Court Opinion

ID: 9890324
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:15:25.691209+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:17.632107
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

 Leonor Cortés De Jesús                         REVISIÓN
                                                ADMINISTRATIVA
        Recurrente                              procedente de la
                                                Oficina de Apelación
             v.                 KLRA202300395   del Sistema de
                                                Educación
    Departamento de
       Educación                                Caso Núm.
                                                PASE-2022-00023
         Recurrido
                                                Sobre: Retención

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

      Comparece la parte recurrente, Leonor Cortés De Jesús, (en

adelante, “recurrente” o “parte recurrente”), para solicitarnos que se

revise una Resolución Sumaria dictada y notificada el 28 de marzo

de 2023 por la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (en

adelante, “OASE”) mediante la cual se desestimó la Apelación por

falta de jurisdicción.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Resolución recurrida.

                                    I

      El 9 de septiembre de 2022, la recurrente presentó una

Apelación ante la OASE, por la cual solicitó la eliminación del

expediente una evaluación docente del año escolar 2021-2022 de los

archivos    del    Departamento      de   Educación      (en   adelante,

“Departamento”), del expediente personal de la recurrente y del

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLRA202300395                                                                  2

portal del empleado. En segundo lugar, solicitó que se le ordenara

al Departamento que le extendiera su nombramiento transitorio.1

       Según alegó en el escrito, la recurrente ostentó un puesto

transitorio de maestra de español de educación temprana (nivel

elemental K-3) desde el 19 de mayo de 2022 hasta el 28 de junio de

2022 en la escuela Arístides Cales Quirós del Municipio de

Guayanilla, que pertenece al Departamento de Educación. Alegó

también que, a pesar de cumplir con los requisitos en la Ley Núm.

2-2022, no se le extendió su nombramiento. Asimismo, la recurrente

sostuvo que la directora escolar incumplió con la reglamentación

aplicable     en    torno     al   proceso      de    evaluación       y   que,

consecuentemente, el proceso de evaluación es nulo de su faz y no

debió considerarse para la extensión de su nombramiento. Además,

informó que, el 10 de agosto de 2022, notificada el 11 de agosto de

2022, la Secretaría Auxiliar II de Recursos Humanos emitió una

Certificación en la cual le notificó que no se le extendió su

nombramiento porque obtuvo una evaluación inadecuada, del cual

cuyo documento recurrió.

       Acaecidos diversos incidentes procesales, el 25 de enero de

2023, el Departamento presentó Moción de Desestimación, donde

planteó la falta de legitimación activa, falta de un derecho

propietario sobre su empleo y que la recurrente no expuso una

reclamación que justificara la concesión de un remedio. Por tanto,

solicitó la desestimación del recurso. Así las cosas, mediante Orden

dictada y notificada el 11 de octubre de 2022, la OASE le concedió

un término de veinte (20) días a la recurrente para que mostrara

causa por la cual no debía desestimar el recurso por incumplimiento

con los Artículos 6.1 y 6.2 del Reglamento de la Oficina de

1 Hacemos constar que la Apelación en el expediente del presente recurso se anejó

de manera incompleta, faltando tres (3) páginas. Véase Apéndice del expediente
KLRA202300395, págs. 24-32.
KLRA202300395                                                       3

Apelaciones del Sistema de Educación (OASE), Reglamento Núm.

9099. Transcurrido el término concedido, la recurrente no

compareció en cumplimiento de la referida Orden.

      El 28 de marzo de 2023, notificada en la misma fecha, la

OASE emitió una Resolución Sumaria. La OASE desestimó el recurso

por falta de jurisdicción y decretó su cierre y archivo con perjuicio.

En cuanto a los planteamientos de la Moción de Desestimación, la

OASE los declaró académicos. La OASE señaló que sólo obra en el

expediente la Apelación y copia de una Certificación expedida el 10

de agosto de 2022. En apretada síntesis, la OASE concluyó que la

recurrente presentó el recurso cuando ya no era empleada del

Departamento y no perfeccionó el recurso porque no surge evidencia

de la terminación de su nombramiento antes de su vencimiento. La

OASE razonó que la apelación fue presentada fuera del término de

la Regla 6.1 del Reglamento de OASE debido a que no surgió del

recurso notificación de una determinación del Secretario de no

renovarle su contrato, antes de la fecha de terminación del

nombramiento. Por último, la OASE entendió que el nombramiento

tiene fecha de comienzo y fecha de terminación definida, por lo que

no se evidenció que se haya cancelado antes de su vencimiento y

que dicha cancelación le hubiese brindado jurisdicción a la OASE

para entender el recurso.

      En desacuerdo con el dictamen, el 14 de abril de 2023, la

recurrente presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración.

Expresó que no procedía la severa sanción de desestimación ante

un primer incumplimiento del cual no fue apercibida y no se proveyó

oportunidad de corregir la situación. En adición, alegó haberse

mantenido activamente investigando su caso sopesando los

planteamientos de la Orden, por lo que su primer incumplimiento

surgió por inadvertencia y no por dejadez. En segundo lugar, reiteró

sus planteamientos y adujo que se recurría de la Certificación por el
KLRA202300395                                                         4

incumplimiento de la directora escolar con la reglamentación

aplicable que resultó en la evaluación inadecuada que, en su vez,

obstaculizó la extensión de su nombramiento. En fin, alegó que la

OASE poseía jurisdicción por haberse presentado la Apelación

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días a partir de la

Certificación y que la Certificación era el único documento necesario

por lo cual no procedía incluir documentos adicionales.

      El 17 de mayo de 2023, luego de un término concedido por la

OASE, el Departamento presentó Moción en Cumplimiento de Orden

del 20 de abril de 2023 y Réplica a Moción en Solicitud de

Reconsideración.   Señaló   que    la   recurrente   hizo   alegaciones

generalizadas sin especificar y tampoco proveyó documentación que

sostenga   sus   planteamientos.    En    cambio,    esgrimió   que   el

Departamento realizó y completó el proceso de evaluación requerido,

justificando así la acción de no hacerle extensivo su contrato.

Además, arguyó que la recurrente no utilizó los mecanismos

provistos por el reglamento para refutar el resultado de su

evaluación y sustentar sus planteamientos dentro de los diez (10)

días laborables, contados desde que se completó la visita de

evaluación. Por otro lado, argumentó que la OASE sólo tiene

jurisdicción para revisar determinaciones finales sobre los asuntos

de personal del Departamento, conforme al Artículo 3.01(i) de la Ley

Núm. 85-2018 y el Reglamento de la OASE, y que la recurrente ya

no era empleada del Departamento. En conclusión, solicitó que se

declarara No Ha Lugar a la Moción en Solicitud de Reconsideración y

se mantuviera el dictamen sumario.

      El 22 de mayo de 2023, la recurrente presentó Moción

Solicitando Autorización para Duplicar a Moción en Cumplimiento de

Orden del 20 de abril de 2023 y Réplica a Moción en Solicitud de

Reconsideración. En apretada síntesis, la recurrente disputó que el

Departamento señaló por primera vez las alegaciones generalizadas
KLRA202300395                                                         5

de la recurrente y planteó argumentos no recogidos en pasados

escritos sobre el proceso de evaluación. En cambio, la recurrente

arguyó que la especificidad de las alegaciones surge a partir del

descubrimiento de prueba y luego detalló el proceso de evaluación

que alegadamente se llevó a cabo durante su nombramiento.

        El 23 de mayo de 2023, notificada el mismo día, la OASE

emitió una Resolución Interlocutoria. La OASE dio por cumplida su

Orden y declaró No Ha Lugar a la solicitud de dúplica. La OASE

determinó que la moción “básicamente pretende enmendar la

apelación con nuevos alegatos en la etapa de reconsideración y

aneja documentos que no obran en autos”.2

        El 12 de julio de 2023, la OASE emitió una Resolución en

Reconsideración en la cual declaró No Ha Lugar a la Moción en

Solicitud de Reconsideración. En desacuerdo con el dictamen, el 4 de

agosto de 2023, la recurrente presentó un Recurso de Revisión

Administrativa   ante     este   foro   revisor   con   los   siguientes

señalamientos de error:

        PRIMERO: ERRÓ LA OASE AL RESOLVER QUE NO
        TIENE JURISDICCIÓN PARA ENTENDER EN LA
        APELACIÓN TODA VEZ QUE SE INCUMPLIÓ CON EL
        ARTÍCULO 6.1 DEL REGLAMENTO PROCESAL DE LA
        OASE QUE REQUIERE UNA DETERMINACIÓN FINAL
        QUE FACULTE A LA OFICINA, POR DISPOSICIÓN
        LEGAL Y REGLAMENTARIA A ASUMIR JURISDICCIÓN
        EN EL CASO.

        SEGUNDO: ERRÓ LA OASE AL DETERMINAR QUE
        POR    LA   AQUÍ    RECURRENTE   TENER    UN
        NOMBRAMIENTO       TRANSITORIO   NO    TENÍA
        EXPECTATIVA DE RETENCIÓN AL PUESTO EN EL
        CUAL    FUE   NOMBRADA    CUANDO   LA   AQUÍ
        RECURRENTE CUMPLÍA CON LOS CRITERIOS DE
        ELEGIBILIDAD QUE LE CREÓ UNA EXPECTATIVA DE
        EXTENSIÓN EN SU PUESTO TRANSITORIO POR TRES
        (3) AÑOS ADICIONALES.

        TERCERO: ERRÓ LA OASE AL DECLARAR NO HA
        LUGAR LA MOCIÓN PARA DUPLICAR DE LA PARTE
        RECURRENTE ANTE PLANTEAMIENTOS NUEVOS
        TRAIDOS [sic] POR EL DEPARTAMENTO DE
        EDUCACIÓN EN SU MOCIÓN DE OPOSICIÓN A
        RECONSIDERACIÓN.

2 Id, pág. 58.
KLRA202300395                                                                    6

       Ante la comparecencia y sumisión de los escritos de las

partes, damos por perfeccionado el presente recurso y procedemos

a exponer el derecho aplicable.

                                        II

A. Estándar de Revisión Administrativa

       Las decisiones, órdenes y resoluciones finales emitidas por los

organismos administrativos están sujetas al proceso de revisión

judicial ante el Tribunal de Apelaciones.3 El objetivo principal de la

revisión judicial se enfoca en garantizar que las agencias

administrativas actúen conforme a las facultades concedidas por

ley.4 Constituye una norma reiterada por el Tribunal Supremo de

Puerto Rico que los tribunales apelativos deben conceder deferencia

a las determinaciones de las agencias administrativas por la

experiencia y conocimiento especializado que éstas poseen sobre los

asuntos ante su consideración y que por ley se les ha delegado.5 Por

ello, las determinaciones de las agencias administrativas gozan de

una presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben

respetar mientras que no se presente evidencia suficiente para

superarla o invalidarla.6

       La parte que impugna judicialmente una determinación de

hecho de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para

demostrar que estas no están basadas en el expediente o que las

conclusiones a las que llegó son irrazonables.7 Conforme a lo

dispuesto en la sección 4.5 de la LPAU8, las determinaciones de

hechos de una agencia del Gobierno “se sostendrán si se

3 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 209 DPR 79, 88 (2022).
4 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; Oficina de Ética
Gubernamental v. Martínez Giraud, supra.
5 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, supra; Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Rolón Martínez v. Supte. Policía,
201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).
6 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020).
7 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276–278 (2013); OCS v. Universal,

187 DPR 164, 178–179 (2012).
8 3 LPRA sec. 2175.
KLRA202300395                                                                     7

fundamentan en evidencia sustancial que obre en el expediente

administrativo.”9 A estos fines, el Tribunal Supremo ha establecido

que la evidencia sustancial es “aquella prueba relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”.10 Empero, la aceptación no puede estar sostenida por

un ligero destello de evidencia o por simples inferencias.11

       Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio sobre

la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la

actuación de la agencia, luego de considerar el expediente

administrativo en su totalidad.12 Consecuentemente, la revisión

judicial estará limitada a evaluar si la actuación de la agencia fue

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo así un abuso de

discreción.13 De este modo, el alcance del proceso de revisión se ciñe

a determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la agencia están

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y; 3) si las conclusiones de derecho fueron las

correctas.14

       Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en todos sus aspectos.15 No obstante, la revisión judicial

no equivale a la sustitución automática del criterio e interpretación

del    organismo       administrativo.16        Los     tribunales      revisores

descartarán el criterio de los entes administrativos cuando no se

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el

dictamen administrativo.17 En virtud de ello, los tribunales revisores

9 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
10 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra, citando a Rebollo v. Yiyi Motors,

161 DPR 69, 77 (2004).
11 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.
12 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Torres Rivera

v. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).
13 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.
14 Id., pág. 627.
15 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Capó Cruz

v. Junta Planificación et al., supra.
16 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra.
17 Id.; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.
KLRA202300395                                                                8

descartarán el criterio de la agencia administrativa, en el cual cederá

la deferencia administrativa, sólo cuando la agencia: 1) erró al

aplicar la ley; 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o; 3)

lesionó derechos constitucionales fundamentales.18

         Además, el criterio administrativo no podrá prevalecer cuando

la interpretación estatutaria realizada por una agencia provoque un

resultado incompatible o contrario al propósito para el cual se

aprobó la legislación y la política pública que la promueve.19 En ese

sentido, la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante

actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a

la comisión de una injusticia.20 Por ende, los tribunales tienen que

armonizar, siempre que sea posible, todos los estatutos y

reglamentos administrativos involucrados para la solución justa de

la controversia, de modo que se obtenga un resultado sensato, lógico

y razonable.21

         Por último, en el ejercicio de la función revisora de los

tribunales apelativos, los foros apelativos deben diferenciar entre

asuntos de interpretación estatutaria, del cual los tribunales son

especialistas, y los asuntos propios de la discreción o la pericia

administrativa.22

B. Jurisdicción Administrativa

         La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal o un organismo administrativo para considerar y decidir los

casos que se someten a su consideración.23 Los organismos

administrativos, al igual que los tribunales, no tienen discreción

18 Id.; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra.
19 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, págs. 90-91.
20 Moreno Lorenzo v. Dept. de la Familia, 207 DPR 833, 843 (2021).
21 Id.
22 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; OCS v. Point Guard

Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).
23 DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184

DPR 393, 401 (2012).
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para asumir jurisdicción donde no la hay.24 En el caso de las

agencias administrativas, éstas solo pueden ejercer los poderes

expresamente delegados por su ley habilitadora y aquellos que sean

indispensables para llevar a cabo su encomienda primordial.25 “Por

esta razón, una agencia no puede asumir jurisdicción sobre una

actividad, materia o conducta cuando no está claramente autorizada

por ley para ello”.26

       Por tanto, una decisión dictada por un foro administrativo sin

que este posea jurisdicción sobre las partes o la materia es

jurídicamente inexistente o ultra vires.27

C. Reglamento de la OASE

       La Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada,

conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”28, se

aprobó con el propósito de fijar la nueva política pública del

Gobierno de Puerto Rico en el área de educación; revisar y

desarrollar,     mediante       consenso      y    estudio     crítico-reflexivo-

investigativo, el nuevo marzo filosófico que fundamentará el sistema

de enseñanza en Puerto Rico.29 Mediante este estatuto se creó la

Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE), como la

entidad encargada de revisar las determinaciones finales relativas a

los asuntos del personal del Departamento de Educación.

       Para instrumentalizar el articulado de la ley citada, se aprobó

el Reglamento de la Oficina de Apelaciones del Sistema de

Educación, Reglamento Número 9099, aprobado el 29 de mayo de

2019 (en adelante, “Reglamento”). Este Reglamento tiene el

propósito de “establecer el proceso que debe seguirse para la

presentación de una apelación ante la oficina y el adecuado manejo

24 DACo v. AFSCME, supra.
25 López Nieves v. Méndez Torres, 178 DPR 803 (2010).
26 DACo v. AFSCME, supra.
27 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 (1999).
28 3 LPRA § 9801 et seq.
29 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, 3 LRPA §

9801 et seq.
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y trámite de dicho recurso por parte de ésta”.30 El Reglamento

establece la jurisdicción de la OASE de la siguiente forma:

      ARTÍCULO 4 – JURISDICCIÓN

      Este Reglamento aplicará a todas las apelaciones
      presentadas por aquellos empleados no sindicados
      del Departamento de Educación inconformes con una
      resolución, orden o determinación final sobre asuntos
      de personal a quienes les aplique la Ley Número 8 del 4
      de febrero de 2017, conocida como la “Ley para la
      Administración y Transformación de los Recursos
      Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” y el
      Reglamento. (Énfasis Nuestro).

      Además, el Artículo 6.1 dispone lo siguiente en cuanto al

término aplicable para la presentación de la apelación:

      ARTÍCULO 6.1 – PRESENTACIÓN DE LA APELACIÓN

      (a) Término para presentar la apelación: las
      apelaciones contra una resolución, orden o
      determinación final emitidas por el(la) Secretario(a) se
      presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
      (30) días contados desde la fecha de la notificación de
      la determinación final al empleado.

      Una determinación final es “el escrito firmado por el(la)

Secretario(a) o su representante autorizado y notificado a un

empleado en el cual se le informa una acción disciplinaria en la que

se le imputa la comisión de alguna violación a una ley o

reglamento”.31

      Por otro lado, el Reglamento en su Artículo 6.2 establece que

“[c]ualquier documento que sea mencionado en la Apelación deberá

ser incluido como un anejo a dicho escrito, con excepción de las

leyes, reglamentos y jurisprudencia mencionados en la Apelación

para los cuales se incluirá la cita legal correspondiente”.

D. Expectativa de retención de empleo

      Como regla general, un empleado público goza de un derecho

propietario sobre su empleo, por lo que se le reconoce un interés de

30  Artículo 3 del Reglamento de la Oficina de Apelaciones del Sistema de
Educación, Reglamento Número 9099.
31 Id, Artículo 5.5.
KLRA202300395                                                                 11

retención respecto a este. Ello ocurre particularmente en el caso de

los empleados de carrera o en aquellos casos en que las

circunstancias del empleo hagan que la ley les reconozca una

expectativa de continuidad en el empleo.32 Lo anterior implica que

un empleado de carrera no puede ser removido de su puesto sin

justa causa y sin un debido proceso de ley o contractual.33

       En el caso específico de los empleados transitorios, el Tribunal

Supremo les ha reconocido una expectativa de retención en el

empleo, pero limitada al término de su nombramiento.34 O sea, que

los empleados transitorios no gozan de derecho a permanecer

en el puesto, ni tienen una expectativa legítima de retenerlo,

una vez vencido el nombramiento.35

       Los    puestos     transitorios     confieren    a    las   agencias   y

corporaciones públicas la flexibilidad necesaria para atender las

demandas de capital humano con carácter inmediato, pero a la vez

temporero, surgidas por situaciones imprevistas o de emergencias,

las cuales no pueden afrontarse con el capital humano regular.36

Toda vez que los empleados transitorios no gozan de una expectativa

de continuidad en sus puestos, más allá del término para el que

fueron designados, una entidad no está obligada a renovar un

contrato transitorio si ha finalizado su vigencia.37 Si al vencer el

término del nombramiento no se le extiende al empleado un nuevo

nombramiento, no estamos ante una suspensión o destitución sino

ante una cesantía.38

       De manera que es solo durante la vigencia del nombramiento

que la autoridad nominadora viene obligada a seguir “ciertos

32 Depto. Recs. Naturales v. Correa, 118 DPR 689, 693 (1987).
33 Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 81 (2006).
34 Depto. Recs. Naturales v. Correa, supra, pág. 697.
35 SLG Giovanetti v. ELA, 161 DPR 492, 510 (2004).
36 Depto. Recs. Naturales v. Correa, supra, pág. 694.
37 Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227, 243-244 (1992); Depto. Recs. Naturales v.

Correa, supra, pág. 697.
38 Martínez v. Colom, Comisionado, 51 DPR 417, 421 (1937).
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procedimientos para privar al empleado de su empleo, de forma que

se cumpla con el debido proceso de ley”.39 Así pues, vencido el

término del nombramiento transitorio, la autoridad nominadora no

está obligada a aplicar el principio de mérito, ni a demostrar justa

causa para no renovar el contrato.40

                                        III

       La recurrente acude ante nos señalando que, como primer

error, la OASE incidió al desestimar y ordenar el cierre y archivo de

la Apelación por falta de jurisdicción ante incumplimiento con el

Artículo 6.1 y 6.2, toda vez que ya no era empleada del

Departamento cuando presentó su recurso y no existía evidencia de

que su nombramiento transitorio hubiera sido cancelado previo a su

vencimiento el 28 de junio de 2022. Colegimos que no le asiste la

razón y que la OASE no tenía jurisdicción para atender su recurso.

       La recurrente ostentó su puesto transitorio hasta el 28 de

junio de 2022 y presentó la Apelación en la fecha del 9 de septiembre

de 2022, más de dos (2) meses de vencido su nombramiento y

cuando ya no era empleada del Departamento. La recurrente indica

que recurre de la Certificación, emitida el 10 de agosto de 2022 y

notificada al día siguiente, en la cual se le notificó que no se le

extendería su nombramiento por evaluación inadecuada y que, ante

ello, la OASE posee jurisdicción. Asimismo, la recurrente impugna

su evaluación inadecuada mediante la Apelación y solicita que se

remueva la evaluación inadecuada de su expediente para que,

consiguientemente, se le extienda su nombramiento transitorio.

       Primeramente,         la    Certificación        no   constituye   una

determinación final de la cual pueda recurrirse ante la OASE y que

la misma otorgue jurisdicción sobre ello. La Certificación no tiene el

propósito de informarle de una acción disciplinaria en la que se le

39 SLG Giovanetti v. ELA, supra, págs. 506-507.
40 Depto. Recs. Naturales v. Correa, supra, pág. 697.
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imputa la comisión de alguna violación a una ley o reglamento, como

lo requiere el Artículo 5.5 del Reglamento de la OASE. La

Certificación sólo sirve para informarle que su nombramiento no fue

extendido por evaluación inadecuada, acto que el Departamento no

tiene la obligación de hacer al vencer un nombramiento.

      Cabe destacar que, según surge de las alegaciones, la

recurrente conocía de los resultados de su evaluación desde el 9 de

junio de 2022, cuando se subió al portal la visita sumativa y no las

impugnó dentro de los diez (10) días laborables dispuestas en la

Carta Circular del 22 de noviembre de 2021.41 Contrario a las

alegaciones de la recurrente, del expediente no se evidencia que se

incumplió con el proceso de evaluación, por lo que la recurrente tuvo

oportunidad para impugnarlo. Por tanto, la recurrente no puede

pretender que la Certificación reviva su derecho a impugnar su

evaluación, habiendo tenido la oportunidad para ello durante la

vigencia de su nombramiento.

      Señalamos que, una vez venció el nombramiento, la

recurrente no poseía un derecho propietario sobre su empleo ni

tenía una expectativa legitima de retención de su empleo, según ha

establecido nuestra jurisprudencia. Tampoco tenía el Departamento

la obligación de justificar ni notificar por escrito la terminación del

contrato cuando la misma tiene fecha de inicio y fecha de

vencimiento. Por ende, la Certificación tampoco puede utilizarse

para vindicar un derecho que la recurrente nunca poseyó.

       Por último, el Artículo 4 del Reglamento de la OASE establece

que el Reglamento aplicará a aquellos recursos presentados por

empleados    no    sindicados    del   Departamento     de   Educación.

Recalcamos que la recurrente no era empleada del Departamento al

presentar su Apelación. Es decir, la OASE estaba privada de

41Carta Circular del 22 de noviembre de 2021 sobre Evaluación del Personal
Docente y Docente Administrativo durante el Año Escolar 2021-2022.
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jurisdicción para considerar la Apelación por el hecho de que la

recurrente no era empleada del Departamento al presentar el

recurso. Distinto hubiese sido si se hubiese presentado el reclamo

dentro de los treinta (30) días a partir del vencimiento de su

nombramiento o durante su vigencia. Empero, no estamos ante

ninguno de los casos anteriores. Ante la falta de jurisdicción de la

OASE, no amerita resolver en sus méritos los otros dos (2)

señalamientos de error.

                                IV

      Por los fundamentos antes expresados, se confirma la

Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones