Court Opinion

ID: 9941354
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:25.830043+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.892056
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

  CONTINIUM CARE                                Revisión Judicial
SOLUTIONS, INC. (“CPS”)                         procedente de la
                                                Junta de Revisión de
        Recurrente                              Subasta de la
                                                Administración de
                                                Servicios Médicos de
                                                Puerto Rico (“ASEM”)
             V.
                              KLRA202300420 Resolución Número:
                                            JR-23-01

  ADMINISTRACIÓN DE                             Sobre:
  SERVICIOS MÉDICOS                             Solicitud de
       (“ASEM”)                                 Propuestas de
                                                Servicios
         Recurrido                              Profesionales
                                                mediante el proceso
                                                extraordinario de
                                                Contratación bajo
                                                Estado de
                                                Emergencia (“ASEM”)
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, Jueza
Grana Martínez y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

      Comparece Continium Care Solutions, Inc. (en adelante

Continium o parte recurrente), mediante el recurso de revisión

judicial, y nos solicita que revoquemos la Resolución Núm. JR-23-01

dictada y notificada el 12 de julio de 2023, por la Asociación de

Servicios Médicos (en adelante, ASEM o parte recurrida). En

síntesis, alega que la ASEM determinó de forma arbitraria,

caprichosa e irrazonable adjudicar la solicitud de Propuestas de

servicios profesionales mediante el proceso extraordinario de

contratación bajo estado de emergencia (en adelante, Propuesta de

servicios profesionales) a favor de Management Consultant &

Computer Services, Inc. (en adelante, MCCS).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso de epígrafe. Explicamos.

Número Identificador
SEN2024________________
KLRA202300420                                                                    2

                                        I.

       El 3 de marzo de 2023, la ASEM suscribió un correo

electrónico en el que comunicó que el contrato actual con Continium

para los servicios hospitalarios de registro, admisiones, utilización,

manejo de altas, facturación, cobro y personal de apoyo de la ASEM,

según lo establecido en el Request for proposal 2019-002 (en

adelante, RFP2019-002)1, vencía el 14 de marzo de 2023.2 Añadió

que no fue posible renovar o extender el mencionado contrato. Por

lo tanto, declaró un estado de emergencia con el objetivo de asegurar

que, ante la inminente terminación del contrato, los servicios

ofrecidos en las facilidades de la ASEM se mantuvieran sin afectar

a las personas atentidas en ese momento, de acuerdo con el contrato

entonces vigente entre las partes.

       En el mencionado comunicado, la parte recurrida señaló no

estar obligada a realizar un proceso competitivo debido a la

declaración de emergencia. No obstante, aseguró su intención de

garantizar la transparencia y competitividad de los servicios

ofrecidos por la ASEM. Por ello, solicitó propuestas informales para

los servicios profesionales que se disponía a contratar a las tres

empresas que tienen experiencia reciente en el manejo del ciclo de

ingresos en el hospital Centro Médico, a saber: MCCS, Continium y

Reliable Health Services (en adelante, Reliable). En síntesis, ASEM

añadió en su comunicado que: (1) se trataba de un proceso de

contratación de emergencia para cubrir el período de transición ante

un nuevo procedimiento de contratación; (2) el contrato inicial

tendría una duración de aproximadamente nueves (9) meses,

1 Es importante destacar que en 2019, tras solicitar propuestas a varias entidades

para proporcionar los servicios hospitalarios de registro, admisiones, utilización,
manejo de altas, facturación, cobro y personal de apoyo para la ASEM, la buena
pro fue otorgada a Continium. Como resultado, la parte recurrente firmó un
contrato con la ASEM con una duración de 24 meses, vigente desde el 15 de marzo
de 2021 hasta el 14 de marzo de 2023.
2 Apéndice del Recurso de revisión judicial de la parte recurrente, Anejo 1, págs.

1-2.
KLRA202300420                                                                3

comenzando desde el 15 de marzo de 2023 hasta el 31 de diciembre

de 2023; (3) no estaba obligada a solicitar propuestas, pero que

deseaba     tener    alternativas;     (4)   no    existía   un    pliego    o

especificaciones, sino que los proponentes solo debían presentar

propuestas claras y precisas para su evaluación; y (5) el proceso y

la determinación final no estarían sujetas a revisión, ya que esto

pondría en peligro la continuidad de los servicios proporcionados

por la ASEM.

       Después de llevar a cabo diversos procedimientos ante la

ASEM, se recibieron y evaluaron las propuestas presentadas por las

tres entidades mencionadas. Posteriormente, el 10 de marzo de

2023, la parte recurrida emitió una Notificación de adjudicación

propuesta de servicios profesionales mediante proceso extraordinario

de contratación bajo estado de emergencia (en adelante, Notificación

de adjudicación de propuesta) en la que seleccionó la propuesta

presentada por MCCS.3 Esta elección se fundamentó en la

percepción de que dicha propuesta proporcionaba el mejor valor

tanto para la ASEM como para el erario.

       La notificación de la adjudicación de la buena pro incluyó

información sobre el procedimiento y los términos para solicitar

reconsideración o revisión administrativa. Haciendo referencia a los

términos establecidos en la Ley Núm. 38 de 2017, Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

3 LPRA secs. 9601-9713, (en adelante, LPAU), la notificación detalló

lo siguiente:

       La parte adversamente afectada por una decisión podrá
       presentar una moción de reconsideración ante la
       Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, dentro
       del término de diez (10) días desde la fecha de la notificación
       de la adjudicación de [la] propuesta mediante correo
       electrónico. La ASEM, según sea el caso, deberá considerar
       la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días
       laborables de haberse presentado. Si se tomare alguna

3 Íd., Anejo 17, págs. 322-335. Es importante destacar que, según surge del
expediente, la notificación de la adjudicación se realizó en la misma fecha, es
decir, el 10 de marzo de 2023. Véase, págs. 322 y 335.
KLRA202300420                                                            4

      determinación en su consideración, el término para instar el
      recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la
      fecha en que se archive en autos, copia de la notificación de
      la decisión de la ASEM resolviendo la moción de
      reconsideración. Si la ASEM dejare de tomar alguna acción
      con relación a la moción de reconsideración dentro de los
      diez (10) días de haberse presentado, se entenderá que esta
      ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha
      comenzará a correr el término para la revisión judicial.

      Si la ASEM acoge la solicitud de reconsideración dentro del
      término provisto para ello, deberá emitir la resolución en
      reconsideración dentro de los treinta (30) días siguientes a la
      radicación de la moción de reconsideración. Si la ASEM
      acoge la moción de reconsideración, pero dejase de tomar
      alguna acción con relación a la moción dentro de los treinta
      (30) días de esta haber sido radicada, perderá jurisdicción
      sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial
      empezará a contarse a partir de la expiración de dicho
      término de treinta (30) días.

      La ASEM podrá extender dicho término una sola vez, antes
      de que este culmine, por un término adicional de quince (15)
      días. En la alternativa, la parte adversamente afectada por
      una decisión podrá presentar un recurso de revisión
      administrativa ante la Junta Revisora de la Administración
      de Servicios Generales, dentro del término de diez (10) días
      desde la fecha de la notificación de la adjudicación de la
      subasta o propuesta. La Junta Revisora de la Administración
      de Servicios Generales, deberá considerar el recurso de
      revisión administrativa dentro de los diez (10) días laborables
      de haberse presentado. Si se tomare alguna determinación
      en su consideración, el término para instar el recurso de
      revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que
      se archive en autos, copia de la notificación de la decisión de
      la Junta Revisora de la Administración de Servicios
      Generales resolviendo el recurso.

      Si la Junta Revisora de la Administración de Servicios
      Generales dejare de tomar alguna acción con relación a la
      revisión administrativa dentro de los diez (10) días de
      haberse presentado, se entenderá que esta ha sido
      rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a
      correr el término para la revisión judicial. Si la Junta
      Revisora de la Administración de Servicios Generales acoge
      el recurso de revisión administrativa dentro del término
      provisto para ello, deberá emitir su resolución dentro de los
      treinta (30) días siguientes a la radicación del recurso de
      revisión.

      Si la Junta Revisora de la Administración de Servicios
      Generales acoge el recurso de revisión administrativa, pero
      deja de tomar alguna acción con relación al recurso de
      revisión dentro de los treinta (30) días de esta haber sido
      radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término
      para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir
      de la expiración de dicho término de treinta (30) días. La
      Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales
      podrá extender dicho término una sola vez, por un término
      adicional de quince (15) días.

      El 20 de marzo de 2023, la ASEM emitió una Enmienda nunc

pro tunc a notificación de adjudicación propuesta de servicios

profesionales mediante proceso extraordinario de contratación bajo
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estado de emergencia (en adelante, Enmienda a notificación de

adjudicación de propuesta) en la que modificó la información

relacionada con el procedimiento y los términos para solicitar

revisión administrativa.4 En esta ocasión, la parte recurrida hizo

referencia a los términos establecidos en la Ley Núm. 73 de 2019,

Ley   de    la   Administración      de    Servicios    Generales     para    la

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA

secs. 9831-9841h, (en adelante, Ley Núm. 73-2019). La notificación

especificó lo siguiente:

       Cualquier parte adversamente afectada por una decisión de
       la Administración, de la Junta de Subastas y/o de cualquier
       Junta de Subastas de Entidad Exenta podrá, dentro del
       término de veinte (20) días a partir del correo electrónico
       notificando la adjudicación de la subasta informal, presentar
       una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la
       Administración de Servicios Generales. Presentada la
       revisión administrativa, la Administración y/o la Junta de
       Subastas correspondiente elevará a la Junta Revisora copia
       certificada del expediente del caso, dentro de los tres (3) días
       naturales siguientes a la radicación del recurso.

       La parte adversamente afectada notificará copia de la
       solicitud de revisión administrativa a la Administración y a
       la Junta de Subastas correspondiente; simultáneamente
       notificará también al proveedor que obtuvo la buena pro en
       la subasta en cumplimiento con lo establecido en el Artículo
       62 de la Ley 73 del 2019, Este requisito es de carácter
       jurisdiccional. En el propio escrito de revisión, la parte
       recurrente certificará a la Junta Revisora su cumplimiento
       con este requisito. La notificación podrá hacerse por correo
       certificado con acuse de recibo o por cualquier correo
       electrónico. De así ser solicitado por la parte adversamente
       afectada, la Junta de Subastas le proveerá a este las
       direcciones, tanto postales como electrónicas, que los
       proveedores participantes le hayan informado a la Junta de
       Subastas durante el proceso de subasta informal
       impugnado.

       La Junta Revisora deberá considerar la revisión
       administrativa, dentro de los treinta (30) días de haberse
       presentado. La Junta Revisora podrá extender dicho término
       una sola vez, por un término adicional de quince (15) días
       calendario. La Junta Revisora podrá citar a las partes, dentro
       del término de diez (10) días de haberse notificado la solicitud
       de revisión a las partes, a una vista evidenciaria en la cual
       podrá recibir prueba adicional, sea testifical, documental, o
       física, que le permita tomar una determinación, en torno a la
       revisión ante su consideración. Asimismo, la Junta Revisora
       podrá recibir testimonio pericial, podrá recibir y solicitar
       exámenes de muestras de los productos en cuestión y podrá
       efectuar un análisis independiente y propio de los hechos,
       aspectos técnicos, y los demás asuntos contenidos en el

4 Íd., Anejo 18, págs. 336-348. Según surge del expediente, la notificación de la

adjudicación enmendada se realizó en la misma fecha, esto es, el 20 de marzo de
2023. Véase, específicamente, pág. 348.
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       expediente de la subasta informal o el requerimiento en
       cuestión. Además, podrá revisar de forma independiente y
       autónoma las determinaciones de hecho y conclusiones de la
       Junta de Subastas de la que se origina la solicitud de
       revisión, siendo las mismas revisables en todos sus aspectos.
       Si se tomare alguna determinación en su consideración, el
       término para instar el recurso de revisión judicial empezará
       a contarse desde la fecha en que se depositó en el correo
       federal o correo electrónico copia de la notificación de la
       decisión de la Junta Revisora resolviendo la moción. Si la
       Administración o la Junta Revisora dejare de tomar alguna
       acción con relación a la solicitud de revisión dentro del
       término correspondiente, según dispuesto en Ley, se
       entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de
       esa fecha comenzará a correr el término para la revisión
       judicial. El Tribunal Apelativo será el foro con jurisdicción
       para revisar, mediante recurso de revisión judicial, las
       determinaciones administrativas arriba dispuestas.

       En vista de las circunstancias anteriores, el 24 de marzo de

2023, Continium presentó un Recurso de revisión de administración

– Adjudicación de la Administración de Servicios Médicos de Puerto

Rico – Solicitud de propuesta de servicios profesionales mediante el

proceso extraordinario de contratación bajo estado de emergencia (en

adelante, Recurso de revisión administrativo) ante la Junta Revisora

de Subastas de la Administración de Servicios Generales (en

adelante, Junta Revisora de Subastas de la ASG).5 En dicho recurso,

la parte recurrente solicitó a la Junta Revisora de Subastas de la

ASG que dejase sin efecto la adjudicación de la ASEM, por tratarse

de una actuación arbitraria, caprichosa e irrazonable.

       Por su parte, el 9 de mayo de 2023, la Junta Revisora de

Subastas de la ASG emitió una Resolución en la que desestimó el

Recurso de revisión administrativo presentado por Continium debido

a falta de jurisdicción sobre la materia de contratación de servicios

profesionales.6 Asimismo, ordenó la devolución del caso a la ASEM

para los trámites correspondientes.

       Así las cosas, el 19 de mayo de 2023, la parte recurrida emitió

una Segunda enmienda nunc pro tunc a notificación de adjudicación

propuesta de servicios profesionales mediante proceso extraordinario

5 Íd., Anejo 19, págs. 350-388.
6 Apéndice 1 del Alegato de oposición al recurso de revisión judicial de la ASEM.
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de contratación bajo estado de emergencia (en adelante, Segunda

enmienda a notificación de adjudicación de propuesta) en la cual

modificó la información relacionada con el procedimiento y los

términos para solicitar revisión administrativa.7 En esta ocasión, la

ASEM hizo referencia a los términos establecidos en la LPAU, supra.

La notificación detalló lo que a continuación se transcribe:

       La parte adversamente afectada por una decisión podrá
       presentar una moción de reconsideración ante la Junta de
       Revisión de Subastas de la Administración de Servicios
       Médicos de Puerto Rico, dentro del término de diez (10) días
       desde la fecha de la notificación de la adjudicación de
       propuesta mediante correo electrónico. La ASEM, según sea
       el caso, deberá considerar la moción de reconsideración
       dentro de los diez (10) días laborables de haberse presentado.
       Si se tomare alguna determinación en su consideración, el
       término para instar el recurso de revisión judicial empezará
       a contarse desde la fecha en que se archive en autos, copia
       de la notificación de la decisión de la ASEM resolviendo la
       moción de reconsideración. Si la ASEM dejare de tomar
       alguna acción con relación a la moción de reconsideración
       dentro de los diez (10) días de haberse presentado, se
       entenderá que esta ha sido rechazada de plano, y a partir de
       esa fecha comenzará a correr el término para la revisión
       judicial. El escrito inicial de revisión judicial deberá ser
       presentado en el Tribunal de Apelaciones dentro del término
       dentro del término jurisdiccional de treinta días contados a
       partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la
       notificación de la orden o resolución final del organismo o
       agencia. Si la fecha del archivo en autos de copia de la
       notificación de la resolución u orden es distinta a la del
       depósito en el correo de dicha notificación, el término se
       calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.

       Si la ASEM acoge la solicitud de reconsideración dentro del
       término provisto para ello, deberá emitir la resolución en
       reconsideración dentro de los treinta (30) días siguientes a la
       radiación de la moción de reconsideración. Si la ASEM acoge
       la moción de reconsideración, pero dejase de tomar alguna
       acción con relación a la moción dentro de los treinta (30) días
       de esta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la
       misma y el término para solicitar la revisión judicial
       empezará a contarse a partir de la expiración de dicho
       término de treinta (30) días.

       La ASEM podrá extender dicho término una sola vez, antes
       de que este culmine, por un término adicional de quince (15)
       días.

       La parte adversamente afectada por la determinación de la
       Junta Revisora de Subastas podrá presentar un recurso de
       revisión ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo
       establecido en Ley 38-2017, según enmendada, conocida
       como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
       Gobierno de Puerto Rico”. El escrito inicial de revisión
       judicial deberá ser presentado en el Tribunal de Apelaciones

7 Apéndice del Recurso de revisión judicial de la parte recurrente, Anejo 20, págs.

389-401. Según surge del expediente, la notificación de la segunda enmienda a la
adjudicación se realizó en la misma fecha, es decir, el 19 de mayo de 2023. Véase,
específicamente, la pág. 401.
KLRA202300420                                                         8

       dentro del término jurisdiccional de treinta días contados a
       partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la
       notificación de la orden o resolución final del organismo o
       agencia. Si la fecha del archivo en autos de copia de la
       notificación de la resolución u orden es distinta a la del
       depósito en el correo de dicha notificación, el término se
       calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.

       El 26 de mayo de 2023, Continium presentó un Recurso de

revisión de administración – Adjudicación de la Administración de

Servicios Médicos de Puerto Rico – Solicitud de propuesta de servicios

profesionales mediante el proceso extraordinario de contratación bajo

estado de emergencia, pero esta vez ante la Junta de Revisión de

Subastas de la ASEM.8 En dicho recurso, la parte recurrente reiteró

su solicitud de dejar sin efecto la adjudicación de la ASEM, por

tratarse de una actuación arbitraria, caprichosa e irrazonable.

       En este contexto, mediante Orden emitida el 6 de junio de

2023, la Junta de Revisión de Subastas de la ASEM acogió el recurso

presentado por Continium.9 A su vez, informó que se evaluarían los

méritos del recurso en los próximos treinta (30) días.

       Más tarde, el 12 de julio de 2023, la Junta de Revisión de

Subastas de la ASEM declaró “No ha lugar” la solicitud de la parte

recurrente al considerar que no constituía una determinación

arbitraria, caprichosa ni irrazonable.10 En concreto, particularizó

que: (1) la ASEM adjudicó al postor que representada el mejor valor;

(2) era medular para la ASEM que Continium se comprometiera a

cumplir con el personal necesario; no obstante, Continium no

descartó la posibilidad de no cumplir con el patrón de personal, una

situación que fue discutida previamente entre las partes; y (3) a

pesar de que Continium presentó el menor costo en nómina y

beneficios marginales en la planilla de empleados, no fue posible

verificar esto de manera precisa debido a la falta de desglose en los

costos por clasificación de personal, por hora y por turno. Esta falta

8 Íd., Anejo 21, págs. 402-440.
9 Íd., Anejo 22, pág. 441.
10 Íd., Anejo 23, págs. 442-448.
KLRA202300420                                                             9

de transparencia genera incertidumbre en el proceso, especialmente

considerando los desafíos que Continium experimentó para reclutar

y retener personal.

      Además, en la Resolución JR-23-01, la Junta de Revisión de

Subastas de la ASEM incluyó una advertencia respecto a los

términos para solicitar revisión judicial. Haciendo referencia a los

términos establecidos en la LPAU, supra, la notificación detalló lo

siguiente:

      La Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada,
      dispoone los siguiente:

      Sección 4.2. — Términos para Radicar la Revisión

      Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
      final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
      provistos por la agencia o por el organismo administrativo
      apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
      término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
      del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden
      o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable
      de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley de
      Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
      Puerto Rico, cuando el término para solicitar la revisión
      judicial haya sido interrumpido mediante la presentación
      oportuna de una moción de reconsideración. La parte
      notificará la presentación de la solicitud de revisión a la
      agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar
      dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo.
      Disponiéndose, que, si la fecha de archivo en autos de copia
      de la notificación de la orden o resolución final de la agencia
      o del organismo administrativo apelativo correspondiente es
      distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación,
      el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el
      correo.

      En los casos de impugnación de subasta, la parte
      adversamente afectada por una orden o resolución final de
      la agencia, Junta Revisora de la Administración de Servicios
      Generales (ASG) o de la entidad apelativa de subastas, según
      sea el caso, podrá presentar una solicitud de revisión ante el
      Tribunal de Apelaciones dentro de un término de veinte
      (20) días, contados a partir del archivo en autos de la copia
      de la notificación de la orden o resolución final de la agencia,
      la Junta Revisora de la ASG o la entidad apelativa, o dentro
      del término aplicable de veinte (20) días calendario de
      haber transcurrido el plazo dispuesto por la Sección 3.19 de
      esta Ley. La mera presentación de una solicitud de revisión
      al amparo de esta Sección no tendrá el efecto de paralizar la
      adjudicación de la subasta impugnada. (énfasis y subrayado
      en el original)

      Inconforme con dicha determinación, el 11 de agosto de 2023,

Continium presentó el recurso que nos ocupa. En el mismo, imputa

la comisión del siguiente error:
KLRA202300420                                                        10

      Erró la ASEM al adjudicar la solicitud de propuesta a favor
      de MCCS habiendo presentado esta una propuesta que
      resulta ser m[á]s costosa para la ASEM, lo que constituye
      una actuación arbitraria, caprichosa e irrazonable de la
      agencia. Adem[á]s, la ASEM utiliza varios pretextos, todos
      arbitrarios y caprichosos, para descartar a Continium, quien
      resulta ser el proponente menos oneroso para la agencia, lo
      que hubiese beneficiado el interés p[ú]blico de ASEM.

      Para respaldar su posición, la parte recurrente argumenta que

la ASEM actuó de manera arbitraria, caprichosa e irrazonable por

las siguientes razones: (1) la propuesta de MCCS resultó ser más

costosa que la de Continium, poniendo en riesgo la continuidad de

los servicios en la instalación hospitalaria y es contrario al interés

público al promover un gasto innecesario de fondos públicos; (2)

descartó la propuesta inicial de Continium, modificó de manera

irrazonable la solicitud de propuestas y obligó a los proponentes a

someter propuestas bajo el modelo de "fee for service"; (3) determinó

que Continium ha incumplido con el requisito de proveer un

desglose del costo por empleado por turno cuando MCCS no incluyó

el detalle del costo total estimado de su propuesta y, lo más

importante aún, esto no era un requisito de la solicitud de

propuestas; (4) asumió que Continium no tendría la capacidad de

cumplir con el patrón de personal requerido; y (5) realizó un análisis

irrazonable al evaluar la nómina propuesta por MCCS, sin tomar en

consideración que esta compañía representa el mayor costo en

nómina y es el proponente más oneroso para la agencia. Por todo

ello, solicita que esta Curia invalide la adjudicación de la ASEM,

mediante el proceso extraordinario de contratación bajo estado de

emergencia a favor de MCCS.

      Por su parte, la ASEM sostiene que, a lo largo del contrato,

Continium incumplió constantemente con sus obligaciones. Sin

embargo, con el propósito de evitar que se interrumpiera la

continuidad de los servicios de la ASEM, le notificó su interés de

renovar el contrato en los mismos términos por un período adicional

de tres (3) meses, mientras se confeccionaba un nuevo proceso de
KLRA202300420                                                                        11

contratación. Ante ello, la parte recurrente exigió como condición

que se redujera el número de personal requerido en el contrato, se

revisaran las metas de cobro y se aumentara el por ciento de

remuneración a ser computada sobre la base de los recaudos.

       La parte recurrida afirma que las condiciones que Continium

imponía para la renovación o extensión del contrato implicaban

enmiendas sustanciales sobre el RFP2019-002. Como consecuencia

de lo anterior, no renovó o extendió el contrato. También asegura

que, ante la situación de la finalización del contrato y la posibilidad

de que Continium retirara el personal, suscribió una declaración de

estado de emergencia para garantizar la continuación de los

servicios ofrecidos por la ASEM. Además, solicitó de manera

informal propuestas sobre los servicios ofrecidos en el hospital.

       En cuanto al proceso de solicitud de propuestas, la ASEM

establece que la invitación especificó, entre otras cosas, “que el

proceso y determinación final no estaría sujeto a revisión alguna”.11

Además, destaca que Continium estaba al tanto de esta condición,

y a pesar de ello, decidió participar en el proceso. Por lo cual, no

tiene derecho a solicitar una revisión judicial, y el tribunal no puede

evaluar dicho recurso debido a falta de jurisdicción en este caso.

       De otro       lado, la     ASEM      también      argumentó que las

notificaciones relacionadas con el proceso de adjudicación fueron

defectuosas. En primer lugar, sostiene que la Enmienda a

notificación de adjudicación de propuesta emitida el 20 de marzo de

2023 fue defectuosa al hacer referencia a la Junta Revisora de la

ASG como foro revisor, dado que dicha entidad se encarga

exclusivamente de evaluar asuntos relacionados con la adquisición

y contratación de servicios no profesionales. Agrega que los servicios

proporcionados por la ASEM son de índole profesional.

11 Véase, Alegato de oposición al recurso de revisión judicial de la ASEM, pág. 6.
KLRA202300420                                                          12

      En segundo lugar, expone que la Segunda enmienda a

notificación de adjudicación de propuesta emitida el 19 de mayo de

2023 fue defectuosa ya que, por error o inadvertencia, no detalló el

derecho   aplicable    en   casos       de   contratación   de   servicios

profesionales bajo la única ley aplicable a estos procesos: la Ley

Núm. 237-2004, según enmendada, y la Orden Ejecutiva 2021-029.

También señala que, incluso en la eventualidad de que se tratara de

una contratación sujeta a licitación, la notificación omitió el Artículo

11 de la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978, según enmendada, y

el Reglamento de Compras de la ASEM.

      Por último, la parte recurrida alega que también la Resolución

Núm. JR- 23-01, emitida el 12 de julio de 2023 por la Junta de

Revisión de Subastas de la ASEM, fue defectuosa debido a que: (1)

citó el Artículo 4.2 de la LPAU, supra, sin ser aplicable al proceso en

cuestión y (2) omitió los estatutos aplicables a la contratación de

servicios profesionales, tales como: la Ley Núm. 237-2004, la Orden

Ejecutiva 2021-029 y el Reglamento de Compras de la ASEM.

      En síntesis, la parte recurrida argumenta que el tribunal

carece de jurisdicción debido a que el proceso no admite revisión,

según el derecho aplicable. En la alternativa, sostiene que la

notificación del 12 de julio de 2023 fue crasamente defectuosa, lo

que conlleva su nulidad y hace que el presente recurso sea

prematuro. Por estas razones, solicita la desestimación del recurso

o se confirme la resolución recurrida en su totalidad.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a exponer la normativa que gobierna los asuntos ante

nuestra consideración.

                                    II.

                                    A.

      La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para

considerar   y   decidir    casos   y     controversias. Fideicomiso   de
KLRA202300420                                                       13

Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. ELA, 2023

TSPR 26, 211 DPR ____ (2023). Es por ello que la falta de

jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder del

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v.

Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es norma

reiterada que los tribunales son celosos guardianes de su

jurisdicción y que tienen el deber ineludible de auscultar dicho

asunto con preferencia a cualesquiera otros. Pueblo v. Torres

Medina, 2023 TSPR 50, 211 DPR ___ (2023).

      De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias

consecuencias, tales como: (1) que no sea susceptible de ser

subsanada; (2) las partes no puedan conferírsela voluntariamente a

un tribunal como tampoco puede este arrogársela; (3) conlleva la

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) obliga a los

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

      Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos,

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada.

Íd.; Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto

Rico v. Carrión Marrero, supra; Mun. De San Sebastián v. QMC

Telecom, 190 DPR 652 (2014).

      En lo aquí pertinente, la Regla 83 del Tribunal de Apelaciones

dispone que:

      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

      (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
KLRA202300420                                                         14

      (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
      cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa
      causa para ello;

      (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de
      buena fe;

      (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha
      presentado una controversia sustancial o que ha sido
      interpuesto para demorar los procedimientos, o

      (5) que el recurso se ha convertido en académico.

      (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
      desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
      discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el
      inciso (B) precedente.

      (Énfasis nuestro).

                                   B.

      Es menestar destacar que, la Ley Núm. 38 de 2017, Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

3 LPRA secs. 9601-9713 (LPAU), es el cuerpo legal que “codifica las

pautas mínimas que deben garantizar las agencias administrativas

cobijadas por ese estatuto”. St. James Security Services, LLC v.

Autoridad de Energía, 2023 TSPR 149, 213 DPR __ (2023); ACT v.

PROSOL et als., 210 DPR 897, 907 (2022). Véase, además, Fonte

Elizondo v. F & R Const., 196 DPR 353, 358 (2016). Entre las

agencias administrativas cobijadas por la LPAU, supra, se

encuentran las corporaciones públicas. 3 LPRA sec. 9603.

      Con relación al asunto que nos ocupa, la Sección 3.19 de la

LPAU, supra, es la normativa que regula todos los aspectos

relacionados con el procedimiento y los términos que tiene una

parte afectada en un proceso de adjudicación de subasta o

requerimiento de propuesta para solicitar la reconsideración o

revisión administrativa de dicha decisión, en caso de entenderlo

necesario. St. James Security Services, LLC v. Autoridad de Energía,

supra.

      Tras finalizar ese proceso de reconsideración o revisión

administrativa, la Sección 4.2 de la LPAU, supra, establece lo
KLRA202300420                                                            15

pertinente en cuanto al derecho de las partes a solicitar revisión

judicial. St. James Security Services, LLC v. Autoridad de Energía,

supra. Este derecho puede ejercerse luego de la correspondiente

reconsideración o revisión administrativa, o cuando la agencia no

tome ninguna acción en relación con dicha reconsideración o

revisión administrativa. En concreto, la referida sección establece

que:

       En los casos de impugnación de subasta, la parte
       adversamente afectada por una orden o resolución final
       de la agencia, de la Junta Revisora de Subastas de la
       Administración de Servicios Generales, o de la entidad
       apelativa de subastas, según sea el caso, podrá presentar
       una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones
       dentro de un término de veinte (20) días, contados a partir
       del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden
       o resolución final de la agencia, la referida Junta Revisora de
       Subastas de la Administración de Servicios Generales o la
       entidad apelativa, o dentro del término aplicable de veinte
       (20) días calendario de haber transcurrido el plazo dispuesto
       por la Sección 3.19 de esta Ley. La mera presentación de una
       solicitud de revisión al amparo de esta Sección no tendrá el
       efecto de paralizar la adjudicación de la subasta impugnada.

       (Énfasis nuestro).
                                    III.

       Conforme al tracto procesal, reseñado, así como el derecho

aplicable, según el mismo fuera expuesto previamente, nos

corresponde desestimar el recurso ante una clara ausencia de

jurisdicción.    Efectivamente,       la    ASEM      emitió     múltiples

notificaciones defectuosas. No obstante, y a diferencia de lo

afirmado por la ASEM tanto en su Alegato de oposición al

recurso de revisión judicial y en su Moción de desestimación al

recurso de revisión judicial, la notificación de la Resolución

Núm. JR-23-01, emitida y notificada el 12 de julio de 2023,

objeto del presente recurso, no fue defectuosa. A continuación,

explicamos el tracto procesal.

       Según surge de la información contenida en el expediente del

caso, el 10 de marzo de 2023 la ASEM adjudicó y notificó la

Propuesta de servicios profesionales, en la cual Continium no fue

favorecida, siendo la propuesta de MCCS la seccionada. En dicha
KLRA202300420                                                                   16

notificación, la ASEM hizo referencia a los términos establecidos en

la Sección 3.19 de la LPAU, supra, para la presentación de los

recursos de reconsideración y revisión administrativa.12 En cuanto

al recurso de revisión administrativa, de manera equivocada, la

ASEM hizo referencia a la Junta Revisora de la ASG como el foro

revisor. Es relevante señalar que, este foro se ocupa únicamente de

asuntos relacionados con servicios no profesionales, y en este caso

no hay controversia acerca de que los servicios proporcionados por

la ASEM son servicios profesionales.

       Más tarde, el 20 de marzo de 2023, la ASEM emitió una

notificación enmendada. En esta instancia, y de manera incorrecta,

nuevamente, la ASEM hizo referencia a los términos establecidos en

los Artículos 64, 65 y 66 la Ley Núm. 73-2019 para la presentación

del recurso de revisión administrativa.13 En respuesta a esto, el 24

de marzo de 2023, la parte recurrente presentó un Recurso de

revisión administrativo ante la Junta Revisora de Subastas de la

ASG. Posteriormente, el 9 de mayo de 2023, la Junta Revisora de

Subastas de la ASG desestimó el recurso presentado por Continium

debido a falta de jurisdicción sobre la materia de contratación de

servicios profesionales.14

       En este contexto, el 19 de mayo de 2023, la ASEM emitió una

segunda notificación enmendada. En esta ocasión, hizo referencia a

los términos establecidos en las Secciones 3.19 y 4.2 de la LPAU,

supra, para la presentación de los recursos de reconsideración y

revisión judicial.15 No obstante, no proporcionó información acerca

de los términos para la revisión administrativa y, de manera

incorrecta, notificó que "[e]l escrito inicial de revisión judicial deberá

12 Apéndice del Recurso de revisión judicial de la parte recurrente, Anejo 17, págs.

334-335.
13 Íd., Anejo 18, págs. 347-348.
14 Apéndice 1 del Alegato de oposición al recurso de revisión judicial de la ASEM.
15 Apéndice del Recurso de revisión judicial de la parte recurrente, Anejo 20, págs.

400-401.
KLRA202300420                                                             17

ser presentado en el Tribunal de Apelaciones dentro del término

jurisdiccional de treinta días…”, siendo este un proceso de

requerimiento de propuestas, en donde al igual que el proceso de

subasta, aplica el término de veinte (20) días, acorde con con la

Sección 4.2 de la LPAU, supra.

      De todos modos, el 24 de mayo de 2023, Continium presentó

un recurso de revisión ante la Junta de Revisión de Subastas de la

ASEM. Finalmente, el 12 de julio de 2023, la Junta de Revisión de

Subastas de la ASEM declaró “No ha lugar” la solicitud de la parte

recurrente. En ese dictamen, la Junta de Revisión de Subastas de

la ASEM incluyó una advertencia acerca de los términos para

solicitar revisión judicial. Haciendo referencia a los términos

establecidos en la Sección 4.2 de la LPAU, supra, la notificación

detalló lo siguiente:

      Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
      final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
      provistos por la agencia o por el organismo administrativo
      apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
      término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
      del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden
      o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable
      de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley de
      Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
      Puerto Rico, cuando el término para solicitar la revisión
      judicial haya sido interrumpido mediante la presentación
      oportuna de una moción de reconsideración. La parte
      notificará la presentación de la solicitud de revisión a la
      agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar
      dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo.
      Disponiéndose, que, si la fecha de archivo en autos de copia
      de la notificación de la orden o resolución final de la agencia
      o del organismo administrativo apelativo correspondiente es
      distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación,
      el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el
      correo.

      En los casos de impugnación de subasta, la parte
      adversamente afectada por una orden o resolución final de
      la agencia, Junta Revisora de la Administración de Servicios
      Generales (ASG) o de la entidad apelativa de subastas, según
      sea el caso, podrá presentar una solicitud de revisión ante el
      Tribunal de Apelaciones dentro de un término de veinte
      (20) días, contados a partir del archivo en autos de la copia
      de la notificación de la orden o resolución final de la agencia,
      la Junta Revisora de la ASG o la entidad apelativa, o dentro
      del término aplicable de veinte (20) días calendario de
      haber transcurrido el plazo dispuesto por la Sección 3.19 de
      esta Ley. La mera presentación de una solicitud de revisión
KLRA202300420                                                             18

       al amparo de esta Sección no tendrá el efecto de paralizar la
       adjudicación de la subasta impugnada.16

       De acuerdo con lo anterior, la notificación estuvo exenta de

defectos. La Junta de Revisión de Subasta de la ASEM citó de

manera precisa las disposiciones aplicables en este caso. Véase, St.

James Security Services, LLC v. Autoridad de Energía, supra. Por

consiguiente, dado que la resolución se emitió y notificó el 12 de

julio de 2023, Continium tenía hasta el 1 de agosto de 2023 para

presentar       su   recurso       de   revisión   ante   el   Tribunal   de

Apelaciones, según lo establecido en la Sección 4.2 de la LPAU,

supra. Sin embargo, acudió ante nos el 11 de agosto de 2023. En

otras palabras, al presentar el recurso de revisión judicial de manera

tardía, privó a este tribunal de jurisdicción.

       Por lo tanto, se desestima por fundamentos distintos a los

expresados por la ASEM.

                                        IV.

       Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

de revisión judicial instado por la parte recurrente, por falta de

jurisdicción.

       Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

       El Juez Sánchez Ramos concurre con la determinación de

desestimar el recurso por considerar que, en las circunstancias

particulares de este caso, el proceso seguido por la agencia no tenía

que estar, y en este caso no está, sujeto a revisión judicial.

       La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

16 Íd., Anejo 23, págs. 447-448.