Court Opinion

ID: 9962780
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:51:46.454522+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:19.925678
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

     ALEXANDER                   Certiorari
 SANTANA MARRERO;                Procedente del Tribunal de
  DINORAH BURGOS                 Primera Instancia,
    LUCCIONI y LA                Sala de SAN JUAN
 SOCIEDAD LEGAL DE KLCE202400040
    GANANCIALES                  Caso Núm.:
   COMPUESTA POR                 SJ2023CV04982
       AMBOS
                                 Sobre:
      Recurridos                 Represalias, Ley Núm. 115
                                 de 20 de diciembre de 1991;
          v.                     Despido Injustificado, Ley
                                 Núm. 80 de 30 de marzo de
  HOSPITAL ESPAÑOL               1976
   AUXILIO MUTUO

        Peticionario

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

       Comparece ante nos Hospital Español Auxilio Mutuo (Hospital o

peticionario) mediante recurso de Certiorari en el que solicita se revoque la

Resolución emitida el 12 de diciembre de 2023- y notificada el día 13- por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro

primario). Por virtud de esta, se declaró No Ha Lugar la Moción de

Desestimación que por falta de jurisdicción sobre la materia sometió el

Hospital en el caso.

       Examinado el expediente ante nuestra consideración, y en virtud del

derecho aplicable que más adelante consignaremos, denegamos la

expedición del auto de Certiorari solicitado.

                                       -I-

       El 24 de mayo de 2023, el Sr. Alexander Santana Marrero (en

adelante, Santana), la Sra. Dinorah Burgos Luccioni (en adelante, Burgos) y

Número Identificador

RES2024 _________________
KLCE202400040                                                                           2

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto

denominados como Santana-Burgos o los recurridos) presentaron una

Demanda al amparo de la ley, mejor conocida como, Ley de Represalias contra

el Empleado por Ofrecer Testimonio1 y la Ley Núm. 80 de 30 de Mayo de 1976,

según enmendada, conocida como “Ley Sobre Despidos Injustificados”.2

En esta, Santana indicó que comenzó a trabajar para el Hospital en el mes

de julio del año 2002 y ser miembro de la Unidad Laboral de Enfermeros y

Empleados de la Salud (en adelante, ULEES), quien le representa

sindicalmente ante su patrono; el Hospital. Asimismo, se alegó que el 22 de

agosto de 2022 fue despedido y que, por los hechos allí relatados, su

despido fue improcedente. Específicamente, se reclamó que, contrario a lo

afirmado por el Hospital, su despido no se debía a una alegada violación al

Health Insurance Portabilty and Accountability Act of 1996 (en adelante,

Ley HIPAA), sino que el mismo fue un acto en represalias por su

participación en calidad de testigo en la querella número Q-22-03-004

presentada el 21 de marzo de 2022, por la ULEES ante el Departamento de

Salud y contra el Hospital.

        El 22 de junio de 2023, el Hospital presentó una Moción de

Desestimación al amparo de la Regla 10.2(1) de Procedimiento Civil por falta

de jurisdicción sobre la materia. En esta, alegó que la Demanda está

fundamentada con hechos que se encuentran bajo la exclusiva jurisdicción

del National Labor Relations Board (en adelante, NLRB). De acuerdo con

el Hospital, las alegaciones de la Demanda se basan en un despido

injustificado y represalias por conductas que son o podrían ser actos de

práctica ilícita bajo el National Labor Relations Act, según enmendada por

el Labor Management Relations Act of 1947, conocida como la Ley Taft-

Hartley, 29 USCA sec. 141 et seq. (en adelante, Ley Taft-Hartley).

1 Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA sec. 194, et seq.
2 29 LPRA sec. 185a et seq.
KLCE202400040                                                                   3

          El 3 de agosto de 2023, los recurridos se opusieron a la moción

dispositiva presentada. Al así hacer, expusieron que las alegaciones de la

demanda revelan que la intervención de Santana no tuvo como propósito

ayudar o proteger los intereses de los miembros del sindicato, según

definido por la Ley Taft Harley, por lo que negaron la aplicación de la

doctrina de campo ocupado frente las causas de acción que instó en el

pleito.

          Sobre este asunto, el Hospital presentó Réplica a Oposición a Moción

de Desestimación, mientras, los recurridos presentaron una Dúplica a Moción

de Solicitud de Desestimación. Evaluadas las posiciones de las partes, el TPI

emitió una Resolución en la cual determinó No Ha Lugar a la Moción de

Desestimación presentada por el Hospital. Específicamente, al resolver, el

foro primario determinó como a continuación transcribimos:

          Es forzoso concluir que surgen suficientes hechos y alegaciones
          que, en esta etapa de los procedimientos, demuestran que las
          causas de acción de Santana-Burgos presentan la interrogante de si
          el Hospital violentó las disposiciones de la Ley Núm. 80-1976 y la
          Ley Núm. 115-1991 al despedir a Santana. Por otro lado, no surge
          de las alegaciones que la querella presentada por la ULEES ante el
          Departamento de Salud contra el Hospital estaba de alguna manera
          dirigida a alentar una negociación colectiva o a procurar ayuda
          mutua o protección a los empleados unionados.

          […] Así, pues, la reclamación de Santana-Burgos no está
          fundamentada en violaciones a las Secciones 7 y 8 del NLRA, supra,
          sino en violaciones a la Ley Sobre Despidos Injustificados y la Ley
          de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio.

          Contrario a lo reclamado por el Hospital, no surge de los hechos
          bien alegados en la Demanda que Santana estuviera participando
          en una actividad que pueda colegirse y/o negociar colectivamente
          – actividad que recae bajo la exclusiva jurisdicción del NLRB.

          Inconforme, el Hospital presentó ante este Tribunal de Apelaciones

el recurso de epígrafe, en el cual enunció el siguiente señalamiento de error:

          ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
          denegar la Moción de Desestimación del Hospital debido que la
          reclamación es de la jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional
          Relaciones del Trabajo.

          Ante el recurso, los recurridos presentaron una Moción de Solicitud

de Desestimación en la que señalaron que el apéndice sometido por el
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Hospital al someter su recurso estaba incompleto por no incluirse varios

anejos de una moción que forma parte de este. Asimismo, reclamaron que

dicha omisión, por la naturaleza de los documentos, causaba un perjuicio

sustancial, pues impedía la revisión judicial en los méritos de la

controversia. El Hospital se opuso a la desestimación peticionada y solicitó

autorización para suplementar el Apéndice, sometiendo los documentos

que no había incluido. El 30 de enero de 2024, emitimos Resolución en la

que denegamos la solicitud de desestimación y autorizamos al Hospital a

suplementar el apéndice. El 20 de febrero del año en curso, comparecieron

los recurridos mediante Alegato de la parte recurrida.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por

sometido el asunto y estando listos para resolver, así lo hacemos.

                                     -II-

                                     -A-

       El vehículo procesal de Certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Sin embargo, el ejercicio de la discreción concedida “no

implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma,

haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

Certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil
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Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de Certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, Injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra.

       Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando:

       (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
       hechos o peritos esenciales;

       (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

       (3) en casos de anotaciones de rebeldía;

       (4) en casos de relaciones de familia;

       (5) en casos revestidos de interés público; o

       (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

       McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

       El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a considerar al evaluar

si se debe o no expedir un recurso de Certiorari. A saber:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
       análisis del problema;

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
       en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.;

       (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a
       la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
       alegatos más elaborados;

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
       más propicia para su consideración;
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       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
       causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
       indeseable en la solución final del litigio;

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
       un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Así, los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La delimitación que imponen estas

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.

                                      -B-

       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,

permite a una parte que es demandada, mediante la presentación de una

moción debidamente fundamentada a esos fines, solicitar la desestimación

de la demanda instada en su contra. En particular, la referida regla establece

que la parte demandada podrá solicitar la desestimación de la demanda en

su contra por alguno de los siguientes fundamentos:

       (1) Falta de jurisdicción sobre la materia.
       (2) Falta de jurisdicción sobre la persona.
       (3) Insuficiencia del emplazamiento.
       (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento.
       (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un
            remedio.
       (6) Dejar de acumular una parte indispensable. Íd.

       Al respecto, el más alto foro ha expresado que, al resolverse una

moción de desestimación por el fundamento de que la demanda deja de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, "[e]l

tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su

faz no den margen a dudas". Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174

DPR 409, 428, (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, (2006). Además, deberá

identificar los elementos que establecen la causa de acción y las meras
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alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas.

Hernández Colón op. cit., pág. 268; Ashcroft v. Global, 556 US 662 (2009);

Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007).

       Cónsono con lo anterior las alegaciones en la demanda se tienen que

interpretar “[c]onjuntamente, liberalmente y de la forma más favorable

posible para la parte demandante" Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez et al.,

206 DPR 261(2021); López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018). En

ese sentido, la demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera

hechos que pueda probar. López García v. López García, Íd.

       Luego de brindarle veracidad a las alegaciones, el tribunal deberá

determinar si a base de éstas, la demanda establece una reclamación

plausible que justifique la concesión de un remedio al demandante a la luz

de la norma establecida en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra. Realizado

el análisis de las alegaciones, de entender que los hechos alegados "[n]o

cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la

demanda". R. Hernández Colón, op. cit.; Ashcroft v. Global, supra; Bell

Atlantic Corp. v. Twombly, supra. El propósito de la doctrina es evitar

"[q]ue una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el

descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias".

R. Hernández Colón, op. cit.; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Civil,

2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, Tomo II, pág. 529.

                                    -C-

       La Ley federal “Labor Management Relations Act of 1974” conocida

como la Ley Taft-Hartley, 29 USCA sec. 141 et seq. (en adelante Ley Taft-

Hartley), establece el derecho de los trabajadores a organizarse y a negociar

colectivamente con su patrono sobre asuntos relativos al empleo.

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 857 (2009) (Énfasis

Nuestro). Es decir, la legislación otorga a los trabajadores el derecho de
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adelantar sus intereses colectivamente e implantar el seguimiento de

normas para optimizar sus condiciones de trabajo. Íd. La Sección 157 de la

Ley Taft-Hartley dispone lo siguiente:

      Employees shall have the right to self-organization, to form, join, or
      assist labor organizations, to bargain collectively through
      representatives of their own choosing, and to engage in other
      concerted activities for the purpose of collective bargaining or
      other mutual aid or protection, and shall also have the right to
      refrain from any or all of such activities except to the extent that
      such right may be affected by an agreement requiring membership
      in labor organization as a condition of employment as authorized
      in section 158(a)(3) of this title. (Énfasis suplido)

      En síntesis, la Ley Taft-Hartley , supra, protege los derechos de los

empleados a organizarse, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras y a

dedicarse a otras actividades concertadas con el propósito de negociar

colectivamente u otro fin de ayuda o protección mutua. Esta en su sección

158 dispone qué se considerará como una práctica desleal o ilícita las

siguientes acciones:

      (1) to interfere with, restrain, or coerce employees in the exercise of
          the rights guaranteed in section 157 of the title,

      (2) to dominate or interfere with the formation or administration
          of any labor organization or contribute financial or other
          support to it: Provided, That subject to rules and regulations
          made and published by the Board pursuant to section 156 of
          this title, an employer shall not be prohibited from permitting
          employees to confer with him during working hours without
          loss of time or pay;

          […]

      (4) to discharge or otherwise discriminate against an employee
          because he has filed charges or given testimony under this
          subchapter.

      De esa manera, la referida Sección 158 prohíbe a los empleadores

llevar a cabo ciertas “prácticas ilícitas de trabajo” como despedir a un

empleado por radicar cargos, suministrar información o testificar en su

contra. Con el propósito de poner en vigor lo anterior, el Congreso creó la

Junta Nacional de Relaciones del Trabajo conocida como National Labor

Relations Board (en adelante Junta National). 29 USCA sec. 153.

      Conforme a la Sección 160 (a) de la Ley Taft-Hartley, la Junta

Nacional tiene jurisdicción exclusiva para atender y resolver controversias
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o reclamos que incidan en una práctica ilícita del trabajo. 29 USCA sec. 160

(a); Garner v. Tamsters Union, 346 US 485 (1953); San Diego Unions v.

Garmon, 359 US 236 (1959); Belknap, Inc. v. Hale, 463 US 491 (1983) (Énfasis

Nuestro). Dicho de otra manera, la jurisdicción exclusiva de la Junta

Nacional aplica en casos donde la actividad se encuentre regulada por las

Secciones 157 y 158 de la Ley Taft-Hartley.

       La jurisprudencia ha reconocido que se aplica la doctrina de campo

ocupado, conocida como doctrina de desplazamiento o “preemption”, a las

prácticas ilícitas del trabajo enumeradas en la referida Sección 158.

Machinist v. Wisconsin Emp. Rel. Comm´n, 427 US 132 (1976); San Diego

Unions v. Garmon, supra. Esta doctrina surge de la Cláusula de Supremacía

de la Constitución de los Estados Unidos la cual establece que, cuando una

ley estatal entra en conflicto con una ley federal, la federal prevalece sobre

la estatal. Art. VI, Sec. 2, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Por lo tanto, Puerto

Rico no tienen facultad para intervenir en los asuntos que se encuentran

bajo la jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional. González v. Mayagüez

Resort & Casino, supra; Díaz Arroyo v. Hosp. Dr. Susoni, 169 DPR 53 (2006),

opinión de conformidad de la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez; Vargas

v. Molinos Nacionales, Inc., 134 DPR 919 (1993); Rivera v. Security Nat. Life

Ins. Co., 106 DPR 517 (1977).

       Sin embargo, la Ley Taft-Hartley no contempla con precisión y

claridad los escenarios donde los estados pueden ejercer jurisdicción. Para

ello, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha identificado dos categorías

en la cual hay campo ocupado:

       Primero, aquellos casos donde es evidente, o parece serlo, que las
       actividades que el estado pretende reglamentar están protegidas
       por la Sec. [157 de la Ley Taft-Hartley], o cuando la actividad en
       cuestión está prohibida por la Sec. [158 de la Ley Taft-Harley].
       Segundo, en situaciones en las que se entiende que la acción estatal
       puede incidir o confligir con la política laboral federal referente la
       estructura misma de [la Ley Taft-Hartley]. Díaz Arroyo v. Hosp.
       Dr. Susoni, supra, pág. 64. (Citas omitidas)
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       Mientras el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en González v.

Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 862, al interpretar esta norma,

señaló que “[p]ara determinar si un tribunal local puede adjudicar una

controversia bajo esta ley hay que examinar si la controversia es idéntica o

diferente de la que ha podido ser presentada ante la Junta. Además, explicó

que “[p]recisamente cuando la conducta alegada está sujeta a ser

sancionada por la Ley Taft-Hartley es que opera la doctrina de jurisdicción

exclusiva de la Junta”. Íd. No obstante, “[p]recisa destacar que el análisis de

desplazamiento se efectúa tomando en consideración el tipo de conducta

involucrada y no la naturaleza del remedio solicitado.” Íd. citando a Díaz Arroyo

v. Hosp. Dr. Susoni, supra, pág. 64. (Énfasis en el original).

                                      -III-

       Previo    a   atender   la   controversia    planteada    ante   nuestra

consideración, debemos señalar que, recurriéndose de la denegatoria de

una moción de carácter dispositivo, estamos facultados, conforme a lo

dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, para revisar esta

determinación mediante un recurso de Certiorari. En este, el Hospital aduce

que erró el TPI al denegar una Moción de Desestimación bajo la regla 10.2(1)

de Procedimiento Civil, supra. A tales efectos, en síntesis, alega que el foro

primario no tiene autoridad para atender la reclamación de un empleado

que solicita remedio bajo legislación estatal debido a que es jurisdicción

exclusiva de la Junta Nacional.

       Luego de examinar detenidamente los reclamos del Hospital y

evaluar detenidamente los pormenores de la controversia, no identificamos

presente alguno de aquellos factores enunciados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento para determinar la expedición del auto discrecional del

certiorari. No nos parece que la decisión recurrida sea contraria a derecho,

ni que en esta haya mediado prejuicio, parcialidad por parte del TPI o que
KLCE202400040                                                            11

la expedición del auto evite el fracaso de la justicia, mereciendo, pues,

nuestro respeto.

                                   -IV-

      Por todo lo antes consignado, denegamos expedir el auto de certiorari

solicitado por el Hospital Español Auxilio mutuo.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones