Court Opinion

ID: 9962730
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:46:51.955954+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:30.981833
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

  FIRSTBANK PUERTO                                APELACIÓN
        RICO                                      Procedente del
                                                  Tribunal de
    Apelado-Recurrido                             Primera Instancia,
                              KLAN202400225       Sala Superior de
             v.                                   Mayagüez.
   CARLOS BECHARA                                 Civil núm.:
      FAGUNDO                                     ISCI201600404
  Apelante-Peticionario                           Sobre: Cobro de
                                                  Dinero

                                                  Se acoge como
                                                  un Certiorari

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Sr. Carlos

Bechara Fagundo (el señor Bechara Fagundo o el peticionario)

mediante el recurso de epígrafe solicitándonos la revisión de una

Resolución Parcial y Orden emitida por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de Mayagüez, el 21 de noviembre

de 2023, notificada el 27 del mismo mes y año.

      Al recurso se le asignó el alfanumérico KLAN202400225; no

obstante, por tratarse de la revisión de un dictamen interlocutorio

lo acogemos como un recurso de Certiorari, manteniendo el

alfanumérico otorgado en nuestra Secretaría.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, por

prematuridad.

Número Identificador
RES2024_________________________
KLAN202400225                                                        2

                                        I.

       En lo aquí pertinente, surge del recurso ante nuestra

consideración que, el 8 de mayo de 2023, el señor Bechara Fagundo

presentó una Moción Urgente Solicitando Desestimación y Nulidad de

Sentencia. En apretada síntesis, alegó que la Sentencia dictada el 14

de marzo de 2017 es nula por cuanto nunca se adquirió jurisdicción

sobre su persona. Luego de concedido término a Firstbank Puerto

Rico (el Banco o el recurrido) para que se expresara, sin así hacerlo,

el TPI emitió el dictamen recurrido. Entre otros asuntos, resolvió que

de los autos originales no surgía que la Sentencia emitida el 14

de marzo fuese notificada mediante aviso de publicación de

sentencia por edicto, dado que el peticionario fue emplazado por

edicto. Así, el foro primario concluyó que: 1

             No haber notificado la sentencia mediante
          publicación de edicto tiene como consecuencia que
          cualquier trámite posterior se considera “ultra vires” y
          no surte efecto alguno. Siendo una notificación
          defectuosa, el derecho del demandado de cuestionar la
          sentencia emitida constituye una violación a las
          garantías del debido proceso de ley. [Énfasis nuestro]

       Inconforme, el peticionario instó una oportuna solicitud de

reconsideración la cual fue declarada no ha lugar el 5 de febrero de

2024, notificada al día siguiente.

       Todavía en desacuerdo, el señor Bechara Fagunado acude

ante este foro intermedio mediante el recurso de certiorari de

epígrafe imputándole al tribunal de primera instancia haber

incurrido en el siguiente error:

          ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR CON PERJUICIO LA
          DEMANDA EN EL PRESENTE CASO POR HABER
          INCURRIDO EN DOS OCASIONES CON LO QUE
          DISPONE LA REGLA 4.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL,
          EN   CUANTO      AL   DILIGENCIAMIENTO   DEL
          EMPLAZAMIENTO EN EL TÉRMINO DE 120 DÍAS.

       Examinado el recurso y al tenor de la determinación arribada,

prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida según nos

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 8.
KLAN202400225                                                           3

faculta la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 7(B)(5).

                                      II.

      Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción, estando obligados a considerarla aun en ausencia de

algún señalamiento al respecto de las partes. La razón para ello es

que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que los tribunales

poseemos para atender una controversia ante nuestra consideración.

Tal asunto debe ser resuelto con preferencia porque de carecer de

jurisdicción para atenderlo, lo único que corresponde hacer es así

manifestarlo. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22

(2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883

(2007). El no tener la potestad para atender un asunto no puede ser

corregido ni atribuido por el tribunal. Constructora Estelar, S.E. v.

Aut. Edificios Públicos, supra.

      En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta

una sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia,

su determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que, cuando un foro

adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para

entender      en   este,   ello   constituye   una   actuación   ilegítima,

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Íd.

      De otro lado, un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar

una controversia cuando se presenta un recurso de forma

prematura. Un recurso prematuro es aquel presentado en la

secretaría de un tribunal antes de que el asunto esté listo para su

adjudicación. De tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno

tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de

jurisdicción y tiene que ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155

DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).
KLAN202400225                                                                 4

Su presentación carece de falta de eficacia y no produce ningún

efecto jurídico, pues en el momento de su presentación un foro

apelativo no tiene autoridad judicial para acogerlo; menos para

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una

moción informativa. Juliá et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357,

366 (2001).

       Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 83, lo siguiente:

          (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
          desestimación de un recurso por los motivos siguientes:
          (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
          jurisdicción;
          (…)
          (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia,
          podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un
          auto discrecional por cualesquiera de los motivos
          consignados en el inciso (B) precedente.

                                      III.

       Analizado     el   recurso    ante    nuestra    consideración      nos

corresponde, en primera instancia, atender el asunto relativo a la

jurisdicción debido a que debe ser resuelto con preferencia a

cualquiera otra cuestión. Ello, aun cuando ninguna de las partes lo

haya argumentado o solicitado.

      De entrada precisa advertir que no existe duda alguna que la

notificación de la Sentencia dictada el 14 de marzo de 2017,            contra

la cual se instó la moción solicitando su nulidad, es una defectuosa.

Esto, debido a que no consta en los autos originales del caso que la

misma haya sido notificada mediante publicación de edicto; ello, de

la misma forma mediante la cual se emplazó a la parte, según lo

exige nuestro ordenamiento.2 Como es sabido, una notificación

defectuosa impide que comience a transcurrir el término para

recurrir de cualquier determinación final, ya sea judicial o

2
 Véase la Regla 65.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V. R.
65.3(c), y Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 182-183 (2015).
KLAN202400225                                                       5

administrativa. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 502

(2019).

      Como indicamos, un recurso prematuro es aquel presentado

en la secretaría de un tribunal antes de que el asunto esté listo para

su adjudicación y por ello, adolece del grave e insubsanable defecto

de falta de jurisdicción y tiene que ser desestimado. Por otra parte,

este tribunal no puede conservar o retener un recurso que es

prematuro, con el propósito de luego activarlo cuando esté maduro.

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Así pues, precisa

advertir que no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde

no la hay. Debido a que la falta de jurisdicción no puede ser

subsanada, ni el tribunal puede arrogársela de esta no existir, solo

nos resta desestimar la acción ante nuestra consideración. González

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); García v.

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).

                                  IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos

el recurso de epígrafe ante la falta de jurisdicción.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones