Court Opinion

ID: 9388079
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:11:25.534842+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.219827
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                  REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN
                              PANEL XI

                                                      Revisión de
                                                      Decisión
     VÍCTOR MIRANDA                                   Administrativa
         SANTANA                                      procedente del
                                                      Departamento de
         Recurrente                                   Corrección y
                                                      Rehabilitación

              V.                 KLRA202200666 Caso Núm.:
                                               B-1359-22
                                               B-1034-22
    DEPARTAMENTO DE                            B-1360-22
      CORRECCIÓN Y                             B-1275-22
     REHABILITACIÓN                            B-1134-22
                                               B-1362-22
          Recurrido                            B-1358-22

                                                      Sobre:
                                                      Entrega de
                                                      Alimentos y
                                                      Meriendas

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves. Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

      El 16 de diciembre de 2022, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones el señor Víctor Miranda Santiago, miembro de la

población correccional (en adelante, parte recurrente o señor

Miranda Santiago), mediante escrito de revisión administrativa

intitulado Demanda. Por medio de este, nos solicita que revisemos

varias decisiones administrativas emitidas el 14 de septiembre de

20221, el 26 de octubre de 20222, el 16 de noviembre de 20223, y el

23 de noviembre de 20224 emitidas por la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación

1 Respuesta al Miembro de la Población Correccional B-1034-22.
2 Respuesta al Miembro de la Población Correccional B-1134-22.
3 Respuesta al Miembro de la Población Correccional B-1275-22.
4 Respuesta al Miembro de la Población Correccional B-1358-22 y Respuesta al

Miembro de la Población Correccional B-1362-22.

Número Identificador
SEN2023 __________________
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(en   adelante,     parte   recurrida   o   División   de   Remedios

Administrativos).

      Por los fundamentos que adelante se esbozan se confirma la

determinación recurrida.

                                   I

      Conforme surge del expediente, el señor Miranda Santana se

encuentra recluido en la institución carcelaria Bayamón 501,

módulo 1D. El 1ro de septiembre de 2022, la parte peticionaria

presentó la Solicitud de Remedio Administrativo. En esta, arguyó

que los alimentos que le proveía la institución llegaban fríos y que

como consecuencia, no podía ingerirlos. Añadió que, como merienda

le daban una caja de cereal y que esta no era apropiada. El 14 de

septiembre de 2022, la División de Remedios Administrativos emitió

la Respuesta al Miembro de la Población Correccional con número de

referencia B-1034-22. Mediante la misma, desestimó la solicitud de

la parte recurrente por falta de información.

      Posteriormente, el 6 de octubre de 2022, la parte peticionaria

presentó otra Solicitud de Remedio Administrativo con los mismos

argumentos presentados en la primera solicitud.             El 16 de

noviembre de 2022, la parte recurrida emitió la Respuesta al

Miembro de la Población Correccional con número de referencia B-

1275-22. En esta indicó que, el 6 de octubre de 2022 hubo un

cambio de menú debido al paso del huracán Fiona.

      Asimismo, el 31 de octubre de 2022, el señor Miranda

Santana presentó la Solicitud de Remedio Administrativo donde

arguyó que no se le estaban proveyendo alimentos conforme a su

“dieta”. Por otro lado, el 1ro de noviembre de 2022, nuevamente

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo. En la anterior

solicitud, acotó que, los alimentos que se le suministraban en la

institución se encontraban fríos y que no le estaban proveyendo

unas meriendas que habían sido solicitadas por este.
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      Así las cosas, el 16 de noviembre de 2022, la parte peticionaria

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo, en la que reiteró

que recibía los alimentos fríos, y que no le estaban proveyendo jugos

ni pan integral. Añadió que, tal solicitud era un “último aviso” que

si no se cumplía su petición iba a presentar un recurso ante un

tribunal y a demandar al proveedor de alimentos.              El 23 de

noviembre de 2022, la aludida solicitud fue desestimada por la parte

recurrida por medio de Respuesta al Miembro de la Población

Correccional   con   número    de   referencia   B-1358-22,    bajo   el

argumento de que los miembros de la población correccional tenían

la responsabilidad de presentar las solicitudes de remedios de buena

fe conforme a su mejor conocimiento y que debían utilizar un

lenguaje adecuado.

      El 21 de noviembre de 2022, el señor Miranda Santana volvió

a presentar otra Solicitud de Remedio Administrativo donde esbozó

los mismos argumentos que en las solicitudes anteriores. El 23 de

noviembre de 2022, mediante la Respuesta al Miembro de la

Población Correccional con número de referencia B-1362-22, la parte

recurrida desestimó tal solicitud por ser repetitiva.

      El 16 de diciembre de 2022, la parte recurrente acudió ante

este foro revisor mediante recurso de revisión de decisión

administrativa intitulado Demanda.       En este, aunque la parte

recurrente no esboza ningún señalamiento de error, arguye que,

había agotado todo tipo de remedios administrativos respecto a los

alimentos y dietas. Sostiene que, la parte recurrida incumplió con

el debido proceso de ley y que no procedía que esta última

desestimara las solicitudes de remedio presentadas por el señor

Miranda Santana.       Nos solicita, además, que ordenemos la

asignación de un monitor federal con el propósito de que este

supervise las dietas, la temperatura y condición de los alimentos que

provee la parte recurrida. Finalmente, arguye que ha sufrido daños
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mentales y emocionales por las acciones de la parte recurrida, y

expresa que mediante el escrito pretende demandar a una compañía

que llama “Carolina Keitering” por un total de doscientos cincuenta

mil dólares ($250,000).

      El 14 de febrero de 2023, la parte recurrida presentó la

Solicitud de Término Adicional. El 15 de febrero de 2023, mediante

Resolución le concedimos a la parte recurrida hasta el lunes 6 de

marzo de 2023, para presentar su alegato en oposición.

      El 1 de marzo de 2023, nuevamente la parte recurrida solicitó

un término adicional mediante Solicitud de Término Final. Mediante

Resolución emitida el 6 de marzo de 2023, le concedimos a la parte

recurrida el término final e improrrogable hasta el lunes 13 de marzo

de 2023.

      El 10 de marzo de 2023 compareció la parte recurrida

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de

Desestimación.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                 II

A. Revisión Determinaciones Administrativas

      Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. OEG v. Martínez Giraud, 2022 TSPR

93, 210 DPR ___ (2022); Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR

656, 672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819

(2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126

(2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26,35 (2018);

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Asoc. Fcias.

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Es por ello,
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que, tales determinaciones suponen una presunción de legalidad y

corrección, que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras

la parte que las impugne no presente prueba suficiente para

derrotarlas. Íd.; OEG v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v.

Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma

no es absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado

que no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia       a   las   determinaciones       administrativas   que   sean

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

         En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

         [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
         una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
         cuando: (1) la determinación administrativa no está
         basada en evidencia sustancial; (2) el ente
         administrativo erró en la aplicación o interpretación de
         las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
         administrar; (3) el organismo administrativo actuó
         arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
         determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
         actuación      administrativa      lesionó     derechos
         constitucionales    fundamentales.      Es   importante
         destacar que si el tribunal no se encuentra frente a
         alguna de esas situaciones, aunque exista más de
         una interpretación razonable de los hechos procede
         que se valide la interpretación que realizó la agencia
         administrativa recurrida. (Énfasis suplido).5

         El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v.

Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág.

820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya

un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 673; OEG v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y

5   Véase Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820.
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otros, supra, pág. 819-820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde,

supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36;

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.

      Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

“estableció   el   marco   de   revisión   judicial   de   las   agencias

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; OEG v. Martínez

Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 626-627;

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3

LPRA sec. 9675.     Nuestro Máximo Foro, ha expresado que, esta

intervención “debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se

fundamente en evidencia sustancial o cuando la agencia se

equivoque en la aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía,

supra, pág. 36. Siendo así, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Íd; OEG v. Martínez

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por

otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas en

su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec.

9675. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes

particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,
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págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627.          El

Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le deben los

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria,

irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales

fundamentales. Íd. págs. 627-628; OEG v. Martínez Giraud, supra.

Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado que, conforme lo

anterior, el criterio administrativo no podrá prevalecer en aquellas

instancias donde la interpretación estatutaria realizada por una

agencia provoque un resultado incompatible o contrario al propósito

para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo,

concedido cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder

ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que

conduzcan a la comisión de una injusticia”. Íd.

B. Reglamento Núm. 8583

      Conforme a las disposiciones contenidas en la LPAU y acorde

con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011,

el cual establece las facultades del Departamento de Corrección y

Rehabilitación, se creó el Reglamento para Atender las Solicitudes

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la

Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 3 de junio de

2015 (Reglamento Núm. 8583). Además, este fue promulgado al

amparo    de   la   ley   federal   conocida   como   Civil   Rights   of

Institutionalized Person Act, con el fin de canalizar de forma efectiva

los reclamos de la población correccional. Pérez López v. Depto.

Corrección, supra, pág. 670.

      El objetivo principal del referido esquema legal es que, toda

persona recluida en una institución correccional disponga de un

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda
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presentar una solicitud de remedio, con el fin de minimizar las

diferencias entre los miembros de la población correccional y el

personal   del   Departamento    de   Corrección    y   Rehabilitación.

Asimismo, este tiene como objetivo el evitar y reducir la presentación

de pleitos en los tribunales de instancia. Véase, Introducción del

Reglamento Núm. 8583, supra; Pérez López v. Depto. Corrección,

supra, pág. 670.     En específico, la Regla VI del Reglamento

Núm. 8583, dispone que la División de Remedios Administrativos,

tendrá jurisdicción para atender toda solicitud de remedio

presentada por los miembros de la población correccional,

relacionada directa o indirectamente con actos o incidentes que

afecten personalmente al miembro de la población correccional en

su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan

institucional, entre otras. Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 670. La División de Remedios Administrativos cuenta con un

procedimiento para atender las solicitudes de remedios instadas por

la población correccional. En las Reglas XII-XV se establecen los

estándares y procedimientos para la radicación y contestación de

solicitudes de remedio. Reglamento Núm. 8583, supra.

      Por otro lado, la Regla XIII, Sección 5, del Reglamento 8583,

supra, dispone que el Evaluador tiene la facultad para desestimar

las solicitudes de los miembros de la población correccional cuando

se dan una serie de circunstancias, como haber radicado la solicitud

de remedio más de una vez sobre el mismo asunto.

      Finalmente, el Reglamento 8583, supra, dispone que, el

Tribunal de Apelaciones podrá realizar la revisión judicial de las

solicitudes de remedios administrativos instadas por los miembros

de la población correccional. Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 671. En lo pertinente, dispone lo siguiente:

      1. El miembro de la población correccional podrá
         solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
         dentro del término de (30) días calendarios, contados
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            a partir de la fecha del archivo en autos de la copia
            de    la   Notificación   de    la   Resolución    de
            Reconsideración, emitida por el Coordinador de
            Remedios Administrativos o noventa (90) días a
            partir de la radicación de la Solicitud de
            Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa
            conforme a la misma.

       2. […]6

       Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de epígrafe, procedemos a aplicarla a los hechos.

                                        III

       Según reseñáramos, la parte recurrente acudió ante este foro

con el fin de que revisemos varias decisiones administrativas

emitidas por la División de Remedios Administrativos. En esencia,

arguye que, la institución correccional en la que se encuentra

recluido le está proveyendo los alimentos fríos y que ello le ha

causado daños emocionales.               Añade que, la parte recurrida

desestimó sus reclamaciones de manera frívola.

       Respecto a la controversia que nos ocupa, la parte recurrente

no presentó evidencia suficiente que derrotara la presunción de

legalidad     y   corrección7     que     suponen      las    determinaciones

administrativas. Cónsono con lo anterior, la parte recurrente no nos

colocó en posición de variar la decisión del ente administrativo.

       Asimismo, es menester recordar que, el Tribunal Supremo ha

reconocido que el Departamento de Corrección “merece deferencia

en la adopción y puesta en vigor de sus reglamentos, pues es la

entidad con la encomienda de preservar el orden en las instituciones

carcelarias”.8

       Ante la ausencia de una actuación arbitraria, ilegal,

irrazonable o que constituya un abuso de discreción por parte de la

6 Regla XV del Reglamento Núm. 8583, supra.
7 Véase Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v.
Policía de PR, supra, pág. 626.
8 Pérez López v. Depto. Corrección, supra, pág. 674.
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agencia administrativa, razonamos que resulta innecesario que

intervengamos con su determinación.

      Finalmente, la parte recurrente sostiene en su escrito que,

mediante este pretende demandar por daños y perjuicios a la

compañía que provee alimentos en la institución correccional. Nos

compete aclararle al señor Miranda Santana que, este no es el foro

con competencia para instar tal reclamación, así como tampoco lo

es la agencia administrativa.

                                 IV

      Por   los   fundamentos   que   anteceden,    se   confirma   la

determinación recurrida.

      Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Administrador

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado,

en cualquier institución donde este se encuentre.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.    El juez Adames Soto hace constar las

siguientes expresiones explicando su conformidad:

      “El reclamo del recurrente no se reduce a que recibe

      “alimentos fríos” y esto le causa daños emocionales.

      Muy por el contrario, la queja principal del recurrente

      es que, vistos sus padecimientos médicos, diabetes e

      hipertensión,   el   Departamento    de   Corrección    y

      Rehabilitación no le está proveyendo la alimentación

      adecuada. Ante el hecho de que la pérdida de la libertad

      de un confinado no supone la privación de alimentos

      que se ajusten a las condiciones médicas que presente,

      juzgo atinado el proceso iniciado por este ante dicha

      agencia pública para reclamarlos. No obstante, la

      sucesión de peticiones del recurrente muestra gran

      cercanía la una de la otra, a pesar de que, en la mayoría
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     de las respuestas el DCR se ha dado explicación sobre

     la atención que está dando al tema. Voto conforme

     porque, aunque el DCR no ha resuelto el asunto

     principal sobre la dieta del recurrente, aparenta haber

     reconocido el asunto y dirigirse a resolverlo. En

     cualquier caso, sepa el recurrente que, del DCR no

     asumir la responsabilidad que tiene, de proveerle la

     dieta adecuada, puede acudir nuevamente al proceso

     administrativo que podría desembocar en otra revisión

     por este foro intermedio. Es decir, que el juez que

     suscribe este voto particular se mantendrá atento a las

     incidencias del caso.”

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones