Court Opinion

ID: 9941541
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:52.580848+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.721469
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
                                 PANEL X

                                                  Apelación
   MARIANITA SOLIVÁN                              procedente del
        TORRES                                    Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
           Apelado                                Sala Superior de
                                                  San Juan

              V.                KLAN202300804 Caso Núm.:
                                              SJ2021CV02145

    COOPERATIVA DE                                Sobre:
  SEGUROS DE VIDA DE                              Incumplimiento
     PUERTO RICO                                  de Contrato de
                                                  Póliza de Seguro de
          Apelante                                Vida, Daños y
                                                  Perjuicios

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

      El 11 de septiembre de 2023, compareció ante este Tribunal

de Apelaciones, la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico

(en adelante, parte apelante o COSVI), por medio de Apelación.

Mediante esta nos solicita que, revisemos la Sentencia Parcial

emitida el 24 de abril de 2023, y notificada el 25 de abril de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan. En

virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción

en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial e Imposición de Honorarios

de Abogado por Temeridad, presentada por la señora Marianita

Solivan Torres (en adelante, parte apelada o señora Solivan Torres),

y declaró No Ha Lugar la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria

y Solicitud de Desestimación bajo la Regla 10.2 de las de

Procedimiento Civil, presentada por COSVI.

Número Identificador
SEN2024 ________________
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      Por los fundamentos que adelante se esbozan, se confirma el

dictamen apelado.

                                  I

      Los hechos que propiciaron el recurso de epígrafe, se

remontan a una Demanda sobre incumplimiento de contrato de

póliza de seguro de vida, y daños y perjuicios, presentada por la

señora Solivan Torres, en contra de COSVI. Según se desprende de

la Demanda, para el 2 de junio de 2004, la parte apelante emitió la

póliza de seguro de vida individual número 3403135 a un término

de treinta años, donde, la dueña y asegurada de esta lo era la hija

de la parte apelada, la señora Marie Santiago Solivan (en adelante,

señora Santiago Solivan). En la aludida póliza, la señora Santiago

Solivan designó como beneficiario a su esposo, el señor William

Davis Rodríguez (en adelante, señor Davis Rodríguez), y como

beneficiarios contingentes al señor William P. Davis y a la señora

Gladys Rodríguez, y se reservó el derecho de cambiar tales

designaciones. La parte apelada sostuvo que, el 7 de enero de 2016,

la señora Santiago Solivan compareció a las oficinas de COSVI con

el propósito de solicitar un servicio sobre cambios de beneficiarios y

de dirección postal. Arguyó que, en dicho cambio de beneficiarios,

la señora Santiago Solivan nombró a su hijo William Joseph Davis

Santiago (menor de edad en ese entonces), a la señora Solivan

Torres, y como beneficiaria contingente a su hermana, la señora

Lisandra Santiago.    Posteriormente, para el 12 de noviembre de

2020, la señora Santiago Solivan falleció, mientras se encontraba

vigente la póliza de seguro de vida número 3403135.         La parte

apelada adujo que, al cumplir con acreditar el fallecimiento de la

señora Santiago Solivan, había originado por derecho propio una

reclamación contra COSVI para el pago de importe correspondiente

que le asistía, por la suma de cincuenta mil dólares ($50,000.00),

en carácter de beneficiaria designada en la póliza de seguro de vida
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número 3403135. Alegó que, mediante una carta con fecha del 5 de

febrero de 2021, se le informó a la señora Solivan Torres que no

procedía el pago a su favor de los beneficios cubiertos en la póliza.

Lo anterior, debido a que, el 28 de diciembre de 2020, tales

beneficios fueron pagados al “beneficiario designado” en la póliza, el

señor Davis Rodríguez. A estos efectos, sostuvo que, la negativa de

COSVI constituía un incumplimiento de contrato, y por ello, entre

otras cosas, le solicitó al foro primario que le ordenara el pago de la

póliza.

      En respuesta, COSVI presentó la Contestación a Demanda.

Por medio de esta, alegó que, el solicitante del seguro de vida

individual fue el señor Davis Rodríguez y que, conforme a la política

de COSVI, era el dueño de la póliza.            Aseguró que, como

consecuencia de lo anterior, la señora Santiago Solivan no estaba

autorizada a realizar cambios de beneficiarios. Finalmente, adujo

que, COSVI había actuado conforme a sus políticas y las cláusulas

de la póliza número 3403135, de modo que, entendía que la

alegación de incumplimiento de contrato era inmeritoria.

      Posteriormente, la parte apelada presentó la Demanda

Enmendada. De las alegaciones de esta surge que, luego de la fecha

de efectividad de la póliza de seguro individual número 3403135,

COSVI le envió un duplicado de la misma a la señora Santiago

Solivan. De la página de cubierta de dicha póliza, surgía que, esta

fue registrada a nombre de la señora Santiago Solivan. Arguyó que,

la copia de la póliza contenía una tabla de información donde se

reflejaba a la señora Santiago Solivan como asegurada y dueña de

la póliza. La Demanda Enmendada reiteraba el trámite reseñado en

la Demanda, respecto al cambio de beneficiarios en la póliza número

3403135. Indicó, además que, en ningún momento COSVI le remitió

comunicación escrita donde le informara que el cambio de

beneficiarios solicitado le hubiese sido denegado. Al contrario, la
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parte apelante, el 23 de diciembre de 2020 le remitió una misiva

suscrita por el señor Abdel Meléndez, Supervisor del Departamento

de Selección y Emisión, donde le notificó a la señora Santiago

Solivan que, el “cambio de beneficiarios solicitado en su póliza fue

realizado”. Alegó incumplimiento de contrato por parte de COSVI,

al no honrar el pago a los beneficiarios designados.

      Por su parte, COSVI negó lo alegado por la parte apelada en

su Contestación a Demanda Enmendada. Acotó que, a pesar de que

la Hoja de Información reflejaba y confirmaba el cambio de

beneficiarios, como cuestión de derecho de seguros, el dueño de la

póliza es quien adquiere la póliza y quien paga la prima. Conforme

a ello, alegó afirmativamente que, la señora Santiago Solivan no

tenía derecho a realizar un cambio de beneficiarios, y que, cualquier

cambio de beneficiarios hecho a solicitud de esta era nulo e inválido.

      Subsiguientemente,      COSVI     presentó   la   Contestación

Enmendada a Demanda Enmendada, donde, entre otras cosas,

expresó que, lo indicado en la Tabla de Información Básica era un

error, ya que, el dueño de la póliza es la persona o entidad que firma

como solicitante, y quien en este caso, era el señor Davis Rodríguez.

Alegó, además que, no hubo un cambio de beneficiarios, sino, una

solicitud de información y que por eso, se había originado la carta

enviada a la señora Santiago Solivan.

      Luego     de   varios   incidentes   procesales    innecesarios

pormenorizar, el 31 de mayo de 2022, la parte apelada presentó la

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial e Imposición de

Honorarios de Abogado por Temeridad.        Mediante esta, propuso

cincuenta y nueve hechos que, a su juicio, no estaban en

controversia.    Asimismo, alegó que, procedía que se dictara

sentencia sumaria debido a que, la señora Santiago Solivan se

consideraba dueña y asegurada de la póliza. Lo anterior, debido a

que las primas mensuales de la póliza eran pagadas con fondos
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pertenecientes a la sociedad legal de gananciales que estaba

constituida con el señor Davis Rodríguez. Además, por las siguientes

razones: porque la señora Santiago Solivan aparecía nombrada

como dueña en el contrato redactado por COSVI; porque la señora

Santiago Solivan había realizado el cambio de beneficiarios con la

anuencia de COSVI, sin que esta última le hubiese notificado en

ningún momento que no tenía derecho a realizar el cambio y por

último, debido a que COSVI realizó el aludido cambio solicitado por

la señora Santiago Solivan y fue acreditado mediante una carta

firmada por el supervisor del Departamento de Emisión Individual.

      Así las cosas, COSVI presentó la Oposición a Solicitud de

Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación bajo la Regla 10.2

de las de Procedimiento Civil. Adujo que, había cumplido con el pago

de los beneficios de la póliza como correspondía en derecho al señor

Davis Rodríguez. De igual manera, acotó que, nunca recibió una

solicitud de cambio de beneficiario del dueño o titular de la póliza, y

que   como   consecuencia,    cualquier   solicitud   de   cambio   de

beneficiarios realizada por la señora Santiago Solivan era ilegal.

Finalmente, solicitó al foro a quo que denegara la solicitud de

sentencia sumaria presentada por la parte apelada y que

desestimara la demanda con perjuicio.

      Por otro lado, la parte apelada presentó la Réplica a “Oposición

a Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación bajo la

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil”. Acotó que, la oposición

presentada por la parte apelante no cumplía con los criterios

establecidos por la Regla 36 de Procedimiento Civil. Reiteró que,

COSVI había demostrado temeridad, al no asumir responsabilidad

y al haberle pagado al señor Davis Rodríguez el importe total de la

cubierta de la póliza. Sostuvo que, COSVI incurrió en múltiples

prácticas que demostraron temeridad.
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      Finalmente, la primera instancia judicial emitió la Sentencia

Parcial cuya revisión nos atiene. En virtud de esta, declaró Ha Lugar

la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial e Imposición de

Honorarios de Abogado por Temeridad presentada por la parte

apelada. De igual manera, dispuso las siguientes determinaciones

de hechos:

      1.     La señora Marianita Solivan Torres es mayor de
             edad, soltera y vecina de Bayamón, Puerto Rico.

      2.     COSVI es una cooperativa de seguros organizada al
             tenor del Capítulo 34 del Código de Seguros de
             Puerto Rico.

      3.     La Sra. Santiago y el Sr. Davis contrajeron
             matrimonio entre sí el 26 de agosto de 1992 en
             Bayamón, Puerto Rico.

      4.     La Sra. Santiago y el Sr. Davis constituyeron su
             matrimonio bajo el régimen económico de sociedad
             legal de gananciales.

      5.     Durante su matrimonio, la Sra. Santiago y el Sr.
             Davis rindieron “Planillas de Contribución Sobre
             Ingresos de Individuos” ante el Departamento de
             Hacienda de Puerto Rico de forma conjunta como
             casados, bajo la categoría “estado personal al
             finalizar el año contributivo”.

      6.     Durante su matrimonio, la Sra. Santiago y el Sr.
             Davis procrearon un hijo, de nombre William
             Joseph Davis Santiago, nacido el 24 de septiembre
             de 1998.

      7.     El 2 de junio de 2004, la Sra. Santiago y el Sr. Davis
             presentaron ante COSVI la solicitud de seguro de
             vida individual número 107778, a término de
             treinta (30) años, siendo cien mil dólares
             ($100,000.00) la cantidad asegurada.

      8.     El interés objeto de asegurabilidad en la solicitud
             de seguro de vida individual, número 107778, era
             la vida de la Sra. Santiago.

      9.     En la solicitud de seguro de vida individual número
             107778, la Sra. Santiago y el Sr. Davis informaron
             una sola dirección postal suya para el envío de
             avisos a ellos por COSVI: P.O. Box 675, Bayamón,
             PR 00960.

      10. Según se informó en la solicitud de seguro de vida
          individual, número 107778, para el 2 de junio de
          2004, la Sra. Santiago se desempeñaba como
          secretaria del Sr. Davis en la oficina que, ejerciendo
          como quiropráctico, este operaba.
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     11. En la solicitud de seguro de vida individual,
         número 107778, la Sra. Santiago designó como
         beneficiario al Sr. Davis; y, como beneficiarios
         contingentes, a los progenitores de este, el Sr.
         William P. Davis y la Sra. Gladys Rodríguez.

     12. En la solicitud de seguro de vida individual número
         107778, se hizo reserva de derecho para el cambio
         de beneficiarios.

     13. Con anterioridad al espacio disponible para las
         firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, el
         formulario de solicitud de seguro de vida
         individual, número 107778 provisto por COSVI, no
         incluyó en algunas de sus partes para identificar
         clara y explícitamente por nombre y apellidos a la
         persona que se consideraría como “solicitante” de
         la póliza.

     14. Con anterioridad al espacio disponible para las
         firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, el
         formulario de solicitud de seguro de vida
         individual, número 107778, provisto por COSVI no
         incluyó una definición explicativa del término
         “solicitante” de la póliza, así como tampoco en
         cuanto a si tal “solicitante” podía ser persona
         distinta de la propuesta asegurada y las
         consecuencias legales que ello conllevaba de ser tal
         cosa posible.

     15. Con anterioridad al espacio disponible para las
         firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, en el
         formulario de solicitud de seguro de vida individual
         número 107778 provisto por COSVI, se hizo
         constar en negrillas que “[s]olo un oficial
         autorizado tiene autoridad para contratar o alterar
         un contrato de seguro o para comprometer a la
         Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico en
         forma alguna”.

     16. La Sra. Santiago firmó el formulario de solicitud de
         seguro de vida individual número 107778 provisto
         por COSVI, en el espacio titulado “Firma del
         propuesto asegurado principal”.

     17. El Sr. Davis firmó el formulario de solicitud de
         seguro de vida individual número 107778 provisto
         por COSVI, en el espacio titulado “Firma del
         solicitante si no es el propuesto asegurado”.

     18. Con posterioridad al espacio disponible para las
         firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, en el
         formulario de solicitud de seguro de vida individual
         número 107778 provisto por COSVI, fue que se
         hizo constar en negrillas que “[c]uando el
         solicitante no sea el propuesto Asegurado, dicho
         solicitante será el dueño de la póliza”.
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     19. Con anterioridad al espacio disponible para las
         firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, el
         formulario de solicitud de seguro de vida individual
         número 107778 provisto por COSVI, no incluyó en
         algunas de sus partes para identificar clara y
         explícitamente, por nombre y apellidos, a la
         persona que se consideraría como “dueño” de la
         póliza.

     20. Con anterioridad al espacio disponible para las
         firmas de la Sra. Santiago y el Sr. Davis, el
         formulario de solicitud de seguro de vida individual
         número 107778 provisto por COSVI, no incluyó
         una definición explicativa del término “dueño” de
         la póliza, así como tampoco en cuanto a si tal
         “dueño” podía ser una persona distinta de la
         propuesta asegurada y las consecuencias legales
         que ello conllevaba, de ser posible.

     21. Luego de la fecha de efectividad de la póliza de
         seguro de [vida] individual a término #3403135, a
         solicitud de la Sra. Santiago, COSVI le envió un
         duplicado de esta, acompañada de una carta.

     22. La carta y duplicado de la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135 que COSVI envió a
         la Sra. Santiago, según solicitado por ella, consiste
         de veintiséis (26) páginas.

     23. COSVI envió a la Sra. Santiago la carta y duplicado
         de la póliza de seguro de [vida] individual a término
         #3403135 a la dirección postal P.O. Box 675,
         Bayamón, PR 00960-0675.

     24. La cubierta de la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135 aparece registrada
         a nombre de la Sra. Santiago.

     25. La póliza de seguro de [vida] individual a término
         #3403135 contiene un índice indicativo de que en
         la página tres (3) aparece una tabla de información
         básica de la misma.

     26. Según la tabla de información básica de la póliza
         de seguro de [vida] individual a término #3403135,
         la cantidad asegurada por COSVI fue cien mil
         dólares ($100,000.00).

     27. Según la tabla de información básica de la póliza
         de seguro de [vida] individual a término #3403135,
         aparece la Sra. Santiago como asegurada de la
         póliza.

     28. Según la tabla de información básica de la póliza
         de seguro de [vida] individual a término #3403135
         aparece la Sra. Santiago como dueña de la póliza.

     29. El Sr. Davis no aparece nombrado en página
         alguna de la póliza de seguro de [vida] individual a
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         término #3403135, incluyendo su portada y la
         tabla de información básica de la misma.

     30. En el historial de pagos mensuales de primas de
         seguro realizados a COSVI, relacionados a la póliza
         de seguro de [vida] individual a término #3403135,
         aparece identificada la Sra. Santiago como
         “pagador”.

     31. Dada su entonces condición delicada de salud, el 5
         de enero de 2016, la Sra. Santiago suscribió bajo
         juramento ante notario público una “Declaración
         Previa de Voluntad (Directrices Adelantadas) y
         Nombramiento de Mandatario(a)” en la que designó
         como tal a su hermana Lisandra Santiago y, como
         mandataria alterna, a su madre, la Sra. Solivan.

     32. Con respecto a la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135, el 7 de enero de
         2016, la Sra. Santiago compareció personalmente,
         acompañada por Lisandra Santiago, a la Oficina
         Central de COSVI, [D]epartamento de Servicios al
         Cliente, a fin de solicitar un servicio sobre cambios
         de beneficiarios y de dirección postal en la misma,
         según se detalla a continuación:

         a. Cambio de beneficiarios añadiendo a Solivan
            Torres y William Joseph Davis Santiago como
            primarios; y, como beneficiaria contingente, a
            Lisandra. Esto, a su vez, eliminados a “todos los
            anteriores” beneficiarios; y

         b. Cambio de dirección postal a P.O. Box 3428,
            Guaynabo, PR 00970.

     33. Conforme al procedimiento establecido por el
         [D]epartamento de Servicios al Cliente de COSVI,
         para el 7 de enero de 2016, una solicitud de
         cambios a la póliza no podía ser tramitada sin que
         antes un representante de dicho departamento
         corroborase quién era el dueño de la póliza, pues
         solo esa persona estaría autorizada para realizar
         cambios a la misma.

     34. Conforme al procedimiento establecido por COSVI
         para el 7 de enero de 2016, su [D]epartamento de
         Servicios al Cliente tenía facultad para aprobar
         cambios de dirección postal a una póliza solamente
         si tal solicitud era realizada por el dueño de esta.

     35. El 7 de enero de 2016, la representante del
         Departamento de Servicios al Cliente de COSVI que
         atendió personalmente a la Sra. Santiago con
         relación a su solicitud de cambios de dirección
         postal y beneficiarios en la póliza corroboró, antes
         de proceder con tal solicitud, que ella aparecía
         registrada como dueña de esta.

     36. La corroboración de que la Sra. Santiago era la
         dueña de la póliza, que realizó la representante del
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         Departamento de Servicios al Cliente de COSVI el
         7 de enero de 2016, consistió en que, al atenderla
         inicialmente, le preguntó en qué la podía ayudar, a
         lo cual la Sra. Santiago le informó su deseo de
         hacer cambios de dirección y beneficiarios en la
         póliza. Seguido de ello, la empleada procedió a
         identificar a la Sra. Santiago solicitándole un
         documento de identidad con foto, el cual proveyó.
         Luego, la empleada revisó la póliza y le comentó
         que podía hacer cambios de beneficiarios porque
         así se hizo constar en la solicitud de la póliza y que,
         como ella aparecía registrada como dueña de esta,
         podía solicitar los cambios que deseaba realizar.

     37. El 7 de enero de 2016, luego de que la
         representante del [D]epartamento de Servicios al
         Cliente de COSVI corroboró que la Sra. Santiago
         aparecía registrada como dueña de la póliza, le
         facilitó un formulario oficial para formalizar su
         solicitud de cambios de dirección postal y
         beneficiarios en la misma.

     38. El 7 de enero de 2016, luego de la Sra. Santiago
         entregar la solicitud de cambios de dirección postal
         y beneficiarios debidamente completada y firmada
         a la representante del [D]epartamento de Servicios
         al Cliente de COSVI, le fue entregada copia de la
         misma, así como de una “Hoja de Servicio”
         acreditativa del trámite que allí completó en esa
         fecha.

     39. Con relación a la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135, no existe
         comunicación escrita alguna expedida por COSVI
         a la Sra. Santiago, acreditativa de que le informó
         que el cambio de dirección postal a P.O. Box 3428,
         Guaynabo, PR 00970, solicitado por ella
         personalmente en sus oficinas el 7 de enero de
         2016, le fuese denegado.

     40. Con relación a la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135, la solicitud de
         servicio realizada personalmente el 7 de enero de
         2016 en las oficinas de COSVI por [l]a Sra. Santiago
         a los fines del cambio de dirección postal a P.O. Box
         3428, Guaynabo, PR 00970, le fue aprobada en esa
         misma fecha.

     41. Con relación a la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135, con posterioridad
         al 7 de enero de 2016, COSVI, en efecto, envió
         correspondencia a la Sra. Santiago, a la nueva
         dirección postal solicitada por ella: P.O. Box 3428,
         Guaynabo, PR 00970.

     42. Conforme al procedimiento establecido por COSVI
         al 7 de enero de 2016, una solicitud de cambio de
         beneficiarios a una póliza tenía que ser referida al
         [D]epartamento de Emisión Individual para
         evaluación de esta y, una vez recibida por dicho
         [D]epartamento, era su responsabilidad validar si
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         la persona que la solicitó era la dueña de la póliza.
         De ser la dueña de la póliza, se realiza el cambio
         solicitado y, de no serlo, se rechaza la solicitud.
         Para ambos casos se envía una carta informando
         la determinación.

     43. Con relación a la póliza de seguro [de vida]
         individual a término #3403135, COSVI no expidió
         comunicación alguna a la Sra. Santiago, que
         informara que la comunicación escrita alguna
         expedida por COSVI a la Sra. Santiago, acreditativa
         solicitud de cambio de beneficiario fuese denegada.

     44. Para el 23 de diciembre de 2020, el Sr. Abdel
         Meléndez ocupaba el puesto de Supervisor del
         Departamento de Selección y Emisión Individual de
         COSVI.

     45. Con relación a la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135, mediante carta
         fechada 23 de diciembre de 2020, suscrita por el
         Sr. Abdel Meléndez, Supervisor del Departamento
         de Selección y Emisión Individual de COSVI, se
         notificó a la Sra. Santiago, a su nueva dirección
         postal (P.O. Box 3428, Guaynabo, PR 00970), que
         “[e]l cambio de beneficiarios solicitado en su póliza
         fue realizado. Favor de incorporar este documento
         al contrato de su póliza, para facilitar el proceso en
         caso de reclamación”.

     46. Con relación a la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135, en la carta fechada
         23 de diciembre de 2020 suscrita por el Sr. Abdel
         Meléndez, Supervisor del Departamento de
         Selección y Emisión Individual de COSVI, aparecen
         los nombres y apellidos de los beneficiarios
         originalmente nombrados con un cero por ciento
         (0.00%).

     47. Como Supervisor del Departamento de Selección y
         Emisión Individual de COSVI, el Sr. Abdel
         Meléndez es un oficial autorizado con autoridad
         para contratar o alterar un contrato de seguro o
         para comprometer a COSVI.

     48. En su contestación al “Primer Requerimiento de
         Admisiones” del presente caso, personal de COSVI
         afirmó bajo juramento que “la solicitud de
         enmienda completada por la Sra. Santiago nunca
         llegó al Departamento de Selección y Emisión” y
         que “por tal razón, esa solicitud nunca se trabajó y
         por ende no fue aprobada”.

     49. La Sra. Santiago falleció el 12 de noviembre de
         2020 en San Juan, Puerto Rico, estando
         legalmente casada con el Sr. Davis.

     50. El 16 de diciembre de 2020, el Sr. Davis presentó
         electrónicamente ante COSVI una solicitud de
         beneficios por la muerte de la Sra. Santiago,
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         relacionada a la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135.

     51. En respuesta a la “Solicitud de Beneficios Seguro
         Individual e Hipotecario” por muerte de la Sra.
         Santiago, el 28 de diciembre de 2020, COSVI emitió
         a favor del Sr. Davis el cheque número 192931, por
         la suma de cien mil dólares ($100,000.00) por
         concepto de pago de beneficio relacionado a la
         póliza de seguro de [vida] individual a término
         #3403135.

     52. El 28 de enero de 2021, la Sra. Solivan,
         acompañada        por     Lisandra, presentó
         personalmente ante COSVI una solicitud de
         beneficios por muerte de la Sra. Santiago,
         relacionada a la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135.

     53. Mediante carta fechada 5 de febrero de 2021,
         firmada electrónicamente por la señora Graciela N.
         Arce Hernández, Analista de Reclamaciones de
         COSVI, se le informó a la Sra. Solivan que no
         procedía el pago a su favor de los beneficios por
         muerte mencionados en la póliza de seguro de
         [vida] individual a término #3403135, porque tal
         pago había sido realizado “al beneficiario designado
         por la señora Marie la Sra. [sic] Santiago”.

     54. El 3 de marzo de 2021, la Sra. Solivan contrató al
         Lcdo. Rafael A. Rivera Rivera para que le
         representara legalmente con relación a la
         reclamación de beneficio por muerte relacionado a
         póliza de vida que le fue denegada por COSVI.

     55. Los honorarios de abogado pactados por la Sra.
         Solivan con el Lcdo. Rafael A. Rivera Rivera fueron
         establecidos sobre una base de contingencia de un
         veinticinco por ciento (25%) extrajudicialmente o
         un treinta y tres por ciento (33%) judicialmente, de
         cualquier oferta y/o compensación que se
         obtuviera de la aseguradora COSVI.

     56. El 9 de marzo de 2021, la Sra. Solivan, por
         conducto de su abogado, Lcdo. Rafael A. Rivera
         Rivera, notificó electrónicamente a la señora Miriel
         Bermúdez, Supervisora del Departamento de
         Servicios al Cliente y Reclamaciones de COSVI, una
         carta en solicitud de reconsideración a la
         determinación de denegarle su reclamación de
         beneficios por muerte.

     57. Mediante carta fechada 31 de marzo de 2021, sin
         la firma de ejecutivo(a) alguno(a) COSVI, por
         conducto de su [D]epartamento de Operaciones de
         Seguros, Selección y Emisión Individual, se denegó
         la solicitud de reconsideración de la Sra. Solivan.

     58. Durante la vigencia la póliza de seguro de [vida]
         individual a término #3403135, la única solicitud
         de cambio de beneficiarios fue la realizada por la
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             Sra. Santiago el 7 de enero de 2016. El Sr. Davis
             nunca solicitó cambio de beneficiarios.

        De igual forma, determinó que, los actos llevados a cabo por

COSVI, tuvieron el efecto de convalidar el cambio de beneficiarios

realizado por la señora Santiago Solivan, y que por ello, la parte

apelada era beneficiaria de la póliza número 3403135, con pleno

derecho a exigir la satisfacción del importe pagadero dado a que se

cumplió       la     condición          estipulada    en     dicha    póliza.

Consecuentemente, entre otras cosas, el foro primario le ordenó a

COSVI que satisficiera la suma de $50,000.00 (cincuenta mil

dólares) a favor de la señora Solivan Torres, equivalentes al

cincuenta por ciento de la cantidad asegurada en la póliza, por

concepto     de    resarcimiento        de   los   daños   producto   de   su

incumplimiento contractual.              Adicional, le impuso el pago de

honorarios por temeridad.

        Inconforme con la determinación del foro a quo, el 10 de mayo

de 2023, la parte apelante presentó la Moción de Reconsideración de

Sentencia Parcial Archivada en Autos el 25 de abril de 2023. El 11

de mayo de 2023, la parte apelante presentó la Moción de

Reconsideración de Sentencia Parcial Archivada en Autos el 25 de

abril de 2023 (Revisada). Mediante Orden notificada el 15 de mayo

de 2023, el foro de primera instancia ordenó que la moción del 10

de mayo de 2023 fuera tomada por no puesta. No obstante,

subsiguientemente, mediante Resolución, determinó tomar en

consideración la moción de reconsideración presentada el 10 de

mayo de 2023, y dejó sin efecto la Orden emitida el 15 de mayo de

2023.

        Luego de varias incidencias innecesarias pormenorizar, la

primera instancia judicial mediante Resolución emitida el 8 de

agosto de 20231, declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración

1 Notificada el 11 de agosto de 2023.
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de Sentencia Parcial Archivada en Autos el 25 de abril de 2023,

presentada por la parte apelante.

      Aun inconforme con la determinación del Tribunal de Primera

Instancia, la parte apelante acudió ante este foro y esgrimió los

siguientes señalamientos de error:

      •       Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar
              Ha Lugar la moción en solicitud de sentencia
              sumaria parcial e imposición de honorarios de
              abogado por temeridad presentada por la parte
              demandante cuando existen hechos sustanciales
              [en] controversia desde el punto de vista de la
              reclamación de la demandante que justifican
              revocar la sentencia.

      •       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
              determinar que COSVI “ocultó” una carta y que por
              tanto obró de “mala fe”, y al resolver que COSVI
              está obligada a responder por daños y perjuicios a
              la demandante incluyendo los honorarios de
              abogado pactados entre la demandante y su
              abogado cuando dicha carta formaba parte del
              récord y sin evidencia fáctica admisible que
              establezca la referida mala fe.

      •       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
              imponerle a COSVI el pago de $5,000 en concepto
              de honorarios por temeridad. No existe evidencia
              en el récord para establecer mala fe y/o temeridad.

      •       Erró el Tribunal al declarar No Ha Lugar la moción
              bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de COSVI
              cuando no existe relación jurídica alguna entre la
              demandante y COSVI, y habiendo cumplido COSVI
              con su deber de pagar al beneficiario nombrado por
              el dueño o tomador de la póliza.

      Por su parte, la señora Solivan Torres presentó el Alegato de

la Parte Apelada.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos

a resolver.

                                    II

A. Sentencia Sumaria
      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible

en nuestro ordenamiento que nos permite resolver controversias sin
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que se requiera llegar a la etapa de juicio.2 Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., 208 DPR 964 (2022); Serrano Picón v. Multinational

Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); González Meléndez v.

Mun. San Juan, 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023); Birriel Colón v.

Econo y Otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023); Delgado Adorno

v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022). La sentencia sumaria está

regida por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.

V, R. 36, la cual desglosa los requisitos específicos con los que debe

cumplir esta norma procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation,

194 DPR 209, 224 (2015); Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra,

pág. 808.

       Ante la ausencia de una controversia sustancial y real sobre

hechos materiales, sólo resta aplicar el derecho pertinente a la

controversia. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra. Cuando

se habla de hechos materiales, nos referimos a aquellos que pueden

determinar el resultado de la reclamación, de conformidad con el

derecho sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia

sumaria es facilitar la pronta, justa y económica solución de los

casos que no presenten controversias genuinas de hechos

materiales.3    Alicea Pérez v. Coop. Seg. Múlt. et al., 210 DPR 71

(2022); Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 5; Rosado

Reyes v. Global Healthcare., supra, pág. 808; González Meléndez v.

Mun. San Juan, supra. Procede dictar sentencia sumaria si de las

alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia admisible, se acredita

la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún

hecho esencial y material y, además, si procede en derecho. SLG

2 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN et al., 208 DPR 310 (2021); Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR
796, 808 (2020).
3 Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017);

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 13; Roldán Flores v. M. Cuebas,
Inc., 199 DPR 664, 676 (2018).
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Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 13; Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., supra, pág. 6; Birriel Colón v. Econo y Otros, supra;

González Meléndez v. Mun. San Juan, supra.4 De la prueba adjunta

a    la    solicitud    de     sentencia      sumaria,      deberá      surgir

preponderadamente la inexistencia de controversia sobre los hechos

medulares del caso. Birriel Colón v. Econo y Otros, supra.

       Cónsono con esto, en el pasado el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el mecanismo de

sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar los

calendarios de los tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo

que implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase Carpets

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 100

DPR 259 (1971); Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019).

       La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, detalla

el procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar

que se dicte una sentencia sumaria a su favor. A esos efectos,

establece que una solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (1) una

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde

se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser

concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200

4 Véase Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG Zapata-Rivera

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).
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DPR 929, 940 (2018); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra,

pág. 14.

      Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico expresó además en Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág.

699, que el inciso (e) de la Regla 36.3 establece lo siguiente:

            La     sentencia      solicitada   será    dictada
      inmediatamente si las alegaciones, deposiciones,
      contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas,
      en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra
      evidencia demuestran que no hay controversia real
      sustancial en cuanto a algún hecho esencial y
      pertinente y que, como cuestión de derecho, el tribunal
      debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte
      promovente. El tribunal podrá dictar sentencia sumaria
      de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier
      controversia entre cualesquiera partes que sea
      separable de las controversias restantes. Dicha
      sentencia podrá dictarse a favor o contra cualquier
      parte en el pleito. Si la parte contraria no presenta la
      contestación a la sentencia sumaria en el término
      provisto en esta regla, se entenderá que la moción de
      sentencia    sumaria      queda     sometida   para    la
      consideración del tribunal. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).

      La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: 1)

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas;

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o 4)

como cuestión de derecho, no proceda. SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN, supra, pág. 14; Serrano Picón v. Multinational Life Ins.,

supra.

      Cónsono con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia ha

expresado que, el oponente debe controvertir la prueba presentada

con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus

alegaciones. Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; Ramos Pérez v.

Univisión, supra, págs. 215-216. Las meras afirmaciones no bastan.

Íd. “Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos
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presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. Univisión, supra,

pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág.

677. Además, se le exige a la parte que se oponga ciertas exigencias

adicionales. Primeramente, deberá presentar una relación concisa

y organizada de los hechos esenciales y pertinentes que, a su juicio,

estén en controversia, citando específicamente los párrafos según

fueron enumerados por el promovente de la moción.                 SLG

Fernández-Bernal v. RAD-MAN, pág. 15 679 193 DPR 100 (2015).

También, deberá enumerar los hechos que no estén en controversia,

con indicación de los párrafos o páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible donde se establezcan estos. Íd. En adición,

deberá esbozar las razones por las cuales no se debe dictar sentencia

sumaria, argumentando el derecho aplicable. Íd.

      Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra,

se podrán considerar como admitidos y se dictará la Sentencia

Sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.,

supra, pág. 677.

      Respecto a la revisión de las sentencias sumarias, el foro

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de

Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR

115 (2015); González Meléndez v. Mun. San Juan, supra. Nuestro

Máximo Foro ha sido claro en que, [l]os tribunales apelativos

estamos limitados a: (1) considerar los documentos que se

presentaron ante el foro de primera instancia; (2) determinar si

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y

esenciales, y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma correcta.

Birriel Colón v. Econo y Otros, supra. De acuerdo a lo anterior, el

foro apelativo está obligado a examinar de novo la totalidad de los

documentos incluidos en el expediente de la forma más favorable al
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promovido.    Íd.       Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra;

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 116.

B. Regla 44.1-Honorarios de Abogados

      La concesión de honorarios de abogado está regulada por la

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.

44.1 (d). La misma autoriza al Tribunal a imponer honorarios de

abogado cuando una parte o su abogado procede con temeridad o

frivolidad. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210 DPR 163

(2022); SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 147

(2022).

      La temeridad se define como aquella conducta que hace

necesario    un     pleito    que   se   pudo   evitar,   que   lo   prolonga

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en gestiones

evitables. Íd; Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., supra, pág.

193; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010).

Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha expresado también

que “[l]a temeridad es una actitud que se proyecta sobre el

procedimiento       y   que    afecta    el   buen   funcionamiento     y   la

administración de la justicia.” Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR

764, 779 (2001).

      Por otro lado, la frivolidad se define como “aquello que no tiene

razón de ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna.” Depto. Rec. v.

Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 100 (1999). Sólo lo claramente

irrazonable o inmeritorio debe dar paso a una determinación de

frivolidad por un tribunal apelativo. Id.

      En Feliciano Polanco v. Feliciano González, 147 DPR 722, 730

(1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que “[a] modo de

ejemplo, constituyen actos temerarios los siguientes:

      cuando el demandado contesta la demanda y niega su
      responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente;
      cuando se defiende injustificadamente de la acción que
      se presenta en su contra; cuando no admite
      francamente su responsabilidad limitada o parcial, a
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       pesar de creer que la única razón que tiene para
       oponerse a la demanda es que la cuantía es exagerada;
       cuando se arriesga a litigar un caso del que prima facie
       se desprende su negligencia; o cuando niega un hecho
       que le consta ser cierto.”

       El propósito de la imposición de honorarios de abogado en

casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante

perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo

e inconveniencias de un pleito.” Andamios de PR v. Newport Bonding,

179 DPR 503, 520 (2010); Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al.,

supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, págs.

148-149; Fernández v. San Juan Co., Inc., 118 DPR 713, 718

(1987).

       Además, la imposición de honorarios de abogado, tiene como

objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para

compensar los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la

otra parte. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713,

718-719 (1987).     Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que, la

facultad de imponer honorarios de abogados es la mejor arma que

ostentan los tribunales para gestionar de forma eficaz los

procedimientos judiciales y el tiempo de la administración de la

justicia, así como para proteger a los litigantes de la dilación y los

gastos innecesarios. SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág.

149.

       La determinación sobre si una parte ha procedido con

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador

y no será variada en apelación a menos que se demuestre que éste

ha abusado de su discreción. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et

al., supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al, supra, pág.

150.   Tampoco será variada la partida concedida a menos que
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resulte   ser    excesiva,   exigua    o    constituya     un    abuso   de

discreción. Feliciano Polanco v. Feliciano González, supra, a las

págs. 728-729.

C. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

      La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2, faculta a la parte contra la cual se presente una alegación

en su contra a presentar una moción de desestimación, por los

fundamentos siguientes: 1) falta de jurisdicción sobre la materia; 2)

falta de jurisdicción sobre la persona; 3) insuficiencia del

emplazamiento;        4)   insuficiencia     del   diligenciamiento      del

emplazamiento; 5) dejar de exponer una reclamación que justifique

la concesión de un remedio, y 6)           dejar de acumular una parte

indispensable. Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa et

al., 210 DPR 384 (2022); Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank,

193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033,

1049 (2013).     La precitada regla permite a la parte demandada

presentar       una    moción     de       desestimación        debidamente

fundamentada previo a contestar la demanda instada en su contra.

Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020); Casillas

Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240 (2022).

      Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que, al momento de considerar una moción de desestimación, los

tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma

más favorable a la parte demandante. Cobra Acquisitions, LLC v.

Municipio de Yabucoa et al., supra, pág. 396; Casillas Carrasquillo v.

ELA, supra, pág. 247; Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra,

pág. 49; Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, 206 DPR 261, 267 (2021);

Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1049. Es por lo que, para que

proceda una moción de desestimación, “tiene que demostrarse de

forma certera en ella que el demandante no tiene derecho a remedio
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alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se pudiere probar en

apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más

liberalmente a su favor”. Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de

Yabucoa et al., supra, pág. 396; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra,

pág. 247; Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, supra, págs. 267-268;

Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra, pág. 49; Ortiz Matías et

al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); López García v.

López García, 199 DPR 50, 69-70 (2018).

D. El Contrato de Seguro

        En ocasiones recientes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha reconocido el alto interés público con el que está investido el

negocio de seguros en Puerto Rico, “debido al papel que juega en la

protección de los riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de

los ciudadanos” y “la extraordinaria importancia que juegan los

seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”. RJ Reynolds v. Vega

Otero, 197 DPR 699, 706 (2017) (citando a Natal Cruz v. Santiago

Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013)).           Por esas razones, los

seguros cumplen la función social de atenuar los riesgos inherentes

de las relaciones comerciales, al amortiguar los giros violentos de

incertidumbre propios del mercado, aminorar sus efectos y propiciar

el crecimiento estable de la economía. Rivera Matos, et als. v. Triple-

S, et al., 204 DPR 1010 (2020).

        A este contrato de gran complejidad e importancia se le

define como aquel por el que una persona se obliga a indemnizar

a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o

determinable si se produce un suceso incierto previsto en el

mismo. 26 LPRA sec. 1025. Por lo tanto, su propósito es

indemnizar y proteger al asegurado transfiriendo el riesgo a la

aseguradora si ocurre el evento especificado en el contrato.

5 Ley 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, Código de Seguros de Puerto

Rico.
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Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146, 161 (2012).

Los términos del contrato de seguro están contenidos en la póliza.

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). La

póliza es el instrumento escrito en que se expresa un contrato de

seguro y es ley entre las partes. Id.; 26 LPRA sec. 1114(1).

      Se denomina póliza el documento donde se consignan los

términos que rigen el contrato de seguro. Art. 11.140(1) del Código

de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1).        Conforme dispone el propio

Código de Seguros, en primera instancia las cláusulas de una póliza

se interpretarán de manera global, examinando el conjunto total de

las disposiciones, términos y condiciones vigentes a la fecha que se

juzgue relevante. Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec.

1125. Rivera Matos, et als. v. Triple-S, et al., supra, pág. 1020

citando con aprobación a R.J. Reynolds v. Vega Otero, supra pág.

707; y Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015).

      En    consecuencia,    corresponde     interpretar   el   lenguaje

plasmado en la póliza en su acepción de uso común general, sin

ceñirse demasiado al rigor gramatical.        Jiménez López et al. v.

SIMED, 180 DPR 1 (2010); SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR

372 (2009); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008). De

igual forma se examinarán las cláusulas desde la óptica de una

persona normal de inteligencia promedio que fuese a adquirir el

seguro. SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011).

De este modo, se garantiza que el asegurado que adquiere una póliza

reconoce el alcance de la protección del producto que ha comprado.

Rivera Matos, et als. v. Triple-S, et al., supra, pág. 1020.

      Los términos del contrato de seguro se consideran claros

cuando su lenguaje es específico, sin que dé lugar a dudas,

ambigüedades o sea susceptible de diferentes interpretaciones. RJ

Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 708; Echandi Otero v. Stewart
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Title, supra, pág. 370; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág.

387.

       Respecto a la vigencia de una póliza de seguro de vida, nuestro

Máximo Foro ha expresado que esta, se desarrolla en dos etapas: 1)

durante la vida del asegurado y 2) a la muerte de este. Pilot Life Ins.

Co. v. Crespo Martínez, 136 DPR 624, 636 (1994). En la primera

etapa, quien aparece como dueño es el titular de la póliza, y por

ende, tiene todos los derechos que esta le confiere.      El Tribunal

Supremo ha dispuesto que, “[l]a determinación de a quién pertenece

la póliza durante la primera etapa cobra importancia en cuanto a

los derechos que se tienen sobre ella. Únicamente el titular o dueño

de la póliza podrá ejercerlos.” Íd. Entre tales derechos se encuentra

el poder de realizar cambios en la designación de beneficiario. Íd.

pág. 637.    El aludido derecho, se rige por lo establecido en el

contrato de seguro. El mismo puede ser reservado, condicionado o

renunciado. Íd.

       En cuanto a la segunda etapa, esta comienza cuando muere

el asegurado. Es desde entonces que, el beneficiario adquiere un

derecho propio y distinto al perteneciente al tomador del seguro

sobre el producto de la póliza. Íd. pág. 636.

       Nuestra más Alta Curia ha reseñado que, no empece el modo

de adquisición de la póliza, el derecho sobre la titularidad de una

póliza de seguro de vida es personalísimo. Cónsono con ello, “será

titular aquel sobre la vida del cual se haya tomado el seguro por

razón de la relación tan íntima entre su persona y la existencia del

contrato.” Íd. págs. 636-637.

                                  III

       En el caso de epígrafe, en esencia, nos corresponde evaluar si

incidió el foro primario al dictar sentencia sumaria a favor de la

señora Solivan Torres, puesto que, la parte apelante en su primer

señalamiento de error, aduce que, existen hechos materiales en
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controversia que justifican revocar la sentencia apelada.        En el

ejercicio de nuestra función revisora nos corresponde: 1) examinar

de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro

primario; 2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como

su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la

referida Regla 36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en

controversia y cuáles están incontrovertidos; y 4) de encontrar que

los hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó

correctamente el Derecho a la controversia6.

       De un ponderado análisis del expediente ante nuestra

consideración, surge que, la parte apelada cumplió sustancialmente

con las formalidades dispuestas por la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra. Puesto que esta, incluyó las alegaciones de las partes,

realizó una enumeración de hechos que entendía incontrovertidos,

de manera detallada, separada y sustentada, con indicación de las

páginas de las declaraciones juradas y de otra prueba admisible en

evidencia, así como las razones por las cuales el foro de primera

instancia debía dictar sentencia sumaria7.

       Por otro lado, colegimos que, la parte apelante no cumplió con

las formalidades dispuestas por la Regla 36 de Procedimiento Civil,

supra. Lo anterior, debido a que no presentó prueba con el propósito

de impugnar varios hechos propuestos por la parte apelada.

Recordemos que, nuestro ordenamiento jurídico dispone que la

6 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 679.
7 32 LPRA Ap. V. R. 36.3; Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 940; SLG
Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 14.
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parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá controvertir la

prueba     presentada       con    evidencia      sustancial      y   no    puede

simplemente descansar en sus alegaciones.8

       En cumplimiento con la normativa vigente sobre la sentencia

sumaria, evaluamos de novo las determinaciones de hechos

esbozadas por el foro primario y las acogemos, por no estar en

controversia y estar basadas en evidencia suficiente. Además,

determinamos que no existen controversias adicionales.

       Superada esta primera etapa, ahora nos corresponde

determinar si el foro de primera instancia aplicó correctamente el

Derecho a la controversia de epígrafe.

       En su cuarto señalamiento de error, la parte apelante sostiene

que, el foro primario incidió al declarar No Ha Lugar la moción donde

solicitó la desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

supra, cuando a su juicio, no existe relación jurídica entre las

partes, y debido a que, COSVI cumplió con su deber de pagar al

beneficiario nombrado por el dueño o tomador de la póliza.

Adelantamos que, no le asiste la razón. Veamos.

       Según expuesto, el 2 de junio de 2004, la señora Santiago

Solivan y el señor Davis Rodríguez, presentaron ante COSVI una

solicitud de seguro de vida individual, donde la asegurada lo era la

señora Santiago Solivan a término de treinta años, con la cantidad

asegurada de $100,000.00.            En su solicitud, la señora Santiago

Solivan designó como beneficiario al señor Davis Rodríguez y como

beneficiarios contingentes al señor William P. Davis y a la señora

Gladys Rodríguez, y se reservó el derecho de cambiar tales

designaciones.

       Posteriormente, la señora Santiago Solivan se presentó junto

a su hermana, la señora Lisandra Santiago Solivan, a la Oficina

8 Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-

216.
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Central de COSVI, al Departamento de Servicios al Cliente.         Lo

anterior, con el propósito de solicitar un cambio de beneficiarios y

de dirección postal en la póliza.     En su solicitud de cambio de

beneficiarios correspondiente a la póliza de seguro de vida individual

número 3403135, designó como beneficiarios a su madre, la señora

Solivan Torres, y a su hijo William Joseph Davis Santiago. El 7 de

enero de 2016, luego de que la señora Santiago Solivan

cumplimentara la solicitud de cambio de dirección postal y

beneficiarios, la representante del Departamento de Servicios al

Cliente de COSVI, le entregó copia de esta, y una copia de “Hoja de

Servicio” que acreditaba el trámite allí realizado.

      No fue hasta el 23 de diciembre de 2020, que se le notificó a

la señora Santiago Solivan mediante misiva con igual fecha firmada

por el supervisor del Departamento de Selección y Emisión

Individual de COSVI, el señor Abdel Meléndez, que el cambio de

beneficiarios solicitado en la póliza de vida individual número

3403135 había sido realizado. Cabe destacar que, a la fecha de la

carta recibida a la dirección postal P.O. Box 3428, Guaynabo, PR

00970, la señora Santiago Solivan había fallecido.

      Para el 28 de enero de 2021, la parte apelada presentó

personalmente ante COSVI una solicitud de beneficios por muerte

de la señora Santiago Solivan, en relación a la póliza de seguro de

vida individual número 3403135. Así las cosas, mediante carta con

fecha del 5 de febrero de 2021, firmada electrónicamente por la

señora Graciela N. Arce Hernández, Analista de Reclamaciones de

COSVI, se le notificó a la parte apelada que no procedía el pago a su

favor de los beneficios por muerte esbozados en la póliza de seguro

de vida individual número 3403135, en la medida en que, tal pago

había sido realizado “al beneficiario designado por la señora

Santiago Solivan”. De acuerdo al expediente, el pago fue realizado

al señor Davis Rodríguez, luego de que el 16 de diciembre de 2020,
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este presentara una solicitud de beneficios por la muerte de la

señora Santiago Solivan.

        Subsiguientemente, la señora Solivan Torres presentó una

solicitud de reconsideración ante la denegatoria de la reclamación

de beneficios por muerte. Esta fue denegada mediante carta fechada

31 de marzo de 2021.

        Conforme el derecho reseñado, el contrato de seguro es

definido como aquel por el que una persona se obliga a indemnizar

a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o

determinable si se produce un suceso incierto previsto en el mismo.9

Este tiene como propósito el indemnizar y proteger al asegurado

transfiriendo el riesgo a la aseguradora si ocurre el evento

especificado en el contrato.10 Los términos del contrato de seguro

están contenidos en la póliza.11 La póliza es el instrumento escrito

en que se expresa un contrato de seguro y es ley entre las partes.12

De acuerdo al Código de Seguros, en primera instancia, las

cláusulas de una póliza se interpretarán de manera global,

examinando el conjunto total de las disposiciones, términos y

condiciones vigentes a la fecha que se juzgue relevante.13 Asimismo

se examinarán las cláusulas desde la óptica de una persona normal

de inteligencia promedio que fuese a adquirir el seguro.14 De este

modo, se garantiza que el asegurado que adquiere una póliza

reconoce el alcance de la protección del producto que ha

comprado.15

        En cuanto a la vigencia de una póliza de seguro de vida, el

Tribunal Supremo ha dispuesto que esta se desarrolla en dos

9 Ley 77 de 19 de junio de 1957, supra.
10 Integrand Assurance v. CODECO et al., supra, pág. 161.
11 Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 897.
12 Íd.; 26 LPRA sec. 1114(1).
13 Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125. Rivera Matos, et als. v.

Triple-S, et al., supra, pág. 1020
14 SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, pág. 73.
15 Rivera Matos, et als. v. Triple-S, et al., supra, pág. 1020.
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etapas, a saber: 1) durante la vida del asegurado y 2) a la muerte de

este. En la primera etapa, quien aparece como dueño es el titular

de la póliza, y por ende, tiene todos los derechos que esta le confiere.

Nuestro Máximo Foro ha expresado que, “[l]a determinación de a

quién pertenece la póliza durante la primera etapa cobra

importancia en cuanto a los derechos que se tienen sobre ella.

Únicamente el titular o dueño de la póliza podrá ejercerlos.”16

Dentro de estos derechos se encuentra el poder realizar cambios en

la designación de beneficiarios.               Tal derecho se rige por lo

establecido en el contrato de seguro, y puede ser reservado,

condicionado o renunciado.17 Nuestra más Alta Curia ha reseñado

que, no empece el modo de adquisición de la póliza, el derecho sobre

la titularidad de una póliza de seguro de vida es personalísimo.

Cónsono con ello, “será titular aquel sobre la vida del cual se haya

tomado el seguro por razón de la relación tan íntima entre su

persona y la existencia del contrato”.18

         Respecto a la segunda etapa, esta comienza cuando muere el

asegurado.         Es desde entonces que, el beneficiario adquiere un

derecho propio y distinto al perteneciente al tomador del seguro

sobre el producto de la póliza.19

         De acuerdo al derecho expuesto, la señora Santiago Solivan

estaba facultada para modificar los beneficiarios de la póliza de

seguro de vida número 3403135, puesto que, esta era la asegurada

y consecuentemente, dueña de la póliza.20 Destacamos que, quien

aparece como dueña de la póliza es la titular, y por ello, tiene todos

los derechos que esta le confiere.21                Además, en la Tabla de

Información Básica de la póliza de seguro de vida, quien aparece

16 Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, supra, pág. 636.
17 Íd. pág. 637.
18 Íd. págs. 636-637.
19 Íd. pág. 636.
20 Véase Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, supra, págs. 636-637.
21 Íd.
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como asegurada y dueña de la póliza es la señora Santiago Solivan.22

De igual forma, en el momento en que la señora Santiago Solivan se

presentó en las oficinas de COSVI con el propósito de solicitar el

cambio de beneficiarios y de dirección, una representante del

Departamento de Servicios al Cliente de COSVI corroboró que esta

aparecía registrada como dueña de la póliza.23

       Basado en lo anterior, la señora Santiago Solivan ejerció la

facultad otorgada por nuestro ordenamiento jurídico, y realizó el

cambio de beneficiarios donde nombró a su madre, la señora Solivan

Torres, y a su hijo William J. Davis Santiago como nuevos

beneficiarios. Queda claro que el aludido cambio fue avalado por

COSVI, ya que, la solicitud de cambio fue aprobada por el

Departamento de Selección y Emisión Individual.          Así se hizo

constar mediante carta fechada 23 de diciembre de 2020, y firmada

por el señor Abdel Meléndez, quien era el supervisor del

Departamento de Selección y Emisión Individual de COSVI, es decir,

un oficial con autoridad para contratar o alterar un contrato de

seguro24.   La referida misiva fue notificada a la nueva dirección

postal de la señora Santiago Solivan, esta le informó que “[e]l cambio

de beneficiarios solicitado en su póliza fue realizado.     Favor de

incorporar este documento al contrato de su póliza para facilitar el

proceso en caso de reclamación”.25 Además, en la carta aparecieron

los nombres de los beneficiarios originalmente nombrados con un

cero por ciento (0.00%) asignado26. Al examinar el expediente, no

surge la existencia de comunicación escrita alguna expedida por

COSVI donde denegara el cambio de beneficiarios solicitado por la

señora Santiago Solivan.

22 Véase determinaciones de hechos núm. 27 y 28.
23 Véase determinaciones de hechos núm. 35, 36 y 37.
24 Véase determinaciones de hechos núm. 45 y 47.
25 Véase determinación de hecho núm. 45.
26 Véase determinación de hecho núm. 46.
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       Establecido lo anterior, pasamos a la segunda etapa de la

vigencia de una póliza de seguro de vida. Primeramente, diferimos

respecto planteamiento de COSVI sobre que no existe relación

jurídica entre esta y la parte apelada.             Lo anterior, por motivo de

que sí existe una relación jurídica entre las partes ya que, al

momento en que murió la señora Santiago Solivan, es cuando la

señora Solivan Torres, por ser beneficiaria designada, adquirió un

derecho propio y distinto al perteneciente al tomador del seguro

sobre el producto de la póliza.27 Este derecho le brinda la facultad

de reclamar el beneficio pactado, al ser la beneficiaria designada por

la dueña y asegurada de la póliza.

       Por lo tanto, no procedía la desestimación de la demanda bajo

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.

       En su segundo y tercer señalamiento de error, la parte

apelante sostiene que, incidió el Tribunal de Primera Instancia al

determinar que COSVI ocultó una carta y que por ello, obró de mala

fe y al imponerle honorarios de abogado por temeridad.

       Por encontrarse intrínsecamente relacionados, discutiremos

ambos señalamientos de error de forma conjunta.                  Adelantamos

que, no le asiste la razón. Veamos.

       Como es sabido, la imposición de honorarios de abogados

recae en la sana discreción del tribunal sentenciador. Examinado

el expediente ante nuestra consideración, no podemos concluir que

la actuación del foro de primera instancia constituyó un abuso de

su discreción que amerite nuestra intervención con la imposición de

honorarios de abogado.             Consecuentemente, los errores antes

señalados no fueron cometidos por el Tribunal de Primera Instancia.

27 Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, supra, pág. 636.
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                               IV

     Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen

apelado.

     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones