Court Opinion

ID: 9928527
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:26.494871+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:51.993928
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

       ABIGAIL CRUZ                            Revisión de
        RODRÍGUEZ                              Decisión
                                               Administrativa
      Parte Recurrente           KLRA202300204 procedente del
                                               Departamento de
              v.                               Corrección y
                                               Rehabilitación
   DEPARTAMENTO DE
     CORRECCIÓN Y                                   Sobre:
    REHABILITACIÓN                                  Reclasificación

      Parte Recurrida
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la
Juez Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos el señor Abigail Cruz Rodríguez

(recurrente o señor Cruz Rodríguez), por derecho propio y en forma

pauperis, y solicita que revoquemos la determinación emitida el 24

de febrero de 2023, por el Comité de Clasificación y Tratamiento del

Departamento       de     Corrección   y   Rehabilitación   (Comité   de

Clasificación). Mediante el referido dictamen, el Comité de

Clasificación reclasificó al recurrente de custodia mínima a custodia

mediana, por violación a las condiciones del mandato de liberación

de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta). El 14 de marzo de

2023, el señor Cruz Rodríguez solicitó reconsideración, la cual el

Comité de Clasificación determinó no acoger el 29 de marzo de 2023,

notificada el 18 de abril de 2023.

      Con el beneficio de la comparecencia del Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR), representado por la Oficina del

Procurador General, resolvemos.

Número Identificador
SEN2023________________
KLRA202300204                                                             2

                                       I.

       El recurrente fue sentenciado el 14 de mayo de 1985, a

cumplir cuatro (4) años de prisión por los delitos de robo y los Art.

6 y 7 de la Ley de Armas. El 21 de mayo de 1985 fue clasificado a

custodia mediana. Luego de varios autos de prisión provisional y de

reingresos al sistema penal, el 8 de septiembre de 1986, fue

sentenciado a cumplir noventa y nueve (99) años por asesinato en

primer grado y le fue revocado el privilegio de libertad bajo palabra.

Posteriormente, fue sentenciado a cumplir quince (15) años por

escalamiento agravado, cinco (5) años por daños agravados y seis (6)

meses por el Art. 172 del Código Penal de 1974, posesión de

herramientas para escalar. Luego de un extenso trámite procesal, el

25 de mayo de 2019, nuevamente le fue otorgado el privilegio de

libertad bajo palabra.

       Disfrutando del privilegio de libertad bajo palabra, el 31 de

agosto de 2022, el señor Cruz Rodríguez irrumpió en la morada de

su expareja, profiriéndole insultos y palabras soeces de manera

verbal y por mensajes de texto. Como consecuencia, se expidió una

Orden de Protección1 en su contra y la Junta emitió una Orden de

Arresto en su contra el 27 de septiembre de 2022, por lo que fue

puesto bajo la custodia del DCR nuevamente.

       Como parte de los procedimientos, la Junta celebró una Vista

Sumaria Inicial en la cual determinó causa probable contra el señor

Cruz Rodríguez.2 Luego de varios trámites procesales, el 15 de

diciembre de 2022, se celebró la Vista Final de Revocación por

Violación de Condiciones #9, #11 y #12 impuestas en el Mandato de

Liberación, en la cual la Junta revocó el privilegio de libertad bajo

palabra al señor Cruz Rodríguez por haber sido amonestado en dos

ocasiones al violar las condiciones del mandato y por su “conducta

1 La orden de protección tiene el siguiente número: OPA-2022-027093.
2 Véase, Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 1-7.
KLRA202300204                                                        3

sin los controles necesarios para funcionar en ambientes no

estructurados”. Además, el Comité de Clasificación aplicó la escala

de recalificación de custodia en la que arrojó una puntuación de 4,

ubicándolo en custodia mínima.3 Sin embargo, el Comité de

Clasificación acogió la modificación discrecional de “Reingreso por

violación de normas”, y reclasificó al señor Cruz Rodríguez en

custodia mediana, por haber sido revocado el privilegio de libertad

bajo palabra conforme establece el Manual para la Clasificación de

los Confinados, Reglamento Núm. 9151, del 22 de enero de 2020,

efectivo a partir del 20 de febrero de 2020.

        El 13 de febrero de 2023, la Sociedad para la Asistencia Legal,

en representación del señor Cruz Rodríguez, presentó una Moción

de Reconsideración de Revocación de Libertad Bajo Palabra, en la

cual expuso que la Junta debía reconsiderar su determinación de

revocar el privilegio por entender que el querellado no cuenta con

un hogar viable, y permitirle que coordinara una nueva visita a la

vivienda propuesta por el Sr. Luis Ayala, amigo consejero del

recurrente.

        El 24 de febrero de 2022, el Comité de Clasificación emitió

una Resolución4, en la cual determinó lo siguiente:

        Conforme al Plan de Reorganización Núm. 2 del 21 de
        noviembre de 2011, “Plan de Reorganización del
        Departamento de Corrección y Rehabilitación”, al
        amparo del Manual Para La Clasificación de Confinados
        #9151 del 22 de enero de 2020 y a la luz de lo
        anteriormente expuesto; el Comité de Clasificación y
        Tratamiento acordó: Reclasificar de custodia Mínima a
        custodia Mediana.

        Confinado salió en Libertad Bajo Palabra el 29 de mayo
        de 2019, el 27 de septiembre de 2022 [reingresó] con
        una orden de arresto de la Junta de Libertad Bajo
        Palabra y el 15 de diciembre de 2022 se celebró la Vista
        Final de revocación y le revocaron la Libertad Bajo
        Palabra por violación a las condiciones número 9,11 y
        12 del Mandato de Libertad Bajo Palabra. Con la
        conducta     observada     mientras    se    encontraba
        disfrutando del privilegio de Libertad Bajo Palabra nos

3 Véase, Apéndice de la Revisión Administrativa, pág. 10-13.
4 Id., págs. 7-9.
KLRA202300204                                                                4

       demuestra que no cuenta con los controles necesarios
       para funcionar en ambientes no estructurados. Deberá
       beneficiarse de los tratamientos que estén disponibles
       en el sistema penal para reforzar las conductas
       saludables que se observan en la comunidad. En una
       sociedad donde los niveles de tolerancia son frágiles es
       recomendable que se beneficie de tratamiento.

       (Énfasis suplido).

       Inconforme con la determinación de la Junta, el 14 de marzo

de 2023, el señor Cruz Rodríguez, por derecho propio, presentó un

formulario        intitulado   Proceso     de     Reconsideración       Sobre

Recalificación de Custodia, en el cual arguyó que estaba siendo

sentenciado dos veces por el mismo delito, y que estaba siendo

víctima de discrimen.5 El 29 de marzo de 2023, notificada el 18 de

abril de 2023, el Comité de Clasificación determinó no acoger la

solicitud    de    reconsideración    presentada     por    el   señor Cruz

Rodríguez, ratificando la determinación de la Resolución emitida el

24 de febrero de 2023.6

       Aun en desacuerdo con la determinación de la Junta, el 25 de

abril de 2023, recibido ante la Secretaría de este Tribunal de

Apelaciones el 8 de mayo de 2023, el señor Cruz Rodríguez presentó

un recurso de revisión administrativa.7 De la comparecencia del

señor Cruz Rodríguez no surgen con especificidad los señalamientos

de error. Sin embargo, de una lectura de sus alegaciones,

entendemos solicita que la clasificación que realizó el Comité de

Clasificación le sea honrada y se le devuelva a la escala mínima en

la   institución     carcelaria   donde     se   encuentra       actualmente

cumpliendo su sentencia.

       El 19 de mayo de 2023, emitimos Resolución a los efectos de

conceder al DCR un término de diez (10) días para proporcionar un

5
  Id., págs. 1-4.
6
  Id., págs. 5-6.
7 El recurso de Revisión Administrativa presentado por el señor Cruz Rodríguez

tiene el ponche del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 25 de abril
de 2023. Se entiende que el recurso fue presentado en la fecha de entrega a la
institución carcelaria. Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 175 DPR 314, 323
(2009).
KLRA202300204                                                                5

Formulario de Indigencia al señor Cruz Rodríguez y se entregara

debidamente juramentado a este Tribunal de Apelaciones. En

cumplimiento con lo anterior, el 31 de mayo de 2023, el recurrente

presentó la Solicitud y Declaración para que se Exima de Pago el

Arancel por Razón de Indigencia debidamente cumplimentado y

juramentado el 23 de mayo de 2023.

       El 5 de junio de 2023, concedimos un término al DCR para

presentar su alegato en oposición. En cumplimiento de orden, el 30

de junio de 2023, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,

en representación del DCR, presentó su Escrito en Cumplimiento de

Resolución. Mediante su comparecencia, alega que el Manual de

Clasificación provee cierta flexibilidad al Comité de Clasificación

para adecuar caso a caso mediante modificaciones, algunas

obligatorias y otras discrecionales. Además, aducen que el señor

Cruz Rodríguez no presentó prueba alguna que rebatiera la

presunción de corrección y legalidad a favor de la Resolución del

Comité de Calificación.

                                      II.

                                     -A-

       Es doctrina reiterada que las decisiones de los organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial.8 Ello, en vista

al gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias

ostentan.9 Esta deferencia se debe a que son estos los que cuentan

con el conocimiento experto y con la experiencia especializada de los

asuntos que les son encomendados.10

8 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021); Graciani
Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); OSC v. CODEPOLA, 202
DPR 842, 853 (2019).
9 OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185

DPR 341, 358 (2012).
10 OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); The Sembler Co. v. Mun. de

Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR
821, 829 (2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006);
Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69
(2004).
KLRA202300204                                                                6

        Así pues, la decisión de una agencia administrativa gozará de

una presunción de legalidad y corrección que será respetada,

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia

suficiente para rebatirla.11 El criterio rector para la revisión de este

tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación

de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que constituye

un abuso de discreción.12

        A su vez, la revisión usualmente comprende las siguientes

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las

determinaciones de hechos son conformes al principio de evidencia

sustancial que obre en el expediente administrativo; y (3) si las

conclusiones de derecho son correctas.13

                                       B.

        La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, dispone que será

política pública del Estado reglamentar las instituciones penales

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva, y propender,

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.14

        Cónsono con ello, el Art. 10 del Plan de Reorganización Núm.

2-201115, estatuye que “[l]a población correccional será sometida a

evaluaciones periódicas con el propósito de conocer y analizar su

situación social, física, emocional y mental, historial delictivo e

identificar sus capacidades, intereses, motivaciones, controles y

limitaciones, a los fines de clasificarlos y determinar el plan de

acción a tomar en cada caso, en armonía con los principios de

11 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).
12 Íd., pág. 216.
13 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., supra, págs. 839-840; Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 940 (2009).
14 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 619 (2012).
15 Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de

2011, 3 LPRA Ap. XVIII.
KLRA202300204                                                                 7

tratamiento individualizado y seguridad pública enmarcados en los

propósitos de este Plan”.16

         A tales fines, el Departamento aprobó el Manual para la

Clasificación de los Confinados, Reglamento Núm. 9151, del 22 de

enero de 2020, efectivo a partir del 20 de febrero de 2020.                  El

propósito de la reglamentación es establecer un sistema organizado

para ingresar, procesar y asignar a los confinados a instituciones y

programas del Departamento.17

         Como parte de la política de la agencia, se encuentra la

clasificación “de acuerdo con el nivel de custodia restrictiva más bajo

que se requiera, la asignación de vivienda y la participación de los

confinados en programas de trabajo y educación, adiestramiento

vocacional y recreación que sean apropiados para ellos”.18

Precisamente, el Tribunal Supremo ha explicado que “la importancia

de la reducción del nivel de custodia, como parte del proceso de

rehabilitación, se refleja en la regla que enuncia constantemente el

[Reglamento Núm. 9151]19: se tiene que ubicar a cada confinado en

el nivel de custodia menos restrictivo posible”.20

         De otro lado, el Artículo IV, Sección 1, del Reglamento Núm.

9151 establece que el Comité de Clasificación y Tratamiento es el

responsable de evaluar las necesidades de seguridad y de los

programas de los confinados sentenciados. El Comité tiene a su

cargo la evaluación de los confinados, en lo concerniente a sus

necesidades, aptitudes, intereses, limitaciones y funcionamiento

social.21 Sus objetivos primordiales son la rehabilitación, la

asignación de custodia y la seguridad pública.22

16 Íd.
17 Art. II del Reglamento Núm. 9151.
18 Art. III (1) del Reglamento Núm. 9151.
19 A pesar de que la citada opinión cita el Manual de Clasificación de 2000, los

principios invocados permanecieron inalterados en la versión del 2020.
Perspectiva General (I) del Reglamento Núm. 9151.
20 López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 608.
21 Art. IV, Sec. 2 (IV) del Reglamento Núm. 9151.
22 Art. IV, Sec. 2 (IV)(A) del Reglamento Núm. 9151.
KLRA202300204                                                                   8

       El sistema consta de una clasificación inicial del confinado,

seguida de un proceso de reclasificación23 periódica de cada reo. En

lo atinente, una clasificación objetiva se refiere al “proceso confiable

y válido mediante el cual se clasifica a los confinados y se les

subdivide en grupos, basándose en varias consideraciones, entre las

que se incluyen: la severidad del delito, su historial de delitos

anteriores, su comportamiento en las instituciones, los requisitos de

seguridad y supervisión y las necesidades identificables de

programas y servicios específicos”.24 La reglamentación establece,

además, que la reclasificación de confinados es el procedimiento

para la revisión de la asignación del nivel actual de custodia de cada

confinado, con el fin de determinar cuán apropiada es ésta.25 Al

exponer los objetivos perseguidos por dicho sistema, el Reglamento

Núm. 9151 dispone el uso del formulario Escala de Reclasificación

de Custodia (Casos Sentenciados), reproducido en el Apéndice K, del

cuerpo reglamentario, y aclara que:

       […] La reevaluación de custodia no necesariamente
       tiene como resultado un cambio en la clasificación de
       custodia o la vivienda asignada. Su función primordial
       es verificar la adaptación del confinado y prestarle
       atención a cualquier situación que pueda surgir.

       La reevaluación de custodia se parece a la evaluación
       inicial de custodia, pero recalca aún más en la conducta
       institucional como reflejo del comportamiento real del
       confinado durante su reclusión. Es importante que los
       confinados que cumplan sentencias prolongadas
       tengan la oportunidad de obtener una reducción en
       niveles de custodia mediante el cumplimiento con los
       requisitos de la institución.26

       La segunda sección de la Escala de Reclasificación de

Custodia, denominada Evaluación de Custodia, detalla el proceso

para revisar y actualizar la evaluación inicial del confinado. La

23 El Reglamento Núm. 9151 define la reclasificación como la “[r]evisión periódica

de los confinados en lo que respecta a su progreso como parte del Plan
Institucional, así como también a su categoría de custodia”. Art. IV, Sec. 1 del
Reglamento Núm. 9151.
24 Art. IV, Sec. 1 del Reglamento Núm. 9151.
25 Art. IV, Sec. 7 (I) del Reglamento Núm. 9151.
26 Art. IV, Sec. 7 (II) del Reglamento Núm. 9151.
KLRA202300204                                                         9

sección contiene la escala de reclasificación de custodia para los

casos de confinados sentenciados y enumera ocho criterios para

realizar la correspondiente evaluación. Estos son: (1) la gravedad de

los cargos y sentencias actuales; (2) el historial de delitos graves

previos; (3) el historial de fuga o tentativas de fuga; (4) el número de

acciones disciplinarias; (5) las acciones disciplinarias serias; (6) las

sentencias anteriores por delitos graves como adultos; (7) la

participación en programas; y, (8) la edad actual del miembro de la

población correccional.27

       Una vez completados los ocho renglones de la Evaluación de

Custodia en la Escala de Reclasificación de Custodia, a base del

resultado que se obtenga, se recomienda un nivel de custodia, que

puede variar entre máxima, mediana o mínima. El nivel de custodia

según la escala es el siguiente: 5 puntos o menos, corresponde a

una custodia mínima; 5 puntos o menos si el confinado tiene una

orden de arresto o detención, corresponde a una custodia mediana;

6 a 10 puntos, corresponde a una custodia mediana; 7 puntos o más

en los renglones 1 al 3, corresponde a una custodia máxima; y, 11

puntos o más en los renglones 1 al 8, corresponde a una custodia

máxima.28

       Por otro lado, la Escala de Reclasificación de Custodia

establece en la tercera sección unos criterios adicionales, tanto

discrecionales      como      no    discrecionales,   que   contemplan

consideraciones especiales en el manejo de la asignación de niveles

de custodia. Una modificación discrecional se refiere al “conjunto de

factores específicos de clasificación que el personal puede usar para

modificar la puntuación de clasificación de un confinado, pero

solamente con la aprobación del supervisor de clasificación.”29

27 Apéndice K, Sec. II, del Reglamento Núm. 9151.
28 Apéndice K, Sec. III, del Reglamento Núm. 9151.
29 Art. IV, Sec. 1 del Reglamento Núm. 9151.
KLRA202300204                                                                   10

       La reglamentación vigente establece unas modificaciones

discrecionales para un nivel de custodia más alto. Estas son: (1) la

gravedad del delito; (2) el historial de violencia excesiva; (3) la

afiliación con gangas; (4) la dificultad en el manejo del confinado; (5)

los   grados    de     reincidencia;    (6)   el   riesgo   de    fuga;   (7)   el

comportamiento sexual agresivo; (8) los trastornos mentales o

desajustes emocionales; (9) si representa una amenaza o peligro;

(10) la desobediencia de las normas o rehusarse al plan de

tratamiento; y, (11) el reingreso por violación de normas.30

       No obstante, “toda modificación discrecional deberá estar

basada en documentación escrita que evidencia ajustes adecuados

y que se ha beneficiado de los programas de tratamientos

requeridos, proveniente de informes disciplinarios, informes de

querellas, informes de libros de novedades, documentos del

expediente criminal o social, y cualquier otra información o

documento que evidencia ajustes o comportamiento del confinado

contrario a las normas y seguridad institucional”.31

       Por     otra     parte,   el   Reglamento        Núm.     9151     incluye

determinadas          modificaciones    no    discrecionales.      Aunque       la

reglamentación no define el término, de su cuerpo se desprende que

estos factores inciden en la modificación de la clasificación de

custodia y la persona que califica no tiene discreción en cuanto a su

aplicación, sino que debe limitarse a anotar si el confinado cumple

o no con los criterios consignados. Los factores son: (1) confinados

con sentencias de 99 años o más; (2) orden de deportación; y, (3)

más de 15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo palabra.32

30 Apéndice K, Sec. III (D) del Reglamento Núm. 9151.
31 Apéndice K, Sec. III (D) del Reglamento Núm. 9151.
32 Apéndice K, Sec. III (C) del Reglamento Núm. 9151.
KLRA202300204                                                         11

                                  III.

      En síntesis, el recurrente solicita que revoquemos la

determinación del Comité de Clasificación de mantenerlo en un nivel

de custodia mediana, aun cuando su evaluación arrojó una

puntuación de cuatro (4), que corresponde a un nivel de custodia

mínima. Asimismo, alega que la determinación del Comité de

Clasificación   es   incorrecta   y   ha   retrasado   su   proceso   de

rehabilitación al ordenar su reingreso a la institución penal.

Además, que es una decisión arbitraria y caprichosa que violenta el

reglamento del DCR. No le asiste la razón. Veamos.

      El Apéndice K, Sección III (D) del Reglamento Núm. 9151

establece las modificaciones discrecionales para un nivel de

custodia mas alto, de la siguiente manera:

      Toda modificación discrecional debe estar basada en
      documentación escrita, proveniente de reportes
      disciplinarios, informes de querellas, informes de libros
      de novedades, documentos del expediente criminal o
      social y cualquier otra información o documento que
      evidencia ajustes o comportamiento del confinado
      contrario a las normas y seguridad institucional.

            […]

            Reingreso por violación de normas:
            Incluye los confinados que, estando
            ubicados en centros de tratamiento
            públicos o privados en la comunidad, o en
            los Hogares de Adaptación Social y son
            devueltos a la institución por no cumplir o
            violar las normas del programa de
            tratamiento. Además, podrá considerarse
            al confinado que ingrese por violar las
            condiciones a la libertad a prueba o libertad
            bajo palabra.

      En el balance de intereses que conlleva la determinación del

cambio en la clasificación de custodia, el Comité de Clasificación

tiene que sopesar criterios subjetivos y objetivos para asegurar la

seguridad de la institución y la rehabilitación del confinado.

      En la Resolución emitida por el Comité de Clasificación en el

caso de epígrafe, estos especificaron que fundamentaron su

determinación por este haber violado las condiciones #9, #11 y #12
KLRA202300204                                                       12

del Mandato de Libertad Bajo Palabra. Enfatizaron que la conducta

observada mientras el señor Cruz Rodríguez disfrutaba del privilegio

de libertad bajo palabra demostró que no cuenta con los controles

necesarios   para   funcionar     en   ambientes   no   estructurados.

Asimismo, recomendaron que el señor Cruz Rodríguez debía

beneficiarse de los tratamientos que estuviesen disponibles en el

sistema penal para reforzar las conductas saludables que se

observan en la comunidad.

      Si bien en la Escala de Reclasificación de Custodia el

recurrente obtuvo una puntuación que equivale al nivel de custodia

mínima, dicha evaluación no es el único criterio que utiliza el Comité

de Clasificación para analizar y recomendar el nivel de custodia

apropiado para el confinado. En otras palabras, la agencia no está

obligada a considerar, de manera aislada, el resultado de dicha

evaluación y hacer abstracción de las demás circunstancias que

rodean al confinado. Por ello, existen modificaciones discrecionales

que llevaron al Comité de Clasificación a concluir que el señor Ortiz

Rodríguez debía permanecer en custodia mediana.

      El marco de revisión de este Tribunal se circunscribe a un

estándar de razonabilidad. En ese contexto, concluimos que la

determinación    recurrida   se    fundamentó      en   el   expediente

administrativo y constituyó una actuación razonable de la agencia

administrativa. En resumen, la determinación administrativa

merece nuestra deferencia. Las determinaciones de hechos de

organismos y agencias tienen a su favor una presunción de

regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte

que las impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas.

El señor Ortiz Rodríguez no demostró de manera fehaciente que el

Comité de Clasificación actuó de manera irrazonable, caprichosa,

ilegal o fuera del marco de los poderes delegados a ésta. Es por eso

que, procede confirmar la determinación recurrida.
KLRA202300204                                                       13

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Resolución recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones