Court Opinion

ID: 9916050
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:41.026304+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:20.174785
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL II

  CARLOS COLLAZO MUÑIZ                                CERTIORARI
                                                      procedente del
           Peticionario                               Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
                                                      Superior de
                v.                  KLCE202301200     Mayagüez

                                                      Caso número:
   NEW FASHION WORLD                                  MZ2023CV01569
 CORPORATION H/N/C ALISS
        Y OTROS                                       Sobre:
                                                      Derecho Laboral,
           Recurridos                                 Procedimiento
                                                      Sumario, Ley Núm. 2
                                                      de 17 de octubre de
                                                      1961, según
                                                      enmendada

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria, Carlos Collazo Muñiz, mediante el

recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la Resolución y Orden

emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Mayagüez, el 20 de octubre de 2023. Mediante el referido dictamen, el foro

primario se declaró con jurisdicción sobre la parte recurrida, New Fashion

World Corporation h/n/c ALISS, y le concedió un término perentorio de

cinco (5) días para presentar su alegación responsiva.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

auto de certiorari y se revoca el dictamen recurrido. Veamos.

                                      I

      El 8 de septiembre de 2023, Carlos Collazo Muñiz (peticionario)

radicó una Querella, a tenor con el procedimiento sumario para

reclamaciones laborales dispuesto en la Ley de Procedimiento Sumario de

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2-1961), en contra de

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
KLCE202301200                                                              2

New Fashion World Corporation h/n/c ALISS (recurrido o patrono).1

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2023, fue diligenciado el

emplazamiento del recurrido mediante entrega de copia a la agente

autorizada Frances Rodríguez, identificada en el documento por el

emplazador como gerente de la referida corporación.2

        Por su parte, el 25 de septiembre de 2023, el recurrido instó una

Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de las de

Procedimiento Civil.3 En esencia, arguyó que Frances Rodríguez no era

gerente de su establecimiento y que esta no había recibido el documento

en cuestión físicamente, por lo que no se cumplió con el acto de entrega

personal requerido en el diligenciamiento del emplazamiento. Alegó que lo

anterior constituía una violación al debido proceso de ley, lo cual ameritaba

que el foro primario decretara la nulidad del emplazamiento, desestimara

la Querella sin perjuicio y ordenara un nuevo emplazamiento.

        En desacuerdo, el 26 de septiembre de 2023, el peticionario se

opuso.4 Argumentó que la parte recurrida fue debidamente emplazada y

que el término jurisdiccional con el que esta contaba para presentar su

alegación responsiva había vencido el 25 de septiembre de 2023.

Especificó que el patrono tenía un término de diez (10) días para presentar

su contestación a la acción de epígrafe o una moción en la cual expusiera

bajo juramento las razones que tuviere para solicitar una prórroga, lo cual

no hizo.

        Posteriormente, el recurrido presentó una réplica,5 mientras que, por

su parte, el peticionario duplicó.6 Aún en desacuerdo, la parte recurrida

replicó nuevamente.7

        Evaluadas las posturas de las partes, el 20 de octubre de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución y Orden que nos ocupa.8

1 Apéndice 1 del recurso, págs. 1-10.
2 Apéndice 2 del recurso, págs. 11-12.
3 Apéndice 6 del recurso, págs. 19-30.
4 Apéndice 7 del recurso, págs. 38-46.
5 Apéndice 8 del recurso, págs. 49-54.
6 Apéndice 9 del recurso, págs. 57-64.
7 Apéndice 10 del recurso, págs. 69-74.
8 Apéndice 11 del recurso, págs. 75-77.
KLCE202301200                                                               3

Determinó que había adquirido jurisdicción sobre la parte recurrida. A su

vez, le concedió a esta un término perentorio de cinco (5) días para

presentar su alegación responsiva, so pena de la anotación de rebeldía.

       Inconforme, el 30 de octubre de 2023, la parte peticionaria instó el

recurso de epígrafe y señaló los siguientes errores:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al no anotarle la rebeldía
       a la parte Querellada y concederle [un] término adicional para
       presentar su alegación responsiva, una vez determinó que no
       procedía su solicitud de desestimación, carente de
       jurisdicción para ello y en contravención a lo dispuesto en la
       Ley 2[-]1961 y su jurisprudencia interpretativa.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al extender el término
       jurisdiccional establecido en la Ley 2[-]1961 para el patrono
       contestar la Querella, careciendo de jurisdicción para ello.

       En cumplimiento con nuestra Resolución del 1 de noviembre de

2023, la parte recurrida compareció mediante Oposición a Expedición de

Certiorari Conforme la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones y en Cumplimiento con la Orden del 1 de noviembre de 2023,

el 6 de noviembre de 2023. Por su parte, el peticionario presentó una

réplica el 13 de noviembre de 2023, a la cual duplicó la parte recurrida el

15 del mismo mes y año.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                      II

                                      A

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46,

211 DPR ___ (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR

994, 1004 (2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del

Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:
KLCE202301200                                                               4

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
      de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o

peritos   esenciales,   asuntos   relativos   a   privilegios   evidenciarios,

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas

excepciones.

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra;

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020). Así, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, funge como complemento

a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, supra. La precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
KLCE202301200                                                                  5

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
       ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
       indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante,

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

(Énfasis omitido).

       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario,

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).

       Ahora bien, cuando se recurre de resoluciones interlocutorias

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley de Procedimiento
KLCE202301200                                                                   6

Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de

1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2-1961),

nuestra intervención está limitada, toda vez que, de ordinario, la revisión de

resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario del

procedimiento laboral. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR

483, 496-498 (1999). No obstante, esta norma de autolimitación de revisión

contempla una serie de instancias en las cuales una determinación de

naturaleza interlocutoria es revisable por este Foro, así como por nuestro

Tribunal Supremo. Díaz Santiago v. PUCPR et al., 207 DPR 339, 349

(2021). A modo de excepción, los Foros revisores deben mantener y ejercer

su facultad para revisar mediante el recurso de certiorari aquellas

resoluciones interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario

tramitado a tenor con la Ley Núm. 2-1961, supra, en las siguientes

instancias: (1) cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción;

(2) en situaciones en las que la revisión inmediata dispone del caso por

completo; y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una grave

injusticia. Íd.; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498; Ortiz

v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014); Aguayo Pomales v. R & G Mortg.,

169 DPR 36, 45-46 (2006). En tales escenarios, el carácter sumario y la

celeridad que caracterizan a los procedimientos tramitados bajo el referido

estatuto ceden y los Foros apelativos pueden revisar el dictamen

interlocutorio recurrido. Íd.; Bacardí Corp. v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014

(2019).

                                        B

       La Ley Núm. 2-1961, supra, establece un procedimiento de

naturaleza sumario para aquellos casos que versen sobre reclamaciones

de una persona obrera o empleada en contra de su patrono, referentes a

cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de

compensación por trabajo o labor realizados, o en ocasión a un despido de

su empleo sin justa causa, todo en aras de abreviar los trámites pertinentes

a las mismas, de manera que resulte en un proceso menos oneroso para
KLCE202301200                                                             7

la persona trabajadora. 32 LPRA sec. 3118; Peña Lacern v. Martínez

Hernández et al., 210 DPR 425 (2022); León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20 (2020); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018).

Su alcance se extiende a varios estatutos laborales, entre estos, las

querellas sobre salarios, beneficios y derechos laborales. Ruiz Camilo v.

Trafon Group, Inc., supra, pág. 265. La naturaleza de esta reclamación

exige celeridad en su trámite para, así, cumplir con el fin legislativo de

proteger el empleo, desalentar los despidos injustificados y proveer a la

persona obrera despedida suficientes recursos económicos entre un

empleo y otro. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. A su vez, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que las disposiciones de la pieza

legislativa antes mencionada se deberán interpretar de manera liberal a

favor de la persona empleada. Ello, para equiparar la desigualdad de los

medios económicos que exista entre las partes. Vizcarrondo Morales v.

MVM, Inc., 174 DPR 921, 928-929 (2008).

      Debido a la celeridad con la que deben encauzarse estos procesos

judiciales, se alteraron ciertos términos y condiciones, los cuales, como

regla general, rigen la litigación civil en nuestro ordenamiento jurídico

procesal. Díaz Santiago v. PUCPR et al., supra, pág. 347. Es decir, la Ley

Núm. 2-1961, supra, dispone de términos más cortos que los provistos para

procedimientos ordinarios. Por lo tanto, los tribunales tienen la obligación

de exigir diligencia y prontitud en la tramitación de las reclamaciones bajo

dicho estatuto. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929. Sobre

ese particular, nuestro más Alto Foro expresó que:

      [T]anto los tribunales como las partes deben respetar:
      (1) los términos relativamente cortos dispuestos en el
      estatuto para contestar la querella; (2) los criterios
      estrictos para conceder una prórroga para contestar la
      querella; (3) el mecanismo especial que flexibiliza el
      emplazamiento del patrono, y (4) entre otras particularidades
      provistas por la ley, las limitaciones en el uso de los
      mecanismos de descubrimiento de prueba. De no hacerlo, el
      procedimiento se convertiría en ordinario, lo cual sería
      incompatible tanto con el mandato legislativo de diligencia en
      el dictamen judicial, como con su carácter reparador. Íd.
      (Énfasis nuestro).
KLCE202301200                                                                   8

       En lo aquí atinente, el patrono, una vez se le notifica mediante copia

de la querella en su contra, deberá presentar su contestación por escrito

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, esto si la notificación

se hace dentro del mismo distrito judicial. Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961,

32 LPRA sec. 3120. Cabe destacar que la parte querellada debe hacer una

sola alegación responsiva en la cual deberá incluir todas las defensas y

objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las que no incluya en

dicho escrito, por lo que no podrá enmendar su contestación a la querella

parta traer nuevas defensas afirmativas. Íd.; Peña Lacern v. Martínez

Hernández et al., supra, pág. 435; Srio. del Trabajo v. J. C. Penny Co., Inc.,

119 DPR 660, 669-671 (1987).

       De otro lado, el patrono puede solicitar una prórroga dentro del plazo

dispuesto para contestar en la cual exponga bajo juramento los motivos

para ello. 32 LPRA sec. 3120. En ningún otro caso, por mandato legislativo,

tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esta prórroga. Vizcarrondo

Morales v. MVM, Inc., supra, págs. 930-931. Incluso, aun si el patrono

cumple con los criterios requeridos para la solicitud de prórroga, el tribunal

no está obligado a concederla, ya que esta determinación dependerá de si

la parte querellada demostró, mediante la propia moción, la existencia de

una causa justificada para la dilación. Íd., pág. 931.

       La Ley Núm. 2-1961, supra, establece la obligación por parte de los

tribunales de emitir una sentencia en rebeldía cuando el patrono incumple

con el referido término. Pasado el plazo jurisdiccional para que conteste la

querella sin que ello ocurra y sin que haya solicitado prórroga juramentada

a esos efectos, nuestro Tribunal Supremo dispuso que, en vista del

lenguaje categórico de la Ley en cuestión, un tribunal no tiene discreción

para negarse a anotar la rebeldía a un patrono. Vizcarrondo Morales v.

MVM, Inc., supra. Así, como norma general, una vez se extingue el

término para contestar la querella “el tribunal está impedido de tomar

cualquier otra determinación que no sea anotarle la rebeldía al

querellado. A ello queda limitada la jurisdicción del tribunal, según
KLCE202301200                                                                9

establecido por la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra”. Íd., pág. 935. (Énfasis

nuestro).

       En específico, el Alto Foro revisor expresó que “el tribunal sólo tiene

la jurisdicción para anotar la rebeldía y dictar sentencia[;] [e]n estos casos,

el tribunal no puede ignorar la letra clara de la Ley Núm. 2, supra, y negarse

a anotar la rebeldía”. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 936.

La consecuencia de la anotación de rebeldía en un procedimiento sumario

es la “concesión del remedio solicitado sin más citarle ni oírle”. Íd., pág.

935; 32 LPRA sec. 3120. Ahora bien, precisa aclarar que el hecho de que

se haya anotado la rebeldía no es garantía per se de una sentencia a favor

de la parte querellante. Íd., pág. 937. Como es sabido, al dictarse una

sentencia en rebeldía, las alegaciones concluyentes, las conclusiones de

derecho y los hechos alegados de forma generalizada no son suficientes

para sostener una adjudicación a favor de la parte querellante. Íd. Además,

los daños generales, entiéndase, las sumas no líquidas reclamadas, tienen

que probarse; en todo caso, la cuantía de los daños debe ser objeto de

prueba. Íd. Por tanto, luego de anotar la rebeldía, el tribunal debe celebrar

las vistas que sean necesarias para que la parte querellante sustente sus

alegaciones y pruebe los daños reclamados, según las normas que

reglamentan los procedimientos en rebeldía. Íd. En cuanto a ello, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que:

            [S]egún este estatuto, un tribunal no tiene discreción
            para negarse a anotar la rebeldía en las circunstancias
            descritas. No obstante, luego de anotar la rebeldía, el
            tribunal debe celebrar las vistas que sean necesarias
            para que el querellante sustente sus alegaciones y
            pruebe los daños reclamados. Dichas vistas deberán
            realizarse según las normas que rigen los
            procedimientos en rebeldía. Íd., págs. 925-926.

       De esta normativa general surge el deber inequívoco de los

tribunales de dar estricto cumplimiento al procedimiento sumario bajo la

Ley Núm. 2-1961, supra, por lo cual, carecemos de jurisdicción para

conceder prórrogas, ante la inobservancia de los términos que establece

dicho estatuto. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 31; Vizcarrondo

Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 930. Solo en casos excepcionales,
KLCE202301200                                                               10

nuestro Tribunal Supremo ha justificado flexibilizar la aplicación del

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2-1961, supra, entre ellos, para

evitar un fracaso de la justicia. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra.

       Cónsono con lo anterior, la Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961, supra,

establece, además, que en los casos tramitados con arreglo a dicho

estatuto “se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello

que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de las mismas o

con el carácter sumario del procedimiento establecido por esta ley”. Díaz

Santiago v. PUCPR et al., supra, pág. 348. Es decir, se recurrirá a las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, cuando estas no

contravengan lo dispuesto en la Ley Núm. 2-1961, supra, o prolonguen

innecesariamente el carácter sumario del procedimiento. Íd.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                      III

       La parte peticionaria plantea como su primer señalamiento de error

que el Tribunal de Primera Instancia erró al no anotarle la rebeldía a la parte

recurrida y concederle un término adicional para presentar su alegación

responsiva, carente de jurisdicción para ello y en contravención a lo

dispuesto en la Ley Núm. 2-1961, supra, y su jurisprudencia interpretativa.

Como segundo y último señalamiento de error, la parte peticionaria

sostiene que el foro a quo incidió al extender el término jurisdiccional

establecido en la Ley Núm. 2-1961, supra, para el patrono contestar la

Querella, careciendo de jurisdicción para ello. Sobre ese particular, abunda

que de la normativa surge el deber inequívoco del tribunal de darle cabal

cumplimiento al procedimiento dispuesto en el citado estatuto. Particulariza

que el foro primario carece de jurisdicción para extender el término para

contestar una querella incoada al amparo de la referida Ley, a menos que

se observen los criterios o normas procesales para la concesión de una

prórroga. Sostiene que, al determinar que había adquirido jurisdicción
KLCE202301200                                                              11

sobre la parte recurrida, el foro de instancia estaba impedido de tomar

cualquier otra determinación que no fuera anotarle la rebeldía a esta.

      Hemos evaluado cuidadosamente el expediente ante nuestra

consideración y entendemos que, conforme a la normativa aplicable,

tenemos autoridad, por la vía de excepción, para atender el asunto ante

nuestra consideración, por tratarse de una determinación dictada sin

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia en un procedimiento

sumario bajo la Ley Núm. 2-1961, supra, y por encontrarnos en la etapa

procesal adecuada para intervenir. De igual forma, el recurso ante nos

cumple con los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, por lo que

procede expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen recurrido. Nos

explicamos.

      Sabido es que los tribunales tienen la obligación de exigir diligencia

y prontitud en la tramitación de las reclamaciones bajo la Ley Núm. 2-1961,

supra. Tanto los tribunales como las partes deben respetar, en lo

pertinente, los términos cortos dispuestos en el citado estatuto para

contestar la querella, así como los criterios estrictos para conceder una

prórroga a esos efectos. Una vez se extingue el término para contestar la

querella sin que el patrono acreditara su alegación responsiva o solicitara

una prórroga debidamente fundamentada y juramentada, el Tribunal de

Primera Instancia está impedido de tomar cualquier otra determinación que

no sea anotarle la rebeldía a la parte querellada. Es decir, el foro primario

solo tiene la jurisdicción para anotar la rebeldía y dictar sentencia. Ahora

bien, luego de anotar la rebeldía, el tribunal puede celebrar las vistas que

sean necesarias para que la parte querellante sustente sus alegaciones y

pruebe los daños reclamados, según las normas que reglamentan los

procedimientos en rebeldía. En conclusión, los tribunales tienen el deber

inequívoco de dar estricto cumplimiento al procedimiento sumario bajo la

Ley Núm. 2-1961, supra, por lo cual, carecemos de jurisdicción para
KLCE202301200                                                                12

conceder prórrogas, ante la inobservancia de los términos que establece

dicho estatuto, salvo casos excepcionales.

       Del expediente ante nos surge que, una vez diligenciado el

emplazamiento, en lugar de contestar oportunamente la acción de epígrafe

incoada bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2-1961, supra, la

parte recurrida optó por solicitar la desestimación del caso. En particular,

dentro del término jurisdiccional que poseía para acreditar su alegación

responsiva o, en la alternativa, solicitar una prórroga conforme exige la

normativa actual, instó un petitorio desestimatorio con argumentos dirigidos

a impugnar el diligenciamiento del emplazamiento. Ello, en contravención

a lo expresamente dispuesto en la precitada Sección 3 de la Ley Núm. 2-

1961, supra, a los efectos de que debe presentarse una sola alegación

responsiva que incluya todas las defensas u objeciones que tenga a bien

levantar la parte recurrida.

       Ante dicho escenario, y en aras de salvaguardar el propósito

principal de la Ley Núm. 2-1961, supra, nuestro Tribunal Supremo ha sido

enfático en que los tribunales tienen que aplicar rigurosamente los términos

taxativos del referido estatuto, a fin de garantizar la sencillez y celeridad de

los procedimientos procuradas por la Asamblea Legislativa en los casos de

reclamaciones laborales. Conforme a ello, evaluada la moción de

desestimación promovida por la parte recurrida, el foro a quo debía resolver

que el patrono tenía el deber de responder la Querella dentro del término

jurisdiccional provisto para ello o solicitar una prórroga debidamente

fundamentada y juramentada a esos efectos. Vencido el término aplicable

sin que el recurrido presentara alguno de los mencionados escritos, el foro

de instancia debía anotar la rebeldía de dicha parte, a tenor con lo

dispuesto por la Ley Núm. 2-1961, supra, y su jurisprudencia interpretativa.

       En las particulares fácticas de esta controversia, el foro recurrido

carecía de jurisdicción y discreción para extender el término jurisdiccional

de diez (10) días para que el patrono sometiera su alegación responsiva.

Al así obrar, derrotó el fin perseguido por el procedimiento sumario
KLCE202301200                                                               13

consagrado en la Ley Núm. 2-1961, supra. Es decir, el proceder del foro

primario es incompatible con la finalidad del proceso mismo e incide, a su

vez, con el postulado de nuestro ordenamiento procesal civil que busca

garantizar una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento,

incluyendo el sumario laboral. Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009,

32 LPRA Ap. V, R. 1. Acorde con lo antedicho, en el caso de autos procedía

anotar la rebeldía de la parte recurrida. En conclusión, se cometieron los

errores señalados.

      En vista de lo anterior, concluimos que el Tribunal de Primera

Instancia incidió en su proceder, por lo que se hace necesaria nuestra

intervención en esta etapa de los procedimientos, pues este actuó sin

jurisdicción y lo contrario podría resultar en un fracaso irremediable de la

justicia. Por consiguiente, y al amparo de lo dispuesto en nuestro

ordenamiento jurídico, procede la expedición del auto de certiorari y la

revocación de la Resolución y Orden recurrida.

                                     IV

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de certiorari,

revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el caso al foro primario para

la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones