Court Opinion

ID: 9928584
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:27:11.896674+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:14.721888
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

    JUAN A. VELÁZQUEZ                                  Revisión
          NADAL                                        Administrativa
        RECURRENTE                                     procedente del
                                                       Departamento de
                 V.                                    Corrección y
                                                       Rehabilitación
                                   KLRA202300611
     DEPARTAMENTO DE                                   Núm. Querella
       CORRECCIÓN Y                                    215-23-88
      REHABILITACIÓN
         RECURRIDO

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

       Comparece ante esta Curia por derecho propio Juan A.

Velázquez Nadal (Sr. Velázquez Nadal o recurrente). Solicita que

revisemos la Resolución1 que emitió y notificó el Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR) el 3 y 10 de octubre de 2023,

respectivamente. En ella, el DCR halló al Sr. Velázquez Nadal

incurso de infringir el Código 126 de la Regla 15 del Reglamento

Núm.     9221,        Reglamento   para   Establecer    el   Procedimiento

Disciplinario de la Población Correccional, por lo cual lo suspendió de

los privilegios de comisaría, recreación activa, visita y actividades

especiales durante cuarenta días calendario.

       Adelantamos que, luego de examinar el recurso, resolvemos

ordenar su desestimación por carecer de jurisdicción para entender

sobre el asunto. Veamos.

                                     I.

       El Sr. Velázquez Nadal se encuentra recluido en la Institución

Correccional Bayamón 501. El 21 de agosto de 2023, el recurrente

1 Anejos D, E y F.

Número Identificador

SEN2023________
KLRA202300611                                                                    2

fue objeto de una querella disciplinaria2 en la cual se le imputó

haber violentado el Código 126 de la Regla 15 (amenaza) y el Código

232 de la Regla 16 (violar cualquiera de las reglas internas de

convivencia y funcionamiento institucional establecidas por el

Departamento de Corrección y Rehabilitación que no estén

específicamente tipificadas en cualquier nivel de severidad de este

Reglamento) del Reglamento Núm. 9221, supra. Lo antes, por

presuntamente haberse dirigido de manera hostil y repugnante

hacia el Oficial Luis D. Rodríguez Cosme, en presencia de los

oficiales correccionales Díaz (placa núm. 15245) y Rosado (placa

núm. 15198).

       Celebrada la vista administrativa, el DCR dictaminó “[…] a

base de la declaración del querellante, del querellado y la totalidad

del expediente administrativo, concluimos que existe evidencia

preponderante para sostener que el querellado cometió el acto

prohibido imputado por amenaza.”3

       Se colige del expediente que, el 19 de octubre de 2023, el DCR

notificó al Sr. Velázquez Nadal su determinación de rechazar de

plano4 su petitorio de reconsideración.5 Inconforme aún, el

recurrente insta ante esta Curia el recurso de epígrafe intitulado

“Apelación”.6 Junto a su recurso, el Sr. Velázquez Nadal presenta

2 Anejo A.
3 Anejo E. Cabe señalar que, el DCR resolvió que no existe causa por el Código

232 debido a que el Código 126 específicamente tipifica el acto imputado.
4 Anejo G.
5 Hacemos constar que no obra en el expediente ante esta Curia una copia de la

referida solicitud de reconsideración.
6 Por cuanto el Sr. Velázquez Nadal recurre de un dictamen administrativo, se

considera como recurso como una revisión judicial y citamos los errores allí
señalados:
  Error en que el Oficial, Rodríguez Cosme, preparara una querella
  administrativa a[l]terando el contenido de las palabras que indic[ó] el
  apelante de epígrafe y lugar de los hechos.

 Error en las declaraciones ofrecida[s] por el oficial, D[í]az y el oficial,
 Rosado, que no concuerda con la querella al apelante.

 Error en la radicación del documento de querella, por falta de
 información

 Error en el criterio del examinador el Sr. Andr[é]s Mart[í]nez Colón en
 encontrar en incurso al apelante de epígrafe.

 Error en el oficial R. Casiano oficial de querella al no brindar copia fiel y
 exacta de todo el expediente utilizado en la celebración ante el
 examinador de querella.
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una Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In

Forma Pauperis), la cual declaramos Ha Lugar.

      Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice

que sometió el recurrente y optamos por prescindir de los términos,

escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su

más justo y eficiente despacho”. Regla 7 (b) (5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) (5).

Resolvemos.

                                 II.

   A. La jurisdicción

      Como se sabe, la jurisdicción es el poder o autoridad de un

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Fideicomiso

de Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Oficina

de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico

y Comercio de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 26, resuelto el 14 de

marzo de 2023. Es por ello, que, la falta de jurisdicción de un

tribunal incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar

una controversia. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank,

204 DPR 374, 385 (2020). De ese modo, la ausencia de jurisdicción

trae varias consecuencias, tales como el que no sea susceptible de

ser subsanada; las partes no puedan conferírsela voluntariamente

a un tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva la

nulidad de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso, y puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Íd.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo ha enfatizado que los

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción

sin poder ejercer discreción para asumirla donde no la hay.

Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc.

v. Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo
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Económico y Comercio de Puerto Rico y otros, supra. A esos efectos,

las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser

resueltas con preferencia. Íd. A causa de ello, cuando un tribunal

determina que no tiene jurisdicción para intervenir en un asunto,

procede la inmediata desestimación del recurso apelativo, conforme

a lo ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento

de estos recursos. Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210

DPR 384 (2022); Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra. Ante el

deber de los foros adjudicativos de examinar tanto su propia

jurisdicción como la del foro de donde procede el recurso ante sí, la

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 83(C), faculta al foro apelativo a actuar por iniciativa

propia para desestimar un recurso apelativo ante la ausencia de

jurisdicción.

      Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico concede a todo

ciudadano el derecho a recurrir de los dictámenes de un organismo

inferior, sujeto a las limitaciones legales y reglamentarias, entre

ellas, su correcto perfeccionamiento. Isleta v. Inversiones Isleta

Marina, 203 DPR 585, 590 (2019). De manera que, el cumplimiento

con tales disposiciones reglamentarias no puede quedar al arbitrio

de las partes o sus abogados. Íd. Por tanto, las disposiciones

reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante este Tribunal

de Apelaciones deben observarse rigurosamente. Íd.

      Reconocemos que el Artículo 4.004 de la Ley Núm. 103-2003,

conocida como Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24w,

persigue brindar a la ciudadanía un acceso fácil, económico y

efectivo para acudir ante este Tribunal. De igual manera, faculta la

comparecencia eficaz de apelantes por derecho propio, sin eximirlos

de cumplir con las reglas procesales. Rivera Marcucci v. Suiza

Dairy, 196 DPR 157, 173 (2016). Por último, con respecto al efecto

de no cumplir con las reglas procesales, es norma reiterada que el

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias establecidas
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para la presentación y forma de los recursos puede dar lugar a

la desestimación. Íd.

      De otra parte, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de

2003, 4LPRA sec. 24y, establece que el Tribunal de Apelaciones

tendrá competencia para revisar las decisiones de las agencias

administrativas. ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229, 238 (2020).

Sobre los términos para presentar un recurso de revisión ante este

Tribunal, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9672,

dispone en lo pertinente que:

      Una parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia y que haya agotado todos
      los remedios provistos por la agencia o por el organismo
      administrativo      apelativo    correspondiente     podrá
      presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de
      Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días
      contados a partir de la fecha del archivo en autos de la
      copia de la notificación de la orden o resolución final de
      la agencia o a partir de la fecha aplicable de las
      dispuestas en la sec. 3.15 de esta Ley, cuando el término
      para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido
      mediante la presentación oportuna de una moción de
      reconsideración. […]

      Como se sabe, el derecho a revisar las decisiones de las

agencias administrativas está sujeto a la oportuna presentación y a

su correcto perfeccionamiento. Isleta v. Inversiones Isleta Marina,

supra. Como vemos, el incumplimiento con las reglas de los

tribunales apelativos puede impedir la revisión judicial. Montañez

Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 549-550 (2017).

      A la luz de la normativa expuesta anteriormente, pasemos a

analizar los hechos particulares del caso de autos.

                                III.

      En el presente caso, el Sr. Velázquez Nadal fue objeto de una

querella disciplinaria en la cual se le imputó haber amenazado al

Oficial Luis D. Rodríguez Cosme. Surge del tracto procesal que, el

DCR evaluó las posturas de ambas partes junto al expediente

administrativo y concluyó que la evidencia sustenta que el Sr.

Velázquez Nadal incurrió en la amenaza imputada.
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       A pesar de que el recurrente no nos presentó una copia de su

moción, en violación a la Regla 59(E) de nuestro Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 59(E),7 podemos colegir del expediente que el Sr.

Velázquez       Nadal      instó    oportunamente          un     petitorio      de

reconsideración ante el DCR. En respuesta, la agencia denegó la

solicitud del recurrente, según surge de la Hoja de Trámite que lee

“Determinación de Moción de Reconsideración, Querella Núm. 215-

23-088, Juan Velázquez Nadal, Determinación Tomada: Rechazada

de plano.”8

       Constatamos de la Hoja de Trámite que, el DCR notificó al Sr.

Velázquez Nadal la referida denegatoria el 19 de octubre de 2023.

Por consiguiente, a partir de esa fecha, comenzó a transcurrir el

término de treinta (30) días que tenía el recurrente para instar ante

esta Curia un recurso de revisión judicial, vencedero el martes, 21

de noviembre de 2023.9 Sin embargo, el recurrente acreditó,

mediante un sobre ponchado por el servicio postal, que presentó su

recurso de revisión ante nos el 22 de noviembre de 2023.10

Advertimos de lo anterior que, el recurrente presentó su recurso

vencido el término de treinta (30) días para acudir en revisión

judicial.

       En virtud de la normativa antes discutida, al el Sr. Velázquez

Nadal presentar su recurso tardíamente, nos vemos obligados a

ordenar la desestimación del recurso de epígrafe, en ausencia de

jurisdicción para atenderlo. Recordemos que, los tribunales estamos

7  La Regla 59(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece, en lo
pertinente, que el apéndice de un recurso de revisión ha de contener:
[…]
(d) Toda moción, resolución u orden necesaria para acreditar la interrupción y
reanudación del término para presentar el recurso de revisión.
(e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualquiera de las partes
que forme parte del expediente original administrativo, en los cuales se discuta
expresamente cualquier asunto planteado en el recurso de revisión o que sean
relevantes a ésta.
(f) Cualquier otro documento que forme parte del expediente original en la Agencia
y que pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones en la resolución de la controversia.
8 Anejo G.
9 Cabe señalar que, los treinta días se cumplieron el sábado, 18 de noviembre de

2023, pero se extendieron hasta el martes 21 de noviembre de 2023 debido a que
el lunes, 20 de noviembre de 2023 fue feriado.
10 Añadimos que, la cubierta del recurso del recurrente aparece ponchada el 27

de noviembre de 2023.
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llamados a ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción sin poseer

discreción para asumirla donde no la hay.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, procede desestimar el

recurso presentado por el Sr. Velázquez Nadal por falta de

jurisdicción.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones