Court Opinion

ID: 9928517
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:21:36.104336+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:45.989786
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

                                                 Certiorari
    PETRONILA MEDINA                             procedente del
         COTTO                                   Tribunal de
       Peticionario                              Primera Instancia,
                                                 Sala de Caguas
               v.
                                  KLCE202301347 Caso Número:
                                                CG2023CV02466
 GREGORIO DIAZ VEGA Y
       OTROS                                     Sobre:
      Recurrido                                  Usucapión

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                            RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

       Comparece Petronila Medina Cotto (Sra. Medina Cotto o

peticionaria) y nos solicita la revocación de una Orden emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Gurabo (TPI o foro

primario). En esta, el foro primario denegó una solicitud de

emplazamiento por edictos.

       Por   los    fundamentos    que   exponemos   a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos.

                                    I.

       El 20 de junio de 2023, la Sra. Medina Cotto instó la demanda

de epígrafe sobre usucapión en contra de Gregorio Díaz Vega,

Sandra Geraldine Pérez Carrión y posibles personas con interés en

la Parcela 511, Calle 11 de la Comunidad Rural Navarro del Barrio

Navarro en Gurabo (demandados). Ello, por entender que es la

legítima dueña del mencionado inmueble con cabida superficial de

441.09mc. Alegó haber poseído la referida finca, en la cual enclava

una edificación dedicada a vivienda, durante más de veinte (20)

años, de forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida en

Número Identificador:

RES2023________
KLCE202301347                                                                 2

concepto de dueña. Reconoció que, según el Registro de la

Propiedad, la finca aparece registrada a nombre de Gregorio Díaz

Vega y su esposa, Sandra Geraldina Pérez Carrión. A pesar de ello,

interesa que el bien inmueble sea inscrito a su nombre.

       Al siguiente mes de incoar la demanda, la Sra. Medina Cotto

solicitó al TPI que la autorice a emplazar a los demandados por

edicto. Mediante Orden notificada el 22 de agosto de 2023, el foro

primario denegó su petitorio. Como segundo intento para lograr

jurisdicción sobre los demandados, la Sra. Medina Cotto instó otra

moción a esos efectos el 5 de octubre de 2023. En esta ocasión,

incluyó una declaración jurada del Sr. Juan Díaz Torres de la cual

surgen las gestiones que realizó para localizar a los demandados1.

1 De la declaración jurada surge lo siguiente:

     Yo, Juan G. Díaz Torres, mayor de edad, soltero, emplazador y vecino de
Bayamón, Puerto Rico, bajo juramento declaro lo siguiente:
     1. Mi nombre y demás circunstancias personales son las antes
         expresadas.
     2. En el caso Civil Núm: CB2023[CV]02466 se expidió demanda y
         emplazamientos a nombre de los demandados Gregorio Medina Cotto
         y Sandra Geraldina Pérez Carrión el día 5 de septiembre de 2023, y se
         me entregaron el 8 de septiembre de 2023.
     3. El 29 de septiembre de 2023 me personé a la última dirección conocida
         de la parte demandada Gregorio Medina Cotto y Sandra Geraldina
         Pérez Carrión la cual es[:] Bo. Navarro C/11 parcela #511 Gurabo PR
         00778.
     4. Ese mismo día entrevist[é] a la Sra. Carmen Rosa Díaz vecina hace
         m[á]s de 35 años de Bo. Navarro C/11 parcela #465 Gurabo PR 00778.
         Est[á] informando que no conoce a los demandados Gregorio Medina
         Cotto y Sandra Geraldina Pérez Carrión. Que solo reconoce y conoce
         como dueña de la propiedad a la parte demandante Petronila Medina
         Cotto. La cual lleva residiendo en la propiedad hace m[á]s de 20 años.
     5. Ese mismo día entrevist[é] a la Sra. Juana Montañez Soto vecina hace
         m[á]s de 35 años de Bo. Navarro C/11 parcela #464 Gurabo PR 00778.
         Est[á] informando que no conoce a los demandados Gregorio Medina
         Cotto y Sandra Geraldina Pérez Carrión. Que solo reconoce y conoce
         como dueña de la propiedad a la parte demandante Petronila Medina
         Cotto. La cual lleva residiendo en la propiedad hace m[á]s de 20 años.
     6. Ese mismo día entrevist[é] a la Sra. Mirta Rodríguez León vecina hace
         m[á]s de 35 años de Bo. Navarro C/11 parcela #510 Gurabo PR 00778.
         Est[á] informando que no conoce a los demandados Gregorio Medina
         Cotto y Sandra Geraldina Pérez Carrión. Que solo reconoce y conoce
         como dueña de la propiedad a la parte demandante Petronila Medina
         Cotto. La cual lleva residiendo en la propiedad hace m[á]s de 20 años.
     7. Ese mismo día entrevist[é] [al] Sr. Ignacio García vecino hace m[á]s de
         35 años de Bo. Navarro C/11 parcela #509 Gurabo PR 00778. Est[á]
         informando que no conoce a los demandados Gregorio Medina Cotto y
         Sandra Geraldina Pérez Carrión. Que solo reconoce y conoce como
         dueña de la propiedad a la parte demandante Petronila Medina Cotto.
         La cual lleva residiendo en la propiedad hace m[á]s de 20 años.
     8. El 2 de octubre de 2023 me personé al Cuartel de la Policía municipal
         de Gurabo ubicado en la Calle Isodoro L[ó]pez #725 Gurabo PR 00778.
         Entrevistando al oficial Torres # [de] placa 0563 y este me informó que
         no conoce a los demandados Gregorio Medina Cotto y Sandra
         Geraldina Pérez Carrión.
     9. Ese mismo día me personé a la Oficina de Ayuda al Ciudadano del
         Municipio de Gurabo. Ubicada en la casa alcaldía de Gurabo. Allí me
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      Evaluado lo anterior, nuevamente el TPI declaró no ha lugar

la solicitud de emplazamiento por edicto mediante Orden notificada

el 11 de octubre de 2023. Oportunamente, la peticionaria solicitó

reconsideración la cual fue denegada mediante Orden notificada el

1 de noviembre de 2023.

      Insatisfecha aún, la peticionaria recurre ante esta Curia y le

imputa el siguiente error al foro primario:

      Erró el TPI al negar el emplazamiento por edictos de los
      recurridos Gregorio Díaz Vega, Sandra Geraldina Pérez
      Carrión y posibles interesados que puedan tener interés
      en esa propiedad reclamada objeto de usucapión a
      pesar de que la recurrente Petronila Medina Cotto de
      forma fehaciente vastas diligencias específicas,
      detalladas y potencialmente efectivas para diligenciar
      los emplazamientos personales de dichas partes.

                                      II.

   A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

          entrevisté con la Sra. Soto, supervisora de la oficina antes mencionada,
          quien me manifestó que no [tenía] información en sistema de ninguno
          de los demandados Gregorio Medina Cotto y Sandra Geraldina Pérez
          Carrión. Lo cual indica que no reciben ayuda estatal o municipal.
      10. Ese mismo día me personé a la[s] oficinas Postales ubicadas en la calle
          [Á]ngel C. Morales 106 en Gurabo. Entrevistando al supervisor
          M[é]ndez y [e]ste me informó que no puede brindar información alguna
          sin una orden federal.
      11. Llevé a cabo una investigación [en] el sistema de búsqueda de personas
          http://www.truepeoplesearch.com y en Google, sin lograr conseguir
          información adicional para poder contactar a los demandados Gregorio
          Medina Cotto y Sandra Geraldina Pérez Carrión.
      12. Llevé a cabo una investigación en las redes sociales Twitter, Facebook
          e Instagram, sin lograr conseguir información adicional para poder
          contactar a los demandados Gregorio Medina Cotto y Sandra
          Geraldina Pérez Carrión.
      13. Llevé a cabo una investigación en el sistema KARIBE del Registro de la
          Propiedad y en el Catastro Digital del CRIM, sin lograr conseguir
          información adicional para poder contactar a los demandados Gregorio
          Medina Cotto y Sandra Geraldina Pérez Carrión.
      14. Hago esta declaración jurada a los fines de certificar las gestiones
          infructuosas realizadas para emplazar personalmente a los
          demandados Gregorio Medina Cotto y Sandra Geraldina Pérez Carrión.
          Y que la parte demandante en el caso pueda justificar el
          emplazamiento por edicto conforme el ordenamiento jurídico vigente.
      15. Lo antes declarado es la verdad por constarme de propio y personal
          conocimiento.
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65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que, el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable a la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).
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      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal, previo a

expedir un auto de certiorari, no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 35 (2020).

   B. Emplazamiento por edicto

      El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene como

propósito notificar al demandado sobre la existencia de una

reclamación incoada en su contra. Rivera Marrero v. Santiago

Martínez, 203 DPR 462 (2019); Bernier González v. Rodríguez
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Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). Asimismo, este método de

notificación permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la

persona demandada de forma tal que esta quede obligada por el

dictamen que en su día recaiga. Rivera Marrero v. Santiago Martínez,

supra.

      Cabe señalar que, la parte demandante tiene la obligación de

dar cumplimiento estricto a los requerimientos del emplazamiento,

incluso su diligenciamiento, ya que existe una política pública que

requiere que la parte demandada sea emplazada y notificada

debidamente para evitar el fraude y que los procedimientos

judiciales se utilicen para privar a una persona de su propiedad sin

el debido proceso de ley. Íd. De manera que, para que el tribunal

adquiera jurisdicción sobre todas las partes es indispensable que

estos sean emplazados conforme a derecho. Íd.

      En nuestro ordenamiento procesal, un tribunal adquiere

jurisdicción sobre la persona del demandado de dos maneras

distintas: cuando se utilizan adecuadamente los mecanismos

procesales de emplazamiento establecidos en las Reglas de

Procedimiento Civil o cuando la parte demandada se somete

voluntariamente    a   la   jurisdicción   del   tribunal,   explícita   o

tácitamente. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14,

29 (2014). Es importante resaltar que, el emplazamiento personal se

tiene que diligenciar por el alguacil o alguacila, o por cualquiera otra

persona que no sea menor de dieciocho (18) años de edad, que sepa

leer y escribir, y que no sea la parte ni su abogado o abogada, ni sus

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad, ni tenga interés en el pleito. Regla 4.3 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(a).

      En lo pertinente a la controversia, el tribunal podrá autorizar

que el emplazamiento sea por edicto: cuando la persona a ser

emplazada esté fuera de Puerto Rico; o estando en Puerto Rico no
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pudo ser localizada; o se oculte para no ser emplazada, en cuyo caso,

el demandante tendrá que hacer constar, mediante una declaración

jurada del emplazador, las diligencias que realizó para emplazar a

la parte demandada. Como se sabe, de la referida declaración jurada

o de la demanda también deberá surgir, que, existe una reclamación

que justifique la concesión de algún remedio en contra de la persona

que ha de ser emplazada; o que dicha persona es parte apropiada

en el pleito. Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6.

En particular, la citada regla establece que:

   (a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto
   Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada
   después de realizadas las diligencias pertinentes, o se
   oculte para no ser emplazada, o si es una corporación
   extranjera sin agente residente, y así se compruebe a
   satisfacción del tribunal mediante declaración jurada
   que exprese dichas diligencias, y aparezca también de
   dicha declaración, o de la demanda presentada, que existe
   una reclamación que justifica la concesión de algún
   remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que
   dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal
   podrá dictar una orden para disponer que el
   emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un
   diligenciamiento negativo como condición para dictar la
   orden que disponga que el emplazamiento se haga por
   edicto. La orden dispondrá que la publicación se haga una
   sola vez en un periódico de circulación general de la Isla de
   Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que dentro de
   los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto se
   le dirija a la parte demandada una copia del
   emplazamiento y de la demanda presentada, por correo
   certificado con acuse de recibo o cualquier otra forma
   de servicio de entrega de correspondencia con acuse de
   recibo, siempre y cuando dicha entidad no posea vínculo
   alguno con la parte demandante y no tenga interés en el
   pleito, al lugar de su última dirección física o postal
   conocida, a no ser que se justifique mediante una
   declaración jurada que a pesar de los esfuerzos razonables
   realizados, dirigidos a encontrar una dirección física o
   postal de la parte demandada, con expresión de éstos, no
   ha sido posible localizar dirección alguna de la parte
   demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el
   cumplimiento de esta disposición. (Énfasis nuestro).

      Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado

la necesidad de que la parte demandante acredite al tribunal las

diligencias que llevó a cabo para localizar sin éxito a la parte

demandada mediante el emplazamiento personal y, de esa manera,

justificar la solicitud de un emplazamiento por edicto. Lanzó Llanos
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v. Blanco de la Vivienda, 133 DPR 507, 513 (1993). “A tales efectos,

y a los fines de que el tribunal se encuentre en posición de

determinar que realmente se llevaron a cabo dichas diligencias, el

emplazador deberá prestar una declaración jurada en la cual

detalle las gestiones por él realizadas para localizar a la parte

demandada”. Íd. (Énfasis nuestro). Una vez se pruebe de forma

fehaciente que se realizaron las gestiones potencialmente efectivas

para encontrar a la parte demandada, el tribunal podrá otorgar el

permiso para el emplazamiento por edicto. Íd.

      En cuanto a las diligencias exigidas por la Regla 4.6 de

Procedimiento Civil, supra, para justificar el emplazamiento por

edicto en lugar del personal, nuestro más Alto Foro señaló en el caso

Mundo v. Fúster, 87 DPR 363, 371-372 (1963), lo que debe contener

la declaración jurada del emplazador. En específico, y a manera de

ejemplo, expresó lo siguiente:

   La declaración jurada que a ese efecto se preste debe
   contener hechos específicos demostrativos de esa
   diligencia y no meras generalidades que no son otra
   cosa que prueba de referencia. En los casos que hemos
   estudiado aparecen específicamente las gestiones hechas
   con expresión de las personas con quiénes se investigó y
   la dirección de éstas. Hacerlo constar es de incalculable
   valor para evitar el fraude. Es buena práctica inquirir de
   las autoridades de la comunidad, la policía, el alcalde del
   administrador de correos que son las personas más
   llamadas a conocer la residencia o el paradero de las
   personas que viven en la comunidad. Demostrar que se
   han hecho todas esas diligencias es la única forma en
   que puede establecérsele satisfactoriamente al juez la
   imposibilidad     de     notificar  personalmente        al
   demandado. (Citas omitidas). (Énfasis nuestro).

                                   III.

      En el presente caso, la peticionaria argumenta que el foro

primario   incidió    al   no    autorizar      el    diligenciamiento    del

emplazamiento por edicto a favor de los demandados. Según la

peticionaria, la declaración jurada del emplazador Juan G. Díaz

Torres detalla todas las gestiones realizadas para dar con el

paradero   de   los   demandados          a   los    fines   de   emplazarlos
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personalmente, conforme lo requiere la Regla 4.6 de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra.

      De un examen de la declaración jurada del Sr. Díaz Torres

colegimos que, las gestiones que él realizó, dirigidas a localizar a los

demandados con el objetivo de emplazarlos personalmente, fueron

suficientes según las exigencias de la Regla 4.6 de Procedimiento

Civil, supra. Sin embargo, el Sr. Díaz Torres se refirió hacia el

codemandado como Gregorio Medina Cotto a pesar de que -según la

demanda- sus apellidos son Díaz Vega. El mencionado error en los

apellidos del codemandado provoca que, el edicto a publicarse en su

día resulte ineficaz. Por ello, no corresponde intervenir con el

dictamen recurrido, en el cual, el foro primario no autorizó el edicto,

según solicitado. Ciertamente, en la eventualidad de que la

peticionaria decida realizar gestiones dirigidas a subsanar lo

anterior, le corresponde al foro primario atender cualquier solicitud

a tales efectos, para lo cual, habrá de consignar los debidos

fundamentos en Derecho.

      Luego de un examen sosegado del recurso ante nos,

concluimos que lo razonable es abstenernos de ejercer nuestra

función revisora, en esta etapa de los procedimientos. Ante este

cuadro fáctico, la peticionaria falló en demostrar que el TPI incurrió

en error manifiesto o actuó arbitraria, abusiva o caprichosamente al

denegar su solicitud de emplazamiento mediante edicto. Lo antes,

en consideración a que el petitorio de la Sra. Medina Cotto está

sustentado en una declaración jurada que adolece de un error en

los apellidos de uno de los demandados.

      Evaluado el recurso de epígrafe, a tenor de los criterios que

establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, para la expedición de un auto de certiorari concluimos que,

nada en el expediente ante nos sugiere que el TPI, en el ejercicio de

sus facultades, incidió al denegar la solicitud de emplazamiento por
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edicto.   Tampoco    nos   encontramos    ante    una   circunstancia

excepcional que amerite la expedición del auto.

                                 IV.

       Por todo lo anterior, denegamos la expedición del auto de

certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones