Court Opinion

ID: 9690469
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-24 19:14:09.256924+00
Date Added: 2024-06-11T09:10:02.431227
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

 LUIS JACOBO RIVERA                                CERTIORARI
      MERCADO                                      procedente del
                                                   Tribunal de Primera
          Apelante                                 Instancia, Sala
                               KLAN202300559       Superior de Aibonito
              v.

 ALEXANDRA T. RIVERA                               Civil núm.:
      MIRANDA                                      AI2021CV00416

            Apelada
                                                   Sobre: Daños y
                                                   Perjuicios

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Sr. Luis

Jacobo Rivera Mercado (el señor Rivera Mercado o el apelante)

mediante el recurso de Apelación de epígrafe solicitándonos la

revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Aibonito (el TPI) el 25 de abril de 2023,

archivada en autos el 28 de abril siguiente. Mediante dicho

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar a la Solicitud de Sentencia

Sumaria presentada por la Sra. Alexandra T. Rivera Miranda (la

señora Rivera Miranda o la apelada) por lo cual ordenó la

desestimación de la demanda con perjuicio.

      Por    los    fundamentos      que   exponemos   a   continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                      I.

      El 3 de noviembre de 2021 el señor Rivera Mercado presentó

una Demanda en Daños y Perjuicios contra la señora Rivera

Miranda. Alegó que el 5 de noviembre de 2019 le fue hurtado su

vehículo, un Honda Ridgeline 2017 y que se comunicó con la

Número Identificador
SEN2023 __________________________
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apelada para informar lo ocurrido para así someter una reclamación

a la aseguradora. Arguyó que la apelada le indicó que su póliza había

sido cancelada por falta de pago desde el 28 de agosto de 2019.1 En

síntesis, adujo que las actuaciones negligentes de esta, como

representante autorizada, fue la causa próxima que provocó la

cancelación de la póliza expedida por Universal Insurance. En

consecuencia, solicitó una compensación total de $54,005.35 más

$2,000 en honorarios de abogado.

        El 17 de enero de 2022 la apelada contestó la demanda

negando los hechos esenciales a la misma. Entre sus defensas

afirmativas invocó la prescripción de la causa de acción.2 De igual

manera, adujo que el término prescriptivo no se interrumpió

apropiadamente.

        Una vez culminado el descubrimiento de prueba, la señora

Rivera Miranda instó una Solicitud de Sentencia Sumaria y el

apelante se opuso a la misma. El 17 de noviembre de 2022 el TPI

dictó una Resolución declarando No Ha Lugar el petitorio. Razonó

que la apelada “no incluyó en su solicitud de sentencia sumaria una

relación concisa de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre

los cuales no hay controversia sustancial, con referencia a los

párrafos o páginas de declaraciones juradas u otra evidencia donde

se establezcan los mismos, incumpliendo así con la Regla 36.3(a)(4)

de Procedimiento Civil”.3 También el foro apelado concluyó que “…

tampoco indicó la causa de acción, reclamación o parte respecto a

la cual es solicitada la sentencia sumaria, ni expresó las razones por

las cuales debe ser dictada la sentencia, […]”. Íd.

        Inconforme, la señora Rivera Miranda presentó una oportuna

solicitud de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 2.
2 Íd., a la pág. 44.
3 Íd., a la pág. 161.
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mediante una Resolución emitida el 21 de noviembre de 2022,

notificada el 23 del mismo mes y año. Aún insatisfecha con dicha

decisión, acudió ante este foro intermedio mediante el recurso de

Certiorari (KLCE202201394). El 9 de febrero de 2023 esta Curia

dictó una Sentencia expidiendo el recurso y revocando la referida

resolución al concluir que la apelada, como promovente de la

sentencia sumaria, cumplió con las disposiciones de la Regla

36.3(a)(4) de las de Procedimiento             Civil, antes citada. En

consecuencia, devolvimos el caso al foro primario para que evaluara

el petitorio sumario instado según dispone la Regla 36 de las de

Procedimiento Civil.

        Recibido el Mandato y luego de evaluar las mociones

presentadas por las partes, el foro a quo dictó la Sentencia apelada

en la cual consignó veintisiete (27) determinaciones de hechos. El

foro primario concluyó lo siguiente:4

              De las determinaciones de hechos materiales surge
           que en ningún momento Rivera Mercado le solicitó
           restitución financiera a Rivera Miranda. Tampoco
           surge de las alegaciones de la Demanda, de las
           determinaciones de hechos ni de la Oposición de Rivera
           Mercado que el término prescriptivo de un año haya
           sido interrumpido en algún momento. Por tanto, el
           término prescriptivo transcurrió sin interrupción
           extrajudicial alguna.
              Por último, en apoyo a su Oposición […] Rivera
           Mercado incluyó una Orden emitida por la Oficina del
           Comisionado de Seguros de Puerto Rico en el Caso
           Número CM-2021-34 en contra de Rivera Miranda y
           sobre violaciones a distintos artículos del Código de
           Seguros de Puerto Rico. De la Orden del referido caso
           surge que la misma está relacionada a infracciones
           administrativas de Rivera Miranda en su despliegue
           laboral.
                  Mediante mencionado proceso administrativo,
           Rivera Mercado no solicitó restitución alguna. Es decir,
           no están relacionadas y mucho menos tienen peso
           alguno en torno a la causa de acción presentada en el
           caso de epígrafe. Dado lo anterior y aun cuando no fue
           propiamente alegado por Rivera Mercado, el proceso
           administrativo no tuvo efecto interruptor alguno de
           la causa de acción civil de daños y perjuicios.
           (Énfasis nuestro)

4 Íd., a la pág. 294.
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        En    desacuerdo   el   señor   Rivera   Mercado   solicitó   la

reconsideración en la cual, entre otros aspectos, insiste en que “el

término prescriptivo de un año quedó debidamente interrumpido

con la Reclamación ante la Oficina del Comisionado de Seguros el

pasado mes de diciembre de 2019.”5 El 24 de mayo de 2023,

notificada el 26 de mayo siguiente, el TPI declaró No Ha Lugar el

petitorio.

        Aún inconforme, el señor Rivera Mercado acude ante este

tribunal intermedio imputándole al foro de primera instancia la

comisión de los siguientes errores:

           ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA, COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EN
           DERECHO Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL
           ENTENDER SUMARIAMENTE LA CONTROVERSIA DE
           AUTOS.

           ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA, COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EN
           DERECHO Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL
           DESCARTAR LA CONSIDERACIÓN DE PRECEDENTE
           DETERMINACIÓN ADVENIDA, FINAL Y FIRME.

           ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA, COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EN
           DERECHO Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN, AL
           INCUMPLIR    CON   APLICABLE    NORMATIVA
           ESTATUTARIA QUE COMENDA LA IMPROCEDENCIA
           DE ALCANZAR CONCLUSIONES DE DERECHO
           SOBRE ASUNTOS QUE NO HAN SIDO DEBIDAMENTE
           PROBADOS COMO HECHOS.

           ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA, COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EN LA
           INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DISPONIBLE A
           CONSIDERACIÓN JUDICIAL.

        El 29 de junio de 2023 dictamos una Resolución concediendo

a la parte apelada el término de treinta (30) días para expresarse. El

21 de julio de 2023 se cumplió con lo ordenado mediante escrito

intitulado Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. Así, nos

damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.

        Analizados los escritos y el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

5 Íd., a la pág. 313.
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                                 II.

El mecanismo de sentencia sumaria

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univisión

PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR

503, 511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal

examinará los documentos admisibles en evidencia que se

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran

en el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189

DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526,

550 (2007). Una vez el tribunal determine que no existe una

controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en vista

evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho,

procederá a dictar la sentencia sumaria. Audio Visual Lang. v. Sist.

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).

      Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los

casos permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar

una   vista   evidenciaria,   cuando   de    los   documentos    no

controvertidos que se acompañan con la solicitud y de la

totalidad de los autos, surge que no existe controversia sobre los

hechos materiales, por lo cual solo corresponde aplicar el

derecho. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; Medina v. M. S.

& D. Química P.R. Inc., 135 DPR 716, 726 (1994); Cuadrado Lugo v.

Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990).

      Por otro lado, la parte contra quien se pide una sentencia

sumaria debe oponerse y tiene que controvertir la prueba que

presenta el promovente con prueba documental. No puede

descansar en sus alegaciones y está obligada a contestar detallada

y específicamente los hechos pertinentes que demuestren que existe

una controversia real y sustancial que amerita dilucidarse en un
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juicio plenario. Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525

(1983); Ramos Pérez v. Univisión PR Inc., supra.

      En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal

de Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra,

a la pág. 115. En Meléndez González, el Tribunal Supremo atemperó

este estándar a las exigencias de las nuevas Reglas de Procedimiento

Civil y a lo que ya había establecido hace una década en Vera v. Dr.

Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). Así las cosas, consignó el

siguiente estándar:

        “Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v.
        Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se
        encuentra en la misma posición del Tribunal de
        Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de
        Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la
        Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los
        mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le
        exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo
        intermedio estará limitado en cuanto a que no puede
        tomar en consideración evidencia que las partes no
        presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y
        tampoco adjudicar los hechos materiales en
        controversia, ya que ello le compete al foro primario
        luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión
        del Tribunal de Apelaciones es de novo y debe examinar
        el expediente de la manera más favorable hacia la parte
        que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el
        foro primario, llevando a cabo todas las inferencias
        permisibles a su favor.

        Segundo, por estar en la misma posición que el foro
        primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que
        tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su
        Oposición cumplan con los requisitos de forma
        codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil,
        supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. J.F.
        Montalvo, supra.

        Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
        dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones
        debe revisar si en realidad existen hechos materiales en
        controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio
        tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
        Procedimiento Civil y debe exponer concretamente
        cuáles hechos materiales encontró que están en
        controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta
        determinación se puede hacer en la Sentencia que
        disponga del caso y puede hacer referencia al listado
        numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro
        primario en su Sentencia.
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           Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos
           materiales realmente están incontrovertidos, el foro
           apelativo intermedio procederá entonces a revisar de
           novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó
           correctamente el Derecho a la controversia.”
           [Énfasis nuestro]. Meléndez González et al. v. M.
           Cuebas, supra, a las págs. 118-119.

La Prescripción

         Como es sabido, mediante la Ley núm. 55-2020 se adoptó el

nuevo Código Civil de Puerto Rico y su vigencia se fijó a partir de los

ciento      ochenta     (180)      días     de     su     aprobación,       es

decir, el 28 de noviembre de 2020. Por ende, los hechos del presente

caso tienen su génesis en momentos previos a la vigencia del nuevo

cuerpo legal. Así procede la aplicación de las disposiciones del

derogado Código Civil de 1930 y su jurisprudencia interpretativa.

Puntualizamos que el Código Civil de 2020 mantiene la figura de la

prescripción, su interrupción y suspensión en el Capítulo V.6

         La prescripción de las acciones es un asunto de derecho

sustantivo, no procesal, que persigue “evitar la incertidumbre de las

relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los

derechos.” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147

(2008). Conforme el Artículo 1861 del Código Civil de 1930

(derogado), 31 LPRA sec. 5291, “[l]as acciones prescriben por el mero

lapso del tiempo fijado por la ley”. De no existir una disposición

especial que determine otra cosa, el tiempo para la prescripción de

toda clase de acciones se contará desde el día en que se pudo

ejercitar. Artículo 1869, supra, 31 LPRA sec. 5299.

         En lo aquí pertinente, las acciones al amparo del Artículo

1802, supra, 31 LPRA sec. 5141, estas prescriben por el transcurso

de un año desde que lo supo el agraviado. Artículo 1868, supra, 31

LPRA sec. 5298. Es decir, la teoría cognoscitiva del daño dispone

que el término prescriptivo comienza a correr desde que el agraviado

conoce: (1) del daño o desde que razonablemente debió conocerlo;

6 Véanse, los Artículos 1189, 31 LPRA sec. 9481 al Artículo 1205, 31 LPRA 9497.
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(2) quién fue el autor del mismo, y (3) los elementos necesarios para

ejercitar efectivamente la causa de acción. Toro Rivera v. ELA, 194

DPR 393, 416 (2015).

      Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico se reconocen (3)

tres formas de interrumpir la prescripción de las acciones, a saber:

(1) su ejercicio ante los tribunales; (2) por reclamación extrajudicial

del acreedor; y (3) por cualquier acto de reconocimiento de la deuda

por el deudor, según dispuesto en el Artículo 1873, supra, 31 LPRA

sec. 5303. El efecto de la utilización de un mecanismo que

interrumpa el término prescriptivo “es que el plazo de prescripción

debe volver a computarse por entero desde el momento en que se

produce el acto que interrumpe. [citas omitidas].” Sánchez v. Aut. de

los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). Al respecto, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha establecido que: “los actos interruptivos

representan la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. [citas

omitidas].” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 148

(2008). Además, no es necesario que la reclamación extrajudicial

tenga una forma determinada. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra,

a la pág. 568. No obstante, debe tratarse de una verdadera

reclamación. G. Orozco Pardo, De la prescripción extintiva y su

interrupción en el Derecho Civil, Granada, Editorial Comares, 1995,

a la pág. 278. De hecho, en la reclamación extrajudicial “no hay

relación limitativa hecha por la ley sobre qué actos son los que se

incluyen en esta causa interruptiva, admitiendo como tales todos

aquellos en que la voluntad del acreedor quede patente. [citas

omitidas].” Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra, a la pág. 569.

      Ahora bien, cualquiera sea su forma, para que interrumpa el

término prescriptivo, la reclamación extrajudicial tiene que cumplir

con los siguientes requisitos: (1) que sea oportuna, es decir, que se

realice antes de la consumación del plazo; (2) que se haga por el
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titular del derecho o acción, o sea, por la persona legitimada para

ello; (3) que el medio utilizado sea adecuado o idóneo; y (4) que exista

identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la

prescripción. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra, a las págs. 568-

569; Galib Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560, 567 (1995). Esto

quiere decir que la reclamación extrajudicial es eficaz siempre que

sea dirigida al sujeto pasivo y sea recibida por este. Zambrana v.

E.L.A., 129 DPR 740, 752 (1992). El carácter recepticio de la

reclamación extrajudicial implica que la declaración interruptiva

debe estar dirigida al sujeto pasivo del derecho cuya prescripción se

pretende interrumpir y ser enviada a través de los medios adecuados

de manera que exista la posibilidad real de que el conocimiento de

la reclamación se produzca. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110

DPR 471, 476-477 (1980) citando a L. Díez Picazo, La prescripción

en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, a la pág. 130. “La

reclamación o pretensión es un acto de declaración de voluntad de

naturaleza recepticia. Debe ser dirigido al sujeto pasivo del derecho

y debe ser recibido por este. De aquí que no pueda reconocerse

eficacia interruptiva a los actos de afirmación de un derecho que no

sean dirigidos al obligado o sujeto pasivo de la acción, sino a

terceros, a personas distintas, a la generalidad.” Íd., a la pág. 476.

                                  III.

      En esencia, el apelante señaló que el foro de primera instancia

erró al dictar la sentencia sumariamente por entender que existen

hechos en controversia y contrarios a lo resuelto por el Comisionado

de Seguros de Puerto Rico (el Comisionado) en el caso CM-2021-34.

En cuanto a la prescripción meramente argumentó que la causa de

acción aquí instada no está prescrita, ya que el término prescriptivo

fue interrumpido por la presentación de la querella ante el

Comisionado y comenzó a decursar nuevamente una vez resuelta la

misma el 22 de junio de 2021. Habiéndose presentado la demanda
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el 3 de noviembre siguiente, este entiende que fue instada en tiempo.

Analizados los errores, consideramos que los mismos están

relacionados entre sí por lo que serán discutidos conjuntamente.

       En el caso de autos se presentó la demanda de epígrafe el 3

de noviembre de 2021 por hechos ocurridos el 5 de noviembre de

2019, o sea dos (2) años después. En esta se alegó que la apelada

(quien fungía como corredora de seguros al momento de los hechos)

fue negligente al no ejercer las funciones “lógicas, prudentes y

ministeriales de su oficio.”7 Adujo que los actos negligentes

provocaron que la póliza con Universal Insurance fuese cancelada

por falta de pago y no hubiese cubierta al momento en que le

robaron el vehículo que este creía asegurado.8

       Conforme a lo consignado en el trámite procesal, el 14 de

septiembre de 2022 la apelada presentó el petitorio sumario

desestimatorio argumentando, entre otros asuntos, que la causa de

acción instada en su contra está prescrita. Puntualizamos que en la

contestación a la demanda la apelada levantó como defensa

afirmativa la prescripción.9 En su oposición al referido pedido, el

señor Rivera Mercado no discutió la figura de la prescripción y

solamente se limitó a citar las disposiciones legales aplicables.10 De

una lectura podemos inferir que su argumento se refiere a que la

querella ante el Comisionado interrumpió el término prescriptivo.

De igual manera, este señaló en el escrito de Apelación y citamos:11

              Para alcanzar tal forzada conclusión, el Honorable
          Foro Recurrido incurre en abuso de discreción al omitir

7 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 4.
8 El apelante reclama que la apelada fue negligente al no informarle la fecha para

hacer el pago de la póliza lo cual le causó como daño tener que pagar el vehículo
hurtado.
9 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 44.
10 Destacamos, además, que la oposición no cumplió con los requisitos dispuestos

en la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil que dispone que la parte que se
opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar específicamente los
párrafos según enumerados por el promovente que entiende están en controversia
y, para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible
que sostiene su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Meléndez
González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F.
Montalvo, 189 DPR 414 (2013).
11 Véase el escrito de Apelación, a la pág. 25.
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             la forzada consideración del pertinente tracto procesal
             que establece que el 16 de diciembre de 2019, la parte
             aquí apelante presentó querella ante la Oficina del
             Comisionado de Seguros de Puerto Rico, y que tal
             acción interrumpió el término prescriptivo de la
             causa de acción originada el 5 de noviembre de 2019.
             Más aún, a pesar de no ser un requisito para la
             validez de posteriores causas de acción, amerita
             destacarse que la querella presentada especificó un
             reclamo directo de daños y restitución contra la parte
             aquí apelada.
                 El recurso presentado ante la Oficina del
             Comisionado de Seguros de Puerto Rico fue resuelto el
             22 de junio 2021, y el 3 de noviembre de 2021, Luis
             Jacobo Rivera Mercado presentó la demanda de
             epígrafe con una sola causa de acción, sobre daños y
             perjuicios. La secuencia fáctica no da espacio a dudas:
             el    término     prescriptivo    fue   oportunamente
             interrumpido y no existe fundamento jurídico alguno
             que sostenga la prescripción alegada por la parte
             apelada de marras. (Énfasis nuestro)

          Por tanto, podemos colegir que la controversia en el caso de

autos es una estrictamente de derecho, es decir, si el término

prescriptivo fue correctamente interrumpido por la querella instada

en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). Como indicamos,

la prescripción de las acciones es un asunto de derecho sustantivo,

no procesal, que persigue castigar la inacción en el ejercicio de los

derechos. Así, las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo

fijado por la ley. En cuanto a las acciones al amparo del Artículo

1802, supra, estas prescriben por el transcurso de un año desde

que lo supo el agraviado. En el caso de autos no hay controversia

en cuanto a que los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2019 y

la causa de acción en daños y perjuicios fue presentada dos (2) años

después. Ahora bien, sin fundamento en derecho alguno el apelante

aduce que la querella presentada ante la OCS el 16 de diciembre de

2019 interrumpió dicho término.

          Luego de realizada nuestra investigación, no encontramos

ninguna casuística o legislación que avale la postura del apelante.

Incluso, nuevamente señalamos que el escrito apelativo carece de

un análisis al respecto. Por otro lado, la Solicitud de Investigación12

12
     Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 7.
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(querella) ante la OCS no cumple con los requisitos que exige

nuestro ordenamiento para poder interrumpir el término de

presentación de la causa de acción en daños y perjuicios. Al

respecto, de una lectura minuciosa del referido documento surge

que el señor Rivera Mercado solicitó que se investigara a Universal

Insurance y a la apelada, como asegurador y productora,

respectivamente. A su vez, este peticionó como remedio: Solicito que

se reinstale la póliza 1322100, ya que se habían pagado 3 trimestres

del año. De no ser posible, la productora debería responder, ya sea

con una póliza de impericia, o en su carácter personal.13 Por ende, la

querella no es el medio adecuado ni constituye una verdadera

reclamación en daños y perjuicios contra la apelada que interrumpa

el término prescriptivo.

        Asimismo, en la Orden emitida por el Comisionado se

especificó que el apelante instó una solicitud de investigación contra

el Asegurador [Universal Insurance] y contra la Representante

Autorizada por razón de que le fue denegado el pago de la

reclamación número 2123484.14 Culminada la investigación, el

Comisionado determinó que las actuaciones de la apelada distaban

de ser la conducta esperada de una persona acreedora de una

licencia expedida por la OCS y le impuso una multa administrativa

de $1,000 por infringir el Artículo 9.022 del Código de Seguros de

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 949c.15

13 Íd., a la pág. 9.
14 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 275.
15 Íd., a la pág. 282. El referido artículo dispone que el productor deberá cumplir,

entre otros, con los siguientes deberes: (1) Proveer al consumidor una orientación
clara y completa sobre la cubierta, beneficios, límites y exclusiones de la póliza de
seguros gestionada por su conducto; así como de los deberes y obligaciones de
éste como asegurado bajo la misma. (2) Gestionar el producto de seguros que se
ajuste a la necesidad de cubierta que procura el consumidor. (3) Identificar y
medir la posible exposición de pérdida. (4) Cumplir con los deberes impuestos de
conformidad con otras disposiciones de este Código y con los principios de
conducta que el Comisionado establezca mediante regla o reglamento. Cuando el
productor actúe en calidad de representante autorizado del asegurador deberá
cumplir, demás, con aquellos otros deberes que le imponga el asegurador por
virtud del contrato suscrito entre las partes.
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         Enfatizamos      que      con     el    propósito      de     fiscalizar

cuidadosamente el negocio de seguros se creó el cargo de

Comisionado de Seguros con amplios poderes investigativos y con la

facultad de aprobar reglamentos y adjudicar controversias según

surge en el Código de Seguros. Uno de los aspectos de esta extensa

reglamentación lo constituye la imposición del requisito de licencia

para poder desempeñarse como asegurador o como agente de

seguros.16 Entonces para garantizarle al Comisionado los poderes

necesarios para poner en vigor las normas y prohibiciones del

Código de Seguros, la Asamblea Legislativa le asignó poderes

específicos para denegar, suspender o revocar la licencia de un

asegurador, o de un corredor o de un agente general, y para imponer

multas por cualquiera de las causas especificadas en el Código de

Seguros.17 Cualquiera de dichas sanciones podrá ser en adición a

cualquiera otra provista por ley.18 Puntualizamos que dentro de

dichas facultades no se encuentran conceder daños y perjuicios

a favor de un reclamante.

         Como establecimos en el derecho precedente, la interrupción

de la prescripción mediante reclamación extrajudicial debe tratarse

de una verdadera reclamación. Como indicamos, este es un

requisito con el cual sin duda alguna incumple una Solicitud de

Investigación instada ante la OCF. Además, la referida petición no

está dirigida al sujeto pasivo del derecho cuya prescripción se

pretende interrumpir, en este caso la apelada. La querella solo

pretender activar las facultades de investigación que posee el

Comisionado y emitir las sanciones que entienda prudente.

Reiteramos que no pueda reconocerse eficacia interruptora a los

actos de afirmación de un derecho que no sean dirigidos al obligado

16 Véase, Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 442 (1997).
17 Íd.
18 Véanse, 26 LPRA secs. 320; 26 LPRA secs. 953c, 953f, 953g y 953i.
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o sujeto pasivo de la acción, sino a terceros, a personas distintas, a

la generalidad. Por consiguiente, se ha reconocido que la

presentación de una querella en el foro administrativo no

interrumpe la prescripción de la acción judicial por daños y

perjuicios si la misma no fue objeto de la querella, pues se entiende

que ambas acciones no persiguen propósitos idénticos.19 Es decir,

se considera como acto de interrupción de la prescripción el ejercicio

de la misma acción que se está prescribiendo. Sobre este punto,

resulta importante esbozar las siguientes expresiones que hiciera el

Tribunal Supremo en Cintrón v. E.L.A., supra, citando a Delgado

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra:

         El empleado público, en tales casos, debe acudir
         directamente al foro judicial con su acción reclamando
         daños y perjuicios para que se entienda interrumpido
         el término prescriptivo.

         La razón es sencilla. Por su naturaleza, la acción ante
         J.A.S.A.P. y la acción judicial no persiguen idénticos
         propósitos.

         La acción ante J.A.S.A.P., como está regulada, no
         provee el medio de revelar la intención o voluntad del
         acreedor de conservar y exigir el derecho al
         resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos. Por
         ello, su ejercicio no cualifica como pretensión capaz de
         interrumpir el término prescriptivo de la acción civil en
         estos casos.

      En virtud de dicha normativa, aplicable a la OCS, resulta

forzoso recalcar que la Solicitud de Investigación presentada ante

esta agencia carece de eficacia interruptora. Esto debido a que la

OCS no tiene autoridad para conceder daños y perjuicios ni de

responsabilizar civilmente a los agentes de seguros. Más bien y como

explicamos, el Comisionado tiene adscritos poderes específicos para

denegar, suspender o revocar la licencia de un asegurador, o de un

corredor o de un agente general, y para imponer multas por

cualquiera de las causas especificadas en el Código de Seguros. Por

ende, por su naturaleza, la acción ante la OCS y la acción judicial

19Véase, Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 592-595 (1990), citando a Delgado
Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347 (1988).
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no persiguen idénticos propósitos por lo que la querella instada en

la agencia no interrumpió el término prescriptivo de un año.

         Por lo que destacamos que, bajo este escenario fáctico y legal,

desde el 1988 el Tribunal Supremo ha reconocido que lo que

corresponde      es   que   el   acreedor   de   tales   derechos   acuda

directamente al foro judicial con su reclamo en daños y perjuicios

para que el término prescriptivo de un (1) año se entienda

interrumpido.20

         Por tanto, el señor Rivera Mercado no podía cruzarse de

brazos y esperar la resolución de su querella ante la OCS para

entonces instar una reclamación contra la apelada solicitando una

compensación en daños y perjuicios por los supuestos actos

negligentes. Los cuales, a su vez, eran conocidos por este desde que

ocurrieron los hechos en el 2019. Reiteramos que, salvo que exista

una disposición especial que establezca otra cosa, el término de

prescripción para toda clase de acciones comienza a discurrir a

partir del día en que la acción pudo ejercitarse. En este caso un (1)

año.

         En consecuencia, forzoso es concluir que la presente

demanda está irremediablemente prescrita. El mecanismo de

sentencia sumaria permite que una vez el tribunal determine que no

existe una controversia genuina de hechos que tenga que ser

dirimida en vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el

derecho, procederá a dictar la sentencia. Por ende, ante una

determinación correcta en cuanto a la prescripción se hace

innecesario atender los señalamientos relacionados a los hechos

consignados por el TPI como incontrovertidos. En conclusión, los

errores señalados no se cometieron.

20 Íd.
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                             IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones