Court Opinion

ID: 9953345
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-21 20:17:07.209119+00
Date Added: 2024-06-11T14:45:58.373264
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:

                                                 2024 TSPR 22

 Frank Pola Jr.                                  213 DPR ___

Número del Caso:    TS-7,102
                    AB-2023-0177

Fecha:    8 de marzo de 2024

Programa de Educación Jurídica Continua:

     Lcda. María Cecilia Molinelli González
     Directora Ejecutiva

     Lcda. Nicolle Lozada Báez
     Asesora Legal II

     Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano
     Asesora Legal I

     Lcda. Myrel D. Marín Cruz
     Asesora Administrativa

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir el Canon 9
del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Frank Pola Jr.                          TS-7,102
                                      AB-2023-0177

                                    PER CURIAM

                 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

                       Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestro

                 poder disciplinario sobre un miembro de la profesión

                 legal que ha incumplido con órdenes de este Tribunal.

                 En esta ocasión, intervenimos disciplinariamente con

                 el Lcdo. Frank Pola Jr. por infringir el Canon 9 del

                 Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En virtud

                 de   los   fundamentos   que   expondremos,   decretamos   la

                 suspensión inmediata e indefinida del letrado de la

                 práctica de la abogacía y la notaría.

                                                 I

                       El Lcdo. Frank Pola Jr. (licenciado Pola) fue

                 admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de diciembre

                 de 1980 y al ejercicio de la notaría el 29 de junio

                 de 1983.
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                                   A.

       El 21 de julio de 2023 la Sra. Luz M. Caride Meléndez

(señora Caride Meléndez) presentó una Queja (AB-2023-0177)

contra el licenciado Pola. La señora Caride Meléndez sostuvo

que el 29 de diciembre de 1987 el licenciado Pola autorizó

una escritura de compraventa de un inmueble. Además, indicó

que en el presente se encontraba en el proceso de vender la

propiedad objeto de la referida escritura, pero que ese

trámite    no   había   culminado    por     razones      atribuibles    al

licenciado Pola. En particular, expresó que el licenciado

Pola   nunca    inscribió   la   escritura    de    compraventa     en   el

Registro de la Propiedad; en la escritura se hizo constar que

el dinero de la venta se le entregó al Sr. Juan Salvat García,

empleado bancario, cuando en realidad se le entregó al Sr.

Antonio Cruz Santiago, el vendedor; y, las cantidades del

pronto vis a vis el balance no coincidían con el total de la

compra. La señora Caride Meléndez alega que estos errores en

la   escritura    imposibilitan     realizar       la    compraventa     del

inmueble.

       La señora Caride Meléndez añadió en su queja que, luego

de varios intentos de comunicarse con el letrado, logró

contactarlo el 4 de abril de 2023 y este se comprometió a

realizar    las   correcciones      necesarias.         Sin   embargo,   el

licenciado Pola no hizo las correcciones solicitadas y, a

pesar de múltiples intentos, la señora Caride Meléndez no

logró contactarlo nuevamente.
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        El 22 de agosto de 2023 este Tribunal remitió copia de

la Queja al licenciado Pola y concedió un término de diez

(10) días para que presentara su contestación. Además, se le

apercibió       de      las    sanciones        que    podía     acarrear        su

incomparecencia.

        Dado el incumplimiento del letrado con lo anterior, el

19 de septiembre de 2023 este Tribunal le remitió una segunda

notificación en la que se le concedió un término adicional de

diez     (10)    días    para       contestar    la    queja.    El     letrado,

nuevamente, hizo caso omiso a nuestra orden.

        Habida cuenta de ello, mediante una Resolución de 13 de

octubre de 2023 le otorgamos un término de diez (10) días

para que mostrara causa por la cual no le debíamos suspender

del ejercicio de la profesión por incumplir con nuestros

mandatos.       Ante    su    reiterada      incomparecencia,         el    7    de

noviembre de 2023 concedimos un término final de diez (10)

días para que compareciera y mostrara causa por la cual no le

debíamos      suspender       del   ejercicio     de   la   profesión       de   la

abogacía.1 El licenciado Pola no compareció.

                                        B.

        En lo atinente a otro asunto ético del licenciado Pola,

el 26 de octubre de 2023 la Directora Ejecutiva del Programa

de    Educación      Jurídica       Continua,    la    Lcda.    María      Cecilia

Molinelli       González (licenciada         Molinelli      González),       trajo

ante nuestra consideración un Informe sobre incumplimiento

1   Esta resolución se notificó personalmente.
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con el requisito de educación jurídica continua (Informe),

mediante el cual expuso que el licenciado Pola no cumplió con

los requisitos reglamentarios de educación continua durante

el periodo del 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2021 ni

compareció ante el Programa de Educación Jurídica Continua

(PEJC).2

      Debido al referido incumplimiento del licenciado Pola,

el 4 de diciembre de 2023 emitimos un Resolución en la que le

concedimos     un   término     de    veinte   (20)    días    para   que

compareciera y mostrara causa por la cual no le debíamos

suspender del ejercicio de la profesión de la abogacía por

incumplir con los requisitos de educación jurídica continua

y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. El

licenciado Pola no compareció.

      A la luz de los hechos antes expuestos, procedemos a

disponer      del     proceso        disciplinario      ante     nuestra

consideración.

                                     II

      Como parte de nuestra facultad de regular la profesión

legal en Puerto Rico, este Tribunal tiene la obligación de

2 El 23 de abril de 2021, el PEJC le notificó al licenciado Pola un Aviso
de Incumplimiento para el periodo de 1 de febrero de 2018 al 31 de enero
de 2021. Tras conceder una prórroga de sesenta (60) días, el 10 de mayo
de 2022 el PEJC envió una misiva concediendo una prórroga final de sesenta
(60) días para evidenciar el cumplimiento con los créditos adeudados.
Posteriormente, el 29 de agosto de 2023 el PEJC envió otro correo
electrónico informándole al letrado de la necesidad de evidenciar su
cumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua.
Finalmente, el 5 y el 6 de septiembre se le enviaron otras dos
comunicaciones por correo electrónico informándole que han tenido
dificultades comunicándose por teléfono con la información que surge del
Registro Único de Abogados y Abogadas y proveyéndole enlaces a algunos
proveedores que ofrecen cursos en línea.
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asegurarse de que los profesionales del derecho admitidos al

ejercicio de la abogacía realicen sus funciones de forma

responsable, competente y diligente. In re Bermúdez Tejero,

2021 TSPR 8, 206 DPR 86 (2021); In re Lewis Maymó, 205 DPR

397, 402 (2020).

     El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, exige a todos los miembros de la profesión legal a

conducirse      ante   los   tribunales    con   una    conducta    que   se

caracterice por el mayor respeto. In re Lajara Radinson,

2021 TSPR 111, 207 DPR 854 (2021); In re Cintrón Rodríguez,

205 DPR 299, 308 (2020); In re Alers Morales, 204 DPR 515,

519 (2020). Acorde con ese mandato, hemos insistido en el

ineludible deber que tienen todos los abogados de cumplir con

prontitud y diligencia con las órdenes de este Tribunal, en

especial cuando se trata de procesos disciplinarios. In re

Molinary   Machado,      2019    TSPR   142   (2019);    In    re   Cintrón

Rodríguez, supra, pág. 308; In re López Cordero, 2018 TSPR 80

(2018). De igual forma, hemos expresado que dicho deber “se

extiende a los requerimientos hechos por la Oficina del

Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y el

Programa   de    Educación      Jurídica   Continua”.     In   re   Cintrón

Rodríguez, supra; In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018);

In re Arocho Cruz, 200 DPR 352, 361 (2018). Cónsono con lo

expuesto, hemos catalogado la desatención de nuestras órdenes

por parte de los abogados como una afrenta a la autoridad de

los tribunales, lo que constituye una violación al Canon 9

del Código de Ética Profesional, supra, y dicha conducta
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podría conllevar que se decrete la separación inmediata e

indefinida de la profesión legal. In re López Pérez, supra,

pág. 126; In re Canales Pacheco, 200 DPR 228, 233 (2018).

                                      III

       De conformidad con los hechos aquí reseñados, se puede

colegir que el licenciado Pola ha desatendido las órdenes

emitidas      por     este    Tribunal,        a      pesar     de   nuestros

apercibimientos sobre las consecuencias que su incumplimiento

podría acarrear.

       El    comportamiento     del     letrado    se    distancia     de   la

conducta de respeto hacia los tribunales que exige el Canon

9 del Código de Ética Profesional, supra, a todos los miembros

de la profesión legal. La desidia y la falta de diligencia

desplegada ante los requerimientos del PEJC y las órdenes de

este    Tribunal     reflejan     una       actitud     de    menosprecio   e

indiferencia a nuestra autoridad. Ante esta realidad, en

virtud de nuestro poder inherente de reglamentar la abogacía,

procede decretar su suspensión inmediata e indefinida de la

práctica de la profesión legal.

                                      IV

       Por   los    fundamentos      antes    expuestos,       decretamos   la

suspensión inmediata e indefinida del licenciado Pola del

ejercicio de la abogacía y de la notaría.

       El señor Pola deberá notificar inmediatamente a todos

sus    clientes       sobre     su      inhabilidad          para    continuar

representándolos. Asimismo, deberá devolver los expedientes

de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos
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por trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar

inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y

administrativo    en   los   que    tenga   algún   asunto   pendiente.

También, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros

a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de

treinta (30) días, contado a partir de la notificación de

esta   Opinión   Per   Curiam   y   Sentencia.      No   hacerlo   podría

conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión

legal, de solicitarlo en el futuro.

       De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal

incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor

Pola y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de

Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e informe.

Además, en virtud de la suspensión inmediata e indefinida del

ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza las funciones

notariales del señor Pola queda automáticamente cancelada.

Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados

durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

       Se dictará sentencia de conformidad.
                        EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

       In re:
                                         TS-7,102
       Frank Pola Jr.                   AB-2023-0177

Opinión disidente emitida por la
Pérez

                                         SENTENCIA

                  En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

                       Por los fundamentos expuestos en la Opinión
                  Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
                  la   presente  Sentencia,   decretamos   la   suspensión
                  inmediata e indefinida del Lcdo. Frank Pola Jr. de la
                  práctica de la abogacía y la notaría.

                       Le ordenamos al señor Pola a notificar a todos y
                  todas sus clientes de su inhabilidad para continuar
                  representándoles y a devolverles tanto los expedientes
                  de los casos pendientes como los honorarios recibidos
                  por trabajos no realizados. Además, deberá informar
                  inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales
                  y administrativos en los que tenga algún asunto
                  pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este
                  Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una
                  lista de los clientes y los foros a quienes les notificó
                  de su suspensión, dentro del término de 30 días contado
                  a partir de la notificación de la presente Opinión Per
                  Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no
                  se le reinstale al ejercicio de la abogacía de
                  solicitarlo en el futuro.

                       De otra parte, se le ordena al Alguacil de este
                  Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello
                  notarial del señor Pola y entregarlos al Director de
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la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para el
correspondiente examen e informe. Además, en virtud de la
suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
notaría, la fianza que garantiza las funciones notariales
del señor Pola queda automáticamente cancelada. Esta fianza
se considerará buena y válida por tres (3) años después de
su terminación, en cuanto a los actos realizados durante el
periodo en que ésta estuvo vigente.

     Notifíquese al señor Pola de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia por medio del correo electrónico registrado en el
Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

     Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.

                            Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                           Secretario del Tribunal Supremo