Court Opinion

ID: 9890315
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:14:35.775218+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:11.565208
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

  ISLAND PORTFOLIO                                APELACIÓN
 SERVICES, LLC, como                              procedente del
   agente de ACE ONE                              Tribunal de Primera
    FUNDING, LLCV                                 Instancia, Sala de
                              KLAN202300730       Guayama
         Apelante
                                                  Civil núm.:
             v.                                   GM2022CV00451
                                                  (306)
     DARIANA M.
   HERNÁNDEZ BOU                                  Sobre: Cobro de
                                                  Dinero, Regla 60
         Apelada

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

      Comparece ante este tribunal apelativo Island Portfolio

Services LLC., (IPS o la parte apelante) mediante el escrito de

Apelación de epígrafe solicitándonos la revocación de la Sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Guayama (TPI), el 30 de junio de 2023, archivada en autos ese

mismo día. Mediante este dictamen, el foro primario desestimó sin

perjuicio la demanda incoada por la parte apelante. En síntesis,

razonó que el tribunal carecía de jurisdicción debido a que IPS

incumplió el Artículo 17(13) de la Ley de Agencias de Cobros, Ley

núm. 143 del 25 de junio de 1968, 10 LPRA secs. 981 et seq.

      Por   los    fundamentos    que   exponemos    a   continuación,

revocamos la Sentencia apelada.

                                   I.

      El 8 de junio de 2023, IPS como agente gestor de Ace One

Funding, LLC presentó una demanda en cobro de dinero al amparo

de la Regla 60 de las Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 60.

Particularmente reclamó que la Sra. Dariana M. Hernández Bou

Número Identificador
SEN2023________________________
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(señora Hernández Bou o la apelada) le solicitó a Island Finance,

LLC. un préstamo personal de $2,906.06, sobre el cual persiste una

deuda vencida, líquida y exigible ascendente a $2,604.21. Señaló

que dicho préstamo fue adquirido por Ace One Funding, LLC., quien

es manejada por IPS. Alegó, además, que:

           [L]a deuda no ha sido satisfecha ni todo ni parte a pesar
           de los múltiples requerimientos que se le han hecho a
           la parte demandada, que incluyen, pero no se limitan a
           llamadas y carta enviada por correo certificado con
           acuse de recibo, conforme al Art. 17 de la Ley Núm. 143
           del 27 de junio de 1968, según enmendada, Ley de
           Agencias de Cobro. Se acompaña como Anejo ‘D’.1

        Expuso que, previo a la presentación de esta acción, le envió

un aviso de cobro a la señora Hernández Bou. Al respecto, agregó

que dicho requerimiento fue remitido por correo certificado con

acuse de recibo y lo incluyó como anejo a la demanda. En la misiva,

la parte apelante le notificó a la apelada que era una compañía

autorizada y contratada para gestionar el cobro de su deuda,

ascendente a $2,604.21. Además, le apercibió que tenía treinta (30)

días para notificar su disputa a la validez de la deuda reclamada.

        En la demanda se incluyeron documentos del United States

Postal Service que demuestran que dicho aviso de cobro fue

“Certified with Return Receipt (Signature)”2 y que la carta “has been

delivered and is available at a PO Box at 10:53 am on January 25,

2023 in GUAYAMA, PR 00784”.3

        Tras varios incidentes procesales, el 16 de junio de 2023 el

foro a quo le notificó una orden a la parte apelante para que

mostrara causa por la cual no se debía desestimar la demanda,

debido a que, según el documento presentado, la carta de cobro

estaba “available at a PO Box”.4 En cumplimiento con lo ordenado,

IPS presentó una moción mediante la cual sostuvo que el requisito

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 2.
2 Íd., a la pág. 12.
3 Íd.
4 Íd., a las págs. 12 y 28.
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de aviso de cobro previo consiste en que la agencia envíe una misiva

por correo certificado con acuse de recibo antes de la presentación

de la acción al amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil,

supra. Adujo que así lo ha reconocido este Tribunal de Apelaciones

en varias sentencias. Particularmente, señaló que no se requiere que

el deudor reciba la carta, “pues esto dejaría a la merced del propio

deudor el que se configure el cumplimiento de la parte demandante

para poder incoar el procedimiento judicial, lo que menoscabaría el

propósito de la ley y fomentaría el mal uso del crédito y la práctica

de morosidad entre los deudores. Basta entonces, que se acredite

que la dirección utilizada al momento de cursar la correspondencia

es la última dirección conocida, como en este caso hizo IPS”.5

        Así las cosas, el 30 de junio de 2023 el TPI dictó y notificó la

Sentencia recurrida desestimando sin perjuicio la acción de cobro

de dinero, debido a que la parte apelante no requirió efectivamente

el pago previo a la presentación de la demanda. El foro primario

razonó que: “Una cosa es que no la reciba la carta propiamente el

demandado, pero otra cosa muy distinta es que nadie la reciba.

Dentro del apartado nadie es notificado”.6 Además, entendió que “la

ley exige prueba de la notificación y recepción de la carta de

cobro.”7 Para ello, comparó la figura de la carta de cobro con el

emplazamiento y la confiscación. Por consiguiente, concluyó que la

notificación adecuada previo a la privación de propiedad privada es

una noción básica del debido proceso de ley.8

        Inconforme, la parte apelante presentó una reconsideración

advirtiendo que el aviso de cobro no fue declarado “unclaimed” sino

que fue entregado y dejado disponible en el apartado de la apelada.

5 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 32.
6 Íd., a la pág. 40.   Subrayado en el original.
7 Íd. Énfasis y subrayado en el original.
8 Íd.
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La petición fue denegada mediante una Resolución notificada el 18

de julio de 2023.

      Todavía insatisfecha, la parte apelante presentó un recurso de

apelación imputándole al foro primario haber incurrido en el

siguiente error:

         INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL DESESTIMAR EL CASO DEBIDO A QUE
         EL AVISO DE COBRO- CURSADO A LA ÚLTIMA
         DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA DEMANDADA -
         APELADA- FUE MARCADO COMO “AVAILABLE AT PO
         BOX”, CUANDO LA LEY DE AGENCIAS DE COBRO Y
         SU     REGLAMENTO,      ASÍ    COMO      LAS
         DETERMINACIONES DEL FORO APELATIVO HAN
         DETERMINADO QUE UNA AGENCIA DE COBRO DEBE
         CURSAR A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE UN
         DEUDOR UNA CARTA DE INTERPRETACIÓN, SIN QUE
         SEA REQUISITO SINE QUA NON QUE ÉSTE LA
         RECIBA.

      El 23 de agosto de 2023,          emitimos una Resolución

concediendo el término de treinta (30) días a la parte apelada para

expresarse. Transcurrido en exceso el término concedido, sin que

la parte apelada cumpliera con lo ordenado, procedemos a disponer

del recurso sin el beneficio de su comparecencia.

      Analizado el expediente apelativo; así como estudiado el

derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                II.

Jurisdicción

      Sabido es que los tribunales debemos ser celosos guardianes

de nuestra jurisdicción estando obligados a considerarla aún en

ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto. La razón

para ello es que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que

los tribunales poseemos para atender una controversia ante nuestra

consideración. Tal asunto debe ser resuelto con preferencia porque

de carecer de jurisdicción para atender un asunto, lo único que

corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar v. Aut.

Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F.

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). El no tener la potestad para
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atender un asunto no puede ser corregido ni atribuido por el

tribunal. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos,

supra.

      En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta

sentencia sin ostentar jurisdicción sobre la persona o en la materia,

su determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v.

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que, cuando un

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para

entender   en   este,   ello   constituye   una   actuación   ilegítima,

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Íd.

La Regla 60

      La Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 60, (Regla 60) establece un proceso sumario para resolver

reclamaciones de deudas que no excedan los quince mil ($15,000)

dólares de principal. El propósito primordial de esta regla es “agilizar

y simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de

cuantías pequeñas, para así lograr la facilitación del acceso a los

tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en este tipo

de reclamación”. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 97

(2002); Cooperativa v. Hernández Hernández, 205 DPR 624, 631

(2020). Las acciones al amparo de la Regla 60 que sean presentadas

por agencias de cobros están reglamentadas por la Ley de Agencias

de Cobros, Ley núm. 143 de 27 de junio de 1968, 10 LPRA sec. 981,

et seq. Según esta ley, una agencia de cobros “incluye cualquier

persona dedicada al negocio de cobrar para otro cualquier cuenta,

factura o deuda”. Artículo 2 inciso (b), 10 LPRA sec. 98a inciso (b).

      Relevante a la controversia de autos, las agencias de cobros

están impedidas de radicar acciones en cobro de dinero “sin antes

haber requerido por escrito al deudor para que pague lo adeudado

por correo certificado con acuse de recibo. Ningún tribunal podrá
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asumir jurisdicción en una acción de cobro de dinero tramitada por

una agencia de cobros sin que se alegue y se pruebe el cumplimiento

de este requisito”. (Énfasis suplido). Artículo 17 inciso (13), 10 LPRA

sec. 981p inciso (13). De igual forma, el Reglamento sobre Agencias

de Cobros, Reglamento Núm. 6451, 2 de mayo de 2022, del

Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo) reconoce dicha

prohibición. La Regla 16 de dicho reglamento dispone en su inciso

(17) como práctica prohibida a las agencias lo siguiente:

             Radicar acción judicial en cobro de dinero sin antes
         haber requerido por escrito al deudor para que pague
         lo adeudado por correo certificado con acuse de recibo,
         según se establece en la Regla 17 de este Reglamento.
         Ningún Tribunal podrá asumir jurisdicción en una
         acción de cobro de dinero tramitada por una agencia de
         cobro sin que se alegue y se pruebe el cumplimiento de
         este requisito.

       A su vez, la Regla 17 establece que el procedimiento de cobro

se realizará de la siguiente manera:

         (a) La agencia se comunicará con el deudor por correo
         informando en la comunicación qué: es una agencia de
         cobros, incluyendo el nombre, dirección y teléfono de la
         agencia, que pretende cobrar una deuda, la cantidad de
         la deuda, el nombre del acreedor y el concepto de la
         deuda. Debe aclarar que cualquier información que se
         obtenga durante el proceso será utilizada únicamente
         para propósitos del cobro de la deuda.
         (b) El sobre en el que se envíe esta comunicación no
         puede identificar de forma alguna la razón de dicha
         comunicación, el nombre de la agencia de cobros, ni
         hacer referencia alguna a que trata sobre el cobro de
         una deuda.
         (c) En la comunicación inicial se debe apercibir al
         deudor que tiene un término de treinta (30) días, luego
         del recibo de la reclamación inicial, para cuestionar la
         validez de la deuda o parte de ésta, por escrito y que de
         no hacerlo se entenderá correcta. Se debe informar al
         deudor que en este término puede solicitar a la agencia
         de cobros que le provea el nombre y dirección del
         acreedor original de la deuda, si éste es diferente al
         actual.
         (d) También se debe apercibir al deudor que, de
         cuestionar la deuda en el periodo de treinta (30) días,
         la agencia de cobros deberá obtener una verificación de
         la deuda o copia de la sentencia estableciendo la deuda
         y así lo notificará al deudor por escrito y por correo
         certificado con acuse de recibo.
         (e) Si el deudor solicita información, cuestiona o refuta
         la deuda en el periodo de treinta (30) días antes
         mencionado, la agencia debe detener toda gestión de
         cobro hasta tanto notifique al deudor, por escrito, la
         verificación de la deuda o cumpla con el requerimiento
         efectuado por deudor.
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      De otra parte, conforme reconoció el Tribunal Supremo en

Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 DPR 117 (1974), en las

acciones de cobro de dinero presentadas por agencias de cobros el

tribunal debe abstenerse de ejercitar su jurisdicción “si no se alega

y prueba que antes de iniciar la acción judicial la acreedora requirió

‘por escrito al deudor para que pague lo adeudado por correo

certificado con acuse de recibo’.” Íd., a la pág. 119. De esta manera,

la jurisdicción del tribunal está supeditada al aviso o notificación

previa a la persona demandada. Íd. El propósito de esta notificación

es   proteger   al   deudor   “contra    la   avidez   de   cobradores

inescrupulosos”. Íd., a la pág. 120. Esta notificación previa permite

al deudor la oportunidad de cumplir su obligación sin mayores

consecuencias económicas, la sanción moral y la perturbación que

conlleva el litigio. Íd. Sin embargo, debido a que este es un

mecanismo para su protección, la parte demandada “puede

libremente renunciar a la misma, y su renuncia tendrá tanta eficacia

bien sea expresa o tácita. Íd., a la pág. 121 (citando a García Colón

v. Srio. de Hacienda, 99 DPR 779 (1971)).

      Por su parte, la Ley de Agencias de Cobros establece que sus

disposiciones se interpretarán de forma compatible con la Fair Debt

Collection Practices Act, 15 USC secs. 1692. Artículo 17a, 10 LPRA

sec. 981p-1. Este ley federal dispone “a debt collector shall . . . send

the consumer a written notice containing . . .”. (énfasis suplido). 15

USC sec. 1692g(a). Respecto a la suficiencia de la notificación previa,

la Corte de Apelaciones Federal para el Noveno Circuito razonó que

dicha disposición “requires only that a Notice be ‘sent’ by a debt

collector. A debt collector need not establish actual receipt by the

debtor”. Mahon v. Credit Bureau of Placer Country Inc., 171 F.3d

1197, 1201 (9th Cir. 1999). Véase, también, Grimsley v. Palm Beach

Credit Adjusters, Inc., 691 F. Appx. 576, 579 (11th Cir. 2017).
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                                     III.

       En esencia, la parte apelante nos invita a determinar si el

requerimiento de pago enviado al PO Box de la señora Hernández

Bou resulta suficiente al palio del Artículo17(13) de la Ley de

Agencias de Cobros, 10 LPRA sec. 981p.

       Conforme al derecho precedente, es forzoso colegir que

constituye un requisito jurisdiccional, previo a instar una acción en

cobro de dinero ante los tribunales, que la agencia de cobros envíe

al deudor el requerimiento de pago mediante correo certificado con

acuse de recibo. Sin embargo, este requerimiento legal no exige que

el demandante demuestre que dicha misiva fue efectivamente

recibida. Así, lo reconoce expresamente la Ley de Agencias de

Cobros, supra, y su ley federal análoga, la Fair Debt Collection

Practices Act,     supra.    Además,        enfatizamos   que    el   estatuto

claramente exige que el reclamante (agencias de cobros) solo alegue

y pruebe el cumplimiento con estos requisitos.

       En el caso de autos, surge del expediente que Ace One

Funding LLC. adquirió el préstamo personal en el que figuraba como

deudora la señora Hernández Bou. Posteriormente, el 19 de enero

de 2023 la empresa cursó un Aviso de Cobro mediante el cual

apercibió a la deudora sobre su incumplimiento con la obligación de

pago. Asimismo, de los documentos provistos por la parte apelante,

surge que la empresa, como agencia de cobros, envió mediante

correo certificado con acuse de recibo el referido requerimiento de

pago según exige la Ley de Agencias de Cobros, supra. El certificado

del United States Postal Service demuestra que dicha carta se envió

el 19 de enero de 2023, se entregó al PO Box el 25 de enero a las

10:53 am, y a su vez, certifica su recibo mediante la firma de su

destinatario.9

9 Hacemos constar que la apelada compareció por derecho propio luego de la
desestimación de la acción en su contra. Mediante su comparecencia reconoció la
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       En virtud de lo antedicho, y al tenor del Artículo 17 de la Ley

de Agencias de Cobros colegimos que la validez del aviso de cobro no

está condicionado al recibo del mismo por el deudor. Como

mencionamos, el único requisito de este estatuto es el envío de la

carta mediante correo certificado con acuse de recibo a la dirección

conocida del deudor y que se pruebe que así se hizo. Por tanto,

analizados los documentos incluidos con la demanda, se evidenció

no solo que la parte apelante cumplió con esta exigencia legal, sino

que la señora Hernández Bou recibió la comunicación, lo cual es

demostrado mediante la firma de quien la recibió. En este aspecto,

no encontramos razón para que el TPI haya ignorado esta

información en su raciocinio. Solo podríamos inferir que el foro

primario pudo haber tenido alguna duda de la autenticidad de la

firma, lo cual debió ser objeto de examen previo a implantar la

medida drástica de la desestimación de la demanda. De otra parte,

precisa advertir que el antedicho requisito es uno distinto a otras

figuras como el emplazamiento y las confiscaciones.

       En resumen, IPS probó efectivamente su cumplimiento con el

requisito del envío del aviso de cobro por correo certificado con acuse

de recibo previo a la presentación de la demanda. Concluir lo

contrario, convertiría al deudor en el árbitro para determinar la

validez de la presentación de una acción en su contra.

       En fin, el error señalado por la parte apelante fue cometido

por el TPI.

                                       IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia

recurrida. Consecuentemente, devolvemos el caso al Tribunal de

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

validez de deuda y solicitó un plan de pagos para pagar lo adeudado. Además,
proveyó su dirección postal la cual coincide con la conocida por la agencia y a la
cual fue enviado el aviso de cobro. Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 49.
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     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones