Court Opinion

ID: 9928547
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:24:08.452805+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:31.920668
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VI (ESPECIAL)1

    LAUREN SLADE                                     Apelación
                                                     procedente del
           Apelante                                  Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
                                                     Superior de Mayagüez
                               KLAN202300869
              v.                                     Caso Núm.:
                                                     LM2022CV00011 (206)

                                                     Sobre: Injunction
    HÉCTOR CARRIÓN Y OTROS                           (Entredicho
                                                     Provisional, Injunction
          Apelados                                   Preliminar y
                                                     Permanente); Acción de
                                                     Deslinde y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón2, la Jueza
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

         Comparece ante nos la señora Lauren Slade (señora Slade o

apelante) mediante recurso de Apelación y nos solicita que

revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 16 de marzo de 2022,

notificada el 16 de mayo de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI o foro primario). Mediante

el aludido dictamen, el foro primario desestimó la demanda de

Injunction Preliminar instada por la apelante.

         Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos

la Sentencia Parcial apelada.

                                       I.

         El 14 de marzo de 2022, la apelante presentó Demanda sobre

interdicto preliminar, deslinde, amojonamiento, daños y perjuicios

1
  El caso de epígrafe se asigna a este Panel Especial conforme a la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, emitida el 4 de noviembre de 2021, con
efectividad a partir del 10 de enero de 2022.
2 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-173, emitida el 29 de septiembre

de 2023, se designó al Hon. Felipe Rivera Colón en sustitución de la Hon. Olga E.
Birriel Cardona, quien dejó de ejercer funciones como Jueza del Tribunal de
Apelaciones.

Número Identificador
SEN2023__________
KLAN202300869                                                                   2

y cobro de dinero contra el señor Héctor Carrión, su cónyuge, la

señora Annette Tomey y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales

compuesta por ambos (en conjunto, apelados). En esta, alegó ser

dueña de una propiedad en el municipio de Las Marías, la cual

consta inscrita al Folio 95 del Tomo 16 de Hormigueros, Registro de

la Propiedad de Mayagüez. Arguyó que los apelados invadieron el

terreno    de    su     propiedad,      removieron       árboles,    realizaron

movimientos de terreno y habían acampado en el mismo. También,

señaló que los apelados realizaron un camino sin su autorización y

cerraron el mismo con un portón. Por tanto, solicitó que se les

ordenara a los apelados remover las cadenas que impiden el acceso

al camino; que cesaran la práctica de la tala de árboles, movimiento

de terreno y utilización de este para camping; que removieran la

cisterna; y que se les impusiera daños y perjuicios, además de las

costas y gastos del litigio.

       Así las cosas, y luego de varios trámites procesales, el 16 de

marzo de 2022, notificada el 16 de mayo de 20233, el TPI emitió

Sentencia Parcial en la que desestimó la causa de acción de

Injunction Preliminar presentada por la apelante, por entender que

no existe un daño irreparable. Asimismo, ordenó la continuación del

pleito por la vía ordinaria.

       En desacuerdo con la determinación, el 25 de mayo de 2023,

la apelante presentó Moción de Reconsideración. Por su parte, el 28

de julio de 2023, los apelados, sin someterse a la jurisdicción,

presentaron Oposición a Moción de Reconsideración, Moción In

Limine y Solicitud de Orden. El 24 de agosto de 2023, notificada el

3 Es preciso señalar que, el 24 de agosto de 2022, este Tribunal de Apelaciones

emitió y notificó una Sentencia en la que desestimó el recurso de Apelación
KLAN202200367 instado el 18 de mayo de 2022 por la señora Slade por falta de
jurisdicción, toda vez que el dictamen del TPI no fue debidamente notificado a los
apelados, pues al momento de emitirse no se había adquirido jurisdicción sobre
su persona y no eran parte del pleito. En consecuencia, el foro primario cumplió
con el mandato de este Tribunal y el 16 de mayo de 2023 procedió a notificar la
Sentencia Parcial a todas las partes.
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29 del mismo mes y año, el foro primario emitió Resolución y Orden

en la que declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración y ordenó

la continuación del trámite ordinario del pleito.

       Inconforme aún, el 28 de septiembre de 2023, la apelante

presentó     el    recurso     de   epígrafe   y   esbozó   los   siguientes

señalamientos de error:

       Primer error: Erró el TPI al desestimar, motu proprio y sin
       celebración de vista alguna, la reclamación de “injunction”
       preliminar de la demanda por la Sra. Slade alegadamente
       tener un remedio adecuado en ley para resarcir su reclamo.

       Segundo error: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la
       Reconsideración.

       El   2     de   octubre de     2023,    emitimos     una   Resolución

concediendo a la parte apelada un término de treinta (30) días para

exponer su posición. En cumplimiento con lo ordenado, el 30 de

octubre de 2023, los apelados, sin someterse a la jurisdicción,

presentaron Oposición a Apelación. En síntesis, arguyeron que el

foro primario actuó correctamente al desestimar el recurso

presentado por la apelante porque existen otros recursos ordinarios

para atender el mismo y los alegados daños reclamados no son

irreparables.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

                                       II.

                                      -A-

       La Regla 57 de Procedimiento Civil4, y los Artículos 675 y 687

del Código de Enjuiciamiento Civil5, son las disposiciones de ley que

regulan en nuestro ordenamiento el recurso de injunction.

       El Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil define el

injunction como “un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo

el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para

4 32 LPRA Ap. V, R. 57.
5 32 LPRA secs. 3521 et seq.
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que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo

su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el

derecho de otra”6.

         El injunction preliminar va dirigido a requerir o prohibir hacer

determinado acto, con el objetivo de impedir que se causen

perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna persona

durante la pendencia del pleito. Por lo tanto, el factor cardinal que

gobierna la expedición de este remedio extraordinario es la

existencia de una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el

cual no existe un remedio adecuado en ley7.

         Al decidir si expide una orden de injunction preliminar, el

tribunal deberá considerar: (1) la naturaleza de los daños que

puedan ocasionársele a las partes de concederse o negarse el

recurso; (2) la irreparabilidad del daño o la existencia de un remedio

adecuado en ley; (3) la probabilidad de que eventualmente la parte

promovente prevalezca al resolverse el litigio en su fondo; (4) la

probabilidad de que la causa se torne en académica de no

concederse el injunction; (5) el posible impacto sobre el interés

público del remedio que se solicita; y (6) la diligencia y la buena fe

con que ha obrado la parte peticionaria8.

                                      -B-

         El Artículo 741 del Código Civil de Puerto Rico, dispone que el

derecho de propiedad conlleva las facultades de gozar, disponer y

accionar para recuperar la cosa objeto de propiedad9. Este precepto

establece que un propietario tiene disponible una “acción contra el

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”10. Esta facultad

para recuperar la propiedad surge del derecho que tiene un

6 32 LPRA sec. 3521.
7 Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 486 (2014).
8 Íd. pág. 487.
9 31 LPRA sec. 7951.
10 Íd.
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propietario de excluir a terceros para que no interfieran con el uso,

disfrute o disposición del objeto de su derecho11.

       Para que prospere una demanda en reivindicación se debe

establecer: (1) que el demandante tiene un derecho de propiedad

sobre la cosa que reclama; (2) que la acción se dirija contra quien

tenga la cosa en su posesión; (3) que el demandado no pueda oponer

ningún derecho que justifique su pretensión de retener la cosa frente

al propietario; y (4) que se identifique, de manera precisa y clara, la

cosa que se reivindique12.

       El demandante viene obligado a probar su título y no puede

descansar únicamente en los vicios que tenga el título del

demandado13. Cumplido esto, corresponde al demandado señalar y

probar su mejor título14.

       Si el poseedor cuenta a su favor con cualquier título legítimo

para seguir poseyendo la cosa, así se derive de un derecho real

limitado o de cualquier otra circunstancia, la acción reivindicatoria

pierde su sentido15. Por tanto, para que prospere la acción

reivindicatoria, la situación posesoria del demandado debe ser

infundada, carente de título en sentido material que justifique la

posesión.

                                       -C-

       El deslinde es una de las acciones protectoras del derecho de

propiedad. El Código Civil de Puerto Rico define este concepto como

la operación mediante la cual se establecen los límites materiales de

una finca que están confundidos16. Como ha señalado el Tribunal

Supremo de Puerto Rico, esta acción tiene la finalidad de

11 Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94 (1986); J. Puig Brutau,
Compendio de Derecho Civil, Vol. III, Ed. Bosch, Barcelona, 1989, pág. 44.
12 31 LPRA sec. 8102; J. Puig Brutau, op. cit., págs. 46-47.
13 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885,

891-892 (1968); Meléndez v. Almodóvar, 70 DPR 527, 532 (1949).
14 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Arce v. Díaz, supra, págs. 628-629.
15 Carlos Lasarte, Propiedad y Derechos Reales de Goce: Principios de Derecho Civil

IV, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 137.
16 Art. 829 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8132.
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individualizar     los   inmuebles       en    cuestión,    sin     determinar

directamente quién es el dueño17. Por tanto, en el deslinde no se

demanda una cosa cierta y determinada que como propietarios les

pertenece, sino que, precisamente por la indeterminación de la

propiedad debido a la confusión con la propiedad colindante, se

reclama la fijación de señales que la delimiten18. En otras palabras,

en esta operación no se discute la validez ni la eficacia de los títulos,

sino que solo se dirime su interpretación19. Así pues, la sentencia

que se dicta no da ni quita derechos20.

                                      -D-

          El Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico, dispone que

“[l]a persona que por culpa o negligencia causa daño a otra, viene

obligada a repararlo”21. Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico

establece que “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado no

exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la

indemnización en proporción al grado de tal imprudencia.22”

          El Tribunal Supremo ha establecido que “la culpa o

negligencia es la falta del debido cuidado que consiste esencialmente

en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o

de la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable

habría de prever en las mismas circunstancias”23.

                                      III.

          Por estar estrechamente relacionados, procedemos a discutir

de forma conjunta el primer y segundo señalamiento de error. En

esencia, alega la apelante que erró el TPI al desestimar motu proprio

y sin vista la solicitud de Injunction Preliminar bajo el fundamento

17 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 159 (2006).
18 Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637, 641–642 (1953).
19 Íd.
20 Zayas v. Autoridad de Tierras de P.R., 73 DPR 897, 901 (1952).
21 Art. 1536 del Código Civil, 31 LPRA sec. 10801.
22 Art. 1545 del Código Civil, 31 LPRA sec. 10810.
23 Cruz Flores v Hospital Ryder, 210 DPR 465 (2022); Valle v. E.L.A., 157 DPR 1

(2002).
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de que el daño alegado no es uno irreparable y que tiene un remedio

adecuado en ley. Considera la apelante que los daños sufridos están

relacionados a la privación de su derecho constitucional al uso y

disfrute de su propiedad. Veamos.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al

requerir primordialmente que antes de expedir el injunction, ya sea

preliminar o permanente, los tribunales consideren la existencia de

algún otro remedio eficaz, completo y adecuado en ley. De existir,

entonces no se considerará el daño como irreparable24.

       En el caso de autos, el foro primario emitió una Sentencia

Parcial en la que determinó lo siguiente:

       [L]a parte demandante claramente reclama una acción
       reivindicatoria,    daños    y    perjuicios,    deslinde    y
       amojonamiento de su propiedad. Alegando además, ciertas
       acciones de alteración a la paz y amenaza de parte del
       demandado que pueden resolverse presentando una querella
       por el cause criminal ante la Policía de Puerto Rico. De igual
       forma, aquellas relacionadas al movimiento de terreno y la
       deforestación pueden tramitarse a través de una querella
       ante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
       agotando el remedio administrativo dirigido a estos fines.
       Todas las acciones presentadas por la parte demandante
       tienen un remedio adecuado en ley dispuesto por el
       legislador en nuestro Código Civil vigente. De un análisis
       de la jurisprudencia interpretativa sobre el tema de los daños
       irreparables, podemos observar no surge de las alegaciones
       un daño irreparable y/o que no pueda resarcirse con una
       acción ordinaria de daños y perjuicios según definida en
       nuestro ordenamiento y la jurisprudencia interpretativa.
       Por tanto, la parte demandante no cumple con este estándar
       para que proceda un remedio como lo es el Injunction. Los
       asuntos traídos en esta demanda son controversias que
       surgen por problemas de colindancias, una acción
       reivindicatoria, deslinde y amojonamiento. Estas son
       controversias que se deben resolver en el proceso ordinario,
       y no mediante la presentación de un recurso
       extraordinario25. (Énfasis nuestro).

       Tras examinar las alegaciones de la Demanda y la Sentencia

Parcial apelada, en conjunto con los requisitos dispuestos en la

Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil26 y la jurisprudencia

previamente citada, colegimos que el TPI no erró al desestimar de

24 Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 155 DPR 355 (2000), citando a A.P.P.R. v. Tribunal

Superior, 103 DPR 903 (1975); Franco v. Oppenheimer, 40 DPR 153 (1929);
Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 DPR 725 (1912).
25 Véase apéndice del recurso de Apelación, pág. 22.
26 32 LPRA Ap. V, R. 57.1.
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plano la petición de injunction preliminar. De la demanda

presentada por la señora Slade, encontramos que este es el tipo de

situación en la que procede denegar el recurso de injunction

preliminar sin vista a base de las meras alegaciones de la apelante.

Pues, coincidimos con el foro recurrido en que existen otros

remedios adecuados en ley para dilucidar la controversia de autos.

       Por otro lado, la concesión de un injunction descansa en el

ejercicio de una sana discreción judicial que se ejercerá ponderando

las necesidades y los intereses de todas las partes involucradas en

la controversia27. Reconocemos que de ordinario el ejercicio de las

facultades discrecionales por el foro de primera instancia merece

nuestra     deferencia.     Como      corolario    de       lo   anterior,   sólo

intervendremos con el ejercicio de dicha discreción en aquellas

situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción;

o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o

de derecho sustantivo28.

       En el contexto de esa doctrina, este foro apelativo no

intervendrá con la discreción judicial. En el presente caso, la

apelante no demostró que el TPI incurriera en "un craso abuso de

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial"29. Todo lo contrario, de la

Sentencia Parcial apelada se desprende que el foro primario estudió

las alegaciones y remedios solicitados en la Demanda y los

contrapuso con el análisis jurisprudencial establecido por el

27 Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 790-791 (1994).
28 Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).
29 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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Tribunal Supremo llegando a la conclusión inequívoca que procede

la desestimación del Injunction.

      Por tanto, determinamos que el TPI emitió un dictamen

razonable y conforme a la normativa jurídica aplicable. Ante ello,

nos es forzoso concluir que los errores alegados por la señora Slade

no se cometieron y, en consecuencia, procede confirmar la Sentencia

Parcial apelada.

                                   IV.

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

Parcial apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones