Court Opinion

ID: 9962720
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:45:59.365777+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:29.077836
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

    ALFREDO ARES RUIZ                                        Revisión Judicial
                                                             procedente del
           Recurrente                                        Departamento de
                                                             Educación
                 v.
                                      KLRA202300547 Caso Núm.:
     DEPARTAMENTO DE                                2009-08-0270
        EDUCACIÓN
                                                             Sobre:
            Recurrido                                        Retención

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Lebrón Nieves, la
Jueza Santiago Calderón y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

       Comparece el Sr. Alfredo Ares Ruiz (en adelante, señor Ares

Ruiz), por medio de un recurso de Revisión Judicial. Solicita que

revoquemos una Resolución en reconsideración emitida por la

Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (en adelante,

OASE) el 21 de septiembre de 2023. En su resolución la OASE deja

sin efecto una Resolución emitida el 30 de junio de 2023 por falta

de jurisdicción para continuar los procedimientos al amparo del

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48

U.S.C. sec. 2101 (2016) (en adelante, PROMESA).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Resolución en reconsideración emitida por la

Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación.

                                         I.

       El 12 de agosto de 2009, el señor Ares Ruiz presentó ante la

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos

Humanos del Servicio Público (en adelante, CASP) un Escrito en

1
 Mediante Orden Administrativa TA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó al
Hon. José I. Campos Pérez en sustitución de la Hon. Eileen J. Barresi Ramos.

Número Identificador

SEN2024 ______________
KLRA202300547                                                      2

Apelación.2 Dicho escrito buscaba que se revocara la decisión

tomada por el Departamento de Educación del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico (en adelante, DE) en cuanto a la

destitución del señor Ares Ruiz como Maestro de Música de la

Escuela Libre de Música Juan Morel Campos del Distrito Escolar

de Ponce II, por alegada conducta indebida e inmoral contra un

estudiante.3

       Luego de varios incidentes procesales, el 31 de mayo

de 2013 la CASP emitió una Orden resumiendo los procedimientos

y pautando la fecha de su vista pública para el 8 de agosto

de 2013.4 Así las cosas, se celebró la vista pública ante la CASP el

8 de agosto de 2013. En la misma se presentaron los testimonios

de diferentes partes y se pautó la continuación de la vista para el

16 de noviembre 2013.5 No obstante, y a pesar de haber sido

pautada para el 16 de noviembre de 2013, la vista fue transferida

para el 21 de noviembre de 2013.6

       Así las cosas, y luego de culminada la vista, el señor Ares

Ruiz presentó varios escritos ante la CASP. En síntesis, el señor

Ares Ruiz presentó cinco escritos solicitando se sometiera el caso,

cursando desde el 20 de diciembre de 2013 hasta el 22 de mayo

de 2017.7

       Inconforme tras no recibir algún tipo de acción por la CASP,

el señor Ares Ruiz presentó un recurso de Mandamus ante el

Tribunal de Primera Instancia sala de San Juan (en adelante, TPI)

el 27 de junio de 2017.8 En síntesis, el señor Ares Ruiz solicitó al

2 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 37-44.
3 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 37-44.
4 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 61-63.
5 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 64-65.
6 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 66-67.
7 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 68-106.
8 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 21-34.
KLRA202300547                                                       3

TPI que le ordenara a la CASP a emitir resolución sobre el caso

ante su consideración.9

       El 24 de julio de 2017, la CASP compareció ante el TPI

mediante una Moción en cumplimiento de orden.10 En resumen, la

CASP solicitó que se desestimara el recurso de Mandamus, pues la

CASP había emitido una Orden el 29 de junio de 2017 solicitando

la celebración de nuevas vistas, ya que no contaba con las

regrabaciones de las vistas celebradas para poder adjudicar el

caso.11 El 24 de agosto de 2017 el TPI emitió una Sentencia

desestimando la causa de acción, pues el remedio solicitado no era

justiciable, ya que al CASP no contar con las grabaciones de las

vistas celebradas, no podría adjudicar la controversia.12

       Así las cosas, el DE presentó ante la CASP una Moción

urgente en oposición a vista y/o solicitando la paralización de los

procedimientos ante el foro por la radicación de la quiebra del

Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA.13 En

dicho escrito, solicitó que se dejaran sin efecto la celebración de

unas vistas pautadas por la CASP, pues a la luz de la Ley

PROMESA todos los procedimientos contra el Estado estaban

paralizados.14 La CASP emitió una Orden el 22 de enero 2018

donde suspendió las vistas pautadas y le requirió al señor Ares

Ruiz expresarse sobre el asunto.15 El 20 de febrero de 2018, el

señor Ares Ruiz presentó su Replica en la cual se opuso a la

solicitud de paralización pues, a su entender, la paralización de la

Ley PROMESA solo aplicaba a los Tribunales y no a los

9 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 21-34.
10 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo IV págs. 107-118.
11 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo IV págs. 107-124.
12 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo V págs. 126-129.
13 Apéndice de la parte recurrida, en el Anejo 1 págs. 1-7.
14 Apéndice de la parte recurrida, en el Anejo 1 págs. 1-7.
15 Apéndice de la parte recurrida, en el Anejo 1 pág. 8.
KLRA202300547                                                                    4

procedimientos administrativos, además, añadió que el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico no era parte del mismo.16

       Pese a lo anterior, la CASP le notificó a las partes el Traslado

a la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación.17 Luego de

varios incidentes procesales ante la OASE y la celebración de las

vistas, la OASE emitió una Resolución final el 30 de junio

de 2023.18 En tal resolución la OASE declaró Ha Lugar la

apelación presentada por el señor Ares Ruiz, pues entendió que los

hechos alegados por el exestudiante no ocurrieron, por lo que

restituyó al señor Ares Ruiz a su antiguo puesto, requirió que se

activara nuevamente su licencia de maestro y se le pagara la

totalidad de los ingresos dejados de percibir desde su despido.19

       Inconforme con tal resolución, el DE presentó el 19 de julio

de 2023 una Moción en reconsideración.20 En su escrito, arguyó,

entre otras cosas, que se debió declarar No Ha Lugar la apelación

pues conforme a la Ley PROMESA los procedimientos contra el

Estado estaban paralizados.21 El 3 de agosto 2023, el señor Ares

Ruiz presentó su Moción en oposición a moción de reconsideración y

solicitando se sostenga resolución emitida.22                     En   su   escrito

argumentó que procedía que se sostuviera la resolución emitida y

se declarara No Ha Lugar la moción presentada por el DE, pues

luego de dos años estando el asunto ante la OASE, nunca se ha

levantado la paralización.23

       Finalmente, el 21 de septiembre de 2023, la OASE emitió

una Resolución en Reconsideración.24 En síntesis, la OASE

concluyó que carecía de jurisdicción para atender el asunto

16 Apéndice de la parte recurrida, en el Anejo 1 págs. 9-13.
17 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo VI págs. 130-131.
18 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo II págs. 11-20.
19 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo II págs. 11-20.
20 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo XVIII págs. 187-193.
21 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo XVIII págs. 187-193.
22 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo XIX págs. 194-202.
23 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo XIX págs. 194-202.
24 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo I págs. 1-10.
KLRA202300547                                                      5

plasmado en la apelación por la paralización de los procedimientos

que conlleva la Ley PROMESA, por lo que procedía paralizar el

pleito y archivar el caso hasta tanto el foro federal que atiende el

asunto de la quiebra en Puerto Rico dispusiera lo contrario. De

igual forma, la OASE también arguyó que el señor Ares Ruiz no

presentó un “proof of claim” y no estaba eximido de presentarla

conforme a la Orden de Confirmación, por lo que procedió a dejar

sin efecto la Resolución final emitida el 30 de junio de 2023 y se

decretó el cierre del caso.25

       Inconforme con tal resolución, el 24 de octubre de 2023 el

señor Ares Ruiz acudió ante nos mediante un Recurso de revisión.

En su escrito, esboza los siguientes señalamientos de error:

       Primer Error: Erró la Honorable Oficina de
       Apelaciones Sistema de Educación al declararse sin
       jurisdicción para continuar los procedimientos al
       amparo de la Ley PROMESA y en su consecuencia
       decretar el archivo administrativo del caso.

       Segundo Error: Actuó de mala fe y cometió incuria el
       apelado-recurrido a través de su representante legal la
       Lcda. Arlene López Rodríguez al litigar activamente el
       caso de epígrafe y esperar hasta la emisión de la
       resolución final para levantar la defensa de falta de
       jurisdicción.

       El 27 de noviembre de 2023, el Gobierno de Puerto Rico, sin

someterse a la jurisdicción, presentó un Escrito en cumplimiento de

resolución. Contando con la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                         II.

Jurisdicción

       La jurisdicción se refiere al “…poder o la autoridad que tiene

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias”.

Pueblo v. Rios Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022); Pérez et al. v.

Lares Medical et al., 207 DPR 965 (2021). El Tribunal Supremo ha

expresado que los tribunales deben ser guardianes de su

25 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo I págs. 1-10.
KLRA202300547                                                      6

jurisdicción y no poseen discreción para atribuirse o asumir

jurisdicción donde no la tienen. Pueblo v. Rios Nieves, supra; Pérez

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104–105 (2013). De

igual forma, la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por

acuerdo entre las partes. Pueblo v. Rios Nieves, supra; Pérez Soto v.

Cantera Pérez, Inc. et al., supra. Si un tribunal carece de

jurisdicción sobre el asunto ante su consideración, “solo resta

declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos

de la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190

DPR 652 (2014). De lo contrario, si un tribunal dicta una sentencia

cuando carece jurisdicción sobre las partes o sobre la materia,

emite un dictamen ultra vires. Pueblo v. Rios Nieves, supra;

Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability
Act

      El Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de Estados

Unidos de América le otorga al Congreso de Estados Unidos la

autoridad para, entre otras cosas, poder adoptar cualquier ley o

reglamento necesario con relación a los territorios y propiedades de

Estados Unidos. A la luz de esta facultad y con el fin de crear un

“Financial Oversight and Management Board” para la restauración

de la deuda de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos aprobó

el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act,

48 U.S.C. sec. 2101 (2016) (en adelante, PROMESA).

      La paralización automática de los procedimientos contra el

deudor queda consignada en la sección 301 (a) de la Ley

PROMESA, incorporando las secciones 362 y 392 de Código

Federal de Quiebras. 48 U.S.C. sec. 2161(a) (2016); Lab. Clínico et

al. v. Depto. Salud et al., 198 DPR 790 (2017). La implementación

de la Ley PROMESA trajo consigo la paralización automática de

todo pleito, instado en el pasado o presente, donde se reclama un
KLRA202300547                                                                  7

remedio monetario contra el Gobierno de Puerto Rico. Requena

Mercado et als. v. Policía de PR, 205 DPR 285, 290 (2020); Depto.

de Hacienda v. COTIARI, 203 DPR 1049 (2020). El propósito detrás

de la paralización automática, entre otras cosas, es impedir:

        …el comienzo o la continuación de cualquier proceso
       judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo
       haber sido interpuesto en contra del deudor, o para
       ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de
       que se iniciara la quiebra…26

       Los efectos de la paralización se manifiestan “desde que se

presenta la petición de quiebra hasta que recae la sentencia final y

no se requiere una notificación formal para que surta efecto”.

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010). De

igual forma, la paralización afecta a los tribunales estatales

despojándolos de jurisdicción automáticamente sobre todo litigio

que afecte los asuntos financieros del deudor. Marrero Rosado v.

Marrero Rosado, supra. En el caso de Puerto Rico, conforme ha

resuelto el Tribunal Supremo, “…tanto los tribunales federales

como los estatales tenemos la facultad inicial de interpretar la

paralización y su aplicabilidad a los casos ante nos…”. Lab. Clínico

v. Depto. Salud, supra en la pág. 792.

       El 18 de enero de 2022, el foro federal confirmó el Plan de

Ajuste presentado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, el Sistema de Retiro de los Empleados de Puerto Rico

y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico por vía de la

Junta de Control Fiscal, mediante el Order and judgment

confirming modified eight amended title III joint plan of adjustment

of the commonwealth of Puerto Rico, the                 employees retirement

system of the Government of the Commonwealth Of Puerto Rico, and

the Puerto Rico Public Buildings Authority (en adelante, Orden de

26 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010) (discutiendo la

paralización conforme el Código Federal de Quiebras).
KLRA202300547                                                       8

Confirmación).27 En el párrafo 59 de la Orden de Confirmación se

discute el asunto referente al injunction permanente, en lo

pertinente, establece:

              59. Injunction on Claims. Except as otherwise
      expressly provided in section 92.11 of the Plan, this
      Confirmation Order, or such other Final Order of the
      Title III Court that is applicable, all Entities who have
      held, hold, or in the future hold Claims or any other
      debt or liability that is discharged or released
      pursuant to section 92.2 of the Plan or who have held,
      hold, or in the future hold Claims or any other debt or
      liability discharged or released pursuant to section
      92.2 of the Plan are permanently enjoined, from and
      after the Effective Date, from (a) commencing or
      continuing, directly or indirectly, in any manner, any
      action or other proceeding (including, without
      limitation, any judicial, arbitral, administrative, or
      other proceeding) of any kind on any such Claim or
      other debt or liability discharged pursuant to the Plan
      against any of the Released Parties or any of their
      respective assets or property, (b) the enforcement,
      attachment, collection or recovery by any manner or
      means of any judgment, award, decree, or order
      against any of the Released Parties or any of their
      respective assets or property on account of any Claim
      or other debt or liability discharged pursuant to the
      Plan, (c) creating, perfecting, or enforcing any
      encumbrance of any kind against any of the Released
      Parties or any of their respective assets or property on
      account of any Claim or other debt or liability
      discharged pursuant to the Plan, and (d) except to the
      extent provided, permitted or preserved by sections
      553, 555, 556, 559, or 560 of the Bankruptcy Code or
      pursuant to the common law right of recoupment,
      asserting any right of setoff, subrogation, or
      recoupment of any kind against any obligation due
      from any of the Released Parties or any of their
      respective assets or property, with respect to any such
      Claim or other debt or liability discharged pursuant to
      the Plan. Such injunction shall extend to all
      successors and assigns of the Released Parties and
      their respective assets and property. Notwithstanding
      the foregoing, without prejudice to the exculpation
      rights set forth in section 92.7 of the Plan and decretal
      paragraph 61 hereof, nothing contained in the Plan or
      this Confirmation Order is intended, nor shall it be
      construed, to be a non-consensual third-party release
      of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective
      Related Persons by Creditors of the Debtors.28

      En otras palabras, la Orden de Confirmación establece un

injunction   permanente   que   mantiene    paralizadas   todas   las

27 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813 (2022).
28 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813, párrafo 59 (2022).
KLRA202300547                                                     9

reclamaciones, presentes, pasadas y futuras contra el Gobierno de

Puerto Rico y de igual forma, los acreedores quedan impedidos de

empezar cualquier procedimiento en contra del Gobierno de Puerto

Rico.

        Respecto a las descargas, la Orden de Confirmación en su

párrafo 56, incisos (a) y (b) expone lo siguiente:

               56. Discharge and Release of Claims and Causes
        of Action.
        (a) Except as expressly provided in the Plan or herein,
        all distributions and rights afforded under the Plan
        shall be, and shall be deemed to be, in exchange
        for, and in complete satisfaction, settlement,
        discharge, and release of, all Claims or Causes of
        Action against the Debtors and Reorganized
        Debtors that arose, in whole or in part, prior to the
        Effective Date, relating to the Title III Cases, the
        Debtors or Reorganized Debtors or any of their
        respective Assets, property, or interests of any
        nature whatsoever, including any interest accrued
        on such Claims from and after the Petition Date,
        and regardless of whether any property will have
        been distributed or retained pursuant to the Plan
        on account of each of the Claims or Causes of
        Action; provided, however, that, without prejudice to
        the exculpation rights set forth in section 92.7 of the
        Plan and decretal paragraph 61 hereof, nothing
        contained in the Plan or this Confirmation Order is
        intended, nor shall it be construed, to be a grant of a
        non-consensual third-party release of the PSA
        Creditors, AFSCME, and each of their respective
        Related Persons by any Creditors of the Debtors. Upon
        the Effective Date and independent of the
        distributions provided for under the Plan, the
        Debtors and Reorganized Debtors shall be
        discharged and released from any and all Claims,
        Causes of Action, and any other debts that arose,
        in whole or in part, prior to the Effective Date
        (including prior to the Petition Date), and Claims of
        the kind specified in sections 502(g), 502(h), or
        502(i) of the Bankruptcy Code and section 407 of
        PROMESA, whether or not (a) a proof of claim
        based upon such Claim is filed or deemed filed
        under section 501 of the Bankruptcy Code, (b) such
        Claim is allowed under section 502 of the
        Bankruptcy Code and section 407 of PROMESA (or
        is otherwise resolved), or (c) the holder of a Claim
        based upon such debt voted to accept the Plan. For
        the avoidance of doubt, nothing contained in the
        Plan or herein shall release, discharge, or enjoin
        any claims or causes of action against PREPA
        arising from or related to PREPA-issued bonds,
        including,    without    limitation,   Monoline-issued
        insurance pertaining thereto, and PREPA is not
        releasing any claims or causes of action against any
        non-Debtor Entity. Claims and causes of action
KLRA202300547                                                       10

      against PREPA arising from or related to PREPA-issued
      bonds, and releases against PREPA and its assets
      shall be addressed in PREPA’s Title III case, including,
      without limitation, any plan of adjustment therein.
      (b) Except as expressly provided in the Plan or herein,
      all Entities shall be precluded from asserting any
      and all Claims against the Debtors and Reorganized
      Debtors, and each of their respective employees,
      officials, Assets, property, rights, remedies, Claims,
      or Causes of Action of any nature whatsoever,
      relating to the Title III Cases, the Debtors or
      Reorganized Debtors or any of their respective
      Assets and property, including any and all interest
      accrued on such Claims, and regardless of whether
      any property will have been distributed or retained
      pursuant to the Plan on account of each of the
      Claims or other obligations, suits, judgments,
      damages, debts, rights, remedies, causes of action,
      or liabilities. In accordance with the foregoing, except
      as expressly provided in the Plan or herein, this
      Confirmation Order shall constitute a judicial
      determination, as of the Effective Date, of the
      discharge and release of all such Claims, Causes of
      Action or debt of or against the Debtors and the
      Reorganized Debtors pursuant to sections 524 and
      944 of the Bankruptcy Code, applicable to the Title
      III Case pursuant to section 301 of PROMESA, and
      such discharge shall void and extinguish any
      judgment obtained against the Debtors or
      Reorganized Debtors and their respective Assets,
      and property at any time, to the extent such
      judgment is related to a discharged Claim, debt, or
      liability. As of the Effective Date, and in consideration
      for the distributions or other value provided pursuant
      to the Plan, each holder of a Claim in any Class under
      the Plan shall be and hereby is deemed to release and
      forever waive and discharge as against the Debtors
      and Reorganized Debtors, and their respective Assets
      and property, all such Claims.29 (Énfasis suplido)

      Los párrafos anteriores expresan que el Gobierno de Puerto

Rico queda liberado de todo reclamo o causa de acción anteriores a

la vigencia del Plan de Ajuste adoptado.

                                    III.

      En su Recurso de Revisión, la parte recurrente señala que

erró la OASE al declararse sin jurisdicción para continuar los

procedimientos al amparo de la Ley PROMESA y al decretar el

archivo administrativo del caso. De igual forma, señala que actuó

de mala fe y cometió incuria el DE a través de su representante

29 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813, parrafo 56 (2022).
KLRA202300547                                                       11

legal, la Lcda. Arlene López Rodríguez al litigar activamente el caso

de epígrafe y esperar hasta la emisión de la resolución final para

levantar la defensa de falta de jurisdicción. No le asiste razón a la

parte recurrente, veamos.

      Según surge de la Orden de confirmación emitida el 18 de

enero de 2022 por el United States District Court for the District of

Puerto Rico en su párrafo 56, anteriormente citado, el Gobierno de

Puerto Rico queda liberado de todo reclamo o causa de acción

anteriores a la vigencia del Plan de Ajuste adoptado.30 Además,

según el párrafo 59 de la Orden de Confirmación, anteriormente

citado, existe un injunction permanente que mantiene paralizadas

todas las reclamaciones, presentes, pasadas y futuras contra el

Gobierno de Puerto Rico y de igual forma, los acreedores quedan

impedidos de empezar cualquier procedimiento en contra del

Gobierno de Puerto Rico.31

      En   el   caso   ante   nuestra   consideración   la   apelación

presentada por el recurrente contra el DE es anterior a la vigencia

de la Orden de Confirmación, data del año 2009.32 Conforme con

los párrafos anteriormente aludidos de la Orden de Confirmación, la

parte recurrente tiene una acción contra el Gobierno de Puerto

Rico que ha sido descargada.33 Al no existir un “proof of claim” y al

estar descargada la reclamación de la parte recurrente contra el

Estado, actuó correctamente la OASE al concluir que carecía de

jurisdicción sobre el asunto.

      Así las cosas, toda vez que la OASE carecía de jurisdicción

para atender el asunto y, la falta de jurisdicción se puede plantear

30 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813, párrafo 56 (2022).
31 In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO

RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813, párrafo 59 (2022).
32 Apéndice de la parte recurrente, en el Anejo III págs. 37-44.
33
   Véase In re: THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR
PUERTO RICO, No. 17 BK 3283-LTS, Doc#:19813 (2022).
KLRA202300547                                                     12

en cualquier momento, nos parece inmeritorio entrar en la

discusión sobre el segundo señalamiento de error.

                                 IV.

     Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos

la Resolución en reconsideración emitida por la Oficina de

Apelaciones del Sistema de Educación.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones