Court Opinion

ID: 9408073
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:14:12.382935+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.759838
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                                             PANEL III

               R/O RENTAL EQUIPMENT,                              Apelación
                        INC.                                      procedente del
                                                                  Tribunal de
                  Demandante-Apelada                              Primera Instancia,
                                                                  Sala Superior de
                               V.                                 Ponce
                                                KLAN202300229
               MUNICIPIO AUTÓNOMO DE                              Caso Núm.
                   JUANA DÍAZ POR                                 JD2019CV00651
                  CONDUCTO DE SU                                  (602)
               ALCALDE HON. RAMÓN A.
                 HERNÁNDEZ TORRES                                 Sobre:
                                                                  Cobro de Dinero
                  Demandado-Apelante

             Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
             Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

             Grana Martínez, Jueza Ponente

                                            SENTENCIA

             En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

                       El apelante, Municipio de Juana Díaz, solicita que revoquemos

             una sentencia de cobro de dinero dictada por el Tribunal de Primera

             Instancia.

                       La apelada, R/O Rental Equipment, Inc., presentó su oposición

             al recurso.

                                                 I.

                       Los hechos procesales pertinentes para atender y resolver la

             controversia planteada son los siguientes.

                       R/O Rental presentó una demanda por cobro de dinero contra

             el apelante en la que hizo las alegaciones siguientes. El 14 de abril de

             2015, el Municipio adjudicó a favor de R/O la subasta para la

             construcción del Estadio de Beisbol del Bo. Canas Abajo de Juana

             Díaz. El 13 de enero de 2016, ambas partes suscribieron el Contrato

             de Construcción número 2016-000493. Las partes acordaron que la

             apelada iba a cobrar el precio alzado de $1,999,916.10 y que los

             trabajos se iban a realizar en dos fases. Para la primera fase se

Número Identificador

SEN2023_______________
KLAN202300229                                                         2

certificaron fondos por la cantidad de $1,456,010.39. La primera fase

tenía que concluirse en 273 días, contados a partir de la Orden de

Compra y la Carta de Comienzo emitida por la Oficina de Planificación

del Municipio. El contrato se enmendó para incluir la segunda fase y

los cambios ocurridos en el desarrollo del proyecto. Las enmiendas

ocasionaron la extensión del contrato hasta el 30 de septiembre de

2017. La vigencia del contrato se extendió hasta el 31 de diciembre de

2017. No obstante, el paso del huracán María ocasionó la paralización

del proyecto. El 20 de abril de 2018, el Municipio firmó el Acta de

Reinicio, en la que ordenó a la apelada reiniciar los trabajos que debía

completar en treinta días. El término concedido venció el 20 de mayo

de 2018. Véase, pág. 1 del apéndice.

      La apelada también hizo las alegaciones siguientes. El 18 de

mayo de 2018, el Municipio otorgó la Carta de Aceptación Final del

proyecto en donde reconoció que el costo final del proyecto era

$1,701,816.83. El Municipio informó a la apelada los documentos que

debía proveer para recibir la devolución del 10% de los fondos

retenidos. La apelada cumplió con lo requerido. El 22 de mayo de

2018, la apelada envió al Municipio la Certificación, en la que solicitó

la devolución de $170,181.68. El 26 de febrero de 2019, el Municipio

pagó a la apelada $114,431.71 correspondientes al dinero retenido.

No obstante, le adeuda $55,749.91. La deuda está vencida, líquida y

exigible. El Municipio se niega a pagar, a pesar de todas las gestiones

realizadas. Véase, pág. 1 del apéndice.

      El Municipio de Juana Díaz alegó que no podía pagar los

trabajos que la apelada realizó entre el 20 de abril y 20 de mayo de

2018, porque para esas fechas no existía un contrato vigente.

Además, adujo que la apelada tenía que devolverle $145,267.27 ya

pagados, porque el pago era ilegal.

      El apelante presentó una Reconvención Enmendada en la que

alegó que el contrato venció el 31 de diciembre de 2017. Aunque
KLAN202300229                                                           3

reconoció que el 20 de abril de 2018, el Ingeniero Moisés Torres

Méndez otorgó una Acta de Reinicio, alegó que para esa fecha no

existía un contrato vigente. Según el Municipio, los trabajos

realizados entre el 20 de abril de 2018 y el 20 de mayo de 2018

estaban valorados en $161,408.07 de los que pagó a la apelada,

$145,267.27. El Municipio admitió que el 18 de mayo de 2018 aceptó

el proyecto y que el 26 de febrero de 2017 pagó a la apelada

$114.431.77 como pago parcial al 10% del dinero retenido. No

obstante, alegó que se percató de la inexistencia de un contrato, luego

de que le hizo el pago a la apelada. El apelante reconoció la existencia

de un balance de $55,755.91, de los que la apelada tenía que recibir

$49,349.24. Sin embargo, se negó a pagar el balance pendiente,

debido a la inexistencia de un contrato. Véase, pág. 18 del apéndice.

      La Reconvención Enmendada incluyó las causas de acción

siguientes. El Municipio solicitó en la primera causa de acción una

Sentencia Declaratoria reconociendo que el contrato venció el 31 de

diciembre de 2017, que la apelada no tiene derecho a cobrar por el

trabajo que realizó luego de esa fecha y que tiene que devolverle al

Municipio $145,267.27. La segunda causa de acción es por el cobro

de esa cantidad, porque el pago era improcedente en derecho. El

Municipio reclamó en la tercera causa de acción el pago realizado de

$13,519.41 por los arbitrios de construcción y patente municipal de

la fase 2 A del proyecto. El apelante solicitó en la cuarta causa de

acción la aplicación de la figura de compensación, porque ambas

partes son acreedores y deudores recíprocos. El Municipio adujo que

le adeuda a la apelada es $39,495.11, pero esta le adeuda al

Municipio   $158,786.68.     Por   lo   que   luego   de   aplicada     la

compensación, la apelada todavía le debe $119,291.57. Véase, pág. 38

del apéndice.

      La parte apelada alegó que los contratos de construcción

terminan con la finalización de la obra y el cierre administrativo del
KLAN202300229                                                        4

proyecto. R/O adujo que el Municipio incumplió con su obligación de

desembolsar la totalidad de los fondos del proyecto y que actúa contra

sus propios actos debido a los pagos ya realizados.

      Las partes estipularon en el Informe de Conferencia Con

Antelación al Juicio los hechos siguientes:

      …
            8. El 13 de enero de 2016 fue suscrito entre R/O y
      el Municipio Autónomo de Juana Díaz, Contrato de
      Construcción número 2016–000493, para la realización
      del proyecto de construcción de la subasta número 2014-
      2015-004.

             9. El contrato número 2016-000493 fue presentado
      y registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

      …
             11. Como parte del Contrato, el Municipio y R/O
      acordaron que el Municipio retendría el 10% de todas las
      facturas que le pagará a R/O y que dicho dinero se le
      pagaría al finalizar la obra y luego de que R/O entregara
      la Solicitud de Permiso de Uso firmada y notariada,
      certifique no tener deudas con suplidores y obtenga los
      relevos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
      y de la compañía que emitió la fianza de ejecución de
      pago.

            12. El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió
      el paso del huracán María, el que afectó severamente al
      Municipio. En cuanto al Proyecto, el paso del huracán
      María provocó la suspensión de los trabajos de
      construcción.

            13. El 20 de abril de 2018, el Sr. Ricardo Ortega (a
      nombre de R/O) y el Ing. Moisés Torres Méndez (a nombre
      del Municipio) otorgaron un documento titulado Acta de
      Reinicio en el que indicaron que el Proyecto reiniciaría ese
      día y R/O tendría 30 días para culminarlo, o sea, hasta el
      20 de mayo de 2018.

            14. El 18 de mayo de 2018, el Municipio aceptó el
      Proyecto y le solicitó a R/O que cumpliera con lo
      acordado en el Contrato para pagarle el 10% retenido.

           15. Entre el 20 de abril de 2018 y el 20 de mayo de
      2018, R/O realizó trabajos por la cantidad de
      $162,608.07, de los que el Municipio le pagó
      $145,267.27.

            16. El 26 de febrero de 2019, el Municipio le pagó a
      R/O la suma de $114,431.77 como pago parcial del 10%
      retenido, quedando un balance de $55,755.91.

Véase, pág. 119 del apéndice.
KLAN202300229                                                        5

      El 27 de enero de 2021, el TPI dictó Sentencia Parcial de

desistimiento con perjuicio en cuanto a la causa de acción por cobro

de patente municipal y arbitrios de construcción.

      El Municipio solicitó al TPI que dictara sentencia sumaria a su

favor, porque el contrato venció el 31 de diciembre de 2017. El

apelante adujo que la apelada no tenía derecho a cobrar por los

trabajos realizados posterior a esa fecha.

      La apelada se opuso y solicitó sentencia sumaria a su favor.

      El 17 de enero de 2023, el TPI dictó la Sentencia apelada en la

que denegó la solicitud de sentencia sumaria del Municipio. Sin

embargo, concedió la solicitud de sentencia sumaria de la apelada,

porque reconoció la validez legal del Acta de Reinicio. El foro apelado

determinó que la falta de inscripción en la Oficina del Contralor no

causa la nulidad del documento. Por consiguiente, reconoció que el

Municipio tenía una deuda líquida, vencida y exigible que pagar a la

apelante. El TPI ordenó al Municipio de Juana Díaz a registrar y

remitir a la Oficina del Contralor el Acta de Reinicio y las enmiendas

del contrato que no había registrado. Además, ordenó al Municipio

pagar a la apelada la suma no controvertida de $55,749, más el

0.50% de interés legal hasta el saldo total de la obligación.

                                   II.

                                   A.

      La sentencia sumaria propicia la solución justa, rápida y

económica de aquellas controversias en las que no es necesario

realizar un juicio plenario. Universal Insurance v. ELA, 2023 TSPR 24;

Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 699 (2019); González

Santiago v. Baxter Health Care, 202 DPR 281, 290 (2019). No

obstante, la sentencia sumaria está limitada a los casos en los que no

existe controversia de hechos medulares y lo único que resta en

aplicar el derecho. Universal Insurance v. ELA, supra; Municipio de

Añasco v. ASES et al, 188 DPR 307, 326 (2013).
KLAN202300229                                                          6

      La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite

que cualquiera de las partes solicite sentencia sumaria a su favor

sobre la totalidad del pleito o cualquier parte de la reclamación. El

solicitante deberá presentar una moción basada en declaraciones

juradas u otra evidencia que demuestre que no existe una

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. Además,

deberá establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material. Los

hechos materiales son todos los que puede afectar el resultado de la

reclamación conforme al derecho sustantivo aplicable. La controversia

sobre el hecho material tiene que ser real. Universal Insurance v. ELA,

supra.

      Cualquier duda no es suficiente para derrotar una solicitud de

sentencia sumaria. La duda debe colegir la existencia de una

controversia real y sustancial sobre hechos esenciales y pertinentes.

Bobe et al v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20-21 (2017).

      El   oponente    no   puede     descansar   meramente      en   las

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones y tiene que

contestar la moción de sentencia sumaria en forma detallada y

específica como lo hiciera la parte solicitante. Bobe et al v. UBS

Financial Services, supra, pág. 21.

      Según el inciso (e) de la Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, la sentencia

sumaria será dictada inmediatamente si las alegaciones, deposiciones

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a

las declaraciones juradas, si las hay, u otra evidencia demuestran que

no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial

y pertinente. Además, el tribunal tiene que estar convencido de que

como cuestión de derecho procede dictar sentencia sumaria a favor de

la promovente.

      La Regla 42.2, 32 LPRA Ap. V, exime a los tribunales

determinar los hechos probados y consignar por separados las
KLAN202300229                                                            7

conclusiones de derecho al momento de resolver mociones bajo las

reglas 36.1 y 36.2, 32 LPRA Ap. V. El Tribunal Supremo de Puerto

Rico resolvió en Pérez Vagas v. Office Depot, supra, que la Regla 42.2,

supra, releva a los tribunales de consignar sus determinaciones de

hecho al momento de disponer de una controversia sumariamente. La

Regla 36.4, 32 LPRA Ap. V, únicamente se activa cuando la solicitud

de sentencia sumaria es denegada total o parcialmente, pero no se

activa cuando es concedida en su totalidad.

                                    B.

        Los tribunales apelativos estamos en la misma situación que el

Tribunal de Primera Instancia al momento de evaluar la procedencia

de una moción de sentencia sumaria. Nuestra revisión es de novo y

tiene que estar basada en la Regla 36, supra, y su jurisprudencia

interpretativa. Si encontramos que los hechos materiales están

realmente incontrovertidos debemos revisar de novo, si el tribunal

aplicó correctamente el derecho. Segarra Rivera v. International

Shipping et al, 208 DPR 964, 981-982 (2022); González Santiago v.

Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

                                    C.

        El Estado tiene la obligación constitucional de salvaguardar los

fondos públicos mediante los principios fiduciarios y éticos más altos.

La Sec. 9 del Artículo VI de nuestra Constitución establece que las

propiedades y fondos públicos únicamente podrán utilizarse para

fines   públicos,   el   sostenimiento   y   el   funcionamiento   de   las

instituciones del Estado. La legislatura ha aprobado leyes que

imponen controles fiscales y de contratación gubernamental, para

cumplir con el mandato constitucional. Un contrato entre una parte

privada y el Estado que no cumple con estas leyes es nulo e

inexistente. Rodríguez Ramos et al v. ELA, 190 DPR 448,456-457

(2014).
KLAN202300229                                                                  8

       Los estatutos que regulan y ordenan la realización de obras y

adquisición de bienes y servicios para el Estado, sus agencias e

instrumentalidades y los municipios protegen los intereses y recursos

fiscales del Pueblo contra el dispendio, la prevaricación, el favoritismo

y los riesgos del incumplimiento. Landfill Technologies v. Mun. de

Lares, 187 DPR 794, 802 (2013); Colón Colón v. Municipio de Arecibo,

170 DPR 718, 724-725 (2007). La buena administración de un

gobierno es una virtud de la democracia. Una buena administración

implica que el gobierno lleve sus funciones como comprador con

eficacia, honestidad y corrección. Así garantiza la protección de los

intereses y dineros del pueblo que representa. Colón Colón v. Municipio

de Arecibo, supra.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en Landfill

Technologies v. Municipio de Lares, supra, págs. 800-802, que los

contratos con los municipios no se rigen por la teoría contractual del

Código Civil. Nuestro más Alto Foro judicial local concluyó que la

validez de los contratos con los municipios tenía que ser determinada

de acuerdo con la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos1. El

Artículo 8.016 de esa ley, 21 LPRA sec. 4366, exigía que los

municipios mantuvieran un registro de todos los contratos otorgados

incluyendo sus enmiendas y que enviaran una copia a la Oficina del

Contralor dentro de los quince días de otorgado.

       Los contratos entre un ente privado y el Estado tienen que

constar por escrito. El cumplimiento de este requisito no tiene

excepción alguna. El contratista que realiza una obra sin tener un

contrato escrito viola las normas de contratación gubernamental. La

validación de un contrato retroactivamente fomenta la corrupción. El

contratista podría realizar la obra sin un contrato escrito para

presionar su otorgamiento futuro. Las partes que contratan con una

1El 14 de agosto de 2020, mediante la aprobación de la Ley 107-2020, se derogó la
Ley de Municipios Autónomos por el Código Municipal de Puerto Rico.
KLAN202300229                                                         9

entidad del gobierno sin cumplir con los requisitos de contratación

gubernamental se arriesgan a asumir la responsabilidad de sus

pérdidas. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha rechazado

consecuentemente la aplicación de los remedios de equidad para

convalidar la obligación pública cuando no existe un contrato escrito.

Rodríguez Ramos et al v. ELA, supra, págs. 460-461.

      En Colón Colón v. Municipio de Arecibo, supra, pág. 726, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó específicamente sobre los

requisitos que tienen que cumplir los contratos otorgados con los

municipios.   Al   igual   que   todo   contrato   gubernamental,     es

indispensable que el contrato sea por escrito. Este requisito es de

carácter formal o sustantivo. Su propósito es evitar pagos y

reclamaciones fraudulentas e ilegales. El contrato escrito es la mejor

evidencia de las obligaciones recíprocas que contraen las partes.

Además, les libra de controversias futuras sobre los acuerdos

originales, porque los términos contractuales constan de forma

objetiva en el acuerdo escrito. El contrato escrito protege los derechos

de ambas partes en caso de incumplimiento.

      El más Alto Foro judicial local resolvió en Colón Colón v.

Municipio de Arecibo, supra, pág. 727, que los contratos municipales

tenían que cumplir con el entonces vigente Artículo 8.016 de la Ley de

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4366, así como con el Artículo 1

de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, 2 LPRA sec. 97. Ambos

artículos exigen que los municipios al igual que el Estado mantengan

un registro fiel de los contratos que suscriban y que remitan una

copia al Oficina del Contralor dentro de los 15 días siguientes a su

otorgamiento. Colón Colón v. Municipio de Arecibo, supra, pág. 727.

      La intención del legislador al ordenar la inscripción de los

contratos gubernamentales en la Oficina del Contralor es crear un

mecanismo de cotejo y publicidad. No obstante, el incumplimiento con

el requisito de registrar y remitir un contrato a la Oficina del
KLAN202300229                                                        10

Contralor de Puerto Rico puede ser subsanado y no acarrea la

nulidad. Sin embargo, su incumplimiento impide el desembolso de los

fondos públicos hasta tanto los contratos no sean registrados

conforme a la ley. Rodríguez Ramos et al v. ELA, supra, pág. 462.

                                  D.

      Las únicas deudas que pueden reclamarse judicialmente son

las vencidas, líquidas y exigibles. Una deuda es líquida cuando es

cierta, determinada y exigible, debido a que puede demandarse su

cumplimiento. El demandante que expone que una deuda es líquida y

exigible está dando por hecho que el deudor aceptó que la cuantía es

correcta y que está vencida. RMCA v. Mayor Bianchi, 208 DPR 100,

108-109 (2021).

                                  III.

      La controversia se reduce a determinar si el TPI erró al denegar

la moción de sentencia sumaria que presentó el Municipio de Juana

Díaz y por el contrario dictar sentencia sumaria a favor de la apelada.

      Los hechos esenciales y materiales no están en controversia,

porque fueron estipulados por las partes. El Municipio y R/O están de

acuerdo en que el 13 de enero de 2016 suscribieron el Contrato de

Construcción número 2016-000493 adjudicado mediante la subasta

número 2014-2015-004. Ambas partes reconocen que el contrato se

presentó y registró en la Oficina del Contralor de Puerto Rico,

conforme establece la ley. Igualmente aceptan que acordaron dividir el

Proyecto en dos fases. Las partes reconocen que acordaron realizar la

primera fase por $1,456,010.39, debido a que era la cantidad de

fondos disponibles. Igualmente aceptan que acordaron realizar la

segunda fase por la diferencia de $543,905.71. Las partes estipularon

que acordaron que el Municipio retendría el 10% de todas las facturas

pagadas a R/O. Ambas admiten que el Municipio pagaría ese 10% a

R/O al finalizar la obra y luego de que entregara la Solicitud de

Permiso de Uso, certificara no tener deudas con suplidores y
KLAN202300229                                                               11

obtuviera los relevos de la Corporación del Fondo del Seguro del

Estado y de la compañía que emitió la fianza de ejecución de pago.

      El contrato de construcción y eje de la controversia fue suscrito

por las partes el 13 de enero de 2016 y se presentó y admitió como

evidencia. Véase, pág. 64 del apéndice. Las cláusulas pertinentes a la

controversia son textualmente las siguientes:

      CUARTA:-----------------------------------------------------------
      TÉRMINO DE LOS SERVICIOS: Que la SEGUNDA PARTE
      se obliga y compromete a comenzar la Fase 1 de las obras
      aquí contratadas, inmediatamente a partir del recibo de la
      Orden de Compras y la Carta de Comienzo que emite la
      Oficina de Planificación del Municipio de Juana Díaz.
      Obligándose a concluir las mismas en o antes de
      DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273) días calendario,
      contados a partir de la fecha de la Carta de Comienzo. El
      tiempo de ejecución podrá ser modificado por razones no
      atribuibles al contratista mediante órdenes de cambio
      debidamente aprobadas, según lo dispone la cláusula de
      enmiendas de este contrato.------------------------------------

      SEXTA:-------------------------------------------------------------
      VIGENCIA: Este contrato tendrá vigencia desde la firma
      entre las PARTES hasta el 30 de septiembre de 2016. No
      obstante a lo anterior, la vigencia estará sujeta a que el
      mismo sea debidamente registrado y que copia de ésta
      sea remitida a la Oficina del Contralor. El (la) Contratista
      no comenzará a realizar labor alguna hasta tanto el
      Municipio le certifique por escrito que ha registrado y
      enviado copia del contrato a la Oficina del Contralor.
      Dicha certificación deberá contener el número de registro
      y la fecha y hora en que fue registrado ante la oficina del
      Contralor. Ninguna prestación o contraprestación objeto
      de este contrato podrá exigirse hasta tanto el mismo se
      haya restado para registro en la Oficina del Contralor a
      tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de
      octubre de 1975, según enmendada.--------------------------

      OCTAVA:-----------------------------------------------------------
      PENALIDAD: Que las Partes acuerdan, que en caso de
      que la SEGUNDA PARTE no haya terminado las obras
      contratadas dentro del término concedido, según
      CLAUSULA CUARTA, salvo extensión de tiempo
      debidamente autorizada por la PRIMERA PARTE, por
      escrito, se retendrá la cantidad de $500.00 diarios de
      cualquier suma que se le adeude a la SEGUNDA PARTE
      como indemnización por los daños que tal demora pueda
      ocasionar a los intereses de la PRIMERA PARTE. Se hace
      la advertencia de que el término de los servicios, según lo
      dispone la cláusula cuarta de este contrato, es
      independiente a la vigencia del contrato.---------------------

      DECIMA-PRIMERA:-----------------------------------------------
      10% RETENIDO: Que las Partes acuerdan que de
      cualquier pago que se haga a la SEGUNDA PARTE por
      concepto de certificaciones periódicas de trabajo
KLAN202300229                                                                 12

      realizado, la PRIMERA PARTE habrá de retener un 10%
      de cada pago hasta tanto que se certifique la totalidad del
      contrato.------------------------------------------------------------

      La devolución del 10% retenido se realizará cuando la
      SEGUNDA PARTE entregue la Solicitud del Permiso de
      Uso (ARPE 15.201), debidamente notariada en el
      encasillado del Contratista, para que la Administración
      Municipal pueda levantar el Permiso de Uso, además,
      evidencia de que ha sido relevado de su responsabilidad
      como patrono en el Fondo del Seguro del Estado,
      Declaración Jurada de no deudas a suplidores y el Relevo
      de la Fianza de Ejecución y Pago “Payment and
      Performance Bond”.----------------------------------------------

      Las partes estipulan que el paso del huracán María afectó

severamente al Municipio de Juana Díaz y provocó la suspensión de

los trabajos de construcción. Ambas reconocen que el 20 de abril de

2018, el Sr. Ricardo Ortega compareció en representación de R/O y

junto al Ingeniero Moisés Torres Méndez, en representación del

Municipio, otorgaron un documento titulado Acta de Reinicio. Las

partes reconocen que acordaron reiniciar el proyecto el 20 de abril de

2018 y que R/O tenía 30 días para terminarlo. El Municipio y R/O

estipularon que ese término venció el 20 de mayo de 2018. Ambas

coinciden en que R/O realizó trabajos valorados en $162,608.07,

luego de que otorgaron el acta. Según lo estipulado, R/O hizo los

trabajos entre el 20 de abril de 2018 y el 20 de mayo de 2018. El

Municipio admitió que pagó $145,267.27 a la apelada por los trabajos

que realizó durante el periodo acordado en el Acta de Reinicio.

      Dicho documento forma parte de la evidencia admitida y

examinada. Su texto es el siguiente:

      Hoy 20 de abril de 2018 se firma el acta de reinicio del
      mencionado proyecto, el cual tenía una vigencia de 10
      días calendarios en el momento que fue paralizado el 20
      de septiembre de 2017. Así las cosas se le otorgan
      nuevamente los 10 días calendarios para completar los
      trabajos y en adición, se otorgan 20 días adicionales por
      la dilación de entrega de techo.

      Firman la misma el representante de la empresa y el
      representante del Municipio de Juana Díaz, hasta el 20
      de mayo de 2018 dando fe del mismo.

Véase, pág. 86 del apéndice del recurso.
KLAN202300229                                                           13

      El Municipio de Juan Díaz estipuló que el 18 de mayo de 2018

aceptó el Proyecto y que solicitó a R/O que cumpliera con lo acordado

para recibir el pago del 10% retenido. El apelante también aceptó que

el 26 de febrero de 2019 entregó a R/O $114,431.77 como pago

parcial del 10% retenido y que quedó un balance adeudado de

$55,755.91.

      La carta de aceptación de la obra forma parte de la evidencia

admitida y examinada. El documento está firmado por el alcalde

Ramón Hernández Torres. La apelada fue advertida sobre la evidencia

que debía presentar para recibir el 10% retenido. Véase, pág. 87 del

apéndice. El Municipio admite que aceptó y pagó la obra, porque la

apelada concluyó el trabajo para el que fue contratada. El apelante

alega que la apelada tiene que devolver el dinero recibido por los

trabajos que realizó durante la vigencia del Acta de Reinicio. Sostiene

que la devolución procede, debido a que ese documento no cumple

con las formalidades de la contratación gubernamental y el contrato

de construcción venció el 31 de diciembre de 2017.

      La controversia es de estricto derecho, porque estamos

obligados a pasar juicio sobre la validez legal del Acta de Reinicio.

      El Municipio de Juana Díaz no tiene razón. Como cuestión de

derecho procede dictar sentencia sumaria a favor de la apelada. El

apelante alega que el contrato de construcción venció el 31 de

diciembre de 2017, conforme la enmienda firmada el 28 de febrero de

2017. La alegación del apelante es incorrecta, porque en la cláusula

octava del contrato de construcción asintió a extender su término,

siempre que así lo hubiese autorizado por escrito. El 20 de abril de

2018 ambas partes firmaron el Acta de Reinicio de las obras

suspendidas por una razón de fuerza mayor ajena al control de los

contratantes. El paso del huracán María, el 20 de septiembre de

2017, ocasionó la suspensión de los trabajos de construcción, debido

a que el Municipio de Juana Díaz quedó severamente afectado. La
KLAN202300229                                                            14

apelada proveyó copia del Acta de Paralización del 20 de septiembre

de 2017, en la que se acordó detener el tiempo del contrato debido al

paso del huracán María. Este documento está firmado por el

presidente de la apelada y por el ingeniero Moisés Torres Méndez en

representación del Municipio y fue estipulado por ambas partes. La

capacidad legal del ingeniero Torres para representar al Municipio no

ha sido cuestionada por el apelante.

      Los dineros e intereses del Municipio de Juana Díaz están

protegidos   y   no   han   sido   lesionados.   Tanto   el   contrato   de

construcción como el Acta de Reinicio cumplen con la formalidad

insoslayable de constar por escrito. La apelada terminó la obra en el

periodo señalado en el Acta. El 18 de marzo de 2018, el Municipio

aceptó la obra sin ningún señalamiento. La apelada cumplió con los

requisitos acordados para obtener el pago del 10% retenido. El

contrato de construcción fue debidamente registrado en la Oficina del

Contralor. Aunque el Acta de Reinicio no cumplió con el requisito de

estar registrado, esa omisión es subsanable. El TPI ya ordenó al

Municipio su registro en la Oficina del Contralor y el de las enmiendas

que no hayan sido registradas.

      La deuda de $55,755.91 cuyo pago reclama la apelada está

vencida, líquida y exigible, porque fue estipulada. Ambas partes

estipularon que el Municipio pagó a la apelada $114,431.77 como

pago parcial del 10% retenido y que existe un balance de $55,755.91.

      Luego de realizar un juicio de novo, resolvemos que no existe

controversia de hechos esenciales y materiales y que, como cuestión

de derecho, procede dictar sentencia sumaria a favor de R/O.

                                    IV

      Por las razones expuestas se confirma la sentencia sumaria

apelada.
KLAN202300229                                                   15

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones