Court Opinion

ID: 9962671
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:40:41.89675+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.563016
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

   JORGE MACHADO                                   APELACIÓN
   GUZMÁN Y OTROS                                  Procedente del
                                                   Tribunal de
         Apelante                                  Primera Instancia,
                                                   Sala de San Juan
                              KLAN202400116
             v.                                    Civil núm.:
                                                   SJ2021CV04618

   JORGE MACHADO                                   Sobre:
     RUIZ Y OTROS                                  Revocación de
                                                   donaciones
         Apelada
Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez

Rivera Torres, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

      Comparecen ante este tribunal apelativo el Sr. Jorge Machado

Guzmán y la Sra. Mariel Machado Ruíz (en conjunto, la parte

apelante) mediante el recurso de epígrafe y nos solicitan la

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 21 de diciembre de

2023, notificada al día siguiente. En el referido dictamen, el foro

primario declaró Ha Lugar a la moción de desestimación presentada

por el Sr. Jorge Machado Ruiz y la Sra. Eunice Machado Ruiz (en

conjunto, la parte apelada), y desestimó con perjuicio la demanda

de epígrafe instada en su contra.

      Por los fundamentos que expondremos más adelante,

confirmamos el dictamen impugnado.

                                    I.

      El 21 de julio de 2021, el Sr. Jorge Machado Guzmán por sí y

juntamente con la Sra. Mariel Machado Ruiz, como apoderados de

la Sra. Hilda Ruiz Acevedo, presentaron una Demanda sobre

revocación de donación en la cual solicitaron se declaren como

Número Identificador
SEN2024___________________
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correctas en derecho, las rescisiones de las donaciones efectuadas

por el Sr. Jorge Machado Guzmán e Hilda Ruiz Acevedo a sus hijos,

Jorge y Eunice, de las acciones de capital de la empresa Necco, Inc.

En esencia, alegaron que la parte apelada, mediante reclamaciones

judiciales incoadas en contra de sus padres, le imputaron

actuaciones falsas en cuanto al uso indebido de los bienes

corporativos; así como maltrato, agresiones físicas y verbales que

son fuente de ingratitud y desheredación.1 A su vez, adujeron que la

parte apelada ha abandonado a los progenitores sin procurarlos ni

preocuparse por su salud y bienestar, por lo que solicitaron al TPI

le ordene a estos restituir las acciones corporativas donadas; así

como sus frutos, más le imponga el pago de costas, gastos y

honorarios de abogado.

       Luego de varios trámites procesales, que no son necesarios

consignar, el 9 de diciembre de 2022 la parte apelada presentó una

Moción de Desestimación de la “Demanda Enmendada” en la cual se

arguyó que ninguna de las alegaciones cumple con las exigencias

del Artículo 1320 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10065. Es

decir, estos expresaron que “Las alegaciones no cumplen con los

requisitos de ingratitud, tampoco de injurias graves por palabras, ni

ocurrió la comisión de delito en contra de la persona, la honra o los

bienes de los donantes, ni tampoco les fue negado indebidamente

alimentos a los donantes. 31 LPRA § 2045. Jorge y Eunice nunca

han sido convictos de delito por actos contra Jorge Padre e Hilda, su

honra o sus bienes y tampoco se negaron a proveerles alimentos,

1 El 8 de abril de 2022, falleció la Sra. Hilda Ruiz (QEPD) y el TPI ordenó la
sustitución de parte. El 12 de mayo de 2023, el TPI dictó una Resolución
declarando No Ha Lugar a la solicitud de desestimación instada al amparo de la
Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil por la parte apelada y ordenó a la parte
apelante a enmendar la demanda a los fines de esgrimir con especificidad los
elementos y hechos que dan base a su reclamación. De igual manera, determinó
que en esta causa de acción las disposiciones legales aplicables son las del Código
Civil de 2020. El 4 de octubre, se declaró Ha Lugar a la sustitución de parte.
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pues los últimos nunca los han necesitado y tampoco se los han

ordenado a los primeros.”2

        La parte apelante presentó su oposición alegando que la ley

impone al donatario la obligación de cumplir con unos principios

morales de agradecimiento hacia el donante, hasta el momento de

su muerte y ante su incumplimiento, procede revocar la donación.

Al respecto, estos indicaron que “En el caso de autos, los donatarios

se han servido precisamente del bien donado para hostigar a sus

padres donantes con procedimientos judiciales frívolos injuriarlos

acusándolos de ladrones, maltratantes y asesinos.”3 En síntesis,

señalaron que las alegaciones de la demanda enmendada cumplen

cabalmente con los preceptos requeridos en el código civil.

        Luego de analizados los argumentos de ambas partes, el TPI

emitió la Sentencia recurrida declarando Ha Lugar el petitorio

desestimatorio. En resumen, el foro recurrido razonó lo siguiente:4

           •   Aún tomando como ciertas las alegaciones de la
               demanda enmendada no surge que se cumpla con
               ninguno de los supuestos de indignidad o
               desheredación que den lugar a la revocación de las
               donaciones, según los criterios establecidos en el
               Código Civil y la jurisprudencia.
           •   En la Resolución del 9 de mayo de 2022 ya se había
               determinado que “las desavenencias y agravios
               familiares sobre el funcionamiento de una empresa
               no son motivos suficientes para la revocación de
               una donación”. Las alegaciones de la demanda
               enmendada van dirigidas, en su mayoría, a
               cuestionar el manejo de la corporación por parte
               del demandado Jorge Machado Ruiz y los
               incidentes relacionados a cuestionamientos
               familiares por asuntos de negocio.
           •   También se alegó repetidamente que las demandas
               presentadas en los casos SJ2018CV10602 y
               SJ2018CV10603,         de  los    cuales  tomamos
               conocimiento judicial, fueron instadas con el
               propósito de causar daño a sus padres y a su
               hermana. Según adelantamos, estos actos, de por
               sí, no configuran el maltrato, abandono e injurias
               graves que son causales de indignidad y
               desheredación que, a su vez, dan lugar a la
               revocación de las donaciones.
           •   El hecho de que las corporaciones hubiesen
               demandado a los aquí demandantes por cobro de
               dinero no implica un acto de maltrato o injuria
               grave que dé lugar a revocar las donaciones. En ese

2 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 186.
3 Íd., a la pág. 261.
4 Íd., a las págs. 561-565.
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               contexto, reiteramos lo dispuesto en la Resolución
               de 9 de mayo de 2022 en cuanto a que las
               diferencias por el manejo de la corporación no son
               fundamento para revocar las donaciones.
           •   No podemos considerar que las expresiones
               formuladas en el transcurso de un pleito judicial
               estén revestidas de la intención de injuriar que el
               Tribunal     Supremo      ha     determinado      es
               imprescindible al evaluar la gravedad de la injuria.
               De hecho, el litigio en el que se realizaron las
               expresiones del señor Machado Ruiz no ha
               concluido, y se desconoce el efecto de esas
               aseveraciones en la disposición final del caso.
           •   Las causales de desheredación que tienen que ver
               con abandono, maltrato e injuria grave requieren
               una intención específica de causar daño que no
               puede considerarse configurada por la mera
               tolerancia.
           •   Las alegaciones de la demanda enmendada no le
               imputan al codemandado Machado Ruiz haber
               transferido sus acciones a terceros fuera del núcleo
               familiar. De hecho, no surge que el codemandado
               Machado Ruiz haya dejado de ser el poseedor de las
               acciones desde que le fueron donadas al presente.
               Así, no se fundamenta alegación alguna de
               incumplimiento con las condiciones de la
               donación.
           •   De todas formas, la presente causa de acción está
               caducada. [Énfasis nuestro]

        Insatisfecha, la parte apelante le solicitó al TPI reconsiderar

su dictamen.5 En el pedido se cuestionó la jurisprudencia citada, al

entender que era inaplicable por estar basada en criterios de

“adecuacidad” de la prueba y no de las alegaciones.6 Reiteraron que

en la demanda enmendada se alega de manera suficiente una

injuria grave cometida con la intención de hacer daño, lo cual es

bastante para “sobrevivir” una moción de desestimación. Íd. Por otro

lado, argumentaron que la causa de acción no había caducado, ya

que “[h]abiéndose contradicho las revocaciones el 8 de abril de 2021,

ese es el día que comenzó a transcurrir el plazo de caducidad de seis

meses para presentarse esta acción revocatoria, el cual expiraba en

octubre de 2021.”7

        El 9 de enero de 2024, notificada al día siguiente, el TPI dictó

la siguiente Orden:8

5 Íd., a las págs. 567-575.

6 Íd., a la pág. 572.
7 Íd., a la pág. 575.
8 Íd., a la pág. 597.
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        Se reconsidera la sentencia dictada el 21 de diciembre
        de 2023 únicamente en cuanto a la determinación de
        que había caducado la acción revocatoria. Tiene razón
        la parte demandante en cuanto a que no habían
        transcurrido los seis meses desde la contradicción
        de la revocación. No obstante, los fundamentos
        ofrecidos en la moción de reconsideración sobre la
        desestimación en los méritos por no configurarse las
        causales de revocación de donación establecidas en
        el Código Civil no nos mueven a modificar nuestro
        dictamen. Por tanto, se declara no ha lugar la solicitud
        de reconsideración y se mantiene la sentencia, con la
        salvedad de que la acción no está caducada. [Énfasis
        nuestro]

      Todavía inconforme, la parte apelante acude ante este foro

revisor imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores:

        ERRÓ EL TPI AL IMPONER UN ESTÁNDAR MÁS ALTO
        QUE EL DISPUESTO EN LA REGLA 7.2 DE LAS DE
        PROCEDIMIENTO CIVIL PARA LA SUFICIENCIA DE
        LAS ALEGACIONES, EL CUAL PERMITE QUE SE
        ASEVEREN EN TÉRMINO GENERALES TODO
        AQUELLO QUE NO SEA ERROR O FRAUDE.

        ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LAS ALEGACIONES
        EN UN CASO CIVIL AUTOMÁTICAMENTE QUEDAN
        EXCLUIDAS DE SER CONSIDERADAS COMO
        FUNDAMENTO PARA REVOCAR UNA DONACIÓN.

      El 16 de febrero de 2024, emitimos una Resolución

concediéndole a la parte apelada el término de treinta (30) días para

presentar su alegato en oposición. El 18 de marzo siguiente, se

cumplió con lo ordenado, por lo que nos damos por cumplidos y a

su vez, decretamos perfeccionado el recurso.

      Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo;

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                  II.

La Moción de Desestimación

      La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.2, dispone que las defensas que tienen las partes para

fundamentar una moción de desestimación son las siguientes: falta

de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia en el

emplazamiento o su diligenciamiento; dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; o dejar de
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acumular una parte que sea indispensable en el pleito. Para que

proceda una moción de desestimación, bajo esta regla, “tiene que

demostrarse de forma certera en ella que el demandante no tiene

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se

pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la

demanda lo más liberalmente a su favor.” Rivera Sanfeliz et al. v.

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora

Development, 187 DPR 649, 654 (2013).

       En fin, ante una moción de desestimación al palio de la Regla

10.2, la demanda y sus alegaciones han de ser consideradas por el

tribunal lo más liberalmente posible a favor de la parte demandante.

El tribunal que evalúa la moción de desestimación debe concederle

a esta el beneficio de toda inferencia posible que pueda surgir de la

demanda. Es norma asentada que no se desestimará la causa de

acción, a menos que se desprenda con toda certeza que el

demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualquier

estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación.

J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San

Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. II, a la pág. 530; Rivera Sanfeliz

et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra; Ortiz Matías et al. v. Mora

Development, supra.

La revocación de las donaciones9

       El Artículo 1305 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec.

10041, dispone que, por el contrato de donación, el donante se

obliga a entregar y transmitir gratuitamente al donatario la

titularidad de un bien. Las causas por las cuales una donación

puede ser revocada se encuentran en el Artículo 1320 del mismo

cuerpo legal, 31 LPRA sec. 10064, a saber:

9 Como consignamos, al caso de autos le es aplicable las disposiciones del Código

Civil de 2020. Como es sabido, mediante la aprobación de la Ley núm. 55-2020,
se adoptó el Código Civil que entró en vigor el 28 de noviembre de 2020. Las
donaciones fueron revocadas mediante escritura pública otorgada el 8 de febrero
de 2021.
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         a. por el incumplimiento de las cargas impuestas al
         donatario;
         b. por cualquiera de las causas de indignidad para
         suceder;
         c. por cualquiera de las causas de desheredación;
         d. cuando al donante sin descendencia le superviene
         un hijo;
         e. cuando el donante no tiene descendencia y se hace
         constar en el texto de la donación la condición
         resolutoria de la supervivencia del descendiente que el
         donante reputa fallecido; o
         f. por negarse el donatario a prestar alimentos al
         donante cuando este no ha podido obtenerlos por las
         personas obligadas por las relaciones de familia.

       De otra parte, en cuanto a las causas de indignidad el

Artículo 1556 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10973, dispone

que:

         Es indigna para suceder:
         (a) la persona que abandona o maltrata física o
         sicológicamente al causante;
         (b) la persona convicta por haber atentado contra la
         vida del causante, de su cónyuge, de sus descendientes
         o de sus ascendientes, del ejecutor o de otro llamado a
         la herencia cuya muerte favorezca en la sucesión al
         indigno;
         (c) la persona convicta por acusar o denunciar
         falsamente al causante de la comisión de un delito que
         conlleva una pena grave;
         (d) la persona que deja de cumplir durante tres (3)
         meses consecutivos o seis (6) alternos con la obligación,
         impuesta administrativa o judicialmente, de alimentar
         al causante;
         (e) la persona que, mediante dolo, intimidación, fraude
         o violencia induce o impide al causante otorgar, revocar
         o modificar su testamento; o el que, conociendo estos
         hechos, los utiliza para su beneficio; y,
         (f) la persona que destruye, oculta o altera el testamento
         del causante.

       El Código Civil de 1930 en su Artículo 685 inciso ocho (8), 31

LPRA sec. 2261, contenía como casual de indignidad “[e]l que

hubiese maltratado físicamente a un ascendiente o causante.” Por

ende, el nuevo código incluyó el maltrato psicológico como causa de

indignidad. En los comentarios al nuevo precepto se indicó que: “[e]l

inciso (a) de este artículo sustituyó la prostitución y corrupción del

causante “por lo más abarcadora del maltrato sicológico que incluye

lo anterior.” Garay Aubán, Miguel R. (compilador): Código Civil 2020

y su Historial Legislativo, Ediciones SITUM, 2da. Ed., 2021, Tomo 5,

a la pág. 28. Al respecto, destacamos que el inciso (1) del Artículo

685 disponía como causal de indignidad: “Los padres que
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abandonaren a sus hijos y prostituyeren a sus hijas o atentaren a

su pudor.”

      Respecto a las causas para desheredar a los descendientes,

el Artículo 1635, 31 LPRA sec. 11195, las enumera como sigue: (a)

haber negado alimentos al testador sin motivo legítimo, (b) haber

maltratado, injuriado gravemente o atentado contra la vida del

testador, o (c) haber sido negligente en tomar a su cuidado al

testador cuando se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí

mismo.

      El Artículo 778 inciso (2) del Código Civil de 1930 también

establecía como causa del progenitor para desheredar al hijo el

“[h]aberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.”

Al respecto, el tratadista Vélez Torres comenta que “la injuria (sea

ésta verbal o escrita), así como los malos tratos han de ser graves.

Este requisito de gravedad se entiende por el hecho de que el acto

de desheredación siempre debe considerarse como un ataque al

instituto     de   las   legítimas;    siendo,    pues,   excepcional   la

desheredación, sus causas han de ser graves para que cumplan el

requisito de ‘justas’.” [Énfasis nuestro]. José Ramón Vélez Torres,

Curso de Derecho Civil, Derecho de Sucesiones, Tomo IV, Vol. III, 2

da. Ed., 1992, a la pág. 295. Además, en Rodríguez Amadeo v.

Santiago Torres, 133 DPR 785 (1993) a las págs. 797-798, el alto

foro consignó lo siguiente:

                El Artículo 778 del Código Civil, 31 [LPRA] sec.
            2456, en lo pertinente dispone que será causa para
            desheredar a los hijos y descendientes el “haberle
            maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.”
            Por otra parte, el Artículo 150 del Código Civil, 31
            [LPRA] sec. 569, dispone que cesará la obligación de dar
            alimentos, entre otras cosas, cuando el alimentista, sea
            o no heredero forzoso, hubiere cometido alguna falta de
            las que dan lugar a la desheredación”. Teniendo
            presente lo preceptuado por los Artículos 778 y 150 del
            Código Civil, debemos primeramente determinar qué se
            considera una injuria grave para efectos de este
            articulado.
                Los tratadistas están acorde en que para determinar
            qué es una injuria grave el tribunal debe aplicar un
            criterio restrictivo “... para evitar que cualquier
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           expresión lanzada en un momento de discusión o de
           apasionamiento pueda después servir de base para un
           resultado de desheredación”. F. Puig Peña, Tratado de
           Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado,
           Vol. II, 1963, a la pág. 432. La dificultad para el
           juzgador estriba en determinar cuándo es grave la
           injuria o no. Para ello es necesario que haya mediado
           la intención o el animus injuriandi de esa causa; no
           basta la imprudencia temeraria. J. Vallet de Goytisolo,
           Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
           Madrid, Ed. Edersa, 1980, T. XI, pág. 571. Sobre la
           imprudencia temeraria debemos señalar que:

             ... excluye en gran parte la intención: o se constituye
             por un exceso de descuido o por una gran ignorancia
             de lo que se hace y debe hacerse. En ambos casos, falta
             la malicia, el propósito de hacer daño, quedando sólo
             un grado de intención indirecta, remota, que
             únicamente aprecia y determina la filosofía pura". Q.
             M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1944, T.
             XIV, pág. 1029.

               Además, el juzgador deberá considerar los
           siguientes factores a la hora de decidir si se incurrió en
           una conducta injuriosa de tipo grave que amerite la
           desheredación: el tono de la familia, la conducta filial
           en general y el contexto social al momento en el que se
           produce la ofensa. Albaladejo, op. cit. Esto último es
           bien importante porque si bien es cierto que por medio
           de la desheredación se persigue sancionar el
           incumplimiento de los deberes familiares y vindicar a
           las figuras de autoridad, como son los padres, por otra
           parte, hay que tener cuidado de no aplicar a
           determinado núcleo familiar unos criterios rígidos que
           ellos mismos nunca han fomentado. Sobre este punto
           nos comenta Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña en La
           obligación alimentaria: deber jurídico, deber moral,
           México, Universidad Nacional Autónoma de México,
           1989, pág. 144: […][Énfasis nuestro]

      En conclusión, y en lo aquí pertinente, para efectos de la

revocación de donaciones se consideran como causales; el maltrato

tanto físico como psicológico y la injuria grave.

                                      III.

      En esencia, la parte apelante señaló que erró el foro a quo al

desestimar la demanda enmendada. En especial, estos aducen que

las alegaciones son suficientes para establecer la causa de acción

instada.

      Como indicamos, para que proceda una solicitud de

desestimación, al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento

Civil, supra, hay que demostrar de forma certera que el demandante

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho.

Asimismo, los elementos de evaluación requieren considerar las
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alegaciones de la manera más liberalmente posible a favor de la

parte demandante; así como concederle a esta toda inferencia

posible que pueda surgir de la demanda.

      En virtud de dicho estándar de revisión, y a manera

ilustrativa, surge de la Demanda Enmendada las siguientes

alegaciones:

       28. Luego de Don Jorge y Doña Hilda ceder parte de sus
       participaciones a Jorge hijo, Necco expandió y para ello
       don Jorge dio garantías personales para préstamos
       tomados por Necco para expandir. Al tiempo, y al ver el
       estilo de vida de Jorge hijo, se preocupó por el estado
       financiero de la corporación pues quería estar seguro de
       Necco pudiera cumplir sus obligaciones financieras y no
       verse don Jorge y doña Hilda, ya envejecientes,
       perjudicados por las garantías personales brindadas. Don
       Jorge en repetidas ocasiones inquirió con su hijo sobre
       ciertos aspectos financieros de la corporación,
       incluyendo los salarios que se adjudicó Jorge hijo, pero
       éste siempre se negó a brindar dicha información.
       29. Pensando que Jorge hijo sería más transparente
       con sus hermanas, y dado que siempre fue la intención de
       don Jorge y doña Hilda en beneficiar a sus hijas también,
       don Jorge y doña Hilda donaron el restante de las acciones
       a sus dos hijas Mariel e Eunice. Mariel levantó serias
       dudas sobre el manejo de los asuntos corporativos, el
       cumplimiento con leyes fiscales, el pago y distribución de
       dividendos, la distribución de su capital, el acceso a los
       libros y récords financieros de Necco, entre otros. Sin
       embargo, Jorge hijo se negó a ser transparente. En su
       lugar, utilizó las corporaciones como subterfugio y
       demandó a sus padres y a su hermana en vez de
       proveer la información que se les solicitaba.
        30. Ante estas circunstancias el demandado Jorge hijo
       incurrió en una práctica de ataques injustificados
       hacia sus padres y de la manera más vil e ingrata que un
       hijo puede actuar para con sus padres, quienes ya se
       encontraban en edad avanzada y aquejados por sus
       condiciones de salud, les demandó e injurió gravemente
       de obra y palabra. En su lugar, utilizó las corporaciones
       como subterfugio y demandó a sus padres y a su
       hermana en vez de proveer la información que se les
       solicitaba. Así, los demandados le imputan a su madre
       apropiarse ilegalmente de una cantidad de dinero
       insignificante con relación al valor de las acciones
       corporativas que ésta le había entregado por mera
       liberalidad como donación. Dicha actuación constituye
       una grave ofensa e injuria de palabra hacia una persona
       que siempre gozó de reputación y reconocimiento entre la
       comunidad y que cuando fue demandada no podía
       defenderse por encontrarse incapacitada.
        31. En las reclamaciones incoadas, los demandados
       también transgreden la dignidad, honor, reputación y
       buen nombre de su padre Jorge Machado al acusarlo
       falsamente de una serie de hechos aberrantes como que
       amenazarlo con “matarlos a todos” mientras conducía un
       vehículo a alta velocidad. Calumnió a su padre
       acusándolo de maltratante, física y emocionalmente,
       de su madre y de sus dos hijos mayores.
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       32. En las reclamaciones incoadas ante el tribunal, el
       demandado Jorge hijo hace una relación de hechos falsos
       para justificar sus actuaciones, tales como alegados
       atentados hacia la vida y la integridad que hiciera Don
       Jorge hacia su amada esposa Doña Hilda. Dichas
       alegaciones que no cuentan con otra evidencia que la
       declaración viciosa del demandado Jorge hijo, en la que
       siquiera expresa la fecha en que se produjeron dichos
       hechos, se hicieron con el único ánimo de deshonrar el
       nombre de Don Jorge. Tal calumnia constituye una grave
       injuria de palabra y de obra, así como acto de maltrato
       sicológico.
       33. La demandada Eunice conociendo la falsedad de
       dichas acusaciones, injuria gravemente a su padre al
       aseverar bajo juramento en los pleitos incoados que las
       alegaciones de su hermano son ciertas. La demandada
       no respeta los principios básicos familiares a pesar de que
       por los pasados 15 años ha abusado económicamente de
       sus padres viviendo en una propiedad que les pertenece,
       sin ni siquiera aportar para sus gastos básicos.
       34. La demandada Eunice mediante deposición de 2 de
       junio de 2022 falsamente acusó a su padre de abuso
       físico y emocional hacia su madre por años y de que
       atentó contra la vida de su hermano. Dichas
       acusaciones que no son ciertas se hicieron a los únicos
       efectos de justificar que dos hijos que recibieron una
       donación millonaria de sus padres, ahora en la última de
       etapa de su vida, lo demanden por cobro de dinero.
       35. Por lo anterior, ambos demandados han incurrido
       en una conducta injuriosa de tipo grave que amerita la
       desheredación según los criterios del caso de Rodríguez
       Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785 (1993) que
       son: […].

      Así, y luego de realizar el análisis requerido, según

explicamos, es forzoso concluir que las alegaciones no aducen la

causa de acción invocada. Sin duda, el foro apelado no erró al

concluir que “[l]as alegaciones de la demanda enmendada van

dirigidas, en su mayoría, a cuestionar el manejo de la corporación

por parte del demandado Jorge Machado Ruiz y los incidentes

relacionados a cuestionamientos familiares por asuntos de negocio.”

En este sentido, de las propias alegaciones de la parte apelante

surge que el supuesto maltrato e injuria fueron realizados en el

marco de varias acciones judiciales y luego de ciertas desavenencias

familiares en el manejo de las distintas corporaciones. Por ende,

razonamos que tampoco erró el TPI al concluir que “el hecho de que

las corporaciones hubiesen demandado a los aquí demandantes, por

cobro de dinero, no implica un acto de maltrato o injuria grave que

dé lugar a revocar las donaciones.”
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      En la Sentencia apelada el TPI tomó conocimiento judicial de

los casos SJ2018CV10602 y SJ2018CV10603, en los cuales las

demandantes son Necco Inc., y Medical Express Rental Equipment,

Inc., respectivamente. Sabido es que una corporación posee su

propia personalidad jurídica separada y distinta a la de sus

accionistas. Artículo 1.05 de la Ley General de Corporaciones, 14

LPRA 3505; Sunc. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451

(1968); D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, 132 DPR 905, 924

(1993). Por ende, las reclamaciones en ambos casos no fueron

instadas por Jorge y Eunice en su carácter personal. Por lo que es

menester puntualizar que la causa de acción aquí instada es de

revocación de donaciones, no una demanda en daños y perjuicios

por persecución maliciosa. En consecuencia, su analogía para

efectos del presente análisis es improcedente según infiere la parte

apelante en el recurso.

      De otra parte, las expresiones realizadas por Jorge y Eunice

fueron formuladas en el transcurso de un pleito judicial. Según

surge del Apéndice del Recurso, la Declaración Jurada de Jorge fue

realizada el 15 de enero de 2021, y si tomamos como ciertas las

declaraciones allí contenidas, las mismas no satisfacen los criterios

relativos a las causales de indignidad ni de desheredación. De igual

manera, las expresiones de Eunice fueron realizadas durante una

deposición como parte de un procedimiento judicial. En este sentido,

aún cuando lo declarado fuera cierto, ello por sí tampoco cumple

con algunas de las causales de indignidad ni de desheredación.

Como consignamos en el derecho precedente, el análisis de las

expresiones, para determinar si estas configuran una injuria grave,

requieren un criterio restrictivo y sus causas han de ser graves.

Sobre este particular, apuntalamos que parte de las expresiones de

Jorge y Eunice reflejan lo que ellos consideran ocurrió durante su

propia niñez, y otras van dirigidas a expresar asuntos sobre los
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manejos de los entes corporativos, lo cual entendemos no supera

dicho criterio. Incluso, si bien en Rodríguez Amadeo v. Santiago

Torres, supra, a la pág. 797, nuestro alto foro analizó “si fue correcta

la determinación del tribunal de instancia a los efectos de que el

joven Neftalí incurrió en conducta injuriosa contra su padre, de tal

forma que ésta da lugar a una causal de desheredación, lo que

elimina a su vez el deber del padre alimentarle”, el Código Civil

vigente es claro al disponer como causas de indignidad y

desheredación el maltrato físico y/o psicológico, y la injuria grave.

Reiteramos, que declaraciones que versan sobre desavenencias,

agravios, experiencias familiares y diferencias relativas a la

administración de los negocios no cumplen con las causales para la

revocación de una donación.

       A lo previamente indicado, agregamos que concurrimos con lo

expresado por el TPI en el dictamen apelado, respecto a que las

expresiones formuladas en el transcurso de un pleito judicial no

están revestidas de la intención de injuriar que el Tribunal Supremo

ha determinado es imprescindible al evaluar la gravedad de la

injuria.10 Además, como indicara la parte apelada, las acciones

instadas en los casos SJ2018CV10602 y SJ2018CV10603 en

recobro de lo indebidamente pagado o cobrado, no equivale a una

acusación de “apropiación ilegal o cualquier otro delito que apareje

una pena capaz de constituir una causal suficiente para revocar

unas donaciones.”11

       En resumen, considerando las alegaciones de la demanda lo

más liberalmente posible a favor de la parte apelante, resulta forzoso

10 En nuestro ordenamiento jurídico existen determinadas comunicaciones que

están protegidas, dada su naturaleza. Una de estas instancias donde
generalmente se reconoce inmunidad es durante los procedimientos judiciales.
Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 157 (2013). Esta inmunidad no
se limita, exclusivamente, a las expresiones que vierta un juez, sino que incluye
las expresiones de los testigos y abogados. Estas expresiones son protegidas pues
gozan de alto interés público en la administración de la justicia y en el libre acceso
a los tribunales. Íd.
11 Véase la Oposición a la Apelación, a la pág. 16.
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colegir que esta no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualquier

estado de derecho, que se pudiese probar en apoyo a su reclamación

para revocar las donaciones. Por ende, los errores señalados no

fueron cometidos por el foro primario.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones