Court Opinion

ID: 9928618
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:30:10.269965+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:29.613718
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

JESÚS JAVIER CRUZ                            Recurso de Certiorari
ACOSTA, SU ESPOSA                            procedente del
AVIGAIL ZAMBRANA                             Tribunal de Primera
     Y LA SLG                                Instancia, Sala
COMPUESTA ENTRE                              Superior de Ponce
      ELLOS
   Demandantes-
    Recurridos            KLCE202301277      Caso Núm.:
                                             JD2021CV00121
           V.
                                             Sobre:

   AGROPHARMA                                Despido Injustificado e
  LANORATORIES,                              Ilegal; Discrimen por
    INC., OLEIN                              Edad; y Daños y
    RECOVERY                                 Perjuicios Y
   CORPORATION,                              Procedimiento
 COMPAÑIA ABC, INC                           Ordinario
   COMPAÑIA DE
 SEGUROS DEF INC.

     Demandados-
     Peticionarios
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                          RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nosotros Olein Recovery Corporation (parte

peticionaria) mediante recurso de certiorari y nos solicita que

revisemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI) en la cual declaro NO HA

LUGAR una Solicitud de Desestimación y Sentencia Sumaria

presentada por dicha parte. Mediante la referida solicitud, la

peticionaria buscaba que se desestimara una demanda instada en

su contra por alegado discrimen laboral y despido injustificado. Por

considerar que el TPI aplicó correctamente su juicio al denegar la

referida moción y considerando que existen hechos materiales en

controversia que impiden que se desestime de manera sumaria la

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301277                                                        2

demanda en contra de la parte peticionaria, decidimos denegar el

recurso de certiorari.

      Veamos los hechos y el tracto procesal que dio paso a esta

controversia.

                                  -I-

      La controversia ante nuestra consideración tuvo su origen en

una querella presentada el 10 de marzo de 2021 por el Sr. Jesús

Javier Cruz Acosta, su esposa, la Sra. Abigail Zambrana Negrón y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (recurridos)

en contra de Agropharma Laboratories, Inc., al amparo del

procedimiento sumario provisto por la Ley Núm. 2 del 12 de octubre

de 1961, según enmendada, 32 LPRA § 3118 et seq. (Ley Núm. 2).

En dicha querella, se alegó que el señor Cruz Acosta trabajó para el

patrono querellado mediante un contrato de empleo por tiempo

indefinido durante 15 años, 2 meses, 1 semana y 2 días, desde

agosto de 2005 hasta ser despedido el 9 de octubre de 2020. Alega

el señor Cruz Acosta que su despido fue sin justa causa y por razón

de su edad. También alegó en la querella que fue sustituido por una

persona de menor edad para realizar sus funciones desde antes de

ser despedido. A su vez, alegó que el patrono le privó de los

beneficios de su plan médico. Por estos alegados hechos, el recurrido

solicitó   la   mesada   correspondiente   por   el   alegado   despido

injustificado. La Sra. Zambrana Negrón (esposa del Sr. Cruz Acosta)

también presento su respectiva reclamación por alegados daños y

perjuicios sufridos por los actos y/u omisiones de la parte

querellada al alegadamente discriminar, hostigar y forzar la

renuncia de su esposo.

      El 26 de marzo de 2021 la parte querellada, Agropharma

Laboratories, Inc. (Agropharma), interpuso su contestación a

querella alegando afirmativamente que el Señor Cruz Acosta

renunció a su empleo voluntariamente y que sus acciones
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constituyeron un abandono de trabajo. Por tanto, alegan que existía

justa causa para su despido. La parte querellada, Agropharma

también expuso que el señor Cruz Acosta nunca presentó alguna

queja de discrimen. También añadió en su contestación que el

recurrido, tenía varias faltas en su expediente al momento de su

despido.

      El 9 de abril de 2021 el TPI emitió una Resolución remitiendo

el caso al proceso ordinario. El 26 de abril de 2021 las partes

presentaron el informe para el manejo del caso el cual fue discutido

durante la Conferencia Inicial celebrada el 29 de abril de 2021. Tras

la adjudicación de varias controversias relacionadas con el

descubrimiento de prueba, el 17 de diciembre de 2021 el TPI celebró

una Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos donde la

parte peticionaria manifestó que estaría presentando una enmienda

a su Querella original. A preguntas del TPI la representación legal

de la parte recurrida indicó que estaría trayendo al pleito a la

corporación que es el patrono sucesor que adquirió la compañía

querellada. El Tribunal autorizó la presentación de la enmienda. Se

discutió el descubrimiento de prueba pendiente y quedó pautada la

Conferencia con Antelación a Juicio para el 12 de mayo de 2022.

      El 24 de diciembre de 2021 la parte querellante interpuso la

querella enmendada en donde incluyó como parte querellada a la

parte peticionaria Olein Recovery Corporation. Según se alega, esta

compañía es patrono sucesor de Agropharma. Asimismo, se incluyó

como querellado al Sr. Jorge González, accionista principal de Olein,

que a su vez es accionista de Agropharma. También, se incluyó como

parte querellada al Sr. Julio Rosa como empleado de Olein y/o de

Agropharma, quien fuere supervisor directo del Querellante. Por

último, se incluyó como querellada a la Sra. Marianela Maldonado

como encargada del área de recursos humanos de Olein y/o de

Agropharma.
KLCE202301277                                                              4

         El 18 de febrero de 2022 la parte querellada Olein Recovery

Corporation, Jorge González, Julio Rosa y Marianela Maldonado

presentaron, de forma separada, una solicitud de desestimación y

sentencia sumaria. Jorge González adujo que la reclamación en su

contra está prescrita Julio Rosa y Marianela Maldonado alegaron

que no hay causa de acción posible en su contra y que, de haberla,

la misma está prescrita. Mediante Sentencia Parcial dictada el 19 de

agosto de 2022 el TPI desestimó las alegaciones de la Querella

Enmendada formuladas en contra de Jorge González, Julio Rosa y

Marianela Maldonado, por estimar que se encontraban prescritas.

El TPI ordenó la continuación de los procedimientos en contra de

Agropharma Laboratories, Inc. y Olein Recovery Corporation, Inc.,

alegado patrono sucesor. Se estableció que existía controversia

sobre:

  Las alegaciones de la Querella Enmendada sobre un patrón de
  discrimen y cambios en la jornada laboral del querellante; probado
  lo anterior, si fueron la causa que llevó al querellante a renunciar a
  su empleo, reclamación contra Agropharma la Laboratories, Inc. y si
  Olein Recovery Corporation se constituyó en patrono sucesor.

Además, quedaron establecidos los siguientes hechos materiales:

 1. La Querella que dio origen al presente caso fue presentada el 10
    de marzo de 2021 en contra de Agropharma Laboratories, Inc.
    Se incluyó a John Doe y a la Corporación ABC como querellados
    de nombres desconocidos.

 2. El 24 de diciembre de 2021 se presentó la Querella Enmendada
    trayendo al pleito a Olein Recovery Corporation, al Sr. Jorge
    González, al Sr. Julio Rosa y a la Sra. Marianela Maldonado.

 3. Conforme la Querella Enmendada el Querellante se vio forzado
    a renunciar el 9 de octubre de 2020, esto tras un alegado patrón
    de discrimen y cambios en su jornada laboral.

 4. La parte codemandada OLEIN RECOVERY CORPORATION es
    una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico y
    debidamente registradas en el Departamento de Estado.

 5. La parte codemandada AGROPHARMA LABORATORIES INC. es
    una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico
    debidamente registradas en el Departamento de Estado.

 6. El 23 de febrero de 2021 la representación legal de la parte
    querellante cursó una comunicación extrajudicial dirigida a
    Jorge "Tato" González, Presidente Olein Recovery Corporation,
    Olein LLC y Agropharma Laboratories, Inc. En esta
    comunicación se consignó, en lo pertinente, lo siguiente:
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    Les escribimos de parte de nuestro representado, el señor Jesús
    Javier Cruz Acosta. Hemos sido contratados por él para
    representarlo en un esfuerzo por llegar a un Acuerdo Privado de
    Estipulación y Relevo Total Transaccional relacionado con su
    despido constructivo en octubre del 2020. De no poder llegar a
    un acuerdo, hemos sido contratados para llevar la reclamación
    judicial que corresponde. [...]

    […]
    La Ley Núm. 100 provee compensación por las angustias
    mentales sufridas por el señor Cruz Acosta, las cuales no hemos
    estimado al momento, y esto dependerá si al momento de su
    despido nuestro cliente fue empleado de Agropharma, Olein
    Recovery, Inc. o de cualquiera de las subsidiarias de este
    último. Al momento de su despido, el señor Cruz Acosta fue
    supervisado por el Sr. Julio Rosas, quien labora por Olein y no
    Agropharma.

    Los días 29 de agosto de 2022, 19 de octubre de 2022 y el 16

de marzo de 2023 el TPI celebró Conferencias sobre el Estado de los

Procedimientos   en    donde    las   partes   informaron    sobre    el

descubrimiento pendiente. En la Vista del 16 de marzo de 2023 el

Tribunal calendarizó los asuntos pendientes y pautó la Conferencia

con Antelación a Juicio para el 17 de julio de 2023. El 12 de mayo

de 2023 la codemandada Olein Recovery Corporation presentó una

Solicitud De Sentencia Sumaria y Desestimación donde alegó que

no había causa de acción posible en su contra ya que, según expuso,

no adquirió a Agropharma Laboratories, ni se considera patrono

sucesor de esta. Por tanto, según alegó en su escrito, nunca fue, ni

es patrono del señor Cruz Acosta. El 23 de junio de 2023 la parte

demandante presentó una Moción En Oposición A Moción De

Sentencia Sumaria De Olein Recovery Inc. En esta, argumentó que

los cheques a los que hacía referencia la parte promovente son

girados sobre una cuenta de Agropharma, pero preparados por

empleados de Olein Recovery. Asimismo, sostiene que las formas de

W-2 fueron preparados por empleados de Olein. Básicamente, la

contención de los recurridos en la querella original era y sigue

siendo que el grado de control que ejercían dos de los empelados de

Olein Recovery sobre los términos y condiciones de su empleo y
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sobre cómo ejecutaba su trabajo son suficientes de por si para

establecer que esta fue su verdadero patrono.

    El TPI declaró NO HA LUGAR la Solicitud de Sentencia Sumaria

solicitada por la parte peticionaria. El TPI consideró que persistía

una controversia sobre si en efecto la parte peticionaria Olein

Recovery había adquirido las acciones de Agropharma Laboratories

y por consiguiente, entendió el TPI que existía duda sobre si en

efecto la parte peticionaria se convirtió en patrono sucesor de la

parte recurrida. Así las cosas, en la Resolución emitida el 8 de

septiembre de 2023, el TPI estableció que los siguientes hechos

materiales no están en controversia.

    1. El querellante Jesús Javier Cruz Acosta trabajó para
       Agropharma desde el 2005 hasta el 2020.

    2. El querellante Jesús Javier Cruz Acosta trabajó para
       Agropharma por 18 años, 2 meses, 1 semana y 2 días.

    3. El querellante Jesús Javier Cruz Acosta recibió, depositó y
       cambió el cheque 238 girado sobre una cuenta de
       Agropharma.

    4. El aludido cheque 238 fue por la cantidad de $1,857.72 y su
       descripción indica: liquidación.

    5. El querellante Jesús Javier Cruz Acosta recibió, depositó y
       cambió el cheque 279 sobre una cuenta de Agropharma por
       concepto de Bono.

    6. El referido cheque 279 fue por la cantidad de $555.00 y en
       su descripción indica: Bono.

    7. Los Comprobantes de Retención (W2) para los años 2018,
       2019 y 2020 del querellante Jesús Javier Cruz Acosta fueron
       emitidos por Agropharma Laboratories.

    8. El querellante Jesús Javier Cruz Acosta no ha recibido un
       Comprobante de Retención W2 por parte de Olein Recovery
       Corp.

    9. El querellante Jesús Javier Cruz Acosta nunca ha suscrito
       un contrato de empleo con Olein Recovery Corp.

    10. Olein no contrató personal de supervisión de Agropharma.

    11. Olein produce sus propios productos que van desde aceites
        a productos de limpieza.

   En esa misma resolución el TPI acogió y estableció los siguientes

hechos que están en controversia:
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     1. La relación entre los accionistas de Olein Recovery
        Corporation y Agropharma Laboratories, Inc.; y si tenían los
        empleados de la primera alguna inherencia en las
        operaciones de la segunda.

     2. Las alegaciones de la Querella Enmendada sobre un patrón
        de discrimen y cambios en la jornada laboral del querellante;
        probado lo anterior, si fueron la causa que llevó al
        querellante a renunciar a su empleo, la reclamación contra
        Agropharma Laboratories, Inc.

     3. Y si Olein Recovery Corporation se constituyó en patrono
        sucesor.

     Inconforme con el proceder del TPI, la parte peticionaria

comparece ante este Tribunal Apelativo y señalando que el TPI

cometió los siguientes errores:

      PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL
      DE PRIMERA INSTANCIA AL MANTENER EN EL PLEITO A
      LA PARTE CO QUERELLADA, OLEIN RECOVERY
      CORPORATION, INDICANDO QUE EXISTE CONTROVERSIA
      EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE LOS ACCIONISTAS DE
      AGROPHARMA Y OLEIN RECOVERY; Y LA INHERENCIA DE
      LOS EMPLEADOS DE OLEIN EN LAS OPERACIONES DE
      AGROPHARMA.

      SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL
      TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL MANTENER EN EL
      PLEITO A LA PARTE CO QUERELLADA, OLEIN RECOVERY
      CORPORATION, INDICANDO QUE EXISTE CONTROVERSIA
      EN CUANTO A SI OLEIN RECOVERY SE CONVIRTIÓ EN
      PATRONO SUCESOR DE AGROPHARMA.

      TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL
      TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL MANTENER EN EL
      PLEITO A LA PARTE CO QUERELLADA, OLEIN RECOVERY
      CORPORATION, INDICANDO QUE OLEIN NO SUSTENTÓ
      COMO HECHO INCONTROVERTIDO QUE NO ADQUIRIÓ A
      LA PARTE CO QUERELLADA AGROPHARMA.

  Con el beneficio de la comparecencia de los recurridos, pasamos

a resolver.

                                   -II-

                                   -A-

  Distinto al recurso de apelación, el certiorari es un recurso

extraordinario cuya característica se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206

DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Este Tribunal tiene
KLCE202301277                                                                8

la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el

discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR

83 (2008). En los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank

v. ZAF Corp et al., 202 DPR 478 (2019). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil también dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales regulados por la Regla 56, de la Regla 57,

(mecanismo de injunction) o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo." 800 Ponce de León v. AIJ, supra.

     Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de

ejercer nuestra facultad discrecional:

  A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia
     de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

  B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
     análisis del problema.

  C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en
     la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

  D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz
     de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
     alegatos más elaborados.

  E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más
     propicia para su consideración.

  F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
     causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
     indeseable en la solución final del litigio.

  G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un
     fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                    -B-

      La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo

procesal de la sentencia sumaria, y establece que su propósito

principal es facilitar la solución justa, rápida y económica de casos
KLCE202301277                                                       9

civiles que no presentan controversias genuinas o reales sobre

hechos materiales y esenciales. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e);

Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19-20 (2017). En ese

sentido, se considera un hecho material esencial “aquel que puede

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho

sustantivo aplicable”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares,

184 DPR 133, 167 (2011). Por lo tanto, procederá dictar una

sentencia   sumaria     cuando de   las   alegaciones,   deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a

las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia, se demuestre

que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, el tribunal

debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla

36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).

      Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho. Burgos

López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17-18 (2015); Mejías v.

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). De manera que, un asunto

no debe ser resuelto por la vía sumaria cuando: (1) existen hechos

materiales y esenciales controvertidos; (2) hallan alegaciones

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de

los propios documentos que acompañan la moción una controversia

real sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de

derecho no procede. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares,

supra, a la pág. 167.

      La precitada regla establece los requisitos de forma que debe

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v.

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). El inciso (a) de la Regla
KLCE202301277                                                         10

36.3 de Procedimiento Civil, dispone que la moción de la parte

promovente deberá contener:

      1. Una exposición breve de las alegaciones de las partes;

      2. Los asuntos litigiosos o en controversia;

      3. La causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual
         es solicitada la sentencia sumaria;

      4. Una relación concisa y organizada en párrafos
         enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes
         sobre los cuales no hay controversia sustancial, con
         indicación de los párrafos o las páginas de las
         declaraciones juradas u otra prueba admisible en
         evidencia donde se establecen los mismos, así como de
         cualquier otro documento admisible en evidencia que se
         encuentre en el expediente del tribunal;

      5. Las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,
         argumentando el derecho aplicable, y

      6. El remedio que debe ser concedido.

      Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones

contenidas en sus alegaciones. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195

DPR 769, 785 (2016). Es preciso que la parte promovida formule

(con prueba adecuada en derecho) una posición sustentada con

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que refuten los

hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 214-215 (2010). Por consiguiente, cualquier duda que

se plantee sobre la existencia de hechos materiales en controversia

no será suficiente para derrotar la procedencia de la solicitud.

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014). Después de

todo, “[l]a etapa procesal para presentar prueba que controvierta los

hechos propuestos por una parte en su Moción de Sentencia Sumaria

no es en el juicio, sino al momento de presentar una Oposición a la

Moción de Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 36 de

Procedimiento Civil”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR

100, 122 (2015).
KLCE202301277                                                      11

      Es preciso señalar que al ejercer nuestra función revisora

sobre decisiones en las que se aprueba o deniega una solicitud de

sentencia sumaria, nos encontramos en la misma posición que los

foros de primera instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, en la pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). Al

tratarse de una revisión de novo, debemos ceñirnos a los mismos

criterios y reglas que nuestro ordenamiento les impone a los foros

de primera instancia, y debemos constatar que los escritos de las

partes cumplan con los requisitos codificados en la Regla 36 de

Procedimiento   Civil,   supra.   Nuestro   Tribunal   Supremo    ha

establecido que el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en

realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y

cuáles están incontrovertidos. Por el contrario, de encontrar que los

hechos materiales realmente están incontrovertidos, el foro

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo si el TPI

aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs.,118-119. Claro está,

el alcance de nuestra función apelativa al intervenir en estos casos

no comprenderá la consideración de prueba que no fue presentada

ante el foro de primera instancia ni la adjudicación de hechos

materiales en controversia. Id.

                                  -C-

      La doctrina de patrono sucesor proviene del derecho común

estadounidense y se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico

mediante jurisprudencia. Véase Fontánez v. Wyndham Hotel, 155

DPR 364, 391, (2001). Su aplicación ocurre en el contexto de una

venta o transferencia de activos o reorganización de un negocio,

siempre que haya una similitud sustancial en la operación y una
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continuidad sustancial en la identidad de la empresa, antes y

después del cambio. Id. El único propósito de esta doctrina es

responsabilizar al nuevo patrono por las obligaciones laborales o

actos ilegales del patrono anterior. Id. en la pág. 682.    Nuestro

Tribunal Supremo ha resuelto que, para determinar la existencia de

esa similitud y continuidad, se deben considerar los factores

siguientes: (1) la existencia de una continuación sustancial de la

misma actividad de negocios; (2) la utilización de la misma planta o

instalación para las operaciones; (3) el empleo de la misma, o

sustancialmente la misma, fuerza obrera; (4) la conservación del

mismo personal de supervisión; (5) la utilización del mismo equipo

y maquinaria, y el empleo de los mismos métodos de producción; (6)

la producción de los mismos productos y la prestación de los

mismos servicios; (7) la retención del mismo nombre y (8) la

operación del negocio durante el período de transición. Id. No

obstante, ninguno de esos criterios es de por sí solo determinante.

Ahora bien, debido a que el único propósito de esta doctrina es

responsabilizar al nuevo patrono por las obligaciones laborales o los

actos ilegales del patrono anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

establecido que los tribunales deben, primero, identificar la

existencia de una obligación laboral o un acto ilegal imputable al

patrono anterior. Una vez establezcan esto, podrán examinar si

aplica la doctrina de Patrono Sucesor. Por tanto, esta doctrina no

aplica cuando se logra establecer que el despido realizado por el

patrono anterior fue justificado. Id. en la pág. 683 véase, además,

Segarra Rivera v. International Shipping Agency Inc. 208 DPR 964

(2022).

                                -III-

      Luego de haber expuesto algunas áreas del derecho relevantes

a la controversia ante nuestra consideración, pasemos a analizar los

señalamientos de error y disponer correctamente de estos. Por estar
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íntimamente relacionados, discutiremos los errores uno y tres de

manera conjunta. La parte peticionaria nos indica en el primer

señalamiento de error que el TPI erró al mantener en el pleito a Olein

Recovery, indicando que existe controversia en cuanto a la relación

entre los accionistas de Agropharma y Olein Recovery; y la

inherencia de los empleados de Olein en las operaciones de

Agropharma. En cuanto al tercer señalamiento de error, la parte

peticionaria nos señala que erró el TPI al mantener en el pleito a la

parte co querellada, Olein Recovery, indicando que Olein no

sustentó como hecho incontrovertido que no adquirió a la parte co

querellada Agropharma. Tal y como establecimos en la parte

expositiva de esta resolución, debido a que la controversia ante

nuestra consideración ha sido tramitada por la vía sumaria,

estamos    en   la   misma   posición   del   TPI   para   dirimir   los

planteamientos de las partes y toda la prueba documental que surge

del expediente. Efectuado dicho análisis, consideramos que el TPI

resolvió correctamente al mantener en esta etapa a la parte

peticionaria Olein Recovery en el pleito. El TPI entendió que, de la

prueba presentada, no podía concluir que la parte peticionaria no

había adquirido a Agropharma o que, en efecto, se tratase de la

misma compañía. Considerada la totalidad del expediente, este Foro

Apelativo Intermedio, no está en posición de tomar una decisión

distinta a la que llegó el Foro de Instancia. Por eso, concluimos que

los referidos errores no se cometieron. Es necesario que se presente

prueba adicional para que, en su momento, la contención de la parte

peticionaria ser sustentada.

      Aclarado lo anterior, nos resta disponer del segundo

señalamiento de error expuesto por la parte peticionaria. En este

alega que erró el TPI al mantener en el pleito a la parte co querellada,

Olein Recovery, indicando que existe controversia en cuanto a si

Olein Recovery se convirtió en patrono sucesor de Agropharma. Tal
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y como mencionamos en la parte expositiva de esta Resolución, y

por fundamentos probatorios análogos a los que dispusieron de los

restantes señalamientos de error, para que aplique la doctrina del

patrono sucesor, o no, es necesario que el TPI primero determine,

con prueba suficiente, si en efecto la segunda compañía adquirió

mediante venta o transferencia de activos o reorganización de un

negocio otra compañía. Por lo tanto, debido a que el TPI, y tampoco

este Foro Apelativo Intermedio, hemos determinado si en efecto la

parte recurrida Olein Recovery tiene una similitud sustancial en la

operación y una continuidad sustancial en la identidad de la

empresa con Agropharma, no podemos determinar la aplicación o

no ampliación de esta doctrina.

                                  -IV-

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos

expedir el recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria.

Se ordena la continuación de los procedimientos ante el TPI.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones