Court Opinion

ID: 9916054
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:59.504885+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:21.268846
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL
                             OATA-2023-1651

  BANCO POPULAR DE                                    CERTIORARI
    PUERTO RICO                                       procedente del
                                                      Tribunal de Primera
 Demandante-Recurrido                                 Instancia, Sala
                                                      Superior de Bayamón
              v.

     SUCESIÓN DE
   LUCIANO RIVERA                                     Caso Núm.
 ROSARIO COMPUESTA              KLCE202300948
    POR LUZ NAYDA                                     BY2019CV01087
    RIVERA ORTEGA;
 JOHN DOE Y RICHARD
 ROE COMO POSIBLES
      HEREDEROS                                       Sala: 503
   DESCONOCIDOS;
      CENTRO DE
   RECAUDACIÓN DE                                     SOBRE:
       INGRESOS
  MUNICIPALES (CRIM)
                                                      ACCIÓN CIVIL DE
       Demandados                                     EJECUCIÓN DE
                                                      HIPOTECA POR LA
                                                      VÍA ORDINARIA
   LUZ NAYDA RIVERA
        ORTEGA

Demandada-Peticionaria
Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza
Santiago Calderón y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece por la peticionaria, Sra. Iris Rodríguez Velázquez

para solicitarnos que se revise y deje sin efecto la Orden emitida y

notificada el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón, mediante la cual se le denegó

la solicitud de anulación de los procedimientos postsentencia.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-165 se designa al Juez Joel A.

Cruz Hiraldo en sustitución de la Jueza Eileen J. Barresi Ramos.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLCE202300948                                                      2

                                  I

      El presente caso obtuvo su génesis el 5 de marzo de 2019

mediante la radicación de Demanda en ejecución de hipoteca por la

vía ordinaria in rem instada por Banco Popular de Puerto Rico (en

adelante, “BPPR”) en contra de la Sucesión de Luciano Rivera

Rosaria compuesta por Luz Nayda Rivera Ortega, John Doe y

Richard Roe como posibles herederos desconocidos (conjuntamente,

“Sucesión”) y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

(CRIM). BPPR alegó que era tenedora de un pagaré hipotecario,

suscrito el 26 de febrero de 1999, por una suma principal de

$53,000.00 más interés al 7½% anual, además de otros créditos

accesorios, y que no se habían efectuado pagos de la misma desde

el 1 de agosto de 2018, adeudando la suma de $32,891.95 de

principal más los intereses, primas, recargos, costas y honorarios

de abogados. Por último, se indicó que se le notificó copia de la

Demanda al CRIM con el propósito de que se determine el monto de

los gravámenes, si alguno, y que se expresen en torno a cualquier

contribución atribuible al inmueble objeto de la Demanda.

      El CRIM fue emplazado personalmente mientras que la

Sucesión fue emplazada por edicto. A solicitud de BPPR, el Tribunal

de Primera Instancia le anotó la rebeldía a la parte demandada y

luego dictó Sentencia a favor de BPPR el 31 de mayo de 2019,

notificada el 4 de junio de 2019. La Sentencia fue notificada por

correo electrónico al demandante BPPR y por edicto a la Sucesión.

      El 24 de junio de 2019, la peticionaria compareció por derecho

propio y presentó una Moción Escrito al Expediente Judicial donde

solicitó el cambio de dirección para propósitos de notificación y

solicitó una vista de mediación compulsoria. La peticionaria informó

que en la dirección anterior existían varias residencias con la misma

dirección, por lo que no le llegaba la correspondencia o llegaba de
KLCE202300948                                                                  3

manera tardía.2 El 27 de junio de 2019, el foro primario ordenó a

Secretaría a añadir la dirección provista al Registro de Notificaciones

y le indicó a la peticionaria que para poder referirla al Centro de

Mediación “deben comparecer todos los miembros de la sucesión”.3

No obstante, la notificación fue devuelta por el Servicio Postal de

Estados Unidos y el Tribunal de Primera Instancia no volvió a

notificar a dicha dirección ni a la dirección anterior.4

       El 8 de julio de 2019, BPPR presentó una Moción Solicitando

Orden de Ejecución de Sentencia y solicitó el inicio del proceso de

ejecución mediante orden del Tribunal. A pesar de que el foro

primario emitió las órdenes correspondientes para la ejecución de

sentencia y el mandamiento fue diligenciado, el 17 de septiembre de

2019, el Alguacil Regional certificó que, por razones desconocidas,

BPPR, mediante su representación legal, suspendió la vista pautada

para ese día.5 Posteriormente, a causa de órdenes administrativas

federales y estatales emitidas por la emergencia causada por la

pandemia del COVID-19, los procedimientos fueron paralizados. El

18 de noviembre de 2021, BPPR presentó una segunda moción y se

continuaron con los procedimientos hasta que BPPR advino en

conocimiento de que la peticionaria había radicado una petición

ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de

Puerto    Rico,    por    lo   que    nuevamente       se    paralizaron     los

procedimientos y se dejaron sin efecto las órdenes dictadas.6

       Acaecidos varios trámites procesales, el 17 de febrero de 2023,

BPPR presentó una Moción Solicitando Nueva Orden de Ejecución de

Sentencia donde solicitó la iniciación del proceso de ejecución

2 La dirección anterior, “Calle Tulipán J8-A, Rpto Valencia, Bayamón, PR 00959”,

que pertenece al solar objeto de la hipoteca, fue cambiada a “Metropolis
Apartments, Ponde de Leon Ave. Street Duarte #1602, San Juan, PR 00917”.
Véase apéndice del recurso KLCE202300948, pág. 52-53.
3 Véase apéndice del recurso KLCE202300948, pág. 54.
4 Véase expediente digital del caso BY2019CV0187 en SUMAC, entrada 28.
5 Véase apéndice del recurso KLCE202300948, pág. 60.
6 El caso ante el Tribunal de Quiebras fue desestimado el 8 de diciembre de 2022.
KLCE202300948                                                            4

mediante orden del Tribunal y el foro primario emitió Nueva Orden

de Ejecución de Sentencia el 28 de febrero de 2023.7 Celebrada la

pública subasta y adjudicada la propiedad a tercero, BPPR presentó

una moción en la cual solicitó que se dictara orden de confirmación

de venta y una segunda moción para el retiro de fondos. El 3 de

mayo de 2023, la peticionaria le solicitó al Tribunal que no actuara

sobre las mociones presentadas por el BPPR hasta tanto la

peticionaria pudiera comparecer mediante representación legal en o

antes del 31 de mayo de 2023.

        Así las cosas, el 2 de mayo de 2023, notificada el 4 de mayo

de 2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió órdenes

confirmando la adjudicación de la propiedad vendida en pública

subasta y declarando Ha Lugar el retiro de fondos con las

correspondientes instrucciones. Al día siguiente, el foro a quo

declaró académica la súplica de la peticionaria. En respuesta, la

peticionaria presentó una moción de reconsideración, en la cual

alegó que no se le estaba notificando correctamente y solicitó dejar

sin efecto las pasadas dos (2) órdenes y que concediera una vista

para presentar evidencia sobre irregularidades que conllevan la

nulidad de los procedimientos. Ante ello, el Foro de Instancia le

concedió a la peticionaria un término de diez (10) días para contratar

su representación legal mediante Orden emitida el 23 de mayo de

2023.

        El 1 de junio de 2023, la peticionaria presentó una Moción

Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de que se Anulen los

Procedimientos Postsentencia. En apretada síntesis, la peticionaria

arguyó que el CRIM no fue notificado de la Sentencia dictada el 31

de mayo de 2019, notificada el 4 de junio de 2019, por lo que incide

7 BPPR también informó que la suma principal de $32,891.95 fue reducida por

acuerdo de pago interno a la suma de $32,723.44, más los intereses, costas,
gastos y honorarios de abogado, entre otros.
KLCE202300948                                                       5

en la finalidad de la sentencia y conlleva la anulación de la venta

judicial. El 1 de junio de 2023, notificada al día siguiente, el foro

primario declaró Ha Lugar la asunción de representación legal y

concedió un término de veinte (20) días a BPPR para presentar su

posición en cuanto a la solicitud de anulación de los procedimientos

postsentencia. En la oposición, BPPR esgrimió que el CRIM fue

notificado de la presentación del caso, del trámite procesal, del

hecho de que se dictó sentencia y de los procedimientos posteriores

a través de BPPR mediante correo certificado con acuse de recibo.

Por el otro lado, argumentó que no existe alegación ni acción en

contra del CRIM, que no es parte indispensable y que, por tanto, no

se dan las circunstancias que justifiquen la anulación de los

procedimientos postsentencia.

      Luego de una réplica presentada por la peticionaria, el

Tribunal de Primera Instancia informó que la controversia estaba

bajo estudio y análisis y que resolvería por escrito. El 10 de agosto

de 2023, notificada el mismo día, el foro recurrido declaró No Ha

Lugar a las mociones de la peticionaria para anular                los

procedimientos postsentencia y Ha Lugar a la oposición presentada

por BPPR.

      Inconforme, el 28 de agosto de 2023, la peticionaria presentó

el auto de certiorari ante nos con el siguiente señalamiento de error:

      Erró Instancia al declarar No Ha Lugar la solicitud de la
      parte recurrente de que se anularan los procedimientos
      postsentencia, por razón de que la sentencia no fue
      notificada por la Secretaría del Tribunal a una parte en
      el proceso, conforme a las disposiciones de la Regla 65.3
      de Procedimiento Civil.

      Habiendo comparecido las partes y presentado sus escritos,

damos por perfeccionado el recurso ante nos y procedemos a

exponer el derecho aplicable en aras de resolver.

                                  II

A. Certiorari
KLCE202300948                                                                 6

       El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.8 La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil9 establece los preceptos que regulan la

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.10 En

lo pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

              El recurso de certiorari para revisar resoluciones
       u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
       obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
       el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
       sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés público o en
       cualquier otra situación en la cual esperar a la
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
       certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
       tiene que fundamentar su decisión.

             Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
       expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
       revisada en el recurso de apelación que se interponga
       contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
       sobre los errores no perjudiciales.

       32 LPRA Ap. V, R. 52.1

       Por otra parte, la Regla 52.2(b)11 establece los términos y

efectos de la presentación de un recurso de certiorari:

              (b) Recurso de “certiorari”. Los recursos de
       certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar las
       resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción
       voluntaria […] deberán ser presentados dentro del
       término jurisdiccional de treinta (30) días contados

8 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
10 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
11 32 LPRA Ap. V, 52.2(b)
KLCE202300948                                                                7

        desde el archivo en autos de copia de la notificación de
        la sentencia o resolución recurrida.

               Los recursos de certiorari al Tribunal de
        Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del
        Tribunal de Primera Instancia […] deberán presentarse
        dentro del término de treinta (30) días contados desde
        la fecha de notificación de la resolución u orden
        recurrida. El término aquí dispuesto es de
        cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien
        circunstancias especiales debidamente sustentadas en
        la solicitud de certiorari.

               En aquellos casos que mediante recurso de
        certiorari se paralicen los procesos ante el Tribunal de
        Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones deberá
        resolver la controversia presentada ante sí dentro de los
        sesenta (60) días siguientes a que las partes
        concernidas se hayan expresado.

        32 LPRA Ap. V, 52.2(b)

        La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión justiciera.

12   Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto de

certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.13

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones14 orienta la función del tribunal intermedio para ejercer

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de

certiorari.15 La referida regla dispone lo siguiente:

        El tribunal tomará en consideración los siguientes
        criterios al determinar la expedición de un auto de
        certiorari o de una orden de mostrar causa:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.

        (B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

12 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
13 Id.
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
15 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLCE202300948                                                                   8

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

         Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.16 Es por ello que los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.17 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1)

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.18

B. Partes Indispensables

         La Regla 16.1 de Procedimiento Civil19 regula el mecanismo

procesal de la acumulación de parte indispensable. La referida regla

dispone, en lo pertinente, que “[l]as personas que tengan un interés

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se

harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas,

según corresponda”. Además, el Tribunal Supremo ha definido una

parte indispensable como:

16 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
17 Id.
18 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al., 210

DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
19 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.
KLCE202300948                                                                    9

       Aquella que tiene tal interés en la cuestión envuelta en
       la controversia que no puede dictarse un decreto final
       entre las partes en la acción sin lesionar y afectar
       radicalmente su interés, o sin permitir que la
       controversia quede en tal estado que su determinación
       final haya de ser inconsistente con la equidad y una
       conciencia limpia.20

       La Regla 16.121 pretende: (1) proteger las personas ausentes

de los posibles efectos perjudiciales que pueda ocasionarles la

resolución del caso; (2) emitir una determinación completa; y (3)

evitar la multiplicidad de pleitos.22 La inclusión de una parte

indispensable trata de un ejercicio de consideración pragmática de

los intereses implicados.23 A tal efecto, el tribunal deberá examinar

los intereses envueltos y distinguir entre los diversos géneros de

casos.24 Ahora bien, el “interés común” que da lugar a la

acumulación no es cualquier interés en el pleito sino uno de tal

orden que impida la confección de un derecho adecuado sin

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos.25 Adicionalmente,

dicho interés debe ser real e inmediato, y no cimentado en

especulaciones ni en eventos futuros.26 A su vez, el tribunal deberá

auscultar si podrá hacer justicia y conceder un remedio final y

completo sin afectar los intereses del ausente.27

C. Acumulación Indebida de Partes

       La Regla 18 de Procedimiento Civil28 regula lo respecto a la

acumulación indebida de partes y dispone lo siguiente:

       La acumulación indebida de partes no constituirá un
       motivo para desestimar un pleito. Cualquier parte
       podrá ser incluida o eliminada por orden del tribunal, a
       iniciativa de éste o por una moción de parte en
       cualquier estado del procedimiento, bajo las
       condiciones que sean justas. Cualquier reclamación

20 FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26; Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190

DPR 14, 46 (2014).
21 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.
22 RPR & BJJ, Ex parte, 207 DPR 389, 407 (2021).
23 Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; Hernández Agosto v. López

Nieves, 114 DPR 601, 606 (1983).
24 Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 434 (2003).
25 Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).
26 Id.
27 FCPR v. ELA et al., supra; Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra.
28 32 LPRA Ap. V, R. 18.
KLCE202300948                                                       10

      contra una parte puede ser separada y proseguirse
      independientemente.

                                    III

      La peticionaria planteó que el Tribunal de Primera Instancia

erró al no anular los procedimientos postsentencia. Argumentó que

la Sentencia dictada por dicho foro no fue notificada conforme a las

disposiciones de la Regla 65.3 de las Reglas de Procedimiento Civil

por no haberse notificado a una parte, el CRIM, y que la Sentencia

no ha advenido final y firme y, en su consecuencia, el proceso de

ejecución de sentencia es nulo. No le asiste la razón. Veamos.

      La Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia no

fue dictada en contra del CRIM, pues no existe causa de acción en

contra de éste. La Demanda no contiene alegación alguna en contra

del CRIM y la única mención del CRIM expresamente indica que “se

está notificando copia de esta Demanda por Correo Certificado con

Acuse de Recibo al [CRIM], para que se determine el monto de

gravámenes (si alguno) y para que se expresen en torno a cualquier

contribución, si alguna, atribu[i]ble al inmueble objeto de esta

acción”.29 La Demanda, y consecuentemente el pleito, siempre fue

en contra de la Sucesión de Luciano Rivera Rosario y no contra el

CRIM. Por tanto, la Sentencia se dictó única y exclusivamente contra

la Sucesión de Luciano Rivera Rosario.

      A pesar de haber sido emplazada, el CRIM nunca compareció

en el caso de epígrafe debido a que no existió una causa de acción

en su contra y, por ende, no existió derecho, propiedad o interés de

éste que pudiera haber sido afectado por un decreto final. En otras

palabras, no existió razón o motivo que exigiera su comparecencia.

Incluso, el pleito se dilucidó en su totalidad sin efecto alguno en los

derechos o propiedad del CRIM. Sin duda alguna, el CRIM no es

29 Véase apéndice del recurso KLCE202300948, pág. 3.
KLCE202300948                                                           11

parte indispensable y no posee un interés común en este pleito, por

lo que nunca debió ser parte del pleito.

        Ciertamente, lo ocurrido aquí fue una acumulación indebida

de parte que quedó desatendida por el foro a quo. El CRIM no tiene

y nunca tuvo un interés que ameritara su acumulación como parte,

por lo que debió haberse eliminado como parte, conforme lo

dispuesto en la Regla 18 de Procedimiento Civil30, y proseguirse el

pleito contra la Sucesión de Luciano Rivera Rosario. El propósito de

incluir como parte al CRIM, según surge de la Demanda, se podía

cumplir con la mera notificación de copia de la Demanda al CRIM,

sin emplazar y convertir en parte a éste.

        Ante estas circunstancias, el curso a proceder sería la

eliminación del CRIM como parte en el caso de epígrafe y no la

anulación de los procedimientos posteriores a la sentencia. Como

mostramos anteriormente, la Regla 18 de Procedimiento Civil31

permite la eliminación de una parte en cualquier etapa del

procedimiento, bajo las condiciones que sean justas. En el ejercicio

de un balance de intereses, no resultaría perjudicial a ninguna de

las partes la eliminación del CRIM como parte. Actuar al contrario,

o sea, mantener al CRIM como parte en un pleito del cual no existe

causa de acción en su contra y anular los procedimientos

posteriores a la Sentencia, resultaría considerablemente perjudicial

a las partes y causaría un atraso significativo de los procedimientos,

contrario al principio de la eficiente administración de la justicia.

        En ausencia de prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o

error de derecho, no amerita nuestra intervención en la Resolución

recurrida, por lo cual no procede la anulación de los procedimientos

posterior a la Sentencia.

                                  IV

30 32 LPRA Ap. V, R. 18.
31 Id
KLCE202300948                                                     12

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, se expide el auto de certiorari y confirmamos

la Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones