Court Opinion

ID: 9952424
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:51:39.624689+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:13.546354
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VI

                                                     CERTIORARI
                                                     procedente del
   RAFAEL ALFREDO                                    Tribunal de Primera
   CINTRÓN PERALES                                   Instancia, Sala
                              KLCE202301430          Municipal de
       Peticionario                                  Guaynabo
                                 Consolidado
           Ex Parte                                  Caso núm.:
                              KLCE202400090          GB2020CV00006
                                                     (202)

                                                     Sobre: Carta
                                                     Testamentaria

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Rivera Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

       Comparece ante este tribunal apelativo el Lcdo. Rafael Cintrón

Perales (licenciado Cintrón Perales o el peticionario) mediante el

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos la revocación de una

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Guaynabo (el TPI), el 5 de octubre de 2023, notificada

el 10 del mismo mes y año. También nos peticiona que revoquemos

la Orden emitida el 19 de diciembre de 2023, notificada el 21 de

diciembre siguiente.1 Mediante estos dictámenes, el foro recurrido

autorizó la intervención del Sr. José M. Toral Muñoz en

representación de la Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa (los

recurridos), más decretó que el albacea tiene que presentar en el

caso los informes trimestrales; así como copia de los estados de

cuenta relacionados al caudal.

1 Ambos recursos fueron consolidados. Véase nuestra Resolución del 24 de enero

de 2024.

Número Identificador
SEN2024 ___________________________
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                        2

       Por los fundamentos que expresaremos a continuación,

expedimos los autos de Certiorari solicitados y revocamos los

dictámenes recurridos.

                                     I.

       El 3 de enero de 2020, el licenciado Cintrón Perales presentó

una    petición     ex parte   solicitando   la   expedición    de   cartas

testamentarias para acreditar su autoridad legal como albacea de la

sucesión del Sr. Rigoberto Figueroa Figueroa. El 5 de febrero de

2020, el TPI expidió las cartas testamentarias según solicitadas.

       El 25 de mayo de 2023, la Fundación Rigoberto Figueroa

Figueroa (la Fundación), una organización sin fines de lucro

representada por su presidente, el Sr. José M. Toral Muñoz (señor

Toral Muñoz), comparecieron mediante un escrito titulado Moción

de Intervención y Solicitud Orden.2 Alegaron que en el Testamento

Abierto otorgado el 5 de abril de 2019, ante la Notario Lcda. Paola

J. Figueroa Alemañy, el señor Figueroa Figueroa instituyó como

única y universal heredera a la Fundación. En síntesis, adujeron

que el licenciado Cintrón Perales ha incumplido con su deber de

rendir los informes trimestrales que requiere la ley.

       Así las cosas, el 6 de junio de 2023, el licenciado Cintrón

Perales presentó un escrito titulado Urgente Oposición a Moción de

Intervención y Solicitud de Orden, en el cual solicitó que se denegara

la intervención, toda vez que por tratarse de un proceso ex parte esta

no procedía.3 Señaló que las cartas testamentarias solo van dirigidas

a su expedición, por lo que el recurso para solicitar los reportes

financieros de la Fundación se debía presentar dentro de un proceso

ordinario. Agregó, además, que la petición de intervención fue

instada pasado más de un año desde que se otorgaron las cartas

testamentarias, por lo que nunca se cuestionó la idoneidad del

2 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202301430, a las págs. 23-26.
3 Íd., a las págs. 27-33.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                            3

albacea. También arguyó que el señor Toral Muñoz abandonó sus

funciones como presidente de la Fundación y que los informes

financieros de la fundación siempre han estado disponibles.

        El 28 de junio de 2023, el TPI concedió un término al

licenciado Cintrón Perales para presentar los informes trimestrales

correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y el primer trimestre

del 2023.4 A su vez, el foro primario señaló vista para el 12 de julio

de 2023 para atender la petición de intervención solicitada por los

recurridos. En cumplimiento con dicha Orden, el peticionario

sometió los informes trimestrales del 2020 al 2023.5

        El 5 de octubre de 2023, el TPI dictó la Resolución recurrida

en la cual resolvió lo siguiente:6

           1. Se autoriza la intervención del Dr. José M. Toral
           Muñoz como presidente de la Junta de Directores de la
           Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa, única y
           universal heredera del caudal.
           2. El Albacea Rafael A. Cintrón Perales tiene la
           obligación, impuesta por ley, de someter al Tribunal
           Informes Trimestrales sobre su gestión.
           3. Como representante de la Fundación, el interventor
           tiene derecho a examinar los Informes Trimestrales
           que, por disposición de ley, está obligado el Albacea
           someter al Tribunal.

        El 25 de octubre de 2023, el peticionario sometió una moción

intitulada Moción de Reconsideración de la Resolución del Honorable

Tribunal. A su vez, los recurridos sometieron su oposición. El 10 de

noviembre de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar el petitorio.7

        El 15 de diciembre de 2023, los recurridos presentaron una

Moción Urgente Solicitando Orden Sobre Informes en la cual adujeron

y citamos por su pertinencia:8

              Recientemente la parte interventora y heredera
           ha[n] tenido la oportunidad de examinar lo sometido
           por el albacea como supuestos informes trimestrales.
           Los mismos reflejan un craso incumplimiento con
           las obligaciones de informar sobre los ingresos y
           gastos del caudal hereditario. Los informes se limitan a

4 Íd., a la pág. 78.
5   Véase el Apéndice Suplementario de los recurridos         en   el   recurso
KLCE202301430, a las págs. 063-088.
6 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202301430, a la pág. 8.
7 Íd., a la pág. 1.
8   Véase el Apéndice Suplementario de los recurridos         en   el   recurso
KLCE202301430, a la pág. 089.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                    4

           mostrar totales de ingresos y gastos, desconociéndose
           de dónde provienen los ingresos y en qué el albacea
           está gastando el dinero de la herencia. [Énfasis
           nuestro]

        Por tanto, los recurridos solicitaron al TPI que ordenara al

licenciado Cintrón Perales a producir copia de todos los estados de

cuentas del caudal. Posteriormente, estos presentaron una moción

suplementaria en la cual nuevamente cuestionaron la información

sometida y la forma en que fueron realizados los informes.9

        El 21 de diciembre, el TPI dictó la Orden recurrida

disponiendo:10

              EVALUADA LA MOCI[Ó]N URGENTE SOLICITANDO
           ORDEN SOBRE INFORMES AS[Í] COMO EL ESCRITO
           SUPLEMENTARIO PRESENTADOS POR LA PARTE
           INTERVENTORA, RESOLVEMOS LO SIGUIENTE:

               CONSIDERANDO      QUE     EL    ALBACEA
               INCUMPLI[Ó] CON LA OBLIGACI[Ó]N QUE LE
               IMPONE EL ART[Í]CULO 587 DEL C[Ó]DIGO DE
               ENJUICIAMIENTO CIVIL, SE DECLARA HA
               LUGAR     LA     SOLICITUD    DE     LOS
               INTERVENTORES. SE CONCEDE 20 D[Í]AS AL
               ALBACEA PARA QUE PROVEA COPIA DE LOS
               ESTADOS DE CUENTA RELACIONADOS Y/O
               CREADOS EN RELACI[Ó]N AL CAUDAL. [Énfasis
               nuestro]

        Por último, el 10 de enero de 2024, el TPI dictó una Orden

señalando la vista para el 7 de febrero siguiente, a los efectos de que

el peticionario muestre causa por la cual no deba ser encontrado

incurso en desacato.11

        Inconforme con la Resolución del 5 de octubre de 2023 y con

la Orden del 21 de diciembre de 2023, el peticionario acude ante este

foro apelativo imputándole al foro de instancia la comisión de los

siguientes errores:

        A. KLCE202301430

        PRIMERO: ERRÓ EL TPI AL ASUMIR JURISDICCIÓN
        EN UN PROCESO EX PARTE SOBRE CARTAS
        TESTAMENTARIAS YA INACTIVO, Y PERMITIR LA
        INTERVENCIÓN DE UNA PARTE, POR SÍ Y A NOMBRE
        DE LA FUNDACIÓN HEREDERA, PARA SOLICITAR LOS
        INFORMES TRIMESTRALES DE CUENTAS DEL

9 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202400090, a la pág. 16.
10 Íd., a la pág. 15.
11 Íd., a la pág. 25.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                   5

    ALBACEA CUANDO DICHA INFORMACIÓN HA
    ESTADO DISPONIBLE Y A PESAR DE HABERSE
    IMPUGNADO LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL SR.
    JOSÉ TORAL COMO DIRECTOR EN DICHA ENTIDAD
    POR   ABANDONO     DE    SUS  CARGOS    Y
    RESPONSABILIDADES,     ASÍ   COMO      DE
    ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.

    SEGUNDO: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE ES
    OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN DE INFORMES
    TRIMESTRALES EN EL TRIBUNAL A PESAR DE SER LA
    FUNDACIÓN UN HEREDERO DETERMINADO.

    TERCERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
    INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EL SR. TORAL MUÑOZ
    TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ESTE CASO PARA
    PRESENTAR UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN A
    NOMBRE DE LA FUNDACIÓN Y OBVIAR ASÍ EL
    PROCESO DE SOLICITUD PARA RADICAR PLEITOS A
    LA JUNTA DE DIRECTORES.

    B. KLCE202400090

    ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
    INSTANCIA, Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN E
    INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO, AL DETERMINAR
    EN SU RESOLUCIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023,
    QUE EL ALBACEA HABÍA INCUMPLIDO CON LA
    OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 587 DEL
    CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL A PESAR DE
    HABER SOMETIDO LOS INFORMES. DE ESTA FORMA,
    DA PASO UNA IMPUGNACIÓN POR LA PARTE
    INTERVENTORA       QUE       REQUIERE     UN
    PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ORDINARIO QUE
    GARANTICE UN DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
    PERTINENTE, UNA VISTA PREVIA CON TODOS LOS
    DERECHOS PARA PRESENTAR PRUEBA A SU FAVOR
    Y CONTRAINTERROGAR TESTIGOS, LO CUAL
    CONSTITUYE    UNA    VIOLACIÓN   AL   DEBIDO
    PROCEDIMIENTO DE LEY; ADEMÁS DE HABER
    ACTUADO SIN JURISDICCIÓN, CON PASIÓN,
    PREJUICIO, PARCIALIDAD Y ERROR MANIFIESTO; Y
    CUYAS DETERMINACIONES DE DERECHO ESTÁN EN
    CONFLICTO CON EL BALANCE MÁS RACIONAL,
    JUSTICIERO Y JURÍDICO DE LA CONTROVERSIA.

    ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
    INSTANCIA, Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN E
    INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO, AL DETERMINAR
    EN SU RESOLUCIÓN DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2023,
    QUE EL ALBACEA DEBÍA PROVEER COPIA A LA
    PARTE INTERVENTORA DE LOS ESTADOS DE
    CUENTAS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA
    SUCESIÓN, A PESAR DE QUE ES EL PROPIO
    INTERVENTOR, SR. TORAL MUÑOZ, QUIEN ES
    PRESIDENTE Y TESORERO DE LA JUNTA DE
    DIRECTORES DE LA FUNDACIÓN RIGOBERTO
    FIGUEROA FIGUEROA QUIEN, CONFORME A SUS
    ESTATUTOS, ES EL QUE SE SUPONE TENGA A SU
    CARGO Y SEA CUSTODIO DE TODOS LOS ESTADOS
    DE LAS CUENTAS RELACIONADOS Y/O CREADOS EN
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                         6

       RELACIÓN AL CAUDAL, ACTUANDO EL TPI DE ESTE
       MODO CON PASIÓN, PREJUICIO, PARCIALIDAD Y
       ERROR MANIFIESTO; Y CUYAS DETERMINACIONES
       DE DERECHO ESTÁN EN CONFLICTO CON EL
       BALANCE MÁS RACIONAL, JUSTICIERO Y JURÍDICO
       DE LA CONTROVERSIA.

       El 18 de diciembre de 2023, los recurridos presentaron en el

recurso KLCE202301430 un Memorando en Oposición a la

Expedición de Auto de Certiorari. Posteriormente, presentaron una

Moción en Auxilio de Jurisdicción, la cual fue declarada No Ha

Lugar.12

       De otra parte, en el recurso KLCE202400090 dictamos una

Resolución el 24 de enero de 2024, ordenándole a los recurridos a

expresarse en o antes del 31 de enero del año en curso. Ese mismo

día, los recurridos presentaron un Memorando en Oposición a

Expedición de Certiorari … por entender que el mismo es repetitivo.

También solicitaron la imposición del pago de las costas, gastos,

honorarios de abogado y sanciones económicas.

       El 31 de enero de 2024, los recurridos instaron una Moción en

Cumplimiento de Orden en Oposición a la Expedición del Auto de

Certiorari por lo que damos por cumplida nuestra Orden del 24 de

enero y decretamos perfeccionado los recursos.

       Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo;

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                      II.

El Auto de Certiorari

       La Regla 52.2 (b) de las Reglas de las de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V R. 52.2 (b), y la Regla 32(c) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (c), establece que

el   recurso    disponible     para    revisar   resoluciones   finales   en

procedimientos de jurisdicción voluntaria dictadas por el Tribunal

de Primera Instancia, tal como el caso de marras, lo es una petición

12 Véase la Resolución del 28 de diciembre de 2023.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                       7

de certiorari. Sin embargo, previo a ejercer debidamente nuestra

facultad revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso

de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el

certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (1999). Por supuesto,

esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros

que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596

(2011).

      Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera. (citas omitidas)”. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). Así pues, se ha

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.

(citas omitidas)”. Íd. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, enmarca los criterios que debemos considerar al

momento de determinar si procede que expidamos el auto

discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

regla establece lo siguiente:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
          y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                     8

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo,

evaluemos     si   alguna   de    las   circunstancias    enumeradas

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del

foro recurrido. Además, es norma trillada que un tribunal apelativo

no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este

último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). También, los criterios antes

transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera sabia

y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la etapa del

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

Jurisdicción voluntaria y las Cartas Testamentarias

      En Puerto Rico hay una distinción entre los asuntos de

jurisdicción voluntaria y los de jurisdicción contenciosa. RPR & BJJ,

Ex Parte, 207 DPR 389, 404 (2021). La jurisdicción voluntaria se

define como “[a]quella en que no existe controversia entre las partes;

la que no requiere la dualidad de las mismas”. G. Cabanellas,

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. Heliasta, Tomo

V,1994, a la pág. 54. Se entiende, además, como “aquel ámbito de

asuntos en que, por disposición de ley y a solicitud de los interesados,

se requiere la intervención del juez para su tramitación, aun cuando no

se promueva controversia alguna entre las partes.” [nota al calce

omitida].” RPR & BJJ, Ex Parte, supra. Incluso, el inciso (b) de la

Regla 3.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

3.1, establece que:
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                         9

         (b) El tribunal tendrá facultad para conocer de los
         procedimientos de jurisdicción voluntaria. Se podrá
         acudir al tribunal con un recurso de jurisdicción
         voluntaria con el fin de consignar y perpetuar un hecho
         que no sea objeto de una controversia judicial en ese
         momento y que no pueda resultar en perjuicio de una
         persona cierta y determinada. [Énfasis nuestro]

      De otra parte, como es sabido el albacea es la persona

designada por el testador para ejecutar su última voluntad. Pino

Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 389 (1993). En lo

aquí pertinente, el Artículo 597 del Código Enjuiciamiento Civil de

1933, 32 LPRA sec. 2571, dispone:

              Todo albacea que acepte el nombramiento hecho a
         su favor en un testamento deberá entregar al
         funcionario en cuya oficina se halla protocolado el
         testamento una aceptación del cargo por escrito,
         acompañada de un juramento, también por escrito,
         comprometiéndose a cumplir, del mejor modo que le
         fuere dable, sus obligaciones como albacea, sin lo cual
         no podrá hacerse cargo de los bienes del finado. La sala
         del Tribunal de Primera Instancia de la última
         residencia del finado o del lugar en que radican sus
         bienes, mediante la presentación de una certificación
         del notario u otro funcionario competente, en que
         conste haberse archivado dicha aceptación y juramento
         oficial, expedirá cartas testamentarias a favor del
         albacea, las cuales constituirán prueba de su
         autoridad. Tan pronto como un administrador haya
         prestado su fianza y juramento oficial, el juez o tribunal
         que lo hubiere nombrado expedirá a su favor cartas de
         administración bajo su sello, en testimonio de su
         autoridad. [Énfasis nuestro]

      En Vilanova et. al v. Vilanova et. al, 184 DPR 824, 858 (2012)

nuestro alto foro reiteró que, en la mayoría de los casos, el

procedimiento para la expedición de las cartas testamentarias es

uno de jurisdicción voluntaria, que se tramita en el despacho del

juez de primera instancia sin mayores incidentes. Además, en RPR

& BJJ, Ex Parte, supra, el Tribunal Supremo reiteró que: “En un

caso de jurisdicción voluntaria “no se promueve acción alguna entre

partes conocidas y determinadas. Los peticionarios son los únicos

interesados en el remedio que se solicita. […]” Íd., a la pág. 405.

      Por otra parte, si bien un procedimiento de jurisdicción

voluntaria   pudiera    convertirse    en   uno    contencioso,       cuando

compareciera una parte oponiéndose o pretendiendo un interés
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                          10

adverso, dicho trámite debe llevarse de forma tal que garantice los

postulados de la Regla 1 de Procedimiento Civil y debe estar libre de

formalismos. Íd., a las págs. 405-406. En los casos de carta

testamentarias se ha permitido la oposición de una parte a los

únicos efectos de impugnar la idoneidad del albacea nombrado.

En esa situación, “… lo que procede es convertir el proceso en uno

contencioso y seguir el trámite ordinario”. Vilanova et. al v. Vilanova

et. al, a la pág. 858.

                                     III.

      En esencia, el licenciado Cintrón Perales argumentó que el

foro de primera instancia erró al permitir que el procedimiento de

jurisdicción voluntaria de Cartas Testamentarias se convirtiera en

un procedimiento contencioso al permitir la intervención de los

recurridos. Por otra parte, planteó que el señor Toral Muñoz no

puede instar pleitos a nombre la Fundación sin una Resolución

Corporativa que así lo autorice.

      Examinados los recursos al palio de los criterios de la Regla

40, determinamos expedir por entender que la etapa en que se

encuentra     el   procedimiento      es    el   más   propicio    para    su

consideración. De igual manera, los remedios y la disposición de las

decisiones recurridas son contrarios a derecho. Por estar los errores

relacionados entre sí, los discutiremos conjuntamente.

       De umbral destacamos que no existe duda alguna en cuanto

al hecho de que el Albacea Testamentario tiene unos deberes

respecto a los bienes del causante, esto es, la formación de

inventario, rendir cuentas trimestrales y rendir la cuenta final.13 Sin

embargo, estos difieren del procedimiento para la expedición de las

cartas testamentarias.14 Nos explicamos.

13 Véanse, los Artículos 568, 587 y 588 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32
LPRA secs. 2401, 2511 y 2512, respectivamente.
14 A manera persuasiva véase Yolenis L. Simoza González, EX PARTE

KLCE201701472.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                  11

      De las mociones presentadas ante el foro recurrido surge con

meridiana claridad que los asuntos planteados por la Fundación

constituyen una genuina controversia que amerita ser atendida en

un procedimiento contencioso. Si bien la Fundación es la única y

universal heredera de los bienes del Sr. Rigoberto Figueroa Figueroa,

y tiene el derecho a ser informada de las gestiones realizadas por el

peticionario, el procedimiento de jurisdicción voluntaria no es el

adecuado para impugnar su incumplimiento como albacea.

Además, no se cumple con los postulados de la Regla 1 de las Reglas

de Procedimiento Civil permitir que en el presente caso se ventile

una causa de acción ordinaria predicada en la alegada falta al deber

de fiducia y lealtad del aquí peticionario como albacea. En este

sentido, resulta improcedente atender sus reclamos dentro de un

proceso no contencioso, el cual ya culminó con la expedición de

las cartas testamentarias. En consecuencia, erró el TPI al conceder

la intervención de la Fundación tres años después de haber sido

expedidas las cartas testamentarias a favor del peticionario.

Constituye un error de derecho permitir que el caso de epígrafe se

convierta en un pleito adversativo, cuando a todas luces, será uno

extremadamente contencioso.

      De otro lado, puntualizamos que también existe una

controversia genuina en cuanto a la legitimación del señor Toral

Muñoz para instar una causa de acción como presidente de la

Fundación sin la autorización de la Junta de Directores (la Junta)

emitida mediante una Resolución Corporativa. Incluso, en sus

escritos el peticionario argumentó que en contra del señor Toral

Muñoz se instó una demanda por el abandono de sus funciones en

la Fundación. Sin duda alguna de estas alegaciones, unidas a los

escritos y documentos presentados ante esta Curia, surge una

disputa genuina entre el peticionario y el señor Toral Muñoz, quien

fue originalmente nombrado como tesorero en la Junta por el Sr.
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Rigoberto Figueroa Figueroa (QEPD), que requiere se dilucide en un

pleito independiente. Por lo cual, existe controversia en cuanto a que

la Junta haya sido constituida conforme a los Estatutos Corporativos

(By Laws) de la Fundación.15 Al respecto, precisamos que en el

Artículo 13, inciso 1, de los Estatutos Corporativos (By Laws) se

estableció que la Junta es la encargada del gobierno, administración

y representación de la Fundación.16 En fin, forzoso es concluir, que

las controversias aquí trabadas requieren la autorización de la

Junta de Directores para poder llevar a cabo la intervención judicial.

Asunto que no puede ser atendido en un procedimiento de

jurisdicción voluntaria.

       Por último, solo nos resta advertir que, con respecto a los

señalamientos de la obligación del albacea de presentar las cuentas

trimestrales, la misma está mandatada por el Artículo 587 del

Código de Enjuiciamiento Civil, supra. De igual manera, este

precepto exige ponerlas de manifiesto en la secretaría del tribunal

“a disposición de cualquiera de las partes.” Íd. No obstante, este

mandato legal, reiteramos que cualquier controversia que surja de

estos informes, así como la imputación de faltas al albacea son

reclamos a ser dilucidados en un pleito independiente. Por ende, se

hace menester apuntalar que el foro a quo actuó incorrectamente al

exigir presentar dichos informes y, más aún, dilucidar las

controversias relativas a estos dentro de la petición de las cartas

15 Obsérvese que en el Memorando en Cumplimiento de Orden … los recurridos

señalan que “Cintrón Perales intentó tomar control de la Fundación haciéndose
pasar falsamente como miembro de su Junta de Directores…” Además, se
describió al aquí peticionario como uno “incumplidor y recalcitrante.” Íd., a las
págs. 1 y 2.
16 Véase el Apéndice del Recuso KLCE202301430, a la pág. 63. Asimismo,

destacamos que la Junta estará compuesta de tres (3) miembros que ocuparán
los cargos de presidente, tesorero y secretario. En un principio la Junta de
Directores estuvo compuesta por su presidente y miembro fundador el Sr. Ricardo
Figueroa Figueroa (QEPD), el señor Toral Muñoz como tesorero y el Sr. Juan
Cancel Alegría como Secretario. En el Artículo 15 inciso 1 de los By Laws el
Miembro Fundador designó como sucesor en caso de renuncia, incapacidad o
muerte al Sr. Juan Carlos Vega Martínez. Así, “[u]na vez integrado el Sr. Vega
Martínez a la Junta de Directores, sus miembros elegirán un nuevo Presidente.”
Íd., a la pág. 64.
KLCE202301430 cons. KLCE202400090                                 13

testamentarias. Esto, especialmente, y como explicamos, nunca se

impugnó la idoneidad del peticionario como albacea en dicho

proceso de jurisdicción voluntaria y se habían expedido las cartas

testamentarias más de tres (3) años anteriores a la petición de

intervención.

      En conclusión, los errores señalados se cometieron.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos los recursos

de epígrafe, y revocamos los dictámenes aquí recurridos. En

consecuencia, decretamos que las partes deberán instar las causas

de acción que incluyan sus reclamos de manera independiente

según lo antes resuelto. Asimismo, advertimos que el Sr. Rafael

Cintrón Perales deberá cumplir con su responsabilidad de presentar

en la Secretaría del foro primario los informes trimestrales, según

exige el Código de Enjuiciamiento Civil, supra, y conforme a lo

previamente determinado.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones