Court Opinion

ID: 9952255
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:34:02.929401+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:19.336086
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VI

       MARTHA HELENA                                        Certiorari procedente
      BLANDON CORREA                                        del Tribunal de Primera
         RECURRIDA                                          Instancia, Sala
                                                            Superior de Fajardo
                 v.                    KLCE202400114

      JOHN DOE H/N/C                             Caso Número:
    NATIONAL LUMBER &                            FA2021CV00563
   HARDWARE Y OTROS
       PETICIONARIOS                             Sobre: Caída
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                   RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

        Comparecen        JOHN         DOE       H/N/C   NATIONAL     LUMBER     &

HARDWARE Y OTROS (National Lumber; demandada; peticionaria)

mediante un recurso de certiorari, en el cual se recurre de la Sentencia

Parcial y Resolución bajo la Regla 36.4, emitida y notificada el 12 de

diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Fajardo (TPI).

        Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari.

                                             I

        El 26 de julio de 2021, Martha Helena Blandon Correa

(demandante; recurrida), presentó una Demanda contra National Lumber

sobre daños y perjuicios, a consecuencia de una caída. Alega la

demandante que sufrió la caída “el 17 de julio de 2021, en las

inmediaciones del acceso peatonal de la tienda […] NATIONAL LUMBER

& HARDWARE en Río Grande.”1 El 29 de septiembre de 2021, National

Lumber presentó su Contestación a la Demanda, en la cual negó las

alegaciones de la negligencia imputada. 2

1 Apéndice del recurso, pág, 1; Apéndice del recurso, pág. 647.
2 Apéndice del recurso, págs. 24-28.

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400114                                                                2

        El 11 de marzo de 2022, al celebrarse la Conferencia Inicial, se

informó al TPI que se coordinaron la toma de deposiciones a las partes y

otros trámites del descubrimiento de prueba.3

        El 13 de abril de 2022, la demandante presentó una Primera

Demanda Enmendada para añadir como parte codemandada al Municipio

de Rio Grande en cuanto a la misma reclamación incoada contra National

Lumber4 y, en esa misma fecha, se emitió por el TPI una Orden,

notificada el 21 de abril de 2022, la cual admitió la Primera Demanda

Enmendada.5 Posteriormente, el 14 de septiembre de 2022, la

demandante presentó una Segunda Demanda Enmendada para corregir

el epígrafe.6 El TPI emitió y notificó, el 14 de septiembre de 2022, una

Orden la cual admitió la Segunda Demanda Enmendada.7 El 14 de

septiembre de 2022, el Municipio de Rio Grande presentó su

Contestación a la Segunda Demanda Enmendada.8

        La Demandante envió a National Lumber un Primer Pliego de

Interrogatorios y Requerimiento de Producción [de Documentos], con

fecha del 6 de abril de 2022.9 La peticionaria presentó, el 13 de

septiembre de 2022, sus contestaciones al pliego, juramentadas por el

señor Ángel Román Zeno, Director de Recursos Humanos.10

        El 12 de julio de 2023, las partes presentaron un Informe de

Conferencia con Antelación a Juicio.11 La Conferencia con Antelación al

Juicio se celebró el 14 de julio de 2023. En lo pertinente al recurso

presentado por National Lumber, el TPI dispuso lo siguiente: 5 días al

demandante para cumplir con la R. 27.6 con relación a la deposición que

tomara el 5 de septiembre; 10 días a la parte demandante para circular a

las demás partes las copias identificadas de los documentos anunciados

en evidencia;15 días a las partes contrarias para reaccionar; [e]stablace

3 Apéndice del recurso, págs. 46 - 48.
4 Apéndice del recurso, págs. 53 - 56.
5 Apéndice del recurso, pag. 57.
6 Apéndice del recurso, págs. 112-114.
7 Apéndice del recurso, pag. 117.
8 Apéndice del recurso, págs. 118-122.
9 Apéndice del recurso, págs. 454-466; Entrada Núm. 108, Anejo 1 en SUMAC.
10 Apéndice del recurso, págs. 467-473.
11 Apéndice del recurso, págs. 172-203
KLCE202400114                                                           3

para el 31 de octubre del presente, la fecha límite para someter

enmiendas al informe preliminar, que surjan en cuanto a la deposición;

[s]eñala continuación de Conferencia con Antelación a Juicio para el 9 de

noviembre de 2023 las 10 de la mañana mediante videoconferencia; y,

[s]eñala Juicio en su Fondo para los días 27, 28 y 29 de febrero del 2024

en el salón 302 a las 10 de la mañana según anunciado.12

       El 5 de septiembre de 2023, se tomó la deposición del señor

Rubén Santiago Huertas (Sr. Santiago Huertas) designado para testificar

a nombre de National Lumber.13 El Sr. Santiago Huertas declaró que ni él,

ni nadie en National Lumber tiene conocimiento personal sobre los

hechos que se exponen en la demanda.

       El 20 de septiembre de 2023, la parte demandante presentó una

Moción en Solicitud de Orden mediante la cual solicitó permiso para

deponer a tres empleados más de National Lumber, que se mencionan en

la deposición, identificados como sigue: Sr. Ángel Román, gerente de

personal de National Lumber, Sra. Alicia Román, asistente de gerente, y

el Sr. Edgardo Cepeda, Gerente de National Lumber.14 El TPI le requirió a

la Demandante a presentar para récord la transcripción de la deposición

del Sr. Santiago Huertas. National Lumber presentó una Oposición a

“Moción informativa y en cumplimiento de orden” y solicitud de sanciones.

       El TPI emitió una Orden el 27 de octubre de 2023, notificada el 30

de octubre de 2023, en la cual declaró no ha lugar la Moción en Solicitud

de Orden, y determinó que surge de la transcripción de la deposición

corporativa de National Lumber “anejada al escrito titulado MOCION

INFORMATIVA Y EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN (Entrada 98) que el

testimonio fue a los efectos que ningún empleado de esta tenía

conocimiento de donde provienen los tubos a los cuales alude la parte

Demandante (98-1 pág. 15) y que el Sr. Ángel Román, la Sra. Alicia

Román, y el Sr. Edgardo Cépeda tampoco tienen conocimiento de ello.”15

12 Apéndice del recurso, págs. 211-212.
13 Apéndice del recurso, págs. 591-612.
14 Apéndice del recurso, págs. 285-304.
15 Apéndice del recurso, págs. 370-372.
KLCE202400114                                                           4

        El 8 de noviembre de 2023, al culminar el descubrimiento de

prueba, las partes presentaron el Informe Enmendado de Conferencia

Preliminar con Antelación a Juicio ("IECAJ").16 La parte demandante

anunció como sus testigos adversos al Sr. Ángel Román, la Sra. Alicia

Román, y el Sr. Edgardo Cépeda, empleados de National Lumber,

quienes testificarán "[s]obre su conocimiento personal sobre los hechos

de este caso, el desagüe de la pared de National Lumber, y como el agua

se empoza en la entrada de la ferretería".17

        El 9 de noviembre de 2023, el TPI celebró la Conferencia con

Antelación a Juicio y el Juicio en su Fondo quedó señalado para el 27 de

febrero de 2024, continuando los días 28 y 29 de febrero, de ser

necesario. Además, se informó que National Lumber estaría presentando

una moción de sentencia sumaria dentro del plazo dispuesto en la Regla

36 de Procedimiento Civil.18

        National Lumber presentó el 15 de noviembre de 2023, una

Moción de Sentencia Sumaria, en su modalidad de insuficiencia de la

prueba.19 Previamente, el Municipio de Rio Grande presentó una Moción

de Sentencia Parcial, el 16 de octubre de 2023.20 La demandante

presentó sus oposiciones sobre ambas mociones de sentencia sumaria.21

        El 12 de diciembre de 2023, el TPI emitió la Sentencia Parcial y

sumaria. 22 El Tribunal dictó Sentencia Parcial que desestimó la demanda

en cuanto al Municipio de Rio Grande y denegó la moción de sentencia

sumaria de National Lumber, por lo que dispuso la continuación de los

procedimientos del juicio señalado para los días 27, 28 y 29 de febrero de

2024.

16 Apéndice del recurso, págs. 377-412.
17 Apéndice del recurso, pág. 388.
18 Apéndice del recurso, pág. 413.
19 Apéndice del recurso, págs. 439-613.
20 Apéndice del recurso, págs.311-338.
21 Apéndice del recurso, págs.620-640.
22 Apéndice del recurso, págs.646-659.
KLCE202400114                                                                  5

       National Lumber presentó una Moción de Reconsideración, el 26

de diciembre de 2023.23 El TPI denegó la Moción de Reconsideración

mediante Resolución emitida y notificada el 3 de enero de 2024.24

       Inconforme, National Lumber presentó un recurso de certiorari en

el cual expone el siguiente señalamiento de error:

       El Tribunal [Superior] incidió al denegar una moción de
       sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba única y
       exclusivamente a base de prueba no descubierta e
       inadmisible que consiste en alegaciones especulativas del
       abogado de la parte promovida sobre lo que testificará en
       juicio un testigo adverso.

       Resolvemos sin trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B)

(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7

(B) (5).25

                                          II

                                          A

       El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723    (2016).    En    esencia     consiste   en   un   recurso   extraordinario

caracterizado por que descansa en la discreción del tribunal para su

expedición, la cual no es irrestricta. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307 (2012). El tribunal tiene discreción para atender el asunto

planteado, bien sea para expedir o denegar el auto. Rivera Figueroa v.

Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). En estos casos procede un

análisis dual para determinar si se expide o no un recurso de certiorari, el

cual consta de una parte objetiva y otra subjetiva.

       Primero, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LRPA Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para revisar

resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia será

expedido, entre otros, cuando se recurra de la denegatoria de una moción

23 Apéndice del recurso, págs. 664-672.
24Apéndice del recurso, págs.  673-675.
25  Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra]
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”.
KLCE202400114                                                              6

de carácter dispositivo u alguna orden bajo las Reglas 56 y 57. A esos

efectos, el primer examen para que un recurso de certiorari sea expedido

es que tenga cabida bajo uno de los escenarios contemplados en la

Regla 52.1, supra.

       Superada esta primera etapa, procede examinar si se justifica

nuestra intervención a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Recuérdese que es un recurso

que depende de la discreción del tribunal revisor. Conforme a esta Regla,

los criterios que justifican nuestra intervención son los siguientes:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.
       (D)    Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
       ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Por lo tanto, la discreción judicial no opera en el vacío. En etapa de

revisión judicial es norma reiterada que el Tribunal de Apelaciones no

habrá de intervenir con el ejercicio de discreción del Tribunal de Primera

Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012) (citando a Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Un certiorari solo habrá de

expedirse si al menos uno de estos criterios aconseja la revisión del

dictamen recurrido, por tanto, debemos ejercer nuestra discreción para

evaluar si, a la luz de estos criterios, se requiere nuestra intervención. Si

no fuera así, procede que nos abstengamos de expedir el auto, de

manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación

en el foro de primera instancia.
KLCE202400114                                                              7

                                     B

       En nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia sumaria responde al

propósito de aligerar la conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su

fondo, pero siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a

ser dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente”.

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001). Véase, además,

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). Conforme a

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para adjudicar una moción de

sentencia sumaria se requiere la presentación de “una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente” bien sea

sobre la totalidad de la reclamación o parte de esta. En este sentido, un

hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González et

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Por ello, “[l]a controversia

debe ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un

juez la dirima a través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 213 (2010).

       En armonía con lo anterior, la sentencia sumaria solo debe dictarse

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales

en la controversia, no procede que se dicte sentencia sumaria. Sin

embargo, se ha establecido que la sentencia sumaria, “[p]rocede, aunque

se hayan alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero

cuando el promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante

dicha prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre

los hechos medulares.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 577.

Ante esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma

forma, es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia

admisible.” Id. En fin, toda vez que la sentencia sumaria es un remedio de

carácter discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para
KLCE202400114                                                               8

su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante

de ‘su día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Mgmt.

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). Siendo esto así,

solo procede que se dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no

puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-

110.

       Según se ha reiterado jurisprudencialmente, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al

revisar la determinación del tribunal primario, estamos limitados de dos

maneras: (1) considerar solamente los documentos que se presentaron

ante el foro de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho

se aplicó de forma correcta. Esto es, estamos impedidos de adjudicar los

hechos materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR

308, 334-335 (2004). El deber de adjudicar hechos materiales y

esenciales es una tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y

no al foro intermedio.

       Sabido es que este mecanismo procesal exige el cumplimiento de

requisitos de forma para su validez. Respecto a la presentación de una

moción de sentencia sumaria se requiere que esté “fundada en

declaraciones juradas o en evidencia que demuestre la inexistencia de

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes”. 32 LPRA

Ap. V., R. 36.1. Asimismo, la oposición a esta solicitud debe cumplir

requisitos similares. Id. R. 36.2. Inclusive, el Tribunal de Primera Instancia

que resuelve que no procede una moción de sentencia sumaria debe

satisfacer requerimientos de forma para la validez de su dictamen.

Precisamente, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:
KLCE202400114                                                             9

      Si en virtud de una moción presentada bajo las
      disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la
      totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado
      o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será
      obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una
      determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre
      los cuales no hay controversia sustancial y los hechos
      esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe
      controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños
      u otra reparación no está en controversia, ordenando los
      procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito,
      incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en
      controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán
      probados los hechos así especificados y se procederá de
      conformidad.

      A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta
      regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, si
      alguno.

      En ese sentido, se ha pautado que en esencia “esta regla procesal

delimita las instancias en las que el tribunal estará obligado a resolver la

moción de sentencia sumaria presentada ‘mediante una determinación de

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de

buena fe controvertidos.’” Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687,

697 (2019). A tal efecto, es “por ello que se le requiere al tribunal que

consigne los hechos sobre los cuales no hay controversia, puesto que

será innecesario pasar prueba sobre éstos durante el juicio.” Id. Así las

cosas, fue reconocido por el Comité Asesor que el propósito de introducir

esta exigencia es “a los fines de que no se tenga que relitigar los hechos

que no están en controversia.” Id., que cita a Secretariado de la

Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil,

Tribunal Supremo de Puerto Rico, marzo de 2008, pág. 406. De igual

forma, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que cuando

se deniegue total o parcialmente una moción de sentencia sumaria, el

tribunal debe dar fiel cumplimiento a la Regla 36.4 en cuanto a las

determinaciones de hechos.

                                     III

      La parte peticionaria señala que el TPI se equivocó al denegar

una moción de sentencia sumaria parcial por insuficiencia de la prueba
KLCE202400114                                                            10

única y exclusivamente a base de prueba no descubierta e inadmisible

que consiste en alegaciones especulativas del abogado de la parte

promovida sobre lo que testificará en juicio un testigo adverso.

          Según surge de la Sentencia Parcial y Resolución, bajo la Regla

36.4, la denegatoria del TPI está fundamentada únicamente a base de

que existen otros tres testigos anunciados por la Demandante: Ángel

Román, Edgardo Cepeda, y Alicia Román. Estos testigos son empleados

de National Lumber que la Demandante anuncia como testigos adversos

a los fines de recibir su testimonio "[s]obre su conocimiento personal

sobre los hechos de este caso, el desagüe de la pared de National

Lumber, y como el agua se empoza en la entrada de la ferretería".26 El

Tribunal fundamentó su dictamen como sigue:

          Ciertamente, surge de la transcripción de la deposición
          corporativa de National que el testimonio del representante
          corporativo fue a los efectos que ningún empleado de esta,
          incluyendo el Sr. Ángel Román, la Sra. Alicia Román, y el
          Sr. Edgardo Cépeda, tenía conocimiento de donde
          provienen las tuberías por las cuales la Demandante
          entiende que discurre el agua empozada hasta la acera. Sin
          embargo, National escogió no someter declaraciones de
          estos testigos, que son empleados suyos, para que ellos
          declararan bajo juramento si tienen o no conocimiento de
          donde proviene el agua que alegadamente creó una
          condición peligrosa y provocó la caída. Sin eso, y a base de
          la declaración del representante corporativo exclusivamente,
          no podemos adjudicar como hecho incontrovertido la
          ausencia de conocimiento de los testigos anunciados por la
          Demandante.27

          Luego, al denegar la moción de reconsideración, el TPI
          expresó lo siguiente:

          En las circunstancias del presente caso, estimamos
          excesivo exigir a la Demandante presentar declaraciones
          juradas de testigos anunciados por ella que son empleados
          de la codemandada. No resultan irreconciliables las
          determinaciones previas del tribunal rechazando los
          esfuerzos tardíos de la Demandante para llevar a cabo
          descubrimiento de pruebas adicional, con la proposición de
          la Demandante que estos testigos, cuyas deposiciones
          anunciadas inoportunamente no se declararían en juicio en
          contrario a los declarado por su patrono en deposición. La
          representación legal de la Demandante hace estas
          representaciones sujeto a las exigencias y repercusiones de
          las Reglas 9.1 y 9.3 de Procedimiento Civil. En lo que se
          refiere a las determinaciones de hechos contenidas en la
          Sentencia Parcial, aclaramos que, en el contexto de las

26 Apéndice del recurso, pág. 388.
27
     Apéndice del recurso, págs. 658-659.
KLCE202400114                                                               11

         Reglas 36.3 y 36.4 de Procedimiento Civil, el tribunal
         adjudica como incontrovertidos únicamente aquellos hechos
         probados mediante prueba competente.28

         En primer lugar, para determinar si debemos expedir el auto de

certiorari solicitado, nos corresponde determinar si el asunto planteado

versa sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap., V, R. 52.1. Se recurre sobre una

resolución que deniega una moción de sentencia sumaria.

         Se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis, San Juan, 2010, pág.

476. Por ello, se ha planteado que el tribunal revisor debe negarse a

expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en

torno a alguna materia extraña a las disposiciones de la citada Regla

52.1, supra. Además, somos del criterio que el manejo del caso por el TPI

ha sido apropiado, por lo que debemos abstenernos de intervenir. No

vemos asomo de prejuicio, parcialidad o error craso por parte del TPI, ni

consideramos que ésta sea la etapa más propicia para nuestra

intervención, pues pudiéramos causar un fraccionamiento indebido del

proceso y una dilación indeseable en la solución final de la controversia.

Tampoco estamos ante una situación que requiera nuestra intervención

para evitar un posible fracaso de la justicia. Regla 40 (C) (E) (F) y (G), del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B; IG

Builders v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,

supra.

                                     IV

         Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto de

certiorari.

28 Apéndice del recurso. pág. 675.
KLCE202400114                                                        12

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones