Court Opinion

ID: 9374138
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:36.485123+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.044753
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL II

     JRA ARCHITECTS &                                  REVISIÓN
    PROJECT MANAGERS,                                  procedente de la
                                                       Junta de Subastas del
            Recurrente,                                Municipio de Santa
                                   KLRA202200668       Isabel.
                  v.
                                                       RFP Núm.:
   JUNTA DE SUBASTA DEL                                2022-2023-01
    MUNICIPIO DE SANTA                                 (PR-CRP-00758)
          ISABEL,
                                                       Sobre:
            Recurrida.                                 impugnación de
                                                       subasta.

 Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
 Romero García y la Juez Méndez Miró.

 Romero García, jueza ponente.

                                 SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

         El 19 de diciembre de 2022, JRA Architects & Project Managers

 (JRA) instó este recurso de revisión en el que solicitó que revocáramos la

 adjudicación de la Subasta Núm. 2022-2023-01 (PR-CRP-00758), emitida

 el 9 de diciembre de 2022, por la Junta de Subasta del Municipio de Santa

 Isabel (Junta de Subasta).

         Mediante la referida adjudicación, la Junta de Subasta seleccionó a

 Vázquez Associates Ingenieros, PSC, como licitadora agraciada para el

 proyecto de renovación de la Plaza de los Trovadores. JRA señaló que la

 notificación de adjudicación de la subasta que emitió la Junta no cumplió

 con la normativa aplicable a los procesos de adjudicación de solicitudes de

 propuestas.

         Luego de evaluar el recurso, y la solicitud de desestimación

 presentada por la parte recurrida, nos es forzoso desestimarlo por falta de

 jurisdicción.

                                       I

         El 13 de octubre de 2022, la Junta de Subasta publicó el aviso de la

 Subasta Núm. 2022-2023-01 (subasta) para brindar servicios de

 arquitectura e ingeniería para la renovación y mejora de la Plaza de los

Número identificador

SEN2023_____________________
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Trovadores1. La parte recurrente, al conocer de la naturaleza de la

notificación publicada, licitó en la subasta convocada.

           El 7 de diciembre de 2022, se celebró la subasta y comparecieron

los siguientes licitadores: Figueroa y Figueroa Arch., Vázquez Associates

Ingenieros, PSC, Ingenium Professional Group, PSC, y JRA2. El 9 de

diciembre de 2022, notificada en esa misma fecha, la Junta de Subasta

otorgó la buena pro a Vázquez Associates Ingenieros, PSC3.

           No obstante, el 19 de diciembre de 2022, JRA acudió ante nos y

solicitó la revisión de dicha determinación y solicitó que ordenáramos a la

Junta emitir una nueva notificación que cumpliese con la normativa

aplicable. Además, presentó una Urgente solicitud al amparo de la Regla

61(1) y otros remedios. JRA apuntó la comisión del siguiente error:

           La notificación enviada por la Junta de Subastas es contraria
           a la ley.

(Mayúsculas omitidas).

           El 20 de diciembre de 2022, un panel hermano de este tribunal

declaró sin lugar la Urgente solicitud […] y concedió un término hasta el 18

de enero de 2023, para que la Junta presentara su Alegato en Oposición4.

           El 17 de enero de 2023, la Junta de Subasta presentó una Solicitud

de Desestimación. En síntesis, expuso que no era necesaria nuestra

intervención, pues la controversia se había tornado académica. Esto, ya

que la recurrida envió a los licitadores una nueva notificación de

adjudicación de subasta el 17 de enero de 2023, conforme establece el

Código Municipal de Puerto Rico5.

1   Véase, apéndice del recurso, a la pág. 1

2   Véase, apéndice de la Solicitud de Desestimación, a las págs. 1-6.

3   Íd., a la pág. 4.
4   Véase, Orden Administrativa Núm. OATA-2022-207.

5   Véase, apéndice de la Solicitud de Desestimación, a las págs. 1-6.
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                                      II

                                      A

       Como norma general, los tribunales pueden atender toda

controversia que sea traída ante su consideración y que sea justiciable.

Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 277 (2003). No obstante,

debido a la importancia de que las actuaciones de los tribunales sean

dentro del marco de su jurisdicción, es una doctrina reiterada por el Tribunal

Supremo que debemos ser celosos guardianes de la misma. Sánchez et

al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002). Por lo tanto, si una

controversia no es justiciable, quiere decir que el tribunal está impedido de

resolverla, por carecer de jurisdicción sobre ella. Es decir, “[l]a doctrina de

la justiciabilidad de las causas gobierna el ejercicio de la función revisora

de los tribunales, fijando la jurisdicción de los mismos”. Smyth, Puig v.

Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007).

       El Tribunal Supremo ha expresado que un pleito se torna académico

cuando se intenta obtener una sentencia sobre un asunto que, al dictarse,

por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia

existente. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Es decir, una

controversia puede convertirse en académica cuando su condición viva

cesa por el transcurso del tiempo. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180

DPR 253, 281 (2010).

       Además, resulta importante puntualizar que, por imperativo

constitucional, los tribunales pierden la jurisdicción sobre un caso por

academicidad. Ello sucede cuando ocurren cambios durante el trámite

judicial de una controversia particular, que hacen que la misma pierda su

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de

llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia y las partes.

CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935-936 (1993). Así pues, el

propósito de la aludida doctrina evita el uso inadecuado de recursos

judiciales. A su vez, la doctrina de academicidad da vida al principio de

justiciabilidad. Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).
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      Por otro lado, al examinar si un caso es académico, se deben

evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, para determinar si la

controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo. En

cambio, de no ser así, los tribunales están impedidos de intervenir. U.P.R.

v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR, a la pág. 281.

                                    B

      La Regla 83(B) y (C) del Reglamento de este Tribunal de

Apelaciones nos confiere autoridad para desestimar un recurso por

cualquiera de las siguientes circunstancias:

      Regla 83 – Desistimiento y desestimación
      .        .       .        .       .      .          .        .

      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

      (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
      (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
      cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa
      causa para ello.
      (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de
      buena fe;
      (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha
      presentado una controversia sustancial o que ha sido
      interpuesto para demorar los procedimientos;
      (5) que el recurso se ha convertido en académico.

      (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
      desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
      discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en
      el inciso (B) precedente.
      .          .       .       .       .       .       .      .

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83. (Énfasis nuestro).

                                    III

      Según expuesto, JRA señaló que la notificación enviada por la Junta

de Subasta era contraria a la ley. Por su parte, la Junta de Subasta

compareció ante nos y solicitó la desestimación del recurso por falta de

jurisdicción. En síntesis, arguyó que, el 17 de enero de 2023, envió una
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nueva notificación que cumple con los criterios establecidos en el Código

Municipal de Puerto Rico.

       A tenor con el marco jurídico anteriormente expuesto, los tribunales

pierden la jurisdicción sobre un caso por academicidad. Ello sucede cuando

ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia particular,

que hacen que la misma pierda su actualidad, de modo que el remedio que

pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto

a esa controversia y las partes. CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR, a las

págs. 935-936.

       Cual discutido, una vez JRA apercibió a la Junta de Subasta sobre

el error en la notificación, la recurrida envió una nueva notificación, según

los criterios establecidos en la Sección 13 del Capítulo VIII, Parte II del

Reglamento 8873 de 19 de diciembre de 2016, conocido como Reglamento

para la Administración Municipal de 2016. En virtud de ello, y conforme a

lo dispuesto en la Regla 83 (B)(5) del Reglamento de este Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, desestimamos el recurso del título por

este haberse tornado académico.

                                     IV

       Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos el

presente recurso por falta de jurisdicción.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones