Court Opinion

ID: 9962666
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:40:08.27012+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.591074
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL (I)

   MARIMAR PÉREZ RIERA               REVISIÓN
                                     JUDICIAL
       Recurrente                    procedente del
                                     Departamento de
           v.          KLRA202200500 Asuntos del
                                     Consumidor,
CONSEJO DE TITULARES Y               Oficina Regional
JUNTA DIRECTORES COND.               de San Juan
  MARYMAR; JUNTA DE
   DIRECTORES COND.                  Querella núm.:
  MARYMAR Y SU PRES.                 C-SAN-2021-
RAPHAEL RAMSEYER; JACK               0009712
   BARLIA/TESORERO;
 JAVIER MÉNDEZ/MARÍA                 Sobre:
  MARCOS, MOMENTUM                   Condominio (Ley
 GROUP CORP. Y/O MMG                 Núm. 104 de 25
      PUERTO RICO                    de junio de 1958,
                                     según
       Recurridos                    enmendada)

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz

Rivera Torres, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

       Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Marimar Pérez

Riera (la señora Pérez Riera o la recurrente), mediante el recurso de

revisión de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Resolución en

Reconsideración emitida por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACo), el 20 de mayo de 2022, notificada el 23 del

mismo mes y año. La recurrente instó una oportuna solicitud de

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante una

Orden dictada el 30 de junio de 2022, notificada correctamente el

15 de agosto siguiente.1 Mediante dicho dictamen se denegó el

desglose de honorarios de abogado solicitado por la recurrente al

amparo del Artículo 65 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley

129-2020.

1 Véase la Sentencia del Tribunal Supremo dictada el 15 de diciembre de 2023 en

el caso CC-2022-795, a la pág. 29.

Número Identificador

SEN2024__________________________
KLRA202200500                                                                2

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

modificamos el dictamen recurrido y así modificado, se confirma.

                                        I.

       El 12 de agosto de 2021, la señora Pérez Riera, titular del

apartamento PH en el Condominio Marymar (Condominio) localizado

en San Juan, presentó ante el DACo un documento intitulado

Querella y Urgente Orden de Cese y Desista u Orden para paralizar

Cobro de Mantenimiento y Derrama (Querella) contra la Junta de

Directores (Junta o parte recurrida) y el Consejo de Titulares, entre

otros. Esta versa sobre una solicitud de un plan de pago presentada

a la Junta debido a aumentos en la cuota de mantenimiento y una

derrama.

       De la antedicha Querella, así como de los anejos incluidos,

surgen    las    siguientes    alegaciones       las   cuales   detallamos   a

continuación por ser pertinentes a la controversia ante nuestra

consideración.

       El incremento de cuota y la imposición de derrama fueron

aprobados unánimemente por los titulares del Condominio, luego de

la celebración de una asamblea ordinaria el 26 de mayo de 2021.2

La cantidad a pagar por este aumento fue determinado de acuerdo

con la participación de cada apartamento. La participación de la

recurrente es de 9.61840 %, por lo que esto representó un aumento

de $112 a su cuota de mantenimiento mensual. Por consiguiente, la

nueva cuota de mantenimiento de la señora Pérez Riera fue por

$2,351 mensuales, en contraste a los $2,239 que pagaba de

ordinario.

       Por otro lado, la derrama aprobada, que de igual manera se

calculó conforme a su por ciento de participación, totalizó en

$12,610 a ser pagados en 6 plazos consecutivos –es decir, 6 meses.

2 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 23.
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Ambos pagos, tanto la nueva cuota de mantenimiento como la

derrama, se debían comenzar a efectuar a partir del 1 de julio de

2021.

        No obstante, la señora Pérez Riera alegó que sufrió un

menoscabo en sus ingresos durante el 2020 como consecuencia de

la pérdida de su trabajo, a raíz de la pandemia por el COVID-19.3

Por tal motivo, no contaba con la cantidad de dinero necesaria para

cumplir con los pagos establecidos. Como corolario de lo anterior, el

27 de mayo de 2021, la recurrente solicitó a la Junta de Directores

del Condominio un plan de pago que constaba en continuar

pagando su mensualidad ordinaria de $2,239 y añadir $100 a esta

cantidad hasta tanto volviera a tener liquidez financiera.4 Con el

propósito de demostrar este disloque económico, la recurrente se

ofreció a presentar a la Junta sus planillas del 2020. En respuesta

al pedido, la Junta presentó a la recurrente un plan de pago donde

la mensualidad con el aumento aprobado subsistiría, pero esta

tendría 12 meses para el pago de la derrama, en lugar de los 6 meses

establecidos inicialmente.5

        Inconforme con esta propuesta, la recurrente reiteró su plan

inicial a lo que la Junta entonces exigió a la señora Pérez Riera el

envío     de    documentación   financiera   adicional   en   aras   de

confeccionar un plan de pago distinto. La información requerida

consistió en proveer las planillas correspondientes a los años 2018,

2019 y 2020, los estados de cuenta de todas sus cuentas bancarias

desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021,

estados de cuenta de inversiones de diciembre 2019, diciembre 2020

y julio 2021, y una lista de todos sus activos y pasivos; así como de

cualquier otro ingreso que no esté radicado en sus planillas y pagos

3 Íd., a la pág. 26.
4 Íd.
5 Íd., a la pág. 28.
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de pensión alimenticia de menores, de ser aplicable.6 La recurrente

se negó en proveer los documentos mencionados al encontrar que la

petición era onerosa. Por tal motivo, la Junta decidió retirar su

propuesta y no proveer plan de pago alguno.

        Luego de los intentos infructuosos de negociar un plan de

pago, que se ajustara a la realidad financiera de la recurrente y con

el cual la Junta estuviese de acuerdo, esta acudió al DACo mediante

la mencionada Querella y realizó los siguientes reclamos:

                   (i)   Urgente[mente] [o]rdene el cese y desista del
                     cobro   de    mantenimiento    y     derrama   a   la
                     Querellante    hasta   tanto    se    concluya     la
                     controversia dirigid[a] al administrador,
                   (ii) Ordene que la [J]unta de [D]irectores se
                     reúna con la Querellante para evaluar un plan
                     de pago y llegar a un plan de pago razonable,
                   (iii) Ordene que la [J]unta de [D]irectores no
                     puede delegar esta función en terceros,
                   (iv) Establezca que la pérdida de trabajo es
                     motivo causal de necesidad,
                   (v) Establezca que solicitar planillas, estado de
                     bancos, cuentas de inversiones, lista de activos
                     y pasivos y pensión alimentaria es irrazonable,
                   (vi) Dicte que[,] según Artículo 42(e) de la Ley de
                     Condominio[s] y [la] Sección 35 [del] Reglamento
                     [Núm.] 6728[,] la Querellante no tendrá que
                     contribuir a los honorarios o gastos legales en
                     que incurra la Junta de Directores o el Consejo
                     de Titulares cuando la Querellante prevalece,
                   (vii) Orden[e] que [J]unta de [D]irectores desglose
                     los gastos legales atribuibles al caso de epígrafe
                     y se los notifique a la Querellante, y
                   (viii)[C]ualquier otra providencia en ley que así
                     estime.7

        La Querella fue declarada No Ha Lugar por el DACo el 27 de

abril de 2022 mediante una Resolución Final.8 Sin embargo, luego

6 Íd., a la pág. 35.
7 Íd., a las págs. 15-16.
8 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 54. Este dictamen se notificó el mismo

día que se emitió.
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de una moción de reconsideración presentada oportunamente por

la recurrente, el DACo declaró esta Ha Lugar y modificó su decisión

anterior. Así, en la Resolución en Reconsideración del 20 de mayo

de 2022, notificada el 23 de mayo siguiente, el foro esbozó los

siguientes términos: 9

               a. Dentro de un término de (30) días, contados a
               partir   de   emitida la   presente   Resolución     en
               Reconsideración, la querellante deberá someter,
               para la revisión y análisis correspondiente, además
               de la declaración       jurada ya     sometida, las
               planillas de contribución sobre ingresos para los
               años 2020 y 2021. Además, dentro del mismo
               término de treinta (30) días, la querellante deberá
               someter un plan de pago propuesto, con el cual
               entienda puede cumplir.
               b. Sometida     la   información   dispuesta    en   el
               apartado 2a., la Junta de Directores del Condominio
               Marymar deberá evaluar la misma, en un término
               de (30) días, y dentro del mismo término, deberá
               notificar a la querellante la posibilidad de
               conceder el plan de pago propuesto por esta, o
               un plan de pago alterno.
               c. Si, dentro de un término de treinta (30) días,
               contados a partir de la notificación, a la querellante,
               de la determinación de la Junta, según dispuesto en
               [el] apartado 2., b., las partes no logran ponerse
               de acuerdo en cuanto a un plan de pago, la Junta
               de Directores podrá tomar las medidas que
               correspondan bajo las disposiciones aplicables
               de la Nueva Ley de Condominios de Puerto Rico,
               Ley número 129 del 16 de agosto de 2020, para el
               cobro de las deudas en cuestión. [Énfasis nuestro]

        Además, en lo que respecta a la solicitud de documentación

financiera adicional, que la Junta requirió a la recurrente, razonó

que: “resulta ser argumentable que la información adicional

solicitada por la Junta de Directores para evaluar un plan de pago

más flexible, para la querellante, es demasiado amplia para dicho

9 Íd., a la pág. 87.
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propósito. Cualificando, de esta manera, la pretensión de la

querellante,         este    Departamento       concluye       que,   en   las

circunstancias de la querella de epígrafe, será suficiente, para

que la Junta de Directores esté en posición de evaluar un plan

de pago más flexible, para la querellante, que ésta le presente,

para la revisión y análisis correspondiente, además de la

declaración jurada ya sometida, copia de sus planillas de

contribución sobre ingresos para los años 2020 y 2021”.10

          Acorde con lo determinado, el 8 de junio de 2022, la señora

Pérez Riera presentó una Solicitud de Orden para que se Desglosen

los Gastos de Abogados que no le Corresponde Pagar a la Querellante

a tenor con el Artículo 65 de la Ley de Condominios donde exigió al

DACo que ordenara a la parte querellada-recurrida a desglosar los

costos de honorarios de abogado y gastos legales incurridos por

la Junta de Directores y el Consejo de Titulares para que estos

le sean devueltos a la recurrente, ya que se le habían cobrado

en su cuota de mantenimiento. Esto, al amparo de lo establecido

en el Artículo 65 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley 129-

2020 (Artículo 65).11 La Junta presentó su oposición a dicho

petitorio alegando que este no procede, ya que la señora Pérez Riera

no prevaleció en su solicitud.12 Esta instó una Breve Réplica … en

la cual fundamentó su solicitud ilustrando mediante tabla los

asuntos sobre los cuales, a su entender, prevaleció.13

          El petitorio fue declarado No Ha Lugar, sin más, por el DACo

mediante una Orden emitida el 30 de junio de 2022, notificada el

mismo día.14

          Insatisfecha, el 18 de julio de 2022, la recurrente presentó un

escrito titulado Solicitud de Reconsideración a Orden del 30 de junio

10 Íd. a la pág. 86.   Énfasis nuestro.
11 Véase el Apéndice del Recurso, Solicitud de Orden, a la pág. 92.
12 Íd., a las págs. 94-97.
13
     Íd., a las págs. 98-103.
14
     Íd., a las págs. 104-105.
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de 2022, o en la alternativa, Solicitud de Corrección en la Notificación

de Orden del 30 de junio de 2022.15 La Junta presentó su oposición

a dicho petitorio.16 Posteriormente, la señora Pérez Riera instó una

Moción Aclaratoria... en la cual reiteró que el Artículo 65 es

mandatorio y no discrecional según resuelto por la propia agencia

en otro caso.17 El 11 de agosto de 2022, notificada el 15 del mismo

mes     y    año,      el   DACo    emitió   una   segunda    Resolución   en

Reconsideración declarando nuevamente No Ha Lugar a lo solicitado;

no obstante, declaró Ha Lugar a la solicitud de corrección de la

notificación.18

        Todavía inconforme, la señora Pérez Riera acude ante este foro

apelativo mediante el presente recurso imputándole al DACo la

comisión del siguiente error:

            ERRÓ EL DACO AL EMITIR UNA ORDEN QUE IMPLICA
            QUE LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 65 DE LA
            LEY DE CONDOMINIOS Y DE LA SECCIÓN 35 DEL
            REGLAMENTO SOBRE CONDOMINIOS Y DE LA
            SECCIÓN    35   DEL     REGLAMENTO    SOBRE
            CONDOMINIOS NÚM. 6728 DEL DACO, SON DE
            APLICACIÓN DISCRECIONAL, Y EN CONSECUENCIA,
            PRIVAR A LA TITULAR QUE PREVALECE EN UNA
            QUERELLA DE QUE SEA EXIMIDA DE CONTRIBUIR
            CON EL PAGO DE GASTOS LEGALES Y HONORARIOS
            DE ABOGADO INCURRIDOS POR LA PARTE
            CONTRARIA, A PESAR DE EXISTIR UN MANDATO
            ESTATUTARIO A ESTOS EFECTOS.

        Destacamos que, en el presente recurso, dictamos una

Sentencia el 4 de octubre de 2022 desestimando por falta de

jurisdicción.19 La recurrente acudió al Tribunal Supremo el que

dictó una Sentencia el 15 de diciembre de 2023 determinando que

contamos con jurisdicción para atenderlo (CC-2022-795). El más

alto foro expresó y citamos:20

            Luego de repasar los hechos esenciales de la
            controversia ante nos, llegamos a la conclusión de que
            la moción presentada por la peticionaria el 8 de
            junio de 2022 ante la agencia constituye una

15 Íd., a las págs. 106-125.
16 Íd., a las págs. 126-130.
17 Íd., a las págs. 131-135.
18 Íd., a la pág. 3.
19 El Juez Sánchez Ramos emitió voto disidente por escrito.
20 Véase la nota al calce núm. 1.
KLRA202200500                                                                       8

          oportuna y válida solicitud de reconsideración en
          cuanto al asunto de desglose de los gastos legales
          atribuibles al caso. La determinación del DACo respecto
          a dicha moción de reconsideración no se notificó
          correctamente hasta el 15 de agosto de 2022, por lo que
          la decisión del 20 de mayo de 2022-notificada el 23 de
          mayo de 2022- en lo relativo a la controversia sobre el
          desglose de los gastos legales atribuibles al caso podía
          atenderse mediante el recurso de revisión judicial
          presentado por la señora Pérez Riera el 12 de
          septiembre de 2022 ante el Tribunal de Apelaciones.
          [Énfasis en el original]

       Así, y recibido el Mandato, emitimos una Resolución

concediéndole término a la parte recurrida hasta el 8 de marzo de

2024 para expresarse.21 Llegado el día, se presentó Alegato en

Oposición a Recurso de Certiorari, por lo que nos damos por

cumplidos y a su vez, decretamos perfeccionado el recurso.

       Luego de evaluar los escritos de ambas partes y el expediente

de autos; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a

resolver la presente controversia.

                                         II.

La revisión judicial

       La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin primordial limitar la discreción de las agencias y

asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a la

ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008).

En el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben

conceder deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado en los

asuntos que les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010). No obstante, esta

deferencia a las agencias administrativas habrá de ceder cuando la

misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia

erró en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina,

21 Véase la Resolución del 2 de febrero de 2024, notificada el 5 de febrero siguiente.
KLRA202200500                                                              9

185 DPR 800, 822 (2012). Por consiguiente, la revisión judicial de

una decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar

la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.

       A estos efectos, la Ley núm. 38-2017 conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

dispone en su Sección 4.5, 3 LPRA sec. 9675, que:

         El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si
         determina que el recurrente tiene derecho a un
         remedio.

         Las determinaciones de hechos de las decisiones de las
         agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan
         en evidencia sustancial que obre en el expediente
         administrativo.

         Las conclusiones de derecho serán revisables en todos
         los aspectos por el tribunal.

La Ley Núm. 129-2020

       El 16 de agosto de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó

la Ley núm. 129 del 16 de agosto de 2020, denominada como

la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1291 et

seq.22 La misma se aprobó con el fin de actualizar las normas que

rigen la convivencia en los condominios y atemperar la norma

estatutaria    a   cambios      sociológicos    experimentados       en    el

país. Exposición de Motivos de la Ley núm. 129-2020. En lo

concerniente a la controversia que nos ocupa, el Artículo 65 de dicha

ley, 31 LPRA sec. 1923j, intitulado Impugnaciones de Acciones u

Omisiones de la Junta de Directores, Administrador Interino y

Acuerdos y Determinaciones del Consejo establece, en su último

párrafo, que el titular que prevalezca en su querella no vendrá

obligado a contribuir al pago de honorarios que la Junta o el

22  Este estatuto derogó la Ley núm. 104 de 23 de junio de 1958 conocida como
la “Ley de Condominios”.
KLRA202200500                                                      10

Consejo de Titulares haya tenido que desembolsar para

remunerar a su representación legal en el proceso adjudicativo.

      El texto preceptúa particularmente lo siguiente: “[e]l titular

que prevalezca en cualquier reclamación de su querella no tendrá

que contribuir a los honorarios o gastos legales en que incurra la

Junta o el Consejo de Titulares, ni a la multa que, en su caso,

pudiera imponérsele a la parte querellada”.

      Por otro lado, el Reglamento Núm. 6728 intitulado Reglamento

sobre Condominios, aprobado el 26 de noviembre de 2003, disponía

en su Sección 35 lo siguiente:

        …
        …
          El titular que prevalezca en cualquier reclamación
        de su querella no tendrá que contribuir a los
        honorarios o gastos legales en que incurra la Junta o el
        Consejo de Titulares, ni a la multa que, en su caso,
        pudiera imponérsele a la parte querellada. [Énfasis
        nuestro]

      El Reglamento Núm. 6728 fue derogado por el Reglamento

Núm. 9386 intitulado Reglamento de Condominios, aprobado el 6 de

junio de 2022, cuya vigencia comenzó el 6 de julio siguiente. Sin

embargo, en la Regla 31 de este cuerpo de reglas se mantuvo la

misma disposición y citamos:

        …
        …
          El titular que prevalezca en cualquier reclamación
        de su querella no tendrá que contribuir a los
        honorarios o gastos legales en que incurra la Junta o el
        Consejo de Titulares, ni a la multa que, en su caso,
        pudiera imponérsele a la parte querellada. [Énfasis
        nuestro]

      Por   último,   precisa    destacar   que   ambos    reglamentos

establecen que deberán ser interpretados liberalmente a favor de los

titulares. Sección 4 del Reglamento Núm. 6728 y Regla 4 del

Reglamento Núm. 9386.

                                  III.

      En esencia, la recurrente señaló que erró el DACo al declarar

No Ha Lugar su petitorio de desglose de los gastos en que incurrió la
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Junta de Directores por concepto de honorarios de abogado. Al

respecto, planteó que dicha actuación implica que la agencia realizó

una interpretación del Artículo 65 de la Ley 129-2020, supra,

otorgándole carácter discrecional y no mandatorio. Además, esta

fundamentó su pedido en que se le adjudicaron a su favor todas las

súplicas incluidas en su Querella. Adelantamos que, si bien no todas

las reclamaciones le fueron adjudicadas a su favor, concluimos que

el reclamo contenido en el inciso (v) de la Querella sí le fue concedido

a la recurrente. Veamos.

      La Querella presentada por la señora Pérez Riera, a pesar de

que fue inicialmente declarada No Ha Lugar, fue modificada

mediante una Resolución en Reconsideración dictada por el DACo,

luego de declarar Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración

presentada por esta. Entre los asuntos que el DACo atendió en dicha

resolución, se encuentra que la documentación financiera adicional

exigida por parte de la Junta de Directores a la señora Pérez Riera,

para llegar a un acuerdo para establecer un plan de pago, era muy

amplia. En especial, en el acápite (v) de la querella esta requirió que

el DACo; “[e]stablezca que solicitar planillas, estado de bancos,

cuentas de inversiones, lista de activos y pasivos y pensión

alimentaria es irrazonable”.

      En respuesta al referido pedido, el DACo determinó que la

entrega de una declaración jurada junto con las planillas

correspondientes a los años 2020 y 2021 era suficiente para que la

Junta de Directores evaluara la petición de la recurrente y así llegar

a un acuerdo. En este sentido, reiteramos que el reclamo de la

señora Pérez Riera ante la agencia, que fue esencialmente que se

determinara que la solicitud de documentación financiera adicional

exigida por la Junta de Directores era irrazonable e improcedente

para confeccionar un plan de pago, se le concedió. Por lo que, al

DACo adjudicarlo a favor de la recurrente evidentemente resulta en
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relevarla de someter la información financiera adicional requerida

por la recurrida. Es decir, el dictamen del foro revisado tiene el efecto

de liberar a la recurrente de entregar la información financiera

complementaria que le exigía la Junta, ello al entender que la

declaración jurada y las planillas de los años 2020 y 2021

resultaban ser suficientes para que la Junta pudiese alcanzar un

acuerdo, basado en dichos documentos, según peticionado por

ella.23 En otras palabras, el DACo resolvió que la señora Pérez Riera

no tenía que entregar la información requerida por la Junta, a saber,

las planillas correspondientes a los años 2018 y 2019, los estados

de cuenta de todas sus cuentas bancarias desde el 31 de diciembre

de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, los estados de cuenta de

inversiones de diciembre 2019, diciembre 2020 y julio 2021, y una

lista de todos sus activos y pasivos; así como de cualquier otro

ingreso que no esté radicado en sus planillas y pagos de pensión

alimenticia de menores, de ser aplicable. Al respecto, recalcamos

que en el reclamo (v) de la Querella, esta solicitó al foro recurrido

que estableciera “… que solicitar planillas, estado de bancos,

cuentas de inversiones, lista de activos y pasivos y pensión

alimentaria [era] irrazonable”. Incluso, precisamos que la entrega de

las planillas del 2021 fue ordenada por el DACo a motu proprio

mediante su Resolución en Reconsideración del 20 de mayo de 2022.

       Como señaló el más alto foro en la Sentencia dictada en el CC-

2022-795, “[f]ue en esa ocasión cuando la agencia modificó su

dictamen a los fines de limitar el alcance de los documentos que la

23 Respecto a las planillas de los años 2020 y 2021 la Junta alegó en su “Oposición

e improcedencia de ‘Solicitud para que se desglosen los gastos de abogado … ’
Presentada por la Querellante” que la recurrente no prevaleció en su reclamo, ya
que DACo no declaró la documentación como confidencial y le ordenó someter las
planillas de 2020 y 2021, las cuales ella se negaba a entregar. No obstante, la
recurrente no se opuso a la entrega de las planillas del 2020, pues desde la
solicitud a la Junta para acordar un plan de pago, esta se ofreció a presentar las
planillas correspondientes a dicho año. Su única objeción al respecto era
entregarlas vía correo electrónico, sino que proponía presentarlas en persona. En
cuanto a las planillas del 2021, estas no fueron exigidas por la Junta, por lo que
la recurrente no se opuso a dársela.
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Junta le requirió a la señora Pérez Riera para la evaluación del plan

de pago, esto según solicitado por la peticionaria en su petición de

reconsideración. Es con esa determinación que, por primera vez,

la señora Pérez Riera pudo considerar que había prevalecido en

su reclamo y ahí también es cuando, por primera ocasión, el

DACo denegó los remedios relativos al desglose de los gastos

legales atribuibles al caso. […]”. [Énfasis en el original]. Íd., a la

pág. 28. En atención a esto, sin duda, resulta incorrecta la

apreciación de la parte recurrida en su alegato en oposición, al

afirmar que la controversia en el presente caso no está madura y

que es una mera opinión consultiva no justiciable.

      Por tanto, y según esbozamos en el derecho precedente, el

texto del estatuto regente de la convivencia de los condominios, Ley

núm. 129-2020, es diáfano respecto a cuándo procede eximir a un

querellante de contribuir en los gastos legales. Así, el lenguaje del

Artículo 65, supra, reza claramente que si el titular impera en

cualquiera de los reclamos contenidos en la querella no tendrá

que contribuir a los honorarios o gastos legales en que incurra la

Junta o el Consejo de Titulares. Por ello, no cabe duda de que se

exime al titular de la referida aportación cuando se prevalezca en

cualquiera de sus reclamos ante el foro administrativo. En este

sentido, precisa apuntalar que el antedicho precepto legal no

advierte que es requisito, para su aplicación, prevalecer en la

totalidad de los reclamos incluidos en la querella. Tampoco dispone

que su imposición es discrecional, todo lo contrario, del propio texto

se desprende su carácter mandatorio. Como ya indicamos, igual

disposición surge en los Reglamentos antes citados, los cuales, a su

vez, son claros en que la interpretación de sus articulados debe

hacerse a favor de los titulares.

      En virtud de la normativa antes señalada, resulta forzoso

concluir que erró el DACo al no eximir a la señora Pérez Riera de
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contribuir con el pago de gastos legales y honorarios de abogado

incurridos por la Junta en el trámite de la querella objeto del recurso

ante nuestra consideración. Ello, como explicamos, al esta haber

prevalecido en parte de sus reclamos incluidos en la querella ante el

foro administrativo. Puntualizamos que, conforme a la Sección 4.5,

supra, de la LPAUG, este tribunal tiene autoridad para conceder el

remedio apropiado y revisar las conclusiones de derecho en todos

los aspectos. Por ende, revisar la determinación de si la agencia erró

al denegar el remedio provisto en el Artículo 65, supra, es un asunto

que le compete a esta Curia.

       Ahora bien, este tribunal no se encuentra en posición de poder

determinar la cuantía de la cual está exenta, ya que no surge de los

autos a cuánto ascienden los honorarios de abogado pagados por la

Junta, ni a cuánto asciende la participación de la recurrente en

dicho gasto. Por tal motivo, devolvemos el recurso ante el DACo para

que este lleve a cabo el trámite necesario y ordene el desglose de los

gastos legales incurridos por la Junta de Directores en aras de

eximir a la recurrente de tal contribución.

       De otra parte, a los fines de evitar confusión, enfatizamos que

no le asiste la razón a la parte recurrida al señalar en su alegato en

oposición que la agencia es quien debe valorar cuál es “el monto que

la recurrente no viene obligada a contribuir por haber resultado

victorioso en unos reclamos, menos la proporción de los gastos que

la recurrente sí viene obligada a contribuir por haber resultado

perdidosa en otros reclamos”.24 Sin duda, dicho planteamiento es

contrario a lo aquí resuelto y a la letra clara del Artículo 65, supra.

Asimismo, dicho ejercicio es uno fútil, ya que los gastos incurridos

por la parte recurrida, en honorarios de abogado, fue por la

24 Véase el Alegato en Oposición a Recurso de Revisión, a la pág. 17.
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representación legal en todo el proceso adjudicativo ante la agencia

como consecuencia de la Querella presentada.

      Por último, entendemos meritorio destacar que se mantienen

las   órdenes   emitidas   por   el    DACo   en   la   Resolución   en

Reconsideración del 20 de mayo de 2022, a los fines de lograr un

acuerdo respecto al plan de pago solicitado por la señora Pérez Riera

y de no lograrse dicho acuerdo, tomará las medidas que

correspondan bajo las disposiciones de la Ley núm. 120-2020. Esto,

máxime cuando no surge de los autos si la recurrente ha cumplido

en más de un (1) año con su obligación de pagar la cuota y la

derrama debidamente aprobada. Recordemos que la obligación de

cada titular, al pago de los gastos comunes o cuotas de

mantenimiento, se ha reconocido como uno de los principios

esenciales de la vida en comunidad. Condominio First Federal v.

LSREF2, 202 DPR 934, 940 (2019). A su vez, destacamos que en

dicha resolución el DACo emitió un cese y desista contra el Consejo

de Titulares y su Junta del corte de los servicios de agua y de

electricidad, o de cualquier otro, mientras no hayan ocurrido los

trámites, y transcurrido los términos dispuestos en el referido

dictamen.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la

Resolución en Reconsideración y, así modificada, se confirma. En

consecuencia, modificamos a los únicos fines de incluir en dicho

dictamen que la Sra. Marimar Pérez Riera no tiene que contribuir a

los honorarios o gastos legales en que incurrió la Junta o el Consejo

de Titulares para la tramitación del presente caso.

      Además, devolvemos el caso a la agencia para que lleve a cabo

el trámite necesario y ordene al Consejo de Titulares y a su Junta

informar los gastos legales incurridos y la participación que la Sra.
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Marimar Pérez Riera está exenta de contribuir, conforme a su

participación, una vez reciba el mandato.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. El Juez Sánchez Ramos disiente, por

considerar que, en las circunstancias particulares de este caso, la

Sa. Pérez Riera no prevaleció en reclamación alguna, dentro del

significado de dichos términos en el Artículo 65 de la Ley 129-

2020.     Aun   de   estimarse   lo   contrario,   la   más   adecuada

interpretación de dicha disposición nos obligaría a comparar la

reclamación en la cual se prevaleció con aquellas en las cuales no

se prevaleció, para ajustar así apropiadamente la cuantía de los

gastos legales a los cuales la titular no tendría que contribuir.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones