Court Opinion

ID: 9554708
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:19:48.419754+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:19.602250
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                            TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        Panel X

 SEAN B. JIMÉNEZ CADILLA                                    Apelación
          Apelado                                           procedente del
                                                            Tribunal de
                   v.                                       Primera Instancia
                                                            Sala de Bayamón
 ANDREA MERCEDES DE LOS   KLAN202200985
MILAGROS OLIVERAS VÁZQUEZ               Caso Núm.
         Apelante                       GB2022RF00089

                                                            Sobre:
                                                            (Divorcio) Alimentos
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el Juez
Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero

Adames Soto, Juez Ponente

                                     SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      Comparece la señora Andrea de las Mercedes Oliveras Vázquez-

Bruno (apelante o señora Oliveras Vázquez-Bruno), mediante recurso de

apelación, solicitando la revisión de una Resolución dictada por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 1 de

noviembre de 2022. Mediante su dictamen, el foro primario impartió su

aprobación    al        informe   rendido   por   el   Examinador   de   Pensiones

Alimentarias (EPA), Lcdo. Edwin Franqui González y, en consecuencia,

aprobó la estipulación de las partes en cuanto a la pensión alimentaria en

beneficio de su hijo menor de edad.

      Nos corresponde dilucidar si al dictar la Resolución apelada, el foro

primario erró al no precisar que el señor Sean B. Jiménez Cadilla (apelado

o señor Jiménez Cadilla) asumió capacidad económica para sufragar la

pensión alimentaria.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
KLAN202200985                                                              2

          Por los fundamentos que expresaremos a continuación, procede

confirmar la Resolución apelada.

I. Resumen del tracto procesal

          El 12 de octubre de 2022, el apelado presentó Demanda por

Divorcio y Custodia Monoparental contra la señora Oliveras Vázquez-

Bruno. En esencia, el señor Jiménez Cadilla solicitó que el TPI disolviera

el vínculo matrimonial por ruptura irreparable y le concediera la custodia

del menor SMJO.

          Así las cosas, el 13 de octubre de 2023, el TPI emitió Notificación

Citación para Vista, en dónde requirió la comparecencia de las partes ante

el EPA para el 28 de octubre de 2022.

          Según pautado, se celebró la vista sobre revisión de pensión

alimentaria ante el EPA. Consta en la transcripción de dicha vista que el

apelado asumió la capacidad económica con relación a los gastos que

estaban en la Planilla de Información Personal y Económica presentada

por la apelante.1 Asimismo, en la vista se estableció que los gastos

médicos del menor se harían por medio de reembolso del cien porciento,

conforme a la evidencia que se le presente al señor Jiménez Cadilla.2 En

cuanto a los pagos de educación, se dispuso que el apelado los pagaría

directamente.3 Más adelante, el EPA le mostró a la señora Oliveras

Vázquez-Bruno y al señor Jiménez Cadilla una tabla que incluía los

gastos del menor conforme se discutieron en la vista.4 Finalmente, a

preguntas del EPA, tanto la apelada como el apelado acordaron la

pensión alimentaria en beneficio del menor.5

          El 1 de noviembre de 2022, mediante Acta, el EPA le recomendó al

TPI aprobar la estipulación final acordada por el señor Jiménez Cadilla y

la señora Olivera Vázquez-Bruno.

1 Véase Transcripción de la Vista de Pensión Alimenticia, pág. 8.
2 Íd., en la pág. 16.
3 Íd., en la pág. 22.
4
    Íd., en la pág. 23.
5
    Íd., en la pág. 36.
KLAN202200232                                                           3

      Ese mismo día, el TPI emitió Resolución aprobando la estipulación

de las partes en corte abierta y bajo juramento. De la Resolución surge

que las partes acordaron de manera final lo siguiente:

      a) El Sr. Sean B. Jiménez Cadilla, pagará la cantidad de
         $121.61 semanales, más el pago directo de las
         mensualidades de cuido o educación y la matrícula, por
         concepto de pensión alimenticia, para beneficio de su hijo
         menor de edad: S.J.J.O., nacido el 25 de marzo de 2020.

      b) La cantidad acordada será depositada en la cuenta
         040454584 de Banco Popular de Puerto Rico, mediante
         transferencia electrónica (ATH Móvil), efectivo el 4 de
         noviembre de 2022. Cada parte deberá guardar evidencia
         de lo pagado y recibido.

      c) El menor continuará beneficiándose del plan médico
         privado que le provee el señor Jiménez Cadilla, quien
         además reembolsará el 100% de los gastos médicos que no
         cubra el plan, así como los de regreso a la escuela de
         materiales, uniformes y libros. La señora Oliveras Vázquez
         tendrá 5 días para enviar la evidencia de los gastos y el
         señor Jiménez Cadilla tendrá 5 días para enviar el
         reembolso a partir del recibo de la prueba.

      d) Se reconoce una deuda por concepto de retroactividad por
         la cantidad de $364.83 la cual será pagadera por el señor
         Jiménez Cadilla en 4 plazos semanales, a razón de $91.20
         adicionales hasta su saldo.

      Acto seguido, la apelante presentó Moción para que se incluya en la

Resolución de alimentos [23] que el alimentante asumió capacidad

económica. En lo pertinente, solicitó que se aclarara el récord para que

estableciera que la    pensión establecida no fue        por estipulación.

Argumentó que el señor Jiménez Cadilla asumió la capacidad económica,

por lo cual, se prescindió de realizar un descubrimiento de prueba y de

aplicar las guías. Asimismo, afirmó que no hubo objeción a los gastos

reportados, pero ello no es equivalente a una estipulación. Finalmente,

indicó que, conforme nuestro sistema de derecho, al alimentante asumir

la capacidad económica, se compromete voluntariamente a pagar el 100%

de los gastos del alimentista. Por lo cual, solicitó que se enmendara la

Resolución de conformidad a la aceptación de capacidad económica.
KLAN202200985                                                           4

       Examinada la moción, el 2 de noviembre de 2022, el TPI refirió el

asunto al EPA.

       Inmediatamente, el EPA presentó una Acta. Allí, solicitó que el TPI

declarara No HA Lugar la solicitud de reconsideración. En esencia, el EPA

sostuvo que, tanto el Acta del examinador, como la Resolución del

Tribunal recogían fielmente lo sucedido en la vista de alimentos celebrada

el 28 de octubre de 2022. Arguyó que las partes acordaron establecer la

pensión en la cantidad fijada en el dictamen judicial, luego de repasar el

cálculo resultante de la evaluación de los gastos reclamados por la

apelante y la capacidad económica asumida por el apelado. Añadió, que

tanto la señora Oliveras Vázquez-Bruno, como el señor Jiménez Cadilla,

expresaron en la vista su aprobación a la pensión calculada. Finalmente,

señaló que los gastos extraordinarios que pudieran surgir y no fueron

contemplados en la Planilla de Información Personal y Económica de la

apelante, el señor Jiménez Cadilla deberá satisfacerlos en un 100% de

acuerdo con la capacidad económica asumida, una vez ambos padres

consientan los referidos gastos.

       Luego de examinar el Acta presentada por el EPA, el 7 de noviembre

de 2022,6 el TPI emitió Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración.

       Inconforme, la señora Oliveras Vázquez-Bruno presentó el recurso

de apelación ante nuestra consideración, planteando el siguiente

señalamiento de error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL OMITIR Y
       NEGARSE A CONSIGNAR EN LA DETERMINACIÓN DE
       PENSIÓN   ALIMENTARIA   PERMANENTE     QUE     EL
       ALIMENTANTE ASUMIÓ CAPACIDAD.

       El 3 de febrero de 2023, el señor Jiménez Cadilla presentó su

Oposición a Escrito de Apelación.

6 Notificada el 8 de noviembre de 2022.
KLAN202200232                                                            5

      Examinados los escritos de las partes, los anejos, así como la

transcripción de la vista, la cual aprobamos mediante Resolución de 13 de

diciembre de 2022, estamos en posición de resolver.

II. Exposición de Derecho

   A. Alimentos

      En nuestro ordenamiento jurídico los menores tienen un derecho

fundamental a recibir alimentos. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR

706, 717 (2022); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632

(2011). Este derecho es inherente al derecho fundamental a la vida,

consagrado en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Díaz Ramos

v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 923 (2017); De León Ramos v. Navarro

Acevedo, 195 DPR 157, 169 (2016); Santiago, Maisonet v. Maisonet

Correa, 187 DPR 550, 559-560 (2012); Llorens Becerra v. Mora

Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 (2010); McConnell v. Palau, 161 DPR

734, 745 (2004).     Los casos sobre alimentos de menores están

revestidos del más alto interés público. Díaz Rodríguez v. García Neris,

supra, pág. 5; Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, pág. 632;

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). (Énfasis suplido). Ello debido

a que procurar el mejor interés y bienestar de los menores “constituye un

pilar fundamental de nuestra sociedad y se ha reconocido como parte

integral de la política pública del Gobierno de Puerto Rico.” De León

Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 169. De esta manera, en la

eventualidad que se perciba un conflicto entre intereses ajenos y el mejor

interés de un menor, se debe resolver a favor del menor. Muñoz Sánchez

v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016); Ortiz v. Meléndez, 164 DPR

16, 28 (2005).

      La obligación general de proveer alimentos entre parientes se

encuentra regulada por los Arts. 653 al 678 del Código Civil, 31 LPRA

secs. 7531-7574, y por la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986,
KLAN202200985                                                             6

conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de

Menores, 8 LPRA sec. 501 et seq. (Ley de ASUME). Fonseca Zayas v.

Rodríguez Meléndez, ante, pág. 633.

      Por su parte, el artículo 590 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7242,

establece que los progenitores tienen el deber de alimentar y proveerle lo

necesario para el desarrollo y formación integral de sus hijos, sujetos a su

patria potestad. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable

para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia

médica de una persona, según la posición social de su familia. Cuando el

alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su

educación, las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las

circunstancias de su entorno familiar y social y los gastos extraordinarios

para la atención de sus condiciones personales especiales. Art. 653 del

Código Civil, 31 LPRA 7531.

      La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es

procurar “que los padres o las personas legalmente responsables

contribuyan, en la medida en que sus recursos lo permitan, a la

manutención y bienestar de sus hijos o dependientes mediante el

fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los procedimientos

administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y

distribución de las pensiones alimentarias.” Art. 3 de la Ley de ASUME, 8

LPRA sec. 502; De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 171.

   B. Aceptación de Capacidad Económica

      La obligación alimentaria está expresamente consignada en el

Código Civil, no obstante, en aras de asegurar su cumplimiento, se

promulgó la Ley de ASUME, supra. De León Ramos v. Navarro Acevedo,

195 DPR 157, 170 (2016). Consecuentemente, el Artículo 16 de la Ley de

ASUME establece que, en los procedimientos relacionados con pensiones
KLAN202200232                                                            7

alimentarias, el descubrimiento sobre la situación económica del

alimentante y alimentista es compulsorio. 8 LPRA sec. 515.

      A esos efectos, y en armonía con los postulados de la Ley de

ASUME se promulgaron las Guías para Determinar y Modificar Pensiones

Alimentarias en Puerto Rico (Guías), contenidas en la citada ley. Franco

Restro v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 149 (2012). Con ellas, se pretende

determinar la cuantía de las pensiones alimentarias de menores de edad,

basadas en criterios numéricos y descriptivos que permitan el cómputo de

la cuantía de la obligación alimentaria. Íd.

      No obstante, hay casos particulares en los que el Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha reconocido la inaplicabilidad de las Guías para el

cómputo de las pensiones alimentarias. Díaz Rodríguez v. García Neris,

208 DPR 706, 719 (2022). Específicamente, el alimentante no tiene que

descubrir prueba de su situación          económica cuando     acepta   su

capacidad para pagar la totalidad de la pensión alimentaria que supla

las necesidades del menor. Íd; Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa,

supra, pág. 570; Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 150 DPR 525, 544

(2000). (Énfasis nuestro). En ese escenario, solo resta determinar la suma

justa y razonable a ser impuesta como pensión. Íd. Por tal razón, la

pensión alimentaria se fijará conforme con los preceptos del Código Civil

de Puerto Rico de 2020 contenidos en los Arts. 590, 665 y 653, 31 LPRA

secs. 7242, 7561 y 7653, tomando en consideración la condición

económica y el estilo de vida del alimentante. Íd., págs. 719-720. Ello, en

unión a las necesidades de los alimentistas, incluyendo en estas el estilo

de vida al cual estaban acostumbrados. Íd; Santiago, Maisonet v. Maisonet

Correo, supra, en la pág. 566, citando a Chévere Mouriño v. Levis

Goldstein, 152 DPR 492 (2000). Consecuentemente, las necesidades

razonables del alimentista serán las que la persona custodia pruebe
KLAN202200985                                                           8

durante una vista evidenciaria. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correo,

supra, pág. 572.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

      La apelante aduce que incidió el TPI al omitir y negarse a consignar

en su Resolución que el apelado asumió la capacidad económica. Asevera

que dicha omisión deja desprovisto al menor de poder reclamar en caso

de que sea necesario, el pago de ciertos gastos que surjan durante los 3

años de vigencia de la pensión alimentaria. Por último, argumenta que las

partes no estipularon la pensión alimentaria, sino que acataron el

cómputo matemático realizado por el EPA para establecer las cuantías

mensuales a pagar. No le asiste la razón, veamos.

      Para atender los planteamientos formulados por la apelante

conviene antes destacar dos asuntos. Primero, no existe controversia de

que el señor Jiménez Cadilla en la vista de pensión alimentaria asumió la

capacidad económica. Segundo, tampoco existe controversia de que, en la

vista, el EPA, junto a las partes, discutieron uno por uno los gastos

identificados en la Planilla de Información Personal y Económica de la

apelante, y posteriormente, las partes afirmaron estar de acuerdo con la

pensión alimentaria establecida.

      Como plasmamos en la exposición del derecho, el alimentante no

tiene que descubrir prueba de su situación económica cuando acepta su

capacidad económica para pagar la totalidad de la pensión alimentaria

que supla las necesidades del menor. Díaz rodríguez v. García Neris,

supra. Cónsono con lo antes señalado, en la vista de pensión alimentaria

celebrada el 28 de octubre de 2022, no hubo desfile de prueba. El apelado

asumió la capacidad económica y se aceptaron como correctos los gastos

informados por la señora Oliveras Vázquez-Bruno en la Planilla de

Información Personal y Económica. Conforme lo cual, la apelante y el

apelado acordaron la pensión alimentaria en beneficio del menor.
KLAN202200232                                                                9

      A la luz de lo anterior, la alegación de la apelante de que

simplemente acataron el cómputo matemático realizado por el EPA es

equivocada. De la transcripción de la vista, tal y como hemos señalado,

surge que las partes discutieron uno a uno los gastos presentados por la

apelante en su Planilla de Información Personal y Económica antes de

acordar la pensión alimentaria.

      En cuanto a los gastos extraordinarios que pudieran surgir en el

futuro, y que no fueron contemplados en la cuantía correspondiente a la

pensión alimentaria, nuestro Tribunal Supremo ha sido claro en

establecer que una vez el alimentante admite capacidad económica,

procede entonces que el alimentante pague el 100% de los gastos

razonables de los menores. Santiago Maisonet v. Maisonet Correa, supra.

Además, nuestro Código Civil establece que cuando el alimentista es

menor de edad, los alimentos comprenden también los gastos

extraordinarios para la atención de sus condiciones personales

especiales. Artículo 653, 31 LPRA sec. 7531. (Énfasis nuestro). Por otra

parte, “los acuerdos de alimentos no constituyen cosa juzgada y están

sujetos a revisión”. Íd., en la pág. 722. Por ello, la pensión alimentaria

−acordada    por   las   partes   y   aceptada   por   el   tribunal   mediante

estipulación− puede ser alterada cuando existe un cambio sustancial en

las circunstancias que originaron el convenio. Íd. (Énfasis nuestro).

      Por consiguiente, el error señalado por la apelante no se cometió. El

procedimiento se condujo bajo el criterio de que el apelado asumió la

capacidad económica, y así se estableció la pensión alimentaria. De

manera que, no es necesario añadir expresión alguna en la Resolución

emitida por el TPI.

      En definitiva, no hemos identificado evidencia en contrario en el

expediente que derrote la presunción de corrección y legalidad de la

Resolución apelada. Este Tribunal no cuenta con los elementos para
KLAN202200985                                                          10

descartar la apreciación razonada y fundamentada de la determinación

del foro primario, acogiendo la recomendación del EPA.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos que anteceden, resolvemos confirmar la

Resolución recurrida.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones