Court Opinion

ID: 9916036
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:38.206989+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:39.352207
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 Panel Especial

MARÍA E. GONZÁLEZ CALDERÓN                              Apelación
           Apelada                                      procedente del
                                                        Tribunal de
                                                        Primera Instancia,
                  v.                      KLAN202300800 Sala de Familia y
                                                        Menores de
                                                        Bayamón
  MIGUEL E. ABREU GARCÍA
         Apelante                                               Caso Núm.
                                                                D DI2008-0579

                                                                Sobre:
 MARÍA C. ABREU GONZÁLEZ                                        Divorcio (Alimentos
        Interventora                                            menor de edad)

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto

Adames Soto, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece el señor Miguel E. Abreu García, (señor Abreu García o

peticionario), a través de un recurso que denominó de apelación, pero

que acogemos como certiorari,1 solicitando la revocación de una Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón,

(TPI), el 11 de julio de 2023.2 En el contexto de una revisión de pensión

alimentaria, mediante dicho dictamen el foro primario concluyó que, en

una Resolución previa, de 12 de abril de 2022, ya se había determinado

el porciento que asumiría el peticionario, en cuanto a los costos

universitarios de su hija menor de edad, para los años académicos 2021-

2022, 2022-2023, y subsiguientes, por lo que no resultaba necesaria

consideración ulterior del asunto. De acuerdo con ello, el TPI ordenó al

1 El dictamen recurrido trata de un asunto interlocutorio, que no brinda finalidad a las

controversias planteadas. Para propósitos administrativos, el recurso conservará el
código alfanumérico correspondiente a la apelación, KLAN202300800.
2 Notificada el 13 de julio de 2023.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
KLAN202300800                                                             2

señor Abreu García a que, en el término de 20 días, propusiera un plan

de pago, o le sería emitida una orden de mostrar causa.

       Inconforme, el peticionario sostiene ante nosotros que el tribunal a

quo incidió al no haber celebrado la vista evidenciaria que ordenó este

Foro Apelativo en la Sentencia de 27 de junio de 2022, KLCE202200179,

para   establecer,   precisamente,   la   proporción   que   asumiría   cada

progenitor con relación a los cambios en gastos universitarios de las

hijas en común.

I. Resumen del tracto procesal

       En el 2016, el foro primario decretó disuelto el matrimonio

constituido por el señor Abreu García y la señora María E. González

Calderón (señora González Calderón o recurrida). Durante el matrimonio,

estos habían procreado dos hijas, MCAG y ICAG, (en conjunto, las hijas),

nacidas el 17 de julio de 2000 y 13 de enero de 2003, respectivamente.

Mediante la sentencia de divorcio aludida se concedió la custodia de las

hijas, quienes en ese entonces eran menores de edad, a la señora

González Calderón, y la patria potestad de forma compartida.

       Pasados varios años, el foro primario acogió una solicitud del

peticionario para renunciar a la patria potestad de las hijas.

       Posteriormente, el 29 de junio de 2018, el TPI dio su aprobación a

un acuerdo informado por las partes respecto a la pensión alimentaria

que pagaría el peticionario en favor de las hijas. Conforme el referido

acuerdo, el señor Abreu García pagaría por concepto de pensión

alimentaria $8,000.00 mensuales, a partir de julio de 2018, en beneficio

de las hijas, además de otras partidas allí detalladas. Respecto al pago de

pensión por gastos educativos de la menor de las hijas, en dicho acuerdo

se dispuso lo siguiente:

       c. El señor Abreu García pagará el 100% del costo de
       matrículas, mensualidades y cuotas que establezca el colegio
       de St. John’s en el que estudia la menor I.C.A.G., incluyendo
       pero no limitado a: fondo de construcción, cuota de
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       materiales, cuota de laboratorios, feria científica, cuota de
       graduación, ceremonia de sortija, y cualquier otra requerida
       por la escuela mediante pago directo a la institución en las
       fechas requeridas. La señora González Calderón pagará los
       gastos de libros, materiales, uniformes, actividades
       extracurriculares, tutorías, cuotas y actividades de clases,
       entre otros.3

       Más adelante, la menor de las hijas culminó su escuela superior, e

inició el proceso de selección de una institución universitaria para

continuar sus estudios. A esos efectos, el 15 de abril de 2021, la señora

González Calderón presentó ante el foro primario una Moción en solicitud

de que se determinen las partidas que el demandado pagará de la

educación universitaria de la menor de las hijas a partir de su ingreso en

la Universidad en agosto de 2021; en la alternativa, se refiera el caso para

la revisión de pensión alimentaria por cambio en circunstancias ante

ingreso de la menor de las hijas a la universidad el próximo mes de agosto

de 2021. Expresó, que la menor de las hijas ya había sido admitida en

varias universidades y estaba en proceso de visitar algunas para hacer

su selección. Además, manifestó que había mantenido al peticionario

informado de tales gestiones. Por último, solicitó al TPI que, conforme a

la estipulación de pensión alimentaria acogida mediante Resolución de 29

de junio de 2018, determinara que al señor Abreu García le correspondía

pagar el 100% de los gastos de matrícula, cuotas y hospedaje de la hija

menor, en la universidad que esta seleccionara o, en la alternativa, que el

caso se refiriera para revisión de pensión alimentaria.

       Visto lo anterior, el 20 de abril de 2021,4 el TPI ordenó a que, en

un término de 20 días, las partes celebraran una reunión transaccional y

sometieran una moción conjunta informando los acuerdos.

       No obstante, el 12 de mayo de 2021, el peticionario solicitó un

término adicional para cumplir con lo ordenado, aduciendo que se

encontraba en el proceso de contratar un nuevo representante legal. En

3 Tomamos conocimiento del tracto procesal del caso KLCE202200179, pág. 3.
4 Notificada el 4 de mayo de 2021.
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respuesta, mediante Resolución de 24 de junio de 2021,5 el TPI le

concedió 10 días al peticionario para tal propósito.

       Transcurrido casi un mes, el 21 de julio de 2021,6 el foro primario

emitió Resolución, refiriendo la petición de revisión de pensión aludida a

la atención del Examinador de Pensiones Alimentarias (EPA) para su

consideración.

       Al día siguiente, la recurrida presentó Urgente moción en solicitud

de remedio y en oposición a “Solicitud de término adicional para concretar

relación contractual abogado cliente y fijar posición”. La señora González

Calderón sostuvo que el señor Abreu García había incumplido con su

obligación alimentaria, y no había aportado nada para el pago de la

universidad de la menor de las hijas. Solicitó que el foro primario

determinara que el peticionario tenía la obligación de continuar

aportando para la educación de la menor de las hijas, por lo cual, le

correspondía pagar la matrícula, cuotas y hospedaje. Asimismo, requirió

que se le ordenara al peticionario el pago inmediato de las cantidades

adeudadas, so pena de encontrarlo incurso en desacato.

       El peticionario presentó Moción Asumiendo Representación Legal, el

6 de agosto de 2021.7 El 25 de agosto de 2021, el TPI aceptó la

representación legal del señor Abreu García.

       En el mismo día,8 el TPI emitió una Orden con relación a la Urgente

moción en solicitud de remedio y en oposición a solicitud de término

adicional para concretar relación contractual abogado cliente y fijar

pensión presentada por la recurrida, donde incluyó la siguiente

expresión: “Como se pide”. También, el foro primario indicó lo siguiente:

“Se tiene el asunto por sometido sin oposición. So pena de expedir orden

de arresto por desacato alimentaria tenga 10 días el demandado para

5 Notificada el 29 de junio de 2021.
6 Notificada el 22 de julio de 2021.
7 Tomamos conocimiento del tracto procesal del caso KLCE202200179, pág. 5.
8 Notificada el 27 de agosto de 2021.
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consignar en el Tribunal los $30,980.55 que adeuda de pensión

alimentaria”.9

       Inconforme, el 13 de septiembre de 2021, el señor Abreu García

presentó Urgente Solicitud de Reconsideración, indicando que en este

caso no asumiría capacidad económica y tampoco se allanaba a que la

menor estudiara en la universidad que fue matriculada, sin contar con

su aprobación. En ese sentido, solicitó que se dejara sin efecto la orden

que lo obligaba a consignar la suma de $30,980.55, hasta que se

celebrara una vista en donde se acreditara que las cantidades

reclamadas procedían en derecho.

       Cabe mencionar, que el 3 de septiembre de 2021, se celebró la

vista ordenada por el TPI ante la EPA para revisar y establecer la

proporción de los gastos universitarios. No obstante, surge del Acta10 que

la vista se convirtió en una sobre el estado de los procedimientos para

calendarizar los asuntos pendientes, ante los argumentos de las partes

de que faltaba descubrimiento de cierta documentación no provista al

momento. Por otra parte, el EPA recomendó que, mientras se dilucidaba

los   méritos    del     caso,    se   estableciera   como    pensión     alimentaria

provisional el pago por el peticionario de $4,000.00 mensuales, para

beneficio de la hija menor. Además, el EPA recomendó que el peticionario

asumiera el pago de los gastos universitarios de la menor, es decir, la

matrícula,      cuotas    y      hospedaje,   al   estimar   que    era   la   misma

responsabilidad en cuanto a los gastos universitarios de la hija que había

alcanzado la mayoría de edad.

       Sin embargo, el peticionario objetó la recomendación del EPA

mencionada, esgrimiendo no haber autorizado que se incurriera en tales

gastos universitarios, habiendo alternativas de estudios más económicas.

9 Apéndice X del recurso, pág. 22
10 Emitida el 13 de septiembre de 2021 y notificada el 27 de septiembre de 2021.
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         A pesar de ello, el EPA sostuvo su recomendación sobre el pago de

los gastos universitarios de la hija menor por el peticionario, e instruyó a

las partes a presentar sus argumentos ante el TPI, de modo que

quedaran resueltos previa a la vista para la determinación de la pensión

final.

         Así las cosas, el 15 de septiembre de 2021,11 el TPI emitió una

Orden de Pensión Alimentaria Provisional, acogiendo las recomendaciones

del EPA. Por tanto, estableció el pago por el peticionario de $4,000.00 en

concepto de pensión alimentaria provisional en beneficio de la hija

menor, además del 100% de los gastos universitarios de esta, en cuanto

a matrícula, cuotas y hospedaje. Finalmente, el foro primario advirtió que

la referida pensión provisional regiría hasta una nueva determinación, y

señaló vista en su fondo para el 3 de diciembre de 2021.

         En la misma fecha,12 el TPI resolvió la Solicitud de reconsideración

que había presentado el peticionario, disponiendo lo siguiente:

         El debido proceso de ley fue concedido a la parte y no se
         expresó. Sin embargo, se reconsidera lo dispuesto y se
         señala Vista de desacato para el 6 de octubre de 2021 a las
         3:00 p.m.

         Luego, la señora González Calderón presentó Moción reiterando

solicitud de desacato, actualizando el balance de la deuda y en solicitud

de remedios. En síntesis, sostuvo que, aunque el señor Abreu García

estaba pagando la cantidad de $4,000.00 establecidos como pensión

alimentaria, no estaba aportando para los gastos universitarios. Por

tanto, alegó que el peticionario había acumulado una deuda de

$37,749.60 adicionales, por concepto de gastos universitarios, para una

deuda total de $65,730.15, más los intereses legales.

         En atención a lo anterior, el 29 de noviembre de 2021,13 el TPI

emitió la siguiente Orden:

11 Notificada el 27 de septiembre de 2021.
12 Notificada el 27 de septiembre de 2021.
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       Tenga 5 días la parte demandada para acreditar el pago de
       los $65,730.15 que se alega adeuda, so pena de expedir las
       órdenes solicitadas.

       Ante dicha Orden, el 8 de diciembre de 2021, el señor Abreu

García presentó una Moción en cumplimiento de orden y reiterando

posición en cuanto a falta de consentimiento del demandado al proceso de

matrícula en una institución universitaria de alto costo. En síntesis,

expresó que había presentado una moción de reconsideración, la cual fue

resuelta de manera favorable, con relación a que se tenía que realizar

una    vista    para    determinar     el    asunto    relacionado    a    los   gastos

universitarios de la hija menor. Adujo que no se podía expedir una orden

de desacato, cuando no se había considerado y determinado el alcance

de su obligación respecto a los gastos universitarios de la menor de las

hijas. Ante ello, solicitó que se diera por cumplida la Orden y se celebrara

una vista en donde se consideraran los planteamientos sobre la falta de

consentimiento.

       En respuesta, el 13 de diciembre de 2021,14 el TPI emitió una

Orden dirigida al peticionario, en la que estableció lo siguiente: “Cumpla

con consignar la cantidad ordenada ($30,980.55) so pena de sanciones.

Los demás asuntos serán atendidos en vista pautada. Tenga 5 días”.

       En desacuerdo, el peticionario presentó un recurso de certiorari

ante     este    Foro     apelativo,        identificado   con   el       alfanumérico

KLCE202101515, cuya expedición denegamos mediante Resolución de 18

de enero de 2022.

       Ese mismo día, se celebró Vista de Desacato pautada ante el TPI.

Conforme surge de la Minuta Resolución, la recurrida sostuvo que la

deuda de pensión alimentaria reclamada era de $59,630.80, de acuerdo

con lo dispuesto en la orden de pensión alimentaria provisional del 15 de

septiembre de 2021. Sobre lo cual, en la Minuta Resolución se hizo

13 Notificada el 1 de diciembre de 2021.
14 Notificada el 14 de diciembre de 2021.
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constar que el peticionario refuta y hace planteamientos, aunque no dejó

constancia de qué fue lo planteado. Lo que sí consta en la Minuta

Resolución es que el TPI manifestó que, cuando determinó reconsiderar la

Orden emitida el 15 de septiembre de 2021, no reconsideró la orden de

alimentos, sino solo la orden de desacato. Reiteró el Tribunal que, “[n]o

se puede inferirse que la Resolución de reconsideración dejaba sin efecto

la misma Resolución que se emitió ese mismo día”.15 El foro recurrido

expresó que entendía que el peticionario haya tenido confusión con la

interpretación de la Resolución emitida el 15 de septiembre de 2021, y

por dicha razón no lo encontró incurso en desacato. A esos efectos, el TPI

le concedió el término de 30 días para realizar el pago completo de la

obligación alimentaria con relación a los gastos de educación, para un

total de $59,630.80. Asimismo, el foro primario aclaró que no era

necesaria la autorización del peticionario para la educación universitaria,

toda vez que la señora González Calderón ostenta la patria potestad

exclusiva de la menor de las hijas y esa decisión le corresponde

exclusivamente a la recurrida.

       A la luz de lo anterior, el 18 de febrero de 2022, el peticionario

presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones,

KLCE202200179. En esencia, el señor Abreu García sostuvo que el TPI

había errado al determinar que, debido a que la señora González

Calderón ejerce la patria potestad exclusiva de su hija, no estaba

obligada a obtener consentimiento del peticionario en decisiones que

requerían desembolsos y aportaciones económicas de éste. También,

alegó que el foro primario incidió al ordenarle a emitir un pago de

$59,630.80, monto que constituye el 100% de los gastos de educación en

una institución universitaria con costos exageradamente elevados,

seleccionada de forma exclusiva por la recurrida. El señor Abreu García

15 Apéndice XX del recurso, pág. 51.
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argumentó que resultaba injusto obligarlo a pagar una cuantía

considerable tomando en consideración la alegación de una parte, sin

que él hubiera tenido derecho a defenderse de la misma y sin una

determinación judicial fundamentada avalando la cuantía alegada.

Advirtió que se mantenía pagando la pensión fija establecida mediante

Orden.

       En el interín, el 4 de abril de 2022, se celebró ante el EPA una

vista sobre revisión de pensión alimentaria. Surge del Acta de la vista

sobre revisión, emitida el 5 de abril de 2022,16 que las partes acordaron

continuar las negociaciones para lograr un acuerdo que le pusiera fin al

incidente de alimentos. Asimismo, se estableció que el 6 de abril de

2022, presentarían el informe con antelación al juicio, y el 7 de abril de

2022, se celebraría una videoconferencia con el EPA para discutir el

informe sometido, marcar la evidencia y seleccionar las fechas del juicio

en su fondo.

       Así las cosas, el 6 de abril de 2022,17 mediante Acta, el EPA

expresó que la vista señalada para el 7 de abril de 2022 quedaba

suspendida. Esto, debido a que los abogados de las partes informaron

mediante conferencia telefónica que sus representados habían logrado

un acuerdo de pensión alimentaria que ponía fin al incidente de

alimentos. En consonancia, el EPA, a solicitud de las partes, les concedió

un término de 5 días para que sometieran la referida estipulación por

escrito.

       En consecuencia, el 11 de abril de 2022, las partes presentaron

ante el TPI una Estipulación Parcial. Mediante esta, acordaron parte de

los componentes de la pensión alimentaria, así como la proporción que a

cada parte le correspondía en los gastos suplementarios. No obstante,

informaron que la base del costo de la educación universitaria sobre la

16 Notificada el 20 de abril de 2022.
17 Notificada el 20 de abril de 2022.
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que el señor Abreu García debía aportar para la menor de las hijas

quedaba pendiente a que el Tribunal lo determinara, pues se encontraba

ante este Tribunal de Apelaciones la revisión sobre lo que constituía el

alcance del ejercicio de la patria potestad exclusiva. Con todo, el señor

Abreu García realizó una aportación directa a la recurrida de $20,000.00

para los gastos de educación correspondientes al año académico 2021-

2022.

        A   tenor   con   la   aludida   Estipulación   Parcial,   los   acuerdos

alcanzados por las partes fueron los siguientes:

        a. La revisión de la pensión alimentaria para la hija menor
           de edad será efectiva el 1ro. de agosto de 2021.
        b. Exclusivamente para este proceso de revisión de la
           pensión alimentaria de la hija menor de edad:
           i. El ingreso neto de la demandante se establece en
                $12,500.00 mensuales;
           ii. El ingreso neto del demandado se establece en
                $48,000.00 mensuales;
           iii. Para el cómputo de la pensión alimentaria se
                consideraron ingresos no recurrentes recibidos por la
                demandante por concepto de herencia en los años
                2020 y 2021.
        c. La proporción en que los progenitores deberán aportar a
           la pensión alimentaria se estipula en 70% el demandado
           y 30% la demandante para el año académico 2021-2022.
           Para el año académico 2022-2023 y subsiguientes, la
           proporción se estipula 79% el demandado y 21% la
           demandante.
        d. La pensión alimentaria básica se estipula en la cantidad
           de $4,000.00 mensuales, pagadera en los primeros cinco
           (5) días del mes mediante depósito directo a la cuenta
           bancaria de la madre custodio.
        e. No se incluye en el cómputo de pensión alimentaria el
           gasto de vivienda en Puerto Rico, el cual asumirá la
           madre custodio en su totalidad. El costo de vivienda a
           considerarse en el cómputo de la obligación
           suplementaria pendiente será el de hospedaje (“dorms”)
           en la institución que sirva de base al cómputo de dicha
           obligación suplementaria u otro similar, cuyo pago sea
           equivalente al de los “dorms” en el año académico
           correspondiente, siempre que dicha alternativa esté
           disponible.
        f. La aportación del padre a los gastos de libros y
           materiales será de $1,600.00 anuales y para viajes a la
           universidad de $500.00 anuales para un total de
           $2,100.00, lo que equivale a $175.00 mensuales. Esta
           aportación suplementaria será pagada conjuntamente
           con la pensión alimentaria básica mediante depósito a la
           cuenta bancaria de la madre custodio, por tanto, el pago
           mensual a realizarse de forma directa, tanto de pensión
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           básica como de la partida suplementaria acordada
           totaliza $4,175.00.
        g. El componente de gasto de universidad incluirá:
           matrícula, cuotas, hospedaje y plan médico provisto por
           la universidad. El señor Abreu García no aportará al plan
           de alimentos (“meal plan”), así como gastos de ropa,
           alimentos fuera del hogar, utilidades, gastos cotidianos
           de la menor, entretenimientos, transportación cotidiana
           y otros similares, están cubiertos por los $4,000.00
           pensión básica acordada. En o antes del 15 de junio y
           del 15 de noviembre de cada año, el demandado indicará
           si hará su aportación a los gastos de universidad del
           semestre mediante pago global o mediante pagos
           aplazados. De acogerse al pago global, hará el pago cinco
           (5) días previo a la fecha de vencimiento dispuesta por la
           universidad. Si se acoge el plan de pagos, hará el pago a
           la demandante mediante depósito a su cuenta bancaria
           entre los días 1 al 10 de cada mes que aplica el plan de
           pagos dispuesto por la universidad (actualmente es de
           julio a noviembre para el primer semestre y de diciembre
           a abril para el segundo semestre).
           Este acuerdo no contempla aportación alguna para
           estudios en periodos vacacionales, ni estudios fuera del
           “curriculum” universitario dispuesto para el programa en
           el que está matriculada la menor. El componente de
           gastos universitarios acordados es para los semestres
           agosto-diciembre y enero-mayo de cada año académico, y
           la señora González Calderón está consciente de que el
           señor Abreu García no hará aportaciones para cubrir
           gastos para estudios en periodos vacacionales tales como
           verano y otros.
        h. El padre mantendrá el 79% de los gastos médicos no
           cubiertos por el plan, incluyendo deducibles en exceso de
           $75.00 por ocurrencia.
        i. El padre tendrá derecho a reclamar a la menor como
           dependiente en su planilla de contribución sobre
           ingresos.18

       Cónsono con lo anterior, el 12 de abril de 2022,19 el TPI emitió

Resolución aprobando la Estipulación Parcial presentada por las

partes.

       Luego de que fuera aprobada la Estipulación Parcial, en los

términos citados, el 27 de junio de 2022,20 este Tribunal Apelativo emitió

Sentencia      revocatoria      de      la   Resolución   recurrida   en   el   caso

KLCE202200179, por lo que dispusimos la devolución del caso al foro

primario, para que de manera inmediata ordenara la celebración de una

18 Apéndice 25 del recurso de certiorari, págs. 119-124
19 Notificada el 20 de abril de 2022.
20 Notificada el 28 de junio de 2022.
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vista en la que se determinara la proporcionalidad que correspondería a

las partes asumir en el pago de la pensión alimentaria, ante el alegado

cambio de circunstancias acontecidas en los gastos de educación de la

hija menor. En específico, dijimos que la vista tenía el propósito de

proveer a las partes la oportunidad de pasar prueba sobre la petición de

revisión de pensión alimentaria pendiente, luego de lo cual el TPI estaría

en verdadera posición de adjudicar: si acontecieron los cambios

sustanciales en los gastos que alegó la recurrida; cuáles gastos habría

que ser pagados por las partes y en qué proporción. Al momento de ser

expedida nuestra Sentencia del 27 de junio de 2022, no se nos había

dado conocimiento de la Resolución del TPI mediante la cual se aprobó la

Estipulación Parcial alcanzada por las partes.

       En cualquier caso, el 26 de agosto de 2022,21 el TPI refirió el

asunto ante el EPA para que celebrara la vista de alimentos y

determinara el “alegado aumento en las necesidades de la menor, frente

a   los   recursos     del    alimentante,   dando   paso   al     principio   de

proporcionalidad discutido”,22 según estableció este Foro apelativo en su

Sentencia. De esta manera, el TPI indicó que en la vista se consideraría la

prueba que se presentara sobre las necesidades de la menor −incluyendo

las educativas−, y la prueba de los recursos del peticionario, para así

determinar la proporcionalidad.

       El 7 de septiembre de 2022, el peticionario presentó Urgente

solicitud de transferencia de vista por conflicto en calendario.

       No obstante, el 11 de octubre de 2022, el señor Abreu García

presentó un recurso de certiorari, KLCE202201096, ante este Tribunal de

Apelaciones. En su recurso, el peticionario señaló que el TPI había errado

al intimar que no le cobijaban los derechos que le confiere la Ley para el

Sustento de Menores y al indicar en su orden que lo único que se tenía

21 Notificada el 1 de septiembre de 2022.
22 Apéndice XXXI del recurso, pág. 155.
KLAN202300800                                                              13

que considerar era el principio de proporcionalidad, dejando fuera el

concepto de razonabilidad del gasto reclamado. Asimismo, adujo que el

foro primario incidió al emitir una orden refiriendo el asunto al EPA, sin

haber celebrado previamente una vista evidenciaria para considerar la

razonabilidad del gasto universitario reclamado. Junto al recurso de

certiorari, el peticionario presentó una Urgente solicitud en auxilio de

jurisdicción.

      Ese mismo día, en la vista pautada ante el EPA sobre pensión

alimentaria, este se abstuvo de intervenir en el caso, y lo refirió al TPI sin

recomendación alguna, puesto que la controversia referente a la falta de

autorización sobre los gastos universitarios se encontraba ante la

consideración de este Tribunal Apelativo. Empero, el EPA expresó que la

proporcionalidad en que los padres debían responder por los gastos

educativos era un “asunto de fácil adjudicación, luego que las partes

sometieran una estipulación previa los ingresos netos mensuales a ser

reconocidos a ambos progenitores para realizar dicho cómputo”.23

      Respecto al recurso de certiorari instado por el peticionario el 11 de

octubre de 2022, KLCE202201096, el mismo día en que fue presentado

este Panel apelativo emitió una Resolución denegando               tanto su

expedición, como la paralización de los procesos ante el TPI.

      Como secuela, el 24 de octubre de 2022, la recurrida presentó

Moción en solicitud se determine la cantidad adeudada por el demandado

por el componente de educación que forma parte de la pensión alimentaria

de la hija menor de edad, conforme Resolución de 12 de abril de 2022, y

se ordene su pago; solicitud de desacato por deuda acumulada. En

resumen, la señora González Calderón señaló que al momento del

Tribunal de Apelaciones emitir su Sentencia, la partes no le habían

informado a este foro la Estipulación Parcial presentada ante el TPI, ni la

23 Apéndice XXXV, pág. 195.
KLAN202300800                                                            14

Resolución del 12 de abril de 2022, acogiendo dicha estipulación y

disponiendo la proporción que cada parte aportaría para los gastos

universitarios. Añadió que, ante dicha Estipulación Parcial, la única

evidencia pendiente de presentar ante el TPI eran los gastos de

matrícula, cuotas, hospedaje y plan médico provisto por la universidad, y

a partir de los referidos cambios, se debía aplicar la proporción

estipulada. La recurrida indicó que no existía controversia en que, (1) la

menor cursa estudios universitarios en Tufts University desde agosto de

2021; (2) que hubo un aumento en las necesidades de la menor, y (3) que

se estipuló las partidas para las que el peticionario aportaría. Por

consiguiente, argumentó que procedía determinar la deuda acumulada

por gastos universitarios por un total de $66,039.55. Solicitó que el TPI

ordenara su pago en un término no mayor de 30 días, so pena de

encontrarlo incurso en desacato.

       Visto lo anterior, el 25 de octubre de 2022, el TPI emitió Orden

indicando que se encontraba en espera del mandato del Tribunal de

Apelaciones para proceder.

       Entretanto, el peticionario presentó petición de certiorari ante el

Tribunal Supremo, señalando que este Foro Apelativo había errado al no

atender su solicitud de intervención y permitir que el TPI eludiera el

mandato emitido en el caso KLCE202200179, dando paso a un trámite

distinto al ordenado. También, manifestó que había incidido el Tribunal

de Apelaciones al permitir que el TPI refiriera el asunto al EPA, sin haber

celebrado previamente una vista         evidenciaria   para considerar   la

procedencia y razonabilidad del gasto universitario reclamado, asunto

que, alegó, no era de la competencia del EPA.

       El 20 de enero de 2023,24 el Tribunal Supremo declaró No Ha

Lugar el más reciente recurso de certiorari presentado por el peticionario.

24 Notificada el 25 de enero de 2023.
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En desacuerdo, el 8 de febrero de 2023, el peticionario presentó Moción

de reconsideración ante ese alto Foro, la cual fue denegada el 24 de

marzo de 2023. No obstante, el señor Abreu García insistió en su

reclamo, mediante Segunda Moción de Reconsideración, a la que el

Tribunal Supremo dispuso: “se provee No Ha Lugar. Aténgase a lo

resuelto”.25

       Pasados unos meses, el 13 de junio de 2023, la señora González

Calderón presentó Moción en Solicitud de Desacato ante el TPI. Adujo

que, luego de varios trámites procesales en el Tribunal de Apelaciones y

el Tribunal Supremo, el peticionario no había prevalecido en su postura

de que debía ser consultado sobre la universidad que asistiría la menor

de las hijas. Por lo cual, solicitó que se señalara una vista para que el

señor Abreu García mostrara causa por la que no debía ser encontrado

incurso en desacato por su incumplimiento con la pensión alimentaria,

acumulando una deuda de $94,853.22 en el reglón de educación y una

deuda de $3,850.00 en la pensión alimentaria regular estipulada, para

un total de $98,703.22.

       En atención a tal petición, el TPI emitió Orden determinando lo

siguiente:

       1. Tiene el Sr. Abreu García 15 días para ponerse al día en
          la deuda acumulada o el mismo término para mostrar
          causa por la cual no deba ser encontrado incurso en
          desacato. De guardar silencio el Tribunal procederá.

       2. No se deberá relitigar asuntos ya dispuestos o atendidos
          por los foros apelativos.

       Ante lo ordenado, el 30 de junio de 2023, el peticionario presentó

Escrito en cumplimiento de orden y en oposición a solicitud de desacato.

Explicó que la Estipulación Parcial establecía claramente que no había

acuerdo alguno en cuanto al pago de la universidad de la menor de las

hijas. Por tanto, no habiendo acuerdo sobre el particular, y a falta de un

25 Apéndice XLV del recurso, pág. 269.
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dictamen judicial, alegó que la suma reclamada por la recurrida no era

líquida y exigible.

       Es así que, el 11 de julio de 2023,26 el TPI emitió la siguiente

Orden:

       Examinado el expediente, la Resolución emitida el 12 de
       abril de 2022, sí determinó el porciento atribuible al
       demandado en cuanto al año académico 2021-2022, 2022-
       2023 y subsiguiente.

       En vista de lo anterior, proponga el demandado un plan de
       pago o el Tribunal emitirá una orden de mostrar causa.
       Tiene 20 días.

       Insatisfecho, el 31 de julio de 2023, el peticionario presentó una

Moción de Reconsideración, que fue denegada.

       Aun en desacuerdo, el peticionario presentó el recurso de certiorari

que está ante nuestra consideración, señalando los siguientes errores:

       Primer error: erró el TPI al incumplir con el mandato
       expresamente dispuesto por el TA en la sentencia del caso
       KLCE202200179, que ordenaba la celebración de una vista
       probatoria de forma tal que “el foro primario qued[e] en
       posición de adjudicar si acontecieron los cambios
       sustanciales alegados, cuáles gastos habría que pagar y en
       qué proporción serán asumidos al establecer la pensión
       alimentaria”.

       Segundo error: Erró el TPI al dar un alcance distinto a lo
       expresamente pactado por las partes en la estipulación
       parcial suscrita por ambos, que data de una fecha anterior al
       dictamen emitido por el TA en el caso KLCE202200179. De
       esa forma el TPI ignoró la obligación de celebrar la vista
       probatoria mandatada como requisito previo a imponer la
       obligación relacionada al gasto de estudios universitarios de
       la menor.

       El 22 de septiembre de 2023, la recurrida presentó Solicitud de

Desestimación de Apelación por falta de jurisdicción; en la alternativa,

oposición a expedición del recurso de certiorari y alegato en oposición.

       Por su parte, el 27 de septiembre de 2023, el peticionario presentó

Oposición a solicitud de desestimación.

       Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a

exponer la normativa jurídica aplicable.

26 Notificada el 13 de julio de 2023.
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II. Exposición de Derecho

                                   a.

       Sin pretensión de reiterar todo el derecho expuesto en el

KLCE202200179, al glosar sobre el alto interés público que impera en

nuestro ordenamiento sobre el derecho de los hijos a que sus padres los

alimenten, baste reproducir lo siguiente; la Carta de Derechos de la

Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho a la vida como un

derecho fundamental del ser humano. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA,

Tomo I. Conforme a este principio, el Tribunal Supremo ha expresado

que la obligación de los progenitores de proveer alimentos a sus hijos

menores de edad es de índole constitucional y parte esencial del derecho

a la vida. Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145, 151 (2006); Maldonado v.

Cruz, 161 DPR 1, 12 (2004); Ríos v. Narváez, 163 DPR 611, 617 (2004);

McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745 (2004); Chévere v. Levis, 150 DPR

525, 533 (2000). Por tal razón, los casos de alimentos, en particular los

relacionados con menores de edad, están revestidos del más alto interés

público. Maldonado v. Cruz, supra, pág. 12; Ríos v. Narváez, supra, pág.

618; Chévere v. Levis, pág. 535. Así, el derecho constitucional a recibir

alimentos, “es un derecho de tan alto interés público que el Estado, como

parte de su política pública, ha legislado ampliamente para velar por su

cumplimiento”. Ríos v. Narváez, supra, pág. 618; Chévere v. Levis, pág.

535.

       El concepto de alimentos que viene obligado a proveer un

alimentante incluye todo aquello que sea indispensable para el sustento,

habitación, vestido, recreación y asistencia médica de una persona,

según la posición social de la familia. Íd., § 7531; McConnell v. Palau,

supra en las págs. 745-746; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001);

Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492, 501 (2000); Mundo v.

Cervoni, 115 DPR 422, 426 (1984). También incluye la educación de los
KLAN202300800                                                                        18

alimentistas mientras sean menores de edad e, inclusive, hasta que

terminen alguna carrera iniciada en ese periodo. Argüello v. Argüello,

supra, pág. 70; Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 266 (1985).

Además, las atenciones de previsión acomodado a los usos y las

circunstancias     de   su      entorno     familiar      y    social   y   los   gastos

extraordinarios    para    la    atención      de   sus       condiciones   personales

especiales. 31 LPRA § 7532.

                                          b.

      Por el contrato de transacción, mediante concesiones recíprocas,

las partes ponen fin a un litigio o a su incertidumbre. Artículo 1497 del

Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 10641. El contrato de

transacción se interpreta restrictivamente. Artículo 1499 del Código Civil

de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 10643. La transacción produce el

efecto de la cosa juzgada. Artículo 1500 del Código Civil de Puerto Rico

de 2020, 31 LPRA sec. 10644.

      Los contratos de transacción suponen la existencia de una

controversia o relación jurídica incierta litigiosa y la intención de las

partes de eliminar o superar esa controversia mediante concesiones

recíprocas. Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 903 (2012). La finalidad

de este tipo de contrato es evitar toda controversia entendida aquella

como divergencia, disputa o debate, esto es, como situación en la que se

encuentran dos personas que sostienen tesis diferentes respecto a una

determinada relación. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596

(2009).27

      Por cuanto la transacción produce efecto de la cosa juzgada, lo

pactado por las partes debe considerarse como definitivamente resuelto y

éstas no pueden volver sobre ello. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E.,

137 DPR 860, 872 (1995).

27 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes al contrato de transacción
citado en esta parte.
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      Un contrato de transacción puede ser de naturaleza judicial o

extrajudicial. Rodríguez v. Hospital, supra. La transacción judicial ocurre

cuando ya comenzado el pleito, las partes llegan a un acuerdo

transaccional y lo hacen incorporar al proceso en curso. Íd. Esto, a

diferencia de una transacción extrajudicial, que se celebra antes de que

comience el pleito que se quiere evitar, o una vez comenzado, las partes

acuerdan una transacción sin la intervención del tribunal. Para la

transacción extrajudicial bastará el mero aviso de desistimiento del

pleito, aun cuando las partes sólo mencionen que se ha llegado a un

acuerdo entre las partes. Íd.

                                    c.

      El mandato es “una orden de un tribunal superior a uno de

inferior jerarquía, notificándole haber revisado el caso en apelación y

enviándole los términos de su sentencia”. Mejías et al. v. Carrasquillo et

al., 185 DPR 288, 300-301 (2012) citando a I. Rivera García, Diccionario

de   Términos   Jurídicos,   New   Hampshire,    Ed.   Equity   Publishing

Corporation, 1976, pág. 158. En este sentido, “es el medio oficial que

posee un tribunal apelativo para comunicar a un tribunal inferior la

disposición de la sentencia objeto de revisión y para ordenarle el

cumplimiento de lo acordado”. Id. pág.301. (Énfasis nuestro). El

objetivo del mandato es “lograr que el tribunal inferior actúe en forma

consistente con los pronunciamientos del tribunal apelativo”. Íd.; El

Pueblo de Puerto Rico v. Serrano Chang, 201 DPR 643, 650 (2018).

      Sobre el mandato y la jurisdicción del foro primario nuestro más

alto Foro ha indicado:

      Una vez el Secretario del tribunal remite el mandato, el caso
      que estaba ante la consideración de dicho foro finaliza para
      todos los efectos. Así pues, el tribunal de jerarquía inferior
      adquiere     la    facultad    de    continuar     con     los
      procedimientos, según lo que haya dictaminado el
      tribunal apelativo. Una vez el mandato es remitido al
      tribunal de jerarquía inferior, este readquiere jurisdicción
      sobre el caso a los únicos fines de ejecutar la sentencia, tal
KLAN202300800                                                           20

      como fue emitida en apelación, y el tribunal apelativo pierde
      la suya. Íd., págs. 651-652; Colón y otros v. Frito Lay, 186
      DPR 135, 153-154 (2012). (Énfasis provisto).

      Abundando, el Tribunal Supremo ha expresado que “el mandato

guarda una función dual que impacta la jurisdicción del tribunal de

menor jerarquía. Primeramente, le reviste nuevamente con autoridad

sobre el caso, a la vez que le permite disponer de este conforme las

directrices impartidas por la resolución o sentencia concernida”. Colón y

otros v. Frito Lay, supra, en la pág. 155. Además, “recibido el mandato, lo

resuelto por el tribunal apelativo constituye la ley del caso y el tribunal

inferior debe limitarse a cumplir con lo ordenado”. Rosso Descartes v.

BGF, 187 DPR 184, 192 (2012) (Sentencia).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                    a.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, nos

habilita para revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por

el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra, en lo pertinente, en

casos de relaciones de familia. La revisión de una pensión alimentaria

ubica dentro de tal categoría, de modo que estamos autorizados para,

ejercitando nuestra discreción, determinar si expedimos el recurso de

certiorari solicitado.

      En su Oposición a expedición de recurso de certiorari la recurrida

argumentó, brevemente, sobre una presunta falta de jurisdicción de este

foro intermedio para considerar el denominado recurso de apelación

instado por el apelante, pues pretende la revisión de una Sentencia

Parcial, de manera prematura. El argumento resulta, como mínimo

confuso, pero, en cualquier caso, no tiene razón. Simplemente estamos

ante la revisión de un asunto interlocutorio, que por tratar de casos de

relaciones de familia nos coloca en posición de considerarlo, si así
KLAN202300800                                                                   21

ejerciéramos nuestra discreción, por lo que denegamos tal petición de

desestimación.

                                       b.

      Los errores señalados están íntimamente relacionados, de modo

que son susceptibles de discusión en conjunto, y así obraremos.

      El señor Abreu García arguye que incidió el TPI al emitir la

Resolución recurrida, por cuanto incumplió con lo ordenado por este Foro

apelativo en la Sentencia de 27 de junio de 2022, KLCE202200179. En

específico, el peticionario sostiene que el foro recurrido no cumplió con

nuestra orden para que celebrara una vista probatoria en la que la

partes   tuvieran   oportunidad   de    presentar     prueba    relativa   a:   si

acontecieron los cambios sustanciales alegados por la recurrida en los

gastos universitarios de la menor de las hijas; cuáles gastos habría que

pagar y; en qué proporción serían asumidos al establecer la pensión

alimentaria. Atribuyó tal determinación por parte del foro recurrido, a

una   interpretación   errónea    sobre      los   términos   pactados     en   la

Estipulación Parcial suscrita por las partes.

      Opone a ello la señora González Calderón, que la vista evidenciaria

ordenada por este Tribunal de Apelaciones se tornó académica, toda vez

que las partes suscribieron una Estipulación Parcial, acogida por el TPI

mediante Resolución de 12 de abril de 2022, en la cual fue acordada la

proporción que cada uno debía aportar a la educación universitaria de la

hija menor de edad, conforme a sus respectivos ingresos. Es decir, juzga

la recurrida que la mencionada Estipulación cumplió el propósito para el

cual este foro intermedio le había ordenado al TPI celebrar una vista

evidenciaria.

                                            c.

      Como se desprende del largo tracto procesal, no cabe duda de que,

en la Sentencia de 27 de junio de 2022, ordenamos al tribunal a quo a
KLAN202300800                                                                  22

celebrar una vista evidenciara para conceder a las partes la oportunidad

de presentar prueba sobre el alegado aumento de las necesidades de la

menor, (causa de la solicitud de revisión de la pensión alimentaria),

frente a los recursos del señor Abreu García, y precisar cuáles gastos

este habría de pagar y en qué proporción.

      Tampoco hay controversia real sobre el hecho procesal de que, una

vez el TPI recibió el mandato del Tribunal de Apelaciones, este ordenó

que se celebrara ante la EPA una vista de alimentos, para cumplir con la

determinación de este Foro, pero no fue realizada. Según detallamos en

el tracto procesal, aunque el asunto le fue referido al EPA, este se

abstuvo de atenderlo, bajo el fundamento de que el peticionario había

presentado otro recurso de certiorari, KLCE202201096, cuestionando la

facultad del EPA para entender en la controversia.

      Lo cierto es que, mientras dilucidábamos la controversia esgrimida

por el peticionario en el KLCE202200179, las partes llegaron a una serie

de   acuerdos,   siendo   recogidos   en    la   Estipulación    Parcial   antes

reproducida, y aprobados por el TPI mediante Resolución de 12 de abril

de 2022. A través de tal acuerdo fueron atendidos varios de los asuntos

que permanecían en ese momento sub judice ante nuestra atención. No

hay controversia de que a este Foro intermedio no se le puso en

conocimiento de la Estipulación Parcial firmada por las partes, mientras

dilucidó y luego emitió la Sentencia del KLCE202200179.

      Por   tanto,   resulta   necesario   dirigir   nuestra    atención   a   la

Estipulación Parcial aludida, para aquilatar el efecto que tuvo, si alguno,

sobre el mandato que surge de nuestra Sentencia de 27 de junio de 2022.

Sobre ello, cabe iniciar aseverando que las partes no tenían impedimento

legal para llegar a los acuerdos que entendieran pertinentes, a pesar de

este Panel encontrarse dirimiendo las controversias presentadas en el

KLCE202200179, cuya relación con lo allí estipulado resultaba evidente.
KLAN202300800                                                                   23

Por    consiguiente,   reputamos   tal     Estipulación   Parcial   como    una

transacción judicial, en tanto se trató de una estipulación suscrita por las

partes y aceptada por el tribunal mediante Resolución, que finalizó

ciertos incidentes dentro del pleito, constitutiva de un contrato de

transacción que obliga a las partes. Negrón Vélez v. Autoridad de

Carreteras y Transportación, 196 DPR 489, 507 (2016); Ex parte Negrón

Rivera y Bonilla, 120 DPR 61, 74 (1987).

       Sin embargo, también cabe considerar que, el contrato de

transacción se interpreta restrictivamente. Artículo 1499 del Código Civil

de 2020, supra. Por esta razón nuestro Tribunal Supremo ha advertido

que, la eficacia del contrato de transacción no puede alcanzar a otros

objetos que no surgen expresamente de su contenido. Blás v. Hospital

Guadalupe, 167 DPR 439, 450 (2006). De lo que se sigue que es

necesario determinar qué asuntos fueron incluidos en la Estipulación

Parcial, y cuáles no fueron allí decididos, con relación a los propósitos

para    los   que   ordenamos   celebrar    una   vista   evidenciaria     en   el

KLCE202200179.

       Entonces, mirando nuevamente los términos de la Estipulación

Parcial, no hay controversia de que allí las partes finiquitaron, en lo

pertinente, los siguientes asuntos: (1) la proporción que cada parte

aportaría a la pensión alimentaria de la menor de las hijas para el año

académico 2021-2022, 2022-2023 y subsiguientes y, (2) la pensión

básica a pagarse por el peticionario. Tales acuerdos necesariamente

respondieron a la aceptación por las partes de que hubo cambios de

circunstancias en los gastos de educación de la hija menor. Tales

asuntos no tendrán que se relitigados.

       Sin embargo, observamos que el expediente sigue huérfano de

prueba desfilada sobre cuáles son los nuevos gastos de dicha menor,

pues no han sido precisados con la presentación de la evidencia
KLAN202300800                                                           24

pertinente sobre los mismos, ni fueron acordados como parte de la

Estipulación Parcial. Este asunto tendrá que ser dilucidado mediante

vista evidenciaria, según disponemos a continuación.

      Valga recordar en este punto, que el mandato es el medio oficial

que posee un tribunal apelativo para comunicar a un tribunal inferior la

disposición de la sentencia objeto de revisión y para ordenarle el

cumplimiento de lo acordado. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra.

Una vez el tribunal de menor jerarquía recibe el mandato, adquiere

autoridad sobre el caso y puede disponer de este conforme las directrices

impartidas por la resolución o sentencia concernida. Colón y otros v. Frito

Lay, supra.

      En definitiva, reconocemos el efecto que ha tenido en el curso

decisorio del TPI la Estipulación Parcial que aprobó mediante Resolución

de 12 de abril de 2022, respecto a la Orden que impartimos en nuestra

Sentencia de 27 de junio de 2022. Sin embargo, atendiendo el principio

de que el contrato de transacción se interpreta restrictivamente, no

acogemos la teoría legal de la recurrida, afirmando que la Estipulación

Parcial había tornado en académica la vista que ordenáramos en estos

procedimientos, ni tampoco coincidimos con el TPI cuando, en la

Resolución recurrida, concluyó que la determinación del por ciento

atribuible al recurrido respecto al pago de pensión alimentaria por el año

académico 2021-2022, 2022-2023 acordado en la Estipulación Parcial,

dispuso de todas las controversias.

      Por tanto, corresponde devolver el asunto al foro recurrido para

que ordene, sin pausa, la celebración de una vista evidenciaria, con el

propósito muy limitado aquí discutido, sin que se interprete que estamos

abriendo la puerta para relitigar los asuntos que ya fueron acordados en

la Estipulación Parcial.
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      Concluimos señalando que, insertos en una controversia sobre el

pago de pensión alimentaria, tema del mayor interés público, vinculado

al derecho a la vida, la devolución del asunto al foro recurrido se hace,

subrayamos, con el muy limitado propósito de permitir prueba mediante

la cual se precisen los gastos nuevos alegados por la menor de las hijas

en proporción a los recursos de ambas partes, para propósitos del

cumplimiento de nuestra Sentencia de 27 de junio de 2022.

      Claro, la vista evidenciaria que aquí ordenamos bien podría

evitarse, si las partes mostraran un esfuerzo de diálogo adicional para

finiquitar cualquier asunto pendiente sobre la pensión alimentaria,

según antes lo lograron a través de la Estipulación Parcial.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación

recurrida, a los únicos fines arriba precisados. En consecuencia,

ordenamos la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para

que paute la celebración de una vista evidenciaria inmediata, conforme a

lo establecido en la presente Sentencia.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones