Court Opinion

ID: 9962725
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:46:21.051447+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:07.972882
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

                                                Apelación
     FRANCISCO JOSÉ                             procedente del
       PEREYO DÍAZ                              Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala de
           Apelante               KLAN202301104 San Juan

               v.                                       Caso núm.:
                                                        SJ2019CV12915
    ALEXANDRA MARESA                                    (504)
     ÁLVAREZ FERNÓS
                                                        Sobre: Liquidación
            Apelada                                     de Comunidad de
                                                        Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero1.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

       El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria,

ordenó la distribución de unos fondos consignados, producto de la

venta de un inmueble, a razón de un 50% para cada una de las

partes, ello con el fin de liquidar una comunidad de bienes. Según

se explica en detalle a continuación, procede la confirmación de lo

actuado por el TPI, pues (i), en este contexto, no aplica la

paralización automática (automatic stay) que se activa a raíz de la

presentación de una petición de quiebra y (ii), en los méritos, las

alegaciones del demandante habían sido válidamente eliminadas

como sanción por incumplimiento con órdenes del TPI relacionadas

con el descubrimiento de prueba.

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes
adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202200616 y
KLCE202300764).

Número Identificador
SEN2024________________
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                                        I.

       En diciembre de 2019, el Sr. Francisco J. Pereyó Díaz (el

“Apelante” o “Demandante”) presentó la acción de referencia (la

“Demanda”) en contra de la Sa. Alexandra Maresa Álvarez Fernós (la

“Demandada”).       Solicitó la división de una comunidad entre las

partes sobre un inmueble en el Condominio Laguna Tower de San

Juan, Puerto Rico (la “Propiedad”). El Demandante alegó que, a

partir del 2002, se encargó de todos los gastos de la Propiedad y que

la Demandada había acordado reembolsarle el 50% de dichos gastos

una vez la Propiedad se vendiera.

       La Demandada contestó la Demanda; negó haber acordado

reembolsar la mitad de los gastos relacionados con la Propiedad.

Añadió que la Propiedad generó ingresos y ganancias, por concepto

de rentas, durante el período en controversia.

       Luego de varios trámites, el 13 de abril de 2023, el TPI emitió

una Resolución mediante la cual eliminó las alegaciones del

Demandante en torno a los presuntos gastos que reclamó como

créditos. Además, le prohibió al Demandante presentar “cualquier

evidencia relacionada con los créditos que invoca y aduce tener

contra los activos de la comunidad, depositados en el Tribunal”.2 El

TPI impuso dicha sanción por el reiterado incumplimiento del

Demandante        con    las    órdenes      del   tribunal   en   torno   al

descubrimiento de prueba.

       Inconforme, el 10 de julio, el Demandante nos solicitó la

revisión de la referida decisión (KLCE202300764). Mediante una

Resolución de 11 de agosto, denegamos la expedición del auto

solicitado.

       Mientras tanto, el 29 de junio de 2023, la Demandada instó

una Petición de Quiebra (la “Petición”) ante la Corte de Quiebras de

2 Véase, Resolución, Apéndice 4 del recurso, pág. 16.
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los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (“Corte de

Quiebras”).   En consecuencia, el 11 de agosto, el Síndico del

Capítulo 7 de Quiebras (el “Síndico”) presentó ante el TPI una Moción

Solicitando Sustitución de Parte e Intervención. El 18 de septiembre,

el TPI emitió una Orden mediante la cual autorizó la sustitución de

la Demandada y la intervención del Síndico.

      Mediante una Sentencia notificada el 20 de octubre (la

“Sentencia”), el TPI ordenó la división de los haberes de la

comunidad, consignados en el TPI. Enfatizó que, desde el 13 de

abril, había ordenado la eliminación de las alegaciones del

Demandante y prohibido la presentación de cualquier evidencia

relacionada con los créditos que este adujo tener contra los activos

de la comunidad. Lo anterior, debido al reiterado incumplimiento

del Apelante con las órdenes de descubrimiento de prueba, a pesar

de las advertencias y sanciones económicas previas. Además, el TPI

resaltó que el Demandante no había contestado una Segunda

Moción al Amparo de la Regla 34 de las Reglas de Procedimiento Civil,

Solicitud de Remedios y Para que se Dice Sentencia Final presentada

por la Demandada.

      Ante la ausencia de controversias en torno a la naturaleza

comunal de la Propiedad, el TPI concluyó que cada uno de los

comuneros poseían una participación de partes iguales (50%) sobre

la misma y, por ende, sobre los fondos consignados. Además,

concluyó que, al incumplir reiteradamente las órdenes judiciales

emitidas, el Demandante fue temerario e incurrió en conducta

contumaz, terca o rebelde. Así pues, ordenó la distribución de los

fondos consignados, a razón del 50% a cada una de las partes.

Además, le impuso al Demandante el pago de $5,000.00 por

concepto de honorarios de abogado por temeridad.

      Inconforme, el 6 de noviembre (lunes), el Demandante solicitó

la reconsideración de la Sentencia.     Arguyó que el caso quedó
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automáticamente paralizado a raíz de la presentación de la Petición.

Mediante una Resolución notificada el 8 de noviembre, el TPI denegó

la reconsideración solicitada.

      El 8 de diciembre, el Demandante presentó la apelación que

nos ocupa; formuló los siguientes cuatro (4) señalamientos de error:

      Primer Señalamiento de Error: Erró el Tribunal de
      Primera Instancia al dictar sentencia sin jurisdicción
      puesto el 29 de junio de 2023, una de las partes radicó
      voluntariamente una petición de quiebra al amparo del
      Capítulo 7 de la Ley de Quiebras por lo que, desde
      entonces, los procedimientos ante Tribunal de Primera
      Instancia quedaron automáticamente paralizados en
      virtud del Capítulo 7 del Código de Quiebras Federal (11
      USC Se. 362).

      Segundo Señalamiento de Error: Erró el Tribunal de
      Primera Instancia al dictar sentencia sumaria, cuando
      no se cumplió con los requisitos para resolver
      sumariamente, ni se había presentado una Moción de
      Sentencia Sumaria para su consideración.

      Tercer Señalamiento de Error: Erró el Tribunal de
      Primera Instancia al resolver en sus méritos un caso,
      sin celebrar una vista para atender las controversias
      entre las partes privándole así de su día en corte a la
      Parte Recurrente.

      Cuarto Señalamiento de Error: Erró el Tribunal de
      Primera Instancia al privar a la Parte Apelante del
      derecho a presentar prueba sobre los créditos.

      A mediados de enero, el Síndico presentó un Alegato en

Oposición a la Apelación; arguyó que el caso no había quedado

paralizado. Ello porque el caso, al ser análogo a uno de interpleader,

no va dirigido en contra de la Demandada para fines del análisis

correspondiente bajo la normativa federal sobre la paralización

automática. Resolvemos3.

                                    II.

      Los procedimientos de quiebras son reglamentados por ley

federal.   Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490

(2010). El Código de Quiebras, 11 USCA sec. 101 et seq., rige los

3 El Demandante solicitó replicar al alegato del Síndico; hemos determinado
denegar dicha solicitud.
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procedimientos ante las Cortes de Quiebras federales, tribunales

creados exclusivamente para estos fines. Íd.

      El Código de Quiebras, supra, ofrece ciertas protecciones a las

personas que se acogen al procedimiento de quiebra. Una de las

protecciones más significativas es la paralización automática

(automatic stay) “del comienzo o la continuación de cualquier

proceso judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo

haber sido interpuesto contra el deudor, o para ejercitar cualquier

acción cuyo derecho nació antes de que se iniciara la quiebra”.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 387 (2020).

(Citas omitidas) (énfasis en el original). La paralización automática

también protege al deudor de aquellas acciones judiciales o

administrativas iniciadas contra este, que procuren la ejecución de

una sentencia obtenida o la recuperación de reclamaciones hechas

con anterioridad a la petición de quiebra, respectivamente. 11 USC

sec. 362(a)(1); Allied Management, 204 DPR a la pág. 388.

      Con la paralización automática se pretende proveer un respiro

al deudor y, además, proteger a los acreedores ante la posibilidad de

que los activos del deudor desaparezcan de forma desorganizada

ante acciones individuales contra este.          Véase, Collier on

Bankruptcy, Lawrence P. King ed. (1996), 15th ed., Vol. 3, sec.

362.03, a las págs. 362-13 y 14.1.

      Por esta razón, la paralización surte efecto automáticamente

con la presentación de la petición de quiebra. No se requiere una

notificación formal para ello. Además, la paralización surte efecto

hasta tanto la Corte de Quiebras dicte sentencia y disponga del caso,

u otorgue alivio en cuanto a ciertos acreedores. 11 USC secs.

362(c)(2) y 362(d)-(f). Véase, In re Jamo, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir.

2002). Por consiguiente, la paralización, “provoca también que los

tribunales    estatales    queden     privados     de    jurisdicción

automáticamente, e, incluso, es tan abarcadora que paraliza litigios
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que tienen poco o nada que ver con la situación financiera del

deudor”. Marrero Rosado, 178 DPR a la pág. 491, citando a 3 Collier

on Bankruptcy, Sec. 362.03[3].

                                 III.

      Las Reglas de Procedimiento Civil se interpretan de modo que

faciliten el acceso a los tribunales y que garanticen una solución

justa, rápida y económica de todo procedimiento. 32 LPRA Ap. V,

R. 1; Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714 (2009);

Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925 (1996). Asimismo, las

partes tienen el deber de ser diligentes y proactivas al promover sus

causas. Este principio rige desde que se inicia el caso hasta la etapa

de ejecución de la sentencia.

      El TPI tiene la autoridad inherente de velar por el

cumplimiento de sus órdenes, y así puede, por ejemplo, imponer

sanciones económicas a las partes y abogados que incumplan con

las mismas. Véanse Reglas 37.7 y 44.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V; Pérez Torres v. Acad. Perpetuo Socorro, 182 DPR 1016,

1026-28 (2011); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494,

498 (1982).

      En efecto, la Regla 44.2, supra, autoriza al TPI a imponer

“sanciones económicas” en “cualquier etapa a una parte o a su

representante legal por conducta constitutiva de demora, inacción,

abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la

eficiente administración de la justicia”. Asimismo, la Regla 37.7,

supra, autoriza al tribunal a imponer “la sanción económica que

corresponda” a aquella “parte o su abogado” que “incumpl[a]

cualquier orden del tribunal para el manejo del caso sin que medie

justa causa”.

      Entre la diversidad de posibles sanciones, se encuentra

también la eliminación de las alegaciones, contemplada por la Regla

39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2. Esta Regla
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permite la desestimación de pleitos o la eliminación de las

alegaciones a iniciativa del TPI, o a solicitud de la parte demandada,

en casos en que, por ejemplo, se incumpla con el trámite

reglamentario aplicable o con cualquier orden del Tribunal, o

cuando se deja de proseguir el caso. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Michie de

Puerto Rico, 2010, sec. 3901, págs. 266-67 y 369.

      Claro está, la eliminación de las alegaciones, como medio de

sanción, debe ser el último recurso por utilizarse después que otras

sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de administrar

justicia. Íd. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498

(1982). El poder discrecional de eliminar las alegaciones se debe

ejercer juiciosa y apropiadamente, y esta sanción solo procede

cuando no haya duda de la irresponsabilidad y contumacia de la

parte contra quien se toman las medidas drásticas.        Acevedo v.

Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974); Mejías, et al.

v. Carrasquillo, et al., 185 DPR 288, 298 (2012); Díaz v. Tribunal

Superior, 93 DPR 79, 83 (1966).

      Ahora bien, cuando el tribunal cumple con el trámite

dispuesto en la Regla 39.2(a) y, conforme a las circunstancias

particulares   del   caso,   se   demuestra     fehacientemente     el

incumplimiento de una parte con el trámite reglamentario aplicable

o con cualquier orden del Tribunal, los foros apelativos debemos

deferencia al dictamen del TPI. Mejías, et al., supra; Dávila v. Hosp.

San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814-815 (1986). Lo anterior, pues,

de “ordinario [,] no intervendremos con el ejercicio de discreción de

los tribunales de [primera] instancia al imponer sanciones por

incumplimiento a sus órdenes”. Lluch v. España Service Sta., 117

DPR 729, 749-750 (1986).
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      Así también, es norma conocida que los tribunales apelativos

no intervienen con el manejo de los casos ante el TPI “salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal

actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial.” Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co.,

132 DPR 170, 181 (1992); ELA v. Asoc. De Auditores, 147 DPR 669

(1999); Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000). Ello,

pues el TPI tiene amplia discreción en el manejo del calendario y, en

ausencia de circunstancias extraordinarias, no debemos intervenir

con el ejercicio de dicha discreción. Rebollo López v. Gil Bonar, 148

DPR 673, 678 (1999); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322

(2005).

                                  IV.

      “[T]anto los tribunales federales como los estatales tenemos la

facultad inicial de interpretar la paralización y su aplicabilidad a los

casos ante nos”. Lab. Clínico v. Depto. Salud, 198 DPR 790, 791-

792 (2017) (citando In Mid-City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D.

III. 2005)); Lacourt Martínez v. JLBP, 198 DPR 786, 788 (2017). Por

consiguiente, el TPI tenía la potestad de determinar si el caso quedó

afectado por la paralización automática que se activó con la

presentación de la Petición.

      Aclarado lo anterior, concluimos que, según determinado por

el TPI, el caso no quedó paralizado como consecuencia de la

presentación de la Petición. Ello porque el caso de referencia no es

“contra” la Demandada, en el contexto del significado de dicho

término bajo la ley federal. Adviértase que el caso gira en torno a

cómo se dividirán unos fondos consignados en el tribunal y sobre

los cuales la Demandada tiene interés, pero los cuales no controla

ni forman actualmente parte de su caudal.          Por tanto, no cabe
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hablar de que el caso coloque en peligro el caudal de la Demandada;

al revés, el caso va dirigido a precisar a cuánto asciende la

participación de la Demandada en los fondos consignados y,

determinado ello, a aumentar el caudal de la Demandada mediante

la correspondiente distribución.

      Como bien señaló el Síndico, una acción de interpleader

ordinariamente no es una acción “en contra del deudor”, pues “se

trata de que el deudor es otro reclamante más al bien en disputa y

… no es un acto para obtener la posesión de propiedad del caudal o

controlarlo, sino que se busca saber mediante la misma si ese bien

es en realidad propiedad del caudal.” Véase Rett White Motor Sales

Co. v. Wells Fargo Bank, 99 B.R. 12 (N.D. Cal. 1989).

      Por otra parte, y contrario a lo planteado por el Demandante,

el TPI no cometió error de derecho, ni abusó de su discreción, al

eliminar las alegaciones del Demandante en abril de 2023. Como

indicamos cuando declinamos intervenir con dicha determinación

del TPI (KLCE202300764), la orden incumplida por el Demandante

se emitió en diciembre de 2022, y el TPI denegó la reconsideración

del Demandante al respecto en enero.          No obstante, ante el

incumplimiento del Demandante, la Demandada tuvo que presentar

dos mociones, como resultado de lo cual, el TPI, en abril, eliminó las

alegaciones del Demandante.

      Además, antes de eliminarle las alegaciones, el TPI le había

advertido al Demandante sobre las consecuencias de persistir en

incumplir con sus órdenes de producción de la prueba requerida por

la Demandada. Por ejemplo, en la vista del 7 de marzo de 2023, el

TPI le advirtió al Demandante que las objeciones relacionadas con

el descubrimiento en controversia habían sido atendidas y

adjudicadas de manera final y firme. Véase, Resolución notificada

el 24 de enero de 2023. No obstante, el Demandante persistió en no

cumplir con las órdenes del TPI.
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       En fin, el TPI estaba facultado para sancionar al Demandante

por no cumplir oportunamente con sus órdenes. Regla 34.3(b)(3) de

las de Procedimiento Civil. Tampoco podemos concluir que haya

abusado de su discreción el TPI al sancionar al Demandante, pues

ello obedeció al reiterado incumplimiento del Demandante con las

órdenes del TPI. Lluch, 117 DPR a las págs.                    749-750 (“[d]e

ordinario[,] no intervendremos con el ejercicio de discreción de los

tribunales de [primera] instancia al imponer sanciones por

incumplimiento a sus órdenes”).           Asimismo, el TPI le advirtió al

Demandante de antemano y le impuso sanciones menos drásticas.

       En cualquier caso, el Demandante no ha justificado su

incumplimiento reiterado con las órdenes del tribunal.                        La

determinación de si cierta información bancaria o contributiva

solicitada por la Demandada era pertinente, confidencial o afectaría

a terceros, es decir, si procedía se descubriese o no, le correspondía

al TPI, quien adjudicó esta controversia conforme a derecho y

razonablemente.        Por consiguiente, el Demandante tenía que

cumplir con el descubrimiento ordenado.                 El TPI le concedió

oportunidades razonables para enmendar su curso de acción. Al no

hacerlo,    la   sanción    impuesta      es   resultado     directo    de    su

incumplimiento. Así pues, no procede nuestra intervención con la

discreción ejercida por el TPI, pues no se demostró que esta fuese

irrazonable, o contraria a derecho.4

       Por otro lado, y contrario a lo que asevera el Demandante, la

Demandada sí solicitó la resolución sumaria del caso.                    En la

Segunda Moción al Amparo de la Regla 34 de las Reglas de

4 Resulta patentemente inmeritoria la alegación del Demandante de que existen

controversias de hechos en virtud de un requerimiento de admisiones cursado a
la Demandada, el cual el TPI dio por admitido el 24 de agosto de 2020. Ello
porque, en nuestra Sentencia de 30 de junio de 2022 (KLCE202200616),
determinamos que dicho requerimiento fue notificado incorrectamente.
Asimismo, el TPI luego ordenó a las partes notificar nuevamente el descubrimiento
de prueba. Sin embargo, el Demandante no renotificó el requerimiento de
admisiones. De todas maneras, el TPI, no solo ordenó la eliminación de las
alegaciones del Demandante, sino que también le prohibió presentar cualquier
prueba relacionada con estas. Véase, Apéndice 4 del recurso, pág. 16.
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Procedimiento Civil, Solicitud de Remedios y Para que se Dice

Sentencia Final, presentada el 6 de marzo de 2023, la Apelada

solicitó taxativamente al TPI que emitiera una sentencia final a los

fines de, entre otros, ordenar “la distribución por partes iguales de

los dineros consignados en el tribunal, con la imposición de gastos,

costas y una suma razonable de honorarios de abogado”.5 A pesar

de que el TPI le ordenó al Demandante consignar su postura en

torno a esta Segunda Moción, este no lo hizo.

       Aunque la Apelante no observó los requisitos de forma que

establece la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36, el único efecto que esto tiene es que “el tribunal no estará

obligado a considerar su pedido”. Melendez González v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 109 (2015). Ello no impedía, sin embargo, que el TPI,

si lo consideraba procedente, dictara sentencia sumariamente. El

criterio rector al considerar la procedencia de un dictamen sumario

es que no haya controversia sobre los hechos esenciales pertinentes,

según alegados por las partes en sus respectivas solicitudes u

oposiciones, y que solo reste aplicar el Derecho. Rodríguez García v.

UCA, 200 DPR 929, 941 (2018).

       En este caso, a raíz de la eliminación de las alegaciones y la

evidencia     que    pudiese     haber     presentado      el   Demandante,

desaparecieron las controversias de hechos. Ello le permitía al TPI

adjudicar sumariamente, como lo hizo, la solicitud de división de la

comunidad de bienes, de conformidad con la presunción de igualdad

en la proporción de las cuotas sobre los bienes que establece el

Artículo 327 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1272.6

5 Véase, Segunda Moción al Amparo de la Regla 34 de las Reglas de Procedimiento

Civil, Solicitud de Remedios y Para que se Dice Sentencia Final presentada por la
Apelada, Apéndice 31 del recurso, pág. 592.
6 Hacemos referencia al derogado Código Civil de 1930 por estar vigente al

momento de los hechos que generaron la controversia de autos.
KLAN202301104                                                     12

                                V.

     Por los fundamentos que anteceden se confirma la Sentencia

apelada.

     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones