Court Opinion

ID: 9952345
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:43:28.57392+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:57.567347
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

  DOANIA DELGADO DÍAZ                      CERTIORARI
                                           procedente del
        Recurrida                          Tribunal de
                                           Primera Instancia
             v.           KLCE202400027    Sala Superior de
                                           Caguas
  DANIEL VELÁZQUEZ
  DELGADO                                  Civil Núm.:
                                           CG2019CV00538
       Peticionario                        (701)

                                           Sobre:
                                           Liquidación de
                                           Bienes
                                           Gananciales

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y
 la Jueza Prats Palerm.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                         RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico a 15 de febrero de 2024.

       Comparece ante este foro el Sr. Daniel Velázquez

 Delgado (señor Velázquez o el peticionario) y solicita

 que revisemos una Resolución emitida por el Tribunal de

 Primera    Instancia,   Sala    de   Caguas,   la   cual   fue

 notificada el 8 de diciembre de 2023.          Por medio del

 dictamen recurrido, el foro primario denegó una moción

 de reconsideración presentada por el peticionario, con

 relación a una Orden notificada el 1 de noviembre de

 2023, en el cual el foro recurrido declaró no ha lugar

 a la solicitud de sentencia sumaria parcial.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

 DENEGAMOS la expedición del auto solicitado.

                                I.

       El 22 de febrero de 2019, la Sra. Doania Delgado

 Díaz (señora Delgado o la recurrida) instó una Demanda

 sobre liquidación de comunidad de bienes en contra del

 peticionario, con quien estuvo casada bajo el régimen de

Número Identificador
RES2024 ______________
KLCE202400027                                                           2

Sociedad Legal de Bienes Gananciales.1                   Cabe destacar

que   la   señora        Delgado   y    el   señor       Velázquez     se

divorciaron, en virtud de una Sentencia emitida el 24 de

abril de 2017.           La recurrida expresó que no deseaba

continuar en la comunidad de bienes, por lo que, solicitó

que la misma fuera disuelta. En esencia, alegó que tenía

un crédito correspondiente por estar pagando la hipoteca

que grava un bien inmueble que adquirieron durante el

matrimonio en el Municipio de Gurabo (Inmueble A).                    A su

vez, arguyó que la Sociedad Legal de Gananciales tenía

un crédito correspondiente a la cuenta de retiro del

peticionario ante el patrono de este, el Departamento de

Educación,    el     cual    corresponde     a     las    aportaciones

realizadas a su cuenta de retiro con dinero ganancial.

De igual forma, las acciones que tiene el señor Velázquez

por ser miembro de la Asociación de Empleados de AEELA.

      Por su parte, el 24 de mayo de 2019, el peticionario

presentó   Contestación       a    la   Demanda.2         En   síntesis,

manifestó que, el bien inmueble en Gurabo fue comprado

con aportaciones privativas de él.               Señaló que, para el

año 2002 había comprado un bien inmueble saldo (Inmueble

B), y estando casado, en el año 2015 lo vendió por

$65,000.00.        Posteriormente, alegó que ese dinero lo

invirtió en la adquisición del bien inmueble                      A, en

Gurabo.      Por    lo    tanto,   reclamó    el    crédito      de   los

$65,000.00 por su aportación privativa.                  También, alegó

tener derecho a participar de las aportaciones que la

recurrida tiene, por retiro y seguro social, durante la

vigencia del matrimonio.

1 Demanda, anejo II, págs. 13-15 del apéndice del recurso.
2 Contestación a la Demanda, anejo III, págs. 16-22 del apéndice
del recurso.
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        El    15   de     octubre    de    2019,   el   señor   Velázquez

presentó una Reconvención.3                Mediante esta, reiteró que

invirtió los $65,000.00 privativos en la adquisición del

Inmueble A, por lo que, tiene un crédito en la comunidad

de    bienes       post    ganancial.        A   su   vez,   solicitó   se

realizara el inventario de bienes de la comunidad, se

adjudiquen los créditos y proceda la disolución de la

comunidad de bienes.

        En respuesta, el 22 de noviembre de 2019, la señora

Delgado presentó Réplica a Reconvención.4 Mediante esta,

aceptó que el peticionario compró un bien inmueble en el

2002.        Sin embargo, que alegó que “el dinero utilizado

por     el     señor      Velázquez       para   adquirir    dicho   bien

provinieron de un préstamo hipotecario que hicieron los

padres de éste y el cual fue pagado en su totalidad por

la sociedad de bienes gananciales que constituyeron las

partes”. Por lo que, manifestó que la sociedad de bienes

gananciales era el dueño del bien inmueble y tiene un

crédito a su favor.                 De otra parte, arguyó que las

aportaciones al seguro social no son gananciales, por lo

que, no forman parte del inventario a dividir.

         Luego de varias incidencias procesales, el 8 de

mayo de 2023, el peticionario instó una solicitud de

sentencia sumaria parcial.5                En síntesis, argumentó la

inexistencia de controversias de hechos esenciales que

impidieran concluir, como cuestión de derecho, que la

extinta Sociedad Legal de Bienes Gananciales que existió

durante la vigencia del matrimonio,                     el peticionario

tiene un crédito de $65,000.00 por concepto de la venta

3 Reconvención, anejo IV, págs. 23-32 del apéndice del recurso.
4 Réplica a Reconvención, anejo V, págs. 33-40 del apéndice del
recurso.
5 Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, anejo VII del

apéndice del recurso.
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del Inmueble B, y los cuales fueron utilizados en el

Inmueble A, en Gurabo.            A su vez, un crédito por el

dinero retirado por parte de la recurrida de la cuenta

ganancial y un crédito por concepto de las aportaciones

que la señora Delgado realizó a al Seguro Social durante

la vigencia del matrimonio.

        Por su parte, el 15 de junio de 2023, la recurrida

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria parcial

presentada por el peticionario.            En esencia, sostuvo que

la moción de sentencia sumaria parcial es improcedente

en derecho.       Sostuvo que, el pago realizado al préstamo

que hicieron los padres del peticionario para la compra

del Inmueble B, lo realizó en su totalidad la sociedad

legal de bienes gananciales.              Además,    aunque   aceptó

que ha realizado aportaciones a su cuenta del Seguro

Social,        sostuvo   que    esas      no   estaban    sujetas    a

liquidación.

        Evaluadas las mociones de las partes, el 1 de

noviembre de 2023, el foro primario notificó una Orden.6

Mediante esta, determinó que existe controversia sobre

el dinero con el que se adquirió el Inmueble B.                  A su

vez, dispuso que las aportaciones del Seguro Social no

son colacionables, conforme a la jurisprudencia actual.

        En desacuerdo, el 16 de noviembre de 2023, el

peticionario        presentó      Moción       en    Solicitud      de

Reconsideración.7        Por su parte, el 7 de diciembre de

2023,     la    recurrida      presentó    Réplica    a   Moción    en

Solicitud de Reconsideración.8             Revisadas las mociones

6  Orden, anejo IX del apéndice del recurso.
7  Moción en Solicitud de Reconsideración, anejo X del apéndice del
recurso.
8
  Réplica a Moción en Solicitud de Reconsideración, anejo XII del
apéndice del recurso.
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presentadas, el foro primario la declaró No Ha Lugar

mediante una Orden notificada el 8 de diciembre de 2023.

     Aún   inconforme,      el    8    de     enero     de        2024,   el

peticionario presentó una Solicitud de Certiorari, en la

que adujo que el foro primario cometió los siguientes

señalamientos de error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       abusar de su discreción y no declarar como
       incontrovertidos, hechos admitidos por la
       parte recurrida en sus escritos y en la
       deposición.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       declarar que “si bien el llamado “Inmueble
       B” era uno privativo, existe controversia
       sobre el dinero con el que fue adquirido”
       cuando de las admisiones de la parte
       recurrida durante la deposición surge
       claramente que no tiene prueba alguna para
       sostener sus alegaciones.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al no
       aplicar lo dispuesto en Hisquierdo v.
       Hisquierdo, 439 US 572 (1979); Rosa Resto
       v. Rodríguez, 111 DPR 89 (1981); Vega Rivera
       v. Soto Silva, 164 DPR 113 (2005) y declarar
       que las aportaciones al beneficio del
       Seguro Social no son colacionables, ante
       las   circunstancias    distinguibles    del
       presente caso.

     Transcurrido    el     término         dispuesto        en     nuestro

Reglamento para la presentación del alegato de la parte

recurrida, esta no compareció a presentarnos su postura.

Consecuentemente, declaramos perfeccionado el recurso de

epígrafe   y   procedemos   a    su    disposición,          conforme     a

Derecho.

                                 II.

                                 -A-

     La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para
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revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas

por el Tribunal de Primera Instancia.              Es decir, cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.”    Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

     Asimismo, dispone los supuestos en que este foro

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional

y a manera de excepción, en las siguientes instancias:

       [C]uando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a
       privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía,   en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la
       cual esperar a la apelación constituiría un
       fracaso irremediable de la justicia.

     Por   su   parte,    la   Regla    40   del    Reglamento   del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

establece los criterios que este foro debe tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de

sus fundamentos, son contrarios a derecho.             Así también,

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación

de la prueba por parte del foro primario.

     También examinaremos si el asunto planteado exige

consideración    más     detenida   a   la   luz     de   los   autos

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa

del procedimiento en que se presenta el caso es la más

propicia para su consideración.              Finalmente, debemos

analizar si la expedición del auto solicitado evita un

fracaso de la justicia.        Véase, Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra.
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                                           -B-

       En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia

sumaria procura, ante todo, aligerar la adjudicación de

aquellos casos en los cuales no existe una controversia

de hechos real y sustancial que exija la celebración de

un juicio en su fondo.                 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR

929 (2018).       Este mecanismo, está instituido en la Regla

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, y su

función     esencial         es    el       permitir      que,   en   aquellos

litigios de naturaleza civil, una parte pueda mostrar,

previo al juicio, que tras las partes contar con la

evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe

una controversia material de hecho que deba ser dirimida

en un juicio plenario; y que, por tanto, el tribunal

está   en   posición          de       aquilatar     esa    evidencia       para

disponer del caso ante sí.                   Rodríguez Méndez, et als v.

Laser Eye, 195 DPR 769 (2016).

       La   solicitud         de        sentencia      sumaria     puede      ser

interpuesta por cualquiera de las partes que solicite un

remedio     por    medio          de       una   moción    fundamentada        en

declaraciones       juradas            o    en   aquella     evidencia        que

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial

de hechos esenciales y pertinentes.                          Regla 36.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2.                                  Por

consiguiente,       se       dictará        sentencia      sumaria,    si     las

alegaciones,             deposiciones,                 contestaciones           a

interrogatorios          y        admisiones        ofrecidas,        junto     a

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna,

demostrasen que no hay controversia real y sustancial

sobre algún hecho esencial y pertinente y que; como

cuestión de derecho, procediese hacerlo.                         Regla 36.3(e)
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de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).

     En cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a

los que se refieren el precitado cuerpo de Reglas, es

sabido que estos son los que se conocen como hechos

materiales.     Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.1.    Al respecto, un hecho material es aquel

que puede afectar el resultado de la reclamación de

acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.          Además, la

controversia sobre el hecho material tiene que ser real.

Esto es, que una controversia no es siempre real o

sustancial o genuina.      Por ello, la controversia deberá

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario

que un juez la dirima a través de un juicio plenario.

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.1; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214

(2010).

     Ahora    bien,    cuando   se   presente   una   moción   de

sentencia sumaria y se sostenga en la forma que establece

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, la parte

contraria     no   podrá    descansar     solamente     en     las

aseveraciones      o    negaciones      contenidas     en      sus

alegaciones; sino que dicha parte estará obligada a

contestar en forma tan detallada y específica como lo

haya hecho la parte promovente.         De no hacerlo así, se

dictará la sentencia sumaria en su contra, si procede.

Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.3(c).     Por tanto, el oponente deberá controvertir la

prueba presentada con evidencia sustancial y no podrá

simplemente descansar en sus alegaciones.        Roldán Flores

v. M. Cuebas et al., 199 DPR 66 (2018).
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      Quiere decir que, para derrotar una solicitud de

sentencia sumaria, la parte opositora deberá presentar

contradeclaraciones               juradas      y     contradocumentos          que

pongan en controversia los hechos presentados por el

promovente.          Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de

la forma en que lo requiere la Regla aplicable, tales

hechos se podrán considerar como admitidos y se dictará

la sentencia en su contra, si procediese.                         Roldán Flores

v. M. Cuebas, Inc., supra.                 De igual forma, si la parte

contraria no presenta su contestación a la sentencia

sumaria     en       el        término   reglamentario           provisto,     se

entenderá    que          la    moción    de   sentencia         sumaria    quedó

sometida para la consideración del tribunal.                         Regla 36.3

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 36.3.

      Por último, es preciso recordar que nuestro Máximo

Foro ha dispuesto que, como Tribunal de Apelaciones, nos

encontramos en igual posición que el Tribunal de Primera

Instancia para evaluar la procedencia o no de conceder

una solicitud de sentencia sumaria.                           Meléndez González

et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).                             A tales

efectos, nuestra revisión será una de novo y el análisis

que   realizaremos              se    regirá       por    las     disposiciones

contenidas en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,

y su jurisprudencia interpretativa.

      Por   ello,         de     entender      que   procede       revocar     una

sentencia        sumaria,            debemos    indicar         cuáles     hechos

esenciales       y    pertinentes          están         en    controversia,    e

igualmente decir cuáles están incontrovertidos.                            Por el

contrario, si encontramos que los hechos materiales,

realmente están incontrovertidos, nuestra revisión se

limitará a revisar de novo si procedía en derecho su
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concesión. Es decir, si el Tribunal de Primera Instancia

aplicó correctamente el derecho o no.                 Íd, págs. 118-

119.

                                 III.

       Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, este Tribunal tiene jurisdicción para atender el

presente     recurso     por     recurrirse      de     un   dictamen

interlocutorio del Tribunal de Primera Instancia.                  Sin

embargo,      evaluado      el     expediente         ante    nuestra

consideración a la luz de los criterios establecidos en

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que

este    recurso    de     Certiorari       no     amerita     nuestra

intervención.     Veamos.

       En el caso de autos, el peticionario alega que el

foro primario abusó de su discreción al determinar que

el Inmueble B era uno privativo, sin embargo, que había

controversia sobre el dinero con el que lo adquirieron.

A su vez, que incidió al determinar que las aportaciones

al Seguro Social no son colacionables.

       Consideramos      que,     en      esta    etapa      de    los

procedimientos,     la    actuación       del    foro   primario    es

razonable y toma en cuenta los mejores intereses de las

partes.      Mediante la Moción en Solicitud de Sentencia

Sumaria Parcial, el peticionario argumentó que el caso

de autos no plantea controversias de hechos esenciales,

como    el    crédito     que     tiene     al     haber     aportado

privativamente una cantidad de dinero para adquirir el

Inmueble A, y las aportaciones que la recurrida ha

realizado al Seguro Social, que impidan resolver el caso

mediante la vía sumaria.

       Sin embargo, es importante reseñar que, en casos

como el de epígrafe, para estar en posición de adjudicar
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la   procedencia       de   los    créditos      solicitados,    de

conformidad       al   derecho      aplicable,     es     necesario

finiquitar la formación del inventario.                 Ello supone

asuntos complejos de naturaleza técnica y especializada,

por lo cual, en este momento, el mecanismo de disposición

sumaria no resulta apropiado para la adjudicación del

derecho aplicable.

     En consecuencia, brindamos deferencia al ejercicio

llevado a cabo por el foro primario.               Por tanto, no

habiendo el peticionario demostrado que el foro primario

haya incurrido en abuso de discreción o errado en la

aplicación de una norma jurídica, procede denegar la

expedición del auto de certiorari.

                                  IV.

     Por    los   fundamentos      antes   expuestos,     DENEGAMOS

expedir el auto de certiorari.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones