Court Opinion

ID: 9374137
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:31.266832+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.159518
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                               TRIBUNAL DE APELACIONES
                                         PANEL III

           LEGACY MORTGAGE                                Apelación acogida
          ASSET TRUST 2019-PR1                            como certiorari
                                                          procedente del
                  Recurrida                               Tribunal de Primera
                                                          Instancia, Sala
                       V.                                 Superior de Ponce

            EUGENIO ENRIQUE                  Caso Núm.:
           GONZÁLEZ CASTILLO                 PO2020CV01917
             T/C/C EUGENIO                   (406 CIVIL
                               KLAN202200898
           GONZÁLEZ CASTILLO                 SUPERIOR)
             POR SÍ Y COMO
          RERESENTANTE DE LA                 Sobre:
           SOCIEDAD LEGAL DE                 COBRO DE DINERO
              GANANCIALES                    – ORDINARIO Y
          COMPUSTA CON IRMA                  OTROS
          MARIE DE LEÓN SOTO
         T/C/C IRMA D. Y OTROS

                Peticionaria
         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la
         Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                        RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

                La peticionaria, la Sra. Eugenik González De León, solicita

         que revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera

         Instancia (TPI), el cual denegó la Moción al amparo de la Regla 43.1

         y en Solicitud de Reconsideración.

                Antes de atender la procedencia del recurso, aclaramos que

         se presentó erróneamente como una apelación. Sin embargo, lo

         acogemos como un certiorari. Por lo tanto, en aras de propiciar la

         economía      procesal,   el   recurso   conservará   la   identificación

         alfanumérica que le fue asignada por la secretaría de este foro

         intermedio.

                Invitada a replicar, Legacy Mortgage Asset Trust 2019-PR1

         (Legacy o parte recurrida), presentó su oposición al recurso.

                Luego de tener los escritos de ambas partes, estamos listos

         para determinar si debemos ejercer nuestra discreción y expedir el

Número Identificador

RES2023 _____________________
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recurso. Los hechos que anteceden a su presentación son los

siguientes.

                                          I

         La parte recurrida presentó el 13 de noviembre de 2020,

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los

apelantes.1 En síntesis, alegaron que el señor González Castillo y la

señora De León Soto suscribieron un pagaré, el cual está

garantizado con una hipoteca, inscrita en el Registro de la

Propiedad.        Sin   embargo,      alegaron     que,   habiendo    realizado

gestiones para obtener los pagos de las sumas adeudadas, no

recibieron respuesta, por lo tanto, declararon vencida la totalidad

de la deuda.

         El 18 de noviembre de 2020 emplazaron personalmente al

señor González Castillo. No obstante, no lograron emplazar a la

señora De León Soto, puesto que había fallecido. Por consiguiente,

el 28 de diciembre de 2020, Legacy presentó Moción sometiendo

emplazamientos           diligenciados,       en   sustitución   de   parte   y

acompañando demanda enmendada,2 solicitó la sustitución de

partes y enmienda a epígrafe, para sustituir a la Sra. Irma Marie

De León Soto por los miembros de su sucesión: Eugenik González

De León, Eugene González De León, y Eugenio Enrique González

Castillo, en su cuota viudal usufructuaria. El 11 de enero de 2021,

siendo notificada el 12 del mismo mes y año, el TPI emitió una

Orden en la que autorizó la sustitución de partes y ordenó expedir

los emplazamientos.3

         Sin embargo, el 13 de enero de 2021, Legacy presentó

Moción en Solicitud de Paralización de los Procedimientos, puesto

que, el 30 de diciembre de 2020, el señor González Castillo había

1   Índice del apéndice, págs. 1-7.
2   Íd., págs. 26-33.
3   Íd., págs. 34-35.
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radicado una petición de quiebra.4 Dicha solicitud fue concedida

por el foro primario hasta que el Tribunal de Quiebras emitiera

una resolución que permitiera continuar el procedimiento.5

Posteriormente, la parte recurrida presentó Moción en Solicitud de

Continuación de los Procedimientos y que se Expidan Nuevos

Emplazamientos,6 ya que el Tribunal de Quiebras permitió la

continuación del caso. A su vez, señalaron que desistían de la

causa de acción en cobro de dinero, pero continuaban con la

ejecución de hipoteca. Así las cosas, el TPI emitió Orden para

continuar el pleito.7

       Conforme surge del expediente, el 8 de julio de 2021, la

parte recurrida solicitó autorización para emplazar por edicto a la

Sra. Eugenik González De León y al Sr. Eugene González De León y

Fulano y Fulana de Tal como posibles herederos desconocidos de

Irma Marie De León Soto t/c/c Irma De León Soto, puesto que no

habían podido ser emplazados personalmente.8 Insatisfecho, el foro

primario con las gestiones hasta entonces efectuadas para localizar

los codemandados, exigió gestiones adicionales previo a la

autorización de emplazamiento por edicto.9 El 24 de agosto de

2021, una vez presentadas las alegadas gestiones realizadas por

localizarlos,10 el foro recurrido autorizó el emplazamiento por

edicto.11

       El 7 de octubre de 2021, Legacy presentó Moción en Solicitud

de Anotación de Rebeldía por Falta de Comparecencia y en Solicitud

de Sentencia en Rebeldía.12 En dicho escrito adujo que la parte

recurrida había sido emplazada, no había contestado la demanda

4 Íd., pág. 36.
5 Íd., pág. 37.
6 Íd., págs. 38-44.
7 Íd., pág. 45.
8 Íd., págs. 47-50.
9 Íd., pág. 51.
10 Íd., págs. 52-54.
11 Íd., págs. 55-56.
12 Íd., págs. 57-58.
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dentro del plazo concedido en ley, a su vez, solicitó declarara la

demanda con lugar y dictara sentencia en rebeldía. Conforme a lo

solicitado, el 19 de octubre de 2021, siendo notificada el 29 de

octubre de 2021, el TPI emitió Sentencia en rebeldía y declaró ha

lugar la demanda.13 El 4 de noviembre de 2021 fue notificada

mediante edicto la Sentencia en rebeldía.

             En desacuerdo con dicha moción, el 6 de diciembre de 2021,

la Sra. Eugenik González presentó Moción Relevo de Sentencia y/o

Desestimación Sin Someterse a Jurisdicción.14 En síntesis, alegó

que Legacy no cumplió con las Reglas de Procedimiento Civil sobre

emplazamientos, por lo que el TPI no ostentaba jurisdicción sobre

su persona, razón por la cual la sentencia emitida en rebeldía el 29

de octubre de 2021 era nula por falta de jurisdicción sobre su

persona. Posteriormente, Legacy se opuso y con la comparecencia

de las partes, el foro primario denegó la solicitud de relevo de

sentencia.15

             Luego de varias incidencias procesales, el 8 de febrero de

2022, la Sra. Eugenik González presentó una segunda Moción de

Relevo de Sentencia.16 En esta señaló que, el TPI nunca llevó a

cabo el procedimiento a seguir según requiere la Ley 184-2012.

Alegó que no citaron a las partes para que comparecieran a la

mediación           compulsoria,   para   que   pudieran   comenzar   las

negociaciones y evitar la pérdida de su hogar.

             En respuesta, la parte recurrida sostuvo que, una vez

emplazadas todas las partes y transcurrido más de 30 días desde

el diligenciamiento de los emplazamientos, presentaron una

moción para que se les anotara la rebeldía, lo que el foro primario

autorizó. Por lo tanto, esbozaron que, estando todas las partes en

13   Íd.,   págs. 59-62.
14   Íd.,   pág. 63.
15   Íd.,   págs. 65-76.
16   Íd.,   págs. 79-80.
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rebeldía, las disposiciones de la Ley Número 184-2012 no son de

aplicación al presente caso conforme al Art. 3 de la misma.

Asimismo, afirmaron que la codemandada no había expresado y/o

evidenciado que el inmueble objeto de ejecución constituyese la

residencia principal de ésta, y no puso al tribunal en posición de

determinar que la propiedad era su residencia principal.17 De

hecho, el 14 de diciembre de 2021, la Clínica de Asistencia legal de

la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a través de la

Lcda. Janelise Torres Marrero, presentó una moción de relevo de

representación legal. En la misma informó que la residencia de la

señora Eugenik N. González era Jardines de Fagot #2743, Calle

Altamisa en Ponce.18

       El 22 de febrero de 2022, el foro primario emitió una

Resolución, mediante la cual denegó la moción de relevo de la

peticionaria.

       No obstante, la Sra. Eugenik González presentó otra Moción

Relevo de Sentencia.19 En dicha moción se reafirmó en que el TPI

nunca citó a las partes para que comparecieran a la mediación

compulsoria que exige la Ley 184-2012. El Tribunal de Primera

Instancia no atendió la moción. Por lo que, el 10 de junio de 2022,

la codemandada presentó Segunda Moción Relevo de Sentencia bajo

la Ley 184 del 2012.20 El 23 de junio de 2022, el tribunal a quo,

emitió la siguiente Resolución: “NO HA LUGAR. ATÉNGASE A LO

DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES DEL 22 DE FEBRERO DE

2022 Y EL 2 DE MAYO DE 2022.”21

       En desacuerdo con dicha determinación, la peticionaria

presentó Moción bajo la Regla 43.1 y Reconsideración.22 Señaló que

17 Íd., págs. 88-91.
18
  Id, págs. 65-66.
19 Íd., págs. 93-94.
20 Íd., págs. 97-98.
21 Íd., pág. 99.
22 Íd., pág. 101.
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erró el TPI al no fundamentar los hechos y el derecho para su

determinación. La recurrida, por su parte, replicó y arguyó que

todas las resoluciones que el foro primario ha emitido, la Sra.

Eugenik González           no solicitó reconsideración, ni apeló los

dictámenes.23 El 11 de octubre de 2022, siendo notificada el 12, el

TPI denegó la moción bajo Regla 43.1 y su reconsideración.24

          Inconforme, la Sra. Eugenik González presentó este recurso

en el que hace el siguiente señalamiento de error:

          ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
          INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA Y ORDENAR LA
          VENTA JUDICIAL DE LA RESIDENCIA PRINCIPAL DE
          LOS DEMANDADOS APELANTES SIN HABER
          ORDENADO LA CELEBRACIÓN DE UNA VISTA O
          ACTO    DE   MEDIACIÓN    COMPULSORIO,      EN
          CONTRAVENSIÓN A LO RESUELTO EN EL CASO
          BCO. SANTANDER V. CORREA GARCÍA, 196 DPR 452
          (2016), EL CUAL ESTABLECIÓ EL REQUISITO
          JURISDICCIONAL DE LA LEY PARA MEDIACIÓN
          COMPULSORIA Y JURISDICCIONAL DE LA LEY PARA
          MEDIACIÓN COMPULSORIA Y PRESERVACIÓN DE
          TU HOGAR EN LOS PROCESOS DE EJECUCIONES
          DE HIPOTECAS DE UNA VIVIENDA PRINCIPAL, LEY
          NÚM. 184-2012, 32 LPRA SEC. 2881-2886 (LEY 184)
          LA CELERACIÓN DE UNA VISTA O ACTO DE
          MEDIACIÓN      COMPULSORIO        SIN    CUYO
          CUMPLIMIENTO NO SE PODRÁ DICTAR SENTENCIA
          O CELEBRAR LA VENTA JUDICIAL, Y DE DICTARLA
          LA MISMA SERÍA NULA.

                                     II

                             A.    CERTIORARI

          La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003 dispone que el Tribunal de Apelaciones tendrá

competencia para atender mediante el recurso de apelación, las

sentencias finales dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

así como mediante un auto de certiorari, el cual será expedido a

discreción, sobre cualquier resolución u orden dictada por el foro

primario. De igual forma, mediante la presentación de un recurso

de revisión judicial, también tendrá competencia sobre las

23   Íd., págs. 102-104.
24   Íd., pág. 117.
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decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o

agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y.

      Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

dispone los criterios que habrá de considerar este tribunal,

particularmente cuando como en este caso, se trata de una

resolución post sentencia, con el propósito de que se pueda ejercer

la discreción de manera prudente. De tal manera establece que

para expedir un auto de certiorari, se deben considerar los

siguientes criterios:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
         craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
         por el Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
         el caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa no causan un fraccionamiento
         indebido del pleito y una dilación indeseable en la
         solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de
         mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4
         LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha

expresado que, el recurso de certiorari constituye un vehículo

procesal discrecional por el cual un tribunal de mayor jerarquía

puede revisar determinaciones de un tribunal subalterno. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, 334 (2005).
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      No obstante, la característica principal del certiorari es que

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Ahora bien,

dicha discreción no es absoluta, sino que es “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et

al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735 (2018); Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.

BBVAPR, supra, pág. 338. Por lo tanto, la discreción que debemos

ejercer es bajo un parámetro de razonabilidad, que procure

siempre alcanzar una conclusión justa. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, Íd.

                                    III

      El error señalado por la peticionaria se reduce a determinar,

si ante los hechos de esta controversia, el TPI actuó correctamente

al declarar ha lugar la demanda de ejecución de hipoteca, sin

haber citado a las partes a una vista de mediación compulsoria.

      Luego de evaluado el recurso de acuerdo con los límites

establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,

concluimos     que      procede   abstenernos    de     ejercer   nuestra

jurisdicción revisora.

                                    IV

      Por    los    fundamentos    antes   expuestos,    se   deniega   la

expedición del recurso.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones