Court Opinion

ID: 9916148
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:18.503739+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:09.145299
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VI

GABRIELA SOFÍA RIVERA                                      Apelación procedente
     EMANUELLI                                             del Tribunal de Primera
                                                           Instancia, Sala de
                                                           Guaynabo
          APELADA

               V.                  KLAN202300857           Caso Núm.:
                                                           GB2023RF00056
   FEDERICO ANTONIO
     CARDONA FIRPI

         APELANTE                                Sobre: Divorcio
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                    SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

        Comparece la parte apelante, el señor Federico Antonio Cardona

Firpi, y solicita nuestra intervención para revocar la Sentencia Enmendada,

emitida y notificada el 5 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Guaynabo (TPI).1 En el dictamen apelado, el

TPI declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial por ruptura irreparable,

habido entre el Sr. Cardona Firpi y la parte apelada, la señora Gabriela

Sofía Rivera Emanuelli. Además, el TPI impuso al apelante el pago de

$10,000 en honorarios por temeridad.

        Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos,

confirmamos el pronunciamiento judicial impugnado.

                                           I

        La causa del título se inició el 14 de junio de 2023, ocasión en que

la Sra. Rivera Emanuelli interpuso una Demanda de divorcio.2 Indicó que,

junto al apelante, otorgó capitulaciones el 14 de noviembre de 2022, en las

que acordaron el régimen de separación de bienes. El día 19 siguiente, la

1 Apéndice, págs. 87; 90-91. La Sentencia original fue emitida el 16 de agosto de 2023 y

notificada al día siguiente. Véase, Apéndice, pág. 75 (numeral repetido).
2 Apéndice, págs. 1-3 y anejo a la pág. 4, consistente en el certificado de matrimonio,

expedido por el Registro Demográfico el 10 de mayo de 2023.

Número Identificador

SEN2023______________
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pareja contrajo matrimonio. La apelada aseveró que no estaba

embarazada, no había procreado hijos con el Sr. Cardona Firpi ni convivía

con este. Afirmó que las desavenencias entre ellos hacían imposible la

convivencia y descartó la posibilidad de una reconciliación. Solicitó la

disolución del matrimonio por ruptura irreparable.

        El Sr. Cardona Firpi presentó, el 16 de julio de 2023, la Contestación

a Demanda.3 En esencia, aceptó las alegaciones antes resumidas. No

obstante, como defensa afirmativa, arguyó que, durante el noviazgo de dos

años, la apelada ocultó un trauma de su niñez, así como supuestas

adicciones y condiciones mentales que viciaron por dolo grave su

consentimiento al matrimonio. A base lo anterior y a una presunta conducta

constitutiva de violencia doméstica, manifestada desde el noviazgo, el

apelante instó una Reconvención, mediante la cual impugnó el matrimonio

y solicitó la anulación del vínculo.

        En vista que el apelante aceptó la existencia de desavenencias que

impedían la convivencia matrimonial, el 24 de julio de 2023, la Sra. Rivera

Emanuelli solicitó al TPI que dictara sentencia a base de las alegaciones,

sin celebrar una vista en sus méritos, al amparo de la Regla 10.3 de

Procedimiento Civil.4 En su escrito, la apelada se limitó a citar las propias

alegaciones del apelante y no expuso materias distintas ni anejó

documento alguno.

        En cuanto a la Reconvención, la Sra. Rivera Emanuelli argumentó

que el ordenamiento jurídico solo reconocía el error en la identidad de la

persona contrayente y no el error en las cualidades, según lo alegado por

3 Apéndice, págs. 5-11.

4 La norma es la siguiente:

    Regla 10.3. Moción para que se dicte sentencia por las alegaciones
    Después que se hayan presentado todas las alegaciones, cualquier parte podrá
    solicitar al tribunal que dicte sentencia parcial o total por las alegaciones, sujeto a
    las disposiciones de la Regla 42.3. Si en una moción en la que se solicite
    sentencia por las alegaciones se exponen materias no contenidas en dichas
    alegaciones y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá
    considerarse como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta hasta
    su resolución final a todos los trámites ulteriores dispuestos en la Regla 36,
    y todas las partes tendrán una oportunidad razonable de presentar todo asunto
    pertinente a dicha moción conforme a lo provisto en la citada regla. (Énfasis
    nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R. 10.3.
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el Sr. Cardona Firpi. Por consiguiente, peticionó la desestimación de la

causa del apelante.

        En respuesta, el 30 de julio de 2023, el Sr. Cardona Firpi presentó

el escrito titulado Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. Expuso que

no estaban en controversia la fecha del matrimonio, el otorgamiento de

capitulaciones matrimoniales y la inexistencia de hijos comunes. Sin

consignar controversias medulares de hechos ni anejar documentos,

insistió en la intervención de dolo como vicio de su consentimiento. Por

tanto, solicitó la continuación de los procedimientos ordinarios y que se

permitiera el descubrimiento de prueba.

        El 16 de agosto de 2023, el TPI celebró la vista por videoconferencia,

a la que comparecieron las partes debidamente representadas por sus

respectivos abogados. Luego de escuchar los argumentos de los litigantes,

el TPI declaró “con lugar” el divorcio por ruptura irreparable.5

        Inconforme, el Sr. Cardona Firpi presentó una Moción de

Reconsideración.6 Planteó fundamentos legales distintos a los ya

esbozados en el juicio y en sus escritos judiciales. En particular, aludió a

los Artículos 384 (b), 386 y 389 (k) del Código Civil, infra. Además, reiteró

la solicitud para que se diera paso al descubrimiento de prueba y con ello

“presentar evidencia oral y documental sobre los hechos alegado en su

reconvención” y, afirmó que esa “prueba, a su vez, estará encaminada a

establecer que la demandante ocultó dolosamente las condiciones

médicas alegadas en la reconvención.”7 (Énfasis nuestro.)

        El 5 de septiembre de 2023, el TPI notificó dos dictámenes: la

Resolución que declaró “no ha lugar” la Moción de Reconsideración;8 y la

Sentencia Enmendada, a los fines de imponer $10,000 en concepto de

honorarios por temeridad.

5 Apéndice, pág. 74.

6 Apéndice, págs. 76-84.

7 Apéndice, pág. 83.

8 Apéndice, págs. 85-86; 87-89.
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       Aún inconforme, el Sr. Cardona Firpi acudió oportunamente a este

foro intermedio y señaló la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: El TPI erró y abusó de su discreción al
       denegar la moción de reconsideración de Cardona por
       fundamentos procesales. Decidió incorrectamente que la
       moción    de     reconsideración     pretendía    enmendar
       postsentencia las alegaciones de la reconvención.

       SEGUNDO ERROR: El TPI erró al conceder la demanda de
       divorcio y desestimar por las alegaciones la reconvención de
       Cardona. La reconvención de Cardona contiene una
       reclamación que justifica la concesión del remedio de
       anulación matrimonial por el vicio de dolo y, por tanto, no se
       debió desestimar.

       TERCER ERROR: El TPI erró y abusó de su discreción al
       enmendar la sentencia e imponerle $10,000 en honorarios de
       abogados por temeridad a Cardona.

       La Sra. Rivera Emanuelli compareció mediante el escrito titulado

Alegato en oposición a recurso de apelación. Con el beneficio de ambas

posturas y la transcripción de la prueba oral admitida,9 resolvemos.

                                          II

                                          A

       El Artículo 376 del Código Civil de 2020 define el matrimonio como

“una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos

personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges, y a cumplir la

una para con la otra los deberes que la ley les impone.” 31 LPRA sec. 6591.

Establece el ordenamiento que la disolución o anulación del vínculo

únicamente procede por los fundamentos expresamente previstos en

el propio Código Civil de 2020. Id. Los requisitos necesarios para contraer

matrimonio     son:    “(a)   capacidad        legal   de   los   contrayentes;   (b)

consentimiento expreso de las partes contrayentes; y (c) autorización

y celebración de un contrato matrimonial, observando las formas y

solemnidades prescritas por la ley,” (Énfasis nuestro.) Art. 377 del Cód.

Civil, 31 LPRA sec. 6592. Cónsono con lo anterior, un matrimonio es nulo

“(a) si no ha habido consentimiento de parte de cualquiera de los

9 Apéndice, págs. 31-73.
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contrayentes; (b) se ha celebrado en contravención de alguno de los

impedimentos señalados por este Código; o (c) no se han cumplido las

formalidades requeridas para su constitución.” Art. 403 del Cód. Civil, 31

LPRA sec. 6661. Cualquiera de los contrayentes está legitimado para

ejercer la acción de nulidad, la cual no prescribe. Arts. 404-405 del Cód.

Civil, 31 LPRA secs. 6662-6663. Asimismo, entre otras causas, la

anulabilidad o nulidad relativa procede cuando el consentimiento

viciado es dado por error sobre la identidad de la persona, en el

momento de celebrarse el matrimonio. Art. 406 (c) del Cód. Civil, 31

LPRA sec. 6664 (c). Sobre este tema, se ha interpretado lo siguiente:

      Es menester señalar expresamente que el error que vicia el
      consentimiento matrimonial es el error sobre la persona
      física del contrayente y no el error en las cualidades de
      su persona, como se dispone en las reglas generales. Según
      comenta el profesor Serrano Geyls, este es un error que solo
      se manifiesta en casos extremos como el de gemelos
      idénticos, de ceguera de quien padece el error, o de
      matrimonios por poder. (Énfasis nuestro.) M. Garay Aubán,
      (Compilador), Código Civil, Las Instituciones Familiares, 2da
      ed. corregida y ampliada, San Juan, Ediciones SITUM, 2021,
      Tomo 2, pág. 101.

      Tal como se desprende del fragmento citado, el error que vicia el

consentimiento es el que se da sobre la identidad de la persona

contrayente, no sobre sus cualidades o características particulares. Véase,

R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación

Comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de

la U.I.P.R., 1997, 3ra. reimpresión 2007, Vol. I, pág. 193; López v.

Valdespino, 6 DPR 172 (1904). De hecho, en su obra, Serrano Geyls

apuntó que ni la ley ni la jurisprudencia de Puerto Rico han aceptado el

vicio del consentimiento conocido como error en las cualidades de la

persona. Id., pág. 194.

      De otro lado, entre los requisitos del matrimonio se encuentra la

realización de exámenes médicos. Art. 384 (a) del Cód. Civil, 31 LPRA sec.

6611 (a). En particular, el Artículo 385 requiere que los contrayentes se

sometan a pruebas de detección de “Sífilis, Gonorrea, Clamidia, el Virus de
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Inmunodeficiencia Humana (VIH) y cualquier otra enfermedad de

transmisión sexual que determine el Secretario de Salud.” (Énfasis

nuestro.) 31 LPRA sec. 6612. Al respecto, el Código Civil establece lo

siguiente: “[c]ada contrayente está obligado a informar al otro el resultado

de los exámenes médicos realizados en ocasión de la celebración del

matrimonio” y “[l]a ocultación deliberada y consciente de información que

comprometa la integridad física y emocional del otro contrayente constituye

un vicio del consentimiento.” Art. 386 del Cód. Civil, 31 LPRA sec. 6613. En

cuanto a ese artículo, se ha comentado sobre su finalidad como sigue:

        El propósito del texto propuesto es procurar que ambos
        contrayentes compartan recíprocamente información
        importante sobre el historial de salud de cada cual, sobre
        todo, cuando van a constituir juntos una comunidad de vida.
        Además, pretende evitar que un contrayente exponga al
        otro a una condición de salud de alto riesgo, como lo es
        una enfermedad contagiosa, sea venérea o de otra
        naturaleza. Se impone la urgencia de dar la información
        oportunamente, de modo que el otro contrayente pueda
        entrar a la relación con libertad y conocimiento suficientes.
        Por tanto, el artículo promueve la política pública del Estado
        de proteger la salud de sus ciudadanos y el derecho de
        estos a contraer matrimonio, siempre que el
        consentimiento que prestan no esté viciado. Nótese que,
        si un contrayente oculta su condición de salud de forma
        deliberada y compromete con ello la integridad física y
        emocional del otro, está sujeto a la responsabilidad penal y
        civil correspondiente. De esta forma, se armoniza el artículo
        propuesto con las tendencias modernas desarrolladas en el
        ámbito constitucional respecto a los derechos de una persona
        enferma a casarse. Si la persona enferma no cumple con
        el deber de informarle al otro contrayente, se expone a
        responsabilidad civil y a las implicaciones en el ámbito
        penal relacionadas a la responsabilidad ante el contagio
        que provoque a otra persona que está ajena a su estado
        de salud. (Énfasis nuestro.) Garay Aubán, op. cit., pág. 68.

        Por igual, los contrayentes deben suscribir una declaración jurada

que dé fe de su capacidad para casarse. Art. 384 (b) del Cód. Civil, 31

LPRA sec. 6611 (b).10 Entre el contenido de dicha declaración jurada, se

encuentra “la información relacionada con cualquier condición médica o

10 El requisito de la declaración jurada proviene del Artículo 76 del derogado Código Civil

de 1930, 31 LPRA ant. sec. 244 y es concordante con los Artículos 24 y 26 de la Ley Núm.
24 de 22 de abril de 1931, Ley del Registro General Demográfico de Puerto Rico, 24 LPRA
sec. 1063 y 1165.
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intervención quirúrgica que, de conocerla el otro contrayente, no daría

su consentimiento para el matrimonio.” (Énfasis nuestro.) Art. 389 (k)

del Cód. Civil, 31 LPRA sec. 6616 (k). Es menester mencionar que el inciso

(k) del Artículo 389, supra, no se discute en el Memorial Explicativo del

Borrador del Código Civil. Acerca de este articulado, en la Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, Código Civil de Puerto

Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., el legislador se limitó a señalar

lo siguiente:

       Se exige a todo contrayente, someterse a análisis y
       exámenes médicos para detectar la existencia de
       enfermedades de transmisión sexual, tales como la
       “Venereal Disease Research Laboratory” (VDRL), clamidia,
       gonorrea y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que
       causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Se
       añade el requisito de someterse a la prueba de VIH-SIDA.
       Anteriormente no se incluía dicha prueba entre los requisitos
       por sus altos costos, pero hoy día, su costo es poco oneroso.

       También se establece en el Código la obligación de toda
       persona que pretenda contraer matrimonio, de divulgar
       al otro contrayente los resultados de exámenes médicos.
       La ocultación deliberada y consciente de información que
       comprometa la integridad física y emocional del otro
       contrayente conlleva responsabilidad civil y penal. Esta
       norma sustituye la prohibición absoluta, contenida en la
       Ley Núm. 133 del 14 de mayo de 1937, según enmendada,
       de contraer matrimonio si la persona tiene alguna de estas
       enfermedades, mientras subsista tal enfermedad. (Énfasis
       nuestro.)

       La Sección 1 de la aludida Ley Núm. 133 del 14 de mayo de 1937,

Ley sobre la Prohibición y Nulidad del Matrimonio en Personas que Sufren

de Deficiencias en el Desarrollo, Trastornos del Desarrollo Intelectual,

Trastornos de Salud Mental, o Enfermedades de Transmisión Sexual

(ETS), 31 LPRA sec. 235, dispone como sigue:

       Por la presente queda prohibido el que personas que
       padezcan de deficiencia en el desarrollo, trastornos del
       desarrollo intelectual o algún otro trastorno de salud mental
       cuando dicha condición les impida prestar su
       consentimiento, sífilis y de cualquier enfermedad
       venérea, contraigan matrimonio, mientras subsista la
       enfermedad, condición mental o deficiencia; y si tal
       matrimonio llegare a ser contraído podrá el mismo ser
       anulado por la Sala Superior del Tribunal de Primera
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       Instancia de la residencia de cualesquiera de los
       contrayentes, a petición del fiscal de la Sala Superior del
       Tribunal de Primera Instancia, o de parte interesada, con
       intervención del fiscal de la Sala Superior del Tribunal de
       Primera Instancia en que la acción se radique.
       Disponiéndose, que la acción de nulidad no podrá ejercitarse
       si la causa hubiere desaparecido al momento de iniciarse la
       acción. (Énfasis nuestro.)

                                     B

       En nuestro ordenamiento jurídico, además de la muerte y la

declaración de la muerte presunta, el divorcio constituye la tercera causa

de disolución del matrimonio. Art. 417 del Cód. Civil, 31 LPRA sec. 6741.

La disolución del matrimonio mediante el divorcio “conlleva la ruptura

definitiva del vínculo habido entre las partes y el fin del régimen económico

matrimonial.” Art. 420 del Cód. Civil, 31 LPRA sec. 6744; Torres González

v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR __ (2023).

       En el Código Civil solo existen dos procedimientos para el divorcio:

el matrimonio disuelto por el consentimiento de ambos cónyuges y por

ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial. Art. 425 del

Cód. Civil, 31 LPRA sec. 6772. Este último puede instarse ante el tribunal,

mediante una petición conjunta o una petición individual por ruptura

irreparable de los nexos de convivencia matrimonial. Id. Existe ruptura

irreparable “cuando hay un profundo, irreconciliable e irremediable conflicto

entre los caracteres de los cónyuges que hace imposible la continuación

de una relación conyugal ordinaria.” R. Serrano Geyls, Derecho de Familia

de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. Programa de

Educación Jurídica Continua de la U.I.P.R., 1997, 3ra. reimpresión 2007,

Vol. I, pág. 621. En estos casos, “el tribunal decretará disuelto el vínculo

matrimonial     previa    notificación    mediante     emplazamiento       y

celebración de vista.” (Énfasis nuestro.) Art. 433 del Cód. Civil, 31 LPRA

sec. 6780. El Artículo 434 del Código Civil estatuye que “[l]a sentencia de

divorcio por petición individual de ruptura irreparable de los nexos de

convivencia matrimonial disolverá el vínculo matrimonial sin describir
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la conducta específica que da lugar a la petición.” (Énfasis nuestro.) 31

LPRA sec. 6781; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

                                      C

       De ordinario, el descubrimiento de prueba en procedimientos civiles

es amplio y liberal. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659,

672 (2021). En general, el proceso aspira facilitar la búsqueda de la verdad,

al delimitar las controversias y perpetuar la evidencia Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR __ (2023), que cita a R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil,

6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2802, págs. 333-334. A tales

fines, en su parte pertinente, la Regla 23.1 (a) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 23.1 (a), establece que los litigantes podrán indagar “sobre

cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en

controversia en el pleito pendiente [...]” Sin embargo, el descubrimiento

de prueba no equivale a una carta en blanco para hostigar y perturbar

a la parte contraria. Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 54 (2002). En estas

instancias, “en el ejercicio de su sana discreción, [el tribunal] puede limitar

el alcance y los mecanismos a utilizarse, ya que su obligación es

garantizar una solución justa, rápida y económica del caso, sin que ello

constituya alguna ventaja para cualquiera de las partes en el pleito.”

(Énfasis nuestro.) Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, que cita

a Vincenti v. Saldaña, supra.

                                      D

       La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1,

permite la imposición de honorarios en caso de que cualquiera de las

partes, o su abogado, procedan con temeridad o frivolidad. En su parte

pertinente, el inciso (d) de la mencionada norma establece lo siguiente:

       En caso [de] que cualquier parte o su abogado o abogada
       haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
       imponerle en su sentencia al responsable el pago de una
       suma por concepto de honorarios de abogado que el
       tribunal entienda correspondan a tal conducta.” (Énfasis
       nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d).
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       Nuestro Tribunal Supremo ha definido el concepto de temeridad

“como aquella conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar,

que lo prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en

gestiones evitables.” Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476,

504 (2010). Según lo ha expresado el Tribunal Supremo, la penalidad

aspira “disuadir la litigación frívola y fomentar las transacciones mediante

sanciones que compensen a la parte victoriosa los perjuicios económicos

y las molestias producto de la temeridad de la otra parte.” Id., pág. 505. Por

igual, el propósito de la imposición de honorarios por temeridad es

penalizar a la parte perdidosa que “por su terquedad, obstinación,

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga

a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito.” Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695,

702 (1999). La determinación de si una parte obró con temeridad descansa

en la sana discreción del tribunal sentenciador. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR

486, 511 (2005). La imposición del pago de honorarios de abogado es

imperativa cuando el tribunal sentenciador concluye que una parte

incurrió en temeridad. Id. En cuanto a los criterios de revisión, por

constituir un asunto discrecional del tribunal sentenciador, los foros

apelativos solo intervendremos en dicha determinación cuando surja un

claro abuso de discreción. Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779

(2001).

                                     III

       En el caso del epígrafe, el Sr. Cardona Firpi solicita la revocación de

la Sentencia Enmendada que decretó el divorcio, que se ordene a la Sra.

Rivera Emanuelli a contestar la Reconvención desestimada y que se

permita el descubrimiento de prueba. En los dos primeros señalamientos

de error, el apelante plantea que el TPI incidió al desestimar su

Reconvención, conceder la Demanda y no dar lugar a la Moción de

Reconsideración. Niega haber enmendado las alegaciones en la etapa
KLAN202300857                                                            11

postsentencia, sino que “expandió sus argumentos legales”11 y sostiene

tener una reclamación que justifica la concesión del remedio de anulación

matrimonial por el vicio de dolo grave. Igualmente, en el tercer

señalamiento de error, alega que el TPI abusó de su discreción al imponer

$10,000 en honorarios de abogados por concepto de temeridad.

       Por su relación intrínseca, discutiremos conjuntamente el primer y

segundo señalamientos de error.

       En esencia, el Sr. Cardona Firpi solicita la nulidad del vínculo

matrimonial ya que, al momento de contraer matrimonio, presuntamente la

Sra. Rivera Emmanuelli no reveló intencionalmente (dolo grave) una

alegada condición mental, consistente en un trauma de la niñez. Por igual,

según el apelante, durante el matrimonio, descubrió que la apelada padecía

de unas supuestas adicciones y que, de haberlo sabido, no hubiera

prestado su consentimiento al matrimonio.

       En su recurso apelativo, el Sr. Cardona Firpi aduce que el TPI dictó

la Sentencia Enmendada de divorcio al descartar erróneamente los

fundamentos expuestos en la Moción de Reconsideración. Ciertamente, el

ordenamiento procesal civil exige que la moción de reconsideración se

presente dentro de un término jurisdiccional de quince días y que se

expongan con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el

derecho que la parte promovente estime que deben considerarse. 32 LPRA

Ap. V, R. 47. En cuanto a sus fundamentos, la doctrina ha pautado que el

promovente puede exponer al tribunal “nuevos argumentos sobre los

hechos o el derecho que no se presentaron antes a fines de que

reconsidere la resolución o la sentencia que ha dictado, o se puede volver

a argumentar en otra forma lo que ya se discutió antes, para demostrar al

tribunal que se ha cometido un error y que debe reconsiderar su

pronunciamiento.” R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico,

2017, sec. 4602, pág. 441. Es decir, en reconsideración, “pueden

11 Recurso de Apelación, págs. 6-7.
KLAN202300857                                                                              12

exponerse fundamentos no expuestos antes de que se haya dictado la

sentencia o resolución, pero no pueden formularse por primera vez

planteamientos que necesiten apoyo en prueba no presentada en juicio.”

Id.

        En su Moción de Reconsideración, el apelante presentó nuevos

argumentos de Derecho para defender su contención y expresó, por

primera vez, que la presunta omisión dolosa de la apelada se extendió a la

Declaración Jurada que exige el Artículo 389 del Código Civil, supra.12 Esta

alegación fue interpretada por el TPI como una enmienda a las alegaciones

en etapa postsentencia. Si bien el TPI pudo dirimir los asuntos de Derecho,

opinamos que no erró en su análisis sobre la improcedencia de la nueva

alegación ni en su determinación al declarar “no ha lugar” el pedimento de

reconsideración. Ello así, ya que el TPI, a la luz de los hechos del caso,

interpretó correctamente que el Código Civil concede la nulidad por vicio

en el consentimiento por error sobre la identidad de la persona contrayente,

no sobre sus cualidades, como las que el apelante intenta imputar a la

apelada.

        Además, las determinaciones judiciales con respecto a la

Reconvención y a la Moción de Reconsideración se sostienen por

fundamentos adicionales que, sumados a los Artículos 376 y 406 del

Código Civil, supra, nos compelen a confirmar el dictamen impugnado.

Veamos.

        Primero, una interpretación integral de las disposiciones legales

atinentes, en que se exige a los contrayentes someterse a exámenes

12 En la vista en su fondo, el Sr. Cardona Firpi no presentó la Declaración Jurada, que es

razonable imputarle una copia en su poder, ni realizó una oferta de prueba. Refiérase a la
Regla 104 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104. En el juicio, la
representación legal del apelante objetó y trajo a colación el asunto de la nulidad y expresó
lo siguiente: “Lo que sucede es que mi cliente no tiene prueba que pasar ninguna (sic)
porque el tribunal desestimó su causa de acción.” Apéndice, pág. 56 (líneas 721-722); y
que “la causal de ruptura irreparable no,(sic) no permite defensa en contrario.” Apéndice,
pág. 60 (líneas 850-851). Es meritorio mencionar que, antes de dar por sometido el caso,
el TPI dio oportunidad para la presentación de prueba. Refiérase al Apéndice, pág. 67
línea 1050.
En cuanto a la prueba en apoyo a sus alegaciones en general, el expediente está huérfano,
ya que el apelante tampoco presentó evidencia alguna en su Oposición a Solicitud de
Sentencia Sumaria.
KLAN202300857                                                                           13

médicos y develar sus respectivos resultados, sugiere que el legislador se

refiere preponderantemente a enfermedades venéreas contagiosas. La

política pública del Estado aspira la protección de los futuros esposos y, en

torno a ello, que el consentimiento no adolezca de vicio.

        Huelga decir que, aun tomando literalmente la frase “cualquier

condición médica” del inciso (k) del Artículo 389, supra, lo cierto es que, en

este caso, el apelante alega que, durante el matrimonio, advino en

conocimiento de unas supuestas adicciones de la apelada; y, asegura, sin

más, que estas se originaron desde antes del vínculo, aun cuando la pareja

tuvo un noviazgo de dos años. Si bien el Código Civil no regula el noviazgo,

de ordinario, este tipo de relación amorosa es con fines matrimoniales y

compete a la pareja conocer las cualidades del otro, así como identificar

sus compatibilidades y diferencias. En nuestra jurisdicción, el estado de

Derecho vigente no permite alegar error en las cualidades de la persona

como causa de vicio en el consentimiento. Cabe mencionar que, al contraer

nuevas nupcias con la apelada, el Sr. Cardona Firpi contaba con capacidad

legal, era mayor de edad, tenía 38 años, y a pesar de haberlo catalogado

como un atropellado noviazgo, incluso así prestó su consentimiento para

casarse.

        Con    relación     al   alegado     trauma     infantil   que    el apelante

unilateralmente afirma trastorna la salud mental de la apelada,13 el

ordenamiento es claro al buscar proteger al contrayente que los padece, ya

que la condición de que se trate pudiese ser impedimento para que este

pueda prestar un consentimiento válido al matrimonio. En su causa de

acción, no obstante, la Sra. Rivera Emanuelli —quien en observancia al

ordenamiento jurídico no aludió a ninguno de estos asuntos— no cuestionó

su propio consentimiento, sino que solicitó el divorcio por ruptura

irreparable, incluso sin la celebración de una vista.

13 El Artículo 100 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5601, dispone que “[s]e presume la

capacidad de la persona natural mayor de edad, de obrar por sí misma. Contra esta
presunción solo se admite la sentencia de incapacitación absoluta o de restricción parcial
de la capacidad por las causas y la extensión que determina la ley.”
KLAN202300857                                                                            14

        Segundo, somos del criterio que el Sr. Cardona Firpi está solicitando

una expedición de pesca improcedente en una petición individual de

divorcio por ruptura irreparable, en que el ordenamiento estatuye

palmariamente que el vínculo se disuelve sin que se describa la

conducta específica que dio lugar a la demanda por dicha causal. El

descubrimiento de prueba peticionado, dirigido a establecer una supuesta

ocultación dolosa, además de académico, persigue indagar en la intimidad

de la apelada y en un historial médico totalmente especulativo. Todo esto

es incompatible con la finalidad del proceso de divorcio por ruptura

irreparable que la Sra. Rivera Emanuelli solicitó, amén de que obstaculiza

la solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.

        En fin, durante el juicio en sus méritos, la apelada y peticionaria del

divorcio por ruptura irreparable testificó que se casó en 2022 con el

apelante, con quien otorgó capitulaciones matrimoniales. Atestiguó que no

tuvieron hijos ni se encontraba embarazada. Esta afirmó que residió en

Puerto Rico durante el año anterior. Asimismo, reiteró ante el TPI su

solicitud libre y voluntaria de divorciarse por la causal invocada, ya que no

existía ninguna posibilidad de reconciliación.14 En consecuencia, es forzoso

concluir que procedía el decreto de la disolución matrimonial por ruptura

irreparable, sin trámite ulterior.15 El primer y segundo error no se

cometieron.

        Por último, con relación al tercer señalamiento de error, según

reseñamos, la imposición de honorarios de abogado descansa en la sana

discreción del TPI. Por ello, como tribunal revisor, debemos otorgar

deferencia a la concesión de esta sanción procesal, que persigue castigar

la temeridad y evitar la dilatación indebida de los procedimientos. En la

14 Apéndice, págs. 42-51.

15 En el juicio, el apelante cuestionó únicamente el certificado de matrimonio expedido el

10 de mayo de 2023 que se anejó con la Demanda por tener un error en su primer apellido.
En la vista, la parte apelada presentó el original de un certificado de matrimonio expedido
el 10 de agosto de 2023, que el Sr. Cardona Firpi omitió incluir en el Apéndice, pero surge
de la transcripción de la prueba oral que el documento erró al calcular un año menos de
la edad del apelante que ya había cumplido 39 años, al igual que la apelada, que ya tenía
33 años. Apéndice, pág. 48 líneas 494-497; pág. 56 líneas 732-745; y, págs. 57 líneas
746-769.
KLAN202300857                                                                           15

causa del título, el TPI explicó las razones específicas que movieron su

discreción para imponer los honorarios de abogado a favor de la parte

apelada, como sigue:

        En primer lugar, presentó una reconvención carente de
        fundamento alguno en derecho. Si bien promueve la
        anulación del matrimonio, la estrategia evidenciada se
        manifiesta dirigida a la dilación de los procesos, con el fin de
        mantener la atadura del vínculo matrimonial y causar
        opresión indebida sobre la parte demandante. En segundo
        lugar, ante la solicitud de desestimación de la parte
        demandante, incurrió en la impropiedad de apelar a principios
        inaplicables      de     derecho       inmobiliario   registral,
        presumiblemente al hacerse eco de un escrito pertinente a
        otro caso. Refiérase a escrito en oposición, al numeral 58.16
        En tercer lugar, el señor Cardona Firpi faltó al decoro de los
        procesos judiciales, cuando de forma desafiante se mostró
        reticente a contestar preguntas simples formuladas por el
        tribunal durante el juicio, de paso objetando personalmente,
        no a través de abogado. En cuarto lugar, ahora intenta
        enmendar sus alegaciones, de modo errático y obstinado,
        una vez culminado el juicio.

        De mayor relevancia, el demandado persiste de forma
        contumaz en su visión medieval del matrimonio, donde
        vislumbra a la mujer como mercancía sujeta a devolución de
        no cumplir con las expectativas originales del hombre. Este
        inusitado enfoque mercantilista de la mujer que propone el
        demandado no solo debe ser rechazado, sino que requiere la
        más enérgica censura por estar reñido con los derechos
        humanos más básicos.17

        Del fragmento citado surge que el TPI pronunció las actuaciones que

justipreció como temerarias para condenar al apelante a pagar los

honorarios de abogado a favor de la apelada.18 Estas razones son

fácilmente constatables en el expediente que revisamos y en la

transcripción de la prueba oral provista. Una parte que obstinadamente

insista en ciertas alegaciones sin contar con prueba fehaciente que

16 Refiérase al Apéndice, págs. 28-29.

17 Apéndice, pág. 85.

18 Es sabido que “no es temerario quien plantea asuntos complejos y novedosos, sobre

los cuales no existan precedentes vinculantes, o cuando exista alguna desavenencia
honesta en cuanto al derecho aplicable a los hechos del caso.” SLG González-Figueroa
v. SLG et al., 209 DPR 138, 149 (2009). Somos conscientes que el Tribunal Supremo de
Puerto Rico no se ha expresado sobre los efectos, si alguno, del incumplimiento de los
Artículos 386 y 389 (k) por parte de un contrayente. En este caso, sin embargo, los hechos
medulares que nos competen son incompatibles con cualquier causa de acción que pueda
derivarse de las referidas disposiciones legales.
KLAN202300857                                                                       16

las fundamente y dilata los procedimientos judiciales es claramente

temeraria. SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 149

(2009). Por ende, resolvemos abstenernos de intervenir con la

determinación del TPI, toda vez que el apelante no logró demostrar un

craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad por parte

del TPI.19

        De conformidad con lo anterior y luego de un sosegado análisis,

resolvemos que no existe nada en el expediente, ni en los argumentos del

apelante, que nos lleve a concluir que en el presente caso se cometió algún

error   que    conlleve    la   revocación     de    la   determinación      judicial.

Consiguientemente, procede la confirmación del dictamen enmendado en

todas sus partes.

                                         IV

        Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

Enmendada.

        Notifíquese.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones

19 Véase, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita a

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).