Court Opinion

ID: 9901408
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-21 18:14:09.432739+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:32.182699
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:
                                                2023 TSPR 124

                                                213 DPR ___
 Laura A. Dahdah de Surillo
 (TS-8,641)

Número del Caso:    AB-2022-0221

Fecha:    12 de septiembre de 2023

Oficina de Inspección de Notarías:

     Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús
     Director

Abogada de la Promovida:

     Por derecho propio

Materia:   Conducta Profesional – Suspensión del ejercicio de la
notaría por infracción al Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico;
el Art. 131 de la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria y los
Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Laura A. Dahdah de Surillo            AB-2022-0221
     (TS-8,641)

                                       PER CURIAM

               En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2023.

                    Nuevamente   nos     vemos   en     la   obligación   de

               suspender del ejercicio de la notaría a un miembro de

               la profesión legal, esta vez por infringir el Art. 2

               de la Ley Notarial de Puerto Rico, infra; el Art. 131

               de la Ley del Registro de la Propiedad, infra, y los

               Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,

               infra. Veamos.

                                            I.

                    La Lcda. Laura Dahdah de Surillo (en adelante,

               “licenciada   Dahdah    de   Surillo”)    fue   admitida   al

               ejercicio de la abogacía el 27 de febrero de 1987 y al

               ejercicio de la notaría el 18 de junio de 1987.
AB-2022-0221                                                         2

         Allá para octubre de 2022, el Lcdo. Juan Manuel Ponce

Fantauzzi      (en    adelante,    “licenciado        Ponce   Fantauzzi”)

presentó ante este Tribunal una queja disciplinaria en contra

de la licenciada Dahdah de Surillo por ésta presuntamente

haber incurrido en posibles violaciones a la Ley Notarial de

Puerto Rico, infra, la Ley del Registro de la Propiedad,

infra, y al Código de Ética Profesional, infra. Lo anterior

se debe a que la referida letrada, al parecer, otorgó, -- en

beneficio de determinadas corporaciones --, dos escrituras de

permuta     sobre    la   totalidad   de   ciertos     bienes   inmuebles

pertenecientes       en   común   proindiviso    al    licenciado   Ponce

Fantauzzi y su hermano, el Sr. Ramón Ponce Fantauzzi (en

adelante, “señor Ponce Fantauzzi”), sin hacer mención en los

referidos instrumentos públicos del aludido letrado.

         En su escrito, el licenciado Ponce Fantauzzi explicó

que, en las mencionadas escrituras, no se especificó que él

era dueño del 50% de las propiedades inmuebles permutadas,

aunque tanto la parte otorgante, -- entiéndase, la Sra.

Zahidée Fantauzzi González1 --, como la licenciada Dahdah de

Surillo tenían conocimiento de tal hecho.

         En específico, adujo que el 22 de septiembre de 2021,

cuando se enteró de las permutas realizadas el 14 de agosto

de 2020, le envió un correo electrónico a la licenciada Dahdah

de Surillo y ésta le admitió que, en efecto, presentó los

1 Éstacompareció en representación de su esposo, el señor Ponce Fantauzzi,
-- hermano del licenciado Ponce Fantauzzi -- según consta en la Escritura
Núm. 209 de Poder Duradero, otorgada en Mayagüez Puerto Rico, el 11 de
diciembre de 2017 ante la notaria Dahdah de Surillo, debidamente inscrita
en el Registro de Poderes y Testamentos de este Tribunal.
AB-2022-0221                                                        3

antes mencionados instrumentos públicos ante el Registro de

la Propiedad, aunque ésta conocía que esta entidad no les

daría entrada a sus registros, toda vez que en los mismos no

se especificó la participación del licenciado Ponce Fantauzzi

en los bienes permutados. Sostuvo, también, que la referida

letrada reconoció que no contó con un estudio de título

durante el otorgamiento.

     Por último, el licenciado Ponce Fantauzzi arguyó que,

oportunamente, la licenciada Dahdah de Surillo le informó que

presentaría      ante   el    Registro     ciertas     escrituras       de

rectificación para subsanar los errores que motivaron esta

queja. Sin embargo, una vez revisados dichos instrumentos

públicos, éste entendió que éstas no corregían los datos

falsos contenidos en las escrituras de permuta, por lo que se

negó a suscribirlos. A su vez, el licenciado Ponce Fantauzzi

cuestionó   el    propósito   de   la    referida    letrada   tras     la

autorización de tales escrituras públicas y su presentación

en el Registro de la Propiedad.

     Enterada de la queja en su contra, el 28 de noviembre de

2022 la licenciada Dahdah de Surillo compareció ante nos. Ésta

expresó que, en efecto, al otorgar las Escrituras Núm. 50 y

51, de 14 de agosto de 2020, escrituras de permuta, conocía

que el licenciado Ponce Fantauzzi era dueño del 50% de los

inmuebles. Arguyó que, cometió un error no intencional y una

omisión involuntaria al no especificar la participación del

licenciado Ponce Fantauzzi en los bienes permutados.
AB-2022-0221                                                        4

      No obstante, la licenciada Dahdah de Surillo sostuvo que

intentó corregir dicho error mediante ciertas escrituras de

rectificación. Sin embargo, como ya mencionamos, como el

licenciado Ponce Fantauzzi se negó a firmar la ratificación

de   los   negocios   jurídicos    en    controversia,    la   referida

letrada procedió a otorgar la Escritura Núm. 130 de 7 de

octubre de 2021 para revocar las permutas y retirar del

Registro de la Propiedad las escrituras públicas objeto del

presente proceso disciplinario.

      De otra parte, la licenciada Dahdah de Surillo reconoció

que no tuvo ante sí un estudio de título cuando autorizó los

instrumentos públicos aquí en controversia. Lo anterior, se

debió a que todos los documentos relacionados con ello estaban

en su oficina, a la cual no acudía por temor a ser contagiada

con el COVID-19.

      Por último, la licenciada Dahdah de Surillo aludió a su

buen desempeño profesional a lo largo de su carrera y a que

-- el incidente aquí en controversia -- se trató de una

conducta aislada. Dicho ello, la referida letrada arguyó que

ciertas    circunstancias    que        como   sociedad   vivimos       --

entiéndase, en este caso, la pandemia del COVID-19 -- pueden

nublar el juicio correcto y aceptó no haber actuado con la

debida diligencia.

      Así pues, evaluados los planteamientos de ambas partes,

el 24 de febrero de 2023 este Tribunal refirió este asunto a

la Oficina de Inspección de Notarías (en adelante, “ODIN”)

para que realizara la correspondiente investigación y nos
AB-2022-0221                                                                      5

sometiera        el    informe      de       rigor.    En   cumplimiento       con    lo

anterior, el 18 de mayo de 2023 la ODIN nos presentó su

Informe.

       En el mencionado Informe, la referida dependencia de

este Tribunal, a grandes rasgos, concluyó que los actos y

omisiones consumadas por la mencionada letrada resultaron en

detrimento de la profesión notarial. Concluyó lo anterior,

pues   la    licenciada        Dahdah         de   Surillo,     al    autorizar      las

Escrituras Núm. 50 y 51 de 14 de agosto de 2020, escrituras

de permuta, dio fe de un hecho falso, al afirmar que la parte

otorgante era dueña de                   la totalidad de            las fincas allí

descritas        y    que   tenía    autoridad         legal    para      traspasar    o

enajenar su dominio a determinadas corporaciones, cuando ello

no era cierto.

       En esa línea, la ODIN indicó que, si bien la licenciada

Dahdah      de   Surillo       posteriormente           intentó      autorizar    unos

instrumentos públicos para tratar de subsanar el porciento

atribuido a la participación de los comuneros en los bienes

inmuebles objetos de las permutas, lo cierto es que las

escrituras públicas objeto del presente proceso disciplinario

consignan        un    hecho   contrario           a   la   realidad      registral    o

extrarregistral. A juicio de la mencionada dependencia de

este Tribunal, en su proceder, la referida letrada tomó

livianamente su responsabilidad personal e indelegable como

funcionaria           del   Estado       y    depositaria      de    la   fe   pública

notarial.
AB-2022-0221                                                                  6

      Al tomar en consideración lo antes descrito,2 la ODIN

concluyó que la licenciada Dahdah de Surillo violó el Art. 2

de la Ley Notarial, infra y el Art. 131 de la Ley del Registro

de la Propiedad, infra. Además, determinó que la referida

letrada    infringió    los     Cánones   18,    35   y     38        de     Ética

Profesional, infra, por lo cual nos recomendó ordenar su

suspensión del ejercicio de la notaría por un término de tres

(3) meses.

      Oportunamente, la referida letrada presentó su Réplica

a informe de la Oficina de Inspección de Notarías. En ésta,

en esencia, arguyó que -- la conducta que da base a la queja

que nos ocupa --, se trató de un incidente aislado, provocado

por la situación de emergencia causada por la pandemia del

COVID-19 y la situación crítica de salud en la cual se

encontraba el señor Ponce Fantauzzi.

      Examinado el cuadro fáctico que antecede, procedemos

entonces     a   esbozar   la    normativa      aplicable        al        proceso

disciplinario ante nuestra consideración.

                                   II.

      Como es sabido, en nuestra jurisdicción, la práctica de

la notaría está regida tanto por lo contemplado en la Ley

Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,

según enmendada, 4 LPRA secs. 2001 et seq., como por lo

2 Valga señalar que, la ODIN -- al presentar su recomendación --, evaluó
como atenuantes el hecho que la licenciada Dahdah de Surillo no ha estado
sujeta a otros procedimientos disciplinarios en su desempeño notarial de
más de 35 años, y que la referida letrada autorizó la Escritura Núm. 130
de 7 de octubre de 2021 para revocar las permutas y retiró del Registro
las escrituras públicas presentadas previamente y relacionadas a los
hechos ante nos.
AB-2022-0221                                                              7

dispuesto en el Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Al ser ello así, los notarios y las notarias, -- en el

desempeño de sus funciones --, deben observar ambos preceptos

legales,    pues,    en    numerosas       ocasiones,     este     Tribunal   ha

señalado que el incumplimiento con las mencionadas normas

puede     acarrear        la       imposición    de      severas     sanciones

disciplinarias. In re González Soto, 2023 TSPR 29, 211 DPR __

(2023); In re Alomar Santiago, 2023 TSPR 16, 211 DPR __

(2023); In re Charbonier Laureano, 204 DPR 351, 360 (2020).

                                          A.

        En esa dirección, y como punto de partida en nuestro

análisis, es preciso señalar que el Art. 2 de la Ley Notarial

de Puerto Rico establece que el notario o la notaria es aquel

profesional del derecho “que ejerce una función pública,

autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de

los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales

que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las

leyes     especiales”.         4   LPRA   sec.   2002.    Esta     disposición

consagra, pues, el principio de la fe pública notarial, espina

dorsal de nuestro sistema notarial. In re Maldonado De Jesús,

208 DPR 601, 612 (2022); In re Torres Rivera, 204 DPR 1, 11

(2020); In re Pagán Díaz, 198 DPR 398, 404 (2017).

        En lo pertinente al proceso disciplinario que nos ocupa,

en innumerables ocasiones, hemos sentenciado que, el anterior

principio se derrota cuando un notario o notaria certifica un

hecho falso. In re González Pérez, supra; In re Refols Van

Derdys, 2022 TSPR 152, 211 DPR __ (2022); In re Villalona
AB-2022-0221                                                                    8

Viera, 206 DPR 360, 372 (2021). Y, certificar un hecho falso,

por si solo pudiese acarrear la imposición de serias sanciones

disciplinarias,       como    lo     es     la    suspensión       inmediata        e

indefinida de la práctica de la abogacía y de la notaría. In

re Norberto Colón Alvarado, 2023 TSPR 98, 211 DPR __ (2023);

In re Villalona Viera, supra; Vázquez González, 194 DPR 688,

694 (2016).

      De    igual     forma,       resulta        menester        señalar       que,

“[a]utorizar    una    escritura          sin    conocer    sus    antecedentes

registrales, mediante la realización de un estudio de título,

constituye una violación a la fe pública notarial”. In re

Pagani Padró, 198 DPR 812, 821 (2017). Véase, además, In re

Vargas Velázquez,          193 DPR 681, 693 (2015);                In re Ayala

Oquendo, 185 DPR 572, 581 (2012).

                                            B.

      Establecido lo anteior, conviene recordar aquí que, en

el   Registro   de     la    Propiedad,          los   Registradores        y    las

Registradoras       solo    pueden    inscribir        documentos     que       sean

válidos y perfectos. Adorno v. Vigo, 207 DPR 361, 370 (2021);

Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652 (2001); U.S.I.

Properties, Inc. v. Registrador, 124 DPR 448, 465 (1989).

Véase,     además,    L.R.     Rivera       Rivera,        Derecho    registral

inmobiliario     puertorriqueño,            3ra    ed.,     San     Juan,       Eds.

Jurídica, 2012, pág. 275. En esa dirección, esta Curia ha

sentenciado que son válidos y perfectos aquellos documentos

que reúnen en sí los requisitos establecidos por ley o

reglamento. Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR
AB-2022-0221                                                                   9

328, 332 (1995); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117

DPR 110 (1986); Preciosas V. Del Lago v. Registrador, 110 DPR

802 (1981).

        En lo pertinente al asunto que nos ocupa, -- entiéndase,

a lo relacionado a los bienes en comunidad -- precisa señalar

que   el   Art.   131     de       la   Ley   del     Registro      de   Propiedad

Inmobiliaria, Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA sec. 6001 et seq.,

claramente      dispone        que      “[s]ólo       se     podrán      inscribir

enajenaciones o gravámenes sobre cuotas específicas cuando

éstas hayan sido previamente adjudicadas”. Art. 131 de la Ley

Núm. 210-2015, supra, sec. 6186. Igualmente, la referida

disposición       legal        requiere       que      “la       inscripción       de

participaciones     específicas           a   favor    de    cada    comunero      se

practi[que] en virtud de resolución judicial final y firme o

escritura pública con la comparecencia y consentimiento de

todos    los   herederos       y    legatarios      si     los    hubiera,     a   la

partición y adjudicación de todo o parte del caudal”. Íd.

                                              C.

        Por otro lado, y al ser un extremo pertinente para la

correcta disposición del proceso disciplinario que nos ocupa,

es menester mencionar que el Canon 18 del Código de Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.18, le requiere a los y las

profesionales del derecho el rendir -- en todo momento -- una

labor caracterizada por el mayor grado de competencia y de

diligencia. In re Maldonado De Jesús, supra, pág. 614; In re

García Cabrera, 201 DPR 902, 925 (2019);                          In re Portela

Martínez, 191 DR 84, 90 (2014). En ese sentido, el principio
AB-2022-0221                                                          10

antes reseñado, el cual, a todas luces, le aplica a los

abogados    y   las   abogadas   en   el   desempeño   de     su   función

notarial, les requiere a éstos y éstas corroborar que los

actos y negocios jurídicos que autoricen cumplan cabalmente

con las normas legales aplicables. In re García Cabrera,

supra; In re Vargas Velázquez, supra, págs. 690–691; In re

Toro González II, 193 DPR 877, 890 (2015).

     En consecuencia, un notario o notaria que viola las

disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, -- y

su reglamento --, infringe, a su vez, el Canon 18. In re

Villalona Viera, supra; In re García Cabrera, supra; In re

Ayala Oquendo, supra, pág. 580.

                                      D.

     De otra parte, y por también ser de aplicación a los

hechos ante nos, es menester examinar en esta ocasión lo

dispuesto en el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, C.35. Como es sabido, el referido Canon le impone

a los abogados y a las abogadas el deber de conducirse con

integridad, sinceridad y honradez ante los tribunales, para

con sus representados y en las relaciones con sus compañeros

y compañeras. In re Joglar Castillo, 210 DPR 956, 966 (2022);

Maldonado De Jesús, supra; In re Charbonier Laureano, supra,

pág. 364.

     Para cumplir con lo dispuesto en el referido Canon, los

abogados y las abogadas deben asegurarse               que,    -- en el

desempeño de sus funciones --, no proveen información falsa

o incompatible con la verdad y no oculten información cierta
AB-2022-0221                                                      11

que deba ser revelada. In re Joglar Castillo, supra, pág.

966; In re Ortiz Sánchez, 201 DPR 765, 781 (2019); In re

Astacio Caraballo, 149 DPR 790, 798-799 (1999). Así pues,

tienen una obligación ineludible de que los datos incluidos

en cada documento que firman o redactan sean veraces. In re

Sánchez Pérez, supra, pág. 264; In re Pagán Díaz, 198 DPR

398, 407 (2017); In re Ramírez Salcedo, 196 DPR 136 (2016).

Ello es de aplicación, en toda su extensión, a la labor que

realizan los notarios y las notarias. El no hacerlo, podría

conllevar la imposición de serias sanciones disciplinarias.

In re López de Victoria Bras, 177 DPR 888 (2010); In re

Astacio Caraballo, supra, pág. 799; In re Peña Clos, 135 DPR

590, 602 (1994).

                                   E.

     Por último, y por guardar estrecha relación con la queja

disciplinaria que hoy evaluamos, conviene repasar aquí la

conducta   que   regula   el   Canon    38   del   Código   de   Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 38. Canon que, como sabemos,

instituye el deber de todo abogado y toda abogada de exaltar

el honor y la dignidad de la profesión legal, aunque al así

hacerlo conlleve sacrificios personales y, además, el deber

de éstos y éstas de evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia. 4 LPRA Ap. IX, C. 38. Véase, además, In

re González Pérez, supra; In re González Hernández, 190 DPR

164, 183 (2014); In re Ortiz Martínez, 161 DPR 572, 588

(2004).
AB-2022-0221                                                          12

     Sobre el particular, basta con señalar que los abogados

y las abogadas son la imagen de la profesión legal y, por tal

razón, siempre deben actuar con el más escrupuloso sentido de

responsabilidad que impone la función social que ejercen. In

re Vázquez Bernier, 198 DPR 459 (2017); In re Rivera Nazario,

193 DPR 573 (2015); In re Gordon Meléndez, 183 DPR 628 (2011).

En esa dirección, hemos señalado que “[n]o exalta la profesión

legal el notario [o notaria] que no desempeñe con cautela y

el celo que demanda la función pública del notariado”. In re

Villalona Viera, supra, pág. 375 citando a In re Vázquez

Margenat, 204 DPR 968, 980 (2020).

     Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos   a   disponer   del   proceso      disciplinario    que    nos

ocupa.

                                   III.

     Como    mencionamos    anteriormente,      el   presente   proceso

disciplinario    fue   referido   ante    la    ODIN,   quien   tuvo   la

oportunidad de examinar cuidadosa y detenidamente la prueba

presentada y de hacer sus correspondientes determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho. En su Informe, la ODIN

concluyó que la licenciada Dahdah de Surillo infringió el

Art. 2, de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, el Art. 131

de la Ley del Registro de Propiedad Inmobiliaria, supra, y

los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional,

supra. Coincidimos.

     Y es que, según ha quedado claramente demostrado, la

licenciada Dahdah de Surillo, al momento de otorgar las
AB-2022-0221                                                             13

Escrituras Núm. 50 y 51 de 14 de agosto de 2021, escrituras

de permutas, dio fe de un hecho falso. Esto, al afirmar que

la parte otorgante de los aludidos instrumentos públicos era

dueña de la totalidad de las fincas allí descritas y tenía

capacidad     legal   para   enajenar    o    traspasar    su    dominio      a

determinadas corporaciones, cuando esto no era cierto. Erró

gravemente la referida letrada.

       En relación con ello, las justificaciones dadas por la

licenciada Dahdah de Surillo para actuar como actuó -- entre

ellas, el miedo a un posible contagio como consecuencia de la

pandemia del COVID-19 y cómo ello “nubló” el juicio correcto

--, no nos convence. La licenciada Dahdah de Surillo debió

ejercer un mayor grado de competencia y diligencia en su

desempeño profesional.

      Por otro lado, la referida letrada intentó justificar,

sin más,      su falta de precisión en las escrituras objeto del

presente      proceso    disciplinario        en   que    no     tenía     la

documentación necesaria -- como lo es el estudio de título -

- para otorgar correctamente las mismas, pues se encontraban

en su oficina, a la cual no acudía por miedo a un contagio

con el COVID-19.3       Cabe señalar que la ausencia de un estudio

de   título    previo    a   otorgar    los    referidos       instrumentos

públicos, -- lo cual provocó que la licenciada Dahdah de

Surillo certificara hechos falsos --, es, por sí sola, una

3 Valga señalar que la licenciada Dahdah de Surillo reconoció que su
secretaria se encontraba en su oficina y no indicó que ésta tuviese
impedimento alguno para asistirle. Igualmente, la mencionada letrada
podía verificar las constancias del Registro a través de la plataforma
Karibe, lo cual tampoco sucedió.
AB-2022-0221                                                     14

falta mayor, pues constituye una infracción a la fe pública

notarial.

     En fin, con su proceder, la licenciada Dahdah de Surillo

actuó contrario al deber de lealtad que todo notario o notaria

debe tener hacia la ley y la verdad, como a su deber de

diligencia y honradez. No albergamos duda alguna que, con

dicha conducta, infringió, pues, el Art. 2 de la Ley Notarial

de Puerto Rico, supra, el Art. 131 de la Ley del Registro de

Propiedad Inmobiliario, supra, y los Cánones 18, 35 y 38 del

Código de Ética Profesional, supra.

                                    IV.

     Siendo ello así, y en virtud de nuestro poder inherente

de reglamentar la profesión de la abogacía, suspendemos a la

licenciada Dahdah de Surillo por un término de tres (3) meses

del ejercicio de la notaría.

     En consecuencia, se le ordena a la mencionada letrada

notificar   a   todas   las   personas    que   habían   procurado   su

práctica notarial su inhabilidad para atender los trabajos

notariales que tenía pendientes y devolverles, tanto sus

expedientes, como los honorarios notariales recibidos por

trabajos no rendidos. Asimismo, se le impone la obligación de

acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior, incluyendo una lista de los clientes a quienes

le notificó de dicha suspensión, dentro de un término de

treinta (30) días contado a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia. Además, se le apercibe que su

incumplimiento con lo aquí ordenado podría conllevar que no
AB-2022-0221                                                    15

se le reinstale a la práctica de la profesión de la notaría,

de solicitarlo en un futuro.

    La fianza notarial de la licenciada Dahdah de Surillo

queda automáticamente cancelada; ésta se considerará buena y

válida por tres (3) años después de su terminación en cuanto

a los actos realizados por la referida letrada durante el

periodo   en   que   la   misma   estuvo   vigente.   Finalmente,   el

Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y sello

notarial de la licenciada Dahdah de Surillo y entregar los

mismos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías

para la correspondiente investigación e informe.

    Notifíquese por correo electrónico            esta Opinión Per

Curiam y Sentencia a la licenciada Dahdah de Surillo.

    Se dictará Sentencia de conformidad.
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Laura A. Dahdah de Surillo       AB-2022-0221
     (TS-8,641)

                                    SENTENCIA

                En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2023.

                     Por los fundamentos expuestos en la Opinion Per
                Curiam que antencede, la cual se hace formar parte
                de la presente Sentencia, suspendemos a la
                licenciada Dahdah de Surillo por un término de tres
                (3) meses del ejercicio de la notaría.

                     En consecuencia, se le ordena a la mencionada
                letrada notificar a todas las personas que habían
                procurado su práctica notarial su inhabilidad para
                atender los trabajos notariales que tenía pendientes
                y devolverles, tanto sus expedientes, como los
                honorarios notariales recibidos por trabajos no
                rendidos. Asimismo, se le impone la obligación de
                acreditar y certificar ante este Tribunal el
                cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista
                de los clientes a quienes le notificó de dicha
                suspensión, dentro de un término de treinta (30)
                días contado a partir de la notificación de esta
                Opinión Per Curiam y Sentencia. Además, se le
                apercibe que su incumplimiento con lo aquí ordenado
                podría conllevar que no se le reinstale a la práctica
                de la profesión de la notaría, de solicitarlo en un
                futuro.

                     La fianza notarial de la licenciada Dahdah de
                Surillo queda automáticamente cancelada; ésta se
                considerará buena y válida por tres (3) años después
AB-2022-0221                                               2

de su terminación en cuanto a los actos realizados por la
referida letrada durante el periodo en que la misma estuvo
vigente.

     Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar
la obra y sello notarial de la licenciada Dahdah de Surillo
y entregar los mismos al Director de la Oficina de Inspección
de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

     Notifíquese por correo electrónico esta Opinión Per
Curiam y Sentencia a la licenciada Dahdah de Surillo.

     Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.

                             Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                            Secretario del Tribunal Supremo