Court Opinion

ID: 9952152
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:22:13.875842+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:15.923622
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

DAISY GUZMAN ROMAN                             CERTIORARI
                                               Procedente del
Recurrida                                      Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
                                               Superior de
v.                               KLCE202400014 Bayamón

MUNICIPIO DE CATAÑO
A TRAVÉS DE SU                                          Caso Núm.:
ALCALDE HON. JULIO                                      CT2023CV00024
ALICEA VASALLO                                          (703)
Y OTROS

Peticionarios                                           Sobre: Daños y
                                                        Perjuicios

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Pérez y el Juez Pérez Ocasio1

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece la parte peticionaria, el Municipio de Cataño,

mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita la revocación de una

“Resolución” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Bayamón, el 21 de noviembre de 2023, notificada el 22 del mismo

mes y año. En el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha

Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte

peticionaria.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                       I.

       El 14 de febrero de 2023, la aquí recurrida, Daisy Guzmán

Román, instó una “Demanda” sobre daños y perjuicios en contra del

Municipio de Cataño (Municipio). En la misma, alegó que, durante

1
 Véase Orden Administrativa OATA-2024-010 del 17 de enero de 2024, donde se
designa a la Jueza Camille Rivera Pérez, en sustitución de la juez Grace M. Grana
Martínez.

Número Identificador
RES2024___________________
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la noche del 4 de mayo de 2022, sufrió una caída en la acera de la

Calle Barbosa de Cataño, cerca al Edificio Número 115 y la Farmacia

Rey. Aseveró que la caída se debió a un desnivel en la acera y a la

falta de iluminación en el lugar. A su vez, planteó que la mencionada

caída fue provocada por la negligencia del Municipio, el cual no le

brindó el mantenimiento adecuado a la referida acera. En

consecuencia, le solicitó al foro recurrido que condenara a la parte

peticionaria a pagarle la cantidad de ciento cuarenta mil dólares

($140,000) por los daños físicos y emocionales sufridos, más las

costas, los gastos del proceso y una suma por concepto de

honorarios de abogado.

       El 8 de junio de 2023, el Municipio contestó la demanda.

Esencialmente, sostuvo que mantenía las áreas bajo su control en

condiciones adecuadas, y que había sido diligente con el

mantenimiento de sus aceras. De ese modo, propuso que el

accidente ocurrió por la propia negligencia de Guzmán Román.

       Tras varias incidencias procesales, el 28 de septiembre de

2023, el Municipio presentó una “Moción de Sentencia Sumaria”. En

el pliego, afirmó que, contrario a lo previamente expuesto, la acera

en cuestión no estaba bajo su control, sino que le pertenecía al

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado). A tenor con lo

anterior, indicó que en el presente caso lo que procedía era

desestimar la acción por vía sumaria. Para sustentar su posición,

unió a su moción una “Certificación sobre Titularidad o Jurisdicción”

con fecha del 12 de septiembre del 2022, suscrita por José Borroto

Cáceres, quien para entonces era el director del Departamento de

Obras Públicas del Municipio. La misma, afirmaba lo siguiente:

       […]
   •   La acera de la Ave. Barbosa cerca del Edificio #115 y la
       Farmacia Rey en el sector Pueblo en Cataño no está bajo
       el control, cuidado y mantenimiento del municipio.
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    •   La acera de la Ave. Barbosa cerca del Edificio #115 y la
        Farmacia Rey en el sector Pueblo en Cataño le pertenece
        y es jurisdicción del Estado.

    •   Al momento de esto hechos el municipio, ni ninguna
        compañía privada no realizaba proyectos, mejoras o
        reparaciones en el lugar.2 (Énfasis suplido).

        A esos efectos, solicitó al tribunal de instancia que declarara

con lugar su solicitud de sentencia sumaria.

        El 17 de noviembre de 2023, Guzmán Román se opuso a la

sentencia         sumaría.   Relató   que,   luego   de   que   le   notificó

extrajudicialmente al Municipio sobre el accidente, este le remitió

una “Certificación sobre Titularidad o Jurisdicción” con fecha de un

día antes a la indicada en la certificación que se anejó al petitorio

sumario; es decir, el 11 de septiembre de 2022. Destacó que la

referida certificación era textualmente idéntica a la del 12 de

septiembre de 2023, excepto que señalaba que la acera estaba bajo

el control, cuidado y mantenimiento del Municipio. Así, pues, arguyó

que existía disputa en cuanto a la razón de la incongruencia, y sobre

cuál de las dos certificaciones era la legítima. Además, planteó que

existía controversia en cuanto a si la segunda certificación era

fraudulenta, y si el foro primario podía considerarla como evidencia.

En consecuencia, le suplicó al foro primario que declara sin lugar la

solicitud de sentencia sumaria.

        Para sustentar sus argumentos, Guzmán Román acompañó

con su escrito la misiva que le envió al Municipio, el 29 de julio de

2022, sobre su intención de demandarlo por el accidente ocurrido

en la acera.3 Igualmente, incluyó la “Certificación sobre Titularidad

o Jurisdicción” con fecha del 11 de septiembre de 2022.4

        Evaluadas las posturas de las partes, el 21 de noviembre de

2023, notificada el 22 del mismo mes y año, el tribunal de instancia

2 Apéndice del recurso, pág.19.
3 Íd., pág. 29.
4 Íd., pág. 30.
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emitió la “Resolución” que nos ocupa. Mediante el referido dictamen,

declaró No ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada

por la parte peticionaria. Concluyó que la postura del Municipio fue

controvertida por la certificación emitida un día antes a la unida a

su solicitud, la cual afirmaba que la acera de la Calle Barbosa era

de su propiedad. Por otro lado, destacó que la certificación

producida por el Municipio tenía fecha de más de un año previo a la

presentación de su petitorio, por lo cual había controversia en

cuanto a la razón de la demora de presentar la misma.

        Inconforme, el 7 de diciembre de 2023, la parte peticionaria

solicitó reconsideración. Explicó que, a tenor con la Ley de Travesía,

Ley Núm. 49 de 1 de diciembre de 1917, 9 LPRA sec. 12 et seq.,

entendía que, a pesar de que las carreteras fuesen de jurisdicción

estatal, los municipios ejercían el control de todas las aceras dentro

de sus límites, y tenían la responsabilidad de mantenerlas. Sin

embargo, en la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso de

González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023

TSPR 95, 212 DPR ___ (2023), se aclaró que las aceras son una

extensión de las calles. Por tanto, si la carretera era estatal, la acera

igualmente lo era. Según sostuvo y evidenció, luego de emitirse la

referida decisión, envió un correo electrónico a Guzmán Román, el

28 de agosto de 2023, en el cual manifestó lo anterior y,

presuntamente, anejo una certificación de titularidad enmendada.5

En virtud de lo expuesto, le peticionó al tribunal de instancia que

reconsidera su determinación.

        El 8 de diciembre de 2023, el foro primario emitió una

“Resolución” en la cual declaró No Ha Lugar la reconsideración.

5 Íd., pág. 40.
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      Aún en desacuerdo, 4 de enero del año en curso, el Municipio

acudió ante nos mediante el recurso del epígrafe y realizó el

siguiente planteamiento:

      El Art. 1.053(g) del Código Municipal de Puerto Rico
      concede inmunidad a los municipios por acciones
      legales en su contra cuando ocurren accidentes en las
      carreteras o aceras estatales. Erró el Tribunal de
      Primera Instancia al no aplicar dicha inmunidad
      concedida a los municipios y por ende denegar la
      moción de sentencia sumaria del Municipio de Cataño,
      ante la ausencia de jurisdicción, control y
      mantenimiento de éste sobre cierta carretera estatal y,
      por ende, de la acera adyacente a la misma, lugar en
      que la recurrida alega sufrió una caída.
      Recibido el recurso, ordenamos a la parte recurrida a

presentar su posición conforme dispone la Regla 37 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 37. En

cumplimiento, el 29 de enero de 2024, Guzmán Román compareció

en oposición.

      Examinado el expediente, procedemos a resolver.

   A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174-175

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
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      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      [...]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Rivera Gómez y otros v.

Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera Gómez

y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v.

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020).

      Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento
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Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 849.

La precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante por sí solo para este ejercicio, y no constituye una lista

exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). El foro

apelativo deberá evaluar la corrección de la decisión recurrida, al

igual que la etapa del procedimiento en que es presentada. Ello, para

determinar si es apropiado intervenir, y evitar ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Finalmente, precisa señalar que nuestro Tribunal Supremo,

ha expresado que, de ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá

con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el
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tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co.,

132 DPR 170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco.

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

   B. Responsabilidad   de    los         municipios      sobre      el
      mantenimiento de las aceras

      La Ley de Travesías, supra, se promulgó con el fin de ordenar

al Secretario de Transportación y Obras Públicas a conservar los

trozos de carreteras insulares que atraviesan las zonas urbanas de

los pueblos. Sin embargo, el Artículo 2 del referido cuerpo normativo

les concedió jurisdicción a los municipios sobre las dos zonas

urbanizadas a ambos lados de la travesía. De este modo, los

municipios podían construir edificios y aceras en las mencionadas

zonas, de acuerdo con las disposiciones de sus ordenanzas

municipales. 9 LPRA sec. 13. En virtud de lo anterior, se entendía

que, a pesar de que una carretera fuese potestad del Estado, el

control sobre sus aceras recaía en el municipio. Oliver v. Municipio

de Bayamón, 89 DPR 442, 445 (1963), Vélez v. La Capital, 77 DPR

701, 708 (1954).

      Ahora bien, la Ley de Administración, Conservación y Policía

de las Carreteras Estatales de Puerto Rico, Ley Núm. 54 de 30 de

mayo de 1973, aclaró que, las carreteras están integradas por la

servidumbre de paso, la cual definió como una superficie de terreno

ocupada por la carretera, que incluye el área de rodaje, paseos,

cunetas y terrenos adyacentes hasta la colindancia con la propiedad

privada. Artículo 1. 02 (a) y (f), 9 LPRA sec. 2102. Predicado en ello,

el Tribunal Supremo concluyó, recientemente, que el concepto

carretera, según definido por la Ley Núm. 54, supra, contempla las
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aceras como parte de éstas. A tales efectos, si la carretera es de

jurisdicción estatal, la acera igualmente lo es. González Meléndez v.

Municipio Autónomo de San Juan y otros, supra.

      Quedando plasmado lo anterior, y en lo pertinente al presente

caso, debemos señalar que el Código Municipal de Puerto Rico, Ley

Núm. 107-2020, indica que no estarán autorizadas las acciones

contra un municipio por daños y perjuicios a la persona o la

propiedad, cuando ocurran accidentes en las carreteras o aceras

estatales. Artículo 1.053 (g), 21 LPRA sec. 7084. La referida

disposición permaneció idéntica a la incluida en el cuerpo normativo

predecesor, la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley

Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 21 LPRA sec. 4001 et seq.

(derogada). La Ley Núm. 81, supra, se enmendó para añadir a su

Artículo 15.005 (g), 21 LPRA sec. 4705, la limitación que nos ocupa,

luego de que se concluyera que era injusto que los municipios

tuviesen que responder por daños y perjuicios ocurridos sobre

infraestructura que no estaba bajo su control y atención total. Así,

pues, se entendió meritorio proteger a los municipios de los

accidentes que pudieran ocurrir en carreteras y aceras a

consecuencia de la falta de atención y mantenimiento por parte del

Estado. González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y

otros, supra.

   C. Sentencia Sumaria

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo

para asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso.

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e

Integrand Assurance Company, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023);

Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR

118, 212 DPR ___ (2023); Oriental Bank v. Caballero García, 2023

TSPR 103, 212 DPR ___ (2023); González Meléndez v. Municipio
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Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023);

Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico

y otros, 2023 TSPR 80, 212 DPR ___ (2023); Universal Ins. y otros v.

ELA y otros, 211 DPR 455, 471 (2023); Segarra Rivera v. Int’l.

Shipping et al., 208 DPR 964, 979 (2022). Dicho mecanismo permite

a los tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho así

lo permita. Oriental Bank v. Caballero García, supra; Segarra Rivera

v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 980. Este mecanismo lo puede

utilizar la parte reclamante o aquella parte que se defiende de una

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

      Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping

et al., supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 (2010).

Como se sabe, en aras de prevalecer en una reclamación, la parte

promovente debe presentar prueba incontrovertible sobre todos los

elementos indispensables de su causa de acción. Íd.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales
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y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Regla

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Oriental Bank

v. Caballero García, supra; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR

687, 698 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple con

estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su

pedido”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111

(2015).

      Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra,

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho la parte

promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte

sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd.

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

la parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos

que pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos

materiales adicionales que alega no están en disputa y que impiden

que se dicte sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra, pág. 44. Claro está, para cada uno de estos supuestos

deberá hacer referencia a la prueba específica que sostiene su

posición, según exigido por la antes citada Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, supra. Íd. En otras palabras, la parte opositora

tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos
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materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se puede

colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra,

la consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción

del Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole,

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues solo procede si

bajo ningún supuesto de hechos prevalece la parte promovida. Íd.,

pág. 625. Además, al evaluar los méritos de una solicitud de

sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar guiado por

la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de

su “día en corte”, componente integral del debido proceso de ley.

León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin   embargo,    la   sentencia   sumaria    generalmente     no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda

de Puerto Rico y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al.,

supra. Además, existen casos que no se deben resolver mediante

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la
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sentencia sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho.

Universal Ins. y otros v. ELA y otros, supra.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre

ese particular, nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo
      el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen
      al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de
      Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los
      requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;
      (3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
      controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
      la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
      exponer concretamente cuáles hechos materiales
      encontró que están en controversia y cuáles están
      incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, debe
      proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera
      Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
      controversia.

      Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.

      Conforme a lo anterior, “nos encontramos en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es

una de novo, y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa. Íd. De esta manera, si entendemos que los hechos

materiales realmente están incontrovertidos, debemos revisar de

novo si el foro primario aplicó correctamente el derecho. Íd.

                                 III.

      El Municipio de Cataño nos solicita que revisemos la negativa

del tribunal de instancia de declarar con lugar su solicitud de

sentencia sumaria y desestimar el caso de epígrafe.
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      Hemos evaluado este recurso de novo, conforme exige la

normativa antes expuesta, y concluimos que nuestra intervención, en

esta etapa de los procedimientos, no resulta oportuna.

      En este caso, la parte recurrida presentó una Demanda en

contra del Municipio, luego de sufrir una caída en la acera de la

Calle Barbosa de Cataño. El referido Municipio, supuso que era

responsable por lo ocurrido en la mencionada acera, y que ejercía

control sobre la misma. A tales efectos, emitió una Certificación

sobre Titularidad o Jurisdicción, mediante la cual afirmó que la acera

en cuestión era de su propiedad. Ahora bien, luego de aclararse el

derecho aplicable al presente caso, el Municipio entendió que, por

alegadamente ser la Calle Barbosa de jurisdicción estatal, quien

tenía el control y era responsable de su acera era el Estado. A la luz

de lo anterior, le envío a la parte recurrida una certificación de

titularidad enmendada y presentó la solicitud de sentencia sumaria

que nos ocupa.

      De un análisis de la totalidad de la prueba, coincidimos con

el foro de instancia en cuanto a que aún existen controversias que

impiden disponer de este caso por vía sumaria. Por ejemplo, existe

disputa en cuanto a si la Calle Barbosa es de jurisdicción estatal.

      Conforme discutimos, el ordenamiento jurídico vigente le

confiere a los municipios inmunidad en reclamaciones por daños y

perjuicios a la persona o a la propiedad, cuando ocurren accidentes

en las aceras estatales. Ahora bien, según concluyó nuestro Alto

Foro en González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y

otros, supra, para saber quién tiene el control sobre una acera, es

necesario determinar si la carretera en la cual se encuentra es

propiedad del Estado.

      En virtud de que la parte peticionaria no demostró que el

presente recurso se encuentra entre las instancias contempladas en
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la Regla 40, supra, la cual nos permite entender sobre el mismo,

denegamos expedir el auto de certiorari que nos ocupa.

                                   IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones