Court Opinion

ID: 9896815
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:21:44.090076+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:14.992044
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VI

     AGUSTÍN GARCÍA                                  Certiorari procedente
    ACEVEDO Y MARIBEL                                del Tribunal de Primera
        NEGRÓN                                       Instancia, Sala
                                                     Superior de Aguadilla

         RECURRIDOS                     KLCE202301120 Caso Número:
                                                      AG2022CV01731

                  v.
                                                 Sobre:
                                                 Daños y perjuicios bajo
 ALICIA ÁLVAREZ GRILLET                          la doctrina de
                                                 persecución maliciosa
                                                 y el Art. 18 del Código
       PETICIONARIA                              Civil de 2020
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                     RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

        Comparece la parte peticionaria, la señora Alicia Álvarez Grillet

(Sra. Álvarez Grillet), mediante un recurso discrecional de certiorari, y

solicita nuestra intervención para revocar la Resolución emitida el 20 de

julio de 2023, notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).1 En esta, el TPI declaró “no

ha lugar” la solicitud desestimatoria instada por la peticionaria. La

determinación fue reiterada en reconsideración, mediante un dictamen

notificado y archivado en autos el 11 de septiembre de 2023.2

        Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari.

                                           I

        La causa del título se inició el 17 de noviembre de 2022, ocasión

en que la parte recurrida, conformada por el señor Agustín García

Acevedo (Sr. García Acevedo) y la señora Maribel Negrón Sánchez (Sra.

Negrón Sánchez), presentó una Demanda sobre daños y perjuicios,3 al

amparo de la doctrina de persecución maliciosa y del Artículo 18 del

1 Apéndice del recurso, págs. 25; 26-31.

2 Apéndice del recurso, págs. 1; 2-4.

3 Apéndice del recurso, págs. 5-7.

Número Identificador
RES2023_______________
KLCE202301120                                                                        2

Código Civil de 2020, que versa sobre el ejercicio abusivo o contrario de

los derechos.4 En esencia, el Sr. García Acevedo y la Sra. Negrón

Sánchez alegaron que la peticionaria incoó una Demanda por

incumplimiento de contrato, daños y perjuicios5 contra Diversified and

Special Services, Inc.; así como contra los recurridos y la Sociedad Legal

de Bienes Gananciales compuesta por estos, en su carácter personal y

como accionistas del ente jurídico. Ello, a pesar de que no fueron parte

del acuerdo contractual en disputa. La parte recurrida advirtió por correo

electrónico al representante legal de la peticionaria la improcedencia de la

causa. La Sra. Álvarez Grillet prosiguió con la reclamación. Así las cosas,

a solicitud de la parte recurrida, mediante una Sentencia Parcial,6 el

Tribunal desestimó la causa de acción sobre incumplimiento de contrato

en contra del matrimonio García-Negrón, en su carácter personal, y la

sociedad     conyugal.     Entonces,      la   Sra.   Álvarez     Grillet   apeló   la

determinación judicial. Esta Curia confirmó en parte el dictamen parcial.

En específico, en cuanto a la desestimación de la causa por

incumplimiento contractual contra los esposos recurridos y la sociedad de

gananciales que componen. La peticionaria no elevó la controversia al

Máximo Foro.

       A tales efectos, el Sr. García Acevedo y la Sra. Negrón Sánchez

presentaron la Demanda del epígrafe. Imputaron a la peticionaria el

ejercicio abusivo del derecho e incurrir en persecución maliciosa.

Sostuvieron que la inclusión de sus personas en la reclamación judicial

solo   tenía    el   fin   de   hostigarlos,    perseguirlos     y   oprimirlos.    En

consecuencia, reclamaron una indemnización ascendente a $50,000 por

concepto de daños morales, gastos legales, daños físicos, angustias

4 El Artículo 18 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5337, dispone como sigue:

    La ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio contrario al orden social.
    Todo acto u omisión que exceda manifiestamente los límites normales del
    ejercicio de un derecho, que ocasione daño a tercero, ya sea por la intención de
    su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, da lugar al
    correspondiente resarcimiento y a la adopción de medidas cautelares.
5 Caso AG2021CV01527, el cual continúa activo según se desprende del Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
6 Refiérase a SUMAC, entrada 46 del expediente electrónico del caso AG2021CV01527,

de la cual tomamos conocimiento judicial.
KLCE202301120                                                                         3

mentales y emocionales, causados por los presuntos actos u omisiones

negligentes de la peticionaria.

        En respuesta, el 9 de febrero de 2023, la Sra. Álvarez Grillet

presentó una Solicitud de Desestimación.7 Planteó que no concurrían los

elementos de las causas invocadas. Afirmó que los pleitos incoados en

primera y segunda instancia en contra de los recurridos no fueron actos

antijurídicos que dieran base a una reclamación civil, sino que se

fundamentaron en acciones legítimas.

        El Sr. García Acevedo y la Sra. Negrón Sánchez ripostaron la

petición    dispositiva,    mediante      una    Oposición      a   Desestimación.8

Expusieron que, contrario a lo alegado, los elementos doctrinales de las

causas de acción de la presente Demanda estaban presentes. Insistieron

en que la Sra. Álvarez Grillet los incluyó en su reclamación, con

conocimiento de la improcedencia, y abusó del proceso legal al recurrir la

cuestión a la etapa apelativa. Reiteraron que estas acciones causaron

daños resarcibles.

        Sometida la controversia, el 21 de julio de 2023, el TPI notificó la

Resolución impugnada. Concluyó que, conforme a lo dispuesto en la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra, que implica tomar como ciertas

las alegaciones de la Demanda, a su juicio, estas configuraban los

elementos de la persecución maliciosa. Expresó lo siguiente:9

        El requisito de que el demandante haya prevalecido en la
        acción original fue correctamente alegado y no está en
        controversia. Véanse alegaciones 8 y 10 de la demanda.

        En cuanto a los requisitos de que la acción instada se hizo
        con malicia y sin causa probable, la parte demandante alegó
        afirmativamente que la parte demandada conocía al
        momento que instó su demanda, que los demandantes no
        eran parte del contrato que era objeto de la acción original.
        Véase alegación 5 de la demanda.

7 Apéndice del recurso, págs. 12-16.

8 Apéndice del recurso, págs. 18-24.

9 Los elementos de la causa de acción de persecución maliciosa son: (1) que una acción

civil fue iniciada, o un proceso criminal instituido, por el demandado o a instancias de
este; (2) que la acción, o la causa, terminó de modo favorable para el demandante; (3)
que fue seguida maliciosamente y sin que existiera causa probable, y (4) que el
demandante sufrió daños y perjuicios como consecuencia de ello. Véase, Fonseca v.
Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954) y los casos allí citados.
KLCE202301120                                                                            4

           Alegó la parte demandante que, a pesar de este
           conocimiento, la parte demandada radicó la acción con el fin
           de hostigarles, oprimirles y perseguirles. Véase alegación 6
           de la demanda. Por otro lado, en cuanto al elemento de
           malicia, la parte demandante alegó haber realizado una
           comunicación anterior a la demanda original, donde
           específicamente le informó al demandado que ellos no eran
           parte y no tenían responsabilidad por el contrato objeto de
           aquella controversia. Véase alegación 7 de la demanda.

           Finalmente, existe una alegación específica de daños.
           Véase alegación 14 de la demanda.10

           Inconforme,      la   peticionaria       solicitó    la    reconsideración   del

dictamen.11 Primero, planteó que el correo electrónico cursado por los

recurridos era insuficiente para que la peticionaria abandonara su

derecho; segundo, indicó que los hechos alegados en la reclamación civil

no exponían las circunstancias extremas que dicta la doctrina de

persecución         maliciosa;        tercero   y     cuarto,        negó   haber   obrado

temerariamente; y, quinto, adujo que la alegación sobre daños adolecía

de especificidad.

           El Sr. García Acevedo y la Sra. Negrón Sánchez se opusieron a la

reconsideración.12 Enfatizaron los criterios rectores de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, infra, los cuales, a su entender, la peticionaria no

aplicó; y apuntaron que la alegación sobre la ausencia de temeridad no

había sido objeto de previo examen ante el TPI.

           El foro recurrido emitió una Resolución en al cual explicó el por qué

los señalamientos esbozados no variaban su dictamen y declaró “no ha

lugar” el pedimento.13

           Aun insatisfecha, la Sra. Álvarez Grillet acudió ante este foro

intermedio y señaló los siguientes errores:

           Primer Error: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la
           Solicitud de Desestimación presentada por la parte
           peticionaria, ante una reclamación que ejemplifica la
           prohibición que existe en nuestra jurisdicción de incoar
           pleitos como resultado de haber sido los promoventes
           demandados.

10
     Apéndice del recurso, pág. 30.
11 Apéndice del recurso, págs. 32-36.

12 Apéndice del recurso, págs. 37-39.

13
     Apéndice del recurso, págs. 2-4.
KLCE202301120                                                                 5

      Segundo Error: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la
      Solicitud de Desestimación presentada ante una demanda
      que, tan siquiera, cumple con los requisitos, ni alegaciones
      necesarias que contengan hechos específicos para que
      proceda y prospere una acción de daños y perjuicios bajo la
      doctrina de persecución maliciosa, ni abuso de derecho.

      En armonía con la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), mediante la cual este foro

revisor puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,

notificaciones o procedimientos específicos”, ello “con el propósito de

lograr su más justo y eficiente despacho”, eximimos a la parte recurrida

de presentar su alegato en oposición.

                                     II

                                     A

      El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012), que cita a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al

momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders et

al. v. BBVAPR, supra. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el

recurso de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1 (Regla 52.1).

      Particularmente, en cuanto a los procedimientos de certiorari para

revisar resoluciones del foro primario, la Regla 52.1 dispone lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el
      Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
KLCE202301120                                                             6

       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la
       cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
       irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un
       recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de
       Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. […]
       (Énfasis nuestro.)

       De acuerdo con la anterior disposición legal y la jurisprudencia

interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual para determinar si

se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte

objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer lugar, tenemos que

auscultar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida

dentro de alguno de los asuntos establecidos en la Regla 52.1, toda vez

que esta enumera taxativamente bajo qué materias, solamente, se podrá

expedir el auto de certiorari. En aquellos casos en los que el asunto no

esté comprendido dentro de la norma, el tribunal revisor debe negarse a

expedir el auto de certiorari automáticamente.

       Superada esta etapa, analizamos si bajo la discreción concedida a

este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40), debemos o no expedir

el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40 establece los criterios que

debemos tomar en consideración para determinar si expedimos o no un

auto de certiorari:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.
KLCE202301120                                                                     7

        F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.

        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia.

        Es norma asentada que los foros apelativos “no debemos intervenir

con el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184

DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986). Asimismo, con relación a determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales, no debemos sustituir nuestro criterio por el

ejercicio de discreción del tribunal de instancia, “salvo cuando dicho foro

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v.

Caribbean Int´l News, 151 DPR 649, 664 (2000).

                                           B

        Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de

mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o algunos

de los asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio

plenario. A esos efectos, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (Regla 10.2), “es aquella

que formula el demandado antes de presentar su contestación a la

demanda, en la cual solicita que se desestime la demanda presentada en

su contra.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428

(2008), que cita a Colón v. Lotería, 167 DPR 625 (2006). La Regla 10.2

establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la

desestimación de una demanda presentada en su contra. En lo atinente,

el quinto inciso consigna como causa el dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio.14 Al resolver una

moción bajo este principio, los tribunales deberán tomar “como ciertos

14 Véase, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Tribunal Supremo de Puerto Rico,

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo 2008, pág. 134.
KLCE202301120                                                                        8

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den

margen a dudas.” (Énfasis nuestro.) Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.

Corp., supra, pág. 428. Asimismo, “tales alegaciones hay que

interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera más favorable

posible para la parte demandante.” Id., págs. 428-429. Es decir, “al

examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser

sumamente liberal y la desestimación ‘únicamente procedería cuando de

los hechos alegados no podía concederse remedio alguno a favor del

demandante’.” Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013),

que cita a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San

Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. Además, la desestimación

tampoco procede si la demanda es susceptible de ser enmendada. Aut.

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.

       Al fundamentar la moción de desestimación en que la parte

demandante dejó de exponer una causa de acción que amerite la

concesión de un remedio, ninguna de las partes tiene que presentar

prueba. Sin embargo, es necesario determinar si los hechos alegados en

la demanda establecen de su faz una reclamación que sea plausible y

que, como tal, establezca que el demandante tiene derecho a todo o parte

del remedio solicitado. Solamente ante hechos alegados que no

cumplan con el estándar de plausibilidad, el tribunal debería

desestimar la demanda. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil,

6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 307.15 Ello así, porque el

estándar de plausibilidad no permite que una demanda insuficiente

proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden

probarse meras alegaciones conclusorias. Id.

                                          III

       En el presente caso, la parte peticionaria nos solicita la revisión de

una Resolución, en virtud de la cual el TPI no dio paso a su petición de

15 Véase, Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009) y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US

544 (2007).
KLCE202301120                                                              9

desestimación.   Arguye,   en   síntesis,   que   las   acciones   judiciales

promovidas no denotan antijuricidad, intención o malicia, sino el resultado

legítimo del ejercicio de su derecho a reclamar y a apelar. Dice que, luego

de no prevalecer en la etapa apelativa, notificó al TPI que no elevaría la

causa ante el Tribunal Supremo.

      En el dictamen objeto de impugnación, luego de examinar

puntillosamente los elementos de la causa de acción por persecución

maliciosa, el TPI se rehusó a desestimar la reclamación de los recurridos.

Fundamentó su decisión conforme a lo dispuesto en la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, la cual requiere que se tomen como correctas

las alegaciones bien hechas en la Demanda y se interpreten de la forma

más favorable a la parte recurrida. En reconsideración, el TPI sostuvo su

determinación y expresó que, desde el punto de vista probatorio, no

estaba en posición para adjudicar si el contenido específico de cierta

evidencia documental era o no suficiente en derecho para configurar o no

la causa de acción. Por igual, aseveró que la alegación sobre daños era

suficiente para apercibir a la peticionaria de la reclamación en su contra.

Como se sabe, este tipo de alegación está atada a la prueba testifical y

documental admisible que ofrezca el reclamante en un juicio plenario.

      Según esbozamos, al determinar si debemos expedir o no el auto

discrecional, en primer lugar, nos corresponde determinar si la materia

planteada está contemplada entre los supuestos de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra. La contestación a dicha interrogante es en la

afirmativa, ya que la Sra. Álvarez Grillet recurre de la denegación de una

moción dispositiva. En segundo lugar, como parte del análisis dual,

debemos examinar el asunto que se nos plantea a la luz los criterios

contenidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. En este

ejercicio, no encontramos que el TPI haya incurrido en un abuso de

discreción o que haya actuado bajo prejuicio o parcialidad que acarree un

fracaso de la justicia. Tampoco se demostró que el foro recurrido se haya

equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal ni
KLCE202301120                                                         10

que, intervenir en esta etapa tan temprana de los procedimientos, se

evitaría un perjuicio sustancial contra la parte peticionaria. Por el

contrario, con nuestra abstención evitamos dilaciones o fraccionamientos

indebidos. Claro está, la denegación del auto discrecional no implica una

postura con respecto a los méritos o deméritos de la causa sobre la cual

trata el recurso; sino una muestra de nuestra facultad discrecional para

negarnos a revisar en determinado momento un asunto interlocutorio.

                                    IV

       Por las razones que anteceden, se deniega la expedición del auto

de certiorari solicitado.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones