Court Opinion

ID: 9941566
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:47:07.853924+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.913958
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

   CLUB NÁUTICO DE                                     Recurso de Certiorari
    VEGA BAJA, INC.                                    procedente del
                                                       Tribunal de Primera
         Recurrido                                     Instancia, Sala
                                                       Superior de Bayamón

              V.
                                KLCE202301367 Caso Núm.:
                                              BY2020CV00417 (403)
       HAVANA
  CORPORATION; LUIS                                    Sobre:
    ALBERTO VELOZ                                      Inhibición
   LOZADA; Y OTROS

        Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2024.

                                        -I-

       Comparecen ante nos Havana Corporation y Luis Alberto

Veloz Lozada (peticionarios) mediante el recurso de certiorari de

epígrafe. Nos peticionan la revisión y revocación de dos dictámenes

emitidos por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (TPI), siendo estas una Resolución dictada el 6 de

noviembre de 2023 por el juez Eduardo Rebollo Casalduc (juez

Rebollo Casalduc),1 y una Orden enmendada emitida y notificada el

14 de noviembre de 2023 por la jueza Sarah Y. Rosado Morales

(jueza Rosado Morales).2 Mediante la Resolución del 6 de noviembre

de 2023, el juez Rebollo Casalduc declaró No Ha Lugar a la solicitud

de inhibición de la jueza Rosado Morales instada por los

peticionarios. Por otro lado, en virtud de la Orden enmendada del 14

1 Apéndice de Petición de Certiorari, Anejo 14, págs. 68-72. Archivada y notificada

en autos el 7 de noviembre de 2023.
2 Íd., Anejo 15, pág. 73.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202301367                                                              2

de noviembre de 2023, la jueza Rosado Morales le impuso a la parte

demandada, aquí peticionaria, unas sanciones monetarias y le

apercibió que el caso estaba señalado para el 17 de noviembre de

2023, que los procedimientos no estaban paralizados y que una

incomparecencia       adicional    podría    conllevar    más    sanciones

económicas y/o la eliminación de las alegaciones.

       Como cuestión de umbral, conforme a lo dispuesto en la Regla

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7(B)(5) prescindimos de la comparecencia del Club Náutico de

Vega Baja, Inc. (Club Náutico o recurrido), en aras de promover el

más justo y eficiente despacho del asunto ante nos. Íd.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación

denegamos en cuanto a la solicitud de inhibición de la Jueza Rosado

Morales y expedimos el auto en cuanto a la Orden enmendada.

Veamos los hechos procesales atinentes a este recurso.

                                    -II-

       El caso ante nuestra consideración dimanó el 28 de enero de

2020 cuando el Club Náutico incoó una Demanda sobre nulidad de

contrato, desahucio, enriquecimiento injusto, daños y perjuicios y

sentencia declaratoria contra Havana Corporation, Luis Alberto

Veloz Lozada, Jane Doe y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales

compuesta por ambos; Manuel E. Rivera Santos; Armando Feliciano

Benítez, Janie Doe y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales;

Seguro ABC; John Doe.3

       Luego de varios trámites procesales, el 11 de octubre de 2022,

los aquí peticionarios presentaron una solicitud de sentencia

sumaria.4 Posterior a varias mociones de réplica y oposición de

varias partes, el 7 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución

3 Tomamos conocimiento judicial del expediente digital del caso BY2020CV00417

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada
Núm. 1, págs. 1-9.
4 Entrada Núm. 112 en SUMAC, págs. 1-23.
KLCE202301367                                                                     3

en la que declaró No Ha Lugar a la solicitud de sentencia sumaria.5

Inconforme, el 13 de agosto de 2023, los peticionarios interpusieron

una moción de reconsideración,6 sobre la cual, el 14 de agosto de

2023, el TPI se pronunció No Ha Lugar.7

       El 15 de agosto de 2023, los aquí peticionarios radicaron una

moción en la cual expresaron que tenían la intención de traer al

señor Jorge Otero, quien fue ex comodoro y ex secretario del Club

Náutico, como testigo de impugnación del testimonio anunciado de

un tercero-demandado, el señor Rubén González. Arguyeron que no

anunciaron al señor Jorge Otero como testigo del caso dado que en

febrero del 2022 sufrió un derrame cerebral y, posteriormente, fue

sometido a varias cirugías por problemas cervicales.8 Manifestaron

que el señor Jorge Otero no tenía fuerza ni movilidad para acudir al

TPI presencialmente y ofrecer su testimonio y que estaría recluido

en un centro geriátrico por cinco (5) o seis (6) meses adicionales. Por

ello, solicitaron la posposición del juicio en su fondo.

       El 16 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución en la

que declaró No Ha Lugar a la presentación del testimonio del señor

Jorge Otero, toda vez que no se trataba de un testimonio de

impugnación, sino prueba sustantiva para rebatir la deposición del

señor Rubén González y que los peticionarios tuvieron amplia

oportunidad de comunicarlo para que las demás partes pudieran

descubrir prueba al respecto.9 Por otro lado, dado que los aquí

peticionarios informaron su intención de recurrir en certiorari ante

la denegatoria de la solicitud de sentencia sumaria, el TPI estableció

que la fecha de señalamiento de inicio del juicio pautada para el 21

5 Entrada Núm. 142 en SUMAC, págs. 1-8. Archivada y notificada en autos el 9

de agosto de 2023.
6 Entrada Núm. 144 en SUMAC.
7 Entrada Núm. 145 en SUMAC. Archivada y notificada el 15 de agosto de 2023.
8 Entrada Núm. 146 en SUMAC, págs. 1-7.
9 Apéndice de Petición de Certiorari, Anejo 1. Archivada y notificada en autos el 17

de agosto de 2023.
KLCE202301367                                                                  4

de agosto de 2023 quedó sin efecto y que se convertía en conferencia

sobre el estado de los procedimientos.

       Surge de la Minuta resolución de la antes mencionada

conferencia que el Club Náutico informó que, dado que en ese

momento no se había radicado el certiorari ante esta Curia, se debía

continuar con el juicio, considerando que era un caso instado hacía

más de tres (3) años.10 El TPI reseñaló el juicio en su fondo para los

días 25-28 de marzo de 2024 y 1 de abril de 2024.

       El 6 de septiembre de 2023, los aquí peticionarios informaron

al TPI que radicaron un recurso de certiorari, a la que se le asignó el

alfanumérico KLCE202300979. El mismo día, el TPI emitió una

Orden en la que reseñaló el juicio en su fondo para los días 1 al 3,

14 y 17 de noviembre de 2023.11

       Así las cosas, el 11 de octubre de 2023, los aquí peticionarios

presentaron una moción en la que informaron que el 9 de octubre

de 2023 falleció el padre de la licenciada Anabel Jaime Concepción,

una de las abogadas de la parte y compañera sentimental del aquí

compareciente, Luis Alberto Veloz Lozada.12 Alegaron que, a raíz de

esto, la licenciada Jaime Concepción y el señor Veloz Lozada debían

viajar a Estados Unidos para atender asuntos relacionados a los

bienes del fallecido. El licenciado Alex M. Rivera Longchamps indicó

que, a pesar de que él representó a los aquí peticionarios en la

totalidad del litigio, el fallecimiento del padre de la licenciada Jaime

Concepción imposibilitaba una preparación adecuada para el juicio

en el mes de noviembre, por lo que solicitó revertir la celebración del

juicio para marzo de 2024 y que se paralizaran los procesos ante el

TPI, en lo que esta Curia atendía el recurso KLCE202300979.

10 Íd., Anejo 2, págs. 2-7.
11 Íd., Anejo 3. Archivada y notificada en autos el 7 de septiembre de 2023.
12 Íd., Anejo 4, págs. 9-12.
KLCE202301367                                                                   5

       El 12 de octubre de 2023, el TPI determinó que, a pesar de

lamentar lo informado, se proveía No Ha Lugar a la suspensión

solicitada.13 El TPI recordó que el reseñalamiento de las fechas de

juicio respondió a que se solicitó de desocuparse algunas de las

fechas del calendario del Tribunal.

       Posteriormente, el 19 de octubre de 2023, este Tribunal emitió

una Sentencia que, en lo pertinente al testimonio de Jorge Otero,

entendimos que debía permitirse su inclusión debido a que las

partes contaban con suficiente tiempo para descubrir prueba, de

celebrarse el juicio en marzo de 2024.14

       El 26 de octubre de 2023, el TPI emitió una Orden para que el

juicio en noviembre de 2023 se ventile en una sala inteligente.15 En

desacuerdo, los aquí peticionarios adujeron que esta Curia apelativa

consideró que la fecha del juicio estaría pautada por el 25 de marzo

de 2024 y que tenían derecho a presentar el testimonio del señor

Jorge Otero, por lo que solicitaron dejar sin efecto el señalamiento

de noviembre de 2023.16 En respuesta, el 28 de octubre de 2023, el

TPI declaró No Ha Lugar al petitorio de los aquí peticionarios y

recordó que este Tribunal apelativo denegó el auxilio de jurisdicción

a los efectos de la fecha del juicio en el caso de marras.17

       Por esto, el 31 de octubre de 2023, los aquí peticionarios

solicitaron la inhibición de la jueza Rosado Morales. En síntesis,

adujeron que la intransigencia de la jueza Rosado Morales en

posponer la fecha del juicio era una conducta prejuiciada y

parcializada en su contra, en violación a la Regla 63.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 63.1.18 Añadieron que la

13 Íd., Anejo 5, págs. 1-2. Archivada y notificada en autos el 13 de octubre de
2023.
14 Íd., Anejo 7, págs. 34-48.
15 Íd., Anejo 8, págs. 49-51. Archivada y notificada en autos el 26 de octubre de

2023.
16 Íd., Anejo 9, págs. 52-54.
17 Íd., Anejo 10, págs. 55-56. Archivada y notificada en autos el 30 de octubre de

2023.
18 Íd., Anejo 11, págs. 57-64.
KLCE202301367                                                                     6

referida Jueza mostró una conducta arbitraria, en contravención a

lo que resolvió esta Curia apelativa. Esto, por no considerar el

fallecimiento del padre de la licenciada Jaime Concepción y

adelantar el juicio para noviembre de 2023. El mismo día, la jueza

Rosado Morales refirió el asunto a la Jueza Administradora del TPI

y dejó sin efecto el juicio pautado para noviembre de 2023.19 En

igual fecha, la Jueza Administradora le refirió el asunto al juez

Rebollo Casalduc.20

       Club Náutico aseveró que no se debía inhibir a la jueza Rosado

Morales por ser solicitada dicha recusación inmeritoriamente y

porque desde el año 2020 está en la búsqueda de un remedio.21

Esgrimió que las acciones de la representación legal de los aquí

peticionarios constituyen una práctica poco honrosa que conllevan

el retraso del tiempo para conseguir un remedio. En relación con la

licenciada     Jaime         Concepción,   quien     entró    al   pleito    como

representante legal el día 3 de agosto de 2023, el recurrido arguyó

que debía ser inhibida si su situación familiar le impedía ofrecer una

adecuada representación legal a su cliente.

       Así las cosas, el 6 de noviembre de 2023, el juez Rebollo

Casalduc dictó una Resolución en la que proveyó No Ha Lugar a la

solicitud de inhibición de la jueza Rosado Morales.22 En esencia, el

juez Rebollo Casalduc razonó que los aquí peticionarios no adujeron

motivos extrajudiciales que conllevaran la parcialidad de la jueza

Rosado Morales, y que la Jueza no rechazó la inclusión del señor

Jorge Otero tras la Resolución de este Tribunal en el caso

KLCE202300979. El juez Rebollo Casalduc sostuvo que del

expediente no surge que el fallecimiento del padre de la licenciada

19 Íd., Anejo 12, pág. 66.
20 Íd., Anejo 13, pág. 67. Archivado y notificado en autos el 1 de noviembre de

2023.
21 Entrada Núm. 177 en SUMAC, págs. 1-3.
22 Apéndice de Petición de Certiorari, Anejo 14, págs. 68-72. Archivada y notificada

en autos el 17 de agosto de 2023.
KLCE202301367                                                                 7

Jaime Concepción haya imposibilitado una preparación adecuada

para el juicio. Por otro lado, manifestó que los aquí peticionarios no

cumplieron con la Regla 63 de Procedimiento Civil, supra, R. 63.

Concluyó que ¨[e]l hecho que la Hon. Jueza Rosado Morales haya

conducido los procedimientos de una forma diligente en un caso que

data del año 2020, como espera la ciudadanía de Puerto Rico, no la

incapacita o demuestra prejuicio o parcialidad en este proceso hacia

cualquiera de las partes o sus abogados”.

        El 14 de noviembre de 2023, la jueza Rosado Morales emitió

una Orden enmendada en la que, luego de consignar que el caso fue

llamado para inicio del juicio en dicha fecha sin que la parte aquí

recurrente hubiera comparecido ni se hubiese excusado mientras

las demás partes comparecieron debidamente preparadas con sus

respectivas representaciones legales, impuso una sanción que suma

seiscientos dólares ($600.00), a razón de trescientos dólares

($300.00) para los demandantes y los terceros-demandados

respectivamente, así como la cancelación de cuarenta dólares

($40.00) por el arancel de suspensión.23 Además, les apercibió a los

aquí peticionarios que el caso se señaló para el 17 de noviembre de

2023 y que los procedimientos no estaban paralizados. Por último,

advirtió que otra incomparecencia podría conllevar sanciones

económicas ulteriores y/o la eliminación de las alegaciones.

        Inconformes, los peticionarios acuden ante este foro mediante

el presente auto de certiorari en el que le imputan al TPI la comisión

de los siguientes dos (2) errores:

        PRIMER ERROR: EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
        INSTANCIA COMETÍ[Ó] GRAVE ERROR DE DERECHO EN
        DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE INHIBICI[Ó]N DE
        LA HON. JUEZA ROSADO MORALES Y/O RECONSIDERAR
        MOTU PROPRIO MEDIANTE LA RESOLUCI[Ó]N DEL HON.
        JUEZ    REBOLLO    CASALDUC    LA    INHIBICI[Ó]N/
        RECUSACI[Ó]N YA EFECTUADA EL 31 DE OCTUBRE DE
        2023.

23 Íd., Anejo 16, pág. 74. Archivada y notificada en autos el 14 de noviembre de

2023.
KLCE202301367                                                          8

      SEGUNDO ERROR: EL HONORABLE TRIBUNAL DE
      PRIMERA INSTANCIA COMETI[Ó] GRAVE ERROR DE
      DERECHO       EN     SANCIONAR   LA    ALEGADA
      INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES AQUÍ RECURRENTES
      A PESAR DE QUE CONFORME A LA RESOLUCI[Ó] DEL 31
      DE OCTUBRE DE 2023, LA CELEBRACI[Ó]N DEL JUICIO
      HAB[Í]A SIDO EFECTIVAMENTE SUSPENDIDA.

      En vista de los errores imputados, exponemos las normas

jurídicas atinentes a este recurso.

                                  -III-

                                  -A-

      El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307

(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente

su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la

expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las

instancias   y   excepciones   contenidas     en   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, supra, R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las

Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).

La mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo". 800 Ponce

de León v. AIJ, supra. Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al

momento de ejercer nuestra facultad discrecional:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.
KLCE202301367                                                           9

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                   -B-

      Los términos inhibición o recusación de un juez significa

“apartar a un juez de una causa judicial en la que se anticipa que

vaya a intervenir o en la que ha intervenido”. S. Steidel Figueroa,

Ética para juristas: Ética Judicial y Responsabilidad Disciplinaria,

1ra ed., San Juan: Ediciones Situm, 2019, pág. 205. La inhibición

se ha utilizado para referirse al auto apartamiento del juez en

atender una controversia y la recusación para la exclusión forzada.

Íd. 206.

      La Regla 63 de Procedimiento Civil rige el marco procesal y

sustantivo concerniente a la inhibición o recusación de los jueces y

de las juezas. Íd. 207. En particular, la Regla 63.1 de Procedimiento

Civil, supra, R. 63.1, dispone las eventualidades en las que se

debería inhibir a un juez, motu proprio o por la recusación de una

parte, siendo estas:

      (a) por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las
      personas o los abogados o abogadas que intervengan en el
      pleito, o por haber prejuzgado el caso;

      (b) por tener interés personal o económico en el resultado del
      caso;

      (c) por existir un parentesco de consanguinidad o afinidad
      dentro del cuarto grado con el o la fiscal, procurador o
      procuradora de asuntos de familia, defensor o defensora
      judicial, procurador o procuradora de menores o cualquiera
      de las partes o sus representantes legales en un
      procedimiento civil;

      (d) por existir una relación de amistad de tal naturaleza entre
      el juez y cualquiera de las partes, sus abogados, testigos u
KLCE202301367                                                           10

      otra persona involucrada en el pleito que pueda frustrar los
      fines de la justicia;

      (e) por haber sido abogado o abogada, o asesor o asesora de
      cualquiera de las partes o de sus abogados o abogadas en la
      materia en controversia, o fiscal en una investigación o
      procedimiento criminal en el que los hechos fueron los
      mismos presentes en el caso ante su consideración;

      (f) por haber presidido el juicio del mismo caso en un tribunal
      inferior o por haber actuado como magistrado o magistrada
      a los fines de expedir una orden de arresto o citación para
      determinar causa probable en la vista preliminar de un
      procedimiento criminal;

      (g) por intervenir en el procedimiento una persona natural o
      jurídica que le haya facilitado o gestionado algún préstamo
      en el que no se hayan dispensado las garantías o condiciones
      usuales;

      (h) cuando en calidad de funcionario o funcionaria que
      desempeña un empleo público, haya participado como
      abogado o abogada, asesor o asesora, o testigo esencial del
      caso en controversia;

      (i) cuando uno de los abogados o de las abogadas de las
      partes sea abogado o abogada de los jueces o juezas que han
      de resolver la controversia ante su consideración, o lo haya
      sido durante los últimos tres años, o

      (j) por cualquier otra causa que pueda razonablemente
      arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que
      tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.

      Iguales deberes éticos exige el Canon 20 de Ética Judicial, 4

LPRA Ap. IV-B. En lo pertinente, enuncia lo siguiente:

      Las juezas y los jueces entenderán y adjudicarán los asuntos
      que se les asignen, salvo aquellos en los que la ley requiera
      su inhibición y en cualesquiera de los casos siguientes, pero
      sin limitarse a éstos:

      (a) por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las
      personas, las abogadas o los abogados que intervengan en el
      pleito o por haber prejuzgado el caso;

      El Tribunal Supremo ha establecido que “[p]ara que proceda

la inhibición de un juez no es imprescindible probar que existe

prejuicio o parcialidad de hecho, sino que basta con la apariencia

de parcialidad o prejuicio”. Lind v. Cruz, 160 DPR 485, 492 (2003),

citando a Pueblo v. Martés Olán, 103 DPR 351, 355 (1975). Esto,

para que la ciudadanía crea en la justicia. Íd. Ahora bien, la

imputación de prejuicio o parcialidad “debe cimentarse en

cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales; es decir, una

actitud originada extrajudicialmente en situaciones que revisten
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sustancialidad”. Mun. de Carolina v. CH Properties, 200 DPR 701,

712 (2018); Ruiz v. Pepsico PR, Inc., 148 DPR 586, 588 (1999).

Además, la imputación de parcialidad puede suscitarse cuando el

juez prejuzgó la controversia en los méritos. In re Campoamor Redín,

150 DPR 138, 150 (2000). Por otro lado, el señalamiento de pasión,

prejuicio o parcialidad debe acompañarse con evidencia suficiente,

dado que no puede servir como un instrumento para presionar al

Tribunal de Primera Instancia. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187

DPR 750, 777 (2013). Para determinar esto, se requiere evaluar la

totalidad de las circunstancias. Íd. Por último, el mero hecho de que

las acciones de un juez generen incomodidad personal en una

persona litigante no es fundamento para que se inhiba un juez. Ruiz

v. Pepsico PR, Inc., supra, pág. 588.

      Por otro lado, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil supra, R.

63.2, establece el trámite procesal para la inhibición de un juez. Esto

es:

      (a) Toda solicitud de recusación será jurada y se presentará
      ante el juez recusado o jueza recusada dentro de veinte (20)
      días desde que la parte solicitante conozca de la causa de la
      recusación. La solicitud incluirá los hechos específicos en los
      cuales se fundamenta y la prueba documental y
      declaraciones juradas en apoyo a la solicitud. Cuando la
      parte promovente de la recusación no cumpla con las
      formalidades antes señaladas, el juez o la jueza podrá
      continuar con los procedimientos del caso.

      (b) Una vez presentada la solicitud de recusación, si el juez
      recusado o la jueza recusada concluye que procede su
      inhibición, hará constar mediante resolución escrita el inciso
      aplicable de la Regla 63.1 (a) a (i) en su defecto, la razón
      específica para su inhibición bajo el inciso (j) y la notificará
      a todas las partes. El caso se asignará a otro juez o jueza.

      (c) Si el juez o la jueza concluye que no procede su
      inhibición, se abstendrá de continuar actuando en su
      capacidad de juez o jueza en el caso y remitirá los autos
      de éste al juez administrador o a la jueza administradora
      para la designación de un juez o una jueza que resuelva
      la solicitud de recusación. La recusación se resolverá
      dentro del término de treinta (30) días de quedar
      sometida.

      (d) Una vez un juez o una jueza haya comenzado a intervenir
      en un caso, no podrán unirse al caso los abogados o las
      abogadas cuya intervención pueda producir su recusación.
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                                 -IV-

      En el caso de epígrafe nos topamos ante una controversia

susceptible de revisión mediante certiorari, de conformidad con la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, dado que se

recurrió de dos (2) dictámenes interlocutorios emitidos por el TPI.

      Establecido esto, procedemos a analizar los errores señalados

por los peticionarios. Estos sostuvieron que, en virtud de la Orden

emitida el 31 de octubre de 2023 por la jueza Rosado Morales, esta

se inhibió y suspendió la celebración del juicio. Por ello, plantearon

como primer error que incidió el juez Rebollo Casalduc en

reconsiderar la inhibición ya realizada por la jueza Rosado Morales.

Como segundo error, señalaron que incidió la jueza Rosado Morales

en sancionar su incomparecencia al juicio, dado que el mismo había

sido suspendido.

      De un análisis sosegado del expediente del caso de marras, no

encontramos elemento alguno que amerite nuestra intervención con

la determinación del TPI de rechazar la recusación de la jueza

Rosado Morales. En primer lugar, hacemos notar que la Orden

emitida el 31 de octubre de 2023 por la jueza Rosado Morales no es

un dictamen de inhibición, sino de remitir los autos a la Jueza

Administradora Regional de conformidad con lo dispuesto en la

Regla 63.2(c) de Procedimiento Civil, supra, R.63.2(c). Por otra parte,

tras un ponderado estudio del tracto procesal, las determinaciones

del TPI y la totalidad de las circunstancias, no atisbamos

eventualidad alguna que nos lleve a entrever prejuicio o parcialidad

de la jueza Rosado Morales. A saber, los peticionarios no mostraron

evidencia suficiente ni simple indicativas de prejuicio o parcialidad

por parte de la jueza Rosado Morales. Por otro lado, la imputación

de imparcialidad de la jueza Rosado Morales no se debió a que

prejuzgó la controversia en sus méritos.
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       De otra parte, en cuanto al segundo señalamiento de error,

que imputa error al TPI por sancionar a la parte peticionaria por no

haber comparecido al señalamiento de juicio, pues según sostiene,

la celebración del mismo había sido suspendida conforme a los

términos de la Resolución de 31 de octubre de 2023, debemos

señalar, que en efecto, en dicha determinación expresamente se

consignó que quedaba sin efecto el inicio del juicio que estaba

pautado del 1 al 3 de noviembre de 2023. No obstante lo anterior,

surge del expediente que el 6 de septiembre de 2023 el TPI había

ordenado lo siguiente: “se reseñala el juicio en su fondo para los días

1 al 3, 14 y 17 de noviembre de 2023, a las 9:30 a.m., de forma

presencial en la Sala 502 del Centro Judicial de Bayamón.”24

Considerado el expediente, coincidimos con los peticionarios en que

en la Resolución de 6 de noviembre de 2023, en la que se determinó

la improcedencia de la recusación de la Jueza Rosado Morales, nada

se expresó en cuanto a la reanudación de los procedimientos o la

reactivación de los señalamientos previamente pautados. No nos

parece razonable concluir que al 31 de octubre de 2023 dejarse sin

efecto el inicio del juicio que estaba pautado del 1 al 3 de noviembre

de 2023, ello mantuviera vigente los señalamientos del 14 y 17 de

noviembre de 2023, pues después de todo, se trata de señalamientos

de un mismo juicio y no de procedimientos distintos.

       Así las cosas, en virtud de la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, R. 52.1 y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, R. 40, no procede la expedición del recurso de

certiorari en cuanto a la denegatoria de la recusación de la Jueza

Rosado Morales.        Sin embargo, y por las razones expuestas,

consideramos improcedente la determinación consignada en la

24 Entrada 154 en el expediente electrónico de SUMAC.
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Orden Enmendada de 14 de noviembre de 2023, por lo que

expedimos el auto y revocamos dicha determinación.

                                -V-

     Por las razones antes expresadas, expedimos el auto

únicamente a los efectos de revocar la Orden Enmendada de 14 de

noviembre de 2023.

     Se devuelve el caso para que el TPI continúe con los

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto, sin necesidad

de aguardar por nuestro mandato.

     Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones