Court Opinion

ID: 9394855
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:16:13.361022+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.145325
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      Panel XI

      NELLY DURÁN DELGADO                                       Apelación
             Apelante                                           procedente del
                                                                Tribunal de
                                                                Primera Instancia
                    v.                       KLAN202201034      Sala de Fajardo

                                                                Caso Núm.
    JESÚS SOSA CARRASQUILLO                                     CA2021CV03440
             Apelado
                                                                Sobre:
                                                                Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

                                         SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

         Comparece ante nosotros la señora Nelly Durán Delgado, (señora

Durán Delgado o apelante), mediante recurso de apelación, solicitando

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Fajardo, (TPI), el 5 de agosto de 2022.1 En el contexto

de una causa de acción presentada por la apelante a través del proceso

sumario establecido en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 L.PR.A. Ap.

V, R. 60, referente al cobro de pensiones alimenticias presuntamente

vencidas o atrasadas, el TPI (i) la declaró Con Lugar, en lo atinente al

reclamo por gastos incurridos de su propio peculio ante obligaciones que

correspondían ser asumidas por el señor Jesús Sosa Carrasquillo,

(apelado o señor Sosa Carrasquillo); pero, (ii) la desestimó en lo atinente

a las pensiones vencidas o atrasadas, determinando que no eran líquidas

y exigibles, y el derecho a reclamarlas correspondía a la hija o hijo que

advino a la mayoridad, no reconociéndole legitimación activa a la

1   Notificada el 8 de agosto de 2022.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
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apelante para ello. Insatisfecha la señora Durán Delgado con esta

segunda parte de la Sentencia apelada, nos solicita su revocación.

      Por     los    fundamentos     que     expondremos       a   continuación,

confirmamos la Sentencia recurrida.

I. Resumen del tracto procesal

      El 16 de diciembre de 2021, la señora Durán Delgado presentó

una Demanda sobre cobro de dinero bajo el procedimiento sumario de la

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, en contra del señor Sosa

Carrasquillo. Alegó que, el señor Sosa Carrasquillo le adeudaba

$13,659.59 dólares por reembolso de pagos que esta cubrió totalmente, a

pesar de ser responsabilidad del apelado. Adujo que, tal suma de dinero

adeudado surgía de la Resolución del caso civil número F DI1996-0889,

por lo que la deuda estaba vencida, líquida y exigible. Añadió que, los

hijos que las partes tenían en común, al advenir a la mayoridad,

tampoco recibieron pagos por concepto de deuda de pensión alimentaria,

ni costas y honorarios de abogados, que tuvo que cubrir la apelante.

      Luego     de   varios   trámites   procesales,    no    pertinentes    a   la

controversia que estamos dilucidando, el 15 de marzo de 2022, se

celebró el juicio en su fondo mediante videoconferencia para dirimir la

reclamación planteada en la Demanda.2 En la vista la apelante declaró

que, en un caso de alimentos anterior entre las partes, atendido por la

Sala de Familia, se determinó que al señor Sosa Carrasquillo le

correspondía la obligación de pagar el 29.28% de los gastos médicos,

universitarios y de graduación de los hijos que tienen en común, aunque

luego las partes estipularon que fuera el 30%.3 Sostuvo que, el apelado

todavía estaba obligado a pagar la referida cantidad por pensión

alimentaria, además de una pensión alimentaria a los hijos que aún eran

2 Es de notar que, a pesar de haber sido debidamente emplazado, el apelado no
compareció al juicio. Anejo VII del apéndice del recurso de apelación, págs. 62-64.
3 Anejo IV del apéndice del recurso de apelación, pág. 20.
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menores. En específico, la apelante reclamó el 30% por los gastos en

exceso a los que le correspondía asumir, por procesos de ortodoncia,

graduación y universidad en los que incurrió para su hija Irelis Sosa

Durán, que el apelado no costeó a pesar de corresponderle.4

         Por otro lado, la señora Durán Delgado solicitó el reembolso por las

deudas de pensión alimentaria dejadas de pagar por el apelado.

Específicamente reclamó las siguientes cantidades; (1) $7,305.40 por

concepto de retroactivo establecido por el Tribunal; (2) $3,337.92 de

gastos en la etapa apelativa; y (3) $1,500.00 de honorarios de abogado.5

La apelante manifestó que en el proceso seguido en el caso del divorcio

entre las partes el Tribunal había emitido Resolución el 4 de agosto de

2020, estableciendo un plan de pago al padre no custodio, por concepto

de pensión alimentaria, y una deuda por retroactivo.6 Asimismo, afirmó

que el Tribunal adjudicó dichas partidas luego que Irelis Sosa Durán,

hija de ambos, advino a la mayoría de edad.

         Visto lo anterior, el 5 de agosto de 2022,7 el TPI emitió Sentencia

apelada, disponiendo que la apelante logró establecer la existencia de

una deuda por los gastos en que incurrió para el tratamiento de

ortodoncia, graduación, matrícula y gastos universitarios de su hija, ante

el incumplimiento del pago que le correspondía asumir al apelado para

dichas necesidades. En consonancia, condenó al señor Sosa Carrasquillo

al pago de la suma correspondiente a tales gastos asumidos por la

apelante, de $1,886.33, más el interés legal de 5.00%.

         No obstante, en cuanto a la reclamación de las cuantías

relacionadas a las pensiones alimentarias vencidas o atrasadas, el foro

primario indicó que la única prueba que presentó la apelante a tales

efectos fue la Resolución del caso civil número F DI1996-0889 (caso de

4   Íd.
5   Íd.
6   Íd.
7   Notificada el 8 de agosto de 2022.
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divorcio), donde se estableció un plan de pago que el apelado asumiría

junto a la pensión alimentaria vigente. A raíz de lo cual, el foro primario

determinó que la señora Durán Delgado no había logrado establecer que

contara con una reclamación de cobro de dinero que fuera líquida y

exigible, según se exige en la causa de acción iniciada bajo el

procedimiento sumario provisto por Regla 60 de Procedimiento Civil,

supra.

      Por último, el TPI razonó que la señora Durán Delgado no tenía

legitimación para representar o reclamar en nombre de sus hijos ya

mayores, pensiones atrasadas o no pagadas por el apelado. En

particular, el tribunal plasmó que, conforme a lo establecido en Ríos

Rosario v. Vidal Ramos, 134 DPR 3 (1993), tal causa de acción le

correspondía al hijo o hija que hubiese alcanzado la mayoría de edad,

pues contaba con plena capacidad jurídica para exigirlo a nombre

propio.

      Inconforme, el 22 de agosto de 2022, la apelante presentó Moción

Solicitando Reconsideración. En lo pertinente, la señora Durán Delgado

argumentó que en el caso de autos aplicaba la figura del pago por

tercero, por cuanto su hija −mayor de edad− no quería recobrar la deuda

de pensión alimentaria vencida. Así pues, solicitó que se le permitiera

desfilar prueba, y se le reembolsara lo adeudado. Sin embargo, el TPI

denegó la solicitud de reconsideración instada.

      Es así que la parte apelante acude ante nosotros imputándole al

TPI la comisión de los siguientes errores:

      Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
      Instancia y abusó de su discreción al determinar que la
      parte demandante-apelante no estableció que tiene una
      reclamación en cobro de dinero líquida y exigible, conforme
      lo establece el procedimiento de cobro de dinero con relación
      al reembolso por las deudas de pensión alimentarias dejadas
      de pagar por el demandado-apelado y que tuvo que
      satisfacer de su peculio la parte demandante-apelante.
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      Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
      Instancia y abusó de su discreción al dictaminar que la parte
      demandante-apelante no pagó en exceso de lo que le
      correspondía o que desembolsó de su peculio cantidad
      alguna por gastos incurridos para cubrir las necesidades no
      satisfechas por el padre no custodio y en consecuencia
      dejando sin efecto el reclamo por la cantidad total de
      $13,659.99 por concepto de pagos, gastos y pagos de
      honorarios de abogado que cubrió totalmente la parte
      demandante-apelante y que era responsabilidad del
      demandado-apelado satisfacer como parte de la pensión
      alimentaria establecida a favor de la menor .

      Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
      Instancia y abusó de su discreción al dictaminar que la parte
      demandante-apelante no tiene legitimación activa para
      reclamar el pago de pensiones no pagadas por el padre
      alimentante y que tuvo que satisfacer de su peculio la parte
      demandante-apelante.

      De conformidad, el 13 de enero de 2021, emitimos una Resolución

concediéndole treinta días al apelado para que presentara su escrito en

oposición, pero este nunca compareció. En consecuencia, sin el beneficio

de la comparecencia del señor Sosa Carrasquillo, procedemos a resolver.

II. Exposición de Derecho

   A. Alimentos

      En nuestro ordenamiento jurídico los menores tienen un derecho

fundamental a recibir alimentos. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR

706, 717 (2022); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623,

632 (2011). Este derecho es inherente al derecho fundamental a la vida,

consagrado en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Díaz

Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 923 (2017); De León Ramos v.

Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 169 (2016); Santiago, Maisonet v.

Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559-560 (2012); Llorens Becerra v. Mora

Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 (2010); McConnell v. Palau, 161 DPR

734, 745 (2004). Los casos sobre alimentos de menores están revestidos

del más alto interés público. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág.

5; Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, pág. 632; Argüello v.

Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). Ello debido a que procurar el mejor
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interés y bienestar de los menores “constituye un pilar fundamental de

nuestra sociedad y se ha reconocido como parte integral de la política

pública del Gobierno de Puerto Rico.” De León Ramos v. Navarro Acevedo,

supra, pág. 169.

      El artículo 590 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7242, establece que

los progenitores tienen el deber de alimentar y proveerle lo necesario

para el desarrollo y formación integral de sus hijos, sujetos a su patria

potestad. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia médica

de una persona, según la posición social de su familia. Artículo 653 de

Código Civil, 31 LPRA 7531.

      De esta manera, el Código Civil establece que ambos progenitores

responden solidariamente de los alimentos de sus hijos. Si uno de ellos

no cumple su obligación de pago íntegra y oportunamente, el otro puede

iniciar la acción de cobro a nombre del alimentista, esté o no bajo su

custodia, o a nombre propio como codeudor solidario. (Énfasis provisto).

Artículo 661 del Código Civil, 31 LPRA 7544. Cónsono con lo anterior,

nuestro máximo foro ha reiterado que mientras los hijos sean menores

de edad, no emancipados, son los padres quienes deben reclamar el pago

de las pensiones alimentarias en nombre de sus hijos. Toro Sotomayor v.

Colón Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009).

      No obstante, una vez los hijos alcanzan la mayoría de edad, estos

tienen la capacidad para representar sus propios intereses ante los

tribunales, por lo que desde ese momento sus padres no pueden hacerlo.

Íd. en la pág. 536; Key nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 268 (1985).

Conforme a lo cual, en el caso de las pensiones alimentarias vencidas o

atrasadas, el progenitor carece de legitimación para representar a su

hijo alimentista mayor de edad o para continuar la acción de cobro

de las cuantías no satisfechas, aunque haya sido el progenitor quien
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inició la acción originalmente. (Énfasis provisto). Toro Sotomayor v.

Colón Cruz, supra.

   B. Acción de reembolso

      Por otra parte, el Tribunal Supremo resolvió que cuando un padre

alimentante paga en exceso de lo que le corresponde, tiene un crédito a

favor por ese excedente. Íd; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR

219, 229 (1984). Asimismo, el alto foro determinó que el padre que ha

pagado en exceso puede reclamar su crédito mediante una acción

independiente que no configura una reclamación de alimentos. Figueroa

Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 574 (1999). Es decir, tiene

disponible una acción personal para que se le reembolse lo que pagó en

exceso. En dicha situación, aplica la figura del pago por tercero, regulada

por el Artículo 1120 del Código Civil, 31 LPRA 9151, en donde se

establece lo siguiente:

      Cualquier persona puede hacer el pago, tenga interés en el
      cumplimiento de la obligación o no, ya sea que lo conozca y
      lo apruebe el deudor, o ya que lo ignore.
      La persona que paga por cuenta de otra puede reclamar del
      deudor lo que ha pagado, excepto cuando lo ha hecho sin su
      consentimiento. En este último caso, si el tercero hace el
      pago de buena fe puede exigir al deudor que le restituya
      aquello en lo que le ha sido útil el pago.

   C. Legitimación Activa

      Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que “[l]a legitimación

activa es uno de los requisitos del principio de justiciabilidad que los

tribunales tienen que tomar en consideración antes de adjudicar una

controversia en los méritos”. Asociación de Maestros v. Dept. de

Educación, 200 DPR 974, 976 (2018); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011). La legitimación activa se ha definido

como “[l]a capacidad de una parte para realizar con eficacia actos

procesales como parte litigante y comparece como demandante o

demandado, o en representación de cualquiera de ellos”. Col. De Ópticos

de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). Asimismo, “es un
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instrumento de autolimitación y de prudencia judicial que tiene su

génesis en la doctrina de justiciabilidad de las controversias”. Íd.

      Para determinar si una parte tiene legitimación activa debe

cumplir con los siguientes requisitos: (1) haber sufrido un daño claro y

palpable; (2) que el referido daño sea real, inmediato y preciso, y no

abstracto o hipotético; (3) una conexión entre el daño sufrido y la causa

de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surja bajo el palio de la

Constitución o de una ley. Asociación de Maestros v. Dept. de Educación,

supra; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 943; Lozada

Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924 (2010). En nuestro

ordenamiento, “[s]e ha reconocido que un caso no es justiciable cuando

las partes no tienen legitimación activa”. Torres Montalvo v. Hon.

Alejandro García Padilla, 194 DPR 760, 766-767 (2016); P.N.P. v.

Carrasquillo, 166 DPR 70, 74 (2005).

   D. Procedimiento Sumario bajo la Regla 60

      La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.60, establece

un proceso sumario para resolver reclamaciones de deudas que no

excedan los quince mil dólares ($15,000.00), excluyendo los intereses. La

referida regla se creó con el propósito de agilizar y simplificar los

procedimientos en reclamaciones por cuantías pequeñas, para facilitar el

acceso a los tribunales y lograr una solución rápida, justa y económica.

Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).

      Por otro lado, en una acción de cobro de dinero, el demandante

tiene que probar ser el acreedor de una deuda vencida, líquida y

exigible. (Énfasis provisto). General Electric v. Concessionaires, Inc., 118

DPR 32, 43 (1986). Respecto a ello, nuestro Tribunal Supremo expresó:

      El vocablo "líquida'' en relación con una cuenta, en lenguaje
      corriente significa el saldo "o residuo de cuantía cierta que
      resulta de la comparación del cargo con la data''. Y la voz
      "exigible'' refiriéndose a una obligación, significa que puede
      demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70
      DPR 958, 966-967 (1950).
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      La deuda es "líquida" cuando la cuantía de dinero debida es

"cierta" y "determinada". Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534,

546 (2001), citando a M.A. Del Arco Torres y M. Pons González,

Diccionario de Derecho Civil, Navarra, Ed. Aranzadi, 1984, T. II, pág. 168

y a Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). Por su parte, la

deuda es "exigible" cuando la obligación no está sujeta a una causa de

nulidad y puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez,

supra.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Por estar íntimamente relacionados, se discutirán los errores

señalados en conjunto.

      La apelante aduce que incidió el TPI al determinar que no logró

establecer que la reclamación en cobro de dinero fuera líquida y exigible.

De igual forma, cuestiona la decisión del TPI al declararla sin

legitimación para reclamar el pago de pensiones adeudadas a sus hijos.

      Valga iniciar reiterando que el TPI sí reconoció y ordenó que el

apelado pagara a la parte apelante el reembolso del dinero que esta

asumió, en exceso del porciento que le correspondía en el pago de la

pensión alimentaria. Habiéndose probado en la vista evidenciaria

celebrada el crédito en favor de la apelante surgido por las cantidades

pagadas en pensión alimentaria, en exceso de lo que le correspondía,

sólo procedía ordenar el pago de los debido, según así lo hizo el TPI.

Sobre esto, el foro a quo dejó constancia en la Sentencia apelada de que

la apelante presentó evidencia de los recibos de los gastos de ortodoncia,

matrícula y universidad, demostrando que tenía una deuda líquida y

exigible, susceptible de ser reclamada a través del proceso que habilita la

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.

      No obstante, fue con relación a la reclamación instada por la

apelante sobre la pensión alimentaria vencida y alegadamente adeudada
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por el apelado hacia los hijos en común, que el foro primario determinó

que no procedía ordenar el pago reclamado. Con referencia a este primer

asunto, lo primero que llama la atención es que, a pesar de que en la

vista celebrada ante el TPI para dilucidar los asuntos allí planteados se

presentó prueba documental, pero también se desfiló prueba testifical, la

parte apelante no incluyó junto a su escrito ante nos algún medio de

reproducción de la prueba testifical, que nos pusiera en posición de

verificar las determinaciones de hechos conducentes al resultado cuya

revocación pretende, por lo que estamos atados a conceder deferencia a

las que realizara el foro apelado.

      Llamada la atención sobre lo anterior, es de ver que, por una parte,

el TPI fundó la desestimación de la causa de acción de cobro de dinero

aludida, en su afirmación de que la señora Durán Delgado no estableció

que tuviera una deuda de cobro de dinero que fuera líquida y exigible,

lo que es un requerimiento ineludible de los procesos iniciados al amparo

de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra. Según señalamos en la

exposición de derecho, el promovente de la causa de acción instada bajo

el proceso particular provisto por la regla citada tiene que probar ser el

acreedor de una deuda vencida, líquida y exigible. General Electric v.

Concessionaires, Inc., supra. (Énfasis provisto).

      La alusión por la apelante a la Sentencia emitida en el proceso de

divorcio seguido entre las partes de epígrafe, como base para establecer

el derecho al recobro de pensiones alimentarias no pagadas por el

apelado, falló en establecer que la presunta deuda reclamada fuera cierta

y determinada. Aun a este nivel apelativo tampoco surgen tales

elementos, para poder ordenar al apelado el pago de las pensiones

alimentarias alegadas, es decir, no se logra establecer una deuda

vencida, líquida y exigible. El plan de pago de la pensión alimentaria

establecido en el referido caso de divorcio, con el que tendría que cumplir
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el apelado, no precisa las cantidades pagadas y las debidas, de modo que

imposibilitan el cumplimiento con el requerimiento de que la cantidad

reclamada a través de la Regla 60, supra, sea líquida, y exigible. A pesar

de lo explicado, en su recurso ante nosotros la apelante no ahondó sobre

este asunto, limitando su discusión al alegado error del TPI de no tomar

conocimiento judicial de la Sentencia de divorcio entre las partes.

      Por otra parte, el TPI también dispuso que la apelante no poseía

legitimación activa para reclamar la pensión alimentaria vencida y no

pagada por el señor Sosa Carrasquillo que se debía a los hijos que ya

habían advenido a la mayoridad. Es importante en este punto notar que

la apelante reclamó la pensión alimentaria adeudada por el apelado a la

hija en común, ya mayor de edad.

      Conforme resaltamos en la exposición de derecho, la legitimación

activa es uno de los requisitos del principio de justiciabilidad que los

tribunales tenemos que tomar en consideración antes de adjudicar una

controversia en los méritos. Asoc. De maestros v. Dept. de Educación,

supra. Sobre tal tema, nuestro alto foro ha reiterado que, en los casos de

pensiones alimentarias vencidas o atrasadas, el progenitor carece de

legitimación para reclamar las cuantías no satisfechas en representación

del hijo mayor de edad. Es decir, quién posee legitimación para reclamar

la pensión alimentaria no satisfecha es el hijo mayor de edad, quien tiene

la capacidad jurídica para representar sus propios intereses. Toro

Sotomayor v. Colón Cruz, supra.

      De lo anterior se sigue que, tal como lo determinó el TPI, la

apelante   no     tenía   legitimación   para   reclamar    las   cuantías

correspondientes al pago de pensiones alimentarias, ante el hecho

incontrovertido que tal causa de acción solo podía ser reclamada por la

hija mayor de edad, quien ostentaba el derecho de iniciar causa judicial

de conformidad.
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     Según se ha visto, el tribunal a quo se ajustó a derecho al emitir el

dictamen apelado, no cometiendo los errores que se le imputaron, por lo

que solo nos corresponde confirmar la Sentencia apelada.

IV. Parte dispositiva

     Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia apelada.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones