Court Opinion

ID: 9941528
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:47.19655+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.509339
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

 RAFAEL ÁNGEL RIVERA                               CERTIORARI
   TORRES Y OTROS                                  Procedente del
                                                   Tribunal de
        Peticionarios                              Primera Instancia,
                                                   Sala Superior de
              v.                KLCE202301372      San Juan

HON. SIGFRIDO STEIDEL                              Núm.:
      FIGUEROA                                     SJ2021CV04850
                                                   (906
         Recurridos
                                                   Sobre:
                                                   Sentencia
                                                   Declaratoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Torres, la Jueza
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Álvarez Esnard, jueza ponente

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

      Comparece ante nos Rafael Ángel Rivera Torres, Shalimar

Lopez Martínez, Juan Gómez Rodríguez, Ricardo José Santos

Vargas, Madeline Campis Maldonado, Emanuel Díaz Rodríguez,

Darryl Michael Ramsey Ferguson, Luis Raúl Díaz Mejía, por sí y en

representación de todas aquellas personas igualmente situadas (en

conjunto, los Peticionarios”), mediante Petición de Certiorari

presentada el 6 de diciembre de 2023. Nos solicita que revoquemos

una Orden emitida el 10 de noviembre de 2023, notificada el 13 del

mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (“foro primario” o “foro a quo”). Mediante esta,

el foro a quo ordenó la toma de deposiciones a los Peticionarios que

residen en Puerto Rico los días 16 al 19 y/o los días 24 al 26 de

enero de 2024 en las oficinas de McConnell Valdés, LLC., ubicadas

en San Juan.

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
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        Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari.

                                     I.

        El presente caso tiene su origen en una Demanda de Clase1

instada contra el Honorable Sigfrido Steidel Figueroa (“Hon. Steidel

Figueroa”), en su calidad de director de la Oficina de Administración

de Tribunales (“OAT”) y la OAT, (en conjunto, “los Recurridos”), por

los Peticionarios que reclamaban por sí y en representación de todos

los miembros que podrían formar parte de la clase, el desembolso

de intereses acumulados de ciertos fondos depositados y que

estuvieron bajo custodia judicial. Posteriormente, el 10 de

noviembre de 2021, los demandantes presentaron Segunda

Demanda de Clase Enmendada.2

        Tras varios trámites en el litigio, el 22 de junio de 2023, los

Recurridos presentaron un escrito intitulado Moción para que se

tome conocimiento judicial, en cumplimiento de orden, para que se

ordene a descubrir lo solicitado y para que se impongan honorarios

de abogado.3 Por virtud de este, informaron al foro primario que los

Peticionarios se habían negado a la toma de deposiciones,

aduciendo que eran impertinentes a las alegaciones de la Segunda

Demanda de Clase Enmendada. En vista de ello, solicitaron que se

ordenara a los Peticionarios a ofrecer varias fechas hábiles para la

toma de las deposiciones. Solicitaron, además, la imposición de

honorarios de abogado por temeridad.

        Evaluada la solicitud de los Recurridos, el 23 de junio de

2023, notificada al próximo día, el foro primario emitió Orden,4 en

la que determinó lo siguiente:

        Se conceden 3 días a la parte demandante
        [Peticionarios] para que confirme con la parte
        demandada [Recurridos] las fechas y horas específicas
1 Apéndice certiorari, págs. 1-13.
2 Íd, págs. 14-37.
3 Íd, págs. 53-60.
4 Íd, pág. 61.
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       en que se tomarán las deposiciones de cada uno(a) de
       los/las demandantes […].

       En desacuerdo, los Peticionarios presentaron un escrito

intitulado Oposición a “que se ordene descubrir lo solicitado y para

que se impongan honorarios de abogado” y en solicitud para que se

tome conocimiento judicial. Mediante dicho escrito, los Peticionarios

arguyeron que la información que pretende obtener los Recurridos

no es pertinente a la controversia. En particular, señalaron que los

Recurridos solicitaron la deposición con el fin de descubrir las

gestiones realizadas por los Peticionarios para procurar el pago de

los intereses, lo cual es de fácil corroboración mediante el examen

de los expedientes judiciales de cada caso subyacente de los

Peticionarios. Por lo cual, indicaron que la toma de deposiciones es

una estrategia de los Recurridos para retrasar los procedimientos.

       El 24 de junio de 2023, notificada el 27 del mismo mes y año,

el foro primario emitió Orden en la que determinó lo siguiente:

       Atendida como una Solicitud de Orden Protectora, al
       amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, y por
       no haberse justificado razón alguna para su expedición,
       se declara NO HA LUGAR. Como parte que movió la
       maquinaria judicial, los demandantes están sujetos a
       los mecanismos de descubrimiento de prueba que
       proveen las Reglas de Procedimiento Civil. Se conceden
       24 horas para que las partes coordinen las fechas de
       deposición de los demandantes, so pena de severas
       sanciones económicas a su representación legal.
       […].

       Transcurridos varios trámites procesales, el 30 de octubre de

2023, los Recurridos presentaron Moción para que se ordene a los

demandantes residentes de Puerto Rico a comparecer a sus

deposiciones.5 En esta, señalaron que habían realizado intentos de

buena fe con la parte Peticionaria para la toma de las deposiciones.

No obstante, los Peticionarios no habían presentado fechas hábiles

para la celebración de las mismas, a pesar de tales fechas haber sido

solicitadas en múltiples ocasiones. Por lo cual, solicitaron que las

5 Íd, págs. 150-152.
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deposiciones de los Peticionarios que residen en Puerto Rico fueran

celebradas en las oficinas McConnell Valdes, LLC ubicadas en San

Juan.

        En vista de tal solicitud, el 10 de noviembre de 2023,

notificada el 13 del mismo mes y año, el foro a quo emitió la Orden6

recurrida en la que ordenó que las deposiciones de los Peticionarios

que residen en Puerto Rico fueran celebradas en las oficinas de

McConnell Valdes, LLC., los días 16 al 19 y/o 24 al 26 de enero de

2024. A su vez, advirtió que “el incumplimiento con esta Orden

conllevará severas sanciones”.

        Inconforme con tal determinación, el 6 de diciembre de 2023,

los Peticionarios acudieron ante esta Curia y le imputaron al foro

primario la comisión del siguiente error:

        Cometió grave error y abusó de discreción el Tribunal de
        Primera Instancia al denegar que las deposiciones de los
        demandantes se tomen en su lugar de residencia y, en su
        lugar, obligarles a comparecer a las oficinas de McConnell
        Valdés para ser depuestos.

        El 11 de diciembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en

la que le concedimos un término de diez (10) días a la parte

Recurrida para que mostrara causa por la cual no se debía expedir

el auto de certiorari y revocar la determinación recurrida. El 22 de

diciembre de 2023, la parte Recurrida presentó su Oposición a

Petición de Certiorari.

        Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                   II.
                             A. Certiorari

        “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

6 Íd, págs. 163-166.
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(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril

de 2023.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son:

      (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
            a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.
      (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
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      (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

                   B. Descubrimiento de prueba

   La Regla 23 de Procedimiento Civil regula lo concerniente al

alcance del descubrimiento de prueba. 32 LPRA Ap. V, R. 23. El

descubrimiento de prueba persigue: 1) precisar los asuntos en

controversia; 2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio,

evitando así sorpresa en esta etapa de los procedimientos; 3) facilitar

la búsqueda de la verdad; y 4) perpetuar evidencia. Conforme a ello,

ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que el

procedimiento para descubrir prueba en la litigación civil está

concebido como uno amplio y liberal. Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,

supra, pág. 490; Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971

(2009).

      Sin embargo, esta liberalidad no debe interpretarse como una

absoluta.     Existen     dos    limitaciones     fundamentales      al

descubrimiento: (1) no puede descubrirse materia privilegiada,

según los privilegios que se reconocen en las Reglas de Evidencia, y
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(2) la materia a descubrirse tiene que ser pertinente al asunto en

controversia. 32 LPRA Ap. V., R.23.1; Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,

supra.   El   concepto   de   pertinencia    para   propósitos   del

descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado

en términos amplios. Íd. “Así, para que una materia pueda ser

objeto de descubrimiento, basta con que exista una posibilidad

razonable de relación con el asunto en controversia.” Alfonso Brú

v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 1687 (2001). El criterio de

pertinencia incluye todos los asuntos que puedan tener cualquier

relación con la materia objeto del pleito, aunque no estén

relacionados con las controversias específicas esbozadas en las

alegaciones. ELA v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004). En lo concerniente

a materia privilegiada, se refiere exclusivamente a los privilegios

reconocidos en las Reglas de Evidencia, 31 LPRA Ap. VI; E.L.A. v.

Casta, supra. En ausencia de un privilegio específico reconocido por

dichas reglas probatorias no procede objeción alguna a un

descubrimiento de prueba bajo ese fundamento. García Rivera et al.

v. Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001).

                                III.

      Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos

presentados por ambas partes, resolvemos que no se han producido

las circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de

los procedimientos. De conformidad con la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, la parte Peticionaria no logró demostrar

que se cumplen con los requisitos para expedir el auto de certiorari.

Asimismo, al amparo de los criterios que guían nuestra discreción

instituidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no

intervendremos en la determinación recurrida. En ausencia de

abuso de discreción, este foro no debe intervenir con las

determinaciones del foro primario. La parte Peticionaria no ha

demostrado que el foro a quo se excedió en el ejercicio de su
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discreción, ni que erró en la interpretación del derecho. Tampoco

constató que el abstenernos de interferir en la determinación

recurrida constituiría un fracaso irremediable de la justicia en esta

etapa de los procesos. Por tanto, procede que se deniegue el recurso

de certiorari de epígrafe.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones