Court Opinion

ID: 9952332
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:42:09.433505+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:48.435953
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

    FANNY HERNÁNDEZ SÁEZ                        Apelación
                                                procedente del
         Parte Apelante                         Tribunal de
                                                Primera
               v.                               Instancia, Sala
                                  KLAN202400072 de Familia y
    RUBÉN LÓPEZ VALENTÍN                        Menores de
         Parte Apelada                          Bayamón

                                                      Civil Núm.:
                                                      D AL2016-1308

                                                      Sobre:
                                                  Alimentos
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2024.

      Comparece Fanny Hernández Sáez (Sra. Hernández Sáez)

mediante recurso de apelación y solicita que revoquemos la orden

emitida y notificada el 6 de diciembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia (TPI), Sala de Relaciones de Familia y Menores de

Bayamón. Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó la

solicitud de revisión de pensión alimentaria incoada por la Sra.

Hernández Sáez.

      El 1 de febrero de 2024, emitimos una resolución mediante la

cual acogimos la apelación presentada por la Sra. Hernández Sáez

como un recurso de certiorari1 y concedimos al señor Rubén López

Valentín (Sr. López Valentín) un término para presentar su oposición

a la expedición del auto. Transcurrido dicho término sin que éste

hubiera comparecido, damos por perfeccionado el recurso y

procedemos a su adjudicación.

1No obstante, conservamos el alfanumérico designado por la Secretaría al
momento de su presentación.

Número Identificador
SEN2024________________
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         Evaluado el escrito de la Sra. Hernández Sáez y los

documentos que obran en autos, y por los fundamentos que se

exponen a continuación, expedimos el auto de certiorari y revocamos

la orden recurrida.

                                       I.

         Según surge de los documentos que componen el apéndice del

recurso, el 8 de junio de 2022, el TPI dictó una resolución mediante

la cual impartió su aprobación a la recomendación de la oficial

examinadora y aumentó provisionalmente a $458.09 mensual la

pensión alimentaria impuesta al señor Rubén López Valentín (Sr.

López Valentín) en beneficio del hijo procreado entre las partes,

retroactiva al 15 de noviembre de 2021 y efectiva al 6 de junio de

2022.2

         Más adelante, el 7 de diciembre de 2022, el TPI dictó una

sentencia a base de un posterior informe y estableció como final la

pensión alimentaria de $458.09 mensual, efectivo a ese mes y año.3

         Subsiguientemente, el 22 de febrero de 2023, el Sr. López

Valentín presentó una Moción por Derecho Propio en la que informó

y acompañó la copia de la petición que radicó el 21 de febrero de

2023 ante el Tribunal Federal de Quiebras de Puerto Rico, caso

núm. 23-00482-13. Solicitó que se le permitiera “solicitar asistencia

legal” para el caso de alimentos y que se le cursara a su dirección

postal toda documentación y notificaciones relacionadas a este

caso.4

         Así las cosas, el 6 de noviembre de 2023, la Sra. Hernández

Sáez solicitó la revisión de la pensión alimentaria. Adujo que en el

caso federal de quiebras el Sr. López Valentín había comunicado a

sus acreedores que tenía un ingreso mensual ascendente a

2 Apéndice del recurso, págs. 16-20.
3 Íd., págs. 12-13.
4 Íd., pág. 21.
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$4,000.00; es decir, un ingreso mayor al de $2,180.52 informado al

momento en que se llevó a cabo el proceso de revisión de la pensión

alimentaria. La Sra. Hernández Sáez arguyó que ello representaba

un cambio económico sustancial en las circunstancias del padre

alimentante, que ameritaba la modificación del decreto de

alimentos, aun cuando no habían transcurrido los tres (3) años que

establece la ley. Por tanto, solicitó que se pautara una vista ante la

examinadora de pensiones alimentarias a los fines de que se

evaluara su solicitud. Para sostener su alegación, la promovente

acompañó copia de la hoja del detalle de ingresos del Sr. López

Valentín que consta en el expediente del caso de quiebras.

       El 6 de diciembre de 2023, el TPI dictó y notificó la orden que

denegó la solicitud de revisión de pensión alimentaria incoada por

la Sra. Hernández Sáez. Expresó el tribunal que “[l]as necesidades

del menor no han cambiado en menos de un año”5.

       El 21 de diciembre de 2023, la Sra. Hernández Sáez incoó una

moción de reconsideración. Adujo que la Ley Orgánica de la

Administración para el Sustento de Menores, infra, establece que un

tribunal puede reexaminar un decreto de alimentos antes de que

transcurra el periodo de tres (3) años - desde la fecha en que la orden

de pensión alimentaria fue emitida o modificada - no tan solo

cuando existan cambios sustanciales en las circunstancias del

alimentista, sino también cuando ocurran cambios significativos o

imprevistos en los ingresos del alimentante, tal y como sucedió en

el caso del Sr. López Valentín. De tal forma, la Sra. Hernández Sáez

reiteró su solicitud de revisión de la pensión alimentaria impuesta

al Sr. López Valentín para beneficio del hijo de ambos.

       Mediante orden emitida y notificada el 22 de diciembre de

2023, el TPI denegó la solicitud de reconsideración.

5 Apéndice del recurso, pág. 2.
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         Inconforme, el 22 de enero de 2024, la Sra. Hernández Sáez

instó el presente recurso y apuntó el siguiente señalamiento de

error:

         Erró el TPI al no considerar un cambio económico
         sustancial del alimentante como uno de los factores
         para permitir la revisión de pensión.

                                      II.

                                     -A-

         El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal     de   mayor     jerarquía       revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.6

         Al ser un recurso extraordinario de carácter discrecional, este

solo se expedirá en aquellas instancias específicas que delimita la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil7. La citada Regla establece que el

recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una orden o

resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de

la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del foro

apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.8 Según

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que

fundamentar su decisión.9

6 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
8 Íd.
9 Íd.
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       Si se determina que el recurso cumple con alguna de los

supuestos de la Regla 52.1, entonces, debemos atender la solicitud

a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro

Reglamento10. Por tanto, al momento de valorar la actuación del foro

de primera instancia, examinaremos lo siguiente:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
       a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.11 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

       Por consiguiente, este Tribunal no habrá de intervenir con el

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en

“un craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
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derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial”.12

                                        -B-

       En nuestra jurisdicción, los menores tienen un derecho

fundamental a recibir alimentos que emana de la cláusula

constitucional del derecho a la vida consagrado en la Carta de

Derechos de la Constitución de Puerto Rico.13 Es por ello, que estos

casos están revestidos del más alto interés público, cuyo interés

principal es el bienestar del menor.14

       La obligación de alimentar al menor es inherente a la

maternidad y la paternidad, esta recae sobre los obligados desde el

momento en que la relación filial queda establecida legalmente.15

Esta obligación es personal de cada uno de los progenitores por lo

que debe ser satisfecha del propio peculio y de forma proporcional a

sus recursos y a la necesidad del menor.16

       Por tanto, el esquema conlleva hacer un balance entre los

intereses del menor y la capacidad económica de los responsables

de costear sus necesidades.17 La determinación de la cuantía de los

alimentos corresponde al prudente arbitrio del juzgador, quien debe

velar que ésta cumpla con el principio de proporcionalidad.18

       Las determinaciones de alimentos no constituyen cosa

juzgada y están sujetos a ser revisados cuando transcurran tres (3)

años desde la fecha en que se decretó. No obstante, el tribunal, a

petición de parte o motu proprio, puede reexaminar un decreto

alimentario aun cuando no hayan pasado los tres (3) años si estima

12 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Cruz

Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
13 Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022).
14 Íd.; Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012).
15 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 718; Santiago, Maisonet v. Maisonet

Correa, supra, págs. 560-561.
16 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra; Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202

DPR 93, 108 (2019).
17 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra.
18 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 561.
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que hay justa causa para hacerlo. Es decir, si existe un cambio

sustancial en las circunstancias iniciales en que se determinó la

pensión. La justa causa puede consistir en: (1) variaciones o

cambios significativos o imprevistos en los ingresos, capacidad de

generar ingresos, egresos, gastos o capital del alimentante o

alimentista, o en los gastos, necesidades o circunstancias del menor,

o (2) cuando exista cualquier prueba de cambio sustancial en

circunstancias.19

       El cambio sustancial en las circunstancias es "aquel que

afecta la capacidad del alimentante para proveer los alimentos o las

necesidades de los alimentistas”.20 Además, la legislación reconoce

que “el requisito de cambio significativo o imprevisto en las

circunstancias de alguna de las partes se cumple si de la aplicación

de las Guías para computar las pensiones alimentarias en Puerto

Rico, adoptadas según se dispone en este capítulo, resulta una

pensión alimentaria diferente a la pensión corriente en vigor”.21

       El Tribunal Supremo, citando a la Lcda. Sarah Torres

Peralta22, menciona las razones que fundamentan la normativa de

cambios de circunstancias al expresar que:

       [l]a vigencia del decreto alimentario queda sujeta a las
       circunstancias cambiantes, y a los cambios
       sustanciales o imprevistos, tanto respecto a la
       capacidad de los alimentantes como en cuanto a las
       necesidades de los alimentistas. El mero paso del
       tiempo; el crecimiento de los hijos, los costos escolares
       en aumento; iguales aumentos en todos los renglones
       de la crianza - comida, ropa, habitación, vestimenta,
       asistencia médica, rentas o plazos hipotecarios del
       techo del alimentista, aumento en general del costo de
       vida entre otros. Además, se asume que el alimentante,
       por su parte, va progresando en su empleo o en su
       empresa o negocio o en el trabajo en que se desempeña.
       También puede ocurrir a la inversa, que los recursos del
       alimentante vengan a menos; o que las necesidades de

19 Artículo 19 (c) de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de
Menores, Ley Núm. 5 de 30 diciembre de 1986, 8 LPRA sec. 518; Pesquera Fuentes
v. Colón Molina, supra, págs. 105-107.
20 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, pág. 107, citando a McConnell v. Palau,

161 DPR 734, 748 (2004).
21 8 LPRA sec. 518.
22 S. Torres Peralta, El Derecho Alimentario en Puerto Rico, San Juan, 2006, T. I,

págs. 7.01-7.02.
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          los alimentistas disminuyan con el paso del tiempo -
          graduaciones, matrimonios, vida independiente de los
          hijos, herencias; fracaso en los negocios, pérdida o
          cambio de empleo o cualquier otro evento que tenga el
          efecto de permitir aumentos o disminuciones en la
          pensión previamente fijada.23

          Ahora bien, en los casos en que se solicita una modificación

de pensión cuando aún no han transcurrido los tres (3) años

dispuestos en la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento

de Menores24, la situación evidenciaria dependerá de si se trata de

una solicitud de aumento o de una solicitud de reducción. En el

primer caso, el peso de la prueba recae sobre el reclamante del

aumento, quien debe demostrar que ha ocurrido un cambio

sustancial en las circunstancias que estaban presentes al fijarse la

pensión. En el segundo caso, el peso de la prueba recae en el que

solicita la rebaja.25

                                  III.

          La citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil faculta a este

tribunal para revisar, por excepción, órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurre de decisiones

en casos de relaciones de familia. Tras un detenido examen del

expediente, concluimos que la Sra. Hernández Sáez presenta un

planteamiento meritorio y propicio para dilucidarse en esta etapa

procesal. Por tanto, ejercemos nuestra discreción en ánimo de evitar

un fracaso de la justicia y, conforme a los criterios que nos guían,

expedimos el auto de certiorari.

          En el presente caso, el TPI fijó la pensión alimentaria el 7 de

diciembre de 2022, por lo que a la fecha en que la Sra. Hernández

Sáez presentó su solicitud de revisión de pensión (6 de noviembre

de 2023), aún no había transcurrido un año del decreto. No

obstante, en su solicitud de revisión, la Sra. Hernández Sáez informó

23 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, pág. 107.
24 Ley Núm. 5 de 30 diciembre de 1986, 8 LPRA sec. 501 et seq.
25 McConnell v. Palau, supra, pág. 750; Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VII,

R. 110.
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un incremento en los ingresos del Sr. López Valentín, el cual adujo

que representa un cambio sustancial en las circunstancias

económicas de dicho alimentante y, a su vez, justificaba que la

pensión fuese revisada antes del periodo de tres (3) años. Además,

la Sra. Hernández Sáez presentó prueba en apoyo de su alegación.

       El foro de primera instancia denegó la solicitud de la Sra.

Hernández Sáez basado en que “[l]as necesidades del menor no

habían cambiado en menos de un año”.

       Sin embargo, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 19 (c) de

la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores 26,

un tribunal puede reexaminar un decreto alimentario aun cuando

no hayan pasado tres (3) años desde la fecha en que la orden de

pensión alimentaria fue emitida o modificada, tanto cuando existan

cambios sustanciales en las circunstancias del alimentista, como

cuando surgen en las circunstancias del alimentante, tales como

variaciones o cambios significativos en sus ingresos.

       Habida cuenta de lo anterior, la solicitud de revisión de

pensión presentada por la Sra. Hernández Sáez amerita ser

evaluada por el TPI para determinar si, en efecto, se ha suscitado

un cambio sustancial en las condiciones económicas del Sr. López

Valentín     que     justifiquen    una   modificación   a   su    obligación

alimentaria.

       Por    consiguiente,        revocamos   el   dictamen      apelado   y

devolvemos el caso para que el foro primario evalúe si efectivamente

ha ocurrido un cambio sustancial en las circunstancias económicas

del Sr. López Valentín que estuvieron presentes al fijarse la pensión.

                                       IV.

       Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la orden apelada. Se devuelve el caso al

26 Supra, nota 12.
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Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de forma consistente con esta sentencia.

     Notifíquese.

     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones