Court Opinion

ID: 9928583
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:27:08.507433+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:14.586234
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

    ÁNGEL CARRASCO                                  Revisión judicial
                                                    procedente del
      Parte Recurrente                              Departamento del
                                                    Trabajo y Recursos
                                                    Humanos
                                    KLRA202300628
                                                    Apelación Núm.:
                v.                                  SJ-01250-23A

                                                    Sobre:
                                                    Inelegibilidad a los
                                                    beneficios del Seguro
NEGOCIADO DEL SEGURO                                por Desempleo,
     DE EMPLEO                                      Sección 4(b)(2) de la
                                                    Ley de Seguridad de
          Parte Recurrida                           Empleo de Puerto Rico

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

          En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2023.

          Compareció ante este Tribunal la parte recurrente, Ángel Carrasco

Miranda (en adelante, “señor Carrasco” o “Recurrente”), mediante recurso

de revisión judicial presentado por derecho propio y en forma pauperis el 7

de diciembre de 2023. Nos solicitó la revocación de la Decisión del

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida el 26 de septiembre

de 2023. Dicha determinación fue objeto de una solicitud de

reconsideración que fue denegada por el foro recurrido el 19 de octubre de

2023, notificada y archivada en autos el 20 del mismo mes y año.

          Por   los   fundamentos    que    expondremos   a   continuación,

desestimamos el recurso ante nuestra consideración ante su presentación

tardía.

                                       I.

          El señor Carrasco presentó un recurso de apelación ante el

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos impugnando una Resolución

del árbitro de la División de Apelaciones de dicha entidad gubernamental

notificada el 11 de agosto de 2023. Mediante el aludido dictamen, se

Número Identificador
SEN2023______________
KLRA202300628                                                               2

descalificó al Recurrente para recibir los beneficios de compensación por

desempleo, conforme las disposiciones de la Sección 4(b)(2) de la Ley

Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como la “Ley

de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, 4 LPRA sec. 704.

       Transcurridos varios trámites procesales, el 26 de septiembre de

2023, notificada y archivada en autos al día siguiente, se emitió la Decisión

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos mediante la cual se

confirmó la Resolución del árbitro. Inconforme con dicha determinación, el

19 de octubre de 2023, notificada el 20 de octubre de 2023, dicho

funcionario emitió la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos en Reconsideración denegando la solicitud de reconsideración

que radicó el señor Carrasco. Aún inconforme, el 7 de diciembre de 2023,

el Recurrente presentó el recurso de revisión judicial que nos ocupa

mediante el cual sostiene que el dictamen recurrido debe ser revocado, por

no ajustarse a nuestro estado de derecho.

                                     II.

                                     A.

       La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para

resolver los casos y las controversias que tiene ante sí. Cobra Acquisitions,

LLC v. Municipio de Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022); Pueblo v.

Ríos Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022); Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203,

208-209 (2022).

       Reiteradamente, se ha expresado que los tribunales debemos ser

celosos guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para

asumir jurisdicción donde no la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, supra, pág.

273; Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013).

De igual manera, es conocido que la ausencia de jurisdicción no puede ser

subsanada por las partes. Pueblo v. Ríos Nieves, supra, pág. 273. Por

consiguiente, las cuestiones relacionadas a la jurisdicción de un tribunal

son privilegiadas y deben atenderse y resolverse con preferencia a

cualquier otra. Íd. Por ello, cuando un tribunal emite una sentencia sin tener

jurisdicción sobre las partes o la materia, su dictamen es uno inexistente o
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ultravires. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Por

ello, al carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, lo

único que procede en derecho es la desestimación de la causa de acción.

Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 (2006); Carattini v. Collazo

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). Así pues, estamos

imposibilitados de atender recursos prematuros o tardíos.

      Cónsono con lo anterior, este Tribunal de Apelaciones puede

desestimar, motu proprio, un recurso por falta de jurisdicción. Regla

83(B)(1) y (C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. A su vez, nos faculta a que, motu proprio y en cualquier momento,

desestimemos un recurso por no haberse perfeccionado conforme a la ley

y a las reglas aplicables. Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C).

                                    B.

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (en adelante,

“LPAU”), se creó a los fines de uniformar los procedimientos administrativos

ante las agencias. Consecuentemente, desde la aprobación del

procedimiento provisto por la LPAU, los entes administrativos están

precisados a conducir sus procesos de reglamentación, adjudicación y

concesión de licencias y permisos de conformidad con los preceptos de

este estatuto y el debido proceso de ley. López Rivera v. Adm. de

Corrección, 174 DPR 247, 254-255 (2008).

      Ahora bien, es norma conocida que las determinaciones emitidas

por las agencias administrativas están sujetas a un proceso de revisión

judicial ante este Tribunal de Apelaciones. OEG v. Martínez Giraud, 210

DPR 79, 88 (2022); AAA v. UIA, 200 DPR 903, 910 (2018); 4 LPRA sec.

24y. Conforme a ello, la LPAU autoriza expresamente la revisión de las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de estos organismos. OEG v.

Martínez Giraud, supra, pág. 88; Secs. 4.1 y 4.6 de la LPAU, 3 LPRA secs.

9671 y 9676, respectivamente.
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       Cónsono con lo anterior, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec.

9672, regula los términos que dispone una parte adversamente afectada

por una orden o resolución final de una agencia. A esos efectos, dispone

que:

           Una parte adversamente afectada por una orden o
       resolución final de una agencia y que haya agotado todos los
       remedios provistos por la agencia o por el organismo
       administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una
       solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro
       de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
       del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden
       o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable
       de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el
       término para solicitar la revisión judicial haya sido
       interrumpido mediante la presentación oportuna de una
       moción de reconsideración.

                                     […]

       Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos de copia
       de la notificación de la orden o resolución final de la agencia
       o del organismo administrativo apelativo correspondiente es
       distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el
       término se calculará a partir de la fecha del depósito en el
       correo. Íd.

       De otra parte, la Sección 3.15 de la LPAU dispone que:

           La parte adversamente afectada por una resolución u
       orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20)
       días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de
       la resolución u orden, presentar una moción de
       reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro
       de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción
       deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare
       dentro de los quince (15) días, el término para solicitar
       revisión comenzará a correr nuevamente desde que se
       notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince
       (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna
       determinación en su consideración, el término para solicitar
       revisión empezará a contarse desde la fecha en que se
       archive en autos una copia de la notificación de la resolución
       de la agencia resolviendo definitivamente la moción de
       reconsideración. 3 LPRA sec. 9655 (énfasis suplido).

        Por último, es necesario señalar que la Regla 57 de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece que el término para presentar

el recurso de revisión es de carácter jurisdiccional. Un término jurisdiccional

es de naturaleza improrrogable, lo que significa que no está sujeto a

interrupción, sin importar las consecuencias que ello provoque. Rosario

Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 208 (2017). Por esa razón, los requisitos

jurisdiccionales tienen que ejecutarse previo a que el tribunal pueda

considerar los méritos de una controversia. Lo anterior quiere decir que el
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incumplimiento con el término jurisdiccional priva al tribunal de autoridad

sobre el asunto que se intenta traer ante su consideración. Íd., págs. 208-

209.

                                      III.

       Según mencionáramos, la Decisión del Secretario del Trabajo y

Recursos Humanos fue notificada al señor Carrasco el 27 de septiembre

de 2023. Posteriormente, el Recurrente presentó una solicitud de

reconsideración, la cual fue denegada mediante la Decisión del Secretario

del Trabajo y Recursos Humanos en Reconsideración que fue notificada a

éste el 20 de octubre de 2023.

       Conforme a las citadas disposiciones de la Sección 4.2 de la LPAU,

supra, el término jurisdiccional para presentar un recurso de revisión judicial

ante el Tribunal de Apelaciones queda efectivamente interrumpido con la

radicación de una oportuna solicitud de reconsideración. Así pues, la

Sección 3.15 de dicho cuerpo estatutario establece que una vez presentada

dicha solicitud, la agencia cuenta con un plazo de quince (15) días para

considerarla. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el

término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que

se archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la

agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. 3 LPRA

sec. 9655.

       Conforme las anteriores disposiciones estatutarias, el señor

Carrasco tenía hasta el 20 de noviembre de 2023 para presentar revisión

judicial ante este Tribunal. Sin embargo, no fue hasta el 7 de diciembre de

2023 que el Recurrente presentó el recurso que nos ocupa. Ante esta

realidad jurídica, es patente que el señor Carrasco acudió ante este foro

para impugnar la determinación del Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos tardíamente.

       Por tanto, siendo las cuestiones relacionadas a la jurisdicción de un

tribunal una materia privilegiada y estando impedidos de evaluar los méritos

de un recurso cuando carecemos de autoridad, lo procedente en derecho

es la desestimación de la causa de acción. Ello porque si se carece de
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jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar

en los méritos de la controversia.

                                     IV.

       Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso de

epígrafe por falta de jurisdicción ante su presentación tardía.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones