Court Opinion

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Date Created: 2024-03-21 20:17:05.281296+00
Date Added: 2024-06-11T14:45:58.389307
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:

                                                 2024 TSPR 23

 José A. Soto Peña                               213 DPR ___
 (TS-12,878)

Número del Caso:    CP-2017-0001

Fecha:    12 de marzo de 2024

Oficina del Procurador General:

     Lcdo. Joseph G. Feldstein Del Valle
     Subprocurador General

     Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
     Subprocuradora General

     Lcda. Minnie H. Rodríguez López
     Procuradora General Auxiliar

     Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
     Procuradora General Auxiliar

     Lcda. Noemí Rivera de León
     Procuradora General Auxiliar

Comisionado Especial:

     Hon. Gerardo Flores García

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía por infracción a los Cánones 9, 12 y
38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
              EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:
                                                         Conducta
José A. Soto Peña                     CP-2017-1         Profesional
    (TS-12,878)

                                      PER CURIAM

                    En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

                       Nuevamente tenemos la obligación de disciplinar

                    a un abogado por su conducta antiética. Esta vez,

                    por infracciones a los Cánones 9, 12 y 38 del Código

                    de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

                       En   conformidad   con     los   fundamentos   que

                    expondremos a continuación, procedemos a suspender

                    de forma inmediata e indefinida al Lcdo. José A.

                    Soto Peña (licenciado Soto Peña o abogado) del

                    ejercicio de la abogacía.
CP-2017-1                                                           2

                                    I

     El licenciado Soto Peña fue admitido al ejercicio de

la abogacía el 13 de julio de 1999 y prestó juramento como

notario el 4 de enero de 2000.1

A.   Trasfondo fáctico y procesal de la Queja AB-2014-90

     1.    Alegaciones de la Queja

     El 5 de marzo de 2014, la Hon. Karla S. Mellado Delgado

emitió una Resolución en el caso Eduardo Jiménez García v.

Avis Budget de Puerto Rico, Inc., et als., Caso Civil

Núm.      CDP-2012-0078     (Caso       Civil   Núm.   CDP-2012-0078),

mediante la cual elevó los autos de dicho expediente ante

este Tribunal por razón del reiterado incumplimiento del

abogado con las órdenes emitidas por el foro de instancia

en el mencionado pleito.

     Según surge de dicha Resolución, el licenciado Soto

Peña      no   compareció    -en    representación      de   la   parte

demandante- a la conferencia inicial del caso celebrada el

16 de enero de 2013.        Ante esto, el tribunal de instancia

le ordenó al abogado cancelar el arancel de suspensión y

1    Mediante Opinión Per Curiam emitida el 27 de febrero de 2017,
ordenamos la suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la
abogacía y la notaría del Lcdo. José A. Soto Peña (licenciado Soto
Peña o abogado) debido a su incumplimiento con las órdenes de este
Tribunal y con los requisitos de educación jurídica continua.

     Más adelante, mediante Resolución del 2 de diciembre de 2019,
ordenamos la reinstalación del abogado al ejercicio de la abogacía y
reactivamos la Querella CP-2017-1 -objeto de este recurso- y la Queja
AB-2018-118, las cuales fueron archivadas administrativamente por
motivo de la suspensión del licenciado Soto Peña. Cabe destacar que,
mediante Resolución del 4 de diciembre de 2020, censuramos
enérgicamente al licenciado Soto Peña en la Queja AB-2018-118, le
apercibimos que en el futuro debía ser más cuidadoso en el cumplimiento
de sus deberes éticos, so pena de otras sanciones disciplinarias, y
ordenamos el archivo del asunto.
CP-2017-1                                                                  3

mostrar     causa    por   su   incomparecencia,         so   pena   de    la

imposición de sanciones.2            Asimismo, el foro de instancia

reseñaló la conferencia inicial para el 20 de febrero

de 2013, pero el licenciado Soto Peña tampoco compareció

en    esa   fecha.     Debido    a   que   éste     no   cumplió     con   la

cancelación del arancel de suspensión ni con la orden de

mostrar causa del 16 de enero de 2013, el tribunal de

instancia le impuso una sanción económica de $200 por ambas

incomparecencias y la cancelación del arancel de suspensión

por    la   vista    del   20   de   febrero   de    2013;    esto    debía

satisfacerse en un término de diez (10) días.                  Además, el

foro de instancia le ordenó al abogado que contestara -en

un término de diez (10) días- un interrogatorio pendiente

y se comunicara con el abogado de la parte demandada para

que se presentara -en un término de quince (15) días- el

Informe de Manejo del Caso.             Sin embargo, el licenciado

Soto Peña incumplió nuevamente.

      Más adelante, la parte demandada presentó una Solicitud

de desestimación en el caso y no hubo oposición de la parte

demandante -representada por el abogado-.                 Así las cosas,

el 19 de marzo de 2013, el tribunal de instancia dictó una

Sentencia mediante la cual desestimó la demanda al concluir

2    Valga mencionar que ni las partes ni sus abogados comparecieron a
la conferencia inicial del caso.      Así las cosas, el tribunal de
instancia concedió un término a los abogados para la cancelación del
arancel   de   suspensión  y   les   ordenó  mostrar   causa  por   su
incomparecencia.    El abogado de la parte demandada compareció y
presentó sus excusas por la tardanza, por lo que el foro de instancia
dejó sin efecto la cancelación del arancel de suspensión y la orden de
mostrar causa en cuanto a éste, pero mantuvo la orden en cuanto al
licenciado Soto Peña. Véase Minuta del 16 de enero de 2013, Anejos de
la Querella, pág. 11.
CP-2017-1                                                          4

que no procedía la causa de acción en daños y perjuicios

en contra de la parte demandada.

    Dado que el licenciado Soto Peña no cumplió con lo

ordenado el 20 de febrero de 2013, el foro de instancia

dictó una orden el 6 de junio de 2013 para concederle a

éste un término final de quince (15) días para pagar los

aranceles de suspensión adeudados por $40 y las sanciones

impuestas por $200, so pena de sanciones adicionales y/o

elevar el expediente al Tribunal Supremo.3

    Al no recibir respuesta del abogado, el 12 de julio

de 2013, el foro de instancia emitió una orden mediante la

cual   le   impuso   una   sanción   adicional   de   $300   por   su

reiterado incumplimiento con las órdenes del tribunal.

Así pues, se le concedió un término de quince (15) días

para pagar la totalidad de las sanciones impuestas ($500)

y los aranceles de suspensión adeudados ($40), so pena de

elevar el expediente al Tribunal Supremo.         El 16 de agosto

de 2013, luego de vencido dicho término, el licenciado Soto

Peña presentó ante el tribunal de instancia una Moción

urgente solicitando prórroga.         En ésta expresó que había

tenido problemas de salud y de transportación para cumplir

con lo ordenado por el foro de instancia, por lo que

solicitó una prórroga para pagar las penalidades adeudadas.

Ante esto, el 19 de agosto de 2013, el tribunal de instancia

le concedió un término de treinta (30) días para que

3    Véase Orden del 6 de junio de 2013, Anejos de la Querella,
pág. 16.
CP-2017-1                                                                 5

cumpliera      con    lo    ordenado,   pero    el    abogado    incumplió

nuevamente.

    Mediante Orden del 7 de octubre de 2013, el foro de

instancia le impuso al licenciado Soto Peña una sanción

adicional de $100 y le concedió un término final de diez

(10)    días   para    que     pagara   las    sanciones     impuestas        y

cancelara       los        aranceles    de     suspensión        adeudados.

Transcurrido el término concedido y sin haber recibido

respuesta del abogado, el 6 de noviembre de 2013 el tribunal

de instancia le concedió nuevamente un término de diez (10)

días para pagar la totalidad de las sanciones ($600) y los

aranceles      de    suspensión    ($40),      so    pena   de   elevar   el

expediente al Tribunal Supremo.              Una vez más, el licenciado

Soto Peña no cumplió.

    Así las cosas, en cumplimiento con el Canon 7 de Ética

Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B,4 la Hon. Karla S. Mellado Delgado

elevó el expediente del caso ante este Tribunal el 5 de

marzo de 2014 para que se evaluara la conducta del abogado

ante su reiterado incumplimiento con las órdenes del foro

de instancia.        En particular, expuso que “[l]a actitud del

[licenciado Soto Peña] ha sido en claro menosprecio a las

4    En lo pertinente, el Canon 7 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B,
dispone lo siguiente:
          Cuando los hechos les consten personalmente, las juezas
       y los jueces promoverán y cooperarán con los procedimientos
       disciplinarios que procedan contra cualquier jueza, juez,
       abogada, abogado, funcionaria, funcionario, empleada o
       empleado de la Rama Judicial que actúe contrario a lo
       dispuesto en los cánones, en las normas administrativas,
       reglamentos y leyes vigentes.
                           . . . . . . . .
CP-2017-1                                                            6

órdenes del tribunal, lo que constituye una clara violación

al Canon 9 de Ética Profesional”.5

    Mediante   Resolución     de   17   de   junio    de     2014,   le

concedimos un término de veinte (20) días al abogado para

que se expresara sobre el asunto.

    2. Reacción a la Queja

    Oportunamente, el 15 de julio de 2014, el licenciado

Soto Peña compareció ante este Tribunal con una Moción en

la que manifestó que nunca fue su intención desobedecer

las órdenes del foro de instancia; que hizo gestiones para

conseguir el dinero y pagar las sanciones impuestas, pero

tales   gestiones   fueron    infructuosas;     que     su   práctica

privada de la profesión era muy limitada, por lo que poder

cumplir con los gastos de educación jurídica continua y

otros gastos le habían obstaculizado el ahorro, y que

estaba tramitando la venta de libros y su vehículo de motor

para poder sufragar las sanciones impuestas, ya que no

tenía crédito para tomar un préstamo.          Por todo lo cual,

nos solicitó un breve término final para conseguir la

cantidad de $640 para pagar las sanciones impuestas y los

aranceles adeudados.

    Atendida la Moción presentada por el abogado, el 27 de

marzo de 2015 emitimos una Resolución mediante la cual

referimos el asunto a la Oficina de la Procuradora General

para la investigación y el informe correspondiente.

5   Véase Resolución, Anejos de la Querella, pág. 10.
CP-2017-1                                                          7

      3. Informe de la Oficina del              Procurador   General
      y presentación de la Querella

      El 19 de mayo de 2015, la Oficina de la Procuradora

General presentó su Informe.6 En éste, reseñó los asuntos

relacionados con la Queja y la reacción a la Queja.               Como

cuestión de umbral, dejó claro que el análisis de la Queja

se ceñía al asunto del incumplimiento del licenciado Soto

Peña con las órdenes dictadas por el foro de instancia y

no sobre el desempeño de éste en la representación legal

provista      a   sus     clientes    en   el   Caso    Civil     Núm.

CDP-2012-0078.

      Específicamente, la Oficina de la Procuradora General

manifestó que el abogado: (1) no cumplió con la Orden

emitida por el tribunal de instancia el 8 de mayo de 2012

relacionada con el diligenciamiento de los emplazamientos

en el mencionado caso; (2) no asistió a las vistas del

16 de enero de 2013 ni del 20 de febrero de 2013; (3) no

presentó escrito alguno para excusar su incomparecencia en

ambas fechas, y (3) no cumplió con las órdenes emitidas

por el foro de instancia relacionadas con el pago de las

sanciones impuestas y los aranceles adeudados.

      En vista de lo anterior, la Oficina de la Procuradora

General expuso que de los hechos que se evidenciaban en

los anejos del Informe, así como del expediente judicial

del    Caso   Civil     Núm.   CDP-2012-0078,   se   desprendía    una

6    Para esa fecha, la Procuradora General de Puerto Rico era la
Hon. Margarita Mercado Echegaray.
CP-2017-1                                                        8

conducta constitutiva de violación a los Cánones 9, 12 y

38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.7

    En su Informe, la Oficina de la Procuradora General

mencionó que la conducta del licenciado Soto Peña, además

de constituir una violación al Canon 9 del Código de Ética

Profesional, supra, por desatender las órdenes judiciales,

también constituía una violación al Canon 12 del Código de

Ética Profesional, supra, por causar demoras injustificadas

en el trámite y la disposición final del caso.

    A su vez, la Oficina de la Procuradora General expuso

que, a la luz de la totalidad de los hechos y según surgía

del expediente judicial del Caso Civil Núm. CDP-20 12-0078,

también se demostraba una conducta impropia de parte del

abogado, lo que acarreaba una violación al Canon 38 del

Código   de   Ética   Profesional,   supra.     Al   respecto,   la

Oficina de la Procuradora General indicó lo siguiente en

su Informe:

          Señalamos    que    de    los    expedientes
      revisados[,] el licenciado Soto Peña no ha
      evidenciado un interés real y serio en cumplir
      con las sanciones que le fueron impuestas. El
      [abogado] en este asunto sometió dos prórrogas
      para el pago de los aranceles de suspensión y
      las sanciones impuestas, una al final del caso
      en el Tribunal de Primera Instancia y la otra
      dentro de su comparecencia en este proceso. A
      pesar del tiempo transcurrido[,] no hay siquiera
      evidencia ante este Honorable Tribunal de un
      depósito parcial (por menor que sea) de parte
      del letrado que pudiera ser considerado como su
      compromiso y buena fe en sufragar dicha suma de

7    Véase Informe de la Procuradora General, Anejos de la Querella,
pág. 4.
CP-2017-1                                                                9

       dinero y dar estricto cumplimiento a las órdenes
       emitidas.8

     El   31   de   agosto    de    2015   emitimos      una    Resolución

mediante la cual le concedimos al licenciado Soto Peña un

término de veinte (20) días para que se expresara sobre el

Informe     presentado     por     la   Oficina    de    la    Procuradora

General.9      Allí le apercibimos que, de no comparecer en el

término provisto, se entendería que se allanaba a las

recomendaciones formuladas en el mencionado Informe.

     Transcurrido     el     término    concedido       al    abogado   para

comparecer ante este Tribunal, lo que no hizo, y a la luz

del Informe presentado por la Oficina de la Procuradora

General, el 18 de noviembre de 2016 le ordenamos a dicha

oficina que procediera con la presentación de la Querella.10

     Entretanto, el 27 de febrero de 2017 emitimos una

Opinión Per Curiam mediante la cual ordenamos la suspensión

inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la

notaría del licenciado Soto Peña por incumplir con las

órdenes de este Tribunal y con los requisitos de educación

jurídica continua.11

8    Véase Informe de la Procuradora General, Anejos de la Querella,
págs. 4-5.
9    El archivo en autos de copia de la           Resolución fue el 8 de
septiembre de 2015.
10   El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 23 de
noviembre de 2016.
11   Esta suspensión advino final y firme el 24 de marzo de 2017.
CP-2017-1                                                                10

     Así las cosas, el 9 de marzo de 2017, la Oficina del

Procurador General presentó la Querella.12 En ésta, reiteró

la relación de hechos y el análisis expuestos en su Informe

del 19 de mayo de 2015.                 Asimismo, presentó los cargos

siguientes    en    contra        del    abogado:   (1)   Cargo     I:   por

infringir el Canon 9 del Código de Ética Profesional,

supra, al desatender las órdenes emitidas por el tribunal

de   instancia     en   el    Caso       Civil   Núm.   CDP-20     12-0078;

(2) Cargo II: por violación al Canon 12 del Código de Ética

Profesional, supra, al causar dilaciones innecesarias en

el trámite y la disposición final del caso, y (3) Cargo

III:   por   infringir       el    Canon    38   del    Código    de   Ética

Profesional, supra, al incurrir en conducta impropia en la

tramitación del mencionado caso y no esforzarse al máximo

de su capacidad en exaltar el honor y la dignidad de la

profesión legal.

     Más adelante, el 2 de diciembre de 2019, ordenamos la

reinstalación del licenciado Soto Peña al ejercicio de la

abogacía y reactivamos la Querella objeto de este recurso,

la cual había sido archivada administrativamente por razón

de la suspensión del abogado.

     Una vez se reactivó la Querella, y en vista de que el

licenciado Soto Peña no había contestado la misma, el

19 de mayo de 2021 concedimos un término de quince (15)

días para que presentara su contestación.                        Además, le

12   Para ese momento, el Procurador General de Puerto Rico era el
Hon. Luis R. Román Negrón.
CP-2017-1                                                                 11

apercibimos al abogado que, de no comparecer en el término

provisto, se entendería que se allanaba a las alegaciones

formuladas por el Procurador General en la Querella.13 El

licenciado Soto Peña no compareció ante este Tribunal.

      4. Proceso disciplinario ante el Comisionado Especial

      El 22 de febrero de 2022 designamos al Lcdo. Gerardo

Flores García (Comisionado Especial) para que atendiera

los    procedimientos       de   la   Querella    que      nos    ocupa     y

presentara un Informe con las determinaciones de hechos y

recomendaciones que estimara pertinentes.                  Así pues, el

28 de febrero de 2022, éste emitió una Orden para que las

partes proveyeran -en o antes del 18 de marzo de 2022- una

lista de la prueba que interesaban presentar en la vista

en su fondo y, a su vez, los citó para una vista sobre el

estado de los procedimientos a celebrarse el 31 de marzo

de 2022.       Así, en cumplimiento de orden, el 17 de marzo

de 2022 la Oficina del Procurador General presentó su

lista.      No obstante, el abogado incumplió con la Orden.

Ante ese cuadro, el Comisionado Especial mantuvo vigente

el señalamiento de la vista.

      Llegado el día de la vista, la cual se realizó por

medio de videoconferencia, comparecieron la Lcda. Noemí

Rivera    de   León   (en    representación      de   la    Oficina       del

Procurador General) y el licenciado Soto Peña.                   Al inicio,

el Comisionado Especial recalcó que había dado una Orden

13   El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 21 de mayo
de 2021.
CP-2017-1                                                                12

para la presentación de prueba previo a la vista en su

fondo, pero que el abogado no había presentado documento

alguno ni su contestación a la Querella.                    En vista de lo

anterior, le cuestionó al licenciado Soto Peña si mantenía

al día su información en el Registro Único de Abogados y

Abogadas, a lo que el abogado contestó que sí.                    Seguido,

el licenciado Soto Peña expresó que era consciente de que

el asunto llevaba unos años y que desconocía si podía

expresarse sobre la Querella en esa etapa, a lo cual el

Comisionado Especial le indicó que se le permitía presentar

prueba escrita, así como su contestación a la Querella.

Asimismo, el abogado expuso que estaba enfrentando una

situación económica bien difícil y, además, estaba pasando

por   un    proceso    con    una   persona      con   la    condición   de

Parkinson, por lo que solicitó un término razonable para

cumplir con el pago de las sanciones pendientes.                  De igual

forma, añadió que una vez que cumpliera con dicho pago,

entonces     estaría    en    mejor      posición   para     presentar   su

contestación a la Querella y las pruebas solicitadas por

el Comisionado Especial.

      Así las cosas, el Comisionado Especial le concedió

al    licenciado       Soto    Peña      un   término       vencedero    el

2 de mayo de 2022 para que cumpliera con la Orden del

28 de febrero de 2022 y presentara su contestación a la

Querella.     Por su parte, la Oficina del Procurador General

solicitó un término para expresarse una vez el abogado

contestara     la     Querella,     lo    cual   fue    concedido.       El
CP-2017-1                                                          13

Comisionado Especial señaló la vista en su fondo para el

17 de junio de 2022 de forma presencial.

    Vencido el término concedido al licenciado Soto Peña,

éste no presentó su contestación a la Querella.            En vista

de tal incumplimiento, el 17 de mayo de 2022, la Oficina

del Procurador General solicitó que continuáramos con el

procedimiento disciplinario, de forma tal que dicha Oficina

pudiese presentar su prueba.

    La vista en su fondo se celebró el 17 de junio de 2022

con la comparecencia de la Lcda. Noemí Rivera de León (de

la Oficina del Procurador General) y del licenciado Soto

Peña.     De umbral, el Comisionado Especial le pidió al

abogado que se expresara en torno a su incumplimiento con

la Orden para que contestara la Querella y anunciara su

prueba.     El licenciado Soto Peña indicó que no había podido

conseguir el dinero para pagar las sanciones impuestas y

decidió     esperar   por   las   instrucciones   del   Comisionado

Especial en la vista; aceptó su error de no contestar al

Tribunal y pidió una nueva oportunidad para cumplir lo

ordenado.       Seguido, el Comisionado Especial ordenó a la

Oficina del Procurador General a presentar su caso y luego

le concedió al abogado la oportunidad de exponer sobre los

cánones imputados.        En particular, el licenciado Soto Peña

aceptó    los   hechos,     manifestó   que   éstos   ocurrieron   en

contravención al Código de Ética Profesional, se allanó a

la prueba presentada y solicitó una oportunidad. Mientras,

la Oficina del Procurador General expuso que el abogado no
CP-2017-1                                                                   14

había hecho ni un gesto de buena fe para abonar a la deuda

y solicitó que se considerara como elemento agravante la

situación de los múltiples incumplimientos en el proceso

disciplinario.        De esta forma, el Comisionado Especial dio

por sometido el caso con la prueba sometida.

     El 1 de septiembre de 2023, el Comisionado Especial

presentó su Informe, en el cual expuso que se presentó

prueba clara, robusta y convincente que apoyaba los cargos

imputados.      Por consiguiente, determinó que el licenciado

Soto Peña infringió los Cánones 9, 12 y 38 del Código de

Ética Profesional, supra.

     En este caso ni el Comisionado Especial ni la Oficina

del Procurador General emitieron su recomendación sobre la

sanción que pudiera imponerse al abogado.

     Así las cosas, el caso quedó sometido en los méritos

para su adjudicación el 26 de septiembre de 2023, por lo

que procedemos a exponer la normativa aplicable.

                                  II

     En el ejercicio de nuestro poder inherente para regular

la   abogacía    en    Puerto    Rico,   tenemos       la    obligación      de

asegurarnos de que los miembros admitidos al ejercicio de

la   profesión    legal    realicen      sus        funciones      de    manera

responsable,     competente       y    diligente.           In    re     Rivera

Justiniano,      2023     TSPR     82,       2023     DPR     ___       (2023);

In   re   Valenzuela      Flores,      211    DPR     934,       939    (2023);

In re Vélez Torres, 209 DPR 848, 863 (2022); In re Raffucci

Caro, 206 DPR 589, 605 (2021).
CP-2017-1                                                          15

     El Código de Ética Profesional establece las normas

mínimas de conducta que rigen la práctica de la abogacía

en nuestra jurisdicción, esto con el fin de promover los

más altos principios éticos en beneficio del cliente, de

la profesión legal, de la sociedad y de las instituciones

de justicia.       In re González Díaz, 201 DPR 145, 150 (2018);

In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541, 549 (2016); In re Vera

Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

A. Incumplimiento con los Cánones del Código de Ética
Profesional

     1.   Canon 9 (Conducta del abogado ante los tribunales)

     El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 9,         requiere que todos los miembros de la

profesión jurídica se conduzcan ante los tribunales con el

mayor respeto.       In re Montañez Morales, 2023 TSPR 111, 212

DPR ___ (2023); In re Meléndez Artau, 2023 TSPR 60, 212

DPR ___ (2023);        In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 863

(2021); In re Cintrón Rodríguez, 205 DPR 299, 308 (2020).

En conformidad a dicho mandato, hemos enfatizado sobre el

ineludible deber que tiene todo abogado de cumplir con

diligencia     y     prontitud     las    órdenes   del      tribunal.

In re Wilamo Guzmán, 2023 TSPR 61, 212 DPR ___ (2023);

In   re   Valenzuela     Flores,    211   DPR   934,   939     (2023);

In re Bauzá Tirado, 211 DPR 633, 635 (2023); In re Maldonado

Trinidad, 209 DPR 1032 (2022).

     Al respecto, en In re Rodríguez Lugo, 201 DPR 729, 736

(2019), expresamos que como corolario del respeto profundo

que deben tener los abogados hacia el foro judicial, el
CP-2017-1                                                           16

mencionado canon exige a éstos “el comparecer en el tiempo

indicado a los señalamientos notificados por el tribunal,

así como a cualquier requerimiento u orden emitida por el

foro judicial”.       Véase, además, In re Rivera Navarro,

193 DPR 303, 311-312 (2015).

    Asimismo,   hemos       manifestado    que    el   incumplimiento

continuo con las órdenes de un tribunal provoca demoras

irrazonables    en    el    trámite   de    los    casos    e    incide

negativamente    en    la     administración      de   la   justicia.

In re Villalba Ojeda, 203 DPR 572, 578 (2019); In re Hoffman

Mouriño, 170 DPR 968, 979-980 (2007).

    Sabido es que la abogacía cumple una función social de

notable importancia por su gran aportación a la realización

de la justicia.       Ante esto, el abogado, además de ser

defensor de su cliente, es un colaborador de la justicia,

por lo que la buena marcha del proceso judicial del País

constituye     una    responsabilidad       ineludible      de     todo

integrante de la profesión legal.          In re Hoffman Mouriño,

supra, pág. 980; In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 196

(2012); In re Marini Román, 165 DPR 801, 807 (2005).

    2.   Canon 12 (Puntualidad y tramitación de las causas)

    El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 12, le impone a todo abogado el deber de ser

conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas.

Para cumplir con ese deber, en el mencionado canon se plasmó

que el abogado deberá “desplegar todas las diligencias
CP-2017-1                                                                         17

necesarias     para       asegurar    que     no       se    causen     indebidas

dilaciones en su tramitación y solución”.                      Íd.

      Acorde con el mencionado deber ético, hemos manifestado

que el abogado deberá tramitar las causas encomendadas de

una    forma   responsable,      puntual           y    diligente.           In   re

Maldonado Nieves, 2023 TSPR 123, 213 DPR ____ (2023);

In re Cardona Estelritz, 2023 TSPR 100, 212 DPR ____ (2023);

In re Sánchez Pérez, 210 DPR 235, 262 (2022); In re Meléndez

Mulero, 208 DPR 541, 551 (2022). Es por ello que el abogado

tiene la obligación de realizar todas las diligencias

necesarias para asegurarse de no causar demoras indebidas

en    el   trámite    y    resolución    de    las          causas    que    se   le

encomienden.     In re Meléndez Mulero, supra, pág. 551; In

re Lugo Quiñones I, 206 DPR 1, 10 (2021).

      En múltiples ocasiones, hemos expresado que el deber

de diligencia es una obligación básica y elemental del

abogado hacia su cliente.             In re Rodríguez Lugo, 201 DPR

729, 737 (2019).           Por ello, las actuaciones y omisiones

que pongan en riesgo la causa de acción de los clientes

configuran       una        infracción         patente             del Canon 12.

In    re   Meléndez    Mulero,       supra,   pág.          551;   In   re   López

Santiago, 203 DPR 1015, 1026-1027 (2020).                     Este es un deber

ineludible que los abogados deben cumplir con gran recelo.

In re Maldonado Maldonado, 197 DPR 802, 812 (2017).

      3. Canon 38 (Preservación del honor y dignidad de la
      profesión)

      El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 38, instituye el deber de todo abogado de exaltar
CP-2017-1                                                                     18

el honor y la dignidad de su profesión, y de evitar hasta

la apariencia de conducta profesional impropia.                              Esto

significa     que    todo       profesional        del        Derecho        debe

desempeñarse de forma escrupulosa y guiado por un alto

sentido de responsabilidad, teniendo siempre presente la

función social que ejerce y la institución que representa.

In re Cardona Estelritz, supra; In re Sánchez Pérez, supra,

pág. 264; In re Rádinson Pérez et al., 204 DPR 522, 542

(2020); In re Rivera Rodríguez, 202 DPR 1026, 1053 (2019).

      En conformidad con lo anterior, cada abogado debe ser

consciente de que es un espejo en el cual se refleja la

imagen de la profesión legal.               In re Sierra Arce, 192 DPR

140, 148 (2014).      Así, el abogado es la imagen misma de

todo el andamiaje judicial y del valor de la justicia.

In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 666 (2015).

      Además, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,

supra, ordena, incluso, evitar la apariencia de conducta

impropia. Sobre este deber, hemos enfatizado en que la

confianza, el respeto y la imagen que la sociedad deposita

en cada uno de los abogados, en la profesión y en la

institución de la justicia desmerece cuando la actuación

del    abogado    representa      incorrección.          In    re   Irizarry

Rodríguez, supra, pág. 666.

                                      III

      Luego de evaluar la normativa aplicable, así como el

expediente    del   caso    y    el    Informe     presentado        por      el

Comisionado      Especial   -con       el    que   coincidimos          en    su
CP-2017-1                                                              19

totalidad-, surgen fundamentos suficientes para llegar a

la conclusión de que el abogado actuó en contravención de

los Cánones 9, 12 y 38 del Código de Ética Profesional,

supra.

    En   síntesis,      el   licenciado    Soto     Peña   incumplió   en

reiteradas ocasiones con las órdenes emitidas por el foro

de instancia en el Caso Civil Núm. CDP-2012-0078, así como

con el pago de las sanciones económicas impuestas y la

cancelación de los aranceles de suspensión adeudados, todo

para un total de $640.         Específicamente, según reseñado en

el Informe de la Oficina de la Procuradora General y

reiterado    en    el   Informe   del     Comisionado      Especial,   el

abogado no cumplió con la Orden emitida por el tribunal de

instancia el 8 de mayo de 2012 sobre el diligenciamiento

de los emplazamientos en el Caso Civil Núm. CDP-2012-0078;

no asistió a las vistas pautadas para el 16 de enero

de 2013 y el 20 de febrero de 2013; no presentó escrito

alguno para excusar su incomparecencia en ambas fechas, y

no cumplió con las órdenes emitidas por el foro de instancia

relacionadas con el pago de las sanciones impuestas y los

aranceles adeudados.

    De igual forma, en el proceso disciplinario ante este

Tribunal    el    licenciado    Soto    Peña   no   compareció    en   el

término provisto mediante Resolución del 31 de agosto

de 2015 para que se expresara sobre el Informe de la Oficina

de la Procuradora General, a pesar de que le apercibimos

que si no comparecía en dicho término entenderíamos que se
CP-2017-1                                                        20

allanaba a las recomendaciones formuladas en el mencionado

Informe.    También, luego de que se reactivara la Querella

de epígrafe en diciembre de 2019,14 el 19 de mayo de 2021

le concedimos un término al abogado para que contestara la

misma, pero éste no compareció ante este Tribunal, a pesar

de que le apercibimos que si no comparecía en el término

provisto se entendería que se allanaba a lo planteado por

la Oficina del Procurador General.

     Asimismo, en el proceso ante el Comisionado Especial,

el licenciado Soto Peña también incumplió con la Orden del

28 de febrero de 2022 para que proveyera una lista de la

prueba que le interesaba presentar en la vista en su fondo.

Más adelante, el 31 de marzo de 2022, el Comisionado

Especial le concedió al abogado un término final para que

cumpliera con lo ordenado el 28 de febrero de 2022 y

presentara su contestación a la Querella, pero nuevamente

el licenciado Soto Peña incumplió.

     Nos resulta claro que la conducta exhibida por el

abogado constituye descuido e indiferencia ante las órdenes

de los foros judiciales y, además, refleja una patente

falta de interés en respetar y cumplir los postulados

éticos que rigen el ejercicio de la abogacía.          Esto debido

a que, a pesar de haber sido sancionado económicamente y

14   La Querella fue archivada administrativamente debido a la
suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la
notaría del abogado mediante Opinión Per Curiam del 27 de febrero
de 2017.
CP-2017-1                                                                  21

apercibido de las consecuencias que podría conllevar su

reiterado incumplimiento, el licenciado Soto Peña continuó

con su desatención a las órdenes del foro de instancia.

Además, en el proceso disciplinario, el abogado continuó

con su patrón de incumplimiento, esto ante las órdenes

emitidas por el Comisionado Especial y este Tribunal.

    También, el descuido y la desatención del licenciado

Soto Peña con relación al caso de su cliente (Caso Civil

Núm. CDP-2012-0078) y a las órdenes del foro de instancia

provocó     dilaciones            innecesarias    en    el     trámite     del

mencionado pleito.                Esto demuestra una clara falta de

diligencia       en    la    tramitación     de   la   causa   que    le   fue

encomendada.          Precisamente este tipo de conducta impropia

es contraria al deber de exaltar el honor y la dignidad de

la profesión legal.

    Así pues, concluimos que quedó demostrado, con prueba

clara, robusta y convincente, que el licenciado Soto Peña

infringió los Cánones 9, 12 y 38 del Código de Ética

Profesional, supra, por lo que las determinaciones del

Comisionado Especial merecen nuestra entera deferencia.

                                       IV

    Corresponde que determinemos la sanción disciplinaria

a imponerle al abogado por su conducta antiética.                           Al

momento     de   fijar       la   misma,    procede    que   evaluemos     los

factores siguientes: (1) la reputación del abogado en la

comunidad;       (2)    su    historial     disciplinario;      (3)   si    la

conducta es una aislada; (4) si medió ánimo de lucro;
CP-2017-1                                                                                       22

(5) si presentó una defensa frívola de su conducta; (6) si

ocasionó perjuicio a alguna parte; (7) si resarció al

cliente;     (8)      si        demostró        aceptación        o    arrepentimiento

sincero por la conducta que le fue imputada, y (9) otros

atenuantes        o     agravantes              que    surjan         de       los        hechos.

In re Rivera Justiniano, supra; In re Ocasio Bravo, 209

DPR 1043, 1060-1061 (2022); In re Vélez Torres, 209 DPR

848, 873 (2022).

     En     la     evaluación              de     la    sanción            a     aplicarse,

consideramos como factores atenuantes que no hubo ánimo de

lucro y que el licenciado Soto Peña -ante el Comisionado

Especial- aceptó los hechos, manifestó que éstos fueron en

violación al Código de Ética Profesional y se allanó a la

prueba.          Entre los factores agravantes, evidentemente la

conducta         antiética            en    cuestión         ocasionó            dilaciones

innecesarias          en    el    trámite         y    la    solución          del        pleito.

Asimismo,        tomamos          en       cuenta       que,      mediante                Opinión

Per Curiam emitida el 27 de febrero de 2017, este Tribunal

suspendió de forma inmediata e indefinida de la práctica

de   la   abogacía          y    la    notaría         al    abogado           debido       a   su

incumplimiento con las órdenes de este Foro y con los

requisitos de educación jurídica continua. Además, mediante

Resolución        del       4     de       diciembre         de   2020,          censuramos

enérgicamente          al        licenciado           Soto     Peña        en        la     Queja

AB-2018-118, le apercibimos que en el futuro debía ser más

cuidadoso en el cumplimiento de sus deberes éticos, so pena

de sanciones ulteriores, y ordenamos el archivo del asunto.
CP-2017-1                                                                       23

      Así   pues,      luego     de    evaluar     la    totalidad         de   las

circunstancias, principalmente el hecho de que el abogado

fue suspendido previamente del ejercicio de la abogacía y

censurado enérgicamente respecto a otra Queja, así como la

seriedad de la conducta demostrada en el presente caso, en

virtud      de    nuestro      poder    inherente        de    reglamentar       la

profesión        legal,   procede       que     decretemos         la   suspensión

inmediata        e   indefinida        del    licenciado       Soto      Peña   del

ejercicio de la abogacía.

                                         V

      Por los fundamentos antes expuestos, suspendemos de

forma inmediata e indefinida al Lcdo. José A. Soto Peña

del ejercicio de la abogacía.

      En consecuencia, el señor Soto Peña deberá notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad

para continuar representándoles. Asimismo, deberá devolver

a sus clientes los expedientes de los casos pendientes,

así    como      los   honorarios            recibidos    por       trabajos     no

realizados. De igual manera, deberá informar inmediatamente

de su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo

en los que tenga algún asunto pendiente y acreditar a este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una

lista de los clientes y los foros a quienes les notificó

de su suspensión, dentro del término de treinta (30) días,

contado     a    partir     de   la     notificación          de   esta    Opinión

Per Curiam y Sentencia.               No hacerlo pudiera conllevar que
CP-2017-1                                              24

no se le reinstale a la práctica de la profesión legal, de

solicitarlo en el futuro.

    Se dictará Sentencia en conformidad.
             EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

                                                        Conducta
                                                       Profesional
José A. Soto Peña                    CP-2017-1
   (TS-12,878)

                                       SENTENCIA

                 En San Juan, Puerto Rico a 12 de marzo de 2024.

                     Por los fundamentos expuestos en la Opinión
                 Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
                 parte   íntegra  de   la   presente  Sentencia,
                 suspendemos de forma inmediata e indefinida al
                 Lcdo. José A. Soto Peña del ejercicio de la
                 abogacía.
                     En consecuencia, el señor Soto Peña deberá
                 notificar inmediatamente a todos sus clientes
                 sobre    su     inhabilidad     para     continuar
                 representándoles. Asimismo, deberá devolver a sus
                 clientes los expedientes de los casos pendientes,
                 así como los honorarios recibidos por trabajos no
                 realizados.    De igual forma, deberá informar
                 inmediatamente de su suspensión a cualquier foro
                 judicial y administrativo en los que tenga algún
                 asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el
                 cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista
                 de los clientes y los foros a quienes le notificó
                 de su suspensión, dentro del término de treinta
                 (30) días, contado a partir de la notificación de
                 la Opinión Per Curiam y Sentencia.     No hacerlo
                 pudiera conllevar que no se le reinstale a la
                 práctica de la profesión legal de solicitarlo en
                 el futuro.
                     Notifíquese   personalmente   y   por   correo
                 electrónico.
CP-2017-1                                             2

    Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres
emitió una Opinión de Conformidad.

                          Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                         Secretario del Tribunal Supremo
                EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José A. Soto Peña
  (TS-12,878)
                                       CP-2017-1

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES

                 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

                       Estoy     conforme    con   la   determinación    del

                 Tribunal. El Sr. José A. Soto Peña se apartó de los

                 principios éticos que rigen la profesión legal y

                 procede suspenderlo indefinidamente del ejercicio de

                 la abogacía, como lo hicimos en 2017. Ahora bien, la

                 coyuntura de este caso comprueba un planteamiento que

                 he reiterado consistentemente: la reinstalación de

                 abogados      suspendidos   indefinidamente    sin     antes

                 dilucidar los asuntos disciplinarios pendientes en

                 su expediente atenta contra el interés público. El

                 Tribunal debe estar en posición de evaluar todos los

                 elementos que puedan afectar la aptitud de un abogado

                 para reinsertarse a la práctica de la profesión.
CP-2017-1                                               2

                            I

     El 27 de febrero de 2017, suspendimos al señor Soto

Peña del ejercicio de la abogacía por exhibir un patrón

reiterado de incumplimiento con los requerimientos de esta

Curia y del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC).

In re Ruidiaz Rodríguez, 2017 TSPR 44. Como consecuencia,

ordenamos el archivo de dos quejas éticas pendientes.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2019, la Mayoría del

Tribunal proveyó ha lugar a la petición de reinstalación

del señor Soto Peña y ordenó la reactivación de las quejas

pendientes en su expediente. En ese momento, disentí e hice

constar que, en protección del interés público, hubiese

ordenado la reactivación y dilucidación de las quejas AB-

2014-90 y AB-2018-118 antes de considerar la solicitud de

reinstalación.

     En esta ocasión, nos toca suspender al señor Soto Peña

porque en el trámite de uno de estos asuntos disciplinarios

pendientes, tras ser reinstalado, incurrió en el mismo

patrón de desobediencia que motivó su suspensión indefinida

en el año 2017. Precisamente vislumbrando este escenario,

en el pasado cuestioné: “¿Qué nos dice que [el abogado]

que nos vimos obligados a suspender por no cumplir con las

órdenes de este Tribunal cumplirá con los procedimientos

de las dos quejas pendientes?” In re García Cabrera, 2021

TSPR 115. Hoy mi pregunta no es simple retórica.
CP-2017-1                                                                         3

        Definitivamente, no protege el interés público que

reinstalemos          abogados         suspendidos       indefinidamente          sin

estar        en    posición      de     escudriñar        su    idoneidad        para

reincorporarse a la profesión. En el momento en que un

abogado toca las puertas del Tribunal para que se le

reinstale, tiene que someterse a su jurisdicción y cumplir

las condiciones que se le impongan para salvaguardar el

bienestar público. No hay razón para ser más lenientes con

un letrado que faltó a su juramento profesional, que lo

que somos con aquel que solicita admisión por primera vez.

        En    ese    contexto,        es    mi    criterio     que    los     togados

suspendidos indefinidamente del ejercicio de la abogacía,

como el señor Soto Peña, se encuentran en la misma posición

que los aspirantes que aprobaron la reválida general y se

aprestan a juramentar. En el caso de los candidatos a

ejercer       la     profesión,        nadie       cuestiona        nuestro     poder

inherente          para   imponer          condiciones        que    nos    permitan

comprobar que están aptos y que gozan de buena reputación.

La vara no puede ser más baja a la hora de evaluar al

abogado que tuvo que ser suspendido indefinidamente por

quebrantar los principios éticos que venía obligado a

acatar.

        Lo que propongo es incluso más laxo que el proceso

que   contemplan          las    Reglas         Modelo   de    la    American     Bar

Association         (ABA)       para       la    reinstalación       de     letrados

desaforados (disbarred). Nótese que la Regla Modelo 25 de

la ABA dispone que, entre otras cosas, el solicitante debe
CP-2017-1                                                                     4

volver a aprobar el examen de reválida y demostrar que no

ha   incurrido     en    más        faltas    éticas    y     que    posee     la

competencia,      honestidad         e   integridad      para       ejercer   el

Derecho. Véase, ABA Model Rules for Lawyer Disciplinary

Enforcement, R. 25(E) (1989).

     En lo que respecta a mi postura, estimo que una

persona que solicite reinstalación tras una suspensión

indefinida deberá contestar toda queja que pese en su

contra y someterse al proceso investigativo o adjudicativo

correspondiente. Una vez se dilucide todo asunto ético

podremos     responsablemente            considerar          si   procede      su

reinstalación     a     la       profesión    legal.    En    cambio,    si   el

abogado     se   niega       a    someterse    a   la    jurisdicción         del

Tribunal, su solicitud debe ser denegada. De lo contrario,

nos seguiremos exponiendo a reinstalar letrados para tener

que suspenderlos nuevamente, como ocurrió aquí con el señor

Soto Peña. No debemos perpetuar esa futilidad. Huelga

recalcar los efectos nefastos que este proceder acarrea

para los clientes que contratan los servicios del abogado

durante ese intervalo.

                                         RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
                                               Juez Asociado