Court Opinion

ID: 9952149
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:21:59.398767+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:48.278142
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI

                                                   CERTIORARI
  GILDA N. IRRIZARRY                               procedente del
        CARLO                                      Tribunal de
                                                   Primera Instancia,
        Recurridos                                 Sala Superior de
                                                   Bayamón
             v.               KLCE202301474
                                                   Caso número:
    CLEAN HARBORS                                  BY2022CV01840
      CARIBE, INC.
                                                   Sobre: ALEGADO
       Peticionario                                DESPIDO
                                                   INJUSTIFICADO,
                                                   PRÁCTICA ILEGAL
                                                   BAJO ART. 5(b)
                                                   Ley 180-1998,
                                                   Procedimiento
                                                   Sumario al amparo
                                                   de la Ley 2 de 17
                                                   de octubre de 1961
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                         RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

      Comparece Clean Harbors Caribe, Inc. (CHC o la peticionaria)

mediante Recurso de Certiorari presentado el 28 de diciembre de

2023, en una reclamación por despido injustificado instada en su

contra ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (TPI o foro primario), por Gilda N. Irizarry Carlo, (señora

Irizarry Carlo, o la recurrida), al amparo del procedimiento sumario

que provee la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA sec

3118 et seq.). En el contexto del pleito laboral presentado ante el TPI

por la recurrida bajo el procedimiento sumario provisto por la Ley

Núm. 2, supra, CHC recurre ante nos de la Resolución emitida el 17

de diciembre de 2023, por el foro primario, notificada al día

siguiente, que declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por la peticionaria.

 Número Identificador
 RES2024 _______________
KLCE202301474                                                       2

       Por los fundamentos que pasamos a exponer denegamos la

expedición del auto de certiorari presentado por CHC.

                                    I.

       El trámite procesal del caso de epígrafe comenzó el 11 de abril

de 2022, con la Querella por despido injustificado, presentada por

la señora Irizarry Carlo en contra de CHC, al amparo de la Ley de

Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 LPRA

sec. 185a et seq.), según enmendada por el Artículo 3.18 de la Ley

de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero

de 2017 (29 LPRA sec. 121 et seq.) y mediante el procedimiento

sumario que provee la Ley Núm. 2, supra. 1 En síntesis, la recurrida

alegó en la Querella que el 7 de abril de 2022, fue despedida por

CHC con el propósito de sustituirla, sin respetar el principio de

antigüedad.

       En respuesta, el 25 de abril de 2022, CHC presentó una

Contestación a Querella.2        En lo pertinente, CHC sostuvo que el

despido de la recurrida fue por justa causa.

       Tras varios trámites procesales, el 18 de agosto de 2023, CHC

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria a la que anejó prueba

documental.3 En síntesis, CHC sostuvo que la recurrida no fue

despedida sin justa causa, sino que su puesto de trabajo fue

eliminado como parte de una reorganización bona fide de los

negocios de CHC, razón contemplada por la Ley Núm. 80, supra,

como constitutiva de justa causa para el despido.

       El 11 de octubre de 2023, la señora Irizarry Carlo presentó

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria a la que anejó una

Declaración Jurada prestada por esta.4

1 Véase páginas 12-16 del Apéndice del Recurso de Certiorari.
2 Véase páginas 17-24 del Apéndice del Recurso de Certiorari.
3 Véase páginas 27- 41 del Apéndice del Recurso de Certiorari.
4 Véase páginas 125-147 del Apéndice del Recurso de Certiorari.
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      Mediante Resolución emitida el 17 de diciembre de 2023,

notificada al día siguiente, el foro primario declaró No Ha Lugar la

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por CHC. Concluyó el

TPI que existían hechos en controversia que impedían la

adjudicación del caso mediante el mecanismo procesal de sentencia

sumaria.   Entre   los   hechos   que    el   foro   primario   encontró

controvertidos está si el motivo del despido de la señora Irizarry fue

por reducción de personal de CHC, si esta era necesaria y si las

métricas de la peticionaria eran correctas según el tiempo que ocupó

la señora Irizarry Carlo en el puesto.

      Inconforme, CHC presentó el recurso de epígrafe y señala la

comisión de los siguientes errores por parte del foro primario:

      ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER LA SOLICITUD DE
      SENTENCIA SUMARIA CONCLUYENDO QUE A
      PARTIR DE LA PRUEBA PRESENTADA AÚN NO
      ESTABA EN POSICIÓN DE RESOLVER A FAVOR DE
      NINGUNA   PARTE,   A   PESAR  DE   EXISTIR
      SUFICIENTE PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA
      LEGALIDAD DEL DESPIDO.

      ERRÓ EL TPI AL NO DAR POR ADMITIDA LA
      SOLICITUD   DE   SENTENCIA  SUMARIA  SIN
      OPOSICIÓN AL HABERSE PRESENTADO LA
      OPOSICIÓN DE FORMA TARDÍA Y AL AMPARO DE
      UN AFFIDAVIT ESTEREOTIPADO.

      En respuesta, el 9 de enero de 2024, la señora Irizarry Carlo

presentó una Moción de Desestimación bajo la R. 83 (B)(1) del

Reglamento. En esencia, la recurrida arguye que atender el Recurso

de Certiorari presentado por CHC, para revisar la resolución

interlocutoria recurrida, desvirtuaría el carácter sumario del

procedimiento laboral instado por la recurrida al amparo de la Ley

Núm. 2 supra. Destaca, además, la señora Irizarry Carlo que la

peticionaria tampoco presentó ante el TPI petición alguna para la

conversión del procedimiento a uno de carácter ordinario.

      El 29 de enero de 2024, la peticionaria compareció ante nos

mediante una Oposición a Moción de Desestimación bajo la Regla
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83(B)(1) del Reglamento. En ajustada síntesis, la peticionaria

sostiene que la intervención inmediata del tribunal en esta etapa

para revisar la Resolución recurrida y declarar con lugar la solicitud

de sentencia sumaria presentada ante el TPI y denegada por dicho

foro, dispondría del caso en su totalidad de forma definitiva. Razona

CHC que, a pesar de tratarse de un procedimiento sumario, bajo la

Ley Núm. 2, supra, el cual no cuestiona, la etapa procesal en la que

se encuentra el caso es idónea para atender la solicitud de sentencia

sumaria.

                               II.

                               A.

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-
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487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.
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       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

                                 III.

       Es la contención de la peticionaria en el caso que nos ocupa

que, al emitir la Resolución recurrida que declaró No Ha Lugar su

solicitud de sentencia sumaria, el foro primario incidió toda vez que

hay ausencia de hechos materiales en controversia.

       Luego de examinar el dictamen recurrido, concluimos que no

está presente excepción alguna a la norma jurisprudencial y

reglamentaria discutida, en torno a la expedición del auto de

certiorari. Es decir, en el caso de epígrafe no encontramos indicio de

que el foro primario actuó con prejuicio, parcialidad o error craso y

manifiesto al emitir su dictamen y la etapa del procedimiento en que

se presenta el caso no es la más propicia para su consideración.

Además, no encontramos indicio de que el TPI haya actuado de

forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción,

o cometido algún error de derecho. Pueblo v. Rivera Santiago, supra;

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, supra. Véase, además, Trans-

Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709 (2012).
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      En el caso ante nos, el foro primario evaluó la Solicitud de

Sentencia Sumaria presentada por CHC y la declaró No Ha Lugar por

entender que existían hechos materiales en controversia que

impedían la adjudicación sumaria del caso. Con tal proceder, el foro

primario actuó dentro de su discreción y conforme a derecho. Así,

no debemos perder de perspectiva que, el foro primario tiene amplia

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración

de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).

      En fin, conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

y evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar el certiorari

solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos que nos

motiven a expedir el mismo.

                                IV.

      Por   los   fundamentos    antes   expuestos,   denegamos    la

expedición del auto de certiorari solicitado por CHC. Se devuelve el

caso al TPI para la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones