Court Opinion

ID: 9554672
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:15:35.275524+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:08.018336
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                             TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      PANEL III

           UNIÓN INDEPENDIENTE                            Certiorari
                AUTÉNTICA                                 procedente del
                                                          Tribunal de Primera
                  PETICIONARIA                            Instancia, Sala
                                                          Superior de San
                          v.                              Juan

                AUTORIDAD DE           KLCE202300653 Civil núm.:
               ACUEDUCTOS DE                         SJ2022CV10848
              ALCANTARILLADOS                        (SALÓN 807)

                   RECURRIDA                             Sobre:
                                                         IMPUGNACIÓN O
                                                         CONFIRMACIÓN DE
                                                         LAUDO
         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la
         Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                     SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

                La Unión Independiente Auténtica (UIA o peticionaria),

         recurre ante nosotros de una Sentencia emitida por el Tribunal de

         Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 9 de mayo de 2023,

         siendo notificada el 11 de mayo de 2023. Mediante dicha Sentencia,

         el foro primario confirmó el Laudo de Arbitraje emitido por el

         Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo

         y Recursos Humanos (Negociado), en el cual el peticionario solicitó

         la revocación del laudo por entender que el despido de Providencia

         Otero Rodríguez se realizó injustificadamente.

                El 20 de junio de 2023, la Autoridad de Acueductos y

         Alcantarillados (AAA o recurrida) presentó su oposición al recurso.

                                           I

                Según surge del expediente, la señora Otero trabajaba para la

         AAA. La parte recurrida fue considerada por el Gobierno de Puerto

         Rico como una agencia esencial durante la pandemia de COVID-19,

         por lo que, todos los empleados estaban obligados a asistir a sus

         puestos de trabajo. La AAA sostuvo que la empleada ignoró el

Número Identificador

SEN2023________________
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requerimiento de su presencia en su área de trabajo, sin embargo,

presentó una certificación médica para acreditar su condición de

salud. No obstante, manifestaron que el certificado médico no

estableció ninguna restricción, ni recomendó un acomodo razonable

para la señora Otero. Por consiguiente, debido a las ausencias de la

empleada, y según dispone el Convenio Colectivo, comenzaron un

proceso de investigación, formulación de cargos, citación a vista

informal y eventual destitución. Expresaron que las reglas

disciplinarias negociadas en el Convenio Colectivo establecen que el

abandono de empleo conlleva el despido. Así las cosas, el 6 de agosto

de 2019, la señora Otero fue destituida de su empleo en la AAA.

      Inconforme con dicha decisión, el 3 de septiembre de 2020, la

UIA presentó una Solicitud Para Designación o Selección de Árbitro

ante el Negociado. Por consiguiente, el 30 de marzo de 2022 fue

celebrada una vista de arbitraje y las partes estipularon el Convenio

Colectivo como exhibit conjunto. No obstante, por no llegar a un

acuerdo entre las partes, presentaron sus respectivos proyectos de

sumisión. En síntesis, la UIA solicitó que el Árbitro resolviera que el

despido de la querellante se realizó injustificadamente, por lo que,

el patrono debía reinstalarla a su puesto, pagarle todos los salarios,

y beneficios a los que hubiese tenido derecho desde que fue

despedida, entre otros. Mientras que la AAA planteó que el Árbitro

debía determinar si la medida disciplinaria fue justificada o no,

conforme al Convenio Colectivo y prueba presentada.

      Evaluados los proyectos de las partes, el Árbitro del Negociado

emitió lo siguiente:

      No se justifica la destitución sumaria de la querellante
      Providencia Otero. Se modifica la acción de destitución
      por una amonestación escrita por violación a la Regla
      Número 2 – Ausencias Sin Autorización; y una
      suspensión de diez (10) días por violación a la Regla
      Número 23-Insubordinacion y se ordena reposición a
      sus funciones sin particular restitución de salarios,
      licencias y cualquier otro beneficio que pudo haber
      acumulado a partir de la fecha de su destitución.
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         Aún inconforme, la peticionaria instó una Revisión Judicial de

Laudo ante el TPI. Señaló que el Árbitro erró al no ordenar a la AAA

a pagar los salarios, beneficios y emolumentos a los que tenía

derecho la señora Otero desde que fue despedida.

         En dicho contexto procesal, el foro primario emitió una

Sentencia en la que declaró:

         […] luego de analizar los escritos del caso de autos, a la
         luz de una interpretación integrada de la prueba
         estipulada y desfilada, el Convenio Colectivo, los
         reglamentos aplicables y el Laudo que emitió el
         Honorable Árbitro, el Tribunal concluye y resuelve que
         la    determinación     cumple      con    las   normas
         jurisprudenciales vigentes por lo que este tribunal la
         considera correcta.

         En consecuencia y en atención a la deferencia que
         merece, se confirma el laudo apelado y se declara No Ha
         Lugar la Solicitud de Revisión.

         En desacuerdo con dicha determinación, la peticionaria

presentó este recurso en el que hace el siguiente señalamiento de

error:

         Erró el TPI al considerar correcto el Laudo impugnado,
         a pesar de que el Árbitro incurrió en conducta impropia,
         y en violación a la política pública, al actuar en crasa
         violación al debido proceso de ley de la Querellante, al
         resolver que su destitución sumaria fue impuesta
         injustificadamente, pero que únicamente tenía derecho
         al remedio de la reinstalación a su puesto de carrera, y
         no al pago de todos los salarios y haberes dejados de
         devengar por el tiempo en que estuvo despedida
         injustificadamente, según mandata el Convenio
         Colectivo entre la AAA y la UIA, el cual fue estipulado
         como Exhibit conjunto durante la vista de arbitraje, y
         en violación al Reglamento Para el Orden Interno de los
         Servicios de Arbitraje del Negociado de Conciliación y
         Arbitraje.

                                     II

                                    A.

         El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.

Véase: Torres González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211

DPR ___ (2023), 800 Ponce de León Corp. v. American International
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Insurance, 205 DPR 163 (2020). Distinto al recurso de apelación, el

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una

solución justiciera. Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703,

711-712 (2019); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98

(2008).

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este foro establece

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una

solicitud de expedición del auto de certiorari. Sobre el particular

dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

                                  B.

      En nuestro ordenamiento jurídico existe una clara política

pública a favor del arbitraje obrero-patronal como mecanismo

alterno de solución de disputas. Unión General de Trabajadores v.
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Centro Médico del Turabo, Inc., 208 DPR 944, 955 (2022). Por tal

motivo, los Laudos de Arbitraje merecen gran deferencia por parte

de los tribunales de justicia. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417

(2012). Esta norma de autolimitación conlleva que los tribunales no

lleguen a “considerar los méritos de un laudo, independientemente

de que, de haber sido la controversia inicialmente resuelta a nivel

judicial, la determinación final hubiese sido otra”. Aut. Puertos v.

HEO, supra, citando A. Acevedo Colom, Legislación de Relaciones del

Trabajo Comentada, [S. Ed.], San Juan, 2007, pág. 227. Por tanto,

la revisión judicial de los laudos de arbitraje se limitará a

circunstancias en las cuales se demuestre la existencia de fraude,

que el árbitro incurrió en conducta impropia, falta del debido

proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión de resolver todas

las controversias en disputa o que el laudo sea contrario a la política

pública. Aut. Puertos v. HEO, supra; C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299,

328 (2011).

      No obstante, la norma de autolimitación judicial en los casos

de arbitraje obrero-patronal no es de aplicación cuando las partes

hayan pactado que los laudos de arbitraje sean emitidos conforme a

derecho. En tales casos, “los árbitros están obligados a resolver las

controversias conforme a las doctrinas legales prevalecientes y

aceptadas”. Aut. Puertos v. HEO, supra; C.O.P.R. v. S.P.U., supra,

pág. 329. Lo anterior significa que, en cuanto a los laudos emitidos

conforme a derecho, “los tribunales podrán corregir errores jurídicos

en referencia al derecho aplicable”. Aut. Puertos v. HEO, supra,

citando a Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347,

353 (1999).

                                  C.

      El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, dispone que ninguna persona será privada de su

libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7,
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Const. ELA, LPRA. De igual manera, las Enmiendas V y XIV de la

Constitución de los Estados Unidos contienen disposiciones

homólogas a las nuestras. Const. EEUU, Enmiendas V y XIV. El

debido proceso de ley tiene dos vertientes: (a) sustantivo, cuya

función es examinar la validez de una ley o reglamento a la luz de

los preceptos constitucionales vigentes, con el propósito de proteger

los derechos fundamentales de los individuos; y (b) procesal, en el

cual “se le impone al Estado la obligación de garantizar que la

interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo

se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo”. In

re Wilda Rodríguez Plaza, 182 DPR 328 (2011) citando a Rivera

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887 (1993). En

cuanto al debido proceso de ley en su vertiente procesal, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el primer paso constituye

determinar si existe un derecho propietario que justifique la

existencia de un debido proceso de ley. Domínguez Castro v. ELA,

178 DPR 1, 35 (2010); Torres Solano v. PRTC, 127 DPR 499 (1990).

      En el caso de un empleado público, tanto la Corte Suprema

de los Estados Unidos como el Tribunal Supremo de Puerto Rico han

resuelto que el mismo posee un interés propietario en su puesto, por

lo cual tiene derecho a ser notificado de los cargos en su contra y a

la celebración de una vista informal previa al despido donde se le dé

la oportunidad de ser escuchado. Cleveland Board of Education v.

Loudermill, 470 US 532 (1985); Vázquez González v. Mun. de San

Juan, 178 DPR 636, 643-644 (2011); Domínguez Castro v. ELA,

supra; Torres Solano v. PRTC, supra.

      Una vez determinada la existencia de un interés propietario

por parte de un empleado público, es necesario analizar varios

factores para establecer si el procedimiento sumario cumple con los

requisitos constitucionales del debido proceso de ley, entre estos

están: (1) los intereses individuales afectados por la acción oficial;
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(2) el riesgo de una determinación errónea priva a la persona del

interés protegido y el valor probable de garantías adicionales o

distintas; y (3) el interés gubernamental protegido con la acción

sumaria y la posibilidad de usar métodos alternos. Domínguez

Castro v. ELA, supra, págs. 47-48. El derecho a una vista previa al

despido es de tal importancia que el Tribunal Supremo ha resuelto

que, de haber sido solicitada y no celebrada, procede la imposición

de pagos de salarios desde la fecha del despido hasta la fecha de

celebración de una vista de arbitraje que subsane la falta de

celebración de una vista informal. U. Ind. Emp. AEP v. AEP, 146 DPR

611, 624 (1998). No obstante, los tribunales también han resuelto

que no es necesario celebrar una vista informal en situaciones de

emergencia. En tales casos, procede que el patrono suspenda al

empleado, con sueldo. Cleveland Board of Education v. Loudermill,

supra; U. Ind. Emp. AEP v. AEP, supra; Torres Solano v. A.E.P.,

supra.

                                   D.

        La Secc. 6.6, inciso (3) de la Ley Núm. 8 de 4 de febrero de

2017,    según   enmendada,      conocida   como    la    Ley   para   la

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el

Gobierno de Puerto Rico (Ley 8-2017), dispone que “[c]uando la

conducta de un empleado no se ajuste a las normas y

requerimientos establecidos, cada agencia deberá tomar las

medidas     correctivas   o   acciones   disciplinarias   necesarias   y

adecuadas.” 3 LPRA sec. 1472f (3). Entre las acciones disciplinarias

que puede tomar la agencia, se encuentran las amonestaciones

verbales, reprimendas escritas, suspensiones de empleo y sueldo o

la destitución. Íd. Sin embargo, la agencia sólo podrá destituir a un

empleado de carrera por justa causa y siempre y cuando le haya

notificado los cargos por escrito y sobre su derecho a solicitar vista

previa. 3 LPRA sec. 1472f (4). La Ley 8-2017 dispone, además, que
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una de las obligaciones mínimas esenciales de todo empleado en el

servicio público consiste en “[a]sistir al trabajo con regularidad,

puntualidad y cumplir la jornada de trabajo establecida”. 3 LPRA

sec. 1472f (8)(a).

      Por otra parte, el Convenio Colectivo de la AAA y UIA para el

2012-2015, tipificaba varias faltas, entre ellas, las ausencias sin

autorización:

      2. AUSENCIAS SIN AUTORIZACIÓN – Incurrir en
      ausencias sin autorización. Para fines de aplicar la
      medida disciplinaria correctiva, se considerará la
      ausencia sin autorización de un (1) día.

      Amonestación Escrita: Primera Ofensa
      Suspensión 6-10 días laborables: Segunda Ofensa
      Suspensión de 10-15 días laborables: Tercera Ofensa
      Destitución: Cuarta Ofensa

      Como podemos observar, la Ley 8-2017 enfatiza la asistencia

al trabajo como una de las obligaciones esenciales de todo empleado

público. En atención a ello, el Convenio Colectivo tipificó una

ausencia sin autorización, como una falta que podría llevar a la

destitución del puesto.

                                    E.

      En nuestra jurisdicción impera una clara política pública a

favor del manejo adecuado de fondos públicos. El Art. VI de la Secc.

9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

dispone que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos

públicos   para      fines   públicos    y   para   el   sostenimiento   y

funcionamiento de las autoridades del Estado, y en todo caso por

autoridad de ley”. Art. VI, Secc. 9, Const. del ELA, LPRA. Nuestro

Tribunal Supremo reiteradamente ha resuelto que se debe evitar el

dispendio, la extravagancia, el favoritismo y la prevaricación en los

contratos gubernamentales. Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San

Juan, 147 DPR 824 (1999); Hatton v. Municipio de Ponce, 134 DPR

1001, 1005 (1994).
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                                   III

      En el caso de autos, la señora Otero, como consecuencia de

una pandemia por COVID-19 y debido a su condición de salud, para

la cual presentó un certificado médico, decidió ausentarse de su

trabajo.    Como   consecuencia,     la   parte   recurrente   tomó   la

determinación de despedirla. No obstante, evaluado el caso en el

Negociado de Conciliación y Arbitraje, el Árbitro en su determinación

dispuso que no se justificaba la destitución de la señora Otero, por

lo que, ordenaba la reposición a sus funciones, pero sin restitución

de salarios, licencias y cualquier otro beneficio. El foro primario

acogió la determinación del Árbitro por cumplir con las normas

vigentes.

      La UIE alega que erró el TPI al considerar correcto el Laudo, a

pesar de que el Árbitro resolvió que la destitución fue injustificada,

pero que únicamente tenía derecho a la restitución de su puesto, y

no al pago de los salarios y beneficios dejados de devengar por el

tiempo en que estuvo despedida. Por su parte, la AAA sostiene que

la Sentencia dictada por el TPI es válida, puesto que no concurrieron

ninguna de las causales reconocidas jurisprudencialmente para

revocar el Laudo de Arbitraje.

      Así las cosas, nos corresponde determinar si el foro de primera

instancia incidió al acoger la determinación del laudo objeto de la

controversia.

      Como hemos visto, la AAA cumplió con su deber de

notificación al empleado, según lo requerido por el debido proceso

de ley, ante sus ausencias. No obstante, la sanción impuesta al

despedirla fue la más severa, puesto que, las reglas disciplinarias en

el Convenio Colectivo establecen que las ausencias no autorizadas

como primera ofensa conllevan una amonestación escrita. Del

expediente surge que la señora Otero no abandonó su trabajo, ni se

ausentó sin previa notificación, además que presentó un certificado
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médico por temor a estar expuesta y/o contraer el virus del COVID-

19 debido a su condición de salud, también mantuvo comunicación

con su supervisora.

      De otra parte, el Gobierno de Puerto Rico decretó una

cuarentena, sin embargo, excluyó a los empleados identificados

como esenciales, entre ellos los de la AAA. Debido a ello, los

recurrentes procedieron a establecer un Plan de Control de

exposición para el Retorno al Trabajo ante COVID-19 y emitieron

notificaciones a sus empleados, entre ellos la señora Otero, para que

se presentaran a sus puestos de trabajo. Sin embargo, la señora

Otero no se presentó por alegados riesgos de salud.

      A pesar de sus ausencias y comunicaciones con su

supervisora, no se justifica la ausencia de la señora Otero a su lugar

de trabajo, puesto que, no se sustenta que la querellante se pudiera

contagiar por la falta de protocolos o guías en su lugar de trabajo. A

su vez, un empleado público que no ha trabajado o no se ha acogido

a alguna licencia con paga, no ha devengado salario alguno que

justifique el desembolso de fondos públicos por tal concepto.

      Así las cosas, sostenemos que el Árbitro actuó correctamente

al determinar que la medida disciplinaria tomada contra la señora

Oquendo fue muy severa, y no procedía los salarios dejados de

devengar durante el tiempo que estuvo fuera.

                                   IV

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari y se confirma al TPI.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones