Court Opinion

ID: 9916144
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:00.337819+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:18.689279
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL VI

      SAMI MAHMOUD                                        CERTIORARI procedente
         ABOUSBA                                          del Tribunal de Primera
       ABDELFATTAH                                        Instancia, Sala Superior
                                                          de Bayamón
           Recurrido               KLCE202301195
                                                          Civil núm.:
                v.                                        TA2022CV00726

   EL LAGO FUEL CORP.                        Sobre: Incumplimiento de
                                             contrato, daños, acción
        Peticionario                         resolutoria
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                   RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico a 16 de noviembre de 2023.

        Comparece la parte peticionaria, El Lago Fuel Corp. (ELF), y nos

solicita la revocación de la Resolución emitida y notificada el 21 de

septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (TPI).1 En el referido dictamen, el TPI declaró “no ha lugar” una

moción de desestimación presentada por el compareciente bajo el

fundamento de prescripción. En cuanto a las causas reclamadas, por

entender que la solicitud de ELF estaba a destiempo, el TPI ordenó a las

partes litigantes a continuar con el descubrimiento de prueba y los

procedimientos de rigor.

        Anticipamos la denegación de la expedición del auto discrecional

solicitado.

                                            I

        El caso del título tuvo su origen el 19 de julio de 2022, ocasión en

que la parte recurrida, el señor Sami Mahmoud Abousba Abdelfattah, instó

una Demanda contra ELF por incumplimiento contractual, daños y

perjuicios, entre otras causas de acción.2 En esencia, alegó que el

1 Apéndice, págs. 1-2.
2 Apéndice, págs. 4-13. El recurrido unió a su reclamación la Escritura Pública 3 de 15 de

diciembre de 2015 y un Estudio de Título fechado el 10 de julio de 2020 de la finca 3587,
inscrita al folio 223 del tomo 85 del Registro de la Propiedad de Bayamón Sección III de
Toa Alta. Véase, entrada 1 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC).

Número Identificador
RES2023_________________________
KLCE202301195                                                                             2

peticionario incumplió los acuerdos contractuales adoptados en la Escritura

Pública 3, titulada Escritura de Contrato de Arrendamiento y Promesa

Bilateral de Compraventa, otorgada por los contendientes el 15 de

diciembre de 2015, ante la notaria Loida Eunice Pazo Díaz.3 El negocio

jurídico constó del arrendamiento y promesa bilateral de compraventa de

un inmueble sito en Toa Alta. En su reclamación, el Sr. Abousba

Abdelfattah adujo que la falta de pago de varias mensualidades de los

cánones de arrendamiento pactados, así como el de una suma ascendente

a $36,627 por concepto de pagos atrasados de la hipoteca, le causaron la

pérdida de ingresos, daños contractuales y emocionales.

        El 21 de abril de 2023, ELF solicitó la desestimación de la Demanda,

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra, al dejar de exponer

una reclamación que justificara un remedio.4 A base de varios documentos,

afirmó que las reclamaciones como arrendador a la fecha de presentada la

Demanda no procedían, pues a esa fecha el recurrido ya no era el

propietario del inmueble, sino Best Petroleum.5 Por igual, negó cualquier

responsabilidad por los daños contractuales alegados. Insiste que no

incumplió obligaciones dinerarias, según reconocido por el recurrido.6

Añadió que, aun dando por buena la reclamación judicial, la misma estaba

prescrita.

        Por su parte, el Sr. Abousba Abdelfattah se opuso al petitorio

mediante un escrito judicial instado el 14 de junio de 2023.7 En este, reiteró

sus previas contenciones y negó la prescripción de las causas de acción,

toda vez que no habían transcurrido quince años desde el otorgamiento de

3 Refiérase al Apéndice, págs. 32-46.
4 Apéndice, págs. 16-30, con anejos a las págs. 31-242.
5 Entre otros gravámenes, el inmueble estaba afectado por una hipoteca de $1,160,000.

Al respecto, el 27 de mayo de 2014, el TPI dictó Sentencia en la que impartió aprobación
al Consentimiento Jurado suscrito por el recurrido al tenor de la Regla 35.4 de
Procedimiento Civil en el caso civil sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca Best
Petroleum v. Fattah Abuosba, Sami Abdel, DCD2012-2975. El 8 de febrero de 2022, el
TPI emitió una Orden de Ejecución de Sentencia; y se expidió el Mandamiento de
Ejecución. El 28 de abril de 2022, el inmueble se adjudicó a favor del acreedor hipotecario,
Best Petroleum Corporation por $1,255,000. El 12 de julio de 2022, el TPI emitió la Orden
de Confirmación de Adjudicación o Venta Judicial. Apéndice, págs. 68-69; 85; 89-103; 211.
6 Refiérase al Apéndice, págs. 31; 48-59.
7 Apéndice, págs. 245-295.
KLCE202301195                                                                3

la Escritura Pública 3. Abogó por el descubrimiento de prueba para poder

oponerse diligentemente a la petición sumaria.

       Evaluadas las posturas, el TPI notificó la Resolución impugnada. Por

un lado, denegó la desestimación por el fundamento de prescripción, al

amparo del Artículo 1864 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5294,

vigente al tiempo de otorgar la Escritura Pública 3. De otra parte, justipreció

que estaba a destiempo la petición de desestimación de ELF y determinó

a favor de la continuación de los procedimientos, incluyendo el

descubrimiento de prueba.

       Inconforme, ELF solicitó la reconsideración del dictamen y la

formulación de determinaciones de hechos.8 El recurrido se opuso.9 El 2 de

octubre de 2023, el TPI declaró “no ha lugar” las solicitudes conjuntas del

peticionario.10 Inconforme aún, oportunamente ELF acudió ante este

tribunal revisor y expuso los siguientes errores:

       PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR
       El TPI ha cometido error al dictar Resolución de 21 de
       septiembre de 2023 contrario a derecho.

       SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR
       El TPI ha cometido error al dictar Resolución de 21 de
       septiembre de 2023 al resolver que la causa de daños por un
       presunto incumplimiento de contrato no está prescrita.

       TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR
       El TPI ha cometido error al dictar Resolución de 21 de
       septiembre de 2023 al resolver no ha lugar la Moción en
       solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2...,
       presentada el 21 de abril de 2023, por la parte demandada, y
       “solo en cuanto al planteamiento de la prescripción.”

       CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR
       El TPI ha cometido error al dictar Resolución de 21 de
       septiembre de 2023 al no destilar varias de las alegaciones
       de la demanda que en derecho no cumplen con los requisitos
       de la doctrina de “causalidad adecuada” para determinar la
       causalidad legal entre la acción u omisión negligente y el
       daño sufrido según alega ABOUSBA y/o por improcedentes
       o imposibles en derecho como remedios según su Súplica y
       según sus alegaciones #19, #22, #23, #24 y #25 de la
       Demanda.

       QUINTO SEÑALAMIENTO DE ERROR
       El TPI ha cometido error al dictar Resolución de 21 de
       septiembre de 2023 y no concluir en ella que el alegado
       Derecho de Promesa Bilateral de Compraventa se

8  Apéndice, págs. 296-319.
9  Apéndice, págs. 320-371.
10 Apéndice, pág. 372.
KLCE202301195                                                                 4

       perfeccionaría conforme la la [sic] discreción y voluntad de un
       tercero, el acreedor de ABOUSBA, lo que es una condición
       inoficiosa en derecho y no imputable su cumplimiento a EL
       LAGO.

       En cumplimiento de nuestra Resolución de 1 de noviembre de 2023,

el Sr. Abousba Abdelfattah presentó Oposición a la Expedición del Auto de

Certiorari.

                                     II

                                     A

       El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012), que cita a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso discrecional,

para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al momento de

decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el recurso de

certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias reconocidas

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1

(Regla 52.1).

       Particularmente, en cuanto a los procedimientos de certiorari para

revisar resoluciones del foro primario, la Regla 52.1 dispone lo siguiente:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. […]
       Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos
       casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión. […] (Énfasis nuestro.)

       Luego de auscultar objetivamente si la materia contenida en el auto

de certiorari tiene cabida dentro de alguno de los asuntos establecidos en

la Regla 52.1, analizamos si bajo la discreción concedida a este tribunal

revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40), debemos o no expedir el auto de
KLCE202301195                                                               5

certiorari. A esos fines, la Regla 40 establece los criterios que debemos

tomar en consideración para determinar si expedimos o no un auto de

certiorari:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

       Es norma asentada que los foros apelativos “no debemos

intervenir con el ejercicio de la discreción de los foros de instancia,

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

perjuicio, error manifiesto o parcialidad.” (Énfasis nuestro.) Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita a

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Asimismo, con

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, no

debemos sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal

de instancia, “salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o

craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 DPR

649, 664 (2000).

                                      B

       Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de

mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o algunos

de los asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio
KLCE202301195                                                                     6

plenario. A esos efectos, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (Regla 10.2), “es aquella que

formula el demandado antes de presentar su contestación a la demanda,

en la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su contra.”

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), que

cita a Colón v. Lotería, 167 DPR 625 (2006). La Regla 10.2 establece los

fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de una

demanda presentada en su contra. En lo atinente, el quinto inciso consigna

como causa el dejar de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio.11 Al resolver una moción bajo este principio, los

tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos bien

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara

y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.” (Énfasis

nuestro.) Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428.

Asimismo, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente,

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte

demandante.” Id., págs. 428-429. Es decir, “al examinar la demanda para

resolver este tipo de moción se debe ser sumamente liberal y la

desestimación ‘únicamente procedería cuando de los hechos alegados no

podía concederse remedio alguno a favor del demandante’.” Colón Rivera

et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R. Hernández Colón,

Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231.

Igualmente, la desestimación tampoco procede si la demanda es

susceptible de ser enmendada. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

supra, pág. 429.

        Además, la norma dispone expresamente que, si “se exponen

materias no contenidas en la alegación impugnada, y estas no son

excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una

solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites

11 Véase, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Tribunal Supremo de Puerto Rico,

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo 2008, pág. 134.
KLCE202301195                                                                        7

ulteriores provistos en la Regla 36…” (Énfasis nuestro.) Al fundamentar

la moción de desestimación en que la parte demandante dejó de exponer

una causa de acción que amerite la concesión de un remedio es necesario

determinar si los hechos alegados en la demanda establecen de su faz una

reclamación que sea plausible y que, como tal, establezca que el

demandante tiene derecho a todo o parte del remedio solicitado.

Solamente ante hechos alegados que no cumplan con el estándar de

plausibilidad, el tribunal debería desestimar la demanda. R. Hernández

Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág.

307.12 Ello así, porque el estándar de plausibilidad no permite que una

demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el

descubrimiento      de    prueba     pueden      probarse     meras     alegaciones

conclusivas. Id.

                                          III

       En el presente caso, la parte peticionaria nos solicita la revisión de

una Resolución, en virtud de la cual el TPI no dio paso a su petición de

desestimación. Arguye, en síntesis, que el TPI incidió al dictarla únicamente

en cuanto al planteamiento de prescripción y por considerarla contraria a

Derecho. Sostiene que la reclamación del recurrido está prescrita; y aduce

que ciertas alegaciones carecen de causalidad adecuada. Finalmente,

impugna la promesa bilateral de compraventa acordada en la Escritura

Pública 3 por contener una condición inoficiosa, en referencia a que el

acreedor hipotecario establecería el precio de compraventa de la

propiedad.

       En este caso, el TPI se rehusó a desestimar la reclamación del Sr.

Abousba Abdelfattah por no estar prescrita, ya que no ha expirado el

término de quince años que corresponde a las acciones personales, según

el ordenamiento jurídico atinente a los hechos. A partir del otorgamiento de

la Escritura Pública 3, allá para el 15 de diciembre de 2015, al tiempo de

12 Véase, Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009) y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US

544 (2007).
KLCE202301195                                                              8

incoar la Demanda del título, el 19 de julio de 2022, solo han transcurrido

poco más de seis años. Asimismo, en cuanto a las causas de acción de

naturaleza torticera, el TPI expresó que la solicitud del peticionario estaba

a destiempo. Nótese que, a pesar de que ELF unió a su petición

documentos y expuso asuntos no comprendidos en la Demanda, el escrito

judicial incumplió crasamente con los rigores de la Regla 36 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, la cual regula los requisitos

sustantivos de una solicitud de sentencia sumaria. En torno a este asunto,

el recurrido exigió que primero se realizara un descubrimiento de prueba

adecuado y el TPI, en el ejercicio de su discreción, lo concedió.

Coincidimos. Como se sabe, de conformidad con la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, en esta etapa de los procedimientos, se deben

tomar como correctas todas las alegaciones bien hechas en la Demanda e

interpretarlas de la forma más favorable a la parte recurrida.

       Según esbozamos, al determinar si debemos expedir o no el auto

discrecional, en primer lugar, nos corresponde determinar si la materia

planteada está contemplada entre los supuestos de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra. La contestación a dicha interrogante es en la

afirmativa, debido a que ELF recurre de la denegación de una moción

dispositiva. En segundo lugar, como parte del análisis dual, debemos

examinar el asunto que se nos plantea a la luz los criterios contenidos en

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. En este ejercicio, no

encontramos que el TPI haya incurrido en un abuso de discreción o que

haya actuado bajo prejuicio o parcialidad que acarree un fracaso de la

justicia. Tampoco se demostró que el foro recurrido se haya equivocado en

la interpretación o aplicación de una norma procesal ni que, intervenir en

esta etapa tan temprana de los procedimientos, se evitaría un perjuicio

sustancial contra la parte peticionaria. Por el contrario, con nuestra

abstención evitamos dilaciones o fraccionamientos indebidos. Claro está,

la denegación del auto discrecional no implica una postura con respecto a

los méritos o deméritos de la causa sobre la cual trata el recurso; sino una
KLCE202301195                                                             9

muestra de nuestra facultad discrecional para negarnos a revisar en

determinado momento un asunto interlocutorio.

                                    IV

      A la luz de lo expuesto, se deniega la petición de certiorari.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones