Court Opinion

ID: 9941461
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:12.398817+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.516062
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

  TAISHA LEE RIVERA                              CERTIORARI
  FLORES                                         procedente del
                                                 Tribunal de
       Peticionaria                              Primera Instancia
                                KLCE202301399    Sala Superior de
             v.                                  Carolina

  WILMER MARTÍNEZ                                Civil Núm.:
  MOJICA                                         TJ2023RF00152

        Recurrido                                Sobre:
                                                 Divorcio

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico a 22 de enero de 2024.

       Comparece ante este foro la Sra. Taisha Lee Rivera

 Flores (señora Rivera o “la peticionaria”) y solicita

 que revisemos una Orden emitida por el Tribunal de

 Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, notificada

 el 13 de noviembre de 2023.               Mediante esta, el foro

 primario    denegó      la    solicitud   instada    por   la   señora

 Rivera, para que se le permitiera emplazar y notificar

 por   edictos      al   Sr.    Wilmer     Martínez   Mojica     (señor

 Martínez).

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 EXPEDIMOS     el    recurso      de     certiorari    solicitado     y

 REVOCAMOS la Orden recurrida.

                                    I.

       La señora Rivera y el señor Martínez contrajeron

 nupcias el 21 de junio de 2017, en Carolina, Puerto Rico.

 Durante el matrimonio, procrearon dos hijos J.I.M.R. de

 5 años de edad y J.I.M.R. de 4 años de edad.                El 24 de

 octubre de 2023, la peticionaria presentó una Demanda

 sobre divorcio por ruptura irreparable en contra del

Número Identificador
SEN2024 ______________
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señor Martínez.1 Como remedio, solicitó al foro primario

que declarase roto y disuelto el vínculo matrimonial

existente entre las partes, por la causal de ruptura

irreparable.

        En la misma fecha, la señora Rivera presentó una

Moción para Emplazar por Medio de Edicto.2                       Mediante

esta,     solicitó    del   foro       primario    que   autorizara        el

emplazamiento del señor Martínez mediante la publicación

de un edicto.        Señaló que, la última dirección conocida

del señor Martínez es fuera de la jurisdicción de Puerto

Rico,     4806   Haunting     Lodge     Dr.,    St.   Cloud,     Florida,

34772.     La peticionaria anejó a la referida moción una

declaración jurada suscrita por ella misma.3

        Posteriormente,     el     2    de   noviembre    de    2023,      la

señora     Rivera     presentó         Moción     Sometiendo        PIPE   y

Solicitud se nos Expida Orden y Edicto.4                    En la cual,

arguyó que no ha recibido la orden sobre publicación de

edicto, ni el edicto por parte del foro primario.

        Tras evaluar la moción de la peticionaria, el 13 de

noviembre de 2023, el foro de instancia notificó una

Orden.5    En virtud de esta dispuso lo siguiente:

          No ha lugar. Cúmpla con las Reglas de
          Procedimiento    Civil.   Debe    contratar
          emplazador privado sin interés en el pleito
          que realize las gestiones para emplazar y
          acredite las mismas bajo juramento. La
          declaración jurada no puede ser de la parte
          con interés en el pleito.

        Insatisfecha    con    la      referida    orden,      la    señora

Rivera presentó Moción de Reconsideración.6                    Alegó que,

1 Demanda, anejo I, págs. 1-10 del apéndice del recurso.
2 Moción para Emplazar por Medio de Edicto, anejo II, págs. 11-16
del apéndice del recurso.
3 Íd., pág. 13.
4 Moción Sometiendo PIPE y Solicitud se nos expida Orden y Edicto,

anejo V, págs. 25-35 del apéndice del recurso.
5 Orden, anejo VI, págs. 33-34 del apéndice del recurso.
6 Moción de Reconsideración, anejo VII, págs. 35-39 del apéndice

del recurso.
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cumplió con lo dispuesto en la Regla 4.6 de Procedimiento

Civil, al presentar una declaración jurada mediante la

cual manifestó bajo juramento que el señor Martínez

reside fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, siendo

la última dirección conocida: 4806 Haunting Lodge Dr.,

St. Cloud, Florida, 34772, como a su vez, esbozó que es

parte indispensable en el pleito.                 Por consiguiente,

solicitó se expidiera la orden y el edicto para emplazar

al señor Martínez.

        Luego de evaluar la solicitud de reconsideración,

el 16 de noviembre de 2023, el foro primario la declaró

No Ha Lugar.7

        Aún inconforme, el 11 de diciembre de 2023, la

señora     Rivera    presentó    el   recurso     de    Certiorari   de

epígrafe.      En virtud de este, la peticionaria adujo que

el foro primario cometió el siguiente señalamiento de

error:

           Erró el Honorable Tribunal de Primera
           Instancia, Sala de Carolina, al declarar No
           Ha Lugar la solicitud de emplazar mediante
           edicto, estando la parte demandada fuera de
           la jurisdicción de Puerto Rico.

        El 13 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución

mediante la cual le concedimos quince (15) días a la

parte      recurrida      para      comparecer     por     escrito   a

presentarnos        su   postura.         Transcurrido    el   referido

término, el recurrido no compareció.                   Así, declaramos

perfeccionado el recurso de epígrafe y procedemos a

disponer de la cuestión planteada, sin necesidad de

trámites ulteriores.

                                    II.

                                    -A-

7   Orden, anejo IX, págs. 41-42 del apéndice del recurso.
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      En    lo    sustantivo,      el   certiorari    es   un   recurso

extraordinario y discrecional expedido por un tribunal

superior a otro inferior, mediante el cual el primero

está facultado para enmendar errores cometidos por el

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de

acuerdo con las prescripciones de la ley.”                       Véase:

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,

337–338 (2012); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913,

917–918 (2009).           La expedición del auto descansa en la

sana discreción del tribunal.             800 Ponce de León v. AIG,

205   DPR        163     (2020);   Medina    Nazario       v.   McNeill

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el

Tribunal      de        Apelaciones     expedirá     un    recurso   de

certiorari         para     revisar     resoluciones       u    órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia. Esto es, cuando “se recurra de una resolución

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de

una moción de carácter dispositivo.”               Íd.

Asimismo, dicha regla dispone otras instancias en las

que   este       foro     intermedio,    discrecionalmente,      podrá

revisar otros dictámenes del Tribunal de Instancia, esto

es:

           No obstante, y por excepción a lo dispuesto
           anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
           podrá   revisar   órdenes    o  resoluciones
           interlocutorias dictadas por el Tribunal de
           Primera Instancia cuando se recurra de
           decisiones   sobre   la   admisibilidad    de
           testigos de hechos o peritos esenciales,
           asuntos     relativos      a      privilegios
           evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en
           casos de relaciones de familia, en casos
           que revistan interés público o en cualquier
           otra situación en la cual esperar a la
           apelación     constituiría     un     fracaso
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       irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
       Procedimiento Civil, supra.

    Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal    de   Apelaciones,   4   LPRA   Ap.    XXII-B   R.   40,

establece los criterios que este foro debe tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

este recurso discrecional.      Estos son:

       a.   Si el remedio y la disposición de la
       decisión recurrida, a diferencia de sus
       fundamentos, son contrarios a derecho.

       b. Si la situación de hechos planteada es
       la más indicada para el análisis del
       problema.

       c. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
       error craso y manifiesto en la apreciación
       de la prueba por el Tribunal de Primera
       Instancia.

       d. Si el asunto planteado exige una
       consideración más detenida a la luz de los
       autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       e. Si la etapa del procedimiento en que se
       presenta el caso es la más propicia para su
       consideración.

       f. Si la expedición del auto o de la orden
       de    mostrar   causa    no   causan    un
       fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final
       del litigio.

       g. Si la expedición del auto o de la orden
       de mostrar causa evita un fracaso de la
       justicia.

    Los criterios previamente transcritos pautan el

ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial.    Mun. de Caguas v. JRO Contruction, 201 DPR

703, 712 (2019).       La delimitación que imponen estas

disposiciones     reglamentarias     tiene       “como   propósito

evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a

través del recurso de apelación.”            Scotiabank v. ZAF

Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).
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                                   -B-

     El emplazamiento por edicto está regulado en la

Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, mediante

el cual establece:

       (a) Cuando la persona a ser emplazada este
       fuera de Puerto Rico, o que estando en
       Puerto Rico no pudo ser localizada después
       de    realizarse    de   las    diligencias
       pertinentes, o se oculte para no ser
       emplazada   o    si  es   una   corporación
       extranjera sin agente residente, y así se
       compruebe a satisfacción del tribunal
       mediante declaración jurada que exprese
       dichas diligencias y aparezca también de
       dicha   declaración,   o   de  la   demanda
       presentada, que existe una reclamación que
       justifica la concesión de algún remedio
       contra la persona que ha de ser emplazada,
       o que dicha persona es parte apropiada en
       el pleito, el tribunal podrá dictar una
       orden para disponer que el emplazamiento se
       haga por un edicto. No se requerirá un
       emplazamiento negativo como condición para
       dictar la orden que disponga que el
       emplazamiento se haga por edicto.

     La orden dispondrá que el emplazamiento se haga una

sola vez en un periódico de circulación general de la

Isla de Puerto Rico.          La orden dispondrá, además, que

dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación

del edicto se le dirija a la parte demandada una copia

del emplazamiento y de la demanda presentada, por correo

certificado con acuse de recibo o cualquier otra forma

de servicio de entrega de correspondencia con acuse de

recibo, siempre y cuando dicha entidad no posea vínculo

alguno con la parte demandante y no tenga interés en el

pleito, al lugar de su última dirección física o postal

conocida,    a    no   ser   que   se    justifique    mediante   una

declaración       jurada     que   a     pesar   de   los   esfuerzos

razonables       realizados,       dirigidos     a    encontrar   una

dirección física o postal de la parte demandada, con

expresión    de    éstos,     no    ha    sido   posible    localizar
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dirección alguna de la parte demandada, en cuyo caso el

tribunal excusará el cumplimiento de esta disposición.

     En Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico v.

Medshape,    Inc.,    207       DPR   994,    1008-1009         (2021),    el

Tribunal    Supremo       de    Puerto    Rico       reconoció     que    el

demandante queda excusado de cumplir con el requisito de

notificación a la última dirección conocida, siempre y

cuando justifique en una declaración jurada que, a pesar

de los esfuerzos realizados, no ha podido localizar

dirección alguna de la demandada.

     La parte que solicita emplazamientos por edicto

tiene que acreditar que ha sido diligente en tratar de

localizar a la parte demandada con el propósito de

diligenciar el emplazamiento personal.                    La demandante,

además, debe acreditar que no ha podido localizar a la

demandada, a pesar de las diligencias realizadas. El

emplazador deberá prestar una declaración jurada con

detalles de las gestiones realizadas para localizar al

demandado.     El    tribunal         solo    puede       autorizar       los

emplazamientos       por        edicto,      cuando      el     demandante

demuestra     fehacientemente          que     ha     llevado      a   cabo

diligencias potencialmente efectivas para encontrar al

demandado.    Lanzo Llanos v Banco de la Vivienda, 133 DPR

512 (1993).

     La declaración jurada que le sirve de base tiene

que demostrar con hechos específicos que el demandante

ha realizado gestiones encaminadas en forma eficaz para

localizar al demandado y emplazarlo personalmente y que,

a   pesar     de    esa        diligencia,      ha       sido    imposible

localizarlo.         La        razonabilidad        de    las    gestiones

efectuadas dependerá de las circunstancias particulares

de cada caso y la suficiencia de las diligencias se
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medirá a base de todos los recursos que el demandante

tiene razonablemente accesibles para intentar localizar

al demandado.   Tal determinación deberá estar basada en

examinar, si a la luz de las circunstancias particulares

del caso, el demandante agotó todas las posibilidades

que tenía razonablemente disponibles para localizar al

demandado y emplazarlo personalmente.     Lanzo Llanos v.

Banco de la Vivienda, supra, págs. 513-514.

       De otra parte, en Rivera v. Jaume, 157 DPR 562

(2002), el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó la

entonces vigente Regla 4.5 de Procedimiento Civil sobre

emplazamientos por edicto, allí resolvió que:

         En los casos en los que el demandado se
         encuentre fuera de Puerto Rico y la parte
         demandante   ignora    la   dirección   del
         demandado fuera de Puerto Rico se exige
         prueba de las diligencias específicas para
         localizar al demandado antes de expedir el
         emplazamiento por edicto y relevar al
         demandante del envío por correo de los
         documentos pertinentes. Por el contrario,
         cuando el demandado se encuentra fuera de
         Puerto Rico y al demandante le consta el
         lugar específico donde este se encuentra y
         así lo informa al tribunal, no se requiere
         la   comprobación    de   las   diligencias
         vigorosas y honesto esfuerzo para citarle
         personalmente y es compulsorio el envío por
         correo certificado con acuse de recibo de
         la copia de la demanda, la orden para
         emplazar mediante edicto y el edicto mismo.
         (Énfasis nuestro).

         En estas circunstancias, la citada Regla
         4.5 de Procedimiento Civil exige que dichos
         documentos sean enviados al lugar de la
         última residencia conocida del demandado.
         El significado y alcance de este requisito
         fue interpretado por este tribunal en
         Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 98 (1986).
         Rivera v. Jaume, supra, págs. 575-577.

       El criterio adoptado por nuestro más Alto Foro es

a los efectos de que cumple con el requisito de notificar

al lugar de la última residencia conocida del demandado

si dicha notificación fue enviada a una dirección que

esté     razonablemente   calculada,    dentro   de    las
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circunstancias particulares del caso, para darle aviso

a   la    parte       contraria       de     la   reclamación       que       se    ha

presentado en su contra.                Rivera v. Jaume, supra, págs.

577, citando a Evans v. Galloway, 701 P.2d 659, 661.

         La Regla 4.5 de Procedimiento Civil, supra, y su

jurisprudencia interpretativa surge que la notificación

tiene que dirigirse al lugar, ciudad, estado o país donde

el demandante haya ubicado la última residencia del

demandado conocida.             La notificación tiene que tener una

posibilidad razonable de informar al demandado de la

reclamación            en     su      contra,      de     acuerdo         a        las

circunstancias particulares del caso.                     La dirección a la

que      se    envía    la     notificación        puede      enviarse        a     la

dirección postal dentro del último lugar de residencia

conocido        del     demandado,         siempre      que    se   pruebe,          a

satisfacción del tribunal, que el envío a esa dirección

informará razonablemente al demandado de la reclamación

en su contra.          Rivera v. Jaume, supra, pág. 578.                  Cuando

la dirección ofrecida en la declaración jurada para

autorizar el emplazamiento mediante edicto ya no es la

dirección del demandado, se requiere que el demandante

demuestre        que        realizó     un     esfuerzo       razonable        para

encontrar        una        dirección        correcta     donde     enviar          la

notificación.           Rivera v. Jaume, supra, pág. 580.

         El    tratadista          Cuevas      Segarra     señala     que          los

requisitos más importantes del emplazamiento por edicto

son los siguientes:

              1) La declaración jurada inicial donde se
              disponen las diligencias efectuadas para
              localizar a la persona a ser emplazada;

              2) que se le envíe al demandado por correo
              certificado a su última dirección conocida,
              dentro de los 10 días luego de expedida la
              Orden para que se emplace por edictos, copia
              de la demanda y del emplazamiento y;
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        3) el diligenciamiento dentro de los ciento
        veinte días luego de ser expedido. Cuevas
        Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,
        2da ed., USA, Publicaciones JTS, 2011, T.
        I, pág. 354.

      A su vez, el tratadista dispuso, que la precitada

regla   establece         las       circunstancias         en    las   que   los

tribunales pueden autorizar un emplazamiento por edicto.

Según lo dispuesto, previo a autorizar la publicación

del edicto, el juez tiene que haber comprobado a su

satisfacción,           las     diligencias        efectuadas          por     el

demandante para lograr el emplazamiento personal.                              El

demandante     tiene          que     comprobar        dichas      diligencias

mediante una declaración jurada suficiente en derecho.

La   declaración          jurada       tiene      que       incluir        hechos

específicos de las gestiones efectivas realizadas para

localizar     al    demandado          y    si    se       ha    agotado     toda

posibilidad    razonable             disponible       al    demandante       para

localizarlo.       No obstante, la declaración jurada no debe

estar basada en conclusiones o en generalidades.                            Dicha

declaración es parte integral del procedimiento.                               El

tribunal no adquiere jurisdicción si                            la declaración

presentada         es         insuficiente        para           inspirar      el

convencimiento judicial.                Se trata de un requisito de

cumplimiento estricto que incide de manera fatal sobre

la   jurisdicción.             Su    omisión     no     puede      subsanarse,

mediante la presentación de una declaración jurada con

posterioridad al emplazamiento requerido.                        Véase, Global

Gas Inc. v. Shalaam Realty Corp., 164 DPR 474 (2005);

Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137 (1997), bajo

la vigencia de la Regla 4.5 de 1979, que en las Reglas

del 2009 es la Regla 4.6.                  Véase, Cuevas Segarra, op.

cit., págs. 353 y 355.
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        De     otra     parte,      Cuevas       Segarra         señala      el

emplazamiento por edicto como el método a usar cuando la

persona a ser emplazada se hallare fuera de Puerto Rico.

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 354.                  Nos explica que la

Regla        4.6,   supra,      exige     la     comprobación       de     las

diligencias vigorosas realizadas por el demandante y su

esfuerzo honesto para citar personalmente a un demandado

que    está     fuera    de    Puerto    Rico    y   que    se    ignora    su

dirección o paradero.             Sin embargo, esta exigencia no

aplica, cuando el demandante tiene constancia del lugar

determinado fuera de Puerto Rico que está el demandado

y lo informa al tribunal.               Cuando el demandante ignora

la dirección del demandado fuera de Puerto Rico, las

diligencias para localizarlo personalmente no pueden ser

practicadas por la parte, su abogado o persona con

interés en el pleito. En tal caso, la declaración jurada

sobre        las    diligencias         realizadas         para     emplazar

personalmente al demandado es insuficiente.                           Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 356.                   Véase, Pagán v. Rivera,

113 DPR 750 (1983).

        De    acuerdo    con     Cuevas    Segarra,        la    declaración

jurada debe expresar las personas con quienes investigó

el paradero del demandado y sus direcciones.                         Además,

debe     incluir        las     gestiones        realizadas        con      las

autoridades de la comunidad, la policía, el alcalde, el

administrador,          porque    son     las    personas        llamadas    a

conocer la residencia o paradero de quienes viven en la

comunidad. Una declaración jurada insuficiente, impide

que el tribunal adquiera jurisdicción.                     No obstante, la

razonabilidad de las gestiones efectuadas dependerá de

las circunstancias particulares de cada caso, que el

juez corrobora a su satisfacción antes de autorizar los
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emplazamientos por edicto.             Cuevas Segarra, op. cit.,

págs. 356-357.         Véase, Banco Popular v. Negrón Barbosa,

154   DPR   249   (2005)    y    Lanzo    Llanos   v.    Banco   de   la

Vivienda, supra.

                                  III.

      Luego de aplicar los criterios dispuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, y en el ejercicio de nuestra discreción como foro

revisor, determinamos que procede expedir el presente

recurso de certiorari, para revocar la Orden recurrida.

      Mediante el único señalamiento de error formulado,

la señora Rivera sostiene que incidió el foro primario

al denegar autorizar la expedición del emplazamiento por

edicto.     Ello, cuando presentó una declaración jurada

indicando que el señor Martínez reside fuera de la

jurisdicción      de    Puerto    Rico,    e   incluyó     su    última

dirección conocida, con especificidad de número de casa,

calle, ciudad y estado de residencia.                    Tiene razón.

Veamos.

      El    propósito      de    las     reglas    que    regulan     el

emplazamiento por edicto es brindarle al demandado una

garantía óptima de su derecho a ser oído.                    La Regla

4.6(a) de Procedimiento Civil, supra, dispone que cuando

la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, el

foro primario puede emitir una orden mediante la cual

disponga que su emplazamiento se lleve a cabo por edicto.

      Por consiguiente, conforme a la normativa antes

expuesta, no será necesario acreditar las diligencias

hechas para citar al demandado personalmente, cuando a

la parte demandante le consta que el demandado se halla

fuera de Puerto Rico, en un lugar determinado, y el cual

ha sido informado al tribunal.
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        Es importante enfatizar el hecho de que, ante el

supuesto de un demandado que se encuentre fuera de Puerto

Rico,     procede    que      el     foro      primario         autorice     el

emplazamiento mediante edicto.                  Ello, pues se trata de

la   herramienta         provista         en     nuestras        Reglas      de

Procedimiento       Civil,      supra,         para        la   notificación

adecuada    a     demandados        que    están      fuera      de    nuestra

jurisdicción.

        En el caso de autos, el foro primario ordenó a la

señora Rivera a que contratara a un emplazador privado,

sin interés en el pleito, y acreditara las gestiones

llevadas     a    cabo     bajo      juramento;         puesto        que,   la

declaración       jurada   no      podía       ser    presentada       por   la

peticionaria.

        Sin embargo, no es necesario que la señora Rivera

acredite las diligencias hechas para citar al señor

Martínez personalmente, cuando la peticionaria tiene

conocimiento de que el señor Martínez se encuentra fuera

de Puerto Rico, y así lo acreditó ante el tribunal

mediante declaración jurada, informándole la dirección

exacta de donde reside.

        Por tanto, procede eximirle a la peticionaria del

requisito de acreditar las diligencias, como requisito

previo a la autorización y expedición del emplazamiento

por edicto solicitado.               Así las cosas, procedemos a

revocar el dictamen recurrido.

                                     IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el

certiorari de epígrafe, y se REVOCA la Orden recurrida.

Consecuentemente,        se   le     ordena      a    la    Secretaría       del

Tribunal     de     Primera        Instancia,         Sala      Superior     de
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Carolina, que expida el emplazamiento por edicto que

corresponda en este caso.

    Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones