Court Opinion

ID: 9952229
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:31:22.852877+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:45.249164
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IX

  EL PUEBLO DE PUERTO                        Certiorari
          RICO                               procedente del
                                             Tribunal de
          Peticionario                       Primera Instancia,
                                             Sala Superior de
                               KLCE202400153 Aguadilla
               V.
                                                Casos Núm.:
   LUIS FIGUEROA VÉLEZ                          A SC2019G0082
                                                A SC2019G0086
           Recurrido
                                                Sobre:
                                                Art. 68 - Abonos
                                                de detención o de
                                                términos reclusión

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

        El señor Luis Figueroa Vélez (señor Figueroa Vélez o

peticionario), sometió ante este Tribunal de Apelaciones una

Moción por Derecho Propio con fecha del 1ro de febrero de 2024,

presentada en este Tribunal de Apelaciones el 6 de febrero

pasado.

        En su escrito el señor Figueroa Vélez manifestó que se

encontraba en la institución Guerrero de Aguadilla extinguiendo

una sentencia de ocho (8) años que le fue impuesta el 22 de junio

de 2022. Nos solicita que emitamos una orden o señalamiento

para que se le abone el período de 103 días en los que estuvo

sumariado en la Institución Wisconsin State Corrections en los

casos    ASC2019G0082      y   ASC2019G0086     sobre   sustancias

controladas. Realizó la petición a tenor con el Artículo 68 del

Número Identificador
RES2024 _______
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Código Penal de Puerto Rico.1            El peticionario no incluyó

documento alguno que nos permita revisar nuestra jurisdicción y

atender la presente causa.

      Tras evaluar el recurso presentado, para lograr el más

eficiente despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores

escritos no jurisdiccionales, a tenor con la Regla 7 (B) (5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

      Por los fundamentos que exponemos, desestimamos el

presente recurso, por falta de jurisdicción.

                                  II.

                                   A.

      En toda situación jurídica que se presente ante un foro

adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto

jurisdiccional. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254

(2018); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-

234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457

(2012). La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un

tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Torres

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019), Ruiz Camilo v.

Trafon Group, Inc., supra, pág. 267; Yumac Home v. Empresas

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); SLG Solá–Moreno v. Bengoa

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). En ese sentido, se ha

expresado que los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos relacionados con ésta

son privilegiados y deben atenderse con prioridad. Torres

Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., supra.   Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por

alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado

1
 Artículo 68 Abonos de detención o de términos de reclusión. 33 LPRA sec.
5101.
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por éstas, el foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto

jurisdiccional como parte de su deber ministerial, pues éste incide

directamente    sobre   el   poder      mismo    para   adjudicar   una

controversia. Torres    Alvarado     v.    Madera   Atiles, supra; Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Yumac Home v. Empresas

Massó, supra, pág. 103; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb.,

183 DPR 1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674

(2005). De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta

declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos

de la controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; SLG Szendrey–Ramos v. F.

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

                                   B.

      Nuestra función como Tribunal de Apelaciones es proveer a

los ciudadanos un foro apelativo mediante el cual un panel de no

menos de tres (3) jueces revisará, como cuestión de derecho las

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y

de forma discrecional cualquier otra resolución u orden

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Art. 4.002 de

la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24u. (Énfasis nuestro).

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009).            La parte afectada por alguna

orden o resolución interlocutoria en un proceso penal, al amparo

de las disposiciones antes citadas, puede presentar un recurso

de certiorari mediante el cual apele el dictamen interlocutorio del

foro primario dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha

en que el dictamen fue notificado. Este término, tal como se
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desprende de lo anterior, es de cumplimiento estricto. Pueblo v.

Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011), Regla 32 (D) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32

(D). (Énfasis suplido).

      Para ejercer nuestra función revisora, la Regla 34 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

34, gobierna el contenido de la solicitud de certiorari. La Regla 34

(C)   (1)   del    Reglamento,    dispone    que    todo    recurso

de certiorari debe contener en el cuerpo lo siguiente:

            (a)…

            (b) Las citas de las disposiciones legales que
      establecen la jurisdicción y la competencia del
      Tribunal.

             (c) Una referencia a la decisión cuya revisión se
      solicita, la cual incluirá el nombre y el número del
      caso, la Región Judicial correspondiente y la Sala del
      Tribunal de Primera Instancia que la dictó, la fecha en
      que lo hizo y la fecha en que fue notificada; también,
      una referencia a cualquier moción, resolución u orden
      mediante las cuales se haya interrumpido y
      reanudado el término para presentar la solicitud de
      certiorari; además, se especificará cualquier otro
      recurso sobre el mismo caso que esté pendiente ante
      el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo
      a la fecha de presentación.

           (d) Una relación fiel y concisa de los hechos
      procesales y materiales del caso.

            (e) Un señalamiento breve y conciso de los
      errores que a juicio de la parte peticionaria cometió el
      Tribunal de Primera Instancia.

            (f) Una discusión de los errores señalados,
      incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia
      aplicable.

            (g) La súplica.

      En casos criminales, la referida Regla 34 (E), exige que,

además se incluya la denuncia y la acusación, si la hubiere, al

igual que la determinación del foro de instancia cuya revisión se

solicita. También se debe acompañar, la resolución u orden, y

toda moción o escrito en los cuales se discuta expresamente el
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asunto planteado en la solicitud de certiorari, o que sean

relevantes a ésta; así como cualquier otro documento que forme

parte del expediente en el Tribunal de Primera Instancia y que

pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la

controversia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34.

      Vemos que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, junto

a otras reglas y leyes, regula el trámite y perfeccionamiento de

los recursos apelativos. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al.,

188 DPR 98 (2013).      El incumplimiento con las disposiciones

reglamentarias sobre los recursos presentados en el Tribunal de

Apelaciones puede conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera

Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119

DPR 642 (1987).     El Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho

de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no

justifica   el   incumplimiento     de   éstas   con   las   reglas

procesales. Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714

(2003).     En consecuencia, procede la desestimación de un

recurso por incumplimiento al Reglamento, cuando éste haya

provocado un "impedimento real y meritorio para que el tribunal

pueda atender el caso en los méritos". Pueblo v. Rivera

Toro, supra, citando a Román Velázquez v. Román Hernández,

158 DPR 163, 167-168 (2002).

                                  III.

      El señor Figueroa Vélez, mediante una Moción por Derecho

Propio, nos solicita que emitamos una orden o señalamiento para

que se le abone a su sentencia de ocho años, el período de 103

días en los que estuvo sumariado en la Institución Wisconsin State

Corrections.

      Notamos que el peticionario no incluyó documento alguno

junto a la moción que hoy atendemos. En específico, no suplió la
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copia de la sentencia que cumple, como tampoco alguna

determinación reciente del foro primario, en la cual se resuelva el

asunto que aquí nos trae. Estos documentos son esenciales para

verificar nuestra jurisdicción.

      En su escrito, el señor Figueroa Vélez tampoco menciona

alguna determinación reciente emitida por el tribunal de primera

instancia, y que haya sido notificada al menos treinta (30) días

antes del presente recurso, la cual interesa que revisemos. En

ese sentido, sabido es que somos un foro de revisión intermedio,

y si no se nos provee un dictamen anterior resolviendo

primeramente el asunto que aquí nos trae, no tenemos facultad

para atender la reclamación. De manera que, el escrito carece de

información fundamental que nos impide revisar su reclamación y

acreditar que poseamos jurisdicción para concederle algún

remedio.

      En fin, el presente recurso, tal cual presentado, no es

susceptible de ser revisado en este foro, por lo que lo

desestimamos.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos desestimamos el

presente recurso por falta de jurisdicción.

      Instruimos a la Secretaria del Departamento de Corrección

y Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario,

en cualquier institución donde este se encuentre.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones