Court Opinion

ID: 9952437
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:52:54.994201+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:15.064462
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL 1
                                             Certiorari
                                             procedente del
                                             Tribunal de Primera
    RICHARD MACHADO                          Instancia, Sala de
          ORTIZ                              Relaciones de Familia
                                             y Asuntos de Menores
        Peticionario       KLCE202301385 de Bayamón

         EX PARTE                                     Civil núm.:
                                                      BY2020RF01106
                                                      (3006)

                                                      Sobre: Declaración
                                                      de Incapacidad y
                                                      Nombramiento de
                                                      Tutor
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Sánchez Ramos y la Jueza Cintrón Cintrón.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos el señor Richard Machado Ortiz (en

adelante, “señor Machado Ortiz” “peticionario”), mediante el auto de

certiorari para que revisemos las siguientes (3) tres órdenes emitidas

y notificadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (en adelante, “TPI”):

          1. Orden de 12 de octubre de 2023, notificada en esa
             misma fecha: “Con lugar esta, por lo que da por
             cumplido lo ofrecido por el CPA”.2
          2. Orden de 6 de noviembre de 2023, notificada al día
             siguiente, donde determinó la Moción en cumplimiento
             Orden Exponiendo Posición sobre Informe Fiscal de la
             Dra. Lissette Berrios Ortiz: “Transcurrido el término de
             la orden se determina esta con lugar, por lo que se
             requiere además de lo ya presentado se establecerá en
             la vista en su fondo con el perito”.3
          3. Orden de 28 de noviembre de 2023, notificada en
             esa misma fecha, a Solicitud de Remedios para que se
             Dicten Resoluciones de Conformidad con el Debido

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel. Véase,
además, la Orden Administrativa OATA-2023-068, mediante la cual se modificó
la composición del panel que atendió los correspondientes recursos anteriores
(KLCE202200658 – KLCE202300366).
2
  Anejo 1 del Apéndice del Certiorari, págs. 1 – 3.
3
  Anejo 2 del Apéndice del Certiorari, págs. 356 – 370.

Número Identificador
RES2024__________
KLCE202301385                                                                 2

                  Proceso de Ley del peticionario: “La orden es clara por
                  lo que la reconsideración fue resuelta y el Tribunal
                  entendió conforme la Regla 47 que procedió SIN
                  LUGAR. En cuanto a tutor provisional como medida
                  cautelar la misma no procede. No existe por el momento
                  un incapaz para tomar dicha medida. Una vez
                  demostrada la alegada incapacidad entonces el
                  Tribunal tomará las medidas necesarias. Cumplan las
                  partes con lo indicado sobre las fechas coordinen”.4

          Evaluado el recurso presentado, resolvemos denegar el auto

de certiorari solicitado.

                                           -I-

          El 3 de agosto de 2020, el señor Machado Ortiz presentó una

Petición Exparte de incapacidad y nombramiento de tutor con

relación a su madre, la señora Norma A. Ortiz Colón (en adelante,

“señora Ortiz Colón o presunta incapaz”).5

          Tras varios trámites procesales, el TPI dictó Sentencia el 23

de febrero de 2021,6 en la que desestimó la causa de acción.

          Inconforme, el 12 de abril de 2021 el señor Machado Ortiz

acudió ante este Tribunal de Apelaciones (en adelante, “TA”),7 en el

caso núm. KLAN202100442. Así, el 17 de junio de 2021 el TA dictó

una Sentencia en la que revocó al TPI y le ordenó a adoptar

provisionalmente las medidas necesarias para salvaguardar la

seguridad de la presunta incapaz, señora Ortiz Colón, y de sus

bienes, hasta que se dictara sentencia.8

          En respuesta a la petición incoada, el 10 de mayo de 2022

la presunta incapaz señora Ortiz Colón; su hija, Lcda. Norma

Machado Ortiz; su hijo, Ricardo Felipe Machado Ortiz; su esposo,

Dr. Richard Machado González; su hija, Dra. Lissette Berrios Ortiz;

su hijo, Ángel Antonio Berríos Ortiz; y, su hijo, Ángel Manuel Berríos

Ortiz (en adelante, “recurridos”), presentaron la Contestación a

4
    Anejo 3 del Apéndice del Certiorari, págs. 6 – 7.
5 Anejo 4 del Apéndice del Certiorari, págs. 8 – 30.
6 Notificada al día siguiente. Entrada Núm. 59 del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC).
7 Entrada Núm. 69 de SUMAC.
8 Anejo 5 del Apéndice del Certiorari, págs. 31 – 82.
KLCE202301385                                                                      3

Petición de Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor

(Contenciosa).9

       Así las cosas, el 23 de mayo de 2022 el TPI emitió una

Orden,10 en la que procuró la entrega de los expedientes médicos de

la señora Ortiz Colón y prohibió la disposición de todo bien y/o

activo que le perteneciera. Procuró, además, su evaluación con la

psiquiatra, Dor Marie Arroyo Carrero (en adelante, “Dra. Arroyo

Carrero”) y el neurólogo, Christian Schenk Aldahondo (en adelante,

“Dr. Schenk Aldahondo”).11

       Insatisfechos, el 22 de junio de 2022 los recurridos

acudieron      ante     el   TA,      mediante     el    recurso     de   certiorari,

KLCE202200650 el cual, fue denegado.12

       Posteriormente, el TPI emitió una serie de ordenes relativas a

la rendición del inventario de bienes y avalúo, la designación de los

candidatos a tutor y la información requerida por los médicos.13 Por

su parte, el peticionario Machado Ortiz solicitó la designación de un

tutor provisional.14

       El 4 de noviembre de 2022, el TPI dictó una Resolución y

Orden de Manejo del Caso,15 Allí, reiteró como medida cautelar la

orden de prohibición de enajenar los bienes de la señora Ortiz Colón

sin   la    autorización          judicial,   mientras     no   se    determinara

expresamente otra cosa.

       El 23 de febrero de 2023, el señor Luis A. Martínez Renta,

contador público autorizado (en adelante, “CPA Martínez”) presentó

un Informe de Progreso al Honorable Tribunal.16 Y el 14 de abril de

9 Anejo 6 del Apéndice del Certiorari, págs. 83 – 137.
10 Notificada al día siguiente.
11 Anejo 7 del Apéndice del Certiorari, págs. 138 – 141.
12 La Resolución fue emitida el 23 de diciembre de 2022.
13 Anejos 8 y 9 del Certiorari, págs. 142 – 160.
14 Anejo 12 del Apéndice del Certiorari, págs. 196 – 198.
15 Notificada el 7 de noviembre de 2022. Anejo 15 del Certiorari, págs. 206 – 218.
16 Anejo 21 del Apéndice del Certiorari, págs. 298 – 305.
KLCE202301385                                                                  4

2023, el CPA Martínez presentó el Informe al Honorable Tribunal

Sobre Inventario y Avalúo de Bienes.17

       El 14 de abril de 2023, se celebró una vista de estado de los

procedimientos,18 por lo que el TPI emitió una Orden a las partes de

expresaran su posición sobre las directrices impartidas —entre

otras— sobre la preparación de un informe por el CPA Martínez.19

       En conformidad, el 2 de mayo de 2023, las Procuradoras de

Asuntos de Familia (en adelante, “PAF” o “Ministerio Público”)

presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden, donde

expresaron que el CPA Martínez aún no había culminado su

encomienda y que se le debe conceder un término adicional para

rendir un informe final.20

       El 31 de mayo de 2023, el peticionario presentó una Moción

Sobre el Informe del CPA Luis Martínez, donde reiteró la posición del

PAF.21

       Luego, el 11 de octubre de 2023, la Lcda. Norma Machado

Ortiz, hija de la presunta incapaz, presentó —vía representación

legal— un escrito intitulado: Moción en Cumplimiento (Orden Número

730). En apretada síntesis, expuso que del informe no surge que el

inventario esté incompleto.22 Ese mismo día, el Dr. Richard

Machado González, esposo de la presunta incapaz, presentó un

escrito: Moción en Cumplimiento de Orden en Torno a SUMAC 702

Presentado por el Peticionario sobre Informe de CPA Martínez. En

resumen, suscribió lo planteado en el escrito de su hija, Lcda.

Norma Machado Ortiz.23

17 Anejo 31 del Apéndice del Certiorari, págs. 356 – 370.
18 Anejo 31 del Apéndice del Certiorari, págs. 344 – 355.
19 Notificada el 17 de abril de 2023. Anejo 32 del Apéndice del Certiorari, págs.

371 – 372.
20 Anejo 35 del Apéndice del Certiorari, págs. 377 – 378.
21 Anejo 39 del Apéndice del Certiorari, págs. 391 – 405.
22 Anejo 49 del Apéndice del Certiorari, págs. 454 – 461.
23 Anejo 50 del Apéndice del Certiorari, págs. 462 – 463.
KLCE202301385                                                                   5

         Así las cosas, el 12 de octubre de 2023, el TPI dio por

cumplido lo ofrecido por el CPA Martínez.24

         Inconforme, el 24 de octubre de 2023 la PAF presentó

Informe Fiscal en Solicitud de Reconsideración.25 El TPI ordenó a las

partes a exponer su posición sobre lo informado por el Ministerio

Público.26 Por lo cual, la Lcda. Norma Machado Ortiz, el Sr. Ricardo

Felipe Machado Ortiz, el Sr. Ángel Antonio Berríos Ortiz y el Sr.

Ángel Manuel Berríos Ortiz cumplieron con lo ordenado el mismo

día.27

         Por su parte, el 6 de noviembre de 2023, la Dra. Lissette

Berrios Ortiz, hija de la presunta incapaz presentó: Moción en

cumplimiento de Orden Exponiendo Posición sobre Informe Fiscal,

alegando que el referido informe estaba completo.28

         En respuesta, el mismo día —6 de noviembre de 2023— el

Sr. Richard Machado Ortiz radicó una Moción en Cumplimiento de

Orden [758] y Uniéndonos al Informe Fiscal y la Solicitud de

Reconsideración, en la cual alegó que el CPA Martínez sostuvo que

no ha completado su encomienda y en el expediente judicial no

existe un informe final rendido por este.29

         El 6 de noviembre de 2023,30 el TPI emitió una Orden en el

que determinó Ha Lugar a la Moción en cumplimiento de Orden

Exponiendo Posición sobre Informe Fiscal de la Dra. Lissette Berrios

Ortiz, hija de la presunta incapaz, acogiendo la posición de que el

informe del CPA Martínez estaba completado.

         Inconforme, el 10 de noviembre de 2023 la PAF presentó un

escrito: Informe Fiscal, en el cual sostuvo que no hay una

24 Anejo 1 del Certiorari, págs. 1 – 2.
25 Anejo 54 del Certiorari, págs. 469 – 473.
26 Anejo 55 del Certiorari, págs. 474 – 475.
27 Anejos 56 y 57 del Certiorari, págs. 476 – 480.
28 Anejo 58 del Certiorari, págs. 481 – 483.
29 Anejo 59 del Certiorari, págs. 484 – 491.
30 Notificada el 7 de noviembre de 2023. Anejo 2 del Certiorari, págs. 4 – 5.
KLCE202301385                                                     6

determinación en cuanto a su solicitud de reconsideración.31 Por su

parte, ese mismo día el Dr. Richard Machado González presentó:

Muy Breve Réplica a SUMAC 771. En síntesis, se opuso al escrito de

la PAF y exhortó al TPI a no dilatar los procesos.32

       El 13 de noviembre de 2023, TPI se sostuvo en que el

informe del CPA Martínez estaba completado y reiteró el calendario

de la vista en que el CPA Martínez debía comparecer como testigo.33

       El 27 de noviembre de 2023, el peticionario Machado Ortiz

presentó un escrito: Solicitud de Remedios para que se Dicten

Resoluciones de Conformidad con el Debido Proceso de Ley.34 En

resumen, adujo que quedaban pendientes controversias por resolver

y notificarlas, entre ellas, que se resolviera adecuadamente la

solicitud de reconsideración de la PAF sobre el informe incompleto

del CPA Martínez, ello en violación al debido proceso de ley.

       El 28 de noviembre de 2023, el TPI aclaró que la

reconsideración fue resuelta y que no existe por el momento un

incapaz para tomar la medida cautelar del tutor provisional.35

       Inconforme, el 7 de diciembre de 2023, el Sr. Richard

Machado Ortiz recurrió ante este foro apelativo. Mediante el auto de

certiorari señaló los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU
       DISCRECIÓN   EL   TRIBUNAL  DE     PRIMERA
       INSTANCIA AL NO RESOLVER CONFORME A
       DERECHO LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN
       PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO,
       VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO DE LEY.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU
       DISCRECIÓN    EL  TRIBUNAL   DE   PRIMERA
       INSTANCIA AL NO CUMPLIR CON EL MANDATO DE
       ESTE HONORABLE TRIBUNAL EN EL CASO
       KLAN202100242 EN CUANTO A LAS MEDIDAS
       CAUTELARES.

       TERCER ERROR:                ERRÓ Y ABUSÓ DE SU
       DISCRECIÓN EL                TRIBUNAL DE PRIMERA

31 Anejo 65 del Apéndice del Certiorari, págs. 503 – 505.
32 Anejo 66 del Apéndice del Certiorari, págs. 506 – 508.
33 Anejo 67 del Apéndice del Certiorari, págs. 509 – 510.
34 Anejo 71 del Apéndice del Certiorari, págs. 517 – 527.
35 Anejo 3 del Apéndice del Certiorari, págs. 6 – 7.
KLCE202301385                                                                 7

       INSTANCIA AL IGNORAR EL ORDENAMIENTO
       JURÍDICO VIGENTE SOBRE LA INCAPACIDAD
       LEGAL, SEGÚN REGULADO EN EL CÓDIGO CIVIL
       DEL    202O   Y   EMITIR    ÓRDENES  EN
       CONTRAVENCIÓN CON EL MISMO.

                                      -II-

       El auto de certiorari es un medio procesal de carácter

discrecional que faculta a un tribunal de mayor rango a revisar las

determinaciones de un tribunal inferior jerarquía.36 Por lo cual, la

discreción se entiende como el poder para decidir en una forma u

otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.37

       En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,38

delimita las instancias en que atenderemos —vía certiorari— las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a

saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].39

       Con el objetivo de que podamos ejercer de manera sabia

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos del

asunto esbozado en un certiorari— contamos con la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,40 que establece los

siguientes criterios:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

36 Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019);

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
37 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
38 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
39 Id.
40 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202301385                                                               8

           (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
           (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.
           (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.
           (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
           (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
           caso es la más propicia para su consideración.
           (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
           y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
           (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia. 41

         Por lo que, al tener discreción judicial, este foro apelativo tiene

la reserva para expedir o denegar el auto; bajo el siguiente crisol:

         [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
         de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
         hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́ con
         prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
         o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
         sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
         perjuicio sustancial.42

         De manera, que si la actuación del TPI no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes,

deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a quien le

corresponde la dirección del proceso.43

                                      -III-

         En síntesis, el señor Machado Ortiz nos señala que el TPI erró

al no resolver conforme a derecho la solicitud de reconsideración

presentada por el Ministerio Público y al incumplir con el mandato

de este Tribunal en cuanto a las medidas cautelares. También,

arguye que el TPI incidió al ignorar el ordenamiento jurídico vigente

sobre la incapacidad legal.

         Conforme el derecho antes expresado, no encontramos razón

por la que debamos intervenir en el presente caso. No se configura

ninguna de las instancias contempladas en la citada Regla 52.1 de

41 Id.
42 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).;
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
43 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
KLCE202301385                                                      9

Procedimiento Civil, ni de los criterios establecidos en la Regla 40

del Reglamento de este tribunal.

      Las órdenes recurridas constituyen un claro ejercicio de

discreción que tiene el TPI de manejar sus casos de la manera que

entienda más adecuada, conforme las normas de derecho aplicable

y los hechos ante su consideración.

      Razón por la cual, no estamos ante una actuación arbitraria

o caprichosa en ejercicio del poder discrecional, por lo que no se

justifica nuestra intervención en este caso.

                                  -IV-

      Por   lo    fundamentos    antes   expuestos,   denegamos    la

expedición del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones