Court Opinion

ID: 9962834
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:57:00.974918+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.580642
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

                                                              APELACION
                                                              acogido como
RANDOLFO RIVERA                                               CERTIORARI
SANFELIZ                                                      procedente del
                                                              Tribunal de
Apelante                                                      Primera
                                                              Instancia, Sala
                 v.                             KLAN202301016 Superior de San
                                                              Juan
FIRSTBANK PUERTO RICO,
INC.
Apelada                                                                    Civil Núm.:
                                                                           SJ2020CV02974

                                                                           Sobre:
                                                                           Impugnación o
                                                                           Confirmación de
                                                                           Laudo
Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, la Jueza
Álvarez Esnard, la Jueza Díaz Rivera y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                      RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

         Comparece ante nos el señor Rodolfo Rivera Sanfeliz (señor

Rivera Sanfeliz) y nos solicita que revoquemos una Sentencia emitida

el 17 de junio de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (TPI).2 En virtud del aludido dictamen, el TPI

desestimó una Demanda sobre revocación de laudo parcial de

arbitraje, incoada por el señor Rivera Sanfeliz contra FirstBank

Puerto Rico (FirstBank).

         Por     los    fundamentos            que     esbozamos          a    continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

1
  Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la
Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial en sustitución de la Hon.
Maritere Brignoni Mártir.
2
  Apéndice de Apelación, Anejo 42, págs. 0958-0971. Archivada y notificada en autos el 21 de
junio de 2023. El 6 de julio de 2023, el señor Rivera Sanfeliz peticionó reconsideración, la cual el
TPI declaró No Ha Lugar mediante una Resolución emitida el 11 de octubre de 2023 y notificada
el 12 de octubre de 2023.

Número Identificador
RES2024 ______________
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        Veamos        los    antecedentes         fácticos     y    procesales       que

fundamentan nuestra determinación.

                                           -I-

        La controversia ante nos dimanó el 29 de mayo de 2020

cuando el señor Rivera Sanfeliz instó una Demanda de revocación

del laudo de arbitraje al amparo del Artículo 22 de la Ley de Arbitraje,

infra, en contra de FirstBank.3 Mediante esta, el señor Rivera

Sanfeliz arguyó que FirstBank lo despidió súbitamente de su puesto

como Vicepresidente Ejecutivo de la Banca Mayorista, sin justa

causa y en incumplimiento con los términos y las condiciones del

contrato de empleo por soslayar avisarle sobre la terminación del

empleo con noventa (90) días de anticipación. Además, adujo que

FirstBank eliminó únicamente su puesto y lo despidió sin

indemnizarlo, amparado en el Trouble Asset Relief Program (TARP),

un programa temporero del Departamento del Tesoro federal para

proveer ayuda financiera a ciertas instituciones bancarias. Ante

estos hechos y varios trámites procesales, alegó que presentó una

tercera     demanda         de   arbitraje       ante   la   American Arbitration

Association (AAA) por incumplimiento de su contrato de empleo y

despido injustificado. No obstante, precisó que un Panel de Árbitros

denegó el pago de su indemnización, sin adjudicar conforme al

derecho contractual puertorriqueño y sin detallar su razonamiento,

privándole de una adjudicación imparcial, en violación al debido

proceso de ley. Por ello, solicitó la revocación del laudo parcial de

arbitraje, notificado el 31 de enero de 2020, y que se le conceda su

indemnización.

        Luego de varias incidencias procesales, el 9 de septiembre de

2020, FirstBank solicitó la desestimación de la Demanda al amparo

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, sin

3
 Tomamos conocimiento judicial del expediente del caso SJ2020CV02974 en el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada Núm. 1.
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someterse a la jurisdicción del TPI.4 En esta, FirstBank alegó que el

señor Rivera Sanfeliz renunció a su puesto, dado que su patrono se

acogió a las siguientes leyes de estímulo económico: American

Reinvestment and Recovery Act (AARA), Emergency Economic

Stabilization Act (EESA) y TARP. Argumentó que, a tenor con los

aludidos estatutos federales, el señor Rivera Sanfeliz carecía de

derecho para exigir su reclamación dado que la terminación de la

relación laboral ocurrió durante el periodo de inversión de TARP. A

su vez, aseveró que al señor Rivera Sanfeliz se le requirió firmar un

Waiver Agreement, en el que relevó al Departamento del Tesoro

federal y a FirstBank de toda reclamación que pudiera tener como

resultado de su contrato de empleo. Por otro lado, FirstBank sostuvo

que el señor Rivera Sanfeliz estaba impedido de impugnar el laudo

arbitral, ya que la revisión judicial de un laudo sólo está disponible

cuando las partes convienen que la controversia se resuelva

conforme a derecho y ello no se dispuso en el contrato de empleo del

señor Rivera Sanfeliz, en el cual se estableció la siguiente cláusula

de arbitraje:

           […]
           22. “Arbitration. Any controversy as to the
           interpretation of this contract must be submitted before
           three (3) arbitrators to be appointed by the American
           Arbitration Association (“AAA”). The rules and
           regulations of the AAA shall govern the procedures of
           said arbitration. The award of a majority of arbitrators
           shall be binding and final on the parties”.
           […]

           FirstBank alegó que conforme con las determinaciones de

hechos estipuladas por ambas partes en el Joint Statement of

Uncontested Material Fact, la demanda no aduce hechos que

ameriten la concesión de un remedio a favor del señor Rivera

Sanfeliz. A su vez, FirstBank solicitó que el señor Rivera Sanfeliz le

4
    Apéndice de Apelación, Anejo 31, págs. 0794-0822.
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reembolsara los honorarios de abogados y el pago de gastos

incurridos en los procedimientos de arbitraje.

           Por su parte, el 28 de septiembre de 2020, el señor Rivera

Sanfeliz presentó su oposición a la solicitud de desestimación de

FirstBank.5 El señor Rivera Sanfeliz señaló que en el contrato de

empleo, las partes acordaron que en los laudos arbitrales debía

gobernar las Reglas de la AAA. Expuso que las conclusiones de

derecho del laudo emitido por el Panel de Árbitros debían ser

revisables de novo dado que no se resolvieron conforme a derecho y

las controversias se dispusieron sumariamente. Por otro lado,

especificó         que     el    TPI      no    debía   otorgar   deferencia   a   las

determinaciones de hechos del Panel de Árbitros, puesto que las

Reglas de la AAA establecen que:

           The award shall be in writing and shall be signed by a
           majority of the arbitrators and shall provide the written
           reasons for the award unless the parties agree
           otherwise. It shall be executed in the manner required
           by law.

           Además, el señor Rivera Sanfeliz discutió que nada en la

reglamentación federal sobre AARA, EESA y TARP enuncia que al

culminar la participación del Departamento del Tesoro federal sobre

los activos de FirstBank, no se podía indemnizar por concepto de

severance           payment           y   por    despido    injustificado,     cuando

expresamente estaba establecido en su contrato de empleo. Esto,

dado que en la enmienda al contrato de empleo se dispuso la

siguiente cláusula:

           […] the limitations imposed herein shall apply during
           the period that the Treasury holds the TARP investment
           in the Corporation pursuant to the provision of Section
           101(a) of EESA; accordingly upon the repayment of the
           TARP Investment the provisions of the Employment
           Agreement shall revert to its original terms and
           conditions.

5
    Íd., Anejo 38, págs. 0917-0930.
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           Por entender que las restricciones del TARP tuvieron un efecto

temporero, el señor Rivera Sanfeliz razonó que, desde el 10 de mayo

de 2017, fecha en que finalizó el periodo de inversión de TARP, su

contrato de empleo revirtió a sus términos y condiciones originales,

haciendo efectivo su derecho a exigir la indemnización contractual

convenida.

           El 15 de octubre de 2023, FirstBank replicó a la oposición del

señor Rivera Sanfeliz sobre la solicitud de desestimación.6 En esta,

reclamó que las determinaciones de hechos expuestas en el laudo

en controversia fueron estipuladas por las partes durante la primera

demanda de arbitraje en el Joint Statement of Uncontested Material

Fact. Con respecto a la revisión judicial, FirstBank manifestó que

las partes no pactaron expresamente que las controversias

sometidas a arbitraje sean resueltas conforme a derecho, sino de

conformidad con las Reglas de la AAA. En lo atinente a revertir los

términos y las condiciones del contrato de empleo original y el pago

de las indemnizaciones solicitadas por el señor Rivera Sanfeliz al

finalizar el periodo de inversión de TARP, FirstBank indicó que la

reversión de los contratos de empleado sólo aplicaba a los empleados

que permanecieran en la institución financiera posterior al periodo

de inversión de TARP.

           Así las cosas, el 17 de junio de 2023, el TPI emitió una

Sentencia en la que declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación

solicitada por FirstBank y desestimó la Demanda incoada por el

señor Rivera Sanfeliz.7 El Foro Primario consignó que surge de la

cláusula de arbitraje en el contrato de empleo del señor Rivera

Sanfeliz que las partes no pactaron que las controversias sometidas

al Panel de Árbitros se resuelvan conforme a derecho, por lo que la

facultad revisora del TPI era estrecha y limitada a que el demandante

6
    Íd., Anejo 37, págs. 0932-0944.
7
    Íd., Anejo 42, págs. 0958-0971. Archivada y notificada en autos el 21 de junio de 2023.
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demuestre fraude; ausencia de jurisdicción; omisión en resolver

todas las cuestiones en controversia, o contrariedad a la política

pública. Por otro lado, el TPI razonó que ningún acuerdo de

terminación de empleo puede estar estructurado para que los

ejecutivos sean renumerados posterior al periodo de inversión de

TARP, dado que la culminación de su empleo ocurrió mientras la

institución se encontraba bajo TARP. El Foro recurrido estableció

que el Departamento del Tesoro federal le requirió al señor Rivera

Sanfeliz firmar un Waiver Agreement en el que renunció a cualquier

reclamación por compensación o beneficios. Por cuanto, el TPI

concluyó que las determinaciones del laudo en controversia son

cónsonas con las disposiciones de ley y el contrato de empleo.

           No satisfecho con la determinación del Tribunal, el 6 de julio

de 2023, el señor Rivera Sanfeliz solicitó reconsideración,8 la cual,

tras varios trámites procesales, el 11 de octubre de 2023, el TPI

declaró No Ha Lugar.9 El Foro recurrido reiteró que las partes no

pactaron que el laudo se emitiera conforme a derecho.

           Inconforme, 13 de noviembre de 2023, el señor Rivera Sanfeliz

compareció ante esta Curia apelativa y señaló que el TPI cometió el

siguiente error:

           SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE
           PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA
           SUMARIAMENTE, TRAS CONCLUIR QUE EL LAUDO
           NO TENÍA QUE SER EMITIDO CONFORME A
           DERECHO, EN VEZ DE APLICAR EL DERECHO
           CONTRACTUAL PUERTORRIQUEÑO AL ASUNTO
           PLANTEADO.

           En esencia, el señor Rivera Sanfeliz nos planteó que las partes

acordaron que el laudo emitido por el Panel de Árbitros de la AAA

debe ser emitido conforme a derecho por establecer que “[the award]

shall be executed in the manner required by law”. Por esto, el señor

Rivera Sanfeliz expuso que el laudo arbitral objeto de este recurso

8
    Íd., Anejo 43, págs. 0972-0985.
9
    Íd., Anejo 47, págs. 1002-1003. Archivada y notificada en autos el 12 de octubre de 2023.
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debía ser revisado en toda su extensión y el TPI debía corregir en su

totalidad las conclusiones de derecho emitidas en el laudo arbitral

en controversia, sin otorgarle deferencia al Panel de Árbitros. A su

vez, arguyó que dado que el Panel de Árbitros determinó que no

existía controversia sobre los hechos medulares, el Foro Primario

debió revisar de novo las conclusiones de Derecho, puesto que el

Panel de Árbitros no aplicó correctamente el derecho contractual

puertorriqueño al determinar que los términos y las condiciones en

el contrato de empleo con FirstBank no se revirtieron al finalizar el

periodo de inversión de TARP.

      Por su parte, el 8 de diciembre de 2023, FirstBank presentó

su alegato en oposición al recurso. En síntesis, adujo que no procede

la revisión judicial o sustitución del criterio establecido por el Panel

de Árbitros por el criterio judicial, debido al principio de gran

deferencia hacia los laudos arbitrales. FirstBank reiteró que las

partes no acordaron que el laudo arbitral se resuelva conforme a

derecho, sino que las partes debían regirse de conformidad con las

Reglas de la AAA. En la alternativa, FirstBank entendió que tanto el

laudo emitido por el Panel de Árbitros se emitió conforme a derecho

y contiene determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

      Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a

pormenorizar la normativa jurídica atinente a este recurso.

                                  -II-

                                  -A-

      A tenor con nuestro ordenamiento jurídico, el certiorari es el

recurso adecuado para cuestionar ante esta Curia apelativa

cualquier resolución, orden o sentencia final dictada por el Tribunal

de Primera Instancia al revisar un laudo arbitral. Véase Regla 32 (D)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B;

Hosp. del Maestro v. UNTS, 151 DPR 934, 941 (2000).
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      El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario y

discrecional que permite que un tribunal de mayor jerarquía revise

determinaciones de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare,

LLC v. Mun. Las Piedras, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). La característica

principal de este recurso es la discrecionalidad que nos asiste para

autorizar la expedición y adjudicar la controversia en sus méritos.

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, en la pág. 338; Rivera Figueroa

v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). El máximo foro

judicial   definió   que   la   discrecionalidad   es   “una   forma   de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724,

735 (2018); Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964).

Empero, nuestra discreción no es absoluta dado que no podemos

abstraernos del Derecho, debido a que constituiría abuso de

discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      Por otro lado, nuestra discrecionalidad no opera en el

abstracto ni está ausente de otros parámetros. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., supra; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 176

(2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, en la pág. 338; Rivera

Figueroa v. Joe´s European Shop, supra. Pues, con el objetivo de que

podamos ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional, la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los

criterios que debemos considerar al atender la solicitud de

expedición del auto de certiorari. En particular, dispone lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
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      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. Íd.

      Por otro lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

regula las instancias en las que podemos revisar determinaciones

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Rivera et al. v.

Arcos Dorados et al., supra; McNeil Healthcare, LLC v. Mun. Las

Piedras, supra, en la pág. 404; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra,

en las págs. 336-338. A saber:

      Todo     procedimiento      de    apelación,    certiorari,
      certificación, y cualquier otro procedimiento para
      revisar sentencias y resoluciones se tramitará de
      acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas
      que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El
      recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
      Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
      Apelaciones cuando se recurra de una resolución u
      orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una
      moción de carácter dispositivo. No obstante, y por
      excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
      Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
      admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
      asuntos      relativos   a    privilegios   evidenciarios,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión. Regla 52.1 de
      Procedimiento Civil, supra.

      De no estar presentes los criterios antes esbozados,

corresponde abstenernos de expedir el auto de certiorari, de forma

que se continúe con los procedimientos en el foro inferior.

                                 -B-

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que la

parte demandada solicite la desestimación de la demanda, previo a
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contestarla, por los siguientes fundamentos: (1) falta de jurisdicción

sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3)

insuficiencia   del    emplazamiento;      (4)    insuficiencia   del

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar

de acumular una parte indispensable.

      Al considerar una moción de desestimación al amparo de la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal debe tomar

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y

considerarlos de la manera más favorable para la parte demandante.

Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49 (2015);

Colón Rivera v. ELA, 183 DPR 1033, 1049 (2014). El tribunal debe

“considerar si a la luz de la situación más favorable al demandante

y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente

para constituir una reclamación válida”. Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994). Pues, la demanda no debe

desestimarse, excepto se demuestre que la parte demandante no

tiene derecho a remedio alguno. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.

Corp., 174 DPR 409, 429 (2008). Igualmente, el tribunal no debe

desestimar la demanda si es susceptible a enmendarse. Íd. Ello es

así, dado que en nuestro ordenamiento jurídico existe una clara

política pública de que los casos se ventilen en sus méritos y no se

le prive a una parte de su día en corte. Banco Popular v. SLG Negrón,

164 DPR 855, 863 (2005).

                                 -C-

      En otro extremo, el Código Civil de Puerto Rico establece que

son fuentes de las obligaciones: la ley, los contratos, los

cuasicontratos, los actos ilícitos, los actos u omisiones en que

interviene culpa o negligencia, y cualquier otro acto idóneo para

producirlas, de conformidad con el ordenamiento jurídico. 31 LPRA

sec. 8984. En particular, un contrato se define como “el negocio
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jurídico bilateral por el cual dos o más partes expresan su

consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear, regular,

modificar o extinguir obligaciones”. Íd., sec. 9751. El Código Civil

dispone que el perfeccionamiento de un contrato ocurre “desde que

las partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa,

salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de una

formalidad solemne o cuando se pacta una condición suspensiva”.

Íd., sec. 9771. Así las cosas, las partes tienen la libertad contractual

de acordar cualquier cláusula, siempre y cuando no sea contraria a

la ley, a la moral ni al orden público. Íd., sec. 9753. Ahora bien, es

menester destacar que “[l]o acordado en los contratos tiene fuerza

de ley entre las partes, ante sus sucesores y ante terceros en la

forma que dispone la ley”. Íd., sec. 9754. Por otro lado, si los

términos pactados son claros y no dan lugar a dudas sobre la

intención de las partes, se entenderá conforme con el sentido literal

de las palabras. Íd., sec. 6342. Los términos de un contrato se

consideran claros “cuando por sí mismos son bastante lúcidos para

ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas,

controversias ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar para

su comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de

impugnación”. SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, (2009);

Sucn. Ramírez v. Tribunal Superior, 81 DPR 357, 361 (1959). Por

cuanto, “en ausencia de ambigüedad, el cumplimiento con las

cláusulas del contrato es obligatorio y su contenido es ley entre las

partes”. San Luis Center Apts. et at. v. Triple-S, 208 DPR 824, 832

(2022); RJ Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 708 (2017).

      Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico se permite

que las partes en un contrato se obliguen a someter las posibles

controversias futuras derivadas de su relación contractual al

procedimiento de arbitraje. HR, Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190

DPR 597, 605 (2014). “Es por ello que el arbitraje es una figura
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jurídica inherentemente contractual y es solamente exigible cuando

las partes así lo hayan pactado”. Íd. Concerniente a la controversia

de marras, para que las controversias laborales se diriman mediante

arbitraje obrero-patronal, se requiere que las partes hayan acordado

mediante contrato o convenio someter las futuras controversias al

procedimiento de arbitraje. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de

Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Lexis Nexis,

2017, pág. 91.

                                 -D-

      El arbitraje es un método alterno para la solución de conflictos

que consiste en un proceso adjudicativo informal que las partes

aceptan voluntariamente, en el que un árbitro o una árbitra permite

que las partes presenten su versión de los hechos, sus teorías

legales y su evidencia para emitir un laudo que resuelva la

controversia. Íd. Previamente las partes deben acordar si el laudo

será vinculante como decisión final o si no será vinculante, para que

se celebre un juicio ordinario en un tribunal. Íd. Un laudo arbitral

tiene una naturaleza similar a una sentencia o decreto judicial. UIL

de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 354 (1985).

      Por otra parte, en Puerto Rico existe una vigorosa política

pública a favor del arbitraje obrero-patronal. UGT v. HIMA, 2023

TSPR 86, 212 DPR __ (2023); UGT v. Centro Médico del Turabo, 208

DPR 944, 955 (2022); CFSE v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449

(2007); Martínez Rodríguez v. AEE, 133 DPR 986, 995 (1993). Esto,

dado que el arbitraje obrero-patronal es el mecanismo menos

técnico, menos oneroso y más flexible para resolver las controversias

que emanan de una relación laboral. Íd.; Indulac v. Unión, 207 DPR

279, 294 (2021). Por tal razón, un convenio de arbitraje “impone un

carácter excluyente al proceso judicial, ya que una cláusula de

arbitraje es un contrato que impide a los jueces y tribunales conocer

en primera instancia de los conflictos o cuestiones litigiosas
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sometidas a arbitraje”. Indulac v. Unión, supra, en las págs. 293-

294. De esta forma, la revisión de un laudo arbitral “se circunscribe

a la determinación de la existencia de fraude, conducta impropia,

falta del debido proceso de ley, violación a la política pública, falta

de jurisdicción o que el laudo no resuelve todos los asuntos en

controversia”. CFSE v. Unión de Médicos, supra.

      No obstante, esta norma de autolimitación encuentra una

excepción cuando las partes pactaron que el laudo arbitral se emita

conforme a derecho. Pues, el foro judicial debe realizar una revisión

judicial más incisiva, teniendo la facultad de revisar los méritos del

laudo arbitral y corregir los errores jurídicos, a tenor con las

doctrinas legales y prevalecientes. Íd.; Depto. Educ. v. Díaz

Maldonado, 183 DPR 315, 326 (2011); Constructora Estelar v. Aut.

Edif. Púb., 183 DPR 1, 33 (2011); UGT v. HIMA, supra; Indulac v.

Unión, supra, en la pág. 295. Importante es que “[u]n laudo conforme

a derecho confiere a las partes la certidumbre de que el resultado

arbitral estará estrictamente aferrado a los límites de la ley, y que

no se concederá un remedio más allá del provisto por nuestro

andamiaje jurídico”. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 347 (2011). De lo

contrario, cuando el convenio arbitral no dispone que los asuntos se

resuelvan conforme a derecho, el árbitro o la árbitra puede

determinar cuál es la ley aplicable y eludir el derecho sustantivo.

CFSE v. Unión de Médicos, supra.

      Como norma general, y cuando las partes no han
      acordado que el laudo sea conforme a derecho,
      finalizado      el     trámite      de arbitraje,    las
      determinaciones realizadas por el árbitro son finales
      e inapelables y no pueden litigarse ante los
      tribunales. Tampoco se puede indagar sobre el
      proceso deliberativo, mental y decisional del
      árbitro. Mucho menos resultan revisables alegados
      errores en la apreciación de la prueba o en la
      aplicación del derecho. Constructora Estelar v. Aut.
      Edif. Púb., supra, en las págs. 32-33. (Énfasis nuestro).

      Sin embargo, cualquier impugnación de un laudo arbitral, sea

por las causas tradicionales o por no estar resuelto conforme a
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derecho, debe realizarse a tenor con las reglas aplicables a la

revisión de las decisiones administrativas. UGT v. Challenger

Caribbean Corp., 126 DPR 22, 29 (1990); UIL de Ponce v. Dest.

Serrallés, Inc., supra, en las págs. 355-356.

      Una de las instancias en las que se faculta a un tribunal a

realizar una revisión judicial incisiva es cuando en el procedimiento

de arbitraje se eludió el debido proceso de ley, es decir, un

procedimiento justo en el que se le garantice a las partes las debidas

garantías ofrecidas por la ley. Indulac v. Unión, supra, en la pág. 296.

Empero, “el debido proceso de ley que se exige en un procedimiento

de arbitraje es el mínimo necesario que acredite una resolución justa

de la controversia”. Íd., en la pág. 297. A saber, “se cumple con el

debido proceso de ley en el ámbito del arbitraje obrero-patronal si

se le notifica e informa al agraviado de los cargos en su contra, se

celebra una vista y se le da oportunidad al agraviado de someter

evidencia”. Íd., en las págs. 297-298.

                                   -D-

      La AAA es una organización sin fines de lucro que ofrece

servicios, procedimientos y facilidades para el arbitraje voluntario.

Elkouri & Elkouri, How arbitration works (A. Miles Ruben, ed.), 6ta

ed., Washington, DC, BNA Books, 2003, pág. 43. En el 1996, dicha

organización adoptó las National Rules for the Resolution of

Employment Disputes, actualmente conocidas como las Employment

Arbitration Rules and Mediation Procedures. Íd., en las págs. 35, 360;

American Arbitration Association, Employment Arbitration Rules and

Mediation   Procedures,    rev.    2017,   p.   7.    Estas   reglas   son

contractualmente     vinculantes    cuando      son   incorporadas     por

referencia en un contrato de empleo. Íd. En lo que respecta a la

forma del laudo arbitral, la Regla 39 (c) del Employment Arbitration

Rules and Mediation Procedures, supra, dispone lo siguiente que

“The award shall be in writing and shall be signed by a majority of
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the arbitrators and shall provide the written reasons for the award

unless the parties agree otherwise. It shall be executed in the

manner required by law.” Véase 82 A.L.R. 2d Necessity that

arbitrators, in making award, make specific or detailed findings of

fact or conclusions of law sec. 10 (1962).

      Persuasivamente, en Hale v. Friedman, 281 F.2d 635 (D.C.

Cir. 1960), la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el

Circuito de Columbia interpretó lo que sigue:

      The rules of the American Arbitration Association do
      not provide for detailed findings of fact and conclusions
      of law. For us to find for appellants, we would have to
      hold that those rules do implicitly provide for such
      detailed findings when the arbitration occurs in the
      district of Columbia. This would be equivalent to
      holding that the Association is bound to comply
      with the statutory rules respecting arbitration in
      whatever jurisdiction the controversy arises. This is
      obviously impossible. Further, the provision in the
      rules of the Association that the award shall be
      ‘executed’ in accordance with law does not require
      the making of findings or the giving of reasons.
      Cf. Bernhardt v. Polygraphic Co., 350 U.S. 198, 76 S.
      Ct. 273, 100 L.Ed. 199 (1956). Íd., en la pág. 636.
      (Énfasis nuestro).

      Esbozada la normativa jurídica atinente a los hechos de este

caso, nos encontramos en posición para resolver.

                                  -III-

      En su único señalamiento de error, el señor Rivera Sanfeliz

planteó que el TPI incidió al desestimar la Demanda sobre

revocación de laudo parcial de arbitraje que incoó, por concluir que

el laudo en controversia no tenía que ser emitido conforme a

derecho. Reiteró que, por el contrario, las Reglas de AAA, el laudo

de arbitraje debe ser emitido conforme a derecho por el siguiente

lenguaje: “It shall be executed in the manner required by law”.

      Tras un análisis sosegado del voluminoso expediente ante

nuestra consideración, y a la luz de los criterios esbozados en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1 y en la Regla 40 del

Reglamento de este Tribunal, supra, R. 40, resolvemos que debemos
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abstenernos de intervenir con la decisión del TPI en desestimar la

Demanda incoada por el señor Rivera Sanfeliz al determinar que en

el contrato de empleo entre el señor Rivera Sanfeliz y FirstBank no

se pactó que las controversias sometidas al Panel de Árbitros se

debían resolver conforme a derecho. De esta forma, la facultad

revisora del Foro Primario era estrecha y limitada a que el señor

Rivera Sanfeliz demostrara que el Panel de Árbitro actuó mediando

fraude; ausencia de jurisdicción; omisión en resolver todas las

cuestiones en controversia, o contrariedad a la política pública.

Dado que el señor Rivera Sanfeliz no demostró las antes

mencionadas circunstancias, no atisbamos que la determinación del

TPI sea contraria a derecho o que dicho foro haya actuado con claro

abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error claro y manifiesto.

Así las cosas, nos corresponde abstenernos de expedir el auto de

certiorari.

                                  -IV-

       Por    los   fundamentos   que    esbozamos   a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones