Court Opinion

ID: 9941483
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:39:59.484955+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.564122
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

  CARMEN MILAGROS                                         Certiorari
 CRUZ RIVERA Y OTROS                                      procedente del
                                                          Tribunal de Primera
         Recurridos                                       Instancia, Sala de
                                                          San Juan
               v.                KLCE202301294
                                                          Caso Núm.

      METRO PAVIA                                         SJ2022CV09552
     HOSPITAL, INC. Y                                     (Sala 801)
         OTROS

        Peticionarios                                     Sobre:

                                                          Impericia Médica
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2024.

       Comparecen las partes peticionarias ER Sunrise LLC (en

adelante, ER Sunrise) y Puerto Rico Medical Defense Insurance

Company (en adelante, PRMD) mediante un recurso de Petición de

Certiorari Civil y nos solicitan la revisión de la Resolución emitida el

17 de octubre de 2023 y notificada el 18 de octubre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en

adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar

la Moción de Desestimación presentada por las partes peticionarias.

       Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición de la Petición de Certiorari Civil y se declara No Ha Lugar

la Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción.

                                        I

       El 29 de octubre de 2022,1 la parte recurrida la Sra. Carmen

Milagros Cruz Rivera (en adelante, Sra. Cruz Rivera), el Sr. Juan

1 En la Demanda, la parte recurrida alegó lo siguiente:

       “[l]a demanda se presenta luego de haberse interrumpido
       oportunamente el término prescriptivo de un año, en las siguientes
       fechas: a) 28 de febrero de 2020 (por correo certificado con acuse

Número Identificador

RES2023_________
KLCE202301294                                                                       2

Carlos Sánchez Vargas, y la Sra. Javillys Benítez Cruz, presentaron

una Demanda sobre daños y perjuicios por impericia médica en

contra de Metro Pavía Hospital, Inc. h/n/c Metro Pavía Health

System y/o Metro Pavía Clinic Cupey y/o Hospital San Francisco

y/o Hospital Pavía Santurce, CNA Financial Corporation t/c/c CNA

Insurance Company y/o Continenta Casualty Company, y varias

partes de nombres desconocidos designadas con los nombres

ficticios siguientes: Compañías de Seguros A, B y C; Fulanos y

Fulanas de Tal 1-6; y Sociedades de Gananciales 7-12.2 En síntesis,

la parte recurrida solicitó en la demanda una indemnización por los

daños y perjuicios sufridos a causa de la alegada falta de pericia

profesional de la parte peticionara al brindarle tratamiento médico

a la Sra. Cruz Rivera el 3 y 4 de marzo de 2019 en la sala de

emergencias de Metro Pavía Clinic Cupey.

       El 6 de diciembre de 2022, la parte recurrida presentó una

Moción Solicitando Autorización para Enmendar la Demanda y

Solicitud de Expedición de Emplazamiento acompañada por una

Demanda Enmendada.3 En su moción, la parte recurrida alegó que

       de recibo), contestada por la representación legal de MPH el 6 de
       octubre de 2020; b) el 20 de febrero de 2021, sellada recibida en el
       departamento legal de la co-demandada el 24 de febrero siguiente;
       y c) el 14 de febrero de 2022, sellada recibida en el departamento
       legal de la co-demandada el 17 de febrero siguiente.”
2 Apéndice 2 de la Petición de Certiorari Civil, págs. 12-36. En cuanto a estas partes

de nombres desconocidos, en la demanda se alegó lo siguiente:
       “5. Las […] COMPAÑÍAS DE SEGUROS A, B Y C […] son compañías
       de seguro […] las cuales, en todo momento pertinente y para la
       fecha en que ocurrieron los hechos, tenían vigentes pólizas de
       responsabilidad médico-hospitalaria a favor de los demandados
       con cubierta para los actos y/u omisiones descritas en la presente
       demanda.

       6. Los-as […] FULANOS Y FULANAS DE TAL 1-6 son médicos/as
       […] que, en alguna eventualidad, podrían ser responsables
       solidariamente ante los demandantes por los daños sufridos por
       estos.

      7. Las […] SOCIEDADES DE GANANCIALES 7-12 […] están
      compuestas por los/las médicos/as y sus esposos/as, y responden
      solidariamente a los demandantes por los actos de impericia
      médica llevados a cabo por el médico o médica cuyas labores
      resultaron en beneficio para la sociedad de gananciales
      pertinente.” (énfasis en el original omitido) Íd., págs. 13-14.
3 Apéndice 3 de la Petición de Certiorari Civil, pág. 37-38. El 7 de diciembre de

2022, la parte recurrida presentó por separado su Demanda Enmendada.
Apéndice 4 de la Petición de Certiorari Civil, pág. 39-63.
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el 1 de diciembre de 2022 advino en conocimiento de que San

Francisco Health System, Inc. manejaba y operaba el Metro Pavía

Clinic Cupey; y de que el nombre correcto de Continenta Casualty

Company era Continental Insurance Company. La parte recurrida

solicitó autorización para enmendar la demanda con el fin de incluir

como parte demandada en el pleito a San Francisco Health System,

Inc., y corregir el nombre de la compañía aseguradora Continental

Insurance Company.

      El 27 de enero de 2023, San Francisco Health System, Inc.

h/n/c Metro Pavía Clinic Cupey compareció al pleito mediante la

presentación de una Contestación a Demanda Enmendada.4 En

síntesis, negó la mayoría de las alegaciones presentadas en la

demanda y levantó varias defensas afirmativas. Además, y en lo

pertinente a la controversia ante nuestra consideración, San

Francisco Health System, Inc. alegó que “la Dra. Flores no era

empleada de [Metro Pavía Clinic Cupey], sino que fue subcontratada

por ER Sunrise, LLC”;5 y que “el personal médico de la sala de

emergencias no era empleado de [Metro Pavía Clinic Cupey] sino que

fue subcontratado por ER Sunrise, LLC.”6

      El 31 de enero de 2023, la parte recurrida presentó Moción de

Autorización para Presentar Segunda Demanda Enmendada a Tenor

con la Regla 13.1 de Procedimiento Civil acompañada por una

Segunda Demanda Enmendada.7 En su moción, la parte recurrida

alegó que advino en conocimiento, mediante la Contestación a

Demanda Enmendada presentada por San Francisco Health

System, Inc., de que la entidad ER Sunrise “mediante contrato de

servicios con SFHS y/o MPCC, subcontrata médicos y/u otro

personal de salud, quienes brindan servicios de salud en la facilidad

4
  Véase, entrada Núm. 17 del expediente digital del Caso Núm. SJ2022CV09552
en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
5
  Íd., inciso 15 de la pág. 4.
6
  Íd., incisos 107, 111 y 114 de las págs. 47, 48 y 49.
7 Apéndice 5 de la Petición de Certiorari Civil, págs. 64-65.
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de sala de emergencia de MPCC”; y “es, potencialmente, responsable

solidariamente con SFHS y/o MPCC por los graves daños y

perjuicios causado a los demandantes como resultado de los actos

de impericia médica y negligencia”, por lo que solicitó autorización

para enmendar la demanda con el fin de incluirla como parte

demandada en el pleito.

       El 1 de febrero de 2023, la parte recurrida presentó por

separado la Segunda Demanda Enmendada.8 En cuanto a ER

Sunrise se alegó, entre otras cosas, lo siguiente:

       “5. La parte co-demandada ER SUNRISE, LLC […] es
       una corporación […] la cual, en todo momento
       pertinente y para la fecha en que ocurrieron los hechos,
       mediante contrato de servicios con SFHS y/o METRO
       PAVÍA CUPEY CLINIC, y a su vez, mediante subcontrato
       con médicos y otro personal de salud, proveía los
       médicos quienes brindaban servicios de salud en la
       facilidad MPCC, por lo que responde en daños y
       perjuicios, solidariamente con otros codemandados por
       los actos de impericia médica y negligencia en el
       cuidado médico-hospitalario de dichos médicos y otro
       personal.”

       […]

       12. ER SUNRISE, LLC se une como parte co-
       demandada en este pleito de daños y perjuicios en esta
       fecha, debido a que mediante la información ofrecida en
       la contestación a la demanda, en su ¶ 15, que las
       demandantes advienen en conocimiento de que,
       mediante contrato de servicios con SAN FRANCISCO
       HEALTH SYSTEM, INC. (SFHS) y/o METRO PAVÍA
       CUPEY CLINIC, y a su vez, mediante subcontrato con
       médicos y otro personal de salud, la nueva
       codemandada subcontrata médicos y/u otro personal
       de salud, quienes brindan servicios de salud en la
       facilidad de sala de emergencia de MPCC.
       Específicamente, los codemandados alegaron que “la
       Dra. Flores no era empleada de MPCC, si no que fue
       subcontratada por ER SUNRISE, LLC”. Por esta razón,
       surge que ER SUNRISE, LLC responde en daños y
       perjuicios, solidariamente con otros codemandados por
       los actos de impericia médica y negligencia en el
       cuidado médico-hospitala[r]io de los médicos y otro
       personal que proveyeron cuidado médico a Carmen y
       que estaban subcontratados por la corporación.

       […]

       15. Para la fecha de los hechos que dieron lugar a la
       presente demanda, ER Sunrise, LLC proveía como

8 Apéndice 6 de la Petición de Certiorari Civil, págs. 66-92.
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        contratista de SFHS y/o MPCC, médicos y/u otro
        personal los cuales, a su vez, ofrecían servicios de salud
        en la sala de emergencia de MPCC, específicamente,
        entre otros, la Dra. Dra. Magda E. Torres Flores.

        […]

        112. Además, en las fechas relevantes a esta demanda,
        SAN FRANCISCO HEALTH SYSTEM, INC., H/N/C
        METRO PAVÍA CUPEY CLINIC contrataba con ER
        SUNRISE para que proveyera mediante subcontrato,
        médicos que ofrecían servicios de salud en METRO
        PAVÍA CUPEY CLINIC, por lo que ER SUNRISE
        responde solidariamente en daños y perjuicios por los
        actos de impericia médica y negligencia en el cuidado
        médico-hospitalario.”9

        El 27 de julio de 2023, la parte recurrida presentó una Tercera

Demanda Enmendada con el fin de incluir como parte demandada a

Puerto Rico Medical Defense Insurance Company (en adelante,

PRMD), compañía aseguradora de ER Sunrise; y de enmendar

algunas de sus alegaciones.10

        Luego de varios trámites procesales,11 el 19 de septiembre de

2023, ER Sunrise y PRMD presentaron conjuntamente una Moción

de Desestimación.12 En síntesis, ER Sunrise, LLC, y PRMD

solicitaron la desestimación de la demanda a su favor al amparo de

la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5),

alegando que las reclamaciones en su contra estaban prescritas por

haber sido incluidos en el pleito transcurrido el término prescriptivo

de un (1) año establecido en el Artículo 1868 del Código Civil, 31

LPRA ant. sec. 5298, para presentar una acción de daños y

perjuicios bajo el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec.

5141. Al respecto, alegaron que la parte recurrida “incluyó a ER

Sunrise, LLC, 3 años después de haberse culminado la estadía del

9 Íd.
10 Apéndices 11 y 14 de la Petición de Certiorari Civil, págs. 155-156 y 186-213.
11 Entre estos trámites, el 22 de agosto de 2023, San Francisco Health System,

Inc. h/n/c Metro Pavía Clinic Cupey y Continental Insurance Company
presentaron conjuntamente su Contestación a Tercera Demanda Enmendada.
Véase, entrada Núm. 74 del expediente digital del Caso Núm. SJ2022CV09552 en
el SUMAC; y el 24 de agosto de 2023, ER Sunrise y PRMD presentaron
conjuntamente su Contestación a Tercera Demanda Enmendada. Apéndice 15 de
la Petición de Certiorari Civil, págs. 214-245.
12 Apéndice 16 de la Petición de Certiorari Civil, págs. 246-254.
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demandante en el hospital y del conocimiento del daño” y “a PRMD,

la parte demandante lo ha incluido después de 3 años y 7 meses de

haberse conocido el daño.”13 Añadieron que el desconocimiento de

la    identidad      de     ER     Sunrise       y    PRMD          se   debió   a

la falta de diligencia de la parte recurrida. Sobre este particular,

entre otras cosas, alegaron lo siguiente:

        “De una búsqueda superficial, se podía conocer
        rápidamente la identidad y el nombre de los aquí
        codemandados, ya que es información pública. No es
        excusa, según señala el m[á]s alto foro, la falta de
        diligencia y el cruzarse de brazos so color de interrumpir
        contra todos según la doctrina esbozada en Fraguada,
        supra. Ya que es en este mismo caso que se establece el
        requisito de la debida diligencia que la parte
        demandante en el presente caso sin duda alguna no
        cumplió.”14

        El 25 de septiembre de 2023, la parte recurrida presentó su

Oposición a la Moción de Desestimación de Er Sunrise, LLC (Sumac-

84).15 En síntesis, la parte recurrida alegó que no tenía medios para

conocer que ER Sunrise manejaba la sala de emergencias del Metro

Pavía Clinic Cupey, en lugar del propio San Francisco Health

System, Inc. Argumentó que el desconocimiento que le impedía

ejercer la acción contra ER Sunrise y PRMD no se debió a falta de

diligencia, sino a que se trataba de información que no se le

informaba al público en general. Finalmente, solicitó la imposición

de honorarios de abogado imputándole a la parte peticionaria haber

procedido con temeridad al solicitar la desestimación de las

reclamaciones en cuestión bajo este fundamento.

        Luego de varios trámites procesales, el 17 de octubre de 2023,

notificada el 18 de octubre de 2023, el TPI emitió la Resolución

recurrida, mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción de

13 Íd., pág. 247.
14 Íd., pág. 253.
15 Apéndice 17 de la Petición de Certiorari Civil, págs. 255-264.
KLCE202301294                                                                  7

Desestimación presentada por la parte peticionaria.16 En su

dictamen, el TPI concluyó y resolvió lo siguiente:

       “No hay duda que se enmendó la demanda para incluir
       a ER y PRMDIC luego de haber transcurrido un año de
       la ocurrencia de los hechos. Pero, en este caso los autos
       reflejan que la parte demandante fue diligente
       enmendando su reclamación para incluir las nuevas
       partes, tan pronto advino en conocimiento de la
       existencia de una entidad jurídica distinta al hospital
       que podría ser responsable y quién era su aseguradora.

       Por ello, al aplicar la teoría cognoscitiva del daño
       concluimos que la causa de acción contra ER y PRMDIC
       fue radicada en tiempo y no se encuentra prescrita. No
       existe razón para presumir, en este caso, que los
       demandantes conocían o debían conocer la existencia
       de un subcontrato para administrar la sala de
       emergencias del hospital. Tampoco sobre quién era la
       aseguradora de dicha parte. No podemos perder de
       perspectiva que la forma en que SFHS decide hacer sus
       negocios, con quién subcontrata servicios, cuáles son
       los términos y/o a quién delega funciones que
       ordinariamente el público que asiste espera se realicen
       por el hospital directamente; no es información pública
       que se encuentra por el mero hecho de asistir a las
       facilidades o buscar en internet. En el curso ordinario
       de los casos, ese tipo de información se obtiene como
       parte del descubrimiento de prueba. También lo es el
       nombre de las aseguradoras.”

       El 30 de octubre de 2023, ER Sunrise y PRMD presentaron

una Moción de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar

por el TPI mediante la Orden emitida esa misma fecha y notificada

al día siguiente.17

       Inconforme con la determinación del TPI, ER Sunrise y PRMD

acudieron ante nos el 17 de noviembre de 2023 mediante el presente

recurso de Petición de Certiorari, en el cual señalan el error siguiente:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No
       Ha Lugar la moción de desestimación por
       prescripción incoada por las partes codemandadas
       ER Sunrise LLC y Puerto Rico Defense Insurance
       Company.

16 Apéndice 1 de la Petición de Certiorari Civil, págs. 1-11. El 12 de octubre de

2023, la parte recurrida desistió de las reclamaciones contra los codemandados
San Francisco Health System y Continental Insurance Company y se dictó una
sentencia parcial decretando su archivo con perjuicio. Véase, entradas Núm. 87
y 88 del expediente digital del Caso Núm. SJ2022CV09552 en el SUMAC.
17 Apéndices 18 y 19 de la Petición de Certiorari Civil, págs. 265-274 y 275-276.
KLCE202301294                                                           8

     El 13 de diciembre de 2023, la parte recurrida presentó su

Oposición a Certiorari.

     El 17 de enero de 2024, la parte peticionaria presentó una

Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción.

     El 18 de enero de 2024, la parte recurrida presentó su

Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción.

     Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                    II

                                    A.

      El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,    “es   una    forma    de   razonabilidad      aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800

Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el

recurso   de   certiorari   para    revisar   resoluciones    u   órdenes
KLCE202301294                                                       9

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd.

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
KLCE202301294                                                                 10

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
       Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.
                               B.

       La prescripción extintiva constituye una institución propia del

derecho civil en materia sustantiva, la cual está intrínsecamente

atada al ejercicio del derecho que se pretende vindicar. Campos v.

Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Olmo v. Young & Rubicam

of P.R., Inc., 110 DPR 740, 742 (1981). Es una forma de extinción de

un derecho, por la inercia de una parte en ejercer el mismo dentro

del término prescrito por ley. Maldonado Rivera v. Suárez y otros,

195 DPR 182 (2016); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR

365 (2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Loker, 182 DPR 824, 831

(2011). Esta figura tiene como objetivo impedir la incertidumbre de

las relaciones jurídicas y sancionar la inacción del ejercicio de los

derechos. Orraca López v. ELA, 192 DPR 31, 49 (2014); COSSEC et

al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010).

       Cónsono con lo anterior, el Artículo 1868 del Código Civil,

supra,18 dispone que las acciones de daños y perjuicios por culpa o

negligencia a las que se refiere el Artículo 1802 del Código Civil,

supra, tienen un término de prescripción de un (1) año. Col. Mayor

Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635, 644 (2016); Toro Rivera

v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux.

Mutuo, supra. El punto de partida de dicho término es la fecha en

que el agraviado conoció o debió haber conocido que sufrió un daño,

quién lo ocasionó, así como los elementos necesarios para poder

ejercitar su causa de acción. Toro Rivera v. ELA, supra; Fraguada

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. En nuestro ordenamiento

jurídico esta doctrina se conoce como la teoría cognoscitiva del daño.

18 El “Código Civil de Puerto Rico” de 1930, fue derogado y sustituido por la Ley

Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico” de
2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Los hechos que originan la presente controversia
tomaron lugar durante la vigencia del Código Civil de 1930, por lo cual esta es la
ley que aplica al caso.
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COSSEC et al. v. González López et al., supra; García Pérez v. Corp.

Serv. Mujer, 174 DPR 138 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308

(2004).

      Una vez iniciado el término prescriptivo, corresponde a la

parte agraviada expresar su voluntad de conservar su derecho a ser

indemnizado. Nuestro ordenamiento reconoce tres maneras de

manifestar la voluntad de conservar un derecho y que interrumpen

efectivamente la prescripción extintiva, a saber: (1) el ejercicio de un

derecho ante un foro judicial; (2) la reclamación extrajudicial de

parte del titular de un derecho dirigida al deudor, y (3) el

reconocimiento de una deuda por parte del deudor. Artículo 1873

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. Una vez se interrumpe

oportunamente la prescripción, el término prescriptivo comienza a

transcurrir nuevamente. SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR

799, 816 (2014).

      En materia de prescripción de la causa de acción bajo el

Artículo 1802 del Código Civil, supra, en Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, supra, se adoptó la figura de la solidaridad impropia (o

in solidum) cuando coincide más de un causante de un daño.

Conforme a esta figura, si el perjudicado interesa conservar su

causa de acción contra cada uno de los causantes del daño, deberá

interrumpir la prescripción en relación con cada uno por separado

y dentro del término prescriptivo de un (1) año establecido por el

Artículo 1868 del Código Civil, supra. Véase, además, Maldonado

Rivera v. Suárez y otros, supra.

      Por otra parte, el Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA ant.

sec. 31 LPRA sec. 5142, recoge el principio de responsabilidad

vicaria por virtud del cual, entre otros supuestos, un patrono podría

ser   responsabilizado    extracontractualmente       por   los   actos

negligentes cometidos por alguno de sus empleados. En lo
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pertinente, el Artículo 1803 del Código Civil, supra, dispone lo

siguiente:

      “La obligación que impone [el Artículo 1802 del Código
      Civil, 31 LPRA ant. sec. 5141] es exigible, no sólo por
      los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas
      personas de quienes se debe responder.

      […]

      Lo son igualmente los dueños o directores de un
      establecimiento o empresa respecto de los perjuicios
      causados por sus dependientes en el servicio de los
      ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de
      sus funciones.

      […]

      La responsabilidad de que trata esta sección cesará
      cuando las personas en ella mencionadas prueben que
      emplearon toda la diligencia de un buen padre de
      familia para prevenir el daño.”

      El precitado artículo constituye una excepción especial al

principio de la responsabilidad personal por los actos propios y solo

puede aplicarse a los casos incluidos específicamente en el

mismo. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022).

De igual forma, establece una presunción legal de responsabilidad

de las personas citadas en él. En atención a las relaciones de

autoridad o superioridad que mantienen con los autores del daño

causado, la ley presume que le es imputable la causa de aquel por

su propia culpa o negligencia. Íd.

      La causa de acción establecida por Artículo 1803 del Código

Civil, supra, consiste fundamentalmente en la culpa in vigilando, in

instruendo o in eligiendo atribuible a las personas designadas

estatutariamente como responsables. Maderas Tratadas v. Sun

Alliance et al., 185 DPR 880, 907 (2012). Se establece, pues, una

presunción de culpa que puede consistir en una falta de vigilancia

(culpa in vigilando), en una falta de instrucción (culpa in instruendo)

o en una desacertada elección (culpa in eligiendo). Íd. Es decir, que,

de haber sido el patrono diligente en vigilar, instruir o escoger a sus

empleados, el daño no hubiese ocurrido. Cruz Flores et al. v. Hosp.
KLCE202301294                                                        13

Ryder et al., supra. Para activar esta presunción de culpa del

patrono, un demandante debe establecer prima facie: (1) una

relación de dependencia entre el patrono y el empleado, (2) que el

empleado actuó en el desempeño de los ramos de su oficio con el

propósito de servir y proteger los intereses del patrono, y que (3) el

empleado tuvo culpa en el desempeño de esas funciones. Pérez et al.

v. Lares Medical et al., 207 DPR 965, 983 (2021). El patrono puede

liberarse de esta responsabilidad si demuestra que empleó toda la

diligencia de un buen padre de familia. Cruz Flores et al. v. Hosp.

Ryder et al., supra.

      Se reconoce que, al amparo del Artículo 1803 del Código Civil,

supra, los hospitales pueden ser responsables frente a un

perjudicado por la falta de pericia atribuible al personal del hospital

en el ámbito de sus funciones. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et

al., supra; Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR 397, 404-405

(1985). Al momento de adjudicar responsabilidad vicaria a los

hospitales por los actos de los médicos que laboran en su

institución, es importante considerar la relación jurídica existente

entre estos. Íd.; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 288

(2012). El hospital responde vicariamente por los actos de aquellos

médicos que son sus empleados; por aquellos médicos, que, aunque

no forman parte de su fuerza laboral, son parte de la facultad o staff,

encontrándose disponibles para consultas de otros médicos; por los

médicos pertenecientes a concesionarios de franquicias exclusivas

para prestar servicios en el hospital; y por aquellos médicos que sin

ser empleados gozan de privilegios en la institución. Íd.; Márquez

Vega v. Martínez Rosado, supra; Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598

(1984); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 515-

16 (2009).

      Cónsono con lo anterior, se ha resuelto que la solidaridad

impropia, no se extiende al régimen de responsabilidad vicaria
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establecido en el Artículo 1803 del Código Civil, supra. Al respecto,

recientemente en Pérez et al. v. Lares Medical et al., supra, pág. 989-

890, se estableció que “la responsabilidad que surja entre el patrono

y el empleado es una solidaria, más en su vertiente propia”, por lo

que “los actos interruptivos del término prescriptivo realizados

contra el patrono o el empleado perjudican al otro por igual.”

                                  III

      En su recurso de Petición de Certiorari Civil, las partes

peticionarias ER Sunrise y PRMD señalan que erró el TPI “al declarar

No Ha Lugar la moción de desestimación por prescripción incoada

por las partes codemandadas ER Sunrise LLC y Puerto Rico Defense

Insurance Company.” Según reseñamos, en el dictamen recurrido,

el TPI concluyó que la parte recurrida había sido diligente en la

tramitación de su causa de acción incluyendo a los codemandados

ER Sunrise y PRMD oportunamente en el pleito luego de haber

advenido en conocimiento sobre su existencia. Finalmente, el TPI

resolvió   que   las   reclamaciones    presentadas     contra   estos

codemandados no estaban prescritas, por lo que denegó la solicitud

de desestimación presentada.

      Tratándose de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo, estamos facultados, conforme a lo dispuesto en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, para revisar esta determinación

mediante un recurso de certiorari. Sin embargo, la expedición de un

recurso de certiorari sigue siendo una decisión discrecional, la cual

debemos ejercer tomando en consideración los criterios establecidos

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

      Evaluado el recurso ante nuestra consideración a la luz de

estos criterios, concluimos que no existen motivos que justifiquen

que ejerzamos nuestra función revisora en esta etapa de los

procedimientos. No surgen indicios de que haya mediado prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto por el Tribunal de Primera
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Instancia. La disposición de la decisión recurrida tampoco es

contraria a derecho.

                                  IV

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

auto de Certiorari y se declara No Ha Lugar la Solicitud de Orden en

Auxilio de Jurisdicción.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones