Court Opinion

ID: 9928469
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:17:09.748258+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:33.932846
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL
                              OATA-2023-1311

  LUNA RESIDENTIAL II;                                  CERTIORARI
         LLC                                            procedente del
                                                        Tribunal de Primera
  Demandante-Recurrida                                  Instancia, Sala
                                                        Superior de
               v.                                       San Juan
                                  KLCE202300752
DAVID GARCÍA MEDINA,                                    Caso Núm.
 CARMEN ISABEL ROIG                                     SJ2022CV01621
    FUERTES Y LA                                        (604)
 SOCIEDAD LEGAL DE
 BIENES GANANCIALES                                     SOBRE:
COMPUESTA POR AMBOS
                                                        COBRO DE DINERO
Demandados-Peticionarios                                Y EJECUCIÓN DE
                                                        HIPOTECA POR LA
                                                        VÍA ORDINARIA
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y el Juez Cruz Hiraldo.

Juez Ponente, Cruz Hiraldo

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

       Comparece por la parte peticionaria, Sr. David García Medina,

Sra. Carmen Isabel Roig Fuertes y la sociedad legal de bienes

gananciales compuesta por ambos (en adelante, los demandados),

para solicitarnos que se revise la Resolución emitida el 16 de mayo

de 2023 y notificada el 17 de mayo de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante la cual

declaró No Ha Lugar a la moción de desestimación.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto de certiorari.

                                       I

       El 7 de marzo de 2022, Luna Residential II LLC (en adelante,

“Luna”) instó una Demanda por cobro de dinero y ejecución de

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-131 se designa al Hon. Joel A.

Cruz Hiraldo en sustitución de la Hon. Camille Rivera Pérez.

Número Identificador
RES2023 _____________________
KLCE202300752                                                        2

hipoteca en contra de David García Medina, Carmen Isabel Roig

Fuertes y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por

ambos. Alegaron que, el 30 de julio de 2010, los demandados

constituyeron y emitieron un pagaré hipotecario por la suma de

$801,000.00, cuya deuda no han pagado desde el 1 de julio de 2014.

Como tenedor del pagaré y acreedor hipotecario, Luna solicitó que

se ordenara el pago de la cantidad adeudada, junto a los intereses,

cargos adicionales, costas y honorarios de abogados, o, en la

alternativa, se procediera con la ejecución de la hipoteca.

       Acaecidos varios trámites procesales, el 11 de octubre

de 2022, los demandados presentaron una Moción Solicitando la

Desestimación de la Demanda con Perjuicio al Amparo de la

Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil y por esta ser Cosa Juzgada. En

apretada síntesis, los demandados arguyeron que Luna estaba

impedida de presentar la Demanda por existir una previa

desestimación con perjuicio por inactividad al amparo de la

Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil2 en el caso K CD2015-0198 y,

por tanto, constituir cosa juzgada.

       El 18 de octubre de 2022, Luna presentó su oposición a la

solicitud de desestimación. Indicó que en el caso K CD2015-0198

hubo error en las notificaciones de los procedimientos al haberse

eliminado al demandante del registro de notificaciones y que ello

convirtió en nulas e inoficiosas las órdenes y sentencia dictada, por

lo que no surtió efecto legal alguno. Además, señaló que, en dicho

caso, Luna había comparecido y solicitado los correspondientes

remedios al Tribunal. Por último, le solicitó al foro a quo del caso de

epígrafe que detuviera su determinación hasta que la sala del caso

K CD2015-0198 corrigiera el error procesal en la notificación y

2 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(b).
KLCE202300752                                                        3

actuara conforme a los remedios solicitados, entre ellos el

desistimiento voluntario.

      Pasado varios trámites procesales, el 10 de noviembre

de 2022, notificada el 17 de noviembre de 2022, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Orden en la cual determinó, en lo

pertinente, que, recibido los escritos de las partes, procedería a

resolver cuando estimara oportuno. El 17 de febrero de 2023, Luna

presentó una Moción Informativa en la cual avisó que, en base a la

falta de debida notificación, el Foro de Instancia en el caso

K CD2015-0198 dejó sin efecto la orden de desestimación y acogió

la solicitud de dar por desistido el litigio sin perjuicio, entre otras

cosas.

      Así las cosas, el 16 de mayo de 2023, notificada al día

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

donde declaró No Ha Lugar a la solicitud de desestimación

presentada por los demandados, ahora peticionarios. El foro a quo

razonó que, debido a lo ocurrido en el caso K CD2015-0198, la

Sentencia que dio Ha Lugar al desistimiento voluntario fue sin

perjuicio y no constituye cosa juzgada debido a que se trata de un

primer desistimiento. En adición, la sentencia de desestimación con

perjuicio en el referido caso se dejó sin efecto por el mismo Tribunal

a causa de los defectos en notificación, por lo que se debe dar por

no puesta y no puede producir el efecto de una adjudicación en los

méritos. Por tanto, el foro a quo concluyó que Luna estaba habilitado

para presentar el pleito de epígrafe y no procedía la desestimación.

      El 1 de junio de 2023, los demandados presentaron una

Moción en Solicitud de Reconsideración. El foro a quo declaró No Ha

Lugar a la solicitud de reconsideración mediante Resolución emitida

el 5 de junio de 2023, notificada al día siguiente. Inconforme, el 5

de julio de 2023, los demandados presentaron el auto de certiorari

ante nos con los siguientes señalamientos de error:
KLCE202300752                                           4

    ERR[Ó] [EL] TPI, AL NO ORDENARLE REPLICAR A LA
    PARTE DEMANDANTE, NI DECIDIR (RESOLVER) EL
    ASUNTO SOBRE SU FALTA DE JURISDICCIÓN DESDE
    QUE LOS DEMANDADOS, POR DERECHO PROPIO, LO
    MENCIONARON “QUE LA MISMA DEMANDA HABÍA
    SIDO DESESTIMADA ANTERIORMENTE: CUANDO
    RADICARON OPOSICIÓN A LA ANOTACIÓN DE
    REBELDÍA Y SENTENCIA.

    ERR[Ó] EL TPI AL NO RESOLVER Y DESESTIMAR
    CUANDO      LOS    DEMANDADOS   SOLICITARON
    DESESTIMACIÓN Y EL CASO QUED[Ó] SOMETIDO
    PARA DISPOSICIÓN, CONFORME A DERECHO, DESDE
    EL 15 DE AGOSTO DE 2022.

    ERR[Ó] AL NO RESOLVER LA MOCIÓN SOLICITANDO
    DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 39.2 B DE
    LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL POR COSA JUZGADA
    PRESENTADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2022.

    ERR[Ó] AL PERMITIR LITIGACIÓN ATROPELLADA DE
    UNA DEMANDA QUE[,] DE SU FAZ, ADOLECEN DE
    ALEGACIONES BÁSICAS Y NO CUMPLEN CON LAS
    REGLAS. NO SURGE FECHA DE INCUMPLIMIENTO. LAS
    MENCIONES DE DOCUMENTOS QUE DATAN DE
    FECHAS REMOTAS Y FALTA FECHAS IMPORTANTES,
    ANUNCIAN PRESCRIPCIÓN. La [sic] demanda [sic] NO
    CONTIENE RENUNCIA A INTERESES COBRADOS EN
    EXCESO (USURA [sic].

    ERR[Ó] AL PERMITIR QUE DURANTE LA MOCIÓN
    SOLICITANDO ANOTACIÓN DE REBELDÍA, SE
    INTENTARA “ENMENDAR” ALEGACIONES EN LA
    DEMANDA, QUE AL VERLAS CONSIGNADAS EN LA
    DECLARACIÓN JURADA DE UN ABOGADO DE LUNA,
    TEN[Í]A QUE PROHIBIRLAS Y ORDENAR EMPLAZAR
    NUEVAMENTE.

    ERR[Ó] AL PERMITIR ASUNTOS LITIGIOSOS CIVILES,
    MOCIONES PRECIPITANDO RESOLUCIÓN DEL CASO,
    EN REBELDÍA; AL NO CONSIGNAR EN MINUTA, LOS
    EXHIBITS, LAS DETERMINACIONES SOBRE LO
    DECLARADO POR EL EMPLAZADOR Y LAS
    ARGUMENTACIONES DURANTE LA VISTA CELEBRADA
    EL 30 DE AGOSTO, IMPUGNANDO EL PROCEDIMIENTO
    CONDUCENTE AL EMPLAZAMIENTO POR EDICTO.

    ERR[Ó] AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA AL
    TRANSCURRIR LOS 120 DÍAS SIN EMPLAZAR A LOS
    DEMANDADOS.

    ERR[Ó] AL PERMITIR LA LITIGACIÓN DE ASUNTOS
    LITIGIOSOS SOBRE MEDIACIÓN COMPULSORIA SIN
    COMENZAR CON LOS PROCESOS DE OTRAS REGLAS Y
    ESTANDO SOMETIDA LA DESESTIMACIÓN.

    ERR[Ó] IGUAL AL PERMITIR LITIGAR, [sic] EL ASUNTO
    SOBRE “LA REPRESENTACIÓN H[Í]BRIDA” QUE ES UNA
    RECUSACIÓN/DESCALIFICACIÓN          CAPRICHOSA,
    ESTRATÉGICA DE UNA PARTE, VEDADO EN LA
    DOCTRINA SOBRE RECUSACIÓN. ADEMÁS, DE LOS
    AUTOS NO SURGE UN ÁPICE DE NINGUNO DE LOS
    CRITERIOS PARA ELLO. SIENDO ELLO[,] ADEMÁS,
KLCE202300752                                                               5

    CONTRARIO AL PROPÓSITO DE BRINDAR ACCESO A LA
    JUSTICIA (QUE PERMEA LA REGLAMENTACIÓN Y
    PROGRAMAS DE LA RAMA JUDICIAL (QUE PROMUEVE
    LA     REPRESENTACIÓN     PRO     SE.     [sic]
    DE LOS AUTOS NO SE DABAN ELEMENTOS, NI LOS
    ESCENARIOS    PARA   TAN   SIQUIERA   PENSAR
    COMENZAR EL PROCESO DE RECUSAR A UN
    ABOGADO, PARTE DEMANDADA, NI PROHIBIRLE A
    DOS LITIGANTES DEFENDERSE PRO SE.

    ERR[Ó] AL PERMITIR TODO LO ANTERIOR PARA
    DILATAR Y NO SANCIONAR LA TEMERIDAD AL NO
    ACEPTAR, LA NATURALEZA DE COSA JUZGADA AL
    MOMENTO DE RADICAR, A TRAVÉS DE LU[N]A, UN
    TERCERO, LUEGO DE LA DESESTIMACIÓN POR
    ABANDONO OCURRIDA EN EL CASO 2015.

    ERR[Ó] AL NO RESOLVER SOBRE SU JURISDICCIÓN
    SOBRE LAS PARTES Y LA CAUSA DE ACCIÓN CUANDO
    LA NORMA REQUIERE QUE EL TRIBUNAL EXAMINE
    DETENIDAMENTE LA DEMANDA TAL Y COMO
    REDACTADA, LAS PARTES, LA CALIDAD EN QUE LO
    SON. AL MOMENTO DE LA RADICACIÓN LA
    SECRETARIA DE RADICACIÓN NOTIFIC[Ó] ERROR AL
    IDENTIFICAR A LOS PARTICIPANTES. La doctrina
    establece que el TPI tiene la obligación sobre su jurisdicción y
    las ALEGACIONES SOBRE TITULARIDAD, CAPACIDAD,
    REQUISITOS BÁSICOS PARA CONCEDER UN REMEDIO.

    Erró el Honorable Tribunal al no resolver la Moción de
    Desestimación oportunamente y permitido un extravío de la
    justicia de tal magnitud luego del paso de tanto tiempo.

    ERR[Ó] M[Á]S A[Ú]N, al no haber tratado el caso, la Demanda,
    como un caso en donde han ocurrido cierres de Bancos, fusiones,
    venta de activos, compras de activos, cesiones de intereses,
    cesiones de crédito. Los autos del caso revelan Moción tras otra, sin
    sentido ni coherencia jurídica para una acción de cobro y ejecución
    de hipoteca.

    ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
    INSTANCIA POR HABER VALIDADO LOS PROCESOS
    AQUELLOS “COMO SI EN NUESTRO ORDENAMIENTO
    SE PERMITIERA ALGO ASÍ COMO “FULL FAITH AND
    CREDIT” ENTRE SALAS HERMANAS, COMO SI NUNCA
    HUBIERE EXISTIDO UNA SENTENCIA FINAL EN PLENO
    EFECTO Y VIGOR. SE TENIA [sic] QUE PERCATAR QUE
    NO PROCEDÍA EL RELEVO AL HABER TRANSCURRIDO
    MAS DE 6 MESES (REGLA 49.2) Y NO HABER RADICADO
    UN PLEITO APARTE SOBRE NULIDAD COMO DISPONE
    LA DOCTRINA.

    ERR[Ó] EL TPI AL CONCEDERLE STANDING A
    SANTANDER FINANCIAL QUE NUNCA HA SIDO PARTE
    CON STANDING EN ESTE CASO Y MENOS PERMITIR
    “EXTRAPOLARA” [sic] UNA LITIGACIÓN Y SU
    RESULTADO AL PRESENTE CASO.

    ERRÓ EL T[P]I AL NO EXIGIR Y A LA VEZ VALIDAR LA
    MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL, SOBRE
    NULIDAD DE SENTENCIA DICTADA Y EN SOLICITUD DE
    SENTENCIA     DE   DESISTIMIENTO     VOLUNTARIO
    SOMETIDA POR SANTANDER FINANCIAL             SIN
KLCE202300752                                                                 6

       RECONOCER QUE EL TRIBUNAL CARECÍA DE
       JURISDICCIÓN POR EXISTIR UNA SENTENCIA FINAL Y
       FIRME DICTADA EN EXCESO DE SEIS MESES Y POR SER
       COSA JUZGADA[.]

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DARLE
       PESO A UNA “MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD DE
       REMEDIOS” SOMETIDA POR LUNA RESIDENTIAL, ANTE
       OTRA SALA (504) A PESAR DE QUE EL TRIBUNAL
       CARECÍA DE JURISDICCIÓN POR EXISTIR UNA
       SENTENCIA FINAL Y FIRME DICTADA EN EXCESO DE
       SEIS MESES Y POR SER COSA JUZGADA Y ESTAR EN
       PLENO EFECTO Y VIGOR.

       ERRÓ EL TPI AL VALIDAR UNA SENTENCIA DE
       DESISTIMIENTO SIN PERJUICIO, A PESAR DE QUE
       CARECÍA DE JURISDICCIÓN POR EXISTIR UNA
       SENTENCIA FINAL Y FIRME DICTADA EN EXCESO DE LOS
       SEIS MESES Y POR SER COSA JUZGADA. ADEMÁS, DICHA
       SENTENCIA ES CONTRARIA A DERECHO.

       ERRÓ EL TPI AL VALIDAR UNA RESOLUCIÓN DE OTRO
       CASO QUE ORDENA [sic] SE ELIMINE DEL REGISTRO DE
       NOTIFICACIONES A FIRSTBANK, QUE SE INCLUYA A
       SANTANDER FINANCIAL Y A LUNA RESIDENTIAL Y SE
       ADMITA AL LCDO. RIVERA MEDINA COMO ABOGADO DE
       SANTANDER FINANCIAL EN OTRO CASO COMO SI
       TUVIERA    DICHA    AUTORIDAD     EXCEDIÉNDOSE
       CUANDO NO TEN[Í]A NADA QUE VER Y NO HABÍA
       REVISADO EL EXPEDIENTE, NI EL TRACTO DE LAS
       NOTIFICACIONES A LAS PARTES Y ABOGADOS.

       ERRÓ EL TPI [sic] VALIDAR EN SU SENTENCIA “QUE NO
       SE HABÍA NOTIFICADO A LAS PARTES DE AQUEL CASO,
       CUANDO NI LUNA RESIDENTIAL NI SANTANDER
       FINANCIAL ERAN PARTES EN EL CASO Y CARECÍAN DE
       LEGITIMACIÓN ACTIVA (STANDING).3
       Habiendo comparecido las partes y presentado sus escritos,

damos por perfeccionado el recurso ante nos y procedemos a

exponer el derecho aplicable.

                                       II

A. Certiorari

       El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.4 La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil5 establece los preceptos que regulan la

3 Los señalamientos de error fueron transcritos tal como se presentaron en el
recurso, salvo pequeñas correcciones bajo corchetes “[]”.
4 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300752                                                               7

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.6 En lo

pertinente, la Regla 52.17 dispone lo siguiente:

               El recurso de certiorari para revisar resoluciones
        u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia, solamente será expedido por el
        Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
        resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
        denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
        obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
        el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
        resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
        sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
        esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
        anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
        familia, en casos que revistan interés público o en
        cualquier otra situación en la cual esperar a la
        apelación constituiría un fracaso irremediable de la
        justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
        certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
        tiene que fundamentar su decisión.

              Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
        expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
        revisada en el recurso de apelación que se interponga
        contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
        sobre los errores no perjudiciales.8

        La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión

justiciera.9 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto

de certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.10

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones11 orienta la función del tribunal intermedio para ejercer

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que

6 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1
8 Id.
9 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
10 Id.
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300752                                                              8

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de

certiorari.12 La referida regla dispone lo siguiente:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.13 Es por ello que los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.14 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos:

(1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

12 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
13 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
14 Id.
KLCE202300752                                                                       9

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.15

                                         III

       En el recurso ante nuestra consideración, los peticionarios

presentaron veinte (20) señalamientos de error. Luego de un estudio

concienzudo, resultó claro que gran parte de los señalamientos son

sobre cuestiones no contempladas en la Resolución de la cual se

recurre. Varios de los errores señalados versan sobre asuntos del

caso K CD2015-0198, cuyas cuestiones ya han sido adjudicados

mediante Sentencia final y firme de este Tribunal de Apelaciones en

el caso KLAN202300275.16 En adición a lo anterior, se cuestiona

procesos ya adjudicados en el caso de epígrafe y se ataca al manejo

del caso por el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, los

peticionarios no presentaron el remedio adecuado de manera

oportuna, por lo que no corresponde atenderlos en el presente

recurso.

       Los remanentes señalamientos de error que sí están

contemplados en la Resolución recurrida simplemente no activan

ninguno de los criterios esbozados en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones17. En adición, no se demostró que el foro a

quo haya actuado con prejuicio o parcialidad, haya abusado de su

discreción o cometido algún error en su interpretación o aplicación

del derecho sustantivo aplicable. En ausencia de algún criterio o

elemento que amerite la intervención de este foro intermedio, no

procede ejercer nuestra función revisora y, en su consecuencia,

tampoco la expedición discrecional del presente auto de certiorari.

15 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al. v. Hosp.

Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR
140, 155 (2000).
16 Hacemos constar que la Sentencia en el recurso KLAN202300275 fue dictada

posterior a la presentación del presente recurso. De igual modo, no es objeto de
la Resolución recurrida.
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300752                                                     10

                                 IV

       Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, se deniega la expedición del auto de

certiorari.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

       La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones