Court Opinion

ID: 9916147
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:14.892846+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:19.384344
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VI

  NILDA RODRÍGUEZ                               Certiorari
      VÁZQUEZ                                   procedente del
                                                Tribunal de Primera
     Parte Recurrida                            Instancia, Sala
                                                Superior de
                                                San Juan

            Vs.               KLCE202301095 Caso Núm.

                                                SJ2023CV05035
  HOSPITAL ESPAÑOL                              (Sala 906)
   AUXILIO MUTUO
                                                Sobre:
    Parte Peticionaria
                                                Despido Injustificado
                                                (Ley Núm. 80);
                                                Ley de Represalia en el
                                                Empleo (Ley Núm.
                                                115-1991)
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

      Comparece        la   parte   demandada-peticionaria,     Hospital

Español Auxilio Mutuo (en adelante, Auxilio Mutuo), mediante un

recurso de certiorari y nos solicita la revisión de la Resolución emitida

el 8 de septiembre de 2023 y notificada el 11 de septiembre de 2023

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en

adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar

la Moción de Desestimación presentada el 22 de junio de 2023 por el

Auxilio Mutuo.

      Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del recurso de Petición de Certiorari.

                                     I

      Según surge del expediente, el 25 de mayo de 2023, la parte

demandante-recurrida la Sra. Nilda Rodríguez Vázquez (en adelante,

Sra. Rodríguez Vázquez) presentó una Demanda sobre despido

Número Identificador

SEN2023 _________
KLCE202301095                                                                    2

injustificado y represalias en contra del Auxilio Mutuo al amparo de

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida

como “Ley Sobre Despidos Injustificados”, 29 LPRA sec. 185a et seq.,

y la Ley Núm. 115-1991, según enmendada, conocida como “Ley de

Represalias”, 29 LPRA sec. 194 et seq.1 En la demanda, la Sra.

Rodríguez Vázquez alegó que trabajó para el Auxilio Mutuo como

enfermera anestesista desde el 10 de enero de 2005 hasta el 19 de

agosto de 2022, cuando fue despedida injustificadamente y en

represalia por haber promovido que la Unidad Laboral de

Enfermeras(os) y Empleados de la Salud (ULEES) presentara una

querella ante el Departamento de Salud en contra del Auxilio Mutuo

por alegadas violaciones al Reglamento para la Construcción,

Operación, Mantenimiento y Licenciamiento de los Hospitales en

Puerto Rico, Reglamento Núm. 9184, Departamento de Salud, 1 de

julio de 2020; 2 y por haber comparecido como testigo de la ULEES

durante una reunión que se celebró el 20 de julio de 2022 como

parte del proceso adjudicativo de la querella.

       En cuanto al despido, la Sra. Rodríguez Vázquez alegó,

además, lo siguiente:

       […]
       “13. En la reunión el representante legal de la
       querellante produjo documentos que formaban parte de
       su expediente profesional, los cuales el representante
       legal de la querellada, o sea el Hospital, reprodujo.

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-34.
2 En cuanto a esta querella, la Sra. Rodríguez Vázquez alegó, entre otras cosas, lo

siguiente:
       […]
       “8. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez en conjunto a otros
       empleados promovieron que el sindicato que los representa
       ULEES, instara y presentara ante el Departamento de Salud de
       Puerto Rico una Querella en contra del Hospital, ya que su patrono
       tiene contratados estudiantes de anestesia qui[e]nes llevan a cabo
       funciones que solo pueden ejecutar enfermeros(as) anestesistas
       licenciados(as) (RNA) como lo es la demandante.
       9. La alegación principal de la Querella ante el Departamento de
       Salud es que los estudiantes de anestesia ejercen las funciones de
       atender pacientes solos, sin la supervisión directa de un
       anestesista y/o de sus superiores, lo que constituye una violación
       al Reglamento 9184 del Departamento de Salud.
       10. La Querella ante el Departamento de Salud lleva el número Q-
       22-03-004 siendo presentada el 21 de marzo de 2022, por el
       representante sindical de la demandante. […].” Apéndice de la
       Petición de Certiorari, pág. 2.
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    Luego de la reproducción de los documentos el
    representante legal de la querellante se los mostró a los
    testigos, la aquí demandante Nilda Rodríguez Vázquez
    y Alexander Santana Marrero, qui[e]nes por su
    “expertise” explicaron el contenido de estos.

    14. Luego de terminada la reunión, el representante
    legal del Hospital le planteó al representante legal de la
    querellante que entre los documentos producidos había
    algunos que eran hojas clínicas de pacientes, que
    supuestamente son confidenciales y no había razón
    alguna para que el abogado de la querellante los tuviese
    en su poder.

    15. Con posterioridad a la reunión entre las partes para
    discutir la querella, los testigos Rodríguez Vázquez y
    Santana Marrero fueron citados al Departamento de
    Recursos Humanos del Hospital donde estuvieron
    presentes funcionarios del Hospital, […]. El hospital le
    informó a Santana Marrero y a Rodríguez Vázquez que
    había iniciado una investigación para determinar cómo
    los documentos confidenciales habían llegado a manos
    del representante legal de la querellante. En dicha
    ocasión el Hospital le imputó a la demandante
    Rodríguez Vázquez y al otro testigo ante el
    Departamento de Salud[,] Santana Marrero, haber
    tenido en su poder y haber circulado hojas clínicas de
    pacientes, lo que alegadamente constituye una
    violación al Health Insurance Portability and
    Accountability Act of 1996 (Ley HIPAA). El
    representante legal de la querellante le indicó y les
    informó a los funcionarios del Hospital, así como a su
    representante legal […], que las hojas clínicas de los
    pacientes que él produjo en la reunión de 20 de junio
    de 2022, no le habían sido entregadas por los testigos
    Nilda Rodríguez Vázquez aquí demandante ni por otro
    testigo Alexander Santana Marrero, ya que él las tenía
    en su poder con antelación a la reunión.

    16. El día 19 de agosto de 2022, el Hospital despidió de
    su empleo como represalia a la demandante Rodríguez
    Vázquez, por su participación activa en la reunión de 20
    de junio de 2022 que había sido ordenada por el Oficial
    Examinador del Departamento de Salud, cuyo propósito
    era el tratar de resolver la controversia entre las partes
    y la necesidad de una vista administrativa. […].

    17. Durante todo el proceso investigativo que inició el
    Hospital en contra de la demandante Nilda Rodríguez
    Vázquez y Alexander Santana Marrero por la
    participación de éstos en la reunión de 20 de junio de
    2022, el representante legal de la querellante ante el
    Departamento de Salud le cursó dos (2) comunicaciones
    a funcionarios del Hospital indicándole[s] que los
    documentos que él produjo en dicha reunión no le
    habían sido entregados por los testigos, y que Rodríguez
    Vázquez y Santana Marrero nunca habían tenido
    control de los documentos.

    18. El despido de la demandante Rodríguez Vázquez es
    uno injustificado y su único propósito es tomar
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       venganza y represalias en contra de ésta por promover
       una Querella ante el Departamento de Salud contra el
       Hospital, por éste violar las disposiciones del
       Reglamento 9184 de dicha entidad gubernamental y por
       comparecer a una reunión donde le fueron mostrados
       hojas clínicas de pacientes y por ella dar una
       explicación debido a su “expertise” del contenido de
       dichas hojas clínicas.”3

       Finalmente, la Sra. Rodríguez Vázquez solicitó, entre otras

cosas, su restitución en el empleo, así como los demás remedios que

proveen la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, supra, y la Ley Núm.

115-1991, supra.

       El 22 de junio 2023, el Auxilio Mutuo compareció ante el TPI

mediante la presentación de una Moción de Desestimación, en la que

solicitó la desestimación de la demanda bajo la Regla 10.2(1) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(1), por falta de

jurisdicción sobre la materia.4 El Auxilio Mutuo alegó que el TPI no

tenía jurisdicción para entender en la reclamación presentada por

la Sra. Rodríguez Vázquez por tratarse de un asunto sobre el cual la

ley federal National Labor Relations Act (NLRA), 29 USC sec. 151 et

seq., le confería jurisdicción exclusiva a la Junta Nacional de

Relaciones      del    Trabajo      (en    adelante,    Junta).   Según   su

interpretación, de las alegaciones presentadas en la demanda surgía

que la reclamación de la Sra. Rodríguez Vázquez estaba basada en

que había sido despedida en represalia por su participación en las

actividades sindicales de la ULEES, lo que estaba prohibido por

considerarse una ‘práctica ilícita de trabajo’ para un patrono bajo la

Sección 158 del NLRA, supra, por intervenir en el ejercicio de los

derechos que tienen los empleados en virtud de la Sección 157 de

esta ley a organizarse, a constituir, afiliarse o ayudar a

organizaciones obreras, a negociar colectivamente a través de

representantes seleccionados por ellos mismos, y a dedicarse a otras

3 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 2-4.
4 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 35-48.
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actividades concertadas con el propósito de negociar colectivamente

u otro fin de ayuda o protección mutua.5

       Finalmente, el Auxilio Mutuo argumentó que, conforme a la

Sección 160 del NLRA, supra, y su jurisprudencia interpretativa, la

Junta tenía jurisdicción exclusiva para entender en reclamaciones

que estuvieran, o que se pudiera argumentar que estuvieran,

fundamentadas en las Secciones 157 y 158 del NLRA, supra, por lo

que el foro judicial estaba impedido de intervenir en estos casos.

       El 1 de agosto de 2023, la Sra. Rodríguez Vázquez presentó

una Oposición a Moción de Desestimación Bajo la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil por Falta de Jurisdicción sobre la Materia.6 En su

moción, la Sra. Rodríguez Vázquez negó haber alegado en la

demanda que fue despedida en violación a los derechos protegidos

por la Sección 157 del LMRA, supra, por prácticas ilícitas de trabajo

prohibidas por la Sección 158 de esta misma ley. En cambio, alegó

que su reclamación estaba fundamentada en violaciones a la

legislación laboral local, por lo que no podía ser dilucidada ante la

Junta. En síntesis, sostuvo que la causa para su despido fue un

subterfugio para despedirla por haber testificado en contra del

Auxilio Mutuo en el proceso adjudicativo de la querella presentada

5 Al respectó, el Auxilio Mutuo alegó, específicamente, lo siguiente:

       “Es la posición del Hospital que la Demanda del epígrafe está
       basada en hechos que son de jurisdicción exclusiva de del NLRB.
       Surge claramente de la Demanda que las alegaciones de despido
       injustificado y represalias de la demandante se basan en que ésta
       y otro empleado, Sr. Alexander Santana promovieron que la Unión
       (ULEES) presentara una Querella en contra del Hospital por
       entender que el Hospital estaba incurriendo en conducta que
       afectaba los intereses de empleados unionados, incluyéndolos a
       ellos. De la Demanda se desprende meridianamente claro que la
       demandante alega que su despido fue en represalias por participar
       de una actividad concertada. Esto es, haber promovido que la
       ULEES presentara una Querella en contra del Hospital y haber
       participado como testigo en una reunión celebrada entre la ULBBS
       y el Hospital sobre hechos relacionados a la referida Querella. La
       demandante alega precisamente que su despido fue un pretexto
       para desalentar que los empleados del Hospital presenten
       Querellas en contra del patrono. Evidentemente, esta reclamación
       es de jurisdicción exclusiva del NIRB.” Véase, Apéndice de la
       Petición de Certiorari, pág. 39.
6 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 49-62.
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ante el Departamento de Salud por violaciones al Reglamento Núm.

9184, supra, de dicha agencia.

       El 8 de agosto de 2023, el Auxilio Mutuo presentó una Réplica

a Oposición a Moción de Desestimación.7 En síntesis, reiteró los

argumentos expuestos en su moción de desestimación con relación

a que la reclamación de la Sra. Rodríguez Vázquez era un asunto de

la jurisdicción exclusiva de la Junta porque en esta se alegaba que

el Auxilio Mutuo había incurrido en conducta que pudiera

argumentarse que estaba sancionada por la NLRA, supra, por

constituir una práctica ilícita de trabajo para un patrono. Para

sostener sus alegaciones, el Auxilio Mutuo trajo a consideración

que, previo a la presentación de esta demanda, la Sra. Rodríguez

Vázquez, mediante la ULEES, había presentado un cargo ante la

Junta en su contra por los mismos hechos alegando que a su

compañero y a ella los habían discriminado despidiéndolos en

represalia por su participación en actividades sindicales protegidas.8

       El 23 de agosto de 2023, la Sra. Rodríguez Vázquez presentó

una Dúplica a Réplica a Oposición a Moción de Desestimación.9 En

síntesis, la Sra. Rodríguez Vázquez argumentó que su reclamación

ante el TPI pudiera subsistir de forma independiente a la que se

presentó ante la Junta; y que, además, requiere de conductas

distintas a las de una reclamación que estuviera basada en las

Secciones 157 y 158 del NLRA, supra. Sostuvo que “su despido fue

en represalia por servir como testigo en un proceso administrativo

ante una Agencia del Estado que regula las prácticas de la salud en

Puerto Rico”; que, “si bien […] es unionada, sus gestiones en su

carácter personal fueron para denunciar una violación por el

Hospital de leyes y reglamentos de salubridad, que es el campo

7 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 63-70.
8 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 65.
9 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 71-77.
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industrial del patrono, y no se trata de una práctica ilícita de

trabajo”; y que “no acudió a solicitar aumentos de sueldos y otros

beneficios sino a defender los reglamentos de salubridad que le

cobijan”.10

       Finalmente, el 8 de septiembre de 2023, notificada el 11 de

septiembre de 2023, el TPI emitió la Resolución recurrida declarando

No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por el Auxilio

Mutuo.11 En su dictamen, el TPI concluyó y resolvió lo siguiente:

       “[…]

       Considerados como ciertos los hechos bien alegados en
       los párrafos 9-19 de la Demanda (SUMAC 1), conforme
       lo requiere el estándar de la Regla 10.2 de
       Procedimiento Civil, de esta surgen suficientes hechos
       y alegaciones que tienden a demostrar, en esta etapa de
       los procedimientos, que el reclamo presentado por la
       demandante, Sra. Nilda Rodríguez Vázquez, está
       fundamentado en la “justa causa” para su despido –
       conforme le fuera informado por el Hospital Español
       Auxilio Mutuo mediante comunicación del 19 de agosto
       de 2022.

       Según alegado en la Demanda (SUMAC 1), la
       demandante fue despedida de su empleo como
       represalia por prestar testimonio (participar como
       testigo) y producir información sensitiva (de naturaleza
       confidencial y/o privilegiada) durante una reunión
       mediante la cual se dilucidaba un reclamo sobre posible
       violación al Reglamento Núm. 9184 de 1 de julio de
       2020, conocido como el "Reglamento Para la
       Construcción,      Operación,     Mantenimiento        y
       Licenciamiento de los Hospitales en Puerto Rico". En la
       Demanda (SUMAC 1) se alega que dicha actividad es
       una protegida bajo la Ley 115-1991.

       Contrario a lo reclamado por el Hospital Español Auxilio
       Mutuo, de los hechos bien alegados en la Demanda
       (SUMAC 1) no surge que la demandante Nilda Rodríguez
       Vázquez estuviera participando en una actividad que
       pueda colegirse y/o interpretarse como dirigida a su
       derecho a organizarse colectivamente y/o a negociar
       colectivamente - actividad que recae bajo la exclusiva
       jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones del
       Trabajo (mejor conocida como "NLRB" por sus siglas en
       inglés)-. Por tal razón, y considerados como ciertos los
       hechos bien alegados en la Demanda sobre dicho
       particular, estos son suficientes para derrotar la
       posición del Hospital Español Auxilio Mutuo en torno a
       que la jurisdicción para atender los reclamos de la Sra.

10 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 73-74.
11 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 78-79.
KLCE202301095                                                      8

      Nilda Rodríguez Vázquez recae exclusivamente sobre la
      NLRB.”

      Inconforme con dicha determinación, el Auxilio Mutuo acudió

ante nos el 4 de octubre de 2023 mediante el presente recurso de

Petición de Certiorari, en el cual señala que el TPI cometió el error

siguiente:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      denegar la Moción de Desestimación debido a que la
      reclamación es de la jurisdicción exclusiva de la Junta
      Nacional de Relaciones del Trabajo.

      El 5 de octubre de 2023, el Auxilio Mutuo presentó una Moción

en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 79 del Reglamento

del Honorable Tribunal de Apelaciones, la cual fue declarada No Ha

Lugar mediante la Resolución emitida y notificada ese mismo día.

      El 16 de octubre de 2023, la Sra. Rodríguez Vázquez

compareció ante nos mediante la presentación de un recurso de

Oposición a Certiorari.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                  II
                                  A.

      El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,   “es   una   forma   de   razonabilidad   aplicada    al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___
KLCE202301095                                                      9

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Dicha Regla dispone que

el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones “cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 [de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57,] o de la denegatoria

de una moción de carácter dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia

“cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, y en casos de relaciones de

familia.” Íd. Además, “en casos que revistan interés público o en

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su

decisión.” Íd.

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de
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una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                  B.

      La   moción   de   desestimación     bajo   la   Regla   10.2   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2, es aquella que formula

el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en

la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su

contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-

429 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Dicha Regla

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

      “Toda defensa de hechos o de derecho contra una
      reclamación se expondrá en la alegación responsiva
      excepto que, a opción de la parte que alega, las
      siguientes defensas pueden hacerse mediante una
      moción debidamente fundamentada: (1) Falta de
      jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción
      sobre la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento;
      (4)    Insuficiencia     del    diligenciamiento     del
      emplazamiento; (5) Dejar de exponer una reclamación
      que justifique la concesión de un remedio; (6) Dejar de
      acumular una parte indispensable.” (énfasis suplido)
      Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.

      La jurisdicción sobre la materia ha sido definida como “la

capacidad del Tribunal para atender y resolver una controversia
KLCE202301095                                                          11

sobre un aspecto legal”. MCS Advantage v. Fossas Blanco et al.,

2023 TSPR 8, 211 DPR ___ (2023); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et

al., 204 DPR 89, 101 (2020); Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191

DPR 700, 708 (2014). Sobre el particular, se ha señalado que el

Estado, a través de sus leyes, es quien único puede otorgar o privar

a un tribunal de jurisdicción sobre la materia. Íd.; Unisys v. Ramallo

Brothers, supra. Así pues, para privar a un tribunal de jurisdicción,

es necesario que algún estatuto lo disponga expresamente o que

surja de él por implicación necesaria. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A.,

179 DPR 231, 241 (2010); Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161

DPR 109, 114 (2004); J. Directores v. Ramos, 157 DPR 818, 824

(2002).

      Presentes    las   antedichas   circunstancias,    la   falta   de

jurisdicción sobre la materia acarrea las siguientes consecuencias:

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede

éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Beltrán

Cintrón et al. v. ELA et al., supra, págs. 101-102. Véase, además,

Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372-373 (2018).

      En consecuencia, si un tribunal determina que carece de

jurisdicción sobre la materia para atender determinado asunto, solo

resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los

méritos de la controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200

DPR 254, 268-269 (2018); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al.,

188 DPR 98, 105 (2013). Ello, pues, es harto reiterado que la falta

de jurisdicción es insubsanable. JMG Investment v. ELA et al., 203
KLCE202301095                                                               12

DPR 708, 714 (2019); Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR

452, 470 (2016).

                                        C.

       Aprobada en 1935, la National Labor Relations Act (NLRA), 29

USC sec. 151-169, alienta la práctica y el procedimiento de la

negociación colectiva entre los trabajadores y los patronos para

resolver disputas industriales que surjan de controversias en

cuanto a salarios, horarios, u otras condiciones de trabajo. 29 USC

sec. 151.

       La Sección 7 de la NLRA protege los derechos de los

empleados a organizarse, a constituir, afiliarse o ayudar a

organizaciones obreras, a negociar colectivamente a través de

representantes seleccionados por ellos mismos, y a dedicarse a

otras actividades concertadas con el propósito de negociar

colectivamente u otro fin de ayuda o protección mutua. 29 USC sec.

157. La Sección 8, a su vez, prohíbe a los empleadores y sindicatos

llevar a cabo ciertas ‘prácticas ilícitas de trabajo’ como interferir en

el ejercicio de los derechos de la Sección 7 de los empleados. 29 USC

sec. 158(a), (b).

       Para poner en vigor la NLRA, el Congreso creó la Junta

Nacional de Relaciones del Trabajo (Junta). Véase, 29 USC sec. 153.

En virtud de la NLRA, la Junta está facultada para prevenir que

cualquier persona lleve a cabo cualquiera de las prácticas ilícitas de

trabajo (enumeradas en la Sección 8) que afecten el comercio. 29

USC sec. 160(a).12 Se reconoce que esta agencia federal tiene

jurisdicción exclusiva para entender en asuntos fundamentados en

las Secciones 7 y 8 de la NLRA. Véase, González v. Mayagüez Resort

& Casino,176 DPR 848, 858-859 (2009); Díaz Arroyo v. Hos. Dr.

Susoni, 169 DPR 53 (2006); Vargas v. Molinos Nacionales, Inc., 134

12 En cuanto al proceso ante la Junta, Véase, 29 CFR sec. 101.2, 101.4, 101.8.,

101.10-101.12 (2021). Véase, además, 29 USC sec. 160(b), (c), (e), (f).
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DPR 919 (1993); Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 DPR 517

(1977).

      Por otra parte, es una regla fundamental que, cuando una ley

estatal entra en conflicto con una ley federal, la federal prevalece

sobre la estatal. Esta regla surge de la Cláusula de Supremacía de

la Constitución de los Estados Unidos y se conoce como la doctrina

de desplazamiento o campo ocupado (“preemption”). Íd.; Art. VI, Sec.

2, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.

      Recientemente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,

refiriéndose a la doctrina establecida en San Diego Building Trades

Council v. Garmon, 359 US 236 (1959), (Garmon) señaló que

“[p]reemption under the NLRA is unusual, though, because our

precedent maintains that the NLRA preempts state law even when

the two only arguably conflict.” Glacier Northwest, Inc. v. Int'l Bhd.

of Teamsters Loc. Union No. 174, 598 US ___ (2023).

      En Garmon, se estableció que “[w]hen an activity is arguably

subject to §7 or §8 of the [NLRA], the States as well as the federal

courts must defer to the exclusive competence of the National Labor

Relations Board”. San Diego Building Trades Council v. Garmon,

supra, pág. 245. Esta doctrina, según explicó el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos, va más allá de la regla general de

desplazamiento de la doctrina de          campo ocupado.         Glacier

Northwest, Inc. v. Int'l Bhd. of Teamsters Loc. Union No. 174, supra.

Bajo Garmon, según señaló el Tribunal Supremo Federal, “States

cannot regulate conduct “that the NLRA protects, prohibits, or

arguably protects or prohibits.” Íd., citando a Wis. Dep't of Indus.,

Labor & Human Rels. v. Gould, Inc., 475 US 282, 286 (1986). El

estándar aplicable en estos casos es, por tanto, el siguiente:

      “Though broad, this standard has teeth. Longshoremen
      v. Davis, 476 U. S. 380, 394, 106 S. Ct. 1904, 90 L. Ed.
      2d 389 (1986) (“The precondition for pre-emption, that
      the conduct be ‘arguably’ protected or prohibited, is not
      without substance”). It requires more than “a
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      conclusory assertion” that the NLRA arguably protects
      or prohibits conduct. Ibid. “[A] party asserting pre-
      emption must advance an interpretation of the [NLRA]
      that is not plainly contrary to its language and that has
      not been ‘authoritatively rejected’ by the courts or the
      Board.” Id., at 395, 106 S. Ct. 1904, 90 L. Ed. 2d 389.
      The party must then “put forth enough evidence to
      enable the court to find that the Board reasonably could
      uphold a claim based on such an interpretation.” Ibid.

      If the court determines that the party has met its
      burden to show that “there is an arguable case for pre-
      emption,” it generally must grant the party’s preemption
      defense and await the Board’s resolution of the legal
      status of the relevant conduct. Id., at 397, 106 S. Ct.
      1904, 90 L. Ed. 2d 389. After that, “only if the Board
      decides that the conduct is not protected or prohibited
      [by the NLRA] may the court entertain the litigation.”
      Ibid. “[W]hen properly invoked,” Garmon thus “tells us
      not just what law applies (federal law, not state law) but
      who applies it (the National Labor Relations Board, not
      the state courts or federal district courts).” Trollinger v.
      Tyson Foods, Inc., 370 F. 3d 602, 608 (CA6 2004).” (nota
      al calce en el original omitida) Glacier Northwest, Inc. v.
      Int'l Bhd. of Teamsters Loc. Union No. 174, supra.

      En Puerto Rico, en González v. Mayagüez Resort & Casino,

supra, pág. 859, nuestro Tribunal Supremo, al interpretar esta

norma, señaló que “[h]ay jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional

sobre actividades protegidas por la Sec. 157, supra, o que

constituyen una práctica ilícita del trabajo bajo la Sec. 158.” Señaló,

además, que, “[p]ara determinar si un tribunal local puede adjudicar

una controversia bajo esta ley hay que examinar si la controversia

es idéntica o diferente de la que ha podido ser presentada ante la

Junta”. (cita omitida) Íd., pág. 862. Explicó que “[p]recisamente

cuando la conducta alegada está sujeta a ser sancionada por la Ley

Taft-Hartley es que opera la doctrina de jurisdicción exclusiva de la

Junta”. Íd.

                                  III

      En su recurso de Petición de Certiorari, el Auxilio Mutuo

señala como único error que “[e]rró el Honorable Tribunal de

Primera Instancia al denegar la Moción de Desestimación debido a

que la reclamación es de la jurisdicción exclusiva de la Junta

Nacional de Relaciones del Trabajo.” En síntesis, el Auxilio Mutuo
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alega que será imposible para el TPI emitir una determinación en

este caso sin pasar juicio a la misma vez sobre asuntos de la

jurisdicción exclusiva de la Junta.

      En el caso ante nuestra consideración, tratándose de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, estamos

facultados, conforme a lo dispuesto en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, para revisar esta determinación

mediante un recurso de certiorari. Sin embargo, según expusimos,

la expedición de un recurso de certiorari sigue siendo una decisión

discrecional del tribunal, la cual debemos ejercer tomando en

consideración los criterios establecidos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

      Luego de evaluar el recurso de Petición de Certiorari

presentado por el Auxilio Mutuo, determinamos que no hay motivos

para ejercer nuestra función revisora en esta etapa de los

procedimientos. No surgen indicios de que haya mediado prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto por parte del TPI. Los

fundamentos en que el TPI basa su determinación tampoco son

contrarios a derecho. Evaluadas las alegaciones presentadas en la

demanda a la luz del derecho expuesto, entendemos que el TPI

puede pasar juicio sobre las controversias que presenta este caso

relacionadas a si medio justa causa para el despido de la Sra.

Rodríguez Vázquez sin inmiscuirse en asuntos que son de la

jurisdicción exclusiva de la Junta. La reclamación de la Sra.

Rodríguez Vázquez no está fundamentada en violaciones a las

Secciones 157 y 158 del NLRA, supra, sino en violaciones a la Ley

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, supra, y la Ley Núm. 115-1991,

supra, por lo que el TPI tiene jurisdicción para atenderla.

                                     IV

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

recurso de Petición de Certiorari.
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     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones