Court Opinion

ID: 9896796
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:19:47.118615+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:24.315833
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

 OCTAVIO ALEQUIN VALLES                            Apelación
        Y OTROS                                    procedente del
                                                   Tribunal de
        Apelantes                                  Primera
                                                   Instancia, Sala
                                 KLAN202300816     de San Juan
             v.
                                                   Civil Núm.:
                                                   SJ2022CV10404
 ESTADO LIBRE ASOCIADO
 DE PUERTO RICO Y OTROS                            Sobre:
                                                   Sentencia
         Apelados                                  declaratoria;
                                                   debido proceso de
                                                   ley; igual
                                                   protección de las
                                                   leyes

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez
 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2023.

      Comparece el señor Octavio Alequín Valles y otros

 policías jubilados, en adelante el señor Alequín, en

 conjunto los apelantes, y solicitan que revisemos una

 Sentencia        emitida   por        el    Tribunal    de     Primera

 Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI. Mediante

 la misma, el TPI desestimó una demanda en la que se

 solicita que se declare la inconstitucionalidad de la

 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia

 para Nuestros Servidores Públicos, en adelante la Ley

 Núm. 80-2020, contra el Negociado de la Policía del

 Gobierno    de    Puerto   Rico,      en   adelante    el    Estado,   y

 contra la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico,

 en   adelante      la   Junta    de    Retiro,   en    conjunto    los

 apelados.

Número Identificador

SEN2023_________________
KLAN202300816                                                                    2

     Por          los         fundamentos        que         expondremos          a

continuación, se confirma la sentencia apelada.

                                        -I-

      Los        apelantes       presentaron          una     Demanda        sobre

sentencia declaratoria, debido proceso de ley e igual

protección de las leyes, contra el Estado.1 Solicitaron

que se declarara inconstitucional la Ley Núm. 80-2020.

En síntesis, el señor Alequín y los demás policías

jubilados        arguyeron        que     la    Ley       Núm.     80-2020      los

discrimina         por    haberse         jubilado          antes      de    2020.

Adujeron que los policías que se retiran posterior al

2020 recibirán una pensión que representa el cincuenta

porciento        de     sus    salarios,       mientras          los    apelantes

reciben una pensión entre el treinta y cuarenta por

ciento de sus salarios.

      Por su parte, el Estado presentó una Moción de

Desestimación en la que alegó que los apelantes no

tienen     legitimación          activa       para    instar      la    causa    de

acción y que la controversia se tornó académica porque

el Tribunal Federal de Puerto Rico dejó sin efecto la

Ley Núm. 80-2020.2

      En    desacuerdo,           los     apelantes         presentaron         una

Moción      en     Oposición        a     Moción       de     Desestimación.3

Arguyeron        que,     de     conformidad         con     las       Reglas    de

Procedimiento              Civil          y          su          jurisprudencia

interpretativa, el TPI no podía desestimar la demanda

porque debía tomar las alegaciones como ciertas. En

cambio, sostuvieron que procedía emitir una sentencia

declaratoria.

1 Apéndice de los apelantes, págs. 303-309.
2 Id., págs. 222-248.
3 Id., págs. 215-220.
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      Posteriormente, la Junta de Retiro presentó una

Moción Solicitando la Desestimación, mediante la que

también argumentó la academicidad de la controversia.4

Además, adujo que la Ley Núm. 80-2020 no aplica a los

empleados en el sistema de rango, clasificación a la

que pertenecen los apelantes.

      Así pues, inconformes, los apelantes presentaron

una Moción en Oposición a Moción de Desestimación de

la Junta de Retiro, mediante la cual reiteraron los

argumentos      en        su   oposición        a   la      moción      de

desestimación presentada por el Estado.5

      Evaluadas las solicitudes de las partes, el TPI

declaró   no    ha    lugar     las     mociones    de    desestimación

presentadas por el Estado y por la Junta de Retiro.6

      Nuevamente          inconforme,     el   Estado     presentó     una

Moción    de    Reconsideración          en    la   que    reiteró     su

posición respecto a la falta de legitimación activa de

los apelantes y añadió que el mecanismo de sentencia

declaratoria         no     procede      porque     no     existe      una

incertidumbre jurídica.7

      También, la Junta de Retiro presentó una Moción

de Reconsideración, en la que argumentó que el TPI no

cuenta    con    jurisdicción           para   resolver     la   acción

instada debido a la doctrina de campo ocupado.8 Del

mismo modo, arguyó que las alegaciones de la Demanda

son insuficientes y no justifican la concesión de un

derecho   por   las        siguientes    razones:    (1)    la   Ley    de

Retiro [Ley Núm. 80-2020] no les aplica a los miembros

de la Policía y (2) la Junta de Retiro no ha violado

4 Id., págs. 201-214.
5 Id., págs. 193-198.
6 Id., pág. 192.
7 Id., págs. 87-191.
8 Id., págs. 51-61.
KLAN202300816                                                                         4

la    ley,    ni     ha    discriminado         en           contra   de     la    parte

demandante debido a que esta no tiene autoridad para

disminuir o legislar pensiones para los retirados.

        Por     otro      lado,   los      apelantes             presentaron        una

Moción     en    Oposición        a    Moción           de    Reconsideración         de

Entrada       Número        34    Codemandada                 Junta     de    Retiro,

mediante la que afirmaron que la doctrina de campo

ocupado no aplica al pleito de epígrafe, por tratarse

de una cuestión puramente estatal.9 Además, reiteraron

sus     planteamientos           previos        y       añadieron       que       tienen

legitimación           activa,        debido        a    que      los      daños     son

reales, palpables, no hipotéticos.

        Con     el   beneficio        de   la       comparecencia            de    ambas

partes, el TPI resolvió lo siguiente:

        […]

        Luego de un [sic.] analizar el expediente del
        caso de epígrafe, resulta claro que la parte
        demandante no cumple con los requisitos de
        legitimación activa. En primer lugar, la parte
        demandante no ha sufrido un daño claro, palpable
        y real, sino todo lo contrario. Los alegados
        daños son hipotéticos y abstractos. Lo anterior
        se debe a que el Tribunal Federal de Puerto Rico
        declaró inválida la Ley de Retiro por ser
        incompatible   con    el   Plan  Fiscal   y   las
        disposiciones      de     la     Ley     PROMESA.
        Consecuentemente, de la parte demandante sufrir
        algún daño por la disminución en las cuantías de
        sus pensiones de retiro, dichos daños no tienen
        ningún tipo de conexión con la Ley de Retiro y la
        causa de acción ante nuestra consideración.

        […]

        [L]a JSF inició un proceso ante el Tribunal
        Federal de Puerto Rico, en el cual solicitó que
        se invalidara, entre otras, la Ley de Retiro,
        supra. Según surge del expediente, el 28 de
        diciembre de 2021, el Tribunal Federal de Puerto
        Rico emitió un documento intitulado: Stipulation
        and Order Resolving Oversight Board Complaint
        Dated December 20, 2021 Concerning Act 80-2020,
        81-2020, and 82-2020 and Joint Resolution 33-
        2021. En la pág. 4 del mencionado documento el
        Tribunal Federal de Puerto Rico aprobó la
        solicitud de la JSF e invalidó la Ley de Retiro,
        supra, la Ley Núm. 81-2020, la Ley Núm. 82-2020 y
        la Resolución Conjunta Núm. 33.

9   Id., págs. 39-45.
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      […]

      [R]esulta forzoso concluir que la controversia de
      epígrafe se tornó académica. Esto se debe a la
      declaración de invalidez de la Ley de Retiro,
      supra, por parte del Tribunal Federal de Puerto
      Rico. Por todo lo anterior, este tribunal carece
      de jurisdicción para atender la controversia de
      epígrafe.10

      Insatisfechos          con     dicha       determinación,           los

apelantes presentaron una Apelación en la que alegan

que el TPI incurrió en los siguientes errores:

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA EL ESTADO LIBRE
      ASOCIADO Y EL NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO
      RICO BASADA EN QUE LOS DEMANDANTES NO TIENE
      [SIC.] LEGITIMACIÓN OR [SIC.] STANDING EN EL
      PRESENTE CASO.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA LA JUNTA DE
      RETIRO POR ALEGADAMENTE ESTAR EL CAMPO OCUPADO
      POR LA JUNTA DE CONTROL FISCAL.

      Examinados       los    escritos          de     las   partes,      el

expediente y la prueba documental, estamos en posición

de resolver.

                                    -II-

      La jurisdicción, fuente principal de la autoridad

de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las

leyes,   está    regulada      por    la     aplicación      de   diversas

doctrinas       que    dan     lugar       al        principio     de     la

justiciabilidad, a saber: la legitimación activa, la

academicidad y la cuestión política. Como corolario de

lo anterior, previo a la evaluación de los méritos de

un   caso,   los      tribunales      debemos         determinar     si   la

controversia          ante         nuestra           consideración        es

justiciable.11 Esto obedece a que los tribunales sólo

tenemos facultad para resolver controversias genuinas

dentro de una situación adversativa en la cual las

10Id., págs. 25-32.
11Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727, 738 (2022);
Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 766 (2016); Díaz
Díaz v. Asoc. Res. Quintas San Luis, 196 DPR 573, 577 (2016).
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partes tengan un interés real de obtener un remedio

que haya de afectar sus relaciones jurídicas.12

        En        lo     aquí           pertinente,         la      doctrina        de

academicidad            “constituye          una    de   las     manifestaciones

concretas del concepto de justiciabilidad, que a su

vez acota los límites de la función judicial”.13 Así

pues, un caso se torna académico cuando en el mismo se

trata    de       obtener          un     fallo     sobre     una    controversia

inexistente, o una sentencia sobre un asunto el cual,

por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos.14

Así mismo, una controversia que en sus inicios era

justiciable se puede convertir académica cuando los

cambios       fácticos         o        judiciales    acaecidos        durante      el

trámite           judicial          tornan         ficticia       su      solución,

convirtiéndose               así    en    una     opinión     consultiva         sobre

asuntos abstractos de derecho.15 Consecuentemente, la

doctrina en cuestión “requiere que durante todas las

etapas       de    un    procedimiento             adversativo,        incluso      la

etapa de apelación o revisión, exista una controversia

genuina entre las partes”.16

        No obstante, se han reconocido varias excepciones

a la doctrina de academicidad, a saber: (1) cuando se

plantea una cuestión recurrente que por su naturaleza

se   hace     muy       difícil          dilucidarla        nuevamente      en     los

tribunales;            (2)    si    la     situación     de      hechos     ha   sido

modificada             por         el     demandado,         pero      no        tiene

12 Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, supra; Suárez Cáceres v.
Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009); Sánchez et al. v.
Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 370 (2002).
13 Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 824 (1995).
14  Super Asphalt v AFI y otro, 206 DPR 803, 816 (2021); San
Gerónimo Caribe Project v. ARPe, 174 DPR 640, 652 (2008); RBR
Const., SE v. AC, 149 DPR 836, 846 (1999).
15 Super Asphalt v AFI y otro, supra; PPD v. Gobernador I, 139 DPR

643, 675-676 (1995). Véase, además, Pueblo v. Díaz, Rivera, 204
DPR 472, 481 (2020).
16  Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 824. Véase, además,
Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, supra.
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características           de        permanencia;       (3)        cuando    los

aspectos de la controversia aparentan ser académicos,

pero    no     lo     son       porque        persisten       consecuencias

colaterales; (4) cuando el tribunal ha certificado un

pleito de clase y la controversia se tornó académica

para    un    miembro          de    la    clase,      mas     no    para    el

representante de la misma.17

       Finalmente, una vez un tribunal determina que un

caso    es     académico,           por    imperativo        constitucional

(ausencia de ‘caso o controversia’) o por motivo de

autolimitación            judicial,            debe         abstenerse       de

considerarlo en sus méritos.18

                                      -III-

       Los    apelantes        reiteran       que,    aun    cuando    la    Ley

Núm. 80-2020 fue “anulada”, tienen legitimación activa

para presentar la causa de acción de epígrafe. Aducen

que “la esencia de la controversia sigue siendo que el

gobierno      ha     seguido         reduciendo       el     porciento      del

salario de los Policías que comenzaron sus labores en

1987   a     sustancialmente           menos    del    50%     mientras      los

Policías que comenzaron los años posteriores se les

paga   el     50%    de   su        salario”.    En    su     opinión,      esta

distinción constituye un discrimen bajo                           la cláusula

constitucional que garantiza la                      igual protección de

las leyes. A su vez, alegan que no procede invocar la

doctrina      de     campo          ocupado     porque       la     Junta    de

Supervisión         Fiscal      “no       aprueba     proyectos       ni    los

convierte en ley”. Del mismo modo, difieren con la

apreciación del TPI en cuanto a los daños reclamados;

17 Pueblo v. Díaz, Rivera, supra, pág. 482; Bathia Gautier v.
Gobernador, 199 DPR 59, 73-74 (2017).
18 Super Asphalt v AFI y otro, supra; Pueblo v. Díaz, Rivera,

supra; San Antonio Maritime v. PR Cement Co., 153 DPR 374, 387
(2001).
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a su juicio, recibir “sustancialmente menos dinero en

sus cheques [de retiro]… no tiene nada de abstracto ni

hipotético”.

      Sin    embargo,          el    Estado       arguye          que      el   alegado

trato discriminatorio es ficticio porque, conforme al

artículo 5 de            la Ley Núm. 80-2020, el estatuto                               no

aplica       a         los      integrantes                de         la        policía,

independientemente de la fecha de su retiro. Así pues,

afirma      que       los    apelantes           no        tienen       legitimación

activa,      ni       sufren        un     perjuicio            claro,      palpable,

inmediato        y    preciso.       Finalmente,            argumenta           que    los

tribunales           estatales       carecen          de     jurisdicción             para

adjudicar            controversias             sobre        la        aplicación         e

implantación de la Ley Núm. 80-2020, por ser la Sala

de Título III el foro con autoridad exclusiva. Por lo

tanto, alega que, en tanto el Congreso de los Estados

Unidos, al palio de PROMESA, facultó a la Junta de

Supervisión Fiscal para garantizar que la promulgación

o aplicación de las leyes estatales no afecte el Plan

Fiscal, es PROMESA el estatuto que ocupa el campo ante

la Ley Núm. 80-2020.

         Por su parte, así como el Estado, la Junta de

Retiro      argumenta          que        el    pleito           de     epígrafe        es

académico porque el Tribunal Federal de Puerto Rico

invalidó la Ley Núm. 80-2020, por ser contraria a los

propósitos del Plan Fiscal de Puerto Rico, en virtud

de   PROMESA.         Además,       coincide          en    que       los   apelantes

carecen de legitimación activa y en que no existe un

nexo entre la acción instada por los promoventes y los

daños reclamados.

      A   los        efectos        del    resultado            alcanzado,        basta

considerar uno de los fundamentos en que se basó el
KLAN202300816                                                                 9

TPI para emitir la Sentencia apelada, a saber: que la

controversia       en       el    pleito     de     epígrafe     se        tornó

académica. Veamos.

       En la medida en que el Tribunal Federal de Puerto

Rico     invalidó         la      Ley     Núm.      80-2020,     por         ser

inconsistente         con      PROMESA,     no     existe     controversia

genuina ni un interés real de obtener un remedio que

haya    de    afectar       las     relaciones       jurídicas        de     las

partes.      Así   pues,       tampoco     existe    conexión    entre        la

disminución de la cuantía en las pensiones de retiro y

la Ley Núm. 80-2020, por lo que los daños alegados son

hipotéticos y abstractos, en el contexto del pleito de

epígrafe.      Bajo     este     supuesto,        cualquier    declaración

judicial sería una opinión consultiva sobre asuntos de

derecho      carente        de    eficacia        práctica     alguna.        En

síntesis, la controversia ante nuestra consideración

es     académica      y     como        consecuencia,        carecemos        de

jurisdicción para atenderla en sus méritos.

                                    -IV-

       Por los fundamentos antes expuestos, se confirma

la sentencia apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones