Court Opinion

ID: 9916129
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:47.163905+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:06.599755
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

CAROLINA PROPERTIES INC.                              Certiorari
                                                      procedente del
        Recurridos                                    Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala de
             v.                                       Carolina
                                KLCE202301168
CARVIN SCHOOL, INC. Y
OTROS                                                 Caso Núm.
                                                      CA2023CV01733
 MYRIAM DE LOS SANTOS
      FIGUEROA
                                                      Sobre:
       Peticionaria                                   Cobro de Dinero-
                                                      Ordinario, Ejecución
                                                      de Hipoteca:
                                                      Propiedad Comercial

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

                              S EN T EN C I A

       En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2023.

                                        I.

       El 23 de octubre de 2023, la señora Myriam De Los Santos

Figueroa (señora De Los Santos Figueroa o la peticionaria) presentó

un Recurso de certiorari en solicitud revisión judicial. En este, nos

solicitó revocar una Resolución del 29 de agosto de 20231 y una

Resolución del 21 de septiembre de 2023,2 ambas emitidas por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). En

la Resolución del 29 de agosto de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar

a una Moción solicitando desestimación que radicó la peticionaria.

Por otro lado, mediante la Resolución del 21 de septiembre de 2023,

el foro primario resolvió No Ha Lugar a la Moción solicitando

reconsideración y determinación de hechos y derechos que sometió

1 Archivada en autos y notificada el 1 de septiembre de 2023. Apéndice del Recurso

de certiorari, Anejo 1, págs. 1-2.
2 Archivada en autos y notificada el 22 de septiembre de 2023. Íd., Anejo 2, pág.

3.

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202301168                                                              2

la señora De Los Santos Figueroa. Además, nos peticionó imponer

honorarios de abogados por temeridad, costas y gastos a la parte

que promovió el pleito en su contra: Carolina Properties, Inc.

(Carolina Properties o parte recurrida).

       Conjunto con la radicación de la petición de certiorari, la

señora De Los Santos Figueroa presentó una Moción en auxilio de

jurisdicción en la cual nos solicitó paralizar los procedimientos en el

TPI, atender el certiorari presentado, revocar la determinación del

TPI y ordenar la desestimación de la Demanda. La peticionaria

planteó que la Demanda carecía de alegaciones en su contra, por lo

que proseguir con el descubrimiento de prueba resultaría oneroso e

incongruente con el derecho vigente. En igual fecha, dictamos una

Resolución en la que declaramos No Ha Lugar a la Moción en auxilio

de jurisdicción y le concedimos un término de diez (10) días a la parte

recurrida para exponer su posición en torno a los méritos del

recurso.

       En cumplimiento con lo anterior, el 1 de noviembre de 2023,

Carolina Properties presentó una Oposición a la expedición de

recurso de certiorari. En suma, adujo que el 20 de septiembre de

2023, radicó una Moción solicitando permiso para enmendar

demanda que, a su entender, detalla las alegaciones en contra de la

señora De Los Santos Figueroa. Además, expuso que el TPI no ha

tomado determinación respecto a la solicitud de enmendar la

demanda.3

       Posteriormente, el 2 de noviembre de 2023, la señora De Los

Santos Figueroa presentó una Moción informativa y suplementando

el expediente judicial para que tomemos conocimiento de la Moción

3 Tomamos conocimiento judicial de la Orden emitida el 24 de octubre de 2023.

Mediante esta, el Tribunal a quo estableció que la solicitud de enmendar la
demanda quedará bajo suspenso hasta que esta Curia apelativa resuelva este
recurso. Véase, expediente electrónico del caso CA2023CV01733 en el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada Núm.57.
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en oposición a solicitud de enmendar la demanda, presentada ante

el TPI.

        Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes a este recurso.

                                        II.

        El caso de marras tiene su génesis el 30 de mayo de 2023

cuando Carolina Properties incoó una Demanda sobre cobro de

dinero y ejecución de hipoteca contra Carvin School, Inc. (Carvin

School), la señora De Los Santos Figueroa por sí y en carácter de

presidenta de Carvin School, Fulano de Tal y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por la peticionaria y su esposo, Fulano de

Tal.4 En síntesis, Carolina Properties alegó que su corporación le

vendió a Carvin School un inmueble sito en Carolina, Puerto Rico,

por el valor de $2,975,500.00.5 Para garantizar el pago de la

compraventa, Carvin School otorgó una hipoteca a favor de Carolina

Properties por la suma principal de $2,082,500.00, por virtud de la

Escritura Núm. 2 de 23 de enero de 2015 ante la notario Julia F.

Pérez Carrillo Sainz.6 Ante una divergencia sobre la cantidad que

aportó Carvin School en la primera hipoteca, el 27 de junio de 2016,

se otorgó una segunda hipoteca a favor de Carolina Properties, por

la suma principal de $50,000.00, mediante la Escritura Núm. 3 ante

la notario Julia F. Pérez Carrillo Sainz.7

        En la Demanda, la parte recurrida arguyó que, tras el

incumplimiento con el pago de las mensualidades vencidas, la parte

demandada le adeudaba una suma total de $2,132,500.00 de

principal, $707,833.24 de intereses y $13,000.00 de costas, gastos

y honorarios de abogados.8 En consecuencia, solicitó al TPI que

declare con lugar la demanda, se ordene el embargo preventivo de

4 Apéndice del Recurso de certiorari, Anejo 3, págs. 4-8.
5 Íd., pág. 5.
6 Íd., pág. 6.
7 Íd.
8 Íd., pág. 7.
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los bienes muebles e inmuebles de la parte demandada, se proceda

con la venta en pública subasta del inmueble en garantía

hipotecaria, entre otros.

       El 27 de julio de 2023, la señora De Los Santos Figueroa

presentó una Moción solicitando desestimación.9 En resumen,

peticionó desestimar la demanda al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, al entender que de las

alegaciones de la demanda no se contempló una causa de acción

contra su persona. Alegó que la Demanda se circunscribió a

identificarla como parte demandada, sin exponer la razón por la que

era parte indispensable ni contener alegación alguna referente a ella

por la que se entabló el pleito en su contra. Adujo que no era dueña

ni accionista de la corporación. Asimismo, aseguró que no garantizó

ni firmó los pagarés hipotecarios a los que se obligó Carvin School.

       El 31 de julio de 2023, Carvin School radicó una Contestación

a demanda y reconvención enmendada,10 en la que alegó que la

cantidad reclamada no era líquida ni exigible dado que los

incumplimientos de pagos fueron consentidos por la señora Carmen

Philp, entonces presidenta de la Junta de Directores de Carolina

Properties quien, simultáneamente, ocupó la misma posición en la

Junta de Directores de Carvin School.

       El 18 de agosto de 2023, Carolina Properties presentó una

Oposición a moción de desestimación.11 En esta, arguyó que, por la

señora De Los Santos Figueroa ser la presidenta de Carvin School

desde el año 2021 y participar de la Junta de Directores, era

suficiente de por sí para incluirla en el pleito como parte

demandada. A saber:

       En la demanda se adujo que la Sra. Myriam De Los Santos
       Figueroa, funge como Presidenta de la Carvin School,
       Inc. desde el año 2021, y anteriormente participó de otros
       puestos dentro de la Junta de Directores de Carvin School,

9 Íd., Anejo 7, págs. 15-18.
10 Íd., Anejo 5, págs. 10-12.
11 Íd., Anejo 8, págs. 19-28.
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        Inc. Esta alegación de por sí es suficiente para que
        aplique al caso la doctrina antes reseñada [deber de
        fiducia].12 (Énfasis nuestro).13

        La parte recurrida planteó que la peticionaria tenía la

responsabilidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones de

Carvin School y que el impago de las dudas que la corporación

contrajo con Carolina Properties podría implicar negligencia crasa y

conllevar responsabilidad personal por posibles violaciones a sus

deberes de fiducia. Añadió que, mediante el descubrimiento de

prueba, quedaría evidenciada la negligencia que se le imputa a la

peticionaria. Paralelamente, solicitó autorización para enmendar la

demanda.

        El mismo día, el 18 de agosto de 2023, la peticionaria presentó

una Breve réplica a “oposición a moción de desestimación”, en la que

peticionó al TPI que se ordene la eliminación del récord de la

Oposición a moción de desestimación por entender que se añadieron

alegaciones en su contra que no se plantearon en la Demanda.14

Indicó que en la Demanda no se alegó que la señora De Los Santos

Figueroa fungía como presidenta de Carvin School desde el 2021 ni

que ocupó otros puestos en la Junta de Directores de la corporación.

Por esto, peticionó que, en virtud de las Reglas 9.1 y 9.3 de

Procedimiento Civil, supra, R. 9.1 & R. 9.3, el tribunal a quo otorgara

una suma razonable de gastos por la presentación del escrito y

honorarios de abogados.

        Por su parte, el 21 de agosto de 2023, Carolina Properties

presentó una Dúplica a moción de desestimación.15 En esta,

estableció que, al presentar la demanda, no tenía la obligación de

alegar con detalle todos los hechos en los que fundamentó su

reclamación. Argumentó que:

12 Íd. pág. 25.
13 Tomamos conocimiento que estas alegaciones  presentadas en la Oposición a
moción de desestimación no están expuestas en la Demanda.
14 Íd., Anejo 9, págs. 29-31.
15 Íd., Anejo 10, págs. 32-35.
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        La Sra. Myriam [D]e [L]os Santos Figueroa tiene
        conocimiento de los puestos que ocupa actualmente y los
        puestos que ha ocupado anteriormente en Carvin School,
        Inc., por lo cual debe saber muy bien la razón por la cual
        se incluye como parte demandada. Pretender desestimar
        la reclamación en su contra una etapa tan prematura del
        caso, simplemente porque no se le incluyó todos los hechos
        probatorios de la reclamación, va en contra de nuestro
        sistema jurídico y procesal, constituyendo así temeridad.16
        (Énfasis nuestro).

        Por ello, Carolina Properties solicitó que se le imponga costas

y honorarios legales a la representación legal de la señora De Los

Santos Figueroa. Además, expresó que, de ser necesario, el TPI le

otorgara permiso para enmendar la demanda.

        El 29 de agosto de 2023, el foro primario declaró No Ha Lugar

a la Moción de desestimación presentada por la señora De Los Santos

Figueroa.17 Resolvió que, una vez culmine el descubrimiento de

prueba, nuevamente se podrá levantar el planteamiento.

        En desacuerdo con la Resolución del TPI, el 12 de septiembre

de 2023, la señora De Los Santos Figueroa presentó una Moción

solicitando reconsideración y determinación de hechos y derechos.18

        El 18 de septiembre de 2023, Carolina Properties presentó

una Oposición a moción de reconsideración y determinación de

hechos y derechos.19 En lo pertinente, reiteró que, como parte del

deber de fiducia que encara el puesto de presidenta de la Junta de

Directores, la peticionaria tenía la responsabilidad de velar por el

cumplimiento con las obligaciones de la corporación y se le podía

imputar negligencia crasa por su inobservancia. Añadió que, por la

entonces presidenta de Carvin School como de Carolina Properties,

Carmen Philip, alegadamente consentir al impago de los préstamos

hipotecarios sin formalidad alguna, a la señora De Los Santos

Figueroa se le puede imputar fraude por vicios de consentimiento de

una persona incapaz.

16 Íd., pág. 34.
17 Íd., Anejo 1, pág. 2.
18 Íd., Anejo 11, págs. 36-43.
19 Íd., Anejo 12, págs. 44-53.
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       El 20 de septiembre de 2023, Carolina Properties presentó

una Moción solicitando permiso para enmendar la demanda20 y

adjuntó la Demanda Enmendada, a la que se le incorporó las causas

de acción de enriquecimiento injusto y daños y perjuicios.21 En lo

pertinente a la controversia de autos, añadió como hechos que, para

los años 2013 al 2016, la señora De Los Santos Figueroa fungió

como tesorera y secretaria de Carvin School. A su vez, que al Carvin

School incumplir con el pago de las mensualidades del préstamo

hipotecario, la señora De Los Santos Figueroa, conjunto a otros

miembros de la Junta de Directores de la corporación, incluidos en

la demanda, incurrieron en negligencia crasa en su deber de fiducia,

por lo que respondían en su capacidad personal. Alegó que este

hecho perpetuaba enriquecimiento injusto para Carvin School y

correlativo empobrecimiento para Carolina Properties, resultando

en un presunto negocio simulado y posible evasión contributiva.22

       El 21 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Resolución en

la que declaró No Ha Lugar a la reconsideración.23

       Inconforme, el 23 de octubre de 2023, la señora De Los Santos

Figueroa acudió ante nos mediante un recurso de certiorari, en la

que le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE [LA] SU DISCRECIÓN
       JUDICIAL EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       EMITIR RESOLUCIÓN EL 29 DE AGOSTO DE 2023 Y
       NOTIFICADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERMITIR
       LA DEMANDA DE COBRO DE DINERO Y EJECUCIÓN DE
       HIPOTECA CONTRA CARVIN SCHOOL, INC[.] A FAVOR DE
       LA SRA. MYRIAM DE LOS SANTOS SIN QUE HUBIERA UNA
       SOLA ALEGACIÓN CONTRA ELLA EN LA DEMANDA.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE [LA] SU
       DISCRECIÓN JUDICIAL EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL EMITIR RESOLUCIÓN EL 21 DE
       SEPTIEMBRE DE 2023 Y NOTIFICADO EL 22 DE
       SEPTIEMBRE DE 2023 SIN QUE HAYA ORDENADO A QUE
       SE ELIMINARA DEL EXPEDIENTE LA MOCIÓN OPOSICIÓN

20 Véase, Apéndice de Oposición a la expedición de recurso de certiorari, Anejo 1,

págs. 1-5.
21 Íd., págs. 6-13.
22 Íd., pág. 12. Tomamos conocimiento que los hechos alegados en la Demanda

Enmendada, la cual no ha sido autorizada por el TPI, se circunscriben a
plantear conclusiones de derecho.
23 Apéndice del Recurso de certiorari, Anejo 2, pág. 3.
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      A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN DE LA PARTE
      DEMANDANTE EN LA CUAL BUSCA ENMENDAR LAS
      ALEGACIONES DE LA DEMANDA SIN CUMPLIR CON LAS
      REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

      TERCER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE [LA] SU DISCRECIÓN
      JUDICIAL EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIAS AL
      EMITIR RESOLUCIÓN EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y
      NOTIFICADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SIN
      REALIZAR DETERMINACIONES DE HECHO Y DERECHO
      SEGÚN SOLICITADAS EN MOCIÓN DEL 12 DE
      SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZADA POR LA PARTE
      CODEMANDADA.

      CUARTO ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE [LA] SU DISCRECIÓN
      JUDICIAL EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIAS AL NO
      DESESTIMAR A FAVOR DE LA SRA. MYRIAM DE LOS
      SANTOS AL SOLICITARSE SE DICTARA SENTENCIA POR
      LAS ALEGACIONES.

      El 1 de noviembre de 2023, Carolina Properties presentó una

Oposición a la expedición de recurso de certiorari. En síntesis, solicitó

que se deniegue el recurso puesto que los fundamentos de la

peticionaria son contrarios a Derecho y, si el TPI autoriza enmendar

la Demanda, se tornaría académica la controversia sobre que la

demanda dejó de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio.

      El 2 de noviembre de 2023, la señora De Los Santos Figueroa

presentó una Moción informativa y suplementando el expediente

judicial con el propósito de acompañar su Moción en oposición a

solicitud de enmendar la demanda, presentada ante el foro

recurrido.

      En vista de los errores atribuidos al TPI, exponemos las

normas jurídicas atinentes a esta controversia.

                                  III.

                                      A.

      El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite      a   un   tribunal   de    mayor   jerarquía   revisar   las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia
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de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1,24

establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank

v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita

el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender

un recurso de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun. Caguas v.

JRO Construction, Inc., 201 DPR 703 (2019).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los

criterios que debemos tomar en consideración al atender una

24 Esta Regla dispone que:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.
       Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el
       Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de
       apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo
       dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
KLCE202301168                                                                 10

solicitud de expedición de un auto de certiorari.25

                                       B.

       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 10.2, enumera

los supuestos en los cuales una parte puede solicitar la

desestimación de una acción en su contra, a saber: (1) falta de

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de

acumular una parte indispensable. Mediante una moción de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

supra, R. 10.2, la parte demandada puede solicitar la desestimación

de la reclamación instada en su contra cuando, de la faz de la

demanda, sea evidente que alguna de sus defensas afirmativas

prosperará. Trans–Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 701 (2012); Sánchez v. Aut. De Los Puertos, 153 DPR 559,

569 (2001).

       Cuando la parte demandada presenta una moción de

desestimación por dejar de exponer una reclamación que justifique

la concesión de un remedio o por ser de su faz inmeritoria, su

solicitud se dirige a los méritos de la controversia, y no a los aspectos

25 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
       análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
       en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
       luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
       alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
       más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
       causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
       indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
       un fracaso de la justicia.
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procesales. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104

(2002). Ello es así, tomando en consideración que la demanda sólo

tiene que contener “una relación sucinta y sencilla de los hechos

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un

remedio”. Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 6.1. En este

sentido, las alegaciones tienen el propósito de bosquejar “a grandes

rasgos, cuáles son las reclamaciones, de forma tal que la parte

demandada quede notificada de la naturaleza general de las

contenciones en su contra y pueda comparecer a defenderse si así

lo desea”. Ortiz Díaz v. R & R Motor Sales Corp., 131 DPR 829,

835 (1996). Ahora bien, la liberalidad y brevedad en la exposición de

los hechos demostrativos en la demanda no es óbice para que la

parte demandada reciba una adecuada notificación sobre la

reclamación en su contra y su fundamento mediante suficiencia

fáctica. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 2017, pág.

287. Esto, dado que las alegaciones de la demanda deben prevenir

razonablemente a la parte demandada sobre el reclamo en su

contra. Ortiz Díaz v. R & R Motor Sales Corp., supra.

      Cuando los tribunales se enfrentan a una moción de

desestimación bajo estos fundamentos, deberán examinar los

hechos que se alegan en la demanda lo más liberalmente posible a

favor de la parte demandante. López García v. López García, 200

DPR 50, 69 (2018). En ese ejercicio, tienen que dar por ciertos todos

aquellos hechos que hayan sido bien alegados en la demanda.

García v. ELA, 163 DPR 800, 814 (2005). A su vez, debe eliminar

del análisis las conclusiones legales y los elementos de la causa de

acción apoyados en aseveraciones concluyentes. R. Hernández

Colón, op. cit., pág. 307.

      Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados, se

debe determinar si, a base de estos, la demanda establece una
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reclamación plausible que justifique que la parte demandante tiene

derecho a algún remedio, basando el análisis en la experiencia y el

sentido común. Íd. Al realizar dicha evaluación, el tribunal debe

conceder el beneficio de toda inferencia que pueda efectuar de los

hechos correctamente alegados en la demanda. Montañez v. Hosp.

Metropolitano, supra, pág. 105. Por consiguiente, la demanda no

deberá desestimarse salvo que se demuestre que el demandante no

tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que

pueda probar. Colón Gorbea v. Sánchez Hernández et al., 202

DPR 760 (2019); Candal v. C.T. Radiology Office, Inc., 112 DPR

227 (1982). De lo contrario, “[d]e determinar que no cumple con el

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda

y no permitir que una demanda insuficiente proceda con el pretexto

de que con el descubrimiento de prueba puedan probarse las

alegaciones conclusiorias”. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 307,

refiriéndose a Ashcroft v. Isbal, 556 US 662 (2009).

                                  C.

      Por otra parte, una corporación es una ficción jurídica creada

por el Estado, capacitada para realizar o promocionar cualquier

negocio o propósito lícito, al amparo de la Ley General de

Corporaciones del 2009. 14 LPRA sec. 3501; Peguero v. Hernández

Pellot, 139 DPR 487, 501-501 (1995). A tal efecto, una corporación

es una entidad jurídica que goza de personalidad jurídica propia,

distinta e independiente de sus accionistas, directores y oficiales.

Peguero v. Hernández Pellot, supra, pág. 502; Rivera Sanfeliz et

al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49-50 (2015). Así, como

corolario   de   poseer   una   personalidad   jurídica   propia,   una

corporación tiene capacidad para demandar y ser demandada bajo

su nombre corporativo. 14 LPRA sec. 3522; Multinacional Ins. v.

Benítez y otros, 193 DPR 67, 78 (2015).
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      Debido a la organización artificial e intangible de persona

jurídica, una corporación requiere valerse de personas naturales

para realizar sus operaciones. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir.

First Bank, supra; Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652,

665-666 (2001). La administración de los negocios y asuntos de una

corporación típicamente son dirigidos por una junta de directores

que es seleccionada por los accionistas de la corporación. 14 LPRA

sec. 3561(a). La junta de directores entonces designa un cuerpo de

oficiales que se ocupan de operar y manejar los asuntos diarios de

la corporación. Íd. sec. 3562; Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir.

First Bank, supra, pág. 51; Multinacional Ins. v. Benítez y otros,

supra, pág. 77.

      Por virtud de la personalidad jurídica propia, reconocido por

el principio de responsabilidad limitada, los accionistas, directores

y oficiales de una corporación no responden en calidad personal,

sino que obligan a la entidad que representan. Rivera Sanfeliz et

al. v. Jta. Dir. First Bank, supra, págs. 53–54.

      El Artículo 2.03 de la Ley General de Corporaciones del 2009

dispone que las facultades conferidas a los directores y oficiales

serán “en beneficio de los accionistas de la corporación y para la

gestión prudente de sus negocios y asuntos, así como para la

promoción de sus objetivos y propósito”. 14 LPRA sec. 3523. Al

ejecutar sus poderes, los directores y oficiales deben cumplir con el

deber de fiducia, el cual se divide en tres responsabilidades, a saber:

la obligación de actuar dentro del marco de su autoridad, el deber

de diligencia y el deber de lealtad. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta.

Dir. First Bank, supra, pág. 52. El deber de diligencia “se refiere a

la atención y el cuidado que . . . debería exhibir un director u oficial

responsable y competente al ejercer de buena fe su juicio comercial”.

Multinacional Ins. v. Benítez y otros, supra, pág. 78. Mientras, el

deber de lealtad “implica que los administradores habrán de llevar
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a cabo sus funciones para el beneficio de la corporación y no para

su beneficio personal”. Íd. El Artículo 4.03 de la Ley General de

Corporaciones de 2009 establece:

      Los directores y oficiales estarán obligados a dedicar a los
      asuntos de la corporación y al desempeño de sus funciones,
      la atención y el cuidado que en una posición similar y ante
      circunstancias análogas desempeñaría un director u oficial
      responsable y competente al ejercer de buena fe su juicio
      comercial o su mejor juicio en el caso de las corporaciones
      sin fines de lucro. Sólo la negligencia crasa en el
      desempeño de las obligaciones y deberes antes reseñados
      conllevará responsabilidad. 14 LPRA sec. 3563. (Énfasis
      nuestro).

      Esto es, “[s]e le exige diligencia y competencia en el descargo

de sus funciones, pero únicamente la negligencia crasa en el

cumplimiento de las obligaciones y deberes inherentes a sus puestos

conllevará responsabilidad”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir.

First Bank, supra, pág. 53. El criterio de negligencia crasa “no

puede tomarse aislado del resto del precepto como imponiendo un

deber general de conducta frente a todos. Más bien, debe

interpretarse en el contexto del imperativo de fiducia que rige la

relación de los directores y oficiales frente a la corporación”. Íd.,

págs. 53-54. La interpretación de esta excepción al principio de

responsabilidad limitada debe enmarcarse en el deber de fiducia que

los directores y oficiales tienen frente a la corporación. Este deber

de fiducia implica que los directores y oficiales tienen que

desempeñarse de manera capaz y responsable, siempre de cara a

los intereses de la entidad; y sólo se producirá responsabilidad para

los directores u oficiales si la corporación sufre daños como

consecuencia del quebrantamiento de este deber. Íd., pág. 54.

      En esta eventualidad de violación a los deberes de fiducia, se

puede presentar una acción derivativa contra los administradores

de una corporación, es decir, directores y oficiales. La acción

derivativa es un remedio basado en equidad que se presenta por un

accionista en representación de la corporación, para vindicar los

derechos de la entidad jurídica. Íd.; C. E. Díaz Olivo, Corporaciones:
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Tratado de Derecho Corporativo, 2da. ed., Colombia, AlmaForte,

2018, pág. 418. Debido a que se vindican derechos a beneficio de

los intereses de la corporación, cualquier recobro obtenido de dicha

causa de acción pertenece a la entidad jurídica, no al accionista.

Íd. (citas omitidas).

      Como corolario, un tercero ajeno a la corporación carece de

legitimación activa para presentar una acción derivativa solicitando

que se diluciden alegaciones de violación a deberes fiduciarios hacia

la corporación. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank,

supra, pág. 55. Así, cuando se demanda a los directores u oficiales

por negligencia crasa, únicamente le corresponde reclamarlo a la

propia corporación o a sus accionistas. Íd. pág. 60.

      Aun cuando se ha reconocido que los acreedores de

una corporación insolvente       tendrán     legitimación     activa     para

presentar una reclamación contra los directores por violación a su

deber de fiducia, la acción deberá ser una derivativa que redunde

en beneficio de la corporación. C. E. Díaz Olivo, op. cit., pág.

232. En lo pertinente, la Corte Suprema de Delaware puntualizó lo

siguiente:

      Recognizing that directors of an insolvent corporation owe
      direct fiduciary duties to creditors, would create uncertainty
      for directors who have a fiduciary duty to exercise their
      business judgment in the best interest of the insolvent
      corporation. To recognize a new right for creditors to bring
      direct fiduciary claims against those directors would create a
      conflict between those directors’ duty to maximize the value
      of the insolvent corporation for the benefit of all those having
      an interest in it, and the newly recognized direct fiduciary
      duty to individual creditors. […] we                 hold   that
      individual creditors of an insolvent corporation have no
      right to assert direct claims for breach of fiduciary duty
      against corporate directors. Creditors may nonetheless
      protect their interest by bringing derivative claims on
      behalf of the insolvent corporation or any other direct
      nonfiduciary claim […] NACEPF v. Gheewalla, 930 A.2d 92,
      103 (2007) (énfasis suplido).

      Igualmente, a modo de excepción de la personalidad jurídica

propia, el Art. 12.04 de la Ley General de Corporaciones dispone
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algunas instancias en las que los accionistas, directores u oficiales

de una corporación pueden responder personalmente. A saber:

       A. Cuando los oficiales, directores o accionistas de cualquier
       corporación estén obligados a pagar las deudas, o cualquier
       parte de las deudas de la corporación, según lo dispuesto en
       esta Ley, cualquier acreedor podrá entablar una acción en
       contra de uno o más de ellos. En la demanda se consignará
       la reclamación en contra de la corporación y el fundamento
       por el cual el demandante espera recobrar de los
       demandados personalmente.

       B. No se entablará pleito alguno contra ningún oficial,
       director o accionista por deuda u obligación de la
       corporación de la cual es oficial, director o accionista,
       hasta que se dicte sentencia final en contra de la
       corporación, y que la ejecución de la misma permanezca
       insatisfecha ni después de tres (3) años a partir de la
       fecha de tal sentencia, y cualquier oficial, director o
       accionista podrá levantar cualquier defensa que la
       corporación hubiere podido levantar contra tal deuda u
       obligación. Este inciso (B) no aplicará a los pleitos que se
       entablen contra oficiales o directores de una corporación que
       estén en proceso de disolución por mala administración, en
       el ejercicio de sus funciones con arreglo al Capítulo IX de esta
       Ley. 14 LPRA sec. 3784.

       Es decir, para entablar un pleito contra un accionista, director

u oficial de una corporación por alguna responsabilidad que emana

de la Ley General de Corporaciones de 2009,26 un acreedor debe

obtener previamente una sentencia contra la corporación y su

crédito debe subsistir insatisfecho. C. E. Díaz Olivo, op. cit., págs.

427-428. De conformidad con nuestra normativa jurídica, el

acreedor no puede instar una acción directa contra un accionista,

director u oficial de una corporación. Íd. Como excepción, si la

responsabilidad del administrador o accionista no se deriva de la

ley, podrá incoar una acción directamente contra estos. Íd.

       Un panel hermano tuvo ante su consideración un caso similar

al presente, en términos del deber de fiducia y el derecho de un

acreedor de la corporación a reclamarlo.27 En este, un tercero

acreedor de una aseguradora planteó que los directores y oficiales

de la corporación debían responder en su capacidad personal por

26 Se refiere a las responsabilidades que dimanan de los Artículos 4.07, 5.08, 5.22

y 9.12 de la Ley General de Corporaciones de 2009. Véase, 14 LPRA secs. 3565,
3588, 3602 y 3712.
27 Véase, KLAN202000725, panel compuesto por su presidente, el Juez Sánchez

Ramos (juez ponente), el Juez Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio.
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una alegada violación al deber de fiducia. Esto, dado que la

corporación se declaró insolvente mientras existían reclamaciones

por daños a causa del Huracán María. En esa ocasión, resolvimos

que actuó correctamente el TPI al desestimar la causa de acción a

favor de los directores debido a que la demanda respondía a un

reclamo contractual entre el tercero acreedor y la corporación, no

contra sus directores. Además, establecimos que cuando se reclama

responsabilidad a los directores y oficiales de una corporación por

violación a sus deberes de fiducia, se debe entablar una acción

derivativa, en beneficio directo de la corporación. Es decir, la acción

derivativa no puede instarse para beneficio exclusivo del acreedor.

      Considerando la normativa antes expuesta, resolvemos.

                                 IV.

      En el caso de autos, la señora De Los Santos Figueroa imputó

al TPI la comisión de cuatro errores. Por estar estrechamente

relacionados el primer y cuarto error, los discutiremos en conjunto.

En esencia, alegó que incidió el TPI al no desestimar la demanda de

cobro de dinero y ejecución de hipoteca sin que expusiera una

alegación en su contra. Como segundo error, la peticionaria arguyó

que incidió el TPI al no eliminar la Oposición a moción de

desestimación dado que enmendó las alegaciones de la demanda sin

cumplir con las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Por último,

señaló como tercer error que el TPI no realizó determinaciones de

hecho y derecho adicionales.

      Como cuestión de umbral, debemos resolver si la demanda de

autos,   la   cual   se   pretende     enmendar,   establece   hechos

demostrativos de que Carolina Properties tiene derecho a la

concesión de un remedio en contra de la señora De Los Santos

Figueroa directamente por el impago de las deudas contraídas por

Carvin School. Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de las

alegaciones de la demanda en el caso ante nuestra consideración,
KLCE202301168                                                     18

aun tomando en consideración los hechos que se pretenden

incorporar mediante Demanda enmendada, surge diáfanamente que

no aducen hechos constitutivos de una causa de acción en contra

de la señora De Los Santos Figueroa.

      En primer lugar, tal como está redactada la demanda,

únicamente identifica la dirección física de la peticionaria, sin

relacionar la razón por la cual se le demandó. Segundo, de una

lectura sosegada e imparcial sobre las alegaciones que se procuran

incorporar a la demanda, flagrantemente denotan ser conclusiones

de Derecho. No hay ninguna alegación en contra de la peticionaria.

      La Demanda, aun con las alegaciones que se pretenden

incorporar, carece de hechos demostrativos que correlacionen la

responsabilidad personal de la peticionaria con la causa de acción

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por el préstamo

hipotecario que asumió Carvin School. Resolver lo contrario

implicaría concebir que ser directivo de una corporación es un

eslabón que automáticamente conlleva responder por las deudas y

obligaciones de una persona jurídica independiente. No podemos

colegir que en el impago de una deuda mecánicamente figure

negligencia crasa en el deber de fiducia de un director u oficial de

una corporación, que a su vez conlleve enriquecimiento injusto,

negocio simulado o evasión contributiva, sin ilustrar un hecho

específico del que se pueda entender dichas correlaciones. Una

alegación conclusoria sin un mínimo de suficiencia fáctica, es

inadecuado para mantener viva una reclamación en contra de la

peticionaria.

      Por otra parte, es menester recordar que los tribunales no

podemos permitir que proceda una demanda insuficiente con el

pretexto   de   probar   las   alegaciones   conclusorias   con   el

descubrimiento de prueba. Ashcroft v. Iqbal, supra; R. Hernández

Colón, op. cit., pág. 307. Por ello, no nos convence el argumento
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planteado por la parte recurrida que la alegación conclusoria de

negligencia crasa quedaría probada en el descubrimiento de prueba.

Tampoco nos persuade el razonamiento de que no se incluyen los

hechos demostrativos en la demanda dado que, por los puestos que

la peticionaria ha ocupado en Carvin School, debía conocer la razón

por la que se demandó. No debemos soslayar que la señora De Los

Santos Figueroa como codemandada, debía tener una adecuada

notificación sobre la reclamación por los cuales se le imputa

responsabilidad por el préstamo hipotecario asumido por Carvin

School y su fundamento mediante suficiencia fáctica. R. Hernández

Colón, op. cit., pág. 287. Esto, aun cuando la demanda debe

contener una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos

de que la parte recurrida tenía derecho a un remedio.

      Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados en la

demanda que se pretende enmendar e interpretándolos de la

manera más liberal posible a favor de la parte recurrida, concluimos

que Carolina Properties no estableció una reclamación plausible que

justifique la concesión de un remedio en contra de la señora De Los

Santos Figueroa. A base de los hechos alegados en la demanda,

procedía desestimar la demanda instada contra la señora De Los

Santos Figueroa. El foro recurrido cometió el primer error señalado.

Puesto que, dando por ciertas todas las alegaciones y descartando

aquellas conclusorias, la demanda, aun con los hechos que se

pretenden incorporar, deja de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio a su favor. Por esto, el TPI

cometió el error señalado por la peticionaria y procede la

desestimación de la demanda contra la señora De Los Santos

Figueroa.

      Al disponer del caso resolviendo el primer señalamiento de

error, resulta innecesario discutir los demás señalamientos de error.
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         Por último, en relación con la súplica en torno a que

impongamos honorarios de abogados y costas por temeridad, se

deniega. Adviértase que existe ausencia de una determinación de

temeridad por parte del TPI.

                                     V.

         Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari

y   se    revoca   la   Resolución   del   29   de   agosto   de   2023.

Consecuentemente, se desestima la demanda en contra de la señora

De Los Santos Figueroa. Se devuelve el caso para que continúe con

los procedimientos conforme con lo aquí resuelto.

         Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones