Court Opinion

ID: 9408088
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:16:05.406241+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.578161
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL X

    ROBERTO GONZÁLEZ                                        Recurso de Certiorari
     LAGO POR SÍ, Y EN                                      Procedente del
    REPRESENTACIÓN DE                                       Tribunal de Primera
    LA SOCIEDAD LEGAL                                       Instancia, Sala
      DE GANANCIALES                                        Superior de Mayagüez
      COMPUESTA POR
    ROBERTO GONZÁLEZ
    LAGO Y MARÍA IRENE
     PORTELA MORALES                                        Caso Núm.:
                                                            MZ2021CV00959(307)
           Peticionario

                                   KLCE202300475
                 V.
                                                            Sobre:
                                                            Ejecución de Hipoteca,
       ROSA MAXIMINA                                        Propiedad Comercial,
    VARGAS SALES POR SÍ,                                    Cancelación o
    Y EN REPRESENTACIÓN                                     Restitución de Pagaré
    DE LA COMUNIDAD DE                                      Extraviado, Cobro de
        BIENES POST-                                        Dinero-Ordinario
       GANANCIALES; LA
    SUCESIÓN DEL FINADO
    DAVID RELIS ACEVEDO
    CABRERA, COMPUESTA
     POR SU VIUDA ROSA
     MACIMINA VARGAS Y
       ESTEBAN DAVID
      ACEVEBO VARGAS;
    MAYAGÜEZ CEMETERY,
            INC.

            Recurridos
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                  RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

         Comparece ante nos el señor Roberto González Lago (el

peticionario) y solicita que revoquemos Resolución notificada el 28

de marzo de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Mayagüez (TPI).1 En esta, el TPI declaró No Ha Lugar la

Solicitud de Reconsideración2 interpuesta por el peticionario en la

1   Véase apéndice de la parte peticionaria, pp. 252-253.
2   Véase apéndice de la parte peticionaria, pp. 192-204.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300475                                                                  2

cual le solicitaba al foro recurrido que dejara sin efecto cierta

Resolución y Orden3 notificada el 30 de enero de 2023 en la cual se

ordenó a la Lcda. Marilena Román Gandulla presentar una petición

de incapacidad en beneficio de su cliente, el peticionario Roberto

González       Lago.       Ello,   según       se   indica   en   la   impugnada

determinación judicial, en cumplimiento con lo previamente

determinado por otro Tribunal mediante Orden fechada el 12 de

agosto de 2019. Además, en la Resolución y Orden cuya revisión

realmente se nos solicita, se decretó la paralización de los

procedimientos hasta que se determinara la capacidad mental del

peticionario. Considerado el recurso, la oposición al mismo y el

expediente que los acompaña, resolvemos que no intervendremos

con la actuación del foro primario en esta etapa de los

procedimientos.

                                         -I-

         El 1 de agosto de 2001, las partes de epígrafe suscribieron un

Contrato de Compraventa de Acciones, Contrato de Prenda y sobre

Garantía (el contrato) a los fines de que los recurridos obtuvieran

todas las acciones de corporación Mayagüez Cemetery, Inc. por el

precio convenido de $3,900,000.00. En esa misma fecha, los

recurridos otorgaron un pagaré hipotecario por el monto de

$3,600,000.00 y, luego de 20 años de la relación contractual, el

peticionario presentó Demanda el 30 de junio 2021 solicitando el

pago del remanente de la cuantía convenida.4

         Luego de múltiples trámites procesales, el 22 de noviembre de

2022 el peticionario presentó Moción Informativa Urgente sobre

Descubrimiento de Prueba y Poder Duradero.5 En esta alegó que

durante una reunión para preparar al señor González Lago para la

3   Véase apéndice de la parte peticionaria, pp. 186-191.
4   Véase apéndice de la parte peticionaria, pp. 1-23.
5   Véase apéndice de la parte peticionaria, pp. 82-86.
KLCE202300475                                                              3

toma de su testimonio, su representante legal notó que este

mostraba     problemas     para    concentrarse     y   analizar   asuntos

medulares sobre su causa de acción. También, destacó que tanto su

memoria remota como su habilidad para analizar documentos no

eran idóneas. Por lo tanto, y con el aval del Dr. Arturo A. Ortiz

Padua, neurólogo del peticionario, sostuvo que deponer a este

último agravaría sus condiciones cognitivas.6 A esos fines, solicitó al

TPI que tomara conocimiento sobre la existencia de un Poder

Duradero otorgado por el peticionario el 28 de febrero de 2017 y la

designación de un apoderado, Lcdo. Luis A. Nuñez Salgado.7

      Posteriormente, el 27 de diciembre de 2022, la parte recurrida

presentó su Moción en Cumplimiento de Orden de Réplica y

Solicitando Remedios en la cual solicitó al TPI que se evaluara el

estado mental del peticionario, continuara limitadamente el

descubrimiento de prueba en el caso y se le ordenara a este a

cumplir con una Resolución emitida por el Tribunal Municipal de

Guaynabo en la cual se ordenó a la entonces representación legal

del peticionario a presentar una petición sobre declaración de

incapacidad ante el Tribunal Superior.8 Además, el foro municipal

ordenó que se le rindiera informes cada tres meses en cuanto al

estado mental del peticionario.9 Considerados los argumentos de las

partes, el 30 de enero de 2023 el TPI notificó la Resolución y Orden

en la cual, y tal y como se ha relatado previamente, ordenó se

presentara la petición de incapacidad del peticionario en un término

de 30 días y ordenó la paralización de los procedimientos hasta se

determinara la capacidad mental de este.10 Adicionalmente, y ante

6  Véase apéndice de la parte peticionaria, p. 88.
7  Véase apéndice de la parte peticionaria, p. 86.
8 Véase apéndice de la parte peticionaria, pp. 116-168. La determinación del

Tribunal de Guaynabo se encuentra en la pp. 156-168.
9 Casos Núm. QUEA 2018-092 y QEA2018-106. Destacamos que lo resuelto por

el foro municipal fue confirmado por este foro apelativo en el caso núm. KLCE
2019-1330.
10
   Véase apéndice de la parte peticionaria, pp. 186-187.
KLCE202300475                                                                 4

la moción presentada por los recurridos, declaró No Ha Lugar la

solicitud de que se evaluara el estado mental del peticionario.11

          Así, y luego de que su solicitud de reconsideración fuera

declarada sin lugar el 28 de marzo de 2023, los peticionarios acuden

ante nos alegando que el TPI incidió de las siguientes maneras:

          El TPI incurrió en error manifiesto al ordenar la
          paralización de los procedimientos hasta que se solicite
          la incapacidad de uno de los demandantes. La orden
          actual se imparte para que la existente representación
          legal de los peticionarios cumpla con una orden de dos
          años de antigüedad dirigida a una representación legal
          distinta y emitida por un tribunal municipal.

          El TPI incurrió en error manifiesto al no permitir la
          utilización de un poder duradero existente y en pleno
          vigor requiriendo la presentación de una petición de
          declaración de incapacidad a nombre de Don Roberto
          González Lago.

          El TPI incurrió en error manifiesto al paralizar el caso,
          perjudicando sustancialmente los derechos de los
          demandantes-peticionarios, quienes son envejecientes
          protegidos por la Ley 121 de 12 de julio de 1986, según
          enmendada, y mejor conocida como la “Carta de
          derechos de la persona de edad avanzada en Puerto
          Rico.”
                                    -II-

                                         -A-

          El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto

de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional que

permite        a   un     tribunal    de    mayor      jerarquía   revisar   las

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176

DPR 913, 917 (2009). Por discreción se entiende tener el poder para

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios

cursos de acción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). La

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por su parte, delimita las

instancias en que este foro habrá de atender y revisar mediante este

recurso las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de

primera instancia, a saber:

11
     Véase apéndice de la parte peticionaria, pp. 188-189.
KLCE202300475                                                             5

      el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
      admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
      asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
      esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
      la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
      en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión.
      Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por
      el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
      recurso de apelación que se interponga contra la sentencia
      sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales. Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32
      LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios a

considerar para que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso.

Dicha regla adquiere mayor relevancia en situaciones en las que, de

ordinario, no están disponibles otros métodos alternos para la

revisión de determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la

justicia. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.

      Como     se   expresara     previamente,      para    determinar    la

procedencia de la expedición de este recurso, debemos tomar en

consideración los criterios dispuestos en la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra. Estos son:

      (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
            diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      (B)   Si la situación de hechos planteada es la más indicada
            para el análisis del problema.
      (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
            de Primera Instancia.
      (D)   Si el asunto planteado exige consideración más detenida
            a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
            elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
            es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
KLCE202300475                                                                 6

             no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
             dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
             evita un fracaso de la justicia.

       Siendo la característica distintiva para la expedición de este

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, hemos citado al

Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuanto a que:

       De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial. IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR
       307 (2012); Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132
       DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR
       729, 745 (1986).12

       De manera que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Sierra v.

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).

                                     -III-

       Nos confrontamos con la situación de que un demandante,

quien juramentó la demanda, y ha, en palabras de su propia

representación legal, “participado activamente en tramites relativos

al descubrimiento de prueba escrito y consistentemente ha

mostrado conocimiento sobre los hechos que dan lugar al presente

pleito”, solicita por conducto de su representación legal que no se le

deponga, pues ello podría agravar sus dificultades cognitivas y, por

lo tanto, suplica que se autorice a la persona en cuyo favor otorgó

un poder duradero que lo represente en el trámite judicial.13

Examinado el expediente, consideramos que, ante las naturaleza de

las alegaciones en contrario esgrimidas por las partes sobre la

12 Eliezer Santana Báez y otros. v. Departamento de Corrección y Rehabilitación,
Wanda Montañez Martínez y otros. KLCE201900924.
13 Véase apéndice de los peticionarios, pp. 82-86.
KLCE202300475                                                                    7

controversia dirimiéndose ante foro primario, en las que entre otros

aspectos, además de cuestionarse la capacidad mental del

peticionario, se alegan ciertos actos posiblemente indicativos de una

modificación de los términos del contrato por parte del mismo, no

incidió el TPI al ordenar el cumplimiento con una determinación

previa, final y firme, de que se tramitara la incapacidad del señor

González Lago.14          Surgen del expediente circunstancias que

sustentan la determinación del TPI en cuanto a la necesidad de que

se dilucide la capacidad del peticionario. Siendo este aspecto uno

cuya aclaración resulta necesaria para la adjudicación de la

demanda en sus méritos, tampoco encontramos que haya

constituido un error la determinación del TPI de paralizar los

procedimientos ante sí.15

                                       -IV-

       Evaluado el expediente del caso y la determinación recurrida,

 en el ejercicio de nuestra discreción, declinamos la invitación a

 intervenir con lo actuado por el foro primario. Los peticionarios no

 nos persuadieron de que el TPI hubiese cometido error alguno o que

 en su proceder ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y

 manifiesto. Consecuentemente, denegamos la expedición del auto

 de certiorari.

14 Sobre este aspecto, es evidente que el hecho de que se inste la petición no
significa que la misma necesariamente será concedida por el tribunal con
competencia luego de que dicho foro considere las circunstancias particulares del
señor González Lago. Sin embargo, el resultado de dicho proceso servirá para
arrojar luz sobre la capacidad mental del peticionario y si este puede participar o
no de los procedimientos, particularmente, el descubrimiento de prueba. De otra
parte, no ignoramos la alegación de los demandantes a los efectos de que,
conforme a los términos del contrato entre las partes, cualquier modificación a los
términos del mismo debía consignarse por escrito. Los hechos y el derecho
aplicable, sin embargo, deben ser establecidos en su momento en primer término
por el por el TPI.
15 Tomamos conocimiento del lamentable fallecimiento de la co-demandante

María Irene Portela Morales (Q.E.P.D.) según fuera informado mediante moción
informativa presentada ante este Tribunal el 18 de mayo de 2023. Esta
circunstancia torna en académico el planteamiento de que la paralización
decretada en atención a la situación del señor González Lago afectaba el derecho
de la señora Portela Morales a una resolución rápida del caso, según fuera
reclamado en el recurso.
KLCE202300475                                                       8

     Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones