Court Opinion

ID: 9962838
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:57:25.726409+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:39.248605
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

    MIRIAM MONTES                                Certiorari
         MOCK                                    Procedente del Tribunal de
                                                 Primera Instancia,
        Peticionaria                             Sala de BAYAMÓN
                                KLCE202301470
              v.                                 Caso Núm.:
                                                 BY2019CV05188
    JOSÉ E. PEDROZA
      RODRÍGUEZ                                  Sobre:
                                                 Liquidación de Comunidad
         Recurrido                               de Bienes

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 4 de marzo de 2024.

       El 28 de diciembre de 2023, la Sra. Miriam Montes Mock (en adelante

señora Montes o peticionaria) y sometió una Petición de certiorari en la que

nos solicita la revocación de la Resolución emitida el 7 de diciembre de 2023,

notificada el 12, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (en adelante, TPI o foro primario). Por virtud del aludido

dictamen, el foro primario determinó que no tenía nada que proveer en

cuanto a la solicitud de remedio que esta instara ante dicho foro.

       Examinado el expediente, y por aquellas razones que más adelante

explicamos, resolvemos expedir el auto y revocar la determinación

recurrida. Veamos.

                                        I

       Los hechos pertinentes a la controversia ante nos son los siguientes:

       El 6 se septiembre de 2019, la peticionaria instó Demanda sobre

Liquidación de Comunidad de Bienes contra el Sr. José E. Pedroza

Rodríguez (en adelante, señor Pedroza o recurrido). En esta, alegó: (1) que

las partes contrajeron matrimonio el 31 de diciembre de 1984 bajo el

Número Identificador

SEN2024 _________________
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régimen económico de sociedad legal de gananciales; (2) que el 11 de julio

de 2019 se emitió Sentencia en el caso civil de divorcio K DI2019-0143 del

Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mediante el cual se disolvió el

vínculo matrimonial bajo la causal de ruptura irreparable y que dicha

sentencia era final y firme. Igualmente, aseveró que durante la duración del

matrimonio las partes adquirieron activos y pasivos sujetos a liquidación y

que los mismos en su mayoría estaban bajo el control del recurrido. Como

remedio, la peticionaria solicitó que se declarara con lugar su reclamo y, en

consecuencia, se liquidara la comunidad de bienes entre las partes, le

conceda los créditos que le correspondan, entre otras cosas.

       Así las cosas, el 26 de febrero de 2021, en dicho pleito las partes

sometieron una Moción informativa conjunta sobre acuerdo final de transacción

y solicitud para que se dicte sentencia en la que informaron que acordaron

transigir en su totalidad las reclamaciones hechas y que, a tales efectos,

suscribieron un acuerdo privado de transacción, cuya copia sometieron

para conocimiento, avalúo y aprobación del tribunal. Ante el acuerdo

sometido, el 1 de marzo de 2021, el foro primario emitió Sentencia en la que

impartió su aprobación a la estipulación sometida por las partes. En dicha

ocasión, les apercibió de que el incumplimiento de las obligaciones

acordadas podría dar lugar a las medidas y procedimientos también

acordados para el caso de incumplimiento de lo pactado, más cualquier otra

medida o sanción que el Tribunal pueda entender apropiada conforme el

incumplimiento, sus circunstancias y el derecho aplicable.

       Años después, dentro del pleito, la señora Montes presentó una

Moción informativa y solicitud de órdenes y remedio en la que señaló haber

advenido en conocimiento de que el señor Pedroza escondió- al momento

de los acuerdos transaccionales alcanzados- que mientras aún las partes

estaban casadas, este adquirió, utilizando dinero ganancial, la participación

de sus hermanos sobre una propiedad inmueble perteneciente a la
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comunidad hereditaria entre estos y él. Por consiguiente, reclamó que,

como parte de la liquidación de la comunidad de bienes, debió

corresponderle una participación sobre dicho bien. Allí solicitó que, en

virtud de la disposición incluida en los acuerdos, relativa a la consecuencia

que tendría el ocultar algún activo, se ordenara la valoración del inmueble

y se le pagara la mitad de las dos terceras partes del valor tasado. Además,

peticionó la imposición de honorarios de abogado al recurrido y que se

refiriera a la Oficina de Fiscalía de Bayamón la posible comisión del delito

de perjurio del demandado.

       El 21 de junio de 2023, el señor Pedroza sometió Moción en

cumplimiento de orden, réplica y solicitud de que se encuentre a la parte

demandante incursa en temeridad. En esta, negó haber ocultado información a

la peticionaria. Afirmativamente, señaló que, el dinero utilizado para

comprarle a sus hermanos la participación en el bien inmueble que su

señora madre les dejó como herencia provino gran parte del dinero en

efectivo que recibió como herencia de su madre. Por tanto, reclamó que,

“habida cuenta de que el dinero que el compareciente utilizó para comprar

la porción del apartamento era dinero recibido por herencia, se trataba de

dinero privativo de él. Esto explica el carácter privativo de la totalidad del

apartamento de Plaza Esmeralda y evidentemente son hechos que conocía

la demandante al momento de suscribir la liquidación de bienes

gananciales en este caso.”

       Dos días después, la señora Montes presentó Réplica a oposición

presentada por el demandado en la que señaló que los argumentos levantados

por el recurrido no fueron acompañados de evidencia documental

acreditativa de estos. Por consiguiente, alegó que este falló en rebatir la

presunción de ganancialidad de los fondos utilizados para adquirir la

susodicha participación. De otra parte, destacó que el propio recurrido al

oponerse a su solicitud indicó, que gran parte del dinero para adquirir la
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participación hereditaria de sus hermanos provino del dinero heredado por

su madre, más ello no implicaba que todos los fondos para adquirir las

participaciones fueron de origen privativo. Por ello, se reafirmó en la

procedencia del pago reclamado a su favor.

         El 22 de junio de 2023, el TPI emitió Orden en la que, al aludir al

escrito del recurrido, dispuso: “Muestre la evidencia de la cuenta de banco

de donde proveyeron los fondos privativos para comprar la participación

de los demás herederos. Una vez la tenga procure reunión con la parte

contraria para discutir la controversia. Informe en el término de 25 días.”

Ante ello, el señor Pedroza sometió una Moción en solicitud de orden dirigida

al Banco Popular de Puerto Rico y para otros extremos, en la que solicitó al foro

primario que le ordenara a la institución bancaria donde estaban los fondos

depositados, Banco Popular de Puerto Rico, a proveer los estados de cuenta

y demás información necesaria para poder compartirlos con la peticionaria;

dar cumplimiento a lo ordenado y fin a la controversia.

         Tras varios trámites, el 6 de octubre de 2023 el recurrido sometió una

Moción informativa en la que indicó que, habiéndose diligenciado la orden a

la entidad bancaria para proveer los estados bancarios, esta informó que los

estados no estaban disponibles por tratarse de documentos previo al año

2016 y que conforme con su política de retención de información, este

periodo excede aquel que tiene en récord. Ante este documento, el 10 de

octubre de 2023 la peticionaria acudió al TPI reafirmándose en que el

recurrido no ha podido rebatir la presunción de la naturaleza ganancial del

dinero con el que adquirió la participación de sus hermanos en la propiedad

herencia de su madre. El 25 de octubre de 2023, el TPI la declaró No Ha

Lugar.

         El 3 de noviembre de 2023, la señora Montes presentó una Solicitud

de aclaración de orden y reconsideración en la que solicitó que el foro primario

aclarara el alcance de su denegatoria porque le surgía dudas en cuanto a si
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la determinación resolvía en los méritos la controversia traída por medio de

la Moción informativa y solicitud de órdenes y remedio. Habiéndosele concedido

término al recurrido para expresarse, el 6 de diciembre de 2023 este sometió

una Moción en cumplimiento de Orden y réplica a solicitud de aclaración y

reconsideración. En esta, tras relatar el tracto procesal relacionado con la

controversia, afirma que las alegaciones de la señora Montes descansan en

aseveraciones increíbles, pues los hechos del caso en definitiva ponen en

entredicho la información sorpresa que alega conoció luego de la división

de la comunidad de bienes. Inclusive, y a los fines de que el tribunal pudiera

adjudicar finalmente la cuestión, solicitó que se señalara una audiencia en

la que las partes tuvieran la oportunidad de argumentar sus posturas y

desfilar la evidencia que estimen pertinente.

       Luego de que la peticionaria replicara tal escrito, con fecha del 7 de

diciembre de 2023 el foro primario emitió Resolución en la que dispuso como

a continuación transcribimos:

       Este tribunal emitió sentencia en este caso el 1 de marzo de 2021. La
       cual fue notificada el 3 de marzo de 2021. Dicha sentencia es final y
       firme. Habiendo transcurrido los términos que disponen las Reglas
       47 y 49.2 de Procedimiento Civil este Tribunal no tiene más remedio
       que proveer.

       Insatisfecha con lo ahí resuelto, la señora Montes instó el recurso de

epígrafe y efectuó los siguientes señalamientos de error:

       Primer Señalamiento de Error:

       Erró el TPI al declarar NO Ha Lugar a la solicitud de remedio
       presentada por la peticionaria el 22 de mayo de 2023 para hacer
       cumplir los acuerdos llegados por las partes en el acuerdo
       transaccional suscrito el 25 de febrero de 2021, aun cuando la
       sentencia dictada el 1 de marzo de 2021 adoptó el contenido del
       acuerdo transaccional, que a su vez contenía remedios específicos
       sobre bienes gananciales que no fueran divulgados durante el
       trámite del pleito, como lo fue la transacción en la escritura número
       8 ante el Notario Iván García Zapata del 17 de noviembre de 2018.

       Segundo señalamiento de error:

       Erró el TPI al rechazar la solicitud de la demandante-peticionaria
       del 22 de mayo de 2023 y del 10 de octubre de 2023 y negarle la
       participación ganancial de la compra del bien inmueble de la
       Escritura Número 8 ante el Notario Iván García Zapata del 17 de
       noviembre de 2018, cuando el recurrido no presentó documento
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       y/o prueba para rebatir la presunción de ganancialidad de los
       fondos utilizados para la adquisición que ocurrió durante el
       matrimonio, y sin el TPI haber celebrado una vista evidenciaria.

       Tercer señalamiento de error:

       Erró el TPI al no intervenir y resolver la solicitud de la peticionaria
       y/o hacer valer los acuerdos llegados por las partes en Acuerdo
       Transaccional del 25 de febrero de 2021, aun cuando el TPI le
       solicitó al recurrido que presentara evidencia de la cuenta bancaria
       de la cual alegadamente provenían los fondos para la [adquisición]
       del inmueble de la Escritura Número 8 ante el Notario Iván García
       Zapata del 17 de noviembre de 2018, y el recurrido nunca produjo
       la misma.

       Cuarto señalamiento de error:

       Erró el TPI al resolver a favor de la peticionaria la solicitud para que
       se le adjudicara la participación ganancial de la adquisición de un
       bien inmueble de la Escritura Número 8 ante el Notario Iván García
       Zapata del 17 de noviembre de 2018, cuando el recurrido no
       presentó evidencia de que el dinero que utilizó para adquirir la
       participación de otros herederos era privativo, cuando la
       presunción es que el dinero utilizado era de naturaleza ganancial y
       ante la ausencia de prueba en contrario, se debió concluir por el TPI
       que los fondos utilizados eran de naturaleza ganancial.

       Atendido el recurso, el 12 de enero de 2024 emitimos Resolución en la

que concedimos al recurrido 10 días para someter su posición. Tras solicitar

una breve prórroga a tales efectos y esta serle autorizada, el 1 de febrero del

año en curso el señor Pedroza presentó Alegato de la parte recurrida.

                                          II

                                         -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica
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la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

        Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

        El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.1

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).

1
  Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto
planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que
se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de
la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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                                       -B-

       La transacción judicial es un contrato por el cual, una vez comenzado

el pleito, las partes, llegan a un acuerdo transaccional y lo hacen incorporar

al proceso en curso. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 890

(2012) al citar a Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 6 (1998). Este, como todo

contrato, no garantiza que los contratantes cumplan con sus respectivas

prestaciones, por lo que puede precisarse la intervención judicial para

procurar que la transacción rinda su finalidad esencial de dirimir

divergencias en la forma convenida. Igaravidez v. Ricci, supra. Cuando se

trata de una transacción judicial si una de las partes incumple con lo

estipulado, se puede solicitar inmediatamente que lo convenido se lleve a

efecto, pues tiene para las partes la misma fuerza que la sentencia firme y

se puede, por lo tanto, utilizar el procedimiento de apremio. Íd., citando a

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860 (1995).

       La Regla 51.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula

todo lo concerniente al procedimiento de apremio o de ejecución de una

sentencia. Esta, dispone que:

       La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá ejecutarla mediante
       el procedimiento fijado en esta Regla 51, en cualquier tiempo
       dentro de cinco (5) años de ésta ser firme. Expirado dicho término,
       la sentencia podrá ejecutarse mediante autorización del tribunal, a
       moción de parte y previa notificación a todas las partes. Si después
       de registrada la sentencia se suspende su ejecución por una orden
       o sentencia del tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el
       cual ha sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del
       cómputo de los cinco (5) años durante los cuales podrá expedirse el
       mandamiento de ejecución.

       El procedimiento de ejecución de sentencia le imprime continuidad

a todo proceso judicial que culmina con una sentencia. Es necesario recurrir

a la ejecución forzosa de una sentencia cuando la parte obligada incumple

con los términos de la sentencia. Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR

219 (2007) al citar a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico:

derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de P.R., 1997, Cap. 63, pág. 453.
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       En virtud de este precepto legal, la parte a cuyo favor se dictó

sentencia podrá ejecutar la misma en cualquier tiempo dentro del término

de cinco (5) años de que esta sea firme. Dentro de este término no será

necesario solicitar permiso al tribunal ni tampoco notificar a la parte

contraria. Expirado el término de cinco (5) años, será necesario solicitar

autorización del tribunal y notificar a la parte contra la cual se ejecuta.

Igaravidez v. Ricci, supra.

                                     -C-

       La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 49.2,

autoriza al Tribunal a relevar a una parte de una sentencia, orden o

procedimiento por varios fundamentos: (a) error, inadvertencia, sorpresa o

negligencia excusable; (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a

pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo

para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48; (c) fraude, falsa

representación u otra conducta impropia de una parte adversa; (d) nulidad

de la sentencia; (e) la sentencia ha sido satisfecha o renunciada; y (f)

cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los

efectos de una sentencia.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, al momento

de evaluar la procedencia de una solicitud de relevo de sentencia, también

se debe evaluar si el peticionario tiene una buena defensa en sus méritos;

el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud del relevo; y el grado

de perjuicio que pueda ocasionar a la otra parte la concesión del relevo de

sentencia. Reyes v. E.L.A. et al., 155 DPR 799, 810 (2001).

       A pesar de que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, se

interpreta liberalmente, el Tribunal Supremo ha advertido que esta no

constituye una “llave maestra” para reabrir controversias y no debe ser

utilizada en sustitución de un recurso de revisión o una moción de

reconsideración. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 (2003). La
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determinación de conceder el relevo de una sentencia está confiada a la

discreción del Tribunal de Primera Instancia. Garriga Gordils v. Maldonado

Colón, 109 DPR 817, 822 (1980); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451,

458 (1974).

          Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que

la moción de relevo de sentencia no está disponible para corregir errores

de derecho, ni errores de apreciación o valoración de la prueba. Estos son

fundamentos para la reconsideración o la apelación del dictamen, pero no

para el relevo. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 542-543

(2010).

          Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

resuelto que el término de seis (6) meses para la presentación de la moción

de relevo de sentencia es fatal. Id., a la pág. 543. En consecuencia, la Regla

49.2, supra, es categórica en cuanto a que la moción de relevo debe

presentarse dentro de un término razonable pero que “en ningún caso

exceda los seis meses [...].” Id. Ahora bien, dicho plazo es inaplicable cuando

se trata de una sentencia nula. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004).

          Por último, cabe destacar que, al revisar la solicitud de relevo de

sentencia, el tribunal no dilucida los derechos de las partes ni las

controversias jurídicas de la demanda, solamente debe resolver si la parte

promovente satisface los requisitos estatutarios y jurisprudenciales para

el relevo de sentencia. Por lo tanto, la revisión en alzada versa sobre la

facultad discrecional del juez de instancia al conceder o denegar la

solicitud post sentencia. Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 DPR 860, 865

(1999).

                                       III

          La peticionaria discutió de forma conjunta sus cuatro (4)

señalamientos de error. Al así hacerlo, señaló que el acuerdo transaccional

suscrito entre las partes que ocasionó se dictara sentencia en el pleito,
KLCE202301470                                                               11

expresa claramente la voluntad de las partes y los términos acordados, por

lo que no se requiere una interpretación de la intención de estos ni del

alcance de los acuerdos. Procedió entonces a señalar, que, dentro del

acuerdo transaccional suscrito, se pactó que si alguna de las partes,

voluntaria o involuntariamente, no divulgaba información sobre algún

activo adicional, se acordaba que tal activo sería dividido en partes iguales.

Es basándose en este acuerdo- y ante el hecho de que el señor Pedroza no

sometió evidencia documental alguna que probara la naturaleza privativa

del dinero con el que compró a sus hermanos, las respectivas

participaciones hereditarias sobre la propiedad inmueble, que su madre

dejó en herencia- que la peticionaria expone que debió concederse el

remedio solicitado y no denegarse el mismo. Asimismo, reclama que el

despachar su pedido sin brindarle oportunidad de realizar descubrimiento

de prueba y declararse sin jurisdicción, sin más, constituyó un abuso de

discreción, por lo que la deferencia que como norma general rige sobre las

determinaciones interlocutorias debe ceder.

       El recurrido, por su lado, alegó que la petición de la señora Montes

era improcedente. Específicamente, señaló que en su recurso al argumentar

su reclamo esta tergiversó ciertas expresiones hechas al contestar la

solicitud de remedio instada ante el foro primario. De igual forma, aclaró

que en su respuesta lo que indicó fue que compró la participación

hereditaria de sus hermanos con gran parte del dinero que recibió en

herencia de su señora madre y no que gran parte del dinero con el que

compró tal participación, provino de la herencia. Más allá de ello, en

síntesis, reprodujo los distintos argumentos que levantó ante el foro

primario sobre el asunto.

       Examinados los planteamientos de las partes, tras un cuidadoso

estudio de los escritos sometidos por las partes ante el foro primario y un
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sopesado análisis del derecho consignado antes, resolvemos que la

Resolución emitida por el TPI debe ser revocada.

       Sabido es que el nombre no hace la cosa. OCS v. CODEPOLA, 202

DPR 842 (2019). Es el contenido de un escrito, no el título que se le dé, el

que determina su naturaleza. JMG Investment v. ELA, et al., 203 DPR 708

(2019). Una lectura de los distintos escritos sometidos por la peticionaria

demuestra que, si bien esta no indicó ni señaló que su escrito trataba de una

moción solicitando la ejecución de la sentencia- ni así se hizo referencia en

su título- su contenido demuestra que era este el remedio que perseguía. En

estos, la señora Nieves hizo referencia al acuerdo transaccional que las

partes alcanzaron dentro del pleito de epígrafe y a la sentencia que se dictó

en virtud de esta. También, señaló la cláusula específica que alega fue

incumplida por el recurrido y solicitó como remedio la consecuencia que

las propias partes estipularon tendría tal acto.

       La Sentencia que el foro recurrido emitió el 1 de marzo de 2021- que

como bien se señaló en el recurso de epígrafe es final y firme- fue dictada

conforme a los términos del acuerdo transaccional escrito que las partes

sometieron. Según la misma enuncia, la sentencia emitida “sujeta a todas

las partes al fiel y estricto cumplimiento de todos los compromisos,

obligaciones y estipulaciones que entre sí y ante el Tribunal han

asumido.” Asimismo, en esta, entre otras cosas, se apercibió a las partes que

“el incumplimiento de las obligaciones acordadas dará lugar a las

medidas y procedimientos también acordados para el caso de

incumplimiento de lo pactado, más cualquier otra medida o sanción que

el Tribunal pueda entender apropiada conforme al incumplimiento, sus

circunstancias y el derecho aplicable.”.2 (Énfasis nuestro).

2 Véase, Entrada Núm. 117 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC).
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       Nos resulta claro, pues, que la Moción informativa y solicitud de órdenes

y remedio que esta sometió años después de haberse dictado sentencia no

trata de una solicitud de reconsideración, ni una petición de relevo de la

misma. En contrario, es precisamente bajo el reclamo de incumplimiento

por parte del recurrido que la señora Nieves compareció en solicitud del

remedio disponible a su favor: la ejecución de la sentencia. Por

consiguiente, en lugar de hacer alusión a los términos de las reglas

procesales, referentes a la solicitud de reconsideración (Regla 47) y a

aquellas sobre el relevo de sentencia (Regla 49.2), el foro primario debió

atender y resolver la controversia que efectivamente tenía ante sí. Para así

poder hacerlo, y tal cual ambas partes le señalaron en algunos escritos, era

indispensable la celebración de una vista evidenciaria en la cual tanto la

señora Nieves como el señor Carrero pudieran desfilar la prueba que

estimaran adecuada para probar sus respectivas contenciones.

       Siendo ello así, revocamos la Resolución recurrida y devolvemos el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que señale una audiencia

evidenciaria en la que las partes desfilen la prueba correspondiente con el

fin de establecer si procede el remedio solicitado.

                                      IV

       Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso y se revoca la

Resolución emitida el 12 de diciembre de 2023 emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Asimismo, se le ordena a

dicho foro que señale y celebre una vista evidenciaria en la que las partes

puedan exponer y desfilar prueba a favor y en contra del remedio solicitado

por la peticionaria.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
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                Secretaria del Tribunal de Apelaciones