Court Opinion

ID: 9952355
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:27.348496+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:59.164767
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL III

          GLORIBEL RIVERA                             Apelación
              FRETS                                   procedente del
                                                      Tribunal de
                Apelante                              Primera Instancia,
                                                      Sala Superior de
                       v.                             Utuado

         ADRIÁN ALEXIS                                Civil Núm.:
                                  KLAN202301048
       BENNETT RODRÍGUEZ                              JA2021CV00015
            Y OTROS                                   (3)

                Apelada                               Sobre:

                                                      ACCIÓN DE
                                                      DESLINDE Y
                                                      OTROS

       Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la
       Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

       Grana Martínez, Jueza Ponente

                                   SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico a 14 de febrero de 2024.

              La apelante, Gloribel Rivera Frets, solicita que revoquemos la

       Sentencia Sumaria Parcial en la que el Tribunal de Primera

       Instancia desestimó la demanda contra el apelado, el abogado

       notario, Eduardo J. Navarro Pluguez.

              El apelado presentó su oposición al recurso.

                                         I.

              Los hechos esenciales para comprender la determinación

       que hoy tomamos se incluyen a continuación.

              El 5 de febrero de 2021, la apelante presentó una demanda

       sobre acción civil, sentencia declaratoria, acción reivindicatoria,

       deslinde, interdicto posesorio y daños y perjuicios en la que alegó

       lo siguiente. El 26 de octubre de 2007 adquirió el inmueble

       descrito en la demanda mediante un contrato de venta a precio

       alzado. El negocio se realizó en una escritura pública otorgada por

       el apelado. El notario consignó en la escritura que era una

Número Identificador

SEN2024_________________
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compraventa a precio alzado, pero no describió adecuadamente los

linderos. Únicamente identificó a los colindantes y omitió la

distancia en que se encuentran los linderos. La omisión del notario

impide determinar fehacientemente los linderos de la propiedad,

cuya cabida es 4.6022 cuerdas y lo obliga a realizar una acción de

deslinde para corregir los puntos de los colindantes. La apelante

demandó a Banco Popular de Puerto Rico, debido a que es el

acreedor hipotecario que adquirió la propiedad de Doral Bank, a

los colindantes Rafael González Negrón y Lizbeth Medina, porque

ocupan ilegalmente una parte sustancial de su propiedad, a su

exesposo, José Collazo Díaz, con quien adquirió el inmueble en

controversia y al apelado porque fue el abogado notario que otorgó

la compraventa en controversia. Según la demandante, la culpa y

negligencia de los demandados le ocasionó daños que estimó en

una cantidad no menor de $100,000.00. Véase, pág. 85 del

apéndice.

      El apelado alegó que cumplió con su rol de notario, porque

autorizó una escritura de compraventa, válida, correcta y perfecta

en derecho, que logró el acceso e inscripción en el Registro de la

Propiedad. Véase, Contestación de la Demanda, pág. 99.

      Posteriormente, el apelado solicitó Sentencia Sumaria a su

favor. El apelado adujo que, de las alegaciones de la demanda y del

descubrimiento de prueba, surge que no existen hechos materiales

en   controversia    y     que   el   derecho     aplicable    lo   exime   de

responsabilidad. Según el apelado, no existe controversia de los

hechos siguientes. La descripción registral incluida en la escritura

de compraventa es idéntica a las constancias del Registro de la

Propiedad      existente    al   momento     de     su    otorgamiento.     La

Certificación Registral del 8 de agosto de 2022 tiene la misma

descripción.    Su   obligación       como   notario     era   consultar    las
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constancias registrales. El notario investigó las constancias del

Registro de la Propiedad, utilizó un estudio de título, examinó una

mensura y los documentos que le entregó el vendedor a la

demandante. La escritura se inscribió en el Registro de la

Propiedad. El notario no tenía facultad para variar las constancias

del Registro de la Propiedad, en ausencia de un procedimiento de

deslinde o una acción reivindicatoria. Véase, pág. 99 del apéndice.

      Según el apelado, el Art. 1360 no responsabiliza al notario y

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el adquiriente

de un inmueble a precio alzado debe realizar una mensura antes

de otorgar el contrato, para cerciorarse de la extensión y cabida del

inmueble. El apelado adujo que la apelante demandante admitió

en el contrato de opción que examinó a su satisfacción la

propiedad,   que   la   aceptó   como   estaba   y   que   relevó   de

responsabilidad a la vendedora por cualquier defecto o daño. Por

último, el apelado argumentó que la responsabilidad de verificar

los linderos es de los compradores y no del notario y que, en todo

caso, la reclamación estaba prescrita conforme lo establece el Art.

1361, 31 LPRA sec. 3821. Véase, pág. 99 del apéndice.

      La apelante se opuso a la sentencia sumaria porque existe

controversia de hechos sobre la fecha en la que tuvo conocimiento

del daño, la identidad de los causantes, la existencia de un

consentimiento valido y si el notario le hizo las advertencias que

requiere el negocio jurídico. La demandante adujo que la

reclamación no prescribió, porque advino en conocimiento del

daño el 25 de septiembre de 2020. Según la apelante, fue en esa

fecha, que el agrimensor le informó que no podía establecer los

linderos, sin las coordenadas de las distancias y que debió levantar

un plano de mensura, previo a otorgar la escritura para conocer la

cabida. La apelante sostuvo que el apelado no le advirtió las
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consecuencias de adquirir por precio alzado, la deseabilidad de

hacer una mensura para constatar la cabida, antes de otorgar la

escritura, no le explicó que el comprador se obliga en la venta a

precio alzado a pagar determinada cantidad por toda la cabida

que existe dentro de los linderos establecidos en el contrato,

no le advirtió que estaba autorizando una compraventa a precio

alzado en la que no estaba la descripción de los linderos con sus

medidas, como lo requiere ese tipo de negocio, no le explicó que el

vendedor tenía que entregar la finca mediante la descripción de

sus linderos y sus distancias para poder determinar la cabida

adquirida, ni la importancia de determinar los linderos al momento

de suscribir el contrato. Véase, pág. 162 del apéndice.

      El TPI determinó probados los hechos a continuación. La

demandante estuvo casada con el señor José Collazo Díaz, pero se

divorciaron el 26 de junio de 2019. Durante la vigencia de su

matrimonio otorgaron un contrato de opción a compra y otro de

compraventa. La demandante y su entonces esposo otorgaron el

contrato de opción a compra el 16 de agosto de 2007. El 26 de

octubre de 2007, el matrimonio adquirió mediante la escritura

número 241 ante el notario Eduardo J. Navarro Pluguez la

propiedad siguiente:

      RUSTICA. Precio localizado en el barrio Mameyes de
      Jayuya, Puerto Rico con una cabida de cuatro puntos
      seis mil veintidós cuerdas (4.6022 cdas.) equivalente a
      (1) una hectárea ochenta y ocho (88) centiáreas y (44)
      cuarenta y cuatro mil áreas. En lindes por el NORTE
      con Manuel Rodríguez por el SUR con Luis Torres por
      ESTE con David Rodríguez y por el OESTE con finca
      propiedad de Luis A. Rodríguez. Consta inscrita en el
      Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección 1
      Utuado al folio sesenta y ocho vueltas (68vita) del
      Tomo noventa y tres (93) de Jayuya finca número
      cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco (5445)
      inscripción octava.

      Otros hechos que el TPI estableció probados son los

siguientes. La descripción de la propiedad es la misma que surge
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del Registro de la Propiedad, Sección 1 de Utuado. La cabida y los

linderos en dicha descripción registral están conforme al Estudio

de Título realizado el 3 de octubre de 2007. Al presente, la finca

consta inscrita a nombre de la demandante y su excónyuge, José

Collazo Díaz. La descripción registral que consta en la Escritura

Numero 241 coincide con la Certificación Registral emitida el 8 de

agosto de 2022. El 26 de octubre de 2007, la demandante y su

excónyuge leyeron la escritura de compraventa al momento del

cierre y su otorgamiento ante el apelado que ejercía como abogado

notario. Durante los trámites, el vendedor, Doral Bank, les entregó

copia del Estudio de Título y de un Plot plan, en los que se

indicaba la ubicación, cabida y linderos de la propiedad. Los

compradores no le pidieron al vendedor una mensura al momento

de la compraventa, ni posteriormente. La demandante comenzó a

confrontar problemas con los colindantes del sur y oeste porque

reclamaban    suyas   algunas   porciones    de   su   propiedad.   La

demandante consultó en el año 2019 al perito, Carlos Alfonso

Chardón y a otro de apellido Reyes para solicitar una mensura de

la finca con el propósito de establecer los perímetros. No surge de

la prueba en el expediente que la demandante le reclamó

verbalmente o por escrito al apelado o al vendedor y acreedor

hipotecario que aclarara los linderos de la finca.

      El TPI determinó que la demanda se presentó a tiempo

porque la demandante se enteró del daño y quién lo ocasionó en

septiembre de 2020, por voz de los peritos. El foro apelado

concluyó que la apelante no podía incluir en su oposición a la

sentencia sumaria alegaciones que no fueron parte de la demanda.

La decisión está basada en lo resuelto en León Torres v. Rivera

Lebrón, 204 DPR 20 (2020). El tribunal dio por no puestas las

reclamaciones de falta de consentimiento informado, y por
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infringir   el   deber    notarial   de   asesorar   y   consignar   las

advertencias sobre compraventa de precio alzado que la

apelante intentó incorporar por primera vez en la oposición a

la sentencia sumaria.

      El TPI responsabilizó a la apelante porque debió cerciorarse

de la extensión y calidad del inmueble, antes de perfeccionar el

contrato y no lo hizo. El foro apelado evaluó las alegaciones en las

que la apelante responsabilizó al apelado extracontractualmente,

porque no incluyó en la escritura las distancias entre las

colindancias. La prueba convenció al tribunal de que el notario dio

fe de la descripción registral, conforme a la documentación

provista por la apelante que coincidía exactamente con el tracto

registral previo. El tribunal no encontró ninguna disposición legal

que obligue al notario a especificar la descripción de los linderos

incluyendo los rumbos y distancias entre las colindancias, máxime

cuando esos datos no surgen del tracto registral que investigó

antes de otorgar el instrumento público. Sin embargo, reconoció

la   importancia     de    hacer     constar   los   linderos   en   las

compraventas por precio alzado. Según el TPI, la apelante como

adquiriente debió ejercer un grado de diligencia razonable, debido

a que ese deber no es exclusivo del notario. Al TPI le quedó claro

que ese deber prevalece sobre el adquiriente a quien le corresponde

cerciorarse sobre la extensión y las características físicas de la

propiedad. El foro apelado concluyó que la apelante no ejerció

adecuadamente su deber de diligencia y no demostró que la falta

de las distancias en las colindancias constituyó un incumplimiento

del apelante con sus obligaciones como notario. Por eso resolvió

que el codemandado no respondía por los daños reclamados en la

demanda enmendada.
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      El 11 de agosto de 2023, el foro primario dictó la Sentencia

Sumaria Parcial, en la que desestimó la reclamación por daños

extracontractuales contra el apelado.

      El 31 de agosto de 2023, la apelante presentó Moción de

Enmienda a la Demanda al Amparo de la Regla 13 de Procedimiento

Civil para incluir las alegaciones siguientes contra el apelado:

      1. La parte demandante solicita permiso para
         enmendar la demanda para ampliar sus
         alegaciones relacionadas a la participación del
         notario en la autorización y redacción de la
         escritura y además para ampliar las aseveraciones
         relacionadas   al   colindante   Adrián   Bennet
         Rodríguez.

      2. Según surgió en el proceso del descubrimiento de
         prueba,     alega    uno     de    los    colindantes
         codemandados, Sr. Adrián Bennet Rodríguez, que
         parte del terreno que fue vendido a la demandante
         por el Banco, fue adquirido por éste mediante
         escritura 18 del 5 de marzo de 2004, que alega
         consta inscrita en el Registro de la Propiedad previo
         a que se efectuara la compraventa contenida en la
         escritura de Compraventa Número doscientos
         cuarenta y una (241) otorgada el 26 de octubre de
         2007 ante el notario Eduardo J. Navarro Pluguez.

      3. Al momento de autorizar la escritura de
         compraventa que sirve de título a la demandante ya
         existía un instrumento público inscrito que era
         contradictorio al título que estaba autorizando.

      4. Como cuestión de hecho, la demandante advino en
         conocimiento del problema que su terreno aparece
         solapado por otro terreno segregado luego de haber
         recibido el insumo del informe pericial y de discutir
         su contenido con el perito contratado por ésta
         quien hizo el ejercicio de identificar adecuadamente
         la procedencia de la segregación de la finca 8589 al
         sobre posicionar el plano de AC-053003 al
         levantamiento      planimétrico      de   condiciones
         existentes.

Véase, pág. 44 del apéndice del recurso.

      La    demanda    enmendada      incluyó   las   alegaciones   a

continuación.

      […]

      6.    Según surgió en el proceso del descubrimiento
      de    prueba,    alega   uno    de    los  colindantes
      codemandados, Sr. Adrián Bennet Rodríguez, que
      parte del terreno que fue vendido a la demandante por
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    el Banco, fue adquirido por éste mediante escritura 18
    del 5 de marzo de 2004, que alega consta inscrita en el
    Registro de la Propiedad previo a que se efectuara la
    compraventa     contenida    en   la   escritura    de
    Compraventa Número doscientos cuarenta y uno (241)
    otorgada el 26 de octubre de 2007 ante el notario
    Eduardo J. Navarro Pluguez. Al momento de autorizar
    la escritura de compraventa que sirve de título a la
    demandante, ya existía un instrumento público
    inscrito que era contradictorio al título que estaba
    autorizando.

    7.     El notario no hizo advertencia alguna a la parte
    compradora que se ve afectada por su omisión de la
    necesidad de mensurar el inmueble para poder
    conocer si efectivamente la cabida que estaba
    representándole como el objeto de la compraventa era
    cierta y correcta. In re Vélez Torres, 202 TSPR 79; In re
    Peña Osorio, 202 DPR 779, 789 (2019); In re Torres
    Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009). L. F. Estrella
    Martínez, El notariado latino en Puerto Rico como
    exponente de las aspiraciones del sistema jurídico
    Iberoamericano, 60 Rev. D. P. 547, 546 (2021).

    8.     El notario tampoco advirtió a la demandante de
    las consecuencias legales de comprar por precio
    alzado, de la deseabilidad de hacer una mensura de la
    propiedad para poder constatar que la cabida que
    alegadamente tenía el inmueble que estaba comprando
    efectivamente era real, de su derecho a procurar hacer
    una mensura antes de celebrar la compraventa.
    Recuérdense que “[l]as personas que ejercen la función
    notarial siempre deben ser conscientes que son
    juristas que tienen, por mandato deontológico y
    jurídico, un deber ineludible de instruir a los
    otorgantes las consecuencias de sus actos jurídicos.
    Deben, por ende, cerciorarse que la escritura que
    presentan ante las partes cumple con los requisitos
    necesarios para que la voluntad de los otorgantes se
    lleve a cabo.” In re Pagani Padró, 198 DPR 812, 821
    (2017).

    9.     El notario no explicó a la demandante ni hizo la
    advertencia legal de que en una venta por precio
    alzado el comprador se obliga a pagar determinada
    cantidad de dinero por toda la cabida de un inmueble
    que resulte existir dentro de unos linderos ya
    establecidos en el contrato. Esto a pesar de que “el
    notario es un funcionario público y un profesional del
    Derecho a la misma vez.” In re García Cabrera, 188
    DPR 196, 207 (2013). El notario, como funcionario
    público, “da fe de lo que ve, oye y percibe por sus
    sentidos. Por otro lado, como jurista, autentica y
    formula un juicio, da fuerza probatoria a las
    declaraciones de voluntad de las partes en
    instrumentos y documentos públicos que debe
    redactar conforme a las leyes.” Id. págs. 207-208. Por
    tanto, “[e]s evidente que el notario no es un simple
    observador del negocio jurídico que se realiza ante él.”
    In re González Hernández, 190 DPR 164, 177 (2014).
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    10. El notario no explicó a la demandante ni hizo la
    advertencia legal que la escritura autorizada era una
    compraventa a precio alzado donde no está la
    descripción de los linderos mediante su designación
    particularizada con sus medidas que requiere una
    compraventa de ese tipo. Cuando un notario o notaria
    autoriza un instrumento público en Puerto Rico tiene
    cuatro deberes que se desprenden de nuestra
    jurisprudencia: primero, el notario o notaria debe
    indagar la voluntad de los otorgantes; segundo,
    formular la voluntad indagada; tercero, investigar
    ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o
    validez del negocio, y cuarto, darles a los otorgantes la
    información, aclaraciones y advertencias necesarias
    para que comprendan el sentido, así como los efectos y
    consecuencias, del negocio, y se den cuenta de los
    riesgos que corren en celebrarlo. Chévere v. Cátala,
    115 DPR 432, 438 (1984).

    11. El notario no explicó a la demandante ni hizo la
    advertencia legal de que en la compraventa por precio
    alzado, el vendedor tiene que entregar la cosa cierta,
    que es la finca individualizada mediante la descripción
    de sus linderos y sus distancias para poder determinar
    si la cabida de las 4.6022 cuerdas existía en realidad.

    12. El notario no explicó a la demandante ni hizo la
    advertencia legal que en una venta a precio alzado lo
    importante es determinar cuáles eran los linderos
    establecidos por las partes al momento de suscribir el
    contrato de compraventa.

    13. El notario en las advertencias hechas en la
    escritura autorizada por este no consignó que advirtió
    a las partes sobre el hecho de la necesidad de que para
    que pueda haber una compraventa a precio alzado la
    ley requiere que la finca esté individualizada mediante
    la descripción de sus linderos mediante su designación
    particularizada con sus medidas lo cual es un
    requisito para poder constatar la cabida.

    14. El notario no explicó ni advirtió a la demandante
    ni surge de la escritura que hiciera la advertencia
    alguna del hecho de la necesidad de levantar un plano
    para poder establecer la descripción de los linderos
    con sus distancias.

    15. El notario no advirtió ni explicó a la demandante
    ni surge de la escritura qué significa una compraventa
    por precio alzado y sus consecuencias legales para
    poder prestar un consentimiento informado y tomar
    las medidas necesarias para proteger sus intereses.

    16. El notario es el profesional del derecho
    encargado de la función de recibir e interpretar la
    voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar
    las escrituras y documentos notariales a tal fin y
    conferirle autoridad a estos y no cumplió con sus
    deberes como custodio de la fe pública siendo este el
    llamado a asegurarse de que los otorgantes de un
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    instrumento    público    que     autoriza   entienden
    cabalmente el negocio jurídico.

    17. El notario incumplió con sus obligaciones
    esenciales al autorizar una escritura pública, sin
    indagar la voluntad de los otorgantes; sin formular la
    voluntad indagada; sin investigar ciertos hechos y
    datos de los que depende la eficacia o validez del
    negocio; sin darles a los otorgantes las informaciones,
    aclaraciones y advertencias necesarias para que
    comprendan el sentido, así como los efectos y
    consecuencias del negocio, y se den cuenta de los
    riesgos que corren en celebrarlo.

    18. La omisión del notario en la descripción
    adecuada de los linderos mediante su designación
    particularizada con sus medidas que no permite
    determinar de forma fehaciente cuáles son los linderos
    del inmueble cuya cabida registral es de 4.6022
    cuerdas sumada a la omisión de hacer saber a la
    demandante que sin esa información no se podía
    constatar la cabida real del inmueble lo hace
    responsable por los daños y perjuicios que le ha
    ocasionado, que al día de hoy continua sufriendo y
    padeciendo, con la incertidumbre de desconocer si en
    algún momento va a encontrar a la mancillada
    justicia.

    19. El Artículo de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2032,
    instituye que “[l]os notarios redactarán las escrituras
    públicas de acuerdo con la voluntad de los otorgantes
    y adaptándola a las formalidades jurídicas necesarias
    para su eficacia”. A la par, como parte de su función
    notarial, es necesario que los notarios y notarias se
    aseguren de obtener el consentimiento informado de
    los otorgantes, por medio de la explicación, aclaración
    y advertencias necesarias. In re Torres Alicea, supra,
    pág. 461.

    20. Por su parte, el Artículo 15(f) de la Ley Notarial,
    4 LPRA sec. 2033, le indica al notario o notaria el
    deber de consignar en la escritura, entre otras cosas,
    “[h]aberles hecho de palabra a los otorgantes en el acto
    del otorgamiento las reservas y advertencias legales
    pertinentes. No obstante, se consignarán en el
    documento aquellas advertencias que por su
    importancia deban, a juicio prudente del notario,
    detallarse expresamente”. Hemos hecho hincapié en
    que el notario “debe aplicar el derecho positivo y la
    jurisprudencia considerando, a su vez, el contenido del
    negocio y las estipulaciones que se suscribirán al
    momento de decidir qué advertencias debe hacer
    constar”, y por lo tanto, “tiene la obligación ética de
    conocer el derecho aplicable al asunto ante su
    consideración”. In re Palmer Ramos, supra, pág. 256.

    21. Los notarios y notarias tienen el deber de
    investigar los antecedentes registrales de la propiedad
    antes de otorgar la escritura pues si omitiese tal
    investigación o si no la hiciese conforme a los más
KLAN202301048                                                    11

      altos estándares de diligencia y competencia,
      incumpliría con su deber de informar apropiadamente
      a los otorgantes. In re López Maldonado, 130 DPR 863,
      865-866 (1992). Por lo tanto, se ha repetido en
      incontadas ocasiones que la falta de investigación
      apropiada y responsable es, en sí misma, una
      violación a la ley Notarial de Puerto Rico. Id; In re
      Pagani Padró, supra, pág. 822; In re Aponte Berdecía,
      161 DPR 94, 104 (2004).

      22. La descripción adecuada de los linderos supone
      conocer no solo la identidad del colindante sino
      además la ubicación de estos pues de lo contrario no
      se puede establecer ni conocer lo que comprenden.
      Según Diego Espín, en su obra Manual de Derecho
      Civil Español, vol. III, Madrid, 1961, pág. 500 señala
      que “…en la venta a precio alzado, siendo fundamental
      la entrega de todo lo incluido en el perímetro
      delimitado… para que exista un perímetro delimitado
      es fundamental que se provea la información necesaria
      para poder conocer las distancias y rumbos que se
      utilizan para establecer las colindancias.

      23. El notario además alega que la demanda
      presentada en su contra está prescrita alegando que
      ha establecido en su relación de presuntos hechos que
      la demandante conocía o debió haber conocido del
      daño que se aduce en la demanda desde el momento
      en que leyó el instrumento y/o desde el 2018, lo cual
      es una mera suposición que no se sostiene con la
      alegada evidencia presentada como hechos propuestos
      y ha quedado además claramente controvertida con la
      declaración    jurada    de    la   demandante     que
      categóricamente establece como fecha de partida sobre
      el conocimiento del daño y la identidad del causante
      de éste con posterioridad al 25 de septiembre de 2020,
      fecha cierta en la que contrató los servicios
      profesionales del abogado.

      24. Como cuestión de hecho, la demandante advino
      en conocimiento del problema que su terreno aparece
      solapado por otro terreno segregado luego de haber
      recibido el insumo del informe pericial y de discutir su
      contenido con el perito contratado por ésta quien hizo
      el ejercicio de      identificar adecuadamente la
      procedencia de la segregación de la finca 8589 al sobre
      posicionar el plano de AC-053003 al levantamiento
      planimétrico de condiciones existentes.

Véase, págs. 50-55 del apéndice el recurso.

      La apelante presentó una moción de reconsideración y de

determinaciones de hecho adicionales en la que adujo que, en su

oposición a la sentencia sumaria, informó que enmendaría la

demanda para aclarar y añadir alegaciones contra el apelado. La

señora Rivera adujo que el tribunal no consideró los hechos
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probados mediate la declaración jurada que acompaña la moción

de sentencia. Según la apelante, el tribunal tampoco consideró los

hechos controvertidos que surgen de esa prueba y que impiden

dictar sentencia sumaria.

       El apelado se opuso a la reconsideración, porque estaba

basada en alegaciones que no formaron parte de la demanda.

Además, argumentó que la demandante pretendía enmendar la

demanda, a pesar de que el tribunal ya dictó sentencia sumaria

parcial a su favor. Según el apelado, la apelante intenta usar la

Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que regula las

enmiendas a las alegaciones, como un mecanismo de revisión

judicial. Fue enfático en que las alegaciones de la demanda no

pueden ser enmendadas mediante una oposición a la sentencia

sumaria y menos aún, luego de dictada la sentencia.

       El TPI concluyó que la moción de reconsideración no

cumplió con la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

porque no estaba fundamentada en cuestiones sustanciales

relacionadas con las determinaciones de hecho pertinentes o en

conclusiones de derecho materiales. Además, de que los asuntos

señalados no se contemplaron en la demanda y son alegaciones

nuevas. El TPI determinó que, las alegaciones de: (1) falta de

consentimiento informado al momento de otorgar la escritura

de compraventa, (2) infracción del deber de asesoramiento y

(3)   falta   de   consignación   de   las   advertencias   sobre   la

compraventa de precio alzado, no estaban relacionadas con las

determinaciones de hecho de la Sentencia Parcial.

       Por otro lado, el TPI rechazó la solicitud de determinaciones

de hechos adicionales porque algunos de los hechos propuestos

fueron incluidos en la sentencia, la gran mayoría están sujetos a

prueba y no están fundamentadas en cuestiones sustanciales.
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      Por último, el TPI no autorizó la enmienda a la demanda

relacionada a la reclamación contra el apelado. El tribunal advirtió

que la apelante intentó incorporar, por primera vez, esas

alegaciones en la oposición a la sentencia sumaria y, en esa

ocasión, determinó que eran improcedentes. León Torres v. Rivera

Lebrón, 204 DPR 20 (2020). No obstante, utilizó las mismas

alegaciones para obtener una reconsideración de la sentencia.

      El TPI analizó la procedencia de las enmiendas propuestas

conforme a los cinco criterios establecidos. El foro apelado valoró

el impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda.

Según el TPI, aunque la apelante había expresado su intención de

enmendar la demanda, no lo hizo formalmente hasta que dictó la

Sentencia Sumaria Parcial, en la que desestimó la reclamación

contra el apelado. El tribunal señaló que la apelante no justificó

satisfactoriamente la razón para la demora en presentar la

demanda enmendada. Según el TPI, el perjuicio a la otra parte era

evidente, porque la apelante intenta traer al apelado nuevamente

al pleito y ya el abogado notario tiene una sentencia sumaria a su

favor. El foro apelado evaluó la procedencia de la enmienda y

concluyó   que todas las alegaciones propuestas surgen del

otorgamiento de la escritura de compraventa y que esa información

estuvo disponible mediante el procedimiento de descubrimiento de

prueba. Por último, determinó que la apelante plantea una nueva

defensa que no fue adjudicada sumariamente, porque no formó

parte de la demanda.

      El foro primario resolvió que la enmienda no procede porque

es propuesta en un momento irrazonablemente tardío, porque se

presentó luego de dictada la sentencia en la que se desestimó la

causa de acción contra el apelado. Únicamente autorizó las

alegaciones 6 y 24 relacionadas al codemandado, Alexis Bennet.
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      Inconforme el apelante presentó este recurso en el que alegó

los errores siguientes:

      ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA
      DEMANDA, SIN PERMITIR ENMENDAR LA DEMANDA,
      ADOPTANDO POR REFERENCIA LOS HECHOS Y
      ARGUMENTOS     DE   LA  PARTE   DEMANDADA
      DESCARTANDO       LOS      HECHOS      NO
      CONTROVERTIDOS QUE LA PARTE DEMANDANTE
      PRESENTÓ.

      ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE
      DETERMINACIONES ADICIONALES DE HECHO, LA
      RECONSIDERACIÓN Y LA ENMIENDA A LA
      DEMANDA Y DESESTIMAR LA DEMANDA.

                                   II.

                          Sentencia Sumaria

      La sentencia sumaria promueve una solución justa, rápida y

económica para litigios de naturaleza civil en los que no hay

controversia genuina sobre hechos materiales que componen la

causa de acción. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213

DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023

TSPR 80, 212 DPR ___ (2023); González Santiago v. Baxter

Healthcare,   202   DPR     281,   290   (2019).   La   Regla   36   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece que la

sentencia sumaria procede cuando las alegaciones, deposiciones y

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y

alguna otra evidencia, acreditan que no existe una controversia

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y material. Íd.,

pág. 291.

      El tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor del

promovente, sin necesidad de celebrar un juicio, si no existe

controversia de los hechos materiales que motivaron el pleito y

únicamente resta aplicar el derecho a los no controvertidos.

González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 95, 212

DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, supra;

Roldán Flores v. M. Cuebas et al, 199 DPR 664, 676 (2018). La
KLAN202301048                                                     15

sentencia   sumaria   únicamente    procede   cuando    el   derecho

aplicable lo justifica. La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra,

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de

sentencia sumaria. Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7, 25

(2014).

      La parte promovente de la moción de sentencia sumaria

tiene que desglosar los hechos sobre los que alega no existe

controversia. Además de especificar para cada uno la página o

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en

evidencia que lo apoya. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra,

pág. 676; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

Mientras que, la parte que se opone a una moción de sentencia

sumaria tiene que demostrar que existe controversia en cuanto a

algún hecho material. Se considera un hecho material aquel que

pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el

derecho sustantivo aplicable. Roldán Flores v. M. Cuebas et al,

supra. Para ello, el promovido deberá presentar una contestación

detallada y específica, y refutar los hechos que entiende que están

en disputa con evidencia sustancial. Birriel Colon v. Econo y otros,

supra; Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 933 (2010). Si, al

contrario, asume una actitud pasiva y descansa únicamente en

sus alegaciones, se expone a que se dicte sentencia sumaria en su

contra sin la oportunidad de un juicio en su fondo, de proceder en

derecho. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, págs. 43-44.

      Cualquier duda no es suficiente para derrotar la procedencia

de una moción de sentencia sumaria. La duda existente tiene que

permitir concluir que existe una controversia real y sustancial

sobre hechos relevantes y pertinentes. Los tribunales solo podemos

concluir que existe una controversia real y sustancial en cuanto a

un hecho material, cuando el oponente presenta prueba que
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podría inducir a un juzgador racional a resolver a su favor. Oriental

Bank v. Perapi et al, supra, pág. 26.

      La   sentencia     sumaria    tampoco   procede,   si    existen

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas y

de los documentos que acompañan la moción de sentencia

sumaria surge controversia sobre algún hecho material y esencial,

o cuando como cuestión de derecho no procede el remedio

sumario. Oriental Bank v. Perapi et al, supra, págs. 26, 27.

      El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el

Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una

sentencia sumaria. No obstante, al revisar la determinación del

Tribunal de Primera Instancia, únicamente podrá considerar los

documentos que se presentaron ante ese foro. Las partes no

podrán traer en apelación evidencia que no fue presentada

oportunamente ante el Tribunal de Primera Instancia, ni esbozar

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos. El tribunal apelativo

únicamente puede determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales y si el derecho se aplicó

correctamente.     Sin   embargo,   no   puede   adjudicar     hechos

materiales en disputa porque esa tarea es del foro de primera

instancia. Meléndez González et al v. M. Cuevas, 193 DPR 100,

114, 116 (2015).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la norma

establecida en la esfera federal de que la oposición a la sentencia

sumaria no es el vehículo apropiado para presentar reclamaciones

nuevas que nunca antes habían sido aducidas. Por esa razón, la

parte demandante tiene vedado cualquier intento de incorporar

reclamaciones nuevas o corregir deficiencias en su demanda, una

vez sometida una solicitud de sentencia sumaria. El procedimiento

adecuado en esas circunstancias es solicitar la anuencia del
KLAN202301048                                                     17

tribunal para enmendar la demanda. León Torres v. Rivera Lebrón,

supra, págs. 45-49.

                   Responsabilidad del Notario

      El notario es un profesional del derecho al que se le reconoce

el carácter de jurista. Al notario también se le reconocen las

cualidades de perito técnico y práctico del derecho que le asisten

como intérprete y asesor de la voluntad humana deseosa de

realizaciones jurídicas. Un error de juicio en el quehacer notarial

no da lugar la responsabilidad civil de parte del notario cuando

actúa conforme a un juicio informado y honesto, fundado en un

estudio adecuado y en una interpretación razonable de las

disposiciones legales vigentes al momento del otorgamiento de la

escritura, que luego es declarada nula por el tribunal. Fed. Pesc.

Playa Picuas v. U.S. Inds., Inc., 135 DPR 303, 320-321 (1994). Sin

embargo, queda incólume el principio que impone al notario el

deber de conocer la ley, los cánones de ética, el contrato entre las

partes y las buenas costumbres. Además de ejercer su misión

conforme a las normas de excelencia profesional que el ejercicio del

notariado moderno requiere de todo notario. Federación de

Pescadores vs. US, supra.

      Además, de la acción disciplinaria a la que puede estar

sujeto un notario por violación a los deberes inherentes de la

profesión, puede responder civilmente cuando cause un daño a su

cliente que emane de la negligencia y el descuido en el ejercicio de

la gestión notarial. Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 661 (2005). Su

responsabilidad será extracontractual cuando el notario provoque

un daño por violar una obligación que la ley le impone. Feliciano v.

Ross, supra. No obstante, la responsabilidad civil contractual

ocurre cuando el daño surge del quebrantamiento de una
KLAN202301048                                                       18

obligación que la ley no le impone, pero asumió contractualmente.

Feliciano v. Ross, supra.

      El notario como profesional del derecho tiene el deber de

ejercer una puntillosa función que robustece de seguridad y

certeza jurídica los hechos y actos que se consignan bajo su fe

notarial. Por esa razón debe poseer las características personales

indispensables de probidad, capacidad profesional y diligencia. Los

notarios no son meros autómatas en el sentido cartesiano de la

palabra, porque su función no se limita a legalizar las firmas. Los

miembros de la profesión notarial tienen la obligación ética de

comprobar que el instrumento público ante su presencia cumpla

con todas las formalidades que exige la legislación. El notario tiene

un   deber   inescapable    de   ilustrar   a   los   otorgantes   las

consecuencias de sus actos jurídicos y debe cerciorarse de que el

instrumento público cumple con los requisitos necesarios para que

la voluntad de los otorgantes se lleve a cabo. El rol del notario

como promotor de la equidad y garantía de derechos de las

personas constituye una responsabilidad social ineludible. El

notario tiene el deber ineludible de ejercer su función con excesivo

cuidado, esmero y celo profesional. Los miembros de la profesión

legal juramentados como notarios están obligados a cumplir la

función notarial que representa la fe pública y la ley para todas las

partes. In re Rivera Pérez, 208 DPR 805, 816-817 (2022).

      Según lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley Notarial de Puerto

Rico, 4 LPRA sec. 2032, los notarios redactarán las escrituras

públicas de acuerdo con la voluntad de los otorgantes y las

adaptarán a las formalidades jurídicas necesarias para su eficacia.

A la par y como parte de su función, los notarios han de

asegurarse de obtener el consentimiento informado de los

otorgantes por medio de la explicación, la aclaración y las
KLAN202301048                                                         19

advertencias necesarias. El Art. 15(f) de la Ley Notarial, 4 LPRA

sec. 2033, obliga a los notarios a consignar en la escritura que

advirtió de palabra a los otorgantes en el acto del otorgamiento, las

reservas y advertencias legales pertinentes. No obstante, también

deberán consignar las advertencias que, según su juicio prudente,

deben detallarse expresamente. El profesional de la notaría debe

cumplir con la Ley Notarial y su reglamentación aplicable y

comportarse bajo el umbral de los cánones del Código de Ética

Profesional. In re Rivera Pérez, supra, pág. 818.

      El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,

exige que los abogados incluso, cuando se desempeñan como

notarios, rindan una labor idónea de competencia y diligencia. El

notariado    puertorriqueño     puede    demostrar     que    tiene   el

conocimiento jurídico necesario durante la ejecución de sus

funciones. Este canon obliga a los profesionales de la notaría a

ilustrar e instruir a los otorgantes con explicaciones, aclaraciones

y advertencias necesarias según el derecho positivo notarial y la

jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El

profesional de la notaría, al ser el custodio de la fe pública notarial,

no puede darse el lujo de desconocer el estado de las constancias

del Registro de la Propiedad. El notario está obligado a investigar

los antecedentes registrales, antes de otorgar la escritura,

conforme a los más altos estándares de diligencia y competencia.

Si no lo hace incumplirá con su deber de informar apropiadamente

a los otorgantes y se configurará una infracción a la fe pública

notarial. La falta de investigación apropiada y responsable en sí

misma constituye una violación a la Ley Notarial. In re Rivera

Pérez, supra, págs. 819-820.
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           Las alegaciones de la demanda y sus enmiendas

      La demanda tiene que incluir una relación sucinta y sencilla

de los hechos que demuestran que la demandante tiene derecho a

un remedio. Aunque no es necesario que la demandante exponga

detalladamente todos los hechos que dan base a la reclamación. La

Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, especifica que

cada aseveración contenida en una alegación debe ser sencilla,

concisa y directa sin que sea necesario valerse de fórmulas

técnicas    en   el   proceso   de   redacción.   Las   alegaciones      se

interpretarán    conjuntamente       y   liberalmente   a   favor   de   la

demandante. La intención de esa liberalidad es hacer justicia. El

propósito de las alegaciones es notificar a la parte contraria a

grandes rasgos de las reclamaciones en su contra para que

comparezca a defenderse, si lo desea. León Torres v. Rivera Lebrón,

supra, págs. 40-41.

      Los tribunales ejercerán liberalmente su facultad para

autorizar las enmiendas a las alegaciones. Nuestra jurisdicción se

rige por una política pública clara a favor de que los casos se

ventilen en sus méritos. Igualmente se caracteriza por un interés

importante en que los litigantes tengan su día en corte y no se

perjudiquen por los actos u omisiones de sus abogados. SLG Font

Bardon v. Mini Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010).

      La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite

enmendar las alegaciones de la demanda sin autorización del

tribunal, antes de notificada una alegación responsiva. La

autorización judicial tampoco es requerida cuando no es necesario

una alegación responsiva. El tribunal en ese caso permitirá la

enmienda dentro de los veinte días de notificada y siempre que el

juicio no haya sido señalado.
KLAN202301048                                                       21

      La aprobación del tribunal es necesaria en los demás casos.

Aunque el tribunal tiene discreción para permitir la enmienda, la

decisión debe basarse en los criterios siguientes: (1) el impacto del

tiempo transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la

demora, (3) el perjuicio a la otra parte y (4) la procedencia de la

enmienda solicitada. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, págs. 35,

36. Estos factores tienen que evaluarse conjuntamente, porque

ninguno opera aisladamente. León Torres v. Rivera Lebrón, supra.

      El paso del tiempo no impide ipso facto, que el tribunal

admita una enmienda. Los tribunales deben evaluar la solicitud de

enmienda      liberalmente,   aun   en   etapas   avanzadas   de   los

procedimientos como la Conferencia con Antelación al Juicio. El

factor más relevante al momento de evaluar una solicitud de

autorización para enmendar las alegaciones es el perjuicio que

puede causarle a la parte contraria. La enmienda usualmente se

prohíbe cuando engendra un perjuicio indebido a la parte afectada

o si se solicita en un momento irrazonable. Sin embargo, si la

enmienda no causa perjuicio a la otra parte, no es suficiente para

denegarla que se haya presentado tardíamente. Por otro lado, será

denegada si altera radicalmente el alcance y naturaleza del caso,

porque convierte la controversia inicial en tangencial. Sin embargo,

el cambio de teoría por sí solo no es suficiente para denegar el

permiso, salvo que ocasione perjuicio al demandado. SLG Font

Bardón v. Mini Warehouse, supra, págs. 335-336.

                    Moción de Reconsideración

      Según lo dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V:

      La moción de reconsideración debe exponer con
      suficiente particularidad y especificidad los hechos y el
      derecho que la promovente estime deben considerarse
      y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas
      con las determinaciones de hechos pertinentes o
      conclusiones de hechos materiales.
KLAN202301048                                                           22

      La moción de reconsideración que no cumpla con las
      especificaciones de esta regla será declarada sin lugar
      y se entenderá que no ha interrumpido el término para
      recurrir.

      La especificidad es el criterio rector para determinar si la

moción de reconsideración interrumpió el término para apelar o

acudir en revisión. El tribunal tiene que examinar si el promovente

cumplió con los requisitos de la norma procesal. Luego de evaluar

si la presentación y la notificación fueron oportunas, le resta

examinar la particularidad y especificidad de los hechos y el

derecho que el promovente entiende que debe reconsiderar. Simons

y otros v. Leaf Petroleun Corp., 209 DPR 216, 224 (2022).

       Moción de Determinaciones de Hecho Adicionales

      La Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, exige la

acumulación    en       una    misma   petición   de    la   moción    de

reconsideración     y   la    moción   de   determinación    de   hechos

adicionales. Así el tribunal podrá resolver ambos asuntos en la

misma resolución. Al igual que la moción de reconsideración, una

solicitud de determinaciones de hecho adicionales oportunamente

presentada,   interrumpe       automáticamente    los   términos      para

recurrir en alzada, siempre que cumpla las especificaciones que la

propia norma establece. La moción al amparo de la Regla 43.2,

supra, no puede utilizarse para introducir prueba nueva que

estuvo disponible en el juicio o traer nuevas teorías. Los tribunales

no podemos perder de vista que los propósitos de esa regla son los

siguientes: (1) que el tribunal quede satisfecho de que atendió

cabalmente todas las controversias y (2) que las partes y los foros

apelativos estén informados de todos los cimientos de la decisión

del Tribunal de Primera Instancia. Morales y otros v. Sheraton

Corp., 191 DPR 1, 9-10 (2014).
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    Compraventa de bien inmueble a precio alzado, según lo
       dispuesto en el Art. 1358, 31 LPRA sec. 38181

       La obligación de entregar la cosa vendida comprende
       la de poner en poder del comprador todo lo que
       exprese el contrato, mediante las reglas siguientes:

          Si la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho
       con expresión de su cabida, a razón de un precio por
       unidad de medida o número, tendrá obligación el
       vendedor de entregar al comprador, si éste lo exige,
       todo cuanto se haya expresado en el contrato; pero si
       esto no fuese posible, podrá el comprador optar entre
       una rebaja proporcional del precio, o la rescisión del
       contrato, siempre que en este último caso, no baje de
       la décima parte de la cabida la disminución de la que
       se le atribuyera al inmueble.

          Lo mismo se hará, aunque resulte igual cabida, si
       alguna parte de ella no es de la calidad expresada en el
       contrato.

          La rescisión, en este caso, sólo tendrá lugar a
       voluntad del comprador, cuando el menos valor de la
       cosa vendida exceda de la décima parte del precio
       convenido.

       Por su parte, el Art. 1359, 31 LPRA sec. 3819, dispone lo

siguiente:

          Si en el caso de la sec. 3818 de este título resultare
       mayor cabida o número en el inmueble que los
       expresados en el contrato, el comprador tendrá la
       obligación de pagar el exceso de precio si la mayor
       cabida o número no pasa de la vigésima parte de los
       señalados en el mismo contrato; pero si excediere de
       dicha vigésima parte, el comprador podrá optar entre
       satisfacer el mayor valor del inmueble, o desistir del
       contrato.

       El Art. 1360, 31 LPRA sec. 3820, dispone lo siguiente:

          En la venta de un inmueble, hecha por precio
       alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida
       o número, no tendrá lugar el aumento o disminución
       del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o
       número de los expresados en el contrato.

       Las acciones que nacen de las tres secciones anteriores

prescribirán a los seis (6) meses, contados desde el día de la

entrega. Art. 1361, 31 LPRA sec. 3821.

1 Los eventos fácticos y procesales de este caso ocurrieron durante la vigencia
del Código Civil de 1930, según enmendado, 31 LPRA ant. sec. I et seq., hoy
derogado, por lo que nos apoyamos en sus disposiciones y la jurisprudencia
interpretativa.
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      La venta por precio alzado es aquella en la que el comprador

se obliga a pagar determinada cantidad de dinero por toda la

cabida de un inmueble que resulte existir dentro de los linderos

establecidos en el contrato. Rodríguez v. Pérez, 164 DPR 368, 376

(2005). El vendedor tiene que entregar la finca, mediante la

descripción de sus linderos. De modo que tiene que entregar todo

lo que está dentro de los linderos a cambio del precio convenido.

Cualquier diferencia entre la cabida expresada y la que existe

realmente, no da margen a reclamaciones o indemnizaciones.

Rodríguez v. Pérez, supra; Sociedad de Gananciales v. Srio. de

Justicia, 137 DPR 70, 76 (1994). Por esa razón, en las ventas a

precio alzado, lo importante es determinar los linderos establecidos

por las partes al momento de suscribir el contrato de compraventa.

Rodríguez v. Pérez, supra, pág. 377.

                                III.

      La apelante, en síntesis, alega que el TPI erró al declarar No

Ha Lugar las solicitudes de reconsideración y determinaciones de

hecho adicionales, no autorizar        la demanda enmendada y

desestimar sumariamente la reclamación contra el apelado.

      El TPI concluyó que la moción de reconsideración no

cumplió con la Regla 47, supra, porque no estaba fundamentada

en cuestiones sustanciales relacionadas a determinaciones de

hecho pertinentes o en conclusiones de derecho materiales.

Además de que los asuntos señalados no se contemplaron en la

demanda y son alegaciones nuevas. El TPI determinó que las

alegaciones de: (1) falta de consentimiento informado al momento

de otorgar la escritura de compraventa, (2) infracción del deber de

asesoramiento y (3) falta de consignación de las advertencias sobre

la compraventa de precio alzado, no estaban relacionadas con las

determinaciones de hecho la Sentencia Parcial.
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       El   foro    apelado       denegó     correctamente     la    moción    de

reconsideración. Los argumentos de la representación legal de la

apelante son incorrectos. La moción de reconsideración en

oposición a la sentencia sumaria no tiene ningún efecto, porque no

cumple con los requisitos de la Regla 47 de Procedimiento Civil,

supra. El escrito que presentó la apelante no está basado en

cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de

hecho pertinentes ni en conclusiones de hechos materiales, como

se exige en la regla citada. La apelante simplemente argumentó

que la moción de sentencia sumaria está basada en una relación

selectiva de los hechos, que el apelado alegó no están en

controversia. Según la apelante, el apelado se limitó a imputarle

responsabilidad.        La      moción,    además,      se    fundamentó       en

alegaciones nuevas que no son parte de la demanda, ni fueron

atendidas en la sentencia objeto de la reconsideración. La

demandante argumentó que el apelado desatendió su función

como      profesional     del     derecho,     porque    no    le    brindó    las

informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que los

otorgantes entendieran los efectos y consecuencias del negocio. Sin

embargo, esas alegaciones no fueron parte de la demanda y, por

consiguiente, no fueron atendidas por el TPI en la sentencia.

       La parte apelante tiene que entender que una moción de

reconsideración que no cumple con la Regla 47, supra, será

declarada NO HA LUGAR y tampoco interrumpirá el término para

apelar.     La     moción       de   reconsideración     que        presentó   su

representación legal no cumplió con los requisitos expresamente

establecidos       en   esa     regla.   Una   moción    de    reconsideración

fundamentada en asuntos que no fueron objeto de la sentencia

cuestionada, y que no cumple con la especificidad y particularidad
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requerida en la Regla 47 de Procedimiento Civil, tiene que ser

declarada NO HA LUGAR.

      Por otro lado, la apelante cuestiona que el TPI declaró NO HA

LUGAR la solicitud de determinaciones de hecho adicionales.

      Su representación legal fundamentó la solicitud en la

declaración jurada de la señora Rivera Frets. Véase, pág. 184 del

apéndice del recurso.

      Un análisis de los hechos propuestos nos lleva a la misma

conclusión que el TPI. Algunos de los hechos propuestos fueron

incluidos en la sentencia apelada o no han sido probados y otros

no son pertinentes ni relevantes. Por último, la apelante incluyó

hechos nuevos que no fueron parte de las alegaciones de la

demanda y que no estuvieron ante la consideración del tribunal al

momento de dictar la sentencia. Por consiguiente, es obvio que el

TPI denegó correctamente la solicitud de determinaciones de hecho

adicionales.

      La apelante, además, alega que el TPI erró al no autorizar la

demanda enmendada. El error señalado no fue cometido. La

representación legal de la apelante argumenta que manifestó la

intención de enmendar la demanda en su oposición a la sentencia

sumaria y en otras etapas del caso. Sus argumentos carecen de

fundamentos. La solicitud de enmienda a la demanda es más que

tardía, porque se presentó en un momento que, a todas luces, es

irrazonable. La representación legal de la apelante pretende que el

TPI permita la enmienda, cuando ya ha dictado sentencia a favor

del apelado. El perjuicio al apelado es más que evidente, porque lo

obligaría nuevamente a ventilar una controversia que ya fue

adjudicada a su favor.

      Por último, la apelante alega que existe controversia de

hechos esenciales que impiden exonerar al apelado sumariamente
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de responsabilidad. Su oposición a la sentencia sumaria está

basada en hechos que no alegó en la demanda. Según la apelante,

el apelado no le explicó que el comprador se obliga en la

compraventa a precio alzado a pagar determinada cantidad por

toda la cabida que existe dentro de los linderos, no le advirtió que

la descripción de los linderos no era la requerida en ese tipo de

compraventa, ni de la importancia de establecer los linderos. No

obstante, esas alegaciones no fueron parte de la demanda. La

representación legal de la apelante olvida que la moción de

sentencia sumaria y, por consiguiente, su oposición no son el

vehículo procesal para incluir alegaciones nuevas ni para corregir

las deficiencias de la demanda. La apelante no puede pretender

añadir en su oposición alegaciones de hechos que no están en la

demanda. Tal pretensión es contraria a derecho. Aun cuando

entendiésemos que la prudencia llama a los notarios a explicar y

consignar las consecuencias legales de una compraventa a precio

aplazado no fue parte de las alegaciones de la demanda.

      La sentencia sumaria procede porque que se probaron todos

los hechos esenciales que eximen de responsabilidad al apelado

por las alegaciones de la demanda en su contra. La prueba

presentada demostró que el notario otorgó la escritura conforme a

las constancias del Registro de la Propiedad y que el documento

fue inscrito.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

sentencia apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones