Court Opinion

ID: 9896801
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:20:19.030426+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:13.046341
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL
                             OATA-2023-1311

  IRIS RODRÍGUEZ                                      REVISIÓN
    VELÁZQUEZ,                                        ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE LA                                    procedente del
  FAMILIA (ADFAN)                                     Departamento del
                                                      Trabajo y Recursos
         Recurrente             KLRA202300311         Humanos

              v.                                      Caso núm.
                                                      PIA-23-05
      MARILUZ GÓMEZ
      RIVERA (ACUDEN)                                 SOBRE:
                                                      IMPUGNACIÓN DE
         Recurrida                                    DELEGADOS ANTE
                                                      AEELA
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

        Comparece por derecho propio la Recurrente, Sra. Iris

Rodríguez       Velázquez    (en      adelante,   “Recurrente”    o   “Parte

Recurrente”), para solicitarnos que se revise y deje sin efecto la

Resolución emitida y notificada el 11 de mayo de 2023 por un Panel

Independiente de Árbitros (en adelante, “PIA”) del Negociado de

Conciliación y Arbitraje (en adelante, “Negociado”). Mediante dicha

Resolución, el PIA desestimó la solicitud de impugnación de las

elecciones de la Asamblea de Delegados de Asociación de Empleados

del    Estado      Libre   Asociado     (en   adelante,   “AEELA”)    en   el

Departamento de la Familia.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Resolución recurrida.

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-131 se designa al Juez Joel A.

Cruz Hiraldo en sustitución de la Jueza Giselle Romero García.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLRA202300311                                                                2

                                       I

       El 25 de abril de 2023, se llevaron a cabo las elecciones para

la Asamblea de Delegados de la AEELA por el Departamento de la

Familia para el término de 2023 al 2027. La Recurrente era

candidata nominada para Delegada de la Administración de

Familias y Niños (ADFAN). El 26 de abril de 2023, se envió mediante

correo electrónico los resultados preliminares de las elecciones a los

candidatos. El 2 de mayo de 2023, se les informó a todos los

candidatos los resultados de las elecciones, particularmente quiénes

resultaron electos como Delegados Electos y Delegados Suplentes de

cada agencia. La Recurrente resultó ser electa como Delegada

Suplente para ADFAN con ocho cientos treinta y seis (836) votos

mientras que la Delegada Electa de ADFAN ganó por mayoría, con

mil trece (1,013) votos.

       El 4 de mayo de 2023, la Recurrente acudió ante el PIA y

presentó una solicitud de impugnación de las elecciones, donde

argumentó que los resultados finales de los ganadores como

delegados y delegados suplentes no concuerdan con lo expresado en

el Reglamento Matriz de la AEELA ni con la Ley Núm. 9-2013,

conocida como la “Ley de la Asociación de los Empleados del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de 2013”.2 En apretada síntesis, la

Recurrente argumenta que los delegados ganadores son por mayoría

de votos. El 11 de mayo de 2023, el PIA emitió una Resolución de

Cierre por Incumplimiento de Término en la cual desestimó la

solicitud de impugnación por haberse presentado fuera del término

de cinco (5) días laborables de celebrada la elección, según

establecido en el Art. 6 (B) de la Ley Núm. 9-20133 y en el Artículo

13 (B) (1) del Reglamento Matriz de la AEELA.4

2 3 L.P.R.A. § 9001 et seq.
3 3 L.P.R.A. § 9005.
4 Hacemos constar que no se nos incluyó el Reglamento Matriz de la AEELA y sólo

las páginas 14 a la 17 de dicho reglamento fueron incluidas en el expediente
administrativo.
KLRA202300311                                                                    3

       Así las cosas, el 17 de mayo de 2023, la Recurrente presentó

una solicitud de Reconsideración en la cual reafirmó su postura y

arguyó, en apretada síntesis, que el término establecido por ley no

es un término jurisdiccional y puede ser prorrogado bajo las

presentes circunstancias por existir justa causa para ello debido a

que los candidatos no fueron notificados de los resultados hasta

ocho (8) días posterior a la celebración de las elecciones. El 23 de

mayo de 2023, el PIA emitió una Resolución y sostuvo el dictamen

pronunciado, citando el Artículo 19 del Código Civil de Puerto Rico

de 20205 y disponiendo que la ley es clara y libre de ambigüedades,

por lo que no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su

espíritu.6

       Inconforme aún, el 23 de junio de 2023, la Recurrente, por

derecho propio, presentó el recurso de revisión judicial ante nos.

Simultáneamente, la Recurrente presentó una moción para solicitar

la elevación de los autos originales. El 6 de julio de 2023, el

Negociado de Conciliación y Arbitraje presentó una copia fiel y

exacta del expediente original.

       Habiendo concedido múltiples términos a la Parte Recurrida

para    comparecer       y   transcurrido      los   términos,      damos     por

perfeccionado el recurso ante nos y procedemos a exponer el

derecho aplicable en aras de resolver.

                                        II

A. Revisión Judicial

       Es norma conocida que las determinaciones emitidas por las

agencias administrativas están sujetas a un proceso de revisión

5 31 LPRA § 5341. El PIA erróneamente citó el artículo incorrecto, utilizando el

equivalente derogado del Código Civil de 1930.
6 Hacemos constar que la Resolución emitida por el PIA solo contiene dos (2) firmas

de los tres (3) árbitros del panel. No obstante, el inciso (c) del Artículo VII del
Reglamento Para El Orden Interno De Los Servicios Del Negociado De Conciliación
y Arbitraje, que reglamenta en parte al PIA, dispone que “[e]l laudo a ser emitido
por el Panel Independiente de Arbitraje deberá tener la aprobación de la mayoría
de los miembros que lo compongan”. Por tanto, no existe razón para hacer
determinación sobre ello.
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judicial ante el Tribunal de Apelaciones.7 El Artículo 4.006 (c) de la

Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la

Judicatura de 2003”, dispone que mediante el recurso de revisión

judicial el Tribunal de Apelaciones acogerá, como cuestión de

derecho, “las decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos o agencias administrativas”.8

       Por su parte y conforme a lo anterior, la Sección 4.6 de la Ley

Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico” (en adelante, la “LPAU”)9, autoriza expresamente la revisión de

las decisiones, órdenes y resoluciones finales de estos organismos

de la siguiente forma:

             El Tribunal de Apelaciones revisará como
       cuestión de derecho las decisiones, órdenes y
       resoluciones finales de organismos o agencias
       administrativas. La mera presentación del recurso
       no paralizará el trámite en el organismo o agencia
       administrativa, a menos que el Tribunal así lo
       determine.

              El procedimiento a seguir para los recursos de
       revisión será de acuerdo con lo establecido en el
       Reglamento del Tribunal de Apelaciones aprobado
       por el Tribunal Supremo.

       […]

       3 LPRA sec. 9676

Igualmente, la Sección 4.210 del precitado estatuto expone que:

              Una parte adversamente afectada por una
       orden o resolución final de una agencia y que haya
       agotado todos los remedios provistos por la agencia
       o por el organismo administrativo apelativo
       correspondiente podrá presentar una solicitud de
       revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de
       un término de treinta (30) días contados a partir de
       la fecha del archivo en autos de la copia de la
       notificación de la orden o resolución final de la
       agencia o a partir de la fecha aplicable de las
       dispuestas en la Sec. 3.15 de esta Ley, cuando el
       término para solicitar la revisión judicial haya sido
       interrumpido mediante la presentación oportuna de
       una moción de reconsideración. […]

7 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022).
8 4 LPRA sec. 24y.
9 3 LPRA § 9676.
10 3 LPRA § 9672.
KLRA202300311                                                             5

       3 LPRA sec. 9672

       Por otro lado, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones11 establece la instancia en la cual se debe presentar un

recurso de revisión judicial ante este foro apelativo. Dicha Regla

dispone lo siguiente:

              El escrito inicial de revisión deberá ser
       presentado dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados a partir de la fecha del archivo en autos
       de la copia de la notificación de la orden o resolución
       final del organismo o agencia. Si la fecha del archivo en
       autos de copia de la notificación de la resolución u
       orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha
       notificación, el término se calculará a partir de la fecha
       del depósito en el correo. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57.

       Por último y pertinente al caso ante nuestra consideración, la

Ley Núm. 9 de 25 de abril de 2013, según enmendada, conocida

como la “Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico de 2013”12, establece que:

       Cualquier parte adversamente afectada por una
       resolución final u orden del Panel podrá acudir en
       revisión judicial de dicha resolución u orden al Tribunal
       de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto
       Rico, no más tarde de un término jurisdiccional de
       treinta (30) días después de la notificación de la decisión
       del árbitro.

B. Deferencia Administrativa

       El objetivo principal de la revisión judicial se enfoca en

garantizar que las agencias administrativas actúen conforme a las

facultades concedidas por ley.13 Constituye una norma reiterada por

el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los tribunales apelativos

deben conceder deferencia a las determinaciones de las agencias

administrativas por la experiencia y conocimiento especializado que

éstas poseen sobre los asuntos ante su consideración y que por ley

11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57.
12 Ley Núm. 9-2013, 3 LPRA § 9001 et seq.
13Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; Oficina de Ética
Gubernamental v. Martínez Giraud, supra.
KLRA202300311                                                                     6

se les ha delegado.14 Por ello, las determinaciones de las agencias

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección

que los tribunales deben respetar mientras que no se presente

evidencia suficiente para superarla o invalidarla.15

       La parte que impugna judicialmente una determinación de

hecho de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para

demostrar que estas no están basadas en el expediente o que las

conclusiones a las que llegó son irrazonables.16 Conforme a lo

dispuesto en la sección 4.5 de la LPAU17, las determinaciones de

hechos de una agencia del Gobierno “se sostendrán si se

fundamentan en evidencia sustancial que obre en el expediente

administrativo.”18 A estos fines, el Tribunal Supremo ha establecido

que la evidencia sustancial es “aquella prueba relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”.19 Empero, la aceptación no puede estar sostenida por

un ligero destello de evidencia o por simples inferencias.20

       Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio sobre

la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la

actuación de la agencia, luego de considerar el expediente

administrativo en su totalidad.21 Consecuentemente, la revisión

judicial estará limitada a evaluar si la actuación de la agencia fue

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo así un abuso de

discreción.22 De este modo, el alcance del proceso de revisión se ciñe

a determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el

14  Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, supra; Oficina de Ética
Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Rolón Martínez v. Supte. Policía,
201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).
15 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020).
16 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276–278 (2013); OCS v.

Universal, 187 DPR 164, 178–179 (2012).
17 3 LPRA sec. 2175.
18 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
19 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra, citando a Rebollo v. Yiyi Motors,

161 DPR 69, 77 (2004).
20 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.
21 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Torres Rivera

v. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).
22 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.
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apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la agencia están

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y; 3) si las conclusiones de derecho fueron las

correctas.23

        Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en todos sus aspectos.24 No obstante, la revisión judicial

no equivale a la sustitución automática del criterio e interpretación

del    organismo       administrativo.25      Los     tribunales      revisores

descartarán el criterio de los entes administrativos cuando no se

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el

dictamen administrativo.26 En virtud de ello, los tribunales revisores

descartarán el criterio de la agencia administrativa, en el cual cederá

la deferencia administrativa, sólo cuando la agencia: 1) erró al

aplicar la ley; 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o; 3)

lesionó derechos constitucionales fundamentales.27

        Además, el criterio administrativo no podrá prevalecer cuando

la interpretación estatutaria realizada por una agencia provoque un

resultado incompatible o contrario al propósito para el cual se

aprobó la legislación y la política pública que la promueve.28 En ese

sentido, la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante

actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a

la comisión de una injusticia.29 Por ende, los tribunales tienen que

armonizar, siempre que sea posible, todos los estatutos y

reglamentos administrativos involucrados para la solución justa de

23 Id., pág. 627.
24 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Capó Cruz

v. Junta Planificación et al., supra.
25 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra.
26 Id.; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.
27 Id.; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra.
28 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, págs. 90-91.
29 Moreno Lorenzo v. Dept. de la Familia, 207 DPR 833, 843 (2021).
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la controversia, de modo que se obtenga un resultado sensato, lógico

y razonable.30

         Por último, cabe destacar que, en el ejercicio de la función

revisora de los tribunales apelativos, los foros apelativos deben

diferenciar entre asuntos de interpretación estatutaria, del cual los

tribunales son especialistas, y los asuntos propios de la discreción

o la pericia administrativa.31

C. Ley Núm. 9-2013

         La Ley Núm. 9 de 25 de abril de 2013, según enmendada,

conocida como la “Ley de la Asociación de Empleados del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico de 2013”32 (en adelante, “Ley Núm. 9-

2013”), se aprobó en aras de ratificar la naturaleza privada de la

AEELA, establecer las regulaciones propias de una institución

privada, y garantizar que las socias y los socios retomen el control

del gobierno y de la administración de los asuntos operacionales y

financieros.33 De este modo, la Ley Núm. 9-2013 le confirió las

facultades y los poderes necesarios a la Asamblea de Delegados de

la AEELA para reglamentar, tomar acuerdos, y adoptar las

resoluciones indispensables para lograr los fines de la AEELA.34

         El Artículo 6 de la Ley Núm. 9-2013 establece las normas y

procedimientos de la elección de la Asamblea de Delegados.35 En lo

pertinente al caso ante nos, el inciso (B) establece el procedimiento

de arbitraje para atender las impugnaciones de los candidatos en el

proceso de elección de los delegados y de los puestos de la Asamblea

de Delegados.36 Este procedimiento de arbitraje será referido al

Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo

30 Id.
31 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; OCS v. Point Guard

Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).
32 Ley Núm. 9-2013, 3 LPRA § 9001 et seq.
33 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 9-2013, supra.
34 Artículo 3 de la Ley Núm. 9-2013, supra, 3 LPRA § 9002.
35 Artículo 6 de la Ley Núm. 9-2013, supra, 3 LPRA § 9005.
36 Id., 3 LPRA § 9005(B).
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y Recursos Humanos, donde se designará al Panel Independiente de

Árbitros.37 Como cuestión de umbral del caso de autos, el referido

inciso dispone lo siguiente:

                El Secretario del Departamento del Trabajo y
         Recursos      Humanos       nombrará      a   un     Panel
         Independiente de Arbitraje compuesto de tres (3)
         árbitros que coticen al Fondo de Ahorro y Préstamos de
         la Asociación, no más tarde de treinta (30) días
         laborables antes de la fecha de las elecciones. El Panel
         designado entenderá en cualquier impugnación de
         un candidato. A estos efectos, cualquier candidato
         podrá presentar una reclamación escrita ante el
         Panel dentro de los próximos cinco (5) días
         laborables de celebrada la elección. El Panel se
         reunirá para considerar la impugnación a más tardar
         quince (15) días después de recibirla y notificará al
         reclamante de su decisión dentro de un término
         razonable, que nunca excederá de treinta (30) días
         desde la presentación. El candidato podrá presentar
         una solicitud de reconsideración ante el Panel dentro
         del término de cinco (5) días laborables de recibida la
         notificación. El Panel reconsiderará la solicitud y
         notificará al reclamante dentro de un término razonable
         a partir de la fecha de presentación de la
         reconsideración, que no excederá de diez (10) días. El
         laudo del Panel será autoejecutable y su determinación
         deberá observarse independientemente que la parte
         afectada solicite revisión judicial.
                Cualquier parte adversamente afectada por una
         resolución final u orden del Panel podrá acudir en
         revisión judicial de dicha resolución u orden al Tribunal
         de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto
         Rico, no más tarde de un término jurisdiccional de
         treinta (30) días después de la notificación de la decisión
         del árbitro.

         […]

         (Énfasis Nuestro).

         3 LPRA § 9005(B).

D. Interpretación de las Leyes

         Al interpretar disposiciones específicas de una ley, como

principio rector, los tribunales deben considerar los propósitos

perseguidos por el legislador al aprobar la norma y la determinación

debe     atribuirle   un   sentido   que   asegure    el   resultado   que

37 Id.
KLRA202300311                                                                  10

originalmente se quiso obtener.38 Así pues, los tribunales tienen la

obligación de imprimir efectividad a la intención del legislador y

garantizar así que se cumpla con el propósito para el cual fue creada

la medida.39

       Ahora bien, el Art. 19 del Código Civil de Puerto Rico de 2020

dispone que “[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su

texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su

espíritu”.40 Por tanto, como norma general, debemos remitirnos al

texto de la ley al interpretar un estatuto, pues, esto responde a que

cuando el legislador se ha manifestado con un lenguaje claro e

inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda

intención legislativa.41 En otras palabras, cuando la ley es clara y

no es ambigua, no hay necesidad de mirar más allá de la letra en

búsqueda de la intención legislativa.42

                                        III

       La Recurrente nos solicita revisar una resolución emitida por

el PIA donde desestimó la solicitud de impugnación de las elecciones

de la Asamblea de Delegados de la AEELA en el Departamento de la

Familia por haberse presentado fuera del término de cinco (5) días

laborables a partir de celebrada las elecciones. No le asiste la razón.

       Las elecciones para la Asamblea de Delegados de la AEELA

por el Departamento de la Familia para el término de 2023 al 2027

se llevaron a cabo el 25 de abril de 2023. No obstante, la Recurrente

presentó su solicitud de impugnación el 4 de mayo de 2023, pasado

siete (7) días laborables de celebrada las elecciones. La Ley Núm. 9-

2013 claramente dispone que cualquier candidato que desee

impugnar las elecciones deberá presentar su reclamación dentro de

38 Báez Rodríguez et al. v. ELA, 179 DPR 231, 244 (2010); Morell et al. v. Ojeda et

al., 151 DPR 864, 877 (2000); Chase Manhattan Bank v. Mun. De San Juan, 126
DPR 759, 766 (1990).
39 Id.; Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 523 (1991).
40 31 LPRA § 5341.
41 Báez Rodríguez et al. v. ELA, supra, pág. 245.
42 Id.; Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634, 643 (2000).
KLRA202300311                                                         11

los próximos cinco (5) días laborables de celebrada la elección, por

lo que, libre de ambigüedades, no podemos menospreciar el texto de

la ley bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Por tanto, la Recurrente

presentó su solicitud de impugnación fuera del término concedido

por la Ley Núm. 9-2013 y procede desestimar la misma.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, confirmamos la Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones