Court Opinion

ID: 9896825
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:22:44.070343+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:17.612505
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL XI

                                                         Certiorari procedente
     FAUSTINO XAVIER                                        del Tribunal de
    BETANCOURT COLÓN                                      Primera Instancia,
                                                           Sala Superior de
            Peticionario                                      Mayagüez

                   v.                 KLCE202301104

     DON MACETA, INC.;                                       Civil Núm.:
  CHARLOTTE´S SWEETS &                                     MZ2021CV01323
    FRAPPE, INC.; EDWIN
      TIRADO BERRIOS;
   FULANOS DE TAL 1-100;
   FULANOS DE TAL 1-100                                          Sobre:
                                                          Petición de Orden de
              Recurrida                                  Interdicto Permanente

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

        Comparece el señor Faustino Xavier Betancourt Colón (señor

Betancourt Colón o peticionario) vía recurso de certiorari, a fin de

solicitar la revocación de la Resolución del Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez, emitida el 21 de agosto de 2023.

Mediante dicho dictamen, se declaró sin lugar la Moción en solicitud

de sentencia sumaria por la insuficiencia de prueba. Por los

fundamentos que expresamos a continuación, denegamos la expedición

del auto de certiorari solicitado.

        En síntesis, el caso de epígrafe trata de una demanda instada por

el señor Betancourt Colón contra el restaurante Don Frappe y Don

Maceta por unas alegadas barreras arquitectónicas colocadas en el lugar

Número Identificador

RES2023 _______________
KLCE202301104                                                           2

de servicio y en el baño de hombres del negocio, en violación a los

derechos de los discapacitados bajo la Americans with Disabilities Act

de 1990 (ADA), según enmendada. Posterior a la anotación de rebeldía

de Don Maceta, Inc., Charlotte's Sweets & Frappe, Inc. y Edwin Tirado

Berríos (conjuntamente “recurridos”) por la falta de respuesta a la

demanda, el peticionario presentó una Moción en solicitud de sentencia

sumaria. Esta última fue acompañada por una declaración jurada, en la

cual el peticionario jura: (1) que ha sido diagnosticado con hipertensión,

hidrocefalia, insuficiencia cardiaca congestiva, deformidad en ambos

pies,   obstrucción   pulmonar     crónica,   y   enfermedad     articular

degenerativa de la columna lumbar, entre otros; (2) que por

prescripción médica se le ordenó utilizar un mobility scooter o una silla

de ruedas; (3) que tiene instalado un desfibrilador; (4) que no puede

caminar o balancearse por un hinchazón grave en los pies; (5) que fue

registrado como una persona con discapacidad por el Departamento de

Salud; (6) que se le concedió un carnet de impedido por el

Departamento de Transportación y Obras Públicas; y (7) que fue

asignado a una vivienda ajustada para personas con impedimentos por

el Departamento de la Vivienda.

        Ante lo anterior, el foro primario declaró sin lugar a la Moción

en solicitud de sentencia sumaria por falta de evidencia pericial sobre

la discapacidad del señor Betancourt Colón y la existencia de las

barreras arquitectónicas. Oportunamente, el peticionario presentó una

Moción en solicitud de reconsideración, a la cual el Tribunal de

Primera Instancia igualmente declaró sin lugar.

        En su recurso de certiorari, el peticionario alega que la

jurisprudencia federal, la ADA y las Reglas de Procedimiento Civil de
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2009 no lo obligan a presentar evidencia pericial de su discapacidad y

la existencia de las barreras arquitectónicas. Específicamente, que su

declaración jurada debería considerarse como suficiente evidencia de

su condición y de lo observado en el restaurante Don Frappe y Don

Maceta.

      El mecanismo procesal de la sentencia sumaria se rige por la

Regla 36 de Procedimiento Civil y tiene como finalidad la solución

justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan

controversias genuinas de hechos materiales. Véase Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V); Const. José Carro v.

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012). Así, la Regla 36.2 permite que

cualquiera de las partes pueda solicitar que se dicte sentencia sumaria

sobre la totalidad o sobre cualquier parte de una reclamación. Regla

36.2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V). Véase también,

Torres Pagán v. Municipio Autónomo de Ponce, 191 DPR 583 (2014).

A su vez, se ha establecido que su peticionario debe establecer su

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial

sobre algún hecho material, es decir, suficiente para que sea necesario

dirimirlo en un juicio plenario. Regla 36.1 de Procedimiento Civil de

2009 (32 LPRA Ap. V). Véase también, Ramos Pérez v. Univisión, 178

DPR 200 (2010).

      Por otro lado, la Regla 36.3(e) dispone que corresponde dictar

sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones

juradas y alguna otra evidencia, se acredita la inexistencia de una

controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y

pertinente y el derecho aplicable lo justifica. Regla 36.3(e) de
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Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V). Véase también, Zapata

Berrios v. JF Montalvo Cash &Carry, 189 DPR 414 (2013).

      Ahora bien, en cuanto al estándar de revisión aplicable, el

Tribunal de Apelaciones utilizará los mismos criterios que el foro de

primera   instancia   al   determinar   la   correspondencia    de    la

sentencia sumaria, aunque limitado a considerar aquellos documentos

presentados en el foro primario y obligado a cumplir con la Regla 36.4

de Procedimiento Civil. Regla 36.4 de Procedimiento Civil de 2009 (32

LPRA Ap. V). Debemos, por tanto, examinar de novo el expediente y

verificar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición

cumplan con los requisitos de forma; luego, revisar si en realidad

existen hechos materiales en controversia y, de encontrar que los

hechos materiales realmente están incontrovertidos, revisar de novo si

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).

      Con respecto a la anotación de rebeldía, la Regla 45.1 de

Procedimiento Civil dispone que este procederá “cuando una parte

contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio

afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra

forma según se dispone en estas reglas”. Regla 45.1 de Procedimiento

Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V). Por lo tanto, la anotación de rebeldía

tendrá el efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de las

alegaciones afirmativas. Íd. No obstante, la Regla 45.2(b) aclara que si

el tribunal, para ejecutar o dictar sentencia en rebeldía, ve necesario

comprobar la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o

hacer una investigación de cualquier otro asunto, el mismo deberá

celebrar las vistas necesarias y adecuadas, o encomendar la cuestión a
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un comisionado o una comisionada. Íd., Regla 45.2(b). De las

alegaciones afirmativas, el tribunal debe evaluar si existen los

elementos de la causa de acción y si amerita el remedio solicitado.

Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc., 2023 TSPR

110. Véase también, Rivera v. Goytía, 70 DPR 30 (1949).

      Por otro lado, la ADA explica que ningún individuo será

discriminado por razón de discapacidad en el disfrute de servicios,

facilidades o acomodaciones en lugares de acomodo público por

cualquier persona que es dueña, renta u opera tal lugar. Sec. 12182(a)

de la Ley Púb. Núm. 101-336 de 26 de julio de 1990 (104 Stat. 327).

Sin embargo, la ADA aclara que el concepto de “discapacidad”

significa, concierne a un individuo, “(A) a physical or mental

impairment that substantially limits one or more major life activities of

such individual; (B) a record of such an impairment; or (C) being

regarded as having such an impairment […]”. Íd., Sec. 12102(1). En

otras palabras, la ADA aplica cuando la discapacidad afecta el diario

vivir del individuo, cual incluye caminar, pararse, levantar objetos,

doblarse y respirar. Íd., Sec. 12102(2)(a).

      A base de lo anterior, la jurisprudencia federal ha determinado

que la suficiencia de evidencia de discapacidad bajo la ADA debe

basarse en la probabilidad de un jurado no perito reconocer que la

persona tiene una discapacidad. Véase Mancini v. City of Providence,

909 F.3d 32 (1er Cir. 2018). No obstante, es muy probable que este

jurado no reconozca o comprenda el significado de términos científicos

cuando un demandante los utiliza para describir sus condiciones

médicas, por lo cual sería necesario evidencia pericial. Íd. (citando a

Felkins v. City of Lakewood, 774 F.3d 647, 648 (10mo Cir. 2014)).
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      Concerniente a las barreras arquitectónicas, la ADA incluye los

restaurantes en la definición de “public accommodation”. Sec. 12181

de la Ley Púb. Núm. 101-336 de 26 de julio de 1990 (104 Stat. 327).

La jurisprudencia federal y los tratados estadounidenses han aclarado

que los discapacitados demandantes pueden adquirir un remedio si

tienen: (1) conocimiento de la existencia de las barreras en un lugar de

acomodo público, (2) evidencia de la continuidad de las barreras

arquitectónicas en el establecimiento, y (3) deseo de volver al negocio

en controversia si este elimina las barreras. Véase C. Fuhr, Proof that

Plaintiff is Currently Deterred from Attempting to Gain Access to

Public Accommodation Under Americans with Disabilities Act of 1990

(42 U.S.C.A §§ 121818 et seq.) en American Jurisprudence Proof of

Facts, 3a ed., Lawyers Cooperative Publishing, 2023 (citando a

Namisnak v. Uber Technologies, Inc., 971 F.3d 1088 (9no Cir. 2020);

Disability Support Alliance v. Heartwood Enterprises, LLC, 885 F.3d

543 (8vo Cir. 2018); Wahl v. McIver, 773 F.2d 1169 (11mo Cir. 1985);

Thorne v. Boston Market Corporation, 469 F.Supp.3d 130 (S.D.N.Y.

2020)). Incluso, el tribunal puede evaluar caso-a-caso las circunstancias

específicas de las barreras, más la efectividad de las modificaciones

arquitectónicas y el costo que el negocio devengaría al reconstruir su

establecimiento. Véase Sosa v. Massachusetts Department of

Correction, 80 F.4th 15 (1er Cir. 2023) (citando a Mary Jo C. v. N.Y.

State & Local. Rest. Sys., 707 F.3d 144, 153 (2do Cir. 2013)).

      De conformidad con los hechos del presente caso, el señor

Betancourt Colón solo presentó una declaración jurada como evidencia

de su discapacidad y de las barreras arquitectónicas en el restaurante

Don Frappe y Don Maceta. De la misma no se desprende que el
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Tribunal de Primera Instancia haya incurrido en arbitrariedad al

considerarla insuficiente para demostrar las condiciones físicas o

barreras aludidas o persistentes que forman parte de la demanda sin la

previa constatación testimonial o de perito. Es decir, tal determinación

no desvela prejuicio, parcialidad o error manifiesto que colocara el

ejercicio de la discreción judicial en un plano de abuso.

      Por los fundamentos expresados, se deniega el auto de certiorari

solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones