Court Opinion

ID: 9896843
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:24:13.458444+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:19.714900
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                     REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA
                                  PANEL X

                                                            Revisión de
                                                            Decisión
    ROLANDO REYES SIERRA                                    Administrativa
                                                            procedente del
           Recurrente                                       Departamento de
                                                            Corrección y
                                                            Rehabilitación
                V.
                                     KLRA202300445 Caso Núm.:
                                                   ICG-614-2023
     DEPARTAMENTO DE
       CORRECCIÓN Y                                         Sobre:
      REHABILITACIÓN                                        Solicitud para
                                                            Procedimiento
           Recurrido                                        Formal en
                                                            Solicitud de
                                                            Remedios
                                                            Administrativos

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2023.

       El 11 de agosto de 20231, el señor Rolando Reyes Sierra (en

adelante, parte recurrente o señor Reyes Sierra), presentó por

derecho propio, de forma pauperis, la Solicitud de Revisión

Administrativa en Auxilio de Jurisdicción. Mediante el presente

recurso, nos solicita la revisión y posterior revocación de la

Respuesta      de    Reconsideración       al   Miembro      de   la   Población

Correccional, emitida el 14 de julio de 2023 y notificada a la parte

recurrente el 17 de julio de 20232, por el Departamento de

1 Al margen del matasello del Departamento de Corrección y Rehabilitación
aparece también la fecha del 8 de agosto de 2023. No obstante, escogimos la fecha
del 11 de agosto de 2023 por ser la que afirma la parte recurrida que recibió dicho
escrito.
2 Según surge del expediente, ambas partes acompañaron el mismo documento

como Apéndice, con la percatada distinción que, en el documento acompañado
por la parte recurrente, se hace constar que la fecha de Recibo de Respuesta fue
el 21 de julio de 2023. Por ninguna incidir con el término jurisdiccional para
presentar el presente recurso, para efectos del tracto procesal, aleatoriamente,
acogimos la fecha establecida por la parte recurrida.

Número Identificador
SEN2023 __________________
KLRA202300445                                                      2

Corrección y Rehabilitación (en adelante, parte recurrida o el DCR).

En virtud de tal determinación el DCR denegó la petición de

reconsideración presentada por el señor Reyes Sierra.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la determinación recurrida.

                                        I

       El presente caso tiene su génesis en una Solicitud de Remedio

Administrativo (número ICG-614-2023), suscrita por el señor Reyes

Sierra el 6 de abril de 2023, y presentada ante el Evaluador del DCR

el 27 de abril de 2023. En la aludida solicitud, indicó que, el 5 de

abril de 2023, fue llevado a cabo un registro en el módulo 8-A1, que

no presenció, y que, como consecuencia de este, se le ocupó una

libreta de su propiedad que contenía números telefónicos y

direcciones de familiares, amigos y agencias de gobierno; así como

también, fechas de mociones radicadas por éste. Como remedio, la

parte recurrente solicitó la devolución de la aludida libreta.

       El DCR emitió su Respuesta al Miembro de la Población

Correccional el 19 de mayo de 20233, mediante la cual acotó que,

los oficiales correccionales estaban debidamente orientados en

cuanto a la forma de realizar registros en las unidades de vivienda y

que, conforme al reglamento de la institución, el confinado no tenía

que estar presente al momento de realizarse el registro. Asimismo,

apuntó que los confinados tenían conocimiento que, de tener alguna

queja, deben presentarla al culminar el registro, y que, el señor

Reyes Sierra no lo hizo. Añadió que, de haber presentado la queja al

momento, pudieron haber atendido su reclamo.

       Insatisfecho, el 5 de junio de 2023, el señor Reyes Sierra

presentó la Solicitud de Reconsideración. Por medio de esta, arguyó

que la respuesta era vaga y superficial, ya que no atendía su

3 Notificada a la parte recurrente el 22 de mayo de 2023.
KLRA202300445                                                                3

reclamo. Por consiguiente, insistió en que se le hiciera entrega de

la referida libreta. Consecuentemente, el 14 de julio de 2023,

mediante la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la

Población          Correccional4,   el   DCR      denegó     la   petición   de

reconsideración, toda vez que, luego de verificar con el libro de

registro de celdas, no se evidenció ninguna libreta incautada.

Además, se le informó al señor Reyes Sierra que, de llegar a aparecer

la misma, el personal autorizado se haría responsable de

entregársela.

           Inconforme con dicha determinación, la parte recurrente

acudió ante este foro revisor, mediante Solicitud de Revisión

Administrativa en Auxilio de Jurisdicción suscrita por éste el 7 de

agosto de 2023; certificado su recibo por el Departamento de

Corrección y Rehabilitación el 11 de agosto de 20235 y recibido en

la Secretaría de este Tribunal, el 21 de agosto de 20236. En su

recurso, la parte recurrente esgrime los siguientes señalamientos de

error:

           Primer error: Erró el Departamento de Corrección y
           Rehabilitación (en adelante, [el DCR]) al no emitir una
           respuesta clara, honesta y conforme a derecho.

           Segundo error: Erró el [DCR] al emitir una respuesta
           que no resuelve la solicitud del [r]ecurrente.

           Simultáneamente con el recurso de marras, la parte

recurrente acompañó la Solicitud y Declaración para que se Exima

de Pago de Arancel por Razón de Indigencia. En atención a lo

solicitado, el 6 de septiembre de 2023, emitimos Resolución en la

cual, le concedimos a la parte recurrida por conducto de la Oficina

del Procurador General, hasta el 5 de octubre de 2023, para exponer

su posición en cuanto al recurso de epígrafe. En adición, le

requerimos someter copia certificada del expediente administrativo

4 Notificada a la parte recurrente el 17 de julio de 2023.
5
    Véase nota al calce Núm. 1.
6 Traído ante nuestra atención el 5 de septiembre de 2023.
KLRA202300445                                                                      4

identificado alfanuméricamente ICG-614-2023. De otra parte,

declaramos Ha Lugar la Solicitud y Declaración para que se Exima

de Pago de Arancel por Razón de Indigencia, presentada por la parte

recurrente. En cumplimiento con lo ordenado, el 5 de octubre de

2023, la parte recurrida presentó Escrito en Cumplimiento de Orden.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                         II

A. Estándar de Revisión                  Judicial      de     Determinaciones
   Administrativas

       Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por    la   Asamblea       Legislativa. Hernández           Feliciano    v.   Mun.

Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211 DPR ___ (2023); OEG v. Martínez

Giraud, 210 DPR 79, 87-89 (2022); Pérez López v. Depto. Corrección,

208 DPR 656, 672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR

803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR

117, 126 (2019).7 Es por ello que, tales determinaciones suponen

una presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no

presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd. No obstante, tal

norma no es absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha

enfatizado que no podemos imprimirle un sello de corrección, so

pretexto de deferencia a las determinaciones administrativas que

sean irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

7 Véase Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v.

Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR
206, 216 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).
KLRA202300445                                                                5

       En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág 628,

nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al

alcance de la revisión judicial de la siguiente forma:

       [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
       una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
       cuando: (1) la determinación administrativa no está
       basada en evidencia sustancial; (2) el ente
       administrativo erró en la aplicación o interpretación de
       las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
       administrar; (3) el organismo administrativo actuó
       arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación      administrativa      lesionó     derechos
       constitucionales    fundamentales.      Es   importante
       destacar que si el tribunal no se encuentra frente a
       alguna de esas situaciones, aunque exista más de
       una interpretación razonable de los hechos procede
       que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. (Énfasis suplido).8

       El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. Miranda

Santos v. SRM, 2023 TSPR 39, 211 DPR ___ (2023); Hernández

Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud,

supra, pág. 90; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág.

820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya

un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 673; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Rolón

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, supra, pág. 216.

       Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

“estableció    el   marco      de   revisión   judicial   de   las   agencias

8 Véase Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra, págs. 819-820.
KLRA202300445                                                         6

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo    fueron     correctas. Íd. págs.   35-36; Hernández

Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud,

supra, pág. 89; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 626-

627; Batista Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Nuestro Máximo Foro, ha expresado que,

esta intervención “debe ocurrir cuando la decisión administrativa no

se fundamente en evidencia sustancial o cuando la agencia se

equivoque en la aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía,

supra, pág. 36. Siendo así, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Íd.; Hernández Feliciano

v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud, supra, pág.

90; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por otro lado,

las determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su

totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec.

9675. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes

particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. El

Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le deben los

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria,
KLRA202300445                                                                7

irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales

fundamentales”. Íd. págs. 627-628; OEG v. Martínez Giraud, supra,

pág. 90. Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado que,

conforme lo anterior, el criterio administrativo no podrá prevalecer

en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria realizada

por una agencia provoque un resultado incompatible o contrario al

propósito para el cual fue aprobada la legislación y la política

pública que promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise

administrativo, concedido cuando las agencias interpretan la ley,

tiene que ceder ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales

o que conduzcan a la comisión de una injusticia”. OEG v. Martínez

Giraud, supra, pág. 90-91.

B. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios
   Administrativos Radicadas por los Miembros de la
   Población Correccional, Reglamento Núm. 8583

      Conforme a las disposiciones contenidas en la LPAU y acorde

con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011,

el cual establece las facultades del Departamento de Corrección y

Rehabilitación, se creó el Reglamento para Atender las Solicitudes

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la

Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 3 de junio de

2015 (Reglamento Núm. 8583). Además, este fue promulgado al

amparo     de    la   ley   federal   conocida   como       Civil   Rights   of

Institutionalized Person Act, con el fin de canalizar de forma efectiva

los reclamos de la población correccional. Pérez López v. Depto.

Corrección, supra, pág. 670.

      El objetivo principal del referido esquema legal es que, toda

persona recluida en una institución correccional disponga de un

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda

presentar una solicitud de remedio, con el fin de minimizar las

diferencias entre los miembros de la población correccional y el

personal   del    Departamento        de   Corrección   y    Rehabilitación.
KLRA202300445                                                       8

Asimismo, este tiene como objetivo el evitar y reducir la presentación

de pleitos en los tribunales de instancia. Véase, Introducción del

Reglamento Núm. 8583, supra; Pérez López v. Depto. Corrección,

supra, pág. 670.     En específico, la Regla VI del Reglamento

Núm. 8583, dispone que la División de Remedios Administrativos,

tendrá jurisdicción para atender toda solicitud de remedio

presentada por los miembros de la población correccional,

relacionada directa o indirectamente con actos o incidentes que

afecten personalmente al miembro de la población correccional en

su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan

institucional, entre otras. Muñoz Barrientos v. ELA et al., 2023

TSPR 105, 212 DPR ___ (2023); Pérez López v. Depto. Corrección,

supra, pág. 670. La División de Remedios Administrativos cuenta

con un procedimiento para atender las solicitudes de remedios

instadas por la población correccional. En las Reglas XII-XV se

establecen los estándares y procedimientos para la radicación y

contestación de solicitudes de remedio. Reglamento Núm. 8583,

supra.

      Por otro lado, la Regla XIII, Sección 5, del Reglamento 8583,

supra, dispone que el Evaluador tiene la facultad para desestimar

las solicitudes de los miembros de la población correccional cuando

se dan una serie de circunstancias, como haber radicado la solicitud

de remedio más de una vez sobre el mismo asunto.

      Finalmente, el Reglamento 8583, supra, dispone que, el

Tribunal de Apelaciones podrá realizar la revisión judicial de las

solicitudes de remedios administrativos instadas por los miembros

de la población correccional. Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 671. En lo pertinente, dispone lo siguiente:

      1. El miembro de la población correccional podrá
         solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
         dentro del término de treinta (30) días calendarios,
         contados a partir de la fecha del archivo en autos de
         la copia de la Notificación de la Resolución de
KLRA202300445                                                          9

          Reconsideración, emitida por el Coordinador de
          Remedios Administrativos o noventa (90) días a
          partir de la radicación de la Solicitud de
          Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa
          conforme a la misma.

      2. […]9

      Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de epígrafe, procedemos a resolver.

                                    III

      En el presente caso, el señor Reyes Sierra nos solicita que

revoquemos la determinación del DCR, en la cual, denegó su

Solicitud de Reconsideración. En su comparecencia ante este foro

revisor, arguye que, el DCR incidió al no emitir una respuesta clara,

honesta, conforme a derecho, que no resuelve su solicitud.

      Según surge del tracto procesal, el 5 de abril de 2023, se llevó

a cabo un registro en la celda de la parte recurrente, en el cual, alega

que se le incautó una libreta de su propiedad. A raíz de ello, presentó

una Solicitud de Remedio Administrativo, para que se le hiciera

entrega de esta. Entre sus planteamientos, arguyó que no se

encontraba en su celda al momento del registro y que, la libreta

incautada contenía información personal suya, así como también,

de familiares y amigos. En respuesta, el DCR acotó que, conforme al

reglamento de la institución, la parte recurrente no tenía que estar

presente al momento de realizarse el registro. Añadió que, al

culminar el registro, no se presentó queja alguna sobre el particular

y, que de haberlo hecho al momento se hubiese aclarado el asunto.

      Inconforme,     el   recurrente     presentó   una   Solicitud   de

Reconsideración, en la cual, insistió en la entrega de la referida

libreta. Consecuentemente, el DCR denegó su solicitud, y se basó en

que, luego de cotejar con el libro de registro de celdas, no se encontró

libreta alguna. No obstante, se le orientó que, de encontrarse, le

9 Regla XV del Reglamento Núm. 8583, supra.
KLRA202300445                                                                     10

harían entrega de esta. Aún insatisfecho, la parte recurrente acude

ante nos.

       De acuerdo al derecho reseñado, como tribunal revisor,

estamos llamados a dar amplia deferencia a las decisiones emitidas

por las agencias administrativas, toda vez que, estas cuentan con

vasta experiencia y pericia para atender aquellos asuntos que le

fueron delegados por la Asamblea Legislativa.10 Es por ello que,

tales determinaciones suponen una presunción de legalidad y

corrección, que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras

la parte que las impugne no presente prueba suficiente para

derrotarlas.11

       En el caso de marras, el señor Reyes Sierra no aportó

evidencia suficiente para derrotar la presunción de corrección que

caracteriza la decisión de la parte recurrida. Si bien la parte

recurrente sostiene que la respuesta del DCR no fue una clara,

honesta y conforme a derecho, del expediente se desprende que, el

DCR fue claro en su determinación. Siendo ello así, el DCR llevó a

cabo la debida búsqueda y cotejó en el libro de registro de celdas,

así como también, el informe del sargento en turno –al momento en

que se realizó el registro–, para dar con la aludida libreta. Además,

se le informó a la parte recurrente que, de posteriormente

encontrarla, le harían entrega de esta. Incluso, además de la

Respuesta      de    Reconsideración        al   Miembro      de    la   Población

Correccional, el 2 de octubre de 2023, el DCR emitió una

certificación en la que reiteró que no se evidenció libreta alguna en

la bitácora de los bienes ocupados en los registros de celda. De igual

forma, la parte recurrente tuvo disponible, conforme a derecho, los

10  Véase Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez
Giraud, supra, pág. 87-89; Pérez López v. Depto. Corrección, supra, pág.
672; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819; Graciani Rodríguez v. Garaje
Isla Verde, supra, pág. 126; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; Torres
Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra,
pág. 216; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.
11 Íd.
KLRA202300445                                                                   11

recursos administrativos para atender su reclamo; apercibiéndole el

DCR sobre su derecho a solicitar revisión, según lo ejerció.

Notamos, pues, que el DCR atendió el petitorio del señor Reyes

Sierra adecuadamente y conforme a derecho.

       A la luz de lo anterior, insistimos en que, luego de un análisis

del expediente ante nuestra consideración, razonamos que no se

justifica nuestra intervención. Consideramos que, la parte recurrida

no actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera de los

poderes que le fueron delegados.12 Asimismo, somos del criterio de

que, la parte recurrente no logró rebatir la presunción de corrección

que cobija la determinación recurrida. Por tal razón, la respuesta

ofrecida al señor Reyes Sierra merece la mayor deferencia de este

Honorable Tribunal.

                                       IV

       Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la

determinación recurrida.

       Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Administrador

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado,

en cualquier institución donde este se encuentre.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

12 Véase Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud,

supra, pág. 90; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 820; Graciani Rodríguez
v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág.
626; Pérez López v. Depto. Corrección, supra, pág. 673; Super Asphalt v. AFI y
otros, supra, pág. 819-820; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36;
Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.