Court Opinion

ID: 9928499
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:19:50.630883+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:41.204141
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IX

JUAN A. MATÍAS RIVERA                          Revisión
                                               Administrativa
       Recurrido                               procedente del
                                               Departamento de
             v.                                Asuntos del
                                 KLRA202300605 Consumidor, Oficina
 ON THE WHEELS, LLC                            Regional de Caguas
 h/n/c TAÍNO MOTORS
                                                     Caso Núm.:
       Recurrente                                    CAG-2023-0004673

                                                     Sobre:
                                                     Compraventa
                                                     Vehículo de Motor

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico a 20 de diciembre de 2023.

      El 29 de noviembre de 2023 On the Wheels, LLC h/n/c Taíno

Motors (en adelante, On the Wheels o recurrente) sometió ante

nos un Recurso de revisión. En este nos solicita la revocación de

la Resolución sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (en adelante, DACo) el 22 de septiembre de 2023.

      Mediante referida determinación el DACo decretó que On

the Wheels cobró indebidamente la suma de $599.00 en concepto

de tablillas de un vehículo de motor usado.

      Evaluado        el     recurso   y    por   los   fundamentos      que

expondremos       a        continuación,    se    confirma   la   resolución

recurrida.

                                       I.

      El 13 de junio de 2023, el señor Juan A. Matías Rivera

presentó una querella contra On the Wheels, LLC h/n/c Taíno

Motors. Alegó que compró un auto usado Marca Chevrolet

Número Identificador
SEN2023________
KLRA202300605                                                           2

Silverado del año 2015 y el concesionario le cobró $599.00 en

concepto de tablilla.      Solicitó el reembolso de esa cantidad

pagada.

      El 29 de junio de 2023 On the Wheels contestó la querella.

Adujo que los cargos por tablilla y su monto fueron convenidos y

desglosados     conforme     al   Reglamento      número      8599    del

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), Reglas 7 (B)

14 y 11 (F)1.      Ese mismo día le cursó un requerimiento de

producción de documentos al querellante.

      Surge del expediente un documento de On the Wheels del

17 de agosto de 2021 que contiene la información de la compra y

venta del vehículo Chevrolet Silverado de 2015. De este surge

que el precio de la unidad fue de $23,500.00 y que la compra sería

“cash”.    El inciso relacionado a las “tablillas” aparece en cero

(0.00).2    En otro documento surge una Tabla de Cargos por

Tablillas y/o Traspaso3, con la siguiente información:

      Costo de tablilla                              265.00
      Mensajería                                      50.00
      Gestoría DTOP                                   50.00
      Trámite documentos bancarios                    50.00
      Archivo o digitalización                        50.00
      Trámite solicitud                               50.00
      Investigación de crédito                        40.00
      Comodity y contrato                             50.00
      Trámite y juramentación a/u                     40.00
      Gestoría DTOP A/U                               --
                                                     $595.00

      Atendidos los escritos, el DACo emitió una Resolución

Sumaria.    Mediante esta declaró Con Lugar la querella incoada

contra On The Wheels por el cobro indebido de $599.00 en

concepto de tablilla de un vehículo de motor usado. Los hechos

reseñados son los que a continuación relatamos:

1
  Anulado por el Reglamento de Prácticas Comerciales, Reglamento 9158 de 7
de marzo de 2020.
2
  Apéndice pág. 1.
3
  Apéndice pág. 12.
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    1. La parte querellante se identifica como Juan A. Matos
       Rivera (en lo sucesivo el Querellante) mayor de edad,
       con dirección postal: HC 2 Box 15577 Aibonito, Puerto
       Rico 00705-9672.

    2. La parte querellada On the Wheels, LLC h/n/c Taino
       Motors (en lo sucesivo la Querellada) con dirección
       postal: Po Box 8853 Carolina, Puerto Rico 00988-
       8853.

    3. Según la Orden de Compra, con fecha del 14 de
       agosto de 2021, el Querellante adquirió en la
       Querellada, un vehículo de motor usado del año 2015
       de la marca Chevrolet modelo Silverado, tablilla
       1058334.4

    4. La Querellada le cobró al Querellante la cantidad de
       $599.00 en concepto de tablillas.5 Ese pago cual no
       fue acreditado en la Orden de Compra del Vehículo.

    5. Debido a esta situación, el Querellante radicó la
       querella de epígrafe solicitando la devolución del pago
       hecho en concepto de tablillas y gastos de cierre de
       un vehículo de motor usado.

       El foro administrativo evaluó el derecho respecto a las

disposiciones del Código Civil relacionada a los contratos, al

Reglamento 8034 de Procedimientos Adjudicativos de DACo y las

Reglas 14 y 20 (f) del Reglamento de Prácticas Comerciales,

Reglamento número 9158 de 6 de febrero de 2020, efectivo el 7

de marzo de 2020.           En específico aludió a la Regla 20(f) de

referido reglamento que en parte dispone como sigue: “[e]n el

caso de los vehículos de motor usados, el concesionario no podrá

cobrar cuantía alguna por concepto de traspaso o gestiones

relacionadas al mismo.”6

       Aplicados los hechos al derecho, el foro administrativo

concluyó que:

       La Querellada fue la vendedora del vehículo, y quien
       cobró al Querellante la cantidad de $599.00 en
       concepto de tablilla. Según lo dispone el inciso f, de
       la Regla 20 del Reglamento supra, para los vehículos

4
  Exhibit I Orden de Venta del vehículo adquirido por el Querellante.
5
  Exhibit ll Recibo 2511 en donde se indica que el Querellante pagó la cantidad
de $599.00 por concepto de tablilla.
6
  Apéndice pág. 19.
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      nuevos el cargo por registro y tablilla está permitido,
      sujeto a que el monto sea claramente desglosado en
      el contrato de compraventa y no exceda a las cuantías
      establecidas por el Departamento de Transportación y
      Obras Públicas. Sin embargo, está prohibido, según
      el Reglamento, cobrar cuantía alguna por concepto de
      traspaso o gestiones relacionados al mismo en el caso
      de vehículos de motor usados.

      En el caso de marras, el vehículo adquirido por la
      Querellante fue uno usado, la Querellada no podía
      cobrar cantidad alguna por concepto de traspaso o
      gestiones relacionadas al mismo. La Regla 20, inciso
      f, del Reglamento, supra, prohíbe expresamente el
      cobro por cuantía alguna por concepto de traspaso o
      gestiones relacionadas al mismo en el caso de
      vehículos de motor usados.7

      Consecuentemente, el DACo concluyó que el querellado

cobró indebidamente la suma de $599.00 en concepto de tablillas

de un vehículo de motor usado.

      Sobre esta determinación, el 11 de octubre de 2023 On the

Wheels sometió una solicitud de reconsideración. El DACo acusó

recibo de la solicitud de reconsideración, mas no la resolvió en el

término reglamentario8, por lo que el recurrente acudió a este foro

intermedio de revisión. Aludió que el DACo incidió al:

      PRIMERO: Al resolver que un concesionario está
      impedido de cobrarle a un consumidor los cargos y
      gestiones relacionados al traspaso y registración de
      un vehículo de motor usado importado.

      SEGUNDO:       Al    disponer    del    procedimiento
      administrativo por la vía sumaria en contravención a
      los derechos estatutarios y constitucionales de debido
      proceso de ley de la querellada-recurrente.

      Examinado el Recurso de Revisión, la prueba unida al

Apéndice y el análisis del derecho aplicable a estos hechos,

disponemos9.

7
  Apéndice págs. 19-20.
8
  Regla 29 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del Departamento
de Asuntos del Consumidor, Reglamento 8034 de 14 de junio de 2011 y sección
3.15 de la Ley Núm. 38-2017 conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme.
9
  Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-
B Regla 7(B)(5).
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                                     II.

                                     A.

      Es norma reiterada que los tribunales apelativos debemos

conceder deferencia a       las    determinaciones       de   las   agencias

administrativas, por razón de la experiencia y el conocimiento

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les han

delegado. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR __

(2023), 2023TSPR6, res. 25 de enero de 2023; Rolón Martínez v.

Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de

PR, 196 DPR 606, 626 (2016). Estos dictámenes cuentan con una

presunción de legalidad y corrección que subsiste mientras no se

produzca suficiente prueba para derrotarla. OEG v. Martínez

Giraud, 210 DPR 79 (2022); Capó Cruz v. Jta. de Planificación et

al., 204 DPR 581 (2020); Torres Rivera v. Policía de PR, supra,

pág. 626; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215

(2012).     Para así lograrlo, corresponde a la parte que las

cuestiona "demostrar que existe otra prueba en el expediente que

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia

impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la

totalidad   de   la   prueba       presentada      que    tuvo      ante    su

consideración". Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR

117, 128 (2019); Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91

(2006).

      Sobre las determinaciones de hechos de una agencia

administrativa, la parte que las impugna tiene el peso de la prueba

para demostrar que estas no están basadas en el expediente o

que   las   conclusiones      a    las     que   llegó   la   agencia      son

irrazonables. OEG      v.         Martínez       Giraud, supra; OCS         v.

Universal, 187 DPR 164, 178-179 (2012); González Segarra v.
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CFSE, 188 DPR 252, 276-278 (2013).          Así, pues, evidencia

sustancial ha sido definida jurisprudencialmente como aquella

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como

adecuada   para   sostener   una   conclusión. OEG    v.   Martínez

Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216.

      En cuanto a las conclusiones de derecho estas serán

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. Véanse Sec. 4.5,

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, (LPAU) 3 LPRA

sec. 9675; Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; ECP

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281-282 (2020). Claro está,

la revisión judicial no es equivalente a una sustitución automática

del criterio e interpretación del ente administrativo. Hernández

Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; Capó Cruz v. Jta.

Planificación et al., supra, pág. 591. Los tribunales deben darles

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra.      Torres Rivera v.

Policía de PR, 196 DPR 606, 627 (2016). Es decir, no pueden

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la

agencia. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR

177,187 (2009). Aun en casos dudosos en que la interpretación

de la agencia no sea la única razonable, la determinación de la

agencia merece deferencia sustancial. JP, Plaza Santa Isabel v.

Cordero Badillo, supra; De Jesús v. Depto.Servicios Sociales, 123

DPR 407, 417-418 (1989).

      Ahora bien, la deferencia a las determinaciones de la

agencia cederá cuando: (1) la determinación administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) el ente administrativo

erró en la aplicación o interpretación de las leyes o los

reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) el
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organismo      administrativo     actuó   arbitraria,    irrazonable     o

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base

racional, o (4) la actuación administrativa lesionó derechos

constitucionales      fundamentales. Torres   Rivera     v.   Policía   de

PR, supra, pág. 628. Es importante destacar que, si el tribunal no

se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista

más de una interpretación razonable de los hechos, procede que

se valide la interpretación que realizó la agencia administrativa

recurrida. Íd.

                                   B.

      En cuanto a la disposición de los asuntos sometidos en las

agencias administrativas, la LPAU, “estableció un cuerpo de reglas

mínimas que provee uniformidad al procedimiento decisional de

las agencias públicas en nuestra jurisdicción […] con el propósito

de   alentar     la    solución   informal    de   las    controversias

administrativas”. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969

991 (2011). La mencionada disposición legal, además, “faculta a

las entidades administrativas a disponer de los asuntos ante su

consideración mediante resolución sumaria”, excepto cuando la

ley orgánica de la agencia disponga lo contrario.                OCS v.

Universal, 187 DPR 164, 177 (2012); Torres Santiago v. Depto.

Justicia, supra, pág. 991. En particular, la Sección 3.7 (b) de la

LPAU, atinente a la Conferencia con Antelación a la Vista; Órdenes

y Resoluciones Sumarias dispone que:

      (b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de
      las partes y luego de analizar los documentos que
      acompañan      la    solicitud      de     orden      o
      resolución sumaria y los documentos incluidos con
      la moción en oposición, así como aquéllos que
      obren en el expediente de la agencia, que no es
      necesario celebrar una vista adjudicativa, podrá dictar
      órdenes o resoluciones sumarias, ya sean de carácter
      final, o parcial resolviendo cualquier controversia
      entre las partes, que sean separable de las
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      controversias, excepto en aquellos casos donde la ley
      orgánica de la agencia disponga lo contrario.

      La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias

en los casos en que:

     (1) existen hechos materiales o esenciales
     controvertidos;
     (2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no
     han sido refutadas;
     (3) surge de los propios documentos que se
     acompañan con la petición una controversia real sobre
     algún hecho material y esencial; o
     (4) como cuestión de derechos no procede.
3 LPRA sec. 9647

      Este mecanismo de disposición sumaria persigue “agilizar el

proceso adjudicativo en casos en que no estén presentes los

hechos materiales en controversia”. OCS v. Universal, supra, pág.

177-178. De manera, que “[n]ada impide que una agencia pueda

adjudicar sin celebrar una vista evidenciaria cuando no exista

controversia sobre los hechos y, además, toda la evidencia

documental que surge del expediente señale claramente la

corrección de la determinación de la agencia”. Íd., pág. 178. De

este modo se evita el tener que celebrar una “audiencia

evidenciaria [que] no aportaría ningún elemento meritorio al

proceso analítico”. OCS v. Universal, supra, pág. 178, citando a J.

Echevarría Vargas, Derecho administrativo puertorriqueño, San

Juan, Ed. Situm, 2012, pág. 231.

      Sin embargo, el Tribunal Supremo ha recalcado que “la

naturaleza informal o sumaria de un proceso adjudicativo no

puede ser un obstáculo para que se les garanticen a las partes

afectadas   el   mínimo   irreductible   de   garantías   procesales

reconocidas como justas y equitativas”. Torres Santiago v. Depto.

Justicia, supra, pág. 993. Específicamente, hay que conceder a la

parte afectada una notificación adecuada, la oportunidad de

confrontarse con la prueba de la otra parte, la de presentar la
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suya, la de reconsiderar la determinación administrativa y la de

revisar judicialmente dicha determinación. Íd., pág. 994.

      Cónsono a la disposición antes aludida, el Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento Núm. 8034,

del 13 de junio de 2011 dispone en la Regla 11.1 para la

resolución sumaria de las controversias lo siguiente:

      El Departamento ordenará el cumplimiento de lo que
      proceda conforme a Derecho sin la celebración de
      vista administrativa, cuando luego de las partes haber
      hecho sus planteamientos y de haber evaluado la
      evidencia, no surja una controversia real de
      hechos. En tal caso, si una de las partes solicita
      reconsideración, se citará a vista en reconsideración
      siempre que se establezca la existencia de una
      controversia real sobre hechos pertinentes.

                                C.

      Mediante   el   Reglamento     de   Prácticas     Comerciales,

Reglamento Núm. 9158, DACO, la agencia agrupó las medidas

que regulan determinadas prácticas comerciales. Íd., Regla 2.

Esto con el fin de velar por la seguridad y confianza de los

consumidores. Íd. Este reglamento aplica a toda persona natural

o jurídica que se dedique a ofrecer bienes o servicios a

consumidores en la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico.

      La Regla 14, b, 14 del Reglamento 9158, define como parte

del concepto de prácticas y anuncios engañosos, lo siguiente:

      14. Cobrar una cantidad de dinero por concepto de
      cargos por servicios, cuando dichos servicios son
      inexistentes o no susceptibles de ser corroborados.
      Los servicios básicos accesorios, que no sean
      operacionales, sino que resulten necesarios para que
      el consumidor reciba el bien o servicio ofrecido, no
      pueden gravarse con cargos adicionales separados del
      precio.

      Respecto a la venta de vehículos la Regla 20 (f) del referido

reglamento dispone lo siguiente:

      En toda transacción de compraventa o arrendamiento
      de un vehículo de motor nuevo, los gastos de registro
      o gestiones relacionadas al mismo, no deberán
      exceder las cuantías establecidas por el Departamento
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      de Transportación y Obras Públicas para lograr el
      registro de la unidad. Todo gasto atribuible a dicha
      transacción deberá ser claramente desglosado
      por el vendedor en el contrato de compraventa.
      No se podrá cobrar dos veces por la misma
      gestión. En el caso de los vehículos de motor
      usados, el concesionario no podrá cobrar
      cuantía alguna por concepto de traspaso o
      gestiones relacionadas al mismo.

                                D.

      Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de

7 de enero de 2000, según enmendada, atiende lo relacionado a

los traspasos de vehículos de motor.              El Artículo 2.40(e),

renumerado al 2.41 (e), mediante la Ley 125 de 6 de noviembre

de 202310, 9 LPRA sec. 5041, menciona como sigue:

      (e) En los casos en que un concesionario de venta de
      vehículos de motor tome unidades usadas, como
      parte del pronto pago del precio de otros vehículos de
      motor, el traspaso podrá efectuarse mediante
      declaración jurada suscrita por el concesionario o
      vendedor, siempre y cuando, el dueño del vehículo de
      motor haya expresado previamente su voluntad de
      cederlo o traspasarlo a este, estampando su firma al
      dorso del certificado de título del vehículo. En tales
      casos, requerirá el cotejo previo por un funcionario del
      concesionario, debidamente autorizado por el
      Departamento, del expediente que obre en el Sistema
      DAVID PLUS en el DISCO además de la declaración
      jurada del concesionario deberá especificar la fecha en
      que fue cedida o entregada la unidad, el nombre y la
      dirección del dueño, al igual que el medio usado para
      la adecuada identificación de dicha persona. También
      incluirá una descripción detallada del vehículo de
      motor, la cual contará con los datos siguientes:
      marca, año, color, modelo o tipo, número de tablilla
      que poseía el dueño anterior, número de registro del
      vehículo de motor, número de identificación del
      vehículo, tipo de motor, caballos de fuerza de uso
      efectivo, numero de marbete (inspección), numero de
      puertas y cualquier otros números o marcas de
      identificación de la unidad o de sus piezas. El
      concesionario no tendrá que ponerle tablilla a
      las unidades recibidas como pronto pago del
      precio ya que estas formarán parte de su
      inventario al igual que las unidades nuevas o
      usadas importadas que tampoco se les asignan
      tablillas hasta que son vendidas.

10
  La Ley 125 de 6 de noviembre de 2023 renumeró el anterior Art. 2.40
como Artículo 2.41.
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           A la luz de la antes mencionada normativa, evaluamos.

                                    III.

           El recurrente On the Wheels alega que a tenor con la Regla

2.40(e)11 de la Ley de Vehículos y Tránsito, los concesionarios

vienen obligados a realizar el trámite de tablilla y traspaso de un

vehículo de motor usado importado a partir de la venta, como si

se tratara de un vehículo de motor nuevo. Adujo que en el caso

de vehículo de motor usados importados, no hay duplicidad de

cargos para el trámite de traspaso de tablilla, a diferencia de

cuando se trata de un vehículo de motor usado que ya fue

registrado con una tablilla en Puerto Rico. Por eso alegó que la

Regla 20 (f) del Reglamento de DACo no aplica a los vehículos de

motor importados, pues estos se rigen por el Artículo 2.40 (e) de

la Ley Núm. 22-2000. Evaluamos.

           El mencionado Artículo 2.40, ahora 2.41 (e) de la Ley

Tránsito, 9 LPRA sec. 5041, dispone, en lo pertinente lo siguiente:

           (e) En los casos en que un concesionario de venta de
           vehículos de motor tome unidades usadas, como
           parte del pronto pago del precio de otros vehículos de
           motor, el traspaso podrá efectuarse mediante
           declaración jurada suscrita por el concesionario o
           vendedor, siempre y cuando, el dueño del vehículo de
           motor haya expresado previamente su voluntad de
           cederlo o traspasarlo a este, estampando su firma al
           dorso del certificado de título del vehículo. […] El
           concesionario no tendrá que ponerle tablilla a las
           unidades recibidas como pronto pago del precio ya
           que estas formarán parte de su inventario al igual
           que las unidades nuevas o usadas importadas
           que tampoco se les asignan tablillas hasta que
           son vendidas.

           Vemos que el mencionado artículo se refiere al traspaso de

unidades usadas tomadas como pronto pago, lo que no es

aplicable a este caso, pues aquí se trata de la compra de un

vehículo usado.       Aun así, de acuerdo con las determinaciones de

11
     Íd.
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hechos 3, 4 y 5, el Querellante adquirió en la Querellada, un

vehículo de motor usado del año 2015 de la marca Chevrolet

modelo Silverado, tablilla 1058334; la Querellada le cobró al

Querellante la cantidad de $599.00 en concepto de tablillas. Ese

pago no fue acreditado en la Orden de Compra del Vehículo.

Debido a esta situación, el Querellante radicó la querella para la

devolución del pago hecho en concepto de tablillas y gastos de

cierre de un vehículo de motor usado.

         Los hechos antes mencionados no fueron contradichos.

Corroboramos del expediente, un documento de compra del 17 de

agosto de 2021, del cual surge que el precio de venta de la unidad

fue de $23,500.00 en “cash”, y el inciso relacionado a las

“tablillas” aparece en cero (0.00).12 En documento aparte surge

una Tabla de Cargos por Tablillas y/o Traspaso13, con la siguiente

información:

         Costo de tablilla                       265.00
         Mensajería                               50.00
         Gestoría DTOP                            50.00
         Trámite documentos bancarios             50.00
         Archivo o digitalización                 50.00
         Trámite solicitud                        50.00
         Investigación de crédito                 40.00
         Comodity y contrato                      50.00
         Trámite y juramentación a/u              40.00
         Gestoría DTOP A/U
                                                 $595.00

         Como vemos, en la Orden de Compra del vehículo no se

incluyó la información relacionada a la tablilla o los gastos de

registro o gestiones relacionadas al este, como lo requiere la Regla

20 (f) del Reglamento 9158.      Además, surge de la tabla aquí

transcrita, que se están facturando unos cargos adicionales

separados al precio, lo cual también, transgrede la Regla 14 (b)

(14) del Reglamento 9158. De manera que, independientemente

12
     Apéndice pág. 1.
13
     Apéndice pág. 12.
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a que el auto sea uno nuevo o se considere nuevo por ser

importado, como alega el recurrente, esa información debía

constar en el documento de la orden de compra. En este caso, el

acápite relacionado a la tablilla, estaba en cero (0.00), por tanto,

no podían cobrar por tales gestiones al comprador, mediante

documento aparte.

      Por tal razón entendemos que la determinación del foro

administrativo fue razonable a la luz de la información del

expediente y el derecho aplicable.

      En el segundo señalamiento de error el recurrente cuestionó

la facultad del DACo para disponer de la controversia por la vía

sumaria, pues no hubo una solicitud de las partes para que se

resolviera sumariamente la querella.

      En términos procesales, aun cuando no surge del expediente

que alguna de las partes solicitara la disposición de la controversia

por la vía sumaria, el foro administrativo no está imposibilitado

para resolver las controversias por tal método, cuando la prueba

ante su consideración así se lo permite.

      La Sección 3.7 de LPAU solo prohíbe la disposición sumaria

cuando (1) existen hechos materiales o esenciales controvertidos;

(2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no han sido

refutadas;   (3)   surge   de   los   propios   documentos   que   se

acompañan con la petición una controversia real sobre algún

hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derechos no

procede.

      En este caso, el recurrente fue notificado de la querella, tuvo

la oportunidad de contestarla, y así lo hizo, así como de presentar

prueba a su favor. Incluso, surge del apéndice del recurso que

incoó el recurrente, cierta prueba documental relacionada a la

copia del contrato de compra y el desglose de los cargos cobrados
KLRA202300605                                                      14

al recurrido.     Esta información era suficiente para disponer del

asunto por la vía sumaria, sin que sea necesario posponer los

procesos con la celebración de una vista administrativa. Es decir,

entendemos que la prueba que obra en el expediente es suficiente

para disponer de la controversia por la vía sumaria, lo que no

amerita una vista en los méritos.            Según pautamos, lo

determinante es que el recurrente fue notificado de la acción en

su contra, tuvo la oportunidad de comparecer y presentar prueba

a su favor y así lo hizo. Vemos que la determinación del DACo se

sustenta con la prueba que surgía del expediente.               Esta

determinación no es irrazonable ni transgredió los derechos del

recurrente. Por lo cual, no vamos a intervenir con el criterio de la

agencia de resolver el caso de forma sumaria.

                                 IV.

      Por   las    razones   antes   expresadas,   Confirmamos     la

resolución recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones