Court Opinion

ID: 9962602
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:33:38.64657+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.430062
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL III-ESPECIAL

        PR RECOVERY AND                                            Apelación
      DEVELOPMENT JV, LLC.                                         procedente del
                                                                   Tribunal de
               Apelado                                             Primera Instancia,
                                                                   Sala Superior de
                                         KLAN202301046             San Juan
                 v.
                                                                   Civil Núm.:
                                                                   SJ2019CV03405
 THE WOMAN FROM MALLORCA,
    INC., IRON SPHYNX,                                             Sobre:
    CORP., Y MARÍA S.                                              Cobro de Dinero,
   FIGUEROA LUGO T/C/C                                             Ejecución de
  MARÍA SOCORRO FIGUEROA                                           Hipoteca y
           LUGO                                                    Ejecución de
                                                                   Gravamen
             Apelantes                                             Mobiliario

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, la Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez
 Flores

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                       SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 27 de marzo de 2024.

         Comparecen          The Woman         from Mallorca,          Inc., Iron

 Sphynx, Corp., y la señora María S. Figueroa Lugo, en

 conjunto        las     apelantes,        quienes           nos    solicitan      que

 revoquemos la Resolución emitida el 25 de octubre de

 2023.       Mediante        la       misma,    el     Tribunal        de   Primera

 Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI, declaró

 no     ha     lugar        la    Solicitud       de      Reconsideración          que

 presentaron las apelantes, quienes entienden                               que     no

 procedía declarar ha lugar la Demanda sobre cobro de

 dinero, ejecución de hipoteca y ejecución de gravamen

 mobiliario,           ni    la       Solicitud      de      Sentencia      Sumaria

 presentadas           por       PR    Recovery        and     Development,         en

 adelante PRRD o la apelada.

         Por      los            fundamentos           que         expondremos      a

 continuación, se confirma la Resolución apelada.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202301046                                                                            2

                                             -I-

        Según        surge          del    expediente             ante     nos,        PRRD

presentó una demanda por cobro de dinero, ejecución de

hipoteca y ejecución de gravamen mobiliario en contra

de las apelantes.1 En la misma reclamó el pago de las

cantidades       adeudadas             bajo       el       contrato      de    préstamo

suscrito        entre          las    partes,          o     en    su    defecto,        la

ejecución        de        la        hipoteca       y        restantes        garantías

constituidas bajo aquel.

        Posteriormente,                las       apelantes         presentaron           su

Contestación a Demanda con Reserva de Derechos Bajo la

R. 6.2(c), en la cual sostuvieron que la apelada no

ostenta legitimación activa ni buena fe para cobrar la

acreencia y que el Banco de Desarrollo Económico, en

adelante BDE, estaba impedido de cederle el préstamo

objeto del litigio a PRRD.2

        Así    las       cosas,       PRRD       presentó         una    Solicitud       de

Sentencia Sumaria.3 Adujo que es el acreedor legítimo

de las apelantes y que no existe controversia sobre

los    hechos        materiales            del     caso      de    autos.       Por     tal

razón, solicita que se dicte sentencia sumaria y que

se    obligue        a    las       apelantes       a      pagar    las       cantidades

adeudadas,       o       en     su    defecto,          se    venda      el    inmueble

hipotecado en pública subasta y con el producto de la

venta     se     pague          a     la     apelada         el    importe        de    su

reclamación.

        Por     su       parte,        las       apelantes         presentaron          una

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.4 En esta

reafirmaron              los     planteamientos               esbozados          en      su

contestación a la demanda. En esencia, sostuvieron que

1 Apéndice de las apelantes, págs. 1-75.
2 Id., págs. 76-83.
3 Id., págs. 84-106.
4 Id., págs. 107-195.
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la sentencia sumaria era improcedente porque                                  existe

controversia sobre la legitimación activa de PRRD para

cobrar     la        acreencia        reclamada.5           Del     mismo      modo,

alegaron     que       el    pleito        de    epígrafe     no    está      maduro

hasta    tanto        no    se   resuelva         el   pleito       del      BDE,    en

virtud del cual se impugna la validez del contrato de

cesión entre aquel y PRRD.6

      En     desacuerdo,            PRRD         presentó     una       Réplica       a

Oposición        a    Moción     de       Sentencia     Sumaria         en    la    que

arguyó,      entre          otras     alegaciones,          que     la       Ley    de

Transacciones Comerciales lo legitima como tenedor de

los pagarés, por              lo que        tiene derecho a exigir                   el

cumplimiento de la obligación que reclama y que la

determinación del pleito sobre la validez del contrato

de transferencia de préstamos comerciales entre el BDE

y PRRD,      no afecta           la condición de deudoras                     de las

apelantes.7

      Tras evaluar los escritos de las partes y los

documentos que obran en el expediente, el TPI declaró

ha   lugar       la    Demanda        y     la    Solicitud        de     Sentencia

Sumaria,8        posterior            a     formular         las        siguientes

determinaciones de hechos listadas a continuación:

      1.    El 7 de febrero de 2013, el BDE, The Woman,
            como   deudora,    y   Figueroa    Lugo,   como
            garantizadora    solidaria,     otorgaron    un
            Contrato   de   Préstamo   (en   adelante,   el
            "Contrato de Préstamo"), autenticado por la
            notaria Yadira H. Rosario Rosario bajo el
            afidávit número 845, mediante por el cual
            [sic.] se le concedió a The Woman un
            préstamo por la suma $1,493,286.00 divido en
            las siguientes facilidades de crédito:

            a.       Un préstamo interino y permanente por la
                     suma principal de $1,363,286.00 (en
                     adelante, el "Préstamo I"), y

5 Id., págs. 118-120.
6 Id. págs. 110-112.
7 Apéndice de la apelada, págs. 205-222.
8 Apéndice de las apelantes, págs. 198-222.
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         b.   Un préstamo a término      por la suma
              principal de $130,000.00   (en adelante,
              el "Préstamo II").

    2.   El Préstamo I está evidenciado por un pagaré
         operacional emitido por The Woman, como
         deudora, y Figueroa Lugo el 7 de febrero de
         2013 a favor del BDE, o a su orden,
         debidamente endosado a favor de PR Recovery,
         por la suma principal de $1,363,286.00 y
         vencimiento el 5 de febrero de 2039,
         autenticado bajo el afidávit número 846 de
         la notaria Yadira H. Rosario Rosario (en
         adelante el "Pagaré Operacional I").

    3.   El Préstamo II está evidenciado por un
         pagaré operacional emitido por The Woman,
         como deudora, y Figueroa Lugo el 7 de
         febrero de 2013 a favor del BDE, o a su
         orden, debidamente endosado a favor de PR
         Recovery,   por   la   suma   principal   de
         $130,000.00 y vencimiento el 5 de febrero de
         2018, autenticado bajo el afidávit número
         847 de la notaria Público Yadira H. Rosario
         Rosario (en adelante el "Pagaré Operacional
         II").

    4.   El Contrato de Préstamo fue enmendado el 14
         de febrero de 2014 mediante una carta
         suscrita por el BDE, The Woman como deudora
         y   Figueroa    Lugo,   como   garantizadora
         solidaria (en adelante, la "Enmienda I al
         Contrato de Préstamo").

    5.   El Contrato de Préstamo fue enmendado el 13
         de junio de 2014 mediante carta suscrita por
         el BDE, The Woman como deudora y Figueroa
         Lugo,   como  garantizadora   solidaria  (en
         adelante, la "Enmienda II al Contrato de
         Préstamo").

    6.   El Contrato de Préstamo fue enmendado el 20
         de enero de 2015 mediante carta suscrita por
         el BDE, The Woman como deudora, Figueroa
         Lugo y Iron, ambas como garantizadoras
         solidarias (en adelante, la "Enmienda III al
         Contrato de Préstamo").

    7.   PR Recovery es el tenedor físico y por
         endoso del Pagaré Operacional I y del Pagaré
         Operacional II.

    8.   Como colateral para asegurar el pago y
         cumplimiento puntual de sus obligaciones
         bajo   el  Contrato   de  Préstamo  y   toda
         obligación presente y futura de The Woman
         para con el BDE, ahora PR Recovery, ésta
         [sic.] entregó a PR Recovery el siguiente
         pagaré hipotecario, el cual está en posesión
         de PR Recovery:

         Pagaré hipotecario emitido el 7 de febrero
         de 2013, por The Woman a favor de BDE, o a
         su orden, debidamente endosado a favor de PR
         Recovery   por    la   suma    principal   de
         $1,493,286.00  (en   adelante,    el  "Pagaré
         Hipotecario").
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         a.   El Pagaré Hipotecario está garantizado
              por hipoteca constituida mediante la
              Escritura Número 10 de Hipoteca en
              Garantía de Pagaré, otorgada en San
              Juan, Puerto Rico, el 7 de febrero de
              2013, la cual quedó inscrita bajo el
              sistema Karibe sobre la finca número 829
              de San Juan Antiguo, Registro de la
              Propiedad, Primera Sección de San Juan,
              inscripción   21    (en   adelante,   la
              "Hipoteca").

    9.   La   Hipoteca   que   garantiza   el Pagaré
         Hipotecario grava la siguiente propiedad,
         cuyo titular registral es The Woman:

         URBANA: CALLE SAN JUSTO de San Juan Antiguo.
         Solar: 23. Cabida: 254.08 Metros Cuadrados.
         Casa #23 de la Calle San Justo de esta
         Ciudad, terrera de piedra y azotea con un
         solar que mide 12.80 metros de ancho por
         18.25 m de fondo y una superficie de 254.08
         M.C. de las cuales hay edificados 237.28
         M.C. y los 16.80 M.C. restantes están
         destinados a patio. Linda por la derecha
         entrando con la Sucesión Carbonell; por la
         izquierda con Felipe Hetch y por su frente
         con José Crespo.

    10. El gravamen sobre el Pagaré Hipotecario
        quedó debidamente perfeccionado al haberse
        entregado   al    acreedor    hipotecario   la
        posesión   del   Pagaré    Hipotecario,   cuyo
        tenedor al presente lo es PR Recovery.

    11. Como colateral adicional para asegurar el
        pago    y   cumplimiento      puntual    de   sus
        obligaciones bajo el Contrato de Préstamo,
        el 7 de febrero de 2013, The Woman suscribió
        un   Acuerdo    de   Gravamen    Mobiliario   (en
        adelante,     el     "Gravamen      Mobiliario"),
        autenticado bajo el afidávit número 850 de
        la   Notario    Público     Yadira   H.   Rosario
        Rosario, mediante el cual transfirió, cedió,
        otorgó y/o pignoró a favor de BDE, ahora PR
        Recovery, todo derecho, título y/o interés
        sobre    todo    el     equipo    y   maquinaria,
        inventario    y    las    cuentas   por   cobrar,
        presentes o futuras, y el producto de
        cualesquiera     de    ellos,    incluyendo   sin
        limitarse al equipo a ser adquirido por The
        Woman con los fondos del préstamo.

    12. El Gravamen Mobiliario fue perfeccionado
        mediante la radicación de una declaración de
        financiamiento en el Departamento de Estado
        de Puerto Rico (en adelante, la "Declaración
        de Financiamiento").

    13. El 7 de febrero de 2013, Figueroa Lugo
        otorgó una Garantía Continua e Ilimitada,
        autenticado [sic.] bajo el afidávit número
        851 de la Notario Público Yadira H. Rosario
        Rosario,   (en  adelante,  la   "Garantía"),
        mediante la cual garantizó solidariamente el
        pago de todas las obligaciones presentes y
        futuras de The Woman.
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        14. The Woman, Iron Sphynx y Figueroa Lugo han
            incumplido con sus obligaciones de pago bajo
            el Contrato de Préstamo, la Garantía y los
            demás    documentos   de     préstamo    antes
            señalados. En específico, la Parte Demandada
            incumplió con las obligaciones contraídas
            bajo el préstamo hipotecario descrito al
            dejar de pagar las mensualidades vencidas,
            por lo que se [sic.] PR Recovery declaró las
            deudas vencidas en su totalidad y reclama
            las siguientes sumas adeudadas bajo el
            Contrato de Préstamo, la Garantía, el Pagaré
            Hipotecario   y  los   demás   documentos   de
            préstamo, al 19 de julio de 2019:

            The Woman, Iron y Figueroa Lugo, adeudan la
            suma de $2,078,227.59, la cual se compone
            de:   (i)   $1,426,403.02   por  concepto   de
            principal; más (ii) $489,117.42 por concepto
            de   intereses   acumulados   y  no   pagados,
            cantidad que se continúa acumulando hasta su
            total y completo pago a razón de $312.64
            diarios; más (iii) $13,378.55 por concepto
            de cargos por demora; más (iv) $149,328.60
            por concepto de costas, gastos y honorarios
            de abogado pactados expresamente por las
            partes,   según   se   desprende  del   Pagaré
            Hipotecario y otros documentos anteriormente
            descritos. Véase Anejo A esta moción,

        15. Al presente, las obligaciones de pago de las
            demandadas   se  encuentran   vencidas,  son
            líquidas e inmediatamente exigibles.

        16. Las gestiones de cobro por parte de PR
            Recovery   para   con   las demandadas han
            resultado infructuosas.

        17. A pesar de ello y de los requerimientos de
            pago de PR Recovery, al presente las
            demandadas,   en   incumplimiento    de   las
            obligaciones asumidas bajo el Contrato de
            Préstamo y los demás documentos de préstamo,
            no han saldado dicha deuda en su totalidad.

        18. PR Recovery es tenedor de buena fe del
            Pagaré Operacional I, Pagaré Operacional II
            y Pagaré Hipotecario antes descritos, por lo
            que   es   el   actual   acreedor   de   las
            obligaciones que son objeto de la presente
            acción.9

        A   la   luz      de   las   determinaciones   de   hechos

previamente citadas, el TPI razonó que PRRD demostró

incontrovertiblemente,           mediante   prueba     documental,

fehaciente y admisible, que es el tenedor actual de

los pagarés que evidencian el préstamo concedido a las

apelantes y cuyo cobro y ejecución se solicita en este

caso; que la propiedad gravada por la hipoteca consta

9   Id., págs. 205-208.
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inscrita     en    el      Registro        de     la    Propiedad;        el

incumplimiento de la apelante con sus obligaciones de

pago; y que la deuda reclamada se encuentra vencida,

líquida y exigible.10

      En    desacuerdo       con      dicha       determinación,         las

apelantes presentaron una moción de reconsideración11 a

la   que   PRRD   se     opuso12,    que    el    TPI   declaró     No    Ha

Lugar13.

      Insatisfechas,        las      apelantes         presentaron       una

Apelación en la que invocan la comisión del siguiente

error:

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      AL   DECLARAR   SIN  LUGAR   LA   RECONSIDERACIÓN
      SOLICITADA Y SOSTENERSE EN SU DETERMINACIÓN DE
      "HA LUGAR" EN CUANTO A LA SOLICITUD DE SENTENCIA
      SUMARIA Y LA DEMANDA DE LA PARTE DEMANDANTE-
      APELADA YA QUE ANTE LA REALIDAD DE QUE LA
      LEGITIMIDAD Y BUENA FE DE LA TENENCIA DEL PAGARÉ
      HIPOTECARIO OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA
      POR PARTE DE LA PARTE DEMANDANTE-APELADA SE
      ENCUENTRA SUB JUDICE EN UN PLEITO ACTIVO ANTE LOS
      TRIBUNALES DE PUERTO RICO LO CUAL REPRESENTA UNA
      REAL Y GENUINA CONTROVERSIA DE HECHOS Y DE
      DERECHO QUE AMERITA UNA VISTA EN SUS MERITOS
      [SIC.] EN ESTE CASO.

      Oportunamente, la apelada presentó su Alegato en

Oposición a Apelación.

      Luego de revisar los escritos de las partes y los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                                    -II-

                                     A.

      La   sentencia      sumaria     es    un    mecanismo      procesal

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito

de   facilitar    la      solución        justa    y    rápida    de     los

litigios      y    casos       civiles           que     no      presenten

controversias genuinas de hechos materiales y que, por

10 Id., págs. 218-220.
11 Id., págs. 223-231.
12 Id., págs. 238-250.
13 Id., págs. 263-264.
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lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en

su fondo.14 Se trata de un mecanismo para aligerar la

tramitación de un caso, cuando de los documentos que

acompañan       la   solicitud     surge      que   no    existe      disputa

sobre algún          hecho material y lo que procede es la

aplicación del derecho.15

        Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil

dispone que un reclamante debe “presentar una moción

fundada        en    declaraciones           juradas     o     en    aquella

evidencia       que     demuestre       la      inexistencia         de   una

controversia          sustancial        de     hechos        esenciales    y

pertinentes,         para   que    el    tribunal        dicte      sentencia

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier

parte de la reclamación solicitada”.16

        El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.17 Esto

es, recae sobre el oponente la obligación de citar

específicamente los párrafos, según enumerados en el

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia

admisible que fundamenta su alegación, y especificar

la página o sección de la evidencia que contradice o

refuta el hecho.18 Además, el oponente puede someter

hechos     materiales       adicionales         que      alegadamente     no

están     en    controversia       y    que     impiden       la     solución

14 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263,
277-279 (2021); Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100,
110-113 (2015); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586,
594 (2013); Ramos Pérez v. Univisión de PR, 178 DPR 200, 213
(2010).
15 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, supra, págs.

277-279; Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 110-113;
Ramos Pérez v. Univisión de PR, supra, pág. 214.
16 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
17 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).
18 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).
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sumaria     del       conflicto.19       De     así    hacerlo,        tiene   la

responsabilidad            de,   al      igual        que   el     proponente,

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la

pieza     de        evidencia      que     sostiene         el     hecho,      con

referencia específica a la parte de la evidencia que

lo apoya.20

        Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M.

Cuebas,     Inc.       y   Bohío      Int.,      Corp,      supra,      el   TSPR

estableció el estándar específico que debe utilizar el

Tribunal       de    Apelaciones         para    revisar         una   sentencia

sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia:

        Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera
        v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de
        Apelaciones se encuentra en la misma posición del
        Tribunal de Primera Instancia al momento de
        revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese
        sentido, está regido por la Regla 36 de
        Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos
        criterios que esa regla y la jurisprudencia le
        exigen al foro primario. Obviamente, el foro
        apelativo intermedio estará limitado en el
        sentido de que no puede tomar en consideración
        evidencia que las partes no presentaron ante el
        Tribunal de    Primera Instancia    y no puede
        adjudicar los hechos materiales en controversia,
        ya que ello le compete al foro primario luego de
        celebrado un juicio en su fondo. La revisión del
        Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe
        examinar el expediente de la manera más favorable
        a favor de la parte que se opuso a la Moción de
        Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a
        cabo todas las inferencias permisibles a su
        favor.

        Segundo, por estar en la misma posición que el
        foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe
        revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria
        como su Oposición cumplan con los requisitos de
        forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento
        Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera
        v. JF Montalvo, supra.

        Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
        dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones
        debe revisar si en realidad existen hechos
        materiales en controversia. De haberlos, el foro
        apelativo intermedio tiene que cumplir con la
        exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil
        y debe exponer concretamente cuáles hechos
        materiales encontró que están en controversia y
        cuáles están incontrovertidos. Esta determinación
        puede hacerse en la Sentencia que disponga del

19SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, pág. 432.
20Id.; Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
36.3(b)(3).
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      caso y puede hacer referencia al listado numerado
      de hechos incontrovertidos que emitió el foro
      primario en su Sentencia.

      Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, el
      foro apelativo intermedio procederá entonces a
      revisar de novo si el Tribunal de Primera
      Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
      controversia.21

                                        B.

      Los contratos constituyen una de las fuentes de

las     obligaciones          en        el     ordenamiento                jurídico

puertorriqueño.22 En el ámbito del derecho contractual

rige el principio de libertad de contratación, según

el cual los contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes,

siempre     que   no   sean       contrarios        a     las       leyes,       a   la

moral, ni al orden público.23

      Una    vez       las    partes          acuerdan          esos        pactos,

cláusulas y condiciones mediante un                        contrato, están

obligadas     a   cumplir         con   los       mismos.24         Esto    es       así

porque “[l]as obligaciones que nacen de los contratos

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y

deben     cumplirse      al       tenor      de     los    mismos”.25             Este

principio conocido como pacta sunt servanda impone a

las partes contratantes la exigencia de cumplir con lo

pactado pues supone la inalterabilidad de los acuerdos

contenidos en el contrato.26 De modo, que los contratos

se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde

entonces     obligan,        no    sólo       al    cumplimiento             de       lo

expresamente       pactado,         sino      también           a     todas          las

21 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int.,
Corp., supra, págs. 118-119. (Énfasis en el original).
22 Debido a que el contrato en controversia se suscribió previo a

la aprobación del Código Civil de 2020, el presente trámite
apelativo está regulado por el Código Civil de 1930. Art. 1042
del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.
23 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.
24 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 943 (2018).
25 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 2994.
26 Rodríguez García v. UCA, supra.
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consecuencias que según su naturaleza sean conformes a

la buena fe, al uso y a la ley.27

                                C.

      El Art. 1631 del Código Civil de 1930 define el

contrato de préstamo en los siguientes términos:

      Por el contrato de préstamo, una de las partes
      entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para
      que use de ella por cierto tiempo y se la
      devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o
      dinero u otra cosa fungible, con condición de
      volver [sic] otro tanto de la misma especie y
      calidad, en cuyo caso conserva simplemente el
      nombre de préstamo.

      El comodato es esencialmente gratuito.

      El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto
      de pagar interés.28

      Por su parte, el TSPR ha definido el contrato de

préstamo como:

      […]   unilateral,   por   cuanto   sólo   produce
      obligaciones para una de las partes, que es el
      prestatario; traslativo de dominio, en el sentido
      de que, con la entrega de la posesión, se entrega
      también su título, ya que el prestatario recibe
      la cosa para gastarla, estando este obligado a
      devolver el género y; gratuito u oneroso, según
      se hayan pactado el pago de intereses o no.

      Toda vez que el contrato de préstamo es uno
      unilateral, por generar obligaciones a cargo del
      prestatario, éste estará obligado a entregar lo
      prestado –con sus intereses si se pactaron- una
      vez el término haya vencido.29

                                D.

      La Ley Núm. 208-1995, conocida como la Ley de

Transacciones Comerciales, según enmendada30, se adoptó

con   la     finalidad    de    simplificar,      clarificar    y

modernizar    el   derecho     que   rige   las   transacciones

comerciales, uniformar el derecho entre las diversas

27 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.
28 Art. 1631 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4511.
29 Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 492 (2010). (Citas

omitidas).
30 Sec. 1-101 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 401 nota et

seq.).
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jurisdicciones       existentes       y      permitir        la     continua

expansión de las prácticas comerciales.31

      Ahora    bien,    un     instrumento           negociable,         según

definido por el mencionado cuerpo normativo, es “una

promesa   incondicional        de    pagar      una   suma    de     dinero,

pagaderos a la presentación o en fecha determinada,

que no contiene ninguna otra promesa u orden”.32

      En cuanto a la persona con derecho a exigir el

cumplimiento de un instrumento negociable, la Ley de

Transacciones Comerciales dispone:

      "Persona con derecho a exigir el cumplimiento de
      un instrumento" significa (i) el tenedor del
      instrumento, (ii) una persona que no es tenedor
      pero está en posesión del instrumento y tiene los
      derechos de un tenedor, o (iii) una persona que
      no está en posesión del instrumento pero tiene
      derecho de exigir el cumplimiento del instrumento
      de acuerdo con las disposiciones de la Sección 2-
      309 y de la Sección 2-418(d). Una persona puede
      ser una persona con derecho a exigir el
      cumplimiento del instrumento aunque la persona no
      sea el dueño del instrumento o lo posea
      indebidamente.33

      Sobre    lo    que      constituye        una     cesión       de     un

instrumento negociable, el Capítulo 2 de la Ley de

Transacciones Comerciales, supra, establece que esta

ocurre “cuando se entrega por una persona que no sea

su emisor con el propósito de darle a la persona que

lo   recibe    el   derecho    a    exigir      el    cumplimiento        del

instrumento”.34      “Sea     esta        una    negociación         o     no,

confiere al cesionario cualquier derecho del cedente a

exigir    el   cumplimiento         del    instrumento,           incluyendo

cualquier derecho que tuviese como tenedor de buena fe

...”.35

31 Sec. 1-101 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 401); Cruz
Consulting v. El Legado, et al., 191 DPR 499, 508 (2014); COSSEC
v. González López, 179 DPR 793, 802 (2010).
32 Sec. 2-102 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 504(a)).
33 Secc. 2-301 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 601).
34 Sec. 2-203 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 553).
35  Id. Véase, además, DLJ Mortgage Capital, Inc. v. Santiago
Martínez, 202 DPR 950 (2019).
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                                           E.

        El   Art.        1118       del    Código     Civil       establece       lo

siguiente:

        Artículo 1118. — Pago de buena fe al poseedor del
        crédito. (31 LPRA § 3168)

        El pago hecho de buena fe al que estuviere en
        posesión del crédito liberará al deudor.36

        En lo aquí pertinente, el TSPR resolvió:

        [s]erán casos de aplicación del art. 1164 [del
        Código Civil Español, equivalente al art. 1118] y
        consiguiente eficacia del pago: el hecho al
        acreedor primitivo por un deudor que no conozca
        la   cesión  del   crédito   ni  la   incapacidad
        sobrevenida aquél; el que se verifique en favor
        de un cesionario, reconocido como tal, aunque
        después se declare la rescisión o nulidad de la
        transmisión, y el que se haga a los que, como
        herederos, posean la del acreedor. En estos
        casos, ni puede perjudicar al deudor que aquéllos
        a quienes pague sean luego vencidos en juicio, ni
        a los que en éste triunfen quedará otro medio que
        reclamar al que cobró indebidamente. (citas
        internas omitidas).37

        Así pues, el deudor de buena fe que paga a quien

aparenta     ser         el     acreedor,       queda       liberado      de     la

obligación sin perjuicio de que el verdadero acreedor

pueda    ejercitar            una    acción     de   enriquecimiento           sin

causa contra el acreedor aparente.38

        Finalmente, conviene destacar que la validez y

los efectos del pago de una obligación representada

por un instrumento negociable se rige por la Ley de

Transacciones            Comerciales,           supra.39      En     lo        aquí

pertinente,         la        Sección      2-602(a)     de     dicho      cuerpo

normativo        establece           que   el   pago    será       efectivo      y

extinguirá la obligación cuando lo hace la persona

obligada     a    pagar         el    instrumento       y    se    hace    a    la

persona con derecho a exigir su cumplimiento.40 Ello,

36 Art. 1118 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3168.
37 Rodríguez v. Banco Popular de Puerto Rico 66 DPR 781, 784-85
(1946).
38 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho civil, Tomo I, Vol. II,

Bosch, Barcelona, 4 ta. Ed., 1988, págs. 259-260.
39 Art. 1125 de la Ley Núm. 55-2020 (31 LPRA sec. 9163).
40 Sec. 2-602 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 752).
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aun    cuando        el        deudor         haya    hecho       el     pago        con

conocimiento         de        la    existencia        de     una      reclamación

contra el instrumento por parte de un tercero.41

                                              F.

       En nuestro ordenamiento jurídico, la hipoteca se

concibe como un derecho real, de naturaleza accesoria

e     indivisible          y        de    constitución         registral.42            La

garantía hipotecaria "sujeta directa e inmediatamente

los    bienes    y    derechos            sobre      los    cuales      se   impone,

cualquiera       que           sea       su    poseedor       o        titular,       al

cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue

constituida".43

       Del mismo modo, el contrato de hipoteca garantiza

siempre el cumplimiento de una obligación principal.44

En    armonía        con       los       preceptos         anteriores,          se    ha

definido la hipoteca como:

       [u]n derecho real que [...] sujeta o vincula lo
       hipotecado, cualquiera que sea su titular, al
       poder de exigir eventualmente la realización de
       su valor, así como la adopción de medidas
       dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o
       garantía de la efectividad de alguna obligación
       dineraria, y cuyo derecho es        de carácter
       accesorio,    indivisible,    de     construcción
       registral, y grava bienes inmuebles enajenables,
       que permanecen en posesión de su propietario o
       titular.45

       Además,       el        gravamen            hipotecario          se    presume

válidamente constituido si está convenido en escritura

pública y tal escritura pública consta inscrita en el

Registro de la Propiedad.46 "La inscripción es, pues,

el    acto   constitutivo                mediante     el     cual      la    garantía

41 M.R. Garay Aubán, Derecho Cambiario Instrumentos Negociables,
San Juan, Bibliográficas, 2009, pág. 433.
42 Westernbank v. Registradora, 174 DPR 779, 784 (2008).
43 Art. 54 de la Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA sec. 6081).
44 Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec.

5001.
45   L.   R.  Rivera   Rivera,   Derecho   Registral   Inmobiliario
Puertorriqueño, 2da ed., Jurídica Editores 2002, pág. 481.
46 Art. 57 de la Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA sec. 6084).
KLAN202301046                                                                     15

produce efectos reales y adviene eficaz erga omnes al

ámbito de los derechos reales".47

       Cuando vence la obligación principal garantizada

mediante     hipoteca,       procede         la    ejecución      del      crédito

hipotecario       mediante        una       acción      civil   ordinaria         en

cobro de dinero y ejecución de hipoteca, que no es otra

cosa   que   la     venta     en       pública       subasta    del       inmueble

gravado.48

                                       -III-

       En síntesis, las apelantes impugnan la capacidad

de   PRRD    para    cobrar        las      cantidades       reclamadas          por

varias razones. Entienden que el Loan Sale Agreement

es nulo porque fue el resultado de una transacción

fraudulenta, que se está impugnando ante el TPI. En

consecuencia, consideran que la Sentencia apelada es

prematura     hasta    que        se       resuelva     esta    controversia.

Sostienen, además, que la apelada no es la legítima

tenedora     por     endoso        del       pagaré      debido      a    que     la

adquisición de las acreencias se hizo sin notificación

a las apelantes, por lo que quedaron exoneradas de las

obligaciones alegadas en la Demanda.

       Por su parte, la apelada arguye que es la actual

y legítima acreedora del crédito en controversia. Esto

obedece a que los pagarés que                        representan la deuda

fueron debidamente cedidos y endosados a su favor.                                 A

su   entender,       BDE     no    estaba         impedido      de       ceder    el

préstamo a su favor. De todos modos, una restricción a

la cesión sería contraria a la Ley de Transacciones

Comerciales,        supra,    y        a    la    ley   orgánica         del    BDE.

Además, la nulidad del contrato de cesión de crédito

47  Rosario Pérez v. Registrador, 115 DPR 491, 493-494 (1984).
Véase, además, Crespo Rodríguez v. González González, 208 DPR
557, 574 (2022).
48 Regla 51.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 51.3).
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no afecta la condición de deudoras de las apelantes.

En     todo    caso,     el       pago       que     realice         extingue        la

obligación para cualquier acreedor.

       Luego    de     revisar         cuidadosamente           los    documentos

que    obran    en     autos,      determinamos            que       PRRD    cumplió

cabalmente con los requisitos de forma de la Regla

36.1     de    Procedimiento                Civil,       supra.       Así,        pues,

presentó documentos y una declaración jurada en apoyo

de sus alegaciones.49 En cambio, la apelada incumplió

crasamente       con        sus        obligaciones           bajo      la        Regla

36.3(b)(2)      de     Procedimiento              Civil,      supra.50      Esto     es

así, porque no citó específicamente los párrafos según

enumerados      en     la     moción         de    sentencia         sumaria        que

considera       que     están          en    controversia.            Menos        aún,

especificó      la     página          o    sección      de     la    prueba        que

establece      una     controversia               real     sobre      los     hechos

materiales pertinentes para adjudicar la reclamación.

Por    el     contrario,          su       oposición       consistió         en     una

extensa argumentación de derecho sobre la nulidad del

contrato de cesión de activos entre BDE y PRRD, y los

documentos que acompañó con su escrito solo pretenden

apoyar dicha          contención jurídica.                 En    ningún momento

controvirtió los hechos y documentos presentados por

la apelada.

       Ante dicho escenario, corresponde determinar si

el TPI aplicó correctamente el derecho y adelantamos

que a nuestro entender sí lo hizo. Veamos.

       Surge de los documentos que obran en autos que

las partes suscribieron un contrato de préstamo51 que

49 Apéndice de las apelantes, págs. 9-75 y 103-104.
50 Id., págs. 107-195.
51 Id., págs. 9-29.
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está representado por dos pagarés52. Que dicho contrato

se enmendó53 y la nueva obligación está reconocida por

un pagaré54. Además, ambos pagarés se endosaron a favor

de PRRD.55 A esto hay que añadir que la obligación

suscrita    por    las    apelantes              está      garantizada            por    un

bien inmueble de su propiedad.56 Como si lo anterior

fuera     poco,    las        partes         suscribieron              un     gravamen

mobiliario sobre determinados bienes57 y las apelantes

garantizaron,           solidariamente,                 el        pago        de        sus

obligaciones           presentes             y     futuras          mediante             la

suscripción       de    una    garantía            continua        e       ilimitada58.

Finalmente,        las        apelantes            incumplieron              con        las

obligaciones       contraídas            y       las    gestiones            de     cobro

realizadas resultaron infructuosas.59 En consecuencia,

las apelantes adeudan las cantidades reconocidas en la

sentencia,     que      son    a    su       vez      líquidas         y    exigibles.

Reiteramos que nada de lo anterior fue controvertido

por las apelantes.

      Por   otro       lado,       el    ataque        a     la   transacción            de

cesión de créditos entre BDE y PRRD es inconsecuente

con relación al pleito ante nuestra consideración. De

un examen cuidadoso del expediente se desprende que

las apelantes son parte de una obligación crediticia

válida,     garantizada            hipotecariamente,                   que     no       han

cumplido.      Esta      obligación              es     vinculante            ante       el

poseedor del crédito, en este caso PRRD. De modo que

de   cumplir      la    misma       quedarán           liberadas           respecto       a

cualquier      acreedor            potencial.              Si      posteriormente

52 Id., págs. 30-33.
53 Id., págs. 36-37.
54 Id., págs. 40-55.
55 Id., págs. 103-104.
56 Id., págs. 42-55 y 105-106.
57 Id., págs. 57-68.
58 Id., págs. 71-73.
59 Id, págs. 74-75 y 103-104.
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resulta que          BDE vence       en el pleito, tal evento no

afectará la posición jurídica de las apelantes. Así

pues, aquel tendrá que reclamar su acreencia de quien

resultó vencido, es decir, PRRD.

        Para terminar, somos de la opinión de que las

apelantes         carecen       de      apoyo     para        sustentar       sus

argumentos. Veamos.

        En     primer          lugar,      la      ingenua         invocación

talismánica del Caso Núm. SJ2019CV11697, sub judice y

paralizado porque “las partes entienden que hay buenas

posibilidades de transigir el pleito”, no constituye

un     fundamento       jurídico         válido     para        impugnar      una

obligación        de    pago     firmemente        anclada        en    nuestro

ordenamiento           cambiario.         Por      ende,        mientras      no

prevalezca el BDE mediante sentencia firme, la apelada

es la dueña del crédito reclamado y en consecuencia,

tiene derecho a exigir su cobro. Como bien señaló el

foro apelado, el litigio en cuestión “no equivale a

detallar       la      evidencia        admisible       que     sostiene       la

impugnación de un hecho material”.60

        En segundo lugar, ninguna sentencia del Tribunal

de Apelaciones es vinculante.61                    Por el contrario, se

consideran          persuasivas.           Menos        aún,     una     opinión

disidente         de     una     sentencia         de      este        tribunal,

persuasiva, basada esencialmente, en otra sentencia de

este mismo tribunal intermedio, igualmente persuasiva.

        Finalmente, Rodríguez v. Corte, 53 DPR 758 (1938)

es completamente distinguible del caso de autos. Ello

obedece a tres poderosas razones, a saber: (1) dicha

opinión      es     anterior     a   la    vigencia        de     la    Ley   del

60   Id., pág. 217.
61   Art. 4.005 de la Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24x).
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Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 30 LPRA sec. 6001 et seq., y

de    la     Ley   de    Transacciones         Comerciales,        supra,     que

regulan la ejecución de la hipoteca de bien inmueble y

la cesión y el cobro del instrumento negociable ante

nuestra consideración; (2) el ordenamiento hipotecario

vigente derogó el procedimiento ejecutivo sumario, en

cuyo contexto se resolvió Rodríguez v. Corte, supra; y

(3)     entre       el     procedimiento          sumario         hipotecario,

reiteramos ya derogado, y el mecanismo de la Regla 36

de    Procedimiento          Civil       de     2009,       que    reguló     el

procedimiento            mediante       el     cual    se    estableció       la

legitimidad de la deuda cuyo cobro se solicita, solo

media        una   semejanza,       a     todas       luces,      superflua     e

insignificante: el adjetivo sumario.

                                        -IV-

       Por los fundamentos antes expuestos, se confirma

la Sentencia Sumaria apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

        La    jueza      Grana   Martínez         disiente        sin   opinión

escrita.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones