Court Opinion

ID: 9962811
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:54:46.855571+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:36.638167
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL XI

                                                          Certiorari procedente
  JOSÉ A. RIVERA GARCÍA                                      del Tribunal de
                                                           Primera Instancia,
            Peticionario                                   Sala Municipal de
                                                                San Juan
                                       KLCE202301352
                   v.
                                                             Caso Núm.:
                                                          SJL 140-2023-0135
 GIAN C. SANTIAGO DE LA
          ROSA
                                                                 Sobre:
              Recurrido                                         Ley 140

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

        Comparecen el señor José A. Rivera García y la señora Lycette

González Andrades (conjuntamente, peticionarios) mediante recurso de

certiorari. Tras examinar detenidamente el expediente, así como los

argumentos de ambas partes, expedimos el auto solicitado y revocamos

la Orden recurrida.

        En síntesis, este caso gira en torno a la desestimación de una

Querella (SJL-140-2023-3135) presentada por los peticionarios en

contra del señor Gian Santos De la Rosa (señor Santos De la Rosa o

recurrido) por el olor y el humo de cannabis proveniente del

apartamento del recurrido. Tras celebrar una vista evidenciaria, el

Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción por falta de

jurisdicción. Sin embargo, no emitió notificación al respecto.

Número Identificador

SEN2024 _______________
KLCE202301352                                                        2

      Así las cosas, la parte peticionaria sometió una Moción para que

el Honorable Tribunal Dicte y Notifique Resolución por Escrito.

Evaluada dicha solicitud, el foro primario emitió una Orden el 10 de

octubre de 2023, notificada el 1 de noviembre de 2023, en la que

decretó que se dictara y notificara la Resolución de desestimación por

escrito. A esos fines, incluyó la siguiente determinación:

      VÉASE RESOLUCIÓN 6 DE JULIO 2023. TRIBUNAL
      SE   DECLARÓ    SIN    JURISDICCIÓN.    LA
      JURISDICCIÓN PRIMARIA LA OSTENTA EL
      DEPARTAMENTO DE SALUD.

      En desacuerdo con el referido dictamen, el 1 de diciembre de

2023, los peticionarios acudieron ante nosotros mediante Escrito de

Certiorari. Examinado el recurso, resolvimos que procedía su

desestimación por haberse presentado tardíamente. Oportunamente,

los peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración. En

esencia, puntualizaron que recurren de la Orden emitida el 10 de

octubre de 2023 y notificada el 1 de noviembre de 2023. La misma fue

declarada ha lugar.

      Como es sabido, el certiorari es un recurso extraordinario

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su

discreción una determinación de un tribunal inferior. Orthopedics Prod.

Of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994 (2021), Art. 670

del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como Ley de

Recursos Extraordinarios, (32 LPRA sec. 3491). La característica

distintiva de este recurso “se asienta en la discreción encomendada al

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”.

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023 TSPR 65; IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).
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      En ese sentido, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA

Ap. XXII-B) delimita los criterios para la expedición de un auto de

certiorari. Entre otros extremos, la precitada regla nos faculta expedir

este recurso si el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en

prejuicio, parcialidad, o error craso y manifiesto en la apreciación de la

prueba. (4 LPRA Ap. XXII-B). Igualmente, tenemos facultad para

expedir este recurso a los fines de evitar un fracaso a la justicia. (4

LPRA Ap. XXII-B). Tales criterios orientan la función del tribunal

apelativo intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional.

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. La aludida regla,

a su vez, permite que el análisis del foro apelativo intermedio no se

efectúe en el vacío ni se aparte de otros parámetros al momento de

considerar los asuntos planteados. Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, supra; 800 Ponce de León v. American International, 205

DPR 163 (2020).

      Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales

ostentan jurisdicción general para atender cualquier causa de acción

presentada, a menos que no tengan jurisdicción sobre la materia.

Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 204 DPR 89

(2020); Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014). La

jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad para atender y

resolver una controversia sobre un aspecto legal. Shell v. Srio.

Hacienda, 187 DPR 109 (2012) (citando a J.A. Echevarría Vargas,

Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, Ed. Nomos, 2010, pág.

25). Un tribunal no tiene la autoridad para atender una materia

particular, cuando algún estatuto lo disponga expresamente o surja de

él por implicación necesaria. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco,
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211 DPR 135 (2023); Báez Rodríguez et al. v. ELA, 179 DPR 231, 241

(2010).

      Cónsono con lo anterior, el foro judicial debe abstenerse de

ejercer su facultad adjudicativa en casos de jurisdicción primaria

exclusiva. Tal escenario surge cuando el organismo administrativo

ostenta por virtud de ley la jurisdicción inicial exclusiva para examinar

la reclamación. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657 (2009).

La autolimitación judicial opera, también, en casos de jurisdicción

primaria concurrente. En tales instancias, la ley permite que la

reclamación se inicie en la agencia o en el tribunal. Beltrán Cintrón v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra. No obstante, como regla

general, los tribunales no intervienen y ceden la primacía a la agencia

por su pericia y conocimiento especializado sobre el asunto objeto de

la reclamación. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra. Véase,

también, Báez Rodríguez et al. v. ELA.

      De no existir limitaciones jurisdiccionales, entonces le

corresponde al tribunal ejercer sus funciones adjudicativas. En ese

sentido, la doctrina autolimitación judicial no aplica cuando la

reclamación instada no exige el peritaje administrativo, es decir,

“cuando la cuestión planteada sea puramente judicial”. Rodríguez

Rivera v. De León Otano, supra, pág. 710; Consejo Titulares v. Gómez

Estremera et al., 184 DPR 407, 430-431 (2012). Tampoco existe

impedimento jurisdiccional en casos de violaciones a derechos

constitucionales. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra. En

esos casos, la parte interesada debe demostrar que “la acción

administrativa constituye una gestión inútil, inefectiva y que no ofrece

un remedio adecuado o que ha de causar un daño irreparable e
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inminente”. Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

supra, págs. 104-105; First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114

DPR 426, 439 (1983).

      De hecho, en SLG Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843

(2008), el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó prescindir del

agotamiento de remedios administrativos en aras de atender por la vía

judicial una controversia de salud que aquejaba a unos vecinos. En el

aludido caso dispuso que “el balance de las conveniencias se inclina a

prescindir de agotar los procedimientos ante el Departamento de Salud,

para así finiquitar una controversia que involucra la salud pública”. Íd.,

pág. 854.

      En lo concerniente al recurso de epígrafe, la Ley de

Controversias y Estados Provisionales, Ley Núm. 140 de 23 de julio de

1974 (32 LPRA sec. 2871) provee un procedimiento rápido, económico

y eficiente para la adjudicación provisional de controversia por parte de

los jueces municipales. Dpto. de Familia v. Ramos, 158 DPR 888

(2003). A esos fines, los magistrados quedan facultados a intervenir,

investigar, ventilar y resolver provisionalmente controversias a

solicitud de parte interesada. (32 LPRA sec. 2872). El estado

provisional de derecho que se emita al amparo de esta ley será

obligatorio entre las partes mientras la controversia sea ventilada en el

curso ordinario de la ley. Marín v. Serrano Agosto, 116 DPR 603

(1985).

      El Artículo 2 de la Ley Núm. 140, supra (32 LPRA sec. 2872)

delimita la jurisdicción del tribunal bajo esta pieza legislativa. El

precitado artículo dispone que la facultad del tribunal se extiende a: (1)

controversias entre vecinos que afecten la convivencia y el orden social,
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y (2) controversias vinculadas con perturbaciones que fueren

perjudiciales a la salud o a los sentidos, o que interrumpan el libre uso

de la propiedad, de modo que impidan el cómodo goce de la vida o de

los bienes, de las que dan lugar a una acción bajo el Artículo 277 del

Código de Enjuiciamiento Civil, entre otros. A su vez, la protección de

la precitada legislación se extiende a aquellas controversias producto

de una infracción a la Ley de Condominio. De acuerdo con la

interpretación jurisprudencial, una parte afectada por alguna infracción

bajo la aludida ley tendrá derecho a solicitar algún remedio al amparo

de la Ley Núm. 140, supra. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, 190

DPR 547 (2014).

      Por último, el Artículo 31 de la Ley Orgánica del Departamento

de Salud, Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 2023 (3 LPRA sec. 182)

faculta al Secretario de Salud o a sus representantes a corregir con

urgencia cualquier daño o estorbo público en la forma y modo

prescritos en los reglamentos de sanidad. De manera compatible con

esa disposición, el Artículo 277 de Código de Enjuiciamiento Civil, (32

L.P.R.A. sec. 2761) define estorbo como todo aquello que resulte

perjudicial a la salud, o sea indecente u ofensivo a los sentidos, o que

interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo

goce de la vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar de todo un

vecindario. Sin embargo, no se desprende de la Ley Núm. 81, supra,

que el Departamento de Salud ostenta la jurisdicción primaria exclusiva

para atender situaciones de conflictos entre vecinos por perturbaciones

perjudiciales a la salud o controversias en torno al libre uso de la

propiedad,
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      Por su parte, el Artículo 5 de la Ley para Manejar el Estudio,

Desarrollo e Investigación del Cannabis para Innovación, Normas

Aplicables y Límites, Ley Núm. 42-2017 (24 LPRA 2622a), delimita

las facultades de la Junta Reglamentadora de Cannabis, adscrita al

Departamento de Salud. De acuerdo con la precitada ley, la Junta

ostenta el poder de emitir, negar, revocar suspender, restringir licencias

e imponer multas administrativas. (24 LPRA 2622a). Sin embargo, no

surge de la Ley Núm. 42, supra, que la Junta tiene la facultad para

emitir estados provisionales de derecho a los fines de atender de manera

inmediata conflictos entre vecinos por perturbaciones perjudiciales a la

salud o controversias en torno al libre uso de la propiedad.

      En el caso de presente, nos encontramos ante unas alegaciones

sobre un conflicto vecinal por exposición nociva al humo y olor de

cannabis proveniente del apartamento del señor Santiago De la Rosa.

Según los peticionarios, esta situación afecta su salud e impide el libre

disfrute de su propiedad, así como el goce de su vida. Ante tal reclamo,

aducen que ninguna ley les exige acudir al Departamento de Salud a

ventilar su controversia.

      Luego de examinar detenidamente el expediente ante nuestra

consideración, nos resulta evidente que el Tribunal Municipal de San

Juan incidió al desestimar la Querella por falta de jurisdicción. A la luz

del marco legal discutido, dicho organismo administrativo no ostenta

jurisdicción primaria exclusiva para atender la controversia expuesta

por los peticionarios. Por tanto, el foro primario tiene jurisdicción para

dilucidar el caso al amparo de la Ley Núm. 140, supra. La precitada ley

le concede facultad para atender de manera inmediata aquellas

controversias en torno a conflictos vecinales, perturbaciones
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perjudiciales a la salud o los sentidos, o al libre disfrute de la propiedad

o goce de la vida, tal como aduce la Querella presentada por los

peticionarios.

      En virtud de esa medida legislativa, el tribunal recurrido no

puede eludir su deber ministerial e impedir una inmediata solución

mediante trabas procesales, en particular, limitaciones jurisdiccionales.

Le corresponde cumplir con las exigencias jurídicas contenidas en la

Ley Núm. 140, supra, y actuar con celeridad en la reclamación. Por

tanto, resolvemos que erró el foro primario al desestimar la Querella

por falta de jurisdicción.

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari solicitado, y consecuentemente, revocamos la Orden

recurrida. Así dictaminado, devolvemos el pleito al Tribunal Municipal

de San Juan para la continuidad de los procesos de manera compatible

con esta Sentencia.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Álvarez Esnard concurre sin escrito.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones