Court Opinion

ID: 9952200
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:27:44.640312+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:11.858565
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

  LUIS FERRER CAMPIS                           REVISIÓN JUDICIAL
                                               procedente de la
        Recurrente                             Junta de Libertad
                                               Bajo Palabra

              v.            KLRA202400011
                                               Caso Núm.:
                                               174151 (confinado
                                               núm.: GUE-14169)
   JUNTA DE LIBERTAD
     BAJO PALABRA

           Recurrida                           Sobre:
                                               Denegatoria de
                                               libertad bajo palabra

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez
Bonilla Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente.

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

      El 11 de enero de 2024, el confinado Luis Ferrer Campis (en

adelante    “Recurrente”,   “Sr.   Ferrer   Campis”   o   “confinado”)

compareció ante este foro, por conducto de su representación legal,

mediante un recurso de Revisión Judicial. El recurrente nos solicita

la revisión de la denegatoria a su solicitud de Reconsideración,

resuelta por la Junta de Libertad Bajo Palabra de 12 de diciembre

de 2023, notificada el 13 de diciembre de 2023, sobre la solicitud de

revocación de la determinación en ratificar la no concesión del

privilegio de libertad bajo palabra, contenida en la Resolución del 30

de agosto de 2023, notificada el 7 de noviembre de 2023. Mediante

la referida Resolución, la Junta de Libertad Bajo Palabra (en

adelante “JLBP” o “Junta”) le denegó el privilegio al recurrente de

salir a la libre comunidad y le ordenó que su caso se podría volver a

considerar en septiembre de 2024.
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      Examinado el recurso ante nuestra consideración, así como el

derecho aplicable, confirmamos la determinación emitida por la

JLBP. Nos explicamos.

                                   I

      Según se desprende de los documentos unidos al expediente

apelativo, el Sr. Ferrer Campis se encuentra en la Institución

Correccional de Sabana Hoyos (Arecibo). El 20 de febrero de 2007 el

Sr. Ferrer Campis fue sentenciado a cumplir una pena de reclusión

consolidada de veintiséis (26) años por infracciones al Artículo 142

(agresión sexual), al artículo 170 (secuestro agravado) y al artículo

109 (agresión agravada) del Código Penal de Puerto Rico del 2004;

además de infracciones artículo 5.05 (portación y uso de arma

blanca) de la Ley de Armas de Puerto Rico del 2000.

      La fecha de cumplimiento máximo de su sentencia se cumple

el 12 de diciembre de 2030. Para el 21 de octubre de 2022 el

recurrente presentó el Informe Para Posible Libertad bajo Palabra,

recibido por la JLBP el 27 de octubre de 2022. El recurrente cumplió

el mínimo de su sentencia el 11 de marzo de 2023, fecha en que la

JLBP adquirió jurisdicción para considerar al señor Ferrer Campis

para el disfrute de este privilegio de libertad a prueba.

      Luego de varios trámites procesales, el 26 de octubre de 2023

se rindió el Informe del Oficial Examinador. Del referido informe

surge que, luego de evaluar la documentación del expediente

administrativo, a saber, los informes, evaluaciones y expedientes

que fueron referido por el Departamento de Corrección y

Rehabilitación (en adelante “DCR”), se alcanzaron las siguientes

Determinaciones de Hechos:

      1. El peticionario se encuentra cumpliendo sentencia por
         infracción a los Arts. 142 (agresión sexual), 160 (secuestro
         agravado) y 109 (agresión grave) del Código Penal; y por
         infracción al art. 5.05 (portación y uso de arma blanca) de
         la Ley de Armas, según enmendada.
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      2. Conforme a la totalidad del expediente, tentativamente
          extingue su sentencia el 12 de diciembre de 2030.
      3. El peticionario se encuentra en nivel de custodia de
          mínima seguridad desde el 6 de febrero de 2023.
      4. El peticionario por la naturaleza del delito cometido fue
          referido al negociado de Rehabilitación y Tratamiento
          tomando la terapia en el 2018. En la Vista de consideración
          celebrada el Técnico de Servicio Sociopenal que nos asistió,
          Tania González Colón, indicó que el 15 de mayo de 2023 el
          peticionario fue referido nuevamente Sección Programa de
          Evaluación y Asesoramiento (SPEA) para ser reevaluado
          por lo remoto de su primera evaluación.
      5. El peticionario propone en su plan de salida oferta de
          trabajo y candidato para fungir como amigo consejero.
      6. La vivienda propuesta para pernoctar por el peticionario
          fue investigada y resultó ser viable.
      7. Al peticionario le fue realizada la prueba de ADN conforme
          al Artículo 8 de la Ley núm. 175 de 24 de julio de 1998,
          según enmendada el 27 de diciembre de 2015.
      8. El peticionario culminó con la terapia Transformación de
          Patrones Adictivos el 15 de marzo de 2021.

      El 4 de octubre de 2023, la Junta celebró una Vista de

Consideración. Mediante Resolución del 3 de noviembre de 2023,

notificada el 7 de noviembre de 2023, y luego de evaluar la

documentación que obraba en el expediente, los informes, las

evaluaciones y los expedientes referidos por el DCR, la Junta

determinó no conceder el privilegio de libertad bajo palabra al señor

Ferrer Campis. Según las Determinaciones de hechos y conclusiones

formuladas por la Junta, el señor Ferrer Campis fue referido para

una reevaluación ante el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento

(SPEA) ya que su última evaluación fue del 2018 y, por tanto, muy

remota.

      Como parte de su conclusión la JLBP dispuso que el caso del

Sr. Ferrer Campis se puede reevaluar para septiembre de 2024,

fecha para la cual el DCR deberá presentar un Informe de Ajuste y

Progreso con el plan de salida debidamente corroborado.
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      Según la Reconsideración del señor Ferrer Campis suscrita el

27 de noviembre de 2023, este argumentó, en síntesis que: (1) en

dos (2) ocasiones, solicitó a la JLBP que emitiera una orden al DCR

para que el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento (SPEA) lo

reevaluara y que su solicitud fue ignorada; (2) que este asunto no

fue atendido en la resolución de 3 de noviembre de 2023; y que

(3) la evaluación psicológica de SPEA       de 2018 que obra en el

expediente administrativos era favorable, y que de la misma surge

que no requería servicios adicionales, por lo que lo hacía acreedor

de dicho privilegio. La solicitud de Reconsideración fue declarada No

Ha Lugar el 12 de diciembre de 2023, notificada el 13 de diciembre

de 2023.

      Inconforme, el señor Ferrer Campis presenta su Recurso de

Revisión Administrativa, el 11 de enero de 2024, por conducto de su

representante legal. En la misma argumenta que cumple con todos

los requisitos legales para que se le conceda el privilegio de libertad

bajo palabra; que la JLBP no podía denegarle su concesión a base

de la evaluación psicológica remota; y que por vía de excepción,

como su sentencia es menor de 30 años, procede liberarlo y que se

realice esa evaluación en la libre comunidad. Como señalamiento de

error, señala lo siguiente:

      LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA ACTUO
      ARBITRARIA E IRRAZONABLEMENTE AL DENEGAR
      LA LIBERTAD DEL RECURRENTE, SIN QUE SURGAN
      [SIC] EXPEDIENTE O LA VISTA, FUNDAMENTOS
      PARA    ELLO  CONFORME    LA   LEY   Y  EL
      REGLAMENTO.

      Mediante Resolución de 23 de enero de 2024, este Tribunal le

concedió a la parte recurrida 30 días para presentar su Alegato en

Oposición conforme la Regla 63 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones.

      La JLBP presento su alegato en oposición titulado Escrito en

Cumplimiento de Resolución el 12 de febrero de 2024.
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      Tras evaluar los planteamientos de las partes comparecientes,

así como los documentos unidos a sus escritos, estamos en posición

de resolver. Exponemos a continuación la norma de derecho

aplicable a la presente controversia.

                                  II

   A. Junta de Libertad Bajo Palabra

      El sistema de libertad bajo palabra en Puerto Rico está

contemplado en la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según

enmendada, 4 LPRA sec. 1501 et seq. (Ley Núm. 118), mediante la

cual se crea la Junta de Libertad Bajo Palabra. Las autoridades, los

deberes y poderes de la Junta están contenidos en el Artículo 3 de

su legislación. 4 LPRA sec. 1503. Dicho cuerpo cuasi judicial tiene

la facultad para concederle a una persona, convicta y sentenciada a

pena de reclusión, cumplir la última parte de su pena fuera de la

institución penal, sujeto al cumplimiento de las condiciones que la

Junta le imponga. También, tiene la autoridad para denegar el

privilegio, así como para revocarlo en determinadas circunstancias.

Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987).

      Este beneficio es un privilegio legislativo cuya concesión y

administración se confía al Tribunal o a la Junta, respectivamente.

Se trata de una medida penológica que disfrutan los convictos como

parte de su tratamiento de rehabilitación y se considera que

mientras disfrutan de este privilegio están técnicamente en

reclusión.   Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413 (2002). El

Tribunal Supremo ha determinado que este privilegio se otorgará a

un miembro de la población correccional siempre que redunde en el

mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias establezcan

que tal medida logrará la rehabilitación moral del confinado. Cf.

Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 D.P.R. 566 (2001); Lebrón Pérez v.

Alcalde, Cárcel de Distrito, 91 D.P.R. 567 (1964).
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      En su Artículo 3, inciso a, la Ley Núm. 118, supra, establece

las condiciones que debe satisfacer el confinado para disfrutar del

privilegio. En lo pertinente, este Artículo establece que el privilegio

de libertad bajo palabra será en el mejor interés de la sociedad y

cuando las circunstancias presentes permitan a la Junta creer, con

razonable certeza, que tal medida habrá de ayudar a la

rehabilitación del delincuente. Para ello, la Junta considerará toda

la información posible sobre el historial social, médico, legal,

ocupacional y delictivo de cada confinado, así como la actitud de la

comunidad respecto a la liberación condicional del sujeto, y una

evaluación que deberá someter el Departamento de Corrección y

Rehabilitación. También, la opinión de las víctimas del delito

cometido por el confinado forma parte de la evaluación que realiza

la Junta.

      Para el adecuado ejercicio de tal discreción, es decir, de la

determinación de si procede o no el privilegio, la Junta ha

promulgado varios reglamentos, entre ellos, el Reglamento Procesal

de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799, según

enmendado, conforme lo requiere el debido proceso de ley. Soto v.

Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 499-500 (1982). De esta manera, se

definen, por reglamentación, los contornos de la acción de la Junta

al determinar si concede o no el privilegio de libertad bajo palabra.

Asimismo, la reglamentación pertinente evita una aplicación

arbitraria y discriminatoria por parte de los funcionarios llamados a

conceder o no el privilegio, a saber, los miembros de la Junta.

      Los criterios de elegibilidad que guían el ejercicio de la

discreción investida en los miembros de la Junta están establecidos

en el Artículo 3-D de la Ley Núm. 118, 4 LPRA sec. 1503d, a saber:

      (1)   La naturaleza y circunstancias del delito o delitos por
            los cuales cumple sentencia.

      (2)   Las veces que el confinado haya sido convicto y
            sentenciado.
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      (3)   Una relación de liquidación de la sentencia o
            sentencias que cumple el confinado.

      (4)   La totalidad del expediente penal, social y los informes
            médicos e informes por cualquier profesional de la
            salud mental, sobre el confinado.

      (5)   El historial de ajuste institucional y del historial social
            y psicológico del confinado, preparado por la
            Administración de Corrección y el historial médico y
            psiquiátrico preparado por Salud Correccional del
            Departamento de Salud.

      (6)   La edad del confinado.

      (7)   El o los tratamientos para condiciones de salud que
            reciba el confinado.

      (8)   La opinión de la víctima.

      (9)   Planes de estudios, adiestramiento vocacional o
            estudio y trabajo del confinado.

      (10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la actitud
           de dicha comunidad, de serle concedida la libertad
           bajo palabra.

      (11) Cualquier otra consideración meritoria que la Junta
           haya dispuesto mediante reglamento. La Junta tendrá
           la discreción para considerar los mencionados
           criterios según estime conveniente y emitirá
           resolución escrita con determinaciones de hechos y
           conclusiones de derecho.

      La sección 9.1 del Reglamento Núm. 7799 aborda los criterios

de elegibilidad a ser considerados por la Junta al momento de

evaluar, caso a caso, las solicitudes del privilegio, conforme al grado

de rehabilitación y ajuste que presente el peticionario durante el

término que ha estado en reclusión:

      1.     Historial delictivo

             a.     La totalidad del expediente penal.

             b.     Los antecedentes penales. Se entenderá por
                    antecedentes penales las veces que un
                    peticionario haya sido convicto y sentenciado.

             c.     No se tomarán en consideración aquellos
                    delitos en los cuales hayan transcurrido cinco
                    (5) años desde que el peticionario cumplió la
                    sentencia.

             d.     Naturaleza y circunstancias del delito por el
                    cual cumple sentencia, incluyendo el grado de
                    fuerza o violencia utilizado en la comisión del
                    delito.

             e.     Si cumplió con el pago de la pena especial de
                    compensación para víctimas de delito,
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                      dispuesta en el Artículo 49 — C del Código
                      Penal de 1974[6], en los casos que aplique.

               f.     Si existe una orden de detención (“detainer”)
                      emitida por cualquier estado de los Estados
                      Unidos, el gobierno federal y/o del Servicio de
                      Inmigración y Naturalización.

                              i.     El sólo hecho de que exista una
                                     orden de detención contra un
                                     peticionario no será fundamento
                                     para denegar la libertad bajo
                                     palabra, siempre y cuando el
                                     peticionario cumpla con todos
                                     los demás criterios.

       2.      Una relación de liquidación de la(s) sentencia(s) que
               cumple el peticionario.

       3.      La clasificación de custodia, el tiempo que lleva en
               dicha clasificación y si hubo cambio de clasificación
               y las razones para ello.

               a.     La Junta no concederá libertad bajo palabra
                      cuando el peticionario se encuentre en
                      custodia máxima.

       4.      La edad del peticionario.

       5.      La opinión de la víctima.
               a.    La opinión de la víctima constituye un factor
                     a ser considerado por la Junta, pero la
                     determinación       sobre  el    grado     de
                     rehabilitación de un peticionario y si está
                     capacitado para continuar cumpliendo su
                     sentencia en la libre comunidad es
                     prerrogativa de la Junta.

       6.      El historial social

               a.     Se tomará en consideración la totalidad del
                      expediente social.

               b.     Si anteriormente ha estado en libertad bajo
                      palabra, libertad a prueba o cualquier otro
                      programa de desvío.

                      i.      Cumplimiento           y         ajustes
                              institucionales[.]

                      ii.     Si se le revocó la libertad bajo palabra,
                              libertad a prueba o cualquier otro
                              programa de desvío.

                      iii.    No se tomará en consideración una
                              revocación si han transcurrido tres (3)
                              años desde la fecha en que se revocó la
                              libertad bajo palabra, libertad a prueba
                              o cualquier otro programa de desvío.

               c.     El historial de ajuste institucional y el
                      historial   social   preparado   por   la
                      Administración de Corrección.

[6] Artículo 61 del Código Penal de 2012.
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         d.     Si se le han impuesto medidas disciplinarias,
                disponiéndose que no se tomarán en
                consideración aquellas medidas disciplinarias
                en las cuales ha transcurrido un (1) año desde
                la fecha en que se impuso dicha medida
                disciplinaria.

         e.     El historial de trabajo y/o estudio realizado en
                la institución.

    7.   Si cuenta con un plan de salida estructurado y viable
         en las áreas de oferta de empleo y/o estudio,
         residencia y amigo consejero.

         a.     El plan de salida podrá ser en Puerto Rico, en
                cualquier estado de los Estados Unidos o en
                cualquier otro país que tenga un tratado de
                reciprocidad con Estados Unidos.

         b.     Cuando el plan de salida propuesto sea fuera
                de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de
                Puerto Rico:

                i.     El peticionario proveerá la dirección
                       física del lugar donde propone residir,
                       de concederle la libertad bajo palabra,
                       el nombre y número de teléfono de la
                       persona con la cual residirá y su
                       relación con el peticionario.

                ii.    La solicitud será tramitada por el
                       Programa de Reciprocidad de la
                       Administración de Corrección al
                       Estado receptor para que éste proceda
                       a investigar la información provista por
                       el peticionario.

                iii.   No se aceptará un plan de salida fuera
                       de la jurisdicción del Estado Libre
                       Asociado de Puerto Rico, hasta tanto
                       no se presente la carta de aceptación
                       del Programa de Reciprocidad.

         c.     No se aceptará un plan de salida ejecutable en
                un país que no tenga un tratado de
                reciprocidad con los Estados Unidos para la
                transferencia de personas en libertad bajo
                palabra o libertad a prueba.

         d.     Oferta de empleo y/o estudio.

                i.     Todo peticionario deberá proveer una
                       oferta de empleo o, en la alternativa, un
                       plan de estudios, adiestramiento
                       vocacional o estudio y trabajo.

                ii.    La oferta de empleo se presentará
                       mediante carta suscrita por la persona
                       que extiende la oferta de empleo al
                       peticionario, incluyendo la siguiente
                       información:

                       (a)    Nombre completo, dirección
                              postal y física y teléfono(s) de la
                              persona que ofrece el empleo.
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                         (b)    Nombre, dirección postal y
                                física, teléfono(s) y naturaleza
                                del negocio en el cual se ofrece
                                el empleo.

                         (c)    Funciones que ejercerá el
                                peticionario y el horario de
                                trabajo.

                iii.     Los planes de estudio, incluyendo el
                         adiestramiento vocacional y/o el
                         programa de estudio y trabajo, se
                         presentarán sometiendo la carta de
                         aceptación de la institución educativa,
                         con expresión del programa o facultad
                         al cual ingresará.

                iv.      La falta de oferta de empleo o estudio
                         no será razón suficiente para denegar
                         el privilegio si el peticionario cumple
                         con los demás criterios.

                v.       Se exime de presentar una oferta de
                         empleo o estudios en aquellos casos en
                         que el peticionario padezca de alguna
                         incapacidad física, mental o emocional,
                         debidamente        diagnosticada      y
                         certificada por autoridad competente.

         e. Residencia

                i.       Todo peticionario tiene que indicar el
                         lugar en el cual piensa residir de serle
                         concedida la libertad bajo palabra, bien
                         sea en una residencia o un programa
                         interno.

                ii.      De proponer una residencia, el
                         peticionario proveerá el nombre
                         completo y número de teléfono de la
                         persona con la cual residirá, o de algún
                         familiar cercano, así como la dirección
                         física de la residencia. En estos casos,
                         se realizará una investigación sobre la
                         actitud de la comunidad donde
                         propone residir el peticionario, de serle
                         concedida la libertad bajo palabra.

                iii.     Si el peticionario interesa ingresar a un
                         programa       interno,    tendrá     que
                         presentar la carta de aceptación del
                         programa, así como proponer una
                         residencia alterna en la cual disfrutará
                         de los pases, en los casos que aplique.
                         Dicha      residencia     alterna    será
                         corroborada para determinar su
                         viabilidad. Si la residencia alterna no
                         resulta viable, el peticionario no podrá
                         disfrutar de pases hasta tanto no
                         provea una residencia alterna viable, y
                         así lo autorice la Junta.

                iv.      Para determinar si la vivienda
                         propuesta    es viable, la Junta
                         considerará:
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                      (a)   Las características personales e
                            historial   delictivo    de   las
                            personas     con     las   cuales
                            convivirá el peticionario en la
                            vivienda, y cómo el peticionario
                            se relaciona con estos.

                      (b)   Opinión de la comunidad sobre
                            la determinación de conceder el
                            privilegio y las personas con las
                            cuales convivirá el peticionario.

                      (c)   Condición de la planta física de
                            la residencia y cantidad de
                            habitantes de la misma.

                      (d)   Si la residencia propuesta está
                            relativamente cercana a la
                            residencia de la víctima de
                            delito. (e) Si existe algún
                            impedimento en ley para que el
                            peticionario   resida  en    la
                            vivienda propuesta.

                      (e)   Si existe algún impedimento en
                            ley para que el peticionario
                            resida en la vivienda propuesta.
                      (f)   Cualquier otra consideración
                            que la Junta estime pertinente
                            dentro de los méritos del caso
                            individual.

         f.     Amigo consejero.

                i.    El amigo consejero tiene la función de
                      cooperar con la Junta y el Programa de
                      Comunidad en la rehabilitación del
                      peticionario.

                ii.   Requisitos

                      (a)   No tener relación alguna de
                            afinidad o consanguinidad con
                            el peticionario. A manera de
                            excepción, esta prohibición no
                            aplicará en aquellos casos que la
                            Junta, en el ejercicio de su
                            discreción, entienda meritorio a
                            base de las circunstancias
                            particulares del caso.

                      (b)   No ocupar un puesto o cargo
                            electivo, ni estar activo en la
                            política partidista.

                      (c)   No     ser   o     haber     sido
                            representante       legal     del
                            peticionario     en     cualquier
                            proceso         judicial        o
                            administrativo.

                      (d)   Tener la mayoría de edad[.]

                      (e)   Tener contacto frecuente con el
                            peticionario[.]
KLRA202400011                                                     12

                       (f)    Ser una persona de integridad
                              moral.

                       (g)    No tener historial delictivo

                iii.   Se realizará una investigación en la
                       comunidad sobre la conducta e
                       integridad moral de la persona
                       propuesta para amigo consejero.

                iv.    No se requerirá cumplir con el requisito
                       de amigo consejero en aquellos casos
                       en que el plan de salida propuesto
                       consista únicamente en ser ingresado
                       a un programa interno.

    8.   Historial de salud

         a.     Se tomarán en consideración todos los
                informes emitidos por cualquier profesional
                de la salud mental, que formen parte del
                historial psicológico preparado por la
                Administración de Corrección y/o el historial
                psiquiátrico     preparado    por     Salud
                Correccional, según apliquen.

         b.     Historial médico del peticionario
         c.     Tratamientos para condiciones de salud que
                haya recibido o reciba el peticionario.

                i.     Estos tratamientos incluyen los
                       relacionados al control de adicción a
                       sustancias controladas y/o alcohol,
                       control de agresividad, y cualquier otro
                       tratamiento      trazado      por     la
                       Administración de Corrección.

                ii.    También se tomará en consideración la
                       necesidad de que el peticionario se
                       beneficie de algún tratamiento, en los
                       casos en que no haya recibido alguno.

                iii.   Se    requerirá     haber tomado  y
                       culminado en la institución el
                       Programa de Aprendiendo a Vivir sin
                       Violencia a los peticionarios que
                       cumplan pena de reclusión por los
                       siguientes delitos:

                       (a)    Asesinato

                       (b)    Agresión    Sexual     mediante
                              empleo de fuerza o intimidación

                       (c)    Secuestro

                       (d)    Los delitos tipificados en la Ley
                              de Prevención e Intervención
                              con la Violencia Doméstica, Ley
                              Núm. 54 de 15 de agosto de
                              1989, según enmendada, que
                              impliquen grave daño corporal.

                       (e)    Aquellos delitos graves en los
                              cuales se utilice cualquier tipo
                              de arma, según estas se definen
KLRA202400011                                                         13

                                  en la Ley de Armas, Ley Núm.
                                  404 de 11 de septiembre de
                                  2000, según enmendada.

                    iv.    No obstante lo anterior, la Junta podrá
                           requerir que un peticionario se
                           beneficie del Programa Aprendiendo a
                           Vivir sin Violencia cuando el caso
                           presente                 circunstancias
                           extraordinarias que lo ameriten,
                           independientemente del delito por el
                           cual cumple sentencia de reclusión.

      9.      Si se registró en el Registro de Personas Convictas
              por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, en
              aquellos casos en que el peticionario cumpla
              sentencia por alguno de los delitos identificados en
              el Artículo 3 de la Ley Núm. 266 de 9 de septiembre
              de 2004, según enmendada.

      10.     Cumplimiento con la toma de muestra de ADN, en
              aquellos casos en que el peticionario extingue
              sentencia por alguno de los delitos identificados en
              el Artículo 8 de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de
              1998, según enmendada.

      11.     La Junta tendrá discreción para considerar los
              mencionados criterios según considere conveniente
              y cualquier otro meritorio con relación a la
              rehabilitación del peticionario y al mejor interés de
              la sociedad.

   B. Revisión Judicial de Determinaciones Administrativas

      La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta

disposición    es   delimitar   la   discreción    de   los   organismos

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Andrea Hernández Feliciano

v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero

de 2023. Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de

los organismos administrativos, los tribunales apelativos le

conceden gran consideración y deferencia, por la experiencia y el

conocimiento especializado que estos poseen. Íd.

      Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial
KLRA202400011                                                       14

que obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma

anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal

Supremo ha resuelto con igual firmeza que, los tribunales no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas

irrazonables, ilegales, o simplemente contrarias a derecho. Super

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v.

Garaje Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).

      Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Superintendente, 201 DPR 26 (2018). Por ende, "los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior

responde a la vasta experiencia y al conocimiento especializado que

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados.

Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020).

      Por consiguiente, dada la presunción de corrección y

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas

por las agencias administrativas, estas deben ser respetadas

mientras la parte que las impugna no produzca evidencia suficiente

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra. Al

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, aunque

esta no tiene que ser la única o la más razonable. Andrea Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

      Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la
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aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

        Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd.

Por tanto, si una parte afectada por un dictamen administrativo

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de

derrotar, con suficiente evidencia, que la decisión del ente

administrativo no está justificada por una evaluación justa del peso

de la prueba que tuvo ante su consideración. Capó Cruz v. Junta de

Planificación, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).

De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR

98, 118 (2003).

                                  III

        De nuestro minucioso y ponderado análisis de la totalidad de

la evidencia que forma parte del expediente administrativo y

conforme al derecho aplicable, resolvemos que la Junta de Libertad

Bajo Palabra actuó correctamente al denegarle al recurrente el

privilegio de extinguir su sentencia en libertad bajo palabra.

        Es nuestro criterio que la decisión del foro recurrido está

fundamentada en el mandato de ley que le fue encomendado por el

legislador y en el ejercicio de la amplia discreción que le ha sido

reconocida para decretar y revocar la libertad bajo palabra de

cualquier persona recluida en las instituciones penales de Puerto

Rico.
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      El recurrente no ha derrotado la deferencia que merece la

decisión emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra, como el

organismo administrativo cuasi judicial cuya finalidad es la

rehabilitación del confinado, pero salvaguardando los mejores

intereses de la sociedad y las víctimas de delito. Este no ha podido

establecer que en el récord administrativo existe otra prueba que

menoscabe el valor probatorio de la evidencia sustancial en la que

está fundamentada la Resolución recurrida. Del mismo modo, que

tampoco ha podido demostrar que la Junta incurrió en una

aplicación errada del derecho.

      Por el contrario, hemos encontrado que la decisión emitida por

ese organismo está basada y fundamentada en la evidencia

sustancial que obra en el récord administrativo y en el “expertise”

que se le reconoce a la Junta de Libertad Bajo Palabra en la

aplicación e interpretación de su Reglamento, supra. Según hemos

constatado en el expediente ante nuestra consideración, la solicitud

del recurrente, presentada ante la Junta no cumplió con los criterios

y los documentos requeridos en el Artículo IX, del Reglamento

Número 7799, supra, para que su caso pudiera ser considerado para

recibir el privilegio de extinguir su sentencia en libertad bajo

palabra. Además, la víctima del delito cometido por el confinado fue

entrevistada y la misma formó parte de la evaluación que realiza la

Junta, la cual tiene un gran peso y valor importante para su

determinación.

      A base de la evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, no tenemos duda alguna de que la Junta de Libertad

Bajo Palabra consideró y aplicó adecuadamente los criterios

establecidos en el Reglamento Número 7799, supra, en el ejercicio

de la discreción que le ha sido conferida. Ante la ausencia de prueba

que establezca que ese foro actuó de forma arbitraria, ilegal,

irrazonable, fuera de contexto o huérfana de evidencia sustancial,
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estamos obligados a reconocer la deferencia que merece la

Resolución en la que Junta de Libertad Bajo Palabra le denegó al

recurrente el privilegio de libertad bajo palabra.

                                  IV

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones