Court Opinion

ID: 9374154
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:25:47.441149+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.131062
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

CARELIA CARDONA ROSA                          CERTIORARI
                                              procedente del
         Peticionaria                         Tribunal de Primera
                                              Instancia, Sala
              v.                KLCE202201314 Superior de Fajardo

      YAMIL FONSECA                               Civil Núm.:
        SALGADO                                   NSRF201300853

          Recurrido                               Sobre: Alimentos

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      Comparece ante nos la señora Carelia Cardona Rosa (“Sra.

Cardona Rosa” o “Peticionaria”), mediante Solicitud de Certiorari.

Nos solicita que revoquemos una Orden emitida y notificada el 11 de

octubre de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Fajardo (“foro primario” o “foro a quo”). Por virtud de esta, el foro

a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de desacato presentada por

la Peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.

                                    I.

      Los hechos que inician la presente controversia tienen su

génesis cuando el 4 de septiembre de 2013, la Sra. Cardona Rosa,

instó una Demanda de Alimentos Bajo el Procedimiento Judicial

Expedito. En la misma, solicitó que se fijara una pensión alimentaria

a favor de la hija menor de edad habida entre esta y el señor Yamil

Fonseca Salgado (“Sr. Fonseca Salgado” o “Recurrido”).

      Así las cosas, el 17 de diciembre de 2013, el Examinador de

Pensiones Alimentarias (“EPA”) fijó una pensión provisional de

Número Identificador

SEN(RES)2022____________
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$867.61 mensuales y estableció que el Recurrido debía cubrir el

83.02% de los gastos médicos y extraordinarios que no cubra el plan

médico de la menor. El 28 de diciembre de 2013, el foro primario

emitió Resolución en la que le acogió la pensión provisional fijada

por el EPA.

      Posteriormente, el 27 de abril de 2021, se celebró la vista de

pensión alimentaria ante el EPA. En esta, las partes informaron que

habían llegado a una estipulación de pensión alimentaria. Por virtud

de dicho acuerdo, efectivo el 4 de septiembre de 2013, el Sr. Fonseca

Salgado debía pagar una suma de $400.00 quincenales, a ser

enviados a través de Administración para el Sustento de Menores

(“ASUME”). Así también, las partes acordaron que los gastos de

educación y los gastos médicos no cubiertos serían sufragados a

razón de 58% por el Recurrido y 42% por la Peticionaria. Dichos

acuerdos fueron acogidos por el foro primario mediante Resolución

emitida y notificada el 6 de mayo de 2022.

      Transcurridos varios trámites procesales, el 8 de octubre de

2021, notificada el día 12 del mismo mes y año, el foro primario

emitió Resolución y Orden. Por virtud de esta, estableció que el Sr.

Fonseca   Salgado había     acumulado una       deuda   de   pensión

ascendente a $39,394.72, de los cuales $7,200.00 correspondían a

“la deuda post tercera petición de Quiebras” y los restantes

$32,194.72 “como deuda previa a la tercera petición de quiebras”.

Además, se ordenó al Recurrente a sufragar una suma de $5,000.00

como honorarios de abogados en el caso de alimentos y $2,500.00

en concepto de honorarios por temeridad.

      En vista del incumplimiento del Recurrente y luego de varios

trámites procesales, el 24 de noviembre de 2021, la Peticionaria

presentó Moción Informativa y Solicitando se Dicte Desacato y Orden

de Arresto del Demandado. Mediante esta, solicitó que el foro

primario tomara conocimiento judicial de que el Departamento de
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Justicia Federal instó una acusación contra el Recurrido por un

alegado esquema de fraude al presentar cinco casos separados en la

Corte de Quiebras de Estados Unidos, con el propósito de defraudar

y obviar los pagos de pensión alimentaria de otra hija menor de edad

de este. Además, solicitó que se encontrara incurso en desacato y se

ordenara el pago de la deuda de pensión alimentaria, puesto que el

Recurrido había incumplido con la obligación fijada por el foro

primario mediante Resolución y Orden del 8 de octubre de 2021.

      El 5 de agosto de 2022, notificada el 8 del mismo mes y año,

el foro primario emitió Orden, en la que ordenó a la Peticionaria a

proveer el balance actualizado de la deuda y/o certificación de

ASUME, “para proceder con el desacato”. En cumplimiento con lo

ordenado,   la   Peticionaria   sometió    Certificación   de   ASUME,

informando que la deuda ascendía a $43,0394.72. Posteriormente,

el 12 de agosto de 2022, notificada el 18 del mismo mes y año, el

foro a quo emitió Orden, certificando la deuda y le concedió un

término de veinte (20) días para que el Recurrido mostrara causa

por la cual no debía ordenar su arresto.

      El 23 de agosto de 2022, el Sr. Fonseca Salgado presentó un

escrito intitulado Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden

Notificada el 18 de agosto de 2022. Alegó que había cumplido con

los pagos de pensión alimentaria fijada por el foro primario, así como

con el plan de pago de la deuda establecido por ASUME. Señaló que,

hasta ese momento, había pagado una cantidad de $12,000.00 en

concepto de pensión y $2,760.00 del plan de pago de la deuda.

Acompañó certificación de ASUME intitulada Cuadre del Caso.

      Atendidas las mociones presentadas por las partes, el 31 de

agosto de 2022, notificada el 7 de septiembre del mismo año, el foro

a quo emitió Orden en la que ordenó al Recurrido a aclarar las

razones por las cuales no surge de su certificación pago alguno

desde junio de 2021 hasta mayo de 2022.
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      Así las cosas, el 14 de septiembre de 2022, el Recurrido

presentó Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden del 12 de

agosto de 2022 y Notificada por Segunda Vez el 7 de septiembre de

2022. En esta, arguyó que la certificación de ASUME titulada

Cuadre de Caso refleja que el último pago de pensión emitido fue el

30 de agosto de 2022 por la cantidad de $460.00. Señaló que la

solicitud de desacato presentada por la Peticionaria es un intento

indebido de ejercer presión en los tribunales y es contraria a la

certificación de ASUME.

      En oposición, el 6 de octubre de 2022, la Peticionaria presentó

Réplica en Cumplimiento de Orden. Mediante esta, argumentó que el

Recurrido había dejado de pagar la pensión alimentaria desde el

2013 y no fue hasta junio de 2022 que comenzó a emitir pagos.

Sostuvo que el alegado plan de pago de ASUME que menciona el

Recurrido no ha sido autorizado por el foro primario, por lo que

debía dejarse sin efecto. Por tanto, reiteró su solicitud de que se

encontrara al Recurrido incurso en desacato y se ordenara su

encarcelamiento por el incumplimiento reiterado con su obligación

de pensión alimentaria y otros remedios bajo la Ley Orgánica de la

Administración Para el Sustento De Menores, Ley Núm. 5 de 30 de

diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 501 et seq., (“Ley

Núm. 5”).

      Evaluados los argumentos presentados por las partes, el 3 de

octubre de 2022, el foro a quo emitió y notificó la Orden recurrida,

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desacato

presentada por la Peticionaria. En desacuerdo, el 25 de octubre de

2022, la Peticionaria presentó Moción de Reconsideración y Solicitud

de Determinaciones de Hechos y Derecho, la cual fue declarada No

Ha Lugar mediante Orden emitida el 27 de octubre de 2022,

notificada el 1 de noviembre del mismo año. Por virtud de esta, el

foro primario emitió las siguientes expresiones:
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      En el ejercicio de la amplia discreción que tiene el
      Tribunal, para utilizar los mecanismos en Ley, como
      el desacato, para hacer cumplir sus órdenes cuando
      así lo entienda necesario el Tribunal dispone: No Ha
      Lugar. (Énfasis nuestro).

      Inconforme aún, el 1 de diciembre de 2022, la Sra. Cardona

Rosa acudió ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión

de los siguientes errores:

      Erró el TPI al no encontrar incurso en desacato a la
      parte recurrida toda vez que ha incurrido en un
      incumplimiento reiterado del pago de pensión
      alimentaria.
      Erró el TPI al no ordenar a la parte recurrida al pago de
      los $42,334.72 que adeuda por concepto de pensión
      alimentaria, o una cantidad sustancial, so pena de
      encarcelamiento.
      Erró el TPI al no imponer las medidas para asegurar el
      cumplimiento de pago de pensión que dispone la Ley
      Especial para el Sustento de Menores.
      Erró el TPI y abusó de su discreción al no señalar vista
      para la modificación de la cantidad del plan de pago
      impuesto por ASUME a la parte recurrida a pesar de
      que tal plan de pago y cantidad resultan ser
      irrazonables y no acorde a la Ley de Sustento de
      Menores.
      Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud de la
      peticionaria para que ordenara el pago de honorarios de
      alimento y honorarios por temeridad que fueron
      previamente concedidos por el propio tribunal.

      El 9 de enero de 2023 la parte Recurrida presentó Oposición a

la Expedición del Auto de Certiorari. Posteriormente, el 20 de enero

de 2023, el Recurrido presentó un escrito intitulado Moción

Informativa y en Apoyo a la Oposición a la Expedición del Auto de

Certiorari, en la que alegó que procedía la desestimación del recurso

por académico. En particular, expuso que el EPA citó a las partes

para una vista de revisión de pensión alimentaria a celebrarse el 1

de febrero de 2023, tornando académica la controversia presentada

ante este foro.

      Con el beneficio de la comparecencia ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso de

autos.
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                                  II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son:
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      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más
          elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

                          C. Desacato civil

      El desacato civil es el mecanismo mediante el cual los

tribunales obligan a cumplir sus órdenes, cuando la parte obligada

ha hecho caso omiso. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc.,

130 DPR 782 (1992). La Constitución de Puerto Rico prohíbe el

encarcelamiento     por    deudas    para   vindicar    los   intereses

primordialmente privados. Constitución PR, Art. 11, Sec. 11. No

obstante, como excepción a la prohibición constitucional, el tribunal

puede ordenar el encarcelamiento por desacato civil, por el

incumplimiento de una pensión alimentaria. Umpierre Matos v.

Juelle, Mejía, 203 DPR 254 (2019). La obligación de proveer

alimentos es de tal jerarquía y protege tan alto interés que, el
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encarcelamiento por deudas de alimentos figura como excepción a

la prohibición constitucional. El objetivo es obligar el cumplimiento

de una responsabilidad de mayor rango. Íd, pág. 268, citando a Srio.

D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, pág. 803.

      El desacato civil es el mecanismo asequible para lograr el

encarcelamiento de una alimentante que ha incumplido con las

órdenes judiciales que le imponen el deber de proveer alimentos.

Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, supra, citando a Rodríguez Avilés v.

Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 626-627 (1986). A diferencia del

desacato criminal, el desacato civil tiene un propósito reparador y

no punitivo. El carácter reparador es de singular importancia, ya

que es precisamente lo que da paso a que se reconozca la excepción

a la prohibición constitucional contra el encarcelamiento por

deudas. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra.

      La figura del desacato civil permite que se imponga una

penalidad por un término indefinido, efectivo hasta tanto el

demandado cumpla con su obligación primaria de pagar alimentos.

Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, supra. El demandado es quien tiene

la llave de la puerta de la prisión. Su uso debe limitarse a aquellos

casos en que hubiera una desobediencia voluntaria y obstinada a

una orden o sentencia concediendo alimentos y en los que la

encarcelación del desacatador pueda surtir el efecto de dar al

alimentista la reparación necesaria. Íd.

      De conformidad, el Artículo 31 (2) y (3) de la precitada Ley

Núm. 5, supra, dispone sobre el desacato lo siguiente:

      2. El procedimiento de desacato, civil o criminal, que se
      realiza en el Tribunal de Primera Instancia se incorpora a
      esta Ley como uno de los mecanismos para compeler al
      cumplimiento de las órdenes emitidas por el Tribunal, las
      emitidas por el Administrador o el Juez Administrativo y para
      hacer efectiva cualquier orden de pensión alimentaria para
      beneficio de un o una menor de edad.
      3. Ante cualquier escrito o moción por medio de la cual
      se solicite que se encuentre a la parte alimentante
      incursa en desacato por haber incumplido una orden de
      pensión alimentaria emitida por el Tribunal, por el
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      Administrador, por el Juez Administrativo o por el Tribunal
      de otro estado o de un país extranjero en casos
      intergubernamentales; el Tribunal: (a) calendarizará una
      vista cuyo señalamiento será diligenciado; (b) resolverá
      por escrito y (c) notificará a las partes dentro de un
      término no mayor de veinte (20) días laborables que se
      contará a partir de la fecha de presentación del escrito o
      moción. 8 LPRA sec. 529 (2) y (3). (Énfasis nuestro).

                                 III.

      En el caso ante nuestra consideración, la parte Peticionaria

nos invita a revocar la Orden emitida el 3 de octubre de 2022, en la

que el foro primario denegó su petición de desacato y encarcelación

contra el Recurrido. Arguye que el Recurrido ha acumulado una

deuda ascendente a más de $40,000.00 la cual esta vencida, es

líquida y exigible. Siendo así, procede que se celebre una vista,

donde se le exija el pago total de la deuda o un monto sustancial, so

pena de encarcelamiento.

      Por su parte, la parte Recurrida nos alega que el presente

recurso es uno académico, toda vez que la EPA citó a las partes a

una vista de revisión de pensión alimentaria. Señala que no procede

el desacato puesto que el foro primario tiene el deber de auscultar

cual es el mejor interés de la menor y la nueva realidad económica

del padre alimentante. Arguye, además, que el recurso es tardío,

puesto que la Peticionaria no cumplió con los requisitos dispuestos

en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.47, y su

moción de reconsideración no interrumpió el término para presentar

el recurso de certiorari.

      Antes de entrar en los méritos de la controversia ante nuestra

consideración, nos corresponde atender los planteamientos de la

parte Recurrida con respecto a nuestra jurisdicción. El Recurrido

sostiene que la Peticionaria instó su recurso transcurridos los

treinta (30) días dispuestos en la Regla 52.2 (b) de Procedimiento

Civil, supra, R.52.2, toda vez que su moción de reconsideración no

tuvo el efecto de interrumpir los términos para acudir ante esta
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Curia por no cumplir con el requisito de especificidad. No le asiste

la razón.

      Según dispone la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra:
      La moción de reconsideración debe exponer con suficiente
      particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la
      parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse
      en    cuestiones    sustanciales    relacionadas    con   las
      determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de
      derecho materiales.
      […].
      Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán
      interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas
      las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente
      desde la fecha en que se archiva en autos copia de la
      notificación de la resolución resolviendo la moción de
      reconsideración. (Énfasis nuestro).

      Luego de evaluar la solicitud de reconsideración instada por

la parte Peticionaria, a la luz de las disposiciones de la Regla 47 de

Procedimiento Civil, supra, determinamos que el escrito cumplió con

el requisito de especificidad. La Peticionaria presentó un trasfondo

procesal de los alegados incumplimientos por parte del Recurrido,

con las órdenes emitidas por el foro primario y sustentó en derecho

su petición de desacato. En el presente caso, la Orden recurrida fue

emitida y notificada el 11 de octubre de 2022. Oportunamente y en

cumplimiento con los requisitos dispuestos por la Regla 47 de

Procedimiento Civil, supra, el 25 de octubre del 2022, la Peticionaria

presentó una solicitud de reconsideración, la cual fue resuelta el 17

de octubre de 2022, notificada el 1 de noviembre del mismo año. En

vista de ello, la Peticionaria tenía hasta el 1 de diciembre de 2022

para acudir ante este foro apelativo, lo cual realizó en dicho término.

Por virtud de lo anterior, resolvemos que el recurso de certiorari ante

nuestra consideración fue incoado dentro del término dispuesto en

ley para su presentación.

      Establecido el análisis anterior, nos corresponde resolver si

erró el foro primario al denegar la solicitud de desacato instada por

la parte Peticionaria sin la celebración de una vista. Veamos.

      En el presente caso, el foro primario fijó una pensión

alimentaria a favor de la hija de las partes de $400.00 quincenales,
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a ser sufragados mediante ASUME. Surge del expediente, que el 8

de octubre de 2021, el foro a quo emitió Resolución y Orden, en la

que ordenó al Recurrido a sufragar las cuantías adeudadas en

concepto de pensión alimentaria que ascendían a $39,394.72, más

unas sumas en concepto de honorarios de abogado. Ante el reiterado

incumplimiento del Recurrido con la pensión fijada, la Peticionaria

presentó dos mociones solicitando desacato y el encarcelamiento del

Recurrido. El 12 de agosto de 2022, el foro primario emitió Orden,

donde certificó la deuda de alimentos ascendía a $43,034.72 y

ordenó al Recurrido a mostrar causa por la cual no se debía ordenar

su encarcelamiento ante los incumplimientos reiterados con su

obligación alimentaria.

       A raíz de la Orden emitida por el foro a quo, el Recurrido

presentó escritos donde alegaba que estaba cumpliendo con los

pagos de pensión y con un alegado plan de pago fijado por ASUME.

Sin embargo, la Peticionaria reiteró su solicitud de desacato.

Evaluados los argumentos de las partes, el foro primario emitió

Orden1 en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de desacato. En

desacuerdo,      la    Peticionaria     presentó      una     solicitud     de

reconsideración, la cual fue denegada por el foro primario con las

siguientes expresiones:

             En el ejercicio de la amplia discreción que tiene el
       Tribunal, para utilizar los mecanismos en Ley, como el
       desacato, para hacer cumplir sus órdenes cuando así lo
       entienda necesario el Tribunal dispone: No Ha Lugar.

       Como puede observarse, el foro primario denegó de plano la

solicitud de desacato instada por la parte Peticionaria, sin la

celebración de una vista. Según expusimos, en los casos donde una

parte se niegue a cumplir con las órdenes del tribunal, se tendrá

disponible el mecanismo del desacato. Umpierre Matos v. Juelle,

1 Cabe destacar que el presente caso ha estado ante la consideración de varios
jueces del foro primario, siendo el Honorable Obdulio E. Meléndez Torra el juez
que emitió la determinación recurrida.
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Mejía, supra. La Ley Núm. 5, supra, dispone en su Artículo 31 que

este mecanismo estará disponible “para hacer efectiva cualquier

orden de pensión alimentaria para beneficio de un o una menor de

edad.” 8 LPRA sec. 529 (2). Ante una petición mediante la cual se

solicite que se encuentre a la parte alimentante incursa en desacato

por haber incumplido una orden de pensión, el Tribunal deberá

calendarizar una vista cuyo señalamiento sea diligenciado. Además,

debe resolver por escrito y notificar a las partes de su determinación.

8 LPRA sec. 529 (3).

      En el caso de marras, es evidente que el foro primario abusó

de su discreción al denegar la petición de desacato instada por la

Peticionaria sin la    celebración de     una vista. Aún cuando

reconocemos que el desacato es un mecanismo que debe limitarse a

aquellas circunstancias donde se ha demostrado una desobediencia

voluntaria y obstinada a una orden o sentencia concediendo

alimentos, el foro primario debía dilucidar los méritos de la solicitud

de la Peticionaria, ante un reclamo de una deuda ascendente a más

de $42,000.00 en alimentos.

      En cuanto a la alegación del Recurrido de que la controversia

es académica, resolvemos que no le asiste la razón. En el presente

caso nos encontramos ante un reclamo de desacato por el

incumplimiento del Recurrido con su obligacion de pagar la pensión.

El hecho de que la EPA señale una vista de revisión en nada impide

que se dilucide si el Recurrido debe ser encontrado incurso en

desacato por no cumplir con su obligacion alimentaria. Por lo que,

resolvemos que procede que el foro primario celebra una vista de

desacato y dilucide los méritos de la reclamación de la Peticionaria.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos el dictamen recurrido. En consecuencia,
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devolvemos el caso ante el foro primario para señale la vista de

desacato.

     Notifíquese inmediatamente.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones