Court Opinion

ID: 9952283
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:36:52.217861+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:32.408962
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

 PRADERAS DE NAVARRO                                    Apelación
SHOPPING CENTER CORP.                                   procedente del
                                                        Tribunal de Primera
           Apelada                                      Instancia, Sala
                                                        Superior de Caguas
              v.

   PRECISE BALANCING
TECHNIQUES, INC. H/N/C                  Caso Núm.:
  ECO PLUS; ECO PLUS                    GR2018CV00041
      CORP., SR. ERIC     KLAN202200934
   RODRÍGUEZ RIVERA
  garantizador solidario,
  SRA. BRENDA PIÑERO                    Sobre:
    LUGO garantizadora                  Desahucio y
 solidaria y LA SOCIEDAD                Cobro de Dinero
LEGAL DE GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS

         Apelantes

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, el Juez
Rodríguez Flores y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

       Comparece Precise Balancing Techniques, Inc. (Precise), el

señor Eric Rodríguez Rivera (señor Rodríguez Rivera); la señora

Brenda Piñero Lugo (señora Piñero Lugo) y la Sociedad Legal de

Gananciales (SLG) compuesta por ambos (en conjunto, apelante)

para solicitarnos la revisión de la Sentencia, emitida el 25 de

noviembre de 2019, y notificada el 12 de septiembre de 2022, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en

adelante, TPI). Mediante el dictamen apelado, el foro primario

declaró Ha Lugar la Demanda sobre cobro de dinero. Sobre dicho

dictamen, la parte apelada solicitó de forma oportuna una

reconsideración y producto de esta el foro primario enmendó su

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
del Hon. Félix Figueroa Cabán.
Número Identificador

SEN2024______________
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Sentencia, emitiendo su dictamen en reconsideración mediante la

Sentencia emitida el 5 de octubre de 2022, notificada al día

siguiente.

       Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia apelada.

                                         I

       El 24 de abril de 2018, se presentó una Demanda en la cual

Praderas de Navarro Shopping Center Corp. (en adelante, Praderas

y/o apelada) presentó una Demanda de Desahucio y Cobro de

Dinero contra la parte apelante.2 Adujo ser dueña del centro

comercial Praderas, localizado en San Lorenzo. Expresó que,

mediante un contrato suscrito y juramentado, le arrendó a Precise,

así como al señor Rodríguez Rivera y a la señora Piñero Lugo, cada

uno en su carácter de garantizador solidario y por espacio de cinco

(5) años, el local comercial número uno (1) ubicado en el referido

centro comercial. Arguyó que el canon de arrendamiento era de

$1,793.85 mensuales. Conforme surge de las alegaciones, el

contrato de arrendamiento venció el 31 de mayo de 2015, sin que se

hubiese renovado el mismo, por lo que mantenía una vigencia

automática de mes a mes. Alegó que la parte apelante incumplió con

el pago del canon de arrendamiento, por lo que incumplió con el

contrato, adeudando $49,038.24, cuya deuda estaba vencida era

líquida y exigible, así como que hicieron gestiones de cobro las

cuales resultaron infructuosas. Expuso que, dado el incumplimiento

la parte apelante, venía, además, obligada a pagar intereses

equivalentes al 5.25%, desde la fecha en que se declaró vencida la

deuda, hasta su pago total. Además, expresó que, conforme a los

términos y condiciones del contrato, tenía derecho a cobrar gastos y

honorarios de abogado, por haber tenido que recurrir al Tribunal a

2 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-4.
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reclamar el pago. En la Demanda, solicitaron al foro primario que

ordenara el desahucio de la parte apelante del local en cuestión, así

como el pago de los $49,038.24, más las sumas que se acumularan

hasta el desalojo de la propiedad, los intereses a razón del 5.25%

pactado hasta el pago total, así como la suma de $10,000.00 por

concepto de gastos y honorarios de abogado.

        Subsiguientemente, el 1 de mayo de 2018, se celebró una

vista. Producto de la referida vista y en esa misma fecha, el foro

primario emitió una Sentencia Parcial por Estipulación.3 De la

Sentencia Parcial se desprende lo siguiente:

        Las partes informaron al tribunal sobre el acuerdo
        alcanzado en cuanto al desahucio. La parte demandada
        se compromete a pagar en un plazo no mayor de quince
        (15) días la cantidad de diez mil ($10,000.00) dólares,
        cantidad que será acreditada a la deuda. La parte
        demandante le concede un término de tres (3) meses
        para desalojar la propiedad. Se establece que para el 01
        de agosto de 2018 la parte demandada tiene que haber
        completado el proceso de desalojo. De la parte
        demandada incumple [sic] con los cánones de
        arrendamiento, la parte demandante solicitará su
        lanzamiento. ---------------------------------------------------
        En vista de lo anterior, este tribunal imparte su
        aprobación y dicta sentencia de conformidad al acuerdo
        de las partes en cuanto al desahucio. ---------------------
        En cuanto al cobro de dinero, se señala Juicio en su
        Fondo para el 12 de junio de 2018, a las 9:00 de la
        mañana. -------------------------------------------------------4

        Así las cosas, el 2 de julio de 2018, Precise presentó su

Contestación a la Demanda.5 En general, negó prácticamente todas

las alegaciones e incluyó defensas afirmativas. En la referida

contestación, Precise alegó haber recibido una gestión de cobro de

manera extrajudicial, pero adujo no haber recibido respuesta de la

parte apelada.6 Se desprende de los autos que, tanto al señor

Rodríguez Rivera, a la señora Piñero Lugo, así como a la SLG

compuesta por ambos, se les anotó la rebeldía.

3 Id., a las págs. 20-21.
4 Id., a la pág. 20.
5 Id., a las págs. 24-25.
6 Id., a la pág. 25.
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        Luego de varios incidentes innecesarios detallar, el 22 de

octubre de 2019, se presentó el Informe de Conferencia con

Antelación a Juicio.7 Luego, el 25 de noviembre de 2019, se celebró

el juicio en su fondo. Previo a iniciar con el desfile de la prueba, el

Tribunal autorizó el desistimiento voluntario de la parte apelada

contra ECO Plus, Corp.8 La prueba testimonial de la parte apelada

consistió en el testimonio de la señora Zailise Pagesy Roussel,

mientras que el de la parte apelante consistió en el de la señora

Piñero Lugo. Por su parte, la prueba documental recibida consistió

en la copia del contrato de arrendamiento, el cual quedó marcado

como Exhibit 1 por estipulación de las partes y un estado de

cuenta,9 marcado como Exhibit 1 de la parte apelada. Durante el

juicio en su fondo, ambas partes tuvieron la oportunidad de

interrogar y contrainterrogar a las testigos. Quedando el caso

sometido, el 25 de noviembre de 2019, el TPI emitió su Sentencia, la

cual fue notificada el 12 de septiembre de 2022.10 En ella, el tribunal

apelado declaró Ha Lugar la Demanda y ordenó a la parte apelante

a satisfacer a la parte apelada la suma de $14,444.11 por concepto

de suma principal.11 Conforme se desprende de la Sentencia, el foro

primario emitió la siguiente expresión:

        El Licenciado Rodríguez Beltrán reconoce que existe
        una deuda, pero entiende que es de $24,444.11 a los
        cuales se le debe adjudicar $10,000 que obra en la
        Sentencia Parcial, reduciendo la deuda a $14,444.11.12

        Inconforme con el curso decisorio del foro primario, el 28 de

septiembre        de    2022,   Praderas     presentó     una     Moción     de

7 Id., a las págs. 158-177.
8 Id., a la pág. 198.
9 Intitulado “Praderas de Navarro Shopping Center Transaction List by Customer”.
10  Apéndice de la parte apelante, a la pág. 187. De la Sentencia emitida se
desprende que el dictamen fue reducido a escrito el 8 de septiembre de 2022.
Según se desprende del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos,
(SUMAC), a la fecha en que se emitió la Sentencia reducida a escrito el 8 de
septiembre de 2022, y al presente, la jueza que preside los asuntos relacionados
a este caso es la Hon. Myrna E. Ayala Díaz. Conforme al registro de asignaciones
del SUMAC, la asignación del caso a la referida juez es del 24 de mayo de 2022.
11 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 187.
12 Id., a la pág. 187.
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Reconsideración.13 Adujo que la Sentencia debía ser reconsiderada

fundamentando su solicitud en que la determinación no estaba

sustentada en la prueba que obraba en el expediente y solo

respondía a las expresiones de uno de los abogados de las partes las

cuales no constituían prueba admisible en evidencia.14 En su

escrito, Praderas solicitó que enmendara la Sentencia emitida y

determinara expresamente la responsabilidad solidaria de la parte

apelante; se enmendara conforme a la prueba la deuda de los

codemandados la cual ascendía al momento del juicio a $37,938.24;

y que se impusiera el pago de intereses a una tasa del 6.50%; y se

impusiera a la parte apelante el pago de las costas, gastos y

honorarios de abogado.

       En respuesta a la solicitud de reconsideración, el foro

primario reconsideró, por lo que emitió una nueva Sentencia. Esta

Sentencia, objeto de esta revisión judicial, fue emitida el 5 de octubre

de 2022, notificándose al día siguiente.15 En ella, el tribunal a quo:

(i) incluyó en su dictamen la autorización del desistimiento contra

ECO Plus corp.; (ii) determinó que Precise, el señor Rodríguez Rivera

y la señora Piñero Lugo eran deudores solidarios y les impuso el

pago de $37,938.24 por concepto de cánones de arrendamiento

vencidos y no pagados; (iii) les impuso el pago de los intereses sobre

la suma adeudada ($37,938.24) a razón del 5.25%, sin que excediera

la tasa de interés máxima permitida en Puerto Rico computados

desde el vencimiento de la deuda hasta su saldo total; y (iv) ordenó

el pago de $10,000.00 por concepto de costas, gastos y honorarios

de abogado según reclamados en la Demanda, obligación pactada

en el contrato de arrendamiento.16 Como parte del dictamen emitido,

13 Véase, In re Medidas Jud. Huracán Fiona, 210 DPR 609 (2022), sobre extensión

de términos.
14 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 191-192.
15 Id., a las págs. 197-204.
16 Id., a las págs. 203-204.
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la primera instancia consignó las siguientes determinaciones de

hechos:

                DETERMINACIONES DE HECHOS

          1. La parte demandante es dueña del centro
             comercial conocido como Praderas Shopping
             Center, el cual consta de varios locales
             comerciales.

          2. El 17 de marzo de 2010, la parte demandante
             como arrendador (Lessor), Precise Balancing
             Techniques, Inc. como arrendadora (Lessee) y los
             codemandados Eric Rodríguez Rivera y Brenda
             Piñero Lugo como garantizadores (Guarantors),
             suscribieron un Contrato de Arrendamiento
             sobre el local identificado como el número 1 del
             centro comercial de la parte demandante. Este
             Contrato fue suscrito y juramentado ante Notario
             Público.

          3. La Sra. Brenda Piñero Lugo reconoció que el
             Contrato de Arrendamiento contenía su firma e
             iniciales y que el codemandado Eric Rodríguez
             Rivera era su esposo y firmó de igual forma el
             contrato.

          4. El Artículo A, Inciso 3 del Contrato            de
             Arrendamiento sobre fechas establece            lo
             siguiente:

            “3. Dates
            a. Rent Start Date is June 1st, 2010, is the date on
               which the first payment of is due.
            b. “Delivery Date” means the date on which Lessor
               makes the premises available to Lessee, which
               shall be the signing date of this agreement[.]
            c. “Term” shall mean the period commencing on
               the Effective Date and ending on the date
               specified in a notice of termination given
               pursuant to this Lease Agreement. This Lease
               Agreement shall commence on the Effective Date
               and continue in effect until the last date of the
               calendar month in which the Effective Date
               occurs. This Lease Agreement shall be
               automatically renewed thereafter for periods of
               one (1) month each, unless terminated earlier, as
               provided in the following paragraph or in Section
               C.6[.]
            d. “Termination Date: means the date of
               termination which is May 31, 2015.
            e. “Effective Date”; The date on which this Lease
               Agreement is duly signed by both parties.”

          5. Según los términos del Contrato, a partir del 31
             mayo de 2015, este continuó con una vigencia
             automática de mes a mes hasta el 31 de julio de
             2018. [nota omitida]
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       6. El Artículo A, Inciso 4 del Contrato de
          Arrendamiento establece lo siguiente:
          “4. The Basic Rent and other charges shall be
          $1,793.85, fixed during the term of this lease,
          payable on the first day of each month and
          includes Common Area Maintenance (Waste
          Management, Parking, Public Lightning, etc.)
          charges. All Utilities (Electricity, water, etc.) and
          applicable taxes, including property tax, pro rata
          squared feet distribution, will be paid by Lessee.”

       7. El Artículo C sobre términos y condiciones
          generales (General Term and Conditions) del
          Contrato de Arrendamiento en su Inciso 4 sobre
          pagos, establece lo siguiente:

          “4. Payment.

          (a) Lessee shall pay Lessor the amounts set forth
              in Section A.4, without notice or demand, on
              or before the first day of each month, not to
              exceed ten (10) natural days, commencing on
              the Rent Start date. All amounts due shall be
              paid al Lessor’s main office or at such other
              location as Lessor may specify, by check or
              money order (or certified check if required by
              Lessor).
          (b) Lessee shall pay lease deposit in the amount
              of $3,587.77, to be paid at signage of this
              agreement. This deposit will be held by the
              Lessor during the term of this lease and shall
              be returned in the event that this agreement
              upon termination is not renewed and no
              balances or applicable charges are due by
              Lessee upon termination.
          (c) If Lessee shall fail to make any payment to
              Lessor when due, Lessee shall pay Lessor
              interest on any overdue amount equal to 4%
              points above the prime rate, not to exceed the
              maximum interest rate allowed by law in
              Puerto Rico, from the date amount is due until
              it is paid.
          (d) Lessee shall pay Lessor all amounts then owed
              by Lessee to Lessor, whether for damage to the
              Premises or Shopping Center or otherwise,
              including, without limitation, amounts for
              which Lessee is liable or with respect to which
              Lessee has agreed to indemnify Lessor under
              any of the provisions of this License
              Agreement, which then may be owing or
              unpaid, and all cost and expenses, including
              court cost and attorney’s fees incurred by
              Lessor in the enforcement of its rights and
              remedies hereunder.”

       8. El Artículo C, Inciso 14 sobre garantías del
          Contrato de Arrendamiento establece lo
          siguiente:
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         “14.    Guaranty:     Guarantor     absolutely,
         unconditionally, and irrevocably guarantees lo
         Landlord:

         (a) The full and prompt payment when due,
             whether upon acceleration or otherwise, and
             at all times thereafter, of any and all rentals,
             debts and obligations of Tenant for the
             payment of money, however created, arising
             or evidenced, whether direct or indirect,
             absolute or contingent, now or hereafter
             existing, due or to become due, know or
             unknown to Guarantor at the time of the
             execution of this Guaranty, including,
             without limitation, all rent, late fees, rent
             adjustments, payments in respect of real
             estate taxes, assessments, governmental
             charges, premiums for insurance policies,
             amounts required to discharge mechanics
             and material men’s liens and claims
             therefore, and any other sums which may
             now be or hereafter become due by Tenant
             under the Lease;
         (b) The payment of all Enforcement Cost (as
             hereafter defined); and
         (c) The full, complete and punctual observance,
             performance and satisfaction of all covenants,
             terms, conditions, obligations, duties and
             agreements of Tenants under the lease.
         All amounts due and debts, described in
         paragraph four d (4 d) and five (5) are referred to
         herein as the “Liabilities”. All obligations
         described in paragraph four a (4 a), four b (4 b)
         and six (6) are referred to herein as the
         “Obligations”.

       9. Los codemandados Eric Rodríguez Rivera y
          Brenda Piñero Lugo son garantizadores y
          deudores absolutos y solidarios ante la parte
          demandante y responden por todas las
          obligaciones asumidas por Precise.

     10. La testigo Zailise Pagesy Roussel, contadora de
         Praderas, a quien este Tribunal dio entrera [sic]
         credibilidad, declaró que a la fecha del juicio la
         parte demandada adeudaba a Praderas la suma
         de $37,938.24 por concepto de cánones de
         arrendamiento vencidos y no pagados. [nota
         omitida]

     11. La parte demandante realizó gestiones de cobro a
         la parte demandada sin que estos hubiesen
         emitido los pagos correspondientes.

     12. La testigo Zailise Pagesy Roussel, declaró que el
         Contrato de Arrendamiento no había sido
         enmendado o modificado de conformidad con sus
         propios términos.
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          13. El Artículo C, Inciso 13 del Contrato             de
              Arrendamiento       sobre       enmiendas          o
              modificaciones establece lo siguiente:

                “13. Entire Agreement; Modifications: All prior or
                contemporaneous          understandings         and
                agreements, oral o [sic] written, made between the
                parties are merged in this Lease Agreement. No
                modification or amendment of this Lease
                Agreement or of any of its conditions or provisions
                shall be binding upon Lessor unless in writing
                signed by both Lessor and Lessee.

          14. La Sra. Brenda Piñero Lugo admitió no haber
              firmado documento sobre modificación o
              enmienda del contrato.

          15. La parte demandada no presentó evidencia ni
              recibo de pago de la deuda reclamada por la parte
              demandante.

          16. La deuda ascendente a $37,938.24 está vencida,
              es líquida y exigible.

        Inconforme, el 20 de octubre de 2022, la parte apelante

presentó Moción en Solicitud de Reconsideración y Determinaciones

de Hechos y Conclusiones de Derecho (Regla 47 y 43 de

Procedimiento Civil) sobre la Sentencia notificada el 6 de octubre de

2022,17 la cual fue denegada mediante Orden emitida el 23 de

octubre de 2022.18

        En desacuerdo, el 23 de noviembre de 2022, la parte apelante

presentó Alegato en Apelación mediante el cual esgrimió la comisión

de los siguientes tres (3) errores:

   (1) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA   AL    ACTUAR    MEDIANDO     ERROR
       MANIFIESTO[,] PERJUICIO Y PARCIALIDAD AL EMITIR
       UNA SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN QUE NO SE
       SOSTIENE EN LA PRUEBA PRESENTADA EN EL
       RÉCORD.

   (2) ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL NO APLICAR A LA DEUDA LA SUMA DE
       $10,000.00 PAGADA POR PRECISE BALANCING
       TECHNIQUES[,] INC. COMO PARTE DE UN ACUERDO
       TRANSACCIONAL[.]

   (3) ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA  AL   IMPONER PARTIDAS  SOBRE
       HONORARIOS,   INTERESES  Y  HACER   UNA

17 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 205-221.
18 Id., a la pág. 239.
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       DETERMINACIÓN DE SOLIDARIDAD, SOBRE UN
       CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE NO TAN SOLO
       VENCIÓ[,]  SINO   QUE   FUE  OBJETO    DE
       MODIFICACIÓN EXTINTIVA.

       Luego de que la parte apelante presentara la transcripción de

la prueba oral (en adelante, TPO), la parte apelada presentó sus

objeciones, sobre lo cual este Tribunal tomó conocimiento. Por otro

lado, el 28 de abril de 2023, la parte apelada presentó Alegato de la

Parte Apelada.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procederemos a exponer el derecho aplicable.

                                        II

   A. Apelación Civil

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil,19

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.20 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.21 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

19 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
20 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
21 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
KLAN202200934                                                                    11

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.22 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.23 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

    B. Teoría General de los Contratos y el Contrato de
       Arrendamiento

         Bajo nuestro crisol doctrinario, “[l]as obligaciones nacen de la

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”.24 Dichas obligaciones contractuales tienen fuerza de

ley entre las partes y deben cumplirse según lo pactado.25 En

nuestro ordenamiento jurídico, rige el principio de libertad de

contratación.26 Las partes contratantes, bajo el principio de

autonomía contractual, pueden establecer los pactos, cláusulas y

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean

contrarios a la ley, a la moral, ni al orden público.27

         Por lo tanto, una vez perfeccionado un contrato con el mero

consentimiento, las partes que lo suscriben están sujetas, a hacer

valer el cumplimiento de lo pactado, y a todas las consecuencias que

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.28

Para que se considere que existe un contrato se requiere que

concurran tres (3) requisitos: (i) consentimiento de los contratantes,

(ii) un objeto cierto que sea materia del contrato, y (iii) la causa de

22 32 LPRA Ap. V, R. 47.
23 Id.
24 31 LPRA § 2992, Art. 1042.   El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado
por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia únicamente al
Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia que nos
ocupa.
25 31 LPRA § 2994, Art. 1044.
26 Oriental Finance v. Nieves, 172 DPR 462, 470 (2007).
27 31 LPRA § 3372, Art. 1207; Oriental Finance v. Nieves, Id., 470-471; Vélez v.

Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004).
28 31 LPRA § 3375, Art. 1210; Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR

686, 693 (2008).
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la obligación que se establezca.29 Es menester destacar, que la regla

en cuanto a la interpretación contractual es que, si los términos de

un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los

contratantes o ambigüedades, se estará al sentido literal de sus

cláusulas.30

       En lo que respecta a los contratos de arrendamiento, éstos

pueden ser de cosas, obras o servicios.31 Cuando se pacta un

contrato de arrendamiento de una cosa, una de las partes se obliga

a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y

a un precio cierto.32 Conforme a ello, cuando el arrendamiento se ha

hecho por tiempo determinado, finaliza el día prefijado sin necesidad

de requerimiento. 33 Dentro de las obligaciones del arrendatario, éste

se encuentra obligado a pagar el precio del arrendamiento en los

términos convenidos, a pagar los gastos que ocasione la escritura

del contrato, asimismo, destinándola al uso pactado.34

   C. Cobro de Dinero

       Conforme se mencionó previamente, en Puerto Rico rige el

principio de la libertad de contratación, en el cual las partes

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones

que tengan por convenientes, siempre que las mismas no sean

contrarias a la ley, la moral y el orden público.35 Sabido es que, a

partir del perfeccionamiento de un contrato, las partes quedan

obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las

consecuencias que se deriven del mismo, ello conforme a la buena

fe, al uso y a la ley.36 Por ende, cuando un contrato es legal, válido

y carente de vicios del consentimiento, éste constituye la ley entre

29 31 LPRA § 3391, Art. 1213.
30 31 LPRA § 3471, Art. 1233; CFSE v. Unión de Médicos de la CFSE, 170 DPR

443, 450 (2007); Rivera v. Rivera, 168 DPR 193, 212 (2006); Trinidad v. Chade,
153 DPR 280, 289 (2001).
31 31 LPRA § 4011, Art. 1432.
32 31 LPRA § 4012, Art. 1433.
33 31 LPRA § 4062, Art. 1455.
34 31 LPRA § 4052, Art. 1445.
35 31 LPRA § 3372, Art. 1207.
36 31 LPRA § 3375, Art. 1210.
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las partes, y debe cumplirse a tenor del mismo.37 En una demanda

de cobro de dinero por incumplimiento contractual, el Artículo 1054

del Código Civil de 1930,38 sujeta a aquellos que de alguna manera

contravengan a sus obligaciones a la indemnización de los daños y

perjuicios causados; entiéndase, que bajo este supuesto, todo

incumplimiento contractual dará lugar a un resarcimiento. Las

acciones ex contractu se cimientan en la vulneración de un deber

que surge de un contrato, y tienen por objeto que se cumplan las

promesas sobre las cuales las partes otorgaron su consentimiento.

Así pues, para que proceda la acción de cobro de dinero, debe haber

existido un acuerdo de voluntades que genere una obligación

producto de ese convenio, creando una expectativa a base a la cual

las partes actuaron.39

         La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita

en las recíprocas, en el caso de incumplimiento de uno de los

obligados.40 La parte perjudicada podrá escoger entre exigir el

cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento

de daños y abono de intereses en ambos casos; también podrá pedir

la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento de

éste resultar imposible.41 Las obligaciones para cuyo cumplimiento

se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando ese día

llegue, siendo el día cierto aquel que necesariamente ha de venir,

aunque se ignore cuando.42 Por último, la compensación tendrá

lugar cuando dos personas sean recíprocamente acreedoras y

deudoras una de la otra;43 y se efectuará cuando las deudas estén

vencidas, sean líquidas y exigibles.44

37 31 LPRA § 2994, Art. 1044.
38 31 LPRA § 3018, Art. 1054.
39 Trinidad v. Chade, supra, 290.
40 31 LPRA § 3052, Art. 1077.
41 Id.
42 31 LPRA § 3061, Art. 1078
43 31 LPRA § 3221, Art. 1149.
44 31 LPRA § 3222, Art. 1150.
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   D. La Solidaridad Contractual

       Conforme al derogado Código Civil de 1930, “[l]a concurrencia

de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola

obligación implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir

ni cada uno de éstos deba íntegramente las cosas objeto de esta [;]

solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo

determine, constituyéndose con el carácter de solidaria”.45

       Sobre este tema, el Alto Foro se ha expresado en torno a que

las obligaciones pueden ser clasificadas de acuerdo a los sujetos que

componen la relación; a causa de ello, existen obligaciones

mancomunadas y solidarias.46 En las obligaciones mancomunadas,

la deuda puede ser dividida, y cada deudor cumplir con su parte de

forma independiente; mientras que, en las obligaciones solidarias,

cada acreedor tiene derecho a pedir y cada deudor tiene el deber de

realizar íntegramente la prestación debida.47 Por otro lado, la

solidaridad no se presume, pues el Artículo 1090 48 del Código Civil

de 1930 establece la mancomunidad como la regla, y la solidaridad

como la excepción, surgiendo esta última sólo cuando la obligación

expresamente lo determine.49 Cada uno de los acreedores solidarios

puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea

perjudicial; las acciones ejercitadas contra cualesquiera de los

deudores solidarios perjudicaran a estos.50

       Finalmente, nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que para

que exista solidaridad contractual, ésta (i) se debió haber pactado

expresamente, o; (ii) debe surgir claramente del contenido del

contrato en cuestión, que la relación entre las partes se constituyó

45 31 LPRA § 3101, Art. 1090.
46 Fraguada Bonillla v. Auxilio Mutuo, 186 DPR 365, 375 (2012).
47 Id., citando a J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, 10ma ed., Madrid, Ed.

Reus, 1967, T. III, pág. 107.
48 31 LPRA § 3101, Art. 1090.
49 Fraguada Bonillla v. Auxilio Mutuo, supra.
50 31 LPRA § 3105, Art. 1094.
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con carácter solidario.51 La solidaridad es una excepción en el

régimen de las obligaciones contractuales; cuya obligación no puede

ser considerada solidaria, salvo que emane de manera evidente del

contrato.52

    E. Los Honorarios y el Interés Legal

         La Regla 44 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo

relativo a costas, honorarios de abogado e interés legal. La Regla

44.1(a) de las Reglas de Procedimiento Civil estipula que:

         Las costas se concederán a la parte a cuyo favor se
         resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o
         revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga
         lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que
         podrá conceder el tribunal son los gastos en que se
         incurra necesariamente en la tramitación de un pleito o
         procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su
         discreción, estima que una parte litigante debe
         reembolsar a otra.53

         No obstante, lo anterior, como norma general, se ha

determinado       que    cuando    existe    un    pacto    de    honorarios,

independiente de su naturaleza, aplica el principio de pacta sunt

servanta.54 Esto debido a que, según establece el Artículo 1044 del

Código Civil de 1930,55 los contratos tienen fuerza de ley entre las

partes, y las disposiciones y obligaciones allí esbozadas deben

cumplirse al tenor de estos.

    F. Interés por Mora

         El Artículo 1053 del Código Civil de 1930 dispone que un

obligado a entregar o hacer una cosa, incurre en mora desde que el

acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su

obligación.56 Cuando dicha obligación consista en el pago de una

cantidad de dinero y el deudor incurra en mora, la indemnización

51 General Accd. Ins. Co. PR v. Ramos, 148 DPR 523, 537 (1999).
52 Id.
53 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (a).
54 Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez et al., 206 DPR 261, 272 (2021); Blanco Matos

v. Colón Mulero, 200 DPR 398, 413 (2018).
55 31 LPRA § 2994, Art. 1044.
56 31 LPRA § 3017, Art. 1053.
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de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en

el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el

interés legal.57 Se considerará como interés legal el que fije la Oficina

del Comisionado de Instituciones Financieras, disponiéndose que

dichos intereses se computarán de forma simple y no compuesta.58

Además, el más Alto Foro se ha expresado en torno a la fecha de

computación de los intereses por mora, manifestando que éstos

deben contarse sobre la suma principal desde la fecha en la que la

parte demandada quedó hecha responsable por los mismos.59

     G. La Deferencia Judicial y Apreciación de la Prueba

         Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.60 Por

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver,

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus

lenguajes no verbales.61 Por su parte, un foro apelativo cuenta

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador

primario de los hechos.62 En ese sentido, y como regla general, no

debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.63

         En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,     salvo     cuando       estén      presentes      circunstancias

57 31 LPRA § 3025, Art. 1061.
58 Id.
59 Sucesores de Pérez Hnos. v. Sucesores de Abarca, 33 DPR 105, 108 (1924);
Rivera v. Crescioni, 77 DPR 47, 55 (1954).
60 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero,

120 DPR 92, 111 (1987); Trinidad v. Chade, supra, pág. 289.
61 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021); Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148
(2009); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
62 Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177

DPR 345, 356 (2009); Trinidad v. Chade, supra, pág. 291.
63 Pueblo v. Pérez Núñez, supra, pág. 529.
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extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo

justifique.64 En consecuencia, al este tribunal apelativo enfrentarse

a la tarea de revisar las determinaciones del foro de instancia, no

debe intervenir con las determinaciones de hechos, con la

apreciación de la prueba ni con la adjudicación de credibilidad

efectuadas por el mismo, excepto en aquellas situaciones en que se

demuestre que este último: (i) actuó con prejuicio o parcialidad, (ii)

incurrió en un craso abuso de discreción, o (iii) se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo.65

       Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida.66 Por tanto, debe existir base suficiente en la

prueba admitida que apoye la determinación del foro.67 De igual

forma, se podrá intervenir con la determinación del TPI cuando la

referida valoración se aparte de la realidad fáctica o resulte

inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el tribunal

apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación de la

prueba hecha por el juzgador de los hechos.68

       Ahora bien, cabe destacar que, el Tribunal Supremo ha

resuelto que, en instancias en que las conclusiones de hecho que

64 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996); Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987); Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
65 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011); Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002);
Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
66 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 772 (2013).
67 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018); Pueblo v. Irizarry, supra.
68 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra; Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR

117, 148 (2020); Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a
Pueblo v. Maisonave, supra, pág. 63; González Hernández v. González Hernández,
supra, pág. 777; Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009); Pueblo v.
Irizarry, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
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realice el TPI estén basadas en prueba pericial o documental, un

tribunal revisor estará en la misma posición que el tribunal a quo.69

A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la

dirección del proceso.70 Los foros apelativos podremos intervenir con

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.71

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.72 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de

discreción cuando el juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la

decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material

importante que no podía ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en

éste; o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los

sopesa y calibra livianamente.73

       A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la

evidencia presentada en los casos y controversias.74 No obstante,

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.75 A

esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro

69 González Hernández v. González Hernández, Id.
70 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
71 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
72 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013); Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
73 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
74 González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 776.
75 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra.
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apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un

análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las

partes.76

                                     III

       Tenemos ante nuestra consideración un recurso de Apelación

en el cual, en la Sentencia se declaró Ha Lugar la acción sobre cobro

de dinero presentada por la parte apelada y luego, producto de una

reconsideración sufrió unas enmiendas. Dictada la Sentencia

producto de dicha reconsideración, la parte apelante no estuvo

conforme, y acudió ante nos para su revisión. Vemos que, en el

primer señalamiento de error, la parte apelante nos plantea, en

síntesis, que la primera instancia judicial incidió al modificar su

Sentencia, emitiendo así una sentencia en reconsideración,

basándose en que su nuevo dictamen no se sostiene en la prueba

presentada en el récord. Por otro lado, en el segundo señalamiento

de error, la parte apelante también nos plantea que al momento en

que el tribunal apelado emitió la sentencia en reconsideración, no

dedujo a la deuda reclamada, la suma de $10,000.00, que fueron

satisfechos como parte de un acuerdo transaccional durante el

litigio. Por último, en el tercer señalamiento de error, la parte

apelante nos invita a concluir que el foro primario incidió tras haber

impuesto honorarios, intereses y haber hecho una determinación de

solidaridad sobre un contrato de arrendamiento vencido y objeto de

una modificación extintiva.

                                   -a-

       Previo a iniciar la discusión de los errores, conviene destacar

que, del escrito de Apelación presentado por la parte apelante, se

desprende su insatisfacción con el giro que tomó el caso al momento

en que se atendió la solicitud de reconsideración presentada por la

76 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
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parte apelada. En el presente caso, no está en controversia que los

procesos judiciales en este caso han estado presididos por al menos

dos (2) jueces distintos. El primero,77 fue quien presidió el juicio en

su fondo, mientras que la segunda,78 suscribió la Sentencia y luego

evaluó la solicitud de reconsideración presentada por la parte

apelante. En síntesis, la parte apelante nos plantea que el primer

juez fue quien presidió el juicio, y tuvo ante sí la prueba, no así la

segunda juez. En este punto, hay que señalar que nuestras reglas

procesales proveen para las sustituciones de jueces, y disponen lo

siguiente:

       Si por razón de muerte, enfermedad, retiro o por
       cualquier otra razón, un juez o una jueza no puede
       continuar entendiendo un asunto, otro juez o jueza
       podrá actuar en su lugar, pero si de haber comenzado
       o concluido el juicio, éste o ésta se convence de que no
       puede desempeñar dichos deberes sin la celebración de
       un nuevo juicio sobre todos o parte de los hechos, o sin
       oír nuevamente a algún testigo, podrá tomar las
       medidas que sean necesarias para resolver el pleito.79

       Visto lo cual, pudimos constatar del expediente judicial ante

nuestra consideración que, en efecto, en el presente caso, el primer

juez fue quien presidió el juicio en su fondo. Sin embargo, nótese

que la segunda juez tuvo participación en el caso al menos desde el

momento en que se dictó la Sentencia emitida el 25 de noviembre de

2019, reducida a escrito el 8 de septiembre de 2022.80 Conviene

señalar en este punto, dos detalles. El primero es que es la firma

electrónica,81 de la segunda juez es la que aparece en dicha

77 Hon. Reinaldo O. Catinchi Padilla.
78 Hon. Myrna E. Ayala Díaz.
79 32 LPRA Ap. V, R. 64.
80 Apéndice del apelante, a la pág. 187. Véase que previo a la firma electrónica de

la Hon. Myrna E. Ayala Díaz, aparece el nombre del Hon. Reinaldo O. Catinchi
Padilla, Juez Superior, mediante un “POR”, pero no contiene firma electrónica
alguna.
81Véase,            Directrices           Administrativas           para          la
Presentación y Notificación Electrónica de Documentos Mediante el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos, aprobadas mediante la OAJP-
2013-173 del 10 de enero de 2014, según enmendadas por la OAJP-2017-14 del
2 de marzo de 2017 y la OAJP-2021-088 del 13 de diciembre de 2021. La sección
IV (8) de las precitadas directrices dispone que “[l]a firma electrónica será usada
por los jueces, las juezas, […] y tendrá la misma validez legal que la firma
manuscrita o de puño y letra”.
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Sentencia, entiéndase “f/”, mientras que el segundo, es que los autos

revelan      que   dicha     Sentencia     se    encuentra       huérfana      de

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Más bien, a

lo único que se hace referencia es a lo informado por uno de los

letrados y no hace referencia a la prueba desfilada. Por otro lado,

atendida la solicitud de reconsideración presentada por la parte

apelada, la segunda juez suscribió también con su firma electrónica

la Sentencia emitida posteriormente, por vía de reconsideración.82

Puntualizamos que, en ocasión de la reconsideración, el TPI emitió

una Sentencia fundamentada.

          Con este preámbulo, merece destacar que, como tribunal

revisor, reconocemos la importancia que tiene una moción de

reconsideración en el proceso apelativo. Lo anterior, puesto a que es

el mecanismo dispuesto por nuestro ordenamiento procesal para

que un tribunal pueda modificar, corregir o hasta dejar sin efecto lo

actuado. Ahora bien, sin intención de ser reiterativos, pero por su

importancia, es claro que no existe controversia de que hubo dos

jueces interviniendo en el caso. No obstante, y según hemos

expuesto, también es claro que nuestro ordenamiento procesal

provee para lo anterior, lo cual requiere un ejercicio discrecional del

juez o jueza sustituta en la toma de medidas que sean necesarias

para resolver el pleito. La precitada regla no obliga al nuevo juez o

jueza a actuar de cierta forma, sino que, según hemos mencionado,

solo requiere que se tomen las medidas necesarias para resolver el

pleito.

          “El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la

rápida disposición de los asuntos litigiosos requieren que los jueces

Por otro lado, precisa aclarar, además, que la Sección X en sus incisos (1) y (4)
explican, específicamente, que la firma electrónica debe ser de “f/”, seguido por
el nombre completo. Además, la Sección X en su inciso (6) dispone que “[c]ualquier
dictamen o pronunciamiento judicial firmado electrónicamente por un juez o
una jueza tendrá la misma validez legal que uno firmado en manuscrito o de puño
y letra”.
82 Apéndice del apelante, a la pág. 204.
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de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el

diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales”.83 Por

consiguiente,     como     regla   general,    los   foros   apelativos   no

intervendrán en la discreción de los foros primarios a no ser que las

decisiones emitidas resulten arbitrarias o en un abuso de su

discreción.84

         Visto lo actuado por la segunda juez, es forzoso concluir que

esta quedó convencida de que podía atender el asunto, lo anterior

dado a que el expediente judicial se encuentra huérfano de

elementos que nos lleven a razonar que la segunda juez no contara

con los elementos para actuar conforme a lo aquí expresado.

                                   -b-

         En cuanto al primer y segundo señalamiento de error, tras

considerar      que   se    encuentran        íntimamente     relacionados,

procederemos a discutirlos en conjunto. Por un lado, el primer error

esgrimido por la parte apelante versa sobre la apreciación de la

prueba del foro primario durante el juicio en su fondo y que provocó

que razonara que la Sentencia debía ser modificada. Por otro lado,

en el segundo error, la parte apelante razonó que el foro primario

incidió al no restarle a la cuantía impuesta como adeudada en

reconsideración el pago de $10,000.00 previamente realizado.

         En consecuencia, al este tribunal apelativo enfrentarse a la

tarea de revisar las determinaciones del foro de instancia, no debe

intervenir con las determinaciones de hechos, con la apreciación de

la prueba ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el

mismo, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que

este último: (i) actuó con prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un

83 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, 2023 TSPR 145.
84 Id.
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craso abuso de discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.85

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.86 Este no es el

caso. Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra

consideración, colegimos que no existe razón para sustituir el

criterio del foro primario por el nuestro.

       Según expresamos en la relación de hechos, aun cuando un

primer juez fue quien celebró el juicio, fue la segunda juez la que

emitió la Sentencia. Este dato medular puede constatarse de los

autos del SUMAC. Puntualizamos que, previo a que la Sentencia

fuese reconsiderada, y luego de evaluar la misma, es claro que su

contenido es uno exiguo y carente de determinaciones de hechos.

Más bien, en la misma, el TPI se limitó a expresar un comentario

realizado por uno de los letrados durante el juicio y su dictamen.

       Ahora bien, en la Sentencia dictada por vía de reconsideración

y conforme se desprende de las determinaciones de hecho allí

emitidas, así como luego de estudiar minuciosamente el expediente

en su totalidad, incluyendo la TPO, vemos que entre las partes se

suscribió un contrato de arrendamiento para un local comercial.

Dicho contrato fue marcado como Exhibit 1 por estipulación y

aquilatado por el foro primario. Conforme a los términos, el contrato

dio inicio el 1 de junio de 2010, por espacio de cinco (5) años y venció

85 González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 776; Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods PR, supra, pág. 811; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág.
155; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789; Pueblo v. Maisonave, supra, págs. 62-63.
86 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra; Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, pág.

148; Pueblo v. Martínez Landrón, supra, pág. 424, citando a Pueblo v. Maisonave,
Id., 63; González Hernández v. González Hernández, Id., 777; Pueblo v. Viruet
Camacho, supra, pág. 584; Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada,
supra.
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el 31 de mayo de 2015. Según los términos del contrato, a partir del

31 de mayo de 2015, este continuó con una vigencia automática por

periodos de mes a mes hasta el 1 de agosto de 2018, fecha en que

la parte apelante desalojó la propiedad en cuestión.87 Del contrato

se desprende, además, que el canon de arrendamiento mensual era

de $1,793.85. Conforme se desprende de la TPO, aun cuando en su

turno de prueba la parte apelante intentó demostrar que hubo unos

acuerdos para modificar, con el fin de reducir el canon mensual de

arrendamiento, lo cierto es que, un análisis integral de la prueba

documental y testifical demuestra lo contrario.

       Es preciso destacar que la regla en cuanto a la interpretación

contractual es que, si los términos del contrato son claros y no dejan

duda sobre la intención de los contratantes o ambigüedades, se

estará al sentido literal de sus cláusulas.88 Los propios términos y

condiciones generales del contrato, según establecidos en su

Artículo C, inciso13, disponen lo siguiente: “[n]o modification or

amendment of this Lease Agreement or of any of its conditions or

provisions shall be binding upon Lessor unless in writing signed by

both Lessor and Lessee”.89 Conforme a ello, y según ha sido

previamente señalado, basta esencialmente en la lectura del

contrato para concluir que, bajo esta disposición, quedó evidenciada

la intención de las partes a que ninguna modificación o enmienda

de este Contrato de Arrendamiento o de cualesquiera de sus

condiciones sería vinculante para el arrendador, a menos que fuesen

por escrito y firmada por ambas partes.

       Con todo, tampoco cabe hablar de pago en finiquito ni tácita

reconducción como plantea la parte apelante. Lo anterior, puesto a

87 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 20 y 200.
88 31 LPRA § 3471, Art. 1233; CFSE v. Unión de Médicos de la CFSE, supra, pág.

450; Rivera v. Rivera, supra, pág. 212; Trinidad v. Chade, supra, pág. 289.
89 Véase Exhibit 1 por Estipulación – Contrato de Arrendamiento, a la pág. 5.
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que, del propio contrato de arrendamiento, en su Artículo C, inciso

11, se desprende lo siguiente:

       [t]he failure or neglect of Lessor to enforce any provision
       of this Lease Agreement shall not be deemed a waiver of
       Lessor’s rights. Any waiver must be in writing and
       signed by Lessor. Lessor’s acceptance of less than the
       total amount due from Lessee at any time shall not be
       deemed a waiver of Lessor’s right to receive the full
       amount due.90

       Resulta evidente que se trata de una cláusula comprendida

en el contrato pactado entre las partes, la cual posee un lenguaje

claro y libre de vaguedad, indicando que cualquier incumplimiento

hacia alguna disposición dentro del mismo, no se considerará una

renuncia a los derechos del arrendador; sino que cualquier renuncia

deberá haberse realizado por escrito y firmada por el arrendador.

Asimismo, expone que la aceptación por parte del arrendador por

un monto menor al total adeudado por el arrendatario, en cualquier

momento, no se considerará una renuncia al derecho del arrendador

a recibir el monto total adeudado. Por tal razón, no requiere de

ulterior interpretación del Tribunal para auscultar la intención de

las partes, ya que, de la totalidad del expediente ante nuestra

consideración, no se desprende que hayan materializado las

alegadas enmiendas conforme a los términos del contrato. De hecho,

tanto de las determinaciones de hecho del foro primario,

específicamente, la número 14,91 así como de la TPO, se desprende

que, en el turno del contrainterrogatorio, la señora Piñero Lugo

admitió no tener ninguna enmienda o modificación al contrato por

escrito.92

       Dicho lo anterior, pudimos constatar que el canon mensual

de arrendamiento siempre fue el pactado, entiéndase, $1,793.85,

independientemente de que, en algunos meses, la parte apelada

90 Véase Exhibit 1 por Estipulación – Contrato de Arrendamiento, a la pág. 5.
91 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 202.
92 En la TPO, a la pág. 126, líneas 2-7.
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hubiese     aceptado      pagos      por     sumas    menores.      Señalamos

nuevamente que los foros apelativos podremos intervenir con la

apreciación de la prueba luego de realizar una evaluación rigurosa,

y que, de ésta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.93 No

obstante, las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.94 Habiéndose realizado una evaluación rigurosa de la

prueba presentada por las partes, sostenemos que el TPI no abusó

en su discreción, por lo que no atisbamos ninguna razón para

intervenir con las determinaciones de hechos emitidas.

       Por otro lado, adentrándonos en el segundo error esgrimido,

del Exhibit 1 de la parte apelada, estado de cuenta intitulado:

“Praderas de Navarro Shopping Center Inc. Transaction List by

Customer”, se desprenden las transacciones realizadas en relación

con la propiedad objeto de arrendamiento. En lo pertinente, se

desprende que la parte apelada adjudicó los $10,000.00 que fueron

pagados como parte del acuerdo transaccional que surge de la

Sentencia Parcial emitida en este caso, quedando un balance de

$37,938.24, cantidad que coincide con la impuesta en la Sentencia

del foro primario. De hecho, de la prueba desfilada y que surge de la

TPO, se desprende que “[s]ale de total facturado, que son

$113,216.79 versus los pagos recibidos correspondiente a eso, que

son $75,278.55, quedando un balance pendiente de $37,938.24”.95

En otras palabras, tras analizar la determinación de hecho número

16 emitida por el TPI, la prueba documental admitida, en específico,

el Exhibit 1 de la parte apelada, vis a vis la TPO, forzoso es concluir

que no existía ninguna necesidad de deducir los $10,000.00 de la

93 Pueblo v. Pérez Núñez, supra, pág. 514.
94 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434; Pueblo v. Rivera Santiago,

supra, pág. 580.
95 En la TPO, a la pág. 46, líneas 18-21.
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cuantía impuesta por el foro primario en la Sentencia en

reconsideración, porque en efecto, ya se le había restado.

       Por último, la parte apelante razonó que el foro primario

cometió un error manifiesto al reconsiderar su sentencia. Con

relación al error manifiesto, un juzgador incurre en éste cuando de

un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal queda

convencido de que las conclusiones están en conflicto con el balance

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia

recibida.96 Por tanto, debe existir base suficiente en la prueba

admitida que apoye la determinación del foro.97 Juzgamos, además,

que no cabe hablar de un error manifiesto sobre lo actuado por la

primera instancia judicial cuando determinó reconsiderar la

sentencia emitida, lo anterior, independientemente de que hubiese

sido un juez distinto al que presidió el juicio. Razonamos que el foro

primario no abusó de su discreción al actuar como tal. Es por todo

lo anterior, que disponemos que el primer y segundo error no fueron

cometidos.

                                      -c-

       Por otro lado, en cuanto al tercer y último error esgrimido por

la parte apelante, sostiene que incidió el TPI al haber impuesto

honorarios e intereses, así como haber emitido una determinación

de solidaridad sobre sobre un contrato de arrendamiento vencido y

objeto de una modificación extintiva. No nos convence.

       En primer lugar, y a base de la discusión que antecede, lo

alegado por la parte apelante en cuanto a una modificación

extintiva, es un planteamiento que no tiene lugar, en este caso.

Ahora bien, del expediente judicial se desprende que tanto los

honorarios impuestos por el foro primario, así como los intereses,

fueron previamente pactados en el contrato entre las partes. Lo

96 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 782.
97Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág. 859; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789.
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anterior se desprende del contrato, el cual establecía en su Artículo

C, inciso (4)(d),98 que el arrendatario pagaría al arrendador todos los

montos que adeudase, ya sea por daños a las instalaciones o al

centro comercial, incluyendo, pero no limitándose a cantidades de

las cuales el arrendatario fuese responsable, o en las cuales este

hubiese acordado indemnizar en virtud de cualquier disposición de

este referido contrato de arrendamiento, que pudieran vencerse y no

pagarse; así como todos los costos y gastos, incluyendo costos

judiciales y honorarios de abogados incurridos por el arrendador al

hacer valer sus remedios y derechos en virtud del contrato.

Adicionalmente, cabe resaltar que el Artículo C, inciso (4)(c)99

dispuso que del arrendatario no efectuar algún pago al arrendador

a su vencimiento, este debía pagar intereses sobre cualquier monto

vencido equivalente a cuatro (4) puntos por encima de la tasa

preferencial, sin exceder la tasa máxima permitida por la ley en

Puerto Rico, a partir de la fecha que el monto vence, hasta que sea

pagada o satisfecha.

         Recordemos que, conforme a nuestro ordenamiento, a partir

del perfeccionamiento de un contrato, las partes quedan obligadas

al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias

que se deriven del mismo, ello conforme a la buena fe, al uso y a la

ley.100 Por ende, cuando un contrato es legal, válido y carente de

vicios del consentimiento, éste constituye la ley entre las partes, y

debe cumplirse a tenor de este.101

         En segundo lugar, la parte apelante nos plantea que fue un

error del tribunal a quo, el haber emitido una determinación de

solidaridad hacia los apelantes. No le asiste la razón. Veamos.

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, en las obligaciones

98 Véase Exhibit 1 por Estipulación – Contrato de Arrendamiento, a la pág. 4.
99 Id.
100 31 LPRA § 3375, Art. 1210.
101 31 LPRA § 2994, Art. 1044.
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solidarias, cada acreedor tiene derecho a pedir, y cada deudor tiene

el deber de realizar íntegramente la prestación debida.102 La

solidaridad no se presume, puesto que solo habrá lugar a ella

cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose

con el carácter de solidaria.103. Nuestro Alto Foro ha dispuesto que

para que exista solidaridad contractual, ésta (i) se debió haber

pactado expresamente, o; (ii) debe surgir claramente del contenido

del contrato en cuestión, que la relación entre las partes se

constituyó con carácter solidario.104

        En el presente caso, coincidimos con la apreciación del foro

apelado cuando arribó a la conclusión de que, al momento en que

se suscribió el contrato, el señor Rodríguez Rivera y la señora Piñero

Lugo lo hicieron en calidad de garantizadores del cumplimiento de

todas    las   obligaciones     contractuales,     incluso     las   de   un

procedimiento para fiscalizar su cumplimiento, entiéndase, el caso

de autos.105 Abona a lo anterior que del propio contrato de

arrendamiento, en su Artículo A, inciso 4, se desprende que la renta

básica del alquiler del local y otros cargos, serían por un monto fijo

de $1,793.85 durante el plazo del contrato de arrendamiento,

pagaderos el primer día de cada mes, los cuales incluyen cargos de

mantenimiento a las áreas comunes, junto a todos los servicios

públicos e impuestos aplicables, contrato que luego se renovó mes

a mes.

        En fin, juzgamos que, en ausencia de pasión, prejuicio y

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba, tal y

como hemos visto en el caso ante nuestra consideración, no

102  Fraguada Bonillla v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 375, (citando a J. Castán
Tobeñas, Derecho Civil Español, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. III, pág.
107.)
103 Id.
104 General Accd. Ins. Co. PR v. Ramos, supra, pág. 537.
105 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 203.
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corresponde intervenir con la sentencia objeto de revisión. Es por

todo lo anterior, que corresponde confirmar la Sentencia apelada.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones