Court Opinion

ID: 9952420
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:51:13.160373+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:13.008418
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL VI

                                                CERTIORARI
                                                procedente del
                                                Tribunal de Primera
 EL PUEBLO DE PUERTO                            Instancia, Sala de
         RICO                     KLCE202400070 San Juan

         Peticionario                                  Criminal núm.:
                                                       KMI2023-0121
               v.                                      KMI2023-0122
                                                       KMI2023-0130
   MARIANA NOGALES                                     KMI2023-0131
      MOLINELLI,                                       KMI2023-0132
    RITA MOLINELLI                                     (907)
 FREYTES, OCEAN FRONT
     VILLAS CORP.                                      Sobre: Violaciones
                                                       al Código Penal (21
         Recurridos                                    cargos), Violaciones
                                                       al Código de Rentas
                                                       Internas (30 cargos)

Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Torres, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Pueblo de

Puerto Rico, representado por el Panel de los Fiscales Especiales

Independientes, (FEI o parte peticionaria) mediante el recurso de

certiorari   de      epígrafe   solicitándonos   que    revoquemos      las

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

San Juan (TPI), el 21 de diciembre de 2023, notificadas al día

siguiente.

      Por    los     fundamentos    que    exponemos     a   continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe.

                                          I.

       El 3 de mayo de 2023, el FEI presentó 51 denuncias contra la

Sra. Mariana Nogales Molinelli (señora Nogales Molinelli), Rita

Molinelli Freytes (señora Molinelli Freytes) y Ocean Front Villas

Número Identificador
RES2024_________________
KLCE202400070                                                             2

Corp. (Corporación) (en conjunto, la parte recurrida), por hechos

ocurridos durante los años 2017 al 2021.1 Las denuncias se

presentaron por presunta violación a los Artículos 212, 217, y 269

del Código Penal de 2012 (Código Penal), 33 LPRA secs. 5282, 5287

y 5362. Asimismo, se radicaron denuncias por alegada violación a

la Sección 6030.16 en sus incisos (a), (c) y (c) (1) del Código de

Rentas Internas, 13 LPRA sec. 33086.

        Surge del expediente que, celebrada la vista de causa probable

para arresto al amparo de la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6., el TPI solo encontró causa contra la

señora Nogales Molinelli por violación a los Artículos 212 y 269 del

Código Penal, supra.2 El foro primario procedió a enmendar las

denuncias por las cuales determinó causa, eliminando la alegación

referente a ingresos o beneficios que la señora Nogales Molinelli no

presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental. No obstante, el

foro a quo no encontró causa en todos los demás cargos presentados

contra la parte aquí recurrida.

        Inconforme con la determinación, el FEI presentó una

solicitud de vista de causa probable para arresto en alzada con

relación a todos los cargos.3 Además, peticionó que las denuncias

por las cuales se encontró causa, y que fueron emendadas, fuesen

devueltas a su redacción original.

        El 18 de octubre de 2023, comenzó a celebrarse la primera

vista de Regla 6 en alzada. Del expediente surge que los cargos

fueron     presentados        con    nueva     evidencia    consistente   en

declaraciones juradas, prueba pericial y prueba documental.4 De la

prueba documental presentada por el FEI en la vista, se encuentran

las Planillas Contributivas Certificadas por el Departamento de

1 Véase, Apéndice del Recurso, Anejo 1, a las págs. 1-16.
2 Íd.
3 Íd., Anejo 3, a las págs. 25-26.
4 Íd., Anejo 5, a las págs. 77-78.
KLCE202400070                                                      3

Hacienda de los años 2017 al 2021, pertenecientes y radicadas ante

la agencia por las contribuyentes señora Nogales Molinelli, señora

Molinelli Freytes y la Corporación.5 No obstante, la defensa presentó

una moción, con relación a las Planillas antes mencionadas,

intitulada Solicitud al Amparo de la Sección 10 del Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico y del Debido Proceso de Ley.6 Indicó la

defensa que la moción presentada es una moción en cumplimiento

con una Resolución que emitió este Tribunal Intermedio en la etapa

de Regla 6.7 También señaló la defensa que, en el referido recurso

ante esta Curia se estableció que, como parte del análisis de la

evidencia presentada, el TPI podía analizar la manera en que se

obtuvieron las planillas de contribución sobre ingresos. Por su

parte, el FEI se opuso a la moción instada por entender que se

trataba de una solicitud de Supresión de Evidencia al amparo de la

Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234,

lo que no procedía en la etapa de Regla 6 en alzada.8 Por lo que,

según el FEI, existe una etapa posterior donde se podría atender la

admisibilidad de la prueba.

        A su vez, la defensa anunció que se proponía presentar como

evidencia una declaración jurada de la señora Molinelli Freytes la

cual contenía documentos anejados.9 No obstante, el FEI se opuso

a la admisión de la declaración por el fundamento de que la señora

Molinelli Freytes no estaba disponible para ser contrainterrogada.

La oposición del FEI fue declara “no ha lugar” por el TPI.

        Así las cosas, el TPI señaló que analizaría todos los

documentos entregados. Luego de concluidos los trabajos pautados

5 Íd.
6 Íd., Anejo 7, a las págs. 91-131.
7 Véase, Resolución del 18 de mayo de 2023 en el KLCE202300541.
8 Véase, nota al calce núm. 4.
9 Íd.
KLCE202400070                                                                   4

para el primer día de la vista de Regla 6 en alzada, el TPI señaló vista

para días posteriores para la continuación de los procedimientos.10

         El 3 de noviembre de 2023, el FEI sometió una moción

titulada Moción Solicitando Reconsideración a la Admisión de

Evidencia de la Declaración Jurada de una Imputada. 11 La moción

fue declara “no ha lugar” por el TPI. Además, el 9 de noviembre

siguiente, presentó otra moción nombrada Oposición a Supresión de

Evidencia.12

         El 15 de noviembre de 2023, el foro revisado emitió Resolución

en la que expresó: “Nada que proveer, este Tribunal no tiene ante

sí una Moción de Supresión de Evidencia. Ese mecanismo

dispuesto en la Regla 234 de Procedimiento Criminal no está

disponible para una vista de Alzada de la Regla 6.” [Énfasis nuestro]

         El 21 de diciembre de 2023, luego de sometido el caso, el Juez

emitió las Resoluciones recurridas en la cuales llegó a la misma

determinación de la Regla 6.13 Es decir, el TPI solo encontró causa

contra la señora Nogales Molinelli por violación a los Artículos 212

y 269 del Código Penal, supra.14 El foro primario procedió a

enmendar       las    denuncias        por   las   cuales   determinó       causa,

eliminando la alegación referente a ingresos o beneficios que la

señora Nogales Molinelli no presentó ante la Oficina de Ética

Gubernamental. No obstante, el foro a quo no encontró causa en

todos los demás cargos presentados contra la parte aquí recurrida.

         Así, el foro primario señaló la Vista Preliminar para el 13 de

febrero de 2024.

         Inconforme con dichos dictámenes, el FEI acudió ante este

tribunal intermedio imputándole al TPI haber incurrido en los

siguientes errores:

10 Íd.
11 Íd., Anejo 6, a las págs. 79-90.
12 Íd., Anejo 8, a las págs.132-165.
13 Íd., Anejo 13, a la pág. 279, y Anejo 10, 11 y 12 a las págs. 167-169.
14 Íd.
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      PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL ADMITIR COMO PRUEBA DE DEFENSA UNA
      DECLARACIÓN    JURADA    (SELF-SERVING) DE   LA
      IMPUTADA RITA MOLINELLI FREYTES CON DOCUMENTOS
      ANEJADOS A LA MISMA, SIN QUE ELLA ESTUVIERA
      DISPONIBLE PARA SER CONTRAINTERROGADA Y SIN
      MOSTRAR EL DOCUMENTO AL MINISTERIO PÚBLICO.

      SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL EXCLUIR LA EVIDENCIA SOBRE OMISIÓN
      DE INGRESOS OBTENIDA POR LOS FUNCIONARIOS DEL
      DEPARTAMENTO DE HACIENDA, SOBRE LAS BASES DE
      QUE LA MISMA FUE OBTENIDA ILEGALMENTE.

      Mediante la Resolución dictada el 25 de enero de 2024 se le

concedió a la parte recurrida hasta el 29 de enero para expresarse.

El mismo día de emitida nuestra Resolución la parte recurrida

presentó Moción de Desestimación. En apretada síntesis, aducen que

los planteamientos expuestos por la parte peticionaria no son

revisables mediante el recurso de certiorari debido a que estos no

constituyen errores de derecho.

      El 30 de enero de 2024, emitimos otra Resolución concediendo

a la parte peticionaria hasta el viernes, 2 de febrero a las 12:00 del

mediodía para expresarse en cuanto al petitorio desestimatorio.

Además, le otorgamos igual término a la parte recurrida para

expresarse respecto al recurso. Habiendo cumplido las partes con lo

ordenado, nos damos por cumplidos y a su vez, decretamos

perfeccionado el recurso.

      Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo,

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                  II.

El Auto de Certiorari

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92

(2001). Esta discreción, ha sido definida en nuestro ordenamiento
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jurídico como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión justiciera. No significa poder

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de

discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 91.

      Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de

un recurso de certiorari en el que se recurre de una resolución

interlocutoria, debemos acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

que lee como sigue:

         El tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari:
        A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.
        B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.
        C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.
        D) Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
        E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.
        F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
        y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
        G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no

procede nuestra intervención. Así pues, es norma reiterada que este

foro intermedio no habrá de intervenir con el ejercicio de la

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se
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demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error

manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184

DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117

DPR 729, 745 (1986).

          Por su parte, en nuestro ordenamiento jurídico, la discreción

ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Lo

anterior no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un uso excesivo de discreción. Pueblo v. Rivera Santiago,

176 DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, supra.

La Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,
R. 6.

          La acción penal en un proceso criminal comienza con la

determinación de un juez de la causa probable para arrestar o citar

a una persona ante los tribunales. D. Nevares Muñiz, infra, a la pág.

45. Desde ese momento el Tribunal adquiere jurisdicción sobre la

persona. Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003).

          La obligación de que la determinación del juez sea a base de

causa probable surge de nuestra Constitución, la cual dispone que,

“[s]ólo     se   expedirán   mandamientos      autorizando   registros,

allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente

cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación,

describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas

a detenerse o las cosas a ocuparse”. Art. II, Sec. 10, Const. PR, LPRA,

Tomo 1, ed. 2016, pág. 336.

          A su vez, este proceso está regulado por lo dispuesto en la

Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, supra (Regla 6). La

referida Regla establece los modos por los cuales se podrá iniciar el

proceso criminal. Para tomar la determinación de causa probable, el

juez puede considerar la denuncia jurada, declaraciones juradas
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que se incluyan con la denuncia o el examen bajo juramento del

denunciante o sus testigos, la combinación de estos factores y

cuando se presente bajo juramento el testimonio de algún testigo

con conocimiento personal del hecho delictivo sin la necesidad de la

presentación de la denuncia. Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR

250, 315-316 (2009). Lo determinante es que: “…se provean al

magistrado, bajo juramento o afirmación, todos los elementos

necesarios para que éste pueda inferir la probabilidad de que se

cometió determinado delito por la persona contra la cual se

determina causa probable”. Íd.

      Asimismo, la Regla 6 consagra ciertos derechos a los

imputados en la vista. Establece dicha Regla que el imputado podrá:

(a) estar asistido por abogado; (b) contrainterrogar a los testigos en

su contra y; (c) ofrecer prueba en su favor. No obstante, sobre estos

derechos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que no

son absolutos debido a que la vista de Regla 6 puede llevarse a cabo

sin la presencia del imputado. Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601,

610 (2008). Por esta razón, estos derechos solo se activan cuando el

imputado se encuentra presente en la vista. Íd., a la pág. 611.

      Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado

que la facultad de contrainterrogar y presentar prueba a su favor en

esta etapa no es irrestricta. Pueblo v. Rivera Rivera, 141 DPR 121,

128-129 (1996). Así, plantea la profesora Dora Nevares que, “[el]l

juez puede limitar el contrainterrogatorio o la oferta de prueba si

entiende que la prueba de cargo es suficiente para determinar causa

probable. Permitirá a las partes únicamente argumentar cuestiones

de derecho sustantivo aplicable y suficiencia de prueba en el

contexto de la causa probable”. D. Nevares Muñiz, infra, a la pág.

48; Pueblo v. Rivera Rivera, supra.
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      Por otro lado, sabido es que las Reglas de Evidencia no obligan

en esta etapa. Dispone la Regla 103 de las Reglas de Evidencia, 32

LPRA Ap. VI, R. 103, que:

      (D) Las Reglas no obligan en:

            (1)  las    determinaciones    preliminares   a   la
            admisibilidad de prueba, de conformidad con la Regla
            109(A);
            (2) los procedimientos         interlocutorios   o   post
            sentencia, entre otros:
               (a) procedimientos relacionados con la
               determinación de causa probable para arrestar
               o expedir orden de registro y allanamiento;
               (b) fase de la sentencia en el procedimiento penal;
               (c) procedimientos relacionados con la imposición
               de fianza o condiciones en los procedimientos
               penales;
               (d) vistas de revocación de libertad a prueba o
               condicionada;
               (e) procedimientos relacionados con entredichos
               provisionales e interdictos preliminares, y
            (3) los procedimientos ex parte.
      (E) Procedimientos    bajo   Leyes    Especiales   […](Énfasis
      nuestro).

      Debido a que en estos procedimientos no se dispone

finalmente del caso, el juez no está obligado a aplicar las Reglas de

Evidencia. R. Emanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio

Puertorriqueño, 4ta ed, San Juan, Ediciones SITUM, Inc., 2015, a la

pág. 55. Por tanto, se le confiere al juez amplia discreción para no

aplicar las Reglas de Evidencia. Íd., a la pág. 56 (citando el Informe

del Comité Asesor de las Reglas de Evidencia). Asimismo, sobre la

aplicación de las Reglas de Evidencia en los procedimientos de Regla

6, comenta el profesor y tratadista Ernesto L. Chiesa que, “… las

reglas de exclusión de evidencia pertinente- como lo es la regla de

exclusión de prueba de referencia- no son obligatorias en la vista

preliminar, y mucho menos en la vista de causa probable para

arresto.” [Énfasis nuestro]. E. L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia

Comentadas, San Juan, Ediciones SITUM, 2016, a la pág. 21. No

obstante, es menester señalar que el conocimiento judicial y los

privilegios aplican en todos los procedimientos. Regla 103 de las
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Reglas de Evidencia, supra; Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699,

707 (2011).

El estándar de revisión de las determinaciones de causa
probable para arresto

      La vista inicial o la vista en alzada para determinar causa

probable para arrestar le permite al Ministerio Público la

oportunidad de presentar toda la evidencia que posea para

establecer la causa probable de que el imputado cometió el delito

por el cual está siendo encausado o cualquier otro que surja de la

prueba. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, (2009). Una

determinación del juez en los méritos sobre la existencia o no de

causa probable para arrestar será final y no puede ser revisable

mediante el recurso de certiorari. D. Nevares Muñiz, Sumario de

Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma ed. Rev., San Juan,

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2014, a la pág. 49.

      No obstante lo anterior, el Ministerio Público puede solicitar

la revisión de no causa probable para arrestar cuando dicho

dictamen      ocurre   como   resultado   de   una    interpretación

equivocada del derecho aplicable. Pueblo v. Díaz de León, supra,

a la pág. 919. Además, es menester señalar que el fiscal debe agotar

la vista de causa probable en alzada antes de acudir en certiorari.

Íd., a la pág. 920. Asimismo, en Pueblo en interés menor K.J.S.R.,

172 DPR 490 (2007), nuestro Tribunal Supremo señaló que el

recurso de certiorari no está disponible para atender cuestiones

mixtas, es decir, determinaciones de hecho y de derecho.

      En Pueblo en interés menor K.J.S.R., supra, se le imputó a un

menor una infracción a la Ley de Explosivos de Puerto Rico. En la

vista de determinación de causa probable para presentar la querella,

se determinó no causa probable para presentar la misma en contra

del menor. El Ministerio Público solicitó la celebración de una vista

de causa en alzada. En dicha vista, la defensa del menor señaló que
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la prueba fue ocupada ilegalmente, por lo que era inadmisible.

Consecuentemente, el TPI determinó que no existía causa para

presentar la querella. El Alto Foro, luego de establecer que los

procedimientos     judiciales    de   adultos     bajo   las   Reglas    de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. I, R.1 et seq, se extienden a

los procedimientos de los menores, dispuso de la siguiente manera.

          [c]uando la determinación de “no causa” se funda en la
      insuficiencia de la prueba para establecer que se ha cometido
      el delito o la conexión del imputado con el delito, el único
      remedio que tenía a su disposición el Ministerio Público
      era la vista preliminar en alzada.
          De otra parte, en Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R.
      561 (1990), indicamos que la determinación sobre la
      admisibilidad de cualquier evidencia le corresponde
      exclusivamente al juez y que, por tal motivo, es una
      determinación de derecho. Ello no obstante, enfatizamos
      en esa ocasión que “dicha determinación puede conllevar
      el aquilatamiento de algunas cuestiones de hechos ...”.
      Íd., pág. 575. En Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618,
      633 (1999), reiteramos lo anterior al exponer que, “en
      función de establecer si hay fundamento en derecho que
      ordene la exclusión de la evidencia objetada, el tribunal
      deberá aquilatar cuestiones de hecho”.
          De modo que la determinación de si un registro es
      irrazonable o no, si bien es una cuestión de derecho,
      ciertamente depende de la apreciación que de la prueba
      presentada haga el magistrado que presida la vista.
          Aquí, el Ministerio Público pretende que evaluemos si, a
      la luz de la prueba desfilada en la vista preliminar y en la
      vista en alzada, en efecto el registro fue ilegal e irrazonable.
      En otras palabras, el Estado persigue que dejemos sin
      efecto las determinaciones de dos magistrados a nivel de
      instancia quienes, luego de escuchar, evaluar y adjudicar
      la credibilidad que le merecieron los testigos que presentó
      el Estado, llegaron a la determinación de que no existía
      causa probable para presentar la querella contra el menor en
      controversia por razón de que la única evidencia delictiva con
      que contaba el Estado había sido obtenida ilegalmente. No le
      asiste la razón al Estado.
         Como podemos notar, no estamos ante una
      determinación de “no causa” por “razones estrictamente de
      derecho desvinculadas a la prueba presentada sobre la
      comisión del delito”., ante, págs. 582–583.
          En conformidad con la normativa antes expuesta, y
      tomando en cuenta los hechos particulares del caso de
      autos, es forzoso concluir que el recurso de certiorari no
      es un mecanismo adecuado para solicitar la revisión de
      la determinación de “no causa” emitida en la vista en
      alzada. En este caso se trata de una determinación
      mixta de hecho y de derecho. El Ministerio Público ya
      agotó todos los remedios que tenía disponibles en cuanto a
      ello. [Énfasis nuestro]. Pueblo en Interés Menor K.J.S.R.,
      supra, a la pág. 501-502.

      Asimismo, queremos destacar la Opinión de conformidad del

Hon. Rafael L. Martínez Torres (Juez Asociado) a la cual se unió el
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Hon. Roberto Feliberti Cintrón (Juez Asociado) en la Sentencia

dictada en Pueblo v. Encarnación Reyes, 191 DPR 176 (2014). En la

referida opinión, y citando lo resuelto en Pueblo en interés menor

K.J.S.R., supra, expresó que, “[s]olo se puede revisar por certiorari,

y a modo de excepción, cuando la determinación de no causa

probable para acusar se funda en cuestiones estrictamente de

derecho, desvinculadas de la apreciación de la prueba que fue

presentada para demostrar la comisión del delito.” [Énfasis nuestro].

Íd., a la pág. 182. A su vez, añadimos que para el profesor Ernesto

L. Chiesa esto se trata de una interpretación restrictiva sobre las

cuestiones estrictamente de derecho. E. L. Chiesa Aponte, Derecho

Procesal Penal, 88 (Núm. 1) Rev. Jur UPR 222, 225 (2019).

                                 III.

      En esencia, el FEI señaló que erró el TPI al realizar una

determinación de “no causa” para arresto basado en prueba de

referencia y en exclusión de evidencia admisible. Es decir, en una

declaración jurada con documentos anejados de la señora Freytes

Molinelli,   sin   que   esta   estuviera    disponible    para   ser

contrainterrogada y sin mostrarle los documentos al FEI. Además,

planteó que razonó incorrectamente al excluir evidencia sobre la

omisión de ingresos obtenida por los funcionarios del Departamento

de Hacienda, bajo el fundamento de que la misma fue conseguida

ilegalmente. Por estar los errores del recurso relacionados entre sí,

los discutiremos en conjunto.

      De los hechos antes consignados surge que el FEI presentó 51

denuncias contra la parte recurrida por alegadas violaciones al

Código Penal y al Código de Rentas Internas. Luego de culminada la

vista de Regla 6, la Juez de Instancia determinó “no causa” por 49

de los cargos presentados y encontró “causa para arresto” por los

Artículos 212 y 269 del Código Penal, supra, presentados contra la

señora Nogales Molinelli. Inconforme, el FEI acudió en alzada donde
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presentaron prueba documental y pericial que fue utilizada en la

vista inicial y, además, utilizaron nueva evidencia.

      Así las cosas, en la vista de causa probable para arrestar en

alzada, luego de haber escuchado, analizado y examinado la

totalidad de la prueba presentada contra la parte recurrida, el Juez

llegó a la misma determinación. Es decir, encontró “no causa” en

todos los delitos, con excepción de los Artículos 212 y 269 del Código

Penal presentados contra la señora Nogales Molinelli.

      Aún inconforme, el FEI presentó el recurso de autos alegando

que la única manera en que el juez de instancia pudo llegar a la

conclusión de “no causa”, era suprimiendo las planillas de

contribuciones presentadas por ellos contra la parte recurrida.

Según el FEI, el TPI llegó a tal conclusión debido a que, la parte

recurrida había presentado una solicitud de exclusión de las

planillas de contribución sobre ingresos por haber sido obtenidas

ilegalmente. Además, plantea la parte peticionaria que el juez

admitió prueba de referencia que no debió ser admitida. La parte

recurrida presentó moción solicitando la desestimación del recurso

argumentando que los errores señalados por la parte peticionaria no

constituyen errores de derecho y que los mismos son totalmente

especulativos. Adelantamos que le asiste la razón a la parte

recurrida.

      Examinado el Apéndice del Recurso, y luego de escuchada la

grabación presentada, surge que las alegaciones sobre las

incidencias que llevaron al foro primario a la determinación de “no

causa” se tratan de meras suposiciones. En este sentido, la parte

peticionaria pretende descifrar cuál fue el ejercicio mental del

Magistrado para llegar a dicho dictamen. De hecho, del expediente

del caso se desprende claramente que el TPI no suprimió la

evidencia que el FEI indica. Incluso, más patente es el hecho de

que en la Resolución emitida el 15 de noviembre de 2023, el foro
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recurrido dispuso: “Nada que proveer, este Tribunal no tiene ante

sí una Moción de Supresión de Evidencia. Ese mecanismo

dispuesto en la Regla 234 de Procedimiento Criminal no está

disponible para una vista de Alzada de la Regla 6.”

       De otra parte, aun cuando el juez de instancia hubiese tomado

su determinación de causa probable basado en las planillas

obtenidas supuestamente por un registro y allanamiento ilegal, esta

Curia estaría impedida de atender este recurso. Como indicáramos,

la determinación de si un registro es ilegal, si bien es una cuestión

de derecho, depende de la apreciación de la prueba presentada ante

el juez que preside la vista. Conforme a la jurisprudencia antes

discutida, el recurso de certiorari no está disponible para atender

una determinación de “no causa” cuando se trata de un error mixto,

es decir, de hecho y de derecho. Por tanto, al no ser una cuestión

estrictamente de derecho llegaríamos al mismo resultado.

       En fin, la parte peticionaria pretende entrar en la mente del

juzgador para adivinar cómo este tomó su determinación. Así lo deja

claro al señalar que: “Aunque el TPI no fundamentó sus

determinaciones, se puede llegar a la conclusión razonable de que

su decisión final está claramente apoyada en el hecho de que no se

tomó en consideración la evidencia utilizada por el Departamento de

Hacienda. Es decir, suprimió la evidencia.”15 Por el contrario, lo que

sí surge claramente del expediente es que el TPI evaluó la prueba

desfilada en las vistas celebradas. Por ende, no cabe duda de que el

TPI escuchó, analizó y examinó la prueba presentada contra la parte

recurrida para llegar a la determinación a la que llegó en la vista en

alzada.16 Al respecto, precisa advertir que, escuchada la regrabación

de la vista del 21 de diciembre de 2023, surge que así lo dejó

patentemente claro el juez de instancia cuando expresó que: “Este

15 Véase Petición de Certiorari, a la pág. 17.
16 Véase, Apéndice del Recurso, Anejo 13, a las págs. 279-283.
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juez ha analizado toda la prueba que se presentó por ambas

partes. De las cosas positivas que puede decirse del tiempo que ha

tardado, es que pues, me ha dado el tiempo, obviamente, de

examinar toda esta prueba de ambas partes.”17 (Énfasis nuestro).

       Por otro lado, puntualizamos que, en cuanto a la supuesta

controversia de la prueba de referencia, la Regla 103 de Evidencia,

supra, es clara al establecer que estas no obligan en los

procedimientos de Regla 6. El foro recurrido tenía discreción de

aplicar o no las mismas, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Enfatizamos que la regla de exclusión de prueba de referencia no

obliga en la vista de causa probable para arresto. Además,

reiteramos que el dictamen recurrido no estuvo basado en la

exclusiva y supuesta declaración jurada, según arguye el FEI. Es

decir, el TPI aquilató toda la basta prueba que presentara la parte

peticionaria en las vistas de Regla 6 en alzada.

       En resumen, el dictamen aquí recurrido no es revisable por

Certiorari, ya que la determinación de “no causa” probable para

arresto se fundamentó en toda la prueba presentada y no en

cuestiones estrictamente de derecho. El FEI ya agotó todos los

remedios que tenía disponibles al solicitar la celebración de una

vista de Regla 6 en alzada. Nuestro ordenamiento jurídico penal no

nos permite pasar juicio sobre la apreciación de la prueba del juez

de instancia para llegar a la determinación de “no causa” probable

para arresto.

       En fin, procede la desestimación del presente recurso acorde

con la normativa jurisprudencial previamente esbozada y según nos

faculta la Regla 83 inciso (B) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 83 (B).

17 Íd., Anejo 14, a la pág. 333 A.
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                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el auto de

certiorari solicitado.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones