Court Opinion

ID: 9906316
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-12-01 17:13:51.780723+00
Date Added: 2024-06-11T09:24:14.662088
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

         Marilyn Martínez Rodríguez

                 Peticionaria                      Certiorari

                      v.                         2023 TSPR 137

         Dr. Karl Lang Correa h/n/c               213 DPR ___
          Instituto Cardiopulmonar

                   Recurrido

Número del Caso:     CC-2022-0604

Fecha:     22 de noviembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

     Panel VIII

Abogado de la parte peticionaria:

     Lcdo. Carlos Mondríguez Torres

Abogada de la parte recurrida:

     Lcda. Bruseiny Seise Negrón

Materia:     Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente.

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               EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marilyn Martínez Rodríguez

     Peticionaria

          v.                      CC-2022-0604

Dr. Karl Lang Correa h/n/c
Instituto Cardiopulmonar

     Recurrido

                                       SENTENCIA

                 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2023.

                      Expedido el auto de certiorari y evaluados los
                 alegatos de las partes, se confirma el dictamen
                 emitido por el Tribunal de Apelaciones.

                       Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el
                 Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
                 señor   Martínez  Torres   emitió  una   Opinión  de
                 conformidad a la que se unieron la Jueza Asociada
                 señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor
                 Feliberti Cintrón. La Jueza Presidenta Oronoz
                 Rodríguez concurrió sin opinión escrita. El Juez
                 Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión
                 disidente a la que se unió el Juez Asociado señor
                 Colón Pérez. Los Jueces Asociados señor Kolthoff
                 Caraballo y señor Rivera García no intervinieron.

                                     Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                                    Secretario del Tribunal Supremo
                  EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marilyn Martínez Rodríguez

     Peticionaria

           v.                          CC-2022-0604

Dr. Karl Lang Correa h/n/c
Instituto Cardiopulmonar

     Recurrido

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES, a la que se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO
y el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.

                 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2023.

                       Estoy conforme con la Sentencia que hoy se

                 certifica.    En     esta   ocasión,       nuevamente    nos

                 correspondía determinar si tras anotar la rebeldía

                 en un pleito bajo la Ley de Procedimiento Sumario de

                 Reclamaciones      Laborales,   infra,   el   Tribunal    de

                 Primera Instancia aún conserva jurisdicción para

                 emitir órdenes dirigidas a celebrar una vista en

                 rebeldía.

                       Por    los     fundamentos     que      expondré     a

                 continuación, estoy de acuerdo con confirmar la

                 sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones

                 que   ratificó la    desestimación sin      perjuicio de la
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querella promovida por la Sra. Marilyn Martínez Rodríguez

(peticionaria).

                                       I

     El 11 de febrero de 2019, la señora Martínez Rodríguez

presentó una Querella sobre despido injustificado en contra

del Dr. Karl Lang Correa, h/n/c Instituto Cardiopulmonar

(recurrido), bajo el procedimiento sumario instituido por

la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales,

según enmendada, Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq.

En resumen, sostuvo que era acreedora de una mesada por

razón de despido constructivo, conforme a los diez años en

que laboró como secretaria de facturación en la clínica del

doctor Lang Correa. Indica que en el 2014, la Sra. Rochelis

Tapia,    quien    fungía     como     administradora    de    la   oficina

médica, comenzó a tratarla hostilmente, lo que le ocasionó

daños físicos y emocionales que la obligaron a renunciar.

     En    respuesta,         el    doctor     Lang   Correa    incoó   su

Contestación a la querella el 8 de mayo de 2019. Como esta

contestación se presentó tres días después de culminado el

término otorgado para ello por la Ley de Procedimiento

Sumario    de     Reclamaciones        Laborales,     supra,   la    señora

Martínez Rodríguez solicitó que se le anotara la rebeldía

al recurrido y se dictara sentencia a su favor. Sin embargo,

el Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud. En

desacuerdo, la peticionaria acudió ante el Tribunal de

Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Tras evaluar

el   recurso,     el   foro        apelativo    intermedio     revocó    la
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determinación del foro primario y ordenó la anotación de

rebeldía del doctor Lang Correa.

     Conforme al mandato anterior, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó la celebración de una vista en rebeldía

para que la señora Martínez Rodríguez presentara aquella

prueba que entendiera pertinente a su caso. Después de que

la vista fuera postergada en varias ocasiones, el foro

primario    determinó   que     la     celebración   de   la    vista   en

rebeldía sería el 16 de febrero de 2022. En aras de facilitar

el manejo de la prueba, el 22 de diciembre de 2021 el

Tribunal de Primera Instancia le advirtió a las partes que

tenían hasta el 1 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m. para

someter la evidencia que deseaban utilizar.

     Vencido el término para presentar la prueba documental,

el 4 de febrero de 2022 el doctor Lang Correa compareció

mediante    una   Moción   en    cumplimiento     de   orden     y   otros

extremos en la que señaló que la señora Martínez Rodríguez

no remitió la evidencia solicitada. Por encontrarse en

rebeldía,    aseveró    que     solo    podía   presentar      prueba   de

impugnación y para ello dependía de la evidencia que se le

ordenó descubrir a la peticionaria. Sin embargo, a fin de

cumplir con la Orden de 22 de diciembre de 2021, acompañó

una lista de documentos que podrían constituir prueba de

impugnación, sujeto a la evidencia que presentaría en su

momento la señora Martínez Rodríguez.

     En respuesta, el 11 de febrero de 2022 la señora

Martínez Rodríguez presentó una Moción sobre nulidad de
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órdenes para admitir prueba documental del querellado. Alegó

que la determinación del Tribunal de Primera Instancia de

permitir la prueba sometida por el doctor Lang Correa era

ultra vires y nula porque contravenía el mandato que ordenó

la anotación de rebeldía al recurrido. Así, solicitó que se

excluyera la prueba documental presentada por el doctor Lang

Correa. Además, requirió que el foro primario determinara

los hechos correctamente alegados en la querella.

       El galeno se opuso a ambas solicitudes por entender

que,        aunque   estaba        en   rebeldía,      tenía    derecho    a

contrainterrogar        el    testimonio     de       la   señora   Martínez

Rodríguez e impugnar la prueba presentada.

       Tras recalendarizar la vista en rebeldía, el Tribunal

de Primera Instancia emitió una Orden el 19 de abril de 2022

por medio de la cual le concedió a la peticionaria un término

de     30    días    para    que    cumpliera     a    cabalidad    con   el

requerimiento emitido el pasado 22 de diciembre de 2021.

Por su pertinencia a la controversia ante nos, procedemos a

citar parte de la Orden emitida por el foro primario:

        Examinado con detenimiento el expediente y el
        tracto procesal del presente caso, emitimos las
        siguientes órdenes: en primer lugar, se le concede
        a la parte [peticionaria] un término no mayor de
        30 días de notificada esta orden, para cumplir a
        cabalidad la orden emitida el 22 de diciembre de
        2021. De incumplir la [peticionaria] con esta
        orden, el tribunal le impondrá una sanción
        económica de $300.00 a la representación legal de
        la parte [peticionaria], y se le concederá un
        término fatal adicional de 15 días contados a
        partir de la fecha del primer incumplimiento para
        que la [peticionaria] cumpla con la orden. De
        infringir o incumplir la [peticionaria] con este
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        segundo   término,   el   tribunal          procederá     a
        desestimar el presente caso.

        En cuan[t]o a la segunda solicitud, una vez la
        parte [peticionaria] cumpla con la orden antes
        mencionada, el tribunal aquilatará si la prueba
        presentada por el [recurrido] es o no prueba de
        impugnación, de entender que no es prueba de
        impugnación no permitirá su uso, ya que esta parte
        se encuentra en rebeldía. Se les recuerda a las
        partes que una anotación de rebeldía no da pie a
        una sentencia de manera automática, la parte a
        favor de quien se emite la rebeldía debe
        demostrarle al tribunal que en efecto tiene derecho
        al remedio solicitado. Apéndice de Petición de
        certiorari, págs. 138-139.

        Entonces, el 19 de mayo de 2022 la señora Martínez

Rodríguez sometió una Solicitud de breve término. En ella,

su abogado sostuvo que su carga laboral había aumentado

significativamente porque perdió a su hijo de un infarto en

octubre de 2021 y, en consecuencia, no se reintegró a sus

labores hasta el mes de enero de 2022. Además, indicó que

tuvo que asumir la carga laboral de una compañera letrada

que sufrió un derrame cerebral en diciembre de 2021. Por

ello,    solicitó   un   término   adicional   de   diez   días   para

presentar la prueba documental que usarían en la mencionada

vista de rebeldía. No obstante, el 20 de mayo de 2022 el

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a la

solicitud de breve término y, tal cual había advertido, le

impuso una sanción económica de $300 a su representación

legal por el incumplimiento con la Orden de 19 de abril de

2022.

        Transcurridos más de 45 días desde la Orden del 19 de

abril de 2022, sin que la parte peticionaria presentara la
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evidencia documental requerida y sin que pagara la sanción

impuesta, el 8 de junio de 2022 el Tribunal de Primera

Instancia      emitió       una   Sentencia    por    medio     de    la     cual

desestimó sin perjuicio la causa de acción de la señora

Martínez Rodríguez.

       En desacuerdo, la señora Martínez Rodríguez presentó

un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En

esencia, alegó que desestimaron su causa de acción por

incumplir      con    unas    órdenes    que   el    Tribunal    de    Primera

Instancia emitió sin jurisdicción para ello. Sostuvo que,

tras la anotación de rebeldía, el foro primario solo tenía

jurisdicción         para    disponer    cuáles     alegaciones       quedaron

admitidas y cuáles requerían la presentación de prueba para

corroborarlas. Afirmó que, en vez de dictar sentencia a su

favor sin trámite ulterior, el foro primario condujo el

pleito como uno ordinario al permitir que el doctor Lang

Correa      presentara        prueba    y   conociera     con        meses    de

anticipación la evidencia documental y testifical que ella

presentaría a su favor.

       En oposición, el doctor Lang Correa manifestó que las

órdenes sobre el manejo del caso se encontraban dentro del

marco discrecional del foro de instancia y que la prueba

sometida por él era de impugnación y se incluyó por orden

del Tribunal.

       Tras    evaluar       ambos   planteamientos,     el     Tribunal      de

Apelaciones confirmó el dictamen recurrido. Concluyó que el

foro   de     instancia      actuó     razonablemente,    pues       tiene    la
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facultad para solicitar que la parte querellante pruebe su

causa de acción aun si la otra parte está en rebeldía.

Además, tomó en cuenta que a las partes se les concedió

amplia oportunidad para cumplir con la orden de presentar

la prueba documental. El Juez Salgado Schwartz emitió un

voto disidente en el cual sostuvo que el foro primario abusó

de su discreción pues la Ley Núm. 2-1961, supra, dispone

que si el patrono no radica su contestación en la forma y

término dispuesto, el Tribunal debe dictar sentencia en su

contra y conceder el remedio solicitado por el empleado.

Expuso que, una vez se presenta la querella fundamentada en

hechos bien alegados, se activa la presunción de despido

injustificado,     por    lo     que    resulta   innecesaria       la

presentación de prueba adicional.

       Insatisfecha, la señora Martínez Rodríguez presentó un

recurso de certiorari ante este Tribunal por medio del cual

requirió que declaremos ha lugar la querella, concedamos la

mesada    junto   con    los     honorarios   correspondientes       y

revoquemos la sanción económica impuesta. Reiteró que la

desestimación realizada fue antijurídica por fundamentarse

en el incumplimiento con unas órdenes que contravenían la

anotación de rebeldía. Insistió que al permitirle a una

parte en rebeldía presentar prueba y defenderse, el Tribunal

de Primera Instancia ignoró la Ley Núm. 2-1961, supra, pues

solo   debía   determinar      cuáles   alegaciones   se   daban   por

admitidas y cuáles ameritaban prueba para corroborarlas.
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     En su comparecencia ante nos, el doctor Lang Correa se

opuso y recalcó que el foro primario tiene autoridad para

dirigir el manejo del caso y que, contrario a lo que

argumenta la peticionaria, una parte en rebeldía no está

despojada     de   derechos,   pues       puede     contrainterrogar        y

presentar prueba de impugnación. Además, enfatizó que el

Tribunal de Primera Instancia concedió varias oportunidades

a la señora Martínez Rodríguez para que cumpliera con las

órdenes, pero hizo caso omiso a las mismas. De esta manera,

suplicó declarar no ha lugar el certiorari y, con ello,

confirmar     la   sentencia      emitida     por       el    Tribunal     de

Apelaciones.

     Tras evaluar detenidamente el asunto, y después de

considerar los alegatos de ambas partes, estimo que no se

cometieron los errores discutidos por la señora Martínez

Rodríguez. Por esto, ante ausencia de prejuicio, error craso

o abuso de discreción por parte de los foros hermanos,

debemos     abstenernos   de   interferir         con    sus    facultades

discrecionales.

                                   II

     Es norma reiterada que cuando una parte no contesta la

demanda o no se defiende como las leyes y las reglas

estipulan,    el   tribunal    podrá    anotarle        la   rebeldía     por

iniciativa propia o por solicitud de parte. Regla 45.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; González Pagán v. Moret

Guevara, 202 DPR 1062, 1068 (2019). La rebeldía es un

mecanismo    que   se   utiliza    como     disuasivo        para   los   que
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utilizan la dilación como estrategia de litigación. González

Pagán v. Moret Guevara, supra, pág. 1069; Rivera Figueroa

v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). Funciona

como remedio coercitivo contra una parte que no aprovecha

la oportunidad que se le brinda de refutar una reclamación

instada en su contra. Álamo v. Supermercado Grande, Inc.,

158 DPR 93, 101 (2002). La consecuencia jurídica de una

anotación de rebeldía es que se darán por admitidos todos

los hechos bien alegados en la demanda en contra de la parte

en rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra,

pág. 590.

      Sin embargo, aunque en el pasado hemos determinado que

una   parte   en   rebeldía     no    podrá    presentar   prueba    para

controvertir       las     alegaciones         ni    esbozar     defensas

afirmativas, hemos sido enfáticos en que este mecanismo

tampoco   pretende       que   se    obtenga   una   sentencia    sin   la

celebración de un juicio. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR

500, 507 (1992); J.R.T v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811

(1971). En las sentencias en rebeldía dictadas al amparo de

la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales,

supra, las alegaciones conclusorias y determinaciones de

derecho, al igual que los hechos incorrectamente alegados,

no son suficientes para sostener una adjudicación a favor

del demandante o querellante. Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., 174 DPR 921, 937 (2008); Rivera v. Insular Wire

Products Corp., 140 DPR 912, 932 (1996). Asimismo, los daños

generales reclamados, al no constituir una suma líquida,
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tienen que probarse, por lo que no basta con simplemente

alegar     que    estos     equivalen      a    la    cantidad         reclamada.

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 937. Por lo

tanto,    el     tribunal    debe    celebrar        las    vistas      que    sean

necesarias para tomar una determinación al respecto ya que

la anotación de rebeldía no constituye una garantía de que

se dictará, sin más, una sentencia a favor del querellante.

Íd.; Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, supra.

     Sobre este particular, en el pasado recalcamos que los

tribunales no son meros autómatas obligados a conceder

indemnizaciones por estar dilucidándose un caso en rebeldía.

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 102; Rivera

v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 931. El tribunal

podrá dictar sentencia en rebeldía solo si concluye que

procede la concesión del remedio solicitado. González Pagán

v. Moret Guevara, supra, pág. 1070. Por último, no podemos

olvidar que a una parte en rebeldía le asiste el derecho a

conocer        del   señalamiento,             asistir       a     la        vista,

contrainterrogar       los    testigos         de    la    parte   demandante,

impugnar la cuantía y apelar la sentencia. Ins. Co. v.

Isleta    Marina,    106     DPR    809,   817      (1978).      Esa    parte    no

renuncia a plantear las defensas de falta de jurisdicción o

que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa

de acción a favor del reclamante. Íd.

                                     III

     En el recurso ante nuestra consideración, la señora

Martínez       Rodríguez    realizó     dos      señalamientos          de    error
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relacionados      con    el    trato     que    el   Tribunal      de   Primera

Instancia le brindó a la anotación de rebeldía dictaminada

por el Tribunal de Apelaciones. Entiende que, como ese trato

no es conforme a derecho, procedía que revocáramos las

determinaciones de los foros inferiores y declaráramos ha

lugar la querella sobre despido injustificado. No le asiste

la razón.

       Como     vimos,        la    controversia         amerita        analizar

detenidamente      el    mecanismo       de     la   rebeldía,     a     fin   de

auscultar si el foro primario podía emitir las órdenes en

cuestión o si, por el contrario, son nulas ab initio. A

diferencia de lo planteado por la señora Martínez Rodríguez,

el foro primario sí tenía jurisdicción para emitir las

órdenes en controversia. Luego de anotar la rebeldía en un

caso   al     amparo    de    la   Ley   de    Procedimiento       Sumario     de

Reclamaciones Laborales, supra, el tribunal debe celebrar

las vistas evidenciarias que sean necesarias para que el

querellante sustente sus alegaciones y pruebe los daños

alegados en la querella. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.,

supra, pág. 937. El hecho de que se haya anotado la rebeldía

al recurrido no es garantía de una sentencia a favor de la

peticionaria. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra,

pág. 102.

       Por     ello,     la    señora         Martínez    Rodríguez       debía

demostrarle al tribunal que en efecto tenía derecho al

remedio solicitado. Así, el proceder del Tribunal de Primera

Instancia (Resolución y orden para la celebración de una
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vista en rebeldía y la Orden con instrucciones para la

vista) no es contrario a la norma vigente, toda vez que nada

impide   que     el    tribunal,    una      vez   anotada       la    rebeldía,

solicite a la parte peticionaria que someta la evidencia

que sustente su petitorio y comparezca a una vista. El

mecanismo provisto para el trámite en rebeldía no priva al

tribunal    de    evaluar     si,     en     virtud   de   los        hechos    no

controvertidos, existe válidamente una causa de acción que

amerite la concesión del remedio reclamado. Íd.

      Ante esto, es forzoso concluir que el foro primario

satisfizo      cabalmente       los        requerimientos         de        nuestro

ordenamiento      jurídico     procesal       para    tramitar        casos     con

anotación de rebeldía. Recordemos que no debemos interferir

con las facultades discrecionales de los foros primarios,

excepto cuando se demuestre que estos: (1) actuaron con

prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso abuso

de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación       de    cualquier    norma      procesal      o    de        derecho

sustantivo.       Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140,

155   (2000).         Aquí,   tal     cual     determinaron           los    foros

inferiores, es más que razonable concluir que tras las

múltiples oportunidades y notificaciones que por más de

cinco meses se le brindaron a la peticionaria, procede

desestimar la demanda por su incumplimiento con las órdenes

legítimamente brindadas por la corte. La persistencia de la

señora Martínez Rodríguez de limitarse a argumentar sobre

la anotación de rebeldía, sin cumplir con las instrucciones
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brindadas, condujo a que el foro primario emitiera varios

apercibimientos      y   sanciones    con   el   fin   de   fomentar   el

cumplimiento de lo legítimamente ordenado. Sobre todo, con

45 días de anticipación se advirtió a la señora Martínez

Rodríguez y a su abogado que su reiterada inobservancia

podría conllevar la imposición de una sanción económica y,

eventualmente, la desestimación del pleito. Aun así y a

pesar     de   las   múltiples       oportunidades     otorgadas,      la

peticionaria continuó con el patrón de incumplimiento que

ella misma reconoce a través de sus señalamientos de error.

Este reiterado incumplimiento justifica el proceder del

Tribunal de Primera Instancia.

                                 IV

        Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme con

avalar el dictamen del Tribunal de Apelaciones que ratificó

la sentencia que desestimó sin perjuicio la querella sobre

despido injustificado presentada por la parte peticionaria.

                                     RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
                                           Juez Asociado
               EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

  Marilyn Martínez Rodríguez

          Peticionaria

                 v.
                                       CC-2022-0604         Certiorari
  Dr. Karl Lang Correa h/n/c
   Instituto Cardiopulmonar

           Recurrido

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor ESTRELLA
MARTÍNEZ, al cual se une el Juez Asociado Señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2023.

    Nos encontramos ante una controversia que nos hubiera

provisto la oportunidad ideal para reiterar y aplicar los

requerimientos        específicos      de   la   Regla       39.2(a)     de

Procedimiento      Civil,     infra,    y   reafirmar       un    principio

cardinal de nuestro ordenamiento jurídico: propiciar que la

mayoría   de    los   casos   sean     dilucidados     en   sus   méritos.

Asimismo, debimos haber afirmado que, si bien reconocemos la

discreción que poseen los foros recurridos para administrar

y manejar los casos ante su consideración, así como el

interés   válido      en   fomentar    la   solución    rápida      de   las

controversias, ello no puede dar lugar a la desatención de

las disposiciones reglamentarias que salvaguardan el derecho

de las personas a que sus reclamos sean escuchados.
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      Sin embargo, una Mayoría de este Tribunal optó por

rehusar tal llamado. Por entender que procedía revocar los

dictámenes recurridos, disiento. Con ello en mente, procedo

a    exponer    los    fundamentos   de     mi   postura,    no    sin   antes

revisitar el desarrollo fáctico del caso.

                                       I

       El 11 de febrero de 2019, la Sra. Marilyn Martínez

Rodríguez (señora Martínez Rodríguez) presentó una Querella

en contra del Dr. Karl Lang Correa, haciendo negocios como

el    Instituto       Cardiopulmonar       (doctor   Lang    Correa),      por

despido        injustificado    en         su    vertiente    de     despido

constructivo bajo el procedimiento sumario codificado en la

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32

LPRA sec. 3120. En esta, indicó que laboró para el doctor

Lang Correa como secretaria de facturación por diez (10)

años. Alegó que, en el 2014, la administradora de la oficina,

la Sra. Rochelis Tapia, comenzó a tratarla hostilmente, lo

que le causó efectos físicos y emocionales que la obligaron

a renunciar.

       El 8 de mayo de 2019, el doctor Lang Correa instó una

Contestación a la querella mediante la cual negó el despido

constructivo. Acto seguido, la señora Martínez Rodríguez

presentó una Solicitud de anotación de rebeldía y para que

se dicte sentencia. En esta, señaló que la respuesta del

doctor Lang Correa se presentó expirado el término de diez

(10) días para ello. El foro de primera instancia denegó tal
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solicitud, por lo que la señora Martínez Rodríguez acudió

ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso                     de

certiorari.    El    foro      apelativo   intermedio      revocó       la

determinación del foro primario y ordenó la anotación de

rebeldía al doctor Lang Correa.

     Luego de varios trámites procesales, incluyendo una

disputa sobre el derecho del doctor Lang Correa a solicitar

descubrimiento de prueba, una petición de desestimación por

parte de este y una solicitud de la señora Martínez Rodríguez

a los fines de que se anotara oficialmente la rebeldía, el

4 de noviembre de 2020, el Tribunal de Instancia emitió una

Resolución y orden. Mediante esta, ordenó la celebración de

una vista en rebeldía para que la señora Martínez Rodríguez

presentara su prueba sobre las alegaciones.

     Después de que la vista fuera transferida en varias

ocasiones,    el    Tribunal    de   Primera   Instancia    pautó       la

celebración de la vista de forma presencial para el 16 de

febrero de 2022. Mediante una Orden del 23 de diciembre de

2021, el foro primario proveyó las instrucciones para la

vista, entre las cuales se encontraba la presentación de la

prueba documental a través del sistema SUMAC.

     El 4 de febrero de 2022, el doctor Lang Correa presentó

una Moción en cumplimiento de orden y otros extremos en la

cual informó la prueba de refutación que ofrecería. Además,

indicó que la señora Martínez Rodríguez aún no había remitido

la suya.
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     En respuesta, la señora Martínez Rodríguez presentó una

Moción     sobre   nulidad    de   órdenes      para    admitir        prueba

documental del querellado. En síntesis, objetó que el foro

primario     uniera     al   expediente        la   prueba       documental

presentada por el doctor Lang Correa a pesar de que este

estaba en rebeldía. En esta misma fecha, la señora Martínez

Rodríguez también presentó una Moción para que se determinen

los hechos correctamente alegados en la querella. El doctor

Lang Correa se opuso a ambas solicitudes.

     Tras recalendarizar la vista, el 19 de abril de 2022,

el foro primario emitió una Orden en la cual se reiteró en

su   determinación      de   celebrar    una    vista     e    indicó    que

aquilataría la prueba del doctor Lang Correa para evaluar si

era de impugnación. Además, concedió a la señora Martínez

Rodríguez treinta (30) días para informar la prueba que

utilizaría para probar sus alegaciones so pena de una sanción

económica de $300.00 a su representación legal. A esto añadió

que, de ser impuesta tal sanción, se concedería un término

fatal de quince (15) días para cumplir con lo requerido o,

de lo contrario, procedería a desestimar el caso.1

     El 19 de mayo de 2022, la señora Martínez Rodríguez

presentó     una   Solicitud       de   breve       término.      En     esta

comparecencia,     su    representante    legal        informó    que,       en

octubre de 2021, perdió a su hijo de un infarto y que, a

consecuencia de ello, no se había reintegrado a sus labores

      1Apéndice    de Petición de certiorari, págs. 138-139.
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hasta el próximo mes de enero. A esto añadió que había tenido

que asumir la carga laboral de una compañera abogada que

había sufrido un derrame cerebral en diciembre de 2021. Por

consiguiente, solicitó un término de diez (10) días para

presentar la prueba documental que usaría en la vista de

rebeldía.

     Sin embargo, al día siguiente, el Tribunal de Primera

Instancia declaró la solicitud no ha lugar y le impuso a la

representación legal de la señora Martínez Rodríguez una

sanción económica de $300.00.

     Acto seguido, l8 de junio de 2022, el foro de primera

instancia emitió una Sentencia en la que desestimó sin

perjuicio la reclamación.

     En desacuerdo, la señora Martínez Rodríguez presentó

una Apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En esta,

argumentó que el foro primario carecía de autoridad para

emitir   órdenes   que   permitieran   al   doctor   Lang   Correa

presentar prueba y conocer con meses de anticipación la

prueba documental y testifical que esta presentaría a su

favor. Esto, en particular, sin una determinación previa

sobre cuáles de las alegaciones de la Querella se daban por

admitidas y cuáles requerían prueba. Alegó que ello subvirtió

la anotación de rebeldía e insistió en que procedía declarar

con lugar su reclamo sin trámite ulterior.

     Por otra parte, en su Alegato del apelado, el doctor

Lang Correa sostuvo que las órdenes sobre el manejo del caso
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se encontraban dentro del marco discrecional del foro de

primera instancia y que la señora Martínez Rodríguez nunca

se opuso a estas o solicitó su revisión. Rechazó que se

admitiera prueba alguna, pues solo se había sometido al

expediente por orden del Tribunal y se trataba de prueba de

impugnación.

     El 18 de agosto de 2022, el Tribunal de Apelaciones

confirmó el dictamen recurrido mediante una Sentencia. En

esta, determinó que el foro de primera instancia había

concedido a las partes las oportunidades para cumplir con la

orden de presentar la prueba documental. Así las cosas,

concluyó   que   el   Tribunal   de   Primera    Instancia     actuó

razonablemente, pues tiene la facultad de solicitar que la

parte querellante pruebe su causa de acción aun si la otra

parte está en rebeldía.2

     Todavía inconforme, la señora Martínez Rodríguez acudió

ante este Tribunal a través de una Petición de certiorari y

reiteró    que   la   desestimación    fue      antijurídica     por

     2El Juez Salgado Schwartz emitió un voto disidente en
el cual sostuvo que la anotación de rebeldía en el
procedimiento sumario laboral conlleva la renuncia por
parte del patrono de cualquier defensa y que ello, en
conjunto con la presunción de que el despido fue
injustificado, obligaba a concluir que era innecesaria la
presentación de prueba. Por consiguiente, concluyó que no
quedaba más remedio que dictar una sentencia a favor de la
empleada fundamentada en los hechos bien alegados de la
querella. Además, señaló que, ya habiendo previamente
indicado que la sanción por no presentar la prueba sería
que esta no podría usarse en la vista, el Tribunal de
Primera Instancia abusó de su discreción al añadir la
desestimación del caso como sanción por incumplimiento.
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fundamentarse           en     el     incumplimiento          con    órdenes         que

contravenían la anotación de rebeldía. Reafirmó que, ante

una anotación de rebeldía, el Tribunal de Primera Instancia

solo   podía       determinar         cuáles     alegaciones        se   daban       por

admitidas      y    establecer          las      que    requerían        prueba       de

corroboración, no permitirle la oportunidad al doctor Lang

Correa para defenderse o presentar prueba.

       En su Alegato de la parte recurrida, el doctor Lang

Correa señaló que el Tribunal de Primera Instancia concedió

oportunidades        para       que      la    señora        Martínez     Rodríguez

cumpliera con las órdenes. Sostuvo que el foro primario tiene

autoridad para dirigir el manejo del caso y que, contrario

a lo que argumenta la señora Martínez Rodriguez, una parte

en   rebeldía      no    está        despojada    de    derechos,        pues   puede

contrainterrogar y presentar prueba de impugnación.

       A pesar de la claridad con la que surge el error del

Tribunal de Primera Instancia, una Mayoría de este Tribunal

refrenda tal determinación bajo los fundamentos siguientes:

(1) que el foro primario tiene la facultad para emitir

órdenes dirigidas a celebrar una vista en rebeldía y, (2)

que la señora Martínez Rodríguez desatendió tales órdenes a

pesar de que fue apercibida de las consecuencias. Disiento

de este razonamiento por entender que esta controversia debía

resolverse      bajo         otros    fundamentos       en    protección        de    la

justicia. Toda vez que así no se hizo, expongo a continuación

el Derecho aplicable que orienta mi postura.
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                             II

     Como se sabe, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a), faculta a los tribunales

a desestimar causas de acción cuando una de las partes

incumple con sus órdenes. En lo que nos concierne, tal

disposición establece que:

    (a)   Si el demandante deja de cumplir con estas
          reglas o con cualquier orden del tribunal, el
          tribunal a iniciativa propia o a solicitud del
          demandado podrá decretar la desestimación del
          pleito o de cualquier reclamación contra él,
          o la eliminación de las alegaciones, según
          corresponda.

          Cuando se trate de un primer incumplimiento,
          la severa sanción de la desestimación de la
          demanda o la eliminación de las alegaciones
          tan sólo procederá después que el tribunal, en
          primer término, haya apercibido al abogado o
          abogada de la parte de la situación y se le
          haya concedido la oportunidad para responder.
          Si el abogado o abogada de la parte no responde
          a tal apercibimiento, el tribunal procederá a
          imponer sanciones al abogado o la abogada de
          la parte y se notificará directamente a la
          parte sobre la situación. Luego de que la
          parte haya sido debidamente informada o
          apercibida   de   la   situación   y   de   las
          consecuencias que pueda tener el que ésta no
          sea corregida, el tribunal podrá ordenar la
          desestimación del pleito o la eliminación de
          las alegaciones. El tribunal concederá a la
          parte un término de tiempo razonable para
          corregir la situación, que en ningún caso será
          menor de treinta (30) días, a menos que las
          circunstancias del caso justifiquen que se
          reduzca el término. Íd.

     Desde Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217

(2001), este Tribunal ha enfatizado que, ante un escenario

de desatención al caso o las órdenes del foro judicial, deben

primero imponerse sanciones a la representación legal de la
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parte y, en caso de que ello no surta efecto positivo,

entonces    debe    notificarse    de   la    situación   a   la    parte

directamente para cerciorarse de que esta ha sido debidamente

informada del incumplimiento y de las consecuencias de no

tomar alguna acción correctiva al respecto. Nótese que es

cuando la parte ya notificada continúa incumpliendo con las

órdenes o no toma acción alguna que entonces los foros

judiciales pueden imponer como sanción la desestimación de

la causa de acción.

     Es    decir,   la   Regla   39.2(a)     de   Procedimiento    Civil,

supra, dispone que, previo a eliminar las alegaciones o a

desestimar    una   causa   de    acción,    el   tribunal    tiene       que

notificar directamente a la parte del incumplimiento de su

representación legal. Esto, con la intención específica de

que la parte conozca propiamente del incumplimiento previo a

que el tribunal imponga una sanción tan drástica y, así, se

salvaguarde su derecho a que su caso se dilucide en sus

méritos. Lo anterior, en reconocimiento de que, en la mayoría

de los casos, las partes no están al tanto de los pormenores

procesales de su causa de acción. HRS Erase, Inc. v. Centro

Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689 (2020).

     La importancia del apercibimiento a la parte antes de

recurrir a la desestimación no puede ser subestimada. Es por

ello que sanciones de esta naturaleza no deben utilizarse

livianamente, pues “[l]a desestimación de un pleito sin ir a

sus méritos como un medio de sanción, debe ser de los últimos
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recursos      a    utilizarse        después      que   otras          sanciones    hayan

probado ser ineficaces en el orden de administrar justicia

y, en todo caso, no debería procederse a ella sin un previo

apercibimiento”. Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda,

85 DPR 823, 829–830 (1962). Esto, en reconocimiento de que

la desestimación de un pleito choca con la política pública

imperante en nuestro ordenamiento que favorece que los casos

se ventilen en sus méritos. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico

del Turabo, Inc., supra, pág. 701.

     Expuesto el Derecho pertinente, procedemos a discutir

su aplicación a esta controversia.

                                            III

     En       su    recurso    ante        este   Foro,      la        señora    Martínez

Rodríguez         sostiene    que     el    Tribunal        de    Primera       Instancia

desvirtuó el carácter de la anotación de rebeldía en el

procedimiento sumario laboral al solicitar la presentación

de prueba a ambas partes en vez de dictar sentencia a su

favor     o    establecer       las        alegaciones           que    requerían       ser

probadas. Insiste en que tales órdenes eran nulas por lo que

el foro primario abusó de su discreción al desestimar su

causa de acción.

     Por su parte, el doctor Lang Correa señala que                                      la

desestimación         del     caso    se     debió      a    los       incumplimientos

reiterados de la señora Martínez Rodríguez con las órdenes

que establecían el manejo del caso. Niega que estas desafiaran

los límites de la anotación de rebeldía, pues el foro de
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primera instancia rechazó su petición de descubrimiento de

prueba e indicó que su prueba documental sería evaluada para

identificar si era de impugnación y, por tanto, permisible.

       La postura de una Mayoría de los miembros de este Foro

es que las determinaciones recurridas se sostienen debido a,

primero, la autoridad del Tribunal de Primera Instancia para

exigir prueba en un procedimiento en rebeldía y, segundo, el

historial de desatención a sus órdenes que exhibió la señora

Martínez       Rodríguez.       Como   adelanté,        es    mi    entender    que

procedía revocar los dictámenes de los foros recurridos, no

solo porque la señora Martínez Rodríguez no fue advertida

conforme a Derecho de las consecuencias del incumplimiento

con    las    órdenes     del    tribunal,       sino    también      porque    las

circunstancias específicas del caso justificaban la concesión

de    un     plazo   adicional      para   el     cumplimiento        según     fue

solicitado. Me explico.

       Conforme      se   relató,      después    de    que    el    Tribunal   de

Apelaciones ordenara la anotación de rebeldía al doctor Lang

Correa, las partes comenzaron a presentar diversas mociones

ante    el    Tribunal     de    Primera    Instancia         con    respecto   al

descubrimiento de prueba y la celebración de una vista. El

30 de octubre de 2020, el foro de primera instancia emitió

una Resolución y orden en la cual determinó que era necesaria

la celebración de una vista en rebeldía con el fin de que la

señora Martínez Rodríguez probara sus alegaciones.
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     Así las cosas, a través de una Orden con fecha del 22

de diciembre de 2021, el foro primario designó el 1 de febrero

de 2022 como la fecha límite para que las partes presentaran

en SUMAC su evidencia documental o de lo contrario “la misma

no será tomada en consideración por el Tribunal”.3

     Por su parte, el doctor Lang Correa informó de la

presentación de prueba que identificó como de impugnación.

De otro lado, la representación legal de la señora Martínez

Rodríguez presentó ciertas mociones en las que alegó la

nulidad de las órdenes que permitieron la prueba documental

del doctor Lang Correa y solicitó que se determinaran los

hechos que se daban por admitidos.

     El 19 de abril de 2022, el foro primario emitió una

Orden. En esta, además de señalar que el tribunal tiene la

discreción para exigir evidencia y la celebración de una

vista aun cuando una parte esté en rebeldía, consignó lo

siguiente:

     [E]n primer lugar, se le concede a la parte
     querellante un término no mayor de 30 días de
     notificada esta orden, para cumplir a cabalidad la
     orden emitida el 22 de diciembre de 2021. De
     incumplir la querellante con esta orden, el
     tribunal le impondrá una sanción económica de
     $300.00 a la representación legal de la parte
     querellante, y se le concederá un término fatal
     adicional de 15 días contados a partir de la fecha
     del primer incumplimiento para que la querellante
     cumpla con la orden. De infringir o incumplir la
     querellante con este segundo término, el tribunal
     procederá a desestimar el presente caso.4

     3Apéndice   de Petición de certiorari, pág. 114.
     4Íd.,   págs. 138-139.
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     En consecuencia, el foro de primera instancia mandató

que la Orden antes citada fuera notificada a todas las partes

y sus representantes legales.5

     Ahora bien, el 19 de mayo de 2022, la señora Martínez

Rodríguez presentó una Solicitud de breve término. Según se

indicó   anteriormente,         su   representación   legal,   el   Lcdo.

Carlos Mondríguez Torres, informó que había perdido a su hijo

inesperadamente el 14 de octubre de 2021 y que se mantuvo

alejado de sus responsabilidades profesionales por varios

meses. A esto añadió que su compañera de empleo, la Lcda.

Maragenlí Acevedo Castro, había sufrido un derrame cerebral

en diciembre de 2021 y aún no había sido dada de alta, por

lo que tuvo que asumir parte de sus casos. Por consiguiente,

solicitó un término de diez (10) días para presentar la prueba

documental e indicó que tal petición se efectuó sin intención

alguna   de    dilatar    los    procedimientos,      sino   que   era   el

resultado de circunstancias fuera de su control.6

     A pesar de que las razones que fundamentaron la solicitud

de término adicional claramente justificaban la extensión del

término requerida, el 20 de mayo de 2022, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Orden en la cual denegó la

solicitud de un término adicional. Además, indicó que: “[s]e

imponen $300.00 de sanciones a la representación legal de la

     5Íd.,    pág. 142.

     6Apéndice    de Petición de certiorari, págs. 143-144.
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parte querellante a ser pagada en el término de 10 días a

nombre del secretario del tribunal”.7 Es importante destacar

que esta orden fue notificada únicamente a los representantes

legales de las partes y nada dispone sobre el comienzo de un

segundo término fatal.

     Así las cosas, el 8 de junio de 2022, el Tribunal de

Primera Instancia emitió la Sentencia que hoy es objeto de

revisión. Mediante esta, desestimó el caso bajo la Regla

39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, por incumplimiento con

las órdenes del Tribunal.

     Conforme se indicó, la regla antes citada confiere a los

tribunales la facultad para penalizar a las partes por la

desatención al caso o las instrucciones del foro judicial.

Sin embargo, con el fin de promover al extremo que sea posible

que todos los casos se vean en sus méritos, tal disposición

provee un sistema escalonado de sanciones y notificaciones

para garantizar que la parte esté al tanto de los actos u

omisiones de su representación legal previo a recurrir, como

última instancia, a la desestimación del caso. En ese sentido,

la notificación directa a la parte del incumplimiento de su

representación    legal   con   la   orden   del   Tribunal   y    la

advertencia del peligro inminente que corre su reclamación

de ser desestimada constituye el paso más integral de la

disposición.

     7Íd.,   pág. 145.
CC-2022-0604                                                      15

      Aquí, el Tribunal de Primera Instancia inicialmente

determinó que el incumplimiento con la Orden conllevaría que

la prueba documental no presentada a tiempo no podría ser

presentada durante la vista en rebeldía. Posteriormente,

advirtió      que   el   incumplimiento    con    la    instrucción     de

presentar la prueba estaría sujeto a las sanciones de la

disposición     reglamentaria     antes   citada.      Ciertamente,    tal

Orden fue notificada tanto a la representación legal como a

las partes. No obstante, no puedo concluir que se cumplieron

los   pasos    estrictos    que   requiere   la     Regla   39.2(a)    de

Procedimiento Civil, supra, de forma preventiva antes de que

ocurriera incumplimiento alguno o existiera el peligro real

de que la señora Martínez Rodríguez perdiera su reclamación.

      Entiéndase, el texto reglamentario exige específicamente

que la parte, en este caso la señora Martínez Rodríguez,

fuese alertada del incumplimiento de su representación legal

y de las consecuencias de no corregir la situación dentro de

un término de treinta (30) días. Aun tomando la Orden del 19

de abril de 2022 como la advertencia a la representación

legal de la parte peticionaria, esta no puede funcionar como

la debida notificación y advertencia directa a la parte porque

el incumplimiento de su representación legal aún no había

tomado lugar y, por ende, su caso no estaba en peligro de ser

desestimado como consecuencia de incumplimiento alguno.

      Lo que es más, la Orden que consignó la denegación de

la solicitud de un término adicional y la imposición de la
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sanción económica a la representación legal de la señora

Martínez Rodríguez, en primer lugar, solo fue notificada a

los respectivos abogados de las partes. En segundo lugar,

esta ciertamente en nada cumple con: (1) apercibir a la parte

del incumplimiento de su representación legal con las órdenes

del Tribunal, (2) informarle de las consecuencias de no

corregir la situación y (3) concederle un término para ello.

Es decir, el Tribunal de Primera Instancia incumplió con tal

paso cuando la desestimación era inminente y no meramente un

escenario hipotético consignado en una orden emitida con

meses de anterioridad. A esto se añade que, en ningún momento,

se justificó la necesidad de acortar este segundo término a

quince (15) días a pesar de que la regla consigna que tal

concesión será de treinta (30) días, salvo que el caso lo

amerite.

      Por lo tanto, era evidente que, a la luz del tracto

procesal que nos ocupa, no se podía concluir que se hubieran

completado   los   pasos     que   requiere     la    Regla    39.2(a)        de

Procedimiento Civil, supra. Esto, pues, aceptar tal práctica

desafiaría   el    propósito       específico    de      la    disposición

reglamentaria:     garantizar      el   debido       proceso       de   ley    y

concederle a la parte la oportunidad de salvar su caso ante

las   omisiones    de   su   representación      legal,       la    cual,     de

ordinario, no es de su conocimiento.

      Lo ocurrido después de la denegación de la solicitud de

término adicional –la cual, de nuevo, debió concederse debido
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a las circunstancias de peso en las que se fundamentó-, hacía

imposible determinar que la señora Martínez Rodríguez tuvo

una oportunidad real de corregir la situación antes de la

desestimación del caso. Por consiguiente, ante la falta de

cumplimiento cabal con las exigencias procesales de la Regla

39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, no procedía validar

la desestimación de esta causa de acción.

      Toda vez que una mayoría de mis compañeros de estrado

arribaron a una conclusión distinta, a mi juicio, sustentada

en una interpretación sumamente somera del requerimiento de

advertencia a la parte, me veo obligado a hacer constar mi

oposición a la confirmación de los dictámenes recurridos.

                                IV

      Por los fundamentos antes expresados, hubiera revocado

los   dictámenes   recurridos   y,   en   consecuencia,   hubiera

devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de los procedimientos. Por ello no ocurrir,

disiento.

                                      Luis F. Estrella Martínez
                                           Juez Asociado