Court Opinion

ID: 9941497
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:41:07.931839+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.761178
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

MARÍA I. DE LEÓN                               Revisión Judicial
MONROUZEAU                                     procedente del
                                               Departamento del
         Recurrente                            Trabajo y Recursos
                                               Humanos Negociado
               V.                              de Seguridad de
                                 KLRA202300608 empleo
NEGOCIADO DE SEGURIDAD
DE EMPLEO (NSE)                                         Caso Núm: A-01779-
                                                        23S
         Recurridos
                                             Sobre:
                                             Inelegibilidad a los
                                             beneficios del Seguro
                                             Por Desempleo
                                             Sección 4(b)(3) de la
                                             Ley de Seguridad de
                                             Empleo de Puerto
                                             Rico
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

                               S EN T EN C I A

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

                                        I.

       El 27 de noviembre de 2023, la señora María L. De León

Monrouzeau (señora De León Monrouzeau o recurrente) presentó,

por derecho propio, una Solicitud de revisión administrativa en la

que solicitó que revisemos una Decisión del Secretario del Trabajo y

Recursos Humanos emitida por la Oficina de Apelaciones ante el

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos (Oficina de Apelaciones

ante el Secretario) el 5 de octubre de 2023.1 En la decisión, se validó

una Determinación dictada por la División de Apelaciones de la

agencia, que a su vez confirmó la determinación del Negociado de

Seguridad de Empleo (NSE o parte recurrida) el 16 de mayo de 2023

en la que, a su vez, denegó una solicitud de beneficios por desempleo

promovida por la recurrente.

1 Apéndice de la Solicitud de revisión administrativa, Anejo 15.

Número Identificador
SEN2024________________
KLRA202300608                                                          2

       El 29 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la

que le concedimos al Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos (DTRH) hasta el 27 de diciembre de 2023 para presentar

su alegato en oposición.

       El 27 de diciembre de 2023, Atenas Community Health

Center, Inc. (ACHC), patrono de la señora De León Monrouzeau,

radicó una Solicitud de intervención y autorización para presentar

Alegato del patrono en oposición a solicitud de revisión en la que nos

solicitó que autorizáramos su intervención en el caso y la

presentación de su alegato en oposición al recurso de epígrafe.

       Ese mismo día, el NSE presentó una Solicitud de breve término

adicional en la que nos solicitó que le concediéramos un término

adicional de diez (10) días para exponer su posición en cuanto al

recurso.

       El 8 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos al NSE hasta el 19 de enero de 2024 para expresar su

posición sobre el recurso y autorizamos la intervención solicitada

por ACHC.

       Ese mismo día, el NSE radicó un Escrito en cumplimiento de

Resolución para exponer su posición en el que argumentó que

procedía confirmar la determinación de la agencia.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a esbozar el derecho relevante a la controversia ante

nos.

                                   II.

       El caso de marras tiene su génesis el 12 de abril de 2023

cuando     la   señora    De   León      Monrouzeau    fue    despedida

inmediatamente de su empleo en ACHC por un incidente ocurrido

con una supervisora.

       A raíz de ello, el 20 de abril de 2023, la recurrente solicitó los

beneficios del seguro por desempleo al amparo de la Ley de
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Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de

1956, según enmendada, 24 LPRA secs. 701 et seq., (Ley Núm. 74-

1956).

        El 2 de mayo de 2023, el NSE emitió una Transcripción de

salarios y determinación monetaria en la que se detallaron los

beneficios a los que podría tener derecho la señora De León

Monrouzeau.2

        El 16 de mayo de 2023, el NSE emitió una Determinación en

la que denegó la solicitud de beneficios promovida por la recurrente

bajo el fundamento de que quedó descalificada por conducta

incorrecta con relación al empleo (insubordinación), en virtud de la

Sección 4(b)(3) de la Ley Núm. 74-1956, 29 LPRA sec. 704(b)(3).3 En

concreto, el NSE consignó la siguiente expresión:

        USTED FUE DESPEDIDO DE SU EMPLEO POR
        INSUBORDINACI[Ó]N. LA INFORMACI[Ó]N OBTENIDA
        REVELA QUE INCURRI[Ó] EN DICHA FALTA.

        SE CONSIDERA QUE UN TRABAJADOR QUE
        OBSERVE UNA ACTITUD INAPROPIADA, EN SU
        LUGAR DE TRABAJO, INCURRE EN CONDUCTA
        INCORRECTA EN RELACI[Ó]N CON SU EMPLEO.

        SE    DESCALIFICA    DESDE     4/23/23  E
        INDEFINIDAMENTE HASTA TANTO TRABAJE EN UN
        EMPLEO CUBIERTO DURANTE UN PERIODO NO
        MENOR DE CUATRO SEMANAS Y GANE DIEZ VECES
        SU BENEFICIO SEMANAL ASIGNADO.
        […]

        En desacuerdo, la señora De León Monrouzeau radicó una

Apelación de determinación en la que impugnó la Determinación del

NSE.4 En el escrito, la recurrente narró su versión de los hechos que

motivaron el despido, los cuales tenían que ver con una discrepancia

con la Subdirectora de Finanzas de ACHC por el pago de días de

vacaciones. En esencia, planteó que no correspondía que se le

privara del beneficio de seguro por desempleo a raíz del incidente.

2 Íd., Anejo 1.
3 Íd., Anejo 2.
4 Íd., Anejo 4.
KLRA202300608                                                                      4

        Posteriormente, el NSE emitió una Orden y señalamiento de

audiencia ante el árbitro: Audiencia telefónica en la que citó a la

recurrente y a su último patrono, ACHC, a una audiencia telefónica

ante la Árbitra a celebrarse el 10 de julio de 2023.5

        El 27 de junio de 2023, la señora De León Monrouzeau solicitó

una audiencia presencial ante la Árbitra asignada al caso.6

        El 28 de junio de 2023, la División de Apelaciones declaró No

Ha Lugar la solicitud de audiencia presencial promovida por la

recurrente.7

        Posteriormente, el 5 de julio de 2023, la División de

Apelaciones pospuso la audiencia telefónica.8

        El 15 de agosto de 2023, se celebró la audiencia telefónica

ante la Árbitra.9

        El 22 de agosto de 2023, la señora De León Monrouzeau

solicitó la inhibición de la Árbitra, basándose en que la funcionaria

había solicitado empleo en el Poder Ejecutivo mientras presidía el

caso.10 A su entender, existía conflicto debido a que ACHC era una

corporación cuasi pública con una Junta de Directores presidida

por el alcalde del Municipio de Manatí, quien, a su vez, era afín

políticamente al Gobernador de Puerto Rico.

        Ese mismo día, la Árbitra emitió una Resolución en la que

confirmó la Determinación del NSE y concluyó que la señora De León

Monrouzeau era inelegible para los beneficios de compensación de

seguro por desempleo.11 Concretamente, consignó las siguientes

determinaciones de hechos:

        1. Reclamante trabajó para el patrono, Atenas Community
           Health Center, como Contable desde 16 de marzo de 2022
           hasta el 12 de abril de 2023.

5 Íd., Anejo 5.
6 Íd., Anejo 6.
7 Íd., Anejos 7 y 8.
8 Íd., Anejos 9 y 10.
9 Lo anterior surge de la posterior Resolución emitida por la Árbitra el 22 de agosto

de 2023, véase Íd., Anejo 13.
10 Íd., Anejo 12.
11 Íd., Anejo 13.
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        2. Patrono condujo una investigación por hechos donde se
           le imputada [sic] a la reclamante faltas a las normas de
           conducta e insubordinación.
        3. La reclamante bajo testimonio juramentado y no
           controvertido testificó que la Sra. Yaribet Ayala, Sub
           Directora de la Oficina de Recursos Humanos, se personó
           a tomarle su testimonio como parte del proceso interno
           investigativo. La reclamante de manera libre y voluntaria
           declinó presentar su testimonio y participar de la
           investigación realizada por patrono.
        4. La investigación concluyó que la reclamante incurrió en
           las faltas imputadas.
        5. La parte reclamante fue despedida por faltas a las normas
           de comportamiento apropiado de la empresa e
           insubordinación.

Asimismo, declaró No Ha Lugar la petición de inhibición promovida

por la recurrente.

        El 2 de septiembre de 2023, la señora De León Monrouzeau

presentó una Apelación de resolución ante la Oficina de Apelaciones

ante el Secretario en la que impugnó la Resolución emitida por la

Árbitra.12 En ella, adujo que el peso de la prueba le correspondía al

patrono y que ACHC no presentó prueba documental alguna.

Asimismo, esbozó que la Árbitra omitió de sus determinaciones de

hechos varias declaraciones pertinentes y materiales hechas por la

recurrente en la vista celebrada, impidiendo la justa resolución del

caso.

        El 5 de octubre de 2023, la Oficina de Apelaciones ante el

Secretario emitió la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos recurrida en la que adoptó las determinaciones de la

Árbitra y, en consecuencia, confirmó la Resolución apelada.13

        El 18 de octubre de 2023, la señora De León Monrouzeau

radicó una Moción de reconsideración en la que solicitó que la Oficina

de Apelaciones ante el Secretario reconsiderara la determinación.14

En ella, planteó que la decisión de la Árbitra la privaba del derecho

propietario sobre los beneficios que la Ley Núm. 74-1956, supra, le

proveía, que el peso de la prueba recaía sobre el patrono, que ACHC

12 Íd., Anejo 14.
13 Íd., Anejo 15.
14 Íd., Anejo 16.
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no presentó prueba documental y que la Árbitra omitió de sus

determinaciones varias declaraciones, pertinentes y materiales, que

se hicieron sin que el patrono las controvirtiera. Asimismo, adujo

que, contrario a lo ventilado ante la Árbitra, la señora Yarivette Ayala

no fungió como Subdirectora de Finanzas de la compañía.

       El 27 de octubre de 2023, la Oficina de Apelaciones ante el

Secretario emitió una Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos en reconsideración en la que declaró No Ha Lugar la

solicitud de reconsideración presentada por la recurrente.15

       Inconforme, el 27 de noviembre de 2023, la señora De León

Monrouzeau presentó el recurso de epígrafe y le imputó al organismo

administrativo la comisión del siguiente error:

              Erró el Secretario del Departamento del Trabajo y
       Recursos Humanos en confirmar la decisión de la
       Árbitro sin el patrono haber presentado prueba
       documental alguna, ni testigos presenciales de la
       alegada conducta impropia por la cual se me despidió
       de inmediato, ni evidencia de acuse de recibo por mi
       persona del Reglamento y/o Manual de Empleados del
       patrono, tampoco Recursos Humanos tuvo algún tipo
       de acercamiento de su parte a quien subscribe en
       relaci[ó]n de alegada conducta impropia, excepto el
       mismo día del despido inmediato.

Según planteó, en la audiencia ante la Árbitra en la que la agencia

basó su determinación final, no se presentó prueba documental

alguna, ni testigos sobre el alegado incidente que provocó el despido.

En adición, esbozó que las actuaciones de ACHC fueron arbitrarias

y caprichosas, rechazó haber cometido una falta grave que motivara

su despido injustificado y arguyó que ACHC no demostró hechos

concretos que justificaran su despido inmediato. También, resaltó

que, como cuestión de hechos, no hubo amonestaciones verbales ni

escritas respecto a violaciones al Manual de Conducta del Empleado

con anterioridad a la fecha del despido inmediato.

15 Íd., Anejo 17.
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      El 29 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la

que le concedimos al Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos (DTRH) hasta el 27 de diciembre de 2023 para presentar

su alegato en oposición.

      El 27 de diciembre de 2023, ACHC radicó una Solicitud de

intervención y autorización para presentar Alegato del patrono en

oposición a solicitud de revisión en la que nos solicitó que

autoricemos tanto su comparecencia como parte interventora en el

pleito como la presentación de un alegato en oposición al recurso de

epígrafe. Posteriormente, el 8 de enero de 2024, emitimos una

Resolución en la que autorizamos la intervención de ACHC.

      En el Alegato del patrono en oposición a solicitud de revisión,

ACHC planteó que correspondía declarar No Ha Lugar la Solicitud

de revisión. En su escrito, arguyó que: (1) la señora De León

Monrouzeau no tiene legitimación activa para instar el presente

recurso, toda vez que no puede demostrar que la determinación del

NSE le ocasionó un daño preciso; (2) aún si tuviera legitimación, se

debería denegar el recurso, puesto que la recurrente no demostró

que la agencia erró al aplicar la ley, actuó de manera arbitraria,

irrazonable   o   ilegal,   o   lesionó   derechos   constitucionales

fundamentales; (3) las determinaciones de hecho de la Árbitra

estuvieron basadas en el testimonio de la recurrente, quien admitió

que incumplió con una solicitud del patrono, y de una representante

del patrono, quien testificó con conocimiento personal sobre la

investigación posterior que se llevó a cabo; y (4) la determinación

recurrida merece entera deferencia por parte de esta Curia.

También, subrayó que recaía en la recurrente el peso de la prueba

de demostrar que la agencia basó su adjudicación de credibilidad o

sus determinaciones de hecho o derecho en elementos de

parcialidad, sin sustento en la prueba o irrazonablemente. Por
KLRA202300608                                                        8

último, hizo hincapié en que la recurrente admitió que ocurrió un

incidente con su supervisora.

      El 8 de enero de 2024, el NSE radicó un Escrito en

cumplimiento de resolución en el que argumentó que procedía

confirmar la determinación de la agencia. En suma, planteó que la

recurrente no nos puso en posición de variar la apreciación de la

prueba por parte de la agencia, ni derrotó la presunción de legalidad

y corrección que la cobija. Por un lado, arguyó que no presentó un

método para la reproducción de la prueba desfilada ante la Árbitra.

Por el otro, esbozó que, en la audiencia telefónica celebrada el 15 de

agosto de 2023, declararon tanto la directora de Recursos Humanos

de ACHC, la señora María Oquendo Rivera (señora Oquendo Rivera),

como la señora De León Monrouzeau. Sobre el testimonio de la

señora   Oquendo      Rivera,   adujo   que    esta   testificó   sobre

amonestaciones verbales que se le hicieron a la recurrente por

violación al comportamiento de la empresa debido a faltas de respeto

a su supervisora e insubordinación y sobre un incidente previo al

despido. Sobre el testimonio de la recurrente, alegó que admitió que

no atendió los requerimientos de su supervisora; que expulsó a la

supervisora de su oficina en repetidos incidentes; y que no quiso

participar en la investigación realizada por el patrono.

      A continuación, esbozamos el derecho relevante a la

controversia ante nos.

                                 III.

                                  A.

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 2017, según enmendada, 3 LPRA

secs. 9601 et seq., (LPAU) establece el alcance de la revisión judicial

de las determinaciones de las agencias administrativas. A tenor de

esta y la jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste,

esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia se dio
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dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley, si es

compatible con la política pública que la origina y si es legal y

razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581,

590-591 (2020); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35

(2018). Es decir, que este tipo de revisión busca limitar la discreción

de las agencias y garantizar que estas desempeñen sus funciones de

acuerdo con los confines de la ley. García Reyes v. Cruz Auto

Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). De la mano con esto, es norma

reiterada de derecho que los foros revisores le concederán gran

deferencia y consideración a las decisiones de las agencias

administrativas, debido a la vasta experiencia y el conocimiento

especializado sobre los asuntos que le fueron delegados. Graciani

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019);

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. Conforme a ello, los

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones de

los organismos administrativos. Metropolitana, S.E. v. A.R.Pe.,

138 DPR 200, 213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–

290 (1992).

      Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias

administrativas gozan de una presunción de regularidad y

corrección. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rolón

Martínez v. Supte. Policía, supra; García v. Cruz Auto Corp.,

supra, pág. 892. La presunción de corrección que acarrea una

decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales a

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación

de   evidencia   en    contrario   que    obre   en    el   expediente

administrativo. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998).

      Así, al momento de revisar una decisión administrativa, el

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la

actuación de la agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76

(2004). Cónsono con ello, será necesario determinar si la agencia
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actuó de forma arbitraria, ilegal o de manera tan irrazonable que su

actuación constituyó un abuso de discreción. Rolón Martínez v.

Supte Policía, supra, pág. 35.

      Según ha quedado establecido como norma general, el

ejercicio de revisión judicial de una decisión administrativa se limita

a tres asuntos: (1) la concesión del remedio apropiado; (2) la revisión

de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia

sustancial que obra en el expediente administrativo; y (3) la revisión

completa y absoluta de las conclusiones de derecho. Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).

      De esta forma, en el contexto de las determinaciones de

hechos realizadas por las agencias administrativas, nuestro más

alto foro ha pautado que los tribunales no deben intervenir o alterar

las determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si

las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo considerado en su totalidad”. Otero

Mercado v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005); Domínguez v.

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397 (1999).

Dentro de este marco, evidencia sustancial se entiende como

“aquella evidencia pertinente que una mente razonable pueda

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v.

Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Por ello, la parte que

alegue que alegue ausencia de evidencia sustancial debe demostrar

que existe:

            “[O]tra prueba en el récord que razonablemente
      reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto
      de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir
      que la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se
      demuestre claramente que la decisión [del organismo
      administrativo] no está justificada por una evaluación justa
      del peso de la prueba” que tuvo ante su consideración.
      Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 213 (1995)
      citando a Hilton Hotels International, Inc. v. Junta de
      Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1983).

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de derrotar

la presunción de corrección de los procesos y de las decisiones
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administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR

521, 532 (1993). Si no demuestra que existe esa otra prueba, las

determinaciones de hechos del organismo administrativo deben ser

sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez v. Depto. de Salud,

supra, pág. 905.

      Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse

al razonamiento que haya hecho la agencia. Capó Cruz v. Junta de

Planificación, supra; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432

(2003); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 461

(1997). Cuando las determinaciones de las agencias estén

entremezcladas con conclusiones de derecho, el tribunal tendrá

amplia facultad para revisarlas, como si fuesen una cuestión de

derecho propiamente. Pacheco v. Estancias, supra, pág. 433;

Rivera v. A & C Development Corp., supra. En nuestro

ordenamiento jurídico, es norma reiterada que, en el proceso de

revisión judicial, los tribunales tienen la facultad de revocar al foro

administrativo en materias jurídicas. Véase, además, la Sec. 4.5 de

LPAU, 3 LPRA sec. 9675.

      Es pertinente señalar que nuestro sistema de adjudicación

administrativo     busca   “alentar   la   solución   informal   de   las

controversias”, según establece la Sec. 1.2 de la LPAU, supra sec.

9602. Para ello, la LPAU permite que las agencias establezcan las

reglas y procedimientos que regirán ante sí para la solución rápida

e informal de las controversias; siempre salvaguardando los

derechos garantizados por ley. Íd. Por lo cual, las agencias no

quedan sometidas a un procedimiento rígido que obstaculiza la

producción de una solución rápida, justa y económica. Íd.

      En suma, la referida deferencia debe ceder cuando se

demuestre que: (1) la decisión no está basada en evidencia
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sustancial; (2) la agencia ha errado en la aplicación de la ley; (3) la

actuación de la agencia resulta ser arbitraria, irrazonable o ilegal; y

(4) la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR

800, 822 (2012) (citando a Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR

254, 264 (2007)).

                                   B.

      Cónsono con el deber de la parte que cuestiona una

determinación de una agencia administrativa de derrotar la

presunción de corrección y regularidad que las cobija, nuestro

Tribunal Supremo ha establecido que cuando se impugna una

determinación de hecho que se base en la prueba oral desfilada y la

credibilidad que le mereció el foro, entonces corresponderá traer a

la consideración la transcripción de la vista celebrada o una

exposición narrativa de la prueba. Graciani Rodríguez v. Garage

Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 129 (2019) citando a Camacho

Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 92 (2006). Es decir, el Tribunal de

Apelaciones no debe intervenir con la apreciación de la prueba oral

hecha por una agencia cuando no tenga forma de evaluar la

evidencia presentada porque la parte promovente del recurso no

haya elevado una transcripción o una exposición narrativa de la

prueba. Íd.

      Es por lo anterior que nuestra reglamentación del proceso

apelativo regula la presentación de la reproducción de la prueba oral

desfilada ante el ente administrativo. Íd. En específico, la Regla 66

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

66, prescribe lo siguiente:

       (A) Cuando se apuntare error en la apreciación de la prueba
      oral o que alguna determinación de hechos no esté sostenida
      por la prueba y sea necesario recurrir a la reproducción de
      la prueba oral, la parte recurrente lo hará constar en moción
      por separado, presentada junto al escrito inicial de revisión.
      De no solicitarlo así la parte recurrente, las demás partes
      podrán efectuar igual solicitud dentro de diez días contados
      a partir de la notificación del recurso de revisión.
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      (B) En dicha moción la parte interesada sustanciará y
      probará la necesidad de recurrir a la prueba oral, con vista a
      las determinaciones de hechos de la agencia o del
      funcionario o funcionaria, haciendo referencia a las
      cuestiones planteadas en la solicitud de revisión y al
      contenido de los testimonios específicos que se interesa
      utilizar. La omisión de cumplir con esta regla podrá dar lugar
      a que se declare sin lugar la moción.

      (C) La reproducción de la prueba oral se hará conforme a lo
      estatuido en las Reglas 76 y 76.1 de este Reglamento,
      debiendo efectuar la agencia los trámites que corresponden
      al Tribunal de Primera Instancia.

                                   C.

      La Ley Núm. 74-1956, supra, fue aprobada para promover la

seguridad de empleos y proveer para el pago de compensación a

personas desempleadas mediante la acumulación de reservas. 24

LPRA sec. 701. En aras de cumplir dicho propósito, la referida Ley

prescribe, en su Sección 4, las condiciones para recibir el beneficio

diseñado por el estatuto. supra sec. 704. Entre ellas, designó tanto

criterios de elegibilidad como factores de descalificación, quedando

estas últimas contenidas en el inciso (b) de la sección. 29 LPRA sec.

704(b). En lo pertinente, dicha sección establece lo siguiente:

      (b) Descalificaciones. — Un trabajador asegurado no será
      descalificado para recibir crédito por semana de espera o
      beneficios por cualquier semana de desempleo a menos que,
      con respecto a dicha semana, el Director determine que:
      […]
      (3) fue despedido o suspendido por conducta incorrecta en
      relación con su trabajo, en cuyo caso no podrá recibir
      beneficio por la semana en que fue despedido o suspendido
      y hasta que haya prestado servicios en empleo cubierto bajo
      esta ley o bajo la ley de cualquier estado de los Estados
      Unidos durante un período no menor de cuatro (4) semanas
      y haya devengado salarios equivalentes a diez (10) veces su
      beneficio semanal; o
      […] 29 LPRA sec. 704(b)(3).

      Ahora bien, el procedimiento estatuido por la Ley Núm. 74-

1956, supra, consiste, a grandes rasgos, en: (1) una determinación

emitida por el Director del NSE respecto a las solicitudes que

cualquier persona puede presentar para que se designe su condición

de asegurado, conforme establece el inciso (b) de la Sección 5, 29

LPRA sec. 705(b); (2) la posibilidad de solicitar reconsideración ante

el Director del NSE, según permite el inciso (g) de la Sección 5, 29
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LPRA sec. 705(g); (3) la apelación de la determinación del Director

ante un árbitro designado por el Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos, al amparo de la Sección 6, 29 LPRA sec. 706; y (4) la

revisión final de la determinación del árbitro por el Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos.

                                IV.

      En el caso de marras, la determinación final de la agencia

recurrida sostuvo la denegatoria de beneficios por desempleo a la

señora De León Monrouzeau tras concluir que fue despedida por

haber incurrido en conducta incorrecta, consistente en faltas a las

normas    de   comportamiento     apropiado   de   la   empresa     e

insubordinación. La decisión fue la culminación del proceso

administrativo, promovido por la recurrente, en búsqueda de recibir

dicho beneficio, provisto por la Ley Núm. 74-1956, supra. En dicho

proceso se observaron todas las garantías del debido proceso de ley.

      En desacuerdo, la señora De León Monrouzeau arguyó que el

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos erró al confirmar la

denegatoria porque ACHC no presentó prueba documental, ni

testigos de la alegada conducta impropia, ni evidencia de recibo del

Reglamento o Manual de Empleados. Asimismo, en su imputación

de error, señaló que la división de Recursos Humanos de ACHC no

tuvo ningún acercamiento hacia la recurrente con relación a la

alegada conducta impropia, excepto en el día de su despido. En

suma, rechazó haber cometido una falta de tal gravedad que

justificara su despido, planteó que las actuaciones del patrono

fueron arbitrarias y caprichosas y argumentó que el patrono no

demostró hechos que establecieran que el despido fue justificado.

      Ahora bien, en su argumentación del error señalado, la

recurrente cuestionó la apreciación de la prueba por parte de la

Árbitra que presidió la presentación de evidencia sobre los hechos
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del caso. No obstante, no acompañó su recurso de método alguno

de reproducción de la prueba desfilada y examinada por la Árbitra.

      En apoyo de la determinación recurrida, ACHC alegó que la

recurrente carece de legitimación activa para promover el presente

recurso, que tampoco demostró que la agencia erró o actuó

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, que las determinaciones de

hecho se basaron en el testimonio desfilado y que la recurrente

admitió   que   el   incidente   con   la   supervisora   ocurrió.   En

consecuencia, arguyó que la debida deferencia a la agencia

administrativa no debía ceder.

      A lo anterior, se sumó la posición del NSE, comunicada por el

Procurador General, mediante la que aseveró que la señora De León

Monrouzeau no colocó a esta Curia en posición de variar la

apreciación de la prueba por parte de la agencia, ni derrotó la

presunción de corrección que cobija dicha determinación. Para

sostener lo anterior, hizo referencia al testimonio vertido ante la

agencia por la propia recurrente y por la directora de Recursos

Humanos de ACHC sobre el incidente que provocó el despido.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica adjudicativa apelativa, concluimos que no se

cometió el error señalado y, por lo tanto, corresponde confirmar la

determinación recurrida.

      En primer lugar, la señora De León Monrouzeau no nos colocó

en posición de evaluar efectiva y objetivamente el error imputado

respecto a la apreciación de la prueba. En su escrito, la recurrente

intentó cuestionar las determinaciones de hechos formuladas por la

Árbitra, aduciendo que no se basaron en evidencia sustancial, que

no se presentó prueba documental y que no se examinaron testigos

del evento de conducta impropia. Sin embargo, no suministró

método alguno de reproducción de la prueba examinada por la

Árbitra, en incumplimiento de la Regla 66 del Reglamento del
KLRA202300608                                                         16

Tribunal de Apelaciones, supra. Ello tiene un efecto fatal para su

planteamiento de error relacionado a la apreciación de la prueba,

toda vez que no es posible analizar la prueba desfilada en la

audiencia celebrada el 15 de agosto de 2023 ante la agencia.

      En segundo lugar, tampoco le asiste la razón en cuanto a los

méritos de su reclamo. Por una parte, en definitiva, la recurrente no

demostró que existe otra prueba en récord que razonablemente

reduzca el peso de la evidencia considerada en este caso. Por la otra,

tanto de su escrito ante esta Curia como de mociones presentadas

ante el foro inferior surge que la recurrente admitió que hubo un

incidente entre ella y su supervisora, lo cual desembocó en una

investigación del patrono en la que decidió no participar ni aportar

a su defensa. Sobre el suceso, se dedicó a reducir su magnitud,

aduciendo que no debía justificar su despido inmediato, pese a

reconocer que no atendió los planteamientos de su supervisora y

que insistió en expulsarla de la oficina. Por lo anterior, no derrotó la

presunción de corrección de la decisión administrativa en cuanto a

las conclusiones de hecho y, aún más, no justificó preterir la

deferencia que le debemos a dicho foro en esta materia.

      En vista de lo precedente, procede confirmar la Decisión del

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.

                                  V.

      Por   los   fundamentos     pormenorizados,     se   confirma   la

determinación recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones