Court Opinion

ID: 9374174
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:27:11.551541+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.237715
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IX

     DLJ MORTGAGE                             APELACIÓN
     CAPITAL, INC.                            procedente del
                                              Tribunal de Primera
         APELADO                              Instancia, Sala
                                              Superior de Carolina
             V.
                              KLAN202201005 Caso Núm.
  HERIBERTO TORRES                          F CD2016-0121
  VILLANUEVA, et. als.

        APELANTES                             Sobre:
                                              Cobro de Dinero y
                                              Ejecución de
                                              Hipoteca por la vía
                                              ordinaria

Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

      Comparece Heriberto Torres Villanueva [en lo subsiguiente,

“apelante” o “señor Torres Villanueva”] quien nos solicita que

revisemos la Resolución emitida el 23 de noviembre de 2022, por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. En virtud de

referido dictamen, el foro primario dio por cumplida la fianza de

no residente presentada por el demandante DLJ Mortgage Capital,

Inc. y con ello denegó la solicitud de reconsideración a sentencia

presentada por el señor Torres Villanueva.

      Por    las   razones   que    expondremos   a   continuación,

revocamos la determinación recurrida.

                                   I.

      El 4 de febrero de 2016, Citimortgage, Inc. instó una

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra

Heriberto Torres Villanueva, su esposa Ilia Acevedo de Hostos y

Número Identificador
SEN2023 _________
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otros.     Reclamaron el pago de $159,318.84 de principal, más

intereses y otros cargos relativos a referida deuda. El 25 de abril

de 2016, el codemandado Heriberto Torres contestó la demanda.

Allí alegó, entre otras cosas, que el pagaré objeto de la demanda

fue transferido a otra institución de nombre DLJ Mortage Capital,

Inc. El caso fue paralizado administrativamente en dos ocasiones.

Posteriormente, el 4 de junio de 2019 el demandante presentó

una Moción Solicitando Sentencia Sumaria. El 7 de septiembre de

2022, notificada el siguiente 28 de septiembre, el foro primario

dictó Sentencia Sumaria, en la cual declaró Con Lugar la demanda.

         En desacuerdo, el 12 de octubre de 2022 el señor Torres

Villanueva solicitó reconsideración.   Alegó que el demandante

original del caso fue Citimortgage, Inc. una corporación foránea,

la cual está sujeta a lo dispuesto en la Regla 69.5 de

Procedimiento Civil, infra, la cual requiere la prestación de una

fianza a corporaciones extranjeras. Adujo que tal omisión vicia de

nulidad la sentencia emitida y todo lo efectuado en el caso.

         El 1ro de noviembre de 2022 DLJ Mortgage presentó Moción

en Oposición a reconsideración y solicitud de paralización de los

procedimientos.       Adujeron que el Tribunal no ha requerido la

prestación de la fianza, por lo cual no procede la desestimación

del pleito. Indicaron que están en posición de someter la fianza

de no residente, cuando se les requiera. Solicitaron a su vez, la

paralización de los procesos, en virtud de la moratoria otorgada

por el presidente Joseph R. Biden Jr. el 21 de septiembre de 2022

hasta el 20 de diciembre de 2022, a consecuencia del paso del

Huracán Fiona.      En respuesta, el 8 de noviembre de 2022,

notificada el 10 de noviembre, el foro primario declaró Con Lugar

la moción en oposición y concedió tres (3) días para consignar la

fianza de no residente, por la cantidad de $1,000 dólares.      En
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escrito intitulado Moción sometiendo fianza de no residente de

fecha 10 de noviembre de 2022, DLJ Mortgage informó la

prestación de la fianza. Acto seguido, el TPI dio por cumplida la

orden, según notificación del 23 de noviembre de 2022.

      Aun inconforme el señor Torres Villanueva presentó el

recurso que atendemos en el que alega que:

      La sentencia fue dictada sin que se le diese
      cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 69.5 de
      Procedimiento Civil. Erró el TPI al dictar una sentencia
      careciendo de jurisdicción.

      Examinado el Recurso de Apelación, le concedimos término

a la parte apelada para presentar su posición en torno al recurso

y así lo hizo.

      Con el beneficio de ambas comparecencias, revisamos el

presente recurso.

                                II.

      La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.69.5,

preceptúa la fianza de una persona demandante quien no es

residente de Puerto Rico. Esta tiene como propósito ofrecer cierta

protección a quienes son demandados por personas que no

residen en Puerto Rico. Diana Martajeva v. Hermán Ferré, 210

DPR ___ (2022), 2022 TSPR 123; VS PR, LLC v. Drift-Wind,

Inc., 207 DPR 253, 261 (2021). La norma se asienta en el

razonamiento de que, cuando un reclamante no reside en nuestra

jurisdicción, si el demandado prevalece, este puede enfrentar

dificultades para recuperar los costos que conllevó su defensa. Íd.

Por ende, la regla procesal se promulgó para garantizar el pago

de las costas, gastos y honorarios de abogado en pleitos instados

por personas naturales o jurídicas no residentes. Diana Martajeva

v. Hermán Ferré, supra; Yero Vicente v. Nimay Auto Corp., 205

DPR 126, 130 (2020). Esta tiene, además, el propósito de
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desalentar litigios frívolos e inmeritorios. Diana Martajeva v.

Hermán Ferré, supra; Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR

15, 20 (1993).

      La aludida Regla 69.5 de Procedimiento Civil, que rige la

fianza de los no residentes y estatuye lo siguiente:

      Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto
      Rico o sea una corporación extranjera, el tribunal
      requerirá que preste fianza para garantizar las
      costas, gastos y honorarios de abogados a que pueda
      ser condenada. Todo procedimiento en el pleito se
      suspenderá hasta que se preste la fianza, que no
      será menor de mil dólares ($1,000). El tribunal podrá
      ordenar que se preste una fianza adicional si se
      demuestra que la fianza original no es garantía
      suficiente, y los procedimientos en el pleito se
      suspenderán hasta que se preste dicha fianza
      adicional.

      Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación
      de la orden del tribunal para la prestación de la fianza
      o de la fianza adicional, sin que ésta haya sido
      prestada, el tribunal ordenará la desestimación del
      pleito.

      No se exigirá la prestación de fianza a las partes
      reclamantes que residan fuera de Puerto Rico cuando:

      (a)    Se trate de una parte litigante insolvente que esté
             expresamente exceptuada por ley para el pago de
             aranceles y derechos de presentación;
      (b)    Se trate de un(a) copropietario(a) en un pleito que
             involucra una propiedad sita en Puerto Rico y al
             menos otro(a) de los(las) copropietarios(as)
             también es reclamante y reside en Puerto Rico, o
      (c)    Se trate de un pleito instado por un(a) comunero(a)
             para la disolución, liquidación, partición y
             adjudicación    de     bienes   sitos    en  Puerto
             Rico. (Énfasis nuestro).

      Por otro lado, la Regla 69.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, preceptúa que, “[l]os Secretarios o las Secretarias,

alguaciles o alguacilas y demás funcionarios o funcionarias del

tribunal no podrán aceptar una fianza en ningún pleito o

procedimiento, a menos que ésta haya sido aprobada por el juez

o la jueza de la sala ante la cual esté pendiente el pleito o

procedimiento, salvo la fianza prestada bajo la Regla 69.3.”
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        De manera que, las reglas establecen expresamente los

escenarios en los que se rechaza el requerimiento automático de

una fianza al reclamante no residente. Yero Vicente v. Nimay

Auto, supra, pág. 131. Así pues, la Regla 69.5 requiere de forma

imperativa la imposición de fianza. Por lo tanto, un tribunal no

tiene    discreción   para    eximir    del    requisito   de fianza a   un

demandante no residente o a una corporación extranjera. Yero

Vicente v. Nimay Auto, supra, pág. 134. “[E]l lenguaje utilizado

en la referida regla acota totalmente la discreción del juez

sentenciador para eximir al demandante no residente del pago de

la fianza.” Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 347-348 (1998).

De manera que, conforme a su texto, el Tribunal Supremo ha

hecho alusión a que "[d]e una lectura de la Regla surge que la

exigencia de la fianza a un reclamante no residente es de carácter

mandatorio y todo procedimiento en el pleito queda suspendido

hasta que se preste". Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra,

citando a VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, págs. 262-263. El

foro primario únicamente tiene discreción para establecer la

cuantía de la fianza, siempre que no sea inferior a mil ($1,000)

dólares y, en el caso en que el reclamante no la preste, decretar

la inevitable desestimación de la demanda sea o no con

perjuicio. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, págs. 263, 272.

        Si el reclamante extranjero que no está exento de prestar

la fianza falla en presentarla dentro del término de sesenta (60)

días establecido por la Regla, el tribunal ordenará la desestimación

del pleito. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra. En suma, el

lenguaje provisto por el cuerpo normativo no es potestativo como

en   algún    momento        lo   fue   ("el   juez   puede   ordenar    el

sobreseimiento"), sino que es imperativo ("el tribunal ordenará la

desestimación del pleito"). VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra;
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Yero    Vicente    v.    Nimay   Auto   Corp.,   supra.   Así,   ante   el

incumplimiento con la prestación en el término que dispone la

Regla, el tribunal está obligado a imponer como sanción la

desestimación. Íd. El Tribunal Supremo ha expresado que “con

arreglo a la voluntad legislativa expresada en el lenguaje de

la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, se detiene todo

procedimiento ante el tribunal hasta que se preste la fianza de no

residente” […]. Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra.

       En cuanto al último párrafo de la Regla 69.5, supra, allí se

obliga al juez sentenciador a desestimar el pleito una vez

transcurren sesenta días a partir de la notificación de la imposición

de la fianza de no residente sin que se haya pagado ésta. Esta

Regla se ha interpretado que contiene “un elemento de

obligatoriedad y de finalidad en armonía con la ‘solución justa,

rápida y económica de todo procedimiento’ que es la consigna

anunciada en la Regla 1 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V

R.1]”. Bram v. Gateway Plaza, 103 DPR 716, 717 (1975). Por otra

parte, el término no es fatal e improrrogable en el sentido de que

admite excusa fundada para la demora, más si la presentada no

fuere satisfactoria para el juez, su decisión desestimando la

demanda tendrá virtualidad de cosa juzgada. Bram v. Gateway

Plaza, supra, pág. 718. Recientemente el Tribunal Supremo, en

VS     PR,   LLC    v.    Drift-Wind,   Inc.,    supra,   amplió    este

pronunciamiento para aclarar que “la desestimación debe tener

finalidad y efecto de cosa juzgada, salvo que el tribunal, en el

ejercicio de su discreción, decida lo contrario.” Así pues, resolvió

que los tribunales tienen discreción para precisar si el efecto de

una desestimación bajo la Regla 69.5 es con o sin perjuicio. VS

PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra.              Si no especifica que
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desestimación será sin perjuicio, entonces se reputará que es con

perjuicio. Íd.

        A tenor con la antes mencionada normativa, evaluamos.

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        El apelante alega que el foro primario tenía la obligación de

asegurarse de la prestación de la fianza de no residente. Por ello,

menciona que la orden del 8 de noviembre de 2022, la que ordena

la prestación de la fianza de no residente, después de emitida la

sentencia, es nula.

        El recurrido, por su parte, indica que la sentencia dictada no

se considera nula pues el demandante cumplió con el pago de la

fianza una vez esta le fue requerida.

        Evaluamos.     De la exposición del Derecho aquí reseñado,

notamos que la prestación de la fianza es un requisito mandatorio

para todo litigante o corporación extranjera que interesa dilucidar

una controversia en nuestros foros. La fianza solo se exime en

contadas excepciones, por lo que, de estas no aplicar, el juez no

tiene discreción para relevar su prestación.         En armonía a ello, la

Regla    69.5    de   Procedimiento        Civil, contiene   un    mandato

imperativo de que todo procedimiento en el pleito queda

suspendido hasta que se preste la fianza de no residente y si la

fianza no se presta dentro de los sesenta días de la notificación de

la orden del tribunal a esos fines, el tribunal ordenará la

desestimación del pleito. El Tribunal Supremo ha reiterado estos

requisitos.1

        Ahora bien, según la Regla, el tribunal es quien debe emitir

la orden para que el reclamante preste la fianza.             Por tanto, el

1
 Véase, Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra, citando a VS PR, LLC v. Drift-
Wind, Inc., supra, págs. 262-263
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litigante no residente no gozará de acceso al foro hasta que se le

fije la fianza y la pague. Esto nos lleva a concluir que la fianza

debe ser prestada antes de que el foro primario continúe los

trámites y dicte sentencia.

     La parte apelante alega que la demandante es una

corporación extranjera, sujeta a la prestación de la fianza de no

residente. Este hecho no ha sido controvertido.

     El    6   de   julio   de   2019   DLJ   Mortgage,   como     parte

demandante, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor.

A esa fecha el foro primario no le había requerido la prestación de

la fianza de no residente, según lo estatuye la Regla 69.5 de

Procedimiento Civil, supra. Tres años después, el 7 de septiembre

de 2022, el Tribunal dictó sentencia, aun sin haber ordenado la

prestación de fianza que exige la aludida Regla 69.5. Este trámite

resultó ser contrario a lo que establece la normativa vigente. Al

tratarse de una corporación foránea, el TPI venía obligado a

ordenarle la presentación de una fianza de no residente y paralizar

los procedimientos hasta el cumplimiento de la orden.            El foro

primario   carecía     de    discreción   para   continuar   con     los

procedimientos hasta tanto se cumpliera con el requisito

establecido en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra.          Es

decir, procesalmente, el foro primario no podía continuar con los

trámites del caso, ni mucho menos, dictar sentencia, sin haber

cumplido con el requisito esencial de requerir la prestación de una

fianza de no residente y paralizar el caso hasta que se prestara la

fianza ordenada. Es por ello que, el dictar la sentencia, previo

requerir la prestación de la fianza, es un acto contrario a lo que

exige nuestro estado de Derecho.

     Luego de recaída la sentencia, la parte peticionaria solicitó

reconsideración por no haberse cumplido el requisito de la fianza.
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El foro primario denegó su pedido, a pesar de que la imposición

de la fianza era mandatoria. Ante ello, la sentencia no se podía

dictar hasta que se fijara la fianza y la prestara la recurrida y así

lo decretamos.

                                  IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto

la Sentencia apelada, ya que fue emitida antes de que el Tribunal

de Primera Instancia requiriera la presentación de la fianza de no

residente, según dispone la Regla 69.5 de Procedimiento

Civil, supra.    Consecuentemente, devolvemos el caso al foro

primario para que se dicte nuevamente la Sentencia y se notifique

ésta.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones