Court Opinion

ID: 9916133
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:24:03.065863+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:06.812629
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

Hon. Ismael Rodríguez                                    APELACIÓN
Ramos, Alcalde y en                                      procedente del
representación del                                       Tribunal de Primera
Municipio de Guánica                                     Instancia, Sala
                                                         Superior de Ponce
       Apelante

             vs.               KLAN202300807             Civil Núm.:
                                                         PO2023CV00611
Hon. María de los                                        (603)
Ángeles Ortiz Rodríguez
en representación de la
Legislatura Municipal                                    Sobre:
de Guánica                                               Mandamus

       Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Rodríguez Casillas1.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

       Comparece ante nos, el Hon. Ismael Rodríguez Ramos (en

adelante, Hon. Rodríguez Ramos, alcalde o apelante), quien

presenta recurso de apelación en el que solicita la revocación de la

“Sentencia” emitida el 20 de julio de 2023,2 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Mediante dicho

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar el recurso de

mandamus presentado por el apelante.

       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

confirmamos        el   dictamen     mediante      los     fundamentos      que

expondremos a continuación.

1 Véase Orden Administrativa Núm. OATA-2023-164, donde se designa al Hon.

Roberto Rodríguez Casillas, debido a la inhibición del Hon. Joel A. Cruz Hiraldo,
para entender y votar en el recurso de epígrafe.
2 Notificada ese mismo día.

Número Identificador

SEN2023 ___________
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                                     I.

       El 2 de agosto de 2022, el Hon. Rodríguez Ramos, alcalde del

Municipio de Guánica, radicó ante la Legislatura Municipal dos

proyectos. En el primero, solicitó la confirmación y ratificación del

nombramiento del señor Omar Pacheco Vélez (Sr. Pacheco Vélez)

como    Administrador      Municipal.     En   el   segundo,    solicitó    la

confirmación y ratificación del nombramiento de la señora

Jackeline García Negrón (Sra. García Negrón) como Coordinadora

Administrativa de Servicios de Salud en el Centro Juan M.

Santiago. Por tratarse de puestos de confianza, estos puestos

debían ser sometidos ante el consentimiento y aprobación de la

Legislatura Municipal.

       Habiéndose entregado la documentación requerida en el

procedimiento de reclutamiento y selección, el 4 de agosto de 2022,

el Director de Recursos Humanos del Municipio de Guánica

certificó que ambos proponentes cumplían con la preparación y

experiencia   mínima       para   desempeñarse      en    sus   respectivos

puestos.

       Así las cosas, el 31 de agosto de 2022, la Legislatura

Municipal informó al Hon. Rodríguez Ramos que ambos proyectos

se llevaron a votación en Sesión Ordinaria celebrada el 23 de

agosto de 2022, y ninguno de ellos logró los votos necesarios para

ser aprobado.

       Ante este desenlace, el 6 de septiembre de 2022, el alcalde

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de

mandamus. En esencia, alegó que: (1) no se ofreció justificación

alguna para rechazar los nombramientos, (2) la Legislatura

Municipal     tiene   un     deber    ministerial    de    confirmar       los

nombramientos enviados por el alcalde, siempre y cuando estos

cumplan con los requisitos, y (3) ambos nombramientos se
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“colgaron” aun cuando las personas sugeridas cumplían con todos

los requisitos que la ley les exige.

       El 26 de noviembre de 2022, la Legislatura Municipal

presentó una “Moción en Solicitud de Desestimación”, y solicitó la

desestimación       del   caso,       principalmente,    por   los   siguientes

fundamentos, a saber: (1) que el Hon. Rodríguez Ramos, previo a la

presentación del mandamus, nunca requirió a la Legislatura

Municipal el cumplimiento con su deber ministerial; y (2) el alcalde

dispone de otros remedios legales adecuados para hacer valer su

derecho.

       Por su parte, el 1 de diciembre de 2022, el Hon. Rodríguez

Ramos presentó su “Oposición a Solicitud de Desestimación”, y

argumentó lo siguiente: (1) que no era necesario una solicitud

previa a la Legislatura Municipal requiriendo el cumplimiento con

su deber ministerial, toda vez que la controversia es de estricto

derecho y de alto interés público; (2) según el Art. 2.004 (c) del

Código     Municipal,     infra,      la   Legislatura   Municipal   no   tiene

discreción para “colgar” nombramientos, por lo que se trata de un

deber ministerial; y (3) tomando como ciertos los hechos bien

alegados en el recurso de mandamus, procedería la adjudicación

sumaria a su favor.

       Evaluados los escritos sometidos por ambas partes, el 29 de

diciembre de 2022,3 el foro primario emitió una “Sentencia”,4 y

declaró No Ha Lugar el mandamus presentado por el Hon.

Rodríguez Ramos. No obstante, ordenó a la Legislatura Municipal

a emitir una “Resolución” por escrito estableciendo las razones por

las cuales rechazaron los nombramientos de los nominados.

       En vista de lo anterior, el 3 de febrero de 2023, la Legislatura

Municipal celebró Sesión Ordinaria en la cual se discutió, entre

3 Notificada el 4 de enero de 2023.
4 Véase, PO2022CV02501.
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otros asuntos, lo relativo al cumplimiento con la orden dispuesta

en la “Sentencia” emitida el 29 de diciembre de 2022.         A esos

efectos, los miembros que componen la Legislatura Municipal de

Guánica hicieron constar las causas y razones por las cuales

votaron a favor, en contra o se abstuvieron.       Estas razones se

redujeron a escrito en el Acta Núm. 17 Serie 2022-2023.

      Gozando con las razones específicas por las cuales los

legisladores municipales emitieron su voto, el 2 de marzo de 2023,

el Hon. Rodríguez Ramos presentó, por segunda ocasión, un

recurso de mandamus ante el foro a quo. En síntesis, sostuvo que

las razones esbozadas por los miembros de la Legislatura

Municipal no cumplieron con el Código Municipal, infra. Reiteró

que, conforme el Art. 2.004 (c) del precitado estatuto, la Legislatura

Municipal posee un deber ministerial de confirmar al candidato si

éste cumple con los requisitos que establece la ley. Recalcó que,

en vista de que los nominados cumplieron con todos los requisitos,

la Legislatura Municipal no tenía discreción para “colgar” sus

nombramientos.

      Oportunamente, la Legislatura Municipal presentó “Moción

en Solicitud de Desestimación” y, en lo pertinente, aseveró que: (1)

debido a que la Sra. García Negrón fue nominada a ejercer

funciones administrativas, ésta queda sujeta a las disposiciones de

la Ley Núm. 31 del 30 de mayo de 1975, infra; (2) que el antedicho

estatuto exige una licencia expedida por la Junta Examinadora

para ejercer las funciones a las cuales la Sra. García Negrón fue

nominada, y ésta no posee dicha licencia; (3) el incumplimiento

con este criterio pone en riesgo los servicios del cargo para el cual

fue nominada; (4) el Sr. Pacheco Vélez no obtuvo los votos

necesarios para su confirmación; y (5) los miembros de la

Legislatura Municipal estaban facultados para abstenerse a votar,

pues lo hicieron por razones de trascendencia moral.
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       El 27 de junio de 2023, el Hon. Rodríguez Ramos presentó

una “Oposición a Solicitud de Desestimación”, y reiteró sus

planteamientos en cuanto a la procedencia del mandamus.

Adicionalmente, expresó que la Sra. García Negrón no necesita una

licencia para ejercer las funciones para las cuales fue nominada,

puesto que la administración no recae en su cargo, sino en la

compañía New Medical Quality Services, CSP.         En cuanto a la

abstención de los miembros de la Legislatura Municipal, esgrimió

que ésta era improcedente en derecho, ya que tal abstención surge

del Reglamento de la Legislatura Municipal, y éste no puede ser

contrario a las disposiciones del Código Municipal, infra, el cual no

provee para abstención alguna en el proceso de confirmación.

       Atendidas las posiciones de ambas partes, el 20 de julio de

2023,5 el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Sentencia”

mediante la cual declaró No Ha Lugar el recurso de mandamus

presentado por el alcalde. Razonó que: (1) la Legislatura Municipal

cumplió con su deber ministerial de evaluar los nombramientos y

confirmarlos, en caso de que estos cumplieran con la ley, (2) los

candidatos propuestos por el alcalde no cumplieron con todos los

requisitos en ley, ya que no presentaron evidencia de prueba de

dopaje, según lo exige el Código Municipal, infra, y (3) el alcalde

posee otros remedios en ley, ya que puede presentar nuevamente

los nombramientos.

       Insatisfecho con esta determinación, el 3 de agosto de 2023,

el Hon. Rodríguez Ramos presentó “Solicitud de Reconsideración”.

En resumidas cuentas, esbozó que el requisito de prueba de dopaje

no forma parte de los criterios dispuestos en el Art. 2.004 (c) del

Código Municipal, infra, bajo los cuales un legislador municipal

puede “colgar” a un nominado. Insistió en que el deber ministerial

de la Legislatura Municipal es el de confirmar los nombramientos

5 Notificada en igual fecha.
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hechos por el alcalde, siempre que éstos cumplan con los criterios

del Art. 2.004 (c) del Código Municipal, infra.

       En respuesta, el 14 de agosto de 2023, la Legislatura

Municipal presentó “Replica a Reconsideración”, y reafirmó la

necesidad de que los candidatos cumplan con el criterio de la

prueba de dopaje, según lo requiere el Código Municipal, infra.

       Al día siguiente, entiéndase, el 15 de agosto de 2023,6 el

Tribunal de Primera Instancia emitió “Resolución”, y declaró No Ha

Lugar la “Solicitud de Reconsideración” presentada por el apelante.

       Aún insatisfecho, el Hon. Rodríguez Ramos recurre ante esta

segunda instancia judicial, y señala la comisión de los siguientes

errores, a saber:

           1) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia,
              al no ordenar a la Honorable Legislatura
              Municipal a cumplir con su deber ministerial de
              confirmar a los nominados del Ejecutivo
              Municipal al tener su discreción limitada a los
              requisitos del código municipal ya que los
              nominados cumplían con todos los requisitos.
           2) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia,
              al añadir requisitos que no se encuentran en las
              facultades que tiene la Legislatura Municipal a la
              hora de confirmar nominados del Primer Ejecutivo
              Municipal en una modalidad de legislar en
              violación a la cláusula de separación de poderes
              que permea en nuestro ordenamiento jurídico.
           3) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia,
              al desestimar la causa de acción de demandante-
              recurrente obviando todo el andamiaje de [sic]
              debe cumplirse antes de desestimar una causa
              de acción de un demandante quitándole a su vez
              su día en corte.
                                  II.

                                  -A-

       El mandamus es un recurso discrecional y altamente

privilegiado mediante el cual se le exige a una persona natural o

jurídica el cumplimiento de un deber ministerial que esté dentro de

las atribuciones o deberes del cargo que ocupa.         Art. 649 del

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421. Un deber

6 Notificada ese mismo día.
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ministerial es aquel impuesto por ley y que la parte demandada

tiene que cumplir; es decir, que no admite discreción en el ejercicio

de su cumplimiento. Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., 207 DPR

200, 214 (2021).       Es decir, “la ley no sólo debe autorizar, sino

exigir la acción requerida”. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178

DPR 253, 264 (2010), citando a R. Hernández Colón, Derecho

Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, LexisNexis, 2007, pág. 477.

       Por tanto, si el acto cuya ejecución se solicita depende de la

discreción o el juicio del funcionario, el deber no                puede

considerarse como uno ministerial. Romero, Valentín v. Cruz, CEE

et al., 205 DPR 972, 985 (2020). Los deberes discrecionales, por

no ser ministeriales, quedan fuera del ámbito del recurso de

mandamus. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, a la pág. 264.

       Es importante recalcar que, la determinación de si existe un

deber ministerial “es una cuestión sujeta a interpretación judicial

que no depende de un juicio a priori fundado exclusivamente en la

letra del estatuto”. Íd. Sino que, esta determinación tiene que

surgir del examen y análisis “de todos los elementos de juicio

disponibles para así descubrir el verdadero significado y propósito

de la disposición legal”. Íd., a la pág. 265.

       No basta con una mera directriz o disposición legal que

requiera al funcionario público hacer algo, sin más. Íd., a la pág.

264. Resulta necesaria la existencia de un mandato específico que

la parte demandada tiene que cumplir, sin que este último tenga la

potestad de decidir si cumple o no el acto solicitado. Íd.

       Por tratarse de un recurso extraordinario, el mandamus solo

estará disponible cuando el peticionario demuestre que carece de

“un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley”. Art.

651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. A su

vez,   la   parte   peticionaria    deberá   demostrar   que     hizo   un

requerimiento       previo,   y    que   dicho   requerimiento   no     fue
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debidamente atendido por el demandado.          Romero, Valentín v.

Cruz, CEE et al., supra, a la pág. 985.

        Por su parte, al momento de considerar si procede o no

conceder el mandamus solicitado, el tribunal deberá analizar, entre

otros factores, los intereses públicos involucrados, y el impacto

sobre la Rama Ejecutiva y los derechos de terceros. Íd.

        Finalmente,   debemos    enfatizar   que,   el    recurso   de

mandamus, tratándose un recurso extraordinario, solo procede en

situaciones excepcionales y deber utilizarse con cautela. AMPR v.

Srio. Educación, E.L.A., supra, a la págs. 295-296. En atención a

ello, y como regla general, nuestra jurisprudencia ha reiterado la

necesidad de que el demandado sea interpelado, como requisito

para considerar una solicitud de mandamus. Íd., a la pág. 296.

Esta norma tiene excepciones como, por ejemplo, cuando se trata

de un asunto de interés público, o casos que involucran asuntos

de naturaleza electoral. Íd.

                                 -B-

        El Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, 21

LPRA sec. 7001 et seq., según enmendada, provee el marco legal

que regula el gobierno municipal, incluyendo su organización,

administración y funcionamiento. Art. 1.002 del Código Municipal,

21 LPRA sec. 7002. El precitado estatuto reconoce que las

facultades legislativas del municipio serán ejercidas por una

Legislatura Municipal. Art. 1.020 del Código Municipal, 21 LPRA

sec. 7041. Entre otras cosas, la Legislatura Municipal está

facultada para “[c]onfirmar los nombramientos de los funcionarios

municipales, de los oficiales municipales y miembros de juntas o

entidades municipales cuyos nombramientos estén sujetos a la

confirmación de la Legislatura Municipal, por disposición de esta o

cualquier otra ley”. Art. 1.039 del Código Municipal, 21 LPRA sec.

7065.
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      En lo que nos concierne, el Art. 2.004 del Código Municipal,

21 LPRA sec. 7152, dispone que, los nombramientos de aquellas

personas designadas por el alcalde como directores de unidades

administrativas,   por   considerarse   empleados       de   confianza,

“estarán sujetos a la confirmación de la Legislatura Municipal”.

      Acorde lo anterior, la ley exige que la Legislatura Municipal

apruebe o rechace los nombramientos que el alcalde somete ante

su consideración. Véase, Art. 2.004 (b) del Código Municipal,

supra. Para esto, la Legislatura Municipal dispone de un término

de 30 días, contado a partir de la fecha de radicación. Íd. Si la

Legislatura Municipal no actúa dentro de dicho término, o sea, que

no apruebe ni rechace el nombramiento, pues se entenderá que el

funcionario fue confirmado por el cuerpo legislativo. Íd.

      Como parte de este proceso de consideración, el Art. 2.004

(c) del Código Municipal, supra, provee lo siguiente:

      En la consideración de los nombramientos de los
      funcionarios municipales, la facultad de la Legislatura
      Municipal estará limitada a evaluar:
       1. Si el candidato propuesto cumple con los
       requisitos de preparación académica o experiencia,
       o una combinación de ambas, según se haya
       establecido para el puesto mediante este Código, el
       Plan de Clasificación de Puestos y Retribución
       Uniforme vigente en el municipio, por ordenanza o
       resolución.
       2. No haber sido convicto de delito grave o delito
       menos grave que implique depravación moral.
       3. No haber sido destituido de cargo o empleo por
       conducta impropia en el desempeño de sus
       funciones.
       4. No haber sido declarado mentalmente
       incapacitado por un tribunal competente.

      En caso de que la Legislatura Municipal rechace el

nombramiento por cualquier causa o razón distinta a las

contempladas en el inciso (c) antes citado, el alcalde puede: (1)

someter el nombramiento nuevamente, o (2) recurrir al Tribunal de

Primera Instancia mediante procedimiento de mandamus. Véase,

Art. 2.004 (d) del Código Municipal, supra.
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                                  -C-

      Es norma reiterada en nuestro acervo jurídico que, “[c]uando

la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su texto no debe

menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 19

del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5341.             En ese sentido,

“cuando el legislador se ha expresado en un lenguaje claro e

inequívoco, el propio texto de la ley es la expresión por excelencia

de la intención legislativa”. Pueblo v. Maldonado De Jesús y otros,

2023 TSPR 114, 212 DPR ___ (2023), citando a Cordero et al. v.

ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012).

      De otra parte, la interpretación de un estatuto debe hacerse

íntegramente, tomando en conjunto todas sus disposiciones, y no

por secciones separadas. Martajeva v. Ferre Morris y otros, 210

DPR 612, 627 (2022). En otras palabras, “deben interpretarse las

diferentes   secciones,   las   unas     en   relación   con   las   otras,

completando o supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo

dispuesto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al

propósito del legislador”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR

26, 40-41 (2018), citando a R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,

Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2.a ed.

rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 315. En el cumplimiento de

esta función, debemos armonizar, hasta donde sea posible, todas

las disposiciones de ley, con el fin de lograr la interpretación más

integrada, lógica y razonable de la intención legislativa.

                                  III.

      Según surge del tracto procesal discutido, el Hon. Rodríguez

Ramos nominó al Sr. Pacheco Vélez y a la Sra. García Negrón a

ocupar ciertos puestos de confianza, sujeto a la confirmación de la

Legislatura Municipal. Ante el hecho de que la Legislatura

Municipal “colgó” ambos nombramientos, el alcalde presentó un

recurso de mandamus y solicitó al tribunal que ordenase la
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confirmación de dichos nombramientos. Su contención es que la

Legislatura Municipal posee un deber ministerial de confirmar los

nominados, siempre y cuando cumplan con los criterios dispuestos

en el Art. 2.004 (c) del Código Municipal, supra. No obstante, el

foro primario determinó que el deber ministerial de la Legislatura

Municipal se circunscribe a evaluar a los candidatos propuestos, y

en llevar a votación el proceso de confirmación. En otras palabras,

concluyó que el deber ministerial de la Legislatura Municipal no es

el de confirmar a los nominados, sino evaluarlos y considerarlos.

      En su escrito, el apelante señala, como primer error, que el

Tribunal de Primera Instancia debió ordenar a la Legislatura

Municipal a confirmar a los candidatos, toda vez que estos

cumplen con los criterios del Art. 2.004 (c) del Código Municipal,

supra. No le asiste la razón.

      En específico, el Art. 2.004 (c) del Código Municipal, supra,

dispone lo siguiente:

      En la consideración de los nombramientos de los
      funcionarios municipales, la facultad de la Legislatura
      Municipal estará limitada a evaluar:
        1. Si el candidato propuesto cumple con los
        requisitos de preparación académica o experiencia,
        o una combinación de ambas, según se haya
        establecido para el puesto mediante este Código, el
        Plan de Clasificación de Puestos y Retribución
        Uniforme vigente en el municipio, por ordenanza o
        resolución.
        2. No haber sido convicto de delito grave o delito
        menos grave que implique depravación moral.
        3. No haber sido destituido de cargo o empleo por
        conducta impropia en el desempeño de sus
        funciones.
        4. No haber sido declarado mentalmente
        incapacitado por un tribunal competente.

      La posición del Primer Ejecutivo Municipal es que, conforme

el precitado artículo, la facultad de la Legislatura Municipal está

limitada a evaluar si el funcionario nominado por el alcalde cumple

con estos cuatro criterios. Por ende, aduce que la Legislatura

Municipal no posee discreción para “colgar” un nombramiento si la
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persona    nominada        cumple   con   los   cuatro    requisitos   que

anteceden.

      Del andamiaje estatutario descrito surge que la Legislatura

Municipal está facultada en ley para aprobar o rechazar un

nombramiento. Art. 2.004 (b) del Código Municipal, supra.              Por

ende, no podemos adoptar la postura del apelante, en cuanto a que

la Legislatura Municipal tiene un “deber ministerial” de confirmar

un nombramiento si el candidato cumple con los cuatro criterios

dispuestos en el Art. 2.004 (c) del Código Municipal, supra.

      Como la Legislatura Municipal tiene la potestad de decidir si

confirma     o   rechaza    el   nombramiento,    tal    acto   no   puede

considerarse ministerial. Más bien, se trata de un acto cuya

ejecución depende de la discreción o el juicio del legislador

municipal. Recordemos que, los deberes discrecionales, por no ser

ministeriales, quedan fuera del ámbito del recurso de mandamus.

AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, a la pág. 264.

      Más bien, tal y como determinó el foro recurrido en su

“Sentencia”, el deber ministerial de la Legislatura Municipal recae

en considerar y llevar a votación a los nominados. Art. 2.004 (b) del

Código Municipal, supra. Aquí, la Legislatura Municipal consideró

los nombramientos del Sr. Pacheco Vélez y de la Sra. García

Negrón.    Además, dichos candidatos fueron a votación mediante

Sesión Ordinaria celebrada el 23 de agosto de 2022. Dentro de la

discreción que posee, la Legislatura Municipal optó por rechazar

los nombramientos. Somos del criterio que, al así actuar, la

Legislatura Municipal cumplió con el deber ministerial que el

Código Municipal le impone.

      A su vez, en su segundo señalamiento de error, el Hon.

Rodríguez Ramos sostiene que el aludido inciso (c) “contempla

expresamente las instancias en las que los legisladores pueden
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“colgar” un nominado”,7 por lo que no pueden considerarse

“requisitos, criterios y obligaciones que no fueron contemplados

por el Legislador”.8

        Lo anterior, pues, tanto la Legislatura Municipal, así como el

Tribunal de Primera Instancia, al momento de emitir sus

respectivas determinaciones, tomaron en consideración el hecho de

que se omitió la presentación de la prueba de dopaje de ambos

candidatos, según lo exige el Art. 2.069 del Código Municipal, 21

LPRA sec. 7263, el cual establece que:

        Como parte de una evaluación médica diseñada para
        determinar la salud general de los candidatos a
        empleo, todo municipio requerirá la presentación de un
        informe certificado de resultado de una prueba para la
        detección de sustancias controladas como requisito
        previo al empleo. Dicha prueba podrá ser
        administrada por cualquier laboratorio, no más tarde de
        veinticuatro (24) horas desde que el municipio se lo
        requiera al candidato en cuestión, la cual será costeada
        por el municipio que la solicitó. La negativa de cualquier
        candidato a empleo a someterse a dicha prueba, o un
        resultado positivo en la misma, así certificado por el
        laboratorio en cuestión, será causa suficiente para
        denegar el empleo. Cada municipio establecerá la
        reglamentación necesaria para la implementación de
        esta disposición. (Énfasis provisto).

        De igual forma, la Legislatura Municipal consideró el hecho

de que la Sra. García Negrón fue nominada como Coordinadora

Administrativa de Servicios de Salud, puesto que, según surge de

las declaraciones hechas por los miembros que componen la

Legislatura     Municipal        de   Guánica,9   conlleva     la   tarea    de

administrar servicios de salud, aun cuando la candidata no posee

la licencia para ello, según lo requiere el Art. 12 de la Ley Núm. 31

del 30 de mayo de 1975, 20 LPRA sec. 2351, según enmendada.10

        En apoyo a sus contenciones, el apelante enfatiza que la

prueba de dopaje ni la falta de licencia debieron considerarse por

7 Véase, apéndice pág. 13.
8 Íd.
9 Véase, apéndice págs. 74-81.
10 Literalmente, este artículo establece que “[N]inguna persona podrá ejercer la

profesión de Administrador de Servicios de Salud, a menos que posea una
licencia de acuerdo con los términos de esta ley”.
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la Legislatura Municipal ni por el foro recurrido, puesto “que fue

una manera de añdir [sic] requisitos que no surgen de la Ley”.11

Como puede apreciarse, el apelante nos invita a adoptar una

postura que, en la práctica, obligaría a la Legislatura Municipal a

confirmar aquellos candidatos que cumplen a cabalidad con los

cuatro criterios dispuestos en el Art. 2.004 (c) del Código

Municipal, supra, aun cuando estos puedan incumplir con toda

una infinidad de otros requisitos legales necesarios para ocupar el

puesto.

        Cónsono con el marzo legal expuesto, la interpretación de un

estatuto debe hacerse íntegramente, o sea, no por secciones

separadas, sino tomando en conjunto todas sus disposiciones e

interpretándolas las unas con las otras, procurando siempre dar

cumplimiento al propósito del legislador. Haciendo este ejercicio

con las disposiciones legales antes citadas, nuestra interpretación

más integrada de la intención legislativa es que, en su facultad de

confirmación, la Legislatura Municipal procure, no tan solo por el

cumplimiento de los criterios contenidos en el Art. 2.004 (c) del

Código Municipal, supra, sino también de aquellos otros que el

puesto requiera como, por ejemplo, la prueba de dopaje que exige

el Art. 2.069 del Código Municipal, supra.

        Estamos claros que la intención legislativa fue concederle a

la   Legislatura   Municipal   la   facultad   de   “[c]onfirmar   los

nombramientos de los funcionarios municipales”. Art. 1.039 del

Código Municipal, supra. Tampoco está en entredicho la facultad

de la Legislatura Municipal para, dentro de su discreción,

confirmar o rechazar un nombramiento. Véase, Arts. 2.004 (b) y

(d) del Código Municipal, supra. Asimismo, el lenguaje del Art.

2.069 del Código Municipal, supra, es patente, y no admite

excepciones en cuanto a la presentación de la prueba de dopaje.

11 Íd. pág. 14.
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      El Art. 2.069 del Código Municipal, supra, es claro en cuanto

a que todo municipio tiene que requerir la prueba para la detección

de sustancias controladas como requisito previo al empleo. Si el

candidato se negare a presentar la prueba, tal acto será causa

suficiente para denegarle el empleo solicitado. Íd. Por su parte, el

Art. 12 de la Ley Núm. 31 del 30 de mayo de 1975, supra, dispone

que, para ejercer la profesión de Administrador de Servicios de

Salud, será necesario poseer una licencia. De las disposiciones que

anteceden surge una intención legislativa clara: la prueba de

dopaje es un requisito previo al empleo, y para ejercer la profesión

de administrador de servicios de salud es necesario poseer la

licencia requerida para ello.

      Por el contrario, el Art. 2.004 (d) del Código Municipal,

supra, no expresa, de forma clara, que la Legislatura Municipal

únicamente podrá rechazar el nombramiento de un funcionario si

este incumple con alguno de los requisitos incluidos en el Art.

2.004 (c) del Código Municipal, supra. Si fuera así, no sería

necesario recurrir al ejercicio de hermenéutica legal que hoy

realizamos.

      Notamos que, aunque el Art. 2.004 (c) del Código Municipal,

supra, menciona que “la facultad de la Legislatura Municipal

estará limitada a evaluar” los cuatro criterios que allí se

mencionan, no es menos cierto que, el Art. 2.004 (d) del Código

Municipal, supra, reconoce, de forma expresa, la posibilidad de

que la Legislatura Municipal pueda rechazar el nombramiento de

cualquier funcionario “por cualquier causa o razón distinta a las

contempladas en el inciso (c) de este Artículo”.

      Ante esta posibilidad, la Legislatura Municipal tampoco

estaría impedida de considerar la ausencia de prueba de dopaje y

la falta de licencia para rechazar los candidatos propuestos por el

alcalde. Aunque estas son causas o razones distintas a las
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contempladas en el inciso (c), la ley no se lo impide. A contrario

sensu, el Art. 2.004 (d) del Código Municipal, supra, lo viabiliza.

      Dentro del ejercicio de interpretación que el tribunal debe

realizar con toda ley, concluimos que la verdadera intención

legislativa es la de exigir el cumplimiento de los criterios

contenidos, no tan solo en el Art. 2.004 (c) del Código Municipal,

supra, sino también de aquellos incluidos en otras secciones del

Código Municipal que sean requisito previo al empleo como, por

ejemplo, la prueba de dopaje del Art. 2.069 del Código Municipal,

supra.

      El Art. 2.004 (c) del Código Municipal, supra, provee los

requisitos mínimos con los cuales el candidato debe cumplir para

ser confirmado.12 Por tanto, en primera instancia, la Legislatura

Municipal debe asegurarse que el candidato cumple con estos

criterios. Luego, la Legislatura Municipal debe cerciorarse de que el

candidato cumple con cualquier otro criterio necesario para ejercer

el puesto al cual fue nominado. Después de esto, la Legislatura

Municipal puede, dentro de su facultad discrecional, decidir si

confirma o rechaza su nombramiento. Precisamente, esta es la

situación que hoy atendemos en donde, aun cuando los candidatos

cumplieron con los requisitos del Art. 2.004 (c) del Código

Municipal, supra, estos incumplieron con otros criterios necesarios

para ejercer sus puestos y la Legislatura Municipal, dentro de su

discreción, rechazó sus nombramientos.

      Esta interpretación no tan solo es la más lógica de acuerdo

con la intención legislativa, sino que también es la más razonable.

Lo contrario sería otorgarle al Art. 2.004 (c) del Código Municipal,

supra, un alcance supremo que le permita desplazar las demás

disposiciones del Código Municipal, e incluso de otras leyes
12 Recordemos que, en este caso, el Director de Recursos Humanos del
Municipio de Guánica certificó que ambos proponentes cumplían con la
preparación y experiencia mínima para desempeñarse en sus respectivos
puestos.
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especiales. En definitiva, este no tiene el efecto que el alcalde

pretende adjudicarle.

      En cuanto al último señalamiento de error, basta con

mencionar que el recurso de mandamus es uno extraordinario y

discrecional que debe utilizarse con cautela. Aunque el propio Art.

2.004 (d) del Código Municipal, supra, faculta al alcalde a

presentar un mandamus cuando la Legislatura Municipal rechaza

un nombramiento por cualquier causa o razón distinta al Art.

2.004 (c) del Código Municipal, supra, lo cierto es que, ello no

desvirtúa a naturaleza discrecional del auto. Según ha resuelto

nuestro Alto Foro, “las decisiones discrecionales que toma el

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se

demuestre que ese foro abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Por entender que el foro

a quo actuó dentro del marco de razonabilidad y no abusó de su

discreción al declarar No Ha Lugar el recurso presentado por el

apelante, determinamos que el último señalamiento de error

tampoco fue cometido.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, confirmamos la “Sentencia” apelada,

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones