Court Opinion

ID: 9962781
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:51:52.347873+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:34.347201
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

     KEVYN OMAR RIVERA                                   Certiorari
           ALICEA                                        procedente del Tribunal
    DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)                           de Primera Instancia, Sala
                                                         Superior de ARECIBO

                V.                 KLCE202400198
                                                         Caso Núm.
                                                         AR2021CV01538 (403)
        STEVEN MEDINA
          MENDOZA
    DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)
                                                         Sobre:
                                                         Incumplimiento de
                                                         Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

                                   RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, hoy día 11 de marzo de 2024.

         Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor STEVEN

MEDINA MENDOZA (señor MEDINA MENDOZA) mediante Certiorari instado el

16 de febrero de 2024. En su escrito, nos solicita que revisemos la Resolución

dictada el 22 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI),

Sala Superior de Arecibo.1 Mediante el aludido pronunciamiento, el foro a

quo dispuso: “[…] determinamos, a los fines de evitar dilaciones adicionales y

ante la falta de conocimiento legal, procesal y evidenciario que entendemos

presenta la parte demandada, relevar a la parte demandada de la auto

representación”.

         Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

1
 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 22 de diciembre de 2023.
Véase Apéndice del Certiorari, págs. 1- 2.

Número Identificador:
RES2024_____________
KLCE202400198                                                          Página 2 de 10

                                        -I-

       El 28 de octubre de 2021, el señor KEVYN OMAR RIVERA ALICEA (señor

RIVERA ALICEA) incoó Demanda sobre incumplimiento de contrato y daños

acompañado de Contrato de Arrendamiento.2 El 23 de febrero de 2022, el

señor MEDINA MENDOZA presentó su Contestación a Demanda conteniendo

sus defensas afirmativas y Reconvención.3 Posteriormente, el 19 de abril de

2023, el señor RIVERA ALICEA presentó su Contestación a Reconvención.4 Ese

mismo día, se celebró vista sobre el estado de los procedimientos en la cual,

entre otras cosas, se dispuso: “[…] El Tribunal va a permitir a la parte

demandada su autorrepresentación por el momento. No obstante, se le

apercibe al señor Medina que, si en algún momento procesal surge alguna

situación que se entienda que carece de todo conocimiento en cuanto a poder

llevar el caso de esta manera, se podrá revocar la autorrepresentación y

exigirle que informe cuál será su nueva representación legal”.5

       Luego de varios incidentes procesales, el 21 de diciembre de 2023, se

celebró la Conferencia con Antelación al Juicio.6 Dicha audiencia fue

convertida en una sobre el estado de los procedimientos ante los

inconvenientes para confeccionar el informe y se prescribió: “[e]scuchados

los argumentos de las partes, evaluadas las últimas mociones, examinado el

expediente y las diferentes incidencias que han ocurrido en el caso, el

Tribunal determina que se releva de la auto representación al Sr. Steven

Medina Mendoza. Siendo eso así, se ordena al señor Medina Mendoza a que,

en el término de 45 días, busque e informe su representación legal. De no

contar con los recursos económicos para así hacerlo, tiene que demostrar que

visitó las Oficinas de Servicios Legales y/o las Oficinas de Pro-Bono y se

tendría que celebrar una vista de indigencia. Para ello, tendría que presentar

2
  Véase entrada núm. 1 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC).
3
  Véase entrada núm. 9 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC).
4
  Véase entrada núm. 31 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC).
5
  Véase Minuta de 19 de abril de 2023.
6
  Véase Minuta de 21 de diciembre de 2023.
KLCE202400198                                                       Página 3 de 10

la correspondiente moción con las certificaciones de dichas oficinas para

poder determinar si se le asigna un abogado de oficio”. Así las cosas, se

dictaminó la Resolución impugnada.

         El día 8 de enero de 2024, el señor MEDINA MENDOZA presentó una

Moción de Reconsideración manifestando su inconformidad con la

Resolución.7 En respuesta, el 10 de enero de 2024, el señor RIVERA ALICEA

presentó su Réplica a Moción de Reconsideración.8 Al otro día, el señor

MEDINA MENDOZA presentó su Moción de Réplica a Réplica de

Reconsideración.9 Subsiguientemente, el 17 de enero de 2024, se intimó

Resolución en la cual se declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración.10

         En desacuerdo con ese proceder judicial, el 16 de febrero de 2024, el

señor MEDINA MENDOZA recurrió ante este foro revisor señalando el siguiente

error:

             Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
             Superior de Arecibo, al determinar No Ha Lugar a la
             reconsideración presentada por la parte demandada, el día 8
             de enero de 2024 y emitir una Resolución con fecha del 22 de
             diciembre de 2023, donde determinó relevar a la parte
             demandada de la auto representación.

         El 21 de febrero de 2024, pronunciamos Resolución en la cual, entre

otras cosas, concedimos un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la

cual no debemos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen

impugnado al señor RIVERA ALICEA. Después, el 27 de febrero de 2024, el

señor RIVERA ALICEA presentó su Alegato en Oposición a Expedición del Auto

de Certiorari.

         Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y contando con

el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos encontramos en

posición de resolver. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a las

(s) controversia(s) planteada(s).

7
   Véase Apéndice del Certiorari, págs. 3- 5.
8
   Íd., Véase Apéndice del Certiorari, págs. 6- 8.
9
   Íd, págs. 9- 11.
10
    Íd, pág. 12.
KLCE202400198                                                               Página 4 de 10

                                          - II -

                                          -A-

        El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas

por una corte de inferior instancia judicial. 11 Por ello, la determinación de

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la

discreción judicial.12

        De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.13

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto

del derecho”.14

        Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.15 La mencionada Regla

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo”.16 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este

auto discrecional cuando:17

        (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
        hechos o peritos esenciales;
        (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
        (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
        (4) en casos de relaciones de familia;
        (5) en casos revestidos de interés público; o
        (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 18

11
   Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres
González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,
206 DPR 391, 403 (2021).
12
   Íd.
13
   Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
14
   Íd.
15
   32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
16
   Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
17
   IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012).
18
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare
v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).
KLCE202400198                                                                 Página 5 de 10

        Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.19

        Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en

el vacío o en ausencia de otros parámetros.20 Para ello, la Regla 40 de nuestro

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no

expedir un recurso de certiorari. A saber:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
        diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
        análisis del problema;
        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
        en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
        Instancia;
        (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida
        a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o
        de alegatos más elaborados;
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
        más propicia para su consideración;
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
        causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
        indeseable en la solución final del litigio; y
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
        un fracaso de la justicia.21

        Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva,

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el

ejercicio de nuestra jurisdicción.22 En otras palabras, los anteriores criterios

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se

encuentra el caso.23 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal

19
   McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.
20
   Id.
21
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v.
Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
22
   García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
23
   Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
KLCE202400198                                                         Página 6 de 10

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación que

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”24

       Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.25 Esto es, “que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.26

                                       -B-

       Nuestro ordenamiento jurídico provee para que las personas

naturales, en los casos civiles ordinarios, puedan auto representarse.27 En ese

sentido, la representación por derecho propio en el ámbito civil está

instituida por parámetros procesales estatuidos en la Regla 9.4 de las de

Procedimiento Civil de 2009. Específicamente, la norma dispone:

       Las personas naturales en los casos civiles ordinarios podrán
       autorepresentarse. La persona que se autorepresenta deberá
       cumplir con los requisitos siguientes:
              (a) que la persona no está representada por abogado o
       abogada;
              (b) que la decisión de autorepresentarse es voluntaria
       e inteligente, así como con pleno conocimiento de causa y de
       que la persona será tratada como cualquier otra parte
       representada por abogado o abogada;
              (c) que la persona puede representarse a sí misma de
       manera adecuada, de acuerdo a la complejidad de la
       controversia a adjudicarse;
              (d) que la persona tiene los conocimientos mínimos
       necesarios para defender adecuadamente sus intereses,
       cumplir con las reglas procesales y alegar el derecho
       sustantivo aplicable, y
              (e) que la autorepresentación no va a causar o contribuir a
       una demora indebida o una interrupción de los procedimientos,
       que no entorpecerá la adecuada administración de la justicia ni
       atentará contra la dignidad del tribunal, las partes o sus abogados
       o abogadas.

24
    Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO
Construction Inc., supra.
25
   García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
26
   Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
27
   32 LPRA Ap. V, R. 9.4.
KLCE202400198                                                                   Página 7 de 10

        El tribunal deberá asegurarse de que la persona cumple con
        estos requisitos a partir de su comparecencia inicial y
        durante todo el proceso. El incumplimiento con alguno de estos
        requisitos será causa justificada para suspender su
        autorepresentación. Cuando el tribunal suspenda la
        autorepresentación de una persona, le ordenará que en
        determinado plazo comparezca representada por abogado o
        abogada.
        Si una parte durante el transcurso de un proceso desea
        autorepresentarse, deberá solicitar autorización al tribunal, pero
        además de cumplir con los incisos (a) al (e) de esta regla, deberá
        satisfacer los criterios siguientes:
            (1) que la persona ha solicitado autorepresentarse de
                forma oportuna, y
            (2) que la persona ha manifestado de manera expresa e
                inequívoca el propósito o interés de comenzar con su
                autorepresentación.
        La persona que comparece por derecho propio está sujeta a que
        se le impongan las mismas sanciones que la Regla 9.3 de este
        apéndice provee para los abogados y abogadas, así como las
        consecuencias procesales que estas reglas proveen para las partes
        representadas por abogado o abogada. El tribunal no está
        obligado a ilustrar a la persona que se representa por derecho
        propio acerca de las leyes o reglas, ni a nombrarle abogados o
        abogadas para que le asesoren durante el proceso, ni a inquirir
        respecto a las razones por las cuales ha elegido la representación
        por derecho propio, aunque en los casos que estime conveniente
        para lograr la sana administración de la justicia, deberá así
        hacerlo.28

        Los comentarios del Informe de Reglas de Procedimiento Civil del

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de

Puerto Rico sobre la auto representación nos refieren a su procedencia,

alcance e interpretación: 29

        El Comité añadió esta regla a los fines de codificar los criterios
        establecidos por el Tribunal Supremo en Lizarríbar v. Martínez
        Gelpí, [121 DPR 770 (1988)], donde reconoció el derecho a la
        representación por derecho propio en casos de naturaleza civil. En
        éste el Tribunal especificó que el derecho a representarse por
        derecho propio en casos de esta naturaleza no es absoluto e ilimitado
        por lo que estableció una serie de criterios que deben tomarse
        en consideración al evaluar una solicitud de representación
        por derecho propio. También indicó que solo las personas
        naturales pueden representarse por derecho propio, excluyendo así
        a las personas jurídicas.
        […]
        La exigencia de “conocimientos mínimos necesarios” implica que la
        parte que pretende hacer uso de su derecho a
        autorepresentarse debe ser capaz de tomar parte en los
        procedimientos sin entorpecer ni obstaculizar indebidamente el
        desarrollo de los mismos.
        La parte que interese representarse por derecho propio deberá
        presentar por escrito autorización al tribunal. En caso de que lo

28
   (énfasis nuestro).
29
   Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Vol.
1, (marzo 2008). Véase también Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2011, 2da
ed. Tomo V, Publicaciones JTS, págs. 1788-1789.
KLCE202400198                                                            Página 8 de 10

        autorice, el tribunal no estará obligado a orientar sobre el proceso ni
        las leyes aplicables al mismo.
        No obstante, si el tribunal lo estima conveniente, y necesario para
        evitar dilaciones al proceso, y porque entiende que la parte que se
        autorepresenta carece de los conocimientos para defenderse
        adecuadamente, podrá revocar la autorización.

        La propia Regla 9.4, requiere que el tribunal se asegure que la parte

litigante en el ejercicio de su auto representación entiende y conozca el

alcance y las consecuencias de su comparecencia por derecho propio durante

todas las etapas del litigio.30 Igualmente, la disposición procesal autoriza al

tribunal a suspender la auto representación cuando estime que la parte

litigante pro se ha incumplido con alguno de los requisitos antes mencionados,

por lo que se entenderá que ha mediado causa justificada para la suspensión.31

        Ahora bien, el alcance y los efectos para la persona que comparece por

derecho propio son característicos, pues está sujeto a que se le impongan las

mismas sanciones para los abogados y abogadas contempladas en la Regla 9.3

de las de Procedimiento Civil de 2009, así como las consecuencias procesales

que las reglas proveen para las partes representadas por abogado o abogada.32

Esto implica que, aquel litigante que comparece por derecho propio, con

autorización del tribunal, será tratado de la misma manera que los abogados,

y, en definitiva, estará sujeto a las mismas sanciones procesales y económicas

que cualquier otro abogado.

                                               - III -

        El señor MEDINA MENDOZA en su recurso punteó que el foro de

instancia erró al relevarle de la auto representación. En esencia, fundamentó

que solamente se han celebrado dos (2) vistas por videoconferencia de diez

(10) minutos de duración. Por ende, relevarle de la auto representación es

una decisión apresurada. Además, argumentó que tomó la decisión de

presentar el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados de manera

unilateral debido a que el licenciado Carlos R. Cano Robles, representación

legal del señor RIVERA ALICEA, obstaculizó una reunión presencial en tres (3)

30
   (énfasis nuestro).
31
   (énfasis nuestro).
32
   32 LPRA Ap. V, R. 9.3. (énfasis nuestro).
KLCE202400198                                                                      Página 9 de 10

ocasiones. Agregó que presentó un escrito para que se le requiriera cumplir

con la Regla 37.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, y la misma fue

declarada no ha lugar.33

        Por su parte, el señor RIVERA ALICEA en su alegato en oposición

manifestó que el presente litigio lleva alrededor de dos (2) años y por el

desconocimiento legal del señor MEDINA MENDOZA se ha prolongado

innecesariamente. Asimismo, que en múltiples ocasiones le informó al señor

MEDINA MENDOZA que la reunión para el manejo del caso se llevaría a cabo

mediante correo electrónico. Aludió, que le remitió un correo electrónico

proveyéndole su parte del informe e indicándole que debía incluir su parte.

Amplió que, el señor MEDINA MENDOZA insistió en reunirse de manera

presencial, pero optó por llevarla a cabo mediante correo electrónico, ello,

para disipar cualquier apariencia de conducta impropia dado que comparece

por derecho propio. Expuso que el señor MEDINA MENDOZA presentó

unilateralmente y eliminó información del proyecto de informe sin su

autorización y sin su firma digital.

        Ahora bien, habida cuenta de que el recurso ante nuestra

consideración se trata de un Certiorari, este Tribunal de Apelaciones debe

determinar, como cuestión de umbral, si procede su expedición. Tal y como

hemos expuesto, un tribunal intermedio no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los Tribunales de Primera Instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o actuó con prejuicio o parcialidad,

33
   Véase entrada núm. 58 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC). 32 LPRA Ap. V, R. 37.1. Regla 37.1. Reunión entre los
abogados para el manejo del caso: En todos los casos contenciosos, con excepción de aquellos
bajo las Reglas 45 y 60, los casos de relaciones de familia u otros regulados por leyes
especiales, se celebrará una reunión entre los abogados o abogadas de las partes, no más
tarde de los cuarenta (40) días desde la última contestación de la parte demandada, del
último codemandado emplazado o tercero demandado, o última codemandada emplazada
o tercera demandada, o de que haya expirado el plazo para contestar. […] Como resultado de
la reunión, los abogados o las abogadas de las partes prepararán un documento conjunto
titulado Informe para el manejo del caso, que incluya los acuerdos alcanzados en ésta, y lo
presentarán a la Secretaría del tribunal dentro de los diez (10) días siguientes a la reunión.
Se podrá preparar el Informe para el manejo del caso por la vía telefónica, vía fax, por correo
electrónico, por teleconferencia o por cualquier otro método. En virtud de este informe, el
tribunal calendarizará la conferencia inicial, la conferencia con antelación al juicio o el juicio.
Las partes estarán obligadas a actualizar, suplementar, corregir o enmendar la prueba o
información que deben intercambiar conforme lo dispuesto en esta regla.
KLCE202400198                                                               Página 10 de 10

o se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal

o de derecho sustantivo, y nuestra intervención en esa etapa evitará un

perjuicio sustancial.

        Evaluados los criterios establecidos en la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil de 2009, supra, y la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de       Apelaciones,       supra,    consideramos       que la etapa del

procedimiento en que se presenta este recurso de Certiorari no es la más

propicia para nuestra intervención. El señor MEDINA MENDOZA tampoco ha

demostrado que el foro de instancia actuó con pasión, prejuicio, parcialidad

o que incurrió en error manifiesto. En conclusión, nada en el expediente nos

convenció para utilizar nuestra función revisora en esta etapa de los

procedimientos. Además, nada nos movió para inmiscuirnos en el manejo del

caso y en la discreción del(de la) juez quien maneja el caso. De igual modo,

no observamos ningún error de parte del foro primario al emitir la Resolución

recurrida.

                                          - IV -

        Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del

auto de Certiorari instado el 16 de febrero de 2024 por el señor STEVEN

MEDINA MENDOZA de conformidad con la Regla 52.1 de las de Procedimiento

Civil de 2009, supra, y la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.

        Notifíquese inmediatamente.34

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones

34
  En conformidad con la Minuta de 21 de diciembre de 2023, este caso tiene audiencia
(conferencia con antelación al juicio) pautada para el 14 de marzo de 2024 a las 11:30 de la
mañana.