Court Opinion

ID: 9962615
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:34:54.463993+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.823650
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX
EL PUEBLO DE PUERTO                            Certiorari
       RICO                                    procedente del
                                               Tribunal de Primera
     Peticionario                              Instancia, Sala
                                               Superior de Bayamón
                               KLCE202400115
                                               Crim. Núm.:
            v.                                 D SC2023G0058
                                               D SC2023G0059
                                               D SC2023G0062
                                               D SC2023G0063
  JEAN PIERRE LÓPEZ                            Sobre:
       MORALES
    WILLIAM OMAR                               Infr. Art. 401 Ley 4
  MARCANO RODRÍGUEZ                            Infr. Art. 406 Ley 4

      Recurridos                               Infr. Art. 401 Ley 4
                                               Infr. Art. 406 Ley 4
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez
Casillas, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del
Toro.
Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

                          SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

       Comparece ante nos, el Pueblo de Puerto Rico (el

Pueblo o Peticionario) mediante el presente recurso de

Certiorari. Solicita la revocación de la                  Resolución

emitida el 13 de noviembre de 2023 y notificada el 30 de

noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Bayamón (TPI o foro primario). A través

del referido dictamen, el TPI desestimó las acusaciones

contra Jean Pierre López Pomales y William Omar Marcado

Rodríguez (Recurridos) al amparo de la Regla 64(n)(4) de

Procedimiento Criminal, 24 LPRA Ap. II, R. 64(n).

      Por   las       razones    que   exponemos   a    continuación,

expedimos        el     auto     y     revocamos   la      Resolución

recurrida. Veamos.

                                     -I-

      La controversia ante nos tiene su génesis el 4 de

abril de 2023 con la presentación de sendas acusaciones

Número Identificador

SEN2024_______________
KLCE202400115                                                                 2

por infracciones a los Artículos 401 y 406 de la Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23

de junio de 1971, según enmendada, 24 LPRA sec. 2101, et

seq. (Ley Núm. 4-1971).1

      El Pueblo anunció como testigo al Agente AE SJ-TF

2019-007, quien participó como Confidente 007 en las

investigaciones         que    dieron    lugar       a       los   casos      de

epígrafe.2      Ambos    casos      fueron     consolidados           por     el

tribunal al tratarse de delitos cometidos en concierto

y común acuerdo.3

      Posteriormente,          el   Pueblo     envió         copia    de     una

declaración      jurada       suscrita   por    el       Confidente         007,

informando que no comparecería a los procedimientos de

este caso, a la representación legal de los Recurridos.4

      Según los Recurridos, la declaración jurada podría

dar base a una defensa de entrampamiento por lo que su

representación legal solicitó al Pueblo que le hicieran

disponible al Confidente 007 para poder entrevistarlo.5

Sin embargo, el Peticionario no logró que el Confidente

007 fuera a ninguna vista ni entrevista relacionada al

caso.

      El 13 de noviembre de 2023, el Pueblo compareció al

juicio junto a los siguientes testigos: Agte. AE 11-

6SSF-058; Agte. Efraín Peña Santana; Agte. Sergio Rivas

Rivera;   Agte.     Levit       Bauta    Pizarro         y    Agte.      Rosana

Carrasquillo      Pérez.6      El   Confidente       007      y    los     demás

testigos de cargo no comparecieron.

1 Apéndice del Recurso, págs. 57-64.
2 Íd.
3 Íd., págs. 33-34.
4 Íd., págs. 51-53.
5 Íd., pág. 43.
6 Apéndice del Recurso, pág. 32.
KLCE202400115                                                               3

        Así las cosas, los Recurridos expresaron que no

estaban preparados porque el Pueblo no le había puesto

a su disposición al Confidente 007 para entrevistarlo.

El Peticionario, por medio del testimonio del agente Peña

Santana, informó al Tribunal que al Confidente 007 le

han hecho varias amenazas a su vida y a la de su familia,

particularmente de su hija menor. Añadió, además, que

recientemente mataron a su hermano y a su padre.7

        El Pueblo pidió el auxilio del Tribunal para que

citara al Confidente 007 durante la vista, pero la

defensa    argumentó      que   era    muy    tarde       y    solicitó     la

desestimación de las acusaciones al amparo de la Regla

64(n)(4).

        En respuesta, el Pueblo sostuvo que se encontraba

listo    para   iniciar    el    juicio      con    los       testigos     que

comparecieron en ese momento. En la vista, el TPI aplicó

la presunción de evidencia voluntariamente suprimida,

ante la ausencia del Confidente 007. Los Recurridos se

opusieron al sostener que esta presunción no remediaría

el hecho de que no se pudo entrevistar al Confidente 007.

        Posteriormente, el TPI emitió una Resolución el 3

de noviembre de 2023, notificada el 30 de agosto de

2023.8 Mediante esta, el foro primario desestimó las

acusaciones contra los señores López Pomales y Marcano

Rodríguez, bajo las disposiciones de la Regla 64(n)(4).

        Insatisfecho,     el    14    de   diciembre          de   2023,    el

Ministerio      Público    presentó        una     Moción      Solicitando

Reconsideración.9 Sin embargo, el TPI denegó la referida

7 Íd.
8 Íd., págs. 16-19.
9 Apéndice del Recurso, págs. 3-15.
KLCE202400115                                                                   4

moción mediante Resolución emitida el 21 de diciembre de

2023 y notificada el 27 de diciembre de 2023.10

        Aún inconforme con dicha determinación, el 26 de

enero de 2024, el Peticionario compareció ante esta

Curia y expuso los siguientes señalamientos de error:

        El    Tribunal        de    Primera        Instancia    erró    al
        ignorar el precedente establecido en Pueblo v.
        Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009) y, en
        consecuencia, interferir indebidamente con la
        potestad del Ministerio Público de acusar y
        procesar        a    un    acusado     con    la   cantidad     de
        prueba y/o testigos que entienda. Esto, en
        contravención a los principios más básicos de
        separación de poderes.
        El    Tribunal        de    Primera        Instancia    erró    al
        actuar en contra de lo dispuesto en la Regla
        64(n)      de        Procedimiento          Criminal     al     no
        consignar por escrito los fundamentos de su
        determinación de desestimar las acusaciones de
        lo recurridos.
        Por   su   parte,          el    12   de    febrero     de    2024,   los

Recurridos presentaron su Oposición a Certiorari.

        Resumidos           los    hechos     que    originan    la    presente

controversia, examinemos el derecho aplicable.

                                     -II-

                                        -A-

        El recurso de certiorari es el mecanismo procesal

idóneo para que una parte afectada por una resolución u

orden interlocutoria emitida por el foro primario, pueda

acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, y así

revisar tal dictamen. En un asunto de naturaleza penal,

para que el recurso de certiorari pueda ser expedido,

procede realizar un examen caracterizado por la facultad

discrecional otorgada a este Tribunal Apelativo para

10   Íd., págs. 1-2.
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autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. En aras

de que podamos ejercer nuestra facultad revisora de

manera oportuna y adecuada, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

enumera los criterios que permiten tal proceder, IG

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

En particular, esta Regla dispone que:

     A. Si el remedio y la disposición de la decisión

recurrida,      a   diferencia    de   sus   fundamentos,   son

contrarios a derecho.

     B. Si la situación de hechos planteada es la más

indicada para el análisis del problema.

     C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el

Tribunal de Primera Instancia.

     D. Si el asunto planteado exige consideración más

detenida a la luz de los autos originales, los cuales

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

     E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta

el caso es la más propicia para su consideración.

     F. Si la expedición del auto o de la orden de

mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del

pleito y una dilación indeseable en la solución final

del litigio.

     G. Si la expedición del auto o de la orden de

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

                                 -B-

      Conforme a nuestro sistema republicano de gobierno,

la separación de poderes está consagrada en nuestro

ordenamiento constitucional, y por virtud del cual, una

rama de gobierno no debe usurpar las funciones de otra.

Véase Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 577 (2009).
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A tenor con lo anterior, la rama ejecutiva tiene el deber

de    implementar        las     leyes    penales,     a     través    del

Departamento de Justicia y sus fiscales. Íd., págs. 577-

578. A esos fines, “[e]stos funcionarios poseen amplia

discreción en el descargo de sus funciones”. Íd., pág.

578    (Énfasis     en      el       original)      (Citas    omitidas).

Evidentemente, “dicha discreción no es absoluta, sino

que    está     limitada       por     consideraciones        de    índole

constitucional       y    la     política      pública”.      Íd.    (Citas

omitidas). Conforme a lo antes esbozado,

      el Estado es quien decide si puede probar su
      caso con la evidencia que posee. En ese
      sentido,    el Ministerio Público tiene    la
      potestad    de    procesar     al    acusado,
      indistintamente de la cantidad de prueba que
      finalmente decida ofrecer, si entiende que
      puede prevalecer. Íd., pág. 579 (Escolio
      omitido) (Énfasis suplido).

      Como      corolario      de    ello,     en   Pueblo    v.     Rivera

Santiago,         nuestro           Tribunal        Supremo         atendió

específicamente la siguiente controversia:

      [S]i procede la desestimación de una causa
      criminal por violación al derecho a juicio
      rápido, al amparo de la Regla 64(n)(4) de
      Procedimiento   Criminal, supra,  cuando   el
      Ministerio     Público     exterioriza     su
      disponibilidad de comenzar el juicio con
      aquellos testigos que estuviesen disponibles
      el último día de los términos. Íd., pág. 568.

      En esa ocasión, nuestro más Alto Foro consideró que

el acusado consintió a la fecha de comienzo de juicio,

por lo cual no concurría una demora que afectara el

derecho a juicio rápido. Íd., págs. 581-582. De igual

forma dispuso que

      la determinación del foro de instancia,
      confirmada por el foro intermedio, interfirió
      indebidamente con la discreción del Ministerio
      Público de acusar y procesar al acusado. Es
      decir, se afectó la facultad del Ministerio
      Público de presentar la prueba (testigos) que
      deseaba utilizar, con independencia de la
      cantidad. Al así actuar, no se guardó
      deferencia alguna a la potestad ejecutiva de
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      acusar y procesar a quien infringe la ley.
      Íd., pág. 582.

                             -C-

      Tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, en la Sección 11 del Artículo 2, como la

Constitución    de   los   Estados   Unidos,   en   la   Sexta

Enmienda, protegen el derecho de los acusados en todo

proceso criminal a tener un juicio rápido. Art. II, Sec.

11 Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1; Emda. VI, Const.

EE. UU., LPRA, Tomo 1. Siguiendo la normativa federal

respecto a los términos de juicio rápido, en nuestra

jurisdicción, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal,

supra, establece el alcance de este derecho en varias

etapas del proceso penal entre el arresto y el juicio.

Entre los fundamentos para desestimar las acusaciones o

denuncias, dicho inciso de la Regla estatuye los plazos

para celebrar vista preliminar a partir del arresto,

para presentar la acusación, para celebrar la vista de

causa probable para arresto en alzada, para celebrar la

vista preliminar en alzada y, más importante aún por su

pertinencia, para comenzar el juicio. Concretamente, en

lo pertinente al caso de autos, la Regla 64 prescribe:

      La moción para desestimar la acusación o denuncia,
      o cualquier cargo de las mismas sólo podrá
      basarse en uno o más de los siguientes
      fundamentos:
           […]
           (n) Que existen una o varias de las
           siguientes circunstancias, a no ser que
           se demuestre justa causa para la demora
           o a menos que la demora para someter el
           caso a juicio se deba a la solicitud del
           acusado o a su consentimiento:
                […]
                (4) Que el acusado no fue sometido
                a juicio dentro de los ciento veinte
                (120)   días    siguientes    a   la
                presentación de la acusación o
                denuncia.

Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra, R. 64.
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      Ahora     bien,       la   referida     Regla    dispone          varias

instrucciones adicionales al momento de evaluar una

desestimación        bajo    los   fundamentos        del    inciso         (n).

Expresamente, la Regla prescribe:

      Se dispone que el tribunal no podrá desestimar
      una acusación o denuncia, bajo este inciso,
      sin antes celebrar una vista evidenciaria. En
      la vista, las partes podrán presentar prueba
      y el tribunal considerará los siguientes
      aspectos:
           (1) Duración de la demora;
           (2) razones para la demora;
           (3) si la demora fue provocada por el
           acusado o expresamente consentida por
           éste;
           (4) si el Ministerio Público demostró la
           existencia de justa causa para la demora,
           y
           (5) Los perjuicios que la demora haya
      podido causar.

      Una vez celebrada la vista, el magistrado
      consignará por escrito los fundamentos de su
      determinación, de forma tal que las partes
      tengan la oportunidad efectiva y objetiva de
      evaluar,    si   así    lo   solicitan,    la
      reconsideración   o    revisión   de    dicha
      determinación.

Íd. (Subrayado nuestro).

      Según ha reiterado nuestro Tribunal Supremo, el

derecho a un juicio rápido requiere que se tomen en

cuenta   las        circunstancias      que   rodean        cada       reclamo

particular. Pueblo v. Santa Cruz, 149 DPR 223, 238

(2015). Es decir, la evaluación debe ser caso a caso.

Íd.; Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315, 322 (1987). Es

a base de esto que nuestro más alto foro validó el

requisito de justa causa provisto por la Regla 64(n),

supra, y, por ello, esbozó que los tribunales están

obligados a examinar si existió justa causa para la

demora que llevó al reclamo del acusado o si la dilación

se   debió      a     la    solicitud       del   acusado          o    a    su

consentimiento. Íd., págs. 238-239.
KLCE202400115                                                           9

       De este modo, ante un planteamiento de violación a

los términos de juicio rápido bajo esta Regla, el peso

de demostrar la causa justificada para la demora – así

como la influencia del acusado sobre la dilación o su

renuncia a su derecho – recaerá sobre el Ministerio

Público. Íd., pág. 239. Por su parte, la evaluación por

el Tribunal de qué constituye justa causa deberá hacerse

caso     a    caso   y   a   base    de     la     totalidad    de     las

circunstancias. Íd., pág. 240. Asimismo, lo hará desde

la perspectiva de los factores antes discutidos y no por

el rígido cálculo aritmético de días. Pueblo v. Rivera

Colón, supra.

                                  -III-

       El Pueblo presenta, como primer error, que el TPI

interfirió indebidamente con la potestad del Ministerio

Público de acusar y procesar a un acusado con la cantidad

de     prueba     y/o    testigos     que    entienda.         Esto,    en

contravención a los principios más básicos de separación

de poderes.

       Según esbozado, el Estado es quien decide si puede

probar su caso con la evidencia que posee. Es decir,

el Ministerio Público tiene la potestad de procesar al

acusado si entiende que puede prevalecer. Pueblo v.

Rivera       Santiago,   supra,     pág.    579.    Nuestro     Tribunal

Supremo consideró que no se guardó deferencia alguna a

la potestad ejecutiva de acusar y procesar a quien

infringe la ley. Íd., pág. 582.

       Surge del expediente que el Pueblo afirmó estar

preparado para comenzar el juicio y tenía cinco agentes

como prueba de cargo. También expresó que el testimonio

de los testigos que comparecieron a la vista subsanaría

lo que el Confidente 007 iba a declarar. Además, aceptó
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que    se    aplicara       la     presunción      de   que        evidencia

voluntariamente          suprimida        resultaría         adversa        de

ofrecerse ante la ausencia del Confidente 007.

       Aun así, el foro primario optó por convertir la

vista en una para mostrar causa por la cual no debía

desestimar las acusaciones. El Pueblo se opuso, ya que

ese era el último día del término extendido para la

celebración del juicio y se encontraba preparado para

comenzar. Ciertamente incidió el TPI.

       Como segundo y último planteamiento de error, el

Peticionario alega que el TPI erró al actuar en contra

de lo dispuesto en la Regla 64(n) de Procedimiento

Criminal,       supra,      y     no   consignar      por    escrito       los

fundamentos      de    su       determinación      de   desestimar         las

acusaciones de lo recurridos. Al Pueblo le asiste la

razón.

       En el caso de autos, el TPI emitió una Sentencia en

la    que   desestimó       las    acusaciones     promovidas        por    el

Estado en contra de los señores López Pomales y Marcano

Rodríguez, por entender que se violó el término de juicio

rápido establecido en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento

Criminal, supra. En la escueta determinación, el foro

primario indicó que tomaba dicha determinación por los

fundamentos aducidos en corte abierta durante la vista

evidenciaria llevada a cabo el 13 de noviembre de 2023,

la cual quedó plasmada en una Minuta transcrita el 28 de

noviembre       de    2023.       Adviértase    que     no    se     desfiló

evidencia alguna en dicha vista y completada la misma,

ordenó la correspondiente desestimación, realizando la

salvedad de que, el Peticionario podía volver a radicar

los cargos.
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        En   desacuerdo,       el     Pueblo   instó     el   recurso   de

epígrafe en solicitud de la revocación de la Sentencia.

Es su posición que el TPI debió consignar por escrito,

en   el      dictamen,      los     fundamentos    considerados       para

desestimar.

        En defensa de la Sentencia recurrida, los señores

López     Pomales      y    Marcano    Rodríguez     argumentaron,      en

esencia, que el TPI no erró al desestimar el caso,

habiendo consignado por escrito, en una Minuta, los

fundamentos para desestimar. Según esbozó, ese hecho

implica que el caso no estaba huérfano de los criterios

ponderados      por    el    foro     primario    para    desestimar    el

mismo.

        Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del

expediente, en correcta práctica adjudicativa apelativa,

resolvemos que debemos ejercer nuestra función revisora.

Veamos.

        En primer lugar, la Regla 64(n) de Procedimiento

Criminal, supra, es clara en cuanto al curso de acción

que el foro primario debe seguir al desestimar una

acusación bajo este inciso. Por un lado, el foro primario

tiene que celebrar vista evidenciaria. Por el otro, debe

consignar        por       escrito      los      fundamentos     de     su

determinación, de forma tal que las partes tengan la

oportunidad efectiva y objetiva de evaluar si procede la

reconsideración o revisión de la determinación. En otras

palabras, su responsabilidad supera el requisito de

manifestar por escrito las bases de su decisión y se

extiende a hacerlo de una manera que permita que las

partes puedan contemplar la posibilidad de recurrir de

la decisión. En este caso, la escueta Sentencia emitida

por el TPI no expresa los fundamentos de la determinación
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y, de esa forma, incumple con la referida Regla. Por el

contrario, la decisión hace referencia a los fundamentos

aducidos en corte abierta, los cuales únicamente constan

por escrito en una Minuta. Ese cuadro fáctico impide el

entendimiento     efectivo    y   objetivo   de   los   criterios

contemplados por el Tribunal para desestimar. De esta

forma, dejó a las partes desprovistas de la oportunidad

de   solicitar     efectivamente      la   reconsideración     del

dictamen. Lo anterior constituye un error craso que

justifica la necesaria intervención correctora de esta

Curia.

      Por   lo    anterior,   corresponde     expedir    el   auto

solicitado y revocar la Sentencia recurrida. El foro

primario incidió en los errores señalados.

                               -IV-

      Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Resolución emitida por el TPI

mediante     la   cual   el   foro    primario    desestimó    las

acusaciones contra los señores López Pomales y Marcano

Rodríguez, bajo las disposiciones de la Regla 64(n)(4).

      Se    devuelve     el   caso    al   foro   recurrido     la

continuación de los procedimientos de conformidad con lo

aquí resuelto.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones