Court Opinion

ID: 9890336
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:16:40.316554+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:21.421012
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

JOEL HERNÁNDEZ SANTOS                               Revisión
                                                    Administrativa
        Recurrente                                  procedente del
                                                    Departamento de
                                                    Corrección y
              v.                  KLRA202300410     Rehabilitación

                                                    Número de caso:
DEPARTAMENTO DE                                     B705-32455
CORRECCIÓN Y
REHABILITACIÓN                                      Remedio
                                                    Administrativo Núm.:
         Recurrido                                  PP-703-23

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

       Comparece el señor Joel Hernández Santos (señor Hernández

Santos o recurrente) mediante Recurso de Revisión Administrativa y

nos solicita la revisión de la Resolución emitida y notificada el 19 de

mayo de 2023 por el Comité de Clasificación y Tratamiento del

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Comité). Mediante

dicha determinación, el Comité recomendó ratificar la custodia

mediana del recurrente1.

       Por   los    fundamentos      que   exponemos     a   continuación,

revocamos la determinación impugnada.

                                      I.

       Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 2

de mayo de 2008, el señor Hernández Santos fue sentenciado a

trescientos quince (315) años de prisión por la comisión de tres (3)

asesinatos en primer grado e infracción a varios artículos de la Ley

de Armas, Ley Núm. 404-20002. El 5 de agosto de 2008, el

1 El recurrente se encuentra ingresado en una institución del Departamento de

Corrección y Rehabilitación.
2 25 LPRA ant. sec. 455 et seq.

Número Identificador
SEN2023 _________
KLRA202300410                                                           2

recurrente fue clasificado en custodia máxima. Posteriormente, el

19 de abril de 2022, fue reclasificado a custodia mediana.

       El 19 de mayo de 2023, el Comité se reunió para evaluar el

plan institucional del recurrente y ratificó su nivel de custodia

mediana. Según surge del documento intitulado Acuerdos del

Comité de Clasificación y Tratamiento, los fundamentos para la

determinación del Comité fueron los siguientes:

               Sentenciado a 315 años, por los delitos de asesinato y
       leyes de armas, en donde, con armas de fuego pierden la vida
       un [sic] tres seres humanos. Reclasificado de custodia
       máxima a custodia mediana el 19 de abril de 2022, hace 01
       año. El mínimo de su sentencia está pautado para el 06 de
       mayo de 2087, restándole 64 años para ser referido a la
       Junta de LBP, el máximo lo tiene pautado para el 28 de abril
       de 2314, restándole 291 años para extinguirlo. Deberá
       continuar en su custodia mediana por un tiempo adicional
       en donde puede participar de terapias, programas y
       actividades; así observando los ajustes para futuros
       privilegios. Se utiliza modificación NO discrecional, 15
       años antes de la fecha para el referido de Libertad Bajo
       Palabra. (Énfasis nuestro).

       De conformidad con lo antes indicado, el Comité emitió la

Resolución3 cuya revisión nos ocupa.

       En desacuerdo con la determinación, el 24 de mayo de 2023,

el recurrente presentó una solicitud de reconsideración ante la

Unidad de Servicios Sociopenales. En esencia, arguyó que durante

el periodo de evaluación no incurrió en actos de indisciplina y ha

completado varios programas de terapias. Además, solicitó que se

aplicaran las disposiciones de la Ley Núm. 85-2022, infra, y se le

reclasificara a custodia mínima. El 14 de junio de 2023, notificado

el 6 de julio de 2023, el Comité determinó no acoger la solicitud de

reconsideración instada por el recurrente.

       Inconforme, el 26 de julio de 2023, el recurrente entregó en la

Institución Correccional el Recurso de Revisión Administrativa que

nos ocupa y señaló al Comité la comisión de los siguientes errores:

               Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento al
       ratificar la custodia mediana del Sr. Hernández Santos
       utilizando como único fundamento la Modificación No

3 Véase apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 7.
KLRA202300410                                                      3

       Discrecional “Más de 15 años antes de la fecha máxima de
       libertad bajo palabra”.

       El 25 de agosto de 2023, emitimos una Resolución en la que

le concedimos un término al Departamento de Corrección y

Rehabilitación (DCR o agencia recurrida) para presentar su posición

sobre los méritos del recurso.

       Luego de una solicitud de prórroga, el 18 de septiembre de

2023, el DCR, representado por la Oficina del Procurador General

de Puerto Rico, presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden. En

esencia, arguyó que la Hoja de Liquidación que el Comité utilizó para

aplicar la modificación no discrecional de más de quince (15) años

para cumplir el máximo para la Junta de Libertad Bajo Palabra tiene

fecha de 19 de agosto de 2008 y no estaba atemperada a las

disposiciones de la Ley Núm. 85-2022, infra, ni a la Carta Circular

Núm. 2023-02, emitida el 15 de junio de 2023 por el DCR. Por tanto,

solicitó que se devuelva el caso al DCR para que el Comité tenga la

oportunidad de evaluar si con la hoja reliquidada procede ratificar

la custodia mediana del recurrente o su reclasificación a custodia

mínima.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver el recurso de epígrafe.

                                        II.

                                        -A-

       La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, supra, establece la autoridad del Tribunal de Apelaciones para

revisar “decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o

agencias administrativas”4. Por su parte, la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

establece el marco de revisión judicial de estas decisiones5. Cónsono

4 Art. 4006(c), 4 LPRA sec. 24(y)(c).
5 Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675.
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con lo anterior, nuestra función revisora se delimita a delinear la

discreción de las entidades administrativas para garantizar que sus

decisiones se encuentren en el marco de los poderes delegados y

sean consecuentes con la política pública que las origina6.

       Debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado

que tienen las agencias administrativas sobre los asuntos que le son

encomendados, los foros revisores les conceden gran consideración

y deferencia a sus decisiones7. Es por esta razón, que la revisión

judicial se limita a determinar si la agencia actuó de manera

arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea considerado

un abuso de discreción8. Hay que señalar que las determinaciones

de los organismos administrativos están cobijadas por una

presunción de corrección y legalidad que debe respetarse, mientras

la parte que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que

la decisión no está justificada9.

       Así pues, la revisión judicial de una decisión administrativa

se circunscribe a determinar si hay evidencia sustancial en el

expediente para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó

de forma arbitraria, caprichosa o ilegal10. El criterio rector es la

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida11. Por ello, al

momento de evaluar una determinación administrativa se debe

considerar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado;

(2) la decisión de la agencia está sostenida en evidencia sustancial

que obra en el expediente administrativo visto en su totalidad; y (3)

las conclusiones de derecho fueron correctas12.

6 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, 205 DPR 606 (2020); Torres Rivera v. Policía

de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263,
279 (1999).
7 Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The Sembler Co. v. Mun. de

Carolina, 185 DPR 800 (2012).
8 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012); Federation des Ind. v.

Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).
9 López Borges v. Adm. Corrección, supra.
10 Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684 (2006).
11 Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006).
12 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v.

Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018).
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       Ahora bien, si la decisión del organismo administrativo no

estuvo basada en evidencia sustancial; erró en la aplicación o

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le encomendó

administrar; o actuó de manera irrazonable, arbitraria o ilegal, al

realizar determinaciones carentes de una base racional; o si la

actuación lesionó derechos constitucionales fundamentales, la

deferencia debida a la agencia debe ceder13.

       Así    pues,     si   una        parte   afectada    por   un    dictamen

administrativo impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la

obligación de derrotar con suficiente evidencia, que la determinación

no está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba

que tuvo ante su consideración14. De no identificarse y demostrarse

esa    otra      prueba      en     el     expediente      administrativo,      las

determinaciones de hechos deben sostenerse por el tribunal revisor,

pues el recurrente no ha logrado rebatir la presunción de corrección

o legalidad15.

       Sobre las determinaciones de derecho, el Tribunal Supremo

ha dicho que distinto a las determinaciones de hecho, el tribunal las

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio

alguno. Sin embargo, esto no quiere decir que un foro apelativo

pueda descartar las conclusiones y sustituir el criterio del ente

administrativo por el suyo. En estos casos, también los tribunales

apelativos les deben deferencia a los organismos administrativos16.

                                          -B-

       De conformidad con la política pública consagrada en nuestra

Constitución,      se     creó     el    Departamento       de    Corrección      y

Rehabilitación       (DCR)       como      el   organismo     responsable        de

13 IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012).
14 Íd.; Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. Seg. v. Real

Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69,
77 (2004).
15 O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003).
16 Rebollo v. Yiyi Motors, supra.
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implementar      aquellos    asuntos      relacionados     con    el   sistema

correccional17. Cónsono con este imperativo constitucional, en

función de mantener un sistema correccional eficaz y a los fines de

reglamentar los asuntos relacionados con la clasificación y custodia

de un confinado fue aprobado el Manual para la Clasificación de los

Confinados,      Núm.     9151,     Departamento        de    Corrección      y

Rehabilitación, 22 de enero de 2020 (Manual de Clasificación o

Manual Núm. 9151). El estatuto reglamentario se estableció con el

propósito de implementar un sistema organizado para ingresar,

procesar y asignar a los confinados en instituciones y programas de

adultos del DCR18. A tales fines, se estableció el Comité de

Clasificación y Tratamiento, responsable de evaluar las necesidades

de seguridad y de programas de los confinados sentenciados19.

       Para realizar las reclasificaciones periódicas, se sigue el

proceso establecido en la Sec. 7 del Manual de Clasificación,

utilizando el Formulario de Reclasificación de Custodia (Formulario

de Reclasificación)20. No obstante, la reevaluación de custodia no

necesariamente resultará en un cambio en la clasificación de

custodia o la vivienda asignada. Su función primordial es verificar

la adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier

situación que pueda surgir21.

       Mientras, el nivel de custodia se determinará empíricamente

a través del instrumento de medición conocido como Formulario de

Reclasificación, la escala de evaluación para determinar el grupo en

el que se ubicará al confinado está basada en criterios objetivos a

los que se asigna una ponderación numérica fija. Así, mientras más

17 Artículo VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA Tomo 1, ed. 2016, pág. 455; Artículo 4

de la Ley Núm. 2-2011, denominado como Plan de Reorganización de 2011, 3
LPRA Ap. XVIII sec. 4.
18 Artículo II del Manual de Clasificación.
19 Sec. I del Manual de Clasificación.
20 Formulario de Clasificación de Custodia, Apéndice K del Manual de

Clasificación.
21 Parte IV, Sec. 7, del Manual de Clasificación.
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alta es la puntuación en la escala, mayor es el nivel de custodia que

necesita el confinado22.

       Así, los criterios objetivos que el Comité evaluará en el proceso

de reclasificación de custodia del confinado serán los siguientes: (1)

la gravedad de los cargos y sentencias actuales; (2) historial de

delitos graves previos; (3) historial de fuga; (4) número de acciones

disciplinarias;    (5)   acciones    disciplinarias       previas   serias;   (6)

sentencias      anteriores    por   delitos    graves      como     adulto;   (7)

participación en programas y tratamiento; y (8) la edad del

confinado. A cada criterio descrito se le asigna una puntuación en

la plantilla de evaluación que se sumará o restará según

corresponda a la experiencia delictiva del confinado. El resultado de

estos cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse

objetivamente al evaluado23.

       El Formulario de Clasificación también le provee al evaluador

algunos criterios adicionales, discrecionales y no discrecionales,

para determinar el grado de custodia que finalmente recomendará

para determinado confinado o confinada. De este modo, el DCR

procura asegurar el control y la supervisión adecuada de los

miembros de la población penal, individualmente y como grupo. En

específico, sobre las modificaciones discrecionales, el inciso (D) del

Apéndice K del referido Reglamento, en lo aquí pertinente, consagra

lo siguiente:

       Historial de violencia excesiva: El confinado tiene un historial
       documentado de conducta violenta, tales como asesinato,
       violación, agresión, intimidación con un arma o incendio
       intencional que no están totalmente reflejadas en la
       puntuación del historial de violencia. Esta conducta puede
       haber ocurrido hace más de cinco años antes, durante un
       encarcelamiento o mientras estuvo asignado anteriormente
       a un programa comunitario.

       Se refiere a confinados cuyo historial de funcionamiento
       social delictivo revele agresividad o que constantemente sus
       acciones manifiesten conducta violenta. Esta podría
       demostrarse a través de ataques físicos o tentativa de

22 López Borges v. Adm. de Corrección, supra, pág. 609.
23 Formulario de Reclasificación de Custodia, Apéndice K del Manual de
Clasificación.
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         ataques a otros confinados, a oficiales de custodia, a
         empleados o a cualquier otra persona, acompañados estos
         en ocasiones por el uso de armas, vocabulario provocador e
         insultante o destrucción de la propiedad.

         […]

         Nuestro más Alto Foro, ha reconocido que la determinación

administrativa sobre el nivel de custodia de los confinados requiere

efectuar un adecuado balance de intereses24. En un lado, está el

interés público de lograr la rehabilitación de la persona confinada y

el interés en la seguridad de la institución y de la población penal y

al otro, estará el interés de la persona confinada particular de

permanecer en determinado nivel de custodia25. El interés público

en la rehabilitación de la población penal y en la seguridad

institucional debe prevalecer sobre el interés particular del

confinado en permanecer en un nivel de custodia en específico o en

determinada institución penal26. Dado que, precisa el sopesar una

serie de factores, la determinación sobre la procedencia de un

cambio de custodia requiere la pericia del DCR27.

         El Comité está compuesto por peritos, técnicos socio penales,

oficiales o consejeros correccionales que cuentan con la capacidad,

conocimiento y experiencia necesaria para atender las necesidades

del confinado y realizar este tipo de evaluación28. Es por ello que,

salvo que sea arbitraria, caprichosa o no esté sustentada por

evidencia sustancial, su determinación debe sostenerse29. Mientras

que “la decisión sea razonable, cumpla con el procedimiento

establecido en las reglas y los manuales, y no altere los términos de

la sentencia impuesta, el tribunal deberá confirmarla”. Nuestro

Tribunal Supremo ha puntualizado que la norma de deferencia a la

determinación administrativa cobra aún más importancia en las

24 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352 (2005).
25 Íd.
26 Íd., pág. 354.
27 Íd.
28 Cruz v. Administración, supra.
29 Íd.
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decisiones que toma el DCR sobre los niveles de custodia de los

confinados30.

                                      -C-

         El Artículo 308 del Código Penal de Puerto Rico31 fue

enmendado recientemente por la Ley Núm. 85-2022, aprobada el 11

de octubre de 2022. Esta enmienda, se hizo con el propósito de

establecer una manera justa y rehabilitadora que le permitiese a la

persona privada de su libertad, ser considerada para libertad bajo

palabra al cumplir con los términos de la sentencia más onerosa

relacionada a alguno de los delitos por los cuales la persona fue

encontrada culpable.

         Actualmente, el Artículo 308 del referido estatuto dispone lo

siguiente:

         Toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código
         podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la
         Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco
         por ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Este
         cómputo nunca excederá de quince (15) años cuando se trate
         de un adulto o de cinco (5) años cuando se trate de un menor
         sentenciado y procesado como adulto en delitos para los
         cuales al realizarse el cómputo jurisdiccional para cualificar
         ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra
         este sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija
         señalada en el tipo de cincuenta (50) años.

         En delitos graves cuyo término de reclusión señalada en el
         tipo sea de cincuenta (50) años, la persona podrá ser
         considerada para libertad bajo palabra por la Junta de
         Libertad Bajo Palabra al cumplir quince (15) años de su
         sentencia o cinco (5) años si se trata de un menor de edad
         procesado y sentenciado como adulto.

         En caso de la persona convicta de asesinato en primer
         grado, un delito cuya pena sea de noventa y nueve (99)
         años o reincidencia habitual la persona podrá ser
         considerada para libertad bajo palabra por la Junta de
         Libertad Bajo Palabra, al cumplir veinticinco (25) años de
         su sentencia, o diez (10) años, si se trata de un menor de
         edad procesado y sentenciado como adulto. Las personas
         convictas al amparo del inciso (c) del Artículo 93 estarán
         excluidas del privilegio de libertad bajo palabra.

         En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al
         acusado culpable por más de un delito y se le imponga
         una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, la
         persona convicta tendrá derecho a cualificar para
         libertad bajo palabra al cumplir con el término
         concerniente a la pena mayor recibida por alguno de los

30 Íd.
31 33 LPRA sec. 5416 et seq.
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         delitos cometidos. Cuando más de uno de los delitos
         cometidos conlleve la misma pena, la persona convicta
         cualificará para el beneficio de libertad bajo palabra con
         el mero hecho de haber cumplido con el término de una
         de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de aplicabilidad,
         independientemente si la Ley en virtud de la cual resulta
         convicto, sea una Ley Penal Especial.32 (Énfasis nuestro)

                                     III.

         En su recurso, el señor Hernández Santos sostiene que incidió

el Comité al ratificar su custodia mediana utilizando como

fundamento la modificación no discrecional “Más de 15 años antes

de la fecha máxima de libertad bajo palabra”. Asimismo, aduce que

la   determinación      del   Comité    no    consideró    las   enmiendas

introducidas por la Ley Núm. 85-2022, supra.

         Por su parte, la agencia recurrida, a través de la Oficina del

Procurador General, solicitó que se devuelva el caso a la agencia con

el fin de que el Comité evalúe el plan institucional del recurrente

utilizando la nueva Hoja de Control de Liquidación de Sentencia y

conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 85-2022, supra.

         Conforme a la normativa antes expuesta, la Ley Núm. 85-

2022, supra, fue creada con el propósito de enmendar el Art. 308

del Código Penal de Puerto Rico y establecer los términos para

cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo

Palabra. El precitado estatuto entró en vigor inmediatamente

después de su aprobación, es decir, a partir del 11 de octubre de

2022.

         En virtud de lo anterior, acogemos la solicitud de la agencia

recurrida al entender que ello es lo correcto en derecho. Por tanto,

nuestro dictamen se limita a resolver que procede devolver el caso

al Comité para que se evalúe el plan institucional del recurrente

conforme a la normativa vigente. Lo anterior no prejuzga los méritos

de ratificar la custodia mediana de la parte recurrente o su

reclasificación a custodia mínima.

32 Íd.
KLRA202300410                                                      11

                                IV.

      Por   los   fundamentos   antes   expuestos    revocamos     la

determinación impugnada y devolvemos el caso al Departamento

de Corrección y Rehabilitación para que el Comité de Clasificación y

Tratamiento evalúe al señor Hernández Santos, conforme a las

disposiciones de la Ley Núm. 85-2022, supra.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones