Court Opinion

ID: 9962693
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:43:06.218662+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:27.222693
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

FREEPOINT COMMODITIES                            Apelación
         LLC                                     procedente del
        Apelado                                  Tribunal de
                                                 Primera Instancia,
                v.                 KLAN202400001 Sala de San Juan

      MUNICIPIO DE                                      Caso Número:
   GUAYANILLA Y OTROS                                   SJ2021CV08365
        Apelante
                                                        Sobre: Patentes
                                                        Municipales
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

       Comparecen el Municipio de Guayanilla y su Director de

Finanzas (Municipio o apelante), y solicitan la revocación de una

Sentencia emitida el 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario). En esta,

el foro primario declaró ha lugar la demanda de epígrafe por la vía

sumaria y determinó que no procedía la imposición de un pago por

concepto de patentes municipales a Freepoint Commodities LLC

(Freepoint o apelado).

       Por   los     fundamentos    que   exponemos       a   continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                     I.

       Freepoint incoó una demanda1 contra el Municipio, en la que

cuestionó la determinación final de deficiencia en el pago de

patentes municipales correspondientes a los años fiscales 2015-

2016 al 2021-2022 por $15,936,332.56. Lo antes, conforme dispone

1 La demanda fue enmendada el 9 de febrero de 2021. Apéndice, págs. 1-9.

Número Identificador

SEN2024________
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el Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 81752 y la Ley de

Patentes Municipal, 21 LPRA sec. 651.

       En apretada síntesis adujo que, Freepoint es una compañía

de responsabilidad limitada en el Estado de Connecticut y registrada

en el Departamento de Estado de Puerto Rico que se dedica a la

venta de combustible desde sus oficinas sitas fuera de Puerto Rico.

Señaló que, fue seleccionado como proponente agraciado en dos

solicitudes de propuestas publicadas por la Autoridad de Energía

Eléctrica de Puerto Rico (AEE), lo que resultó en la firma de un

contrato para suministrar combustible a la AEE en las centrales de

Aguirre, Central Costa Sur, San Juan y Palo Seco. En ejecución de

lo anterior, Freepoint arrendó tanques ubicados en un terminal

conocido como CORCO, en el Municipio de Peñuelas. Por dicha

actividad, Freepoint le pagó patentes municipales al Municipio de

Peñuelas. De ahí se transportaba combustible a la Central Costa

Sur por tuberías entre CORCO y los tanques ubicados en el

Municipio de Guayanilla. A su entender, las actividades de Freepoint

ocurrieron fuera del Municipio de Guayanilla desde el 16 de octubre

de 2015 y cesaron el 30 de mayo de 2018, por lo que no procedía la

imposición de pago de patentes municipales a favor de Guayanilla.

En su demanda, el apelante sostuvo que, como cuestión de derecho,

no procedía la imposición de pago de patente a la luz de lo resuelto

en Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., 140 DPR 152 (1996) y

Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879 (2015).

       En reacción, el Municipio acreditó su alegación responsiva el

5 de mayo de 2022, en la que, alegó que Freepoint transportaba el

combustible a Puerto Rico mediante barcazas que se anclaban

frente a la costa de Guayanilla.3 En la costa, las barcazas se

conectaban en una tubería que, a su entender, se ubica dentro del

2 Artículo 7.213 – Tasación y Cobro de Deficiencia – Procedimiento en general.
3 Apéndice, págs. 29-43.
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límite territorial del Municipio. Destacó que, el contrato de Freepoint

y la AEE establece que el combustible era propiedad de Freepoint

hasta que se concretara la venta a la AEE en Costa Sur en

Guayanilla, Aguirre y Palo Seco. Por tanto, a su entender, la venta

del combustible ocurrió dentro de los límites territoriales de

Guayanilla, siendo compulsorio sujetar dicha actividad a un pago

de patentes en el referido municipio. Fundamentó su postura sobre

lo dispuesto en los artículos 7.1994 y 7.2005 del Código Municipal

de Puerto Rico, supra.

       Trabada la controversia, Freepoint interpuso una Moción de

Sentencia Sumaria en la que propuso 30 hechos incontrovertidos e

incluyó varios documentos6 para sostener su solicitud de que se

dejara sin efecto la deficiencia final de pago de patentes impuesto

por   el   Municipio.     Celebrada      una    vista   de   estado      de   los

procedimientos, el 31 de enero de 2023, el TPI dejó en suspenso la

adjudicación de la moción sumaria y luego Freepoint nuevamente

presentó otro petitorio sumario, y en esta ocasión propuso 32

hechos incontrovertidos junto a varios documentos.7

       Pendiente la adjudicación de la solicitud sumaria instada por

Freepoint, el TPI emitió una Orden8 en la que consignó lo siguiente:

       Para poder atender, de manera responsable, la Segunda
       Moción de Sentencia Sumaria (SUMAC 54) presentada por
       Freepoint, el Memorando de Derecho (SUMAC 55) presentado
       por el Municipio de Guayanilla, la Moción en Oposición a
       Memorando de Derecho (SUMAC 56) presentada por
       Freepoint, y la correspondiente Réplica (SUMAC 58)

4 Artículo 7.199 – Autoridad para Imponer Patentes (21 LPRA sec. 8161)
5 Artículo 7.200 – Volumen de Negocios (21 LPRA sec. 8162)
6 Apéndice, págs. 44-215. Junto a su petitorio incluyó los siguientes documentos:

Anejo1- Certificate of Authorization to do Business of a Foreign Corporation
emitido por el Departamento de Estado; Anejo 2-Declaración Jurada suscrita por
Brandon Diket; Anejo 3-Contrato suscrito por Brandon Diket y Carlos Javier
Castro Montalvo; Anejo 4-PREPA Fuels Office; Anejo 5-Carta emitida el 14 de
septiembre de 2021; Anejo 6-Carta suscrita el 18 de noviembre de 2021; Anejo 7-
Carta suscrita el 22 de noviembre de 2021; Anejo 8-Declaración sobre Volumen
de Negocio 1/1/205 al 12/31/2015; Anejo 9-Primer Pliego de Interrogatorios de
[Información] Requerimiento de Admisiones; Anejo 10- Freepoint Commodities
LLC’s Answers And Objections To The Defendant’s First Set Of Interrogatories And
Request For Information And Documents; y Anejo 11-Informe Positivo del Senado
de Puerto Rico – P. del S. 532.
7 Apéndice, págs. 305-489. Junto a su petitorio incluyó los mismos documentos

que en la Moción de Sentencia Sumaria presentada por primera vez.
8 Apéndice, pág. 635.
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       presentada por el Municipio, resulta indispensable definir
       cuál es el límite territorial del Municipio de Guayanilla.

       En este momento, dicha falta de definición nos impide estar
       en posición de determinar si Freepoint: 1) tuvo o no
       presencia física en el Municipio de Guayanilla; 2) operó en
       dicho municipio; 3) llevó a cabo negocios en dicho municipio;
       y/o 4) generó volumen de negocios en dicho municipio.

       Como resultado de lo anterior, se señala Vista Presencial el
       martes 19 de septiembre de 2023, a las 10:00 am, para que
       las partes aclaren y/o argumenten los siguientes asuntos:

   1) ¿Cuánta parte (pies cuadrados) de las facilidades de la Planta
      de Costa Sur radican dentro de los límites territoriales del
      Municipio de Guayanilla?
   2) ¿Quién proveyó la tubería (infraestructura) mediante la cual
      se suplió/transportó el combustible a PREPA?
   3) ¿Si la entrega del combustible en los tanques de CORCO –
      los cuales el Municipio de Guayanilla reclama ubican
      parcialmente dentro de su límite territorial – constituye el
      “lugar donde se prestó el servicio” al amparo de los estatutos
      aplicables (véase aclaración en inciso 5)?
   4) ¿Si las barcazas contratadas y/u operadas por Freepoint
      deben considerarse como almacenes, sucursales y/o lugares
      temporeros de negocio y/o de extracción de combustible al
      amparo de los estatutos aplicables (véase aclaración en
      inciso 5)?
   5) ¿Por qué - si Freepoint reclama que, posterior al 30 de mayo
      de 2018, cesó totalmente sus ventas de combustible a la
      AEE, destinadas a la Central Costa Sur - el Municipio de
      Guayanilla reclama el cobro de patentes para los periodos
      posteriores, y hasta los años fiscales 2021-2022? - (Se hace
      constar que esta controversia, a su vez, influye sobre la
      determinación del/los estatutos aplicables.)
   6) ¿Cómo el Municipio de Guayanilla computó un volumen de
      negocios anual de $289,870,626.40 durante cada uno de los
      [años] fiscales para los cuales se notificó una deficiencia a
      Freepoint?
   7) ¿Cómo, si de alguna manera, se distingue la situación fáctica
      del presente caso con aquella que fue atendida por el
      Tribunal Supremo de Puerto Rico en Lukoil Pan Americas v.
      Mun. Guayanilla, 192 D.P.R. 879 (2015)?

       Como resultado de las controversias antes identificadas se
       aclara que, hasta que no se determine sobre la autoridad –
       si alguna – del Municipio de Guayanilla para imponer el pago
       de patentes a Freepoint, resulta prematuro (por falta de
       legitimación) atender el cuestionamiento sobre los
       $1,312,948.00 que el Municipio reclama recibió Freepoint en
       rembolsos de PREPA.9

       Celebrada la vista argumentativa y sometidos los escritos de

las partes, el foro primario emitió el dictamen apelado.10 En esta

consignó que:

       […]

9 Apéndice, págs. 635-636.
10 Apéndice, págs. 639-643.
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       En el presente caso no se ha puesto en controversia el hecho
       de que, para poder llegar a su destino final (tanques de Costa
       Sur), el combustible que estaba almacenado en los tanques
       de la CORCO tenía que pasar primero por la interconexión
       que se encuentra en el Municipio de Peñuelas. Tampoco se
       ha puesto en controversia el hecho de que, una vez el
       combustible pasaba por la interconexión, se convertía en
       propiedad de la AEE. Por estar la interconexión de las
       tuberías ubicada en el Municipio de Peñuelas, las entregas
       ocurrían en dicho municipio; no en Guayanilla.

       La otra controversia que se encuentra ante nuestra
       consideración surge en el caso de las entregas de
       combustible destinado a la Central Costa Sur desde barcazas
       u otras embarcaciones arrendadas por Freepoint. En
       particular, porque el Municipio de Guayanilla reclama que:
       “estas barcazas se anclaban frente a la costa correspondiente
       a Guayanilla” y “se conectaban a una tubería que está dentro
       de los límites territoriales de Guayanilla”. (SUMAC 55,
       página 6, ¶ 2.)

       En el caso de transferencias de combustible desde barcazas
       u otras embarcaciones, el Artículo IV, inciso D, del Contrato
       Numero 902-02-15, establece que las entregas (transferencia
       de título) destinadas a la Central Costa Sur ocurrían luego
       del “flange” (junta de conexión) de las tuberías que van de
       CORCO hacia la Central Costa Sur. Basado en lo anterior, el
       Municipio de Guayanilla reclama que tiene facultad para
       imponer y cobrar la patente municipal a Freepoint toda vez
       que las barcazas alquiladas por Freepoint para entregar el
       combustible a la Central Costa Sur “se conectaban a una
       tubería que está dentro de los límites territoriales de
       Guayanilla”. Se equivoca el Municipio de Guayanilla.

       Conforme a la doctrina establecida en Lukoil Pan Americas v.
       Mun. Guayanilla, 192 D.P.R. 879 (2015), ni el hecho de que
       las barcazas arrendadas por Freepoint se anclaran frente a
       la costa del Municipio de Guayanilla, ni el hecho de que
       dichas barcazas se hayan conectado a una tubería que está
       dentro del referido Municipio de Guayanilla, facultan a dicho
       municipio para cobrar patentes municipales. En el referido
       caso de Lukoil, a la página 903, el Tribunal Supremo de
       Puerto Rico fue aún más específico al determinar que el
       hecho de que el Municipio de Guayanilla hubiera recibido los
       productos vendidos por Lukoil en un muelle que radica
       dentro de su límite territorial no implicaba que dicho
       municipio estuviera facultado a cobrar patentes municipales
       por dichas entregas. Para que el Municipio de Guayanilla
       pueda imponer dicho tributo, se tienen que cumplir los
       requisitos de “presencia física” establecidos por el Tribunal
       Supremo desde que resolvió el caso de Lever Bros. Export
       Corp. v. Alcalde S.J., 140 D.P.R. 152 (1996). En el caso ante
       nuestra consideración, dichos requisitos no están
       presentes.11

       […]

       Basado en lo anterior, y mediante Sentencia emitida y

notificada el 29 de septiembre de 2023 el TPI declaró ha lugar la

Moción de Sentencia Sumaria instada por Freepoint y dejó sin efecto

la deficiencia final cursada por el Municipio. Oportunamente, el

11 Apéndice, págs. 642-643.
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Municipio solicitó reconsideración a la cual se opuso Freepoint. El

foro primario denegó la referida solicitud por lo que inconforme, el

Municipio acude ante esta Curia en apelación. En su recurso señala

los siguientes errores:

      Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de
      Primera Instancia al declarar Ha Lugar la segunda Moción
      de Sentencia Sumaria (SUMAC 54) (Apéndice a la pág.
      A0305), presentada por la parte demandante usando como
      fundamento la doctrina establecida en Lukoil Pan Americas
      v. Mun. Guayanilla, ante y el requisito de “presencia física”
      establecido en el caso de Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde
      de San Juan, ante.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
      Superior de San Juan, al no intervenir ni pronunciarse,
      como parte de su deber de asegurar el manejo adecuado de
      los fondos públicos, con respecto a la suma de
      $1,312.948.00 que le fue reembolsada por PREPA a
      Freepoint, para el pago de patentes municipales, y que
      Freepoint luego de recibido dicho reembolso no declaró ni
      pagó, a ningún municipio en Puerto Rico. En adición a lo
      anterior, el TPI tampoco se pronunció sobre las ventas de
      combustible 6 de Freepoint a la A.E.E. ascendentes a la
      suma de $707,530,802.00, lo que equivale a una suma de
      patentes municipales por $3,537,654.01 tampoco declarada
      ni pagada por Freepoint a ningún municipio en Puerto Rico.

      Freepoint compareció el 31 de enero de 2024, mediante

Oposición a Apelación, por lo que, con el beneficio de las posturas de

ambas partes, procedemos a resolver.

                                   II.

   A. Sentencia Sumaria

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en

aquellas situaciones en las cuales no existe controversia real y

sustancial de un hecho material que requiera ventilarse en un juicio

plenario, por lo cual solo resta aplicar el derecho. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance

Company, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de octubre de 2023; Oriental

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto

de 2023.

      Mediante la adjudicación de una causa por la vía sumaria, se

procura profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto,
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los hechos ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera

Lebrón, 204 DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta

beneficioso tanto para el tribunal, como para las partes en un pleito,

pues se agiliza el proceso judicial, mientras simultáneamente se

provee a los litigantes un mecanismo procesal encaminado a

alcanzar un remedio justo, rápido y económico. Serrano Picón v.

Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el

29 de septiembre de 2023; Universal Insurance Company y otro v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 211 DPR 455 (2023).

Como se sabe, procede dictar sentencia sumaria si se desprende de

las alegaciones, deposiciones, declaraciones juradas, contestaciones

a interrogatorios, admisiones ofrecidas, entre otros, que no existe

controversia real sustancial sobre un hecho esencial y pertinente, y

siempre que el derecho aplicable así lo justifique. González Meléndez

v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto

el 24 de julio de 2023. De manera que, en aras de prevalecer en una

reclamación,   la   parte   promovente    debe    presentar   prueba

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su

causa de acción. Íd.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las
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razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Oriental

Bank v. Caballero García, supra. Véase, además, la Regla 36.3 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Si el

promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el tribunal

no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015). Además, el promovente de

una solicitud de sentencia sumaria ha de acompañar su petitorio

con prueba de la cual surja preponderantemente la ausencia de

controversias sobre los hechos medulares del caso. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance

Company, supra.

      Cabe destacar que, “la parte que desafía una solicitud de

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o

negaciones consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra, pág. 43. Por el contrario, la Regla 36.3(c) de las Reglas

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), obliga a quien se

opone a que se declare con lugar esta solicitud a enfrentar la moción

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha

hecho el promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que

se dicte sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en

derecho. Íd. A esos efectos, deberá sustentar con evidencia

sustancial los hechos materiales que entiende están en disputa.

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e

Integrand Assurance Company, supra.

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra.

Claro está, para cada uno de estos supuestos, deberá hacer
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referencia a la prueba específica que sostiene su posición, según

exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Íd. En

otras palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega

están en disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además,

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin   embargo,   la   sentencia   sumaria   generalmente    no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208 DPR 964

(2022). Además, existen casos que no se deben resolver mediante

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd.
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      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.

Nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo
      el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen
      al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de
      Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los
      requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;
      (3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
      controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
      la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
      exponer concretamente cuáles hechos materiales
      encontró que están en controversia y cuáles están
      incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, debe
      proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera
      Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
      controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra,
      pág. 679.

      Conforme a lo anterior, los foros apelativos nos encontramos

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia y

utilizamos los mismos criterios para evaluar la procedencia de una

sentencia sumaria. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, supra. Por ello, nuestra revisión es una de novo, y

nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa.

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario

aplicó correctamente el derecho. Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80,

resuelto el 26 de junio de 2023.

   B. Poder del Estado para imponer y cobrar contribuciones

      Imponer    y   cobrar    contribuciones    es   una    función

gubernamental que responde a la facultad del Estado como un ente
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soberano. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 230

(2007). Esta facultad se desprende de la Constitución de Puerto

Rico, que dispone lo siguiente:

        El poder del Estado Libre Asociado para imponer y
        cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro
        por los municipios se ejercerá según se disponga por la
        Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o
        suspendido. 1 LPRA, Art. VI, sec. 2.

        El poder de imponer y cobrar contribuciones está sujeto a

restricciones, tales como el cumplimiento del debido proceso de ley,

y la exigibilidad y validez de la deuda. Mun. de San Juan v. Prof.

Research, supra, pág. 231. La Asamblea Legislativa está facultada

para delegar a los municipios su poder de imponer y cobrar

contribuciones. 1 LPRA, Art. VI, Sec. 2.

        Por consiguiente, los municipios, por sí mismos, no cuentan

con un poder inherente para imponer contribuciones. No obstante,

en aras de que “los municipios tengan mecanismos para recaudar

fondos y así poder brindarles más servicios a sus ciudadanos, la

Asamblea Legislativa ha adoptado varios estatutos en donde se les

delega la facultad de imponer contribuciones a nivel municipal”.

McNeil Healthcare, LLC. v. Municipio de Las Piedras y otros, 2023

TSPR 135, resuelto el 14 de noviembre de 2023; citando a Lukoil Pan

Americas v. Mun. Guayanilla, supra.

        Uno de los estatutos que la Asamblea Legislativa adoptó fue

la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de

1974, hoy derogada por la Ley 107-2020, mejor conocido como

Código Municipal de Puerto Rico. La legislación autorizó a las

asambleas municipales a imponer y cobrar patentes a toda persona

dedicada a la prestación de cualquier servicio o a la venta de

cualquier bien, dentro de sus límites territoriales. 21 LPRA sec.

651b.

        Por lo tanto, las patentes no son más que “un impuesto sobre

el volumen de negocios de la empresa objeto del tributo”, el cual se
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calcula a base del volumen de negocios llevado a cabo por la

empresa en ese municipio. McNeil Healthcare, LLC. v. Municipio de

Las Piedras y otros, supra; citando a Lilly del Caribe v. Mun. de

Carolina, 210 DPR 306, 321 (2022); Lukoil Pan Americas v. Mun.

Guayanilla, supra; Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. De Yauco, 187 DPR

665, 681 (2013).

      Nuestro Mas Alto Foro determinó en Lever Bros. Export Corp.

v. Alcalde S.J., supra, que debían concurrir dos requisitos para que

opere la imposición de la patente municipal. A tales efectos, señaló

los siguientes requisitos:

      (1) Que    la   empresa    o   negocio    tenga   un
          establecimiento comercial u oficina dedicada con
          fines de lucro a la prestación de cualquier
          servicio en el municipio correspondiente;
      (2) Una vez cumplido con el criterio anterior, es
          necesario que se determine la base sobre la cual
          se impondrá la patente.
         (Énfasis nuestro)

      Años más tarde, en Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla,

supra, el Tribunal Supremo atendió una controversia similar a la del

caso ante nuestra consideración. En esencia, se trataba de Lukoil,

una compañía de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes

del estado de Delaware y registrada en Puerto Rico como corporación

foránea. Producto de un contrato con la AEE, Lukoil contrató

compañías marítimas para el transporte de combustible. Por motivo

de dicha transacción, el Municipio notificó a Lukoil una deficiencia

en el pago de patentes municipales. Lukoil, por su parte, alegaba

que, al no tener oficina, establecimiento comercial o presencia física

en el Municipio, no procedía la imposición de las patentes

municipales. Lo anterior, pues no almacenaron el combustible en el

dicho municipio.

      Específicamente, el Municipio señalaba que, al combustible

ser recibido en uno de sus puertos, correspondía la imposición de la

deficiencia, aun sin Lukoil tener oficina y empleados dentro de la
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demarcación territorial municipal. Asimismo, reclamaba que el

requisito de presencia de una oficina o establecimiento en el

municipio no debía ser un requisito para las actividades tributables.

Ello, pues dicho requisito hubiese dejado sin efectividad la intención

del legislador para garantizar la autonomía fiscal que se incluyó al

aprobar la legislación.

      El   Tribunal   Supremo       dispuso   en    esa   ocasión    que

“…independientemente de cuál sea el caso particular del negocio o

industria del que se trate, la Sec. 3 de la citada Ley Núm. 113

contempla el que haya presencia física en el municipio impositor,

ya   sea   mediante   ‘oficinas,   sucursales,     almacenes   u    otras

organizaciones de industria o negocio”. Además, para que una

compañía esté sujeta a la tributación de patentes municipales en un

municipio en particular “el factor determinante es que el ingreso se

produzca como consecuencia de los negocios que la persona,

natural o jurídica, desempeña en el municipio, lo cual implica que

el ingreso no hubiese sido generado a no ser por las operaciones

llevadas a cabo allí”. Finalmente, reiteró los requisitos a cumplirse

para que opere la imposición de las patentes municipales ya

establecidos en Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., supra.

                                   III.

      En su primer señalamiento de error, el Municipio cuestiona la

Sentencia emitida, por entender que, el foro primario erró al

determinar que no cumplieron con los requisitos que impone el caso

de Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra, a los efectos de

imponer patentes municipales. Lo anterior, pues alega que la ley

sufrió varias enmiendas que no fueron consideradas en la sentencia.

En particular, arguye que las referidas enmiendas fueron dirigidas

a ampliar la facultad de los Municipios para imponer patentes

municipales, prorratear el volumen de negocios en aquellos casos

que envuelven operaciones llevadas a cabo en dos o más municipios,
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y a establecer que la empresa correspondiente pague patentes

municipales al Municipio donde prestó el servicio.

       Como anteriormente expresamos, en virtud de la normativa

antes expuesta, esta Curia debe revisar de novo la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por Freepoint, la Oposición a la

Apelación presentada por el Municipio y escritos posteriores con sus

respectivos anejos, a la luz del derecho aplicable, para así evaluar la

determinación del foro primario. Nos corresponde evaluar en primer

lugar, si ambas partes cumplieron los requisitos de forma que exige

la Regla 36, supra, si existen hechos materiales en controversia que

impiden la adjudicación del caso sumariamente, para luego aplicar

el derecho correspondiente.

      Tras nuestra evaluación de la moción de sentencia sumaria y

la oposición, somos de la opinión que ambas partes cumplieron

sustancialmente con las exigencias y formalidades requeridas por la

Regla 36, supra, por lo que el foro primario actuó correctamente al

no rechazar el petitorio sumario interpuesto. Ambas partes

cumplieron los requisitos de forma, según la normativa expuesta.

      Completado dicho aspecto del análisis de novo notamos que,

en este caso no existen controversias medulares sobre los hechos

ocurridos, y así lo estipularon las partes. No obstante, nos

encontramos frente a una controversia de derecho que nos

corresponde dirimir. En específico, debemos determinar si ante el

cuadro fáctico expuesto, el Municipio tenía la autoridad para

imponer el cobro de una patente municipal a la corporación

Freepoint como consecuencia del contrato que dicha entidad

suscribió con la AEE para la venta y entrega de combustible.

      Recordemos que, para que se reconozca la validez y eficacia

de la imposición de pago por patentes municipales, los municipios

deberán cumplir los siguientes requisitos que el Tribunal Supremo

reiteró en el caso de Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra:
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      1) Que la empresa o negocio tenga un establecimiento
         comercial u oficina dedicada con fines de lucro a la
         prestación de cualquier servicio en el municipio
         correspondiente;
      2) Una vez cumplido con el criterio anterior, es
         necesario que se determine la base sobre la cual se
         impondrá la patente.

      En la Sentencia emitida, el foro primario determinó que no se

cumplían los requisitos que impuso el Tribunal Supremo en el caso

de Lukoil, en cuanto a la “presencia física” de la corporación en el

municipio. Puntualizamos que, de nuestro examen del expediente,

el foro primario correctamente determinó que, para poder llegar a su

destino final (tanques de Costa Sur), el combustible que estaba

almacenado en los tanques de la CORCO tenía que pasar primero

por la interconexión que se encuentra en el Municipio de Peñuelas

y allí se convertía en propiedad de la AEE. En su consecuencia, las

entregas ocurrían en dicho municipio; no en Guayanilla. De ahí y

conforme a la doctrina establecida en Lukoil Pan Americas v. Mun.

Guayanilla, supra, ni el hecho de que las barcazas arrendadas por

Freepoint se anclaran frente a la costa del Municipio de Guayanilla,

ni el hecho de que dichas barcazas se hayan conectado a una

tubería que está dentro del referido Municipio de Guayanilla,

facultan a dicho municipio para cobrar patentes municipales.

      Surge del expediente que, la corporación Freepoint no tiene en

el municipio de Guayanilla un establecimiento comercial o una

oficina dedicada, con fines de lucro a la prestación de servicios, sino

que, meramente la interconexión por donde pasa el flujo del

combustible destinadas a las correspondientes centrales (una de

ellas ubicada en Guayanilla) pasan por dicho municipio, sin más. El

Municipio aceptó que las facilidades de CORCO, donde ubican los

tanques utilizados por Freepoint, radican en el Municipio de

Peñuelas. Al ser el Municipio de Peñuelas, quien recibe el material

que Freepoint entrega, es a estos quien se le debe pagar la patente

municipal, y surge del expediente que Freepoint así lo hizo.
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       Para sustentar su posición, el Municipio alega que la Ley 113,

supra, sufrió unas enmiendas, las cuales ampliaron la facultad de

los Municipios para imponer y cobrar patentes municipales, de

manera que se haga justicia a los municipios pequeños que se ven

afectados por el trato contributivo desigual y que estas no fueron

tomadas en consideración al momento de emitir el dictamen

apelado. Sin embargo, de un análisis de las enmiendas a la Ley, nos

percatamos que las referidas enmiendas no van dirigidas a la

controversia ante nuestra consideración, por lo que el Municipio no

nos ha puesto en posición para determinar lo contrario.12

       Concluimos, pues, que de nuestra lectura del expediente no

existen controversias que impidan la solución sumaria del caso de

autos, como tampoco hay hechos medulares que lo distingan del

caso de Lukoil. El apelante tampoco logró diferenciar la controversia

suscitada en la presente causa del cuadro fáctico expuesto en Lukoil,

que nos obligue apartarnos de la doctrina establecida allí por el Alto

Foro. En su consecuencia, colegimos que, el foro primario actuó

correctamente en su análisis del derecho aplicable y basado en ello,

resolver el caso ante su consideración por la vía sumaria.

       En su segundo señalamiento de error, el Municipio alega que

el foro primario erró al no intervenir, respecto a la suma de

12Las referidas enmiendas a la Ley 113, supra, a las que hace referencia el
Municipio disponen lo siguiente:
   - Surge de la Exposición de Motivos de la Ley 137 del 11 de julio de
      2012 que la enmienda versa sobre el volumen y prorrateo para determinar
      la patente municipal a pagar por un concesionario de un contrato de
      concesión relacionado a la operación, mantenimiento, financiamiento,
      rehabilitación y expansión de las carreteras de PR.
   - Surge de la Exposición de Motivos de la Ley 208 del 25 de agosto de
      2012 que la enmienda trata sobre las compañías de teléfonos, tanto
      alámbricas como inalámbricas, para que paguen a prorrata la patente
      municipal correspondiente a cada municipio prorrateando el volumen de
      negocios.
   - Surge de la Exposición de Motivos de la Ley 44 del 26 de marzo de
      2014 que la enmienda sobre asignar los recaudos por concepto del pago
      de patentes municipales por servicios de telecomunicaciones.
   - Surge de la Exposición de Motivos de la Ley 187 del 17 de noviembre
      de 2014 que la enmienda fue a los fines de incluir en el pago de patentes
      municipales al municipio que corresponda aquellas actividades
      comerciales ocasionales llevadas a cabo en un lugar temporero de
      negocios, donde se realicen ventas, órdenes o pedidos por el periodo de
      tiempo que dure la convocatoria, promoción, feria o lugar de ventas
      itinerante, tomando como base el volumen de negocios por ese periodo
      ocasional de ventas; y para otros fines relacionados.
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$1,312,948.00 que le fue reembolsada por PREPA a Freepoint para

el pago de patentes municipales. Señala que, Freepoint no declaró

ni pagó patente municipal por ventas de combustible a la AEE, por

lo que implica que hay una suma no declarada que debían devolver,

sin incluir intereses, recargos y penalidades. Finalmente arguyen

que la sentencia emitida por el TPI les impide cobrar la suma de

$1,312,948.00 por las ventas directas de Freepoint a la Central de

Costa Sur de Guayanilla. No le asiste la razón.

      Así como lo determinamos anteriormente en este caso, no

procede la imposición de patentes municipales a Freepoint, pues no

se cumple el requisito de presencia física que establece el caso de

Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra. Añádase a ello que,

de una lectura de la notificación de la Deficiencia Final no surge

referencia alguna al reembolso solicitado. Por ello, como cuestión de

derecho, no procede dicha reclamación por parte del Municipio. El

segundo error no se cometió.

      En virtud de lo anterior y dentro del marco jurídico antes

enunciado, concluimos que el foro primario no incidió al declarar ha

lugar el petitorio sumario presentado por Freepoint y, en su

consecuencia, dejar sin efecto la determinación de la Deficiencia

Final en su totalidad.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones