Court Opinion

ID: 9394837
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:14:24.651597+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.442839
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VII

     ANA ROSA PADRÓ                                 Revisión Administrativa
      VIZCARRONDO                                   procedente del
        Recurrente                                  Departamento de
                                                    Asuntos del Consumidor
               v.                KLRA202300127
                                                    Querella número:
    MUNDO MATTRESS                                  SAN-2022-0012381
     PUERTO RICO INC.
            Recurrido                            Sobre: Ley 5
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Ortiz Flores, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

       Comparece la señora Ana Rosa Padró Vizcarrondo (Sra. Padró;

recurrente) mediante un recurso de revisión administrativa y nos solicita

que revoquemos la Resolución emitida por el Departamento de Asuntos

del Consumidor (DACO; agencia recurrida) el 23 de febrero y notificada el

24 de febrero de 2023. En el mencionado dictamen, DACO declaró “No

Ha Lugar” la querella presentada por la recurrente.

       Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a

continuación, confirmamos la Resolución recurrida.

                                       I

       La Sra. Padró presentó, el 7 de octubre de 2022, una Querella1

contra Mundo Mattress Puerto Rico, Inc. (Mundo Mattress; recurrida). En

esta, alegó que el 11 de mayo de 2021, acompañada de su esposo

Wilfredo Soto Rivera (fallecido el 28 de diciembre de 2021), visitó la

“Tienda de Mundo Mattress” (Tienda Mundo Mattress) ubicada en el

número 1301 de la Avenida Piñero en Rio Piedras para comprar una

cama ajustable y los correspondientes “mattress”. Añade que fue atendida

por el señor Laureano Dávila (Sr. Laureano) quien les informó que, en

alternativa a una compra en efectivo, tenían la opción de hacer un

1 Resolución emitida el 23 de febrero de 2023 por DACO, incluida como anejo del
recurso, pág. 1.

Número Identificador
SEN2023_______________
KLRA202300127                                                            2

financiamiento de la compra con la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Familiar Progresista. En esa misma fecha, la recurrente hizo un depósito

de $100.00 en efectivo y, al día siguiente, obtuvo la aprobación del

financiamiento.

       El 14 de mayo de 2021, la Sra. Padró le entregó el cheque

correspondiente a Mundo Mattress y varios días después le entregaron la

cama y los “mattress”. El 13 de septiembre de 2022, más de un año

después de la entrega de los bienes adquiridos, la Sra. Padró visitó la

Tienda Mundo Mattress y reclamó que había notado que el mattress

estaba hundido. El Sr. Laureano le dijo, “eso lo vamos a resolver rapidito”

y le dio el número del fabricante Simmons. La recurrente llamó a

Simmons y una persona de apellido James le informó que el mattress no

era de ellos.

       Luego, expone en el recurso que visitó el almacén de Mundo

Mattress ubicado en la Avenida San Marco en la zona industrial Extensión

El Comandante en Carolina y le dieron el número de teléfono del Sr.

Leonardo Avilés (Sr. Avilés). Añade que, posteriormente, se enteró que el

fabricante del mattress era Sealy, llamó al Sr, Avilés y este le solicitó a

ella que le enviara fotos del mattress. Recibida la foto, el Sr. Avilés le

informó que un representante de Sealy iba a visitar su casa para

inspeccionar el mattress.

       La inspección del mattress se hizo el 24 de septiembre de 2022 y

el Sr. Avilés le envió una carta por correo electrónico con fecha del 28 de

septiembre de 2022 en la que informó que no procedía el cambio de

mattress porque no tenía las etiquetas de la garantía. La recurrente

expone en el recurso que removió las etiquetas, luego de conocer que los

mattress eran de Sealy, y que las “tiene con ella”, por lo que llamó al Sr.

Avilés y le informó sobre ello; no obstante, también se le indicó que el

mattress estaba hinchado.
KLRA202300127                                                                3

       El 7 de octubre de 2022, ante la denegatoria de honrar la garantía

por 10 años que se reclama que está indicada en la factura, presentó la

querella ante DACO.

       La agencia recurrida emitió, el 18 de octubre de 2022, un

documento titulado Notificación de Querella,2 enviado a la Sra. Padró y a

Mundo Mattress, en el que se incluyó copia a las partes de la querella, y

se les informó lo siguiente:

       Oportunamente se le notificará la fecha para vista
       administrativa; a la que podrá comparecer asistido de
       abogado, intérprete, o transcriptor de record. Además,
       deberán comparecer todas las personas citadas y se les
       apercibe que en caso de incomparecencia sin justa causa
       se le impondrá sanciones.

       Además, en cuanto a la contestación de la querella, la parte

recurrida fue apercibida como sigue:

       El término que usted tiene para contestar la querella o
       enmienda es de veinte (20) días calendarios, a partir de la
       notificación de la querella. De no recibirse una contestación
       a la querella dentro de dicho término se le anotará la
       rebeldía. La enmienda a la querella inicia nuevamente los
       términos para resolver la querella en el término establecido
       por la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, conocida como
       Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
       de Puerto Rico.

       Surge del expediente que, el 23 de noviembre de 2022, se notificó

a las partes una orden de señalamiento de vista administrativa para el 7

de febrero de 2023. Llamado el caso por DACO para la vista

administrativa señalada, el 7 de febrero de 2023, la recurrente

compareció por derecho propio; la recurrida no compareció a la misma,

por lo que se le anotó la rebeldía. Así las cosas, el 23 de febrero de 2023,

DACO emitió una Resolución3 en la que formuló las siguientes

determinaciones de hecho:

       1. La parte [q]uerellante, compró dos mattress y una cama
          en Mundo Mattress Inc. para el 11 de mayo de 2021.

       2. El mattress y la cama tuvieron un costo de $4,620.00
          más $514.05 en impuestos.

       3. A la cama se le otorgó una garantía de veinte años con
          el manufacturero.

2 Notificación de querella emitida el 23 de noviembre de 2022 por DACO.
3 Resolución emitida el 23 de febrero de 2023 por DACO, incluida como anejo del
recurso, págs. 1-4.
KLRA202300127                                                               4

           4. Al mattress se le otorgó una garantía de 10 años con
              Sea[l]y Mattress of PR.

           5. Alega la querellante que para el mes de septiembre de
              2022 encontró que uno de los dos mattress perdió
              firmeza y se hundió por lo que fue a la tienda quienes
              hicieron la reclamación al manufacturero.

           6. La casa manufacturera Sea[l]y Mattress of PR, envió el
              24 de septiembre de 2022, un inspector a ver el
              mattress. Posteriormente le enviaron por correo una
              denegatoria de garantía pues el mattress supuestamente
              no tenía los sellos de la garantía y tenía una mancha.

           7. La parte querellante acudió a DACO y presentó la
              querella de epígrafe el 7 de octubre de 2022 donde
              solicitó la resolución de contrato y devolución de las
              prestaciones pues no le honraron la garantía.

           8. La parte querellante no incluyó a Sea[l]y Mattress of PR,
              Inc. en su querella.

           9. La parte querellante presentó los sellos de garantía de
              los mattress.4

           En esencia, conforme a las determinaciones de hechos antes

citadas, las conclusiones de derecho de la agencia recurrida fueron las

siguientes:

           […] El DACO “ha sido creado con el propósito principal de
           vindicar, proteger e implementar los derechos de los
           consumidores, tal y como están contenidos en todas las
           leyes vigentes. Las adjudicaciones de las querellas ante
           nuestra consideración concederán los remedios conforme a
           derecho.

           En este caso, la parte [q]uerellante indicó en su testimonio
           que hizo una solicitud de servicio en garantía pero que le fue
           denegada por el fabricante pues este no encontró los sellos
           del producto.

           En el presente caso las partes otorgaron un contrato de
           compraventa de bien mueble de los tipificados en el Artículo
           1334 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3741),
           mediante el cual la parte querellante adquirió de Mundo
           Mattress Puerto Rico Inc. un juego de cama a cambio de un
           precio cierto.

           En los contratos de compraventa el vendedor esta obligado
           a la entrega y saneamiento de la cosa vendida. (Véase
           artículos 1363 y siguientes del citado Código).

           El Artículo 1373 del Código civil, [supra], establece los
           requisitos para que proceda la acción de saneamiento por
           vicios ocultos. Los defectos deben ser:

4   Id., págs. 2-3.
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        a. preexistentes a la venta [e]n por lo menos germen o
           principio [Boyd v. Tribunal],101 DPR 651(1973)[;]
        b. desconocidos por el comprador;
        c. de tal gravedad o importancia que hagan la cosa
           impropia para el uso a que se le destina, o que
           disminuyan de tal modo ese uso, que de haberlo
           conocido el comprador no la habría adquirido o
           habría pagado u precio menor [;]
        d. que la acción se ejercite dentro del plazo legal [,] que
           es de seis meses a partir de la última gestión de
           inteligencia entre las partes[Ferrer v. General Motors],
           100 DPR 246 (1971).

       Específicamente, DACO razonó lo siguiente:

       El paso inicial en las acciones de saneamiento por vicios
       ocultos consiste en determinar si los defectos que adolece la
       cosa objeto del contrato que se pretende rescindir
       constituyen vicios redhibitorios. Estos has sido definidos
       como aquellos defectos que exceden las imperfecciones
       menores que cabe esperar normalmente en un producto
       determinado, no siendo necesario que dichos defectos
       imposibiliten el uso de la cosa vendida, basta que mermen
       notablemente su valor. (Citas omitidas.)

       El propósito de la venta para el comprador es adquirir la
       cosa para servirse de ella y dicho propósito dejaría de
       realizarse si, una vez hecha la entrega, el comprador se ve
       privado de la cosa o imposibilitado de aplicarla a los usos
       que le sean propios. […]

       Conforme a sus conclusiones de derecho, antes citadas, DACO

determinó que “lo único que la parte promovente tiene que demostrar es

que el mueble presenta un defecto [y] que la vendedora tuvo la

oportunidad de corregir los defectos, pero no los corrigió, o no pudo

corregirlos.” (Subrayado en original.) Finalmente, la agencia recurrida

emitió su dictamen, como sigue:

       Se declara No Ha Lugar la querella de epígrafe y [s]e
       desestima la misma en cuanto a Mundo Mattress, Inc[.]
       pues la reclamación se hizo fuera del período de
       saneamiento.

       Inconforme, la Sra. Padró presentó el 16 de marzo de 2023 un

recurso de revisión judicial sobre decisión administrativa. La recurrente no

presentó señalamientos de errores sobre el dictamen administrativo

recurrido, y solo expuso lo siguiente:

       Acudo a este Honorable Tribunal de Apelaciones, para la
       acción o acciones que correspondan.

       Tengo varias condiciones crónicas de salud, como[:] alta
       presión, diabetes y asma severa y tengo que dormir con una
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      máquina para la apnea del sueño, por lo que tengo que
      estar cómoda, para dormir.

      Habiendo transcurrido el término reglamentario, la parte recurrida

no compareció.

                                    II

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,

3 LPRA 9601, et seq. (LPAU) establece los estándares de revisión judicial

de órdenes, resoluciones y providencias dictadas por las agencias

administrativas. En lo pertinente, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec.

9672, dispone lo siguiente:

      Una parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia y que haya agotado todos
      los remedios provistos por la agencia o por el organismo
      administrativo apelativo correspondiente podrá presentar
      una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
      dentro de un término de treinta (30) días contados a partir
      de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación
      de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la
      fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este
      título, cuando el término para solicitar la revisión judicial
      haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna
      de una moción de reconsideración. La parte notificará la
      presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a
      todas las partes dentro del término para solicitar dicha
      revisión. La notificación podrá hacerse por correo.

      Así, es requisito que la parte haya agotado todos los remedios

disponibles en la agencia u organismo administrativo correspondiente y

que la base para la revisión judicial sea la orden o resolución final de la

agencia. Por su parte, la sección 1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603(g),

define orden o resolución final como sigue:

      [C]ualquier decisión o acción agencial de aplicación
      particular que adjudique derechos u obligaciones de una o
      más personas específicas, o que imponga penalidades o
      sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas
      emitidas por el Gobernador.

      Lo que se exige es que la disposición sea final a los efectos de que

la misma refleje la posición de la agencia, ponga fin a las controversias

presentadas ante esta y tenga efectos sustanciales sobre las partes.

A.E.E. v. Rivera, 167 DPR 201 (2006); Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR
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183, 189-190 (2001). Cónsono con lo anterior, el artículo 4.006 de la Ley

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 201-2003,

4 LPRA sec. 24, et seq., dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá

mediante el recurso de revisión judicial las decisiones, órdenes y

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. Es decir,

cualquier orden o resolución emitida por la última autoridad adjudicativa o

decisoria de la agencia administrativa, la cual pone fin al caso ante la

agencia, pues resuelve todas las controversias y no deja asuntos

pendientes a decidirse en el futuro. AAA v. UIA, 200 DPR 903, 910-

911(2018), Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 DPR 928, 935-936 (2000); J.

Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 490 (1997).

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que los dos

requisitos para que las órdenes emitidas por las agencias administrativas

puedan ser revisada por este Tribunal son los siguientes: 1) que la

resolución sea final y no interlocutoria y 2) que la parte adversamente

afectada por la orden haya agotado los remedios provistos por la agencia.

Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006) que

cita a Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004); J. Exam.

Tec. Méd. v. Elías et al., supra, a la pág. 491.

       La revisión judicial de las decisiones administrativas fue un

procedimiento que se ideó como parte de un trámite apelativo dirigido a

alcanzar el principio constitucional de mayor acceso a los tribunales. J.

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones

SITUM, Inc., 2012, pág. 281. El entendido es que “a través de la revisión

judicial se controla la acción o inacción, de las agencias administrativas”.

Id. Su propósito es que las agencias demuestren su razonamiento y los

hechos en lo que basa sus decisiones, además de que demuestren que

las mismas están dentro del ámbito del poder y la autoridad delegada en

estas. Id. en las págs. 281-282. Lo Tribunales tenemos el deber de

fiscalizar con rigurosidad las decisiones administrativas para asegurarnos
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de que las agencias cumplan con sus funciones y que no se pierda la fe

en las instituciones de gobierno. Id. en la pág. 282.

       La norma en nuestro ordenamiento jurídico es que la revisión

judicial es el remedio exclusivo disponible contra una decisión de una

agencia administrativa.5 La revisión judicial de decisiones administrativas

abarca esencialmente tres áreas: (1) la concesión del remedio apropiado,

(2) la revisión de las determinaciones de hechos de acuerdo al criterio de

evidencia sustancial y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. D.

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, FORUM, 2013, pág. 688.

Ahora bien, la revisión por parte de los tribunales en cuanto a las

determinaciones de las agencias es limitada. La norma reiterada por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico es que las decisiones de las agencias

administrativas merecen deferencia judicial por la “vasta experiencia y

conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley se les ha

delegado”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177,186

(2009). Los tribunales debemos respetarlas “a menos que la parte

recurrente     establezca      que     hay    evidencia      en    el   expediente

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó

razonablemente”. (Énfasis nuestro). Borschow Hosp. v. Jta. de

Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009).

       Por lo tanto, “los tribunales no deben intervenir o alterar las

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad”. Otero v. Toyota, 163 DPR

716, 727-728 (2005). En nuestra función como tribunal revisor debemos

limitar nuestra intervención a determinar si la actuación de la agencia fue

una caprichosa, arbitraria, ilegal o que constituye un abuso de discreción

por ser irrazonable. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692,

5 Véase J. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones SITUM,
Inc., 2012, pág. 288 donde se discute el caso ELA v. Hosta Modesti,169 DPR 673 (2006)
que resuelve que no procedía la expedición de un mandamus pues la revisión judicial es
el remedio apropiado en ley para la impugnación de una decisión administrativa.
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699 (1975). Esto responde a que “los procedimientos ante un

organismo administrativo tienen a su favor una presunción de

regularidad y corrección”. (Énfasis nuestro). A.D.C.V.P v. Tribunal

Superior, 101 DPR 875, 880 (1974).

      Por otro lado, en lo que respecta a la revisión de conclusiones de

derecho, la norma es que son revisables en todos sus aspectos por este

Tribunal. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009).

No obstante, debemos señalar que es norma reiterada que “se le debe

dar deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una agencia

administrativa sobre la interpretación de las leyes y los reglamentos que

estas administran”. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, supra, pág. 470.

Claro está, es importante tener presente que “los tribunales no están

llamados a imprimir un sello de corrección, so pretexto de la deferencia,

para avalar situaciones en que la interpretación efectuada resulta

contraria a derecho”. Echevarría Vargas, op. cit., en la pág. 301.

Asimismo, tampoco será aplicable el criterio de deferencia cuando “la

interpretación de la agencia produce resultados incompatibles o contrarios

al propósito del estatuto interpretado y a su política pública”. Asociación

de Farmacias v. Caribe Specialty, 179 DPR 923,942 (2010).

                                     III

      En su escrito de revisión judicial la Sra. Padró solicita que se le

honre la garantía del mattress que compró en Mundo Mattress, según lo

reclamó en la querella. No expone señalamientos de error contra DACO.

Además, la recurrente presentó su querella en DACO habiendo

transcurrido en exceso el término de seis meses para saneamiento.

      Las decisiones de las agencias administrativas merecen nuestra

deferencia por su conocimiento especializado al resolver los asuntos que

se les encomendó atender. La parte que recurre de una determinación de

una agencia administrativa ante el Tribunal de Apelaciones está obligada

a rebatir la presunción de corrección que cobija las decisiones

administrativas, por no estar apoyada en evidencia sustancial y debe
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demostrar que con su determinación la agencia incurrió en prejuicio,

parcialidad o abuso de su discreción. Como tribunal revisor nos

corresponde determinar si la actuación de la agencia fue una caprichosa,

arbitraria, ilegal o si constituye un abuso de discreción por irrazonable.

       Luego    de    examinar    detenidamente     los   planteamientos      y

argumentos expuestos en el recurso presentado y los documentos

incluidos resolvemos que la resolución recurrida merece nuestra

deferencia, por lo que procede confirmarla.

                                     IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Resolución

recurrida.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones