Court Opinion

ID: 9928562
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:25:28.041575+00
Date Added: 2024-06-11T09:53:02.165501
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VI

                                                              Certiorari
  EL PUEBLO DE PUERTO                                         procedente del
          RICO                                                Tribunal de Primera
                                                              Instancia, Sala de
           Recurrida                                          Mayagüez

                                    KLCE202301321 Caso Núm.
                v.
                                                              ISCI202300289
                                                              ISCI202300163
  JAVIER CRUZ ROSARIO
                                                              Por:
          Peticionario
                                                              Habeas Corpus
                                                              Regla 240

Panel integrado por su presidente, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza ponente

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

       Comparece ante nos el Sr. Javier Cruz Rosario (en adelante,

Sr. Cruz Rosario) mediante Petición de Certiorari y nos solicita la

revisión de la Resolución y Orden emitida el 25 de octubre de 2023

y notificada el 26 de octubre de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en adelante, TPI) en el Caso

Núm. ISCI202300163 sobre Regla 240 de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, R. 240.1 Mediante este dictamen, el TPI declaró No

Procesable al Sr. Cruz Rosario y ordenó su ingreso inmediato al

Hospital Psiquiátrico Forense de Ponce.

       Además, el Sr. Cruz Rosario nos solicita en el mismo recurso

la revisión de la Resolución emitida el 6 de noviembre de 2023 y

notificada el 7 de noviembre de 2023 por el TPI en el Caso Núm.

ISCI202300289 sobre Habeas Corpus. Mediante este dictamen, el

TPI desestimó la Petición de Habeas Corpus presentada el 3 de

1 Apéndice Petición de Certiorari, Anejo XXII, págs. 43-44.

Número Identificador

RES2023 _________
KLCE202301321                                                      2

noviembre de 2023 por el Sr. Cruz Rosario por entender que este no

era el recurso apropiado.

        Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del recurso de Petición de Certiorari.

                                            I

        El 27 de marzo de 2023, el Ministerio Público presentó una

Denuncia en contra del Sr. Cruz Rosario por violación al Artículo 3.1

de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada,

conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica”, 8 LPRA sec. 631, por hechos alegadamente ocurridos

el 26 de marzo de 2023 en el municipio de San Germán.2 En la

denuncia se alegó que el Sr. Cruz Rosario había agredido con su

mano el rostro de la Sra. Wandaliz Ramos González (en adelante,

Sra. Ramos González), con quien sostenía una relación consensual,

ocasionándole una marca.

        El 27 de marzo de 2023, el TPI halló causa probable para el

arresto del Sr. Cruz Rosario por el delito imputado en la denuncia.3

A raíz de ello, se fijó una fianza de $5,000.00, la cual el Sr. Cruz

Rosario prestó quedando bajo la custodia de su hermano y tutor el

Sr. Luis Cruz Rosario.4 Además, se expidió una Orden de Protección

Ex Parte en contra del Sr. Cruz Rosario y a favor de Sra. Ramos

González, la cual estuvo vigente hasta el 17 de abril de 2023.5

        El 17 de mayo de 2023, se celebró la Vista Preliminar, luego

de haber sido pospuesta en una ocasión.6 Al inicio de la vista, el

representante legal del Sr. Cruz Rosario indicó que su representado

estaba mentalmente incapacitado y solicitó que se determinará su

procesabilidad conforme al procedimiento establecido en la Regla

240 de Procedimiento Criminal, supra.

2 Anejo I de la Petición de Certiorari.
3 Íd.
4 Íd.
5 Anejo III de la Petición de Certiorari.
6 Anejos V y VI de la Petición de Certiorari.
KLCE202301321                                                                     3

         Evaluada la solicitud de la defensa del Sr. Cruz Rosario, el TPI

emitió y notificó un Acta Sobre Regla 240 de Procedimiento Criminal,

mediante la cual, en lo pertinente, dispuso lo siguiente:

         “[L]uego de oír la prueba de las partes, tomando en
         consideración lo solicitado por el/la abogado/a de la
         defensa en corte abierta, sin objeción del Ministerio
         Público; resuelve que tiene base razonable para creer
         que el/la imputado/a está mentalmente incapacitado y
         ordena que el expediente sea trasladado al Salón de
         Sesiones 401 para que continúen los trámites de
         conformidad a lo dispuesto en la Regla 240, supra.

         Véase Resolución de hoy refiriendo a la parte imputada
         a evaluación.”7

         El 28 de junio de 2023, se celebró la primera Vista de

Procesabilidad en el Caso Núm. ISCI202300163 sobre Regla 240 de

Procedimiento Criminal, supra, a la cual compareció el Sr. Cruz

Rosario representado por la Lcda. Athelyn Jiménez Emmanuelli de

la Sociedad para Asistencia Legal; el Ministerio Público representado

por la Fiscal Wandie Camacho Santiago; la Sra. Ramos González; y

la Dra. Yamilka M. Rolón García (en adelante, Dra. Rolón García),

psiquiatra forense.8

         Durante la vista, la Dra. Rolón García declaró que había

examinado el estado mental del Sr. Cruz Rosario, informó sobre los

resultados que obtuvo, e hizo una recomendación al tribunal.9 El

TPI le otorgó credibilidad a la opinión de la Dra. Rolón García, acogió

7 Íd.
8   Anejo VIII de la Petición de Certiorari.
9 Íd. Según surge de esta Resolución y Orden, durante la vista, la Dra. Rolón García

expresó lo siguiente:
       “[E]valuó al imputado mediante video conferencia desde el tribunal.
       Indicó, que[,] durante la evaluación realizada, obtuvo poca
       información de éste debido a que no estaba acompañado. Observó
       en el imputado retardación psicomotora, problemas del habla,
       problemas de atención, concentración[,] memoria y aparentes
       problemas cognitivos. En relación con el proceso legal, no pudo
       hablar coherentemente sobre lo que se le acusaba, cargos y
       posibles consecuencias. Su opinión es que no se encuentra
       procesable. Recomienda que el imputado tome tratamiento
       psicológico y psiquiátrico, y que someta al tribunal evidencia de
       servicios con el diagnóstico de tratamiento recomendado. Señaló la
       necesidad de descartar la existencia de un historial de
       discapacidad intelectual y un desorden cognitivo mayor.”
       Recomienda[,] además, que el imputado acuda acompañado a
       futuras evaluaciones.”
KLCE202301321                                                              4

su recomendación y, finalmente, emitió una Resolución y Orden en

corte abierta, la cual fue reducida a escrito el 6 de julio de 2023 y

notificada el 7 de julio de 2023.10 Mediante este dictamen, el TPI

declaró No Procesable al Sr. Cruz Rosario y señaló una evaluación

para el 17 de octubre de 2023 y una segunda vista de procesabilidad

para el 25 de octubre de 2023.11 El TPI ordenó a la defensa del Sr.

Cruz Rosario a remitir por correo electrónico a la Dra. Rolón García

copia del historial de salud mental del Sr. Cruz Rosario.12 Además,

ordenó al Departamento de la Familia, al Departamento de Salud-

Programa de Discapacidad Intelectual, y a la Administración de

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción a evaluar al Sr. Cruz

Rosario e identificar los servicios que pudieran ofrecerle.13

       Según surge del expediente, el 2 de agosto de 2023, el

Departamento de Salud presentó una Moción Informativa y en

Solicitud de Orden, en la cual, en atención a lo ordenado por el TPI,

informó que el Programa de Discapacidad Intelectual había pautado

una evaluación del Sr. Cruz Rosario para el 3 de octubre de 2023 en

el antiguo Hospital Ruíz Soler en Bayamón.14 Dicha agencia proveyó

el nombre y el teléfono de la persona contacto para este proceso y,

finalmente, solicitó que se ordenara al hospital o institución donde

10 Íd.
11Íd. Según surge de esta Resolución y Orden, durante la vista, la Dra. Rolón
García expresó lo siguiente:
       “[E]valuó al imputado mediante video conferencia desde el tribunal.
       Indicó, que[,] durante la evaluación realizada, obtuvo poca
       información de éste debido a que no estaba acompañado. Observó
       en el imputado retardación psicomotora, problemas del habla,
       problemas de atención, concentración[,] memoria y aparentes
       problemas cognitivos. En relación con el proceso legal, no pudo
       hablar coherentemente sobre lo que se le acusaba, cargos y
       posibles consecuencias. Su opinión es que no se encuentra
       procesable. Recomienda que el imputado tome tratamiento
       psicológico y psiquiátrico, y que someta al tribunal evidencia de
       servicios con el diagnóstico de tratamiento recomendado. Señaló la
       necesidad de descartar la existencia de un historial de
       discapacidad intelectual y un desorden cognitivo mayor.”
       Recomienda[,] además, que el imputado acuda acompañado a
       futuras evaluaciones.

12 Íd.
13 Íd.
14 Anejo X de la Petición de Certiorari.
KLCE202301321                                                       5

el paciente se encontrara recluido a transportarlo el día de la

evaluación.

       Por su parte, el 9 de agosto de 2023, la Administración de

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción presentó una Moción

Informativa indicando, en síntesis, que, habían intentado contactar

sin éxito al recurso de apoyo del Sr. Cruz Rosario para coordinar

una orientación y su evaluación, en atención a lo ordenado por el

TPI en su resolución.15 Solicitaron que se proveyera cualquier otra

información disponible para contactarlos y así cumplir con lo

ordenado.

        El 9 de agosto de 2023, notificada el 10 de agosto de 2023, el

TPI emitió una Orden, mediante la cual, entre otros asuntos, le

ordenó al Departamento de la Familia a proveer la transportación

del Sr. Cruz Rosario el 3 de octubre de 2023 hacía las facilidades del

Programa de Discapacidad Intelectual.16 En esa misma fecha, el TPI

emitió y notificó otra Orden, mediante la cual le ordenó a la defensa

del Sr. Cruz Rosario a proveer la información solicitada por la

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

en su moción.17

       En cumplimiento con lo ordenado, el 24 de agosto de 2023, la

defensa del Sr. Cruz Rosario presentó una Moción en Cumplimiento

de Orden, en la cual informó la dirección postal y residencial y el

teléfono del Sr. Luis Cruz Rosario; e indicó que esta era la única

información que el Sr. Cruz Rosario les había provisto.

       El 13 de octubre de 2023, el Departamento de Salud presentó

una Moción Informativa, en la que indicó que el Sr. Cruz Rosario no

había asistido a la evaluación pautada para el 3 de octubre de 2023

en el Hospital Ruíz Soler en Bayamón; y que la persona contacto del

15 Anejo VIII de la Petición de Certiorari.
16 Anejo XIII de la Petición de Certiorari.
17 Anejo XIV de la Petición de Certiorari.
KLCE202301321                                                              6

proceso había llevado a cabo gestiones sin éxito para contactar al

hermano del Sr. Cruz Rosario.18

       El 25 de octubre de 2023, el Departamento de Salud presentó

una Moción Informativa y en Solicitud de Orden, en la que informó

que se había pautado una nueva fecha para la evaluación del Sr.

Cruz Rosario. Solicitaron nuevamente que se ordenara al hospital o

institución donde se encontrara recluido el Sr. Cruz Rosario a que

lo transportaran ese día a las facilidades del Programa de

Discapacidad Intelectual en el Hospital Dr. Ruíz Soler en Bayamón.

       En esa misma fecha, se celebró la segunda Vista de

Procesabilidad, a la cual compareció, entre otras partes, el Sr. Cruz

Rosario representado por la Lcda. Athelyn Jiménez Emmanuelli; el

Ministerio Público representado por la Fiscal Wandie Camacho

Santiago; la Sra. Ramos González; y la Dra. Rolón García.19 En

síntesis, la Dra. Rolón García declaró durante la vista que había

examinado nuevamente el estado mental del Sr. Cruz Rosario,

informó sobre los resultados que obtuvo, y dio su opinión pericial al

sobre el particular.20

       Finalizada la vista, el TPI emitió la Resolución y Orden

recurrida en el Caso Núm. ISCI202300163, la cual fue notificada el

18 Anejo XVIII de la Petición de Certiorari.
19 Anejo XXII de la Petición de Certiorari.
20Íd. Según surge de esta Resolución y Orden, durante la vista, la Dra. Rolón
García expresó lo siguiente:
       “La Dra. Yamilla Rolón informó bajo juramento que, evaluó al
       acusado, quien compareció acompañado a la evaluación desde el
       tribunal. Indicó que, durante la evaluación realizada, fue muy poca
       la información que pudo obtener, pero obtuvo un poco más que la
       vez anterior. Señaló que, el acusado se mostró poco cooperador,
       presentó retardación psicomotora, problemas de atención,
       concentración y memoria. Este reportó que no está recibiendo
       tratamiento de salud mental. En relación con el proceso legal, no
       pudo hablar coherentemente sobre lo que se le acusaba, cargos y
       posibles consecuencias. Mencionó que el acusado fue evaluado por
       el Departamento de la Familia y la trabajadora social lo está
       asistiendo para que obtenga una cita con un psicólogo y con un
       psiquiatra. Indicó que, en la vista anterior se emitió una orden a
       ASSMCA y no ha recibido ninguna Información en cuanto a esta
       orden. Explicó que, ya hay una orden del tribunal para que el
       acusado sea evaluado y no es si [é]l quiere. De no cumplirse con lo
       ordenado, entiende que procedería que el acusado ingrese a un
       Tratamiento Interno o a Psiquiatría Forense para que reciba el
       tratamiento que amerita.”
KLCE202301321                                                                   7

26 de octubre de 2023.21 Mediante este dictamen, el TPI acogió la

recomendación de la Dra. Rolón García y, en consecuencia, declaró

nuevamente No Procesable al Sr. Cruz Rosario y ordenó su ingreso

inmediato al Hospital Psiquiátrico Forense de Ponce “para que reciba

tratamiento de salud mental y educación con el proceso legal”.22

Además, se señaló una evaluación para el 20 de febrero de 2024 y

una vista de seguimiento para el 28 de febrero de 2024.23

       Así las cosas, el 3 de noviembre de 2023, el Sr. Cruz Rosario

presentó una Petición de Habeas Corpus ante el TPI bajo el Caso

Núm. ISCI202300289 solicitando que se ordenara el alta del Sr.

Cruz Rosario del Hospital Psiquiátrico Forense de Ponce.24 En

síntesis, alegó que no se reunían los criterios clínicos ni severidad

para estar recluido en dicha institución, por lo que la reclusión se

había ordenado en contravención a lo establecido en la Ley Núm.

408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental

de Puerto Rico”, 24 LPRA sec. 6152 et seq.

       El 6 de noviembre de 2023, notificada el 7 de noviembre de

2023, el TPI emitió la Resolución recurrida en el Caso Núm.

ISCI202300289, mediante la cual declaró No Ha Lugar la Petición

de Habeas Corpus presentada por el Sr. Cruz Rosario.25

       Inconforme con las determinaciones anteriores, el Sr. Cruz

Rosario acudió ante nos el 27 de noviembre de 2023 mediante el

presente recurso de Petición de Certiorari, en el que señala los

errores siguientes:

         Primer error: El TPI abusó de su discreción al ordenar
         el ingreso del señor Cruz Rosario -quien padece de
         discapacidad intelectual -en el Hospital de Psiquiatría
         Forense de Ponce. Ello para que recibiera "tratamiento"
         interno sin que se estableciera mediante prueba la

21  Íd.
22  Íd. Surge de esta Resolución y Orden, que la Defensa solicitó en corte abierta
la reconsideración de esta determinación, lo cual fue declarado No Ha Lugar por
el TPI.
23 Íd.
24 Anejo XXIV de la Petición de Certiorari.
25 Anejo XXVII de la Petición de Certiorari.
KLCE202301321                                                        8

       necesidad de tal nivel de restricción, en lugar de
       identificar las necesidades particulares, generar los
       apoyos y ajustes necesarios para viabilizar el
       cumplimiento con las órdenes del tribunal, en igualdad
       de condiciones que los demás ciudadanos, según
       ordena el debido proceso de ley y la igual protección de
       las leyes.

       Segundo error: El TPI violentó el derecho del señor
       Cruz Rosario a la igual protección de las leyes, al
       mantenerlo recluido en un hospital de psiquiatría
       forense sin que se descargara la prueba necesaria de
       trastorno mental severo y peligrosidad, como hubiera
       ocurrido de habérsele aplicado los estándares que, de
       ordinario, aplican a los ciudadanos que son recluidos
       involuntariamente en virtud de la Ley de salud mental
       de Puerto Rico.

       Tercer error: El TPI violó el derecho del señor Cruz
       Rosario a un debido proceso de ley, al ordenar su
       reclusión en un hospital de psiquiatría forense sin que
       existieran criterios clínicos que justificaran el nivel de
       cuidado más restrictivo. Esto, en contravención a la
       prohibición de hospitalización o tratamiento sin
       criterios clínicos y la prohibición de institucionalización
       que establece la Ley de Salud Mental, el Código Penal,
       Olmstead v. L. C., 527 U.S. 581 (1999), la Ley ADA y el
       DD Act.

       Cuarto error: Erró el TPI al denegar la solicitud de
       hábeas corpus por entender que no era el mecanismo
       apropiado sino una moción de reconsideración. Ello,
       toda vez que el hábeas corpus existe, precisamente,
       para solicitar el auxilio del Tribunal ante una restricción
       de la libertad, en violación a los derechos civiles y
       constitucionales, bajo leyes estatales y federales,
       oponibles frente a instituciones de psiquiatría forense.

     El 6 de diciembre de 2023, el Ministerio Público, representado

por la Oficina del Procurador General, presentó un Escrito en

Cumplimiento de Orden.

     Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                 II

                                 A.

     El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las
KLCE202301321                                                           9

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,    “es   una    forma    de   razonabilidad      aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el

recurso   de   certiorari   para    revisar   resoluciones    u   órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
KLCE202301321                                                       10

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd.

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                  B.

      La Regla 239 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.

239, dispone que “[n]inguna persona será juzgada, convicta o

sentenciada por un delito mientras esté mentalmente incapacitada.”

La capacidad o incapacidad mental de una persona de encarar un

proceso judicial en su contra se conoce como “procesabilidad del

imputado”. Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2012). Dicho

concepto se refiere a la lucidez con la que un imputado de delito

puede entender la naturaleza y el procedimiento criminal al que se
KLCE202301321                                                     11

enfrenta. Íd.; Pueblo v. Méndez Pérez, 193 DPR 781, 801 (2015); Ruiz

v. Alcaide, 155 DPR 492, 499 (2001).

      La prohibición que establece la Regla 239 de Procedimiento

Criminal, supra, tiene como propósito impedir que se someta a juicio

a una persona que es incapaz de comprender la naturaleza y

propósito de los procedimientos que se siguen en su contra, y como

consecuencia, de defenderse adecuadamente. Pueblo v. Pagán

Medina, supra; Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291 (2001). Tal

prohibición se fundamenta en la normativa jurídica medular que

establece que encausar a una persona no procesable viola el derecho

constitucional a un debido proceso de ley. Íd.

      Es en virtud de dicho precepto que la subsiguiente Regla 240

de Procedimiento Criminal, supra, dispone que:

      “[e]n cualquier momento después de presentada la
      acusación o denuncia y antes de dictarse la sentencia,
      si el tribunal tuviere evidencia, además de la opinión
      del representante legal del imputado o acusado, que
      estableciere mediante preponderancia de la prueba
      que el acusado está mentalmente incapacitado, o
      que éste no es capaz de comprender el proceso y
      colaborar con su defensa como consecuencia de
      alguna condición que afecta sus destrezas de
      comunicación, expondrá detalladamente por escrito
      los fundamentos para dicha determinación,
      suspenderá los procedimientos y señalará una vista
      para determinar el estado mental y/o funcional del
      acusado.” (énfasis suplido).

      La Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, establece

además el siguiente proceso:

      “(a) […] Una vez se señale esta vista, deberá el tribunal
      designar uno o varios peritos para que examinen al
      acusado y declaren sobre su estado mental y/o
      funcional. Se practicará en la vista cualquier otra
      prueba pertinente que ofrezcan las partes. En estos
      casos, la representación legal del imputado o acusado
      deberá presentar al tribunal una moción informando la
      intención de solicitar la paralización de los
      procedimientos por razón de la incapacidad mental y/o
      funcional de su representado acompañada de evidencia
      pericial de tal incapacidad, dentro de un término no
      menor de tres (3) días antes de la fecha señalada para
      la vista de que se trate.

      (b) Efectos de la determinación. Si como resultado de la
      prueba el tribunal determinare que el acusado está
KLCE202301321                                                   12

    mentalmente      y/o     funcionalmente       capacitado,
    continuará el proceso. Si el tribunal determinare lo
    contrario, podrá ordenar la reclusión del acusado en
    una institución adecuada. En aquellos casos en que
    el tribunal hallare que el imputado o acusado padece
    de alguna condición que no le permite comprender
    el proceso y colaborar con su defensa podrá ordenar,
    de entenderlo necesario, que éste sea ingresado en
    un centro de adiestramiento para el desarrollo de
    destrezas de vida independiente. Si luego de así
    recluirse al acusado el tribunal tuviere base razonable
    para creer que el estado mental y/o funcional del
    acusado permite la continuación del proceso, citará a
    una nueva vista que se llevará a cabo de acuerdo con lo
    provisto en el apartado (a) de esta Regla, y determinará
    entonces si debe continuar el proceso.

    (c) Fiadores; depósito. Si el tribunal ordenare la
    reclusión del acusado en una institución, según lo
    dispuesto en el inciso (b) de esta Regla, quedarán
    exonerados sus fiadores, y de haberse verificado un
    depósito de acuerdo con la Regla 222, será devuelto a la
    persona que acreditare su autoridad para recibirlo.

    (d) Procedimiento en la vista preliminar. Si el
    magistrado ante quien hubiere de celebrarse una vista
    preliminar tuviere evidencia, además de la opinión del
    representante legal del imputado, que estableciere
    mediante preponderancia de la prueba que el imputado
    está mentalmente incapacitado, o que éste no es capaz
    de comprender el proceso y colaborar con su defensa
    como consecuencia de alguna condición que afecta sus
    destrezas de comunicación, expondrá detalladamente
    por escrito los fundamentos para dicha determinación,
    suspenderá dicha vista y levantará un acta breve al
    efecto, de la cual dará traslado inmediato, con los
    demás documentos en autos, al secretario de la sala del
    Tribunal de Primera Instancia correspondiente, ante la
    cual se celebrará una vista siguiendo lo dispuesto en el
    inciso (a) de esta Regla. En estos casos, la
    representación legal del imputado deberá presentar al
    tribunal una moción informando la intención de
    solicitar la paralización de los procedimientos por razón
    de la incapacidad mental y/o funcional de su
    representado acompañada de evidencia pericial de tal
    incapacidad, dentro de un término no menor de tres (3)
    días antes de la fecha señalada para la vista preliminar.
    Si el tribunal determinare que el imputado está
    mentalmente y/o funcionalmente capacitado, devolverá
    el expediente al magistrado o tribunal de origen, con su
    resolución, y los trámites de la vista preliminar
    continuarán hasta su terminación. Si el tribunal
    determinare lo contrario, actuará de conformidad
    con lo provisto en el inciso (b) de esta Regla, solo
    que a los efectos de la vista preliminar.” (énfasis
    suplido).

                               C.
KLCE202301321                                                       13

      Tanto la Constitución de Estados Unidos, como la de Puerto

Rico, garantizan que a ninguna persona se le privará de su libertad

o propiedad sin el debido proceso de ley. Enmiendas V y XIV de la

Const. de Estados Unidos, Art. II, Sec. 7 de la Const. de Puerto Rico.

      Por otra parte, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 408-

2000 expresa que “velar por la salud mental de nuestro Pueblo, es y

debe ser un asunto de entero interés para el Gobierno de Puerto

Rico. La salud mental es elemento matriz de la sana convivencia y

de una buena calidad de vida.”

      En relación con una determinación de no procesabilidad

permanente de un individuo, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos expresó en Jackson v. Indiana, 406 US 715, 738 (1972), lo

siguiente:

      We hold, consequently, that a person charged by a State
      with a criminal offense who is committed solely on
      account of his incapacity to proceed to trial cannot be
      held more than the reasonable period of time necessary
      to determine whether there is a substantial probability
      that he will attain that capacity in the foreseeable
      future. If it is determined that this is not the case, then
      the State must either institute the customary civil
      commitment proceeding that would be required to
      commit indefinitely any other citizen or release the
      defendant. (Énfasis nuestro).

      Nuestro Tribunal Supremo adoptó el antedicho precepto legal

y manifestó en Pueblo v. Santiago Torres, supra, que: “[f]rente a una

determinación     de   no   procesabilidad     permanente      de   un

individuo, el Estado tiene dos (2) opciones, a saber: dejarlo en

la libre comunidad o iniciar los procedimientos de internación

civil.”

      “A tales fines, al plantearse, de un lado, la posibilidad
      de la liberación, y, de otro lado, la restricción a la
      libertad, hay varios intereses en juego. El Estado tiene,
      bajo el poder de parens patriae, un interés legítimo en
      cobijar y proveerle al individuo aquel cuidado que por
      razón de su condición no puede brindárselo él mismo,
      incluyendo un tratamiento que mejore su condición,
      bajo su poder regulador (police power), un interés de
      proteger a la ciudadanía en general ante el posible
      peligro que representa el individuo, y, por último, bajo
      ambos poderes, un interés de prevenir que el individuo
KLCE202301321                                                                14

       se haga daño a sí mismo. El imputado, de otra parte,
       posee un interés fundamental de que no se restrinja su
       libertad sin el debido proceso de ley.26

       […]

       Es decir, en el supuesto de no procesabilidad
       permanente, el tribunal, tras considerar el grado de
       peligrosidad del individuo —tanto para sí como para la
       sociedad— como consecuencia de su condición mental,
       archivará los cargos en su contra y lo pondrá en libertad
       o dispondrá que se inicien los procedimientos conforme
       a la Ley de Salud Mental.”

                                       III

       En síntesis, en los primeros tres (3) errores señalados en su

recurso de Petición de Certiorari, el Sr. Cruz Rosario alega que el TPI

erró al ordenar su reclusión en el Hospital Psiquiátrico Forense de

Ponce.

       En este caso, según reseñamos, la perito Dra. Rolón García,

quien fue designada por el TPI, declaró que examinó en dos (2)

ocasiones el estado mental del Sr. Cruz Rosario y, a base de los

resultados, opinó que este no estaba mentalmente capacitado para

comprender el proceso judicial seguido en su contra y colaborar con

su defensa. El TPI le otorgó credibilidad a la opinión de la Dra. Rolón

García y acogió su recomendación. Finalmente, mediante la

Resolución y Orden emitida el 25 de octubre de 2023 en el Caso

Núm. ISCI202300163, el TPI a base de prueba que tuvo ante su

consideración declaró que el Sr. Cruz Rosario no era procesable,

ordenó su reclusión en el Hospital Psiquiátrico Forense de Ponce, y

señaló una vista de seguimiento. Según dispuso el TPI en su

dictamen, la orden de reclusión del Sr. Cruz Rosario en dicha

institución tenía como propósito que este recibiera tratamiento de

salud mental y educación sobre el proceso legal.

26Citando a Heller v. Doe, 509 US 312, 332 (1993); Addington v. Texas, 441 US

418, 426 (1979); Seling v. Young, 121 S.Ct. 727, 734 (2001); Kansas v. Hendricks,
521 US 346, 363 (1997) y D.H.J. Hermann, Barriers to Providing Effective
Treatment: A Critique of Revisions in Procedural, Substantive, and Dispositional
Criteria in Involuntary Civil Commitment, 39 Vand. L. Rev. 83, 95 (1986).
KLCE202301321                                                     15

      Evaluado el presente recurso de certiorari a la luz de lo

dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla

40 del Reglamento de Tribunal de Apelaciones, supra, determinamos

que no procede su expedición. Conforme provee la Regla 240 de

Procedimiento Criminal, supra, de entenderlo necesario, el TPI podía

ordenar a que el Sr. Cruz Rosario fuera recluido en una institución

apropiada hasta que su estado mental permitiera la continuación

del proceso judicial seguido en su contra. Además, del expediente

surgen los trámites seguidos por dicho foro previo a ordenar la

reclusión del Sr. Cruz Rosario en un intento por cumplir con el

proceso establecido en la Regla 240 de Procedimiento Criminal,

supra.   En el caso de autos esto ni siquiera fue posible ante el

incumplimiento de la parte imputada y su tutor con asistir a la

evaluación pautada en el Programa de Discapacidad Intelectual en

las facilidades el antiguo Hospital Ruíz Soler en Bayamón y las

gestiones realizadas para contactarlos habían sido infructuosas. Es

importante puntualizar que estando el imputado bajo la custodia del

Estado las agencias concernidas se aseguren de cumplir con las

órdenes del Tribunal para que en la próxima vista la Psiquiatra del

Estado y el foro primario puedan evaluar de existir alternativas

menos restrictivas. Además, la abogada de defensa y el tutor del

imputado deberán cumplir con cualquier documento solicitado o

que le soliciten las agencias concernidas.

      Además, se aclara que la etapa procesal del caso en la cual se

encuentra es una de no procesabilidad y el imputado no ha sido

declarado todavía no procesable permanentemente para que se

activen las disposiciones de la Ley Núm. 408-2000, supra. Véase,

Jackson v. Indiana, supra; Pueblo v. Santiago Torres, supra. Por

tanto, no se justifica nuestra intervención en esta etapa de los

procedimientos.
KLCE202301321                                                            16

      Finalmente, en el cuarto señalamiento de error del recurso de

Petición de Certiorari, el Sr. Cruz Rosario alega que el TPI erró al

denegar su petición de habeas corpus mediante la Resolución

emitida el 6 de noviembre de 2023 y notificada el 7 de noviembre de

2023 por el TPI en el Caso Núm. ISCI202300289 por entender que

no era el remedio adecuado.

      Luego      de   evaluar   el   trámite   procesal   de   este   caso,

determinamos que no tenemos jurisdicción para revisar la

Resolución emitida en el Caso Núm. ISCI202300289 mediante el

presente recurso de certiorari. La normativa procesal vigente impide

a una parte agrupar determinaciones de varios casos en un mismo

recurso. Véase, Silva Barreto v. Tejada Martell, 199 DPR 311 (2017);

M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176

(2012). La parte peticionaria debió presentar recursos por

separados. Íd.

      El incumplimiento con los requisitos reglamentarios sobre la

presentación de los recursos nos priva de jurisdicción para atender

este cuarto señalamiento de error. En múltiples ocasiones, el

Tribunal Supremo ha señalado que los tribunales debemos ser

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v.

JCA, 184 DPR 898, 994 (2012). Para cumplir con dicha jurisdicción

los    recursos       apelativos     deben     quedar     adecuadamente

perfeccionados para poder ser atendidos,27 de lo contrario podrían

ser desestimados. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).

                                     IV

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

auto de certiorari.

27 M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012);
Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera
Toro, 173 DPR 137 (2008).
KLCE202301321                                                     17

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones