Court Opinion

ID: 9941532
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:10.313777+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.478473
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                     PANEL ESPECIAL

    DON SERGIO                                  APELACION
  GONZÁLEZ RÍOS y                               procedente del
DOÑA CELIA CHAPARRO                             Tribunal de Primera
       SOTO                                     Instancia, Sala
                                                Superior de
      Parte Apelante                            Aguadilla
                              KLAN202300909
           v.
                                                Civil Núm.:
        EX PARTE                                AU2022CV00335
                                                Salón: 601

                                                Sobre:

                                                Expediente de
                                                Dominio
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

      Comparece la parte apelante, Don Sergio González Ríos y

Doña Celia Chaparro Soto (en adelante, los apelantes o los esposos

González Chaparro), mediante un recurso de apelación y nos solicita

que revoquemos la Sentencia dictada el 18 de septiembre de 2023 y

notificada el 19 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante, el TPI). Mediante

dicha Sentencia se desestimó, sin perjuicio, la petición sobre

expediente de dominio presentada por los apelantes.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación se

confirma la Sentencia apelada.

                                 I.

      El 24 de mayo de 2022, los apelantes presentaron una

petición de expediente de dominio, ante el TPI, de un solar

compraron con carácter ganancial el 4 de noviembre de 1963 por la

Número Identificador
SEN2023 ______________
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cantidad de cuarenta dólares ($40.00).1 La descripción de dicho

inmueble, luego de una rectificación de cabida, es la siguiente:

       ---RUSTICA: Solar localizado en el Barrio Jagüey de Aguada,
       Puerto Rico. Que tiene una cabida superficial de
       NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO TREINTA
       Y TRES CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS
       (957.3353 M/C), equivalente a cero punto veinticuatro treinta y
       seis diez milésimas de cuerda (0.2436). Que tiene las siguientes
       colindancias:---------------------------------------------------------------

       ---Colinda por el NORTE en una primera alineación de doce
       punto treinta y dos metros (12.32 m), en una segunda alineación
       de seis punto cuarenta y dos metros (6.42 m), en una tercera
       alineación de cuatro punto cero cuatro metros (4.04 m) y en una
       cuarta alineación de cinco punto setenta y tres metros (5.73 m)
       con Carretera Municipal. ------------------------------------

       ---Colinda por el SUR en una primera alineación de veintidós
       punto ochenta y ocho metros (22.88 m) y en una segunda
       alineación de once punto cincuenta y cinco metros (11.55 m) con
       la Sucesión Chaparro. ----------------------------------------------

       ---Colinda por el ESTE en una primera alineación de dieciséis
       punto cuarenta y seis metros (16.46 m) y en una segunda
       alineación de ocho punto setenta y nueve metros (8.79 m) con la
       Sucesión Chaparro. ---------------------------------------------------

       ---Colinda por el OESTE en una alineación de treinta y tres
       punto sesenta y nueve metros (33.69 m) con la Sucesión
       Chaparro. ------------------------------------------------------------------

       ---Valor [de]       este    solar:   TREINTA         MIL      DOLARES
       ($30,000.00).

       ---Esta finca no consta inscrita en el Registro de la Propiedad,
       Sección de Aguadilla. ----------------------------------------------------

       ---El solar antes descrito no consta Inscrito en el Registro de la
       Propiedad.------------------------------------------------------------------

       ---Este solar se halla libre de Cargas excepto una Servidumbre
       a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.2--

       Además, los esposos González Chaparro alegaron que en el

solar descrito anteriormente ubica un edificio residencial de dos

plantas. Los apelantes le requirieron al TPI que declarara Con Lugar

el expediente de dominio y le ordenara a la Registradora de la

Propiedad, Sección de Aguadilla, inscribir el inmueble y la propiedad

concernida a su favor.

1 Apéndice III Escrito de Apelación, a las págs. 7-10.
2 Apéndice IV Escrito de Apelación, a las págs. 13-14.
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         El 17 de octubre de 2022, luego de varios trámites procesales,

el TPI desestimó, sin perjuicio, la petición al amparo de la Regla 39.2

de Procedimiento Civil a raíz del incumplimiento de varias órdenes

del tribunal por parte de los apelantes. En desacuerdo con dicho

dictamen,       los    esposos      González       Chaparro        solicitaron

Reconsideración.      Ante    la   denegatoria      de    la    solicitud   de

reconsideración que fue notificada el 1 de noviembre de 2023, los

apelantes recurrieron a este foro apelativo el 29 de noviembre de

2022 referente a dicho dictamen. El 25 de enero de 2023, este

tribunal revocó la determinación del TPI y ordenó que se

continuaran los procesos.3 Bajo este mandato, el caso retomó su

curso el 3 de abril de 2023 cuando el TPI notificó una Orden

requiriendo a los apelantes someter documentación pertinente al

caso.4

         Finalmente, el 14 de julio de 2023, se celebró el juicio en su

fondo donde se desfiló prueba documental y testifical. El 18 de

septiembre de 2023, el TPI dictaminó la Sentencia apelada,

desestimando, sin perjuicio, la petición presentada por los apelantes

al determinar que no cumplieron con los requisitos que establece la

Ley Núm. 210- 2015, según enmendada, mejor conocida como la

Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, 30 LPRA sec. 6001 et

seq.5 Al respecto, el TPI hizo las siguientes determinaciones de

hechos:

                Luego del desfile de prueba testifical, el Tribunal
         inquirió sobre si el predio objeto de la Petición había sido
         segregado, toda vez que la prueba expresó, que el predio
         se formó de una finca de mayor cabida. El representante
         legal de la parte peticionaria expresó que no existía escritura
         de segregación. En síntesis, expresó, además, que no se
         requería aprobación de la Oficina de Gerencia de Permisos e
         indicó que lo que la ley hipotecaria requiere es que la parte
         Peticionaria pruebe la posesión continua y pacífica por más

3 Véase el caso KLAN202200952.
4 Véase, entrada Núm. 20 del expediente digital del Caso Núm. AU2022CV00335

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
5 Según surge del dictamen, el TPI fundamentó su determinación en los Artículos

148 y 191 de la Ley Núm. 210- 2015, supra.
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         de diez años con justo título y por más de veinte años sin título
         alguno.6 (Énfasis nuestro).

         El foro primario, basado en las determinaciones de hechos

previamente       reseñadas,      concluyó        que   el   procedimiento   de

expediente de dominio no se podía utilizar para obtener la división

de una propiedad poseída en común y tampoco podía utilizarse para

llevar a cabo una segregación sin la correspondiente autorización de

la agencia que regula dicho trámite, pues ello constituiría una

segregación ilegal.7 Por tanto, el TPI apoyó su determinación en lo

establecido en el Artículo 148 de la Ley Núm. 210-2015, supra, sec.

6291, al consignar en el dictamen que no constituirá justo título un

título de dominio sobre una porción pro indivisa en una finca no

segregada, ni el título que recae sobre una finca segregada de una

finca inscrita en el Registro.8 Además, apoyó sus conclusiones en lo

dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Núm. 210-2015, supra, sec.

6297, que establece que el expediente de dominio se utilizará para

justificar el dominio y no equivale a una acción de declaratoria de

usucapión.9 Por tanto, el foro primario declaró No Ha Lugar la

petición y desestimó la causa de acción, sin perjuicio, al no cumplir

los apelantes con la documentación que evidenciara la segregación

del solar.10

         Inconformes, el 13 de octubre de 2023, los apelantes

acudieron ante nos mediante el recurso que nos ocupa y señalaron

la comisión del siguiente error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la
         Petición de Expediente de Dominio objeto de este
         proceso, fundamentando su decisión en que el Título de
         Propiedad de los Peticionarios fue segregado de una
         finca de mayor cabida y que no se sometió evidencia
         alguna de la Segregación del solar; olvidando que el
         solar que se quiere inscribir ha sido poseído por los
         peticionarios, con justo Título por un período
         consecutivo de cincuenta y nueve años.

6 Apéndice I Escrito de Apelación, a la pág. 2.
7 Id.
8 Apéndice I Escrito de Apelación, a las págs. 2-3.
9 Id.
10 Id.
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      El 26 de octubre de 2023, le concedimos un término de veinte

(20) días al Procurador General para presentar su escrito en

oposición. El 16 de noviembre de 2023, compareció el Ministerio

Público, representado por la Oficina del Procurador General de

Puerto Rico, mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.

      Así, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes

procedemos a resolver.

                                  II.

                                  A.

      Es doctrina legal reiterada que la apreciación de la prueba

realizada por los foros de primera instancia debe ser objeto de gran

deferencia por los tribunales apelativos. McConell v. Palau, 161 DPR

734, 750 (2004). Ello implica que un tribunal apelativo debe

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos y la

adjudicación de credibilidad que realizó el foro primario, evitando

descartarlas, modificarlas o sustituirlas por su criterio, aun cuando

en su evaluación particular hubiera emitido un juicio distinto.

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Argüello

v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001). El fundamento de esta norma,

en cuanto a la prueba testifical, yace en que es el foro primario quien

de ordinario se encuentra en mejor posición para aquilatarla, ya que

es quien ve y oye a los testigos, pudiendo apreciar sus gestos,

titubeos, contradicciones, dudas, vacilaciones y, por consiguiente,

formar en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o no la

verdad. Suárez Cáceres v. CEE, 176 DPR 31, 67-68 (2009). En

contraste, los foros apelativos solo contamos con récords mudos e

inexpresivos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). Esta

norma, sin embargo, no es absoluta, pudiendo un apelante

presentar prueba que demuestre que la apreciación realizada por el

foro sentenciador no fue correcta o no está refrendada por la prueba
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presentada y admitida. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág.

741.

       Se ha reconocido en nuestro ordenamiento jurídico que, “ante

la ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no

se favorece la intervención de los tribunales apelativos para revisar

la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las

determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de Primera

Instancia”. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219

(2021). Al respecto, el Tribunal Supremo ha expresado que “la tarea

de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió

depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la

prueba presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el

comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio y

escuchar su voz”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

771 (2013). De esta manera, “la llamada deferencia judicial está

predicada en que los jueces de las salas de instancia están en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical porque tienen la

oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento del testigo”.

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra, pág. 219; Meléndez Vega

v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013).

       Incurre en pasión, prejuicio o parcialidad “aquel juzgador que

actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad que

adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes

o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la

prueba recibida en sala e incluso antes de que someta prueba

alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 782. En

cuanto al concepto “error manifiesto”, el Tribunal Supremo ha

expresado que “se incurre en un error manifiesto cuando la

apreciación de esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es

inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. Toro Martínez, 200

DPR 834, 859 (2018), citando a Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 816,
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(2002). Por lo tanto, la facultad de los tribunales apelativos para

sustituir el criterio de los tribunales de instancia se reduce a

aquellas circunstancias en las que, a la luz de la prueba admitida,

“no exista base suficiente que apoye su determinación”. Gómez

Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020); Pueblo v. Toro

Martínez, supra, pág. 859. Como es conocido, las diferencias de

criterio jurídico no cumplen con el referido estándar de revisión.

Gómez Márquez et al. v. El Oriental, supra.

      Por último, se ha señalado que los tribunales de primera

instancia gozan de amplio margen de discreción para llevar a cabo

los procedimientos que presiden. Citibank N.A. v. Cordero Badillo,

200 DPR 724 (2018). Véase, además, Pueblo v. Santiago Cruz, 205

DPR 7 (2020). Esa discreción se ha definido como “el poder para

decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios

cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo

v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). En consecuencia, los

tribunales apelativos —salvo contadas excepciones— no debemos

intervenir con la forma en que los foros primarios manejen sus

casos. Véase, Citibank et al. v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase

también, Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 121 (2006). Por

eso, se ha señalado que aquellas determinaciones que un tribunal

inferior haga en el sano ejercicio de su discreción, “deben ser

respetadas por los foros apelativos, a menos, claro está, que se

demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción, una

determinación errónea que cause grave perjuicio a una de las partes,

o la necesidad de un cambio de política procesal o sustantiva”.

Citibank et al. v. ACBI et al., supra; Ramos Milano v. Wal-Mart, supra;

Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999).

                                     B.

      Es norma trillada de derecho que las partes tienen el deber de

observar    rigurosamente      las        disposiciones   reglamentarias
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establecidas para la forma, contenido, presentación y notificación de

los escritos ante nos. Hernández Jiménez et als. v. AEE et al., 194

DPR 378, 382-383 (2015). Ello ante la necesidad de colocar a los

tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los casos,

contando con un expediente completo y claro de la controversia que

tiene ante sí. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

       Nuestro reglamento exige a la parte que impugna la

apreciación de la prueba oral no solo informar la necesidad de

presentar la reproducción de ella, sino también el método que

utilizará en la etapa apelativa ya sea transcripción, exposición

estipulada o narrativa. Esto, pues en caso de no reproducirlos, el

foro revisor no estará en posición de revisar el dictamen recurrido ni

podrá determinar si la decisión estaba o no apoyada en la evidencia

sometida por las partes. Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636, 639

(2017); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405,422 (2011).

                                            III.

       En el primer y único señalamiento de error del recurso que

nos ocupa, los apelantes alegan que el fundamento por el que el TPI

desestimó la petición de expediente de dominio es errado,

esencialmente por un requisito que consideran no están obligados a

cumplir puesto que no hay evidencia que lo sostenga. No les asiste

la razón. Veamos.

       En la discusión de su señalamiento de error, los apelantes

argumentan que la sentencia no contiene determinaciones de

hechos ni conclusiones de derecho,11 que al tratarse de un solar que

han poseído por unos 60 años este no está sujeto a las disposiciones

de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico12 y que no hay evidencia de que la finca en

cuestión haya sido parte de una de mayor cabida.13 En cuanto a la

11 Escrito de Apelación, a la pág. 6 y 9.
12 Escrito de Apelación, a la pág. 6.
13 Escrito de Apelación, a las págs. 7-8.
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aplicación de la Ley Núm. 210-2015, supra, discute también que:

“El principal error de la sentencia aquí apelada es sostener que la

ley inmobiliaria del 2015 se puede aplicar retroactivamente al día 4

de noviembre de 1963.”14

       Al respecto, coincidimos con la Oficina del Procurador General

en cuanto a que el recurso de los apelantes está dirigido a cuestionar

la apreciación de la prueba realizada por el foro primario,

particularmente sobre la prueba testifical.15 Esto se sostiene en la

determinación del TPI de la Sentencia apelada en la cual expresó lo

siguiente:

             Luego del desfile de prueba testifical, el
       Tribunal inquirió sobre si el predio objeto de la
       Petición había sido segregado, toda vez que la
       prueba expresó, que el predio se formó de una finca
       de mayor cabida.16 (Énfasis suplido.)

       No obstante, los apelantes no solicitaron la autorización, ni

anejaron la regrabación o transcripción de la prueba oral vertida en

el juicio. Esta falta de diligencia provoca que no estemos en posición

de determinar si el TPI erró al apreciar la prueba oral y documental

que tuvo ante sí. Por tal motivo, resulta evidente que la transcripción

de la prueba oral constituía pieza clave para poder corroborar las

alegaciones realizadas por la parte apelante en su recurso de

apelación. Sin embargo, los apelantes no la presentaron. Por

consiguiente, la decisión que hoy tomamos está basada en el

análisis de las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho

que constan en la Sentencia vis a vis con la prueba documental que

obra en el expediente. En ausencia de error manifiesto, perjuicio,

parcialidad o pasión, no intervendremos con la apreciación de la

prueba y las determinaciones de hechos formuladas por el foro

primario. Confirmamos la disposición del dictamen apelado por no

ser contrario a derecho.

14 Escrito de Apelación, a la pág. 9.
15 Escrito en Cumplimiento de Orden a la pág. 1.
16 Véase nota al calce 5.
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      Por   último,   consideramos     imperativo   señalar   que   el

argumento de los apelantes en cuanto a la no aplicabilidad de la Ley

Núm. 210-2015, supra, en el caso ante nos es errado. El Artículo

308 de la citada Ley expresamente establece que toda petición de

expediente de dominio que se encuentre en trámite ante los

tribunales de justicia a la fecha en que entre en vigor dicha Ley, se

regirá por la legislación anterior sobre la materia. Esto implica que

toda petición presentada luego de su vigencia, esto es a partir del 7

de marzo de 2016, tiene que regirse bajo lo establecido en esta. La

petición de expediente de dominio que da inicio al caso fue

presentada el 24 de mayo de 2022, por lo que la Ley en cuestión sí

es de aplicación. Por lo tanto, el foro primario no erró en sustentar

su decisión al amparo de lo establecido en la Ley Núm. 210-2015,

supra, y los requisitos que exige para que se pueda conceder un

expediente de dominio.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones