Court Opinion

ID: 9890349
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:17:52.856435+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:24.918921
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL XI

                                                    Certiorari procedente
   D C VERRENGIA T/C/C                              del Tribunal de Primera
       D C STERLIN                                  Instancia, Sala
                                                    Superior de Bayamón
DEMANDANTE RECURRIDA
                                                    Civil Núm.:
                V.                                  BY2022RF00483

      JUSTIN ANTHONY                                Sala: 4003
                                 KLCE202301000
        VERRENGIA

        DEMANDADO                                   Sobre:
        PETICIONARIO
                                                  CUSTODIA,
                                                  ALIMENTOS
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

       Justin Anthony Verrengia (en adelante señor Verrengia o

peticionario) presentó un recurso de Certiorari en el que solicita que

revoquemos dos determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante TPI). En la Resolución

emitida el 18 de julio de 2023 el foro de instancia amplió las relaciones

paternofiliales, más no concedió su solicitud de custodia compartida en esta

etapa del procedimiento. En la Resolución emitida el 9 de agosto de 2023,

declaró sin lugar su solicitud de reconsideración y reiteró que esperará al

informe social para emitir una determinación final sobre custodia.

       Luego de examinar detenidamente el expediente electrónico de este

caso, acordamos expedir el auto solicitado y confirmar las determinaciones

recurridas bajo los fundamentos y consideraciones siguientes.

                                     I

       Durante su matrimonio el señor Verrengia y D C Verrengia t/c/c D C

Sterlin (en adelante señora Sterlin) procrearon una niña que actualmente

tiene 9 años. El 12 de diciembre de 2019 se divorciaron por consentimiento

mutuo en sede notarial y como parte de las estipulaciones de su divorcio

Número Identificador
SEN2023 ________
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acordaron mantener custodia compartida de la menor y hacerse cargo de

manera equitativa de sus necesidades alimentarias.

       El 23 de marzo de 2022, la señora Sterlin presentó una Demanda

contra el señor Verrengia en la cual solicitó se le concediera la custodia de

la menor, se impusiera una pensión alimentaria al peticionario y se

estableciera   un    plan   de   relaciones    paternofiliales,   entre   otras

reclamaciones. Según alegó, después del divorcio todos vivieron bajo el

mismo techo hasta el 15 de marzo de 2022 cuando la Sala Municipal del

TPI dictó una Orden de Protección Ex Parte en contra del peticionario en la

cual le adjudicó la custodia provisional de la menor hasta que una Sala

Superior del tribunal dispusiera algo distinto. Alegó además que siempre

ha sido la cuidadora principal de la menor y que desde la Pandemia del

COVID-19 le ofrece homeschooling.

       El señor Verrengia fue emplazado y citado para la vista de pensión

alimentaria. En el interín, la señora Sterlin solicitó autorización para

trasladarse con la menor fuera de la jurisdicción de Puerto Rico mas el foro

de instancia denegó su petición y prohibió que la menor fuese sacada del

país sin la autorización del señor Verrengia o del tribunal. El peticionario no

compareció en el tiempo correspondiente por lo que el tribunal le anotó la

rebeldía. Tras comparecer representado por abogado el tribunal levantó la

anotación y le concedió un término para contestar la demanda.

       El señor Verrengia presentó su Contestación a Demanda y

Reconvención. En su contestación alegó que conceder la custodia

monoparental a la señora Sterlin no representa el mejor interés de la menor

y en su reconvención solicitó custodia compartida en semanas alternas.

Con posterioridad, solicitó que se ordenaran relaciones paternofiliales

provisionalmente pues desde la expedición de la Orden de Protección Ex

Parte no se compartía con la menor.

       El 24 de mayo de 2022 el tribunal ordenó a la Unidad de Trabajo

Social realizar un estudio sobre custodia monoparental, custodia

compartida y relaciones filiales. A su vez ordenó a la trabajadora social a
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ofrecer recomendaciones provisionales en 15 días y someter su plan de

trabajo. El 7 de junio de 2022 el Informe Social fue asignado a la señora

Jessica Santiago Torres, Trabajadora Social a quien el tribunal le concedió

hasta el 6 de octubre de 2022 para presentarlo. 1

        Durante el trámite del presente litigio el peticionario solicitó al tribunal

que autorizara relaciones abuelo filiales entre la menor y su abuela paterna,

a su vez solicitó que se le permitiera relacionarse con la menor. La recurrida

se opuso a la solicitud de relaciones abuelo filiales, por no haber sido

solicitadas por la abuela paterna directamente. En cuanto a las relaciones

paternofiliales expresó su anuencia siempre y cuando fueran bajo

supervisión. El 16 de septiembre del 2022 el TPI denegó la solicitud de

relaciones abuelo filiales bajo el fundamento que debían ser solicitadas en

un pleito aparte, mas concedió las relaciones paternofiliales de forma

supervisada por Family Hope.

        El 29 de noviembre de 2022 la Trabajadora Social solicitó al tribunal

una nueva prórroga ya que, por sus vacaciones regulares, y por las citas

con la recurrida que no pudieron concretarse, no había concluido el Informe

Social. De otro lado, el peticionario solicitó al tribunal que instruyera a la

Unidad Social a incluir en el informe un análisis de enajenación parental

por parte de la recurrida. El TPI ordenó que se incluyera en el estudio el

análisis sobre enajenación parental y autorizó la prórroga para el 31 de

enero de 2023. 2

        El 14 de diciembre de 2022 el señor Verrengia solicitó al tribunal una

vista de emergencia para ordenar relaciones paternofiliales durante el

periodo navideño ya que había tratado de coordinarlas a través del

Programa Hope, pero aún no habían podido concretarse. 3 Con

posterioridad, informó que había sido absuelto mediante Sentencia de un

cargo criminal por infracción al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54 por lo que reiteró

1 El TPI concedió una prórroga a la Trabajadora Social hasta el 9 de diciembre de 2022

para rendir el Informe Final, según solicitado.
2 Orden del 14 de diciembre de 2022.
3 Sometida el 14 de diciembre de 2022.
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su solicitud. 4 La señora Sterlin expresó nuevamente su anuencia a las

relaciones paternofiliales supervisadas. El TPI se dio por enterado de los

asuntos traídos ante su consideración, sin embargo, se reservó la

determinación sobre las relaciones paternofiliales hasta que la Trabajadora

Social emitiera su recomendación. 5 Debido al periodo de vacaciones

regulares de la Trabajadora Social y otras ausencias por motivos de salud,

la recomendación requerida no se emitió previo al periodo navideño.

       El 30 de enero de 2023 el señor Verrengia sometió una moción

urgente informando al tribunal que la Sala Municipal había denegado la

Orden de Protección al amparo de la Ley Núm. 54 solicitada en su contra

por la señora Sterlin por lo que solicitó que se restauraran las relaciones

paternofiliales que habían quedado suspendidas en virtud de la orden ex

parte.6 La Trabajadora Social recomendó que las relaciones paternofiliales

se realizaran a través del Proyecto Encuentro todos los miércoles y

sábados de 9:00AM – 5:00PM. A tales efectos, el 15 de febrero de 2023 el

TPI ordenó las relaciones paternofiliales según recomendadas y concedió

una prórroga hasta el 31 de marzo de 2023, según solicitada por la

Trabajadora Social, para la entrega del Informe Final.

       El 3 de abril de 2023 la señora Sterlin solicitó se le autorizara

relocalizarse con la menor en Florida toda vez que había obtenido becas

para continuar estudios universitarios en dicho estado. El TPI refirió el

asunto a la Trabajadora Social para que incluyera en su informe un análisis

sobre relocalización de la menor. El señor Verrengia se opuso a la

relocalización solicitada por lo que el foro de instancia resolvió que hasta

tanto no se culmine el informe final y se presente el Informe Interestatal

correspondiente no dispondría sobre la relocalización. La recurrida contrató

a la Trabajadora Social Carmen R. Bruselas para realizar el referido estudio

interestatal a quien el tribunal autorizó el 7 de junio de 2023.

4 Sometida el 27 de diciembre de 2023. La Sentencia absolutoria es del 19 de enero de

2022.
5 Orden del 9 de enero de 2023.
6 La Resolución denegando la Orden de Protección fue emitida el 25 de enero de 2023.
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        El 13, 15 y 16 de junio de 2023 el señor Verrengia solicitó que se

dictara una orden urgente autorizando que la menor pernoctara en su hogar

del 16 al 18 de junio por ocasión del fin de semana de padres. No fue hasta

el 23 de junio de 2023 que el tribunal atendió sus mociones concediéndole

un término para que comunicara si había compartido con la menor el día

de los padres.7 El peticionario informó que no había compartido con ésta,

lo que, a su juicio, era otro ejemplo de enajenación parental. Solicitó como

remedio provisional que se restableciera la custodia compartida mientras

se dilucidaba la presente causa de acción considerando que debido a la

solicitud de traslado de la señora Sterlin y al estudio interagencial

requerido, la finalización del Informe Social se había retrasado

nuevamente. El TPI solicitó a la Trabajadora Social expresar su posición

en cuanto al remedio provisional solicitado.

        El 17 de julio de 2023 la Trabajadora Social sometió el informe

solicitado para el cual, según indicó, discutió el asunto con: la Sra. Wanda

Robles, Trabajadora Social de Proyecto Encuentro, la Sra. Sabrina Santos,

Trabajadora Social contratada por el Departamento de la Familia que fue

asignada para investigar un referido realizado al padre en el 2022. También

entrevistó a ambos padres y a la menor de forma presencial e individual en

su oficina. En resumidas cuentas, recomendó ampliar las relaciones

paternofiliales de manera provisional a fines de semanas alternos

comenzado jueves a las 3:00PM hasta sábado a las 3:00PM, usando como

lugar de entrega el Proyecto Encuentro. También recomendó comunicación

virtual de parte del padre con la menor todos los domingos y martes de

7:00PM a 8:00PM. En vista de que los padres no se comunican sugirió que

se comuniquen los asuntos relacionados a la patria potestad y las

relaciones paternofiliales a través de un intermediario o coordinador de

parentalidad.

7 Previamente, la Trabajadora Social había notificado al tribunal que estaría de vacaciones

del 26 de junio al 17 de julio y que una vez recibiera el informe interagencial de la señora
Bruselas notificaría la fecha en que presentará el informe final sobre custodia y traslado.
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       El 18 de julio de 2023 el TPI emitió la primera Resolución recurrida

acogiendo las recomendaciones de la Trabajadora Social. En ésta ordenó

que a partir del 3 de agosto de 2023 y sujeto a que las partes contraten un

coordinador de coparentalidad, se ampliaran las relaciones paternofiliales

a fines de semanas alternos comenzado jueves a las 3:00PM hasta sábado

a las 3:00PM, usando como lugar de entrega el Proyecto Encuentro y

autorizó la comunicación virtual con el padre todos los domingos y martes

de 7:00PM a 8:00PM. Ordenó, a su vez, que se matriculara a la menor en

una escuela lo antes posible.

       En desacuerdo, el señor Verrengia presentó una Moción Urgente de

Reconsideración. En esta se opuso al plan de ampliación de relaciones

paternofiliales pues a su juicio, no ampliaba sino reducía el tiempo de

compartir con su hija. Según indicó, bajo el plan anterior, podía compartir

con la menor todos los miércoles y sábado de 9:00AM a 5:00PM, por lo que

el espacio sin ver a su hija se reducía a 3 días hasta el próximo día. Sin

embargo, bajo el nuevo plan de relaciones paternofiliales en fines de

semana alternos, tendría que esperar 11 días para poder estar con su hija.

En vista de ello solicitó que en los fines de semanas que la menor no estaría

con él, se mantengan las relaciones anteriores de recoger a la menor los

miércoles y sábados de 9:00AM a 5:00pm.

       La señora Sterlin se opuso a la reconsideración por cuanto la

determinación emitida estuvo basada en las recomendaciones de la

Trabajadora Social. También argumentó que lo solicitado por el peticionario

interferiría con la orden de matricular a la menor en una escuela, pues las

horas en la semana que propone relacionarse con la menor es horario

escolar y conlleva además una coordinación entre ellos a pesar de que no

se hablan. El 10 de agosto el TPI emitió la segunda Resolución recurrida

declarando sin lugar la solicitud de reconsideración e indicando que

esperará hasta el informe final.
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       En desacuerdo con ambas determinaciones el señor Verrengia

solicitó la expedición del auto de Certiorari que nos ocupa pues según alegó

el tribunal a quo incidió en lo siguiente:

       Erró el Honorable TPI al determinar que esperará al Informe
       Social para resolver el asunto sobre la custodia compartida,
       cuando no hay razón en derecho que impida reestablecer el
       derecho que le asiste.

                                       II

                                       A.

       El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un tribunal

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. En

esencia, se trata de un recurso extraordinario mediante el cual se solicita

al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el

tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. American International

Insurance, 205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare,

LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); véase, además, Art. 670 del Código

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición del

auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Íd.; IG

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

       La Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes

interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León Corp. v. American

International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla

dispone lo siguiente:

       [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público
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         o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
         constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
         la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el
         Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
         decisión. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

         Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos jurisdicción

sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y la adjudicación en

sus méritos es un asunto discrecional. No obstante, tal discreción no opera

en el abstracto. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96

(2008). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece

los criterios que este foro tomará en consideración para ejercer

prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a

saber:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
            diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
         B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
            para analizar el problema.
         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
            manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
            de Primera Instancia.
         D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
            a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
            elevados, o de alegatos más elaborados.
         E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
            es la más propicia para su consideración.
         F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
            dilación indeseable en la solución final del litigio.
         G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

         De   otra   parte,   este   Tribunal   solo   intervendrá   con   las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando

se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689,

709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                       B

         Es indiscutible que la relación entre padres e hijos está protegida

bajo el palio del derecho fundamental a la intimidad consagrado en las

secciones 1 y 8 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico. Rexach v.

Ramírez, 162 DPR 130, 143 (2004). En la esfera federal, los derechos de
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los padres son examinados principalmente a la luz de la Enmienda

Decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos la cual garantiza que

ninguna persona sea privada de su vida, libertad o propiedad sin un debido

proceso de ley. Íd., pág. 145. La relación entre padres e hijos incluye el

derecho a la patria potestad, a la custodia y a sostener relaciones materno

o paterno filiales. Sin embargo, como ningún derecho fundamental es

absoluto, los derechos de los padres también pueden limitarse en aras de

proteger un interés apremiante del Estado, como lo es el bienestar de los

menores. Íd., pág. 148. Lo anterior quiere decir que aun cuando el derecho

de un progenitor a tener consigo a sus hijos es uno de superior jerarquía,

el mismo tiene que ceder ante la facultad de parens patriae del Estado de

salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Rivera v. Morales, 167 DPR

280, 290 (2006).

       Esa facultad de parens patriae ha sido delegada por el Estado a los

tribunales por lo que en un proceso de adjudicación de custodia debemos

guiarnos por un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las

circunstancias presentes en el caso ante nuestra consideración, teniendo

como único y principal objetivo el bienestar de los menores. Rivera v.

Morales, 167 DPR 280, 293 (2006); Pena v. Pena, 152 DPR 820, 832-833

(2000). Es decir, todo conflicto entre los intereses de otros y el mejor interés

del menor debe resolverse a favor del menor. Ortiz v. Meléndez, 164 DPR

16, 28 (2005); Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016).

       Como regla general, el tribunal aceptará los convenios y las

estipulaciones a las que lleguen las partes para finalizar un pleito de

divorcio por consentimiento mutuo que se ventile judicialmente. Dicho

acuerdo tendrá el efecto de cosa juzgada entre las partes. Díaz Rodríguez

v. Garcia Neris, 208 DPR 706 (2022). Sin embargo, a diferencia de otras

estipulaciones a las que lleguen las partes en un divorcio por

consentimiento mutuo, los acuerdos de alimentos no constituyen cosa

juzgada y están sujetos a revisión. Íd. La pensión alimentaria acordada

puede ser alterada cuando existe un cambio sustancial en las
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circunstancias que originaron el convenio. Ex parte Negrón Rivera y Bonilla,

120 DPR 61 (1987). En esta misma línea el Tribunal Supremo ha reiterado

que las determinaciones de alimentos y de custodia de menores no

constituyen cosa juzgada ya que están sujetas a revisión judicial si ocurre

un cambio en circunstancias que así lo justifique. Otero Vélez v. Schroder

Muñoz, 200 DPR 76, 85-86 (2018). Por lo tanto, dichos dictámenes nunca

son estrictamente finales ni definitivos. Íd.

       La determinación sobre custodia de un menor tiene como norte,

exclusivamente, garantizar y proteger el mejor interés y bienestar de ese

menor. Peña v. Peña, 164 DPR 949, 959 (2005). Tanto los Arts. 7-9 de la

Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de

Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 23-2011, 32 LPRA sec. 3185-3187,

así como los Arts. 604-605 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7283-7284,

disponen los criterios que el foro de instancia habrá de considerar en la

adjudicación de custodia.

       En este delicado quehacer, el foro judicial debe contar con la

información más completa y actualizada posible tales como las

investigaciones de índole social que entienda procedentes. Jusino

González v. Norat Santiago, 2023 TSPR 47, 211 DPR_____. Los informes

preparados por la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de

Menores del Tribunal tienen como función principal ofrecer al juzgador

asesoramiento social mediante evaluaciones periciales que le permitan

tomar decisiones informadas en los casos ante su consideración. Íd.;

Muñoz Sánchez v. Báez De Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). Una vez el

trabajador social de la Unidad de Relaciones de Familia emita el informe

social correspondiente las partes tendrán derecho a examinar e impugnar

estos informes de una forma efectiva cuando le son adversos. Rentas

Nieves v. Betancourt Figueroa, 201 DPR 416, 429, 432-433 (2018); Colón

v. Meléndez, 87 DPR 442 (1963). Asimismo, el Tribunal debe concederles

la oportunidad de formular objeciones sobre este o presentar prueba en

contrario, incluyendo sus propios peritos. Íd.
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       En atención a lo antes expuesto, el incuestionable que en nuestro

ordenamiento el proceso de limitar la custodia a cualquiera de los

progenitores, por el mejor bienestar del menor, conlleva claras

consideraciones de debido proceso de ley. Rentas Nieves v. Betancourt

Figueroa, supra, pág. 428.

                                     III

       El señor Verrengia nos solicita que expidamos el auto de Certiorari

y revoquemos dos determinaciones del TPI relacionadas con un delicado

asunto de familia como lo es la custodia de un menor. Esta es una de las

circunstancias que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta

a intervenir de manera interlocutoria. Por consiguiente, luego de analizar el

recurso a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro reglamento, supra,

hemos decidido expedir el auto solicitado por entender que los

planteamientos esbozados por el peticionario exigen una consideración

mas detenida.

       En esencia, el peticionario alega en su recurso que el TPI venía

obligado a restablecer la custodia compartida acordada por ambos en la

estipulación de divorcio tras ser absuelto de los cargos criminales por

violencia doméstica y luego de haberse denegado la orden de protección

en su contra. Abundó que dicho foro no tenía que esperar al Informe Social

ni celebrar vista evidenciaria, toda vez que la suspensión de la custodia

compartida de la cual ambos gozaban estuvo cimentada en unos hechos

que nunca se probaron. Aunque entendemos el deseo del peticionario de

ostentar nuevamente la custodia compartida de su hija, no podemos avalar

su petitorio en esta etapa del proceso. Veamos.

       En principio, el tribunal a quo no venía obligado a restablecer la

custodia compartida en esta etapa del proceso judicial y prescindiendo del

trámite que nuestro ordenamiento requiere para ello. Resulta claro que las

estipulaciones sobre custodia de menores adoptadas por una pareja como

parte de su divorcio por consentimiento mutuo ante notario, no constituyen
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cosa juzgada por lo que están sujetas a revisión judicial y pueden ser

variadas judicialmente ante un cambio en las circunstancias.

      En este caso el señor Verrengia y la señora Sterlin acordaron

mantener custodia compartida de la menor en las estipulaciones del

divorcio por consentimiento mutuo. La pareja mantuvo dicho acuerdo hasta

el 15 de marzo de 2022 cuando en virtud de una orden de protección ex

parte se adjudicó provisionalmente la custodia de la menor a la señora

Sterlin. Desde entonces residen por separado y la comunicación entre la

pareja se ha deteriorado. La señora Sterlin presentó una demanda de

custodia monoparental y alimentos contra el peticionario y este último

presentó una reconvención solicitando custodia compartida. En atención a

lo anterior, la sala de relaciones de familia que atiende el caso tiene

autoridad para revisar la procedencia de la custodia compartida, tanto de

manera provisional, como de manera permanente.

      De otro lado, el caso de epígrafe es independiente del proceso

criminal y de la solicitud de orden de protección instada contra el

peticionario. En el caso de autos el foro primario tiene que determinar la

custodia de la menor, provisional y permanente, evaluando los criterios que

nuestro ordenamiento requiere y utilizando como criterio rector el bienestar

y los mejores intereses de la menor. En dicho trámite, tiene la potestad de

ordenar las investigaciones de índole social que entienda procedentes y

que le ayuden a determinar la mejor manera de proteger el bienestar de la

menor.

      Del expediente electrónico del caso surge que aún antes de que el

peticionario compareciera al pleito el tribunal denegó una solicitud de

traslado de la madre de la menor porque no contaba con su autorización.

Luego, en atención a las peticiones del señor Verrengia el tribunal ordenó

a la trabajadora social incluir un análisis de enajenación parental en su

informe y ordenó relaciones paternofiliales supervisadas en el Programa

Hope. Posteriormente, también en atención a la solicitud del peticionario,
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ordenó relaciones paternofiliales a través del Proyecto Encuentro todos los

miércoles y sábados de 9:00AM – 5:00PM.

       Incluso, ante la solicitud del peticionario para que se restableciera la

custodia compartida como remedio provisional, el TPI requirió a la

trabajadora social que realizara una evaluación al respecto y emitiera su

recomendación. Según ordenado, la trabajadora social discutió el asunto

con dos trabajadoras sociales que habían intervenido de algún modo en el

caso, entrevistó a ambos padres y a la menor de forma presencial e

individual en su oficina. Tras el estudio realizado no recomendó restablecer

la custodia compartida de manera provisional, en cambio recomendó

ampliar las relaciones paternofiliales a fines de semanas alternos y

comunicaciones virtuales con el padre todos los domingos y martes durante

una hora. En su informe la profesional advirtió que debido a que los padres

no tenían ninguna comunicación entre sí debían identificar un intermediario

o contratar un coordinador de coparentalidad para ayudarlos a coordinar

los asuntos relacionados a la menor.

       Por consiguiente, el foro de instancia no abusó de su discreción al

negarse a restablecer la custodia compartida en esta etapa del pleito. Por

el contrario, de conformidad con nuestro ordenamiento realizó un análisis

objetivo y cuidadoso de las circunstancias presentes de las partes

valiéndose para ello del asesoramiento de la trabajadora social de la

Unidad de Relaciones de Familia. Considerando que queda pendiente por

adjudicar la custodia y la solicitud de relocalización de la recurrida, el

Informe Social de la Trabajadora Social no se ha tornado académico pues

es uno de los factores que el foro judicial habrá de considerar para hacer

la determinación correspondiente.

       Este caso requiere que el tribunal realice un balance entre el

ejercicio de su función de parens patriae para velar por el mejor bienestar

de la menor, y el derecho constitucional de los padres a ostentar la custodia

de sus hijos menores. Por tanto, resulta de crucial importancia que el

TPI agilice el trámite del caso y atienda las comparecencias de las
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partes oportunamente.8 A tales efectos, ordenamos al TPI a requerir la

culminación del informe social en un término no mayor de 20 días. A

su vez, ordenamos que se establezca con anticipación un plan de

relaciones paternofiliales para el periodo de acción de gracias, el

periodo de navidad y para el receso académico de primavera.

                                                 IV

         Por los fundamentos antes expuestos expedimos el auto solicitado,

ordenamos al TPI a culminar el informe el informe social en un término no

mayor de 20 días. A su vez, ordenamos que se establezca con anticipación

un plan de relaciones paternofiliales para el periodo de acción de gracias,

el periodo de navidad y para el receso académico de primavera. Así

modificadas, confirmamos las determinaciones recurridas.

        Proceda el TPI con lo aquí ordenado, sin necesidad de esperar el

mandato.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

        El Juez Candelaria Rosa está conforme y añade la siguiente

expresión:

        “Estoy conforme con la determinación a la que se arriba en la

Sentencia que hoy se notifica, puesto que, si bien en ausencia de

determinación adversa en los procesos penal y de ley 54 instaurados contra

el peticionario lo ordinario y deseable desde el punto de vista de un menor

necesitado de ambos padres hubiese sido la restitución de la custodia

compartida originalmente pactada, el devenir en las relaciones entre los

padres y las circunstancias fácticas que rodean el caso impide denominar

la actuación del foro recurrido como un abuso de discreción, sino más bien

como un ejercicio razonable -aunque accidentado por retrasos- del manejo

8 Adviértase que el Informe Social se ordenó el 24 de mayo de 2022 y desde entonces,

el tribunal ha concedido cuatro prórrogas para su culminación. Si bien el 7 de junio de
2023 se autorizó el informe interestatal para evaluar la solicitud de relocalización aún no
se ha culminado el mismo.
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de su caso, lo cual, según mi perspectiva, resulta remediado por la

aceleración procesal que la presente Sentencia impone.”

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones