Court Opinion

ID: 9952305
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:39:13.052299+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:39.065415
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

      CONSEJO DE                                     Recurso de
       TITULARES                                     apelación
     ASOCIACION DE                                   procedente del
    CONDOMINES 101                                   Tribunal de Primera
      MENDEZ VIGO             KLCE202301064          Instancia, Sala
       RECURRIDO                                     Superior de
                                                     Mayagüez

                                                     Caso Núm.
             v.                                      MZ2018CV00418

                                                     Sobre:
                                                     COBRO DE
   SUCESION MARIO                                    DINERO
  GARCIA QUINTERO Y
       OTROS
    PETICIONARIO

Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, el Juez
Rodríguez Flores y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

      Comparecen ante nosotros los peticionarios codemandados,

Sucesión Mario García Quintero y Sucesión Anunciata Incera,

mediante recurso de Certiorari. Ambas sucesiones son compuestas

por Mario J. García, Mario O. García, José Oscar y María del Pilar,

todos de apellido García Incera (en adelante, ¨peticionarios¨). Los

codemandados       peticionarios   solicitan   que    se   revoque   una

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en

adelante, ¨TPI¨), declarando no ha lugar una Moción de Sentencia

Sumaria.

      Mediante la solicitud de Sentencia Sumaria, los peticionarios:

(1) alegaron que el administrador del Condominio no está autorizado

en Ley para representar al Consejo de Titulares; (2) cuestionaron si

la cancelación del certificado de incorporación traspasa la

Número Identificador
SEN2024________

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titularidad de los inmuebles de la corporación; (3) cuestionaron si

los accionistas de las corporaciones son responsables de las deudas

de las corporaciones, y; (4) si la cancelación de los certificados de

incorporación tiene el efecto de disolver las corporaciones.

      Luego de examinar de novo la moción de sentencia sumaria

denegada en la Resolución recurrida, considerar el trasfondo

procesal del caso, según surge del expediente apelativo, y las normas

jurídicas que rigen la materia del litigio, resolvemos expedir el auto

solicitado y confirmar tal decisión.

      Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que

sirven de fundamento a esta determinación.

                                       I.

      Los hechos de este caso se remontan a una demanda de cobro

de dinero presentada el 13 de noviembre de 2018 por el Consejo de

Titulares del Condominio 101 Méndez Vigo Oeste (en adelante,

¨recurridos¨) en contra de Mario García Quintero, Anunciata Incera

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.

      La controversia medular del caso presentado ante el TPI gira

en torno al cobro de dinero de unas cuotas de mantenimiento

adeudadas por las corporaciones, Northwestern Trading, Corp., Inc.

y Northwestern Resources Development, Corp. (en adelante,

¨corporaciones¨) a el Consejo de Titulares del Condominio 101

Méndez Vigo Oeste.

      Las cuotas de mantenimiento adeudadas correspondían a las

oficinas 504, 505, 702, 703, 707 y 708 del Condominio 101 Méndez

Vigo Oeste que figuraban inscritas en el Registro de la Propiedad a

favor de las corporaciones.

      Respecto a las corporaciones mencionadas, el señor García

Quintero y la señora Incera figuraban ante el Departamento de

Estado   como    los   únicos   accionistas   y   directores   de   las
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corporaciones. El 16 de abril de 2014 los certificados de

incorporación de las corporaciones fueron cancelados por el

Departamento       de   Estado   por    incumplimiento     con     su

responsabilidad anual de rendir informes para los años 2008 y

2012. No obstante, los pasivos y activos de la corporación no fueron

liquidados ni las corporaciones disueltas.

      Desgraciadamente, la señora Anunciata Incera falleció el 22

de febrero de 2019. Pocos meses después, murió el señor Mario

García Quintero, el 9 de mayo de 2019. Como consecuencia, la parte

demandante recurrida presentó una Demanda Enmendada para

traer al pleito como codemandados a los cuatro hijos procreados

entre el señor García Quintero y la señora Incera, siendo estos los

únicos herederos de las sucesiones de ambos fallecidos.

      Luego de varios trámites procesales, que no es necesario

pormenorizar para poder disponer del caso, los codemandados

peticionarios presentaron el 21 de abril de 2021 una Moción de

Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. En

esta, argumentaron que procedía la desestimación de la demanda

porque el Administrador del Consejo de Titulares, el Ing. Ángel Luis

Ruperto, no estaba autorizado para representar al Consejo en la

acción judicial. Examinada la moción de desestimación, el TPI emitió

una Resolución el 11 de mayo de 2021 declarando No Ha Lugar la

referida moción.

      El pleito siguió su transcurso y, para efectos de la presente

controversia, el 21 de febrero de 2023 los codemandados

peticionarios presentaron una Moción de Sentencia Sumaria. En

dicha moción hicieron los siguientes planteamientos: (1) alegaron

que el administrador no está autorizado en ley para presentar la

demanda    en   representación   del   Consejo   de   Titulares;   (2)

cuestionaron si la cancelación de los certificados de incorporación

traspasó la titularidad de las oficinas; (3) cuestionaron si los
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accionistas de las corporaciones son responsables de las deudas, de

existir alguna, de las corporaciones; y (4) si la cancelación de los

certificados de incorporación tuvo el efecto de disolver las

corporaciones. En respuesta, la parte demandante recurrida

presentó su Oposición a Sentencia Sumaria el 30 de marzo de 2023.

      Así las cosas, el 30 de mayo de 2023 el TPI dictó una

Resolución declarando No Ha Lugar a la moción de sentencia

sumaria por entender que las determinaciones de hechos eran

insuficientes para adjudicar la controversia. Mediante su dictamen,

el foro primario determinó que los siguientes hechos no estaban en

controversia:

      1. Las oficinas 504 y 505 pertenecen en pleno dominio a

Northwestern Trading conforme las constancias del Registro de la

Propiedad.

      2. Las oficinas 702, 703, 707 y 708 pertenecen en pleno

dominio a Northwestern Resources conforme las constancias del

Registro de la Propiedad.

      3. Los únicos y universales herederos de Don Mario García

Quintero y Doña Anunciata Incera son los codemandados María

José, María del Pilar, José Oscar y Mario Oscar todos de apellidos

García Incera.

      4. El Sr. Mario García Quintero y la Sra. Anunciata Incera

eran los únicos accionistas y directores de las corporaciones

Northwestern Trading y Northwestern Resources.

      5. Los certificados de incorporación de las corporaciones

Northwestern Trading y Northwestern Resources fueron cancelados

por el Departamento de Estado por incumplimiento con su

responsabilidad anual para los años 2008 al 2012.

      Sin embargo, determinó que las aludidas determinaciones no

eran suficientes para dictar sentencia sumaria. Específicamente, el

foro apelado señaló que se encontraba impedido de adjudicar el
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asunto por la vía sumaria porque el certificado de incorporación de

las corporaciones fue cancelado y las corporaciones aún no habían

sido disueltas. Por tal razón, era necesario la designación de un

administrador judicial para que iniciara el proceso de disolución. A

eso, añadieron que los únicos accionistas y directores fallecieron,

quedando solo su sucesión.

      Inconformes, el 14 de junio de 2023 los codemandados

peticionarios, Mario J. García, Mario O. García y María del Pilar

García, presentaron una Moción de Reconsideración. El 23 de agosto

de 2023 los demandantes peticionaros presentaron su Oposición a

moción de reconsideración.

      Una vez expresadas las partes, el TPI dictó una Resolución el

24 de agosto de 2023, archivando en autos copia de la notificación

el 25 de agosto de 2023, donde dictó No Ha Lugar la moción de

reconsideración.

      Inconformes, el 25 de septiembre de 2023 los codemandados

peticionarios, acuden ante nosotros mediante recurso de Certiorari

solicitando que revoquemos la resolución dictada por el TPI.

Realizan los siguientes señalamientos de error:

      PRIMER ERROR: Erró el TPI al determinar que la
      autoridad del Administrador Ing. Ángel Luis Ruperto para
      representar al Consejo de Titulares es un asunto que ya
      fue atendido y resuelto por el Tribunal, determinación que
      advino final y firme.
      SEGUNGO ERROR: Erró el TPI al no desestimar la
      demanda en cuanto a los comparecientes peticionarios ya
      que la demandante está impedida por ley para radicar la
      demanda contra los accionistas.
      TERCER ERROR: Erró el TPI al nombrar un administrador
      judicial para unas corporaciones que no son parte del
      pleito.
      CUARTO ERROR: Erró el TPI al entender que las
      corporaciones Northwestern Trading y Northwestern
      Resources Dev. Co. carecen de personalidad jurídica y que
      por lo tanto los accionistas eran responsables de las
      alegadas deudas de existir las mismas y que a raíz del
      deceso de estos, las mismas pasan a los comparecientes.

      El 19 de octubre de 2023, la parte recurrida presentó su

Oposición al Certiorari. En síntesis, solicitó que se deniegue el
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recurso debido a que los fundamentos de los peticionarios son

contrarios a Derecho.

                                  II.

   A. El Certiorari

      El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce de

León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163 (2020);

Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 728-729

(2016); véase, además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil,

32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición del auto de certiorari

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Íd.; IG Builders

et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y

órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, supra; Scotiabank de

Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo

pertinente, la referida regla dispone lo siguiente:

      [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones
      u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia, solamente será expedido
      por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra
      de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
      hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
      privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía
      o en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra
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      situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
      Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari, en estos casos, el Tribunal de
      Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

   Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que

este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente su

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos
         son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para analizar el problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error
         craso y manifiesto de la apreciación de la
         prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración,
         más detenida a la luz de los autos originales,
         por los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se
         presenta el caso es la más propicia para su
         consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa no causan un fraccionamiento
         indebido del pleito y una dilación indeseable
         en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B.

      De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia,

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v.

Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión
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justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-

435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd.

Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.

Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Regla 36 de Procedimiento Civil - Sentencia Sumaria

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, […]

permite a los tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios

civiles en aquellas situaciones donde no exista controversia

material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el

derecho así lo permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20

(2020). Mediante el mismo, se procura profundizar en las

alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos ameritan

dilucidarse en un juicio. Íd. Este cauce sumario resulta beneficioso

tanto para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se

agiliza el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a

los litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Íd.

      [A]l presentar una moción de sentencia sumaria, al amparo

de [la] Regla 36.2, [se] deberá cumplir con los siguientes requisitos

de forma, los cuales están preceptuados en la Regla 36.3 de

Procedimiento Civil: (1) una exposición breve de las alegaciones de

las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa

de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los

hechos   esenciales   y   pertinentes   sobre   los   cuales   no   hay

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia
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donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro

documento admisible en evidencia que se encuentre en el

expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar

la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio

que debe ser concedido. Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max,

Inc., 203 DPR 687 (2019).

      Al considerar la solicitud, el Tribunal deberá asumir ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentran sustentados por los

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Conforme

a esta normativa procesal, la parte que desafía una solicitud de

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o

negaciones consignadas en su alegación. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra. Por el contrario, viene obligada a enfrentar la moción

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha

hecho el promovente en su solicitud puesto que, de incumplir, corre

el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, de la

misma proceder en derecho. Íd.

      En la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, el

promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se

dicte sentencia sumaria en su contra. Íd. Claro está, para cada uno

de estos supuestos deberá hacer referencia a la prueba específica

que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 de

Procedimiento Civil. Íd. En otras palabras, la parte opositora tiene

el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos

materiales que alega están en disputa. Íd. Al evaluar los méritos de
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una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador debe actuar guiado

por la prudencia y ser consciente en todo momento que su

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes

de su “día en corte”, componente integral del debido proceso de

ley. Id.

        Sin   embargo,    la    sentencia     sumaria   generalmente     no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212

(2006). Además, existen casos que no se deben resolver mediante

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Id., pág.

579.

        Por otro lado, sabido es que, cuando un Tribunal emita una

sentencia,    especificará     los   hechos    que   fueron   probados    y

consignará separadamente sus conclusiones de derecho. 32 LPRA

Ap. V, R. 42.2. En lo pertinente al caso, si el Tribunal deniega

una moción de sentencia sumaria, no concede todo el remedio

solicitado o no resuelve la totalidad del pleito, la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, expresa que “será

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos […]”Lo

anterior simplifica el desfile de prueba en el juicio, pues los hechos

no     controvertidos    se    consideran     probados. Ramos   Pérez    v.

Univisión, 178 DPR 200, 221 (2010).
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      Además, y según dispuesto por el Tribunal Supremo de

Puerto Rico, los criterios de revisión apelativa ante una sentencia

sumaria son los siguientes: (1) no se puede considerar prueba no

presentada ante el nivel de instancia; (2) no se puede adjudicar

hechos materiales en controversia; (3) la revisión apelativa es de

novo; (4) se debe examinar el expediente de la manera más favorable

hacia quien se opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe

observar que las mociones cumplan con los requisitos de la Regla

36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, y lo discutido en SLG

Zapata Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013); (6) debe exponer

los hechos materiales controvertidos y los incontrovertidos si los

hubiese; y (7) ante un caso donde no existan hechos materiales en

controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el

TPI aplicó correctamente el Derecho. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100, 118-119 (2015).

      Asimismo, nuestro más Alto Foro señaló que:

      […] el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el
      expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al
      foro      primario;      2)      revisar      que       tanto
      la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan
      con los requisitos de formas codificados en la referida Regla
      36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos
      materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la
      exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32
      LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos
      materiales encontró que están en controversia y cuáles
      están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a
      revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó
      correctamente el Derecho a la controversia. Roldán Flores v.
      M. Cuebas, 199 DPR 664, 679 (2018). (Énfasis suplido).

      Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la

procedencia de una sentencia sumaria. González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281 (2019). A tal efecto, nuestra revisión es

una de novo, y el análisis debe regirse por las disposiciones de la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa. Íd. De esta manera, si encontramos que los hechos
KLCE202301064                                                        12

materiales realmente están incontrovertidos, debemos revisar de

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el

derecho. Id.

C. Personalidad Jurídica de las Corporaciones

       Nuestro ordenamiento jurídico exige que los participantes de

un pleito judicial reúnan varios criterios para participar del proceso.

Uno de estos criterios es la capacidad. La capacidad se define como,

“[la] habilidad para comparecer a un proceso sin la asistencia de

otra   persona”.     J.A.   Echevarría   Vargas, Procedimiento     Civil

Puertorriqueño, 1ra ed. rev., [Ed. del autor], 2012, pág. 131. Sabido

es que la personalidad jurídica otorga la facultad de demandar y ser

demandado. Art. 30 Código Civil de 1930, 31 LPRA. sec. 104.

       El Artículo 27 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31

LPRA sec. 101, establece que serán personas jurídicas: (1) las

corporaciones y asociaciones de interés público, con personalidad

jurídica reconocida por la ley; (2) las corporaciones, compañías o

asociaciones de interés partículas, sean civiles, mercantiles o

industriales, a las que la ley conceda personalidad jurídica.

       La personalidad de las corporaciones se regulará por las leyes

que    las   hayan    creado   o   reconocido.   Para   poder    operar

como corporación, la empresa deberá satisfacer las exigencias que

dispone la Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según

enmendada, conocida como Ley General de Corporaciones (en

adelante, ¨Ley General de Corporaciones¨). 14 LPRA secc. 3501 et

seq.

       La Ley General de Corporaciones establece el proceso a seguir

para crear e incorporar una corporación. A tales efectos, el Artículo

1.05(a), 14 LPRA sec. 3505(a), dispone que:

       (a) Otorgado y radicado el certificado de incorporación, según
           lo dispuesto en la sec. 3503(d) de este título y pagados los
           derechos requeridos por ley, la persona o las personas que
           de tal modo se asociaren, sus sucesores y sus cesionarios,
           constituirán, a partir de la fecha de dicha radicación, o de
           haberse establecido en el certificado de incorporación,
KLCE202301064                                                        13

         desde una fecha posterior que no exceda de noventa (90)
         días, una entidad corporativa con el nombre que aparezca
         en el certificado, sujeta a disolución según se dispone en
         esta Ley.

      Una vez la corporación ha sido incorporada, el Artículo 2.02

de la Ley General de Corporaciones establece que:

      Toda corporación creada al amparo de las disposiciones de
      esta Ley tendrá facultad para:
      […]
      B. Demandar y ser demandada bajo su nombre corporativo en
      cualquier Tribunal y participar en cualquier procedimiento
      judicial, administrativo, de arbitraje o de cualquier otro
      género […]. 14 LPRA sec. 3522.

      En otras palabras, la corporación queda incorporada y

adquiere personalidad jurídica al momento de la expedición del

certificado de incorporación.

      El Art. 9.08 de la Ley General de Corporaciones, establece la

continuación limitada de la personalidad jurídica corporativa

después de la cancelación de su certificado de incorporación. Dicho

artículo dispone que:

      Toda corporación que se extinga por limitación propia o que
      por otro modo se disuelva, continuará como cuerpo
      corporativo por un plazo de tres (3) años a partir de la fecha
      de extinción o de disolución o por cualquier plazo mayor que
      el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) en el ejercicio
      de su discreción disponga a los efectos de llevar adelante los
      pleitos entablados por la corporación y de proseguir con la
      defensa de los pleitos entablados contra ella, ya sean civiles,
      criminales o administrativos, así como a los efectos de liquidar
      y terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y de
      distribuir a los accionistas los activos restantes. No podrá
      continuar la personalidad jurídica con el propósito de
      continuar los negocios para los cuales se creó dicha
      corporación.

      Respecto a cualquier acción, pleito o procedimiento entablado
      o instituido por la corporación o contra ella, antes de su
      extinción o dentro de los tres (3) años siguientes a su extinción
      o disolución, la corporación continuará como entidad
      corporativa después del plazo de los tres (3) años y hasta que
      se ejecuten totalmente cualesquiera sentencias, órdenes o
      decretos respecto a las acciones, pleitos o procedimientos
      antes expresados, sin la necesidad de ninguna disposición
      especial a tal efecto por parte del Tribunal de Primera
      Instancia (Sala Superior). 14 LPRA sec. 3708.

      Así, pues, el Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones

establece que la personalidad jurídica de una corporación no se
KLCE202301064                                                      14

extingue automáticamente con la cancelación del certificado de

incorporación. La Ley General de Corporaciones les concede a las

corporaciones cuyo certificado de incorporación fue cancelado un

término de tres (3) años para llevar a cabo pleitos entablados por y

en contra de la corporación. Una vez transcurre el periodo de tres

(3) años, las corporaciones pierden la facultad de demandar y ser

demandadas. Es decir, transcurrido el término, la corporación

pierde la capacidad de presentar o ser objeto de reclamaciones, ya

que ello va en contra de la política pública que adelante la ley. El

mencionado artículo persigue evitar que los tribunales resuciten

una corporación, luego que ha cesado de existir. Véase: Rodríguez

Quesada v. Soto Carreras, KLAN201701006.

D. Administrador Judicial

      Nuestra legislación corporativa contempla la posibilidad de

que, expirado el plazo dispuesto por el estatuto de supervivencia,

quede patrimonio de la corporación sin distribuir. Art. 9.08 de la Ley

General de Corporaciones, supra; Miramar Marine, Inc. v. Citi Walk

Development Corporation, supra. Particularmente, el Art. 9.09 de la

Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3709, dispone que:

      Cuando se disolviere alguna corporación con arreglo a las
      disposiciones de esta Ley, el Tribunal de Primera Instancia
      (Sala Superior), en cualquier momento y a petición de
      cualquier acreedor o de cualquier accionista o director de la
      corporación, o a petición de cualquiera que a juicio del
      Tribunal muestre justa causa para ello, podrá […] designar
      administrador judicial a una o más personas, en
      representación de y para beneficio de la corporación, para que
      tales administradores judiciales […] se hagan cargo del
      patrimonio de la corporación y cobren los créditos y recobren
      los bienes de la corporación con poder de demandar y
      defender, a nombre de la corporación, para entablar todos los
      litigios que sean necesarios para los propósitos antes
      expuestos, y para nombrar agente o agentes bajo sus órdenes
      y para ejecutar todos los actos que la corporación realizaría,
      si existiera y que sean necesarios para la liquidación final de
      los asuntos corporativos pendientes.

      En caso de que una corporación haya quedado disuelta y el

término dispuesto por el Art. 9.08 de la Ley General de

Corporaciones, supra, haya expirado, el único remedio que existe
KLCE202301064                                                         15

para liquidar cualquier propiedad que aún posea la corporación es

el procedimiento dispuesto en el Art. 9.09 de esta ley. Miramar

Marine, Inc. v. Citi Walk Development Corporation, supra.

       El profesor de derecho corporativo, Carlos E. Díaz Olivo, ha

indicado que el propósito del Art. 9.09 es "asegurar el cobro y la

buena administración de la propiedad que aún posea la corporación

luego de expirado el plazo de tres años provisto en el Artículo 9.08".

Díaz Olivo, Corporaciones: tratado sobre derecho corporativo,

Colombia, [s. Ed.], 2016.

       A su vez, el Artículo 9.13 de la Ley General de Corporaciones,

14 LPRA sec. 3713, establece que:

       El Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) tendrá
       facultad para designar administradores judiciales o tomar
       otras medidas para administrar y liquidar los negocios de
       toda corporación cuyo certificado de incorporación se
       revoque o cancele por cualquier Tribunal con arreglo a las
       disposiciones de esta Ley o de otro modo. Tendrá, además,
       la facultad de emitir a tales respectos las órdenes y decretos
       que fueren justos y equitativos en cuanto a los negocios y
       activos, y en cuanto a los derechos de los accionistas y
       acreedores de ésta. (Énfasis suplido).

       Así las cosas, el Tribunal tiene discreción para decidir si

ordena o no el nombramiento de un administrador judicial que

comience el proceso de disolución en el caso de corporaciones cuyo

certificado de incorporación haya sido cancelado.

       El Art. 9.10 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec.

3710, establece los deberes del administrador judicial. Establece

que:

       Los síndicos o los administradores judiciales de la corporación
       disuelta, después de pagar todos los cargos, gastos y costas,
       y satisfacer, dentro del alcance de su prelación legal, todos los
       gravámenes especiales y generales que pesen sobre los fondos
       de la corporación deberán pagar las demás deudas
       corporativas pendientes de pago, si los fondos que tuvieren en
       custodia fueren suficientes para realizarlos. Si los fondos no
       fueran suficientes, deberán distribuirlos a prorrata entre
       todos los acreedores que verificaren los créditos del modo que
       ordene o decrete el Tribunal. Si pagadas las deudas quedare
       algún sobrante, los síndicos y los administradores judiciales
       lo distribuirán y harán los pagos correspondientes entre
       aquéllos a quienes justamente corresponda, por haber sido
       accionistas de la corporación o por ser los representantes
       legales de los mismos.
KLCE202301064                                                        16

      El propósito del nombramiento de un administrador judicial

es asegurar el cobro de dinero y el manejo de los recursos

corporativos. C. E. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado de Derecho

Corporativo, 2da. ed., Colombia, AlmaForte, 2018. En otras

palabras, el administrador deberá ocuparse de satisfacer todas las

reclamaciones pendientes sobre los fondos de la corporación.

E. Disolución Corporativa

      La disolución es el proceso mediante el cual se pone fin a la

existencia de la corporación. En otras palabras, la disolución

equivale a la ¨muerte jurídica de la corporación¨. Miramar Marine,

Inc. v. Citi Walk Development Corporation, supra, citando a Díaz

Olivo, op. cit., pág. 371. Junto con la disolución comienza el proceso

de liquidación del ente corporativo. Miramar Marine, Inc. v. Citi Walk

Development Corporation, supra.

      Durante la disolución, ¨la corporación, entre otras cosas, tiene

antes que pagar las obligaciones pendientes, cobrar sus acreencias

y distribuir cualquier sobrante entre los accionistas, de conformidad

a las prioridades que sus acciones les confieren¨. Díaz Olivo, op. cit.,

págs. 381-382.

      El Capítulo IX de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA

sec. 3701, et. Seq., regula el proceso de disolución del ente

corporativo. El artículo 9.05 en sus incisos A y B de la Ley General

de Corporaciones lo regula de la siguiente forma:

      A. Cuando a juicio de la junta de directores, la disolución se
      considere conveniente para la corporación, la junta, después
      de aprobarse la resolución correspondiente por mayoría
      absoluta de la junta en sesión, convocada para ese propósito,
      hará que se envíe por correo a cada accionista con derecho al
      voto la notificación de la adopción de la resolución y la
      convocatoria para una reunión de accionistas para tomar
      acción sobre la resolución.
      B. Durante la reunión de accionistas se votará sobre la
      disolución propuesta. Si la mayoría de las acciones en
      circulación, con derecho al voto en la misma, votasen a favor
      de la disolución propuesta, se otorgará, autenticará y
      radicará, en las oficinas del Departamento de Estado, de
      acuerdo al Artículo 1.03 de esta Ley, un certificado de
      disolución en el cual se hará constar:
KLCE202301064                                                                  17

      1. El nombre de la corporación,
      2. La fecha en que se autorizó la disolución;
      3. Que la disolución ha sido autorizada de acuerdo con este
      Artículo; y
      4. Los nombres y las direcciones residenciales de los
      directores y oficiales. 14 LPRA sec. 3705.

      El proceso de disolución se puede realizar mediante tres

modalidades,      a    saber:   la   voluntaria,     la    involuntaria   y    la

administrativa.       Díaz Olivo, op. cit., pág. 371. La disolución

voluntaria es aquella presentada libre y voluntariamente por los

directores y accionistas de la corporación. En cambio, la disolución

involuntaria “se obtiene por mandato judicial en ausencia de

consenso o acuerdo entre los accionistas”. Íd. Finalmente, la

disolución administrativa emana de una orden del Secretario de

Estado cuando considere que la corporación incumplió con las

obligaciones impuestas por el Departamento de Estado.

F. Responsabilidad Limitada de las Corporaciones

      Es   norma       reiterada     en   nuestra     jurisdicción    que     las

corporaciones poseen personalidad jurídica propia, separada y

distinta a la de sus miembros y accionistas. Rivera Sanfeliz et al. v.

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49-50 (2015). En otras palabras,

las corporaciones tienen autonomía patrimonial y responsabilidades

separadas de las de sus accionistas. Fleming v. Toa Alta Develop.

Corp., 96 DPR 240, 244 (1968). La personalidad jurídica no

desaparece necesariamente por razón de que una persona natural

posea todas las acciones de la corporación. Swiggett v. Swiggett,

Inc., 55 D.P.R. 76 (1939).

      En nuestro ordenamiento jurídico las corporaciones gozan

de personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de

aquel de sus accionistas.

      No obstante, el Art. 1.05 (c) de la Ley General de

Corporaciones dispone que ¨[t]odas las personas que actúen como

corporación    sin      autoridad     para   ello,        serán   responsables

solidariamente de todas las deudas y obligaciones incurridas o
KLCE202301064                                                      18

asumidas como resultado de esta actuación¨. 14 LPRA sec. 3505. El

referido inciso proviene de la sección 146 del “Model Business

Corporation Act” de 1950, la cual contiene un lenguaje similar al

utilizado en nuestro Artículo 1.05(c). El comentario de la sección 146

señala que la misma está diseñada para eliminar cualquier

aplicación de la doctrina de corporación de facto. Esto pues, según

se indica, la única autorización para actuar como una corporación

bajo dicha legislación se deriva del cumplimiento de los requisitos

legales para incorporarse.

                                 III.

      En este caso, los hermanos García nos solicitan la revocación

de la Resolución del 30 de mayo de 2023 mediante la cual el TPI

denegó su solicitud de sentencia sumaria. Al examinar de novo la

moción de sentencia sumaria presentada por la parte peticionaria,

nos resulta evidente que el TPI no erró al denegarla.

      Según adelantamos en el tracto procesal, el foro primario

determinó que los siguientes hechos no estaban en controversia:

      1. Las oficinas 504 y 505 pertenecen en pleno dominio a

Northwestern Trading conforme las constancias del Registro de la

Propiedad.

      2. Las oficinas 702, 703, 707 y 708 pertenecen en pleno

dominio a Northwestern Resources conforme las constancias del

Registro de la Propiedad.

      3. Los únicos y universales herederos de Don Mario García

Quintero y Doña Anunciata Incera son los codemandados María

José, María del Pilar, José Oscar y Mario Oscar todos de apellidos

García Incera.

      4. El Sr. Mario García Quintero y la Sra. Anunciata Incera

eran los únicos accionistas y directores de las corporaciones

Northwestern Trading y Northwestern Resources.
KLCE202301064                                                            19

      No obstante, este entendió que dichas determinaciones no

eran suficientes para adjudicar el presente caso ante controversias

que   necesitarán    ser   atendidas   en   un    juicio   plenario.    Las

controversias de hechos que el TPI identificó que se mantenían en

controversia fueron las siguientes: (1) el certificado de incorporación

de las corporaciones fue cancelado y las corporaciones aún no

habían sido disueltas, y; (2) a quiénes le corresponde el pago de las

cuotas de mantenimiento adeudadas.

      Los peticionarios señalan, en primer lugar, que el TPI se

equivocó al determinar que la autoridad del Administrador Ing.

Ángel Luis Ruperto para representar al Consejo de Titulares era un

asunto que ya fue atendido y resuelto por el Tribunal. Segundo,

argumentan que erró el TPI al no desestimar la demanda en cuanto

a los hermanos García, ya que los demandantes están impedidos

por Ley para radicar la demanda en contra de los accionistas.

Tercero, alegan que erró el TPI al nombrarle un administrador

judicial a unas corporaciones que no forman parte del pleito. Cuarto,

y último, plantean que el TPI se equivocó al entender que las

corporaciones carecen de personalidad jurídica y que, por lo tanto,

los accionistas eran responsables de las deudas de estas.

      Respecto al primer señalamiento de error, entendemos que la

determinación relacionada a la autoridad del Administrador para

representar   al    Consejo   de   Titulares     no   es   revisable.   La

determinación fue dictada mediante Resolución el 11 de mayo de

2021 y la parte no solicitó Reconsideración. Por lo tanto, la misma

advino final y firme. Transcurridos más de dos (2) años, la solicitud

es tardía y, por tanto, improcedente.

      Veamos, además, que, respecto al tercer señalamiento de

error, no procede la alegación de los peticionarios de falta de parte

indispensable con relación a las corporaciones. El certificado de

incorporación de las corporaciones fue cancelado en el 2014.
KLCE202301064                                                       20

      Como ya adelantamos, el Art. 9.08 de la Ley General de

Corporaciones, supra, establece la continuación limitada de la

personalidad jurídica corporativa después de la cancelación de su

certificado de incorporación por un término de 3 años. No fue hasta

el 2018 que se presentó la demanda de cobro de dinero, 4 años luego

de cancelados los certificados de incorporación.

      Por tanto, el término que dispone el Art. 9.08 de la Ley General

de Corporaciones de 3 años desde la cancelación del certificado de

incorporación   transcurrió.   Como    consecuencia    de   esto,   las

corporaciones perdieron toda capacidad para demandar y ser

demandados. En otras palabras, perdieron su personalidad jurídica

y no pueden formar parte del pleito.

      Además, al haber transcurrido más de 3 años sin que las

corporaciones fueran disueltas, procedía el nombramiento de un

administrador judicial para que comience el proceso de disolución.

      Entendemos que el segundo y cuarto señalamiento de error

están relacionados y, por lo tanto, procede discutirlos en conjunto.

Según hemos reiterado, las corporaciones poseen certificados de

incorporación que fueron cancelados en el 2014. No obstante, los

fallecidos Mario García y Anunciata Incera continuaron actuando

como corporaciones sin estar debidamente autorizados para ello.

Las corporaciones permanecieron inscritas en el Registro de la

Propiedad como titulares de las oficinas situadas en el Condominio

101 Méndez Vigo Oeste. A su vez, continuaron acumulando una

deuda sobre las cuotas de mantenimiento adeudadas al Consejo de

Titulares.

      El Art. 1.05 (C) de la Ley General de Corporaciones establece

que todas las personas que actúen como corporación sin autoridad

para ello, serán solidariamente responsables de todas las deudas y

obligaciones incurridas como resultado de esa actuación. Bajo el

mencionado artículo, a las corporaciones Northwestern Trading y
KLCE202301064                                                         21

Northwestern    Resources   no   les   aplica   el   principio   de   la

responsabilidad limitada.

      En virtud de lo anterior, concluimos que los errores señalados

no se cometieron.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución

emitida por el TPI y se ordena la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La jueza Cintrón Cintrón concurre con el

resultado sin opinión escrita.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones