Court Opinion

ID: 9408096
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:16:54.031097+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.712962
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IX

    EL PUEBLO DE PUERTO                          Certiorari
            RICO                                 procedente del
                                                 Tribunal de
           Recurrido                             Primera Instancia,
                                                 Sala Superior de
               V.                  KLCE202300406 Mayagüez

    NICKY HERNÁNDEZ GAYA                                 Casos Crim.
                                                         Núm.:
          Peticionario                                   I1VP202200699

                                                         Sobre:
                                                         Art. 246

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2023.

       El señor Nicky Hernández Gaya [peticionario o señor

Hernández Gaya] nos solicita que revisemos la Resolución que

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Mayagüez. Mediante referido dictamen, el foro primario denegó

una Moción de Desestimación instada por el peticionario al amparo

de las Reglas 63, 64(a), 64(P) de Procedimiento Criminal de

Puerto Rico, 34 LPRA Ap. II y Artículos 2 y 151 del Código Penal

de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5002.

       Examinado el recurso, procedemos a expedirlo y entonces

confirmamos la Resolución contra la que aquí se recurre.

1
 Artículo 2. — Principio de legalidad. (33 LPRA sec. 5002) No se instará acción
penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido
como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o
medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos.
No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas de
seguridad.
Artículo 15. — Definición. (33 LPRA sec. 5021) Delito es un acto cometido u
omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena, que apareja, al ser
probado, alguna pena o medida de seguridad.

Número Identificador
SEN2023_________
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                                I.

      Por hechos del 12 de marzo de 2022, el Ministerio Público

presentó cinco denuncias contra el señor Hernández Gaya en las

que imputó infracción a los Artículos 404A y 412 de la Ley Núm.

4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, Ley de Sustancias

Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA secs. 2404 y 2412; los

Artículos 3.23 y 7.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000,

según enmendada, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9

LPRA secs. 5073 y 5202; y el Artículo 246(a) del Código Penal de

2012, supra.

      El 2 de febrero de 2023 el señor Nicky Hernández Gaya instó

una Moción al amparo de la Regla 63, 64(a), 64(p) y Artículos 2 y

15 del Código Penal de Puerto Rico. Solicitó que se desestime la

acusación porque en la denuncia no se le imputó delito. Mencionó

que la denuncia está predicada en lo siguiente:

      El referido imputado Nicky Hernández Gaya, allá en o
      para el día 12 de marzo de 2022, en Mayagüez, Puerto
      Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal
      de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de
      Mayagüez, ilegal, voluntaria y criminalmente obstruyó
      el ejercicio de la autoridad pública, Pol. Carlos Ramos
      Cancel #5006 adscrito al Cuartel de Policía Municipal
      de Mayagüez, demorando y/o estorbando al Pol.
      Carlos Ramos Cancel #5006, funcionario en el
      cumplimiento y/o tratando de cumplir alguna de las
      obligaciones de su cargo. Consistente en que el
      imputado en varias ocasiones hizo caso omiso a la
      instrucción que le hizo el Pol. Ramos que se detuviera
      y por lo cual se inició un seguimiento por diferentes
      calles del pueblo de Mayagüez.

      Por estos hechos, se le imputó el delito menos grave del

Artículo 246(a) del Código Penal que tipifica la resistencia u

obstrucción a la autoridad pública. (33 LPRA sec. 5336). Adujo

que el Artículo 10.22 de la Ley de Vehículos de Tránsito de Puerto

Rico, Ley Núm. 7-2000, establece la obligación del conductor de

detenerse una vez un agente del orden público se lo requiera.

Mencionó, no obstante, que referido artículo no dispone de
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sanción penal o administrativa alguna. Así pues, expuso que el

legislador no tipificó como delito, el hecho de que un conductor de

un vehículo no se detenga luego de que un agente del orden

público así se lo requiera. Indicó, a su vez, que no se puede llevar,

por analogía, lo contenido en el Artículo 10.22 de la Ley 22 al

Artículo 246(a) del Código Penal.

      Atendida la Moción, el 2 de febrero, notificada el 14 de

marzo de 2023, el Tribunal la declaró “No Ha Lugar”.              En

descuerdo, el 13 de abril de 2023, el señor Hernández Gaya

presentó el recurso que atendemos. En este alega que incidió el

foro primario al:

      Cometió grave error el Honorable Tribunal de
      Instancia al declarar No Ha Lugar una “Moción al
      amparo de la Regla 63, 64 (A) y 64 (P) y Artículo 2 y
      15 del Código Penal (33 LPRA sec. 5002)
      fundamentada en que la denuncia que se le radicara
      al imputado por el Artículo 246 del Código Penal y la
      cual da motivos a la radicación de las denuncias por
      alegada infracción a los artículos 404 y 412 de la Ley
      de Sustancias Controladas no imputaba delito alguno.
      No imputando delito alguno dicha denuncia por el
      Artículo 246 del Código Penal, el estado carece de
      motivos fundados para procesar por los artículos 404
      y 412 de la Ley Núm. 4 al imputado.

      Recibido el recurso, le concedimos término a la Oficina del

Procurador General para expresarse sobre los méritos del recurso

y así lo hizo mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.

      Con el beneficio de ambas comparecencias, disponemos.

                                II.

                                 A.

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario

por el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía

que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior.

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). A diferencia del

recurso de apelación, el tribunal superior puede expedir el auto

de certiorari de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo,
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supra; Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). Sin

embargo, esa discreción no es irrestricta. Pueblo v. Rivera

Montalvo, supra.

      El Tribunal Supremo ha indicado que la discreción significa

tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para

escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García v. Padró, 165 DPR

324, 334 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211

(1990).   El adecuado ejercicio de la discreción judicial está

“inexorable   e   indefectiblemente   atado   al   concepto   de   la

razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, pág. 211. Así

pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las

decisiones emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de

su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G.

Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso,

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto
      de certiorari, o de una orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida a diferencia de sus fundamentos son
      contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
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      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
      y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más
      elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
      el caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

                                 B.

      En nuestro ordenamiento procesal penal el derecho de un

acusado a la debida notificación de los cargos presentados en su

contra es de rango constitucional. Ello se desprende de la

Enmienda Sexta de la Constitución federal y de la Sec. 11 del

Artículo II de nuestra Constitución que dispone, en lo pertinente,

que "[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del

derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la

naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la

misma...". Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 627 (2012).

Ese mandato constitucional, se desprende a su vez, del debido

proceso de ley consagrado en la Enmienda Quinta de la

Constitución federal, así como en la Sec. 7 del Art. II de la nuestra,

y que exige que el acusado esté informado adecuadamente de la

naturaleza y extensión del delito imputado. Pueblo v. Vélez

Rodríguez, supra, pág. 628. El mecanismo que tiene el Ministerio

Público para cumplir con esa obligación de notificación es el uso

de la acusación o denuncia (pliego acusatorio) y que, a su vez, el

Ministerio Público está obligado a entregar al acusado una copia.

Íd.
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      En esa línea, la Regla 5 de las de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, define la denuncia como, “un escrito firmado y

jurado que imputa la comisión de un delito a una o a varias

personas.”   Agrega la Regla 5 que, “el Ministerio Público y los

miembros de la Policía Estatal, en todos los casos, y otros

funcionarios y empleados públicos, en los casos relacionados con

el desempeño de sus deberes y funciones, podrán, sin embargo,

firmar y jurar denuncias cuando los hechos constitutivos del delito

les consten por información y creencia.”

      A su vez, la Regla 35 de dicho cuerpo procesal penal, 34

LPRA Ap. II, establece todo lo relativo al contenido de la denuncia

o acusación, según sea el caso. En síntesis, el inciso “(c)” dispone

que la acusación deberá contener una “exposición de los hechos

esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo,

claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier

persona de inteligencia común.” Agrega que “dicha exposición no

tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y

podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado.” Deberá,

según el inciso “(d)”, contener, además, la cita de la ley,

reglamento o disposición que se alegue han sido infringidos, pero

la omisión de tal cita o una cita errónea se considerará como un

defecto de forma. Véase, Regla 35(c) y (d), supra.

      Para que el Ministerio Público pueda cumplir con lo anterior,

no se le exige ningún lenguaje estereotipado o técnico en su

redacción ni el uso estricto de las palabras dispuestas en el

estatuto, solo se le exige que el contenido exponga todos

los hechos constitutivos del delito. Pueblo v. Vélez Rodríguez,

supra, pág. 629. De esa forma, "la función de la acusación o

denuncia es crucial para el acusado pues, por virtud de ella, el

acusado conoce los hechos que se le imputan, de suerte que
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pueda preparar su defensa conforme a ellos". Pueblo v. Vélez

Rodríguez, supra.

      Por otro lado, la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, contiene una serie de fundamentos que el imputado

de delito puede invocar a los fines de solicitar la desestimación de

una acusación o denuncia. Entre esos fundamentos, el inciso (a)

de la Regla 64, supra, dispone que “la acusación o denuncia no

imputa un delito” y el inciso (p) cuando no se determinó causa

probable por un magistrado o no se ordenó la detención con

arreglo a la ley y al derecho. (Énfasis nuestro).

                                C.

      El Artículo 246 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5336, dispone

que constituirá delito menos grave la resistencia u obstrucción al

ejercicio de la autoridad a propósito o con conocimiento en

cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) Impedir a

cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al

tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo.

      En cuanto a la modalidad establecida en el inciso (a) la Dra.

Dora Nevares comenta que "[l]a conducta del sujeto consiste de

impedir a propósito o con conocimiento que el funcionario o

empleado cumpla con alguna de las obligaciones de [su] cargo.

La conducta del funcionario o empleado público- la que el

imputado impide ejercer-tiene que estar dentro del ámbito de las

obligaciones del cargo. [...] Cualquier acto de oposición a la orden

lícita que un funcionario o empleado público trata de hacer

constituye una resistencia [...]." D. Nevares - Muñiz, Código Penal

de Puerto Rico Comentado, San Juan, Instituto para el Desarrollo

del Derecho, Inc., 2019, pág. 383.
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                                        D.

         El Artículo 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto

Rico” Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 9 LPRA sec. 5302,

dispone que, “

         Todo conductor deberá detenerse inmediatamente
         cuando un agente del orden público, entendiéndose
         Policía, Policía Municipal, Policía Portuaria, dentro de
         las facilidades portuarias, Inspectores de la Comisión
         de Servicio Público en el caso de vehículos o servicios
         bajo su jurisdicción, o el Cuerpo de Vigilantes del
         Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
         se lo requiriere. Después que se le informe el motivo
         de la detención y las violaciones de la ley que
         aparentemente haya cometido, el conductor vendrá
         obligado igualmente a identificarse con dicho agente
         si así éste se lo solicitare, y también deberá mostrarle
         todos los documentos que de acuerdo con esta Ley y
         sus reglamentos debe llevar consigo o en el vehículo.

                                       III.

         El peticionario alega que la razón por la cual el agente de

orden público le dio la instrucción de que “se detuviera” fue por

una supuesta infracción, (no especificada en la denuncia), a la Ley

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley 22-20002. Adujo que

el no seguir la instrucción de detenerse, no es razón suficiente

para que se configure un delito por el Artículo 246 del Código

Penal. Mencionó que la denuncia tal y como está redactada no

imputa delito alguno. Sostuvo que ni en virtud de la Ley 22 ni por

el Código Penal, aparece tipificado de forma clara y precisa que el

no detenerse, constituya un delito o falta.

         Independientemente a las razones que tuvo el agente de

orden público para ordenarle al señor Hernández Gaya que se

detenga, la denuncia tal cual redactada establece que el policía

Ramos le solicitó al señor Hernández Gaya que se detuviera y este

hizo caso omiso a esa instrucción.              Estos hechos no están en

disputa. En la denuncia también se indica que ello conllevó que

2
    Recurso de certiorari, pág. 7 y nota al calce número 2.
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se iniciara un seguimiento por diferentes calles del pueblo de

Mayagüez.

      De la denuncia claramente surge que un agente dio una

orden, acto que está dentro de sus funciones, y el imputado no la

acató, lo que conllevó un seguimiento.      Por estos hechos, se le

imputó al peticionario infringir el Artículo 246 del Código Penal, el

cual declara que, “[c]onstituirá delito menos grave la resistencia

u obstrucción al ejercicio de la autoridad a propósito o con

conocimiento en cualquiera de las siguientes circunstancias: (a)

Impedir a cualquier funcionario o empleado público en el

cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de

su cargo.”

      Obsérvese que la denuncia, según redactada, es adecuada

para informarle a la persona de inteligencia común de la comisión

de un delito.      Este documento cumplió con el requisito de

notificarle al peticionario de todos los hechos constitutivos del

delito imputado.

      Así pues, luego de analizar los planteamientos esbozados

por las partes, a la luz del derecho vigente entendemos procede

expedir el recurso de certiorari y al determinar que existen

circunstancias que ameritan nuestra confirmación de la Resolución

recurrida, así lo hacemos. Tampoco percibimos que haya mediado

prejuicio o parcialidad en el dictamen recurrido, ni que éste sea

contrario a Derecho. En consecuencia, procede la expedición del

auto solicitado y expedido se confirma la Resolución ante nuestra

consideración.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que se hacen formar

parte de esta Sentencia, expedimos el auto de certiorari solicitado
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por el señor Hernández Gaya y procedemos a confirmar la

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones