Court Opinion

ID: 9928572
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:26:14.356845+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:11.007729
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

   NINA CHOCK RIVERA                              Certiorari
                                                  procedente del
        Peticionaria                              Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
              v.                                  Sala de Bayamón

 JOSÉ IGNACIO BLANCO            KLCE202301300 Sobre:
       ANEIROS                                Liquidación de
                                              Comunidad de
         Recurrido                            Bienes,
                                              Acometimiento o
                                              Agresión

                                                  Caso Número:
                                                  BY2019CV00515

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Rivera Marchand y la Juez Aldebol Mora

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2023.

      La peticionaria, señora Nina Chock Rivera, comparece ante

nos para que dejemos sin efecto las determinaciones notificadas por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Bayamón, el 23 de octubre de

2023. Mediante las mismas, el foro primario, en reconsideración,

respectivamente resolvió que, el descubrimiento de prueba del caso

de epígrafe habría de culminar el 30 de enero de 2024, así como que

el mismo no se podía extender a la información sobre los ingresos

del recurrido, el señor José I. Blanco Aneiros, posteriores a la fecha

del divorcio. Lo anterior, dentro de un pleito sobre liquidación de

comunidad de bienes gananciales.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                    I

      En lo aquí concerniente, el 8 de septiembre de 2023, el

tribunal recurrido notificó una Orden por la cual impuso a los

comparecientes una sanción de $150.00 por haber incumplido una

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202301300                                                        2

previa determinación en virtud de la cual se les concedió hasta el 17

de julio de 2023 para informar el estado del descubrimiento de

prueba del caso.    Según destacado por el tribunal, la etapa del

descubrimiento de prueba inició en el año 2019. No obstante, en la

Orden de referencia, el Tribunal de Primera Instancia autorizó una

extensión del descubrimiento de prueba, por cuarenta y cinco (45)

días perentorios, solo en cuanto a los requerimientos de prueba

tramitados previo al 17 de julio de 2023 respecto al aquí recurrido y

limitado a ciertos documentos. En su Orden, el Tribunal de Primera

Instancia aclaró que no habría de autorizar ningún trámite ulterior

sobre requerimiento de prueba y decretó que, al 30 de octubre de

2023, daba por concluida la referida etapa procesal.

      El 25 de septiembre de 2023, la peticionaria presentó una

Solicitud para que se Reconsidere Fecha de Cierre de Descubrimiento

de Prueba. Por su parte, en igual fecha, el recurrido compareció

mediante Moción en Reconsideración para Producir Planillas. En

cumplimiento de orden, la peticionaria presentó su escrito en

oposición a la reconsideración solicitada por el recurrido.

      Tras entender sobre los respectivos argumentos de las partes,

el 23 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia notificó

las resoluciones en reconsideración aquí recurridas. En una de

ellas, y respecto a la solicitud promovida por la peticionaria, el

tribunal resolvió que, al 30 de enero de 2024, habría de tener por

concluido   el   descubrimiento     de   prueba.    En   la   restante

determinación, el foro primario, en atención al requerimiento del

recurrido, acogió su súplica y no autorizó que se efectuara

descubrimiento de prueba alguno relacionado a los ingresos que

percibió con posterioridad a la fecha del decreto de divorcio entre las

partes.
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      Inconforme, el 21 de noviembre de 2023, la peticionaria

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En

el mismo formula los siguientes señalamientos:

      Erró el TPI al limitar el descubrimiento de prueba en
      contra del peticionario a la fecha del divorcio de las
      partes, tomando en cuenta que estamos ante una
      comunidad de bienes en liquidación, creada durante
      treinta (30) años de matrimonio.

      Erró el TPI al ordenar la culminación del
      descubrimiento de prueba, a pesar del propio TPI tener
      una controversia de descubrimiento de prueba que no
      había atendido y a pesar de conocer que a quien único
      dicha orden afectará es a la peticionaria, quien carece
      del conocimiento de prueba necesario para poder
      defender su posición y tener justa resolución.

      Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a

expresarnos.

                                   II

                                   A

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

expresamente delimita la intervención de este Tribunal para evitar

la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilatan

innecesariamente el curso de los procesos. Rivera v. Joe’s European

Shop, 183 DPR 580, 594. (2011).         En lo pertinente, la referida

disposición reza como sigue:

      .        .      .        .        .      .       .      .

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
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      .       .       .       .       .        .       .       .

      32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      El entendido doctrinal vigente de la precitada disposición

establece que, su inserción en nuestro esquema procesal, aun

cuando obedece al propósito de delimitar las circunstancias en las

que el foro intermedio habrá de intervenir con resoluciones u

órdenes interlocutorias emitidas por el tribunal primario, asegura la

revisión apelativa, mediante el recurso de certiorari, en situaciones

meritorias constitutivas de excepción.     Job Connection Center v.

Sups. Econo, 185 DPR 585,593 (2012). Así, cuando, en el ejercicio

de su discreción, este Foro entienda que determinada cuestión

atenta contra intereses protegidos, o desvirtúa el ideal de justicia,

viene llamado a entender sobre la misma.

      Por su parte, sabido es que el recurso de certiorari es un

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, 212 DPR ____ (2023); Mcneil Healthcase v. Mun. Las Piedras II,

206 DPR 659 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174

(2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se pretende la

revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso que atienden.

Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a un recurso de

apelación, el tribunal al que se recurre mediante el vehículo procesal

del recurso de certiorari tiene discreción para atender el asunto

planteado, ya sea expedir el auto solicitado o denegarlo. 800 Ponce

de León v. AIG, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183

DPR 580, 593 (2011); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). No obstante, “[e]l

examen que hace el tribunal apelativo, previo a expedir un certiorari,
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no se da en el vacío ni en ausencia de otros parámetros.” 800 Ponce

de León v. AIG, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

     Ahora    bien,   la   correcta   consecución   de   la   justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad.   De ahí la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el
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proceso   que   atiende   conforme       le   dicte   su   buen   juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142

DPR 117 (1987). Cónsono con ello, sabido es que los tribunales

apelativos no “deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste en el ejercicio

de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en error

manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

                                   III

      Mediante su comparecencia, la parte peticionaria propone que

intervengamos en un asunto relacionado al manejo del caso en la

etapa de descubrimiento de prueba, materia que, como norma,

queda excluida del ejercicio de nuestras facultades en esta etapa de

los procedimientos. Al examinar el dictamen en controversia, ello a

la luz de lo estatuido en la precitada Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, se desprende que el mismo no está inmerso en las

instancias contempladas por el legislador, a los fines de que este

Foro pueda entender sobre un recurso de certiorari.

      Tal cual esbozado, el alcance de nuestra autoridad en

recursos como el de autos, está expresamente delimitado por el

ordenamiento civil vigente.      Además, la parte peticionaria no

demostró que, de no actuar respecto a su solicitud en alzada, habría

de producirse un fracaso a la justicia. Por tanto, en ausencia de

condición alguna que mueva nuestro criterio a estimar que, en su

más sano quehacer, este Foro debe intervenir en la causa de

epígrafe, denegamos la expedición del auto solicitado.

                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones