Court Opinion

ID: 9962655
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:39:07.736944+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:22.144390
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

     D’LEADING BUSINESS                                CERTIORARI,
       SOLUTION; PABLO                                 acogido como
    MORALES-PADILLO, CPA,                              REVISIÓN JUDICIAL,
             CFE                               Procedente de la
                                               Junta Adjudicativa
         Recurrente              KLCE202400295 del Departamento de
                                               la Familia
               v.
                                                       Apelación Núm.:
    DEPARTAMENTO DE LA                                 2024 PROP 00002
          FAMILIA
                                                       Sobre: Impugnación
          Recurrido

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

                              SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

        Comparece ante nos D’Lending Business Solution Inc.

(“Recurrente”o “D’Lending”) mediante escrito intitulado Recurso de

Certiorari presentado el 8 de marzo de 2024, el cual acogimos como

una solicitud de revisión de una decisión administrativa.1 En este,

la Recurrente nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el

31 de enero de 2024 por la Junta Adjudicativa del Departamento

de Familia (la Junta Adjudicativa) notificada, por correo regular el

31 de enero de 2024 y por correo electrónico el 1 de febrero de 2024

Mediante dicha Resolución la Junta Adjudicativa confirmó la

adjudicación del Requerimiento de Propuestas (RFP) núm. DF-RFP-

24-01

         Por    los     fundamentos        expuestos    a    continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción.

                                      I.

        El 1 de septiembre de 2023, el Departamento de la Familia

notificó la adjudicación de la Solicitud de Propuesta (RFP) DF.RFP-

1
 Véase Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.XXII-
B,R.56.

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLCE202400295                                                        2

24-01 para un contrato de servicio de auditoría externa a la firma

CPA Díaz Martínez, CSP.        Dicha Notificación de Adjudicación

contiene una claúsula que advierte a la parte afectada sobre su

derecho a presentar una solicitud de reconsideración ante la Junta

Adjudicativa, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación

de la adjudicación.

      Así las cosas, el 11 de septiembre de 2023, D’Lending acudió

ante la Junta Adjudicativa mediante solicitud de impugnación

intitulada Solicitud de Reconsideración, en la que expresó estar en

desacuerdo con la determinación emitida por el Comité Evaluador

del Departamento de la Familia en la determinación sobre la

Solicitud de Propuesta DF.RFP-24-01, que otorgó el contrato de

servicio de auditoría externa a la firma CPA Díaz Martínez, CSP.

      Tras varios trámites procesales, que incluyen la inspección de

los expedientes de las propuestas, la Vista Adjudicativa quedó

pautada para celebrarse el 2 de enero de 2024. El 12 de enero de

2024, el Oficial Examinador designado, Lcdo. Luis R. Ortiz Segura,

sometió el correspondiente Informe en el que recomendó confirmar

la determinación del Comité Evaluador del Departamento de la

Familia sobre la Solicitud de Propuesta DF-RFP-24-01 .

      Mediante Resolución emitida el 31 de enero de 2024, la Junta

Adjudicativa adoptó el Informe sometido por el Oficial Examinador

y confirmó la determinación del Comité Evaluador del Departamento

de la Familia sobre la solicitud de Propuesta DF.RFP-24-01, que

otorgó el contrato de servicio de auditoría externa a la firma CPA

Díaz Martínez, CSP.    En dicha Resolución, la Junta Adjudicativa

advirtió a las partes sobre el término de (30) treinta días para

presentar solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,

conforme a lo dispuesto en la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento

Uniforme el Gobierno de Puerto Rico, (LPAUG) 3 LPRA sec. 9672, y

sobre aquellos términos dispuestos en la Sección 3.15 de la Ley
KLCE202400295                                                           3

Núm.     38-2017,     cuando      se   presenta     una     solicitud   de

reconsideración. La referida Resolución fue emitida el 31 de enero de

2024, notificada por correo regular en igual fecha y por correo

electrónico a todas las partes el 1 de febrero de 2024.

       Inconforme, la Recurrente acude ante esta Curia mediante

escrito de revisión presentado el 8 de marzo de 2024 al que anejó

Solicitud de Órdenes en Auxilio e Jurisdicción.         En el recurso de

epígrafe, D’Lending le imputa al Departamento de la Familia los

siguientes señalamientos de error:

       Primer Error: Cometió grave error revocable el Oficial
       Examinador al no evaluar los méritos de la solicitud de
       suspensión sometida por el abogado que suscribe,
       limitándose procesalmente a adoptar lo resuelto por la
       Presidenta de la Junta Adjudicativa. Ello sin cumplir y en
       violación de su responsabilidad y del cargo que como Oficial
       Examinador designado aceptó realizar. Dicho error se
       configuró cuando el Oficial Examinador permitió y “adoptó”
       lo resuelto por la Presidenta de la Junta Adjudicativa, sin
       evaluar en sus méritos las causas planteadas en la solicitud
       de suspensión presentada por el abogado que suscribe.
       SEGUNDO ERROR: Cometió grave error revocable el Oficial
       Examinador, al celebrar la vista del 2 de enero de 2024, sin
       considerar o resolver la solicitud de relevo de representación
       del abogado que suscribe y permitirle al Peticionario DLBS
       contratar nueva representación.        El haber optado por
       celebrar una vista ex parte en perjuicio del Peticionario
       DLBS, constituye una acción contraria a Derecho.
       TERCER ERROR: Cometió grave error revocable el Oficial
       Examinador al privar al Peticionario DLBS de su día en corte,
       privándole   de   su     derecho    a   presentar    prueba,
       contrainterrogar a los testigos de las partes contrarias y
       defenderse de las imputaciones en su contra, lo que
       constituye una violación al Derecho constitucional del
       debido proceso de Ley.

       El 11 de marzo de 2024, emitimos Resolución en la que

acogimos el recurso presentado por la Recurrente como una

Revisión Judicial y ordenamos al Departamento de la Familia

expresarse en torno a la moción en auxilio de jurisdicción

interpuesta por la Recurrente.

   El 15 de marzo de 2023, compareció ante nosotros el

Departamento de la Familia, mediante escrito intitulado Urgente

Oposición a Solicitud de Órdenes en Auxilio de Jurisdicción de esta

Honorable Curia en Cumplimiento de Resolución. En esencia, el
KLCE202400295                                                          4

Departamento de la Familia sostiene que carecemos de jurisdicción

para atender el recurso presentado por la recurrente por tardío toda

vez que presentó el recurso expirado el término jurisdiccional de

treinta días.   Argumenta, además, que en todo caso, el remedio

solicitado es académico, pues, según informa el Departamento de la

Familia ya otorgó el contrato objeto del RFP.

                                   II.
                           A. Jurisdicción

      En nuestro sistema de derecho, la jurisdicción consiste en el

poder y autoridad que tienen los tribunales para adjudicar casos o

controversias, siempre que estos sean justiciables. JMG Investment,

Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,

200 DPR 254, 267 (2018). Es responsabilidad de los propios

tribunales cerciorarse sobre su jurisdicción, así como la jurisdicción

del foro donde procede el recurso, pues ella no puede adjudicarse ni

ser subsanada, aun con la anuencia de las partes del pleito. JMG

Investment, Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Fuentes Bonilla v. ELA,

200 DPR 364 (2018).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la

revisión judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84

(2013).   Siendo    ello   así,   las    disposiciones   que   rigen   el

perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo deberán

cumplirse rigurosamente. De esta forma, el derecho a la revisión de

una determinación administrativa por el Tribunal Apelativo queda

sujeto al estricto cumplimiento del reglamento, las limitaciones

legales y su perfeccionamiento.

     B. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones
                         Administrativa

   Las determinaciones finales de las agencias administrativas

pueden ser revisadas en este Tribunal de Apelaciones mediante el
KLCE202400295                                                        5

recurso de revisión administrativa. La parte adversamente afectada

por la orden o resolución final de la agencia y que haya agotado

todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo

administrativo correspondiente podrá presentar una solicitud de

revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de

treinta (30) días contados a partir del archivo en autos de copia de

la notificación de la orden o resolución final de la agencia a partir

de la fecgaaplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de la LPAUG

cuando el término fuera interrumpido por la oportuna presentación

de una moción de reconsideración. Sec. 4.2, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley

Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9672. “Es norma

reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los tribunales

apelativos debemos conceder deferencia a las decisiones de las

agencias administrativas”. Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR

606, 626 (2016). Esto se debe “a la experiencia y el conocimiento

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les han

delegado”. Íd. Las determinaciones de una agencia administrativa

gozan de una presunción de corrección. Graciani Rodríguez v.

Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019). Al evaluar una

determinación administrativa, los foros judiciales analizarán los

aspectos siguientes: (1) si el remedio concedido por la agencia fue

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia

están sostenidas por evidencia sustancial, y (3) si las conclusiones

de derecho fueron correctas. Capó Cruz v. Jta. de Planificación et al.,

204 DPR 581, 591 (2020).

      A tenor con lo anterior, los tribunales deben deferencia a las

agencias administrativas salvo que: (1) las determinaciones no estén

basadas en evidencia sustancial; (2) las conclusiones de derecho

fueran incorrectas; (3) la agencia actuara de forma arbitraria,

irrazonable o ilegal; o (4) que lesionara derechos fundamentales.
KLCE202400295                                                          6

Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 14 (2021); Rolón Martínez

v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018). En ausencia de ello,

“aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos,

procede que se valide la interpretación que realizó la agencia

administrativa recurrida”. Super Asphalt v. AFI y otros, supra; ECP

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268 (2020). Aun así,                   “las

determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad”.

Capó Cruz v. Jta. de Planificación et al., supra.

         C. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones

      A su vez, el plazo concedido por la Regla 57 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, establece que el escrito inicial de

revisión deberá ser presentado dentro del término jurisdiccional de

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos

de la copia de la notificación de la orden o resolución final del

organismo o agencia. Si la fecha del archivo en autos de copia de la

notificación de la resolución u orden es distinta a la del depósito en

el correo de dicha notificación el término se calculará a partir de la

fecha del depósito en el correo. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 57.

      A tono con lo anterior, la Regla 83(C) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, permite al propio

tribunal desestimar un recurso por carecer de jurisdicción.

       La Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones le confiere autoridad a este Tribunal para desestimar

un recurso por cualquiera de las siguientes circunstancias:

      (A)…
      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los motivos siguientes:
      (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
      (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
      desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
      discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en
      el inciso (B) precedente.

      4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83.
KLCE202400295                                                                     7

                                        III.

          En el caso que nos ocupa, la Resolución final recurrida fue

emitida 31 de enero de 2024 por la Junta Adjudicativa. Consta en

la propia Resolución que notificada por correo regular en igual fecha.

Además fue notificada por correo electrónico a todas las partes el

1 de febrero de 2024.2 El término de treinta días dispuesto por la

Sección 4.2 de la LPAUG para presentar recurso de revisión ante

este Tribunal de Apelaciones, vencía el sábado 2 de marzo de 2024,

por lo que se extendió hasta el lunes 4 de marzo del corriente año.

          Sin embargo, la parte Recurrente presentó el recurso de

epígrafe el 8 de marzo de 2024, por lo que carecemos de

jurisdicción para atenderlo por tardío, toda vez que lo presentó

expirado       el   término     jurisdiccional     dispuesto     por    nuestro

ordenamiento. Examinada la petición de revisión de la parte

recurrente, concluimos que carecemos de autoridad para entender

en los méritos de esta, toda vez que fue presentada fuera del término

jurisdiccional para ello.

          En consecuencia, esta Curia no ostenta jurisdicción para

atender en los méritos los planteamientos de la Recurrente

          Con estos antecedentes, al amparo de la Regla 83 incisos (B)

y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, desestimamos el

recurso presentado por D’Lending, por falta de jurisdicción.

                                        IV.

          Por los fundamentos anteriormente expuestos los cuales

hacemos formar parte de esta Sentencia desestimamos el recurso

presentado por la Recurrente por falta de jurisdicción.

          Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                        LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

2
    Véase Anejo 1 de la Oposición presentada por el Departamento de la Familia.