Court Opinion

ID: 9916091
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:20:44.715118+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:19.160377
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL1

                                                        Certiorari
    EL PUEBLO DE PUERTO                                 procedente del
            RICO                                        Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala de
           Recurrido                                    Carolina
                                  KLCE202301315
               v.                                       Caso Núm.:
                                                        F LA2019G0145-
    JOSÉ CARLOS APONTE                                  0149
          RAMOS
                                                        Por: Art. 5.04 LA (3
         Peticionario                                   cargos), Art. 6.01 LA
                                                        (2 cargos)

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023

       El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó, de plano, una

moción de supresión de evidencia presentada poco antes de la fecha

pautada para el inicio de un juicio penal, ello al razonar que era la

segunda vez que el acusado solicitaba dicha supresión y al notar

que dicha parte podría reproducir su solicitud durante el juicio.

Según se explica a continuación, en el ejercicio de nuestra

discreción, declinamos la invitación del acusado a intervenir con el

dictamen recurrido.

                                       I.

       Al Sr. José Carlos Aponte Ramos (el “Acusado”) se le imputan

ciertas violaciones a la Ley de Armas. Surge de lo expuesto por otro

panel de este Tribunal, al resolver un recurso anterior, que al

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes
adjudicaron los correspondientes recursos anteriores (KLCE202301108 y
KLCE202301236).

Número Identificador
RES2023_____________________
KLCE202301315                                                        2

Acusado se le imputaron varias violaciones a los Artículos 5.04 y

6.01 de la Ley 404-2000, 25 LPRA secs. 458c y 459.               Véase

Resolución de 22 de julio de 2021 (KLCE202001034) (la “Decisión

Anterior”).

      En diciembre de 2019, el Acusado solicitó la supresión de

las armas que se le ocuparon (la “Primera Moción”). En esa ocasión,

planteó que “la ocupación de toda la evidencia fue producto de un

arresto ilegal, sin motivos fundados, basada en meras sospechas, en

donde el propio agente reconoció cándidamente [] que intervino con

el peticionario [] a pesar de que no estaba cometiendo acto delictivo

alguno en su presencia.”

      Surge de la Decisión Anterior que el TPI acogió la Primera

Moción    como   una   de    supresión   de   evidencia,   realizó   la

correspondiente     vista    evidenciaria,    y   denegó   la   misma.

Inconforme, el Acusado solicitó la intervención de este Tribunal, lo

cual fue denegado mediante la Decisión Anterior. Allí se determinó

que “[a]nte la adjudicación de credibilidad del TPI del agente Román

Nieves que declaró en la vista de supresión de evidencia, resolvemos

no intervenir en esta etapa de los procedimientos.”

      No obstante lo anterior, el 4 de octubre de 2023, el Acusado

solicitó, una vez más, la supresión de las armas que se le ocuparon

(la “Segunda Moción”).      Adujo que la versión del agente Román

Nieves, quien fue uno de los dos agentes que participó en la

incautación de las armas, y quien declaró en la vista evidenciaria

celebrada a raíz de la Primera Moción (el “Primer Agente”), “se

distancia de los hechos según relatados por el Sgto. Francisco Díaz

González en su declaración jurada del 10 de septiembre de 2020”.

El sargento Díaz González fue el otro funcionario que intervino en la

ocupación de las armas en controversia (el “Sargento”).

      El Acusado resaltó que, “distinto a lo que declara [el Primer

Agente], el [Sargento] no dice que el zipper de la cartera estaba
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abierto, no menciona que se veía ningún arma dentro de la cartera,

tampoco dice que fue el [Primer Agente] quien realizó el registro y

ocupó las armas de fuego.” Señaló que el Sargento consignó en su

declaración que fue él quien se acercó al Acusado y quien le tocó la

cartera, “sintiendo que estaba dura y bien pesada”.

      Mediante una Resolución de 19 de octubre de 2023, notificada

el 7 de noviembre, el TPI denegó la Segunda Moción. El TPI razonó

que la declaración jurada del Sargento era “prueba de impugnación

para el juicio”; advirtió que “aquí ya se adjudicó la supresión de

evidencia”; y consignó que el Acusado “podría reproducir” dicha

solicitud “durante el juicio”.

      En la tarde del 27 de noviembre de 2023, el Acusado presentó

el recurso que nos ocupa, junto con una moción en auxilio de

jurisdicción en la cual señaló que el juicio estaba señalado para

comenzar al día siguiente2. Asevera que el TPI erró al denegar la

Segunda     Moción,     pues     debía     antes   celebrarse   una    vista

evidenciaria; además, señala que el TPI erró “al leer la moción

poniéndose en contacto con la prueba que en su día pudiera ser

presentada en [el] juicio en su fondo”.

                                     II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a

examinar para ejercer nuestra discreción.            La Regla 40, supra,

dispone lo siguiente:

2 Esta moción fue denegada mediante una Resolución emitida ese mismo día.
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      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:
      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

                                  III.

      Luego de examinado el recurso de referencia, hemos

determinado, en el ejercicio de nuestra discreción, no intervenir con

lo actuado por el TPI. Ello en atención a que la actual etapa del

proceso no es la más propicia para considerar lo planteado por el

Acusado y nuestra intervención causaría una dilación indeseable.

Regla 40(E y F), supra.

      Adviértase que el juicio estaba pautado para comenzar al día

siguiente de presentado el recurso y, además el Acusado puede

reproducir su solicitud de supresión durante el juicio.       Por otra

parte, si finalmente se admite en juicio la prueba en controversia, el

Acusado, de ser hallado culpable, puede presentar en apelación

todos los planteamientos que estime procedentes en conexión con

este asunto.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto

solicitado.
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     Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones