Court Opinion

ID: 9928628
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:31:01.030426+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:26.825928
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

    SUCN. JOSÉ SANTIAGO                                APELACIÓN
          ÁLVAREZ                                      procedente del
          Apelante                                     Tribunal de Primera
                                                       Instancia, Sala
                                KLAN202300907          Superior de
              V.                                       Humacao

                                                       Civil. Núm.
     JOSÉ LUIS ARROYO                                  HU2022CV00106
          MEDINA
          Apelado                                      Sobre:
                                                       SENTENCIA
                                                       DECLARATORIA

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.
Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

        El 12 de octubre de 2023, la sucesión del Sr. José Santiago

Álvarez t/c/p José Santiago Del Valle compuesta por la Sra. Flor

Santiago Molina, el Sr. José Luis Santiago Molina, la Sra. Carmen

Lydia Santiago Molina, el Sr. Andrés Santiago Molina, el Sr.

Cristóbal Santiago Molina y la Sra. Nilda Santiago Molina (sucesión

Santiago Molina o parte peticionaria) comparecieron ante nos

mediante un recurso de Apelación1 y solicitaron la revisión de una

Sentencia que se emitió el 12 de septiembre de 2023 y se notificó el

14 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Humacao (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria que presentó el Sr.

José Luis Arroyo Medina (señor Arroyo Medina), su esposa, la Sra.

Brenda Sánchez Velázquez (señora Sánchez Velázquez) y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (parte

1
 Examinado el expediente del recurso y la sentencia apelada, advertimos que el
dictamen recurrido no es final, por lo que acogemos la Apelación como un recurso
de Certiorari por ser el recurso adecuado para la revisión de la determinación
recurrida. Sin embargo, para fines administrativos, mantenemos la codificación
alfanumérica que la Secretaría de este foro le asignó al caso.

Número Identificador
RES2023 _____________________
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recurrida). En consecuencia, determinó que existía un contrato de

compraventa válido entre las partes y ordenó a la parte peticionaria

a otorgar una escritura de ratificación de compraventa.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

                                 I.

       El 1 de febrero de 2022, la sucesión Santiago Molina presentó

una Demanda sobre sentencia declaratoria en contra de la parte

recurrida; la sucesión del Sr. Mariano Santiago Del Valle compuesta

por la Sra. Marilyn Santiago Vega y la sucesión de la Sra. Flora

Santiago Álvarez compuesta por la Sra. Carmen Vega Santiago, el

Sr. Juan A. Vega Santiago, la Sra. María M. Vega Santiago, la Sra.

Wilma S. Vega Santiago y la Sra. Luz M. Vega Santiago. 2

       En síntesis, alegaron que eran dueños en pleno dominio de

un predio de terreno ubicado en el municipio de Yabucoa, en

conjunto con la sucesión del Sr. Mariano Santiago Del Valle y la

sucesión de la Sra. Flora Santiago Álvarez. A su vez, argumentaron

que la Escritura Núm. 5 sobre Segregación, Adjudicación y

Compraventa de Bienes Hereditarios3 que suscribió el Sr. José

Santiago Álvarez, la Sra. Flora Santiago Álvarez y la Sra. Marilyn

Santiago Vega, quien compareció en representación de su padre, el

Sr. Mariano Santiago Del Valle, con la parte recurrida era nula.

       De igual forma, indicaron que la Escritura Núm. 28 sobre

Segregación, Adjudicación y Donación4 que suscribieron las mismas

partes antes mencionadas era nula, debido a que adolecía de los

mismos defectos que la Escritura Núm. 5. Por último, enfatizaron

que, mediante dicha escritura, se le adjudicó el lote Núm. 5 a la

parte recurrida, como una donación luego de que se efectuara la

2
  Íd., págs. 34-36.
3
  Íd., págs. 12-19.
4
  Íd., págs. 20-28.
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compraventa de dicho lote en la Escritura Núm.5. Por todo lo

anterior, sostuvieron que procedía que el TPI dictase sentencia

declaratoria y declarase nulas ambas escrituras.

       Por su parte, el 15 de junio de 2022, la parte recurrida

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación de la Demanda.5

En esencia, alegó que, la demanda no aducía hechos suficientes que

constituyeran una reclamación válida. Adujo, además, que dictar

sentencia declaratoria afectaría los derechos de las partes ya que se

vería afectado la titularidad del predio de terrero al declarar nulas

las Escrituras Núm. 5 y Núm. 28. En desacuerdo, el 21 de julio de

2022, la parte peticionaria presentó su Oposición a Desestimación

en la cual reiteró los planteamientos de la Demanda.6 Asimismo,

señaló que el propósito del recurso era poner fin a la incertidumbre

que originó el otorgamiento de ambas escrituras públicas.

       Luego de examinar los argumentos presentados por las

partes, el 27 de julio de 2022, el TPI emitió una Orden7 que se

notificó al día siguiente, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción de

Desestimación que presentó la parte recurrida. 8

       Así las cosas, el 4 de agosto de 2022, la parte recurrida

presentó su Contestación a Demanda en la cual negó la mayoría de

las alegaciones.9 A su vez, la parte recurrida presentó su

Reconvención en la cual alegó que acordó la compraventa del lote

Núm. 5 con la parte peticionaria por el precio de diez mil dólares

(10,000.00). 10 Razonó, que la parte peticionaria estaba obligada a

entregar el predio de terreno y a transferir el dominio según las

5
  Véase, págs. 37-43 del apéndice del recurso.
6
  Íd., págs.44-46.
7
  Véase, entrada Núm. 40 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de
Casos (SUMAC).
8
  El 27 de julio de 2022, el TPI emitió una Orden que se notificó al día siguiente,
en la cual anotó la rebeldía de Juan A. Vega Santiago, María Vega Santiago, Luz
M. Vega Santiago y Marilyn Santiago Vega según se solicitó en la Moción
Solicitando Anotación de Rebeldía del 21 de julio de 2022 que presentó la parte
peticionaria.
9
  Véase, págs. 47-51 del apéndice del recurso.
10
   Íd., págs. 49-51.
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escrituras públicas que otorgaron. En virtud de lo anterior, solicitó

daños a la parte peticionaria.

       Luego de examinar los argumentos presentados por las

partes, el 7 de abril de 2023, el TPI emitió una Sentencia Parcial11,

que se notificó el 10 de abril de 2023, en la cual declaró nula la

Escritura Núm. 5 y la Escritura Núm. 28 por incumplir con el Art.

21, 4 LPRA sec. 2039, el Art. 23, 4 LPRA sec. 2052, y el Art. 24, , 4

LPRA sec. 2042, de la Ley Notarial y la Regla 32, 4 LPRA Ap. XXIV,

la Regla 33, 4 LPRA Ap. XXIV, y la Regla 35, 4 LPRA Ap. XXIV del

Reglamento Notarial.12 Asimismo, ordenó el archivo y notificación de

la Sentencia Parcial conforme a la Regla 42.3 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap., R. 42.3.

       Posteriormente, el 22 de junio de 2023, la parte recurrida

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.13 En

síntesis, alegó que aun cuando se decretó la nulidad de ambas

escrituras, subsistía el contrato de compraventa en concepto de

documento privado. Por tanto, señaló que el contrato que

suscribieron era válido. En virtud de lo anterior, solicitó se declarase

válido el contrato de compraventa y, se ordenase a la parte

peticionaria a traspasar formalmente la finca.

       Por su parte, el 19 de julio de 2023, la parte peticionaria

presentó su Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.14

Arguyó que, se realizó un solo cheque por la suma de cinco mil

dólares ($5,000.00) a nombre del notario Natividad Márquez Pérez y

la Sra. Marilyn Santiago Vega, por lo que no se llevó a cabo el

contrato de opción de compra. Asimismo, enfatizó que las escrituras

11
   Íd., págs. 74-79.
12
   Íd., págs. 74-79.
13
   Íd., págs. 80-91.
14
   Íd., págs. 105-108.
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eran un negocio simulado. Así pues, reiteró que al ser nulas la

escrituras, era nulo el acto jurídico.15

        Luego de examinar los argumentos esgrimidos por las partes,

el 12 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Sentencia que se

notificó el 14 de septiembre de 2023. En primer lugar, realizó las

siguientes determinaciones de hechos:

     1. Don José Santiago del Valle, también conocido como
        José Santiago Álvarez, su hermana Flora Santiago
        Álvarez y su sobrina Marilyn Santiago Vega eran dueños
        en común proindiviso de la siguiente propiedad:

        “RÚSTICA: Predio de terreno ubicado en el Barrio Playa
        Guayanés, Sector Calambreñas del término municipal
        de Yabucoa, Puerto Rico, con una cabida aproximada
        de cuatro a cuatro y media cuerdas (4 a 4 ½ cdas.),
        equivalentes a quince mil setecientos veintiún metros
        con sesenta centésimas de otro a diecisiete mil
        setecientos ochenta y seis con ocho décimas de otro
        (15,721.60 a 17,686.8), en lindes por el Norte, con
        Tomás Martínez; por el Sur, con la sucesión de Ernesto
        Carrasquillo; por el Este, con Antonio Roig y sucesores;
        por el Oeste, con Enrique Pérez. Transcurre por el
        mismo camino municipal que grava la propiedad”.

     2. El 16 de agosto de 2023, don José Santiago del Valle
        t/c/p José Santiago Álvarez y su sobrina Marilyn
        Santiago Vega otorgaron un Contrato de Opción a
        Compra de un solar de 1.4833 cuerdas, equivalentes a
        5,830.243 m2 a segregarse de la finca descrita con
        anterioridad a favor del demandado José Luis Arroyo
        Medina por la suma de diez mil dólares ($10,000.00).
        Según pactado, el señor Arroyo Medina pagaría la suma
        cinco mil dólares ($5,000.00) al momento de la firma de
        la opción y los restantes cinco mil dólares ($5,000.00)
        al momento del otorgamiento de las correspondientes
        escrituras. Dicho primer pago fue realizado el mismo
        día (6 de agosto de 2003) y evidenciado mediante
        cheque de gerente número 027952 de la Cooperativa de
        Ahorro y Crédito de Humacao.

     3. Completados los trámites de agrimensura y
        segregación, comparecieron José Santiago del Valle,
        Flora Santiago Álvarez y Marilyn Santiago Vega ante el
        Notario Natividad Márquez Pérez y mediante la escritura
        número cinco (5) de 25 de enero de 2005, venden al Sr.
        José Luis Arroyo y su esposa Brenda Sánchez el solar
        de 5,490.0228 m2 por la suma pactada de diez mil

15
  Íd., págs. 109-118: El 7 de agosto de 2023, la parte recurrida presentó su Réplica
a “Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”. En respuesta, el 14 de
agosto de 2023, la parte peticionaria presentó su Dúplica a Réplica a Oposición a
Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.
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      dólares ($10,000.00) de los cuales ya se había pagado
      la mitad. En la misma escritura se segregaron cinco (5)
      solares y se adjudicaron las participaciones
      correspondientes a los vendedores.

   4. El señor Arroyo pagó los cinco mil dólares (5,000.00)
      restantes mediante cheque de gerente número 003062
      de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Las Piedras.

   5. A pesar de haberse otorgado la Escritura Número Cinco
      (5) sobre compraventa a favor de la parte demandada
      José Luis Arroyo Medina y su esposa, el 25 de abril de
      2005, las mismas partes comparecieron ante el mismo
      Notario Público y otorgaron la escritura de donación
      número 28 en la cual “donan” la misma finca que había
      sido vendida a los demandados. Nada dice esta
      escritura sobre dejar sin efecto la compraventa anterior.

   6. Tanto en la escritura número cinco (5) como en la
      escritura número veintiocho (28) comparecieron como
      testigos de firma y lectura por el compareciente de la
      Primera Parte, José Santiago del Valle, también
      conocido como José Santiago Álvarez al no saber éste
      leer ni escribir, sus hijas Nilda Santiago Molina y Flor
      María Santiago, respectivamente.

   7. Las escrituras número cinco (5) y número veintiocho
      (28) fueron declaradas nulas por el Tribunal mediante
      Sentencia Parcial final y firme.

   8. El negocio de compraventa realizado entre las partes
      cumple con los requisitos de consentimiento, objeto y
      causa y está recogido en un contrato privado de
      compraventa que subsiste al anularse el instrumento
      público.

      En vista de las determinaciones de hechos realizadas y

conforme al derecho aplicable, el TPI determinó que subsistía y era

válido el contrato de compraventa que se otorgó entre las partes y,

que dicho contrato tenía concepto de documento privado. Respecto

a la Escritura Núm. 28 sobre donación, concluyó que era un negocio

simulado para intentar sustraer frente a terceros el negocio de la

compraventa. Así pues, resolvió que la escritura de donación era

inexistente. A su vez, reiteró que el término para solicitar la nulidad

de la escritura de compraventa era de cuatro (4) años, contados a
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partir de la firma de la escritura, por lo que la causa de acción estaba

prescrita.

          Consecuentemente, declaró Ha Lugar la Moción en Solicitud de

Sentencia Sumaria y declaró válido el contrato de compraventa a

favor de la parte recurrida. 16 Además, le ordenó a la sucesión del

Sr. José Santiago Del Valle, a la sucesión de la Sra. Flora Santiago

Álvarez y a la Sra. Marilyn Santiago Vega a que otorgaran una

escritura de ratificación de compraventa a favor de la parte

recurrida. A su vez, ordenó que dicha escritura tenía que estar

acompañada de los permisos de segregación y planos para poder

inscribirse en el Registro de la Propiedad.

          Aún inconforme, el 12 de octubre de 2023, la sucesión

Santiago Molina presentó el recurso de epígrafe y formuló los

siguientes señalamientos de error:

          Erró el TPI al dictar sentencia sumaria a favor de la
          parte demandada cuando ya había declarado nulas
          las escrituras número 5 del 25 de enero de 2005 y la
          escritura 28 del 25 de abril de 2005 de compraventa
          entre las partes ignorando que dicho negocio fue
          dejado sin efecto al haberse otorgado una escritura
          de donación posterior al contrato de compraventa.

          En la alternativa erró el honorable tribunal al dictar
          sentencia    sumaria      existiendo    controversias
          sustanciales de hechos por documentos y por
          declaraciones juradas contradictorias que debían ser
          adjudicadas    en    un    juicio  plenario    y   no
          sumariamente.

          Atendido el recurso, el 16 de octubre de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 13 de

noviembre          de      2023   para   que   presentara   su   postura.

Oportunamente, la parte recurrida presentó Alegato en Oposición a

Escrito de Apelación en la cual negó que el TPI cometiera los errores

que la parte peticionaria imputó.

          Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver. Veamos.

16
     Íd., págs. 119-138.
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                                  II.

                                 -A-

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR__ (2023). Los

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
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      Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

              El tribunal tomará en consideración los
          siguientes criterios al determinar la expedición de
          un auto de certiorari o de una orden de mostrar
          causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
          y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
          el caso es la más propicia para su consideración.

          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
          XXII-B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                  -B-

      La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA,

Ap. V, R. 42.1, define la sentencia como cualquier determinación del
KLAN202300907                                                      10

TPI que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda

apelarse. Particularmente, una sentencia final, es aquella que

resuelve todas las controversias entre todas las partes de forma tal

que no quede pendiente nada más que la ejecución de ésta. Cruz

Roche v. Colon y Otros, 182 DPR 313, 323 (2011). Es sentencia firme,

por el contrario, aquella contra la que no cabe un recurso de

apelación. Suarez v. E.L.A., 162 DPR 43, 62, (2004).

      De otra parte, según la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 42.3, una sentencia parcial es la determinación que

hace el TPI cuando está ante un pleito que envuelve controversias o

partes   múltiples,   resolviendo    finalmente    alguna    de    las

reclamaciones, o todas en cuanto a una parte. De igual forma, la

referida regla explica que será una sentencia parcial final

aquella que al resolverse el juzgador le adscribe carácter de

finalidad. Es decir, que cumple con dos requisitos, a saber: (1)

que el juzgador exprese clara e inequívocamente que no existe

razón para posponer la resolución de esta reclamación hasta la

adjudicación total del pleito, y (2) que ordene expresamente que

se registre y se notifique esa sentencia. Rosario y otros v. Hospital

Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 57 (2001). (Énfasis nuestro).

      En específico, la Regla 42.3, supra, dispone que,

      Cuando un pleito comprenda más de una reclamación,
      ya sea mediante demanda, reconvención, demanda
      contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él
      partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final
      en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes
      sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que
      concluya expresamente que no existe razón para
      posponer que se dicte sentencia sobre tales
      reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y
      siempre que ordene expresamente que se registre la
      sentencia. Cuando se haga la referida conclusión y
      orden expresa, la sentencia parcial dictada será final
      para todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los
      derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una
      vez sea registrada y se archive en autos copia de su
      notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella
      respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47,
      48 y 52.2 de este apéndice. 32 LPRA Ap.V. R. 42.3
KLAN202300907                                                         11

      El   propósito   de    cumplir   con   los    requisitos   de   la

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, al disponer de una

reclamación parcialmente, es que la parte perdidosa quede

debidamente advertida de su derecho de apelar ante un foro de

mayor jerarquía. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998).

Así también, como mencionamos anteriormente, al otorgar esta

finalidad y una vez quede correctamente notificada y archivada, los

términos para solicitar remedios post sentencia comenzarán a

transcurrir. Rosario y otros v. Hospital Gen. Menonita, Inc., supra,

pág. 57.

      Asimismo, es importante recordar que esta sentencia parcial,

por tener finalidad, es una determinación susceptible de apelación.

Entonces, las partes tienen derecho a la revisión de ese dictamen en

este Tribunal de Apelaciones, mediante el vehículo de la apelación.

32 LPRA Ap. V, R. 52. Así lo establece el Art. 4.006(a) de la Ley de la

Judicatura, supra, en el cual faculta al Tribunal de Apelaciones a

conocer mediante apelación, “toda sentencia final dictada por el

Tribunal de Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 24 (x)(a).

      Dicho lo anterior, si una sentencia parcial adolece de la

referida determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de

Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la misma no

constituirá más que una resolución interlocutoria, que podrá

revisarse sólo mediante recurso de certiorari, si así lo permite la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, o

mediante recurso de apelación cuando recaiga sentencia final en el

caso sobre el resto de las reclamaciones. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008).

      Por tanto, si la intención del TPI es disponer de la totalidad de

las reclamaciones ante su consideración, así debe consignarlo

expresamente     en    la   parte   dispositiva    de   su   sentencia.

Consecuentemente, el omitir la adjudicación de una reclamación en
KLAN202300907                                                               12

la parte dispositiva de una sentencia tiene el efecto de mantener tal

reclamación “viva y pendiente de adjudicación”. Cárdenas Maxán v.

Rodríguez, 119 DPR 642, 658 (1987).

     En modo de resumen, a la hora de determinar si estamos ante

una sentencia revisable por medio de un recurso de apelación, o

ante un dictamen interlocutorio revisable mediante el auto

discrecional de certiorari, es crucial auscultar si la determinación a

revisarse adjudica de forma final el asunto litigioso ante el foro de

instancia en cuanto a una o más partes, o una o más causas de

acción, o si sólo resuelve algún asunto interlocutorio sin disponer

de la totalidad del caso. Como mencionamos, de tratarse de una

resolución u orden interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, una parte interesada en solicitar revisión puede hacerlo

mediante    el   auto   discrecional       del   certiorari,   sujeto   a   las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

                                    III.

      Al examinar el expediente ante nuestra consideración,

notamos que la llamada apelación impugna un dictamen que no

resolvió todos los asuntos que le fueron planteados. Según

mencionamos, el omitir una reclamación en la parte dispositiva de

una sentencia tiene el efecto de mantener tal reclamación viva y

pendiente de adjudicación. Por lo tanto, ante la ausencia de una

manifestación en la parte dispositiva sobre la Reconvención17

presentada por la parte recurrida, nos es forzoso concluir que el TPI

dejó viva y pendiente de adjudicación dicha reclamación. Al así

proceder, el dictamen del TPI no constituye una sentencia de la cual

pueda presentarse un recurso de apelación.

      De igual forma, debemos aclarar que el dictamen no es una

sentencia parcial, por no cumplir con los requisitos de la Regla 42.3

17
  Un panel hermano, mediante el alfanumérico KLAN201901170, tuvo ante sí una
controversia similar.
KLAN202300907                                                         13

de las de Procedimiento Civil, supra. Por lo cual, no surge de su

dictamen que el TPI tuviera la intención de resolver finalmente una

reclamación y continuar con las reclamaciones restantes. Por lo

anterior, debemos concluir que el dictamen impugnado es una

resolución interlocutoria que no culmina el pleito en su totalidad,

por lo cual acogemos el presente como un recurso discrecional de

certiorari. Con ello en mente y dada la naturaleza de la actuación del

TPI, resolvemos que, en este caso, no están presentes ninguno de

los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, para atender

el recurso.

      Por el contrario, lo más adecuado es que el TPI disponga de la

totalidad de las reclamaciones de las partes de epígrafe, pues lo

contrario constituiría un fraccionamiento indebido del caso.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso

de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones