Court Opinion

ID: 9928616
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:30:00.473292+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:24.997882
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

   JENNIFER MARIE                               Apelación acogida como
  GONZÁLEZ FALCÓN                               Certiorari
                                                Procedente del Tribunal de
         Peticionaria                           Primera Instancia,
                                  KLAN202300942 Sala de BAYAMÓN
               v.
                                                          Caso Núm.:
  HOSPITAL HIMA SAN                                       BY2020CV00730
  PABLO BAYAMÓN Y
        OTROS                                             Sobre:
                                                          Daños y Perjuicios
          Recurrida                                       Impericia Médica

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                     SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

        Jennifer M. González Falcón (en adelante, González Falcón o la

peticionaria) presentó el 24 de octubre de este año una Apelación mediante

la cual nos solicitó la revocación de la Sentencia dictada y notificada en la

causa de epígrafe con fecha del 7 de septiembre del año en curso. Por virtud

de este dictamen, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (en adelante, TPI o foro primario) paralizó los procedimientos del

pleito y decretó su archivo sin perjuicio. Ello, ante la presentación por parte

de Centro Médico del Turabo, Inc., haciendo negocios como HIMA San

Pablo Bayamón (en adelante, HIMA) de una petición de quiebras ante el

Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.1

1 Para que un asunto sea revisable mediante el mecanismo de apelación, debe tratarse

propiamente de una sentencia. El archivo administrativo decretado por la paralización
automática en un caso no es el dictamen que pone fin definitivo a los asuntos litigiosos,
sino que es una modalidad generalizada por la cual los tribunales archivan
temporeramente- para efectos de las estadísticas- un caso que está inactivo. O sea, que,
mediante este archivo, la controversia central del pleito continúa existiendo. JMG
Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 724 (2019), citando a Pueblo v. Rodríguez
Maldonado, 185 DPR 504, 516 esc. 12 (2012). Por ello, el certiorari es el vehículo apropiado
para revisar el dictamen cuya revocación se persigue en el recurso de epígrafe. Siendo ello
así, acogemos el mismo como tal, aunque, en ánimos de una resolución justa, rápida y
económica, conservará su identificación alfanumérica.

Número Identificador

SEN2023 _________________
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        Evaluados los planteamientos levantados por la peticionaria,

expedimos el auto de certiorari solicitado por esta y confirmamos el

dictamen recurrido. Veamos.

                                           I

        El caso de marras tiene su génesis en una Demanda instada por

González Falcón por los daños y perjuicios que reclama sufrió a

consecuencia de la muerte de su señor padre, el Sr. Ramón A. González

Rivera (en adelante, señor González Rivera) causada por la negligencia de

HIMA y demás partes demandadas.2 Así, en su reclamación, alegó que el 4

de febrero de 2019, el señor González Rivera visitó la sala de emergencia

del Hospital HIMA, fue dado de alta y, posteriormente, regresó el 10 de

febrero de 2019. Tras señalar esto, reclamó que el hospital, así como los

médicos que intervinieron con el señor González Rivera en su tratamiento

médico, “negligentemente no activaron el protocolo de paciente que

regresa a Sala de Emergencia después de haber sido dado de alta

recientemente”. Asimismo, indicó que, de no existir tal protocolo, ello de

por sí constituyó negligencia y que, de existir, no cumplieron con el mismo.

Por esto, y demás alegaciones allí incluidas, se solicitó al TPI que declarara

Con Lugar la Demanda y concediera el remedio solicitado.

        En lo concerniente a la controversia traída ante nuestra atención, es

menester saber que, durante el trámite del pleito, específicamente el 23 de

agosto de 2023, HIMA presentó Moción informativa y en solicitud de orden de

paralización por quiebra. Como anuncia su título, en este escrito el hospital

informó haberse acogido a la protección del Capítulo 11 del Código de

Quiebras, 11 USC Sec. 1101, et seq., y solicitó que conforme la Sección 362

del mismo código y la paralización que en virtud de la misma ordenó la

Corte de Quiebras, se ordenara la paralización del pleito. Ese mismo día,

2 La demanda fue enmendada en tres ocasiones: el 13 de febrero de 2020, el 18 de agosto

de 2020 y el 28 de junio de 2023.
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González Falcón se opuso a la paralización total del pleito y, a tales efectos,

arguyó que la paralización que decreta la Sección 362 beneficia solamente

al deudor y no a sus garantizadores solidarios, por lo que no procedía que

se paralizara el pleito para con los demás demandados.

       Atendida la oposición instada, el TPI ordenó a las demás partes que

se expresaran en cuanto al asunto. En cumplimiento con ello, el Dr. Félix

Ruiz Álvarez y SIMED como su aseguradora, presentaron Moción en

cumplimiento de orden. En esta, plantearon que debía paralizarse la totalidad

del pleito, toda vez que en la demanda se alegó que todos los demandados

fueron cocausantes de los daños y se incluyeron alegaciones de negligencia

entrelazadas entre las partes, HIMA incluido. Por ello, afirmaron que el TPI

estaba imposibilitado de emitir una adjudicación de responsabilidad sin

que se pase juicio en cuanto al grado de responsabilidad de HIMA, lo que

violentaría la paralización (“automatic stay”).

       Evaluados los escritos, el 7 de septiembre de 2023, el foro primario

dictó la sentencia apelada, en la que consignó que aun cuando HIMA era

una parte codemandada, por virtud de la protección del Código de

Quiebras, no puede defenderse en el pleito, ni participar del juicio en su

fondo que se celebre en el caso. Por ende, ordenó la paralización total de los

procedimientos. Inconforme, González Falcón instó oportunamente una

Moción de reconsideración a sentencia de paralización que fue denegada

mediante Resolución del 25 de septiembre de 2023, notificada el 26.

       En desacuerdo aún, la peticionaria instó el recurso de epígrafe y

como único error señaló que el TPI se equivocó al “declarar con lugar una

moción informativa del Centro Médico del Turabo y paralizar por quiebra

la totalidad del caso incluyendo los demás [codemandados] que no se

encuentran en Quiebra.” Atendido el mismo, el 26 de octubre emitimos

Resolución en la que le ordenamos a la parte apelada a comparecer dentro
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del término de 30 días que la Regla 22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap.

XXII-B, establece.

       En cumplimiento con ello el 22 de noviembre de 2023, el Dr. Félix

Ruiz Álvarez y SIMED sometieron su Alegato. El Dr. Carlos Martínez Durán

y su aseguradora, sometieron en la misma fecha su Oposición a apelación.

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

                                      II

                                     -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto
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discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

        El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.3

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra.

                                             -B-

        La paralización automática es una de las protecciones instituidas en

el Código de Quiebras para aquellos que se acogen a sus disposiciones, ya

que impide el comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial,

administrativo o de otra índole interpuesto contra el deudor. La

paralización automática también funciona contra cualquier acción cuyo

3
  Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto
planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que
se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de
la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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derecho nació antes de que se iniciara la quiebra. Allied Mgmt. Group v.

Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020), citando a Marrero Rosado v. Marrero

Rosado, 178 DPR 476, 490-491 (2010) y 11 USC sec. 362. Una vez se presenta

la petición de quiebra, la paralización automática surte efecto,

extendiéndose hasta que se dicte la sentencia final. Íd.

       El efecto de la paralización automática es detener automáticamente

los pleitos que involucren reclamaciones monetarias y que se estén llevando

contra el deudor al momento de radicar la petición de quiebra o aquellas

que hayan podido comenzar antes de la presentación de la petición de

quiebra. 11 USCA sec. 362(a). La paralización opera de forma inmediata y

automática en los pleitos, no importa la causa de la reclamación monetaria.

Sus efectos se manifiestan desde que se presenta la petición de quiebra, no

requiriéndose una notificación formal para que surta efecto. Marrero

Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491, citando a Jamo v. Katahdin Fed.

Credit Union, 283 F.3d 392,398 (1er Cir. 2002). Por lo tanto, los tribunales

estatales quedan privados de jurisdicción automáticamente y no pueden

continuar atendiendo los casos en los que exista una reclamación monetaria

contra el deudor que presentó la petición de quiebra. Marrero Rosado v.

Marrero Rosado, supra; Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, supra.

       Como regla general, la paralización automática aquí discutida no se

extiende a terceros. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012).

Generalmente, la misma “es exclusiva del deudor que se acoge a la

quiebra.”. Así, “[l]a responsabilidad de una persona que es codeudor,

fiador o en alguna forma garantizador de un quebrado no se altera por la

adjudicación en quiebra de este” La Comisión de los Puertos de Mayagüez

v. González Freyre, Opinión del 15 de marzo de 2023, 2023 TSPR 28, 211

DPR __. Ahora, en circunstancias inusuales, un tribunal, conforme la

Sección 362, supra, puede paralizar procedimientos en contra de

codeudores no amparados por la quiebra. Esto podrá ocurrir cuando
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““[e]xiste tal identidad entre el deudor y el tercero demandado de manera

que podría decirse que el deudor es la parte demandada real y que una

sentencia contra el tercero demandado constituirá, en efecto, una

sentencia o resolución contra el deudor”, ... o cuando los procedimientos

contra los codemandados codeudores puedan reducir o minimizar “la

propiedad del deudor [como el fondo de seguro del deudor] en perjuicio

de los acreedores del mismo como conjunto.” Peerles Oil v. Hnos. Torres

Pérez, a la pág. 268, citando a A.H. Robins Co. v. Piccinin, 788 F.2d 994 (4to

Cir. 1986). (Énfasis suplido)

                                     III

       Por medio de los argumentos aducidos por González Falcón en su

escrito, esta argumentó que la paralización automática que el Código de

Quiebras establece en su sección 362 sólo beneficia al deudor que se acoge

a la quiebra, más no así a sus codeudores o garantizadores solidarios. Por

ello, asevera que la orden de paralización emitida por el TPI no debió incluir

y beneficiar al restante de los demandados, debiéndose ordenar en su lugar

que los procedimientos continúen en cuanto a las causas de acción instadas

en contra de cada uno de ellos.

       Luego de efectuar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la

normativa expuesta previamente, advertimos que no hay duda de que

HIMA se encuentra cobijada por la protección del Capítulo 11 del Código

de Quiebras y que, en virtud de la orden de paralización emitida por la

Corte de Quiebras, el TPI está impedido de continuar con el litigio en su

contra, por lo cual procede dictar una sentencia de archivo administrativo,

como hizo. Dicho archivo, tal como arriba citamos, no dispone en definitiva

de las controversias, sino que el caso adviene inactivo hasta que se levante

la paralización o concluya el caso de quiebra. Tal situación es una clara

cuando la parte demandada es una sola persona o entidad que se acoge a la

protección del Código de Quiebras. Sin embargo, cuando la reclamación se
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ha instado contra más de un individuo o entidad, como regla general, la

paralización automática será solamente sobre y con relación del deudor en

quiebra y no el restante de los demandados.

      Ahora, como arriba indicamos, a tal regla general se le han

reconocido varias excepciones que extienden la paralización automática del

Código de Quiebras a los codeudores del deudor quebrado. Así, la

paralización automática de un deudor podrá ser extendida a terceros

demandados no acogidos a la quiebra si entre el deudor y ese tercero

demandado existe tal identidad que una sentencia contra el tercero

demandado constituirá una sentencia contra el deudor.

      Hemos identificado las alegaciones que González Falcón levantó en

la Demanda y sus posteriores enmiendas contra cada uno de los

demandados.     Particular    atención    brindamos      a   aquellas    instadas

específicamente contra HIMA y hemos identificado que todas las

alegaciones que contra dicha parte se levantaron son las siguientes:

      o   6. El codemandado Hospital HIMA San Pablo y los médicos
          que intervinieron en el tratamiento médico el 10 de febrero de
          2019 negligentemente no activaron el protocolo de paciente que
          regresa a Sala de Emergencia después de haber sido dado de
          alta recientemente. En la alternativa de que no existiera dicho
          protocolo entonces se trata de una acción negligente por la
          que responde civilmente el Hospital HIMA San Pablo. En la
          alternativa de que existiera el protocolo no se cumplió con el
          mismo.

      o   15. El codemandado Hospital HIMA San Pablo responde
          legalmente por su propia negligencia y porque el paciente
          ingresó a la institución por su Sala de Emergencia. Todos los
          médicos demandados que intervinieron en el tratamiento
          fueron escogidos y seleccionados por el codemandado HIMA
          San Pablo.

      o   20. El codemandado Dr. Félix Ruiz Álvarez negligentemente no
          le ofreció seguimiento a sus órdenes médicas, no reevaluó
          diariamente al paciente, no requirió los resultados de
          laboratorio sobre las bacterias y la sensitividad de las mismas a
          los antibióticos y no recomendó cambio de antibióticos que eran
          más efectivos. En la alternativa de que no se le notificaron los
          resultados de laboratorios sobre el proceso infeccioso
          entonces las enfermeras y en su consecuencia el Hospital
          HIMA San Pablo también responden por esta negligencia. Se
          reproducen contra el codemandado Dr. Félix Ruiz Álvarez
          todas las alegaciones de negligencia expuestas contra los
          codemandados Dr. Carlos Martínez Durán y el doctor José
          Rivera Mattei.
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       Como puede apreciarse de lo antes transcrito, las alegaciones de

negligencia específicamente presentadas contra HIMA están entrelazadas

con aquellas levantadas contra el facultativo médico a quien también se le

imputó negligencia solidaria en el manejo del caso. Ciertamente, estas

alegaciones hacen de HIMA una parte indispensable sin la que el caso no

puede continuar. Así permitirle, le causaría un perjuicio sustancial indebido

y le privaría de defenderse adecuadamente de las alegaciones y de la

evidencia que se presente en su contra. Por tanto, resolvemos que la

paralización decretada en el caso de epígrafe fue una razonable que

ocasiona que no tengamos ante nos alguno de los criterios enumerados en

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que sirven como guía para la

expedición de un auto de certiorari.

                                       IV.

       Por las razones que preceden, expedimos el auto solicitado y

confirmamos la Sentencia dictada y notificada en la causa de epígrafe con

fecha del 7 de septiembre del año en curso, mediante la que el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón paralizó los procedimientos

del pleito y decretó su archivo sin perjuicio.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones