Court Opinion

ID: 9952309
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:39:45.878682+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:39.563387
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

  XIOMARA SANTANA MORA                               Revisión
                                                     procedente de la
            Recurrente                               Administración
                                                     para el Sustento
                  v.                   KLRA202300626 de Menores

       FREDDIE L. GARY                                       Caso Núm.:
                                                             0604604
             Recurrido
                                                             Sobre: Filiación
                                                             y Alimentos

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el
Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

                                        I.

       El 6 de diciembre de 2023, la señora Xiomara Santana Mora

(señora Santana Mora o recurrente) presentó una Revisión de

decisión administrativa en la que solicitó que revoquemos una Orden

emitida por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME

o agencia administrativa) el 26 de septiembre de 2023, notificada y

archivada en autos ese mismo día.1 En el dictamen, la ASUME

declaró No Ha Lugar una petición de la señora Santana Mora para

que la agencia administrativa no requiriera someter al señor Freddie

L. Gary (señor Gary o recurrido) a pruebas de paternidad en la

reclamación de filiación y alimentos que la recurrente promueve en

contra de este último. En cambio, la recurrente pidió que la agencia

administrativa resolviera que el señor Gary es el padre de la menor

en cuyo beneficio radicó la acción, independientemente del

1 Apéndice de la Revisión de decisión administrativa, Anejo 4, págs. 8-10.

Número Identificador
SEN2024________________
KLRA202300626                                                       2

resultado de dichas pruebas. La solicitud, a su vez, se basó en que

el señor Gary reconoció voluntariamente la paternidad en un

contrato suscrito por las partes.

      El 11 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la

que le concedimos al señor Gary hasta el 8 de enero de 2024 para

presentar su alegato.

      El 8 de enero de 2024, el señor Gary radicó una Moción de

desestimación a recurso de revisión administrativa por falta de

jurisdicción al amparo de la Regla 83(B)(1) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones en la que solicitó la desestimación del

recurso    porque   la   determinación   recurrida   era   una   orden

interlocutoria y, por esa razón, esta Curia carecía de jurisdicción

para revisarla, en esa etapa de los procedimientos.

      El 9 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que

expresamos que la moción de desestimación sería adjudicada

oportunamente y le ordenamos al recurrido presentar su postura en

cuanto al recurso en o antes del 18 de enero de 2024.

      El 11 de enero de 2024, el señor Gary presentó una Moción de

reconsideración a la Resolución del 9 de enero de 2024 & Moción de

desestimación supletoria en la que esbozó algunos asuntos

jurisdiccionales adicionales que, a su entender, justificaban la

desestimación del recurso.

      El 16 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que

concedimos sendos términos: (1) a la señora Santana Mora hasta el

23 de enero de 2024 para expresar su postura sobre la moción de

reconsideración del recurrido; y (2) al señor Gary hasta el 29 de

enero de 2024 para que presentara su postura sobre los méritos del

recurso.
KLRA202300626                                                                  3

       El 22 de enero de 2024, la señora Santana Mora radicó una

Moción en oposición a solicitud de desestimación en la que solicitó

que declaremos No Ha Lugar la moción del recurrido.

       El 29 de enero de 2024, el señor Gary presentó un alegato en

oposición al recurso en el que reiteró su planteamiento de falta de

jurisdicción de esta Curia y argumentó, en sus méritos, en contra

de los errores señalados por la señora Santana Mora.

       Cumplidas nuestras Resoluciones estamos en posición de

resolver     y    procedemos        de         conformidad.   Por     lo   cual,

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes al presente

recurso.

                                         II.

       El caso de marras tiene su génesis el 26 de enero de 2023

cuando la señora Santana Mora radicó una solicitud de filiación y

pensión alimentaria ante la ASUME en beneficio de una menor que,

según alegó, era hija de las partes. En respuesta, el señor Gary negó

ser el padre de la menor.

       El 6 de septiembre de 2023, la ASUME emitió una Orden en

la que, entre otras cosas, consignó que se realizaban gestiones ante

un laboratorio contratado por la agencia administrativa para que las

partes se sometieran a pruebas genéticas de paternidad, en

conformidad con las exigencias del Reglamento del Procedimiento

Administrativo Expedito de la ASUME, Reglamento Núm. 7583 de

10 de octubre de 2008 (Reglamento Núm. 7583) cuando no existe

un reconocimiento voluntario de paternidad por el presunto padre.2

       El 25 de septiembre de 2023, la recurrente presentó una

Moción informando contrato de inseminación suscrito por demandado

en el que arguyó que las pruebas genéticas eran innecesarias porque

las partes habían suscrito un contrato de consentimiento para

2 Notificada y archivada en autos el 22 de septiembre de 2023. Íd., Anejo 2,

págs. 3-5.
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inseminación artificial en el que aceptaron ser los padres legítimos

de la criatura resultante del procedimiento.3 Además, apuntó que la

menor comoquiera podría ser hija biológica del señor Gary porque

las partes mantuvieron su relación íntima durante ese periodo.

       El 26 de septiembre de 2023, la ASUME emitió una Orden en

la que declaró No Ha Lugar la petición de la señora Santana Mora.4

       El 28 de septiembre de 2023, la recurrente radicó una

Reconsideración en la que solicitó a la ASUME que reconsiderara su

dictamen y, en su lugar, determinara la filiación de la menor.5

       El 9 de noviembre de 2023, la ASUME emitió una Orden en la

que declaró No Ha Lugar la reconsideración solicitada.6

       El 27 de noviembre de 2023, la ASUME emitió una Resolución

final en la que declaró No Ha Lugar la petición de filiación y pensión

alimentaria promovida por la señora Santana Mora.7 Según

determinó, las pruebas genéticas de paternidad arrojaron que el

señor Gary no era el padre biológico de la menor.

       En desacuerdo, la señora Santana Mora presentó el recurso

de revisión judicial de epígrafe en el que solicitó la revisión de la

Orden emitida por la ASUME el 26 de septiembre de 2023, cuya

reconsideración fue denegada el 9 de noviembre de 2023. En

específico, le imputó a la agencia administrativa la comisión de los

siguientes tres errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ [LA] ASUME AL NO DAR NING[Ú]N
       PESO PROBATORIO A LA PRUEBA DOCUMENTAL DE
       INSEMINACI[Ó]N  ARTIFICIAL  CON   DONANTE    DE
       ESPER[M]A AN[Ó]NIMO SOMETIDA AS[Í] COMO A LA
       DECLARACI[Ó]N UNILATERAL DE VOLUNTAD CONTENIDA
       EN DICHOS DOCUMENTOS.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ [LA] ASUME AL DETERMINAR
       QUE LA PRUEBA DE ADN ERA LA [Ú]NICA FORMA DE
       FILIACI[Ó]N POSIBLE CONFORME AL REGLAMENTO DE LA
       AGENCIA.

3 Íd., Anejo 3, págs. 6-7.
4 Íd., Anejo 4, págs. 8-10.
5 Íd., Anejo 5, págs. 11-12.
6 Notificada y archivada ese mismo día. Íd., Anejo 7, págs. 23-24.
7 Notificada y archivada el 28 de noviembre de 2023. Íd., Anejo 8, págs. 25-29.
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      TERCER ERROR: ERR[Ó] [LA] ASUME AL NO GARANTIZAR
      EL DEBIDO PROCESO DE LEY A LA RECURRENTE EN LA
      VISTA CELEBRADA HABER DECLARADO NO HA LUGAR
      [LA]  MOCI[Ó]N  RECONSIDERAC[I]ON     Y  AL   NO
      CONSIDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. SU
      DETERMINACI[Ó]N ES ARBITRARIA, CAPRICHOSA Y
      DENOTA PARCIALIDAD.

      El 8 de enero de 2024, el señor Gary radicó una Moción de

desestimación a recurso de revisión administrativa por falta de

jurisdicción al amparo de la Regla 83(B)(1) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones en la que argumentó que esta Curia carecía

de   jurisdicción   porque   la   Orden recurrida   era   una   orden

interlocutoria de la ASUME, la que no es revisable salvo ciertas

excepciones.

      El 9 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que

determinamos que oportunamente adjudicaríamos la solicitud de

desestimación.

      El 11 de enero de 2024, el recurrido presentó una Moción de

reconsideración a la Resolución del 9 de enero de 2024 & Moción de

desestimación supletoria en la que argumentó que: (1) la señora

Santana Mora incumplió con notificar la reconsideración presentada

ante la ASUME como lo requiere el Reglamento Núm. 7583; (2) la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38 de 30

de junio de 2017, según enmendada, (LPAU), 3 LPRA secs. 9601 et

seq. y el Reglamento Núm. 7583 no permiten la revisión de órdenes

o resoluciones interlocutorias; y (3) posterior a la Orden recurrida,

el 27 de noviembre de 2023, la ASUME emitió una Resolución final

sobre el asunto, la cual advino final y firme sin que fuera

cuestionada. Según alegó, este último hecho tornó académico el

presente recurso.

      El 22 de enero de 2024, la señora Santana Mora radicó una

Moción en oposición a solicitud de desestimación en la que solicitó

que declaremos No Ha Lugar la moción del recurrido y, en

consecuencia, atendamos el recurso en sus méritos.
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        El 29 de enero de 2024, el señor Gary presentó un alegato en

oposición al recurso en el que reiteró que esta Curia carece de

jurisdicción para atender el recurso y planteó que, en todo caso, la

ASUME no incidió en los errores señalados por la recurrente.

                                  III.

                                  A.

        La jurisdicción ha sido definida como “el poder o autoridad de

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Shell

v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012). Reiteradamente,

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los tribunales tienen

siempre la obligación de ser celosos guardianes de su propia

jurisdicción, toda vez que sin jurisdicción no están autorizados a

entrar a resolver los méritos de un recurso. Íd., págs. 122-123. En

consecuencia, los asuntos de jurisdicción son materia privilegiada y

deben     ser   resueltos   con   preferencia. Fuentes    Bonilla    v.

ELA, 200 DPR 364, 372 (2018). Así, cuando un tribunal no tiene

autoridad para atender el recurso, solo tiene jurisdicción para así

declararlo y desestimar el caso sin entrar en los méritos de la

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR

652, 660 (2014).

        De ordinario, la falta de jurisdicción posee las siguientes

características: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes

no pueden conferírsela voluntariamente al tribunal, ni este puede

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de cualquier dictamen emitido;

(4) impone a los tribunales el deber obligatorio de auscultar su

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber

de examinar la jurisdicción del foro inferior; y (6) puede presentarse

en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de partes o por el

propio tribunal. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR

848, 855 (2009).
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      A tenor con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, nos autoriza a

desestimar un recurso por falta de jurisdicción.

      Entre las razones que privan a los tribunales de asumir

jurisdicción sobre un asunto, resaltan dos de ellas debido a su

pertinencia: la falta de madurez y la doctrina de academicidad. En

primer lugar, un recurso es prematuro cuando se presenta antes de

que el tribunal tenga jurisdicción para atenderlo. Pueblo v. Ríos

Nieves, 209 DPR 264, 274 (2022); Torres Martínez v. Torres

Gighliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Es decir, es prematuro cuando

se radica previo a que haya nacido autoridad judicial para

considerar el asunto y, por ello, su presentación carece de eficacia.

Torres Martínez v. Torres Gighliotty, supra, pág. 98. En segundo

lugar, la doctrina de academicidad requiere que todo pleito presente

una controversia real entre las partes. Bhatia Gautier v.

Gobernador, 199 DPR 59, 73 (2017). Un recurso se convierte en

académico cuando la controversia que presenta deja de existir con

el paso del tiempo, debido a cambios en los hechos o en el derecho.

Íd. Empero, como excepción, los tribunales pueden atender un caso,

aunque sea académico, en los siguientes escenarios: (1) cuando se

plantea una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir y

que tienda a evadir la revisión judicial; (2) cuando la situación de

hechos ha sido modificada por el demandado, pero el cambio no

aparenta ser permanente; o (3) cuando se tornan académicos

aspectos   de   la   controversia,    pero   subsisten   consecuencias

colaterales vigentes. Íd., págs. 73-74.

                                     B.

      Como norma general, nuestra jurisdicción para revisar un

recurso de revisión judicial se circunscribe a determinaciones

finales de las agencias administrativas. Así lo prescribe la Ley de la
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Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según

enmendada, 4 LPRA secs. 24 et seq, al establecer en su Art. 4.006(c)

que esta Curia revisará las decisiones, órdenes y resoluciones

finales de los organismos o agencias administrativas. 4 LPRA sec.

24y. Así también lo reconoce la LPAU, supra, en su sección 4.2 al

disponer que la revisión judicial se limitará a las órdenes o

resoluciones finales de los organismos administrativos, siempre que

la parte afectada haya agotado todos los remedios provistos por la

agencia concernida. 3 LPRA sec. 9671.

      Ahora bien, la sección 4.3 de la LPAU, supra sec. 9673,

reconoce varias instancias que permiten preterir la doctrina de

agotamiento de remedios, a saber: (1) cuando el remedio sea

inadecuado; (2) cuando requerir el agotamiento del remedio

resultaría en un daño irreparable a la parte y en el balance de

intereses no se justifique agotar el remedio; (3) cuando se alegue la

violación sustancial de derechos constitucionales; (4) cuando sea

inútil agotar los remedios por la dilación excesiva en los

procedimientos; (5) cuando se presente un caso claro de falta de

jurisdicción de la agencia; o (6) cuando se trate de un asunto

estrictamente de derecho y la pericia administrativa sea innecesaria.

La inclusión en la LPAU, supra, de estas causas para prescindir del

requisito de agotar remedios reflejó directamente la jurisprudencia

que reconocía cuándo podía atenderse un caso, aunque quedaran

remedios administrativos disponibles. Véase J. Exam. Tec. Med. V.

Elía et al., 144 DPR 483, 491-492 (1997); Viuda de Iturregui v.

E.L.A., 99 DPR 488, 491-492 (1970); Vélez Ramírez v. Romero

Barceló, 112 DPR 716, 723 (1982).

      Basándose en estos fundamentos, este Panel ha sido

consistente en desestimar por falta de jurisdicción aquellos recursos

en los que se solicita la revisión de órdenes o resoluciones
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interlocutorias de agencias administrativas, tal como en el caso de

autos. Véanse Jonathan Santiago Torres v. Departamento de

Corrección y Rehabilitación, KLRA202300378 (el organismo

administrativo ordenó la celebración de una nueva vista en el

proceso disciplinario en contra de un confinado); Oficina de Ética

Gubernamental v. Rodríguez Mateo, KLCE202300889 (la agencia

no había emitido una determinación final y conservaba jurisdicción

para    atender     la   reclamación);    Leonel   Santiago   López   v.

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA202300449

(la agencia no había emitido una decisión final porque el recurrente

tenía disponible una reconsideración), entre otros.

                                    IV.

       En el caso de marras se solicita la revisión de una Orden

interlocutoria de la ASUME en la que se declaró No Ha Lugar una

petición de la señora Santana Mora para que la agencia no requiriera

someter al señor Gary a una prueba de paternidad. Así lo denota

tanto la totalidad del recurso de revisión judicial promovido como la

Moción en oposición a solicitud de desestimación radicada por el

recurrido presentada por la recurrente. Posterior al dictamen

recurrido, la reclamación siguió su curso, toda vez que, como surge

del expediente, se señaló la celebración de una vista el 14 de

noviembre de 2023 y la recurrente radicó una Moción informativa de

presentación de prueba documental en la que sometió evidencia para

dicho señalamiento.8 Adviértase que, el 27 de noviembre de 2023, la

ASUME emitió una Resolución final en la que declaró No Ha Lugar

la petición de filiación y pensión alimentaria promovida por la

recurrente. Sin embargo, ni en este recurso ni en ningún otro se

solicitó la revisión de esa determinación final. Así, dicha Resolución

advino final y firme.

8 Íd., Anejo 6, págs. 13-22.
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      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

resulta evidente que carecemos de jurisdicción para atender el

presente recurso, toda vez que su presentación fue prematura y su

controversia se tornó académica. La Orden de la ASUME cuya

revisión se solicita no es una determinación final, sino un dictamen

interlocutorio en el proceso administrativo de filiación y pensión

alimentaria que promovía la señora Santana Mora. Por ello, el

dictamen constituyó un incidente preliminar en la consideración del

caso por la ASUME.

      Tampoco están presentes ninguna de las excepciones que

permiten      preterir   la   doctrina    de   agotamiento   de   remedios

administrativos. Esta realidad implica que la presentación del

recurso fue prematura y, por ello, nos priva de jurisdicción. Además,

la Resolución emitida por la ASUME el 27 de noviembre de 2023, la

cual advino final y firme, tornó académica la controversia planteada

por el recurso, puesto que adjudicó la reclamación en su totalidad.

Al así hacerlo, privó a esta Curia de autoridad jurídica para atender

el recurso.

      En vista de este cuadro fáctico, huelga destacar que este caso

no constituye una de las instancias que permite preterir la doctrina

de agotamiento de remedios, ni presenta uno de los escenarios que

justifican atender una determinación interlocutoria de la agencia.

Teniendo oportunidad para ello, la recurrente no argumentó que el

caso presentara una de estas causas. Por lo que procede no

intervenir con una determinación interlocutoria de la agencia

administrativa, ante los hechos particulares de este caso.

                                     V.

      Por los fundamentos pormenorizados, se desestima el recurso

por falta de jurisdicción.
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      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. El Juez Sánchez Ramos disiente, pues este

Tribunal tiene la autoridad para, y debió, acoger el recurso de

referencia, presentado el 6 de diciembre de 2023, como una

oportuna solicitud de revisión judicial de la decisión final de la

agencia, notificada el 28 de noviembre de 2023, por lo cual no

procede la desestimación del mismo.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones