Court Opinion

ID: 9554710
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:20:00.055516+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:14.333647
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                   REVISIÓN
INMOBILIARIA 1254, S.E.;                           procedente de la
ADMA, INC.; CARIBE                                 Oficina de
TECNO, INC.; CARIBE                                Permisos del
TECNO, CRL; CTE RENTAL                             Municipio de
EQUIPMENT, INC.                                    San Juan
Recurrentes
                                  KLRA202300231 Caso Núm.:
            v.                                     2022-444257-
                                                   CUB-006076
OFICINA DE PERMISOS DEL
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE                              Sobre:
SAN JUAN                                           Impugnación de la
                                                   determinación en
Recurrida                                          el proceso de
                                                   Consulta de
            v.                                     ubicación Núm.
                                                   2022-444257-
EVINMOTOR’S PR, INC.                               CUB-006076;
                                                   violación al debido
Parte Interesada                                   proceso de ley a
                                                   derechos como
                                                   parte interventora;
                                                   solicitud de
                                                   nulidad del
                                                   proceso.
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      Comparecen Inmobiliaria 1254, S.E, así como sus inquilinos

ADMA, Inc., Caribe Tecno, Inc., Caribe Recno, CRL, CTE Rental

Equipment, Inc. (en adelante, recurrentes) y solicitan que revisemos

la Resolución de Consulta de Ubicación notificada el 20 de abril de

2023, por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San

Juan (en adelante, OPMASJ). Mediante la misma, se aprobó y

autorizó la Consulta de Ubicación 2022-444257-CUB-006076

presentada por Evinmotors PR, Inc. (en adelante, Evinmotors).

      Por los fundamentos que se exponen a continuación,

revocamos la resolución recurrida.

Número Identificador
SEN2023 ______________
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                                        I.

       Luego de que, en el 2022, el Tribunal de Primera Instancia, en

el caso SJ2021CV030081, revocara el permiso único bajo el cual

operaba Evinmotors, el 22 de julio de 20222, dicha parte presentó

una nueva consulta de ubicación ante la OPMASJ. Ello, para un

permiso único de venta de automóviles, motocicletas y vehículos

recreacionales, venta de accesorios, piezas, área de almacén, taller

de reparaciones, showroom, oficina administrativa y área de

estacionamiento.

       A raíz de lo anterior, el 8 de septiembre de 2022, los

recurrentes instaron una solicitud de intervención ante la OPMASJ

para formar parte del proceso de consulta de ubicación de referencia

solicitado por Evinmotors. Mediante la misma, argumentaron su

oposición a la consulta y requirieron participación en los procesos

para presentar la prueba que sustentaba sus alegaciones.

Esbozaron que colindan directamente con el solar donde Evinmotors

pretende operar el negocio en cuestión y, entre otras cosas, adujeron

que la solicitud objeto del trámite de epígrafe era contraria a las

disposiciones reglamentarias aplicables. Añadieron que la operación

desordenada de Evinmotors afecta el tránsito en la zona, lo que

repercutía negativamente en la operación de sus negocios y las

residencias colindantes. Por último, arguyeron que la solicitud de

referencia no cumplía con la ley aplicable, relacionado a los

estacionamientos.

       El 5 de octubre de 2022, la OPMASJ dictó una Resolución de

Consulta de Ubicación. En esta aprobó y autorizó el permiso de uso

1
 Municipio de San Juan representado por su alcalde Hon. Miguel Romero Lugo v.
Evinmotors PR, Inc., por conducto de su presidente y agente residente Juan A.
Castellanos y/o persona autorizada.
2 En este caso, el TPI concluyó que la única manera que Evinmotors podría

obtener un permiso para operar su negocio en el distrito interesado era a través
del mecanismo de variación de uso. El 10 de febrero de 2023, el Tribunal Supremo
dictó Resolución en la cual acogió el recurso como petición de certiorari y proveyó
no ha lugar. El 15 de mayo de 2023, se expidió Carta de Trámite sobre Mandato.
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solicitado por Evinmotors. Mediante resolución del 19 de diciembre

de 2022, la OPMASJ declaró ha lugar la solicitud de intervención de

los recurrentes.

      Así las cosas, el 20 de abril de 2023, los representantes legales

de los recurrentes fueron notificados de la decisión que emitió el

ente administrativo el 5 de octubre de 2022. En esta versión

corregida de la resolución que les fue notificada a los recurrentes, la

OPMASJ incluyó que, luego de evaluar los méritos de la consulta,

esta no conllevaba una variación en uso conforme a la calificación

propuesta. La referida Oficina añadió que el proceso de vista pública

era uno discrecional y que el Comité de Permisos no recomendó

llevarlo a cabo.

      Inconformes, los recurrentes acuden ante nos y alegan que la

OPMASJ cometió los siguientes errores:

      ERRÓ LA OPMSJ AL EVALUAR Y RESOLVER LA
      CONSULTA DE UBICACIÓN SIN PERMITIR LA
      PARTICIPACIÓN DE LOS INTERVENTORES EN
      VIOLACIÓN A SUS DERECHOS Y AL DEBIDO PROCESO
      DE LEY, LO CUAL TAMBIÉN RESULTÓ EN QUE
      TOMARAN UNA DETERMINACIÓN BASÁNDOSE EN UN
      EXPEDIENTE INCOMPLETO.

      ERRÓ LA OPMSJ AL EVALUAR Y RESOLVER LA
      CONSULTA DE UBICACIÓN Y SOLICITUD DE
      VARIACIÓN DE USO SIN LA CELEBRACIÓN DE VISTA
      PÚBLICA NI PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
      INTERVENTORES, VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO
      DE LEY Y QUEBRANTANDO EL DERECHO
      PROPIETARIO DE LOS INTERVENTORES SOBRE LOS
      ESTACIONAMIENTOS ALEDAÑOS A EVINMOTORS.

      ERRÓ LA OPMSJ AL CONCEDER LA CONSULTA DE
      UBICACIÓN Y VARIACIÓN EN USO SIN QUE
      EVINMOTORS CUMPLIERA CON EL REQUISITO
      MÍNIMO DE ESTACIONAMIENTOS, ADJUDICÁNDOLE
      ESTACIONAMIENTOS QUE SON PROPIEDAD DE LOS
      INTERVENTORES.   QUEBRANTANDO      ASÍ  SU
      DERECHO DE PROPIEDAD SIN DEBIDO PROCESO DE
      LEY.

      El 26 de junio de 2023, Evinmotors instó su oposición al

recurso de autos. Ese mismo día, la OPMASJ presentó una Moción

Allanándose a Remedios Solicitados. En su escrito, la Oficina

accedió a que se deje sin efecto la Resolución recurrida y se devuelva
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el caso al trámite administrativo para que se salvaguarde el debido

proceso de ley y la plena participación de los recurrentes. En ese

sentido, admitió que no se le proveyó plena participación a todos los

interventores reconocidos en la consulta de ubicación, los cuales

incluyen a los recurrentes, conforme a la solicitud de intervención

2022-SIN-008262, así como a 401 De Diego, LLC., conforme a la

solicitud de intervención 2022-SIN-008482. Añadió que                las

recomendaciones       del   Comité    de   Permisos   no   tomaron   en

consideración la posición de los interventores. Así, propuso lo

siguiente: (1) garantizar el debido proceso de ley y participación

efectiva a los interventores reconocidos y (2) celebrar vista pública

para garantizar la plena participación de los interventores y del

público en general.

                                     II.

                                     A.

      La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,

según enmendada (Ley Núm. 161-2009), 23 LPRA sec. 9011, et seq.,

fue aprobada con el propósito de establecer el marco legal y

administrativo que regiría la solicitud, evaluación, concesión y

denegación de los permisos en Puerto Rico. Spyder Media Inc. v.

Mun. de San Juan, 194 DPR 547, 552 (2016). Esta instauró la

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), adscrita a la Junta de

Planificación. En consecuencia, la ley le trasladó a la OGPe las

funciones de la extinta Administración de Reglamentos y Permisos

(ARPe). Así, le concedió jurisdicción a la OGPe, sea a nivel central o

regional, Municipios Autónomos con Jerarquía I a V o mediante un

profesional autorizado, según aplique, para evaluar solicitudes de

permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionadas

al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico o cualquier otra

autorización o trámite que sea necesario, según establecido en las

secs. 9011nt, 9012d y 9017b de dicho título. Las solicitudes a ser
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presentadas ante la OGPe, Municipios Autónomos con Jerarquía I a

V o un Profesional Autorizado, según aplique, incluirán aquellas

establecidas en el Reglamento Conjunto de Permisos, incluyendo,

pero sin limitarse a: consultas de ubicación; permisos de

segregación o lotificación; permisos de construcción; permisos de

uso;      permiso     único;    documentos       ambientales;       permisos   o

recomendaciones previamente evaluados y otorgados por las

entidades gubernamentales concernidas con relación al desarrollo y

uso de terrenos y cualquier otra solicitud dispuesta mediante

Reglamento Conjunto […]. 23 LPRA secs. 9012s y 9018.

          En lo pertinente, a través de la Ley Núm. 151-2013, 23 LPRA

sec. 9028e, se enmendó la Ley Núm. 161-2009 para establecer

expresamente que la LPAU, infra, regula de forma supletoria —y en

ausencia de contradicción— los procedimientos celebrados al

amparo de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto

Rico. Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, supra, a la pág. 555.

Aunque, como norma general, a los gobiernos municipales, sus

entidades o corporaciones no les aplican las disposiciones de la

LPAU3, infra, en los casos como el de referencia, relacionados a una

consulta de ubicación ante la OPMASJ, sí aplica.

                                         B.

          Es principio establecido que el debido proceso de ley ofrece

también protección contra la arbitrariedad administrativa y requiere

“un proceso justo y equitativo que respete la dignidad de los

individuos afectados”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428

(2012); Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475 (2002); López Vives v.

Policía de P.R., 118 DPR. 219, 231 (1987); Henríquez v. Consejo

Educación Superior, 120 DPR 194, 202 (1987).

3
    Véase, secs. 1.3(a) y 1.4 de la LPAU, 3 LPRA secs. 9603–9604.
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       En los procesos administrativos, la adjudicación constituye el

procedimiento mediante el cual una agencia determina los derechos,

obligaciones o privilegios que corresponden a una parte. Sección 1.6

(b), Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et seq. (LPAU).

En los casos como el de autos, el procedimiento se torna

adjudicativo luego de que la agencia otorgue o deniegue un permiso.

IRR Gas Station Corp. v. OGPe, 203 DPR 995, 1007 (2020)

(Sentencia)4, citando a Ranger American v. Loomis Fargo, 171 DPR

670, 679 (2007), nota al calce núm. 4.

       En el anterior contexto, la sección 3.1 (a) de la LPAU, 3 LPRA

sec. 9641 (a), dispone que en todo procedimiento adjudicativo formal

ante una agencia se salvaguardarán los siguientes derechos:5

           (A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o
               reclamos en contra de una parte;
           (B) Derecho a presentar evidencia;
           (C) Derecho a una adjudicación imparcial;
           (D) Derecho a que la decisión sea basada en el
               expediente.

       A su vez, entre las garantías que conforman el debido proceso

de ley, la jurisprudencia ha reconocido: la concesión de vista, previa

oportuna y adecuada notificación, derecho a ser oído, confrontarse

con los testigos, presentar prueba oral y escrita en su favor y

finalmente la presencia de un adjudicador imparcial. López y otros

v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109 (1996), citando a Henríquez

v. Consejo Educación Superior, supra; Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101

DPR 791, 795 (1973).

       De otro lado, como es sabido, las decisiones administrativas

están cobijadas por una presunción de legalidad y corrección, de

4 Opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la

que se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Señor
Colón Pérez.
5Véase, además, Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 175 DPR 314 (2009);

Almonte et al. v. Brito, supra; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, Etc., 133 DPR
881 (1993).
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modo que los tribunales apelativos conceden deferencia a las

mismas. Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 819 (2021); Vélez

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716,

727 (2005). Es por esta razón que nuestra autoridad revisora se ciñe

a determinar si la agencia actúo de forma arbitraria, ilegal, o de

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de

discreción. Véase, OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1027

(2020); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999); Misión

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134 (1998). Por lo tanto, el criterio

rector es la razonabilidad de la agencia recurrida. García Reyes v.

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008).

       De igual forma, al momento de evaluar una decisión

administrativa debemos tomar en consideración, no solo la

especialización y experiencia de la agencia sobre las controversias

que tuviera ante sí, sino que también debemos distinguir entre

cuestiones relacionadas a la interpretación de las leyes —donde los

tribunales somos los especialistas— y aquellos asuntos propios para

la discreción o pericia administrativa. Íd.

       Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no debemos

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial

que obre en el expediente administrativo.6 Bajo dicho escenario, los

foros apelativos debemos sostenerlas. Sec. 4.5 de la LPAU. Del

mismo modo, las conclusiones de derecho y las interpretaciones que

realizan las agencias sobre la ley que le corresponde administrar,

aunque revisables en toda su extensión, deben ser sostenidas a nivel

apelativo si estas son razonables, aunque haya alguna otra

6 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero v. Toyota,
supra, a la pág. 728.
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interpretación igualmente adecuada. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R.,

151 DPR 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, a la pág.

133.

       Ahora bien, debemos puntualizar que -dado al hecho de que

las resoluciones de los organismos administrativos se presumen

correctas- quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por

lo que deberá presentar evidencia suficiente para derrotar la

presunción que estas poseen. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409,

431 (2003). De lo anterior surge claramente que la carga probatoria

le corresponde a la parte que impugna la decisión administrativa,

por lo que, de incumplir con ella, la disposición de la agencia deberá

ser respetada por el foro apelativo.

                                     III.

       En esencia, los recurrentes aducen que la OPMASJ aprobó la

consulta de ubicación de Evinmotors en contravención al estado de

derecho vigente. Alegan que durante dicho trámite se les violentó el

debido proceso de ley al que tienen derecho por ser parte en el caso.

Argumentan que era necesario celebrar una vista pública que les

permitiera participar en los procesos, al palio de la Ley Núm. 161-

2009 y el Reglamento Conjunto de 20207. Afirman que la OPMASJ

dictó una resolución de forma ultravires, arbitraria y en abuso de su

discreción, basada en un expediente incompleto. Por su parte,

Evinmotors esboza que no era necesaria la celebración de una vista

pública. Arguye que la OPMASJ tomó en consideración los

argumentos de los recurrentes, los cuales constaban por escrito en

su solicitud de intervención. Añade que la OPMASJ actuó

razonablemente al dictar la resolución recurrida.

7Reglamento 9233 del Departamento de Estado de Puerto Rico, Reglamento
Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionado al Desarrollo,
Uso de Terrenos y Operación de Negocios.
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      Ahora bien, según expuesto, la OPMASJ incoó una moción

ante nos, mediante la cual se allanó a lo solicitado por los

recurrentes. Ello, por entender que, en efecto, se les violentó el

debido proceso de ley durante el trámite administrativo de la

consulta de ubicación de Evinmotors.

      Debido a la presunción de corrección que cobija las

determinaciones    de    las   agencias    administrativas,    debemos

determinar si la resolución de la OPMASJ estuvo basada en

evidencia sustancial que surge del expediente o, por el contrario, si

dicha oficina actuó de manera irrazonable, arbitraria, caprichosa o

ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra, a la pág. 693. De estar basadas las

determinaciones de hechos en evidencia sustancial que surge del

expediente, las mismas deberán ser sostenidas por este tribunal.

      Tras analizar el récord de autos, resulta claro que la OPMASJ

no salvaguardó el debido proceso de ley de la parte interventora, en

este caso los recurrentes. La propia Oficina admite que las

recomendaciones    del    Comité    de    Permisos    no   tomaron   en

consideración la posición de los recurrentes.

      En   resumen,      concluimos      que   la   OPMASJ    no   actuó

razonablemente al emitir su dictamen. Por ello, procede revocar la

resolución recurrida y, según propuesto por la OPMASJ, debe

celebrarse una vista pública en la cual se conceda la plena

participación de los recurrentes y el público en general. Nuestra

determinación se centra en garantizarle a los recurrentes los

derechos provistos por la LPAU y la jurisprudencia aplicable, previo

a que la OPMASJ determine finalmente si la consulta de ubicación

de Evinmotors procede, según la prueba que obra en el expediente

administrativo.

                                   IV.

      Por los fundamentos anteriormente esbozados, se revoca la

Resolución de Consulta de Ubicación recurrida y se devuelve el caso
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de epígrafe a la OPMASJ para la continuación de los procedimientos,

conforme lo aquí resuelto.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones