Court Opinion

ID: 9941547
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:45:25.69479+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:46.028995
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL XI

 CARLOS M. CASTELLÓN                                   CERTIORARI
     NIGAGLIONI                                        Procedente del
                                                       Tribunal de Primera
          Recurrido                                    Instancia, Sala de
                                                       Guaynabo
                v.                 KLCE202400021
                                                       Civil Núm.:
  CONSEJO TITULARES,                                   BYL1402023-06894
 JUNTA DE DIRECTORES                                   (101)
 DEL CONDOMINIO VILLA
       CAPARRA                                         Sobre: Ley 140

        Peticionarios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

      Comparece ante nos el Consejo de Titulares del Condominio

Villa Caparra Plaza y su Junta de Directores, (en conjunto “los

Peticionarios”), mediante Petición de certiorari presentada el 8 de

enero de 2024. Nos solicitan que revisemos la Orden emitida el 1 de

diciembre de 2023, notificada el día 12 del mismo mes y año, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Guaynabo (“foro

primario” o “foro a quo”). Mediante la referida orden, el foro primario

declaró No Ha Lugar a la solicitud de desestimación presentada por

los Peticionarios.

      Por       los     fundamentos        expuestos   a    continuación,

DESESTIMAMOS la presente causa de acción, por falta de

jurisdicción.

                                      I.

      El 20 de septiembre de 2023, el señor Carlos M. Castellón

Nigaglioni (“Sr. Castellón Nigaglioni”), el señor Christian Gabriel

Ojeda Pérez y su esposa la señora Sofia Teresa Rivera Grunder

(“matrimonio Ojeda-Rivera”), (todos en conjunto, “los Recurridos”),

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLCE202400021                                                                       2

instaron una Querella1 al amparo de la Ley sobre Controversias y

Estados Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de junio de

1974, según enmendada, 32 LPRA sec. 2871 et seq., (“Ley 140-

1974”), contra los Peticionarios. En síntesis, la parte Recurrida alegó

que el Sr. Castellón Nigaglioni era propietario de un apartamento del

Condominio Villa Caparra Plaza (“Condominio”) y a su vez,

arrendatario de un apartamento perteneciente al matrimonio Ojeda-

Rivera. Adujeron que el matrimonio Ojeda-Rivera adquirió un

vehículo     eléctrico        y    la    señora       Evelyn    Mojica      Machuca,

Administradora del Condominio (“Administradora”), les envió una

propuesta para instalar en su estacionamiento privado un medidor

autocontenido para mantener un récord del consumo del cargador

del   vehículo,     propuesta           que    fue    alegadamente       aceptada   y

sufragados los gastos por dicha parte.

       Según alegaron los Recurridos, que la Administradora emitió

una comunicación al Sr. Ojeda, informándole que el circuito que

había sido aprobado para su estacionamiento sería removido. Ello,

debido a que la Asamblea celebrada el 29 de marzo de 2023 se

rechazó un proyecto presentado por Junta de Directores dirigido a

regular     la    instalación           de    metros     de    uso    común     para

estacionamientos         de       visitas     del    Condominio      para   vehículos

eléctricos. Siendo así, la Administradora le comunicó que sería

removido el cargador de su estacionamiento privado y restringió el

servicio eléctrico del receptáculo que utilizaba para recargar el

vehículo. Por tales razones, solicitaron los siguientes remedios

provisionales: 1) que se ordenara el servicio eléctrico del receptáculo

del estacionamiento; y 2) que se le brindara un permiso provisional

de recargar su vehículo en su estacionamiento privado bajo su

responsabilidad y costo.

1 Apéndice certiorari, págs. 1-13.
KLCE202400021                                                      3

        Así las cosas, el 2 de noviembre de 2023, los Peticionarios

presentaron Moción de Desestimación.2 Por virtud de esta, señalaron

que, de conformidad con la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley

Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada, 31 LPRA

1921 et seq., (“Ley 129-2020”), el Departamentos de Asuntos del

Consumidor ostenta jurisdicción primaria y exclusiva para atender

reclamos relacionados a las acciones u omisiones de la Junta de

Directores y Administradores del condominios de uso residencial.

Sostuvieron que la Ley 140-1974, supra, solo le confiere jurisdicción

al foro primario para atender controversias entre vecinos que afecten

la convivencia y el orden social. En vista de ello, procede la

desestimación con perjuicio de la reclamación.

       En respuesta, el 21 de noviembre de 2023, los Recurridos

presentaron su oposición mediante escrito intitulado Querella. En

este, alegaron que el Artículo 39(a) de la Ley 129-2020, supra,

faculta al foro primario a emitir cualquier remedio provisional al

amparo de la Ley 140-1974, supra. A su vez, sostuvieron que el

Artículo 2 de la Ley 140-1974, supra, dispone que el foro primario

podrá resolver aquellas controversias en las que se alegue la

existencia de perturbaciones que interrumpan el libre uso de la

propiedad, como se alega en el presente caso. Siendo así,

argumentaron que no procedía la desestimación de la reclamación.

       Evaluados los argumentos de las partes, el 1 de diciembre de

2023, notificada el 12 del mismo mes y año, el foro a quo emitió la

Orden recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por la parte Peticionaria.

       En desacuerdo, el 19 de diciembre de 2023, los Peticionarios

presentaron Moción de Reconsideración. No obstante, el 20 de

diciembre de 2023, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud

2 Íd, págs. 15-17.
KLCE202400021                                                       4

de reconsideración instada por los Peticionarios. Cabe destacar que

dicha determinación fue notificada el 10 de enero de 2024.

      Sin que fuera notificada la determinación del foro

primario sobre la reconsideración, el 8 de enero de 2024, los

Peticionarios acudieron ante esta Curia mediante Petición de

certiorari, en la que le imputaron al foro primario la comisión del

siguiente error:

      Erró el TPI al no desestimar el caso ante la clara falta
      de jurisdicción.

      Acompañó su recurso con una Moción en auxilio de jurisdicción

para la paralización de los procedimientos ante el TPI, la cual

declaramos No Ha Lugar mediante la presente Resolución.

      A su vez, el 9 de enero de 2024, los Recurridos presentaron

Moción en cumplimiento de orden y en oposición a moción en auxilio

de jurisdicción y paralización de los procedimientos ante el TPI.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                  II.
                          A. Jurisdicción

      Como cuestión de umbral, antes de considerar los méritos de

un recurso, a este Tribunal le corresponde determinar si posee

jurisdicción para atender el recurso ante su consideración. SLG

Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). “[L]a

jurisdicción es la autoridad con la que cuenta el tribunal para

considerar y decidir los casos y controversias que tiene ante sí”.

Miranda Correa v. Departamento de Desarrollo Económico et als., 211

DPR ___ (2023), 2023 TSPR 40, resuelto el 3 de abril de 2023,

citando a Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384

(2022). “Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos

guardianes de su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción
KLCE202400021                                                           5

para asumir jurisdicción allí donde no la hay”. Beltrán Cintrón et al.

v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020); García Ramis v. Serrallés, 171

DPR 250, 254 (2007). Esto nos impone el deber de examinar la

jurisdicción antes de expresarnos.

      Cuando los tribunales carecen de jurisdicción deberán así

declararlo y desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort &

Casino, 176 DPR 848, 855-856 (2009). Sobre ello, nuestra máxima

Curia ha expresado lo siguiente:

             Reiteradamente hemos expresado que la ausencia de
      jurisdicción sobre la materia da lugar a las consecuencias
      siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las
      partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal
      como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad
      de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el
      ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5)
      impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la
      jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede
      presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a
      instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Beltrán
      Cintrón et al. v. ELA et al., supra, págs. 101-102 (Comillas y
      citas omitidas). Véase, además, SLG Solá-Moreno et al. v.
      Bengoa Becerra, supra, pág. 682.

      Como corolario de ello, la Regla 83(C) del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), nos faculta, a iniciativa

propia, a desestimar un recurso por falta de jurisdicción. “Una

apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío,

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Juliá et al v. Epifanio

Vidal, SE, 153 DPR 357, 366 (2001).

                   B. Moción de Reconsideración

   Como es sabido, el inciso (e) (2) de la Regla 52.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, dispone que el término para acudir

ante el Tribunal de Apelaciones quedará interrumpido mediante la

presentación oportuna de una moción de reconsideración, resuelta

de manera definitiva por el foro primario, sujeto a lo dispuesto a la

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, R. 47.

   En lo pertinente, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra,

establece lo siguiente:
KLCE202400021                                                          6

             La parte adversamente afectada por una orden o
      resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá
      presentar, dentro del término de cumplimiento estricto de
      quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden
      o resolución, una moción de reconsideración de la orden o
      resolución.
            La parte adversamente afectada por una sentencia del
      Tribunal de Primera Instancia podrá presentar, dentro del
      término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de
      archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia,
      una moción de reconsideración de la sentencia.
             La moción de reconsideración debe exponer con
      suficiente particularidad y especificidad los hechos y el
      derecho que la parte promovente estima que deben
      reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales
      relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes
      o conclusiones de derecho materiales.
             La moción de reconsideración que no cumpla con las
      especificidades de esta regla será declarada ‘sin lugar’ y se
      entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir.
      Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán
      interrumpidos los términos para recurrir en alzada para
      todas las partes. Estos términos comenzarán a correr
      nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos
      copia de la notificación de la resolución resolviendo la
      moción de reconsideración. […]. (Énfasis nuestro).

      En términos generales, una moción de reconsideración

permite que la parte afectada por un dictamen judicial pueda

solicitar al tribunal que considere nuevamente su decisión, antes de

recurrir al Tribunal de Apelaciones. Morales y otros v. The Sheraton

Corp., 191 DPR 1, 7 (2014). Según el criterio del tratadista Cuevas

Segarra, el objetivo de esta moción es darle la oportunidad al

tribunal que dictó la sentencia cuya reconsideración se solicita para

que pueda enmendar o corregir los errores que hubiese incurrido al

dictar la misma.     Por ello, los tribunales de instancia tienen la

facultad de enmendar o dejar sin efecto algún dictamen emitido,

mediante    la   oportuna     presentación      de   una     moción    de

reconsideración. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, 2da ed., Estados Unidos, Pubs. JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1373.

      Nuestro foro de mayor jerarquía ha manifestado que, una vez

presentada la moción de reconsideración de manera oportuna,

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para

todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente

desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de
KLCE202400021                                                                      7

la resolución resolviendo la moción. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz,

192 DPR 989, 1000 (2015). (Énfasis nuestro). Es decir, la mera

presentación        oportuna        paraliza     automáticamente      el    término

concedido en ley para acudir ante un tribunal de mayor jerarquía

que comenzará a transcurrir una vez se resuelva definitivamente la

solicitud de reconsideración. Morales y otros v. The Sheraton Corp.,

supra.

                                          III.

      Antes de entrar en los méritos de los reclamos presentados

por la parte aquí Peticionaria, este foro tiene el deber ineludible de

auscultar     si        ostenta   jurisdicción      sobre    el   caso     ante   su

consideración. SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, supra.

Efectuado tal ejercicio, notamos que esta Curia carece de

jurisdicción para atender el presente caso, por tal razón, nos

tenemos otra alternativa que desestimarlo.

      En el caso de autos, la parte Peticionaria nos solicita que

revoquemos una Orden emitida el 1 de diciembre de 2023,

notificada el 12 del mismo mes y año. Inconforme con la

determinación del foro primario, el 19 de diciembre de 2023, los

Peticionarios presentaron Moción de Reconsideración. Como puede

observarse,        el     término     para       recurrir   de    dicha Orden fue

interrumpido por la oportuna presentación de la aludida moción de

reconsideración. Al próximo día, el 20 de diciembre de 2023, el foro

primario emitió Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración.          Sin     embargo,        dicha     determinación         fue

notificada el 10 de enero de 2024.

      En el presente caso, la parte Peticionaria acudió ante esta

Curia el 8 de enero de 2024 mediante Petición de Certiorari y a esta

fecha el foro primario no había notificado su Orden emitida el

20 de diciembre de 2023, en la que había denegado la solicitud

de   reconsideración.             Según      expusimos,      la   Regla     47    de
KLCE202400021                                                      8

Procedimiento Civil, supra, establece que “[u]na vez presentada la

moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para

recurrir en alzada para todas las partes. Estos            términos

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se

archiva en autos copia de la notificación de la resolución

resolviendo la moción de reconsideración.” En el caso de autos,

el término para acudir ante este foro comenzó a cursar a partir del

10 de enero de 2024, fecha en la que el foro primario notificó su

Orden sobre la reconsideración instada por la parte Peticionaria. No

obstante, el 8 de enero de 2024, los Peticionarios instaron el

presente recurso de certiorari, de manera prematura. A tenor con lo

anterior, carecemos de jurisdicción para atender el recurso de

epígrafe.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. A su vez, declaramos

No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción.

      Notifíquese inmediatamente a la Hon Eillim Torres Ríos y

demás partes.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones