Court Opinion

ID: 9928579
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:26:48.079013+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:12.650570
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL

YAMIZKA MONTIJO MAISONET,                                 Certiorari
          ET AL.                                          procedente del
                                                          Tribunal de
         Recurridos                                       Primera Instancia,
                                                          Sala Superior de
                                                          Bayamón
               v.                   KLCE202301386
                                                          Caso Núm.
     KINGDOM CHRISTIAN                                    DO2020CV00121
    ACADEMY, CORP., ET AL.
                                                          Sobre:
        Peticionarios                                     Acometimiento o
                                                          Agresión
Panel integrado por su presidente, el Juez                       Bonilla     Ortiz,
el Juez Pagán Ocasio y la Juez Mateu Meléndez1

Pagán Ocasio, juez ponente

                             R E SO L U C I Ó N

       En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2023.

                                         I.

       El 7 de diciembre de 2023, el Sr. Ángel Molina Galí, la Sra.

María López Malavé, la Sra. Maribel Arrieta, The Kingdom Christian

Academy, Corp. y Casa de Transformación y Restauración Familiar,

Inc. (parte peticionaria), presentaron una Petición de Certiorari en la

que nos solicitaron que revoquemos una Orden dictada por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 7

de noviembre de 2023.2 En virtud del aludido dictamen, el foro

primario declaró Sin Lugar la Moción de reconsideración presentada

por la parte peticionaria el 6 de noviembre de 2023.3

       Posteriormente, el 11 de diciembre de 2023, la parte

peticionaria     presentó     una     Solicitud    de    paralización      de   los

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia al amparo de la

Regla 35 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-215, se designa a la Juez Mateu
Meléndez en sustitución de la Jueza Birriel Cardona, quien dejó de ejercer
funciones como Jueza del Tribunal de Apelaciones.
2 Notificada a las partes en esa misma fecha. Apéndice de la Petición de Certiorari,

pág. 36.
3 Íd., págs. 34-35.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301386                                                         2

       De umbral, debemos mencionar que la Regla 7 (B) (5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)

(5), le confiere a este foro la facultad para prescindir de escritos, en

cualquier caso, ante su consideración, con el propósito de lograr su

más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de este

caso, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida.

                                     II.

       El caso de marras tuvo su génesis en una demanda sobre

daños y perjuicios incoada el 15 de julio de 2020 por el Sr. Rafael

Salgado Agosto, la Sra. Yamizka Montijo Maisonet y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta por ambos, por sí y en

representación de su hija menor de edad, V.A.S.M. (parte recurrida).

Posteriormente,       la   demanda    fue   enmendada.   En    síntesis,

expusieron que la parte peticionaria le ocasionó daños como

consecuencia de un alegado maltrato institucional. En específico, el

señor Salgado Agosto y la señora Montijo Maisonet adujeron que su

hija menor de edad sufrió una agresión a manos de la Srta. Lizmarie

Rivera, maestra de la menor en la escuela The Kingdom Christian

Academy. Ante esto, reclamaron una cantidad total de $400,000.00

en concepto de daños sufridos, más una suma para costas, gastos

y honorarios de abogado.4

       Luego de varios incidentes procesales, el 10 de octubre de

2023, el foro primario celebró una vista sobre el estado de los

procedimientos y le proveyó a la parte recurrida hasta el 23 de

octubre de 2023 para rendir su informe pericial.5

       Así las cosas, en la mañana del 24 de octubre de 2023, la

parte peticionaria presentó una Moción solicitando se dé por

renunciado el informe pericial de los demandantes debido a que no

había recibido el aludido informe. Posterior a ello, en esa misma

4 Íd., págs. 16-27.
5 Íd., págs. 14-15.
KLCE202301386                                                          3

fecha, la parte recurrida entregó por correo electrónico el informe

pericial y presentó la Moción en réplica a solicitud de orden e

informativa. En dicha moción, la parte recurrida sostuvo que el TPI

le concedió hasta el 24 de octubre de 2023 para presentar el informe

pericial.

        El 24 de octubre de 2023, el foro primario emitió una Orden

en la que resolvió que se daba por concluido el asunto referente al

informe pericial.6 En desacuerdo con dicha determinación, el 6 de

noviembre de 2023, la parte peticionaria presentó una Moción de

reconsideración.7 Sin embargo, el 7 de noviembre de 2023, el TPI la

declaró Sin Lugar.8

        Inconforme, la parte peticionaria acudió ante nos mediante el

recurso de certiorari e imputó al TPI el siguiente error:

        ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE
        RECONSIDERACIÓN       RADICADA     POR    LOS
        COMPARECIENTES Y ADMITIR EL INFORME PERICIAL
        RADICADO POR LOS DEMANDANTES RECURRIDOS
        FUERA   DEL    TÉRMINO   ORDENADO,   ABUSANDO
        CRASAMENTE DE SU DISCRECIÓN Y OCASIONANDO UN
        FRACASO DE LA JUSTICIA.

        A continuación, pormenorizaremos las normas jurídicas

atinentes a la petición.

                                   III.

        El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite      a    un   tribunal   de   mayor   jerarquía    revisar   las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

6 Íd., pág. 33.
7 Íd., págs. 34-35.
8 Íd., pág. 36.
KLCE202301386                                                                  4

       La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,9 establece las instancias en las

que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de certiorari

sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corporation, et als., 202

DPR 478 (2019). La citada regla delimita el alcance jurisdiccional del

Tribunal de Apelaciones para atender un recurso de certiorari que

trate sobre la revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de

Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703 (2019). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en

la premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y

en   la   cautela     que    debemos       ejercer    para     no    interrumpir

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan

ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de las de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

9 Esta Regla dispone que:

       [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.

               Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
       por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
       a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
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ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.10

       Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra;

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451,

10 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
         el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
         en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
         Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
         luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
         más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
         indeseable en la solución final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
         un fracaso de la justicia.
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459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009);

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello,

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al.

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                 IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la Petición de

Certiorari, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio,

no   atisbamos motivo o error alguno que amerite              nuestra

intervención. De igual forma, entendemos que la controversia que el

foro primario tiene ante su consideración no se vería bien servida

por nuestra intervención, debido a que la etapa del procedimiento

en que se presenta este caso no es la más propicia para su

consideración. No intervendremos con el manejo del caso que ha

delimitado el TPI.
KLCE202301386                                                      7

                                V.

     Por las razones expuestas, se deniega la expedición del auto

de certiorari. En vista de nuestra determinación, la Solicitud de

paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera

Instancia se torna académica.

     Notifíquese inmediatamente.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones