Court Opinion

ID: 9962793
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:52:57.604726+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.424945
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

 DAYNA AYALA RIOS                          Apelación
                                           procedente del
        Apelante                           Tribunal de Primera
                                           Instancia
           v.                KLAN202400074 Sala Superior de
                                           Arecibo
  TOCARS LLC H/N/C
  TOCARS TOYOTA Y                                Civil Núm.
  OTROS                                          AR2023CV00342

        Apelada                                  Sobre:
                                                 Procedimiento
                                                 Sumario Ley Número 2
                                                 de 17 de octubre de
                                                 1961, según
                                                 Enmendada.

 Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y
 la Jueza Prats Palerm.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

       Comparece ante este foro la Sra. Dayna Ayala Ríos

 (señora Ayala o apelante) mediante recurso de apelación1

 presentado el 19 de enero de 2024, el cual acogemos como

 certiorari, y nos solicita la revisión de la Orden

 notificada el 9 de enero de 2024 por el Tribunal de

 Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo.                 Mediante

 el   referido       dictamen,     el     foro   primario   denegó   su

 solicitud de relevo de sentencia presentada al amparo de

 la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación,

 EXPEDIMOS      el    auto   de    certiorari      y   CONFIRMAMOS   el

 dictamen recurrido.

                                     I.

 1 Por tratarse de un trámite post-sentencia, acogemos el recurso de
 epígrafe como una petición de certiorari.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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       El caso ante tuvo su origen el 23 de febrero de

2023 cuando la señora Ayala presentó una Querella en

contra de Tocars LLC h/n/c/ Tocars Toyota (Tocars Toyota

o parte apelada) en violación a la Ley Núm. 3 del 13 de

marzo de 1942, según enmendada, conocida como la Ley de

Protección de Madres Obreras, 29 LPRA secs. 467-474.2                  A

su vez, se acogió al procedimiento sumario establecido

en la Ley Núm. 2 de 17 de abril de 1961.                  En esencia,

expresó que trabajó para Tocars Toyota como Analista de

Caja desde el 12 de diciembre de 2021 hasta el 4 de marzo

de 2022, y devengaba un salario de $11.00 la hora,

trabajando 5 días de la semana a tiempo parcial.                 Alegó

que,    al   otro    día     de    haber     informado    que   estaba

embarazada, sin justificación legítima, fue despedida.

Asimismo, sostuvo que luego de su despido, la parte

apelada contrató a otra analista de caja.                Por lo tanto,

solicitó     una    indemnización      por    los   daños    expuestos

ascendentes a $89,150.00.

       Por su parte, el 23 de marzo de 2023, Tocars Toyota

presentó Contestación a la Querella, sin someterse a la

jurisdicción.3      Mediante esta, negaron que el despido de

la apelante fuera uno injustificado, sino que alegaron

afirmativamente       que,    la   terminación      del     empleo   fue

dentro de su periodo probatorio, puesto que, no estaba

cumpliendo con las funciones de su puesto y su desempeño

era negligente en cuanto al manejo de fondos de la

empresa.

       Posteriormente,        Tocars       Toyota    presentó        una

Solicitud de Sentencia Sumaria.4 En síntesis, reiteraron

2 Querella, anejo XV, págs. 160-168 del apéndice del recurso.
3 Contestación a la Querella, anejo XIV, págs. 148-159 del apéndice
del recurso.
4 Solicitud de Sentencia Sumaria, anejo XII, págs. 73-145 del

apéndice del recurso.
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que   la   determinación         sobre    no     aprobarle     el   periodo

probatorio     y    dar    por    terminado      la     relación    obrero-

patronal a la señora Ayala, fue tomada el 2 de marzo de

2022.      Esto como consecuencia de la negligencia en la

ejecución de sus funciones, errores y faltas cometidas

durante     dicho    periodo       probatorio.          Específicamente,

constataron como hechos incontrovertidos que, el 13 de

diciembre de 2021, la apelante firmó un contrato de

periodo probatorio, el cual establecía que dicho periodo

era de nueve (9) meses, y de aprobarlo pasaría a ser

empleada regular.          No obstante, añadieron que la Sra.

Sonia Meléndez, su supervisora, le tuvo que repetir,

tanto    verbal     como   por     escrito,      las    instrucciones    y

protocolos para que cumpliera con las funciones de su

puesto.       Añadieron          que,    luego     de    los   errores   e

incumplimientos por parte de la apelante, el 2 de marzo

de 2022, la señora Meléndez mediante una carta dirigida

a la Gerente de Recursos Humanos, recomendó y solicitó

que no le fuera aprobado el periodo probatorio de la

señora Ayala.

        El 22 de agosto de 2023, el foro primario notificó

una Orden, mediante la cual le indicó a la parte apelante

que reaccionara a la moción de sentencia sumaria e

informó que en la vista del 13 de septiembre de 2023

atenderían todos los asuntos.5

        El 11 de septiembre de 2023, la apelante solicitó

una prórroga de 20 días para presentar su oposición a la

solicitud de sentencia sumaria.6

5 Orden, anejo XI, pág. 72 del apéndice del recurso.
6 Véase, Moción Solicitando Prórroga para Presentar Oposición a
Solicitud de Sentencia Sumaria, entrada núm. 26 en el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
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      El día de la vista, según surge de la minuta, la

representación     legal      de   la     apelante    solicitó       una

prórroga adicional para presentar su oposición a la

moción de sentencia sumaria.7             Así las cosas, el foro

primario les concedió a las partes hasta el 3 de octubre

para que cursaran un interrogatorio y producción de

documentos, siendo contestados no mas tarde del 3 de

noviembre de 2023.       Finalmente, señaló vista sobre el

estado de los procedimientos para el 1 de febrero de

2024.

      Posteriormente, el 6 de octubre de 2023, la señora

Ayala presentó Moción Solicitando un Término Adicional

de 10 días para presentar Oposición a Solicitud de

Sentencia Sumaria.8

      Por su parte, el 30 de noviembre de 2023, Tocars

Toyota instó una Moción en Solicitud para que se Dicte

Orden y se de por Sometida la Solicitud de Sentencia

Sumaria […], Sin Oposición.9              Señaló que, el término

adicional    que   le   fue   otorgado      a   la   apelante    había

expirado sin que hubiera presentado su oposición, o

solicitara una prórroga adicional.               Por consiguiente,

solicitó que diera por sometida la moción de sentencia

sumaria, sin oposición.

      Así las cosas, el 21 de diciembre de 2023, el foro

primario dictó Sentencia,10 y acogió como ciertos todos

los   hechos   propuestos      por   la    parte     apelada    en   su

7 Minuta, anejo VIII, pág. 54 del apéndice del recurso.
8 Moción Solicitando un Término Adicional de 10 días para presentar
Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, anejo VI, pág. 51 del
apéndice del recurso.
9 Moción en Solicitud para que se Dicte Orden y se dé por Sometida

la Solicitud de Sentencia Sumaria […], sin oposición, anejo V, págs.
49-50 del apéndice del recurso.
10 Sentencia, anejo III, págs. 26-47 del apéndice del recurso.
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solicitud     de   sentencia   sumaria,   siendo   estos   los

siguientes:

       1. La Sra. Dayna Ayala firmó un Contrato de
       Periodo Probatorio para ser Analista de
       Caja el 13 de diciembre de 2021.

       2. Dicho contrato establecía que estaría la
       Sra. Ayala durante nueve (9) meses en
       periodo probatorio.

       3. Que de aprobar el mismo, pasaría a ser
       empleada regular bajo el puesto de Analista
       de Caja.

       4. Que dentro de las funciones de la Sra.
       Ayala, estaba hacer las transacciones de
       pago de piezas, servicios y autos, según
       los clientes le fueran entregando las
       órdenes que detallaran la cantidad que
       debía cobrar.

       5. Además, debía hacer los cuadres de caja
       diarios al finalizar su turno, clasificando
       los tipos de pagos, según los recibía.

       6. También tenía dentro de sus funciones
       preparar al final de su turno los depósitos
       que se iban a efectuar.

       7. En diciembre de 2021, la Sra. Dayna Ayala
       informó que iba de camino al hospital con
       dolor   de   cabeza,   fiebre,   vómitos   y
       escalofríos.

       8. Al enviar los resultados de laboratorio,
       el mismo indicaba que estaba embarazada.

       9. La Sra. Sonia Meléndez, su supervisora,
       la felicitó y le indicó que pasaría la
       información.

       10. Posteriormente la Sra. Dayna Ayala le
       informó a su supervisora que no estaba
       embarazada, que era un medicamento de
       tratamiento con el ginecólogo que hace que
       salga positivo la prueba de embarazo.

       11. La Sra. Meléndez, durante su periodo
       probatorio, tuvo que repetirle a la Sra.
       Dayna Ayala, en muchas ocasiones de forma
       verbal y escrita, los pasos a seguir para
       el formulario de 8300 (IRS), al momento de
       cuadrar, cómo hacer recibos, corregir hojas
       de depósitos con cantidades incorrectas,
       darle de baja a los casos en sistema una
       vez estén cobrados por ella en caja, que el
       log de tablillas estuviera al día con la
       información correcta, cerrar las facturas
       de piezas y servicio correctamente para que
       al momento de cuadrar, estuviesen en los
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       reportes y otros más en los cuales ya se le
       había dado el adiestramiento.

       12. El 3 de enero de 2022, se le envió un
       correo     electrónico     anejando    el
       procedimiento para el control de las
       tablillas y el manejo del reporte.

       13. El 26 de enero de 2022, su supervisora
       le envió un correo electrónico que indicaba
       que era necesario incluir la copia de la
       hoja de depósito, con el depósito y en el
       cuadre.

       14. El 2 de febrero de 2022, la Sra. Sonia
       Meléndez   Rosa   le    envió   un   correo
       electrónico a la Sra. Dayna Ayala y a la
       Sra. Taysha Santiago Valentín, solicitando
       que verificaran el “log de tablillas”, para
       verificar si la información entrada por
       estas es igual a la brindada por “Ventas”.

       15. El 4 de febrero de 2022 la Sra. Sonia
       Meléndez   Rosa   le    envió   un   correo
       electrónico a la Sra. Dayna Ayala y a la
       Sra.   Taysha    Santiago    indicando   lo
       siguiente: “Por favor, es necesario les den
       CF a los negocios en F&I. Este caso está
       pagado desde 01/28/2022 recibo 1000203 y no
       tiene cash funded.”

       16. El 10 de febrero de 2022, a las 10:06
       a.m., la Sra. Meléndez le envió un correo
       electrónico a la Sra. Dayna Ayala Ríos y a
       la   Sra.    Taysha   Santiago   Valentín,
       solicitándole     que     repasaran      el
       procedimiento de caja para ventas y el
       procedimiento de 8300. Esto para que estén
       claras con el procedimiento, “para cuando
       lleguen los vendedores sepan que hacer”.

       17. El 10 de febrero de 2022, a las 12:04
       p.m., la Sra. Meléndez le envió un correo
       electrónico a la Sra. Dayna Ayala Ríos y a
       la   Sra.    Taysha   Santiago    Valentín,
       instruyendo sobre las entradas de los casos
       de Pentagon (PenFed).

       18. Los correos de 2 y 10 de febrero de
       2022, indican al final “Cualquier duda o
       pregunta me llaman”, instrucción que se
       había dado desde un principio.

       19. Estos correos electrónicos fueron
       enviados ante el incumplimiento de las
       instrucciones y protocolos ya instruidos.

       20. El día 25 de febrero de 2022, la Sra.
       Dayna Ayala se descuadró por la cantidad de
       once dólares y diecisiete centavos ($11.17)
       al no cobrar al cliente el IVU en la factura
       de piezas CM20173.
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       21. El día 28 de febrero de 2022, se
       descuadró por la cantidad de treinta
       dólares ($30.00) ya que hizo el recibo
       1000388 de Ventas por la cantidad de dos
       mil doscientos sesenta y cinco dólares
       ($2,265.00) y se le cobró al cliente por
       medio de VISA dos mil doscientos noventa y
       cinco dólares ($2,295.00).

       22. El día 1 de marzo de 2022, se descuadró
       por la cantidad de veinte mil dólares
       ($20,000.00) ya que hizo el recibo 1000400
       de Ventas con el modo de cobro incorrecto.
       El modo de cobro es un cheque certificado y
       escribió cheque comercial.

       23. La Sra. Ayala admitió, además, que a
       pesar de haber sido instruida varias veces
       de preguntar a la Sra. Meléndez cualquier
       duda sobre las instrucciones o procesos,
       ésta deliberadamente decidió no hacerlo
       así, prefiriendo preguntarle solo a otra
       compañera de trabajo.

       24. El 2 de marzo de 2022, y ante la
       cantidad de errores e incumplimientos de la
       Sra. Dayna Ayala, la Sra. Sonia Meléndez,
       supervisora la Sra. Ayala, recomendó y
       solicitó que no se le aprobara el periodo
       probatorio.

       25. El mismo 2 de marzo de 2022, se coordinó
       y celebró una entrevista de trabajo a Amanda
       I. Figueroa Dávila, para la plaza de
       Analista de Caja.

       26. El 2 de marzo de 2022, la Analista de
       Recursos Humanos, la Sra. Carina Quiñones
       Santiago,   le  informó  mediante  correo
       electrónico a la Sra. Sonia L. Meléndez
       Rosa, que la candidata Amanda I. Figueroa
       Dávila comenzaría el 14 de marzo como
       Analista de Caja.

       27. El 3 de marzo de 2022, la Sra. Dayna
       Ayala no se personó a trabajar, pues estaba
       libre ese día.

       28. El 3 de marzo de 2022, a las 5:23 p.m.,
       la Sra. Dayna Ayala envió un mensaje de
       texto a su supervisora, la Sra. Sonia
       Meléndez Rosa, mediante el cual le indicó
       que estaba embarazada. Junto con el
       mensaje, envió copia del resultado de la
       prueba de embarazo.

       29. En dicho texto le indicó que prefería
       que se mantuviera callado, y que lo
       notificaba para que a su vez le notificara
       a Recursos Humanos.

       30. El 4 de marzo de 2022, al final de su
       turno, le fue entregada a la Sra. Dayna
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            Ayala, una carta que le notificaba que
            conforme lo suscrito en el Contrato del
            Periodo Probatorio, se prescindía de sus
            servicios.

            31. Al entregársele la carta se le preguntó
            a la Sra. Ayala si tenía algo que decir,
            pero esta solo leyó la carta, se paró y se
            fue.

          Asimismo, determinó que Tocars Toyota desconocía

que la señora Ayala se encontraba en estado de embarazo

cuando tomaron la decisión de no aprobarle el periodo

probatorio, y por ende culminar la relación obrero-

patronal.          Por       consiguiente,       concluyó      que    la    parte

apelada no discriminó contra la apelante por razón de su

embarazo, declarando Ha Lugar la solicitud de sentencia

sumaria.

          No obstante, el 8 de enero de 2024, la señora Ayala

presentó Solicitud de Relevo de Sentencia […].11                               En

esencia, alegó que hubo fraude al tribunal por la parte

apelada, puesto que,                 estos presentaron un documento

falso.       Arguyeron que, Tocars Toyota en la contestación

al segundo interrogatorio, esbozaron que el “memo” del

2    de    marzo       de    2022,    donde      la   señora    Meléndez      no

recomendaba la aprobación del periodo probatorio, no fue

generado,         sino      hasta     después     que   la     señora      Ayala

notificó su embarazo.                 A su vez, sostuvo que no pudo

presentar         su    oposición      a    la   solicitud     de    sentencia

sumaria, puesto que, para noviembre de 2023 todavía

estaban      en    el       proceso   del     descubrimiento         de    prueba

autorizado por el foro primario.

          Evaluada la solicitud de relevo de sentencia, el 9

de enero de 2024, el foro primario la declaró No Ha

11 Solicitud de Relevo de Sentencia Conforme a la Discreción
Permitida al Tribunal al Amparo de la Ley Número 2 de 17 de octubre
de 1961, según enmendada, anejo II, págs. 2-25 del apéndice del
recurso.
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Lugar,       y se reiteró          en su determinación del 21 de

diciembre de 2023.12

        Inconforme, la señora Ayala presentó el recurso que

nos ocupa y señala los siguientes errores:

             Primer Error: Erró el TPI al acoger el
             escrito de relevo de sentencia como una
             solicitud de reconsideración.

             Segundo Error: Erró el TPI al no acoger la
             solicitud de relevo de sentencia y permitir
             que continuaran los procedimientos del
             caso.

             Tercer Error: Erró el TPI al privar a la
             apelante de que el caso se ventilara en los
             méritos, sin agotar antes la imposición de
             medidas menos drásticas como la imposición
             de sanciones.

        El 23 de febrero de 2024, los apelados presentaron

su alegato en oposición.

        Con       el   beneficio    de    la    comparecencia    de   ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

                                      II.

                                      -A-

        El    certiorari      es     un    recurso      extraordinario    y

discrecional expedido por un tribunal superior a otro

inferior, mediante el cual el primero está facultado

para enmendar errores cometidos por el segundo, cuando

“el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las

prescripciones de la ley.”                     Véase: Artículo 670 del

Código       de    Enjuiciamiento         Civil,   32   LPRA   sec.   3491;

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391,

403 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020);

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918

(2009).           La expedición del auto descansa en la sana

12   Orden, anejo I, pág. 1 del apéndice del recurso.
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discreción del tribunal.    Medina Nazario v. McNeill

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).

     El Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley

Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24y(b),

establece la competencia del Tribunal de Apelaciones

para atender y revisar discrecionalmente, mediante el

recurso de   certiorari, cualquier resolución u orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

     Para todo tipo de recurso de certiorari, la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que este foro

debe tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de este recurso discrecional.   Estos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la
       decisión recurrida, a diferencia de sus
       fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es
       la más indicada para el análisis del
       problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
       error craso y manifiesto en la apreciación
       de la prueba por el Tribunal de Primera
       Instancia.

       (D)     Si   el  asunto   planteado   exige
       consideración más detenida a la luz de los
       autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que
       se presenta el caso es la más propicia para
       su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden
       de    mostrar   causa    no    causan    un
       fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final
       del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden
       de mostrar causa evita un fracaso de la
       justicia.

     En lo pertinente a este caso, el certiorari también

es el recurso apropiado para solicitar la revisión de
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determinaciones post sentencia.               IG Builders et al. v.

BBVAPR,    supra,   pág.   339.         A    esos   efectos,   nuestro

Tribunal Supremo ha expresado que:

          Las resoluciones atinentes a asuntos post-
          sentencia no se encuentran comprendidas
          entre    aquellas     determinaciones     de
          naturaleza interlocutoria categóricamente
          sujetas a escrutinio mediante el recurso de
          certiorari. De otra parte, por emitirse
          este tipo de decisión luego de dictada la
          sentencia, usualmente tampoco cualifica
          para el recurso de apelación provisto para
          dictámenes judiciales finales. Se corre el
          riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos
          nunca se vean sujetos a examen judicial
          simplemente porque ocurren en una etapa
          tardía en el proceso, tal como lo es la
          ejecución de sentencia. IG Builders et al.
          v. BBVAPR, supra.

                                -B-

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 49.2, es el vehículo procesal mediante el cual una

parte adversamente afectada por una sentencia puede

solicitar el relevo de esta.            Pérez Ríos y otros v. Luma

Energy, LLC, 2023 TSPR 136, 213 DPR ___ (2023); SLG

Rivera-Perez v. SLG Díaz-Doe et al, 207 DPR 636, 656-

657 (2021); López García v. López García, 200 DPR 50, 59

(2018).      El propósito de la precitada regla es proveer

un   justo    balance   entre     dos       intereses   conflictivos.

Ellos son, el asegurar que los pleitos se resuelvan en

sus méritos, y, por otra parte, que las decisiones sean

conforme a los principios de la justicia.                López García

v. López García, supra, pág. 60.

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil contempla una

serie de escenarios en los cuales el tribunal podrá

relevar a una parte de los efectos de una sentencia

dictada en su contra. Estos son:

          (a)   error,  inadvertencia,              sorpresa   o
          negligencia excusable;
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          (b) descubrimiento de evidencia esencial
          que, a pesar de una debida diligencia, no
          pudo haber sido descubierta a tiempo para
          solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la
          Regla 48;

          (c) fraude (incluso el que hasta ahora se
          ha denominado “intrínseco” y el también
          llamado "extrínseco"), falsa representación
          u otra conducta impropia de una parte
          adversa;

          (d) nulidad de la sentencia;

          (e) la sentencia ha sido satisfecha,
          renunciada o se ha cumplido con ella, o la
          sentencia anterior en que se fundaba ha sido
          revocada o de otro modo dejada sin efecto,
          o no sería equitativo que la sentencia
          continúe en vigor, o

          (f) cualquier otra razón que justifique la
          concesión de un remedio contra los efectos
          de   una  sentencia.      Regla  49.2   de
          Procedimiento Civil, supra.

      No será suficiente que esté presente uno de los

mencionados escenarios para que el tribunal deje sin

efecto    el    dictamen    notificado.         El       juzgador    deberá

evaluar    el    expediente       del    caso   en       su    totalidad    y

determinar si bajo las circunstancias particulares del

asunto amerita que se deje sin efecto la sentencia.

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 817

(1986).        Asimismo,    el    tribunal      debe      considerar      los

siguientes criterios: (1) cualquier defensa válida que

pueda levantar la parte que se opone al relevo de

sentencia;      (2)    el   tiempo      que   transcurrió         entre    la

sentencia y la solicitud del relevo; (3) el perjuicio

que   sufriría       la   parte   opositora         si    se    concede    la

solicitud      del    peticionario;      y    (4)    el       perjuicio   que

sufriría la parte promovente de dejarle desprovista del

remedio solicitado.         Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816,

825 (1998).

      Es menester destacar que el mecanismo de relevo de

sentencia es una facultad discrecional del tribunal de
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instancia y debe ser interpretado liberalmente.                En caso

de duda, debe ser resuelta en favor de la parte que

solicita el remedio.       Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624-

625 (2004).     No obstante, cuando una sentencia es nula

ab initio, el juzgador no tendrá discreción para relevar

a una parte de los efectos de una sentencia.              Pérez Ríos

y otros v. Luma Energy, LLC, supra; Náter v. Ramos,

supra, pág. 625.

        Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin

jurisdicción o en violación del debido proceso de ley.

SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe, et al, supra, pág.

657. Así, pues, la parte que meritoriamente ha levantado

la defensa de nulidad debe prevalecer en su solicitud,

independientemente de los méritos que pueda tener la

defensa o reclamación del perjudicado.             Ello, puesto que

lo nulo no ha nacido a la vida jurídica.

        Por otra parte, cabe señalar que la regla dispone

un término fatal de seis (6) meses para la presentación

del relevo de sentencia.         Bco. Santander P.R. v. Fajardo

Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996).              Sin embargo, si

la solicitud del remedio se basa en que el emplazamiento

no se realizó conforme a derecho o que se cometió fraude

al tribunal, el promovente podrá presentar la referida

moción luego de transcurridos los seis (6) meses de

haberse dictado la sentencia.          Íd., págs. 243-244. R.

Hernández    Colón,     Práctica    Jurídica      de    Puerto   Rico,

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis,

2017,    Sec.   4810,    págs.   458-459.         Nuestro     Tribunal

Supremo ha expresado que el dictamen que se emite en una

acción en la cual el emplazamiento fue defectuoso, es

nulo de su faz, puesto que el tribunal no puede adquirir

jurisdicción     sobre    una    persona    que    no    se    emplazó
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correctamente.         Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms

Corp., supra, pág. 244.              Asimismo, ante una sentencia

nula, no trascurren los términos, porque la nulidad es

insubsanable.        J.A. Montañez v. Policía de Puerto Rico,

150     DPR     917,     922     (2000);         Echevarría        Vargas,

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012,

pág.    297.         Además,    el     Tribunal     Supremo        expresó

recientemente que una parte que evita emplazar a una

persona conforme a derecho comete fraude al tribunal.

Colón Vega v. Díaz Lebrón, 2023 TSPR 27, 211 DPR 548

(2023).

       A los fines de resolver este caso, aclaramos que la

Regla 49. 2, supra, dispone que “[e]sta regla no limita

el    poder    del   tribunal    para     [c]onocer    de     un    pleito

independiente con el propósito de relevar a una parte de

una sentencia, una orden o un procedimiento.”                 A modo de

ejemplo,      acentuamos   que       en   Bco.    Santander    P.R.     v.

Fajardo Farms Corp., supra, se presentó una solicitud de

relevo de sentencia luego de aproximadamente tres (3)

años de haberse emitido el dictamen.               El tribunal afirmó

que, habiendo trascurrido más de seis (6) meses desde

que se dictó la sentencia, lo propio era presentar un

pleito independiente en el que se solicitara declarar

nula la sentencia.

                                  -C-

       Nuestro sistema constitucional protege al ciudadano

puertorriqueño contra todo acto de discrimen por razón

de su género.         Art. II, Sec. 1, Const. ELA.                 De este

modo, nuestro ordenamiento legal ha protegido dicho

principio mediante la promulgación de leyes laborales

que prohíben toda práctica de discrimen por razón del

sexo de una persona, entre estas: Ley Núm. 3 de 13 de
KLAN202400074                                                   15

marzo de 1942 (Ley Núm. 3), 29 LPRA sec. 467 et seq.; la

Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (Ley Núm. 100), 29

LPRA sec. 146 et seq.; y la Ley Núm. 69 de 6 de julio de

1985 (Ley Núm. 69), 29 LPRA sec. 1321 et seq.                López

Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 114–115 (2011).

       En particular, “[l]a Ley Núm. 3, supra, forma parte

de un esquema trazado por el Estado para ofrecerle a la

mujer obrera una mayor garantía contra el discrimen en

el trabajo por razón de sexo.”          Rivera Águila v. K–Mart

de P.R., 123 DPR 599, 609 (1989).                Su promulgación

procuró proteger a la obrera embarazada, para que no

sufriese      riesgos      en      el    trabajo       ocasionados

específicamente por razón de su estado de embarazo.

López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 115.

       Así, la Ley Núm. 3, supra, dispone que toda mujer

obrera    y   embarazada   puede    gozar   de   las   siguientes

protecciones fundamentales:

          a. Una licencia básica equivalente a un
          periodo de descanso de cuatro semanas antes
          y después del parto, a sueldo completo.

          b. Una licencia adicional de doce semanas
          en caso de una complicación en el parto,
          sin paga.

          c. La obligación del patrono de reservar el
          empleo de ésta, durante esas licencias.

          d. Una prohibición al patrono respecto al
          despido sin justa causa de la mujer
          embarazada, así como de discrimen por razón
          de embarazo. (Citas omitidas).        López
          Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 116.

       La sección 4 de la Ley Núm. 3, supra, establece que

“[e]l patrono no podrá, sin justa causa, despedir a la

mujer embarazada .... [Además,] [n]o se entenderá que es

justa causa [para el despido] el menor rendimiento para

el trabajo, por razón de embarazo.”          Íd.; 29 LPRA sec.

469.     Es decir, “cuando una empleada reclama y prueba
KLAN202400074                                                       16

que fue despedida de su empleo sin justa causa mientras

estaba embarazada, el patrono responderá al amparo de la

Ley [Núm. 3, supra,] a menos que logre establecer que el

despido estuvo justificado.”         Santiago v. Oriental Bank

& Trust, 157 DPR 250, 258 (2002).        Así pues, la Ley Núm.

3,   supra,     establece     una     presunción         de   despido

injustificado, la cual impone sobre el patrono el peso

de establecer que existieron razones justificadas para

el despido de la empleada, independientes al embarazo.

López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, págs. 116–117.

     En síntesis, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en reclamaciones al amparo de la Ley Núm.

3, supra, surge una presunción de despido injustificado

que el patrono viene obligado a rebatir.            Rivera Águila

v. K-Mart de P.R., supra, pág. 610.             Es decir, es al

patrono al que le corresponde persuadir al juzgador de

la inexistencia del hecho presumido.                Íd.       Por tal

motivo,   el   patrono   viene      obligado   a   alegar      en   su

contestación los hechos que motivaron el despido y le

corresponde probar, mediante la preponderancia de la

evidencia, que el despido estuvo justificado.                   López

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 117.

     A su vez, nuestro Tribunal Supremo dispuso en Soc.

de Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR 952, 960

(1998), que “[e]l requisito esencial para la aplicación

de la Ley Núm. 3, supra, es que la mujer haya sido

despedida     durante   su   embarazo;   ante      ese    hecho,    le

corresponde a la parte demandada el peso de probar que

había justa causa … para terminar la relación obrero-

patronal”.     (Énfasis en el original).

     Hay que destacar que, en la situación particular de

la mujer, el concepto justa causa no alberga el menor
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rendimiento en el empleo de esta “cuando dicho menor

rendimiento     es   consecuencia     directa   del   estado   de

embarazo.”     Santiago v. Oriental Bank & Trust, supra,

pág.    257.     Así,   pues,   bajo    esta    ley   surgen   dos

protecciones relacionadas al despido de una empleada

embarazada: (1) la prohibición del despido sin justa

causa, que se refiere al concepto justa causa bajo las

leyes laborales, y (2) la prohibición de despido por

merma en la producción como consecuencia del embarazo,

lo cual, en el caso de una mujer en estado de gestación,

no constituye justa causa para el despido.            Íd.

       Por otro lado, si el patrono no lograr refutar dicha

presunción de despido injustificado, la Ley Núm. 3,

supra, le impone a este ciertas sanciones, civiles y

criminales, que le brindan mayor protección a la madre

obrera injustamente despedida, en comparación con la

protección mínima provista por la Ley Núm. 80, supra.

Íd., pág. 260.       Véase, sección 6 de la Ley Núm. 3, 29

LPRA sec. 471.

                                -D-

       La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida

también como la Ley de Despido Injustificado, según

enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq., fue creada con el

fin primordial de proteger, de manera más efectiva, el

derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su

empleo.      A su vez, procura desalentar la práctica de

despedir a los empleados de forma injustificada y otorga

a      los     trabajadores      remedios       justicieros     y

consustanciales con los daños causados por un despido

injustificado.       Véase: Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 80, supra.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189
KLAN202400074                                                     18

DPR 414, 424 (2013); Feliciano Martes v. Sheraton, 182

DPR 368 (2011).

      El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b,

detalla las circunstancias que constituyen “justa causa”

para el despido e incluye motivos fundados en la conducta

del   empleado,      así    como     circunstancias    de   índole

empresarial.      Así pues, en lo pertinente, las causas

atribuibles a los empleados que constituyen justa causa

para el despido se preceptúan en los incisos (a), (b) y

(c) del Artículo 2, y son las siguientes:

          (a) Que el obrero siga un patrón de conducta
          impropia o desordenada.

          (b) La actitud del empleado de no rendir su
          trabajo en forma eficiente o de hacerlo
          tardía y negligentemente o en violación de
          las normas de calidad del producto que se
          produce o maneja por el establecimiento.

          (c) Violación reiterada por el empleado de
          las   reglas   y  reglamentos   razonables
          establecidas por el funcionamiento del
          establecimiento siempre que copia escrita
          de   los   mismos  se   haya  suministrado
          oportunamente al empleado. [...] 23 LPRA
          sec.185b.

      No obstante, a pesar de que la Ley Núm. 80 provee

una lista de circunstancias que justifican el despido de

un empleado o empleada, la precitada ley no pretende ser

un código de conducta limitada a una lista de faltas

claramente definidas con sus sanciones correspondientes.

Jusino et als. V. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001).

A estos efectos, el patrono tiene la potestad de adoptar

reglamentos internos y establecer normas de conducta en

el lugar de trabajo que estime necesarias para conseguir

el buen funcionamiento de la empresa. Íd. Los empleados

estarán    sujetos   a     cumplir   con   dichos   reglamentos   y

normas, siempre y cuando éstos cumplan con el criterio

de razonabilidad.          Íd.     De este modo, para que las
KLAN202400074                                                       19

violaciones de las normas del empleo constituyan justa

causa para el despido, el patrono tiene la obligación de

probar la razonabilidad de las normas establecidas, que

le suministró copia escrita de éstas al empleado y que

el empleado las violó.         Rivera Águila v. K-Mart de P.R.,

123    DPR   599,    613-614    (1942).        En    cambio,   no   se

considerará despido por justa causa aquel que se hace

por el mero capricho del patrono o sin razón relacionada

con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.

Srio. del Trabajo v. GP Inds., Inc., 153 DPR 223, 241

(2001).

        En fin, el principio rector que gobierna el despido

por justa causa dispuesto en el Artículo 2 de la Ley

Núm. 80, supra, es aquel que delimita las circunstancias

en que éste se produce. Es decir, cuando tiene su origen

en alguna razón o motivo vinculado a la ordenada marcha

y normal funcionamiento de una empresa y no en el libre

arbitrio o capricho del patrono.           Íd.

        Finalmente, el Artículo 11 de la Ley Núm. 80, crea

una presunción de que todo despido es injustificado.                29

LPRA     sec.    185k.    Por    ello,    el    patrono,    mediante

preponderancia de prueba, debe demostrar lo contrario,

es decir, que en efecto hubo justa causa para el despido.

Rivera v. Pan Pepin, 161 DPR 681,688 (2004); Delgado

Zayas v. Hosp. Interamericano, 137 DPR 643, 650 (1994);

Rivera Ánguila v. K-Mart de PR, supra, pág. 610.

                                 III.

        En el caso de autos, la apelante le imputó al foro

primario tres señalamientos de error, los cuales, por

estar     relacionados    entre     sí,   los       discutiremos    en

conjunto.       En esencia, la señora Ayala alega que incidió
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el foro a quo al denegar acoger su solicitud de relevo

de sentencia, y no optar por medidas menos drásticas.

        Según surge de los hechos procesales del caso, la

señora Ayala comenzó a trabajar para Tocars Toyota el 13

de    diciembre    de     2021,   bajo     un    Contrato    de   Periodo

Probatorio y el cual disponía que el periodo sería por

nueve      (9)     meses.           Entre         las    funciones     y

responsabilidades           esenciales          que     establece      la

descripción de su puesto eran: cobrar a los clientes;

emitir recibos de pago por cada transacción; realizar

cierres de caja diarios; realizar el cuadre de la caja;

reportar a su supervisor cualquier situación o condición

que     ponga    en     riesgo,     la     seguridad,       instrumentos

negociable;       entre    otros.        No     obstante,    durante   el

periodo probatorio, su supervisora le indicó en varias

ocasiones cómo realizar ciertas funciones de su puesto,

incluso le expresó repetidas veces que de tener alguna

duda o pregunta se comunicara con ella, lo que nunca

hizo.     Aun así, la apelante continuó incumpliendo con

las instrucciones y protocolos de la empresa, hasta el

punto de que tuvo varios descuadres y faltas en los

procesos administrativos de su puesto.

        Consecuentemente, la señora Meléndez, el 2 de marzo

de 2022, le recomendó y solicitó a la Gerente de Recursos

Humanos de la empresa que no le fuera aprobado el periodo

probatorio de la señora Ayala.                  Entre sus razones, se

debía a que el rendimiento en su desempeño se encontraba

por debajo de lo esperado.               El mismo día, oficiales de

Recursos Humanos se comunicaron con la señora Meléndez

para indicarles que la nueva Analista de Caja comenzaría

a trabajar el 14 de marzo de 2022.
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       El 3 de marzo de 2022, la señora Ayala se encontraba

libre, y por medio de un mensaje de texto le indicó a su

supervisora que estaba embarazada, y le envió una copia

del resultado de laboratorio.                 Al día siguiente, el 4 de

marzo de 2022, culminado el turno de la apelante le

entregaron una carta indicándole que efectivo ese día,

Tocars       Toyota      había        decidido    prescindir             de    sus

servicios.

       Con el trasfondo antes indicado, el Tribunal de

Primera      Instancia,        luego     de    considerar          el    escrito

presentado      por      la    parte     apelada,       emitió          Sentencia

declarando Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria,

y     desestimando       la      querella.          El       foro        primario

particularmente dispuso: “[l]a querellante incurrió en

negligencia predicada en múltiples errores en el manejo

efectivo y de los procesos internos de la compañía,

demostrando así un proceder negligente, deficiente e

incompetente desde sus comienzos en la compañía y sin

estar embarazada en ese momento.”

       Así    las     cosas,     la     señora     Ayala      presentó         una

solicitud      de   relevo       de    sentencia,       la   cual        el   foro

primario acogió como una reconsideración.                          En esencia,

reiteró que su despido fue uno discriminatorio, puesto

que, una vez les informó que se encontraba embarazada

fue    despedida.             Añadió    que,     como    producto         de    la

contestación que la parte apelada le brindó en el segundo

interrogatorio, la carta dirigida a recursos humanos por

parte de la señora Meléndez fue modificada y renombrada

días después que fue despedida.                  Alega que, dicha carta

es un documento falso, el cual fue creado para justificar

la    solicitud     de    sentencia       sumaria.           Por    lo    tanto,

sostiene que hay razones para que se declare ha lugar la
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solicitud de relevo de sentencia y se continúen los

procedimientos en el foro primario.                A su vez, indicó

que no había podido objetar la solicitud de sentencia

sumaria,       a    tiempo,    por    razones     atribuibles       a    su

representante legal.

        Por su parte, Tocars Toyota expresó que lograron

demostrar la intención de culminar la relación obrero-

patronal con la señora Ayala, previo a conocer que estaba

embarazada, puesto que, habían entrevistado y contratado

a una candidata para la vacante de Analista de Caja.                      A

su vez, sostienen que la apelante pretende presentar

prueba que presuntamente no pudo traer previamente por

negligencia u omisión por parte de su representante

legal.     Añadieron que, la parte tuvo suficiente tiempo

para presentar su oposición a la solicitud de sentencia

sumaria, puesto que, aun luego de que le enviaran la

contestación al interrogatorio, transcurrieron sobre 40

días para que pudieran presentar su oposición, y aun así

no lo hizo.

        La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es el

mecanismo disponible para solicitarle al foro primario

el relevo de una sentencia por los fundamentos allí

expuestos.         Es decir, para que proceda el relevo de la

sentencia según la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

supra, es necesario que el peticionario invoque por lo

menos una de las razones enumeradas en dicha regla.

        En el caso de autos, el foro primario acogió la

solicitud      de    relevo    de    sentencia    presentada    por      la

apelante como una reconsideración.                Sin embargo, según

expusimos antes, estamos ante un procedimiento sumario

laboral que culminó cuando el foro primario declaró ha

lugar     la       solicitud   de     sentencia    sumaria,     y       por
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consiguiente desestimó la querella presentada.          Conforme

ha resuelto el Tribunal Supremo, las sentencias dictadas

al amparo del procedimiento sumario laboral, no pueden

ser   objeto    de    reconsideración.       Ello   porque     la

reconsideración al interrumpir el término para acudir en

alzada   es    un   trámite   procesal   incompatible    con   el

carácter sumario del procedimiento laboral en cuestión.

Por lo tanto, incidió el foro primario al acoger la

moción de relevo de sentencia como una reconsideración.

      No obstante, luego de evaluar el expediente del

caso, es evidente que la apelante no desplegó la debida

diligencia en la búsqueda de toda la evidencia posible

y descubrirla previo a que el foro primario dictara la

Sentencia.     Al ejercer nuestro rol revisor, tomamos en

cuenta que la acción de relevo de sentencia bajo la Regla

49.2, supra, no es una llave maestra para dejar sin

efecto sentencias válidamente dictadas.         A su vez, nos

llama la atención la dejadez del representante legal de

la apelante, pues a pesar de solicitar las prórrogas y

que el foro primario las concediera, transcurrió un

largo término para que pudiera presentar su oposición,

y optó por no tomar acción, sino hasta luego de culminado

el procedimiento.

      Por otra parte, este Tribunal es consciente de que

una causa de acción incoada de conformidad con la Ley

Núm. 3, supra, establece una presunción de que, cuando

una mujer embarazada es despedida de su empleo, dicho

despido fue discriminatorio por razón de su estado de

embarazo.     Sin embargo, como ocurre con toda presunción,

el patrono cuenta con la oportunidad de presentar prueba

que rebata dicha presunción y que le ayude a establecer

que hubo justa causa para el despido.
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       En adición, la Ley Núm. 80, supra, dispone que la

violación      reiterada      de    las     reglas      y     reglamentos

razonables      establecidos       para    el    funcionamiento            del

establecimiento, constituyen justa causa para el despido

de un trabajador.          Ello, siempre que al empleado se le

haya suministrado oportunamente copia escrita de tales

reglas y reglamentos.

       En el caso de autos, la señora Ayala comunicó su

embarazo el 3 de marzo de 2022, y al día siguiente le

entregaron      la    carta     indicándole        que       la   empresa

prescindía de sus servicios.                   Por lo general, esta

decisión es suficiente para incoar una causa de acción

de acuerdo con la Ley Núm. 3, supra. Sin embargo, Tocars

Toyota       logró    rebatir      la     presunción         de   despido

discriminatorio al demostrar que, previo al anuncio del

embarazo de la señora Ayala, habían tomado la decisión

de    no   aprobar    el    periodo     probatorio,         debido     a    su

negligencia y desempeño en las labores requeridas para

su puesto. A su vez, demostraron que habían entrevistado

y contratado a una persona para cubrir la vacante de

Analista de Caja.

       Independientemente de los aspectos sustantivos de

la sentencia, concluimos que la peticionaria no logró

establecer      los    criterios        para     que    procediera         la

solicitud de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de

Procedimiento Cvivil, supra.              La señora Ayala alegó que

el apelado cometió fraude al Tribunal al ocultarle un

documento en su petición de sentencia sumaria. La señora

Ayala no tiene razón en lo expuesto.               Era el deber de la

representación legal de la apelante presentar a tiempo

su oposición a la referida moción de sentencia sumaria

con    los    documentos      necesarios         para       promover       sus
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argumentos.         Como antes indicado, los abogados de la

señora Ayala no fueron diligentes en oponerse a dicha

moción.       Estos admitieron que “[e]l suscribiente abogado

no     pudo    someter    a   tiempo     la    oposición    a   sentencia

sumaria,       ni   se    solicitó       por    error   y   negligencia

excusable tiempo adicional para oponerse…”.13

        Ante    estos     hechos,   es    forzoso    concluir     que   el

dictamen apelado es correcto en derecho, y el foro

primario no incidió al denegar la solicitud de relevo de

sentencia.

                                    IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el

auto de Certiorari y CONFIRMAMOS la Orden dictada el 9

de enero de 2024.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13   Apelación, pag. 4.