Court Opinion

ID: 9941348
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:26:56.770723+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.571128
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

  ANTONIO L. IGUINA                                     Recurso de Certiorari
     GONZÁLEZ                                           procedente del
                                                        Tribunal de Primera
         Recurrido                                      Instancia, Sala
                                                        Superior de Bayamón

              V.                KLCE202400065
                                                        Caso Núm.:
                                                        BY2022CV05908
     JUAN W. HOWE
      HERNÁNDEZ
                                                        Sobre:
       Peticionario                                     Persecución Maliciosa

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       Comparece el señor Juan W. Howe Hernández (en adelante,

señor Howe Hernández o peticionario), mediante el recurso de

certiorari. Nos solicita que revoquemos una Resolución emitida el 18

de diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (TPI).1 Mediante esta, el TPI declaró No ha

Lugar la solicitud del pago de costas y honorarios de abogado que

presentó la parte prevaleciente en la Demanda incoada por el señor

Antonio L. Iguina González (en adelante, señor Iguina González o

recurrido).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la determinación

recurrida.

1 Apéndice del Certiorari, Anejo I, págs. 1-3. Archivada y notificada en autos el 18

de diciembre de 2023.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202400065                                                                2

                                      -I-

        La controversia ante nuestra consideración tiene su origen en

una demanda presentada el 17 de noviembre de 2022 por el señor

Iguina González en contra del señor Howe Hernández por daños y

perjuicios, persecución maliciosa y abuso del Derecho.2 En dicha

reclamación, el recurrido arguyó que el señor Howe Hernández ha

interpuesto diversos pleitos frívolos en su contra, en detrimento de

su reputación y honra. En consecuencia, hizo un recuento de los

alegados incidentes.

        En primer lugar, el señor Iguina González adujo que, el 13 de

julio de 2020, el señor Howe presentó una demanda en el TPI, Sala

Superior de Guaynabo, en la cual fue incluido como demandado

junto con el Consejo de Titulares del Condominio Torres San Miguel

y otras personas naturales que formaban parte de la Junta de

Directores de dicho condominio.3 El señor Iguina González alegó

que, en esa demanda, el señor Howe Hernández esgrimió un

sinnúmero de falsedades en contra de todas las partes demandadas,

incluyendo acusaciones falsas sobre su persona. Cabe señalar que,

el TPI desestimó la demanda al entender que: (1) no existía una

causa de acción personal contra los Directores de la Junta; (2) el

caso estaba siendo atendido por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACO); y (3) las alegaciones eran ambiguas y

estereotipas.4 Asimismo, el Tribunal de Apelaciones confirmó el

dictamen del foro primario.5

        En segundo lugar, el señor Iguina González arguyó en su

petición que, el 11 octubre de 2022, el señor Howe Hernández

2 Íd., Anejo II, págs. 4-11.
3 Dicha demanda fue identificada con el código alfanumérico GB2020CV00437.
4 Véase entrada 97 del expediente electrónico en el Sistema Unificado de Manejo

y Administración de Casos (SUMAC) del caso GB2020CV00437.
5 Véase KLAN202100250.
KLCE202400065                                                              3

presentó una segunda demanda en el TPI de San Juan, en la cual

reiteró afirmaciones falsas en su contra.6

      Por último, el señor Iguina González indicó en la Demanda

que, el 6 de octubre de 2021, el señor Howe Hernández solicitó ante

el TPI de Guaynabo una orden de protección al amparo de la Ley

Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley 284-1999, según enmendada,

33 LPRA sec. 4013 nota, alegando que el recurrido lo había

amenazado, intimidado, acechado, provocado, acosado y ofendido

en tres (3) ocasiones distintas. En dicho procedimiento, el foro

primario concedió una orden de protección por acecho ex parte. Sin

embargo, después de escuchar a las partes involucradas en el

proceso legal, el TPI determinó que la solicitud carecía de

fundamentos y ordenó el archivo del caso.

      Así las cosas, el señor Iguina González sostuvo que las

acciones de persecusión del señor Howe Hernández han lacerado su

nombre y su honra, causándole perjuicios en su vida codiana,

profesional, emocional y económica. Por lo tanto, solicitó una

compensación no menor de cien mil dólares ($100,000.00). Además,

reclamó una cantidad no menor de cincuenta mil dólares

($50,000.00) por daños morales, resurgentes y continuos al

enfrentarse a procedimienros legales viciosos e injustificados.7

      Después de diversos trámites procesales, el 26 de abril de

2023, el señor Howe Hernández presentó un escrito titulado “Otra

moción de desestimación”, en el cual solicitó que el TPI desestimara

el caso debido al incumplimiento por parte del señor Iguina González

en la preparación del informe de manejo del caso, conforme a la

Regla 37 de Procedimiento Civil.8 No obstante, el 11 de julio de 2023,

el foro primario emitió una Resolución en la que denegó la

6 Dicha  demanda, presentada ante el TPI de San Juan, fue identificada con el
código alfanumérico SJ2022CV08925.
7 Apéndice de Certiorari, Anejo II, págs. 10-11.
8 Íd., Anejo VI, págs. 26-42.
KLCE202400065                                                                 4

desestimación y ordenó la continuación de los procedimientos,

señalando que en Puerto Rico existe la causa de acción por

persecusión maliciosa.9

       El 10 de agosto de 2023, el señor Howe Hernández acudió al

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari.10

Posteriormente, el 12 de septiembre de 2023, este Tribunal

intermedio emitió una Sentencia en la que revocó la determinación

del TPI y desestimó la demanda presentada por el señor Iguina

González.     El juez Pagán Ocasio disintió de tal proceder.11 El

mandato de esta determinación fue remitido el 10 de noviembre de

2023.12

       Por su parte, el 27 de noviembre de 2023, el foro primario

emitió una Sentencia en la que ordenó el archivo y cierre con

perjuicio del asunto para fines estadísticos, de conformidad con la

decisión del Tribunal de Apelaciones de desestimar el caso.13 Cabe

mencionar que, el TPI emitió una Sentencia enmendada nunc pro

tunc, notificada el 29 de noviembre de 2023, con el fin de corregir

una referencia incorrecta al Banco Popular como la parte

demandante en lugar de mencionar al señor Iguina González.14

       En este contexto, el 1 de diciembre de 2023, el señor Howe

Hernández presentó ante el foro primario un Memorando de costas

y honorarios de abogado en el que solicitó la suma de diecisiete mil

setecientos dólares ($17,700.00) o una cantidad no menor de diez

mil dólares ($10,000.00) por honorarios legales, así como la

cantidad de cuatrocientos sesenta y cinco dólares ($465.00) por

gastos y costas.15 En contraste, el señor Iguina González presentó

9 Íd., Anejos IX, págs. 61-62. Archivada y notificada en autos el 12 de julio de
2023.
10 Íd., Anejo X, págs. 63-64.
11 Íd., Anejo XI, págs. 65-75.
12 Íd., Anejo XII, págs. 76-77.
13 Íd., Anejo XIII, págs. 78-81.
14 Íd., Anejo XV, págs. 84-87.
15 Íd., Anejo XVI, págs. 88-103.
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una Moción en cumplimiento de orden y en oposición a “Memorando

de costas y solicitud de honorarios de abogado” en la que solicitó que

el TPI declare no ha lugar la solicitud de cosas y honorarios por falta

de jurisdicción, argumentando que la sentencia del Tribunal de

Apelaciones privó al foro primario de atender el asunto.16

        El 18 de diciembre de 2023, el TPI emitió una Resolución en

la que denegó el memorando de cosas debido a que fue presentado

fuera del término jurisdiccional de diez (10), según disponen las

Reglas de Procedimiento Civil.17 Aclaró que la sentencia del 27 de

noviembre de 2023 tuvo como propósito cerrar estadísdicamente el

caso en el foro primario y señaló que la decisión que resolvió la

reclamación fue la del Tribunal de Apelaciones.

        Inconforme, el señor Howe Hernández acudió ante nos

mediante el recurso que nos ocupa y le imputó al TPI los siguientes

errores:

        PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA
        CUANDO SE NEGÓ [A] ATENDER EL ESCRITO DE
        MEMORÁNDUM     DE  COSTAS Y   SOLICITUD DE
        HONORARIOS DE ABOGADO.

        SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA
        CUANDO ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN Y SE NEGÓ [A]
        ATENDER EL ESCRITO DE MEMORÁNDUM DE COSTAS Y
        SOLICITUD DE HONORARIOS DE ABOGADO [,] SOLO
        ADUCIENDO QUE SU SENTENCIA NUNC PRO TUNC ERA
        PARA “FINES ESTADÍSTICOS”.

        En vista de los errores imputados, procedemos a discutir las

normas jurídicas aplicables a este recurso.

        Destacamos que, conforme a lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 Ap. XXII-B, R. 7 (B)

(5), y dadas las particularidades de este caso, prescindimos de la

comparecencia de las posibles partes con interés, y resolvemos.

16 Íd., Anejo XVII, págs. 104-108.
17 Íd., Anejo I, págs. 1-3.
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                                    -III-

                                    -A-

      El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se

asienta en la sana discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al

intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los asuntos en los que se solicita la

revisión de una determinación post sentencia, corresponde evaluar

dicha solicitud al amparo de lo dispuesto en la Regla 40 del

Reglamento de este Tribunal, la cual establece los criterios que

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad

discrecional:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
      el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a
      la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados,
      o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
      la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      De no estar presente algunos de estos criterios, corresponde

abstenernos de expedir el auto de certiorari.
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                                    -B-

      La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1,

versa sobre lo concerniente a la concesión de costas y honorarios de

abogado. La referida regla dispone lo siguiente:

      Regla 44.1. Las costas y los honorarios de abogados

      (a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a cuyo
      favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o
      revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo
      contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá
      conceder el tribunal son los gastos en que se incurra
      necesariamente en la tramitación de un pleito o
      procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su
      discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a
      otra.

      (b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de
      costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria,
      dentro del término de diez (10) días contados a partir del
      archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia,
      una relación o memorándum de todas las partidas de gastos
      y desembolsos necesarios en que se incurrió durante la
      tramitación del pleito o procedimiento. […]

      (c) En etapa apelativa. La parte a cuyo favor un tribunal
      apelativo dicte sentencia presentará en la sala del Tribunal
      de Primera Instancia que decidió el caso inicialmente y
      notificará    a     la    parte    contraria, dentro     del
      término jurisdiccional de diez (10) días contados a partir
      de la devolución del mandato y conforme a los criterios
      establecidos en el inciso (b) anterior, una relación o
      memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos
      necesarios incurridos para la tramitación del recurso ante el
      Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo, según
      corresponda. […]

      Cuando se revoque la sentencia del Tribunal de Primera
      Instancia la parte a cuyo favor se dicte la sentencia,
      presentará un memorándum de costas de conformidad con
      el procedimiento y el término establecido en este inciso e
      incluirá los gastos y desembolsos incurridos tanto en el
      Tribunal de Primera Instancia como en el Tribunal de
      Apelaciones y en el Tribunal Supremo.

Respecto a los honorarios de abogado, la citada Regla establece:

      (d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su
      abogado o abogada haya procedido con temeridad o
      frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o
      a la responsable el pago de una suma por concepto de
      honorarios de abogado que el tribunal entienda
      correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre
      Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o
      dependencias haya procedido con temeridad o frivolidad, el
      tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por
      concepto de honorarios de abogado, excepto en los casos en
      que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios
      de abogado.
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       Es meritorio resaltar que, respecto a las costas, los términos

que establece esta regla son jurisdiccionales, por lo que el plazo

de diez (10) días, tanto para presentar el memorando de costas como

para oponerse al mismo, es improrrogable. El cumplimiento tardío

al presentar el memorando priva al tribunal de autoridad para

considerar y aprobar las costas reclamadas. Rosario Domínguez v.

E.L.A., 198 DPR 197 (2017); Pereira v. IBEC, 95 DPR 28 (1967); J.A.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2nd ed.,

Publicaciones JTS, 2011, T. IV, págs. 1270 y 1297.

       El Tribunal Supremo ha establecido que la concesión de costas

“tiene una función reparadora, ya que permite el reembolso de los

gastos necesarios y razonables que tuvo que incurrir la parte

prevaleciente del pleito en su tramitación”. Rosario Domínguez v. ELA,

198 DPR 197, 211 (2017). Véase Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et

al., 2023 TSPR 15, 211 DPR __ (2023); ELA v. El Ojo de Agua

Development, 205 DPR 502, 527 (2020); Maderas Tratadas v. Sun.

Allience et al., 185 DPR 880, 934 (2012); JTP Dev. Corp. v. Majestic

Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992). Esto, con el objetivo de no

mermar el derecho de la parte prevaleciente de recobrar los gastos

razonables asociados a los trámites incurridos, sin su culpa. ELA v.

El Ojo de Agua Development, supra; JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty

Corp., supra. El segundo objetivo de la aludida regla es tener el efecto

disuasivo de desalentar la radicación de pleitos temerarios y

superfluos. JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra. De esta

forma, una vez la parte prevaleciente reclama su pago, la imposición

de costas a la parte perdidosa es mandatorio. Semidey et al. v. Fcia.

Belmonte et al., supra; ELA v. El Ojo de Agua Development, supra, pág.

528; Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 212. No obstante, la

imposición de costas a la parte perdidosa no opera automáticamente,

dado    que   la   parte   prevaleciente     tiene    que    presentar

oportunamente un memorando de costas en el que se precisen
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los gastos incurridos, a tenor con la Regla 44.1 (b) de Procedimiento

Civil, supra, R. 44.1 (b). Íd. Además, el tribunal tiene discreción de

evaluar la razonabilidad y necesidad de los gastos detallados.

Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et al., supra; Maderas Tratadas v.

Sun. Allience et al., supra, pág. 935. Empero, “[e]sta discreción se

ejercerá con moderación, y se examinará cuidadosamente el

memorando de costas en cada caso”. Semidey et al. v. Fcia. Belmonte

et al., supra. Pues, no todos los gastos ocasionados por el pleito son

costas. Andino Nieves v. AAA, 123 DPR 712, 716 (1989); Garriga, Jr.

v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 252 (1963). Las costas son aquellos

gastos razonables que sean causa inmediata o directa del pleito. R.

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal

civil, 6ta ed., San Juan: Lexisnexis, 2017, pág. 427.

      A su vez, no todos los gastos son recobrables, dado que sólo se

recobran aquellos gastos necesarios y razonables para tramitar el

pleito, más no así los gastos innecesarios, superfluos o extravagantes.

Semidey et al. v. Fcia. Belmonte et al., supra; PR Fast Ferries et al. v.

AAPP, 2023 TSPR 121, 213 DPR __ (2023). Además, no son

recobrables como costas los honorarios de abogados, salvo una ley

especial así lo disponga, ni los gastos ordinarios de oficina como los

sellos postales, materiales de oficina, servicios telefónicos y de

mensajería, las transcripciones de récords de las vistas cuando se

soliciten por conveniencia, entre otros. Íd.

                                  -C-

      Asimismo, tal y como fuera previamente transcrita, la Regla

44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1 (d) aborda la concesión

de honorarios de abogado. En este contexto, esta regla faculta a los

tribunales a imponer el pago de una cuantía por concepto

de honorarios de abogado, en casos donde cualquiera de las partes o

sus abogados hayan procedido con temeridad o frivolidad. Es decir, la

referida Regla requiere el elemento de “temeridad”, que nuestro
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Tribunal Supremo la ha definido como “una actitud que se proyecta

sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la

administración de la justicia”. Jarra v Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR

764, 779 (2001). Por ello, su propósito es penalizar al que con su

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en

gastos. SLG Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).

Además, es importante mencionar que la imposición de honorarios por

temeridad descansa en la sana discreción de los tribunales. Torres

Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760, 790 (2016).

      Expuesto el derecho aplicable a la controversia de marras,

procedemos a atender la controversia planteada.

                                 -IV-

      En el caso ante nuestra consideración, discutiremos en

conjunto ambos señalamientos de error, por estar relacionados.

Ambos versan en torno a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra,

R. 44.1, sobre el memorando de costas y gastos en favor de la parte

prevaleciente y la imposición de honorarios legales. En síntesis, el

señor Howe Hernández planteó que erró el TPI al declarar No Ha

Lugar la concesión de costas y honorarios de abogados bajo el

fundamento de que la Sentencia nunc pro tunc se emitió para fines

estadísticos.

      Tras un análisis minucioso de los autos, resolvemos que no

erró el TPI al denegar la solicitud de costas y honorarios legales

presentada por el señor Howe Hernández.

      La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, es clara

en establecer que la parte beneficiada por una sentencia de un

tribunal de apelación deberá presentar un memorándum de todas las

partidas de gastos y desembolsos necesarios incurridos para la

tramitación del recurso en la sala del TPI que resolvió inicialmente el

caso y notificar a la parte adversa, todo ello dentro del plazo
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jurisdiccional de diez (10) días contados a partir de la devolución

del mandato.

       Sin embargo, el señor Howe Hernández, luego de prevalecer en

los méritos, no presentó oportunamente el memorando de costas.

Surge de los autos que, la devolución del mandato del Tribunal de

Apelaciones se efectuó el 10 de noviembre de 2023.18 En este

contexto y conforme al término jurisdiccional estipulado en la Regla

44.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.1, el plazo para que el

señor Howe Hernández presentara su memorando de cosas se

extendía hasta el 20 de noviembre de 2023. No obstante, el

peticionario presentó dicho memorando el 1 de diciembre de 202319,

basándose en la notificación del TPI sobre la Sentencia enmendada

nunc pro tunc, la cual fue notificada el 29 de noviembre de 2023.20

       Es menester señalar que la Sentencia que resolvió el caso fue

la emitida por este Tribunal de Apelaciones, mientras que la

Sentencia del TPI fue generada para archivar y cerrar el asunto para

fines estadísticos en el TPI, por lo que no se le puede adscribir a

dicho trámite estrictamente administrativo, y sin consecuencia

sustantiva en el caso, el alcance pretendido por el peticionario.

       Respecto a la solicitud de imposición de honorarios de

abogado, tal y como se ha consignado previamente, ello procedería

únicamente       tras    la       determinación   por   parte   del   Tribunal

sentenciador de que una parte ha actuado con temeridad.

Examinada la Sentencia emitida el 12 de septiembre de 2023 por

este Tribunal, la cual ya es final y firme, la misma carece de dicha

determinación.          Ante dicha circunstancia, y no habiéndose

solicitado la conclusión de que la parte recurrida incurrió en

temeridad antes de que la Sentencia que realmente dispuso del caso

18 Íd., Anejo XII, págs. 76-77.
19 Íd., Anejo XVI, págs. 88-103.
20 Íd., Anejo XIII y XV, págs. 78-81 y 84-87.
KLCE202400065                                                       12

adviniese en final y firme, no procede en este momento solicitar la

imposición del pago de honorarios de abogado a la parte recurrida.

                                 -V-

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari y confirmamos la determinación del TPI.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones