Court Opinion

ID: 9890368
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:30.267577+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:35.913889
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

JOSÉ A. CASTILLO                               REVISIÓN
RODRÍGUEZ                                      procedente del
                                               Departamento
Recurrente                                     de Corrección y
                                 KLRA202300471 Rehabilitación
             v.

DEPARTAMENTO DE                                     Caso Núm.:
CORRECCIÓN Y                                        F1-533-22
REHABILITACIÓN
Recurrida

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      Mediante escrito titulado “Certiorari”, comparece ante nos, por

derecho propio e in forma pauperis, José A. Castillo Rodríguez

(Castillo Rodríguez o recurrente), actualmente confinado en la

Institución Correccional Ponce Principal. Solicita que ordenemos al

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) realizar el

cómputo correcto de su hoja de liquidación de sentencia, según

requirió en las solicitudes de remedio administrativo PP-636-23 y

PP-694-23. A esta última, el DCR emitió la siguiente Respuesta al

Miembro de la Población Correccional: “Se le dará seguimiento al área

concernida para que emita la respuesta de la solicitud PP-636-23 y

poder enviarle copia de dicha respuesta.”

      Por las razones que expondremos a continuación, se

desestima el recurso por falta de jurisdicción.

                                  I.

      Según surge del expediente, el 15 de abril de 2023, Castillo

Rodríguez instó una Solicitud de Remedio Administrativo (PP-636-

23) ante la División de Remedios Administrativos del Departamento

de Corrección y Rehabilitación. En esencia, requirió que se

Número Identificador
SEN2023 ______________
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corrigiera el récord de su caso, específicamente la hoja de

liquidación de sentencia. Adujo que su sentencia debió haber

quedado en 49 años con seis (6) meses y de ahí en adelante

descontar las bonificaciones adicionales que ameritara. Al no recibir

respuesta, el 10 de mayo de 2023, Castillo Rodríguez incoó una

nueva Solicitud de Remedio Administrativo (PP-694-23), mediante la

cual solicitó que se atendiera su planteamiento previo.

      El 23 de mayo de 2023, el DCR emitió una Respuesta al

Miembro de la Población Correccional. La Evaluadora, Millieangerly

Ortiz Moreno, expresó lo siguiente:

      Se le dará seguimiento al área concernida para que
      emita la respuesta de la solicitud PP-363-23 y poder
      enviarle copia de dicha respuesta.

      Insatisfecho, el 29 de mayo de 2023, Castillo Rodríguez cursó

una carta dirigida a la señora Ana Escobar, Secretaria del

Departamento de Corrección y Rehabilitación. En esta, hizo un

recuento de su caso y alegó que la División de Remedios

Administrativos, donde se atienden los planteamientos de los

confinados   de    la   cárcel   Ponce   Principal,    no   trabajaba

adecuadamente. Añadió que la oficina de récord penal no cumplía

con sus deberes, referente a lo dispuesto en los reglamentos y leyes

aplicables. Arguyó que la aludida oficina no adjudicaba el tiempo

conferido por razón de estudios y/o trabajos de manera automática,

por lo que los miembros de la población correccional tenían que

solicitar la adjudicación de las bonificaciones devengadas por medio

de solicitudes de remedios administrativos. Particularizó que ello

representaba otro reto para los confinados. Del expediente no surge

contestación de esta misiva.

      Así las cosas, Castillo Rodríguez comparece ante este Foro

mediante el recurso de revisión judicial que nos ocupa. Aduce que

la agencia recurrida cometió los siguientes errores:
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      1) Erró la División de Remedios Administrativos al no
         contestar ni buscar una solución objetiva al
         planteamiento del peticionario mediante solicitud de
         Remedios Administrativos núm. PP-636-23 y PP-
         694-23 (Anejos 6b y 6c).

      2) Erró la oficina de récords penal al computar en la
         hoja de liquidación de sentencia la pena de 99 años
         dictaminada al aquí peticionario a cumplir en años
         naturales bajo Código Penal de 1974.

      3) Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación
         por medio de sus subalternos (técnicos sociopenales
         y oficina de récords penales) cuando violentaron las
         leyes que aplicaban en dicho caso, así como la
         sección uno (1) de la Constitución del Estado Libre
         Asociado de Puerto Rico en la Carta de Derechos al
         obviar la igual protección de la ley.

      4) Erró el DCR por medio de sus subalternos (División
         de Remedios Administrativos) al hacer caso omiso a
         la solicitud hecha a través del recurso de remedios
         administrativos por el peticionario de epígrafe.

      A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo

y eficiente despacho...”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia

de la Oficina del Procurador General, en representación del

Departamento de Corrección y Rehabilitación.

                                 II.

                                 A.

      La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Ley Núm. 201–2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 et.

als., instituye la facultad revisora del Tribunal de Apelaciones. En

asuntos de índole administrativo, dicha Ley nos circunscribe a

examinar órdenes o resoluciones finales. Particularmente, el Art.

4.006 (c), 4 LPRA sec. 24y de la Ley Núm. 201–2003 expone que:

      “[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá
      como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y
      resoluciones finales de organismos o agencias
      administrativas”.
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      Cónsono con lo anterior, la Regla 56 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56, dispone que

nuestra      jurisdicción   revisora    se   limita   a   determinaciones

administrativas de carácter final. También la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley

Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec.

9601 et seq., establece que una parte adversamente afectada por

una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado

todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Sec. 4.2 de la

LPAU, 3 LPRA sec. 9672. Asimismo, dicha sección expone, en lo

pertinente:

      […]

      Una orden o resolución interlocutoria de una agencia,
      incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se
      desarrollen   por    etapas,    no   serán    revisables
      directamente. La disposición interlocutoria de la
      agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en
      el recurso de revisión de la orden o resolución final de
      la agencia.

      La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso
      exclusivo para revisar los méritos de una decisión
      administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o de
      naturaleza informal emitida al amparo de este capítulo.

      Véase, además, Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR

21 (2006).

                                       B.

      La jurisdicción es el poder de un tribunal para considerar y

decidir los casos y controversias que tiene ante sí. Pueblo v. Ríos

Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022). Como es sabido, los tribunales

deben ser guardianes celosos de su jurisdicción. Este asunto debe

ser resuelto con preferencia, toda vez que la falta de jurisdicción no

es susceptible de ser subsanada. El foro judicial carece de discreción

para asumir jurisdicción donde no la hay. Si un tribunal se percata
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que no la tiene, debe así declararlo y desestimar el caso. Véase, El

Pueblo de Puerto Rico v. Héctor M. Torres Medina, 2023 TSPR 50, 211

DPR ____ (2023), resuelto el 21 de abril de 2023; MCS Advantage,

Inc. v. José L. Fossas Blanco y otros, 2023 TSPR 8, 211 DPR ___

(2023), resuelto el 25 de enero de 2023; Ruiz Camilo v. Trafon Group

Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).1

       Cónsono con lo anterior, la Regla 83 (C) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 83 (B) (1) y (C), nos

faculta, por iniciativa propia o a la solicitud de parte, a desestimar

un recurso cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo. Ante

la falta de jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos

para el perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

       En ese mismo orden, un recurso presentado antes del plazo

aplicable (prematuro), al igual que el presentado luego del tiempo

correspondiente      (tardío),   sencillamente       adolece    del   grave    e

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. En ambos casos, su

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico.

Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008); S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. La desestimación de un

recurso por prematuro le permite a la parte que recurre volver a

presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que estaba ante su

consideración. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 107

(2015), citando a Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).

                                      III.

       En síntesis, el recurrente aduce que la agencia recurrida no

ha resuelto ni contestado los planteamientos hechos por este,

1 Véase, además, Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza,

Inc. v. Oficina de Gerencia Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio de Puerto Rico, 2023 TSPR 26, resuelto el 14 de marzo de 2023.
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referentes a las solicitudes de remedio administrativo PP-363-23 y

PP-694-23. Añade que incluso sometió a la consideración de la

Secretaria del DCR una misiva, sin éxito. Esboza que ello demuestra

el agotamiento de todos los remedios administrativos disponibles.

        Analizado el expediente con detenimiento, resulta claro que

carecemos de jurisdicción para ejercer nuestra facultad revisora en

la presente causa. Nótese que, a través del pronunciamiento

recurrido, el cual fue emitido el 23 de mayo de 2023, el DCR no

dilucidó, ni adjudicó derechos, obligaciones o privilegios de clase

alguna. En esencia, la División de Remedios Administrativos del

DCR, por medio de la Evaluadora, informó que se le daría

seguimiento al área concernida para que emitiera la respuesta en la

solicitud PP-636-23 del recurrente, relacionada a alegaciones de su

hoja de liquidación de sentencia. Dicho dictamen no es uno final,

sino interlocutorio.

        Así las cosas, cualquier intervención de nuestra parte en esta

etapa de los procedimientos sería inadecuada. Recordemos que

nuestra función revisora solo procede ante determinaciones

adjudicativas de carácter final. Toda vez que el recurso de referencia

no versa sobre una resolución final del DCR, carecemos de

jurisdicción para intervenir por este haberse presentado de forma

prematura. El recurrente podrá acudir ante este Foro de la

determinación final que emita el DCR, de entenderlo necesario.2

2Cabe  señalar que, de una búsqueda en el Sistema Electrónico de Bibliotecas
Integradas (SEBI), se desprende que el 24 de marzo de 2023, otro panel de este
Tribunal dictó una Sentencia en el recurso José A. Castillo Rodríguez v.
Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA202300007. Allí, el recurrente
impugnó el remedio administrativo F1-322-22, en el cual solicitaba la acreditación
de bonificaciones al mínimo de su sentencia. De la referida Sentencia del recurso
KLRA202300007 surge que, conforme la nueva Hoja de Liquidación de Sentencia
del recurrente, fechada 3 de febrero de 2023, el DCR incluyó el nuevo mínimo de
su sentencia a consecuencia de la revocación de la libertad bajo palabra, término
que se cumplió el 26 de julio de 2021. Se concluyó que el reclamo del recurrente
en dicho recurso se tornó académico, por haber cumplido el mínimo de su
sentencia.
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                                IV.

      Por las consideraciones que anteceden, desestimamos el

recurso por falta de jurisdicción por prematuro. Regla 83 (C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

83(C). Devolvemos el asunto ante la agencia recurrida para la

continuación de los procedimientos. El área concernida del DCR

deberá emitir la respuesta correspondiente a Castillo Rodríguez a la

brevedad posible, de no haberlo hecho a la fecha de este dictamen.

      Además, se ordena al DCR entregar copia de la Sentencia de

epígrafe al recurrente, en cualquier institución correccional donde

este se encuentre.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones