Court Opinion

ID: 9941351
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:11.986577+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.885038
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     Panel II

    CARLA P. ESPINET CRESPO                                       Certiorari
           Recurrida                                              procedente del
                                                                  Tribunal de
                                                                  Primera Instancia,
                                                                  Sala de Bayamón

                     v.                      KLCE202301037
                                                                  Caso Núm.
                                                                  GB2021CV00412

CADUCEUS      HEALTH,   INC.;                                     Sobre:
FULANO DE TAL; CORPORACIÓN X                                      Hostigamiento
        Peticionarios                                             Sexual; Ley de
                                                                  Represalias (Ley
                                                                  Sumaria de
                                                                  Reclamaciones
                                                                  Laborales, Ley 2
                                                                  del 17 de octubre
                                                                  de 1961)

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                       RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       Comparece          Caduceus       Healthcare,   Inc.   y   Caduceus     LLC

conjuntamente (Caduceus o peticionario), solicitando que revisemos una

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial

de Bayamón (TPI), el 26 de agosto de 2023.1 Mediante dicho dictamen el

foro recurrido decidió denegar la Moción de Sentencia Sumaria presentada

por Caduceus, al estimar que persistían controversias sobre hechos

materiales que corresponden ser dilucidadas en juicio plenario.

       Adelantamos que, habiendo examinado el escrito presentado por el

peticionario, junto a la documentación pertinente que forma parte de su

apéndice, decidimos denegar la expedición del auto de certiorari.

1 Notificada el 27 de junio de 2023.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLCE202301037                                                              2

I. Resumen del tracto procesal

        El 21 de junio de 2021, la señora Carla P. Espinet Crespo, (la señora

Espinet o la recurrida), presentó una Querella en contra de Caduceus,

esgrimiendo presuntas lesiones a sus derechos laborales, acogiéndose al

procedimiento sumario establecido por la Ley de Procedimiento Sumario de

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de1961, (Ley Núm.

2). Con precisión, la promovente se amparó en las siguientes disposiciones

legales para sustentar su petitorio: (1) despido injustificado, la Ley de

Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 del 30 de mayo

de 1976, (Ley Núm. 80); (2) hostigamiento sexual, Ley para prohibir el

Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988

(Ley Núm. 17) y; (3) represalias, Ley de Represalias contra el Empleado por

Ofrecer Testimonio, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, (Ley Núm.

115).

        En la acción incoada la recurrida alegó haber comenzado a trabajar

en Caduceus el 27 de octubre de 2020 y que, a solo dos semanas de haber

iniciado labores allí, comenzó a notar conductas impropias por parte del

presidente de la corporación, Carlos López (el señor López), demostrando

este un interés personal por ella. Señaló, entre otras, que el señor López

no tenía control de sus comentarios, gestos y movidas, constantemente se

situaba de pie detrás de su silla y la tocaba, apretaba sus hombros, olía y

tocaba su cabello y hacía comentarios de halagos a su trasero, pechos,

ojos y labios. Afirmó que tales conductas ocasionaron que se sintiera

incómoda, ofendida y atacada como profesional, al entender que la razón

de su contratación había sido por interés sexual, no atribuible a su

profesionalismo. Añadió, que esta conducta se extendió a viajes de trabajo,

comentarios en frente de otros funcionarios de la corporación, empleadas

de Recursos Humanos y hasta preguntarle si podría ser su amante o sugar

daddy.
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      En la demanda también se incluyó que, el 24 de mayo de 2021, la

vicepresidenta de Recursos Humanos de la Oficina de Atlanta, Georgia,

Yen Freznel, citó a una reunión a la recurrida, esto luego de que

compañeros de trabajo escucharan comentarios del señor López hacia ella.

En consecuencia, el 26 de mayo de 2021, se celebró una reunión formal,

en la cual el señor López le pidió disculpas a la recurrida por su conducta.

Pasados once días de celebrada dicha reunión, el 8 de junio de 2021,

la recurrida fue despedida por una alegada reducción de personal. Es a

partir de las alegaciones descritas que la recurrida instó la demanda bajo

discusión, solicitando ser indemnizada, bajo los estatutos labores

aludidos.

      A raíz de ello, Caduceus presentó su Contestación a la Querella.

Luego de negar y/o admitir varias de las alegaciones contenidas en la

demanda, el peticionario esgrimió como defensas afirmativas, entre otras,

que la cesantía de la recurrida se debió a no haber cumplido con unas

condiciones principales de su contrato de empleo, referente a lograr la

obtención de una propuesta importante, lo que provocó pérdidas

económicas severas para la empresa. Es decir, el peticionario alzó como

defensa que el despido de la recurrida no se debió a acto discriminatorio

alguno, hostigamiento sexual y/o represalias, sino a causas justificadas.

      Con posterioridad, el peticionario presentó Moción en Solicitud de

Conversión de Querella al Procedimiento Ordinario. Presentado escrito en

oposición por la recurrida, el foro primario emitió Orden, notificada el 3 de

agosto de 2021, accediendo a la petición de Caduceus, por tanto,

disponiendo que el pleito se continuara tramitando bajo el procedimiento

ordinario.

      Luego de varios tramites procesales, y concluido el descubrimiento

de prueba, el peticionario presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.

Luego de proponer en dicha moción ciento cuarenta y dos hechos

materiales como incontrovertidos, junto a la prueba documental que
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presuntamente los sustentaban, el peticionario pasó a explicar las razones

por las cuales la cesantía de la recurrida fue justificada, por tanto, no

producto de algún discrimen. En particular, sostuvo que las condiciones

financieras del conglomerado corporativo se encontraban en un estado

crítico, inclusive para la viabilidad de acceder al financiamiento de sus

operaciones y que, por tales razones económicas, se había tomado la

decisión de despedir a la señora Espinet. Sostuvo que la empresa competía

por contratos de servicios a través de diversas agencias federales, pero, por

un error en los documentos de acreditación sometidos por su equipo

gerencial, le fueron cancelados el noventa por ciento de sus contratos,

disminuyendo su facturación de cuarenta millones de dólares, a ocho

millones   de   dólares.   Añadió    que,   aunque    luego    se   recuperó

económicamente en alguna medida, no fue suficiente para enfrentar los

gastos que tenía, por lo que se estableció una estrategia de mitigación, que

incluyó el despido de empleados. Esgrimió, además, que la recurrida no

tenía prueba para demostrar las alegaciones de hostigamiento sexual,

pues contaba solamente con su propio testimonio, y los hechos

demostraban que la relación del señor López con la recurrida era más bien

de estrecha amistad.

      En respuesta, la recurrida presentó su Oposición a Moción de

Sentencia Sumaria. En lo pertinente, enumeró los hechos que Caduceus

había identificado como incontrovertibles, aceptando o clarificando

algunos, y oponiéndose a otros, para los cuales identificó evidencia

documental con tal propósito. Entonces, luego de exponer el derecho que

juzgaba procedente, arguyó que no debía desestimarse la demanda

presentada pues había quedado establecido un caso prima facie de

despido injustificado, y Caduceus no presentó la prueba que sustentara la

alegada necesidad de reorganización y eliminación de plazas. Señaló que

de los hechos del caso surgía que su despido se realizó de una manera

altamente sospechosa, pues aconteció pasados pocos días desde que el
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señor López se reuniera con esta para disculparse. Además, indicó como

un hecho pertinente a la controversia que todas las empleadas que fueron

despedidas junto a la recurrida, fueron empleadas nuevamente por

Caduceus, menos esta última.

      Examinados los escritos de las partes, el TPI emitió la Resolución

cuya revocación nos solicita el peticionario, denegando la petición de

sentencia sumaria. Entendió el foro primario que, a pesar del peticionario

haber incluido una lista de ciento cuarenta y dos hechos como

incontrovertidos, la mayoría de estos eran irrelevantes a la controversia,

repetidos o no demostraban lo alegado. En cuanto a la defensa sobre la

presunta situación económica delicada del peticionario, advirtió que no

toda situación económica de una empresa da pie a un despido. Con

relación a las alegaciones de hostigamiento sexual, llamó la atención al

hecho de que tal conducta se da generalmente en privado, por lo que el

tribunal debe sopesar los testimonios de las partes para entonces efectuar

el juicio de credibilidad que le merezca, siendo en muchas ocasiones las

partes las únicas envueltas en el asunto. En definitiva, el foro recurrido

determinó que no procedía conceder el remedio sumario solicitado por el

peticionario, pues se encontraban en controversia los siguientes hechos:

(1) las razones por la cual fue despedida la señora Espinet, (2) si el despido

de la señora Espinet fue justificado; (3) si la señora Espinet fue objeto de

hostigamiento sexual y represalias.

      Inconforme, Caduceus presentó Moción de Reconsideración, que fue

denegada.

      Es así como el peticionario acude ante nosotros, mediante recurso

de certiorari, esgrimiendo los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE
      PRIMERA INSTANCIA AL NO DESESTIMAR SUMARIAMENTE
      LA TOTALIDAD DE LAS CAUSAS DE ACCI[Ó]N A PESAR LA
      CLARA PRUEBA INCONTROVERTIDA QUE SOSTIENE LA
      DEFENSA AFIRMATIVA DE JUSTA CAUSA BAJO EL PALIO
      DE LOS ARTICULOS 2(e) y (f) DE LA LEY NUM. 80 DEL 30 DE
      MAYO DE 1976 Y EL CASO NORMATIVO SEGARRA RIVERA
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      V. INTERNATIONAL SHIPPING 2022 TSPR 31 DEL 23 DE
      MARZO DE 2023.

      SEGUNDO ERROR: ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE
      PRIMERA   INSTANCIA   AL   NO   DESESTIMAR   LAS
      ALEGACIONES    POR   HOSTIGAMIENTO    SEXUAL   Y
      REPRESALIAS EN EL EMPLEO A PESAR DE QUE LA
      DEMANDANTE NO CUENTA CON PRUEBA ADMISIBLE PARA
      CONTROVERTIR    LA  JUSTA    CAUSA  DE   DESPIDO
      ARTICULADA Y SOSTENIDA POR PRUEBA ADMISIBLE.

      Concedido término a la parte recurrida para presentar su postura,

esta compareció sometiendo Alegato de la Parte Querellante Recurrida.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en

posición de resolver.

II. Exposición de Derecho

   A. La Sentencia Sumaria

      El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Roldan Flores v. M. Cuebas et

al., 199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195

DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014).

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho

esencial   y   pertinente   y,   además,   si   el   derecho   aplicable   así   lo

justifica”. González Santiago v. Baxter Healthcare, supra; Roldan Flores v.

M. Cuebas et al., supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209,

225 (2015), SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430

(2013).

      A tenor, este mecanismo está disponible para la disposición de

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando no

existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García
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v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018), Velázquez Ortiz v. Mun. De Humacao,

197 DPR 656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586,

594-595 (2013), Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113, 129

(2012). De lo que se sigue que “la mera existencia de una controversia de

hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria …

cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho

relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756

(2012).

        Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera específica

los requisitos de forma con los que debe cumplir la parte que promueve la

moción de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y,

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se

opone     a   la   moción   de   sentencia   sumaria   está   obligada   a   citar

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación

con cita a la página o sección pertinente. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100,137 (2015).

   A. Función revisora del foro apelativo con respecto a la sentencia
      sumaria dictada por el foro primario

        En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera Instancia

dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias o resolución que

deniega su aplicación, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la

misma posición que el tribunal inferior para evaluar su procedencia.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Los criterios a seguir por

este foro intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria
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dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud por

nuestro Tribunal Supremo. Íd. A tenor, el Tribunal de Apelaciones debe:

      1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la
         Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia
         le exigen al foro primario;

      2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su
         oposición cumplan con los requisitos de forma
         codificados en la referida Regla 36, supra;

      3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
         controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la
         Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
         exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró
         que están en controversia y cuáles están incontrovertidos;

      4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
         incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
         Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
         Derecho a la controversia.

      Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia

sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos considerar

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia, (2)

solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras

que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso

ante su consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos

materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd. en la pág. 115. También, se ha

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de

primera instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

   B. Certiorari

      El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v.

American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio
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Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019);

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es,

en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición

del auto descansa en la sana discreción del tribunal, y encuentra su

característica distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711. El

concepto discreción implica la facultad de elegir entre diversas opciones.

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la discreción

judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction,

supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52,

establece, en lo pertinente, que el recurso de certiorari para revisar

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                      a.

    Según ya se ha indicado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

nos autoriza a revisar determinaciones interlocutorias provenientes del

foro primario, cuando este deniega la concesión de una moción dispositiva.

La denegatoria de una moción de sentencia sumaria, como es el dictamen

cuya revocación nos solicita el peticionario, se encuentra concebida dentro

de las instancias en que se nos permite intervenir con un asunto

interlocutorio, por lo tanto, estamos facultados para, de ejercer nuestra

discreción, expedir el auto solicitado.
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                                       b.

      Cabe reiterar, entonces, que la revisión por este Foro intermedio de

una denegatoria de moción de sentencia sumaria acontece de novo, lo que

nos requiere, en primer lugar, examinar si las partes cumplieron con las

formalidades que exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para

entonces auscultar si subsiste algún hecho medular en controversia, y, de

existir, verificar la corrección de la aplicación del derecho.

      Respecto al primero de tales asuntos, juzgamos que tanto la Moción

de sentencia sumaria, como el escrito presentado en oposición a esta,

cumplen sustancialmente con las formalidades requeridas por la regla

procesal citada para ponernos en posición de su consideración. Al así

concluir, hacemos referencia esencialmente a que en su moción dispositiva

el promovente incluyó una lista de hechos que entendía medulares e

incontrovertidos, con alusión e inclusión de la prueba documental que,

afirmó, los sustentaban, para concluir con la aplicación de derecho. Por su

parte, en el escrito en oposición a petición de sentencia sumaria, la

recurrida   identificó   cada    uno   de   los   hechos    esgrimidos    como

incontrovertidos por el peticionario, admitiendo algunos y cuestionando

otros, incluyendo la prueba documental que entendía servía para

controvertirlos, y elaborando sobre las causas por las cuales se debía

permitir dar lugar al juicio plenario y denegar la moción dispositiva

presentada.

      Entonces,     atendiendo     propiamente      la   discusión   de    los

señalamientos de error esgrimidos por el peticionario en el recurso de

certiorari, en el primero de estos dicha parte puso el acento en los

siguientes hechos, como incontrovertidos, y que resultaban dispositivos de

la querella presentada: (1) que los primeros cuatro meses de 2021 la

empresa sufrió pérdidas económicas críticas; (2) que tales pérdidas

económicas dieron lugar a establecer, entre otras medidas mitigantes, un

plan de cesantías urgente, que incluyó la eliminación de una serie de
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puestos, entre los que se encontraba el de la recurrida. Aseveró, además,

que la recurrida no presentó, ni cuenta, con prueba alguna que sirva para

controvertir la situación crítica económica aludida y las medidas tomadas

por la empresa para mitigarlas. Por tanto, solo cabía concluir que el

despido de la recurrida fue justificado, por tales razones, no porque

hubiese intervenido algún tipo de discrimen u hostigamiento.

           Sin embargo, y tal como lo apreció el foro primario, juzgamos que el

solo examen de la documentación incluida por las partes en sus

respectivas mociones no resulta suficiente para concluir que la causa del

despido de la recurrida fue la crisis económica, según descrita en el

párrafo que precede. Ello por cuanto, aun partiendo para fines de la

argumentación de que la condición de la empresa al momento del despido

sí era precaria, (advertimos que no estamos adjudicando tal hecho), como

mínimo llama la atención que tal acción se llevará a cabo el 8 de junio de

2021, a solo varios días de la reunión del 31 de mayo de 2021 en la cual el

señor López se disculpó con la recurrida, por las alegaciones que esta

levantó sobre hostigamiento sexual. En este contexto, nos resultan

soslayables las manifestaciones de la recurrida, según recogidas en la

deposición que se le tomó, sobre presuntas actuaciones del señor López

dirigidas a ella, que provocaron la presentación de la querella2. Según

citamos, el mecanismo procesal de sentencia sumaria está disponible para

la disposición de reclamaciones que contengan elementos subjetivos

únicamente cuando no existan controversias de hechos esenciales y

pertinentes. Rodríguez García v. UCA, supra.

           Al decir lo anterior, advertimos que de modo alguno estamos

adjudicando la veracidad de lo narrado por la recurrida en la deposición

que se le tomó, ni si las conductas que describió sobre el señor López

hacia ella resultaban suficientes en derecho para sostener la causa de

acción presentada. No estamos adjudicando lo señalado, por cuanto,

2
    Apéndice X del recurso de certiorari, págs. 1215, en adelante.
KLCE202301037                                                              12

precisamente, juzgamos que la sola lectura de la documentación incluida

no resulta suficiente para ponernos en posición de concluir sobre la

ausencia de hechos medulares incontrovertidos, sobre las causas del

despido, o si acontecieron las conductas imputadas en la demanda que

dieron lugar a la solicitud de un remedio. De lo que se sigue que, vista la

prueba documental ante nuestra atención, concluimos que no estamos

ante un caso susceptible de disponerse por la vía de la sentencia sumaria,

pues, como identificó el foro a quo, hay hechos que requieren la

presentación y valoración de la prueba testifical para ser determinados.

      En cuanto al segundo error alzado, no merece mayor consideración.

Aduce el peticionario que la recurrida carece de prueba admisible para

controvertir la causa de despido que articuló la empresa, (la crisis

económica). Lo cierto es que, según apuntamos en los párrafos que

preceden, la recurrida cuenta con prueba testifical sobre los hechos

alegados, su propio testimonio, que deberá ser valorada, junto a la demás

prueba documental y testifical que se presente en el juicio plenario, para

entonces poner en verdadera posición al foro primario de adjudicar la

causa de acción presentada.

IV. Parte dispositiva

      Según se aprecia, hemos determinado denegar la expedición del

auto de certiorari solicitado, y ordenar la devolución inmediata del asunto

al Tribunal de Primera Instancia, para que se continúen allí los procesos.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones