Court Opinion

ID: 9896832
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:18.809539+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:39.310776
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

 JESÚS MANUEL RAMOS                               Apelación,
 RIVERA, LYDIA ESTHER                             procedente del Tribunal
 CARABALLO CASTRO, Y                              de Primera Instancia, Sala
LA SOCIEDAD DE BIENES                             Superior de San Juan
  GANANCIALES ENTRE
   ELLOS COMPUESTA             KLAN202300859
                                                  Caso Núm.:
      Parte Apelante                              SJ2022CV04373

             v.                                   Sobre:
                                                  Cumplimiento de Contrato

  SUCESIÓN NATALIA
MÉNDEZ RIVERA, SYLVIA
 MÉNDEZ RIVERA, LUIS
  ANTONIO MÉNDEZ
      RIVERA

       Parte Apelada

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2023.

       Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Jesús Manuel

Ramos Rivera, Lydia Esther Caraballo Castro y la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante, “matrimonio

Ramos Caraballo” o “Apelantes”), mediante recurso de apelación

presentado el 25 de septiembre de 2023. Nos solicitaron la revocación de

la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (en adelante, “TPI”), el 20 de julio de 2023, notificada

el 24 del mismo mes y año.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma

el dictamen apelado.

                                     I.

       El presente caso se originó el 25 de mayo de 2022, fecha en que el

matrimonio Ramos Caraballo presentó “Demanda” sobre incumplimiento

de contrato en contra de Natalia, Sylvia y Luis Antonio, todos de apellidos

Número Identificador
SEN2023______________
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Méndez Rivera (en adelante, los “codemandados”). Sostuvieron los

Apelantes que suscribieron con los codemandados un contrato de opción

de compraventa el 14 de diciembre de 2017, sobre un bien inmueble

localizado en el 1175 de la Calle Simón Bolívar, Barrio Buen Consejo del

Municipio de San Juan, del cual estos últimos eran los dueños registrales.

Añadieron que para la fecha del contrato era necesario modificar unos

asuntos legales y registrales para finiquitar la transacción que no habían

sido posible corregirlos. Así pues, solicitó el matrimonio Ramos Caraballo

que se les ordenara a los Apelados a culminar dichos asuntos para poder

concretar la compraventa del bien inmueble o que se ordenara al Alguacil

del TPI a comparecer en sustitución de aquel codemandado que ignorara

las órdenes del foro primario.

      Tras varios trámites procesales, la codemandada Sylvia Méndez

Rivera presentó, por conducto de su apoderada Sylvia Regina Ortiz (en

adelante, la “Apelada”), “Contestación a Demanda y Reconvención”.

Alegó afirmativamente que el codemandado Luis Antonio Méndez Rivera

no tenía ningún interés propietario sobre el inmueble en controversia y que

las únicas dueñas registrales eran ella y la codemandada Natalia Méndez

Rivera. Planteó, entre otras cosas, que nunca acordó ni por su cuenta ni

por medio de un tercero la venta de la propiedad en controversia.

      Mediante la “Reconvención” incoada expresó que era la única

dueña de la propiedad que permanecía viva, toda vez que la codemandada

Natalia Méndez Rivera había fallecido el 22 de julio de 2022, sin contraer

matrimonio y sin dejar herederos (en adelante, la “Causante”). Alegó que

el matrimonio Ramos Caraballo ocupaba el inmueble sin autorización y que

por información y creencia éstos acordaron con la Sra. Carmen Ortiz Griffith

que, a cambio de unos pagos, esta última les vendería la propiedad. Añadió

que la señora Ortiz Griffith, quien es su hija, no tenía autorización para

efectuar dicha transacción. Asimismo, planteó que dicha transacción se

efectuó con la intención de apropiarse fraudulentamente de dinero que no

le correspondía. Así pues, solicitó el desahucio de los Apelantes por ocupar

la propiedad sin pagar canon de arrendamiento alguno. De igual forma,
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reclamó que el matrimonio Ramos Caraballo le había ocasionado daños al

inmueble estimados en $100,000.00 y que se había enriquecido

injustamente en una cantidad no menor de $50,000.00.

       El 20 de diciembre de 2022, los Apelantes presentaron

“Contestación a la Reconvención” mediante la cual negaron las

alegaciones presentadas por la Apelada. Posteriormente, el matrimonio

Ramos Caraballo presentó escrito intitulado “Enmienda a la Demanda”. A

través del mismo, expuso que la codemandada Natalia Méndez Rivera

había fallecido y que sus únicos herederos eran sus hermanos y

codemandados, Sylvia y Luis Antonio Méndez Rivera. En vista de lo

anterior, solicitó la enmienda a la “Demanda” para incluir a la Sucesión de

Natalia Méndez Rivera como parte codemandada.

       El 24 de enero de 2023, la Apelada presentó “Contestación a

Demanda Enmendada y Reconvención”. Reiteró que el codemandado

Luis Antonio Méndez Rivera no tenía ningún derecho sobre la propiedad,

puesto que a éste se le efectuó un pago global para saldar su derecho

hereditario. Asimismo, mantuvo sus causas de acción originalmente

esgrimidas en la “Reconvención”. Luego de presentar su correspondiente

alegación responsiva, los Apelantes presentaron “Moción de Sentencia

Sumaria”. Alegaron que la Causante decidió vender la propiedad en

controversia y contrató al corredor de bienes raíces, Sr. Orlando Vázquez,

para finiquitar la misma. Sostuvieron que le informaron su interés de

comprar el inmueble, por lo que suscribieron un contrato y entregaron un

depósito. Arguyeron que corrigieron unos asuntos legales para poder

concretar la compraventa de la propiedad y que desde ese entonces

esperaban por los codemandados para concluir la misma.

       Añadieron que, mediante la Sentencia dictada en el caso núm.

SJ2019CV04125, ventilado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan, se validó el contrato suscrito entre éstos y los

codemandados y que dicho dictamen era final, firme e inapelable.1

1 Al amparo de la Regla 201 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201, tomamos

conocimiento judicial del aludido caso. Del examen del expediente del Sistema Unificado
de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) se desprende que el referido pleito que
interpusieron las Sras. Natalia y Sylvia, ambas de apellidos Méndez Rivera y la Sucesión
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Plantearon que se les había entregado a los codemandados cantidades de

dinero ascendentes a $40,400.00, los cuales fueron entregados a la señora

Ortiz Griffith, quien presuntamente poseía un poder para efectuar la venta

de la propiedad. Por tanto, sostuvo que procedía ordenar que se

consumara la compraventa del inmueble, puesto que las partes

suscribieron un contrato de compraventa vinculante.

        Por su parte, la Apelada presentó “Oposición a Moción presentada

por los Demandantes Solicitando Sentencia Sumaria”. Expuso que la

señora Ortiz Griffith carecía de autorización alguna para otorgar un contrato

de opción de compraventa del inmueble y que el alegado acuerdo

presentado por el matrimonio Ramos Caraballo en su solicitud de sentencia

sumaria fue alterado, con el propósito de añadir una comparecencia que

no está en el documento original. En vista de lo anterior, fue su contención

que el contrato presentado carecía de validez y que los Apelantes no tenían

ningún derecho a los remedios solicitados.

        Evaluados ambos escritos, el 14 de abril de 2023 el TPI emitió

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción de sentencia

sumaria presentada por los Apelantes. Concluyó que los siguientes hechos

estaban en controversia:

    1. La validez del contrato de opción de compraventa.

    2. En qué capacidad firmó la Sra. Carmen Ortiz Griffith el contrato de

        opción de compraventa.

    3. Si la Sra. Ortiz Griffith tenía un poder para representar a Sylvia

        Méndez Rivera y Natalia Méndez Rivera para firmar el contrato de

        opción de compraventa.

    4. Por concepto de qué la parte demandante realizó pagos a nombre

        de Natalia Méndez Rivera, Domus Bienes Raíces, Carmen Ortiz

        Griffith y Ángel Carrión Orlandi.

    5. Si dichos cheques de gerente fueron cobrados.

de Yolanda Méndez Rivera en contra de Luis Antonio Méndez Rivera, como miembro de
la Sucesión de Yolanda Méndez Rivera, para la división de la herencia de la Sra. Yolanda
Méndez Rivera. De la Sentencia dictada en dicho caso no surge que el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, tuviera ante su consideración la validez del contrato
de opción de compraventa que nos ocupa. Simplemente, dicho foro se limitó a efectuar
las operaciones particionales de dicha Sucesión.
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   6. Si el codemandado, Luis Antonio Méndez Rivera, tenía un derecho

       propietario sobre el bien inmueble objeto de controversia y en el

       caso de que tenga un derecho propietario, si consintió a la venta del

       inmueble.

       Así el trámite ante el foro a quo, la Apelada presentó “Moción

Enmendada de Sentencia Sumaria”.2 Expresó que procedía la

desestimación de la “Demanda Enmendada” por la vía sumaria, pues no

existían hechos materiales que en derecho sostuvieran la reclamación

presentada por el matrimonio Ramos Caraballo en contra de la parte

demandada. Fundamentó su postura en lo siguiente: (1) que el alegado

contrato de opción presentado había expirado por sus propios términos y

no se cumplió; (2) que el alegado acuerdo de opción era nulo, pues la

señora Ortiz Griffith no tenía ninguna autorización para firmar a favor de

ningún miembro de la Sucesión; y (3) que, como cuestión de derecho,

procedía la desestimación conforme lo disponía el Artículo 1232 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3453, pues no existía un documento público

que evidencie una venta en este caso.

       El 3 de julio de 2023, el matrimonio Ramos Caraballo presentó

“Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria Solicitada por la parte

codemandada Sylvia Méndez”. Planteó que la Apelada había otorgado un

poder en el que se describía expresamente el inmueble en controversia y

que su argumento sobre la nulidad del contrato de opción de compraventa

era contrario a los principios de buena fe y manos limpias. Asimismo, reiteró

que la Sentencia del caso núm. SJ2019CV04125 advino final y firme y, por

tanto, el contrato era válido. En vista de lo anterior, expuso que procedía

que el TPI denegara la solicitud de sentencia sumaria radicada por la

Apelada.

       Tras la presentación de una réplica por parte de la Apelada, el 20 de

julio de 2023 el foro apelado emitió Sentencia Parcial. Expresó el TPI que

aun cuando en el contrato de opción de compraventa consta que la parte

2 El 9 de junio de 2023, la Apelada presentó una “Moción de Sentencia Sumaria”, la cual

posteriormente enmendó al día siguiente.
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vendedora lo es Natalia Méndez Rivera, Sylvia Méndez Rivera y Yolanda

Méndez Rivera, ninguna de las titulares firmó la opción de compraventa.

De hecho, añadió que para la fecha en que se firmó la opción de

compraventa ya la Sra. Yolanda Méndez Rivera había fallecido y el aludido

contrato constaba firmado por la señora Ortiz Griffith, quien no era titular

de la propiedad inmueble ni tenía ningún poder para comparecer a nombre

de las titulares. Ante ello, coligió que el contrato de opción de compraventa

no tenía validez y no existía ninguna obligación entre el matrimonio Ramos

Caraballo y los codemandados. En su consecuencia, declaró Ha Lugar la

solicitud de sentencia sumaria y desestimó la “Demanda”.

       Inconformes,    los   Apelantes     presentaron   una   solicitud   de

reconsideración, a la cual se opuso la Apelada. Mediante Orden de 25 de

agosto de 2023, el foro primario denegó la solicitud de reconsideración.

Aun insatisfechos, el matrimonio Ramos Caraballo presentó el recurso de

apelación que nos ocupa mediante el cual le imputaron al TPI haber

cometido los siguientes errores:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       CONFIRMAR UNA SENTENCIA SUMARIA DEJANDO SIN
       EFECTO UNA DETERMINACIÓN POR EL PROPIO
       TRIBUNAL DE LO QUE ES UNA CONTROVERSIA DE
       HECHO    MEDULAR    SIN   LLEVAR  A   CABO
       DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       CONFIRMAR LA SENTENCIA SUMARIA PARCIAL AL
       DETERMINAR   QUE    ES UN  CONTRATO    DE
       COMPRAVENTA CUANDO ESTAMOS ANTE UN
       CONTRATO BILATERAL.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       DECLARA NULO UN CONTRATO OTORGADO POR UN
       CORREDOR DE BIENES RAÍCES Y NO PERMITIR EL
       DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.

       El 5 de octubre de 2023, emitimos Resolución mediante la cual

paralizamos los procedimientos ante el TPI relacionados con la

“Reconvención” pendiente de adjudicación. Así las cosas, el 25 de octubre

de 2023 la Apelada presentó “Oposición a Apelación”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

                                     II.

                                     A.
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       El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a las

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria.

       A la luz de sus disposiciones, si de “las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente,

y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar la sentencia sumaria

a favor de la parte promovente”. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32

LPRA, Ap. V, R. 36.3. En ese sentido, se considera un hecho material o

esencial, “aquel que pueda afectar el resultado de la reclamación de

acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo

de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). Cabe señalar que el juzgador no

está limitado a los hechos o documentos que se produzcan en la solicitud,

sino que puede tomar en consideración todos los documentos que obren

en el expediente del tribunal.

       Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los cuales el

tribunal tenga ante su consideración todos los hechos necesarios y

pertinentes para resolver la controversia y surja claramente que la parte

promovida por el recurso no prevalecerá. Mejías et al. v. Carrasquillo et al.,

185 DPR 288, 299 (2012); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR

881, 911-912 (1994). Para prevalecer, el promovente de este recurso debe

presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas o en

cualquier evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos materiales sobre la totalidad o parte de la

reclamación. Roldan Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018).

       Por su parte, la parte promovida por una moción de sentencia

sumaria debe demostrar que existe controversia en cuanto a algún hecho

material que sea constitutivo de la causa de acción del demandante.

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25-26 (2014). Así, la parte que

se opone a que se dicte sentencia sumaria en su contra debe controvertir
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la prueba presentada y no cruzarse de brazos. ELA v. Cole, 164 DPR 608,

626 (2005). No puede descansar en meras afirmaciones contenidas en sus

alegaciones ni tomar una actitud pasiva, sino que está obligada a presentar

contradeclaraciones juradas y/o contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente. Roldán Flores v.

M. Cuebas et al., supra, pág. 677; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200,

214-215 (2010).

       En el caso de revisar la determinación del TPI respecto a una

sentencia sumaria, este foro apelativo se encuentra en la misma posición

que el foro de instancia para evaluar su procedencia. Rivera Matos et al. v.

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020); Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión que realice el foro apelativo

deberá ser de novo y estará limitado a solamente adjudicar los documentos

presentados en el foro apelado. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

De modo que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Íd. En

adición a esta limitación, se ha aclarado que al foro apelativo le está vedado

adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea

le corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs.

334-335.

       En Meléndez González et al. v. M. Cuebas,, supra, nuestro más Alto

Foro delimitó los pasos del proceso a seguir para la revisión de la

denegatoria de una moción de sentencia sumaria por parte de este foro

revisor, el cual consiste de: (1) examinar de novo el expediente y aplicar

los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la

jurisprudencia le exigen al foro primario; (2) revisar que tanto la moción de

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de forma

codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si en realidad existen

hechos materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en

controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y, de encontrar que los
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hechos materiales realmente son incontrovertidos, debe proceder a revisar

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho

a la controversia. Íd., págs. 118-119.

                                           B.3

        Nuestro ordenamiento jurídico establece que las obligaciones nacen

de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones

ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Art. 1042

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Las obligaciones que nacen de un

contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben

cumplirse a tenor de éstas. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994;

López Torres v. González Vázquez, 163 DPR 275, 281 (2004); Mercado

Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997).

        En Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005), nuestro más alto foro

judicial estatal reiteró que en Puerto Rico rige el principio de la libertad de

contratación, según el cual las partes contratantes pueden establecer los

pactos, las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre

que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Art. 1207

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372; S.L.G. Irizarry López

v. S.L.G. García Cámara, 155 DPR 713, 724 (2001); Trinidad v. Chade, 153

DPR 280, 289 (2001); Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, 133 DPR 188,

192-193 (1993); Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 133 DPR 127, 138

(1993).

        En ese sentido, un contrato existe desde que concurren los

siguientes requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; (b) objeto

cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la obligación que se

establezca. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.

Consecuentemente, “[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que sea

la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las

3 Advertimos que somos conscientes de que el Código Civil de 1930 fue derogado
mediante la aprobación de la Ley Núm. 55-2020, conocida como el “Código Civil de 2020”.
No obstante, esta última pieza legislativa en su Artículo 1812 establece lo siguiente: “Los
actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior y que son válidos
con arreglo a ella, surten todos sus efectos según la misma, con las limitaciones
establecidas en este Código”. 31 LPRA sec. 11717. Por tanto, para propósitos de la
adjudicación del caso, se utilizarán las disposiciones del Código Civil derogado.
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condiciones esenciales para su validez”. Art. 1230 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451. En lo relacionado con el objeto de los

contratos, se dispone que “[e]l objeto de todo contrato debe ser una cosa

determinada en cuanto a su especie”. Art. 1225 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 3423. De otro lado, “la causa en los contratos es la

razón o fin, o sea, el porqué de la obligación”. S.J. Credit, Inc. v. Ramírez,

113 DPR 181, 186 (1982). Según apunta Manresa, la causa en los

contratos no se refiere a las motivaciones iniciales que tuvieron los

contratantes al momento de suscribir el contrato, sino al fin ulterior que los

motivó para establecer las prestaciones y contraprestaciones de las cosas

o servicios concernidos. J.M. Manresa, Código Civil Español, 6ta ed., 1967,

T. VIII, Vol. 2, pág. 624.

       Bajo el supuesto de la libertad de contratación contemplado en el

Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, se reconoció

jurisprudencialmente la figura del contrato de opción de compraventa, pues

dicho contrato no estaba regulado en el derogado Código Civil. Este

contrato se ha esquematizado como aquel acuerdo consensual en el que

el promitente le concede al optante el derecho exclusivo a determinar si

comprará determinado bien, cuya titularidad le pertenece al primero. S.L.G.

Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 722 (2001). Se trata de un contrato

preparatorio dirigido al otorgamiento de un contrato de compraventa. Rosa

Valentín v. Vázquez Lozada, 103 DPR 796, 810 (1975). A pesar de que

este tipo de contrato es uno consensual, se configura como uno unilateral,

pues el optante no está obligado a comprar. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García,

supra, pág. 722. Esto es contrario al caso del promitente, quien sí está

compelido a vender el bien si el optante decide ejercer la opción. Íd. De ahí

que se disponga que con el ejercicio de la opción por parte del optante no

se perfecciona automáticamente un contrato de compraventa, “sino la

obligación de parte del concedente de vender y de parte del optante de

comprar la cosa objeto del contrato”. Rosa Valentín v. Vázquez Lozada,

supra, pág. 810.
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       Dicho de otro modo, el contrato de opción es el “‘convenio por el cual

una parte [llamada concedente, promitente u optatario] concede a la otra

[llamada optante], por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la

facultad, que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto a

la celebración de un contrato principal’”. Atocha Thom McAn, Inc. v.

Registrador, 123 DPR 571, 583 (1989) (énfasis en el original); P.D.C.M.

Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 724 (2008). Los requisitos esenciales

de este contrato son los siguientes: (1) la concesión, de modo exclusivo,

de una parte a la otra de la potestad decisoria sobre la celebración del

contrato por el cual se opta; (2) la especificación de un plazo cierto; y (3)

sin otra condición que no sea el juicio del optante. Mayagüez Hilton Corp.

v. Betancourt, 156 DPR 234, 246 (2002). El requisito de optar radica en el

perfeccionamiento de un contrato previamente delimitado que marca el

final de la negociación. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Ed.

Bosch, 1982, T. II, Vol. II, págs. 45-65.

                                      III.

       Primeramente, y en el ejercicio de novo que venimos compelidos a

efectuar, hemos examinado desapasionada y mesuradamente la solicitud

enmendada de sentencia sumaria presentada por la Apelada y de la

correspondiente oposición radicada por el matrimonio Ramos Caraballo.

Tras analizar la prueba documental que obra en el expediente ante nos y

de los autos electrónicos ante el TPI, acogemos como nuestras las

determinaciones de hecho desglosadas por la respetada jueza de instancia

en la Sentencia Parcial apelada, a saber:

       1.    El 14 de diciembre de 2017, las Partes Demandantes
       y la Sra. Carmen Ortiz Griffith suscribieron un contrato de
       opción de compraventa a favor de los Demandantes para la
       propiedad en la Calle Simón Bolívar #1175, Barrio Buen
       Consejo, San Juan, PR.

       2.    El contrato de opción está firmado por Carmen
       Amanda Ortiz Griffith en su capacidad individual el 14 de
       diciembre de 2017.

       3.     Carmen Ortiz Griffith no era dueña ni tenía ningún
       interés propietario en la propiedad en la Calle Simón Bolívar
       #1175, Barrio Buen Consejo, San Juan, PR.

       4.    El contrato de opción no está firmado por ninguna de
       las dueñas de la propiedad; ni Sylvia Méndez Rivera ni
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      Natalia Méndez Rivera ni Yolanda Méndez Rivera firmaron el
      contrato de opción.

      5.     En el 2017, la Sra. Carmen Ortiz Griffith no tenía
      autoridad para firmar ningún documento a nombre de su
      madre Sylvia Méndez Rivera t/c/c Sylvia Méndez Ortiz ni para
      vender su propiedad.

      6.      En ningún momento en el 2017, tenía Carmen Ortiz
      Griffith autoridad o consentimiento para actuar a nombre de
      Natalia Méndez Rivera y/o Sylvia Méndez Rivera t/c/c Sylvia
      Méndez Ortiz.

      7.    El contrato de opción de compraventa dispone un
      término de la opción es de ciento ochenta (180) días para
      pagar el precio de ochenta mil dólares ($80,000.00).

      8.    El contrato de opción expiró según sus propios
      términos el 12 de junio del 2018.

      9.     El contrato de opción de los Demandantes también
      dispone que: “Si no se efectuase la compra dentro del tiempo
      de esta opción, por la razón que sea, la parte compradora
      estará incumpliendo el contrato de opción, razón por la cual
      la parte compradora perderá la suma entregada como precio
      de opción…”.

      10.    Los Demandantes nunca efectuaron la compraventa
      dentro del término establecido de 180 días.

      Establecido lo anterior, pasamos a disponer de la controversia

planteada en el tercer señalamiento de error. Veamos.

      Sostiene el matrimonio Ramos Caraballo que el TPI incidió al

decretar la nulidad del contrato de opción de compraventa que suscribieron

con la Apelada y con Natalia y Yolanda, ambas de apellidos Méndez Rivera

(en adelante, las “titulares”). A esos efectos, plantea que el foro primario

erró al no presumir la validez de dicha transacción, por haber participado

un corredor de bienes raíces en la misma. Asimismo, expone que el

contrato en controversia fue firmado por la señora Ortiz Griffith mediando

un mandato de la Apelada y de su tía que fue ratificado a través de un

Poder otorgado en el Estado de California en el año 2018.

      Es norma trillada en nuestra jurisdicción que la validez de todo

contrato depende de la concurrencia de tres (3) requisitos fundamentales,

a saber: (a) consentimiento de los contratantes; (b) objeto cierto que sea

materia del contrato y (c) causa de la obligación que se establezca. La

existencia o no de estos elementos se determina al momento de

perfeccionar el contrato. Por ello, es nulo todo negocio jurídico en el que
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el objeto, la causa o el consentimiento son inexistentes. Es, pues, evidente

que al momento en que se analiza la validez o no de cualquier pacto

contractual, es indispensable asegurarnos de la concurrencia de todos

estos requisitos.

       El asunto medular que se plantea en el señalamiento de error que

atendemos se centra en la existencia o no del consentimiento de las

titulares para suscribir el contrato de opción en controversia. El examen de

todas las piezas documentales que se unieron a la solicitud enmendada de

sentencia sumaria presentada por la Apelada conduce a la conclusión de

que la señora Ortiz Griffith firmó el aludido contrato sin contar con un poder

o autorización válida por parte de quienes ostentan el derecho de efectuar

actos de disposición de dicho bien inmueble, a saber: las titulares.

       Adviértase que los Apelantes fundamentan su contención en una

supuesta presunción de corrección de los negocios jurídicos en los que

intervienen corredores de bienes raíces y en un alegado mandato que

presuntamente obtuvo la señora Ortiz Griffith de su madre y de su tía. En

cuanto a la presunción, el matrimonio Ramos Caraballo falló en hacer

alusión a fuente legal alguna para sustentar su posición; mientras que, en

cuanto al argumento relacionado con el mandato ratificado, presentó copia

de un Poder otorgado en el año 2018. Es decir, aún si diéramos por válido

dicho documento, el mismo se otorgó en fecha posterior a la que se

suscribió la opción de compraventa. Sobre este particular, coincidimos con

la Apelada a los efectos de que dicho Poder no convierte en válida la

actuación unilateral de la señor Ortiz Griffith de firmar por su cuenta el

contrato de opción antes de que se otorgara el Poder que utilizó como

prueba documental para sustentar sus planteamientos.

       Lo anterior, implica que el contrato nunca produjo efecto jurídico

alguno, puesto que la señora Ortiz Griffith no era la dueña del inmueble, ni

tampoco contaba con un poder válido o autorización de ninguna índole para

concretar dicha transacción. Entiéndase, no medió el consentimiento de las

personas llamadas por nuestro ordenamiento legal a concretar este tipo de

negocio jurídico. Esta es la norma, indistinto del tipo de contrato de que se
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trate y de la importancia que tenga para las partes contratantes. Rodríguez

Ramos, et al. v. ELA, et al., 190 DPR 448, 456, (2014); De Jesús González

v. A.C., 148 DPR 255, 264 (1999). Es decir, el contrato que nos ocupa no

es susceptible de ser convalidado posteriormente, pues no medió el

consentimiento de quienes estaban autorizados por ley a suscribirlo.

      Las titulares eran dueñas en común pro indiviso sobre el bien en

controversia y, como tal, para poder efectuar actos dispositivos se hacía

indispensable que mediara el consentimiento unánime de todas al

momento de concretar la opción. Así pues, coincidimos con el TPI a los

efectos de que el contrato de opción en controversia no tiene validez alguna

y no existe una obligación entre el matrimonio Ramos Caraballo y la

Apelada que los primeros puedan reclamar.

      Habiendo concluido lo anterior, se hace innecesaria la discusión de

los restantes planteamientos de error señalados en el recurso, pues todos

están cimentados en una obligación contractual que no tiene efecto legal

alguno.

      Finalmente, concluimos que el recurso ante nuestra consideración

no es frívolo, por lo que denegamos la solicitud de la Apelada para que se

le impongan honorarios por temeridad al matrimonio Ramos Caraballo, al

amparo de la Regla 85 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B.

                                    IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, se confirma la Sentencia apelada, se

ordena la continuación de los procedimientos ante el TPI, en cuanto a la

“Reconvención” presentada, y se declara No Ha Lugar la solicitud

interpuesta por la Apelada para la imposición de honorarios de abogado al

matrimonio Ramos Caraballo, de conformidad con la Regla 85 (B) del

Reglamento de este Tribunal, supra.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.
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                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones