Court Opinion

ID: 9962729
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:46:45.175654+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:30.967350
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL II

    MICHAEL ALEXANDER                          Certiorari
     GUZMÁN NARVÁEZ                            procedente del
                                               Tribunal de Primera
           Recurrido             KLCE202400076 Instancia, Sala de
                                               Bayamón
               v.
                                                      Caso Núm.
    JEIME LEE VÁZQUEZ                                 BY2021RF00965
         TORRES
                                                      Sobre:
          Peticionaria                                Divorcio
                                                      Ruptura Irreparable

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

                                       I.

         El 1 de junio de 2021, el Sr. Michael Alexander Guzmán

Narváez presentó Demanda de divorcio en contra de la Sra. Jeime

Lee Vázquez Torres. Como parte del proceso de divorcio el caso fue

referido a la Examinadora de Pensiones Alimenticias (EPA) para que

se fijara la pensión alimenticia en beneficio a los dos hijos menores

de estos. Llevada a cabo la vista ante la EPA el 7 de julio de 2021,

la EPA, la Lcda. Judit Rodríguez Morales, emitió Informe de la

Examinadora de Pensiones Alimenticias (Informe). Estableció que el

señor Guzmán Narváez sufragara el 56% de los gastos escolares y el

56% de los gastos médicos no cubiertos. Además, que, de acuerdo a

las Guías Mandatorias para Computar Pensiones Alimentarias en

Puerto Rico,1 correspondía al señor Guzmán Narváez pagar una

pensión alimenticia básica de $383.89 y $91.47 de pensión

alimenticia suplementaria. Finalmente, se recomendó al Tribunal

que instruyera a las partes de la responsabilidad que tenían de

1
    Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014.

Número Identificador

SEN2024__________
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informar cualquier cambio de dirección, patrono o salario que estos

tuviesen.

       Así las cosas, el 8 de junio de 20212, el Tribunal de Primera

Instancia emitió Resolución y Orden acogiendo las recomendaciones

establecidas en el Informe. Indicó que la pensión debería ser pagada

a partir del 1 de julio de 2021. Además, se les informó a las partes

sobre su derecho a solicitar la modificación de la pensión fijada,

transcurridos tres (3) años o cuando sobreviniere algún cambio

sustancial en las circunstancias.

       Dos años aproximadamente después, el 16 de octubre de

2023, la señora Vázquez Torres solicitó, por derecho propio, que se

revisara la pensión alimentaria alegando que el señor Guzmán

Narváez tenía ingresos que eran mayores, y que se designara la

propiedad ganancial como Hogar Seguro de los menores.

       El 23 de octubre de 2023, el Foro primario ordenó, primero,

que la señora Vázquez Torres proveyera información sobre la

propiedad cuya designación de hogar seguro solicitaba, y además,

que proveyera evidencia de los ingresos mayores del señor Guzmán

Narváez.

       El 2 de noviembre de 2023, la señora Vázquez Torres presentó

la Escritura de Compraventa de la propiedad. El 9 de noviembre de

2023, compareció nuevamente mediante Segunda Moción de

Derecho Propio reproduciendo su solicitud de revisión de la pensión

alimentaria. Esta vez basó su petición en que sus hijos habían sido

matriculados en una institución de educación privada y que esto

había ocasionado cambios sustanciales y significativos en los gastos

escolares. En consecuencia, el 12 de noviembre de 2023, el Foro

2 Destacamos que, a pesar de la Resolución tener fecha del 8 de junio de 2021, al

examinar el expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC), nos percatamos que ello debió responder a un
error mecanográfico, ya que surge de las entradas núm. 27 y núm. 28 de SUMAC
que la Resolución y su notificación fueron emitidas el 8 de julio de 2021.
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primario emitió Orden mediante la cual refirió el caso a la EPA para

revisión.

      Por su parte, el 28 de noviembre de 2023, el señor Guzmán

Narváez presentó Moción en Oposición. Sostuvo que no autorizó el

cambio de educación de pública a privada y que esta decisión había

sido una tomada de manera unilateral por la señora Vázquez Torres,

sin tener un fundamento en derecho válido para el cambio. Arguyó,

que los menores eran muy queridos en su escuela anterior, que

nunca habían tenido algún incidente que atentara contra su

seguridad y que tenían un aprovechamiento académico excelente.

Añadió, que los progenitores no cuentan con un salario para costear

los gastos de una educación privada para dos menores gemelos y

que era la abuela paterna quien cubría la responsabilidad de

buscarlos a la escuela en la que se encontraban por lo que no había

conflictos con el horario de dicha escuela. Finalmente, solicitó al

Tribunal de Primera Instancia que se declarara No Ha Lugar la

solicitud de revisión y se le ordenara a la madre de los menores el

cese de toma de decisiones unilaterales sobre los menores y a volver

a matricularlos en su escuela pública anterior o en la alternativa,

que sea la madre quien costee los gastos de la institución de

educación privada.

      Luego de varios trámites procesales, el 7 de diciembre de

2023, la señora Vázquez Torres presentó otra Moción por Derecho

Propio. Solicitó que: (1) se permitiera a los menores continuar

recibiendo educación privada; (2) se estableciera un retroactivo de

los pagos de la institución de educación privada y; (3) se establezca

un retroactivo de la pensión alimenticia que el padre alegadamente

había dejado de pagar.

      En respuesta, el 8 de diciembre de 2023, el Foro primario

concedió a la señora Vázquez Torres un término de quince (15) días

para acreditar haber consultado y obtenido el consentimiento del
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padre antes de haber matriculado a los menores en la institución de

educación privada. Además, advirtió que, de haber realizado la

determinación del cambio sin el consentimiento previo del señor

Guzmán     Narváez,   este   sería   responsable    solamente    de   la

participación de los gastos en uniformes y materiales.

      Mediante Orden emitida el 20 de diciembre de 2023, el Foro a

quo resolvió que el señor Guzmán Narváez sería responsable de

cualquier pago que fuera similar al de la escuela anterior y que, en

cuanto a los materiales, uniformes y algún otro similar, respondería

únicamente en la proporción que le toque según haya sido

establecida previamente. Explicó que a pesar de que la señora

Vázquez Torres había logrado justificar el cambio de la escuela, no

logró demostrar haber tenido la aprobación previa del padre para el

cambio. Añadió, que la señora Vázquez Torres debió acudir al

tribunal antes de realizar el cambio para así obtener la autorización.

En consecuencia, el mismo 20 de diciembre de 2023, emitió una

segunda Orden con el fin de dejar sin efecto la vista y el referido ante

la EPA.

      Inconforme, el 19 de enero de 2024, la señora Vázquez Torres

acudió ante nos mediante Petición de Certiorari. Plantea:

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL RELEVAR AL ALIMENTANTE DEL
      PAGO   DEL    GASTO    SUPLEMENTARIO   DE
      EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD SIN
      CELEBRAR UNA VISTA EVIDENCIARIA SOBRE
      DICHO PARTICULAR, LO CUAL CONSTITUYÓ UN
      CLARO ABUSO DE DISCRECIÓN, PARCIALIDAD,
      PREJUICIO Y ERROR MANIFIESTO.

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      DEJAR SIN EFECTO EL REFERIDO A LA
      EXAMINADORA DE PENSIONES ALIMENTARIAS
      AMPÁRANDOSE SOLO EN SU DETERMINACIÓN
      SOBRE LOS GASTOS EDUCATIVOS DE LOS
      MENORES A PESAR DE QUE LA PETICIONARIA
      HABÍA SOLICITADO LA REVISIÓN POR CAMBIOS EN
      LOS INGRESOS DEL PETICIONADO.
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      El 29 de enero de 2024, emitimos Resolución concediéndole al

señor Guzmán Narváez un término de veinte (20) días para fijar su

posición. Transcurrido dicho término y sin la comparecencia del

señor Guzmán Narváez estamos en posición de resolver.

                                     II.

      En su sustrato, la señora Vázquez Torres aduce que erró el

Foro primario al relevar al señor Guzmán Narváez del pago del gasto

suplementario de educación de sus hijos, sin celebrar una vista

evidenciaria sobre dicho particular y al dejar sin efecto el referido de

la EPA amparándose a su determinación sobre los gastos educativos

de los menores. No le asiste razón. Veamos por qué.

                                     A.
      La obligación de los padres de proveer los alimentos de sus

hijos menores y el derecho de estos a recibirlos está expresamente

estatuido en los artículos 658 y 590 del Código Civil de 2020.3 El

concepto de alimentos que viene obligado a proveer un alimentante

incluye todo aquello que sea indispensable para el sustento,

habitación, vestido, recreación y asistencia médica de una persona,

según la posición social de la familia.4 También incluye la educación

de los alimentistas mientras sean menores de edad e, inclusive,

hasta que terminen alguna carrera iniciada en ese periodo.5

Además, las atenciones de previsión acomodado a los usos y las

circunstancias de su entorno familiar y social y los gastos

extraordinarios para la atención de sus condiciones personales

especiales.6 Incluye además la partida por concepto de honorarios

3 31 LPRA § 7541 y §7242.
4 Íd., § 7531; McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745-746 (2004); Argüello, 155

DPR, pág. 70; Chévere, 152 DPR, pág. 501; Mundo v. Cervoni, 115 DPR 422, 426
(1984).
5 Argüello, 155 DPR, pág. 70; Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 266

(1985).
6 31 LPRA § 7532.
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de abogado en una acción para reclamar alimentos y los gastos del

litigio.7

        La cuantía de los alimentos se fija de forma proporcionada, no

sólo a las necesidades del alimentista, sino también a los recursos

que el alimentante tiene a su disposición.8 En este sentido, el Art.

671 del Código Civil de 2020, establece que: “[l]a cuantía de los

alimentos se reduce o aumenta proporcionalmente según aumenten

o disminuyan las necesidades del alimentista y los recursos del

obligado”.9

        La modificación periódica de las pensiones de los menores de

edad se rige por la legislación especial complementaria,10 la Ley

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley

Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada.11 Los

mecanismos que esta normativa establece tienen una naturaleza

inherentemente forzosa, pues van dirigidos principalmente a

quienes no responden con sus obligaciones alimentarias o para

lograr adjudicar pensiones cuando existe una disputa sobre la

cantidad que los obligados deben aportar.12 La patria potestad como

conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores

sobre la persona y los bienes de los hijos, desde que estos nacen

hasta       que   alcanzan   la   mayoría    de   edad    u   obtienen     su

emancipación,13 debe ejercerse por ambos progenitores con

paridad de responsabilidades.14 Podrá ejercerla uno solo de los

progenitores solamente si media el consentimiento expreso o

tácito del otro o por decreto judicial.15

7 Íd., § 7534; Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4 (1983) [Fue revocado por
fundamentos no pertinentes a nuestra discusión].
8 Chévere, 152 DPR, pág. 534; Rodríguez, 117 DPR, pág. 621.
9 31 LPRA § 7567.
10 31 LPRA § 7567.
11 8 LPRA § 501 et seq.
12 De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 176 (2016).
13 31 LPRA § 7241. Véase, además, Jusino González v. Norat Santiago, 2023 TSPR

47.
14 31 L.P.R.A. § 7251.
15 31 L.P.R.A. § 7251. Énfasis nuestro.
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       Asuntos de esta índole están revestidos del más alto interés

público y los tribunales, en protección, y para beneficio, de los

menores de edad, y en el ejercicio de su poder de parens patriae,

cuentan con amplias facultades y discreción.16

                                      III.
       Para la señora Vázquez Torres el Foro primario no podía

relevar al señor Guzmán Narváez del pago del gasto suplementario

de la educación de sus hijos, sin celebrar una vista evidenciaria

sobre dicho particular. No le asiste razón. Veamos por qué.

       Ante requerimientos del Tribunal de Primera Instancia, la

señora Vázquez Torres no logró acreditar el haber consultado

previamente y haber recibido el consentimiento del señor Guzmán

Narváez antes de haber cambiado de escuela y matriculado a los

menores en escuela privada. Por ello, el Foro recurrido resolvió que

el padre fuera responsable de cualquier pago relacionado a la

escuela, tales como materiales y uniforme, únicamente en la

proporción que le tocara según fue establecida previamente.

       Según establecimos, las decisiones relacionadas a los

menores sujetos a patria potestad deben tomarse en conjunto por

ambos progenitores que ostentan la patria potestad, excepto en

aquellos casos en los que medie consentimiento por uno de los

padres ya sea de manera expresa o tácita o en los que exista un

decreto judicial al respecto. No cabe duda de que como cuestión de

derecho un padre que ostenta la patria potestad tiene el derecho de

participar de una decisión tan importante como lo es el seleccionar

en qué escuela van a ser matriculados sus hijos menores de edad.

Ante la oposición del señor Guzmán Narváez al cambio a escuela

privada de los menores, la señora Vázquez Torres debió acudir al

16 Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219 (1993).
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tribunal en lugar de tomar una decisión tan importante de forma

unilateral, afectando los derechos del señor Guzmán Narváez.

      Siendo este el único fundamento esbozado en su Moción para

la revisión de pensión de alimentos, no erró el Tribunal de Primera

Instancia en su determinación.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el Auto de

Certiorari y se confirma la Orden recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones