Court Opinion

ID: 9916095
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:21:04.241602+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:51.928317
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

   JOSÉ EDUARDO DE LA                                  Apelación
    CRUZ SKERRET, y su                                 procedente del
   esposa, EILEEN RIVERA                               Tribunal de
           VÉLEZ                                       Primera Instancia,
                                                       Sala Superior de
             Apelantes                                 San Juan
                                      KLAN202300500
                  v.
                                                       Sobre: Petición de
   JOSÉ A. BERMÚDEZ                                    Interdicto
   SEGARRA por sí y en                                 Preliminar y
 representación de su hijo                             Permanente
  menor de edad, JORGE
 LUIS BERMÚDEZ LANDA;
     JOSÉ ANTONIO                                      Caso Núm.
   BERMÚDEZ LANDA;                                     SJ2022CV04680
     PAULINA MARÍA                                     (603)
   BERMÚDEZ LANDA

             Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                  SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

        Comparecen el Lcdo. José De La Cruz Skerrett y su esposa

Eileen Rivera Vélez (parte apelante–demandante) para que revisemos

la Sentencia Parcial Enmendada dictada el 1 de junio de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI),1 en

la que acogió la Moción Solicitando Enmiendas a determinación de

Hechos Número 11 y otras. Además, declaró Ha Lugar la Oposición a

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el Dr. José Antonio

Bermúdez Segarra, por sí y en representación de su hijo menor de

edad, y otros (parte apelada–demandado).

        Considerado los escritos de las partes, confirmamos la

Sentencia Parcial Enmendada recurrida. Veamos.

1 Notificada el 2 de junio de 2023.

Número Identificador

SEN2023 _______________
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                                       -I-

       Surge del expediente que el Dr. José Antonio Bermúdez

Segarra (Dr. Bermúdez Segarra) y esposa María Julia Landa Velasco

(Landa Velasco) adquirieron la residencia sita en la calle 19 Níspero

(o Naranjo) K-2 de la Urbanización Laderas de San Juan, ubicada

en el Barrio Caimito de San Juan, por la suma de $385,427.00.

Sobre esta propiedad, el Dr. Bermúdez Segarra y la señora Landa

Velasco constituyeron una hipoteca.2

       Luego del fallecimiento de la señora Landa Velasco, el Dr.

Bermúdez Segarra junto el Lcdo. José De La Cruz Skerrett (Lcdo. De

La Cruz) suscribieron el 7 de diciembre de 2017, un contrato

titulado Cesión de Uso y Aprovechamiento de Propiedad Inmueble

(Contrato de Cesión). Dicho contrato fue sobre la residencia sita en

la Urbanización Laderas de San Juan, por lo que establecieron una

serie de términos y condiciones;3 a saber:

                        TÉRMINOS Y CONDICIONES

       PRIMERA: Las partes se reafirman y hacen suyas las
       consideraciones que les conducen a ambos el suscribir el
       presente acuerdo.

       SEGUNDA: El Cesionario entrará a poseer el inmueble antes
       descrito una vez este acuerdo sea debidamente otorgado con
       la firma de ambas partes, y sus iniciales en cada folio,
       comprometiéndose el Cesionario desde ese momento con el
       Concedente, a preservarlo y mantenerlo como un buen padre
       de familia, y a no modificarlo en forma alguna que lo
       desmerezca o lo afecte en su estructura o la buena apariencia
       que este exhibe al momento de entrar a ocuparlo.

       TERCERA: El Cesionario recibe la propiedad en la forma y
       manera en que esta se encuentra al momento de otorgarse
       este contrato, acordándose, además, y de manera específica
       entre el Cesionista y el Cesionario lo siguiente: (1) El
       Cesionario limpiará y podará, árboles, palmas, y arbustos, y
       eliminará toda vegetación y accesorios de jardín que no
       responda a su gusto y preferencia; (2) el Cesionista corregirá
       un área de empañetado visible en la parte superior de la
       estructura que arrancó los vientos el huracán María; (3) el
       Cesionista removerá y se llevará consigo del solar, una mesa
       de billar, sus accesorios, y un canasto de baloncesto; (4) el
       Cesionista entregará en estado operativo y funcional todos los
       equipos mecánicos que proveen enfriamiento y climatización a
       las dependencias interiores de la estructura, y a partir de la
       inspección que así lo certifique, será responsabilidad del
       Cesionario la prospectiva conservación, reemplazo cuando la

2 Apéndice de la Apelación, págs. 96 – 97.
3 Apéndice de la Apelación, págs. 85 – 89.
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    requiriese, y el mantenimiento de tales equipos mecánicos; (5)
    el Cesionista entregará el generador eléctrico de 15 KV
    ubicado en la azotea de la estructura operando y funcionando
    según las especificaciones del fabricante, y a partir de esa
    fecha, será responsabilidad del Cesionario la prospectiva
    conservación, reemplazo cuando lo requiriese, y el
    mantenimiento del indicado generador; (6) el Cesionista
    entregara el servicio de agua potable y alcantarillado
    operando y funcionando para su provecho inmediato en todos
    los accesorios que llevan agua en la residencia, y
    prospectivamente será responsabilidad del Cesionario la
    prospectiva conservación, reemplazo cuando lo requiriese, y el
    mantenimiento del indicado sistema de agua potable y
    alcantarillado; (7) el Cesionista entregará el servicio eléctrico
    de la residencia funcionado, lo que se comprobará a través del
    generador eléctrico de 15 KV en la eventualidad que aún la
    AEE no proveyera este servicio a la residencia, y
    prospectivamente será responsabilidad del Cesionario la
    conservación, reemplazo cuando lo requiriese, y el
    mantenimiento del sistema eléctrico [;] (8) El Cesionario
    proveerá el color, marca y la calidad de la pintura de su
    preferencia para aplicarla el exterior de la residencia, y el
    Cesionista proveerá y pagará por la mano de obra a través de
    un contratista de su selección para este aplicar la pintura
    suministrada por el Cesionario. La pintura en el interior de la
    residencia le corresponderá al Cesionario en su totalidad sin
    aportación alguna del Cesionista.

    CUARTA: El Cesionista será responsable de haber realizado
    todo pago que le requiera el acreedor hipotecario BPPR al 31
    de diciembre de 2017, para satisfacer el principal, interés,
    penalidades, recargos, seguros y contribución territorial
    basado en los términos y condiciones de la hipoteca. Por su
    parte, el Cesionario asumirá esa obligación a partir del 1 de
    enero de 2018 hasta la suma de $2,700. Cualquier suma que
    se requiera pagar al BPPR en los conceptos antes indicados
    que exceda la suma de $2,700, será responsabilidad del
    Cesionista reembolsarlo al Cesionario hasta al menos el 31 de
    julio de 2018, siempre que el Cesionista haya completado la
    inscripción del título por herencia testada de sus hijos, y
    consecuentemente se tenga un título perfectamente
    transferible. El pago mensual de la hipoteca por su total
    importe que venzan a partir del 1 de enero de 2018 las hará
    directamente el Cesionario al BPPR siempre que se cumpla la
    condición que se dirá, y el Cesionario enviará al Cesionista
    constancia auténtica del pago realizado.

    QUINTA: El Cesionista pagará a la asociación de propietarios
    de la urbanización Laderas de San Juan, la cuota mensual y
    las derramas que haya impuesto la asociación a la propiedad
    objeto de este contrato, para el mantenimiento de las áreas
    comunes, el control de acceso y la seguridad, o en cualquier
    otro concepto que impongan sus reglamentos, hasta el 31 de
    julio de 2018. A partir del 1 de agosto de 2018, esta
    responsabilidad de pago la asumirá el Cesionario si aún a esa
    fecha no se hubiera perfeccionado la compraventa de la
    propiedad por otras razones que no sean atribuibles a la
    perfección del título que le corresponde realizar al Cesionista
    para hacer viable la transmisión del indicado título, quedando
    así por siempre liberado el Cesionista de tal pago, así como de
    las derramas impuestas a partir de la indicada fecha.

    SEXTA: Durante los seis meses siguientes a este contrato, el
    Cesionario hará esfuerzos continuos y razonables para que no
    más tarde del 31 de julio de 2018, se logre perfeccionar la
    compraventa del inmueble y quede de esa forma liberado el
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    Concedente de sus obligaciones como deudor hipotecario del
    inmueble. Si alcanzada la fecha del 31 de julio de 2018 aun
    la compraventa no ha quedado completada por otras razones
    que no sean atribuibles a la perfección del título que le
    corresponde realizar al Cesionista para hacer viable la
    transmisión del indicado título, el Cesionario asume la total
    obligación de pagar el importe de la mensualidad hipotecaria
    al BPPR a su fecha de vencimiento, la que incluye principal,
    interés, recargos, penalidades, seguros y contribución
    territorial, y además, pagará el importe total de la cuota y
    derramas impuestas por la asociación de residentes de
    Laderas de San Juan, cuya realización de pagos validará el
    Cesionario haberlos hecho al Cesionista.

    SÉPTIMA: Basado en el comportamiento de los mercados de
    venta de inmobiliarios, y particularmente lo relativo a la
    multiplicidad de residencias abandonadas y/o ejecutadas
    y/o puestas a la venta en la comunidad de Laderas de San
    Juan, ambas partes son de la opinión que la deuda hiptecaria
    que actualmente grava esta propiedad con el BPPR deberá
    exceder su valor de mercado, por lo que, tan pronto el
    Cesionario quede cualificado preliminarmente para financiar
    la compra del inmueble mediante un préstamo FHA, lo que le
    aventaja por ser de un interés y pronto pago menor, se
    negociará con el acreedor hipotecario BPPR, una venta tipo
    Short Sale y se procedería con el cierre de la compraventa
    correspondiente una vez alcanzado un acuerdo de buena fe
    con BPPR, comprometiéndose el Cesionario perseguir con
    prontitud y diligencia. El Cesionista no se compromete, sin
    embargo, con el Cesionario, y por tanto no asume ninguna
    obligación al respecto, sobre el éxito que pueda o no resultar
    de esta gestión del Short Sale, más de buena fe ayudará en
    la medida que pueda ser necesaria y efectiva su asistencia.

    OCTAVA: Por tener tres menores de edad, hijos del Cesionista,
    una participación en común por indiviso en la descrita
    propiedad por ser herederos forzosos de su señora madre
    fallecida, se requerirá del Tribunal Superior de San Juan una
    autorización judicial con la intervención de la Oficina del
    Procurador de Menores, para que se permita el traspaso del
    título de la propiedad mediante el negocio jurídico que hubiera
    sido finalmente negociado entre el Cesionario y el acreedor
    hipotecario BPPR. El indicado negocio jurídico no contempla
    que el Cesionista, ni sus hijos menores, reciban suma alguna
    de dinero, sino meramente haber quedado liberados desde el
    1 de enero de 2018 realizar los pagos hipotecarios mensuales
    sobre esta propiedad, lo que ha representado una carga
    altamente onerosa e insostenible para el Cesionista, como
    también para sus tres hijos menores, quienes carecen de
    recurso alguno para hacer tal pago hipotecario en proporción
    a su interés común pro indiviso en la propiedad. En el
    altamente improbable escenario que el tribunal denegara la
    autorización de la venta por el precio acordado con el BPPR y
    financiado por el nuevo acreedor hipotecario, el Cesionario
    quedaría entonces liberado de sus obligaciones aquí
    contraídas y desocuparía el inmueble para darle al Cesionista
    la total libertad de optar por lo que mejor convenga a sus
    intereses y aquel de sus hijos menores que representa y sobre
    los cuales ejerce única patria potestad y custodia. En tal caso,
    o sea, si el Cesionario optara por desocupar el inmueble, no
    tendrá derecho alguno a recuperar del Cesionista cualquier
    desembolso que hubiera realizado, bien por mejoras o
    limpieza de la propiedad o por pagos aportados al préstamo
    hipotecario con el BPPR.
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       NOVENA: Tal es el acuerdo que alcanzan las partes luego de
       haberlo discutido entre estos de una forma pormenorizada y
       consultados con los asesores legales de su propia selección y
       confianza.

       DÉCIMA: Este acuerdo, manifiestan las partes contiene la
       totalidad de los acuerdos alcanzados y nada fuera de lo aquí
       dispuesto les obliga de una manera distinta a lo pactado,
       requiriéndose de un acuerdo escrito y con las demás
       formalidades del presente para variar cualquiera de sus
       términos.4

       Tiempo después, el 31 de mayo de 2022, la parte apelante

presentó una Petición de Interdicto Preliminar y Permanente contra

el Dr. Bermúdez Segarra, por sí y en representación de su hijo menor

de edad J.L.M.L., y los hermanos José Antonio Bermúdez Landa y

Paulina María Bermúdez Landa.5 Adujo que el Contrato de Cesión

se otorgó con la intención de completar la compraventa del

inmueble, por lo que dicho contrato no tiene cláusula que exprese

la intención del Dr. Bermúdez Segarra en retener el dominio del

inmueble, y que la obligación del Lcdo. De La Cruz fue liberar al

deudor de su obligación. Además, la parte apelante alegó que el

Lcdo. De La Cruz había ejercido la posesión y dominio de la

propiedad con el interés de adquirir la aludida propiedad. Añadió

que desde enero de 2018 hasta mayo de 2022, se había pagado

puntualmente 53 pagos hipotecarios y 47 cuotas de la asociación de

residentes. Ante el alegado incumplimiento de la parte apelada con

lo acordado, solicitó al TPI que ordenara a dicha parte suscribir y

otorgar cualquiera de los documentos que fueran requeridos para

efectuar la transferencia registral del inmueble.

       No obstante, el 31 de mayo de 2022 el TPI expresó:

       PARTE DEMANDANTE MUESTRE CAUSA POR LA CUAL NO
       DEBAMOS DICTAR SENTENCIA PARCIAL DESESTIMANDO
       LAS ACCIONES INTERDICTALES EN VISTA DE LA AUSENCIA
       DE DAÑOS IRREPARABLES. EL PRINCIPIO MEDULAR QUE
       RIGE LA CONCESIÓN DE ESTE REMEDIO EXTRAORDINARIO
       ES LA EXISTENCIA DE UNA AMENAZA REAL DE SUFRIR
       ALGÚN DAÑO PARA EL CUAL NO SE TIENE UN REMEDIO
       ADECUADO EN LEY. EN OTRAS PALABRAS, EL DAÑO

4 Apéndice de la Apelación, págs. 87 – 89.
5 El Sr. José Antonio Bermúdez Landa y la Srta. Paulina María Bermúdez Landa

son miembros de la sucesión de la señora Landa Velasco.; Apéndice de la
Apelación, págs. 1 – 24.
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        IRREPARABLE DEBE SER UNO TAL QUE PROVOQUE EL QUE
        NO EXISTA OTRO REMEDIO EN LEY. CONFORME LAS
        ALEGACION[E]S DE LA DEMANDA; TOMÁNDOSE COMO
        CIERTAS, EL CASO DE AUTOS TRATA SOBRE EL
        INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y LOS DAÑOS Y
        PERJUICIOS,   A     CONSECUENCIA     DE    DICHO
        INCUMPLIMIENTO. LOS DEMANDANTES TIENEN REMEDIOS
        LEGALES DISPONIBLES A TRAVÉS DE DICHAS CAUSAS DE
        ACCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA
        ATENDER SUS RECLAMOS.6

        En cumplimiento de orden, la parte apelante presentó su

escrito el 2 de junio de 2022.7 Reiteró los planteamientos

presentados en la solicitud interdictal y alegó que no tenían otro

proceso para atender con urgencia la petición de formalizar la

transferencia de título a su nombre.

        Así, el 6 de junio de 2022 TPI emitió una Sentencia Parcial

en la que determinó que no era procedente la concesión del remedio

interdictal, ya que mediante el procedimiento ordinario podía

atender su reclamación.8

        Entonces, en el proceso ordinario la parte apelante presentó

una Solicitud de Sentencia Sumaria el 6 de julio de 2022.9 Esbozó

trece (13) hechos materiales que, según su percepción, no estaban

en controversia. Para sustentar su solicitud, sometió como evidencia

los siguientes documentos: Contrato de Cesión,10 Estudio de Título

de la Propiedad,11 Sentencia de Autorización Judicial,12 Declaración

Jurada del Lcdo. De La Cruz,13 Carta de Precalificación de Fembi

Mortgage (con fecha del 8 de abril de 2022),14 y comunicaciones

entre los representantes legales de las partes.15

        En síntesis, alegó, que el objetivo del Contrato de Cesión era

transferir por compraventa el dominio del inmueble, lo cual estaba

6 Apéndice de la Apelación, pág. 25.
7 Id., en las págs. 26 -31.
8 Id., en las págs. 50 – 54.
9 Id., en las págs. 70 – 133.
10Id., en las págs. 85 – 89.
11 Id., en las págs. 90 – 95.
12 Id., en las págs. 96 – 97.
13 Id., en las págs. 80 – 84.
14 Id., en la pág. 98.
15 Id., en las págs. 99 – 133.
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siendo incumplido por la parte contraria. Adujo que no había

cláusula que expresara la intención del Dr. Bermúdez Segarra en

retener el inmueble, como tampoco había otra obligación que no

fuera liberar al deudor. Argumentó, además, que el Contrato de

Cesión estableció todos los requisitos necesarios para validar una

compraventa, y señaló, que no se otorgó un contrato con fecha

posterior. En consecuencia, solicitó el cumplimiento del Contrato de

Cesión, conforme al texto, y se ordenara la firma de los documentos

necesarios para la transmisión del inmueble.

        Luego de una prórroga concedida por el TPI, el 12 de agosto

de 2022, la parte apelada presentó su escrito intitulado: OPOSICIÓN

A MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR LA PARTE

DEMANDANTE Y SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DE

LA PARTE DEMANDADA.16 En síntesis, aceptó que las partes habían

suscrito un contrato de cesión de uso, pero no de compraventa.

Mencionó que el Lcdo. De La Cruz tenía que cualificar para poder

efectuar la transacción, en o antes del 31 de julio de 2018,17 sin

embargo, éste no tenía capacidad económica ni capacidad para

obtener financiamiento.18 Señaló, que ante esta situación se le

permitió —a la parte apelante— poseer la propiedad en calidad de

arrendatario,19 pero en ningún momento como propietarios ni

dueños. Señaló que el arrendamiento fue hasta diciembre 2021, ya

que la parte apelante regresó a su residencia principal; y, pese a ser

solicitado, no han entregado las llaves de la propiedad. Todavía más,

entre finales de 2021 o principios de 2022 ambas partes llegaron a

un nuevo acuerdo, en el cual pactaron vender el inmueble y el

sobrante neto dividirlo en partes iguales.20 Indicó, que ante la

16 Id., en las págs. 146 – 205.
17 Id., en las págs. 166 – 170.
18 Id., en las págs. 171 – 172.
19 Id., en la pág. 172.
20 Apéndice de la Apelación, en las págs. 173 – 174. Sobre este acuerdo, la parte

menciona que la siguiente prueba documental recoge el mismo y la intención de
las partes:
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incompatibilidad del contrato suscrito el 7 de diciembre de 2017 con

la nueva obligación, ocurrió una novación. Señaló que, el 17 de

febrero de 2022 el Lcdo. De La Cruz retiró su consentimiento.21 En

ese sentido, la parte apelante incumplió, tanto con el Contrato de

Cesión, como con el segundo acuerdo. Negó que los pagos se

realizaran de manera puntual, y añadió, que ha tenido que cumplir

con el pago de la hipoteca ante el incumplimiento del Lcdo. De La

Cruz con el segundo contrato.22 Solicitó se dictara sentencia

sumaria a su favor y presentó veintisiete (27) hechos omitidos por la

parte apelante como hechos sobre los que no hay controversia.

Reiteró, que el contrato era de cesión de uso y aprovechamiento de

la propiedad, y que no se perfeccionó una compraventa. Añadió, que

el contrato obligaba al Lcdo. De La Cruz a realizar ciertas gestiones

para poder adquirir mediante compraventa la propiedad, por lo que,

señaló que era una obligación condicionada a que éste obtuviera un

financiamiento. En consecuencia, solicitó que se decretara el

incumplimiento con ambos contratos, y se ordenara a la parte

apelante la entrega de las llaves a los dueños.

       El 31 de agosto de 2022, la parte apelante compareció en

oposición a la solicitud de sentencia sumaria en favor de los

apelados.23 En suma, aceptó parcialmente las alegaciones de la

parte contraria, y otras la negó. Adujo que la parte apelada es la que

 (1) Correo electrónico de De la Cruz, 24 de enero de 2022 (Véase, Apéndice de la
     Apelación, pág. 173).
 (2) Acuerdo de Distribución de Fondos de 22 de enero de 2022, firmado por De
     la Cruz (Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 174).
 (3) Carta de De la Cruz a Rafael Torres, 27 de enero de 2022 (Véase, Apéndice de
     la Apelación, pág. 175).
 (4) Contrato de Opción de Compraventa, firmado por Dr. Bermúdez (Véase,
     Apéndice de la Apelación, págs. 176 – 183).
 (5) Carta del abogado de De la Cruz, 27 de enero de 2022 (Véase, Apéndice de la
     Apelación, págs. 184 – 187).
 (6) Carta del abogado del Dr. Bermúdez, 31 de enero de 2022 (Apéndice de la
     Apelación, págs. 188 – 189).
 (7) Carta del abogado de De la Cruz, 31 de enero de 2022 (Véase, Apéndice de la
     Apelación, págs. 190 – 191).
Carta del abogado del Dr. Bermúdez, 8 de febrero de 2022 (Véase, Apéndice de la
Apelación, págs. 192 – 193).
21 Anejo de la Apelación, pág. 194.
22 Id., en las págs. 198 – 205.
23 Id., en la págs. 198 – 205.
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sigue obstruyendo la liberación hipotecaria acordada. Señaló,

además, que el Contrato de Cesión es el único acuerdo vigente, y

que este no se alteró. Arguyó, que los pagos de la hipoteca se han

realizado puntualmente.

       El 4 de octubre de 2022, el TPI dio por sometidas las

solicitudes de sentencia sumaria de ambas partes. Por lo cual,

notificó el 16 de mayo de 2023 una Sentencia Parcial.24 Allí, esbozó

las siguientes determinaciones de hechos:

       1. El 7 de diciembre de 2017 De La Cruz y Bermúdez Serra
       suscribieron un contrato titulado Cesión de uso y
       aprovechamiento de propiedad inmueble. [sic].

       2. El bien inmueble objeto del contrato titulado Cesión de uso
       y aprovechamiento de propiedad inmueble ubica en La calle
       Naranjo 19 de la Urb. Laderas de San Juan, en el municipio
       de San Juan, Puerto Rico. [sic].

       3. La descripción registral de la propiedad inmueble es la
       siguiente:
          URBANA: Lote “K” guión dos (K-2) de la Urbanización
          LADERAS DE SAN JUAN, localizada en el Barrio Caimito
          del término municipal de San Juan, con una cabida de
          DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PUNTO MIL TREINTA
          Y DOS METROS CUADRADOS (2,405.1032 m/c). En
          lindes por el NORTE, en una sola alineación de ochenta
          punto doscientos ochenta y cinco (80.285) metros, con el
          Lote “K” guión tres (K-3) de la Urbanización Laderas de
          San Juan; por el sur, en una sola alineación de sesenta
          y nueve punto ochenta y siete (69.87) metros con el lote
          “K” guión uno (K-1) de la Urbanización Laderas de San
          Juan; por el ESTE, en varias alineaciones, una de
          veintiuno punto doscientos ocho (21.208) metros y en
          otra alineación de diez punto ciento cuarenta y cinco, con
          Quebrada Arenas; y por el OESTE, en varias
          alineaciones, una de veinticuatro punto quinientos
          (24.500) metros y otras alineación de nueve punto ciento
          noventa y dos (9.192) metros, con la calle número cuatro
          (4) Este de la Urbanización Laderas de San Juan.

          Enclava edificación de un nivel residencial de forma
          irregular, Entrada principal mirando hacia el Oeste que
          colinda con la calle número Este de la Urbanización
          Laderas de San Juan. Tiene sal, comedor, cocina, family
          room, patio interior, cuatro (4) cuartos, dos baños y
          medio, walk-in closet, área de laundry, marquesina
          doble y patio.

          Se encuentra gravada por primera y única hipoteca en la
          suma de $463,500.00, a favor del Banco Popular de
          Puerto Rico, otorgada mediante escritura número 130 el
          30 de mayo de 2009, ante el Notario Público Frederick
          James Baraga Huyke, cuyo balance se encuentra hoy
          reducido a una suma aproximada de $396,000.00. [sic].

       4. La cuarta cláusula de los términos y condiciones del

24 Id., en la págs. 356 – 371.
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    contrato titulado Cesión de uso y aprovechamiento dispone lo
    siguiente:
       CUARTA: El Cesionista será responsable de haber
       realizado todo pago que le requiriera el acreedor
       hipotecario BPPR al 31 de diciembre de 2017, para
       satisfacer el principal, el interés, penalidades, recargos,
       seguros y contribución territorial basado en los términos
       y condiciones de la hipoteca. Por su parte el Cesionario
       asumirá esa obligación a partir del 1 de enero de 2018
       hasta la suma de $2,700. Cualquier suma que se
       requiera pagar al BPPR en los conceptos antes indicados
       que exceda la suma de $2,700, será responsabilidad del
       Cesionista reembolsarlo al Cesionario hasta al menos el
       31 de julio de 2018, siempre que el Cesionista haya
       completado la inscripción del título por herencia testada
       de sus hijos, y consecuentemente se tenga un título
       perfectamente transferible. El pago mensual de su
       hipoteca por su total importe que venzan a partir del 1
       de enero de 2018 las hará directamente el Cesionario al
       BPPR siempre que se cumpla con la condición que se
       dirá, y el Cesionario enviará al Cesionista constancia
       auténtica del pago realizado. [sic].

    5. La sexta cláusula de los términos y condiciones del
    contrato titulado Cesión de uso y aprovechamiento
    dispone lo siguiente:
       SEXTA: Durante los seis meses siguientes a este
       contrato, el Cesionario hará esfuerzos continuos y
       razonables para que no más tarde del 31 de julio
       de 2018, se logre perfeccionar la compraventa del
       inmueble y quede de esa forma liberado el
       Concedente de sus obligaciones como deudor
       hipotecario del inmueble. Si alcanzada la fecha
       del 31 de julio de 2018 aun la compraventa no ha
       quedado completada por otras razones que no sean
       atribuibles a la perfección del título que le
       corresponde realizar al Cesionista para hacer
       viable la transmisión del indicado título, el
       Cesionario asume la total obligación de pagar el
       importe de la mensualidad hipotecaria al BPPR as
       u fecha de vencimiento, la que incluye principal,
       interés,   recargos,   penalidades,    seguros   y
       contribución territorial, y además, pagará el
       importe total de la cuota y derramas impuestas
       por la asociación de residentes de Laderas de San
       Juan, cuya realización de pagos validará el
       Cesionario haberlos hecho al Cesionista. [sic].

    6. El 19 de febrero de 2019, la institución bancaria
    Popular Mortgage envió una notificación a De La Cruz
    denegando su solicitud de crédito. [sic].

    7. El 8 de abril de 2022, Fembi Mortgage envió una carta a De
    La Cruz notificándole que había sido precualificado para un
    préstamo hipotecario por la cantidad de $280,000.00, basado
    en un precio de compra de $350,000.00. [sic].

    8. El 22 de enero de 2022, De La Cruz y Bermúdez
    Segarra firmaron un documento titulado Acuerdo de
    distribución de fondos. En este, ambos acordaron
    dividir en partes iguales el producto neto que resultara
    de la venta de la residencia ubicada en la Urb. Laderas
    de San Juan. [sic].

    9. El 25 de enero de 2022, Bermúdez Segarra y la sucesión
    de María Julia Landa Velasco por medio de su representación
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       legal enviaron una carta a De La Cruz en la que le indicaban
       que el acuerdo de distribución de fondos acordado
       consideraba la división por partes iguales del sobrante neto
       que resultase de la compraventa del bien inmueble ubicado en
       la Urb. Laderas de San Juan. Además, la misiva expresaba
       que Bermúdez Segarra continuaría ejerciendo su derecho
       propietario sobre dicha residencia hasta su enajenación. [sic].

       10. El 27 de enero de 2022, De La Cruz envió una carta
       dirigida a Rafael Torres, el tercero interesado en adquirir la
       residencia, propiedad de Bermúdez Segarra y la Sucesión de
       María Julia Landa Velasco. En esta carta De La Cruz
       manifestó: que Bermúdez Segarra por sí y en representación
       de sus tres hijos habían acordado dividir en partes iguales el
       producto neto resultado de la compraventa. Igualmente, le
       indicó a Rafael Torres que debía emitir el pago en dos
       instrumentos bancarios separados: uno a nombre de
       Bermúdez Segarra y sus hijos y otro a nombre de los esposos
       De La Cruz-Rivera. [sic].

       11. Los esposos De La Cruz-Rivera tuvieron la posesión de la
       casa que ubica en la Urb. Laderas de San Juan hasta enero
       de 2021. [sic].

       12. El 27 de enero de 2022, De La Cruz por medio de su
       representación legal envió una carta dirigida al Lcdo.
       Hugo Rodríguez Díaz, en la que rechaza que el contrato
       de Cesión de uso y aprovechamiento de bien inmueble se
       trate de un arrendamiento. A su vez expone que aceptó
       la división del producto neto de la compraventa por
       partes iguales. [sic].

       13. El 17 de febrero de 2022, De La Cruz envió una carta a
       Bermúdez Segarra en la que retiraba el ofrecimiento de
       compartir el 50% del producto neto de la venta del bien
       inmueble. [sic].

       14. El 26 de febrero de 2022 Bermúdez Segarra por sí y sus
       hijos suscribieron un contrato titulado Contrato de opción de
       compra con Rafel Torres y Kennida Margarita Fernández. Este
       contrato establecía $700,000.00 como precio de venta de la
       residencia ubicada en la Urb. Laderas de San Juan y que es
       Propiedad de Bermúdez Segarra y de sus hijos.

       15. El 31 de marzo de 2022, el Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz,
       envió una carta a De La Cruz, solicitando su desalojo y
       entrega de las llaves de la residencia que ubica en Urb.
       Laderas de San Juan. [sic].25

       Basado en las determinaciones de hechos antes expuestas, el

TPI declaró Ha Lugar la Oposición a moción de sentencia sumaria […],

presentada por la parte apelada.26 En lo pertinente, expresó:

       [E]n este caso las partes suscribieron un contrato titulado
       Cesión de uso y aprovechamiento de bien inmueble. Este
       contrato establecía los términos y condiciones necesarios para
       que eventualmente se perfeccionara una compraventa. La
       condición principal era que los esposos De La Cruz-Rivera
       obtuvieran un financiamiento para poder comprar la casa,
       liberando a Bermúdez Segarra y a sus hijos de la hipoteca.
       Por lo que, al examinar el contrato de las partes no cabe duda

25 Id., en las págs. 359 – 363.
26 Id., en las págs. 370 – 371.
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       de que el negocio jurídico ante el que nos encontramos en ese
       contrato se trata de una promesa bilateral de compraventa.
                                [ . . . .]
       [E]n el caso de autos, se estableció como condición para la
       compraventa que los esposos De La Cruz-Rivera debían
       obtener el financiamiento que permitiera saldar el préstamo
       hipotecario que grava la propiedad en referencia. Por lo tanto,
       hasta tanto no se perfeccionara la compraventa, Bermúdez
       Segarra y sus hijos, mantendrían la propiedad de la casa que
       ubica en Urb. Laderas de San Juan. Por esta razón no
       podemos concluir que se perfeccionó un contrato de
       compraventa que transmitiera el dominio de la propiedad o
       que, otorgara a De La Cruz-Rivera un derecho real sobre esta
       casa. De este contrato solo surgieron obligaciones personales
       de los contratantes, pues para todos los efectos reales
       Bermúdez Segarra y sus hijos mantuvieron su título como
       propietarios, cuya obligación de vender surgiría cuando los
       esposos De La Cruz-Rivera cumplieran con su deber de
       obtener el debido financiamiento.
               Así las cosas, antes de que, los esposos De La Cruz-
       Rivera, obtuvieran el financiamiento, las partes pactaron otro
       acuerdo para la venta de la residencia propiedad de
       Bermúdez Segarra y sus hijos. En este, se acordó la división
       por partes iguales del producto neto de la compraventa de esta
       residencia. De hecho, las partes firmaron un acuerdo de
       división de fondos y así lo manifestó De La Cruz en sus
       misivas dirigidas a Rafael Torres. Sin embargo, el 27 de enero
       de 2022, De La Cruz envió una misiva a Bermúdez Segarra
       informando que retiraba su aceptación al acuerdo de división
       de fondos por partes iguales. Posteriormente, indicó que
       deseaba se honrara el contrato originalmente otorgado,
       Cesión de uso y aprovechamiento de bien inmueble, y que la
       parte demandada cumpliera con los trámites necesarios para
       la perfección de la compraventa tal como se pactó en un inicio.
               Para determinar si en efecto Bermúdez Segarra y sus
       hijos están obligados a perfeccionar la compraventa, es
       necesario examinar si el acuerdo de división de fondos
       producto de la venta de la casa constituyó una novación. […]
               En el caso que nos compete, De La Cruz y Bermúdez
       Segarra acordaron vender la casa a un tercero y dividir las
       ganancias netas producto de esa compraventa. Este negocio
       jurídico es completamente incompatible con el anterior, por lo
       que se configuró una novación extintiva que dejó sin efecto el
       contrato titulado Cesión de uso y aprovechamiento de bien
       inmueble. Por lo tanto, no procede reclamar el cumplimiento de
       la promesa bilateral de compraventa, toda vez que esa
       obligación quedó extinguida por una novación producto de la
       voluntad de los contratantes. Ante este escenario jurídico, nos
       vemos obligados a concluir que procede la desestimación de
       la Demanda presentada por De La Cruz-Rivera. [ . . . ].27

       El 31 de mayo de 2023, la parte apelada presentó Moción

Solicitando Enmiendas a Determinación de Hechos Número 11 y

otras.28 Solicitó: (1) enmienda a la Determinación de Hecho número

11; (2) enmienda a la última oración de las Conclusiones de

Derecho; y (3) enmienda al dictamen de instancia.

27 Id., en las págs. 368 – 370.
28 Id., en las págs. 372 – 374.
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        El 2 de junio de 2023, el TPI emitió una Sentencia Parcial

Enmendada,29 en las que hizo las siguientes enmiendas:

        •   Se modificó la Determinación de Hechos Número 11:

            11. Los esposos De La Cruz-Rivera tuvieron la posesión de
            la casa que ubica en la Urb. Laderas de San Juan hasta
            enero de 2021, pero no han entregado las llaves de la
            propiedad de la Urbanización Laderas de San
            Juan.30

        •   Se modificó la última oración de las Conclusiones de Derecho:

            En cuanto a las alegaciones expuestas en la reconvención
            sobre temeridad e interferencia torticera de contrato, al
            momento este tribunal no se encuentra en posición para
            resolver estas controversias. Además, cabe señalar que,
            los esposos De La Cruz-Rivera, ya no están en
            posesión de la residencia ubicada en Urb. Laderas de
            San Juan, pero se han negado a entregar las llaves,
            por lo que se declara Ha Lugar la acción de
            desahucio de la Reconvención.31

        •   Se modificó la Parte IV titulada Sentencia Parcial:

            Por los fundamentos antes expuestos, se declara HA
            LUGAR la Oposición a moción de sentencia sumaria […],
            presentada el 12 de agosto de 2022 por José Antonio
            Bermúdez Segarra, por sí en representación del menor
            JLBL, José Antonio Bermúdez Landa y Paulina María
            Bermúdez Landa, en cuanto a que procede la
            desestimación de la Demanda presentada el 5 de julio de
            2022 por José Eduardo De La Cruz Skerrett y su esposa
            Eileen Rivera Vélez y se les ordena hagan entrega de
            las llaves de la residencia de la Urb. Laderas de San
            Juan a la parte demandada.32

        El 8 de junio de 2023, el Lcdo. José De La Cruz Skerrett y su

esposa Eileen Rivera Vélez recurren ante este foro intermedio

mediante recurso de apelación y señalaron los siguientes de cuatro

(4) errores:

        PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ INSTANCIA AL
        FUNDAMENTAR SUS CONCLUSIONES DE DERECHO EN
        HECHOS    MERIDIANAMENTE    ERRADOS   Y   OTROS
        INEXISTENTES, CON GRAVE DESPRECIO A LA PRUEBA
        DOCUMENTAL INCONTROVERTIDA, A SABER: BASAR SU
        DETERMINACIÓN DESESTIMATORIA EN DOS CONTRATOS
        QUE NUNCA FUERON SUSCRITOS POR LAS PARTES, Y AUN
        ASÍ, EL TPI LOS ADOPTA COMO VINCULANTES Y
        DETERMINANTES EN SU ADJUDICACIÓN DEL DERECHO
        PARA LAS PARTES EN LITIGIO.

        SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: RESOLVER QUE
        UN CONTRATO FUE SUSCRITO ENTRE LAS PARTES
        RESULTANDO EN UNA NOVACIÓN QUE EXTINGUIÓ LA

29 Id., en las págs. 375 – 390.
30 Id., en la pág. 385.
31 Id., en la pág. 389.
32 Id., en las págs. 389 – 390.
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       OBLIGACIÓN PRIMITIVA ACORDADA ENTRE LAS PARTES.

       TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ INSTANCIA AL
       INTERPRETAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL CONTRATO
       DE CESIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DE PROPIEDAD
       INMUEBLE, CONTRATO QUE GOZA DE TEXTO CLARO Y
       LIBRE DE AMBIGÜEDADES.

       CUATRO SEÑALAMIENTO DE ERROR: MANIFESTAR UNA
       SERIA    Y   PREOCUPANTE    PASIÓN,  PERJUICIO,  Y
       PARCIALIDAD,    CONTRA   LA   PARTE   DEMANDANTE,
       REACCIONADO MOLESTO ANTE UN MERO SEGUIMIENTO DE
       LOS APELANTES PARA QUE SE ATENDIERAN LAS
       MOCIONES DISPOSITIVAS LUEGO DE TRANSCURRIR CASI
       SIETE (7) MESES DESDE QUE QUEDARAN SOMETIDAS LAS
       MISMAS, Y ESTAR ANTE UN CASO DE DAÑO ACUMULATIVO
       POR EL MERO PASAR DEL TIEMPO, DICTANDO APENAS
       PASADOS ONCE (11) DÍAS DE SU ADVERSA REACCIÓN AL
       SEGUIMIENTO,      UNA    SENTENCIA     TOTALMENTE
       DESPRENDIDA Y AJENA A LOS HECHOS MATERIALES
       INCONTROVERTIDOS DEL CASO, Y EN UNA APLICACIÓN
       ERRADA DEL DERECHO, Y NO CONFORME CON TODO LO
       ANTERIOR,     DICTAR   OTRA    SENTENCIA   PARCIAL
       ENMENDANDO LA ANTERIOR SIN DAR OPORTUNIDAD
       ALGUNA A LA PARTE AQUÍ APELANTE DE PRONUNCIARSE
       SOBRE LA SOLICITUD DE LA PARTE APELADA QUE DABA
       LUGAR A LA ENMIENDA DE LA SENTENCIA PARCIAL.

       El 31 de julio de 2023, Dr. José Antonio Bermúdez Segarra,

por sí y en representación de su hijo menor de edad J.L.M.L., el

Sr. José Antonio Bermúdez Landa y la Srta. Paulina María

Bermúdez Landa comparecieron mediante el escrito Oposición a la

Apelación.

       Habiendo comparecido las partes, damos por sometido el

asunto.

                                     -II-

       Examinado el tracto procesal, pasemos ahora a exponer el

derecho aplicable.

                                     -A-

      En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.33 A tal

efecto, la Regla 36 de las de Procedimiento Civil dispone el proceso

33 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).
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mediante el cual cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal

que dicte sentencia sumaria a su favor.34 De esta forma, cuando

cualquier parte le solicite al tribunal que el pleito sea resuelto por la

vía sumaria, deberá demostrar en su solicitud, “la inexistencia de

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para

que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la

totalidad o cualquier parte de la reclamación”.35

         Los hechos esenciales y pertinentes a los que se refieren las

Reglas de Procedimiento Civil son los que se conocen como “hechos

materiales”.36 Al respecto, un hecho material es aquel que puede

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es

siempre real o sustancial o genuina. La controversia debe ser de una

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima

a través de un juicio plenario.37

         Ahora bien, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, detalla el

procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar

que se dicte una sentencia sumaria a su favor.38 A esos efectos, la

mencionada regla establece que una solicitud al amparo de ésta

deberá incluir: (1) una exposición breve de las alegaciones de las

partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de

acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la

sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba

34 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 36.
35 32 LPRA Ap. V., R. 36.1 y 36.2.
36 Id.
37 32 LPRA Ap. V., R. 36.1.; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214
(2010).
38 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.
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admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se

encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales

debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable; y

(6) el remedio que debe ser concedido.39

         Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que

el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte

sentencia sumaria a su favor.

         Es decir, el hecho de que una parte solicite sentencia sumaria

no implica que la misma debe ser resuelta a su favor. Esto es así

porque la sentencia sumaria puede dictarse a favor o en contra del

promovente, según proceda en derecho.40

         El criterio rector al momento de considerar la procedencia de

un dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos

esenciales y pertinentes, según alegados por las partes en sus

respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que sólo reste aplicar el

Derecho.41

         Es   por   ello   que,   una    moción      de   sentencia      sumaria

adecuadamente presentada solo puede negarse si la parte que se

opone a ella presenta hechos fundamentados que puedan mover a

un juez a resolver a su favor.42 Si el juez se convence de que no

existe una posibilidad razonable de que escuchar lo que lee no podrá

conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe dictar sentencia

sumaria.43

39 Id.; Pérez Vargas v. Office Depot / Office Max, Inc., 203 DPR 687, 698 (2019).
40 Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 941.
41 Id.
42 Id.
43 Id.
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         Quiere decir que, en ausencia de una controversia de hechos

materiales discernible, corresponderá a los tribunales aplicar el

Derecho y resolver conforme al mismo.44 En cambio, el TPI no deberá

dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho

material; y (4) como cuestión de derecho no procede.45

                                       -B-

         El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,      salvo     cuando      estén     presentes     circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto.46

         La citada norma de deferencia también es aplicable a las

decisiones discrecionales de los tribunales de instancia. En cuanto

a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo siguiente:

         No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el
         ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas
         situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con
         prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de
         discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación
         de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 47

         Lo importante al momento de ejercer la función revisora es

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello,

no constituye una tarea fácil.48

         Por lo tanto, para realizarla adecuadamente nuestro Alto Foro

Judicial indica expresamente que el adecuado ejercicio de discreción

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de

razonabilidad.49

44 Rodríguez García v. UCA, supra.
45 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 – 334 (2004).
46 Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
47 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
48 Id.
49 Id.
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                                       -C-

         El Código Civil de Puerto Rico (1930) es claro en materia de

contratos.50 Dicho cuerpo legal establece que el contrato existe desde

que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio. 51 El Código Civil

de 1930 dispone que los contratos se perfeccionan por el mero

consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de

lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias

que según su naturaleza sean conforme a la buena fe, al uso y a la

ley.52

         Asimismo, la figura de la novación estaba codificada en el

Código Civil (1930), y es una de las maneras en las que se extinguen

las obligaciones,53 aunque puede tener solamente el efecto de

modificar la obligación sin extinguirla. Ahora bien, existe la novación

extintiva y la novación modificativa. Referente a estas modalidades,

nuestro Alto Foro Judicial, esbozó que:

         La novación extintiva se configura cuando las partes lo
         declaran en forma terminante o cuando la intención de
         novar se deriva de la incompatibilidad absoluta entre la
         obligación original y la nueva. De otra parte, se concreta
         la novación modificativa de una obligación cuando no
         exista la intención de extinguir una obligación y sustituirla
         por otra, o cuando medie compatibilidad entre la
         obligación original y la nueva.54

         Para poder determinar la delimitación entre la novación

extintiva y la modificativa, se importante buscar el animus novandi

o la voluntad de las partes al momento de alterar una obligación.55

“El animus novandi es un elemento indispensable al momento de

estudiar la novación extintiva.”56 Según el Art. 1158 del Código Civil,

50 Al presente caso le aplican las disposiciones legales del Código Civil de Puerto

Rico (1930).
51 Art. 1206 del Código Civil (1930), 31 LPRA ant. sec. 3371.
52 Art. 1210 del Código Civil (1930), 31 LPRA ant. sec. 3375. Énfasis suplido.
53 Las obligaciones se extinguen: Por el pago o cumplimiento; por la pérdida de la

cosa debida; Por la condonación de la deuda; Por la confusión de los derechos de
acreedor y deudor; Por la compensación; Por la novación. Art. 1110 del Código Civil
(1930), 31 LPRA ant. sec. 3151.
54 PDCM Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 725 (2008).
55 Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 244 (2007).
56 PDCM Assoc. v. Najul Bez, supra, a la pág. 726.
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existe una presunción de novar cuando existe total incompatibilidad

entre dos obligaciones.57 Por lo que, al existir una incompatibilidad

entre la obligación original y la nueva obligación, produce la

extinción de la primera.58

         Por otro lado, la novación modificativa no precisa el animus

novandi para alterar una obligación.59 Esta vertiente se configura

cuando falta la voluntad expresa de las partes, o cuando existe es

una      compatibilidad      entre   las   obligaciones    pactadas.60      Esta

vertiente, exige hallar un ánimo de cambio, por lo que es necesario

interpretar la voluntad de las partes y las circunstancias de cada

caso.61 Según nuestro Tribunal Supremo, ejemplos de novación

modificativa     son       cuando    se    confieren   prórrogas       o   plazos

fraccionados, o cuando existe un cambio en la duración del término

de un contrato.62

                                      -III-

         En primer orden, al estar en la misma posición que el TPI,

para atender una solicitud de sentencia sumaria, procedemos a

resolverla. Antes, adoptamos por referencia las quince (15)

determinaciones de hechos incontrovertidos enmendados que

esbozó el foro primario en la Sentencia Parcial Enmendada, por

entender que están sustentados por la prueba que se acompañó.

Como foro apelativo, nos compete determinar si las partes

cumplieron con los requisitos que impone la referida Regla 36 de

Procedimiento Civil.63 Un análisis de los documentos sometidos nos

lleva a concluir que ambas partes cumplieron con todos los trámites

procesales correspondientes a la solicitud de sentencia sumaria.

57 31 LPRA ant. sec. 3242.
58 Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra, en la págs. 244 - 245.
59 Id.
60 PDCM Assoc. v. Najul Bez, supra, a la pág. 726.
61 Id.
62 Id.
63 32 LPRA Ap. V, R. 36.
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      Tanto la parte apelante como la parte apelada cumplieron con

enumerar los hechos esenciales y pertinentes, y sostener sus

alegaciones con prueba admisible en evidencia. Además, cada parte

refutó las alegaciones de la parte contraria, en sus respectivos

escritos.

      En segundo orden, el recurso epígrafe señala la comisión de

cuatro (4) errores por parte del TPI, que discutiremos en conjunto

por estar estrechamente relacionados. La parte apelante plantea que

las determinaciones de hechos no controvertidos realizados por el

TPI se basaron en dos (2) contratos que no fueron suscritos por las

partes. No obstante, al examinar dichos contratos y las acciones de

ambas partes notamos que no tiene razón.

      Como bien determinó el TPI, el Contrato de Cesión suscrito el

7 de diciembre de 2017, creó una promesa bilateral de compraventa.

En específico, en la cláusula sexta se expresó:

            SEXTA: Durante los seis meses siguientes a este
            contrato, el Cesionario hará esfuerzos continuos y
            razonables para que no más tarde del 31 de julio de
            2018, se logre perfeccionar la compraventa del
            inmueble y quede de esa forma liberado el Concedente
            de sus obligaciones como deudor hipotecario del
            inmueble. Si alcanzada la fecha del 31 de julio de 2018
            aun la compraventa no ha quedado completada por
            otras razones que no sean atribuibles a la perfección del
            título que le corresponde realizar al Cesionista para
            hacer viable la transmisión del indicado título, el
            Cesionario asume la total obligación de pagar el importe
            de la mensualidad hipotecaria al BPPR hasta su fecha
            de vencimiento, la que incluye principal, interés,
            recargos, penalidades, seguros y contribución
            territorial, y además, pagará el importe total de la cuota
            y derramas impuestas por la asociación de residentes
            de Laderas de San Juan, cuya realización de pagos
            validará el Cesionario haberlos hecho al Cesionista.
            [sic].

      Este acuerdo fue modificado cuando ambas partes pactaron

vender el inmueble a un tercero y dividir en partes iguales el

producto de la compraventa. En lo pertinente, las determinaciones

de hechos incontrovertidas # 8 y #14 establecen:

      8. El 22 de enero de 2022, De La Cruz y Bermúdez Segarra
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      firmaron un documento titulado Acuerdo de distribución de
      fondos. En este, ambos acordaron dividir en partes iguales el
      producto neto que resultara de la venta de la residencia
      ubicada en la Urb. Laderas de San Juan.
                              [. . . .]
      14. El 26 de febrero de 2022 Bermúdez Segarra por sí y sus
      hijos suscribieron un contrato titulado Contrato de opción de
      compra con Rafel Torres y Kennida Margarita Fernández. Este
      contrato establecía $700,000.00 como precio de venta de la
      residencia ubicada en la Urb. Laderas de San Juan y que es
      Propiedad de Bermúdez Segarra y de sus hijos. [. . . .].

      Pese a que, la parte apelante señala que las determinaciones

de hecho #8 y #14 no son correctas, lo cierto es que dicha parte no

ha provisto evidencia alguna que refute esos hechos. Nótese, que en

un principio ambas partes tenían un primer acuerdo de cesión de

uso y aprovechamiento del inmueble en el cual el Lcdo. De La Cruz

iba a comprar el inmueble, sin embargo, dicho acuerdo quedó sin

efecto cuando ambas partes acordaron conseguir una tercera

persona que comprara la propiedad y dividir las ganancias entre el

Dr. Bermúdez Segarra y el Lcdo. De La Cruz en partes iguales. No

cabe duda, que ese segundo acuerdo cambió las obligaciones

pactadas en el primer acuerdo. Razón por la cual, efectivamente el

primer contrato quedó invalidado por ser incompatible con el

segundo. Nada en el expediente demuestra el TPI haya actuado

pasión, prejuicio y parcialidad. Los errores señalados no se

cometieron.

      En virtud de lo anterior, ante la ausencia de prueba de que el

TPI actuara con prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no

intervendremos con la sentencia recurrida, ni con la deferencia que

a esos efectos se le debe al foro recurrido.

                                  -IV-
      Por los fundamentos antes expuesto, confirmamos el

Sentencia Parcial Enmendada apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones