Court Opinion

ID: 9962718
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:45:44.437433+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.705667
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

ALDO BRITO RODRÍGUEZ                               Revisión Judicial,
                                                   procedente de la
     Parte Recurrente                              Comisión Apelativa del
                                                   Servicio Público

                               KLRA202400113
             v.

  COMISIÓN APELATIVA
DEL SERVICIO PÚBLICO,                              Sobre:
representada por Laudelino                         Revisión por falta de
  Mulero Clas, en carácter                         jurisdicción y otras
  oficial como presidente                          violaciones al debido
                                                   proceso
      Parte Recurrida

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

       Compareció ante este Tribunal la parte recurrente, Lcdo. Aldo Brito

Rodríguez (en adelante, “licenciado Brito” o “Recurrente”), mediante

recurso de revisión judicial presentado el 4 de marzo de 2024. Nos solicitó

la revocación de la determinación tomada por la Comisión Apelativa del

Servicio Público (en adelante, “CASP” o “Recurrida”) el 1 de febrero de

2024, consistente en la suspensión definitiva de empleo y sueldo del

licenciado Brito de diez (10) días laborables.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso por falta de jurisdicción, toda vez que el Recurrente

no ha agotado todos los remedios administrativos disponibles ante la

CASP.

                                     I.

       El licenciado Brito es oficial examinador en el servicio de carrera en

la CASP desde el año 2011 y labora en el servicio público hace 17 años.

Actualmente, ocupa el puesto de “Oficial Examinador Licenciado” y desde

Número Identificador
SEN2024______________
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el 1 de enero de 2021, es el único empleado de la CASP dentro de dicha

clasificación. Lo anterior implica que la División Legal de dicha entidad se

compone de dos (2) empleados: una Directora y el Recurrente. Allá para el

mes de enero de 2023, la CASP adoptó unas normas de ejecución interna

de la División Legal de dicha entidad administrativa. La misma se compone

de métricas de productividad dirigidas a atender las necesidades

operaciones de la Recurrida y cumplir con su deber ministerial de adjudicar

las controversias traídas ante su atención de una manera justa, rápida y

diligente.

       El 21 de julio de 2023, la CASP le notificó al licenciado Brito su

intención de imponerle una amonestación formal consistente en una

suspensión definitiva de empleo y sueldo de diez (10) días laborables, por

no cumplir con los parámetros de productividad establecidos por la

Recurrida para los oficiales examinadores de la División Legal. Allí, se le

hizo referencia a que el Informe de Productividad suscrito por la Directora

de la División Legal, Lcda. Alejandra M. Rivera Rodríguez, el Recurrente

no cumplió con la expectativa de realizar su trabajo con precisión y

exactitud dentro del tiempo requerido e incumplió con los términos de

entrega y fechas límites. En la aludida comunicación, se le indicó que

incurrió en tres (3) ofensas: (1) desempeño deficiente, desidia o retraso en

seguir las instrucciones del supervisor; (2) insubordinación; y (3) incumplir

con las normas establecidas mediante ley, reglamentos y órdenes

administrativas que rigen la CASP. Es menester destacar que, dentro de

dichas ofensas, el Informe detalló seis (6) infracciones presuntamente

cometidas por el Recurrente.

       Así pues, se le advirtió al licenciado Brito de su derecho de solicitar

la celebración de una vista informal, previo a la aplicación de la sanción, o

de someter por escrito su versión de los hechos y/o para mostrar causa por

la cual no se le debía imponer la medida disciplinaria. El 28 de julio de 2023,

el licenciado Brito le cursó al Presidente de la CASP una comunicación en

la que le notificó su intención de presentar por escrito su impugnación

formal a la carta de intención que le fue notificada.
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       El 15 de agosto de 2023, el Recurrente presentó un escrito ante la

CASP mediante el cual, entre otras cosas, impugnó la jurisdicción de la

Recurrida de evaluar y establecer métricas de desempeño desde la

aprobación de la Ley Núm. 8-2017, infra. Sostuvo que había sido víctima

de un supuesto patrón de acoso laboral y daños y perjuicios por parte de

varios funcionarios de la CASP. El 21 de agosto de 2023, la Comisionada

Asociada de la CASP, Lcda. Maribel Rodríguez Ramos, fue designada

como oficial para elaborar un informe con recomendaciones sobre las

infracciones imputadas al licenciado Brito por parte de la Recurrida.

       Entretanto, el 26 de septiembre de 2023, el licenciado Brito presentó

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en

adelante, “TPI”), una “Demanda” de interdicto preliminar y permanente y

sentencia declaratoria en contra de la Recurrida, bajo el caso núm.

SJ2023CV09115. En la misma, solicitó que se expidiera el remedio

extraordinario para que se paralizara el procedimiento disciplinario iniciado

por la CASP en contra del Recurrente y que desembocó en la presentación

del recurso de epígrafe. Allí también reprodujo los planteamientos relativos

a la falta de jurisdicción de la Recurrida para evaluar y establecer métricas

de desempeño propias e imponer una medida disciplinaria en su contra. Su

argumento se basó en que, al amparo de la Ley Núm. 8-2017, infra, era la

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (en

adelante, “OATRH”) quien poseía la autoridad en ley para crear y diseñar

métricas de productividad de los empleados del servicio público. Asimismo,

el licenciado Brito solicitó la paralización del procedimiento disciplinario

iniciado ante la CASP hasta que el TPI se expresara sobre la jurisdicción

de la Recurrida.

       Tras varios trámites procesales, el TPI dictó Sentencia el 3 de

noviembre de 2023 mediante la cual concluyó que el licenciado Brito no

logró satisfacer los elementos necesarios para establecer que se deba

conceder un remedio interdictal ni declaratorio, dirigido a detener

inmediatamente un procedimiento administrativo en curso. Ante tales

circunstancias, desestimó el caso al entender que no era posible colegir
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que se justificara preterir el procedimiento administrativo ante la CASP

mediante el referido recurso extraordinario. Ello independientemente de los

méritos que pudieran tener sus planteamientos con respecto al alcance de

la Sección 6.6 de la Ley Núm. 8-2017, infra, y la validez sustantiva de la

medida disciplinaria que la CASP propuso contra el Recurrente; ni en

cuanto a la alegada parcialidad de la oficial examinadora asignada al caso.

       Así las cosas, el 7 de noviembre de 2023, la oficial examinadora

designada emitió un Informe de la Oficial Examinadora. El 1 de febrero de

2024, la CASP suscribió la determinación aquí impugnada, mediante la cual

acogió las recomendaciones consignadas en el referido Informe. Allí se

expresó que se había hallado que el licenciado Brito había infringido todas

las ofensas descritas en la carta de intención y le notificó a éste la

imposición de una amonestación formal consistente en una suspensión

definitiva de empleo y sueldo por diez (10) días laborables desde el 17 al

28 de junio de 2024. Asimismo, se le apercibió al Recurrente de su derecho

a presentar una revisión administrativa o apelación ante un Panel de

Revisión de la CASP, en un término de quince (15) días, contados a partir

de la notificación de dicha comunicación, de conformidad con el

“Reglamento de Procedimientos para Atender Reclamaciones del Personal

de la Comisión Apelativa del Servicio Público”, infra.

       Inconforme con dicha determinación, el licenciado Brito recurrió ante

nos mediante el recurso de revisión judicial que nos ocupa y le imputó a la

CASP la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR:
       La CASP abusó de discreción al imponer la severa
       sanción de la suspensión sin sueldo de 10 días a futuro
       sin haberse resuelto de forma final y firme una
       controversia jurisdiccional.

       SEGUNDO ERROR:
       Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al
       determinar que tenía jurisdicción para crear métricas de
       productividad y aplicar su Reglamento Disciplinario por
       el alegado incumplimiento de dichas métricas,
       usurpando la autoridad delegada a la Oficina de
       Administración y Transformación de los Recursos
       Humanos (OATRH).

       TERCER ERROR:
       Erró la Comisión Apelativa del Servicio Público al
       ordenar al Lcda. Aldo Brito Rodríguez comparecer ante
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       un panel interno para apelar su suspensión de 10 días por
       ser este uno ultra vires, contrario a LPAU y no haberse el
       demandante sometido a su jurisdicción.

       El 5 de marzo de 2024, emitimos Resolución mediante la cual se

ordenó la paralización inmediata de los procedimientos ante la CASP y se

le concedió a esta última hasta el 11 de marzo de 2024 para presentar su

alegato en oposición al recurso.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                       II.

                                      A.

       En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de agotamiento de

remedios administrativos es una norma de autolimitación judicial que se

circunscribe a que los tribunales, discrecionalmente, se abstengan de

revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte afectada por dicha

actuación agote todos los remedios administrativos disponibles, de manera

tal, que la determinación administrativa refleje la postura final de la agencia.

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013). De ordinario, su

aplicación se realiza en aquellos casos en los cuales una parte, que instó

o tiene instada alguna acción ante una agencia u organismo administrativo,

recurre a algún tribunal sin antes haber completado todo el trámite

administrativo disponible. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35

(2004). La misma se invoca para cuestionar la acción judicial de un litigante

que acudió originalmente a un procedimiento administrativo o era parte de

éste y que luego recurrió al foro judicial, aunque aún tenía remedios

administrativos disponibles. Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 408

(2001).

       La necesidad de agotar los remedios administrativos antes de acudir

al foro judicial es un requisito jurisdiccional que impide la intervención

judicial hasta tanto no hayan sido agotados todos los remedios

administrativos disponibles al nivel de la agencia. Guzmán y otros v. ELA,

156 DPR 693, 714 (2002). Esto es así, pues la determinación administrativa

es la que reflejará la postura final de la agencia. De ahí que sea de
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particular importancia diferenciar los propósitos que persiguen las doctrinas

de jurisdicción primaria y la de agotamiento de remedios administrativos.

Sobre el particular, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente:

         La doctrina de jurisdicción primaria no debe confundirse con
         la que requiere que se agoten los procedimientos
         administrativos antes de acudirse a los tribunales, aunque
         ambas son hermanas y persiguen el mismo fin: poner orden
         en la administración de la justicia y armonizar el
         funcionamiento de la rama judicial con el de su rama
         hermana, la ejecutiva. La doctrina que requiere que se agoten
         los procedimientos administrativos determina la etapa en la
         cual el litigante puede recurrir a los tribunales; la de la
         jurisdicción primaria determina qué organismo debe hacer la
         determinación inicial del asunto. E.L.A. v. 12,974.78 metros
         cuadrados, 90 DPR 506, 513 (1964).

         De esta forma, la agencia administrativa puede: (1) desarrollar un

historial completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento especializado

o expertise de sus funcionarios para adoptar las medidas correspondientes

de conformidad con la política pública formulada por la entidad, y (3) aplicar

uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar

oportunamente       sus   errores   o   reconsiderar   el   alcance   de   sus

pronunciamientos. AAA v. UIA, 200 DPR 903, 914 (2018). Por tanto, la

doctrina de agotamiento de remedios administrativos no puede ser

preterida, salvo que se configure alguna de las limitadas excepciones, a

saber:

         El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar
         alguno o todos los remedios administrativos provistos en el
         caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el
         requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al
         promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar
         dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial
         de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los
         remedios administrativos por la dilación excesiva en los
         procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de
         jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto
         estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia
         administrativa. 3 LPRA sec. 9673 (énfasis suplido).

         A luz de lo anterior, se ha establecido que “la parte que pretende

acudir al foro judicial [debe] probar, mediante hechos específicos y bien

definidos, que se debe prescindir de los remedios administrativos”.

Oficina Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 36 (2004) (énfasis suplido). Esto,

puesto que lo que pudiera resolver la agencia administrativa con relación a

tales planteamientos constitucionales también estaría sujeto a ser revisado
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en su momento por el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec.

9655.

                                      B.

        Como parte del poder de razón de estado, la Asamblea Legislativa

aprobó la Ley Núm. 8-2017, supra, con el propósito de declarar un estado

crítico económico y fiscal que requirió unos cambios en la administración

de los recursos humanos de las agencias cubiertas por el estatuto. Así

pues, se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico lo

siguiente: (1) la centralización de la administración de los recursos

humanos de todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno Central;

(2) que los empleados públicos sean empleados del Gobierno Central y no

de las agencias; (3) la unificación de los planes de clasificación y retribución

de la administración central; (4) el establecimiento de un sistema de

evaluación de personal uniforme para los empleados públicos; y (5) la

creación de un registro electrónico sobre los resultados de las evaluaciones

y su cumplimiento, entre otras cosas. 3 LPRA sec. 1469a.

        Por su parte, la Sección 4.3 (2) del Artículo 4 de la Ley Núm. 8-2017,

supra, dispone las funciones y facultades de la OATRH, como ente en el

cual se centralizaron las facultades del Sistema de Administración y

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.

Específicamente, se dispone que la OATRH tiene como función

“[c]entralizar el sistema de administración de personal, eliminando de la

categoría de administradores individuales a todas aquellas agencias e

instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico”. 3 LPRA sec.

1470b (o).

        A la luz de lo anterior, la Sección 6.6 de la Ley Núm. 8-2017, supra,

dispone lo siguiente:

                                      […]

               2. La Oficina tendrá la obligación de crear y diseñar
        el sistema de evaluación de desempeño, productividad,
        ejecutorias y cumplimiento eficaz con los criterios
        establecidos, utilizando métricas cuantificables para los
        empleados. Las agencias e instrumentalidades vendrán
        obligadas a evaluar a sus empleados utilizando el
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      sistema de evaluación sobre desempeño que establezca
      la Oficina.

             3. Cuando la conducta de un empleado no se ajuste
      a las normas y requerimientos establecidos, cada
      agencia deberá tomar las medidas correctivas o acciones
      disciplinarias necesarias y adecuadas. Entre otros, se
      podrá considerar la amonestación verbal, reprimenda escrita,
      la suspensión de empleo y sueldo o la destitución.

             4. La Autoridad Nominadora sólo podrá suspender de
      empleo y sueldo o destituir a cualquier empleado de carrera
      por justa causa, previa notificación de formulación de cargos
      por escrito y apercibimiento de su derecho a solicitar vista
      previa conforme a los procesos de disciplina progresiva como
      se establece en el reglamento.

            5. Las Autoridades Nominadoras tendrán la
      obligación de imponer la acción disciplinaria que
      proceda a cualquier funcionario o empleado que
      intencionalmente, por descuido o negligencia incumpla
      cualquiera de las disposiciones de esta Ley.
                                 […]

             8. Los deberes que a continuación se detallan
      constituirán obligaciones mínimas esenciales requeridas
      a todo empleado, por cuyo incumplimiento se deberán tomar
      acciones disciplinarias:
                                 […]

            c. Realizar eficientemente y con diligencia las
      tareas y funciones asignadas a su puesto y otras
      compatibles con éstas que se le asignen.

             d. Acatar aquellas órdenes e instrucciones de sus
      supervisores compatibles con la autoridad delegada en
      éstos y con las funciones, actividades y objetivos de la
      agencia en donde trabaja. 3 LPRA sec. 1472f (énfasis
      suplido).

      De las transcritas disposiciones estatutarias se desprende que

mediante la Ley Núm. 18-2017, se transfirió de las agencias a la OATRH la

facultad de elaborar los sistemas de evaluación de desempeño,

productividad, ejecutorias y cumplimiento eficaz con los criterios

establecidos.

                                   III.

      Por ser de umbral que adjudiquemos los planteamientos

jurisdiccionales prioritariamente, procedemos a evaluar el segundo

señalamiento de error. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288,

298 (2022).

      En esencia, el Recurrente sostiene que la CASP incidió al imponer

la medida disciplinaria en controversia, tras entender que podía crear
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métricas de productividad, en contravención con las disposiciones de la

Sección 6.6 (2) de la Ley Núm. 8-2017, supra. Así pues, y a la luz de ello,

arguye que la Recurrida carecía de jurisdicción para iniciar el procedimiento

administrativo que culminó en su suspensión de empleo y sueldo por diez

(10) días laborables.

       En oposición, la CASP arguye que debido a que la OATRH no ha

establecido el sistema de evaluación de desempeño de los empleados de

las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, procede

que este Tribunal concluya que a la luz de las disposiciones de la Sección

6.6 (3) de la Ley Núm. 8-2017, supra, la Recurrida sí tenía autoridad en ley

para imponer la medida disciplinaria mediante la comunicación del 1 de

febrero de 2024. Veamos.

       En primer término, debemos establecer que en el presente caso no

existe controversia sobre el hecho de que aún está pendiente ante la CASP

el proceso administrativo relacionado con la medida disciplinaria que se le

impuso al licenciado Brito. Ahora bien, debemos determinar si como

cuestión jurisdiccional, debemos intervenir en las controversias, como

excepción a la doctrina de agotamiento de remedios administrativos o si,

por el contrario, estamos ante un asunto de clara ausencia de autoridad en

ley de la Recurrida que se justifique preterir el cauce administrativo iniciado.

Veamos.

       No existe contención alguna sobre el hecho de que la OATRH no ha

establecido un sistema de evaluación del desempeño de los empleados de

las agencias del Ejecutivo con métricas específicas, de conformidad con

las funciones delegadas en el inciso 2 de la Sección 6.6 de la Ley Núm. 8-

2017, supra. Ante esa realidad jurídica, la CASP sostiene que, a la luz de

las disposiciones del inciso 3 de la propia Sección 6.6 del aludido estatuto,

sí tenía autoridad en ley para imponerle al Recurrente la suspensión de

empleo y sueldo de diez (10) días. Específicamente, la CASP alude a

aquella parte de la Ley Núm. 8-2017, supra, que establece que “[c]uando

la conducta de un empleado no se ajuste a las normas y requerimientos

establecidos, cada agencia deberá tomar las medidas correctivas o
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acciones disciplinarias necesarias y adecuadas. Entre otros, se podrá

considerar la amonestación verbal, reprimenda escrita, la suspensión de

empleo y sueldo o la destitución”. 3 LPRA sec. 1472f. Es su contención,

que la facultad de la CASP para iniciar acciones disciplinarias en virtud de

su reglamento de conducta de los empleados de dicha dependencia no

había sido limitada por la Ley Núm. 8-2017, supra, pues de la misma no

surgía que los reglamentos internos de las agencias quedarían derogados.

       Del examen detenido y sosegado de las disposiciones estatutarias

en controversia, concluimos que estamos ante un panorama en el que no

se puede determinar, sin ambages, que estamos ante un caso claro de falta

de jurisdicción, como excepción a la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos. Nótese que el alcance del inciso 3 de la Sección 6.6 de la

Ley Núm. 8-2017, supra, es uno extremadamente amplio que nos impide

colegir a qué medidas correctivas o acciones disciplinarias se refiere.

       Es decir, no surge expresamente si dichas medidas disciplinarias se

refieren a las que por virtud del inciso 2 de dicha Sección la OATRH viene

obligada a adoptar o si se relacionan a las normas internas que una agencia

o dependencia del Gobierno de Puerto Rico puede instituir para evaluar el

desempeño de sus empleados, en espera de que la OATRH apruebe las

mismas. Tampoco estamos en posición de determinar si, por vía de la

aprobación de la Ley Núm. 8-2017, supra, la Asamblea Legislativa tuvo la

intención de derogar la totalidad de los reglamentos internos y de personal

de las agencias. De igual manera, no estamos ante un escenario en el que

podamos determinar, sin lugar a dudas, que el legislador pretendió limitar

todos los procedimientos disciplinarios que pudieran iniciar las agencias

contra empleados hasta tanto la OATRH creara y diseñara finalmente el

sistema de evaluación al que alude el inciso 2 de la Sección 6.6 de la Ley

Núm. 8-2017, supra.

       En fin, es evidente que el panorama legal que nos presenta el

Recurrente en su recurso no plantea un “caso claro” de falta de jurisdicción

que justifique preterir el trámite administrativo, como excepción a la doctrina

de agotamiento de remedios. De ahí que cobre vigencia la doctrina
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constitucional de que a los tribunales no nos corresponde suplir omisiones

al interpretar las leyes. “Se trata de un entendido básico: Es simplemente

incompatible con un gobierno democrático determinar el significado

de una ley basándonos en lo que nos parece que el legislador quiso

decir, en lugar de por lo que el legislador en efecto promulgó.” UPR v.

Unión Oficiales UPR, 206 DPR 140, 152 (2021) (énfasis suplido).

       “El proceso legislativo[...] es demasiado complejo, demasiado
       dependiente de su curso y demasiado opaco para permitir a
       los jueces reconstruir si la legislatura hubiera resuelto alguna
       cuestión particular de manera diferente a la forma en que el
       texto estatutario claro resuelve esa cuestión”. Íd. (citando con
       aprobación, J.F. Manning, The Absurdity Doctrine, 116 Harv.
       L. Rev. 2387, 2410 (2003).

       Entiéndase, indefectiblemente, estamos ante una controversia en la

que es indispensable efectuar un análisis interpretativo de la Ley Núm. 8-

2017, supra, con el objetivo de determinar si la CASP poseía jurisdicción

para iniciar el proceso disciplinario contra el licenciado Brito. Esto, en su

versión más simple, dista de lo que es un “caso claro de falta de

jurisdicción” que justifique nuestra intervención a esta etapa del proceso

cuando aún existen trámites pendientes ante la CASP.

       Es decir, el licenciado Brito no ha presentado hechos específicos y

bien definidos que justifiquen preterir el cauce administrativo detallado en

la reglamentación de la CASP. La necesidad de agotar el remedio

administrativo ante el Panel de Revisión, antes de acudir al foro judicial, es

un requisito jurisdiccional que impide nuestra intervención hasta tanto no

se haya culminado el proceso a nivel de la agencia. Guzmán y otros v. ELA,

supra, pág. 714.

       Esto es así, pues la determinación administrativa de dicho Panel

reflejará la postura final de la agencia que producirá el derecho de la parte

adversamente afectada de acudir ante este Tribunal de Apelaciones, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, 3 LPRA sec. 9655. Este procedimiento incluye la posibilidad de

cuestionar la imposición de cualquier medida disciplinaria que el Panel

Revisor de la CASP entienda procedente en derecho y hasta impugnar la

jurisdicción de dicho ente para iniciar y culminar el trámite administrativo.
KLRA202400113                                                               12

Lo mismo ocurre con respecto al planteamiento de imparcialidad que el

licenciado Brito arguye en su recurso sobre los componentes del Panel

Revisor de la CASP. El petitorio del Recurrente implica efectuar

determinaciones y adjudicaciones a destiempo, pues a esta etapa de los

procedimientos este Tribunal sencillamente carece de jurisdicción. No

obstante nuestra conclusión, una vez culmine el proceso administrativo

iniciado ante la CASP, el licenciado Brito conservará su derecho a

reproducir los planteamientos esgrimidos en el caso de autos, mediante un

nuevo recurso de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones, si así

lo entiende pertinente.

       Así pues, debido a nuestra determinación sobre el asunto

jurisdiccional, se hace innecesario abordar el restante de los errores

planteados en el recurso ante nos.

                                      IV.

       Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte de la presente Sentencia, se desestima el recurso por falta de

jurisdicción, toda vez que el Recurrente no ha agotado todos los remedios

administrativos disponibles ante la CASP y no se estableció que

estuviéramos ante un caso claro de ausencia de jurisdicción que justificara

preterir el trámite administrativo iniciado.

       Se devuelve el caso ante dicha entidad para la continuación de los

procedimientos consistentes con lo aquí resuelto.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones