Court Opinion

ID: 9841264
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-09-21 18:13:49.880441+00
Date Added: 2024-06-11T08:43:05.625181
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

       MANUEL ÁNGEL                                    Certiorari
     RODRÍGUEZ COLÓN;                                  procedente del
     ISRAEL RODRÍGUEZ                                  Tribunal de
      COLÓN; BLANCA I.                                 Primera Instancia,
     RODRÍGUEZ COLÓN;                                  Sala Superior de
    SUCESIÓN ANASTACIO                                 Humacao
    RODRÍGUEZ COLÓN y            KLCE202300612
            otros
                                                       Caso Núm.:
         Peticionarios                                 HU2020CV01065

              V.
                                                       Sobre:
    WILFRIDO RODRÍGUEZ                                 Injunction
      COLÓN, por sí y en                               preliminar y
     representación de la                              permanente
       Sociedad Legal de
    Gananciales compuesta
     por este y su esposa,
     ELIZABETH LÓPEZ y
             otros

          Recurridos

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                              SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2023.

        Comparece ante nos el Sr. Manuel Ángel Rodríguez Colón,

el Sr. Israel Rodríguez Colón; la Sra. Blanca I. Rodríguez Colón;1

la Sucesión de Anastacio Rodríguez Colón;2 y la Sucesión de Juan

R. Rodríguez Colón,3 (parte peticionaria – demandantes) mediante el

recurso de     certiorari epígrafe.    Solicitan que revoquemos la

Resolución emitida el 2 de mayo de 2023 notificada el 3 del mismo

1  En la demanda figuraba como codemandante, la señora Dolores Rodríguez
Colón; ahora, es parte codemandada en rebeldía.
2 Compuesta por Bienvenida Rodríguez Rivera, Amparo Rodríguez Rivera, María

I. Rodríguez Rivera, Juan Rodríguez Rivera, María E. Rodríguez Rivera, Jaime
Rodríguez Rivera, María M. Rodríguez Fabian y Anastacio Rodríguez Rivera
(fallecido), por lo que le sucede Gabriel Rodríguez O’neill.
3 Compuesta por Sandra Rodríguez Maldonado, Zulma Rodríguez Maldonado,

María Rodríguez Maldonado y Gloria Rodríguez Maldonado.

Número Identificador
SEN2023_____________
KLCE202300612                                                                  2

mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior

de Humacao. Allí, se declaró No Ha Lugar la reconsideración a la

paralización     de    los   procesos      hasta       que   se   presente   una

determinación judicial sobre incapacidad de la señora Sandra

Rodríguez Maldonado.

       Evaluada la totalidad del expediente, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Veamos los

fundamentos.

                                        -I-

       La parte peticionaria presentó el 2 de noviembre de 2021

una demanda enmendada sobre anulación de escrituras, vicios del

consentimiento, reivindicación de bien inmueble, ejecución de la

fianza notarial, y daños y perjuicios,4 contra los demandados:

Wilfrido Rodríguez Colón, Elizabeth López, Luz Esther Rodríguez

Colón, la abogada – notaria Aida Luz Moringlane Ruiz, el Fondo de

Fianza Notarial del Colegio de Puerto Rico y su aseguradora

(recurridos–demandados).

       En apretada síntesis, la parte peticionaria advino como

cotitulares de una finca de 2 cuerdas de terreno ubicada en el Bo.

Tejas en Humacao, P.R., a título hereditario de sus padres Juan

Rodríguez Rojas y Gerardina Colón Cuadrado, ambos fallecidos.

Mediante Declaratoria de Herederos la parte peticionaria reclamó el

50% de participación sobre dicha propiedad.5 A través de la

Escritura Núm. 22 del 29 de junio de 2002, las copeticionarias6

cedieron sus participaciones hereditarias bajo treta y engaño de la

notaria Aida Luz Moringlane Ruiz y el coheredero Wilfrido Rodríguez

4 Anejo 15 del Recurso de Certiorari, págs. 43 – 60.
5 Al fallecimiento de Gerardina Colón Cuadrado la sucesión se componía de sus

hijos y esposo; a saber: Manuel Ángel Rodríguez Colón, Anastacio Rodríguez Colón
(fallecido), Dolores Rodríguez Colón, Blanca I. Rodríguez Colón, Luz E. Rodríguez
Colón, Wilfrido Rodríguez Colón, Israel Rodríguez Colón; y su esposo, Juan
Rodríguez Colón. Anejo 15 del Recurso de Certiorari, pág. 47.
6 Sandra Rodríguez Maldonado, Zulma Rodríguez Maldonado, María Rodríguez

Maldonado y Gloria Rodríguez Maldonado. Anejo 15 del Recurso de Certiorari, pág.
47.
KLCE202300612                                                                       3

Colón con la promesa de un pago que no se concretó. A su vez, el

otro 50% de la finca fue donado en las Escrituras Número 277 y 288

sobre Donación y Aceptación otorgadas fraudulentamente el 5 de

junio de 2004. Ante este escenario, el coheredero Wilfrido Rodríguez

Colón en contubernio con la notaria Moringlane Ruiz logró obtener

pleno dominio unilateral de la finca e impidiendo que la parte

peticionaria puedan hacer uso y disfrute de la misma.9

       Oportunamente, los demandados-recurridos contestaron la

demanda.10 Así, se inició el descubrimiento de prueba en la que la

parte peticionaria presentó el 11 de julio de 2022 una MOCIÓN EN

TORNO A DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y EN SOLICITUD DE

ORDEN       PROTECTORA            A        TENOR   CON    LA    REGLA       23    DE

PROCEDIMIENTO CIVIL.11 En la aludida moción, solicitó una orden

protectora     a    favor    de       la    codemandante     Sandra      Rodríguez

Maldonado, ya que ésta estaba imposibilitada de contestar un

interrogatorio y el requerimiento de admisiones por limitaciones

mentales y cognoscitivas que no le permiten leer ni escribir.

       Por otra parte, el 6 de julio de 2022 los recurridos-

demandados Wilfrido Rodríguez Colón, Elizabeth López y Luz Esther

Rodríguez Colón presentaron una MOCIÓN URGENTE.12 Alegaron

que, el 30 de junio de 2022 se recibió un correo electrónico de la

nieta de la codemandante Dolores Rodríguez Colón,13 en la cual

7  Donante: Juan Rodríguez Rojas. Donatarios: Anastacio Rodríguez Rivera,
Dolores Rodríguez Colón, Manuel Ángel Rodríguez Colón, Blanca I. Rodríguez
Colón, Luz E. Rodríguez Colón y Wilfrido Rodríguez Colón como apoderado de
Israel Rodríguez Colón.
8 Donantes: Anastacio Rodríguez Rivera, Dolores Rodríguez Colón, Manuel Ángel

Rodríguez Colón, Blanca I. Rodríguez Colón, Luz E. Rodríguez Colón e Israel
Rodríguez Colón. Donatario: Wilfrido Rodríguez Colón.
9 Anejo 15 del Recurso de Certiorari, págs.48– 52.
10 Anejo 18 del Recurso de Certiorari, págs. 76 – 84.; Anejo 19 del Recurso de

Certiorari, págs. 85 – 95.; Anejo 20 del Recurso de Certiorari, págs. 96 – 100.; Anejo
21 del Recurso de Certiorari, págs. 101 – 110.; Anejo 22 del Recurso de Certiorari,
págs. 111 – 119.
11 Anejo 31 del Recurso de Certiorari, págs. 144 – 146.
12 Anejo 29 del Recurso de Certiorari, págs. 137 – 139.
13 Id., en la pág. 139.
KLCE202300612                                                               4

indicó que el abogado de la parte peticionaria no tenía autorización

para representarla en este caso.

       La parte peticionaria replicó el 7 de julio de 2022.14 En

resumen, alegó que se comunicó con la hija de la codemandante

Dolores Rodríguez Colón, la Sra. Doris Rojas, y ésta le informó que

su madre había cambiado de parecer y ya no quería ser parte del

pleito.

       Así las cosas, el 14 de julio de 2022 se celebró una Vista

Transaccional mediante videoconferencia.15 Surge de la Minuta que,

se planteó el deseo de la codemandante Dolores Rodríguez Colón de

no continuar en el pleito. También, se planteó la incapacidad de la

codemandante Sandra Rodríguez Colón. Atendido los argumentos,

el TPI manifestó que la señora Dolores Rodríguez Colón era parte

indispensable en el pleito, razón por la cual debía continuar en el

pleito. En cuanto al problema de capacidad de la señora Sandra

Rodríguez Maldonado, se le solicitó al TPI una evaluación para

determinar la necesidad de un defensor judicial bajo la Regla 15.2

de Procedimiento Civil.16

       Así, se llevó a cabo la vista sobre el estado de los

procedimientos del 4 de agosto de 2022. Estuvieron presentes

mediante videoconferencia todas las partes incluyendo la señora

Dolores Rodríguez Colón.17 Luego de varias preguntas, el TPI

manifestó que la señora Dolores Rodríguez Colón debía permanecer

en el pleito como parte demandada, ya que no deseaba ser parte en

el pleito.

       Cónsono con el asunto atendido en la vista, el 3 de octubre

de 2022 la parte peticionaria presentó MOCIÓN EN SOLICITUD DE

ENMIENDA A LA DEMANDA Y SOLICITUD DE EMPLAZAMIENTO POR

14 Anejo 30 del Recurso de Certiorari, págs. 140 – 143.
15 Anejo 32 del Recurso de Certiorari, págs. 147 – 149.
16 Regla 15.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R.

15.2.
17 Anejo 34 del Recurso de Certiorari, págs. 155 – 156.
KLCE202300612                                                                   5

EDICTO A PERSONA NO DOMICILIADA.18 En resumen, la parte

peticionaria informó que, solicitó la renuncia a la representación

legal de la codemandante Dolores Rodríguez Colón, vía correo

certificado a la dirección postal: 809 W. 6ht. St. Kewanee, Illinois

61443, sin embargo, la misma fue devuelta al no ser reclamada.19

Por lo cual, le requirió al TPI que se le relevara de la representación

legal de la codemandante, permitiera enmendar la demanda a los

fines de realinearla como parte demandada, y autorizara su

emplazamiento por edicto, dado que su domicilio no estaba en

Puerto Rico.

       En la misma fecha, 3 de octubre de 2022 y notificada el 4

del mismo mes y año, el TPI autorizó a la parte peticionaria a

enmendar la demanda para que la señora Dolores Rodríguez Colón

fungiera ahora como parte demandada; se emplazara la misma por

edictos y, además, relevó al abogado de la parte peticionaria de la

representación legal de ésta.20

       Efectivamente, el 21 de octubre de 2022, la parte

peticionaria      presentó       una      MOCIÓN        INFORMATIVA           EN

CUMPLIMIENTO CON LA REGLA 4.6 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.21

En la cual, informó haber emplazado por edictos a la señora Dolores

Rodríguez Colón como parte demandada. El 25 de octubre de

2022,22 el TPI notificó haberse enterado del mismo.23

       Después de varias incidencias procesales, el 13 de enero de

2023 se celebró una vista con el propósito de auscultar el

nombramiento de un Defensor Judicial para la codemandante

Sandra Rodríguez Maldonado.24 En dicha vista no estuvo presente

18 Véase, Réplica a Moción de Desestimación, presentada ante nos el 13 de julio de

2023, Anejo 1, a las págs. 1 – 5.
19 Id., pág. 4.
20 Id., Anejo 2, a la pág. 6.
21 Id., Anejos 2 y 3, a las págs. 8 – 9.
22 Notificada el 25 de octubre de 2022.
23 Véase, Réplica a Moción de Desestimación, presentada ante nos el 13 de julio de

2023, Anejo 4, a la pág. 10.
24 Véase, el Anejo 36 del Recurso de Certiorari, págs. 160 – 163.
KLCE202300612                                                      6

la codemandada Dolores Rodríguez Colón, por lo que la parte

peticionaria solicitó y obtuvo del TPI la anotación de rebeldía sobre

la codemandada.25 Por otro lado, la señora Sandra Rodríguez

Maldonado se negó a comparecer a la vista pero su hermana, la

señora Zulma Rodríguez Maldonado se presentó y brindó detalles

sobre la condición de salud de la codemandante.

        En lo referente a la capacidad de la codemandante Sandra

Rodríguez Maldonado, el 6 de febrero de 2023 la parte peticionaria

presentó una MOCIÓN AFIANZANDO SOLICITUD DE DEFENSOR

JUDICIAL Y/O MEDIDAS CAUTELARES AL AMPARO DE LA REGLA

15.2(B) DE PROCEDIMIENTO CIVIL.26 En síntesis, solicitó el

nombramiento de un defensor judicial para la codemandante

Sandra Rodríguez Colón, quien desde su nacimiento no contaba con

las capacidades cognoscitivas y mentales, por lo que no aprendió a

leer ni escribir ni entiende el proceso judicial.

        Surge del expediente, que el TPI emitió una Resolución

notificada el 15 de febrero de 2023 asignando un Defensor Judicial

a la codemandante, Sandra Rodríguez Maldonado. En lo pertinente

expresó:

        LUEGO DE EVALUADA LA PETICIÓN DE LA PARTE
        DEMANDANTE EN CUANTO A LA DESIGNACIÓN DE UN
        DEFENSOR JUDICIAL A LA PARTE CO-DEMANDANTE
        SANDRA RODRÍGUEZ MALDONADO, EVALUADA LA
        TOTALIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y EN ÁNIMO DE
        PROTEGER LA INTEGRIDAD EMOCIONAL DE UNA PERSONA
        CON ALGÚN CASO ALEGADO DE INCAPACIDAD, ESTE
        TRIBUNAL LE ASIGNARÁ UN DEFENSOR JUDICIAL
        CONFORME LA REGLA 15.2 DE LAS REGLAS DE
        PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO A LA CO-
        DEMANDANTE SANDRA RODRÍGUEZ MALDONADO.27

        Así, pues, el 14 de febrero de 2023,28 se asignó al Lcdo.

Daniel Molina López (Lcdo. Molina López) como defensor judicial de

la codemandante Sandra Rodríguez Maldonado.29 En contrario, el

25 Id., pág. 160.
26 Véase, Anejo 40 del Apéndice de Certiorari, págs. 168 - 179.
27 Véase, Anejos 5 del Apéndice de Certiorari, pág. 19.
28 Notificada 16 de febrero de 2023.
29 Anejo 6 del Recurso de Certiorari, págs. 20 – 21.
KLCE202300612                                                                 7

Lcdo. Molina López solicitó que se le relevara de la representación

legal de la incapaz,30 ya que su área de especialidad y desempeño

era la litigación corporativa; además, no tenía experiencia como

defensor judicial de incapaces. Sin embargo, el TPI no acogió la

solicitud y le indicó que la designación era como defensor judicial,

no de abogado.31 En ese sentido, el 6 de marzo de 2023,32 foro a

quo reiteró que la designación del licenciado era como defensor

judicial para cubrir la capacidad de la alegada incapaz.33

          El 15 de marzo de 2023, el Lcdo. Molina López presentó

MOCIÓN SOLICITANDO MEDIDAS CAUTELARES.34 En síntesis,

expresó que, como defensor judicial y para proteger los interés de la

señora Sandra Rodríguez Maldonado, era necesario que se le

relevara y se emitieran las siguientes medidas: (1) emitir una orden

para que la codemandantes, hermanas de Sandra Rodríguez Colón,

presenten una solicitud de declaración de incapaz de ésta y el

nombramiento de un tutor en propiedad; (2) la paralización de los

procesos del TPI hasta la designación del tutor en propiedad; y (3)

la concesión un lapso de tiempo para que el tutor designado pueda

contratar un abogado.

          El 16 de marzo de 2023, la parte peticionaria presentó una

moción intitulada BREVE RÉPLICA EN TORNO A MOCIÓN DE

MEDIDAS CAUTELARES.35 En resumen, adujeron que la solicitud

para la designación en propiedad de un tutor demostraba el

desconocimiento en cuanto a la figura del defensor judicial “ad

liten”.    Añadieron     que,     ante    las     reiteradas   solicitudes   del

Lcdo. Molina López anunciando su indisponibilidad, se le permitiera

renunciar.

30 Anejo 8 del Recurso de Certiorari, págs. 30 – 32.
31 Anejo 10 del Recurso de Certiorari, pág. 35.
32 Notificada el 7 de marzo de 2023.
33 Anejo 11 del Recurso de Certiorari, pág. 37.
34 Anejo 4 del Recurso de Certiorari, págs. 11 – 18.
35 Anejo 13 del Recurso de Certiorari, págs. 39 – 40.
KLCE202300612                                                                 8

       El 16 de abril de 2023, la codemandada Aida Luz Moringlane

Ruiz presentó un escrito CUMPLIMIENTO DE ORDEN EN CUANTO A

MEDIDAS CAUTELARES, en la que se unió a la solicitud del Lcdo.

Molina López para que se paralizara el pleito hasta que se nombrara

un tutor en propiedad.36

       Evaluada la solicitud del defensor judicial y la posición de las

partes, el TPI emitió una Resolución el 17 de abril de 2023,37 en la

que paralizó los procesos hasta que la parte peticionaria-

demandante        presente      una     determinación     judicial    sobre   la

incapacidad de la codemandante Sandra Rodríguez Maldonado y su

correspondiente carta tutelar.38 En lo pertinente indicó:

       ANTE LA ALEGACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE SOBRE
       LA CONDICIÓN MENTAL E INCAPACIDAD DE LA SEÑORA
       SANDRA RODRÍGUEZ Y COMO MEDIDA PREVENTIVA, ANTE
       LA SOLICITUD DE SU DEFENSOR JUDICIAL, PARA
       PROTEGER CUALQUIER INTERÉS DE ESTA SE ORDENA LA
       PARALIZACIÓN DEL PRESENTE CASO HASTA TANTO SE
       PRESENTE UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL SOBRE LA
       INCAPACIDAD DE ESTA Y SU CORRESPONDIENTE CARTA
       TUTELAR.

       Dicho      dictamen        fue      objeto    de   una      Moción     de

Reconsideración,39 sin embargo, la misma fue declarada No Ha Lugar

por el TPI el 2 de mayo de 2023.40 En lo pertinente señaló:

       […] EL TRIBUNAL TIENE SERIAS INTERROGANTES SOBRE
       LA CAPACIDAD DE LA DEMANDANTE PARA PODER
       CONSENTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA E
       INCLUSIVE CONTRATAR LA REPRESENTCIÓN LEGAL,
       BASADO EN LA PROPIAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA.

       Inconforme, el 30 de mayo de 2023 la parte peticionaria

recurrió ante nos en el presente recurso de certiorari y señaló que el

TPI incidió de las siguientes maneras:

       Erro [sic] el TPI al no relevar al defensor judicial designado a
       pesar de este haberle advertido su total desconocimiento
       sobre la materia para la cual había sido designado. [sic]

       Erro [sic] el TPI al adoptar como suyas las medidas cautelares
       solicitadas por el defensor judicial y paralizar los
       procedimientos judiciales ordenando la radicación de un
       procedimiento de incapacidad y tutela y una vez resuelto y

36 Anejo 14 del Recurso de Certiorari, págs. 41 – 42.
37 Notificada el 18 del mismo mes y año.
38 Anejo 3 del Recurso de Certiorari, pág. 10.
39 Anejo 2 del Recurso de Certiorari, págs. 3 – 9.
40 Notificada 3 de mayo de 2023. Anejo 1 del Recurso de Certiorari, pág. 2.
KLCE202300612                                                                  9

          haberse designado un tutor reiniciar los procedimientos ante
          si. [sic]

          Atendido el recurso legal epígrafe, el 5 de junio de 2023

emitimos una Resolución mediante la cual concedimos a las partes

10 días para notificar razón por la cual no se deba expedir el auto

de certiorari. Luego de algunas incidencias procesales, el 14 de

junio de 2023 el defensor judicial de la señora Sandra Rodríguez

Maldonado compareció ante este foro apelativo mediante el escrito

OPOSICIÓN A LA EXPEDICIÓN DEL AUTO DE CERTIORARI. Además,

el 20 de julio de 2023 compareció la corecurrida Aida Luz

Moringlane Ruíz, en escrito OPOSICIÓN A EXPEDICIÓN DEL AUTO

DE CERTIORARI Y SUSCRIBIENDO LA TOTALIDAD DE LAS

ALEGACIONES DEL DEFENSOR JUDICIAL.

          Por su parte, el 29 de junio de 2023 los corecurridos Wilfrido

Rodríguez Colón, Elizabeth Torres López y Luz Esther Rodríguez

Colón comparecieron en un escrito SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

POR FALTA DE JURISDICCIÓN. En resumen, alegaron que este foro

apelativo carecía de jurisdicción ante el incumplimiento de los

peticionarios con la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones,41 ya que la codemandada en rebeldía, la señora Dolores

Rodríguez Colón no fue notificada del recurso de epígrafe.

          En respuesta, el 13 de julio de 2023 la parte peticionaria

presentó REPLICA A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN. En síntesis,

admitió que no notificó el recurso epígrafe a la codemandada Dolores

Rodríguez Colón, pero alegó que dicha omisión no constituye

fundamento suficiente para desestimar el presente recurso legal.

Añadió, que el foro recurrido luego de anotar la rebeldía a ésta, no

le notificó de las resoluciones a la codemandada en rebeldía que

41 Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

33 (B).
KLCE202300612                                                               10

emitió en los procesos, por lo cual los términos para la revisión de

la resolución recurrida no habían comenzado a decursar.

       El 14 de julio de 2023, los corecurridos Wilfrido Rodríguez

Colón, Elizabeth Torres López y Luz Esther Rodríguez Colón

presentaron DUPLICA A R[É]PLICA A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN.

En síntesis, manifestaron que la resolución que paralizó los

procesos ante el TPI es interlocutoria y no un dictamen final que

tuviera que ser notificado a la codemandada Dolores Rodríguez

Colón.

                                     -II-

                                      -A-

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que permite

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior”.42 Por discreción se entiende el “tener poder para

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios

cursos de acción”.43

       Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,44 delimita

las instancias en que este foro habrá de atender y revisar mediante

certiorari las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de

instancia, a saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari

42 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703,

711 (2019).; IG Builders et al. V. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
43 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
44 Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
KLCE202300612                                                                     11

         en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
         fundamentar su decisión. […].45

         Con el objetivo de que podamos ejercer de una manera

prudente la facultad discrecional que se nos ha delegado para

entender o no en los méritos del asunto esbozado en este recurso,

nuestros oficios se encuentran en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones.46

         El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
         determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
         orden de mostrar causa:
            (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
            a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.
            (B) Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
            (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
            de Primera Instancia.
            (D) Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los cuales
            deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
            (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
            (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
            y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
            (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa evita un fracaso de la justicia. 47

         Por lo que, al tener discreción judicial para expedir o denegar

el auto de certiorari, Nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que:

         [d]e ordinario, no se intervendrá́ con el ejercicio de discreción
         de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
         hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́ con
         prejuicio o parcialidad, o que se equivocó́ en la interpretación
         o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
         sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
         perjuicio sustancial.48
                                        -B-

         Las Reglas de Procedimiento Civil establecen como se deben

notificar las órdenes, resoluciones y sentencias.49 Específicamente,

la Regla 65.3 de Procedimiento Civil en sus incisos (a) y (b) dispone

la forma en que el Secretario del Tribunal notificará una orden,

resolución o sentencia a las partes comparecientes en un pleito:

45 Id.
46 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
47 Id.
48 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).; Lluch

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
49 Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.
KLCE202300612                                                              12

       (a) Inmediatamente después de archivarse en autos copia de
           la notificación del registro y archivo de una orden,
           resolución o sentencia, el Secretario o la Secretaria
           notificará tal archivo en la misma fecha a todas las partes
           que hayan comparecido en el pleito en la forma
           preceptuada en la Regla 67. El depósito de la notificación
           en el correo será aviso suficiente a todos los fines para los
           cuales estas reglas requieran una notificación del archivo
           en autos de una orden, resolución o sentencia.
       (b) El Secretario o Secretaria notificará a la última dirección
           que se haya consignado en el expediente por la parte que
           se autorrepresenta o a la dirección del abogado o abogada
           que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir
           notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9 de este
           apéndice, toda orden, resolución o sentencia que de
           acuerdo con sus términos deba notificarse a las partes que
           hayan comparecido en el pleito.50

       Los incisos (a) y (b) de la Regla 65.3 antes citada, está

diseñada para las partes que comparecen en el pleito. Ahora, en lo

que respecta a la controversia que nos ocupa, la Regla 65.3 (c) de

Procedimiento Civil,51 distingue el caso de partes en rebeldía cuando

hayan comparecido en autos o cuando nunca hayan comparecido.

Veamos el primer caso:

       (c) En el caso de partes en rebeldía que hayan
           comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le
           notificará toda orden, resolución o sentencia a la última
           dirección que se haya consignado en el expediente por la
           parte que se autorepresenta o a la dirección del abogado o
           abogada que surge del registro del Tribunal Supremo para
           recibir notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9.
           […].52

       Nótese, que lo antes dicho está pensado para un caso en que

cualesquiera de las partes [demandante o demandado] en rebeldía

haya comparecido en autos. Lo cual, obliga al Secretario del

Tribunal a notificarle de toda orden, resolución o sentencia a la

última dirección que se haya consignado en el expediente por la parte

que se autorepresenta o a la dirección del abogado o abogada que

surge del registro del Tribunal Supremo para recibir notificaciones.

       Por otra parte, la misma Regla 65.3(c) atiende el caso de una

parte demandada en rebeldía que fue emplazada por edicto y que

50 32 LPRA Ap. V., R. 65.3 (a)(b). Énfasis nuestro.
51 32 LPRA Ap. V., R. 65.3 (c).
52 Id. Énfasis nuestro.
KLCE202300612                                                             13

nunca haya comparecido en autos o de partes demandadas

desconocidas:

       … [E]n el caso de partes en rebeldía, que hayan sido
       emplazadas por edictos y que nunca hayan
       comparecido en autos o de partes demandadas
       desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un aviso de
       notificación de sentencia por edictos para su publicación por
       la parte demandante. […]Todos los términos comenzarán a
       computarse a partir de la fecha de la publicación del edicto, la
       cual deberá acreditarse mediante una declaración jurada del
       (de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico,
       acompañada de un ejemplar del edicto publicado. […]. 53

       Surge de la referida Regla 65.3 (c) que, las partes demandadas

antes dicha, el Secretario del Tribunal vendrá obligado a notificar

únicamente la Sentencia, y lo hará por edictos.

       Por su parte, la Regla 67.1 de Procedimiento Civil,54 esboza

sobre cuándo se requiere la notificación de los escritos. Dicha regla

enuncia lo siguiente:

       Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito presentado
       por las partes será notificado a todas las partes. La
       notificación se efectuará el mismo día en que se emita la orden
       o se presente el escrito.
       No será necesario notificar a las partes en rebeldía por
       falta de comparecencia, excepto que las alegaciones en
       que se soliciten remedios nuevos o adicionales contra dichas
       partes se les notificará en la forma dispuesta en la Regla 4.4
       o, en su defecto, por la Regla 4.6, para diligenciar
       emplazamientos.55

       La aludida Regla 67.1 obliga tanto al tribunal como a las

partes, a notificar toda orden o escrito respectivamente. Nótese, que

la parte en rebeldía por falta de comparecencia; es decir, que nunca

compareció, no hay la obligación de notificarle la orden del tribunal

o el escrito de la parte, excepto, cuando se trata de remedios nuevos

o adicionales contra dicha parte rebelde.

       Nuestro Alto Foro Judicial esbozó en el caso Banco Popular v.

Andino Solís, 192 DPR 172 (2015) sobre la mencionada Regla 67.1

que: “[c]uando una parte fue debidamente emplazada y no

compareció, no es necesario que se le notifique toda alegación

subsiguiente a la demanda original. … [S]in embargo, cuando la

53 Id. Énfasis nuestro.
54 32 LPRA Ap. V., R. 67.1.
55 Id. Énfasis nuestro.
KLCE202300612                                                                14

parte comparece se deben enviar todas las notificaciones

correspondientes, aun cuando se le haya anotado la rebeldía”.56

                                      -C-

       Como norma general, en nuestro sistema de derecho existe

una presunción de capacidad.57 Ahora, cuando se alegue la falta de

capacidad —absoluta o parcial— de una persona mayor de edad o

de un menor emancipado, se puede solicitar su incapacitación.58 La

misma puede ser solicitada por “[e]l cónyuge, siempre que convivan

a la fecha de la solicitud; los progenitores; y, en todos los casos,

cualquier pariente con plena capacidad de obrar que tenga derecho a

sucederle o el defensor judicial que el tribunal designe” para ese fin.59

De su parte, el Ministerio Público deberá solicitar la declaración de

incapacitación:

       (a) cuando le sea requerido por alguna persona con interés en
       el bienestar y la seguridad personal del menor o del alegado
       incapaz, si las personas llamadas a hacerlo no inician
       oportunamente el procedimiento;
       (b) cuando se trata de una persona que representa un peligro
       para su propia seguridad física o para la de otras personas;
       (c) cuando no se conoce o no existe ninguna de las personas
       mencionadas en el artículo precedente; y
       (d) cuando el heredero del alegado incapaz es menor de edad
       o carece de la capacidad de obrar necesaria para comparecer
       en juicio.60

       Una vez se alegue la falta de capacidad de un mayor de edad

o de un menor emancipado, el tribunal deberá evaluar su estado

mental y, si así lo determina y encuentra conveniente, puede

designar un defensor judicial.61

       En ese sentido, un defensor judicial es “un tutor especial si se

quiere, nombrado [por el tribunal] para que represente a un

incapacitado o a un menor en un pleito en específico”.62 Es decir, es

56  Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 180 (2015) citando a Alamo v.
Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 105 esc. 9 (2002). Énfasis nuestro.
57 31 LPRA sec. 5601.; Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 157 (2000).
58
   Artículo 110 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5631.
59 Id.
60 Artículo 111 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5632.
61 Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 159.
62 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 486 (2019), citando en

aprobación a Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 300 (2003); R & G Premier Bank PR
v. Registradora, 158 DPR 241, 248 (2002); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR
KLCE202300612                                                                     15

el   nombramiento        del    defensor     judicial    es    ad   litem.    Este

nombramiento procede en virtud del parens patriae que ostenta el

Estado, cuyo objetivo principal es asegurar el bienestar de los

menores o incapacitados.63 Por ello, el defensor judicial está

facultado     a   levantar     aquellos     planteamientos       que     entienda

procedentes y pertinentes a favor y en beneficio del incapacitado al

que representa.

       Cónsono con lo antes dicho, la Regla 15.2 de Procedimiento

Civil,64 “[r]econoce la facultad de los tribunales para nombrar un

defensor judicial que represente a un menor de edad o a una persona

incapacitada judicialmente en una causa de acción cuando lo juzgue

conveniente o esté dispuesto por ley”.65 En lo pertinente a nuestra

controversia, la citada Regla 15.2 en el inciso (a) dispone:

       Regla 15.2. Menores y personas incapacitadas
       (a) Un o una menor deberá comparecer por medio de su padre
       o madre con patria potestad o, en su defecto, por medio de su
       tutor o tutora general. Una persona mayor de edad o
       emancipada que esté judicialmente incapacitada deberá
       comparecer por medio de su tutor o tutora general. Sin
       embargo, el tribunal podrá nombrarle un defensor o una
       defensora judicial a cualquier menor o persona incapacitada
       judicialmente siempre que lo juzgue conveniente o esté
       dispuesto por ley.
       (b) En los casos previstos en la última oración de la Regla
       4.4(c),66 y en la Regla 22.2,67 el tribunal determinará sobre el
       estado mental de la parte y si es conveniente y procede el
       nombramiento de un defensor o una defensora judicial.

       Nótese, el inciso (a) de la referida regla contempla que, si la

capacidad de una persona está restringida por alguna condición, ya

sea minoría de edad, demencia, prodigalidad, o cualquier otra,

140, 159 (2000) y Fernández Martínez v. Tribunal Superior, 89 DPR 754, 758
(1964).
63 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 486 (2019).; Crespo v.

Cintrón, 159 DPR 290, 300 (2003).; R & G Premier Bank PR v. Registradora, 158
DPR 241, 248 (2002).
64 32 LPRA Ap. V, R.15.2.
65 Crespo v. Cintrón, supra.; Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra, en la pág.

489.
66 La Regla 4.4 inciso (c) le impone a la parte demandante, a su abogado o a la

persona que diligencie el emplazamiento, el deber de notificar al tribunal cuando
tenga fundamento razonable para creer que la persona que será emplazada está
incapacitada mentalmente, para que el tribunal proceda de acuerdo con lo
dispuesto en la Regla 15.2(b). 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (c).
67 La Regla 22.2 de Procedimiento Civil esboza que si una parte queda

incapacitada, previa moción, el tribunal podrá permitir que el pleito continúe por
o contra su defensor judicial. 32 LPRA Ap. V, R. 22.2.
KLCE202300612                                                                 16

queda a discreción del tribunal —si es conveniente y procede—

nombrarle un defensor judicial.68 Bajo ese criterio de conveniencia,

el tribunal tiene la discreción de establecer cualquier otra medida

para proteger los intereses de la parte incapacitada, a la vez que

procura que el caso sea resuelto de una manera justa, rápida y

económica.69

       Distinto al nombramiento ad litem del defensor judicial, el

nombramiento         del    tutor    abarca      una     gama       mayor      de

responsabilidades de tutela sobre la persona incapaz. El artículo

122 del Código Civil de Puerto Rico,70 define y establece el objeto de

la tutela.

       Artículo 122. — Tutela; definición y objeto.
               La tutela confiere a una persona natural o jurídica la
       autoridad para representar y asistir a otra que, sin estar
       sujeta a la patria potestad, tiene restringida la capacidad de
       obrar por razón de su minoridad o por las causas que declara
       la ley.
               La tutela tiene por objeto la guarda y la representación
       de la persona incapaz y la administración de sus bienes, o
       solamente la administración de los bienes, según las
       limitaciones que determina la sentencia y las exigencias del
       régimen tutelar al que queda sometida.
               Las funciones tutelares constituyen un deber, se
       ejercen en beneficio del tutelado y están bajo la salvaguarda
       de la autoridad judicial.71

       De igual forma, el Código Civil,72 dispone quien puede ser

llamado tutor del incapaz mayor de edad.73 La designación se hará

en el orden de preferencia asignada por el Código y en atención al

interés óptimo del incapaz.74

       Una vez se nombra a una persona tutor, éste representa al

tutelado     en   todos     los   actos    jurídicos     que    requieran     su

consentimiento, exceptuando los que dispone la ley o la sentencia

68 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 489 (2019); Rivera y otros v.

Bco. Popular, supra, pág. 159.
69 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.
70 31 LPRA sec. 5661.
71 Id.
72 Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendado, conocida Código Civil

de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
73 31 LPRA sec. 5683.
74 Id.
KLCE202300612                                                               17

de incapacitación.75 Según impone el Código Civil en su Artículo

158,76 el tutor tiene que cumplir con las siguientes obligaciones;

       (a) ejercer la tutela con la diligencia propia de una persona
       prudente y razonable que exijan las circunstancias
       particulares de su cargo;
       (b) rendir cuentas periódicas sobre el desarrollo de su gestión
       en el plazo y condiciones que ordena la sentencia;
       (c) alimentar y educar al tutelado, con arreglo a su condición
       y con estricta sujeción a las disposiciones de los progenitores
       o a las que, a falta de ellas, ha adoptado el tribunal;
       (d) en el caso de menores de edad, corregirlos y disciplinarlos
       moderadamente;
       (e) procurar, por cuantos medios proporciona la fortuna del
       incapaz, que este adquiera su plena capacidad de obrar o la
       recobre, se rehabilite de la dependencia o trastorno emocional
       o físico que lo sujeta a la tutela y logre su mejor inserción en
       la sociedad;
       (f) dirigir y asistir a la persona que hará el inventario y el
       avalúo de los bienes a que se extiende la tutela, dentro del
       plazo que señale el tribunal; y
       (g) rendir las cuentas periódicas y las finales, al terminar el
       cargo.77

       Además de las obligaciones esbozadas, el tutor tiene los

siguientes deberes con su tutelado:

       (a) someterlo al tratamiento que requiere su condición;
       (b) darle una carrera u oficio determinado, si ello no ha sido
       ordenado por los progenitores;
       (c) procurar los rendimientos propios del patrimonio y
       colocarlos en inversiones seguras, después de cubrir las
       obligaciones de la tutela;
       (d) proceder a la división de la herencia o de otros bienes que
       el tutelado posea en común con otros titulares;
       (e) iniciar en nombre y en representación del tutelado toda
       acción legal en la que el tutor no tenga intereses encontrados; y
       (f) realizar cualquier gestión que convenga al interés óptimo
       del tutelado y que agilice la atención de sus asuntos
       personales y económicos.
               Estas actuaciones están sujetas a las limitaciones que
       la ley dispone y a las medidas de control que establezca el
       tribunal. En caso de duda sobre el alcance de la gestión, la
       actuación del tutor se entiende limitada a los actos propios de
       un administrador.78
                                    -III-

       Esbozado el derecho aplicable, atendamos las controversias

planteadas ante nos.

       En    primer      orden,    debemos      atender     una     cuestión

jurisdiccional sobre la falta de notificación de las resoluciones del

75 31 LPRA sec. 5721; Véase, ASR v. Ex Parte Proc. Rel. Fam., 196 DPR 944, 952

(2016).
76 31 LPRA sec. 5723.
77 31 LPRA. sec. 5723.
78 31 LPRA sec. 5729.
KLCE202300612                                                       18

TPI, y del presente recurso legal, a la codemandada en rebeldía,

Dolores Rodríguez Colón.

      Surge del expediente, que al inicio del pleito la señora Dolores

Rodríguez Colón compareció como parte demandante, sin embargo,

el 4 de agosto de 2022 expresó que no deseaba continuar como parte

del pleito. Ante esto, el TPI expresó que se trataba de una parte

indispensable en el pleito y debía ser traída como parte demandada.

      Así, la parte peticionaria conocía que la dirección residencial

de la codemandada era en el estado de Illinois, por lo que se emitió

y diligenció emplazamiento por edicto —incluso copia de la demanda

se le envió a través de correo certificado con acuse de recibo a la

dirección de 809 W. 6ht. St. Kewanee, Illinois 61443— y no fue

reclamada ni contestada. En consecuencia, el 13 de enero de 2023

se le anotó rebeldía a la codemandada Dolores Rodríguez Colón por

no comparecer a los procesos.

      A tono con lo antes dicho y el derecho esbozado, no hay duda

de que la señora Dolores Rodríguez Colón nunca ha comparecido

como parte demandada en este pleito, razón por la cual la parte

peticionaria no está obligada a notificarle el presente recurso de

certiorari a la codemandada. De igual modo, tampoco el TPI está

obligado de notificarle la Resolución interlocutoria recurrida. Razón

por la cual, contamos con jurisdicción para atender esta

controversia.

      En segundo orden, la parte peticionaria señala —en

síntesis— que el TPI erró al adoptar las medidas cautelares

solicitadas por el defensor judicial para paralizar procesos judiciales

hasta tanto se celebre un procedimiento de incapacidad y tutela de

la codemandante Sandra Rodríguez Maldonado. Tiene razón.

Explicamos.

      Primeramente, para todos los efectos prácticos la Resolución

recurrida relevó al licenciado Molina López de su nombramiento
KLCE202300612                                                       19

como defensor judicial de la incapaz, Sandra Rodríguez Maldonado

en este pleito. Ello en contravención a la normativa de que al

nombrar un defensor judicial el caso sea resuelto de una manera

justa, rápida y económica.79

       En segundo lugar, la paralización y orden para que se nombre

un tutor a la señora Sandra Rodríguez Maldonado no resulta

razonable cuando ya, el TPI determinó que es una persona incapaz

de velar por sus intereses en este pleito, y le nombró al licenciado

Molina López como su defensor judicial que, precisamente tiene la

obligación de velar por dichos intereses.

       En tercer lugar, el licenciado Molina López fue nombrado

defensor judicial por el TPI y se le indicó que debía continuar con

esta obligación, a pesar de que su práctica es en el ámbito

corporativo. No obstante, la figura del defensor judicial no conlleva

un conocimiento técnico o complicado que el licenciado Molina no

pueda ejecutar. Como es sabido el defensor judicial está facultado a

levantar aquellos planteamientos que entienda procedentes y

pertinentes a favor y en beneficio del incapacitado al que representa.

A eso, fue asignado el licenciado Molina López en este caso.

Independiente de su expertis laboral, en este proceso le corresponde

velar los intereses de la señora Sandra Rodríguez Maldonado

referente a este litigio. En ese sentido, no vemos excusa alguna para

que el licenciado Molina cumpla con su deber. Advertimos que el

Canon 1 del Código de Ética Profesional establece como obligación

fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar

que toda persona tenga acceso a la representación capacitada,

íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal.80

       Evaluada la totalidad del expediente, la Resolución recurrida

y el derecho aplicable, es forzoso concluir que el TPI incidió al

79 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.   Ap. V.
80 4 LPRA Ap. IX.
KLCE202300612                                                     20

paralizar los procesos pese a haber nombrado un defensor judicial

que protegerá y velará los intereses de la incapaz Sandra Rodríguez

Maldonado. Como bien mencionamos, en los procesos se busca la

solución, justa, rápida y económica de los procesos. En este caso, la

paralización de los procesos no es la solución adecuada, cuando ya

se ha nombrado un defensor judicial.

      A tenor con lo expuesto, se expide el auto de certiorari y se

revoca la Resolución recurrida.

                                  -IV-

      Por lo fundamentos antes expuestos, se expide el certiorari

epígrafe y se revoca la Resolución del TPI. Se ordena la continuación

de los procedimientos sin más dilaciones, conforme a lo aquí

resuelto.

      Lo acordó el Tribunal y certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones