Court Opinion

ID: 9928519
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:21:44.610973+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:47.402615
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

JULIO LORENZO NIEVES                               Revisión Administrativa
                                                   procedente de la Junta
         Recurrente                                de Libertad Bajo Palabra

             v.
                                                   Caso JLBP Núm.:
   JUNTA DE LIBERTAD           KLRA202300573       147681
     BAJO PALABRA

          Recurrido                             Sobre: Denegatoria LBP
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Julio

Lorenzo Nieves (en adelante, Sr. Lorenzo Nieves o recurrente) quien se

encuentra confinado en una institución correccional y mediante el recurso

de revisión administrativa impugna una Resolución emitida por la Junta de

Libertad Bajo Palabra el 10 de agosto de 2023, notificada el 12 de

septiembre de 2023. Por medio de este dictamen, la agencia denegó la

concesión del privilegio de libertad bajo palabra al recurrente.

       Por los fundamentos a continuación, confirmamos la Resolución

recurrida.

                                      I

       Actualmente, el Sr. Lorenzo Nieves cumple una sentencia de diez

(10) años de cárcel por infracciones al artículo 404 de la Ley de Sustancias

Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 y al artículo

6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000. Conforme al

expediente ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, el recurrente cumpliría

su sentencia el 23 de junio de 2027, por lo cual la agencia tendría

jurisdicción sobre su caso a partir del 23 de diciembre de 2022. La agencia

celebró vista de consideración de libertad bajo palabra el 14 de julio de

Número Identificador
SEN2023_______________
KLRA202300573                                                                           2

2023. A la luz de la evidencia presentada y los documentos contenidos en

el expediente, la agencia hizo las siguientes determinaciones de hechos:

         1. El peticionario se encuentra clasificado en custodia mediana
            desde el 1 de septiembre de 2021, conforme se desprende de
            su expediente criminal del peticionario.
         2. De la investigación realizada por parte del personal del
            Programa de Comunidad de Aguadilla recibida en la Junta el
            15 de junio de 2023, se determina que la vivienda sometida en
            el plan de salida no es viable para el proceso rehabilitativo del
            peticionario, dado el hecho de que el recurso familiar está
            cumpliendo una sentencia (en libertad a prueba) por casos
            similares a los cuales cumple el peticionario.
         3. El peticionario no sometió amigo consejero en su plan de
            salida.
         4. El 8 de septiembre de 2022, completó el tratamiento de
            Patrones Adictivos.1

         En virtud de estas determinaciones de hechos, la Junta de Libertad

Bajo Palabra concluyó que no procedía la concesión del privilegio solicitado

puesto que el peticionario carecía de amigo consejero, no contaba con

vivienda donde residir y estaba clasificado en custodia mediana. Por

consiguiente, concluyó que, “[t]omando en consideración todos los factores

del presente caso, consideramos que el peticionario no cualifica para

beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra”,2 la agencia precisó que

el caso del Sr. Julio Lorenzo Nieves sería considerado nuevamente en julio

de 2024, cuando el Departamento de Corrección y Rehabilitación deberá

someter un Informe de ajuste y progreso.

         Inconforme con dicha determinación, el recurrente presentó ante la

agencia una Reconsideración a la negación de privilegio.3 Mediante esta

moción expuso que, si bien estaba clasificado en custodia mediana, ello se

debió al atraso del Departamento de Corrección en reevaluarle. Dicha

demora, sostuvo, no era atribuible a este. Además, sostuvo que la

conclusión de que el hogar propuesto era inadecuado es incorrecta por que

la dama a la que hicieron referencia prestó una declaración jurada en la

que consignó que esta ya no residía en dicha propiedad. Finalmente, este

expuso que la falta de un amigo consejero en su plan de salida es una

1 Apéndice del Recurso de revisión administrativa, Resolución, Anejo I, en la pág. 1.
2 Id., en la pág. 2.
3 Id., Anejo II, en la pág. 6.
KLRA202300573                                                                    3

consecuencia de la falta de reclasificación de su custodia. Precisó que

debido a que no se le reclasificó oportunamente de custodia mediana a

mínima, tampoco este pudo proveer su amigo consejero en el referido plan

de salida. Sin embargo, adujo que entregó una declaración jurada en la que

el propuesto amigo consejero ofreció su disponibilidad.

         La agencia dictó una Resolución en la que nuevamente denegó la

concesión del privilegio de libertad bajo palabra. Precisó que el caso

volvería a ser considerado para el mes de julio de 2024 cuando el

Departamento de Corrección y Rehabilitación debe someter un Informe de

ajuste y progreso con un nuevo plan de salida corroborado. Inconforme con

esta determinación, presentó el Recurso de revisión administrativa del

epígrafe, en el cual el recurrente expone los siguientes señalamientos de

error:

         1. La Junta de Libertad Bajo Palabra actuó arbitraria e
            irrazonablemente al denegar la libertad del recurrente
            fundamentándose en que el aquí peticionario se encuentra en
            clasificación mediana.
         2. La Junta de Libertad Bajo Palabra actuó arbitraria e
            irrazonablemente al denegar la libertad del recurrente
            fundamentándose en que el hogar propuesto no es viable.
         3. La Junta de Libertad Bajo Palabra actuó arbitraria e
            irrazonablemente al denegar la libertad del recurrente
            fundamentándose en que el aquí peticionario no cuenta con
            amigo consejero.

         Por otro lado, transcurrido el término reglamentario para que la parte

recurrida presentara su alegato en oposición, prescindimos de su

comparecencia.4

                                          II

A. Revisión judicial de determinaciones administrativas

         La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38 de

30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA 9601, et seq. (LPAU)

establece los estándares de revisión judicial de órdenes, resoluciones y

providencias dictadas por las agencias administrativas. En lo pertinente al

caso que nos ocupa, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, dispone

lo siguiente:

4 Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
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       Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
       final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
       provistos por la agencia o por el organismo administrativo
       apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de
       revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término
       de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo
       en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución
       final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las
       dispuestas en la Sec. 2165 de este título, cuando el término
       para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido
       mediante la presentación oportuna de una moción de
       reconsideración. La parte notificará la presentación de la
       solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes dentro
       del término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá
       hacerse por correo. […]

       En términos sustantivos y procesales, se ha resuelto que los

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas están

cobijados por una presunción de regularidad y corrección. Graciani

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC., 202 DPR 117, 128-129 (2019). Es

norma de derecho claramente establecida que los tribunales apelativos han

de conceder gran consideración y deferencia a las decisiones

administrativas en vista de la vasta experiencia y conocimiento

especializado de la agencia. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR

581, 591 (2020). Por ello, la revisión judicial de las determinaciones

administrativas se limita a examinar si la actuación de la agencia fue

razonable, y sólo cede cuando la decisión no está basada en evidencia

sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley, o cuando

su actuación es irrazonable o ilegal. Id. en la pág. 592.

       Las decisiones administrativas deben ser respetadas a menos que

la parte recurrente establezca que hay evidencia en el expediente

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó

razonablemente. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545,

566 (2009).

       Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector

para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la

agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161

DPR 69, 77-78 (2004). Igualmente, el foro judicial deberá analizar si

conforme al expediente administrativo: 1) el remedio concedido fue
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razonable; 2) las determinaciones de hechos están razonablemente

sostenidas por la prueba y; 3) las conclusiones de derecho del organismo

administrativo son correctas. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR

269, 281 (2000).

      La Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, dispone que “[l]as

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en

el expediente administrativo.” El concepto de evidencia sustancial consiste

en “aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar

como adecuada para sostener una conclusión”. Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012).

      La norma reiterada por el Tribunal Supremo es que las decisiones

de las agencias administrativas merecen una amplia deferencia judicial por

la “vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que

por ley se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la parte

establezca que hay evidencia en el expediente administrativo suficiente

para demostrar que la agencia no actuó razonablemente.” JP Plaza Santa

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186-187 (2009); Borschow Hosp.

v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009).

      Corresponde al Tribunal de Apelaciones analizar la evidencia en su

totalidad, tanto la que sostenga la decisión administrativa como la que

menoscaba el peso que la agencia adjudicó. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v.

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). En el caso en que haya un

conflicto razonable sobre la evidencia que consta en el expediente

administrativo, debe respetarse la apreciación de la agencia. Hilton v. Junta

de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).

      Sin embargo, las conclusiones de derecho serán revisables en todos

sus aspectos por el tribunal. Los tribunales, como conocedores del

derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de derecho

que hacen las agencias administrativas. Olmo Nolasco v. Del Valle

Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009). A pesar de ello, los tribunales no
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pueden descartar liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la

agencia. Pero, no cabe hablar de deferencia judicial cuando la

interpretación de la agencia afecta derechos fundamentales, resulta

irrazonable o conduce a la comisión de injusticias. JP Plaza Santa Isabel

v. Cordero Badillo, supra, pág. 187.

B. Libertad bajo Palabra

       Como parte de sus deberes y autoridades, la Junta de Libertad Bajo

Palabra, creada por virtud de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4

LPRA sec. 1501 et seq., podrá decretar la libertad bajo palabra de cualquier

persona que esté recluida en cualquier institución penal del país, sujeto a

que cumpla con el término mínimo dispuesto por ley y que no se trate de

los delitos excluidos de dichos beneficios. Rivera Beltrán v. J.L.B.P., 169

DPR 903, 905 (2007); Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413, 418 (2002);

Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 DPR 161, 166 (1993). El propósito

fundamental que persigue dicha legislación es permitir que una persona

que haya sido convicta y sentenciada a un término de reclusión pueda

cumplir la última parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto

al cumplimiento de las condiciones que la Junta le imponga para

concederle la libertad. Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260,

265-266 (1987).      Tal propósito está en armonía con el mandato

constitucional del Art. VI, Sec. 19, que establece, en lo pertinente, que “será

política pública del Estado Libre Asociado […] reglamentar las instituciones

penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender,

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI,

Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

       La Junta decretará la libertad bajo palabra cuando las circunstancias

presentes le permitan creer con razonable certeza que tal medida habrá de

lograr la rehabilitación moral y económica del delincuente, tomando en

consideración toda la información posible sobre el historial social, médico,

ocupacional y delictivo del confinado. 4 LPRA sec. 1503 (a)(4). Asimismo,
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deberá considerar la actitud de la comunidad respecto a la concesión de la

libertad condicional del sujeto, como también la evaluación que a tales

efectos someta la Administración de Corrección. 4 LPRA sec. 1503 (a)(4)

y (b).

         Sabido es que “el beneficio de la libertad bajo palabra no es un

derecho reclamable, sino un privilegio cuya concesión y administración

recae en el tribunal o en la Junta”. Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 475

(2006). Solo procede su otorgamiento cuando el convicto “muestre un alto

grado de rehabilitación y que no represente un riesgo a la sociedad”. 4

LPRA sec. 1503c. La Junta de Libertad Bajo Palabra tiene facultad para

conceder el privilegio, tomando en consideración los siguientes factores:

         1. La naturaleza y circunstancias del delito o delitos por los
             cuales cumple sentencia.
         2. Las veces que el confinado haya sido convicto y
             sentenciado.
         3. Una relación de liquidación de la sentencia o sentencias
             que cumple el confinado.
         4. La totalidad del expediente penal, social, y los informes
             médicos e informes por cualquier profesional de la salud
             mental, sobre el confinado.
         5. El historial de ajuste institucional y del social y psicológico
             del confinado, preparado por la Administración de
             Corrección y el médico y psiquiátrico preparado por Salud
             Correccional del Departamento de Salud.
         6. La edad del confinado.
         7. El o los tratamientos para condiciones de salud que reciba
             el confinado.
         8. La opinión de la víctima.
         9. Planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudio y
             trabajo del confinado.
         10. Lugar en el que piensa residir el confinado y la actitud de
             dicha comunidad, de serle concedida la libertad bajo
             palabra.
         11. Cualquier otra consideración meritoria que la Junta haya
             dispuesto mediante reglamento. La Junta tendrá la
             discreción para considerar los mencionados criterios
             según estime conveniente y emitirá resolución escrita con
             determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 4
             LPRA sec. 1503d.

         No obstante, la Junta no puede denegar el privilegio de manera

arbitraria sin garantizar el debido proceso de ley, puesto que constituye una

interferencia o privación de un interés libertario, lo que justifica la
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intervención judicial para corregir dicha situación. Vázquez v. Caraballo,

114 DPR 272, 279 (1983).

       El Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento

Núm. 9232 de 18 de noviembre de 2020 establece las reglas procesales y

sustantivas que rigen las funciones de esta agencia. El Artículo X del

referido reglamento dispone los criterios considerados por la agencia al

decidir sobre la concesión del privilegio. Entre estos criterios se encuentra:

(1) historial delictivo; (2) relación de liquidación de la[s] sentencia[s] que

cumple el peticionario; (3) la clasificación de custodia, el tiempo que lleva

en dicha clasificación y si hubo cambio de clasificación y las razones para

ello; (4) edad del peticionario; (5) opinión de la víctima; (6) historial social;

(7) si cuenta con un plan de salida estructurado y viable en las áreas de

oferta de empleo y/o estudio, residencia y amigo consejero; (8) historial de

salud; (9) registro en el Registro de Personas Convictas por Delitos

Sexuales y Abuso contra menores en los casos en que proceda; (10)

registro en el Registro de Personas Convictas por Delitos de Violencia

Doméstica, en los casos en que proceda; (11) toma de muestra de ADN

según aplique, y (12) “[l]a Junta tendrá discreción para considerar los

mencionados criterios según considere conveniente y cualquier otro

meritorio con relación a la rehabilitación del peticionario y al mejor interés

de la sociedad”. Artículo X, Sección 10.1, Reglamento Núm. 9232 en las

págs. 36-48.

       Respecto al caso ante nuestra consideración, este Reglamento

dispone que este es un criterio para evaluar, pero no procede la concesión

del privilegio cuando el peticionario se encuentre en custodia máxima. Id.

Además, el plan de salida debe ser estructurado y viable en cuanto a la

oferta de empleo y/o estudio, residencia y amigo consejero. Sobre la

residencia en donde el peticionario ha de gozar del privilegio, este debe

proveer el contacto de la persona con quien residirá o de algún familiar

cercano y su dirección física. Id. En los casos en que este sugiera vivir en

una casa de propiedad, debe presentar el amigo consejero, quien le servirá
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de apoyo, aunque no viva en la misma residencia. Id. Asimismo, la Junta

determinará si la residencia propuesta es viable al considerar múltiples

criterios, sobre los que la agencia goza de amplia discreción. Id.

       Acerca de la figura del amigo consejero, este tiene una serie de

requisitos entre los que se encuentra la investigación en la comunidad

sobre la integridad moral de la persona propuesta para ocupar esta función.

Además, este Reglamento reconoce que “[l]a falta del amigo consejero no

será razón suficiente para denegar el privilegio”. Id. (7)(f)(v).

       La Sección 12.3(B) del Reglamento Núm. 9232-2020 dispone que

cuando la agencia deniegue el privilegio deberá expresar en su resolución

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que fundamenten su

determinación.

                                       III

       El Sr. Julio Lorenzo Nieves sostiene que la Junta de Libertad Bajo

Palabra erró al denegar su libertad bajo palabra fundamentada en que este

se encuentra en clasificación mediana, que el hogar propuesto no es viable

y que este no cuenta con amigo consejero. Arguyó que no es un riesgo

social y que esta capacitado para insertarse en la comunidad. Además,

sostuvo que, si bien estaba clasificado en custodia mediana, la

determinación de la Junta es irrazonable por que el propio Reglamento que

rige los procedimientos de la agencia dispone que este no es un

impedimento para conceder el privilegio de libertad bajo palabra.

       Por otro lado, añadió que el amigo consejero acudió y juramentó el

26 de mayo de 2023, sin embargo, este hecho no se incluyó en el Informe

de Libertad Bajo Palabra. Adujo que al momento de la vista no tuvo acceso

a dicho informe por lo cual no pudo impugnarlo. No obstante, nos informa

que la falta del amigo consejero no derrota su petición de libertad bajo

palabra. Finalmente, argumentó que la agencia erró al denegar el privilegio

porque el familiar recurso que sugirió se encontraba también en libertad

bajo palabra en la misma residencia. Este adujo que dicha persona prestó

una declaración jurada en la que expuso que no vivía en dicha propiedad.
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Acentuó su reclamo en que, la investigación sobre esta residencia arrojó

que no había ningún otro inconveniente.

        Conforme a lo previamente esbozado, las determinaciones de

hechos de una agencia administrativa serán sostenidas por los tribunales

si se basan en evidencia sustancial que surge del expediente

administrativo. Además, las decisiones de las agencias gozan de una

presunción de regularidad y corrección, lo que obliga a quien impugna

dicha determinación a presentar prueba que derrote la razonabilidad de la

conclusión de la agencia. De esta manera, la parte recurrente ha de mostrar

prueba que sostenga que la actuación de la agencia no esta basada en

evidencia sustancial.

        Además, la Junta de Libertad Bajo Palabra goza de amplia

discreción al conceder el privilegio de libertad, puesto que es la agencia

con conocimiento especializado llamada a evaluar y administrar el privilegio

de la libertad bajo palabra. Procede la intervención de este Tribunal de

Apelaciones cuando la denegatoria de esta agencia fue irrazonable o

arbitraria. En ausencia de estos criterios, procede que confirmemos la

determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

        En el caso de autos, si bien el expediente del recurrente demuestra

que este tiene un buen perfil (entiéndase que la vivienda tiene buenas

evaluaciones, realiza estudios en la institución, completó tratamiento de

Programas Adictivos, no tiene querellas disciplinarias y recibió cartas de

recomendación),5 el balance de determinados criterios convenció a la

agencia a denegar su petición de libertad. Estos elementos que guiaron la

determinación de la Junta fueron que este no contaba con un amigo

consejero, no tenia una vivienda viable donde residir y estaba en custodia

mediana.

        Según previamente explicado, la falta de un amigo consejero no es

razón suficiente para denegar la libertad bajo palabra. Sin embargo, en este

5 Apéndice del recurso de revisión, Informe breve para referir casos de sentencia por delito

grave y menos grave ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, Formulario FE-1-3, en la pág.
22.
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caso no fue la única carencia que encontró la agencia al evaluar la petición

del Sr. Julio Lorenzo Nieves. Según surge del Informe de Libertad Bajo

Palabra, incluido en el apéndice del recurso ante nuestra consideración, el

peticionario no había incluido ningún amigo consejero en su plan de salida,

y fue orientado al respecto.6 Por otra parte, del Formulario FE-1-3 surge

que este no contaba con un amigo consejero juramentado, pero se incluyó

una carta de alguien interesado en fungir como tal. Conforme al

Reglamento Núm. 9232-2020, que rige estos procedimientos, no es

necesario el nombramiento de un amigo consejero para la otorgación del

privilegio, pero para lograr la designación es indispensable que la agencia

investigue la reputación de este y se cerciore que la persona cumple los

requisitos contemplados para estos. Por consiguiente, no basta con una

carta en la que se sugiera una persona que ocupe dicha función. En este

caso, ante la falta de juramento de la persona sugerida, la Junta de Libertad

Bajo Palabra no tuvo la oportunidad de ejercer su función investigativa por

lo cual no se designó oficialmente un amigo consejero. Al respecto no erró

la agencia.

        Sobre la concesión de libertad bajo palabra, el Reglamento Núm.

9232 dispone que la clasificación de custodia es un criterio para tomar en

consideración, pero no impide la concesión del privilegio salvo aquellos

casos de custodia máxima. En este caso, el recurrente aduce que estaba

clasificado en custodia mediana porque el Departamento de Corrección y

Rehabilitación no había evaluado su caso, y en la eventualidad de hacerlo

cambiaría su clasificación. Este argumento no es mas que una mera

alegación carente de evidencia sustancial que impugne la razonabilidad de

la conclusión de la agencia. Por consiguiente, no erró la Junta de Libertad

Bajo Palabra al concluir que el recurrente se encontraba en custodia

mediana y que este era un hecho que la agencia podía tomar en

consideración junto a los demás dispuestos en Ley.

6 Id., Informe de Libertad Bajo Palabra, en la pág. 27.
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         Finalmente, respecto al señalamiento de error de que la agencia erró

al determinar que la residencia propuesta no es viable, surge del Formulario

FE-1-3, que se incluyó a la Sra. Aracelis Acevedo González, pareja

consensual del recurrente, como recurso familiar con quien residiría en la

siguiente dirección: Carretera 110 KM. 3.2 Barrio Cerro Gordo, Aguada PR

00676.7 De igual forma surge del Informe de Libertad Bajo Palabra, al

indicar que el recurrente propuso vivir con su pareja, Sra. Aracelis Acevedo

González, en el barrio Cerro Gordo, Comunidad Acevedo en Aguada,

Puerto Rico.8 El Sr. Lorenzo Nieves incluyó una declaración jurada, con

fecha del 27 de septiembre de 2023, mediante la cual la Sra. Araceli

Acevedo González informó que a principio del mes de septiembre se había

mudado a la residencia de su madre y que su dirección actual era:

Carretera 110 KM 3.2 interior, Bo. Cerro Gordo de Aguada, Puerto Rico.

Esta dirección coincide con aquella provista por los informes evaluados por

la Junta de Libertad Bajo Palabra.

         El recurrente argumentó que siendo este un barrio, la numeración

de los barrios no permite individualizar las residencias, pero que la

propiedad propuesta es distinta a aquella a la que se mudó la Sra. Araceli

Acevedo González. Nuevamente, el Sr. Lorenzo Nieves no logró rebatir la

presunción de corrección de la determinación administrativa puesto que las

direcciones que surgen del expediente ante nuestra consideración

coinciden. Por consiguiente, la agencia no abusó de discreción al

determinar que el recurrente no cuenta con vivienda donde residir.

Enfatizamos que la Junta de Libertad Bajo Palabra goza de discreción al

evaluar los criterios de elegibilidad para la concesión del privilegio en

cuestión. En efecto, la agencia ejerció su responsabilidad de evaluar la

petición de libertad bajo palabra, haciendo un balance de los criterios

particulares del recurrente.

7 Id., en la pág. 22.
8 Id., en la pág. 25.
KLRA202300573                                                          13

      La agencia cumplió su deber de fundamentar las determinaciones

de hechos y conclusiones de derecho, así como la fijación de fecha en la

que volverá a considerar el caso del recurrente.

                                    IV

      Por los fundamentos expresados, confirmamos la Resolución

emitida el 10 de agosto de 2023, notificada el 12 de septiembre de 2023,

por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones