Court Opinion

ID: 9928617
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:30:04.213054+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:24.630897
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

   ÁNGEL CRUZ CABRERA                         Revisión
                                              procedente del
            Recurrente                        Departamento de
                                KLRA202300604 Corrección y
                v.                            Rehabilitación

     DEPARTAMENTO DE                              Caso núm.:
       CORRECCIÓN Y                               PP-866-23
      REHABILITACIÓN

            Recurrido

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el
Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

      El recurso de referencia, presentado por derecho propio por

un integrante de la población correccional, infringe de forma

sustancial con los requisitos de nuestro Reglamento, cuyo

cumplimiento era necesario para su consideración.       Véase, por

ejemplo, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55 y 59. Por tal razón, se desestima

el mismo.

      Mediante el recurso de referencia, suscrito el 15 de noviembre

de 2023, el Sr. Ángel Cruz Cabrera (el “Recurrente”) solicita la

intervención de este Tribunal a raíz de su inconformidad con su

“Hoja sobre Control de Liquidación de Sentencia”. Expuso que el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) le había

notificado que, por el Recurrente haberse fugado, “el tiempo de

evasión no se incluye en el tiempo de confinamiento”; es decir, “el

tiempo de confinamiento es el tiempo ingresado en el penal”. Según

asevera el Recurrente, Corrección le notificó que su “mínimo” se

cumplirá en enero de 2028, pues el Recurrente se fugó el 28 de junio

de 2011 y no reingresó hasta el 12 de noviembre de 2020.

Número Identificador
SEN2023________________
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      El Recurrente arguye que “no se desprende del expediente …

denuncia, acusación, sentencia, informe y/o querella administrativa

alguna que evidencie que se haya realizado algún procedimiento

criminal” relacionado con alguna evasión. Además, el Recurrente

alude a la Ley 85-2022 y plantea que estuvo recluido desde el 1995

hasta junio de 2011.

      La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay.

Íd. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873,

882 (2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado.

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

      La Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24, et seq. (“Ley 201”),

establece que el Tribunal de Apelaciones será un tribunal intermedio

y estará a cargo de revisar, “como cuestión de derecho, las

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y de

forma discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el

Tribunal de Primera Instancia”. Art. 4.002 de la Ley 201, 4 LPRA

sec. 24(u).

      En cuanto a la competencia del Tribunal de Apelaciones, el

Art. 4.006 de la Ley 201 (4 LPRA sec. 24y) dispone lo siguiente:

      El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes
      asuntos:

      (a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia
      final dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

      (b) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción,
      de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal
      de Primera Instancia.
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      (c) Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá
      como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y
      resoluciones finales de organismos o agencias
      administrativas. En estos casos, la mera presentación
      del recurso no paralizará el trámite en el organismo o
      agencia administrativa ni será obligatoria la
      comparecencia del Estado Libre Asociado ante el foro
      apelativo a menos que así lo determine el tribunal. El
      procedimiento a seguir será de acuerdo con lo
      establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de
      1988, según enmendada, conocida como la "Ley de
      Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado
      Libre Asociado de Puerto Rico".

      (d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá
      expedir autos de hábeas corpus y de mandamus.
      Asimismo, cada uno de los jueces de dicho Tribunal
      podrá conocer en primera instancia de los recursos de
      hábeas corpus y mandamus, pero su resolución en tales
      casos estará sujeta a revisión por el Tribunal de
      Apelaciones, en cuyo caso, siempre que ello fuera
      solicitado por parte interesada dentro de los diez (10)
      días después que le fuera notificada, el Juez Presidente
      del Tribunal Supremo nombrará un panel especial no
      menor de tres (3) jueces ni mayor de cinco (5) jueces que
      revisará la resolución del Juez en cualesquiera de tales
      casos y dictará la sentencia que a su juicio proceda.

      (e) Cualquier otro asunto determinado por ley especial.

      Nuestra jurisdicción para atender un recurso de revisión

judicial se limita, como norma general, a la revisión de una “orden

o resolución final de una agencia”, luego de que se hayan “agotado

todos los remedios provistos por la agencia”. 3 LPRA sec. 9672.

Asimismo, la Ley de la Judicatura (Ley 201), dispone en su Artículo

4.006 (c) que este Tribunal revisará mediante el recurso de revisión

judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos

o agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y.          Esta orden o

resolución   final   debe   “incluir   y   exponer   separadamente

determinaciones de hecho … [y] conclusiones de derecho …”.         3

LPRA sec. 9654; Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21

(2006); véase, además, Bennett v. Spear, 520 US 154 (1997).

      Así pues, la disposición final de la decisión de la agencia es

requisito básico y jurisdiccional para que este foro pueda ejercer su

función revisora.    Para que una orden o resolución se considere

final, la misma debe ser emitida por la última autoridad decisoria de
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la agencia administrativa y debe poner fin a la controversia ante el

organismo, sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Const. Corp. v.

A.E.E., 152 DPR 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et

al., 144 DPR 483 (1997).

      El escrito presentado por el Recurrente incumple de forma

sustancial con los requisitos de la Regla 34 de nuestro Reglamento,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34, cuyo cumplimiento es necesario para su

perfeccionamiento. La parte que acude ante este Tribunal tiene la

obligación de colocarnos en posición de poder determinar si tenemos

jurisdicción para entender en el asunto y para revisar la

determinación de la cual se recurre. Morán v. Martí, 165 DPR 356,

366-367 (2005); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-1

(2013).    Para ello, se requiere un señalamiento de los errores

alegadamente cometidos por el ente recurrido y una discusión

fundamentada de éstos, haciendo referencia a los hechos y al

derecho que sustentan los planteamientos de la parte. Íd. De lo

contrario, el recurso no se habrá perfeccionado y no tendremos

autoridad para atenderlo. Íd.

      El “hecho de que las partes comparezcan por derecho propio,

por   sí   solo,   no   justifica   que   incumplan   con   las   reglas

procesales”. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Por lo

tanto, el Recurrente venía obligado al fiel cumplimiento del trámite

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables al recurso instado

ante nosotros. Soto Pino, supra. El hecho de que el Recurrente esté

confinado no le concede un privilegio sobre otros litigantes en

cuanto al trámite del recurso.

      En este caso, el Recurrente incumplió con su obligación de

acreditar que este Tribunal tenga jurisdicción para entender sobre

el recurso.    No demostró que Corrección hubiese emitido una

decisión revisable por nosotros, sobre el asunto que plantea, ni que

se haya presentado el recurso de forma oportuna, de existir tal
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decisión. Así pues, no se nos colocó en posición de acreditar nuestra

jurisdicción.    Adviértase    que    el   término   jurisdiccional   para

presentar un recurso de revisión ante este Tribunal es de 30 días.

Véase Regla 57 del Reglamento de este Tribunal. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R.57.

      Más aún, el recurso presentado no identifica con precisión la

solicitud formulada; tampoco se exponen adecuadamente los

hechos o el derecho que podrían apoyar dicha solicitud. Tampoco

se acompañó anejo alguno. Así pues, se incumplió con el requisito

de incluir una relación fiel y concisa de los hechos procesales y

materiales del caso y una referencia adecuada al derecho que podría

sustentar el planteamiento del Recurrente.

      Por las razones que anteceden, se desestima el recurso de

referencia       por   craso         incumplimiento      con     nuestro

Reglamento. Véase, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 83.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones