Court Opinion

ID: 9916018
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:15:21.149227+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:36.555854
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

     EL PUEBLO DE                              Apelación
     PUERTO RICO                               procedente del
                                               Tribunal de Primera
          Apelado                              Instancia, Sala
                                               Superior de
              v.                 KLAN202200659 Mayagüez

ERIC CONDE SEDA VILA                                   Caso Núm.:
                                                       ISCR202000162
          Apelante
                                                       Sobre:
                                                       Art. 127 Código Penal
                                                       2012

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza
Rivera Marchand y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece el señor Eric Conde Seda Vila (en adelante,

apelante o señor Seda Vila), mediante un recurso de Apelación

Criminal presentado el 18 de agosto de 2022. En este, nos solicita la

revocación de la Sentencia dictada el 19 de julio de 2022 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en

adelante, TPI) en la cual, luego de la celebración de un juicio por

jurado, el apelante fue encontrado culpable de forma unánime por

un jurado por violación al Artículo 127-A del Código Penal de Puerto

Rico.2 En consecuencia, se le sentenció a diez (10) años de cárcel

bajo el régimen de libertad a prueba.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la sentencia apelada.

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023 en la que

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
de la Hon. Ivelisse Domínguez Irizarry.
2 33 LPRA sec. 5186a.

Número Identificador

SEN2023______________
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                                        I.

       Conforme surge de los autos originales, por hechos acaecidos

el 2 de octubre de 2019, el Ministerio Público presentó dos

acusaciones contra el señor Seda Vila por: (i) infracción al Artículo

5.05 de la Ley 404-20003 sobre portación y uso de armas blancas y,

(ii) por infracción al Artículo 127-A del Código Penal de Puerto Rico4

sobre maltrato a personas de edad avanzada.

       Luego de varios incidentes procesales, los cuales son

innecesarios pormenorizar, se celebró el juicio en su fondo durante

los días 24 y 25 de febrero de 2022 y los días 11 y 12 de abril de

2022. Cabe precisar que dicho juicio fue uno por jurado. Así pues,

el Ministerio Público presentó los siguientes testigos: (i) agente José

Rodríguez Franco;5 (ii) señora María Ortiz González;6 (iii) señor

Vicente Cruz Padilla,7 y (iv) señora Santa Pérez Martel.8

       Por su parte, la defensa del señor Seda Vila sentó a testificar

a la señora María Isabel Vélez Nieves9 y al propio acusado, señor

Eric Conde Seda Vila.10 Por su pertinencia, a continuación, se

resumen los testimonios presentados por los testigos previamente

mencionados:

       Agente José Rodríguez Franco

       El agente José Rodríguez Franco (en adelante, agente

Rodríguez Franco) testificó con relación a la investigación que realizó

sobre el incidente que motiva este caso. En ese sentido, atestiguó

que, el 2 de octubre de 2019, atendió al apelante en el Cuartel de

Mayagüez, ya que este se personó para realizar una querella por el

delito de agresión.11 Narró que el apelante le explicó que vio al señor

3 Ley Núm. 4-2000, Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458d.
4 33 LPRA sec. 5186a.
5 Transcripción de la Prueba Oral, 24 de febrero de 2022, a las págs. 12-93.
6 Id., a las págs. 94-142.
7 Transcripción de la Prueba Oral, 25 de febrero de 2022, a las págs. 9-99.
8 Transcripción de la Prueba Oral, 11 de abril de 2022, a las págs. 23-72.
9 Id., a las págs. 76-137.
10 Id., a las págs. 144-213.
11 Transcripción de la Prueba Oral, 24 de febrero de 2022, a la pág. 16, líneas 3-

24.
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Vicente Cruz Padilla (en adelante, señor Cruz Padilla) quemando

unas hojas cerca de un árbol de mangó frente a la residencia de este

último.12 Le indicó que, en ese momento, el apelante tomó un

rastrillo para dispersar las hojas que el señor Cruz Padilla estaba

quemando y este último, el señor Cruz Padilla, agarró ese mismo

rastrillo y comenzó a agredirlo en el brazo izquierdo, en la cabeza y

en el pecho.13 Sin embargo, el agente testificó que no percibió alguna

lesión seria en el cuerpo del apelante.14

        El agente Rodríguez Franco continuó su testimonio esbozando

que al día siguiente, entiéndase, el 3 de octubre de 2019, se presentó

a la residencia del señor Cruz Padilla y cuando lo vio, percibió que

este tenía un moretón y el ojo izquierdo hinchado.15 Entonces, el

señor Cruz Padilla le narró que mientras quemaba unas hojas sintió

que un vehículo iba a gran velocidad cerca de él, se detuvo y de ahí

se bajó el apelante, quien “venía hacia encima de él”.16 El señor Cruz

Padilla le explicó al agente, que temió por su seguridad y utilizó su

rastrillo para despegarse del señor Seda Vila.17 Acto seguido, se

suscitó una discusión entre el señor Cruz Padilla y el apelante.

Entonces, este último buscó un rastrillo industrial en su vehículo y

con este, agredió al señor Cruz Padilla en el costado izquierdo, la

cabeza y el ojo hasta que cayó inconsciente.18

        El agente Rodríguez Franco también relató que, el 4 de

octubre de 2019, entrevistó a la señora Santa Pérez Martel (en

adelante, la señora Pérez Martel), quien salió de su residencia y vio

al apelante discutiendo con el señor Cruz Padilla.19 Asimismo, la

señora Pérez Martel le comentó que ella percibió el momento en el

12 Id., a la pág. 17, líneas 1-21.
13 Id., a la pág. 17, líneas 22-25; pág. 18, líneas 1-9.
14 Id., a la pág. 18, líneas 10-22.
15 Id., a la pág. 19, líneas 1-12.
16 Id., a la pág. 19, líneas 13-21.
17 Id., a la pág. 19, líneas 22-25; pág. 20, líneas 1 y 2.
18 Id., a la pág. 20, líneas 3-14.
19 Id., a la pág. 39, líneas 6-25; pág. 40, líneas 1-3.
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que el apelante iba “para encima” del señor Cruz Padilla y ante esto,

el señor Cruz Padilla le dio un golpe al apelante.20 Narró que

inmediatamente, el señor Seda Vila agarró un rastrillo industrial y

golpeó al señor Cruz Padilla en diferentes partes del cuerpo hasta

dejarlo tirado en el suelo.21 Finalmente, el agente Rodríguez Franco

culminó su investigación la cual, en consulta con el fiscal de turno,

concluyó que el señor Seda Vila fue el agresor.22

         María Ortiz González

         La señora María Ortiz González (en adelante, señora Ortiz

González) declaró que era la esposa de Vicente Cruz Padilla desde

hace 35 años y que residía en el Sector Cambalache de Mayagüez

desde hace 32 años.23 Declaró que, el 2 de octubre de 2019, salió a

visitar a sus padres desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de

la tarde cuando regresó a su casa.24 Al volver a su hogar, se encontró

con su esposo, quien tenía hematomas en la cara y en el costado de

su cuerpo.25 Aseveró que el señor Cruz Padilla le comentó a la señora

Ortiz González que el apelante fue a la caja de su guagua y de allí

sacó un rastrillo industrial que utilizó para agredirlo.26 Además, el

señor Cruz Padilla le manifestó a su esposa que sentía mucho dolor

y que acudiría al hospital al día siguiente.27 Luego de que el señor

Cruz Padilla le comentara esto, la señora Ortiz González procedió a

tomarle unas fotografías para tenerlas como evidencia.28

         En su testimonio, la señora Ortiz González narró que, al día

siguiente del suceso, el agente Rodríguez Franco se personó en su

20 Id., a la pág. 40, líneas 4-16.
21 Id.
22 Id., a la pág. 47, líneas 3-8.
23 Id., a la pág. 96, líneas 16-25; pág. 97, líneas 1-5.
24 Id., a la pág. 115, líneas 16-23.
25 Id., a la pág. 116, líneas 1-10.
26 Id., a la pág. 102, líneas 1-6.
27 Id., a la pág. 102, líneas 7-14.
28 Id., a la pág. 102, líneas 15-21. Dichas fotografías fueron presentadas en corte

y admitidas como exhibits. Véase, Transcripción de la Prueba Oral, 24 de febrero
de 2022, a las págs. 104-114.
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residencia para tomarle una declaración al señor Cruz Padilla.29

Posterior a esto, la señora Ortiz González y el señor Cruz Padilla

acudieron Centro Médico para atender las heridas del señor Cruz

Padilla.30 En dicha visita al hospital, no se encontró sangrado en la

cabeza ni en el costado.31 En el redirecto que se le hizo a la señora

Ortiz González, esta leyó el Cuestionario de Accidente que le realizó

el hospital a su esposo.32 En dicho documento, el señor Cruz Padilla

plasmó que el apelante casi lo atropella con su vehículo y que, al

desmontarse de este, se dirigió hacia él y lo empujó, por lo cual el

señor Cruz Padilla le tuvo que dar con el rastrillo.33

       Vicente Cruz Padilla

       En su testimonio, el señor Cruz Padilla manifestó que tenía

74 años, era retirado y residía en el sector Cambalache del Barrio

Limón de Mayagüez junto a su esposa, la señora Ortiz González.34

En cuanto a los hechos, narró que entre las 9:00 a 9:30 de mañana

del 2 de octubre de 2019, se encontraba recogiendo unas hojas

frente a su casa.35 Testificó que estaba utilizando un rastrillo para

recoger las hojas y las quemaba.36 Narró que mientras recogía las

hojas, sintió de repente un ruido de un vehículo pickup de color azul,

por lo que, en reacción, procedió tirarse hacia una barranca que

estaba cerca.37 Detalló que ese ruido provenía de su parte trasera,

por lo cual, cuando se volteó percibió que la guagua venía hacia él.38

       El señor Cruz Padilla narró que al lanzarse a la barranca, se

reincorporó y en ese instante se sentía molesto porque el vehículo

29 Transcripción de la Prueba Oral, 24 de febrero de 2022, a la pág. 122, líneas 1-

13.
30 Id., a la pág. 122, líneas 18-25.
31 Id.
32 Id., a la pág. 139, líneas 21-27.
33 Id., a la pág. 140, líneas 20-25; pág. 141, líneas 1-6.
34 Transcripción de la Prueba Oral, 25 de febrero de 2022, a la pág. 9, líneas 15-

25; pág. 10, líneas 1-6.
35 Id., a la pág. 16, líneas 3-19.
36 Id., a la pág. 17, líneas 20-25.
37 Id., a la pág. 21, líneas 2-14.
38 Id., a la pág. 22, líneas 12-23.
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casi lo atropellaba.39 Igualmente, declaró que vio cuando el apelante

se desmontó de la guagua y acto seguido, el señor Seda Vila lo

empujó con su cuerpo.40 Explicó que, inmediatamente, el apelante

se dirigió a su vehículo a buscar un rastrillo industrial, lo cual

provocó que el señor Seda Vila lo tratara de alejar con el rastrillo

que tenía en la mano.41 Sin embargo, a pesar de ello, el apelante

agarró el rastrillo que poseía como si fuera un bate y golpeó al señor

Cruz Padilla con el mismo hasta que este cayó al suelo y perdió el

conocimiento.42 Resaltó que, el apelante lo golpeó en más de tres (3)

ocasiones.43 Explicó que luego de esto regresó a su casa a pesar del

dolor que sentía, hasta que su esposa llegó y se alarmó al

encontrarlo en el estado en que estaba.44 Manifestó que le dolía la

cabeza y el costado.45

        Finalmente, el señor Cruz Padilla testificó que, al día siguiente

del incidente, el agente Rodríguez Franco llegó a su casa y se

asombró al ver los golpes que este tenía en su rostro.46

        Santa Pérez Martel

        En su testimonio, la señora Pérez Martel declaró que residía

en el Barrio Limón de Mayagüez desde hace quince (15) años y

conocía al señor Cruz Padilla desde hace más de diez (10) años.47

Asimismo, atestó que conocía al señor Seda Vila, aunque no tiene

una amistad con él.48 La señora Pérez Martel narró que, el día de los

hechos, estaba limpiando un solar cerca de la residencia del señor

Cruz Padilla y en ese momento vio a éste recogiendo unas hojas.49

Narró que, posteriormente, la señora Pérez Martel volvió a su

39 Id., a la pág. 23, líneas 16-24; pág. 24, líneas 1-4.
40 Id., a la pág. 24, líneas 8-16.
41 Id., a la pág. 27, líneas 5-19.
42 Id., a la pág. 27, líneas 20-25; pág. 28, líneas 1-5.
43 Id., a la pág. 30, líneas 6-16.
44 Id., a la pág. 33, líneas 7-18.
45 Id., a la pág. 33, líneas 19-24.
46 Id., a la pág. 38, líneas 1-7.
47 Transcripción de la Prueba Oral, 11 de abril de 2022, a la pág. 24, líneas 20-

25; pág. 25, líneas 1-20.
48 Id.
49 Id., a la pág. 29, líneas 10-17.
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residencia y luego salió a la carretera y vio que, en medio de una

discusión, el señor Seda Vila agredió al señor Cruz Padilla con el

rastrillo.50 Aseguró que, vio inicialmente al señor Cruz Padilla que

estaba de pie hasta que el apelante comenzó a golpearlo y el señor

Cruz Padilla cayó para atrás, quedando inconsciente.51 Explicó que,

posterior a que el señor Seda Vila se marchara, la señora Pérez

Martel se dirigió a donde estaba el señor Cruz Padilla y recogió todas

sus pertenencias.52

        Declaró que, el señor Cruz Padilla le mostró sus heridas y en

ese momento identificó un golpe en el ojo y otro en la cabeza.53

Atestó que a los tres (3) días del incidente habló con el señor Cruz

Padilla y este le comentó que había ido del hospital.54 Finalmente,

la señora Pérez Martel reconoció que no salió a la calle a intervenir

con el altercado y que tampoco vio cuando el señor Seda Vila se

desmontó de su vehículo. Además, recalcó que presenció cuando el

apelante agredió al señor Cruz Padilla, aunque no recordó en que

partes del cuerpo.55

        María Isabel Vélez Nieves

        María Isabel Vélez Nieves (en adelante, señora Vélez Nieves)

declaró que trabajaba como ingeniera y residía en el Barrio Limón

de Mayagüez junto a su esposo el señor Seda Vila con quien ha

estado casada por 31 años.56 Narró que, mientras se encontraba

trabajando, recibió una llamada de su esposo, en la cual le indicó

que este se dirigía al cuartel de la policía, ya que tuvo un incidente

en el que resultó agredido por el señor Cruz Padilla.57 Aseveró que,

posterior a esto, el apelante la llamó para comunicarle que este iba

50 Id., a la pág. 31, líneas 7-17.
51 Id., a la pág. 33, líneas 7-16.
52 Id., a la pág. 37, líneas 14-25; pág. 38, líneas 1-8.
53 Id., a la pág. 42, líneas 21-25; pág. 43, líneas 1 y 2.
54 Id., a la pág. 44, líneas 4-10.
55 Id., a la pág. 64, líneas 9-23.
56 Id., a la pág. 77, líneas 3-13.
57 Id., a la pág. 78, líneas 17-25; pág. 79, líneas 1-9.
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al hospital.58 Testificó que al regresar a su casa luego de su turno

de trabajo, percibió que el apelante tenía unos hematomas en el área

del hombro izquierdo.59 Explicó que, tras ver estos golpes, decidió

tomarle unas fotografías, las cuales fueron admitidas como

evidencia en el juicio.60 La señora Vélez Nieves afirmó que estas

fotografías las tomó el 2 de octubre de 2019 a las 7:00 pm.61

        En el contrainterrogatorio, el Ministerio Público le cuestionó

que, en algunas fotografías aparecía el apelante con el pelo largo y

en otras con el pelo corto.62 Sobre esto, la señora Vélez Nieves

manifestó que puede ser que no se hayan tomado todas las

fotografías el mismo día.63 Asimismo, aclaró que ella no tenía

conocimiento personal del incidente. 64

        Eric Conde Seda Vila

        El último en testificar fue el señor Seda Vila. En su testimonio

declaró que él era tasador de profesión y que vivía en el Barrio Limón

de Mayagüez toda su vida.65 Narró que, el 2 de octubre de 2019, se

disponía a salir a trabajar y sintió un olor a humo, por lo cual

caminó al interior de su propiedad y vio al señor Cruz Padilla con

un lighter.66 Al ver esto, se montó en su vehículo, una pickup Dodge

Ram azul, dio una vuelta y llegó al lugar en donde se encontraba el

señor Cruz Padilla.67 Tan pronto se bajó de la guagua, agarró un

rastrillo que tenía en su baúl y se dirigió a apagar el fuego hasta que

el señor Cruz Padilla comenzó a increparlo.68 Manifestó que

mientras caminaba hacia el fuego, el señor Cruz Padilla salió por

detrás y le dio con un palo en la cabeza.69 Explicó que luego lo golpeó

58 Id., a la pág. 80, líneas 13-20.
59 Id., a la pág. 81, líneas 15-20.
60 Id., a las págs. 82-96.
61 Id., a la pág. 124, líneas 11-18.
62 Id., a las págs. 127-132.
63 Id., a la pág. 132, líneas 1-6.
64 Id., a la pág. 134, líneas 1-11.
65 Id., a las págs. 144-146.
66 Id., a la pág. 147, líneas 1-10.
67 Id., a la pág. 148, líneas 18-25.
68 Id., a la pág. 151, líneas 8-17.
69 Id., a la pág. 152, líneas 18-23.
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en la espalda, por el lado izquierdo del cuello y luego en la cintura.70

Ante tal actuación por parte del señor Cruz Padilla, el apelante

indicó que tuvo que empujarlo con su rastrillo, lo cual provocó que

el señor Cruz Padilla se enredara con sus chancletas y cayera al

suelo.71

        El señor Seda Vila continuó su testimonio narrando que

mientras el señor Cruz Padilla se encontraba en el suelo, logró

levantarlo y justo en ese instante, apareció la señora Pérez Martel,

quien ayudó a sentar al señor Cruz Padilla.72 Declaró que recogió

sus pertenencias y las colocó en la propiedad del señor Cruz

Padilla.73 También atestó que, posterior a este incidente, a eso de

las 10:15 de la mañana, se dirigió al cuartel de la policía donde el

agente Rodríguez Franco le tomó su declaración.74 Del mismo modo,

el señor Seda Vila explicó que en múltiples instancias se había

querellado con la Policía Municipal de Mayagüez, ya que en varias

ocasiones, en el mismo lugar en el que ocurrió el altercado, el

apelante había presenciado la quema de basura.75 Sostuvo que

todas estas querellas se investigaron, pero ninguna rindió

resultados.76 Por último, manifestó que actuó en legítima defensa,

puesto que temió por su vida luego de recibir un golpe con un palo

en la cabeza por parte del señor Cruz Padilla.77

        Desfilada la prueba y sometido el caso por las partes, el 12 de

abril de 2022, el jurado deliberó y emitió su veredicto.78 En cuanto

a la acusación por la infracción del Artículo 5.05 de la Ley de Armas,

70 Id., a la pág. 154, líneas 1-11.
71 Id., a la pág. 155, líneas 15-20.
72 Id., a la pág. 157, líneas 5-14.
73 Id., a la pág. 157, líneas 21-25.
74 Id., a la pág. 160, líneas 1-6.
75 Id., a la pág. 169; pág. 181, líneas 1-6.
76 Id., a la pág. 184, líneas 9-19.
77 Id., a la pág. 205, líneas 6-13.
78 Transcripción de la Prueba Oral, 12 de abril de 2022, a las págs. 1-42.
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se declaró al apelante No Culpable.79 No obstante, en cuanto a la

infracción del Art. 127-A, se declaró al apelante Culpable.80

        Así las cosas, el 19 de julio de 2022, el TPI dictó su Sentencia.

Mediante esta, sentenció al señor Seda Vila a cumplir una pena de

diez (10) años de cárcel bajo el régimen de libertad a prueba, así

como el pago de una multa de trecientos dólares ($300.00).

        Insatisfecho con este dictamen, el 18 de agosto de 2022, el

apelante acudió ante esta Curia mediante una Apelación Criminal y

formuló los siguientes señalamientos de error:

        i. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
        encontrar convicto al Sr. Eric C. Seda Vila a pesar de
        que el Ministerio Público no probó los [sic] todos y cada
        uno de los elementos del delito más allá de duda
        razonable.

        ii. Erró el Tribunal de Primera Instancia al encontrar
        convicto al Sr. Eric C. Seda Vila, a pesar de existir duda
        razonable y haberse establecido la defensa afirmativa de
        legítima defensa.

        iii. El señor Eric C. Seda Vila y su representación legal
        no renuncian al derecho de poder plantear errores
        adicionales ante el Honorable Tribunal de Apelaciones.

        El 22 de agosto de 2022, este Tribunal emitió una Resolución

en la cual le concedió al apelante hasta el 18 de octubre de 2022

para que presentara una transcripción de la prueba oral conforme

lo exige nuestro Reglamento.81 Asimismo, se dispuso que, una vez

se presentara la transcripción, la parte apelada tendría entonces un

término de diez (10) días para presentar objeciones a la misma.

Vencido este término para emitir objeciones, la parte apelada tendría

un término de treinta (30) días para presentar su oposición.

Finalmente, se le ordenó al TPI elevar los autos originales del

presente caso y toda la prueba presentada.

        Tras varios trámites procesales, el 17 de noviembre de 2022,

el señor Seda Vila presentó una Moción Informativa y Presentación

79 Id., a la pág. 36, líneas 1-7.
80 Id., a la pág. 35, líneas 18-25.
81 Véase, Regla 76 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 76 (B).
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de Proyecto de Transcripción. Por su parte, el 30 de noviembre de

2022, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del

Procurador General de Puerto Rico (en adelante, apelado o el Pueblo)

solicitó un término adicional de veinte (20) días para estipular el

proyecto      de   transcripción.   Dicha   prórroga   fue   concedida.

Oportunamente, el 22 de diciembre de 2022, el Pueblo presentó una

Moción para Notificar Correcciones a la Transcripción de la Prueba

Oral. En tal sentido, el 13 de enero de 2023, le ordenamos al apelado

a incorporar las correcciones a la transcripción de la prueba oral de

forma tal que la parte apelada estuviera en posición de estipular.

Para ello, se le concedió hasta el 23 de enero de 2023.

      En cumplimiento de nuestra orden, el 24 de enero de 2023, el

apelante presentó la Moción Informativa en Cumplimiento de Orden

en la cual informó que se le cursó la transcripción con las

correcciones a la parte apelada. Ante esto, el 26 de enero de 2023,

el   Pueblo    presentó    su   Moción   Notificando   Estipulación   de

Transcripción. El 27 de marzo de 2023, el señor Seda Vila presentó

su Alegato Suplementario. En este, formuló y argumentó los

siguientes dos (2) señalamientos de error:

      Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al aceptar el
      veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado en
      contra del Sr. Eric Conde Seda Vila declararlo convicto,
      a pesar de que el Ministerio Público no probó todos los
      elementos del delito de Artículo 127 del Código Penal
      más allá de duda razonable.

      Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al aceptar el
      veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado en
      contra del Sr. Eric Conde Seda Vila, y declararlo
      convicto, a pesar de existir duda razonable y haberse
      establecido el quantum y elementos necesarios para
      establecer la legítima defensa conforme establecido en
      el Artículo 25 y 25 A del Código Penal de 2012, según
      enmendado por la Ley 92-2018.

      Por su lado, el 15 de mayo de 2023, el apelado presentó su

Alegato de el [sic] Pueblo. Con el beneficio de la comparecencia de las

partes, los autos originales del caso, y la transcripción de la prueba
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oral del juicio en su fondo, procedemos a resolver la controversia

ante nuestra consideración.

                                       II.
    A. Apelación Criminal

        El trámite procesal de un recurso de apelación criminal, desde

el Tribunal de Primera Instancia, pasando por este Tribunal

intermedio, y hasta el Tribunal Supremo, se rige por las reglas 193

a   217      de   las   Reglas    de   Procedimiento       Criminal,      según

enmendadas.82 Asimismo, las Reglas 23 a la 30.1 del Reglamento de

nuestro Tribunal,83 rigen el trámite a seguir desde la presentación

del recurso de apelación criminal, hasta su perfeccionamiento. La

Regla 23 de nuestro Reglamento dispone que, un escrito de

apelación criminal contra una sentencia emitida por el tribunal de

instancia tiene que ser presentado ante el Tribunal de Apelaciones

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, computados a

partir de la fecha en que se dictó la sentencia.84 Como es sabido, un

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es

insubsanable.85

        En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, cuando

se señala un error relacionado con la suficiencia de la prueba

testifical o con la apreciación errónea de la misma, la Regla 29 de

nuestro Reglamento dispone que la parte apelante deberá presentar

la porción de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera

Instancia que estime necesaria para resolver el recurso.86 La parte

apelante deberá radicar una moción dentro de los diez (10)

siguientes a la radicación del recurso, en la que acredite el método

82 34 LPRA Ap. II.
83 4 LPRA Ap. XXII-B.
84 Id., R. 23.
85Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
86 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 29.
KLAN202200659                                                                  13

de reproducción de la prueba que ha de utilizar y los motivos por los

cuales este es el más apropiado.87 Con respecto a la reproducción

de la prueba oral mediante transcripción, la Regla 29(C) dispone que

se hará conforme a la Regla 76 del mismo reglamento.88 Si se tratase

de exposición estipulada o exposición narrativa, se hará conforme a

las disposiciones de la Regla 76.1.89 Cabe destacar que la Regla 76

dispone de un término de treinta (30) días, contados a partir de la

entrega de la regrabación, para que la parte apelante presente la

transcripción de la prueba oral, salvo que esta Curia disponga otra

cosa.90

    B. Duda Razonable

         La Regla 110 de las Reglas de Procedimiento Criminal91

establece que, en todo proceso criminal, se presumirá que la

persona acusada es inocente hasta que se pruebe lo contrario y, en

caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le

absolverá.92 De esta manera, se exige un quantum de prueba de más

allá de duda razonable para controvertir la presunción de inocencia

que      le   asiste   a     toda   persona     acusada,      por    imperativo

constitucional.93 “La duda razonable que opera en función de

nuestro       ordenamiento      procesal    criminal     no    es   una      duda

especulativa ni inimaginable, ni cualquier duda posible”.94 Al

contrario, la duda razonable “es aquella duda fundada que surge

como producto del raciocinio de todos los elementos de juicio

involucrados en el caso”.95 Dicho de otra manera, la duda razonable

existe cuando el juzgador queda insatisfecho con la prueba

87 Id., R. 29(B).
88 Id., R. 29(C).
89 Id.
90 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76.
91 34 LPRA Ap. II, R. 110.
92 Id.
93 Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009).
94 Pueblo v. Santiago, supra; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002).
95 Pueblo v. Santiago, supra; Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Cruz Granados,

116 DPR 3 (1984).
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presentada.96 Para cumplir con el estándar de prueba de más allá

de duda razonable, el Estado viene obligado a probar cada uno de

los elementos del delito imputado, su conexión con la persona

acusada y la intención o negligencia criminal de esta.97 Además,

debe “producir certeza o convicción moral en una conciencia exenta

de preocupación o en un ánimo no prevenido”.98

   C. Maltrato a personas de edad avanzada.

       Con el propósito de establecer “el deber del Estado de

promulgar y adoptar las medidas necesarias para detener y

erradicar el maltrato, así como la negligencia hacia las personas de

edad avanzada”,99 el 12 de agosto de 2014, se aprobó la Ley 138-

2014. Dicho estatuto, enmendó varias disposiciones de la Carta de

Derechos de las Personas de Edad Avanzada e incorporó ciertos

artículos al Código Penal de Puerto Rico. Entre los aludidos artículos

que incorporó está legislación se encuentra el Artículo 127-A del

Código Penal, el cual lee como sigue:

       Toda persona que, cometa abuso físico, emocional,
       financiero, agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza,
       fraude, o violación, contra una persona de edad
       avanzada, causándole daño o exponiéndole al riesgo de
       sufrir daño a su salud, su bienestar, o sus bienes, será
       sancionada con pena de reclusión por un término fijo
       de diez (10) años.100

   D. Legítima Defensa

       Nuestro ordenamiento jurídico reconoce varias causas de

exclusión de responsabilidad penal, entre las cuales se encuentra la

legitima defensa. En lo pertinente, el Código Penal de Puerto Rico,

en su Artículo 25 dispone:

       No incurre en responsabilidad penal quien defiende su
       persona, su morada, sus bienes o derechos, o la
       persona, morada, bienes o derechos de otros en
       circunstancias que hicieren creer razonablemente que

96 Pueblo v. Santiago, supra; Pueblo v. Irizarry, supra.
97 Id. Véase también, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo

en interés menor F.S.C., 128 DPR 931, 941–942 (1991); Pueblo v.
Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 (1991).
98 Pueblo v. Santiago, supra, a la pág. 143; Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 787.
99 Exposición de Motivos de la Ley 138-2014.
100 33 LPRA sec. 5186a.
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       se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya
       necesidad racional del medio empleado para impedir o
       repeler el daño, falta de provocación del que ejerce la
       defensa, y que no se inflija más daño que el necesario
       para repeler o evitar el daño.101

       En varias instancias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

reiterado que, en esencia, para que se configure la legítima defensa

se deben cumplir con estos requisitos: (i) que la persona tenga una

creencia razonable de que se ha de sufrir un daño inminente; (ii) que

haya necesidad racional del medio utilizado para impedir o repeler

el daño; (iii) que no haya provocación de quien invoca la defensa; (iv)

que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el

daño; y (v) que la persona tenga motivos fundados para creer que al

dar muerte al agresor se hallaba en inminente o inmediato peligro

de muerte o de grave daño corporal.102

       Así pues, “las circunstancias que concurran para justificar la

defensa propia deben ser suficientes para excitar el temor de una

persona razonable”.103 En ese sentido, nuestro más Alto Foro ha

reiterado que la creencia razonable a la cual hace alusión la

jurisprudencia está relacionada con el criterio de la persona

prudente y razonable.104 Por tal motivo, “se juzga el temor de

determinada persona comparándolo con el de una razonable, de

ordinaria prudencia, o un buen padre o una buena madre de

familia”.105

       La legítima defensa, presupone que la persona que la ejerce

actúa para prevenir un daño inminente o repeler un daño o ataque

que se está llevando a cabo.106 La persona debe razonablemente

creer que el ataque se va a producir en un futuro inmediato o si ya

101 33 LPRA sec. 5038.
102 Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 98 (1997); Pueblo v. González

Román I, 129 DPR 933, 940 (1992). Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 DPR 730, 748
(1987).
103 Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra, a la pág. 98 citando Pueblo v. González

Román I, supra.
104 Id.; Pueblo v. Martínez Díaz, 90 DPR 467, 474 (1964).
105 Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra
106 D. Nevárez Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto para el

Desarrollo del Derecho, Inc., 2019, a la pág. 54.
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se ha iniciado, creer razonablemente que es necesario intervenir

para prevenir un daño más grave.107

          De igual forma, para que se active la legítima defensa, la

persona que la emplea no puede infligir más daño que el necesario

para repeler o evitar el daño original que se intenta repeler.108 No es

necesario que la persona que invoque la defensa retroceda hasta

colocarse en un estado de indefensión antes de atacar a su

agresor.109 A fin de cuentas, lo importante es que el medio empleado

no sea desproporcional con la provocación que se presentó.110

    E. Apreciación de la Prueba y Estándar de Revisión Apelativa

          La determinación de si la culpabilidad de una persona

acusada fue probada más allá de duda razonable, es revisable en

apelación, puesto que “la apreciación de la prueba desfilada en un

juicio es un asunto combinado de hecho y derecho.”111 Ahora bien,

como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de la

prueba que ejerce el juzgador de los hechos está revestido de

confiabilidad y merece respeto y deferencia.112 Por ello, la valoración

que lleva a cabo el foro primario se presume correcta, toda vez que

es este quien tiene la oportunidad de ver, escuchar y valorar las

declaraciones de los testigos, así como sus lenguajes no verbales.113

          […] no sólo habla la voz viva. También hablan las
          expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el
          temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el
          vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas
          circunstancias que deben acompañar el conjunto de
          una declaración testifical y sin embargo, todos estos
          elementos se pierden en la letra muda de las actas, por
          lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias
          que han de valer incluso más que el texto de la
          declaración misma para el juicio valorativo que ha de

107 Id.
108 Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra, a las págs. 99-100.
109 Id.
110 D. Nevárez Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado por Dora Nevárez

Muñiz, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2019, a la pág.
55.
111 Pueblo v. Torres Medina, 2023 TSPR 50; Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR

239, 259 (2011); Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788.
112 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero,

120 DPR 92, 111 (1987); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
113 Pueblo v. Santiago, supra, a la pág. 148.
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       emitir en el momento de fallar; le faltará el instrumento
       más útil para la investigación de la verdad: la
       observación.114

       En consecuencia, al este Tribunal Apelativo enfrentarse a la

tarea de revisar las determinaciones del foro de instancia, no debe

intervenir con las determinaciones de hechos, con la apreciación de

la prueba ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el

mismo, a no ser que haya mediado error manifiesto, pasión,

prejuicio o parcialidad.115

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble.116 Dicho de otro modo,

este Tribunal solo podrá intervenir con la apreciación del juzgador

de los hechos si, luego de evaluar minuciosamente la prueba del

caso, guardamos serias, razonables y fundadas dudas acerca de la

culpabilidad del acusado.117

       En síntesis, a menos que existan los elementos antes

mencionados o que la apreciación de la prueba se aleje de la realidad

fáctica o que ésta sea inherentemente imposible o increíble, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.118

                                       III.

       En el presente caso, el apelante nos solicita que revoquemos

la Sentencia emitida por el TPI el 19 de julio de 2022, la cual lo

sentenció a cumplir una pena de diez (10) años bajo el régimen de

libertad a prueba, luego de que un jurado lo encontrara culpable por

114Pueblo v. Toro Martínez,   supra, a la pág. 857 (2018), citando a Ortiz v. Cruz
Pabón, 103 DPR 939, 947 (1995).
115 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011);

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Pueblo v. Irizarry,
supra, a la pág. 789; Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
116 Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a Pueblo v.

Maisonave, supra, a la pág. 63; Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584
(2009); Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
117 Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 415 y 417 (2014).
118 Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 148 (2020); Pueblo v. Maisonave, supra.
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violación al Art. 127-A del Código Penal de Puerto Rico. En tal

sentido, en su primer señalamiento de error, el apelante plantea que

el TPI erró al aceptar el veredicto de culpabilidad emitido por el

Jurado, toda vez que no se probaron todos los elementos del delito

de Artículo 127-A del Código Penal más allá de duda razonable.

Además, en su segundo señalamiento de error, el apelante sostiene

que el TPI erró al aceptar el veredicto de culpabilidad emitido por el

jurado, aun habiéndose establecido los elementos necesarios para

activar la legítima defensa conforme lo dispone el Artículo 25 y 25-

A del Código Penal.

      Por su parte, el Pueblo argumenta que, en este caso, la prueba

presentada por el Ministerio Público demostró más allá de duda

razonable la comisión del delito por el que se acusó al señor Seda

Vila. Asimismo, explicó que, en el presente caso, no se configuró la

defensa de exclusión de responsabilidad penal de legítima defensa.

Veamos.

      En primer lugar, es preciso reiterar que los foros apelativos le

otorgamos un alto grado de deferencia a la apreciación de la prueba

que realiza el Jurado como juzgador de los hechos, tal y como ocurre

en el presente caso. De esta forma, es necesario recalcar que, en

ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto, esta

Curia no debe intervenir con tal apreciación.

      En su primer señalamiento de error, el apelante sostiene que

la prueba desfilada en el juicio no probó todos los elementos del

delito proveniente del artículo 127-A del Código Penal. La precitada

disposición penal dispone que toda persona que, (i) cometa abuso

físico, emocional, financiero, agresión, robo, apropiación ilegal,

amenaza, fraude, o violación, (ii) contra una persona de edad

avanzada, (iii) causándole daño o exponiéndole al riesgo de sufrir

daño a su salud, su bienestar, o sus bienes, será sancionada con

pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años.
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       Conforme surge de la transcripción de la prueba oral, el

Ministerio Público presentó como prueba el testimonio de cuatro (4)

testigos. De estos, tanto el agente Rodríguez Franco,119 como el

propio agraviado, señor Padilla Cruz120 y la señora Pérez Martel121

coincidieron en que el 2 de octubre de 2022, tras una discusión, el

apelante fue a la caja de su vehículo, tomó un rastrillo y golpeó al

señor Cruz Padilla en varias ocasiones hasta que este cayó al suelo.

Esta prueba, en conjunto con otra evidencia admitida en el juicio,

como las notas del agente Rodríguez Franco y el Cuestionario de

Accidente, completado por el señor Cruz Padilla, es consistente con

la versión de que el apelante agredió en varias ocasiones al señor

Cruz Padilla con un rastrillo.

       Asimismo, en el juicio en su fondo, se dejó claro que, al

momento del incidente que motiva este pleito, el señor Padilla Cruz

tenía más de setenta (70) años de edad, siendo así una persona de

edad avanzada.122 Finalmente, del testimonio de los cuatro testigos

del Ministerio Público quedó demostrado que el señor Cruz Padilla

recibió daño corporal tras el contacto físico que tuvo con el apelante.

De igual forma, las fotografías del señor Cruz Padilla, las cuales

fueron admitidas en evidencia, ilustraban que este tenía varios

hematomas en el cuerpo y su rostro.

       Conforme con esta prueba oral, la cual hemos examinado de

manera minuciosa, los autos originales y la totalidad del expediente

ante nuestra consideración, concluimos que el Ministerio Público

probó más allá de duda razonable la culpabilidad del apelante, Eric

Conde Seda Vila, de la violación al Artículo 127-A del Código Penal

119 Transcripción de la Prueba Oral, 24 de febrero de 2022, a la pág. 20, líneas 3-

19.
120 Transcripción de la Prueba Oral, 25 de febrero de 2022, a las págs. 26-28.
121 Transcripción de la Prueba Oral, 11 de abril de 2022, a las págs. 31-36.
122 Si bien el Código Penal de Puerto Rico no define persona de edad avanzada, la

Ley 138-2014, la cual incorpora el Artículo 127-A, hace referencia a la definición
del Artículo 2 (p) de la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986 la cual lee como sigue:
“Persona de Edad Avanzada, es la persona de sesenta (60) años o más”.
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de Puerto Rico. En ese sentido, el primer error señalado por el

apelante no se cometió.

      En cuanto al segundo señalamiento error planteado por el

apelante, este sostiene que en el presente caso se activó la legítima

defensa. Aduce que el contacto físico realizado por el señor Seda Vila

al señor Cruz Padilla, respondió a que este último le agredió en la

cabeza, lo cual hizo que el apelante temiera por su vida y empleara

fuerza en contra del señor Cruz Padilla.

      Es sabido que una persona puede defenderse físicamente si

cree razonablemente que ha de sufrir un daño inminente, siempre y

cuando: (i) haya necesidad racional del medio empleado para

impedir o repeler el daño, (ii) falta de provocación del que ejerce la

defensa, y (iii) que no se inflija más daño que el necesario para

repeler o evitar el daño.

      Sin embargo, en el presente caso, la única prueba que

presentó el señor Seda Vila para demostrar que este se encontraba

ante tales circunstancias fue su propio testimonio en corte, la cual

fue la única que planteaba que el señor Cruz Padilla lo agredió con

tal contundencia que el apelante temió por su vida. Dicho testimonio

no le mereció credibilidad al Jurado.

       Habiendo realizado un examen de la prueba oral, no

encontramos que en la apreciación de la prueba por parte del Jurado

haya estado presente los elementos de pasión, perjuicio, parcialidad

o error manifiesto. De tal modo, al no poder demostrar que el señor

Seda Vila se encontraba ante una creencia razonable de sufrir un

daño inminente que justificara el empleo de fuerza para repelerla,

colegimos que no se logró demostrar una razón que activara la

legitima defensa. Por tal motivo, concluimos que el segundo error

formulado por el señor Seda Vila no se cometió.

      En síntesis, ante la ausencia de los elementos de pasión,

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, de que la apreciación de la
KLAN202200659                                                        21

prueba se aleje de la realidad fáctica o que ésta sea inherentemente

imposible o increíble, no encontramos razón para intervenir con la

apreciación de la prueba hecha por el juzgador de los hechos. Por

ello, concluimos que el foro primario no incidió en acoger el veredicto

de culpabilidad emitido por el Jurado, por lo cual corresponde

confirmar la Sentencia apelada.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones