Court Opinion

ID: 9408097
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:17:01.307037+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.717049
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

El Pueblo de Puerto                            CERTIORARI
Rico                                           procedente del
                                               Tribunal de Primera
       Recurrido                               Instancia, Sala
                            KLCE202300479      Superior de
            vs.                                Mayagüez

Edwin Henríquez                                Crim. Núm.:
Escobar                                        I HO2000G0042

      Peticionario                             Sobre: Art. 99 C.P.
                                               recalificado Tentativa
                                               de Violencia Técnica

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Rivera Colón, Juez Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      Comparece ante nos, el señor Edwin Henríquez Escobar (Sr.

Henríquez Escobar o peticionario), quien presenta recurso de

Certiorari en el que solicita la revocación de la “Resolución” emitida

el 18 de abril de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Mayagüez. Mediante el referido dictamen, el foro

primario determinó que no procedía la eliminación del peticionario

del Registro de Ofensores Sexuales.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

expedimos el auto de Certiorari y confirmamos la “Resolución”

recurrida, por los fundamentos que expondremos a continuación.

                                   I.

      El 18 de mayo de 2001, el Sr. Henríquez Escobar fue

sentenciado por la comisión del delito de tentativa de violación

Número Identificador

SEN2023 ___________
KLCE202300479                                                                 2

técnica.1 Por esta razón, se le impuso una pena de siete años y

medio, con el beneficio de sentencia suspendida.                A su vez, el

peticionario fue inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales.

Conforme la ley vigente en ese momento,2 el Sr. Henríquez Escobar

se mantendría inscrito por un periodo de 10 años, a ser contados

desde que empezara a cumplir su sentencia. El 18 de noviembre

de 2008, el peticionario cumplió su sentencia en libertad a prueba.

       Así las cosas, el 9 de diciembre de 2022, el Sr. Henríquez

Escobar presentó una “Moción Urgente Solicitud de Eliminación de

Datos del Registro de Ofensores Sexuales y Abuso de Menores” y,

en esencia, argumentó que, como la Ley Núm. 28-1997, infra, es

una legislación de naturaleza civil, las enmiendas introducidas por

las leyes Ley Núm. 266-2004, infra, y la Ley Núm. 243-2011 no

podían afectar sus derechos adquiridos al amparo de una

legislación anterior. Así, sostuvo que, por haberse extinguido su

Sentencia el 18 de noviembre de 2008, ya había transcurrido el

término de 10 años dispuesto en la Ley Núm. 28-1997, infra. Por

ende, solicitó que se ordenara la eliminación de sus datos del

Registro de Ofensores Sexuales.

       El Ministerio Público (recurrido) se opuso a esta petición.3

En síntesis, esgrimió que la Ley Núm. 28-1997, infra, fue derogada

por la Ley Núm. 266-2004, infra, modificándose así el momento a

partir del cual debía comenzar a computarse el tiempo de

inscripción. Señaló que, a partir de la aprobación de la Ley Núm.

266-2004, infra, el periodo de inscripción debía contarse desde que

el convicto cumple su sentencia. Por lo que, el peticionario estaba

obligado a estar registrado cuando entró en vigor la Ley Núm. 243-

2011. En vista de lo anterior, indicó que el Sr. Henríquez Escobar

1 Según tipificado en el Art . 99 del derogado Código Penal de 1974. Surge le la
“Resolución” que, al momento de los hechos, la víctima era menor de 14 años de
edad.
2 Véase, Art. 5 de la derogada Ley Núm. 28-1997, infra.
3 Véase, “Moción en Oposición y en Cumplimiento de Orden”; apéndice pág. 7.
KLCE202300479                                                                  3

debía permanecer registrado de por vida, ya que era un Ofensor

Sexual Tipo III.

          Evaluadas las mociones presentadas por ambas partes, el 18

de abril de 2023,4 el Tribunal de Primera Instancia emitió una

“Resolución”, y determinó que no procedía la eliminación del Sr.

Henríquez Escobar del Registro de Ofensores Sexuales. Concluyó

que, de conformidad con la Ley Núm. 28-1997, infra, el

peticionario debía estar inscrito en el Registro hasta el año 2011.

Sin embargo, razonó que, tras la aprobación de la Ley Núm. 266-

2004, infra, dicho término de inscripción vencía el año 2018. En

consecuencia, determinó que, como la enmienda incluida en la Ley

Núm. 243-2011 se produjo cuando Sr. Henríquez Escobar tenía la

obligación       de   registrarse,       le    aplicaban   retroactivamente   las

disposiciones de este estatuto.

          Inconforme, el Sr. Henríquez Escobar recurre ante este foro

apelativo intermedio, y plantea la comisión de los siguientes

errores, a saber:

          a. Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la petición de
             eliminación de datos del Registro de Ofensores
             Sexuales del Sr. Edwin Henríquez Escobar, a pesar
             de esta [sic] haber cumplido con el término de los
             diez años requeridos conforme al estado de derecho
             bajo la Ley 28-1997 y la Ley 266-2004, sin
             enmiendas, vigente al momento de dictarse su
             sentencia y al momento de extinguirla.

          b. Erró el TPI al interpretar que le es de aplicación al
             caso de autos las enmiendas incorporadas a la Ley
             266-2004 con la aprobación de la Ley 243-2011, a
             pesar de haberse extinguido la sentencia del aquí
             Peticionario del antes de su aprobación.

                                              II.

          Mediante la ley federal, Jacob Watterling Crimes Against

Children and Sexually Violent Offender Registration Program, 42

USC secs. 14071 et seq., el Congreso exigió a los estados, y a

Puerto Rico, adoptar legislación para crear un registro público, con

4   Notificada el 19 de abril de 2023.
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el fin de inscribir a las personas convictas por ciertos delitos de

naturaleza sexual y de abuso contra menores de edad.5 Acorde lo

anterior, nuestra Asamblea Legislativa creó el Registro de Personas

Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores,

con la aprobación de la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA sec. 535 et seq.

El precitado estatuto disponía que serían registradas, entre otras

personas, aquellas que hubieren cometido el delito de violación, o

su tentativa, cuando la víctima fuere menor de 18 años. 4 LPRA

sec. 535(a). Las personas convictas por este delito se mantendrían

en el Registro por un período de 10 años desde que: (1) cumpliera

la sentencia de reclusión, o (2) comenzara a cumplir la sentencia

bajo el beneficio de libertad a prueba o desde que fuese liberada

bajo palabra. 4 LPRA sec. 535c. Una vez transcurrido dicho

término, los datos de la persona convicta serían eliminados del

Registro. Íd.

         Varios años después de su aprobación, la Ley Núm. 28-

1997, supra, fue derogada por la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA sec.

536 et seq. Esta última reiteró la necesidad, tanto de las agencias

de orden público, así como de la ciudadanía, de poder conocer e

identificar a las personas convictas por delitos de naturaleza

sexual o maltrato de menores.6            Lo anterior, con el propósito de

promover la seguridad pública y el bienestar común, y de evitar, en

la medida que sea posible, el riesgo, el daño y la reincidencia de

estos delitos.7 Por lo anterior, se mantuvo el Registro de Personas

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, y en lo

concerniente, se dispuso que, “[q]uedar[ían] registradas las

personas que al momento de la aprobación de esta Ley, tenían

la obligación de registrarse bajo la Ley [Núm.] 28-1997”.               4

LPRA sec. 536a. (Énfasis nuestro).            Por otra parte, en cuanto al

5   Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 28-1997, infra.
6   Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266-2004, supra.
7   Íd.
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término por el cual la información de la persona convicta se

mantendría en el Registro, esta decretaba que sería “por un

periodo mínimo de diez (10) años desde que se cumplió la

sentencia impuesta”. 4 LPRA sec. 536c. (Énfasis suplido). A

diferencia de la Ley Núm. 28-1997, supra, este nuevo estatuto no

hacía una distinción, en cuanto al cómputo para el término de

los 10 años de inscripción en el Registro, entre si la persona

convicta     cumplía       su        sentencia        en   una    institución

penitenciaria, o al amparo de algún beneficio de sentencia

suspendida. Por lo que, en todos los casos, el término de 10

años comenzaba a transcurrir desde que se cumplió la

sentencia,     sin   importar         dónde      se    cumplió    (institución

penitenciaria o sentencia suspendida).

      Tiempo    después,        la   Ley   Núm.       266-2004,   supra,   fue

enmendada mediante la Ley Núm. 243-2011, con el objetivo de

atemperar sus disposiciones al estatuto federal, Adam Walsh Child

Protection and Safety Act of 2006, 42 USC sec. 16901 et seq. Entre

las enmiendas realizadas, se eliminó el término de 10 años

originalmente establecido en la Ley Núm. 266-2004, supra, y se

sustituyó por un término específico, según la gravedad de los

delitos.   Además, se restituyó el momento desde cuando se

comenzaría a contar dicho término, según la sentencia impuesta

(institución penitenciaria o sentencia suspendida). En específico,

se dispuso lo siguiente:

      El ofensor sexual deberá mantenerse inscrito en el
      Registro y cumplir con los requisitos establecidos en
      esta Ley durante los siguientes términos:

      (a) Quince (15) años, si el convicto es un Ofensor Sexual
      Tipo I;

      (b) Veinticinco (25) años, si el convicto es un Ofensor
      Sexual Tipo II; y

      (c) De por vida, si el convicto es un Ofensor Sexual
      Tipo III.
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        Los términos aquí dispuestos empezarán a contar
        desde que el ofensor sexual sea excarcelado, por haber
        cumplido la pena de reclusión impuesta y la
        Administración de Corrección notifique su inclusión en
        el Registro. En los casos del disfrute de los
        beneficios de libertad a prueba, libertad bajo
        palabra o participación de un programa de desvío,
        tratamiento o rehabilitación, el término de
        inclusión en el Registro comenzará a contar desde
        que se emite la sentencia, resolución o
        determinación     para     participar    en    dichos
        programas y se notifique su inclusión al Registro.
        4 LPRA sec. 536c. (Énfasis nuestro).

        A su vez, aunque la Ley Núm. 243-2011 enmendó el Art. 3

de la Ley Núm. 266-2004, supra, se sostuvo que “[q]uedar[ían]

registradas las personas que al momento de la aprobación de

esta Ley, tenían la obligación de registrarse bajo la Ley [Núm.]

28-1997”. 4 LPRA sec. 536a. (Énfasis suplido).        Por último, el

propio estatuto reconoce que, salvo los incisos (f) y (g) del Art. 4,

todas las demás enmiendas tendrán efecto retroactivo. 4 LPRA sec.

536n.

                                 III.

        Según se desprende del trámite procesal discutido, el Sr.

Henríquez Escobar fue sentenciado el 18 de mayo de 2001, por la

comisión del delito de tentativa de violación técnica. Se le impuso

una pena de siete años y medio, con el beneficio de sentencia

suspendida.     A su vez, fue inscrito en el Registro de Ofensores

Sexuales, durante la vigencia de la Ley Núm. 28-1997, supra. Por

lo que, de conformidad con las disposiciones del derogado estatuto,

el peticionario se mantendría inscrito en el Registro por un periodo

de 10 años, a ser contados desde que empezara a cumplir su

sentencia. En otras palabras, el Sr. Henríquez Escobar debía estar

inscrito hasta el año 2011.

        Sin embargo, la Ley Núm. 28-1997, supra, fue derogada, y

sustituida por la Ley Núm. 266-2004, supra, la cual incluyó un

cambio significante sobre el término de 10 años de inscripción en

el Registro de Ofensores Sexuales: dicho término ya no se
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computaría desde que el convicto empezó a cumplir su

sentencia, sino a partir de que se cumpliese la misma. Al

momento de la aprobación de la Ley Núm. 266-2004, supra, el

peticionario todavía tenía la obligación de registrarse según la Ley

Núm. 28-1997, supra, pues, como ya indicamos, aún no había

transcurrido el término inicial de 10 años que vencía para el año

2011. En consecuencia, el Sr. Henríquez Escobar quedó registrado

bajo la Ley Núm. 266-2004, supra.

      El 18 de noviembre de 2008, el peticionario cumplió su

sentencia en libertad a prueba. Por lo que, bajo este nuevo estado

de derecho, quedaría registrado hasta el año 2018. Sin embargo,

la Ley Núm. 266-2004, supra, fue enmendada por la Ley Núm.

243-2011, eliminándose el término de 10 años de inscripción en el

Registro de Ofensores Sexuales, y disponiéndose que, cuando el

convicto sea catalogado como un Ofensor Sexual Tipo III, éste

deberá permanecer inscrito de por vida. El Sr. Henríquez Escobar

fue sentenciado por la comisión del delito de tentativa de violación

técnica, por lo que, según el estatuto, es considerado un Ofensor

Sexual Tipo III.

      El Sr. Henríquez Escobar argumenta que no le aplican las

enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011, ya que,

cuando ésta entró en vigor, el peticionario había cumplido su

sentencia. No le asiste la razón.

      Aunque lo cierto es que el peticionario cumplió su sentencia

en libertad a prueba el 18 de noviembre de 2008, éste estaba

obligado a permanecer inscrito hasta el año 2011. Como ya

adelantamos, mientras éste cumplía su sentencia, se aprobó la Ley

Núm. 266-2004, supra. Cuando el estatuto fue aprobado, el Sr.

Henríquez Escobar no había cumplido el término de 10 años de

inscripción que disponía la Ley Núm. 28-1997, supra. Por lo que,
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al amparo de la Ley Núm. 266-2004, supra, debía quedar

registrado hasta el año 2018.

        Mediante la aprobación de la Ley Núm. 243-2011, el

legislador, aunque enmendó ciertos aspectos de la Ley Núm. 266-

2004,    supra,   mantuvo      el   siguiente   lenguaje:    “[q]uedar[ían]

registradas las personas que al momento de la aprobación de

esta Ley, tenían la obligación de registrarse bajo la Ley [Núm.]

28-1997”. (Énfasis suplido). Es por esta razón que el peticionario

alega que no le aplican las enmiendas introducidas por esta ley, ya

que, cuando entró en vigor, éste ya no tenía la obligación de

registrarse bajo la Ley Núm. 28-1997, supra.

        Empero, nuestro Tribunal Supremo ya resolvió que las

enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 aplican

retroactivamente. Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974, 989

(2019). Por consiguiente, como dichas enmiendas poseen

aplicación retroactiva al 2004, en ese entonces, el Sr.

Henríquez      Escobar    tenía     la   obligación     de    permanecer

registrado según los parámetros de la Ley Núm. 28-1997,

supra. Por ende, concluimos que, el hecho de que la sentencia

se   cumplió      antes   de   la   aprobación     de   las    enmiendas

introducidas por la Ley Núm. 243-2011, ello no implica que

éstas no le aplican al peticionario. Precisamente porque, como

dichas enmiendas son de aplicación retroactiva, el término

que debemos considerar para determinar su aplicación no es el

2011, sino el 2004. Para esta fecha, el Sr. Henríquez Escobar

no había cumplido su sentencia, y todavía poseía la obligación

de permanecer inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales.

        El peticionario alega poseer un derecho adquirido sobre la

Ley Núm. 28-1997, supra. Somos del criterio que, “aun cuando la

ley disponga su efecto retroactivo o así surja de la intención

legislativa, ésta no podrá afectar derechos adquiridos por las
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partes en virtud de la legislación anterior”.      Consejo Titulares v.

Williams Hospitality, 168 DPR 101, 108 (2006). En este caso, no

nos encontramos ante una situación consumada (un contrato,

por ejemplo) para propósitos de un derecho adquirido en

vigencia de la ley anterior. Como ha expresado nuestro Máximo

Foro:

        En este sentido, el derecho adquirido no puede ser
        el conjunto de facultades que la ley anterior
        permitía que los ciudadanos ejercitaran, ya que
        esto sería el estado de derecho objetivo que la
        nueva ley intenta cambiar. El derecho adquirido, en
        cambio, es una situación consumada, en la que las
        partes afectadas descansaron en el estado de derecho
        que regía al amparo de la ley anterior. […] Íd., a la pág.
        109. (Énfasis nuestro).

        Por entender que el peticionario no poseía un derecho

adquirido al amparo de la Ley Núm. 28-1997, supra, y que las

leyes Núm. 266-2004, supra, y Núm. 243-2011, fueron aprobadas

con el propósito de cambiar el estado de derecho objetivo,

concluimos que la pretensión del Sr. Henríquez Escobar es

perpetuar el estado de derecho objetivo de la ley anterior, que ya

no vincula.

                                   IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

Certiorari y confirmamos la Orden emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones