Court Opinion

ID: 9554716
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:20:46.336829+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:19.078632
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

       EL PUEBLO DE                                          Certiorari
       PUERTO RICO                                           procedente
                                                             del Tribunal
         Recurrida                                           de Primera
                                                             Instancia,
                                                             Sala Superior
                                    KLCE202300723
                                                             de Mayagüez
            V.
                                                             Caso núm.:
                                                             ISCR202300260-
 EDSON RIVERA RIVERA                                         261

       Peticionario                                          Sobre:
                                                             Art. 15 Ley 8
                                                             y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
Cabán, la Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez
Flores

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece el señor Edson Rivera Rivera, en adelante

el Sr. Rivera o el peticionario, y solicita la revisión

de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia,       Sala    de   Superior     de     Mayagüez,        en   adelante

TPI.    Mediante     la    misma,    se    declaró       no    ha    lugar    una

solicitud      de   desestimación         bajo    la    Regla      64(n)(2)    de

Procedimiento Criminal. 34 LPRA, Ap. II, R. 64(n)(2).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se     deniega      la    expedición       del        auto    de     Certiorari

solicitado.

                                     -I-

       Surge del expediente que el Sr. Rivera presentó una

Moción    de     Desestimación       bajo        la    Regla       64(n)(2)    de

Procedimiento Criminal, supra. Solicitó, en síntesis, la

desestimación de unas acusaciones al amparo del Artículo

15 de la Ley 8, Ley para la Protección de Propiedad

Número Identificador

RES2023_________________
KLCE202300723                                                          2

Vehicular, 9 LPRA, sec.              3214 y del Artículo 245 del

Código     Penal,     33   LPRA,     sec.   5335    por   infringir   su

derecho a juicio rápido.

       Así las cosas, el TPI declaró no ha lugar la moción

de desestimación. Resolvió:

            Luego de evaluar los planteamientos esbozados
       por las partes a la luz del derecho vigente,
       corresponde a este Tribunal evaluar la dilación en
       el presente caso a la luz de los criterios
       establecidos   en  la   Regla  64(n)   de  las   de
       Procedimiento Criminal, y de la totalidad de    las
       circunstancias. En primera instancia, cabe resaltar
       que … al evaluar las razones para la demora en el
       presente caso es forzoso concluir que, aunque la
       misma es atribuible al Estado, ciertamente no lo es
       directamente al Ministerio Público. Además, en
       cuanto al perjuicio sufrido por el acusado, es
       meritorio resaltar que -según la información que se
       proveyó en corte abierta por parte del Ministerio
       Público- aunque el acusado se encuentra sumariado
       por los delitos que nos ocupan, lo cierto es que
       también se encuentra sumariado por otros delitos de
       menor antigüedad.

       Por entender que erró el TPI en su determinación,

el peticionario presentó uno Petición de Certiorari en

la que alega que el TPI incurrió en el siguiente error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR
       SIN LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE
       LA REGLA 64(N) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, A PESAR
       QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PRESENTÓ LAS ACUSACIONES
       FUERA    DEL   TÉRMINO    DISPUESTO    PARA  ELLO,
       VIOLENTÁNDOSE DE ESA FORMA EL DERECHO A JUICIO
       RÁPIDO QUE COBIJA A NUESTRO REPRESENTADO.

       Este     Tribunal    puede     “prescindir    de    términos   no

jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones

o procedimientos adicionales, ello “con el propósito de

lograr     su   más   justo   y    eficiente   despacho…”,    conforme

permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones.1 En consideración a lo anterior, eximimos a

la parte recurrida de la presentación de su alegato en

oposición a la expedición del auto de certiorari.

1   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).
KLCE202300723                                                                  3

      Examinados        el     recurso         de        certiorari       y    los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                                   -II-

                                    A.

      El   auto    de    certiorari       es        el    vehículo     procesal

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido

por   un    tribunal     inferior.2       Distinto           al   recurso       de

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la

facultad    de    expedir     el   auto    de       certiorari       de   manera

discrecional,      por       tratarse     de        ordinario     de      asuntos

interlocutorios.        Sin    embargo,    nuestra          discreción        debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.3

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.

      B.   Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

      C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
           craso y manifiesto en la apreciación de la
           prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

      D.   Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los
           cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
           elaborados.

2  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
3 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v.
Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
KLCE202300723                                                     4

     E.   Si la etapa del procedimiento en que se
          presenta el caso es la más propicia para su
          consideración.

     F.   Si la expedición del auto o de la orden de
          mostrar causa no causan un fraccionamiento
          indebido del pleito y una dilación indeseable
          en la solución final del litigio.

     G.   Si la expedición del auto o de la orden de
          mostrar causa evita un fracaso de la justicia.4

                                  B.

     En      lo     pertinente,        la   Regla   64(n)(2)     de

Procedimiento Criminal, supra, dispone lo siguiente:

          La moción para desestimar la acusación o
     denuncia, o cualquier cargo de las mismas solo
     podrá basarse en uno o más de los siguientes
     fundamentos:

     …

     (n) Que existen una o varias de las siguientes
     circunstancias, a no ser que se demuestre justa
     causa para la demora o a menos que la demora para
     someter el caso a juicio se deba a la solicitud del
     acusado o a su consentimiento:

          (1)     …
          (2)     Que no se presentó acusación o denuncia
                   contra el acusado dentro de los sesenta
                   (60) días de su arresto o citación si se
                   encontraba bajo fianza o dentro de los
                   treinta (30) días si se encontraba
                   sumariado o si se tratare de un caso en
                   que un magistrado autorizó la radicación
                   de las mismas de conformidad con lo
                   dispuesto en la Regla 6(a).

                                  -C-

     La Sección 11 del Artículo II de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza a

toda persona acusada de un delito el derecho a un juicio

rápido.5 Este derecho se activa en el momento en que la

persona   ha      quedado   sujeta      a   responder   (“held   to

answer”).6

4 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
5 Art. II, Const. ELA, 1 LPRA sec. 11; Pueblo v. Guzmán, 161 DPR
137, 152 (2004); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 430 (1986);
Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315, 322 (1985).
6 Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 640 (2003).
KLCE202300723                                                                        5

      Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en

adelante TSPR, ha establecido que a pesar de su carácter

fundamental, el derecho a juicio rápido no es absoluto.

Así   pues,       la        mera     inobservancia            de    los    términos

establecidos           en    la     regla       64(n),       por    sí    sola,      no

necesariamente          constituye         una        violación     al    derecho        a

juicio      rápido,         ni     conlleva          la   desestimación        de     la

denuncia     o    la        acusación.7         Se    impone,      más    bien,     una

ponderación de las circunstancias particulares de cada

caso:8

      La pesquisa de si se infringió o no [el derecho a
      juicio rápido de un acusado] no debe descansar
      exclusivamente en una regla inflexible adherida a
      medidas de calendario que impida la ponderación de
      todos los intereses en juego. El enfoque es más
      bien de tipo pragmático y responde a la naturaleza
      inherente de la dinámica del derecho a juicio
      rápido. Es relativo, no absoluto. Juicio rápido no
      es un concepto incompatible con cierta tardanza,
      pero la demora no debe ser intencional ni
      opresiva.9

      Al adjudicar una controversia sobre el derecho a

juicio rápido, el Tribunal debe tomar en consideración

los siguientes factores, a saber: (1) duración de la

tardanza;        (2)    razones          para    la       dilación;      (3)   si    el

acusado ha invocado oportunamente ese derecho; y (4) el

perjuicio     resultante            de    la    tardanza.10        Asimismo,        debe

ponderar si existió causa justificada para la tardanza y

si esta obedeció a una solicitud del imputado o fue

consentida por él.11 En fin, la determinación de lo que

constituye justa causa responde a la totalidad de las

circunstancias.12

      Por     otro          lado,        las     demoras        intencionales            y

opresivas         no        constituyen              justa    causa       para       la

7 Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591, 597-598 (1999).
8 Id.; Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 239-240 (1999).
9 Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433.
10 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 143 (2011); Pueblo v.

Carrión, supra, pág. 641.
11 Pueblo v. Váldes et al., 155 DPR 781, 791 (2001).
12 Pueblo v. Santa-Cruz, supra, pág. 240.
KLCE202300723                                                                              6

inobservancia           del     término.13           En   cambio,         “las       demoras

institucionales que no tengan el propósito de perjudicar

a    la    persona      imputada         o    acusada”,        son    evaluadas          con

menos rigurosidad que las intencionales.14

          En   cuanto      al   perjuicio           que   la    dilación         le    pudo

ocasionar al imputado, el TSPR ha sostenido que aquel no

tiene que demostrar un estado de total indefensión. Solo

tiene que probar que ha sufrido perjuicio, es decir:15

          [C]orresponde al acusado establecer el perjuicio
          sufrido con la dilación, obligación que no se
          descarga con generalidades. Esto es distinto a las
          razones o justa causa para la dilación, donde es el
          ministerio fiscal o el gobierno quien tiene que
          persuadir al Tribunal, al menos cuando la dilación
          o suspensión es atribuible a conducta del gobierno.

          En fin, el perjuicio sufrido por el acusado con la

dilación        tiene       que     ser           específico:    “No        puede       ser

abstracto        ni     apelar       a       un     simple     cómputo       de        rigor

matemático. Tiene que ser real y sustancial”.16

                                             -III-

          En síntesis, el peticionario alega que erró el TPI

al declarar no ha lugar la solicitud de desestimación de

las    acusaciones          por     violación         a   su    derecho          a   juicio

rápido.        Arguye,        que    las          acusaciones        se    presentaron

tardíamente,          es      decir,         28    días   después         del        término

requerido para hacerlo; que el Ministerio Público no fue

diligente en la tramitación del caso, específicamente,

no presentó ni juramentó las acusaciones a tiempo; que

invocó oportunamente su derecho a juicio rápido; y que

sufrió los perjuicios derivados de hallarse encarcelado

indebidamente.

13 Pueblo v. Candelaria, supra, pág. 599.
14 Id.; Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 796.
15 Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 792.
16 Id., pág. 792, citando a Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 438

y las expresiones del Prof. Ernesto L. Chiesa en su obra Derecho
procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum,
1992, Vol. II, pág. 153.
KLCE202300723                                                      7

     Luego     de     revisar    atentamente        el   expediente,

determinamos    que    no   existe     ninguna    circunstancia,   al

amparo   de    la   Regla   40    de    nuestro    Reglamento,     que

justifique la expedición del auto.

                                 -IV-

     Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del auto de certiorari.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

     El juez Rodríguez Flores concurre sin expresiones

escritas.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones