Court Opinion

ID: 9962704
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:44:17.793655+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:27.888334
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

    CRISTOPHER AARON                                 Certiorari
      CANNON T/C/C                                   procedente del
   CRISTOPHER CANNON                                 Tribunal de
        Peticionario                                 Primera Instancia,
                                                     Sala de San Juan
                v.                 KLCE202301436
                                                     Caso Número:
                                                     K DI2019-0358
             EX PARTE
                                                     Sobre:
                                                     Divorcio
                                                     (Consentimiento
                                                     Mutuo)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón,
Presidenta, Jueza Rivera Marchand y Juez Rodríguez Flores

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

       Comparece ante esta Curia, Cristopher Aaron Cannon

(peticionario) y solicita que revoquemos la Resolución1 que notificó

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro

primario), el 31 de octubre de 2023. Mediante su dictamen, el foro

primario renunció a ejercer su jurisdicción para evaluar una

solicitud de reducción o relevo de pensión excónyuge.

       Por    los    fundamentos   que   exponemos    a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos.

                                    I.

       El 10 de agosto de 1994, el peticionario y Jennifer Lynn

Overton (recurrida) contrajeron matrimonio en el Condado de Salt

Lake de Utah, en los Estados Unidos. Luego de veintiún años, y por

consentimiento mutuo, el TPI dictó una Sentencia2 el 4 de diciembre

de 2015, mediante la cual, declaró roto y disuelto el vínculo

matrimonial entre el peticionario y la recurrida, quienes a esa fecha

1 Apéndice, págs. 176-183.
2 Apéndice, págs. 43-45.

Número Identificador:

RES2024________
KLCE202301436                                                        2

residían en Puerto Rico junto a los cuatro hijos de la pareja. Como

parte de los acuerdos de divorcio,3 el peticionario se comprometió a

pagar a la recurrida -durante diez (10) años- quince mil dólares

($15,000.00) mensuales por concepto de pensión excónyuge.

       Transcurrido cerca de cuatro años, el 15 de octubre de 2019,

la recurrida instó una Moción de desacato4 en respuesta al

incumplimiento del peticionario con el pago total de la pensión

alimentaria provisional correspondiente a dicho mes. En su

Oposición,5 el peticionario expuso que todos sus activos quedaron

congelados producto de un pleito que incoó el Federal Trade

Commission (FTC) en contra de la empresa Zurixx, LLC y de él en

su carácter personal.6 Añadió que, sus ingresos se originaban de las

actividades económicas que realizaba Zurixx, LLC, las cuales fueron

suspendidas a partir del 1 de noviembre de 2019, como resultado

de un injunction instado en el referido pleito. Señaló que el monitoreo

federal, del cual son objeto las entidades jurídicas que constituyen

su única fuente de ingreso, imposibilita su cumplimiento con sus

obligaciones alimentarias.

       Cónsono con lo anterior, el 13 de noviembre de 2019, el

peticionario instó ante el TPI una Urgente solicitud de reducción de

pensión y para que se deje sin efecto pensión excónyuge por cambio

en circunstancias.7 Sustentó su reclamo en que, el pleito federal del

cual es objeto cambió sus circunstancias económicas y le impiden

cumplir con las obligaciones tal cual acordadas. Sobre tales bases,

imploró la modificación urgente de la pensión a beneficio de sus

hijos y que la pensión excónyuge se deje sin efecto o se reduzca

3 Apéndice, pág. 22.
4 Apéndice, pág. 53.
5 Apéndice, págs. 56-93.
6 Caso Número 2:19-cv-00713DAK-CMR.
7 Apéndice, págs. 94-96.
KLCE202301436                                                        3

sustancialmente. En respuesta, el 26 de noviembre de 2019, el foro

primario notificó una Orden8 en la cual dispuso:

       No ha lugar a la solicitud de modificación sumaria de la
       pensión alimentaria y pensión excónyuge vigentes. La
       modificación de la pensión alimentaria est[á] ante la
       consideración de la Examinadora de Pensiones. En
       cuanto a la pensión excónyuge, se discutirá en la vista
       del 28 de enero de 2020.

       Al cabo de seis meses sin recibir del peticionario el pago de la

pensión alimentaria a favor de los menores, la recurrida instó una

segunda solicitud de desacato. Allí detalló que, el peticionario

tampoco ha provisto plan médico a sus hijos menores de edad, a

pesar de que presuntamente ha continuado con su estilo de vida de

"multimillonario”.9

       En su Oposición10 el peticionario arguyó que, el pleito del FTC

estableció una orden de congelación de fondos y una prohibición de

disposición de bienes, además de provocarle la pérdida de su empleo

y la necesidad de obtener un nuevo empleo durante la crisis del

COVID-19. Suplicó que procede atemperar el monto de la pensión

alimentaria a su nueva realidad económica y a la cantidad correcta

de menores, tras uno de ellos advenir a la mayoría de edad. Negó

mantener el mismo estilo de vida y adujo que recibe ayuda

económica de amigos y familiares. Allí también, solicitó al TPI que

tome conocimiento del pago de $30,000.00 efectuado el 23 de junio

de 2020 como abono de la deuda por concepto de pensión

alimentaria.

       Surge de la Minuta11 de la vista sobre la solicitud de relevo de

pensión excónyuge ante el TPI que, las partes optaron por dejar en

suspenso esta controversia hasta tanto finalice el litigio federal del

FTC. Presentado el Informe de la Examinadora de Pensiones

8 Apéndice, págs. 97-99.
9 Apéndice, págs. 100-105. Cita a la pág. 101 inciso 6.
10 Apéndice, págs. 107-111.
11 Apéndice, págs. 113-115.
KLCE202301436                                                                    4

Alimenticias,12 el foro primario lo acogió y emitió una Resolución13 el

20 de septiembre de 2021 en la cual desglosó las cuantías impuestas

como pensión alimentaria permanente a favor de los menores.

Puntualizamos que, el TPI nada dispuso en cuanto a la pensión

excónyuge. Establecido lo anterior y en aras de continuar sus

esfuerzos dirigidos a cumplimiento y cobro de los alimentos

adeudados, la recurrida registró en la corte de Utah la Sentencia de

divorcio y la Resolución sobre la pensión alimentaria permanente a

favor de los menores. Ello, en respuesta a que ambas partes y los

menores de edad habidos durante el matrimonio residen en el

estado de Utah.14

       Una vez culminó el litigio federal del FTC en noviembre de

2022, el peticionario instó ante el TPI una Urgente solicitud para que

se atienda finalmente la solicitud sobre la pensión excónyuge.15 Lo

antes, con el objetivo de que el foro primario retome este asunto y

celebre una vista para atender si procede modificar o relevarlo de la

pensión excónyuge debido al cambio en las circunstancias

económicas del peticionario.

       En     respuesta,      la   recurrida      instó    un     petitorio     de

desestimación,16 en el cual argumentó que, el TPI carece de

jurisdicción sobre este asunto. Ello, debido a que ninguna de las

partes reside actualmente en Puerto Rico y que el peticionario

pretende reabrir un caso en la Isla sin haber mantenido contacto

alguno durante los pasados tres años. Reconoció que, a solicitud de

las partes, la pensión excónyuge se mantuvo en suspenso hasta

tanto finalizara el caso del FTC, pero destacó que, lo antes demoró

12 Apéndice, págs. 119-137.
13 Apéndice, págs. 117-118.
14 La recurrida regresó a Utah en el año 2017, mientras que el peticionario durante

el mes de noviembre de 2019.
15 Apéndice, págs. 138-139.
16 Apéndice, págs. 142-143.
KLCE202301436                                                         5

más de tres años sin que ello pueda tener el efecto de que el foro

primario retuviese jurisdicción a perpetuidad.

       Por su parte, el peticionario se opuso a la desestimación e

insistió en que hubo un cambio en sus circunstancias económicas.

Además, argumentó que su reclamo en cuanto a la pensión

excónyuge la inició en Puerto Rico el 13 de noviembre de 2019

mientras residía en la Isla, asunto que no ha sido atendido. Expresó

que, el hecho de que las partes ya no residen en Puerto Rico no priva

al foro primario de jurisdicción para dilucidarlo. Expuso que, en su

dictamen para hacer cumplir la Resolución del TPI dictada el 20 de

septiembre de 2021, el foro de Utah reconoció que existe una

controversia pendiente ante el TPI en Puerto Rico sobre pensión

excónyuge y decretó que su intervención no pretende incidir sobre

el referido asunto. A esos efectos, citó en lo pertinente lo que dispuso

la corte de Utah:

       [i]f there is a pending modification effort in Puerto Rican
       court dealing with the parties’ spousal/alimony and
       child support, this Order is not intended to affect any
       rights associated with that claim. Should a modification
       be granted for a period covered by the judgement
       entered herein, this judgement may need to be modified
       in the future.17

       Evaluado lo anterior, el TPI notificó la Resolución impugnada

mediante la cual rechazó asumir jurisdicción sobre este asunto.

Hizo constar que, como el descubrimiento de prueba no ha

comenzado, dilucidar esta controversia ante el foro de Utah no

perjudicará a las partes. Resolvió que, el tribunal de Utah está en

mejor posición para atender la solicitud de relevo o reducción de

pensión excónyuge debido a que, las partes residen en dicho estado

desde hace al menos cuatro años y es el foro con contactos

sustanciales sobre las partes.

17 Apéndice, pág. 151.
KLCE202301436                                                         6

      Luego de solicitar sin éxito la reconsideración, el peticionario

insta ante esta Curia el presente recurso y señala la comisión de los

siguientes errores:

      Erró el TPI al desestimar el reclamo de revisión o relevo
      de pensión excónyuge a pesar de que el mismo había
      sido oportunamente presentado desde 2019 y a pesar
      de ser el estado con jurisdicción continua y exclusiva
      sobre el asunto en controversia.

      Erró el TPI al desestimar bajo el fundamento equivocado
      en el sentido de que le causaría un daño a los menores,
      hijos de las partes.

      Erró el TPI al entender que el estado de Utah es el foro
      más conveniente para atender un reclamo de relevo o
      revisión de pensión excónyuge, cuando dicho estado ya
      se pronunció en deferencia a la jurisdicción de Puerto
      Rico en cuanto a este asunto.

      En su oposición a la expedición del auto de certiorari, la

recurrida argumenta que, a pesar de que denominaron pensión

excónyuge la partida de $15,000.00 mensuales que el peticionario

se obligó a pagarle, la realidad es que no puede considerarse como

tal porque no cumple con el criterio esencial de la necesidad

económica de la alimentista. Añade que, el dictamen recurrido es

discrecional y no adjudica los méritos de la solicitud del peticionario.

Analiza que, tal cual expuso el TPI, ello no representa una demora

sobre la reclamación del peticionario en la medida en que el

descubrimiento de prueba correspondiente no ha iniciado. Destaca

que, en virtud de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, el peticionario no ha

demostrado que el dictamen recurrido es contrario a Derecho o que

el TPI actuó mediante pasión, prejuicio o parcialidad.

      Con el beneficio de las posturas de ambas partes, resolvemos.

                                  II.

   A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera
KLCE202301436                                                      7

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Es norma reiterada que,

una resolución u orden interlocutoria, contrario a una sentencia, es

revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de

certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y

otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable a la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).
KLCE202301436                                                        8

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR

145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. La citada regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso

de discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros,

supra.

                                 III.

      En síntesis, el peticionario solicita que ejerzamos nuestra

función discrecional para obligar al foro primario a ejercer su
KLCE202301436                                                         9

jurisdicción y atender su reclamación atinente al relevo o reducción

de la pensión excónyuge, ante el presunto cambio en sus

circunstancias económicas.

       Si bien es cierto que el caso de autos trata sobre asuntos de

relaciones    de   familia,   contemplados   en   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, supra, tras evaluar el recurso de epígrafe, al

amparo de los criterios para la expedición del auto de certiorari de

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra, concluimos que

el mismo no presenta un asunto que justifique nuestra intervención.

       De un examen del expediente colegimos que, el foro primario

ejerció su sana discreción al no asumir jurisdicción sobre el reclamo

del peticionario para dar paso a que este asunto sea dilucidado por

la corte de Utah. Lo antes, en consideración a que ambas partes

residen en dicho estado desde hace más de cuatro años y que el

descubrimiento de prueba ante el TPI nunca comenzó. A esos

efectos, el TPI dictaminó que, el estado de Utah es el foro más

adecuado para dirimir esta controversia en la medida en que, una

modificación a la pensión excónyuge pudiese repercutir en los

ingresos considerados al fijar la pensión alimentaria a favor de los

menores.

       A lo antes se añade que, el peticionario no demostró que el

dictamen recurrido sea contrario a Derecho o que el foro primario

actuó mediante pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto al

negarse a asumir jurisdicción sobre este asunto, tal cual lo exige la

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. Tampoco el peticionario

acreditó que mantener en vigor el dictamen cuestionado constituiría

un fracaso irremediable a la justicia. En ausencia de tales

fundamentos, determinamos denegar la expedición del auto de

certiorari.
KLCE202301436                                                     10

                                 IV.

      Por   los   fundamentos    antes   expuestos,   denegamos    la

expedición del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones. La jueza Rivera-Marchand disiente sin opinión

escrita.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones