Court Opinion

ID: 9962777
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:51:29.51201+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:33.883304
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

   EX AGTE. EDWARD                          REVISIÓN DE DECISIÓN
  DAVID VÉLEZ NEGRÓN                        ADMINISTRATIVA
       RECURRENTE(S)                        procedente del Gobierno
                                            de Puerto Rico Comisión
                              KLRA202300233
                                            de Investigación,
             V.
                                            Procesamiento y
                                            Apelación (CIPA)
   POLICÍA DE PUERTO
                                                    Caso Núm.
         RICO
        RECURRIDA(S)
                                                    23P-63

                                                    Sobre:
                                                    Expulsión

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente

                           SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, hoy día 11 de marzo de 2024.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor

EDWARD DAVID VÉLEZ NEGRÓN (señor VÉLEZ NEGRÓN) mediante

Revisión Judicial de Resolución Administrativa Final entablada el 22

de mayo de 2023. En su recurso, nos interpela que revisemos la

Resolución decretada el 23 de febrero de 2023 por la Comisión de

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) del Gobierno de

Puerto Rico.1 Mediante esta determinación, la CIPA declaró no ha

lugar la Apelación y confirmó la expulsión del señor VÉLEZ NEGRÓN.

       Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

                                     –I–

       El 31 de marzo de 1995, el señor VÉLEZ NEGRÓN comenzó

funciones en el NPPR.

1 Este dictamen administrativo fue notificado y archivado en autos el 10 de marzo

de 2023. Véase Apéndice de Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a
Desestimación, págs. 1- 2.
Número Identificador:
SEN2024___________
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        El día 27 de enero de 2020, al señor VÉLEZ NEGRÓN se le tomó

una muestra de orina para realizar la prueba de detección de

sustancias controladas.2 Así las cosas, el 28 de febrero de 2020,

recibió una citación para comparecer el 9 de marzo de 2020 a la

oficina de Detección de Sustancias Controladas.3 En dicha cita, se

le informó el resultado de su prueba.

        El 13 de marzo de 2020, el señor VÉLEZ NEGRÓN recibió una

Citación para presentarse el 20 de marzo de 2020 a la División de

Investigaciones Administrativas de Mayagüez.4 En esta fecha,

solicitó estar acompañado por un abogado. Ante ello, se expidió

Citación para comparecer el 4 de mayo de 2020 que fue diligenciada

el 28 de abril de 2020.5 Finalmente, el 13 de mayo de 2020, se

celebró una audiencia.6

        Después, el 26 de junio de 2020, el Tnte. Carlos Martel

Morales, Oficial Investigador, suscribió comunicación en la cual

informó      haber     culminado     la   investigación      de   la   Querella

Administrativa por el uso indebido de sustancias controladas

presentada por el Sgto. Raymar Hernández Benítez.7 Así como, el

expediente fue remitido a la Superintendencia de Responsabilidad

Profesional del Cuartel General.

        El 4 de agosto de 2020, el Hon. Henry Escalera Rivera,

entonces Comisionado del NPPR, remitió una Notificación de

Suspensión Sumaria de Empleo Resolución de Cargos.8 En este

escrito, se le suspendió sumariamente de empleo efectivo a la fecha

de notificación. Ello por haber arrojado positivo y confirmado a

metabolito de marihuana en una prueba de detección de sustancias

2 Véase Apéndice de Revisión Judicial de Resolución Administrativa Final, pág. 3.
3
  Id., pág. 4.
4
  Id., pág. 5.
5
  Id., pág. 6.
6
  Id., pág. 7.
7
  Id., pág. 8.
8
  Id., págs. 11- 14.
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controladas realizada en enero de 2020. El Comisionado, en lo

pertinente, expuso:

        [L]uego de un análisis ponderado de los hechos aquí
        señalados, existen elementos suficientes para que usted sea
        suspendido de empleo (…). Al incurrir en los hechos antes
        mencionados, usted violó lo dispuesto en el Artículo 14,
        según enmendado por el Reglamento 9001 del 29 de agosto
        de 2017, sección 14.6.1 (A), Faltas Graves número dieciséis
        [16)], veinte (20), veintinueve (29); Faltas leves número uno
        (1) y el Artículo 5, Sección 5.2 del Reglamento 4216,
        “Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico” del 4
        de mayo de 1981, según enmendado. (…) Dicha conducta es
        incompatible con sus funciones como miembro de la Policía
        de Puerto Rico por lo cual, lo suspendo sumariamente de
        empleo, y me propongo expulsarlo del puesto que ocupa en
        el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

        Esta Notificación de Suspensión Sumaria de Empleo Resolución

de Cargos fue diligenciada personalmente el 14 de agosto de 2020.9

El 20 de agosto de 2020, se expidió Citación Oficial del Querellado

en la cual se pautó audiencia para el 28 de septiembre de 2020 ante

el Oficial Examinador10.

        Así pues, el 17 de febrero de 2022, el Cnel. Antonio López

Figueroa, Comisionado del NPPR, decretó Resolución Final de

Expulsión.11 Específicamente, el Comisionado expuso: “[u]sted

solicitó la vista administrativa tal como fue advertido y, luego de

varios trámites procesales, se celebró la misma el 29 de octubre de

2020. Luego de reevaluar la investigación administrativa y conforme

a la prueba que obra en el expediente se ha decidido confirmar la

sanción de expulsión”. La aludida Resolución Final de Expulsión fue

notificada personalmente el 21 de abril de 2022 al señor VÉLEZ

NEGRÓN.12

        Consecuentemente, el 13 de mayo de 2022, el señor VÉLEZ

NEGRÓN presentó su Apelación ante la Comisión de Investigación,

Procesamiento y Apelación (CIPA).13 En síntesis, planteó las razones

9 Véase Apéndice de Revisión Judicial de Resolución Administrativa Final, pág. 15.
10 Id., pág. 49.
11 Id., págs. 19– 22.
12 Id., pág. 21.
13 El 9 de mayo de 2022, el alegato fue remitido por correo certificado con acuse

de recibo. Id., págs. 23– 36.
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por las cuales no debió ser expulsado. En lo pertinente, enunció que:

(1) hubo dilación en el manejo de la querella presentada el 13 de

mayo de 2020 y recibida la notificación de suspensión el 21 de abril

de 2022; (2) el quantum de prueba obtenida para la expulsión; y (3)

el Reglamento Núm. 6403, al momento de la presentación de la

Apelación advertía que la obligación del médico revisor era notificar

el resultado al Superintendente como negativo, ya que el resultado

fue obtenido por el uso de un medicamento recetado.14

       Ulteriormente, el 26 de enero de 2023, la CIPA dictó Orden en

la cual concedió veinte (20) días para fijar su posición respecto a la

apelación al NPPR.15 De esa manera, el 16 de febrero de 2023, el

NPPR presentó Moción en Cumplimiento de Orden con Relación a

Posición sobre la Apelación del Apelante.16 En esencia, el NPPR

manifestó que el señor VÉLEZ NEGRÓN fue sometido a una prueba de

detección de sustancias controladas y la muestra fue reportada

como positivo. Añadió, que tal resultado fue confirmado por el

Negociado de Ciencias Forenses y el Químico Licenciado Víctor

López Hernández, Licencia #4263. Además, argumentó que el señor

VÉLEZ NEGRÓN         es   un    empleado       enmarcado       dentro    de    las

prohibiciones que establece la Ley Núm. 15 de 2021, por lo cual no

está protegido y rige la prohibición sobre poseer licencia para la

compra y consumo de cannabis medicinal, lo cual está totalmente

prohibido a los funcionarios públicos catalogados como primeros

respondedores y los clasificados como “law enforcement”.17

       Ante ello, el 23 de febrero de 2023, la CIPA dictaminó

Resolución en la cual declaró no ha lugar la apelación y confirmó la

expulsión del señor VÉLEZ NEGRÓN. Inconforme con esa decisión, el

24 de marzo de 2023, el señor VÉLEZ NEGRÓN presentó Solicitud de

14 Es decir, dos (2) años después de los hechos y diecinueve (19) meses después

de la vista administrativa.
15 Véase Apéndice de Revisión Judicial de Resolución Administrativa Final, pág. 74.
16 Id., págs. 75– 78.
17 Id., pág. 76.
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Reconsideración.18 El 29 de marzo de 2023, la CIPA emitió

Resolución declarando no ha lugar a la Reconsideración.1920

        En desacuerdo, el 22 de mayo de 2023, el señor VÉLEZ NEGRÓN

acudió ante este tribunal revisor mediante una Revisión Judicial de

Resolución Administrativa Final. En la misma, señala el(los)

siguiente(s) error(es):

        Dilación en la investigación. La toma de la muestra fue el 13
        de mayo de 2020 y la notificación de suspensión fue emitida
        el 21 de abril de 2022, transcurriendo en exceso el término
        de 180 días que tiene la agencia para este proceso.

        La PPR actuó en contra de su mismo Reglamento 6403 sobre
        Programa para la Detección de Sustancias Controladas en
        los Funcionarios y Empleados de la Policía de Puerto Rico, al
        determinar un positivo a sustancias controladas, cuando su
        reglamento indica que si el mismo es por causa de
        medicamentos el resultado deberá ser notificado como
        negativo.

        Erró la Policía de Puerto Rico al expulsar a un agente con 29
        años de servicio, solo por el único hecho de la utilización de
        cannabis medicinal, el cual, no se encontraba tipificado en
        la misma agencia como una falta para expulsión.

        El 25 de mayo de 2023, este foro intermedio emitió Resolución

concediendo un término de treinta (30) días para que presentara su

alegato en oposición al recurso al NPPR. Así, el 29 de junio de 2023,

el NPPR presentó su Solicitud de Desestimación. Fundamentado en

que el señor VÉLEZ NEGRÓN incumplió con lo instituido en el

Reglamento del Tribunal de Apelaciones al no incluir copia de la

determinación de la cual recurre y su solicitud de reconsideración

en el apéndice de su recurso de revisión judicial.

        El 5 de julio de 2023, intimamos Resolución en la cual se le

requirió al señor VÉLEZ NEGRÓN exponer su posición sobre la moción

de desestimación dentro de un plazo perentorio de quince (15) días.

        A tales efectos, el 24 de julio de 2023, el señor VÉLEZ NEGRÓN

presentó su Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a

18 Id., págs. 3– 6.
19El referido dictamen fue archivado en autos el 21 de abril de 2023. Véase
Apéndice de Revisión Judicial de Resolución Administrativa Final, págs. 1- 2.
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Desestimación e incluyó los escritos medulares que originalmente no

formaron parte del apéndice de su recurso.

       Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos

encontramos en posición de resolver. Puntualizamos las normas de

derecho pertinentes a las (s) controversia(s) planteada(s).

                                    – II –

                                    –A–

       La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico (LPAU) provee un cuerpo de reglas mínimas para

gobernar los procesos de adjudicación y reglamentación en la

administración pública.21 Su sección 4.1 instituye la revisión judicial

por este Tribunal de Apelaciones de las determinaciones finales de

las agencias.22

       La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción

de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus

funciones conforme a la ley.23 El criterio rector al momento de pasar

juicio sobre una decisión de un foro administrativo es la

razonabilidad de la actuación de la agencia.24 Nuestra evaluación de

la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a determinar

si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus

acciones constituyen un abuso de discreción.25

       No obstante, las decisiones de los organismos administrativos

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección,

por lo que, sus conclusiones e interpretaciones merecen gran

21 Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3

LPRA § 9601-9713; SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).
22 3 LPRA § 9671.
23 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004). Véase, además Javier A.

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones Situm
(2017), págs. 304 – 306.
24 Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 DPR 353 (2016); Otero v. Toyota, 163 DPR

716 (2005). D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág.
543.
25 Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 656, 660 (2022).
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consideración y respeto.26 Por ello, al ejecutar nuestra función

revisora, este Tribunal está obligado a considerar la especialización

y experiencia de la agencia, distinguiendo entre cuestiones de

interpretación estatutaria —sobre las que los tribunales son

especialistas— y cuestiones propias de la discreción o pericia

administrativa.27

       Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro

ha instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a

derecho.28 Particularmente, concretó las normas básicas sobre el

alcance de la revisión judicial al expresar:

       [L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una
       agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la
       determinación administrativa no está basada en evidencia
       sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o
       interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
       encomendado administrar; (3) el organismo administrativo
       actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación administrativa lesionó derechos constitucionales
       fundamentales. Es importante destacar que, si el tribunal no
       se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque
       exista más de una interpretación razonable de los hechos
       procede que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida.

       El alcance de la revisión judicial de las determinaciones

administrativas se ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio

concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones

de hecho de la agencia están basadas en evidencia sustancial que

obra en el expediente administrativo, y (3) si las conclusiones de

derecho fueron las correctas.29

       En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán

sostenidas por los tribunales si están respaldadas por evidencia

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en

su totalidad.30 La evidencia sustancial es aquella relevante que una

26 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891 (2008).
27 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).
28 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625- 626 (2016).
29 Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79

(2022).
30 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).
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mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener una

conclusión.31 Debido a la presunción de regularidad y corrección

que cobija a las decisiones de las agencias administrativas, quien

alegue ausencia de evidencia sustancial debe presentar prueba

suficiente para derrotar dicha presunción.32 Es decir, estas

determinaciones serán respetadas mientras la parte que las

impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas.33 Para

ello “tiene que demostrar que existe otra prueba en el expediente

que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia

impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”.34 A esto se

le conoce como la norma de la evidencia sustancial, con la cual se

persigue evitar sustituir el criterio del organismo administrativo en

materia especializada por el criterio del tribunal revisor.35 Por lo

tanto, aun cuando exista más de una interpretación razonable de

los hechos, el tribunal debe dar deferencia a la agencia, y no

sustituir su criterio por el de esta.36

         De otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son

revisables en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio

alguno.37 Aun así, debemos dar deferencia a las interpretaciones que

los organismos administrativos hacen de las leyes y reglamentos que

administran. A esto se le conoce como la norma de la evidencia

sustancial, con la cual se persigue evitar sustituir el criterio del

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del

tribunal revisor.38

31 Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
32 Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).
33 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra, pág. 128.
34 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).
35 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).
36 Id.
37 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).
38 Pacheco v. Estancias, supra.
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       En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene

en la evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo,

procede su confirmación.39 A contrario sensu, los tribunales

revisores podemos intervenir con la decisión recurrida cuando no

está basada en evidencia sustancial, o cuando la actuación es

arbitraria,    irrazonable      o   ilegal,    o   cuando      afecta    derechos

fundamentales.40

                                       –B–

       La Ley Núm. 78 de 14 de agosto de 1997, según enmendada,

conocida como la Ley para Reglamentar las Pruebas para la

Detección de Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector Público

adoptó medidas necesarias para prevenir los efectos adversos del

uso de sustancias controladas en el área de empleo en el sector

público.41 Como parte de esta iniciativa, se reglamentó para

establecer programas para la administración de pruebas de

sustancias controladas.

       Su Artículo 14 (b) decreta:

       “[n]o se podrá despedir o destituir a un funcionario o
       empleado del puesto o cargo que ocupa por arrojar un
       resultado positivo corroborado en la prueba inicial para la
       detección de sustancias controladas. No obstante, a modo de
       excepción, se podrá despedir o destituir al funcionario o
       empleado:
       1) Cuando por la propia naturaleza del empleo, la condición
       detectada resulte irremediablemente incompatible con el
       desempeño efectivo de las funciones y deberes del puesto o
       cargo. Se declara irremediablemente incompatible con el uso
       de sustancias controladas, todo puesto o cargo en
       cualesquiera de las Agencias y Programas de Seguridad
       Pública”.42

39 García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 893.
40 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009).
41 Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 78 de 1997, según enmendada.
42 El Articulo 4 (c) define : “Agencias y Programas de Seguridad Pública” son el

Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Especiales, la Policía
de Puerto Rico, la Comisión de Seguridad Pública, la Guardia Nacional de Puerto
Rico, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil de Puerto Rico, el Cuerpo de
Seguridad Escolar, el Cuerpo de Emergencias Médicas, la Administración de
Corrección, el Programa de Salud Correccional del Departamento de Salud y los
guardias de seguridad de las empresas privadas contratados por la
Administración de Corrección para prestar servicios de custodia en instituciones
penales, la Administración de Instituciones Juveniles, la Junta de Libertad Bajo
Palabra, la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, la Corporación de
Empresas de Adiestramiento y Trabajo, el Instituto de Ciencias Forenses, el
Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y la Administración
de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
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          El 8 de marzo de 2002, se aprobó el Reglamento Núm. 6403,

Reglamento          del   Programa      para   la     Detección   de   Sustancias

Controladas en Funcionarios y Empleados de la Policía de Puerto

Rico. Dicho Reglamento instauró las normas que regirán el programa

de pruebas para la detección de sustancias controladas en los

funcionarios y empleados de la Policía de Puerto Rico.43

          Asimismo, persiguió una política pública de contribuir a

erradicar el grave problema del uso ilegal de sustancias controladas

en Puerto Rico.44 Los Artículos 9 al 11 del mencionado Reglamento

6403 determinan como y cuando se administrará el programa para

la detección de sustancias controladas. Así pues, el Artículo 11 del

mencionado Reglamento dispone “[s]e administrarán pruebas

periódicas para la detección de sustancias controladas a todos los

funcionarios y empleados de la Policía de Puerto Rico, por lo menos

una vez al año; pero no más de dos veces al año”.45

          El      Artículo   16   del      referido     Reglamento     determina

expresamente la incompatibilidad del uso de sustancias controladas

con todo puesto o cargo en el NPPR. El precitado Artículo expresa:

          (A)   Se declara irremediablemente incompatible con el uso
          de Sustancias Controladas, todo puesto o cargo en la Policía
          de Puerto Rico como Agencias de Seguridad Pública.

          (B)     En todos los casos en que se dispongan tomar
          medidas disciplinarias, se cumplirá con las garantías
          procesales mínimas de notificación y vista informal
          administrativa, para darle al funcionario o empleado la
          oportunidad de ser oído, presentar evidencia a su favor e
          impugnar la evidencia presentada en su contra. Dicha vista
          deberá realizarse no más tarde de veinte (20) días a partir de
          la notificación de la medida disciplinaria impuesta.

                                     -C-

          La Ley Núm. 20 de 2017, conocida como la Ley del

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, persigue proveer

un sistema de seguridad más efectivo, eficiente, funcional y que

43 Art. 4 del Reglamento Núm. 6403.
44 Id., Art. 5.
45 Id.,
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trabaje de forma integrada entre sus componentes y otras agencias

del Gobierno de Puerto Rico.46 Conforme al Artículo 2.20 de la

precitada Ley, el Comisionado del Negociado de la Policía

(Comisionado) tiene autoridad para suspender sumariamente de

empleo al personal que supervisa. En específico, el aludido Artículo

enuncia:47

      El Comisionado tendrá autoridad para suspender
      sumariamente de empleo a cualquier miembro del Negociado
      de la Policía de Puerto Rico cuando la conducta del miembro
      de Policía de Puerto Rico consista en el uso ilegal de fondos
      públicos, si es que aún no se le ha determinado causa para
      arresto o acusación por un delito grave, o cuando exista base
      razonable para creer que este constituye un peligro real y
      significativo para la salud, vida o moral de los empleados o
      la ciudadanía. En tales casos, el Comisionado hará que se
      formulen los correspondientes cargos administrativos, los
      cuales investigará y resolverá a la brevedad posible,
      imponiendo la acción disciplinaria que estime razonable o
      disponiendo que vuelva al servicio dicha persona si a su
      juicio los hechos lo justificaren.

      Ello implica, que evidentemente, cuando existen elementos

suficientes para suspender a cualquier miembro del NEGOCIADO DE

LA POLICÍA DE PUERTO RICO (NPPR), este estará inhabilitado para

ejercer sus funciones. Además, quedará relevado del disfrute de los

derechos y privilegios que por ley se conceden a los policías mientras

dure la suspensión.

      En el caso de marras, el Comisionado entendió que el señor

VÉLEZ NEGRÓN infringió el Artículo 14 del Reglamento 9001 de 29 de

agosto de 2017, Sección 14.6.1. Específicamente, las faltas graves

número (18), (20) y (29). Además, el Comisionado concluyó que

violentó el Artículo 5, Sección 2 del Reglamento Núm. 4216,

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico de 4 de mayo de

1981, según enmendado.

      En esencia, la subsección 14.6.1. del Reglamento 9001

clasifica las faltas graves y leves a las que se exponen los miembros

46 Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 20 de 2017, según enmendada. 25
LPRA sec. 3501.
47 25 LPRA sec. 3550.
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de la Policía de Puerto Rico cuando se alejan de las acciones

disciplinarias uniformes y razonables.

       Falta Grave Número 18: Desacatar y desobedecer órdenes
       legales comunicadas en forma verbal o escrita por cualquier
       superior o funcionario de la Policía de Puerto Rico con
       autoridad para ello, o realizar actos de insubordinación o
       indisciplina. Para efectos de esta falta se entenderá como
       superior aquel de mayor rango o por la posición designada.
       Esta falta administrativa conlleva cuarenta (40) días de
       suspensión cuando sea primera sanción; setenta (70) días
       cuando sea la segunda sanción; y ciento veinte (120) días
       cuando sea por tercera sanción.

       Falta Grave Número 20: Usar drogas, tranquilizantes o
       estimulantes, a menos que los mismos sean por prescripción
       facultativa.
       Esta falta administrativa conlleva la expulsión.

       Falta Grave Número 29: Incurrir en conducta lesiva, inmoral
       o desordenada en detrimento del Cuerpo de la Policía.
       Esta falta administrativa conlleva cuarenta (40) días de
       suspensión cuando sea primera sanción; setenta (70) días
       cuando sea la segunda sanción; y ciento veinte (120) días
       cuando sea por tercera sanción.

       Falta Leve Número 1: Demostrar ineptitud, descuido,
       parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes,
       funciones y responsabilidades.

                                      -D-

       El 29 de julio de 2021, fue aprobada la Ley Núm. 15 de 2021

cuyo objetivo fue enmendar la Ley Núm. 42 de 2017, conocida como

la Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del

Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites, Ley

Medicinal.48    Las     enmiendas     tuvieron     el   propósito    de   erigir

protecciones de empleo para pacientes registrados y autorizados de

cannabis medicinal.49 A esos efectos, la Ley Núm. 15 de 2021,

preceptúa que los pacientes registrados que se identifiquen ante un

patrono como autorizados para el consumo de cannabis medicinal,

serán considerados como una categoría protegida para propósito de

las leyes de protección de empleo. Además, prescribe que ningún

patrono podrá discriminar contra una persona que sea paciente

48 24 LPRA sec. 2621.
49 El cannabis se define como una sustancia que está incluida en la Clasificación

I del Controlled Substances Act (CSA). Véase 21 USC sec. 812 (b) (1). Bajo ese
estatuto federal, el cannabis no tiene ningún uso médico aceptado. Empero, cerca
de un 90% de los estados, Puerto Rico y Washington DC, permiten el uso
medicinal del cannabis. Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 15 de 2021.
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debidamente registrado y autorizado para                      utilizar cannabis

medicinal.      Tales     protecciones         aplican   al      reclutamiento,

contratación, nombramiento, terminación o la imposición de

cualquier condición de penalización en el empleo.

        Ahora bien, las protecciones de esta Ley no serán de

aplicabilidad a personas pacientes registradas y autorizadas para

cannabis medicinal cuando el patrono logre establecer, mediante

preponderancia       de    prueba,      cualquiera       de     las   siguientes

condiciones:50 (1) la utilización de cannabis medicinal represente

una amenaza real de daño o peligro para las personas o propiedad;

(2) la utilización de cannabis medicinal por el paciente registrado y

autorizado interfiere con su desempeño y funciones esenciales de

trabajo; (3) la utilización de cannabis medicinal por el paciente

registrado y autorizado expone al patrono a la pérdida de alguna

licencia, permiso o certificación relacionada con alguna ley,

reglamentación, programa o fondo federal, y (4) el paciente

registrado y autorizado ingiera o posea cannabis medicinal en su

lugar de trabajo y/o durante horas laborales sin autorización por

escrito del patrono.

                                     – III –

        Como regla general, los escritos de revisión de las decisiones

administrativas serán presentados con un apéndice completo

conteniendo las copias de todos los documentos que formaron parte

del expediente administrativo.51 El escrito presentado ante este foro

revisor no incluyó dos (2) documentos fundamentales que colocaban

a este tribunal en posición de resolver. No obstante, al momento en

que el señor VÉLEZ NEGRÓN presentó su Moción en Cumplimiento de

Orden     y   en   Oposición     a    Desestimación       acompañó       ambos

documentos. Por ello, al amparo de la Regla 59 (E) (2) del Reglamento

50 Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la
Innovación, Normas Aplicables y Límites, Art. 24 de la Ley Núm. 42 de 2017, según
enmendada, la Ley Núm. 15 de 2021 añadió este nuevo Art. 24.
51 4 LPRA Ap. XXII – B, R. 74 (B).
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del Tribunal de Apelaciones este foro intermedio motu proprio ha

determinado evaluar el recurso.52

       El señor VÉLEZ NEGRÓN planteó como primer señalamiento de

error la dilación en la investigación por parte del NPPR. Para

fundamentar su posición, citó el caso de Pueblo v. Barahona

Gaitán.53 En ese caso, nuestro Máximo Foro dictaminó que “las

agencias administrativas no pueden actuar más allá de lo que les

fue delegado, de manera que toda actuación administrativa que no

obedezca el poder que le fue conferido mediante legislación debe

catalogarse como ultra vires, y por ende nula”. Además, manifestó

que la acción tomada por el NPPR al imponerle sanciones, rebasa la

autoridad en ley e incide en el debido proceso de ley que la misma

agencia promulga continuamente.

       Al justipreciar la Resolución Final de Expulsión al amparo de

la Ley Núm. 42 de 2017 y su más reciente enmienda mediante la Ley

Núm. 15 de 2021, la cual incorpora las protecciones en el empleo a

pacientes debidamente registrados y autorizados, es notable que el

cargo de policía o agente de orden público resulta incompatible con

el propio lenguaje e interpretación del estatuto. Al analizar el

apéndice es forzoso concluir que el NPPR cumplió con el programa

para la detección de sustancias controladas, por lo que, se rigió por

lo expresamente establecido mediante su Reglamento. No hallamos

criterio alguno que violentara el debido proceso de ley. El señor

VÉLEZ NEGRÓN fue debidamente notificado, citado y escuchado en

una vista administrativa.

52 4 LPRA Ap. XXII – B, R. 59 (E) (2).

       Regla 59 — Contenido del recurso de revisión:
       El escrito de revisión contendrá:
       (E) Apéndice:
       (2) El tribunal podrá permitir, a petición del recurrente en el
       recurso, en moción o motu proprio, a la parte recurrente la
       presentación de los documentos a que se refiere el subinciso (1)
       con posterioridad a la fecha de presentación del recurso de
       revisión, dentro de un término de quince días contado a partir de
       la fecha de notificación de la resolución del tribunal que autoriza
       los documentos. La omisión de incluir los documentos del Apéndice
       no será causa de desestimación del recurso.
53 201 DPR 567, 575 – 576 (2018).
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       El segundo y tercer señalamiento de error presentados serán

discutidos en conjunto por estar estrechamente relacionados. El

señor VÉLEZ NEGRÓN expuso que el NPPR actuó en contra del

Reglamento Núm. 6403 y fue expulsado por el único hecho de haber

utilizado cannabis medicinal. Aflora de la Ley Núm. 78 de 14 de

agosto de 1997, según enmendada, y el Reglamento 9001, la

incompatibilidad del cargo de policía o agente de orden público con

el uso de sustancias controladas. Adicionalmente, surge que la

administración de pruebas para la detección de sustancias

controladas se hará de forma periódica para todos los funcionarios

y empleados del Negociado de la Policía de Puerto Rico, al menos

una (1) vez al año.

       Asimismo, el señor VÉLEZ NEGRÓN presentó como evidencia la

autorización y posteriores renovaciones del Departamento de Salud

como paciente de cannabis medicinal. Argumentó que para el 13 de

julio de 2018, obtuvo la identificación de paciente cannabis

medicinal.54

       Ahora bien, tal y como expusimos anteriormente, la Ley Núm.

42 de 2017 fue enmendada por la Ley Núm. 15 de 2021 para efectos

de establecer protecciones de empleo para pacientes registrados y

autorizados de cannabis medicinal. Con ello, el Gobierno de Puerto

Rico estableció una política pública cuyo propósito es viabilizar el

uso de cannabis medicinal como una alternativa de tratamiento

legítima para pacientes con ciertas condiciones médicas.55

       Pese a ello, el propio estatuto implanta expresamente que

estas protecciones no serán aplicables a personas pacientes

registrados y autorizados de cannabis medicinal cuando el patrono

logre establecer, mediante preponderancia de prueba, cualquiera de

las mencionadas condiciones. Entre estas: (2) la utilización de

54 Véase índice de anejos de Revisión Judicial, págs. 55 – 63.
55 Pellot Arce v. Infosys BPM Limited Corp., 2023 TSPR 41, 210 DPR _____
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cannabis medicinal por el paciente registrado y autorizado

interfiere con su desempeño y funciones esenciales de trabajo.

      Tras un concienzudo análisis de la totalidad del expediente,

no hallamos indicador alguno que vislumbre que la CIPA hubiese

actuado de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus acciones

constituyen un abuso de discreción. Contrario a ello, notamos que

del expediente apelativo emana la existencia de suficientes

elementos que nos llevan a concluir que la decisión administrativa

está sustentada y/o avalada por evidencia sustancial.

      No subsiste razón alguna, de hecho, o de derecho, que nos

persuada a intervenir y variar la determinación recurrida. Además,

de la Revisión Judicial de Resolución Administrativa Final incoada

tampoco se desprende alguna otra prueba para rebatir la

presunción de corrección que cobija el dictamen administrativo.

Cónsono con lo anterior, somos del criterio de que la Resolución

decretada por la CIPA fue una apropiada. Así pues, brindamos la

deferencia al organismo administrativo por su expertise; y nos

abstenemos de intervenir.

                               – IV –

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Resolución pronunciada el 23 de febrero de 2023 por la Comisión de

Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones