Court Opinion

ID: 9896783
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:18:36.687571+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:09.721578
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL II

IN RE:                                        Revisión
                                              procedente del
 NELSON A. HERNÁNDEZ                          Departamento de
        PÉREZ                   KLRA202300516 Estado, Junta
                                              Examinadora de
  NÚMERO DE LICENCIA                          Peritos Electricistas
        10827                                 de Puerto Rico

          Recurrente
                                                  Sobre:
                                                  Suspensión de
                                                  Licencia por
                                                  Incumplimiento con
                                                  el Artículo 16, Inciso
                                                  (H) de la Ley 115-
                                                  1976, según
                                                  enmendada

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

                                    I.

      El 19 de mayo de 2023, el Colegio de Peritos Electricistas de

Puerto Rico (Colegio) le notificó al Sr. Nelson A. Hernández Pérez

mediante correo certificado que lo había referido a la Junta

Examinadora de Peritos Electricistas de Puerto Rico (Junta

Examinadora). Le informó que dicho referido respondió a su

incumplimiento con el requisito de tomar ocho (8) horas de

educación continua para el año 2021, requerido por la Ley Núm.

115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, Ley de la Junta

Examinadora de Peritos Electricistas.1 A esos efectos, el 5 de julio

de 2023, el Colegio le remitió una Certificación a la Junta

Examinadora, y le informó que el señor Hernández Pérez había

incumplido con el Art. 16(h) de la Ley Núm. 115-1976.2

1 20 LPRA § 2701 et seq.
2 Íd., § 2715 h.

Número Identificador

SEN2023__________
KLRA202300516                                                                 2

     Posteriormente, habiéndose expirado el término de sesenta (60)

días a partir de la Certificación, el 5 de septiembre de 2023, la Junta

Examinadora notificó mediante correo postal su Resolución. Razonó

que, luego de evaluar la evidencia suministrada por el Colegio el

señor Hernández Pérez se encontraba en incumplimiento con el

requisito de educación continua durante el año 2021. Así las cosas,

concluyó que procedía la suspensión de su licencia como perito

electricista. En su Resolución, la Junta Examinadora le apercibió al

señor     Hernández       Pérez     sobre     su    derecho      a    presentar

reconsideración ante la Junta Examinadora. También, le notificó

sobre la posibilidad de revisar la Resolución ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan, dentro del término de (30) días

de haberse notificado.

     Según se desprende del expediente ante nuestra consideración,

el 27 de septiembre de 2023, el señor Hernández Pérez le remitió

mediante correo electrónico a la Junta Examinadora un documento

titulado, Moción en Solicitud para que se Deje sin Efecto Resolución

por Cumplimiento con Requisito de Educación Continua para año

2021. En su escrito acompañó copia de un certificado expedido por

el Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico el sábado 27 de

febrero de 2021, acreditando que el señor Hernández Pérez había

cumplido con un Seminario sobre Certificación de Instalador de

Sistemas Fotovoltaicos, equivalente a treinta (30) créditos.

     Previo a la resolución de su Moción por parte de la Junta

Examinadora, el 4 de octubre de 2023, el señor Hernández Pérez

acudió    ante     nos    mediante      Recurso     de    Revisión    Judicial.3

3 Sostiene que la agencia recurrida cometió los siguientes errores.

 Primer Error:
 ERRÓ LA JUNTA EXAMINADORA AL TOMAR LA DETERMINACIÓN DE
 SUSPENDER SUMARIAMENTE LA LICENCIA DE PERITO ELECTRICISTA
 DEL RECURRENTE POR ALEGADO INCUMPLIMIENTO CON LAS HORAS
 CONTACTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA PARA EL PERIODO QUE
 CULMINABA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN UN PROCEDIMIENTO
 PREVIO ADECUADO QUE GARANTIZARÁ EL DERECHO QUE LE ASISTE AL
 DEBIDO PROCESO DE LEY CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN DE
KLRA202300516                                                                     3

Posteriormente, el 6 de octubre de 2023, el señor Hernández Pérez

presentó ante nuestra consideración, Solicitud para Suspensión

Efectos de la Resolución Recurrida.

       En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la

Regla 7 (B)(5) de nuestro Reglamento,4 preterimos de todo trámite

ulterior y, por los fundamentos que expondremos a continuación

desestimamos el presente Recurso.

                                       II.

                                       A.

       La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según

enmendada,5 delimita la facultad revisora de este Tribunal de

Apelaciones. En lo pertinente, establece que se podrá recurrir ante

este Foro “[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá

como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones

finales de organismos o agencias administrativas”.6 Así, la Regla 56

de nuestro Reglamento contiene una disposición similar, que limita

   PUERTO RICO Y EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
   UNIFORME, LEY NÚM. 38-2017.
   Segundo Error:
   ERRÓ LA JUNTA EXAMINADORA AL APLICAR EL PROCESO DE
   SUSPENSIÓN SUMARIO DE LICENCIA ESTABLECIDO EN EL ART. 16,
   INCISO (H) DE LA LEY NÚM. 115, DISPOSICIÓN DE LEY INCONSTITUCIONAL
   QUE PRIVÓ AL RECURRENTE DE UN DERECHO PROPIETARIO EN
   VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY.
   Tercer Error:
   ERRÓ LA JUNTA EXAMINADORA AL NO RECTIFICAR SU DETERMINACIÓN
   DE SUSPENDER LA LICENCIA DE PERITO ELECTRICISTA DEL
   RECURRENTE A PESAR DEL ENVÍO POR PARTE DE ÉSTE DE LA
   CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL COLEGIO DE PERITOS ELECTRICISTAS
   EL 27 DE FEBRERO DE 2021 ACREDITANDO A SU FAVOR TREINTA (30)
   HORAS CONTACTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA EN CUMPLIMIENTO
   CON EL MÍNIMO DE HORAS REQUERIDAS PARA EL PERIODO QUE
   CULMINABA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
4 La Regla 7(B)(5) dispone:

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en
cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y
eficiente despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no
se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7
(B)(5).
5 4 LPRA § 24 et seq.
6 Íd., § 24 y (c).
KLRA202300516                                                                     4

nuestra jurisdicción revisora a determinaciones administrativas

finales.7

        Ello resulta igualmente compatible con las disposiciones de la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017,8 y con la

doctrina de agotamiento de remedios administrativos. Al respecto,

el Sec. 4.2 de la LPAU dispone que, “[u]na parte adversamente

afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el

organismo         administrativo        apelativo       correspondiente       podrá

presentar        una      solicitud   de     revisión    ante   el    Tribunal   de

Apelaciones”.9

        En cuanto a la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos,          sabemos      que     constituye       una     norma    de

autolimitación judicial que determina la etapa en que un tribunal

de justicia debe intervenir en una controversia que se ha presentado

inicialmente en un foro administrativo.10 Al determinar la etapa en

la cual el litigante puede recurrir a los tribunales, esta doctrina evita

una intervención judicial innecesaria que interfiera con el trámite

normal del proceso administrativo.11               La necesidad de agotar los

remedios administrativos antes de acudir al foro judicial es un

requisito jurisdiccional,12 el cual impide la intervención judicial

hasta     tanto      no    hayan      sido    agotados    todos       los   remedios

administrativos disponibles al nivel de la agencia.13 Así, la

determinación administrativa reflejará la postura final de la

agencia.14

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56.
8 3 LPRA § et seq.
9 Íd., § 9672.
10 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008).
11 Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42, 49 (1993).
12 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 (2001).
13 Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 693, 714 (2002).
14 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013).
KLRA202300516                                                                     5

                                        B.

       Es axioma encumbrado y trillado que un recurso prematuro

al igual que uno tardío, “sencillamente adolece del grave e

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

recurre”.15 Sin embargo, existe una importante diferencia en las

consecuencias que acarrean. La desestimación por tardío priva

fatalmente a la parte de poder presentar el recurso nuevamente,

ante el mismo foro o cualquier otro. No obstante, la desestimación

de un recurso por prematuro permite que la parte que recurre pueda

presentarlo nuevamente, una vez el foro apelado resuelve lo que

estaba ante su consideración.16 Según nuestro Tribunal Supremo

de Puerto Rico, prematuro es lo que ocurre antes de tiempo; en el

ámbito procesal, una revisión o un recurso prematuro es aquel

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que

éste tenga jurisdicción.17

       La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia y

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante

en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido autoridad judicial o

administrativa alguna para acogerlo; menos, para conservarlo con

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción

informativa.18 Ello explica la exigencia y necesidad de presentar un

nuevo recurso (con su apéndice) y efectuar su notificación dentro

del término jurisdiccional.19

       Es sabida norma que la jurisdicción es la autoridad que tienen

los foros judiciales para atender controversias con efecto vinculante

para las partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos

impide que nosotros podamos atender la controversia que se nos

15 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra,

150 DPR 649, 654 (2000).
16 Véase: Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015); Torres

Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).
17 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).
18 Julia, 153 DPR, pág. 367; Rodríguez, 150 DPR, pág. 654.
19 Padilla Falú v. Administración de Vivienda, 155 DPR 183 (2001).
KLRA202300516                                                                      6

presenta.20 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.21

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia

a cualesquiera otras”.22 Los tribunales no pueden atribuirse

jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden

otorgársela.23

       La ausencia de jurisdicción es insubsanable.24 Así, cuando un

tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.25 Las

disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante

este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.26

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre

desistimiento      y    desestimación,         nos   concede      facultad     para

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta

de jurisdicción.27

                                        III.

       De    inicio,    nos    corresponde       determinar      si   ostentamos

jurisdicción para atender el presente Recurso. Veamos.

       El 5 de septiembre de 2023, notificada el mismo día, la Junta

Examinadora emitió Resolución suspendiendo la licencia del señor

20 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013); Souffront v. AAA,

164 DPR 663, 674 (2005).
21 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Carattini v. Collazo

Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537
(1991).
22 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364
(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun.
de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).
23 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
24 Íd.; Souffront, 164 DPR, pág. 674.
25 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Caratini, 158 DPR, pág. 356; Vega,

156 DPR, pág. 595.
26 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR
84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez,
165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).
27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLRA202300516                                                        7

Hernández Pérez como perito electricista. En dicha Resolución, y

según establece la Ley Núm. 115-1976, la Junta Examinadora le

apercibió al señor Hernández Pérez sobre su derecho a presentar

reconsideración ante la Junta Examinadora en el plazo de veinte

(20) días desde la notificación. Además, le informó sobre la

posibilidad de comenzar un proceso de revisión ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan, en el término de treinta (30)

días de haberse notificado la resolución.

       Sin embargo, como relacionamos previamente, el señor

Hernández Pérez optó por enviar el 27 de septiembre de 2023, a la

Junta Examinadora mediante correo electrónico Moción en Solicitud

para que se Deje sin Efecto Resolución por Cumplimiento con

Requisito de Educación Continua para año 2021. Al respecto, el señor

Hernández Pérez nos informó en el Recurso presentado ante nuestra

consideración que, al momento de la presentación del mismo, la

Junta Examinadora no se había expresado y/o atendido su Moción.

Ello   así,   el   señor   Hernández    Pérez   acudió   ante   nuestra

consideración sin haber agotado el trámite dispuesto en la Ley Núm.

115-1976, privándonos de jurisdicción para atenderlo.

                                  IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso por falta de jurisdicción al ser prematuro.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones