Court Opinion

ID: 9962767
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:50:21.41127+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:33.183581
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

 MUNICIPIO DE GUÁNICA                                      Apelación
       Y OTROS                                             procedente del
                                                           Tribunal de
          Apelantes                                        Primera
                                                           Instancia, Sala
               v.                                          de Ponce
                                  KLAN202400062
    ASOCIACIÓN DE                                          Civil Núm.:
 EMPLEADOS DEL ESTADO                                      PO2023CV03331
  LIBRE ASOCIADO DE
     PUERTO RICO                                           Sobre: Sentencia
                                                           Declaratoria,
           Apelada                                         Injunction
                                                           Preliminar y
                                                           Permanente

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
 la jueza Prats Palerm

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 13 de marzo de 2024.

         Comparecen       el   Municipio     de    Guánica       y   otros,      en

 adelante el Municipio o el apelante y en conjunto, los

 apelantes,         quienes    nos    solicitan         que    revoquemos        la

 Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

 Sala de Ponce, en adelante TPI. Mediante la misma, el

 TPI resolvió que, según el Art. 42 de la Ley Núm. 9-

 2013,    la    Asociación       de   Empleados         del     Estado    Libre

 Asociado de Puerto Rico, en adelante la AEELA, no está

 obligada a pagar arbitrios de construcción al Municipio

 y,   también,       eximió    del    pago    de     los      arbitrios     a    la

 compañía      contratada       por   la     AEELA      para    realizar        los

 trabajos de demolición.

         Por        los    fundamentos            que         expondremos         a

 continuación, se confirma la Sentencia apelada.

Número Identificador

SEN2024_________________
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                                          -I-

        La       AEELA     instó        una     Demanda         sobre      sentencia

declaratoria, injunction preliminar y permanente contra

los     apelantes.1            Solicitó       al    TPI        que     decretara       la

insistencia del            Municipio,          en cobrarle los arbitrios

municipales, como una violación a los derechos de la

apelada y sus socios, por dos razones: (1) deja sin

efecto       la    ley    especial       que       delinea      y     establece       los

poderes y facultades de la Asamblea de Delegados de la

AEELA,       y    (2)     la    legislatura         no    le     ha     delegado       al

Municipio          la    facultad      para     imponerle            contribuciones.

También, solicitó al foro sentenciador que ordenara a

los apelantes a no forzar a la apelada a realizar el

pago de los arbitrios ni a someterse a un procedimiento

administrativo para impugnar el pago; que ordenara al

Municipio a emitir una certificación negativa de deuda

por concepto de los arbitrios de construcción y; que

ordenara a la Oficina de Gerencia de Permisos, a emitir

el permiso de demolición. En fin, solicitó la exención

del     pago       de    arbitrios        municipales,               conforme     a    lo

dispuesto en el Art. 42 de la Ley de la Asociación de

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

2013, en adelante la Ley Núm. 9-2013.

        Por       su    parte,    el    TPI     celebró         una    Vista    en     su

Fondo, en la que hizo constar que la AEELA está exenta,

por     disposición        legal,       del     pago      de    contribuciones            y

simplificó la controversia a dilucidar si la exención

contributiva              se      extiende           a     los          contratistas

independientes             que         realizarán          los         trabajos        de

demolición, en lo predios que pertenecen a la apelada.2

1   Apéndice de la apelada, págs. 1-33.
2   Id, págs. 146-150.
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Además,        les     concedió          término          a     las       partes          para

presentar memorandos de derecho y al Municipio, para

contestar la demanda de la AEELA.

        Así pues, el Municipio presentó su contestación a

la   demanda;        en    síntesis,          arguyó          que    la     necesidad          y

urgencia de la demolición hacen académico el remedio de

injunction           preliminar          y        permanente;             que        es    su

responsabilidad            y     deber        cobrar          los     arbitrios           por

construcción;          y   que      la      apelada        no       adujo    causas        de

acción que justifiquen la concesión de un remedio.3

        En el término concedido,                        las partes          presentaron

sus respectivos memorandos de derecho.4

        Con    el    beneficio         de     la        comparecencia           de    ambas

partes, el TPI declaró ha lugar la Demanda y emitió una

Sentencia       Declaratoria,                en     la     que       estableció           que

conforme a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley Núm. 9-

2013,     la     AEELA         no   tiene          la     obligación            de    pagar

arbitrios de construcción al Municipio y declaró no ha

lugar      la        petición          de         injunction          preliminar               y

permanente.5         Del       mismo     modo,       formuló         las     siguientes

determinaciones de hechos:

        1. La   Asociación    es   dueña   de   un   edificio
           denominado    Centro   Vacacional    Playa   Santa
           (CVPS), localizado en el barrio Ensenada de
           Guánica. El CVPS lo constituye una edificación
           de 13 pisos que alberga 98 apartamentos para el
           disfrute   de    vacaciones   de   los   empleados
           públicos, sus familiares y la comunidad en
           general. El complejo operó desde 1982 hasta
           enero de 2020. Entre finales del 2019 y
           principios del 2020, una secuencia de más de
           2,000 sismos afectó la zona sur de Puerto Rico
           generando escenas de caos, devastación y
           destrucción. El CVPS sufrió daño estructural
           como consecuencia de estos terremotos. Debido a
           la destrucción y los daños ocasionados por los
           terremotos, el CVPS quedó inhabitable y fue
           clausurado, con el fin de garantizar la
           seguridad de los empleados, los visitantes y la
           comunidad de Ensenada.

3 Id., págs. 155-161.
4 Apéndice de los apelantes, págs. 24-70.
5 Id., págs. 1-21.
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     2. Ante   la   severidad   de   los   daños  y   la
        peligrosidad   que   representaba,   en  reunión
        extraordinaria celebrada el 24 de septiembre de
        2021,   la   Asamblea   de    Delegados  de   la
        Asociación, autorizó el inicio de los trámites
        necesarios para la demolición del edificio.

     3. Luego de un proceso de subasta formal (SAE-14-
        23-00), el 12 de mayo de 2023, se adjudicó la
        buena pro de la subasta para demoler y disponer
        de   los  materiales    remanentes    del   Centro
        Vacacional, mediante el uso de explosivos. La
        agraciada con la buena pro de la subasta fue la
        empresa Alpha Demolitions, Inc. Una compañía
        dedicada     al    negocio     de    demoliciones
        industriales,     comerciales,     residenciales,
        demoliciones      con      métodos      mecánicos,
        demoliciones    con   uso     de   explosivos    y
        desmantelamientos en general establecida en
        Puerto Rico.

     4. Mediante reunión ordinaria llevada a cabo el 14
        de junio de 2023, el Comité Ejecutivo de la
        Asociación ratificó la demolición de la Torre
        del Centro Vacacional de Playa Santa, asignó
        los fondos necesarios para la adjudicación de
        la obra para la demolición de la estructura y
        la disposición de los materiales a Alpha
        Demolitions.
        . . . . . . . .

     19. El 12 de octubre de 2023, el licenciado Merle
         Feliciano comunicó al representante legal de
         AEELA que la determinación del honorable
         alcalde del municipio de Guánica era no
         conceder    el   certificado   de    exención
         solicitado.

     […]

     22.   El 20 de octubre de 2023, el señor alcalde
           notificó una comunicación en la que reitera
           su oposición de no proveer el certificado de
           exención solicitado e instó a la Asociación a
           someterse    y    agotar   el   procedimiento
           administrativo dispuesto en el Artículo 2.110
           de la Ley Núm. 107-2020 (Código Municipal de
           Puerto Rico) para cuestionar la cuantía del
           pago   por     concepto  de    arbitrios   de
           construcción. Plantea, además, que tomaba
           conocimiento de que en virtud de lo dispuesto
           en el Artículo 42 de la Ley 9-2013 la
           Asociación goza de la exoneración del pago de
           toda clase de contribuciones, arbitrios y
           derechos, pero que, frente a esa disposición,
           el Artículo 2.110, inciso (f) de la Ley 107-
           2020, dispone cuáles son las excepciones que
           puede conceder el municipio y en éstas no
           existe ninguna que les obligue a conceder la
           exención solicitada por AEELA. De igual
           manera expresa que la interpretación del
           Municipio es que la exoneración solicitada no
           procede cuando las obras de construcción son
           llevadas a cabo por una persona natural o
           jurídica actuando a favor o en representación
           de, o por un contrato o subcontrato con una
           compañía privada.

     […]
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        27. La ordenanza Núm. 60 Serie 2005-2006 impone un
            arbitrio de 5% del costo total de la obra para
            las        construcciones,        ampliaciones,
            demoliciones, relocalizaciones y mejoras a
            cualquier    estructura    o   edificación    y
            realización de excavaciones y movimientos de
            tierra.

        28.   De proceder en derecho, el arbitrio de
              construcción que le corresponde a pagar al
              contratista asciende a la cantidad de ciento
              veintinueve mil dólares ($129,000.00).

        29.   Entre las alegaciones de la parte Demandante
              expuestas en la demanda, no se alega que
              estas posean o que estas gocen de un decreto
              de exención contributiva, conforme a la Ley
              de Incentivos Contributivos.

        30.   AEELA no se dedica a la construcción o la
              demolición y contrató para estos fines una
              compañía privada especializada.6

        En consecuencia, el foro apelado concluyó:

             En este caso es un hecho cierto que se trata
        de una obra de construcción dentro de los límites
        territoriales del Municipio de Guánica. De igual
        forma, para esta Curia es un hecho indubitado que
        en este caso la obra pertenece a la AEELA.
        Ciertamente, la AEELA no se dedica a realizar
        obras de construcción por lo que se ve en la
        necesidad    de    adquirir estos   servicios   de
        contratistas independientes. En los hechos de este
        caso el contratista es un ejecutor de una obra de
        construcción de la cual el dueño es AEELA.
        Consideramos     meritorio  reconocer    que   los
        contratistas    transfieren el   importe   de  los
        arbitrios como un costo de construcción a los
        dueños de la obra. Por lo que, una interpretación
        contraria a extender los beneficios de la exención
        al contratista independiente tendría el efecto de
        frustrar el propósito legislativo de la exención
        concedida a la AEELA.

             De igual manera, somos del pensar que el
        arbitrio de construcción recae sobre la obra y no
        sobre la persona que la realiza; y al ser la
        Asociación una persona jurídica exenta del pago de
        los arbitrios la dueña de esta; el Municipio no
        puede requerirle el pago de los arbitrios de
        construcción a la parte demandante.7

        En    desacuerdo,   los   apelantes   presentaron     una

Apelación en la que alegan que el TPI incurrió en los

siguientes errores:

        ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
        SUPERIOR DE PONCE, AL RESOLVER QUE LA ASOCIACIÓN
        DE EMPLEADOS DEL ELA NO ESTÁ OBLIGADA A PAGAR
        ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPALES POR UNA OBRA
        DE DEMOLICIÓN PARA LA CUAL CONTRATÓ A UNA ENTIDAD
        PRIVADA.

6   Id., págs. 10-14.
7   Id., págs. 20-21.
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      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER
      QUE UN CONTRATISTA PRIVADO A QUIEN LA AEELA
      CONTRATA PARA DEMOLER UNA ESTRUCTURA ESTÁ EXENTA
      DE   PAGAR    LOS   ARBITRIOS    DE   CONSTRUCCIÓN
      ESTABLECIDOS PARA DICHO TIPO DE ACTIVIDAD.

      Oportunamente, la apelada presentó su escrito en

oposición.

      Examinados         los       escritos         de    las    partes,       el

expediente y la prueba documental, estamos en posición

de resolver.

                                     -II-

                                      A.

     La     Regla      59.1    de    las       de   Procedimiento       Civil,

dispone:

      El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad
      para declarar derechos, estados y otras relaciones
      jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro
      remedio. No se estimará como motivo suficiente
      para atacar un procedimiento o una acción el que
      se   solicite    una    resolución   o    sentencia
      declaratoria. La declaración podrá ser en su forma
      y efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la
      eficacia   y  el   vigor   de   las  sentencias   o
      resoluciones definitivas.

      Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37
      de este apéndice, el tribunal podrá ordenar una
      vista   rápida   de   un   pleito   de  sentencia
      declaratoria,    dándole   preferencia   en    el
      calendario.8

     El mecanismo procesal de la sentencia declaratoria

permite     a   un     tribunal      declarar        derechos,       estados       y

relaciones jurídicas.9 Así pues, el resultado de dicho

recurso     procesal          es    una        decisión    judicial      sobre

cualquier divergencia en la interpretación de una ley.10

Conviene    destacar,         que   el     propósito      de    la   sentencia

declaratoria es disipar una controversia sustancial y

real entre partes con intereses legales adversos, para

de   este       modo     disipar          la     incertidumbre        jurídica

existente entre aquellos.11 En ausencia de un peligro

8 32 LPRA Ap. V, R. 59.1.
9 Mun. de Fajardo v. Srio. de Justicia, 187 DPR 245, 254 (2012).
10 Id.
11 Id.
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potencial contra el promovente, el recurso de sentencia

declaratoria es improcedente,12 amenazando en convertir

cualquier       dictamen           judicial           en     una           determinación

abstracta e hipotética. Como en el caso de cualquier

acción justiciable, el promovente tiene que demostrar

la    existencia        de        un        daño     claro,      palpable,        real,

inmediato, y preciso, no abstracto o hipotético; que

exista nexo causal entre el daño y la causa de acción

invocada; y que la causa de acción surja al amparo de

la constitución o de una ley.13

                                              B.

       Conforme lee la exposición de motivos, la Asamblea

Legislativa aprobó el Código Municipal de Puerto Rico,

también conocido como Ley Núm. 107-2020, a los fines de

integrar, organizar y actualizar las leyes aplicables a

la organización, la administración y el funcionamiento

de    los    municipios.          El        estatuto       les    reconoce        a    los

municipios la autonomía en el ejercicio de sus poderes

jurídicos, económicos y administrativos sobre asuntos

relativos      al     bienestar             general     de       sus       habitantes.14

Entre las facultades conferidas, el gobierno municipal

ostenta       el     poder         inherente           de        fijar        impuestos

municipales         dentro        de        sus    límites       jurisdiccionales,

sobre       materias        que        no     sean     incompatibles            con    la

tributación del Estado, y de asumir participación en

los     recaudos       para       asegurar           recursos          y     estabilidad

fiscal,      sujeto     a    los        parámetros         establecidos          por   la

12 Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 475 (2006).
13 Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 DPR 593, 599
(1992). Véase, además, Rosario Rodríguez v. Rosado Colomer et al.,
208 DPR 419, 427-428 (2021).
14 Art. 1.007 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 7012).
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Asamblea Legislativa mediante ley o en este Código.15 De

modo       que,         en     el     desempeño    de       sus    facultades,         la

legislatura             municipal        tendrá    todas          las    limitaciones

impuestas por la Constitución de Puerto Rico y por la

Ley Núm. 600 del 3 de julio de 1950.16

       Como parte de la autonomía municipal reconocida,

el Código Municipal permite a los municipios:

       (c)…imponer y cobrar contribuciones o tributos,
       arbitrios de construcción y otros arbitrios e
       impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de
       los    límites   territoriales    del   municipio,
       compatibles con el Código de Rentas Internas y las
       leyes del Gobierno de Puerto Rico… por la
       construcción de obras y el derribo de edificios...

            Toda obra de construcción dentro de los
       límites territoriales de un municipio, realizada
       por una persona natural o jurídica privada, o que
       sea llevada a cabo por una persona natural o
       jurídica privada a favor o en representación de, o
       por contrato o subcontrato suscrito con una
       agencia   pública   o    corporación   pública    o
       instrumentalidad del Gobierno estatal o municipal
       o del Gobierno federal, incluyendo aquella obra
       que no requiera la solicitud o expedición de un
       permiso, deberá pagar arbitrio de construcción
       correspondiente, previo al comienzo de la obra.17

       Conviene destacar que el Código Municipal define

una        actividad           de      construcción         como        el     acto    de

“construir,             reconstruir,       remodelar,         reparar,          remover,

trasladar           o    relocalizar       cualquier         edificación,          obra,

estructura, casa o construcción de similar naturaleza

fija       y    permanente,            pública     o    privada,             incluyendo,

cualquier           acto       o    actividad     inherente         o    directamente

relacionada a la formalización y ejecución de estas…”.18

A     su       vez,          define     arbitrio       de    construcción             como

“[a]quella contribución impuesta por los municipios a

través         de   una        ordenanza    municipal         aprobada          con   dos

terceras (2/3) partes para ese fin, la cual recae sobre

15 Id. Véase, además, Lilly del Caribe v. Mun. de Carolina, 201 DPR
306, 316-317 (2022); ECA Gen. Contract. v. Mun. de Mayagüez, 200
DPR 665, 675 (2018).
16 Art. 1.038 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 7064).
17 Art. 2.109 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 7331). (Énfasis

suplido).
18 Art. 8.001 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 8351).
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el   derecho         de     llevar       a        cabo    una    actividad         de

construcción y/o una obra de construcción dentro de los

límites territoriales del municipio”.19

                                         C.

     La AEELA es una asociación sin fines de lucro que

se   originó         para       estimular          el     ahorro       entre       las

empleadas,         los    empleados,         las     socias      y    los     socios

acogidos       pensionados,            establecer         planes      de     seguro,

efectuar préstamos, proveerle a este grupo de personas

hogares        e     instalaciones                hospitalarias            para     el

tratamiento médico de ellas y sus familiares y proveer

otros beneficios tales                 como el Centro Vacacional Playa

Santa del Caribe.20 En tanto los servicios que ofrece

tienen    un       impacto      social       y     económico,         la    Asamblea

Legislativa le confirió un                    carácter      compulsorio           para

los empleados públicos que componen las agencias del

gobierno    central          de    Puerto         Rico,    las       corporaciones

públicas y los municipios.21 Lo anterior implica que la

AEELA no recibe fondos del gobierno, por el contrario,

esta subsiste con las aportaciones de los empleados y

las empleadas públicos.

     Por otro lado, como parte de los esfuerzos para

ratificar la naturaleza privada de la AEELA, establecer

las regulaciones propias de una institución privada,

garantizar         que    las     socias      y    los    socios       retomen     el

control    del      gobierno       y    de    la    administración           de    los

asuntos    operacionales           y    financieros,         a   través       de    la

19 Id.
20 Exposición de motivos de la Ley Núm. 9-2013. Véase, además, Art.
5 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9004).
21 Art. 11 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9010). Véase, además,

Aquino v. Asociación, 182 DPR 1, 31 (2011) (citando a First Federal
v. Srio. de Hacienda, 86 DPR 56, 70 (1962)).
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Asamblea de Delegados,22 la Asamblea Legislativa eximió

de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones,

los negocios y las propiedades de la AEELA, así como

las que pueda adquirir en el futuro.23

     Del mismo modo, esta legislación exime a la AEELA

de los derechos de aranceles ante el Registro de la

Propiedad;24 de los derechos, sellos y comprobantes de

rentas    internas     relativos      a     la     expedición       de

certificaciones;25    de   los   derechos    de     examen     de   las

entidades fiscalizadoras;26 y del cumplimiento con los

requisitos de inscripción impuestos por la Ley Núm. 60

de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como

la "Ley Uniforme de Valores"27.

     Finalmente, la Ley Núm. 9-2013 dispone que:

     Toda obligación expedida a favor de la Asociación
     de Empleados de Gobierno de Puerto Rico, se
     considerará   propiedad   de   la   Asociación   de
     Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto
     Rico. Así también, tendrá derecho de propiedad
     sobre todos los fondos y bienes inmuebles,
     muebles, mixtos, corpóreos e incorpóreos, de
     cualquier clase que sean y en cualquier sitio
     radicados, poseídos, explotados o controlados por
     la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto
     Rico. Los Registradores de la Propiedad de Puerto
     Rico   considerarán   concluyentemente   que   toda
     propiedad inmueble o derecho real inscrito a favor
     de la Asociación de Empleados de Gobierno de
     Puerto Rico, será propiedad de la Asociación de
     Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto
     Rico, sin que sea necesario presentar documento
     alguno en el Registro de la Propiedad de Puerto
     Rico para acreditar ese hecho.28

                              -III-

     El apelante aduce que tiene amplia facultad “para

imponer      contribuciones        sobre         actividades        que

constituyan una obra de construcción”. Esta facultad es

22 Exposición de motivos de la Ley Núm. 9-2013. Véase, además, Art.
46 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9045).
23 Art. 42 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9041).
24 Art. 41 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9040).
25 Art. 40 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9039).
26 Art. 43 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9042).
27 Art. 44 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9043).
28 Art. 53 de la Ley Núm. 9-2013 (3 LPRA sec. 9052). (Énfasis

suplido).
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extensiva “a toda obra de construcción” ejecutada por

persona natural o jurídica privada “independientemente

de que la obra sea realizada para sí, o a favor [sic.]

en representación de una agencia o corporación pública

o instrumentalidad del Gobierno estatal o municipal.”

      Por otro lado, para el Municipio, la AEELA no está

exenta del pago de arbitrios de construcción. Así pues,

las    exenciones      respecto         a       impuestos,          derechos       y

contribuciones de las cuales se beneficia la apelada,

se    limitan       estrictamente           a     aquellas           actividades

reclamadas con los fines que el artículo 42 de la Ley

Núm. 9-2013 les asigna.

      A esto añade el apelante, que el Código Municipal

no    exoneró   a     la    AEELA      del      pago       de     arbitrios       de

construcción.        Peor    aún,         dicho      cuerpo          legislativo

rechazó     expresamente      que      las      exenciones           tributarias

reconocidas      se        extendieran           a         los     contratistas

independientes que realizan obras para las                               entidades

gubernamentales exentas.

      En cambio, la AEELA arguye que como es una persona

jurídica exenta del pago de arbitrios, el arbitrio de

construcción     recae      sobre      la    obra      y    que,        además,   es

dueña de la obra, por lo que el Municipio no puede

requerir el pago de arbitrios al contratista que eligió

para los trabajos de demolición del Centro Vacacional

Playa Santa del Caribe.

      Nos   encontramos       ante      una      controversia            sobre    la

interpretación        de    la      Ley      Núm.          9-2013.        Ante    la

disyuntiva      suscitada,        la        normativa            jurisprudencial

establece que las secciones de los estatutos no pueden

interpretarse        aisladamente,           por       el        contrario,       es

necesario    armonizar       el     significado            de     sus    distintas
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partes e implementar la intención legislativa, de modo

que se asegure el resultado que el legislador quiso

obtener al crear la ley.29

       En consideración a lo anterior, la Ley Núm. 9-2023

establece que la AEELA es una organización sin fines de

lucro, creada con el propósito de ofrecer beneficios

económicos         y    sociales       a   los   empleados      públicos,      así

como a sus familiares. Con el propósito de alcanzar el

objetivo legislativo, la Ley Núm. 9-2013 estableció un

esquema amplio de exenciones contributivas, a saber,

eximió a la AEELA:                   (1) de toda clase de impuestos,

derechos       y       contribuciones        cuando      se    trata    de     los

negocios y las propiedades de la AEELA, así como las

que pueda adquirir en el futuro; (2) de los derechos de

aranceles ante el Registro de la Propiedad; (3) de los

derechos,       sellos         y     comprobantes      de     rentas   internas

relativos a la expedición de certificaciones; (4) de

los derechos de examen de las entidades fiscalizadoras;

(5)     y      del       cumplimiento        con       los     requisitos       de

inscripción impuestos por la Ley Núm. 60 de 18 de junio

de     1963,       según       enmendada,        conocida      como    la     "Ley

Uniforme de Valores”.

       Por otro lado, en lo aquí pertinente, el Código

Municipal       define         el    arbitrio    de    construcción      en    los

siguientes         términos:         “[a]quella       contribución     impuesta

por los municipios a través de una ordenanza municipal

aprobada con dos terceras (2/3) partes para ese fin, la

cual    recae          sobre    el    derecho     de    llevar    a    cabo    una

actividad de construcción y/o una obra de construcción

dentro de los límites territoriales del municipio”.30

29  Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 858-859
(2000).
30 Art. 8.001 de la Ley Núm. 107-2020 (21 LPRA sec. 8351).
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       Ahora bien, para determinar si un municipio tiene

facultad para cobrar el arbitrio de construcción hay

que    examinar      el    tipo   de    obra,      su    localización          y    a

quién pertenece.31         Además,      es     menester        considerar      los

siguientes      factores:         los       arbitrios     de        construcción

recaen sobre la obra y no sobre quién la ejecuta,32 el

costo del proyecto define la cuantía de los arbitrios33

y     aunque   el      contratista           pague      los        arbitrios       de

construcción, esta suma proviene del dueño de la obra34.

       Por otro lado, conviene destacar que el caso ante

nuestra consideración presenta una notable analogía con

Coop.    Ahorros       Rincón     v.    Mun.      Mayagüez,        200   DPR   546

(2018). Semejante a la Ley de Sociedades Cooperativas

de Ahorro y Crédito de 2002, en adelante Ley Núm. 255-

2002, objeto de análisis en este último caso, la Ley

Núm. 9-2013 se creó con varios propósitos de interés

social,      tales     como     estimular         el    ahorro,       establecer

planes de seguro, efectuar préstamos, proveer hogares e

instalaciones          hospitalarias,          entre          otros.        Además,

análogo a      la     Ley Núm. 255-2002, la Ley Núm. 9-2013

estatuyó       una         abarcadora          gama           de      exenciones

contributivas a favor de la AEELA, a saber, la exime:

(1)     de     toda       clase        de     impuestos,            derechos        y

contribuciones cuando se trata de los negocios y las

propiedades       de      la   AEELA,       así    como       las     que     pueda

adquirir en el futuro; (2) de los derechos de aranceles

ante el Registro de la Propiedad; (3) de los derechos,

sellos y comprobantes de rentas internas relativos a la

expedición de certificaciones; (4) de los derechos de

31 Coop. Ahorros Rincón v. Mun. Mayagüez, 200 DPR 546, 559 (2018);
Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 706 (2009).
32 Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. de Yauco, 187 DPR 665, 675 (2013);

Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra.
33 Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. de Yauco, supra.
34 Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra.
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examen      de     las       entidades       fiscalizadoras;          (5)    y    del

cumplimiento               con     los      requisitos         de    inscripción

impuestos por la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963,

según     enmendada,             conocida    como       la   "Ley    Uniforme     de

Valores”.

        En el pleito de epígrafe, similar a Coop. Ahorros

Rincón v. Mun. Mayagüez, supra, el apelante alega que

la exención solo aplica a los tributos que le impone

directamente a la AEELA. Así pues, están exentas las

operaciones           que    la    AEELA     realiza         para   alcanzar      sus

fines institucionales.

        Sin embargo, al igual que en Coop. Ahorros Rincón

v.     Mun.      Mayagüez,          supra,        “la    dificultad        con    ese

planteamiento es que no toma en cuenta que el monto del

arbitrio         de        construcción          que    pretende      cobrar       al

contratista           se    incluye      como      parte      del   costo    de   la

obra”35, por lo que, en última instancia, es la AEELA la

que lo pagará.

        Conforme        a    lo    previamente          expuesto,     no    podemos

acoger el argumento del Municipio de imponer arbitrios

de construcción a la AEELA. La posición sugerida por el

apelante      no      se     sostiene,       en    tanto      los   arbitrios      de

construcción se fijan conforme al valor de la obra,

tomando en cuenta quién es su dueño y aunque los pague

el contratista, el costo se transfiere al dueño de la

obra.      Por     consiguiente,            la    contención        del    apelante

derrotaría         la       intención       legislativa        de   conceder       un

esquema amplio de exenciones contributivas a la AEELA

para que alcance sus loables fines en beneficio de los

empleados públicos.

35   Coop. Ahorros Rincón v. Mun. Mayagüez, supra, pág. 558.
KLAN202400062                                                           15

        A la luz de lo antes expuesto, si el Tribunal

Supremo de Puerto Rico consideró que para proteger los

fines      del    cooperativismo       había      que   recurrir    a   un

esquema      amplio      de   exenciones    tributarias,      incluyendo

los      arbitrios       municipales,       no    encontramos      ningún

fundamento jurídico o social para no hacer lo propio

con la AEELA. Así pues, aunque las exenciones deben

interpretarse restrictivamente, “dichas normas no deben

ser interpretadas tan restrictivamente                   como para que

pueda quedar frustrada la intención legislativa”.36

        Finalmente,       y    entrando     en     el    ámbito    de   la

especulación       hermenéutica,       si    el    legislador      hubiese

entendido que para lograr los fines de la AEELA había

que     imponer     el    pago    de   arbitrios        municipales,    lo

hubiese declarado expresamente en el Código Municipal

de 2020.

                                   -IV-

        Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones

36   Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 707.