Court Opinion

ID: 9941553
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:45:53.61994+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.456866
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL

YARILIS M. FONTÁN PÉREZ                                   Apelación
                                                          procedente del
            Apelada                                       Tribunal de Primera
                                                          Instancia, Sala de
                v.                                        Bayamón

DR. JACA MONTIJO, C.S.P.                          Caso Núm.
                                    KLAN202200850 BY2019CV02939
           Apelante
                                                          Sobre:
                                                          Despido
                                                          Injustificado
                                                          Ley Núm. 80
                                                          y otros

Panel integrado por su presidenta la Jueza Romero García, la Jueza
Martínez Cordero y el Juez Rivera Colón.1

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2024.

       Comparece el Dr. Jaca Montijo, C.S.P. (en adelante, parte

apelante y/o Montijo, C.S.P.) mediante un recurso de Apelación,

para solicitar la revisión de los siguientes tres (3) dictámenes

emitidos por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (en adelante, TPI).

       En primer lugar, la parte apelante nos solicita la revisión de la

Sentencia emitida y notificada el 14 de octubre de 2022.2 Mediante

la Sentencia apelada, el foro primario, declaró Ha Lugar la acción

por represalias, así como la reclamación por vacaciones acumuladas

y no liquidadas presentadas por la señora Yarilis M. Fontán Pérez

(en adelante, señora Fontán Pérez y/o apelada). En virtud de lo

anterior, el Tribunal a quo ordenó a la parte apelante a pagar a la

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
del Hon. Abelardo Bermúdez Torres, y la Orden Administrativa OATA-2023-040
del 1 de marzo de 2023, en la que se asigna al Hon. Felipe Rivera Colón en
sustitución de la Jueza Méndez Miró por esta haber dejado de ejercer sus
funciones como Jueza del Tribunal de Apelaciones.
2 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 266-280.

Número Identificador

SEN2024__________
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apelada la suma de $40,000.00 dólares por daños y angustias

mentales, más $40,000.00 dólares, por concepto de penalidad al

amparo de la Ley Núm. 115-1991,3 para un total de $80,000.00

dólares. También se ordenó a la parte apelante a pagar a la apelada

$3,000.00 dólares, desglosados de la siguiente manera: $1,500.00

dólares por vacaciones acumuladas y no pagadas, más una cantidad

igual por penalidad, al amparo de la Ley Núm. 180-1998.4 Además,

se ordenó a la parte apelante a pagar el veinticinco por ciento (25%),

del total concedido, por concepto de honorarios de abogado.

       En segundo lugar, nos solicita la revisión de la Orden emitida

el 10 de marzo de 2020, notificada el 11 de marzo de 2020.5

Mediante esta Orden, el Tribunal a quo eliminó las alegaciones de la

parte apelante al amparo de la Regla 34.3 (b)(3) de las Reglas de

Procedimiento Civil.6

       En tercer y último lugar, la parte apelante nos solicita la

revisión de la Sentencia Parcial emitida y notificada el 7 de mayo de

2020.7 Mediante esta Sentencia Parcial, el TPI declaró Ha Lugar una

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la señora

Fontán Pérez y, en consecuencia, ordenó a la parte apelante a pagar

la suma de $15,923.08 dólares, por concepto de mesada, a tenor

con la Ley Núm. 80-1976,8 en un término de treinta (30) días y al

pago de $2,076.92 dólares, por concepto de los ingresos dejados de

percibir a raíz del despido injustificado. Además, condenó a la parte

apelante a pagar el veinticinco por ciento (25%) de la suma

impuesta, por concepto de honorarios de abogado, en conexión a los

3 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer
Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
4 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180 de

27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250 nota et seq.
5 Apéndice de la parte apelante a la pág. 84.
6 32 LPRA Ap. V, R. 34.3 (b)(3).
7 Apéndice de la parte apelante a las págs. 93-100. Véase además el Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos (en adelante, SUMAC) a la entrada
28.
8 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
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salarios dejados de devengar y la penalidad en cuanto al despido sin

justa causa de la señora Fontán Pérez, equivalente a $4,500.00

dólares además del pago de las costas incurridas, aplicándose a todo

lo anterior el pago de intereses al tipo legal.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada. Con relación a la Sentencia Parcial

notificada el 7 de mayo de 2020 y la Orden notificada el 11 de marzo

de 2020, resolvemos que no tenemos jurisdicción.

                                        I

        El 30 de mayo de 2019, la señora Fontán Pérez presentó una

Querella contra la parte apelante por despido injustificado.9 La

Querella fue presentada al amparo de la Ley Núm. 2-1961.10 La

señora Fontán Pérez alegó que comenzó a laborar para Montijo,

C.S.P. el 13 de junio de 2013, como empleada contratada sin

término      determinado.         Alegó      haber      estado    trabajando

ininterrumpidamente por un término no menor de cinco (5) años.

Adujo haber sido víctima de un despido injustificado y represalias

por la parte apelante. A tenor con lo anterior, solicitó remedios al

amparo de la Ley Núm. 45-1935, según enmendada,11 Ley Núm. 80-

1976,     según      enmendada,12         Ley    Núm.    115-1991,      según

enmendada,13 Ley Núm. 180-1998, según enmendada,14 y la Ley

Núm. 379-1948, según enmendada.15

9 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 24-34.
10 Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17

de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA § 3118 et seq.
11 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45

de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA § 1 et seq.
12 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
13 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer

Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
14 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180 de

27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250 nota et seq.
15 Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico, Ley Núm. 379 de 15

de mayo de 1948, según enmendada, 29 LPRA § 271 et seq.
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         Por su parte, el 24 de junio de 2019, la parte apelante presentó

la Contestación a la Querella.16 La parte apelante alegó que la señora

Fontán Pérez fue despedida mediando justa causa por las siguientes

razones:      (i)   incumplió     reiteradamente       con   sus    deberes    y

responsabilidades; (ii) ausentismos excesivos luego de agotar las

licencias que tenía; (iii) abandono de las facilidades y de sus

responsabilidades; (iv) quejas recibidas por mala atención a los

pacientes; (v) no cobrar, en ocasiones, las deudas de los pacientes

que le aparecían en el sistema; (vi) no requerir, en ocasiones, el

referido necesario para poder facturar los servicios brindados; (vii)

duplicar pagos en el sistema; y, (viii) cobrar cantidades incorrectas

de algunos de los deducibles de estudios.

         Luego      de   varios    incidentes     procesales,      innecesarios

pormenorizar, el foro primario emitió el segundo dictamen objeto de

revisión en el recurso de autos, entiéndase, una Orden emitida el 10

de marzo de 2020, y notificada el 11 de marzo de 2020.17 En ella, el

Tribunal a quo dispuso: “Dado su reiterado incumplimiento con las

órdenes del tribunal, se eliminan las alegaciones de la parte

querellada. Notif[í]quese a la parte querellada”.18

         Luego, el 23 de marzo de 2020, la señora Fontán Pérez

presentó una Solicitud de Sentencia Parcial a Tenor con la Regla 10.3

de Procedimiento Civil.19 En respuesta, el 7 de mayo de 2020, el TPI

emitió el tercer dictamen objeto de revisión en el recurso de autos,

es decir, la Sentencia Parcial emitida y notificada el 7 de mayo de

2020.20 Concluyó que, Montijo, C.S.P. no tuvo causa justificada

para despedir a la señora Fontán Pérez, en abierta contravención a

16 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 36-42.
17 Id., a la pág. 84.
18 Id.
19 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 85-90. 32 LPRA Ap. V, R. 10.3.
20 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 93-100. Véase, además, SUMAC a la

entrada 28.
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la Ley Núm. 80-1976.21 En ella, el TPI declaró Con Lugar la solicitud

presentada y en consecuencia ordenó a la parte apelante a que en

el término de treinta (30) días: (i) pagar a la señora Fontán Pérez una

mesada por la cantidad de $15,923.08 dólares de acuerdo con la Ley

Núm. 80-197622 consistente en tres (3) meses de salario y dos (2)

semanas por cada año de servicio; (ii) el pago de $2,076.92 dólares

por concepto de los ingresos dejados de percibir por un periodo de

al menos tres (3) semanas a raíz del despido injustificado; (iii) el pago

de honorarios de abogado en un veinticinco por ciento (25%) de la

suma impuesta en conexión a los salarios dejados de devengar; (iv)

la penalidad en cuanto al despido sin causa justificada, equivalente

a $4,500.00 dólares; y, (iv) el pago de costas incurridas, aplicándose

a todo lo anterior el pago de intereses de tipo legal.

       Como parte de la Sentencia Parcial emitida, la primera

instancia judicial emitió las siguientes nueve (9) determinaciones de

hechos, las cuales transcribimos in extenso:

       1. Dr. Jaca Montijo, C.S.P. es una corporación
          profesional con fines de lucro y autorizada a hacer
          negocios en Puerto Rico.
       2. La Sra. Fontán comenzó a laborar para Dr. Jaca
          Montijo, C.S.P. el 13 de junio de 2013, como
          empleada contratada por tiempo indeterminado.
       3. A la fecha de su despido, la Sra. Fontán ocupaba la
          posición de Supervisora Administrativa con
          responsabilidades que incluían mantener “citario” a
          capacidad, atender llamadas y las operaciones de la
          oficina.
       4. La supervisora inmediata de la Sra. Fontán lo era la
          Sra. Lizmarie Burgos, esposa del Dr. Ignacio Jaca
          Montijo.
       5. La Sra. Fontán trabajaba una jornada regular de
          lunes a viernes, en un horario de 5:30 a.m. a 2:30
          p.m., recibía su compensación bi-semanalmente
          mediante cheques, y con regularidad le era exigido
          trabajar en exceso a su jornada para atender las
          necesidades personales de sus supervisores.
       6. El 28 de diciembre de 2018, Dr. Jaca Montijo, C.S.P.
          le envió un mensaje de texto informando su despido
          con efectividad inmediata, sin ofrecer una causa
          justificada.

21 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
22 Id.
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        7. La Sra. Fontán trabajó cinco (5) años y seis (6) meses
           para Dr. Jaca Montijo, C.S.P.
        8. El salario anual más alto de la Sra. Fontán durante
           los últimos tres (3) años de empleo fue de
           $36,000.00, equivalentes a $692.31 semanales.
        9. A raíz de su despido, la Sra. Fontán estuvo
           desempleada por un periodo no menor de tres (3)
           semanas durante el cual dejó de percibir ingresos.23

        Inconforme con la Sentencia Parcial emitida, la parte apelante

presentó un primer recurso de Certiorari ante este Tribunal, el

alfanumérico KLCE202000895.24 Allí, solicitó que se revisara la

negativa del foro primario a reconsiderar la eliminación de las

alegaciones, es decir, la Orden emitida el 10 marzo de 2020,

notificada al día siguiente, y que, según adelantamos, constituye el

segundo dictamen del cual se solicita la revisión en el recurso ante

nos. Además, solicitó la revisión de la Sentencia Parcial emitida y

notificada el 7 de mayo de 2020, y que, tal y cual hemos expuesto,

constituye el tercer dictamen del cual se solicita la revisión en el caso

ante nos. Mediante Resolución emitida por un Panel hermano el 30

de octubre de 2020,25 este Tribunal desestimó el recurso

KLCE202000895, por falta de jurisdicción. Inconforme con lo

resuelto, la parte apelante acudió al alto foro, donde nuevamente,

se denegó el recurso instado, por falta de jurisdicción.26

        Regresando a los trámites ante el TPI, el 5 de mayo de 2021,

la parte apelante presentó una Urgente Moción para Dejar sin Efecto

Órdenes bajo la Regla 34, Sentencia Parcial, y de Ejecución de

Sentencia Debido a que Adolecen de Nulidad.27 La apelada presentó

su oposición el 18 de mayo de 2021. En respuesta, ese mismo día y

notificada el 19 de mayo de 2021, el Tribunal a quo dispuso No Ha

Lugar a la solicitud de la parte apelante.28

23 Apéndice de la parte apelante a la pág. 96.
24 Id., a las págs. 1-23.
25 Id., a las págs. 149-157.
26 En el caso CC-2020-0664. Véase expediente judicial ante el TPI en el SUMAC,

a la entrada 84.
27 Véase SUMAC, a la entrada 56.
28 Véase SUMAC, a la entrada 62.
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        Por otro lado, el 13 de mayo de 2021, la parte apelante

presentó una Urgente Moción para Dejar sin Efecto Órdenes de

Ejecución de Sentencia y Mandamientos ante la Cantidad Depositada

en el Tribunal y al Haberse Afianzado el Restante Balance.29 Allí,

solicitó al foro primario que: (i) dejara sin efecto la orden de ejecución

y mandamientos notificados; (ii) que relevara a las partes que fueron

notificadas del mandamiento de embargo en cuanto a su

cumplimiento y ordenara al depositario y a la oficina de alguaciles a

cesar esfuerzos para ejecutar la Sentencia Parcial; y, (iii) que

ordenara a restituir y devolver a su origen todos los fondos

embargados que no hubiesen sido depositados para mitigar los

daños causados y que se continuaban causando presuntamente a

esta parte. La apelada presentó su oposición. En respuesta,

mediante Orden emitida y notificada el 19 de mayo de 2021, el TPI

dispuso “[v]er orden 18 mayo 2021”.30

        Inconforme con lo resuelto por el TPI, la parte apelante

presentó un segundo recurso de Certiorari ante este Tribunal, el

alfanumérico KLCE202100640, el cual también fue desestimado por

falta de jurisdicción, tras haberse presentado tardíamente. Según se

desprende de la Resolución emitida por un Panel hermano el 28 de

mayo     de    2021,       en   el   alfanumérico   KLCE202100640,31    los

señalamientos de error esgrimidos por el peticionario “son un ataque

a la sentencia dictada el 7 de mayo de 2021".32 Dispuso, además:

        El ataque [de la parte apelante] a la sentencia parcial es
        tardí[o] porque presentó el recurso vencido el término
        jurisdiccional de 10 días para apelar una sentencia
        dictada por el TPI al amparo de la Ley Núm. 2[-1961].33
        El patrono no apeló a tiempo la sentencia y optó por
        solicitar reconsideración de esta sentencia, de la
        eliminación de las alegaciones y de las sanciones
        impuestas. El TPI denegó la reconsideración. [La parte
        apelante] acudió al Tribunal de Apelaciones. Este foro

29 Véase SUMAC a la entrada 60.
30 Id., a la entrada 64.
31 Id., a la entrada 97.
32 Id., a la entrada 97.
33 Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17

de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA § 3118 et seq.
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       desestimó el recurso por falta de jurisdicción [. . .] De
       modo que el peticionario agotó el procedimiento de
       revisión disponible.
       Sin embargo, el patrono insiste en cuestionar la
       sentencia, la eliminación de sus alegaciones y las
       sanciones impuestas.34

       Siguiendo las incidencias procesales ante el TPI, el 30 de

marzo de 2022, la parte apelante presentó una Petición de Nulidad

y Relevo de Sentencia,35 en torno a la Sentencia Parcial emitida el 7

de mayo de 2020, luego de haber eliminado las alegaciones a la parte

apelante. Alegó que las notificaciones hechas en torno al

descubrimiento de prueba habían sido enviadas a una dirección que

no era la suya. Añadió que, el Tribunal debió haberle notificado a su

dirección correcta un apercibimiento de las consecuencias de no

contestar el interrogatorio sometido. El foro primario denegó la

solicitud instada por la parte apelante mediante Minuta-Resolución

emitida el 11 de abril de 2022, y notificada al día siguiente.36

       De ahí, el 10 de junio de 2022, se celebró vista la para

determinar los daños reclamados por la apelada.37 Previo al inicio

del desfile de la prueba, la parte apelante presentó argumentos en

torno a la sanción sobre eliminación de alegaciones recibida previo

a que se dictara la Sentencia Parcial, a lo que el TPI consignó su

objeción y continuó los procedimientos. Hacemos la salvedad que,

en esa misma fecha, la señora Fontán Pérez renunció a su

reclamación de alimentos bajo la Ley Núm. 379-1948.38

       La prueba testifical de la apelada consistió en los testimonios

de esta,39 y del doctor Fernando Cabrera Delgado (en adelante doctor

Cabrera y/o perito),40 quien fue cualificado como perito de la

34 Véase SUMAC, a la entrada 97.
35 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 224-233.
36 Id., a las págs. 248-251.
37 Id., a las págs. 258-265. Minuta de la vista del 10 de junio de 2022.
38 En la transcripción de la prueba oral (en adelante, TPO) a la pág. 54, líneas 12-

14. Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico, Ley Núm. 379 de
15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 LPRA § 271 et seq.
39 En la TPO, a las págs. 7-34.
40 En la TPO, a las págs. 72-119.
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apelada.41 La prueba documental admitida consistió en el Informe

rendido por el perito, marcado como Exhibit I de la apelada.42 De la

TPO se desprende que ambas partes tuvieron la oportunidad de

hacer preguntas a los testigos presentados.

        El primer testimonio presentado fue el de la señora Fontán

Pérez.43 En el interrogatorio directo, declaró estar incapacitada por

el Seguro Social desde enero del año 2022,44 por razones físicas y

emocionales.45 Sostuvo que el doctor Ignacio Jaca Montijo (en

adelante, doctor Jaca) fue su patrono y que en ese empleo realizó

trabajo administrativo para él desde el 13 de junio de 2013,

atendiendo el cuadro telefónico, a los pacientes, hacía el cuadre de

caja y archivo.46 La apelada declaró que trabajó con el doctor Jaca

hasta el 28 de diciembre de 2018.47 Testificó que su trabajo era de

lunes a viernes de 5:00 a.m. a 12:30 p.m., pero a veces hacía horas

extras.48

        Continuó declarando que un día de trabajo, el 25 de julio de

2018,49 llegó a la oficina y tuvo que bajar del piso nueve (9) -donde

ubicaba la oficina- al piso dos (2) a buscar unas galletas. Sostuvo

que al montarse en el elevador presionó el botón B y al cerrarse la

puerta, el elevador hizo una caída libre desde el piso nueve (9) hasta

el piso B.50 A preguntas de su abogado, declaró que cuando sucedió

el accidente, prefirió acudir al Fondo del Seguro del Estado (en

adelante, CFSE), pero primero fue a una Sala de Emergencia.51 En

la CFSE le dieron dos (2) días de descanso para luego regresar a sus

41 En la TPO, a la pág. 72, líneas 4-5.
42 Id., a la pág. 77, líneas 6-7.
43 Id., a las págs. 7-34.
44 En la TPO indica que fue en el año 2018, mientras que, en la Moción informando

objeciones a la prueba oral sometida por la parte apelante, presentada por la
apelada, indica que debió ser 2022. Acogemos la fecha año 2022 por ser la que
recoge la temporalidad del asunto.
45 En la TPO a la pág. 8, líneas15-20.
46 Id., a la pág. 9, líneas 1-7.
47 Id., a la pág. 9, líneas 8-10.
48 Id., a la pág. 10, líneas 2-13.
49 Id., a la pág. 10, líneas 14-18.
50 Id., a la pág. 9, líneas 19-25 y pág. 10, línea 1.
51 Id., a la pág. 10, líneas 21-22 y pág. 11, líneas 1-2.
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labores bajo CT. Explicó que CT significa que podía regresar a sus

labores, pero bajo tratamiento.52 Atestiguó que en la CFSE le

ordenaron        tratamiento          de   fármacos,       terapias,   tratamiento

psiquiátrico y psicológico por situaciones emocionales y físicas.53

Destacamos que, conforme surge de la TPO, a la fecha del juicio ya

había sido dada de alta de la CFSE.54

        La señora Fontán Pérez continuó declarando que al regreso a

su trabajo le asignaron las terapias en el área central y lumbar cinco

(5) veces por semana y las citas se las coordinaban para luego del

medio día, para poder trabajar en la mañana.55 En relación a las

terapias, declaró que le notificó al patrono y a la administradora,

señora Lizmarie Burgos (en adelante, señora Burgos), quien era su

supervisora inmediata, entonces, acordaron que ella tomaría las

terapias y que “por acomodo razonable yo directo a mi casa…” por

lo que se quedaría una persona para atender el personal de la

oficina.56 Continuó declarando que en la primera semana de terapia

todo estuvo bien, pero que ya en la segunda, la señora Burgos le

comentó que ella tenía que regresar -al trabajo- después de las

terapias porque por su culpa se estaba viendo afectada la práctica

del doctor y que “tenía que regresar a la oficina”.57 En respuesta al

comentario de que tenía que regresar al trabajo, la señora Fontán

sostuvo que le expresó que ella: “. . . estaba haciendo las terapias

muy mareada, con náuseas, con vómitos . . .”, y que se le hacía difícil

regresar porque le daba miedo poner en riesgo su vida.58

        A preguntas de su abogado, declaró que, luego del accidente

y a su regreso al trabajo, en muchas ocasiones, la señora Burgos le

requería limpiar los inodoros, la sala de espera, todos los cubículos,

52 Id., a la pág. 11, líneas 12-24.
53 Id., a la pág. 11, líneas 4-10.
54 Id., a la pág. 27, líneas 10-18.
55 Id., a la pág. 12, líneas 3-25 y pág. 13, líneas 1-3.
56 Id., a la pág. 13, líneas 4-11.
57 Id., a las págs. 5-14.
58 Id., a la pág. 15, líneas 10-12.
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a pesar de que “sabían que yo no podía hacer ese tipo de gestión

porque estaba lesionada de mi espalda y aún lesionada del área

cervical […]” y que le requerían buscar materiales que eran en forma

de resmas de papel y que ella no tenía fuerzas para cogerlas en un

carrito y subirlas por el elevador.59 Durante el interrogatorio, la

apelada distinguió entre las tareas que tenía antes de su accidente

y las que le requirieron hacer luego de su accidente. Describió que

luego del accidente le requerían limpiar los baños, la sala de espera,

le “pusieron el cargo de facturación” sin ella tener el mismo grado y

capacitación y con esto, empezó a trabajar horas excesivas en el

turno.60 Lo anterior provocó que tuviese que posponer sus terapias

o citas con la CFSE, añadiendo que, en la oficina, había tantos

pacientes, que no podía salir puesto a que le indicaban que ella tenía

que cubrir y si no podía cubrir las bases, no estaba apta para ese

empleo.61

        En relación a la fecha en que culminó su empleo, declaró que,

el 28 de diciembre de 2018, recibió un mensaje de texto, que le fue

enviado por la señora Burgos en el cual le informaron que le habían

enviado una carta de despido que le provocó una crisis emocional.62

Entonces, continuó declarando que ella procedió a enviarle un

mensaje de texto a otra empleada de la oficina, de nombre Sandra,

a quien ella había adiestrado para hacer funciones de secretaria.63

Atestiguó que Sandra no le contestó, pero que recibió un mensaje

de texto de la señora Burgos en el cual le indicó que no tenía que

estar escribiéndole a Sandra, que si tenía algo que decir, que se lo

dijera a ella.64 De ahí, sostuvo que fue a la CFSE y le asignaron una

trabajadora social y la refirieron a un psiquiatra y a un psicólogo.65

59 Id., a la pág. 15, líneas 22-25 y pág. 16, líneas 1-6.
60 Id., a la pág. 16, líneas 22-25 y pág. 17, líneas 1-2.
61 Id., a la pág. 17, líneas 2-6.
62 Id., a la pág. 17, líneas 12-24.
63 Id., a la pág. 17, líneas 24-25 y pág. 18, líneas 1-18.
64 Id., a la pág. 17, líneas 21-24.
65 Id., a la pág. 19, líneas 2-5.
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La señora Fontán Pérez declaró que esta situación le ha provocado

una ansiedad severa, depresión, llora todo el día, no tiene deseo

sexual, siente que no sirve, que la utilizaron, que mientras estuvo

estable ella fue una mina de oro y luego de su lesión simplemente la

botaron “como un trapo sucio”.66

        En relación a sus condiciones de empleo desde el accidente

hasta su despido, declaró que las únicas vacaciones que ella tomó

fueron en diciembre, porque en noviembre tenía unas citas

calendarizadas para unas terapias y luego de que se las aprobaron,

se las transfirieron para diciembre.67 Sostuvo que su horario de

trabajo luego del accidente era de 4:30 a.m. a 1:30 p.m., pero que si

faltaba a la cita – de la CFSE - tenía que quedarse de 8:30 a.m. a

5:00 p.m. porque tenía que cubrir.68 También, declaró que previo al

accidente, ella no registraba su asistencia mediante un ponche en

su trabajo,69 pero, después de agosto de 2018, la obligaron a

ponchar hasta diciembre, cuando terminó su jornada y se fue de

vacaciones.70

        En relación con su salario, declaró que ella trabajaba por

contrato, pero no era un sueldo fijo. Añadió que trabajaba a ocho

dólares ($8.00) la hora.71 Previo a su accidente, narró que ella

cumplía todas las metas de su trabajo.72 En cuanto a su salud previo

al accidente, declaró que sufría de ansiedad y depresión, pero que

esa condición no le limitaba a poder cumplir con sus funciones.73

También, declaró que luego se sintió bien y lo terminó.74 Luego del

accidente, sostuvo que comenzó a recibir un trato hostil por parte

de la señora Burgos y se descontroló por completa, se encerraba en

66 Id., a la pág. 20, líneas 12-16.
67 Id., a la pág. 21 líneas 1-7.
68 En la TPO, a la pág. 21, líneas 19-25.
69 La apelada aclaró que cuando comenzó en el empleo ella ponchaba, pero fue

ascendida a supervisora y dejó de ponchar. Véase TPO, a la pág. 23, líneas 1-8.
70 En la TPO, a la pág. 22, líneas 6-13.
71 Id., a la pág. 22, líneas 19-21.
72 Id., a la pág. 24, líneas 4-5.
73 Id., a la pág. 25, líneas 13-21.
74 Id., a la pág. 25, líneas 19-20.
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el baño a llorar con ataques de pánico, no duerme, no come, no tiene

ningún deseo sexual, tiene pesadillas y se sudaba cuando entraba

al trabajo.75 En cuanto a la medicación, atestiguó que utiliza seis (6)

medicamentos diarios, los cuales le provocaban sueño, debilidad,

náusea y confusión76, mientras que antes del accidente solo

utilizaba uno.77 Narró que, luego de ser dada de alta de la CFSE,

comenzó a recibir servicios psicológicos.78 La apelada atestiguó que

ha tenido ocho (8) hospitalizaciones, cuatro (4) de ellas parciales, en

el Hospital Capestrano, la primera de ellas a finales del año 2019, y

la última en noviembre del año 2021.79 En lo relativo a si recibió

compensación luego de terminar el trabajo en la oficina del doctor

Jaca, declaró que no recibió nada, salvo el cheque de la bisemanal,

pero, que le debían diez (10) días de vacaciones.80

       Luego, comenzó el contrainterrogatorio donde la señora

Fontán Pérez declaró que cuando tenía terapias en la CFSE, no

regresaba a trabajar.81 También, aclaró que, cuando recibió el

mensaje de texto sobre el despido, la carta se envió por correo

electrónico.82 A preguntas de la representación legal de la parte

apelante, explicó que en el correo electrónico lo que decía era que “a

causa de p[é]rdidas de treinta y ocho mil dólares hecho en la

facturación, y descuadres de caja, pues de facturación”.83 La señora

Fontán Pérez negó haber recibido amonestación sobre su trabajo,

requerimientos en cuanto a los $38,000.00 dólares o comunicación

en cuanto a los descuadres.84 La testigo admitió que durante el año

2018, tuvo un caso de divorcio y que se ausentó al trabajo para ir a

75 En la TPO, a la pág. 25, líneas 22-25 y pág. 26, líneas 1-4.
76  Los medicamentos que expuso que ingería, eran los siguientes: Cymbalta,
Klonopin, Buspar, Trazodone, Pectoril y Risperdal. Véase TPO a la pág. 27, líneas
3-5.
77 En la TPO a la pág. 26, líneas 11-25 y pág. 27, líneas 8-9.
78 Id., a la pág. 27, líneas 23-24 y pág. 28, líneas 1-14.
79 Id., a la pág. 28, líneas 16-19 y pág. 29, líneas 1-12.
80 Id., a la pág. 29, líneas 15-25 y pág. 30, líneas 1-2.
81 Id., a la pág. 36, líneas 16-19.
82 Id., a la pág. 38, líneas 6-20.
83 Id., a la pág. 38, líneas 21-24.
84 Id., a la pág. 39, líneas 8-18.
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una vista.85 También, admitió que tuvo que solicitar una orden de

protección contra su ex pareja, pero que la señora Burgos no le

permitió ir a la vista de extensión y no se la extendieron.86

Finalmente, a preguntas de la representación legal de la parte

apelante, la señora Fontán Pérez declaró que solicitó una

determinación de incapacidad del Seguro Social en enero del año

2020 y se la concedieron en enero del año 2022.87

        El segundo y último testimonio presentado fue el del doctor

Cabrera, psiquiatra y perito de la apelada.88 En el turno del

interrogatorio directo, el doctor Cabrera declaró haber evaluado a la

apelada en su oficina en dos (2) ocasiones durante el mes de febrero

del año 2022.89 En cuanto a la metodología utilizada para hacer

evaluaciones psiquiátricas, sostuvo que utilizó la misma que ha

usado durante sus treinta y cinco (35) años de experiencia.90

Admitido el Informe, el perito declaró sobre los documentos que

revisó como parte de su evaluación. Además, atestiguó que la

apelada era una paciente de treinta y dos (32) años, que cuando fue

evaluada por este, ya le había sido aprobado el Seguro Social y que

esto, era sumamente raro en una persona joven. Sostuvo que uno

de los criterios del Seguro Social es que esté totalmente incapacitada

para hacer cualquier cosa, sea emocional o físicamente.91 Testificó

que en la evaluación recibió información sobre lo ocurrido a partir

del 25 de julio de 2018, y narró en torno al accidente sufrido por la

señora Fontán Pérez, explicó que luego del accidente ella siguió

trabajando, la pusieron en CT y que ella no quería perder su trabajo,

pero, que le exigieron más cosas de lo normal, tales como ponchar y

85 Id., a la pág. 30 línea 39 y pág. 40, líneas 1-2.
86 Id., a la pág. 40, líneas 7-21.
87 Id., a la pág. 41, líneas 4-10.
88 Id., a las págs. 72-119 y pág. 55, línea 18.
89 Id., a la pág. 72, líneas 11-25 y pág. 73, línea 1.
90 Id., a la pág. 73, líneas 12-19.
91 Id., a la pág. 80, líneas 1-11.
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más responsabilidades.92 Sostuvo, además, que esto le causó

muchas angustias a ella, a tal grado que le afectó emocionalmente.93

        El doctor Cabrera opinó que a base de su evaluación las

condiciones laborales posteriores al accidente fueron un agravante

a su condición preexistente de ansiedad, la cual no era tan severa,

pero se volvió más severa.94 Además, concluyó que la señora Fontán

Pérez tenía dos (2) diagnósticos, el primero fue depresión mayor

severa crónica recurrente con sicosis y el segundo desorden de

pánico y explicó en qué consistían.95

        Continuó declarando que, en su opinión profesional, las

condiciones de la señora Fontán Pérez se agravaron por el despido y

por el trato que recibió laboralmente.96 Según el historial evaluado,

el doctor Cabrera declaró que antes del accidente, la apelada estaba

haciendo trabajos, no había quejas de que estuviese haciendo un

trabajo deficiente.97 En relación al diagnóstico sobre desorden de

pánico, se le preguntó si la apelada lo había presentado antes del

accidente, a lo que el doctor Cabrera respondió que ella había tenido

síntomas de angustia, pero esto no significaba que tuviese ese

diagnóstico.98 Opinó que la apelada tenía síntomas de ansiedad y

que se los estaba tratando.99

        Luego, comenzó el turno del contrainterrogatorio. A preguntas

de la representación legal de la parte apelante, explicó que la señora

Fontán Pérez recibió terapias psicológicas en el año 2017, o sea,

antes del accidente.100 Declaró que, para esa fecha, el diagnóstico

de la apelada cuando empezó era un desorden de ajuste.101

Atestiguó que, este diagnóstico se refiere a problemas estresantes

92 Id., a la pág. 81, líneas 5-13.
93 Id., a la pág. 81, líneas 13-14.
94 Id., a la pág. 82, líneas 19-25.
95 Id., a la pág. 84, líneas 2-8 y pág. 85, líneas 1-19.
96 Id., a la pág. 85, líneas 24-25.
97 Id., a la pág. 86, líneas 10-15.
98 Id., a la pág. 86, líneas 24-25 y pág. 87, línea 1.
99 Id., a la pág. 87, líneas 1-3.
100 Id., a la pág. 88, líneas 6-17.
101 Id., a la pág. 89, líneas 2-13 y pág. 89, líneas 1-7.
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que fueron pasando y causaron la sintomatología e indicó que la

apelada tuvo problemas con relación a un divorcio y mucha carga

de trabajo y dolores físicos.102 Admitió que los dolores físicos de la

apelada eran previos a diciembre del año 2017 y que tenía un

diagnóstico de depresión y desorden esquizo-afectivo.103 Explicó

que, en cuanto al desorden esquizo-afectivo, se tienen que cumplir

unos criterios y que la apelada no los cumplía.104 En relación a un

diagnóstico de fibromialgia, el perito declaró que la apelada lo tenía

y que se agravó por el accidente.105 También declaró que, para el

año 2017, la apelada tenía artritis reumatoide, neuralgia occipital,

dos (2) discos herniados, espuelones e historial pasado de asma

bronquial.106 En relación a medicamentos que usara la apelada,

explicó que la apelada utilizaba cannabis medicinal para los

dolores.107 Entre los medicamentos ordenados a la apelada, expresó

que le pueden afectar el libido.108 Luego, comenzó el turno del re

directo, más no hubo re contrainterrogatorio.

        Quedando el caso sometido, el 14 de octubre de 2022, el

Tribunal a quo emitió y notificó la Sentencia final apelada, que

constituye el primer dictamen sobre el cual se solicita la revisión

ante nos.109 En ella, declaró Con Lugar la reclamación presentada

por la señora Fontán Pérez en cuanto a represalias conforme a la

Ley Núm. 115-1991110, así como la relacionada a la reclamación por

vacaciones acumuladas y no liquidadas a tenor con la Ley Núm.

180-1998.111 En virtud de lo anterior, el foro primario condenó a la

102 Id., a la pág. 89, líneas 6-13.
103 Id., a la pág. 89, líneas 16-25 y pág. 90, líneas 1-9.
104 Id., a la pág. 91, líneas 8-21.
105 Id., a la pág. 96, líneas 3-9 y pág. 99, líneas 14-17.
106 Id., a la pág. 101, líneas 6-15.
107 Id., a la pág. 102, líneas 7-9.
108 Id., a la pág. 112, líneas 18-20.
109 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 266-280.
110 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer
Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
111 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180

de 27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250 nota et seq.
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parte apelante a pagar a favor de la señora Fontán Pérez la suma de

$40,000.00     dólares    por    daños    y   angustias     mentales,     más

$40,000.00 dólares por concepto de penalidad al amparo de la Ley

Núm. 115-1991,112 para un total de $80,000.00 dólares, por

conllevar la duplicación de la suma concedida de la suma concedida

en daños y angustias mentales. Además, condenó a la parte

apelante a pagar la suma de $3,000.00 dólares por concepto de

vacaciones acumuladas, que, desglosadas son $1,500.00 dólares

por lo anterior, más una cantidad igual por la penalidad, de

conformidad a la Ley Núm. 180-1998.113 Por último, el TPI le impuso

a la parte apelante el pago del veinticinco por ciento (25%) del total

concedido, por concepto de honorarios de abogados.

       Como parte de la vista celebrada en el presente caso, el foro

primario consignó en su Sentencia final, once (11) determinaciones

de hechos que estimó probados. Para un cabal entendimiento las

transcribimos in extenso:

       1. El 13 de junio de 2013, la querellante, Yarilis Fontán
          Pérez, comenzó a laborar para el querellado, Dr.
          Jaca Montijo CSP, como empleada contratada por
          tiempo indeterminado.
       2. A la fecha de su despido, el 28 de diciembre de 2018,
          la señora Fontán Pérez ocupaba la posición de
          Supervisora Administrativa con responsabilidades
          que incluían mantener el "citario" a capacidad,
          atender llamadas telefónicas, archivo y las
          operaciones de la oficina.
       3. La supervisora inmediata de la querellante lo era la
          Sra. Lizmarie Burgos, esposa del Dr. Ignacio Jaca
          Montijo.
       4. La querellante acumulaba licencia por vacaciones.
       5. La señora Fontán Pérez laboró cinco (5) años y seis
          (6) meses para el Dr. Jaca Montijo CSP.
       6. A raíz de una caída sufrida, la querellante acudió al
          Fondo del Seguro del Estado, para los exámenes
          médicos correspondientes y acogerse a sus
          beneficios. El Fondo del Seguro del Estado refirió a
          la señora Fontán a terapias físicas del área cervical
          y lumbar.
       7. El querellado, Dr. Jaca Montijo CSP y la
          Administradora, Sra. Lizmarie Burgos, asumieron

112 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer
Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
113 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180

de 27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250 nota et seq.
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         una actitud hostil y le impusieron un cambio en las
         condiciones de empleo a la querellante, en
         represalia, por haberse reportado al Fondo del
         Seguro del Estado.
      8. En su Informe Pericial, el psiquiatra Dr. Fernando
         Cabrera Delgado llegó a la conclusión que debido al
         maltrato laboral y las circunstancias que ella
         (querellante) fue sometida en su trabajo y las
         condiciones después de su incidente (caída) del
         7/25/18 y después de su despido el 12/28/18,
         desarrolló agravación de su condición con síntomas
         como pobre autoestima, inseguridad, ansiedad,
         depresión y poca confianza en ella misma.
      9. Transcurrieron pocos meses desde que la
         querellante se reportó al Fondo del Seguro del
         Estado hasta que se produjo su despido.
     10. El 28 de diciembre de 2018, Dr. Jaca Montijo CSP le
         envío [sic] un mensaje de texto a la querellante
         informándole su despido con efectividad inmediata,
         sin ofrecer una causa justificada.
     11. Se pasó prueba de la deuda que por vacaciones
         acumuladas no se le han pagado a la parte
         querellante. 114

       En desacuerdo, el 24 de octubre de 2022, la parte apelante

presentó un recurso de Apelación en el cual elaboró los siguientes

seis (6) señalamientos de error:

       Primer Error: Erró manifiestamente y abusó de su
       discreción el Tribunal de Primera Instancia al eliminar
       las alegaciones y dictar sentencia parcial contra la
       querellada al ser nulas al no haberse notificado a la
       Querellada previamente del incumplimiento con el
       descubrimiento de prueba y de sus posibles
       consecuencias, en violación del debido proceso de ley de
       la Querellada.

       Segundo Error: Erró manifiestamente el TPI al concluir
       que la Querellante sufrió actos de represalia por parte
       de la Querellada[,] configurándose una acción bajo la
       Ley 115-1991.

       Tercer Error: Erró manifiestamente el TPI al no aplicar
       la inmunidad patronal que le confiere la Ley de
       Compensación de Accidentes del Trabajo.

       Cuarto Error: Erró manifiestamente el TPI al condenar
       a la parte Querellada al pago de $80,000.00 en concepto
       de daños sin deducir a dicha cantidad la cantidad de
       $15,923.08 en concepto de mesada concedida en su
       Sentencia Parcial del 7 de mayo de 2020.

       Quinto Error: Erró manifiestamente el TPI al condenar
       a la parte Querellada al pago de 25% del total
       concedido, para honorarios de abogado.

114 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 267-268.
KLAN202200850                                                                     19

       Sexto Error: Erró manifiestamente el TPI al condenar a
       la parte Querellada al pago de vacaciones acumuladas.

       Luego varios incidentes procesales ante esta Curia, el 14 de

marzo de 2023, acogimos la TPO con las objeciones presentadas por

la apelada. De ahí, el 25 de mayo de 2023, la parte apelante presentó

su Alegato Suplementario; mientras que, el 26 de junio de 2023, se

presentó el Alegato en Oposición a Recurso de Apelación.

       Contando       con     la    comparecencia        de    ambas       partes,

procederemos a exponer el derecho aplicable.

                                        II

   A. Ley Núm. 2-1961

       La Ley Núm. 2-1961 provee un mecanismo procesal sumario

para la rápida tramitación y adjudicación de las querellas de

empleados presentadas contra sus patronos por servicios prestados,

relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales.115 A esos

efectos, las reclamaciones, ameritan ser resueltas de forma

diligente, protegiendo el carácter sumario, de modo que se pueda

implantar la política pública del Estado de proteger el empleo,

desalentar el despido sin justa causa y proveer al empleado

despedido los medios económicos para su subsistencia mientras

consigue un nuevo empleo.116 A luz de lo anterior, dicho

procedimiento sumario fue instituido con el fin de remediar la

desigualdad económica existente entre las partes al instarse una

reclamación de este tipo.117 Igualmente, hay que considerar que la

mayoría de la información sobre los reclamos salariales o por un

despido está en posesión del empleador.118 A tales efectos, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal Supremo)

115 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018). Patino Chirino v.

Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016). Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.,
174 DPR 921, 928 (2008). Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003).
116 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., Id. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR

36, 43 (2006). Lucero v. San Juan Star, Id.
117 Lucero v. San Juan Star, Id. León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 254 (2001).
118 Pena Lacern v. Martínez Hernández, 210 DPR 425, 434 y 447 (2022).
KLAN202200850                                                                   20

ha dispuesto que el carácter sumario constituye la médula de la Ley

Núm. 2-1961.119

       A raíz de ello, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 133-

2014120, con la intención de atemperar las disposiciones de esta Ley

al esquema judicial vigente y extender el carácter sumario de la

legislación a la etapa apelativa para cumplir con el propósito rector

de la misma, de proveer al empleado un remedio rápido y eficaz.121

Mediante dicha legislación, el Artículo 5 reenumeró la Sección 10 de

la Ley Núm. 2-1961 como Sección 9 y la enmendó para que se lea

como sigue:

       Cualquiera de las partes que se considere perjudicada
       por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera
       Instancia podrá interponer recurso de apelación ante el
       Tribunal de Apelaciones, en el término jurisdiccional de
       diez (10) días, computados a partir de la notificación de
       la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.122

   B. Falta de Jurisdicción Debido a Recurso Tardío

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su

consideración.123 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud

de ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden

otorgársela.124 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que:

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la

tienen”.125 Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la

jurisdicción de los tribunales para atender los recursos ante su

119 Bacardí Corp. v. Torres Aguayo, 202 DPR 1014, 1019 (2019).
120 Ley para enmendar las Secciones 1, 4, 9, 10 y 11; derogar las Secciones 6, 12

y 13, y reenumerar las Secciones 7, 8, 9, 10 y 11, como Secciones 6, 7, 8, 9 y 10
respectivamente, de la Ley Núm. 2 de 1961, Ley de Procedimiento Sumario de
Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 133 de 6 de agosto de 2014.
121 Id., Exposición de Motivos. Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, supra, 446-

447.
122 Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17

de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA § 3127, secc. 9.
123 Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89, 101 (2020). Torres Alvarado v Madera

Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019). AAA v. Unión Independiente Auténtica de
Empleados de la AAA, 199 DPR 638, 651-52 (2018).
124 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).
125 Torres Alvarado v Madera Atiles, supra, 500. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez,

186 DPR 239, 250 (2012). S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882
(2007). Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, Id.
KLAN202200850                                                                    21

consideración constituyen materia privilegiada.126 De manera que,

debido a su naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción

deben ser resueltas con preferencia, ya sea porque fuera

cuestionada o motu proprio, pues, por su naturaleza, incide

directamente sobre el poder que tiene para adjudicar las

controversias.127

       La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación

del escrito a las partes apeladas.128 Por tal motivo, cuando un

tribunal carece de jurisdicción, debe declararlo y desestimar la

reclamación sin entrar en sus méritos.129 De lo contrario, cualquier

dictamen en los méritos será nulo y, por ser ultra vires, no se puede

ejecutar.130 Es decir, una sentencia dictada sin jurisdicción por un

tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto,

inexistente.131

       Una de las instancias en que un tribunal carece de

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardíamente. Lo

anterior, debido a que, un recurso tardío adolece del grave e

insubsanable defecto de falta de jurisdicción.132 Su presentación

carece de eficacia y como consecuencia no produce ningún efecto

jurídico, pues no hay autoridad judicial para acogerlo.133

126 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).
127 Allied Management Group, Inc. v Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020).
Torres Alvarado v Madera Atiles, supra. Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR
254, 268 (2018). Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018).
128 González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1070-1071 (2019).
129 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. Autoridad para el Financiamiento de la

Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión Marrero, 209 DPR 1, 5 (2022). Yumac
Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 107 (2015). González v.
Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).
130 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016). Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).
131 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).
132 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, 210 DPR 271,

289 (2022). Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico
v. Carrión Marrero, supra. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra.
133 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, Id. Autoridad

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión Marrero, Id.
Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
KLAN202200850                                                                 22

       Un recurso de revisión tardío es aquel que se presenta fuera

del término disponible para ello, y que, consecuentemente,

manifiesta la ausencia de jurisdicción.134 Desestimar un recurso por

ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente,

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro.135

   C. Discreción y Deferencia Judicial

       Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.136 Por

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver,

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus

lenguajes no verbales.137 Por su parte, un foro apelativo cuenta

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador

primario de los hechos.138 En ese sentido, y como regla general, no

debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.139

       En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,     salvo     cuando       estén     presentes       circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo

justifique.140 El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre

134 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, Id.
135 Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra.
136 Pueblo v. Pérez Nuñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad
v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
137 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega

v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133,
148 (2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
138 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, supra, 291.
139 Pueblo v. Pérez Nuñez, supra, 529.
140 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
KLAN202200850                                                                   23

en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

antes de que se someta prueba alguna.141 En consecuencia, al este

tribunal    apelativo     enfrentarse      a   la   tarea    de    revisar    las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de

discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.142

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.143

       Ahora bien, cabe destacar que el Tribunal Supremo ha

resuelto que, en instancias en que las conclusiones de hecho que

realice el TPI estén basadas en prueba pericial o documental, un

tribunal revisor estará en la misma posición que el tribunal a quo.144

Por tanto, ante dichas instancias, este tribunal apelativo “tendrá la

facultad para adoptar su propio criterio en la apreciación y

141 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
142 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011).
Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v.
Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789
(2002). Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
143 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR

117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a
Pueblo v. Maisonave, supra, 63. González Hernández v. González Hernández,
supra, 777. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry,
supra. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
144 González Hernández v. González Hernández, Id. Sepúlveda v. Depto. de Salud,

145 DPR 560, 573 (1998).
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evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque

resulte técnicamente correcta”.145

       A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la

dirección del proceso.146 Los foros apelativos podremos intervenir

con tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que,

de esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.147

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.148 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de

discreción cuando el juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la

decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material

importante que no podía ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en

éste; o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los

sopesa y calibra livianamente.149

       A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la

evidencia presentada en los casos y controversias.150 No obstante,

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.151 A

esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro

145 González Hernández v. González Hernández, Id. Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez

et al., 154 DPR 333, 363 (2001). Prieto v. Mary land Casualty Co., 98 DPR 594,
623 (1970).
146 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
147 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
148 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
149 Pueblo v. Rivera Santiago, Id.
150 González Hernández v. González Hernández, supra, 776.
151 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra.
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apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un

análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las

partes.152

   D. Ley Núm. 180-1998

       La Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto

Rico establece, entre otras cosas, todo lo relacionado a la regulación

uniforme de las licencias por vacaciones y enfermedad.153 Dicha

legislación, en su Artículo 9 dispone:

       (a) Todo […] empleado que por su trabajo reciba
       compensación inferior a la prescrita en esta Ley o en un
       convenio colectivo o en un contrato individual de
       trabajo tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la
       diferencia adeudada hasta cubrir el importe total de la
       compensación que le corresponda, por concepto de
       salario, vacaciones, licencia por enfermedad o cualquier
       otro beneficio, más una cantidad igual a la que se le
       haya dejado de satisfacer, por concepto de
       compensación adicional, además de los costos, gastos,
       intereses y honorarios de abogados del procedimiento,
       sin que para nada de ello obste pacto en contrario.154
       […]

   E. Ley Núm. 115-1991

       La Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo

Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo,

Administrativo o Judicial fue creada con el propósito de disponer

que todo empleado que fuere despedido, amenazado u objeto de

discrimen en su cargo o empleo, por ofrecer testimonio ante un foro

legislativo, administrativo o judicial, tenga una causa de acción en

contra de su patrono.155

       A tales efectos, el Artículo 2 de dicha legislación dispone que:

       (a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar o
       discriminar contra un empleado con relación a los
       términos, condiciones, compensación, ubicación,
       beneficios o privilegios del empleo porque el empleado
       ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito,
       cualquier testimonio, expresión o información ante un

152 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
153 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180

de 27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250 nota et seq.
154 Id., 29 LPRA § 250i, Art. 9.
155 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer

Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
KLAN202200850                                                                  26

       foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico,
       así como el testimonio, expresión o información que
       ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos
       establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado
       o representante en una posición de autoridad, cuando
       dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni
       constituyan divulgación de información privilegiada
       establecida por ley.
       (b) Cualquier persona que alegue una violación a esta
       ley podrá instar una acción civil en contra del
       patrono dentro de tres (3) años de la fecha en que
       ocurrió dicha violación y solicitar se le compense por
       los daños reales sufridos, las angustias mentales, la
       restitución en el empleo, los salarios dejados de
       devengar, beneficios y honorarios de abogado. La
       responsabilidad del patrono con relación a los daños
       y a los salarios dejados de devengar, será el doble de
       la cuantía que se determine causó la violación a las
       disposiciones de esta ley.
       (c) El empleado deberá probar la violación mediante
       evidencia directa o circunstancial. El empleado
       podrá además establecer un caso prima facie de
       violación a la ley probando que participó en una
       actividad protegida por esta ley y que fue
       subsiguientemente         despedido,      amenazado       o
       discriminado en su contra de su empleo. Una vez
       establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y
       fundamentar         una    razón      legítima     y    no
       discriminatoria para el despido. De alegar y
       fundamentar el patrono dicha razón, el empleado
       deberá demostrar que la razón alegada por el
       patrono era un mero pretexto para el despido.156
       (Énfasis suplido.)

       En el caso Irizarry v. J&J Cons. Prods. Co., (P.R.), Inc., el

Tribunal Supremo resolvió que:

       Somos del criterio que la verdadera intención legislativa
       de la Ley Núm. 11[-1991] es proteger al empleado por
       expresiones    vertidas    por    éste   en    cualquier
       procedimiento, y por consiguiente, resolvemos que
       acudir al Fondo [del Seguro del Estado] para acogerse a
       los beneficios de la Ley Núm. 45[-1935] es una
       “actividad protegida” por la Ley Núm. 115[-1991].157

       A su vez, se requiere que el empleado haya sido despedido,

amenazado o discriminado en el empleo, subsiguientemente a su

incursión en la actividad protegida.158 Subsiguientemente, se

entenderá que la acción adversa que experimentó el empleado

ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la alegada actividad

156 Id., 29 LPRA § 194b, Art. 2.
157 Irizarry v. J&J Cons. Prods. Co., (P.R.), Inc., 150 DPR 155, 170 (2000). Rivera

Menendez v. Action Service, 185 DPR 431, 445 (2012).
158 Rivera Menendez v. Action Service, Id., 445-446.
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protegida.159 Por lo tanto, para establecer un caso prima facie es

suficiente con que se establezca la proximidad temporal.160

           Sin embargo, no todo caso se configura dentro de un espacio

temporal que pueda catalogarse como de poco tiempo.161 En dichos

casos, se requiere que el empleado constate elementos adicionales

que comprueben la existencia de un nexo causal entre la actividad

protegida y la acción disciplinaria adversa: (i) que fue tratado de

forma distinta a otros empleados; (ii) que existió un patrón de

conducta antagónica en su contra; (iii) que las razones articuladas

por el patrono para fundamentar su acción adversa están plagadas

de incongruencias; o, (iv) cualquier otra evidencia que obre en el

expediente para establecer el elemento del nexo causal.162 La

evaluación de dichos elementos implica un acercamiento caso a

caso.163

     F. Ley Núm. 80-1976

           La Ley Sobre Despidos Injustificados fue creada para disponer

que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio

o sitio de empleo donde se trabaje mediante remuneración de alguna

clase contratado sin tiempo determinado, que fuere despedido de su

cargo sin justa causa tenga derecho a recibir de su patrono, en

adición al importe del salario devengado, una indemnización

correspondiente al sueldo de un mes y una indemnización

progresiva adicional equivalente al sueldo de una semana por cada

año de servicio.164 Por consiguiente, todo empleado que trabaja para

un        patrono   mediante   remuneración,      contratado     sin   tiempo

determinado, que fuere despedido sin que haya mediado una justa

causa, tendrá derecho a recibir de su patrono por concepto de

159 Id., 446.
160 Id.
161 Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 400 (2011).
162 Id.
163 Id.
164 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
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indemnización por despido lo siguiente: (i) una cantidad equivalente

a tres (3) meses de sueldo por concepto de indemnización, siempre

y cuando haya culminado el periodo probatorio aplicable según se

dispone en esta Ley, o el periodo probatorio distinto que las partes

hayan estipulado; y, (ii) una cantidad equivalente a dos (2) semanas

de sueldo por cada año completo de servicio.165

          Acentuamos que, los años de servicio se determinarán sobre

la base de todos los periodos de trabajo anteriores acumulados que

el empleado haya trabajado para el mismo patrono antes de su

despido, siempre y cuando la relación de empleo no se haya

interrumpido por más de dos (2) años y los servicios se hayan

prestado en Puerto Rico.166 Para propósitos de esta legislación, se

entenderá por justa causa para el despido de un empleado aquella

que no esté motivada por razones legalmente prohibidas y que no

sea producto del mero capricho del patrono.167 De igual forma, la

Ley hace mención de seis (6) razones que se entenderá justa causa

si    afectan     el    buen       y   normal   funcionamiento   de   un

establecimiento.168 Destacamos que, la indemnización que establece

el Artículo 1 de esta Ley se pagará tomando como base el tipo de

salario más alto devengado por el empleado dentro de los tres (3)

años inmediatamente anteriores al momento de su despido.169

          Resulta importante mencionar que, es irrenunciable el

derecho del empleado que fuere despedido de su cargo, sin que haya

mediado justa causa, a recibir la indemnización que establece el

Artículo 1 de esta Ley.170

          La Constitución de Puerto Rico en su Carta de Derechos, Art.

II, Sec. 16, reconoce el derecho de todo trabajador de estar protegido

165 Id., 29 LPRA § 185a, Art. 1.
166 Id.
167 Id., 29 LPRA § 185b, Art. 2.
168 Id.
169 Id., 29 LPRA § 185d, Art. 4.
170 Id., 29 LPRA § 185i, Art. 9.
KLAN202200850                                                              29

contra riesgos a su salud en su trabajo o empleo.171 A esos efectos,

la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo

fue creada para promover el bienestar de los empleados, en lo

referente   a   accidentes    que    causen     la   muerte,    lesiones   o

enfermedades derivadas de la ocupación de los trabajadores en el

curso de su empleo.172 De igual forma, dicha legislación busca

establecer el deber de los patronos en compensar a sus trabajadores

beneficiarios por razón de enfermedades, lesiones o muerte

derivadas de la ocupación, independientes de la negligencia.173

       A tales efectos, dicha Ley dispuso la creación de la CFSE.174

Todo empleado que sufriere lesiones o enfermedades ocupacionales

dentro de las condiciones de esta Ley tendrá derecho a: (i) asistencia

médica, (ii) incapacidad transitoria, (iii) incapacidad parcial

permanente, (iv) incapacidad total permanente, (v) compensación

por muerte, según amerite cada caso.175

   G. Ley Núm. 402-1950

       La Ley que Regula la Concesión de Honorarios de Abogado en

los Casos de Reclamaciones de Trabajadores o Empleados contra

sus Patronos dispone que:

       En todo caso radicado ante las cortes de Puerto Rico por
       un trabajador o empleado en que se reclame cualquier
       derecho o suma de dinero contra su patrono, al amparo
       de la legislación laboral federal o local o convenio de
       trabajo de naturaleza individual o colectivo y en que se
       conceda la reclamación en todo o en parte, se
       condenará al patrono al pago de honorarios de abogado,
       si este no fuere uno de los abogados del Departamento
       de Trabajo y Recursos Humanos.176

171 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45

de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA § 1a, Art. 1-A.
172 Id., 11 LPRA § 1 et seq.
173 Id.
174 Id., 11 LPRA § 1a, Art. 1-A.
175 Id., 11 LPRA § 3, Art. 3.
176 Ley que Regula la Concesión de Honorarios de Abogado en los Casos de

Reclamaciones de Trabajadores o Empleados contra sus Patronos, Ley Núm. 402
de 12 de mayo de 1950, según enmendada, 32 LPRA § 3115, Art. 2.
KLAN202200850                                                               30

                                      III

       En el recurso de Apelación ante nuestra consideración, la

parte apelante acude ante nos luego de que la primera instancia

judicial emitiera una Sentencia final en una acción presentada al

amparo de la Ley Núm. 2-1961.177 Conviene señalar que, previo a

que el foro primario emitiera la Sentencia final, ya para el año 2020,

había emitido una Sentencia Parcial, para disponer de algunas de

las controversias en este caso, la cual advino final y firme. Aclarado

lo anterior y con esto en mente, en el recurso ante nos, la parte

apelante formuló seis (6) errores que, a su juicio, cometió el Tribunal

a quo. Con este preámbulo, y luego de evaluar los escritos de las

partes, así como la totalidad del expediente, incluyendo la TPO y sus

objeciones, procederemos a discutir los errores esgrimidos en el

recurso ante nos.

       La acción de autos surgió con la presentación de una Querella

contra la parte apelante por despido injustificado al amparo de la

Ley Núm. 2-1961.178 Luego de varios incidentes procesales,

mediante Sentencia Parcial emitida y notificada el 7 de mayo de

2020, el TPI determinó que Montijo, C.S.P. no tuvo causa justificada

para despedir a la señora Fontán Pérez y ordenó a la parte apelante

a: (i) pagar a la señora Fontán Pérez una mesada por la cantidad de

$15,923.08 dólares de acuerdo con la Ley Núm. XX-XXXXXXX

consistente en tres (3) meses de salario y dos (2) semanas por cada

año de servicio; (ii) el pago de $2,076.92 dólares por concepto de los

ingresos dejados de percibir por un periodo de al menos tres (3)

semanas a raíz del despido injustificado; (iii) el pago de honorarios

de abogado en un veinticinco por ciento (25%) de la suma impuesta

en conexión a los salarios dejados de devengar; (iv) la penalidad en

177 Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17

de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA § 3118 et seq.
178 Id.
179 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
KLAN202200850                                                                31

cuanto al despido sin causa justificada, equivalente a $4,500.00

dólares; y, (iv) el pago de costas incurridas, aplicándose a todo lo

anterior el pago de intereses de tipo legal. Sin intención de repetir,

enfatizamos que dicha Sentencia Parcial advino final y firme.

         Continuado el caso ante el TPI, el 14 de octubre de 2022, el

Tribunal a quo emitió y notificó la Sentencia final declarando Con

Lugar la reclamación presentada por la señora Fontán Pérez en

cuanto a represalias conforme a la Ley Núm. 115-1991180, así como

la relacionada a la reclamación por vacaciones acumuladas y no

liquidadas a tenor con la Ley Núm. 180-1998.181 En virtud de lo

anterior, el foro primario condenó a la parte apelante a pagar a favor

de la señora Fontán Pérez: (i) la suma de $40,000.00 dólares por

daños y angustias mentales, más $40,000.00 dólares por concepto

de penalidad al amparo de la Ley Núm. 115-1991,182 para un total

de $80,000.00 dólares; (ii) la suma de $3,000.00 dólares por

concepto     de   vacaciones     acumuladas,      que,    desglosadas     son

$1,500.00 dólares por lo anterior más una cantidad igual por la

penalidad, de conformidad a la Ley Núm. 180-1998183; y, (iii) le

impuso a la parte apelante el pago del veinticinco por ciento (25%)

del total concedido, por concepto de honorarios de abogados.

         En su Sentencia final, el TPI realizó once (11) determinaciones

de hechos, de las cuales enfatizamos las siguientes:

      7. El querellado, Dr. Jaca Montijo CSP y la
         Administradora, Sra. Lizmarie Burgos, asumieron una
         actitud hostil y le impusieron un cambio en las
         condiciones de empleo a la querellante, en represalia,
         por haberse reportado al Fondo del Seguro del Estado.
      8. En su Informe Pericial, el psiquiatra Dr. Fernando
         Cabrera Delgado llegó a la conclusión que debido al
         maltrato laboral y las circunstancias que ella
180 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer
Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
181 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180

de 27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250 nota et seq.
182 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer

Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
183 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180

de 27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250 nota et seq.
KLAN202200850                                                                32

      (querellante) fue sometida en su trabajo y las condiciones
      después de su incidente (caída) del 7/25/18 y después
      de su despido el 12/28/18, desarrolló agravación de su
      condición con síntomas como pobre autoestima,
      inseguridad, ansiedad, depresión y poca confianza en
      ella misma.
   9. Transcurrieron pocos meses desde que la querellante se
      reportó al Fondo del Seguro del Estado hasta que se
      produjo su despido.
  10. El 28 de diciembre de 2018, Dr. Jaca Montijo CSP le
      envío [sic] un mensaje de texto a la querellante
      informándole su despido con efectividad inmediata, sin
      ofrecer una causa justificada.184

                                       -a-

       El primer señalamiento de error va dirigido a la inconformidad

de la parte apelante con dos (2) dictámenes emitidos por el foro

primario. El primero es una Orden emitida allá para el año 2020,

como paso previo a emitir el segundo dictamen, que es una

Sentencia Parcial, dictada en el mismo año y que, tal y cual

adelantamos, es final y firme. Visto lo cual, es claro que habiendo

advenido final y firme la Sentencia Parcial y que la Orden emitida se

hizo como paso previo a la misma, este Tribunal no tiene

jurisdicción. Con este error, la parte apelante pretende relitigar

reclamos ya adjudicados con finalidad. Es de ver, que, dictada la

Sentencia Parcial, lo único que quedó pendiente fue la determinación

de daños.

       Este mismo señalamiento de error ya había sido traído ante la

consideración      de    esta    Curia       y   fue   resuelto   en   el   caso

KLCE202000895. Tal y como resuelto en dicho caso, reiteramos que

no tenemos jurisdicción para revisar los dos (2) dictámenes antes

mencionados emitidos por el foro primario. Cuando un Tribunal

carece de jurisdicción, como sucedió en el caso KLCE202000895,

debe declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus

méritos.185 Como ya hemos mencionado, una de las instancias en

184 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 267-268.
185  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión Marrero, supra. Yumac Home Furniture v.
Caguas Lumber Yard, supra. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.
KLAN202200850                                                                   33

que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un

recurso tardíamente. Un recurso de revisión tardío es aquel que se

presenta    fuera    del    término      disponible     para      ello,   y   que,

consecuentemente, manifiesta la ausencia de jurisdicción.186 Por

tanto, el primer error no fue cometido.

                                      -b-

       En su segundo señalamiento de error, el cual tras razonar que

juzgar guarda relación al sexto, se discutirán en conjunto ya que

ambos versan sobre la apreciación de la prueba realizada por el TPI.

En ellos, en primer lugar, aduce la parte apelante que fue un error

del foro primario el haber concluido que la señora Fontán Pérez

sufrió actos de represalia consumados por la parte apelante, al

amparo de la Ley Núm. 115-1991.187 Mientras que, en segundo

lugar, arguye que el TPI incidió al condenar a la parte apelante al

pago de vacaciones acumuladas. No le asiste la razón.

       Resulta importante puntualizar que, durante la vista, la parte

apelante tuvo la oportunidad de contrainterrogar a la señora Fontán

Pérez. Como ya hemos destacado, en su Sentencia el TPI realizó once

(11) determinaciones de hechos, en particular las determinaciones

siete (7) a la diez (10) se relacionan con el segundo error en cuestión.

Luego de evaluada la TPO, le otorgamos deferencia a las

determinaciones de hechos realizadas por el foro primario. Al este

tribunal    apelativo      enfrentarse      a   la   tarea   de     revisar    las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de

186 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, supra.
187Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer
Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
KLAN202200850                                                                 34

discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.188 La apelada

estableció un caso prima facie de violación a la ley probando que

participó en una actividad protegida, entiéndase, acudir a la CFSE,

y que fue subsiguientemente despedida y discriminada en su contra

de su empleo.

       En lo concerniente a las vacaciones, el TPI luego de celebrada

la vista y evaluado el testimonio, ordenó a la parte apelante a pagar

a la apelada $3,000.00 dólares, desglosados de la siguiente manera:

$1,500.00 dólares por vacaciones acumuladas y no pagadas, más

una cantidad igual por penalidad, al amparo de la Ley Núm. 180-

1998.189 Dicha cantidad correspondía a los diez (10) días de

vacaciones que la apelada testificó le debían.190 En su Sentencia, el

foro primario emitió dos (2) determinaciones de hechos al respecto:

       4. La querellante acumulaba licencia por vacaciones.
       11. Se pasó prueba de la deuda que por vacaciones
       acumuladas no se le han pagado a la parte querellante.

       En efecto, y según se desprende de la TPO, se desfiló prueba

sobre este particular durante el juicio en su fondo. Sabemos que la

valoración que lleva a cabo el foro primario se presume correcta,

toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver, escuchar y

valorar las declaraciones de los testigos, así como sus lenguajes no

verbales.191 En lo que respecta al cómputo, este fue realizado por el

TPI conforme a lo que dispone el Artículo 9 de la Ley Núm. 180-

1998.192

188 González Hernández v. González Hernández, supra. Ramírez Ferrer v. Conagra

Foods PR, supra. Rivera y otros v. Bco. Popular, supra. Pueblo v. Irizarry, supra.
Pueblo v. Maisonave, supra, 62-63.
189 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180

de 27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250 nota et seq.
190 En la TPO a la pág. 29, líneas 15-25 y pág. 30, líneas 1-2.
191 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Meléndez Vega v. El Vocero de PR,

supra. Pueblo v. Santiago, supra. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
192 Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180

de 27 de julio de 1998, según enmendada, 29 LPRA § 250i, Art. 9.
KLAN202200850                                                              35

                                     -c-

       Continuando, pues, con el tercer señalamiento de error, la

parte apelante razona que el TPI incidió al no aplicar la inmunidad

patronal que le confiere la Ley Núm. 45-1935.193 No tiene razón.

Resulta menester señalar que la situación en este caso no versa

sobre una empleada reclamando al patrono, en lugar de a la CFSE.

Más bien, se trata de que las actuaciones de la parte apelante le

provocaron daños a la señora Fontán Pérez, y si ante esa situación

aplica o no la inmunidad patronal. Contestamos dicha interrogante

en la negativa.

       La Ley Núm. 45-1935 crea una inmunidad patronal absoluta,

lo cual significa que el obrero accidentado o lesionado no puede

demandar a su patrono por daños y perjuicios sin importar el grado

de negligencia atribuible a éste.194 Es decir, dicha inmunidad

patronal no se trata de una defensa personal que tiene el patrono

contra las reclamaciones por daños y perjuicios que insten sus

empleados accidentados, sino que hay una inexistencia total de una

causa de acción contra el patrono por los “accidentes de trabajo”

que el CFSE compensa.195 No obstante, la Ley y sus beneficios no

siempre se activan.196 La posible conducta ilegítima y/o delictiva del

patrono no está inmune de una reclamación ordinaria de daños, ya

que tal actuación no puede ser razonablemente considerada como

una actuación vinculada al desempeño normal del empleo.197 La

legislación   y   la   jurisprudencia      del   Tribunal      Supremo   han

establecido que la inmunidad patronal no es eximente cuando: (i) el

daño sufrido por el obrero se debe a un acto intencional y/o

discriminatorio del patrono; (ii) cuando el patrono del obrero que

193 Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45

de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA § 1 et seq.
194 López Cotto v. Western Auto, 171 DPR 185, 193 (2007).
195 Id., 194.
196 Id.
197 Id.
KLAN202200850                                                               36

sufre el accidente en el escenario del trabajo no está asegurado; o,

(iii) el patrono demandado hubiera actuado en virtud de doble

capacidad o personalidad.198 (Énfasis suplido.) Así las cosas, el

patrono responderá civilmente ante los tribunales e indemnizará al

empleado que haya sufrido el “accidente del trabajo”.199

                                     -d-

          Por otro lado, en el cuarto señalamiento de error, la parte

apelante asevera que el foro primario incidió al condenarle a pagar

$80,000.00 dólares en daños sin haber deducido a dicha cantidad

la suma de $15,923.08 dólares en concepto de la mesada concedida

en la Sentencia Parcial emitida en este caso. No tiene razón la parte

apelante. Veamos.

          En su Sentencia Parcial, el TPI ordenó a la parte apelante a

pagar la suma de $15,923.08 dólares, por concepto de mesada, a

tenor con la Ley Núm. 80-1976.200 Mientras tanto, en su Sentencia

final, el Tribunal a quo ordenó a la parte apelante a pagar a la

apelada la suma de $40,000.00 dólares por daños y angustias

mentales, más $40,000.00 dólares, por concepto de penalidad al

amparo de la Ley Núm. 115-1991,201 para un total de $80,000.00

dólares. Es decir, las cantidades ordenadas a pagar a la apelada

nacen de dos (2) legislaciones distintas y responden a dos (2) tipos

de daños distintos. La cantidad en concepto de mesada que dispone

la precitada Ley Núm. 80-1976, responde a daños económicos, ya

que representa una indemnización correspondiente al sueldo de un

mes y una indemnización progresiva adicional equivalente al sueldo

de una semana por cada año de servicio. 202 Por otro lado, la

198 Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 693, 731 (2002).
199 Id.
200 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
201 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer

Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
202 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
KLAN202200850                                                                37

cantidad dispuesta por la Ley Núm. 115-1991,203 responde a los

daños sufridos por la apelada debido a las represalias tomadas en

su contra por parte del patrono, tras esta haber acudido a la CFSE.

                                      -e-

       Finalmente, pasemos al quinto señalamiento de error, en el

cual la parte apelante alega un error del foro primario tras haber

ordenado el pago del veinticinco por ciento (25%) del total concedido,

por concepto de honorarios de abogado. Vemos pues, que en este

último señalamiento de error que discutiremos, la parte apelante

nos invita a concluir que el haber ordenado el pago de un veinticinco

por ciento (25%), por concepto de honorarios de abogados, del total

concedido en la Sentencia fue incorrecto. No le asiste razón. La Ley

Núm. 402-1950 dispone que en todo caso radicado por un empleado

en que se reclame cualquier derecho o suma de dinero contra su

patrono, al amparo de la legislación laboral federal o local o convenio

de trabajo de naturaleza individual o colectivo y en que se conceda

la reclamación en todo o en parte, se condenará al patrono al pago

de honorarios de abogado.204

       En Lopez Vicil v. ITT Intermedia, Inc., el Tribunal Supremo

determinó que:

       […] establecemos que, de ordinario, la cuantía que
       podrá recibir el abogado de un trabajador victorioso en
       una reclamación al amparo de la Ley Núm. 100[-
       1959], supra, será el veinticinco por ciento (25%) de la
       indemnización base concedida al trabajador.
       Estimamos razonable este por ciento, tomando como
       punto de partida que la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de
       1976 (29 LPRA sec. 185a et seq.), sobre despido
       injustificado, establece que cuando el tribunal crea que
       el despido fue efectuado sin justa causa, éste ordenará
       al patrono depositar una suma para honorarios de
       abogado, no menor del quince por ciento (15%) del total
       de la compensación del trabajador. […]
       […]

203 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer
Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de
20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194 et seq.
204 Ley que Regula la Concesión de Honorarios de Abogado en los Casos de

Reclamaciones de Trabajadores o Empleados contra sus Patronos, Ley Núm. 402
de 12 de mayo de 1950, según enmendada, 32 LPRA § 3115, Art. 2.
KLAN202200850                                                       38

       Entendemos que estimar los honorarios de abogados en
       un veinticinco por ciento (25%) de la indemnización
       base, en este tipo de caso, permite que los trabajadores
       vindiquen sus derechos, a la vez que se compensa
       justamente a los abogados que invierten su trabajo y
       esfuerzo en este tipo de reclamación.
       […]
       […] A su vez, los tribunales apelativos no intervendrán
       con la determinación de honorarios realizada en
       instancia, excepto en casos de abuso de discreción.205

       Resta indicar que, en el presente caso, evaluado la totalidad

del expediente ante nuestra consideración, no pudimos constatar

que hubiese un ápice de abuso de discreción en la concesión de los

honorarios en este caso. Siendo así, razonamos que no existe razón

alguna para intervenir en el curso decisorio del foro primario al

imponer los honorarios. Por todo lo anterior, colegimos que el quinto

error tampoco fue cometido.

                                        IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada. Con relación a la Sentencia Parcial notificada el 7 de mayo

de 2020 y la Orden notificada el 11 de marzo de 2020, resolvemos

que no tenemos jurisdicción para intervenir con dichos dictámenes.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

205 Lopez Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574, 582 (1997).