Court Opinion

ID: 9952315
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:40:22.440042+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:44.670308
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

                                                             APELACIÓN
JULIO PAGÁN RODRÍGUEZ                                        procedente del
                                                             Tribunal de
Apelado                                                      Primera
                                                             Instancia, Sala
                 v.                            KLAN202300650 Superior de
                                                             Aibonito
VICENTE PAGÁN VEGA y
OTROS
Apelantes                                                                Civil Núm.:
                                                                         PO2023CV00618

                                                                         Sobre:
                                                                         Interdicto Posesorio

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Marrero Guerrero y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                       SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

        Comparece ante nos el señor Vicente Pagán Vega, la señora

Vanessa Bátiz López y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos (la parte apelante o el matrimonio Pagán-Bátiz) para

peticionarnos que revoquemos una Sentencia emitida el 22 de junio

de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Aibonito (TPI).2 Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Con

Lugar la Demanda instada por el señor Julio Pagán Rodríguez (la

parte apelada o el señor Pagán Rodríguez) y, consecuentemente, le

concedió un término de diez (10) días al matrimonio Pagán-Bátiz para

remover el ganado del terreno que posee el señor Pagán Rodríguez y

las barreras que impiden el acceso a dicho terreno.

1
  Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la
Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial en sustitución del Hon.
Ángel R. Pagán Ocasio.
2
  Apéndice del Escrito de Apelación, Anejo 1, págs. 1-7. Archivada y notificada en autos el 26 de
junio de 2023.

Número Identificador
SEN2024 ______________
KLAN202300650                                                             Página 2 de 14

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

        Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen

nuestra determinación.

                                               -I-

        El caso que nos ocupa tuvo su génesis el 2 de marzo de 2023,

cuando el señor Pagán Rodríguez presentó una Demanda contra el

matrimonio Pagán-Bátiz sobre interdicto posesorio. Mediante esta, la

parte apelada alegó que, poseyó civilmente, en calidad de dueño, de

buena fe y de forma pacífica e ininterrumpidamente un terreno de

aproximadamente 1.74 cuerdas en el Barrio Santa Catalina en

Coamo, Puerto Rico.3 A su vez, estableció que desde el año 1972, su

padre poseyó dicho terreno en calidad de dueño hasta su muerte en

el año 2002 y que, a partir del fallecimiento de su padre, el señor

Pagán Rodríguez continuó la posesión civilísima del terreno. Adujo

que en el año 2020 rehabilitó el terreno, sembró árboles, recolectó los

frutos y construyó una estructura para guardar las herramientas con

las que le proveía mantenimiento al predio. Estableció que, desde

tiempos inmemorables, ha utilizado un camino vecinal que

constituye una servidumbre en equidad. No obstante, arguyó que el

22 de enero de 2023 se enteró que el matrimonio Pagán-Bátiz le

arrebató violentamente su derecho de posesión en dicho terreno.

Sostuvo que el 23 de enero de 2023 se personó al predio y descubrió

que el camino vecinal que conduce a su terreno estaba cerrado con

un portón con un candado y un automóvil cruzado que impedía el

paso. Alegó que, desde entonces, el matrimonio Pagán-Bátiz utilizó el

terreno para la cría de ganado, ocasionándole unos daños

irreparables a sus cultivos, cosechas y terreno. Aseguró que, dentro

3
 Íd., Anejo 2, en las págs. 8-12. La Demanda se presentó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Ponce. No obstante, dado que el bien inmueble en controversia se encuentra sito en
Coamo, el caso se trasladó al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito.
KLAN202300650                                               Página 3 14

del año precedente a la fecha de presentación de la Demanda, estaba

en posesión del terreno y del camino vecinal. Por cuanto, solicitó que

se le ordene a la parte apelante abrir inmediatamente el portón para

que se le permita entrar al terreno y disfrutar del camino vecinal.

Además, peticionó que se le condene a la parte apelante al pago de la

suma de dos mil quinientos dólares ($2,500.00), así como una

compensación razonable por los daños y perjuicios causados.

           Por su parte, el 19 de junio de 2023, el matrimonio Pagán-Bátiz

presentó una Contestación a demanda.4 Mediante esta, arguyó que el

señor Pagán Rodríguez nunca ha poseído el predio en controversia en

calidad de dueño y que dicho predio le pertenece a la sucesión del

señor Vicente Pagán Matos.

           El 20 de junio de 2023 se celebró una vista de interdicto

posesorio. Durante la vista, se presentó el testimonio de los señores

Pagán Rodríguez, Efraín Pagán Colón y Vicente Pagán Vega. En

esencia, el testimonio del señor Pagán Rodríguez versó en explicar las

colindancias del terreno en el que ha sembrado desde el año 2020 y

los daños que sufrió conjunto a su familia al no tener acceso a dicho

predio. Esgrimió que el camino vecinal que el matrimonio Pagán-Bátiz

le bloqueó es la única vía que le permite acceder al terreno. Además,

estableció que la parte apelante abrió un portón del terreno y ubicó

un ganado que destruyó su cosecha. Subrayó que, por dicha

destrucción, ha gastado entre diez mil dólares ($10,000.00) a quince

mil dólares ($15,000.00). A su vez, sostuvo que desaparecieron las

herramientas que poseía en dicho terreno. Por su parte, los

testimonios de los señores Efraín Pagán Colón y Vicente Pagán Vega

se circunscribieron a cuestiones sobre la titularidad del terreno.

           Así las cosas, el 22 de junio de 2023, el TPI emitió una

Sentencia en la que declaró Con Lugar la Demanda instada por el

4
    Íd., Anejo 3, en las págs. 8-12.
KLAN202300650                                          Página 4 de 14

señor Pagán Rodríguez. En consecuencia, ordenó al matrimonio

Pagán-Bátiz que, dentro del término de diez (10) días, removiera el

ganado y las barreras que impedían el acceso a la parte apelada.

Entre otros remedios, decretó que la parte apelante se abstuviera de

interferir con el uso del predio, hasta que se disponga otra cosa. A su

vez, le impuso a la parte apelante el pago de la suma de ocho mil

dólares ($8,000.00) en daños y perjuicios y la imposición de costas y

mil quinientos dólares ($1,500.00) en honorarios de abogados. El

Foro Primario precisó que la Sentencia no estableció nada con

respecto a la titularidad del predio ni sobre el carácter en que el señor

Pagán Rodríguez lo poseyó, por lo que no constituyó un impedimento

para que las partes entablen las acciones judiciales o administrativas

correspondientes para reclamar la posesión o título del terreno. La

decisión del TPI estuvo basada en las siguientes determinaciones de

hechos:

      1. El demandante, Julio Pagán Rodríguez, es mayor de
      edad, casado con Dadsy J. Torres Rivera y vecino de
      Ponce, PR.

      2. El demandado, Vicente Pagán Vega es mayor de edad,
      casado con Vanessa B[á]tiz López y vecino de Coamo, PR.

      3. La finca en cuestión ubica en el Barrio Catalina,
      Sector Descalabrado, carretera 150 KM. 14.5 en Coamo,
      PR. y cuenta con unas 1.74 cuerdas aproximadamente.

      4. La finca colinda con terrenos de Reyes María y Efraín
      Pagán Colón y de la Sucn. Vicente Pagán.

      5. El camino de acceso de la antes descrita propiedad
      cuenta con cuatro (4) portones.

      6. En el transcurso del camino de acceso y hacia la
      izquierda ubica la propiedad de Rosa Rodríguez de
      Jesús, madre del demandante.

      7. El único acceso a esta propiedad es a través de este
      camino.

      8. En noviembre de 2020, el demandante junto a su
      esposa y dos (2) hijos comenzaron a limpiar la finca para
      utilizarla para siembra.

      9. La siembra consistió en gandules, plátanos y árboles
      frutales.
KLAN202300650                                                 Página 5 14

            10.En algún momento en 2022, la parte demandante
            comenzó la construcción de un almacén para los
            instrumentos y equipo.

            11.En diciembre de 2022, el demandante junto a su
            familia recogió la cosecha de gandul.

            12.La propiedad esta demarcada por espeques de
            madera con alambre.

            13.El terreno fue cercado originalmente por Félix Pagán,
            hermano del demandante y empleado de Vicente Pagán
            Vega en 2010 y luego reparado en 2017.

            14.El demandado, Vicente Pagán Vega posee ganado.

            15.En 2023 el camino de acceso a la propiedad fue
            restringido por candado en el segundo portón y por un
            vehículo obstaculizando el paso.

            16. [El] [g]anado tuvo acceso a la propiedad en algún
            momento antes de marzo de 2023 sin el conocimiento de
            la parte demandante destruyendo la siembra y cosecha
            habida.

            17.El demandante poseyó la finca antes descrita desde
            2020 hasta enero de 2023.5

            Inconforme con la determinación del TPI, el 26 de julio de 2023,

el matrimonio Pagán-Bátiz compareció ante esta Curia apelativa

mediante el presente recurso de apelación, en el cual planteó que el

Foro apelado cometió los siguientes cinco (5) errores:

            PRIMER ERROR COMETIDO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE
            PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA
            SUPERIOR DE AIBONITO (HONORABLE TERESITA M.
            MERCADO VIZCARRONDO, JUEZA), AL EMITIR UNA
            DETERMINACIÓN DE CON LUGAR AL INTERDICTO
            POSESORIO,   YA   QUE    LA  MISMA   RESULTA
            INSUFICIENTE E INSATISFACTORIA PARA SOSTENER
            DICHA DETERMINACIÓN YA QUE EL DEMANDANTE
            NUNCA    PUDO    ESTABLECER     CONOCIMIENTO
            PERSONAL DE QUIEN INTERRUMPIÓ SU POSESIÓN,
            FUNDAMENTAREMOS LA EXISTENCIA DE PASIÓN,
            PREJUICIO O PARCIALIDAD.

            SEGUNDO ERROR COMETIDO: ERRÓ EL TRIBUNAL
            DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA
            SUPERIOR DE AIBONITO (HONORABLE TERESITA M.
            MERCADO VIZCARRONDO, JUEZA), AL IMPONER UNA
            CUANTÍA EN DAÑOS SIN SER SOSTENIDA EN LA
            PRUEBA, EN EFECTO, NI TAN SIQUIERA COMO PARTE
            DE LAS DETERMINACIONES DE HECHOS REALIZADA
            POR EL TRIBUNAL SE SOSTIENE LA CUANTÍA.

5
    Íd., en las págs. 3-4.
KLAN202300650                                      Página 6 de 14

      TERCER ERROR COMETIDO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE
      PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA
      SUPERIOR DE AIBONITO (HONORABLE TERESITA M.
      MERCADO VIZCARRONDO, JUEZA) CUANDO TODA LA
      PRUEBA SOMETIDA POR LA APELADA ES DEL AÑO
      2022 Y NO SOSTIENE SU TESTIMONIO QUE POSEÍA LA
      PROPIEDAD DESDE NOVIEMBRE 2020.

      CUARTO ERROR COMETIDO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE
      PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA
      SUPERIOR DE AIBONITO (HONORABLE TERESITA M.
      MERCADO VIZCARRONDO, JUEZA) CUANDO TODAS
      LAS DETERMINACIONES DE HECHOS REALIZADAS
      SON DEL TESTIMONIO DE LA APELADA Y NO SOPESÓ
      EL TESTIMONIO DE LA APELANTE[,] ESTO
      DENOTANDO UN ANÁLISIS DE LA PRUEBA ERRADO
      CAUSANDO POR PERJUICIO Y PARCIALIDAD.

      QUINTO ERROR COMETIDO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE
      PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA
      SUPERIOR DE AIBONITO (HONORABLE TERESITA M.
      MERCADO VIZCARRONDO, JUEZA) AL NO PERMITIR
      CONTRAINTERROGAR LA PRUEBA CONFORME A LA
      CONSTRUCCIÓN DE LOS LINDES DEL TERRENO,
      SIEMBRAS EN EL LUGAR ETC.

      En esencia, la parte apelante alegó que el señor Pagán

Rodríguez no desfiló prueba que vincule al matrimonio Pagán-Bátiz

con la acción de despojo en el terreno en cuestión. Asimismo, adujo

que no se presentó prueba con respecto a la fecha en que la parte

apelada poseyó el terreno y sobre la cuantía de los daños alegados.

Arguyó que el TPI no le permitió dirimir con relación a la fecha de

compra de los materiales poseídos por la parte apelada en el terreno

y sobre cómo y con qué materiales se construyó la verja. Estableció

que el Foro apelado no realizó determinaciones de hecho con respecto

a los testimonios de los testigos presentados por la parte apelante.

Por último, la parte apelante esgrimió que no se le permitió

contrainterrogar al señor Pagán Rodríguez.

      Por su parte, el 22 de diciembre de 2023 presentó su Oposición

a apelación, en la que expresó que ante el TPI se presentó prueba

sobre los requisitos para que se conceda un interdicto posesorio. A

su vez, indicó que la determinación del Foro Primario con respecto a

los daños probados y a la cuantía otorgada merece total deferencia

dado que dicho Foro apreció, observó y escuchó la prueba.
KLAN202300650                                           Página 7 14

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos

a pormenorizar la normativa jurídica atinente a este recurso.

                                  -II-

                                  -A-

      En nuestro ordenamiento jurídico, los foros apelativos

debemos brindar deferencia a las determinaciones de hechos

formuladas por el tribunal de instancia. Serrano Muñoz v. Auxilio

Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007). Esta deferencia yace en que el foro

primario está en mejor posición que un tribunal apelativo para

realizar la determinación de credibilidad. Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Se le impone un respeto a la labor

del tribunal de instancia en aquilatar la credibilidad, dado que los

foros apelativos sólo poseemos récords mudos e inexpresivos.

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Pérez

Cruz v. Hospital La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Pues, en

gran medida, la determinación de credibilidad depende de observar

la manera en que la persona testigo declara, apreciar sus gestos,

titubeos, contradicciones, entre otros factores que van formando

gradualmente la convicción en cuanto a la verdad en la conciencia de

la persona juzgadora. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176

DPR 31, 67-68 (2009). Cónsono con lo anterior, la Regla 42.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2 dispone que “[l]as

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador

para juzgar la credibilidad de los testigos”.

      De esta forma, en ausencia de error manifiesto, prejuicio,

parcialidad o pasión, los tribunales apelativos no intervendremos con

la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad ni las

determinaciones de hechos efectuadas por el foro primario. Ortiz Ortiz

v. Medtronic, 209 DPR 759, 778 (2022); Sucn. Pagán Berrios v. UPR y
KLAN202300650                                         Página 8 de 14

otros, 206 DPR 317, 336 (2021); Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

206 DPR 194, 219 (2021).

      Se incurre en prejuicio, parcialidad o pasión, cuando la

persona juzgadora actúa motivada “por inclinaciones personales de

tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento,

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se

someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, en

la pág. 782. Además, “el error manifiesto ocurre cuando el foro

apelativo queda convencido de que se cometió un error, a pesar de

que haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del

tribunal, porque existe un conflicto entre las conclusiones y el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, en la pág. 779. De

otra forma, únicamente se alterará el dictamen del tribunal de

instancia en una circunstancia de error manifiesto cuando, de un

examen detenido de toda la prueba, el foro apelativo esté convencido

que la persona juzgadora descartó injustificadamente elementos

probatorios importantes o fundó su criterio en testimonios de escaso

valor o inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer PR, Inc.

v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Por ello, nuestra facultad

para sustituir el criterio del foro primario está limitada a las

instancias en las que, a la luz de la prueba admitida, no existe base

suficiente para apoyar su determinación. Ortiz Ortiz v. Medtronic,

supra.

      Por otro lado, los tribunales apelativos nos encontramos en la

misma posición del foro primario para evaluar la prueba documental

o pericial que fundamentan las determinaciones de hecho. Sucn.

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 918 (2016); González

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).
KLAN202300650                                              Página 9 14

                                  -B-

      Nuestro Código Civil reconoce que todo poseedor tiene derecho

a ser respetado en su posesión, por lo que, si es inquietado

indebidamente, debe ser amparado o restituido en dicha posesión por

los medios que la ley procesal establece. Art. 724, Cód. Civ. PR, 31

LPRA sec. 7862. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico

autoriza la intervención judicial con el objetivo de proteger la posesión

de hecho que, en un determinado momento, estuvo expuesta a

perderse o se perdió, sin dirimir si dicha posesión está justificada o

no. J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los bienes, Los

Derechos Reales, San Juan, UIPR, Facultad de Derecho, 2002, T. II,

pág. 132. De igual forma, este “remedio permite recobrar la posesión

de cualquier tipo sobre un bien inmueble, sea esta la posesión de todo

el bien sea la misma posesión que tiene quien disfruta de una

servidumbre de paso, pues el acto de pasar por un predio ajeno es un

acto de dominio que implica posesión”. L. Muñiz Arguelles, Los

derechos reales conforme al Código Civil de 2020, Vol. I: Bienes,

conceptos y derecho de propiedad, Edición Preliminar, San Juan,

Ediciones SITUM, 2021, pág. 98, aludiendo a Miranda Cruz y otros v.

SLG Ritch, 176 DPR 951 (2009) y Jiménez v. Fletcher, 67 DPR 165

(1947). “Esto es así, porque la protección posesoria se apoya en la

necesidad de mantener el orden y la paz social, evitando, de este

modo, la violencia y el despojo [injustificado]”. Íd. De esta forma, los

interdictos tienen el objetivo de restaurar el estado de hecho existente

antes del despojo o la perturbación. M. R. Garay Aubán, Código Civil,

Tomo 3: Derechos Reales, San Juan, Ediciones SITUM, 2da ed., 2021,

pág. 41. Pues, existe una consideración de política de evitar que las

personas se tomen la justicia por sus propias manos y, dado que el

despojo es un atentado contra el orden público, se permite reprimir

este acto instantáneamente para evitar ulteriores perturbaciones, sin

atender al título con que posea la persona despojada. Miranda Cruz
KLAN202300650                                        Página 10 de 14

y otros v. SLG Ritch, supra, en la pág. 968; Segarra Boerman v.

Vilariño, 92 DPR 314, 320 (1965); Martorell v. Municipio, 70 DPR 380,

385 (1949); M. Izquierdo Encarnación, Introducción a los Derechos

Reales, San Juan, Ediciones SITUM, 2021, pág. 62.

      La acción para recobrar el hecho de la posesión se conoce como

interdicto posesorio. Miranda Cruz y otros v. SLG Ritch, supra, en la

pág. 967. El Código de Enjuiciamiento Civil regula lo atinente al

interdicto posesorio por virtud de los Artículos 690 al 695. Véase 32

LPRA secs. 3561-3566. El Artículo 690 del Código de Enjuiciamiento

Civil establece que “[s]e concederá un injunction para retener o

recobrar la posesión material de propiedad inmueble, a instancia de

parte interesada, siempre que ésta demuestre, a satisfacción del

tribunal, que ha sido perturbada en la posesión o tenencia de dicha

propiedad por actos que manifiesten la intención de inquietarle o

despojarle, o cuando haya sido despojada de dicha posesión o

tenencia”. Íd., sec. 3561. A saber, el interdicto posesorio puede

ejercitarse por el poseedor, aun contra el propietario del inmueble.

Íd., en las págs. 968-969. Pues, “[e]l deber general de abstención

alcanza, incluso, al propietario, […] quien también está vedado

[de] acudir a las vías de hecho; sino que habrá de utilizar los

medios legales en demostración de su derecho, único cauce para

lograr que ceda la posesión ajena”. Íd., en la pág. 969, citando a J.

M. de Castro Fernández, La protección interdictal: amplitud, Madrid,

Editorial Colex, 1986, pág. 19 (Énfasis nuestro).

      Dada la naturaleza sumaria del interdicto posesorio, sólo se

dilucida interinamente sobre el hecho de la posesión del inmueble,

por lo que las cuestiones relacionadas a la pertenencia del terreno

son inmateriales. Disdier Pacheco v. García, 101 DPR 541, 547 (1973);

Manrique v. Álvarez, 58 DPR 74, 76 (1941); J. R. Vélez Torres, op. cit.,

en la pág. 133. Asimismo, es irrelevante si quien perturbó sufrirá

daños mayores que quien instó la acción. Luis Muñiz Arguelles,
KLAN202300650                                            Página 11 14

Lecciones sobre derechos reales, San Juan, 2023, pág. 121.

Igualmente, debido a que es un proceso sumario, “no puede

recurrirse a los procedimientos de descubrimiento de prueba ni

invocarse los plazos o presentarse las mociones previas al juicio que

se reglamentan en las Reglas de Procedimiento Civil”. Íd., en la pág.

122. Esto, ya que, por su propio carácter, las resoluciones recaídas

en la acción de interdicto posesorio no deciden nada en definitivo.

Disdier Pacheco v. García, supra, en la pág. 548; Martorell v. Municipio,

supra, en la pág. 386. Los interesados pueden dilucidar su derecho

en una acción plenaria. Íd.; Janer Vilá v. Tribunal Superior, 75 DPR

37, 40 (1953).

      De esta forma, en la demanda sobre interdicto posesorio, debe

constar:

      (1) Que el demandante, dentro del año precedente de la
      presentación de la demanda, estaba en la posesión real
      de la propiedad que en dicha demanda se describe, si
      se trata de recobrarla, y estaba y está, si de retenerla.
      (2) Que ha sido perturbado o despojado de dicha
      posesión o tenencia.
      Deberá también describir claramente los hechos
      constitutivos de la perturbación o despojo, así como si
      dichos actos fueron realizados por el demandado o por
      otra persona por orden de éste. 32 LPRA sec. 3562.

      La persona que solicite protección mediante interdicto

posesorio debe estar en posesión de la propiedad dentro del año

precedente a instar la demanda o, incluso, pudo haber estado en

posesión sólo minutos dentro de año precedente. Muñiz Arguelles, op.

cit., en la pág. 122.

      Tras aquilatar la prueba, el tribunal dictará sentencia sin

demora, ordenará que el demandante sea restablecido en la posesión

y, bajo apercibimiento de desacato, requerirá que el perturbador se

abstenga de realizar los actos de perturbación. 32 LPRA secs. 3565-

3566. Asimismo, el tribunal de instancia le impondrá costas a la parte

contra la cual se dicte sentencia. Íd., sec. 3565.
KLAN202300650                                       Página 12 de 14

      A la luz de la normativa jurídica aplicable a los hechos y a la

controversia ante nuestra consideración, procedemos a resolver.

                                 -III-

      En el caso de autos, el matrimonio Pagán-Bátiz señaló que el

TPI cometió cinco (5) errores. Por todos los errores estar

intrínsecamente relacionados y versar sobre la apreciación de la

prueba, los discutiremos en conjunto. En síntesis, la parte apelante

estableció que el Foro Primario incidió al declarar Con Lugar el

interdicto posesorio ya que el señor Pagán Rodríguez no desfiló

prueba relacionada al tiempo que poseyó el terreno, la persona que

interrumpió su posesión, ni la cuantía de los daños alegados.

Además, señaló que el TPI erró al no formular determinaciones de

hechos con relación a los testimonios presentados por la parte

apelante y al no permitirle contrainterrogar con respecto a la

construcción de los lindes y la siembra en el terreno.

      Durante la vista de interdicto posesorio, el TPI tuvo la

oportunidad de evaluar y aquilatar la prueba documental y testifical.

De la prueba vertida y creída, el Foro Primario concluyó que no existió

controversia en que el señor Pagán Rodríguez estuvo en posesión del

terreno por un espacio de tres (3) años, incluyendo el año previo a la

presentación de la Demanda; que el matrimonio Pagán-Bátiz colocó

barreras que impidieron el acceso al terreno y permitió que su ganado

entrara al predio en cuestión, causando la destrucción de la cosecha

y los daños alegados. Además, determinó que la acción de la parte

apelante constituyó una perturbación de la posesión de la parte

apelada. Por todo ello, el TPI concedió el interdicto posesorio

solicitado por el señor Pagán Rodríguez y le ordenó al matrimonio

Pagán-Bátiz abstenerse de interferir con el uso del terreno en

cuestión, remover el ganado del terreno, así como retirar las barreras

interpuestas en el camino vecinal. Además, le impuso a la parte

apelante el pago de la suma de ocho mil dólares ($8,000.00) en daños
KLAN202300650                                           Página 13 14

y perjuicios, así como costas y la suma de mil quinientos dólares

($1,500.00) en honorarios de abogados.

       Es norma trillada que los foros apelativos debemos otorgarle

deferencia a la apreciación de la prueba, la adjudicación de

credibilidad y las determinaciones de hecho efectuadas por el TPI,

excepto medie error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión. Véase

Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, en la pág. 778; Sucn. Pagán Berrios v.

UPR y otros, supra, en la pág. 336; Santiago Ortiz v. Real Legacy et

al., supra, en la pág. 219.

       De un análisis sosegado de los errores planteados por la parte

apelante y de los documentos que obran en el expediente ante nos,

incluyendo la transcripción de la vista de interdicto posesorio,

concluimos que el Foro apelado no actuó con error manifiesto,

prejuicio, parcialidad o pasión en su determinación. Por esta razón,

no intervendremos con la apreciación de la prueba, la adjudicación

de credibilidad ni las determinaciones de hechos efectuadas por el

TPI.   De los autos, no entrevemos que el TPI actuó mediante

inclinaciones personales que lo indujo a adoptar posiciones,

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas. Por

otro lado, de un examen integral de la prueba documental y testifical

en el expediente, resulta palpable que las conclusiones del TPI no

demuestran estar en conflicto con el balance más racional, justiciero

y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida. Entendemos que

existe base suficiente para la determinación del TPI de declarar Con

Lugar la Demanda. Con sus actos, el matrimonio Pagán-Bátiz

perturbó al señor Pagán Rodríguez de la posesión del terreno en

cuestión y del disfrute del camino vecinal. Igualmente, al permitir la

entrada de su ganado al referido terreno, destruyó la cosecha de la

parte apelada.
KLAN202300650                                      Página 14 de 14

      Por todo lo anterior, resolvemos que el TPI no cometió los

errores aducidos por la parte apelante. Así las cosas, confirmamos la

Sentencia apelada.

                                -IV-

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones