Court Opinion

ID: 9952212
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:29:11.127976+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:56.766122
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

     GENARO CAUTIÑO                                  Apelación
        JORDÁN                                       procedente del
         Apelado                                     Tribunal de
                                                     Primera Instancia,
                v.                                   Sala de Patillas en
                                                     Guayama
  HOTEL HORIZONTE, S.P.            KLAN202300496
   SOCIEDAD ESPECIAL                                 Caso Número:
        Apelante                                     G3CI201800082

                                                     Sobre:
                                                     Incumplimiento de
                                                     contrato
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

      Comparece Hotel Horizonte, S.P., Sociedad Especial (HH o

apelante) y nos solicita la revocación de la Sentencia emitida el 20

de abril de 2023, notificada el 9 de mayo de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Patillas (TPI o foro primario), la cual fue

enmendada Nunc Pro Tunc el 7 de noviembre de 2023. En esta, el

foro primario declaró ha lugar la demanda de epígrafe y denegó la

reconvención instada en contra de Genaro Cautiño Jordan (Cautiño

o apelado).

      Por     los    fundamentos   que   exponemos    a   continuación,

confirmamos el dictamen apelado. Veamos.

                                    I.

      La presente causa versa sobre el alegado incumplimiento de

pago, relacionado a un pagaré hipotecario suscrito por HH, a favor

de Genaro Cautiño Jordan. Lo antes, como secuela de la otorgación

de una Escritura de Compraventa, así como de una Escritura

Hipotecaria suscritas por HH y Cautiño. El negocio jurídico entre las

partes contempla la venta del 50% de una finca (propiedad de

Número Identificador

SEN2024________
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Cautiño y sita en Guayama) para el desarrollo de un proyecto de

extracción de relleno en dicho predio.

        Ante el presunto incumplimiento de HH, Cautiño incoó el

pleito de epígrafe.1 En esta expuso que, las partes suscribieron una

Escritura de Compraventa, el 2 de abril de 2009, mediante la cual,

el demandante le vendió al demandado 50% del referido predio. El

mismo día, las partes otorgaron una Escritura de Hipoteca, con el

fin de garantizar el pago diferido de $454,000.00 para la compra de

la propiedad allí descrita. Como parte de sus alegaciones, informó

que Benito Ramos Fernández (Ramos Fernández) es el socio gestor

de HH y compareció en el pagaré hipotecario como el deudor

solidario. Indicó que, en el pagaré hipotecario se pactó el 31 de

marzo de 2014 como fecha de vencimiento y había transcurrido el

término sin que la parte demandada haya acreditado el pago

correspondiente. Sostuvo que, a pesar de los requerimientos de pago

cursados, HH no acreditó cumplimiento de lo pactado. En su

consecuencia, suplicó al TPI que declarara líquida y vencida la

deuda y ordenara el pago de $454,000.00 del principal adeudado,

$255,521.33 en intereses acumulados, más $15,000.00 por

concepto de costas y honorarios de abogado. En su defecto, solicitó

que autorizara la venta en pública subasta de la participación del

50% de la finca por las cantidades adeudadas.2

       Por su parte, HH acreditó su contestación a la demanda, en

la que negó las alegaciones e interpuso una reconvención, el 8 de

febrero de 2019.3 En apretada síntesis, HH negó haber incumplido

1 El pleito inició en la Sala de Guayama bajo el número G AC2017-0091 contra

HH, Benito Ramos Fernández t/c/p Benito R. Fernández, Fulana de tal y la
sociedad legal de gananciales compuesta por ambos; y Fulano y Mengano de tal
como demandados desconocidos. Luego en virtud de una Orden de traslado
emitida el 3 de diciembre de 2018, fue trasladado a la Sala de Patillas con el
número asignado G3CI20180082.
2 Apéndice págs. 18-22. Superada la etapa inicial del litigio, el TPI atendió una

solicitud de desestimación interpuesta por la parte demandada y mediante
Resolución2 emitida el 4 de diciembre de 2018, consignó varios hechos y ordenó
la desestimación de la causa en contra de Ramos Fernández, su esposa y la
sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. En su consecuencia,
continuaron los procesos contra HH.
3 Apéndice, págs. 24-28.
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lo pactado. Sostuvo que, la obligación de pago solicitada por

Cautiño, está sujeta a una condición suspensiva cuyo cumplimiento

era necesario para lograr el desarrollo del proyecto de extracción de

relleno y Cautiño no cumplió. Expuso su postura sobre la creación

y funcionamiento de otra corporación, Extracciones Sin Límite (ESL)

y la falta de cumplimiento de Cautiño por no sufragar gastos

relacionados a un permiso del Departamento de Recursos Naturales

(DRNA) y por no entregar un plano de mensura, entre otros asuntos.

Por ello, suplicó al TPI que ordenara la resolución del contrato y la

devolución de los fondos que fueron adelantados para el proyecto,

más el resarcimiento de los daños y perjuicios ante la presunta

negligencia, inacción e incumplimiento de Cautiño. En reacción, el

demandante acreditó su réplica a la reconvención el 28 de febrero

de 2019 en la que negó las alegaciones del demandado.4

       Luego de múltiples incidencias procesales que resultan

innecesarios pormenorizar,5 el demandante presentó una Moción de

sentencia sumaria y desestimación de reconvención el 28 de mayo de

2019. Tras celebrar una vista argumentativa6, el TPI emitió una

Resolución el 9 de julio de 2019, (notificada en autos el 16 de julio

de 2019), mediante la cual declaró no ha lugar el referido petitorio

sumario. En este dictamen interlocutorio el foro primario destacó lo

siguiente:

       […]
       “En cuanto a la Solicitud de Sentencia Sumaria debido a que es un
       hecho incontrovertible la terminación del pagaré y la obligación del
       demandado al pago del mismo se declara No ha lugar.
       Este Tribunal ya atendió una Solicitud de Desestimación de la
       parte demandada en donde se plasmaron los hechos
       incontrovertibles y por qué razón aún no se puede ejecutar la
       demanda. En esta Resolución se determinó que el pagaré venció el
       31 de marzo de 2014 y que los intereses del mismo comenzarían a
       cobrarse el próximo mes que se otorgue los permisos de extracción
       de relleno de esta propiedad. Además, se estableció que el permiso
       de extracción del Departamento de Recursos Naturales se otorgó el
       12 de mayo de 2017, por lo que los intereses comenzarían a
       transcurrir desde el 1ro de junio de 2017. En la vista celebrada el
       31 de enero de 2019, las partes estuvieron de acuerdo con que la

4 Apéndice, págs. 29-32.
5 La demanda fue enmendada el 5 de abril de 2019 y HH presentó una
Contestación a demanda enmendada.
6 Véase Minuta en Apéndice págs. 85-96 y Autos originales Tomo II, págs. 277-

282.
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       Resolución emitida por el Tribunal cubría gran parte de la Solicitud
       de Sentencia Sumaria de la parte demandante y aceptaron dar por
       atendida la Solicitud de Sentencia Sumaria. (Así se desprende de
       la Minuta del 31 de enero de 2019). En cuanto a la Solicitud de
       Desestimación de la Reconvención, […] no ha lugar.
       […]7

       De esta forma el foro primario dejó pendiente ante su

consideración, varias controversias medulares sobre la naturaleza y

validez de las obligaciones entre las partes y los supuestos

incumplimientos que podrían fundamentar la resolución del

contrato.8 A pesar de que, no surge una lista fehaciente, colegimos

del expediente que, tras disponer de los petitorios sumarios, el TPI

dejó pendiente para dirimir, con el beneficio de un juicio plenario,

las controversias relacionadas a un documento intitulado “Proposal

to Purchase”, así como los acuerdos verbales entre las partes sobre

la creación y responsabilidades de la corporación Extracciones Sin

Límite, (ESL), los gastos incurridos para la obtención del permiso

del DRNA y el plano de mensura.

       Ahora bien, previo a discutir la prueba presentada y

disposición del caso, resulta necesario (por ser atinente al segundo

señalamiento        de       error)   puntualizar      el    tracto     procesal

correspondiente a la etapa de descubrimiento de prueba.

       Surge del expediente y de los autos originales que, el 23 de

agosto de 2019, (con la autorización del TPI)9 el demandante

presentó una Segunda Demanda Enmendada en la que añadió una

segunda causa de acción por daños y perjuicios en contra de HH.

Reclamó los graves daños sufridos por la inacción e incumplimiento

con el proceso de permisos necesarios para cumplir el proyecto

pactado anteriormente. A pesar de oponerse a la enmienda en esta

etapa de los procesos,10 HH acreditó su Contestación a Segunda

Demanda Enmendada y Reconvención Enmendada.11 A esta última,

7 Autos originales Tomo II págs. 286-287.
8 Íd. a las págs. 277-282.
9 Apéndice, págs. 98-105.
10 Apéndice, pág. 106.
11 Apéndice, págs. 148-153.
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el demandante replicó el 31 de enero de 2020.12 Pendiente lo

anterior, las partes acreditaron varios informes con antelación al

juicio.13 Celebrada una primera conferencia, el TPI aprobó una

enmienda al Informe de conferencia con antelación al juicio en la que

el demandante anunció cierta evidencia relacionada con las

cantidades de pagos realizados por el proceso de permiso de

extracción ante el DRNA.

       El dictamen fue objeto de revisión ante esta Curia (recurso

número KLCE202000896) y un panel hermano denegó la expedición

del auto de certiorari el 20 de noviembre de 2020.14

       Tras varios incidentes procesales15 y algunas posposiciones,

el TPI celebró el juicio en su fondo.16 Por la parte demandante,

testificó Cautiño y Amparo Chaves, Planificadora Ambiental del

DRNA. Por la parte demandada, testificó Ramos Fernández y Ramón

Rey Cruz.17        A continuación incluimos un resumen de los

testimonios presentados.

       Genaro Cautiño Jordán

       El señor Cautiño Jordán testificó que firmó un contrato de

compraventa, escrituras y un pagaré con HH para la venta de 50%

de su finca y HH no cumplió el pago pactado. En la escritura de

compraventa se le vendía a HH el 50% de toda la finca. Referente a

la escritura de hipoteca y el pagaré, mencionó que nunca recibió el

12 Apéndice, págs. 156-161.
13 Apéndice, págs. 121-130. Informe sobre la conferencia con antelación al juicio el

11 de septiembre de 2019
14 Autos originales, Tomo VI pág. 929. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, denegó

la expedición del auto de Certiorari (CC-2021-23) el 26 de febrero de 2021.
15 Surge del expediente que el TPI atendió una Moción para reabrir el

descubrimiento de prueba suscrita el 7 de diciembre de 2020 por HH, (ponchada
el 11 de enero de 2021) por lo que dicha parte cursó un segundo interrogatorio y
según la Minuta de la vista celebrada el 20 de enero de 2021 el TPI concedió otro
término a la otra parte para contestar los interrogatorios cursados. Luego, el 19
de mayo de 2021 se celebró otra conferencia con antelación al juicio. Véase, Tomo
VI autos originales, págs. 889-937.
16 Los días 9, 11, 16, y el 18 de febrero de 2022, respectivamente, así como, el 13

de abril de 2022 y concluyó el 18 de mayo de 2022.
17 Apéndice, págs. 274-290. Finalizado el juicio, el 3 de agosto de 2022 el

demandante interpuso una Moción de desestimación de reconvención junto a una
Moción de Memorandum de Hechos y Derechos. El demandado se opuso mediante
escrito presentado el 22 de agosto de 2022 a la cual replicó el demandante y luego
reaccionó la otra parte el 6 de septiembre de 2022.
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dinero que se había pactado.18 Declaró que las partes crearon la

corporación Extracciones Sin Límites (ESL) y que la misma no tenía

nada que ver con el cumplimiento del pagaré. Dicha corporación fue

creada para desarrollar el proyecto y a esos fines, pagó los gastos

relacionados al trámite de permisos ante el DRNA para la extracción

de relleno. Cautiño atestiguó que habían acordado asumir los gastos

en partes iguales.19 Relató que esa corporación se quedó sin fondos

porque a su entender “todo el dinero se lo había llevao´ Benito”.20

Para poder costear múltiples gastos referentes a los permisos, utilizó

su propio dinero y gestionó el permiso bajo su nombre. Su primera

solicitud fue denegada, pero luego el DRNA le otorgó el permiso de

extracción el 12 de mayo de 2017.21

       Durante el contrainterrogatorio explicó que la venta propuesta

corresponde al 50% de la finca. Clarificó que, en el plano de mensura

se menciona un área de extracción propuesta para ubicar la primera

extracción. Aceptó que no está escrito en ningún documento que esa

área corresponde a la primera fase del proyecto. Manifestó que tan

pronto se hizo la mensura se la entregó a HH, pero no sabe precisar

la fecha cierta de dicha entrega. Expuso que no reconoce la carta

dirigida a Ramos Fernández del 19 de octubre de 2012 y que no está

firmada por él. Aceptó que para esa fecha aún no había obtenido el

permiso final del DRNA.22

       Testificó que no transfirió el inmueble a ESL porque el

“Proposal to Purchase” (PTP) se había eliminado por completo.23

Referente al permiso radicado ante el DRNA, el mismo fue radicado

a nombre de Genaro Cautiño y no de ESL ya que se había

comenzado todo el proceso con su nombre.24 Declaró que él ha

18 Transcripción de la prueba oral, págs. 13-35.
19 TPO, págs. 47-139.
20 TPO, pág. 49.
21 TPO, págs. 385-390.
22 TPO, págs. 166-177.
23 TPO, pág. 184-188.
24 TPO, pág. 214, líneas 2-15.
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puesto todo el dinero para la obtención del permiso en los últimos

siete u ocho años.25 Cautiño manifestó que el documento titulado

“Draft Proposal to Purchase” no tiene nada que ver con la

compraventa ya que ese acuerdo había sido eliminado por la

escritura y así consta en ella. Al concluir su testimonio informó

sobre el proceso y los pagos realizados a terceros por trabajos

realizados para conseguir el permiso del DRNA. Además, informó

sobre los depósitos en la cuenta de ESL y las escrituras y el pagaré,

así como la falta de pago por parte del demandado.26

       Amparo Chávez Girona

       La señora Amparo Chávez Girona, Planificadora Ambiental del

DRNA testificó que trabaja en la división de corteza terrestre y que,

aunque ella no trabajó el permiso solicitado por Cautiño, lo pudo

acceder a través del sistema. Narró que el expediente con el número

de caso O-CT-PFE01-SJ-00153-2710-2008 está a nombre de

Cautiño.27 Declaró que, si el apelante no hubiera cumplido con lo

exigido por el DRNA, todavía no hubiera salido el permiso.28 Testificó

que se puede solicitar cambiar el nombre del solicitante del permiso

mediante una propuesta al DRNA.29 Por último, explicó que sin

permiso no se puede extraer el terreno.30

       Benito Ramos Fernández

       El señor Ramos Fernández testificó sobre el “Proposal To

Purchase”, refiriéndose a este, como el documento original que

firmaron Cautiño y él, para la compra de una parte de la finca que

le pertenecía a Cautiño, la cual pretendían explotar en forma de una

cantera.31 Manifestó que en ese documento las partes se obligaron

a crear ESL, como una corporación doméstica bajo los términos y

25 TPO, pág. 283, líneas 1-3.
26 TPO págs. 196- 331.
27 TPO, pág. 359, líneas 25-27.
28 TPO, pág. 362, líneas 1 y 2.
29 TPO, pág. 364, líneas 7-24.
30 TPO, pág. 371, línea 5.
31 TPO pág. 513, líneas 2-19.
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condiciones que se establecieron en el PTP. Declaró que fue Ramón

Rey quien incorporó la misma a petición de Cautiño y él, pues era

su amigo y contable.32 Explicó que él es dueño de HH, el cual se

dedica a inversiones en Puerto Rico. Informó que HH se

comprometió a comprar el 50% de la finca en la Escritura de

Compraventa y adelantó a Cautiño doscientos mil dólares. Haciendo

referencia a la Escritura de Compraventa, explicó que las partes se

comprometieron a efectuar la mensura del inmueble y a ajustar el

precio de venta, según correspondiese, a razón de $32,500.00 la

cuerda. Acordaron, además, que el comprador se obligaba a otorgar

un nuevo pagaré hipotecario gravando su participación por el

balance adeudado que resultara de la mensura, al término de

sesenta (60) días de esta haberse efectuado.33 Recibió de parte de

Cautiño dos documentos emitidos por el DRNA, (marcados como

“exhibit” C y D) en una fecha contemporánea al 28 de septiembre de

2012. Explicó que el sumario se refiere a los depósitos (exhibit F)

que se realizaron por parte de ambos a ESL. Indicó que él depositó

un total de $34,200.00 y Cautiño depositó $13,560.00, para un total

de $47,760.00 en la cuenta de ESL.34 Manifestó que vio por primera

vez tanto la Resolución emitida por el DRNA como el plano de

mensura durante el proceso de descubrimiento de prueba. Añadió

que el plano de mensura tiene fecha de 15 de septiembre de 2010.

Entendió que, como el plano de mensura dice que el área de

extracción propuesta es de 20.98 cuerdas y 2.2 cuerdas para

almacenar, ese debe ser el área que se debe dividir por partes iguales

entre ellos y multiplicar su parte por los $32,500.00 para hacer el

segundo pagaré. Comentó que le pidió la mensura a Cautiño, pero

32 TPO, págs. 515-517.
33 TPO, págs. 526-527.
34 TPO, págs.513-547.
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nunca se le entregó la mensura porque esta reduciría el precio de la

compraventa sustancialmente.35

       A preguntas del tribunal sobre la Escritura de Compraventa,

Ramos Fernández esbozó que, en la escritura dice que ambos se

comprometen [a realizar la mensura], pero que él entendía que eso

lo haría Cautiño ya que este tenía los ingenieros, pero admitió que

ambos la pagarían.36 Narró que Cautiño nunca le dijo que se había

hecho la mensura. Explicó que la carta de 19 de octubre de 2012 es

un error y una estafa porque Cautiño estaba tratando de cobrar lo

que no es correcto, y por eso se rompió la relación.               Ramos

Fernández dijo que no quería hacer más contratos con [Cautiño]

porque no había cumplido con la mensura y no había pagado la

misma cantidad por los gastos incurridos. Ramos Fernández explicó

que estaba de acuerdo con pagar $32,500.00 la cuerda del área que

sería utilizada para la cantera.37

       Ramos       Fernández      admitió   que   en   la   Escritura   de

Compraventa se estableció que, al firmarla, el PTP no tendría valor.38

Como parte del contrainterrogatorio Ramos Fernández indicó que

HH no firmó un documento para traspasar la finca a ESL.39 Admitió

que en la corporación compareció en su capacidad personal.40

Explicó que no contestó la carta enviada por Cautiño [octubre de

2012] porque no había nada que contestar, estaban rompiendo la

relación.41 Indicó que no había realizado ningún pago en

cumplimiento del pagaré.42

35 TPO, págs. 553-560.
36 TPO, pág. 562, líneas 12-23.
37 TPO, págs. 565-571.
38 TPO, pág. 575, línea 13.
39 TPO, pág. 583 líneas 9-16.
40 TPO, pág. 586
41 TPO, pág. 602, líneas 12-18.
42 TPO, pág. 615, línea 16.
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       Ramón Rey Cruz

       El señor Ramón Rey Cruz testificó que es contable y

especialista en planillas, pero aclaró que no es CPA.43 Testificó que

conoce a Ramos Fernández desde hace veinte (20) a veinticinco (25)

años. Declaró que incorporó y trabajó para la corporación ESL, y

que manejaba la cuenta bancaria. Atestó que conoce a Cautiño hace

diez (10) años por conducto de Fernández.44 Explicó que era el

encargado de contabilizar todas las aportaciones a ESL, las cuales

Cautiño hizo mediante cheques, nunca en efectivo. Informó que

preparó el “exhibit” F, el cual recoge todas las aportaciones de cada

uno de los inversionistas.45 Relató que nunca se le entregó un plano

de mensura.46 Declaró que para poder emitir cheques necesitaba la

autorización de Cautiño y de Ramos Fernández y aseguró que al

menos uno de ellos firmaba con él los cheques.47 Por último,

manifestó que emitió un cheque a favor de Ramos Fernández sin

consultarlo con Cautiño debido a que había diferencias entre los

señores y la aportación de Ramos Fernández había sido mayor que

la de Cautiño48.

       Evaluada la prueba testifical y documental, el TPI emitió la

Sentencia recurrida el 20 de abril de 2023, notificada el 9 de mayo

de 2023, la cual fue enmendada Nunc Pro Tunc el 7 de noviembre de

2023. En esta, declaró ha lugar la demanda y denegó la segunda

causa de acción del demandante sobre daños y perjuicios e impuso

el pago de honorarios de abogado. En su consecuencia ordenó la

venta en pública subasta del inmueble hipotecado para garantizar

el pago de la referida deuda. Además, ordenó al demandante pagar

ciertos créditos a favor del demandado y declaró no ha lugar la

reconvención.

43 TPO, págs. 488-491.
44 TPO, pág. 497, línea 1.
45 TPO del 18 de mayo de 2022, págs. 640-643.
46 TPO, pág. 646, líneas 12-20.
47 TPO, pág. 660, líneas 9-16.
48 TPO, pág. 674, líneas 4-22.
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      En atención a las controversias expuestas por el apelante en

la reconvención y atinentes al recurso ante nos, a continuación,

destacamos los siguientes pronunciamientos del TPI en las cuales

se desprenden los hechos adjudicados, el análisis y disposición de

la causa:

      […]

      De la evidencia presentada se establece que el Sr. Cautiño y HH
      realizaron un contrato de compra y venta del 50% de la Finca 503,
      y que las intenciones eran para eventualmente desarrollar una
      compañía de extracción de terreno, para la venta. El proceso de
      compraventa se llevó a cabo y se dispuso que se estaría vendiendo
      el 50% de toda la finca (con excepción de la servidumbre), y que se
      pagaría $32,500 por cuerda. Existía un estimado del tamaño de la
      finca (72 cuerdas), por lo que se estableció en la Escritura de
      Compraventa que se estaría pagando inicialmente $645,000 al
      vendedor. De esta cantidad, se adelantaría el pago de $200,000 y
      los restantes $445,000 se estaría confeccionando una escritura
      hipotecando el 50 por ciento de la Finca 503, junto a un pagaré al
      portador, el que vencería el 31 de marzo de 2014. La Escritura de
      Compraventa establece que luego que las partes mesuraran
      nuevamente la finca se ajustaría la medida del terreno, se
      calcularía la mitad del mismo y se multiplicaría por el precio por
      cuerda establecido, lo que resultaría en el precio correspondiente
      a la mitad de la finca. Habiendo realizado la mensura, la parte
      demandada tendría 60 días para efectuar una nueva hipoteca que
      incluyera la cantidad total adeudada con los términos establecidos
      en la primera hipoteca. La Escritura de Compraventa también se
      establecía que una vez se obtuviera los permisos de extracción, al
      próximo mes, se estaría cobrando los intereses establecidos en la
      Hipoteca.

      La Escritura de Compraventa, la Escritura de Hipoteca y su Pagaré,
      fueron bien constituidos y cumplen con todos los requisitos en ley
      para su validez. Ninguna de las partes cuestionó este hecho.

      […]

      Dejándonos llevar por los testimonios de los testigos y la evidencia
      presentada, llegamos a la conclusión de que no procede en derecho
      lo solicitado por el demandado.

      Para empezar, lo informado por la parte demandante al Sr.
      Fernández, en su carácter personal, (antes de que se hiciera la
      compraventa con HH) fue que tenía personas interesadas en la
      compra del terreno que se extrajera. Por sí solo, esta reclamación
      no sería suficiente para dejar sin efecto la compraventa y la
      ejecución de la hipoteca, tampoco se estableció como condición.

      Por otro lado, en cuanto a que el Sr. Cautiño no aportó la mitad de
      los gastos para la obtención de los permisos de extracción, tiene
      razón. De la evidencia presentada se desprende que, durante el
      proceso de obtención de los p[e]rmisos de extracción de terreno, el
      Sr. Cautiño aportó $12,140.00 menos que el Sr. Fernández. Este
      incumplimiento no es suficiente para la Resolución de las
      Escrituras y del Pagaré. De estos documentos no se desprende
      como condición la aportación del 50% de los gastos incurridos para
      el desarrollo e implementación de ESL.

      En lo relacionado al largo tiempo que se tardó Cautiño en la
      obtención de permiso de extracción, de la evidencia presentada y
      creída, se desprende que no existe un término establecido para la
      obtención del permiso. Por otro lado, la tardanza no se debió a que
      la parte demandante se cruzara de brazos, por el contrario, se
      evidenció todas las gestiones realizadas: pagos de póliza de seguro,
      cumplimiento de requisitos, cartas de DRNA dando por cumplido
KLAN202300496                                                                   12

      los requisitos, contratación de profesionales para revertir la
      denegación, y finalmente la obtención del permiso.

      En cuanto a que no le fue notificada el plano de mensura
      (alegadamente por que al Sr. Cautiño no le convenía los resultados,
      ya que la mensura era menor), ni la obtención de permiso de
      extracción, no lo creemos así. La prueba presentada establece que
      la responsabilidad de la mensura no era solo del demandante, sino
      que ambas partes tenían la responsabilidad de llevar a cabo la
      mensura. De tomarse por cierto que no se le notificó el nuevo plano
      de mensura en el 2010, la carta del 2012 (informando el comienzo
      del pago de intereses y adelanto del principal), se le informó a la
      parte demandada que ya se había realizado el plano de mensura.
      Era responsabilidad de ambas partes la realización del plano de
      mensura, por lo que mínimo, la parte demandada debió solicitar
      copia del plano, si como alega, no se la había provisto.

      Por otro, del testimonio del Sr. Fernández, se establece que desde
      octubre o noviembre de 2012, ya la relación contractual estaba
      afectada, y que el rompimiento del contrato era inquebrantable.
      Además, informó que, para ese entonces perdió comunicación con
      el demandante. Lo que demuestra es que no había una intención
      de continuar con el cumplimiento del contrato tal y como se
      estableció, por lo que poco valdría cualquier esfuerzo de
      comunicación por parte del demandante para continuar con el
      negocio.

      En lo relacionado al hecho de que el demandante no incluyó a ESL
      en la solicitud de permiso al DRNA, lo que abona a la solicitud de
      Resolución en la Escritura de Compraventa y de la Resolución del
      negocio de extracción, no estamos de acuerdo con el demandado.
      El demandante declaró que antes de hacer negocio con HH, ya
      había comenzado a realizar las gestiones de obtener permiso de
      extracción con DRNA, y que cambiar de nombre del solicitante
      conllevaría comenzar nuevamente con el proceso, lo que hubiera
      provocado un atraso adicional en la obtención de los permisos.
      Además, en nada se afectaría la extracción del terreno por la
      corporación una vez obtenido el permiso de extracción en esa
      Finca. En adición, este requisito no fue incluido en el contrato
      vigente (Escritura 1), por lo que la subsistencia de las Escrituras y
      del Pagaré no dependen de esta condición.

      En lo relacionado a que el demandante nunca traspasó a nombre
      de ESL la Finca 503, esto no se había realizado y no se podía
      realizar, hasta que HH hubiera cumplido con lo establecido en el
      contrato de compraventa y que hubiera realizado la nueva hipoteca
      que incluiría el total adeudado al demandante, cosa que no se logró
      por causa del demandado. Este requisito tampoco fue incluido en
      las Escrituras o en el Pagaré.

      Para finalizar, la parte demandada solicita la resolución del
      contrato y de sus obligaciones, por ser la mensura del terreno
      vendido en el contrato mucho menor. Lo que alega la parte
      demandada es que la hipoteca no procedería, ya que el precio de la
      finca que se utilizaría para la extracción de terreno, que es lo único
      que se comprometió a comprar, sería menor a la hipoteca realizada.
      Según lo establecido en el lenguaje de la Escritura de
      Compraventa, no le asiste la razón. El lenguaje es claro y no está
      sujeto a interpretación, se vende la mitad de la totalidad de la finca,
      y lo único que no se tomará en consideración al momento de
      establecer el tamaño para el precio, será la servidumbre del
      terreno. Por tanto, tampoco procede esta reclamación.

      Entendemos que la parte demandada fue el único responsable del
      incumplimiento del contrato de compraventa. Su determinación a
      finales del 2012, de no continuar con el negocio jurídico provocó
      que no se finalizara el mismo.

      […]

      Inconforme, HH acude ante nos y le imputa la comisión de los

siguientes errores al foro primario:
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      Existe error manifiesto del Tribunal de Instancia en la
      apreciación de la prueba al encontrarse probados todos los
      elementos necesarios para resolver el contrato que nos
      ocupa, abandonando el balance más racional, justiciero y
      jurídico de la totalidad de la evidencia recibida.

      El Tribunal de Instancia mostró prejuicio y parcialidad en el
      trámite y la Sentencia en por lo menos al permitir que se
      enmendara la Demanda luego de transcurrido el período
      para descubrir prueba en perjuicio del aquí compareciente al
      permitir prueba que no fue descubierta oportunamente,
      inclusive prueba de daño de una causa de acción que estaba
      prescrita de su faz y al darle credibilidad al testimonio
      evasivo e incoherente que fue impugnado por uno de sus
      testigos, al igual que por el Sr. Ramón Rey.

      El 27 de junio de 2023, la parte apelada presentó Alegato del

Apelado. Arguyó que el TPI no cometió los errores señalados por HH

y a su entender, la controversia por la cual acuden ante este

Tribunal constituye cosa juzgada por haber sido ya atendido por un

panel hermano de este Tribunal. Además, alegó que la credibilidad

de los testigos que declararon en el foro primario no constituyó

prejuicio o parcialidad y que el TPI le otorgó credibilidad, según la

prueba presentada. Por lo anterior, solicitó que se declare sin lugar

el presente recurso.

      Por su parte, el 22 de septiembre de 2023, HH presentó un

Alegato Suplementario en el cual reiteró que existe prueba

incontrovertible del incumplimiento de Cautiño que justifica la

resolución del contrato entre las partes. Además, reafirmó su

postura respecto a que el TPI incurrió en prejuicio y parcialidad al

otorgarle credibilidad a los testigos cuando estos fueron realizados

de manera mendaz y mediando parcialidad.

      Conforme nos autoriza la Regla 83.1 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 83.1, emitimos una

Resolución en la que ordenamos al foro primario fundamentar su

dictamen,   con    particular   atención    a   la   reconvención.    En

cumplimiento con lo anterior, el Juez Harry E. Rodríguez Guevara

presentó la antes citada Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc, el 7

de noviembre de 2023.       Acto seguido, concedimos un término a
KLAN202300496                                                                14

ambas partes para reaccionar al referido pronunciamiento. Con el

beneficio de sus posturas, la transcripción y los autos originales,

procedemos a resolver.

                                      II.

   A. Derecho Contractual

       En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer los

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes,

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden

público. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,49 31

LPRA sec. 3375; Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 DPR

169, 182 (2018). Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes

contrayentes, quienes vienen obligadas a observar sus términos.

Art. 1044 del Código Civil, supra, sec. 2994.

       Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por el mero

consentimiento, y desde ese momento, las partes se obligan al

cumplimiento      de    lo   expresamente      pactado     y   a   todas    las

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, supra. Véase,

además, Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra. Un

contrato existe desde que una o varias personas consienten en

obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o a prestar algún

servicio. Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec.

3371; Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 726-727 (2018).

Además, el Art. 1028 del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec.

3373, establece que “la validez y el cumplimiento de los contratos

no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”. El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que en las

obligaciones contractuales la ley primaria es la voluntad de las

49 Hacemos referencia al Código Civil de Puerto Rico de 1930, hoy derogado, pues

los hechos del caso ante nuestra consideración ocurrieron con anterioridad a la
vigencia del Código Civil de Puerto Rico de 2020.
KLAN202300496                                                       15

partes y los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con

lo pactado cuando es legítimo y no contiene vicio alguno. De Jesús

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). De manera que, no debe

relevarse a las partes de lo expresado y válidamente pactado,

siempre que “dicho contrato sea legal y válido y no contenga vicio

alguno”. Olazábal v. US Fidelity, Etc., 103 DPR 448 (1975).

      Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido

literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec.

3471; Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997). De lo contrario,

las cláusulas del contrato deben leerse de forma integrada e

interpretarse las unas con las otras, resolviendo cualquier

ambigüedad de modo que todas sus partes surtan efecto. Art. 1236

y 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3474 y 3475. Es decir, los

términos de un contrato se reputan claros “cuando por sí mismos

son bastante lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin

dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y

sin necesitar para su comprensión razonamientos o demostraciones

susceptibles de impugnación”. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176

DPR 372, 387 (2009).

      El derecho de reclamar la resolución de obligaciones

recíprocas emana del artículo 1077 del derogado Código Civil de

1930, 31 LPRA sec. 3052. La referida disposición establece, en lo

pertinente, lo siguiente:

      La facultad de resolver las obligaciones se entiende
      implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los
      obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado
      podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución
      de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de
      intereses en ambos casos. También podrá pedir la
      resolución, aun después de haber optado por el
      cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El
      tribunal decretará la resolución que se reclame, a no
      haber causas justificadas que le autoricen para señalar
      plazo. […]

31 LPRA sec. 3052.
KLAN202300496                                                       16

      En su interpretación de esta disposición, el Tribunal Supremo

ha expresado que, en cuanto a la resolución del contrato, se

establece una condición resolutoria tácita en todo contrato bilateral,

la cual opera ex proprio vigore. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 19

(2005). Es decir, que, si uno de los contratantes incumple, el otro

puede dar por resuelto el contrato, sin necesidad de que un tribunal

así lo declare. Íd.

      Si quien incurre en incumplimiento, exige la satisfacción de la

prestación que se le debe, la otra parte puede imponer la defensa del

contrato incumplido. Íd., a la pág. 20; Mora Dev. Corp. v. Sandín,

118 DPR 733, 742 (1987). A este principio general en materia de

contratos recíprocos, se le conoce como exceptio non adimpleti

contractus.   Álvarez v. Rivera, supra, a la pág. 20.        Esta, se

fundamenta en la regla de la ejecución simultánea de las

obligaciones recíprocas. Íd; Artículo 1053 del derogado Código Civil

de 1930, 31 LPRA sec. 3017.

   B. Apreciación de la Prueba

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que “[l]a tarea

de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió

depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la

prueba presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el

comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio y

escuchar su voz”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 778-779

(2022), citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

771 (2013).

      Como regla general, los tribunales apelativos aceptan como

correctas las determinaciones de hechos de los foros inferiores, sin

intervenir con la apreciación y la adjudicación de credibilidad que

realiza el juzgador de los hechos en relación con la prueba testifical.

Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864-865 (2022); Dávila

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Sin embargo,
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esta regla cede si se demuestra que, el juzgador actuó movido por

pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error manifiesto.

Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra.

      Como se sabe, es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico que, los tribunales apelativos intervienen con la

apreciación de la prueba cuando: (1) el apelante demuestra la

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto; o (2)

si la apreciación de la prueba no concuerda con la realidad fáctica o

esta es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Arlequín

Vélez, 204 DPR 117, 147 (2020). A esos efectos, la parte que

impugne la apreciación de la prueba es la parte encargada de

señalar y demostrar la base para la intervención apelativa. Pueblo v.

Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).

      Con tales fines, y en la medida en que el juzgador de los

hechos no está exento de equivocaciones, dicha parte habrá de

presentar y reproducir la transcripción de la prueba oral. Pueblo v.

Pérez Delgado, 211 DPR 654, 672 (2023). La ausencia de la

transcripción imposibilita que responsablemente los foros revisores

puedan descartar la apreciación razonada y fundamentada de la

prueba que realizó el juzgador de los hechos. Íd.

      Por otro lado, la Regla 110 (a) de las Reglas de Evidencia, 32

LPRA Ap. VI, R. 110(a), dispone que “el peso de la prueba recae sobre

la parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia por

alguna de las partes”. A su vez, en los casos civiles, la Regla 110(f)

de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.110(f), establece que

“la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará mediante la

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, a

menos que exista disposición al contrario”. Cónsono con lo anterior,

el Tribunal Supremo ha resuelto que, [d]e ordinario, el quantum de

prueba necesario para prevalecer en el ámbito administrativo es el
KLAN202300496                                                      18

de preponderancia de la prueba”. OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR

79, 93 (2022).

   C. Enmienda a la Demanda

      La Regla 13 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap. V, R. 13, regula las enmiendas a las alegaciones. Conforme a la

Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1,

una parte puede enmendar sus alegaciones bajo las siguientes

circunstancias:

      [c]ualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en
      cualquier momento antes de habérsele notificado una
      alegación responsiva, o si su alegación es de las que no
      admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido
      señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla
      en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de
      haber notificado su alegación. En cualquier otro caso,
      las partes podrán enmendar su alegación únicamente
      con el permiso del tribunal o mediante el
      consentimiento por escrito de la parte contraria; y el
      permiso se concederá liberalmente cuando la justicia
      así lo requiera. La solicitud de autorización para
      enmendar las alegaciones deberá estar acompañada de
      la alegación enmendada en su totalidad. Una parte
      notificará su contestación a una alegación enmendada
      dentro del tiempo que le reste para contestar la
      alegación original o dentro de veinte (20) días de haberle
      sido notificada la alegación enmendada, cualquiera de
      estos plazos que sea más largo, a menos que el tribunal
      de otro modo lo ordene.

      Sobre este tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso

en Dist. Unidos de Gas v. Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 117

(2016), que las enmiendas pueden ampliar las causas de acción de

la demanda original e incluso, pueden añadir una o más causas de

acción, las cuales se retrotraerán a la fecha de presentación de la

demanda original siempre y cuando surjan de la misma conducta,

acto, omisión o evento expuesto en la alegación original.

      En León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 (2020), el

Tribunal Supremo dictaminó que las enmiendas a las alegaciones

deberán concederse liberalmente cuando la justicia lo requiera. De

igual manera, resolvió que, el mero transcurso del tiempo no es

suficiente para impedir la enmienda solicitada. Íd. En virtud de lo

anterior, el Tribunal Supremo expresó haber avalado enmiendas a
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las     alegaciones   en   procedimientos    judiciales   en    etapas

avanzadas. Íd. Sobre este tema y citando al tratadista José A.

Cuevas Segarra, el Tribunal Supremo estableció que, los cambios en

la teoría original y la adición de nuevas reclamaciones no debe ser

un obstáculo para denegar una solicitud de enmienda a las

alegaciones. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,

San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. 2, pág. 594. Ello, en virtud de la

política pública de que las controversias se resuelvan en los méritos

y que todo litigante tenga su día en corte. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra.

        Sin embargo, nuestro más Alto Foro destacó que el Tribunal

de Primera Instancia habrá de tomar en consideración los siguientes

criterios previo a conceder solicitudes de enmiendas a las

alegaciones: (1) el momento en que se solicita; (2) el impacto que

tendría en la pronta adjudicación de la controversia; (3) la razón

atribuible a dicha demora; (4) el perjuicio que causaría a la otra

parte; y (5) los méritos intrínsecos de la defensa que tardíamente se

plantea. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Sobre tales criterios,

nuestro más Alto Foro aclaró que, el factor predominante ha de ser

el perjuicio que dicha enmienda puede causarle a la parte

contraria. Íd.

      D. El descubrimiento de prueba y el manejo del caso ante el
         Tribunal de Primera Instancia

        El funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la

pronta disposición de los asuntos litigiosos hacen necesario que los

jueces de instancia ostenten gran flexibilidad y discreción para lidiar

diariamente con el manejo y la tramitación de los asuntos judiciales.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR

145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Es por ello que, a éstos se

les ha reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los

asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. In
KLAN202300496                                                          20

re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). El Tribunal de Primera

Instancia   tiene   el   deber   ineludible   de    garantizar   que   los

procedimientos se ventilen sin demora, con miras a que se logre una

justicia rápida y eficiente. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 529

(2011).

      Como regla general, los foros revisores no intervendrán con el

manejo del caso ante la consideración del TPI. Citibank et al. v. ACBI

et al., 200 DPR 724, 736 (2018). Siendo así, el Tribunal Supremo ha

manifestado que los tribunales apelativos no deben intervenir con

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en

craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto. Íd. El

ejercicio adecuado de la discreción se relaciona de manera estrecha

con el concepto de razonabilidad. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152

DPR 140, 155 (2000).

      De otra parte, el descubrimiento de prueba en nuestra

jurisdicción está regulado por la Regla 23 de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23. El descubrimiento de

prueba coloca a las partes y al tribunal en posición de: (1) precisar

los asuntos en controversia; (2) obtener evidencia para ser utilizada

en el juicio; (3) evitar sorpresas en esta etapa de los procedimientos;

(4) facilitar la búsqueda de la verdad y; (5) perpetuar la

evidencia. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y

otros, 2023 TSPR 65, resuelto el 8 de mayo de 2023. Es por ello, que,

nuestro     ordenamiento     jurídico    favorece     una    etapa     de

descubrimiento de prueba amplia y adecuada con el fin de evitar

inconvenientes, sorpresas e injusticias por ignorancia de las

cuestiones y los hechos realmente en litigio. Medina v. M.S. & D.

Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730 (1994). Como se sabe, el

alcance del descubrimiento de prueba se limita a materia pertinente
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y no privilegiada. Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 23.1; McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 406

(2021).   La    prueba    pertinente     que    puede    ser   objeto    de

descubrimiento es aquella donde existe “una posibilidad razonable

de relación con el asunto en controversia”. Medina v. M.S. &D.

Química P.R., Inc., supra, pág. 731.

       Cabe señalar que, el descubrimiento de prueba, a pesar de ser

amplio y liberal, los foros de instancia gozan de una amplia

discreción para regularlo, de manera que, se garantice una solución

justa, rápida y económica. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc. y otros, supra. A esos efectos, la Regla 37.3 de

Procedimiento Civil, supra, faculta al foro primario a imponer

sanciones económicas ante el incumplimiento de una parte con una

orden de calendarización del TPI relacionada al descubrimiento de

prueba, en ausencia de justa causa. Íd. De igual manera, el TPI

podrá imponer sanciones más drásticas “luego de que se aperciba a

la parte sobre las consecuencias del incumplimiento y se conceda

un tiempo razonable para corregir la situación.” Íd. (Énfasis

omitido.)50

     E. La prescripción extintiva

       La prescripción extintiva es un modo de extinguir el derecho

a ejercer determinada causa de acción. SLG Haedo-López v. SLG

Roldán-Rodríguez, 203 DPR 324, 336 (2019). Su propósito es

“castigar la inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones”.

Íd. El Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5241,

establece que los derechos y las acciones se extinguen por medio de

la prescripción. Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759,

766 (2007). A esos efectos, el Art. 1861 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 5291, dispone que “[l]as acciones prescriben por

50Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed.,
Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, págs. 1118-1119.
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el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. Conde Cruz v. Resto

Rodríguez, 205 DPR 1043, 1067 (2020). El propósito de la figura de

la prescripción extintiva es ponerles certidumbre a las relaciones

jurídicas y castigar la inacción de quien no ejerce sus derechos de

manera oportuna. Íd.

      Los términos prescriptivos varían según el tipo de derecho o

acción. En lo pertinente al caso de autos, las acciones personales

que no tienen términos especiales de prescripción señalados

prescriben a los 15 años. Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico,

31 LPRA sec. 5294; Xerox Corp. v. Gómez Rodríguez y otros, 201 DPR

945, 953 (2018). Por otro lado, el Código Civil de Puerto Rico

establece que las acciones de responsabilidad civil extracontractual

prescriben por el transcurso de 1 año. Véase Art. 1868 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298.

      Al examinar cuál término prescriptivo es aplicable a un caso,

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que ello requiere

analizar los hechos según fueron alegados en la demanda. Ramos v.

Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712, 717 (1992). El Tribunal

Supremo de Puerto Rico adoptó la doctrina de concurrencia de

acciones en Ramos v. Orientalist Rattan Furnt, Inc. supra, págs. 725-

728, que le permite a la perjudicada optar entre la acción

extracontractual o contractual en determinadas circunstancias.

Para ello, el hecho causante del daño debe constituir, de manera

simultánea, un incumplimiento de una obligación contractual y una

violación al deber general de no causar daño a otro. Íd., pág. 728.

Ante la concurrencia de acciones, el Tribunal no puede concluir que

se trata de una sola causa de acción extracontractual y aplicar el

término prescriptivo de 1 año establecido en el Art. 1868 del Código

Civil de Puerto Rico, supra. Íd., págs. 729-730.
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                                 III.

      En su primer señalamiento de error, el apelante nos plantea,

que incidió el foro primario en la apreciación de la prueba al

encontrarse probados todos los elementos necesarios para resolver

el contrato constituido por Cautiño y HH. En específico, alega que

la prueba refleja que el apelado incumplió lo pactado y procede

resolver el contrato, cónsono con lo solicitado en la Reconvención.

En síntesis, para fundamentar su argumento, resalta el alegado

incumplimiento de Cautiño con el pago del 50% de los gastos para

la obtención de los permisos de extracción, su presunta falta o

tardanza en la entrega de un plano de mensura y el efecto de dicho

plano sobre la cabida del área de extracción. Además, señaló su

postura sobre la fecha de vencimiento del pagaré y el hecho de que

no se sustituyó el nombre de Cautiño por ESL en la solicitud ante el

DRNA. Además, por no transferir la porción de terreno a ESL, según

el “Proposal to Purchase” (PTP) firmado el 11 de febrero de 2009.

      Para una mejor comprensión de lo planteado, resulta

necesario examinar los acuerdos pactados, así como las obligaciones

de cada parte para luego determinar si -según la apreciación de la

prueba- hubo algún incumplimiento señalado por el apelante que

obligue la resolución del contrato en controversia. Adelantamos que,

el referido error señalado no se cometió. Nos explicamos.

      En primer lugar, al evaluar la totalidad del expediente con el

beneficio de los autos originales y la transcripción de la prueba oral,

colegimos que el foro primario actuó correctamente al sostener

-desde una etapa temprana en el litigio- que la Escritura de

Compraventa, la Escritura de Hipoteca y su Pagaré fueron bien

constituidos ya que cumplen con todos los requisitos en ley para su

validez y resultan vinculantes entre las partes. A esos efectos, de

una lectura del inciso duodécimo de la Escritura de Compraventa,

surge claramente que, mediante dicho instrumento público, las
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partes dejaron sin efecto un acuerdo previo intitulado “Proposal to

Purchase” (PTP) firmado el 11 de febrero de 2009.51 De hecho, surge

de la transcripción de la prueba oral que, ambas partes lo aceptaron

así. Por ello, el TPI no incidió al limitar su análisis del caso y

controversia a los acuerdos que se desprenden de la Escritura de

Compraventa, la Escritura de Hipoteca y el Pagaré, así como lo

pactado verbalmente sobre ESL. En su consecuencia, colegimos que

el TPI no erró al concluir que el PTP no surte efectos ni resulta

aplicable a este caso.

       Superado lo anterior y dado que el PTP quedó sin efecto con

la firma de la Escritura de Compraventa, resulta evidente que, los

acuerdos entre las partes quedaron establecidos en dicha Escritura

de Compraventa, así como en la Escritura de Hipoteca y el Pagaré.

En estos instrumentos públicos surgen de forma explícita las

obligaciones pactadas. A esos efectos, el TPI correctamente

consignó, mediante la Resolución emitida el pasado 4 de diciembre

de 2018 y luego en el referido dictamen impugnado, varios hechos

medulares, a saber:

       El 2 de abril de 2009 la parte demandante vendió el 50% de
       una propiedad a la parte demandada.
       Con relación a la misma se otorgó escritura de compra y
       venta, escritura de constitución de hipoteca para garantizar
       un pagaré por $454,000.00 dólares y se otorgó dicho pagaré
       hipotecario.

       Para evidenciar la deuda hipotecaria se otorgó el pagaré, en
       el cual en su primera oración estable[ce] que el “valor:
       ($454,000.00) -vence 31 de marzo de 2014”, y en su quinto
       párrafo indica que “el periodo de cinco (5) años mencionado
       en cuanto a los intereses comenzará el primer día del
       próximo mes en que se otorguen los permisos de extracción
       de relleno en la propiedad antes descrita”.

       En ese momento vencerán un abono al principal por la
       cantidad de $50,000.00 y de esa fecha en adelante se
       pagarán intereses el primero de cada mes sobre el balance
       del principal adeudado, con el último pago al final de los
       cinco años del balance adeudado.” Este pagaré en su primer
       párrafo, primera citación, indica: “Debo y pagaré
       solidariamente a Genaro Cautiño Jordán, portador o tenedor
       por endoso, o en su orden, de esta obligación, la suma de
       cuatrocientos cincuenta y cuatro mil dólares ($454,000.00).”
       Este pagaré es firmado por Benito R. Fernández como socio

51 Véase, Exhibit 1 por Estipulación a la pág. 10.
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      gestor y en representación de Hoteles Horizonte, así lo
      declaró el notario público.

      El 12 de mayo de 2017, el Departamento de Recursos
      Naturales y Ambientales emitió Resolución y Permiso para la
      extracción de materiales de la corteza terrestre de la finca
      503, inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayama,
      solicitado por el demandante.

      “[…]Se desprende del propio pagaré, en su principio, que el
      31 de marzo de 2014 es la fecha en que vence. En cuanto a
      lo establecido en el último párrafo del pagaré, a pesar de que
      no deja sin efecto el término en que vence, (31 de marzo de
      2014), en cuanto a los intereses, se estableció en el mismo
      que comenzara a cobrarse el primer día del próximo mes en
      que se otorguen los permisos de extracción de relleno en la
      propiedad antes descrita. El permiso de extracción del
      Departamento de Recursos Naturales (DRNA) se otorgó el 12
      de mayo de 2017, por lo que los intereses comenzarían a
      transcurrir desde el 1ro de junio de 2017, lo que es una fecha
      posterior al vencimiento del pagaré.

      De ahí colegimos que, conforme a su apreciación de la prueba,

el TPI correctamente determinó que, no se desprende condición

alguna para honrar el pago de lo establecido en el pagaré. De la

Escritura de Compraventa surge la obligación del comprador,

Ramos Fernández, para adquirir la finca por el precio de

$645,000.00. Se dispuso que el vendedor recibió $57,500.00 con

anterioridad al acto, recibió $100,000.00 el día de la firma, y un

pagaré de $42,500.00 a vencer el 6 de mayo de 2009. Para pagar el

precio diferido de $454,000.00, el vendedor recibió un pagaré

hipotecario vencedero el 31 de marzo de 2014. En dicho documento,

solo se hace referencia al permiso de extracción, a los únicos efectos

de establecer que aplica el pago de intereses a partir del primer día

del próximo mes en que se obtenga el referido permiso. En dicho

documento no se establece de forma fehaciente ninguna obligación

de pago relacionada a los gastos en el proceso de obtener el permiso

de extracción como condición previa al cumplimiento específico de

lo pactado en las escrituras y el pagaré.

      Ahora bien y a pesar de que, la supuesta condición de pago

para sufragar gastos, no surge de las escrituras ni del pagaré, -sí

surge- de la prueba admitida y creída por el foro primario- que,
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Cautiño y Ramos Fernández llegaron a un acuerdo verbal52 en el

cual acordaron crear una corporación independiente (ESL) para que

asumiera las responsabilidades atinentes al proyecto de extracción.

Evaluada la prueba ante sí, el foro primario determinó como hecho

incontrovertible que, ambas partes aportarían dinero para sufragar

gastos en igual proporción. El apelante arguye que la prueba

irrefutable estableció que Cautiño aportó menos cantidad de dinero

que él por lo que ello es razón suficiente para resolver el contrato.

       Sobre este particular, el juzgador de los hechos consideró que,

las escrituras y los acuerdos verbales son asuntos distinguibles.

Conforme a la credibilidad atribuida a los testimonios presentados,

el TPI correctamente concluyó que, aunque Cautiño aportó una

cantidad menor a la mitad de los gastos (en ESL), para la obtención

de los permisos de extracción, dicho incumplimiento a lo pactado

verbalmente no es razón para resolver las escrituras y el pagaré,

pues esa condición no se desprende de esos documentos. Además,

mediante lo pactado verbalmente, tampoco se vinculó dicha

obligación de pago con HH, quien es la entidad jurídica que suscribió

las escrituras y el pagaré. Tampoco surge de la prueba creída por

el foro primario que, se haya condicionado el cumplimiento

específico del pagaré, (suscrito por HH en las escrituras), con lo

pactado de forma verbal entre Cautiño y Ramos Fernández sobre la

creación y operación de una entidad jurídica independiente (ESL).

        Debemos destacar que, en su pronunciamiento, el TPI

planteó que, Cautiño se ocupó de gestionar el permiso del DRNA

pero no consignó igual cantidad de fondos en la corporación para

cubrir los gastos. En su consecuencia, ordenó a dicha parte pagarle

52 Nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe que los contratos sean verbales, sin

embargo, reconoce que, por su naturaleza, tienen mayores riesgos de crear
malentendidos ante la posibilidad de que las partes nieguen o alteren lo
pactado. Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996).
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ciertas cantidades por concepto de créditos a favor del aquí apelante,

lo cual no fue objetado por Ramos Fernández.

       Además, el foro primario determinó que, de lo pactado

verbalmente entre las partes, sólo se cumplió con la incorporación

de ESL. No se cumplió con la aportación económica en partes iguales

y tampoco se traspasó la finca a ESL. Conforme a su análisis de la

prueba, el TPI correctamente concluyó que la fecha de vencimiento

del pagaré no estaba condicionada al traspaso de la finca a la

corporación, ESL. Añádase a ello que, el señor Ramos Fernández

aceptó que no había emitido pago alguno sobre el pagaré objeto de

esta controversia.53 El TPI consideró irrelevante el argumento del

apelante en torno a que, Cautiño no incluyó el nombre de ESL en la

solicitud del permiso de extracción ante el DRNA. Ello, porque

Cautiño inició el proceso en la agencia bajo su propio nombre y logró

que se otorgara el permiso de extracción lo cual benefició a ambas

partes. Además, el foro primario correctamente determinó basado

en el testimonio de la funcionaria del DRNA, Amparo Chávez, -no

impugnado- que de todos modos la inclusión del nombre de ESL en

el proceso de solicitud de permiso de extracción, conllevaría empezar

de nuevo y, por consiguiente, se atrasaría el proceso administrativo

innecesariamente.

       Por todo lo antes, coincidimos con el foro primario en que, el

cuadro fáctico antes descrito, no constituye incumplimiento de lo

pactado en las escrituras y en el pagaré. En la alternativa, y de todas

formas, como cuestión de derecho, el supuesto incumplimiento del

acuerdo verbal (sobre el pago de gastos para la obtención de

permisos, falta de traspaso de la propiedad y la sustitución de

nombre en la solicitud de permisos a ESL), no justifica, ni obliga la

resolución de la Escritura de Compraventa, la Escritura de Hipoteca

y del Pagaré.

53TPO, 13 de abril de 2022, apéndice, a la pág. 615, línea 16.
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       De otra parte, el apelante arguye que, el TPI erró al concluir

que la responsabilidad de preparar la mensura caía sobre ambas

partes, ya que, Ramos Fernández reside en New York. Añade HH

que, al Cautiño no entregarle el plano de mensura oportunamente,

impidió que pudiera identificar el área utilizable en la finca. A su

entender, dicha tardanza es razón suficiente para resolver el

contrato.

       Al analizar la prueba sobre el tema del plano de mensura, el

foro primario evaluó lo establecido en las escrituras, la carta enviada

en octubre de 2012 a Ramos Fernández y la prueba testifical. De la

Escritura de Compraventa54 se desprende que ambas partes se

comprometieron a efectuar la mensura del inmueble y, según la

prueba creída por el foro primario, fue Cautiño quien se ocupó de

gestionar el referido plano. El TPI resolvió correctamente que, de

ninguno de los tres documentos públicos se desprende un término

especifico de cumplimiento para la preparación y entrega del plano

de mensura. Además, el TPI puntualizó que, en torno a la teoría del

apelante y supuesta razón por la cual Cautiño no le notificó el plano

de mensura a Ramos Fernández fue porque la mensura describe

una cabida menor de lo prometido, “no lo creemos así.”

Observamos que, de la transcripción de la prueba surge que,

Cautiño negó reconocer la carta enviada en octubre de 2012 en la

cual se hace referencia al plano de mensura. De otra parte,

constatamos que, Ramos Fernández por un lado testificó que, se

enteró por primera vez, sobre el plano de mensura, durante el

descubrimiento y por otro lado explicó que, la relación se quebrantó

en el 2012, coetáneo al tiempo que recibió la carta de Cautiño (de

octubre de 2012) y mediante la cual se informa sobre el plano de

mensura. De lo antes ciertamente reconocemos las aparentes

inconsistencias en los testimonios sobre este tema. Sin embargo,

54 Véase, apéndice, a la pág. 323, inciso undécimo.
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colegimos que el TPI le restó importancia por entender que lo

pactado en las escrituras y el pagaré no está sujeto a un término de

entrega del plano de mensura como condición de cumplimiento de

las escrituras y el pagaré, según argumentado por Ramos

Fernández. El raciocinio expuesto encuentra apoyo en la prueba

admitida y creída por el foro primario, sin que se haya demostrado

arbitrariedad o error manifiesto en su análisis.

       Sostiene el apelante que, el TPI concluyó erróneamente que se

adeudan $483,483.75, ignorando que el terreno utilizable era de

23.2137 cuerdas, por lo que el pagaré debía reducirse a

$177,222.62. Esta aseveración de HH no encuentra apoyo en la

prueba creída y admitida por el juzgador de los hechos. Ninguna de

las tres escrituras públicas establece que la transacción era para la

compra del área únicamente utilizable para la extracción del

terreno.

       El apelante arguyó que, erró el TPI al concluir que el pagaré

venció el 3 de marzo de 2014, cuando la Escritura y el Pagaré

establecen que vencerá 5 años después de obtener los permisos de

extracción. La Escritura de Hipoteca contiene copia fiel y exacta del

pagaré y en la primera oración de este se establece que vence el 31

de marzo de 2014. De una lectura del documento resulta evidente

que, lo relacionado al periodo de cinco (5) años que comienza a

correr desde el otorgamiento de los permisos de extracción, es en

referencia al periodo por el cual se cobrarán intereses sobre el

balance del principal adeudado, luego de obtenidos dichos permisos.

En la Escritura de Hipoteca se incluyó el texto literal del Pagaré en

el quinto inciso. El mismo establece que los intereses comenzarán a

devengarse el primer día del próximo mes en que se obtengan los

permisos de extracción de relleno de la propiedad objeto de la

compraventa.55

55 Véase, apéndice, a la pág. 329, inciso cinco.
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       El TPI fue quien tuvo ante sí a los testigos por lo que, su

determinación sobre la credibilidad y valor probatorio atribuido a

sus respectivos testimonios merece nuestra deferencia. Apreció que

los alegados incumplimientos de Cautiño no fundamentan la

resolución del contrato, toda vez que no surge dicha interpretación

de las escrituras y el pagaré.      Tampoco surge de la prueba que, lo

acordado verbalmente por Cautiño y Ramos Fernández (para la

creación y funcionamiento de ESL) vincule las obligaciones

asumidas por HH como el comprador y deudor en este caso. El

pagaré se encuentra vencido desde el 31 de marzo de 2014, por lo

que la deuda es líquida y exigible. De una revisión sosegada de la

totalidad de la prueba colegimos que, el apelante no nos ha puesto

en posición para revertir la deferencia que merece la apreciación de

la prueba del TPI, que fundamenta las determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho que sostienen el dictamen apelado. El

primer error no se cometió.

       En su segundo señalamiento de error, el apelante alega que

incidió el foro primario al permitir que se enmendara la demanda

luego de transcurrido el término para descubrir prueba; al permitir

la presentación de prueba que no fue descubierta oportunamente y

que la causa se encontraba prescrita de su faz, mostrando así

prejuicio y parcialidad. No le asiste la razón. Nos explicamos.

       La demanda fue presentada el 1 de septiembre de 2017 por el

señor Cautiño Jordán y a petición de parte, el TPI autorizó una

primera enmienda a la demanda original el 5 de marzo de 2019. En

su consecuencia, el recurrido presentó la Demanda Enmendada el

5 de abril de 2019.56 Posteriormente, el 23 de agosto de 2019,

Cautiño solicitó al Tribunal otra enmienda a la demanda, a los

efectos de añadir una nueva causa de acción sobre daños y

56 La autorización para enmendar la demanda original se otorgó a los efectos de

añadir la determinación y resolución emitida por el TPI el 14 de diciembre de
2018.
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perjuicios. De la minuta del 18 de septiembre de 2019 surge que, el

TPI autorizó la enmienda y el 30 de septiembre de 2019, así lo hizo

constar. Respecto a la alegación del apelante de que la referida

enmienda a la demanda fue tardía, no le asiste la razón. Veamos.

       La Regla 13 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra,

regula particularmente las enmiendas a las alegaciones. Esta

dispone que una parte puede enmendar sus alegaciones antes de

habérsele notificado una alegación responsiva, con el permiso del

tribunal (cuando la justicia así lo requiera) o mediante el

consentimiento por escrito de la parte contraria. Nuestro más Alto

Foro ha establecido que, el mero transcurso del tiempo no es

suficiente para impedir la enmienda solicitada.57 Nuestra evaluación

sosegada del expediente y los autos originales, nos lleva a concluir

que la enmienda solicitada por Cautiño fue realizada conforme a

derecho y no se encuentra fuera de los parámetros establecidos por

la Regla 13 de Procedimiento Civil, supra. Añádase a ello que, surge

de los autos originales que en esa etapa de los procesos el propio

demandado solicitó reabrir el descubrimiento de prueba y el TPI

permitió que se cursara un segundo interrogatorio.58

       De otra parte, lo señalado por el apelante está relacionado con

el manejo del caso en el TPI. Como se sabe, el alcance de nuestra

autoridad, sobre los asuntos atinentes al manejo de casos, está

expresamente delimitado por el ordenamiento civil vigente, por lo

que no procede nuestra intervención sobre este particular. De

conformidad a la normativa antes expuesta, no procede interferir

con los tribunales de instancia en el ejercicio de sus facultades

discrecionales, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre

que se haya actuado con prejuicio, parcialidad o incurrido en craso

57 León Torres v. Rivera Lebrón, supra.
58 Véase nota al calce número 15.
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abuso de discreción o equivocación en la aplicación de las normas

procesales o sustantivas.

      De nuestro examen del expediente colegimos que, el foro

primario no se apartó de los parámetros de su discreción en el

manejo del caso y en particular en la etapa de descubrimiento de

prueba, por lo que, concluimos que lo expuesto por HH, resulta

insuficiente para derrotar la eficacia de los pronunciamientos

judiciales interlocutorios y mucho menos revertir el dictamen

apelado.

      Finalmente, respecto al planteamiento del apelante sobre el

término prescriptivo, resulta evidente que, la causa de epígrafe no

constituye una acción en daños y perjuicios extracontractual, sino

una acción por responsabilidad contractual. De manera que, según

la normativa antes expuesta, el término prescriptivo aplicable a la

causa de epígrafe es de quince años, el cual inició el 31 de marzo de

2014 (fecha del vencimiento del pagaré). De todas formas, el foro

primario únicamente ordenó resarcimiento por los daños causados

por incumplimiento contractual y denegó la segunda causa de

acción instada por dinero dejado de percibir, entre otros alegados

daños generales. El segundo error no se cometió.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

Enmendada Nunc Pro Tunc apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones