Court Opinion

ID: 9941370
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:29:05.363139+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:34.568679
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

  ROLANDO G. ABREU                                Apelación
     RODRÍGUEZ                                    procedente del
                                                  Tribunal de
          Apelado                                 Primera Instancia,
                                                  Sala de San Juan
              v.
                                KLAN202300827     Sobre:
NOCHE DE ESTRELLAS,                               Ejecución de
INC.; JOSÉ MELÉNDEZ                               Hipoteca
      FRAGUADA
                                                  Caso Número:
         Apelantes                                K CD2012-2817

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

      Los apelantes, Noche de Estrellas, Inc., y el señor José

Meléndez Fraguada, comparecen ante nos y solicitan nuestra

intervención para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 19 de diciembre

de 2022, notificada el 21 de diciembre de 2022. Mediante la misma,

el foro primario adoptó en su totalidad el Informe Final Enmendado

presentado por la Comisionada Especial, y dictó sentencia sumaria

a favor del apelado, señor Rolando G. Abreu Rodríguez.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                       I

      El 29 de noviembre de 2012, el apelado presentó la demanda

de epígrafe. En esencia, arguyó ser el tenedor de un pagaré

hipotecario al portador, por la suma principal de $350,000.00,

suscrito el 19 de noviembre de 2007 por los aquí apelantes.

Conforme indicó, en igual fecha, y mediante el instrumento público

correspondiente, los apelantes garantizaron el cumplimiento de la

Número Identificador
SEN2024 ________________
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referida obligación constituyendo una hipoteca sobre dos unidades

de apartamentos sitos en el Condominio Rocha del municipio de San

Juan. (“Inmueble Núm. 1”, e “Inmueble Núm. 2”). En este contexto

particular, el apelado indicó que, conforme pactado, el Inmueble

Núm. 1 respondía por la suma de $225,000.00, y el Inmueble Núm.

2, por la cantidad de $125,000.00, ello con relación a la obligación

garantizada. Destacamos que los referidos inmuebles fueron el

objeto de un contrato de compraventa suscrito entre los apelantes y

la causante del apelado.

      En el pliego, el apelado afirmó que, desde el 1 de enero de

2012, los apelantes incumplieron con la obligación de pago

correspondiente.         Específicamente,   sostuvo    que    la   deuda

acumulada ascendía a un total de $407,197.99. Así, al amparo de

sus alegaciones, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que les

ordenara   satisfacer,    de   manera   solidaria,    la   acreencia   en

controversia y, en su defecto, que proveyera para la ejecución de la

garantía hipotecaria suscrita.

      El 18 de octubre de 2016, la apelante Noche de Estrellas, Inc.,

presentó Contestación a Demanda y Reconvención. En lo pertinente,

negó las alegaciones de deuda en su contra al sostener que los

negocios jurídicos en litigio eran inválidos. Al respecto, indicó que el

pagaré en controversia, el cual admitió haber firmado, debía

evidenciar una suma de $300,000.00 por concepto de la obligación

pertinente, toda vez que, al momento de pactarse la compraventa de

los apartamentos en disputa, así como el financiamiento aplicable,

entregó un adelanto de $50,000.00. A tenor con ello, expuso que los

documentos notariales acreditativos de las obligaciones entre las

partes, quedaron pendientes corrección, toda vez que, conforme

afirmó, se acordó descontar del precio total de venta el pronto antes

aludido, de modo que la escritura de compraventa, la de hipoteca, y

el pagaré hipotecario, reflejaran un principal de $300,000.00. Sobre
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dicho particular, indicó que, el 19 de noviembre de 2007, las partes

acordaron enmendar el contenido de los instrumentos públicos, a

fin de que se ajustara a los términos antes indicados. Sin embargo,

sostuvo que ello no se llevó a cabo y que los documentos originales

no se suscribieron de conformidad con las exigencias legales.

      Por su parte, en cuanto a sus argumentos de reconvención, la

apelante Noche de Estrellas, Inc., expuso que las unidades objeto de

compraventa presentaban un severo problema de filtraciones que no

le fue advertido. Así, solicitó que se impusiera al apelado la

obligación de satisfacerle una cantidad de $50,000.00 por concepto

de la pérdida de la propiedad, así como una cantidad igual por los

daños resultantes. Luego de evaluada la reconvención antes

descrita, mediante Resolución notificada el 1 de noviembre de 2016,

el Tribunal de Primera Instancia no autorizó la misma, bajo el

fundamento de que no surgía del acto o evento que motivó la

demanda de epígrafe.

      Así las cosas, el 25 de agosto de 2017, el apelado presentó

Demanda Enmendada. En lo pertinente, modificó la cantidad de la

deuda reclamada, ello al aducir que la misma ascendía a

$522,177.33. En respuesta, la apelante Noche de Estrellas, Inc.

presentó su Contestación Enmendada y Reconvención.              Tras

reproducir sus previos argumentos, reiteró haber suscrito el pagaré

hipotecario en controversia, mas no así la escritura de hipoteca. Por

igual, nuevamente expuso los términos de su reconvención tal cual

aducidos en la alegación responsivas original.

      Acontecidas ciertas incidencias, el 21 de agosto de 2017, el

tribunal celebró una vista. De la Minuta correspondiente surge que

se estableció la inexistencia de controversia alguna en cuanto a que

la entidad compareciente, por conducto de su representante, el

apelante Meléndez Fraguada, suscribió el pagaré hipotecario objeto

de litigio. No obstante, se hizo constar que este negó reconocer su
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firma tanto en la escritura de compraventa como en la de

constitución de hipoteca. A su vez, de acuerdo con lo expuesto en

la Minuta, el representante legal del apelado reconoció que, en

efecto, los apelantes efectuaron un pago de $50,000.00 por concepto

de adelanto del precio pactado. Ahora bien, el tribunal hizo constar

que existía controversia en cuanto a si el antedicho pronto se aplicó

a un precio de $400,000.00 o a uno de $350,000.00.

      El 24 de abril de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió

una Resolución por la cual designó a la licenciada Haydée Pagani

Padró como Comisionada Especial a cargo de entender en la disputa

entre las partes, ello de conformidad con las disposiciones de la

Regla 41 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 41.

      Por su parte, luego de ciertas incidencias procesales, el 31 de

agosto de 2018, los aquí apelantes, de manera conjunta,

presentaron   una    Contestación   Enmendada      a   la   Demanda

Enmendada. En síntesis, nuevamente plantearon que nunca se

suscribieron, ni la escritura de constitución de hipoteca, ni la de

compraventa. Al respecto, una vez más expusieron el argumento

relativo a que no se efectuó la corrección en cuanto a la cantidad a

financiarse, a saber, $300,000.00, ello en consideración al abono de

$50,000.00 al precio de venta alegadamente pactado.

      A su vez, en su alegación responsiva, los apelantes

reprodujeron sus planteamientos sobre vicios ocultos en las

propiedades objeto de negocio entre las partes.        Los apelantes

acompañaron su pliego con copia de una declaración jurada

suscrita por la señora Nancy Arias Gómez. Conforme surge, la

señora Arias Gómez dio fe de haber presenciado el acto por el cual

los apelantes hicieron entrega del pronto de $50,000.00, así como

del momento en el que el representante legal del apelado se obligó a

enmendar los documentos acreditativos del negocio en controversia.
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       En lo concerniente, el 18 de septiembre de 2018, el tribunal

primario celebró otra vista en el caso. Del contenido de la Minuta

correspondiente según suscrita el 2 de octubre de dicho año, se

desprende, entre otros asuntos, que los apelantes expresamente

renunciaron a la presentación del perito calígrafo previamente

anunciado durante el curso de los procedimientos.

       En curso los procedimientos del caso, el 7 de noviembre de

2018, se celebró una vista. De la Minuta correspondiente, según

suscrita el 21 de noviembre de 2018, surge que los aquí apelantes

estipularon que dejaron de pagar la deuda objeto de litigio desde el

1 de enero de 2012.

       Tras ciertos trámites y concerniente a lo que nos ocupa, el 22

de abril de 2019, los apelantes presentaron a la consideración del

tribunal primario un documento intitulado Moción Informando

Indisponibilidad de Testigo Nancy Arias Gómez. Específicamente,

indicaron que, por razones de salud, esta no habría de poder viajar

a Puerto Rico para testificar en el caso. Posteriormente, el 14 de

enero de 2020, los apelantes, mediante moción a los efectos,

notificaron que no habrían de tomarle deposición a la señora Arias

Gómez.

       El 3 de marzo de 2020, el apelado presentó una Solicitud de

Sentencia Sumaria. 1 En particular, expuso que el 19 de noviembre

de 2007, la apelante Noches de Estrellas, Inc., por conducto de su

representante, el apelante Meléndez Fraguada, adquirió de su

causante, la señora Helia Rodríguez Roche, los dos apartamentos

1
 El apelado acompañó su solicitud con la siguiente prueba documental: Escritura
sobre Compraventa; cheque emitido a favor de la señora Rodríguez, por la cantidad
de $50,000; Escritura de Constitución de Hipoteca en Garantía de Pagaré; Pagaré
Hipotecario; Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, por
medio de la cual se declara al apelado único y universal heredero de la señora
Rodríguez; documento intitulado Primer Requerimiento de Admisiones;
Contestaciones a Primer Requerimiento de Admisiones; documento intitulado
Pliego de Interrogatorios y Producción de Documentos; Contestación a
Interrogatorio; Documento intitulado Segundo Pliego de Requerimiento de
Admisiones y Producción de Documentos; Contestación Segundo Requerimiento de
Admisiones.
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sitos en el Condominio Roche.      Contrario a lo aducido por los

apelantes, el apelado afirmó que la referida transacción se efectuó

por un precio total de $400,00.00 al cual se le restó el adelanto de

$50,000.00 que los apelantes entregaron, restando así la suma de

$350,000.00 objeto de financiamiento. Añadió que, conforme lo

pactado, las partes convinieron que los apelantes amortizarían la

referida cantidad a razón de un pago mensual de $2,098.43. De

acuerdo con el apelado, el apelante Meléndez Fraguada, en

representación de la entidad de epígrafe, otorgó, tanto la escritura

de compraventa como la de constitución de hipoteca, ello en

garantía del pagaré que, según estipulado, también fue debidamente

suscrito. Igualmente, el apelado afirmó que el apelante Meléndez

Fraguada expresamente se constituyó en deudor solidario de la

obligación en disputa.

      En su pliego, el apelado expuso que no existía controversia de

hechos en cuanto a los verdaderos términos de la compraventa e

hipoteca según lo antes expuesto. A su vez, sostuvo que no había

disputa en cuanto a la efectiva firma de los instrumentos públicos

pertinentes, ni sobre el pago de un adelanto de $50,000.00, así

como, tampoco, sobre el hecho de que, después de dicho depósito,

el balance de la deuda a su favor resultó en $350,000.00.

Igualmente, el apelado se reafirmó en que eran hechos admitidos y

establecidos el que los apelantes tomaron posesión de ambos

inmuebles una vez perfeccionada la compraventa, que rentaron los

mismos obteniendo ganancias de ello, y que dejaron de pagar la

mensualidad correspondiente a la amortización de la deuda. Así, y

tras aducir que, al 31 de enero de 2020, la misma ascendía

$533,393.05, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara

sentencia sumaria a su favor y ordenara a los apelantes satisfacer

el importe al descubierto.
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      Más tarde, y luego de acontecidos múltiples trámites

procesales, el 13 de agosto de 2020, el apelado nuevamente

compareció ante el tribunal competente mediante Moción Solicitando

se Dicte Sentencia y Solicitud de Embargo Preventivo. En síntesis,

argumentó que los apelantes incumplieron con el plazo provisto por

el ordenamiento procesal civil para oponerse a su Solicitud de

Sentencia Sumaria. De este modo, solicitó que, ante ello, se diera por

sometida su petición en los términos requeridos o, en su defecto, se

emitiera una orden de embargo preventivo en aseguramiento de

sentencia sobre las rentas provenientes del arrendamiento de las

propiedades en disputa.

      Así las cosas, y tras ciertas incidencias, entre ellas, la

autorización de una nueva representación legal para los apelantes,

el 8 de octubre de 2020, la Comisionada Especial designada al caso

emitió una Orden y extendió un plazo de diez (10) días a los

apelantes para presentar sus argumentos en oposición a la petición

del apelado. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2020, este

presentó una Moción Urgente al Tribunal por la cual denunció que,

a dicha fecha, los apelantes no habían presentado su escrito en

oposición a su moción de sentencia sumaria. Así pues, se reiteró en

que procedía declararse con lugar la misma, ello de conformidad con

su súplica.

      El 1 de diciembre de 2020, la Comisionada Especial emitió

una Resolución. Mediante la misma, expresó que había transcurrido

el plazo de diez (10) días extendido a los apelantes para que

presentaran su escrito en oposición a la Solicitud de Sentencia

Sumaria pendiente de adjudicación.       Toda vez ello, declaró Con

Lugar la demanda de epígrafe, ello, según lo expuesto en el referido

pliego. En igual fecha, la Comisionada Especial sometió su Informe

Final. De conformidad con el mismo, dispuso que era un hecho

incontrovertido el efectivo incumplimiento de pago imputado a los
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apelantes, así como, también, que la obligación de compraventa en

controversia se pactó por un precio total de $400,000.00, monto al

que se le descontó el adelanto de $50,000.00 por estos efectuado.

Según lo consignado por la Comisionada Especial en el Informe, la

prueba sometida a su haber estableció que, respecto al sobrante de

$350,000.00, los apelantes suscribieron un pagaré hipotecario, que

garantizaron mediante la constitución de una hipoteca sobre los

inmuebles objeto del negocio jurídico. Sobre ello, la funcionaria

expuso que no existía disputa en cuanto a que el apelante Meléndez

Fraguada, en representación de la entidad compareciente, suscribió

las escrituras correspondientes, estampando sus iniciales en todos

los folios y constituyéndose en deudor solidario de la obligación. Al

respecto, la Comisionada afirmó haber inspeccionado los referidos

instrumentos públicos y haber constatado la efectiva participación

del apelante Meléndez Fraguada en los mismos, ello en una vista

ocular llevada a cabo en la oficina del notario autorizante en la que

las partes estuvieron presentes. A su vez, la Comisionada Especial

hizo constar que, según establecido, los apelantes, sin objeción

alguna, amortizaron la deuda pendiente mediante el pago mensual

de $2,098.43, ello desde el 1 de enero de 2008, al 1 de diciembre de

2011, fecha desde la cual dejaron de cumplir su obligación. De este

modo, y tras reiterar que las múltiples gestiones extrajudiciales de

cobro del apelado resultaron infructuosas, así como que los

apelantes no se acogieron al plan de pago que este les extendió,

sostuvo que procedía ordenarse el pago de $522,177.33, ello de

manera solidaria, y, en su defecto, que se proveyera para la venta

pública de los inmuebles hipotecados.

      Ese mismo 1 de diciembre de 2020, los apelantes presentaron

un escrito intitulado Moción en Oposición a Moción Urgente al

Tribunal, Solicitud de Notificación de Escritos y/u Órdenes y Solicitud
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de Prórroga.2     En respuesta, el apelado presentó su escrito de

réplica, aludiendo al incumplimiento de los apelantes con las

órdenes del tribunal y de la Comisionada Especial. Así, y tras

afirmar que las causas expuestas por los apelantes para justificar

sus incumplimientos no gozaban de suficiencia, peticionó que se

sostuviera la determinación emitida a su favor.

       El 30 de diciembre de 2020, los apelantes presentaron su

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte

Demandante.3 En esencia, adujeron que no procedía que se dictara

sentencia sumaria en su contra, por existir una genuina

controversia sobre la validez de la escritura de compraventa de los

apartamentos y sobre de constitución de la hipoteca. Al respecto,

afirmaron que los instrumentos públicos pertinentes no habían sido

debidamente suscritos, hecho que impedía la exigibilidad de

obligación alguna. A su vez, sostuvieron que también había disputa

en cuanto al precio de venta pactado por las unidades. Sobre dicho

particular, insistieron en que, contrario a lo aducido por el apelado,

ello en cuanto a que la venta se perfeccionó por $400,000.00, el

precio total convenido fue de $350,000.00. Siendo tal su alegación,

nuevamente afirmaron que, al aplicarse el pronto de $50,000.00, la

cantidad objeto de financiamiento era de $300,000.00, suma que

debió haberse hecho constar en los documentos acreditativos de la

garantía hipotecaria en cuestión.

       En el pliego, los apelantes admitieron que, a pesar de que, a

su juicio, los documentos relativos al negocio entre las partes

consignaban información errónea sobre el precio de venta,

suscribieron el pagaré hipotecario. No obstante, se reafirmaron en

2  Los detalles de lo aludido en el pliego no los tenemos, porque el referido
documento no fue presentado antes nos en el apéndice.
3
  Los apelantes acompañaron su petitorio con la siguiente prueba documental:
Declaración Jurada suscrita por el señor José Meléndez Fraguada; documento
intitulado Resolución Corporativa; Declaración Jurada suscrita por la señora
Nancy Arias Gómez; Declaración Jurada suscrita por la señora Wanda M.
Meléndez Fraguada.
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que, aunque iniciaron la escritura de hipoteca, ninguno de los otros

instrumentos fue formalmente suscrito, ello en espera de que fueran

enmendados. De este modo, y tras aducir que también existía

controversia sobre los alegados defectos de las unidades objeto de

venta, solicitaron que se denegara la solicitud de sentencia sumaria

promovida por el apelado.

      El 15 de enero de 2021, el apelado replicó a los argumentos

en oposición que, respecto a su Solicitud de Sentencia Sumaria, los

apelantes expusieron.   Específicamente, indicó que, lejos de que

existiera controversia alguna en los términos por estos expuestos, la

prueba acreditaba la eficacia de su reclamo. En particular, impugnó

parte de la prueba documental que los apelantes anejaron a su

pliego. Al respecto, además de señalar la presentación tardía del

mismo, expresó que las declaraciones juradas con las cuales los

apelantes acompañaron su oposición debían tenerse por no

presentadas. Al abundar, indicó que, para el 8 de agosto de 2019,

se celebró una vista en la que se aprobó el Informe de Conferencia

con Antelación al Juicio y se determinó la prueba a presentarse.

Añadió que ni la declaración jurada suscrita por el apelante

Meléndez Fraguada, ni aquella suscrita por su hermana, la señora

Wanda Meléndez Fraguada, fueron anunciadas como parte de la

prueba documental de la parte demandada. En cuanto a la señora

Meléndez Fraguada, especificó que nunca fue anunciada como

testigo de ninguna de las partes, hecho que también impedía la

consideración de su testimonio. A ello, el apelado añadió que

tampoco podía considerarse lo declarado por la señora Arias Gómez,

toda vez que, mediante moción a los efectos, los apelantes

informaron que no fungiría como testigo a favor de su teoría.

      En su moción, el apelado también expresó que las alegaciones

de los apelantes sobre la validez de las escrituras de compraventa e

hipoteca carecían de apoyo y contradecían su conducta.            En
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particular, indicó que, pese a que tal era su argumento, estos

mantenían el uso y disfrute de las propiedades y, por varios años

consecutivos, amortizaron la deuda hipotecaria en controversia.

Añadió, por igual, que a pesar de que los apelantes habían

anunciado su intención de utilizar un perito calígrafo para invalidar

el contenido de las escrituras en disputa, en el año 2018,

expresamente renunciaron a utilizarlo. Con relación a ello, el

apelante destacó que, durante la vista ocular celebrada el 12 de

junio de 2018 en la oficina del notario autorizante de los

instrumentos públicos en cuestión, se dispuso que los mismos

gozaban de “la presunción de certeza que les brinda la fe pública

notarial”.4

        El apelado afirmó que los argumentos de los apelantes

constituían enmiendas tardías a las alegaciones y no expuestas en

su contestación a la demanda enmendada. A su vez, expresó que,

mientras      estos   exponían   dichos   planteamientos   durante   la

tramitación del caso, continuaban enriqueciéndose de las ganancias

provenientes de los negocios con los apartamentos, todos sin pagar

la deuda por la adquisición de los mismos. Así, y tras sostener que

no existía controversia alguna en cuanto a la validez de la obligación

y la exigibilidad de la deuda reclamada, ello a cargo de los apelantes,

el apelado solicitó que se sostuviera la determinación de declarar

Con Lugar su moción de sentencia sumaria.

      Tras varias incidencias no pertinentes a la controversia que

nos ocupa, el 15 de septiembre de 2021, la Comisionada Especial

presentó un Informe Final Enmendado. En esencia, incorporó al

mismo la totalidad de las impresiones que consignó en su previo

Informe, y expresamente indicó que no existía impedimento alguno

para dictar sentencia sumaria a favor del apelado. De acuerdo con

4 Véase: Apéndice, Moción en Oposición de Sentencia Sumaria de la Parte
Demandada, pág. 209.
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la funcionaria, los apelantes válidamente asumieron la obligación en

disputa,   suscribiendo   las   escrituras    públicas   pertinentes,

consintiendo    a   los   términos   del     pagaré   hipotecario    y

constituyéndose en deudores solidarios frente a la causante del

apelado. Destacó, por igual, que los apelantes estuvieron haciendo

pagos, sin objeción alguna, desde el año 2008 al 2011 y que, en

momento alguno, impugnaron el principal adeudado según

reclamado.     De este modo, y luego de expresar que la prueba

documental con la que los apelantes acompañaron su escrito sobre

oposición no era suficiente para derrotar los hechos establecidos por

el apelado, la Comisionada Especial concluyó que procedía dictarse

sentencia sumaria decretando el incumplimiento de los apelantes y

el derecho del apelado de recobrar lo adeudado.

      El 21 de diciembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia,

notificó la Sentencia que nos ocupa. Mediante la misma, adoptó en

su totalidad el Informe Final Enmendado. En consecuencia, dictó

sentencia sumaria a favor del apelado.

      Inconforme, y luego de denegada una previa solicitud de

reconsideración, el 18 de septiembre de 2023, los apelantes

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación.

En el mismo, formulan los siguientes señalamientos:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      considerar la solicitud de sentencia sumaria del apelado
      pasado el término dispuesto por nuestras Reglas de
      Procedimiento Civil para presentar dicha moción
      dispositiva.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      declarar Ha Lugar la sentencia sumaria radicada por la
      parte    apelada    cuando     existen   controversias
      sustanciales de hechos esenciales y pertinentes sobre
      la validez de las escrituras de compraventa y
      constitución de hipoteca.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      acoger un Informe que llega a unas conclusiones sin
      darle un debido proceso de ley a la parte apelante.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
      permitir que la parte apelante presentara un perito
KLAN202300827                                                        13

      calígrafo después de haberse suspendido la vista en su
      fondo señalada para el 20, 22 y 23 de agosto de 2019 y
      no haberse reseñalado dicha vista.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
      permitir que la parte apelante presentara un testigo que
      había sido previamente renunciado por la parte
      apelante, porque la fecha del juicio en su fondo
      coincidía con la fecha en que dicho testigo sería
      sometido a una operación de cáncer cuando se
      suspendió la vista en su fondo pautada para el 20, 22 y
      23 de agosto de 2019 y no se ha reseñalado dicha vista.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a esbozar el marco procesal aplicable a la presente

causa.

                                  II

                                  A

      La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1, permite a una parte que solicite un remedio presentar una

moción para que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la

totalidad o cualquier parte de esta. Así, el tribunal podrá dictar

sentencia sumaria parcial para resolver cualquier controversia que

sea separable de las controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R.

36.3; Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 25 (1986). Este

mecanismo procesal es un remedio de carácter extraordinario y

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos

materiales y esenciales de la causa que trate. Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al, 208 DPR 964, 979 (2022); Rodríguez García v. UCA,

200 DPR 929, 940 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR

664, 676 (2018). Un hecho material es “aquel que puede alterar el

resultado    de   la    reclamación     de   acuerdo     al   derecho

aplicable”. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al, supra, pág. 980. De

este modo, y debido a la ausencia de criterios que indiquen la

existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en
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su fondo. Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y otros, 211 DPR 455, 472 (2023); León

Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); Luan Invest. Corp.

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000).

      La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales y fomenta

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan

nuestro ordenamiento jurídico. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al,

supra, págs. 979-980; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332

(2004).   Por   tanto,   la   sentencia   sumaria permite   la   pronta

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial. Así pues,

esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la

demanda y falte solo disponer de las controversias de derecho

existentes. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 676; Vera

v. Dr. Bravo, supra, pág. 334; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins.

Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).

      En lo pertinente, el ordenamiento jurídico ha reconocido que,

como norma, el uso del mecanismo procesal de la sentencia

sumaria para disponer de algún asunto es limitado cuando, entre

otros, el mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de

intención o de propósitos mentales. Segarra Rivera v. Int’l Shipping

et al, 980, supra. Sin embargo, aun cuando tales aspectos sean

parte de la causa sometida a la consideración del juzgador de

hechos, la doctrina valida la práctica de disponer de la misma por

la vía sumaria cuando, de un examen de las particularidades del

caso, surge que no existe controversia de los hechos materiales del

mismo. Íd; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010).

      Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de
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hechos. Rodríguez García v. UCA, supra; Roig Com. Bank v. Rosario

Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990). Lo anterior responde a que todo

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales

de la reclamación que se atienda. Sucn. Maldonado v. Sucn.

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). Por ese motivo, previo a

utilizar   dicho    mecanismo,       el   tribunal   deberá     analizar    los

documentos que acompañan la correspondiente solicitud junto con

aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros

documentos que obren en el expediente del tribunal.                    Iguales

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de

Primera Instancia emitido sumariamente. Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al, supra, 981-982; Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100, 114 (2015); Vera v. Dr. Bravo, supra, pág.

334.

                                          B

       Por su parte, el Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico,

31 LPRA sec. 3371,5 dispone que existe un contrato desde que dos

o más personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o

a prestar algún servicio.       Lo anterior resulta del principio de la

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un amplio

margen de libertad de acción a los particulares que desean obligarse,

siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la moral y el

orden público.       31 LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. F&R

Contractors, 180 DPR 21, 33 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174

DPR 686, 693 (2008). Las obligaciones derivadas de los contratos

tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con

5 Destacamos que, en la presente determinación, hacemos alusión directa a los

términos del ya derogado Código Civil de 1930, por ser la ley vigente al momento
de acontecido los hechos objeto de adjudicación.
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lo acordado. 31 LPRA sec. 2994. La existencia de un contrato está

sujeta     a   la   necesaria   concurrencia   de   los   requisitos   de

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se

establezca. 31 LPRA sec. 3391; Rosario Rosado v. Pagán Santiago,

196 DPR 180, 186 (2016). Así, una vez perfeccionado, el mismo no

sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a todas sus

consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la ley. 31 LPRA

sec. 3375. Acreditadas dichas condiciones, los contratos rigen la

conducta de todos los involucrados, no importa la forma en que los

mismos se hayan celebrado. 31 LPRA sec. 3451. De este modo,

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de justicia

están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus términos.

De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999); Mercado,

Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997).

         En lo pertinente al contrato de compraventa, este se define

como una relación contractual en la que “uno de los contratantes se

obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un

precio cierto, en dinero o signo que lo represente”. 31 LPRA sec.

3741; Soto v. Rivera, 144 DPR 500, 509 (1997). El contrato de

compraventa existe si concurren los tres (3) siguientes elementos:

consentimiento, la cosa y el precio. Íd, a la página 509. En cuanto

al objeto del referido contrato, ese se entenderá entregado cuando

se coloque en poder y posesión del comprador. 31 LPRA sec. 3811.

En lo relacionado al precio, la parte compradora está obligada a

satisfacer el mismo en el tiempo y lugar fijados en el contrato. 31

LPRA sec. 3871.

         Por su parte, sobre lo que constituye un pagaré hipotecario,

este se concibe como un instrumento negociable, por medio del cual,

se crea “un compromiso escrito de pagar el dinero suscrito por la

persona que se obliga a pagar,” cuya promesa de pago es respaldada

por una garantía real sobre un bien inmueble.” FirstBank v.
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Registradora, 208 DPR 64, 91 (2021). En lo que atañe a este caso,

ante la existencia de un pagaré hipotecario al portador, “tan pronto

como el deudor recibe el importe del préstamo y el acreedor acepta

el pagaré como evidencia de la deuda, la oferta contenida en la

escritura de hipoteca se convierte en un contrato válido y obligatorio

para una y otra parte contratante.” Crespo Rodríguez v. González

González, 208 DPR 557, 579 (2022). De ahí la procedencia de la

obligación de pago correspondiente.

                                 III

      En la presente causa, los apelantes plantean que erró el

Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria a favor

del apelado y, en consecuencia, a ordenarle satisfacer la cantidad

reclamada por concepto de deuda.        En apoyo a su contención,

aducen que el foro primario incidió al acoger la moción de sentencia

sumaria propuesta por el apelado, ello a pesar de que la misma se

presentó fuera del término procesal estatuido y de que, a su juicio,

existían controversias de hechos medulares que impedían el empleo

del referido mecanismo. A su vez, los apelantes impugnan la

determinación apelada, al argüir que no se les permitió la

presentación de un perito calígrafo ni la de una segunda testigo, ello

a fin de establecer sus defensas. Habiendo examinado los referidos

señalamientos a la luz de los hechos establecidos y a la norma

aplicable, confirmamos la sentencia sumaria apelada.

      Un examen del expediente que nos ocupa nos lleva a concluir

que el pronunciamiento que atendemos es uno conforme a derecho

y a la prueba presentada. De los documentos de autos, no surge

controversia alguna de hechos medulares que amerite dirimir el

presente asunto mediante el cauce ordinario de adjudicación. Tras

ejercer nuestras funciones revisoras, coincidimos con que, en el

presente caso, concurren las condiciones procesales propias a la

eficacia   del   mecanismo   adjudicativo   empleado    por   la   sala
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sentenciadora. Igualmente, intimamos que la sentencia apelada

responde a una adecuada interpretación y aplicación del derecho

pertinente a la materia que atendemos, ello respecto a la

adjudicación de un efectivo derecho de cobro.

      En principio, respecto a la alegada falta procesal relativa a la

presentación tardía de la solicitud de sentencia sumaria adjudicada

mediante el dictamen que revisamos, inciden en su raciocinio. Si

bien los términos aplicables al mecanismo están debidamente

prescritos, el ordenamiento procesal vigente, permite que su empleo

quede sujeto a la concurrencia de ciertas instancias procesales

debidamente consideradas por el estado de derecho que permiten

prorrogar los términos, ello en atención, tanto al trámite de la causa

de que trate, como al ejercicio de la discreción que, en las mismas,

le asiste al adjudicador competente. En este contexto, resulta

preciso destacar que la demanda de autos se presentó hace poco

más de diez (10) años. El Tribunal de Primera Instancia tuvo ante sí

un litigio extenso, con pormenores procesales considerables que le

permitieron auscultar la forma más idónea para definir los

respectivos derechos y obligaciones de las partes. Entre ellos, se

hace menester apuntar el incumplimiento de los apelantes con las

reglas aplicables a la oportuna tramitación de la causa. Siendo de

este modo, toda vez que nada en la norma suprime la eficacia de la

gestión adjudicativa empleada en cuanto a entender sobre la

petición del apelado, no podemos sino resolver que ningún error

cometió el foro sentenciador al acoger la Solicitud de Sentencia

Sumaria.

      En cuanto al segundo señalamiento planteado por los

apelantes mediante el cual, en esencia, arguyen, que existen hechos

en controversia que impiden la adjudicación sumaria, tampoco les

asiste la razón. La prueba documental con la cual el apelado

acompañó su Solicitud de Sentencia Sumaria establece la existencia
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de la deuda reclamada y, por consiguiente, la obligación de pago de

los apelantes. Conforme quedó establecido, el pagaré hipotecario en

controversia fue debidamente suscrito por los apelantes, hecho que

no solo surge de los documentos, sino, también de sus admisiones.

Se desprende que la obligación consignada en el referido

instrumento, por un monto de $350,000.00, fue debidamente

asumida por los apelantes.      Con independencia de su alegada

inconformidad, ello por reflejar, un precio de compraventa con el

que, según plantean, no estaban de acuerdo, lo cierto es que los

apelantes válidamente se constituyeron en deudores frente a la

causante del apelado. De hecho, las circunstancias particulares de

la negociación de referencia nos permiten intimar que estos

reconocieron el carácter vinculante de la transacción. Es un hecho

indefectible el que los apelantes efectuaron las mensualidades

correspondientes a la amortización de la deuda resultante del

negocio de compraventa de los inmuebles, todo de manera

ininterrumpida desde el año 2008 hasta el año 2011. Igualmente,

desde perfeccionada la obligación, asumieron la posesión inmediata

de los apartamentos, llevando a cabo los actos de dominio propios a

su condición de titulares y, hasta el presente, beneficiándose de los

mismos. Por tanto, no vemos cómo, ante ello, los apelantes

pretenden soslayar el deber legal que les asiste frente al apelante.

      Por su parte, aun cuando los apelantes sostienen que ni la

escritura de compraventa, ni la de hipoteca, fueron debidamente

suscritas, entendemos que, ante la efectiva firma del apelante

Meléndez Fraguada en el pagaré, lo anterior no obsta para legitimar

el derecho de pago del apelado.     Precisa destacar que la prueba

documental revela que las partes de epígrafe tuvieron la oportunidad

de inspeccionar los aludidos instrumentos públicos en la oficina del

notario que otorgó ambas escrituras.         Según surge, a dicho

momento, los comparecientes coincidieron con que las mismas
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cumplían con las exigencias legales pertinentes en materia de

derecho notarial para sostener su presunción de validez. Por tanto,

en defecto de prueba en contrario, y toda vez que el asunto en

cuestión quedó sujeto a la evidencia sometida a su escrutinio,

estamos impedidos de acoger los argumentos de los apelantes.

       De otra parte, respecto al señalamiento por el cual los

apelantes aducen que acoger el Informe Final Enmendado suscrito

por la Comisionada Especial designada al caso, constituyó un

quehacer judicial lesivo a su debido proceso de ley, toda vez que,

según sostienen, no se celebró una vista en la que pudieran

“expresarse y/o defenderse”.6 No obstante, es nuestro criterio que

erra en su afirmación. El Informe en cuestión expresamente indica

que el mismo es el resultado de la moción dispositiva presentada por

el apelado, ello a fin de proveer para la adjudicación sumaria del

asunto, así como de los pliegos derivados de la misma, incluyendo

el escrito en oposición sometido por los apelantes. En estrictos

términos procesales, la celebración de una vista no resultaba

compatible con el referido quehacer, toda vez que, tanto la

Comisionada Especial, como el tribunal, contaban con la prueba

documental requerida para finiquitar la controversia entre las

partes. Además, huelga destacar que las determinaciones incluidas

en el Informe estaban debidamente sustentadas, hecho que no solo

sostiene la validez de las conclusiones emitidas, sino, también, la

determinación judicial de apoyar la Sentencia emitida en las

mismas. Del mismo modo, apuntamos que, conforme se desprende

de autos, los apelantes fueron notificados de todos los escritos

emitidos por la Comisionada Especial y por el foro sentenciador. A

su vez, se les salvaguardó su derecho a ser oídos y pudieron exponer

sus objeciones a las órdenes emitidas en la tramitación la causa.

6 Véase: Apelación Civil, pág. 18.
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Destaca, en particular, la oportunidad que el foro primario le

concedió para expresarse en torno al Informe Final 7 y al Informe

Final Enmendado.8 Por tanto, entendemos que ninguna afrenta a

sus derechos procesales y sustantivos se cometió.

       Finalmente, en sus últimos dos señalamientos, los apelantes

sostienen que se les debió permitir la presentación de un perito

calígrafo, así como la de una segunda testigo, todo a fin de poder

sustentar su postura. Sin embargo, el expediente que tuvimos a

nuestro haber examinar revela que estos expresamente renunciaron

al   empleo    de    los   referidos    testigos.      Ciertamente,   dicha

determinación, totalmente voluntaria y atribuible a estos, dio paso

a que, el tribunal, en consideración a la avanzada etapa de los

procedimientos y a lo prolongado del litigio de autos, válidamente

impusiera su determinación discrecional de no proveer para lo

requerido.

       El expediente que nos ocupa nos ha permitido constatar que

las determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia

encuentran apoyo legal y fáctico en los documentos presentados.

Así, por no existir controversia de hechos alguna sobre la corrección

de la obligación de pago impuesta a los apelantes que amerite el

cauce ordinario de los procedimientos, sostenemos lo resuelto.

                                       IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones

7 Véase: Apéndice, Orden del 18 de diciembre de 2020, página 213.
8 Véase: Apéndice, Orden del 4 de octubre de 2021, página 271.