Court Opinion

ID: 9896840
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:59.894502+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:19.470880
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        PANEL XI

                                                     Certiorari procedente
 GENEE C. RUÍZ DE JESÚS                              del Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
          RECURRIDA                                  Superior de Aguadilla

                 V.                                   Civil Núm.:
                                        KLCE202301146 AG2023CV00588
   MUNICIPIO DE RINCÓN
     NELSON NORIEGA                                  Sobre:
        SÁNCHEZ
      MULTINATIONAL                                  DAÑOS Y
   INSURANCE COMPANY                                 PERJUICIOS

        PETICIONARIOS

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                       RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2023.

        El Municipio de Rincón (en adelante el Municipio) y Mutinational

Insurance Company (en adelante Mutinational) comparecen ante nos

mediante una petición de Certiorari. En su recurso nos solicitan la

revocación de una Resolución emitida el 28 de agosto de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). Por medio de dicha

determinación, el TPI denegó una Moción de desestimación presentada por

los peticionarios.

        Examinado el recurso ante nuestra consideración, denegamos su

expedición.

                                              I.

        El 11 de septiembre de 2019, la señora Genee C. Ruiz De Jesús (en

adelante la señora Ruiz De Jesús o la demandante-recurrida) presentó una

Demanda de daños y perjuicios (AU2019CV00531) contra el Municipio de

Rincón, su aseguradora y el conductor de la guagua escolar municipal.1 El

30 de abril de 2021, el TPI dictó Sentencia desestimando sin perjuicio la

1 Apéndice de peticionarios, pág. 1.

Número Identificador
RES2023 ________
KLCE202301146                                                                             2

reclamación por inactividad de más de seis (6) meses de conformidad a la

Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil.2

         Así las cosas, el 10 de agosto de 2021, la demandante-recurrida

radicó por segunda ocasión la demanda de daños y perjuicios

(AU2021CV00420) contra el Municipio de Rincón, su aseguradora y el

conductor de la guagua escolar municipal.3 El 15 de julio de 2021, el TPI

emitió y notificó una Sentencia desestimando la demanda sin perjuicio al

amparo de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil por incumplimiento de

la Orden emitida el 28 de marzo de 2022.4

         Por los mismos hechos, el 20 de abril de 2023, la señora Ruiz De

Jesús presentó por tercera ocasión demanda de daños y perjuicios

(AG2023CV00588).5 El 7 de agosto de 2023, el Municipio y la aseguradora

presentaron Moción Solicitando Desestimación fundamentada en la

doctrina de abuso de derecho y actos propios. 6 Por su parte, la

demandante-recurrida          presentó       su    Contestación        a    Moción      de

Desestimación.7 Adujo que las sentencias desestimando sin perjuicio los

casos anteriores constituían determinaciones finales y firmes.

         En vista de lo anterior, el 28 de agosto de 2023, el TPI emitió y

notificó una Resolución declarando no ha lugar a la Moción de

Desestimación.8 Resolvió que las sentencias anteriores desestimando sin

perjuicio el caso constituían determinaciones finales y firmes donde la parte

demandada tuvo la oportunidad de hacer alegaciones pertinentes y no lo

hizo.9

2 Apéndice de peticionarios, pág. 89.
3 Apéndice de peticionarios, pág. 100.
4 Apéndice de peticionarios, pág. 142. Cabe destacar que, el 13 de septiembre de 2023,

los peticionarios-demandados presentaron una Moción Solicitando Sentencia Enmendada
al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V. R. 49.2. En esta
solicitaron que el tribunal dictara con perjuicio la referida Sentencia. No obstante, el TPI
declaró no ha lugar a la petición el 21 de septiembre de 2023. Véase Apéndice de
peticionarios, págs. 145-156.
5 Apéndice de peticionarios, págs. 1-3.
6 Apéndice de peticionarios, págs. 4-14.
7 Apéndice de peticionarios, pág. 15.
8 Apéndice de peticionarios, págs. 17-20.
9 Apéndice de peticionarios, págs. 18.
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        Oportunamente, los peticionarios presentaron Moción Solicitando

Reconsideración.10 En su escrito solicitaron que el tribunal desestimara con

perjuicio la tercera demanda por abuso de derecho y falta de causa.11 Tras

evaluar la solicitud, el foro primario dictaminó no ha lugar.12

        Inconforme con la aludida determinación, los peticionarios acudieron

ante este Tribunal mediante una petición de Certiorari. En el referido

recurso plantearon que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en los

siguientes errores:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la
        causa de acción en contra de M.I.C. y el Municipio de Rincón
        basado en los actos propios de la Parte Demandante-
        Recurrida los cuales resultaron en la desestimación de dos
        pleitos anteriores por los mismos hechos del presente caso
        debido a su dejadez e incumplimiento reiterado con las
        órdenes del Tribunal; equivalentes a un desistimiento
        voluntario de cada una de sus causas de acción y por lo cual
        procede se desestime esta tercera reclamación.

        Abusó su discreción el Tribunal de Primera Instancia al no
        desestimar la causa de acción por falta de jurisdicción y al no
        imponer el pago de costas, gastos, y honorarios de abogados
        incurridos en los dos pleitos anteriores además de las costas,
        gastos y honorarios por temeridad en el presente caso.

        De conformidad con la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

prescindimos de requerir a la recurrida su comparecencia, en aras de

ofrecer un despacho justo y eficiente de la controversia ante nuestra

consideración. En lo que respecta el recurso de certiorari, hemos decidido

denegar su expedición. Veamos.

                                          II.

        A. Certiorari

        Las resoluciones u órdenes dictadas por los tribunales de instancia

son revisables ante este Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de

certiorari. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y(b). El certiorari es un

recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior

10 Apéndice de peticionarios, pág. 21.
11 Apéndice de peticionarios, pág. 26.
12 Apéndice de peticionarios, pág. 27.
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puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior. Rivera

Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023 TSPR 65, 212 DPR ____;

Orthopedics Prod. Of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994,

1004 (2021); Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido

como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. La

característica distintiva del certiorari “se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar

sus méritos”. Íd. Ahora bien, el ejercicio de esta discreción no es absoluto.

Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R. 52.1, delimita

las instancias en las cuales el foro apelativo puede ejercer sus facultades

revisoras mediante el recurso de certiorari. La regla aludida dispone que:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. (Énfasis
       nuestro)

       De acuerdo con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, al

denegar la expedición de un recurso de certiorari el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Ahora bien, si el foro

intermedio determina que el recurso ante su consideración exhibe alguna

de las circunstancias precitadas, entonces debe evaluar la petición de

certiorari a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

       A tales efectos, el referido cuerpo reglamentario establece que el

Tribunal de Apelaciones considerará los siguientes criterios para expedir

un certiorari:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
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        B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
        para el análisis del problema.

        C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
        Primera Instancia.

        D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
        a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
        elevados, o de alegatos más elaborados.

        E. Si la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso
        es la más propicia para su consideración.

        F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
        no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
        dilación indeseable en la solución final del litigio.

        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
        evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

        En este ejercicio, el Tribunal de Apelaciones solo intervendrá con las

determinaciones discrecionales del tribunal sentenciador cuando este

último haya incurrido en arbitrariedad, en un craso abuso de discreción, o

aplicación errónea de la ley. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018);

García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).

                                          III.

        En el presente caso el Municipio y Mutinational solicitan la

revocación de la Resolución recurrida que denegó una moción de

desestimación presentada al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 10.2. Sostienen que la demandante-recurrida

incurrió en un patrón de incumplimiento de órdenes en sus demandas

anteriores equivalente a un desistimiento voluntario.13

        Según los peticionarios, dicha actuación demuestra un claro abuso

de derecho.14 Asimismo, plantean que su conducta es contraria a los actos

propios, y a su vez, constituye una renuncia a su derecho y a la posible

compensación. 15 Por lo anterior, aducen que el foro primario carece de

jurisdicción para atender la reclamación.16 Por último, argumentan que no

13 Petición de Certiorari, pág. 3.
14 Petición de Certiorari, pág. 17.
15 Petición de Certiorari, págs. 17-18.
16 Petición de Certiorari, pág. 18.
KLCE202301146                                                                 6

expedir el auto de certiorari implicaría un fracaso irremediable de la

justicia.17

        Aunque la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R. 52.1,

nos concede la facultad para revisar interlocutoriamente la resolución

recurrida por ser una denegatoria de una moción dispositiva, no

encontramos fundamentos jurídicos que nos motiven a expedir el auto de

certiorari de conformidad a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. De igual modo, no identificamos

los elementos requeridos para determinar que el TPI actuó de forma

arbitraria, caprichosa, o incurrió en craso abuso de discreción, o aplicación

errónea de la ley.

        Por último, adviértase que el foro primario desestimó sin perjuicio las

demandas anteriores. Tales sentencias constituyen determinaciones

finales y firmes. La segunda demanda presentada por la parte demandante

por los mismos hechos fue emitida el 15 de julio de 2022. No fue hasta el

13 de septiembre de 2023 que la parte demandada de manera tardía

solicitó que se enmendara la sentencia para que la desestimación fuese

con perjuicio.

        En vista de ello, denegamos la expedición del auto de certiorari

solicitado y devolvemos el asunto al Tribunal de Primera Instancia para la

continuidad de los procedimientos.

                                           IV.

        Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición

del auto de certiorari y devolvemos el asunto al Tribunal de Primera

Instancia.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

17 Petición de Certiorari, pág. 3.