Court Opinion

ID: 9952181
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:25:20.955481+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:10.215425
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

  CIELO VIVIENDA, LLC                                 Certiorari
                                                      procedente del
Demandante - Recurrido                                Tribunal de
                                                      Primera Instancia,
                                                      Sala Superior de
              V.                                      Fajardo

                                 KLCE202400208 Caso Núm.:
       JOSÉ RIVERA                             FA2022CV00926
        RODRÍGUEZ
                                                      Sobre:
 Demandado – Recurrido                                Cobro de Dinero y
                                                      Ejecución de
                                                      Hipoteca
    DARRYL LAMPITT                                    (Vía Ordinaria)

         Peticionario

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

      El 20 de febrero de 2024, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, el señor Darryl Lampitt (en adelante, parte peticionaria

o señor Lampitt), por medio de Certiorari. Mediante este, nos solicita

que revisemos la Orden emitida el 8 de febrero de 2024 y notificada

el 9 de febrero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Fajardo. En virtud de la aludida Orden, el foro a quo les

concedió a las partes del pleito de epígrafe un término de veinte (20)

días para presentar su posición en cuanto a una moción de

reconsideración presentada por el señor Lampitt. El 21 de febrero

de 2024, la parte peticionaria también presentó ante este foro la

Moción    Urgente      en   Auxilio   de   Jurisdicción   por   Orden   de

Desahucio/Lanzamiento.

Número Identificador
RES2024 ________________
KLCE202400208                                                               2

       Por los fundamentos que adelante se exponen, se desestima

el recurso de certiorari y se declara No Ha Lugar la moción en auxilio

de jurisdicción.

                                      I

       Previo a esbozar los hechos que suscitaron la controversia de

epígrafe, es necesario señalar que, la parte peticionaria no

acompañó un apéndice con su recurso. Es por lo que, el tracto

procesal constará de los documentos que surgen de SUMAC1.

       El 14 de septiembre de 2022, Espacio Residential, LLC (en

adelante, Espacio Residential), presentó una Demanda2 sobre cobro

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, en contra del

señor José Rivera Rodríguez (en adelante, señor Rivera Rodríguez).

En su Demanda, Espacio Residential alegó ser la tenedora de un

pagaré hipotecario suscrito el 29 de marzo de 2006, por la suma

principal de $100,000.00, más intereses al 6.670%, del cual el señor

Rivera Rodríguez era el DEUDOR. Añadió que, para asegurar el

pagaré antes descrito, se constituyó una hipoteca sobre un

apartamento residencial ubicado en el Condominio Costa Dorada,

en el Municipio de Río Grande, Puerto Rico.               De igual forma,

argumentó que, el señor Rivera Rodríguez había incumplido con las

cláusulas de la hipoteca, al dejar de pagar las mensualidades

vencidas desde el 1ro de marzo de 2012 el día primero de cada mes

subsiguiente hasta el momento de la presentación de la Demanda.

Indicó, además, que, el señor Rivera Rodríguez le adeudaba la suma

de $92,621.49 de principal, más los intereses sobre dicha suma al

6.750% anual desde el 1ro de febrero de 2012, hasta su completo

pago. A tales efectos, le solicitó al foro primario que declarara con

lugar la Demanda.

1 Cabe destacar que, ello no exime a la parte peticionaria de la obligación de
presentar un apéndice junto a su recurso conforme a la Regla 34 (E) del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
2 Véase entrada #1 de SUMAC.
KLCE202400208                                                         3

      Luego    de   varias      incidencias   procesales,   innecesarias

pormenorizar, el 29 de mayo de 2023, el foro de primera instancia

emitió una Sentencia3, donde declaró Ha Lugar la Demanda

presentada por Espacio Residential. Entre otras cosas, ordenó que,

la propiedad en cuestión fuera vendida en pública subasta.

      Por otro lado, mediante Orden4 emitida el 10 de julio de 2023,

el foro a quo permitió la sustitución de Espacio Residential, por Cielo

Vivienda, LLC, (en adelante, Cielo Vivienda), según solicitado en la

Segunda Solicitud de Sustitución de Parte por Cesión de Interés5.

      Así las cosas, el 7 de diciembre de 2023, fue celebrada la

Primera Subasta, donde se adjudicó la buena pro del inmueble

subastado a Nice Realty Group, LLC (en adelante, Nice Realty Group)

por el precio de $141,000.00.

      Subsiguientemente, Nice Realty Group presentó la Moción de

Orden de Lanzamiento y Entrega de la Propiedad Subastada6, donde

le solicitó al foro primario que ordenara la entrega de la propiedad

subastada y el desalojo o lanzamiento de los ocupantes y sus bienes.

Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Orden7. Mediante esta, declaró Con Lugar la moción presentada por

Nice Realty Group, y ordenó al Alguacil a proceder con la entrega de

la propiedad a los adquirientes en subasta.

      Posteriormente, la parte peticionaria, por derecho propio,

presentó la Moción en Solicitud de Paralización o Modificación de

Orden de Desalojo8. Sin someterse a la jurisdicción del Tribunal de

Primera Instancia, informó que era el residente y ocupante de la

propiedad objeto de la controversia de epígrafe por medio de contrato

de arrendamiento. Sostuvo que, nunca fue emplazado o informado

3 Véase entrada #28 de SUMAC.
4 Véase entrada #32 de SUMAC.
5 Véase entrada #31 de SUMAC.
6 Véase entrada #52 de SUMAC.
7 Véase entrada #54 de SUMAC.
8 Véase entrada #57 de SUMAC.
KLCE202400208                                                            4

sobre los procesos de ejecución de hipoteca, al igual que, no le fue

notificado sobre la terminación del contrato de renta, por parte del

señor Rivera Rodríguez u otros representantes de este. Expresó que,

se había inducido al foro recurrido a “[d]eterminar una orden de

desalojo   en    violación   a   los   derechos   de   un    contrato   de

arrendamiento vigente y con lo cual se violenta el derecho a ocupar

la propiedad”.    Aseguró que, tal acción constituía un desahucio

ilegal, ya que no se cumplió con las disposiciones del Artículo 620 y

subsiguientes del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico. De

acuerdo a lo anterior, solicitó a la primera instancia judicial la

paralización de la orden de desalojo, o en la alternativa, que se

delimite con una exclusión a favor de su persona al ser el “ocupante

con un contrato de renta v[á]lido y vigente hasta abril 2024”.

      Mediante Orden9 notificada el 6 de febrero de 2024, el

Tribunal de Primera Instancia expresó: “Nada que proveer. La parte

compareciente no se ha sometido a la jurisdicción de este Tribunal”.

Insatisfecha, la parte peticionaria presentó la Moci[ó]n en Solicitud

de Reconsideraci[ó]n a la Determinaci[ó]n de no Proceder por no Haber

Comparecido10. Le solicitó al foro a quo que, tomara conocimiento

sobre el hecho de que no había sido notificado conforme a las

disposiciones    de   notificación     adecuada   de   las    Reglas    de

Procedimiento Civil, con el propósito de garantizar el debido proceso

de ley de las partes. Argumentó que, la orden de lanzamiento podría

resultar defectuosa por falta de parte indispensable debido a que no

se le notificó sobre el proceso. Asimismo, solicitó al foro primario

que ordenara a Nice Realty Group a que notificara conforme a

derecho, con el propósito de proteger los derechos de las partes. A

estos fines, le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dejara

9 Véase entrada #58 de SUMAC.
10 Véase entrada #59 de SUMAC.
KLCE202400208                                                        5

sin efecto la orden de desalojo hasta tanto se cumpla con lo

solicitado en su moción de reconsideración.

       Finalmente, el 9 de febrero de 2024, el foro recurrido notificó

la Orden11 cuya revisión nos ocupa. En virtud de esta, la primera

instancia judicial le concedió a Cielo Vivienda y a Nice Realty Group

el término de 20 días para presentar su posición respecto a la

solicitud presentada por el señor Lampitt.

       Posteriormente, Cielo Vivienda presentó la moción intitulada

Uniéndose a la Representación Legal de la Parte Demandante y en

Cumplimiento de Orden12. A través de esta, sostuvo que, el señor

Lampitt no era parte indispensable del proceso de epígrafe y que,

tampoco tiene derecho a notificación alguna. Lo anterior, debido a

que, este solamente era un arrendatario sin legitimación alguna

para comparecer al pleito de autos ni para solicitar remedios en

contra del proceso de ejecución. De acuerdo a lo anterior, solicitó al

foro de primera instancia que dejara sin efecto la solicitud

presentada por el señor Lampitt.

       Por su parte, Nice Realty Group presentó la Moción en

Cumplimiento de Orden13, mediante la cual arguyó que, la solicitud

de la parte peticionaria no procedía en derecho y que era contraria

a las disposiciones de la Ley del Registro de la Propiedad

Inmobiliaria sobre ejecución de hipoteca. Añadió que, la entrega de

la propiedad subastada se solicitaba en virtud de la Ley del Registro

de la Propiedad Inmobiliaria sobre ejecución de hipoteca y no en

virtud de las disposiciones legales de un desahucio o de una relación

contractual.    Sostuvo, además, que, Nice Realty Group no tenía

relación contractual alguna con el ocupante de la propiedad y que,

tampoco se había subrogado en las obligaciones que este pudiera

11 Véase entrada #60 de SUMAC.
12 Véase entrada #61 de SUMAC.
13 Véase entrada #67 de SUMAC, con fecha de 21 de febrero de 2024.
KLCE202400208                                                         6

haber tenido con el señor Rivera Rodríguez. Reiteró, además, su

solicitud de entrega y lanzamiento de la propiedad, lo cual, según

esta, fue notificado conforme a derecho y personalmente por el

Alguacil del Tribunal al señor Lampitt, el 31 de enero de 2024 y que

estaba programado para el 29 de febrero de 2024. En la alternativa,

le solicitó al foro primario que estableciera una fecha cierta para la

entrega o lanzamiento de la propiedad, en o antes del 29 de marzo

de 2024.

       Inconforme con la Orden14 emitida por el foro a quo, el 20 de

febrero de 2024 la parte peticionaria acudió ante este foro mediante

recurso de Certiorari y realizó el siguiente señalamiento de error:

       Err[ó] el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       proceder acogiendo la reconsideración a la orden de
       lanzamiento requiriendo a las partes a expresarse sin
       dejar suspendida la orden de lanzamiento cuando esta
       fue emitida sin que una parte indispensable fuera
       notificada de la moci[ó]n de desalojo con su proyecto de
       lanzamiento y por consiguiente deber[í]a haberse
       considerado nula y haberse ordenado la suspensi[ó]n de
       la orden.

       El 21 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó la

Moci[ó]n Urgente en Auxilio de Jurisdicci[ó]n por Orden de

Desahucio/Lanzamiento. Por medio de la aludida moción, la parte

peticionaria solicitó la paralización del lanzamiento a efectuarse el

29 de febrero de 2024.

       El 22 de febrero de 2024, emitimos una Resolución, donde le

ordenamos a la parte peticionaria acreditar el cumplimiento de la

Regla 79 (E) del Reglamento de este Tribunal, en o antes del 23 de

febrero de 2024 a las 12:00 del mediodía. Le apercibimos que, el

incumplimiento con lo ordenado, daría lugar a la denegatoria de la

moción de auxilio y a la desestimación del recurso.

       El 23 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó la

Moci[ó]n Informativa en Cumplimiento con lo Ordenado Bajo la Regla

14 Notificada el 9 de febrero de 2024.
KLCE202400208                                                                    7

79 (E).     Por medio de esta alegó haber notificado por correo

electrónico a las partes demandantes la presentación del certiorari y

de la moción de auxilio de jurisdicción y por correo certificado con

acuse de recibo a las partes demandadas.

       Por no entender necesaria la comparecencia de la parte

recurrida, prescindimos de esta15.

                                         II

A. Certiorari

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al.,

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). La expedición del auto de certiorari descansa en la sana

discreción del foro apelativo. Torres González v. Zaragoza Meléndez,

supra. Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Rivera

et al. v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, supra,

pág. 372. La precitada Regla dispone lo siguiente:

15 En virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier
caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera
eficiente.
KLCE202400208                                                         8

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
       presenta el caso es la más propicia para su
       consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.16

       No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

       El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v.

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y

16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400208                                                      9

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular,

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Jurisdicción

      Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los

casos y las controversias que sean presentados a su atención.

Miranda Corrada v. DDEC et al., 2023 TSPR 40, 211 DPR ___ (2023);

Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020); Torres

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019).            Es

normativa reiterada que, los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo que, los asuntos

relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos

con prontitud. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288, 298

(2022); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500.         La

ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu proprio, ya que,

esta incide de forma directa sobre el poder del tribunal para

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204

DPR 374, 386 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág.

500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018);

Suffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005).

      Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así
KLCE202400208                                                      10

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos,

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. Íd.;

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico

v. Carrión Marrero, 209 DPR 1 (2022); Mun. de San Sebastián v. QMC

Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014); Suffront v. AAA, supra, pág. 674;

Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394-395

(2022).

       Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones17, confiere facultad a este Tribunal para a

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de

jurisdicción.

C. Perfeccionamiento de Recursos

       Como norma general, el incumplimiento con las reglas de los

tribunales apelativos impide la revisión judicial. Cárdenas Maxán

v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). Es por lo que, las normas

que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben

observarse rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR

560, 564 (2000); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR

281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90

(2013).    El incumplimiento con las disposiciones reglamentarias

sobre forma, contenido y presentación de los recursos apelativos

pudiera tener como consecuencia la desestimación de estos. Pueblo

v. Valentín Rivera, 197 DPR 636, 641 (2017). Nuestra Máxima Curia

ha requerido un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones

reglamentarias, tanto de nuestro Tribunal Supremo como de este

Tribunal de Apelaciones. Hernández Maldonado v. Taco Maker,

supra, pág. 290, Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 130 (1998).

17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLCE202400208                                                               11

       La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación

del escrito a las partes apeladas. González Pagán v. Moret Guevara,

202 DPR 1062, 1070-1071 (2019). El Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, en su Regla 33(B) dispone que, el recurso de certiorari

que se someta a la consideración del Tribunal de Apelaciones deberá

ser notificado a los abogados o abogadas en récord, o en su defecto

a las partes dentro del término dispuesto para la presentación del

recurso, es decir, dentro del término de treinta (30) días a partir del

archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución u

orden recurrida18. Este término es uno de cumplimiento estricto19.

       Con relación a los términos de cumplimiento estricto y

jurisdiccional, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Soto

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92, lo siguiente:

              Es    norma    harto    conocida  en   nuestro
       ordenamiento que un término de cumplimiento estricto
       puede ser prorrogado por los tribunales. Ello a
       diferencia de los llamados términos jurisdiccionales,
       cuyo incumplimiento impide la revisión judicial por
       privar de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz
       Parrilla v. Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin
       embargo, para prorrogar un término de cumplimiento
       estricto “generalmente se requiere que la parte que
       solicita la prórroga, o que actúa fuera de término,
       presente justa causa por la cual no puede cumplir con
       el término establecido”. Íd. pág. 403.

       Dicha norma fue reiterada posteriormente, en Rivera Marcucci

et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016), al indicar que “los

tribunales no gozan de discreción para prorrogar los términos de

cumplimiento estricto automáticamente”20.              En el aludido caso21, el

Tribunal Supremo dispuso lo siguiente:

             [E]l foro adjudicativo tiene discreción para
       extender un término de cumplimiento estricto solo
       cuando la parte que lo solicita demuestra justa
       causa para la tardanza. Al ser así, se le requiere a
       quien solicita la prórroga o a quien actúe fuera del
       término que presente justa causa por la cual no puede
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
20 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.
21 Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy, supra, pág. 171.
KLCE202400208                                                      12

        o pudo cumplir con el término establecido.22 En
        conformidad con esto, nuestra última instancia judicial
        ha reafirmado que los tribunales podrán eximir a una
        parte de observar el cumplimiento con un término de
        este tipo únicamente si concurren las condiciones
        siguientes: (1) que en efecto exista justa causa para
        la dilación y (2) que la parte le demuestre
        detalladamente al tribunal las bases razonables que
        tiene para la dilación, es decir, que acredite de
        manera adecuada la justa causa aludida.23 (Énfasis
        nuestro).

        Las partes litigantes deben atender estos requerimientos con

seriedad, ya que “[n]o se permitirá desviación alguna del plazo

[…] so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza

ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”. Pueblo v.

Fragoso Sierra, 109 DPR 536, 539 (1980). Con respecto al requisito

de justa causa, en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, nuestra Alta

Curia reiteró que la justa causa se acredita mediante explicaciones

“concretas y particulares, -debidamente evidenciadas en el escrito-

que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable

para la tardanza o la demora”. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra

pág. 93 citando a Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).

        Por otro lado, respecto a los requisitos de contenido

necesarios para el perfeccionamiento de un recurso de certiorari, la

Regla 34 (E) (1) del Reglamento de este Tribunal24, dispone lo

siguiente:

        Regla 34 – Contenido de la solicitud de “certiorari”

        El escrito de certiorari contendrá:

        […]
        (E) Apéndice

              (1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este
              inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un
              Apéndice que contendrá una copia literal de:

                   (a)   las alegaciones de las partes, a saber:

                         (i) en casos civiles, la demanda
                         principal, la de coparte o de tercero y

22 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92.
23 Id., pág. 93.
24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(C)
KLCE202400208                                                        13

                    reconvención    con       sus    respectivas
                    contestaciones;

                    (ii) en los casos criminales, la denuncia
                    y la acusación si la hubiere.

                (b) La decisión del Tribunal de Primera
                Instancia cuya revisión se solicita, [. . .].

                (c) Toda moción debidamente sellada por el
                Tribunal de Primera Instancia, resolución u
                orden necesaria para acreditar la interrupción
                y reanudación del término para presentar la
                solicitud de certiorari y la notificación del
                archivo en autos de copia de la resolución u
                orden.

                (d) Toda resolución u orden, y toda moción o
                escrito de cualesquiera de las partes que forme
                parte del expediente original en el Tribunal de
                Primera Instancia, en las cuales se discuta
                expresamente cualquier asunto planteado en
                la solicitud de certiorari, o que sean relevantes
                a ésta.

                (e) Cualquier otro documento que forme
                parte del expediente original en el Tribunal de
                Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de
                Apelaciones a los fines de resolver la
                controversia.

        Con respecto a los apéndices incompletos, nuestra Máxima

Curia    ha   expresado   lo   siguiente:   “[D]ebemos   aclarar    que

generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener

apéndices incompletos cuando esa omisión no nos permite

penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción”.

(Cita omitida) (Énfasis nuestro). Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR

150, 155 (2007). También, ha expresado que, las normas que rigen

el perfeccionamiento de los recursos apelativos deberán ser

observadas rigurosamente. Soto Pino v. Uno Radio Group., supra,

pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290. El

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias concernientes

al contenido, forma y presentación de los recursos podría implicar

que sean desestimados. Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636,

641 (2017).
KLCE202400208                                                               14

       Finalmente, conforme ha resuelto el Alto Foro, la parte que

comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la obligación de

perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de

poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 165 DPR 356,

367 (2005).

       En consonancia con lo anterior, nuestra última instancia

judicial expresó en Hernández Jiménez v. AEE, 194 DPR 378, 382-

383 (2015) que:

             Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a
       que un tribunal de superior jerarquía revise los
       dictámenes emitidos por los tribunales inferiores.25
       Ahora bien, ese derecho queda condicionado a que las
       partes observen rigurosamente el cumplimiento de las
       disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro
       ordenamiento jurídico sobre la forma, contenido,
       presentación y notificación de los recursos, incluyendo
       lo dispuesto en los Reglamentos del Tribunal de
       Apelaciones y del Tribunal Supremo.26

       Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de   epígrafe,   procedemos       a   aplicarla   al   caso      ante   nuestra

consideración.

                                      III

       Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados

a examinar si ostentamos jurisdicción para atender el recurso

presentado. Veamos.

       El señor Lampitt nos solicita que revisemos la Orden emitida

el 8 de febrero de 2024 y notificada el 9 de febrero de 2024, por el

Tribunal de Primera Instancia. No obstante, la parte peticionaria no

acompañó con su recurso un apéndice que contuviese documentos

relevantes que formen parte del expediente original en el Tribunal

de Primera Instancia, que nos pudiese ser útil a los fines de resolver

la controversia, según requiere el Reglamento de este Foro

25 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014).
26 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco

Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. FSE, supra, pág. 130.
KLCE202400208                                                            15

Apelativo27. Por lo anterior, la parte peticionaria no nos colocó en

posición de revisar al foro primario.

       Por otro lado, mediante Resolución emitida el 22 de febrero de

2024, le ordenamos al señor Lampitt que acreditara el cumplimiento

de la Regla 79 (E) del Reglamento de este Tribunal, en o antes del

23 de febrero de 2024 a las 12:00 del mediodía.              Asimismo, le

apercibimos que, el incumplimiento con lo ordenado, daría lugar a

la denegatoria de la moción de auxilio y a la desestimación del

recurso. El 23 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó la

Moci[ó]n Informativa en Cumplimiento con lo Ordenado Bajo la Regla

79 (E), donde alegó haber notificado por correo electrónico a las

partes demandantes la presentación del certiorari y de la moción de

auxilio de jurisdicción, y por correo certificado con acuse de recibo

a las partes demandadas.             A pesar de que la parte peticionaria

afirmó haber notificado por correo electrónico a las partes, esta no

acompañó evidencia que acreditara tal acción.

       Conforme a la Regla 33(B) del Reglamento de este Tribunal de

Apelaciones, el recurso de certiorari que se someta a la consideración

del Tribunal de Apelaciones deberá ser notificado a los abogados o

abogadas en récord, o en su defecto a las partes dentro del término

dispuesto para la presentación del recurso, es decir, dentro del

término de treinta (30) días a partir del archivo en autos de la copia

de la notificación de la resolución u orden recurrida28. Este término

es uno de cumplimiento estricto29.

       Es normativa reiterada que, las normas que rigen el

perfeccionamiento de los recursos apelativos deberán observarse

rigurosamente30.       El incumplimiento con las disposiciones sobre

27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E)(1).
28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
29 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
30Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564; Hernández Maldonado v. Taco
Maker, supra, pág. 290; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90.
KLCE202400208                                                                  16

forma, contenido y presentación de los recursos apelativos puede

conllevar la desestimación de estos.

       En abono a lo anterior, lo que reitera nuestra falta de

jurisdicción es que el recurso se tornó académico. De una revisión a

SUMAC31 pudimos constatar que, las partes de epígrafe acordaron

que, el señor Lampitt desalojará y entregará voluntariamente la

propiedad subastada en o antes del 29 de marzo de 2024 a Nice

Realty Group.         En virtud de dicho acuerdo, Nice Realty Group

solicitó que se dejara sin efecto el lanzamiento programado para el

29 de febrero de 2024.

       Consecuentemente, el 27 de febrero de 2024, el foro de

primera instancia emitió una Orden32 donde dejó sin efecto el

lanzamiento programado para el 29 de febrero de 2024.

       Según     lo    dispuesto     por   nuestro     Máximo       Foro,    una

controversia no es justiciable cuando hechos posteriores al

comienzo del pleito han tornado la controversia en académica33.

       Una de las manifestaciones concretas del principio de

justiciabilidad es la doctrina de academicidad. Sobre el particular,

nuestro más Alto Foro ha reconocido que los tribunales pierden su

jurisdicción sobre una controversia cuando, durante el trámite

judicial, ocurren cambios fácticos o judiciales que tornan en

académica o ficticia su solución. Esto es, el foro judicial no puede

entender sobre un caso que ha perdido su condición de controversia

viva y presente en atención a los cambios fácticos o de derecho

acaecidos en el transcurso del tiempo34.

       En consecuencia, procedemos a desestimar el recurso de

certiorari de epígrafe, de conformidad con la Regla 83(C) del

31 Véase entrada #77 de SUMAC.
32 Véase entrada #78 de SUMAC.
33 Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803 (2021); Bhatia Gautier v. Gobernador,

199 DPR 59, 68-69 (2017).
34 Pueblo v. Pagán Medina, 177 DPR 842, 844 (2010); Super Asphalt v. AFI y otros,

supra, pág. 816.
KLCE202400208                                                        17

Reglamento de este Tribunal35, la cual le confiere facultad a este

Tribunal para a iniciativa propia desestimar un recurso de apelación

o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de

jurisdicción.

                                    IV

       Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

de certiorari por falta de jurisdicción y se declara No Ha Lugar la

moción en auxilio de jurisdicción.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

35 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C).