Court Opinion

ID: 9896803
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:20:30.418503+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:13.175901
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VI

      EDAN RIVERA                              Certiorari
   RODRÍGUEZ en su                             procedente del
 carácter de Secretario                        Tribunal de Primera
  del DEPARTAMENTO                             Instancia, Sala
 DEL CONSUMIDOR en                             Superior de
 beneficio de NORMA I.                         Caguas
  LIZARDI DEL VALLE
                                 KLCE202301112 Caso Núm.
      Parte Recurrida
                                               CG2022CV03569
                                               (Sala 701)
               V.
                                               Sobre:

     OFFICE 360 LLC                            Petición de Hacer
         H/N/C                                 Cumplir Orden
     CAGUAS SENIOR                             (DACO-Ley Núm. 5 del
         LIVING                                23 de abril de 1973, 3
                                               LPRA 341 E (I)
     Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Laura Ortiz Flores, el
Juez Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

       Comparece ante nos la parte peticionaria Office 360 LLC

H/N/C Caguas Senior Living (en adelante, Caguas Senior Living)

mediante un recurso de Certiorari y nos solicita la revisión de

la Resolución emitida el 31 de agosto de 2023 y notificada el 8 de

septiembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Caguas (en adelante, TPI).1 Mediante este dictamen, el

TPI declaró No ha Lugar la Moción de Desestimación presentada el

23 de febrero de 2023 por Caguas Senior Living.2

       Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del recurso de Certiorari.

                                         -I-

1 Apéndice del Certiorari, pág. 40.
2 Apéndice del Certiorari, págs. 16-20

Número Identificador

RES2023 _________
KLCE202301112                                                       2

       Según surge del expediente, el 3 de junio de 2022, la Sra.

Norma Lizardi Del Valle (en adelante, Sra. Lizardi Del Valle) presentó

la Querella Núm. CAG-2022-0003235 ante el Departamento de

Asuntos del Consumidor (en adelante, DACo) en contra de Caguas

Senior Living.3 En síntesis, la Sra. Lizardi Del Valle solicitó la

devolución de $2,000.00 pagados a Caguas Senior Living por

concepto de la mensualidad por el periodo del 17 de mayo de 2022

al 17 de junio de 2022 del hogar de cuido de adultos mayores que

dicha compañía opera por concepto de cuido de su esposo.

       Luego de varios trámites procesales, se celebró la vista

administrativa y, finalmente, el 26 de agosto de 2022, el DACo emitió

y notificó una Resolución declarando Con Lugar la Querella Núm.

CAG-2022-0003235.4 En su dictamen, el DACo formuló, a base de

la prueba presentada por las partes durante la vista, las

determinaciones de hechos siguientes:

   1. El Querellado es una corporación con fines de lucro,
      inscrita bajo las Leyes del Estado Libre Asociado,
      registrada bajo el n[ú]mero 414263 ante el
      Departamento del Estado. El Querellado opera un
      centro de cuido para personas de edad avanzada
      conocido como Caguas Senior Living.

   2. La Querellante es ama de casa y residente de Caguas,
      Puerto Rico. La Querellante está casada con el señor
      Benito Rodríguez, quien es mayor de edad y tiene un
      diagnóstico de Alzheimer.

   3. Ante la condición de salud y los cuidos continuos que
      requiere el señor Benito Rodríguez, la Querellante
      decidió buscar un centro de cuido para su esposo. En
      vista de ello contrató al Querellado.

   4. El centro de cuido que opera el Querellado se encuentra
      cerca de la residencia de la Querellante, por lo que le
      resultó de gran agrado a esta, para así poder visitar y
      atender con mayor facilidad a su esposo, el señor Benito
      Rodríguez.

   5. El 17 de mayo de 2022 la Querellante acudió al centro
      de cuido para orientarse y contratar los servicios de
      este. En esa misma fecha firmó un “Compromiso de

3 Apéndice del Certiorari, pág. 3.
4 Apéndice del Certiorari, págs. 3-12.
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     Pago y Acuerdos de Términos de Condiciones” (en lo
     suceso el “Contrato”). Surge del Contrato lo siguiente:

            “[…]
      Me comprometo a cumplir con el pago acordado los
     días 17 de cada mes a partir del 17 de mayo de 2022,
     por la cantidad de $2,000.00 mensuales.

      […] Bajo ningún concepto se regresará, devolverá o
     reembolsará dinero correspondiente al pago mensual
     una vez iniciados los servicios mensuales o que sean
     asignados para separar o reservar algún espacio para
     residente.
      […]”

  6. En la misma fecha del 17 de mayo de 2022 la
     Querellante pagó al Querellado la cantidad de dos mil
     dólares ($2,000.00), correspondiente a la mensualidad
     de 17 de mayo de 2022 al 17 de junio de 2022.

  7. Al concluir los procesos de contratación y autorización,
     la Querellante procedió a ingresar a su esposo, el señor
     Benito Rodríguez, en el centro de cuido del Querellado.

  8. El sábado, 21 de mayo de 2022 personal del Querellado
     se comunicó con la Querellante para informarle que
     deseaban reunirse con esta para discutir un suceso
     ocurrido con el señor Benito Rodríguez. En esa misma
     fecha la Querellante se personó al centro de cuido.

  9. Una vez llegó al centro de cuido, la Querellante fue
     recibida por personal del Querellado y se le informó de
     un suceso en el que el señor Benito Rodríguez había
     presentado cambios en el comportamiento con su
     compañero de cuarto. Por lo que se le trasladó a un
     cuarto privado[.] Estando en dicho cuarto, en un
     aparente estado de ansiedad, se evacuó y “ensució” las
     paredes y a su persona. Además, arrojó contra la pared
     varios recipientes de bebidas suplementarias que se
     encontraban en el cuarto.

  10. Cuando la Querellante llegó al centro de cuido, el señor
     Benito Rodríguez se encontraba evacuado y solo en el
     cuarto, personal del Querellado aún no había atendido
     la situación.   A la Querellante le sorprendió este
     comportamiento de su esposo, toda vez que nunca lo
     había presentado.

  11. Personal del Querellado orientó a la Querellante sobre
     posibles servicios individualizados para el señor Benito
     Rodríguez. No obstante, este suceso motiv[ó] a la
     Querellante determinara llevarse al señor Benito
     Rodríguez del centro de cuido del Querellado. La
     Querellante además solicitó al Querellado en ese
     momento la devolución de los medicamentos y
     pertenencias del señor Benito Rodríguez.

  12. Ante la ausencia del señor Jesús Galvés Orozco, las
     pertenencias y medicamentos del señor Benito
     Rodríguez fueron entregadas a la Querellante
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       posteriormente por medio de uno de los hijos de la
       Querellante.

   13. El señor Benito Rodríguez estuvo ingresado en el
      centro de cuido durante cinco (5) días. En este tiempo
      se le brindó el servicio contratado. La Querellante
      llamaba a diario y no surge alguna reclamación o
      alegación del servicio durante dichas fechas, adicional
      el evento del 21 de mayo de 2022.

   14. Posteriormente[,] el sábado 21 de mayo de 2022, la
      Querellante presentó Querella ante el Departamento de
      la Familia.        Esta Querella motiv[ó] varias
      investigaciones por parte de la Agencia y la Oficina
      Estatal del Procurador de Cuidado de Larga Duración.
      Como resultado de dichas investigaciones no se
      encontró ningún mal manejo o asunto relacionado a
      maltrato.

   15. El 3 de junio de 2022 la Querellante presentó Querella
      ante este Departamento en la que solicitó la devolución
      de los dos mil dólares ($2,000) pagados en concepto de
      mensualidad de cuido al Querellado.

       Finalmente, el DACo declaró Con Lugar la querella y, en

consecuencia, le ordenó a Caguas Senior Living a pagar $1,666.66

a la Sra. Lizardi Del Valle en un término de quince (15) días,

contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

       Transcurrido dicho término, el DACo recurrió ante el TPI el 24

de octubre de 2022 mediante un recurso de Petición para Hacer

Cumplir Orden al amparo de la Ley Núm. 5 de 23 de Abril de 1973,

según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento

de Asuntos del Consumidor”, 3 LPRA sec. 341 et seq. En su recurso,

el DACo alegó que Caguas Senior Living había incumplido con lo

ordenado en la Resolución de 26 de agosto de 2022, por lo que

solicitó que se emitiera un dictamen ordenando su cumplimiento

bajo apercibimiento de desacato.5

       Luego de varios trámites procesales, el 23 de febrero de 2023,

Caguas Senior Living presentó una Moción de Desestimación.6 En

síntesis, Caguas Senior Living alegó que el TPI carecía de

jurisdicción para atender el recurso presentado por el DACo. Según

5 Apéndice del Certiorari, págs. 1-2.
6 Apéndice del Certiorari, págs. 16-20.
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su contención, mediante la Resolución de 26 de agosto de 2022 el

DACo revisó y dejó sin efecto una determinación emitida por el

Departamento de la Familia sin tener jurisdicción para ello, por lo

que dicho dictamen era nulo.

       El 27 de febrero de 2023, el DACo presentó una Oposición a

Solicitud de Desestimación.7 En síntesis, el DACo alegó que Caguas

Senior Living estaba induciendo a error al Tribunal al alegar que

mediante la Resolución de 26 de agosto de 2022 se había revisado y

dejado sin efecto una determinación del Departamento de la Familia;

que se trataba de casos y reclamaciones distintas; y que de ninguna

manera el DACo había interferido con la determinación del

Departamento de la Familia. Según explicó, esta última se emitió a

raíz de un referido de alegaciones de maltrato institucional que

presentó la Sra. Lizardi Del Valle el 21 de mayo de 2022 en contra

de Caguas Senior Living ante el Departamento de la Familia.

       El 31 de agosto de 2023, notificada el 8 de septiembre de

2023, el TPI emitió una Resolución declarando No Lugar la Moción

de Desestimación presentada por Caguas Senior Living.8 En su

dictamen, el TPI concluyó lo siguiente:

       “[…] COINCIDIMOS CON LO EXPUESTO POR LA
       PETICIONARIA[,] DACO[,] QUE SU QUERELLA Y
       RESOLUCIÓN      TRATAN    DE  UN     ASUNTO
       COMPLETAMENTE DISTINTO QUE EL DILUCIDADO
       ANTE EL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA […].”

       Finalmente, el TPI señaló la fecha de la vista para atender el

recurso presentado por el DACo para el 16 de noviembre de 2023.

       Inconforme con dicha determinación, Caguas Senior Living

acudió ante nos el 10 de octubre de 2023 mediante el presente

recurso de Certiorari, en el que señala la comisión del error

siguiente:

7 Apéndice del Certiorari, págs. 21-39.
8 Apéndice del Certiorari, pág. 40.
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      Erró el Tribunal de Primera Instancia al asumir
      jurisdicción donde no tiene, ya que el DACO no la
      ten[í]a.

      El 23 de octubre de 2023, el DACo presentó su Oposición a

Certiorari.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos al resolver.

                                  -II-

                                  A.

      El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,   “es   una   forma    de    razonabilidad   aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Dicha Regla dispone que

el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones:

      “cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
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      Reglas 56 y 57 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
      R. 56 y 57,] o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
      supra.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia:

      “cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad
      de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos
      relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra situación en
      la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia.” Íd.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su

decisión.” Íd.

      Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
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      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                   B.

      La   moción     de    desestimación   bajo   la   Regla   10.2    de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2, es aquella que formula

el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en

la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su

contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-

429 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Dicha Regla

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

      “Toda defensa de hechos o de derecho contra una
      reclamación se expondrá en la alegación responsiva
      excepto que, a opción de la parte que alega, las
      siguientes defensas pueden hacerse mediante una
      moción debidamente fundamentada: (1) Falta de
      jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción
      sobre la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento;
      (4)    Insuficiencia     del    diligenciamiento     del
      emplazamiento; (5) Dejar de exponer una reclamación
      que justifique la concesión de un remedio; (6) Dejar de
      acumular una parte indispensable.”

      En particular, la jurisdicción sobre la materia ha sido definida

como "la capacidad del Tribunal para atender y resolver una

controversia sobre un aspecto legal". MCS Advantage v. Fossas

Blanco et al., 2023 TSPR 8, 211 DPR ___ (2023). Sobre el particular,

se ha señalado que el Estado, a través de sus leyes, es quien único

puede otorgar o privar a un tribunal de jurisdicción sobre la

materia. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89 (2020),

citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014);

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). Así pues, para

privar a un tribunal de jurisdicción, es necesario que algún estatuto

lo disponga expresamente o que surja de él por implicación

necesaria. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 241 (2010);

Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 DPR 109, 114 (2004); J.

Directores v. Ramos, 157 DPR 818, 824 (2002).

      Presentes     las    antedichas   circunstancias,   la    falta   de

jurisdicción sobre la materia acarrea las siguientes consecuencias:
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(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede

éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Beltrán

Cintrón et al. v. ELA et al., supra, págs. 101-102. Véase, además,

Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372-373 (2018).

      En consecuencia, si un tribunal determina que carece de

jurisdicción sobre la materia para atender determinado asunto, solo

resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los

méritos de la controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank,

supra, pág. 386; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254,

268-269 (2018); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98,

105 (2013). Ello, pues, es harto reiterado que la falta de jurisdicción

es insubsanable. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; JMG

Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 714 (2019); Bco. Santander

v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016).

                                  C.

      El DACo tiene como propósito primordial “vindicar e

implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias

inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un

control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo.”

Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, supra.

      A fin de poder cumplir con este propósito, el Secretario del

DACO tiene el deber y la facultad de “[a]tender, investigar y resolver

las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes

y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía.”

Artículo 6(c) de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, supra.
KLCE202301112                                                       10

      En aras de vindicar eficazmente los derechos de los

consumidores, el DACO “posee una estructura de adjudicación

administrativa con plenos y amplios poderes para adjudicar las

querellas   ante   su   consideración,   y   conceder   los   remedios

pertinentes conforme a derecho.” Artículo 6(d) de la Ley Núm. 5 de

23 de abril de 1973, supra; Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales et al., 202

DPR 689, 696 (2019). Artículo 6 (d) de la Ley Núm. 5 de 23 de abril

de 1973, supra.

      En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, sabido

es que las agencias administrativas carecen del “poder coercitivo

que tienen los tribunales para exigir el cumplimiento de órdenes y

resoluciones”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649,

655 (2013). Por ello, la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, supra,

provee para que dichos organismos puedan acudir ante los

tribunales y hacer cumplir sus resoluciones. En particular, faculta

al Secretario del DACo para:

      “Interponer cualesquiera remedios legales que fueran
      necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta
      ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos,
      órdenes,    resoluciones    y    determinaciones     del
      Departamento.” Artículo 6 (i) de la Ley Núm. 5 de 23 de
      abril de 1973, supra.

      A estos efectos, cualquier petición para hacer cumplir una

orden del DACo, “se someterá o presentará en la Sala del Tribunal

de Justicia correspondiente a la Oficina Regional del Departamento

donde se haya llevado a cabo el procedimiento de querella,

independientemente que la parte querellada (demandada) no resida

en el área cubierta por dicha Oficina Regional.” Íd.

                                 -III-

      En su recurso de Certiorari, Caguas Senior Living señala como

único error que erró el TPI “al asumir jurisdicción donde no tiene,

ya que el DACo no la ten[í]a.” En síntesis, Caguas Senior Living alega

que el TPI carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado
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por el DACo basado en que, mediante la Resolución de 26 de agosto

de 2022, dicha agencia revisó y dejó sin efecto una determinación

del Departamento de la Familia sin tener jurisdicción para ello, por

lo que la referida resolución era nula.

      En su Oposición al Certiorari, alega DACo que mediante la

Resolución de 26 de agosto de 2022 no se revisó ni se dejó sin efecto

la determinación del Departamento de la Familia; que se trataba de

casos y reclamaciones distintas; y que de ninguna manera se había

interferido con la determinación del Departamento de la Familia.

      Tratándose de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo, estamos facultados para revisar esta determinación

mediante un recurso de certiorari, conforme a lo dispuesto en la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, la expedición

de un recurso de certiorari sigue siendo una decisión discrecional

por parte del tribunal y se basa en la evaluación de los criterios

establecidos la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra.

      Evaluado el recurso de Certiorari presentado por Caguas

Senior Living a la luz de los criterios que guían el ejercicio de nuestra

discreción para decidir si procede la expedición de estos recursos,

concluimos que en el presente caso no hay motivos para ejercer

nuestra función revisora en esta etapa de los procedimientos. No

surgen indicios de parcialidad, perjuicio, craso abuso de discreción

o error por parte del foro primario al denegar la moción de

desestimación presentada por Caguas Senior Living. A todas luces

la de determinación del DACo no es nula ni contraria a derecho

como se alega y advino final y firme por lo cual se puede solicitar al

tribunal por DACo una acción en cumplimiento de orden.

                                  -IV-

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

recurso de Certiorari.
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     Notifíquese.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones