(c)(1).

        El estatuto prohíbe que un patrono interfiera, restrinja o

niegue a un empleado el ejercicio de los derechos que la FMLA le

provee. 29 USC sec. 2615. Es por ello, que el discutido estatuto

dispone para el resarcimiento de los daños sufridos por el
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empleado ante la violación de los derechos que la FMLA le provee.

SLG Pagán-Renta v. Walgreens, supra, pág. 256; 29 USC sec.

2617. Tal reclamación se puede presentar ante cualquier tribunal

federal o estatal de jurisdicción competente. 29 USC sec. 2617.

                                 III.

      El primer señalamiento de error se enfocó en si el Tribunal

de Primera Instancia realizó el análisis correcto al evaluar las

mociones dispositivas que presentó el Municipio. Según el

Municipio, el Tribunal a quo aplicó el estándar de evaluación

aplicable a las mociones bajo el inciso 5 de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, que la demanda deja de exponer una

reclamación   que   justifique   la     concesión   de   un   remedio.

Argumentó que ante un planteamiento de falta de jurisdicción

sobre la materia el Tribunal de Primera Instancia no podía aceptar

como ciertas las alegaciones de la Demanda para poder

determinar si tenía jurisdicción. Argumentó que como la demanda

no cumplía con lo establecido en First Fed. Savs. v. Asoc. De

Condómines, supra, y conforme a la Regla 10.8 de Procedimiento

Civil, supra, solo procedía desestimar la demanda. El Municipio,

en ese análisis ignora lo resuelto en Colón Rivera et al. v. ELA,

supra.

      El referido error no se cometió. Nuestra jurisprudencia es

clara en que “para desestimar un caso por falta de jurisdicción

sobre la materia ‘es necesario determinar si, tomando como cierto

lo alegado por el demandante, el foro tiene jurisdicción para

atender el reclamo’”. Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1049.

Ahora, si de dicho examen surge que el tribunal carecía de

jurisdicción sobre la materia, entonces solo procedía que este se

declare sin jurisdicción y desestime el pleito, conforme a la Regla
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10.8 (c) de Procedimiento Civil, supra. Luego de evaluar la

resolución recurrida, el Tribunal de Instancia utilizó el análisis

correcto para atender la moción, o sea el Tribunal tomó como

cierto todos los hechos bien alegados para hacer su determinación

de jurisdicción.

      Los demás señalamientos de error en síntesis tratan sobre

si la CASP tenía jurisdicción primaria exclusiva sobre la materia en

la reclamación de los recurridos y de ser así si estos presentaron

hechos suficientes para preterir del trámite administrativo,

procedemos a resolverlos en conjunto.

      El Municipio argumentó, en su segundo señalamiento de

error, que el TPI erró al determinar que tenía jurisdicción para

atender la reclamación del Lcdo. López Benabe porque éste

presentó una reclamación ante CASP, la cual estaba pendiente de

adjudicación. En cambio, en el tercer señalamiento de error,

argumentó que la Lcda. Sánchez Rivera tampoco se podía

presentar ante el Tribunal de Primera Instancia dado que ésta

debía primero presentar su reclamación de despido constructivo

ante la CASP, al insistir que era foro con jurisdicción primaria

exclusiva sobre la materia. Por último, el Municipio argumentó

que la parte recurrida no presentó hechos concretos que

demuestren que una adjudicación de la CASP constituye una

gestión inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado o

que ha de causar un daño irreparable e inminente, por lo que estos

no podían evadir el trámite administrativo presentando una

reclamación    ante   el   foro   judicial   levantando   cuestiones

constitucionales, sobre alegado discrimen político y supuestas

represalias.
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        Resolvemos que la reclamación de Lcdo. López Benabe en

la CASP no constituye impedimento para presentar su reclamación

ante el Tribunal de Primera Instancia, dado que el proceso ante

la agencia para todos los efectos ya culminó. El Lcdo. López

Benabe presentó una solicitud de apelación ante la CASP

impugnado su despido por el Municipio. Según surge del

expediente del recurso de autos, esta se presentó el 11 de junio

de 2015,3 a saber 27 días desde que fue notificado, el 15 de marzo

de 2023, o sea, pocos días después de ser destituido de su puesto

en el Municipio.4          La solicitud de apelación se amparó en la

jurisdicción estatutaria de la agencia conferida en el Art. 12(a)

Plan Reorganización de la CASP, supra.5 Así las cosas, el 13 de

julio de 2015, la CASP emitió una Notificación final de deficiencia

y devolución de apelación por incumplimiento, mediante la cual

declaró la solicitud presentada por el Lcdo. López Benabe como no

radicada.6 El Lcdo. López Benabe presentó una solicitud de

reconsideración ante CASP el 15 de julio de 2015, la cual

no fue atendida por la agencia.7 Conforme al Art. 14 del

Plan Reorganización de la CASP, supra, la agencia tenía un

término de 15 días para tomar alguna determinación con

respecto a la reconsideración y de no hacerlo se entiende

rechazada. Tomado en cuenta que la CASP no atendió la moción

de reconsideración del Lcdo. López Benabe, resulta forzoso

concluir que los procedimientos ante la CASP, por los hechos

alegados en la demanda, hoy en día han concluido.           Además,

indicamos, de que en cuanto al Lcdo. López Benabe los

procedimientos ante CASP serían una gestión, inútil e inefectiva,

3
    Véase   la pág. 174 del Apéndice del Recurso.
4
    Véase   las págs. 7 y 174 del Apéndice del Recurso.
5
    Véase   la pág. 171 del Apéndice del Recurso.
6
    Véase   las págs. 255-256 del Apéndice del Recurso.
7
    Véase   las págs. 257-258 del Apéndice del Recurso.
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ya que surgía del expediente con suficiente claridad que la gestión

ante la entidad administrativa ha estado en suspenso desde el

2015. Ver: Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42

(1993).

         En cuanto a la reclamación de la Lcda. Sánchez Rivera, que

se trata de una empleada pública del Municipio de Luquillo que

alega múltiples violaciones a sus derechos civiles por parte de

dicha entidad gubernamental, también actuó correctamente el

TPI. La recurrida no acudió a la CASP. La apelante alega que se

le violentaron derechos constitucionales y esa alegación de

reclamo constitucional elude el cauce administrativo.

         La    CASP      también      está      facultada   para   conceder

indemnizaciones por daños y perjuicios e imponer multas

administrativas en todo tipo de discrimen que sea probado por los

empleados que acuden ante este foro,8 en estas circunstancias y

tomando como ciertas las alegaciones correctamente formuladas

sobre violaciones a sus derechos constitucionales, se justificaba

preterir el trámite administrativo y la recurrida podía recurrir

directamente al TPI, como hizo.

         Reconocemos que la Ley de Represalias contempla la

presentación de una acción civil en contra del patrono ante el TPI.

Con esa alegación formulada en su demanda, se releva a la parte

recurrente de tener que acudir a la CASP, para dilucidar la

controversia sobre si hubo un despido constructivo. Ver Colón

Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1049.

         En vista de lo anterior, concluimos que el Tribunal de

Primera Instancia no erró al no desestimar las reclamaciones ante

8
    Art. 8 del Plan de Reorganización, supra.
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su consideración. Esa decisión fue una correcta. Por tanto,

procede confirmar al TPI en su Resolución denegando la

reclamación del Municipio para desestimar ambos reclamos.

Procede confirmar en todas sus partes la Resolución emitida por

el foro primario y confirmar los procedimientos.

                               IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de este dictamen, expedimos el auto de Certiorari y

confirmamos la resolución dictada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Fajardo y ordenamos la continuación

de los procedimientos a la luz de lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones