Court Opinion

ID: 9374127
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:23:47.623983+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:44.995227
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

      REVERSE MORTGAGE                                        CERTIORARI
        SOLUTIONS, INC.                                       procedente del
                                                              Tribunal de Primera
             Recurrida                                        Instancia, Sala
                                                              Superior de
                                                              Mayagüez
                  v.                    KLCE202201123
                                                              Civil número:
                                                              MZ2018CV00456

    MANUEL SANTIAGO, ET AL.                                   Sobre:
                                                              Cobro de Dinero y
           Peticionarios                                      Ejecución de
                                                              Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, el Juez Pagán
Ocasio y el Juez Monge Gómez.1

Monge Gómez, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

        Comparecen ante este Tribunal la parte peticionaria, Manuel

Santiago López, Magda Cintrón Acosta y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por ambos (en adelante, “Santiago-Cintrón” o los

“Peticionarios”) mediante recurso de Certiorari y nos solicitan la revocación

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Mayagüez, el 5 de septiembre de 2022, notificada el 8 del mismo mes y

año, mediante la cual denegó una solicitud de reconsideración de la

Resolución de 12 de julio de 2022, notificada y archivada en autos el 14 de

julio de 2022. Mediante esta última, se declaró No Ha Lugar la “Solicitud

de Vista Evidenciaria y Oposición a Solicitud de Anotación de

Rebeldía” y se le anotó la rebeldía a los Peticionarios.

        Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración y a la

luz de los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

recurso de Certiorari y se revoca la Resolución recurrida.

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-001 se designó al Hon. José Johel Monge
Gómez en sustitución de la Hon. Olga E. Birriel Cardona para entender en los méritos de
los recursos de epígrafe.

    Número Identificador
    SEN2023 _______________
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                                         I.

          El 21 de noviembre de 2018, Reverse Mortgage Solutions, Inc. (en

adelante, “RMS” o la “Recurrida”) presentó Demanda contra los

Peticionarios sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca revertida,

también conocido como reverse mortgage.

          Luego de acreditar el diligenciamiento de los emplazamientos

expedidos por el TPI a nombre de los Peticionarios, el 16 de mayo de 2019,

la Recurrida presentó “Moción Solicitando Sentencia en Rebeldía”. Sin

someterse a la jurisdicción, el 28 de mayo de 2019, los Peticionarios

presentaron “Moción para Asumir Representación Legal y Prórroga

para Presentar Defensas”, mediante la cual solicitaron que se les

concedieran dos (2) días para presentar defensas y solicitar los remedios

que en derecho procedieran. Así las cosas, el 18 de junio de 2019,

nuevamente sin someterse a la jurisdicción, los Peticionarios presentaron

“Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 y Otros Fundamentos”.

En ella, se alegó –entre otras cosas– que la Demanda deja de exponer una

reclamación que justificara la concesión de un remedio, ya que RMS no

cumplió con el requisito de obtener la aprobación del Secretario del

Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos

(en adelante, “HUD”), requerida por la reglamentación federal antes de la

presentación de la Demanda.2 Igualmente, sostuvieron que el TPI no

adquirió jurisdicción sobre sus personas, por insuficiencia en sus

emplazamientos, en cuanto a la notificación del término para contestar la

Demanda.

          Así las cosas, el foro de instancia emitió Resolución el 8 de

noviembre de 2019, notificada el mismo día, mediante la cual declaró Ha

Lugar la moción asumiendo representación legal y concediendo la

prórroga. En esa misma fecha, emitió Orden en la que le concedió diez (10)

días a la Recurrida para que se expresara su posición en cuanto a la

2   Véase, 12 USC sec. 1715z-20 y 24 CFR sec. 206.1.
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moción de desestimación presentada el 18 de junio de 2019. El 13 de

noviembre de 2019, RMS presentó su oposición y adujo que había

cumplido con obtener la autorización requerida a través de un contratista

autorizado por el HUD. Cabe destacar que, el 4 de diciembre de 2019, los

Peticionarios solicitaron que la moción de desestimación presentada se

considerara como una solicitud de sentencia sumaria y se señalara una

vista argumentativa para discutir los méritos de su solicitud de

desestimación. Como consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia

emitió Resolución el 18 de diciembre de 2019, en la cual ordenó la

paralización del caso hasta resolver las mociones.

        De conformidad con lo anterior, el foro primario emitió dos

Resoluciones el 29 de enero de 2020, ambas notificadas el 13 de febrero

de 2020. En la primera, denegó acoger la moción de desestimación como

una solicitud de sentencia sumaria. Mientras que, en la segunda, declaró

No Ha Lugar la solicitud de desestimación de Santiago-Cintrón. Entendió

el foro recurrido que el hecho de que el término dispuesto en los

emplazamientos diligenciados estuviera incorrecto, producía el efecto de

tornarlos insuficientes. En lo relacionado al planteamiento sobre la

autorización requerida por HUD, el tribunal de instancia entendió que

debido a que la Recurrida presentó en su oposición una carta de

autorización, tampoco procedía la desestimación del caso por dicho

fundamento. Por lo tanto, le concedió a los Peticionarios un término de

veinte (20) días para contestar la Demanda.

        Insatisfecho,   Santiago-Cintrón     presentó     “Moción      de

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de hechos y Derecho

Adicionales” el 28 de febrero de 2020, en la que reiteró la omisión de RMS

de no incluir los documentos que evidenciaran la notificación al HUD. Esta

moción fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución del 3 de marzo de

2020.

        Por su parte, el 25 de marzo de 2020, RMS presentó “Moción

Solicitando Suspensión de los Procedimientos en Cumplimiento con
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Regulaciones Federales” basada en el estado de emergencia decretado

por la pandemia del COVID-19. El foro primario, mediante Resolución

emitida el 20 de abril de 2020, notificada el 27 de mismo mes y año,

concedió la paralización y mediante Orden de igual fecha indicó que

la misma sería efectiva hasta el 18 de junio de 2020.

       Así las cosas, el 15 de julio de 2020, Santiago-Cintrón presentó un

primer recurso de Certiorari ante esta Curia. Como consecuencia, el 19 de

octubre de 2020, un panel hermano de este Tribunal emitió Sentencia, en

el recurso con el alfanumérico KLCE2020000510.3 Determinaron que le

correspondía a la Recurrida alegar en su Demanda que contaba con la

previa autorización del HUD para incoar la misma y que el haber

presentado en la oposición a la desestimación una aprobación del servicer

NOVAD Management Consulting, contratista autorizado por HUD, no

satisfacía el requisito de haber obtenido la aprobación de HUD antes del

comienzo de la Demanda. Por otra parte, establecieron que la legislación y

reglamentación federal, además de la escritura de hipoteca revertida,

requieren que se le conceda al deudor un término de treinta (30) días para

subsanar cualquier violación a los términos y condiciones del préstamo, lo

cual tampoco ocurrió en el presente caso.

       Sobre el particular, el panel hermano expresó que, en la oposición a

la moción de desestimación, RMS alegó haber enviado una carta que fue

recogida el 30 de octubre de 2018 en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo,

Santiago-Cintrón alegó no recibir dicha misiva ya que la propiedad

residencial hipotecada y donde residían ubica en el Municipio de Cabo

Rojo. El Foro Apelativo sostuvo que, aunque se partiera de la premisa de

que la carta, en efecto, había sido recibida, la Demanda fue presentada

antes de que ello ocurriera. Incluso, fue presentada antes de que culminara

el término de treinta (30) días que se le debe conceder a la parte deudora

3 El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones notificó el Mandato de la
mencionada Sentencia. El mismo fue recibido por el Tribunal de Primera Instancia el 23
de diciembre de 2020. Véase, Ap. de los Peticionarios, a la pág. 80.
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para subsanar las faltas, conforme dispone la legislación y reglamentación

federal.

          Por lo tanto, y a tono con dichas expresiones, el panel hermano

determinó que el foro de instancia debió concederle a los Peticionarios la

oportunidad de refutar las alegaciones y los documentos presentados

tardíamente por RMS. Igualmente, establecieron que los Peticionarios

habían sido correctamente emplazados, por lo que se había adquirido

jurisdicción sobre su persona. Siendo ello así, ordenó:

          […] al foro primario que acoja la solicitud de la parte
          peticionaria y permita la presentación de una solicitud de
          sentencia sumaria […] o, en su defecto, ordene la celebración
          de una vista evidenciaria en la que Reverse Mortgage
          acredite su cumplimiento con los requisitos exigidos por la ley
          y la reglamentación federales, así como por la escritura de
          hipoteca objeto de este pleito.4

          El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones notificó el

Mandato de la mencionada Sentencia. El mismo fue recibido por el Tribunal

de Primera Instancia el 23 de diciembre de 2020. Sin embargo, el caso no

tuvo movimiento por espacio de diez (10) meses, cuando la entonces

abogada de la Recurrida presentó “Moción Renunciando a la

Representación Legal” el 29 de octubre de 2021. El 4 de noviembre de

2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución, en la cual ordenó

a RMS a que: (1) anunciara su nueva representación legal en o antes del

22 de noviembre de 2021, (2) que, no más tarde del 1 de diciembre de

2021, notificara a los Peticionarios la prueba que tuvieren en su posesión

que evidenciare el cumplimiento con la ley y reglamentación federal, y (3)

que antes del 28 de diciembre de 2021 propusiera tres (3) fechas para la

celebración de una vista evidenciaria. Sin embargo, estas Órdenes no

fueron cumplidas por la Recurrida en las fechas establecidas por el TPI,

sino que fue el 28 de diciembre de 2021, que RMS sometió moción en

cumplimiento con lo ordenado.

4   Véase Ap. de los Peticionarios, Ap. a las págs. 77-78.
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        Así las cosas, el foro recurrido emitió Resolución el 9 de enero de

2022, notificada el 14 de mismo mes y año, en la que les concedió un

término de veinte (20) días a las partes para presentar el Informe para el

Manejo del Caso. Ahora bien, en esa misma fecha, el foro primario emitió

Orden mediante la cual sostuvo que se percataron que el Mandato del

Tribunal de Apelaciones no había sido acatado. Por lo que, en sustitución

de la Resolución antes indicada, autorizaron la presentación de la solicitud

de sentencia sumaria por Santiago-Cintrón, concediendo veinte (20) días

para su cumplimiento. Los Peticionarios solicitaron prórroga, la cual fue

conocida hasta el 28 de febrero de 2022.5

        Pese a lo anterior, el tribunal de instancia emitió Orden el 22 de

febrero de 2022, notificada el 25 de mismo mes y año, mediante la cual

suspendió todo procedimiento ulterior hasta que RMS presentara

fianza de no residente, al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5.6 Por tanto, lo anterior significó que el

plazo concedido a los Peticionarios para presentar la moción de

sentencia sumaria quedó igualmente suspendido. A tales efectos, y

luego de cumplida dicha Orden, el foro recurrido emitió Resolución el 10 de

junio de 2022, notificada el 14 de mismo mes y año, donde ordenó la

continuación de los procedimientos y, nuevamente, concedió veinte (20)

días a los Peticionarios para presentar la solicitud de sentencia sumaria.

En la Resolución, se incluyó que dicho término vencía el 1 de julio de 2022.7

        El 11 de julio de 2022, RMS presentó Moción Informativa mediante

la cual solicitó la anotación de rebeldía en contra de los Peticionarios. El

mismo día, Santiago-Cintrón presentó “Solicitud de Vista Evidenciaria y

Oposición a Solicitud de Anotación de Rebeldía”. Amparada en el

principio de economía procesal que dispone la Regla 1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1, solicitó al tribunal de instancia que se les

5 Véase, Resolución emitida el 14 de febrero de 2022, notificada el 16 de mismo mes y
año, Ap. de los Peticionarios a la pág. 149.
6 Véase, Orden emitida el 22 de febrero de 2022, notificada el 25 de mismo mes y año,

Ap. de los Peticionarios a la pág. 150.
7 Véase, Resolución emitida el 10 de junio de 2022, notificada el 14 de junio de 2022, Ap.

de los Peticionarios a la pág. 154A.
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relevara de presentar la solicitud de sentencia sumaria y que, en sustitución

de ello, permitiera la celebración de una vista evidenciaria. Ello

fundamentado en que, a juicio de los Peticionarios, tomaría más tiempo

obtener una determinación final y firme bajo el mecanismo de sentencia

sumaria. De hecho, sostuvieron que la prueba utilizada para resolver la

sentencia sumaria de igual manera podría requerir la celebración de vista

evidenciaria, por lo que era su intención evitar la duplicidad en el proceso.

         En respuesta a ello, el foro primario emitió Resolución el 12 de julio

de 2022, notificada el 14 de mismo mes y año, en la que declaró No Ha

Lugar la petición de celebración de vista evidenciaria y les anotó a los

Peticionarios la rebeldía solicitada por RMS. Concluyó que Santiago-

Cintrón incumplió, “nuevamente”, con las órdenes del Tribunal, ya que no

presentó su solicitud de sentencia sumaria en el plazo concedido.

Igualmente, añadió que los Peticionaros habían incumplido e ignorado

Órdenes previas de dicho Foro, como la omisión de presentar la

Contestación a la Demanda.

         Por    consiguiente,    Santiago-Cintrón    presentó    moción     de

reconsideración el 29 de julio de 2022, a lo cual se opuso la Recurrida. El

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de

reconsideración el 5 de septiembre de 2022, notificada el 8 de septiembre

de 2022. En síntesis, fundamentó su denegatoria en que los Peticionarios

no cumplieron con la orden de presentar la solicitud de sentencia sumaria,

luego de extendido el término inicial para ello. Así mismo, sostuvo que no

habían contestado la Demanda luego de que el Tribunal de Apelaciones

inicialmente concluyó que el emplazamiento fue diligenciado de manera

correcta, por lo cual habían adquirido jurisdicción sobre su persona.

         Inconforme con dicha determinación, los Peticionarios recurren ante

nos mediante recurso de Certiorari y formulan el siguiente señalamiento de

error:

         Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de
         Mayagüez, Hon. Maura Santiago Ducós, al anotarle la
         rebeldía a los codemandados aquí peticionarios a pesar de
         que los codemandados han sido muy activos defendiendo su
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       causa, no existía orden para contestar la demanda sino que
       más bien existían órdenes paralizando los procedimientos
       hasta que se resolviera la controversia de la moción
       dispositiva cónsono con el Mandato del Tribunal de
       Apelaciones en el caso KLCE202000510, lo cual no ha
       ocurrido, por lo que en este caso no concurre los criterios para
       anotarle la rebeldía.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                     II.

   A. Recurso de Certiorari

       Es norma reiterada que el auto de certiorari es el vehículo procesal

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error

cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163,

174 (2020); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Así

pues, distinto a los recursos de apelación, el tribunal apelativo tiene la

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Es decir,

descansa en la sana discreción del foro revisor el expedir o no el auto

solicitado.

       Todo recurso de certiorari presentado ante nos debe ser examinado

primeramente bajo el palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, y luego evaluar los criterios que guían nuestra

discreción para expedir el auto o denegarlo, conforme se dispone en la

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

Dentro de los asuntos que establece la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, que podremos expedir se encuentra la anotación de rebeldía. 800

Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175.

   B. Anotación de rebeldía

       Es obligación de toda parte contra la cual se presenta una demanda

de notificar su contestación dentro de treinta (30) días de haber sido

emplazado conforme a derecho. Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. V, R. 10. No obstante, la precitada Regla también establece

que “[l]a notificación de una moción permitida por estas reglas o bajo la

Regla 36, altera los términos arriba prescritos […], a menos que por orden
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del tribunal se fije un término distinto […]”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.1

(énfasis nuestro).

      A pesar de ello, las Reglas de Procedimiento Civil establecen que

procede la anotación de rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se

solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado de

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma, según se dispone

en estas reglas”. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.

45.1. Este remedio puede ser utilizado tanto en las instancias

mencionadas, como en aquéllas en que una de las partes en el pleito no

ha cumplido con algún mandato del tribunal, que conlleva la obligación del

foro judicial a imponerle la rebeldía como sanción. Ocasio v. Kelly Servs.,

163 D.P.R. 653, 670 (2005). A pesar de ello, la anotación de rebeldía “como

sanción por su incumplimiento con una orden del tribunal siempre se debe

dar dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia

equivaldría a un abuso de discreción”. Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011).

      Se ha resuelto que la consecuencia jurídica de anotar la rebeldía a

una parte en un pleito será tener como aceptadas cada una de las

alegaciones bien formuladas que hubieran sido incluidas en la demanda.

Vélez v. Boy Scouts of America, 145 D.P.R. 528, 534 (1998). Ahora bien,

en el descargue de sus funciones, el Tribunal de Primera Instancia está en

la obligación de comprobar cualquier aseveración esgrimida mediante la

aportación de prueba que demuestra lo alegado. Hernández v. Espinosa,

145 D.P.R. 248, 272 (1998). “[S]i un tribunal necesita, para poder dictar

sentencia en rebeldía, comprobar la veracidad de cualquier alegación o

hacer una investigación sobre cualquier otro asunto, deberá celebrar las

vistas que estime necesarias y adecuadas.” Ocasio v. Kelly Servs., supra,

pág. 671.

      En armonía con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado

que en el ámbito de la adjudicación de un pleito en rebeldía los foros

judiciales no pueden actuar como meros autómatas. Íd., págs. 671-672. Es
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decir, “un trámite en rebeldía no garantiza per se, una sentencia favorable

al demandante; el demandado no admite hechos incorrectamente alegados

como tampoco conclusiones de derecho”. Continental Ins. Co. v. Isleta

Marina, 106 D.P.R. 809, 817 (1978). Nótese que el objetivo de este

mecanismo procesal no es conferirle una ventaja al demandante para

obtener una sentencia a su favor, sino que lo que se persigue es estimular

la tramitación ágil y efectiva de los pleitos ante los tribunales. J.R.T. v. Missy

Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805, 811 (1971).

       Por este motivo, un tribunal, al momento de resolver una solicitud de

anotación de rebeldía, debe interpretar la Regla 45 de Procedimiento Civil,

supra, de forma liberal, lo que significa que debe siempre resolver

cualquier duda a favor de la parte que se opone a la concesión de la

rebeldía. Esto es cónsono con la política judicial que prefiere que los

casos se vean en sus méritos. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut

Corp., 120 D.P.R. 283, 293 (1988); Imp. Vilca, Inc v. Hogares Crea, Inc.,

118 D.P.R. 679, 686 (1987).

       La Regla 45.3 de Procedimiento Civil dispone la facultad para dejar

sin efecto una anotación de rebeldía. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3. La misma

señala que “[e]l tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía

por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía,

podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2. Íd. Nuestro

más Alto Foro ha reconocido que la parte que alegue causa justificada

puede: (1) presentar evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal

demuestren justa causa para la dilación, o (2) probar que tiene una buena

defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que se puede

ocasionar a la otra parte con relación al proceso es razonablemente

mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593

(2011).

                                       III.
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      En el presente caso, debemos revisar la anotación de rebeldía a los

Peticionarios por un primer y único incumplimiento con una Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

      Según se desprende de los hechos del caso, la Demanda fue

presentada el 21 de noviembre de 2018 y los Peticionarios, sin someterse

a la jurisdicción, el 18 de junio de 2019, presentaron la moción de

desestimación, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 32

L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2. No fue hasta casi 5 meses más tarde, a saber, el

8 de noviembre de 2019, que el foro primario le concedió un término de

diez (10) días a RMS para que se expresara sobre la moción de

desestimación y así lo hizo oportunamente. No obstante lo anterior, el 4 de

diciembre de 2019, Santiago-Cintrón solicitó al foro de instancia que

acogieran dicha moción como una de sentencia sumaria.

      El 18 de diciembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia optó

por ordenar la primera paralización del caso, con el objetivo de resolver

las mociones antes mencionadas. En consecuencia, emitió dos

Resoluciones el 29 de enero de 2020, ambas notificadas el 13 de febrero

de 2020. En ellas, denegó acoger la moción de desestimación como una

de sentencia sumaria y declaró No Ha Lugar la moción de desestimación.

En vista de ello, le concedió por primera y única instancia a los

Peticionarios un término de veinte (20) días para presentar la

Contestación a la Demanda.

      Inconforme con las determinaciones del foro de instancia, Santiago-

Cintrón presentó reconsideración el 28 de febrero de 2020, la cual fue

declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 3 de marzo de

2020, notificada el 9 de marzo de 2020.

      Antes de que venciera el término que tenían los Peticionarios para

presentar Contestación a la Demanda, RMS solicitó la suspensión de los

procedimientos basado en el estado de emergencia suscitado a

consecuencia     de   la   pandemia     del     COVID-19,   conforme   las

regulaciones federales. El tribunal de instancia concedió la
KLCE202201123                                                             12

paralización hasta el 18 de junio de 2020, mediante Orden emitida el

20 de abril de 2020, notificada el 27 de mismo mes y año. El expediente

del TPI refleja que nada ocurrió entre que se solicitara la suspensión de los

procedimientos y el decreto de paralización del foro recurrido. Así pues, es

evidente que dicha realidad resultó en la segunda paralización del

caso de autos y, por consiguiente, la Contestación a la Demanda no

podía ser presentada.

       Cabe destacar que, el 15 de julio de 2020, se presentó el primer

recurso de Certiorari en el Tribunal de Apelaciones sobre la denegatoria de

la solicitud de desestimación de la Demanda. De conformidad con lo

esbozado anteriormente, un panel hermano de esta Curia revocó dicha

determinación por lo que, en su Mandato, estableció el curso a seguir.

Entiéndase, concederles a los Peticionarios un término para que

presentaran la solicitud de sentencia sumaria o que se celebrara una vista

evidenciaria para que la Recurrida pudiera evidenciar el cumplimiento de la

notificación a Santiago-Cintrón y el haber adquirido la aprobación del HUD

antes de presentada la Demanda.

       Ahora bien, sabido es que la Regla 35(A)(1) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35(A)(1), establece que la

presentación de un recurso de certiorari no suspende los procedimientos

en primera instancia, salvo orden específica en contrario expedida por este

Tribunal. Sin embargo, la controversia del caso obligaba a este Tribunal a

entrar en los méritos de la moción de desestimación, toda vez que la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, no nos concede discreción para

determinar si evaluar o no procedencia de la denegatoria de una moción

dispositiva. Por consiguiente, hubiese sido irrazonable requerirle a los

Peticionarios que presentaran su Contestación a Demanda cuando ello

pudiera ser contrario al dictamen del panel hermano en el caso núm.

KLCE2020000510, el cual, bien hubiera podido conllevar la terminación del

caso en sus méritos.
KLCE202201123                                                              13

        Tan es así que, desde la presentación del recurso de certiorari ante

este Tribunal, el caso no tuvo ningún movimiento ante el foro a quo. No fue

sino hasta que el Mandato de este Tribunal fue recibido por el TPI el 23 de

diciembre de 2020 que los autos del foro recurrido reflejan alguna entrada

en el expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC). Así las cosas, y luego de once (11)

meses de recibido el Mandato, el TPI emitió Resolución el 4 de noviembre

de 2021, notificada el 9 del mismo mes y año. En ella, le requirió a RMS a

cumplir con tres asuntos. El primero requería que anunciara su nueva

representación, para lo cual tenía hasta el 22 de noviembre de 2021. En el

segundo, se le concedió hasta el 1 de diciembre de 2021 para notificarle a

Santiago-Cintrón la prueba que evidenciare el cumplimiento de la

notificación a éstos. Por último, tenían hasta el 28 de diciembre de 2021

para proponer tres (3) fechas para la celebración de una vista evidenciaria.

        La Recurrida presentó “Moción en Cumplimiento de Orden” el 28

de diciembre de 2021. Es decir, incumplió con la primera Orden por 36 días

y la segunda orden por 27 días, luego del vencimiento al segundo plazo

concedido por el TPI. A pesar de ello, RMS no fue sancionada. No obstante

lo anterior, el foro de instancia emitió otra Orden, en la que reconoció que

el Mandato todavía no había sido acatado y por tanto, le concedió a los

Peticionarios un término de veinte (20) días para presentar la moción de

sentencia sumaria. Posteriormente, los Peticionarios presentaron solicitud

de prórroga que fue concedida mediante Resolución de 14 de febrero de

2022. La referida prórroga fue concedida hasta el 28 de febrero de

2022.

        El 22 de febrero de 2022, notificada el 25 del mismo mes y año,

el TPI volvió a paralizar los procedimientos, debido a que se percató

que la Recurrida no era residente de Puerto Rico y, por tanto, requirió

la prestación de la fianza de no residente, al amparo de la Regla 69.5

de Procedimiento Civil, supra. Presentada la fianza, el 14 de junio de

2022, el foro de instancia emitió Resolución, en la que dispuso lo siguiente:
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“[…] Tiene la parte demandada un término de 20 días para presentar la

Moción de Sentencia Sumaria que se le autorizó presentar, cuyo término

vence el 1 de julio de 2022”. Ahora bien, dicha Resolución fue notificada el

14 de junio de 2022, por tal razón, el término de veinte (20) días concluía

el 4 de julio de 2022, que al ser un día feriado, debía presentarse el próximo

día laborable, a saber: el 5 de julio de 2022.

       Tomando en cuenta lo anterior, surge del recurso y de los autos del

TPI que el 11 de julio de 2022, entiéndase, seis (6) días luego de vencido

el término para presentar la solicitud de sentencia sumaria, RSM solicitó la

anotación y sentencia en rebeldía contra los Peticionarios. En igual fecha,

Santiago-Cintrón presentó “Solicitud de Vista Evidenciaria y Oposición

a Solicitud de Anotación en Rebeldía”. Sostuvieron que, por economía

procesal, el debido proceso de ley y por los intereses de la justicia, sería

más efectiva la celebración de una vista evidenciaria que la presentación

de la solicitud de sentencia sumaria. Entendían los Peticionarios que una

determinación a esos efectos en los casos de ejecución de hipoteca

revertida podría demorar más de un año. Añadieron que la prueba a ser

utilizada para resolver la solicitud de sentencia sumaria, igualmente, podría

requerir una vista evidenciaria, lo cual los regresaría a dicha solicitud. Por

último, insistieron en que la anotación de rebeldía procede en casos en que

no surja la intención clara por parte de los Peticionarios de defenderse, lo

cual es opuesto en el presente caso.

       A pesar de lo anterior, el foro primario les anotó la rebeldía y

mediante Resolución emitida el 12 de julio de 2022, notificada el 14 de

mismo mes y año, erradamente hizo énfasis en que los Peticionarios

habían incumplido e ignorado varias órdenes del tribunal en distintas

ocasiones. En desacuerdo con dicho proceder, Santiago-Cintrón presentó

“Moción de Reconsideración de Anotación de Rebeldía” el 29 de julio

de 2022. Enfatizaron en que, salvo la última moción que no presentaron,

estos “nunca han incumplido ninguna orden del Tribunal”, por lo que “no

existe indiligencia crasa ni reiterados incumplimientos como expresara este
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Honorable Tribunal”.8 (énfasis en el original). Además, indicaron que éstos

no están obligados a presentar la Contestación a la Demanda, toda vez

que hay un asunto que pondría fin al pleito y ello no se había resuelto, a

saber, la moción de desestimación. RMS presentó su oposición el 18 de

agosto de 2022 y arguyó que a los Peticionarios no les interesaba cumplir

con la orden del Tribunal. Consecuentemente, el TPI emitió Resolución del

5 de septiembre de 2022, notificada el 8 de mismo mes y año, en la que

declaró No Ha Lugar la reconsideración.

       Aunque nuestro ordenamiento jurídico establece que el tribunal

puede anotar la rebeldía cuando una parte deja de cumplir una orden,

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que esta sanción debe ser justa

y su ausencia equivaldría a un abuso de discreción. Rivera Figuera v.

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011) (énfasis nuestro). Como

se desprende del recuento de hechos, la primera y única Orden que no

cumplieron los Peticionarios fue presentar la moción en solicitud de

sentencia sumaria. Nótese que el trámite ante el TPI se ha visto matizado

por varias paralizaciones de los procedimientos y la presentación de

recurso de certiorari, bajo el alfanumérico KLCE2020000510.

       El examen del expediente de SUMAC refleja que el único

incumplimiento material de los Peticionarios fue de tan solo seis (6) días,

cuando solicitaron que se señalara una vista evidenciaria, pues entendían

que ello propiciaba una adjudicación rápida en los méritos de la

controversia relacionada con la autorización adecuada de HUD que debió

obtener la Recurrida antes de incoar la Demanda en el presente caso.

Notamos que dicha solicitud, si bien no se ajustaba a lo ordenado por el

Tribunal, no era irrazonable. Los Peticionarios lo único que buscaban era

una solución justa, rápida y económica. Ello, lejos de constituir desidia o

dejadez, se atempera a la máxima que rige en todos los procedimientos

que se conducen ante los tribunales del País. Si a ello se le suma el hecho

8Véase, “Moción de Reconsideración de Anotación de Rebeldía”, Ap. de los
Peticionarios, Ap. pág. 173-182.
KLCE202201123                                                            16

de que RMS no sufrió ninguna consecuencia a raíz de sus propios

incumplimientos, entendemos que la anotación de la rebeldía en contra de

los Peticionarios no fue justa ni razonable.

       Conforme hemos adelantado, las Reglas de Procedimiento Civil

proveen para dejar sin efecto una anotación de rebeldía. Regla 45.3 de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3. Para ello, se requiere

causa justificada y que quien lo alegue debe así evidenciarlo. En el

presente caso, los Peticionarios indicaron que, luego de evaluados los

documentos entregados por RMS, fundamentándose en la economía

procesal, preferían proceder con la celebración de una vista evidenciaria,

de ello ser aceptado por el foro primario.

       El foro de instancia no estaba obligado a acoger la petición de

Santiago-Cintrón, mas no debió imponer una sanción tan severa como lo

es la anotación de la rebeldía ante un primer y único incumplimiento a solo

seis (6) días de vencido el plazo concedido.

       Independientemente de lo anterior, el foro de instancia también

mencionó en sus Resoluciones de 12 de julio de 2022 y de 5 de septiembre

de 2022, el incumplimiento por los Peticionarios al no presentar su

Contestación a la Demanda. Reconocemos que, en estricto derecho, las

Reglas de Procedimiento Civil establecen que procede la anotación de

rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se solicite una sentencia que

concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de

defenderse en otra forma, según se dispone en estas reglas”. Regla 45.1

de Procedimiento Civil, supra (énfasis suplido). Ahora bien, Santiago-

Cintrón presentó una moción de desestimación, fundamentándose en se

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio,

la cual, al momento, no ha sido completamente adjudicada en los méritos.

Surge del expediente que el panel hermano en su Sentencia ordenó al foro

de instancia a permitir la presentación de la solicitud de sentencia sumaria

o que celebrara una vista evidenciaria para que la Recurrida pudiera probar

el cumplimiento o no con la legislación y reglamentación federal.
KLCE202201123                                                              17

       Ciertamente, de una lectura de la Resolución recurrida, podemos

inferir que el Tribunal de Primera Instancia pudo haberle imputado los

incumplimientos desplegados por la parte Recurrida durante el proceso a

los Peticionarios. Por tal razón, erró el foro de instancia al expresar en su

última Resolución que la oposición a la anotación a la rebeldía, sin haber

contestado la Demanda ni haber cumplido con la orden del Mandato

constituyó “una comparecencia en abierto desafío a la orden de este

Tribunal y al Mandato del Tribunal de Apelaciones, así como en

menosprecio de las Reglas Procesales”. Primeramente, a los Peticionarios

se les requirió en una sola ocasión la presentación de la Contestación a la

Demanda, mediante la Resolución del TPI denegando la solicitud de

desestimación que presentó como su alegación responsiva a principios del

pleito. Sin embargo, dicho dictamen quedó suspendido por virtud de los

trámites apelativos y del Mandato del panel hermano, cuando le requirió al

foro recurrido a conceder un término a los Peticionarios para oponerse a lo

alegado por la Recurrida en su moción en oposición a la desestimación o

a celebrar una vista evidenciaria.

       Es decir, era improcedente requerirle a los Peticionarios que

contestaran la Demanda, cuando aún existe una controversia sobre

jurisdicción sobre la materia del foro a quo. Argumentar lo contrario, sería

ir en contra del principio de economía procesal que permea en nuestro

ordenamiento jurídico. Asimismo, no puede pasar desapercibido el hecho

de que el incumplimiento que provocó que se le anotara la rebeldía a los

Peticionarios fue por haber comparecido a seis (6) días de vencido el plazo

concedido por el TPI; más aún si lo comparamos con los incumplimientos

desplegados por la Recurrida de más de veinticinco (25) días. Tan severa

sanción no es procedente en el caso, sobre todo cuando existe una defensa

invocada por los Peticionarios desde el principio del litigio.

                                      IV.
KLCE202201123                                                          18

      Por las consideraciones que anteceden, expedimos el auto de

Certiorari que nos ocupa y revocamos la Resolución emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, mediante la cual se le

anotó la rebeldía a los Peticionarios. Se le ordena a estos últimos a

presentar la moción de sentencia sumaria ordenada por el panel hermano

de este Tribunal en el término de veinte (20) días de recibido el

correspondiente mandato.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones