Court Opinion

ID: 9890370
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:39.392321+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:33.227349
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

  AUTO ACCESORIOS DE                                 REVISIÓN
   PUERTO RICO, INC.,                                procedente del
                                                     de la Junta de
          Recurrente,                                Planificación de Puerto
                                                     Rico.
                v.
                                     KLRA202300393
        JUNTA DE                                     Caso núm.:
    PLANIFICACIÓN DE                                 2023-18-JGT-0018.
  PUERTO RICO; OFICINA
     DE GERENCIA DE
    PERMISOS (OGPe);                                 Sobre:
      AUTORIDAD DE                                   consulta para una
      CARRETERAS Y                                   transacción de
   TRANSPORTACIÓN,                                   segregación,
                                                     agrupación y venta de 7
           Recurrida.                                predios de terreno.

Panel integrado por su presidenta, la juez Lebrón Nieves, la jueza Romero
García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente.

                                    SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

       El 9 de agosto de 2023, Auto Accesorios de Puerto Rico, Inc., instó

el presente recurso. Solicitó la revisión de la Resolución emitida el 3 de

mayo de 2023, notificada el 1 de junio de 2023, por la Junta de Planificación

de Puerto Rico (Junta). En esta, la Junta autorizó la transacción para la

segregación, agrupación y venta de siete (7) predios de terreno

pertenecientes a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

       Evaluado el recurso presentado, confirmamos la determinación

emitida por el foro administrativo.

                                            I

        La controversia ante nuestra consideración se suscita en el siguiente

contexto. El 3 de mayo de 2023, la Junta emitió una Resolución referente

a la consulta número 2023-18-JGT-00181. La referida consulta fue

presentada por la ACT, a tenor con las disposiciones del Reglamento

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al

1 Véase, apéndice del recuso, a las págs. 1-7.

Número Identificador

SEN2023 _____________________
KLRA202300393                                                             2

Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento

Conjunto 2020). En lo pertinente, presentó ante la consideración de la Junta

una consulta para la segregación, agrupación y venta de siete (7) predios

de terrenos localizados en el Municipio de San Juan.

         Analizados los documentos presentados por la ACT, la Junta

autorizó la transacción consultada. Asimismo, en su determinación, aclaró

que la aprobación de la transacción tenía una vigencia de cuatro (4) años

a partir de la notificación de la resolución. Además, afirmó que la

aprobación de cualquier proyecto en la propiedad debía tramitarse

conforme a la reglamentación aplicable. Informó que la determinación

sería notificada a los colindantes y aclaró que el derecho preferente se

establecería conforme a la Ley de autorización al DTOP para disponer o

arrendar terrenos o edificios que dejaren de ser utilidad pública, Ley Núm.

12 de 10 de diciembre de 1975, 28 LPRA sec. 31, et seq.

         En desacuerdo, el 20 de junio de 2023, Auto Accesorios de Puerto

Rico, Inc., presentó una solicitud de reconsideración2. Alegó que, conforme

al Reglamento Núm. 5526 de 20 de diciembre de 1996, intitulado Venta,

permuta y arrendamiento de los bienes inmuebles de la Autoridad de

Carreteras y Transportación (Reglamento 5526), poseía un derecho de

adquisición preferente por ser colindante de la propiedad en controversia.

Argumentó que interesaba adquirir la titularidad de algunos de los predios

a agruparse, los cuales colindan con su terreno.

         Transcurrido el término de quince (15) días para que la Junta

atendiera la reconsideración, la agencia no emitió dictamen alguno. Así

pues, el 5 de agosto de 2023, el recurrente compareció ante nos mediante

la presentación de este recurso y formuló los siguientes señalamientos de

error.

          Erró la Junta de Planificación de Puerto Rico al permitir que
          la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico agrupara unos
          predios de terreno a sabiendas de que dicha agrupación
          violenta el derecho preferencial de adquisición que brinda
          el Reglamento Número 5526 del 20 de diciembre de 1996,
          Reglamento número 07-002, “Venta, Permuta y

2 Véase, apéndice del recuso, a las págs. 11-13.
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         Arrendamiento de los Bienes Inmuebles de la Autoridad de
         Carreteras y Transportación”.

         Erró la Junta de Planificación de Puerto Rico al
         fundamentar su Resolución donde aprueba la agrupación
         utilizando el Reglamento Conjunto para la Evaluación y
         Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de
         Terrenos y Operación de Negocios con vigencia del 2 de
         enero de 2021; es decir, el Reglamento Conjunto de 2020,
         el cual fue declarado nulo por este Tribunal de Apelaciones
         con relación al caso comité Pro- seguridad Arraqq y Arespa
         y su presidenta Vanessa D. Ríos Grajales v. Junta de
         Planificación, Caso Número: KLRA202100044; caso que
         tiene una Sentencia final, firme e inapelable y constituye
         ley del caso y posteriormente fue ratificado por el Tribunal
         Supremo con relación al caso Martínez Fernández, Et Als
         v. Oficina de Gerencia de Permisos, Et Als, Caso Núm.:
         2023 TSPR 75.

        El 5 de septiembre de 2023, la Universidad Ana G. Méndez presentó

una Moción solicitando intervención y autorización para someter alegato3.

Acompañó este escrito con su alegato en oposición. Sostuvo que el

Reglamento 5526 no impide que se segregue o agrupe propiedades para

la venta, sino más bien estipula la existencia de un derecho preferente en

caso de que la ACT decida vender alguna propiedad.

        Ese mismo día, compareció la ACT con su alegato en oposición.

Planteó que la acción presentada por la recurrente era prematura, toda vez

que no se ha llevado a cabo un procedimiento de venta de la propiedad en

controversia4.

        La Junta de Planificación presentó su escrito en oposición al recurso

el 5 de septiembre de 2023. En lo pertinente, sostuvo que su resolución no

otorgó ni privó de derechos preferentes a los colindantes de los predios

concernientes, ni tampoco garantizó la concretización de alguna

compraventa.

        Cabe señalar que, en cuanto al segundo señalamiento de error, las

tres partes opositoras al recurso argumentaron que, en el caso del título,

3 Declaramos con lugar su solicitud de intervención.

4 El 21 de septiembre de 2023, la ACT presentó una Solicitud para unirnos a la
representación legal de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y se
nos notifique cualquier escrito u orden, la cual declaramos con lugar. Tome nota
Secretaría y las partes comparecientes.
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se aplicó el Reglamento Conjunto antes de que el Tribunal Supremo de

Puerto Rico decretara su nulidad el 16 de junio de 2023.

      Perfeccionado el recurso, resolvemos.

                                     II

                                     A

      La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre

de 2009, mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, 3 LPRA sec. 9011, et seq.,

con miras a establecer el marco legal y administrativo integrado que regiría

los procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegatoria de permisos

de uso, construcción y desarrollo de terrenos en Puerto Rico. Exposición

de Motivos, Ley Núm. 161-2009; Horizon v. Jta Revisora, RA Holdings, 191

DPR 228, 236 (2014).

        En ánimo de cumplir con esta política pública, la Junta de

Planificación de Puerto Rico creó el Reglamento Núm. 9233 de 2 de

diciembre de 2020, intitulado Reglamento Conjunto para la Evaluación y

Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y

Operación de Negocios (Reglamento Conjunto 2020). El propósito principal

de este cuerpo reglamentario fue desarrollar un sistema unificado de

normas claras, objetivas y uniformes para el manejo eficaz de los procesos,

que se consolidó así en un solo reglamento.

      No obstante, en una opinión per curiam, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico decretó la nulidad del aludido reglamento en el caso Martínez

Fernández y otros v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, op. de 16 de

junio de 2023, 2023 TSPR 75, 212 DPR__. De esa opinión, destacamos la

siguiente expresión:

      A tono con lo anterior, pautamos, sin ambages, que el
      Reglamento Conjunto de 2019 y el Reglamento Conjunto
      de 2020 son nulos. De esta forma, ambos reglamentos
      quedan invalidados. Asimismo, de manera análoga a
      nuestro proceder en Asociación de Farmacias de la
      Comunidad v. Depto. de Salud, 157 DPR 76 (2002),
      establecemos que esta determinación de nulidad tendrá
      efecto prospectivo a partir de la certificación de esta
      Opinión. De este modo, todo permiso que haya sido
      autorizado y expedido al amparo de los referidos
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       reglamentos, previo a la emisión de este pronunciamiento,
       deberá ser aceptado como legal por toda la ciudadanía.
       Así, decretamos meridianamente que ningún permiso
       autorizado y expedido al amparo del Reglamento Conjunto de
       2019 y el Reglamento Conjunto de 2020 es inválido por razón
       de que estas regulaciones hayan sido declaradas nulas.

Martínez Fernández y otros v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros,
2023 TSPR 75, a la pág. 5. (Énfasis en el original).

       Igualmente, de la precitada opinión se desprende que los permisos

pendientes de adjudicación y aquellos en los cuales se halla celebrado una

vista adjudicativa, podrán seguir su trámite a tenor con el reglamento

conjunto aplicable. Íd.

       En armonía con esto último, aquellos permisos cuya autorización y

expedición son objeto de revisión en los tribunales serán evaluados “a la

luz del reglamento que la agencia haya utilizado para autorizar y expedir el

permiso impugnado, si como cuestión de derecho es el aplicable.” Íd., a la

pág. 6.

                                     B

       La Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, mejor

conocida como la Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de

Puerto Rico, 9 LPRA sec. 2001, et seq., creó la Autoridad de Carreteras y

Transportación de Puerto Rico (ACT). La Asamblea Legislativa le delegó,

entre otras facultades, la potestad de vender, permutar o de cualquier otro

modo disponer de cualquier propiedad, mueble o inmueble, que a su juicio

no sea necesaria para llevar a cabo los propósitos de esta entidad.

       De igual manera, la Legislatura aprobó la Ley de Autorización al

DTOP para Disponer o Arrendar Terrenos o Edificios que Dejaren de ser

de Utilidad Pública, Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, 28 LPRA

sec. 38, et seq. Este estatuto le otorga la facultad al Secretario de

Transportación y Obras Públicas (Secretario) a vender, permutar y gravar

los terrenos propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

       Con el fin de cumplir con estos lineamientos de las leyes antes

mencionadas, la ACT aprobó el Reglamento Núm. 5526 de 20 de diciembre

de 1996, intitulado Venta, Permuta y Arrendamiento de los Bienes
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Inmuebles de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Reglamento

Núm. 07-002. El propósito de esta reglamentación es establecer las normas

que regirán el proceso de solicitud, trámite y otorgamiento en la venta,

permuta y arrendamiento de los bienes inmuebles de la ACT.

      El Reglamento 5526 estatuye que, como parte de la evaluación y

consulta de la solicitud de compra de un terreno, la Oficina de

Administración de Propiedades de la ACT deberá realizar las consultas

pertinentes para determinar si el terreno objeto de compra se encuentra

afectado por algún proyecto de uso público. De no estarlo, la transacción

se someterá a la aprobación de la Oficina de Gerencia de Permisos o a la

Junta de Planificación, según sea el caso.

      En tal situación, se deberá seguir el procedimiento de consulta de

transacción recogido en el Reglamento Conjunto. Específicamente, la

Sección 7.1.3.1 de este reglamento establece que toda transacción de

terrenos públicos podrá ser promovido por su dueño, jefe de agencia o

representante autorizado. La Junta de Planificación deberá evaluar y

analizar toda consulta que consista en la transacción de un terreno público,

tomando en consideración ciertos elementos establecidos en el

Reglamento Conjunto 2020. Para ello, toda transacción deberá cumplir con

una serie de requisitos contenidos en la Sección 7.1.3.2. La mencionada

sección exige que se considere la prueba de titularidad del predio objeto de

consulta, la naturaleza de la transacción, el contexto en la cual se propone,

los reglamentos, planes de uso de terrenos y plan de ordenación aplicable,

y cualquier otro aspecto que estime necesario.

      Por otro lado, el Artículo VI del Reglamento 5526 establece el

procedimiento de venta de las propiedades de la ACT a aquellas personas

que ostenten un derecho de adquisición preferente. En síntesis, el

Secretario deberá dictar una resolución, la cual deberá contener

información relacionada con la propiedad, tal como la descripción del

predio, el nombre de las personas a quienes se adquirió, entre otros datos.
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         Esta resolución deberá publicarse en un periódico de circulación

general en Puerto Rico, una (1) vez por semana, durante dos (2) semanas.

El Secretario no podrá enajenar la propiedad hasta que transcurran treinta

(30) días, contados a partir de la última fecha de la publicación del edicto.

Si en este término las personas que posean un derecho preferente no

notifican por escrito su intención de adquirir la propiedad, perderán su

derecho a adquirirla.

         Cónsono con lo anterior, el Artículo VI (c) del Reglamento 5526

enumera aquellos solicitantes que serán acreedores al derecho de

adquisición preferente establecido por esta reglamentación, los cuales se

mencionan a continuación:

         1. En primer lugar[,] tendrán derecho preferente, las
            personas naturales o sus herederos así como las
            personas jurídicas a quienes la Autoridad o el Estado
            Libre Asociado para beneficio de la Autoridad, les hubiera
            expropiado esos bienes o adquirido de otra forma.

         2. En segundo lugar, las personas que hayan estado
            ocupando legalmente la propiedad por más de cinco años
            y tengan allí constituida su única residencia.

         3. En tercer lugar, los dueños de los predios colindantes.

         .       .       .       .          .   .      .       .

                                      III

         Según expuesto, la recurrente arguye que la Junta erró al autorizar

a la ACT la agrupación de unos predios de terrenos sobre los cuales ella

ostenta un derecho de adquisición preferente. Además, la recurrente aduce

que la Junta erró al fundamentar su resolución en el Reglamento Conjunto

2020, el cual fue declarado nulo por el Tribunal Supremo. No le asiste la

razón.

         En el presente caso, la ACT presentó una consulta de transacción

ante la Junta. Como reseñáramos, este tipo de consulta es necesaria para

que la agencia pueda enajenar alguna de sus propiedades. Sin embargo,

el resultado de esta consulta no acarrea la concretización de la agrupación

de los predios o la venta de estos. El efecto de la resolución recurrida es

un endoso por parte de la Junta para que la ACT lleve a cabo estos
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negocios jurídicos, los cuales deberán regirse por las reglamentaciones

aplicables.

       En tal sentido, el presunto derecho de adquisición preferente de Auto

Accesorios de Puerto Rico, Inc., no ha sido vulnerado. Ello es así, pues

este derecho se activa al comenzar el proceso de venta de un inmueble

colindante, el cual debe seguir los lineamientos del Artículo VI (c) del

Reglamento 5526.

       Por otro lado, en cuanto al argumento relacionado a la aplicación del

Reglamento Conjunto, es necesario ceñirnos a lo resuelto en Martínez

Fernández y otros v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 2023 TSPR

75. En dicho caso, el Tribunal Supremo fue claro y enfático en torno al

efecto prospectivo de la norma allí establecida.

       En primer lugar, el Tribunal Supremo dispuso que la declaración de

nulidad sería de carácter prospectivo, a partir de la fecha de certificación

de la sentencia; a saber, el 16 de junio de 2023. Ello implica que toda

adjudicación realizada por virtud del Reglamento Conjunto 2020 antes de

esa fecha mantiene su vigencia, incluso aquellas que se encontraban en

proceso de revisión.

       Más aun, el Tribunal Supremo nos obliga a resolver este tipo de

controversia “a la luz del reglamento que la agencia haya utilizado para

autorizar y expedir el permiso impugnado, si como cuestión de derecho es

el aplicable”. Martínez Fernández y otros v. Oficina de Gerencia de

Permisos y otros, 2023 TSPR 75, a la pág. 6. Tal es el caso de la resolución

recurrida, la cual fue dictada el 3 de mayo de 2023, siendo entonces de

aplicación el Reglamento Conjunto 2020, pues esta era la norma aplicable

a la fecha de la tramitación de la solicitud de endoso.

                                     IV

       A la luz de los hechos y el derecho antes expuestos, confirmamos la

Resolución emitida por la Junta de Planificación de Puerto Rico el 3 de

mayo de 2023, notificada el 1 de junio de 2023.

       La jueza Lebrón Nieves concurre con el resultado sin opinión escrita.
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      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones