Court Opinion

ID: 9952218
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:29:47.706674+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:51.339609
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

                                              REVISIÓN
LUIS A. RIVERA                                procedente de la
SIACA                                         Administración de
                                              Servicios Generales
Recurrente                                    Junta Revisora de
                                              Subastas
        v.                 KLRA202300568
                                              Caso Núm.:
JUNTA DE SUBASTAS                             JR-23-142
DEL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN DE                               Subasta Núm.:
PUERTO RICO                                   (OC) 2023-004

Recurrido                                     Sobre:
                                              “Establecer contrato de
                                              arrendamiento para
                                              espacios de oficinas
                                              administrativas
                                              centrales del
                                              Departamento de
                                              Educación”

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Jueza Cintrón Cintrón, Jueza ponente.

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos el señor Luis A. Rivera Siaca (en

adelante, señor Rivera Siaca o el recurrente) y solicita la revisión

de la Resolución dictada el 10 de octubre de 2023, por la Junta

Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales

del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, la Junta Revisora).

Mediante la misma, la Junta Revisora confirmó el Aviso de

Cancelación de Subasta Formal de la Subasta Núm. (OC) 2023-004

emitido el 8 de agosto de 2023, por la Junta de Subastas Central

del Departamento de Educación de Puerto Rico (Junta de

Subastas) y, consiguientemente, desestimó el recurso de revisión

instado por el señor Rivera Siaca.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.

Número Identificador
SEN2024_____________________
KLRA202300568                                                                2

                                      I.

       Según surge del expediente, desde el 2021, el señor Rivera

Siaca suscribió junto al Departamento de Educación dos (2)

contratos de arrendamiento, a través de los cuales le alquiló dos (2)

propiedades ubicadas en el área de Hato Rey, Puerto Rico. El

primer contrato vencía el 31 de diciembre de 2025 y el segundo

convenio vencía el 30 de junio de 2026. Debido a un alegado

incumplimiento         del   Departamento          de   Educación   con    sus

obligaciones     contractuales     bajo      los    aludidos   contratos    de

arrendamiento, el señor Rivera Siaca realizó varias gestiones de

cobro, tanto en el Tribunal de Primera Instancia (demanda de

desahucio, caso núm. SJ2023CV02787)1, como en la Corte de

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico

(cobro de renta administrativa en el caso número 17-03283-LTS).

       No obstante, la controversia que genera el recurso de

referencia se produjo a raíz de la publicación a una Invitación a

Subasta Formal publicada el 8 de diciembre de 2022, por la Junta

de Subastas. Lo anterior, para establecer un contrato de

arrendamiento para espacio de oficinas administrativas centrales

del Departamento de Educación.

       El 24 de enero de 2023, el señor Rivera Siaca, con el

propósito de resolver su situación con el Departamento de

Educación      sobre     sus   facilidades    arrendadas,      presentó    una

propuesta a la Junta de Subastas. Este fue el único licitador y lo

hizo sin renunciar a sus derechos bajo los dos (2) contratos

vigentes con la mencionad agencia.

       Luego de varios meses de negociación, el 8 de agosto de

2023, la Junta de Subastas notificó al señor Rivera Siaca la

cancelación de la subasta concernida, y, por ende, el rechazo de su
1 Luis A. Rivera Siaca, Enery Pilar Ortiz Jiménez y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales Compuesta por Ambos v. Eliezer Ramos Parés en su Carácter de
Secretario de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y el Estado
Libre Asociado De Puerto Rico.
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propuesta. Ello, bajo el fundamento de que la propuesta no

cumplía con las especificaciones de la subasta debido al costo por

pie cuadrado.

       Por estar en desacuerdo con la cancelación de la subasta, el

24 de agosto de 2023, el señor Rivera Siaca presentó un escrito de

reconsideración ante la Junta Revisora. El 10 de octubre de 2023,

la Junta Revisora emitió el pronunciamiento recurrido que

confirmó el Aviso de Cancelación y desestimó el recurso instado

por el señor Rivera Siaca.2

       Aun inconforme, el señor Rivera Siaca acude ante nos

mediante el presente recurso de revisión judicial. En este señala

los siguientes errores:

       Erró la Junta Revisora al confirmar el aviso de
       cancelación de la Subasta y desestimar el recurso de
       revisión del Peticionario, al así hacerlo actuando de
       una manera arbitraria, caprichosa e irrazonable, sin
       fundamento alguno en los hechos y el derecho
       aplicable, amparándose en una alegada evidencia
       secreta sobre un informe de tasación de ODV
       Appraisal Group no sometido al Peticionario, ni por el
       Departamento de Educación, ni por la Junta de
       Subastas, en violación de su derecho a un debido
       proceso de ley.

       Erró la Junta Revisora al confirmar el aviso de
       cancelación y desestimar el recurso de Revisión del
       Peticionario a pesar de la Junta de Subastas haber
       violado el término de cumplimiento estricto para
       adjudicar la Subasta, cancelando la misma luego de
       quince (15) días de su apertura en contravención a la
       Sección 7.3.17(12) del Reglamento 9230.

       El 12 de diciembre de 2023, el señor Rivera Siaca instó una

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción del Tribunal, con el

propósito de que paralizáramos todo trámite relativo al Acto de

Apertura de la subasta DEPR-OC-2024-001 (para un contrato de

arrendamiento para las oficinas administrativas del Departamento

de Educación), a celebrarse el 22 de enero de 2024. Alegó que

dicha nueva subasta interfería con nuestra jurisdicción, toda vez

2 De la Resolución dictada por la Junta Revisora surge que esta solo atendió los

argumentos de la cancelación de la subasta levantados por el señor Rivera
Siaca.
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que, con esa acción, la Junta de Subastas ignoraba el recurso de

revisión judicial de autos. El 13 de diciembre de 2023, emitimos

Resolución, mediante la cual denegamos el petitorio urgente del

señor Rivera Siaca.

      El 15 de diciembre de 2023, el Departamento de Educación,

representado por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,

incoó su Escrito en Cumplimiento de Resolución.

      Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a

resolver.

                                   II.

                                   A.

      Como es sabido, los tribunales deben ser guardianes celosos

de la jurisdicción, la cual se define como “el poder o autoridad con

el que cuenta un tribunal para considerar y decidir los casos y

controversias ante su consideración”. Metro Senior v. AFV, 209

DPR 203 (2022); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89,

101 (2020). Las cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas con

preferencia, toda vez que la falta de esta no es susceptible de ser

subsanada. El foro judicial carece de discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, por lo que, si un tribunal se percata

que no la tiene, debe así declararlo y desestimar el caso. Ruiz

Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Hernández

Colón v. Policía de Puerto Rico, 177 DPR 121, 135 (2009); S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).

                                   B.

      La Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como

Ley   de    la   Administración   de     Servicios   Generales   para   la

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019,

adoptó, como política pública del Gobierno de Puerto Rico, la

centralización de los procesos de compras gubernamentales de

bienes, obras y servicios, para lograr mayores ahorros fiscales y la
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transparencia en la gestión gubernamental. Art. 2 de la Ley Núm.

73-2019, 3 LPRA sec. 9831a.

      Cónsono con lo anterior, se delegó a la Administración de

Servicios Generales (ASG) la responsabilidad de implantar dicha

política pública y de coordinar y dirigir el proceso de adquisición de

bienes y servicios, así como la contratación de servicios del

Gobierno de Puerto Rico. PVH Motor, LLC v. Junta de Subastas de

la Administración de Servicios Generales, 209 DPR 122 (2022).

Además, la referida Ley dispone que el Administrador de la ASG

establecerá mediante Reglamento los procesos que han de llevarse

a cabo para cada método de licitación. Art. 32 de la Ley Núm. 73-

2019, 3 LPRA sec. 9834h. Como parte de sus disposiciones, la Ley

Núm. 73-2019, supra, estableció la Junta Revisora de Subastas

adscrita a la ASG. Véase, 3 LPRA sec. 9837 y 3 LPRA sec.

9837d(a).

      Asimismo, el Art. 63 de la Ley Núm. 73-2019 dispone que los

procedimientos de adjudicación ante la Junta de Subastas de la

ASG y los procedimientos de revisión ante la Junta Revisora de

Subastas se regirán por los procedimientos establecidos en esta

Ley, y por cualquier disposición de la Ley Núm. 38-2017, según

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 3 LPRA sec. 9838.

      En lo que atañe a la cancelación de una subasta, el Art. 32

de la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9834h, expresa que:

      […]

              La Administración y/o la Junta de Subastas
      tendrán la facultad de cancelar cualquier subasta,
      solicitud   de    propuestas    y/o   solicitud   de
      cualificaciones o parte de estas, antes o después de
      su adjudicación, cuando así lo estime necesario
      para proteger los mejores intereses del Gobierno de
      Puerto Rico.
              Una vez adjudicado un asunto ante la
      consideración de la Administración Auxiliar de
      Adquisiciones o ante la Junta de Subastas, el
      organismo correspondiente procederá a notificar su
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      determinación       final,   según     las   normas       y
      procedimientos que se establezcan en el Reglamento
      Uniforme de Compras y Subastas de la Administración
      de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico. La
      notificación de adjudicación de subasta será notificada
      adecuadamente, mediante correo federal, certificado
      con acuse de recibo, a todas las partes que tengan
      derecho a impugnar tal determinación. La notificación
      de adjudicación estará debidamente fundamentada y
      deberá incluir los fundamentos que justifican la
      determinación, aunque sea de forma breve o sucinta,
      en aras de que los foros revisores puedan revisar tales
      fundamentos y así determinar si la decisión fue
      arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como mínimo, la
      notificación debe incluir: (1) los nombres de los
      licitadores que participaron en la subasta y una
      síntesis de sus propuestas; (2) los factores o criterios
      que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta;
      (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas
      de los licitadores perdidosos, y (4) la disponibilidad y el
      plazo para solicitar la reconsideración y revisión
      judicial.
               La parte adversamente afectada por una
      actuación, determinación final o resolución de la
      Junta Revisora podrá presentar un recurso de
      revisión, conforme a lo establecido en las secs. 9738 a
      9738e de este título.

      […]

      (Énfasis nuestro).

      Igualmente, el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas

de Bienes, obras y Servicios no Profesionales de la Administración

de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento

Núm. 9230 de 18 de noviembre de 2020 (Reglamento Núm. 9230),

instituye que la Junta de Subastas podrá cancelar un pliego de

subasta antes del acto de subasta o después. Podrá cancelarla

después de celebrarse el acto de apertura, siempre y cuando no se

haya formalizado un contrato o se haya emitido una orden de

compra, si se determina que dicha cancelación redunda en el

mejor interés del Gobierno de Puerto Rico. Art. 7.3, sec. 7.3.7 del

Reglamento Núm. 9230.

      En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico foro ha

establecido que “una agencia tiene el derecho de revocar la

adjudicación de la subasta antes de que se formalice el contrato

correspondiente ...”. Cordero Vélez v. Mun. De Guánica, 170 DPR
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237, 248 (2007), citando a Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 340

(1971).

                                 III.

      En esencia, el recurrente aduce que la Junta de Subastas

erró y actuó de manera arbitraria al cancelar la subasta que

entiende fue artificialmente creada por el Departamento de

Educación para socavar sus contratos vigentes con esta agencia,

contrario a la evidencia sustancial que se encuentra en el récord

administrativo. Añade que la Junta Revisora también actuó de

forma ilegal al declarar sin lugar la solicitud de revisión ante su

consideración, confirmando la cancelación de la subasta. Por

consiguiente, nos solicita que revoquemos la determinación de la

Junta Revisora que confirmó el Aviso de Cancelación de Subasta

Formal y luego de ello, ordenemos la adjudicación de la subasta a

su favor.

      Analizado ponderadamente el expediente, los argumentos de

las partes y el derecho aplicable, colegimos que carecemos de

jurisdicción para atender el recurso de referencia. Veamos.

      Según expuesto, tanto bajo la Ley Núm. 73-2019, como el

Reglamento Núm. 9230, la Junta de Subastas o la administradora

de una agencia tienen la facultad de cancelar el pliego de una

subasta antes o después del acto de apertura, con el propósito de

resguardar los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico. En

nuestro     ordenamiento   jurídico     se   reconoce   dicha   potestad

precisamente para evitar la posibilidad de favoritismo, descuido,

extravagancia y corrupción. Cordero Vélez v. Mun. De Guánica,

supra, citando a C. Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 DPR

559, 563 (1984).

      En la presente causa, una vez la Junta de Subastas del

Departamento de Educación canceló la subasta bajo la discreción

que ostenta, se puso fin al proceso de subasta iniciado, pero no
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adjudicado. Por ende, no existe una decisión o determinación final

revisable ante la Junta Revisora de Subastas. Así las cosas, este

Foro tampoco tiene jurisdicción para atender el recurso presentado

por el recurrente.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recuro

de revisión judicial instado por el señor Rivera Siaca por falta de

jurisdicción.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones