Court Opinion

ID: 9408066
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:13:32.553329+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.437767
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL V

  SUSAN VÉLEZ ROSA                                   CERTIORARI
                                                     Procedente del
         Recurrido                                   Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
               v.                                    Superior de San
                                KLCE202300494        Juan
      MUNICIPIO
  AUTÓNOMO DE SAN                                    Civil Núm.:
     JUAN y otros                                    SJ2022CV07647
                                                     (804)
        Peticionarios
                                              Sobre: Daños y
                                              Perjuicios
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                             RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

        Comparece ante nos el Municipio Autónomo de San Juan

(“Municipio”) y Óptima Seguros (“Óptima”), (en conjunto, “los

Peticionarios”), mediante Solicitud de Certiorari presentado el 3 de

mayo de 2023. Nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el

31 de marzo de 2023, notificada el 3 de abril del mismo año, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (“foro

primario” o “foro a quo”). Mediante esta, el foro a quo declaró No Ha

Lugar la solicitud de desestimación presentada por los Peticionarios.

        Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el

recurso de certiorari y modificamos la Resolución recurrida y así

modificada, confirmamos.

                                     I.

        El presente caso tiene su origen cuando el 24 de agosto de

2022, la señora Susan Vélez Rosa (“Sra. Vélez Rosa” o “Recurrida”)

instó    una    Demanda      sobre   daños   y   perjuicios   contra   los

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
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Peticionarios.1 Alegó, que el 8 de marzo de 2022 se encontraba

caminando por la acera de la Avenida Ponce de León cuando tropezó

con una rotura y/o desnivel de la acera, provocándole la pérdida del

equilibrio y cayendo al suelo sobre su brazo derecho. Producto de

dicha caída, sufrió una fractura en el codo derecho. Señaló que el

Municipio fue negligente por haber permitido la rotura y/o desnivel

en la acera, creando una condición peligrosa en la acera municipal

bajo su control. Sostuvo que la omisión del Municipio ocasionó los

daños que sufrió, los cuales estimó ascendían a $250,000.00.

Además, solicitó que se impusiera a los Peticionarios costas y

honorarios de abogado.

          En respuesta, el 28 de noviembre de 2022, los Peticionarios

presentaron Contestación a Demanda.2 Mediante esta, alegaron que

la carretera y la acera donde se alegaron ocurrieron los hechos son

servidumbres de paso del Departamento de Transportación y Obras

Públicas (“DTOP”) y en virtud del Código Municipal de Puerto Rico,

Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, 21 LPRA sec. 7001 et seq.

(“Código Municipal”), el Municipio no responde por accidentes en

carreteras pertenecientes al Estado. En la alternativa, arguyeron

que la acera se encontraba en condiciones de razonable seguridad

para los transeúntes y no existía ninguna condición de peligrosidad.

De existir alguna condición peligrosa, esgrimieron que el Municipio

no conocía ni tenía el deber de conocer la misma.

          Como defensa afirmativa, los Peticionarios levantaron que la

Ley Núm. 143 de 6 de septiembre de 2019, la cual enmendó la

derogada Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 40 de agosto

de 1991, 21 LPRA sec. 4001, tuvo como fin proteger a los municipios

de las reclamaciones de daños y perjuicios en casos donde los daños

ocurran en propiedad del Gobierno Central. Añadió que los daños

1   Apéndice certiorari, Anejo I, págs. 1-3.
2   Íd, Anejo II, págs. 4-13.
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que sufrió la Recurrida se debieron a su propia culpa o negligencia

y/o de terceras personas, por lo que los Peticionarios no responden

por los daños alegados en la Demanda.

         Posteriormente, el 11 de marzo de 2023, los Peticionarios

presentaron Moción en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia

Sumaria.3 En síntesis, esbozaron que la Avenida Ponce de León,

lugar donde se alega ocurrió el accidente, es una vía estatal.

Añadieron que la Ley de Travesías, Ley Núm. 49 de 1 de diciembre

de 1917, 9 LPRA sec. 13, (“Ley de Travesías”) y la jurisprudencia

interpretativa, han establecido que los municipios son responsables

ante reclamaciones instadas por ciudadanos que sufran algún daño

en las carreteras estatales. No obstante, el Código Municipal, supra,

prohíbe expresamente que los municipios sean demandados en

daños y perjuicios por accidentes suscitados en las aceras de

carreteras estatales. Sostuvo que el Código Municipal, supra, tuvo

el efecto de derogar tácitamente a la Ley de Travesías, supra, por lo

que procede que se desestime la reclamación en su contra.

         Así las cosas, el 20 de marzo de 2023, se celebró la

Conferencia Inicial. Surge de la Minuta,4 que las partes establecieron

que no existía controversia en torno a que la Avenida Ponce de

León es una carretera estatal. Sin embargo, el foro primario

estableció que aguardaría para emitir su determinación a que la

Recurrida presentara su oposición a la solicitud de desestimación.

         Por su parte, el 30 de marzo de 2023, la Sra. Vélez Rosa

presentó Oposición a Moción de Desestimación y/o Sentencia

Sumaria.5 Por virtud de esta, expresó que no procedía la

desestimación sumaria del pleito, puesto que los Peticionarios no

habían podido demostrar que la acera de la Avenida Ponce de

3   Íd, Anejo III, págs. 14-81.
4   Íd, Anejo V, págs. 83-84.
5   Íd, Anejo VI, págs. 85-146.
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León es una estatal, ni que el Código Municipal, supra, derogó la

Ley de Travesías, supra. En específico, señaló que los Peticionarios

acompañaron con su petición de desestimación una declaración

jurada que carece de todo valor probatorio para demostrar que la

acera de la Avenida Ponce de León es estatal. Añadió que existe

reglamentación vigente que reconoce la autoridad del Municipio

sobre las aceras en Santurce y su obligación de limpiar, reparar y

mantener el ornato de estas.

         Evaluados los argumentos presentados por cada parte, el 31

de marzo de 2022 y notificada el 3 de abril del mismo año, el foro a

quo emitió Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por la parte Peticionaria. Fundamentó su

determinación en que el Artículo 1.053 del Código Municipal, supra,

no impide la presentación de las alegaciones del caso de autos. En

consecuencia, ordenó la continuación de los procedimientos.

         Inconforme, el 3 de mayo de 2023, la parte Peticionaria acudió

ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión del siguiente

error:

         Erró el TPI al determinar que “el artículo 1.053 del
         Código Municipal de Puerto Rico no impide la
         presentación de las alegaciones [contra el Municipio] en
         este caso”, ignorando y pasando por alto el mandato
         claro y expreso de la Asamblea Legislativa que le
         compele a desestimar acciones en daños y perjuicios
         que no están autorizadas.

         En el recurso, los Peticionarios acompañaron su Petición de

Certiorari con una Moción Urgente en Solicitud de Orden en Auxilio

de Jurisdicción,     en   la   que   solicitó   la   paralización   de   los

procedimientos ante el foro primario. El 4 de mayo de 2023,

emitimos una Resolución en la cual declaramos No Ha Lugar el

auxilio de jurisdicción de los Peticionarios. Asimismo, le concedimos

un término de diez (10) días a la Recurrida para que presentara su

posición. En cumplimiento con nuestra orden, el 12 de mayo de

2023, la Sra. Vélez Rosa compareció mediante Memorando en
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Cumplimiento de Orden y en Oposición a la Expedición del Auto de

Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.

                                  II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril

de 2023.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).
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      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
          y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más
          elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

               A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite a la parte

demandada solicitar al tribunal que desestime la demanda antes de

contestarla “cuando es evidente de las alegaciones de la demanda

que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Conde Cruz v.
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Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020).6 Esa solicitud deberá

hacerse mediante una moción y basarse en uno de los fundamentos

siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de

jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento,

(4) insuficiencia en su diligenciamiento, (5) dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio, o (6) dejar

de acumular una parte indispensable. La notificación de esta

moción interrumpe el término para presentar la alegación

responsiva. Íd.

         Para     disponer     adecuadamente         de    una     moción   de

desestimación conforme a la precitada regla, el tribunal tiene la

obligación de dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas

de la demanda que hayan sido aseveradas de manera clara. El Día,

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). A su vez, las

alegaciones       hechas     en   la   demanda      hay    que   interpretarlas

conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible

para la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First

Bank, 193 DPR 38, 49 (2015). Habrá de considerarse, “si a la luz de

la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una

reclamación válida”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).

También es importante tener presente que el propósito de las

alegaciones es bosquejar “a grandes rasgos cuáles son las

reclamaciones [contra la parte demandada para que] ésta pueda

comparecer [a defenderse] si así lo desea”. Torres, Torres v. Torres et

al, 179 DPR 481, 501 (2010).

                                        III.

         Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos

presentados por las partes, procedemos a resolver la controversia

6   Citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001).
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ante nuestra consideración. En el presente caso, el Municipio y

Óptima nos invitan a que revoquemos la Resolución del foro primario

la cual determinó no acoger una moción de desestimación

presentada por los Peticionarios. Alegan que, el foro de instancia

incidió al interpretar que la Ley de Travesía supra, no había sido

derogada por el Código Municipal, supra, y por tanto correspondía

la continuación de los procedimientos. Veamos.

      Nuestro ordenamiento jurídico nos exige que a la hora de

atender una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, los tribunales “están obligados a tomar

como ciertos, y de la manera más favorable a la parte demandante,

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido

aseverados de manera clara y concluyente”. Eagle Sec. Police, Inc. v.

Dorado, 211 DPR ___ (2023), 2023 TSPR 5 (2023), resuelto el 20 de

enero de 2023. No obstante, aun tomando como ciertos todos los

hechos provenientes de la demanda que motiva este caso, persiste

una controversia en cuanto a un hecho esencial para la

adjudicación de la controversia ante nuestra consideración.

Surge del expediente que no existe controversia en torno a que

la Avenida Ponce de León es una carretera estatal. Sin embargo,

persiste controversia en cuanto a quien ostenta la jurisdicción

de la acera donde se alega ocurrieron los daños. Siendo ello así,

antes de haber realizado una adjudicación en los méritos del caso,

particularmente en torno a la aplicabilidad de la Ley de Travesía,

supra o el Código Municipal, supra, a la controversia ante nuestra

consideración, le correspondía al foro primario determinar si el

tramo de la acera donde se alega que la Sra. Vélez Rosa sufrió una

caída, era de jurisdicción estatal o municipal. No surge de la

determinación que aquí se impugna que el foro primario haya

dilucidado quien ostenta el control y jurisdicción sobre la acera de

la Avenida Ponce de León. Dicha determinación es fundamental para
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la controversia que nos ocupa. En vista de lo anterior, el fundamento

por el cual el foro primario declaró No ha Lugar la moción de

desestimación de los Peticionarios es improcedente, en esta etapa,

ante la existencia de la controversia sobre la titularidad de la acera

de la Avenida Ponce de León.

      Como corolario del análisis que antecede, colegimos expedir el

auto de certiorari al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, a los fines de modificar el fundamento emitido en la

Resolución   del   31   de   marzo     de   2023   del   foro   primario.

Consecuentemente, le ordenamos al foro de instancia a que dilucide

la jurisdicción o titularidad de la acera donde se alega que la

Recurrida sufrió los daños que motivan su causa de acción. Es

menester destacar que esta Curia no está adjudicando si es de

aplicación la Ley de Travesías, supra, o el Código Municipal, supra,

sino que nos circunscribimos a modificar el dictamen del foro

primario a los fines de que se dilucide la titularidad del lugar donde

ocurrieron los hechos que se alegan en la demanda.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el

recurso de certiorari y modificamos la Resolución recurrida y así

modificada, confirmamos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones