Court Opinion

ID: 9928507
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:20:30.024293+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:43.569244
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL XI

 SOLIMAR HOME OWNERS                              CERTIORARI
   ASSOCIATION, INC.                              Procedente del
                                                  Tribunal de Primera
          Recurrida                               Instancia, Sala
                                                  Superior de Fajardo
               v.               KLCE202301303
                                                  Civil Núm.:
  JOSÉ ERNESTO ROSA                               FA2023CV00780
 DIANA, su esposa JENNY                           (302)
 GONZÁLEZ RIVERA y la
    Sociedad Legal de                             Sobre: Daños y
Gananciales compuesta por                         otros
 ambos; LANIE VANESSA
    ROSA GONZÁLEZ

        Peticionarios
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                             RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos la señora Jenny González Rivera (“Sra.

González Rivera” o “Peticionaria”), mediante Petición de Certiorari

presentada el 22 de noviembre de 2023. Nos solicita que revoquemos

una Orden emitida y notificada el 9 de noviembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (“foro

primario” o “foro a quo”). Mediante esta, el foro a quo declaró Sin

Lugar la solicitud de desestimación presentada por la Peticionaria.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari.

                                   I.

      El presente caso tiene su origen cuando el 14 de septiembre

de   2023,    Solimar      Homeowners   Association,   Inc.   (“Solimar

Homeowners” o “Recurrida”) incoó una Demanda sobre interdicto

preliminar y permanente, servidumbres en equidad y daños y

perjuicios contra la Peticionaria, su esposo, el señor José Ernesto

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
KLCE202301303                                                                  2

Rosa Diana, y su hija, la señora Lanie Vanessa Rosa González (“Sra.

Rosa González”).1 Mediante esta, alegó que en el año 2020 la Sra.

Rosa González se mudó a la residencia de sus padres que ubica en

la Urbanización Solimar, la cual está sujeta a condiciones

restrictivas mediante la Escritura de Declaración de Derechos,

Restricciones, Condiciones y Constitución de Convenios Restrictivos y

Establecimiento        de   Disposiciones       para   Solimar    Homeowners

Association Incorporated2 (“Escritura de Servidumbres”). Señaló que

desde que la Sra. Rosa González se mudó a la comunidad, ha

iniciado un patrón de intimidación, amenazas, faltas de respeto,

agresiones y hostilidad, lesionando la seguridad y tranquilidad de

los demás residentes y contratistas que prestan servicios en la

urbanización. Sostuvo, que la conducta de la hija de la Peticionaria

ha dado lugar a que varios residentes insten múltiples órdenes de

protección en su contra, lo cual ha afectado y amenazado la sana y

pacífica convivencia en la urbanización.

       Arguyó, además, que la conducta desplegada por la Sra. Rosa

González      es    contraria     a    las   condiciones     restrictivas   y/o

servidumbres de equidad a la que está sujeta la Urbanización

Solimar. Por lo cual, solicitaron el cese y desista de las actuaciones

de la Sra. Rosa González. A su vez, solicitaron la imposición de

honorarios de abogado por temeridad.

       Así las cosas, el 19 de octubre de 2023, la Peticionaria

presentó Moción de Desestimación.3 Mediante esta, sostuvo que la

reclamación instada no justifica la concesión de un remedio en su

contra. En primer lugar, alegó que las alegaciones contenidas en la

demanda        no      incluyen       ninguna    actuación       que   conlleve

responsabilidad civil en su contra. Segundo, arguyó que ninguno de

1 Apéndice certiorari, págs. 1-154.
2 Escritura Número 12 del 15 de junio de 1987, otorgada ante el notario Silvestre

M. Miranda.
3 Íd, págs. 155-163.
KLCE202301303                                                                    3

los remedios solicitados en la demanda afecta sus derechos y solo

se le incluyó en el pleito por ser la titular registral de la propiedad.

Añadió que, la Sra. Rosa González reside exclusivamente en la

propiedad desde el 2020 y que sus actos solo son imputables a esta.

Argumentó que existen otros remedios en ley que impiden la

procedencia del remedio interdictal solicitado. Finalmente, señaló

que las condiciones restrictivas impuesta en la Escritura de

Servidumbres no regulan las relaciones interpersonales de los

vecinos. En vista de lo anterior, solicitó que se desestimara con

perjuicio la demanda en su contra.

       En respuesta, el 27 de octubre de 2023, Solimar Homeowners

presentó un escrito intitulado Oposición a “Moción de Desestimación”

de la Co-Demandada Jenny González Rivera.4 En este, señaló que

no procedía la desestimación de la demanda a favor de la

Peticionaria, toda vez que esta era titular junto a su esposo de la

propiedad donde reside su hija. Esgrimió que si se desestima la

causa de acción en su contra faltaría una parte indispensable para

dilucidar el pleito. Sostuvo que el remedio interdictal es el único

disponible para resolver la controversia, puesto que las otras causas

de acción instadas para remediar la conducta de la Sra. Rosa

González han fracasado. Finalmente, indicó que la Peticionaria,

como dueña de la propiedad, tiene la obligación contractual de velar

por el cumplimiento de las condiciones restrictivas a la que está

sujeta la residencia, según fueron establecidas en la Escritura de

Servidumbre.

       Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 9 de

noviembre de 2023,5 el foro a quo emitió y notificó la Orden recurrida

4 Íd, págs. 164-185.
5 Adviértase que el mismo día el foro primario emitió otra Orden en la que autorizó

que se expidieran los emplazamientos para el codemandado José Ernesto Rosa
Diana, según fue solicitado por la parte Recurrida. Véase Apéndice Recurrido,
Anejo I.
KLCE202301303                                                       4

en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación instada

por la Peticionaria.

      Inconforme, el 22 de noviembre de 2023, la Peticionaria

acudió ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión de

los siguientes errores:

      Erró el foro de instancia al no desestimar la demanda en
      contra de la Sra. Jenny González Rivera “por sí” y en su
      carácter individual cuando no existen alegaciones en su
      contra, no se justifica remedio alguno en su contra, ni sus
      derechos se afectarían de forma alguna con las
      alegaciones y remedios incluidos en la demanda.
      Erró el foro de instancia al no desestimar la demanda y de
      esa manera sostener la solicitud del remedio
      extraordinario de un injunction cuando (a) existen otras
      alternativas y remedios y (b) cuando las condiciones
      restrictivas no contemplan la conducta que se alega en la
      demanda violan las mismas.

      El 30 de noviembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en

la que le concedimos un término de diez (10) días a la parte

Recurrida para que mostrara causa por la cual no se debía expedir

el auto de certiorari y revocar la determinación recurrida. El mismo

día, Solimar Homeowners presentó escrito intitulado Solicitud de

Desestimación Bajo la Regla 83 y Oposición a la Expedición del Auto

de Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                 II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza
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Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril

de 2023.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son:

      (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
            a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.
      (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
      (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
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      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

               B. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

   La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite a la parte

demandada solicitar al tribunal que desestime la demanda antes de

contestarla “cuando es evidente de las alegaciones de la demanda

que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Conde Cruz v.

Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020) citando a Sánchez v. Aut. de

los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). Esa solicitud deberá hacerse

mediante una moción y basarse en uno de los fundamentos

siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de

jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento,

(4) insuficiencia en su diligenciamiento, (5) dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio, o (6) dejar

de acumular una parte indispensable. La notificación de esta

moción interrumpe el término para presentar la alegación

responsiva. Íd.

   Para disponer adecuadamente de una moción de desestimación

conforme a la precitada regla, el tribunal tiene la obligación de dar

por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda

que hayan sido aseveradas de manera clara. El Día, Inc. v. Mun. de

Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). A su vez, las alegaciones
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hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente,

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte

demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR

38, 49 (2015). Habrá de considerarse, “si a la luz de la situación más

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”.

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). También es importante

tener presente que el propósito de las alegaciones es bosquejar “a

grandes rasgos cuáles son las reclamaciones [contra la parte

demandada para que] ésta pueda comparecer [a defenderse] si así lo

desea”. Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 501 (2010).

                                 III.

      Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos

presentados por ambas partes, resolvemos que no se han producido

las circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa tan

temprana de los procedimientos. Aun cuando la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, nos faculta para atender asuntos

relacionados a la denegatoria de una moción de carácter dispositivo

como lo es la solicitud de desestimación, al amparo de los criterios

que   guían    nuestra   discreción     no   intervendremos     en   la

determinación recurrida. En ausencia de abuso de discreción, este

foro no debe intervenir con las determinaciones del foro primario. La

parte Peticionaria no ha demostrado que el foro de instancia se

excedió en el ejercicio de su discreción, ni que erró en la

interpretación del derecho. Tampoco constató que el abstenernos de

interferir en la determinación recurrida constituiría un fracaso

irremediable de la justicia en esta etapa de los procesos. Por tanto,

procede que se deniegue el recurso de certiorari de epígrafe.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones