Court Opinion

ID: 9896834
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:28.229983+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:17.672224
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

  CARLOS GONZÁLEZ DE                             REVISIÓN
  JESÚS C/P CARLOS                               ADMINISTRATIVA
  GONZÁLEZ GONZÁLEZ                              procedente del
                                                 Departamento de
       Recurrente           KLRA202300470        Corrección y
                                                 Rehabilitación
            v.
                                                 Caso Núm.:
  DEPARTAMENTO DE                                ICG-1220-2023
  CORRECCIÓN
                                      Sobre:
      Recurrido                       Ley Núm. 85-2022
 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                             SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2023.

       Comparece ante este foro -in forma pauperis y por

 derecho propio- el Sr. Carlos González De Jesús C/P

 Carlos    González      González       (señor    González    o    “el

 recurrente”) y nos solicita que revisemos la Respuesta

 de    Reconsideración      al     Miembro       de   la    Población

 Correccional     emitida    por    la     División    de    Remedios

 Administrativos (DRA) del Departamento de Corrección y

 Rehabilitación (el Departamento o “agencia recurrida”),

 la cual fue expedida el 15 de agosto de 2023.               Mediante

 esta, la DRA desestimó la solicitud, debido a que, el

 recurrente ha presentado en más de una ocasión el mismo

 planteamiento.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 REVOCAMOS el dictamen administrativo recurrido.

                                   I.

       A raíz de la aprobación de la Ley Núm. 85-2022, el

 3 de agosto de 2023, el señor González presentó una

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLRA202300470                                                           2

Solicitud de Remedio Administrativo.1               Mediante la cual,

solicitó      le   aplicaran        la       precitada     Ley    y,   en

consecuencia, le fuera corregida su Hoja Control Sobre

Liquidación de Sentencia.

      Atendida     la    petición      del    recurrente,    el   15   de

agosto de 2023 el DRA emitió una Respuesta al Miembro de

la Población Correccional,2 en el cual establecieron lo

siguiente:

           Se desestima su          solicitud       de     remedio
           conforme a la:

           Regla XIII Inciso 5. El Evaluador tiene la
           facultad para desestimar las siguientes
           solicitudes, según el Reglamento vigente la
           cual dispone lo siguiente:

           D. Solicitud de Remedio radicada más de una
           vez sobre el mismo asunto por el mismo MPC.

           Usted radico sobre este asunto en respuesta
           ICG-617-2023.

      Insatisfecho con la respuesta, el señor González

presentó una Solicitud de Reconsideración.3                  Expuso que

era la segunda ocasión que radicaba la solicitud, puesto

que, no habían atendido la solicitud que previamente

había presentado.

      Después de evaluar la solicitud de reconsideración,

la   DRA   decidió      denegar   la     petición    del    recurrente,

mediante la cual expuso:4

           Respecto a la solicitud de reconsideración,
           a usted se le desestimó el remedio (ICG-
           1220-23) por radicarla más de una vez sobre
           el mismo asunto. Le recomiendo que espere
           un término razonable, para que puedan
           resolverle su queja.

           No obstante, para conocimiento de usted con
           relación a la solicitud de reconsideración

1 Solicitud de Remedio Administrativo, anejo I, pág. 1 del apéndice
del recurso.
2 Respuesta al Miembro de la Población Correccional, anejo II, pág.

2 del apéndice del recurso.
3 Solicitud de Reconsideración, anejo III, pág. 3 del apéndice del

recurso.
4  Repuesta de Reconsideración al Miembro de la Población
Correccional, anejo VI, págs. 7-8 del apéndice del recurso.
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         solicitando que le aplicaran la Ley #85. Se
         evaluó el caso con el personal de récord
         penal de la Inst. Guerrero Aguadilla sobre
         su caso, se examinó su liquidación de
         sentencia donde actualmente su mínimo de
         sentencia está para el 30 de agosto de 2032.
         Me notificaron que será trabajado, que se
         le aplicará dicha Ley 85, tiene que tener
         presente, que, si hubiera cambios en el
         mínimo, le beneficiaria, porque le bajaría
         el mínimo, espere que le llegue la
         reliquidación. Además, para ser referido a
         la junta Libertad Bajo Palabra le faltaría
         tiempo.

         La reliquidación de sentencia le llegara
         con el cambio que corresponda.

       Aun inconforme, el 5 de septiembre de 2023, el señor

González presentó el recurso de epígrafe, mediante el

cual    adujo   que   la   agencia   recurrida   cometió   los

siguientes errores:

         Primer Error: Erró el DCR al no basar su
         determinación en evidencia sustancial, erró
         en la aplicación e interpretación de las
         leyes,   que   se    le   han   encomendado
         administrar, lesionando así los derechos
         fundamentales del peticionario, al actuar
         así arbitraria, caprichosa, irrazonable e
         ilegalmente habiendo emitido respuestas
         carentes de base racional.

         Segundo Error: Erró el DCR al ignorar que
         su actuación supone un grave perjuicio para
         el peticionario en tanto interrumpió el
         proceso de rehabilitación emprendido por
         este, proceso que constituye la meta
         principal del sistema penal según la carta
         magna.

         Tercer Error: Erró el DCR al no aplicar la
         Ley Número 85-2022 al peticionario, máxime
         cuando este hizo varias gestiones previas
         para ello.

       Luego de una evaluación preliminar del expediente,

el 27 de septiembre de 2023, emitimos una Resolución,

mediante la cual concedimos al Departamento el término

dispuesto en el Reglamento de este Tribunal para que

presentara su postura.      Sin embargo, el 18 de octubre de

2023, volvimos a emitir una Resolución concediéndole

hasta el 24 de octubre de 2023 para que la agencia
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recurrida se expresara.            Así las cosas, el 24 de octubre

de 2023, el Departamento presentó Moción en Cumplimiento

de Resolución.            En síntesis, solicitó se devuelva el

caso para que lo evalúen a la luz de la Carta Circular

Núm. 2023-02 del 11 de octubre de 2023.

        Con    el    beneficio    de    la    comparecencia             de    ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

                                      II.

                                      -A-

        La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que, como

Tribunal de Apelaciones, estamos facultados para revisar

las    “decisiones,        órdenes      y    resoluciones           finales     de

organismos o agencias administrativas”.                           Art. 4006(c),

4 LPRA sec. 24(y)(c).              Por su parte, la Ley Núm. 38-

2017,        mejor    conocida        como    Ley       de        Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU), es el cuerpo normativo que delimita el alcance

de      la        revisión      judicial          de      las        decisiones

administrativas.

        Específicamente, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA

sec. 9672, establece que la revisión administrativa ante

este    foro       apelativo     intermedio        se    hará       respecto     a

órdenes       o     resoluciones       finales,         luego      de    que     el

recurrente haya agotado los remedios provistos por la

agencia o el organismo administrativo correspondiente.

                                      -B-

        La Junta de Libertad Bajo Palabra fue creada

mediante la aprobación de la Ley Núm. 118 de 22 de

julio     de      1974,    4   LPRA    sec.       1501       et    seq.,      está

autorizada a “decretar la libertad bajo palabra de

cualquier         persona      recluida      en     cualquiera           de    las
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instituciones penales de Puerto Rico […]”.                 Art. 3 de

la   Ley    Núm.   118-1974,       4    LPRA   sec.   1503.       Dicho

organismo tiene la autoridad de conceder a cualquier

persona recluida en una institución correccional de

Puerto Rico el privilegio de cumplir la última parte

de su condena en libertad bajo palabra. Benítez Nieves

v. ELA et al., 202 DPR 818 (2019).                Los beneficios de

sentencia suspendida o libertad bajo palabra no son

un derecho que pueda reclamarse, sino un privilegio

legislativo cuya concesión y administración se confía

al Tribunal o a la Junta de Libertad Bajo Palabra,

respectivamente.          Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR

413, 420 (2002).

      El Artículo 308 del Código Penal de Puerto Rico,

33 LPRA sec. 5001 et seq., fue enmendado por la Ley

Núm. 246-2014, y más recientemente, por la Ley Núm.

85-2022.           Esta     última        enmienda      atiende     la

desproporción que existía entre determinados delitos

respecto      a    los    términos       aplicables     para    hacer

referidos a la Junta de Libertad Bajo Palabra.

      Específicamente,        el       Artículo   308   del    Código

Penal, supra, dispone:

           Toda    persona    convicta    bajo    las
           disposiciones de este Código podrá ser
           considerada para libertad bajo palabra por
           la Junta de Libertad Bajo Palabra al
           cumplir el setenta y cinco por ciento
           (75%) del término de reclusión impuesto.
           Este cómputo nunca excederá de quince (15)
           años cuando se trate de un adulto o de
           cinco (5) años cuando se trate de un menor
           sentenciado y procesado como adulto en
           delitos para los cuales al realizarse el
           cómputo jurisdiccional para cualificar
           ante la consideración de la Junta de
           Libertad Bajo Palabra este sea mayor a lo
           requerido para delitos con pena fija
           señalada en el tipo de cincuenta (50)
           años.
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       En   delitos  graves   cuyo   término   de
       reclusión señalada en el tipo sea de
       cincuenta (50) años, la persona podrá ser
       considerada para libertad bajo palabra por
       la Junta de Libertad Bajo Palabra al
       cumplir quince (15) años de su sentencia
       o cinco (5) años si se trata de un menor
       de edad procesado y sentenciado como
       adulto.

       En caso de la persona convicta de
       asesinato en primer grado, un delito cuya
       pena sea de noventa y nueve (99) años o
       reincidencia habitual la persona podrá ser
       considerada para libertad bajo palabra por
       la Junta de Libertad Bajo Palabra, al
       cumplir veinticinco (25) años de su
       sentencia, o diez (10) años, si se trata
       de   un  menor   de   edad   procesado   y
       sentenciado como adulto. Las personas
       convictas al amparo del inciso (c) del
       Artículo   93   estarán    excluidas   del
       privilegio de libertad bajo palabra.

       En aquellos procesos judiciales en que se
       encuentre al acusado culpable por más de
       un delito y se le imponga una sentencia a
       ser cumplida de manera consecutiva, la
       persona   convicta    tendrá   derecho   a
       cualificar para libertad bajo palabra al
       cumplir con el término concerniente a la
       pena mayor recibida por alguno de los
       delitos cometidos. Cuando más de uno de
       los delitos cometidos conlleve la misma
       pena, la persona convicta cualificará para
       el beneficio de libertad bajo palabra con
       el mero hecho de haber cumplido con el
       término de una de ellas. Lo dispuesto en
       este párrafo será de aplicabilidad,
       independientemente si la Ley en virtud de
       la cual resulta convicto, sea una Ley
       Penal Especial. 33 LPRA sec. 5416.

    De igual forma, la Sección 2 de la Ley Núm. 85-

2022, enmendó el Artículo 3 de la Ley Núm. 118-1974,

para que lea de la siguiente forma:

       Artículo 3. – Autoridades, deberes y
       poderes de la Junta de Libertad Bajo
       Palabra tendrá la siguiente autoridad,
       poderes y deberes:
       […]

       (6) En aquellos procesos judiciales en que
       se encuentre al acusado culpable por más
       de un delito y se le imponga una sentencia
       a ser cumplida de manera consecutiva, la
       persona   convicta    tendrá   derecho   a
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         cualificar para libertad bajo palabra al
         cumplir con el término concerniente a la
         pena mayor recibida por alguno de los
         delitos cometidos. Cuando más de uno de
         los delitos cometidos conlleve la misma
         pena, la persona convicta cualificará para
         el beneficio de libertad bajo palabra con
         el mero hecho de haber cumplido con el
         término de una de ellas. Lo dispuesto en
         este párrafo será de aplicabilidad,
         independientemente si la Ley en virtud de
         la cual resulta convicto, sea una Ley
         Penal Especial.

         […]

       A su vez, la Sección 3 de la Ley Núm. 85-2022

establece lo siguiente:

         Esta Ley aplicará de manera retroactiva,
         independientemente del Código Penal o Ley
         Penal Especial vigente al momento de los
         hechos delictivos, siempre y cuando
         resulte   favorable   para   la   persona
         condenada. Las cláusulas de prohibiciones
         absolutas de libertad bajo palabra en los
         delitos de leyes penales especiales no
         serán aplicables al caso de menores
         juzgados y sentenciados como adultos
         cuando contravengan lo aquí establecido.

       Finalmente, las nuevas disposiciones de la Ley

Núm. 85-2022, supra, prevalecerán sobre cualquier otra

ley que no estuviere en armonía con lo establecido en

la precitada legislación.         Véase, Sección 4 de la Ley

Núm.   85-2022.       Además,    las    enmiendas      promulgadas

entraron    en    vigor    inmediatamente       después    de   su

aprobación, es decir, el 11 de octubre de 2022. Véase,

Sección 6 de la Ley Núm. 85-2022.

                                III.

       En su recurso, el señor González, esencialmente,

esboza que el Departamento le ha denegado la aplicación

de la Ley Núm. 85-2022.       Por consiguiente, sostiene que

su Hoja Control Sobre Liquidación de Sentencia no ha

sido    debidamente       actualizada     con    las     enmiendas

introducidas en la precitada Ley.
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      En    la     Exposición        de       Motivos   del    estatuto,      el

legislador         reconoce      que      ciertos       delitos      conllevan

sanciones consecutivas cuya sumatoria llega a acumular

cientos de años de cárcel.                      Lo anterior, en algunos

casos, sin la posibilidad de libertad bajo palabra.                           Por

lo tanto, la Ley Núm. 85-2022 se aprobó para establecer

una manera justa, retributiva y rehabilitadora que le

permite     a     aquella       persona        convicta      por    diferentes

delitos ser considerada para libertad bajo palabra al

cumplir      con     la     sentencia          más   onerosa       relacionada

directamente con algunos de los delitos por los cuales

fue encontrado culpable.

      A     su     vez,        dicho      estatuto       entró      en   vigor

inmediatamente después de su aprobación, es decir, a

partir      del     11    de    octubre         de   2022,     y    de   manera

retroactiva.

      En virtud de lo anterior, tomamos conocimiento que

la Hoja Control Sobre Liquidación de Sentencia utilizada

para evaluar al señor González tiene una fecha anterior

-23 de marzo de 2021- a la vigencia de la Ley.                                Por

consiguiente, es necesario que el caso sea devuelto a la

DRA con el fin de que actualice la hoja de control y

evalúe al recurrente conforme a los parámetros de la Ley

Núm. 85-2022, supra.

      Por tanto, nuestro dictamen se limita a resolver

que procede devolver el caso a la DRA para que se evalúe

el   plan    institucional         del        recurrente      conforme    a    la

normativa vigente.

                                       IV.

      Por los fundamentos antes expuestos REVOCAMOS la

determinación            impugnada        y    devolvemos      el    caso     al

Departamento de Corrección y Rehabilitación para que la
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División de Remedios Administrativos evalúe al señor

González, conforme a las disposiciones de la Ley Núm.

85-2022.

    Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones