Court Opinion

ID: 9962819
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:55:31.335647+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:37.146996
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

BANCO POPULAR DE PUERTO                                 Recurso de Apelación
         RICO                                           procedente del Tribunal
                                                        de Primera Instancia,
         Apelado                                        Sala Superior de
                                                        Carolina
             v.

LA SUCESIÓN DE CARMEN                        Caso Núm.
DELIA MELÉNDEZ ALICEA          KLAN202400073 CA2022CV02208
COMPUESTA POR WANDA
IVELISSE GÓMEZ MELÉNDEZ
Y ROBERTO LEVIS                                         Sobre:
MELÉNDEZ; FULANO Y                                      Cobro de Dinero y
FULANA DE TAL COMO                                      Ejecución de Hipoteca
POSIBLES HEREDEROS                                      (Vía Ordinaria)
DESCONOCIDOS DE LA
SUCESIÓN; CENTRO DE
RECAUDACIÓN DE INGRESOS
MUNICIPALES (CRIM)

        Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, juez ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

       Comparece la Sucesión de Carmen Delia Meléndez Alicea

(señora Meléndez Alicea o causante) compuesta por Wanda Ivelisse

Gómez Meléndez (señora Gómez Meléndez) y Roberto Levis Meléndez

(señor Levis Meléndez) (la parte apelante), y solicita que revoquemos la

Sentencia Parcial emitida el 13 de diciembre de 2023 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI), notificada y

archivada en autos el 15 de diciembre de 2023. 1 Mediante el referido

dictamen, el foro primario declaró con lugar la solicitud del Banco

Popular de Puerto Rico (parte apelada o Banco Popular) para

desestimar la reconvención presentada por la parte apelante,

originalmente por la causante el 11 de enero de 2023, y por la Sucesión

1 Apéndice de la Apelación, Anejo XLI, págs. 149-153.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202400073                                                             2

de la señora Meléndez Alicea el 3 de octubre de 2023.2 Además, el 14

de diciembre de 2023, el foro primario emitió una Relación del Caso,

Declaración de Hechos Probados, Conclusiones de Derecho y Sentencia

Sumaria, notificada y archivada el 15 de diciembre de 2023, por la cual

declaró con lugar la Demanda del caso de epígrafe y, por ende, condenó

a la parte apelante, en parte, a pagarle a la parte apelada una suma

de:

          $66,380.46 por concepto de principal, desde el 1ro de
          febrero de 2022, más intereses al tipo pactado de 4.00%
          anual que continúan acumulándose hasta el pago total
          de la obligación. Además, [l]a Sucesión de Carmen Delia
          Meléndez Alicea adeuda a la parte demandante los
          cargos por demora equivalentes a 4.00% de la suma de
          aquellos pagos con atrasos en exceso de 15 días
          calendarios de la fecha de vencimiento; los créditos
          accesorios y adelantos hechos en virtud de la escritura de
          hipoteca; y las costas, gastos y honorarios de abogado
          equivalentes a $8,742.30. Además[,] [l]a Sucesión de
          Carmen Delia Meléndez Alicea se comprometió a pagar
          una suma equivalente a $8,742.30 para cubrir cualquier
          otro adelanto que se haga en virtud de la escritura de
          hipoteca y una suma equivalente a $8,742.30 para
          cubrir intereses en adición a los garantizados por ley.3

          Por las razones que expondremos a continuación, modificamos

la Sentencia solamente a los efectos de revocar la imposición del pago

de “una suma equivalente a $8,742.30 para cubrir cualquier otro

adelanto que se haga en virtud de la escritura de hipoteca y una suma

equivalente a $8,742.30 para cubrir intereses en adición a los

garantizados por ley”.4 Veamos el tracto procesal y las normas

jurídicas que sostienen nuestra determinación.

                                         -I-

          El caso ante nuestra consideración tiene su génesis el 11 de julio

de 2022 cuando el Banco Popular presentó una Demanda en cobro de

dinero y ejecución de hipoteca mediante la vía ordinaria en contra de

la señora Meléndez Alicea.5 En la misma adujo que, el 24 de noviembre

de 2010, la señora Meléndez Alicea suscribió un pagaré a favor de

2 Íd., Anejo VII, págs. 51-57; Íd., Anejo XXXIII, págs. 111-117.
3 Íd., Anejo XLII, págs. 154-165. (Énfasis en el original).
4
    Íd., pág. 164.
5 Íd., Anejo I, págs. 1-4.
KLAN202400073                                                          3

Doral Mortgage, LLC, o a su orden, por la suma de $87,423.00 más

intereses al 4.00% anual y demás créditos litigiosos. Según arguyó la

parte apelada, ese pagaré es evidencia del contrato de préstamo

suscrito entre las partes, y está garantizado por la agencia federal

FHA/HUD bajo el número 501-8148113-703. Además, la parte

apelada esgrimió en la Demanda que la señora Meléndez Alicea

también otorgó una escritura de hipoteca sobre una propiedad

inmueble allí descrita. No obstante, según las alegaciones del Banco

Popular, desde el 1ro de febrero de 2022 la señora Meléndez Alicea no

realizó los pagos mensuales pactados por medio del pagaré y de la

escritura de hipoteca. Por ello, alegó la parte apelada que la señora

Meléndez Alicea le adeuda una suma equivalente a $66,380.46 en

concepto de principal desde esa misma fecha; intereses pactados de

4.00% al año, los cuales continúan acumulándose hasta el pago total

de la obligación; cargos por demora equivalentes al 4.00% de la suma

de los pagos atrasados en exceso de 15 días calendarios de la fecha de

vencimiento; una cantidad de $8,742.30 por razón de costas, gastos y

honorarios de abogados; $8,742.30 para cubrir cualquier adelanto

que se haga en virtud de la escritura de hipoteca; y $8,742.30 por

concepto de intereses adicionales a los garantizados por ley. Por

lo tanto, solicitó la venta en pública subasta de la propiedad estipulada

como garantía.

        El 20 de julio de 2022, el Banco Popular presentó una Moción

Sometiendo Documentos, junto la que acompañó un pagaré original,

una Certificación y Declaración Jurada acreditativa de la deuda, un

estudio de título juramentado, una certificación registral de la finca

número 11,820, una certificación del Departamento de la Defensa, y

una escritura de hipoteca.6

6 Íd., Anejo II, págs. 5-35.
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        Luego de varios trámites procesales, el 11 de enero de 2023, la

señora Meléndez Alicea presentó una Contestación a la Demanda con

una Reconvención. En su Contestación a la Demanda alegó en lo

pertinente que:

              Se niega que la deuda sea una vencida, y l[í]quida.
        La demandante no ha presentado evidencia sobre los
        alegados adelantos realizados ascendientes a $8,742.30,
        así como intereses autorizados en adición a los
        garantizados por ley, cualquier interés adicional debe
        catalogarse usura por parte de la demandante. Cualquier
        gasto no evidenciado tiene que ser descartado. . . .7

        Posteriormente, el 20 de abril de 2023, la señora Meléndez

Alicea, por conducto de su representante legal, presentó una Moción

Solicitando Sustitución de Parte Demandada ante la muerte de la

señora Meléndez Alicea.8 Mediante esta, solicitó que la sustituyera su

propia Sucesión compuesta por la señora Gómez Meléndez y el señor

Levis Meléndez.

        El 20 de abril de 2023, el foro a quo emitió una Orden, notificada

y archivada en autos ese mismo día, por la que le concedió noventa

(90) días a la parte apelante para enmendar la Demanda del caso de

marras, y hacer la sustitución de la señora Meléndez Alicea, a tenor

con la Regla 22 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 22.9

        Así las cosas, el 28 de abril de 2023, la parte apelada presentó

una Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando Sustitución de

Parte, se Enmiende la Demanda a esos fines, Autorización para

Emplazar por Edictos y Emplazamientos Personales.10

        El 29 de abril de 2023, el TPI emitió una Orden, notificada y

archivada en autos el 1 de mayo de 2023, por la cual autorizó la

presentación de la Demanda Enmendada.11

7Íd., Anejo VII, págs. 51-57.
8 Íd., Anejo XXII, págs. 66-68.
9 Íd., Anejo XIII, pág. 69.
10 Íd., Anejo XVI, págs. 72-79. No se incluyeron en el Apéndice de la Apelación

las páginas 2 y 4 de este escrito.
11 Íd., Anejo XVIII, págs. 83-86.
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       Luego de varios trámites procesales, el 3 de octubre de 2023, la

parte apelante presentó una Contestación a la Demanda con una

Reconvención, por la cual reiteró los planteamientos de la primera

Contestación a la Demanda con Reconvención.12

       Posteriormente, el 13 de octubre de 2023, el Banco Popular

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, Contestando

Reconvención y Solicitando su Desestimación.13

       Ese mismo día, la parte apelada presentó una Moción en

Solicitud de Sentencia Sumaria.14

       El 6 de noviembre de 2023, el Banco Popular presentó una

Moción Informativa y Reiterando que se Desestime la Reconvención y se

dicte Sentencia Sumaria.15

       Subsiguientemente, el 7 de diciembre de 2023, el Banco Popular

presentó una Segunda Moción Informativa y Reiterando que se

Desestime la Reconvención y se dicte Sentencia Sumaria.16

       Así las cosas, el 13 de diciembre de 2023, el TPI emitió una

Sentencia Parcial, notificada y archivada en autos el 15 de diciembre

de 2023,17 por la que declaró con lugar la solicitud del Banco Popular

para desestimar las reconvenciones presentadas por la causante y,

posteriormente por la parte apelante el 11 de enero de 2023 y el 3 de

octubre de 2023, respectivamente.18 El foro a quo fundamentó su

determinación en que, como la parte apelante no efectuó los pagos

mensuales con puntualidad a su vencimiento, la parte apelada tiene

derecho a declarar la deuda vencida en su totalidad y proceder a su

cobro, a tenor con los términos del contrato; a saber, la escritura de

hipoteca.

12 Íd., Anejo XXXIII, págs. 111-117.
13 Íd., Anejo XXXVI, págs. 125-129.
14 Íd., Anejo XXXVII, págs. 130-142.
15 Íd., Anejo XL, págs. 147-148.
16 Íd., Anejo XL, págs. 145-146.
17 Íd., Anejo XLI, págs. 149-153.
18 Íd., Anejo VII, págs. 51-57; Íd., Anejo XXXIII, págs. 111-117.
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       Por último, el 14 de diciembre de 2023, el foro primario emitió

una Relación del Caso, Declaración de Hechos Probados, Conclusiones

de Derecho y Sentencia Sumaria, notificada y archivada el 15 de

diciembre de 2023.19

       Inconforme, el 19 de enero de 2024, la parte apelante acudió

ante nos mediante el presente recurso de Apelación, en el que le

atribuyó al TPI la comisión del siguiente error:

       PRIMER ERROR - ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA DECLARANDO
       CON LUGAR LA DEMANDA Y CONDENANDO A LOS
       APELA[LANTES] AL PAGO DE “LOS CRÉDITOS
       ACCESORIOS Y ADELANTOS HECHOS EN VIRTUD DE
       LA ESCRITURA DE HIPOTECA; Y LAS COSTAS,
       GASTOS    Y    HONORARIOS     DE   ABOGADO
       EQUIVALENTES A $8,742.30. ADEMÁS [SIC] LA
       PARTE DEMANDADA SE COMPROMETIÓ A PAGAR LA
       SUMA EQUIVALENTE A $8,742.30 PARA CUBRIR
       CUALQUIER OTRO ADELANTO QUE SE HAGA EN
       VIRTUD DE LA ESCRITURA DE HIPOTECA Y UNA
       SUMA EQUIVALENTE A $8,742.30 PARA CUBRIR
       INTERESES EN ADICIÓN A LOS GARANTIZADOS POR
       LEY.” SIN HABER LA PARTE DEMA[ND]ANTE
       PRESENTADO EVIDENCIA SOBRE LAS SUMAS
       RECLAMADAS      COMO     “ADELANTADOS”    O
       INTERESES ADICIONALES GARANTIZADOS POR
       LEY[.]

       En síntesis, la parte apelante plantea que procede declarar nula

la Sentencia recurrida porque el Banco Popular no presentó evidencia

sobre los adelantos otorgados en virtud de la escritura de hipoteca y

otros intereses garantizados por ley.

       Por su parte, la parte apelada compareció ante nos el 20 de

febrero de 2024 y alegó que las partidas impuestas para cubrir

cualquier adelanto realizado en virtud de la hipoteca y los intereses

adicionales a los garantizados por ley fueron estipuladas libremente.

Por lo tanto, sostuvo que las partes contratantes están obligadas a

cumplir con esos acuerdos y deberán asumir las consecuencias ante

algún incumplimiento.

19 Íd., Anejo XLII, págs. 154-165.
KLAN202400073                                                        7

      En vista del error imputado al TPI, exponemos la normativa

jurídica atinente a este recurso.

                                    -II-

                                    -A-

      Como asunto de umbral, es meritorio reiterar el estándar de

revisión de nuestro Tribunal en casos de solicitudes de sentencia

sumaria.

      Es harto conocido que la solicitud de sentencia sumaria “es un

mecanismo procesal que posibilita la ágil disposición de casos sin la

celebración de un juicio, siempre que no presenten controversias

genuinas de hechos materiales”. Birriel Colón v. Supermercado Los

Colobos, 2023 TSPR 120 (2023); véase, además, Segarra Rivera v. Int’l.

Shipping et al., 208 DPR 964, 979 (2022); Fernández Martínez v. RAD-

MAN San Juan III-D, LLC, 208 DPR 310, 334 (2021). Según establece

la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3 (e), procede

dictar una moción de sentencia sumaria “si las alegaciones,

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas,

en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia

demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún

hecho esencial y pertinente”. Véase, además, Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos, supra; véase, además, Meléndez González

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); SLG Zapata Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Para ello es menester que la parte

promovente establezca su derecho con claridad y demuestre que no

existe controversia sustancial o real respecto a algún hecho material.

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; Meléndez González

et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 109-110. Asimismo, nuestro más alto

foro ha establecido que, un hecho material es “aquel que puede afectar

el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo

aplicable”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110
KLAN202400073                                                         8

(Énfasis en el original); véase, además, Ramos Pérez v. Univisión, 178

DPR 200, 213 (2010).

      Por otra parte, la parte que se opone a la solicitud de sentencia

sumaria deberá refutar los hechos materiales que entienda están en

disputa con evidencia sustancial. Birriel Colón v. Supermercado Los

Colobos, supra; Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC,

supra, págs. 336-337. Ahora bien, si la petición de sentencia sumaria

está sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte que

se opone no puede descansar en meras alegaciones. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos, supra; véase, además, Ramos Pérez v.

Univisión, supra, pág. 215. Aun así, aunque no se presente prueba

para controvertir la evidencia presentada, ello no conduce a la

concesión automática de una solicitud de sentencia sumaria. Birriel

Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; Fernández Martínez v. RAD-

MAN San Juan III-D, LLC, supra, pág. 337.

      Nuestro más alto foro estableció en Meléndez González et al. v.

M. Cuebas, supra, págs. 117-119, el estándar específico que debemos

seguir como Tribunal de Apelaciones al momento de revisar

denegatorias o concesiones de solicitudes de sentencia sumaria.

      Primero, nos encontramos en la misma posición que el foro

primario al momento de revisar las mociones de sentencia sumaria.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. En otras

palabras, se aplicarán los mismos criterios que la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, R. 36, le exige al foro a quo. Sin embargo,

no podemos tomar en consideración evidencia que las partes no

presentaron ante el TPI. Aun así, la revisión por parte de este Tribunal

es de novo por lo cual debemos examinar el expediente de la forma

más favorable hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia

sumaria, “llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor”.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.
KLAN202400073                                                          9

      Segundo, al encontrarnos en la misma posición que el foro a

quo, debemos revisar que tanto la petición de sentencia sumaria como

su oposición cumplan con los requisitos de la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y los discutidos en el caso de SLG Zapata

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, pág. 118.

      Tercero, nuestro Tribunal debe revisar si en realidad existen

hechos materiales en controversia. Íd. De haberlos, debemos cumplir

con la exigencia establecida en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.4, y exponer cuáles son los hechos materiales que están

en controversia y cuáles son incontrovertidos. Íd.

      Cuarto y último, si este Tribunal encuentra que los hechos

materiales están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el TPI

aplico correctamente el derecho. Íd., pág. 119.

                                  -B-

      Nuestro más alto foro ha establecido que en nuestra jurisdicción

rige el principio de libertad de contratación o de autonomía de la

voluntad, siempre que lo pactado no sea contrario a la ley, la moral y

las buenas costumbres. Artículo 1232 del Código Civil de 2020, 31

LPRA sec. 9753; Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163,

187 (2022); Engineering Services International, Inc. v. Autoridad de

Energía Eléctrica de Puerto Rico, 209 DPR 1012, 1027 (2022). En esta

misma línea, “[l]o acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre

las partes, ante sus sucesores y ante terceros en la forma que dispone

la ley”. Artículo 1233 del Código Civil de 2020, supra, sec. 9754; véase,

además, Unión General de Trabajadores v. Centro Médico del Turabo,

Inc., 2023 TSPR 86 (2023); American Federation Musician, Local 55

(Unión) v. Corporación Sinfónica de Puerto Rico, 211 DPR 491 (2023).

      Ahora bien, cuando los términos de un contrato son claros y no

dejan duda sobre la intención de las partes contratantes, procede el

sentido literal de sus cláusulas. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208
KLAN202400073                                                       10

DPR 706, 721 (2022); Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC,

208 PR 263, 286 (2021). Asimismo, nuestro más alto foro expresó en

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 (2007), que “[l]os

términos de un contrato son claros cuando son suficientes en

contenido para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a

dudas o controversias, sin diversidad de interpretaciones y sin

necesitar, para su comprensión, razonamientos o demostraciones

susceptibles de impugnación”.

                                 -C-

      Según explica la Exposición de Motivos de la Ley para Agilizar el

Registro de la Propiedad, Ley Núm. 216 del 27 de diciembre de 2010,

30 LPRA secs. 1821 et seq.:

      El Registro de la Propiedad es el organismo del gobierno
      que registra y guarda constancia de los actos y contratos
      relativos al trámite jurídico de los bienes inmuebles y los
      derechos anotables sobre los mismos. Su característica
      principal es dar publicidad a estos actos y contratos. Aun
      cuando el Registro es declarativo y los derechos se crean
      fuera de éste, por excepción, las hipotecas y documentos
      sobre propiedad horizontal nacen jurídicamente al quedar
      inscritos. Véase, además, Delgado Pol v. Pietri Vélez, 208
      DPR 557, 574 (2022); DLJ Mortgage Capital, Inc. v. García
      Ramos, 207 DPR 28, 54-55 (2021); Haedo Castro v.
      Roldán Morales, 203 DPR 324, 341 (2019).

      La hipoteca es un derecho real, indivisible y accesorio. Por lo

tanto, es un requisito esencial que se constituya la hipoteca para

asegurar el cumplimiento de una obligación principal, a la cual está

subordinada. Artículos 991 y 993 del Código Civil de 2020, supra,

secs. 8671, 8673; véase, además, Delgado Pol v. Pietri Vélez, supra,

pág. 573; DLJ Mortgage Capital, Inc. v. García Ramos, supra, pág. 53;

Soto Sola v. Registradora, 189 DPR 653, 662 (2013); Haedo Castro v.

Roldán Morales, supra, pág. 341; Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet

Jiménez, 196 DPR 96, 110 (2016). Incluso, “[s]u dependencia a la

obligación principal es de tal grado que si la primera es nula o

inexistente, la hipoteca también será nula o inexistente”. Soto Sola v.

Registradora, supra, pág. 662.
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      Por otro lado, la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm.

208 del 17 de agosto de 1995, 19 LPRA sec. 504 (Ley Núm. 208-1995),

establece que un instrumento negociable es:

      [U]na promesa o una orden incondicional de pago de una
      cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros
      cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo:
      (1) es pagadero al portador o a la orden al momento de su
      emisión o cuando primero adviene a la posesión de un
      tenedor;
      (2) es pagadero a la presentación o en una fecha
      específica; y
      (3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte
      de la persona que promete u ordena el pago que no sea el
      pago del dinero, pero la promesa u orden puede contener
      (i) un compromiso o poder para dar, mantener o proteger
      colateral para garantizar el pago, (ii) una autorización o
      poder al tenedor para admitir sentencia o liquidar la
      colateral o disponer de ella de otra forma, o (iii) una
      renuncia al beneficio de cualquier ley que exista
      concediéndole una ventaja o protección a un deudor.
      Véase, además, Delgado Pol v. Pietri Vélez, supra, pág.
      573.

      Asimismo, un pagaré hipotecario es “un compromiso escrito de

pagar dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar”. Íd., sec.

503; véase, además, Delgado Pol v. Pietri Vélez, supra, pág. 573. De

hecho, para que se constituya la promesa es indispensable que el

deudor se comprometa a pagar la obligación. Ley Núm. 208-1995,

supra, sec. 503.

                                     -D-

      En lo concerniente a una reclamación en cobro de dinero, la

parte demandante debe probar que existe una deuda válida, que la

misma no se ha pagado, que la parte demandante es el acreedor, y los

demandados son sus deudores. General Electric v. Concessionaires,

Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). A esos fines el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha reiterado que únicamente podrán reclamarse por la

vía judicial aquellas deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y

exigibles. Véanse, Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546

(2001); Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). Por un lado,

una deuda es líquida cuando la deuda es cierta y determinada. Ramos

y otros v. Colón y otros, supra, pág. 546. A esos efectos, una deuda es
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exigible cuando puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe v.

Rodríguez, supra, pág. 966.

      Acorde con esta norma, el 20 de diciembre de 2013, un Panel

hermano en el caso de Doral Bank v. Berdut Teruel, KLAN201301560,

pág. 5 expresó lo siguiente:

             Si bien expresamente surge de la escritura pública
      pertinente a la constitución de la referida garantía, la
      obligación del apelante al respecto, lo cierto es que
      requerirle cumplir con lo pactado sin efectivamente
      establecer que hubo una inversión real por razón de tales
      “adelantos”, constituye un acto contrario a derecho. El
      mero hecho de que los comparecientes hayan
      convenido separar un diez por ciento (10%) del
      principal original estipulado para cubrir tal partida,
      no implica que se deba proveer para su inmediata
      satisfacción. Corresponde a la institución apelada
      demostrar al Tribunal de Primera Instancia la
      existencia de dicha acreencia, permitiéndole, a su vez,
      al apelante, refutar las alegaciones en su contra. Una vez
      cumplida la carga probatoria, ello al definir el alegado
      valor al descubierto por concepto de adelantos, es que
      procede, entonces, requerir al apelante la cantidad
      pactada para tal fin. El anterior análisis también
      constituye el fundamento en el cual se apoya nuestra
      determinación de que tampoco procede imponer el
      pago de cien mil dólares ($100,000.00) al apelante
      para cubrir los “intereses en exceso a los garantizados
      por ley”, sin que se haya determinado la suma
      específica alegadamente adeudada. Tal y como sucede
      con la partida de los “adelantos” por razón de la
      hipoteca, nada en la sentencia apelada ni en los
      documentos que conforman el expediente que nos
      ocupa,     establece     con    exactitud    la    cuantía
      correspondiente a este último concepto. Los
      documentos acreditativos de la deuda en disputa, no
      son suficientes a los fines de legitimar todas las
      cuantías que en virtud de la misma la entidad apelada
      propone. Ante ello, corresponde al Tribunal de Primera
      Instancia adentrarse en los detalles del progreso de las
      cuantías en cuestión, para así evitar la posibilidad de
      penalizar a un deudor con el pago de una suma de dinero
      por la cual puede que no venga obligado a responder. . .
      .Véase, además, MM Fashion, Inc. v. Fernández y Corripio,
      Inc., KLAN201300646, en la pág. (TA PR del 27 de
      noviembre de 2013)

                                 -III-

      En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante planteó

un solo señalamiento de error. Específicamente, arguyó que el Banco

Popular no presentó prueba de los adelantos u otros intereses

garantizados por ley, y, por ello sostiene que no se le puede exigir el
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pago reclamado por ello. Por su parte, la parte apelada alegó que las

partidas impuestas para cubrir cualquier adelanto realizado, así como

los intereses adicionales a los garantizados por ley fueron acordadas y

la parte apelante debe asumir las consecuencias por el incumplimiento

con los pagos mensuales requeridos para amortiguar la cantidad

principal.

        Tras un minucioso análisis de los hechos particulares, así como

la totalidad del expediente de este caso, concluimos que incidió el foro

primario.

        Si bien surge del expediente evidencia del pagaré y la escritura

de hipoteca suscrita entre las partes contratantes, lo cierto es que, el

Banco Popular no demostró la existencia de una deuda líquida y

exigible, en cuanto a las dos partidas impugnadas por los apelantes.

General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 43; Ramos y otros

v. Colón y otros, supra, pág. 546; Guadalupe v. Rodríguez, supra, pág.

966. Para ello, la parte demandada debió haber alegado, y sustentado

con prueba, un monto cierto y determinado por los otros alegados

adelantos que se hicieron. A tenor con ello, la sección “Third” de la

escritura de hipoteca expresa que:

        Con el propósito de garantizar el total y completo pago de
        la deuda que evidencia el pagaré descrito anteriormente,
        así como todas y cada una de las condiciones que el
        mismo contiene, y para garantizar además, tres sumas
        adicionales de DIEZ POR CIENTO DE LA CANTIDAD
        ORIGINAL DEL PRESTAMO cada una, ----que se fijan
        para cubrir (a) intereses además de los garantizados
        por ley, (b) la suma que el deudor se obliga a satisfacer
        como una suma líquida sin necesidad de liquidación y
        aprobación por el tribunal para costas, gastos y
        honorarios de abogado para el caso de que el tenedor del
        pagaré tome acción Judicial en ejecución de hipoteca y (c)
        cualesquiera otros adelantos que puedan hacerse
        dentro de este contrato además de las cantidades que
        el pagaré expresa, el Deudor Hipotecario por la presente
        constituye una Primera Hipoteca (Hipoteca) sobre la
        Propiedad que ha sido descrita. . .”.20

20
  Apéndice de la Escrito en Oposición a Apelación, Anejo II, págs. 2-3. (Subrayado y énfasis
suplido).
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           Sin embargo, la parte apelada no presentó evidencia de una

deuda líquida y exigible a su favor, pues no surge de la documentación

que obra en el expediente. De hecho, tampoco es alegado por la parte

apelada, que en efecto se realizaran “cualesquiera otros adelantos” a

favor de la parte la señora Meléndez Alicea. Así las cosas, le asiste la

razón a la parte apelante cuando plantea que la parte apelada no

presentó evidencia sobre la existencia los referidos adelantos.

Tampoco se evidenció la procedencia de intereses adicionales a los

garantizados por ley, su naturaleza y cuantía.

           Consecuentemente, en el caso de marras, contrario al dictamen

del TPI, no procedía la imposición del pago del 10% de la suma

principal del préstamo para cubrir adelantos otorgados a tenor con la

escritura de hipoteca e intereses en exceso a los garantizados por ley

sin sostenerse la procedencia de dichos pagos.

                                               -IV-

           Por los fundamentos expuestos, modificamos la determinación

recurrida a los efectos de revocar la imposición del pago de “una suma

equivalente a $8,742.30 para cubrir cualquier otro adelanto que se

haga en virtud de la escritura de hipoteca y una suma equivalente a

$8,742.30 para cubrir intereses en adición a los garantizados por

ley”.21

           Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones

21
     Apéndice de la Apelación, Anejo XLII, pág. 164.