Court Opinion

ID: 9952293
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:37:47.248407+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:36.033023
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

    ELVIN O. VÉLEZ                              Revisión
 CEDEÑO; RAMÓN L.                               Administrativa
HÉRNANDEZ MANZÁN;                               procedente de la
 ORLANDO MONROIG                                Oficina de
 ADAMES; AUSBERTO                               Apelaciones de la
    SANTIESTEBAN                                Autoridad de
RODRÍGUEZ; SHELLEY                              Acueductos y
  ANN TERREFORTE;                               Alcantarillados
  RAMÓN L. FLORES
   JORGE; ANTONIO                               Apelaciones Núm.
      SOSA RUIZ;                                OA-22-029;
      HERIBERTO                                 OA22-030;
FIGUEROA MARRERO;                               OA-22-031;
    ANÍBAL APONTE                               OA-22-032;
      MARTÍNEZ;                                 OA-22-033;
  JEANNETTE VÉLEZ                               OA-22-034;
 PLAZA; JOHN C. ICE          KLRA202300631      OA-22-035;
 ACEVEDO; LILIBETH                              OA-22-036;
 TORRES ALVARADO;                               OA-22-037;
  MIGUEL SÁNCHEZ                                OA-22-038;
 VÉLEZ; IRIS JUSINO                             OA-22-039;
  NAZARIO; JAYSON                               OA-22-040;
    ROSA IGLESIAS;                              OA-22-041;
  ÁNGEL L. RAMÍREZ                              OA-22-042;
 ARROYO; CARLOS R.                              OA-22-043;
SEGARRA ENRÍQUEZ;                               OA-22-044;
   ÁNGEL R. RAMOS                               OA-22-048;
 PABÓN; WALLECE G.                              OA-22-049;
      LÓPEZ LAÓ                                 OA-22-050
                                                (Casos Consolidados)
      Peticionarios
                                                Sobre:
            V.                                  Revisión Judicial de
                                                Resolución
   AUTORIDAD DE                                 Administrativa en
   ACUEDUCTOS Y                                 relación con
  ALCANTARILLADOS                               Impugnación de
                                                Escala Salarial
        Recurrido
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

      Comparecen ante nosotros Elvin O. Vélez Cedeño, Ramón L.

Hernández    Marzán,      Orlando   Monroig   Adames,   Shelley   Ann

Terreforte, Ramón L. Flores Jorge, Antonio Sosa Ruiz, Aníbal Aponte

Martínez, Jeannette Vélez Plaza, John C. Ice Acevedo; Lilibeth Torres

Número Identificador
SEN2024________________
KLRA202300631                                                                 2

Alvarado, Miguel Sánchez Vélez; Iris Jusino Nazario, Jayson Rosa

Iglesias, Ángel L. Ramírez Arroyo, Carlos R. Segarra Enríquez, Ángel

R. Ramos Pabón, Wallece G. López Laó, Ausberto Santiesteban

Rodríguez y Heriberto Figueroa Marrero (en adelante, parte

recurrente o recurrentes) mediante un recurso de revisión judicial.

Solicitan que revisemos una Resolución Respecto a Solicitud de

Reconsideración dictada el 8 de noviembre de 2023, y notificada el

10 de noviembre de 2023, por la Oficina de Apelaciones de la

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante, Oficina de

Apelaciones o parte recurrida).1 Mediante dicho dictamen, la parte

recurrida declaró “no ha lugar” una Moción Señalando Defecto en

Notificación y de Reconsideración al reafirmar su posición de no

poseer jurisdicción sobre la materia objeto del reclamo de los

recurrentes.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos      la   determinación      de   la   Oficina    de   Apelaciones.

Explicamos.

                                      -I-

       El 16 de junio de 2022, la presidenta de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados (en adelante, AAA), la ingeniera Doriel

Pagán Crespo, sometió ante la Junta de Gobierno de la Autoridad

de Acueductos y Alcantarillados (en adelante, Junta de Gobierno)

una Petición de Aprobación para Implementar las Estructuras

Salariales Propuestas para los Servicios de Confianza Administrativo,

Carrera Gerencial, Unidad Apropiada de Empleados Profesionales,

Representados por la HIEPPAAA y la Unidad Apropiada de

Empleados Diestro, Semi Diestros y no Diestros, Representada por la

UIA.2 A través de esta petición, la Presidenta Ejecutiva solicitó a la

1 Apéndice del Recurso de Revisión de la parte recurrente, págs. 2097-2099.
2 Íd., págs. 2021-2023.
KLRA202300631                                                                    3

Junta de Gobierno implementar una revisión de la escala salarial

vigente en la AAA.

       En atención a la solicitud de la Presidenta Ejecutiva, el 17 de

junio de 2022, la Junta de Gobierno aprobó la Resolución Núm.

3302.3 La referida resolución enmendó la Resolución Núm. 2342 del

30 de octubre de 20074, con el fin de establecer nuevos tipos

mínimos y máximos de escalas retributivas salariales de los

empleados gerenciales y administrativos de carrera, no cubiertos

por convenios colectivos. Cabe resaltar que, la Junta de Gobierno

aprobó la Resolución Núm. 3302 conforme al análisis realizado por

la compañía Meléndez, Bravo y Asociados, Inc.5

       Así las cosas, el 22 de junio de 2022, la Presidenta Ejecutiva

emitió una comunicación en la que informó que implementaría los

cambios salariales establecidos en la Resolución Núm. 3302.6

Posteriormente, la Directora de Recursos Humanos de la AAA, la

señora Waleska López Farla, notificó a los recurrentes de manera

individual sobre el beneficio salarial particular que recibirían, según

los parámetros aprobados por la Junta de Gobierno. Además, les

advirtió acerca de su derecho a solicitar una revisión administrativa

ante un Comité de Revisión creado por la AAA para esos fines, dentro

de un término de veinte (20) días laborales a partir del recibo de la

notificación.7

       De acuerdo con lo anterior, todos los recurrentes solicitaron

una revisión administrativa ante el Comité de Revisión en la que

3 Íd., págs. 1991-1997.
4 Cabe señalar que, la Resolución Núm. 2342 autorizó la implementación del Plan

de Clasificación y Retribución de 2007 aplicable a todos los empleados no
cubiertos por convenios colectivos.
5 Véase el Informe Final Proyecto Desarrollo de nuevas estructuras salariales para

el servicio de confianza, carrera gerencial, unidad de apropiada de empleados
profesionales representada por la HIEPAAA y la unidad apropiada de empleados
diestros semi diestros y no diestros, representada por la UIA de la AAA del Recurso
de Revisión, págs. 1998-2019.
6 Íd., pág. 2033.
7 Véase a modo de ejemplo la notificación realizada a una de las recurrentes, la

ingeniera Shelley Ann Terreforte. Apéndice del Recurso de Revisión, págs. 2034-
2035.
KLRA202300631                                                                   4

objetaron el cambio de salario aplicado a sus sueldos actuales. En

síntesis, argumentaron que: (1) el cambio salarial se hizo en

violación de los reglamentos de la AAA; (2) el salario fue ajustado

utilizando un marco legal que no era aplicable a sus situaciones

particulares; y (3) la evaluación del puesto que ocupan como

Gerentes Técnicos no fue realizada de manera adecuada.

       A partir del mes de agosto de 2022, la Directora de Recursos

Humanos notificó individualmente a cada recurrente sobre la

decisión de la AAA. En específico, el Comité de Revisión de la AAA

concluyó que los reclamos no procedían debido a que la Resolución

Núm. 3302 solamente autorizó implementar una revisión y un

ajuste a las escalas retributivas existentes y no autorizó establecer

un nuevo plan de clasificación y retribución. Asimismo, sostuvo que

la adjudicación del tipo intermedio o el máximo de la escala no está

considerada entre las funciones delegadas al Comité de Revisión.

Por último, detalló que, de no estar conforme con la

determinación, tendrían derecho a presentar su apelación ante

la Oficina de Apelaciones de la AAA dentro de diez (10) días

laborables siguientes a la fecha del recibo de la notificación,

según dispone la Sección 19.2 del Reglamento de Recursos

Humanos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para

todos los empleados regulares no cubiertos por convenios

colectivos.8

       Eventualmente, durante el mes de diciembre de 2022, cada

recurrente presentó un recurso de apelación ante la Oficina de

Apelaciones.9 Ante esto, el 31 de enero de 2023, y notificada el 1 de

febrero de 2023, la Oficina emitió una Resolución en la que ordenó,

8 Véase a modo de ejemplo la notificación de la Determinación sobre reclamación

de la implementación de la revisión de las escalas retributivas realizada a una de
las recurrentes, la ingeniera Shelley Ann Terreforte. Apéndice del Recurso de
Revisión, págs. 2036-2037.
9 Íd., págs. 1-1772.
KLRA202300631                                                          5

entre otras cosas, la consolidación de las apelaciones por tratarse

de controversias idénticas.10

       Tras varios trámites procesales, el 21 de agosto de 2023,

notificada el 23 de agosto de 2023, la Oficina de Apelaciones emitió

una Resolución Final en la que desestimó las apelaciones por falta

de jurisdicción para entender y resolver las alegaciones planteadas

por los recurrentes.11 En síntesis, la Oficina de Apelaciones sostuvo

que: (1) la Junta de Gobierno autorizó a la Presidenta Ejecutiva o su

representante      a   suscribir   aquellos   documentos   relativos   e

incidentales a la aprobación de Resolución Núm. 3202; (2) la

Presidenta Ejecutiva tenía la facultad exclusiva de implementar la

Resolución Núm. 3202; y (3) la Presidenta Ejecutiva, a través de su

Representante Autorizada, la señora López Farla, se limitó a cumplir

con lo aprobado por la Junta de Gobierno. Por todo ello, la Oficina

de Apelaciones concluyó que la Presidenta Ejecutiva, por medio de

la señora López Farla, no tomó ninguna determinación ni realizó

ninguna acción. Aduce que simplemente se limitó a cumplir con lo

aprobado por la Junta de Gobierno, quien aprobó los cambios a la

estructura salarial. Por consiguiente, sostiene que, al no tratarse de

una acción de la Presidenta Ejecutiva, las alegaciones de los

recurrentes versan sobre una actuación llevada a cabo por la Junta

de Gobierno, sobre lo cual la Oficina de Apelaciones carece de

jurisdicción.

       El 18 de septiembre de 2023, los recurrentes presentaron una

Moción Señalando Defecto y de Reconsideración en la que

sostuvieron que la notificación de la Resolución final fue defectuosa

por no ser notificada mediante correo regular o correo electrónico,

de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo

10 Íd., págs. 1939-1942.
11 Íd., págs. 1963-1977.
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Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA secs. 9601-9713.12

También argumentaron que la Oficina de Apelaciones erró al

determinar que carece de jurisdicción sobre la materia objeto de las

apelaciones presentadas. Indicaron que esto se debe a que la

Presidenta Ejecutiva es quien ostenta la autoridad para ejecutar

todas las acciones relacionadas con el personal, incluyendo lo

relativo a salarios. Asimismo, alegaron que la Resolución Núm. 3302

surgió de una solicitud de la Presidenta Ejecutiva, y dado que se le

delegó a ella la responsabilidad de implementar los cambios en la

estructura salarial, cualquier acción llevada a cabo por ella o su

Representante Autorizado puede ser impugnada ante la Oficina de

Apelaciones. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2023, archivada en

autos y notificada el 10 de noviembre de 2023, la Oficina de

Apelaciones la declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración.13

       Inconformes         con   dicha   determinación,   los   recurrentes

presentaron el recurso que nos ocupa. En el mismo, imputan la

comisión de los siguientes errores:

       1. Erró la Oficina de Apelaciones de la AAA al desestimar las
          apelaciones presentadas por los recurrentes, por alegada
          falta de jurisdicción sobre la materia, tras partir de la
          premisa de que las determinaciones apeladas no fueron
          producto de una acción de la Presidenta Ejecutiva de la
          AAA o de su Representante Autorizada.

       2. Se indujo a error a los recurrentes y se violó su debido
          proceso de ley al emitirse una notificación defectuosa por
          parte del Comité de Revisión, con la advertencia de su
          derecho a apelar la misma a la Oficina de Apelaciones
          dentro del término de diez días laborables, pretendiendo
          dejarlos sin foro para cuestionar una decisión
          administrativa, tras haberse desestimado los casos y la
          AAA alegar que concuerda con dicha desestimación.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

12 Íd., págs. 1979-1990.
13 Íd., págs. págs. 2097-2099.
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                                   -II-

                                   A.

      La jurisdicción es el poder o autoridad para considerar y

decidir casos y controversias. Fideicomiso de Conservación de Puerto

Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. ELA, 2023 TSPR 26, 211 DPR ____

(2023). Por eso, la falta de jurisdicción incide directamente sobre el

poder de un foro para adjudicar una controversia. Allied Mgmt.

Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es

norma reiterada que los tribunales son celosos guardianes de

su jurisdicción y que tienen el deber ineludible de auscultar dicho

asunto con preferencia a cualesquiera otros. Pueblo v. Torres

Medina, 2023 TSPR 50, 211 DPR ___ (2023).

      De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias

consecuencias, tales como: (1) que no sea susceptible de ser

subsanada; (2) las partes no puedan conferírsela voluntariamente a

un tribunal o a una agencia como tampoco puede este arrogársela;

(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los

foros el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5)

obliga a los tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro

de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el

tribunal motu    proprio. Allied      Mgmt.   Group     v.   Oriental

Bank, supra.

      Por consiguiente, un tribunal o una agencia no tiene

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay, si carece

de jurisdicción, deberá así declararlo y desestimar la reclamación

sin entrar en sus méritos, pues la falta de jurisdicción no es

susceptible de ser subsanada. Íd.; Autoridad para el Financiamiento

de la Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión Marrero, supra; Mun.

De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014).
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                                  B.

      Es norma conocida que los tribunales apelativos debemos

otorgar amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. Oficina de Ética Gubernamental v.

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89. (2022); Super Asphalt v. AFI y

otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla

Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía,

201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606,

626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923,

940 (2010). Por estas razones, dichas determinaciones suponen

una presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no

presente prueba suficiente para derrotarlas. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no

es absoluta, por lo que nuestro Máximo Foro ha enfatizado que

no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones administrativas que sean

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

      Por esa misma línea, en Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico,

196 DPR 606, 628 (2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las

normas básicas en torno al alcance de la revisión judicial de la forma

siguiente:

      Los tribunales deben deferencia a las decisiones de una
      agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
      cuando: (1) la determinación administrativa no está
      basada en evidencia sustancial; (2) el ente
      administrativo erró en la aplicación o interpretación de
      las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
      administrar; (3) el organismo administrativo actuó
      arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
      determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
      actuación      administrativa      lesionó      derechos
      constitucionales fundamentales. Es importante destacar
KLRA202300631                                                           9

      que si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas
      situaciones, aunque exista más de una interpretación
      razonable de los hechos procede que se valide la
      interpretación que realizó la agencia administrativa
      recurrida.

      Del mismo modo, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de junio

de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

estableció   el   marco   de   revisión    judicial   de   las    agencias

administrativas. Rolón    Martínez    v.     Supte.    Policía, supra. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo      fueron      correctas. Íd.; Oficina      de      Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de

PR, supra; Nobbe v. Jta. Directores, supra; Sec. 4.5 de la LPAU, 3

LPRA sec. 9675. Por lo tanto, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra.

      Ahora bien, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5

LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, los tribunales deberán darles

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Esto, pues el

Tribunal Supremo ha dispuesto que la deferencia que le deben los

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre
KLRA202300631                                                            10

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable

o   ilegalmente,     o    (3)   lesionó     derechos     constitucionales

fundamentales. Íd.; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez

Giraud, supra.

      Finalmente, destacamos que el criterio administrativo no

podrá prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación

estatutaria realizada por una agencia provoque un resultado

incompatible o contrario al propósito para el cual fue aprobada la

legislación y la política pública que promueve. Lo anterior ya que la

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia. Íd.

                                    C.

      La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico

(en adelante, Autoridad o AAA) es una corporación pública creada

mediante la Ley Núm. 40 del 1 de mayo de 1945, 22 LPRA secs. 141-

161. El objetivo principal de la Autoridad es establecer y mantener

un sistema de agua potable en todo Puerto Rico. Como parte de sus

regulaciones internas, la agencia adoptó el Reglamento de Recursos

Humanos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para

todos los empleados regulares no cubiertos por convenios colectivos

(en adelante, Reglamento de Recursos Humanos). El propósito de

este reglamento es garantizar el principio de mérito en todas las

transacciones de personal para todos los empleados no cobijados

por convenios colectivos. Reglamento de Recursos Humanos, Art. 1.

      Cabe resaltar que, la Sección 19.1 del Reglamento de

Recursos Humanos establece la Oficina de Apelaciones como el foro

apelativo de la AAA. En este contexto, dicha oficina:
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       […] tendrá jurisdicción […] sobre determinaciones o
       acciones del Presidente Ejecutivo o su Representante
       Autorizado relacionadas con valoración de puestos,
       reclutamiento,     ascensos,    traslados,  descensos,
       retención, salarios y cualquier otro derecho otorgado
       por esta reglamentación relacionado con los
       empleados regulares que no estén cubiertos por
       convenios colectivos. […]

       El empleado deberá presentar su apelación dentro de los
       diez (10) días laborables siguientes a la fecha en que se le
       haya notificado la decisión o acción del Presidente
       Ejecutivo o su Representante Autorizado. La Oficina de
       Apelaciones carecerá de jurisdicción para atender
       reclamaciones presentadas fuera de dicho término. En
       aquellos casos en que un empleado radique su apelación
       ante la Oficina de Apelaciones, la Autoridad deberá
       contestar el escrito de apelación dentro de los diez (10)
       días laborables siguientes a la fecha en que se les
       notifique.

       (Énfasis nuestro). Íd., Art. 19.2.

      En lo que respecta al cargo de Presidente Ejecutivo, el

Reglamento de Recursos Humanos lo identifica como la Autoridad

Nominadora o cualquier funcionario designado por él para llevar a

cabo actividades vinculadas con la administración de recursos

humanos. Íd., Art. 6, inciso 5.

      Por otra parte, la Oficina de Apelaciones vendrá obligada a

adoptar reglamentación a los fines de regular sus procedimientos,

en concordancia con las disposiciones del Reglamento de Recursos

Humanos y la legislación aplicable. Íd., Art. 19.4.

                                    D.

      En virtud del Reglamento de Recursos Humanos, la Oficina

de Apelaciones implementó un conjunto de normativas específicas,

conocido como el Reglamento de la Oficina de Apelaciones. Es

relevante señalar que el Artículo IV de este reglamento establece lo

siguiente:

       Cualquier empleado de carrera de la Autoridad de
       Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico no cubiertos
       por convenio colectivo que sea destituido o suspendido de
       empleo y sueldo podrá apelar esa determinación ante la
       Oficina. De igual manera, el empleado podrá cuestionar
       ante dicha Oficina cualquier acción o decisión del
       Presidente Ejecutivo o su Representante Autorizado
       relacionado con valoración de puestos, reclutamiento,
       ascensos, traslados, descensos, retención, salarios y
       cualquier     otro    derecho     otorgado     por    esa
       reglamentación relacionado con los empleados
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       regulares que no estén cubiertos por convenios
       colectivos.

       (Énfasis nuestro). Reglamento       de   la   Oficina   de
       Apelaciones, Art. IV.

      Sobre la jurisdicción de la Oficina de Apelaciones, el Artículo

VIII establece que la agencia tiene jurisdicción para conocer y

resolver las apelaciones presentadas ante ella conforme a lo

dispuesto en la Sección 19.2 del Reglamento de Recursos Humanos.

Asimismo, menciona las circunstancias en las que la Oficina de

Apelaciones carece de jurisdicción para intervenir, tales como:

       a) en casos de empleados unionados cubiertos por
          convenios colectivos suscritos entre la Autoridad y sus
          empleados.

       b) en los casos que no se radique en el término que se
          indica en la Sección 19.2 del Reglamento de Recursos
          Humanos de la Autoridad de Acueductos y
          Alcantarillados de Puerto Rico.

       c) en los casos en que la controversia no se circunscriba
          a asuntos contemplados en la Sección 19.2 del
          Reglamento de Recursos Humanos de la Autoridad de
          Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

           Íd., Art. VIII.

                                 -III-

      En el presente caso, debemos determinar si la Oficina de

Apelaciones de la AAA incidió al desestimar las apelaciones

presentadas por los recurrentes, bajo el fundamento de no poseer

jurisdicción sobre la materia.

      Es ampliamente conocido que los tribunales debemos ser

deferentes en torno a las decisiones administrativas, pero tal

deferencia cederá cuando la determinación no esté basada en

evidencia sustancial, cuando el ente administrativo haya errado

en la aplicación de la ley y cuando la actuación resulte arbitraria,

irrazonable e ilegal. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra.

      Luego de evaluar detalladamente el expediente ante nuestra

consideración y el derecho aplicable al caso, encontramos razones

que justifican preterir la deferencia que de ordinario debería ser
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otorgada a la decisión administrativa de la AAA. En consecuencia,

llegamos a la conclusión de que la Oficina de Apelaciones indició en

su determinación. Explicamos a continuación.

       Según se desprende de los autos, cada uno de los recurrentes

recibió una notificación individual sobre el cambio salarial que

experimentarían, de acuerdo con los criterios aprobados por la

Junta de Gobierno en la Resolución Núm. 3302.14 Posteriormente,

todos los recurrentes solicitaron una revisión administrativa ante

un Comité de Revisión creado para esos fines, en la que objetaron el

cambio de salario aplicado a sus sueldos actuales. Como respuesta

a esas solicitudes, la Directora de Recursos Humanos notificó de

manera individual a cada recurrente que sus reclamos no

procedían. Asimismo, detalló que, de no estar conforme con la

determinación, cada recurrente tendría derecho a presentar su

apelación ante la Oficina de Apelaciones de la AAA.15

       Así las cosas, cada recurrente presentó un recurso de

apelación ante la Oficina de Apelaciones.16 Eventualmente, la

Oficina de Apelaciones emitió una Resolución en la que ordenó la

consolidación de las apelaciones debido a que se trataba de

controversias idénticas.17 Sin embargo, tras varios trámites

procesales, la Oficina de Apelaciones emitió una Resolución Final en

la que desestimó las apelaciones por falta de jurisdicción para

considerar y resolver las reclamaciones presentadas por los

recurrentes.18 En síntesis, la Oficina de Apelaciones concluyó que la

Junta de Gobierno aprobó los cambios a la estructura salarial y que

la Presidenta Ejecutiva, a través de la Directora de Recursos

14 Véase a modo de ejemplo la notificación realizada a una de las recurrentes, la

ingeniera Shelley Ann Terreforte. Apéndice del Recurso de Revisión. págs. 2034-
2035.
15 Véase a modo de ejemplo la notificación de la Determinación sobre reclamación

de la implementación de la revisión de las escalas retributivas realizada a una de
las recurrentes, la ingeniera Shelley Ann Terreforte. Id., págs. 2036-2037.
16 Íd., págs. 1-1772.
17 Íd., págs. 1939-1942.
18 Íd., págs. 1963-1977.
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Humanos, no tomó ninguna determinación ni realizó ninguna

acción más allá de cumplir con lo aprobado por la Junta de

Gobierno.

      Por consiguiente, los recurrentes plantean que la Oficina de

Apelaciones erró al desestimar las apelaciones tras partir de la

premisa de que las determinaciones apeladas no fueron producto de

una acción de la Presidenta Ejecutiva de la AAA o de su

Representante Autorizada. Les asiste la razón.

      De acuerdo con la Sección 19.1 del Reglamento de Recursos

Humanos de la AAA, la Oficina de Apelaciones “[…] tendrá

jurisdicción… sobre determinaciones o acciones del Presidente

Ejecutivo o su Representante Autorizado relacionadas con

valoración de puestos… [y] salarios con los empleados regulares

que no esten cubiertos por convenios colectivos […]”. (Énfasis

nuestro).

      De igual forma, el Artículo IV del Reglamento de la Oficina de

Apelaciones establece que el “[…] el empleado podrá cuestionar

ante [la] Oficina [de Apelaciones] cualquier acción o decisión del

Presidente    Ejecutivo    o    su        Representante     Autorizado

relacionado   con    valoración      de    puestos…   [y]    salarios…

relacionado con los empleados regulares que no estén cubiertos

por convenios colectivos.” (Énfasis nuestro). Asimismo, el Artículo

VIII establece que la Oficina de Apelaciones tiene jurisdicción para

conocer y resolver las apelaciones presentadas ante ella conforme a

lo dispuesto en la Sección 19.2 del Reglamento de Recursos

Humanos.

      En este caso, la Presidenta Ejecutiva fue quien solicitó a la

Junta de Gobierno implementar una revisión de la escala salarial

vigente para los empleados no cubiertos por convenios colectivos,
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según ciertos términos y condiciones propuestos por ella misma.19

Más adelante, la Presidenta Ejecutiva, por medio de la Directora de

Recursos Humanos y en el ejercicio de sus facultades para realizar

actividades vinculadas con la administración de recursos humanos,

asignó de manera individual el cambio de salario particular que

recibiría cada recurrente de conformidad con la Resolución Núm.

3302. Por lo tanto, las acciones realizadas por la Presidenta

Ejecutiva de la AAA y su Representante Autorizada son asuntos

sobre las cuales la Oficina de Apelaciones tiene jurisdicción para

intervenir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de

Recursos Humanos, así como en el Reglamento de la Oficina de

Apelaciones.

       De otra parte, y debido a nuestra conclusión sobre el primer

señalamiento de error, resulta innecesario discutir el segundo error

presentado por los recurrentes. La decisión adoptada por la Oficina

de Apelaciones constituye una interpretación errónea de su

reglamentación. Resolver lo contrario implicaría mantener una

interpretación equivocada de las disposiciones de los reglamentos

de la AAA, lo que privaría a los recurrentes de un medio para resolver

sus reclamos en primera instancia. Por supuesto, nuestra decisión

únicamente se limita a establecer que la Oficina de Apelaciones tiene

el deber de resolver los recursos presentados por los recurrentes,

sin consignar o adelantar criterio alguno sobre los méritos (o

ausencia de méritos) de los referidos recursos.

                                   -IV-

       Por    los    fundamentos    que   anteceden,   revocamos    la

determinación administrativa impugnada y se ordena la devolución

del asunto a la Oficina de Apelaciones de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados para los trámites correspondientes.

19 Íd., págs. 2021-2023.
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     Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones