Court Opinion

ID: 9928509
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:20:39.346774+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:44.168887
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

                                                CERTIORARI
ROGELIO SANCHEZ                                 Procedente del
MARTINEZ                                        Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
recurrido                                       Superior de Carolina
                             KLCE202301213

                                                Civil Núm.:
v.                                              CA2018CV02827
                                                (401)

                                                Sobre:
MUNICIPIO
AUTONOMO DE                                     Prohibición sobre
CAROLINA Y OTROS                                Represalias contra
                                                el Empleado
peticionario

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, juez ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria, el Municipio Autónomo de

Carolina, su alcalde, José Carlos Aponte Dalmau y Jesús Morales

Trujillo, mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita la revocación

de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Carolina, el 2 de octubre del 2023, notificada el 3 del mismo mes y

año. En el referido dictamen, el foro a quo declaró Con Lugar una

solicitud de reconsideración presentada por la parte recurrida, el

señor Rogelio Sánchez Martínez, y dejó sin efecto la fianza de no

residente impuesta a este.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                   I

      El 12 de octubre de 2018, el señor Sánchez Martínez instó

una demanda en contra de la parte peticionaria, sobre la Ley Núm.

Número Identificador
RES2023___________________
KLCE202301213                                                       2

115-1991, 29 LPRA sec. 194 et seq, mejor conocida como la Ley de

Represalias. En el pliego, alegó que trabajó en el Municipio

Autónomo de Carolina desde el 3 de agosto de 2012, hasta el 31 de

diciembre de 2017. Para entonces, ocupaba el puesto de conductor

de vehículos de motor pesado. Adujo que fue despedido en represalia

por unas presuntas quejas presentadas ante el alcalde del referido

municipio.

      Tras varios incidentes procesales, entre los años 2018 a 2023,

el 13 de septiembre de 2023, la parte aquí peticionaria presentó un

escrito intitulado Breve Réplica. En el mismo, entre otras cosas, le

indicó al tribunal de instancia que se le informó que el señor

Sánchez Martínez residía fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

      Así, pues, el 15 de septiembre de 2023, el foro primario le

ordenó al recurrido a que, en el término de dos (2) días, informará

su dirección postal y física y acreditará su residencia.

      En cumplimiento con lo ordenado, el 17 de septiembre del

2023, el señor Sánchez Martínez le indicó al tribunal que se

encontraba residiendo en el estado de California.

      Evaluado lo anterior, el 18 de septiembre de 2023, el Tribunal

de Primera Instancia emitió una Orden en la que le impuso al

recurrido una fianza de mil dólares ($1,000) conforme a las Regla

69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5.

      En desacuerdo, el 28 de septiembre de 2023, el señor Sánchez

Martínez presentó una solicitud de Reconsideración. En el petitorio,

acentuó que la Regla 69.5, supra, tenía como propósito principal

imponerle una fianza a la parte que resida fuera de Puerto Rico para

garantizar las costas, gastos y honorarios de abogados a los que

pueda ser condenada. Sin embargo, arguyó que la Ley de

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32

LPRA 3118 et seq, disponía que todo caso radicado en los tribunales

de Puerto Rico por un empleado, en el que se conceda la
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reclamación, se condenará al patrono al pago de honorarios.

Asimismo, aseveró, que el Artículo 2 de la Ley que Regula la

Concesión de Honorarios de Abogado en los Casos de Reclamaciones

de Trabajadores o Empleados contra sus Patronos, Ley Núm. 402 de

12 de mayo de 1950, 32 LPRA sec. 3115, detallaba que cuando se

dicte sentencia a favor del patrono o querellado, no se condenará al

empleado querellante al pago de honorarios de abogado. Así pues,

sostuvo que la Regla 69. 5, supra, iba en contra de los objetivos que

perseguían las leyes laborales. En virtud de lo anterior, solicitó al

tribunal que reconsiderara la fianza impuesta.

      El 2 de octubre de 2023, notificada, el 3 del mismo mes y año,

el foro primario emitió una Orden en la declaró Con Lugar la solicitud

de reconsideración y dejó sin efecto la fianza impuesta.

      Inconforme con dicha determinación, el 2 de noviembre del

año en curso, la parte peticionaria acudió ante nos mediante el

recurso del epígrafe y realizó el siguiente señalamiento de error:

      Erró el TPI al revertir su Orden del 18 de septiembre de
      2023 y emitir la Orden notificada el 3 de octubre de
      2023, en la cual dejó sin efecto su determinación de
      requerir al demandante prestar fianza de no residente.

      En la misma fecha, la parte peticionaria presentó una Moción

en   Auxilio   de   Jurisdicción,   mediante   la   cual   solicitó   que

paralizáramos los procedimientos en el foro a quo, hasta la

disposición final del recurso de epígrafe.

      Evaluada la petición, el 3 de noviembre de 2023, emitimos

una Resolución en la que declaramos Con Lugar la solicitud de

auxilio de jurisdicción y ordenamos la paralización de los

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. A su vez,

solicitamos a la parte recurrida a presentar su posición conforme

dispone la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XII-B, R. 37.
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      El 13 de noviembre del 2023, el señor Sánchez Martínez

compareció en oposición.

      Con el beneficio de   la   comparecencia     de   las   partes,

procedemos a resolver.

                                 II

   A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 285 DPR 163, 174-175

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      [. . .]
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      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera Gómez

y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v.

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020).

      Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La

precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
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      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170,

181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729,

745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR

140, 155 (2000).

      Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen,
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cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martinez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98.

                                  III

      La parte peticionaria aduce que el foro primario incidió en

relevar al señor Sánchez Martínez de la fianza de no residente.

Sostiene que, a pesar de que la Ley 402, supra, dispone que, cuando

se dicte sentencia a favor de un patrono querellado en una

reclamación laboral, no se le impondrá al empleado querellante el

pago de honorarios, la misma especifica que, para efectos de aplicar

la política pública promulgada, la palabra patrono incluirá las

autoridades y corporaciones públicas del Gobierno Estatal o sus

representantes. Así, pues, arguye, que, aunque el Municipio es una

entidad gubernamental, no es gobierno estatal, ni una corporación

pública. Por otra parte, plantea que en el caso de epígrafe no se

encuentran presentes ninguna de las excepciones contempladas por

el ordenamiento jurídico vigente para relevar a una persona de la

aplicación de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra.

      Precisa señalar que las leyes laborales persiguen dar acceso a

la justicia a personas en una situación económica precaria, puesto

que han sido cesanteados de su empleo, presuntamente, de forma

injustificada. Así pues, nuestro más Alto Foro ha expresado que la

legislación laboral es un instrumento de justicia social y debe

interpretarse de la forma más favorable al obrero. Acevedo Arocho v.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico, 2023 TSPR 80, 212 DPR

___ (2023); Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937

951 (2011); Sánchez v. Sylvania Lighting, 167 DPR 247, 254 (2006).

Conforme a lo expuesto, entendemos que la Regla 69.5, supra, es
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incompatible con todo caso en cual un empleado reclame un

derecho contra su patrono.

      En virtud de lo anterior, y luego de un examen sosegado del

expediente ante nos, concluimos que no existe criterio jurídico que

amerite nuestra intervención con lo resuelto por el foro primario, y

que nuestra intervención, en esta etapa de los procedimientos, no

resulta oportuna. Asimismo, entendemos que en el presente caso no

se encuentran presentes ninguno de los criterios de la Regla 40 de

nuestro reglamento, supra, que permiten que expidamos el recurso

discrecional ante nos.      Por tanto, denegamos expedir el auto de

certiorari que nos ocupa.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del   recurso   de   certiorari   solicitado   y   se deja sin efecto la

paralización de los procedimientos decretada mediante la Resolución

emitida el 3 de noviembre de 2023.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones