Court Opinion

ID: 9554717
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:20:49.711219+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:18.276227
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      Panel XI

    EL PUEBLO DE PUERTO RICO                                        Certiorari
            Recurrido                                               procedente del
                                                                    Tribunal de
                                                                    Primera Instancia,
                   v.                      KLCE202300504            Sala de Mayagüez

                                                                    Crim. Núm.
    RAFAEL MARTÍNEZ VENERO                                          ISCR202300080
          Peticionario
                                                                    Por:
                                                                    Rebaja de Fianza

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

                                   RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece el señor Rafael Martínez Venero (señor Martínez Venero

o    peticionario),     mediante       recurso   de   certiorari,    solicitando   que

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Mayagüez (TPI), el 8 de marzo de 2023.1 Habiendo el

peticionario instado una solicitud de rebaja de fianza ante el TPI, dicho

foro primario la acogió, por lo que ordenó que la fianza originalmente

impuesta de $2,500,000.00, sin el beneficio del del 10%, fuera rebajada a

$1,200,000.00, sin el beneficio del 10%.

       A pesar de la rebaja en la fianza efectuada por el TPI, en la

cantidad indicada en el párrafo que antecede, el peticionario continúa

inconforme con la suma final impuesta, por lo que acude ante nosotros.

       Evaluados los asuntos presentados, determinamos denegar la

expedición del recurso de certiorari.

1 Notificada el 14 de marzo de 2023.

NÚMERO IDENTIFICADOR
RES2023______________
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I. Resumen del tracto procesal

      Por hechos ocurridos el 16 de abril de 2021, el Ministerio Público

presentó sendas denuncias contra el señor Martínez Venero, por alegada

infracción al Artículo 93(a) del Código Penal, (asesinato en primer grado),

33 LPRA sec. 5142; al Artículo 244 del Código Penal, (conspiración) 33

LPRA sec. 5334; y a los Artículos 6.14(a) (disparar o apuntar armas de

fuego), 25 LPRA sec. 466(m); 6.22 (fabricación, distribución, posesión y

uso de municiones), 25 LPRA sec. 466u, y el artículo 6.09, (portación,

posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o

escopeta de cañón cortado), 25 LPRA 466h, todos de la Ley de Armas de

Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168-2019, según enmendada. Se le

imputó haber cometido dichos delitos en concierto y común acuerdo con

los señores José Manuel Díaz González C/P J; Cristian Joel Rodríguez

Marrero, C/P Blanquito; y Luis Enrique Crespo Cumba C/P la L.

      Ante ello, el 1 de marzo de 2023, el TPI determinó causa probable

para arresto contra el peticionario por cada uno de los delitos imputados,

fijándole una fianza total de $250,000,000.00, sin el beneficio del 10%.

En específico, se fijó una fianza de $200,000.00 en cada uno de los

delitos imputados al amparo de la Ley de Armas; $1,000,000.00 por el

delito de asesinato en primer grado y; $500,000.00 por el delito de

conspiración. El peticionario no pudo prestar la fianza, por lo cual fue

sumariado.

      En desacuerdo con la fianza impuesta, el 6 de marzo de 2023, el

señor Martínez Venero presentó Moción de Rebaja de Fianza. Como

fundamento para su solicitud, el peticionario adujo no tener recursos

suficientes para prestar la fianza impuesta, sugiriendo que se le rebajara

a $90,000.00.

      En consecuencia, el foro primario inmediatamente pautó para la

celebración de una vista sobre petición de rebaja de fianza. El 8 de marzo
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de 2023 fue celebrada dicha vista, en la que el peticionario presentó el

testimonio de las siguientes testigos: Luisa Venero Martínez, Tatiana

Martínez Mercado y Melinda Ribot. Luego de ponderada la prueba

desfilada, el TPI declaró Con Lugar la solicitud de rebaja de fianza,

rebajándola a $1,200,000.00, sin el beneficio del 10%.

      Inconforme aún con la rebaja en fianza concedida, el 21 de marzo

de 2023, el señor Martínez Venero presentó Moción en Solicitud de

Reconsideración de Rebaja de Fianza. En esencia, alegó que de la prueba

testifical presentada en la vista, surgía que el peticionario y su familia no

tenían los recursos para pagar una fianza de $1,200,000.00. Asimismo,

sostuvo   que   carecía   de   récord   penal   previo,   ni   alegaciones   de

incumplimiento al Tribunal. Señaló que la prueba presentada también

estableció que cuenta con recursos familiares suficientes para que se

encarguen de su supervisión, y que no existe razón para pensar que

alguno de los testigos estuviese en peligro, si es que este estuviese bajo

fianza. A tenor, solicitó que se le impusiera la fianza de $90,000.00,

antes sugerida, para poder contratar los servicios de una compañía de

fianza, considerando la posibilidad de aportar el 10% de la totalidad.

      El 28 de marzo de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Reconsideración de Rebaja de Fianza.

      Es así que, el peticionario recurre ante nosotros, mediante recurso

de certiorari, haciendo el siguiente señalamiento de error:

      Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción en Solicitud de
      Reconsideración de Rebaja de Fianza de plano. Esta
      determinación representa un claro abuso de discreción
      violando de esta manera el derecho a la presunción de
      inocencia del Peticionario y la imposición de fianzas
      excesivas.

      El 9 de junio de 2023, la Oficina del Procurador General presentó

Escrito en Cumplimiento de Resolución, oponiéndose a la solicitud de

rebaja adicional promovida por el peticionario.
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      Contando con la comparecencia de las partes, pasamos a exponer

la normativa jurídica.

II. Exposición de Derecho

      A. El recurso de certiorari

      El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020);

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710

(2019); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728

(2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se

solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error

cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334

(2005). La expedición del auto descansa en la sana discreción del

tribunal y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición

y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO

Construction, supra, en la pág. 711; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307, 338 (2012).

      Dispone la Ley Núm. 201–2003, Ley de la Judicatura del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, en su Art. 4.006 (b), que nuestra

competencia como Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar

discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por el Tribunal de

Primera Instancia. Al amparo de lo anterior, nuestro Tribunal Supremo

ha manifestado, en lo pertinente, que la parte afectada por alguna orden

o resolución interlocutoria en un proceso penal, puede presentar un

recurso de certiorari mediante el cual apele el dictamen interlocutorio del

foro primario. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 690 (2011).

Cónsono con lo cual, en los casos atendidos bajo el proceso criminal, la
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expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de los criterios

enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento, según la cual:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
      análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
      en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
      Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
      luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
      alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
      más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia.

      4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.

      En síntesis, la citada Regla exige que, como foro apelativo,

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas está presente en

la petición de certiorari. De observarse alguna de estas, entonces

podríamos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen

recurrido.

      Con todo, o a pesar de que reconozcamos algunas de las

situaciones previstas en la Regla 40, supra, —que nos habilitaría para

expedir el certiorari—, la determinación sobre su expedición sigue siendo

una discrecional. Según lo explicó nuestro Tribunal Supremo, la

amplitud del recurso moderno de certiorari no significa que sea equivalente

a una apelación, pues sigue siendo discrecional y los tribunales debemos

utilizarlo con cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz De León, 176

DPR 913, 918 (2009). A lo que cabe añadir, que el ejercicio adecuado de

la discreción judicial está indefectiblemente atado al concepto de la
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razonabilidad. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (2001). Es

decir, la discreción judicial es forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Íd.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Según señalamos en la Exposición de Derecho, para acceder a una

solicitud de expedición del recurso extraordinario de certiorari, se

requiere que auscultemos si la situación planteada se ajusta a una

enmarcada dentro de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, que justifique nuestra intervención en asuntos

interlocutorios. Sin embargo, de un examen de dichos criterios no

apreciamos o advertimos las circunstancias que pudieran permitir

nuestra intervención en este caso. Examinada la actuación del foro

primario, no apreciamos que acontezcan las circunstancias que nos

muevan a expedir el auto solicitado para intervenir en la determinación

del foro primario.

      Al decir lo anterior, valga resaltar que el peticionario no presentó

una transcripción de los testimonios desfilados en la vista de rebaja de

fianza, ni algún otro medio de reproducción de la prueba. Es de ver que

la discusión del error planteado ante nosotros por el señor Martínez

Venero, alude directamente a la apreciación y suficiencia de la prueba

que tuvo ante su consideración el TPI, antes de que emitiera la

determinación cuya revocación se pretende.

      Según es sabido, los tribunales apelativos no debemos intervenir

con las determinaciones de hecho del foro recurrido cuando no tenemos

forma de evaluar la evidencia presentada debido a que la parte

concerniente no reprodujo la prueba. Camacho v. AAFET, 168 DPR 66,

(2006); Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302, 308 (1990). En

estos casos se impone un respeto al aquilatamiento de credibilidad del

foro recurrido en consideración a que “solo tenemos ... récords mudos e
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inexpresivos. Esas apreciaciones deben ser objeto de gran deferencia en

ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto que nos mueva a intervenir”.

Camacho v. AAFET, supra; Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R.

721, 728 (1984). La ausencia de la transcripción de la prueba nos priva

de considerar si medió un error manifiesto en la aquilatación de la

misma por el foro recurrido, que nos permitiera revisar la Resolución

recurrida. Le correspondía al peticionario ponernos en posición de

revisar su caso, ante la ausencia de la prueba presentada, corresponde

mostrar deferencia a la determinación del TPI. Camacho v. AAFET, supra.

      En definitiva, no observamos error manifiesto en la determinación

recurrida o abuso de discreción que justifiquen nuestra intervención con

el curso decisorio adoptado por el foro recurrido.

IV. Parte dispositiva

      Por las razones expuestas, se deniega la expedición del auto de

certiorari solicitado.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones