Court Opinion

ID: 9394871
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:18:09.805477+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.790309
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL V

MIGDALIA RIVERA LÓPEZ,                         CERTIORARI
        y otros                                Procedente del
                                               Tribunal de
           Apelados                            Primera Instancia,
                                               Sala Superior de
               v.                              San Juan
                                               (805)
 MUNICIPIO AUTÓNOMO
  DE SAN JUAN; ESTADO                   Civil Núm.:
   LIBRE ASOCIADO DE                    SJ2020CV03308
       PUERTO RICO;       KLAN202200636
    DEPARTAMENTO DE                     Sobre: Daños y
    TRANSPORTACIÓN Y                    Perjuicios
     OBRAS PÚBLICAS;
AUTORIDAD DE ENERGÍA
 ELÉCTRICA; AUTORIDAD
    DE CARRETERAS y                     CERTIORARI
   TRANSPORTACIÓN DE        consolidado Procedente del
       PUERTO RICO;                     Tribunal de
      AUTORIDAD DE                      Primera Instancia,
      ACUEDUCTOS Y                      Sala Superior de
    ALCANTARILLADOS;                    San Juan
 ÓPTIMA SEGUROS por sí                  (805)
y/o como sucesora de QBE
    SEGUROS; MAPFRE                     Civil Núm.:
    PRAICO INSURANCE      KLAN202200729 SJ2020CV03308
 COMPANY; FULANOS DE
 TAL 1 al 10; Compañía de               Sobre: Daños y
  Seguros A; Compañía de                Perjuicios
  Seguros B; Compañía de
         Seguros C

           Apelantes

MIGDALIA RIVERA LÓPEZ,
        y otros

           Apelantes

               v.

 MUNICIPIO AUTÓNOMO
 DE SAN JUAN; ESTADO
  LIBRE ASOCIADO DE
     PUERTO RICO;
  DEPARTAMENTO DE
  TRANSPORTACIÓN Y
   OBRAS PÚBLICAS;
AUTORIDAD DE ENERGÍA
ELÉCTRICA; AUTORIDAD
   DE CARRETERAS y

Número Identificador

SEN(RES)2022____________
KLAN202200636 consolidado                                      2
KLAN202200729

   TRANSPORTACIÓN DE
       PUERTO RICO;
      AUTORIDAD DE
      ACUEDUCTOS Y
    ALCANTARILLADOS;
 ÓPTIMA SEGUROS por sí
y/o como sucesora de QBE
    SEGUROS; MAPFRE
    PRAICO INSURANCE
 COMPANY; FULANOS DE
 TAL 1 al 10; Compañía de
  Seguros A; Compañía de
  Seguros B; Compañía de
         Seguros C

         Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                         SENTENCIA

     En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2023.

     Comparece ante nos el Municipio Autónomo de San Juan

(“Municipio de San Juan”) y Óptima Seguros (“Óptima”) mediante

Apelación Civil en el caso KLAN202200636, presentado el 12 de

agosto de 2022. Nos solicita que revoquemos la Sentencia Parcial

emitida el 28 de junio de 2022 y notificada el 29 de junio del

mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de San Juan (“foro primario” o “foro a quo”). En el aludido

dictamen, el foro a quo determinó paralizar el pleito en cuanto a

la parte codemandada, Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(“ELA”), fundamentándose en un injunction ordenado por el

Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico.

     Asimismo, comparece la señora Migdalia Rivera López

(“señora Rivera López”) mediante Apelación en el caso con la

designación alfanuméricamente de KLAN202200729, presentado

el 13 de septiembre de 2022. Igualmente, nos solicita que dejemos
KLAN202200636 consolidado                                                      3
KLAN202200729

sin efecto la Sentencia Parcial emitida el 28 de junio de 2022,

notificada al día siguiente.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, en

el caso KLAN202200636, modificamos la sentencia apelada, y

así    modificada,        confirmamos.          En     cuanto       al     caso

KLAN202200729, confirmamos el dictamen apelado.

                                       I.

       Los hechos que originan esta controversia surgen el 23 de

junio de 2020 cuando la señora Rivera López y Luis Colón

Larrauri (en conjunto, “los señores Rivera-Colón”) incoaron una

Demanda por daños y perjuicios ante el foro primario.1 En la

aludida reclamación, los señores Rivera-Colón alegaron que el 24

de junio de 2019, en la acera del lado norte del puente Dos

Hermanos en dirección de Condado a San Juan, la señora Rivera

López pisó un hueco de un registro de lo que se alega ser la

luminaria de la acera que se encontraba destapada y llena de

arena. Esto provocó que se cayera al suelo y como consecuencia

de esta caída, expresó haber sufrido daños físicos y angustias

mentales que se estiman en una suma mayor de doscientos

cincuenta mil dólares ($250,000.00). Esta causa de acción se

presentó en contra de una serie de demandados, entre los cuales

se destacan el Municipio de San Juan, Óptima y el ELA.2

       Tras varios años de litigio, el 12 de abril de 2022, el ELA

presentó un escrito de Aviso de Injunction Paralizando la

Litigación del Presente Caso y Sobre el Requisito de Presentar una

1 Véase el Apéndice III, pág. 5-11 del recurso del Municipio de San Juan y Óptima
en el caso KLAN 2022-00729.
2 Los demandados que figuraban en la demanda son: Municipio Autónomo de San

Juan; Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Departamento de Transportación y
Obras Públicas; Autoridad de Energía Eléctrica; Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico; Autoridad de Acueductos y Alcantarillados;
Optima Seguros por sí y/o como sucesora de QBE Seguros; MAPFRE PRAICO
Insurance Company; Fulanos de Tal 1 al 10; Compañía de Seguros A; Compañía
de Seguros B; Compañía de Seguros C.
KLAN202200636 consolidado                                                4
KLAN202200729

Solicitud de Gastos Administrativos ante el Tribunal del Título III. 3

Mediante este documento, el ELA notificó la existencia de un

injunction permanente sobre las reclamaciones presentadas en su

contra previo al 15 de marzo de 2022, fecha en la que entró en

vigor el Plan de Ajuste de la Deuda aprobado por virtud del

Confirmation Order dictado el 18 de enero de 2022 por la jueza

del Tribunal de Distrito Federal, Hon. Laura Taylor Swain.

Además, adujo que el foro a quo perdió jurisdicción sobre el

presente caso ya que el mismo se encontraba paralizado de

manera permanente y que el único remedio al cual los señores

Rivera-Colón tenían derecho era a una reclamación de gastos

administrativos.4

        De   manera    oportuna,     los   señores     Rivera-Colón     se

opusieron a la solicitud del ELA mediante un escrito intitulado

Oposición a Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del

Presente Caso y Sobre el Requisito de Presentar una Solicitud de

Gastos Administrativos ante el Tribunal de Título III, el cual fue

presentado el 19 de mayo de 2022.5 En esencia, esbozaron que la

paralización a la que hace alusión el ELA no es aplicable al caso

de autos debido a que los eventos que motivaron la reclamación

presentada por los señores Rivera-Colón se originó en una fecha

posterior a la radicación de la quiebra del Gobierno de Puerto

Rico.

        De otra parte, el 31 de mayo de 2022, el ELA presentó una

Réplica a Moción de Oposición al Aviso de Injunction Paralizando

la Litigación del Presente Caso y Sobre el Requisito de Presentar

3 Véase el Apéndice V, págs. 73- 80 del recurso del Municipio de San Juan y
Óptima en el KLAN 2022-00729.
4 Íd., pág. 75-77.
5 Véase el Apéndice VI, págs. 85-92 del recurso del Municipio de San Juan y

Óptima en el caso KLAN 2022-00729.
KLAN202200636 consolidado                                                    5
KLAN202200729

una Solicitud de Gastos Administrativos ante el Tribunal de Título

III.6 En síntesis, reiteró su postura referente a que el foro primario

había perdido jurisdicción en este pleito y que el único remedio

disponible para los señores Rivera-Colón es una reclamación de

gastos administrativos.

       Por su parte, el 21 de junio de 2022, el Municipio de San

Juan y Óptima presentaron una Moción Sobre Posición en Torno a

Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente Caso y

Sobre el Requisito de Presentar una Solicitud de Gastos

Administrativos ante el Tribunal de Título III. 7            Mediante este

recurso,    adujeron     que    no    existe    fundamento       legal   para

determinar     que    el foro     primario     carecía de      jurisdicción.

Igualmente, argumentaron que el ELA era parte indispensable en

esta controversia y si ellos no participaban en el pleito, entonces

habría que desestimarlo por falta de jurisdicción. Este último

alegato obedece a la controversia relacionada a quien ostenta la

jurisdicción sobre la acera del puente Dos Hermanos, lugar donde

los señores Rivera-Colón alegaron ocurrieron los hechos objeto de

la reclamación en el presente caso.

       En respuesta a esta última moción, el 23 de junio de 2022,

el ELA presentó una Réplica a Moción Sobre Posición en Torno a

Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente Caso y

Sobre el Requisito de Presentar una Solicitud de Gastos

Administrativos ante el Tribunal de Título III.8 En esta ocasión, el

ELA explicó que la controversia jurisdiccional se trata de un

asunto de campo ocupado bajo la cláusula de supremacía de la

6 Véase el Apéndice VII, págs. 93-103 del recurso del Municipio de San Juan y
Óptima en el caso KLAN 2022-00729.
7 Véase el Apéndice VIII, págs. 104-109 del recurso del Municipio de San Juan y

Óptima en el caso KLAN 2022-00729.
8 Véase el Apéndice IX, págs. 110-115 del recurso del Municipio de San Juan y

Óptima en el caso KLAN 2022-00729.
KLAN202200636 consolidado                                                     6
KLAN202200729

Constitución de Estados Unidos. El ELA sostuvo que el foro

primario se encontraba privado de jurisdicción para adjudicar la

controversia ya que les es aplicable la paralización al amparo del

Confirmation Order emitido por el tribunal federal y al cual

hicieron alusión en su moción original sobre el asunto de la

paralización.

       Sometida las posturas de las partes, el Tribunal de Primera

Instancia dictó Sentencia Parcial el 28 de junio de 2022,

declarando Ha Lugar la solicitud de paralización de los

procedimientos en cuanto al ELA.9

       En desacuerdo con el dictamen del foro primario, el

Municipio de San Juan y Óptima presentaron Moción de

Reconsideración el 14 de julio de 2022. Alegaron que la

paralización de los procedimientos debió aplicarse a todas las

partes y no solo al ELA. Este razonamiento responde al

argumento de que el ELA es parte indispensable en este litigio,

debido a que persiste una controversia relacionada a quien tenía

la jurisdicción del puente Dos Hermanos. Una vez sometida la

Moción de Reconsideración,10 esta fue declarada No ha Lugar

mediante Orden emitida el 15 de julio de 2022.11

       Inconforme aún, el Municipio de San Juan y Óptima

acudieron ante esta Curia en su recurso de Apelación Civil, el 12

de agosto de 2022 (KLAN202200636) y formularon el siguiente

señalamiento de error:

       Erró el TPI al declarar No ha Lugar la Moción de
       Reconsideración y, en su consecuencia, negarse a
       enmendar la Sentencia Parcial a los fines de decretar
       la paralización automática a favor de todas las partes
       en el pleito, y no solo en cuanto al ELA, ya que el ELA

9 Véase el Apéndice I, págs. 1-4 del recurso del Municipio de San Juan y Óptima
en el caso KLAN 2022-00729.
10 Véase el Apéndice X, págs. 116-123 del recurso del Municipio de San Juan y

Óptima en el KLAN 2022-00729.
11 Véase el Apéndice Xi, pág. 124 del recurso del Municipio de San Juan y Óptima

en el caso KLAN 2022-00729.
KLAN202200636 consolidado                                             7
KLAN202200729

        es parte indispensable lo que implicaría que la
        celebración del juicio en su ausencia ocasionaría a las
        codemandadas/apelantes un perjuicio sustancial
        indebido al privarle de oportunidad real y efectiva de
        defenderse adecuadamente de las alegaciones en su
        contra, además de conducir a una sentencia nula.

        Por su parte, el 13 de septiembre de 2022, los señores

Rivera-Colón     comparecieron     ante   nos   mediante     Apelación

señalando el siguiente error (KLAN202200729):

        Erró el TPI al paralizar el caso en contra del ELA al
        declarar Ha Lugar la Solicitud de Aviso de Injunction
        Paralizando la Litigación del Presente Caso y Sobre el
        Requisito de Presentar una Solicitud de Gastos
        Administrativos ante el Tribunal del Título III.

        Tras varios eventos procesales los cuales no son necesarios

detallar, el 16 de septiembre de 2022, ordenamos consolidar los

recursos tanto de los señores Rivera-Colón como el de Municipio

de San Juan y Óptima a tenor con los dispuesto por la Regla 80.1

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4LPRA Ap. XXII-B,

R. 80.1. Así las cosas, el 7 de noviembre de 2022, compareció el

ELA por conducto de la Oficina del Procurador General con su

Alegato del Gobierno de Puerto Rico. Con el beneficio de ambas

partes, nos corresponde examinar la normativa aplicable en este

caso.

                                  II.
                 A. Falta de Parte Indispensable

        Se considera parte indispensable aquella que tenga “un

interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la

controversia . . .”. 32 LPRA Ap. V, R. 16.1. Esta es una parte “cuyo

interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse

un decreto . . . sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos”.

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010)

(Citas omitidas). Por virtud de ello, “si no está presente en el litigio

se trasgrede el debido proceso de ley del ausente. Ante la
KLAN202200636 consolidado                                        8
KLAN202200729

ausencia de una parte indispensable, el tribunal carece de

jurisdicción . . .”. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR

462, 479 (2019). Por lo tanto:

      [C]onstituye un planteamiento tan relevante y vital
      que puede presentarse en cualquier momento, es
      decir, se puede presentar por primera vez en
      apelación e, incluso, un tribunal apelativo puede
      suscitarlo sua sponte, ya que en ausencia
      de parte indispensable, el tribunal carece de
      jurisdicción. Además, la omisión de traer a
      una parte indispensable al pleito constituye una
      violación al debido proceso de ley que la cobija.
      Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).
      (Citas omitidas).

      Esto quiere decir que “la sentencia que se emita en

ausencia de parte indispensable es nula”. García Colón et al. v.

Sucn. González, supra, pág. 550 (Énfasis suprimido). Cuando esté

“ausente una parte indispensable, debe desestimarse la acción.

Sin embargo, dicha desestimación no tendrá el efecto de una

adjudicación en los méritos ni, por ende, de cosa juzgada”. Pérez

Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 224 (2007).

      B. La Ley PROMESA y el Plan de Ajuste de la deuda

   El 30 de junio de 2016 se aprobó la Ley Pública 114-187

intitulada Puerto Rico Oversight, Management, Economic Stability

Act (PROMESA). Por virtud de este estatuto federal se estableció

la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Junta), a la

cual se le otorgó una serie de poderes y responsabilidades

relacionados con el manejo fiscal y presupuestario del Gobierno

de Puerto Rico. Así, el 3 de mayo de 2017, la Junta presentó una

petición de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico al

amparo del Título III de la Ley PROMESA, 48 USC sec. 2101 et

seq. En lo pertinente, la Sección 301 (a) del Título III de PROMESA

incorporó las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras

en torno a las paralizaciones automáticas de pleito en contra del
KLAN202200636 consolidado                                        9
KLAN202200729

deudor y su propiedad. Lacourt Martínez, et al v. Jta. Lib. et al,

198 DPR 786, 787 (2017). Esto tuvo el efecto de implementar una

paralización automática de las reclamaciones instadas contra el

ELA, previo a la presentación de la petición de quiebra. Requena

Mercado v. Policía de Puerto Rico, 205 DPR 285, 291 (2020).

      El objetivo principal de la paralización automática de

pleitos es liberar al deudor de presiones financieras mientras se

dilucida el procedimiento de quiebra. Lacourt Martínez v. Jta. Lib.

et al, supra, pág. 788. A la luz de lo esbozado, mediante la

paralización, “se impide, entre otras cosas, el comienzo o la

continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de

otra índole, que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del

deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació

antes de que se iniciara la quiebra”. Peerless Oil v. Hnos. Torres

Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012) (énfasis y citas omitidas).

Empero, la presentación de una petición de quiebra solo paraliza

los procedimientos contra el deudor que la presentó. Íd., pág. 243.

De tal manera, la responsabilidad de una persona que es

codeudor, fiador o en alguna forma garantizador de un quebrado

no se altera por la adjudicación en quiebra de éste. Íd., pág. 256

citando a Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 DPR 374, 380 (1961).

      Ahora bien, el 18 de enero de 2022, la Corte de Distrito de

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico emitió el Order and

Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint Plan

of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the Employees

Retirement System of the Government of the Commonwealth of

Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority

(“Confirmation Order”). Por virtud de este, se confirmó el Modified

Eighth Amended Title III Joint Plan Of Adjustment Of The
KLAN202200636 consolidado                                          10
KLAN202200729

Commonwealth Of Puerto Rico, mejor conocido como el Plan de

Ajuste de la Deuda y se determinó que el 15 de marzo de 2022

sería la fecha de efectividad (“effective date”). El Confirmation

Order tuvo varias consecuencias jurídicas importantes en torno

al proceso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico. En lo

pertinente, el inciso cincuenta y nueve (59) ordena un injunction

sobre     las   reclamaciones       instadas   en    las   siguientes

circunstancias:

        59. Injunction on Claims.
        Except as otherwise expressly provided in section
        92.11 of the Plan, this Confirmation Order, or such
        other Final Order of the Title III Court that is
        applicable, all Entities who have held, hold, or in
        the future hold Claims or any other debt or
        liability that is discharged or released pursuant to
        section 92.2 of the Plan or who have held, hold, or
        in the future hold Claims or any other debt or
        liability discharged or released pursuant to
        section 92.2 of the Plan are permanently
        enjoined, from and after the Effective Date, from
        (a) commencing or continuing, directly or
        indirectly, in any manner, any action or other
        proceeding (including, without limitation, any
        judicial, arbitral, administrative, or other
        proceeding) of any kind on any such Claim or other
        debt or liability discharged pursuant to the Plan
        against any of the Released Parties or any of their
        respective assets or property, (b) the enforcement,
        attachment, collection or recovery by any manner or
        means of any judgment, award, decree, or order
        against any of the Released Parties or any of their
        respective assets or property on account of any Claim
        or other debt or liability discharged pursuant to the
        Plan, (c) creating, perfecting, or enforcing any
        encumbrance of any kind against any of the Released
        Parties or any of their respective assets or property on
        account of any Claim or other debt or liability
        discharged pursuant to the Plan, and (d) except to the
        extent provided, permitted or preserved by sections
        553, 555, 556, 559, or 560 of the Bankruptcy Code
        or pursuant to the common law right of recoupment,
        asserting any right of setoff, subrogation, or
        recoupment of any kind against any obligation due
        from any of the Released Parties or any of their
        respective assets or property, with respect to any
        such Claim or other debt or liability discharged
        pursuant to the Plan. Such injunction shall extend to
        all successors and assigns of the Released Parties and
        their respective assets and property. Notwithstanding
        the foregoing, without prejudice to the exculpation
KLAN202200636 consolidado                                        11
KLAN202200729

     rights set forth in section 92.7 of the Plan and
     decretal paragraph 61 hereof, nothing contained in
     the Plan or this Confirmation Order is intended, nor
     shall it be construed, to be a non-consensual third-
     party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of
     their respective Related Persons by Creditors of the
     Debtors. (Énfasis suplido).

     Por otro lado, la Sección 92.2 del Plan de Ajuste al que hace

alusión la precitada disposición estipula el mecanismo de

descarga y relevo de acciones. La aludida sección lee como sigue:

     92.2 Discharge and Release of Claims and Causes of
     Action:
     a) Except as expressly provided in the Plan or the
     Confirmation Order, all distributions and rights
     afforded under the Plan shall be, and shall be
     deemed to be, in exchange for, and in complete
     satisfaction, settlement, discharge and release of,
     all Claims or Causes of Action against the Debtors
     and Reorganized Debtors that arose, in whole or
     in part, prior to the Effective Date, relating to the
     Title III Cases, the Debtors or Reorganized Debtors
     or any of their respective Assets, property, or interests
     of any nature whatsoever, including any interest
     accrued on such Claims from and after the Petition
     Date, and regardless of whether any property will
     have been distributed or retained pursuant to the
     Plan on account of such Claims or Causes of Action;
     provided, however, that, without prejudice to the
     exculpation rights set forth in Section 92.7 hereof,
     nothing contained in the Plan or the Confirmation
     Order is intended, nor shall it be construed, to be a
     grant of a non-consensual third-party release of the
     PSA Creditors, AFSCME, and of their respective
     Related Persons by Creditors of the Debtors. Upon
     the Effective Date, the Debtors and Reorganized
     Debtors shall be deemed discharged and released
     from any and all Claims, Causes of Action and any
     other debts that arose, in whole or in part, prior
     to the Effective Date (including prior to the
     Petition Date), and Claims of the kind specified in
     sections 502(g), 502(h) or 502(i) of the Bankruptcy
     Code and PROMESA Section 407, whether or not (a)
     a proof of claim based upon such Claim is filed or
     deemed filed under section 501 of the Bankruptcy
     Code, (b) such Claim is allowed under section 502 of
     the Bankruptcy Code and PROMESA Section 407 (or
     is otherwise resolved), or (c) the holder of a Claim
     based upon such debt voted to accept the Plan. For
     the avoidance of doubt, nothing contained herein or
     in the Confirmation Order shall release, discharge or
     enjoin any claims or causes of action against PREPA
     arising from or related to PREPA-issued bonds,
     including, without limitation, Monoline-issued
     insurance pertaining thereto, and PREPA is not
KLAN202200636 consolidado                                       12
KLAN202200729

      releasing any claims or causes of action against any
      non- Debtor Entity. Claims and causes of action
      against PREPA arising from or related to PREPA
      issued bonds, and releases against PREPA and its
      assets shall be addressed in PREPA’s Title III case,
      including, without limitation, any plan of adjustment
      therein. (Énfasis Suplido)

      Las disposiciones previamente esbozadas, tienen el efecto

de descargar todos los reclamos, causas de acción y cualquier

deuda que tuvieran los deudores. Indiscutiblemente, dista de la

paralización automática de pleitos dispuesto en el Título III de

PROMESA, la cual establecía como objetivo “preservar el caudal

del deudor para que se pueda llevar un proceso ordenado”. Vera

González v. ELA, 199 DPR 995, 997 (2018) (Martínez Torres,

opinión de conformidad). Sin embargo, cuando nos referimos al

descargue de las obligaciones, se trata del “fin último del proceso

de quiebras y ocurre al final de este.” Íd. pág. 999.

      Entre otras cosas, el Plan de Ajuste de la Deuda además

establece como requisito la presentación de una solicitud de

gastos administrativos dentro del término de noventa (90) días

desde la fecha de efectividad del citado Plan de Ajuste de Deuda.

Específicamente, el inciso cuarenta y cuatro (44) del Confirmation

Order estatuye lo que sigue:

      44 Administrative Claim Bar Date:
       The last day to file proof of Administrative Expense
      Claims shall be ninety (90) days after the Effective
      Date, after which date, any Administrative Expense
      Claim, proof of which has not been filed, shall be
      deemed forever barred, and the Debtors and
      Reorganized Debtors shall have no obligation with
      respect thereto; provided, however, that no proof of
      Administrative Expense Claim shall be required to be
      filed if such Administrative Expense Claim (a) shall
      have been incurred (i) in accordance with an order of
      the Court or (ii) with the written consent of the
      applicable Government Parties expressly granting
      such Administrative Expense Claim, (b) is a
      Professional Claim, (c) is an intergovernmental Claim,
      (d) is an Administrative Expense Claim of the IRS for
      the payment of taxes incurred by any of the Debtors
      during the period from and after the Commonwealth
KLAN202200636 consolidado                                       13
KLAN202200729

     Petition Date, the ERS Petition Date, or the PBA
     Petition Date, as applicable, (e) relates to actions
     occurring in the ordinary course during the period
     from and after the respective Debtor’s petition date
     up to and including the Effective Date, (f) relates to a
     Claim that is subject to the provisions of the ACR
     Order, including, without limitation, “grievance
     claims” relating to any of the Debtor’s collective
     bargaining agreements, or (g) is the subject of a
     pending     motion    seeking    allowance      of   an
     administrative expense pursuant to section 503(b) of
     the Bankruptcy Code as of the entry of this
     Confirmation Order; and, provided, further, that any
     such proof of Administrative Expense Claim by a
     governmental unit shall remain subject to the rights
     and interests of the Debtors and Reorganized
     Debtors, as the case may be, and any other party in
     interest to interpose an objection or other defense to
     the allowance or payment thereof.

     Igualmente, el Plan de Ajuste de la Deuda define las

reclamaciones de gastos administrativos de la siguiente manera:

     1.52 Administrative Expense Claim:
      A Claim against the Debtors or their Assets
     constituting a cost or expense of administration of the
     Title III Cases asserted or authorized to be asserted,
     on or prior to the Administrative Claim Bar Date, in
     accordance with sections 503(b) and 507(a)(2) of the
     Bankruptcy Code arising during the period up to and
     including the Effective Date, and otherwise complying
     with applicable Puerto Rico law, including, without
     limitation, subject to the occurrence of the Effective
     Date, and except as provided in Section 3.5 hereof,
     Consummation Costs and PSA Restriction Fees;
     provided, however, that, under no circumstances
     shall an Administrative Expense Claim include the
     PBA Administrative Expense Claim.

                               III.

                     A. KLAN202200729

     Expuesto el marco jurídico, procedemos a resolver la

controversia que está ante nuestra consideración. En el recurso

KLAN202200729, los señores Rivera-Colón alegan que el foro

primario incidió al concluir que el injunction al amparo del

Confirmation Order libera al ELA del presente pleito. Igualmente

esbozan que no es aplicable la reclamación por gastos

administrativos como un remedio alternativo. Los fundamentos
KLAN202200636 consolidado                                        14
KLAN202200729

que dan origen a su contención surgen de diversas disposiciones

del Código Federal de Quiebras y del Título III de PROMESA.

      Habiendo evaluada minuciosamente el expediente ante

nuestra consideración, determinamos que no les asiste la razón

a los señores Rivera Colón. La normativa que rige la presente

controversia surge de lo dispuesto en el Confirmation Order, la

cual sustituye el estado de derecho provisto por el Título III de

PROMESA. A esos efectos, al amparo del inciso cincuenta y nueve

(59) dispuesto en el Confirmation Order, se implementa un

injunction que prohíbe, desde y a partir de la fecha de

efectividad del Plan de Ajuste (15 de marzo de 2022), el

comenzar o continuar, directa o indirectamente, cualquier

acción u otro procedimiento sobre cualquier reclamación,

deuda o responsabilidad de conformidad con el Plan de Ajuste

de la Deuda.

      De igual manera, el aludido injunction incorpora elementos

de la Sección 92.2 del Plan de Ajuste de la Deuda. La referida

sección instituye que, los deudores y los deudores reorganizados

se considerarán liberados y descargados de todos y cada uno

de los reclamos, causas de acción y cualquier otra deuda que

surja, en su totalidad o en parte, antes de la fecha de

efectividad o incluso antes de la fecha de petición. Podemos

colegir de lo anterior, que la orden del foro federal tuvo el efecto

de descargar las reclamaciones que pesaban contra el ELA. Esto

es así, pues “el proceso de descargue es uno de los beneficios que

tiene el deudor que se somete al proceso de quiebras y le permite

al deudor comenzar de nuevo su vida financiera”. Vera Gonzalez

v. ELA, supra, pág. 998.
KLAN202200636 consolidado                                        15
KLAN202200729

      En su recurso, los señores Rivera-Colón plantean que el

injunction es aplicable únicamente a los casos que son

descargados bajo el procedimiento de quiebras. No obstante,

omite detallar que el inciso cincuenta y nueve (59) del

Confirmation Order incorpora la ya reseñada Sección 92.2 del

Plan de Ajuste el cual descarga todas las reclamaciones que

pesaban contra el ELA.

      No   obstante,   aquellos   que   hayan    presentado   una

reclamación en estas circunstancias, el inciso cuarenta y cuatro

(44) del precipitado Confirmation Order les provee un remedio en

cuanto la otorgación de gastos administrativos. Para ello, la parte

que los solicite debe reclamar dentro de un periodo de noventa

(90) días a partir de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste de

la Deuda. Al igual que el injunction del inciso cincuenta y nueve

(59), este remedio de otorgación de gastos administrativos es

aplicable a esta controversia.

      Finalmente, cabe señalar que el 28 de octubre de 2022, la

Hon. Laura Taylor Swain emitió el Notice of (a) entry of order

confirming Modified Eighth Amended Title III Plan of Adjustment of

the Commonwealth of Puerto Rico, et al. pursuant to Title III of

PROMESA, (b) occurrence of the effective date, and (c) extension of

administrative claim bar date for certain parties. De la referida

orden podemos destacar dos (2) elementos esenciales para la

controversia ante nuestra consideración: la extensión de la fecha

para reclamar gastos administrativos hasta el 18 de enero de

2023 y la inaplicabilidad del injunction del Confirmation Order a

aquellos pleitos que se presenten dentro de las limitaciones

estatutarias de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el

Estado, Ley Núm. 104 de 29 de Junio de 1955, 32 LPRA sec.
KLAN202200636 consolidado                                                         16
KLAN202200729

3077(a), de setenta y cinco mil dólares ($75,000.00) o ciento

cincuenta mil dólares ($150,000.00).12 Nótese, que la aludida

excepción no es aplicable a la reclamación incoada por los

señores Rivera-Colón             debido a que la misma asciende a una

cantidad que excede los doscientos cincuenta mil dólares

($250,000.00).

          En vista del análisis que antecede, resolvemos que tanto lo

dispuesto en el inciso cuarenta y cuatro (44) y el inciso cincuenta

y nueve (59) del Confirmation Order es aplicable al caso de

epígrafe, por lo cual el error formulado por los señores Rivera-

Colón no se cometió.

                              B. KLAN202200636

          Concluido lo anterior, nos corresponde examinar el

argumento presentado por parte de Óptima y el Municipio de San

Juan en el KLAN202200636. En este arguye que la paralización

del pleito se debe extender al Municipio de San Juan bajo el

fundamento de que el ELA es parte indispensable en el mismo.

Veamos.

          En el caso de autos, el foro a quo liberó y descargó al ELA

de los reclamos, causa de acción y cualquier otra deuda que haya

surgido contra este, en o antes del 15 de marzo de 2022, al

amparo del Plan de Ajuste de la Deuda y el Confirmation Order.

En consecuencia, ordenó la paralización de los procedimientos

contra el ELA y el Departamento de Transportación y Obras

Públicas. Cónsono con lo anterior, el descargue de las

12   El lenguaje de la modificación del injunction lee como sigue:
           If you are party to a litigation, proceeding, or action asserting a
          claim pursuant to 32 LPRA sec 3077(a), to the extent the amount
          of such claim asserted is within such statutory limitation of
          $75,000 or $150,000, as applicable, the injunctions in Section
          92.3 of the Plan and decretal paragraph 59 of the Confirmation
          Order have been modified to allow such litigation to proceed to final
          judgment and execution, including any appeals.
KLAN202200636 consolidado                                                   17
KLAN202200729

obligaciones afecta únicamente al deudor que se sometió al

proceso de quiebras, el cual en este caso es el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.13 Es de notar, que el efecto del descargue

y liberación de las deudas no incluye a los municipios ya que

estos son entidades distintas y separadas del Gobierno de Puerto

Rico, creadas por virtud del Código Municipal de Puerto Rico, Ley

Núm. 107-2020, 21 LPRA secs. 7001, et. seq. y por consiguiente

no participan del proceso de quiebras dispuesto por la ley

PROMESA. Por lo tanto, siendo el Municipio de San Juan una

entidad municipal no le son aplicables los efectos del Plan de

Ajuste de la Deuda ni del Confirmation Order.

       No empece lo anterior, en vista de que el ELA fue liberado

de la reclamación de epígrafe, el reclamo que posee el Municipio

de San Juan y Óptima referente a la jurisdicción del puente Dos

Hermanos no puede atenderse, precisamente por el Estado estar

ausente en el pleito. Dado que esta controversia jurisdiccional es

fundamental para la continuación y posterior resolución de este

pleito y al no poder resolverse quien es el responsable y titular del

puente Dos Hermanos, procede extender la paralización de los

procedimientos del resto de las partes bajo el fundamento de falta

de parte indispensable.

                                     IV.

       Por    los    fundamentos           expuestos     a     continuación

determinamos lo siguiente: En cuanto al caso KLAN202200636,

modificamos         la   sentencia     apelada,     y    así    modificada,

13 Según surge del Confirmation Order, pág. 1, los deudores que presentaron el
Plan de Ajuste de la Deuda son:
       The Commonwealth of Puerto Rico (the “Commonwealth”), the
       Employees Retirement System of the Government of the
       Commonwealth of Puerto Rico (“ERS”), and the Puerto Rico Public
       Buildings Authority (“PBA” and, collectively with the
       Commonwealth and ERS, the “Debtors”), by and through the
       Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the
       “Oversight Board”).
KLAN202200636 consolidado                                    18
KLAN202200729

confirmamos. En consecuencia, resolvemos que la paralización

de los procedimientos debe extenderse a las demás partes que

participan en esta controversia.

     En cuanto al caso KLAN202200729, confirmamos el

dictamen apelado.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

               LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones