Court Opinion

ID: 9941507
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:41:53.46505+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.112278
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL X

EX AGTE. RENARDO DELLA                           Revisión
CAMERA NAVARRO #23005                            Administrativa
                                                 procedente de la
         Recurrente                              Comisión de
                                   KLRA202300564 Investigación,
                                                 Procesamiento y
               v.                                Apelación

                                                        Caso Núm.:
POLICÍA DE PUERTO RICO                                  21P-36

         Recurrido                                      Sobre:
                                                        Expulsión

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                   SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

       Comparece        el    señor    Renardo    Della    Camera      Navarro

(recurrente) mediante Recurso de Revisión Administrativa y nos

solicita la revisión de la Resolución emitida el 31 de mayo de 2023,

archivada y notificada el 7 de junio de 2023, por la Comisión de

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Mediante el

referido dictamen, la CIPA desestimó el caso por prematuro. El 27

de junio de 2023, el recurrente presentó una                        Moción de

Reconsideración, la cual fue denegada por la CIPA mediante

Resolución emitida el 22 de agosto de 2023, notificada el 28 de

septiembre de 2023.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos la Resolución impugnada.

                                        I.

       Según        surge    del    expediente   ante     nos,   por   hechos

presuntamente ocurridos entre los meses de marzo y abril de 2017,

el Negociado de la Policía de Puerto Rico (Negociado de la Policía o

recurrido)   inició     una    investigación     administrativa     contra   el

Número Identificador
SEN2024 _________
KLRA202300564                                                              2

recurrente, quien para ese entonces, se desempeñaba como Agente

de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División Autopistas, Área

de Caguas.

       Como resultado de la referida investigación, el 10 de abril de

2019, notificada el 12 de abril de 2019, el Negociado de la Policía

emitió una Suspensión Sumaria de Empleo y Sueldo y Resolución de

Cargos1. En esta, el Comisionado del Negociado de la Policía, señor

Henry Escalera Rivera, notificó al recurrente que la conducta

realizada por éste era incompatible con sus funciones como

funcionario del orden público, por lo que se proponía expulsarlo del

puesto que ocupaba en el Negociado de la Policía.

       El 18 de junio de 2019, se celebró una vista informal

administrativa ante el Oficial Examinador del Negociado de la

Policía, Tnte. Cor. Nívea E. Collazo Calderón. Según se desprende

del Informe del Oficial Examinador2 emitido el 11 de julio de 2019,

se recomendó que el caso fuera evaluado por la Oficina de Asuntos

Legales para la adjudicación final e imposición de cualquier sanción

contra el recurrente.

       El 27 de julio de 2020, notificada el 1 de septiembre de 2020,

el Negociado de la Policía emitió una Resolución Final3 en la que

confirmó el castigo consignado en la Resolución de Cargos y, en

consecuencia, expulsó al recurrente de manera definitiva del Cuerpo

del Negociado de la Policía. Asimismo, apercibió al recurrente que,

de no estar conforme con dicha determinación, podría apelar ante

la CIPA dentro del término de treinta (30) días calendario.

       Insatisfecho, el 28 de septiembre de 2020, el recurrente

presentó una Apelación4 ante la CIPA. En esencia, alegó que se violó

1 Apéndice del recurso, págs. 19-21.
2 Apéndice del recurso, págs. 118-120.
3 Apéndice del recurso, págs. 23-25. Cabe mencionar que en dicha Resolución
Final se especifica que el Negociado de la Policía de Puerto Rico realizó una
investigación administrativa relacionada a la conducta del recurrente como
miembro de la Uniformada por hechos ocurridos el 29 de marzo de 2017.
4 Apéndice del recurso, págs. 26-37.
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su derecho al debido proceso de ley al imponérsele una suspensión

sumaria de empleo y sueldo luego de transcurridos dos (2) años de

los hechos imputados en su contra. Añadió que, durante la

investigación administrativa no tuvo la oportunidad de defenderse

de los cargos imputados en su contra y la vista administrativa no se

celebró dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la

suspensión sumaria. Por último, el recurrente manifestó que,

conforme al Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de

Puerto Rico de 17 de julio de 2013, se requiere que las

investigaciones administrativas realizadas por la Superintendencia

Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) se completen dentro

del término de noventa (90) días a partir del recibo de la querella.

Ante ello, sostuvo que en el presente caso no se cumplió con la

aludida normativa al haber transcurrido tres (3) años desde que

ocurrieron los presuntos hechos hasta la adjudicación final.

Además, añadió que al momento de los hechos imputados se

encontraba disfrutando de una licencia sin sueldo y laboraba en la

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

       Luego de varios trámites procesales, el 30 de junio de 2022,

notificada el 5 de julio de 2022, la CIPA emitió una Orden5 en la que

señaló vista en su fondo para el 28 de febrero de 2023 a la 1:00pm.

       Consecuentemente, el 28 de febrero de 2023, notificada el 10

de marzo de 2023, la CIPA emitió Orden6 mediante la cual indicó lo

siguiente:

             Se concede a la parte apelante el término de 20 días
       para presentar sus planteamientos de derecho que
       dispongan de este caso. La Policía de Puerto Rico tendrá 20
       días contados a partir de la notificación del escrito para
       presentar su posición. De no cumplir alguna o ninguna de
       las partes con los plazos concedidos, el caso se dará por
       sometido y la Comisión resolverá.

5 Apéndice del recurso, pág. 59.
6 Apéndice del recurso, pág. 60.
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       El Negociado de la Policía compareció mediante Moción en

Cumplimiento de Orden y Presentación de Argumentos del Caso7 con

fecha del 20 de febrero de 2023. En síntesis, alegó que el recurrente

actuó de manera contraria a lo que un empleado del Negociado de

la Policía debe actuar. Particularmente, señaló que el recurrente

violó las disposiciones de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996,

según enmendada, conocida como Ley de la Policía de Puerto Rico,

por lo que procedía aplicar las sanciones disciplinarias establecidas

en el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico,

Reglamento Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990, según enmendado.

       El 21 de marzo de 2023, el Negociado de la Policía compareció

mediante una Moción de Desestimación8. En su escrito, señaló que

el recurrente tenía hasta el 20 de febrero de 2023 para presentar

sus argumentos, pero incumplió con ello. Por tanto, solicitó la

desestimación del caso y/o que se confirmara la determinación

emitida por el Comisionado del Negociado de la Policía, señor Henry

Escalera Rivera, en cuanto a la expulsión del recurrente.

       Por su parte, el 31 de marzo de 2023, el recurrente presentó

una Moción de Desestimación9. Adujo que el 28 de febrero de 2023

compareció debidamente preparado a la vista señalada por la CIPA,

pero no así el Negociado de la Policía al no contar con ninguno de

sus testigos. Asimismo, señaló que el Negociado de la Policía

incurrió en varias violaciones, a saber: 1) incumplir con la carga

probatoria; 2) incumplir con los requisitos de suspensión sumaria

de empleo y sueldo establecidos por ley y reglamento; 3) violar el

debido proceso de ley al no celebrar una vista administrativa; 4)

delegar a la Oficina de Asuntos Legales la función de recomendar si

procedía o no la suspensión sumaria del recurrente; 5) confundir la

7 Apéndice del recurso, págs. 61-71.
8 Apéndice del recurso, págs. 70-71.
9 Apéndice del recurso, págs. 72-148.
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vista informal de si procede o no una suspensión sumaria con la

vista administrativa final de confirmar o no la imposición de

sanciones; 6) basar la expulsión del recurrente en hechos que no

fueron investigados; 7) tardarse más de tres (3) años en investigar y

adjudicar el presente caso; 8) solicitar más de once (11) prórrogas

para realizar la investigación del caso; 9) imputar faltas que no

aplican a los hechos por los cuales se expulsó al recurrente; y 10)

basar la determinación en una ley y reglamento que no estaban

vigentes al momento de los hechos imputados. Por tanto, el

recurrente solicitó a la CIPA que declarara Ha Lugar su recurso de

Apelación y revocara la determinación de expulsión emitida por el

Negociado de la Policía.

       Así las cosas, el 31 de mayo de 2023, notificada el 7 de junio

de 2023, la CIPA emitió Resolución en la que desestimó el caso por

prematuro. La CIPA concluyó que, según surgía de la prueba

presentada, la falta núm. 30 se encontraba pendiente de

investigación, por lo que el Negociado de la Policía debía concluir la

investigación y celebrar la correspondiente vista administrativa

informal. En cuanto a las faltas núm. 1, 16 y 27, determinó que,

según surgía de la prueba presentada por las partes, no se celebró

la correspondiente vista administrativa informal ante el Negociado

de la Policía. En consecuencia, desestimó la Apelación presentada

por el recurrente por prematura y devolvió el caso al Negociado de

la Policía para que procediera a celebrar la vista informal.

       En desacuerdo con la determinación, el 27 de junio de 2023,

el recurrente presentó una Moción de Reconsideración10. En síntesis,

señaló que la celebración de una vista en esta etapa de los

procedimientos constituiría una actuación ultra vires por parte del

Negociado de la Policía. Asimismo, arguyó que el juicio ante la CIPA

10 Apéndice del recurso, págs. 149-166.
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es un juicio de novo que subsana cualquier procedimiento

inadecuado que haya realizado el Negociado de la Policía. Por último,

el recurrente indicó que renunciaba a cualquier derecho que le

asistiera relacionado a la celebración de una vista administrativa

ante la agencia, a los fines de que el caso se dilucidara ante la CIPA.

      El 22 de agosto de 2023, notificada el 28 de septiembre de

2023, la CIPA emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha

Lugar la moción de reconsideración presentada por el recurrente.

      Inconforme aún, el 27 de octubre de 2023, el recurrente

acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe en el que esbozó los

siguientes señalamientos de error:

      1. Erró la CIPA al no desestimar la falta grave número 30
         relacionada a los alegados hechos del 29 de marzo de
         2017 y en su lugar la devolvió al Negociado de la Policía
         para que fuese investigada.

      2. Erró la CIPA al devolver las faltas número 1, 16 y 27 al
         Negociado de la Policía en lugar de desestimarlas para
         que fuera celebrada una vista administrativa.

      3. Erró la CIPA al validar la suspensión sumaria de empleo
         y sueldo dos (2) años con posterioridad de ocurrir los
         alegados hechos y mientras el apelante continuaba
         trabajando.

      4. Erró la CIPA al validar la investigación administrativa
         fuera del término establecido en su Reglamento de 90
         días en crasa violación al Debido Proceso de Ley.

      El 30 de noviembre de 2023, concedimos término a la parte

recurrida para expresar su posición sobre los méritos del recurso.

El 7 de diciembre de 2023, el Negociado de la Policía, representado

por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, (Procurador)

compareció mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

                                  II.

                                  -A-

      Las órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales

dictadas por agencias o funcionarios administrativos son revisadas
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mediante el recurso de revisión judicial11. La figura jurídica de

revisión judicial nos encomienda a “examinar si las decisiones de las

agencias administrativas se tomaron dentro de los poderes

delegados y si son compatibles con la política pública que las

origina”12. Es doctrina reiterada que las decisiones de los

organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial13.

En nuestro ordenamiento se les concede gran deferencia a las

determinaciones administrativas, ello en vista al gran conocimiento

especializado y experiencia que las agencias ostentan14.

       Nuestro      Tribunal     Supremo       ha     expresado    que,    las

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos

especializados merecen gran consideración y respeto y que su

revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó arbitraria

o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación

constituyó un abuso de discreción15. Por ende, la decisión de una

agencia administrativa gozará de una presunción de legalidad y

corrección que será respetada, siempre que la parte que la impugna

no produzca evidencia suficiente para rebatirla16.

       El criterio rector para la revisión de este tipo de determinación

es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la agencia fue ilegal,

arbitraria,   o   tan    irrazonable     que   constituye     un   abuso   de

discreción17. La revisión usualmente comprende las siguientes

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las

determinaciones de hechos son conformes al principio de evidencia

sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas18. El

principio de “evidencia sustancial [se refiere a] aquella prueba

11 Sec. 4.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9671.
12 Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018).
13 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).
14 Pagán Santiago v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).
15  Fuertes v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993), citando a Murphy Bernabé v.
Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).
16 Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).
17 Íd. pág. 216.
18 Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010).
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relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada

para sostener una conclusión”19.

         Cuando una parte afectada por un dictamen administrativo

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de

derrotar con suficiente evidencia, que la determinación no está

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo

ante su consideración20. De no identificarse y demostrarse esa otra

prueba en el expediente administrativo, las determinaciones de

hechos deben sostenerse por el tribunal revisor, pues el recurrente

no ha logrado rebatir la presunción de corrección o legalidad21.

         Ahora bien, sobre las determinaciones de derecho, el Tribunal

Supremo ha dicho que distinto a las determinaciones de hecho, el

tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a

norma o criterio alguno. Sin embargo, esto no quiere decir que un

foro apelativo pueda descartar las conclusiones y sustituir el criterio

del ente administrativo por el suyo22. En estos casos, también los

tribunales apelativos les deben deferencia a los organismos

administrativos23.

                                        -B-

         El Artículo 3 de la Ley de la Policía de Puerto Rico, Ley Núm.

53 de 10 de junio de 1996, según enmendada (Ley Núm. 53-1996)24,

establece el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico y sus obligaciones,

que incluyen: 1) proteger a las personas y a la propiedad; 2)

mantener y conservar el orden público; 3) observar y procurar la

más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano; 4)

19 Rolón Martínez v. A.R.P.E., supra.
20 Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011).
21 O.E.G. v. Rodríguez y otros, 159 DPR 98, 118 (2003).
22 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).
23 Íd.
24 La referida Ley Núm. 53-1996 fue derogada por la Ley del Departamento de

Seguridad Pública de Puerto Rico, Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según
enmendada, 25 LPRA sec. 3501 et seq. (Ley Núm. 20-2017), la cual comenzó a
regir ciento ochenta (180) días después de su aprobación. Sin embargo, para
propósitos de la adjudicación de este recurso, citamos la derogada Ley Núm. 53-
1996 debido a que los hechos en controversia surgieron durante su vigencia.
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prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito; y 5) compeler a

la observancia de las leyes y reglamentos25.

       Para asegurar el cumplimiento con estos deberes, el legislador

delegó en el Superintendente la facultad de determinar por

reglamento “la organización y administración de la Policía, las

obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros… y

cualquier otro asunto necesario para el funcionamiento del

Cuerpo”26. Asimismo, “[p]odrá ejercer toda facultad o poder para el

buen funcionamiento de la Policía que no esté en conflicto con las

disposiciones de las secs. 3101 et seq. de este título”27.

       El    Artículo    23     de     la   Ley   Núm.   53-1996,     otorga   al

Superintendente la facultad de determinar, mediante reglamento,

las faltas graves o leves de los miembros de la Policía que conllevaren

acción      disciplinaria.      Este    reglamento     prescribirá   la   acción

correspondiente con arreglo a lo establecido en el referido estatuto.

El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno de los

siguientes: reasignación de funciones o reubicación, traslado,

expulsión permanente del Cuerpo, degradación o suspensión de

empleo sin sueldo por un periodo no mayor de cinco (5) meses28.

       De conformidad con lo anterior, el Superintendente aprobó el

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento

Núm. 4216 de 11 de mayo de 1990, según enmendado (Reglamento

4216). Éste dispone que el Superintendente tiene la facultad de

imponer sanciones disciplinarias contra un miembro del Cuerpo

cuya conducta esté en contravención a sus normas29.

       El Artículo 5, Sección 5.2 del Reglamento 4216 también

dispone que todo miembro de la Policía deberá: “cumplir y velar por

el   cumplimiento        de     las    leyes,     reglamentos   y    ordenanzas

25 25 LPRA sec. 3102.
26 25 LPRA sec. 3104 (b).
27 25 LPRA sec. 3104 (m).
28 25 LPRA sec. 3122 (b) (2).
29 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 331-332 (2002).
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municipales; observar en todo momento una conducta ejemplar;

obedecer las órdenes legalmente emitidas por sus superiores; ser

puntual en sus compromisos oficiales y diligente en el cumplimiento

de su deber, actuando siempre en forma ecuánime, serena y justa;

y orientar y aconsejar al público sobre el mejor cumplimiento de la

ley, así como en todo lo que concierne a la seguridad pública”.

      Además, el Artículo 14, Sección 14.3 (2) (a) del Reglamento

4216 establece que “[e]l Superintendente tomará las medidas

correctivas apropiadas cuando un miembro de la Policía de Puerto

Rico incurra en violación de cualquiera de las faltas clasificadas en

graves o leves. El castigo a imponerse por falta grave podrá ser uno

de los siguientes: expulsión del Cuerpo, degradación o suspensión

de empleo y sueldo por un período no mayor de cinco (5) meses…”.

      El Artículo 4 (22) del Reglamento 4216 define “faltas graves”

como “[a]quellas faltas aplicables a miembros de la Fuerza que como

castigo conlleven expulsión permanente de la Policía de Puerto Rico,

degradación o suspensión de empleo y sueldo por un período no

mayor de cinco (5) meses”.

      Según el Artículo 14, Sección 14.5 del Reglamento 4216, se

considerarán faltas graves las siguientes:

      1. Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido,
      parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes,
      funciones y responsabilidades.

      […]

      16. Poseer o traficar con cualesquiera de las sustancias
      controladas por ley, a menos que éstas sean el producto de
      evidencia obtenida en el desempeño de sus funciones.

      […]

      27. Observar conducta lesiva, inmoral o desordenada en
      detrimento del Cuerpo de la Policía.

      […]

      30. Visitar casas de prostitución o realizar cual[es]quiera
      otros actos que sean contrarios al pudor, honestidad y
      buenas costumbres de la sociedad. No incurrirá en la
      infracción de las Reglas 29 y 30 cuando lo haga en el
      cumplimiento del deber y con el consentimiento de un oficial
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      superior en rango. En estos casos, bajo ningún concepto
      deberá usarse el uniforme.

      Por otro lado, el Artículo 23 de la Ley Núm. 53–1996 en lo aquí

pertinente, reza de la siguiente manera:

      El reglamento determinará las faltas de los miembros de la
      Fuerza que conllevaren acción disciplinaria. Dichas faltas
      estarán clasificadas en graves o leves. El reglamento
      prescribirá la acción correspondiente con arreglo a lo
      preceptuado en las secs. 3101 et seq. de este título.

      La acción disciplinaria por faltas leves y graves se fijará en el
      reglamento, el cual determinará qué personas tendrán
      facultad para imponer sanciones en estos casos, así como el
      procedimiento para tramitar las mismas, sujeto a lo
      siguiente:

      (a) Trámite de faltas leves:

         […]

      (b) Trámite de faltas graves:

         (1) El expediente de investigación de todo cargo grave
         incluirá un informe completo en torno a las imputaciones
         hechas contra el miembro o miembros de la Fuerza
         querellados. El trámite de investigación y envío del
         expediente se hará sin demora innecesaria. El reglamento
         determinará los oficiales que intervendrán en el
         expediente de investigación.

         (2) El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno
         de los siguientes: reasignación de funciones o
         reubicación, traslado, expulsión permanente del Cuerpo,
         degradación o suspensión de empleo sin sueldo por un
         período no mayor de cinco (5) meses.

         (3) Los cargos por faltas graves serán formulados por
         escrito y firmados por el Superintendente o el
         Superintendente Asociado.

         (4) El Superintendente tendrá facultad para suspender
         temporalmente de empleo a cualquier miembro de la
         Fuerza mientras se practica cualquier investigación que
         se ordenare relativa a incompetencia, mala conducta o
         crimen de que se acuse a dicho miembro de la Fuerza. En
         tal caso, el Superintendente hará que se formulen los
         correspondientes cargos, sin demora innecesaria.
         Investigará y resolverá tales casos a la mayor brevedad
         posible, imponiendo el castigo que estime razonable
         dentro de los límites de las secs. 3101 et seq. de este
         título, o disponiendo que vuelva al servicio dicha persona
         con devolución de los sueldos devengados o sin ellos,
         durante el período de la suspensión, si a su juicio los
         hechos lo justificaren.

         (5) Cuando un miembro de la Fuerza estuviere
         suspendido de empleo y sueldo, por cualquier concepto,
         estará inhabilitado para ejercer sus funciones como tal.
         Tampoco disfrutará de los derechos y privilegios que por
         ley se conceden a miembros de la Policía mientras dure
         dicha suspensión.
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           (6) El Superintendente, luego de examinar y analizar el
           expediente y de dar al querellado la oportunidad de ser
           escuchado, resolverá el caso, absolviendo al querellado o
           imponiendo el castigo que estime razonable, según lo
           dispone la cláusula (2) de este inciso. Si se declara
           incurso en falta el miembro o miembros de la Fuerza
           concernidos, el Superintendente entregará copia al
           querellado del documento contentivo de su decisión, lo
           que se comprobará por medio de la firma de éste e
           indicando la fecha y hora de la notificación. El
           procedimiento para estos casos se determinará mediante
           reglamento.

           (7) En todo caso donde se impongan sanciones que
           conlleven la suspensión de empleo y sueldo, el
           Superintendente, a petición del querellado, podrá
           conmutar dicha sanción por servicios adicionales al
           Cuerpo equivalente al monto de tiempo que dure la
           suspensión.

           (8) Todo miembro de la Fuerza contra quien se haya
           dictado una decisión adversa por el Superintendente,
           podrá apelar el caso ante la Comisión de Investigación,
           Procesamiento y Apelación, creada mediante las secs.
           171 et seq. del Título 1, ante la cual tendrá derecho a
           vista conforme a los términos de dichas secciones. La
           apelación deberá presentarse dentro de los treinta (30)
           días de recibir la notificación de castigo.30

                                      -C-

       En lo aquí concerniente, mediante la aprobación de la Ley

Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, 1 LPRA sec.

171 et seq., se creó la Comisión de Investigación, Procesamiento y

Apelación (CIPA), organismo alterno e independiente con autoridad

para intervenir en casos en los que se impute mal uso o abuso de

autoridad a cualquier funcionario del orden público estatal o

municipal, agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de

la Rama Ejecutiva autorizado a realizar arrestos31.

       De conformidad con lo expresamente estatuido, la CIPA está

facultada para, entre otras funciones, actuar como cuerpo apelativo

con   jurisdicción       exclusiva   para   oír   y   resolver    apelaciones

interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por la ley,

cuando hayan sido objeto de cualquier medida disciplinaria con

relación a actuaciones cubiertas por la ley32. En dicho contexto y

30 25 LPRA sec. 3122.
31 1 LPRA sec. 172; Calderón Morales v. Adm. de Corrección, 175 DPR 1033 (2009).
32 1 LPRA sec. 172(2).
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atinente a lo que nos ocupa, la referida disposición confiere a la CIPA

jurisdicción apelativa exclusiva en aquellos casos en que el

Superintendente de la Policía o su representante autorizado haya

impuesto cualquier medida o sanción disciplinaria a un miembro de

la Policía con relación a la comisión de faltas leves o graves, según

se enumeran en la ley y el reglamento de dicha entidad pública33.

      En la ejecución de las funciones que le fueron conferidas, la

CIPA está autorizada a celebrar vistas públicas o privadas, a ser

presididas por cualquier comisionado que designe el presidente,

todo con audiencia de las partes interesadas34. Una vez ello, el

organismo en cuestión “podrá confirmar, revocar o modificar la

determinación o actuación de la cual se hubiere apelado, o podrá

imponer cualquier sanción que la autoridad facultada para

sancionar hubiese podido imponer”35. Al respecto, el estado de

derecho reconoce que la vista que se celebra ante la CIPA “es

propiamente una vista formal, porque en ella se ventilan de manera

definitiva, a nivel administrativo, todos los derechos del empleado,

[por lo que], [e]n este sentido, es equivalente a un juicio en sus

méritos”36. Así pues, la misma constituye un juicio de novo donde el

organismo tiene la oportunidad de recibir y escuchar evidencia para

otorgarle el valor probatorio que a su juicio le merezca37.

                                    III.

      En el presente caso, el recurrente aduce que incidió la CIPA

al desestimar el caso por prematuro. Particularmente, sostiene que

procedía desestimar la falta núm. 30 relacionada a los alegados

hechos del 29 de marzo de 2017, por entender que estos hechos no

fueron investigados. Respecto a las faltas núm. 1, 16 y 27 por

33 Íd.; 1 LPRA sec. 173; González y otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 598
(2009); Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 765 (1998).
34 1 LPRA sec. 173.
35 1 LPRA sec. 172.
36 Ramírez v. Policía de P. R., 158 DPR 320, 334 (2003).
37 Íd.
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hechos ocurridos el 20 de abril de 2017, alega que procedía que se

desestimaran debido a que el foro primario no encontró causa para

arresto contra el recurrente ni el Negociado de la Policía los tomó en

consideración al momento de decretar la expulsión del recurrente.

Además, razona que era improcedente validar la suspensión

sumaria de empleo y sueldo tras haber transcurrido dos (2) años

desde los presuntos hechos. Por último, adujo que erró la CIPA en

su determinación por haber validado la investigación administrativa

realizada por el Negociado de la Policía fuera del término de noventa

(90) días establecido en su Reglamento.

         Por su parte, el Procurador, aduce que el 18 de junio de 2019

se celebró la vista informal ante el Negociado de la Policía en la que

el recurrente tuvo oportunidad de ser oído, exponer sus defensas y

presentar evidencia. Asimismo, alega que el recurrente admitió en

su Moción de Desestimación que la vista informal sobre la

suspensión sumaria de empleo y sueldo se celebró, pero que no se

celebró la vista administrativa. En virtud de lo anterior, el

Procurador señala que le corresponde a la CIPA celebrar una vista

para examinar la determinación del Negociado de la Policía.

         Conforme a la normativa antes citada, la CIPA es el organismo

administrativo     encargado    de   atender   reclamaciones    sobre

funcionarios del orden público ––a nivel estatal o municipal––

autorizados para efectuar arrestos, a los que se les haya imputado

mal uso o abuso de su autoridad. La vista ante la CIPA constituye

un juicio de novo donde el organismo tiene la oportunidad de recibir

y escuchar evidencia para otorgarle el valor probatorio que a su

juicio merezca38. La CIPA puede arribar a determinaciones de hecho

o conclusiones de derecho diferentes a las emitidas por el Negociado

de la Policía.

38 Íd.
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       Tras    examinar      el   tracto    procesal   del    presente    caso,

concluimos que la CIPA tiene jurisdicción sobre la Apelación del

recurrente, como autoridad legal facultada para entender de forma

exclusiva en controversias relacionadas a los asuntos aquí

planteados. Ante ello, colegimos que erró la CIPA al desestimar el

caso por prematuro y devolverlo al Negociado de la Policía para que

procediera a concluir su investigación y celebrar una vista

administrativa informal39. En consecuencia, devolvemos el caso a la

CIPA para que celebre una vista formal, de modo que se ventilen de

manera definitiva todos los derechos del recurrente.

                                      IV.

       Por    los   fundamentos       antes    expuestos,     revocamos       la

Resolución impugnada y devolvemos el caso a la CIPA para que

proceda de conformidad con el presente dictamen.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

39 Cabe señalar que en la Moción de Reconsideración, presentada el 27 de junio de

2023 ante la CIPA, el recurrente manifestó expresamente su renuncia a cualquier
derecho que le asistiera relacionado a la celebración de una vista administrativa
ante la agencia a los fines de que el caso se dilucidara ante la CIPA. Véase,
apéndice del recurso, pág. 151.