Court Opinion

ID: 9554670
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:15:21.026831+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:21.423518
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

 ANTONIO L. VÁZQUEZ                              RECURSO DE
                                                 REVISIÓN
        Recurrente                               procedente del
                                                 Departamento de
             v.               KLRA202300272      Corrección y
                                                 Rehabilitación
  DEPARTAMENTO DE
    CORRECCIÓN Y                                 Caso núm.:
   REHABILITACIÓN                                2015-23-031

        Recurrida

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio,

el Sr. Antonio L. Vázquez (el señor Vázquez o el recurrente), quien

se encuentra confinado en la Institución Correccional Bayamón 501,

mediante el recurso de revisión administrativa de epígrafe

solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida por el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante este

dictamen, el foro administrativo le impuso al recurrente la sanción

de privación de privilegios por un término de 120 días por poseer

contrabando peligroso, armas blancas, teléfonos celulares y

accesorios para teléfonos celulares.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Resolución recurrida.

                                   I.

      Según surge del Apéndice del recurso, el 8 de marzo de 2023,

la celda del señor Vázquez fue registrada por oficiales del DCR y,

Número Identificador
SEN2023________________________
KLRA202300272                                                               2

producto del registro, se encontraron dos celulares, un cargador y

un arma blanca.1

         Ese mismo día, se radicó un Informe de Querella de Incidente

Disciplinario en el que se le imputaron cuatro infracciones al

Reglamento para Establecer el Procedimiento Disciplinario de la

Población Correccional, Reglamento Núm. 9221 del 8 de octubre de

2020 (Reglamento Núm. 9221). En específico, se alegó que el

recurrente violó los siguientes Códigos: (a) 106 (posesión de

contrabando peligroso); (b) 107 (posesión de armas blancas); (c) 108

(posesión de teléfonos celulares); y (d) 109 (posesión de accesorios

de teléfonos celulares).2

         El 12 de abril de 2023, el Sr. Ricardo J. Casiano, designado

Oficial de Querellas, (Oficial de Querellas) le entregó al señor

Vázquez un Reporte de cargos3. El documento contenía información

sobre el procedimiento en su contra y las imputaciones; así como

una Citación para vista administrativa disciplinaria,4 la cual se le

notificó la calendarización para el 26 de abril de 2023.

         El día señalado se celebró la vista administrativa. El 2 de

mayo de 2023, la Sra. Elaine M. Reyes Torres, Oficial Examinadora

de      Vistas    Disciplinarias,   (Oficial   Examinadora)     emitió   una

Resolución en la que encontró que el señor Vázquez cometió los actos

prohibidos según imputados. En consecuencia, impuso la siguiente

sanción:     “Privación     de   los   privilegios   de   recreación   activa,

actividades especiales, comisaría, visita y cualquier otro privilegio

concedido, por un término de ciento veinte (120) días calendarios.

Esta sanción será cumplida de forma consecutiva a cualquier otra

sanción o medida de seguridad impuesta.”

1 Véase el Apéndice del recurso, Anejo 4.
2 Íd., Anejo 2.
3 Íd., Anejo 3
4 Íd.
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        Inconforme, el 5 de mayo de 2023, el recurrente presentó una

Solicitud de reconsideración alegando que no se especificó el

contrabando peligroso que se ocupó, que la sanción que se le impuso

violó las disposiciones del Reglamento Núm. 9221, y que no se

presentó prueba del cargador presuntamente ocupado.

        El 17 de mayo de 2023, la Oficial Examinadora dictó una

Determinación en la que declaró No Ha Lugar a la reconsideración

solicitada.5 Según el dictamen, todos los artículos ocupados

constituyeron contrabando peligroso y fueron detallados en la

Resolución. Asimismo, concluyó que la sanción fue conforme al

reglamento y precisó que en la vista se presentó foto de la evidencia

ocupada, la cual incluía el cargador del celular.

        Insatisfecho aún, el señor Vázquez acude ante este foro

apelativo mediante el presente recurso solicitando que se revoque la

sanción que le fue impuesta por varias violaciones al Reglamento

Núm. 9221. En su recurso, le imputa al foro recurrido haber

incurrido en los siguientes errores:

           (1) ERRÓ LA ADMINISTRACIÓN DE CORRECCIÓN POR
           CONDUCTO DE SUS FUNCIONARIOS AL VIOLARLE
           LAS GARANTÍAS MÍNIMAS DEL DEBIDO PROCESO DE
           LEY AL PERMITIR QUE UN MISMO FUNCIONARIO
           FUNGIERA COMO OFICIAL DE QUERELLA E
           INVESTIGADOR DE VISTA.

           (2) ERRÓ LA ADMINISTRACIÓN DE CORRRECCIÓN
           POR CONDUCTO DE SUS FUNCIONARIOS AL
           AQUILATAR LA PRUEBA QUE NO ESPECIFICA CÓMO
           FUE OCUPADA, VULNERANDO EL DEBIDO PROCESO
           DE LEY.

        Examinado el recurso y los documentos que le fueron

adjuntados, prescindimos de     la     comparecencia   de   la   parte

recurrida, conforme nos faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento de

este Tribunal de Apelaciones.

        Analizados el escrito y el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

5 Íd., Anejo 1.
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                                 II.

Revisión judicial de las determinaciones administrativas

      En nuestro ordenamiento, la revisión de las decisiones

administrativas busca limitar la discreción de las agencias y

garantizar que estas desempeñen sus funciones según los confines

de la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892

(2008). De acuerdo con esto, la tarea de los tribunales consiste en

examinar si las decisiones de las agencias se tomaron dentro de los

poderes delegados y si son compatibles con la política pública que

las origina. Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018).

Así, como regla general, el ejercicio de revisión judicial de una

decisión administrativa se limita a tres asuntos: (1) la concesión del

remedio apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de hechos

conforme al criterio de evidencia sustancial; y (3) la revisión

completa y absoluta de las conclusiones de derecho. Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).

      Dentro de este marco, cuando un tribunal apelativo revisa las

determinaciones de un organismo administrativo, le debe conceder

gran consideración y deferencia a dichas decisiones debido a la

vasta experiencia y al conocimiento especializado en los asuntos que

les han encomendados. Rolón Martínez v. Caldero López, supra en

la pág. 35. Así, estas determinaciones están protegidas por una

presunción de legalidad y corrección, la cual los tribunales deben

respetar mientras la parte que las impugna no presente la evidencia

suficiente para derrotarlas. Íd. Por ello, los tribunales deben ser

cautelosos al intervenir con las conclusiones e interpretaciones de

los organismos administrativos. García Reyes v. Cruz Auto Corp.,

supra en la pág. 892.

      Dicho esto, la referida deferencia cede en ciertas situaciones,

tales como: (1) cuando la decisión no esté basada en evidencia

sustancial; (2) cuando la agencia haya errado en la aplicación de la
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ley; (3) cuando su actuación resulte ser arbitraria, irrazonable o

ilegal; y (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos

constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de

Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012) (citando a Empresas Ferrer v.

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007)).

      Por último, tanto la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley núm. 38 de 30

de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9675, como la

jurisprudencia     marcan     que    el    estándar    para     evaluar

determinaciones de hechos es uno de evidencia sustancial, mientras

que las conclusiones de derecho son revisables en todos sus

aspectos. En esencia, aplicando el criterio de razonabilidad y

deferencia, los tribunales no alterarán las determinaciones de

hechos de las agencias, siempre que surja del expediente evidencia

sustancial que las sustente. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II,

supra en la pág. 940. En este respecto, evidencia sustancial significa

aquella prueba relevante que una mente razonable podría aceptar

como adecuada para sostener una conclusión. Capó Cruz v. Junta

de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020) (citas omitidas). En

cuanto a las conclusiones de derecho, el tribunal está llamado a

aplicar los referidos criterios de intervención, imponiendo su criterio

únicamente en situaciones en que no se desprenda una base

racional que fundamente la actuación de la agencia administrativa

y situándose en la misma posición que esta para apreciar la prueba

pericial y documental. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra en la

pág. 895. Así, es preciso recalcar que solo se debe intervenir con las

decisiones administrativas si se concluye que se ha actuado de

forma arbitraria, ilegal o irrazonable. Rolón Martínez v. Caldero

López, supra en la pág. 36.
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Reglamento para Establecer el Procedimiento Disciplinario de
la Población Correccional

      El Reglamento Núm. 9221, supra, fue promulgado por el DCR

para proveer una estructura disciplinaria para los miembros de la

población correccional desde una perspectiva de rehabilitación que

rechazara el propósito punitivo. En la Regla 4, el Reglamento Núm.

9221 provee varias definiciones para regir sus disposiciones. Entre

ellas, se destacan por su pertinencia las siguientes:

        (17) Oficial de Querellas – Oficial de Custodia de la
        Institución Correccional designado por un Supervisor a
        la Oficina de Disciplina de Confinados que junto al
        Oficial Examinador asume deberes y obligaciones
        inherentes al puesto, que incluye, pero no se limitan a,
        realizar las investigaciones y los asuntos relacionados
        a los procedimientos disciplinarios administrativos
        presentados contra los miembros de la población
        correccional, según se expone en este Reglamento.

        18. Oficial Examinador – funcionario que preside las
        vistas disciplinarias por infracciones a las normas de
        conducta institucional según establecidos en este
        Reglamento y los casos de vistas de revocación de
        Programas de Desvío y Residenciales. Además,
        evaluarán la solicitud de reconsideración de sus
        decisiones. Reglamento Núm. 9221, Regla 4, incisos
        (17) y (18).

      Por otra parte, la Regla 6 establece que, una vez se reciba la

querella, el Oficial de Querellas tendrá el deber y la responsabilidad

de asignar un número de querella, registrarla en un Libro de

Registro de Querellas, determinar el nivel de severidad y el código

aplicable al acto prohibido que se imputa, comenzar la preparación

de un expediente para formalizar el inicio de la investigación y

coordinar la calendarización de las vistas administrativas. Íd., Regla

6, inciso (C), subincisos (1-4). Asimismo, este oficial estará

encargado de preparar un Reporte de cargos con la obligación de

notificarle por escrito al miembro de la población correccional sobre

el acto que se le imputa y de que dicha notificación sea clara y

específica, precisando hechos y acciones que constituyen violación

al Reglamento Núm. 9221. Íd., inciso (D), subinciso (2). Por último,

al confinado se le debe advertir que su caso será referido para la
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celebración de una vista administrativa y que tiene la posibilidad de

solicitar que se le provea copia de todo documento que sea parte del

Reporte. Íd., subincisos (3) y (4).

       Entretanto, la Regla 12, intitulada “Investigación”, dispone

que todo caso de querella disciplinaria estará sujeto a la

correspondiente investigación llevada a cabo por el Oficial de

Querellas. Íd., Regla 12. A su vez, la Regla 24, la cual se titula

Notificación de la vista administrativa, dispone que el Oficial de

Querellas deberá notificar al querellado sobre la fecha de la

celebración de la vista administrativa ante el Oficial examinador

con, por lo menos, quince días laborables de anticipación. Íd., Regla

24.

       Asimismo, la Regla 25, titulada Vistas administrativas ante el

oficial examinador, dispone que “[e]l Oficial Examinador es el

funcionario nombrado por el Secretario del Departamento de

Corrección y Rehabilitación que preside las vistas administrativas

disciplinarias    por   infracciones     a   las   normas     de    conducta

institucional según establecidas […]”. Íd., Regla 25.

Reglamento de Registros

       Con el propósito de proveer guías necesarias para la

realización de registros personales a la población correccional y en

áreas de vivienda, el 30 de diciembre de 2004, el DCR promulgó a

nivel interno el Reglamento de Registros (Reglamento de Registros).6

Entre las definiciones que esta reglamentación incluye en su

Artículo V, se describe “Registro” de la siguiente manera:

                 Inspección visual o búsqueda de contrabando,
          propiedad hurtada o desaparecida, y situaciones de
          riesgo para la seguridad institucional mediante el uso
          de registro físico, de dispositivos o medios electrónicos,
          unidad canina, rayos x, o tecnología similar. El registro,
          en general, se realiza en personas (registro personal) o
          en áreas de vivienda, vehículos y otros lugares de la
          institución, con los propósitos antes mencionados.

6 El Reglamento de registros interno del DCR se puede conseguir en la siguiente

dirección:                  http://dcr.pr.gov/wp-content/uploads/2016/09/ri-
reglamento_de_registrox.pdf.
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      Para lograr los fines del Reglamento, el Artículo VI establece

las normas y procedimientos a seguir en los registros personales, los

cuales incluyen cacheos, registros al desnudo y registro de

cavidades, y en los registros a las áreas de vivienda y otros lugares

de la institución penal. Respecto a estos últimos, el inciso 3 del

Artículo VI es claro al establecer: “[s]e realizarán registros en áreas

de vivienda y otros lugares de la institución, de forma irregular y sin

previo aviso. Estos registros van dirigidos a detectar contrabando,

prevención de fugas, mantener las condiciones sanitarias requeridas

y eliminar riesgos de incendio o para la seguridad de la institución.

[…]”. Reglamento de registros, Artículo VI, inciso (3). Luego, en el

subinciso (a) se detalla que este tipo de registro se podrá hacer de

forma total o parcial y que no será anunciado previamente a los

miembros de la población correccional. Íd., subinciso (a).

                                 III.

      El señor Vázquez planteó que procede revocar la sanción que

le fue impuesta por violar el Reglamento Núm. 9221. Al respecto,

este señaló que se violaron las garantías del debido proceso de ley

por permitirse que un mismo funcionario fuera el Oficial de

Querellas y el Investigador de Vista, y por contemplarse una prueba

que no se especifica cómo fue ocupada. Adelantamos que no le asiste

la razón. Veamos.

      En cuanto al primer error, el expediente presentado por el

propio recurrente carece de la presencia de la figura que denomina

“Investigador de vista”. Es decir, en el proceso administrativo llevado

en su contra, el Oficial de Querellas fue el Sr. Ricardo J. Casiano y

como Oficial Examinadora fungió la Sra. Elaine M. Reyes Torres. De

igual manera, y como es evidenciado en el expediente, el Oficial de

Querellas cumplió con las múltiples disposiciones que le asigna el

Reglamento Núm. 9221, los cuales incluyeron entregarle la Citación

para vista administrativa disciplinaria, el Reporte de Cargos y la
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Resolución recurrida. Cabe añadir también que, según surge del

Informe Disciplinario, el registro de la celda fue llevado a cabo por los

oficiales Kevin Maysonet Maldonado y Jan González Ruiz.

      Asimismo, y en contravención al argumento del recurrente, en

la normativa administrativa vigente no existe la designación del

“Investigador de vista” en el Reglamento Núm. 9221. A estos efectos,

resulta necesario precisar que este funcionario se contemplaba en

el   Reglamento    disciplinario   para   la   población   correccional,

Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009, el cual fue

derogado por el Reglamento Núm. 9221.7 En dicha regulación, la

Regla 4, en su inciso 11, definía “Investigador de vistas” como:

                la persona de la institución seleccionado [sic.]
         por el superintendente que sirve como colector
         imparcial de pruebas y cuyo deber es realizar la
         investigación relacionada a los cargos imputados al
         confinado durante el proceso de disciplina. En aquellos
         casos en que el confinado no tenga la capacidad de
         presentar su propia prueba, le será permitido al
         Investigador de Vistas hablar en sustitución del
         confinado para presentar la prueba que fue recopilada
         en el informe del investigador. No obstante, el
         Investigador de Vistas carece de facultad para emitir
         recomendación o determinación alguna en el caso.
         Reglamento Núm. 7748 (derogado), Regla 4, inciso (11).

      Más aún, el Reglamento Núm. 9221 no solo eliminó este

nombramiento si no que consolidó las tareas investigativas en el

Oficial de Querellas.

      Sobre el segundo error, del examen del recurso presentado

por el recurrente, surge que este planteamiento no reúne los

requisitos reglamentarios para que esta Curia lo atienda. En

esencia, resulta imposible discernir precisamente cuál es el error

que se le imputa al DCR ni los méritos que motivan su revocación.

Así, resta concluir que el recurrente no colocó a este foro apelativo

en las condiciones para negarle la deferencia debida al organismo

administrativo y variar su determinación. En todo caso, aún

7 El derogado Reglamento Núm. 7748 se puede conseguir en la siguiente
dirección:
http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/7748.pdf.
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interpretando que el recurrente alega que el DCR erró al no

entregarle un Informe o que no se especificó el carácter del registro,

no encontramos razón para invalidar la determinación de la agencia.

Por el contrario, y como expusimos, el Reglamento de Registros es

claro al establecer que el registro de viviendas se hará de forma

irregular, sin previo aviso a la población correccional y podrá ser

total o parcial. De esta manera, el DCR está facultado para llevar a

cabo registros por razones de seguridad en todas las áreas de la

institución penal. Tampoco encontramos que exista una obligación

institucional de realizar las acciones que el recurrente reclama.

      En definitiva, no encontramos razón para intervenir en la

determinación impugnada y a su vez, dejar de otorgarle deferencia

a la decisión tomada. Tampoco el recurrente presentó prueba que

derrotara la presunción de regularidad y corrección que le cobija a

la actuación del DCR. Por el contrario, no cabe duda alguna de que

el proceder del ente administrativo está claramente fundamentado

en la normativa reglamentaria previamente explicada.

      Por consiguiente, no se cometieron los errores señalados.

Reiteramos que resulta evidente que el DCR actuó dentro de los

parámetros de su autoridad y por razones válidas que justifican su

proceder.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Resolución recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones