Court Opinion

ID: 9941456
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:37:45.771658+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:41.845845
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

    JOSÉ SANTIAGO                                     REVISIÓN
       AVILÉS                                         ADMINISTRATIVA
                                                      Procedente del
       Recurrente             KLRA202300603           Departamento de
                                                      Corrección y
             v.                                       Rehabilitación

  DEPARTAMENTO DE                                     Solicitud Núm.:
    CORRECCIÓN Y                                      ICG-1412-2023
   REHABILITACIÓN

        Recurrido
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

      Comparece ante nos, por derecho propio e in forma pauperis,

el señor José Santiago Avilés (“Sr. Santiago Avilés” o “Recurrente”),

mediante recurso de revisión administrativa, recibido el 21 de

noviembre de 2023. Nos solicita que revisemos una Respuesta de

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional emitida el 9

de noviembre de 2023, notificada el 15 del mismo mes y año, por la

División de Remedios Administrativos del Departamento de

Corrección y Rehabilitación (“DCR” o “agencia recurrida”). Por virtud

de la misma, el DCR denegó la solicitud de reconsideración instada

por el Recurrente.

      Por     los      fundamentos        expuestos    a   continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción.

                                     I.

      El 18 de septiembre de 2023, el Recurrente presentó ante el

DCR una Solicitud de Remedio Administrativo (ICG1412-2023), a los

fines de solicitar un traslado a la Institución Correccional 216 de

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
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Sabana Hoyos en Arecibo.1 Señaló que era una persona de edad

avanzada y deseaba “disfrutar de un ambiente m[á]s tranquilo[,]

obtener empleo[,] mejor ayuda económica[,] etc.”.

        Evaluada tal solicitud, el 25 de octubre de 2023, el DRC emitió

Respuesta al Miembro de la Población Correccional,2 la cual fue

recibida por el Recurrente en la misma fecha. Mediante esta, el DCR

resolvió que el traslado se trabajaría “próximamente”. Además, le

orientó sobre el proceso y que se le solicitaría traslado para

cualquier institución carcelaria que albergue su población y

custodia.

        En desacuerdo, al próximo día, el Recurrente instó Solicitud

de Reconsideración,3 la cual fue recibida por la agencia recurrida el

2 de noviembre de 2023. Dicha solicitud fue denegada mediante la

Respuesta          de   Reconsideración   al   Miembro   de   la   Población

Correccional,4 emitida el 9 de noviembre de 2023, notificada el 15

del mismo mes y año, en la que el DCR determinó lo siguiente:

               Con relación a su solicitud de reconsideración, se
        evaluó su caso, con la supervisora del área de socio
        penal de la Institución Guerrero, Aguadilla, en la cual
        informó que para la fecha del 5/octubre/23 usted se le
        asignó custodia protectiva, donde usted estuvo de
        acuerdo, aceptando la custodia protectiva, donde se le
        orientó al respecto, como también usted no le interesó
        el traslado, indicando que usted quería quedarse en
        dicha Institución. Ademas, usted se negó en dos
        ocasiones a los trabajos de áreas verdes, esto fue para
        la fecha de 18/octubre/23.
              Se le orienta Sr. Santiago, que la custodia
        protectiva, es establecer y operar un programa [d]e
        custodia especializada para los confinados que
        necesiten ser protegidos de otros confinados. Cabe
        señalar que si el confinado, en el caso de usted, como
        voluntariamente aceptó custodia protectiva, se solicita
        por escrito y señala que continua la necesidad de la
        custodia, es visto en Comité de Clasificación y
        Tratamiento realizará la revisión del caso, asignarán
        permanentemente la solicitud y se solicita traslado, es
        un protocolo que se realiza en el área socio penal.
        (Énfasis suplido).

1 Apéndice de la parte Recurrida, págs. 2-4.
2 Íd, págs. 5-6.
3 Íd, págs. 7-8.
4 Íd, págs. 9-10.
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      Inconforme aun, el 15 de noviembre de 2023, recibida el 21

del mismo mes y año, el Recurrente acudió ante esta Curia mediante

recurso de revisión judicial.

      El 8 de febrero de 2023, esta Curia emitió Resolución en la

que, entre otros asuntos, le concedió un término de treinta (30) días

para que el DCR expusiera su oposición al recurso. En cumplimiento

con lo ordenado, el 10 de enero de 2024, el DCR, por conducto de la

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó un escrito

intitulado Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de

Desestimación.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                   II.
                           A. Jurisdicción

      En nuestro sistema de derecho, la jurisdicción consiste en el

poder y autoridad que tienen los tribunales para adjudicar casos o

controversias, siempre que estos sean justiciables. JMG Investment,

Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,

200 DPR 254, 267 (2018). Es responsabilidad de los propios

tribunales cerciorarse sobre su jurisdicción, así como la jurisdicción

del foro donde procede el recurso, pues ella no puede adjudicarse ni

ser subsanada, aun con la anuencia de las partes del pleito. JMG

Investment, Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Fuentes Bonilla v. ELA,

200 DPR 364 (2018).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la

revisión judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84

(2013).   Siendo    ello   así,   las    disposiciones   que   rigen   el

perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo deberán

cumplirse rigurosamente. De esta forma, el derecho a la revisión de
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una determinación administrativa por el Tribunal Apelativo queda

sujeto al estricto cumplimiento del reglamento, las limitaciones

legales y su perfeccionamiento.

      A tono con lo anterior, la Regla 83(c) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, permite al propio

tribunal desestimar un recurso por carecer de jurisdicción.

               B. Términos de la Revisión Judicial

   La Ley de Procedimiento Administrativo del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 37 del 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq.,

(“LPAU”), contiene un cuerpo de normas para gobernar las

determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir

una orden o resolución que define derechos y deberes legales de

personas específicas. Rivera v. Dir. Adm. Trib. 144 DPR 808 (1998).

Además, establece un procedimiento uniforme de revisión judicial

de las decisiones tomadas por las agencias administrativas. En

específico, dicha ley aplica a todos los procedimientos en que una

agencia deba adjudicar formalmente una controversia. La LPAU fue

promulgada con el fin de brindar a la ciudadanía servicios públicos

de eficiencia, esmero, prontitud y de alta calidad bajo el resguardo

de las garantías básicas del debido proceso de ley. Magriz v.

Empresas Nativas, 143 DPR 63 (1997).

      En específico, la Sección 4.2 de la LPAU, establece el término

que la parte afectada por una determinación final de la agencia debe

cumplir para solicitar la revisión judicial. Particularmente, la

referida disposición estatutaria dispone lo siguiente:

      Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
      final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
      provistos por la agencia o por el organismo administrativo
      apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
      término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
      del archivo en autos de la copia de la notificación de la
      orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha
      aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley,
      cuando el término para solicitar la revisión judicial haya
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       sido interrumpido mediante la presentación oportuna de
       una moción de reconsideración. La parte notificará la
       presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas
       las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La
       notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose, que si
       la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la
       orden o resolución final de la agencia o del organismo
       administrativo apelativo correspondiente es distinta a la del
       depósito en el correo de dicha notificación, el término se
       calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. 3
       LPRA sec. 9672.

       Como vimos, este plazo para presentar la revisión judicial

comienza a transcurrir a partir de la fecha del archivo en autos de

la notificación de la decisión administrativa o a partir de la fecha

aplicable cuando el término es interrumpido mediante la oportuna

presentación de una moción de reconsideración. Pérez Vélez v. VPH

Motor Corp., 152 DPR 475, 483 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146

DPR 64, 115-116 (1998).

                                    III.

       Antes de entrar en los méritos de los reclamos presentados

por la parte aquí Peticionaria, este Foro tiene el deber ineludible de

auscultar      si   ostenta   jurisdicción   sobre    el   caso   ante   su

consideración. SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, supra.

Efectuado tal ejercicio, notamos que esta Curia carece de

jurisdicción para atender el presente caso, por tal razón, nos

tenemos otra alternativa que desestimarlo.

       En el caso de autos, la parte Recurrida solicitó al DCR un

traslado para la institución correccional 216 de Sabana Hoyos. En

respuesta a dicha solicitud, el 25 de octubre de 2023, el DRC emitió

Respuesta al Miembro de la Población Correccional, indicándole que

“próximamente” estaría evaluado su solicitud. En descuerdo con la

respuesta, el Recurrente instó una Solicitud de Reconsideración.

Mediante la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la

Población Correccional,5 emitida el 9 de noviembre de 2023, el DCR

5 Íd, págs. 9-10.
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le informó al Recurrente que su solicitud de traslado sería referida

al Comité de Clasificación y Tratamiento (“CTT”) del DCR,

estableciendo lo siguiente:

             […].
            Se le orienta Sr. Santiago, que la custodia
      protectiva, es establecer y operar un programa [d]e
      custodia especializada para los confinados que
      necesiten ser protegidos de otros confinados. Cabe
      señalar que si el confinado, en el caso de usted, como
      voluntariamente aceptó custodia protectiva, se solicita
      por escrito y señala que continua la necesidad de la
      custodia, es visto en Comité de Clasificación y
      Tratamiento realizará la revisión del caso, asignarán
      permanentemente la solicitud y se solicita traslado, es
      un protocolo que se realiza en el área socio penal.
      (Énfasis suplido).

      Como    puede   observarse,   la   solicitud   de   traslado   del

Recurrente aún no ha sido evaluada y adjudicada de manera final

por el DCR. Según surge de la Respuesta de Reconsideración al

Miembro de la Población Correccional, el DCR procedería a referir su

solicitud al CTT, a los fines de que reevaluar su caso y adjudicar de

manera final si procede o no el traslado. En vista de ello, el recurso

de epígrafe instado por la parte Recurrente es uno prematuro.

      En el caso de autos, el término para acudir ante este foro no

ha comenzado a cursar, puesto que la agencia aun no emite un

dictamen final sobre la solicitud de traslado del Recurrente. Según

dispone la Sección 4.2 de la LPAU, supra, “[u]na parte adversamente

afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el

organismo     administrativo   apelativo    correspondiente      podrá

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,

dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de

la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la

orden o resolución final de la agencia. (Énfasis y subrayado

nuestro).
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      En vista de ello, el presente recurso es uno prematuro y

procede la desestimación del mismo. A tenor con lo anterior,

carecemos de jurisdicción para atender el recurso de epígrafe.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de

epígrafe por falta de jurisdicción por prematuro.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones