Court Opinion

ID: 9962674
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:41:00.096711+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.597817
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL X

  EL PUEBLO DE PUERTO                                    Certiorari
         RICO                                            procedente del Tribunal
         RECURRIDA(S)                                    de Primera Instancia,
                                                         Sala Superior de
                                                         AÑASCO
               V.                 KLCE202400289

                                                         Caso Núm.
 MARÍA I. BEY VÁZQUEZ                                    I1TR202300197
        PETICIONARIA(S)

                                                         Sobre:
                                                         Art. 7.02 Ley 22

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

                                RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, hoy día 20 de marzo de 2024.

        Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora MARÍA I.

BEY VÁZQUEZ (señora BEY VÁZQUEZ) mediante Petición de Certiorari

interpuesta el 7 de marzo de 2024. En su recurso, nos solicita que

revisemos la Minuta Resolución decretada el 7 de febrero de 2024

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Añasco.1

Mediante el antedicho pronunciamiento, el foro a quo declaró no ha

lugar la solicitud de supresión de evidencia, toda vez que se habían

constatado los motivos fundados para la intervención, y se pautó

audiencia para el 21 de marzo de 2024 a las 9:00 de la mañana.

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

                                            -I-

        El 10 de octubre de 2023, EL PUEBLO DE PUERTO RICO presentó

una Denuncia por violación al Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y

1 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 12 de febrero de 2024.

Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 1.

Número Identificador: RES2024________
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Tránsito de Puerto Rico, conocida como la Ley Núm. 22 de 7 de enero

de 2000, según enmendada,2 contra la señora BEY VELÁZQUEZ.3 Ese

mismo día, el foro primario determinó causa para arresto.

        Luego de varios incidentes procesales, el 17 de enero de 2024,

la señora BEY VÁZQUEZ presentó una Solicitud de Supresión de

Evidencia.4 Fundamentó que el agente Jeffrey Feliciano Balaguer

(agente Feliciano Balaguer) no tenía orden judicial o motivo fundado

para intervenir con la señora BEY VÁZQUEZ.

        El 2 de febrero de 2024, EL PUEBLO DE PUERTO RICO presentó

su Moción en Oposición a Solicitud de Supresión de la Evidencia.5 A

los pocos días, el 7 de febrero de 2024, se celebró una audiencia

sobre supresión de evidencia. En dicha audiencia, se sentó como

único testigo al agente Feliciano Balaguer. El mismo día, el tribunal

primario decretó la Minuta Resolución recurrida.

        Insatisfecha con ese proceder, el 7 de marzo de 2024, la

señora BEY VÁZQUEZ recurrió ante este foro intermedio señalando

el(los) siguiente(s) error(es):

             Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la
             solicitud de supresión de evidencia, a pesar de que de
             la prueba oral y de la argumentación final del
             Ministerio Público surgió que era falso el motivo de
             intervención aludido por el Agente de la Policía.

        Así las cosas, el 11 de marzo de 2024, pronunciamos

Resolución en la cual, entre otras cosas, concedimos un plazo hasta

el 18 de marzo de 2024, a las 12:00 del mediodía, para mostrar

causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar

el dictamen impugnado a EL PUEBLO DE PUERTO RICO.

        El 18 de marzo de 2024, EL PUEBLO DE PUERTO RICO presentó

su Solicitud de Desestimación. Adujo que el recurso de la señora BEY

VÁZQUEZ carece de un documento indispensable- transcripción

2 9 LPRA., sec. 5002, et seq.
3 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 5.
4 Íd., págs. 6- 10.
5 Íd., págs. 11- 18.
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estipulada de la prueba oral vertida en la audiencia celebrada el 7

de febrero de 2024- lo cual impide que este foro revisor pueda

descargar efectivamente su función revisora. Argumentó, además,

que no se perfeccionó el recurso y, por ende, debe desestimarse la

Petición de Certiorari.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos

encontramos en posición de resolver. Puntualizamos las normas de

derecho pertinentes a las (s) controversia(s) planteada(s).

                                         - II -

                                          -A-

        El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.6

Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo de recurso

se encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.7

        De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”.8 Empero, el ejercicio de la discreción

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una

u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho”.9

        El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío

o en ausencia de otros parámetros.10 Para ello, la Regla 40 de

nuestro Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar

si se debe o no expedir un recurso de certiorari. A saber:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
        a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
        derecho;
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
        para el análisis del problema;

6 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres

González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras
I, 206 DPR 391, 403 (2021).
7 Íd.
8 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
9 Íd.
10 Íd.
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        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
        de Primera Instancia;
        (D) Si el asunto planteado exige una consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados;
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
        es la más propicia para su consideración;
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
        no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
        dilación indeseable en la solución final del litigio; y
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia.11

        Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista

exhaustiva, y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo,

para justificar el ejercicio de nuestra jurisdicción.12 En otras

palabras, los anteriores criterios nos sirven de guía para poder

determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica nuestra

intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el

caso.13 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación

que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación.”14

        Finalmente,        este    Tribunal       solo    intervendrá        con     las

determinaciones         interlocutorias       discrecionales        procesales       del

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en un

craso abuso de discreción.15 Esto es, “que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa

v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011). En los casos, criminales, la expedición de un
auto de certiorari debe evaluarse a la luz de los criterios enumerados por la Regla 40 de
nuestro Reglamento.
12 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
13 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
14 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO

Construction Inc., supra.
15 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
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que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.16

                                         -B-

        La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en

su Artículo II, Sección 10, prescribe la protección a favor de todo

ciudadano contra registros y allanamientos irrazonables de su

persona, pertenencias y propiedades, realizadas por un funcionario

del Estado.

        En ese sentido, el objetivo principal de esta protección

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables es

proteger la intimidad y la dignidad del ser humano, como valor

fundamental de nuestra democracia.17 Con el propósito de

garantizar      la    protección       constitucional       contra    registros     y

allanamientos irrazonables, se ha instituido una presunción de

invalidez de todo registro que se lleve a cabo sin una orden judicial

y el estado debe probar su validez.18 Los frutos de un registro ilegal

son inadmisibles y por ende deben ser suprimidos.19

        En el contexto de una detención inicial de un vehículo de

motor, nuestro más alto foro ha expresado que la misma es

razonable en circunstancias en las cuales existan motivos fundados

o causa probable para creer que ha sucedido una violación a las

leyes de tránsito. Ello, pues estamos ante una detención con un

propósito específico y por un periodo de tiempo que es limitado.

Empero, para realizar una intervención de mayor tiempo, es

necesario obtener previamente una orden judicial. Todo ello, debe

ser analizado bajo el principio que por el hecho de viajar en un

automóvil no se renuncia al derecho de intimidad protegida por la

Constitución.20

16 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
17 Pueblo v. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166 (2015); Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437

(2009).
18 Pueblo v. López Colón, 200 DPR 273 (2018); Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618

(1999).
19 Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1 (2013).
20 Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386 (1997).
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                                          -C-

         Por otro lado, la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal

provee una lista de fundamentos en los cuales se puede apoyar la

persona       imputada        en     un   registro   o   allanamiento   ilegal.21

Sustancialmente, en una moción de supresión de evidencia se

deberá exponer los hechos precisos o las razones específicas que

sustenten el fundamento o los fundamentos en que se basa el

petitorio. A diferencia de las audiencias sobre causa probable para

arrestar o para acusar, la determinación de suprimir la evidencia

bajo la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal no termina con

el proceso criminal. Esta regla meramente confiere una oportunidad

a la defensa de lograr que se suprima en el juicio la presentación de

la evidencia obtenida ilegalmente que podría ser perjudicial al

imputado. Lo único que se decide es la legalidad o razonabilidad del

registro efectuado.22 En consonancia, una moción de desestimación

al amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal,

procede en dos (2) escenarios: (1) cuando se infringió alguno de los

derechos o requisitos procesales de la vista preliminar; y (2) cuando

se determinó causa probable para acusar, pese a la ausencia total

de prueba sobre alguno de los elementos del delito imputado,

incluido entre estos, la prueba sobre la conexión del acusado.23

         No obstante, el Ministerio Público puede proseguir su caso

contra el imputado con otra prueba independiente y distinta a la

suprimida.24 En estos casos, no solo la evidencia que se obtenga

durante un registro o un arresto ilegal será inadmisible, sino que

toda la evidencia que se obtenga luego, como “fruto” de dicho

registro o arresto, también será inadmisible en evidencia.25

21 34 LPRA. Ap. II, R. 234.
22 Pueblo v. Serrano Reyes, supra.
23 Pueblo v. Guadalupe Rivera, 206 DPR 616 (2021).
24 Íd.
25 Pueblo v. Nieves Vives, supra.
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         A grandes rasgos, cuando la evidencia incautada es producto

de un registro o allanamiento con previa orden judicial, éste se

presume válido y razonable.26 En la audiencia, el peso de la prueba

y la obligación de persuadir corresponde al que solicita la supresión

de evidencia.27 En cuanto al estándar o quantum de prueba a

aplicar en una vista evidenciaria para adjudicar una solicitud de

supresión de evidencia, debe preferirse el de “preponderancia de

prueba basado en la totalidad de las circunstancias”.28

                                        - III -

         Un tribunal intermedio no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los Tribunales de Primera Instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o actuó con

prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.

         En su recurso, la señora BEY VÁZQUEZ señaló que incidió el

tribunal primario al denegar la moción de supresión de evidencia, a

pesar de que de la prueba oral y de la argumentación final del

PUEBLO     DE    PUERTO RICO surgió que era falso el motivo de

intervención del agente Feliciano Balaguer. Dicho señalamiento de

error versa sobre la apreciación de la prueba testifical por el foro

primario.

         De otro lado, EL PUEBLO DE PUERTO RICO argumentó que la

ausencia de una regrabación del proceso hace imposible que se

pueda atender los méritos del recurso.

         Ante un señalamiento de error sobre la apreciación de la

prueba      testifical,    la    señora     BEY   VÁZQUEZ   debió    notificar,

oportunamente, al Tribunal de Apelaciones el método que utilizaría

para la reproducción de la prueba oral: transcripción, exposición

26 Pueblo v. Guadalupe Rivera, supra.
27 Íd.
28 Íd.
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estipulada       o     exposición        narrativa.       Como        resultado,       el

incumplimiento o la inobservancia de esta normativa, incide en el

perfeccionamiento del recurso, por lo que, procedemos a conferirle

deferencia al foro recurrido.

        Ello fundamentado en que es doctrina reiterada que —como

regla general— los foros superiores no intervendrán en las

determinaciones de hechos de los foros primarios.29 La razón de esta

norma es que los tribunales de primera instancia son los que están

en mejor posición para adjudicar la credibilidad y determinar lo que

realmente aconteció, lo cual depende —entre otros factores— del

comportamiento de los testigos y escuchar su voz mientras ofrecen

su testimonio.30 A modo de excepción, las determinaciones de

hechos de los tribunales de instancia se pueden descartar si en la

actuación del juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto.31

        La señora BEY VÁZQUEZ tampoco ha demostrado que el foro de

instancia actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o que incurrió en

error manifiesto. En conclusión, nada en el expediente nos

convenció para utilizar nuestra función revisora en esta etapa de los

procedimientos. Tras justipreciar la Petición de Certiorari no

observamos ningún error de parte del foro primario al emitir la

Minuta Resolución recurrida.

                                         - IV -

        Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la

expedición del auto de Certiorari entablado el 7 de marzo de 2024

por la señora BEY VÁZQUEZ. Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de

nuestro Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia puede

29 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service,

185 DPR 431 (2012); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 356 (2009).
30 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 171.
31 Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR 595, 642 (2011).
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proceder de conformidad con lo aquí resuelto, sin que se tenga que

esperar por nuestro mandato.32

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

32 Regla 35 (A)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones: “La presentación de una

solicitud de certiorari no suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Primera
Instancia, salvo una orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte
por el Tribunal de Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los
procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones
disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.