Court Opinion

ID: 9554699
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:18:48.55932+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:17.776434
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                      REGIÓN JUDICIAL DE PONCE
                                PANEL XI

    PEERLESS OIL &                                 Certiorari
    CHEMICALS, INC.                                procedente del
                                                   Tribunal de
         Recurridos                                Primera Instancia,
                                                   Sala Superior de
              V.                                   Ponce

NIDAL KHALIL EL SMAILI;                       Caso Núm.:
CAROLINE MUÑOZ GAUD;            KLCE202300605 PO2020CV01588
    QUEBRADA GAS
 STATION, INC.; 123 GAS                            Sobre:
 PR, LLC; ADEL BUIRAT;                             Incumplimiento
MENGANO; AYS SERVICE                               Contrato; Daños;
       STATION;                                    Interferencia
  ASEGURADORAS D-F                                 Torticera y
                                                   Enriquecimiento
       Peticionarios                               Injusto

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      El 30 de mayo de 2023, compareció A Y S Service Station LLC

(en adelante, parte peticionaria o AYS) ante este Tribunal de

Apelaciones, mediante recurso de certiorari. Por medio de este, nos

solicita que revisemos la Resolución emitida el 26 de abril de 2023 y

notificada al día siguiente, 27 de abril de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. En virtud del aludido

dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar la Moción de

Desestimación presentada por la parte peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del recurso de Certiorari.

                                    I

      Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe son los

que adelante se esbozan. El 2 de octubre de 2020, Peerless Oil &

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202300605                                                        2

Chemicals, Inc. (en adelante, “Peerless”) instó una Demanda por

incumplimiento de contrato, interferencia torticera, enriquecimiento

injusto, daños y cobro de fianza en contra de Nidal Khalil El Smaili

(en adelante “Smaili”), Caroline Muñoz Gaud (en adelante “Muñoz”),

Quebrada Gas Station, Inc., 123 Gas PR, LLC y otras partes

reservadas mediante denominaciones ficticias por ser desconocidas.

      Luego del diligenciamiento de los emplazamientos y la

subsiguiente anotación de rebeldía a los demandados, el 21 de

septiembre de 2021, notificada el 22 de septiembre de 2021, el

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial en cuanto a

las   causas   de   acción   sobre   incumplimiento     de   contrato,

interferencia torticera y cobro de dinero, en la que condenó a la parte

demandada a pagar ciertas cuantías con el interés aplicable a favor

de Peerless. El foro primario también ordenó la continuación de los

procedimientos, únicamente a los efectos de recibir prueba sobre la

pérdida de la inversión capital por las mejoras realizadas por

Peerless, los daños a la marca reclamados y para determinar si

procedía descorrer el velo corporativo e imponer responsabilidad

personal a los codemandados Smaili y Muñoz.

      El 2 de noviembre de 2021, Peerless presentó una Moción

Solicitando Enmienda a la Demanda dirigida a enmendar la

demanda, a los efectos de sustituir a dos de los codemandados

identificados con nombres ficticios, por Adel Buirat (en adelante,

“Buirat”) y A Y S Service Station, LLC y extender las causas de acción

a estas partes. El 10 de noviembre de 2021, notificada el mismo día,

el foro primario emitió una Resolución en la cual declaró Ha Lugar a

la moción y autorizando la Demanda Enmendada.

      El 12 de noviembre de 2021, Peerless presentó una Moción

Solicitando se Expida Emplazamiento en la que anejó un solo

emplazamiento para Buirat y AYS, dado que Buirat figuraba como

el agente residente de AYS y solicitó la expedición del emplazamiento
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a Buirat por sí y como agente residente de AYS. Mediante Orden

emitida el 17 de noviembre de 2021, notificada el 18 de noviembre

de 2021, el Tribunal de Primera Instancia expidió el emplazamiento.

El 4 de febrero de 2022, Peerless presentó un Escrito al Expediente

Judicial para incluir el emplazamiento diligenciado a Buirat y AYS,

por lo que, el Tribunal de Primera Instancia tomó conocimiento el 7

de febrero de 2022.1

       El 15 de febrero de 2022, AYS presentó una Solicitud de

Término Adicional y para que la Demandante Exponga de Forma más

Definida para solicitar al foro a quo, sin someterse a la jurisdicción,

que ordenara a Peerless exponer sus alegaciones de una forma más

definida y un término de treinta (30) días para presentar su

alegación responsiva contado a partir de la exposición más

definida.2 Emitida y notificada el 16 de febrero de 2022, el foro

primario declaró Ha Lugar la solicitud. El 22 de febrero de 2022,

Peerless presentó una Moción de Reconsideración y en Cumplimiento

de Orden con el propósito de solicitar que se declarara No Ha Lugar

a la Solicitud de Término Adicional y para que la Demandante

Exponga de Forma más Definida, por entender que no se cumplió

con la Regla 10.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.4.3

En adición a lo anterior, y en la alternativa, Peerless proveyó

información      para   fundamentar    su   solicitud   y,   de   manera

simultánea, cumplir con la orden de una exposición más definida.

       Así las cosas, el 4 de marzo de 2022, AYS, “sin someterse a la

jurisdicción”, presentó una moción de Desestimación Bajo Regla

10.4 de Procedimiento Civil, en la cual argumentó que la Moción de

Reconsideración y en Cumplimiento de Orden no cumplió con la

Orden del tribunal ni los requisitos de la Regla 10.4 de

1 Véase entrada 68 de SUMAC en el expediente del caso PO2020CV01588.
2 Id., entrada 69.
3 Id., entrada 73.
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Procedimiento        Civil,   supra,    por   no   enmendar     la   Demanda

Enmendada y solicitó el desglose y eliminación de toda alegación y

causa de acción en contra de AYS para que, como consecuencia, se

desestimara y archivara la demanda a favor de AYS.4 En la misma

fecha, Peerless presentó Moción en Respuesta a Moción de

Desestimación, en la cual, reiteró sus argumentos y nuevamente

solicitó la reconsideración o que la Orden se diera por cumplida.5 El

9 de marzo de 2022, el foro a quo indicó que los escritos quedaron

sometidos para la disposición del Tribunal.6

       El 8 de marzo de 2022, Peerless presentó una Moción

Solicitando Anotación de Rebeldía para solicitar la anotación de

rebeldía al codemandado Buirat, dado a su incomparecencia en el

procedimiento. El 9 de marzo de 2022, notificada el mismo día, el

foro a quo emitió una Resolución en la cual anotó la rebeldía a la

parte codemandada, Buirat.

       Acaecidos        diversos       trámites    procesales    innecesarios

pormenorizar, el 2 de septiembre de 2022, notificada el 6 de

septiembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Resolución declarando Ha Lugar la Moción de Reconsideración y en

Cumplimiento de Orden y No Ha Lugar la Desestimación Bajo Regla

10.4 de Procedimiento Civil. Del mismo modo, el foro primario le

concedió veinte (20) días a Peerless para presentar demanda

enmendada con exposición más definida de las alegaciones y causas

de acción y a AYS, un término de (30) días para presentar su

alegación responsiva o moción dispositiva a partir de la presentación

de la demanda enmendada.7

       El 20 de septiembre de 2022, Peerles presentó su Segunda

Demanda Enmendada con una exposición más definida de las

4 Id., entrada 74.
5 Id., entrada 75.
6 Id., entrada 81.
7 Id., entrada 86.
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alegaciones y causas de acción, conforme a lo ordenado por el

Tribunal de Primera Instancia. El 27 de septiembre de 2022,

notificada el 28 de septiembre de 2022, el foro a quo emitió una

Orden donde autorizó la Segunda Demanda Enmendada.

      El 31 de octubre de 2022, AYS presentó, “sin someterse a la

jurisdicción”, una moción de Desestimación por Prescripción en la

cual argumentó que Peerless conocía, o debió conocer, de AYS y

Buirat desde el 3 de septiembre de 2020 y que optó por no incluirlos

en la Demanda original, por lo que, la causa de acción en contra de

ellos estaba prescrita por excederse del término prescriptivo de un

(1) año. Además, AYS arguyó que, no procedía la causa de acción

sobre interferencia contractual por no haber relación contractual

entre AYS y Quebrada Gas Station, Inc., sino que su negocio fue con

Quebrada Service Station, Inc. Por el otro lado, AYS también

argumentó que no se incluyeron partes indispensables como

Quebrada Service Station, Inc., y los dueños de la propiedad,

Ernesto Raíces Montijo y Ana D. Méndez Feliciano, lo que convertía

la Sentencia Parcial en nula y que la acción en contra de estas estaba

prescrita. AYS también alegó que, hubo insuficiencia en el

emplazamiento en cuanto Buirat y AYS, por lo que, el foro primario

nunca adquirió jurisdicción sobre dicha parte. Por último, AYS

arguyó que la Orden que autorizó la Demanda Enmendada fue

contraria a lo dispuesto en la Sentencia Parcial, por lo cual,

constituye ley del caso y no se debió autorizar dicha enmienda. Por

todo lo anterior, AYS solicitó la desestimación de la demanda por

falta de jurisdicción y por estar prescrita la causa acción.

      Transcurridos    varios   incidentes   procesales,   el   22   de

noviembre de 2022, Peerless presentó su Oposición a Moción

Solicitando Desestimación, en la cual alegó que la solicitud de

desestimación no cumplía con las Reglas de Procedimiento Civil,

supra, para una desestimación o para una solicitud de sentencia
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sumaria. En cuanto a la cuestión jurisdiccional, Peerless arguyó

que, el emplazamiento fue suficiente y que AYS no podía pretender

exigirle al foro a quo examinar documentos, argumentos y

solicitudes y a la misma vez, advertirle que no se estaba sometiendo

a   la     jurisdicción.   También   Peerless   argumentó     que,   la

representación de AYS protegía y abogaba por Buirat cuando este

no había comparecido ni autorizado la representación alguna,

además de que existía controversia sobre si AYS ejercía fuera de sus

funciones o por conducto personal de Buirat, entre otras. Peerless

añadió que, la moción de desestimación es realmente una moción

solicitando sentencia sumaria basada en evidencia inadmisible, así

como datos externos y distorsionados cuando no había contestado

la Segunda Demanda Enmendada, ni comenzado el descubrimiento

de prueba y la misma generaba controversias de hechos. Según

argumentó Peerless, parte de la prueba evidenciaria incluía cartas

del abogado de AYS, por lo cual, el abogado tendría que testificar

sobre ellas y que en sí son inadmisibles por diversas razones. En

cuanto a la cuestión de parte indispensable, Peerless argumentó que

Peerless no tiene reclamo alguno respecto a los dueños de la

propiedad ni con la propiedad inmueble, pues, su relación

contractual fue con el operador que arrendaba la estación en calidad

de suplidor de combustible.

         Resueltos varios asuntos procesales, el 22 de febrero de 2023,

notificada el mismo día, el foro a quo emitió una Orden en la quedó

sometida la controversia de la desestimación.8 Así las cosas, el 26

de abril de 2023, notificada el mismo día, el foro primario emitió una

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la moción de

Desestimación por Prescripción y le concedió un término de quince

(15) días para presentar su alegación responsiva, so pena de

8 Id., entrada 110.
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anotarle la rebeldía. En cuanto a los argumentos de AYS, el foro

apelado concluyó que, no procedían por las siguientes razones. En

relación con la prescripción, el tribunal entendió que no se sentaron

las   bases   ni   se   demostró   mediante   declaración   jurada   el

conocimiento personal de lo alegado y que fue posterior a la

demanda que Peerless identificó a las personas que habían

interferido en el contrato. Adujo que, a base de la referida evidencia

presentada, no procedería la sentencia sumaria por existir

controversia real sustancial sobre los elementos de la causa de

acción por interferencia torticera y por el foro primario tener dudas

en cuanto al asunto de la prescripción. En cuanto a la alegación de

insuficiencia en el emplazamiento, el foro de instancia aclaró que

Buirat nunca compareció, por lo que, se le anotó rebeldía y que el

emplazamiento y su diligenciamiento cumplieron con los requisitos

reglamentarios. En cuanto a la parte indispensable, concluyó que,

los dueños titulares del terreno no son partes indispensables, por

no guardar relación con la causa de acción presente.

       Aun insatisfecha, el 30 de mayo de 2023, AYS acudió a este

foro revisor mediante recurso de certiorari, y le imputó a la primera

instancia judicial haber cometido los siguientes errores:

       ERRÓ el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       actuar en contra de sus propias decisiones, con
       parcialidad, perjuicio y en craso abuso de su discreción,
       al permitir, luego del Foro haber emitido una Sentencia
       Parcial, que la parte demandante enmendara la
       Demanda para nombrar e incluir en ella a la parte aquí
       peticionaria y al señor Adel Buirat.

       ERRÓ el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       actuar con parcialidad, perjuicio y en craso abuso de su
       discreción, al NO desestimar la Segunda Demanda
       Enmendada por razón de las causas de acción
       levantadas en contra de la Peticionaria y del señor Adel
       Buirat haber prescrito.

       ERRÓ el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       actuar con parcialidad, perjuicio y en craso abuso de su
       discreción, al aceptar que la Peticionaria y el señor Adel
       Buirat hayan sido alegadamente emplazados, utilizando
       un (1) sólo formulario de emplazamiento, para
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      alegadamente emplazar a dos (2) partes, una persona
      natural y una persona jurídica, a la misma vez.

      ERRÓ el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      actuar con parcialidad, perjuicio y en craso abuso de su
      discreción, al NO desestimar la Segunda Demanda
      Enmendada por falta de partes indispensables.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración.

                                 II

A. El Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
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      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

      El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v.

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna
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Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular,

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Enmiendas a las alegaciones

      La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1,

estatuye lo relativo a las enmiendas a las alegaciones. Dicha Regla

dispone que:

      Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en
      cualquier momento antes de habérsele notificado una
      alegación responsiva. Si su alegación es de las que no
      admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido
      señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla
      en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de
      haber notificado su alegación. En cualquier otro caso,
      las partes podrán enmendar su alegación únicamente
      con el permiso del tribunal o mediante el
      consentimiento por escrito de la parte contraria; el
      permiso se concederá liberalmente cuando la justicia
      así lo requiera. La solicitud de autorización para
      enmendar las alegaciones deberá estar acompañada de
      la alegación enmendada en su totalidad. Una parte
      notificará su contestación a una alegación enmendada
      dentro del tiempo que le reste para contestar la
      alegación original o dentro de veinte (20) días de haberle
      sido notificada la alegación enmendada, cualquiera de
      estos plazos que sea más largo, a menos que el tribunal
      de otro modo lo ordene.

      Con respecto a la antes referida regla, nuestro Máximo Foro

expresó en S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 747 (2005), que

la misma establece una clarísima directriz en cuanto a la concesión

liberal de este remedio “cuando la justicia así lo requiera”. Resulta

evidente que “la regla concede, en primer lugar, discreción al

tribunal para determinar la procedencia de una enmienda a las

alegaciones y, en segundo lugar, favorece su concesión.” Id.

(Énfasis Nuestro).

      Cónsono con lo anterior, el tratadista José Cuevas Segarra ha

señalado que:

      Los estatutos que conceden discreción a los tribunales
      para autorizar enmiendas, dejar sin efecto actuaciones
      anteriores, y otros actos similares para lograr justicia
      sustancial, son preceptos reparadores que deben
      interpretarse liberalmente. J.A. Cuevas Segarra,
      Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan,
      Publicaciones JTS, 2011, T. II pág. 591.
KLCE202300605                                                      11

      Por su parte, nuestra Más Alta Curia ha sido enfática en que

existe una clara política pública en nuestro ordenamiento de que los

casos se deben ventilar en sus méritos, por lo cual, las Reglas

favorecen la autorización de las enmiendas a las alegaciones. Colón

Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 198 (2012); Rivera et al. v.

Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992).

      Por ende, los tribunales poseen amplia facultad discrecional

para decidir si permiten la enmienda a una alegación, incluso, en

etapas adelantadas de los procedimientos. Colón Rivera v. Wyeth

Pharm., supra; Ortiz Diaz v. R & R Motors Sales Corp., 131 DPR 829,

836 (1992). Solo ante la presencia de manifiesto perjuicio a la parte

contraria o claro abuso de discreción al autorizar la enmienda

procede la revocación de la determinación del juez. Colón Rivera v.

Wyeth Pharm., supra.

      No obstante, a pesar de que las Reglas de Procedimiento Civil

favorecen un enfoque liberal a la autorización de enmiendas a las

alegaciones, esta liberalidad no es infinita. Romero v. S.L.G. Reyes,

164 DPR 721, 730 (2005); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 793,

796 (1975). Para demarcar el ámbito de discreción de los tribunales,

nuestra última instancia judicial ha establecido cuatro (4) elementos

que deben tomarse en consideración al momento de decidir si se

autoriza una enmienda. Estos elementos son “(1) el impacto del

tiempo trascurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la demora,

(3) el perjuicio a la otra parte, y (4) la procedencia de la enmienda

solicitada”. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 748 (2005).

Estos factores no operan de modo aislado, por lo cual, hemos

adoptado un enfoque dinámico mediante el cual deben considerarse

los cuatro (4) conjuntamente. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra. Este

enfoque dinámico significa que el paso del tiempo, por sí solo, no

obliga a los tribunales a negar el permiso para enmendar las

alegaciones. Id.
KLCE202300605                                                     12

      Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo reiteró que “[e]l factor

que resulta de mayor relevancia al momento de evaluar una

solicitud de autorización para enmendar las alegaciones es el

perjuicio que puede causarse a la parte contraria”. A tales efectos,

el tratadista Cuevas Segarra señala que “cuando la propuesta

enmienda altera radicalmente el alcance y naturaleza del caso, con

un consecuencial cambio, convirtiendo la controversia inicial, en

tangencial, el permiso debe ser denegado, pero ello no significa que

no se puedan adicionar nuevas teorías o nuevas reclamaciones.”

S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 749.

      Así que, independientemente de la etapa en que se presente

la propuesta enmienda o que se incluyan en esta nuevas teorías o

reclamaciones, los tribunales deben ponderar con especial énfasis

el perjuicio que dicha enmienda podría causarle a la otra parte. Id.,

págs. 750.

      En cuanto a qué constituye un perjuicio indebido para

propósitos de este precepto, nuestra Máxima Curia se ha expresado

en varias ocasiones. No obstante, el análisis se ha enfocado en

pautar normas en cuanto a situaciones que no constituyen perjuicio

indebido. Así por ejemplo, nuestro Tribunal Supremo ha dicho que

un mero cambio de teoría en las alegaciones no constituye perjuicio

indebido. Tampoco lo es, por sí solo, el tiempo transcurrido entre la

presentación de la alegación original y su propuesta enmienda. (Cita

omitida). Id., pág. 749.

      Ante esto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó en Colón

Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 200, que aún persisten dudas

en cuanto al significado de perjuicio indebido para propósitos de la

Regla 13.1, supra. El profesor Vázquez Irizarry comenta que:

      Este criterio de por sí introduce preguntas interesantes
      en cuanto a qué significa y cuál es su alcance. Después
      de todo, alguien podría razonablemente afirmar que
      toda enmienda a las alegaciones ocasionará un
      perjuicio a la parte contraria pues el objetivo de quien
KLCE202300605                                                        13

      la presenta no es otro que adelantar su causa dentro
      del litigio. W. Vázquez Irizarry, Procedimiento Civil, 75
      Rev. Jur. U.P.R. 175, 197 (2006).

      Más adelante, el profesor continúa comentando que:

      [P]odemos colegir que el perjuicio al que se refiere la
      Regla 13.1 como límite a la concesión liberal de
      autorización para enmendar, más que un efecto
      sustantivo negativo sobre la otra parte, lo que pretende
      evitar es el efecto negativo de carácter eminentemente
      procesal. De ahí que la clave sea que el perjuicio, para
      operar como freno a la enmienda, debe ser indebido en
      el sentido de que coloque a la parte contraria en una
      situación de desventaja respecto a lo que es el trámite
      ordenado del litigio. Id.

      En cuanto a qué constituye perjuicio indebido, los tribunales

federales han ponderado diversos factores. Por ejemplo, se ha

analizado la posibilidad de que la parte que se opone a la enmienda

tenga que incurrir en gastos adicionales y preparación nueva para

enfrentarse a las alegaciones enmendadas; si la parte que propone

la enmienda ha tenido múltiples oportunidades para presentar sus

enmiendas y la futilidad de las nuevas causas de acción. Id., págs.

201-202.

D. Emplazamiento

      El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del E.L.A., Tomo 1, prohíbe

que cualquier persona sea privada de su libertad o propiedad sin el

debido proceso de ley. Esta garantía está consagrada también en las

Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos. Rivera

Rodríguez & Co v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 887 (1993).

      De conformidad con la cláusula constitucional del debido

proceso de ley, un tribunal solo actuará sobre la persona de un

demandado o demandada cuando haya adquirido jurisdicción sobre

éste o ésta. SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al., 207 DPR 636,

646 (2021); Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637,

644 (2018). Reiteradamente nuestro Alto Foro ha expresado que,

como regla general, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el

emplazamiento como el mecanismo procesal mediante el cual un
KLCE202300605                                                      14

tribunal adquiere jurisdicción in personam. SLG Rivera-Pérez v SLG

Díaz-Doe et al., supra; Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra;

Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017). El

propósito del emplazamiento es notificarle a la persona demandada

que se ha presentado una acción judicial en su contra, a la vez que

se le llama para que ejerza su derecho a ser oída y defenderse. SLG

Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al., supra; Bernier González v.

Rodríguez Becerra, supra, págs. 644-645; Torres Zayas v. Montano

Gómez, supra; Banco Popular v. SLG Lebrón, 164 DPR 855, 863

(2005).

       El emplazamiento constituye el paso inaugural del mandato

constitucional que cobija a toda persona demandada, viabilizando

además, el ejercicio de jurisdicción judicial. SLG Rivera-Pérez v. SLG

Díaz-Doe et al., supra; Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra,

pág.   644; Medina v. Medina,        161   DPR   806,   823   (2004).

Consecuentemente, y dado a que “el emplazamiento se mueve

dentro    del   campo    del   Derecho     constitucional”,   nuestro

ordenamiento jurídico ha requerido el cumplimiento estricto de una

serie de requisitos para su eficacia. SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-

Doe et al., supra; R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017,

pág. 257. Véase, también, Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra; Torres Zayas v. Montano Gómez, supra; Lucero Cuevas v. San

Juan Star, 159 DPR 494, 507 (2003). En ese sentido, es menester

señalar que la falta de un correcto emplazamiento a la parte contra

la que un tribunal dicta sentencia “produce la nulidad de la

sentencia dictada por falta de jurisdicción sobre el demandado [..]”.

SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al., supra; Torres Zayas v.

Montano Gómez, supra, págs. 468-469; Lucero Cuevas v. San Juan

Star, supra, pág. 507. En dichos escenarios, se trataría de un caso

de nulidad radical por imperativo constitucional. SLG Rivera-Pérez
KLCE202300605                                                       15

v. SLG Díaz-Doe et al., supra; Torres Zayas v. Montano Gómez, supra,

pág. 469; Lucero Cuevas v. San Juan Star, supra, págs. 507-508.

      Por consiguiente, emplazar conforme a derecho, de ordinario,

y según nuestro Tribunal Supremo ha sentenciado en el pasado,

supone dar estricto cumplimiento a los requisitos dispuestos en las

Reglas de Procedimiento Civil. Este marco reglamentario provee para

que, como norma general, se emplace a la persona demandada

personalmente o, por vía de excepción, mediante edicto.

      En lo pertinente, la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 4, regula lo relacionado a los emplazamientos.

Específicamente, la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 4.3, dispone lo concerniente al término para diligenciar los

mismos. En particular, dicha regla establece lo siguiente:

      (C) El emplazamiento será diligenciado en el término de
      ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la
      demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento
      por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los
      emplazamientos el mismo día en que se presenta la
      demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el
      mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo
      adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar
      los emplazamientos una vez la parte demandante haya
      presentado de forma oportuna una solicitud de
      prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya
      diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar
      sentencia decretando la desestimación y archivo sin
      perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo
      por incumplimiento con el término aquí dispuesto
      tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos.

      Vemos que la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra,

preceptúa varios aspectos del emplazamiento, a saber: el término

que tiene el demandante para emplazar, desde cuándo comienza a

transcurrir dicho término, en qué momento la Secretaría del

tribunal de instancia debe expedir los emplazamientos, qué sucede

si la Secretaría no expide los emplazamientos en el momento preciso

y el efecto dispositivo que tendrá la causa de acción si el demandante

no logra diligenciar los emplazamientos conforme a la mencionada

regla. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018).
KLCE202300605                                                                      16

       En cuanto a en qué momento la Secretaría del tribunal de

instancia debe expedir los emplazamientos, la Regla 4.3 (c) de

Procedimiento Civil, supra, es clara al establecer que ésta tiene el

deber de expedir los emplazamientos el mismo día en que se

presente la demanda. Regla 4.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32

LPRA Ap. V. Claro está, siempre que el demandante entregue los

formularios de emplazamiento ese mismo día. Bco. Des. Eco. v. AMC

Surgery, 157 DPR 150, 155 (2002). Así, “expedido el emplazamiento,

la parte que solicita el mismo cuenta con un término de ciento veinte

(120) días para poder diligenciarlo”. Torres Zayas v. Montano Gómez,

supra. Este término es improrrogable y, consecuentemente, si en

120 días el demandante no ha podido diligenciar el emplazamiento

automáticamente se desestimará su causa de acción. Bernier

González v. Rodríguez Becerra, supra.

       Al respecto, el profesor Rafael Hernández Colón señaló que:

“[e]n el caso que Secretaría expida los emplazamientos el mismo día,

la Regla 4.3 (c) no provee discreción al tribunal para extender el

término”. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. San

Juan, Lexis Nexis, 2010, págs. 232-233. Por ello, “no puede

recurrirse a la R. 68.2, 2009 para que el juez conceda una prórroga

al término para emplazar debido a que estaría en contravención con

la intención legislativa”.9 Id., pág. 267.

       Si la Secretaría del tribunal de instancia no expidiera los

emplazamientos el mismo día en que se presentó la demanda junto

9 La Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, lee como sigue:

    Cuando por estas reglas o por una notificación dada en virtud de sus
    disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o permita la
    realización de un acto en o dentro de un plazo especificado, el tribunal
    podrá, por justa causa, en cualquier momento y en el ejercicio de su
    discreción: (1) previa moción o notificación, o sin ellas, ordenar que se
    prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de expirar el término
    originalmente prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en
    virtud de moción presentada después de haber expirado el plazo
    especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a justa
    causa, pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las
    disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2, salvo
    lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas prescritas.
KLCE202300605                                                           17

a   los    formularios   de   emplazamiento,   la   Regla   4.3   (c)   de

Procedimiento Civil, supra, establece que el tiempo que se haya

demorado Secretaría será el mismo tiempo adicional que el tribunal

otorgará para gestionar el diligenciamiento. Ello, una vez el

demandante presente oportunamente una solicitud de prórroga. Id.

          Sin embargo, es sabido que “[p]ara que comience a decursar

ese término, es requisito no solamente que se haya presentado la

demanda y sometido el emplazamiento correspondiente sino,

además, que el emplazamiento sea expedido por el tribunal”. Esto,

unido a que la propia regla establece que el tiempo que se demore la

Secretaría en expedir los emplazamientos será el mismo tiempo

adicional que otorgarán los tribunales, lleva al Tribunal Supremo de

Puerto Rico a concluir que no se trata de solicitar una prórroga como

tal. Más bien, según nuestra Alta Curia, se trata del deber de

presentar una moción al tribunal solicitando la expedición de los

emplazamientos. En consecuencia, una vez la Secretaría expide el

emplazamiento, entonces comenzará a transcurrir el término de 120

días. Por eso, no se trata en realidad de una prórroga debido a que

en ninguna de estas circunstancias la parte contará con más de 120

días. (Citas omitidas). Id.

          Ahora bien, los demandantes no pueden cruzarse de brazos y

dejar que transcurra un periodo irrazonable para presentar la

moción. De lo contrario, se actuaría en contravención al principio

rector de resolver las controversias de forma justa, rápida y

económica. (Cita omitida). Id.

          En cuanto al emplazamiento personal, la Regla 4.4 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4., sugiere que su

diligenciamiento dependerá de la situación legal de la persona --

natural o jurídica --, a la cual se le servirá. SLG Rivera-Pérez v. SLG

Díaz-Doe et al., supra; Véase, Hernández Colón, op. cit., pág. 262.

En el caso específico de una corporación, el inciso (e) de la Regla 4.4,
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supra, dispone que se diligenciará el emplazamiento entregándole

copia     de   éste   y   de   la   demanda     a   un(a)    oficial,   gerente

administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) agente

autorizado(a) por nombramiento o designado(a) por ley para

recibirlo.10 SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al., supra.

        Por otro lado, un demandado renuncia al requisito de la

notificación formal cuando se somete voluntariamente a la

jurisdicción    del   tribunal.     Esto   lo   puede    hacer    al    cumplir

voluntariamente con las órdenes del tribunal y, a solicitud de éste,

presentar      documentos      pertinentes      dirigidos   a    dilucidar   la

reclamación que incoe la parte demandante en su contra. Vázquez

v. López, 160 DPR 714 (2003). Cabe señalar que la notificación

formal, al igual que la mayoría de los derechos, es renunciable.

Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001).

        En nuestro ordenamiento procesal, esto se conoce como

“sumisión voluntaria”. Una forma reconocida de efectuar tal

renuncia es mediante la sumisión expresa o tácita del demandado.

Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14 (2014). (Énfasis

Nuestro). En Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra, nuestra

Máxima Curia expresó que: “[l]a figura de la sumisión consiste en

que una parte comparece voluntariamente y realiza algún acto

sustancial que la constituya parte en el pleito, sometiéndose así

a la jurisdicción del Tribunal”. (Énfasis Nuestro). Es decir, la

comparecencia voluntaria de la parte demandada suple la omisión

del emplazamiento y esto es suficiente para que el tribunal adquiera

jurisdicción sobre la persona bajo las garantías del debido proceso

de ley.

10 Al respecto, cabe precisar que, en principio, no cabe hablar de emplazamiento

personal a una corporación, pues se trata de una persona ficticia, por lo que el
emplazamiento deberá hacerse mediante un agente o similar. Véase, IX Fletcher
Cyclopedia of the Law of Corporations Sec. 4412, págs. 472-473 (2020).
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E. Parte Indispensable

      Las Reglas de Procedimiento Civil regulan el precepto de parte

indispensable en un pleito. La Regla 16.1 establece que: “[l]as

personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda

adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularan como

demandantes o demandadas, según corresponda”. 32 LPRA Ap. V;

Payano v. Cruz, supra; RPR & BJJ Ex Parte, 207 DPR 389, 407

(2021).

      Nuestro Tribunal Supremo interpreta una parte indispensable

como aquella de la cual no se puede prescindir, pues sin su

presencia,   las   cuestiones   litigiosas   no   pueden   adjudicarse

correctamente, ya que sus derechos quedarían afectados por una

determinación judicial. Payano v. Cruz, supra; RPR & BJJ Ex Parte,

supra, pág. 407; López García v. López García, 200 DPR 50, 63

(2018), citando a: Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432

(2003); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993).

Hernández Colón, op. cit., Sec. 1202, pág. 165. En particular, ha

señalado el Alto Foro que:

      El tercero ausente [en el pleito] debe tener [tal] interés
      común en [este] que convierte su presencia en un
      requisito indispensable para impartir justicia completa
      o de tal orden que impida la confección de un decreto
      sin afectarlo. La justicia completa es aquella entre las
      partes y no la que se refiere a una parte y al ausente. El
      interés común tiene que ser uno real e inmediato.
      Hernández Colón, op. cit., Sec. 1202, pág. 166.

      Sobre el alcance de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil,

supra, nuestro Máximo Foro ha señalado que “este precepto

procesal forma parte del esquema de rango constitucional que

prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin

el debido proceso de ley”. López García v. López García, supra, págs.

63-64, citando a: Mun. de San Juan v. Bosque Real, SE, 158 DPR

743, 756 (2003). Infante v. Maeso, 165 DPR 474, 490 (2005); Cepeda

Torres v. García Ortiz, supra. Más específico aún, esta regla parte de
KLCE202300605                                                        20

dos   principios    fundamentales,   a   saber:   (1)   la   protección

constitucional que impide que una persona sea privada de la

libertad y de su propiedad sin un debido proceso de ley, y (2) la

necesidad de incluir a una parte indispensable para que el decreto

judicial emitido sea completo. Payano v. Cruz, supra; RPR & BJJ Ex

Parte, supra, pág. 407; Allied Mgmt. Grp., Inc. v. Oriental Bank, 204

DPR 374 389 (2020); López García v. López García, supra, pág. 64.

      Ahora bien, precisa señalar que no se trata de cualquier

interés sobre un pleito, sino de un interés de tal orden que

impida la confección de un derecho adecuado sin afectar o

destruir radicalmente los derechos a esa parte. Id.; Romero v. SLG

Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). (Énfasis Nuestro). Véase Cuevas

Segarra, op. cit., T. II, pág. 691. Asimismo, el “interés común” al que

hace referencia la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, no es

cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser real e

inmediato y no puede tratarse de meras especulaciones o de un

interés futuro. Payano v. Cruz, supra; RPR & BJJ Ex Parte, supra,

pág. 408; Allied Mgmt. Grp., Inc. v. Oriental Bank, supra, págs. 389-

390. (Énfasis Nuestro).

      Nuestro      Tribunal   Supremo     ha   establecido     que   la

interpretación de esta regla requiere un enfoque pragmático, es

decir, que se evalúe a la luz de las circunstancias particulares que

se presenten y no de una formula rígida para determinar su

aplicación. López García v. López García, supra, pág. 65, citando a:

Romero v. SLG Reyes, supra, pág. 732; RPR & BJJ Ex Parte, supra,

pág. 408. Específicamente, ha resuelto que:

      [l]a determinación final de si una parte debe o no
      acumularse depende de los hechos específicos de cada
      caso individual. Exige una evaluación jurídica de
      factores, tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones,
      prueba, clase de derechos, intereses en conflicto,
      resultado y formalidad. Cuando, en un pleito, las partes
      no se han tomado la iniciativa de brindar a terceros
      ausentes la oportunidad de salvaguardar unos
      derechos que pueden resultar afectados, estos terceros
KLCE202300605                                                        21

      deben ser acumulados como parte para poder dar
      finalidad a la adjudicación de la controversia medular.
      No es suficiente que el ausente haya tenido la
      oportunidad de intervenir en el pleito, pues mientras no
      se le haya hecho parte, no se le puede privar de unos
      derechos mediante sentencia. López García v. López
      García, supra, citando a: Cuevas Segarra, op. cit., T. II,
      pág. 695. Véase Payano v. Cruz, supra.

      Dicho de otro modo, la determinación de si debe acumularse

a una parte en un pleito depende de los hechos específicos de cada

caso. Ello implica que los tribunales deben hacer un análisis

juicioso sobre los derechos de las partes que no están presentes y

las consecuencias de que se unan al procedimiento. Así pues, lo

fundamental es determinar si el tribunal puede hacer justicia y

conceder un remedio final y completo a las partes presentes sin

afectar los intereses de la parte ausente. Payano v. Cruz, supra; RPR

& BJJ Ex Parte, supra, pág. 409; López García v. López García,

supra, pág. 65.

      La falta de parte indispensable en un pleito es un interés tan

fundamental, que constituye una defensa irrenunciable que puede

presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso, los

foros apelativos, si así lo entienden, pueden y deben levantar motu

proprio la falta de parte indispensable en un pleito, debido a que

ésta incide sobre la jurisdicción del tribunal. Id.; RPR & BJJ Ex

Parte, supra, pág. 408.

      En conclusión, como se puede apreciar, la razón de ser de la

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, responde al interés de

proteger a aquellas personas —naturales o jurídicas— que no están

presentes en el pleito de los efectos que acarrea la sentencia dictada

y, así, evitar la multiplicidad de pleitos mediante un remedio efectivo

y completo. López García v. López García, supra, pág. 65; Granados

v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 605 (1989); Hernández Agosto

v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 412–413 (1982).
KLCE202300605                                                        22

      Dicha protección encuentra su razón de ser en que, como se

ha   establecido   en    más    de     una   ocasión,   no   traer   a

una parte indispensable a un pleito, sin duda alguna, se traduce en

una violación al debido proceso de ley que le cobija. López García v.

López García, supra, pág. 66; Deliz et als. v. Igartúa et als., supra,

pág. 43.

      Cabe destacar que, a pesar de que la omisión de una parte

indispensable es motivo para desestimar una causa de acción, no es

óbice para que los tribunales, a instancia propia o a solicitud de

parte, conceda la oportunidad de traer al pleito a la parte ausente.

Payano v. Cruz, supra, citando a Meléndez v. ELA, 113 DPR 811

(1983); J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 694.

      Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los

hechos ante nuestra consideración.

                                 III

      Como primer señalamiento de error, la peticionaria arguye

que el foro a quo erró al permitir que la parte recurrida enmendara

la Demanda Enmendada para incluir a la parte peticionaria y a

Buirat, a pesar de haber una Sentencia Parcial. No le asiste la razón.

      Cabe destacar que, la Sentencia Parcial no involucra a la parte

peticionaria, sino que va dirigida a la adjudicación de las causas de

acción en contra de los codemandados del caso, respecto al cual aún

subsisten controversias. La Sentencia Parcial no impide atender

reclamaciones en contra de AYS y Buirat y tampoco constituye un

acto contrario a las propias acciones del foro recurrido. La Regla

13.1 de Procedimiento Civil, supra, le concede discreción al tribunal

para determinar la procedencia de las enmiendas, por lo cual, se

concederán liberalmente. Los tribunales poseen amplia facultar

discrecional para determinar si proceden las enmiendas, aun en

etapas avanzadas, y es solo ante la presencia de manifiesto perjuicio

a la parte contraria o claro abuso de discreción que procedería la
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revocación de la determinación. Colón Rivera v. Wyeth Pharm.,

supra, pág. 198. Entendemos que no estamos ante las instancias

antes indicadas que ameriten nuestra intervención en este asunto.

      Como segundo señalamiento de error, la parte peticionaria

alega que el foro primario erró al no desestimar la Segunda Demanda

Enmendada al esta haber prescrito. No le asiste la razón.

      En su moción dispositiva, la parte peticionaria anejó

documentos para sustentar su alegación de prescripción, en

particular, cartas intercambiadas entre los abogados de la parte

recurrida y la parte peticionaria. El foro a quo señaló que, en cuanto

a dicha evidencia, no se sentaron las bases y tampoco se incluyó

declaración jurada de conocimiento personal de los documentos y

las alegaciones en el escrito. El foro recurrido concluyó que, ello

implica asuntos de credibilidad que se tienen que dirimir mediante

la evaluación presencial de testimonios porque presenta una

controversia de hechos sustanciales que imposibilitan la resolución

mediante el mecanismo de sentencia sumaria. Coincidimos con el

Tribunal de Primera Instancia en este particular y entendemos que

amerita una prudente y detenida evaluación de la evidencia por el

foro primario en aras de la búsqueda de la verdad y ventilar el caso

en sus méritos.

      Como tercer señalamiento de error, la parte peticionaria alega

que el foro a quo erró al aceptar que la parte peticionaria fue

emplazada, a pesar de haber sido emplazada mediante un solo

formulario de emplazamiento, en la cual se incluyó al Sr. Buirat, en

su capacidad personal y como agente residente de AYS. El foro

recurrido concluyó que, el emplazamiento fue suficiente y conforme

al derecho vigente. Independientemente de si el emplazamiento fue

suficiente o no, este es un planteamiento académico, pues, la parte

peticionaria se sometió voluntaria y tácitamente a la jurisdicción

mediante actos sustanciales que la constituye parte en el pleito tal
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como el cumplimiento voluntario con las órdenes del tribunal y

presentar argumentos y documentos pertinentes dirigidos a

dilucidar la reclamación. Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509,

524-525 (2006); Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003); Qume

Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra.

      Como cuarto y último señalamiento de error, la parte

peticionaria alega que, el foro recurrido cometió el error de no

desestimar la Segunda Demanda Enmendada por falta de partes

indispensables. No nos convence. La parte peticionaria aduce que,

los dueños titulares del terreno son partes indispensables. Empero

no fundamenta ni elabora su argumento en torno a la razón por la

cual éstos son partes indispensables, más allá del mero hecho de

ser dueños del terreno. El caso de autos gira en torno a las

actividades comerciales y relaciones contractuales entre las partes,

en las cuales, los dueños del terreno no fueron parte. Tampoco surge

de la Demanda ni del expediente judicial que la parte recurrida tenga

reclamación alguna contra los dueños del terreno o que estas tengan

algún interés en el litigio. Ante ello, resulta forzoso concluir que, el

planteamiento es improcedente y no tiene apoyo en el tracto procesal

y en el derecho aplicable.

      Tras evaluar detenidamente el recurso presentado por la parte

peticionaria, y luego de una ponderada revisión, colegimos que no

procede la expedición del auto solicitado. Los señalamientos de error

antes reseñados, por los fundamentos aducidos en la petición, no

pueden activar nuestra jurisdicción discrecional en el caso de autos.

La decisión recurrida no es manifiestamente errónea y la parte

peticionaria no demostró que el foro a quo actuó con prejuicio,

parcialidad o en abuso de su discreción. La parte peticionaria

tampoco ha logrado persuadirnos de que nuestra abstención

apelativa en este momento y sobre el asunto planteado constituiría

cualquiera de los criterios esbozados en nuestro reglamento que
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active nuestra función revisora. Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de Certiorari.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones