Court Opinion

ID: 9962678
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:41:27.440577+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:24.047517
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL II

  JULIO SANTIAGO DE ALBA                            APELACIÓN
                                                    procedente del
             Apelante                               Tribunal de Primera
                                                    Instancia, Sala
                                                    Superior de San
                 v.                   KLAN202300716 Juan

                                                        Caso número:
    ALBERTO HERNÁNDEZ                                   SJ2023CV03902
      RIVERA Y OTROS
                                                        Sobre:
             Apelados                                   Injunction
                                                        (Entredicho
                                                        Provisional,
                                                        Injunction Preliminar
                                                        y Permanente)

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

       Comparece la parte apelante, Julio Santiago de Alba, y nos solicita

que revoquemos la Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 13 de julio de 2023.

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud

de injunction estatutario promovida por el apelante. En consecuencia,

desestimó y archivó la acción de epígrafe.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma el

dictamen apelado.

                                        I

       El 2 de mayo de 2023, Julio Santiago de Alba (Santiago de Alba o

apelante) incoó una Demanda sobre interdicto estatutario al amparo del

Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada,

23 LPRA sec. 9024 (Ley Núm. 161-2009), en contra de Alberto Hernández

Número identificador
SEN2024_________________
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Rivera (Hernández Rivera o apelado).1 En esencia, alegó que su vecino

inmediato, Hernández Rivera, construyó en la propiedad de este una

extensión al balcón en concreto armado y bloques, hasta la colindancia de

la parte izquierda de su propiedad. Arguyó que Hernández Rivera

construyó, además, un salón familiar en concreto armado y bloques en el

patio lateral derecho de este, invadiendo su patio lateral izquierdo. Ello,

según adujo, en violación a la Sección 6.1.3.4 del Reglamento Conjunto

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo,

Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9233 de

2 de diciembre de 2020 (Reglamento Conjunto de 2020); en la alternativa,

en violación a la Sección 19.3.3 del Reglamento Conjunto de Permisos para

Obras de Construcción y Usos de Terrenos, Reglamento Núm. 7951 de

30 de noviembre de 2010 (Reglamento Conjunto de 2010). Asimismo,

señaló que Hernández Rivera había construido una estructura en bloques

en el patio posterior de la propiedad de este, sin contar con los permisos

requeridos para ello.

        Santiago de Alba planteó en su petitorio que sus intereses

propietarios se veían directamente afectados por la perturbación causada

por las estructuras ilegales antes descritas que Hernández Rivera

mantenía en su propiedad, en menosprecio a las leyes y reglamentos de

planificación aplicables. Argumentó que las construcciones que mantenía

Hernández Rivera en la propiedad de este le afectaban adversamente,

pues no podía disfrutar de su derecho fundamental a la intimidad en su

propiedad y tampoco podía disfrutar de esta a plenitud. De igual forma,

reiteró que dicha construcción requería un permiso del Municipio Autónomo

de San Juan, el cual no había sido obtenido por Hernández Rivera. En

virtud de ello, solicitó que se ordenara la paralización o demolición de la

construcción en cuestión.

1 Anejo 2 del recurso, págs. 21-26.
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        Por su parte, el 17 de mayo de 2023, Hernández Rivera presentó su

alegación responsiva.2 En esencia, negó las alegaciones en su contra y

alegó que su propiedad no colindaba con el inmueble de Santiago de Alba,

sino que su lateral izquierdo se encontraba en contraposición con el lateral

derecho de la propiedad de este último. Según adujo, cuando adquirió su

propiedad, el 11 de enero de 1999, la extensión del balcón ya estaba

construida, detalle que Santiago de Alba conocía al adquirir la propiedad

de este en el año 1997. Indicó que, para el año 2018, luego de haber

radicado una querella ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo

de San Juan, la mencionada agencia emitió una Resolución el 10 de

noviembre de 2021, mediante la cual aprobó y autorizó la consulta de

construcción solicitada para legalizar las obras objeto del presente pleito.

Informó que, eventualmente, Santiago de Alba presentó una revisión

judicial –con designación alfanumérica KLRA202200187– de dicha

determinación ante el Tribunal de Apelaciones, el cual emitió un dictamen

revocando la decisión administrativa por estar fundamentada en el

Reglamento Conjunto de 2020, el cual había sido declarado nulo por otros

paneles de este Foro apelativo.

        Hernández Rivera especificó que dicha revocación no había

ocurrido en los méritos de la variación y autorización concedida de la

construcción en controversia, sino por la nulidad del referido Reglamento.

También particularizó que, de haber aplicado el Reglamento Conjunto de

2010, la decisión de la agencia hubiera sido la misma. De otro lado, indicó

que la controversia sobre la nulidad del Reglamento Conjunto de 2020

estaba ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico, luego

de que este confirmara una determinación recurrida declarando la nulidad

del citado Reglamento mediante Opinión en FCPR v. ELA et al., 2023

TSPR 26, 211 DPR __ (2023), cuya reconsideración estaba pendiente de

adjudicación.

2 Anejo 5 del recurso, págs. 37-46.
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        En cuanto a la alegación sobre la construcción de una estructura en

bloque en el patio posterior, Hernández Rivera sostuvo que había decidido

demolerla. Igualmente, arguyó que la construcción del salón familiar se

realizó al otro lado de su propiedad, por lo que no afectaba en absoluto a

Santiago de Alba. Por otro lado, argumentó que el Artículo 14.1 de la Ley

Núm. 161-2009, supra, no era el vehículo legal adecuado para atender la

controversia de autos. Según planteó, el remedio adecuado era la

radicación de una querella ante el Municipio Autónomo de San Juan. En

vista de lo anterior, solicitó al foro a quo analizar la totalidad de las

circunstancias y realizar un balance de intereses entre todos los factores

esbozados en su Contestación a la Demanda.

        Luego de varios trámites procesales, el 15 de junio de 2023, se

celebró una vista evidenciaria.3 En esta, las partes estipularon varios

documentos e informaron que no presentarían prueba testimonial. Además,

aclararon que la extensión del balcón era la controversia medular del caso,

toda vez que Hernández Rivera demolería la estructura del patio y el salón

familiar estaba ubicado en el lado contrario a la residencia de Santiago de

Alba.

        Al día siguiente, el foro primario emitió y notificó una Resolución.4

Mediante dicho dictamen, informó que nuestro Tribunal Supremo había

emitido una Opinión Per Curiam en Martínez Fernández et al. v. OGP et

al., 2023 TSPR 75, 212 DPR ___ (2023), en la cual declaró la nulidad del

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios,

Reglamento Núm. 9081 de 8 de mayo de 2019 (Reglamento Conjunto de

2019) y del Reglamento Conjunto de 2020. Señaló que, en vista del nuevo

ordenamiento jurídico, le correspondía determinar en el caso de autos si la

consulta de construcción, promovida por Hernández Rivera e impugnada

por Santiago de Alba, fue autorizada con anterioridad a la nulidad del

3 Anejo 12 del recurso, págs. 151-153.
4 Anejo 14 del recurso, págs. 168-170.
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Reglamento Conjunto de 2019 y el Reglamento Conjunto de 2020, por lo

que esa nulidad no le aplicaría. A su vez, indicó que debía resolver si la

determinación de nuestro más Alto Foro, en cuanto a que ningún permiso

autorizado y expedido al amparo del Reglamento Conjunto de 2019 y el

Reglamento Conjunto de 2020 era inválido por estas regulaciones haber

sido declaradas nulas, implicaba que el procedimiento especial de epígrafe,

a tenor con el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2019, supra, se había

tornado académico. En vista de ello, ordenó a Santiago de Alba a mostrar

causa por la cual no debía desestimar el caso por academicidad.

        El 27 de junio de 2023, Santiago de Alba presentó una Moción en

Cumplimiento de Orden.5 En síntesis, señaló que el Tribunal Supremo de

Puerto Rico resolvió en Martínez Fernández et al. v. OGP et al., supra, que

ningún permiso autorizado y expedido al amparo de los citados

Reglamentos era inválido por la declaración de nulidad de estos. No

obstante, arguyó que, en el caso de autos, Hernández Rivera no tuvo un

permiso de construcción autorizado, sino que solo contaba con una

consulta de construcción que el Tribunal de Apelaciones había revocado.

Indicó que el recurso de revisión (KLRA202200187) presentado ante el

Foro revisor intermedio advino final y firme, sin ser apelado, por lo que se

convirtió en la ley del caso. Sobre ese particular, sostuvo que la realidad

jurídica ante dicha determinación era que Hernández Rivera no contaba

con el permiso necesario para las construcciones ilegales que mantenía en

su propiedad, las cuales eran objeto del presente pleito.

        Por otro lado, Santiago de Alba alegó que la acción de epígrafe al

amparo del precitado Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2019, supra,

perseguía el claro propósito de detener y hasta demoler construcciones sin

permiso, como las que mantenía Hernández Rivera en su propiedad, por lo

que era el mecanismo indicado para el presente caso. En cuanto al

argumento de Hernández Rivera sobre que las construcciones en su

propiedad existían desde antes de que Santiago de Alba adquiriera su

5 Anejo 17 del recurso, págs. 176-184.
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inmueble, sostuvo que las obras fueron construidas de forma ilegal,

independientemente de cuándo se construyeron. Abundó que dichas

construcciones no guardaban las distancias requeridas según la

reglamentación aplicable, lo cual afectaba su derecho a la intimidad, la

ventilación y las luces, todo ello en contravención del derecho

constitucional que le asistía al libre disfrute de su propiedad. Argumentó

que quien construía obras sin permiso que violaban de forma crasa las

disposiciones reglamentarias que regían los parámetros de construcción

en un distrito residencial intermedio, infligía daño, lo cual le impedía solicitar

variaciones y al Municipio concederlas. Por todo lo anterior, solicitó que se

declarara con lugar la demanda de epígrafe y se ordenara la demolición

inmediata de las obras de construcción que, de manera ilegal, Hernández

Rivera tenía en su propiedad.

        En respuesta, el 12 de julio de 2023, Hernández Rivera replicó.6

Esencialmente, planteó que lo resuelto en Martínez Fernández et al. v.

OGP et al., supra, no tenía efecto alguno en el presente caso porque no

estábamos ante un permiso de construcción, sino ante una autorización

para legalizar la construcción de un balcón que no fue realizada por este.

Detalló que, al nuestro Tribunal Supremo declarar la nulidad prospectiva

del Reglamento Conjunto de 2019 y del Reglamento Conjunto de 2020,

todo lo aprobado con anterioridad al citado dictamen mantenía su validez.

Añadió que ello tenía el efecto de la improcedencia del recurso interdictal,

ya que no se trataba de obras que no contaban con permiso de

construcción, pues ello nunca se obtuvo, sino que el Tribunal de

Apelaciones revocó la aprobada “consulta de construcción” cuyo propósito

fue la legalización de las obras. Afirmó que, ante tal determinación de

nuestro más Alto Foro, nada le impedía que reviviera la determinación de

la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan. Por ello,

reiteró que el recurso interdictal era improcedente en ese momento, ya que

6 Anejo 22 del recurso, págs. 220-232.
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incumplía con los requisitos del mencionado Artículo 14.1 de la Ley Núm.

161-2009, supra.

        De otro lado, Hernández Rivera alegó que el fundamento de la

decisión del Tribunal de Apelaciones en el KLRA202200187 estuvo

únicamente sostenido en la nulidad del Reglamento Conjunto de 2020,

pues dicho Foro no entró a dilucidar los méritos de la concesión de la

legalización de la construcción. Según adujo, en casos de esta naturaleza,

la consulta de construcción aprobada es el elemento principal, toda vez que

el permiso de construcción sobre algo que ya estaba construido surtía

efecto en el pago de los arbitrios correspondientes. A su vez, informó que

había instado una nueva petición de legalización de las mencionadas obras

ante el Municipio Autónomo de San Juan y que Santiago de Alba había

intervenido en ese nuevo proceso; es decir, que había un reclamo ante la

consideración del tribunal de instancia y otro ante el foro administrativo. En

vista de ello, sostuvo que procedía la desestimación sin perjuicio de la

acción interdictal para darle paso al cause administrativo cónsono con la

doctrina de jurisdicción primaria.

        Evaluadas las posturas de las partes, el 13 de julio de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó la Sentencia que nos ocupa,

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de injunction estatuario

promovida por Santiago de Alba, en virtud del Artículo 14.1 de la Ley Núm.

161-2009, supra.7 En consecuencia, ordenó la desestimación y el archivo

sin perjuicio de la acción de epígrafe. En dicho dictamen, desglosó las

siguientes determinaciones de hechos:

        1) Las partes son vecinos residenciales en la Urb. Country
           Club, en una zona calificada Residencial Intermedio (R-I).

        2) El lateral izquierdo de la propiedad de la parte demandada
           se encuentra en contraposición con el lateral derecho de
           la propiedad [de Santiago de Alba].

        3) [Hernández Rivera] adquirió su propiedad inmueble de
           residencia unifamiliar mediante la Escritura [N]úmero 1
           sobre Compraventa y Asumiendo Hipoteca[,] otorgada el
           11 de enero de 1999.

7 Anejo 1 del recurso, págs. 1-20.
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     4) Para el año 2018, [Santiago de Alba] presentó una
        querella ante la Oficina de Permisos del Municipio
        [Autónomo] de San Juan con relación a ciertas
        construcciones en la propiedad de [Hernández Rivera].

     5) Las construcciones existentes actualmente en la
        propiedad de [Hernández Rivera,] y que son objeto de
        controversia entre las partes[,] son aquellas sobre las
        cuales se solicitó su legalización en el caso ante el
        Municipio Autónomo de San Juan, [C]aso [Núm.] 2018-
        234771-CCO-004717.

     6) Estas obras que se propusieron legalizar consisten en la
        ampliación del balcón en el patio lateral izquierdo, la
        construcción de un “family” con área de lavandería en el
        patio posterior, y la construcción de un edificio accesorio
        en el patio posterior.

     7) El 10 de noviembre de 2021[,] la Oficina de Permisos del
        Municipio Autónomo de San Juan, emitió una notificación
        firmada por la señora Damaris Damiani Rivera, Gerente
        [del] Área de Secretar[í]a, con la que se acompañó [una]
        Resolución mediante la cual se autorizó la preparación de
        planos finales para las obras y estructuras en la propiedad
        de [Hernández Rivera], según propuestas.

     8) Tras aquilatar la querella que presentó [Santiago de Alba],
        el Municipio de [Autónomo] San Juan concluyó en dicha
        Resolución que la variación aplicable al balcón ampliado
        era mínima; y que la referente al “family” era una variación
        que no afectaba la propiedad colindante y no ocupaba la
        servidumbre.

     9) Ante ello, el Municipio [Autónomo] de San Juan aprobó el
        plano de la consulta de construcción sometido por
        [Hernández Rivera] y autorizó la preparación de los planos
        finales para las obras y estructuras del balcón y del
        “family”[,] según propuestas y conforme a las
        recomendaciones y requerimientos establecidos en dicha
        [R]esolución.

    10) No obstante, el Municipio [Autónomo] de San Juan
        concluyó que se debía demoler la estructura accesoria
        que se encontraba en el patio posterior sobre la
        servidumbre [de] la Autoridad de Energía Eléctrica.

    11) El 3 de marzo de 2022, el Departamento de Desarrollo
        Económico y Comercio, Oficina de Gerencia de Permisos[,]
        emitió una Resolución de Revisión Administrativa, sobre
        solicitud de Revisión Administrativa[,] presentada por el
        señor Julio Santiago [d]e Alba, demandante en este caso,
        en la cual impugnó la determinación de la concesión de la
        variación por el Municipio [Autónomo] de San Juan. Dicha
        solicitud de revisión fue declarada sin lugar.

    12) El 20 de mayo de 2022, el Tribunal de Apelaciones emitió
        una Sentencia en el caso KLRA202200187 sobre un
        recurso de revisión judicial instado por el señor Santiago
        [d]e Alba, demandante en este caso, contra la OGPe y el
        Municipio [Autónomo] de San Juan, mediante la cual el
        [F]oro apelativo intermedio revocó la Resolución
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            Administrativa recurrida y la Consulta de Construcción
            [N]úm. 2018-224771-CCO-004717. Dicha decisión se
            fundamentó en que el foro administrativo emitió tales
            determinaciones bajo el palio de[l] Reglamento Conjunto
            [de] 2020, el cual ya había sido decretado nulo por otros
            paneles del Tribunal de Apelaciones. No obstante, en
            dicha Sentencia no se discuten los méritos de los
            señalamientos de [Santiago de Alba] con respecto a las
            variaciones que dicha parte objetó en el trámite
            administrativo.

       13) Dicha Sentencia no fue recurrida y al presente es final y
           firme.

       14) Surge de un documento obtenido del Single Business
           Portal del Departamento de Desarrollo Económico y
           Comercio que se presentó una nueva Consulta de
           Construcción y que el proceso está en sus etapas
           iniciales.

       15) El 7 de junio de 2023, el demandado Alberto Hernández
           [Rivera] suscribió una carta mediante la cual autorizó al
           Ing. Edgardo Oliver Polanco a tramitar la Consulta de
           Construcción. Además, también se incluyó evidencia de
           notificación a los vecinos y foto del letrero colocado
           informando sobre la solicitud de consulta de construcción.

       16) El 27 de junio de 2023, la parte demandante Julio
           Santiago de Alba presentó una Solicitud de intervención
           en el [C]aso [N]úm. 2018-234771-CCO-012706 ante la
           Oficina de Permisos del Municipio [Autónomo] de San
           Juan.

       17) En dicha solicitud de intervención, [Santiago de Alba] hizo
           esencialmente los mismos señalamientos que había
           hecho anteriormente en contra de la consulta de
           construcción y de las variaciones solicitadas por
           [Hernández Rivera]. Además, estos señalamientos están
           relacionados con las estructuras en la propiedad de
           [Hernández Rivera] que son objeto del recurso interdictal
           de epígrafe.

       18) [Hernández Rivera] se allanó a demoler la estructura
           accesoria en el patio posterior.8

        El foro primario concluyó que Santiago de Alba no logró demostrar

que procedía expedir un injunction estatutario para ordenar la demolición

de las estructuras en controversia, conforme a los criterios puntuales

establecidos en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, así como

las normas probatorias aplicables. Expresó que Santiago de Alba incumplió

con el peso probatorio requerido para demostrar que las referidas

estructuras en la propiedad de Hernández Rivera fueron construidas sin

8 Anejo 1 del recurso, págs. 9-12.
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contar con un permiso de construcción requerido por el ordenamiento

jurídico vigente al momento en que fueron construidas, ya fuera porque

nunca se obtuvo o fue revocado. Expresó que, tras celebrar la vista de

injunction, no surgía de los hechos determinados cuándo exactamente

tales estructuras fueron construidas, de modo que el tribunal pudiera estar

en posición de determinar cuál era la norma aplicable en dicho momento.

Sobre ello, particularizó que lo que surgía de las alegaciones de las partes

era que Santiago de Alba obtuvo su propiedad en el año 1997, mientras

que Hernández Rivera adquirió la suya en el año 1999, y que para esas

fechas la ampliación del balcón en controversia ya había sido construida.

Abundó que Santiago de Alba no ofreció prueba alguna para demostrar la

naturaleza ilegal de tales construcciones, pues no quedó claro quién las

realizó ni cuándo se hicieron. Por consiguiente, reiteró que Santiago de

Alba no cumplió con el peso probatorio requerido para que se concediera

el remedio interdictal solicitado.

       De otro lado, el foro a quo señaló que el Tribunal Supremo de Puerto

Rico había aclarado en Martínez Fernández et al. v. OGP et al., supra, que,

aun cuando el Reglamento Conjunto de 2019 y el Reglamento Conjunto de

2020 eran nulos, esa nulidad solo surtiría efecto prospectivo a partir de la

certificación de esa Opinión. Indicó que dicho Foro también había aclarado

que todo permiso que hubiera sido autorizado y expedido al amparo de los

referidos Reglamentos, previo a la emisión de ese pronunciamiento, debía

ser aceptado como legal.

       A su vez, el foro juzgador especificó que se encontraban ante un

procedimiento especial de injunction estatutario, el cual no estaba sujeto a

las normas de jurisdicción primaria ni agotamiento de remedios

administrativos propuestos por Hernández Rivera. Detalló que dicho

procedimiento especial no desplazaba el procedimiento administrativo

precisamente porque el injunction estatutario era un mecanismo provisional

limitado que requería de una acción ulterior e independiente para adjudicar

finalmente la controversia. Sobre tal asunto, concluyó que dicho remedio
KLAN202300716                                                            11

provisional era el adecuado en ley para ordenar la demolición de unas

obras de construcción realizadas hace muchos años y cuyo alcance estaba

siendo ventilado de manera simultánea en el foro administrativo

competente con la participación activa de ambas partes. No obstante,

expresó que el alcance del dictamen que nos ocupa se limitaba a

determinar únicamente la improcedencia del recurso de injunction

estatutario en virtud de la Ley Núm. 161-2009, supra. En cuanto a ello,

aclaró que no había entrado en los méritos del caso respecto a los

planteamientos de Santiago de Alba sobre la procedencia de las

variaciones solicitadas por Hernández Rivera, ni en cuanto a la validez que

pudieran tener las determinaciones administrativas sobre tales asuntos en

el procedimiento que se encontraba en curso.

      Inconforme, el 14 de agosto de 2023, la parte apelante acudió

ante esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló los siguientes

errores:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia
      desestimando y archivando la Solicitud de Injunction
      Estatutario en virtud del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-
      2009, Ley de Permisos de Puerto Rico, presentada ante sí
      por la [p]arte [a]pelante.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia
      desestimando y archivando la Solicitud de Injunction
      Estatutario en virtud del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-
      2009, Ley de Permisos de Puerto Rico, presentada ante sí
      por la [p]arte [a]pelante, pese a que de la propia Sentencia
      surge que el TPI reconoce que la [p]arte [a]pelada no cuenta
      con los permisos de construcción, y por consiguiente
      tampoco de uso.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia
      desestimando y archivando la Solicitud de Injunction
      Estatutario en virtud del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-
      2009, Ley de Permisos de Puerto Rico, presentada ante sí
      por la [p]arte [a]pelante, pese a que de la propia Sentencia
      surge que el TPI reconoce que el Artículo 14.1 de la Ley de
      Permisos provee para que se ordene la demolición de una
      obra que fue construida sin contar con un permiso de
      construcción[,] “ya sea porque nunca se obtuvo o porque el
      mismo ha sido revocado”.

      En cumplimiento con nuestra Resolución del 17 de agosto de 2023,

la parte apelada compareció mediante Alegato el 11 de septiembre del

mismo año.
KLAN202300716                                                            12

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                     II

                                     A

       La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec.

9011 et seq. (Ley Núm. 161-2009), se promulgó con el propósito de insertar

en nuestro esquema estatutario el marco legal y administrativo que rige los

procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por

el Gobierno de Puerto Rico. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191

DPR 228, 236 (2014). La referida disposición tiene como objetivo la

transformación del sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de modo

que resulte en uno más transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 161-2009, supra.

       A su vez, la Ley Núm. 161-2009, supra, incorpora una estructura

para la evaluación y otorgamiento de permisos afín con las leyes y

reglamentos aplicables que propende a lograr un balance entre el

desarrollo económico, la protección de los recursos naturales y la

protección del derecho al disfrute de la propiedad. Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 161-2009, supra. Asimismo, mediante dicho estatuto

se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), organismo

gubernamental adscrito a la Junta de Planificación, a quien se le confirió

jurisdicción de evaluar, conceder y/o denegar determinaciones finales y

permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico.

23 LPRA sec. 9018.

       En lo aquí atinente, el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23

LPRA sec. 9024, regula lo referente a los recursos extraordinarios para

solicitar la revocación de algún permiso, la paralización de obras o usos no

autorizados y la democión de obras de construcción. En particular, dicho

articulado lee como siguiente:
KLAN202300716                                                           13

         La Junta de Planificación, así como cualquier entidad
     gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
     [j]erarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
     instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en
     representación del interés público o una persona privada,
     natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal
     que podría verse adversamente afectado, podrá presentar
     una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria,
     o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la
     revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya
     hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la
     paralización de una obra iniciada sin contar con las
     autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo
     con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3)
     la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de
     obras construidas, que al momento de la presentación del
     recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con
     permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o
     porque el mismo ha sido revocado.

         Indistintamente de haberse presentado una querella
     administrativa ante la Junta de Planificación, entidad
     gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
     [j]erarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
     instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los
     mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá
     presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera
     Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso
     extraordinario al amparo de esta sección, la agencia
     administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la
     querella y cualquier actuación que llevare a cabo con
     respecto a la misma será considerada ultra vires.

         El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista
     dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales
     desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia
     en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde
     la celebración de la vista.

        En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización
     de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el tribunal,
     se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos,
     obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a
     cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o
     autorización debidamente expedida.

         El tribunal impondrá honorarios de abogados [y abogadas]
     contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección si
     su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se
     presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin
     fundamento en ley. Los honorarios de abogados [y abogadas]
     bajo esta sección será una suma igual a los honorarios que
     las otras partes asumieron para oponerse a la petición
     judicial. En el caso que el tribunal entienda que no es
     aplicable la presente imposición de honorarios de abogados
     [y abogadas], tendrá que así explicarlo en su dictamen con
     los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes
     bajo esta sección ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán
     a los paneles especializados creados mediante este capítulo
     y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión
     desde la presentación del mismo.
KLAN202300716                                                              14

       El   antedicho   artículo   establece   un   mecanismo      interdictal

extraordinario de carácter estatutario y sumario “limitado a la obtención de

órdenes para la paralización inmediata, provisional o permanente de usos

contrarios a la ley”. A.R.Pe. v. Rivera, 159 DPR 429, 443-444 (2003).

(Énfasis omitido). Dada su naturaleza, el injunction estatutario es

independiente del injunction tradicional y, en consecuencia, generalmente

exento de las exigencias legales que rigen a este. Next Step Medical v.

Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014). La doctrina interpretativa reconoce

que los requisitos para la ejecución del injunction tradicional son más

rigurosos que los aplicables a aquel de índole estatutario. Íd. Ello obedece

a que, en esencia, el interdicto tradicional se adoptó del sistema de equidad

inglés para disponer de situaciones para cuya atención no existe remedio

adecuado en ley. Íd.; A.R.Pe. v. Rivera, supra.

       Por su parte, el injunction estatutario tiene su origen en un mandato

legislativo expreso. A.R.Pe. v. Rivera, supra. De ahí que, contrario al

interdicto tradicional, su concesión “requiere un tratamiento especial,

enmarcado en un escrutinio judicial más acotado”. Next Step Medical v.

Bromedicon et al., supra, pág. 497. Así, a tenor con la doctrina vigente, al

interponerse una petición de injunction de esta naturaleza, “[no] se requiere

alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] s[o]lo la determinación de

que [la parte] demandad[a] ha violado las disposiciones de la ley”. A.R.Pe.

v. Rivera, supra, pág. 444. (Énfasis omitido). Por igual, y en el contexto

específico del empleo del mecanismo interdictal establecido en el Artículo

14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, toda persona legitimada para

valerse del mismo deberá establecer ante el tribunal competente lo

siguiente: (1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o

actividad denunciada; y (2) que la persona o personas señaladas se

encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o

reglamento. A.R.Pe. v. Rivera, supra, pág. 445.
KLAN202300716                                                              15

                                     B

       Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, los

tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se aplicó

correctamente el derecho a los hechos particulares del caso. Dávila Nieves

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Como regla general, los

foros apelativos no tenemos facultad para sustituir las determinaciones de

hechos del tribunal de instancia con nuestras propias apreciaciones. Banco

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR 145, resuelto

el 19 de diciembre de 2023; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág.

771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). De

manera que, si la actuación del tribunal no está desprovista de base

razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe

prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección

del proceso. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013);

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

       Sin embargo, la norma de deferencia esbozada encuentra su

excepción y cede cuando la parte promovente demuestra que hubo un

craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Banco

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, supra; Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). Además, se requiere que

nuestra intervención en esta etapa evite un perjuicio sustancial. Rivera et

al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Lluch v.

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

       Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una forma

u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. García

v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005), citando a Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). No obstante, “el adecuado ejercicio

de la discreción está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de

la razonabilidad”. Íd. A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha indicado cuáles son situaciones que constituyen un abuso de discreción,

a saber:
KLAN202300716                                                             16

       [C]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta
       e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material
       importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el
       contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para
       ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e
       inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o
       cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los
       hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes,
       el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Ramírez v.
       Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002), citando a
       Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. Véase,
       además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y
       otros, supra.

       Así, pues, la discreción no implica que los tribunales puedan actuar

de una forma u otra en abstracción del resto del derecho. Rivera et al. v.

Arcos Dorados et al., supra. En otras palabras, la discreción no opera en

un vacío y tampoco puede ser en “función al antojo o voluntad de uno, sin

tasa ni limitación alguna”. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón

y otros, supra, citando a SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                     III

       La parte apelante sostiene en su primer señalamiento de error que

el Tribunal de Primera Instancia incidió al dictar Sentencia desestimando y

archivando la solicitud de injunction estatutario en virtud del Artículo 14.1

de la Ley Núm. 161-2009, supra, promovida por esta. Como segundo

señalamiento de error, plantea que el foro primario erró al desestimar y

archivar la acción de epígrafe, a pesar de que dicho foro reconoció que la

parte apelada no cuenta con los permisos de construcción y de uso

correspondientes. Además, en su tercer y último señalamiento de error,

argumenta que el foro a quo incidió al dictar la determinación apelada, toda

vez que el propio foro sentenciador también reconoció que el Artículo 14.1

de la Ley Núm. 161-2009, supra, provee para que se ordene la demolición

de una obra que fue construida sin contar con un permiso para ello, ya sea

porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. Por estar

relacionados entre sí, discutiremos los errores señalados en conjunto.
KLAN202300716                                                               17

      Un examen sosegado de la evidencia contenida en el expediente

que nos ocupa nos mueve a concluir que, contrario a lo propuesto por la

parte apelante, el Tribunal de Primera Instancia no se apartó de los límites

legales impuestos al ejercicio de sus facultades para disponer de la

presente acción. A nuestro juicio, los documentos que tuvimos ante nos,

conjuntamente con las disposiciones legales y jurisprudenciales atinentes

a la controversia que atendemos, evidencian que no medió un error de

derecho atribuible a la sala sentenciadora, ello en cuanto a la interpretación

y aplicación de la norma al caso de autos. Nos explicamos.

      A tenor con la normativa previamente esbozada, un interdicto

estatutario, como norma general, está exento de las exigencias propias a

la concesión de un interdicto tradicional, toda vez que su origen es uno

dispuesto por mandato de ley. Así, en su adjudicación, el escrutinio judicial

pertinente debe ceñirse a la letra del estatuto que lo crea, sin que

consideraciones exógenas cobren preeminencia sobre la misma. De este

modo, únicamente resulta relevante establecer que se han transgredido los

límites de ley para los cuales dicho mecanismo se impone como remedio,

sin que sea necesario alegar ni demostrar la ocurrencia de daños. En el

caso particular del injunction estatutario contenido en el Artículo 14.1 de la

Ley Núm. 161-2009, supra, solo debe demostrarse, por parte de una

persona con interés propietario o personal, que una ley o reglamento que

regula determinada actividad o uso ha sido transgredida, y que tal conducta

es atribuible a la persona compelida a la acción.

      De un análisis de las alegaciones de la parte apelante, del tracto

procesal de la controversia y de los documentos que obran en el

expediente, no se puede concluir que han mediado las circunstancias

específicas que permitan revocar el dictamen apelado. En el caso de autos,

quedó demostrado que, cuando ambas partes adquirieron sus respectivas

propiedades, para los años 1997 y 1999, la construcción en controversia

ya estaba construida. El apelante no demostró ante el foro sentenciador

cuándo se construyó la obra en cuestión. Al fallar en establecer
KLAN202300716                                                              18

mínimamente la fecha de construcción de la obra aquí impugnada, el

tribunal de instancia no se encontraba en posición de identificar

propiamente cuál era la ley o el reglamento aplicable al momento de la

presunta conducta ilegal. Ciertamente, el peso de la prueba recae sobre el

apelante, quien debía demostrar la existencia de una ley o reglamento

particular que regula el uso o actividad denunciada y que el aquí apelado

se encuentra realizando un uso o actividad en violación a esa ley o

reglamento. Para ello, es necesario establecer la fecha en que se llevó a

cabo la acción impugnada, lo cual no ocurrió en el caso de autos,

incumpliendo así con los requisitos dispuestos en el Artículo 14.1 de la Ley

Núm. 161-2009, supra.

      En consideración al derecho aplicable previamente expuesto, y al

evaluar la totalidad del expediente ante nos, habiendo el apelante

incumplido con la carga probatoria específicamente establecida para dirimir

un injunction estatutario a tenor con el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-

2009, supra, determinamos que el Tribunal de Primera Instancia actuó

correctamente y no incidió en su proceder al desestimar y archivar la

petición presentada por el apelante. En consecuencia, nos resulta forzoso

concluir que los errores imputados por la parte apelante no se cometieron.

Por lo tanto, confirmamos la Sentencia apelada.

                                     IV

      Por las razones que anteceden, confirmamos el dictamen apelado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones