Court Opinion

ID: 9952432
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:52:26.56658+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:15.739127
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VI

  JOSÉ RAFAEL ARRIETA                            Certiorari
        IGARTÚA                                  procedente del
                                                 Tribunal de Primera
          Recurrida                              Instancia, Sala
                                                 Superior de Caguas

               v.                           Caso Número:
                                            CG2020CV01197
                              KLCE202301459 (Salón 703)
      ASOCIACIÓN
    RESIDENTES DE                                Sobre:
  ESTANCIAS DE CIDRA,                            Injuction
     INC., Y OTROS                               (Entredicho
                                                 Provisional,
        Peticionarios                            Injuction Preliminar
                                                 y Permanente),
                                                 Daños
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2024.

      Comparece la parte peticionaria, María M. Montalvo Padilla,

miembro de la Asociación de Residentes de Estancias de Cidra,

Inc., mediante un recurso de Certiorari y nos solicita la revisión de

las Órdenes emitidas el 2 de noviembre de 2023 y notificadas el 3

de noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Caguas (en adelante, TPI). Mediante éstas, el TPI no

permitió la Demanda Contra Tercero y Coparte presentada el 30 de

diciembre de 2021 por la Asociación de Residentes de Estancias de

Cidra, Inc. (en adelante, AREC). Además, mediante el otro

dictamen emitido el mismo día, el TPI declaró Ha Lugar la

Comparecencia y Solicitud de Remedios presentada el 3 de mayo de

2022 por AREC.

      Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del presente recurso de Certiorari.

Número Identificador

RES2024_______________
KLCE202301459                                                      2

                                             I

        El 11 de junio de 2020, el Sr. José Rafel Arrieta Igartúa, en

adelante parte recurrida, presentó Demanda solicitando un

Injunction para que se cumpliera lo establecido en la Escritura de

Restricciones de Uso y Edificación Urbanización Estancias de Cidra

contra la Junta de Directores de AREC, la Sra. Omayra Alvarado

Cartagena, la Sra. Niria Raquel Rodríguez de Choudens, la Sra.

María Monserrate Montalvo Padilla, la Sra. Marlisse García Cosme,

la Sra. Elimar Resto Jiménez, el Sr. Irving Ortiz Cotto y su

compañía Ortiz Imports, LLC y el Municipio de Cidra.1

        Así las cosas, el 20 de julio de 2020, la Junta de Directores

de AREC presentó una Contestación a Demanda y Reconvención

mediante la cual presentaron sus defensas afirmativas y una

reclamación contra la parte recurrida.2

        Luego de varios incidentes procesales, el 30 de diciembre de

2021, AREC presentó ante el TPI un escrito titulado Demanda

Contra Terceros y Co Parte.3 Entre otras cosas, alegó que el

Sr. José Miguel Ramírez Legrand y su esposa, Sra. Luz Janet

Medina, que el Sr. Carlos Pagán Rivera y su esposa, Sra. María del

Carmen Vega, al igual que el Sr. José Leonel Santos Rivera y su

esposa, Sra. Tricia Ortiz Pérez, debían ser traídos como terceros

demandados, pues entendía que respondían por los daños y

perjuicios causados a la Junta de Directores de AREC.4 De igual

forma, solicitaron que se autorizara la demanda contra co parte

contra el Municipio de Cidra, pues alegaron que dicho municipio

autorizó al Sr. José Leonel Santos Rivera mediante unos permisos

para operar un negocio en los predios de la urbanización.5

1 Apéndice III del Certiorari, págs. 5-69.
2 Apéndice IV del Certiorari, págs. 70- 78.
3 Apéndice V del Certiorari, págs. 79-83.
4 Íd.
5 Íd.
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         Así las cosas, el 12 de abril de 2022, el Municipio de Cidra

presentó ante el foro primario una Solicitud para que no se Autorice

Demanda contra Tercero por Incumplimiento con las Reglas de

Procedimiento Civil y la Aplicación de la Doctrina de Incuria.6 En

dicha moción alegaron que no procedía la demanda contra tercero,

pues se presentó fuera del término de treinta (30) días que

establece la ley sin que mediara justa causa.7 Alegaron, además,

que dicha demanda contiene hechos “conocidos o que debieron ser

conocidos cuando present[aron] su moción de desestimación”.8

         Por otro lado, el 3 de mayo de 2022 la Junta de Directores de

AREC presentó ante el TPI una Comparecencia Especial y Solicitud

de Remedios en la cual le solicitó al foro primario, entre otras

cosas, que relevara al licenciado Pedro L. Betancourt Rivera (en

adelante, licenciado Betancourt) de su representación y confirmara

la representación legal del licenciado Raúl Tirado, hijo.9 Esto, pues,

había cambiado su composición y le habían manifestado al

licenciado Betancourt, mediante la tramitación de unas cartas, que

deseaban prescindir de sus servicios y contrataron los servicios del

licenciado Raúl Tirado, hijo.10

         Por su parte, el 4 de mayo de 2023 compareció el licenciado

Betancourt, alegando estar en representación de AREC, mediante

una Moción Informativa y Solicitud de que se Resuelva la Sumaria.11

Alegó, entre otras cosas, que:

         […]aclaramos que un miembro de la Asociación nos
         contrató para que co representemos a la Asociación en
         este caso y pagar[á] nuestros servicios, por lo que
         hemos continuado y continuaremos en el caso, ya que
         es su derecho.12

6 Apéndice VI del Certiorari, págs. 84-85.
7 Íd.
8 Íd.
9 Apéndice VII del Certiorari, págs. 86-124.
10 Íd.
11 Apéndice VIII del Certiorari, pág. 125.
12 Íd.
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         Así las cosas, el 2 de noviembre de 2023, mediante dos

Órdenes notificadas el 3 de noviembre de 2023, el TPI denegó

ambas       solicitudes.     Sobre     la   representación   del   licenciado

Betancourt expresó:

         “En cuanto al relevo del licenciado Betancourt,
         disponemos: la contratación de la representación
         legal de la asociación de residentes le corresponde
         a la junta de directores. Por lo que, estos
         acreditando que no desean sus servicios el Tribunal
         lo releva de la representación legal”.13 (Énfasis
         suplido)

         Mientras, respecto a la demanda contra tercero y co parte, el

TPI expresó lo siguiente: “[e]n esta etapa de los procesos, no se

permite la demanda contra terceros ni la demanda contra co-

parte”.14

         Inconforme, el 20 de noviembre de 2023 el licenciado

Betancourt, alegando hacerlo en representación de AREC, presentó

ante el TPI una Moción en Reconsideración.15 En síntesis alegó que,

al haber sido contratado por uno de los integrantes de la

Asociación de Residentes de Estancias de Cidra, Inc., lo convertía

en co-representante de la esta.16

         El 27 de noviembre de 2023, AREC presentó ante el TPI su

Moción en Oposición a Reconsideraciones.17 En resumen, se opuso

a la moción presentada por el licenciado Betancourt, pues entendía

que los asuntos respecto a los negocios de la Asociación eran

decididos por su junta de directores y no por un miembro que no

formaba parte de dicha junta de directores, por lo que no procedía

el planteamiento de co-representación.18 Finalmente, el 28 de

noviembre de 2023 el foro primario emitió una Resolución

13 Apéndice I del Certiorari, págs. 1-2.
14 Apéndice II del Certiorari, págs. 3-4.
15 Apéndice IX del Certiorari, pág. 126.
16 Íd.
17 Apéndice X del Certiorari, págs. 127-130.
18 Íd.
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declarando No Ha Lugar la moción en reconsideración presentada

por el licenciado Betancourt.19

          Inconformes, el 27 de diciembre de 2023, el licenciado

Betancourt, en representación de la Sra. Montalvo Padilla,

miembro de AREC, acudió ante nos mediante el presente recurso

de Certiorari. En su escrito señala la comisión de los siguientes

errores:

          Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
          Instancia al declarar No Ha Lugar la co representación
          de la Asociación.

          Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primer
          Instancia al declarar No Ha Lugar la demanda contra
          terceros y co parte.

          El pasado 11 de enero de 2024, este Tribunal emitió una

Resolución mediante la cual se atendieron varios asuntos, pero, en

síntesis, se le concedió a la parte recurrida, un término hasta el 24

de enero de 2024 para comparecer. Al no contar con el beneficio de

su comparecencia, procederemos a resolver.

                                          II

                                          A.

          El recurso de certiorari “es un mecanismo procesal de

carácter discrecional que le permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las determinaciones del tribunal recurrido”.

Rivera Gómez y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros,

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las

Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). En el ámbito judicial, el concepto

discreción “no significa poder para actuar en una forma u otra,

haciendo abstracción del resto del Derecho”. IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra, pág. 338. La discreción, “es una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211

19
     Apéndice X del Certiorari, págs. 131-132.
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DPR 821 (2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:

             El recurso de certiorari para revisar
      resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por
      el Tribunal de Primera Instancia, solamente será
      expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a
      lo   dispuesto   anteriormente,     el  Tribunal     de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
      Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
      admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales,    asuntos     relativos   a    privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual
      esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia. Al denegar la expedición
      de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
      su decisión. (Énfasis suplido)

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que

el Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o

de una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
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      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

      Cabe   también    señalar,    de     los   factores   anteriormente

esbozados se infiere que el foro apelativo evaluará la “corrección de

la decisión recurrida” de igual modo “la etapa del procedimiento en

que es presentada”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR

83, 97 (2008). Esto es así, para determinar si esta es la etapa más

“apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, supra.

                                   B.

      La Ley Núm. 64-2009, según enmendada, mejor conocida

como “Ley General de Corporaciones”, 14 LPRA sec. 3501 et seq.,

es el estatuto que rige la existencia y los interrogantes de las

corporaciones privadas en Puerto Rico. Dorado del Mar v. Weber, et

al, 203 DPR 31, 45 (2019); D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro,

132 DPR 905, 915 (1993). Su personalidad jurídica, sin embargo,

comienza en el registro y emisión final del certificado de

incorporación,   lo   cual   le   brinda    a    dicha   corporación   su

personalidad distinta y separada a la de sus miembros. Véase,

Arts. 1.03, 1.04 y 1.05 de la Ley General de Corporaciones,

14 LPRA 3503, 3504 y 3505; Peguero y otros v. Hernández Pellot,

139 DPR 487, 502 (1995).

      El Art. 2.02 (B) y (L) de la Ley General de Corporaciones, 14

LPRA 3522, expone algunas de las facultades que puede ejercer

una corporación bajo dicha ley. En específico, establece lo

siguiente:
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      […]
      (b) Demandar y ser demandada bajo su nombre
      corporativo en cualquier Tribunal y participar en
      cualquier procedimiento judicial, administrativo,
      de arbitraje o de cualquier otro género.
      […]
      (l) Otorgar contratos y garantías e incurrir en
      responsabilidades, tomar dinero a préstamo, emitir
      notas, pagarés, bonos o cualquier otro tipo de
      obligación y asegurar cualquiera de sus obligaciones
      por medio de hipoteca, prenda u otro gravamen sobre
      toda o cualquier parte de sus propiedades, franquicias
      o ingresos, otorgar contratos de garantía y fianza para
      garantizar las obligaciones de cualquier compañía
      matriz, subsidiaria o afiliada.
      […] (Énfasis suplido).

      Debido a su naturaleza “artificial”, las corporaciones actúan

atrevés de sus agentes y empleados. Rivera Sanfeliz et al v. Jta. Dir.

FirstBank, 193 DPR      38, 50 (2015) (citas omitidas). Respecto a

quien podrá realizar los negocios y asuntos de la corporación, el

Art. 4.01 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA 3561

expone lo siguiente:

      Los negocios y asuntos de toda corporación
      organizada con arreglo a las disposiciones de esta
      Ley serán dirigidos por la junta de directores, salvo
      cuando otra cosa se disponga en esta Ley o en el
      certificado de incorporación. Cuando el certificado de
      incorporación contenga tal disposición, las facultades
      y obligaciones que esta Ley confiere o impone a la
      junta de directores, serán ejercidas o desempeñadas
      por la persona o personas designadas en el certificado
      de incorporación. (Énfasis suplido)

                                 C.

      La demanda contra coparte “es la que formula una parte

contra otra que ya se encuentra incluida en el proceso en la misma

condición de quien formula la demanda”. R. Hernández Colón,

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, San Juan,

Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2017, sec. 2411; pág. 295.

      La Regla 11.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

11.6, expone, además, que podrán presentarse en dicha demanda

cualquier reclamación relacionada al acto, omisión o evento que

haya motivado la demanda original o reconvención. De igual
KLCE202301459                                                       9

manera, en dicha alegación podrán presentarse reclamaciones

respecto a propiedades que sean objeto del pleito original.

      Sobre el término para la presentación de una demanda

contra coparte, la Regla 11.6 de Procedimiento Civil, expone que:

      La demanda contra coparte podrá presentarse sin
      permiso del tribunal dentro de los treinta (30) días
      contados a partir de la fecha de presentación de la
      contestación de todas las partes demandadas.
      Transcurrido este término, la parte deberá solicitar
      permiso al tribunal para presentar dicha demanda,
      previa demostración de justa causa. (Énfasis
      Suplido)

                                  D.

      La demanda contra tercero establece “un mecanismo para

facilitar la resolución pronta y económica de pleitos múltiples que

puedan surgir de unos mismos hechos”. J. Echevarría Vargas,

Procedimiento Civil Puertorriqueño, San Juan, 1ra ed. rev. 2012,

pág.121 citando a A.A.A. v. Builders Ins. Co., 115 DPR 57 (1984).

En lo pertinente, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, le

permite a la parte demandada notificar, como demandante contra

tercero, mediante un emplazamiento y demanda a una persona

que no es parte del pleito original, pero que pueda ser responsable

en la totalidad o en parte frente a cualquier parte del pleito.

      La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, establece cual

es término disponible para presentar dicha alegación. Sobre el

mismo expresa:

      La demanda contra tercero podrá presentarse sin
      permiso del tribunal dentro de los treinta (30) días
      contados a partir de la fecha de la presentación de
      la contestación a la demanda o de la réplica a una
      reconvención. Transcurrido dicho término, deberá
      solicitarse permiso al tribunal para presentar la
      demanda, previa demostración de justa causa.
      (Énfasis suplido)

      Respecto al significado de “justa causa” el Tribunal Supremo

ha expresado que “[n]o podrá acreditarse la existencia de una justa

causa con excusas, vaguedades o planteamientos estereotipados”.
KLCE202301459                                                       10

Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 739 (2005); Arriaga v. F.S.E., 145

DPR 122, 132 (1998).

                                 III

      En su recurso de Certiorari, el licenciado Betancourt,

alegando hacerlo en representación de la parte peticionaria,

señala, en esencia, que erró el TPI al declarar No Ha Lugar la

solicitud de co-representante legal de la Asociación de Residentes

de Estancias de Cidra, Inc. En síntesis, alegó que el foro primario

debió tomar en consideración otros factores adicionales al deseo de

la nueva junta de no continuar con sus servicios, para aún

permitir la co-representación por parte del licenciado.

      Como reseñamos, en sus Órdenes recurridas, el TPI

determinó que procedía el relevo del licenciado Betancourt pues la

contratación de la representación legal de la Asociación de

Residentes de Estancias de Cidra, Inc. era un asunto que le

correspondía a la junta de directores. Debido a que quedó

acreditado que la junta de directores no deseaba que el licenciado

Betancourt le representara procedía su relevo. Respecto a la

solicitud de la demanda contra tercero y coparte el TPI determinó

que, luego de haber trascurrido un año y seis meses de la

presentación de la demanda original, no procedía dicha solicitud.

En su discreción entendió que no debían autorizarse en la etapa

procesal en la cual se encontraba el caso.

      Examinando       el   recurso    de    certiorari   tomando   en

consideración lo establecido en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, y los criterios establecidos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, determinamos que

no procede su expedición. A nuestro juicio, el TPI no abusó de su

discreción al denegar la solicitud de demanda contra tercero y co

parte y al relevar al licenciado Betancourt de la representación

legal de la Asociación de Residentes de Estancias de Cidra, Inc.
KLCE202301459                                                      11

                                 IV

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

auto de Certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones