Court Opinion

ID: 9408083
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:15:28.487635+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.545789
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL III

    CARMEN M. ORTIZ                                   REVISIÓN
       MIRANDA                                        ADMINISTRATIVA
                                                      procedente de la
        LESIONADA                                     Comisión Industrial de
        RECURRIDA                  KLRA202200302      Puerto Rico

 COMISIÓN INDUSTRIAL                                  Caso Núm.
   DE PUERTO RICO                                     C.I.: 06-XXX-XX-XXXX-02
                                                      C.F.S.E.:04-15-06283-3
        RECURRIDA

                                                      Sobre:
              Vs.
                                                      CONDICIÓN
                                                      ORGÁNICA
   CORPORACIÓN DEL
  FONDO DEL SEGURO
     DEL ESTADO

      RECURRENTES

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro.

Brignoni Martir, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2023.

       El Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

(CFSE o recurrente) presentó un Recurso de Revisión de Decisión

Administrativa en el que solicita que revoquemos la Resolución en

Reconsideración emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico

(Comisión o recurrida) el 5 de mayo de 2022 y notificada el 12 de mayo de

2022. En la referida determinación la Comisión declaró Ha Lugar la solicitud

de reconsideración de Carmen M. Ortiz Miranda. En consecuencia, revocó

la decisión de la CFSE y resolvió que la condición de enfermedad

temporomandibular que presenta guarda nexo de causalidad con su

trabajo. A su vez ordenó que se le brinde la protección dispuesta en la Ley

del Sistema de Compensaciones por Accidentes de Trabajo, infra.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación se confirma

la determinación administrativa recurrida.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLRA202200302                                                                         2

                                           I

       El 3 de mayo de 2004 Carmen M. Ortiz Miranda (señora Ortiz o

recurrida) sufrió una caída mientras laboraba para la Administración de

Corrección como secretaria administrativa, por lo que se reportó a la CFSE.

El 26 de enero de 2009 la CFSE emitió una Decisión del Administrador

sobre: relación causal en la cual determinó, entre otros asuntos, que la

enfermedad temporomandibular de la señora Ortiz era un hallazgo

incidental no relacionado, agravado, acelerado o precipitado por el

accidente reportado, ni era de origen laboral.1

       Según surge del expediente la señora Ortiz presentó varias una

Apelaciones ante la Comisión.2 En lo aquí pertinente, la Comisión celebró

vista pública el 30 de noviembre de 2021. El 3 de diciembre de 2021 el

Oficial Examinador que celebró la vista sometió un Informe, con

determinaciones de hecho, recomendado que se confirmara la decisión del

Administrador de la CFSE y se ordenara el cierre y archivo del caso.3 El 14

de diciembre de 2021, la Comisión emitió una escueta Resolución, sin

hacer referencia al Informe, en la que se limitó a confirmar la decisión de la

CFSE de que la condición temporomandibular de la señora Ortiz no guarda

nexo de causalidad con su trabajo.4

       La señora Ortiz solicitó reconsideración a la Comisión alegando que

había una relación causal entre su enfermedad temporomandibular y la

caída que sufrió en el trabajo. 5 Planteó que puede darse el caso que la

condición que sufre se inflamara a consecuencia del trauma sufrido. Con

ello argumentó que ante la duda razonable de que su condición se agravó

el derecho exige resolver a su favor. De otro lado indicó que la resolución

carecía de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho en

contravención al ordenamiento jurídico. La Comisión acogió la solicitud de

1 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa, págs. 1-2.
2 A solicitud nuestra la Comisión Industrial sometió copia certificada del expediente
administrativo el 17 de mayo de 2023.
3 Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa, págs. 6-13.
4 Emitida el 14 de diciembre de 2021 y notificada el 13 de enero de 2022. Véase Apéndice

del recurso de Revisión Administrativa, págs. 4-5.
5 Sometida el 2 de febrero de 2022. Véase Apéndice del recurso de Revisión

Administrativa, págs. 4-5.
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reconsideración y ordenó a la CFSE que se expresara al respecto.6 La

CFSE presentó su Oposición a Moción de Reconsideración.7 A su vez, el

Oficial Examinador que presidió la vista pública sometió un proyecto de

resolución en el cual incluyó determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho y recomendó que se denegara la solicitud de reconsideración de

la lesionada.8

       Con posterioridad, la Comisión emitió una Resolución en

Reconsideración en la cual rechazó la recomendación del Oficial

Examinador.9 Al así resolver la Comisión formuló las siguientes

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que, a su juicio, el

Oficial Examinador omitió en su proyecto de resolución:

       Omite el Oficial Examinador en sus Determinaciones de
       Hecho lo siguiente:

               Declaración de la Perito de la Comisión Industrial, Dra.
       Roselynn Martínez Olivieri, quien declaró a preguntas del
       abogado de la parte obrera sobre si la condición preexistente
       temporomandibular se pudo agravar por el accidente, ésta
       respondió no lo puedo decir porque eso no está citado por el
       doctor Oppenheimer, Perito Acupunturista que trató la
       condición en el fondo.
               Luego contestó sobre si tiene duda razonable, que sí,
       que era correcto. La doctora Martínez Olivieri estableció en
       dos ocasiones, a preguntas de la representación legal de la
       lesionada que tenía duda razonable si la caída pudo agravar
       la condición temporomandibular.
               Este dato surge del Informe de la Vista Pública
       celebrada el 30 de noviembre de 2021 y es traído en la
       reconsideración por la representación legal de la parte
       obrera.
               En el Proyecto de Resolución en Reconsideración que
       se nos somete no hay discusión sobre el mismo a pesar de
       que es señalado en la Reconsideración.
               Para poder ejercer nuestra función de validar las
       recomendaciones que preparan los Oficiales Examinadores
       este Comisionado tiene que ver el análisis y la discusión de
       los puntos en conflicto en la evidencia y testimonios.
               A preguntas de la representación legal del Asegurador
       sobre si no hay evidencia de que hubo agravación de esa
       condición, la respuesta fue eso es correcto (ver la resolución
       sin determinaciones de hechos, notificada el 13 de enero de
       2022 – página 4).
               En el Proyecto de Resolución que rechazáramos, el
       Oficial Examinador en su determinación de hechos número
       10 indica, que la Dra. Roselyn Martínez Olivieri, Perito de esta
       Comisión, expresó que la condición temporomandibular de la
       reclamante puede agravar la condición aceptada de esguince

6
  Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa, págs. 19.
7
  Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa, págs. 20-23.
8
  Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa, págs. 26-30.
9
  Emitida el 5 de mayo de 2022 y notificada el 12 de mayo de 2022.
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      cervical, pero que no es como tal que el accidente la agravó.
      Sigue expresando la Dra. Martínez Olivieri, siendo así, no hay
      relación directa con el accidente.
              Estas partes aisladas del testimonio de la Dra. Roselyn
      Martínez Olivieri da la impresión de que ella concluye, sin
      duda razonable, alguna que no hay relación entre la condición
      temporomandibular con la caída reportada que ocasionó un
      esguince cervical, y obligó al acupunturista del Fondo a tratar
      la condición, con acupuntura. Un análisis mas detenido de las
      partes omitidas demuestran lo contrario.
              Esa parte del testimonio de la Dra. Martínez Olivieri es
      una donde ella misma expresa que se refiere a una relación
      causal directa con el accidente; ahora bien, esa no es la
      labor de esta Comisión al atender los casos de relación
      causal.
              Establecido claramente que en su testimonio la Dra.
      Martínez Olivieri, no encontró relación causal directa en los
      documentos y en el récord médico del Asegurador.
              En esta nuestra Resolución, establecimos que a
      preguntas de la representación legal de la parte obrera, esta
      aceptó tener dudas razonables. Cuando fue confrontada con
      la sucesión de eventos, donde se le preguntó si una caída
      traumática que causa un esguince cervical que el mismo se
      agrava por una condición temporomandibular pre existente,
      si ella puede decir, sin lugar a dudas, ésta no puedo agravar
      la condición preexistente temporomandibular, lo cual aceptó
      que no.
              Por tal, admite su duda razonable.
              El Proyecto de Resolución en Reconsideración omite
      este último punto sin discutirlo.
              …
              Desde nuestro análisis, cuando la doctora Martínez
      Olivieri establece que no hay evidencia sobre agravación, lo
      dice porque el doctor Oppenheimer no establece la
      agravación de la condición temporomandibular por la caída,
      si no lo contrario.
      Ahora bien, eso no puede eliminar su testimonio de que tiene
      duda razonable; si una caída afectó la condición cervical
      puede agravar la condición temporomandibular.
      Al discutir el conflicto en este peritaje, tenemos que concluir
      utilizando el caso Ortiz Calderón v. Comisión Industrial, 90
      D.P.R. 387.
              …
              Aplicando la Normativa de nuestro más alto foro a los
      testimonios vertidos en la Vista pública es forzoso concluir
      que la búsqueda de una relación causal directa con el
      accidente o una etiología médica explicada en el récord
      médico no esta presenta en la prueba, mas sin embargo, no
      hay lugar a dudas en la mente de este comisionado que la
      secuencia de eventos en este accidente causa una duda
      razonable en nuestra Perito y en nuestro juicio como juzgador
      que nos lleva a relacionar la condición mandibular. (Énfasis
      en el original).

      En atención a lo anterior, la Comisión declaró Ha Lugar la moción

de reconsideración de la señora Ortiz, revocó la decisión de la CFSE y

determinó que la condición temporomandibular de la lesionada estaba
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relacionada al trabajo. Con ello ordenó que la CFSE le brindara la íntegra

protección de la Ley, entre otras disposiciones.

      En desacuerdo la CFSE presentó el recurso de revisión

administrativa que nos ocupa en el cual señala que:

      Erró la Honorable Comisión Industrial al
      determinar que la enfermedad temporomandibular
      de la lesionada guarda nexo de causalidad con su
      trabajo.

      Erró la Honorable Comisión al ordenar a la CFSE
      que le brinde la íntegra protección de la ley a la
      lesionada.

      Transcurrido el término reglamentario para que la parte recurrida

presentará su alegato en oposición al recurso sin que ésta compareciera,

resolvemos la controversia de conformidad con el marco jurídico esbozado

a continuación.

                                       II

                                       A.

      En nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de las agencias

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales. The

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Esta norma

de deferencia se basa en que las agencias son las que cuentan con

conocimiento      especializado   en   los   asuntos   que   les   han   sido

encomendados, así como con vasta experiencia en la implantación de sus

leyes y reglamentos. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923,

940 (2010); Camacho Torres v. Admin. para el Adiestramiento de Futuros

Empresarios y Trabajadores, 168 DPR 66 (2006). Es por ello que tales

determinaciones tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección

que debe respetarse. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 26 (2012); IFCO

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012).

      Las determinaciones finales de las agencias administrativas son

revisadas en este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de revisión

administrativa. El estándar de revisión de este tipo de recurso está

fundamentado en el principio rector de la razonabilidad; es decir, se
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examina que la agencia no haya actuado de manera arbitraria o ilegal, o de

forma tan irrazonable que sea considerado un abuso de discreción. Rolón

Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía,

196 DPR 606, 626 (2016). En este sentido, la revisión judicial se limita a

examinar: 1) si el remedio concedido fue razonable; (2) si las

determinaciones están sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró

la agencia al aplicar la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra,

pág. 940; véase, además, Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA

sec. 9675.

       No obstante, la deferencia judicial cede cuando la actuación

administrativa es irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas

que conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. Fcias. V. Caribe Specialty

II, supra, pág. 941. Así, para impugnar la razonabilidad de una

determinación o demostrar que la evidencia que obra en el expediente

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale

la prueba en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal

evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387,

398 (1999). La evidencia sustancial es la prueba relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.

Rolón Martínez v. Caldero López, supra, pág. 36.

       De otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son

revisables en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.

Rebollo v. Yiyi Motos, 161 DPR 69, 77 (2004). Aun así, debemos dar

deferencia a las interpretaciones que los organismos administrativos hacen

de las leyes y reglamentos que administran. Ante casos dudosos, donde

pueda concebirse una interpretación distinta de estas leyes y reglamentos,

la determinación de la agencia merece deferencia sustancial. Torres

Santiago v. Depto. de Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).
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                                     B

      La Constitución de Puerto Rico establece que todo trabajador tiene

el derecho de estar protegido contra riesgos para su salud o integridad

personal en su trabajo o empleo. Art. II, Sec. 16, Const. PR, LPRA, Tomo

1. Cónsono con dicha garantía constitucional la Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril

de 1935, según enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq., (Ley 45) dispone

como política pública que los obreros y empleados que sufran lesiones, se

inutilicen o mueran como consecuencia de accidentes ocurridos en sus

trabajos, tendrán derecho a un remedio económico y médico para

compensar la incapacidad productiva que sobreviniere como consecuencia

de un accidente o una enfermedad ocupacional. Saldaña Torres v. Mun.

San Juan, 198 DPR 934, 942 (2017); Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR

403, 411 (2000).

      La Ley 45 establece un esquema de seguro obligatorio que tiene

como propósito proveerle a los obreros que sufren alguna lesión o

enfermedad que ocurra en el curso del trabajo y como consecuencia del

mismo, un remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de una

reclamación ordinaria en daños. Cátala v. FSE, 148 DPR 94, 99 (1999);

Pacheco Pietri y otros v. ELA y otros, 133 DPR 907, 914 (1993).

      La protección brindada en este estatuto se extiende a lesiones

sufridas como consecuencia de accidentes de trabajo. Para evaluar qué

constituye un accidente de trabajo, se han establecido los siguientes

requisitos: (1) provenir de cualquier acto o función del obrero; (2) ser

inherente al trabajo o empleo que desempeña el obrero; (3) ocurrir en el

curso del trabajo; y (4) ser consecuencia de éste. Lebrón Bonilla v. E.L.A.,

155 DPR 475, 483-484 (2001).

      Un accidente de un empleado u obrero será compensable si existe

un nexo o relación causal entre la lesión o enfermedad sufrida y el trabajo.

Por ello, el accidente debe estar causalmente ligado a un acto o función del

obrero, que es inherente al trabajo y debe ocurrir en el curso del empleo.
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Cátala v. FSE, supra, pág. 100; Admor., FSE v. Comisión Industrial, 101

DPR 56, 58 (1973). Corresponde a la parte que solicita la compensación

demostrar que el accidente sufrido está cobijado bajo la Ley 45. Lebrón

Bonilla v. E.L.A., supra. Si se establece que el accidente está relacionado

con el empleo, le corresponde a la CFSE asumir la responsabilidad de

ofrecer tratamiento médico y compensar al obrero sin derecho a reembolso

alguno. Saldaña Torres v. Mun. San Juan, supra, pág. 943; Sevilla v.

Municipio Toa Alta, 159 DPR 684, 690 (2003).

       Ahora bien, la Ley 45 es un estatuto de carácter reparador con fines

remediales y como tal ha de interpretarse de manera liberal y favorable al

obrero. Art. 2, 11 LPRA sec. 2. Es por ello que, si existe alguna duda

razonable tocante a la relación causal entre la lesión, incapacidad o muerte

y el trabajo, esta se resolverá a favor del obrero. Íd.; Ortiz Pérez v. FSE,

137 DPR 367, 373-374 (1994). Es decir, si al considerar los hechos,

circunstancias y todos los elementos de juicio, el récord no demuestra de

manera convincente y sin lugar a dudas que no existe una relación de

causalidad entre el trabajo del empleado y su incapacidad o muerte, se

produce un estado de duda razonable que requiere compensar. Ortiz

Candelario v. Comisión Industrial, 90 DPR 387, 407 (1964).

       Si el obrero o sus beneficiarios, no estuviesen conformes con la

decisión dictada por el Administrador de la CFSE pueden apelar ante la

Comisión Industrial dentro de un término de treinta (30) días después de

haber sido notificados con copia de la decisión, donde el caso se referirá a

un oficial examinador. Art. 9, 11 LPRA sec. 11. La Comisión Industrial

tendrá una función cuasi judicial para la investigación y resolución de todos

los casos de accidentes en los cuales la CFSE y el empleado lesionado o

sus beneficiarios, no llegasen a un acuerdo con respecto a la

compensación y en el ejercicio de sus funciones representará solamente el

interés público. Art. 6, 11 LPRA sec. 8.
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                                     III

       En su recurso la CFSE alegó que la Comisión erró al relacionar una

condición preexistente de la lesionada a pesar de que no había evidencia

en el expediente administrativo que demuestre su agravación por el

accidente sufrido. Sostuvo que el Oficial Examinador que presidió la vista

y aquilató la prueba, recomendó en dos ocasiones que se confirmara la

decisión de la CFSE. Alegó que la Dra. Martínez, quien fungió como perito

médico de la Comisión, declaró en más de una ocasión que no había

evidencia de que hubo una agravación de la condición temporomandibular.

De otro lado, indicó que la figura de duda razonable no aplica ya que la

lesionada ni siquiera demostró la existencia o agravación de una condición

preexistente. Señaló, además, que de la prueba vertida tampoco surgió

ninguna recomendación médica ni evidencia de que la lesionada necesitara

que se le otorgara la íntegra protección de la ley, o sea, de que se le diera

tratamiento y se le pagaran dietas y/o compensación. A su juicio lo que se

probó es que la condición resolvió, por lo que no amerita que la lesionada

sea devuelta a la CFSE para la integra protección de la ley.

       Al analizar la discusión de los señalamientos de error resulta claro

que la CFSE alega en esencia que las determinaciones de hecho de la

Comisión no están sostenidas por la prueba y que en cambio las

formuladas por el Oficial Examinador en el proyecto de resolución son las

correctas. Enfatiza que la Comisión determinó que la enfermedad

temporomandibular de la lesionada estaba relacionada con su trabajo, sin

que hubiera prueba de ello en el expediente y en contravención a lo

declarado por la Dra. Martínez Olivieri en la vista pública. Ahora bien, a

pesar de que la CFSE impugna la apreciación y suficiencia de la prueba

para sostener la resolución en reconsideración emitida por la Comisión, no

presentó una trascripción de la prueba oral vertida en la vista pública. La

CFSE tampoco señaló otra evidencia en el expediente administrativo, que

menoscabe la determinación recurrida.
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          Según surge del expediente durante la vista se presentó el

testimonio del Dr. José Zayas León, perito médico de la CFSE y de la Dra.

Roselynn Martínez Olivieri, perito médico de la Comisión. La CFSE alega

en su recurso que la Dra. Martínez Olivieri declaró en varias ocasiones que

no había evidencia de que hubo una agravación de la condición

temporomandibular por el accidente sufrido. Sin embargo, la Comisión

determinó en la Resolución en Reconsideración que la doctora declaró en

dos ocasiones que tenía duda razonable sobre si la condición de la

lesionada se agravó con la caída. Adviértase que esta determinación de

hecho es cónsona con la realizada por el Oficial Examinador en el Informe

sometido el 3 de diciembre de 2021, a saber:

                 El licenciado Torres Rivera [abogado de la lesionada]
          indicó que la Ley reconoce que cuando hay una condición
          preexistente, aunque no esté relacionada con el trabajo, pero
          ocurre un accidente, en este caso ocurrió uno traumático
          porque es una caída. Pregunto si esa condición preexistente
          que es la que es la temporomandibular se agravó en virtud de
          ese accidente.

                 La doctora Martínez Olivieri respondió que no se lo
          puede decir porque eso no está citado en el momento que el
          doctor Oppenheimer la evaluó. Dicho doctor nada más dijo
          que esto le puede ocasionar, pero no dijo que se agravó o
          que lo ocasionó.

                El licenciado Torres Rivera preguntó si entonces tiene
          una duda razonable sobre ese particular.

                 La doctora Martínez Olivieri respondió que eso es
          correcto, porque está ante un documento de un especialista
          que la evaluó que no fue ella.

                 El licenciado Torres Rivera manifestó que eso es lo
          que establece la Ley que si hay una duda razonable,
          entonces es razonable pensar, valga la redundancia, que
          está relacionado. En este caso es uno del 2004, o sea, tiene
          dieciséis años.10

                  La doctora Martínez Olivieri indicó que eso es correcto.

          Por consiguiente, ante la ausencia de evidencia suficiente que

derrote la presunción de corrección que cobija la determinación de la

Comisión, concluimos que no se cometieron los errores señalados.

10
     Véase Apéndice del recurso de Revisión Administrativa, pág. 9.
KLRA202200302                                                                11

       Considerando como cierta la determinación de la Comisión en

cuanto a que su perito, la Dra. Martínez Olivieri, declaró en la vista pública

que tenía duda razonable sobre si la caída pudo agravar la condición

temporomandibular de la señora Ortiz, nos resulta forzoso concluir que la

determinación recurrida es conforme a derecho. Esto ya que, nuestro

ordenamiento dispone que, en armonía con el carácter reparador de la Ley

45, de haber duda razonable en cuanto a la relación causal entre una

condición y un accidente de trabajo, se resolverá a favor del obrero.

                                      IV

       Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la Resolución

en Reconsideración emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico en

el caso de Carmen M. Ortiz Miranda.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones