Court Opinion

ID: 9941480
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:39:42.628704+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.528096
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

  MUNICIPIO AUTONOMO DE                                 Apelación
      SAN SEBASTIAN,                                    procedente del
   REPRESENTADO POR SU                                  Tribunal de
 ALCALDE, HON. JAVIER D.                                Primera Instancia,
   JIMENEZ PEREZ, EN SU                                 Sala Superior de
    CAPACIDAD OFICIAL                KLAN202301069      San Juan

             Apelado                                    Civil Núm.:
                                                        SJ2023CV02160

               v.                                       Sobre:
                                                        Cobro de Dinero

  GILBERTO SUAREZ H/N/C
    SUAREZ EQUIPMENT;
  ADMINISTRACION PARA EL
  DESARROLLO DE EMPRESAS
  AGROPECUARIAS (ADEA),
   JUAN LUIS RODRIGUEZ
   REYES, ADMINISTRADOR

         Apelantes

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 19 de enero de 2024.

       Comparece       Gilberto      Suárez    Miranda       H/N/C    Suárez

 Equipment, en adelante el señor Suárez o el apelante,

 quien solicita        que revoquemos         la Sentencia Enmendada

 emitida el 27 de octubre de 2023. Mediante la misma, el

 Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en

 adelante     TPI,     ordenó   al    apelante       pagar   una     suma   de

 dinero adeudada al Municipio Autónomo de San Sebastián,

 en adelante el Municipio o el apelado, más intereses al

 tipo legal y honorarios de abogado.

       Por       los        fundamentos        que      expondremos         a

 continuación,         se    confirma     la     Sentencia         Enmendada

 apelada.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202301069                                                               2

                                     -I-

        Según surge del expediente ante nos, el Municipio

presentó una Moción en Solicitud de Notificación en la

que alegó, que a pesar de haber entregado copia de la

demanda y el emplazamiento al señor Suárez y de que el

TPI le concedió una prórroga para presentar alegación

responsiva,        el    apelante      incumplió       con      el    término

impuesto al no presentar ni notificar su contestación a

la Demanda.1 En consecuencia, solicitó al TPI que le

anotara la rebeldía al señor Suárez.

        Por su parte, el TPI emitió una Orden en la que le

anotó la rebeldía al apelante.2

        Posteriormente,       el     apelado       presentó     una    Moción

para que se Dicte Sentencia por las Alegaciones en la

que arguyó que, una vez se anota la rebeldía, procede

dar por admitidas las siguientes alegaciones, por ser

hechos correctamente alegados: (1) el señor Suárez no

cumplió con el pago de los arbitrios de construcción,

según    disponía       la   ahora    derogada       Ley   de    Municipios

Autónomos     de    Puerto    Rico     o    Ley    Núm.81-1991;       (2)   el

Municipio     requirió       mediante       comunicación        escrita,    en

cuatro     ocasiones,        el      pago     de    los      arbitrios      de

construcción       adeudados; (3)           en ausencia de respuesta

por   parte   del       apelante,     el    Municipio      insistió     y   le

envió una notificación de intención de imposición de

sanción administrativa; (4) el señor Suárez compareció

a la vista administrativa, pero no emitió el pago de

los arbitrios; (5) en consecuencia, la deuda por la

suma de $202,416.60 es líquida, vencida y exigible.3

Además, anejó la Certificación del Director de Finanzas

1 Apéndice del apelante, págs. 37-39.
2 Id., pág. 40.
3 Id., págs. 41-44.
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del Municipio de San Sebastián, así como el Estado de

Cuenta Municipal, en los que se evidencia la cantidad

adeudada.4

        Luego    de    evaluar        la    prueba        ofrecida    por     el

apelado, el TPI declaró ha lugar la Demanda y emitió

una   Sentencia        en    la    que     ordenó    al    señor     Suárez       a

satisfacer al Municipio la suma adeudada, más intereses

al tipo legal y honorarios de abogado por la cantidad

de $20,300.00.5

        En desacuerdo, el apelante presentó una Moción de

Reconsideración en la que solicitó eliminar la cuantía

impuesta por honorarios de abogado.6 En su opinión, esta

es improcedente en tanto el Municipio no la solicitó.

También, destacó que no se le puede imputar temeridad

porque nunca impugnó las cuantías reclamadas y optó por

permanecer en silencio para que la Administración para

el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, en adelante

ADEA,    liberara      la    suma     de    dinero    retenida       al   señor

Suárez, a favor del apelado.

        Así    pues,   el    Municipio        presentó      su   Oposición        a

Moción en Solicitud de Reconsideración y sostuvo que la

Demanda7, declarada ha lugar por el TPI, contiene como

parte de la súplica, el pago de las costas y honorarios

de abogado.8 Del mismo modo, destacó que el apelante fue

temerario porque, aunque conocía la existencia de la

deuda,        obligó    al        Municipio     a    reclamar        su     pago

judicialmente. Además, arguyó, que el señor Suárez no

expuso las razones por las cuales entiende que el TPI

abusó de su discreción al imponer los honorarios de

4 Id., págs. 45-46.
5 Id., pág. 48.
6 Id., págs. 54-57.
7 Id., págs. 1-7.
8 Id., págs. 60-63. Véase, además, id, pág. 7.
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abogado        y    que   este   nunca    refutó   la   Demanda    en   su

contra.

        Con    el     beneficio    de    la   comparecencia   de   ambas

partes, el TPI dictó la siguiente Sentencia Enmendada:

             Analizada la Moción para que se dicte
        Sentencia por las alegaciones, presentada por la
        parte demandante el 9 de septiembre de 2023, surge
        que la parte codemandada GILBERTO SUAREZ H/N/C
        SUAREZ   EQUIPMENT   fue   emplazada.    La   parte
        codemandada no presentó objeción de clase alguna a
        la   solicitud   del    demandante,   ni    formuló
        contestación a la demanda en el caso de epígrafe
        por lo que el Tribunal le anotó la rebeldía el 7
        de agosto de 2023. Obra en autos Declaración
        Jurada de la parte demandante acreditativa de la
        deuda reclamada en la demanda.

             Luego de evaluar la prueba ofrecida por la
        parte demandante, declara Ha Lugar la demanda y
        dicta Sentencia condenando a la parte codemandada
        GILBERTO SUAREZ H/N/C SUAREZ EQUIPMENT de epígrafe
        a satisfacerle a la parte demandante la suma de
        $202,416.60, más intereses al tipo legal sobre
        dicha cantidad a partir de la fecha de la
        radicación de la presente demanda y hasta su total
        y completo pago a razón de 9.25% anuales. Así
        también, adeuda los honorarios de abogado por la
        cantidad de $10,000.00. Las costas y los gastos
        del litigio se concederán luego de la presentación
        del correspondiente memorando.

        […]9

        Insatisfecho, el apelante presentó una Apelación

en la que invocó la comisión del siguiente error:

        ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA                     AL
        IMPONER    HONORARIOS DE ABOGADOS EN                      LA
        SENTENCIA.

        Luego de revisar los escritos de las partes y los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                                    -II-

        Con respecto a la concesión de costas y honorarios

de abogado, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil dispone

lo siguiente:

        (a)        Su   concesión.  -  Las   costas  le  serán
                   concedidas a la parte a cuyo favor se
                   resuelva el pleito o se dicte sentencia en
                   apelación, excepto en aquellos casos en que

9   Id., págs. 65 y 67.
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              se dispusiera lo contrario por ley o por
              estas reglas. […]

       (b)    […]

       (c)    […]

       (d)    Honorarios de abogado. - En caso que
              cualquier parte o su abogado haya procedido
              con temeridad o frivolidad, el tribunal
              deberá   imponerle   en   su   sentencia  al
              responsable el pago de una suma por concepto
              de honorarios de abogado que el tribunal
              entienda correspondan a tal conducta.10

       En    términos           generales,            se    considerará      temeraria

toda aquella conducta que haga innecesario un pleito

que se pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente o

requiera        a         la     otra        parte            efectuar       gestiones

innecesarias.11 La imposición de intereses y honorarios

de abogado por temeridad es una facultad discrecional

del tribunal sentenciador que no será variada a menos

que    la    misma        constituya             un        abuso    de   discreción.12

Persigue penalizar a aquel litigante perdidoso que, por

su obstinación, terquedad, contumacia e insistencia en

una    actitud       desprovista            de    fundamentos,           obliga   a   la

otra    parte       a     asumir      innecesariamente               las    molestias,

gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito.13                                     Una

vez    determinada              la     existencia              de    temeridad,       la

imposición          del        pago    de    honorarios             de     abogado    es

mandatoria.14 Por ello, los tribunales revisores sólo

intervendrán            cuando       surja       de    tal     actuación     un   claro

abuso de discreción.

10 32 LPRA Ap. V, R.44.1.
11 Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163, 193 (2022);
Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013).
12 SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 150 (2022);

Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, supra, pág. 193. (Énfasis
suplido).
13 Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, supra, pág. 193.
14 Id., págs. 192-193.
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                                     -III-

       En    síntesis,        el     apelante         alega      que      no     fue

temerario porque no impugnó las cuantías reclamadas,

“ya que estas eran finales y firmes”. En su opinión, el

Municipio presentó la Demanda con el único interés de

recobrar la suma de dinero retenida por la ADEA, quien

mostró indisposición para realizar el pago en ausencia

de una sentencia de cobro de dinero contra el señor

Suárez.      Así     pues,      el   apelante         aduce        que      decidió

permanecer en silencio ante los reclamos del Municipio,

como    estrategia       para      que   ADEA    pagara       al    apelado       el

dinero retenido. Además, sostiene que la imposición de

honorarios podría considerarse una doble compensación,

en la medida en que el Estado de Cuenta del Municipio

contempla penalidades por falta de pago.

       Por   otro     lado,     el   apelado         arguye      que     instó    la

acción en cobro de dinero a los fines de “recobrar la

suma de dinero vencida que el deudor se ha negado a

satisfacer         extrajudicialmente”           y     no     con      el      único

interés      de    plasmar      la   deuda      en    una     sentencia         para

recobrar la suma de dinero retenida por la ADEA. Así

mismo, destaca, que el señor Suárez “tuvo oportunidad

de     refutar      la   reclamación,           sin     embargo,          por     su

temeridad optó por no defenderse y continuar sin pagar

la   deuda”.       Finalmente,       sostiene        que    el     apelante      no

expuso las razones por las cuales entiende que el TPI

abusó de su discreción al imponer los honorarios de

abogado.

       Luego de revisar cuidadosamente los documentos que

obran en autos, determinamos que el apelante no expuso

las razones por las cuales entiende que el TPI abusó de
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su   discreción      al    imponer   los   honorarios    de    abogado.

Veamos.

        En primer lugar y contrario a lo alegado por el

señor    Suárez,     la    Demanda   del   pleito   de   epígrafe     sí

contempla como parte de la súplica los honorarios de

abogado y las costas.

        En segundo lugar, del tracto procesal del caso, no

refutado por el apelante, surge que el señor Suárez

tenía pleno conocimiento de que la deuda era líquida,

estaba vencida y era exigible. Sin embargo, se negó a

pagarla y en cambio,           obligó al apelado a instar             el

presente pleito que se pudo evitar.

        Finalmente, como expusimos en la parte normativa

de la presente Sentencia, la imposición de honorarios

de   abogado    es    una     facultad     discrecional       del   foro

sentenciador y en ausencia de abuso de discreción, lo

que se alegó por la parte apelante pero no se probó, no

tenemos facultad para intervenir con la determinación

de aquel.

                                 -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia Enmendada apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones