Court Opinion

ID: 9928647
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:32:35.633073+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:34.822670
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      PANEL II

     KENNETH L. ÁLVAREZ                                  CERTIORARI
         CARRIÓN                                         procedente del
                                                         Tribunal de Primera
              Recurrido                                  Instancia, Sala
                                                         Superior de Carolina
                   v.                  KLCE202301342
                                                         Caso número:
 YELITZA PERALES MADERA                                  CA2022RF00619

            Peticionaria                                 Sobre:
                                                         Custodia

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

        Comparece ante esta Curia la parte peticionaria, Yelitza Perales

Madera, mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la revocación de la

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Carolina, el 23 de octubre de 2023, notificada al día siguiente. En el referido

dictamen, el foro primario refirió el caso al examinador de pensiones

alimentarias para la fijación de la pensión a la parte peticionaria en favor de

la menor. Ello, efectivo a la fecha en que se le adjudicó la custodia de la

menor a la parte recurrida, Kenneth L. Álvarez Carrión. Junto a su recurso,

la parte peticionaria presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se declara

No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción, se expide el auto de

certiorari y se revoca el dictamen recurrido. Veamos.

                                         I

        El 9 de septiembre de 2022, Kenneth L. Álvarez Carrión (Álvarez

Carrión o recurrido), incoó una Demanda sobre custodia en contra de

Yelitza Perales Madera (Perales Madera o peticionaria).1 En síntesis,

solicitó la custodia monoparental de su hija menor de edad SMAP,

1 Apéndice I del recurso, págs. 1-3.

  Número Identificador
  SEN2023 _______________
KLCE202301342                                                                2

procreada por las partes, quien, en ese momento, se encontraba bajo la

custodia de Perales Madera.

        Luego de los trámites procesales correspondientes, el 2 de abril de

2023, notificada el 4 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Sentencia, mediante la cual le otorgó la custodia de la menor a

Álvarez Carrión.2

        Posteriormente, el 18 de octubre de 2023, Álvarez Carrión instó una

Moción en Solicitud de Alimentos a Favor de la Menor de Edad, en Solicitud

de Orden a la ASUME.3 En lo pertinente, solicitó que, a tenor con lo resuelto

en la referida determinación de custodia, se refiriera el expediente al

examinador de pensiones alimentarias correspondiente para la imposición

de alimentos a favor de la menor por parte de Perales Madera.

        Después de varias incidencias procesales, el 23 de octubre de 2023,

notificada al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden

que nos ocupa, la cual reza como sigue:

        Reevaluado el expediente[,] se refiere el caso al EPA para
        que fije una pensi[ó]n alimentaria a la demandada (persona
        no custodia) en favor de la menor, efectivo al 2 de abril de
        2023, cuando se dict[ó] Sentencia otorg[á]ndose la
        custodia de la menor al demandante.4 (Énfasis nuestro).

        Así las cosas, el foro primario señaló una vista de alimentos para el

8 de diciembre de 2023.5

        En desacuerdo, el 6 de noviembre de 2023, Perales Madera

presentó     un    escrito     intitulado    Cumplimiento   de   Orden-Réplica-

Reconsideración.6 En lo aquí atinente, argumentó que, tanto el Artículo 667

del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 7563, como el

Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de

Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8

LPRA sec. 518 (Ley de ASUME), disponen que el momento determinante

para el pago de alimentos era la fecha de su reclamación. Especificó que

2 Apéndice VI del recurso, págs. 14-15.
3 Apéndice XI del recurso, págs. 24-25.
4 Apéndice XVI del recurso, pág. 31.
5 Apéndice XIX del recurso, págs. 34-36.
6 Apéndice XXIII del recurso, págs. 51-53.
KLCE202301342                                                                 3

la retroactividad de la pensión alimentaria debía ser a la fecha de la solicitud

de alimentos, es decir, al 18 de octubre de 2023, no a la fecha en que se

dictó la Sentencia de custodia el 2 de abril de 2023.

       Atendido el petitorio, el 7 de noviembre de 2023, notificada el 14 del

mismo mes y año, el foro a quo emitió una Orden en la cual declaró No Ha

Lugar la reconsideración.7

       Inconforme con dicha determinación, el 30 de noviembre de 2023,

la parte peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y

realizó el siguiente señalamiento de error:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar
       que la pensión alimentaria será efectiva al 2 de abril de 2023,
       fecha en que se dictó sentencia de custodia y no a la fecha
       de la solicitud de alimentos que fue el 18 de octubre de 2023.

       Junto a su recurso, presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción.

Examinado el recurso y la referida solicitud, el mismo día, emitimos una

Resolución mediante la cual le otorgamos un término breve a la parte

recurrida para que se expresara en torno a ambos escritos. Ha transcurrido

mayor término a lo concedido sin que el recurrido haya acreditado escrito

alguno ante esta Curia, por lo que procedemos a resolver sin el beneficio

de su comparecencia.

                                        II

                                        A

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46,

211 DPR ___ (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR

994, 1004 (2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del

Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

7 Apéndice XXIV del recurso, pág. 54.
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      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
      de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o

peritos   esenciales,   asuntos   relativos   a   privilegios   evidenciarios,

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas

excepciones.

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra;

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020). Así, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, funge como complemento

a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, supra. La precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
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       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
       ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
       indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante,

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

(Énfasis omitido).

       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario,

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).
KLCE202301342                                                             6

                                     B

       Sabido es que la obligación de los padres y madres de alimentar a

sus hijos e hijas menores de edad es parte al derecho a la vida consagrado

en la Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, LPRA, Tomo I. Por tal razón, los casos de alimentos de

menores están revestidos del más alto interés público, siendo el interés

principal el bienestar de estos. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR

706 (2022); Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 927 (2017); De

León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157 (2016). Esta obligación

emana de la relación filial y se origina desde el momento en que la

paternidad o maternidad queda legalmente establecida. Íd.; Fonseca Zayas

v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632-633 (2011). Conforme a lo

anterior, la Asamblea Legislativa ha legislado para procurar que los padres,

madres o personas legalmente responsables contribuyan a la manutención

y bienestar de sus hijos, hijas o dependientes. Ello, mediante el

fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los procedimientos

administrativos y judiciales para la determinación, recaudación, así como

la distribución de las pensiones alimentarias. Rodríguez Rivera v. De León

Otaño, 191 DPR 700, 712 (2014); 8 LPRA sec. 502. A tales fines, la

Exposición de Motivos de la Ley de ASUME, supra, promueve como

política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que, los padres,

madres o personas legalmente obligadas asuman la responsabilidad que

tienen para con sus hijos e hijas.

        Con el propósito de lograr que dicha política se cumpla, se ha

legislado con el fin de crear procedimientos justos, rápidos y económicos

que garanticen el pago de las pensiones alimenticias a ese sector. Para

lograr su encomienda, el Artículo 12 de la Ley de ASUME, 8 LPRA sec.

511, provee el mecanismo para acudir al Tribunal mediante un

procedimiento judicial expedito. En esta, los procedimientos judiciales

comenzarán con la presentación de un escrito que contenga toda la

información disponible y verídica bajo juramento o afirmación con
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apercibimiento de perjurio, sobre la parte peticionaria, sobre el alimentante

(o posibles alimentantes) y sobre el alimentista. Una vez presentada la

petición de alimentos, dicho articulado estatuye que la secretaria del

tribunal procederá de inmediato a señalar la vista ante el examinador de

pensiones. 8 LPRA sec. 514.

       Una vez terminado el proceso de investigación, se establecerá la

pensión correspondiente, tomando en consideración que el pago de

la pensión será efectivo desde la fecha en que se presentó la petición

de alimentos. Art. 19 de la Ley de ASUME, 8 LPRA sec. 518; Quiles Pérez

v. Cardona Rosa, 171 DPR 443, 455 (2007). Conforme a ello, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el momento determinante del

pago de los alimentos es a la fecha de su reclamación, por lo cual los

alimentos se abonarán a partir del momento en que se exijan judicialmente.

Quiles Pérez v. Cardona Rosa, supra, citando a Pueblo v. Zayas Colón,

139 DPR 119, 125 (1995).

       Por otro lado, precisa destacar que, fijada la pensión alimentaria,

siempre estará sujeta a revisión y puede modificarse ante un cambio

sustancial en las circunstancias personales del alimentante o del

alimentista. Así, pues, salvo circunstancias extraordinarias, tal revisión

podrá darse en un plazo de tres (3) años, desde la última fijación. Art. 19(c)

de la Ley de ASUME, 8 LPRA sec. 518(c); Figueroa v. Del Rosario, 147

DPR 121, 128 (1998).

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                      III

       La parte peticionaria plantea que el Tribunal de Primera Instancia

incidió al determinar que la pensión alimentaria en favor de la menor será

efectiva desde que se dictó la Sentencia de custodia el 2 de abril de 2023,

y no a la fecha de la solicitud de alimentos el 18 de octubre de 2023. En

particular, sostiene que la retroactividad de la pensión alimentaria debe ser
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a la fecha de la solicitud de alimentos, que en este caso fue posterior a la

sentencia de custodia.

      Luego de un examen sosegado del expediente ante nos,

entendemos que, conforme lo dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, tenemos autoridad para atender el asunto ante nuestra

consideración, por tratarse de un caso de relaciones de familia y por

encontrarnos en la etapa procesal adecuada para intervenir. De igual

forma, dicho señalamiento de error cumple con los criterios de la Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, por lo que procede

expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen recurrido. Nos

explicamos.

      Sabido es que la Ley de ASUME, en su Artículo 19, establece de

forma clara que el pago de la pensión alimentaria será efectivo desde la

fecha en que se presentó la petición de alimentos. Es decir, el momento

determinante del pago de los alimentos es a la fecha de su reclamación.

Por consiguiente, los alimentos se abonarán a partir del momento en que

se exijan judicialmente.

      Surge del expediente ante nos que la parte recurrida realizó la

petición de alimentos el 18 de octubre de 2023, mediante Moción en

Solicitud de Alimentos a Favor de la Menor de Edad, en Solicitud de Orden

a la ASUME. Sin embargo, el foro a quo resolvió que la eventual fijación de

la pensión alimentaria en cuestión se retrotraía al 2 de abril de 2023,

cuando dictó la Sentencia sobre custodia. Dicho proceder se aparta de lo

dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico. En conclusión, se cometió el

error señalado.

      En vista de lo anterior, concluimos que el Tribunal de Primera

Instancia incidió en su proceder, por lo que se hace necesaria nuestra

intervención en esta etapa de los procedimientos, pues la disposición de la

determinación recurrida es contraria a derecho y, el no intervenir, podría

resultar en un fracaso irremediable de la justicia. Por consiguiente, y al
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amparo de lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, procede la

expedición del auto de certiorari y la revocación de la Orden recurrida.

                                     IV

      Por los fundamentos que anteceden, declaramos No Ha Lugar la

Moción en Auxilio de Jurisdicción, expedimos el auto de certiorari,

revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el caso al foro primario para

la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

      Notifíquese inmediatamente.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones