Court Opinion

ID: 9941510
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:06.119447+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.126731
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

   ADMINISTRACIÓN DE                        Certiorari
  TERRENOS DE PUERTO                        procedente del
          RICO                              Tribunal de Primera
                                            Instancia, Sala de
  Demandante - Recurrida      KLCE202301346 Vieques

              v.                                 Civil núm.:
                                                 N2CI201700046
    RENÉ HERNÁNDEZ                               N2CI201700065
    DEGROSS Y OTROS
                                                 Sobre:
 Demandado - Peticionario                        Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Candelaria Rosa y el Juez Monge Gómez.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) rehusó dejar sin

efecto la rebeldía anotada a un demandado en una demanda de

desahucio y en otra de daños. Según se explica a continuación,

concluimos que erró el TPI al no dejar sin efecto la rebeldía, pues la

parte ha demostrado, desde los inicios de ambos pleitos, interés en

defenderse y ha presentado defensas en los méritos a ambas

acciones, además de que el TPI, antes de anotar la rebeldía como

sanción en una de las acciones, ni apercibió a la parte sobre las

potenciales consecuencias de presentar de forma tardía su

contestación a la demanda enmendada ni le impuso alguna sanción

menos drástica.

                                  I.

      En mayo de 2017, la Administración de Terrenos de Puerto

Rico (la “Agencia”) presentó una acción de desahucio en precario en

contra del Sr. René Hernández Degross y su esposa. La Agencia

alegó que era la titular de un terreno de aproximadamente ocho (8)

cuerdas ubicado en el barrio Puerto Real de Vieques (la “Propiedad”),

el cual sostiene fue invadido ilegalmente por los demandados.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202301346                                                         2

      El   mes    siguiente,   el     señor   Hernández   Degross    (el

“Demandado”)     contestó      esta    demanda    e   interpuso     una

Reconvención. En síntesis, alegó ser el titular de la Propiedad por

usucapión. En la Reconvención sostuvo que adquirió la Propiedad

por medio de un documento privado que se había extraviado.

Además, solicitó la conversión del caso a uno ordinario por estar en

controversia la titularidad de la Propiedad.

      El 31 de julio, la Agencia incoó una Segunda Demanda

Enmendada (la “Acción de Desahucio”) para sustituir a un

codemandado de nombre desconocido por la Sa. Lilliany Hernández

Ayala, hija del Demandado. La Agencia alegó que la Sa. Hernández

Ayala había actuado en común acuerdo con su progenitor para

invadir la Propiedad y operar un negocio de venta de alimentos en

el lugar. El Demandado se opuso a las enmiendas a la demanda.

      El 22 de diciembre, notificada el 27 de diciembre, el TPI

autorizó la Segunda Demanda Enmendada y le concedió un término

de diez (10) días al Demandado para someter su alegación

responsiva. Aunque bastante después del término concedido por el

TPI, el Demandado presentó una Contestación a la Segunda

Demanda Enmendada (la “Contestación a la Acción de

Desahucio”) el 13 de julio de 2018.

      El 2 de agosto, la Agencia instó una Moción Eliminatoria a la

Contestación a la Segunda Demanda. Examinadas las posturas de

ambas partes, el 10 de agosto, notificada el 13 de agosto, el TPI dictó

una Orden en la que denegó aceptar la Contestación a la Segunda

Demanda Enmendada. Razonó que el desfile de prueba ya había

comenzado en la vista celebrada el 8 de junio de 2018 y señaló la

continuación de la vista. Resulta menester destacar que, a la vista

de 8 de junio, el Demandado compareció e informó que su

abogado estaba enfermo. De acuerdo con la Minuta que recoge las

incidencias de dicha vista, según consta en los autos originales, el
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TPI resolvió continuar la celebración de la vista sin el abogado del

señor Hernández Degross.

       Sin embargo, durante una vista celebrada el 30 de noviembre

de 2018, el TPI concluyó que el pleito no debía continuar de manera

sumaria.     Según consta en la Minuta correspondiente, el TPI

reconoció que erró “al no convertir el procedimiento en

ordinario desde un principio” y determinó que, “para evitar un

fracaso en la justicia y para que las partes tengan la oportunidad de

descubrir prueba, se debía paralizar el caso, abrir el periodo de

descubrimiento de prueba y celebrar un juicio en su fondo.”

(Énfasis suplido).

       En desacuerdo, la Agencia interpuso un recurso de certiorari

(KLCE201900010), mas este Tribunal denegó expedir el auto

solicitado mediante una Resolución de 17 de enero de 2020.

       Mientras tanto, el Demandado solicitó la consolidación de la

Acción de Desahucio con otra acción sobre daños y perjuicios que

la Agencia presentó contra el Demandado (N2CI201700065, o la

“Acción de Daños”; en conjunto con la Acción de Desahucio, “Ambas

Acciones”).1 Mediante una Orden notificada el 10 de enero de 2019,

el TPI denegó, “por el momento”, la solicitud de consolidación.

Asimismo, en igual fecha denegó, “por el momento”, una

reconsideración presentada por el Demandado en cuanto a la

denegatoria del TPI de aceptar la Contestación a la Acción de

Desahucio.

       Mientras tanto, en cuanto a la Acción de Daños, en lo

pertinente, el TPI le anotó la rebeldía al Demandado en junio de

2018, por este no haber contestado la demanda oportunamente. No

obstante, en agosto del mismo año, el Demandado, a través de su

1 Esta otra acción fue presentada en julio de 2017 por la Agencia en contra del

Demandado; se alegó que lo actuado por el Demandado, al apropiarse de la
Propiedad, le había impedido a la Agencia formalizar un acuerdo con Sunbay
Company Inc. relacionado con un proyecto de desarrollo de un hotel ecoturístico.
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entonces abogado, le solicitó al TPI que dejara sin efecto dicha

anotación. Arguyó que no había contestado la Acción de Daños por

“error o inadvertencia”, pues “pensaba” que solo se había

presentado una demanda en su contra (la de desahucio). Aseveró

tener una “buena y válida defensa”, pues sostuvo haber adquirido

la Propiedad mediante usucapión. El TPI denegó la solicitud del

Demandado. Posteriormente, en varias ocasiones, el Demandado

solicitó nuevamente al TPI que dejara sin efecto la referida anotación

de rebeldía, pero no prevaleció.

      Regresando a la Acción de Desahucio, al cabo de varios

incidentes procesales, el 26 de febrero de 2021, el TPI celebró una

vista a la cual el Demandado compareció sin representación legal.

Aseveró que su representante legal anterior había renunciado sin su

conocimiento.        También       informó   que   fue    intervenido

quirúrgicamente y estuvo en descanso desde septiembre de 2020

hasta enero de 2021. Añadió que se le hacía muy difícil conseguir

abogado porque debía primero reunir dinero.

      En esa ocasión es que, por primera vez, el TPI le informa al

Demandado que está “en rebeldía ya que nunca ha contestado

la demanda, pero que tenía derecho a contrainterrogar en el

proceso”. La Minuta fue notificada el 3 de marzo de 2021.

      Subsecuentemente, el 28 de julio, el Demandando presentó

una Moción para Asumir Representación Legal y Solicitando Término

para Presentar Alegación. El 2 de agosto, notificada el 4 de agosto,

el TPI dictó una Orden en la que aceptó la nueva representación legal

del Demandado; no obstante, en cuanto a la presentación de una

alegación responsiva, el TPI dispuso que ya se le había anotado la

rebeldía.

      El 26 de agosto, el Demandado presentó una Moción en Torno

a Orden. De entrada, advirtió que del expediente no surgía una

anotación de rebeldía.    Añadió que la Contestación a Segunda
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Demanda Enmendada se había presentado el 13 de julio de 2018.

Planteó que, aunque la Agencia solicitó su eliminación, bajo el

fundamento de que en pleitos de desahucio sumario no procede un

planteamiento de prescripción adquisitiva, posteriormente el TPI

había convertido el pleito a ordinario.

       Mediante una Orden notificada el 15 de noviembre, el TPI

denegó la Moción en Torno a Orden del Demandado. El 28 de enero

de   2022,    el   Demandado        instó   un    recurso     de   certiorari

(KLCE202200107) ante este Tribunal. Mediante una Resolución de

22 de abril, otro Panel denegó la expedición del auto de certiorari por

entender que la solicitud del Demandado no estaba incluida entre

las instancias contempladas por la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, en torno a la revisión

de dictámenes interlocutorios en casos civiles.

       El 22 de septiembre de 2023, el Demandado presentó un

escrito (la “Moción”), mediante el cual, en lo pertinente, solicitó al

TPI que dejara sin efecto la rebeldía que se le anotó en Ambas

Acciones y que admitiera la Contestación a la Acción de Daños.

       El 12 de octubre de 2023, el TPI notificó una Resolución (la

“Resolución”) en la que denegó dejar sin efecto la rebeldía anotada

al Demandado en Ambas Acciones. El TPI razonó que el Demandado

no había expuesto causa alguna que justificara levantarle la

rebeldía. Además, dio por admitidas las alegaciones de la Agencia y

le adjudicó la titularidad de la Propiedad.                 Determinó que

únicamente restaba celebrar una vista en su fondo en la Acción de

Daños.     Aunque de los autos no surge que las demandas de

referencia se hayan consolidado2, el TPI emitió la Resolución en

Ambas Acciones, con un mismo epígrafe.

2 Una Minuta de una vista del 22 de septiembre de 2023 incorpora Ambas
Acciones en el epígrafe; específicamente, se consignó que ambos casos estarían
“unidos” (“NSCI201700046 unido al N2CI201700065”).
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       El 27 de octubre, el Demandado solicitó la reconsideración de

la Resolución; insistió en que el TPI debía dejar sin efecto las

anotaciones de rebeldía en Ambas Acciones.                Subrayó que, ese

mismo día, había presentado una contestación a la Acción de Daños

(junto a una reconvención). El TPI denegó esta solicitud mediante

un dictamen notificado el 31 de octubre.

       En desacuerdo, el 30 de noviembre, el Demandado interpuso

el recurso de referencia; sostiene que el TPI cometió los siguientes

cuatro (4) errores:

       A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       no resolver en el caso N2CI201700046 de Desahucio,
       que la anotación de rebeldía al Demandado-Recurrente
       no fue válida en derecho, por no cumplir con los
       requisitos de notificación requeridos por el debido
       proceso de ley; y estando pendiente de resolverse una
       Solicitud de Reconsideración para que se admitiera la
       alegación responsiva.

       B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       determinar que la parte Demandada-Recurrente no
       adujo causa alguna que justifique que se levante la
       anotación de rebeldía en ambos pleitos, a tenor con lo
       dispuesto en las Reglas 45.3 y 49.2 de las de
       Procedimiento Civil.

       C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       no admitir la Contestación a Segunda Demanda
       Enmendada en el caso de desahucio, al no resolver la
       Moción de Reconsideración del 4 de febrero de 2019 y
       al no permitirle a la parte Demandada-Recurrente
       descubrir su prueba, luego de que el mismo TPI
       mediante Resolución, convirtiera el caso de Desahucio
       sumario en uno ordinario.

       D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       no dar por contestada la demanda en el caso de Daños
       con las alegaciones presentadas en el caso de
       Desahucio, siendo el caso de Daños accesorio y
       contingente al de Desahucio.

       Luego de que le ordenáramos a la Agencia mostrar causa por

la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la

Resolución, dicha entidad compareció3. En esencia, planteó que el

3 La Agencia solicitó la desestimación del recurso porque su apéndice carecía de

ciertos documentos. Hemos determinado denegar esta solicitud, pues la norma
es clara a los efectos de que la omisión de documentos en el apéndice no
necesariamente conlleva la desestimación de un recurso. Véanse, por ejemplo,
Reglas 12.1 y 34(E)(2) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 12.1 y
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Demandado pretende, de forma tardía, relitigar las anotaciones de

rebeldía, las cuales adujo ya son “final[es] y firme[s]”. Arguyó que

estos asuntos no debían “relitigar[se] … de forma indefinida”.

Resolvemos.

                                      II.

       El TPI puede anotar la rebeldía cuando una parte “haya dejado

de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma ...”. 32 LPRA

Ap. V, R. 45.1; véanse, además, Álamo v. Supermercado Grande, Inc.,

158 DPR 93 (2001); Vélez v. Boy Scouts of America, 145 DPR 534

(1998); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978);

J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805 (1971).              El propósito del

mecanismo de la rebeldía es desalentar el uso de la dilación como

estrategia de litigación. La rebeldía “es la posición procesal en que

se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse

o de cumplir con su deber procesal”. Rivera Figueroa v. Joe's

European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011).

       Al respecto, la Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, supra,

dispone como sigue:

       Cuando una parte contra la cual se solicite una
       sentencia que concede un remedio afirmativo haya
       dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra
       forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se
       pruebe mediante una declaración jurada o de otro
       modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.

       El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte,
       podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la
       Regla 34.3(b)(3) de este apéndice.

       Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por
       admitidas las aseveraciones de las alegaciones
       afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b) de
       este apéndice.

       La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez
       de una sentencia dictada en rebeldía.

34(E)(2). Contando con los autos en ambos casos, estamos en posición de resolver
informadamente.
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      Ahora bien, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 45.3, autoriza al tribunal a dejar sin efecto una

anotación de rebeldía por “causa justificada”. La concesión de un

relevo, en este contexto, es discrecional.

      Al determinar si debe dejarse sin efecto la anotación de

rebeldía, el tribunal debe tomar en cuenta: (a) si el peticionario tiene

una buena defensa en los méritos; (b) el tiempo que media entre el

dictamen y la solicitud de relevo; (c) y el grado de perjuicio que pueda

ocasionarse a la parte contraria. Neptune Packing Corp. v.

Wakenhut, 120 DPR 283, 294 (1988).

      La Regla 45.3, supra, se interpreta de manera liberal, para

tratar de brindarle a la parte su día en corte. Rivera Figueroa,

183 DPR a la pág. 591-592; Banco Central v. Gelabert Álvarez, 131

DPR 1005 (1992); Neptune Packing Corp., supra. De conformidad,

cualquier duda al respecto debe resolverse a favor del que solicita

que se deje sin efecto una anotación de rebeldía. Rivera Figueroa,

183 DPR a la pág. 592; J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811

(1971); Diaz v. Tribunal, 93 DPR 79, 87 (1966); Banco Central, 131

DPR a la pág. 1007. Ello por lo “oneroso y drástico que resulta”

sobre la parte afectada una anotación de rebeldía. J.R.T., supra.

      En fin, privar a un litigante de su día en corte es procedente

únicamente en “casos extremos”, cuando “no hay duda de la falta

de diligencia de la parte contra quien se toma la sanción.” Dávila v.

Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 819 (1986) (validando

desestimación ante “crasa dejadez y falta de diligencia”).

      Es importante subrayar que la razón por la cual ocurrió el

incumplimiento que generó la anotación de rebeldía es

solamente uno de los factores a considerar.            De hecho, aun

cuando no exista una debida justificación para no haber contestado

una demanda, ello, de por sí, no es necesariamente “determinante”,

sino que la decisión deberá responder a un análisis integral de todas
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las “circunstancias del caso”, incluyendo, en particular, el “factor

clave” de si existen defensas que “podrían ser meritorias”. Banco

Central, 131 DPR a la pág. 1007; Román Díaz v. Díaz Rifas, 113 DPR

500, 506 (1982); J.R.T., 99 DPR a la pág. 809.

                                  III.

       Como regla general, los tribunales están obligados a

desalentar la práctica de falta de diligencia e incumplimiento con las

órdenes del tribunal mediante su efectiva, pronta y oportuna

intervención. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298

(2012); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814 (1986);

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982);

Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 720-721

(2009).

      No obstante, la aplicación de sanciones severas, como

la desestimación de una demanda, o la anotación de rebeldía, por

falta de diligencia, debe atemperarse frente a la política pública de

que los casos se ventilen en sus méritos. El uso desmesurado de

este tipo de sanción puede vulnerar el propósito que persiguen los

tribunales, que es impartir justicia. Sánchez Rodríguez, 177 DPR a

las págs. 720-721; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855,

864 (2005). La imposición de estas sanciones solo procede cuando

la “conducta de la parte sancionada ha sido contumaz o de mala fe”.

Valentín v. Municipio de Añasco, 145 DPR 887 (1998) (resolviendo

que “la medida severa de excluir del juicio el testimonio de un testigo

crucial” es “análoga a la medida extrema de la desestimación”).

      Así pues, este tipo de sanción debe estar reservada para

aquellas situaciones donde no exista duda sobre la falta de interés

o contumacia de la parte, y se hayan agotado otras alternativas para

castigar su incumplimiento procesal, en particular, la imposición de

sanciones económicas. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR
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217, 222-223 (2001); Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123

DPR 664, 674 (1989); Dávila, 117 DPR a la pág. 814.

      Así, cuando se trate de un primer incumplimiento, una severa

sanción (como la desestimación de una demanda o la anotación de

rebeldía) sólo procederá después que el tribunal haya apercibido a

la representación legal de la parte de la situación y se le haya

concedido la oportunidad para responder. Si ello no funciona, el

tribunal impondrá sanciones al abogado o abogada de la parte y

notificará directamente a la parte sobre la situación.                  In re Vega

Quintana, 188 DPR 536, 544 (2013); Sánchez Rodríguez, 177 DPR a

la pág. 721; Mun. de Arecibo, 154 DPR a la pág. 222.

      Así pues, el Tribunal, previo a imponer una sanción extrema,

debe apercibir a la parte de la posible consecuencia de la dejadez y

debe asegurarse de que, en efecto, existe tal abandono de su interés

sobre el caso. Íd. Igualmente, el Tribunal debe brindar oportunidad

para que las partes se expresen al respecto. Íd, a la pág. 223. De

expresarse las partes, el Tribunal practicará un balance de intereses

entre su necesidad de resolver diligentemente los casos ante sí y el

perjuicio,   si    alguno,        que   la       dilación   haya    provocado   al

demandado. Íd.

                                        IV.

      Concluimos que, a raíz de la Moción, el TPI debió dejar sin

efecto la anotación de rebeldía al Demandado en Ambas Acciones.

Veamos.

      En     cuanto    a     la    Acción        de    Desahucio,   tomamos     en

consideración las siguientes circunstancias. Primero, la anotación

de rebeldía no se notificó por escrito al Demandado hasta marzo de

2021, varios años después de que el Demandado intentase contestar

la demanda, sin que el TPI aceptase la misma.

      Segundo, el Demandado contestó la demanda inicial (e

interpuso    una    reconvención),           y    se   ha   mantenido    litigando
KLCE202301346                                                        11

activamente, por lo cual no estamos ante un caso de contumacia o

mala fe. De hecho, aunque de forma tardía, el Demandado contestó

la Segunda Demanda Enmendada a mediados de 2018. Tercero, en

todo momento el Demandado ha alegado que tiene una buena

defensa en los méritos (usucapión).

      Cuarto, la determinación inicial del TPI, a mediados de 2018,

de no aceptar la Contestación a la Acción de Desahucio, respondió

a la naturaleza sumaria de la acción en aquel momento.              No

obstante, unos meses luego, a finales de 2018, el TPI convirtió la

acción a una ordinaria y ordenó            a las partes iniciar el

descubrimiento de prueba, por lo que, desde ese momento, perdió

su razón de ser el mantenerse en la negativa a aceptar la

Contestación a la Acción de Desahucio.

      Quinto, antes de sancionar al Demandado con una anotación

de rebeldía por haber contestado la Demanda de forma tardía, el TPI

no apercibió al Demandado sobre la posible imposición de sanciones

por el incumplimiento con las órdenes del tribunal, ni tampoco

recurrió a la imposición de sanciones menos onerosas (económicas,

por ejemplo). Valentín, 145 DPR a las pág. 896; Maldonado Ortiz v.

Secretario de Recursos Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).

      Sexto, la Agencia no ha demostrado que sufriría perjuicio

indebido alguno de dejarse sin efecto la rebeldía anotada al

Demandado. Finalmente, el negarse a dejar sin efecto la anotación

de rebeldía es contrario a la política pública prevaleciente de que los

casos se ventilen en sus méritos. La anotación de rebeldía, como

sanción, por su severidad, únicamente debe utilizarse cuando otras

medidas u órdenes no logran que la parte demandada cumpla con

sus obligaciones. Es por ello que, al evaluar una solicitud para dejar

sin efecto una anotación de rebeldía, cualquier duda debe resolverse

a favor del promovente.     Véase, Rivera Figueroa, supra; Neptune

Packing Corp., supra; Díaz, supra.
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      En cuanto a la anotación de rebeldía en la Acción de Daños,

la situación, en lo esencial, es similar, aunque no idéntica.

Ciertamente, el TPI actuó correctamente al anotarle la rebeldía al

Demandado en junio de 2018, pues este no había contestado la

Acción de Daños oportunamente.

      No obstante, el TPI debió dejar sin efecto la rebeldía anotada.

Primero, el Demandado ha planteado que tiene una buena defensa

en los méritos (usucapión).        Segundo, en agosto de 2018 (poco

después de anotada la rebeldía), el Demandado solicitó que se dejara

sin efecto lo actuado al respecto; planteó que no había contestado la

Acción de Daños por un “error o inadvertencia”. De hecho, los autos

demuestran que el Demandado se ha mantenido, en términos

generales, litigando activamente en Ambas Acciones con una

diligencia razonable.       Tercero, la Agencia no ha demostrado que

sufriría un perjuicio indebido si se deja sin efecto la anotación de

rebeldía.

      Por otro lado, y contrario a lo planteado por la Agencia, la

doctrina de la ley del caso no impedía que el TPI declarara con lugar

la Moción y, así, dejara sin efecto la rebeldía anotada al Demandado

en Ambas Acciones. Ello pues, como se explica a continuación: (i)

mientras un caso esté pendiente, el TPI siempre tiene la autoridad

de   reconsiderar       o     variar   una   determinación   anterior,

particularmente cuando, como se explicó arriba, mantener la misma

provocaría la perpetuación de un error y un resultado injusto; (ii)

este Tribunal en ningún momento ha emitido una determinación

que vincule al TPI en cuanto a los asuntos objeto de la Moción

porque únicamente se ha limitado a denegar la expedición de los

autos de certiorari solicitados.

      De conformidad con la doctrina de la ley del caso, “las

controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal

dentro de una causa deben usualmente respetarse como finales”
KLCE202301346                                                         13

para que las partes puedan continuar el pleito conforme a

determinaciones judiciales confiables y certeras. Mgmt. Adm. Servs.

Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 606-609 (2000).

      No obstante, esta doctrina no constituye un “mandato

invariable o inflexible”, sino que “recoge una costumbre deseable:

las controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal …

deben usualmente respetarse como finales.” Mgmt. Adm. Servs.

Corp., 152 DPR a la pág. 607. Es decir, la doctrina no constituye un

“límite al poder de los tribunales”. Mgmt. Adm. Servs. Corp., 152

DPR a la pág. 608.

      La doctrina está “al servicio de la justicia, no la injusticia; no

es férrea ni de aplicación absoluta”. Íd. (citando Noriega v.

Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992)). Cuando la aplicación

inflexible de dicha doctrina pueda causar una gran injusticia, o

el tribunal quede convencido de que sus pronunciamientos

fueron   erróneos,    se    puede    re-visitar   lo   anteriormente

adjudicado. Mgmt. Adm. Servs. Corp., 152 DPR a la pág. 608.

      Por otra parte, la norma es que el TPI tiene autoridad, ya sea

por iniciativa propia o a petición de parte, para reconsiderar una

anterior decisión, ya sea esta final o interlocutoria. Torres Cruz v.

Municipio, 103 DPR 217 (1975) (resolviendo que TPI debió

reconsiderar decisión anterior mediante la cual se había denegado

autorizar una demanda contra terceros); Núñez Borges v. Pauneto

Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992) (TPI puede reconsiderar dictamen

interlocutorio aun luego de expirado el término para reconsiderar e,

incluso, luego de que dicho dictamen inicial fuese objeto de una

petición de certiorari que el Tribunal Supremo denegó); Mgmt. Adm.

Servs. Corp., 152 DPR a las págs. 606-609 (2000) (ley del caso aplica

únicamente a dictámenes firmes, y el TPI “no queda atado por sus

determinaciones interlocutorias, aun cuando éstas no hayan sido

objeto de reconsideración o revisión) (énfasis suprimido).
KLCE202301346                                                       14

      Por supuesto, la autoridad del TPI para reconsiderar un

dictamen, sea final o interlocutorio, tiene que ejercerse mientras

dicho foro todavía tiene jurisdicción sobre el caso, es decir, antes de

que se emita una sentencia y la misma advenga final y firme. El

Mundo, Inc. v. Tribunal, 92 DPR 791, 800-802 (1965) (resolviendo

que TPI tenía autoridad para reconsiderar sentencia final a pesar de

que la moción de reconsideración había sido denegada de plano, ello

pues, al reconsiderarse, la sentencia no era final y firme); Lagares v.

ELA, 144 DPR 601, 613 (1997) (tribunal “conserva la facultad para

reexaminar” una decisión “siempre que tenga jurisdicción sobre el

caso”, aun cuando moción de reconsideración se notifique luego del

término aplicable); véanse, además, Insular Highway v. A.I.I. Co.,

174 DPR 793, 807 (tribunal tiene “facultad” para “reconsiderar sus

determinaciones motu proprio, siempre que tenga[] jurisdicción para

hacerlo”); Mgmt. Adm. Servs., 152 DPR a la pág. 606; Dumont v.

Inmobiliaria Estado, Inc., 113 DPR 406, 413 (1982).

      Aquí, por las razones arriba expuestas, la doctrina de la ley

del caso no impedía que el TPI reconsiderara su anterior postura en

cuanto a las anotaciones de rebeldía impuestas al Demandado. El

TPI podía y debía reconsiderar su postura anterior, pues la

aplicación de la doctrina de ley del caso está “al servicio de la

justicia, no la injusticia; no es férrea ni de aplicación absoluta”.

Mgmt. Adm. Servs. Corp., 152 DPR a la pág. 608 (citando Noriega v.

Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992)). Adviértase que, al menos

desde noviembre de 2018 (cuando se convirtió el caso de desahucio

a ordinario), es patente el error del TPI de no haber dejado sin efecto

la rebeldía anotada en Ambas Acciones.

      Por otro lado, la norma es que, cuando este Tribunal declina

expedir un auto de certiorari, ello no equivale a una adjudicación en

los méritos; por el contrario, responde al ejercicio de una facultad

discrecional del Tribunal. Vélez Rosario v. Class Sánchez, 198 DPR
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870, 878 (2017); véase, además, García v. Padró, 165 DPR 324, 336

(2005). Por consiguiente, la denegatoria de los recursos de certiorari

previamente presentados por las partes no obligaba al TPI en cuanto

a la adjudicación de la Moción.

      Ante todo lo anterior, y considerando además la política

pública y judicial imperante que favorece la dilucidación de los casos

en sus méritos, Maldonado Ortiz v. Secretario de Recursos Naturales,

Íd.; Valentín, 145 DPR a la pág. 897; Rivera et. al. v. Superior Pkg.,

Inc. et. al., 132 DPR 115, 124 (1992), concluimos que erró el TPI al

negarse a dejar sin efecto las anotaciones de rebeldía impuestas al

Demandado en los casos de referencia.

                                  V.

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de

certiorari, se revoca la Resolución recurrida y se devuelven los casos

al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de forma compatible con lo aquí dispuesto y

resuelto.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones