Court Opinion

ID: 9953342
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-21 20:17:02.06139+00
Date Added: 2024-06-11T14:45:57.225409
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:
                                                2024 TSPR 26

                                                213 DPR ___
 Aníbal E. Espinosa Valentín

Número del Caso:    TS-11,819

Fecha:    15 de marzo de 2024

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los
requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las
órdenes de Tribunal Supremo.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
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              EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Aníbal E. Espinosa Valentín           TS–11,819

                                     PER CURIAM

               En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

                    Una vez más nos vemos en la obligación de ejercer

               nuestra    facultad   disciplinaria     para   suspender    de

               manera inmediata e indefinida del ejercicio de la

               abogacía y de la notaría a un miembro de la profesión

               legal,    por   incumplir   con   los   requerimientos     del

               Programa de Educación Jurídica Continua y con las

               órdenes de este Tribunal.

                                             I

                    El Lcdo. Aníbal E. Espinosa Valentín (licenciado

               Espinosa Valentín) fue admitido al ejercicio de la

               abogacía el 15 de enero de 1997 y al ejercicio de la

               notaría el 12 de diciembre de 2000.
TS-11,819                                                                    2

       Las circunstancias que motivan este pronunciamiento se

relacionan con el incumplimiento del licenciado Espinosa

Valentín    con    los    requisitos       del   Programa    de    Educación

Jurídica    Continua       (PEJC)     y     su   inobservancia        a     las

consecuentes órdenes que emitió este Tribunal al respecto.

A   continuación,        procedemos    a    exponer    los    antecedentes

pertinentes.

                                      A.

       En virtud de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, 4

LPRA sec. 771 et seq., todo abogado y toda abogada tenía la

obligación de afiliarse al Colegio de Abogados y Abogadas de

Puerto Rico para ejercer la profesión legal válidamente en

nuestra jurisdicción.

       Posteriormente, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley

Núm.    121-2009    para,     entre    otros     asuntos,     eliminar      la

colegiación    obligatoria      como       requisito   para       ejercer   la

profesión legal en Puerto Rico. Esto tuvo la consecuencia de

que toda persona que hubiese juramentado ante este Tribunal,

pero no se colegió previo a la vigencia de la Ley Núm. 121-

2009, pasó a tener estatus activo a partir del 13 de octubre

de 2009. También surgió la obligación de que tuvieran que

cumplir con los requisitos de educación jurídica continua,

según establecidos en la reglamentación creada por este

Tribunal.

       Precisamente, mediante la Resolución ER-98-6 de 30 de

junio de 1998, In re: Reglamento de Educación Jurídica
TS-11,819                                                                     3

Continua,    146   DPR    494    (1998),    este    Tribunal       aprobó    un

Reglamento    de   Educación      Jurídica    Continua.        Varios      años

después promulgamos el Reglamento del Programa de Educación

Jurídica Continua, mediante Resolución ER-2005-04 de 8 de

abril de 2005. In re: Aprobación del Reglamento del Programa

de Educación Jurídica Continua, 164 DPR 555 (2005). Así se

estableció la obligación de que todo profesional del Derecho

admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, con

estatus activo o con una suspensión del ejercicio de la

profesión legal de forma temporal o por un periodo de tiempo

específico,    cumpliera        con   los   requisitos        de   educación

jurídica continua, a menos que obtuviera una exoneración

bajo la Regla 4(C) del Reglamento del PEJC. En ese sentido,

se establecieron los requisitos mínimos en cuanto a los

créditos que debían completar. A su vez, se dispuso un

procedimiento      para   aquellos      casos      en   los    que    no    se

completaran las horas requeridas.

      En el 2017 aprobamos un nuevo reglamento mediante el

cual se derogó la reglamentación de educación continua de

1998 y 2005. Véase In re: Aprobación del Reglamento del

Programa de Educación Jurídica Continua, 198 DPR 254 (2017).1

Este dispuso que cualquier procedimiento iniciado bajo los

reglamentos derogados continuaría vigente, siempre que fuera

compatible con el nuevo reglamento.

1Esta es la reglamentación vigente, la cual ha sufrido varias enmiendas.
La enmienda más reciente fue mediante la Resolución ER-2020-04 de 15 de
junio de 2020. Véase In re Enmiendas al Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua, 204 DPR 347 (2020).
TS-11,819                                                             4

        En virtud de la normativa reseñada, el PEJC refirió

varios abogados y abogadas a nuestra atención, entre los que

figuraba el licenciado Espinosa Valentín. En particular, nos

informó que estos y estas estaban en incumplimiento con los

requisitos de educación continua.2 Además, resaltó que el

incumplimiento surgió porque habían adquirido estatus activo

en la profesión ante los cambios en el marco jurídico antes

reseñado, a saber: (1) porque no se colegiaron previo a la

vigencia de la Ley Núm. 121-2009; (2) porque la exoneración

por ser colegiado inactivo o colegiada inactiva no se renovó

luego de la vigencia de la Ley Núm. 121-2009, o (3) porque

la   exoneración    por    ser   colegiado   inactivo    o   colegiada

inactiva venció luego del cambio de la Regla 4 del Programa

de Educación Jurídica Continua. Véase In re: Enmienda a la

Regla 4 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica

Continua, 183 DPR 48 (2011).3

        Constatamos que el PEJC les otorgó a estos abogados y

estas    abogadas   un    periodo   razonable   para    completar   los

requisitos correspondientes. Transcurrido dicho término, y

tras corroborar que se les brindó suficiente oportunidad

para cumplir, el 8 de marzo de 2018 emitimos un edicto

2 Según la información suministrada por el PEJC, el licenciado Espinosa
Valentín ha incumplido cuatro (4) periodos de educación jurídica
continua, a saber: (a) abril de 2012 a marzo de 2014; (b) abril de 2014
a marzo de 2017; (c) abril de 2017 a marzo de 2020, y (d) abril de 2020
a marzo de 2023. Por su incumplimiento, adeuda multas que ascienden a
$250.
3 El 30 de septiembre de 2011 emitimos la Resolución ER-2011-04 para

eliminar la exoneración por ser colegiado inactivo o colegiada inactiva.
Como consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012 debía completarse el
proceso de cambio de estatus en la Secretaría de este Tribunal para
obtener el relevo de los requisitos de educación jurídica continua.
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mediante el cual les concedimos treinta (30) días a cada

profesional del Derecho para que compareciera y proveyera

información sobre su estatus. Asimismo, luego de varios

trámites, el 14 de septiembre de 2023 emitimos un último

edicto mediante el cual les otorgamos igual término para

comparecer y cumplir con lo requerido. Les advertimos que,

de no comparecer en el plazo concedido, procederíamos con su

inactivación inmediata de la profesión.

      Tras estos trámites, el 28 de noviembre de 2023 emitimos

una   Resolución     mediante    la   cual,    según   se    advirtió,

inactivamos a los abogados y abogadas que fueron objeto del

referido del PEJC, que no comparecieron luego del último

edicto y que permanecían en incumplimiento. Véase In re:

Solicitud del Programa de Educación Jurídica Continua sobre

varios(a) profesionales del Derecho, 2023 TSPR 138, 213 DPR

__ (2023). Ahora bien, por las razones que se exponen más

adelante, optamos por un trámite distinto para el licenciado

Espinosa Valentín.

                                      B.

      El licenciado Espinosa Valentín está admitido a ejercer

la abogacía y la notaría. Luego de revisar su actividad en

la plataforma SIGNO Notarial, comprobamos que el letrado ha

presentado    sus   índices     notariales    mensuales,4     lo   cual

4 Según se desprende de una Certificación del Registro General de
Competencias Notariales adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías,
con fecha de 6 de marzo de 2024, el licenciado Espinosa Valentín ha
cumplido con su obligación de presentar los índices mensuales de
actividad notarial para los años 2012 al 2023, así como para los meses
de enero y febrero de 2024. La gran mayoría de estos han sido negativos,
es decir, para informar que no ha tenido actividad notarial.
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evidencia que tiene conocimiento de su estatus actual en el

Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA).

     Ante esto, el 9 de noviembre de 2023 le ordenamos al

licenciado Espinosa Valentín que mostrara causa por la cual

no debíamos suspenderlo del ejercicio de la abogacía por su

incumplimiento reiterado con los requisitos del PEJC. Además

de ordenar la notificación personal de este mandato, también

se notificó al correo electrónico registrado en el RUA. A

pesar de que el personal del alguacilazgo acudió a varias

direcciones para diligenciarlo personalmente, no dieron con

el paradero del licenciado Espinosa Valentín. Este tampoco

compareció ante esta Curia.

     Con este cuadro, delineamos a continuación las normas

que rigen este asunto.

                              II

  A. Canon 9 del Código de Ética Profesional

     El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, exige a todos los miembros de la profesión legal a

conducirse ante los tribunales con una conducta que se

caracterice por el mayor respeto. In re Lajara Radinson, 207

DPR 854, 863 (2021); In re Cintrón Rodríguez, 205 DPR 299,

308 (2020); In re Alers Morales, 204 DPR 515, 519 (2020).

Acorde con ese mandato, hemos insistido en el ineludible

deber que tienen todos los abogados de cumplir con prontitud

y diligencia con las órdenes de este Tribunal, en especial

cuando se trata de procesos disciplinarios. In re Molinary
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Machado, 2019 TSPR 142, 203 DPR ___ (2019); In re Cintrón

Rodríguez, supra, pág. 308.

       De igual forma, hemos expresado que dicho deber “se

extiende a los requerimientos hechos por la Oficina del

Procurador General, la Oficina de Inspección de Notarías y

el    Programa    de   Educación      Jurídica   Continua”.     (Negrilla

suplida). In re Cintrón Rodríguez, supra, pág. 308. Véase,

también In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018); In re

Arocho    Cruz,   200    DPR   352,    361   (2018).   Cónsono    con   lo

expuesto,    hemos      catalogado     la    desatención   de    nuestras

órdenes por parte de los abogados y las abogadas como una

afrenta a la autoridad de los tribunales, lo que constituye

una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional,

supra, y dicha conducta podría conllevar que se decrete la

separación inmediata e indefinida de la profesión legal. In

re López Pérez, supra, pág. 126; In re Canales Pacheco, 200

DPR 228, 233 (2018).

     B. Obligación ética de educación jurídica continua

       El Canon 2 del Código de Ética Profesional, supra,

dispone:

       A fin de viabilizar el objetivo de representación
       legal adecuada para toda persona, el abogado
       también debe realizar esfuerzos para lograr y
       mantener un alto grado de excelencia y competencia
       en su profesión a través del estudio y la
       participación    en   programas   educativos    de
       mejoramiento profesional[...].
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      Cónsono      con      este         postulado,              hemos        adoptado

reglamentación para regular el modo en que los abogados y

las    abogadas     deben     cumplir          con        esa     obligación.        De

conformidad con la Regla 29 del Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua (Reglamento), 4 LPRA Ap. XVII-

E, el y la profesional del Derecho activo o activa, salvo

ciertas   excepciones,       deberá        cumplir         con     un     mínimo     de

veinticuatro      (24)    horas        crédito       de    educación          jurídica

continua en cada periodo de tres (3) años.

      En caso de que el abogado o abogada incumpla con los

requisitos de educación jurídica continua, la Regla 30 del

Reglamento        del      Programa           de          Educación           Jurídica

Continua, supra, dispone para que dentro de los sesenta (60)

días siguientes a la terminación del periodo de cumplimiento

se le envíe a este o esta un Aviso de Incumplimiento. El

Reglamento también provee para que el abogado o abogada

exponga las razones que justifiquen su incumplimiento, como

también   para    la     celebración      de       una     vista    informal.        De

persistir en su incumplimiento, podrá ser referido a la Junta

de    Educación    Jurídica        Continua,          la        cual,    en    última

instancia,       podrá      elevar        el       asunto          ante       nuestra

consideración. El         abogado         o      abogada          incumplidor         o

incumplidora      se    expone     a    enfrentar          sanciones          de   este

Tribunal, que pueden incluir la separación indefinida de la

profesión. In re González Borgos, 192 DPR 926, 932 (2015)

(“Hemos suspendido del ejercicio de la profesión a abogados
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y abogadas que no cumplen con los requisitos del PEJC ni

atienden sus requerimientos, así como las órdenes de este

Tribunal”.). Véase, también: In re Luis Paisán, 190 DPR 1

(2014); In re Del Campo Alomar, 188 DPR 587 (2013); In re

Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR

938 (2012).

                                         III

     No hay controversia en cuanto a que el licenciado

Espinosa Valentín se encuentra en incumplimiento con los

requisitos del PEJC. Nuestra intervención es motivada por el

hecho de que, a pesar de las múltiples oportunidades que el

PEJC le     ha concedido para que subsane y/o explique su

incumplimiento,     este       ha    optado      por   hacer   caso    omiso.

Recuérdese    que   el    PEJC      no    solo   utilizó   los    mecanismos

ordinarios de comunicación para contactar al licenciado

Espinosa Valentín, sino que este Tribunal también autorizó

la publicación de dos edictos en periódicos de circulación

general en Puerto Rico. No empece a estos esfuerzos, el

letrado no compareció, como tampoco pudimos precisar su

paradero para diligenciar nuestra orden de mostrar causa.

     Colegimos      que        el    licenciado        Espinosa       Valentín

conscientemente ha ignorado tanto los requerimientos del

PEJC como las órdenes de este Tribunal. Esto queda demostrado

al figurar como activo en el RUA y someter mensualmente los

informes    mensuales     en    la   plataforma        SIGNO   Notarial.    No

podemos tolerar semejante conducta displicente y contumaz
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por parte de un integrante de la profesión legal. Por tanto,

decretamos      su        suspensión    inmediata       e     indefinida         del

ejercicio de la abogacía y la notaría.

                                       IV

        Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión

inmediata e indefinida del licenciado Espinosa Valentín del

ejercicio de la abogacía y la notaría.

        A la luz de lo anterior, le imponemos al señor Espinosa

Valentín el deber de notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad          de     seguir     representándoles,             devolverles

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados

e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los

foros    judiciales        y   administrativos      donde      tenga       asuntos

pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el

cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los

clientes y los foros a quienes le haya notificado de su

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, contado

a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.      No    hacerlo     pudiera   conllevar          que    no    se   le

reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el

futuro.

        Además, le ordenamos al Alguacil de este Tribunal que

proceda    inmediatamente         a    incautar    el       sello    y   la   obra

notarial, si la hubiera, del señor Espinosa Valentín para

que esta sea debidamente custodiada e inspeccionada por la

Oficina    de   Inspección        de   Notarías.     Así      las     cosas,     de
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conformidad con la Ley Núm. 69 de 9 de marzo de 1911, según

enmendada, 30 LPRA sec. 1725 et seq., se da por terminada la

última fianza otorgada. Así, se garantizan las funciones

notariales del notario y la fianza se considerará buena y

válida por tres (3) años después de su terminación para los

actos realizados por el fiado durante el periodo en que

estuvo vigente.

     Se dictará Sentencia de conformidad.
                            EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

          In re:

          Aníbal E. Espinosa Valentín        TS-11,819

Sala de Despacho integrada por la Ja Rodríguez, el Juez
Asociado señor Martínez Torres, el Juez Asociado ser Rivera
García y el Juez Asociado señor

                                         SENTENCIA

                    En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

                         Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
                    Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
                    la presente Sentencia, decretamos la suspensión
                    inmediata e indefinida del Lcdo. Aníbal E. Espinosa
                    Valentín del ejercicio de la abogacía y la notaría.
                         A la luz de lo anterior, le imponemos al señor
                    Espinosa Valentín el deber de notificar a todos sus
                    clientes de su inhabilidad de seguir representándoles,
                    devolverles cualesquiera honorarios recibidos por
                    trabajos no realizados e informar oportunamente de su
                    suspensión indefinida a los foros judiciales y
                    administrativos donde tenga asuntos pendientes. Deberá,
                    además, acreditar y certificarnos el cumplimiento de
                    estos deberes incluyendo una lista de los clientes y
                    los foros a quienes le haya notificado de su suspensión,
                    dentro del término de treinta (30) días, contado a
                    partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
                    Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no se le
                    reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo
                    en el futuro.
                         Además, le ordenamos al Alguacil de este Tribunal
                    que proceda inmediatamente a incautar el sello y la
                    obra notarial, si la hubiera, del señor Espinosa Valentín
TS-11,819                                                    2

Valentín para que esta sea debidamente custodiada e
inspeccionada por la Oficina de Inspección de Notarías. Así
las cosas, de conformidad con la Ley Núm. 69 de 9 de marzo
de 1911, según enmendada, 30 LPRA sec. 1725 et seq., se da
por terminada la última fianza otorgada. Así, se garantizan
las funciones notariales del notario y la fianza se
considerará buena y válida por tres (3) años después de su
terminación para los actos realizados por el fiado durante
el periodo en que estuvo vigente.
     Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
no intervino.

                          Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                         Secretario del Tribunal Supremo