Court Opinion

ID: 9916132
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:59.252617+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:06.846022
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL XI

 JOSÉ VÁZQUEZ MARÍN                             Revisión Administrativa
                                                    procedente del
           Recurrente                              Departamento de
                                                     Corrección y
                                  KLRA202300556 Rehabilitación, División
                v.                                   de Remedios
                                                   Administrativos

   DEPARTAMENTO DE                                   Remedio Administrativo
     CORRECCIÓN Y                                      Núm.: B-1151-23
    REHABILITACIÓN
                                                              Sobre:
            Recurrida                                 Suspensión por Informe

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

        Comparece el señor José Vázquez Marín (señor Vázquez Marín

o recurrente) vía revisión administrativa para solicitar la revocación de

la Respuesta de reconsideración al miembro de la población

correccional de la División de Remedios Administrativos (DRA) del

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR o recurrido),

emitida el 31 de agosto de 2023. Mediante el mencionado dictamen, se

confirmó y modificó una respuesta previa sobre la destitución del

recurrente de sus labores en la cocina por una alegada violación

disciplinaria. Por las razones que habremos de expresar, desestimamos

el recurso presentado por falta de jurisdicción.

        En síntesis, el caso de epígrafe trata de una Solicitud de remedio

administrativo presentado por el señor Vázquez Marín ante la DRA,

solicitando que lo restituyan a su puesto en la cocina. Según el

Número Identificador

SEN2023 _______________
KLRA202300556                                                          2

expediente, un oficial correccional ocupó un teléfono celular del

recurrente. Al día siguiente, el señor Vázquez Marín fue dado de baja

de su puesto en la cocina, supuestamente basado en un informe hecho

en el Libro de Novedades de la oficialidad del área. Además, la referida

destitución fue hecha sin haberse notificado, instado querella

disciplinaria o calendarizado una vista administrativa contra el

recurrente. Luego de presentada la Solicitud de remedio administrativo,

la DRA respondió que los oficiales correccionales tienen la discreción

de destituirlo de su área de trabajo y que la DRA no tiene injerencia en

torno a los aspectos de seguridad que se hayan suscitado. Acto seguido,

el señor Vázquez Marín presentó una Solicitud de reconsideración que

la DRA denegó, argumentado que el Comité de Clasificación y

Tratamiento (CCT) tiene la facultad y discreción de realizar la

asignación inicial de trabajo y de modificarla como medida de

seguridad, por lo que no es necesaria una querella o el inicio de un

proceso disciplinario que culmine con una vista.

      Oportunamente, el señor Vázquez Marín recurrió al foro

apelativo, alegando: (1) que el CCT erró al darle alcance legal a un

informe en el Libro de Novedades, por lo cual —junto a la falta de una

querella disciplinaria, una notificación o una vista administrativa—

violó su debido proceso de ley, y (2) que erró el CCT al relevar al señor

Vázquez Marín de su trabajo, lo cual incide en su derecho

constitucional a rehabilitarse moral y socialmente.

      Sabido es que la revisión judicial nos permite asegurar que los

organismos administrativos actúen de acuerdo con las facultades que

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real

Property, 173 DPR 998 (2008). Sin embargo, al intervenir y revisar
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determinaciones administrativas, corresponde concederles deferencia y

no reemplazar el criterio especializado de las agencias por el nuestro.

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). Ello es así,

dado que las determinaciones administrativas gozan de una presunción

de legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca

suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, 185 DPR 206 (2012).

      A pesar de lo anterior, es imperativo que los que acuden al foro

apelativo   vía   revisión   judicial   agoten    todos   los   remedios

administrativos. Sec. 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme (LPAU) (3 LPRA sec. 9673). Véase, también, Moreno

Ferrer v. Jta. Reglamentadora del Cannabis Medicinal, 209 DPR 430

(2022). Igualmente es necesario que se cumplan con todos los requisitos

de notificación que una agencia establece en sus reglamentos,

incluyendo aquellos pertinentes a la revisión judicial. Véase Sec. 4.2 de

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (3 LPRA sec. 9672);

Reglas 13(B) y 58(B) del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-

B). Véase, también, Metro Senior Dev. LLC v. AFV, 209 DPR 203

(2022). Por tanto, el foro apelativo carece de jurisdicción si el

recurrente no notifica debidamente a las partes sobre la presentación de

la revisión judicial o no certifica con su firma en el recurso la fecha en

que se efectuó la notificación. Regla 13(B)(1) del Tribunal de

Apelaciones, supra; Rivera Ramos v. Morales Blás, 149 DPR 672

(1999).

      A la luz de lo anterior, conviene destacar la Regla XV del

Reglamento Núm. 8583 de la DRA. Esta indica que:
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              El miembro de la población correccional que solicite
      Revisión Judicial vendrá obligado a notificar con copia de la misma
      al Departamento de Corrección y Rehabilitación, dentro del término
      de treinta (30) días. Se entenderá que no se ha instado Revisión
      Judicial ante el Tribunal General de Justicia si han transcurrido
      treinta (30) días de archivada en autos copia de la Resolución. En
      este caso, el Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá
      disponer del expediente administrativo del caso. Regla XV del
      Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios
      Administrativos Radicados por los Miembros de la Población
      Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015.

      Es evidente que la referida Regla XV va acorde con la LPAU y

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, por la cual la falta de

notificación a la agencia o su correspondiente certificación prohíbe la

intervención del foro apelativo.

      De hecho, además de que este Tribunal carece de jurisdicción por

las razones procesales en torno a la notificación expuesta, lo cierto es

que tampoco participamos de autoridad jurisdiccional con respecto a la

facultad del DCR —mediante el CCT— para asignar y modificar la

actividad de trabajo de cada confinado a propósito de su función como

garante de la seguridad de la institución y los miembros de la población

correccional. Sec. III(C) del Manual Sobre Oportunidad de Empleo y

Trabajo para Miembros de la Población Correccional de 22 de junio de

2000, AC-PROG-009. Véase, también, Regla 4(A)(1) del Manual para

Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento

en las Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de

septiembre de 2014.

      Al respecto, la jurisprudencia federal ha dictaminado que no

existe un derecho constitucional a un puesto de trabajo en prisión, ya

que la pérdida de tal puesto no impone una dificultad atípica o

significante en relación con los incidentes ordinarios de la vida de un

confinado. Dobbins v. Craycraft, 423 Fed.Appx. 550 (6to Cir. 2011)

(citando a Sandin v. Conner, 515 US 472 (1995)). Véase, también,
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Lomholt v. Holder, 287 F.3d 683 (8vo Cir. 2002) (per curiam) (citando

a Mitchell v. Kirk, 20 F3d 936, 938 (8vo Cir. 1994) (per curiam)). En

otras palabras, si una ley o reglamento estatal no determina lo contrario,

un confinado no tiene un interés propietario o de libertad en su puesto,

por lo cual la destitución no viola el debido proceso de ley ni requiere

agotar los procedimientos administrativos requeridos para la alienación

de tales derechos. Watson v. Sec’y Pa. Dep’t of Corr., 567 Fed.Appx.

75 (3er Cir. 2014) (per curiam) (citando a James v. Quinlan, 866 F.2d

627, 629 (3er Cir. 1989)); Fiore v. Holt, 435 Fed.Appx. 63 (3er Cir.

2011) (per curiam); Dobbins v. Crayfact, supra; Bibbs v. Early, 541

F.3d 267 (5to Cir. 2008) (citando a Tighe v. Wall, 100 F.3d 41, 42 (5to

Cir. 1996) (per curiam)); Miller v. Benson, 51 F.3d 166 (8vo Cir. 1995);

Dupont v. Saunders, 800 F.2d 8 (1er Cir. 1986); Altizer v. Paderick,

569 F.2d 812 (4to Cir. 1978).

      Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso

presentado por falta de jurisdicción.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones