Court Opinion

ID: 9941341
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:26:25.391013+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.404066
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL II

    MYRTA MORALES CRUZ                          Revisión
                                                procedente del
         Recurrente                             Departamento de
                                  KLRA202300598 Asuntos del
               v.                               Consumidor

CONSEJO DE TITULARES                                   Caso Núm.
CONDOMINIO CARIBBEAN                                   C-SAN-2022-
      TOWERS                                           0011812

          Recurrido                                    Sobre:
                                                       Ley de Condominios

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

                                      I.

       El 15 de octubre de 2019, el Consejo de Titulares del

Condominio Caribbean Towers convocó una “Asamblea Ordinaria

Anual”. Según la agenda de dicha Asamblea, se discutiría la

aprobación del cambio de la fachada para sustituir los parapetos

existentes en el lado este y oeste por unos de cristal. En la Asamblea

celebrada el 5 de noviembre de 2019, se presentaron reportes de

ingenieros respecto al deterioro de los parapetos y el peligro de que

estos se desprendieran, además de las cotizaciones para el remplazo

del material de los parapetos de los lados este y oeste. Se advirtió,

además, que cualquier cambio de fachada requeriría la aprobación

del 75% de los titulares, a tenor con lo dispuesto en la Ley de

Condominios, Ley Núm. 104-19581. La votación resultó en la

aprobación de cambios en el material de los parapetos existentes, a

unos de cristal.

1 Es menester puntualizar que la Ley Núm. 104-1958 fue derogada por la Ley
Núm. 129- 2020, conocida como la “Ley de Condominios de Puerto Rico”, 31 LPRA
§ 1921. No obstante, para la asamblea convocada el 15 de octubre de 2019 la ley
vigente era la derogada Ley Núm. 104-1958.

Número Identificador

SEN2024__________
KLRA202300598                                                        2

      El 26 de octubre de 2020, se convocó a los titulares a otra

Asamblea Ordinaria Anual a celebrarse el 14 de noviembre de 2020

a las 4:00PM. En la agenda para dicha asamblea se incluyó una

propuesta para cambiar los parapetos del lado norte y sur del

edificio por unos de cristal, que fuesen iguales a los que se habían

instalado en el lado este y oeste. Para esta Asamblea celebrada en la

fecha pautada, se constituyó un quórum de 36 titulares y 13

representados por proxy. La propuesta fue rechazada por la

Asamblea, por lo que no se aprobó el cambio de los parapetos del

lado norte y sur por unos de cristal. Dicho resultado fue recogido en

la Acta Enmendada del 14 de noviembre de 2020.

      La señora Morales Cruz establece que en la convocatoria de

dicha asamblea es en donde se introduce por primera vez la

discusión de cambiar los parapetos del lado norte y sur del edificio.

De igual forma, alega que en ningún lugar de dicha convocatoria se

expresa que el asunto a discutir se trata de un cambio de fachada a

los lados norte y sur, como fue textualmente expresado en la

convocatoria del 15 de octubre de 2019, con respeto a los lados este

y oeste.

      El 23 de mayo de 2022, el Consejo convocó a una Asamblea

Extraordinaria para el 4 de junio de 2022. Allí, se abrían de discutir,

entre otros temas, la aprobación de trabajos de remoción y

reconstrucción de parapetos de los lados norte y sur del edificio.

[…]”. Del acta de dicha Asamblea surge que, el titular Gerardo Zayas

presentó una moción para que se votara por un cambio en el

material existente de los parapetos del lado norte y sur del edificio,

entre rejas o cristal. Aunque el asunto no figuraba entre las

propuestas a discutirse en la Asamblea, fue favorecido por la

mayoría de los titulares y así aprobado. Además, se aprobó de

manera unánime, que se continuaran los trabajos de remoción y

reconstrucción de los parapetos del lado norte y sur.
KLRA202300598                                                               3

        A raíz de ello, el 4 de julio de 2022, la señora Myrta Morales

Cruz presentó de manera electrónica a través del Sistema Integrado

de Asuntos del Consumidor (SIAC), la querella Núm. C-SAN-2020-

0011812. Solicitó:

              1.   Que     se    declaren   nulas   todas   las
        determinaciones       tomadas     en    la    asamblea
        extraordinaria del 4 de junio de 2022 por contravenir la
        Ley de Condominios y haber sido presentadas ante el
        Consejo de Titulares de forma engañosa.
              2. Que se informe de inmediato cuales son los
        parapetos que están en peligro de caerse y que estos se
        remuevan o anclen de inmediato. Si son parapetos que
        sirven solo de franja decorativa bien pueden removerse
        y pintarse. Si son de los parapetos que fungen como
        balcón, que se sustituyan con las rejas que ya existen
        en estos mismos balcones.
              3. Que se ordene un estudio de ingeniería y carga,
        para documentar con evidencia los asuntos de
        seguridad apremiantes en el condominio y se lleve dicho
        informe a la atención del Consejo de Titulares para su
        atención en cuanto a prioridades, costos, manejo de las
        mejoras que allí se recomienden y se comience cuanto
        antes el proyecto de reacondicionamiento según los
        estándares de construcción.
              4. Que se haga estudio de presencia de plomo y
        asbesto en el condominio, asunto traído por primera vez
        en la asamblea del 4 de junio de 2022 y que la minuta
        no recoge como ni tan siquiera mencionado en asuntos
        nuevos.

        Luego de varios trámites procesales, el 25 de octubre de 2022,

el Consejo de Titulares presentó una Moción de Resolución Sumaria

de Querella. En la misma levantó la defensa de prescripción, ya que,

según     alegaron,   se    trataba    de   una    impugnación       a     las

determinaciones anteriores de la Junta de Directores y/o del

Consejo de Titulares la cual había sido presentada en exceso al

término de treinta (30) días que dispone el Art. 65 de la Ley Núm.

129-2020.2 Explicaron, que, en SIAC la misma aparecía radicada el

11 de agosto de 2023. Además, se argumentó que, a la fecha de la

aprobación de la obra de remoción y reconstrucción de los parapetos

del Condominio, solo se requería el voto del 75% de los titulares,

2 Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129- 2020, 31 LPRA § 1921.
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según disponía el Art. 15(e) de la Ley Núm. 261-20123. No se

requería el voto unánime del Consejo de Titulares, por tratarse de

una obra que modificaba la fachada. Finalmente, argumentó, que

tanto la Ley Núm. 104-1958 en su Art. 38(c) como la Ley Núm. 129-

2020 en su Art. 52, disponen que una vez sea acordado por el

Consejo de Titulares determinada obra o proyecto, los proyectos o

las medidas accesorias para la ejecución y realización final de tal

obra o proyecto, no estarán sujetos a la aprobación de todos los

titulares ya que bastará, en caso de requerirse, consultarle al

Consejo para la autorización por voto mayoritario.

       En respuesta, el 14 de noviembre de 2022, la señora Morales

Cruz presentó Oposición a Moción para Resolución Sumaria de

Querella. En esencia, planteó que por lo que se votó y fue aprobado

fue un cambio de fachada del lado este y oeste del edificio y no de la

totalidad del edificio. El 28 de noviembre de 2022, el Consejo de

Titulares presentó Réplica a Oposición a Moción para Resolución

Sumaria de Querella.

       Así las cosas, mediante Resolución Sumaria emitida el 20 de

septiembre de 2023, el DACO desestimó la querella y ordenó su

cierre y archivo. Fundamentó su decisión en que para realizar los

cambios en la fachada el Articulo 15(e) de la derogada Ley Núm.

104-1958, vigente al momento de la celebración de la asamblea,

requería solo la aprobación del 75% de todos los titulares y no la

unanimidad. Además, estableció que tanto la derogada Ley 104-

1958 en su Artículo 38C(d) como la actual Ley 129-2020 en su

Artículo 52(c) requerían que una vez se acuerde por el Consejo de

Titulares por voto cualificado determinada obra o proyecto, el cual

en este caso era el 75%, los detalles o las medidas accesorias para

la ejecución y realización final de la obra o proyecto, podían ser

3
 Para enmendar el inciso (e) del Artículo 15 y el inciso (e) del Artículo 38 de la Ley
Núm. 103 de 2003, Ley de Condominios, Ley Núm. 261-2012.
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autorizados por voto mayoritario. Añadió, que la Querella estaba

prescrita por haberse radicado fuera del término de treinta (30) días

dispuesto bajo el Art. 65 de la Ley 129-2020.4

       Oportunamente, el 10 de octubre de 2023, la señora Morales

Cruz presentó una Solicitud de Reconsideración. Por su parte, el 23

de octubre de 2023, el Consejo de Titulares presentó Oposición a

Solicitud de Reconsideración. El 17 de noviembre de 2023, la Lcda.

Mildred López Pérez, Directora de la Oficina Regional de San Juan

del DACO, realizó una Certificación en la cual se establece que surge

del SIAC que la querella C-SAN-2022-0011812 fue radicada en el

sistema el 4 de julio de 2022. Se añade que la fecha del 11 de agosto

de 2022 fue la fecha en la cual se le asignó número de querella por

los funcionarios.

       Insatisfecha con la Resolución Sumaria del 20 de septiembre

de 2023, el 21 de noviembre de 2023, la señora Morales Cruz acudió

ante nos mediante Recurso de Revisión. Plantea:

       Primer Error:
       Erró el DACO al concluir que la querella fue radicada o
       presentada el 11 de agosto de 2023 cuando de la prueba
       surge que la fecha de reclamo y fecha de presentación
       fue el 4 de julio de 2022, y por tanto, la acción de la
       titular no está prescrita.

       Segundo Error:
       Erró el DACO al resolver la querella de forma sumaria y
       no citar para vista conforme a la Regla 11 del
       Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO
       (8034) pues la parte recurrente estableció mediante
       reconsideración la existencia de una controversia real
       sobre hechos pertinentes.

       El 28 de noviembre de 2023, emitimos Resolución concediendo

treinta (30) días al Consejo de Titulares para que fijara su posición.

El 21 de diciembre de 2023, el Consejo de Titulares presentó Alegato

de Oposición al Recurso de Revisión.

4 El 17 de noviembre de 2023, la licenciada Mildred López Pérez, Directora de la

Oficina Regional de San Juan del DACO, realizó una Certificación en la cual se
establece que surge del SIAC que la querella C-SAN-2022-0011812 fue radicada
en el sistema el 4 de julio de 2022. Se añade que la fecha del 11 de agosto de 2022
fue la fecha en la cual se le asignó número de querella por los funcionarios.
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                                       II.

                                       A.

       La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Núm. 38-2017, según enmendada,5

establece nuestra facultad revisora sobre las decisiones emitidas por

los organismos administrativos. Esta revisión judicial tiene como

propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de que

desempeñen sus funciones conforme a la ley y de forma razonable.6

En esta dinámica, las decisiones administrativas gozan de una

presunción de legalidad y corrección, por lo que las conclusiones e

interpretaciones de los organismos administrativos especializados,

merecen gran deferencia.7

       El estándar de revisión de una decisión administrativa se

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria,

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de

discreción.8       Al   desempeñar     esta    función    revisora,     estamos

obligados a considerar la especialización y experiencia de la agencia,

diferenciando entre las cuestiones de interpretación estatutaria,

área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones propias de la

discreción o pericia administrativa.9

       En tal sentido, estamos facultados a determinar: (1) que el

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) la revisión de

las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia

sustancial revisión de las determinaciones de hecho conforme al

criterio de evidencia sustancial; y (3) determinar si las conclusiones

de derecho fueron correctas mediante su revisión completa y

5 3 LPRA § 9601.
6 Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012).
7 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v.

Pol. de Puerto Rico, 196 DPR 606, 626 (2016); Batista, Nobbe v. JTA. Directores,
185 DPR 206, 212 (2012); Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
8 Capó, 204 DPR, pág. 592; Torres, 196 DPR, pág. 626; Ifco Recycling, 184 DPR,

pág. 745, citando a Empresas Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007).
9 Ifco Recycling, 84 DPR, pág. 744; Maranello et al. v. OAT, 186 DPR 780, 792

(2012).
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absoluta.10 Sostendremos las determinaciones de hecho, en tanto y

en cuanto obre evidencia suficiente en el expediente de la agencia

para sustentarla.11 En cuanto a las determinaciones de Derecho,

tenemos amplia facultad para desplegar nuestra función revisora,

pues, estamos en igualdad de condiciones para interpretar los

estatutos.12 Claro, ello no implica que podamos descartar libremente

las conclusiones e interpretaciones de la agencia,13 pues es norma

reiterada que a toda determinación administrativa le cobija una

presunción      de   regularidad    y     corrección.14   Esta   presunción,

apuntalada en el conocimiento especializado de la agencia, debe

respetarse mientras la parte que la impugne no produzca evidencia

suficiente para derrotarla.15

       Es decir, se presume que el organismo administrativo posee

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le fueron

encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto y

deferencia. Por ello, nuestra función revisora se circunscribe a

evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las

pautas trazadas por el legislador y el criterio de evidencia

sustancial.16

                                        III.

       En el recurso, la señora Morales Cruz alega, en primer lugar,

que DACO incidió al concluir que su acción estaba prescrita por

haber sido radicada o presentada el 11 de agosto de 2022, ya que la

fecha del reclamo y de presentación fue el 4 de julio de 2022 y a

10 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, págs. 626-627; Pagán Santiago et

al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).
11 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, pág. 627; Ifco Recycling, 184 DPR,

pág. 744.
12 3 LPRA § 9675.
13 Batista, 185 DPR pág. 217.
14 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, pág. 627; Batista, 185 DPR, pág.

217.; Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
15 Torres, 196 DPR, pág. 626; Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384,

393-394 (2012); Batista, 185 DPR pág. 215; Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
16 Batista, 185 DPR, pág. 216; Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821,

829 (2007); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); Pacheco v. Estancias, 160
DPR 409, 432 (2003).
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dicha fecha no había transcurrido el plazo de 30 días que establece

el Art. 65 de la Ley Núm. 129-2020. Tiene razón. Veamos por qué.

      Surge del expediente, que la decisión que impugna la señora

Morales Cruz fue tomada por el Consejo de Titulares en la Asamblea

celebrada el 4 de junio de 2022. Morales Cruz presentó una Querella

de manera electrónica 4 de julio de 2022 y en esa misma fecha

recibió un correo electrónico emitido por la plataforma SIAC,

acreditando la presentación de la reclamación. De hecho, el 17 de

noviembre de 2023, el DACO emitió Certificación que confirma que

la Querella fue radicada el 4 de julio de 2022, aunque no fue hasta

el 11 de agosto de 2022 que los funcionarios de DACO le asignaron

número de Querella. Siendo la fecha de radicación el 4 de julio de

2022, la Querella fue presentada oportunamente dentro del término

de treinta (30) días establecido por ley. Erró la Agencia recurrida al

expresar que la misma estaba prescrita.

                                 IV.

      En su segundo señalamiento de error, la señora Morales Cruz

sostiene que erró el foro recurrido al resolver la Querella de manera

sumaria. Indica que debió citar para vista debido a que esta había

establecido   mediante   reconsideración    la   existencia   de   una

controversia real sobre hechos pertinentes. Específicamente, alega

que se encontraba en controversia el hecho de que la propuesta que

se realizó en la Asamblea del 5 de noviembre de 2019, discutía el

cambio de fachada solamente del lado este y oeste del edificio y no

de todo el edificio como estableció en su Resolución Sumaria DACO.

Veamos la corrección de su planteamiento.

      Según expuso el DACO en su Resolución Sumaria, a la luz de

la Ley de Condominios, ley especial que cae bajo el área de

especialización de la agencia, y conforme a la prueba que obra del

expediente administrativo, lo aprobado y discutido en la Asamblea

celebrada el 4 de junio de 2022 era una continuación de un proyecto
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de reemplazo de parapetos que fue aprobado y comenzado en el año

2019. Los acuerdos logrados en la misma se alcanzaron con el voto

de la mayoría, conforme exigía la Ley de Condominios. Coincidimos.

      De las constancias del expediente consideramos que, no

surgen indicios de que DACO actuara de manera irrazonable o que

haya abusado de su discreción. A su decisión, debemos deferencia,

pues versa sobre asuntos que se encuentran dentro de su

especialidad y peritaje. La señora Morales Cruz no logró derrotar la

presunción   de   corrección    que   cobija   dicha   determinación.

Confirmamos.

                                 V.

     Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Resolución Sumaria recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones