Court Opinion

ID: 9952190
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:26:26.230693+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:10.752596
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL XI

   MARÍA VALDERRAMA                                 CERTIORARI
       FIGUEROA                                     Procedente del
                                                    Tribunal de Primera
          Recurrida                                 Instancia, Sala
                                                    Superior de Fajardo
              v.                KLCE202301473
                                                    Civil Núm.:
 TRIPLE S. PROPIEDAD,                               FA2019CV01070
TRIPOLI CONSTRUCTION                                (307)
 CORPORATION y otros
                                                    Sobre: Caída
         Peticionario

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                              SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

        Comparece      ante   nos   Tripoli   Construction   Corporation

(“Trapoli Construction” o “Peticionario”), mediante Escrito de

Certiorari presentado el 28 de diciembre de 2023. Nos solicita que

revisemos una Orden emitida y notificada el 17 de octubre de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (“foro

primario” o “foro a quo”). Mediante el referido dictamen, el foro

primario declaró Ha Lugar la solicitud presentada por la señora

María    Valderrama      Figueroa    (“Sra.   Valderrama     Figueroa”   o

“Recurrida”) para que se elimenaran las alegaciones de la demanda.

En desacuerdo, el 27 de octubre de 2023, el Peticionario presentó

una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar

mediante Orden emitida y notificada el 28 de noviembre de 2023.

        Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el

auto de certiorari y revocamos la Orden recurrida.

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLCE202301473                                                        2

                                  I.

      La presente controversia tiene su inicio cuando el 6 de febrero

de 2019, cuando la Sra. Valderrama Figueroa instó una Demanda1

sobre daños y perjuicios contra la Administración de Servicios de

Salud Mental y Contra la Adicción (“ASSMCA” o “agencia”), el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”), Compañía ABC, Arrendador

ABC, Aseguradora 1-20 y otros codemandados de nombres

desconocidos. En síntesis, alegó que el 8 de febrero de 2018 se

encontraba caminando en el estacionamiento de las instalaciones

de ASSMCA en el pueblo de Fajardo. Señaló que mientras caminaba,

el portón de acero del estacionamiento se desprendió y cayó sobre

ella, lo cual le ocasionó múltiples traumas en su cuerpo. Ante dicho

suceso, tuvo que ser sometida a múltiples tratamientos, incluyendo

una cirugía reconstructiva. Arguyó, además, que el accidente le

ocasionó angustias mentales, gastos, la pérdida de licencias en el

empleo y quedó con un impedimento parcial permanente en su

función diaria. Por tales razones, solicitó una indemnización de

$150,000, más el pago de intereses pre y post sentencia, además de

honorarios de abogado.

      Transcurridos varios trámites procesales, mediante Sentencia

emitida el 6 de junio de 2019, notificada el día 10 del mismo mes y

año, el foro primario decretó la paralización de los procedimientos y

ordenó el archivo administrativo sin perjuicio de la reclamación.2

      Posteriormente, el 2 de septiembre de 2019, la Recurrida

presentó nuevamente una Demanda3 sobre daños y perjuicios sobre

los mismos hechos. Esta vez, incluyó como codemandado a Triple-S

Propiedad, en su carácter de aseguradora de ASSMCA.

1 Véase expediente electrónico FA2019CV00105 en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”).
2 Véase entrada número 14 del expediente FA2019CV00105 en SUMAC.
3 Apéndice certiorari, págs. 1-8.
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      Así las cosas, el 14 de agosto de 2020, la Sra. Valderrama

Figueroa presentó un escrito intitulado Moción para que se emita

Orden. Mediante este, informó que el 8 de julio de 2020, diligenció

un subpoena duces tecum a ASSMCA, requiriendo información

relacionada con el accidente reclamado en la demanda. Señaló que,

a pesar de haber solicitado la información a la agencia, esta no había

entregado la misma. Por lo cual, solicitó que se dictara una orden

contra ASSMCA para que supliera la información requerida.

      Así las cosas, el 9 de abril de 2021, ASSMA remitió un correo

electrónico a la parte Recurrida, en donde, entre otros documentos,

incluyó una orden de compra (“purchase order”) en la que establecía

que el vendedor del portón objeto de la controversia era la compañía

Tripoli Construction. Ante dicho descubrimiento, el mismo día, la

Recurrida presentó Moción para que se autorice enmendar la

demanda y Primera demanda enmendada. Así, procedió a enmendar

la demanda a los fines de incluir a Tripoli Construction como

codemandado, por ser la compañía “contratada por la ASSMCA para

realizar los diversos trabajos de construcción en su edificio de

Fajardo, Puerto Rico, entre los que se encontraba suplir e instalar el

portón de acero que da origen a esta demanda y, por cuya negligencia

en la fabricación e instalación de dicho portón, se ocasionó el

accidente que causó los daños sufridos por la demandante”.

Mediante Orden emitida el 3 de mayo de 2021, notificada al próximo

día, el foro primario autorizó la enmienda a la demanda.

      Luego de varias incidencias procesales, el 7 de septiembre de

2022, la Recurrida presentó Escrito informativo, en donde le notificó

al foro primario que había cursado tres (3) mecanismos de

descubrimiento de prueba a Tripoli Construction. En respuesta, el

27 de septiembre de 2022, el Peticionario presentó Solicitud de

prórroga para contestar descubrimiento de prueba hasta en o antes

de 11 de noviembre de 2022, en la que solicitó un término de treinta
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(30) días para cumplir con el descubrimiento de prueba cursado.

Mediante Orden emitida y notificada el 29 de septiembre de 2022, el

foro a quo concedió la prórroga solicitada.

       El día antes de expirado el término concedido, el Peticionario

presentó Solicitud de prórroga final de cinco (5) días para notificar

contestación a descubrimiento de prueba. En esta, solicitó un

término final de cinco (5) días para contestar los interrogatorios

pendientes, puesto que no había culminado el proceso de recopilar

la información solicitada. El 14 de noviembre de 2022, el foro

primario emitió y notificó Orden, concediendo el término peticionado

como uno final.

      Posteriormente, el 21 de agosto de 2023, la Recurrida

presentó Moción bajo la Regla 34 de Procedimiento Civil. Por virtud

de esta, realizó un recuento de todos los incumplimientos de la parte

Peticionaria con los requerimientos del descubrimiento de prueba, a

pesar de las órdenes emitidas por el foro primario. En vista de ello,

solicitó lo siguiente:

      a. Con relación al interrogatorio- que se eliminen las
         alegaciones de su contestación a la demanda
      b. Con relación a la producción de documentos- que se
         ordene a producir la información solicitada
      c. Con relación al requerimiento de admisiones- que se
         den por admitidos los mismos.

      El 22 de agosto de 2023, el foro primario emitió y notificó

Orden en la que le concedió un término final de diez (10) días a la

parte Peticionaria, para exponer su posición a la solicitud de la Sra.

Valderrama Figueroa.

      En vista del incumplimiento del Peticionario, el 17 de octubre

de 2023, la Recurrida presentó Segunda moción bajo la Regla 34 de

Procedimiento Civil. Mediante esta, llamó a la atención del foro

primario de que había transcurrido más de un (1) año sin que se

contestaran los interrogatorios ni los requerimientos de producción

de documentos, a pesar de las órdenes emitidas por el foro primario.
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Por lo cual, reiteró su solicitud de que se eliminaran las alegaciones

a la parte Peticionaria.

      Ante tal solicitud, el 17 de octubre de 2023, el foro a quo

emitió y notificó la Orden recurrida, en la que declaró Ha Lugar la

solicitud instada por la Recurrida. En consecuencia, se le eliminaron

las alegaciones a la parte Peticionaria. En desacuerdo, el 27 de

octubre de 2023, Tripoli Construction presentó Solicitud de

reconsideración de orden emitida y notificada el 17 de octubre de

2023, la cual fue declarada No Ha Lugar, mediante Orden emitida y

notificada el 28 de noviembre de 2023.

      Inconforme aún, el 28 de diciembre de 2024, el Peticionario

acudió ante esta Curia mediante Escrito de Certiorari, en el que le

imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una
      orden eliminando las alegaciones sin dar cumplimiento
      al orden de prelación que establece la Regla 39.2 (a) de
      Procedimiento Civil, sin haber impuesto sanciones
      económicas, y sin apercibir directamente a la parte, y
      dar un término de, al menos 30 días para notificar las
      contestaciones al descubrimiento cursado.
      Erró el Tribunal de Primera Instancia al dar por
      admitido un requerimiento de admisiones que fue
      contestado dentro del término concedido mediante
      orden.
      Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una
      orden bajo la Regla 34 de Procedimiento Civil sin haber
      la parte demandante certificado su cumplimiento con la
      Regla 34.1 de Procedimiento Civil en su solicitud de
      orden.

      El 12 de enero de 2024, esta Curia emitió Resolución en la que

le concedió como término improrrogable hasta el 18 de enero de

2024 para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto de

certiorari y revocar la determinación impugnada. En cumplimiento

con lo ordenado, el 18 de enero de 2024, la parte Recurrida presentó

su escrito intitulado Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.
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                                  II.
                             A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco
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Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023);

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios

son:

       (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
             a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
             derecho.
       (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
             indicada para el análisis del problema.
       (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
             manifiesto en la apreciación de la prueba por el
             Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
             caso es la más propicia para su consideración.
       (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causan un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución final
             del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.

       El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

                   B. Eliminación de las alegaciones

   Las Reglas de Procedimiento Civil deben interpretarse de modo

que faciliten el acceso a los tribunales, garantizando la solución

justa, rápida y económica de los procedimientos. Regla 1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 1. En nuestro ordenamiento

jurídico, el cual es adversativo y rogado, “las partes tienen el deber

de ser diligentes y proactivos al realizar trámites procesales.”

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 719 (2009).

Aunque se favorece que los casos se adjudiquen en sus méritos,

“esto no significa que una parte adquiera el derecho a que su caso
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tenga vida eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en

un estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de

diligencia e interés en la tramitación del mismo que una escueta

referencia a circunstancias especiales.” Mun. de Arecibo v. Almac.

Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001); Rivera et al. v. Superior Pkg.,

Inc. et al, 132 DPR 115, 124 (1992). Por lo cual, el tribunal tiene la

autoridad   de    sancionar    a   aquellos   litigantes   que   dilatan

innecesariamente los procedimientos. Sánchez Rodríguez v. Adm. de

Corrección, supra, pág. 720.

   A la luz de dicha facultad delegada a los tribunales, nuestro

Máximo Foro ha definido el concepto sanción como “un mecanismo

procesal que permite a los tribunales imponer su jurisdicción,

autoridad   y    pronunciamientos.”    Mitsubishi   Motors   Sales    of

Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, 212 DPR ___ (2023), 2023 TSPR

110, resuelto el 12 de septiembre de 2023, citando a In re Collazo I,

159 DPR 141, 150 (2003). Su propósito es incitar a una parte a que

responda con prontitud “con el fin de alcanzar la solución justa,

rápida y económica de los casos y que las controversias se puedan

atender en los méritos”. Íd, citando a Valentín v. Mun. de Añasco,

145 DPR 887, 896 (1998). “En ese sentido, el poder inherente de los

tribunales para imponer sanciones permite la flexibilidad para

escoger la sanción y ajustarla a los hechos, a la causa de acción de

que se trate y al propósito que se persigue.” Íd, citando a Pagán

Rodríguez v. Rivera Schatz, 206 DPR 277, 288 (2021).

   La Regla 34 de Procedimiento Civil, supra, R.34, establece el

procedimiento que deben cumplir las partes, así como le tribunal,

cuando surgen controversias relacionadas al descubrimiento de

prueba. A su vez, postula las consecuencias de que una parte se

rehúse a cumplir con una orden del tribunal de instancia al

respecto. En particular, la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra,

dispone lo siguiente:
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      Cuando surja una controversia en torno al descubrimiento
      de prueba, el tribunal sólo considerará las mociones que
      contengan una certificación de la parte promovente en la que
      indique al tribunal en forma particularizada que ha realizado
      esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, para
      tratar de llegar a un acuerdo con el abogado de la parte
      adversa para resolver los asuntos que se plantean en la
      moción y que éstos han resultado infructuosos.

      A su vez, la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 34.3,

regula las consecuencias a las partes que se niegan a obedecer con

las órdenes del tribunal. En lo pertinente, el inciso (b)(3) de la

precitada regla, dispone lo siguiente:

      (b) Otras consecuencias. Si una parte o un funcionario o
      agente administrador de una parte, o una persona designada
      para testificar a su nombre según disponen las Reglas 27.6
      ó 28, deja de cumplir una orden para llevar a cabo o permitir
      el descubrimiento de prueba, incluyendo una orden bajo las
      Reglas 32 y 34.2, el tribunal podrá dictar, con relación a la
      negativa, todas aquellas órdenes que sean justas; entre ellas
      las siguientes:
      (1) […].
      (2) […].
      (3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de ellas,
      o para suspender todos los procedimientos posteriores hasta
      que la orden sea acatada, para desestimar el pleito o
      procedimiento, o cualquier parte de ellos, o para dictar una
      sentencia en rebeldía contra la parte que incumpla. Regla
      34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, R. 34.3(b)(3).
      (Énfasis nuestro).

      La referida regla establece que el tribunal puede emitir una

sanción en la que elimine total o parcialmente las alegaciones. En

cuanto a dicha sanción, el Tribunal Supremo ha resuelto que la

eliminación de las alegaciones, así como la anotación de rebeldía

son los castigos más severos para una parte que declina obedecer

con una orden del tribunal en el descubrimiento de prueba.

Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros,

supra; HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR

689 (2020). Es por ello, que la imposición de sanciones “siempre se

deben dar dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal

justicia equivaldría a un abuso de discreción”. Rodríguez Figueroa v.

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011).
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   Antes de decretarse una desestimación de una causa de acción o

que se eliminen las alegaciones, el foro primario tiene que ejecutar

el orden de prelación que establece la Regla 39.2 (a) de

Procedimiento Civil, supra, R.39.2(a).4 Mitsubishi Motors Sales of

Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, supra.

   Sobre ello, nuestro máximo foro expresó lo siguiente:

       Primero, el tribunal tiene que apercibir de la situación
       a la representación legal de la parte y concederle la
       oportunidad para responder. Si el representante legal
       no responde al apercibimiento, el tribunal le impondrá
       sanciones y le notificará directamente a la parte sobre
       el asunto. Una vez que la parte haya sido informada o
       apercibida de la situación y de las consecuencias que el
       incumplimiento conlleva, deberá corregirla dentro del
       término que el tribunal de instancia le conceda. El plazo
       conferido será razonable y, salvo que las circunstancias
       del caso lo justifiquen, no será menor de treinta días. Si
       la parte no toma acción correctiva al respecto “nunca se
       podrá querellar, ante ningún foro, de que se le despojó
       injustificadamente de su causa de acción y/o
       defensas.” Cumplido este trámite, el tribunal se
       encontrará en posición para imponer la sanción que
       corresponda. (Citas omitidas).

       Una desestimación al amparo del inciso (a) de la Regla 39.2

de Procedimiento Civil, supra, “es la muerte procesal del pleito”.

Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros,

supra. Siendo así, la supresión total de las alegaciones torna ineficaz

4 La aludida Regla dispone lo siguiente:

       (a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o con
       cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a
       solicitud del demandado podrá decretar la desestimación del pleito
       o de cualquier reclamación contra él, o la eliminación de las
       alegaciones, según corresponda.
       Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa sanción
       de la desestimación de la demanda o la eliminación de las
       alegaciones tan sólo procederá después que el tribunal, en primer
       término, haya apercibido al abogado o abogada de la parte de la
       situación y se le haya concedido la oportunidad para responder. Si
       el abogado o abogada de la parte no responde a tal apercibimiento,
       el tribunal procederá a imponer sanciones al Reglas de
       Procedimiento Civil de Puerto Rico 62 abogado o la abogada de la
       parte y se notificará directamente a la parte sobre la situación.
       Luego de que la parte haya sido debidamente informada o
       apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener
       el que ésta no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la
       desestimación del pleito o la eliminación de las alegaciones. El
       tribunal concederá a la parte un término de tiempo razonable para
       corregir la situación, que en ningún caso será menor de treinta (30)
       días, a menos que las circunstancias del caso justifiquen que se
       reduzca el término.
KLCE202301473                                                             11

la contestación a la demanda y esta no puede ser utilizada en el

juicio ni el tribunal la puede tomar en cuenta. Íd, citando a Polo v.

Domínguez, Juez de Distrito, 15 DPR 609 (1909).

      El efecto es que la parte quedó privada de su día en corte para

establecer la legitimidad y el mérito de sus defensas. Íd, citando a

Acevedo v. Compañía Telefónica de Puerto Rico, 102 DPR 787 (1974).

Tal es así, que la eliminación total de las alegaciones, al igual que la

desestimación,    debe    prevalecer       únicamente    en    situaciones

extremas, como las siguientes: una conducta indiscutiblemente

irresponsable, irreverente, desafiante, negligente, contumaz que la

parte contra la cual se ordena la ejecute de manera reiterada y

continua; todo porque esta opto por incumplir de manera

intencional y de mala fe con una orden del tribunal para descubrir

prueba. Íd. En vista de que la supresión total de las alegaciones

conlleva la sanción de la sentencia en rebeldía, “los tribunales

apelativos   estamos     llamados     a    inclinarnos   a    decretar   las

consecuencias de la rebeldía cuando el tribunal de instancia ordena

la eliminación de todas las alegaciones, específicamente si la

sanción fue producto de la conducta malintencionada de la parte

demandada de no descubrir prueba”. Íd.

                                    III.

      En el presente recurso, la parte Peticionaria nos alega que

abusó de discreción el foro primario al eliminarle las alegaciones.

Señala que, de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil y

su jurisprudencia aplicable, el foro a quo le eliminó las alegaciones

sin cumplir con el orden de prelación establecido en la Regla 39.2

(a) de Procedimiento Civil, supra. Añade que la parte Recurrida no

cumplió con la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra, al no

evidenciar los esfuerzos realizados para resolver las controversias

relativas al descubrimiento de prueba.
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      Por su parte, la Sra. Valderrama Figueroa sostiene que el

Peticionario tardó más de un (1) año en contestar el requerimiento

de admisiones, pero aún no ha contestado los interrogatorios y el

requerimiento de producción de documentos. Señala que en ningún

momento se solicitó que se dieran por admitidos el requerimiento de

admisiones ya contestados. Arguye los incumplimientos con el

descubrimiento de prueba por parte del Peticionario era dilatar los

procedimientos.

      Según expusimos, cuando una parte incumple con las

órdenes del tribunal, está sujeta a la imposición de sanciones. A

esos fines, la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, supra, faculta al foro

primario a emitir sanciones, tales como la eliminación total o parcial

de las alegaciones. No obstante, nuestro ordenamiento requiere que,

antes de emitir una sanción tan severa como lo es la eliminación de

las alegaciones, el foro primario tiene que ejecutar el orden de

prelación que establece la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil,

supra, esto es:

      Primero, el tribunal tiene que apercibir de la situación
      a la representación legal de la parte y concederle la
      oportunidad para responder. Si el representante legal
      no responde al apercibimiento, el tribunal le impondrá
      sanciones y le notificará directamente a la parte sobre
      el asunto. Una vez que la parte haya sido informada o
      apercibida de la situación y de las consecuencias que el
      incumplimiento conlleva, deberá corregirla dentro del
      término que el tribunal de instancia le conceda. El plazo
      conferido será razonable y, salvo que las circunstancias
      del caso lo justifiquen, no será menor de treinta días. Si
      la parte no toma acción correctiva al respecto “nunca se
      podrá querellar, ante ningún foro, de que se le despojó
      injustificadamente de su causa de acción y/o
      defensas.” Cumplido este trámite, el tribunal se
      encontrará en posición para imponer la sanción que
      corresponda. Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc.
      v. Lunor, Inc. y otros, supra.

      Como bien nos alega la parte aquí Peticionaria, en el presente

caso el foro primario no cumplió con el orden de prelación

establecido en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, antes

de imponer la severa sanción de la eliminación de las alegaciones a
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dicha parte. Aun cuando quedó demostrado que el Peticionario ha

incumplido con los términos provistos por el foro a quo para

completar los requerimientos sobre el descubrimiento de prueba

cursado por la parte Recurrida, no avistamos en el expediente

justificación suficiente para la eliminación de las alegaciones en

esta etapa.

      El efecto de la eliminación de las alegaciones es la muerte

procesal de pleito. Por tal razón, es un requisito mandatorio del foro

primario cumplir con la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra,

antes de dictar una sanción tan extrema. Ello no significa que la

parte Peticionaria tiene carta abierta para incumplir con las órdenes

emitidas, pues es deber de los litigantes ser diligentes y proactivos

al tramitar los casos. Véase Sánchez Rodríguez v. Adm. de

Corrección, supra. Aunque reconocemos que los foros apelativos

“estamos llamados a inclinarnos a decretar las consecuencias de la

rebeldía   cuando   el   tribunal   ordena   la   eliminación   de   las

alegaciones”, estas deben darse en el marco de lo que es justo, “y la

ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de discreción”. Véase

Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros,

supra.

      En el caso de autos, la Recurrida presentó en dos ocasiones

mociones al amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil, supra, en

las que solicitó que se le impusiera al Peticionario la sanción de la

eliminación de las alegaciones, ante los incumplimientos con las

órdenes del tribunal. Sin embargo, el expediente demuestra que el

foro primario le eliminó las alegaciones, sin haber notificado a la

parte de los incumplimientos del representante legal y de los

apercibimientos de los términos finales concedidos para contestar

los requerimientos del descubrimiento de prueba. Tampoco surge

del expediente que el foro primario impuso sanciones económicas o

cualquier otra medida correctiva antes de imponer la sanción de la
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eliminación de las alegaciones. Por tales razones, somos del criterio

que erró el foro primario al decretar la eliminación de las alegaciones

a la parte Peticionaria. El foro primario deberá cumplir con lo

requerido en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, y solo

si la parte Peticionaria no tomara acción correctiva al respecto,

procederá la sanción de la eliminación de las alegaciones.

                                 IV.

      Por lo fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia,

devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones