Court Opinion

ID: 9952261
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:34:41.147691+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:21.023167
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

EDWIN MARTINEZ                                   REVISION
PADILLA                                          ADMINISTRATIVA
                                                 Procedente de
Recurrente                                       Departamento de la
                             KLRA202300656       Familia
                                                 Junta Adjudicativa
v.                                               Mayagüez

                                                 Caso Núm.:
DEPARTAMENTO DE                                  2023 PPSF
LA FAMILIA                                       00039

Recurrido                                        Sobre: Maltrato
                                                 Institucional con
                                                 Fundamento

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos Edwin Martínez Padilla, en adelante,

Martínez Padilla o recurrente, solicitando que revisemos una

“Resolución” de la Junta Adjudicativa del Departamento de la

Familia, en adelante, la Junta Adjudicativa, notificada el 7 de

noviembre de 2023, en el caso número 2023 PPSF 00039. En su

determinación, la Junta Adjudicativa confirmó las determinaciones

de la Unidad de Maltrato Institucional, en adelante, UMI, de la

Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia

de la Oficina Regional de Mayagüez, en adelante, ADFAN.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción.

                                 I.

      Martínez Padilla, quien ha sido maestro de Bellas Artes en la

Escuela Elemental Indiera Fría del Municipio de Maricao, fue

denunciado por un informante ante el Departamento de la Familia,

Número Identificador
SEN2024___________________
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en adelante, Departamento o recurrida.1 Del Informe de la Oficial

Examinadora del Departamento, en adelante, Informe, surge que el

referido número 10396790, en adelante, referido, hecho el 26 de

mayo de 2023 a la recurrida, proviene de unas alegaciones de abuso

sexual a menores de edad por parte del recurrente.2

        La UMI designó a una Trabajadora Social para que investigara

las alegaciones, quien así lo hizo hasta el 21 de octubre de 2022.3

En su “Informe de Investigación de Referido de Maltrato o Negligencia

Institucional en una Escuela”, la Trabajadora Social que investigó el

referido, concluyó que el mismo cuenta con fundamento.4 Como

resultado de las alegaciones, se presentó una querella en la Policía

de Puerto Rico, asignada a la Unidad de Delitos Sexuales.5

        Luego de la investigación llevada a cabo, la UMI concluyó que

Martínez Padilla incurrió en Maltrato Institucional, bajo la

modalidad de Abuso Sexual.6 Es por esto que, el 1 de noviembre de

2022,    ADFAN     emitió   una   “Notificación Sobre Resultado de

Investigación de Maltrato o Negligencia Institucional”, mediante la

cual notificó el resultado de la investigación, a la escuela elemental

en donde laboraba el recurrente.7

        Inconforme, el 3 de noviembre de 2022, Martínez Padilla

presentó una “Apelación” ante la Junta Adjudicativa, para solicitarle

a esta que deje sin efecto la notificación del resultado de la

investigación hecha por ADFAN, con relación al referido, y que

concluyó que el mismo tiene fundamento.8 El 31 de octubre de 2023,

notificado el 7 de noviembre de 2023, la Junta emitió una

1 Apéndice del recurso, pág. 6.
2 Id.
3 Id. pág. 37.
4 Id. pág. 48.
5 Id. pág. 8.
6 Id.
7 Id. pág. 28.
8 Id. pág. 34.
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“Resolución” confirmando el resultado de la investigación del

referido.9

       Ante este cuadro fáctico, el recurrente presentó una “Moción

de Reconsideración” ante la Junta Adjudicativa el 28 de noviembre

de 2023.10 La misma fue declarada “No Ha Lugar” el 29 de noviembre

de 2023.11

       Así las cosas, el 21 de diciembre de 2023, el recurrente radica

una “Petición de Revisión de Decisión Administrativa” ante este

Tribunal. Mediante “Resolución” del 10 de enero de 2024,

solicitamos al recurrente que evidenciara el cumplimiento de lo

dispuesto en la Regla 58 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58. También, ordenamos al

Departamento que presentara su posición en cuanto al recurso,

conforme lo dispuesto en la Regla 63 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 63.

       El 22 de enero de 2024, la recurrida compareció ante esta

Curia mediante una “Solicitud de Desestimación”. Finalmente, el 26

de enero de 2024, la recurrente presentó una “Réplica a Moción de

Desestimación”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a expresarnos.

                                  II.

       A. Jurisdicción

       Es norma conocida, que la jurisdicción es el poder o la

autoridad que posee un tribunal para considerar y decidir casos o

controversias con efecto vinculante para las partes. Matos Zayas y

otros v. Registro de la Propiedad, 2023 TSPR 148, 213 DPR ___

(2023); MCS Advantage v. Fosass Blanco et al, 211 DPR 135, 144

9 Apéndice del recurso, pág. 1.
10 Id. pág. 18.
11 Id. pág. 26.
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(2023); FCPR v. ELA et al, 211 DPR 521, 529 (2023); Cobra

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022), Adm.

Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021).

      Así pues, al presentarse en un foro judicial una situación

jurídica, se torna forzoso el examinar, como primer factor, si existe

jurisdicción sobre el caso en cuestión. Torres Alvarado v. Madera

Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019). Ello, dado que, el tribunal revisor

tiene el deber de auscultar tanto su propia jurisdicción como la del

tribunal recurrido. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág.

500. Ante tal normativa, se ha reiterado que los tribunales debemos

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. En virtud de lo

anterior, las cuestiones relativas al elemento jurisdiccional son

privilegiadas, lo cual, les brinda prioridad frente a otros asuntos

envueltos en el análisis jurídico. Torres Alvarado v. Madera Atiles,

supra; Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). Siendo así, al foro

judicial carecer de jurisdicción, solo resta la desestimación de la

reclamación sin entrar en los méritos del caso. MCS Advantage, Inc.

v. Fossas Blanco y otros, supra.

       De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias

consecuencias, tales como: (1) que no sea susceptible de ser

subsanada; (2) las partes no puedan conferírsela voluntariamente a

un tribunal como tampoco puede este arrogársela; (3) conlleva la

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) obliga a los

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386

(2020).

      En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de
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proteger nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla

donde no la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022)

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra, pág. 386. A esos efectos,

las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser

resueltas con preferencia. Pueblo v. Ríos Nieves, supra, pág. 273;

FCPR v. ELA et al, supra.

      En adición, la Regla 83 (B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)(1) y (C), disponen lo

siguiente   sobre   la     desestimación    de   recursos    carentes   de

jurisdicción:

      (B)    Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los motivos siguientes:
      (1)    que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
      […]
      (C)    El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia,
      podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
      discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en
      el inciso (B) precedente.

      (Énfasis suplido).

                            B. Reconsideración

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, en adelante, LPAUG, regula y codifica los

trámites,   facultades      y     responsabilidades   de    las   agencias

administrativas. Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq; ACT v. Prosol

et als, 210 DPR 897, 907 (2022). La Sección 3.15 de la LPAUG,

supra, sec. 9655, establece el procedimiento para la reconsideración

y la revisión de órdenes y resoluciones de la agencia administrativa:

      La parte adversamente afectada por una resolución u
      orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte
      (20) días desde la fecha de archivo en autos de la
      notificación de la resolución u orden, presentar una
      moción de reconsideración de la resolución u orden. La
      agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado
      dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o
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      no actuare dentro de los quince (15) días, el término para
      solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que
      se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos
      quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna
      determinación en su consideración, el término para solicitar
      revisión empezará a contarse desde la fecha en que se
      archive en autos una copia de la notificación de la resolución
      de la agencia resolviendo definitivamente la moción de
      reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y
      archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes
      a la radicación de la moción de reconsideración.

      […]

      (Énfasis suplido).

      Una parte que quede inconforme con el resultado de su

reconsideración tiene derecho a solicitar que un tribunal de mayor

jerarquía revise la determinación administrativa que le afecte. ACT

v. Prosol et als, supra; Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR

843, 847 (2014). A esos efectos, la LPAUG, supra, en su Sección 4.2

dispone que:

      Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
      final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
      provistos por la agencia o por el organismo administrativo
      apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud
      de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de
      un término de treinta (30) días contados a partir de la
      fecha del archivo en autos de la copia de la notificación
      de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la
      fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta
      Ley, cuando el término para solicitar la revisión judicial
      haya sido interrumpido mediante la presentación
      oportuna de una moción de reconsideración.

      LPAU, supra, sec. 9655.

      (Énfasis suplido).

      De las precitadas secciones de la LPAU, supra, se desprende

que el término jurisdiccional de treinta (30) días para solicitar

revisión judicial queda interrumpido, cuando la parte recurrente

presenta una oportuna moción de reconsideración. Ahora bien,
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relevante   al   caso   de   marras,     destacamos   que   cuando   la

reconsideración es hecha contraria a lo dispuesto estatutariamente,

no puede considerarse presentada oportunamente, como exige la

LPAUG, supra. ACT v. Prosol et als, supra, pág. 909; Flores

Concepción v. Taino Motors, 168 DPR 504, 514 (2006).

                                  III.

      Martínez Padilla recurre de una “Resolución” de la Junta

Adjudicativa, notificada el 7 de noviembre de 2023. Solicita que

declaremos “Con Lugar” su recurso, y ordenemos la revocación de

la resolución recurrida. Sin embargo, nos vemos imposibilitados

jurisdiccionalmente a revisar el dictamen en cuestión.

      El recurrente presentó una “Moción de Reconsideración” ante

la Junta Adjudicativa el 28 de noviembre de 2023, es decir, veintún

(21) días después de la notificación de la resolución para la cual

solicitó reconsideración. El recurrente tenía hasta el veintisiete (27)

del mismo mes para así hacerlo.

      Por   haber   presentado    la     “Moción de Reconsideración”

tardíamente, y siendo un término jurisdiccional el único remedio

para impugnar la “Resolución” del 7 de noviembre de 2023 que tenía

Martínez Padilla, era recurrir a este Tribunal mediante un recurso

de revisión administrativa. Sin embargo, este defecto resultó en

una reconsideración en destiempo e inoportuna.

      El término para recurrir al Tribunal de Apelaciones

nunca se interrumpió por la “Moción de Reconsideración”. En

consecuencia, el recurrente tuvo hasta treinta (30) días

después del 7 de noviembre de 2023, es decir, hasta el 7 de

diciembre de 2023 para recurrir ante esta Curia.

      Los términos de revisión administrativa son de carácter

jurisdiccional. Por haberse incumplido con estos, este Tribunal

carece de jurisdicción para atender el recurso en autos.
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                                  IV.

      Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso

ante nos por falta de jurisdicción, por tardío.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones