Court Opinion

ID: 9941400
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:57.390704+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.615321
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI

     LUIS DELGADO                               Certiorari
    MÁRQUEZ, et als.                            procedente del
                                                Tribunal de Primera
       Peticionario                             Instancia, Sala
                                                Superior de
             v.                                 Humacao
                             KLCE202301390
                                                Caso Núm.:
MUNICIPIO AUTÓNOMO                              NG2023CV00125
   DE NAGUABO

        Recurridos                             Sobre: SENTENCIA
                                               DECLARATORIA,
                                               INTERDICTO
                                               PERMANENTE,
                                               DAÑOS Y
                                               PERJUICIOS
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

      Comparece ante nos, Luis Delgado Márquez (Delgado

Márquez) y nos solicita que revisemos y revoquemos las órdenes

emitidas el 30 de octubre de 2023 y notificadas el 31 de octubre de

2023, y la Resolución emitida el 7 de noviembre de 2023 y notificada

el 8 de noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia

(TPI), Sala Superior de Humacao. Mediante dichos dictámenes, el

TPI declaró No Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción

y de Remedios y la Moción Reiterando Solicitud Urgente en Auxilio de

Jurisdicción y de Remedio, que presentó Delgado Márquez. Además,

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración y de Remedio, que

presentó Delgado Márquez.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y

el estado de derecho aplicable, denegamos el auto de certiorari, por

los fundamentos que exponemos a continuación.

Número Identificador
RES2024__________________
KLCE202301390                                                                 2

                                    I.

       El 5 de septiembre de 2023, Delgado Márquez presentó una

Demanda       en   contra    del    Municipio    Autónomo       de   Naguabo

(Municipio)    y   otros,   sobre    sentencia     declaratoria,     interdicto

permanente y daños y perjuicios. En apretada síntesis, solicitó que

cesen las acciones encaminadas a expropiar ilegalmente su

propiedad y el discrimen político del cual es objeto Rafiel J. González

Rodríguez, dado a que dicha propiedad es la que alberga el comité

de campaña del pre-candidato a alcalde del Municipio por el Partido

Nuevo Progresista (PNP). Esbozó que el Municipio no cuenta con una

razón apremiante para ilegalmente expropiar forzosamente la

propiedad ni la justa compensación para proceder con dicha

expropiación.

       Luego de varios incidentes procesales, el 17 de octubre de

2023, Delgado Márquez presentó una Moción Urgente en Auxilio de

Jurisdicción y de Remedios. En esta, le solicitó al foro de instancia

que paralice inmediatamente todo trámite relacionado con la

expropiación forzosa de la propiedad en aras de salvaguardar sus

derechos, que no se tornen académicos sus reclamos y se

materialice un fracaso de la justicia.1 Agregó que la expropiación es

ilegal porque no se le brindó la oportunidad de una compensación

justa por la propiedad, ya que el Municipio utilizó como fuentes para

sustentar la compensación que le brindó a las partes unas

tasaciones por un valor inferior al de la propiedad en cuestión.

       El 19 de octubre de 2023, Delgado Márquez presentó una

Moción Reiterando Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción y de

1 Dicha solicitud se hizo en base a que el Municipio había pautado una tercera

reunión dentro de la Segunda Sesión Ordinaria para discutir el Proyecto de
Resolución Núm. 2 Serie 2023-2024: “De la Legislatura del Gobierno Municipal
Autónomo de Naguabo, Puerto Rico, para declarar de necesidad y utilidad pública
la propiedad inmueble, finca número 1162 (Edificio Comercial), localizada en la
Calle Baldorioty Esquina Goyco #44, Barrio Pueblo, del término municipal de
Naguabo, Puerto Rico 1; para autorizar a la alcaldesa, Honorable Miraidaliz
Rosario Pagán, a adquirir dicha propiedad mediante expropiación forzosa y/o
cualquiera otro método de adquisición de conformidad con las leyes y reglamento;
y para otros fines.
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Remedio. En esta, reiteró la solicitud que presentó en la Moción

Urgente en Auxilio de Jurisdicción y de Remedios. El 29 de octubre

de 2023, el Municipio presentó una Réplica en Oposición a Solicitud

Urgente de Auxilio de Jurisdicción y de Remedios.

      Así las cosas, el 30 de octubre de 2023, el TPI emitió varias

órdenes mediante las cuales declaró No Ha Lugar la Moción Urgente

en Auxilio de Jurisdicción y de Remedios y la Moción Reiterando

Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción y de Remedio. Dichas

órdenes   fueron    notificadas   el   31   de   octubre   de   2023.

Consecuentemente, el foro de instancia declaró Ha Lugar la Réplica

en Oposición a Solicitud Urgente de Auxilio de Jurisdicción y de

Remedios que presentó el Municipio.

      Posteriormente, el 1 noviembre de 2023, Delgado Márquez

presentó una Solicitud de Acumulación de Parte mediante la cual

solicitó que se incluyera a los integrantes de la Legislatura Municipal

del Municipio como partes indispensables. El 5 de noviembre de

2023, el Municipio presentó una Moción de Desestimación […]. A

grandes rasgos, alegó que procede la desestimación de la Demanda

porque faltan partes indispensables en el pleito. Arguyeron que no

ha ocurrido una expropiación forzosa y que tampoco han incurrido

en discrimen político.

      Así, el 6 de noviembre de 2023, Delgado Márquez presentó

una Moción de Reconsideración y de Remedio con relación a las

órdenes emitidas el 30 de octubre de 2023. El 7 de noviembre de

2023, el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha

Lugar la solicitud de reconsideración que presentó Delgado

Márquez. Dicha Resolución fue notificada el 8 de noviembre de 2023.

Subsiguientemente, el 26 de noviembre de 2023, el Municipio

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y Réplica a Solicitud

de Acumulación de Parte. En la misma, se opuso a la solicitud para
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que se acumule como parte indispensable a los integrantes de la

Legislatura Municipal.

      Además, el 27 de noviembre de 2023, Delgado Márquez

presentó una Oposición a Moción de Desestimación […]. Ese mismo

día, Delgado Márquez presentó una Moción sobre Intención de

Presentar Réplica en Oposición y en Solicitud de Término.

      El 8 de diciembre de 2023, la parte peticionaria presentó un

Recurso de Certiorari ante este Tribunal y alegó la comisión de los

siguientes errores:

         Erró el Foro de Instancia al denegar la Moción en
         Auxilio de Jurisdicción y de Remedio, la Moción
         Urgente Reiterando Auxilio de Jurisdicción y de
         Remedios de las partes recurrentes y al no
         conceder oportunidad a las partes recurrentes de
         expresarse en cuanto a la Réplica en Oposición a
         Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción y de
         Remedio de las partes recurridas, ya que las
         mociones antedichas dan cuenta de violaciones
         crasas al debido proceso de ley, en lo que atañe
         al proceso de expropiación forzosa y el proceso
         atropellado y antidemocrático mediante el cual
         se aprobó la Resolución que autoriza dicha
         expropiación ilegal y al impedir que las partes
         recurrentes expresen su posición en cuanto a la
         réplica de las partes recurridas colocando así a
         las partes recurrentes en un estado de
         desventaja.

         Erró el Foro de Instancia al denegar la Moción de
         Reconsideración de las partes recurrentes las
         cuales exponen las violaciones graves a nuestro
         ordenamiento jurídico en lo que concierne al
         proceso ilegal, inconstitucional, atropellado de
         expropiación     forzosa   contra    las   partes
         recurrentes.

      El 13 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución

mediante la cual le concedimos a la parte recurrida un término de

veinte (20) días para que expresara su posición al recurso. El 11 de

enero de 2024, el Municipio presentó un Alegato de las Partes

Recurridas. Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,

procedemos a resolver.
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                                 II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
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      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con
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cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el    Tribunal       Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de    la     discreción        judicial   está        “inexorable    e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

                                    III.

       Delgado Márquez solicita que este Tribunal intervenga para

que revisemos y revoquemos las órdenes emitidas el 30 de octubre

de 2023 y notificadas el 31 de octubre de 2023 y la Resolución

emitida el 7 de noviembre de 2023 y notificada el 8 de noviembre de

2023, por el foro recurrido. Luego de examinar detenidamente el

expediente del recurso ante nuestra consideración, declinamos

ejercer nuestra discreción para expedir el auto discrecional

solicitado. Veamos.

       Al examinar el trámite procesal del caso, específicamente, la

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y de Remedios, la Moción

Reiterando Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción y de Remedio

y la Moción de Reconsideración y de Remedios, que presentó Delgado

Márquez,    así    como       las    correspondientes        oposiciones,       no

encontramos indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma

arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción o

cometido algún error de derecho al emitir los dictámenes recurridos.
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Pueblo v. Rivera Santiago, supra; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

supra. Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184

DPR 689, 709 (2012).

      Así, el foro recurrido evaluó la Moción Urgente en Auxilio de

Jurisdicción y de Remedios y la Moción Reiterando Solicitud Urgente

en Auxilio de Jurisdicción y de Remedio que presentó Delgado

Márquez y la Réplica en Oposición a Solicitud Urgente de Auxilio de

Jurisdicción y de Remedios que presentó el Municipio, y, en

consecuencia, ejerció su discreción al declarar No Ha Lugar la

solicitud de la parte peticionaria. Con tal proceder, el foro de

instancia actuó dentro de su discreción y conforme a derecho, pues

el   Tribunal   tiene    amplia     facultad   para   disponer   de   los

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda

asegurar la más eficiente administración de la justicia. Vives

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).

      En fin, evaluados los criterios establecidos en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, y los de la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar el certiorari

solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos que nos

motiven a expedir el mismo en esta etapa de los procedimientos.

                                  IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición

del auto de certiorari solicitado. Devolvemos el asunto al foro de

origen para la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones