Court Opinion

ID: 9928614
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:29:49.956463+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:24.409627
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

MANUEL MORAZA                              CERTIORARI
ORTIZ                                      Procedente del
                                           Tribunal de Primera
peticionario                               Instancia, Sala Superior
                             KLCE202301183 de San Juan

v.                                           Civil Núm.:
                                             SJ2021CV03569
CARMEN MUÑOZ                                 (Salón 803)
GANDARA
                                             Sobre: DIVISION O
Recurrida                                    LIQUIDACION DE LA
                                             COMUNIDAD DE
                                             BIENES HEREDITARIOS

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, juez ponente

                               RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria, Manuel E. Moraza Ortiz,

mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita la revocación de la

“Resolución” emitida y notificada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan, el 27 de septiembre de 2023. En el

referido dictamen, el foro recurrido declaró No Ha Lugar una

solicitud de reconsideración presentada por la parte recurrida e hizo

unas aclaraciones sobre el alcance del descubrimiento de prueba.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                    I.

      El 9 de junio de 2021, el señor Moraza Ortiz instó una

demanda sobre división de bienes hereditarios en contra de la aquí

recurrida, Carmen N. Muñoz Gándara. En la misma, alegó que, en

una acción previa, el foro primario lo declaró único y universal

heredero de su padre, el señor Manuel Moraza Choisne, quien

falleció el 16 de abril de 2020. A su vez, indicó que el tribunal de

instancia determinó que la viuda del finado, la señora Muñoz

Número Identificador
RES2023___________________
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Gándara, le correspondía una cuota usufructuaria, puesto que, al

momento del fallecimiento del señor Moraza Choisne, estaba vigente

el Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 1 et seq.

(derogado). En virtud de lo anterior, le solicitó al referido foro, entre

otras cosas, que ordenara la división de los bienes pertenecientes al

caudal hereditario de su padre.

      Tras varias instancias procesales, el 20 de diciembre de 2021,

el peticionario presentó una Moción Solicitando Órdenes. En el

escrito, arguyó que era necesario que el tribunal emitiera órdenes a

varias entidades privadas y públicas para que se obtuviese

información que posibilitara realizar un inventario de los bienes que

pertenecían a la extinta Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por la señora Muñoz Gándara y el señor Moraza Choisne. Las

referidas órdenes iban, principalmente, dirigidas a bancos e

instituciones financieras, entre ellos:

    1. Banco Popular de Puerto Rico y Popular Securities;

    2. Oriental Bank, OFG Bancorp y Oriental Wealth
      Management;

    3. Santander Bank y Santander Securities;

    4. First BanCorp, First Bank y FirstBank Holding Co.;

    5. First Southern LLC;

    6. UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico y
      UBS Securities LLC;

    7. Merril Lynch Wealth Management y Merril Lynch LLC;

    8. Charles Schwab y Charles Schwab Corporation;

    9. Universal Financial Services, Inc. of Puerto Rico;

    10. Presidente Ejecutivo de la Corporación Pública para
     la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico
     (COSSEC);

    11. PenFed Credit Union;

    12. Caribe Federal Credit Union;

    13. Puerto Rico Federal Credit Union;
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        14. JetStream Federal Credit Union;

        15. VAPR Federal Credit Union; y

        16. Cooperativa CooPACA.1

         El señor Moraza Ortiz peticionó que a cada una de las

referidas instituciones se le solicitara un informe, “respecto a todas

las cuentas de inversiones, ahorros, cheques, retiro, IRA, Keogh,

401K, certificados de depósito, tarjetas de crédito, […] a nombre de

Carmen Muñoz Gándara […], Manuel E. Moraza Choisne […],

Moraza & Muñoz o donde aparezca como propietario cualquiera de

estas dos personas o números de seguro social, desde enero del

2015 al presente”, que incluyera:

     a. El resumen anual de transacciones y balances de cada
        cuenta.

     b. Copia por ambos lados de todos los cheques emitidos.

     c. Los estados bancarios de todos los meses donde
        hubiese habido pagos, cheques cobrados, depósitos,
        transferencias o retiros. Y que se certifique por la
        institución que esos han sido los meses donde ha
        habido     pagos,    cheques  cobrados,    depósitos,
        transferencias o retiros.

     d. Informar si existen o han existido cajas de depósito.2

         Ese mismo día, la señora Muñoz Gándara presentó una

Moción Urgente. En el pliego, arguyó que las órdenes solicitadas por

el      peticionario   constituían   un    uso   indiscriminado     del

descubrimiento de prueba, puesto que la información peticionada

incluía datos personales suyos que no eran pertinentes para resolver

la presente acción.

         Posteriormente, el 23 de diciembre de 2021, la recurrida instó

una Moción Informativa en Torno a Gestiones Relativas al

Descubrimiento de Prueba. En ella, informó que, ese mismo día, en

cumplimiento con la Reglas 23.2 y 34.1 de Procedimiento Civil, 32

1 Apéndice del recurso, 313-320.
2 Íd.
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LPRA Ap. V, R. 23.2 y 34.1, le había enviado a la representación

legal del señor Moraza Ortiz una carta en la que le indicó sus

objeciones a la Moción Solicitando Órdenes. A su vez, la señora

Muñoz Gándara le suplicó al foro primario que aplazara la

expedición de las referidas órdenes hasta que no se evaluara la

procedencia de las mismas.

       El 23 de diciembre de 2021, el peticionario presentó una

Moción Reaccionando a la Moción Urgente presentada por la

recurrida. Arguyó que poseía el derecho a utilizar los mecanismos

del descubrimiento de prueba en la forma más amplia posible con el

objetivo de hacer un inventario de todos los bienes que pertenecían

al caudal hereditario de su padre fallecido. Así, pues, sostuvo que

no había impedimento para que el foro primario declarara con lugar

la Moción Solicitando Órdenes, y afirmó la pertinencia de las mismas.

       Así la cosas, las partes presentaron varios escritos entre los

años 2021 y 2023 en los que reiteraron sus posiciones en cuanto a

la Moción Solicitando Órdenes. Además, en cumplimiento con una

orden del tribunal, el 3 de noviembre de 2022, presentaron una

Moción Conjunta, con el fin de detallar las objeciones que aún

persistían en cuanto al descubrimiento de prueba. En ella,

manifestaron sus argumentos en lo referente a la solicitud de

órdenes instada por el peticionario.

       Evaluado lo anterior, el 18 de julio de 2023, notificada el 19

del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Orden en la que, entre otras cosas, determinó lo siguiente:

       “En cuanto a las órdenes a las instituciones financieras,

       se permiten”.3

       En reacción, el 2 agosto de 2023, la señora Muñoz Gándara

presentó una Solicitud de Reconsideración y Orden Protectora. En la

3 Apéndice del recurso, pág. 41.
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misma, le solicitó al tribunal que reconsiderara su determinación de

permitir las órdenes a todas las instituciones financieras indicadas

por el señor Moraza Ortiz en su petitorio. Arguyó que el peticionario,

en su Moción Solicitando Órdenes, solicitó información de una serie

de instituciones financieras en las que solo se conservaban cuentas

privativas de sus familiares. A su vez, sostuvo que toda la

información solicitada a las instituciones financieras que tuviese

una fecha posterior a la muerte del señor Moraza Choisne no era

pertinente para la presente acción y no conduciría a prueba

admisible. En virtud de los anterior, la recurrida solicitó una Orden

Protectora en cuanto a la solicitud de esa información en particular.

       El 11 de agosto de 2023, el señor Moraza Ortiz presentó una

Breve Réplica y Oposición a [la] Moción de Reconsideración y Solicitud

de Órdenes Protectoras. En el escrito, arguyó que era improcedente

limitar la información solicitada. Alegó que el descubrimiento de

prueba sobre las cuentas objetadas por la recurrida y la información

solicitada con fecha posterior a la muerte del causante iba dirigido

a conocer si los fondos privativos de la señora Muñoz Gándara

generaron intereses o dividendos gananciales y si algún bien

obtenido durante la vigencia de la sociedad legal de gananciales fue

depositado en las cuentas privativas de la recurrida. Así pues, el

peticionario solicitó al tribunal que sostuviera su determinación

sobre las órdenes a las instituciones financieras.

        Luego de que la recurrida duplicó al escrito presentado el

señor Moraza Ortiz y reiteró los planteamientos que expuso

previamente, el 27 de septiembre del año en curso, el foro primario

emitió una Resolución en la que indicó lo siguiente:

       [E]ste tribunal declara no ha lugar a la
       reconsideración solicitada. Sin embargo[,] se aclara
       que la información sobre cuentas privativas de la
       parte demandada no son descubribles. […]. (Énfasis
       suplido).4

4 Apéndice del recurso, pág. 1
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      Inconforme con dicha determinación, el 26 de octubre de

2023, la parte peticionaria acudió ante nos mediante el recurso del

epígrafe y realizó los siguientes señalamientos de error:

      Cometió Error el Tribunal de Primera Instancia al emitir
      Resolución modificando una Orden previamente
      emitida el 19 de julio de 2023, en virtud de la que se
      ordenaba a la demandada-recurrida contestar el
      descubrimiento de prueba que le presentara el
      demandante-recurrente. Sin embargo, a pesar de que el
      Tribunal en su Resolución –Recurrida de 27 de
      septiembre de 2023 expresa haber denegado la
      reconsideración, enmienda lo ordenado inicialmente a
      la demandada-recurrida, limitando de esa manera el
      descubrimiento de prueba necesario y pertinente al que
      el demandante-recurrente tiene derecho a realizar de
      forma amplia, necesaria y pertinente dada la naturaleza
      del caso.

      Cometió Grave Error el tribunal de Primera Instancia;
      al no permitir el descubrimiento de prueba sobre
      materia pertinente y necesaria en un caso cuya
      controversia estriba en realizar la división de la
      sociedad post-ganancial y la comunidad hereditaria del
      causante Manuel E. Choisne. Con ello priva al
      demandante del debido procedimiento de ley en una
      controversia suscitada en un proceso que pretende la
      división de la sociedad post ganancial y la comunidad
      hereditaria del causante Manuel E. Choisne. La
      demandada-recurrida no ha presentado evidencia
      alguna, del carácter de las cuentas que se alegan son
      “privativas”. El Tribunal de Primera instancia en su
      Resolución no provee descripción a las cuentas que se
      refiere son “privativas de la demandada-recurrida.

      Incidió en grave error el Tribunal de Primera Instancia
      al no permitir el descubrimiento de prueba en un caso
      que pretende la división de la Sociedad Post Ganancial
      y la comunidad de bienes hereditarias al limitar la
      materia del descubrimiento, coartando el derecho del
      demandante-recurrente a descubrir prueba necesaria y
      pertinente ante la controversia del caso.

      Evaluado lo anterior, ordenamos a la parte recurrida a

presentar su posición conforme dispone la Regla 37 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 37. Luego de

transcurrido un término adicional, según se nos solicitó, el 9 de

noviembre del año en curso, la señora Muñoz Gándara compareció

en oposición.

      Con el beneficio de   la   comparecencia     de   las   partes,

procedemos a resolver.
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                                 II.

   A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 285 DPR 163, 174-175

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias
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en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera Gómez

y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v.

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020).

      Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La

precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
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      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170,

181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729,

745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR

140, 155 (2000).

      Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen,

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martinez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98.
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                                  III.

      Luego de un examen sosegado del expediente ante nos,

colegimos que no existe criterio jurídico que amerite nuestra

intervención con lo resuelto por el foro primario. Primeramente, es

menester acentuar que este Foro no debe de entender en asuntos

sobre descubrimiento de prueba, a menos que se demuestre un

fracaso a la justicia, cónsono con la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Al examinar el pronunciamiento del cual se recurre, se

desprende que el mismo no está contenido en las instancias

contempladas por la citada Regla para que este Foro pueda entender

sobre ello. Nuestras facultades para atender asuntos sobre

descubrimiento de prueba están expresamente delimitadas por el

ordenamiento procesal antes citado. Además, la parte peticionaria

no demostró que, de no actuar respecto a su solicitud, habría de

producirse un fracaso a la justicia. 800 Ponce de León v. AIG, supra,

pág. 176. Ello, nos hace concluir que nuestra intervención, en esta

etapa de los procedimientos, no resulta oportuna.

      En virtud de lo anterior, y en ausencia de prueba que nos

permita resolver en contrario, denegamos expedir el auto de

certiorari que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en la Regla 40 de

nuestro Reglamento, supra.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones