Court Opinion

ID: 9916140
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:24:40.777795+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:07.714649
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

    GABRIEL COLÓN                                  REVISIÓN
     VALDERRAMA                                    ADMINISTRATIVA
      Recurrente                                   procedente del
                                                   Departamento de
             Vs.                                   Trasportación y
                                KLRA202300521      Obras Públicas

       DPTO.                                       Querella Núm.
  TRANSPORTACIÓN Y                                 2023-SP-004
   OBRAS PÚBLICAS
      Recurrida                                    SOBRE:
                                                   Reglamento 9459
                                                   para Establecer
                                                   Sistema de Puntos
                                                   para los Conductores
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

      El 5 de octubre de 2023, el señor Gabriel Colón Valderrama

(señor Colón Valderrama o parte recurrente) compareció ante nos

mediante un Recurso de Revisión y solicitó la revocación de una

Resolución que se emitió y notificó el 5 de septiembre de 2023 por la

Directoría   de     Servicios   al   Conductor   del   Departamento   de

Transportación y Obras Públicas (DTOP o parte recurrida). Mediante

el aludido dictamen, el DTOP declaró No Ha Lugar la apelación de la

parte recurrente. Consecuentemente, le suspendió al señor Colón

Valderrama su certificado de licencia de conducir número 6213429,

por el término de tres (3) años, conforme al Inciso C, (3)(d) del

Reglamento Núm. 9459, también conocido como Reglamento para

Establecer Sistema de Puntos para los Conductores que se aprobó el

10 de mayo del 2023 (Reglamento 9459).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

REVOCAMOS la Resolución recurrida.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLRA202300521                                                       2

                                        I.

        El 10 de febrero de 2023, la Sra. Eileen M. Vélez Vega (señora

Vélez Vega), secretaria del DTOP, remitió una carta al señor Colón

Valderrama en la cual le informó que le suspendió su certificado de

licencia de conducir por un término de tres (3) años, conforme a la

Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, mejor

conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley Núm.

22-2000) y el Reglamento 9459, supra. 1 Asimismo, le apercibió de

que podía solicitar una vista administrativa para oponerse a la

suspensión ante el DTOP dentro del término de veinte (20) días

siguientes a la fecha de la notificación de la carta. Por último, le

informó que podía comparecer a la vista administrativa presentando

su propia defensa o asistido por un abogado. Cabe precisar que, la

referida carta estaba acompañada del Informe del Sistema de Puntos

y la Certificación Oficial de Multas Administrativas a Licencia de la

parte recurrente, ambos documentos con fecha de 17 de abril de

2023.

        Posteriormente, el 17 de marzo del 2023, el señor Colón

Valderrama remitió una carta al DTOP intitulada Solicitud de Vista

Administrativa al Amparo del Reglamento 7977 del DTOP (Número de

Certificado de Licencia de Conducir 6213429).2 En síntesis, solicitó

la celebración de una vista administrativa para dilucidar la

intención de suspensión del certificado de su licencia de conducir

por parte del DTOP.

        Así las cosas, el 16 de mayo de 2023, el DTOP emitió una

Notificación de Vistas Administrativas.3 En esta, se le indicó a la

parte recurrente que se celebraría una vista administrativa el 7 de

junio de 2023, a las 9:00am en la Directoría de Servicios al

1
  Véase, págs. 1-3 del apéndice del recurso.
2
  Íd., págs. 5-6.
3
  Íd., pág. 7.
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Conductor. A su vez, les advirtió a las partes que tenían derecho de

estar asistidos por abogado, a ser oídos, a exponer sus posiciones y

a presentar prueba en la vista adjudicativa.

      Luego de que se celebró la vista administrativa, el 18 de julio

de 2023, el oficial examinador que la presidió, presentó su Informe

y Recomendación del Oficial Examinador (Informe). En este

recomendó declarar No Ha Lugar a la apelación del señor Colón

Valderrama y, en consecuencia, declaró Ha Lugar la determinación

del DTOP en cuanto a la suspensión de la licencia de este último

conforme al inciso C, número 3(d) del Reglamento 9459, supra, el

cual disponía que se suspendería la licencia cuando el conductor

llegara a 30 puntos o más en un término máximo de tres (3) años.

Asimismo, realizó las siguientes determinaciones de hechos:

   1. El Sr. Gabriel Colón Valderrama es conductor con
      número de licencia 6213429, expedida por el
      Departamento de Transportación y Obras Públicas.

   2. Por no estar de acuerdo con la determinación fechada
      10 de febrero de 2023, el peticionario por conducto de
      su representación legal, Lcda. María del C. Ojeda
      Rodríguez,    radicó    una     Solicitud    de    Vista
      Administrativa, por lo que la Directoría de Servicios al
      Conductor le citó para vista administrativa para el 7 de
      junio de 2023 a las 8:00 de la mañana según solicitado.

   3. Obran en el expediente administrativo los siguientes
      documentos:

   a. Carta de la Sra. Eileen M. Vélez Vega, Secretaria del
      Departamento de Transportación y Obras Pública al
      peticionario Gabriel Colón Valderrama suspendiéndole
      su certificado de licencia de conducir número 6213429
      por el término de tres (3) años fechada 10 de febrero de
      2023.

   b. Informe de Sistema de Puntos del peticionario Gabriel
      Colón Valderrama fechado de 17 de abril de 2023.

   c. Certificación Oficial de Multas Administrativas a
      Licencia del peticionario Gabriel Colón Valderrama
      fechado 17 de abril de 2023.

   d. Solicitud de Vista Administrativa radicada por la
      representante legal del peticionario Gabriel Colón
      Valderrama fechada 17 de marzo de 2023.

   4. La parte peticionaria se le había notificado sobre varias
      violaciones a la Ley de Tránsito se presentó como
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          prueba la forma DTOP DIS – 292 del Sr. Gabriel Colón
          Valderrama en la cual arroja una serie de violaciones.
          La representante de la agencia, Sra. Jessica Angúlo,
          testificó y presentó comunicación notificada el 10 de
          febrero de 2023 y dirigida al peticionario Cabriel Colón
          Valderrama a su dirección postal donde se le notificó
          suspenderle su certificado de licencia de conducir
          conforme a la disposición en el Artículo 8.02(J).

      5. Además testificó que a base de dichos puntos y en
         virtud de la Ley 22 del 7 de enero según enmendada
         conocida como Ley de Vehículo y Tránsito en su Artículo
         8.02(J) y el Reglamento 7977 hoy Reglamento 9454 de
         fecha 10 mayo de 2023 se le suspende de su certificado
         de licencia de conducir por el término de tres (3) años.
         Además, se le notifica que de no estar conforme podría
         apelar solicitando una vista administrativa. Siendo así
         el señor Colón Valderrama solicita una vista
         administrativa por conducto de su representación legal,
         Lcda. María del C. Ojeda Rodríguez fechada 17 de marzo
         de 2023. Habiéndose radicado la correspondiente
         solicitud de vista administrativa se procedió a celebrar
         la misma y se confirma la misma con toda la
         documentación que se ha hecho mención en la misma.

      En virtud de lo anterior, el 5 de septiembre de 2023, el DTOP

emitió una Resolución que se notificó el mismo día, en la cual acogió

la     recomendación        del    Informe y Recomendación del           Oficial

Examinador y adoptó las determinaciones de hechos que se

realizaron en este.4 Así pues, declaró No Ha Lugar la apelación del

señor Colón Valderrama y en consecuencia, declaró Ha Lugar la

determinación de suspender el certificado de licencia de conducir

número 6213429 de este último.

          Inconforme, el 5 de octubre de 2023, la parte recurrente

presentó        el     recurso    de   epígrafe   y   formuló   los   siguientes

señalamientos de error:

          Erró el Departamento de Transportación y Obras
          Públicas al emitir una determinación final
          habiéndosele negado y/o coartado tajantemente al
          Peticionario su derecho constitucional a ser oído en
          la vista administrativa celebrada el 7 de junio de
          2023.

          Erró el Oficial Examinador del Departamento de
          Transportación y Obras Públicas al establecer un

4
    Íd., págs. 8-28.
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      “ruling” determinado que el DTOP no tenía
      jurisdicción para ver la vista, impidiéndole a la Parte
      Peticionaria presentar sus planteamientos en
      cuanto a los fundamentos de dicho “ruling”,
      contrainterrogar a la funcionaria del DTOP y ejercer
      su derecho a ser oído.

      Erró el Oficial Examinador del Departamento de
      Transportación y Obras Públicas al determinar que
      la fecha a partir de la cual comienza a decursar el
      término de (30) días para solicitar la vista
      administrativa es la consignada en la carta cuando
      la realidad es que dicho término comienza a
      transcurrir desde la fecha de su notificación.

      Erró el Departamento de Transportación y Obras
      Públicas al concluir en su Resolución emitida y
      notificada el 5 de septiembre de 2023 que el
      expediente del caso surge que en la vista se recibió
      el testimonio y alegaciones de la parte peticionaria
      cuando ni siquiera se le tomó juramento, no se
      permitió argumentación alguna para cuestionar el
      “ruling” del Oficial Examinador sobre ausencia de
      jurisdicción para entrar en la vista en su fondo y no
      se le dio oportunidad de contrainterrogar a la testigo
      del DTOP sobre la notificación de la comunicación
      fechada el 10 de febrero del 2023.

      Erró el Departamento de Transportación y Obras
      Públicas al concluir en la Determinación de Hecho
      número (4) que a la parte peticionaria se le había
      notificado sobre varias violaciones a la Ley de
      Tránsito sin que haya dado la oportunidad alguna al
      Peticionario de rebatir y argumentar durante la vista
      administrativa sobre la notificación cursada el 21 de
      febrero del 2023.

      Atendido el recurso, el 11 de octubre de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 14 de

noviembre de 2023, término final e improrrogable, para que

presentar su postura. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2023, le

ordenamos al DTOP a presentar una copia certificada del expediente

administrativo del presente caso. En cumplimiento con nuestra

orden, el 10 de noviembre de 2023, el DTOP nos remitió una copia

certificada del expediente administrativo. Posteriormente, la parte

recurrida presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución y negó

que el oficial examinador cometiera los errores que señaló el señor

Colón Valderrama.
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      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver. Veamos.

                                  II.

      La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA sec. 9671,

permite que se solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión judicial

de las decisiones de las agencias administrativas. Dicha revisión

tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y

asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la

ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008).

      Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia.

Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018). Además, es

norma de derecho claramente establecida que las decisiones

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección.

Íd. Esta presunción de legalidad y corrección “debe ser respetada

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia

para derrotarla”. Íd. La persona que impugne la legalidad o

corrección tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras

alegaciones. Íd.

      El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).

Por tanto, al realizar nuestra función revisora debemos enfocarnos

en determinar si la agencia administrativa: (1) erró en aplicar la ley;

(2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente; y (3) si lesionó

derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. Policía de

PR, 196 DPR 606, 627-628 (2016). De este modo, si al realizar

nuestra función revisora no nos encontramos ante alguna de las
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situaciones previamente mencionadas, tenemos el deber de validar

la determinación realizada por la agencia administrativa. Íd., pág.

628.

       Cónsono a lo anterior, la Sec. 4.5 de la LPAUG, 3 LPRA sec.

9675, en esencia, dispone que el alcance de una revisión judicial de

una determinación administrativa se circunscribe a determinar lo

siguiente: (1) si el remedio que concedió la agencia fue apropiado;

(2) si las determinaciones de hechos que realizó la agencia están

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo; y, por último, (3) si las conclusiones de derecho

fueron correctas. (Énfasis nuestro).

       Ahora bien, es de suma importancia precisar que para que el

foro apelativo pueda ejercer su función de revisión judicial, es

esencial que las agencias administrativas expongan de manera clara

sus determinaciones de hechos y las razones para llegar a su

determinación final, incluyendo hechos básicos de los cuales, a

través de un proceso de razonamiento e inferencia, se derivan de

aquellos. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425,

437-438 (1997). Es decir, el dictamen debe reflejar que dicho

organismo ha considerado y resuelto los conflictos de prueba, y sus

determinaciones deben de incluir tanto los hechos probados como

los    que        fueron   rechazados.   Íd.   Consecuentemente,        los

fundamentos de una decisión no pueden ser pro forma. Íd. Estos

deben reflejar que la agencia cumplió con su obligación de

evaluar y resolver los conflictos de prueba del caso ante su

consideración. Íd. (Énfasis suplido).

       A tenor con lo antes expresado, nuestro Más Alto Foro ha

establecido que las determinaciones de hechos en los dictámenes

finales      de     las    agencias   administrativas,   “deben   ser    lo

suficientemente definidas para poner a las cortes en posición de

revisar inteligentemente la decisión [del organismo administrativo] y
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determinar si los hechos tal y como [éste] los encontró probados…

ofrecen una base razonable para [su decisión]”. Misión Industrial v.

Junta de Planificación, 146 DPR 64, 152 (1998). En cuanto a las

conclusiones de derecho, “la agencia no puede limitarse a

‘recitar’ o a repetir frases generales que aparecen en [sus

reglamentos o en su ley orgánica] como único fundamento para

su decisión”. Íd. Así pues, en conclusión, las determinaciones

de hechos y las conclusiones de derecho que forman parte de

las resoluciones finales de las agencias administrativas no

pueden ser pro forma. (énfasis nuestro).

      Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672,

delimita el alcance de la revisión judicial de las decisiones

administrativas y los requisitos formales de dichos dictámenes.

Particularmente y en lo pertinente al caso ante nos, la referida

sección dispone que una orden o resolución final debe incluir

determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho que

fundamentan la adjudicación y la advertencia del derecho a solicitar

una reconsideración o revisión, según sea el caso.

      Ahora bien, cabe precisar que, por su parte, el Reglamento

Núm. 9459, aplica a los procesos adjudicativos formales que se

ventilan en las vistas administrativas que se celebran ante el DTOP

cuando se revoque o suspenda cualquier licencia de conducir por

acumulación de infracciones en el sistema de puntos para los

conductores. En específico, el Art. VI, inciso I (1) dispone que el

conductor que no esté de acuerdo con la determinación de

suspensión del Secretario podrá, dentro del término de treinta (30)

días a partir del recibo de la notificación de intención de suspender,

solicitar una vista administrativa o someter un escrito para mostrar

causa por la cual no procede la suspensión de su certificado de
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licencia de conducir.5 Así pues, en caso de solicitar una vista

administrativa, el Secretario le notificará mediante carta, dentro de

un periodo que no excederá noventa (90) días de haber recibido la

solicitud, el día, hora y lugar en que tendrá efecto dicha vista.6 Una

vez la determinación de suspensión haya advenido final, ya sea por

el mero transcurso de los treinta (30) días sin acción por parte del

conductor, por haberse celebrado la vista administrativa o

considerado       el   escrito   mostrando          causa   sosteniéndose   la

suspensión o revocación, la determinación del Departamento será

final y firme.7

                                       III.

       En el caso ante nos, la parte recurrente nos solicitó la

revocación de la Resolución que se emitió y notificó el 5 de

septiembre de 2023, por el DTOP. Específicamente, en su primer

señalamiento de error argumentó que erró el DTOP al emitir una

determinación final habiéndole coartado su derecho constitucional

a ser oído en la vista administrativa. Además, en su segundo

señalamiento de error planteó que erró el oficial examinador del

DTOP al establecer que no tenía jurisdicción para ver la vista e

impedirle contrainterrogar a la funcionaria del DTOP. Ahora bien,

en su tercer señalamiento de error, sostuvo que erró el oficial

examinador del DTOP al determinar que la fecha a partir de la cual

comienza a transcurrir el término de (30) días para solicitar la vista

administrativa era la consignada en la carta, cuando dicho término

comenzaba a transcurrir desde la fecha de su notificación.

       Por otro lado, en su cuarto señalamiento de error, señaló que

erró el DTOP al concluir que del expediente del caso surgía que en

la vista se recibió el testimonio y alegaciones de la parte recurrente,

5
  Art. VI, I (1) del Reglamento Núm. 9459, supra.
6
  Art. VI, I (2) del Reglamento Núm. 9459, supra.
7
  Art. VI, I (3) del Reglamento Núm. 9459, supra.
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aun cuando no se le tomó juramento, ni se permitió argumentación

alguna para cuestionar sobre la jurisdicción del Oficial Examinador

para atender la vista en su fondo y, no se le dio oportunidad para

contrainterrogar sobre la notificación de la comunicación fechada el

10 de febrero del 2023. Por último, impugnó la determinación del

DTOP al concluir que se le había notificado sobre varias violaciones

a la Ley 22-2000 sin habérsele dado la oportunidad de argumentar

durante la vista administrativa sobre la notificación de la carta

cursada el 21 de febrero del 2023.

          El Art. 27.04 de la Ley Núm. 22-2000 dispone que “todo

Reglamento adoptado al amparo de esta Ley deberá cumplir con lo

dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme” o cualquier ley que le sustituya”. 9 LPRA sec. 5724.

Asimismo, el Reglamento 9459 se adoptó en virtud de varias leyes,

entre estas la LPAUG.8 Dicho lo anterior, el Art. 4.5 de la LPAUG,

supra, establece que el alcance de una revisión judicial de una

determinación administrativa se circunscribe, entre otros asuntos a

determinar si las conclusiones de derecho fueron correctas. Por su

parte, el Tribunal Supremo de Puerto determinó que la agencia

administrativa no puede limitarse a repetir frases generales que

aparecen en sus reglamentos o en su ley orgánica como único

fundamento para basar su decisión. A su vez, nuestro ordenamiento

jurídico dispone que las determinaciones de hechos de las agencias

administrativas deben reflejar los hechos probados según la prueba

presentada.

          En el caso de autos, se celebró una vista administrativa el 7

de junio de 2023 y el oficial examinador que la presidió preparó un

Informe. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2023, el DTOP emitió

8
    Art. III, B del Reglamento Núm. 9459, supra.
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una Resolución mediante la cual acogió dicho Informe según

redactado, sin realizarle ninguna modificación. Es decir, adoptó las

determinaciones de hecho que realizó el oficial examinador y expresó

que se recibió el testimonio y las alegaciones de la parte recurrente.

Cabe precisar que las determinaciones de hechos que realizó el

oficial examinador, la cuales fueron acogidas por el DTOP, se

enfocaron en aspectos procesales del caso. No obstante, no se

emitieron determinaciones de hechos basadas en la prueba

presentada por las partes del caso. Además, en la parte de

conclusiones de derecho, el recurrido citó las disposiciones

pertinentes a la LPAUG, la Ley Núm. 22-2000 y el Reglamento 9459

como único fundamento para basar su decisión. Entiéndase, el

DTOP no fundamentó sus conclusiones de derecho según la prueba

presentada en la vista que se llevó a cabo el 7 de junio de 2023.

      Nótese que, el Reglamento 9459 no establece la forma en la

cual la agencia administrativa debe disponer sobre la controversia.

No obstante, reiteramos que el Art. 27.04 de la Ley Núm. 22-2000,

9 LPRA sec. 5724, dispone que todo Reglamento debe cumplir con

la LPAUG. Por tanto, si bien es cierto que el señor Colón Valderrama

tiene derecho a solicitar la revisión judicial ante este foro, nos vemos

imposibilitados de realizar un análisis exhaustivo de la controversia,

toda vez que el dictamen recurrido carece de adjudicación del

derecho a los hechos procesales del caso, lo cual no nos permite

ejercer nuestra función revisora, según establece la LPAUG.

      En vista de lo antes expresado, cuando la agencia emita su

determinación final, también deberá cumplir con los postulados de

la LPAUG, supra, la Ley Núm. 22-2000, supra, el Reglamento Núm.

9459, supra, y la jurisprudencia aplicable. Es decir, deberá formular

determinaciones de hechos suficientemente definidas que permitan

que los tribunales ejerzan su función de revisión judicial. Además,

sus conclusiones de derecho deben ser el resultado de un análisis
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que interprete las normas legales aplicables a la luz de los hechos

probados. Enfatizamos que una decisión administrativa no puede

sostenerse con fundamentos pro forma, y debe evitar la repetición de

frases genéricas provenientes de sus reglamentos o ley orgánica

como único fundamento para una decisión. Misión Industrial v.

Junta de Salario Mínimo, supra, pág. 152.

      Debido al incumplimiento de la Resolución con la LPAUG,

prescindimos de la discusión del resto de los errores planteados.

Dicho lo anterior, procede revocar la resolución que se emitió y

notificó el 5 de septiembre de 2023. Por tanto, devolvemos el caso al

DTOP para que emita un dictamen conforme a las disposiciones de

la LAPUG, en específico los Arts. 4.1, 4.2 y 4.5. Por último,

aclaramos que mediante este dictamen no estamos prejuzgando en

sus méritos la suspensión de la licencia de conducir del recurrente.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el

dictamen recurrido y DEVOLVEMOS el caso a la agencia

administrativa para que resuelva según lo aquí dispuesto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones