Court Opinion

ID: 9408091
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:16:24.071309+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.688971
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

                                                APELACION
WANDA FERNANDINI                                procedente del
LAMBOY                                          Tribunal de
                                                Primera
Apelada                                         Instancia, Sala
                                  KLAN202300061 Superior de
            v.                                  Bayamón
PUERTO RICO ONE
ALUMINUM MFG CORP.                                  Civil Núm.:
                                                    BY2018CV02298
Apelante
                                                    Sobre:
                                                    Daños y Perjuicios
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      Puerto Rico One Aluminum MFG, Corp. (PR One o parte

apelante) acude ante nos mediante recurso de Apelación y solicita la

revisión de la Sentencia emitida el 25 de noviembre de 2022, por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón.

Mediante esta, el TPI declaró Ha Lugar la demanda presentada por

la Sra. Wanda Fernandini Lamboy (señora Fernandini Lamboy o

apelada), y ordenó el pago de $76,688.00 por concepto de daños y

perjuicios causados por la negligencia de PR One.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada en cuanto a la imposición de

negligencia de PR One, y se revocan las cuantías de daños

materiales y emocionales ordenadas por el TPI.

                                  I.

      Según surge del expediente, el 9 de julio de 2016, la señora

Fernandini Lamboy suscribió un contrato con PR One, mediante el

cual acordaron la fabricación e instalación de 10 ventanas de

Número Identificador
SEN2023 ______________
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seguridad, dos (2) de cristal, una (1) puerta principal y una (1)

puerta corrediza que daba acceso a la terraza de su apartamento. El

precio acordado por el trabajo fue de cinco mil setecientos setenta y

cuatro ($5,774.00) dólares. Al momento de la instalación, surgieron

varios imprevistos con la medida del lugar donde se instalarían las

ventanas. Ante ello, empleados de PR One tuvieron que romper

paredes.

      Como resultado de lo anterior, la señora Fernandini Lamboy

presentó una querella en el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACo), BAY-2016-0000040. El 6 de marzo de 2017, el

inspector del DACo concluyó en su Informe de Querella que la

instalación de ventanas y puertas en el apartamento de la señora

Fernandini Lamboy era defectuosa. El 20 de septiembre de 2017,

Puerto Rico sufrió el embate del Huracán María y como

consecuencia, las ventanas del apartamento se desprendieron de la

estructura, dejando sin protección la residencia de la señora

Fernandini Lamboy.

      El 18 de mayo de 2018, el DACo emitió una Resolución,

mediante la cual declaró Ha Lugar la querella presentada por la

señora Fernandini Lamboy. Concluyó que la instalación de las

ventanas fue defectuosa y no fue culminada, según lo pactado.

Añadió que lo anterior le ocasionó serios daños a la señora

Fernandini Lamboy al no poder disfrutar de su residencia. Resaltó

que el expediente no tenía prueba que sustentara las alegaciones de

PR One en cuanto al alegado incumplimiento de la señora

Fernandini Lamboy. Así las cosas, el DACo ordenó a PR One

reembolsarle a la señora Fernandini Lamboy la suma de $6,438.01

pagados por un trabajo que no se realizó según lo representado.

      Posteriormente, el 3 de septiembre de 2018, la señora

Fernandini Lamboy incoó una demanda de daños y perjuicios ante
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el TPI contra PR One.1 Arguyó que, debido a la instalación

defectuosa realizada por la parte demandada, su hogar fue el único

en todo el complejo de apartamentos que sufrió la pérdida de las

ventanas. Además, adujo que, como consecuencia directa de la

instalación defectuosa, el interior de su propiedad sufrió daños a

raíz de las lluvias y el viento que tuvieron acceso por los huecos

dejados por las ventanas instaladas negligentemente por PR One.

Solicitó una suma no menor de $100,000.00 por concepto de los

actos negligentes y culposos de PR One y $20,000.00 por los

sufrimientos y angustias mentales padecidos.

       El 22 de octubre de 2018, PR One, el señor Rodríguez y a la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta con Fulana de Tal

presentaron     una    Contestación     a la     Demanda.      En    esencia,

argumentaron que aplicaba la doctrina de cosa juzgada en la

modalidad de impedimento colateral por sentencia. Además,

adujeron que se trataba de un caso de fuerza mayor, pues los daños

alegados por la señora Fernandini Lamboy fueron colaterales al paso

del Huracán María por Puerto Rico. Finalmente, solicitaron se

declarara No Ha Lugar la demanda presentada en su contra. El

mismo día, presentaron una solicitud de desestimación, en la cual

sostuvieron que, aun bajo el crisol más amplio y liberal a favor de la

señora Fernandini Lamboy, resultaba forzoso concluir que la

demanda no exponía una reclamación que ameritara la concesión

de algún remedio en derecho. Acentuaron que la parte demandante

pretendía sustentar una acción en daños y perjuicios con

alegaciones    repetitivas,    previamente      adjudicadas     en    el   foro

administrativo. La señora Fernandini Lamboy se opuso a la moción

de desestimación. El foro primario declaró no ha lugar el petitorio de

1El 14 de septiembre de 2018 la señora Fernandini Lamboy solicitó enmendar la
demanda a los efectos de incluir al Sr. Eduardo Rodríguez y a la Sociedad Legal
de Gananciales compuesta con Fulana de Tal como parte demandada. Ese mismo
día el Tribunal autorizó la enmienda.
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PR One, el señor Rodríguez y a la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta con Fulana de Tal. Específicamente, el TPI expuso:

       …

       En la querella ventilada ante el DACo se solicitó la
       devolución de un dinero pagado a la parte demandada
       por unos trabajos que alegadamente no se realizaron.
       En el presente litigio civil se solicita una indemnización
       por los da[ñ]os y perjuicios ocasionados como
       consecuencia del incumplimiento de contrato y como
       consecuencia de las condiciones de peligrosidad que
       generó dicho incumplimiento, agravada la peligrosidad
       con motivo del paso del Huracán María por Puerto Rico.
       Al momento en que se adjudicó la querella del DACo no
       había surgido la causa de acción relacionada con los
       daños por las condiciones de peligrosidad durante el
       huracán según alegado en la demanda. Así las cosas,
       no podemos privar a la parte demandante de su día en
       corte.2

       El 11 de julio de 2019, la señora Fernandini Lamboy instó una

Segunda Demanda Enmendada, a los efectos de incluir a la Sra.

Marciala Suárez Asencio, esposa del señor Eduardo Rodríguez. Por

su parte, el 17 de septiembre de 2019, PR One, el señor Rodríguez,

la señora Suárez Asencio y a la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos contestó la segunda demanda enmendada y

presentó una reconvención. Arguyó que, en un esfuerzo por obtener

una injusta compensación económica, la parte demandante

interpuso una reclamación en su contra por hechos que fueron

producto de su omisión negligente y el resultado de una estrategia

dirigida a un inmeritorio lucro económico. Sostuvieron que ello les

causó daños a su reputación y estabilidad profesional y personal,

los cuales estimaron en una suma no menor de $200,000.00.

Además, solicitaron la desestimación de la demanda en su contra.3

       Luego de múltiples trámites, el juicio en su fondo se celebró

el 12 y 13 de julio de 2021. Las partes comparecieron representadas

2  Resolución del 28 de noviembre de 2018. La parte demandada solicitó
reconsideración de esta determinación, pero fue denegada por el Tribunal
mediante Resolución del 19 de diciembre de 2018.
3 En octubre de 2019, la señora Fernandini Lamboy replicó a la reconvención y

solicitó su desestimación. También se opuso a la solicitud de desestimación de la
segunda demanda enmendada. El 4 de noviembre de 2019, la parte demandada
incoó su Moción en Oposición a Desestimación de Reconvención.
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por sus abogados y se presentaron los siguientes testigos, por la

parte demandante: la señora Fernandini Lamboy y como su perito,

el doctor en ingeniería mecánica, Iván José Baigés Valentín

(ingeniero Baigés). Por la parte demandada, se presentaron los

siguientes testigos: Sra. Nelly Enid Rodríguez Suárez, representante

de PR One, y el perito ajustador Doel Banchs.

      Tras evaluar los testimonios vertidos en el juicio y la prueba

documental admitida como evidencia, el 25 de noviembre de 2022,

notificada el 28 de noviembre de 2022, el TPI dictó la Sentencia

apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar la demanda presentada

por la señora Fernandini Lamboy. El foro primario concluyó que se

establecieron de forma incontrovertida los siguientes hechos:

      1) La señora Fernandini es dueña del apartamento 302-D,
         ubicado en el Condominio Riberas del Río, Bayamón, PR.
      2) En julio de 2016, la señora Fernandini suscribió un
         contrato con One para que esta empresa fabricara e
         instalara 10 ventanas de seguridad y 2 de cristales, la
         puerta principal y una puerta corrediza que da acceso a
         la terraza del apartamento.
      3) Por este trabajo, One facturó $5,774.00, de los cuales la
         demandante entregó para la fabricación $2,500.00, y más
         adelante el resto, $3,274.00.
      4) One envió personal para instalar las ventanas y puerta el
         17 de noviembre de 2016, ese día instalaron 7 ventanas.
         Previo a estos, One había señalado fechas anteriores para
         instalarlas, pero no se personó, por lo que la demandante
         tuvo que llamarlo en varias ocasiones, hasta que personal
         de One presentó para instalar en la fecha mencionada.
      5) El 18 de noviembre de 2016, continuó la instalación de
         las ventanas, para ello se tuvo que romper mocheta, ya
         que las ventanas no cabían en el espacio de ventanas de
         apartamento.
      6) La señora Fernandini, ese día se dio cuenta que las
         ventanas no eran nuevas y que no cerraban por que los
         operadores no funcionaban, One le indicó que con el
         tiempo los operadores de “aflojarían”.
      7) El 23 de noviembre de 2016, One trató de instalar las
         puertas, pero estas eran muy pequeñas y no cabían en
         las entradas donde se supone que se instalaran.
      8) Durante el proceso de instalación de las ventanas los
         empleados de One causaron múltiples daños a la
         propiedad de la demandante, como rayar pintura de los
         techos [y] dañar abanicos. Además, las ventana[s] no
         fueron hechas con las medidas correctas por lo que los
         empleados de One tuvieron que romper mochetas y
         nunca lograron instalar correctamente las mismas.
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     9) Por lo anterior la señora Fernandini presentó una
        querella ante el DACo, el 23 de noviembre de 2016.
    10) DACo realizó una inspección, el 6 de marzo de 2017, al
        apartamento para corroborar lo [informado por] la señora
        Fernandini, además de corroborar lo alegado, esta
        agencia determinó, entre otras cosas, que las ventanas no
        habían sido fijadas al marco de la pared con tornillos. El
        perito de la demanda[da] también llegó a la misma
        conclusión.
   11) Al momento de instalar las ventanas One no figuraba en
        el Registro de Contratistas de conformidad con lo
        requerido por el Art. 2 de la Ley Núm. 146-1995.
   12) Según resolvió DACo, One realizó falsa [representación] y
        hasta ocurrido el Huracán María One no reparó los
        desperfectos de las ventanas.
   13) Debido a lo anterior, DACo no permitió que One
        reparar[a] el daño a las ventanas y procedió a emitir una
        sentencia en contra de One.
   14) Debido a los múltiples incumplimientos y defectos de
        fábrica creados por One, el 18 de mayo de 2018, DACo le
        ordenó a esta empresa entregar todas las sumas
        invertidas por la demandante con One en la instalación
        de las puertas y ventanas, $6,438.01, y resolvió el
        contrato entre las partes por incumplimiento de One.
   15) El 20 de septiembre de 2017, pasó por Puerto Rico el
        Huracán María.
   16) Durante el paso del Huracán María las ventanas de la
        residencia de la señora Fernandini sufrieron el embate de
        vientos de aproximadamente 145 millas por hora.
   17) Las cuatro (4) ventanas del cuarto dormitorio del
        apartamento se salieron de lugar dejando el [espacio]
        donde estas se ubicaban sin ningún tipo de protección.
        De hecho, las ventanas desaparecieron por los vientos.
   18) Según los códigos de construcción las ventanas debían
        resistir vientos de mayor intensidad a los señalados en el
        inciso 16, sin embargo, estas cedieron debido a la mala
        instalación de las mismas.
   19) El apartamento de la señora Fernandini fue [el] único que
        perdió las ventanas en el Condominio donde ubica el
        mismo.
   20) Luego del paso del Huracán María y debido a las
        condiciones en que quedó el apartamento, la demandante
        tuvo que alojarse por un periodo de 6 meses con su prima
        hasta que el apartamento quedara en condiciones de ser
        habitable.
   21) Los vientos y lluvia que entraron debido a que cedieron
        las ventanas mal instaladas por One causaron severos
        daños al apartamento, los equipos, muebles y ropa de la
        señora Fernandini. Los cuales detallamos a continuación:

        a. Para tapar los huecos dejados por las ventanas en su
           apartamento la señora Fernandini instaló varios
           paneles los cuales conllevaron un costo de $225.00.
        b. Por la instalación de aires acondicionados en su
           cuarto, $637.00.
        c. Tormenteras tipo acordeón por $3,000.00
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         d. Muebles por un valor de $721.41, para sustituir los
             que se dañaron en su apartamento debido al paso del
             Huracán María.
         e. Juego de comedor, $992.36.
         f. De abanico de pedestal, $44.58.
         g. “Vanity” baño de visitas, $705.80.
         h. “Vanity” del baño de visitas, $80.00.
         i. Exhibit 18: factura Home and Patio Gallery por juego
             de cuarto de la habitación que se quedó sin ventanas,
             $1,050.
         j. Por materiales para pintar el apartamento, $104.39.
         k. Compra de materiales, $71.19.
         l. Compra de un colchón (“mattress”), $547.00 y $40.00
             por la entrega del mismo.
         m. Compra de lámpara de balcón $22.00.
         n. Compra en JC Penny, $100.05.
         o. Compra de zapatos, $34.42.
         p. Compra de televisor, $323.14.
         q. Rack para colocar televisor en la pared, por $56.73.
         r. Compra de cartera por $78.04.
         s. Compra de cartera por $55.74.
         t. Compra de toallas, artículos del hogar y zapatos por
             $74.68.
         u. Compra en Walmart toallas por $26.08.
         v. Compra en Marshalls de cortinas y alfombras para el
             baño por $115.86.
         w. Compra en Macy’s y JC Penney de sabanas y toallas
             por $79.13, y $37.90 respectivamente.
         x. Compra en Macy’s de ropa por valor de $96.27, para
             sustituir la ropa perdida debido al paso del Huracán
             María.
         y. Compra de puertas aluminio, para sustituir las
             destruidas debido al paso del Huracán para los
             cuartos, $2,726.80.
         z. Por el estimado de daños solicitados por FEMA a su
             apartamento la señora Fernandini tuvo que pagar
             $250.00.
         aa. Por “screens” de ventanas, destruidos debido al paso
             del Huracán María la demandante tuvo que pagar
             $802.00.
        bb. Por instalación de puertas y ventanas destruidas o
            dañadas por el Huracán María, $10,150.46.

    22) Debido a lo ocurrido en el apartamento luego [del] paso
        del Huracán María la señora Fernandini sufrió graves
        daños emocionales y mentales.
    23) Debido al daño ocasionado por el Huracán María al
        apartamento de la demandante, esta solicitó y recibió un
        préstamo de aproximadamente $21,600.00, del Small
        Business Administration, primero recibió un préstamo
        $24,600.00, pero tuvo que devolver $3,000.00.

      El TPI les dio entero crédito a los testimonios de la señora

Fernandini Lamboy y su perito, más no así a los vertidos por los

testigos de la parte demandada. Además, le otorgó entero crédito a
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la Resolución del DACo emitida el 18 de mayo de 2018. De este

modo, el foro primario concluyó que no existían dudas de que PR

One fue negligente al instalar incorrectamente las ventanas del

apartamento de la señora Fernandini Lamboy y que fue por la mala

instalación que cedieron cuando fueron sometidas a los vientos del

Huracán María. Destacó que fue porque las ventanas cedieron, que

la señora Fernandini Lamboy perdió su ropa, muebles y otras

pertenencias, por lo que tuvo que solicitar un préstamo a Small

Business Administration (SBA) para poder costear los daños

ocasionados.

         El foro a quo añadió que ninguno de los testigos presentados

por PR One contradijo las conclusiones del DACo ni del ingeniero

Baigés y que, incluso, la testigo de dicha compañía, señora

Rodríguez Suárez, aceptó que la instalación de las ventanas fue

incorrecta y que se necesitaba corregir el desperfecto. El Tribunal

aseveró que PR One no tenía derecho, ni capacidad para instalarle

las ventanas a la señora Fernandini Lamboy. Afirmó que la línea de

argumentación tomada por la compañía, con relación al porqué

ocurrieron los daños, era inmeritoria. A su vez, destacó que tampoco

el perito ajustador de PR One rebatió lo señalado por el DACo en su

dictamen.

         En cuanto a los daños, el tribunal determinó que la señora

Fernandini Lamboy presentó toda la prueba necesaria para poder

adjudicar las pérdidas. Confirió una suma de $36,688.00 por las

pérdidas materiales y gastos prestamistas, así como $30,000.00 por

concepto de daños mentales por la pérdida de sus pertenencias y la

condición en que quedó el apartamento, para un total de

$76,688.004.

4   Entendemos que dicha suma contiene un error matemático.
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      A raíz de lo anterior, la señora Fernandini Lamboy presentó

un Memorando de Costas. Solicitó $4,500.00 por concepto de los

gastos incurridos durante el proceso. El 20 de diciembre de 2022, el

TPI declaró Con Lugar el memorando y ordenó el pago a favor de la

señora Fernandini Lamboy, más las cuantías concedidas en la

Sentencia.

      Inconforme con el dictamen del TPI, PR One solicitó

reconsideración, sin éxito. Aun en desacuerdo, acude ante nos

mediante recurso de Apelación y alega que el TPI cometió los

siguientes errores:

      PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL
      HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA,
      ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN Y COMETIÓ ERROR
      MANIFIESTO EN LA INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA
      DOCUMENTAL,      TESTIMONIAL    Y    PERICIAL
      DISPONIBLE A CONSIDERACIÓN JUDICIAL.

      SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL
      HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA,
      COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EN DERECHO, AL NO
      DESESTIMAR LA ACCIÓN DE MARRAS POR
      APLICABILIDAD DE LA DOCTRINA DE COSA
      JUZGADA Y SUS VERTIENTES DE IMPEDIMENTO
      COLATERAL POR SENTENCIA Y FRACCIONAMIENTO
      DE CAUSA.

      TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL
      HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      ORDENAR EL COBRO DE COSTAS Y HONORARIOS
      POR PRUEBA PERICIAL QUE RESULTÓ INNECESARIA
      PARA LA EVALUACIÓN DE LOS HECHOS Y LA
      APLICACIÓN   DEL     DERECHO    SOBRE    LA
      CONTROVERSIA DE MARRAS.

      El 23 de febrero de 2023, la señora Fernandini Lamboy

presentó Alegato de la Apelada. Con el beneficio de la comparecencia

de todas las partes, resolvemos.
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                                       II.

                                       A.

       El Artículo 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141,5

dispone que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro,

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño

causado […]”. Como podemos ver, para probar una causa de acción

por daños y perjuicios, el promovente deberá demostrar, mediante

preponderancia de la prueba: (1) que se ha sufrido un daño; (2) por

medio de un acto u omisión culposo o negligente; y (3) que existe un

nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el daño

sufrido. García v. E.L.A., 163 DPR 800, 809 (2005). Así pues, el que

un demandante ostente el derecho a recibir indemnización por un

alegado daño presupone la existencia de un nexo causal entre el

daño y el factor que lo origina. Es decir, sólo corresponde indemnizar

los daños que son consecuencia del hecho que obliga a la

indemnización. Rivera Jiménez v. Garrido & Co., Inc., 134 DPR 840,

851-852 (1993).

       Se ha establecido que la culpa o negligencia consiste en “la

falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de

un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas

circunstancias”. Perez et al. v. Lares Medical et al., 207 DPR 965,

976-977 (2021); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006).

Cuando se alegue haber sufrido daños como consecuencia de la

negligencia de la parte demandada, el peso de la prueba respecto a

la alegada negligencia le corresponde a la parte demandante. Colon

y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001); Matos v. Adm.

Servs. Médicos de PR, 118 DPR 567, 569 (1987).

5 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por
la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto
Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la
presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por
lo cual esta es la ley que aplica al caso.
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      En Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada para

determinar el nexo causal necesario para adjudicar responsabilidad

civil. La causa adecuada es la que, según la experiencia general,

ordinariamente produce los daños imputados. No es otra cosa que

el evento o acto que con mayor probabilidad causó el daño por el

que se reclama indemnización. Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 707

(1994); Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 DPR 570, 575 (1984). Así

pues, un daño parece ser el resultado natural y probable de un acto

negligente si después del suceso, y mirándolo retroactivamente el

acto que se alega ser negligente, tal daño aparece como la

consecuencia razonable y ordinaria del acto. Montalvo v. Cruz, 144

DPR 748, 756-757 (1998), citando a Torres Trumbull v. Pesquera, 97

DPR 338, 343-344 (1969).

                                 B.

      La tarea de estimar y valorar daños es una labor difícil, ardua

y angustiosa, ya que no existen fórmulas matemáticas o científicas

de especificidad exacta que indiquen como se justiprecia el dolor y

el sufrimiento. Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774,

791 (2010); Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150, 154 (2007);

Nieves Cruz v. UPR, 151 DPR 150, 169-170 (2000). No existe un

sistema de computación que permita llegar a un resultado exacto

con el cual todas las partes queden complacidas y satisfechas.

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016).

La valorización del daño descansa en la discreción, prudencia, juicio

y razonabilidad del juzgador o la juzgadora de hechos motivado por

un sentido de justicia y de conciencia humana. Urrutia v. AAA, 103

DPR 643, 647-648 (1975). Esta responde a factores únicos, por lo

que debe ser considerada conforme a los hechos y circunstancias

particulares de cada caso. Nieves Cruz v. UPR, supra, pág. 177.

      Al medir el daño a ser compensado, el juzgador o juzgadora

debe hacerlo a base de la prueba, procurando siempre que la
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indemnización no se convierta en una industria y se mantenga su

sentido remediador, no punitivo. Rodríguez Báez v. Nationwide

Insurance Co., 156 DPR 614, 628 (2002). Por lo tanto, los tribunales

deben buscar una proporción razonable entre el daño causado y la

indemnización concedida, de suerte que la adjudicación sea

balanceada,     es     decir,    ni    extremadamente        baja    ni

desproporcionalmente alta. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267,

342 (1998). Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág.

490; Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013).

Ello responde a que los jueces y las juezas de instancia están en

mejor posición que los tribunales apelativos para evaluar los daños,

toda vez que estos son los que tienen contacto directo con la prueba

presentada. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 339.

      Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, para evaluar

si la compensación concedida por el Tribunal de Primera Instancia

es ridículamente baja o exageradamente alta, debemos examinar la

prueba desfilada ante ese foro y las cuantías otorgadas en casos

similares resueltos anteriormente. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra, pág. 785. En ese sentido, las indemnizaciones

concedidas en casos anteriores constituyen un punto de partida y

referencia útil para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por

el foro primario. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 909–

910 (2012); Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág.

785. Ello es así aun cuando es sabido que no existen dos casos

exactamente iguales y que cada caso es distinguible según sus

circunstancias particulares. Íd. En todo caso, las compensaciones

otorgadas en casos anteriores deben ajustarse a su valor presente.

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 204; Rodríguez et al.

v. Hospital et al., supra, pág. 910; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra, pág. 785.
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      Así, el juzgador o la juzgadora tiene la obligación de especificar

la jurisprudencia que haya usado como guía para valorar los daños

al igual que el cómputo realizado para ajustar las cuantías de casos

anteriores a su valor actual y el caso que se encuentre adjudicando.

Es forzoso explicar qué casos se utilizan como referencia y cómo las

cuantías concedidas se ajustan en esos casos anteriores al caso que

el tribunal tiene ante su consideración. Santiago Montañez v.

Fresenius Medical, supra, pág. 493.

                                   C.

      Las Reglas de Procedimiento Civil regulan la concesión de

costas en nuestro ordenamiento. Específicamente, la Regla 44.1, 32

LPRA Ap. V, R. 44.4, establece lo siguiente:

      (a) Las costas se concederán a la parte a cuyo favor se
         resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o
         revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo
         contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá
         conceder el tribunal son los gastos en que se incurra
         necesariamente en la tramitación de un pleito o
         procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su
         discreción, estima que una parte litigante debe
         reembolsar a otra.

      Esta disposición tiene una función reparadora, ya que permite

el reembolso de los gastos necesarios y razonables que tuvo que

incurrir la parte prevaleciente del pleito en su tramitación. Rosario

Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 211 (2017). De esta forma no

queda “menguado” por los gastos que tuvo que incurrir sin su culpa

y por culpa del adversario. Íd., citando a Maderas Tratadas v. Sun

Alliance et. al., 185 DPR 880, 934 (2012).

      Una vez se reclaman, la imposición de costas a favor de la

parte victoriosa es mandatoria. Rosario Domínguez v. ELA, supra,

pág. 212. No obstante, su concesión no opera de forma automática,

ya que tiene que presentarse oportunamente un memorando de

costas en el que se precisen los gastos incurridos. Colón Santos v.

Coop. Seg. Mult. De PR, 173 DPR 170, 187 (2008). Además,
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corresponde al tribunal, en el marco de su discreción, evaluar la

razonabilidad de éstos. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et. al.,

supra, pág. 935. Son recobrables aquellos gastos incurridos

necesariamente en la tramitación del pleito. JTP Development Corp.

v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992). De esta manera,

quedan excluidos aquellos gastos innecesarios, superfluos o

extravagantes. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág. 935.

                                    III.

      En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante alega

que el TPI erró al interpretar la prueba documental, testimonial y

pericial   disponible.   Añade      que       el   foro       apelado   realizó

determinaciones inconsecuentes con la prueba presentada que

convierten   en    inherentemente          increíbles     e    imposibles   las

determinaciones de hechos formuladas. Además, aduce que el TPI

incluyó en su dictamen partidas improcedentes sobre las cuales no

se reclamaron daños, partidas previamente resarcidas, partidas

para las cuales no se presentó prueba y partidas calculadas por el

criterio judicial de forma arbitraria.

      Como     norma     general,     los     tribunales       apelativos   no

intervendremos con las determinaciones de hechos, con la

apreciación de la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad

efectuadas por el TPI, a menos que la parte que las cuestione

demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto. Véase, Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49

(1998).

      Tras un análisis ponderado del expediente, este Tribunal

encontró incongruencias entre las determinaciones de hechos y las

conclusiones de derecho efectuadas por el foro primario. Las

determinaciones de ese foro nos producen insatisfacción de
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conciencia6, particularmente ciertas cuantías relacionadas a las

pérdidas materiales y daños mentales de la apelada.

       Cabe resaltar que no estamos en posición de determinar si el

TPI erró al apreciar la prueba oral y pericial que tuvo ante sí. Resulta

evidente que la transcripción de la prueba oral constituía pieza clave

para poder corroborar las alegaciones realizadas por la parte

apelante. Sin embargo, la parte apelante no la presentó. Ahora bien,

la decisión que hoy tomamos está basada en el análisis de las

determinaciones de hechos que constan en la sentencia vis a vis con

la prueba que obra en el expediente.

       El foro primario concedió una partida de $30,000.00 por los

daños mentales sufridos por la apelada debido a la pérdida de sus

pertenencias y la condición en que quedó el apartamento. Evaluada

dicha estimación y valoración, determinamos que el TPI erró en su

decisión. Entendemos que dicha cuantía no encuentra apoyo en las

determinaciones de hechos que se incluyó en el pronunciamiento

apelado. De la Sentencia no surge que se haya seguido la normativa

expuesta en Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, la cual

expresamente dispone que el Tribunal debe incluir los casos

similares que utilizó como guía para la concesión de la partida

concernida. Por igual, el foro primario no explicó, ni efectuó cálculo

alguno para llegar a la cantidad mencionada. Nuestro Tribunal

Supremo ha advertido a los jueces sobre la importancia de lo

anterior.

       Así las cosas, procede la devolución del caso al foro a quo para

que, de conformidad con el caso de Santiago Montañez v. Fresenius

Medical, supra, compute y adjudique la partida que proceda en

concepto de daños mentales de la apelada, ajustada al valor

presente.

6Flores v. Soc. de Gananciales, supra, citando López Vicil v. ITT Intermedia, Inc.,
142 DPR 857 (1997).
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       De otra parte, con relación a las partidas por los daños

materiales concedidas a la apelada, corresponde al TPI realizar una

evaluación minuciosa, según la prueba presentada y creída, de los

daños sufridos por la apelada que son consecuencia de la

instalación defectuosa de las ventanas y las puertas en el

apartamento.7 De igual manera, deberá examinar cómo incide en

ese ejercicio el dictamen del DACo que ordenó a PR One devolverle

a la apelada los $6,438.01 que pagó por la instalación de las

puertas y ventanas de su apartamento.8

       En lo pertinente al tercer señalamiento de error, la parte

apelante aduce que erró el foro primario al ordenar el cobro de

costas y honorarios por prueba pericial. Alega que dicha evidencia

resultó innecesaria para la evaluación de los hechos y la aplicación

del derecho del caso de epígrafe.9

       Ante lo discutido en el presente dictamen, el planteamiento

sobre la concesión de costas resulta prematuro, toda vez que el TPI

deberá realizar una evaluación de la prueba presentada por la

apelada en cuanto a la valoración de los daños de conformidad a lo

aquí intimado.

7 A modo de recordatorio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que
los proyectos de sentencia constituyen un instrumento de ayuda para los jueces
que, en su mayoría, se encuentran sobrecargados con una gran cantidad de
causas judiciales. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982). No
obstante, la práctica de “firmar a ciegas” proyectos de sentencia resulta impropio,
pues tales escritos “no pueden sustituir los dictados de la sana y juiciosa crítica
del juez en su labor de desentrañar la verdad”. Nieves Díaz v. González Massas,
178 DPR 820, 853 (2010), citando a Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 DPR
55, 56 (1971). En el descargue de su función adjudicativa, los jueces deben ser
más minuciosos al evaluar el contenido de ese tipo de escrito, pues la función
adjudicativa es indelegable. Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, pág. 508.
8 Nótese que mediante las determinaciones de hechos núm. 21(y) y (bb), el foro

primario le concedió a la apelada $2,726.80 para la compra de puertas de
aluminio para sustituir las destruidas debido al paso del Huracán María para
los cuartos, así como $10,150.46 por concepto de instalación de puertas y
ventanas destruidas o dañadas por el Huracán María. Otras partidas otorgadas
por el tribunal que se deben evaluar cautelosamente son aquellas plasmadas en
las determinaciones de hechos núm. 21 (c)(g)(h)(m)(aa) y 23(préstamo SBA y sus
intereses por la vida del mismo).
9 En particular, el memorando contenía las siguientes partidas: (1) Sello de

radicación = $90.00; (2) Emplazamiento = $80.00; (3) Affidavit = $30.00; y (4)
Peritaje Ing. Iván J. Baigés Valentín = $4,300.00. Todo ello totaliza: $4,500.00.
Véase: Memorando de costas, Apéndice de la Apelación, págs. 608-609.
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                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada solo en cuanto a su determinación de negligencia

por la parte apelante. Por otro lado, se revoca y se deja sin efecto la

concesión de las partidas por concepto de daños materiales, gastos

prestamistas y daños mentales. Se devuelve el caso al TPI para que

efectúe la evaluación, según la prueba que obra en el expediente.

Sobre los daños mentales, el foro primario deberá incluir en su

dictamen el análisis de la partida a ser concedida, de conformidad

con el caso Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

      La Juez Barresi Ramos concurre con la disposición del

presente caso en lo concerniente a la revocación y devolución del

caso para adjudicar y computar las partidas concedidas por los

daños materiales, gastos prestamistas y daños mentales. Por otro

lado, disiente en cuanto a la confirmación de la Sentencia apelada

referente a la determinación de negligencia.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones