Court Opinion

ID: 9952392
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:48:03.422012+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:08.054960
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL (VI)

                                                       APELACIÓN
                                                       procedente del
   MARGARITA VEGA                                      Tribunal de Primera
       VÉLEZ                                           Instancia, Sala
                                                       Superior de
            Apelante                                   Mayagüez
                                 KLAN202301053
               v.                                      Civil núm.:
                                                       ISCI201500583
 FOREST CC CORP., ET                                   (206)
         AL.
                                                       Sobre:
            Apelados                                   Incumplimiento de
                                                       Contrato, Daños y
                                                       Perjuicios

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez

Rivera Torres, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra.

Margarita Vega Vélez (señora Vega Vélez o la apelante) mediante el

recurso de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Sentencia

dictada y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Mayagüez (el TPI) el 26 de septiembre de 2023,

notificada ese mismo día. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró

Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación presentada por Forest

CC Corp. (Forest o la desarrolladora) e impuso a la apelante $3,000

en concepto de honorarios de abogados por temeridad.

       Por     las     razones   que    expondremos        a   continuación,

desestimamos el dictamen apelado por falta de jurisdicción.

                                       I.

       El caso de autos fue instado por la señora Vega Vélez el 7 de

mayo de 2015.1 Por ende, ha tenido un tracto procesal extenso, por

1 A ese entonces la apelante estaba representada por la Lcda. María Elsa Sánchez

Santiago.

Número Identificador

SEN2024___________________________
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lo que nos limitaremos a reseñar los hechos que son pertinentes

para resolver la controversia.

       En apretada síntesis, en la demanda instada, la señora Vega

Vélez alegó haber adquirido un apartamento en el condominio Blue

at Boquerón en el Municipio de Cabo Rojo y que, ante varios

incumplimientos por parte de la desarrolladora, tuvo que entregar

el mismo. Por lo cual, solicitó la rescisión del contrato de

compraventa y la devolución de las prestaciones, más los daños que

dicho incumplimiento le causó. Los alegados daños fueron valorados

en $100,000 más $154,010.07 pagados en concepto de préstamo

hipotecario al Banco Popular y $5,000 pagados a Forest para

opcional la compra.2

       Luego de varios trámites procesales, la presentación de varias

enmiendas a la demanda, y pasados casi ocho (8) años de litigación,

el 10 de abril de 2023 Forest presentó Moción Solicitando

Desestimación.3 En apretada síntesis, adujo que la causa de acción

instada por la señora Vega Vélez estaba prescrita.

       Los     codemandados,          Sr.     Herminio       Bosques       Medina

(incorporador y agente residente de Forest), su esposa Sra. Vanessa

Casillas Agosto, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

estos (el matrimonio Bosques-Casillas), se unieron al petitorio

desestimatorio.4 Oriental Bank como fiduciario del Cero Five Two

Six (0526) Living and Grantor Trust hizo lo propio.5 Esta última fue

2 Puntualizamos que la Contestación a la Demanda fue presentada por “la parte

demandada” a través de su representación legal, el Lcdo. Ángel M. Collazo
Santiago, negando los hechos esenciales. Véase, Apéndice del Recurso, a las págs.
88- 91.
3 La referida moción fue presentada por Forest, entonces representada por el Lcdo.

Elías L. Fernández Pérez. Íd., a la pág. 26. Destacamos que la Contestación a
Segunda Demanda Enmendada fue presentada por Forest, allí representada por
el Lcdo. Félix A. Lizasuaín Martínez. Íd., a la pág. 107. Posteriormente, se presentó
una Contestación Enmendada a la Segunda Demanda y en esta compareció como
representante legal de Forest el Lcdo. Elías L. Fernández Pérez. Íd., a la pág. 134.
4 El matrimonio Bosques-Casillas presentó Contestación a la Demanda

Enmendada representada por la Lcda. Edda C. Picón Arzola. Íd., a la pág. 117. De
igual manera, dicha representación legal presentó Contestación a la Segunda
Demanda Enmendada. Íd., a la pág. 145.
5 Estos comparecieron representados por los Lcdos. Alfredo Fernández Martínez y

Eduardo Hernández Freire. Íd., a la pág. 153.
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incluida como parte en la Segunda Demanda Enmendada.6 En esta,

se arguyó que Forest fue llevada a la insolvencia para no responder

por la demanda incoada.

        El 1 de septiembre de 2023 la señora Vega Vélez presentó

Moción en Oposición a Moción de Desestimación. Argumentó, en

esencia, que la reclamación de los daños estaba predicada en el

Artículo 1054 del Código Civil de 1930, cuyo término prescriptivo es

de quince (15) años.

        El 26 de septiembre de 2023, notificada ese mismo día, el TPI

dictó la Sentencia apelada en la cual simplemente razonó:

             Este Tribunal ha analizado las posiciones de todas las
           partes involucradas en el presente caso y concluye que
           la reclamación instada está prescrita por radicarse
           luego de los cuatro (4) años indicados en el Artículo
           1253 del Código Civil del 1930 y, además, le aplica la
           doctrina de cosa juzgada.

        En consecuencia, desestimó la demanda instada y concluyó

que la señora Vega Vélez fue temeraria “al mantener litigando

injustificadamente a las partes codemandadas … provocando que

estas incurrieran en gastos y honorarios de abogados”.

        La señora Vega Vélez presentó Moción al Amparo de la Regla

42.2 y de Reconsideración a la Sentencia en la cual solicitó se

reconsiderara          el   dictamen    y   la      determinación   de   hechos

adicionales.7

        El 23 de octubre de 2023 el foro a quo emitió Resolución y/o

Orden en la cual atendió tres (3) asuntos:8 el Memorando de Costas

y Gastos instado el 29 de septiembre por Forest, la Moción de

Renuncia de Representación Legal presentada el 2 de octubre por la

Lcda. Edda C. Picón Arzola, y la solicitud de reconsideración incoada

por la apelante el 11 de octubre. El memorando de costas y la

renuncia       de      representación       legal     fueron   concedidas.    La

6 Íd., a las págs. 118-127.
7 Íd., a las págs. 40- 59. La referida moción fue presentada por el Lcdo. Gerardo

González Román.
8
  Íd., a la pág. 74.
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reconsideración y la determinación de hechos adicionales se declaró

No Ha Lugar.

        Aún inconforme con el dictamen, la apelante acude ante este

foro intermedio imputándole al TPI la comisión de los siguientes

errores:

           PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL APLICAR EL ARTÍCULO 1253 DEL
           CÓDIGO CIVIL DE PUERTO RICO CON RELACIÓN A
           LA PRESCRIPCIÓN POR DOLO, CONTRARIO A LO
           QUE HABÍA RESUELTO EL PROPIO TRIBUNAL EN SU
           RESOLUCIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015
           DENTRO DEL MISMO CASO.

           SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL APLICAR EL CASO MIRANDA V. LÓPEZ,
           58 DPR 234, 235 (1941) COMO ÚNICO FUNDAMENTO
           PARA REVOCAR LA LEY DEL CASO EMITIDA POR EL
           HONORABLE MIGUEL TRABAL CUEVA EN EL MISMO
           CASO.

           TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL APLICAR LA DOCTRINA DE COSA
           JUZGADA.

        El 29 de noviembre de 2023 dictamos una Resolución

concediendo a la parte apelada el término de treinta (30) días para

expresarse.

        El 21 de diciembre siguiente, comparecieron sin someterse a

la jurisdicción, el matrimonio Bosques-Casillas representado por el

Lcdo.    Alberto   A.   Villafañe   Rivera   y   la   corporación   Forest

representada por el Lcdo. Elías L. Fernández Pérez, mediante

Solicitud de Desestimación. Estos aducen que esta Curia carece de

jurisdicción debido a que el recurso apelativo no fue perfeccionado

ante la falta de notificación oportuna al matrimonio Bosques-

Casillas y por haber presentado un apéndice incompleto. El 27 de

diciembre también se unió a la solicitud desestimatoria Oriental

Bank como fiduciario del Cero Five Two Six (0526) Living and

Grantor Trust. 9

9Esta compareció representada por los Lcdos. Alfredo Fernández Martínez y
Eduardo Hernández Freire.
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      El 11 de enero de 2024 dictamos Resolución concediendo

término a la parte apelante para expresarse en cuanto al petitorio

desestimatorio. La apelante presentó su oposición, por lo que nos

damos por cumplidos.

      Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo,

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver la

solicitud de desestimación.

                                  II.

      Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción, estando obligados a considerarla aun en ausencia de

algún señalamiento al respecto de las partes. La razón para ello es

que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que los tribunales

poseemos para atender una controversia ante nuestra consideración.

Tal asunto debe ser resuelto con preferencia porque de carecer de

jurisdicción para atenderlo, lo único que corresponde hacer es así

manifestarlo. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22

(2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883

(2007). El no tener la potestad para atender un asunto no puede ser

corregido ni atribuido por el tribunal. Constructora Estelar, S.E. v.

Aut. Edificios Públicos, supra.

      Es prematuro lo que ocurre antes de tiempo y, en el ámbito

procesal, una apelación o un recurso prematuro es aquel presentado

en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que éste tenga

jurisdicción. Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997).

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del grave e

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001);

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). Su presentación carece

de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento

de su presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa

para acogerlo. Íd. Es decir, un recurso prematuro impide al tribunal
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entrar en sus méritos puesto que, en tales circunstancias, se carece

de jurisdicción. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra. Una vez el

tribunal determina que no tiene jurisdicción, lo único que

corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar v. Aut.

Edif. Púb., supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.

      De otra parte, en Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR

495 (2019), nuestro Alto Foro reiteró la importancia y los requisitos

de la notificación. Así, la notificación de un dictamen judicial es un

requisito con el que se debe cumplir como parte del debido proceso

de ley en su vertiente procesal, de manera que el ciudadano afectado

pueda enterarse de la decisión que se ha tomado en su contra. Íd., a

la pág. 501. Esta no solo es parte integral de una actuación judicial,

sino que además determina cuando comienza a de cursar los

términos para recurrir de cualquier determinación final. Íd., a las

págs. 501-502. Por tanto, “una notificación defectuosa puede

conllevar graves consecuencias, demoras e impedimentos en el

proceso judicial, así como crear un ambiente de incertidumbre sobre

cuándo comienza a transcurrir el término para acudir a un tribunal

de mayor jerarquía para revisar el dictamen recurrido. [nota alcalce

omitida]”. Íd., a la pág. 502. En consecuencia, una notificación

defectuosa impide que comience a transcurrir el término para

recurrir de cualquier determinación final, ya sea judicial o

administrativa. Íd.

      Asimismo, la Regla 65.3 de las Reglas de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V., R. 65.3, dispone la forma en que un tribunal tiene

que notificar sus órdenes y sentencias a las partes. Específicamente,

la aludida norma señala:

         (a) Inmediatamente después de archivarse en autos
         copia de la notificación del registro y archivo de una
         orden, resolución o sentencia, el Secretario o la
         Secretaria notificará tal archivo en la misma fecha a
         todas las partes que hayan comparecido en el pleito en
         la forma preceptuada en la Regla 67. El depósito de la
         notificación en el correo será aviso suficiente a todos los
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         fines para los cuales estas reglas requieran una
         notificación del archivo en autos de una orden,
         resolución o sentencia.
         (b) El Secretario o la Secretaria notificará a la última
         dirección que se haya consignado en el expediente por
         la parte que se autorrepresenta o a la dirección del
         abogado o abogada que surge del registro del Tribunal
         Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento
         con la Regla 9, toda orden, resolución o sentencia que
         de acuerdo con sus términos deba notificarse a las
         partes que hayan comparecido en el pleito.
         (c) …
         (d) …
         (e) …
         (f) …

      A su vez, la Regla 67.2 del mismo cuerpo de reglas establece

que, “[s]iempre que una parte haya comparecido representada por

abogado o abogada, la notificación será efectuada al abogado o

abogada, a menos que el tribunal ordene que la notificación se

efectúe a la parte misma”. [Énfasis nuestro]. Además, la Regla 13

inciso (B)(1) del Reglamento de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13

(B)(1), dispone que la parte apelante notificará el recurso apelativo y

los Apéndices dentro del término dispuesto para la presentación del

recurso, siendo éste un término de estricto cumplimiento.

      Como es sabido, todo miembro de la profesión legal tiene el

deber de “defender los intereses del cliente diligentemente”, Canon

18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 18, con un

trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más

devota lealtad y la más completa honradez. Por ello, una vez se

acepta la representación de un cliente, un abogado no puede ni debe

renunciar a ésta sin obtener antes la autorización del tribunal y

tomar aquellas medidas razonables que sean necesarias para evitar

se le causen perjuicios al cliente. In re Acosta Grubb, 119 DPR 595,

603 (1987).

      Por su parte, la Regla 19 de las Reglas para la Administración

del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de
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Puerto Rico, 4 Ap. II-B, R. 19, sobre la renuncia de representación

legal, lee como sigue:

        (a) Cuando un abogado o una abogada que haya
        comparecido ante un tribunal en representación de un
        cliente o de una clienta desee renunciar a dicha
        representación, deberá incluir en la solicitud que
        presente a esos fines las últimas direcciones
        residenciales y postales, tanto suyas como de la parte
        representada,      y    los   números      de     teléfono
        correspondientes a cada cual; consignará que ha
        notificado a su cliente o a su clienta de su intención de
        renunciar a su representación; y dará cumplimiento a
        todo lo requerido por el Canon 20 de los de Ética
        Profesional, el Ap. IX de este título.
        (b) El Secretario o la Secretaria notificará la resolución
        del tribunal de aceptación de renuncia a las
        direcciones que sean suministradas por el abogado
        o la abogada y eliminará el nombre y la dirección del
        abogado o de la abogada renunciante del registro
        automatizado del caso. [Énfasis nuestro]

      Similarmente, respecto al procedimiento de renunciar a la

representación legal de un cliente, la Regla 9.2 de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 9.2, establece que:

        …
             [c]uando un abogado o abogada que haya
        comparecido ante un tribunal en representación de
        un(a) cliente(a) solicite renunciar a esa representación,
        deberá presentar una moción por escrito a tal efecto. El
        abogado o abogada expondrá las razones por las cuales
        debe permitirse su renuncia e informará el número de
        teléfono y la dirección postal de quien represente.
        Hará constar, además, que ha notificado la renuncia a
        su cliente(a) y que ha cumplido con las exigencias de
        los Cánones de Ética Profesional. El tribunal tendrá
        facultad para rechazar la renuncia solicitada en
        aquellos casos excepcionales en que estime que los
        derechos de una parte podrían verse seriamente
        lesionados o que se retrasaría indebidamente el
        procedimiento. [Énfasis nuestro]

                                   III.

      Como indicáramos, el matrimonio Bosques-Casillas, Forest y

Oriental Bank nos solicitan la desestimación del presente recurso.

En síntesis, aducen que en la Resolución y/o Orden dictada el 23 de

octubre de 2023 el foro apelado relevó de representación legal a la

Lcda. Edda C. Picón Arzola, representante del matrimonio Bosques-

Casillas, por lo que estos tenían que ser notificados del presente

recurso a su dirección postal. Por otro lado, la apelante señaló en su

oposición, que el escrito de apelación fue oportunamente notificado
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electrónicamente con sus anejos a los representantes legales de las

partes, incluyendo a la Lcda. Edda C. Picón Arzola. Además, arguyó

como justa causa el hecho de que el referido relevo fue autorizado

en el mismo dictamen donde se denegó la solicitud de

reconsideración, por lo que dicha determinación no advino final y

firme.

         Luego de examinadas detenidamente las notificaciones que

constan en el Apéndice del Recurso, resolvemos desestimar el

recurso ante su presentación prematura.                 Ello debido a que el

dictamen utilizado para computar el término para acudir ante esta

Curia no fue notificado adecuadamente. Nos explicamos.

         De entrada, advertimos que, a pesar de que el Lcdo. Villafañe

Rivera alegó que al Sr. Herminio Bosques Medina se le notificó la

Resolución y/Orden del 23 de octubre de 2023 a su dirección postal

–ya que dicha dirección consta en la notificación del TPI–,

destacamos que de igual manera dicha dirección surge en la

notificación de la Sentencia apelada cuando éste aún contaba con

representación legal.10 Incluso, puntualizamos que desde los

comienzos del pleito dicha parte ha estado representada por

abogado. A su vez, del escrito solicitando la desestimación no surge

cuál es la última dirección conocida del matrimonio Bosques-

Casillas, ni si esta es la misma que fue informada por la Lcda. Edda

C. Picón Arzola en su solicitud de relevo de representación legal.11

         Asimismo, es menester señalar que del trámite procesal antes

consignado surge que al momento en que se notificó la Sentencia

apelada, el matrimonio Bosques-Casillas estaba representado por la

Lcda. Edda C. Picón Arzola, cuya dirección electrónica consta en la

notificación del TPI. Posterior a ello, esta solicitó el relevo de

10 Véase, Apéndice del Recurso, Anejo 2 a la pág. 13.
11 Destacamos que los autos originales de este pleito no se encuentran disponibles

en el sistema del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC), por lo cual no podemos constatar la dirección que esta notificara al
tribunal como la dirección de sus clientes.
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representación legal cuando aún estaban pendientes los términos

de revisión.12 Por lo cual, era necesario que la Resolución y/Orden

aceptando dicho relevo y la denegatoria a la solicitud de

reconsideración fuese notificada al Sr. Herminio Bosques

Medina, a la Sra. Vanessa Casillas Agosto y a la Sociedad Legal

de Gananciales a la dirección informada por su representante

legal. Esto ante el hecho de que, una vez autorizada la renuncia de

representación legal, desde ese mismo instante ya estos no contaban

con la misma. Lo que requería que el dictamen fuese notificado a

ellos directamente como codemandados en el pleito.

       Por tanto, ante el hecho de que en una sola resolución se

atendió la reconsideración del dictamen y el relevo de representación

legal, recalcamos que se hacía indispensable que la notificación de

dichos dictámenes fuera realizada a todas las partes, es decir, al

Sr. Herminio Bosques Medina, a la Sra. Vanessa Casillas Agosto

a la Sociedad Legal de Gananciales y a la Lcda. Picón Arzola. Al

respecto, reseñamos que solo fueron notificados el señor Bosques

Medina y la Lcda. Picón Arzola. Por lo que, al no existir documento

alguno que acredite la notificación efectiva de la resolución a la Sra.

Vanessa Casillas Agosto, así como a la Sociedad Legal de

Gananciales      y   ante    el   cuadro     confuso     que    presentan      las

notificaciones emitidas por el TPI,13 resolvemos que la notificación

del 24 de octubre de 2023 fue defectuosa y el término para acudir

ante esta Curia no ha comenzado a transcurrir.

12 Según surge de la Resolución y/o Orden del 23 de octubre de 2023, el relevo de

representación legal fue solicitado el 2 de octubre, es decir, apenas seis (6) días
después de notificada la Sentencia impugnada.
13 Íd., Anejos 2 y 9, a las págs. 13 y 75. Como bien explicamos, la Sentencia

apelada fue notificada por el TPI al Sr. Herminio Bosques Medina a la dirección
postal allí indicada, aún cuando dicha parte, en dicha fecha, contaba con
representación legal. Al respecto, apuntalamos que no se nos ha puesto en
condición de conocer si hubo una orden del foro primario respecto a que este
dictamen fuese notificado a dicha parte por algún motivo.
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      En consecuencia, y conforme al ordenamiento jurídico antes

reseñado, carecemos de jurisdicción para atender el presente

recurso apelativo. En fin, procede su desestimación.

                                IV.

      Por las razones antes expuestas, se desestima el caso ante

nuestra consideración y se devuelve el mismo al Tribunal de Primera

Instancia para que, una vez recibido el mandato, notifique

correctamente la Resolución y/Orden, a todas las partes conforme a

lo aquí resuelto.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones