Court Opinion

ID: 9890369
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:35.309444+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:33.054117
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

                                                Certiorari
                                                procedente del
  VÍCTOR CARMONA RIVERA                         Tribunal de
                                                Primera
       Parte Peticionaria                       Instancia, Sala
                                  KLCE202300985 Superior de
               v.                               Mayagüez
     DR. LUIS O. RAMÍREZ                            Civil Núm.:
      FERRER, ET ALS.                               ISCI201700994
        Parte Recurrida                             Consolidado con
                                                    MZ2019CV00760

                                                    Sobre:
                                                    Daños y
                                                    Perjuicios
                                                    Impericia Médica

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      Comparece el señor Víctor Carmona Rivera (Sr. Carmona)

mediante recurso de certiorari y solicita que revoquemos una

Resolución emitida el 28 de junio de 2023, y notificada el 6 de julio

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de

Mayagüez. Mediante el referido dictamen, el TPI denegó la solicitud

del Sr. Carmona para presentar una quinta demanda enmendada.

      El recurrido Dr. Luis O. Ramírez Ferrer compareció mediante

Memorando en Oposición a Expedición de Auto de Certiorari, con la

que Mayagüez Medical Center coincidió en su escrito en Oposición a

Expedición de Auto de Certiorari y Uniéndonos a la Presentada por el

Dr. Luis O. Ramírez Ferrer.

      Así pues, perfeccionado el recurso y evaluados los escritos de

las partes, resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300985                                                                2

                                      I.

       El 24 de octubre de 2017, el Sr. Carmona presentó una

demanda contra el Dr. Luis O. Ramírez Ferrer, el Dr. Raúl García

Rinaldi y el Centro Médico de Mayagüez h/n/c Mayagüez Medical

Center    Dr.     Ramón     Emeterio       Betances    (Hospital)    y   otros

codemandados, por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido

como consecuencia de los presuntos actos u omisiones negligentes

y culposas incurridos por éstos en la intervención quirúrgica

efectuada el 15 de octubre de 20151 y el pobre cuidado médico

recibido por parte del hospital. (Civil Núm.: ISCI201700994).

       El 18 de julio de 2018, notificada el 27 de julio de 2018, el TPI

dictó una Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó la demanda,

sin perjuicio, en cuanto al codemandado Dr. Luis O. Ramírez Ferrer,

por haberse diligenciado el emplazamiento en exceso del término de

ciento veinte (120) a partir de su expedición.2

       Así las cosas, el 20 de mayo de 2019, el Sr. Carmona presentó

la demanda del caso MZ2019CV00760, contra los mismos

codemandados y basada en las mismas alegaciones consignadas en

el caso ISCI201700994. Además, el Sr. Carmona incorporó una

alegación    de    falta   de    consentimiento       informado     para     el

procedimiento quirúrgico.

       Evaluada la correspondiente solicitud de consolidación, el 9

de diciembre de 2019, se ordenó la consolidación de ambos casos.3

       Luego de varios trámites procesales, el 11 de abril de 2023, el

Sr. Carmona presentó una Moción para Presentar Quinta Demanda

Enmendada. Específicamente, indicó que esta nueva enmienda “se

apoya en la agravación de las condiciones de salud del demandante

1  El demandante alegó haber interrumpido extrajudicialmente el término
prescriptivo para instar su reclamación.
2 El 28 de septiembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen,

recurso KLAN201800926. No se apeló de dicha sentencia, por lo que la misma
advino final y firme.
3 Véase, notas del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC) en el caso MZ2019CV00760.
KLCE202300985                                                            3

Víctor Carmona Rivera y nuevas condiciones que tienen relación con

los actos culposos y/o negligentes de los co-demandados”.4 Así

también, adujo que la enmienda se fundamenta en

       … un documento informado sobre consentimiento para
       el procedimiento realizado al demandante Víctor
       Carmona Rivera, firmado por el Dr. Luis O. Ramírez
       Ferrer y que no fue firmado por el demandante y los co-
       demandados conocían o debían conocer de dicho
       documento, por lo que el mismo no es sorpresa para
       éstos.5

       No obstante, de los hechos alegados en la Quinta Demanda

Enmendada surge que ésta añade alegaciones contra una enfermera

del Hospital, denominada Y. Sanabria t/c/c Jane Doe, quien

presuntamente, obtuvo la firma del Sr. Carmona en un documento

de autorización de procedimientos quirúrgicos en blanco, justo

antes de comenzar la operación.6

       El Dr. Luis O. Ramírez Ferrer presentó Escrito en Oposición a

Quinta Demanda Enmendada y Solicitud de Desglose.7 En síntesis,

señaló que la enmienda es tardía porque incorpora alegaciones

sobre asuntos que eran del conocimiento el demandante desde que

incoó la demanda original; y que la demora en solicitar la enmienda

dilataría los procedimientos y le ocasionaría perjuicio, pues lo

obligaría a incurrir en gastos adicionales de descubrimiento de

prueba.

       Por su parte, el Sr. Carmona instó una Contestación a Moción

en Oposición a Quinta Demanda Enmendada. En ésta, adujo que:

       La realidad fáctica que aquí no hay nada nuevo en la
       quinta demanda enmendada ya desde la tercera
       demanda enmendada se mencionó en el acápite 52
       inciso B, donde se alegó con relación al consentimiento
       informado que la firma se obtuvo en un ambiente de
       prisa en un documento en blanco. Lo que se pretende
       plantear con las enmiendas sometidas en la quinta
       demanda, ampliar la narrativa de los hechos para
       atemperar el concepto de complicidad del hospital con
       un demandado, que le había otorgado privilegios bajo la

4 Apéndice del recurso, pág. 92.
5 Íd., págs. 92-93.
6 Véase, alegaciones 22-26 de la Quinta Demanda Enmendada, supra, págs. 94-

107, a la pág.97.
7 Íd., págs. 138-142.
KLCE202300985                                                                       4

       doctrina de responsabilidad corporativa y los cinco
       requisitos impuestos por la doctrina mencionada.8

       De tal forma, explicó que el fin era adaptar sus alegaciones a

lo resuelto en el caso Cruz Flores, et al. v. Hosp. Ryder, et al., 210

DPR 465 (2022), 2022 TSPR 1129. Puntualizó que, mediante la

enmienda solicitada, “no se trae ninguna nueva causa de acción, ni

testigos adicionales. La misma se hace para atemperar el

descubrimiento de prueba a las alegaciones”.10

       Evaluados los argumentos de las partes, el 28 de junio de

2023, el TPI dictó la Resolución objeto del presente recurso,

mediante la cual denegó la solicitud del Sr. Carmona para presentar

una quinta demanda enmendada.

       En el dictamen, tras evaluar los factores que rigen la

discreción de un tribunal para autorizar enmiendas a las

alegaciones, el foro primario destacó que el Sr. Carmona había

reconocido en su Contestación a Moción en Oposición a Quinta

Demanda Enmendada que ésta no planteaba ninguna nueva causa

de acción ni testigos adicionales. A continuación, el tribunal coligió

que ello, sin embargo, contradecía lo expresado por el propio

demandante en la Moción para Presentar Quinta Demanda

Enmendada, en la que había articulado que la solicitud de enmienda

relacionaba las complicaciones de las condiciones de salud del

demandante y aquellas nuevas condiciones derivadas de los

presuntos actos culposos y negligentes de los codemandados, así

8 Íd., págs. 112-137, a las págs. 114-115.
9 En el caso de Cruz Flores, et al. v. Hosp. Ryder, et al., supra, el Tribunal Supremo

reiteró y especificó los contornos de la norma establecida en Márquez Vega v.
Martínez Rosado, 116 DPR 397 (1985), sobre la adjudicación de responsabilidad
civil extracontractual por impericia médica a las instituciones hospitalarias que
incumplen con su obligación continua de velar por la salud y el bienestar de los
pacientes que se encuentran en sus facilidades, de acuerdo con la teoría de
responsabilidad corporativa. En particular, se resolvió que el hospital incurrió en
negligencia al no supervisar adecuadamente los actos negligentes de un médico
al cual le concedió el privilegio de utilizar sus facilidades para atender a sus
pacientes privados, al omitir el cumplimiento de aquellas normas o políticas
institucionales que prevén las consecuencias de determinados tratamientos
empleados según la buena práctica de la medicina.
10 Íd., pág. 120.
KLCE202300985                                                       5

como en la falta de consentimiento informado del paciente para la

intervención quirúrgica. Ante ello, el TPI concluyó que:

        La parte demandante no ha sido clara en sus propósitos
        para solicitar la enmienda. De hecho, el Tribunal ha
        leído detenidamente la quinta demanda enmendada y
        todos los escritos presentados por las partes. Junto a la
        quinta    demanda      enmendada      se   incluye     el
        emplazamiento a Y. Sanabria t/c/c Jane Doe. Las
        alegaciones 22, 23, 24, 25 y 26 son totalmente nuevas
        y contienen alegaciones contra esta enfermera del
        hospital, lo que ciertamente trae un nuevo
        codemandado al caso que bien pudo ser traída desde la
        radicación de la demanda en el 2017. De hecho, en la
        tercera demanda enmendada, radicada el 27 de enero
        de 2020, no surgen las alegaciones aludidas. Por tanto,
        la enmienda solicitada y las razones de la misma no
        son las expresadas en la moción presentada, no
        concuerdan con las alegaciones de la quinta demanda
        enmendada y son tardías, lo que claramente ocasiona
        perjuicio a las partes demandadas.11

        Mediante Resolución emitida y notificada el 9 de agosto de

2023, el TPI declaró sin lugar la moción de reconsideración y

solicitud de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.12

        Inconforme, el 7 de septiembre de 2023, el Sr. Carmona instó

el presente recurso de certiorari en el que apuntó los siguientes

señalamientos de error:

        1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
        no permitir la radicación de la quinta demanda
        enmendada para atemperar la casuística a las
        alegaciones del demandante en relación con el Centro
        Médico de Mayagüez.

        2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
        no permitir la quinta demanda enmendada y
        determinar que las alegaciones en dicha demanda son
        tardías, lo que claramente ocasiona perjuicio a las
        partes demandadas.

        3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
        declarar No ha Lugar la solicitud de la quinta demanda
        enmendada en manifiesta violación al propósito y
        espíritu de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, que
        favorece las enmiendas cuando así lo requiera la
        justicia. ¿Acaso no se hace justicia al demandante,
        quien fue víctima de un obvio y claro acto de impericia
        médica, donde en lugar de extraerle un adenoma,
        propósito de su cirugía, y en su lugar, extraerle un
        páncreas saludable, convirtiendo al demandante en un
        diabético crónico por el resto de su vida?

11 Íd., pág. 7. (Énfasis original).
12 Íd., pág. 8.
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       4. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       no autorizar que se incluyera como demandada a la
       empleada y enfermera del Hospital Centro Médico, Y.
       Sanabria por ser tardía su inclusión en clara violación
       al ordenamiento jurídico vigente, Véase Arroyo v. Hosp.
       La Concepción, 130 DPR 592 (1992).

       5. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       determinar que autorizar la quinta demanda
       enmendada causaría perjuicio al demandado Centro
       Médico aun cuando nunca se opuso oportunamente
       bajo la Regla 6.1 y 8.4 de Procedimiento Civil, quedando
       sometida la quinta demanda enmendada sin oposición
       al respecto.

       6. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       impedir que se señalaran los actos específicos de
       negligencia cometidos por el demandado Centro Médico
       bajo la doctrina de responsabilidad corporativa.

       Por su parte, los recurridos Dr. Luis O. Ramírez Ferrer y

Mayagüez Medical Center13 exponen las razones por las cuales

entienden que el recurso no cumple con los criterios para su

expedición.

                                       II.

       El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal    de    mayor      jerarquía       revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.14

       En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil15,

delimita las instancias en las que procede que este Tribunal de

Apelaciones expida el recurso de certiorari.16 La citada Regla

establece que el recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una

orden o resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56,

13 Ante el planteamiento de Mayagüez Medical Center, y a los fines de auscultar

nuestra jurisdicción para considerar el recurso, corroboramos en el Sistema de
Consulta de Casos del Portal del Poder Judicial y del mismo surge que el TPI fue
notificado de la presentación del recurso el 8 de septiembre de 2023, a las 11:54
a.m., en el caso núm. ISCI201700994, sección de documentos.
https://www.poderjudicial.pr/index.php/consulta de casos/ (última visita 19 de
septiembre de 2023). Por tanto, tenemos jurisdicción para atender el recurso.
14 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
15 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
16 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., supra.; Scotiabank v. ZAF Corp., 202

DPR 478, 486 (2019).
KLCE202300985                                                          7

injunctions de la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del

foro apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.17 Según

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que

fundamentar su decisión.

         Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones18 instituye los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de

certiorari. Estos criterios son:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
         a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
         derecho.

         B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

17 Íd.
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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       Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.19 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

       En fin, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de

la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.20

                                       III.

       Evaluado el recurso, colegimos que la denegatoria del TPI a

autorizar la quinta demanda enmendada no es uno de los asuntos

contemplados en los supuestos de la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, en los que procede expedir el auto de certiorari.

Tampoco el Sr. Carmona demostró la existencia de alguna de las

circunstancias excepcionales dispuestas en la precitada regla, o de

cualquiera de los criterios contemplados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, que justifique intervenir con el trámite pautado

por el foro recurrido.

       Empero, si bien no estamos obligados a fundamentar nuestra

denegatoria, valga destacar que la actuación del TPI se amparó en

la Regla 13.1 de Procedimiento Civil21, que concede discreción a los

tribunales para autorizar o denegar una enmienda a las alegaciones

“liberalmente cuando la justicia así lo requiera”. Es decir, dicho

19 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
20 Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).
21 32 LPRA Ap. V, R. 13.1.
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mecanismo descansa en la sana discreción del juzgador. En ese

contexto, el Tribunal Supremo ha expresado que, para que se

revoque la actuación del juez respecto a la concesión o denegatoria

de una enmienda a una alegación, tiene que demostrarse un claro

abuso de discreción o un perjuicio manifiesto a la parte contraria.22

Ello no ocurrió en el presente caso.

       Por tanto, en ausencia de los criterios de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, o de algún otro de los contemplado en la

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nos abstenemos de

intervenir con el dictamen recurrido.

                                     IV.

       A la luz de lo antes expuesto, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

22 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warewhouse, 179 DPR 322, 334 (2010), citando a

Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 868 (1995).