Court Opinion

ID: 9962660
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:39:32.998793+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:22.717594
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

JOSÉ RAFAEL ARRIETA                                CERTIORARI
      IGARTÚA                                      procedente del
                                                   Tribunal Superior
        Recurrido              KLCE202400218       de Puerto Rico, Sala
                                                   Superior de Caguas
             v.
                                                   Caso núm.:
    ASOCIACIÓN DE                                  CG2020CV01197
   RESIDEDNTES DE
    [ESTANCIAS] DE                                 Sobre: Interdicto
    CIDRA, Y OTROS                                 Provisional
                                                   Permanente, Daños
       Peticionarios                               y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la Asociación

de Residentes de Estancias de Cidra (AREC o la peticionaria)

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita que

revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI) el 2 de febrero de 2024,

notificada el 5 del mismo mes y año. En la mencionada Resolución

el foro primario declaró No Ha Lugar a la solicitud de sentencia

sumaria presentada por la peticionaria, al amparo de la Regla 36 de

Procedimiento Civil.

      Por   los    fundamentos      que   detallamos   a   continuación,

denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado.

                                    I.

      El 6 de junio de 2020, el Sr. José Rafael Arrieta Igartúa (señor

Arrieta Igartúa o el recurrido) presentó una Demanda solicitando un

interdicto preliminar de cese y desista, al amparo de la Regla 56 de

Procedimiento Civil. Dicha demanda fue dirigida en contra de la

Número Identificador
RES2024 _________________________
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peticionaria y varias partes codemandadas, entre ellos, miembros

que componen AREC. Dentro de sus alegaciones expuso violaciones

con lo establecido en la Escritura de Compraventa, con la Escritura

de Restricciones de Uso y Edificación, con el Reglamento de la

Asociación de Residentes y con la Ley de Control de Acceso.1

Además, solicitó -entre otras cosas- una compensación por daños.

       El 9 de julio de 2020, el TPI declaró No Ha Lugar a la solicitud

de interdicto preliminar al determinar que las alegaciones no

cumplían con los requisitos para emitirlo, puesto que estas carecían

de urgencia.2 Por lo tanto, ordenó que se continuaran los

procedimientos por la vía ordinaria.

       Luego de varios trámites procesales la peticionaria, mediante

escrito intitulado Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial,

solicitó que se dictara sentencia sumariamente por entender que no

había controversias sobre los hechos materiales del caso.3 En su

solicitud desglosó los hechos que consideraba no controvertidos y

acompañó la evidencia documental pertinente. Además, planteó que

procedía la desestimación de la Demanda y expuso sus argumentos

a favor de ello.

       El 2 de febrero de 2024, notificada el 5 de febrero siguiente, el

TPI dictó la Resolución recurrida en la cual declaró No Ha Lugar a la

moción de sentencia sumaria. En esta el foro recurrido consignó

siete (7) hechos no controvertidos y diez (10) hechos en controversia.

Estos últimos fueron:

          1. La junta de directores de la asociación fue escogida
             en asamblea desde 2012 al presente y los miembros
             tenían capacidad para ocupar sus puestos.
          2. La asociación no ha sido secuestrada o es un alter
             egos de su junta de directores.
          3. La Asociación de Residentes de Cidra nunca ha
             tenido guardias 24 horas y/o perímetro controlado.
          4. La asociación no dio por terminado el servicio de
             seguridad.

1 Véase el Apéndice II del Recurso, a la pág. 7.
2 Véase, entrada Núm. 17 del expediente digital del Caso núm. CG2020CV01197

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
3 Véase el Apéndice XIX del Recurso, a las págs. 257-676.
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          5. La asociación reparó la verja caída.
          6. La asociación provee los informes que establece el
              reglamento.
          7. La asociación no ha tolerado ni autorizado se
              mantenga operación de taller de mecánica y o
              acceso adicional o negocio comercial. Véase, Exhibit
              1, Declaración jurada página. párrafo 16. Véase,
              Exhibit 12, Deposición demandante, pagina 125,
              párrafo 17-23, página 126, párrafo 14, página 128,
              párrafo 4-8.
          8. La Asociación no ha tomado decisión de eliminar los
              guardias, la misma se tomó en asamblea.
          9. El demandado ha presentado una reclamación
              frívola.
          10. No existe taller de mecánica en la Urbanización de
              Estancias de Cidra.4

        Al respecto, en cuanto a su determinación, el foro primario

razonó lo siguiente:

              En el caso de autos existen múltiples hechos en
          controversia, por lo que, este Foro está impedido de
          dictar sentencia sumaria. Mucha de la prueba sometida
          son     declaraciones    juradas    de    los  propios
          codemandados, lo cual representa evidencia “self
          serving”. Además, la Asociación de Residentes de Cidra,
          sí podría responderle en daños a la parte demandante
          de demostrarse en su día que est[á] teniendo
          conocimiento de los incumplimientos de varios
          residentes con las condiciones restrictivas de la
          escritura matriz, se cruzó de brazo[s] y no hizo nada
          para hacer cumplir la misma. Finalmente, los daños
          alegados en la demanda son unos continuos.
          Consecuentemente, es imposible que los mismos
          hubiesen prescrito previo a la presentación de la
          demanda. En cuanto, a la alegación de parte
          indispensable no entraremos en los méritos de la
          misma debido a que la parte codemandada, Asociación
          de Residentes de Cidra, ni tan si quiera explicó su
          argumento. En vista de lo anterior, se declara no ha
          lugar la solicitud de sentencia sumaria sometida por la
          codemandada, Asociación de Residentes de Cidra.5

        Inconforme ante dicho dictamen, la Asociación acude ante

este foro apelativo planteando los siguientes señalamientos de error:

          ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
          INSTANCIA Y ABUS[Ó] DE SU [DISCRECIÓN] AL
          DECLARAR DETERMINAR EN CONTROVERSIA LOS
          HECHOS 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 19.

          ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
          INSTANCIA Y ABUS[Ó] DE SU [DISCRESIÓN] AL
          DETERMINAR QUE NO PROCEDÍA LA MOCI[Ó]N DE
          SENTENCIA SUMARIA.

4 Véase el Apéndice I del recurso, a las págs. 1-5.
5 Íd.
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      El 28 de febrero de 2024, dictamos una Resolución

concediéndole a la parte recurrida un término de diez (10) días para

expresarse. El 5 de marzo siguiente, compareció el señor Arrieta

Igartua mediante un Memorando en Oposición a Expedición de Auto

de Certiorari. Advertimos, además que, como parte de los trámites

ante nuestra consideración, se nos planteó un asunto relativo a la

representación legal de la peticionaria, lo cual atendimos mediante

varias órdenes las cuales fueron cumplidas.

      Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo;

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver el

presente recurso.

                                 II.

El auto de certiorari

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52, establece que el recurso de certiorari para resolver

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones

cuando se recurre, entre otros, de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Sin embargo, aun cuando un asunto esté

comprendido dentro de las materias que podemos revisar de

conformidad con la Regla 52.1, supra, previo a ejercer debidamente

nuestra facultad revisora es menester evaluar si, a la luz de los

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el

auto el certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (1999). Por

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de

parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR

580, 596 (2011).
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      Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera. (citas omitidas).” SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). Así pues, se ha

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.

(citas omitidas).” Íd. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, enmarca los criterios que debemos considerar al

momento de determinar si procede que expidamos el auto

discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

regla establece lo siguiente:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo,

evaluemos     si   alguna     de    las    circunstancias      enumeradas

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del

foro recurrido. Además, es norma trillada que un tribunal apelativo

no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este
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último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). También, los criterios antes

transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera sabia

y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la etapa del

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

Mecanismo de Sentencia Sumaria

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503,

511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal examinará

los documentos admisibles en evidencia que se acompañan con la

solicitud y los documentos que se encuentran en el expediente del

tribunal. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013);

Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). Una

vez el tribunal determine que no existe una controversia genuina de

hechos que tenga que ser dirimida en vista evidenciaria, y que lo

único que falta es aplicar el derecho, procederá a dictar la sentencia

sumaria. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563,

575 (1997).

      Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los

casos, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar

una vista evidenciaria, cuando de los documentos no controvertidos

que se acompañan con la solicitud, y de la totalidad de los autos,

surge que no existe controversia sobre los hechos materiales, por lo

cual solo corresponde aplicar el derecho. SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, supra; Medina v. M. S. & D química P.R. Inc., 135 DPR 716,

726 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279

(1990). Este mecanismo discrecional aligerará la tramitación de un

caso, pues el tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental
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Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión,

supra, a las págs. 213-214.

      Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado

de una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. La

controversia sobre el hecho material debe ser real y de una calidad

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a

través de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la

pág. 213. El principio rector que debe guiar al juez de instancia en

la determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el

sabio discernimiento”, porque si se utiliza de manera inadecuada,

puede prestarse para privar a un litigante de su día en corte, lo que

sería una violación a su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v.

ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).

      La Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36, establece de manera específica los requisitos de forma que

debe cumplir la parte que promueve la moción de sentencia

sumaria; así como la que se opone a ella. En lo pertinente, el

promovente debe exponer un listado de hechos no controvertidos,

desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, para cada

uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que

se opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Meléndez

González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015). De este

modo, se facilita el proceso adjudicativo, ya que posiciona al

juzgador de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la

prueba. “Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces de
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instancia y propende la disposición expedita de aquellas disputas

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.” SLG Zapata

Rivera, v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 434.

      Al considerar una moción de sentencia sumaria, si el

promovido no controvierte los hechos que presente la parte

promovente, los mismos se tendrán por ciertos. Díaz Rivera v.

Srio. de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006). Así, nuestra alta curia ha

aclarado que “a menos que las alegaciones contenidas en la moción

de sentencia sumaria queden debidamente controvertidas, estas

podrían ser admitidas y, de proceder en derecho su reclamo, podría

dictarse sentencia sumaria a favor de quien promueve”. Meléndez

González, et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 137. Sin embargo,

“toda inferencia razonable que se realice a base de los hechos y

documentos presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de

que se dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto

de vista más favorable al que se opone a la misma”. ELA v. Cole,

164 DPR 608, 626 (2005).

      Pertinente a la controversia ante nuestra consideración, como

es sabido, existen dos (2) modalidades de sentencia sumaria: la

primera, que se dicta a base de documentos ofrecidos por el

promovente que demuestran que no existe controversia real de

hechos y procede aplicar el derecho; y la segunda, por insuficiencia

de prueba. Esta última se presenta luego de realizarse un

“descubrimiento de prueba exhaustivo”, donde se determine que la

prueba existente no es suficiente para sustentar las alegaciones de

la demanda; y por ende, procede desestimarla. Ramos Pérez v.

Univisión, supra, a la pág. 213; Medina v. M. S. & D química P.R.,

Inc., supra, a la pág. 732. En cuanto a esta modalidad, nuestro más

alto foro ha expresado que el promovido puede derrotarla

demostrándole al tribunal que no ha podido realizar un

descubrimiento de prueba adecuado. Pérez v. El Vocero de P.R.,
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149 DPR 427,449 (1999); García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR

323, 340 (2001).

      Por último, en lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de

este Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia

sumaria, los criterios son los siguientes: (1) solo debemos considerar

los documentos que se presentaron ante el foro de primera

instancia; (2) estamos impedidos de adjudicar hechos materiales y

esenciales en disputa, puesto que esa tarea únicamente le

corresponde al tribunal primario; (3) debemos examinar el

expediente     de    la   manera     más   favorable    a     la    parte

promovida; (4) debemos observar que las mociones cumplan con los

requisitos formales estatuidos en la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra; (5)   podemos   determinar    la   existencia    de    una

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, si los

hubiese; y (6) ante un caso donde no existan hechos materiales en

controversia, este foro intermedio procederá a revisar de novo si la

primera instancia judicial aplicó correctamente el derecho. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs. 118-119; Vera v.

Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004).

                                   III.

      En esencia la peticionaria arguye que el foro primario erró al

declarar sin lugar su solicitud de sentencia sumaria y determinar

que aún existían hechos en controversia. Alega, además, que el TPI

abusó de su discreción al establecer lo anterior mencionado y

determinar que las declaraciones presentadas por la peticionaria en

su solicitud de sentencia sumaria son “self-serving”, determinar que

los daños alegados por el señor Arrieta Igartúa son continuos y en

decidir no discutir el argumento referente a falta de parte

indispensable. Sin bien al amparo de la Regla 52.1, antes citadas,

estamos facultados a revisar una denegatoria de una moción de

carácter dispositivo.
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      Analizado el recurso presentado, así como los documentos

que forman parte del apéndice, concluimos que no se encuentran

presente ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra. Además, de una lectura del recurso, la

peticionaria no nos persuadió de que el TPI abusó su discreción al

denegar su petitorio. Asimismo, advertimos que, aun cuando se

planteó el asunto relativo a la representación legal de AREC

recalcamos que no se justifica nuestra intervención. Incluso, la

Resolución impugnada no amerita nuestra revisión inmediata para

“evitar un fracaso de la justicia”.

                                  IV.

      Por   los   fundamentos     antes   expuestos,   denegamos     la

expedición del auto solicitado.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones