Court Opinion

ID: 9381061
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:12:48.715795+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.553800
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

    LUMA ENERGY                               APELACIÓN
     SERVCO, LLC                              procedente del
                                              Tribunal de Primera
        Apelante                              Instancia, Sala de
                            KLAN202300090     San Juan
            v.
                                              Civil núm.:
    LUIS ALBERTO                              SJ2022CV06844
  RIVERA RIVERA, ET                           (907)
         ALS
                                              Sobre: Procedimiento
        Apelados                              Especial al Amparo
                                              del Artículo 14.1 de la
                                              Ley núm. 161-2009

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      Comparece ante este tribunal apelativo Luma Energy Servco,

LLC (LUMA o la parte apelante) mediante el recurso de apelación de

epígrafe y nos solicita que revoquemos una Sentencia dictada por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (el TPI) el

5 de diciembre del 2022, archivada en autos ese mismo día.

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar a la

solicitud de injunction estatutario en virtud del Artículo 14.1 de la

Ley núm. 161-2009. En consecuencia, desestimó la demanda

instada por la parte apelante.

      Por las razones que expondremos a continuación, se confirma

la Sentencia apelada.

                                  I.

      El 1 de agosto de 2022 la parte apelante presentó una

demanda de injunction estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la

Ley núm. 161-2009, conocida como “Ley para la Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico”. En esencia, alegó que el Sr.

Número Identificador
SEN2023________________________
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Luis Alberto Rivera Rivera y su esposa, la Sra. Dalline Candelario

Ruiz (el matrimonio Rivera-Candelario) obtuvieron, de manera

“incorrecta”, un permiso de construcción expedido por el Municipio

de San Juan (el Municipio). Argumentaron que la construcción que

se está realizando invade la servidumbre constituida a favor de la

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por lo que procede su

demolición.

          El matrimonio Rivera-Candelario contestó la demanda e

indicó, entre sus defensas afirmativas, que la actuación de Luma es

una “selectiva, discriminatoria o de persecución.” Asimismo, se

expuso que cuentan con un permiso de construcción vigente

expedido por la Oficina de Permisos del Municipio (núm. 2019-

277191-PCOC-021128. Se arguyó que cuando adquirieron la

propiedad en el 2019 ya existía la estructura por la que se reclama

alguna violación. Más aún, expresaron que “Ni el paso ni el acceso

han sido ni les serán prohibidos y [e]stos tendrán acceso según fuere

necesario.”1

          Luego    de    varios    trámites        procesales,   que   se   hacen

innecesarios consignar, el 9 de noviembre de 2022 se celebró la vista

de injunction en la cual, luego de una extensa argumentación, el

tribunal apercibió a las partes que se estipuló el permiso de

construcción; así como la servidumbre. A su vez, les advirtió que, a

su entender, lo que está ante su consideración es una controversia

de derecho y aún más, expresó que el Artículo 14.1 de la Ley núm.

161-2009 “no es el indicado para hacer valer una servidumbre.”2 Así

las cosas, el foro apelado concedió a ambas partes un término para

someter por escrito sus respectivas argumentaciones.

          Cumplida la orden, y analizados los escritos, el TPI emitió el

dictamen apelado en el cual consignó veinte (20) determinaciones de

1
    Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 52.
2
    Íd., a la pág. 63.
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hechos y concluyó que el recurso especial dispuesto en la Ley núm.

161-2009 no es el mecanismo apropiado para impugnar la obra de

construcción y solicitar su demolición. Además, el foro a quo aclaró

el alcance de la Sentencia dictada y expresó lo siguiente:3

                Por último, aclaramos que el alcance de esta
            Sentencia se limita a determinar la improcedencia del
            recurso de injunction estatutario en virtud de la Ley
            Núm. 161-2009. Por imperativo jurisdiccional, el
            Tribunal no determinó ni entró en los méritos en cuanto
            a los planteamientos de la parte demandante respecto
            al derecho de servidumbre- ya sea una de naturaleza
            legal o privada- y su presunta invasión por la parte
            demandada. Similarmente, lo aquí resuelto tampoco
            tiene el efecto de proscribir cualquier acción civil en el
            trámite ordinario correspondiente, como pudieran ser
            la acción confesoria de servidumbre, sentencia
            declaratoria, ni la solicitud de un remedio provisional
            de sentencia bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil,
            supra, que pudiera ventilarse en tal procedimiento
            ordinario o cualquier otro mecanismo que fuera
            procedente.” [notas al calce omitidas]

         Inconforme, LUMA solicitó la reconsideración de dicho

dictamen. El 3 de enero de 2023 el TPI declaró No Ha Lugar el

petitorio.

         Aún insatisfecha, la parte apelante acude ante este foro

apelativo imputándole al foro de primera instancia la comisión del

siguiente error:

            ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
            CONCLUIR QUE LA PARTE DEMANDANTE NO LOGRÓ
            DEMOSTRAR QUE PROCEDE LA CONCESIÓN DEL
            INJUNCTION ESTATUTARIO PARA REVOCAR EL
            PERMISO DE CONSTRUCCIÓN EN ATENCIÓN A LOS
            CRITERIOS PUNTUALES ESTABLECIDOS EN EL ART.
            14.1 DE LA LEY NÚM. 161-2009.

         El 2 de febrero de 2023 dictamos una Resolución concediendo

a la parte apelada el término de treinta (30) días para expresarse.

El 23 de febrero de 2023 se presentó el alegato en oposición

intitulado Moción en Cumplimiento de Orden. Así, nos damos por

cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.

         Analizados los escritos y el expediente apelativo; así como

estudiado el estudiado aplicable, procedemos a resolver.

3   Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 25-26.
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                                    II.

      La Ley núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA

sec. 9011et seq., se aprobó con el fin de establecer el marco legal y

administrativo que regiría en la solicitud, evaluación, concesión y

denegación de permisos de construcción que inciden en el desarrollo

económico     del   Estado     Libre      Asociado   de    Puerto    Rico.

Posteriormente, esta fue enmendada por la Ley núm. 151-2013 con

el propósito, entre otros, de reestructurar la OGPe y así cumplir con

la meta de agilizar los procedimientos en el trámite de concesión y

denegación de permisos, pero en particular, garantizar y propiciar

la participación ciudadana y el acceso a los foros adjudicativos. Por

ello, se eliminó la Junta Revisora (foro adjudicativo adicional como

paso previo a solicitar revisión ante los tribunales) y se restituyó la

aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes.

Exposición de Motivos de la Ley núm. 151-2013.

      En lo aquí pertinente, el Artículo 9.10 de la Ley núm. 161-

2009, 23 LPRA sec. 9019i, dispone:

                Se presume la corrección y la legalidad de las
         determinaciones finales y de los permisos expedidos
         por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el
         Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por
         los profesionales autorizados. No obstante, cuando
         medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la
         comisión de algún otro delito en el otorgamiento o
         denegación de la determinación final o del permiso, o
         en aquellos casos en que la estructura represente un
         riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones
         ambientales o arqueológicas, la determinación final
         emitida y el permiso otorgado por la Oficina de
         Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con
         Jerarquía de la I a la V o por el profesional autorizado,
         deberá ser revocado. La estructura se podrá
         modificar, conservar o demoler, solo después de que
         un tribunal competente así lo determine y siguiendo
         con el procedimiento judicial establecido en las
         secs. 9024 a 9024e de este título, además de cumplir
         con el debido proceso de ley. […] (Énfasis nuestro)

      A su vez, el Artículo 14.1 del estatuto, 23 LPRA sec. 9024, al

que hace referencia el precepto anterior dispone:

         La Junta de Planificación, así como cualquier entidad
         gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
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        Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
        instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en
        representación del interés público o una persona
        privada, natural o jurídica, que tenga un interés
        propietario     o    personal    que     podría    verse
        adversamente afectado, podrá presentar una acción
        de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o
        cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la
        revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud
        se haya hecho utilizando información incorrecta o
        falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin
        contar con las autorizaciones y permisos
        correspondientes,      o    incumpliendo      con     las
        disposiciones y condiciones del permiso otorgado;
        (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la
        demolición de obras construidas, que al momento de la
        presentación del recurso y al momento de adjudicar el
        mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea
        porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido
        revocado.
             Indistintamente de haberse presentado una
        querella     administrativa    ante     la   Junta     de
        Planificación, entidad gubernamental concernida,
        Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o
        cualquier otra dependencia o instrumentalidad del
        Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos,
        una parte adversamente afectada podrá presentar
        un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera
        Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso
        extraordinario al amparo de esta sección, la agencia
        administrativa            perderá           jurisdicción
        automáticamente sobre la querella y cualquier
        actuación que llevare a cabo con respecto a la
        misma será considerada ultra vires.
             El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar
        vista dentro de un término no mayor de diez (10) días
        naturales desde la presentación del recurso y deberá
        dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20)
        días naturales desde la celebración de la vista.
        […] (Énfasis nuestro)

      Debido   a   su   naturaleza,    el   injunction   estatutario   es

independiente del injunction tradicional y, por consiguiente,

generalmente exento de la normativa aplicable a este último. Next

Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014). Ello, porque

los requisitos del injunction tradicional son, de ordinario, más

rigurosos que los exigidos para el injunction estatutario. Next Step

Medical v. Bromedicon et al., supra; CBS Outdoor v. Billboard One,

Inc., 179 DPR 391, 409 (2010). El injunction tradicional tiene su

origen en la equidad y va dirigido esencialmente a atender

situaciones donde no existe otro remedio adecuado en ley para

atender los perjuicios que enfrenta una persona, mientras que el

interdicto estatutario proviene de un mandato legislativo expreso.
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Es por ello, que la concesión de un injunction estatutario requiere

un tratamiento especial, enmarcado dentro de un examen o

escrutinio judicial más acotado. Next Step Medical v. Bromedicon,

supra, a la pág. 497.

       El procedimiento especial provisto por el Artículo 14.1 de la

Ley núm. 161-2009, al igual que otros interdictos estatutarios, es

un mecanismo establecido por un estatuto, independiente, sumario

y limitado. ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); ARPe v.

Rodríguez,     127    DPR     793     (1991).4    Una    vez     se   solicita

correctamente el procedimiento especial, el tribunal expedirá

una orden de paralización provisional hasta que se ventile

judicialmente el derecho de la parte que lo invocó. Nótese, sin

embargo, que su concesión ha de evaluarse a la luz de la letra de

este artículo y su jurisprudencia interpretativa. Íd.

        Por último, es norma trillada que, en ausencia de error,

prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán

con las determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba,

ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de

Primera Instancia. González Hernández v. González Hernández, 181

DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR

799, 811 (2009). Esta norma de deferencia judicial descansa en que

el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad

de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos,

titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras

declaran; factores que van formando gradualmente en su conciencia

la convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com.

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009).

4 La jurisprudencia citada se refiere al Artículo 28 de la Ley núm. 76 de 24 de
junio de 1975, el cual fue derogado mediante la aprobación de la Ley núm. 161-
2009, supra. Ante la ausencia de jurisprudencia que trate el Artículo 14.1 de la
Ley 161-2009, según enmendado, y debido a que se trata de la figura antecesora
del actual Artículo 14.1, supra, que procuraba esencialmente los mismos
objetivos, acudimos a dicha jurisprudencia interpretativa.
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                                      III.

       En esencia, la parte apelante argumentó que el TPI erró al

concluir que el remedio establecido en el Artículo 14.1 de la Ley

núm. 161-2009 no es el adecuado para atender los hechos del

presente caso. Alegó que la construcción que se está llevando a cabo

ocupa parte de la servidumbre a favor de la AEE, por lo cual se

requería    un    endoso    de    dicha      agencia    para   realizar   dicha

construcción.5 Así pues, LUMA entiende que la certificación

sometida al Municipio es “incorrecta o falsa”, ya que en esta se

indicó que el proyecto cumple con los requisitos de ley.

       Como indicamos, la Solicitud de Injunction fue instada al

amparo del Artículo 14.1 de la Ley núm.161-2009, supra, el cual

dispone, en lo aquí pertinente, que podrá ser presentada por una

persona jurídica que tenga un interés propietario que podría

verse adversamente afectado con el fin de obtener la revocación

de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando

información incorrecta o falsa. De igual manera, expusimos en el

derecho precedente que al ser este injunction un mecanismo

establecido por un estatuto de carácter independiente, sumario y

limitado,    su   concesión      requiere      un      tratamiento   especial

enmarcado dentro de un escrutinio judicial más limitado. En

consecuencia, para su expedición la parte apelante tenía que

demostrar específicamente cuál fue la información incorrecta o falsa

suministrada por el matrimonio Rivera-Candelario y que el permiso

fue expedido utilizando la misma. Lo cual, como más adelante

explicaremos, evidentemente no ocurrió en el presente caso.

       Recordemos que el TPI, en el dictamen impugnado, reconoció

que en el propio permiso de construcción se hizo la advertencia de

5 El Artículo 1 de la Ley núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada,
mejor conocida como la “Ley de Servidumbres Legales”, en lo aquí pertinente,
establece que tienen carácter de servidumbres legales, continuas y aparentes las
servidumbres de servicio público de paso de energía eléctrica.
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que la adjudicación del mismo no tenía el propósito ni el alcance de

validar      o    anular     cualquier      restricción     privada,     incluyendo

servidumbres           en    equidad        o    prohibiciones     que       resulten

inconsistentes con el mismo.6 Al analizar dicha condición, el foro

primario razonó que el Municipio admitió que el permiso pudiera

contravenir        los   derechos      de       alguna    parte   respecto    a   las

servidumbres, “... pero ello no implica por sí solo que el permiso que

así lo haga sea nulo o deba ser revocado, ni mucho menos que se

indujo a error a la entidad gubernamental al emitirlo al proveer

información “falsa o incorrecta”.”7 Añadió el foro apelado que “... del

propio permiso expedido se orienta y advierte que cualquier parte

afectada pudiera ir en contra de la parte que recibió el permiso para

vindicar su derecho por medio de la acción correspondiente. Es

decir, surge del propio permiso de construcción que la entidad

gubernamental reconoció la posibilidad de que exista alguna

servidumbre que grave la propiedad, pero que ello se trata de un

asunto que se encuentra fuera del alcance de su revisión a los

fines de expedir el permiso.”8

          En este sentido, cualquier irregularidad en el análisis de los

documentos o algún supuesto error del ente gubernamental al

otorgar el permiso de construcción, no son fundamentos adecuados

para la expedición de este recurso. Resultaba necesario que LUMA

cumpliera con los requisitos impuestos en la disposición estatutaria

invocada en su solicitud de injunction, lo que no hizo. En este

asunto, recalcamos que la parte apelante fundamentó su acción

solo en el Artículo 14.1 de la Ley núm. 161-2009. Advertimos,

además, que en la Vista de Interdicto Preliminar, se falló en pasar

6   Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 23.
7   Íd.
8   Íd. Énfasis en el original y nuestro. Cita omitida.
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prueba sobre elementos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico

para poder concederle otro remedio.

      Asimismo, precisa enfatizar que el Artículo 9.1 de la Ley

núm.161-2009 establece una presunción iuris tantum a favor de la

acción del Municipio, a saber, se presume la corrección y la legalidad

de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la

Oficina de Permisos del Municipio. Presunción que a todas luces no

fue rebatida por LUMA debido a que reiteramos que esta tenía que

demostrar con prueba fehaciente la información falsa incluida en la

solicitud del permiso de construcción según requiere el Artículo

14.1, supra. Al respecto, en el recurso LUMA incluyó el Permiso de

Construcción, pero no así la solicitud presentada por el matrimonio

Rivera-Candelario ante el Municipio. De este documento no surge

que el proponente tenga que especificar si la propiedad está gravada

por alguna servidumbre o si la construcción propuesta afecta la

misma, de esta existir. Por lo cual, como explicamos, para atender

este asunto, el documento contiene la advertencia que previamente

reseñamos.

       En virtud de todo lo antedicho, no erró el foro apelado al

concluir que la parte apelante utilizó incorrectamente el mencionado

procedimiento especial para impugnar el permiso otorgado. Se hace

menester destacar que el Reglamento Núm. 7282 intitulado

Reglamento de Servidumbres para la Autoridad de Energía Eléctrica

del 25 de enero de 2007 dispone en la Sección VI intitulada Uso y

disfrute de las servidumbres, su Artículo D, como sigue:

         1. La Ley Núm. 143, del 20 de julio de 1979, según
        enmendada, dispone que cualquier persona que
        construya, instale o ubique cualquier estructura en las
        servidumbres sin el previo consentimiento escrito de la
        Autoridad, incurre en un delito menos grave y puede
        ser sancionada con pena de reclusión que no excederá
        de seis meses o multa de $500 ó ambas penas a
        discreción del Tribunal.

        2. Las servidumbres se tienen que mantener libres de
        estructuras o edificaciones, tanto sobre o bajo el
        terreno. No se pueden construir estructuras o
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           edificaciones sobre las servidumbres, ya que esto es
           una violación a los derechos de servidumbre de la
           Autoridad.

           3. La Autoridad, mediante notificación escrita al
           propietario, concede treinta días para que éste remueva
           la estructura o edificación que se encuentra en la
           servidumbre.

           4. Luego de la Autoridad haber requerido al propietario
           que remueva la estructura o edificación ubicada sobre
           o bajo el terreno que forma parte de la servidumbre,
           mediante una notificación escrita, concediéndole el
           término de 30 días a partir del recibo de dicha
           notificación, y que el propietario no las haya removido,
           la Autoridad, de entenderlo necesario, puede, a través
           del supervisor de área correspondiente, utilizar el
           procedimiento judicial provisto en la Ley Núm. 140 del
           23 de julio de 1974, según enmendada, Ley sobre
           Controversias y Estados Provisionales de Derecho.

           5. En caso de que la Autoridad le haya requerido al
           propietario la remoción de la estructura o edificación
           que invade la servidumbre, por medio de la
           notificación y el procedimiento bajo la Ley Núm.
           140, ante, y el propietario no haya realizado la acción
           requerida, la Autoridad puede ejercer las acciones
           judiciales correspondientes dirigidas a que se cumpla
           con lo establecido en este Reglamento.

           6. Previa autorización del tribunal, la Autoridad está
           autorizada a derribar o demoler cualquier estructura o
           edificación que se construya, instale o ubique en
           violación a los términos de este Reglamento. En caso de
           emergencia o peligro inminente a la vida o propiedad,
           la Autoridad puede derribar o demoler estructuras o
           edificaciones sin la autorización del Tribunal. Además,
           se le puede imponer el costo de remoción al propietario,
           si éste no remueve la estructura o edificación dentro del
           término concedido. (Énfasis nuestro)

      En conclusión, no procede aplicar a la situación de autos el

mecanismo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley núm. 161-2009.

Como bien indicara el foro apelado, lo aquí resuelto no tiene el efecto

de proscribir cualquier acción civil en el trámite ordinario

correspondiente, según dispone el Reglamento antes citado, para

hacer valer la servidumbre a favor de la parte apelante. En ausencia

de error, prejuicio o parcialidad, procede confirmar el dictamen

apelado.

      En fin, el error señalado no fue cometido por el TPI.

                                     IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.
KLAN202300090                                                      11

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      El Juez Sánchez Ramos disiente porque, dando por ciertas las

alegaciones fácticas de la acción de referencia, como es nuestra

obligación al evaluar una moción de desestimación por las

alegaciones, claramente surge que estamos ante una causa de

acción viable, ya sea bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 o bajo

otras disposiciones de nuestro ordenamiento que protegen y

reglamentan lo relacionado con las servidumbres de la Autoridad de

Energía Eléctrica. Por tanto, el TPI no debió haber desestimado la

demanda y, en vez, debió analizar si procedería algún remedio de

probarse los hechos alegados. La contestación es en la afirmativa,

pues la demandante tiene un interés adecuado en el asunto objeto

de la demanda (pues está encargada de operar la red de distribución

de la Autoridad) y se alegó que la construcción objeto de la demanda,

independientemente de que cuente con un permiso, es ilegal por

infringir una servidumbre diseñada para asegurar la capacidad de

las entidades pertinentes para mantener adecuadamente nuestra

infraestructura eléctrica.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones