Court Opinion

ID: 9916039
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:49.688131+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:39.809342
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

  FIVE DEVELOPMENT                                       APELACIÓN
    CORPORATION Y                                        procedente del
        OTROS                                            Tribunal de Primera
                                                         Instancia, Sala
  Demandante-Apelante            KLAN202300878           Superior de San
                                                         Juan
              v.
                                                         Caso núm.:
  BANCO POPULAR DE                                       SJ2020CV01682
  PUERTO RICO, INC.               Consolidado con        (901)

   Demandado-Apelado                                     Sobre:
                                                         Incumplimiento de
                                                         Contrato

  FIVE DEVELOPMENT                                       APELACIÓN
    CORPORATION Y                                        procedente del
        OTROS                                            Tribunal de Primera
                                                         Instancia, Sala
  Demandante-Apelado             KLAN202300893           Superior de San
                                                         Juan
              v.
                                                         Caso núm.:
  BANCO POPULAR DE                                       SJ2020CV01682
  PUERTO RICO, INC.                                      (901)

  Demandado-Apelante                                     Sobre:
                                                         Incumplimiento de
                                                         Contrato

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece ante este tribunal apelativo Five Development

Corporation y otros1 (los apelantes-apelados) mediante el recurso de

apelación solicitándonos que revoquemos la Sentencia Parcial

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI), el 30 de junio de 2023, notificada el 5 de julio siguiente.

A su vez, acude ante esta Curia el Banco Popular de Puerto Rico

1 La parte apelante está compuesta por veintitrés (23) corporaciones adicionales,

el Sr. Rafael Pérez Matos (señor Pérez Matos) y el matrimonio compuesto por
Rafael Pérez Matos y Celene Diez Braschi (matrimonio Pérez -Diez).

Número Identificador
SEN2023___________________________
KLAN202300878/KLAN202300893                                                   2

(BPPR o el Banco) peticionándonos que modifiquemos la referida

Sentencia Parcial a los únicos efectos de que se desestimen también

las primera y segunda causas de acción de la demanda instada en

su contra.2

       En dicho dictamen, el foro primario declaró parcialmente Ha

Lugar a la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el

BPPR desestimando solamente la tercera causa de acción de la

demanda. Subsistiendo así las causas de acción primera, segunda,

cuarta, quinta y sexta únicamente respecto a los hechos posteriores

a la firma del acuerdo de moratoria.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                       I.

       El 24 de febrero de 2020, Five Development Corporation, más

otras veintitrés (23) corporaciones, el señor Pérez Matos y el

matrimonio Pérez-Diez, presentaron una Demanda sobre daños y

perjuicio, incumplimiento de contrato, dolo, mala fe contractual y

responsabilidad del prestamista (“Lender’s Liability”) en contra del

BPPR y una compañía aseguradora de nombre desconocido.3 En

síntesis, alegaron haber adquirido el 15 de agosto de 2007 dos (2)

préstamos por $151,000,000 del extinto Westernbank y que estos

fueron adquiridos por el BPPR mediante transacción con la FDIC

(Federal Deposit Insurance Corporation). Arguyeron que el BPPR,

actuando de mala fe, decidió unilateralmente que ellos tendrían que

renegociar y restructurar los préstamos para subir los intereses y

acortar los vencimientos. Así, comenzó una campaña de presión y

hostigamiento para inducirlos a aceptar un incremento en los

intereses y un vencimiento menor al pactado con el Westerbank.

2
  El 10 de octubre de 2023 emitimos una Resolución consolidando motu proprio
los dos recursos.
3 En el tracto procesal se detallan algunos extractos de los narrados en el caso

KLAN202300797 consolidado KLCE202300995 cuya Sentencia emitimos el 13 de
septiembre de 2023.
KLAN202300878/KLAN202300893                                                3

Ante la deteriorada relación con el Banco, los apelantes comenzaron

a buscar financiamiento con Bixby Bridge Capital para comprar los

préstamos adeudados por un único pago de $41.2 millones. Sin

embargo, estando en negociaciones, el 31 de julio de 2019 el Banco

los vendió a Condado 6, LLC.

       En atención a lo alegado, los apelantes incluyeron en su

demanda las siguientes seis (6) causas de acción: Primera- Actos

ilícitos, dolo y maquinaciones insidiosas del Banco; Segunda-

Coerción “Duress” Económica; Tercera- Incumplimiento de contrato

y responsabilidad del prestatario o “Lenders Liability”; Cuarta-

Responsabilidad Civil Extracontractual; Quinta- En Reclamación de

Daños y Perjuicios a favor de los demandantes que son personas

naturales; y Sexta- Costas y Honorarios de Abogado- Temeridad.

Acorde con estas solicitaron varias compensaciones y resarcimiento

de perjuicios ocasionados por la conducta dolosa, torticera,

negligente y engañosa del Banco; así como $1,000,000 por los daños

y angustias mentales para cada uno de los tres demandantes

naturales, más costas e intereses y honorarios de abogado.

       El 20 de diciembre de 2021, el BPPR presentó su Contestación

Enmendada a Demanda y Reconvención.4 En síntesis, negó las

alegaciones     hechas     en    su   contra,     levantó   varias   defensas

afirmativas, e incluyó una reconvención donde se incluyeron tres

causas de acción, a saber: Sentencia Declaratoria e incumplimiento

de los demandantes-reconvenidos con el pacto de no demandar y las

renuncias y relevos a favor de BPPR; Daños como producto de

actuaciones de mala fe; y Daños producto del quebrantamiento de

la Doctrina de Actos Propios.

       Entre sus respuestas a la demanda especificó que, el 13 de

diciembre de 2013, las partes suscribieron el “Amended and

4 Véase el Apéndice del recurso, a las págs. 36-81.
KLAN202300878/KLAN202300893                                        4

Restated Credit Agreement” para restructurar y consolidar las

obligaciones de pago de los deudores al amparo de los contratos de

préstamo existentes a dicha fecha. Indicó que dicho contrato fue

formalizado por las partes libre y voluntariamente, y los apelantes

contaron con asesoría legal durante todo el proceso de negociación

y firma de este.5 Asimismo, apuntaló que en el referido convenio se

incluyó una renuncia y relevo de reclamaciones por los apelantes a

favor del Banco. Por otro lado, arguyó que no tenía deber ni

obligación de buscar el consentimiento de los apelantes antes de

transferir los préstamos a un tercero.

        El 13 de enero de 2022, los apelantes presentaron su Réplica

a la Reconvención, en la que, en síntesis, negaron las alegaciones

hechas en su contra. Levantaron varias defensas afirmativas como

que existió un desnivel en las prestaciones que “le permitió al Banco

aprovecharse de ellos para imponerle unos relevos, cláusulas

leoninas y estrangularlos hasta que no tuvieran otra alternativa que

doblegarse y aceptar las exigencias del Banco en contra de su

voluntad.”6

        Así, el 21 de julio de 2022, el BPPR presentó una Moción de

Sentencia Sumaria Parcial. En la misma propuso cincuenta y ochos

(58) hechos materiales incontrovertidos los que a su entender

resultan suficientes para la desestimación sumaria de la primera,

segunda, tercera, quinta, y sexta causas de acción incluidas en la

demanda.7 En especial, fundamentó su petitorio en que los

apelantes firmaron múltiples acuerdos de renuncia al ejercicio de

acciones legales a favor del BPPR. Sobre este punto, reiteró que los

apelantes acreditaron que firmaron el “Amended and Restated

Credit Agreement” sin que mediara fraude, influencia indebida,

5 Íd., a la pág. 60.
6 Íd., a la pág. 303.
7 Íd., a las págs. 322-334.
KLAN202300878/KLAN202300893                                                 5

presión o coerción de clase alguna y que se otorgó el acuerdo luego

de    haber      obtenido      la   oportunidad   de    discutirlo   con   su

representación legal.8 Asimismo, señaló que en las enmiendas a

dicho contrato los apelantes reconocieron expresamente que no

poseían reclamación en contra del BPPR y renunciaron a cualquier

causa de acción o defensa.9 También indicó que en el Acuerdo de

Moratoria firmado el 23 de octubre de 2017 los apelantes recalcaron

por quinta vez no tener reclamación, causa de acción o defensa ante

el BPPR. Por tanto, arguyó que este acuerdo dispone de las

reclamaciones predicadas en los hechos alegados en o antes de esa

fecha.10

        Luego de varios trámites procesales, el 6 de septiembre de

2022, los apelantes presentaron su Oposición a: “Moción de

Sentencia Sumaria Parcial” o en la Alternativa, para que se Posponga

su Consideración en Virtud de la Regla 36.6 de las de Procedimiento

Civil en la que solo aceptaron como incontrovertidos los primeros

seis (6) hechos propuestos por el Banco.11 En esta, se opusieron a

la desestimación de las causas de acción alegando, entre otros

asuntos, que: el Banco no ha contestado el descubrimiento de

prueba que se le cursó hace más de dos (2) años, el cual es necesario

para probar la conducta imputada en su contra; la validez de los

acuerdos de renuncia, en los cuales el BPPR basó su solicitud, está

en controversia; y la imputación de haber violado los postulados

más básicos de la buena fe no debe ser resuelta sin el beneficio de

ver   y    escuchar      la    prueba.12   Además,     expusieron    que   las

controversias son: (1) “si el BPPR estaba justificado para presionar

a los Demandantes para exigir mediante coacción y presiones

indebidas la reestructuración de los préstamos que estaban al día

8 Íd., a la pág. 325.
9 Íd., a las págs. 336-337.
10 Íd., a la pág. 336.
11 Íd., a las págs. 402-444.
12 Íd., a la pág. 440.
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para incrementar sus intereses y acotar sus vencimientos” y (2) si al

suscribir el “Amended and Restated Credit Agreement” y las

Primera, Segunda, Tercera Enmiendas; así como el Acuerdo de

Moratoria, lo hicieron voluntariamente y renunciaron a sus

derechos.13 Entre sus súplicas está el que el TPI pospusiera la

adjudicación de la moción de sentencia sumaria hasta que se les

permita realizar el descubrimiento de prueba.

        El 1 de noviembre, el BPPR instó una réplica a dicho escrito

señalando que los apelantes no controvirtieron: el lenguaje expreso

del “Amended and Restated Credit Agreement”, el cual contiene

renuncias claras y libres de ambigüedad que disponen de las

reclamaciones en su contra; y que firmaron el referido contrato y

sus enmiendas mientras contaban con asesoría legal. Por lo que,

reafirmaron que los apelantes renunciaron a las acciones que

pretenden instar en contra del Banco. Asimismo, apuntaló que la

validez del consentimiento no está en controversia, ya que los

apelantes han admitido ante el TPI que el caso “no envuelve una

reclamación por dolo en el otorgamiento de los contratos”, “no

envuelve una reclamación de anulabilidad por vicios en el

consentimiento” y que “en ningún momento se solicita la

anulabilidad de los contratos suscritos por los Demandantes.”14 A

su vez, el Banco expuso que no se solicitó en su pedido sumario que

las renuncias se apliquen en la forma de relevos por conducta dolosa

futura. Es decir, “solicita en estos momentos hacer efectivas las

renuncias       que      los    Demandantes         firmaron   sobre   cualquier

reclamación a base de hechos que ocurriesen en o antes de la firma

del Contrato de Préstamo Enmendado y sus enmiendas- es decir, en

torno a actos previos o contemporáneos a la firma de estos.”15

13 Íd., a la pág. 422.
14 Íd., a la pág. 565. Énfasis en el original.
15 Íd., a la pág. 567.   Itálicas en el original.
KLAN202300878/KLAN202300893                                                       7

       Ese mismo día, el Banco presentó su oposición a la petición

de los apelantes respecto a que se deje en suspenso la consideración

de la moción de sentencia sumaria hasta que culmine el

descubrimiento de prueba. En esta moción, se indicó que el foro

primario ya había rechazado dicho pedido en la orden notificada el

22 de agosto de 2022, la cual no fue revisada y constituye la ley del

caso. Se argumentó, además, que en la Declaración Jurada que

anejaron los apelantes a su oposición no identifican asunto alguno

sobre el que necesiten hacer descubrimiento de prueba para

controvertir los hechos materiales, y estos admiten “que los

documentos dicen lo que dicen.”16

       El 3 de noviembre, los apelantes presentaron una réplica

consolidada donde refutaron los referidos dos escritos instados por

el BPPR. Recalcaron que, en su oposición a la moción dispositiva,

establecieron las controversias que deben ser resueltas en un juicio

plenario y que el Banco se ha negado a contestar el descubrimiento

de prueba cursado.

       Evaluados los antedichos escritos, el 30 de junio de 2023,

notificada el 5 de julio siguiente, el TPI dictó la Sentencia Parcial

apelada en la que esbozó cincuenta y cuatro (54) determinaciones

de hechos que no están en controversia.17 Conforme a lo allí

determinado, el foro primario declaró parcialmente Ha Lugar la

Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el BPPR, solo

en cuanto a la desestimación de la causa de acción número tres de

la demanda. Asimismo, preservó las causas de acción primera,

segunda, cuarta, quinta y sexta únicamente respecto a las

reclamaciones que no hayan sido renunciadas en virtud de los

relevos consignados en los documentos de préstamos. Al respecto,

16 Íd., a la pág. 586. Esto en referencia a la expresión de la nota al calce 3 de la
oposición. Íd., a la pág. 423.
17 Íd., a las págs. 718-729.
KLAN202300878/KLAN202300893                                              8

advirtió que dichas causas subsisten en torno a las controversias

relacionadas a los hechos posteriores a la firma del acuerdo de

moratoria suscrito el 23 de octubre de 2017. A su vez, el foro a quo

denegó la oposición a dicho petitorio y declaró No Ha Lugar a la

Moción de Desglose y Oposición a “Moción para: (1) Notificar copia del

Informe Pericial y Currículum Vitae y (2) Suplementar Oposición a

Moción de Sentencia Sumaria Parcial” instada por el Banco.

       Entre los fundamentos para el dictamen, el foro a quo

entendió que:18

           ...
               Se equivoca la parte demandante en la medida que
           sostiene que los relevos en este caso son nulos porque
           implican la renuncia a priori de cualquier
           incumplimiento por parte del BPPR. Lo anterior, puesto
           que nuestro ordenamiento jurídico no contempla una
           prohibición absoluta a la renuncia de derechos a priori
           o con anticipación. […]
           ...
           …
               Aunque en su Oposición a: “Moción de sentencia
           sumaria parcial” [...], la parte demandante alegó que su
           reclamación versa sobre dolo, negligencia y malos
           tratos por la conducta desplegada por el BPPR posterior
           al otorgamiento de los documentos de préstamo,
           ulteriormente, en su Réplica consolidada a: (1) Réplica
           a oposición a: Moción de sentencia sumaria parcial [...]
           del 3 de noviembre de 2022, precisó que la reclamación
           responde a la conducta desplegada por el BPPR en el
           proceso de cumplimiento y ejecución de sus
           obligaciones, la cual, presuntamente, comenzó con la
           adquisición de los préstamos en cuestión y culminó con
           su venta a Condado 6.
                Siendo así, estamos compelidos a determinar la
           validez prima facie de los relevos de responsabilidad
           suscritos por la parte demandante con posterioridad al
           2010, año en que el BPPR advino en la titularidad de
           los préstamos, y con anterioridad al 23 de octubre de
           2017, fecha en que se suscribió el último de los
           documentos de préstamo, es decir, el acuerdo de
           moratoria o “Moratorium, Forbeance and Amendment
           Agreement”. Esto así, puesto que cualquier acción para
           reclamar por conducta dolosa en la que el BPPR pudo
           haber incurrido durante el tiempo anterior o
           concomitante a los acuerdos otorgados ya exigible a la
           fecha en que los mismos fueron suscritos, por lo que
           fue válidamente renunciada. Sin embargo, empleamos
           el término prima facie en aras de no adelantarnos a una
           conclusión que amerita mayor abundamiento.
               [...]En lo atinente a su situación particular, la parte
           demandante sostuvo que el desnivel en las prestaciones
           le permitió al BPPR aprovecharse e imponerle unas
           cláusulas leoninas y estrangularla hasta que no tuvo
           otra alternativa que doblegarse y aceptar esas
           exigencias en contra de su voluntad.

18 Íd., a las págs. 735-739. Énfasis e itálicas en el original.
KLAN202300878/KLAN202300893                                      9

           No podemos suscribir la contención de la parte
      demandante por múltiples razones. En primer lugar,
      según surge del expediente y de la prueba documental
      apreciada por el tribunal, la parte demandante es un
      grupo comercialmente sofisticado que se dedica al
      arrendamiento de propiedades comerciales. Además, la
      parte demandante aceptó suscribir los documentos de
      préstamos con el beneficio de ser asistida y orientada
      por su representación legal. […]
      ...
      …
           Las secciones antes citadas del Contrato de
      Préstamo Enmendado, junto con otras de similar
      naturaleza que se hayan consignadas en los
      subsiguientes documentos de préstamos, dejan de
      manifiesto que la parte demandante renunció a toda
      reclamación legal relacionada con los préstamos en
      cuestión de manera libre, voluntaria e inequívoca.
      Siendo así, no albergamos duda de que, ante este
      cuadro fáctico, no surge la disparidad en fuerza que
      amerita decretar la nulidad de los relevos. Desde esta
      óptica, entendemos que la parte demandante pudo
      haber experimentado sensación de coacción ante la
      amenaza de ser demandada en cobro de dinero o ser
      sometida a un proceso de quiebra involuntaria. Sin
      embargo, que una parte advierta de su intención de
      ejercer una obligación legalmente exigible no es motivo
      de coacción. Sobre este particular, como bien señala el
      BPPR, es un principio hartamente conocido en nuestro
      ordenamiento jurídico que “la amenaza de ejercer un
      derecho no es sinónimo de intimidación.” (cita omitida).
      Por lo hasta aquí discutido, procede sostener la
      efectividad de las cláusulas de relevo antepuestas como
      defensas por el BPPR dado que las mismas son claras,
      libres de ambigüedad, válidas y exigibles.
           Ahora bien, lo anterior, no sin antes aclarar que
      subsisten varias de las causas de acción que el BPPR
      pretende que se desestimen en su totalidad a base de
      los relevos en cuestión. Nos referimos específicamente
      a las causas de acción primera, segunda, quinta y sexta
      de la Demanda, las cuales no solo versan sobre
      reclamaciones previamente renunciadas por la parte
      demandante en los documentos de préstamo, sino que
      en ellas se reclama por el BPPR haber vendido los
      préstamos en cuestión a un tercero, estando en
      negociaciones con la parte demandante. Dicha venta
      ocurrió el 31 de julio de 2019, es decir, con
      posterioridad al acuerdo de moratoria suscrito el 23 de
      octubre de 2017. Por lo tanto, no podemos avalar la
      alegación de que dichas causas deben ser desestimadas
      por lo contemplado en las cláusulas de relevo. Como
      mencionamos anteriormente, la renuncia de derechos,
      en general, no se presume, y es de interpretación
      estricta y, a estas alturas, no se ha puesto al tribunal
      en condición de hacer extensivos los relevos a las
      reclamaciones que tratan sobre la venta de los
      préstamos en cuestión.
          Sobre este particular, hacemos hincapié en que la
      renuncia a reclamar por acciones relacionadas con el
      cumplimiento de las obligaciones prestatarias no es
      sinónimo de una renuncia a reclamar por cualquier
      responsabilidad que pudo generar la venta de los
      préstamos a un tercero. […]
KLAN202300878/KLAN202300893                                         10

      El 20 de julio de 2023, los apelantes presentaron una Moción

de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos

Adicionales y Conclusiones de Derecho. En esta, adujeron que el TPI

no consideró la Declaración Jurada y el informe pericial que refuta

las determinaciones que hiciera el foro primario en su dictamen. Los

cuales,   no   fueron    controvertidos   por   el   Banco.   Asimismo,

propusieron ochenta y seis (86) hechos incontrovertidos que surgen

de la Declaración Jurada más otros adicionales del informe pericial.

El BPRR se opuso aduciendo que la Declaración Jurada era

inadmisible, ya que las declaraciones que contiene no están basadas

en el conocimiento personal de los suscribientes. Además, expresó

que ninguna de las pretensiones de los apelantes refuta los hechos

esenciales y materiales que fundamentan el dictamen.

      Ese mismo día, el Banco instó una Moción de Reconsideración

Parcial en la que le solicitó al foro primario la desestimación de la

primera y segunda Causas de Acción de la demanda. Esto, debido a

que en las mismas los apelantes solicitan remedios contra el Banco

a base de la reestructuración de los préstamos que ocurrió en el

2013, lo cual constituye materia abarcada por las renuncias que

hizo efectivas el tribunal en la Sentencia. Los apelantes se opusieron

a este pedido indicando que, en ambas causas de acción, se

reclaman daños por hechos ocurridos entre los años 2017 y 2019.

      Finalmente, el 10 de agosto de 2023, notificada el 11 del

mismo mes y año, el TPI emitió una Resolución, mediante la cual

declaró No Ha Lugar a ambas mociones de reconsideración.

      Inconformes       con   dicha   determinación,    los   apelantes

acudieron ante este foro intermedio mediante un recurso de

Apelación (caso KLAN202300797). También en desacuerdo, el BPPR

acudió mediante un recurso de Certiorari (caso KLCE202300995), el

cual fue acogido como uno de apelación. No obstante, se conservó

su designación alfanumérica.
KLAN202300878/KLAN202300893                                       11

      En la Sentencia que dictamos el 13 de septiembre de 2023

dispusimos que el TPI no atendió en la Resolución de 10 de agosto

de 2023 la solicitud de determinaciones de hechos adicionales

presentada por los apelantes, por lo que determinamos que los

recursos de apelación fueron presentados de forma prematura.

      Así, una vez recibido el Mandato, el 25 de septiembre de 2023,

notificada el próximo día, el TPI dictó una Resolución Enmendada,

en la que resolvió las reconsideraciones; así como la solicitud de

determinaciones de hechos adicionales y conclusiones de derecho

instada por los apelantes.

      Todavía en desacuerdo, los apelantes acuden ante esta Curia

mediante el recurso de apelación de epígrafe (KLAN202300878)

imputándole al tribunal primario haber incurrido en los siguientes

errores:

           ERRÓ EL TPI AL RESOLVER MEDIANTE SENTENCIA
           SUMARIA LA CONTROVERSIA SOBRE LA VALIDEZ DE
           LOS RELEVOS DE RESPONSABLIDAD, OBVIANDO
           QUE LA LEY DEL CASO DE LA RESOLUCIÓN DE 10
           DE SEPTIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO LA
           JURISPRUDENCIA APLICABLE, REQUIEREN QUE
           LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DE INTENCIÓN Y
           PROPÓSITOS MENTALES, COMO LO SON LA
           DISPARIDAD EN LA FUERZA DE NEGOCIACIÓN
           ENTRE LOS DEMANDANTES Y EL BPPR, SEAN
           DIRIMIDOS EN UN JUICIO PLENARIO Y CON LA
           OPORTUNIDAD       DE     COMPLETAR       EL
           DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.

           SEGUNDO: ERRÓ EL TPI AL NO TOMAR EN
           CONSIDERACIÓN EL DESBALANCE ENTRE LAS
           PARTES CONTRATANTES, PARTICULARMENTE EL
           GRAN PODERÍO ECONÓMICO DEL BPPR FRENTE A
           LOS DEMANDANTES Y ESPECÍFICAMENTE EL
           HECHO DE QUE EN PUERTO RICO SOLO HABÍA 3
           BANCOS COMERCIALES, LO CUAL LIMITABA
           SIGNIFICATIVAMENTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS
           DEMANDANTES PUDIERAN ACUDIR A OTRA
           INSTITUCIÓN    BANCARIA  PARA   OBTENER    O
           RENEGOCIAR EL FINANCIAMIENTO QUE EXIGÍA EL
           BPPR. EN OTRAS PALABRAS, EL BPPR APROVECHÓ
           ESAS CIRCUNSTANCIAS PARA PRESIONAR A LOS
           DEMANDANTES A RENEGOCIAR UN PRÉSTAMO QUE
           ESTABA AL DÍA.

           TERCERO: ERRÓ EL TPI AL EMITIR UNA SENTENCIA
           PARCIAL SUMARIAMENTE, SIN CONSIDERAR NI
           INCLUIR LAS DETERMINACIONES SOBRE HECHOS
           MATERIALES   QUE     SE   DESPRENDEN    DEL
           EXPEDIENTE, INCLUYENDO LA DECLARACIÓN
           JURADA DE LOS DEMANDANTES Y EL INFORME DEL
KLAN202300878/KLAN202300893                                                 12

            PERITO DE LOS DEMANDANTES, QUE DEMUESTRAN
            QUE EL BPPR CAUSÓ DAÑOS A LOS DEMANDANTES
            INTENCIONALMENTE.

            CUARTO:     ERRÓ   EL   TPI  AL   DESESTIMAR
            SUMARIAMENTE GRAN PARTE DE LA DEMANDA,
            BASÁNDOSE EN LA VALIDEZ DE UNOS RELEVOS,
            CUANDO LA PROPIA CLÁUSULA DE RELEVO
            UTILIZADA NO APLICA EN CASOS DE NEGLIGENCIA
            CRASA     Y  CONDUCTA    INTENCIONAL.  DICHA
            EXCEPCIÓN LEE SEGÚN A CONTIUACIÓN: "EXCEPT
            TO THE EXTENT THAT ANY SUCH CLAIMS,
            LIABILITIES, OBLIGATIONS, DEBTS, CAUSES O
            FACTION,    DEFENSES,   COUNTERCLAIMS,   AND
            SETOFFS ARE FOUND IN A FINAL, NON-APPEALABLE
            JUDGMENT     OF   A   COURT   OF   COMPETENT
            JURISDICTION TO HAVE RESULTED FROM THE GROSS
            NEGLIGENCE OR WIILFUL MISCONDUCT OF THE
            APPLICABLE RELEASEE."

       También insatisfecho, el BPPR acude ante este foro revisor

mediante el recurso de apelación de epígrafe (KLAN202300893)

imputándole al foro a quo haber cometido el siguiente error:

            ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA PRIMERA Y
            SEGUNDA CAUSAS DE ACCIÓN DE LA DEMANDA A
            BASE DE LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA
            PARCIAL DE[L] BPPR.

       El    6   de   octubre de     2023,    emitimos     una    Resolución

concediéndole al Banco el término de treinta (30) días para

expresarse. El 1 de noviembre siguiente19 se cumplió con lo

ordenado, por lo que nos damos por cumplidos.

       Además, el 10 de octubre de 2023, emitimos una Resolución

otorgando igual término a Five Development Corporation para

responder al recurso instado por el BPPR. El 21 de noviembre

también se cumplió con lo ordenado por lo que nos damos por

cumplidos.20

       En atención al cumplimiento de las partes con lo requerido,

decretamos perfeccionado los recursos.

19 El Banco junto con su alegato en oposición acompañó una Moción Solicitando

Autorización para Exceder el Número de Páginas …, la cual declaramos Con Lugar.
20 Precisa advertir que los apelantes aún cuando discutieron de manera somera

el error señalado por el Banco en el KLAN2302300893 usaron gran parte de su
Alegato en Oposición para incluir y discutir asuntos del KLAN202300878 instado
por ellos. Por lo que, determinamos que todos los argumentos que no estén
relacionados con el error plasmado en el KLAN2302300893 serán obviados en el
análisis del escrito.
KLAN202300878/KLAN202300893                                             13

      Analizados las comparecencias de las partes y los expedientes

apelativos; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a

resolver.

                                      II.

La sentencia dictada sumariamente

      En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia

sumaria está gobernado por la Regla 36 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, la cual autoriza a los tribunales a dictar

sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u

otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. Más específicamente,

la Regla 36.1, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, atiende la solicitud de este

tipo de disposición a favor de la parte reclamante en un pleito,

mientras que la Regla 36.2, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite su

petición a favor de la parte contra la que se reclama. En ambas

reglas se establece lo siguiente:

            Regla 36.1. A favor de la parte reclamante

            Una parte que solicite un remedio podrá presentar, …,
            una moción fundada en declaraciones juradas o en
            aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una
            controversia sustancial de hechos esenciales y
            pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia
            sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier
            parte de la reclamación solicitada.

            Regla 36.2. A favor de la parte contra quien se
            reclama

            Una parte contra la cual se haya formulado una
            reclamación podrá presentar, …, una moción fundada
            en declaraciones juradas o en aquella evidencia que
            demuestre la inexistencia de una controversia
            sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que
            el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor
            sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación.

      Entretanto, la Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3., dispone

los requisitos de contenido de la moción de sentencia sumaria y de

la   contestación      a   esta,   entre    otras   particularidades   del

procedimiento. Estos requisitos, como los párrafos enumerados de

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay
KLAN202300878/KLAN202300893                                        14

controversia sustancial, no son un mero formalismo, ni constituye

un simple requisito mecánico sin sentido. SLG Zapata-Rivera v. JF

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).

      En un primer plano, mediante el uso del mecanismo

discrecional de la sentencia sumaria, se aligera la tramitación de un

caso, puesto que, ante la ausencia de controversia de hechos, al

tribunal solo le corresponde aplicar el derecho. Oriental Bank v.

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). Así, sirve para propiciar la

solución justa, rápida y económica de los litigios civiles que no

presentan controversias genuinas de hechos materiales y que, por

lo tanto, no requieren la celebración de un juicio en su fondo, ya que

lo único que resta es dirimir una o varias controversias de derecho.

Íd.

      Este tipo de resolución procede en aquellos casos en los que

no existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los

hechos materiales y, por lo tanto, lo único que resta es aplicar el

derecho. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109

(2015). La precitada Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra,

dispone, en esencia, que para permitir este tipo de adjudicación

resulta   necesario   que,    de   las   alegaciones,   deposiciones,

contestaciones a interrogatorios, admisiones, declaraciones juradas

y cualquier otra evidencia, surja que no existe controversia real y

sustancial respecto a ningún hecho esencial y pertinente; y en

adición, que se deba dictar sentencia sumaria como cuestión de

derecho. Íd. En este sentido, solo procede dictarla cuando surge de

manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el

promovido no puede prevalecer ante el derecho aplicable y que el

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para

resolver la controversia. Íd., a las págs. 109-110.

      Es decir, por un lado, al promovente de la moción le toca

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe
KLAN202300878/KLAN202300893                                              15

controversia en cuanto a ningún hecho material, o sea ningún

componente de la causa de acción. Íd., a la pág. 110. Por el otro, al

oponente le corresponde establecer que existe una controversia que

sea real en cuanto a algún hecho material y, en ese sentido, no

cualquier duda es suficiente para derrotar la solicitud de sentencia

sumaria. Íd. Cabe recordar que, en este contexto, un hecho material

es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo

con el derecho sustantivo aplicable. Íd. Más específicamente, el

oponente debe controvertir la prueba presentada y no debe cruzarse

de brazos, pues de lo contrario se expone a que se acoja la solicitud

de sentencia sumaria y se le dicte en contra. Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 214-215 (2010). Esto significa que está

obligado a contestar de forma detallada y específica aquellos hechos

pertinentes que demuestran la existencia de una controversia real y

sustancial que requiere dilucidarse en un juicio. Íd. a la pág. 215.

En   este   ejercicio,   debe    presentar     declaraciones   juradas   o

documentos que pongan en controversia los hechos alegados por el

promovente, recordando que tampoco puede descansar en meras

alegaciones, sino que debe proveer evidencia sustancial de los

hechos materiales en disputa. Íd.

      No obstante lo anterior, no oponerse a la solicitud de

sentencia   sumaria      no     implica   ni   que   procederá    dictarla

obligatoriamente, si existe una controversia legítima sobre un hecho

material, ni que corresponderá dictarla a favor de su proponente si

no procede en derecho. Íd.

      Ahora bien, se han establecido ciertas reglas limitantes de la

discreción en el uso de la moción de sentencia sumaria. Por un lado,

la determinación en cuanto a esta debe guiarse por un principio de

liberalidad a favor de la parte que se opone, lo cual persigue evitar

la privación del derecho de todo litigante a su día en corte cuando

existen controversias de hechos legítimas y sustanciales que deben
KLAN202300878/KLAN202300893                                        16

ser resueltas. Íd. a las págs. 216-217. Por el otro, como norma

general, los tribunales están impedidos de dictar sentencia sumaria

en cuatro instancias: (1) cuando existan hechos materiales y

esenciales controvertidos; (2) cuando hay alegaciones afirmativas en

la demanda que no han sido refutadas; (3) cuando de los propios

documentos que acompañan la moción surge que existe una

controversia sobre algún hecho material y esencial; o (4) cuando

como cuestión de derecho no procede. Oriental Bank v. Perapi, supra

a las págs. 26-27. Dicho esto, cabe indicar que la moción de

sentencia sumaria no está excluida en ningún tipo de pleito, puesto

que, sin importar cuán complejo sea un pleito, puede dictarse si de

una moción de sentencia sumaria bien fundamentada surge que no

hay controversia sobre hechos materiales. Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, supra a la pág. 112.

      En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal

de Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra,

a la pág. 115. En Meléndez González, el Tribunal Supremo atemperó

este estándar a las exigencias de las nuevas Reglas de Procedimiento

Civil y a lo que ya había establecido hace una década en Vera v. Dr.

Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). Así las cosas, consignó el

siguiente estándar:

        “Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v.
        Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se
        encuentra en la misma posición del Tribunal de
        Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de
        Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la
        Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los
        mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le
        exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo
        intermedio estará limitado en cuanto a que no puede
        tomar en consideración evidencia que las partes no
        presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y
        tampoco adjudicar los hechos materiales en
        controversia, ya que ello le compete al foro primario
        luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión
        del Tribunal de Apelaciones es de novo y debe examinar
        el expediente de la manera más favorable hacia la parte
KLAN202300878/KLAN202300893                                                     17

          que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el
          foro primario, llevando a cabo todas las inferencias
          permisibles a su favor.

          Segundo, por estar en la misma posición que el foro
          primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que
          tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su
          Oposición cumplan con los requisitos de forma
          codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil,
          supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. J.F.
          Montalvo, supra.

          Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
          dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones
          debe revisar si en realidad existen hechos
          materiales en controversia. De haberlos, el foro
          apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia
          de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer
          concretamente cuáles hechos materiales encontró que
          están en controversia y cuáles están incontrovertidos.
          Esta determinación se puede hacer en la Sentencia que
          disponga del caso y puede hacer referencia al listado
          numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro
          primario en su Sentencia.

          Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos
          materiales realmente están incontrovertidos, el foro
          apelativo intermedio procederá entonces a revisar de
          novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó
          correctamente el Derecho a la controversia.”
          (Énfasis nuestro). Meléndez González et al. v. M.
          Cuebas, supra, a las págs. 118-119.

Teoría general de los contratos21

       En Puerto Rico rige el principio de libertad de contratación

según el cual los contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre y

cuando no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden

público. Artículo 1207 del Código Civil ed. 1930 (derogado), 31 LPRA

sec. 3372.22 Una vez median los elementos de consentimiento,

objeto y causa necesarios para la existencia de un contrato, este

se convierte en la ley que rige entre las partes. Artículos 1044 y

1213, supra, 31 LPRA secs. 2994 y 3391.23 Además, serán

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado,

21 Destacamos que mediante la Ley núm. 55-2020 se aprobó el nuevo Código Civil

de Puerto Rico. No obstante, los hechos del caso tienen su génesis en momentos
previos a la vigencia del nuevo cuerpo legal. Por lo que, procede la aplicación de
las disposiciones del derogado Código Civil de 1930.
22 Véase el Artículo 1232 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9753.
23 Véase el Artículo 1233 y 1237 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9754 y

9771.
KLAN202300878/KLAN202300893                                                    18

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su

validez. Artículo 1230, supra, 31 LPRA sec. 3451.24

        En cuanto a los elementos de objeto y causa destacamos que

en nuestro ordenamiento jurídico: (1) pueden ser objeto de contrato

todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun

las futuras, y (2) la causa se define como la motivación y la razón

que tienen las partes al momento de contratar. Es decir, es la razón

que explica y justifica la creación de la obligación. José Ramón Vélez

Torres, Curso de Derecho Civil; Derechos de Contrato, 1ra ed., San

Juan,     Revista     Jurídica     Facultad      de    Derecho      Universidad

Interamericana de Puerto Rico, 1990, T. IV, Vol. II, pág. 72.

        De otra parte, cuando se perfecciona un contrato, las partes

contratantes vienen obligadas con lo expresamente pactado, y de

incurrir en dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus

obligaciones, responden por los daños y perjuicios causados.

Artículos 1054 y 1210, supra, 31 LPRA secs. 3018 y 3375.25

                          Vicio en el consentimiento

        Los contratos que adolezcan de cualquiera de los vicios que

invalidan alguno de los requisitos esenciales para su validez podrán

ser anulados. Artículo 1252 del Código Civil ed. 1930 (derogado), 31

LPRA sec. 3511.26 El Artículo 1217, supra, 31 LPRA sec. 3404,

establece que será nulo el consentimiento prestado por error,

violencia, intimidación o dolo.27 Habrá dolo cuando con palabras o

con maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes,

el otro es inducido a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera

hecho. Artículo 1221, supra, 31 LPRA sec. 3408.28

24 Véase el Artículo 1231 y 1232 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9752 y

9753.
25 Véase el Artículo 1158 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9303.
26 Véase el Artículo 342 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6312.
27 Véase el Artículo 285 del Código Civil de 2020, 31 LPR. sec. 6191.
28 Véase el Artículo 292 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6211; Artículo 294,

supra, 31 LPRA sec. 6213.
KLAN202300878/KLAN202300893                                         19

       La figura del dolo contractual tiene dos aplicaciones

fundamentales. En la primera aplicación, se provoca la anulabilidad

del contrato por vicio en el consentimiento en el origen del contrato,

cuando éste se obtiene a través de maquinaciones insidiosas.

Incluye el engaño, el fraude, la falsa representación y la influencia

indebida, entre otras. Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, 863

(1982). Su otra aplicación consiste en el dolo contractual que ocurre

en el curso de la consumación del contrato. Íd.

       No todo tipo de dolo produce la nulidad del contrato. Para que

produzca la nulidad, el dolo debe ser grave (“dolo causante”). Colón

v. Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659, 667 (1997). Dolo grave

es aquel que inspira y persuade a contratar, y sin el cual no hubiese

habido contratación. Íd. Por su parte, el “dolo incidental” no produce

la nulidad del contrato, ya que éste no tiene una influencia decisiva

en la esencia de la obligación. “Sin éste, el contrato de todas formas

se hubiera celebrado, pero no bajo las mismas condiciones.” Íd. En

esos casos, existe la voluntad de contratar, pero hay engaño en el

modo en que se celebra el contrato. Este tipo de dolo no provoca la

nulidad del contrato y sólo da lugar a que el perjudicado sea

resarcido en daños y perjuicios. Íd., a las págs. 667-668.

       Corresponde    al   que   reclama   la   conducta   dolosa   la

responsabilidad de la prueba. Íd., a la pág. 668. Véase, Canales v.

Pan American, 112 DPR 329, 340 (1982). El dolo no se presume. Sin

embargo, puede establecerse mediante inferencia o por evidencia

circunstancial. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, a la pág.

669.

                Cláusulas de liberación de responsabilidad

       Nuestro alta Curia ha resuelto que, salvo que esté prohibido

por ley, las partes contratantes pueden negociar el alcance de los

acuerdos de indemnización o relevo de responsabilidad. “Así, y a

diferencia de la responsabilidad extracontractual, los detalles y las
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circunstancias      en     las   que   se   activará   y   será     exigible    la

responsabilidad contractual dependerán del lenguaje específico que

acuerden las partes. Bainville v. Hess Oil VI. Corp., 837 F.2d 128,

130-131 (3er Cir. 1988).” Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193

DPR 1, 13 (2015). En lo aquí pertinente, el Artículo 4 del Código

Civil, aplicable a los hechos del presente caso, 31 LPRA sec. 4,

dispone    que    “[l]os    derechos    concedidos      por   las      leyes   son

renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el

orden público, o en perjuicio de tercero.”29 Ahora bien, “[l]a renuncia

debe ser clara, terminante e inequívoca, más aún, cuando se

exonere de responsabilidad a una persona por sus futuros actos

negligentes. [citas omitidas].” Torres Solís et. al. v. A.E.E. et. als., 136

DPR 302, 314-315 (1994).

       En conclusión, en aquellos casos en donde la intención de las

partes surja claramente de los términos del acuerdo, “los tribunales

la aplicarán a menos que sean contrarias al interés público”. [Cita

omitida]. Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., supra, a la pág. 314. En

cambio, cuando no sea posible determinar la intención de las partes

de una lectura de los términos pactados, será necesario entonces

recurrir a las normas dispuestas en el Artículo 1234 del Código Civil

ed. 1930, 31 LPRA 3472 que dispone que “[p]ara juzgar de la

intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los

actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.”

       Por último, cuando se trata de la asunción del riesgo por

acuerdo o por contrato, se exige que se establezca en el contrato con

cláusula o disposición donde claramente se demuestre que el

demandante estaba consciente de su renuncia a reclamar al

demandado o debía estar razonablemente consciente de ello y que

así lo aceptó. Al evaluar este tipo de acuerdo se debe determinar si

29 Véase el Artículo 14 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5333.
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el poder de negociación entre las partes contratantes era

razonablemente parejo. Chico v. Editorial Ponce, 101 DPR 759, 779

(1973); Torres Solís et. al. v. A.E.E. et. als., supra, a la pág. 315.

Cuando resulta evidente que el demandante no tuvo otra alternativa

que firmar el contrato con la cláusula de exoneración de

responsabilidad que se incluyó en el mismo, esta defensa no debe

prevalecer. Tampoco aplica esta defensa si el convenio es contrario

a la política pública de la jurisdicción. Brau del Toro, Herminio, Los

Daños y Perjuicio Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones

J.T.S., Segunda Ed. 1986, pág. 409.

                                 III.

      Los apelantes, en esencia, plantearon que erró el TPI al

resolver el caso por la vía sumaria obviando un dictamen anterior y

al no tomar en consideración que se hace necesario celebrar un

juicio plenario para aquilatar prueba de elementos subjetivos de

intención y propósitos mentales, así como la disparidad en la fuerza

de negociación entre las partes. Arguyeron, además, que el foro

primario no tomó en consideración los hechos que surgen de la

Declaración Jurada y del informe pericial que presentaron en sus

mociones.   Además,     señalaron       que   el    foro   apelado   actuó

incorrectamente en su proceder al aplicar una cláusula de relevo

que no aplica en casos de negligencia crasa y conducta intencional.

      Por su parte, el Banco argumentó que el TPI erró al no

desestimar las primera y segunda causas de acción, acorde con los

fundamentos expuestos en su petitorio sumario.

      De    entrada,   colegimos    que       las    partes   cumplieron

sustancialmente con las formalidades dispuestas en la Regla 36 de

las de Procedimiento Civil, supra. Por lo que, el TPI podía resolver

por la vía abreviada. Además, para una mejor comprensión de

nuestra resolución, atenderemos los recursos por separado.
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KLAN202300878

       Como reseñamos, los apelantes han reiterado en múltiples

ocasiones, inclusive ante nos, que el TPI no debió resolver el caso

por la vía sumaria debido a que el tribunal necesita aquilatar prueba

referente a elementos subjetivos de intención y propósitos mentales,

así como la disparidad en la fuerza de negociación entre las partes.

Por estar los errores relacionados entre sí, los discutiremos en

conjunto.

       Como bien razonó el foro a quo el lenguaje de las cláusulas de

relevo en los distintos documentos de préstamo es uno claro, libre

de ambigüedad, válido y exigible. De estas surge claramente, que

desde el 2013, con la firma del “Amended and Restated Credit

Agreement” los apelantes han relevado al Banco de responsabilidad

por controversias, daños, reclamos y causa de acción resultantes o

relacionados con los acuerdos otorgados.30 Asimismo, en las

posteriores enmiendas los apelantes reafirmaron no tener una

reclamación o defensa en contra del BPPR, y renunciaron

reiteradamente a cualquier causa de acción en contra de dicha

institución bancaria. Según indicamos, en nuestro estado de

derecho cuando la intención de las partes surge claramente de los

términos del acuerdo, los tribunales debemos aplicar la cláusula de

relevo de responsabilidad a menos que sean contrarias al interés

público. Sin duda, en el caso de autos las cláusulas, reiteradas en

todos los documentos otorgados por los apelantes, no son contrarias

al interés público.

30 La Sección 2.1 inciso (d) del Amended and Restated Credit Agreement dispone:

Los Prestatarios reconocen y aceptan que a la fecha del presente contrato, no
tienen defensas, compensaciones, reclamos o contrademandas de ninguna
naturaleza, ya sea liquidados o no liquidados, vencidos o no vencidos, conocidos
o desconocidos, directos o indirecta, contra BPPR que están o pueden estar directa
o indirectamente relacionados a los Anticipos Existentes o al reembolso de los
mismos, y todos y cada uno de dichas defensas, compensaciones, reclamaciones
y reconvenciones quedan expresamente renunciadas y liberadas para siempre por
los Prestatarios. Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 108.
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       Más aún, debemos enfatizar que los apelantes en la Oposición

a: “Moción de Sentencia Sumaria Parcial” o en la Alternativa, para

que se Posponga su Consideración en Virtud de la Regla 36.6 de las

de Procedimiento Civil expresaron diáfanamente que: “Es preciso

destacar que los documentos dicen lo que dicen...”.               Por tanto,

nunca estuvo en controversia el lenguaje ni el alcance de las

cláusulas de relevo. En este sentido, tampoco podemos avalar la

intención de los apelantes en pretender, por primera vez en el cuarto

error, cuestionar el efecto de la cláusula 8 del Acuerdo de Moratoria

(Moratorium, Forbeance and Amendment Agreement). Esto, como

vimos al haber aceptado, en todo momento, durante el desarrollo del

caso, el contenido de la cláusulas de relevo que ahora intentan

interpretar a su favor en una tergiversación de lo allí acordado.31 Así

también, los apelantes pasan por alto que en el referido Acuerdo de

Moratoria estos reconocieron, en la Cláusula 12 intitulada

Reaffirmation of Loan Documents, haber revisado los términos y

condiciones, que los ratificaban y se reafirmaban en todos y los

pactos contenidos en cada uno de los documentos de préstamo. A

su vez, estos reiteraron que los términos, disposiciones y acuerdos

continuarían en pleno vigor y efecto según escrito en los contratos.

       De otro lado, el foro apelado advirtió que los apelantes

aceptaron que contaron con asistencia y orientación legal en el

proceso de otorgar todos los acuerdos con el Banco. Dicho hecho no

fue refutado en el escrito de apelación. Al respecto, como bien

pronunció el TPI en la Sentencia Parcial apelada, de las Secciones

10.12 y 10.18 del “Amended and Restated Credit Agreement” surge

claramente que los apelantes suscribieron dicho contrato contando

31 La Cláusula Octava de la moratoria claramente dispone que “… excepto en la

medida en que dichos reclamos, responsabilidades, obligaciones, deudas, causas
de acción, defensas, reconvenciones y demandas se encuentren en una
sentencia final e inapelable dictada por un tribunal de jurisdicción competente
como resultado de negligencia grave o mala conducta intencional del liberador
aplicable.”
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con la participación de un abogado tanto en el proceso de

negociación de los términos, como en la preparación del mismo.

De igual manera, declararon haber suscrito el acuerdo de manera

consciente, libre, voluntaria y con claro entendimiento de sus

cláusulas.32 Además, puntualizamos que en la Sección 10.12 se

declaró que cada parte tuvo la oportunidad de revisar y analizar este

acuerdo “por un período de tiempo suficiente” antes de la ejecución

y entrega. Incluso, se expresó que el contrato y los documentos del

préstamo fueron preparados y ejecutados sin fraude, coacción,

influencia indebida o coerción de ningún tipo ejercida por cualquiera

de las partes sobre las demás; y que la ejecución y entrega del

Amended and Restated Credit Agreement era un acto libre y

voluntario por cada una de las partes otorgantes.33 Por ende, es un

hecho incontrovertido que la renuncia fue clara, terminante e

inequívoca.

       Por otra parte, entendió el TPI que los apelantes no

prevalecieron en su contención de que tuvieron que doblegarse ante

el Banco y aceptar las exigencias de las cláusulas en contra de su

voluntad. Concluyó el foro apelado que no surge disparidad de

fuerzas debido a que ellos son un grupo comercialmente sofisticado

que se dedica al arrendamiento de inmuebles. Al respecto,

destacamos       que   los   apelantes      aceptaron     como    un    hecho

incontrovertido que “se dedican a actividades comerciales y

arrendamiento de propiedades comerciales y son entidades o

personas empresariales.”34 Más aún, estos alegaron en la demanda

haberse reunido directamente con el Sr. Richard Carrión, entonces

principal ejecutivo del BPPR, y haber suscrito los documentos con

el   beneficio   de    asesoría    legal,   como    ya   hemos      explicado.

32 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 169-171, y Determinación de Hechos

núm. 17.
33 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 169, y Determinaciones de Hechos

núm. 18 y 19.
34 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 322 y 423.
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Nuevamente advertimos que los apelantes, en su recurso, no han

logrado   refutar   estas   realidades   fácticas   las   cuales     están

debidamente     fundamentadas      en    la   evidencia     y   en     las

determinaciones de hechos incontrovertidos formulados por el TPI.

Los apelantes no solo consintieron y firmaron el Amended and

Restated Credit Agreement el 13 de diciembre de 2013, sino que,

además, y con posterioridad firmaron y consintieron el First

Amenment to Amended and Restated Credit Agreement and Other

Loan Documents del 3 de octubre de 2014, el Second Amendment to

Amended and Restated Credit Agreement and Other Loan Documents

del 22 de enero de 2015, el Forbearance agreement and Third

Amendment to Credit Agreement del 18 de octubre de 2016 y el

Moratorium Forbearance and Amendment Agreement del 23 de

octubre de 2017. Destacamos que, en todos los documentos, los

apelantes declararon no tener ninguna reclamación en contra del

Banco y reconocieron como válidos los acuerdos suscritos entre las

partes.

      Respecto al planteamiento de que el foro revisado no consideró

la Declaración Jurada suscrita por los señores Pérez Matos y Pérez

Díaz, ni el informe pericial, solo tenemos que apuntalar que en

ninguno de estos documentos se refutan los hechos materiales

plasmados por el tribunal a quo en el dictamen apelado. En especial,

en ninguno de estos encontramos, ni aún en el escrito de apelación,

una elaboración de un argumento en derecho para impugnar el

hecho de que los apelantes contaron con asesoría legal tanto en el

proceso de negociación como en el de redacción de los acuerdos.

Incluso, la referida declaración jurada solo contiene las mismas

alegaciones vertidas en la demanda. Las alegaciones no hacen

prueba, por lo cual estos estaban obligados a presentar prueba que

controvirtiera la presentada por el Banco. Reiteramos la normativa

procesal que imponía en los apelantes el deber de presentar
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evidencia sustancial que controvirtiera los hechos propuestos por la

institución financiera.

       A manera ilustrativa, destacamos que los apelantes solo

reclaman que el Banco los coaccionó y presionó para alcanzar un

nuevo acuerdo, a pesar de que el préstamo otorgado por el extinto

Westernbank, al .34% de interés anual y a un término de 37 años,

estaba al día. Los apelantes ni tan siguiera demostraron, ni

presentaron argumentos en derechos que nos lleven a concluir que

el Banco estaba obligado a honrar los mismos términos de los

contratos de préstamo otorgados por el Westernbank. Por otro lado,

los   apelantes   reiteraron   en   cada   documento   entender   las

consecuencias o la magnitud de lo acordado. Lo que, sin lugar a

dudas despeja cualquier planteamiento relativo a que los ejecutivos

del Banco los presionaron indebidamente o coaccionaron para

firmar los documentos de préstamo de la reestructuración de la

deuda. Incluso, precisa enfatizar que ninguna de las personas que

proveyeron dicha asesoría legal son parte en el presente pleito.

Conforme señalamos en el derecho aplicable, el que reclama una

conducta dolosa tiene la responsabilidad de presentar prueba.

       Por último, los apelantes argumentan que el TPI emitió un

dictamen sumario en contra de lo resuelto en la Resolución dictada

el 10 de septiembre de 2021, y la cual fue objeto de revisión ante

este foro intermedio en el recurso denominado alfanuméricamente

como KLCE202101240. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró

no ha lugar a la solicitud de desestimación instada por el Banco al

amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil. Recalcamos

que el hermano Panel determinó denegar el referido recurso de

certiorari por lo que ello no constituye una adjudicación en los

méritos de la controversia, ni menos se puede considerar como la

Ley del Caso. Además, acentuamos vehementemente que, de la

lectura minuciosa de la antedicha Resolución, no surge que el foro
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primario haya resuelto que se hacía necesario la celebración de un

juicio plenario para adjudicar los elementos subjetivos de intención

y propósitos mentales, según fue formulado por los apelantes en el

primer error.

       En    consecuencia,       resolvemos      que    no    existen    hechos

materiales en controversia que impidieran el proceder del TPI por lo

que los errores señalados no se cometieron.

KLAN202300893

       El Banco solo le imputó en su recurso al foro primario, el

haber errado al no desestimar la primera y segunda causa de acción

según le fue peticionado en la moción de sentencia sumaria.

Argumentó que, ambas causas de acción están relacionadas con la

reestructuración de la deuda ocurrida en el 2013, eventos cubiertos

por los relevos y renuncias firmados por los apelantes.

       En    este    particular,     coincidimos       totalmente       con   los

argumentos incluidos en la Oposición a Moción de Reconsideración

Parcial presentada por los apelantes-apelados ante el TPI.35 Esto,

debido a que como allí se señaló y reafirmó el foro primario en la

Sentencia Parcial apelada, dichas dos causas de acción, según

incluidas en la demanda, contienen alegaciones que se remontan

a hechos posteriores a la firma del Acuerdo de Moratoria suscrito

el 23 de octubre de 2017. A manera ilustrativa refiérase a las

alegaciones 104 y 105 de la primera causa de acción, y las

alegaciones 107 y 109 de la segunda causa de acción, donde en

esencia, se alega que el Banco actuó de manera ilegal y contrario a

los intereses de los apelantes al vender a sus espaldas los préstamos

a Condado 6, LLC.36

35 Véase el Apéndice del Recurso KLAN2300878, a las págs. 810-813. Véase,
además, la Demanda, Íd., a las págs. 26-29.
36 La Primera Causa de acción fue intitulada- Actos ilícitos, dolo y maquinaciones

insidiosas del Banco; y la Segunda- Coerción “Duress” Económica.
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       A su vez, coincidimos con lo expresado por el foro apelado “en

que la renuncia a reclamar por acciones relacionadas con el

cumplimiento de las obligaciones prestatarias no es sinónimo de

una renuncia a reclamar por cualquier responsabilidad que pudo

generar la venta de los préstamos a un tercero.”37 Recordemos,

además, que la venta de los préstamos por el BPPR a Condado 6,

LLC se realizó el 31 de julio de 2019, lo que implica que a dicha

fecha no estaban vigentes las mencionadas cláusulas de relevo.

       Por último, no obviemos que en la réplica a la oposición a la

moción de sentencia sumaria parcial, instada por los apelantes-

apelados, el Banco afirmó claramente que no se solicitó en su

petitorio sumario que las renuncias se apliquen en la forma de

relevos por conducta dolosa futura. Al respecto, apuntaló que

“solicita en estos momentos hacer efectivas las renuncias que los

Demandantes firmaron sobre cualquier reclamación a base de

hechos que ocurriesen en o antes de la firma del Contrato de

Préstamo Enmendado y sus enmiendas- es decir, en torno a actos

previos o contemporáneos a la firma de estos.”38

       En fin, el TPI no incurrió en el error señalado.

                                       IV.

       Por    los   fundamentos       antes    expuestos,   procedemos    a

confirmar la Sentencia Parcial apelada.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones

37 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 739.
38 Véase, nota al calce 15.