Court Opinion

ID: 9952352
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:11.667578+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:58.840205
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

  RENÉ JOSÉ SOTOMAYOR                                CERTIORARI
   MARQUÉS; MARGARITA                                procedente de Tribunal
    MARIE SOTOMAYOR                                  de Primera Instancia,
   MARQUÉS y JOSÉ LUIS                               Sala Superior de
  SOTOMAYOR MARQUÉS,                                 Aguadilla.

            Recurrida,
                                   KLCE202400053     Civil núm.:
                 v.                                  AG2021CV01348.

      ÁNGEL MANUEL
   SOTOMAYOR SANTOS;                                 Sobre:
       RENÉ JAVIER                                   liquidación de
   SOTOMAYOR CLAVELL;                                comunidad de bienes
        RUTH MARIE                                   hereditarios.
   SOTOMAYOR CLAVELL;
   ADA DOLORES CLAVELL
    CAMPOS y ANTONIO
    SOTOMAYOR ORTIZ,

           Peticionaria.

 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                RESOLUCION

         En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

         Comparece la parte peticionaria Ángel Manuel Sotomayor Santos y

 nos solicita que revisemos y revoquemos la Resolución emitida y notificada

 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, el 15 de

 diciembre de 2023. En esta, el Tribunal dispuso que la estructura en bloque

 y hormigón de 912 pies cuadrados, dedicada al uso comercial, construida

 sobre la finca de los causantes René Fermín Sotomayor y Angela Santos

 Gómez, y donada a la parte peticionaria forma parte del patrimonio que

 constituye el caudal hereditario, así como una finca que se alega fue

 donada.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos

 la expedición el auto de certiorari.

                                        I

         El 2 de noviembre de 2021, la parte recurrida, compuesta por el

 señor René José Sotomayor Marqués y la señora Margarita Marie Soto

Número identificador

RES2024__________________
KLCE202400053                                                                        2

Mayor Marqués, presentó una demanda contra el peticionario1. En lo

pertinente, alegó que los causantes, Angela Santos Gómez y René Fermín

Sotomayor Hernández, donaron al peticionario un terreno de 1,004.54

metro cuadrados2. Ello, a través de la escritura pública núm. 3, otorgada

ante notario público el 3 de marzo de 19843.

         Además, expuso que en el terreno se edificó una estructura

construida en bloque y hormigón. Adujo que esta pertenecía a la sucesión4

y fue arrendada por uno de los causantes al peticionario, mediante contrato

de arrendamiento del 16 de marzo de 19845. Sobre el contrato, alegó que

este prohibía el subarrendamiento y especificaba que todo lo edificado y

las mejoras realizadas serían a beneficio del arrendador; en este caso, el

causante Rene Fermín Sotomayor. En vista de lo anterior, reclamó a favor

de la sucesión las rentas percibidas, lo edificado sobre el terreno, así como

las mejoras realizadas a la propiedad desde el fallecimiento del causante6.

         El 4 de agosto de 2024, compareció la parte recurrida ante el

Tribunal de Primera Instancia y solicitó que se emitiera una resolución en

la cual se declarase el edificio ubicado en la finca número 17,516, tomo

329, folio 160 del Registro de la Propiedad de Aguadilla, y las mejoras

realizadas a este, propiedad de la sucesión7.

1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 35-41.

2 Según surge de la escritura, el terreno fue descrito de la siguiente manera:

         Solar radicado en el barrio Ceiba baja del Municipio de Aguadilla con una
         cabida superficial de MIL CUATRO METROS CUADRADOS CON
         CINCUENTA Y CUATRO CENTESIMAS en lindes: por el norte, en
         veintinueve metros con ochenta y ocho centímetros con remanente de la
         finca principal; por el SUR, en veintinueve metros con ochenta y ocho
         centímetros con solar “B”- USO PÚBLICO por el ESTE, en treinta y tres
         metros con sesenta y tres centímetros con remanente de la finca y por el
         OESTE, en treinta y tres metros con sesenta y tres centímetros con
         Arcelio Grajales.

Íd., a las págs. 45-46.

3 Íd., a las págs. 45-48.

4 Al momento de presentar la demanda, la sucesión estaba compuesta por: Ángel Manuel

Sotomayor Santos, René Javier Sotomayor Clavell, Ruth Marie Sotomayor, Ada Dolores
Clavell Campos, René José Sotomayor Marqués, Margarita Marie Sotomayor Marqués,
José Luis Sotomayor Marqués y Antonio Sotomayor Ortiz. Íd., a la pág. 36.

5 Íd., a las págs. 52-53.

6 Íd., a la pág. 39.

7 Íd., a las págs. 41-44.
KLCE202400053                                                                              3

         A su moción, la recurrida adjuntó una copia de la escritura de

donación. De la misma surge que los causantes donaron la referida finca

y, a su vez, declararon que se reservaban para sí el derecho de dominio

que les correspondía sobre la estructura construida toda en bloques y

hormigón dedicada a uso comercial, que medía novecientos doce pies

cuadrados y estaba edificada sobre el predio8. Además, adjuntó copia del

acta de reconocimiento de dominio pleno, en la que el peticionario

reconocía que no poseía derecho de dominio alguno sobre la estructura

construida toda en bloques y hormigón dedicada a uso comercial9.

Finalmente, adjuntó el contrato de arrendamiento de la referida

estructura10.

         Tras varias incidencias procesales, el 24 de agosto de 2023,

compareció el recurrido y presentó su posición respecto a la titularidad de

la propiedad en controversia11. En síntesis, alegó que para que el tribunal

dispusiera de la controversia faltaba una parte indispensable. A su vez,

arguyó que, a pesar de que en la escritura de donación los causantes se

habían reservado el derecho de dominio sobre la estructura, no se

constituyó el derecho real de superficie y, por tanto, este la adquirió

mediante la figura de usucapión.

         El 15 de diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia notificó

a las partes su Resolución12. En ella, declaró con lugar la moción

presentada por la parte recurrida el 4 de agosto de 2023, y determinó que

la estructura en bloques y hormigón de 912 pies cuadrados, dedicada a uso

comercial y construida sobre la finca que los causantes habían donado al

peticionario, formaba parte del patrimonio que constituía el caudal

hereditario, así como la finca que se alega fue donada.

8 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 46.

9 Íd., a la pág. 50.

10 Íd., a las págs. 52-53.

11 Íd., a las págs. 55-56.
                         El peticionario adjuntó a su moción la certificación registral de la
finca 17,516; los relevos emitidos por el Departamento de Hacienda y una declaración
jurada.

12 Íd., a las págs. 19-26.
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         Ante la determinación del foro primario, la parte peticionaria

presentó una moción de reconsideración. En lo pertinente, arguyó que el

tribunal había dado por ciertas alegaciones que no fueron sustentadas por

la prueba adjuntada a la moción. A su vez, planteó que el tribunal no había

atendido los señalamientos relacionados a la falta de parte indispensable,

según planteados en la moción presentada el 24 de agosto de 2023.

Finalmente, impugnó la determinación del tribunal de dejar sin efecto la

donación de la finca 17,516.

         El 3 de enero de 2024, el foro primario declaró sin lugar la moción

de reconsideración13. Inconforme con la referida determinación, la parte

peticionaria instó este recurso y formuló los siguientes señalamientos de

error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
         Aguadilla, al considerar las alegaciones no sustentadas por
         la prueba de los demandantes, emitir resolución en ausencia
         de una parte indispensable, no contar con la evidencia para
         sustentar las alegaciones y emitir una Resolución que se
         contradice y contraviene los hechos que no están en
         controversia, concediendo remedios no solicitados en la
         demanda.

         Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
         Aguadilla, al analizar el derecho aplicable a la controversia
         ante su consideración.

         Por su parte, el 2 de febrero de 2024, la parte recurrida compareció

y solicitó que se le concediera un término adicional para presentar su

posición. Por tanto, el 5 de febrero de 2024, emitimos una Resolución

mediante la que le otorgamos un término perentorio a la parte recurrida

vencedero al 12 de febrero de 2024, para que mostrara causa por la cual

no debíamos expedir el recurso de certiorari.

         El 12 de febrero de 2024, la parte recurrida presentó su oposición a

la expedición del auto de certiorari.

         Con el beneficio de la comparecencia de las partes, disponemos.

13 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 34.
KLCE202400053                                                              5

                                      II

                                      A

       Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya

sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324,

334 (2005). Así pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).

       Ahora bien, la discreción para entender en el recurso de certiorari no

se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de ejercer

nuestra facultad discrecional; a decir:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso

de discreción, o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad,

o que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier
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norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR

729, 745 (1986).

                                            III

       En     este   caso,     la   parte    peticionaria,       mediante   su   primer

señalamiento, aduce que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su

discreción y emitió una resolución con determinaciones de hecho que no

fueron sustentadas con la prueba ofrecida. También, planteó que en su

determinación el tribunal se contradijo y concedió remedios que la parte

recurrida no había solicitado. En cuanto a su segundo señalamiento de

error, adujo que el tribunal había incidido al analizar el derecho aplicable a

la controversia.

       Con su alegato, la parte recurrida reiteró su posición respecto a que

el peticionario no podía usucapir el edificio en controversia. En miras a

sustentar sus argumentos, adjuntó la grabación de la deposición de señor

Sotomayor Santos y tres escrituras otorgadas en marzo de 1984. Cabe

recalcar que, por virtud de estas escrituras y de la deposición tomada al

peticionario, se le donó la finca 17,516 y él reconoció que el edificio sobre

la finca no le pertenecía y que finalmente había arrendó el mismo14.

       Ahora bien, hemos evaluado el récord de este caso, los

señalamientos de error planteados por la parte peticionaria y el derecho

aplicable a la controversia. Cónsono con los principios antes expuestos,

para determinar si debemos expedir el auto de certiorari solicitado, nos

corresponde analizar el asunto que se nos plantea a la luz de los criterios

contenidos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de

Apelaciones.

       Realizado dicho análisis, no encontramos que, en su determinación,

el foro primario haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya

actuado con el prejuicio o la parcialidad que conlleve un fracaso de la

14 Véase, apéndice del alegato en oposición, a las págs. 1-10.
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justicia. Además, concluimos que el peticionario no demostró que,

intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial.

                                      IV

       Por los fundamentos expuestos denegamos la expedición del auto

de certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones