Court Opinion

ID: 9952388
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:39.901213+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:07.152732
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

     ÁNGEL TOMÁS                                   Certiorari,
     FRANCESCHINI                                  procedente del Tribunal
       BARRETO                                     de Primera Instancia,
                                                   Sala Superior de
      Parte Recurrida                              Carolina
                               KLCE202400146
                                                   Caso Núm.:
                                                   CA2023RF00812
             v.
                                                   Sala: 405

                                                   Sobre:
    LILLIAN VICTORIA                               Divorcio-Ruptura
       MÁS RIVERA                                  Irreparable

     Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

       Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, la Sra. Lillian

Victoria Más Rivera (en adelante, la “señora Más Rivera” o la “Peticionaria”),

mediante petición de certiorari presentada el 5 de febrero de 2024. Nos

solicitó la revocación de la Orden emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Carolina (en adelante, el “TPI”), el 16 de enero

de 2024, notificada y archivada en autos en la misma fecha. Mediante el

referido dictamen, el TPI ordenó a la Peticionaria a comparecer al proceso

por conducto de un representante legal, fue referida a la Sala Especializada

de Violencia Doméstica para que fueran atendidos los asuntos señalados

por ésta de violencia doméstica y determinó que la “Reconvención” sobre

daños y perjuicios presentada por la Peticionaria no era de la competencia

de la Sala de Relaciones de Familia.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el

auto de certiorari, se modifica la Orden recurrida y, así modificada, se

confirma. Asimismo, prescindimos de la comparecencia de la parte

Número Identificador:
SEN2024______________
KLCE202400146                                                                  2

recurrida, al amparo de la Regla 7 (B) (5) del Reglamento de este Tribunal,

4 LPRA Ap. XXII-B.

                                        I.

      El presente caso halla su génesis con una “Demanda” presentada

por la parte recurrida, el Sr. Ángel Tomás Franceschini Barreto (en adelante,

el “señor Franceschini Barreto” o el “Recurrido”), sobre divorcio por ruptura

irreparable que interpuso en contra de la Peticionaria el 21 de noviembre de

2023. El 27 de noviembre de 2023, se expidió el correspondiente

emplazamiento. El Recurrido expresó en su escrito que entre la señora Más

Rivera y él surgieron diferencias irreconciliables que provocaron la ruptura

irreparable de los nexos de convivencia matrimonial. Por tal razón, solicitó

la disolución del vínculo matrimonial. Así las cosas, el 26 de diciembre de

2023, la Peticionaria presentó su “Contestación a la Demanda” mediante

la cual aceptó todas las alegaciones, con excepción de la causal de divorcio,

pues argumentó que la causal de divorcio aplicable a los hechos del caso

era la de trato cruel. Adujo que existe un patrón de maltrato verbal,

sicológico y económico por parte del señor Franceschini Barreto hacia ella.

En ese mismo escrito, incorporó una “Reconvención” mediante la cual

reclamó la cantidad de $50,000 por daños y perjuicios. Además de la

“Contestación a la Demanda” y la “Reconvención”, presentó una “Moción

Sobre Medidas Provisionales” mediante la cual solicitó una pensión

pendente lite por la cantidad de $2,113.97 mensuales para satisfacer los

siguientes gastos: (1) automóvil marca Subaru, (2) cable/internet, (3)

Autoridad   de   Energía   Eléctrica,        (4)   Autoridad   de   Acueductos y

Alcantarillados, (5) seguridad, (6) misceláneos y (7) comida. Asimismo,

solicitó que se le ordenara al señor Franceschini Barreto a pagar la hipoteca

del hogar matrimonial y que se emitiera una orden provisional de prohibición

de enajenar un bote marca “Didy I”. De igual forma, peticionó que se le

ordenara al Recurrido a pagar las primas de los distintos seguros que tenían

en común.

      El 16 de enero de 2024, el foro primario emitió dos órdenes en las

que señaló que la “Reconvención” de daños y perjuicios y las alegaciones
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de violencia doméstica no son materia de la competencia de la Sala de

Relaciones de Familia, por lo que fue referida a la Sala Especializada de

Violencia Doméstica, en caso de que se encuentre en alguna situación de

emergencia. También indicó el TPI que debía contratar representación legal,

pues de los escritos se desprendía que la Peticionaria desconocía las

Reglas de Procedimiento Civil y el derecho vigente en nuestra jurisdicción.

Asimismo, le ordenó al Recurrido a contestar la “Reconvención”,

únicamente en cuanto a la solicitud de pensión pendente lite y el restante

de los asuntos de la competencia de la Sala de Relaciones de Familia.

       Inconforme con lo anteriormente resuelto, el 5 de febrero de 2024, la

Peticionaria acudió ante este Tribunal mediante el recurso de epígrafe para

solicitar que se asigne la “Reconvención” al mismo juez encargado de

tomar las determinaciones respecto al divorcio, a la pensión de excónyuge

y a la separación de los bienes. Arguyó que la separación de las causas de

acción va en contra de la economía procesal y traumatiza innecesariamente

a la víctima.

       El 8 de febrero de 2024, la Peticionaria presentó “Moción de Orden

Provisional en Auxilio de Jurisdicción”, mediante la cual solicitó que se

paralizaran la vista de divorcio mientras adjudicábamos los méritos de su

recurso.

                                      II.

                                     A.

       El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una decisión

de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR

391, 403 (2021). La característica distintiva de este recurso se asienta en la

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc.,

2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023). A pesar de ser un recurso procesal

excepcional y discrecional, el tribunal revisor no debe perder de vista las

demás áreas del derecho. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703, 703 (2019). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil dispone que, como
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norma general, este Tribunal de Apelaciones solo expedirá dicho recurso en

dos situaciones particulares, siendo estas: (1) cuando se recurra de una

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57; o (2) cuando se recurra de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

       Sin embargo, como excepción a lo mencionado anteriormente, este

foro   apelativo   intermedio    podrá    revisar   órdenes   o   resoluciones

interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurra de lo siguiente: (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

(2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía,

(4) en casos de relaciones de familia, y (5) en casos que revistan interés

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

       Así, con el objetivo de ejercer de manera prudente nuestra facultad

discrecional es preciso acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Banco Popular de

Puerto Rico v. Gómez Alayón, 213 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 145. Esta

norma cobra mayor relevancia en situaciones en las que no hay disponibles

métodos alternos para asegurar la revisión de la determinación cuestionada.

Íd. A esos efectos, la referida Regla establece los siguientes criterios a

evaluar:

              A. Si el remedio y la disposición de la decisión
              recurrida a diferencia de sus fundamentos son
              contrarios a derecho.
              B. Si la situación de hechos planteada es la más
              indicada para el análisis del problema.
              C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
              y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
              Tribunal de Primera Instancia.
              D. Si el asunto planteado exige consideración más
              detenida a la luz de los autos originales, los cuales
              deberán ser elevados, o de alegatos más
              elaborados.
              E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
              el caso es la más propicia para su consideración.
              F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
              causa no causa un fraccionamiento indebido del
              pleito y una dilación indeseable en la solución final
              del litigio.
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             G. Si la expedición del auto o de la orden de
             mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Íd.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de certiorari, por

ser un recurso discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones de

peso. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 918 (2009). En ese sentido, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha indicado que la

discreción significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. Padró, 165 DPR

324, 334 (2005). También se ha definido como “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayon, supra, pág. 13. En otras

palabras, el adecuado ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

                                     B.

      En nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la auto representación

está regulado por la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Ésta

dispone que, en los casos civiles ordinarios, las personas naturales podrán

representarse si cumplen con los siguientes cinco (5) requisitos:

      (a) que la persona no está representada por abogado o
      abogada;
      (b) que la decisión de autorepresentación es voluntaria e
      inteligente, así como con pleno conocimiento de causa y de
      que la persona será tratada como cualquier otra parte
      representada por abogado o abogada;
      (c) que la persona puede representarse a sí misma de
      manera adecuada, de acuerdo a la complejidad de la
      controversia a adjudicarse;
      (d) que la persona tiene los conocimientos mínimos
      necesarios para defender adecuadamente sus intereses,
      cumplir con las reglas procesales y alegar el derecho
      sustantivo aplicable, y
      (e) que la autorrepresentación no va a causar o contribuir
      a una demora indebida o a una interrupción de los
      procedimientos, que no entorpecerá la adecuada
      administración de la justicia ni atentará contra la dignidad
      del tribunal, de las partes o de sus abogados o abogadas.
      32 LPRA Ap. V, R. 9.4 (énfasis suplido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el derecho de una

persona a autorepresentarse en pleitos civiles no es un derecho ilimitado,

sino que deberá balancearse frente a varios criterios e intereses. Ante una

petición de representación por derecho propio, los tribunales considerarán,
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entre otros factores, la demora, los retrasos o posibles interrupciones de los

procesos judiciales y su efecto negativo sobre la administración de la

justicia. Deberá considerarse la capacidad y calidad de la representación

por derecho propio, así como la complejidad de la materia del litigio.

Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 785 (1988); Pueblo v. Cruzado

Laureano,    161   DPR       840   (2004). Entiéndase,    el   derecho   a   la

autorrepresentación no es ilimitado ni absoluto, y el tribunal deberá

asegurarse de que la persona cumple con estos requisitos a partir de su

comparecencia inicial y durante todo el proceso. Lizarríbar v. Martínez

Gelpí, supra, pág. 784; 32 LPRA Ap. V, R. 9.4.           Ello puesto a que el

incumplimiento con alguno de dichos requisitos será causa justificada para

suspender la autorrepresentación. Íd.        Adicional, la precitada Regla

establece que, si en el transcurso del proceso una parte requiere

comparecer representado por derecho propio, deberá solicitar autorización

al tribunal y, adicional a cumplir con los requisitos antes dispuestos,

satisfacer los siguientes:

       (1) que la persona ha solicitado autorepresentarse de forma
       oportuna, y
       (2) que la persona ha manifestado de manera expresa e
       inequívoca el propósito o interés de comenzar con su
       autorepresentación. Íd.

       Por último, es norma sólidamente establecida que quien comparece

por derecho propio estará sujeto a la imposición de las mismas sanciones

que la Regla 9.3 del precitado cuerpo reglamentario provee para los

abogados, así como las consecuencias procesales que ésta dispone. 32

LPRA Ap. V, R. 9.4.

                                      III.

       En el presente caso, la Peticionaria nos solicita que revoquemos la

Orden del TPI mediante la cual le requirió a la señora Más Rivera a

comparecer al proceso por conducto de un representante legal, la refirió a

la Sala Especializada de Violencia Doméstica para que solicitara los

remedios que entendiera necesarios si se encontraba en una situación de

peligro y concluyó que la causa de acción sobre daños y perjuicios
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acumulada en la “Reconvención” no eran de la competencia de la Sala de

Relaciones de Familia.

       Tras   una    evaluación    minuciosa     del   recurso   ante    nuestra

consideración y del expediente electrónico del caso ante el TPI, concluimos

que el foro a quo no indició ni actuó de manera arbitraria y caprichosa, en

cuanto a la determinación mediante la cual le requirió a la Peticionaria a

comparecer por conducto de un representante legal. La Regla 9.4 de

Procedimiento Civil, supra, provee unos factores que se deben analizar a la

hora de determinar si una persona puede comparecer a un pleito por

derecho propio. En particular, la aludida Regla le impone al foro recurrido a

evaluar lo siguiente: (1) si la persona puede representarse a sí misma de

manera adecuada; (2) si la persona tiene los conocimientos mínimos

necesarios para defender adecuadamente sus intereses, cumplir con las

reglas procesales y alegar el derecho sustantivo aplicable; y (3) si la

autorrepresentación no va a causar o contribuir a una demora indebida o a

una interrupción de los procedimientos, que no entorpecerá la adecuada

administración de la justicia ni atentará contra la dignidad del tribunal, de las

partes o de sus abogados o abogadas.

       Somos de la opinión que las comparecencias escritas de la señora

Más Rivera despejan toda duda en cuanto a que ésta no puede

autorrepresentarse de una manera adecuada. De igual manera, notamos

que carece de los conocimientos mínimos para defenderse y, a su vez,

cumplir con las reglas procesales y el derecho sustantivo aplicable. En fin,

entendemos que el TPI actuó correctamente al requerirle a la Peticionaria a

comparecer por conducto de un abogado. Ello, indefectiblemente,

contribuirá a no causar demoras indebidas o la interrupción de los

procedimientos y asegurará una adecuada administración de la justicia.

       En lo relativo a la causa de acción acumulada de daños y perjuicios

por la señora Más Rivera en su “Reconvención”, si bien es cierto que la

Sala de Relaciones de Familia carece de competencia para adjudicar

controversias sobre la existencia o no de daños y perjuicios, no es menos

cierto que los autos del caso reflejan que el TPI no actuó de manera
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definitiva sobre dicha causa de acción. Lo anterior, puesto que simplemente

se limitó a expresar que no tenía competencia para adjudicar los méritos de

la misma y que la Peticionaria debía cumplir con las Reglas de

Procedimiento Civil. Entendemos, no obstante, que el foro a quo deberá

adjudicar la procedencia o no de dicha causa de acción mediante los

mecanismos que proveen las Reglas de Procedimiento Civil, toda vez que

la Orden recurrida no le da finalidad ni adjudica dicho asunto de forma

alguna. De esta forma, y sujeto a lo que el foro recurrido disponga, la

Peticionaria podrá presentar un pleito independiente ante la sala del

Tribunal de Primera Instancia que corresponda.

       Finalmente, y en lo correspondiente a la determinación sobre las

alegaciones de violencia doméstica, coincidimos en que si la señora Más

Rivera entiende que se encuentra en una situación de emergencia que

requiera la intervención de las autoridades, deberá acudir al Negociado de

la Policía de Puerto Rico, a fiscalía y/o a la Sala Especializada de Violencia

Doméstica del Tribunal.

                                     IV.

       Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, expedimos el auto de certiorari

presentado y modificamos la Orden recurrida a los siguientes fines: (1) se le

concede a la Peticionaria un término adicional de diez (10) días para

comparecer en el caso por conducto de un representante legal, luego de ello

el TPI deberá señalar la vista de divorcio conforme a su calendario; (2)

deberá el foro recurrido adjudicar la procedencia o no de la causa de acción

de daños y perjuicios acumulada en la “Reconvención”, mediante los

mecanismos que proveen las Reglas de Procedimiento Civil, toda vez que

la Orden recurrida no le da finalidad ni adjudica dicho asunto de forma

alguna y, sujeto a lo resuelto, la Peticionaria podrá presentar un pleito

independiente en la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia;

y (3) en caso de que la señora Más Rivera entienda que se encuentra en

una situación de peligrosidad o emergencia, deberá recurrir a las

autoridades pertinentes, ya sea al Negociado de la Policía de Puerto Rico,
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a fiscalía y/o a la Sala Especializada de Violencia Doméstica del TPI. Así

modificada la Orden, se confirma.

          Se declara “No Ha Lugar” la “Moción de Orden Provisional en

Auxilio de Jurisdicción” presentada por la señora Más Rivera.

          Notifíquese inmediatamente a las partes y a la Hon. Elsie E.

Ochoa D’Acosta, jueza superior que preside los procedimientos ante

el TPI.

          Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones