Court Opinion

ID: 9916049
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:37.13679+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:42.434351
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

     FRANCISCA COLÓN FALCÓN                                 REVISIÓN JUDICIAL
                                                            procedente del
          RECURRENTE                                        Departamento del
                                                            Trabajo y Recursos
                                                            Humanos
                                     KLRA202300576          _____________
                V.                                          Apelación Número:
                                                            SJ-01839-23A
                                                            ______________
       DEPARTAMENTO DEL                                     SOBRE:
      TRABAJO Y RECURSOS                                    Sección 2 (Y) del
           HUMANOS                                          Reglamento para
                                                            Administrar el
             RECURRIDO                                      Programa de Seguro
                                                            por Desempleo

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas,
el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

                              SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece     ante     nos,       la    Sra.   Francisca      Colón    Falcón

(señora      Colón   Falcón    o    Recurrente),       in    forma    pauperis      y,

mediante un recurso de revisión administrativa. Nos solicita

la    reconsideración       de     una        determinación    emitida       por   el

Negociado de Seguridad de Empleo (NSE o Recurrida). En el

referido dictamen, el foro administrativo determinó que la

señora       Colón   Falcón        era        inelegible     para    recibir       los

beneficios de compensación por desempleo, debido a que no

cumplía con lo dispuesto por el Artículo 2(y) del Reglamento

Núm. 9056.1

       Por     las    razones        que        exponemos      a     continuación,

confirmamos la Resolución recurrida. Veamos.

                                          -I-

       La controversia ante nos tiene su génesis el 25 de abril

de 2023 con una determinación de inelegibilidad por parte del

1  Reglamento para administrar el Programa de Seguro por Desempleo,
Reglamento Núm. 9056, Departamento de Estado, 8 de noviembre de 2018,
pág. 4.

NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2023___________________
KLRA202300576                                                            Pág. 2 de 8

Negociado     de    Seguridad       de     Empleo.2    En    específico,            la    NSE

determinó que, debido a que la señora Colón Falcón permaneció

en   una    jornada      reducida     por    un    periodo        de    dos   años,        es

considerada         inelegible        a     recibir         los        beneficios         de

compensación por desempleo.3

      Así las cosas, el 27 de junio de 2023, la Recurrente

solicitó      una    audiencia        presencial       ante        la    División          de

Apelaciones         para        impugnar     la    determinación              del        NSE.

Consecuentemente, el 14 de julio de 2023, se celebró una

audiencia telefónica ante un árbitro. No obstante, a pesar de

haber      estado   debidamente          notificado     por       la    Recurrida,        el

patrono de la señora Colón Falcón no compareció a la referida

audiencia.

      Como resultado de la audiencia, el 17 de julio de 2023,4

el   árbitro        de     la    División     de      Apelaciones         emitió          una

Resolución en la cual consignó las siguientes Determinaciones

de Hechos:

           1. La parte reclamante trabaja para el patrono
              Blanco y Riera, Inc., desde hace 11 (once)
              años.
           2. Cuando comenzó a trabajar para el patrono,
              trabajaba a jornada completa 40 (cuarenta)
              horas.
           3. Desde hace varios años, el patrono redujo la
              jornada de trabajo de la reclamante de 40
              (cuarenta) a 35 (treinta y cinco) horas
              semanales.
           4. Actualmente, la reclamante sigue trabajando
              35 (treinta y cinco) horas semanalmente.5

      Asimismo, el árbitro tomó conocimiento administrativo de

que la parte reclamante solicitó al NSE los beneficios de

seguro por desempleo parcial, en más de dos ocasiones previas

a la reclamación respecto a la que se refiera este recurso.6

2 Evidencia V Revisión de Decisión Administrativa.
3 Id.
4 Evidencia VIII Revisión de Decisión Administrativa; Notificada a las

partes el 31 de julio de 2023.
5 Id.
6 Id.
KLRA202300576                                                    Pág. 3 de 8

Sin     embargo,    en   aquellas     ocasiones   se     le    concedió     a   la

Recurrente el beneficio solicitado.

        A base de lo anterior, el foro administrativo confirmó

la determinación del NSE y, para fundamentar su conclusión

expuso lo siguiente:

          En el caso que nos ocupa, la jornada de la
          parte reclamante sufrió una reducción. Luego de
          haber recibido el beneficio de seguro por
          desempleo parcial por lo menos en dos (2)
          ocasiones,   dicha   jornada  reducida   se  ha
          convertido    en   su   jornada   regular.   El
          Departamento de Trabajo y Recursos Humanos del
          Gobierno de Puerto Rico, ha establecido como
          política, por medio del PRSD Núm. 8 de 23 de
          agosto de 2019, que se considerará que la
          jornada reducida se convierte en la jornada
          regular de un reclamante tras el tercer (3) año
          consecutivo de beneficios de desempleo. Por tal
          razón no podemos considerar que la parte
          reclamante está parcialmente desempleada, pues
          su jornada reducida se convirtió en su jornada
          regular. 7

        Posteriormente, la Recurrente solicitó en dos ocasiones

una      audiencia       presencial     donde      su     patrono         pudiese

comparecer.8       Sin   embargo,   debido    a   que    el    Secretario       del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se opuso en ambas

instancias,        sus   solicitudes       resultaron     infructuosas.         La

última de estas fue el 10 de octubre de 2023, momento en que

se notificó la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos en Reconsideración en la que se declaró No Ha Lugar a

la    solicitud     de   reconsideración      presentada       por   la   señora

Colón Falcón.

        Inconforme,      la   Recurrente    acudió      ante   nos   el     8   de

noviembre de 2023 mediante un recurso de Revisión de Decisión

Administrativa. En síntesis, imputa que la Recurrida erró al

determinar que la señora Colón Falcón era inelegible para

recibir los beneficios de compensación por desempleo previo a

7   Id; Énfasis nuestro.
8   5 de agosto de 2023 y 24 de septiembre de 2023.
KLRA202300576                                                     Pág. 4 de 8

tomar    en    consideración       el   testimonio      del   empleador   y   sin

concederle una vista presencial con las partes.

         Establecido lo anterior y, evaluado el expediente del

presente recurso, procedemos al derecho aplicable.

                                        -II-

     A. Revisión Judicial

        Los    tribunales     le     debemos     gran     deferencia      a   las

determinaciones        emitidas     por   las   agencias      administrativas,

puesto que son estas las que cuentan con la experiencia y el

conocimiento especializado para atender los asuntos que se le

han sido delegados.9 Debido a ello, las decisiones de las

agencias gozan de una presunción de legalidad y corrección,

por    lo     que,   deben   ser    sostenidas    hasta       tanto   quien   las

impugne no presente evidencia suficiente para derrotarlas.10

Así pues, la intervención judicial está limitada a aquellas

instancias en donde se demuestre que la agencia actuó de

manera arbitraria, ilegal o irrazonable.11

        La revisión judicial comprende la evaluación de tres

aspectos principales: (1) la concesión del remedio; (2) la

revisión de las determinaciones de hechos; y (3) la revisión

de las conclusiones de derecho.12 Sobre el particular, la

Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico dispone que:

            El tribunal podrá conceder el remedio apropiado
            si determina que el recurrente tiene derecho a
            un remedio.
            Las determinaciones de hechos de las decisiones
            de las agencias serán sostenidas por el
            tribunal, si se basan en evidencia sustancial
            que obra en el expediente administrativo.

9 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).
10 Id.
11 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
12 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894 (2008).
KLRA202300576                                                          Pág. 5 de 8

          Las conclusiones de derecho serán revisables en
          todos sus aspectos por el tribunal.13
        Con respecto a las determinaciones de hechos,                             cabe

mencionar que estas serán sostenidas por un tribunal revisor

si se encuentran respaldadas por evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo tras ser considerado en

su totalidad.14 A esos fines, evidencia sustancial es aquella

relevante que una mente razonable pudiese considerar adecuada

para sostener una conclusión.15 Por lo cual, la parte que

pretenda       impugnar     la    determinación      de    una       agencia   deberá

demostrar que existe otra prueba en el récord que reduzca o

menoscabe el valor probatorio de la evidencia refutada.16

        Por su parte, en cuanto a las conclusiones de derecho,

aunque las mismas son revisables en toda su extensión, ello

“no implica que los tribunales revisores tienen la libertad

absoluta       de    descartar          libremente     las       conclusiones        e

interpretaciones de la agencia”.17 Esto pues, solo en caso de

no encontrar una base racional que explique la determinación

del ente administrativo, es que entonces el tribunal puede

sustituir       el   criterio         empleado   por      la   agencia      por    uno

propio.18

     B. Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico

        La Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, conocida como la

Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico (Ley Núm. 74),19

fue creada con el propósito de promover la seguridad laboral

mediante la facilitación de las oportunidades de trabajo por

medio del mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de

empleo     y    el   pago        de   una   compensación         a    las   personas

13 3 LPRA sec. 9675.
14 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).
15 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187 (2009).
16 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).
17 Id. pág. 729.
18 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006).
19 29 LPRA sec. 701 et seq.
KLRA202300576                                                                  Pág. 6 de 8

desempleadas.20 En la consecución de dicho objetivo, la Ley

Núm.    74   estableció         la        creación       de   un    fondo,         distinto    y

separado     de     todos      los    dineros        o    fondos      del     Estado     Libre

Asociado de Puerto Rico, sufragado por las contribuciones

pagadas      por    los       patronos       de    acuerdo         con    los       parámetros

establecidos en el propio estatuto.21

       Debido a su carácter remedial, las disposiciones de la

Ley Núm. 74 deben ser interpretadas liberalmente, de modo que

se     provea      protección         a    la     mayor       cantidad        de     empleados

posible.22 Sin embargo, ello no significa que su aplicación

se extienda a toda persona, puesto que la Sección 704(a)(1)

establece         los     criterios          específicos            que       debe     cumplir

cualquier trabajador cualificado que interese beneficiarse de

esta, a saber: (1) que notifique oficialmente su desempleo;

(2) que se registre para trabajo en una oficina del servicio

de   empleo;       (3)    que    se       registre       para      recibir      crédito      por

semana de espera o someta la reclamación de beneficios; y (4)

que participe de los servicios de reempleo disponibles si ha

sido identificado como un posible agotador de los beneficios

regulares con necesidad de recibir servicios de reempleo.23

       En    lo     pertinente,            toda      persona        que       haya     quedado

desempleada         parcialmente            tendrá        derecho         a    recibir        los

beneficios del desempleo. La Sec. 2(y) del Reglamento Núm.

9056 define desempleo parcial como aquella situación en que

un “reclamante está desempleado por su patrono regular, pero

trabaja      menos       de   una     semana      completa          debido      a    falta    de

trabajo y sus salarios son menores de vez y media de la

cantidad de su beneficio semanal”. Por tanto, al amparo de la

Ley de Seguridad de Empleo, no se requiere que una persona

20 29 LPRA sec. 701.
21 29 LPRA sec. 710.
22 Avon Products, Inc. v. Srio. del Trabajo, 105 DPR 803, 808 (1977).
23 29 LPRA sec. 704(a)(1).
KLRA202300576                                                           Pág. 7 de 8

esté     desempleada        totalmente          para   ser       acreedora    de        los

beneficios que dispone la misma.

       No obstante, si bien el carácter de la legislación es

remedial, ello no significa que su interpretación liberal se

extienda a tal extremo que se le reconozcan beneficios a

quienes no cualifican. Castillo v. Depto. del Trabajo, 152

DPR, a la pág. 98. A esos fines, la Sec. 4 de la Ley de

Seguridad de Empleo indica las condiciones de elegibilidad

para recibir los beneficios de desempleo y las causas que

descalifican a un reclamante de recibirlos. 29 LPRA sec. 704.

                                         -III-

       En   esencia,     corresponde            evaluar     si    el    Negociado        de

Seguridad     de     Empleo    erró        al    denegar      los      beneficios        de

desempleo que provee la Ley Núm. 74 a la señora Colón Falcón.

En     apretada    síntesis,        la     recurrente        alega     que,       por    la

sencilla     razón     de    que    había        recibido     los      beneficios        de

desempleo en el pasado, tiene un derecho a ellos tanto en el

presente, como en el futuro. No le asiste la razón.

       El NSE fundamentó de manera clara y acertada que nuestro

ordenamiento jurídico dispone que, luego de un reclamante

permanecer en un estado de jornada reducida por el periodo de

tres años consecutivos, se considerará que esta es su jornada

regular. Siendo así, no queda espacio para considerar aquí

una solicitud al amparo de beneficios por desempleo. Como

bien señala el foro administrativo, no podemos considerar que

la parte reclamante está parcialmente desempleada, pues su

alegada     jornada    reducida      se     ha    convertido        para   todos        los

efectos prácticos en su jornada regular.

       Por último, la Resolución impugnada, lejos de ser una

errónea,     nos      parece       estar        debidamente       fundamentada          en

derecho.      Siendo        así,     no         consideramos         que     el     ente
KLRA202300576                                              Pág. 8 de 8

administrativo     procediera    de    manera   arbitraria,    ilegal    o

irrazonable. Por lo cual, no encontramos meritorio alterar

sus conclusiones y entendemos que corresponde otorgarle a la

agencia   la    deferencia   que      nuestro   ordenamiento   jurídico

requiere al momento de revisar sus decisiones adjudicativas.

                                   -IV-

     A la luz de los fundamentos antes expuestos, se confirma

la Resolución impugnada.

     Lo   acuerda    y   manda   el    Tribunal   y   lo   certifica     la

Secretaria del Tribunal.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones