Court Opinion

ID: 9952328
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:41:47.917973+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:08.430485
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL II

  JAVIER ALMEYDA VARGAS                               REVISIÓN
                                                      ADMINISTRATIVA
             Recurrido                                procedente del
                                                      Departamento de
                                                      Asuntos del
                  v.                    KLRA202300662 Consumidor (DACO)

                                                                Caso número:
   LEONARDO J. RIVERA                                           MAY-2022-0003137
 MÉNDEZ, UNITED SURETY &
   INDEMNITY COMPANY                                            Sobre:
                                                                Contrato de Obras y
             Recurrente                                         Servicios

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

        Comparece la parte recurrente, Leonardo J. Rivera Méndez, y nos

solicita la revisión de la Resolución emitida por el Departamento de Asuntos

del Consumidor (DACO) el 23 de octubre de 2023, notificada al día

siguiente. Mediante el referido dictamen, el organismo administrativo

ordenó al recurrente pagar $43,544.99 a la parte recurrida, Javier Almeyda

Vargas, dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la

notificación de la determinación.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

                                           I

        El 19 de agosto de 2022, Javier Almeyda Vargas (Almeyda Vargas

o recurrido) incoó una Querella sobre incumplimiento de contrato de obras

y servicios en contra de Leonardo J. Rivera Méndez (Rivera Méndez o

recurrente).1 Posteriormente, se enmendó la acción para añadir como parte

coquerellada a United Surety & Indemnity Company (USIC).2

1 Anejo D del recurso.
2 Véase, Enmienda a Querella en el expediente administrativo.

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
KLRA202300662                                                                     2

        Celebradas tres vistas administrativas y evaluadas las posturas de

las partes, el 23 de octubre de 2023, notificada al día siguiente, el DACO

emitió la Resolución que nos ocupa.3 En esta, la agencia ordenó a Rivera

Méndez pagar $43,544.99 a Almeyda Vargas, dentro del término de

cuarenta y cinco (45) días, a partir de la notificación del dictamen.

        En desacuerdo, el 13 de noviembre de 2023, tanto Rivera Méndez

como USIC presentaron mociones de reconsideración, respectivamente,4

las cuales no fueron consideradas por el DACO dentro del término

estatuido para ello.

        Inconforme, el 28 de diciembre de 2023, Rivera Méndez compareció

ante esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló los siguientes

errores:

        Erró el Honorable Departamento de Asuntos del Consumidor
        al establecer que el testimonio de la Sra. Loperena no
        mereció credibilidad por estar viciado de vaguedad sin poder
        establecer fechas, horario y poner en duda la obtención de
        los permisos.

        Erró el Honorable Departamento de Asuntos del Consumidor
        al determinar el [i]ncumplimiento de [c]ontrato al establecer
        que la obra no fue terminada en el término acordado y
        establecer que el querellante se excedió de manera
        irrazonable en el término pactado[,] sin ordenar [a] realizar
        una inspección neutral por un [i]nspector del D[ACO] o[,] en
        su defecto[,] por un [i]nspector [e]xterno [n]eutral que no fuera
        viciado por alguna de las partes.

        Erró el Honorable Departamento de Asuntos del Consumidor
        al darle credibilidad al testimonio del [i]ngeniero [c]ivil, el Sr.
        Rodríguez[,] y al estimado de costos de corrección
        presentado por el [i]ngeniero.

        Erró el Honorable Departamento de Asuntos del Consumidor
        al ordenar a la parte querellada a pagar la cantidad de
        $43,544.99 dólares por concepto de incumplimiento de
        contrato, así como los defectos de [c]onstrucción[,] alegando
        que el Departamento no puede resolver el contrato[,] según
        solicitado por la parte querellante[,] ni ordenar a la
        Cooperativa a que entregue la suma de $19,500.00 al
        querellante para contratar [a] otro contratista que corrigiera
        las deficiencias.

        En cumplimiento con nuestra Resolución del 10 de enero de 2024,

la parte recurrente presentó una Moción Acreditando Notificación de

3 Anejo G del recurso.
4 Anejo H del recurso. Véase, además, Moción de Reconsideración y Determinaciones de

Hechos Adicionales y Reconsideración en el expediente administrativo.
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Revisión Judicial Apelación [sic]. Informó y evidenció que envió copia de la

presente revisión judicial, debidamente ponchada, a la representación

legal del recurrido y al DACO, el mismo día que instó el recurso, conforme

a lo dispuesto en la Regla 58 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 58.

         Así las cosas, el 23 de enero de 2024, el recurrido compareció

mediante Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 83B. En

síntesis, alegó que no había recibido notificación del recurrente de alguna

moción evidenciando la notificación a las partes. Asimismo, arguyó que, de

la portada del recurso, así como de la certificación sobre notificación al final

de este, no surgía que el recurrente le hubiese notificado del mismo a la

coquerellada USIC, según requerido por la Regla 58 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra. Sobre ese particular, planteó que el

recurso instado ante esta Curia nunca fue perfeccionado debido a la falta

de notificación de la presente revisión judicial a la representación legal de

récord de USIC o, en su defecto, a la referida compañía. Particularizó que

USIC fue parte coquerellada del pleito en cuestión y fue igualmente

afectada por la determinación del DACO, cuyo dictamen fue notificado a

dicha parte. Argumentó que, al día de hoy, la parte recurrente no ha

sometido evidencia de la notificación y tampoco ha presentado justa causa,

conforme a derecho, por haber omitido a USIC de la adecuada notificación

del recurso de epígrafe. Sostuvo que, transcurrido el término aplicable sin

que se notificara de la presentación del recurso a una de las partes,

procede la desestimación de la presente revisión judicial.

         El 23 de enero de 2024, USIC compareció ante nos mediante

Moción Informativa en Cuanto a Moción de Desestimación. Indicó y

evidenció que el recurrente le notificó el presente recurso el 17 de enero de

2024. Adujo que, a pesar de no haber sido notificada el mismo 28 de

diciembre de 2023 cuando se presentó la revisión judicial ante este Foro,

no se había perjudicado por dicha dilación. Fundamentó su postura en que
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aún estaba a tiempo para someter su alegato y que la posible revocación

de la Resolución recurrida le beneficiaría.

       Por su parte, al día siguiente, el recurrente se opuso a la solicitud de

desestimación. Sostuvo que no fue hasta que el recurrido sometió su

Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 83B que se percató del

error clerical en la certificación de la notificación, por ser USIC parte

coquerellada del pleito de epígrafe. Argumentó que dicho error no afectó

los derechos de las partes, en específico el de USIC, quien poseía el mismo

interés que el suyo. Especificó que el error clerical surgía de la certificación

de la notificación al final del recurso de revisión judicial radicado, pero que

fue notificado a USIC, conforme este último informó en su comparecencia

ante esta Curia. En vista de ello, solicitó que se declarara No Ha Lugar el

petitorio desestimatorio, en aras de evitar un fracaso a la justicia y castigar

a un litigante que mantiene interés en la causa de acción y no ha incurrido

en conducta contumaz o incumplimiento con órdenes previas del Tribunal.

Por otro lado, el mismo día, la parte recurrente sometió una Moción

Solicitando Término Adicional para Transcribir la Prueba Oral.

       En desacuerdo, el 25 de enero de 2024, la parte recurrida presentó

una Oposición a Término para Transcripción y Reafirmación sobre

Desestimación. En lo pertinente, planteó que, aun si el recurrente hubiese

notificado el recurso, ello no subsanaba el error de jurisdicción planteado

en su solicitud de desestimación original, pues USIC no fue notificada

dentro del término aplicable, no se presentó evidencia de ello y tampoco se

demostró justa causa para tal omisión. Enfatizó que, el mero hecho de que

el recurrente mencionara en su oposición que USIC compareció ante este

Tribunal notificando conocimiento del recurso, no constituía justa causa ni

era evidencia necesaria para cumplir con la Regla 58 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra. Añadió que el argumento propuesto por el

recurrente, referente a que USIC no había sufrido perjuicio ante la falta de

notificación del recurso, no era justa causa para el incumplimiento con los

términos jurisdiccionales. Reiteró que no se trataba de la dilación en la
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notificación de la revisión judicial, sino de la omisión total de ello. Abundó

que, aun asumiendo que el 17 de enero de 2024 se notificó el recurso a

USIC, al presente, no se había presentado evidencia ni justa causa a esos

efectos, por lo que reafirmó su solicitud de desestimación. En cuanto a la

solicitud de término adicional para presentar una transcripción de la prueba

oral, sostuvo que era tardía, toda vez que se presentó en exceso de los

diez (10) días reglamentarios para ello.

       Con el beneficio de las posturas de las partes, procedemos a

resolver.

                                        II

                                        A

       La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar

y decidir casos y controversias. FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521 (2023);

MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 211 DPR 135 (2023); Cobra

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022). Es por ello que,

la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental

Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es norma reiterada que los

tribunales son celosos guardianes de su jurisdicción y que tienen el deber

ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros.

Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 950 (2023).

       De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias,

tales como: (1) que no sea susceptible de ser subsanada; (2) las partes no

puedan conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede este

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a

los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) obliga

a los tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Allied

Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.
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       En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no la hay.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos, las cuestiones

de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas con

preferencia. Íd.; FCPR v. ELA et al., supra.

                                      B

       Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para

intervenir en un asunto, procede la inmediata desestimación del recurso,

conforme    lo   ordenado    por   las    leyes   y   reglamentos    para   el

perfeccionamiento de estos recursos. Allied Mgmt. Group, Inc. v. Oriental

Bank, supra, págs. 386-387. A esos efectos, la Regla 83(B) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B), dispone que una

parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un recurso

cuando, entre otras cosas, el Tribunal de Apelaciones carece de

jurisdicción. Asimismo, el inciso C de la citada Regla faculta al foro

apelativo a actuar por iniciativa propia para desestimar un recurso ante la

ausencia de jurisdicción.

       Para lograr el perfeccionamiento adecuado de un recurso

presentado ante este foro apelativo intermedio, es necesaria la oportuna

presentación y notificación del recurso a las partes. González Pagán v. SLG

Moret-Brunet, 202 DPR 1062, 1070-1071 (2019). Sobre este tema, la Regla

58 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58,

establece los requisitos para la presentación del recurso de revisión judicial.

La parte recurrente notificará el recurso de revisión, así como su apéndice,

dentro del término dispuesto para la presentación del recurso, siendo este

un término de estricto cumplimiento. Íd. A su vez, la parte recurrente

certificará al Tribunal de Apelaciones en el escrito de revisión el método

mediante el cual notificó a las partes y el cumplimiento con el término

dispuesto para ello. Íd. La falta de oportuna notificación a todas las partes
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en el litigio conlleva la desestimación del recurso. González Pagán v. SLG

Moret-Brunet, supra, pág. 1071.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                      III

       Sabido es que los tribunales deben ser celosos guardianes de su

jurisdicción y que no poseen discreción para asumirla donde no la tienen.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra. Por consiguiente, los asuntos

relacionados a la jurisdicción de un tribunal son privilegiados y deben

atenderse con primicia. Íd. Cónsono con lo anterior, por tratarse de un

asunto de índole jurisdiccional, procedemos a evaluar si la parte recurrente

cumplió con las disposiciones reglamentarias pertinentes para el

perfeccionamiento del recurso. Veamos.

       Luego de examinar detenidamente el recurso ante nos, constatamos

que la parte recurrente no notificó oportunamente a USIC de la

presentación de su recurso de revisión judicial ante esta Curia, en

menoscabo de la Regla 58(B) de nuestro Reglamento, supra. Surge del

expediente que la parte recurrente presentó su recurso ante este Foro en

el último día hábil para ello (28 de diciembre de 2023), por lo cual, tenía

hasta las 11:59 p.m. de ese mismo día para notificar una copia del recurso

incoado a las partes envueltas en el pleito de epígrafe. No obstante, la parte

recurrente admitió que no fue hasta que el recurrido solicitó la

desestimación del recurso que se percató de lo que catalogó como error

clerical en la certificación de la correspondiente notificación de USIC por

ser, al igual que él, parte coquerellada del presente caso. Además, la propia

USIC informó y evidenció que el recurso de revisión judicial le fue notificado

el 17 de enero de 2024, es decir, vencido el término aplicable para ello.

       Si bien es cierto que el término que provee la precitada Regla 58(B)

de nuestro Reglamento es de cumplimiento estricto, la parte recurrente no

acreditó justa causa para su incumplimiento. El recurrente se limitó a

mencionar que dicho error de notificación no afectó los derechos de las
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partes, en específico el de USIC, quien poseía el mismo interés que el suyo.

Ello, no constituye justa causa, según definida por nuestro ordenamiento

jurídico. Por consiguiente, carecemos de jurisdicción para atender y ejercer

nuestra función revisora en el caso de autos.

       En vista de lo anterior, ante a falta de notificación del recurso a todas

las partes dentro del término aplicable, sin justa causa, resulta forzoso

desestimar el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el presente

recurso por falta de jurisdicción.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones