Court Opinion

ID: 9962774
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:51:09.377883+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:33.694049
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

     EL PUEBLO DE PUERTO                            CERTIORARI
     RICO                                           procedente del
                                                    Tribunal de
          Recurrido                                 Primera Instancia
                             KLCE202400101          Sala Superior de
             v.                                     Caguas

     ÁNGEL TORRES                                   Civil Núm.:
     FIGUEROA                                       E VI2021G0051
                                                    E LA2021G0208
        Peticionario                                E LA2021G0209

                                       Sobre:
                                       Derecho
                                       constitucional
 Panel integrado por su presidenta, la jueza Romero
 García1, el juez Bonilla Ortiz, el juez Pagán Ocasio.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                              SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico a 12 de marzo de 2024.

         Comparece    ante   este    foro      el   Sr.   Ángel   Torres

 Feliciano     (señor    Torres     o    “el    peticionario”),      por

 conducto de su representación legal de oficio, y nos

 solicita que revisemos la Resolución Enmendada emitida

 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

 Caguas, notificada el 26 de diciembre de 2023.               Mediante

 el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha

 Lugar una solicitud de disolución de jurado presentada

 por el peticionario.

         Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 EXPEDIMOS el recurso de epígrafe y CONFIRMAMOS dictamen

 recurrido.

                                    I.

         Por hechos ocurridos el 26 de julio de 2017, el

 Ministerio público presentó tres denuncias en contra del

 señor Torres, que incluían los siguientes cargos: una

 1 En virtud de la Orden Administrativa OATA-2024-019, se designa a
 la Hon. Giselle Romero García.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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violación al Artículo 93(A) del Código Penal del 2012;

una violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas; y una

violación al Artículo 5.15 de la Ley de Armas.               El 21 de

octubre de 2021, el Ministerio Público presentó las

acusaciones correspondientes.2

       Así las cosas, y por tratarse de tres delitos

graves, el señor Torres optó por ejercer su derecho

constitucional a que el juicio fuera ante un jurado.

Por consiguiente, el 14 de agosto de 2023, inició el

proceso adjudicativo formal con el desfile de la prueba

del Ministerio Público.

       El 28 de noviembre de 2023, continuó el desfile de

prueba por parte del Ministerio Público, y como parte de

la prueba testifical, fue presentado el testimonio de la

Sra.   María     Rosado    Ortiz    (señora   Rosado),    madre     del

occiso y testigo ocular del evento.                Según surge del

expediente,       concluido    el   contrainterrogatorio       de   la

señora Rosado, y en presencia del jurado, ésta quiso

hacerle una pregunta al Honorable López González, no

obstante, el Juez López la interrumpió e indicó que no

podía hacer preguntas.          Aun así, la señora Rosado hizo

la siguiente expresión “el jurado sabe por qué lo mató”

[…] “porque él estuvo con la esposa de mi hijo” […] “por

eso fue que lo mató” […] “y le debía chavos de drogas”.

El Ministerio público sostiene que, acto seguido, el

Juez López ordenó que removieran a la testigo de la sala,

e instruyó al jurado indicándoles que “cualquier cosa

que ella dijo después que terminamos nada es admisible,

no lo pueden considerar al momento de llegar a sus

determinaciones o sus deliberaciones”.                  Añadió que,

2 Acusación,   anejos V, VI, VII, págs. 17-22 del apéndice del recurso.
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durante el interrogatorio, la señora Rosado declaró que

había observado al señor Torres dispararle a su hijo.

       El    13    de    diciembre     de    2023,    el   peticionario

presentó una Solicitud de Disolución del Jurado.3                      En

esencia, sostuvo que las expresiones de la señora Rosado

constituyeron una irregularidad bajo la Regla 144 de

Procedimiento Criminal lo que conlleva la disolución del

jurado, aun cuando el Juez López los instruyó, puesto

que,    la        parcialidad        del     jurado     se     encuentra

comprometida.

       Por su parte, el 20 de diciembre de 2023, el

Ministerio Público se opuso a la referida moción de

disolución del jurado.4              Mediante esta, expresó que el

error cometido es uno subsanable con la debida y oportuna

instrucción al jurado, así como lo realizó el foro

primario.         Por lo tanto, esbozaron que la instrucción

del Juez      López      subsanó cualquier efecto            perjudicial

sobre los comentarios inadmisibles de la señora Rosado.

       Tras evaluar la postura de ambas partes, el 26 de

diciembre         de    2023,   el    foro    primario       emitió   una

Resolución Enmendada, mediante la cual declaró No Ha

Lugar a la disolución del jurado.5                   En específico, el

foro primario razonó lo siguiente:

            En cuanto a las repetidas manifestaciones
            referentes a que el acusado fue el que lo
            mató, somos del criterio que es una
            irregularidad que fue subsanada con la
            instrucción provista cuando tomamos en
            consideración que la Sra. Rosado Ortiz es
            un testigo de hecho el cual testificó que
            presencio cuando el acusado le disparaba a
            su hijo, causando su muerte. Por lo cual en
            los   autos   ya    obran   manifestaciones
            previamente admitidas referentes a que el

3 Solicitud de Disolución de Jurado, anejo I págs. 1-9 del apéndice
del recurso.
4 Moción en Cumplimiento de Orden, anejo II, págs. 10-11 de apéndice

del recurso.
5 Resolución Enmendada, anejos III – IV, págs. 12-16 del apéndice

del recurso.
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          acusado mayo al perjudicado en ese caso como
          producto del desahogo regular de la prueba.

          Mencionamos que la instrucción dada al
          jurado al ocurrir el evento fue: “jurado,
          cualquier cosa que ella dijo después que
          terminamos, nada es admisible, no lo pueden
          considerar al momento de llegar a sus
          determinaciones o sus deliberaciones”.

     Insatisfecho, el 25 de enero de 2024, el señor

Torres acudió ante este foro revisor y presentó un

recurso de Certiorari.         Mediante este, adujo que el foro

primario cometió el siguiente error:

          COMETIÓ ERROR EL TPI AL DECLARA NO HA LUGAR
          LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DE JURADO EN LA
          PRESENTE CAUSA DE ACCIÓN CLARA VIOLACIÓN A
          LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
          AMÉRICA, LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE
          ASOCIADO DE PUERTO RICO, A LAS REGLAS DE
          PROCEDIMIENTO CRIMINAL DE PUERTO RICO Y AL
          DEBIDO PROCESO DE LEY.

     El 9 de febrero de 2024, el Pueblo de Puerto Rico

compareció, por conducto de la Oficina del Procurador

General, mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.                En

síntesis, adujo que el peticionario no logró demostrar

que el foro primario haya incurrido en un abuso de

discreción       al   no   ordenar    la   disolución   del   jurado.

Asimismo, recalcó que, el foro primario no solo se limitó

a ofrecer las instrucciones oportunas y especificas al

jurado, sino que también tomó medidas adicionales para

prevenir que el evento tuviese un perjuicio contra el

peticionario.

     Con    el    beneficio    de     la   comparecencia   de   ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

                                   II.

                                   -A-

     El     certiorari        es     un    recurso   extraordinario

discrecional expedido por un tribunal superior a otro

inferior, mediante el cual el tribunal revisor está
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facultado para enmendar errores cometidos por el foro

revisado, cuando “el procedimiento adoptado no esté de

acuerdo con las prescripciones de la ley.”                     Véase,

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 3491.    Véase, además: IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176

DPR 913, 917-918 (2009).

      La    expedición    del   auto   descansa     en    la     sana

discreción del tribunal.          Medina Nazario v. McNeill

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).            De este modo,

este auto discrecional debe utilizarse “con cautela y

solamente por razones de peso.”         Pérez v. Tribunal de

Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948).

      Respecto a la utilización del certiorari, en Pérez

v.   Tribunal   de   Distrito,     supra,    pág.   19,    nuestro

Tribunal Supremo expresó que este recurso extraordinario

discrecional procede “para revisar errores cometidos por

las cortes inferiores no importa la naturaleza del error

imputado.” Véase, además, Pueblo v. Díaz de León, supra,

pág. 918.

      No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

sido muy claro al aclarar que este recurso no equivale

a una apelación.         Íd.    Además, ha enfatizado que su

utilización procede únicamente en aquellos casos en que

no exista un recurso de apelación disponible u otro

mecanismo ordinario “que proteja eficaz y rápidamente

los derechos del peticionario.”             Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960); Pueblo v. Díaz De León,

supra.

      De otra parte, la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

establece los criterios que este foro debe tomar en
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consideración al atender una solicitud de expedición de

este recurso discrecional.     Estos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la
       decisión recurrida, a diferencia de sus
       fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es
       la más indicada para el análisis del
       problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
       error craso y manifiesto en la apreciación
       de la prueba por el Tribunal de Primera
       Instancia.

       (D)   Si   el   asunto   planteado   exige
       consideración más detenida a la luz de los
       autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se
       presenta el caso es la más propicia para su
       consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden
       de    mostrar    causa   no    causan    un
       fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final
       del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden
       de mostrar causa evita un fracaso de la
       justicia.

                             -B-

     Nuestro ordenamiento criminal reconoce el derecho

constitucional de todo acusado a tener un juicio justo

e imparcial y, en casos de delitos graves, a que su

juicio sea ventilado ante un jurado imparcial.       Véase

Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.   El derecho

a tener un juicio justo e imparcial no es otra cosa sino

el derecho del acusado a un juicio con las garantías del

debido proceso de ley y la gama de derechos procesales

que cobijan al acusado.      E. L. Chiesa, Procedimiento

Criminal y la Constitución: Etapa Adjudicativa, 1era

Ed., San Juan, Ediciones SITUM, 2018, pág. 54.          No

obstante, no se reconoce un derecho a un juicio perfecto.
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Pueblo v. Santiago Lugo, 134 DPR 623, 631 (1993). Véase:

E. L. Chiesa, op. cit., pág. 55.

     Aún así, han sido reconocidos varios mecanismos

para garantizar un debido proceso de ley en la etapa

adjudicativa     cuando     acontecen     irregularidades       que

pudieran mancillar la pureza del proceso judicial e

impedir que se emita un veredicto justo e imparcial.

Uno de estos mecanismos se estatuye en la Regla 144 (d)

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 144 (d),

la cual en cierta forma viabiliza y garantiza el derecho

constitucional    antes     mencionado.       Véase,   Pueblo    v.

Robles González, 125 DPR 750, 757 (1990).          La Regla 144

de Procedimiento Criminal, supra, dispone que:

       El Tribunal podrá ordenar la disolución del
       jurado   antes   del   veredicto   en   los
       siguientes casos:
       a. …

       b. …
       c. …

       d. Si se hubiere cometido algún error o se
       hubiere incurrido en alguna irregularidad
       durante el proceso que, a juicio del
       tribunal, le impidiere al jurado rendir un
       veredicto justo e imparcial.

     Sin embargo, la disolución del jurado antes del

veredicto   también       constituye    una   excepción     a    la

prohibición que dispone la Carta de Derechos de nuestra

Constitución, que dice: “[n]adie será puesto en riesgo

de ser castigado dos veces por el mismo delito”.                Art.

II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.         Pueblo v. Guzmán

Camacho, 116 DPR 34, 42 (1984) (Hon. Irizarry Yunqué,

Opinión Disidente).         Una prohibición que también se

dispone en la Quinta Enmienda de la Constitución federal

que señala, en lo pertinente, que “ni podrá nadie ser

sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que

pueda ocasionarle la pérdida de la vida o la integridad
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corporal.” Emda. V, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. Pueblo

v. Guzmán Camacho, supra.                    Por tratarse de una excepción

a   ese     principio         de       fundamental           importancia         para   el

Pueblo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la

Regla 144 de Procedimiento Criminal que viabiliza la

disolución del jurado y la celebración de un segundo

juicio debe interpretarse restrictivamente no sólo para

proteger al acusado contra ser castigado dos veces por

el mismo delito sino contra ser puesto en riesgo de ser

castigado dos veces por el mismo delito. Íd. Por tanto,

la descontinuación de un juicio “debe ser producto de

una sana y juiciosa discreción” y “ejercitarse con la

mayor cautela, por consideraciones obvias de peso, y

ante una necesidad manifiesta de así hacerlo.”                                    Pueblo

v. Arteaga Torres, 93 DPR 148, 151 (1966).                                 El estándar

de ‘necesidad manifiesta’ desarrollado por el Tribunal

Supremo         Federal,      y    según          fue    adoptado         por    nuestra

jurisprudencia,               establece            que        se     debe        proveer

‘suficiente protección a los intereses del imputado de

que    su       caso    sea   finalmente            decidido         por    el    jurado

originalmente seleccionado.                        Pueblo v. Guzmán Camacho,

supra, pág. 43. Solo se justificará la disolución cuando

los    hechos          demuestren           una    necesidad         manifiesta         de

hacerlo.         Véase, Pueblo v. Arteaga Torres, supra, pág.

151.

        Como parte del derecho de un acusado a un juicio

justo       e    imparcial,            la   defensa          podrá    solicitar         la

disolución del jurado cuando durante el juicio ocurre

una    irregularidad              de    tal       magnitud         que:    (1)    no    es

subsanable mediante instrucciones al jurado; y (2) la

continuación            del    juicio         no        es    posible      porque       un

veredicto de culpabilidad se obtendría en violación al
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debido proceso de ley y no sería resultado de un proceso

imparcial.   E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal

de Puerto Rico y Estados Unidos, 1era ed. Colombia, Ed.

FORUM, 1991, Vol. II, pág. 322.        Las instrucciones al

jurado son el mecanismo procesal mediante el cual el

jurado toma conocimiento del derecho aplicable al caso.

E. L. Chiesa, Procedimiento Criminal y la Constitución:

Etapa Adjudicativa, op. cit., pág. 501.            Entre las

distintas instrucciones figuran aquellas que “sirven

para subsanar el efecto de irregularidades que, de no

ser corregidas, violarían el derecho del acusado a un

juicio justo por un jurado imparcial.          Íd., pág. 510.

Véase, además: Pueblo v. Suarez Fernández, 116 DPR 842,

850-851 (1986).

     En la mayoría de las ocasiones, la irregularidad

que podría ser fundamento para la disolución puede ser

atendida con instrucciones al jurado.           E. L. Chiesa,

Procedimiento     Criminal    y   la   Constitución:      Etapa

Adjudicativa, op. cit., pág. 494.            Pueblo v. Robles

González, supra, págs. 759-760.        No obstante, el juez

deberá disolver al jurado en aquellas situaciones en que

la   irregularidad       no   pueda    ser    corregida    con

instrucciones al jurado e impida al jurado emitir un

veredicto    justo   e   imparcial.     E.    Chiesa   Aponte,

Procedimiento     Criminal    y   la   Constitución:      Etapa

Adjudicativa, op. cit., pág. 495.            Lo anterior, en

correspondencia a que en nuestro ordenamiento no se le

atribuye una sensibilidad extrema a los jurados en su

función de juzgar los hechos y valorar la prueba de en

un caso. Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 DPR 34, 38 (1984)

     Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha establecido que “no todo error o irregularidad en un
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proceso macula la imparcialidad de un veredicto.               Tiene

que ser grave, perjudicial, sustancial e insubsanable”.

Véase, Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 DPR 34, 38 (1989);

Pueblo v. Santiago Acosta, 121 DPR 727, 739 (1988).               En

Pueblo v. Robles González, nuestro máximo foro explicó

que “la decisión de si el error ha quedado subsanado o

no por las oportunas instrucciones impartidas por el

magistrado realmente depende de ‘la totalidad de las

circunstancias’ presentes en el caso.”           Pueblo v. Robles

González, supra, pág. 760; Pueblo v. Ramos Álvarez, 118

DPR 782, 792 (1987).

      En dicho ejercicio, el tribunal debe preguntarse en

primer    lugar,    si    ocurrió    un    error    o   hubo     una

irregularidad durante el proceso judicial.          De contestar

en la afirmativa, se debe determinar si ese error o

irregularidad, conforme las disposiciones de la antes

citada Regla 144(d) de Procedimiento Criminal, impide

que el Jurado que participa en el mismo como juzgador de

los hechos rinda un veredicto justo o imparcial.               A su

vez, si las instrucciones que les impartió el juez a los

señores del Jurado, luego de ocurrida la irregularidad

o error subsanaron el mismo.        Pueblo v. Robles González,

supra, págs. 757-760.

      Es preciso señalar el hecho de que “de ordinario el

que en mejor posición está para resolver esta cuestión

lo es el juez de instancia, por cuanto éste no sólo ha

sido testigo presencial del incidente objetado, sino que

ha podido percibir a través de sus sentidos la reacción,

si alguna, del Jurado ante dicho ‘incidente’”.             Pueblo

v. Robles González, supra.          Por ello, la determinación

de   si   procede   o    no   disolver    al   jurado   merece    la
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deferencia judicial.                  Pueblo v. Rodríguez Santana, 146

DPR 860 (1998); Pueblo v. Robles González, supra.

                                           III.

       Como único señalamiento de error, el señor Torres

adujo que el foro primario erró y abusó de su discreción

al denegar la disolución de jurado.                           Expresó que, dicha

negativa         constituye           una    violación           a     su    derecho

constitucional a un juicio por jurado imparcial, al

debido proceso de ley, presunción de inocencia y el

derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda

razonable.

       Sin       embargo,      luego        de     evaluar       los    argumentos

formulados por el peticionario en el recurso de epígrafe

resolvemos         no    intervenir          con       el    criterio       del   foro

primario.           Tras       analizar           el        dictamen    recurrido,

entendemos         que    el     foro       primario          hizo     advertencias

inmediatas y oportunas al jurado, por lo que no abusó de

su discreción al emitir el dictamen que hoy revisamos.

       El disolver o no al jurado es una cuestión procesal

que recae sobre la discreción del juez.                              En el presente

caso no se demostró que el juez abusó de su discreción,

sino que tomó las medidas cautelares pertinentes para

asegurarse        de     que     el    derecho         a    un   juicio      justo    e

imparcial para el peticionario quedara salvaguardado.

       No       podemos    olvidar          que    cuando        la    testigo      que

alegadamente hizo expresiones fuera de orden el Juez

López      inmediatamente             ordenó      que       removieran       a    dicha

testigo de la sala, e instruyó al jurado a que “cualquier

cosa      que    ella     dijo    después          que      terminamos       nada    es

admisible, no lo pueden considerar al momento de llegar

a   sus     determinaciones            o    sus    deliberaciones.”                Esas

advertencias oportunas y directas del juez evitaron la
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contaminación   inapropiada    del   jurado.    Por   ello,

entendemos que el error alegado no se cometió.

     La Regla 144(d) de Procedimiento Criminal, supra,

permite que el tribunal ordene la disolución del jurado

si: “se hubiese cometido alguna irregularidad durante el

proceso que, a juicio del tribunal, le impidiere al

jurado rendir un veredicto justo e imparcial.”

     Por lo tanto, el foro primario tomó las medidas

cautelares adecuadas para salvaguardar el derecho a un

juicio justo e imparcial.     Esta decisión goza de nuestra

deferencia ya que no se demostró que el Juez López haya

abusado de su discreción, por lo que, procedemos a

confirmar el dictamen impugnado.

                            IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el

auto discrecional solicitado y se CONFIRMA la Resolución

Enmendada.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones