Court Opinion

ID: 9952316
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:40:27.876124+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:48.827648
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

 NSB VEGA BAJA, LLC.                                 CERTIORARI
                                                     Procedente de
        Recurrida                                    Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala de
            v.                                       BAYAMÓN
                              KLCE202301123
RENÉ RONDA RIVERA,
      por sí y en                                    Núm.:
 representación de la                                BY2023CV04670
   ASOCIACIÓN DE
  PROPIETARIOS DE
 VEGA SERENA, INC.                                   Sobre: Injunction

       Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Martínez Cordero y la Jueza Prats Palerm1.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

      Comparecen las partes demandadas-peticionarias, René

Ronda Rivera, por sí y en representación de la Asociación de

Propietarios de Vega Serena, Inc. (¨peticionarios¨ o ¨señor Ronda

Rivera¨ y ¨APVS¨), mediante recurso de Certiorari. Solicita que

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón (¨TPI¨) el 21 de septiembre de

2023. Mediante el referido dictamen, el TPI emitió un injunction

preliminar para que las partes demandadas dejaran de interferir con

las obras de construcción de la parte demandante-recurrida, NSB

Vega Baja, Inc. (¨recurridos¨ o ¨NSB¨).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

Denegamos la expedición del recurso de certiorari.

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se

designa a la Hon. Annette M. Prats Palerm en sustitución de la Hon. Giselle
Romero García.

Número Identificador
RES2024____________
KLCE202301123                                                       2

                                    I.

      El 23 de agosto de 2023, NSB presentó ante el TPI una

petición juramentada de Injunction Preliminar y Permanente, así

como una reclamación de daños contra el señor Ronda Rivera, en

su carácter personal, y la APVS. NSB alegó que los demandados-

peticionarios impidieron que llevara a cabo los trabajos para la

conexión de tubería, como parte de la infraestructura del proyecto

residencial, La Sabana. Añadió que, según surge del permiso de

urbanización aprobado por la Oficina de Gerencia de Permiso

(¨OGPe¨) y las recomendaciones de la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados (¨AAA¨), la tubería sanitaria de La Sabana deberá ser

conectada a la tubería existente en la Urbanización Vega Serena. A

su vez, adujo que para dicha conexión se constituyó una

servidumbre entre los predios del proyecto La Sabana y la Urb. Vega

Serena.

      Ante la imposibilidad de llevar a cabo la obra, debido a los

actos del señor Ronda Rivera y la APVS, NSB acudió en auxilio del

TPI para que se les ordenara a los demandados-peticionarios el cese

y desista de la interferencia con las obras de construcción.

Argumentaron      que   la   obstaculización   perpetrada    por   los

demandados-peticionarios les han ocasionado daños. Alegaron que

el atraso en las obras acarrea intereses diarios asociados al

financiamiento    del   proyecto.    Además,   discutieron   que   las

actuaciones acarrean pérdidas económicas en la medida en que se

paraliza la obra de construcción, teniendo que sufragar los costos

de movilización de empleados, equipo y seguridad. Por último,

adujeron    que    la    paralización    conlleva   incumplimientos

contractuales con la entrega de las unidades de vivienda ya

vendidas.

      Luego de varios trámites, se llevó a cabo una Vista

Evidenciaria para dilucidar si procedía la concesión del Injunction
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preliminar. El TPI advirtió a las partes que la vista únicamente

atendería el interdicto preliminar. Añadió que, aun no se estaría

evaluando la totalidad de la controversia (Transcripción de 1 de

septiembre de 2023, págs. 29-30).

      El 21 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Resolución

sobre lo dilucidado en la vista. Mediante el referido dictamen, el TPI

declaró Ha Lugar la petición de Injunction Preliminar. Fundamentó

su decisión en las siguientes determinaciones de hechos:

      1. La parte demandante, NSB Vega Baja LLC. es la
      desarrolladora del proyecto Residencial denominado La
      Sabana.
      2. La parte demandante cuenta con un permiso de
      construcción PCOC-028599 para la construcción de las obras
      de infraestructura del proyecto La Sabana. Este permiso es
      final, firme e inapelable.
      3. La parte demandante cuenta con un permiso de
      construcción PCOC-019092 para la construcción de 183
      unidades de vivienda del proyecto La Sabana. Este permiso es
      final, firme e inapelable.
      4. La AAA emitió un endoso condicionado bajo número AAA-
      RN-18-74-0002 el cual especifica el punto de conexión de la
      tubería sanitaria del proyecto La Sabana con la Urb. Vega
      Serena.
      5. El endoso de la AAA forma parte del permiso de
      construcción PCOC-028599 para obras de infraestructura.
      6. La vigencia de ambos permisos de construcción y el endoso
      de la AAA quedaron interrumpidos al iniciarse las obras de
      construcción.
      7. La parte demandante y el desarrollador de la Urb. Vega
      Serena, VSVB Development, LLC, suscribieron la Escritura
      Pública Número 150, sobre Constitución de Servidumbres
      Reales- Sistema Sanitario Urbanización ¨La Sabana¨ la cual
      adopta los planos endosados por la AAA.
      8. La parte demandada impidió que la demandante realizara
      la conexión de la tubería sanitaria realizada en el permiso de
      construcción.
      9. La conexión de la tubería sanitaria es necesaria para
      brindarle el servicio a las residencias que se desarrollan en el
      proyecto La Sabana.
      10. Dicho proyecto necesita culminar para la venta de las
      unidades de vivienda. De las cuales 43 ya están construidas.
      11. También es necesario para que el banco pueda llevar a
      cabo el proceso de financiamiento para la venta.
      12. El servicio del agua es uno esencial para la vida. Sin este
      es imposible que se pueda desarrollar y vender un proyecto de
      construcción de viviendas.

      Así, resolvió que la parte demandada-peticionaria no podía

obstaculizar trabajos de utilidad pública debidamente autorizados

por   agencias   gubernamentales.    Además,    determinó    que   se
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estableció una servidumbre de paso para la tubería sanitaria

mediante escritura pública entre los dueños de las propiedades, lo

cual constituye un gravamen real sobre ambas propiedades.

También, reconoció que la parte demandada ejerce actos de

administración sobre los elementos comunes de la Urb. Vega

Serena, pero esto no los facultaba a impedir que se lleven a cabo los

trabajos requeridos por la parte demandante. A tales efectos, el TPI

ordenó lo siguiente:

      1. Las partes demandadas […] deberán de forma inmediata
      cesar y desistir de interferir con las obras de construcción […].
      2. Las partes demandadas […] deberán permitir sin dilación
      de clase alguna a la parte demandante […] a que tengan
      acceso a la propiedad de la Urb. Vega Serena donde se hará
      la conexión de la tubería sanitaria.
      3. La parte demandante deberá tomar todas las medidas de
      seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos […] y
      deberá dejar el área en iguales o mejores condiciones en las
      que la encontró.
      4. Las representaciones legales de ambas partes coordinarán
      la fecha y hora en que la conexión se llevará a cabo. […]
      5. No se hará excavación más allá de la estrictamente
      necesaria. […]
      6. La parte demandante prestará fianza de $5,000.00, para
      llevar a cabo los trabajos aquí descritos.

      El 1 de octubre de 2023, los demandados-peticionarios

presentaron una Urgente Moción Solicitando Determinaciones de

Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales, y Reconsideración de

Resolución. La moción fue declarada No Ha Lugar mediante

Resolución dictada el 6 de octubre de 2023.

      Inconformes, el 11 de octubre de 2023, el señor Ronda Rivera

y la APVS presentaron una Petición de Certiorari. Solicitaron la

revisión de la Resolución del 6 de octubre de 2023. Realizaron los

siguientes señalamientos de error:

      Erró el Hon. TPI en su Resolución al no determinar que el
      recurrido, NSB, no tiene derechos reales, ni propietarios ni
      por constitución de servidumbre, sobre terrenos adentro de la
      Urb. Vega Serena.

      Erró el Hon. TPI en su Resolución al anteponer los derechos
      derivados de un permiso de una agencia otorgados al
      recurrido a los derechos fundamentales constitucionales de
      pleno dominio y de servidumbres en equidad de los
      peticionarios, anulando los últimos.
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      Erró el Hon. TPI al exceder su jurisdicción y modificar los
      parámetros de un permiso otorgado por la OPGe mediante su
      Resolución, en contravención a la autoridad excluyente de la
      OPGe para ello según la Ley Núm. 161-2009.

      Erró el Hon. TPI al expedir el recurso de injunction cuando
      NSB no demostró tener un derecho claro para ello y admitió
      que tenía otro remedio en Ley para completar su construcción,
      o sea, sin cumplir con los criterios para la expedición del auto
      extraordinario.

Además, alegaron que la conexión de la tubería sanitaria de La

Sabana a la de Urb. Vega Serena empeoraría el problema que

presuntamente tienen de desbordes del sistema de alcantarillado.

      Subsiguientemente,     el   12   de    octubre   de   2023,   los

peticionarios presentaron una Urgente Solicitud de Auxilio de

Jurisdicción. Solicitaron que ordenáramos la paralización de las

obras de construcción hasta tanto este Tribunal no emitiera un fallo

sobre el recurso de certiorari presentado.

      Ese mismo día, emitimos una Resolución otorgándole a NSB

hasta el 13 de octubre de 2023 para exponer las razones por las que

no debíamos ordenar la paralización de los efectos del injunction.

      El 13 de octubre de 2023, NSB presentó su Moción en

Cumplimiento de Orden y en Oposición a ¨Urgente Solicitud de Auxilio

de Jurisdicción¨. Argumentaron que los peticionarios habían

desplegado una conducta temeraria al impedir la ejecución de las

obras. Por tanto, alegaron que se vieron obligados a incurrir en

gastos considerables debido a la paralización de las obras y el

presente litigio. En consecuencia, solicitaron que declaráramos No

Ha Lugar la Solicitud de Auxilio de Jurisdicción e impusiéramos a

los peticionarios el pago de gastos, costas y honorarios de abogado.

      Durante esa misma fecha, ordenamos mediante Resolución la

paralización de los efectos del Injunction Preliminar hasta que este

Tribunal resolviera. Además, le concedimos a los peticionarios un

término de quince (15) días para presentar la transcripción de la

prueba oral estipulada.
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      El 16 de octubre de 2023, NSB presentó una Urgente Solicitud

de Pronunciamiento, Aclaración de Resolución y para que se Imponga

Fianza. Alegaron que la Resolución de este Tribunal no expuso los

fundamentos en que descansó nuestra determinación. A tales

efectos, solicitaron que aclaráramos el alcance de la Resolución

sobre los trabajos paralizados y sobre el requisito de fianza que

garantice el pago de los daños que pudieran ser ocasionados por la

paralización de las obras.

      Posteriormente, el 17 de octubre de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole al señor Ronda Rivera y a la APVS hasta

el 19 de octubre de 2023 para que se expresaran respecto a la

solicitud de NSB.

      El 17 de octubre de 2023, los peticionarios procedieron a

presentar una Moción en Cumplimiento de Orden. Solicitaron que

declaráramos No Ha Lugar la solicitud de imposición de fianza por

no ser procedente en derecho.

      Durante ese mismo día, los peticionarios presentaron una

Proposición de Transcripción de Prueba Oral solicitando autorización

para presentar la transcripción de la prueba testimonial vertida.

      El 30 de octubre de 2023, emitimos una Resolución

atendiendo las mociones presentadas por las partes. En primer

lugar, declaramos sin lugar la solicitud de aclaración de la

Resolución del 13 de octubre de 2023 e imposición de fianza. En

segundo lugar, también declaramos sin lugar la Proposición de

Transcripción de Prueba Oral y se les otorgó a los peticionarios un

término final de cinco (5) días para someter la transcripción de la

prueba oral.

      Así las cosas, el 6 de noviembre de 2023, los peticionarios

sometieron una Moción Anunciando Estipulación de la Transcripción

presentando las transcripciones solicitadas.
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      El 7 de noviembre de 2023, este Tribunal emitió una

Resolución dando por enterado la estipulación de la transcripción.

Además, advertimos que los términos concedidos en la Resolución

del 13 de octubre de 2023 continuaban vigentes.

      Acto seguido, el 13 de noviembre de 2023, los peticionarios

presentaron     un   Alegato   Suplementario   alegando   que    hubo

apreciación errónea de la prueba testifical por parte del TPI.

      El   14   de   noviembre    de   2023,   mediante   Resolución,

apercibimos a los recurridos de que tenían hasta el 13 de diciembre

de 2023 para presentar su oposición al recurso suplementario

presentado por los peticionarios.

       En cumplimiento, el 13 de diciembre de 2023, NSB presentó

su Oposición a Petición de Certiorari. Respecto a los señalamientos

de error, argumentaron que: (1) en virtud de la Escritura Pública

Número 150, poseen los derechos reales necesarios para establecer

la conexión sanitaria; (2) la Calle 23 de Urb. Vega Serena, donde se

realizó el punto de conexión, no le pertenece a APVS; (3) el TPI no

modificó el permiso otorgado por la OGPe, y; (4) el endoso AAA-RN-

18-74-0002 emitido por la AAA especifica que el punto de conexión

de la tubería entre La Sabana y la Urb. Vega Serena será en la Calle

23.

      Por otro lado, añadieron que el recurso de certiorari no cumple

con la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal. Señalaron que el

recurso contiene argumentos impertinentes a la Resolución

impugnada, ya que no inciden sobre la orden de Injunction

Preliminar. Además, reiteraron que la Resolución meramente atiende

una petición de Injunction Preliminar y que, en consecuencia, queda

pendiente ante el TPI la solicitud de daños y de Injunction

Permanente. En virtud de esto, NSB solicitó que deneguemos la

expedición del auto de certiorari.
KLCE202301123                                                        8

      Por su parte, el 13 de diciembre de 2023, los peticionarios

presentaron una Moción Informativa y Aclaratoria. Argumentaron

que, en virtud de lo dispuesto en la Escritura Núm. 143, la

propiedad de los predios de Urb. Vega Serena fue transferida a la

APVS. Utilizaron como fundamento el hecho de que el párrafo

cuarenta y tres (43) establece:

      Miembro Clase ¨B¨, […] hasta la fecha de transferencia de
      control de la Asociación (¨Fecha de terminación clase B¨), que
      será la más cercana de las siguientes fechas: (a) Cuando el
      noventa por ciento (90%) de las unidades […] se hayan
      segregado y vendido; […] el PROPIETARIO anuncie mediante
      documento escrito la transferencia de control de la Asociación
      […].

      El 17 de enero de 2024, NSB presentó una Réplica a ¨Moción

Informativa y Aclaratoria¨ y sobre Pronunciamiento. Reiteraron que

la solicitud de Injunction presentada por la parte recurrida ante el

TPI no pretende establecer titularidad sobre los predios en

controversia. Durante la vista evidenciaria celebrada por el TPI

únicamente se pretendió establecer que los peticionarios, de manera

intencional e ilegal, le impidieron a NSB realizar los trabajos para la

conexión de la tubería sanitaria, aun contando con los permisos

necesarios. De igual manera, señalaron que todavía se encuentra

pendiente ante el TPI el Injunction permanente y la solicitud de

daños.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

resolvemos.

                                  II.

A. El certiorari

      El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce

de León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163
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(2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723,

728-729    (2016);   véase,   además,    Art.   670   del   Código   de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición

del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal

revisor. Íd.; IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y

órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, supra; Scotiabank de

Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo

pertinente, la referida regla dispone lo siguiente:

      [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,    asuntos    relativos   a   privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones
      de familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que

este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente su

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber:
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      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para analizar el problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
         manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
         a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
         la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

      De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia,

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v.

Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-

435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd.

Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.

Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. El Injunction

      El Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

3421, define el injunction como “un mandamiento judicial expedido

por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una

persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga

por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o

perjudique el derecho de otra”. El injunction es un recurso
KLCE202301123                                                      11

extraordinario que prohíbe u ordena la ejecución de un acto

determinado, con el fin de evitar que se causen perjuicios

inminentes o daños irreparables a alguna persona, en casos en los

que no hay otro remedio adecuado en ley. VDE Corporation v. F & R

Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010).

      El remedio extraordinario de injunction se caracteriza por su

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o

a restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva,

ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico. Peña v.

Federación de Esgrima de P.R.; 108 D.P.R. 147 (1978); Ortega

Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 612 (1973).

      El Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil establece las

circunstancias en las que puede concederse un injunction:

      (1) Cuando resultare de la petición que el peticionario tiene
      derecho al remedio solicitado, y dicho remedio, o parte del
      mismo, consistiere en impedir la comisión o continuación del
      acto denunciado, bien por un período de tiempo limitado, o
      perpetuamente.
      (2) Cuando de la petición o de la declaración jurada resultare
      que la comisión o continuación de algún acto, durante el
      litigio, habrá de causar pérdidas o daños de consideración o
      irreparables a alguna de las partes.
      (3) Cuando, durante el litigio, resultare que una de las partes
      está cometiendo, o amenaza cometer, o que se dispone a
      cometer, o a procurar o permitir que se cometa, algún acto de
      contrario a los derechos de otra de las partes, con respecto al
      asunto en litigio y tendente a hacer que sea ineficaz la
      sentencia.
      (4) Cuando una compensación pecuniaria no habría de
      proporcionar adecuado remedio.
      (5) Cuando fuere sumamente difícil precisar la cuantía de la
      compensación que habría de proporcionar remedio
      adecuado.
      (6) Cuando la restricción fuere necesaria para impedir una
      multiplicidad de procedimientos judiciales.
      (7) Cuando la obligación naciere de un fideicomiso. 32 LPRA
      sec. 3523.

      La parte promovente de un injunction debe demostrar que, de

no concederse el mismo, sufrirá un daño irreparable que no puede

ser satisfecho mediante los remedios legales disponibles. VDE

Corporation v. F&R Contractors, supra. Por ello, los tribunales deben
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divisar si “la acción connota o no un agravio de patente intensidad

al derecho del individuo que reclame urgente reparación”. Íd.

      Nuestro ordenamiento reconoce tres (3) tipos de injunction: (1)

el injunction preliminar; (2) el injunction permanente, y; el entredicho

provisional. En lo pertinente a la presente controversia, nos

limitaremos a discutir el injunction preliminar.

      Se le designa como injunction preliminar al ¨remedio

provisional que se emite en cualquier momento de un pleito,

después de haberse celebrado una vista en que las partes han

presentado prueba en apoyo y en oposición de tal solicitud”. Mun.

de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994). Su propósito es

“mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos

para que no se produzca una situación que convierta en académica

la sentencia que finalmente se dicte al atender la petición de

injunction permanente, o se le ocasionen daños de mayor

consideración al peticionario mientras perdura el litigio”. VDE

Corporation v. F & R Contractors, supra.

      De ordinario, el injunction preliminar se emite posterior a la

celebración de una vista, en la que las partes tienen la oportunidad

de presentar prueba en apoyo y oposición a su expedición. El

derecho sustantivo se ventilará en un juicio plenario como sucede

en cualquier otro tipo de acción. Next Step v. Bromedicon, 190 DPR

474, 485-486 (2014).

      Antes de conceder un injunction preliminar, el tribunal debe

tomar en consideración los siguientes factores: (a) la naturaleza del

daño a que está expuesto la parte peticionaria; (b) la irreparabilidad

del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley; (c) la

probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la

probabilidad de que la causa se torne académica; (e) el impacto

sobre el interés público del remedio que se solicita, y; (f) la diligencia

y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. Regla 57.3 de
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3; Asoc. Vec. V. Caparra

v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 (2008), citando a P.R.

Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975). Le

corresponde a la parte promovente demostrar la existencia de estos

factores. Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra.

      El hecho de que se expida un injunction preliminar no

significa que se esté adjudicando ni prejuzgando los méritos del

recurso presentado. Íd. (Énfasis nuestro).

      La concesión de una orden de injunction permanente, de

injunction preliminar o de entredicho provisional descansa en la

discreción del tribunal sentenciador. Debido a esto, la decisión que

concede o deniega la orden no será revocada en apelación, a

menos que se demuestre que el foro apelado abusó de su

facultad discrecional.     Next Step Medical v. Bromedicon et

al., supra, 487; ELA v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 680 (1999).

(Énfasis nuestro).

                                 III.

      Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos
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escenarios. Por tanto, el TPI actuó correctamente al emitir el

Interdicto Preliminar. Además, no existen razones para el entender

que el TPI actuó bajo parcialidad, arbitrariedad o abuso de

discreción.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el recurso

de Certiorari, se levanta la paralización de las obras emitidas

mediante Resolución de 13 de octubre de 2023 y se ordena la

continuación de los procedimientos ante el TPI.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones