Court Opinion

ID: 9952276
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:36:11.297658+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:24.034181
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

     WILSON AVILÉS                              REVISIÓN
        SÁNCHEZ                                 ADMINISTRATIVA
       Recurrente                               procedente de la
                                                Corporación del
            Vs.                                 Fondo del Seguro del
                                KLRA202300645   Estado
  CORPORACIÓN DEL
 FONDO DEL SEGURO                               Querella Núm:
    DEL ESTADO                                  JA-16-85
     Recurrida
                                                SOBRE: Exclusión
   DIMARIE MÉNDEZ                               del Registro de
       MARTINÓ                                  Elegibilidad e
     Interventora                               Impugnación de
                                                Convocatoria
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

      El 14 de diciembre de 2023, el Sr. Wilson Avilés Sánchez

(señor Avilés Sánchez o recurrente) compareció ante nos mediante

un Recurso de Revisión y solicitó la revocación de la Resolución que

se dictó el 31 de octubre de 2023 y se notificó el 17 de noviembre de

2023 por la Junta de Apelaciones de los Empleados Gerenciales de

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Junta de

Apelaciones). En lo pertinente, mediante el aludido dictamen, la

Junta de Apelaciones no le concedió una solicitud de sentencia

sumaria que presentó el recurrente solicitando que se le incluyera

en la Certificación de Elegibles para un puesto como Asesor Legal V

en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos el dictamen recurrido.

                                    I.

      El 16 de septiembre de 2016, el señor Avilés Sánchez presentó

una Moción Asumiendo Representación Legal y Apelación ante la

Número Identificador
SEN2024 _____________________
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Junta de Apelaciones.1 Mediante esta, indicó que ocupaba el puesto

de Ejecutivo en Contratación III en la Oficina de Contratación de la

CFSE , poseía un grado de Juris Doctor desde el 28 de mayo de 1999

y estaba admitido al ejercicio de la profesión de abogado desde el 25

de enero de 2000. Alegó que el 9 de agosto de 2016, presentó una

solicitud de empleo para la Convocatoria 49-17 Gerencial de la CFSE,

para llenar una vacante para ocupar el de Asesor Legal V. Adujo que

mediante un documento intitulado Notificación sobre Participación

en Convocatoria, con fecha del 29 de agosto de 2016, la Jefa de la

División de Reclutamiento le notificó que no fue incluido en la

Certificación de Elegibles para el puesto solicitado ya que no poseía

“cinco (5) años de experiencia en la práctica de abogado”.2

         En virtud de lo antes expuesto, el señor Avilés Sánchez

argumentó que la experiencia requerida para el puesto no fue

evaluada correctamente por la CFSE. Por ello, solicitó lo siguiente:

(1) su inclusión a la certificación de elegibles; (2) la anulación del

proceso de certificación y selección que se había llevado a cabo; (3)

que se dejara sin efecto cualquier nombramiento para el puesto

vacante en cuestión y, por último; (4) la celebración de un nuevo

proceso de selección con la participación del recurrente.

         En respuesta, el 25 de octubre de 2016, la CFSE presentó una

Contestación a Apelación mediante la cual negó ciertas alegaciones

y levantó sus defensas afirmativas.3 Transcurrido un tiempo, el 29

de septiembre de 2022, el recurrente presentó una Moción para

Solicitar Sentencia Sumaria.4 En esta, aseguró que no existía

controversia real con relación a los hechos materiales del caso, por

lo cual solicitó que se dictara sentencia por la vía sumaria en torno

a su exclusión del registro de elegibles de la Convocatoria 49-17

1   Véase las págs. 21-25 del apéndice del Recurso.
2 Íd., pág. 26.
3 Íd., págs. 28-30.
4 Íd., págs. 31-35.
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Gerencial para el puesto de Asesor Legal V. Así pues, expuso once

(11) hechos que a su juicio no estaban en controversia. Esbozó que

ha trabajado para la CFSE por más de diecinueve (19) años y que,

al momento de someter su escrito, ocupaba el puesto de Ejecutivo

en Contratación III en el que, según su criterio, desempeñaba

trabajo típico de abogado. Explicó que en dicho puesto realizaba

tareas tales como: analizar los contratos a formalizarse o prepararse,

discutir términos y condiciones de los contratos a formalizarse,

redactar contratos, verificar que los contratos cumplieran con los

procedimientos y recomendaciones dentro de la CFSE, entre otras

tareas a esos fines. Acorde con todo lo anterior, solicitó que se dejara

sin efecto la acción de la CFSE en la cual lo excluyó de la

certificación de elegibles del puesto solicitado.

       Por su parte, el 11 de octubre de 2022, la CFSE junto a la

Lcda. Dimarie Méndez Martino (señora Méndez Martino), quien

compareció al pleito como parte interventora, presentaron, una

Moción    de    Sentencia     Sumaria.5     En      síntesis,   solicitaron    la

desestimación del pleito con perjuicio. Esbozaron que no existía

controversia en torno a que el señor Avilés Sánchez no poseía la

experiencia requerida para ocupar el puesto de Asesor Legal V.

Fundamentaron esta posición bajo el planteamiento de que existía

una gran diferencia entre el puesto que ocupaba el recurrente y el

puesto que este estaba solicitando.

       De la misma forma, el 28 de noviembre de 2022, la CFSE y la

señora Méndez Martino presentaron una Oposición Conjunta a

Moción para Solicitar Sentencia Sumaria.6 En esencia, alegaron que

la CFSE actuó conforme a sus reglamentos por lo que no le violentó

ningún derecho al recurrente. Igualmente, esgrimieron que la CFSE

no abusó de su discreción al determinar que el señor Avilés Sánchez

5 Véase las págs. 1-55 del apéndice del escrito de la señora Méndez Martinó.
6 Véase las págs. 60-79.del apéndice del Recurso.
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incumplió con el requisito de cinco (5) años de experiencia en la

práctica de la abogacía que se requería para ocupar el puesto de

Asesor Legal V.

        Habiéndose celebrado una vista argumentativa el 14 de marzo

de 2023 y evaluada las posturas de las partes, el 31 de octubre de

2023, la Junta de Apelaciones dictó su Resolución.7 En esencia,

concluyó que las funciones entre el puesto de Ejecutivos en

Contratación III que ocupaba el recurrente y el puesto de Asesor

Legal V eran puestos con “funciones diametralmente distintas”.8 Por

tal motivo, la Junta de Apelaciones razonó que el señor Avilés

Sánchez no podía utilizar su experiencia como Ejecutivo en

Contratos III ya que no podía validarse dicha experiencia para

justificar la capacidad para ejercer como Asesor Legal V. Así pues,

determinó que la CFSE resolvió conforme a derecho y no abusó de

su discreción al no tomar en consideración la experiencia del

recurrente como Ejecutivo de Contratación III en la selección para

el puesto de Asesor Legal V. En vista de lo antes expuesto, declaró

No Ha Lugar la moción dispositiva que presentó el señor Avilés

Sánchez.

        Inconforme con este dictamen, el 14 de diciembre de 2023, el

recurrente presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes

señalamientos de error:

        Erró la Junta de Aplelaciones [sic] al determinar que
        el apelante no realizó labores que constituyen la
        práctica de la abogacía, durante el periodo en que
        ocupó el puesto de Oficial de Contratación en la
        propia C.F.S.E., y que por ende dicha experiencia no
        debe tomarse en cuenta para cumplir los requisitos
        mínimos del puesto.

        Erró la junta de apelaciones al sostener la exclusión
        del apelante de la certificación de personas elegibles
        para competir para ser seleccionado para ocupar el
        puesto de Asesor Legal V, por no cumplir los
        requisitos mínimos de cinco años de práctica de la
        abogacía.

7 Íd., págs., 1-18.
8 Íd., pág. 15.
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      Atendido el recurso, el 8 de enero le concedimos a la CFSE y

a la señora Méndez Martino hasta el 16 de enero de 2024 para que

presentaran su alegato en oposición. Posteriormente, el 16 de enero

de 2024, le concedimos un término adicional a la CFSE para que

esta compareciera. Oportunamente, la señora Méndez Martinó

compareció mediante una Oposición a Recurso de Revisión

Administrativa Civil y negó que la Junta de Apelaciones cometiera

los errores que el señor Avilés Sánchez le imputo. Por su parte, el

16 de febrero de 2024, la CFSE presentó su Oposición a Recurso de

Revisión Administrativa y de igual forma negó que la Junta

cometiera los errores que el recurrente le imputó.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos

a resolver. Veamos.

                                  II.

                                 -A-

      La revisión judicial nos permite asegurarnos que los

organismos administrativos actúen según las facultades que

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). Particularmente, la revisión

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su

función como, por ejemplo, que respeten y garanticen los

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes.

Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al

que recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente

a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd.

      Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y

revisar determinaciones administrativas, estamos llamados a

concederles deferencia y no reemplazar el criterio especializado de

las agencias por el nuestro. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde,

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR
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26, 35 (2018). Lo anterior, debido a que son estas las que tienen el

conocimiento especializado sobre los asuntos que se le delegaron.

Íd.   Consonó   con    lo   que   antecede,   las   determinaciones

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección,

la cual subsistirá mientras no se produzca suficiente prueba como

para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206,

215 (2012).

      El alcance de nuestra intervención queda incorporado en la

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et

seq. (LPAU) que establece, en lo pertinente, que:

      El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si
      determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.

      Las determinaciones de hechos de las decisiones de las
      agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan
      en evidencia sustancial que obra en el expediente
      administrativo.

      Las conclusiones de derecho serán revisables en todos
      sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 9675.

      De lo anterior, se colige que la revisión administrativa

comprende tres áreas: 1) si el remedio concedido por la agencia fue

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y 3) si mediante una revisión, completa y absoluta,

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron

correctas. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36;

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San

Juan v. JCA, 149 DPR 263, 279-280 (1999).

      En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción.
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Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se incurriera en estas

actuaciones, “entonces cederá la deferencia que merecen las

agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los

reglamentos que administran”. Rolón Martínez v. Supte. Policía,

supra, pág. 36. En cuanto a la revisión de las determinaciones de

hechos, debemos recordar que estas deben sostenerse cuando se

basen    en   evidencia   sustancial   que    surja   del   expediente

administrativo. Íd. Por su parte, las conclusiones de derecho pueden

revisarse en su totalidad y “se sustituirá el criterio de la agencia

cuando no se pueda hallar fundamento racional que explique o

justifique el dictamen administrativo”. Íd.

        Es importante destacar que la Sección 3.15 de la LPAU

dispone que una parte adversamente afectada por una resolución u

orden parcial o final podrá solicitar reconsideración ante la agencia.

Así, si la agencia toma alguna determinación en su consideración,

el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha

en que se archive en autos una copia de la notificación de la

resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de

reconsideración. Íd. Sobre el particular, el Artículo 1.3 de la LPAU

define orden o resolución como “cualquier decisión o acción agencial

de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de

una o más personas específicas, o que imponga penalidades o

sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas

por el Gobernador. Asimismo, el aludido artículo define orden o

resolución parcial como “la acción agencial que adjudique algún

derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a

un aspecto específico de la misma”. Por el contrario, según la LPAU

las resoluciones u órdenes interlocutorias sólo resuelve asuntos

procesales del caso ante la agencia.
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                                   -B-

      El Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Reglamento Núm.

6226 de 11 de enero de 2000 (Reglamento), se aprobó con el

propósito de establecer las normas que deben regir en la

administración del sistema de personal de la CFSE. Estas normas

están orientadas en el principio de mérito en cuanto su diseño,

aplicación e interpretación. Véase Art. 4 del Reglamento.

      Referente a las normas de reclutamiento, la Sección 13.1 del

Reglamento aclara que estas establecerán los requisitos para el

reclutamiento a base del contenido de las especificaciones de clases.

De tal manera, en todo momento, los requisitos deberán estar

directamente relacionado con las funciones esenciales del puesto.

Íd.

      Del   mismo    modo,    el   Reglamento   establece   que   las

oportunidades de empleos de la CFSE se divulgarán por los medios

más apropiados para cada caso. Véase, Art. 13, sec. 12.2 del

Reglamento. Asimismo, las convocatorias de reclutamiento deberán

contener la siguiente información: título de la clase, puesto,

naturaleza del trabajo, requisitos mínimos, escala de sueldo, fecha

límite para radicar solicitudes y cualquiera otra información

indispensable. Íd.

      De otra parte, el Reglamento expresa que toda persona que

interese ser considerada para empleo en la CFSE deberá presentar

ante el Negociado de Personal una Solicitud de Empleo, conforme lo

indique la convocatoria anunciada. Véase, Art. 13, sec. 12.3 del

Reglamento. Además, deberá incluir copia certificada por alguna

autoridad competente de los diplomas, certificados o documentos

necesarios para la evaluación sobre empleabilidad. Íd. Así, toda

solicitud de empleo se evaluará para determinar el examen que

corresponda ofrecerle al solicitante. Íd.
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      Ahora bien, le Reglamento estipula que se rechazaran

solicitudes de exámenes por las siguientes razones:

      1. Radicación tardía

      2. Ausencia de requisitos mínimos establecidos para

         desempeña el puesto

      3. Radicación sin la firma del solicitante en original

      4. Conocimiento formal de que los solicitantes:

      a) han incurrido en conducta deshonrosa;

      b) no están al día en el pago de pensiones alimentarias;

      c) han sido convictos por delito grave o por cualquier

         delito que implique depravación moral o corrupción;

      d) han sido destituidos del servicio público;

      e) son adictos al uso habitual o excesivo de sustancias

         controladas o bebidas alcohólicas; o

      f) han realizado o intentado realizar engaño o fraude

         en la información sometida en la solicitud. Íd.

   El Reglamento estipula que se notificará por escrito a la persona

cuya solicitud sea rechazada y la causa del rechazo, apercibiéndole

de su derecho de apelación ante la Junta de Apelaciones de la

Corporación. Íd.

                                 III.

      En el presente recurso, el recurrente nos solicitó la revocación

de la Resolución que la Junta de Apelaciones dictó el 31 de octubre

de 2023 y notificó el 17 de noviembre de 2023. En su primer

señalamiento de error, indicó que la Junta de Apelaciones incidió al

determinar que no había realizado labores que constituían práctica

de la abogacía durante el periodo en que ocupó el puesto de Oficial

en Contratación III y que por ende dicha experiencia no debía

tomarse en consideración para cumplir con los requisitos mínimos

del puesto de Asesor Legal V. Por otro lado, en su segundo
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señalamiento de error, sostuvo que la Junta de Apelaciones erró al

mantener su exclusión en la certificación de elegibles para el puesto

de Asesor Legal V. Veamos.

      Por      tratarse   de   asuntos    íntimamente       relacionados,

procederemos a discutir los dos (2) señalamientos de error de

manera conjunta. Conforme surge del expediente ante nuestra

consideración, el señor Avilés Sánchez ocupó el puesto de Ejecutivo

en Contratación III desde el 1 de mayo de 2003 hasta el 16 de

septiembre de 2014 y posteriormente lo volvió a ocupar desde el 11

de abril de 2016 hasta el presente.

      Según se desprende de la clasificación de puesto de Ejecutivo

en Contratación III, la preparación y experiencia mínima para

ejercer como tal consiste en poseer un grado de Juris Doctor y tener

al menos dos (2) años de experiencia relacionada a la contratación

de bienes y servicios. Así, entre los conocimientos, habilidades y

destrezas mínimas que debería tener toda persona que ejerza dicho

puesto, se encuentra el tener conocimiento en los principios y

normas relacionadas a la contratación de bienes y servicios,

conocimiento en el funcionamiento de la CFSE y conocimientos

considerables en la formación de contratos de bienes y servicios.

Asimismo, entre los trabajos típicos que ejerce este tipo de

profesional,    se   destaca   el   redactar   contratos,    documentos

contractuales,       requerimientos      formales,    resoluciones     y

comunicados relacionados y verificar que los contratos cumplan con

la norma establecida.

      En la presente controversia, la CFSE, no consideró el tiempo

en el que el señor Avilez Sánchez ejerció como Ejecutivo en

Contratación III como experiencia en la práctica de la abogacía.

Ahora bien, es sabido que en nuestra jurisdicción no existe una

definición precisa sobre que significa ejercer la practica como
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abogado.9 Dicho concepto, conlleva una definición amplia y

abarcadora y para determinar en que constituye la práctica de la

abogacía es necesario realizar un análisis integrar de los hechos. En

el presente caso, el señor Avilés Sánchez obtuvo su grado de Juris

Doctor en el 1999 y aprobó el examen de reválida para el ejercicio de

la abogacía en el 2000. Sin embargo, por más de once (11) años

estuvo ejerciendo como Ejecutivo en Contratación III, un puesto en

el cual era necesario poseer cierta pericia en materia de derecho

particularmente, derecho contractual. Prueba de ello es la

preparación académica mínima para ese puesto, pues se necesita

un grado Juris Doctor para ejercer como tal. Es decir, para ejercer

como un funcionario de Ejecutivo en Contratación III, era necesario

el grado académico que todas las personas necesitan para ser

abogado y tener algún nivel de conocimiento en la materia de

derecho contractual dado a que las funciones de ese puesto

requerían redactar y formalizar contratos.

       Nótese que la interrogante en este pleito no es determinar si

el señor Avilés Sánchez es el más apto para ocupar el puesto de

Asesor Legal V. Dicha encomienda le corresponde al personal

encargado     del   reclutamiento       de    personal     de   la   CFSE.    El

planteamiento que está ante nuestra consideración es si el señor

Avilés Sánchez ha ejercido como abogado en todos los años que

ejerció como Ejecutivo en Contratación III. Dado al tipo de trabajo

que realizó el recurrente en dicho puesto, es forzoso concluir que el

licenciado Wilson Avilés Sánchez practicó como abogado en el

tiempo que fungió Ejecutivo de Contratación III, pues tuvo que

9 A modo de referencia, véase, S. Steidel Figueroa, Ética para Jurista: Ética del

Abogado y Responsabilidad Disciplinaria, Ediciones SITUM, 2016, págs. 130-133,
del cual destacamos el siguiente fragmento:

       Determinar que constituye ejercicio de la abogacía no siempre es
       una tarea sencilla. Los criterios que se han articulado son diversos
       y ocasionalmente son vagos e imprecisos. Se ha planteado incluso
       que constituir una definición exhaustiva es imposible. Íd., pág.
       130-131. (citas omitidas)
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utilizar su conocimiento y adiestramiento en materias de derecho

para poder efectuar adecuadamente su función. Por tal motivo,

colegimos que la Junta de Apelaciones cometió los dos errores

señalados y, en consecuencia, revocamos el dictamen recurrido. Por

consiguiente, corresponde incluir al recurrente en la lista de

elegibles para el puesto de Asesor Legal V.

      Aclaramos    que,    con   esta   determinación,   no   estamos

invalidando la selección por parte de la CFSE de la señora Méndez

Martinó para ocupar el puesto como Asesora Legal V y mucho menos

estamos cuestionando los méritos de esta última o las razones por

las cuales la CFSE la consideró como la candidata más idónea para

ocupar el puesto. En cambio, como mencionamos anteriormente,

con nuestra determinación estamos resolviendo que el señor Avilés

Sánchez sí debe incluirse como parte de la lista de las personas

elegibles para el puesto de Asesor Legal V si surge una vacante en

la eventualidad. Ello ya que entendemos que los años que ha fungido

como Ejecutivo en Contratación III sí deben considerarse como años

de práctica como abogado.

                                  IV.

      Por los fundamentos entes expuestos, revocamos el dictamen

recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones