Court Opinion

ID: 9952137
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:20:35.871833+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:38.475480
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IX
                                           Certiorari
                                           Procedente del
  MINERVA RODRÍGUEZ                        Tribunal de Primera
        REYES                              Instancia, Sala
                                           Superior de
       Recurrida                           Bayamón

               v.     KLCE202400004 Sobre: Despido
                                    Injustificado,
       ATENEO                       Represalias,
 PUERTORRIQUEÑO, INC.               Incumplimiento de
                                    Contrato,
      Peticionario                  Procedimiento
                                    Sumario bajo la Ley
                                    Núm. 2-1961

                                                Caso Núm.:
                                                BY2021CV02649
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos mediante el recurso de certiorari el

Ateneo Puertorriqueño, Inc. (en adelante, “Ateneo o peticionario”),

para que revisemos la Resolución y Orden emitida el 20 de diciembre

de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (en adelante, “TPI”). Allí, se declaró No Ha Lugar la

solicitud de sentencia sumaria instada por la parte peticionaria.

       Examinada la totalidad del expediente, denegamos el

presente auto de certiorari. Veamos.

                                       -I-

       El 8 de junio de 2021 la Sra. Minerva Rodríguez Reyes (en

adelante, “Rodríguez Reyes o recurrida–demandante”) instó una

Querella por despido injustificado, incumplimiento de contrato y

represalias en contra del Ateneo.2

1 Notificada el 21 de diciembre de 2023.
2 Apéndice del Peticionario, págs. 361 – 381.

Número Identificador
RES2024 _______________
KLCE202400004                                                                 2

          El 17 de septiembre de 2021, el Ateneo contestó la querella,3

negó las alegaciones instadas y levantó defensas afirmativas. Entre

sus defensas, sostuvo que la recurrida no fue despedida, o en la

alternativa, que el despido fue uno justificado.

          Luego de varios trámites procesales, el Ateneo presentó una

Solicitud de Sentencia Sumaria el 26 de septiembre de 2023.4 Así,

el 17 de noviembre de 2023 la parte recurrida sometió su oposición

a la solicitud sumaria presentada.

          Examinadas ambas posiciones, el 20 de diciembre de 2023

el TPI emitió una Resolución y Orden,5 en la que declaró No Ha Lugar

la solicitud de sentencia sumaria, y esbozó que las siguientes

determinaciones de hechos no están en controversia:

          1.     La Sra. Rodríguez trabajó en el Ateneo Puertorriqueño
             desde septiembre del año 2000, cuando comenzó a fungir
             como ayudante bibliotecaria.
          2.     La Sra. Rodríguez se mantuvo en ese puesto hasta el
             2006, cuando el Ateneo Puertorriqueño le hizo acreedora
             de una beca para que cursara un grado asociado en
             Dirección de Biblioteca y esta comenzara a tomar cursos
             relacionados a la Administración de Bibliotecas costeados
             por el Ateneo Puertorriqueño.
          3.     El 16 de junio de 2008, la Sra. Rodríguez fue notificada
             de que, debido a que el Ateneo Puertorriqueño se
             encontraba atravesando una fuerte crisis económica, se
             veía obligado a reducir el personal administrativo, por lo
             que se le agradeció por los servicios prestados a la
             Institución y se le deseó éxito en su futuro profesional.
          4.     El 29 de noviembre de 2011, la Sra. Rodríguez recibió
             misiva en la cual se le informaba que el Ateneo
             Puertorriqueño atravesaba por una crisis económica y que
             existía la necesidad de cerrar operaciones de manera
             temporera. Se desprende de la hoja de asistencia de la
             parte querellante que, ese día ponchó su entrada a las
             9:00 a.m., cuando tomó su hora de almuerzo a las 12:46
             p.m. y cuando entró a continuar sus labores luego de
             almorzar a las 1:46 p.m., pero no surge de esta que haya
             ponchado a la hora de su salida. No obstante,
             posteriormente fue informada que, efectivo el 12 de
             diciembre de 2011, sería reclutada para el puesto de
             Bibliotecaria en el Ateneo Puertorriqueño.
          5.     El 5 de agosto de 2013, la Sra. Rodríguez recibió una
             comunicación por escrito por parte del entonces presidente
             de la Junta de Directores del Ateneo Puertorriqueño, Lic.

3 Apéndice del Peticionario, págs. 382 – 392.
4
    Apéndice del Peticionario, págs. 393 – 431.
5 Notificada el 21 de diciembre de 2023.; Apéndice del Peticionario, págs. 489 –

496.
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       Eduardo Morales Coll, en la que fue designada como
       Directora Ejecutiva Interina del Ateneo Puertorriqueño.
    6.     El 21 de marzo de 2015, la Oficina del Contralor de
       Puerto Rico notificó su Informe de Auditoría CP-15-07 en el
       cual auditó al Ateneo Puertorriqueño para el período que
       comenzó el 1 de julio de 2009 y concluyó el 30 de junio de
       2014.
    7.     El 14 de abril de 2015, el Ateneo interpuso una petición
       de Injunction y Solicitud de Sentencia Declaratoria en el
       caso núm. SJ2015CV00099.
    8.     El 9 de abril de 2015, el Dr. Hamid Galib firmó un
       documento con fecha de 9 de abril de 2015, dirigido a la
       querellante Sra. Rodríguez, en donde le notifica que, como
       Bibliotecaria permanente, se había hecho acreedora a un
       destaque para ocupar el puesto de Directora Ejecutiva del
       Ateneo, a partir de ese mismo día.
    9.     La Sra. Rodríguez plasmó en Declaración Jurada de
       fecha 26 de abril de 2021, que desde abril de 2015 ocupa
       el puesto de Directora Ejecutiva del Ateneo Puertorriqueño.
    10.    El 21 de marzo de 2015, la Oficina del Contralor de
       Puerto Rico emitió su Informe de Auditoría CP-15-07 de 21
       de marzo de 2015. Discutió como Hallazgo 4 la “Ausencia
       de acuerdos escritos entre el Ateneo y el Archivo Nacional
       de Teatro y Cine”. Como parte de lo anterior, utilizó como
       Criterio que, como norma de control interno, las entidades
       no gubernamentales que administran fondos públicos
       deben seleccionar y desarrollar actividades de control que
       ayuden a mitigar riesgos y que una de estas actividades
       es la formalización de acuerdos escritos que contengan las
       disposiciones necesarias para salvaguardar los mejores
       intereses de la Institución y proteger el uso de fondos
       públicos. Lo anterior según dispuesto en la Ley Núm. 5 de
       8 de diciembre de 1955, 3 LPRA secc. 1001 et. seq.
    11.    La Sra. Rodríguez tenía conocimiento sobre la
       existencia de la auditoría hecha por la Oficina del
       Contralor de Puerto Rico, del contenido del Informe de
       Auditoría CP-15-07 y que, como consecuencia de la misma,
       el Ateneo Puertorriqueño se vio obligado a hacerle un
       contrato a todos sus empleados.
    12.    El 6 de septiembre de 2016, la Junta de Directores del
       Ateneo Puertorriqueño celebró su reunión ordinaria y, de
       la Minuta de ésta, surge que el Dr. Galib hizo referencia a
       la reformulación de contratos para el personal del Ateneo
       Puertorriqueño.
    13.    El 15 de septiembre de 2016, la Sra. Rodríguez
       completó a manuscrito y firmó un documento titulado
       Información de Empleado y colocó bajo la sección de
       Condiciones de Empleo que llevaba 1 año y 5 meses
       prestando servicios en la posición que ostentaba para ese
       entonces, Directora Ejecutiva.
    14.    La Sra. Rodríguez asintió el 15 de septiembre de 2016
       a través de su propio puño y letra que, para ese momento,
       llevaba fungiendo como Directora Ejecutiva un año y cinco
       meses antes de completar el Documento de Información del
       Empleado. Es decir, desde abril del 2015.
    15.    El 26 de marzo de 2018, la Querellante firmó un
       documento titulado Acuse de Recibo del Manual del
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          Empleado en el cual se comprometió a acatar las normas
          y procedimientos contenidos en el mismo.
       16.    Luego de la renuncia del Dr. Hamid Galib como
          Presidente de la Junta de Directores del Ateneo
          Puertorriqueño y al amparo de sus obligaciones como
          Vicepresidente de ésta, el 18 de noviembre de 2019 el
          Lcdo. Marco A. Rigau prestó su Juramento como Presidente
          del Ateneo Puertorriqueño.
       17.    El 26 de abril de 2021, la Sra. Rodríguez prestó una
          Declaración Jurada y durante ese mismo día le hizo
          entrega personal de la misma a la Lcda. Milagros Rivera
          Torres. En la referida Declaración Jurada, la Sra.
          Rodríguez narra sobre procedimientos y reuniones
          internas y confidenciales del Ateneo Puertorriqueño.
       18.    La propia Querellante admitió no haber consultado con
          la Junta de Directores del Ateneo Puertorriqueño, ni haber
          pedido permiso previo a otorgar su Declaración Jurada y
          así hacerlo.
       19.    El 6 de mayo de 2021, el Lcdo. Marco A. Rigau le
          entregó una notificación escrita a la Sra. Rodríguez en la
          cual le informaba que, en abril del 2015 esta había sido
          designada como Directora Ejecutiva del Ateneo
          Puertorriqueño conforme al art. 5.1 de los Estatutos del
          Ateneo Puertorriqueño vigentes desde el 2015, que dicha
          designación era por un término de 6 años y que el término
          de su nombramiento culminaba el 30 de abril de 2021.
       20.    El 6 de mayo de 2021, la Sra. Rodríguez ponchó tarjeta
          de asistencia a las 9:05 a.m., y no volvió a ponchar la
          misma luego de recibir la notificación escrita por parte del
          licenciado Rigau.
       21.    El 11 de mayo de 2021, la Sra. Rodríguez firmó un
          documento titulado Recibo en el cual hacía constar que
          devolvía ciertos equipos y tarjetas al Ateneo
          Puertorriqueño.6

       También, expresó que existían los siguientes hechos en

controversia:

       1. Si el 1 de julio de 2015 la Sra. Rodríguez recibió una oferta
          de empleo, o si fue nombrada como la Directora Ejecutiva
          del Ateneo Puertorriqueño efectivo ese día.
       2. Si en efecto, al ser la Sra. Rodríguez ratificada como
          Directora Ejecutiva, se aumentaron seis (6) años más la
          vigencia del puesto de Directora Ejecutiva que ocupaba, al
          igual que sucedió con las demás personas cuyos puestos
          fueron ratificados, según alega la parte querellante.
       3. Si el contrato de la Sra. Rodríguez como Directora Ejecutiva
          aún estaba vigente al momento de su despido.
       4. Si la decisión de dar por terminado el nombramiento de la
          Sra. Rodríguez como Directora Ejecutiva del Ateneo
          Puertorriqueño requería la consideración de la Junta de
          Directores, según alega la parte querellante, requiere los
          Estatutos del Ateneo. De ser un requerimiento, si dicha
          consulta se dio.

6 Id., a las págs. 490 – 492.
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       5. Si la carta de 6 de mayo de 2021 constituye una carta de
          despido. De en efecto, haber sido una carta de despido, si
          se da el escenario de justa causa por incumplimiento de la
          querellante con el contrato suscrito el 15 de septiembre de
          2016 porque compartió con la señora Rivera Torres
          información privilegiada y confidencial del Ateneo. O, si
          hubo otras razón(es) para su despido.
       6. Dado las circunstancias presentes en este caso, si puede,
          o debe, penalizarse a un empleado por haber ofrecido
          información o testimonio, ante un foro judicial.
       7. Si era necesario notificarle oficialmente a la Sra. Rodríguez
          que se podía quedar trabajando en el Ateneo como
          bibliotecaria7.
       8. Si la Sra. Rodríguez abandonó su puesto como
          bibliotecaria, o si fue despedida por el Ateneo.8

       Inconforme, el 2 de enero de 2024 el Ateneo recurrió ante

este Foro apelativo y señaló la comisión de los siguientes errores:

              1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
                 resolver que existe controversia en cuanto a si el 1
                 de julio de 2015 la Recurrida recibió una oferta de
                 empleo, o si fue nombrada la Directora Ejecutiva del
                 Ateneo Puertorriqueño efectivo ese día.
              2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que
                 existe controversia si en efecto, al ser la Recurrida
                 ratificada como Directora Ejecutiva, se aumentaron
                 a seis (6) años más la vigencia del puesto de
                 Directora Ejecutiva que ocupaba, al igual que
                 sucedió con las demás personas cuyos puestos
                 fueron ratificados, según alega la parte Recurrida.
              3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que
                 existe controversia en cuanto a si el contrato de la
                 Recurrida como Directora Ejecutiva aún estaba
                 vigente al momento de su despido.
              4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que
                 existe controversia en cuanto a si la decisión de dar
                 por terminado el nombramiento de la Recurrida
                 como Directora Ejecutiva del Ateneo Puertorriqueño
                 requería la consideración de la Junta de Directores,
                 según alega la parte Recurrida, requiere los
                 Estatutos del Ateneo. De ser un requerimiento, si
                 dicha consulta se dio.
              5. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que
                 existe controversia en cuanto a si la carta del 6 de
                 mayo de 2021 constituye una carta de despido. De
                 en efecto, haber sido una carta de despido, si se da
                 el escenario de justa causa por incumplimiento de
                 la Recurrida con el contrato suscrito el 15 de
                 septiembre de 2016 porque compartió con la señora
                 Milagros Rivera Torres información privilegiada y
                 confidencial del Ateneo. O, si hubo otras razones
                 para su despido.

7 El Lcdo. Marco Rigau aceptó en su deposición que no le indicó a Minerva que se

quedara trabajando como Bibliotecaria.
8 Id., a las págs. 495 – 496.
KLCE202400004                                                                  6

              6. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que
                 existe controversia en cuanto a si, dado a las
                 circunstancias presentes en este caso, si puede, o
                 debe, penalizarse a un empleado por haber ofrecido
                 información o testimonio, ante un foro judicial.
              7. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que
                 existe controversia en cuanto a si era necesario
                 notificarle oficialmente a la Recurrida que se podía
                 quedar trabajando para la Peticionaria como
                 bibliotecaria.
              8. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que
                 existe controversia en cuanto a si la Peticionaria
                 abandonó su puesto como bibliotecaria o si fue
                 despedida por la Peticionaria.

       Por su parte, el 29 de enero de 2024 la Sra. Minerva

Rodríguez Reyes compareció mediante el escrito “OPOSICIÓN A QUE

SE EXPIDA AUTO DE CERTIORARI”.

       Habiendo comparecido ambas partes, damos por sometido el

asunto.

                                      -II-

       Sabido es que el auto de certiorari es “un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un tribunal inferior”.9 En ese sentido, se entiende

por discreción el “poder para decidir en una forma u otra, esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.10

       Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,11 delimita

las instancias en que habremos de atender y revisar mediante

certiorari las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de

instancia, a saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que

9 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703, 711

(2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
10 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
11 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
KLCE202400004                                                                 7

       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].

       Bajo esa discrecionalidad, la Regla 40 del Reglamento de este

Foro apelativo establece los siguientes criterios:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
           de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
           a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
           es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia. 12

       En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

dispuesto que:

       [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.13

       De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a

quien le corresponde la dirección del proceso.14

                                     -III-

       En síntesis, el Ateneo plantea que el TPI incidió al declarar

que existe controversia de hechos materiales sobre el puesto de

empleo que ocupaba la señora Rodríguez Reyes y el despido o

12 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
13  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).;
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
14 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
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abandono del mismo; por lo cual aduce, que la moción sentencia

sumaria fue denegada erróneamente para forzar a la parte

peticionaria a defenderse de alegaciones que no ameritan la

concesión de un remedio.

      Al examinar la Resolución y Orden recurrida, concluimos que

el TPI actuó razonablemente al declarar sin lugar la moción de

sentencia sumaria presentada por el Ateneo. Adoptamos —tanto las

determinaciones de hechos materiales en controversia como las

incontrovertidas— que obran en la referida Resolución y Orden. Es

decir, existen hechos materiales que están en controversia, e

impiden disponer del caso por la vía sumaria a favor de la parte

peticionaria.

      Por lo tanto, resolvemos que el presente caso no presenta

ninguna de las circunstancias contempladas en la referida Regla

52.1 de Procedimiento Civil. Tampoco, surge prueba en el expediente

tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción o actuó con

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Así, en el ejercicio de la

sana discreción que nos permite la Regla 40 del Tribunal

Apelaciones, no es irrazonable la continuación de los procesos para

que se proceda a dilucidar aquellas cuestiones de credibilidad sobre

los asuntos en controversia.

      En consecuencia, la Resolución y Orden recurrida merece

nuestra deferencia, por lo que no variaremos su dictamen.

                                 -IV-

      Por lo antes expuestos, denegamos la expedición del auto de

certiorari solicitado.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones