Court Opinion

ID: 9941366
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:28:42.538676+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:34.591004
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL II

JUAN ROMERO HERNÁNDEZ                                  REVISIÓN
                                                       ADMINISTRATIVA
             Recurrente                                procedente de la
                                                       División de
                  v.                     KLRA202300634 Remedios
                                                       Administrativos
      DEPARTAMENTO DE
        CORRECCIÓN Y                                             Caso número:
       REHABILITACIÓN                                            GUE-11210

             Recurrido

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

        Comparece ante nos, por derecho propio, la parte recurrente, Juan

Romero Hernández, mediante revisión judicial y solicita que revoquemos

las determinaciones emitidas por el Programa de Desvío del Departamento

de Corrección y Rehabilitación el 26 de septiembre de 2023, notificadas el

16 de octubre del mismo año. Mediante los referidos dictámenes, la

agencia denegó al recurrente su participación en el Programa de Pase

Extendido con Monitoreo Electrónico, así como en los Programas

Religiosos y Hogar CREA.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirman

las determinaciones administrativas recurridas. Veamos.

                                            I

        Surge del Informe para Evaluación del Plan Institucional que obra en

autos que, Juan Romero Hernández (Romero Hernández o recurrente) fue

sentenciado a ciento cincuenta y tres (153) años de reclusión por asesinato

en primer grado, robo domiciliario, conspiración, entre otros delitos.1

Asimismo, se desprende que, el 14 de junio de 2023, notificado al día

siguiente, el Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de

1 Véase, Informe para Evaluación del Plan Institucional en el expediente administrativo.

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
KLRA202300634                                                                        2

Corrección y Rehabilitación (DCR) reclasificó la custodia de Romero

Hernández de mediana a mínima. Igualmente, refirió su caso a la unidad

de Programas de Desvío del mencionado organismo administrativo.

       Posteriormente, el 26 de septiembre de 2023, notificada el 16 de

octubre del mismo año, el Programa de Desvío del DCR emitió la

Respuesta de la Planilla de Información Necesaria para Evaluar

Candidatos para el Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico,

así como la Respuesta de la Planilla de Información Necesaria para Evaluar

Candidatos para el Programa Religiosos [sic] y Hogar CREA, que nos

ocupan.2 En ambos dictámenes, el DCR denegó la participación de Romero

Hernández en el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico

y en los Programas Religiosos y Hogar CREA. En esencia, determinó que

Romero Hernández no cumplía con los criterios de elegibilidad.

Específicamente, el DCR fundamentó ambas decisiones en lo siguiente:

       No cualifica en virtud de lo dispuesto en la Ley [Núm.] 49 del
       26 de mayo de 1995.

       Delito Excluyente: Asesinato en 1er Grado

       Inconforme, el 20 de octubre de 2023, recibida en la Secretaría de

este Foro el 7 de diciembre de 2023, la parte recurrente presentó el recurso

de epígrafe y señaló los siguientes errores:

       Erró la Coordinadora [de] Programas de [D]esvío[,] Sra.
       Selma Ríos Calderón[,] al utilizar como fundamento para
       denegar la solicitud de programas de desvío la Ley [Núm.] 49
       del 26 de mayo de 1995.

       Erró la Coordinadora [de] Programas de [D]esvío indicando
       que el Plan de [R]eorganización #2 del 21 de noviembre de
       2011, excluye de [los] [p]rogramas de desvío el [a]sesinato en
       [p]rimer [g]rado.

       Erró la [C]oordinadora [de] [P]rograma[s] de [D]esvío al violar
       el mandato [c]onstitucional a la [r]ehabilitación como derecho
       fundamental de los confinados[,] independientemente sea
       asesinato en primer grado o no.

       Erró la Coordinadora [de] Programa[s] de [D]esvío por actuar
       de forma arbitraria e injustificada[,] en violación al derecho [a]

2 Véase, Respuesta de la Planilla de Información Necesaria para Evaluar Candidatos para

el Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico y Respuesta de la Planilla de
Información Necesaria para Evaluar Candidatos para el Programa Religiosos [sic] y Hogar
CREA en el expediente administrativo.
KLRA202300634                                                               3

      la rehabilitación del recurrente [y] a la igual protección de la[s]
      leyes y reglamentos.

      En cumplimiento con nuestra Resolución del 15 de diciembre de

2023, la parte recurrida compareció mediante Escrito en Cumplimiento de

Resolución el 11 de enero de 2024. Sostiene que, tanto el Plan de

Reorganización Núm. 2-2011, infra, como el Reglamento Núm. 9488, infra,

excluyen categóricamente a los miembros de la población correccional que,

al igual que el recurrente, hayan sido sentenciados por delitos graves de

primer grado. En ese sentido, arguye que, al denegar a la parte recurrente

participar de los antedichos programas de desvío, la agencia aplicó

correctamente la norma vigente a los hechos que surgen del expediente

administrativo, sobre los cuales no hay controversia. Plantea que las

determinaciones recurridas merecen la mayor deferencia, toda vez que el

recurrente estaba claramente excluido de beneficiarse de los programas de

desvío a base de fe y los Hogares CREA. A su vez, alega que la parte

recurrente no ha apuntado prueba tendiente a rebatir la presunción de

corrección y legalidad que les cobija a dichas determinaciones.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como con la

copia certificada del expediente administrativo, nos disponemos a resolver

el recurso que nos ocupa.

                                      II

                                      A

      Sabido es que los tribunales apelativos debemos otorgar amplia

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias administrativas,

puesto que estas cuentan con vasta experiencia y pericia para atender

aquellos asuntos que se les han sido delegados por la Asamblea

Legislativa. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99 (2023);

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); Super Asphalt v. AFI y otro,

206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202

DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35

(2018). Es por ello, que, tales determinaciones suponen una presunción de

legalidad y corrección que a los tribunales nos corresponde respetar,
KLRA202300634                                                                4

mientras la parte que las impugne no presente prueba suficiente para

derrotarlas. Íd.; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012).

No obstante, tal norma no es absoluta. Es por ello que nuestro Máximo

Foro ha enfatizado que no podemos imprimirle un sello de corrección, so

pretexto de deferencia a las determinaciones administrativas que sean

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

       En Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016), nuestro

Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al alcance de la

revisión judicial de la siguiente forma:

       [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una
       agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la
       determinación administrativa no está basada en evidencia
       sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o
       interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
       encomendado administrar; (3) el organismo administrativo
       actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación administrativa lesionó derechos constitucionales
       fundamentales. Es importante destacar que si el tribunal no
       se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque
       exista más de una interpretación razonable de los hechos,
       procede que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. Íd. Véase, además, Super Asphalt v.
       AFI y otro, supra, pág. 819.

       El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v. Martínez

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 820; Graciani

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía

de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita la revisión judicial a

dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan

irrazonable que su actuación constituya un abuso de discreción. Íd.

       Bajo este supuesto, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017,

3 LPRA sec. 9675 (LPAU), “estableció el marco de revisión judicial de las

determinaciones de las agencias administrativas”. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra, pág. 35. La intervención del tribunal se limita a tres áreas, a

saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por
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evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su

totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron

correctas. Íd., págs. 35-36; OEG v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera

v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; Batista, Nobbe v. Jta. Directores,

supra, pág. 217. Nuestro Máximo Foro ha expresado que esta intervención

“debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se fundamente en

evidencia sustancial o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de

la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36. Siendo así,

aquellas determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. Íd.; OEG

v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

       Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas

en su totalidad. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675; Rolón Martínez v.

Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág.

627. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares que

administra. Íd.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que la deferencia

que le deben los tribunales a la interpretación que haga el ente

administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que le corresponde

poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales

fundamentales”. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 627-628; OEG

v. Martínez Giraud, supra. Finalmente, nuestra más Alta Curia ha

expresado que, conforme a lo anterior, el criterio administrativo no podrá

prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria

realizada por una agencia provoque un resultado incompatible o contrario

al propósito para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones
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que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 11.

                                      B

       La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución establece que

será política pública “reglamentar las instituciones penales para que sirvan

a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer

posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA,

Tomo I. A raíz de ello, el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de

noviembre de 2011, según enmendado, conocido como el Plan de

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011,

3 LPRA Ap. XVIII (Plan de Reorganización Núm. 2-2011), provee para un

sistema de custodia de las personas que han sido encontradas incursas en

la comisión de un delito o falta y para que establezcan procesos de

rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o

transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad. 3 LPRA Ap.

XVIII, Art. 2. Asimismo, el citado Plan viabiliza los programas de desvío,

mediante los cuales las personas convictas pueden cumplir parte de su

sentencia fuera de la institución penal.

       A esos fines, el Artículo 16 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011,

3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16, regula lo concerniente a los programas de

desvío. En particular, el referido articulado rezaba como sigue:

       El Secretario establecerá mediante reglamento los objetivos
       de cada programa de desvío, cómo habrán de operar, los
       criterios y condiciones para la concesión de dicho privilegio,
       así como también los criterios, condiciones y proceso que
       habrá de seguirse para la revocación del privilegio y
       administrará los programas de desvío donde las personas
       convictas puedan cumplir parte de su sentencia fuera de la
       institución correccional. La opinión de la víctima habrá de
       tomarse en consideración como uno de los criterios para
       conceder el privilegio de ubicar a un miembro de la población
       correccional en un programa de desvío.

       No serán elegibles para participar en los programas de desvío
       establecidos por el Departamento las siguientes personas:

              (a) Toda persona convicta que esté cumpliendo
                  sentencia por los siguientes delitos:
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                   (1) Escalamiento      agravado,     producción,
                       posesión y distribución de pornografía y la
                       utilización de un menor para la pornografía
                       infantil;

                   (2) [T]oda persona convicta por delito grave de
                       segundo grado o de un delito de mayor
                       severidad;

                   (3) [V]iolaciones a las secs. 2101 et seq. del
                       Título 24, conocidas como “Ley de
                       Sustancias Controladas de Puerto Rico”,
                       excepto las violaciones a la sec. 2404 del
                       Título 24, y

                   (4) [V]iolaciones a las secs. 561 et seq. del
                       Título 25, conocidas como la “Ley de
                       Explosivos de Puerto Rico”;

            (b) [T]oda persona convicta por la comisión de
                cualquier delito grave que no sea de los incluidos
                en el inciso (a) de este [A]rtículo, hasta que haya
                cumplido por lo menos un veinte (20) por ciento de
                la sentencia de reclusión en una institución
                correccional,    excluyendo      toda    clase   de
                bonificaciones y se determine por el Secretario que
                no representa una amenaza para la comunidad;

            (c) [T]oda persona convicta por delito grave a la cual
                se le haya hecho una determinación de
                reincidencia agravada o reincidencia habitual de
                conformidad a las disposiciones del Código Penal
                de Puerto Rico de 2004; y

            (d) [T]oda persona convicta mientras no haya
                satisfecho la pena especial dispuesta en la anterior
                sec. 4695 del Título 33.

      Se podrá excluir de la aplicación de las disposiciones de este
      [A]rtículo a los miembros de la población correccional bajo la
      custodia del Departamento que confronten problemas de
      salud con prognosis de vida corta y con condiciones
      fisiológicas limitantes. Para que proceda esta exclusión
      deberá mediar una recomendación del Departamento
      acompañada de una certificación médica sobre el miembro
      de la población correccional con la prognosis de vida.
      Además, los miembros de la población correccional no deben
      representar peligro para la comunidad.

      Nada de lo dispuesto en este [A]rtículo menoscaba el deber
      del Secretario de proveer y establecer programas de
      tratamiento y rehabilitación conforme a lo dispuesto en este
      Plan. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16.

      Ahora bien, el precitado articulado fue recientemente enmendado

mediante la Ley Núm. 79 de 27 de septiembre de 2022 (Ley Núm. 79-2022).

En la Exposición de Motivos de dicho estatuto, la Asamblea Legislativa

entendió que en la población penal se debía “reenfocar el sistema y
KLRA202300634                                                            8

comenzar a proveerle a este sector de la sociedad posibilidades reales que

propendan a su rehabilitación”. Además, sostuvo que no se justificaba que,

en ciertos delitos graves, luego que la persona confinada haya completado

una parte sustancial de su sentencia y exhibiera buena conducta, “se le

niegue la oportunidad de brindarle un programa que propenda a su total

rehabilitación y l[a] prepara para la libre comunidad”. Exposición de

Motivos, Ley Núm. 79-2022.

      Conforme a lo anterior, la Ley Núm. 79-2022 enmendó el Artículo 16

del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, para que lea de la

siguiente forma:

      El Secretario establecerá mediante reglamento los objetivos
      de cada programa de desvío, cómo habrán de operar, los
      criterios y condiciones para la concesión de dicho privilegio,
      así como también los criterios, condiciones y procesos que
      habrá de seguirse para la revocación del privilegio y
      administrará los programas de desvío donde las personas
      convictas puedan cumplir parte de su sentencia fuera de la
      institución correccional. La opinión de la víctima habrá de
      tomarse en consideración como uno de los criterios para
      conceder el privilegio de ubicar a un miembro de la población
      correccional en un programa de desvío. No serán elegibles
      para participar en los programas de desvío establecidos
      por el Departamento las siguientes personas:

             (a) Toda persona convicta que esté cumpliendo
                 sentencia por los siguientes delitos:

                    (1) Producción, posesión y distribución de
                        pornografía y la utilización de un menor para
                        la pornografía infantil;

                    (2) [V]iolaciones a las secs. 2101 et seq. del
                        Título 24, conocidas como “Ley de
                        Sustancias Controladas de Puerto Rico”,
                        excepto las violaciones a la sec. 2404 del
                        Título 24;

                    (3) [V]iolaciones a las secs. 561 et seq. del
                        Título 25, conocidas como la “Ley de
                        Explosivos de Puerto Rico”;

                    (4) [T]oda persona convicta por delito grave
                        de primer grado.

             (b) Toda persona convicta por la comisión de cualquier
                 delito grave que no sea de los incluidos en el inciso
                 (a) de esta sección, hasta que haya cumplido por
                 lo menos un veinte (20) por ciento de la sentencia
                 de reclusión en una institución correccional,
                 excluyendo toda clase de bonificaciones y se
KLRA202300634                                                              9

                 determine por el Secretario que no representa una
                 amenaza para la comunidad;

             (c) [T]oda persona convicta por delito grave a la cual
                 se le haya hecho una determinación de
                 reincidencia agravada o reincidencia habitual de
                 conformidad a las disposiciones del Código Penal
                 de Puerto Rico de 2004, y

             (d) [T]oda persona convicta mientras no haya
                 satisfecho la pena especial dispuesta en el Artículo
                 67 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, antes
                 citada.
      Se podrá excluir de la aplicación de las disposiciones de esta
      sección a los miembros de la población correccional bajo la
      custodia del Departamento que confronten problemas de
      salud con prognosis de vida corta y con condiciones
      fisiológicas limitantes. Para que proceda esta exclusión
      deberá mediar una recomendación del Departamento
      acompañada de una certificación m[é]dica sobre el miembro
      de la población correccional con la prognosis de vida.
      Además, los miembros de la población correccional no deben
      representar peligro para la comunidad.

      Nada de lo dispuesto en esta sección menoscaba el deber del
      Secretario de proveer y establecer programas de tratamiento
      y rehabilitación conforme a lo dispuesto en este Plan. 3 LPRA
      Ap. XVIII, Art. 16. (Énfasis nuestro).

      Por otro lado, a tenor con las facultades concedidas por el Plan de

Reorganización Núm. 2-2011, supra, el DCR promulgó el Reglamento del

Programa Integral de Reinserción Comunitaria, Reglamento Núm. 9242 del

11 de diciembre de 2020 (Reglamento Núm. 9242). En lo aquí atinente, el

Artículo VII de dicho cuerpo reglamentario establecía los criterios de

elegibilidad específicos para los programas comunitarios de base religiosa

y de Hogares CREA. De la misma forma, el Artículo VIII desglosaba las

exclusiones a dichos beneficios. En específico, su inciso (1)(c) disponía que

no serían elegibles para participar de los programas de desvío establecidos

por el DCR toda persona convicta por delito grave de segundo grado o de

un delito de mayor severidad.

      Sin embargo, recientemente, el Reglamento Núm. 9242 quedó

derogado por el Reglamento del Programa Integral de Reinserción

Comunitaria, Reglamento Núm. 9488 de 9 de agosto de 2023 (Reglamento

Núm. 9488), efectivo el 7 de septiembre de 2023. En armonía con la Ley

Núm. 79-2022, el Artículo VIII del Reglamento Núm. 9488 esboza las
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siguientes exclusiones para participar en los programas de desvío

establecidos por el DCR:

       No serán elegibles para participar en los programas de
       desvío establecidos por el Departamento las siguientes
       personas:

          1. Toda persona convicta que esté cumpliendo
             sentencia par los siguientes delitos:

              a. Producción, posesión y distribución de pornografía
                 y la utilización de un menor para la pornografía
                 infantil.

              b. Violaciones a la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971,
                 según enmendada, conocida como Ley de
                 Sustancias Controladas de Puerto Rico, excepto
                 las violaciones al Artículo 404 de dicha Ley.

              c. Violaciones a la Ley Núm. 134 de 28 de junio de
                 1969, según enmendada, conocida como la Ley de
                 Explosivos de Puerto Rico.

              d. Toda persona convicta por delito grave de
                 primer grado. (Énfasis nuestro).
       […]

       A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de

la controversia ante nuestra consideración.

                                      III

       Como primer señalamiento de error, la parte recurrente sostiene que

la Coordinadora del Programa de Desvío del DCR incidió al utilizar como

fundamento para denegar la solicitud de participación en los programas de

desvío la Ley Núm. 49-1995. En su segundo señalamiento de error, alega

que dicha Coordinadora erró al indicar que el Plan de Reorganización Núm.

2-2011, supra, excluye de los programas de desvío a las personas

convictas por asesinato en primer grado. Como tercer señalamiento de

error, plantea que la referida Coordinadora violó el mandato constitucional

a la rehabilitación como derecho fundamental de las personas confinadas,

independientemente esta haya sido convicta por asesinato en primer grado

o no. En su cuarto y último señalamiento de error, arguye que la

Coordinadora del Programa de Desvío del DCR incidió al actuar de forma

arbitraria e injustificada, ello en violación a su derecho a rehabilitarse y en

contravención a la igual protección de las leyes y reglamentos.
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      En síntesis, el recurrente fundamenta sus señalamientos de error en

que la reglamentación que regula los programas de desvío no excluye a las

personas convictas por asesinato en primer grado, sino que promueven la

rehabilitación de esta y les brinda la oportunidad de beneficiarse de los

mencionados programas como una segunda oportunidad para lograr

reintegrarse a la libre comunidad. Sostiene que, según la reglamentación

aplicable, cualifica para participar en los referidos programas de desvío.

Sobre ese particular, arguye que la Ley Núm. 49-1995, utilizada como

fundamento en la determinación recurrida, fue derogada y, en su lugar, se

creó el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra. Asimismo, aduce que,

aunque el DCR goza de cierta discreción, dicho organismo administrativo

había actuado de forma arbitraria e irrazonable, por lo que procedía el

recurso de revisión judicial. Por otro lado, señala que ha observado una

conducta excelente durante los diecinueve (19) años que ha estado

confinado y que cumple con todos los requisitos necesarios para estar en

la libre comunidad mediante los programas de desvío. En virtud de ello,

solicita que ordenemos al DCR a que le permita participar en el programa

de desvío de libertad bajo supervisión electrónica o en el de hogar de

adaptación.

       Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, así como

de la ley aplicable, entendemos que la interpretación planteada por la parte

recurrente no refleja la intención de la Asamblea Legislativa en los estatutos

y reglamentación citada por este. A los fines de atender el recurso de

epígrafe, hemos evaluado con detenimiento la reglamentación aprobada

sobre los programas de rehabilitación disponibles para los miembros de la

población correccional. Constatamos que, durante los pasados años, el

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, ha sido enmendado en varias

ocasiones y se han aprobado y derogado múltiples reglamentos, los cuales

excluyen a los convictos por asesinato en primer grado de su participación

en dichos programas. Actualmente, el Artículo VIII del Reglamento Núm.

9488 expresamente excluye de los programas de desvío a “[t]oda persona
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convicta por delito grave de primer grado”. Igualmente, el Artículo 16 del

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, según enmendado por la Ley

Núm. 79-2022, expresamente excluye de los mencionados programas a las

personas convictas por delito grave de primer grado.

      En el presente caso, Romero Hernández fue sentenciado, entre

otras cosas, por la comisión de asesinato en primer grado. En virtud de

nuestro ordenamiento jurídico vigente, el recurrente no cumple con los

requisitos legales para ser elegible al Programa de Pase Extendido con

Monitoreo Electrónico y a los Programas Religiosos y Hogar CREA, toda

vez que su convicción por asesinato en primer grado constituye una

exclusión para participar de tales programas de desvío, conforme al

Reglamento Núm. 9488 y al Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra,

según enmendado por la Ley Núm. 79-2022. Así las cosas, de conformidad

con los fundamentos expuestos, coincidimos con los dictámenes del DCR

de denegarle a la parte recurrente los referidos programas de desvío, no

porque carecía de una expectativa de beneficiarse de ellos durante su

proceso de rehabilitación, sino debido a que no cumple con los requisitos

reglamentarios establecidos de elegibilidad.

      En mérito de lo antes expuesto, sostenemos las determinaciones

agenciales recurridas. Nada en el expediente de autos sugiere que los

pronunciamientos que atendemos hayan resultado de un ejercicio arbitrario

atribuible al DCR. Por tanto, toda vez que el recurrente no derrotó la

presunción de corrección de las resoluciones que nos ocupan,

confirmamos las determinaciones administrativas recurridas.

                                     IV

      Por    los    fundamentos    que     anteceden,     confirmamos     las

determinaciones administrativas recurridas.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones