Court Opinion

ID: 9941482
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:39:52.59927+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.557190
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL V (ESPECIAL)

    JOHN DIEZ MURO                                        Certiorari
                                                          Procedente del Tribunal de
         Peticionario                                     Primera Instancia,
                                                          Sala de SAN JUAN
               v.                  KLCE202301311
                                                          Caso Núm.:
  FRANCISCO PAGÁN                                         CG2018CV3324
  RODRÍGUEZ; AGNES
     RODRÍGUEZ                                            Sobre:
      MIRANDA                                             Incumplimiento de
                                                          Contrato, Daños y
          Recurrida                                       Perjuicios

Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                    RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2024.

        El 27 de noviembre de 2023, el Sr. John Diez Muro (en adelante, señor

Diez o el peticionario) instó una Petición de certiorari mediante la cual nos

solicitó la revocación de la Resolución emitida y notificada por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI o foro

primario) el 12 de septiembre de 2023. Por virtud del aludido dictamen, el

TPI denegó la Solicitud de sentencia sumaria que presentó en el caso el Sr.

Francisco Pagán Rodríguez (en adelante, señor Pagán o recurrido), así como

la Oposición a moción de sentencia sumaria y moción de sentencia sumaria

sometida por el peticionario. Igualmente, ordenó la continuación de los

procedimientos, incluyendo la celebración del juicio en su fondo.1

        Atendido el recurso, el 29 de noviembre de 2023, emitimos Resolución

concediéndole 10 días a la parte recurrida para expresar su posición. Ha

transcurrido tiempo en exceso desde que el plazo concedido venció, sin que

1 El 26 de septiembre de 2023, el peticionario solicitó la reconsideración de esta decisión.

Mediante Resolución del 25 de octubre de 2023, notificada al día siguiente, la misma fue
denegada.

Número Identificador

RES2024 _________________
KLCE202301311                                                                2

la parte recurrida haya comparecido por lo que damos por sometido el

asunto y resolvemos.

                                       I

       El 5 de diciembre de 2018, el señor John Diez Muro presentó una

demanda de daños y perjuicios contra Francisco Pagán Rodríguez. En esta,

sostuvo que operaba un negocio comercial mediante un contrato de

arrendamiento otorgado el 6 de mayo de 2002, con el propietario fenecido,

a saber, el padre del señor Pagán. Arguyó, entre otras cosas, que el recurrido

incumplió con su obligación de reponer el negocio comercial en su estado

original tras el paso de los huracanes Irma y María. Asimismo, añadió, que

previo al caso de autos, mediante un proceso sumario de desahucio, con

Núm. civil K PE2018-0029, el recurrido obtuvo una sentencia a su favor

mediante la cual logró desalojarlo de la propiedad y obtener plusvalía del

negocio. De este modo, afirmó que no fue notificado de la fecha de

lanzamiento para tener la oportunidad de remover sus pertenencias del

negocio. Por ello, alegó que el señor Pagán se había apropiado

indebidamente de equipos, permisos y documentación que le pertenecían.

Ello, sin realizar inventario, ni consignación conforme lo dispone la ley. A

estos efectos, solicitó una indemnización de $275,000.00 por la plusvalía del

negocio y la propiedad mueble que presuntamente le pertenece, más las

costas y honorarios de abogado.

       Así las cosas, el 22 de febrero de 2019, el señor Pagán contestó la

demanda y presentó una reconvención. Mediante esta última, el

peticionario afirmó que la sentencia de desahucio que emitió el foro

primario el día 9 de mayo de 2018, en el caso civil Núm. K PE2018-0029, era

final y firme y ante una estipulación de hechos que se logró alcanzar en

dicho caso, aseguró que el señor Diez le adeudaba la cantidad de $15,000.00

por concepto de pagos de renta dejados de devengar durante los meses de

octubre del 2017 al 11 de julio de 2018. Por su parte, el peticionario presentó
KLCE202301311                                                                          3

una réplica a la reconvención y en esta, arguyó que no pudo utilizar la

propiedad arrendada desde el mes de septiembre de 2017 toda vez que el

señor Pagán se había negado a hacerles los correspondientes reparos a la

propiedad. Además, resaltó que el precitado caso de desahucio únicamente

trataba sobre la posesión física del local en ruinas.2

        En cuanto al asunto que atendemos, es importante conocer que el 4

de mayo de 2023, el recurrido presentó una Solicitud de sentencia sumaria en

la que alegó que el pleito de epígrafe debía ser desestimado. Así, y bajo la

doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por

sentencia, reclamó que las alegaciones de la demanda fueron adjudicadas

al disponerse del caso de desahucio que instó contra el peticionario, la cual

era final y firme. Ante el escrito sometido, el peticionario sometió una

Oposición a moción de sentencia sumaria y moción de sentencia sumaria.

        Evaluados ambos escritos, el foro primario dictó la Resolución

recurrida en la que dictaminó que no existía controversia sobre 14 hechos.

De otra parte, el TPI determinó que existía controversia sobre 6 hechos.

Basándose en los hechos incontrovertidos y aquellos aun en controversia

identificados en su dictamen, así como la prueba contenida en el expediente

judicial, el TPI concluyó que el presente pleito no debía resolverse

sumariamente como pidió el señor Pagán se hiciera. En primer lugar,

determinó que en el caso civil K PE2018-0029 solamente se atendió el

desahucio solicitado por el señor Pagán y nada se dictaminó en cuanto a la

reconvención por incumplimiento de contrato y los daños que el señor Diez

reclamó, por lo que no aplicaba la doctrina de cosa juzgada como alegó el

recurrido en su moción dispositiva. En lo particular, el foro primario

enunció lo siguiente:

        “Es importante aclarar que, las alegaciones que aquí se atienden
        versan principalmente sobre una reclamación de daños

2 Los hechos procesales del recurso de epígrafe guardan relación con aquellos del recurso

KLCE202200012 atendido previamente por este Panel. Por ello, el tracto factual hasta aquí
consignado se toma de la Resolución emitida en el mismo.
KLCE202301311                                                                 4

       ocasionados como resultado de un incumplimiento contractual.
       Aunque dichas reclamaciones fueron inicialmente instadas en el
       caso K PE2018-0029 mediante Reconvención, no fueron consideradas
       por transgredir la naturaleza sumaria del procedimiento de
       desahucio. Por tal razón, no existe impedimento actualmente para
       atenderlas en la presente acción. Ahora bien, los hechos
       adjudicados en el caso civil núm. K PE2018-0029 respecto a la
       vigencia del contrato de arrendamiento, y lo que motivó a que el
       tribunal ordenara el desahucio, son finales y no revisables por este
       foro. Habiendo establecido lo anterior y estando ante dos causas de
       acción diferentes, la primera sentencia de desahucio no es
       impedimento para que el demandante litigue la actual reclamación
       en daños. En su momento y acorde al derecho aplicable
       correspondiente, se pasará juicio sobre la prueba documental que
       se admita, se evaluarán los testimonios vertidos y el tribunal
       adjudicará credibilidad a lo que así lo amerite. […]”

       Oportunamente,       el   señor   Diez    sometió     una    moción    de

reconsideración en la que señaló que durante el pleito de desahucio no se

atendieron las alegaciones que incluyó al reconvenir y que muchas de ellas

inciden en la reclamación de daños y perjuicios del pleito de epígrafe. Por

ello, reclamó que la determinación del foro primario de que los hechos

adjudicados en la sentencia dictada en el caso civil K PE2018-0029 son

finales y no revisables fue una errada, en la medida en que descansan en la

aplicación equivocada de la doctrina de cosa juzgada. Específicamente,

reclama que la mencionada doctrina no debe aplicarse cuando la parte

contra la cual se interpone no ha tenido la oportunidad de litigar el asunto

previamente. Ante ello, señaló que atarle a los hechos de la sentencia de

desahucio emitida en un procedimiento sumario en el que no se celebró

descubrimiento de prueba constituye una violación al debido proceso de

ley.

       Como indicamos ya, la moción de reconsideración fue denegada. En

desacuerdo aun, el peticionario instó el recurso de epígrafe y le imputó

error al TPI al:

       […] resolver que utilizará en este caso la sentencia de desahucio
       como impedimento colateral, donde no se dilu[c]idaron las
       defensas y reconvención del recurrente debido al dictamen de una
       sentencia parcial sin perjuicio.

       […] abusar de su discreción y violar la Sentencia Parcial en el caso
       de desahucio que claramente dispone la desestimación sin perjuicio
       de las defensas y reconvención del recurrente.
KLCE202301311                                                                  5

       […] al violar el debido proceso de ley mediante la privación de las
       defensas y reconvención del recurrente sin haber tenido derecho a
       su día en corte y a ser oído debido a la desestimación sin perjuicio
       de sus defensas y reconvención en la Sentencia Parcial sin perjuicio.

                                        II

                                       -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación
KLCE202301311                                                                                6

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

        El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.3

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra.

                                             -B-

        La doctrina de cosa juzgada establecida por el Art. 1204 del Código

Civil de Puerto Rico del 1930, 31 LPRA sec.3343, impedía que, emitida una

sentencia en un pleito anterior, las mismas partes litiguen otra vez en un

posterior litigio las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya

litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haberse litigado. 4 Así fue

3
  Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto
planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que
se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de
la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
4 El 28 de noviembre de 2022 entró en vigor el Código Civil de 2020 aprobado mediante la

Ley Núm. 55-2020. Este nuevo código no contiene una disposición legal equivalente a la
doctrina de cosa juzgada establecida en el Código Civil de 1930. La aplicación de esta
doctrina permanece vigente por la jurisprudencia ya establecida. La mención del Artículo
1204 del Código Civil de 1930, se hace con el mero propósito de señalar la disposición legal
que en su momento la establecía en la Ley.
KLCE202301311                                                               7

reconocido en Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012); Mun.

de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743, 769 (2003), entre otros.

       Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio se

requiriere que entre el caso resuelto por sentencia y aquel en el que se

invoca, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Méndez vs.

Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005). Cuando la doctrina de cosa juzgada

alude a la identidad entre las cosas, se refiere al “objeto o materia sobre la

cual se ejercita la acción”. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533,

535 (1975). Para determinar si existe o no identidad de cosas, debemos

cuestionar si al tomar una determinación sobre el objeto de una demanda

en el caso ante nuestra consideración, nos exponemos a contradecir una

decisión anterior en cuanto al mismo objeto. A&P Gen. Contractors v. Asoc.

Caná, 110 DPR 753, 764-765 (1981).

       La doctrina de cosa juzgada está fundamentada en consideraciones

de orden público y necesidad. De una parte, vela por el interés

gubernamental en que se finalicen los pleitos y busca dar la debida

dignidad a los fallos de los tribunales. Por otro lado, se interesa no someter

a los ciudadanos a las molestias de tener que litigar dos veces una misma

causa. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 218-219

(1992); Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961). Empero, la aplicación de la

doctrina de cosa juzgada no procede de forma inflexible y automática

cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia o consideraciones de

orden público. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 269 (2004).

       El impedimento colateral por sentencia constituye una modalidad

de la doctrina de cosa juzgada previamente discutida. Este persigue

alcanzar los mismos propósitos procurados por la doctrina de res judicata, a

saber: proteger a los litigantes contra lo que representa defenderse o probar

sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la misma
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controversia, y promover la economía judicial y administrativa al evitar

litigios innecesarios y decisiones incompatibles. Beníquez et al. v. Vargas et

al., 184, DPR 210, 225 (2012). Esta figura, sin embargo, se distingue de la

doctrina arriba discutida en cuanto a que para aplicarla no es necesario que

se dé el requisito de identidad de causas. Íd. La misma, surte efectos cuando

un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y

se determina mediante sentencia válida y final, [y] tal determinación es

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén

involucradas causas de acción distintas. Ahora, “la sentencia anterior es

concluyente solamente en cuanto a aquellas materias que de hecho se

suscitaron y verdaderamente o por necesidad se litigaron y adjudicaron,

pero no es concluyente en cuanto a aquellas materias que pudieron ser pero

que no fueron litigadas y adjudicadas en la acción anterior”. Íd.

                                     -C-

       El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, permite resolver los

asuntos de aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de

hechos materiales y que, por consiguiente, no ameritan la celebración de un

juicio. Cruz Velez v. CEE, 206 DPR 694 (2021), al citar a Mejías Montalvo v.

Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288 (2012) y otros. Así pues, conforme la

discutida regla, procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones y admisiones ofrecidas, más las declaraciones juradas y

cualquier otra evidencia presentada se acredita la inexistencia de una

controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y material. Deberá,

también, justificarse por el derecho aplicable. Id., mencionando a Bobé v.

UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico, 198 DPR 6 (2017) y

demás.

       Por otro lado, la parte que se oponga a la moción de sentencia

sumaria, deberá así hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su
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notificación, cumpliendo con los requisitos de ley. Así pues, deberá efectuar

una exposición breve de las alegaciones, los asuntos litigiosos o en

controversia. También, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados

por la parte promovente que entiende están en controversia y para cada

uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación. Véase,

Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b); Cruz Velez

v. CEE; supra; y SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432

(2013). Las meras afirmaciones no bastan. Meléndez González v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 136 (2015) Esto es así, ya que cualquier duda no es suficiente

para derrotar una moción de sentencia sumaria, sino que tiene que ser una

que permita concluir la existencia de una controversia real y sustancial

sobre hechos relevantes y pertinentes. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914,

932 (2010) No obstante, el no presentarse oposición a una moción de

sentencia sumaria no impide que el tribunal falle en contra del promovente

de esta ya que esta “puede dictarse a favor o en contra del promovente,

según proceda en derecho.”. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos.,

144 DPR 563, 575 (1997).

       Así, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria un

tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de los documentos sometidos

ante su consideración surge que no existe controversia real sustancial en

cuanto a ningún hecho material y solo restaría por resolver una

controversia estricta de derecho. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V R 36.3(e). Por el contrario, no procederá una moción de

sentencia sumaria cuando (1) existan hechos materiales y esenciales

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han

sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan con

la moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4)

como cuestión de derecho, no proceda. Cruz Velez v. CEE; supra.
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       En cuanto a la revisión judicial de una determinación sobre sentencia

sumaria, es meritorio señalar que los foros apelativos nos encontramos en

la misma posición que el foro primario. Por ello, debemos regirnos por la

Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de esta. No obstante,

no podemos tomar en consideración evidencia que las partes no

presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos materiales

en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de instancia luego

de celebrarse un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

118.

                                     III

       Tal como se desprende del recuento procesal efectuado antes, en la

Resolución recurrida el TPI denegó una moción de sentencia sumaria

sometida por el señor Pagán, así como la oposición a sentencia y solicitud

de sentencia sumaria a su favor que el peticionario instaran en el caso. Por

tanto, impugnándose una determinación contenida en la resolución de un

escrito de carácter dispositivo, conforme la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, estamos en posición de acoger o no el recurso discrecional del

certiorari instado.

       Ahora bien, los errores señalados por el peticionario no argumentan

la existencia o ausencia de hechos en controversia, ni impugnan la

denegatoria de las mociones dispositivas resueltas por la Resolución. Por el

contrario, y basándose en los argumentos sometidos en su moción de

reconsideración, cuestiona aquellas expresiones de la determinación que

transcribimos previamente en el relato de los hechos procesales en las que

dispuso que aquellos hechos adjudicados en el caso K PE2018-0029 respecto

a la vigencia del contrato de arrendamiento y lo que motivó a que el tribunal
KLCE202301311                                                                             11

ordenara el desahucio eran finales y no podían ser revisados por el

tribunal.5

        Específicamente, al discutir conjuntamente su señalamiento de

errores, luego de reproducir su solicitud de reconsideración y citar el

derecho aplicable, el peticionario indica que el expediente evidenciaba que

la sentencia parcial dictada en el pleito K PE2018-0029 no adjudicó las

defensas afirmativas que este levantó, ni la reconvención que instó en el

pleito. Señala pues que, por el contrario, en el dictamen parcial que

desestimó su reconvención se señaló que este tenía derecho a presentar en

una acción independiente su reclamo por daños y perjuicios.

        Basándose en esto, plantea que “privar al recurrente de la

oportunidad de traer todas sus defensas y causas de acción en este caso,

mutilándolas con el filo de una Sentencia de desahucio, donde no tuvo la

oportunidad de ventilarlas, es un craso error y constituye un abuso de

discreción, que claramente coarta el debido proceso de ley, viola el espíritu

y texto de la Sentencia Parcial sin perjuicio dictada en el caso de desahucio

y la intención del Tribunal de Apelaciones al revocar las resoluciones y

Sentencia Parcial del TPI y devolver el caso para su adjudicación plena.”

        Luego de que a los fines de atender los señalamientos efectuados

evaluáramos la moción dispositiva sometida por el señor Pagán, el escrito

que frente a esta sometió el peticionario, los documentos que acompañaron

ambos documentos, así como las expresiones del foro primario

cuestionadas, según contenidas en su Resolución, no encontramos la

existencia de ninguno de aquellos factores enunciados en la Regla 40 de

nuestro Reglamento para determinar la expedición del auto discrecional del

certiorari. Entiéndase pues, que tras sopesar los argumentos levantados por

5 En vista de que las cuestiones que el peticionario nos invita a evaluar no tratan sobre la

procedencia o improcedencia del vehículo de sentencia sumaria, ni la existencia o ausencia
de controversias sobre hechos medulares, estimamos innecesario el evaluar si tales escritos
cumplieron con los requisitos de forma que nuestro ordenamiento jurídico establece para
tal instrumento.
KLCE202301311                                                             12

el señor Diez en su contra, no estimamos que la decisión recurrida sea

contraria a derecho, ni que en esta haya mediado prejuicio, parcialidad por

parte del TPI o que la expedición del auto evite el fracaso de la justicia.

Siendo ello así, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

       Lo aquí resuelto, advertimos, no tiene efecto de juzgar o considerar

en los méritos ninguna de las controversias de derecho planteadas por las

partes, de modo que estas podrían ser planteadas nuevamente en una etapa

posterior al juicio. Esto es así, ya que, como es sabido, una resolución

denegatoria de un auto de certiorari ni implica posición alguna del Tribunal

respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso. La

resolución denegatoria simplemente es indicio de la facultad discrecional

del tribunal revisor de negarse a revisar en determinado momento una

decisión emitida por el tribunal de instancia. Cacho Pérez v. Hatton Gotay

y otros, 195 DPR 1, 12 (2016) al citar a Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130

DPR 749, 755 (1992) y otros.

                                      IV

       Por las razones antes expresadas, denegamos la expedición del auto

de certiorari solicitado por el Sr. John Diez Muro.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones