Court Opinion

ID: 9962652
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:38:50.553905+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:22.133503
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

    EL PUEBLO DE PUERTO                        Apelación
            RICO                               procedente del
                                               Tribunal de
          Parte Apelada                        Primera
                                               Instancia, Sala
                 v.              KLAN202400157 Superior de
                                               Humacao
 DELWIN BERRÍOS NAVARRO
          Parte Apelante                            Crim. Núm.:
                                                    HSCR202300463-
                                                    0468

                                                    Sobre:
                                                  INFR. ARTS. 93
                                                  C.P. Y OTROS
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

       El 20 de febrero de 2024, el señor Delwin Berríos Navarro

(Berríos Navarro) presentó un recurso de apelación en el que solicita

que revisemos la sentencia dictada en su contra el 25 de enero de

2024 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de

Humacao. Al final del escrito, Berríos Navarro certificó que notificó

copia de su recurso a la Fiscalía de Distrito de Humacao y a la

secretaría del TPI, Sala de Humacao.

       Ante la falta de notificación a la Oficina del Procurador

General, y en aras de cumplir con el deber de velar por nuestra

jurisdicción, el 7 de marzo de 2024, emitimos una Resolución en la

que concedimos a Berríos Navarro hasta el 11 de marzo de 2024

para acreditar haber notificado la presentación de su recurso según

lo requiere la Regla 23 del Reglamento de este Tribunal de

Apelaciones1.

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202400157                                                                  2

       El 13 de marzo de 2024, Berríos Navarro presentó una Moción

en Cumplimiento de Orden, en la que evidenció haber notificado la

presentación del recurso mediante correo electrónico a la Fiscalía de

Distrito de Humacao y, al tribunal apelado, mediante una moción a

la que unió la copia de la carátula del recurso ponchada como

recibida por el Tribunal de Apelaciones.

       El 14 de marzo de 2024, la Oficina del Procurador General

instó una Solicitud de Desestimación. Basó su escrito en que el

recurso presentado por Berríos Navarro fue notificado a la Fiscalía

de Distrito de Humacao, pero no a la Oficina del Procurador General.

       Ante la comparecencia de las partes, resolvemos.

                                       I.

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal

para considerar y decidir casos o controversias.2 Por esa razón, lo

primero que se debe considerar en toda situación jurídica

presentada ante un foro adjudicativo, es el aspecto jurisdiccional,

pues una sentencia dictada sin jurisdicción es nula.3 Cónsono con

ello, el foro judicial está obligado a auscultar el cumplimiento de los

requisitos jurisdiccionales que la ley establece, antes de considerar

los méritos de una controversia.4

       Así, el Tribunal Supremo ha reafirmado que los entes

adjudicativos tienen que ser guardianes celosos de su jurisdicción y

no    poseen       discreción      para     asumirla       si    no     existe.5

Consecuentemente, cuando un tribunal carece de jurisdicción, está

obligado a así declararlo y desestimar el recurso, sin entrar en los

méritos de la controversia.6 Cónsono con ello, la Regla 83 del

2 FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521, 529 (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. de
Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022); Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 DPR 402, 414
(2022); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al, 204 DPR 89, 101 (2020).
3 Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208-209 (2022); Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).
4 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.
5 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019).
6 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 196 DPR 157, 165 (2016); Mun. de San

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014).
KLAN202400157                                                                    3

Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos autoriza a desestimar

un recurso cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.7

       La Regla 194 de Procedimiento Criminal8 y la Regla 23 del

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones9 disponen que la

apelación de cualquier sentencia final dictada en un caso criminal

se formalizará presentando el escrito en la secretaría de la sala del

TPI que dictó la sentencia o en la secretaría del Tribunal de

Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en

que la sentencia fue dictada.

       A su vez, ambos estatutos requieren que el promovente de una

apelación criminal notifique la presentación de su recurso tanto al

Fiscal del Distrito como al Procurador General, dentro del término

jurisdiccional para presentar el recurso.10

       La notificación de la presentación del escrito de apelación al

Fiscal de Distrito y al Procurador General se efectuará mediante

entrega personal, o por correo certificado con acuse de recibo o

mediante un servicio similar de entrega por compañía privada con

acuse de recibo, dentro del término de treinta (30) días provisto para

la presentación del recurso. A diferencia del término para apelar, el

término para notificar es de cumplimiento estricto.11

7 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83.
8 34 LPRA sec. 194.
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23.
10 En lo concerniente al Procurador General, el Artículo 60(a) y (b) de la Ley Núm.

205-2004, Ley Orgánica del Departamento de Justicia, 3 LPRA sec. 2941(a) y (b),
establece que:
       a) El Procurador General representará al Estado Libre Asociado en
       todos los asuntos civiles y criminales en que éste sea parte o esté
       interesado y que se tramiten en grado de apelación o en
       cualquier otra forma ante los tribunales apelativos de Puerto
       Rico, de los Estados Unidos, o de cualquier otro estado federado,
       territorio o posesión de los Estados Unidos de América, excepto en
       los casos en los cuales el Secretario determine otra cosa.
       (b) El Procurador General también representará ante cualquier
       tribunal apelativo a aquellas partes o intereses representados por
       el Departamento en primera instancia y comparecerá ante
       cualquier tribunal apelativo en la continuación de otras causas
       tramitadas en primera instancia por el Departamento o por
       representación legal externa, excepto en los casos en los cuales el
       Secretario determine otra cosa y sujeto a las excepciones que
       puedan establecerse por ley.
11 Íd.
KLAN202400157                                                                       4

       También, el inciso (B) de la Regla 23 de nuestro Reglamento

permite que la notificación pueda efectuarse, dentro del término de

cumplimiento estricto, por otros medios, en la forma y bajo los

requisitos dispuestos en la Regla 13(B). Es decir, mediante correo

electrónico o telefax, siempre que el documento notificado sea copia

fiel y exacta del documento original.12

       Con relación a los términos de cumplimiento estricto, el

Tribunal Supremo ha expresado que, los foros adjudicativos no

tienen discreción para prorrogar tales términos automáticamente.13

Los tribunales solamente tienen discreción para prorrogar tales

términos cuando se demuestra que la dilación se debió a justa

causa.14 La acreditación de la justa causa se cumple con

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas.15

El que no se cause perjuicio a la otra parte no es determinante para

la acreditación de la justa causa.16 Así pues, en ausencia de justa

causa, carecemos de discreción para prorrogar el término y acoger

el recurso ante nuestra consideración.17

       Por último, hay que añadir que no hay un derecho

constitucional de apelación en un caso criminal, sino un privilegio

estatutario que está disponible para aquellos que cumplen con los

requisitos establecidos en las leyes y las reglas que lo regulan.18

                                         II.

       En el presente caso, Berríos Navarro certificó en su escrito de

apelación haber notificado copia de éste a la Fiscalía de Distrito de

Humacao y a la secretaría del tribunal apelado y, en su Moción en

12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13.
13 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al, 198 DPR 197, 210 (2017); Rojas v.
Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).
14 Íd.; Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., supra, pág. 171; Toro Rivera et als. v.

ELA et al., 194 DPR 393, 414-415 (2015).
15 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al, supra; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra,

pág. 565.
16 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al, pág. 211.
17 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564.
18 Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 816 (1998), seguido en Pueblo v. Colón

Canales, 152 DPR 284, 291 (2000).
KLAN202400157                                                       5

Cumplimiento de Orden, evidenció haber cumplido con esas dos

notificaciones dentro del término de cumplimiento estricto.

      Sin embargo, Berríos Navarro incumplió su deber de notificar

su recurso al Procurador General. Las citadas disposiciones

reglamentarias exigen la notificación de la presentación del recurso

de apelación tanto al Fiscal de Distrito como al Procurador General,

dentro del término para presentarlo. El apelante Berríos Navarro no

consignó la justa causa por la cual incumplió con el requisito de

notificar al Procurador General.

      Toda vez que en este caso no se efectuó la notificación

requerida por las citadas normas, y ante la alegación del Procurador

General de que no fue notificado, carecemos de jurisdicción para

atender el recurso y procede su desestimación.

                                   III.

      Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

por falta de jurisdicción.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones