Court Opinion

ID: 9394864
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:17:15.015439+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.704460
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  Panel X

 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO                         Certiorari
          Recurrido                                   procedente del
                                                      Tribunal de
                                        KLCE202201220 Primera
                   v.                                 Instancia,
                                                      Sala de Caguas

JOSÉ A. VELÁZQUEZ GRAU y OTROS                             Caso Núm.
          Peticionarios                                    E CD2013-0312

                                                           Sobre:
                                                           Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el Juez
Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero

Adames Soto, Juez Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      Comparece José Ángel Velázquez Grau, Eilein Ruíz Fernández, y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (parte peticionaria), a

través de recurso de certiorari, solicitando que revisemos una Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas,

(TPI), el 1 de noviembre de 2022. En el contexto de una acción en cobro de

dinero y ejecución de hipoteca iniciado por la institución bancaria de

epígrafe, el foro primario declaró Sin Lugar una solicitud de la parte

peticionaria para que fueran paralizadas ciertas órdenes de embargo, y se

celebrara una vista evidenciaria en la que pudieran impugnarse las

cantidades por concepto de presunta deuda en deficiencia que le

correspondía pagar.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

recurso y se modifica la determinación impugnada.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
KLCE202201220                                                                                         2

I. Resumen del tracto procesal

          El 10 de octubre de 2006, la parte peticionaria suscribió un pagaré a

favor del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o parte recurrida), por la

suma principal de $160,000.00 (Préstamo #1).1 Según se dispuso en el

referido instrumento financiero, fue acordado que sería pagadero en 239

pagos mensuales consecutivos de $666.67, y un último pago de $666.87,

todos más intereses, desde el 10 de noviembre de 2006 en adelante. Entre

otras cosas, se acordó que en caso de incumplimiento, la suma principal

devengaría un interés fluctuante de 4.500% sobre la tasa de interés

primario.

          Con el fin de garantizar el pago de la deuda asumida, la peticionaria

entregó en prenda el siguiente pagaré:

          Pagaré suscrito por las partes, José Ángel Velázquez Grau y
          Eileen Giselle Ruiz Hernández t/c/c Eilein Giselle Ruiz
          Hernández por la suma principal de $160,000.00, con
          vencimiento a la Presentación, pagadero a la orden del Banco
          Popular o a su Orden, garantizado por Hipoteca en Garantía de
          Pagaré mediante Escritura Número 169 de fecha 10 de octubre
          de 2006, ante el Notario Público Carlos José Mangual
          Santiago.2

          Además, el 1 de agosto de 2007, BPPR y la parte peticionaria

suscribieron un contrato de préstamo mediante el cual el primero concedió

a la segunda la cantidad principal de $70,000.00. El mismo día, la parte

peticionaria suscribió un pagaré (Préstamo #2) por la referida suma

1   Pagaré #2557584-9002.
2   El aludido Pagaré grava la siguiente propiedad:
          ---URBANA: Solar radicado en la Calle Doctor Rufo esquina a Betances,
          propiedad del Municipio de Caguas, antes, hoy propiedad de los hermanos
          Soto, compuesto por Ciento Treinta y Tres punto Sesenta y Ocho Metros
          Cuadrados (133.68 m/c). En lindes por el NORTE, en dos (2) alineaciones,
          una de nueve punto cero cero (9.00) metros y la otra de seis punto treinta y
          dos (6.32) metros, con el solar municipal ocupado por Isaac Newton; por el
          SUR, en quince punto setenta (15.70) metros con la Calle Betances; por el
          ESTE, en diez punto cero cero (10.00) metros, con el solar municipal
          ocupado por Juan Lebrón; y por el OESTE, en dos alineaciones, una de
          siete punto cincuenta y cinco (7.55) metros con la Calle Doctor Rufo y la
          otra en tres punto cero cero (3.00) metros con el solar municipal ocupado
          por Isaac Newton.-----------------------------------------------------------------------
          -------------------
          ---Enclava edificación.------------------------------------------------------------------
          ------------------
          ---Inscrita al folio Ciento Cincuenta y Nueve (159) del tomo Trescientos
          Sesenta y Cinco (365) de Caguas, finca número Nueve Mil Setecientos
          Cuarenta y Ocho (9,748) del Registro de la Propiedad de Caguas, Sección
          Primera.----------------------------------------------------------
KLCE202201220                                                                                 3

principal a la orden del BPPR.3 En este caso se acordó que el préstamo

sería pagadero en 180 pagos mensuales consecutivos de $703.32, con sus

intereses, comenzando el día 1 de septiembre de 2007. En el convenio se

incluyó que el balance insoluto de la suma principal devengaría intereses a

razón de una tasa de interés fija de 8.710% anual, y de ocurrir algún

incumplimiento, devengaría intereses a razón de una tasa fija de 11.710%.

En garantía de la deuda, la parte peticionaria entregó en prenda el pagaré

en cuestión, según el cual:

          Pagaré suscrito por las partes codemandadas, José Ángel
          Velázquez Grau y Eilein Giselle Ruiz Fernández, por la suma
          principal   de    $70,000.00,   con    vencimiento   A   LA
          PRESENTACIÓN, pagadero a la orden del Banco Popular o a su
          Orden, garantizado mediante Escritura de Hipoteca Número 55
          con fecha de 1 de agosto de 2007, ante el Notario Rafael J.
          Velázquez Villares.4

          Posteriormente, el 11 de abril de 2011, la parte peticionaria suscribió

un tercer pagaré a la orden del BPPR, por la suma principal de $25,000.00

(Préstamo #3).5 En este caso, el préstamo sería pagadero en 84 pagos

mensuales consecutivos de $207.62, desde el 11 de mayo de 2011.

Asimismo, fue convenido que el balance insoluto de la suma principal

devengaría intereses a razón de una tasa de interés fluctuante de 4% anual

sobre la tasa de interés primaria, y de ocurrir algún incumplimiento

3   Pagaré #2557584-9003.
4   El Pagaré grava la siguiente propiedad:
          ---URBANA: PROPIEDAD HORIZONTAL: Unidad residencial marcado con el
          número ciento uno (101) del bloque (Cluster) “A” del Edificio C (Sol) del
          Régimen de Propiedad Horizontal conocido como Condominio Bosque del
          Mar sito en el Barrio Zarzal del Municipio de Río Grande, Puerto Rico.
          Consta de planta con un área aproximada de construcción de MIL
          DOSCIENTOS NUEVE PUNTO SETENTA Y TRES (1,209.73) PIES
          CUADRADOS, equivalentes a CIENTO DOCE PUNTO TREINTA Y NUEVE
          (112.39) METROS CUADRADOS, colinda por el NORTE, con áreas comunes
          por el SUR, con área de estacionamiento, por el ESTE, con áreas de
          estacionamiento, por el ESTE, con áreas de entrada y pasillo del bloque A y
          por el OESTE, con áreas comunes. Esta unidad es el modelo F. Su entrada
          es al lado Este en el primer piso del edificio que da al área de la sala,
          comedor que a su vez da al balcón en el lado Norte y a una cocina en el lado
          Sur. Consta de dos (2) dormitorios con clóset, uno de ellos máster con baño
          y balcón, dos clósets en el área del pasillo, uno de ellos para laundry y un
          baño en el pasillo que conecta a los dormitorios. Tiene los estacionamientos
          número uno (1) y número dos (2). Tiene una participación de cero punto
          seis mil setecientos setenta y cuatro por ciento (0.6774%).----------------------
          ------------
          ---Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Carolina, Sección
          Tercera al folio 158 del tomo 486 de Río Grande, finca número 26, 435,
          inscripción primera.-------------------------
5   Pagaré #2557584-9004.
KLCE202201220                                                              4

devengaría intereses a razón de una tasa de interés fluctuante de 7%, sobre

la tasa de interés primario.

      No obstante, luego de que presuntamente el BPPR llevara a cabo

varios alegados intentos infructuosos de cobro al peticionario, el 6 de marzo

de 2013, el primero instó la reclamación judicial que dio inicio al asunto

ante nuestra consideración. Como resultado, tal acción fue anotada

preventivamente en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad

del inmueble antes descrito, cuya ejecución se solicita en la presente.

      Todo por lo cual, BPPR solicitó al TPI que dictara sentencia a su favor

condenando a la parte peticionaria a satisfacerle solidariamente: del

Préstamo #1: un balance principal de $118,868.34, más intereses al 22 de

febrero de 2013 de $4,405.04, más $321.71 de una cuenta plica escrow,

más $25.58 de intereses devengados diariamente desde el 23 de febrero de

2013; del Préstamo #2, un balance principal de $56,690.13, más intereses

desde al 22 de febrero de 2013 de $2,727.48, más $16.14 de intereses

devengados diariamente desde el 23 de febrero de 2013; del Préstamo #3,

un balance del principal de $20,238.08, más intereses al 22 de febrero de

2013 de $945.01, más $5.75 de intereses devengados diariamente desde el

23 de febrero de 2013, más las costas, gastos y desembolsos de litigio, al

igual que el 10% en honorarios de abogados correspondientes a los

pagarés, según pactados. En defecto del pago, dicho banco solicitó que se

ordenara la ejecución de la garantía hipotecaria, y consiguiente venta en

pública subasta del bien inmueble hipotecado, para la aplicación del

importe a la antedicha deuda.

      En respuesta, el 13 de mayo de 2013, la parte peticionaria presentó

Contestación a Demanda y Reconvención.

      Luego de varios trámites procesales, no necesarios resaltar, el 27 de

diciembre de 2013, las partes presentaron en conjunto un Acuerdo de

Sentencia por Estipulación, acordando un plan de pago, que fue acogido por

el TPI y el 7 de enero de 2014, emitiéndose la correspondiente Sentencia por

Estipulación. En la cláusula veinte de dicha estipulación las partes
KLCE202201220                                                                       5

acordaron que, en caso de que el peticionario dejara de satisfacer el pago

acordado, “ello constituiría incumplimiento con los términos del presente

acuerdo y será razón suficiente para que el Banco Popular proceda, sin

notificación alguna a los codemendados […] a ejecutar el bien inmueble

antes descrito y proceder a la venta en pública subasta del inmueble

hipotecado”.6

         Sin embargo, el BPPR adujo nuevamente incumplimiento de los

términos del referido Acuerdo, por lo que, luego de varias incidencias

procesales, —incluyendo la presentación de una solicitud de quiebra por la

parte peticionaria, que resultó desestimada—, se continuó el proceso de

ejecución de hipoteca, expidiéndose el Aviso de Pública Subasta, a tenor

con la Sentencia dictada por el foro recurrido, el 7 de enero de 2014.

Conforme a lo cual, se pautó la celebración de la primera subasta para el

30 de enero de 2019.

         En efecto, la primera subasta se llevó a cabo en la fecha propuesta,

pero fue declarada desierta. En desacuerdo con el proceso hasta allí

realizado, el 1 de febrero de 2019, la parte peticionaria presentó una

Solicitud Urgente de Paralización de Subasta y Celebración de Vista

Evidenciaria        para    Informar      las   Negociaciones   Realizadas   por   los

Codemandados con el Demandante en la División de Préstamos Especiales

del Banco Popular de Puerto Rico.

         No obstante, el 6 de febrero de 2019, se celebró la segunda subasta

pública, la cual, del mismo modo, fue declarada desierta.

         El 11 de febrero de 2019, el BPPR se opuso a la solicitud de

paralización del proceso de subasta instada por el peticionario, mediante

moción.

         Al próximo día, el 12 de febrero de 2019, el TPI emitió Orden

declarando No Ha Lugar la solicitud de paralización de subasta sometida

por la parte peticionaria.

6   Véase, Apéndice de Certiorari, pág. 17.
KLCE202201220                                                                           6

      A raíz de ello, el 19 de febrero de 2019, la parte peticionaria presentó

una Moción Urgentísima en Oposición y Objeción a Venta Judicial y

Reiterando Vista Evidenciaria Postsentencia y en Solicitud de Evidencia de

Pagaré y Certificación Registral. En esta, reiteró su solicitud de atención

judicial a las presuntas irregularidades y ausencia del valor jurídico en el

proceso    seguido       postsentencia.    Con       referencia     a    las     aducidas

irregularidades, sostuvo que, el 18 de febrero de 2019, recibió mediante

correo    electrónico,    notificación    de   los     siguientes       cuatro    escritos

presentados por el BPPR: (1) Moción solicitando desalojo y lanzamiento; (2)

Moción Solicitud de Confirmación de Venta Judicial; (3) Moción sobre

cancelación de Gravámenes Posteriores, y; (4) Moción Urgente en Oposición a

“Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración a Orden Declarando No Ha

Lugar la Paralización de Subasta y Reiterando Solicitud de Celebración de

Vista Evidenciaria. Indicó, coetáneamente, que dichos escritos fueron

presentados al TPI el 13 de febrero de 2019, fecha en que se celebró la

tercera subasta en la cual se le adjudicó la buena pro al BPPR.

      En aras de prevenir la confirmación de la venta judicial, la parte

peticionaria   presentó     Moción   Informativa       Urgentísima,       reiterando    la

importancia de que el TPI tomara acción sobre las mociones ante su

atención. El 12 de marzo de 2019, notificada al próximo día, el TPI declaró

No Ha Lugar la referida solicitud.

      Inconforme, el 11 de abril de 2019, la parte peticionaria compareció

ante este Tribunal mediante recurso de Certiorari, identificado con el

alfanumérico KLCE2019-0497. Como resultado, un panel hermano revocó

la Orden del TPI de 12 de marzo de 2019, y devolvió el caso para que se

celebrara la vista evidenciara solicitada por la parte peticionaria. Del mismo

modo, dejó sin efecto una Orden de Lanzamiento de 19 de febrero de 2019.

      Celebrada la vista probatoria ordenada, el 28 de mayo de 2021, el

BPPR presentó ante el foro primario una Moción Solicitando Ejecución de

Sentencia y Embargo, con el propósito de recobrar la suma de $170,560.17,

alegadamente adeudada por la parte peticionaria, en concepto de
KLCE202201220                                                              7

deficiencias originadas en la ejecución de la garantía hipotecaria del

inmueble dado en prenda.

         Luego, el 22 de junio de 2022, el TPI emitió Orden expidiendo la

orden de embargo de bienes para el cobro de la aludida deuda.

         En atención a ello, la parte peticionaria sometió una Urgente Moción

en Solicitud de Reconsideración; Reiterando Solicitud de Vista Evidenciaria y

el Solicitud de Paralización de Órdenes de Embargo. En esta, reiteró la

alegada necesidad de celebrar una vista urgente para dirimir la procedencia

del cobro, la ausencia de deuda vencida, líquida y exigible, y la alegada

mala fe desplegada por el BPPR.7

         Sin embargo, el TPI emitió Resolución declarando Sin Lugar la

moción de reconsideración de la peticionaria, el 1 de noviembre de 2022.

      Es así como, inconforme con dicha denegatoria judicial, la parte

peticionaria recurre nuevamente ante nosotros, señalando los siguientes

errores que, aduce, cometió el foro recurrido:

         1. ERRÓ    EL    HONORALE    TRIBUNAL DE    PRIMERA
            INSTANCIA,    COMETIÓ    ERROR   MANIFIESTO   EN
            DERECHO, Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL
            DETERMINAR QUE LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA NO
            EXTINGUIÓ LA CUANTÍA DISPUESTA EN LA SENTENCIA Y
            PROVOCAR LA SUBSISTENCIA DE UNA DEUDA
            ARTIFICIAL E INEXISTENTE.

         2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
            INSTANCIA Y COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EN
            DERECHO AL CALIFICAR COMO PROCEDENTE [EL]
            COBRO DE UNA DEFICIENCIA INEXISTENTE; QUE NO
            CORRESPONDE A UNA DEUDA LÍQUIDA NI EXIGIBLE; Y
            QUE CONFORMA UNA INSTACIA DE ENRIQUECIMIENTO
            INJUSTO.

         Junto al recurso de certiorari la parte peticionaria acompañó una

Moción Urgentísima en Auxilio de Jurisdicción, que declaramos No Ha Lugar,

pero concedimos un término de diez días al BPPR para que expusiera su

postura.

         El BPPR compareció mediante Memorando en Oposición a Expedición

del Auto. Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

estamos en posición de resolver.

7   Véase Apéndice de Certiorari, págs. 392-421.
KLCE202201220                                                                    8

II. Exposición de Derecho

      A. Los Contratos

        El Art. 1206 de nuestro Código Civil dispone que, “[e]l contrato existe

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” 31 LPRA § 3371. Allí se

añade que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de

ley entre las partes contratantes.” Art. 1044 del Código, 31 LPRA § 2994.

Además, “[l]os contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y

desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Art. 1210 del Código Civil,

31 LPRA § 3375.

        En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía de la

voluntad, por lo que se le reconoce amplia libertad de acción a las partes

que desean obligarse de manera contractual. BPPR v. Sucn. Talavera, 174

DPR 686, 693 (2008). De conformidad, el Art. 1207 del Código Civil dispone

que    “[l]os   contratantes   pueden   establecer   los   pactos,   cláusulas   y

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a

las leyes, a la moral, ni al orden público”. 31 LPRA § 3372; Álvarez de

Choudens v. Rivera Vázquez, 165 DPR 1, 17 (2005); Irizarry López v. García

Cámara, 155 DPR 713, 724 (2001).

        Tales normas reconocen un doble postulado en la teoría general de la

contratación, de un lado la libertad de contratación, de otro, la total

autonomía de la voluntad de los contratantes que han escogido obligarse

mutuamente para determinar el contenido de dicha relación jurídica,

limitada únicamente por los parámetros que impongan la ley, la moral

social y el orden público. Una vez los contratantes eligen contratar entre sí,

pueden pautar el contenido y alcance normativo de su relación jurídica, sin

otra intromisión del Estado que la impuesta por los parámetros descritos.

Por lo tanto, los tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de
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cumplir con lo que se obligó a hacer mediante un contrato, cuando el

mismo es legal y válido. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271

(1999). Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., 103 DPR 448, 462 (1975).

   C. Interpretación de los Contratos

      Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los contratos no están

sujetos a interpretación cuando sus términos son claros y específicos, labor

que ha de hacerse de manera integral y no aisladamente, de manera que se

busque su verdadero sentido, atendiendo a la interpretación de unas

cláusulas con relación a otras. Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles,

194 DPR 258, 267 (2015). “Si los términos de un contrato son claros y no

dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido

literal de sus cláusulas.” Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA § 3471. Los

términos de un contrato son claros cuando son suficientes en contenido

para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas o

controversias, sin diversidad de interpretaciones y sin necesitar, para su

comprensión,     razonamientos     o    demostraciones     susceptibles    de

impugnación. Corp. del FSE v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 (2007)

citando a Sucn. Ramírez v. Tribl. Superior, 81 DPR 357 (1959).

      Ahora bien, cuando no podemos depender del sentido literal de las

palabras, debemos recurrir a la intención de las partes al momento de

contratar, “la intención evidente de las partes prevalecerá sobre las

palabras, aun cuando éstas parecieran contrarias a aquéllas.” Asoc. Res.

Los Versalles v. Los Versailles, supra; Art. 1233 del Código Civil, supra.

Para analizar la intención de las partes, se deberá considerar los actos

anteriores, coetáneos y posteriores al contrato. Artículo 1234 del Código

Civil, supra. Por lo tanto, si bien es cierto que hay que considerar la

intención de las partes para interpretar los contratos, dicha interpretación

tiene que ser cónsona con el principio de buena fe y no puede llevar a

resultados incorrectos, absurdos e injustos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García,

155 DPR 713, 727 (2001).
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      Por otra parte, el Código Civil dispone que “cualquiera que sea la

generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse

comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los

que los interesados se propusieron contratar”. Art. 1235 del Código Civil,

31 LPRA sec. 3473. Además, el Art. 1236 del Código Civil dispone que

cuando alguna cláusula del contrato admita diversos sentidos, deberá

entenderse al más adecuado para que produzca el efecto. 31 LPRA sec.

3474. En ese sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado que el efecto más

adecuado se refiere a la eficacia de la función económica del contrato y la

finalidad que trata de alcanzar. BPPR v. Sunc. Talavera, 174 DPR 686, 708

(2008). Por lo que, cuando una disposición contractual no está reñida con

la ley, la moral o el orden público, se le debe dar aplicación integral a lo

convenido. Corp. Del FSE v. Unión de Médicos, supra, pág. 451.

   D. La Novación

      En nuestra jurisdicción existen dos tipos de novación, a saber: (1) la

extintiva, mediante la cual se extingue una obligación que existía antes; y

(2) la modificativa, que sólo apareja la variación de alguna condición de una

obligación que subsiste en cuanto a sus otros términos. López v. Atlantic

Southern Ins. Co., 158 DPR 562 (2003); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR

473, 478-479 (1980); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR

378, 389 (1973). La novación tiene lugar cuando se introducen cambios o

modificaciones a la relación obligatoria, bien en cuanto a la naturaleza o

contenido de la misma (novación objetiva) o en cualquiera de los sujetos

(novación subjetiva). O. Soler Bonnin, Obligaciones y Contratos: Manual

para el estudio de la teoría general de las obligaciones y del contrato en el

derecho civil puertorriqueño, San Juan, Ed. Situm, 2014, pág. 95.

Indistintamente de si el cambio es objetivo o subjetivo, la novación puede

producir la extinción de una obligación mediante la creación de una nueva

destinada a reemplazarla (novación extintiva), o la simple modificación de

una obligación, quedando vigente la relación obligatoria pero modificada

(novación modificativa).    Íd.    En      otras     palabras,     mediante
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la novación extintiva   se   extingue    una    obligación   preexistente    y

simultáneamente nace una nueva obligación que sustituye a la original,

mientras que la modificativa se limita a modificar alguna condición de la

obligación preexistente, en cuyo caso subsiste la obligación original

alterada.

      Sobre el mismo asunto, el Art. 1110 del Código Civil, 31 LPRA sec.

3151, dispone que la novación es una de las causas de extinción de las

obligaciones. “Para que una obligación quede extinguida por otra que la

sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua

y la nueva sean de todo punto incompatibles”. Art. 1158 del Código Civil,

31 LPRA sec. 3242. En lo pertinente, el Tribunal Supremo, ha señalado que

la novación “consiste en la sustitución de una relación obligatoria por otra,

destinada a extinguir aquélla”. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171

DPR 219, 243-244 (2007). Así pues, la novación extintiva “[e]s un acto

jurídico de doble función que, a la vez que extingue, hace nacer en lugar de

ella otra obligación nueva”. Íd., a la pág. 244. No obstante, como ya dijimos,

la novación puede ser de naturaleza extintiva o modificativa. Íd. “Las partes

pueden extinguir una obligación sustituyéndola completamente por otra o

pueden limitarse a modificarla”. Miranda Soto v. Mena Eró, supra, a la pág.

479. Las obligaciones pueden modificarse de varias formas, a saber: “(1)

variando su objeto o sus condiciones principales; (2) sustituyendo la

persona del deudor, [o] (3) subrogando a un tercero en los derechos del

acreedor”. Art. 1157 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3241; Constructora

Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 598 (1991).

      En el caso de la novación extintiva es un elemento imprescindible

que la obligación original desaparezca. United v. Villa, 161 DPR 609, 618

(2004). La incompatibilidad entre las obligaciones existe cuando la

obligación anterior y la posterior al acto novativo pertenecen a tipos

distintos o se han transformado de naturaleza. Constructora Bauzá, Inc. V.

García López, supra, a la pág. 599. Es decir, la novación extintiva consiste

en alteraciones esenciales en la obligación, ya que se varían sus
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condiciones principales. Íd. En cambio, en la novación modificativa “se

mantiene el régimen normativo que regía la obligación original, solo que

ahora la obligación ha sido renovada”. United v. Villa, supra, a la pág. 619.

Por tanto, debe existir compatibilidad entre la obligación original y la

nueva. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 725 (2008).

      Para la constitución de una novación modificativa, no es necesario

encontrar la voluntad expresa de extinguir una obligación por otra.

Empero, es imprescindible hallar un ánimo de cambio. De esta forma, al

determinar si nos encontramos ante un supuesto de novación modificativa,

es necesario interpretar la voluntad de las partes. Ello, debido a que

la novación encierra un asunto de intención que debemos inferir de las

circunstancias de cada caso y de la voluntad de las partes. (Énfasis

nuestro). Íd., a la pág. 726.

   E. Demanda en Cobro de Dinero

      El ordenamiento jurídico que aplica establece que la parte que

entabla una acción de cobro de dinero tiene que probar: (1) que existe una

deuda válida; (2) que esta no se ha pagado; (3) que él es el acreedor; y

(4) que   los   demandados      son   sus   deudores. General    Electric   v.

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). Al probarse que, en efecto,

existe una obligación de pago, la prueba de la extinción de una obligación

le corresponde a la parte que se opone. 31 LPRA sec. 3261.

      Además, nuestro Tribunal Supremo estableció que cuando se

presenta una demanda por cobro de dinero, se debe alegar que la deuda

reclamada es una líquida, vencida y exigible. Ramos de Szendrey v. Colón

Figueroa, 153 DPR 534, 546 (2001). Una deuda es líquida cuando la

cuantía de dinero debida es cierta y determinada. Id. La deuda se

considera exigible cuando la obligación no está sujeta a ninguna causa de

nulidad y puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70

DPR 958, 966 (1950).

      Por su parte, el Tribunal Supremo ha establecido que cuando se

suscita una controversia en cuanto a si la deuda es líquida y exigible o no,
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“las sumas reclamadas tienen que probarse; en todo caso, la cuantía […]

debe ser objeto de prueba. Por lo tanto, el tribunal debe celebrar las vistas

que sean necesarias y adecuadas para tomar una determinación al

respecto”. (Énfasis nuestro). Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR

921, 937 (2008). Véase también, Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226

(2000); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604 (1999); Hernández v.

Espinosa, 145 D.P.R. 248 (1998); Vélez v. Boy Scouts of America, 145

D.P.R. 528 (1998).

      Guarda estrecha relación lo dicho con las expresiones del Tribunal

Supremo en términos de que es un arraigado principio en nuestro

ordenamiento jurídico, y forma parte esencial e intrínseca del debido

proceso de ley, garantizarle a toda persona, cuyos intereses estén en

controversia, la oportunidad de ser oída y de defenderse, esto es, de tener

su “día en corte”. Marrero et al. v. Vázquez et al., 135 DPR 174, 189 (1994).

[Sentencia]. Este derecho a ser oído ostenta tal transcendencia que, “la

privación de un litigante de ‘su día en corte’ es una medida procedente solo

en casos extremos y que debe usarse solamente en casos claros”. Rosario v.

Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003). Nuestro ordenamiento

jurídico favorece que los casos se ventilen en sus méritos. Esto, con el fin

de garantizar los derechos de las partes y evitar una privación ilegal de

presentar sus reclamos y ser escuchados. Banco Popular v. S.L.G. Negrón,

164 DPR 855, 874 (2005).

   F. Remedios provisionales

      Las Reglas de Procedimiento Civil reconocen el embargo como uno de

los remedios provisionales que puede dictar un tribunal para asegurar la

efectividad de una sentencia. Reglas 56.2 a 56.4 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. III. R. 56.2 et seq. Cual sea el remedio provisional, este puede ser

concedido en todo pleito civil, antes o después de dictarse la sentencia,

mediante solicitud de parte interesada.

      El Tribunal Supremo ha establecido que, como regla general, en todo

caso en que se solicite algún remedio provisional como lo es un embargo– y
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antes de    que el tribunal haga una determinación al respecto–es

indispensable que la parte adversa sea notificada y que una vista sea

celebrada. Ahora bien, como excepción a esa regla, es permisible que un

tribunal expida una orden de embargo ex parte–esto es, sin notificación a la

parte adversa y vista previa– siempre que el reclamante preste una fianza

para responder por todos los daños y perjuicios que se puedan causar

como consecuencia del aseguramiento. Ramos y Otros v. Colón y Otros, 153

DPR 534, 542-543 (2001). No obstante, la aplicación de esta excepción sólo

tendrá lugar bajo tres supuestos: (1) cuando el reclamante ha alegado o

demostrado tener un previo interés propietario sobre la cosa embargada; (2)

cuando se han alegado o demostrado la existencia de circunstancias

extraordinarias, o (3) cuando se ha alegado o demostrado la probabilidad

de prevalecer mediante “prueba documental fehaciente” de la cual se

desprenda que la deuda es una líquida, vencida y exigible. Rivera Rodríguez

& Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 899-900 (1993). “Únicamente en

estas situaciones es que un tribunal podrá posponer la celebración de

dicha vista hasta después de trabado el embargo.” (Énfasis en el original

suprimido y énfasis suplido.) Íd., pág. 900.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                       a.

      La discusión incluida en el recurso de certiorari sobre el primer

señalamiento de error puede resumirse en el siguiente argumento; que por

virtud del inciso veinte del Acuerdo de Sentencia por Estipulación, el

incumplimiento    por   el   deudor-peticionario   de   las   obligaciones   allí

contraídas solo podía dar lugar a la venta de la propiedad inmueble dada

como garantía, y el total de la deuda se cubriría con el importe de dicha

venta. Es decir, que aplicaría aquí la figura de la dación en pago, limitando

la responsabilidad patrimonial a la propiedad subastada.

      Sin embargo, considerada la totalidad de las cláusulas contenidas en

dicho Acuerdo, resulta evidente que su cláusula veinticinco da al traste con

la teoría de la parte peticionaria, en tanto dispone lo siguiente:
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      25. Los codemandados, José Ángel Velázquez Grau, Eileen
      Giselle Ruíz Fernández t/c/c Eilein Gisell Ruíz Fernández y la
      Sociedad Legal de Gananciales Por Ellos Compuesta,
      reconocen que los términos del presente acuerdo no
      constituyen una novación extintiva de las obligaciones
      contraídas hacia el Banco Popular.

      (Énfasis y subrayado provistos).

      De lo anterior se sigue que, por disposición expresa de las partes, fue

excluida la aplicación de la figura de la novación extintiva al Acuerdo, por lo

que se ha de entender que las condiciones de pago contenidas en la

obligación inicial u original, no fueron extinguidas. Tal como señalamos en

la exposición de derecho, para que acontezca la novación extintiva, la

intención de las partes debe ser expresa, o en su defecto, las obligaciones

deben ser incompatibles entre sí. No apreciamos que acontezcan ninguno

de tales factores y, en consecuencia, no cabe reconocer efecto extintivo en

el Acuerdo. Por ello, se ha de entender que subsisten los distintos medios

de pago de la obligación contraía por el deudor-peticionario, que no están

limitados al cobro de la acreencia al solo producto de la venta en pública

subasta de la propiedad ejecutada. Este primer error no fue cometido.

                                      b.

      En su segundo señalamiento de error, la parte peticionaria arguye

que incidió el TPI al dar lugar al cobro de una presunta deficiencia

inexistente; que no corresponde a una deuda líquida ni exigible; y que

conforma una instancia de enriquecimiento injusto.

      En el contexto de una acción de pago de deuda y ejecución de

hipoteca no cabe duda de que, del deudor haber incumplido su obligación,

el acreedor tiene derecho a obtener la totalidad de su acreencia no

satisfecha con la venta de la propiedad hipotecada, persiguiendo los bienes

del primero hasta lograr la extinción de la deuda. De aquí que en este caso

se hubiese reconocido que, vendido el inmueble objeto de la hipoteca, y no

habiéndose obtenido con su precio la totalidad de la cantidad adeudada,

resultara una deficiencia a ser satisfecha por el deudor-peticionario.
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      No obstante, aun partiendo de lo anterior como un hecho, la parte

peticionaria plantea que no corresponde conceder la suma que compone la

presunta deficiencia, pues aún no es líquida ni exigible, por cuanto realizó

una serie de pagos o abonos a la deuda en fechas posteriores a la

estipulación, no computados en la deficiencia a ser pagada, o no precisados

en la cantidad final que tendría que asumir.

      Ya hemos subrayado en la exposición de derecho que, en una acción

de cobro de dinero el promovente de la acción tiene que probar que la

deuda vencida es líquida y exigible. General Electric v. Concessionaires, Inc.,

supra. La acepción jurídica del concepto líquida es el saldo o residuo de

cuantía cierta, y la voz exigible refiera a que puede demandarse su

cumplimiento. (Énfasis provisto). Guadalupe v. Rodríguez, supra. La deuda

es líquida cuando la cuantía de dinero debida es cierta y determinada.

Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001). (Énfasis provisto).

Por tanto, cuando se suscite una controversia sobre si la deuda es líquida,

es decir, cierta y determinada, el asunto debe ser objeto de prueba, lo que

resulta en que el foro primario celebre las vistas necesarias a esos efectos.

      Ciertamente, al considerar la argumentación del peticionario, con

relación a los pagos que presuntamente realizó a la deuda y no fueron

computados para fines de determinar la deficiencia que se le imputa, surge

una controversia relativa a si puede considerarse líquida la cuantía de

dinero reclamada. Es de ver que en su escrito en oposición a recurso de

certiorari el BPPR dedicó buena parte de su argumentación al primero de

los errores señalados, (con cuya argumentación coincidimos), pero resultó

parco en la consideración de este segundo error. Es decir, el recurrido no

alzó argumentos relativos a por qué deberíamos considerar que, a

diferencia de lo afirmado por la parte peticionaria, la deficiencia a ser

pagada por el peticionario en efecto es cierta y determinada.

      Por tanto, juzgamos que una determinación final sobre el pago que

en concepto de deficiencia deba asumir la parte peticionaria en este caso,

requiere precisión sobre la cantidad a pagar, por lo que resulta inevitable la
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celebración de una vista para que se permita el desfile de prueba a esos

solos    fines.   Es    decir,   ante   la   indeterminación    del   pago   final

correspondiente, solo la vía de la vista evidenciaria servirá para precisar la

cantidad adeudada. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra.

IV. Parte dispositiva

        Por los fundamentos esbozados, expedimos el auto de Certiorari y

modificamos la determinación recurrida, a los solos fines de ordenar la

celebración de una vista evidenciaria con el propósito de que determine el

monto de la deficiencia a ser pagada por la parte peticionaria. De este

modo, devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los

procedimientos, según aquí previstos.

        Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones