Court Opinion

ID: 9941434
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:35:47.844909+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.423248
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

       FAUSTINO GARCÍA                              Certiorari
           RIVERA                                   procedente del
                                                    Tribunal de
         Peticionario                               Primera
                                                    Instancia, Sala
                                                    Superior de
                                  KLCE202400036
                                                    Carolina
                v.
                                                    Caso núm.:
                                                    CA2023CV03655
    HARRISON TYLER HINES
                                                    Sobre:
                                                    Desahucio por
           Recurrido                                falta de pago

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2024.

        Comparece    el   señor    Faustino      García   Rivera,   en

adelante el señor García o el peticionario, quien nos

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 7 de

diciembre de 2023, en la cual el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Carolina, en adelante TPI, ordenó

continuar los procedimientos de desahucio por la vía

ordinaria.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del recurso de certiorari.

                                   -I-

        En el contexto de una Demanda1 sobre desahucio y

cobro     de    dinero,   mediante       el   procedimiento   sumario

establecido en la Ley Núm. 86-2011, el señor García alegó

que el señor Harrison Tyler Hines, en adelante el señor

1   Apéndice del peticionario, págs. 1-6.

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400036                                                      2

Tyler o el recurrido, le adeudaba unas sumas de dinero

por el arrendamiento de un inmueble.

      Por     su     parte,     el   recurrido       presentó    una

Contestación a Demanda y Reconvención en la que negó

algunos hechos materiales y admitió otros.2 Entre las

admisiones, aceptó adeudar cánones de arrendamiento y el

importe de utilidades, e indicó que no realizó los pagos

“por el incumplimiento del Demandante [peticionario] de

su obligación de mantener los equipos del Apartamento

operando según pactado”.3 Añadió que estas condiciones,

así como los desperfectos de los aires acondicionados,

la plomería, la presión de agua y de la máquina de hielo,

han afectado su uso y disfrute de la propiedad.4

      En cuanto a la Reconvención, presentó dos causas de

acción.5     La    primera    consistió   en   una   solicitud    de

sentencia declaratoria fundamentada en las siguientes

reclamaciones y defensas afirmativas: el señor García no

notificó el supuesto incumplimiento del canon de renta;

no   agotó    los    remedios   extrajudicialmente,      antes   de

presentar la reclamación de epígrafe; e ignoró su deber

de reparar los enseres y de proveer dos estacionamientos

utilizables. El señor Tyler opina que ostenta el derecho

a permanecer en la propiedad y que el desalojo, además

de ilegal, representa un daño real, inmediato y preciso

para él y su familia. Mediante la segunda, reclamó daños

por incumplimiento de contrato. Esencialmente, sostuvo,

que por las razones previamente expuestas, así como la

conducta temeraria y contumaz del peticionario, el uso

y disfrute de la propiedad no han sido conforme a lo

2 Id., págs. 10-27.
3 Id., pág. 12 (alegación de hecho 12).
4 Id., pág. 11 (alegación de hecho 7).
5 Id., págs. 19-26.
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pactado y ha sufrido daños que se estiman en no menos de

20,000.00. Además, solicitó la imposición del interés

legal    presentencia           y    la    imposición            de    honorarios     y

costas de abogado.

        Posteriormente, el recurrido presentó una Moción de

Conversión de Procedimiento Sumario a Ordinario6, en la

que     reiteró           las    reclamaciones              esbozadas         en     la

Reconvención.             Además,          insistió          en        que      existe

controversia en cuanto a la alegada cantidad adeudada.

A su entender, todas las sumas por concepto de los daños,

que reclama haber sufrido, deben restarse de cualquier

deuda        por    concepto         de        cánones      de        arrendamiento.

Finalmente, puntualizó que el desahucio no procede hasta

que se resuelva dicha controversia.

        En    desacuerdo,           el    señor       García      se    opuso    a   la

conversión          del    procedimiento              a    uno    ordinario,         por

entender que el único esquema procesal permisible es el

desahucio sumario.7 Argumentó que el pleito de epígrafe

se fundamenta en la falta de pago del canon convenido,

de modo que, conforme al Código de Enjuiciamiento Civil

de Puerto Rico de 1933, según enmendado, “no se admitirá

al demandado [recurrido] otra prueba que la del recibo

o   cualquier         otro      documento         en       que    conste     haberse

verificado el pago” 8.                    Así pues, adujo que el señor

Tyler    no        demostró     los       elementos         que       justifican     la

conversión          del    trámite        en    uno       ordinario      y   que     las

defensas del señor Tyler, en torno al incumplimiento de

contrato, son susceptibles de dilucidación y escrutinio

en un procedimiento sumario de desahucio estatal.

6 Id., págs. 28-31.
7 Id., págs. 35-38.
8 32 LPRA sec. 2829.
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         Celebrada la vista de desahucio, el TPI arribó a

las siguientes conclusiones:

              El tribunal hace constar que la argumentación
         de ambos abogados es contradictoria y tiene
         suficiente    información     para    tomar     una
         determinación. Añadiendo que el Tribunal Supremo
         reiteradamente ha resuelto que el Tribunal de
         Primera Instancia tiene discreción de darle la
         oportunidad a la persona que lo solicita a realizar
         un descubrimiento de prueba.

              El tribunal entiende que la parte demandada
         ha cumplido con los requisitos para solicitar la
         conversión a la vía ordinaria, por lo que en el
         ejercicio de su discreción ordena continuar los
         procedimientos por la vía ordinaria.

         […]

              …las expresiones del tribunal se presumen a
         un posible incumplimiento de la parte demandante
         y de la parte demandada, por lo que entiende que
         están en partes iguales y su resumen se basa en
         que posiblemente ambas partes incumplieron y
         existen posibilidades de que ambas partes puedan
         prevalecer en sus reclamaciones.9

         Conforme      a     lo    anterior,      el   TPI     emitió      una

Resolución       mediante          la    cual    declaró     ha    lugar     la

continuación        de       los        procedimientos       por    la     vía

ordinaria.10

         Insatisfecho, el peticionario presentó una Petición

de Certiorari en la cual invoca la comisión de los

siguientes errores:

         ERRÓ EL TPI EN LA APLICACIÓN NORMATIVA, AL
         DETERMINAR QUE PROCEDÍA LA CONVERSIÓN DEL ASUNTO,
         PARA SU DILUCIDACIÓN BAJO LAS REGLAS ORDINARIAS DE
         PROCEDIMIENTO CIVIL. FUE PATENTE EL ERROR EN LA
         MEDIDA EN QUE LAS ALEGACIONES ESGRIMIDAS POR EL
         RECURRIDO   PARA   PROCURAR  LA   CONVERSIÓN,   NO
         JUSTIFICAN LA PRETERICIÓN DEL TRÁMITE SUMARIO Y EL
         SR [.] GARCÍA, HOY, HA QUEDADO IMPEDIDO DE RETOMAR
         LA POSESIÓN INMEDIATA DE SU PROPIEDAD.

         ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI Y POR CONSIGUIENTE,
         ERRÓ, AL ORDENAR LA CONVERSIÓN DEL ASUNTO. LA
         CONVERSIÓN ORDENADA NO ENCUENTRA APOYO EN NINGÚN
         PRINCIPIO NORMATIVO NI DOCTRINAL.

         Del   mismo       modo,   el    señor   García    presentó        ante

nuestra consideración una Moción en Solicitud de Auxilio

de Jurisdicción, que declaramos no ha lugar.

9    Apéndice del peticionario, págs. 39-42. (Énfasis suplido).
10    Id., págs. 43-44.
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      Revisados   los   escritos     de   las    partes   y    los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                              -II-

                               A.

      Como   cuestión    de   umbral,     la    Regla   52.1   de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional      de    las     resoluciones       u      órdenes

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia en los siguientes términos:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones
      u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia, solamente será expedido por
      el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
      una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
      este apéndice o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
      a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,    asuntos    relativos   a
      privilegios    evidenciarios,     anotaciones   de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
      casos que revistan interés público o en cualquier
      otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia[…].11

                               1.

     Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio      determinar     si    procede       revisar     la

determinación interlocutoria recurrida.

      A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior.12 Distinto al recurso

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene

11Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
12 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
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la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por   tratarse      de   ordinario   de   asuntos

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.13

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
          criterios al determinar la expedición de un
          auto de certiorari o de una orden de mostrar
          causa:

      A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
           son contrarios a derecho.

      B.   Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

      C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
           craso y manifiesto en la apreciación de la
           prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

      D.   Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los
           cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
           elaborados.

      E.   Si la etapa del procedimiento en que se
           presenta el caso es la más propicia para su
           consideración.

      F.   Si la expedición del auto o de la orden de
           mostrar causa no causan un fraccionamiento
           indebido del pleito y una dilación indeseable
           en la solución final del litigio.

      G.   Si la expedición del auto o de la orden de
           mostrar causa evita un fracaso de la
           justicia.14

                                 B.

      La acción de desahucio es el medio que tiene el

dueño o la dueña de un inmueble arrendado para recobrar

judicialmente la posesión de este mediante la expulsión

13 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); Torres
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v.
Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
14 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400036                                                                 7

del arrendatario o precarista que se mantiene en la

propiedad sin pagar canon o merced alguna.15

      En   lo   aquí   pertinente,        el    Tribunal         Supremo     de

Puerto Rico, en adelante TSPR, dispuso que, ante la

naturaleza bilateral de las obligaciones en un contrato,

si    el   arrendador        incumple,     el       arrendatario          puede

oponerlas como defensas. “Esta casuística arroja una

sola conclusión: una vez esgrimidas estas defensas, el

juzgador     deberá        auscultar sus       méritos,       los     hechos

específicos que se aducen y discrecionalmente ordenar la

conversión del procedimiento al juicio ordinario”.16

                                   C.

      Por otro lado, es norma firmemente establecida que

los tribunales apelativos no intervienen con el manejo

de los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia,

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa

evitará un perjuicio sustancial”.17 Conviene destacar que

“la   discreción      se    fundamenta     [,entre         otras,]    en    el

contacto con los litigantes y la prueba que se haya

presentado”18.     Por      tal   razón,       el    ejercicio       de    las

facultades      discrecionales      por    el       foro    de    instancia

merece nuestra deferencia salvo que incurra en algunas

de las conductas previamente mencionadas y si a la luz

15 Ortiz Zayas v. ELA, 2023 TSPR 43, 211 DPR __ (2023). Véase,
además, Cooperativa v. Colón Lebrón, 203 DPR 812, 820 (2020); ATPR
v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016); Turabo Ltd. Partnership
v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234–235 (1992). Véase, además, Arts.
620-634 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales del Código
de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA secs. 2821-2838).
16 Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra, págs. 245-246.
17 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 338 (2021);

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015).
18 Citibank v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).
KLCE202400036                                                                    8

de la prueba admitida, “no exista base suficiente que

apoye su determinación”.19 Además, dicho foro es el que

mejor conoce las particularidades del caso y quien está

en mejor posición para tomar las medidas necesarias que

permitan       cimentar         el    curso       a    trazar      para    llegar

eventualmente a una disposición final.20

                                          -III-

        El peticionario alega que la naturaleza del pleito

de    epígrafe         amerita        el     procedimiento          sumario    de

desahucio estatal porque el recurrido no ha satisfecho

los cánones de arrendamiento adeudados y sus defensas,

en torno al incumplimiento de contrato por parte del

señor        García,    son      susceptibles           de     dilucidación     y

escrutinio en dicho procedimiento. Por otro lado, aduce

que el señor Tyler no demostró tener derecho a ocupar el

inmueble, ni un mejor título que el suyo. Arguye, además,

que     el     TPI     ignoró        el    contenido         del   contrato    de

arrendamiento y el hecho de que, a la fecha de la

presentación de la demanda de desahucio, el recurrido se

encontraba en mora, a pesar de que el arrendador le

exigió el cumplimiento de los cánones de arrendamiento

adeudados        mediante        una        notificación           formal.     Por

consiguiente, el señor García aduce que el TPI abusó de

su    discreción           al    ordenar          la   conversión         de   los

procedimiento en uno ordinario, en contravención de los

principios normativos que rigen el trámite de desahucio

sumario. En síntesis, argumenta que la mora en el pago

oportuno       de    los    cánones        de     arrendamiento      es    motivo

19Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020).
20Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Mejías
et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012). Véase,
además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, 2023 TSPR
145, 213 DPR __ (2023).
KLCE202400036                                                            9

suficiente para recuperar la posesión inmediata de su

propiedad.

      Luego      de    revisar     el      recurso        ante   nuestra

consideración, es forzoso concluir que no es revisable

bajo ninguno de los supuestos de la Regla                        52.1   de

Procedimiento Civil, supra, ni sus excepciones.

      Tampoco colegimos que el remedio y la disposición

de la decisión recurrida son contrarios a derecho. Regla

40   (A)   del   Reglamento      del     Tribunal    de    Apelaciones,

supra.

      Como si lo anterior fuera poco, la determinación

interlocutoria        impugnada    sobre     manejo       del    caso   no

presenta ninguna de las circunstancias extremas que

justificarían         la   intervención       de      este       tribunal

intermedio.

      Finalmente, no existe ningún otro fundamento que

justifique la expedición del auto solicitado. Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                  -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del recurso de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones