Court Opinion

ID: 9916145
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:04.062365+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:10.351659
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL IV

                                                          CERTIORARI
                                                          procedente del
HIRAM VÁZQUEZ BOTET                                       Tribunal de
                                                          Primera
Recurrido                                                 Instancia, Sala
                                                          Superior de San
                v.                          KLCE202301058 Juan
MYRNA BERRIOS
FERNÁNDEZ                                                            Civil Núm.:
                                                                     SJ2018CV01144
Peticionaria
                                                                     Sobre:
                                                                     División de
                                                                     Comunidad de
                                                                     Bienes
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Pérez Ocasio1.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                                     SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

        Comparece ante nos la señora Myrna E. Berríos Fernández

(señora Berríos Fernández o peticionaria) y solicita que revisemos la

Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de San Juan, el 22 de agosto de 2023.2 Por virtud del

dictamen recurrido, el foro a quo, en lo pertinente, no autorizó a la

peticionaria obtener información relacionada a la señora Alba

Hernández Cruz, Vázquez Botet & Asociados, PSC., Quality Services,

Corp. y SKM Corporation. Por tanto, dejó sin efecto las órdenes

emitidas previamente en el caso en cuanto a la información

requerida sobre las partes mencionadas. De igual forma, el TPI dejó

sin efecto en su totalidad la orden dirigida a FirstBank dictada el 21

de junio de 2023, relacionada a cierta información y documentos

1
  Mediante Orden Administrativa OATA-2023-194, se designó al Hon. Pérez Ocasio para entender
y votar en este caso debido a la inhibición del Hon. Rodríguez Flores.
2 Notificada al día siguiente.

Número Identificador
SEN2023 ______________
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registrados a nombre del señor Hiram Vázquez Botet (señor Vázquez

Botet), solicitados por la peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, nos

disponemos a expedir el auto de certiorari y revocar la Orden

impugnada.

                                   I

      Según surge del expediente, el 8 de mayo de 2014, la señora

Berríos Fernández presentó una demanda de divorcio contra el

señor Vázquez Botet. El TPI decretó el divorcio mediante dictamen

del 8 de enero de 2015. Tras varios incidentes procesales, los cuales

incluyeron la presentación de un recurso apelativo en el 2017 ante

este Foro (KLAN201700222), el 8 de marzo de 2018, el señor

Vázquez Botet incoó una acción de liquidación de comunidad de

bienes contra la señora Berríos Fernández. Entre otras cosas,

solicitó al Tribunal que, luego de llevar a cabo el inventario y avalúo,

adjudicara y distribuyera el caudal de la comunidad de bienes, si

restara alguno. El 9 de mayo de 2018, la señora Berríos Fernández

contestó la demanda e instó una Reconvención. Como defensa

afirmativa alegó que el señor Vázquez Botet tenía la administración

exclusiva de los ingresos de la extinta Sociedad Legal de Bienes

Gananciales, así como de los negocios y corporaciones gananciales.

El 16 de noviembre de 2018, el TPI resolvió que la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales se extinguió el 12 de enero de 2018, fecha en

que la sentencia de divorcio advino final y firme.

      Así las cosas, durante el 2020, el descubrimiento de prueba

se retrasó debido a múltiples controversias sobre éste y por las

restricciones emitidas por el Gobierno de Puerto Rico y el Poder

Judicial de Puerto Rico a causa de la pandemia del COVID-19. En

particular, la sala donde se ventilaba el caso fue presidida por varios

jueces, hasta que el 9 de mayo de 2023 comenzó a presidir la Hon.

Elisa Fumero Pérez.
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      Como parte del descubrimiento de prueba, el 15 de junio de

2023, la señora Berríos Fernández presentó Moción Solicitando

Órdenes contra Terceros, en la cual alegó que agotó todos los

esfuerzos para que el señor Vázquez Botet proveyera ciertos

documentos e información que le fueron requeridos en su

deposición y documento formal. Añadió que éste, a pesar de

comprometerse para localizar los documentos solicitados, no

cumplió. Ante ello, invitó al TPI a expedir varias órdenes contra 13

terceras partes detalladas en la moción.

      El 21 de junio de 2023, la abogada que hasta esa fecha

representaba a la señora Berríos Fernández, licenciada Evelyn

González Otero, solicitó al TPI que la relevara de dichas funciones,

lo cual fue aceptado mediante Orden emitida el 22 de junio de 2023.

En dicha Orden, el TPI otorgó un término de 45 días a la señora

Berríos Fernández para comparecer representada por abogado.

      El mismo 21 de junio de 2023, el foro de instancia declaró Con

Lugar la Moción Solicitando Órdenes contra Terceros instada por la

señora Berríos Fernández y, consecuentemente, ordenó a las

aludidas partes proveer la información y documentos requeridos, los

cuales cubrían el periodo entre el 2014 hasta el año en curso.

      En desacuerdo con el antedicho dictamen, el 28 de junio de

2023, el señor Vázquez Botet solicitó reconsideración. Además,

requirió del tribunal remedios y medidas en torno a las mencionadas

órdenes. En lo concerniente, razonó que la señora Berríos

Fernández indujo a error al tribunal al solicitar información

perteneciente a entidades jurídicas que no se constituyeron durante

la vigencia del matrimonio; que no estaban incluidas como partes

en el pleito, pues les pertenecían a terceros y que no eran parte de

la masa de la comunidad sujeta a liquidación. Añadió que la señora

Berríos Fernández solicitó acceso indebido a cuentas bancarias de

terceros en las cuales ni éste, ni la comunidad sujeta a liquidación
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tenían cuentas, así como otra no relacionada de manera alguna con

el pleito y/o los bienes sujetos de liquidación. A su vez, puntualizó

que el tribunal emitió las órdenes concernidas sin permitirle exponer

su posición, según establecen las Reglas de Procedimiento Civil. Así,

le requirió al foro a quo que reconsiderara varias de las órdenes y

las dejara sin efecto y/o en suspenso, además de que limitara la

información intimada estrictamente a los bienes constituidos

durante la vigencia del matrimonio.

      Mediante Orden dictada el 29 de junio de 2023, el TPI declaró

No Ha Lugar la reconsideración y expresó lo siguiente: “el

descubrimiento de prueba es amplio y liberal, [l]as objeciones a la

prueba no son parte del descubrimiento salvo que estas serán sobre

algún privilegio reconocido por las Reglas de Evidencia, las leyes y

la jurisprudencia.”

      El 7 de julio de 2023, la señora Alba Hernández Cruz presentó

una Moción en Comparecencia Especial Sin Someterse a la

Jurisdicción y Urgente Solicitud de Orden. Alegó que la orden dictada

a First Bank con la directriz de que proveyera la información

solicitada constituyó un abuso de discreción del tribunal, toda vez

que esta incluyó números de cuenta que no estaban registradas a

nombre de ninguna de las partes del pleito. Pidió al foro de instancia

que dejara sin efecto la orden, pues contenía información sobre sus

cuentas de carácter privativo y ésta no era parte del pleito. Igual

contención a los de la señora Hernández Cruz presentaron las

corporaciones Vázquez Botet & Asociados, SKM y Quality Services,

las cuales, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, alegaron que

la parte demandante del caso, entiéndase, el señor Vázquez Botet,

era una persona distinta a éstos. Así, arguyeron que, al no ser parte,

no tuvieron la oportunidad de defenderse adecuadamente y de

oponerse a las órdenes emitidas por el foro primario, lo cual
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constituyó, a su entender, una violación a su debido procedimiento

de ley en su modalidad procesal.3

       El 7 de agosto de 2023, la señora Berríos Fernández presentó

moción anunciando su nueva representación legal. En la moción, la

licenciada Brenda Berríos Morales, solicitó al Tribunal que “a partir

de la aceptación de la representación legal, nos conceda 20 días para

revisar el expediente y contestar o replicar sobre cualquier escrito u

orden del tribunal”.

       De igual manera, el 7 de agosto de 2023, notificada al día

siguiente, el TPI emitió una Orden que incluyó varias directrices del

caso. La Hon. Larissa N. Ortiz Modestti expresó que, ante el retiro

de la Hon. Elisa Fumero Pérez y el cierre de la sala 807, el caso le

fue reasignado a su sala el 6 de julio de 2023. En lo pertinente, el

TPI dispuso de las mociones pendientes de resolver de la siguiente

manera:

       1) En cuanto a la Comparecencia Especial, Sin
          Someterse a la Jurisdicción y Urgente Solicitud de
          Orden y la moción Sometiendo Anejo a
          Comparecencia Especial, Sin Someterse a la
          Jurisdicción y Urgente Solicitud de Orden
          presentadas por la Sra. Alba Hernández Cruz
          [Entradas 184 y 185]: Se deja en suspenso la orden
          dirigida a First Bank y se conceden 10 días a la
          parte demandada para que informe las personas
          o entidades titulares de las cuentas sobre las que
          solicitó información en la orden emitida en la
          entrada 169. En el mismo término, deberá y
          mostrar causa por la cual no deba concederse lo
          solicitado por la Sra. Alba Hernández Cruz en su
          moción.
          […]
       4) En cuanto a la Moción Urgente para que se Dejen Sin
          Efecto Órdenes Emitidas a Terceros en lo que
          Respecta a las Aquí Comparecientes presentada por
          Vázquez Botet & Asociados, PSC y SKM Corporation
          [Entrada 188]: Se dejan suspenso las órdenes
          emitidas a terceros en lo concerniente a la
          información requerida sobre Vázquez Botet &
          Asociados, PSC y SKM Corporation, y se le
          conceden 10 días a la demandada para mostrar
          causa por la cual no deba concederse lo solicitado
          en la moción.
          […]

3 Apéndices 20 y 21 del recurso de certiorari, págs. 194-211.
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     10) En cuanto a la Moción Uniéndose a Solicitud para
         que se Dejen Sin Efecto Órdenes Emitidas a Terceros
         presentada por Quality Services, Corp. [Entrada
         194]: Se dejan suspenso las órdenes emitidas a
         terceros en lo concerniente a la información
         requerida sobre Quality Services, Corp., y se le
         conceden 10 días a la demandada para mostrar
         causa por la cual no deba concederse lo solicitado
         en la moción.
         [...]
     13) En cuanto a la Moción Asumiendo Representación
         Legal presentada por la demandada [Entrada 197]:
         Se autoriza la representación legal, tome nota
         Secretaría.4

       En suma, el tribunal dejó en suspenso las órdenes en cuestión

y concedió 10 días a la señora Berríos Fernández para mostrar

causa por la cual no debía otorgar lo solicitado por la señora

Hernández Cruz, así como por las corporaciones Vázquez Botet &

Asociados, SKM y Quality Services.

       El 22 de agosto de 2023, el TPI emitió la Orden que hoy

revisamos. En esta hizo las siguientes expresiones:

       Ante el incumplimiento de la demandada con
       nuestra orden de 7 de agosto de 2023 [Entrada 198],
       no se autoriza que la demandada obtenga
       información relacionada a Alba Hernández Cruz,
       Vázquez Botet & Asociados, PSC, Quality Services,
       Corp. y SKM Corporation. Por tanto, se dejan sin
       efecto las órdenes emitidas en las entradas 168,
       170-175, y 179-181 en cuanto a la información
       requerida sobre Alba Hernández Cruz, Vázquez Botet
       & Asociados, PSC, Quality Services, Corp. y SKM
       Corporation. De igual forma, se deja sin efecto en su
       totalidad la orden a FirstBank que surge de la
       entrada 169.

       En cuanto a las órdenes que surgen de las entradas
       168, 170-175, y 179-181, en vista de que incluyen otras
       personas o entidades, la parte demandada deberá
       presentar nuevos proyectos de orden para que sean
       expedidos excluyendo a las partes aquí mencionadas.
       (Énfasis nuestro).

       Inconforme, la señora Berríos Fernández presentó un

documento       intitulado     Urgente      Moción        de   Reconsideración,

Reiterando Nulidad de Orden del 23 de agosto de 2023 por ser

Emitida en Ausencia de Jurisdicción y en Solicitud de Remedios. En

4 Apéndice 23 del recurso de certiorari, págs. 217-218.
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su comparecencia, alegó, en síntesis, que la orden dictada por el TPI

era nula porque: (1) el tribunal perdió jurisdicción para atender

dicho asunto desde que fue adjudicado el 29 de junio de 2023 y (2)

el tribunal concedió remedios a terceras partes que no estaban bajo

su jurisdicción. La señora Berríos Fernández destacó que, el hecho

de que no hubiera cumplido con expresarse dentro del término

establecido no autorizaba al tribunal, ni le concedía la jurisdicción

que perdió desde el 29 de junio de 2023. En esa dirección, adujo que

no infringió la Orden del 7 de agosto de 2023 y que esta fue confusa.

Particularmente, arguyó que, toda vez que el tribunal aceptó su

moción de representación legal el 7 de agosto de 2023 y no se hizo

otra expresión en torno a la petición de 20 días incluida en ésta,

entendió que, una vez aceptó su representación legal se le habían

concedido los 20 días solicitados. Ello, a pesar de que el foro

primario le concedió 10 días para mostrar causa sobre lo solicitado

por la señora Hernández Cruz, así como por las corporaciones

Vázquez Botet & Asociados, SKM y Quality Services.

        Cónsono con lo anterior, la señora Berríos Fernández exigió la

reconsideración de la Orden del 22 de agosto de 2023, bajo el

fundamento de que las órdenes que el TPI dejó sin efecto constituían

la ley del caso y el tribunal actuó sin jurisdicción sobre ellas. En la

alternativa, alegó que la Orden objetada tenía el fatal defecto, no solo

de ser nula, sino que, aun en sus méritos, era equivocada, errada

en derecho y contraria a las doctrinas existentes, así como de la

jurisprudencia aplicable. Mediante Resolución dictada el 29 de

agosto de 2023, el TPI denegó el petitorio de la señora Berríos

Fernández y mantuvo en vigor la Orden notificada el 23 de agosto de

2023.

        Aún inconforme, la señora Berríos Fernández acude ante este

Tribunal de Apelaciones. En su recurso, alega que el foro primario

cometió los siguientes errores:
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      Primer error:

      Erró el TPI y abusó de su discreción al dejar sin efecto
      las ordenes emitidas el 22 de junio de 2023 que
      advinieron finales y que constituyen la ley del caso, por
      el único fundamento de que no se cumplió la orden del
      7 de agosto de expresarse en 10 días, aún cuando
      autorizó la representación legal y el término solicitado
      en dicha moción solicitando 20 días, y a la cual no se
      denegó expresamente el término allí solicitado.

      Segundo error:

      Erró el TPI y abusó de su discreción al dejar sin efecto
      las órdenes y revertir la ley del caso, por el único
      fundamento de que la parte no contestó en el término
      de 10 días, entiéndase, se apartó en su determinación
      de la doctrina de la ley del caso sin fundamento válido
      alguno que lo justifique y causando una grave injusticia
      y perjuicio a la demandada.

      Tercer error:

      Erró el TPI al conceder remedios en contra de la ley del
      caso a terceros que no solicitaron intervención, no
      demostraron la existencia de privilegios evidenciarios,
      ni se sometieron a su jurisdicción. Abusó de su
      discreción además en eliminar en su totalidad el
      descubrimiento sobre estos terceros, por oposición a
      limitarlo según procediera en Derecho.

      El   27   de    septiembre   de   2023,   mediante   Resolución,

concedimos a las partes recurridas 20 días para presentar su

alegato. Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,

procedemos a resolver.

                                   II

                                   A.

      El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v.

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.
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Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).5

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

       Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causan un fraccionamiento indebido del
           pleito y una dilación indeseable en la solución final
           del litigio.

5 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                  B.

      Como se sabe, las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto

Rico conceden a todas las partes en un pleito el derecho a realizar

un descubrimiento de prueba. Este tiene como finalidad ayudar a

precisar y minimizar las controversias litigiosas; obtener evidencia

que va a ser utilizada en el juicio; facilitar la búsqueda de la verdad

y perpetuar la prueba relacionada a su causa. Regla 23.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1; Berríos Falcón v. Torres

Merced, 175 DPR 962, 971 (2009).

      Al interpretar esta figura jurídica, nuestra jurisprudencia ha

expresado que este mecanismo se caracteriza por ser de alcance

amplio y liberal, para facilitar la tramitación de los pleitos y evitar

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las

partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos

que en realidad son objeto del litigio. McNeil Healthcare v. Mun. Las

Piedras II, 206 DPR 659, 672-673 (2021); Berríos Falcón v. Torres

Merced, supra. Ahora bien, al descubrimiento de prueba le son
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oponibles dos (2) limitaciones: (1) pertinencia y (2) privilegio. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra; Ponce Adv. Med. v. Santiago

González et al., 197 DPR 891, 898–899 (2017). La pertinencia se

debe interpretar de manera amplia.6 Por su parte, materia

privilegiada se refiere a aquella que se encuentra dentro del alcance

de alguno de los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia.

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra.

       De otra parte, es menester apuntalar que los tribunales tienen

el deber de asumir un rol activo desde el albor del pleito, por lo que

es recomendable que en la etapa del descubrimiento de prueba

también intervengan y encaucen el mismo, toda vez que con ello se

garantiza un proceso judicial justo, rápido y económico. Lluch v.

España Service Sta., 117 DPR 729, 744 (1986). Así, los foros

primarios gozan de amplia discreción para regular el descubrimiento

de prueba, por lo que los foros apelativos no deben intervenir con

dicha discreción, salvo que medie prejuicio, parcialidad o error

manifiesto en la aplicación de una norma procesal o sustantiva.

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 672; Cruz

Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022), citando

a Lluch v. España Service Sta., supra, pág. 745.

                                       III.

       Por estar estrechamente relacionados los tres (3) errores

levantados por la peticionaria, procedemos a discutirlos en

conjunto. Estos versan sobre el descubrimiento de prueba y el

manejo del caso por parte del Tribunal.

6  Prueba pertinente es la que produzca o pueda producir, entre otras: [...] (a)
prueba que sea admisible en el juicio; (b) hechos que puedan servir para descubrir
evidencia admisible; (c) datos que puedan facilitar el desarrollo del proceso; (d)
admisiones que puedan limitar las cuestiones realmente litigiosas entre las
partes; (e) datos que puedan servir para impugnar la credibilidad de los testigos;
(f) hechos que puedan usarse para contrainterrogar a los testigos de la otra parte;
(g) nombres de los testigos que la parte interrogada espera utilizar en el juicio.
McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 674.
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      En el presente recurso, la peticionaria alega que erró el foro a

quo al dejar sin efecto las órdenes emitidas el 21 y 22 de junio de

2023, bajo el único fundamento de que no se cumplió la Orden del

7 de agosto de 2023 de expresarse en 10 días. En ese sentido,

argumenta que de dicha Orden del 7 de agosto de 2023 se podía

colegir que se había autorizado la prórroga de 20 días que solicitó.

En esencia, razona que, con la actuación del TPI se le violentó su

derecho a un debido proceso de ley, pues nunca tuvo una

oportunidad real de someter su posición previo a que el foro primario

adjudicara   y     anulara   cierta   información   como   parte   del

descubrimiento de prueba al que tiene derecho dentro del pleito de

división de bienes gananciales, en específico sobre la reconvención

presentada por ésta.

      Por su parte, las corporaciones Vázquez Botet & Asociados,

SKM y Quality Services esencialmente arguyen que la Orden

impugnada     es     correcta   en    derecho.   Esbozan    que    los

pronunciamientos dictados por el TPI el 21 y 22 de junio de 2023

son contrarios a derecho por solicitar información a terceros que no

son parte del caso. Añaden que son corporaciones creadas luego de

disuelta la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, por lo que

cualquier descubrimiento relacionado a éstas no es pertinente.

      Cónsono con lo anterior, argumentan que la Orden del 7 de

agosto de 2023 no estableció que se le concedió el término de 20

días solicitado por la peticionaria para replicar a los escritos que

estaban pendientes. Subrayan que el tribunal fue claro al conferir

10 días para ello. Alegan que la decisión recurrida se ajusta a la

discreción que ostenta el Tribunal en el manejo de los casos que se

ventilan ante sus salas y particularmente, en regular el ámbito del

descubrimiento de prueba. La señora Cruz Hernández incluye

similares contenciones en su alegato. Sostiene que la peticionaria

falló en probar que con la decisión recurrida el TPI cometió un abuso
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de discreción, error manifiesto, demostró parcialidad o prejuicio

indebido.

      Por su parte, el señor Vázquez Botet esboza en su escrito que

la Orden recurrida refleja un sano ejercicio de la discreción judicial

que posee el Tribunal. Esgrime que no existe razón jurídica por la

cual este Foro deba intervenir con tal ejercicio en dicho trámite

interlocutorio. Específicamente, alega que el término de 10 días

otorgado a la peticionaria para cumplir con lo ordenado transcurrió

sin que ésta compareciera, ni siquiera para solicitar una prórroga.

Discute que la doctrina de la ley del caso invocada por la peticionaria

no es de aplicación al caso de autos.

      Según expuesto, el TPI dictó la Orden recurrida, la cual tuvo

el resultado de dejar sin efecto ciertas órdenes dictadas previamente

que le permitirían a la peticionaria obtener información relacionada

a la señora Hernández Cruz y las corporaciones Vázquez Botet &

Asociados, SKM y Quality Services como parte del descubrimiento

de prueba. Lo anterior, únicamente bajo el fundamento de que la

peticionaria incumplió con la Orden del 7 de agosto de 2023.

      Aunque dicha acción es un asunto de manejo de caso que

descansa en la sana discreción del Tribunal, el marco fáctico

presentado, junto a la complejidad y extensión del caso, ameritan

nuestra intervención. Además, la etapa de los procedimientos en la

que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

Nótese   que   desde   que   la   peticionaria   anunció   su   nueva

representación legal el 7 de agosto de 2023, solicitó 20 días para

revisar el expediente y contestar a tiempo cualquier escrito u orden

del tribunal pendiente. No obstante, precisa resaltar que, si bien el

foro primario le concedió oportunidad a la peticionaria, entiéndase,

10 días, para presentar su posición en torno a lo solicitado, esta no

compareció oportunamente para cumplir la orden. Ahora bien, en

lugar de proceder conforme autoriza la Regla 34.3(b)(6) de las Reglas
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de Procedimiento Civil, supra, para así sancionar a la representación

legal por el presunto incumplimiento, el foro primario optó por

adjudicar la controversia sin más, en detrimento de un debido

proceso de ley.

      Por tanto, entendemos que lo más razonable es que el foro a

quo conceda un término a la peticionaria para cumplir las órdenes

de mostrar causa concernidas. Una vez se reciba el fundamento y/o

justificación de la peticionaria, el tribunal justipreciará si proceden

o no las solicitudes incoadas por la señora Hernández Cruz y las

corporaciones Vázquez Botet & Asociados, SKM y Quality Services,

de dejar sin efecto ciertas órdenes previas.

      Ante las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, expedimos el auto de certiorari y dejamos sin efecto el

pronunciamiento impugnado, con el fin de evitar un fracaso de la

justicia. No surgen del expediente situaciones extremas que

evidencien conducta contumaz o de mala fe por parte de la

peticionaria.

                                       IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Orden recurrida. En consecuencia,

devolvemos      el   caso   al   TPI    para   la   continuación   de   los

procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones