Court Opinion

ID: 9941433
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:35:42.503092+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:46.440306
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL ESPECIAL

     PEDRO HERNÁNDEZ                                        APELACIÓN
          GUILBE                                            procedente del
                                                            Tribunal de Primera
             Apelante                                       Instancia, Sala
                                                            Superior de Ponce
                 v.                   KLAN202200816
                                                            Caso número:
     OFG BANCORP H/N/C                                      PO2018CV01182
       ORIENTAL BANK;
      DEMANDADO “X”,                                        Sobre:
      DEMANDADO “Y”,                                        Dolo, Sentencia
      ASEGURADORA A,                                        Declaratoria
       FULANO DE TAL

             Apelados

Panel especial integrado por su presidenta, la jueza Romero García, el juez
Rodríguez Casillas1 y la jueza Aldebol Mora2.

Aldebol Mora, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2024.

       Comparece la parte apelante, Pedro Hernández Guilbe, y nos

solicita que revoquemos la Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, el 15 de agosto de 2022.

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria Enmendada presentada por la parte apelada, OFG

BANCORP h/n/c Oriental Bank.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma el

dictamen apelado.

                                         I

       El 27 de septiembre de 2018, Pedro Hernández Guilbe (Hernández

Guilbe o apelante) incoó una Demanda sobre sentencia declaratoria, así

como daños y perjuicios, en contra de OFG BANCORP h/n/c Oriental Bank

o apelado. Alegó que otorgó un contrato de arrendamiento financiero con

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-040 de 1 de marzo de 2023, el Hon. Roberto

Rodríguez Casillas sustituyó a la Hon. Gina Méndez Miró.
2 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-001 de 9 de enero de 2023, la Hon. Waleska

Aldebol Mora sustituyó al Hon. Abelardo Bermúdez Torres.

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
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Oriental Bank por medio del cual le fue arrendado un vehículo de motor

marca Lexus ISF del año 2011.3

        Durante los años 2015 al 2016, Hernández Guilbe comenzó a

incumplir con sus obligaciones y sostuvo comunicaciones con el banco

para intentar remediar sus incumplimientos. Sin embargo, argumentó que

Oriental Bank le había solicitado el pago total de lo adeudado. Sobre ese

particular, Hernández Guilbe alegó que Oriental Bank no le proveyó

remedios ante su incumplimiento con las obligaciones pactadas entre

ambos y lo indujo a continuar pagando una deuda que, según adujo, no

tenía obligación de pagar. Además, planteó que Oriental Bank catalogó

como pérdida su acreencia, lo cual le ocasionó daños. En virtud de ello,

solicitó varios remedios al foro primario.

        Por su parte, el 27 de marzo de 2019, Oriental Bank presentó la

correspondiente Contestación a la Demanda, en la cual negó tener alguna

responsabilidad en cuanto a lo reclamado por Hernández Guilbe en la

acción de epígrafe. En esencia, adujo que todo daño sufrido por Hernández

Guilbe se debía únicamente a los propios actos de incumplimiento de este.

        Junto con su alegación responsiva, la institución financiera sometió

una Reconvención.4 Indicó que Hernández Guilbe se había obligado a

realizar unos pagos mensuales por la suma de $1,414.29, así como a pagar

el residual correspondiente a la fecha del vencimiento del contrato. Arguyó

que, en el año 2015, Hernández Guilbe subsanó el incumplimiento de

varios meses, se estableció una fecha de reinicio de pagos y se extendió

el vencimiento del contrato hasta el 22 de marzo de 2016. Planteó que

Hernández Guilbe incumplió con el contrato de arrendamiento y no pagó el

residual adeudado a la fecha del vencimiento del contrato. Por tanto,

solicitó el pago de lo adeudado por Hernández Guilbe y una orden de

reposesión del vehículo en cuestión.

3 Apéndice del recurso, págs. 1-11.
4 Íd., págs. 33-44.
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        El 26 de abril de 2021, Oriental Bank presentó una Moción de

Sentencia Sumaria.5 Dicha moción fue enmendada posteriormente, el 30

de noviembre de 2021.6 En la misma, Oriental Bank sostuvo que existía

una deuda líquida, vencida y exigible a su favor por parte de Hernández

Guilbe, debido a los incumplimientos contractuales de este. Reiteró lo

alegado en su reconvención y solicitó que esta se declarara Ha Lugar. Por

otro lado, planteó que, contrario a lo propuesto por Hernández Guilbe, no

tenía obligación contractual alguna de proveerle un refinanciamiento a este

para el pago del residual adeudado. Argumentó que los remedios

solicitados por Hernández Guilbe en su demanda carecían de fundamento

alguno, por lo que este no contaba con una reclamación que justificara la

concesión de un remedio. En vista de ello, solicitó que se declarara No Ha

Lugar la acción de epígrafe.

        Luego de varias incidencias procesales, el 3 de mayo de 2022,

Hernández Guilbe se opuso.7 En síntesis, indicó que, de la solicitud de

sentencia sumaria surgía claramente que se había originado un

arrendamiento financiero (lease) con todos los documentos pertinentes. No

5 Entrada Núm. 52 del Caso Núm. P02018CV01182 en el Sistema Unificado de Manejo

de Administración de Casos (SUMAC).
6 Apéndice del recurso, págs. 151-198. Junto a su moción, la parte apelada presentó los

siguientes documentos: (1) Copia del contrato de arrendamiento del vehículo en cuestión;
(2) Documento mediante el cual se extendió el vencimiento del contrato de arrendamiento
hasta el 22 de marzo de 2016; (3) Comunicación mediante correo electrónico en la que
Hernández Guilbe expresó que su habilidad para realizar los pagos bajo el Contrato de
Arrendamiento dependía del pago de honorarios por parte de uno de sus clientes;
(4) Comunicaciones entre la Lcda. Gierbolini y Hernández Guilbe en las que se le
recordaba hacer el pago correspondiente para evitar mayores retrasos y para notificarle el
vencimiento de su préstamo; (5) Facturas reflejando falta de pago de Hernández Guilbe;
(6) Declaración Jurada de la Lcda. Gierbolini en la que expresó su labor dirigida a intentar
remediar el incumplimiento de Hernández Guilbe y estableció que, en ningún momento,
ella de garantizó o aseguró a Hernández Guilbe un refinanciamiento; (7) Solicitud de
financiamiento de vehículos de motor; (8) Declaración Jurada de Rigoberto Hernández en
la que expuso el incumplimiento de Hernández Guilbe.
7 Íd., págs. 211-275. La parte apelante acompañó su oposición con los siguientes

documentos: (1) Declaración Jurada suscrita por Hernández Guilbe el 2 de mayo de 2022;
(2) Contestación a Requerimiento de Admisiones, cursada a Oriental Bank; (3) Contestación
a Primer Pliego de Interrogatorio, cursada a Oriental Bank. Posteriormente, el 23 de mayo
de 2022, Hernandez Guilbe presentó una Moción Suplementaria Parte Demandante a
Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Junto a su moción, la parte apelante presentó
los siguientes documentos: (1) Carta suscrita por Hernández Guilbe, con fecha del 30 de
junio de 2015; (2) Acuse de recibo, con fecha del 3 de julio de 2015; (3) Documento de
modificación de términos por novación del 30 de junio de 2015, suscrito por Hernández
Guilbe, y sobre diferimiento; (4) Leasing Cupón Sustituto y recibo por la cantidad de
$721.00; (5) Correo electrónico del 28 de diciembre de 2015, remitido de Hernández
Guilbe a la Lcda. Marisol Gierbolini; (6) Correo electrónico del 11 de enero de 2016,
remitido de Hernández Guilbe a la Lcda. Marisol Gierbolini; (7) Pagos efectuados durante
el año 2016; (8) Comunicaciones por mensaje de texto con la Lcda. Gierbolini, desde el
28 de diciembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016; (9) Acuse de recibo de Carta, con
fecha del 23 de enero de 2018, suscrita por Hernández Guilbe. Véase, Apéndice del
recurso, págs. 288-331.
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obstante, sostuvo que hubo una novación extintiva de dicho arrendamiento

que implicaba un elemento de credibilidad que impedía la resolución

sumaria del caso. Por otro lado, arguyó que restaba por resolver los daños

que alegó haber sufrido a causa de la clasificación de pérdida (charge off)

que hizo Oriental Bank al arrendamiento financiero en controversia.

Argumentó que la institución financiera había incumplido con sus

obligaciones y había promovido, a través de sus funcionarios autorizados,

una novación extintiva, por lo cual no le asistía la razón a este. Por tanto,

solicitó que se declarara No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria

promovida por Oriental Bank.

        Evaluadas las posturas de las partes, el 15 de agosto de 2022, el

Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia8 que nos ocupa y

desglosó las siguientes determinaciones de hecho:

        1. El 22 de diciembre de 2010 el Sr. Pedro Hernández Guilbe
           suscribió un Contrato de Arrendamiento de Vehículo (en
           adelante denominado “Contrato de Arrendamiento”) ante
           Oriental, donde le fue arrendado el vehículo de motor marca
           Lexus ISF del año 2011, tablilla número HUN-972 y número de
           serie (número “VIN”) JTHBP5C22B5008717, color blanco, (en
           adelante, el “Vehículo”). El referido Contrato de Arrendamiento
           es identificado por Oriental con el número 50139.

        2. En el Contrato de Arrendamiento suscrito con Oriental, el Sr.
           Pedro Hernández Guilbe se obligó a realizar 60 pagos
           mensuales por la suma de $1,414.20, y pagar un residual a la
           fecha de su vencimiento el 22 de diciembre de 2015.

        3. La sección 3(a) del Contrato de Arrendamiento dispone lo
           siguiente:

           En cuanto a todas las Unidades, el canon de arrendamiento,
           según indicado en el Anejo correspondiente, será pagadero por
           el Arrendatario al Arrendador sin necesidad de notificación
           adicional o requerimiento y no estará sujeto a rebaja, reducción,
           disminución, reconvención o compensación. El término del
           Arrendamiento se iniciará en la Fecha de Comienzo y los
           cánones de arrendamiento vencerán y serán pagaderos por el
           Arrendatario, a menos que se disponga de otra forma, en el
           mismo día de cada mes subsiguiente según se disponga en el
           Anejo que Contiene las Divulgaciones.
        4. El Contrato de Arrendamiento, en su inciso veintisiete (27),
           dispone que “[e]ste Arrendamiento no podrá ser alterado,
           excepto por escrito. El Arrendatario reconoce que no existen
           representaciones o garantías por parte del Arrendador que no
           estén aquí contenidas”. (énfasis nuestro).

        5. Para los meses de abril, mayo, y junio de 2015, el Sr. Pedro
           Hernández Guilbe no realizó los pagos mensuales según
           acordado en el Contrato de Arrendamiento. Sin embargo,
           cónsono con lo establecido en el inciso veintisiete (27) del

8 Apéndice del recurso, págs. 75-95.
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        Contrato de Arrendamiento descrito en el acápite anterior, el 13
        de julio de 2015 el Sr. Pedro Hernández Guilbe suscribió un
        documento mediante el cual acordó pagar la suma de $722.42
        por concepto de los intereses adeudados para los meses de
        abril, mayo y junio de 2015. Además, el demandante se
        comprometió a continuar efectuando los pagos mensuales por
        la suma de $1,414.29 a partir del 22 de julio de 2015, y se
        extendió el vencimiento del Contrato de Arrendamiento por tres
        (3) meses, hasta el 22 de marzo de 2016.

     6. El 28 de diciembre de 2015 el demandante cursó a la Lcda.
        Marisol Gierbolini, de Oriental, una comunicación en la que le
        expresó que su habilidad para realizar los pagos bajo el
        Contrato de Arrendamiento dependía del pago de honorarios
        por parte de uno de sus clientes.

     7. Según surge del historial de pagos, el Sr. Pedro Hernández
        Guilbe no realizó el pago que venció en el mes de julio de 2015
        y lo realizó tardíamente el 13 de noviembre de 2015. El pago
        que venció en el mes de agosto de 2015 lo realizó en enero de
        2016. El pago que venció en el mes de septiembre de 2015 lo
        realizó el 5 de febrero de 2016. El pago que venció en el mes
        de octubre de 2015 lo realizó el 14 de abril de 2016. El pago
        que venció en el mes de noviembre de 2015 lo realizó el 27 de
        mayo de 2016. El pago que venció en el mes de diciembre de
        2015 lo realizó el 29 de junio de 2016. El pago que venció en el
        mes de enero de 2016 lo realizó el 1 de agosto de 2016. El pago
        que venció en el mes de febrero de 2016 lo realizó el 31 de
        agosto de 2016.

     8. El Contrato de Arrendamiento venció el 22 de marzo de 2016.
        En su inciso 9, este establece lo siguiente:

        Opciones del Arrendatario al Vencimiento del Arrendamiento

        A. Vencido el Término de Arrendamiento, el Arrendatario tendrá
        las siguientes opciones:

            (1) Adquirir la Titularidad de la Unidad pagando el Valor
            Residual junto a cualquiera otra suma adeudada
            establecida en el Arrendamiento.

            (2) Entregar la Unidad al Arrendador, sujeto a lo dispuesto
            en la Sección 10 de este Contrato.

            (3) El Arrendatario, en acuerdo con el Arrendador, podrá
            rearrendar la Unidad en un arrendamiento en el que el
            monto de los cánones no sea menos que el valor Residual.
            Durante el término original, el Arrendador podrá negarse a
            rearrendar la Unidad al Arrendatario.        Se entenderá
            renovado el Arrendamiento, bajo los términos y condiciones
            dispuestos en el contrato original entre Arrendador y el
            Arrendatario, si el Arrendatario continúa en posesión de la
            Unidad con el consentimiento del Arrendador. Este nuevo
            contrato tendrá vigencia hasta tanto sea cubierto el Valor
            Residual, más las Cargas Financieras correspondientes.

     9. Desde al menos diciembre de 2015, Oriental, por conducto de
        la Lcda. Marisol Gierbolini, mantuvo comunicaciones con el
        demandante para recordarle realizar los pagos a la mayor
        brevedad, para evitar mayores atrasos, y para notificarle el
        vencimiento del préstamo.

    10. Oriental concedió múltiples oportunidades al demandante para
        subsanar su incumplimiento. No obstante, no lo hizo y sus
        incumplimientos permanecieron.
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    11. El 26 de julio de 2016, el demandante-reconvenido envió un
        mensaje de texto a la licenciada Gierbolini en el que expresó lo
        siguiente:
        “Este pago que me mencionas para este mes es el último
        relacionado con la libreta de pagos que vencía en Noviembre del
        2015. No obstante, se me va a hacer difícil realizártelo ahora por
        otros compromisos que tengo programados para la toma de
        seminarios de Educación Continua pa[r]a mantener la Licencia
        de PR y NY, además de habilitar un presupuesto para facilitar
        otros planes de pago que voy a negociar con otros acreedores.
        Tengo honorarios pendiente de aprobación ante el Dept. del
        Trabajo y luego para cobro aproximadamente para la semana
        del 15 al 19 de agosto de 2016”.

    12. El mismo 26 de julio de 2016 la Lcda. Gierbolini respondió al
        mensaje de texto enviado por el demandante expresando lo
        siguiente:
        Licenciado: su préstamo requiere un pago este mes. Tiene 6
        meses de atraso y sino [sic] recibe [sic] pago este mes no podría
        ni tan siquiera solicitar refinanciar residual. No tengo ninguna
        opción que no sea que se haga un pago este mes o sea 26 de
        julio de 2016.

    13. Ante el mensaje por parte de la Lcda. Gierbolini previamente
       descrito, el demandante contestó que “aquí ya no es pertinente
       ese aspecto del atraso, (que lógicamente surgió por la situación
       económica que por medio de carta en el 2015 previamente
       expliqué).” Además, intentó atar sus requerimientos a una libreta
       de pagos y no así a la totalidad de lo adeudado.

    14. La licenciada Gierb[o]lilini respondió afirmando que “su
        prest[amo] venció en marzo 2016 y estaría cubriendo enero
        2016. Luego este pago de julio debe pasar lo más pronto posible
        por servicio al cliente para q[ue] se oriente de balance adeudado
        y poder iniciar solicitud de refinanciamiento”.

    15. Por su parte, el 23 de agosto de 2016 la Lcda. Gierbolini le
        comunicó al demandante que “[a]l 18 ago cta [sic] adeuda
        $38,966.17 recuerda esto no es un balance de cancelación por
        eso e[s] impt [sic] visitar servicio al cliente de inmediato.”

    16. Para el 31 de agosto de 2016, las comunicaciones entre las
        partes reflejan que el demandante intentó acreditar un pago
        alegádamente realizado por adelantado de $700.00, lo anterior
        a pesar de que para el 23 de agosto de 2016 la deuda ascendía
        a $38,966.17. Ante tales reclamos del demandante, la Lcda.
        Gierbolini fue clara al establecer que “[l]o que estoy haciendo es
        tratando de evitar perdida de la cta [sic] para dejar abierta una
        posibilidad de un refinanciamiento.”

    17. A pesar de que el demandante llevaba incumpliendo con sus
        obligaciones bajo el Contrato de Arrendamiento desde 2015 al
        no pagar las mensualidades y luego no pagó el residual
        vencedero en marzo de 2016, este firmó una solicitud de
        refinanciamiento el 27 de septiembre de 2016, esto es, seis (6)
        meses luego de haber vencido el término para pagar dicho
        residual.

    18. El Sr. Hernández Guilbe, en múltiples ocasiones, aceptó que no
        tenía los fondos para pagar sus obligaciones objeto del Contrato
        de Arrendamiento.

    19. El Sr. Pedro Hernández Guilbe no pagó el residual adeudado
        conforme a los términos y condiciones del Contrato de
        Arrendamiento.

    20. El Sr. Pedro Hernández Guilbe incurrió en el incumplimiento de
        su obligación en relación con el Contrato de Arrendamiento
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          identificado con el número 50139, por lo que Oriental declaró
          vencida la totalidad de la deuda. Hasta el 19 de marzo de 2019,
          la deuda asciende a la suma de $35,093.45 por concepto del
          principal adeudado, $6,300.74 de intereses adeudados que
          continúan acumulándose a razón de $6.77 diarios, $492.84
          cargos por atrasos y $150.00 de cargos por traspaso, para un
          total de $42,037.03.

      21. El Sr. Pedro Hernández Guilbe adeuda a Oriental la suma antes
          expresada, habiéndose requerido su pago, sin resultado alguno
          a pesar de las diligencias y gestiones de cobro realizadas.

       El foro primario concluyó que Hernández Guilbe había incumplido

con sus obligaciones de pago por concepto del contrato de arrendamiento

suscrito y que las obligaciones bajo este contrato en ningún momento

fueron extinguidas. Determinó que, de la prueba documental surgía que,

Oriental Bank, en todo momento, reafirmó el vencimiento del contrato

acordado entre las partes para el 22 de marzo de 2022. Asimismo, expresó

que la institución bancaria siempre fue clara en que, a partir de dicha fecha,

Hernández Guilbe se encontraba en incumplimiento. Resolvió que nunca

existió la voluntad de Oriental Bank de alterar la mencionada obligación

mediante novación. Señaló que Hernández Guilbe no había presentado

evidencia o fundamento alguno que demostrara que Oriental Bank tenía la

obligación de refinanciar el residual adeudado. Añadió que la clasificación

de pérdida reclamada por Hernández Guilbe fue parte de un protocolo

interno del banco que en nada afectaba las obligaciones del deudor para

con este. Por tanto, concluyó que cualquier daño sufrido por Hernández

Guilbe se debió única y exclusivamente al incumplimiento con sus

obligaciones contractuales con Oriental Bank.

       En virtud de lo anterior, el foro a quo declaró Ha Lugar la solicitud de

sentencia sumaria promovida por Oriental Bank y condenó a Hernández

Guilbe al pago de $42,037.03 por la deuda en cuestión estar líquida,

vencida y exigible.

       En desacuerdo, el 30 de agosto de 2022, Hernández Guilbe

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración.9 La misma fue

9 Apéndice del recurso, págs. 97-120.
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declarada No Ha Lugar por el foro sentenciador el 31 de agosto de 2022,

notificada al día siguiente.10

         Inconforme, el 11 de octubre de 2022, la parte apelante acudió ante

esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló el siguiente error:

         Erró el TPI de Ponce al declarar: (A) Ha Lugar la Solicitud de
         Sentencia Sumaria: (I) al validar erróneamente las posturas
         de las partes apeladas protegiéndoles de manera absurda y
         excluyéndoles de la imposición de responsabilidad civil por
         virtud de dolo, de negligencia inexcusable, de la aplicación de
         las figuras del derecho civil sobre novación, condonación y
         por violación del debido proceso de ley: (II) por que [sic]
         resuelve con abuso de discreción y parcialidad no aplicar lo
         dispuesto en la[s] normas sobre novación, así como lo
         prescrito en las disposiciones del derecho mercantil y lo
         expuesto en el Código de Rentas Internas federal respecto al
         concepto [“]charge-off” y su homóloga en el derecho civil la
         condonación a dichas partes apeladas; (b) con total abuso de
         discreción y prejuicio, lo cual provoca que no se le garantice
         una solución justa de los procedimientos al apelante que le
         desestimaron su reclamo e incurriendo el TPI de Ponce en
         parcialidad manifiesta, y tambi[é]n con un total discrimen
         hac[i]a el apelante declaró No Ha Lugar la Moción de
         Reconsideración de la parte apelante Pedro Hernández
         Guilbe.

         El 7 de diciembre de 2022, la parte apelada compareció ante nos

mediante Alegato en Oposición.

         Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                       II

                                       A

         El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo para

asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso. Serrano Picón

v. Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de

septiembre de 2023; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103,

resuelto el 23 de agosto de 2023; González Meléndez v. Municipio

Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de

2023; Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 80, 212 DPR

___ (2023); Universal Ins. et als. v. ELA et al., 2023 TSPR 24, 211 DPR

10 Íd., pág. 96.
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___ (2023). Dicho mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial o

totalmente, de litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales no exista

controversia material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario

y el derecho así lo permita. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR

964 (2022). Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella

parte que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

       Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR

20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el tribunal,

como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso judicial,

mientras simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo

procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico.

Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Como se sabe, en aras de

prevalecer en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa de

acción. Íd.

       Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa impone

unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al momento de

presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: (1) una exposición

breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones

por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3;

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 8; Pérez Vargas v. Office
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Depot, 203 DPR 687 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple

con estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

       Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág.

43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar esta solicitud

viene obligado a enfrentar la moción de su adversario de forma tan

detallada y específica como lo ha hecho la parte promovente puesto que,

si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra,

si la misma procede en derecho. Íd.

       Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, la

parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Claro

está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la

prueba específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Íd. En otras palabras, la

parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye

los hechos materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se

puede colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, la

consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción del

Tribunal.

       Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos los

hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los hechos

y de los documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la

sentencia sumaria, pues solo procede si bajo ningún supuesto de hechos
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prevalece la parte promovida. Íd., pág. 625. Además, al evaluar los méritos

de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar

guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de su

“día en corte”, componente integral del debido proceso de ley. León Torres

v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

       Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no procederá

cuando existan controversias sobre hechos esenciales materiales, o si la

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como intención,

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Acevedo y otros v. Depto.

Hacienda y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Un

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Oriental Bank v. Caballero

García, supra, pág. 7; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ahora bien,

el Foro de última instancia ha reiterado que cualquier duda no es suficiente

para derrotar una moción de sentencia sumaria, pues debe tratarse de una

incertidumbre que permita concluir que existe una controversia real sobre

hechos relevantes y pertinentes. Íd. Además, existen casos que no se

deben resolver mediante sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la

verdad de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones.

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no

es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la sentencia

sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho. Universal Ins. et als.

v. ELA et al., supra.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios que

este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de revisar una

sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v.

M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); Meléndez González et al.
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v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre ese particular, nuestro más Alto

Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el
      expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro
      primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia
      Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de
      forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en
      realidad existen hechos materiales en controversia y, de
      haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
      Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer
      concretamente cuáles hechos materiales encontró que están
      en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de
      encontrar que los hechos materiales realmente están
      incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
      Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
      Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al.,
      supra, pág. 679.

      Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma posición que

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una

sentencia sumaria. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial,

Inc.) e Integrand Assurance Company, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de

octubre de 2023; Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company,

supra; González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros,

supra; González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

Por ello, nuestra revisión es una de novo y nuestro análisis debe regirse

por las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, así

como de su jurisprudencia interpretativa. González Meléndez v. Municipio

Autónomo de San Juan y otros, supra. A tenor con la referida normativa,

dicha revisión se realizará de la manera más favorable hacia la parte que

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro de origen y

realizando todas las inferencias permisibles a su favor. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance

Company, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente están

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó

correctamente el derecho. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, supra.
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                                           B

        Como norma general, las obligaciones no solo nacen de la ley, sino

también de los contratos y cuasicontratos, así como de los actos y

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia. 31 LPRA sec. 2992.11 El Artículo 1206 del Código Civil de

Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3371, sobre la existencia del contrato,

dispone que: “[e]l contrato existe desde que una o varias personas

consienten en obligarse… a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”. Es

de conocimiento que su perfeccionamiento se da por el mero

consentimiento y desde ahí las partes están obligadas al cumplimiento de

lo expresamente pactado y a todas sus consecuencias, siempre que éstas

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 31 LPRA sec. 3375.

        Un contrato es válido cuando convergen los siguientes tres (3) criterios:

(1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del

contrato, y (3) causa de la obligación que se establezca. 31 LPRA sec. 3391.

Cuando un convenio contiene los antepuestos elementos, el mismo es

obligatorio y aplicará el principio contractual de pacta sunt servanda. Es

decir, que el acuerdo constituirá la ley entre las partes. Por consiguiente,

los contratos surten efecto solo entre las partes que lo otorgan. 31 LPRA

secs. 2994, 3374, 3375 y 3451. Como se sabe, este axioma del derecho

contractual “[…] establece la obligatoriedad del contrato según sus

términos y las consecuencias necesarias derivadas de la buena fe”. Payano

v. Cruz, 209 DPR 876, 891 (2022); BPPR v. Sunc. Talavera, 174 DPR 686,

693 (2008).

        En cuanto a la interpretación de los contratos, nuestro ordenamiento

jurídico ha establecido que cuando los términos de un convenio son claros

y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará sujeto al

sentido literal de sus cláusulas. Mientras que, si las palabras parecieran

11 El derecho aplicable en el caso de autos se remite al Código Civil de Puerto Rico de

1930, 31 LPRA sec. 1 et seq. (derogado), toda vez que nos encontramos ante hechos
ocurridos con anterioridad a la aprobación y vigencia del Código Civil de Puerto Rico de
2020, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
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contrarias a la intención evidente de las partes, esta última prevalecerá

sobre las palabras. 31 LPRA sec. 3471.

      Así, la intención de los contratantes es el criterio fundamental para

fijar el alcance de las obligaciones contractuales. Por tal razón, la

interpretación contractual se circunscribe en determinar cuál fue la

intención real y común de las partes. Para ello, los tribunales han adoptado

una metodología pragmática, la cual consiste en estudiar los actos

anteriores, coetáneos y posteriores al momento de perfeccionarse el

contrato. 31 LPRA sec. 3472; Aut. Puertos PR v. Total Petroleum et al., 210

DPR 16 (2022). Esto incluye otras circunstancias que puedan denotar o

indicar la verdadera voluntad de los contratantes y el acuerdo que

intentaron llevar a cabo. VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21,

34-35 (2010).

                                     C

      En el presente caso existe entre las partes un contrato de

arrendamiento financiero o lease, tipificado y regulado por la Ley Núm. 76-

1994, conocida como la Ley para regular los contratos de arrendamiento

de bienes muebles, 10 LPRA sec. 2401 et seq. (Ley Núm. 76). Esta ley

provee unas salvaguardas a los arrendatarios y unas garantías a los

arrendadores, con el fin de estimular la celebración de este tipo de contrato

y lograr con ello el crecimiento del sector privado de la economía.

      El contrato de arrendamiento financiero ha sido reconocido en

nuestra jurisdicción como una nueva forma de financiamiento, siendo este

“un contrato atípico, sui generis, producto de la realidad cambiante del

tráfico mercantil. Class Dowing v. Velco, 143 DPR 186, 198 (1997); Meyers

Bros v. Gelco, 114 DPR 116, 120-121 (1983). De manera tal, el contrato de

arrendamiento financiero, comúnmente conocido como leasing “es un

negocio jurídico cuyo contenido está formado por varias declaraciones de

voluntad, las cuales producen una relación jurídica entre las partes

suscribientes y establecen los términos que regulan”. Andréu Fuentes y
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otros v. Popular Leasing, 184 DPR 540 (2012); CNA Casualty of P.R. v.

Torres Díaz, 141 DPR 27, 33 (1996).

       Así pues, tratándose de una actividad económica de gran interés

público, el Estado, como parte de su política pública, aprobó la Ley Núm.

76 para regular el arrendamiento de bienes muebles, salvaguardando la

posición del arrendatario y proveyendo unas garantías al arrendador. Es

preciso aclarar, además, que anterior a la aprobación de dicha ley, este

negocio jurídico se rigió por el principio de autonomía contractual

consagrado por el Artículo 1207 de nuestro Código Civil de 1930, 31 LPRA

sec. 3372. Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra; Class v.

Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 186, 198 (1997).

       Como acuerdo contractual, este tipo de contrato produce

obligaciones y derechos particulares para cada una de las partes. Por un

lado, el arrendador tiene derecho a exigir al arrendatario el pago del precio

estipulado, a inspeccionar la utilización y conservación de la unidad

arrendada, a reclamar la indemnización en algunos casos y a resolver el

contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del

arrendatario. Asimismo, el arrendador tiene la obligación de adquirir la

unidad que arrendará del proveer que escoja el arrendatario, informar a ese

proveedor de la obligación de entregar la unidad al arrendatario a tiempo y

en perfectas condiciones y continuar con el arrendamiento durante el plazo

establecido, excepto en los casos en que el arrendatario incurra en

incumplimiento. CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, supra, pág. 33.

       Por su parte, el arrendatario tiene el derecho a exigir la entrega de

la unidad estipulada y a utilizarla conforme a lo acordado en el contrato, a

elegir cualquiera de las opciones disponibles al final del contrato o a adquirir

la propiedad de la unidad arrendada en cualquier momento durante la

vigencia del contrato, siempre que haya sido pactado y que pague

anticipadamente la totalidad de los cánones pendientes y el valor residual.

De igual forma, el arrendatario queda obligado a pagar los cánones

establecidos en el contrato, a utilizar la unidad con el debido cuidado y
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diligencia de modo que se garantice su conservación y buen

funcionamiento, y a sufragar los gastos de mantenimiento, reparaciones y

seguros necesarios y todos los demás gastos y cargas previstas en el

contrato. Íd., pág. 34.

       Bajo la Ley 76, se considera al arrendador como el titular del bien y

al arrendatario como su poseedor, quien podrá usarlo y disfrutarlo, siempre

y cuando cumpla con las cláusulas estipuladas en el contrato. Sin embargo,

cuando la cosa arrendada cumpla con las cláusulas estipuladas en el

contrato. Sin embargo, cuando la cosa arrendada sea un vehículo de motor,

se tendrá como titular al arrendatario y esto responde a que se quiso liberar

de responsabilidad al arrendador en casos de daños y perjuicios

ocasionados por un vehículo de motor sujeto a un contrato de

arrendamiento. 10 LPRA sec. 2408.

       De otro lado, en lo que aplica directamente al caso de autos, el

Artículo 25 de la Ley Núm. 76, 10 LPRA sec. 2423, dispone lo siguiente en

casos de incumplimiento:

       (A) En los arrendamientos financieros, el arrendador tendrá
       la opción de iniciar un procedimiento de reposesión
       presentado ante el Secretario del Tribunal con competencia
       en el caso, una declaración escrita y jurada haciendo constar
       que el arrendamiento no ha cumplido con los términos del
       contrato de arrendamiento.

       (B) Al recibirse la declaración jurada y la copia del contrato de
       arrendamiento, el Secretario del Tribunal cobrará los
       derechos establecidos en la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de
       1915, según enmendada, y citará a las partes interesadas por
       escrito para una audiencia que tendrá lugar ante el Tribunal
       competente dentro de los (10) días siguientes a la fecha de
       citación, para conocer el caso.

       (C) En dicha audiencia el Tribunal determinará si el
       arrendatario no ha cumplido con los términos del
       arrendamiento, en cuyo caso se dictará una orden,
       disponiendo que el alguacil incaute del bien arrendado, el
       cual entregará al arrendador, sujeto a las disposiciones de
       esta Ley. El aguacil consignará al dorso de la declaración
       jurada el hecho de la ocupación y de la entrega del referido
       bien arrendado, describiéndolo detalladamente y entregará al
       arrendatario una copia de la declaración jurada y del
       diligenciamiento al dorso de la misma en la cual consignará
       el lugar, día y hora de la ocupación y remitirá los originales al
       Secretario del Tribunal. Al recibir el alguacil del Tribunal la
       declaración jurada antes mencionada, cobrará por los
       derechos la cantidad dispuesta en la Ley Núm. 17 de 11 de
       maro de 1915, según enmendada, que cancelará en sellos de
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        rentas internas, y cuya cantidad incluye los de anotación del
        asunto en la Secretaría del Tribunal.

        El Tribunal, además, dictará sentencia condenando al
        arrendatario al pago de las partidas que correspondan en
        virtud de la contratación, y las dispuestas por esta Ley.

        Es importante mencionar que, aparte la información requerida en

todo contrato de arrendamiento por la Ley Núm. 76, los términos y

condiciones del arrendamiento financiero varían “lease to lease”. Andréu

Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra, pág. 555; Véase, 10 LPRA sec.

2403. Sin embargo, no debe pasarse por alto que el arrendamiento

financiero tiene la finalidad de recuperar la inversión total del arrendador e

“impedir que la pérdida de la unidad arrendada se convierta en una perdida

financiera para el arrendador”. Íd., pág. 556, citando a CNA Casualty of PR

v. Torres Díaz, supra, pág. 36.

                                           D

        El Código Civil de Puerto Rico de 1930 es claro en materia de

contratos. Dicho cuerpo legal establece que el contrato existe desde que una

o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar

alguna cosa, o prestar algún servicio. 31 LPRA sec. 3371. El Código Civil de

1930 dispone que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento

y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza

sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley. 31 LPRA sec. 3375.

        Asimismo, la figura de la novación estaba codificada en el Código

Civil de 1930, y es una de las maneras en las que se extinguen las

obligaciones,12 aunque puede tener solamente el efecto de modificar la

obligación sin extinguirla. Ahora bien, existe la novación extintiva y la

novación modificativa. Referente a estas modalidades, nuestro Alto Foro

Judicial, esbozó que:

        La novación extintiva se configura cuando las partes lo declaran
        en forma terminante o cuando la intención de novar se deriva de
        la incompatibilidad absoluta entre la obligación original y la
        nueva. De otra parte, se concreta la novación modificativa de una

12 “Las obligaciones se extinguen: Por el pago o cumplimiento; por la pérdida de la cosa

debida; Por la condonación de la deuda; Por la confusión de los derechos de acreedor y
deudor; Por la compensación; Por la novación”. 31 LPRA sec. 3151.
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       obligación cuando no exista la intención de extinguir una
       obligación y sustituirla por otra, o cuando medie compatibilidad
       entre la obligación original y la nueva. P.D.C.M. Assoc. v. Najul
       Bez, 174 DPR 716, 725 (2008). (Citas omitidas).

       Para poder determinar la delimitación entre la novación extintiva y la

modificativa, se importante buscar el animus novandi o la voluntad de las

partes al momento de alterar una obligación. Mun. de San Juan v. Prof.

Research, 171 DPR 219, 244 (2007).         “El animus novandi es elemento

indispensable de la novación extintiva”. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra,

pág. 726. Según el Artículo 1158 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3242,

existe una presunción de novar cuando existe total incompatibilidad entre dos

obligaciones. Por lo que, al existir una incompatibilidad entre la obligación

original y la nueva obligación, produce la extinción de la primera. Mun. de

San Juan v. Prof. Research, supra, págs. 244-245.

       Por otro lado, la novación modificativa no precisa el animus novandi

para alterar una obligación. Íd. Esta vertiente se configura cuando falta la

voluntad expresa de las partes, o cuando existe es una compatibilidad entre

las obligaciones pactadas. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, pág. 726.

Esta vertiente, exige hallar un ánimo de cambio, por lo que es necesario

interpretar la voluntad de las partes y las circunstancias de cada caso. Íd.

Según nuestro Tribunal Supremo, ejemplos de novación modificativa son

cuando se confieren prórrogas o plazos fraccionados, o cuando existe un

cambio en la duración del término de un contrato. Íd.

       A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de

la controversia ante nuestra consideración.

                                     III

       En su único señalamiento de error, la parte apelante sostiene que el

Tribunal de Primera Instancia erró al declarar Ha Lugar la solicitud de

sentencia sumaria promovida por Oriental Bank. Entre los fundamentos

expuestos en su error, arguye que se validó erróneamente la postura de

Oriental Bank y se le excluyó de responsabilidad civil, dolo, negligencia

inexcusable y la aplicación de otras figuras del derecho civil,

particularmente la novación. Asimismo, alega que el foro primario actuó con
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total abuso de discreción y prejuicio, lo cual provocó que no se le

garantizara una solución rápida de los procedimientos al desestimar su

reclamo.

        Hemos examinado cuidadosamente el trámite procesal, el

expediente ante nos, los escritos de las partes, así como la norma aplicable

y concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no erró en su

determinación. Nos explicamos.

        Luego de un análisis sosegado y de novo del expediente ante nos,

colegimos que Hernández Guilbe incumplió con sus obligaciones de pago

por concepto de contrato de arrendamiento financiero suscrito con Oriental

Bank y que las obligaciones bajo dicho contrato en ningún momento fueron

extinguidas. Asimismo, la fecha de vencimiento del referido contrato estaba

claramente establecida en este y, a su vez, las partes aceptaron extenderlo

hasta el 22 de marzo de 2016. Además, surge que Hernández Guilbe

solicitó que se le concedieran términos adicionales para cumplir con sus

obligaciones y, en atención a ello, Oriental Bank le brindó la oportunidad de

subsanar varios incumplimientos, además de acceder a la extensión del

vencimiento del contrato. De igual forma, es meritorio enfatizar que

el contrato de arrendamiento establece expresamente que “[e]ste

Arrendamiento no podrá ser alterado, excepto por escrito. El Arrendatario

reconoce que no existen representaciones o garantías por parte del

Arrendador que no estén aquí contenidas”.13 De lo anterior, se descarta

completamente la alegación de que las partes hayan llevado a cabo una

novación verbal de su obligación, según propone la parte apelante. En ese

sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado la importancia

del animus novandi o la voluntad de las partes al momento de alterar una

obligación. González Román v. Sucesión Cruz Cruz, 163 DPR 449 (2004);

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378 (1973). Contrario a

lo propuesto por Hernández Guilbe en su oposición a la solicitud de

sentencia sumaria de Oriental Bank, dicha voluntad por parte de la

13 Apéndice del recurso, pág. 151.
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institución financiera no surge del contrato objeto del presente pleito ni de

la prueba documental ante nos.

       Según esbozado por las partes, solo habían modificado por escrito

los términos del contrato de arrendamiento financiero en julio del 2015. A

consecuencia de esto, la extinción o modificación de la obligación de pago

de las mensualidades a partir de dicha fecha, así como el residual vencido

en marzo de 2016, no se materializó.

       Asimismo, el apelante, en ningún momento, controvirtió a través de

evidencia fehaciente que lo expuesto por Oriental Bank en la solicitud de

sentencia sumaria careciera de mérito. Tampoco se presentó fundamento

en derecho que estableciera que Oriental Bank llevó a cabo una novación

del contrato de arrendamiento o tuviese alguna obligación de proveerle un

refinanciamiento al apelante. Más aun, cuando Oriental Bank accedió a la

petición de Hernández Guilbe de extender la fecha de vencimiento del

contrato y, aún así, el apelante siguió incumpliendo con su obligación de

pago. Conforme a lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia, y según

se desprende de la documentación ante nos, la deuda del aquí apelante

estaba vencida, líquida y exigible. Por tanto, procedía condenar a

Hernandez Guilbe al pago de lo adeudado a favor de Oriental Bank. En

vista de ello, no se cometió el error señalado.

       En mérito de lo antes expuesto, y como correctamente determinó el

foro a quo, la revisión de novo de la prueba documental ante nos demostró

que lo reclamado por el apelante era inmeritorio. En consecuencia,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el dictamen

apelado.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones