Court Opinion

ID: 9890333
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:16:24.633622+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:20.985668
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

    ANA MARÍA ORTÍZ                             CERTIORARI
        APONTE                                  procedente del
      Peticionaria                              Tribunal de Primera
                                                Instancia Aibonito
             V.                 KLCE202300875
                                                Caso Núm:
REGALADO MALDONADO                              AI2022CV00013
     HERNÁNDEZ
     Recurrido                                  Sobre:
                                                Liquidación de
                                                Comunidad de
                                                Bienes
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

      El 8 de agosto de 2023, la Sra. Ana María Ortiz Aponte (señora

Ortiz o peticionaria) compareció ante nos mediante Petición de

Certiorari y solicitó la revisión de una Resolución que se emitió el 7

de julio de 2023 y se notificó el 11 de julio de 2023 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito (TPI). Mediante el

aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud

de Dictamen de Sentencia Sumaria que presentó la señora Ortiz.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el recurso de certiorari y revocamos el dictamen

recurrido.

                                    I.

      A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la

disposición del recurso, los cuales surgen del expediente ante

nuestra consideración y del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC).

      El 24 de enero de 2022, la señora Ortiz presentó una

Demanda sobre liquidación de comunidad postganancial de bienes

en contra del Sr. Regalado Maldonado Hernández (señor Maldonado

Número Identificador
SEN2023 _____________________
                                                                              2

o recurrido).1 En esta, alegó que estuvo casada con el señor

Maldonado bajo el régimen de Sociedad Legal de Gananciales y que

posteriormente se divorciaron. Indicó que se dictó una Sentencia a

tales efectos que se notificó el 23 de diciembre de 2021. Sostuvo,

además, que durante el matrimonio se adquirieron diversos bienes

y se generaron deudas que en el presente forman parte de una

comunidad postganancial de bienes que está sujeta a una

liquidación. De este modo, desglosó todos los bienes inmuebles,

negocios en marcha, bienes muebles y cuentas bancarias y activos

líquidos que presuntamente pertenecían a dicha comunidad

postganancial.

       Así pues, planteó que le pertenecía una porción no inferior al

50% de los activos generados en la comunidad. Señaló que ya no

deseaba permanecer en un estado de indivisión comunitaria y, por

ende, le solicitó al TPI a que ordenara el inventario y avalúo de los

activos comunitarios con miras a su liquidación. Por último, indicó

que en la medida en que el señor Maldonado ha tenido la

administración exclusiva de los activos comunitarios, de haber

incurrido en actos que han resultado en perdidas para la

comunidad, será responsable de responderle a la parte peticionaria

de aquella porción que le hubiese respondido como resarcimiento

del perjuicio causado.

       En respuesta, el 25 de marzo de 2023, recurrido presentó su

alegación responsiva y una Reconvención.2 En esencia, adujo que

la parte peticionaria reclamó la división y disolución de bienes que

son inexistentes y/o que no le pertenecen a la comunidad de bienes

postganancial. Además, indicó que existían deudas que pertenecían

1 Véase, págs. 1-6 del apéndice del recurso.
2 Íd., págs. 8-11. Cabe mencionar que la parte peticionaria presentó una Demanda

Enmendada el 11 de abril de 2022 para añadir unas alegaciones que no son
pertinentes discutir en el caso ante nos. El recurrido contestó la Demanda
Enmendada. Sin embargo, tampoco estaremos discutiendo dicho escrito por no
ser pertinente al asunto ante nos.
                                                                      3

a la extinta Sociedad Legal de Gananciales las cuales ha continuado

pagando sin aportación alguna de la señora Ortiz. Finalmente,

afirmó que había realizado un ofrecimiento a la peticionaria para

compensarla por su participación en la comunidad postganancial la

cual presuntamente fue rechazada. Por los motivos antes expuestos,

le solicitó al TPI a que declarara Con Lugar la Reconvención y Sin

Lugar la Demanda. Posteriormente, el recurrido enmendó su

contestación con el único fin de alegar que en el presente caso

faltaba la Sra. Aida Luz Maldonado Ortiz como parte indispensable.

       Luego de varios trámites procesales y de haber culminado el

descubrimiento de prueba, se celebró una conferencia con

antelación al juicio en la cual el representante legal de la parte

peticionaria informó que iba a estar presentando una moción

dispositiva.3 Para ello, el TPI le concedió hasta el 26 de junio de 2023

a dicha parte y a la parte recurrida le concedió hasta el 20 de julio

de 2023 para presentar su oposición. El 26 de junio de 2023, la

parte peticionaria presentó una solicitud de prórroga hasta el 7 de

julio de 2023 para presentar su moción dispositiva.4 El TPI se lo

concedió mediante una Orden que dictó el 26 de junio de 2023 y

notificó el 28 de junio de 2023.5

       Así las cosas, el 7 de julio de 2023, le señora Ortiz presentó

una Moción en Solicitud de Dictamen de Sentencia Sumaria.6

Mediante esta, enumeró cinco (5) hechos que, a su juicio, no estaban

en controversia. Entendió que dichas determinaciones de hechos

eran suficientes para que se adjudicaran la totalidad de las

reclamaciones, en particular, la liquidación de la comunidad

postganancial de bienes. Ese mismo día, a saber, el 7 de julio de

3 Véase, Entrada 291, SUMAC.
4 Véase, Entrada 297, SUMAC.
5 Véase, Entrada 298, SUMAC.
6 Véase págs. 30-65 del apéndice del recurso.
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2023, el TPI emitió una Orden que fue notificada el 11 de julio de

2023.7 En esta resolvió lo siguiente:

       No ha lugar a la solicitud de Sentencia Sumaria. De no
       existir controversia, como se alega, en los cómputos de
       la liquidación de la comunidad post ganancial de
       bienes, la intervención y la reconvención, entonces
       procede la radicación de una estipulación que recoja
       estos acuerdos. De lo contrario, el tribunal entiende que
       hay controversia sobre los hechos y cómputos alegados
       en la moción. Aquellos hechos que surgen de esta
       moción y que no están en controversia deberán ser
       incluidos como estipulaciones de las partes en el
       Informe sobre Conferencia con Antelación al Juicio.

       Inconforme con este dictamen, el 17 de julio de 2023, la

señora Ortiz presentó una solicitud de reconsideración que fue

denegada mediante una Orden que se emitió el 17 de julio de 2023

y se notificó el 19 de julio de 2023.8 Así pues, el 8 de agosto de 2023,

la peticionaria presentó el recurso de epígrafe y formuló el siguiente

señalamiento de error:

       Erró el Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar
       la “Moción en Solicitud de Dictamen de Sentencia
       Sumaria” radicada por la demandante (recurrente)
       negándose a brindar consideración a la misma en
       clara infracción a lo que disponen las reglas que
       gobiernan la referida solicitud dispositiva, y
       negándose a impartir materialidad a lo que
       dictamina, tanto la regla 36 como la 1 de
       Procedimiento Civil vigentes, y declinando
       descargar las funciones propias de su ministerio.

       Atendido el recurso, el 6 de septiembre de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole diez (10) días al recurrido para que

presentara su posición en cuanto al recurso. Oportunamente, el

señor Maldonado presentó su oposición al recurso. En esta, sostuvo

que el TPI no le permitió presentar una oposición a la moción

dispositiva que presentó la señora Ortiz a pesar de haber fijado un

término para ello, por lo que no consideró la prueba que se

presentaría como parte de la oposición antes de realizar su

determinación. En vista de ello, nos solicitó que le devolviéramos el

7 Íd., pág. 260.
8 Íd., págs. 262-267.
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caso al TPI para que fijara un término para brindarle la oportunidad

a oponerse a la moción dispositiva que se presentó conforme lo

permite la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.36.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver. Veamos.

                                  II.

                                 -A-

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Los

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la
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admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

            El tribunal tomará en consideración los
        siguientes criterios al determinar la expedición de
        un auto de certiorari o de una orden de mostrar
        causa:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.

        (B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
        y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.

        (D) Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
        el caso es la más propicia para su consideración.

        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causan un fraccionamiento indebido del
        pleito y una dilación indeseable en la solución final
        del litigio.

        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
        XXII-B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de
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derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                 -B-

      La moción de sentencia sumaria es un mecanismo procesal

que provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa,

rápida y económica de controversias en las cuales no es necesario

celebrar un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR

100, 109 (2015); Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014).

El mecanismo de sentencia sumaria está regulado por la Regla 36

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36. En particular, la Regla

36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.2, permite que

cualquier parte presente una moción, basada en declaraciones

juradas, o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que

el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la

totalidad o cualquier parte de la reclamación. Al solicitar este

remedio, “la parte promovente de la moción deberá establecer su

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia

sustancial sobre algún hecho material, o sea, sobre ningún

componente de la causa de acción”. Municipio de Añasco v. ASES et

al. 188 DPR 307, 326 (2013).

      La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.3,

regula de manera específica los requisitos de forma que debe

cumplir la parte que solicita la sentencia sumaria, así como los que

debe cumplir la parte que se opone a ella. Particularmente, el inciso

(a)(4) de la referida regla dispone que cuando se presenta una

moción de sentencia sumaria, cada hecho material sobre el cual no

hay controversia sustancial se debe sostener con indicación de los

párrafos individualmente enumerados y a las páginas de las

declaraciones u otra prueba admisible en evidencia.
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      Por otra parte, dispone que la parte que se opone a la

sentencia sumaria deberá presentar su moción en oposición

dentro del término de veinte (20) días desde la notificación de

moción    dispositiva   y   dicha   parte   “está   obligada   a   citar

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene

su impugnación con cita a la página o sección pertinente”. (Énfasis

suplido) Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra; Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.

      Respecto al rol del TPI, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R.36.4, dispone que:

      [s]i en virtud de una moción presentada bajo las
      disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre
      la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio
      solicitado o se deniega la moción, y es necesario
      celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal
      resuelva la moción mediante una determinación de
      los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales
      no hay controversia sustancial y los hechos
      esenciales y pertinentes que están realmente y de
      buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la
      cuantía de los daños u otra reparación no está en
      controversia, ordenando los procedimientos ulteriores
      que sean justos en el pleito, incluso una vista
      evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al
      celebrarse el juicio, se considerarán probados los
      hechos así especificados y se procederá de conformidad.
      (Énfasis nuestro).

      A base de las determinaciones realizadas en virtud de
      esta regla, el tribunal dictará los correspondientes
      remedios, si alguno.

      Nótese que, según la aludida regla, la presentación de una

moción de sentencia sumaria tendrá unos efectos importantes en el

litigio, independientemente de cómo esta se adjudique. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 113. Actualmente, esta

regla requiere que los jueces, aun cuando denieguen, parcial o

totalmente, una moción de sentencia sumaria, determinen los

hechos que han quedado incontrovertidos y los que no. Íd. Esta

obligación “es la única forma de propiciar una revisión adecuada
                                                                     9

por los foros apelativos”. (Énfasis nuestro) Íd., citando a J.A.

Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San

Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, págs. 1074-1075. En consecuencia,

al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, los tribunales deben:

(1) analizar todos los documentos incluidos en las mociones y los

que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si la parte

opositora controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o

refutadas en forma alguna por los documentos. Torres Pagán et al.

v. Mun. de Ponce, 191 DPR 583, 598 (2014).

                               III.

      Cuando se recurre de una determinación interlocutoria

emitida por el TPI, este foro intermedio tiene discreción para expedir

el recurso presentado ante su consideración. Así pues, luego de

examinar el expediente y los argumentos esgrimidos por los

peticionarios, a la luz de los criterios de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra y de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, acordamos expedir el auto de certiorari, pues

nos encontramos ante una denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.

      En el recurso ante nos, la señora Ortiz impugnó un dictamen

que emitió el TPI denegando su solicitud de sentencia sumaria.

Específicamente, argumentó que el TPI erró al negarse darle

consideración a la solicitud de sentencia sumaria que se presentó

en violación a lo que dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil,

supra. Además, sostuvo que el TPI se negó a impartirle materialidad

a su dictamen. Le asiste la razón.

      Conforme     al   precitado     derecho,   la   Regla   36.4   de

Procedimiento Civil, supra, dispone que, aun cuando el TPI

deniegue, parcial o totalmente, una moción de sentencia sumaria

tiene que determinar los hechos esenciales y pertinentes que han
                                                                   10

quedado incontrovertidos y los que no. Lo anterior, debido a que

esa es la única forma de propiciar una revisión adecuada por los

foros apelativos.

      En el caso de autos, como mencionamos anteriormente, el TPI

denegó la moción de sentencia sumaria que presentó la peticionaria.

Particularmente, se limitó a establecer que consideraba que había

controversia en cuanto a los hechos y cómputos que se alegaron en

dicha moción dispositiva. Sin embargo, omitió consignar los

hechos que encontró de buena fe controvertidos y los que no

conforme lo exige la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.

      La omisión de consignar los hechos materiales que están

en controversia priva a las partes y a los tribunales de una

revisión judicial adecuada. Delgado Adorno v. Foot Locker Retail,

Inc., supra. Es por tal omisión que estamos impedidos de analizar

si, en efecto, el TPI se equivocó al determinar que existen hechos

materiales en controversia. Como bien resolvió el Tribunal Supremo

en Delgado Adorno v. Foot Locker Retail, Inc., supra, para descargar

nuestra función revisora no podemos especular a cuáles hechos

materiales en controversia se refirió el foro primario.

      Por último, cabe precisar que, en la Conferencia con

Antelación al Juicio, el TPI le concedió a la parte recurrida hasta el

20 de julio de 2023 para presentar su oposición a la moción

dispositiva. Sin embargo, el 7 de julio de 2023, la parte peticionaria

presentó su moción dispositiva y ese mismo día el TPI emitió una

Orden denegándola. Por lo tanto, no le dio la oportunidad a la parte

recurrida a oponerse a la solicitud de sentencia sumaria.

Recordemos que la parte que se opone a la moción dispositiva tiene

un término de veinte (20) días para hacerlo. Regla 36.3(b) de

Procedimiento Civil, supra. Así pues, antes del TPI realizar una

determinación en cuanto a la moción dispositiva que presentó la

señora Ortiz tenía que darle la oportunidad al recurrido a oponerse
                                                                   11

a ella para poder llegar a una determinación cumpliendo con la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.

      En vista de lo anterior, le devolvemos el caso al TPI para

que le conceda un término a la parte recurrida para presentar

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria que presentó la

peticionaria. Asimismo, le devolvemos el caso para que luego de

que evalúe tanto la solicitud de sentencia sumaria como su

oposición, emita un dictamen conforme lo exige la Regla 36.4

de Procedimiento Civil, supra. Es decir, si luego de evaluar ambos

escritos decide denegar la sentencia sumaria, que consigne los

hechos materiales que encontró de buena fe controvertidos y

los que no. Una vez el TPI emita un dictamen conforme lo establece

nuestro ordenamiento jurídico las partes estarán en posición de

presentar el recurso de revisión correspondiente, de ser necesario,

y, a su vez, este Tribunal estará en posición de revisarla. Aclaramos

que no estamos reteniendo jurisdicción conforme a la Regla 83.1 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

                               IV.

      Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de

certiorari, revocamos la Resolución recurrida y devolvemos el caso al

TPI para que proceda conforme a lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones