Court Opinion

ID: 9962668
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:40:24.336933+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.646930
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL1

                                                Revisión Procedente
 OFICINA DE ÉTICA                               de la Oficina de Ética
GUBERNAMENTAL DE                                Gubernamental
   PUERTO RICO

       Recurrida                                Caso Núm.: 22-40

                                                Sobre:
                             KLRA202300361
           v.                                   Violación al Inciso (d)
                                                del Artículo 43 de la
                                                Ley Orgánica de la
     JUAN CARLOS                                Oficina    de     Ética
    GARCÍA PADILLA                              Gubernamental        de
                                                Puerto Rico, Ley Núm.
      Recurrente                                1-2012,          según
                                                enmendada.

Panel integrado por su presidenta la jueza Domínguez Irizarry, la
jueza Aldebol Mora y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

      Comparece Juan Carlos García Padilla, en adelante García

Padilla o recurrente, solicitando que revisemos la “Resolución”

notificada el 9 de mayo de 2023 por la Oficina de Ética

Gubernamental, en adelante, OEG, la cual le impuso una multa de

$7,500, por tres (3) infracciones al Artículo 4.3 de la Ley 1-2012,

mejor conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética

Gubernamental de Puerto Rico, en adelante, LOOEG, 3 LPRA sec.

1857(b).

      Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos.

                                  I.

      García Padilla es actualmente el alcalde del Municipio de

Coamo. El recurrente indicó que durante el período atravesado por

1 Véase Orden Administrativa OATA-2023131 del 14 de julio de 2023,
donde se designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución de la
juez Monsita Rivera Marchand.

Número Identificador
SEN2024___________________
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la pandemia del COVID-19, se le extendieron tres (3) contratos al

señor Ángel Rafael Negrón Reyes, en adelante, Negrón Reyes o

recurrido. Cabe destacar que Negrón Reyes es hijo de Zoraida Reyes

Díaz, en adelante, Reyes Díaz, quien es servidora pública en dicho

municipio desde el año 1985.2 Desde el 7 de enero de 2013, Reyes

Díaz labora como Ayudante Especial en la Oficina del Alcalde.

        Los   contratos   en    cuestión   cubrieron   los   períodos

comprendidos desde el 6 de mayo de 2020 al 30 de junio de 2020;

del 1 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020 y del 1 agosto de 2020

al 31 de diciembre del mismo año.3 Los mismos establecían una

jornada de seis (6) horas diarias durante cinco (5) días a la semana

devengando un salario mensual de $974.00.4 Los servicios

relacionados con los primeros dos (2) contratos se pagaron con

fondos identificados con el sufijo Covid-19; en cambio, los fondos

destinados para el tercer (3) contrato se denominaron con el sufijo

COVID Relief Found.5 Estos contratos fueron realizados en respuesta

a ciertas necesidades en el Municipio de Coamo, producto del

COVID-19. La Cláusula Sexta en los tres (3) contratos disponía

“[q]ue este contrato se realiza como consecuencia y a base a la

Declaración de Emergencia suscrita por la Hon. Wanda Vázquez

Garced”.6

        El 10 de noviembre de 2021, la OEG presentó la querella de

epígrafe, donde le imputó a García Padilla haber violado el artículo

4.3 (d) de la Ley Orgánica de la OEG en tres (3) ocasiones al no haber

obtenido autorización previa para otorgar dichos contratos.7 Por su

parte, García Padilla presentó su “Contestación a Querella” y levantó

2 Apéndice del recurso, pág. 186.
3 Id. págs. 45,108-109.
4 Id.
5 Id.
6 Id.
7 Id. pág. 110.
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varias defensas.8 A su vez, también presentó una “Moción de

Desestimación”, donde alegó que el artículo 4.3 (d) no aplicaba a la

contratación de Negrón Reyes.9 Por su parte, la OEG presentó una

“Oposición a Moción de Desestimación”.10

         Trabada la controversia entre ambas partes, el 9 de febrero de

2022, el Oficial Examinador de la OEG ordenó a las partes a

expresarse sobre la posibilidad de considerar la “Moción de

Desestimación” como una solicitud de resolución sumaria.11 García

Padilla presentó el 23 de febrero de 2022, una “Moción en

Cumplimiento de Orden”, y solicitó un término para realizar

descubrimiento de prueba.12 Además, indicó que el 24 de febrero del

2022, el Oficial Examinador concedió treinta (30) para llevar a cabo

el descubrimiento de prueba.

         Según surge de los hechos alegados en el recurso de revisión

ante nos, durante el transcurso del término concedido, es decir,

hasta el 23 de marzo de 2022, el recurrente llevó a cabo el

descubrimiento de prueba, más no así la OEG. Expirado el término

concedido, el 6 de abril de 2022, la OEG sometió a García Padilla un

“Primer Pliego de Interrogatorio, Requerimiento de Admisiones y

Producción de Documentos”.13

         Luego de varios trámites procesales, el 8 de septiembre de

2022, la OEG presentó una “Moción Solicitando Adjudicación

Sumaria”.14 El 11 de octubre de 2022, García Padilla presentó una

“Moción en Oposición a Solicitud de Adjudicación Sumaria de la

Oficina de Ética Gubernamental y Solicitud de Adjudicación Sumaria

del Querellado”.15

8 Apéndice del recurso, pág. 114.
9 Id. pág.118.
10 Id. pág. 131.
11 Id. pág. 258.
12 Id. pág. 259.
13 Id.
14 Id. pág. 161.
15 Id. pág. 190.
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       Posteriormente, el 24 de octubre de 2022, la OEG presentó

“Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Adjudicación Sumaria

de la Oficina de Ética Gubernamental y Solicitud de Adjudicación

Sumaria del Querellado”.16 El 3 de noviembre de 2022, el recurrente

presentó una “Breve Dúplica a ‘Réplica a Moción en Oposición a

Solicitud     de     Adjudicación   Sumaria   de   la   Oficina   de   Ética

Gubernamental          y   Solicitud   de   Adjudicación    Sumaria     del

Querellado’”.17 Finalmente, el 20 de abril de 2023, la Oficial

Examinadora rindió su informe intitulado “Informe de la Oficial

Examinadora”, el cual fue acogido en su totalidad por el Director de

la OEG.18

       Según se desprende de la “Resolución” de 8 de mayo de 2023,

el Director de OEG determinó que García Padilla incurrió en tres (3)

violaciones al inciso (d) del artículo 4.3 de la LOOEG, supra, y en

consecuencia, le impuso una multa administrativa de $7,500.00 por

las tres (3) violaciones.19

       Inconforme con la “Resolución” emitida, el 26 de mayo de

2023, García Padilla presentó una “Moción de Reconsideración”.20

Mediante “Resolución en Reconsideración”, el 12 de junio de 2023, el

Director de la OEG sostuvo la resolución recurrida.21

       Así las cosas, el recurrente acude ante este Foro arguyendo

los siguientes señalamientos de error:

              PRIMERO: LA OEG COMETIÓ ERROR DE
              DERECHO AL APLICAR ARBITRARIAMENTE EL
              ART. 4.3 (d) DE LA LOOEG A LOS HECHOS DE
              ESTE CASO.

              SEGUNDO: LA OEG COMETIÓ ERROR DE
              DERECHO AL RESOLVER ARBITRARIAMENTE QUE
              LA CONTRATACIÓN EN ESTE CASO NO ESTABA
              COBIJADA    POR    ALGUNA     DE    LAS

16 Apéndice del recurso, pág, 231.
17 Id. pág. 245.
18 Id. pág.   257.
19 Id. pág. 278.
20 Id. pág. 281.
21 Id. pág. 309.
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            CIRCUNSTANCIAS        EXCEPCIONALES              QUE
            PERMITE EL ART. 4.3 (d) DE LA LOOEG.

            TERCERO: LA OEG COMETIÓ ERROR DE
            DERECHO AL IMPONER UNA SANCIÓN DE $7,500
            DE FORMA     DE FORMA    CAPRICHOSA    Y
            ARBITRARIA.

      El recurrido presentó su “Alegato en Oposición a Revisión

Judicial”    el    8    de   agosto   de    2023.   Con el beneficio de   la

comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

                                      II.

      A. Revisión Judicial de las Agencias Administrativas

      Sabido es que, en nuestro estado de derecho actual, las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de los organismos

administrativos están sujetas a la revisión del Tribunal de

Apelaciones. Artículo 4006 (c) de la Ley de la Judicatura de Puerto

Rico, Ley Núm. 201-2003, 4LPRA sec. 24; Ley Núm. 38-2017Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

en adelante, LPAUG, 3 LPRA secs. 9671 y 9672; Regla 56 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B;

Miranda Corrada v. DDEC, et al., 211 DPR 738, 745 (2023); OEG v.

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022); AAA v. UIA, 200 DPR 903,

910 (2018). El objetivo principal de la revisión judicial consiste en

auscultar si la agencia administrativa actuó de conformidad a las

facultades        que   fueron   conferidas   por   ley.   Ruiz   Matos   v.

Departamento de Corrección, 2023 TSPR 144, 213 DPR ___ (2023);

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, 211 DPR 99,113-

114 (2023); Pérez López v. Dpto. Corrección, 208 DPR 656, 672

(2022).

      De ordinario, estas revisiones proceden al adjudicarse

finalmente todas las controversias en consideración de la agencia y

al agotarse todos los remedios administrativos disponibles para un

litigante. Miranda Corrada v. DDEC, et al., supra, pág. 746; Pérez
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López v. Dpto. Corrección, supra; Fonte Elizondo v. FR Conts. 196

DPR 353, 358 (2016). Además, la facultad de cuestionar una

determinación administrativa forma parte del debido proceso de ley,

el cual es un derecho con rango constitucional. ACT v. Prosol et als.,

210 DPR 897, 908 (2022); Asoc. Condomines v. Meadows Dev., 190

DPR 843, 847 (2014).

      Empero, huelga decir que “la revisión judicial no es

equivalente   a   una    sustitución   automática     del   criterio   e

interpretación del ente administrativo.” Hernández Feliciano v.

Municipio de Quebradillas, supra, págs 115-116; Capó Cruz v. Jta.

Planificación, et al., 204 DPR 581, 591 (2020). A tenor con ello, el

foro apelativo debe hacer distinción entre los asuntos consistentes

a la discreción o pericia de la agencia, y las controversias

relacionadas a la interpretación estatutaria, en las cuales los

tribunales son especialistas. Hernández Feliciano v. Municipio de

Quebradillas, supra, pág. 116; OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR

1005, 1028 (2020).

      De igual modo, el tribunal respetará las determinaciones de

hechos que exponga la agencia, y no sustituirá el criterio de esta por

el suyo. Ruiz Matos v. Dpto. Corrección, supra; Otero v. Toyota, 163

DPR 716, 727 (2005). En cuanto a las conclusiones de derecho,

estas pueden ser revisadas en todos sus aspectos. No obstante, la

referida revisión no implica que un tribunal tenga “la libertad

absoluta de descartar libremente las conclusiones e interpretaciones

de la agencia.” Otero v. Toyota, supra, pág. 729. El foro judicial debe

conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas

por razón de la experiencia y el conocimiento especializado que estas

poseen sobre los asuntos que se les han delegado. Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra, pág. 114; OEG v.

Martínez Giraud, supra, págs. 88-89; Rolón Martínez v. Supte. Policía,

201 DPR 26, 35 (2018). Cónsono con lo anterior, los dictámenes
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administrativos están revestidos de una presunción de legalidad y

corrección, la cual subsiste, mientras que la parte que los impugna

no produzca suficiente evidencia para derrotarla. Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra, pág. 114; OEG v.

Martínez Giraud, supra, pág. 89; Rolón Martínez v. Supte. Policía,

supra, pág. 35.

      Con relación a la deferencia, la determinación administrativa

no será mantenida por los tribunales cuando: a) no esté basada en

evidencia sustancial; b) el ente administrativo haya errado al

aplicar o interpretar las leyes o los reglamentos que se le han

encomendado administrar; c) el organismo administrativo haya

actuado de forma arbitraria, irrazonable, ilegal o cometido abuso de

discreción, realizando determinaciones carentes de una base

racional; o d) cuando la actuación administrativa lesiona derechos

constitucionales fundamentales. Ruiz Matos v. Dpto. Corrección,

supra; Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra, pág.

114; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016).

(Énfasis suplido).

      Los tribunales, para lograr su encomienda, deberán evaluar

los siguientes tres (3) aspectos: 1) si el remedio concedido fue el

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho están sostenidas por

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto

en su totalidad; y 3) si se sostienen las conclusiones de derecho

realizadas por la agencia. Ruiz Matos v. Dpto. Corrección, supra;

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra, pág. 115;

OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Moreno Lorenzo y otros v.

Depto. Fam., 207 DPR 833, 839-840 (2021); Capó Cruz v. Jta.

Planificación et al., supra, pág. 591; Torres Rivera v. Policía de Puerto

Rico, supra, págs. 626-627.
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      B. Oficina de Ética Gubernamental

      La LOOEG, supra, fue aprobada con el propósito principal de

renovar y reafirmar la función preventiva y fiscalizadora de la OEG.

Exposición de Motivos de la LOOEG. La precitada ley es el cuerpo

normativo de la conducta de los servidores y exservidores públicos

de la Rama Ejecutiva. Id. También, adoptó un Código de Ética “que

reglamenta la conducta de los servidores y exservidores públicos de

la Rama Ejecutiva, y que constituye un principio cardinal de esta

legislación para proscribir las acciones improcedentes que ponen en

riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado”. OEG v. Martínez

Giraud, supra, pág. 91.

      En cumplimiento con su Ley Habilitadora, y como parte de su

misión, la OEG tiene la encomienda de fiscalizar la conducta de los

servidores públicos, además de penalizar a los que transgreden los

valores del servicio público, mediante los mecanismos y recursos

que le provee la Ley. LOOEG, supra, sec. 1855. La LOOEG, supra,

tiene como propósito establecer un servicio público íntegro, con

valores, que mantenga la confianza en sus instituciones y asegure

la transparencia en las funciones públicos. OEG v. Martínez Giraud,

supra, pág. 91; OEG v. Rodríguez y otros, 159 DPR 98, 122 (2003).

También, busca educar e impulsar en el servicio público los valores

de bondad, confiabilidad, justicia, responsabilidad y respeto que

rigen la administración pública. Id.

   De las definiciones que el cuerpo normativo en cuestión incluye

en su Artículo 1.2, cabe destacar las siguientes:

      (h) Autoridad nominadora — aquel o aquellos cuya función
      inherente es la de nombrar, ascender, remunerar o contratar.
      (ñ) Contrato — convenio o negocio jurídico para hacer o
      dejar   de   hacer   determinado   acto,   otorgado    con   el
      consentimiento de las partes contratantes, relacionado con
      un objeto cierto y por virtud de la causa que se establezca.
      Incluye, pero sin limitarse, los acuerdos de bienes, de obras,
      de servicios y las órdenes de compra y de servicios.
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      (w) Nombrar — designación oficial de cualquier naturaleza
      para realizar determinadas funciones.
      (y) Pariente — los abuelos, los padres, los hijos, los nietos,
      los tíos, los hermanos, los sobrinos, los primos hermanos, el
      cónyuge, los suegros y los cuñados del servidor público, así
      como los hijos y los nietos de su cónyuge.
      (gg) Servidor público — persona en el Gobierno que
      interviene en la formulación e implantación de la política
      pública    o    no,    aunque        desempeñe     su    encomienda
      permanente o temporalmente, con o sin remuneración.
      También, incluye al contratista independiente cuyo contrato
      equivale   a    un     puesto    o    cargo,   o   que   entre     sus
      responsabilidades está la de intervenir directamente en la
      formulación e implantación de la política pública.

      Por entenderlo pertinente al caso de marras, a continuación,

exponemos un análisis jurídico sobre los criterios del Artículo 4.3(d)

de la LOOEG, supra, a fin de entender el alcance de este. Al ser

promulgada, la LOOEG derogó la Ley Núm. 12 de 24 de Julio de

1985, mejor conocida como la Ley de Ética Gubernamental del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1985, en adelante, Ley 12

del 1985, 3 LPRA sec. 1801 et seq. El Artículo 3.3(d) de la precitada

ley, fue sustituido por el actual Artículo 4.3(d) de la LOOEG, supra.

El texto del artículo, aprobado originalmente en la Ley 12 del 1985,

supra, disponía de la siguiente manera:

      D. Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato
      en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados o algún
      miembro de las unidades familiares de estos, tenga directa o
      indirectamente,       interés   pecuniario,    a     menos   que    el
      Gobernador,      previa    recomendación       del    Secretario    de
      Hacienda y del Secretario de Justicia lo autorice.

      Posteriormente, se presentó un proyecto legislativo para

enmendar, entre otros, el precitado artículo. Proyecto del Senado 50,

en adelante, P. de la S. 50, el 8 de febrero de 1993, 12ma Asamblea

Legislativa, 1era Sesión Ordinaria. El P. de la S. 50 originalmente

propuso que se enmendara el Artículo 3.3(d) de la Ley 12 del 1985

al siguiente texto:
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      (d) Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato
      en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados o algún
      miembro de las unidades familiares de estos, tenga o haya
      tenido durante los últimos cinco (5) años antes de ocupar su
      cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario, a menos
      que el Gobernador, previa recomendación del Secretario de
      Hacienda y del Secretario de Justicia, lo autorice.

      El Informe de la Comisión de Ética Gubernamental, para el

Senado de Puerto Rico, del 23 de junio de 1993, en adelante, Informe

del Senado (1993), expresa con relación a la enmienda del Artículo

3.3, que la misma tiene el propósito de “ampliar el alcance de las

prohibiciones relativas a la contratación para evitar todo posible

conflicto y hasta la apariencia de conflictos que le restan al pueblo

la confianza en su gobierno y en sus funcionarios públicos”. Informe

del Senado (1993), pág. 20.

      Por otro lado, el Informe de la Comisión de Gobierno, para la

Cámara de Representantes, del 25 de junio de 1994, en adelante,

Informe de la Comisión (1994), propuso la aprobación del proyecto,

con ciertas enmiendas. De los citados informes surgen varias

ponencias, entre ellas una de la OEG y otras del Departamento de

Justicia.

      El 17 de febrero de 1993, la OEG sometió sus comentarios

referentes a la P. de la S. 50, y con relación al Artículo 3.3(d) de la

Ley 12 del 1985, supra, y el periodo de cinco (5) años. La agencia

realizó una comparación con el término aplicable de dos (2) años a

ciertas restricciones impuestas a los exservidores públicos del

Gobierno Federal (18 USC 207).22 En su análisis, opinó que el

término de cinco (5) años propuesto era excesivo.

      Por su parte, el 2 de marzo de 1993, el Departamento de

Justicia sometió sus comentarios sobre la P. de la S. 50, en donde

amplía sobre los cometarios de la OEG. La referida agencia recurre

 Véase la ponencia del Director Ejecutivo de la OEG del 17 de febrero de
22

1993 sobre la P. de la S. 50, pág. 3.
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a un análisis más detallado sobre la Oficina de Ética Gubernamental

en el ámbito federal (5 USC sec. 101). Explica la misiva que, bajo

esta autoridad, se creó un código de conducta ética para empleados

en la rama ejecutiva del gobierno federal, con principios análogos al

de nuestro gobierno, incluyendo la prohibición sobre los empleados

públicos y sus parientes de tener intereses pecuniarios en conflicto

con su servicio. (5 USC sec. 401). Más aun, añade el Departamento

de Justicia que el término dispuesto para medir los posibles

conflictos pecuniarios de estos últimos previo a ocupar sus puestos,

es de un año. En sus comentarios y sugerencias, resolvió el

Departamento de Justicia que “a diferencia de los cinco años

propuestos, el término de dos años es uno adecuado” y que un

tiempo mayor puede “convertirse en un obstáculo para el

reclutamiento de los funcionarios más idóneos y capacitados para

el servicio público”.23

      Nuevamente, el 9 de mayo de 1994, el Departamento de

Justicia presentó sus comentarios respecto a las enmiendas

propuestas por la P. de la S. 50, relativas a los cinco (5) años del

Artículo 3.3(d) de la Ley 12 del 1985, supra. En su comentario

número dos (2), la agencia hace una ilustrativa observación. Sugiere

que el término se reduzca a dos (2) años, por entender que este es

más razonable, a fines de “evitar situaciones conflictivas por razón

de relaciones anteriores que pudieran afectar la independencia de

criterio e imparcialidad necesaria para ofrecer los servicios

profesionales a una agencia ejecutiva”.24

      Así las cosas, el Informe de la Comisión (1994), en su “Análisis

del Articulado”, no acogió las propuestas de un término de dos (2)

años para el Artículo 3.3(d) de la Ley 12 del 1985, supra. Sin

23  Véase la ponencia del Secretario de Justicia del 2 de marzo de 1993
sobre la P. de la S. 50, pág. 8.
24
   Véase la ponencia del Secretario de Justicia del 9 de mayo de 1994 sobre
la P. de la S. 50, pág. 13.
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embargo, determinó que cuatro (4) años es un término intermedio.

Informe de la Comisión (1994), pág. 11.

      Después de estos esfuerzos legislativos, en torno al P. de la S.

50, el mismo se convirtió en la Ley 150-1994. En el texto final del

referido estatuto, la enmienda al Artículo 3.3(d) de la Ley 12 del

1985, supra, rezaba de la siguiente manera:

      (d) Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato
      en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados o algún
      miembro de las unidades familiares de estos tenga o haya
      tenido durante los últimos cinco (4) años antes de ocupar su
      cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario, a menos
      que el Gobernador, previa recomendación del Secretario de
      Hacienda y del Secretario de Justicia, lo autorice.

      Más adelante, se presentó el Proyecto del Senado 2046, en

adelante, P. de la S. 2046, el 24 de marzo de 2011, 16ta Asamblea

Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria. Por ello, la Ley 12 del 1985, supra,

fue abrogada a posteriori. El Artículo 3.3(d) de la Ley 12 del 1985

fue sustituido por el Artículo 4.3(d) del P. del S. 2046. En lo

pertinente a lo que hoy atendemos, los cambios propuestos a este

inciso no fueron significativos. Sin embargo, sí lo fueron las

enmiendas del Informe de la Comisión de Gobierno, para el Senado

de Puerto Rico, del 6 de diciembre de 2011, en adelante, Informe del

Senado (2011). En su entirillado, el Informe del Senado (2011)

propuso que el Artículo 4.3(d) dispusiera un término de dos (2) años

en lugar de cuatro (4). La misma fue acogida, y el P. del S. 2046 se

convirtió en la LOOEG. Por todo lo cual, en su texto final, la LOOEG,

supra, dispone lo siguiente con relación al Artículo 4.3(d):

      […]
      (d) La autoridad nominadora no puede llevar a cabo un
      contrato en el que un servidor público de la agencia o un
      miembro de la unidad familiar, un pariente, un socio o una
      persona que comparta la residencia de este último tenga o
      haya   tenido,   directa   o   indirectamente,   un   interés
      pecuniario durante los últimos dos (2) años anteriores a
      su nombramiento. Esta prohibición no aplica cuando, a
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      discreción de la Dirección Ejecutiva, medien circunstancias
      excepcionales que hayan sido evaluadas con anterioridad a
      que la autoridad nominadora contrate con el servidor público
      o con un miembro de la unidad familiar, un pariente, un
      socio o una persona que comparta la residencia de este
      último.
      […]

      LOOEG, supra, sec. 1857b (Énfasis suplido).

      C. Facultad de la OEG para imponer multas

      El Artículo 3.4 de la LOOEG, supra, faculta a la OEG para

imponer sanciones de naturaleza administrativa, civil y penal. 3

LPRA sec. 1828. Aunque la LPAUG, supra, establece que las

agencias podrán imponer multas que no excederán los cinco mil

dólares ($5,000) por cada violación a las leyes que estas

administran, si la ley especial de que se trate dispone una penalidad

administrativa mayor a la que se establece en esta sección, la

agencia podrá imponer la penalidad mayor. 3 LPRA sec. 2201.

      Precisamente, la LOOEG faculta a la OEG a imponer multas,

que exceden el límite establecido en ciertos casos. Con relación a las

sanciones por acciones de naturaleza administrativa, el Artículo

4.7(c) de la referida ley, establece lo siguiente:

      (c) Acciones de Naturaleza Administrativa (1) Toda persona
      que viole las prohibiciones y disposiciones establecidas en
      esta   Ley   y   en   los   reglamentos,   órdenes   y   normas
      promulgadas a su amparo, podrá ser sancionada por el
      Director con multa administrativa que no excederá de
      veinte mil (20,000) dólares por cada violación. Lo
      anterior no limita la facultad de la Oficina de Ética
      Gubernamental de imponer, además de dicha multa
      administrativa, la sanción de triple daño, según lo
      autoriza el inciso (b) de este Artículo.

      LOOEG, supra, sec. 1857f (c). (Énfasis suplido).

      Además, a partir del año 2022, el Máximo Foro aclaró la

norma de que “para imponer sanciones disciplinarias, un despido
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de empleo o una multa sustancial, el estándar de prueba es uno

intermedio de prueba clara, robusta y convincente, que, a su

vez, supere y descarte todos los planteamientos basados en

conjeturas”. OEG v. Martínez Giraud, supra, págs. 83-84. (Énfasis

suplido).

                                  III.

         García Padilla recurre ante nos, impugnando la multa fijada

por la OEG, en su contra. En síntesis, argumenta que la OEG incidió

en su aplicación del Artículo 4.3 (d) de LOOEG, supra, a los hechos

del caso de autos. Este Tribunal entiende que al recurrente le asiste

razón.

         Sabido es que a las agencias administrativas le merecen gran

deferencia por parte de los foros judiciales. No obstante, según la

normativa esbozada anteriormente, este Tribunal puede ejercer su

función revisora cuando entienda que la agencia recurrida se

equivocó en derecho. Ruiz Matos v. Dpto. Corrección, supra;

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra, pág. 114;

Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628.

         Las multas emitidas por la OEG en el caso de marras se

amparan en el Artículo 4.3(d) de la LOOEG. Esta disposición expone

una serie de criterios que deben ser considerados, al momento de

determinar si se violó el mismo con la celebración de algún contrato.

Es necesario que la autoridad nominadora infractora haya

participado en un contrato, en el que: 1) algún servidor público de

la agencia, o algún miembro de su unidad familiar, pariente, socio

o persona que conviva con este, 2) tenga o haya tenido, directa o

indirectamente 3) un interés pecuniario, 4) durante los últimos

dos (2) años anteriores a su nombramiento.

         En este caso, la autoridad nominadora es el recurrente, quien

actualmente es el Alcalde del Municipio de Coamo. Bajo su mando,

labora Reyes Díaz, quien es la madre de la persona con la que
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contrató García Padilla, Negrón Reyes. Según definido en la LOOEG,

la relación entre Reyes Díaz y Negrón Reyes esta contemplada en los

requisitos del inciso en cuestión, pues son parientes. No obstante,

la OEG debió presentar prueba que evidenciara el interés

pecuniario, durante los últimos dos (2) años al nombramiento.

      Según las definiciones del Artículo 1.2 de la LOOEG, supra,

sec. 1854, tanto la designación de Reyes Díaz, en funciones de

Ayudante Especial, así como Negrón Reyes, como contratista

independiente, pueden ser los sujetos cuyo interés pecuniario se

debe evaluar, a la luz del Artículo 4.3(d). Esto es así, ya que el acto

de “nombrar” está definido en el precitado artículo como la

“designación oficial de       cualquier    naturaleza para realizar

determinadas funciones”. Id. (Énfasis suplido).

      Sin embargo, en nuestra apreciación del expediente propio y

los documentos que obran en autos, concluimos que la OEG no

probó los elementos del artículo en cuestión. Entendemos que, más

allá de señalar la relación de parentesco, la agencia recurrida debió

pasar prueba sobre el interés pecuniario durante los dos (2) años

anteriores al otorgamiento de los contratos.

      Es importante subrayar que en el Informe recogido por la

OEG, la Oficial Examinadora destaca que la prohibición establecida

en el inciso (d) del Artículo 3.3 de la LOOEG, supra, va dirigida a la

autoridad nominadora, y contiene varias modalidades, entre ellas

una prohibición de contratación en el que el pariente de un servidor

público tenga o haya tenido, directa o indirectamente, un interés

pecuniario.25 Sin embargo, esa última modalidad incluye “durante

los últimos dos (2) años anteriores a su nombramiento”. Sobre esta

última modalidad, la OEG no presentó evidencia clara, robusta y

convincente,    como     lo   requiere    la   norma   jurisprudencial

25 Apéndice del recurso, pág. 267.
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recientemente esbozada. De hecho, no presentó ninguna prueba al

efecto.

      Resaltamos que un detenido análisis de los historiales

legislativos de las leyes que han creado y enmendado el actual

Artículo 4.3(d) de la LOOEG denota la diáfana intención de evitar

conflictos de intereses pecuniarios entre empleados públicos, sus

parientes, socios, unidad familiar, entre otros, con terceros o

pasadas relaciones con terceros. Sin embargo, el artículo que aquí

nos ocupa, requiere que la OEG evalúe qué posibles relaciones, dos

(2) años antes al nombramiento del empleado o su pariente, puede

representar un interés pecuniario para este.

      No habiéndose probado los elementos del Artículo 4.3(d) de la

LOOEG, justipreciamos que la falta administrativa no se cometió,

por lo que nos vemos obligados a dejar sin efecto la misma.

                                  IV.

      Por   los   fundamentos      que   anteceden,   revocamos    la

“Resolución” recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones