Court Opinion

ID: 9916087
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:20:26.767184+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.786110
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

                                                   Certiorari
                                                   procedente del
     THYFANNIE NAILLYL                             Tribunal de
         GUZMÁN                                    Primera
                                                   Instancia, Sala
         Parte Recurrida             KLCE202301218 Superior de
                                                   Arecibo
                v.
                                                    Civil Núm.:
  RAFAEL PEREIRA BISONO                             AR2021RF00564
                                                    consolidado con
         Parte Peticionaria                         C FI2017-011
                                                    AR2022RF00252

                                                    Sobre:
                                                  Filiación,
                                                  alimentos y
                                                  relaciones filiales
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

        Comparece el señor Rafael Pereira Bisonó mediante recurso

de certiorari instado el 3 de noviembre de 2023. Solicita que

revoquemos la Resolución emitida el 2 de octubre de 2023, y

notificada el 4 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de Arecibo. Mediante el referido

dictamen, el TPI autorizó que la hija de las partes fuera matriculada

en un colegio de Arecibo para el semestre que inicia en enero de

2024.

        Evaluado el recurso, y su apéndice, resolvemos denegar la

expedición del auto de certiorari.

                                     I.

        El señor Rafael Pereira Bisonó (Sr. Pereira) y la señora

Thyffanie N. Guzmán Fernández (Sra. Guzmán) son los progenitores

de una niña (nacida el 16 de mayo de 2016) y un niño (nacido el 13

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301218                                                        2

de abril de 2021). Los menores se encuentran bajo la custodia de la

Sra. Guzmán y residen en el municipio de Arecibo. El Sr. Pereira

reside en Caguas y mantiene relaciones paternofiliales con los

menores.

      En atención a la solicitud de custodia compartida del Sr.

Pereira, la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de

Menores del Tribunal presentó un Informe Social Forense el 2 de

diciembre de 2022, en el que recomendó la custodia monoparental

a favor de la Sra. Guzmán. Ante el desacuerdo del Sr. Pereira con lo

recomendado, el TPI inició un proceso para la impugnación del

informe social.

      En el interín, la Sra. Guzmán solicitó al tribunal que resolviera

el asunto concerniente al lugar de estudios de la niña. Explicó que

la menor estudia en el Colegio La Inmaculada de Manatí, mientras

que el otro menor está en un Head Start en Arecibo. Expuso que el

proceso de llevar a la niña a Manatí le ocupa una hora y treinta

minutos de viaje en la mañana y en la tarde, lo que presuntamente

le impide obtener y cumplir el horario de un empleo. La Sra. Guzmán

también aludió a la carga económica que representa llevar a la

menor diariamente de su residencia en Arecibo hasta Manatí. Por lo

anterior, solicitó al tribunal que, para el año escolar 2023-2024,

autorizara el traslado del lugar de estudios de la menor al pueblo de

Arecibo y, sugirió tres colegios para fines de matrícula.

      El Sr. Pereira se opuso al cambio de colegio por las siguientes

razones: (1) la Sra. Guzmán se trasladó de Bayamón a Arecibo sin

previa notificación, ni siquiera al tribunal; (2) que parte de sus

razones para mudarse fueron que recibiría la ayuda de colaterales

que ahora no están disponibles; (3) la Sra. Guzmán tiene un tracto

de incumplimiento con las órdenes judiciales; y (4) el colegio en

Manatí fue el resultado de un acuerdo entre las partes, avalado
KLCE202301218                                                                 3

mediante resolución de 29 de junio de 2021, y ratificado en la

resolución de 7 de marzo de 2022.

       El 11 de septiembre de 2023, inició la vista de impugnación

del informe social. Al día siguiente, durante la continuación de dicha

vista, entre otros asuntos, las partes argumentaron respecto a la

controversia relacionada con el lugar de estudios de la menor.

Mediante Resolución emitida el 2 de octubre de 2023, el TPI autorizó

que se matriculara a la niña en un colegio en Arecibo para el

semestre de enero de 2024.

       Inconforme con lo anterior, el Sr. Pereira presentó el recurso

de certiorari que nos ocupa y apuntó los siguientes señalamientos

de error:

       Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
       Instancia al autorizar un cambio de colegio en el
       transcurso de juicio plenario, sin celebrar una vista
       evidenciaria sobre dicho particular, lo cual constituyó
       un claro abuso de discreción, parcialidad, prejuicio y
       error manifiesto.

       Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
       Instancia al emitir determinaciones de hechos en virtud
       de prueba que no ha sido desfilada aún, a base de
       alegaciones, lo que constituye un prejuicio y
       parcialidad, violentando así el debido proceso de ley del
       [peticionario].

                                      II.

       El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal    de    mayor      jerarquía      revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.1

       En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil2,

delimita las instancias en las que procede que este Tribunal de

Apelaciones expida el recurso de certiorari.3 La citada Regla

establece que el recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una

1 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
2 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
3 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., supra.; Scotiabank v. ZAF Corp., 202

DPR 478, 486 (2019).
KLCE202301218                                                         4

orden o resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del

foro apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.4 Según

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que

fundamentar su decisión.

        Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones5     instituye los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de

certiorari. Estos criterios son:

        A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
        a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
        derecho.

        B. Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

        C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.

        D. Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

        E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.

        F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
        y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia.

4 Íd.
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301218                                                                     5

       Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.6 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

       En fin, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de

la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.7

                                        III.

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, permite, por

excepción, que este Tribunal revise resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el TPI en casos de relaciones de familia.

Sin embargo, la expedición del recurso de certiorari es un ejercicio

discrecional. Tal discreción tiene que ajustarse a los criterios

dispuestos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal.

       Evaluada la solicitud del Sr. Pereira, concluimos que ésta no

cumple con ninguno de los criterios establecidos en la Regla 40 del

Reglamento de este Tribunal. Al examinar los argumentos esbozados

por el Sr. Pereira en su recurso y considerando que el caso se

encuentra inmerso en un proceso de impugnación de informe social,

no encontramos razón alguna para intervenir con la discreción del

tribunal en esta etapa de los procedimientos. No surge que el

tribunal haya abusado de su discreción y autoridad para tomar

6 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
7 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además,        Cruz
Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
KLCE202301218                                                       6

medidas provisionales en interés de la menor en lo que finalmente

se dilucida la controversia entre las partes.

      En virtud con lo anterior, y en ausencia de los criterios

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nos

abstenemos de intervenir con el dictamen recurrido.

                                  IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición

del auto de certiorari.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Rivera Marchand disiente con

voto escrito.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones
           ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

                                                Certiorari
                                                procedente del
     THYFANNIE NAILLYL                          Tribunal de
         GUZMÁN                                 Primera
                                                Instancia, Sala
        Parte Recurrida           KLCE202301218 Superior de
                                                Arecibo
               v.
                                                     Civil Núm.:
  RAFAEL PEREIRA BISONÓ                              AR2021RF00564
                                                     consolidado con
                                                     C FI2017-011
                                                     AR2022RF00252

                                                     Sobre:
                                                 Filiación,
                                                 alimentos y
                                                 relaciones filiales
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

     VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA RIVERA MARCHAND

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Respetuosamente disiento de la determinación de la mayoría

del panel, por entender que procede expedir el auto de certiorari, y

revocar el dictamen recurrido mediante el cual el foro primario

ordenó un cambio de escuela, a mitad de año escolar, de forma

provisional y sin recibir la prueba fehaciente en la que se

demuestren los factores en el interés de la menor en este caso.

      Como se sabe, nuestro Código Civil establece que la patria

potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a

los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, desde que

estos nacen hasta que alcanzan la mayoría de edad u obtienen su

emancipación. 32 LPRA 7243. Con ello en mente y atinente a la

presente causa, es preciso destacar que nuestra jurisprudencia ha

sido consistente en sostener que en nuestra jurisdicción el interés

del menor está revestido del más alto interés público y que los

tribunales, en protección de ese interés y en el ejercicio del poder de

parens patrie tiene amplias facultades y discreción. Martínez v.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301218                                                       2

Ramirez Tío 133 DPR 219 (1993). Sin embargo ese poder no es

irrestricto. Ciertamente los asuntos que atienden las salas de familia

son complicados y la discreción ejercida por el foro primario debe

ser aquilatada de acuerdo con la totalidad de las circunstancias y

un contexto razonable. Marchago Olivella v. Martínez Schmidt 188

DPR 404, 414 (2013) Opinión de conformidad por el Juez Asociado

Señor Kolthoff Caraballo a la cual se unen la Jueza Asociada Señora

Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García.

      Del expediente surge que, mientras se dilucidaba una vista

sobre impugnación de informe sobre custodia compartida, -y sin que

se concluyera el desfile de prueba- el TPI entretuvo asuntos de

calendario y alegaciones de los representantes legales de las partes

sobre un cambio de escuela para la hija menor de las partes. El foro

primario acogió la postura de la demandante y ordenó trasladar la

menor de colegio “provisionalmente” en lo que se termina el caso.

(Véase pág. 3 de la Resolución emitida el 2 de octubre de 2023). El

demandado se opuso y suplicó que, la determinación judicial se

emitiera una vez se aquilatara la totalidad de la prueba.

      Del expediente no surge que el foro de instancia haya tomado

en consideración si hubo un cambio en las necesidades del menor

que ameritara alterar el estado de derecho a mitad de un año

escolar. Tampoco se desprende si lo adecuado era ordenar un

cambio abrupto, el cual posiblemente podría estar sujeto a un

cambio nuevamente toda vez que, la orden es de naturaleza

provisional. De esta forma el TPI entretuvo alegaciones de las partes

desde el punto de vista procesal y sus posturas sobre algunas

conveniencias en esta etapa de los procesos, aun cuando no se ha

concluido el desfile de prueba. No surge del expediente que, al

adjudicar la controversia, el TPI haya identificado de forma

fehaciente que su determinación haya respondido al mejor bienestar

de la menor. El cambio de escuela a mitad de año escolar no debe
KLCE202301218                                                      3

ser un asunto tratado livianamente de forma provisional, sin que se

consignen los fundamentos que beneficien la menor en esta etapa

de los procesos. Véase Rivera Ríos, Ex parte 173 DPR 678 (2008).

      En aras de garantizar el acceso a la justicia para ambas partes

y la menor, procede la celebración de una vista evidenciaria expedita

en la cual se logre dilucidar las necesidades actuales de la menor,

los posibles efectos del cambio de escuela a mitad de año escolar,

así como los factores de la conveniencia de su madre y su padre

dentro de un debido proceso de ley. Respetuosamente, disiento.

                    MONSITA RIVERA MARCHAND
                      JUEZA DE APELACIONES