Court Opinion

ID: 9962775
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:51:16.371925+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:33.874324
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

   COLEGIO OTOQUI,                               REVISIÓN JUDICIAL
        INC.                                     Procedente de la
                                                 Secretaría de
       Recurrente                                Procedimiento
                                                 Adjudicativo del
             v.                                  Departamento de
                                                 Hacienda
    NEGOCIADO DE               KLRA202300554
   RECAUDACIONES                                 Caso Núm.:
                                                 2021P244
        Recurridos
                                               Sobre: Denegatoria
                                               de solicitud de
                                               prescripción de
                                               deuda de
                                               contribución sobre
                                               ingresos período
                                               contributivo 2001
                                               al 2011
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

      Comparece la parte recurrente, el Colegio Otoquí, Inc.

(¨Colegio¨    ¨recurrentes¨)    mediante    Recurso      de   Revisión

Administrativa solicitando que revisemos una Resolución emitida el

25 de septiembre de 2023 por la Secretaría de Procedimiento

Adjudicativo del Departamento de Hacienda (¨Hacienda¨). El

dictamen administrativo aludido acogió una solicitud de sentencia

sumaria, declaró no ha lugar una Querella y determinó que las

deudas contributivas imputadas a la parte recurrente no están

prescritas, y por tanto su cobro es exigible.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma el dictamen recurrido.

                                   I.

      La controversia ante nuestra consideración tiene su génesis

en el 2001, fecha en la que el Colegio Otoquí señala que se organizó

como una entidad sin fines de lucro. Alegaron que, con la intención

Número Identificador

SEN2024____________
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de obtener una exención contributiva, el Colegio contrató los

servicios de la Sra. Marie Rivera, el Sr. Néstor Sánchez Rodríguez y

MCR Accounting & Associates, LLC (¨contables¨) para que

gestionaran la solicitud ante el Departamento de Hacienda.

Adujeron que los contables nunca completaron la referida solicitud

y el Colegio operó bajo la presunción de que fueron debidamente

constituidos como una entidad sin fines de lucro que gozaba de una

exención contributiva.

      Bajo este supuesto, durante los años contributivos del 2001

al 2014, radicaron Formularios 480.7 – Planillas Informativas de

Organización Exenta de Contribuciones.

      Así las cosas, el 4 de septiembre de 2015, solicitaron ante

Hacienda una certificación de vigencia como entidad sin fines de

lucro. El 14 de septiembre de 2015, Hacienda les notificó que, de

acuerdo con sus récords, no figuraban entre las organizaciones sin

fines de lucro que disfrutan de exención contributiva.

      El 29 de enero de 2016, el Negociado de Auditoría Fiscal de

Hacienda le requirió al Colegio las Planillas de Contribuciones sobre

Ingresos de Corporaciones mediante el Modelo SC 3101 – Razones

por las cuales no está obligado a rendir Planillas, y el Modelo SC

3101.1 – Razones por las cuales no está obligado en Ley a rendir

Planillas, para los años 2001 al 2014. En cumplimiento, el 3 de

marzo de 2016, el recurrente entregó las planillas de contribución

sobre ingresos de los años requeridos.

      Al tasar la deuda contributiva utilizando las planillas

radicadas en marzo de 2016, el 18 de noviembre de 2016, el Área de

Rentas Internas le notificó al recurrente una Certificación de Deuda

ascendente a $732,724.95, incluidos el principal, penalidades,

intereses y recargos para los periodos contributivos de 2001 a 2014.

      Posteriormente, el 15 de febrero de 2017, el Colegio presentó

ante el Negociado de Recaudaciones (¨Negociado¨ o ¨recurridos¨) una
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Solicitud de Prescripción de Deuda Contributiva para los periodos del

2002 al 2010. El Colegio argumentó que la deuda correspondiente a

los referidos periodos estaba prescrita.

       El 3 de agosto de 2021, el Negociado denegó la Solicitud de

Prescripción y notificó que el cobro de deudas de contribución sobre

ingresos para el periodo de 2001 al 20111 era exigible porque no

habían transcurrido más de siete (7) años desde la fecha de tasación.

Fundamentó su determinación en que todas las planillas radicadas

el 3 de marzo de 2016 fueron tasadas dentro del término de cuatro

(4) años que establece el Código de Rentas Internas.

       Consecuentemente, el 22 de septiembre de 2021, el Colegio

presentó una Querella ante la Secretaría de Procedimiento

Adjudicativo (¨SPA¨) y solicitó que se le ordenara al Negociado a

emitir una decisión sobre los planteamientos realizados en la

solicitud de prescripción.

       Luego de varios trámites procesales, ante la falta del

Negociado de presentar su Contestación a la Querella, el 13 de junio

de 2022, mediante Orden, se le anotó la rebeldía. No obstante, el 28

de junio de 2022 el Negociado solicitó un término adicional para

presentar la Contestación a la Querella. Dicha solicitud fue

concedida mediante Orden del 12 de julio de 2022. Así las cosas, el

18 de julio de 2022, el Negociado presentó su Contestación a la

Querella.

       El 28 de abril de 2023, ante la falta de cumplimiento con las

órdenes de la SPA, el Colegio presentó una Segunda Solicitud de

Anotación de Rebeldía. Posteriormente, el 4 de mayo de 2023,

mediante Orden, la SPA le anotó la rebeldía al Negociado.

1
 Aunque la solicitud de prescripción fue para los años contributivos 2002 al 2010,
el Negociado de Recaudaciones añadió en su determinación de denegatoria de
prescripción los años contributivos 2001 y 2011.
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      Posteriormente, el 1 de junio de 2023, el Colegio presentó una

Solicitud de Resolución Sumaria. En apretada síntesis, los recurridos

argumentaron que, Hacienda no tasó las respectivas deudas dentro

de los términos prescriptivos aplicables. Por ende, señalaron que,

las deudas correspondientes a los         años 2001 entre 2011

prescribieron en el 2016.

      Como fundamento, acudieron a los casos de Beard v.

Commissioner, 82 TC 766 (1984), Atlantic Land Improvement Co. v.

US, 790 F.2d 853 (1986) y Germantown Trust Co. v. Commissioner,

309 US 30 (1940) para argumentar que:

      La norma prevaleciente a nivel federal es que la
      presentación de un formulario incorrecto activa el
      término prescriptivo si concurren cuatro elementos:
      1) el documento contiene suficiente información para
         calcular la responsabilidad contributiva;
      2) el documento aspira a ser una planilla;
      3) el contribuyente realizó un esfuerzo razonable y
         honesto para cumplir con los rigores del derecho
         contributivo;
      4) el contribuyente firmó el documento bajo pena de
         perjurio.

      Además, señaló que el Internal Revenue System (¨IRS¨) adoptó

tal norma en un memorando publicado en el 2015. Véase, Internal

Revenue Service Memorandum, Office of Chief Counsel, Release

Number: 20152101F.

      El 7 de junio de 2023, se celebró una Conferencia que contó

con la comparecencia de ambas partes. Durante la referida

Conferencia la SPA verbalmente denegó la solicitud de resolución

sumaria y señaló vista administrativa en su fondo.

      Posteriormente, el 15 de agosto de 2023, el Colegio expresó su

interés en solicitar reconsideración. Por esta razón, solicitó que la

SPA emitiera mediante Resolución la determinación realizada en la

Conferencia.

      El 25 de septiembre de 2023, la SPA emitió una Resolución

mediante la cual determinó acoger la solicitud de resolución
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sumaria, ya que se le había anotado la rebeldía al Negociado. A su

vez, declaró No Ha Lugar la Querella y sostuvo la determinación

realizada por el Negociado de Recaudaciones el 3 de agosto de 2021

respecto al cobro de la deuda pendiente. Mediante el referido

dictamen, la SPA expresó que:

      A base [de] todo esto, y luego de analizado
      minuciosamente el expediente del caso y la Solicitud de
      Resolución Sumaria, esta Secretaría determina acoger la
      misma, por considerar que, se anotó la rebeldía al
      Negociado de Recaudaciones y que, con la información
      suministrada por el Colegio, podemos establecer que
      no hay hechos controvertidos y que, solo es
      necesario adjudicar la querella a base del derecho
      aplicable. […]. (Énfasis suplidos).

      En lo pertinente, respecto a la jurisprudencia federal citada

por los recurrentes, la SPA determinó que, si bien es cierto la norma

aplicable en la esfera federal, dicha norma no aplicaba en la presente

controversia. Explicó, que:

      La génesis de esta doctrina fue que una entidad que
      debió radicar y tributar a base de una planilla de
      corporaciones, presentó una planilla de fideicomiso. En
      esa situación el IRS argumentó que debido a que se
      presentó el formulario incorrecto, el término
      prescriptivo no comenzó a transcurrir, pero el Tribunal
      Supremo de Estados Unidos rechazó tal argumento
      basándose en que lo importante es si de la cantidad de
      información provista en la planilla se puede computar
      la deuda del contribuyente.

      A su vez, puntualizó que, la normativa federal a la que hizo

referencia el Colegio se refiere a planillas que, de ordinario,

producen una tasación contributiva. En cambio, señaló que, las

Planillas Informativas radicadas por los recurrentes están diseñadas

para informar sobre datos relacionados a entidades exentas de

tributación, o sea, de ordinario, no producen una tasación

contributiva. Por ende, la finalidad de las planillas radicadas por el

Colegio era informar sobre las operaciones de una entidad jurídica

que creían estar exenta de tributación. Bajo este supuesto, nunca

tuvieron la intención de computar una contribución sobre un

ingreso tributable. La SPA concluyó que, el término prescriptivo
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comenzó a correr cuando el Colegio presentó las planillas

correspondientes en el 2016.

      Inconformes, el 25 de octubre de 2023, el Colegio presentó un

Recurso de Revisión Administrativa solicitando que revisemos la

Resolución emitida el 25 de septiembre de 2023 por la SPA. Realizó

los siguientes señalamientos de errores:

      1. Erró la Secretaría al no estimar probados todos
         los hechos propuestos en la solicitud de
         adjudicación sumaria del Colegio e imputar al
         Colegio intención aviesa que Hacienda ni siquiera
         había imputado. En la alternativa[,] erró la
         Secretaría al no celebrar la visa evidenciaría para
         dirimir la intención del Colegio al presentar las
         planillas.

      2. Erró la Secretaría al no resolver la solicitud de
         resolución sumaria a favor del Colegio, bajo los
         criterios enumerados en la jurisprudencia federal
         aplicable.

      3. Erró la Secretaría al atender alegaciones del
         Negociado que fueron eliminadas.

      4. Erró la Secretaría al convalidar la presentación
         de planillas exigida por Hacienda en el año 2016,
         cuando ya habían transcurrido todos los períodos
         prescriptivos. En la alternativa, erró la Secretaría
         al no celebrar vista evidenciaría para dirimir las
         circunstancias de la presentación de planillas
         exigida por Hacienda en el 2016.

      El 7 de diciembre de 2023, el Negociado presentó su oposición

al recurso y solicitó que confirmemos la Resolución del 25 de

septiembre de 2023.

      Examinado    el   expediente    y    con   el   beneficio   de   la

comparecencia de ambas partes, resolvemos.

                                II.

A. La revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial

      La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3

LPRA § 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden ser

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta
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disposición   es   delimitar   la   discreción   de   los   organismos

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Andrea Hernández Feliciano

v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero

de 2023. Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de

los organismos administrativos, los tribunales apelativos le

conceden gran consideración y deferencia, por la experiencia y el

conocimiento especializado que estos poseen. Íd.

      Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial

que obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma

anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal

Supremo ha resuelto con igual firmeza que, los tribunales no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas

irrazonables, ilegales, o simplemente contrarias a derecho. Super

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v.

Garaje Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).

      Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Superintendente, 201 DPR 26 (2018). Por ende, "los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior

responde a la vasta experiencia y al conocimiento especializado que

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados.

Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020).
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      Por consiguiente, dada la presunción de corrección y

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas

mientras la parte que las impugna no produzca evidencia suficiente

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra. Al

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, aunque

esta no tiene que ser la única o la más razonable. Andrea Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

      Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

      Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd.

Por tanto, si una parte afectada por un dictamen administrativo

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de

derrotar, con suficiente evidencia, que la decisión del ente

administrativo no está justificada por una evaluación justa del peso

de la prueba que tuvo ante su consideración. Capó Cruz v. Junta de

Planificación, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).

De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR

98, 118 (2003).
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B. Prescripción de la tasación y cobro de una deuda contributiva

      La facultad de tributación del Estado Libre Asociado es el más

fundamental de sus poderes públicos y gubernamentales ya que se

trata de un poder esencial a su subsistencia y para su supervivencia

como un estado político. Burlington Air Express, Inc. v. Municipio de

Carolina, 154 DPR 588 (2001); RCA v. Gob. de la Capital, 91 DPR

416, (1964).

      Todo procedimiento para el cobro de contribuciones está

sujeto a: “(1) los trámites mínimos del debido proceso de ley; (2) la

exigibilidad y validez de la deuda, y (3) los términos prescriptivos

dispuestos en los diversos estatutos”. Rivera Santiago v. Srio de

Hacienda, 119 DPR 265 (1987).

      La Sección 6010.05 del Código de Rentas Internas de Puerto

Rico (¨Código de Rentas Internas¨), Ley Núm. 1 de 31 de Enero de

2011, según enmendada, establece el periodo de prescripción para

la tasación y el cobro de deudas contributivas. A tales efectos,

dispone:

      […] [E]l monto de las contribuciones o impuestos
      establecidos por cualquier Subtítulo de este Código
      será tasado dentro de cuatro (4) años después de
      haberse rendido la planilla o declaración, y ningún
      procedimiento en corte sin tasación para el cobro de
      dichas contribuciones será comenzado después de la
      expiración de dicho período. […].13 LPRA § 33005.
      (Énfasis suplido).

      Por otro lado, la Sección 6010.06 (d), 13 LPRA § 33006,

dispone los términos para cobrar una deuda que ha sido

oportunamente tasada. La referida Sección establece que:

      Cuando la tasación de cualquier contribución impuesta
      por este Código, incluyendo las contribuciones
      retenidas, hubiere sido hecha dentro del período de
      prescripción propiamente aplicable a la misma, dicha
      contribución    podrá      ser    cobrada      mediante
      procedimiento de apremio o mediante procedimiento en
      corte siempre que se comiencen,
            (A) dentro de siete (7) años después de la
            tasación de la contribución, o
            (B) con anterioridad a la expiración de cualquier
            período para el cobro que se acuerde por escrito
            antes de cualquier período de siete (7) años entre
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             el Secretario y el contribuyente. Íd. (Énfasis
             suplido).

      No obstante, la Sección 6006 (d) dispone, además, que el

Secretario quedará impedido de cobrar aquellas deudas impuestas

de las cuales ya han transcurrido diez (10) años desde que fueron

tasadas. Íd. (Énfasis suplido).

      Nuestro Código Civil define la prescripción como ¨una defensa

que se opone a quien no ejercita un derecho o acción dentro del

plazo de tiempo que la ley fija para invocarlo¨. 31 LPRA § 9481. De

igual manera, establece que las acciones prescriben por el mero

lapso del tiempo fijado por ley. Íd.

                                  III.

      En síntesis, el recurrente alega que la deuda contributiva en

controversia está prescrita.

      Mediante el primer señalamiento de error, el Colegio expuso

que la SPA incidió al: (1) no estimar probados todos los hechos

enumerados en la solicitud; (2) imputarle al Colegio una intención

aviesa, y; (3) no celebrar una vista evidenciaria para dirimir la

intención del Colegio al presentar las planillas.

      En primer lugar, al presentar una solicitud de resolución

sumaria, el foro tomará como cierto todos los hechos no

controvertidos que presente el promovente. No obstante, esto no

significa que automáticamente proceda la resolución sumaria o que

el promovente tenga derecho a que se dicte sentencia a su favor.

      Previo a resolver la controversia, el foro vendrá obligado a

aplicar el derecho a los hechos presentados por el promovente.

Surge de la Resolución que esto fue lo que hizo la SPA.

      La Resolución expresa y claramente dispone que la SPA

estimó probado todos los hechos propuestos por el Colegio. Dispuso,

al respecto, que ¨[…] con la información suministrada por el Colegio,

podemos establecer que no hay hechos controvertidos y que,
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solo es necesario adjudicar la querella a base del derecho

aplicable¨. (Énfasis suplido).

      En segundo lugar, alegan que la SPA le impuso una supuesta

¨intención aviesa¨ al Colegio. Luego de minuciosamente examinar el

expediente y la Resolución, resulta forzoso concluir que la SPA no

hizo alusión ni realizó conclusiones respecto a la intención del

Colegio al presentar las planillas erróneas. La SPA únicamente

examinó los hechos, tal y como fueron presentados por el Colegio, y

aplicó el derecho para fundamentar sus conclusiones. Los

recurrentes deben recordar que, aun cuando no hubieran tenido la

intención de presentar planillas erróneas, como resultado de estas,

durante los años 2001 al 2014 evadieron su responsabilidad

contributiva. Como resultado de esta acción, en efecto, presentaron

planillas falsas o fraudulentas.

      En tercer lugar, si el foro decide acoger una solicitud de

resolución sumaria, no procede la celebración de vistas posteriores

para resolver la controversia.

      Mediante el segundo señalamiento de error, el Colegio

argumenta que la SPA erró al no aplicar la jurisprudencia federal

esbozada por estos en la solicitud de sentencia sumaria para

resolver la controversia. En la Solicitud de Resolución Sumaria, el

Colegio utilizó la normativa federal para argumentar que el periodo

prescriptivo comenzó a transcurrir tras la presentación de cada

planilla en su respectivo año. Tal y como señaló la SPA en la

Resolución, la jurisprudencia federal discutida por los recurrentes

se refería a la presentación de planillas que generaban tasación

contributiva,   contrario   a    las   planillas   presentadas   por   los

recurrentes.

      El tercer señalamiento de error indica que la SPA incidió al

considerar alegaciones realizadas por el Negociado que fueron

eliminadas. No obstante, el Colegio no señaló cuáles fueron las
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alegaciones     supuestamente     eliminadas    y   atendidas    en   la

Resolución. Los recurrentes no nos pusieron en posición de

determinar si se cometió el error señalado.

      Por último, mediante el cuarto señalamiento de error,

argumentan que: (1) la SPA erró al convalidar la presentación de las

planillas radicadas en el 2016 cuando ya había transcurrido el

periodo prescriptivo, y; (2) en la alternativa, la SPA debía celebrar

una Vista Evidenciaria para dirimir las circunstancias de la

presentación de las planillas en el 2016.

      Primero, los recurrentes aducen que Hacienda no tiene

autoridad para ordenar la entrega de nuevas planillas para periodos

durante los cuales ya se presentaron planillas, menos cuando el

término para tasar la deuda está prescrito.

      El   Código   de   Rentas    Internas    establece   un   término

prescriptivo de cuatro (4) años para tasar una deuda de

contribución, contados a partir de la radicación de la planilla.

Además, dispone un término prescriptivo de siete (7) años para el

cobro de la referida deuda, a partir de su tasación.

      Las planillas radicadas por el Colegio hasta el 2014 no

generaban una tasación contributiva, ya que los recurrentes

incorrectamente radicaron planillas correspondientes a entidades

exentas del pago de contribuciones. No es posible tasar una deuda

contributiva utilizando una planilla que en sí no genera una

tasación contributiva. Debido a esto, el término prescriptivo de

cuatro (4) años comenzó a correr en el 2016 con la presentación de

las Planillas de Corporación correspondientes. Dichas Planillas de

Corporación generan una tasación contributiva y el periodo para

realizar esta tasación comenzó a correr al momento de su

presentación.

      La facultad de tributación otorgada a Hacienda le permite

ordenar la presentación de planillas cuando estas no se hayan
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radicado. En el caso de autos, las planillas radicadas por el Colegio

nunca fueron las que por Ley venían obligados a someter. Conforme

a esto, el Colegio evadió su responsabilidad contributiva durante

más de una década.

      La presentación de las nuevas planillas no constituyó una

mera enmienda a las planillas originalmente radicadas. Estas

nuevas planillas, por primera vez, permitieron que Hacienda tasara

la deuda debida por el Colegio y permitió que los recurrentes

cumplieran con su responsabilidad contributiva.

      Concluimos que, la SPA no cometió los errores señalados por

los recurrentes.

                                IV.

      Por todo lo anterior, se confirma el dictamen recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones