Court Opinion

ID: 9952373
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:12.365431+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:03.262022
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

                                                            APELACIÓN
                                                            procedente del
TEKCEL, LLC                                                 Tribunal de
                                                            Primera
Apelante                                                    Instancia, Sala
                                              KLAN202300953 Superior de
                 v.                                         Arecibo
MUNICIPIO DE CIALES y
OTROS                                                                   Civil Núm.:
                                                                        CI2023CV00152
Apelado
                                                                        Sobre:
                                                                        Mandamus
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Martínez Cordero y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                      SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2024.

        Tekcel, LLC. (en adelante Apelante) acude ante nos, mediante

recurso de Apelación y solicita la revisión y revocación de la

Sentencia emitida el 29 de septiembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia (en adelante TPI), Sala Superior de Arecibo2.

Mediante dicho dictamen, el TPI desestimó su Petición de

Mandamus.

                                               I.

        El 13 de junio de 20233, Tekcel, LLC presentó ante el TPI una

Petición de Mandamus contra el Municipio de Ciales y el Hon.

Alexander Burgos Otero (en adelante Apelado), en su capacidad

oficial como alcalde del antedicho municipio. Tekcel, LLC alegó que

el Apelado incumplió con su deber ministerial para recibir, aceptar

y emitir recibo de pago de arbitrios de construcción y patentes

1
   Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la
Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial en sustitución de la Hon.
Giselle Romero García.
2
  Véase el Apéndice del Apelante, a las págs. 41-45. Notificada el 29 de septiembre de 2023.
3
  Íd. a las págs. 1-21

Número Identificador
SEN2024 ______________
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municipales, sin justificación alguna en ley, para la construcción de

una torre de telecomunicaciones en los predios del municipio.

          El presente pleito tiene su génesis el 13 de marzo de 2023

cuando el Apelante presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos

(OGPe) una solicitud de permiso de construcción. El 20 de abril de

2023 Tekcel, LLC fue notificada por la OGPe de un documento

intitulado “Notificación de Requisitos para la Aprobación de Permiso

de Construcción”. Este documento exige, como uno de los requisitos

para la emisión del permiso de construcción, el pago de arbitrios de

construcción y patentes municipales a favor del municipio donde se

construirá la facilidad. El Apelante adujo que el Municipio se negó a

recibir el pago, en contravención a su deber ministerial. A su vez,

planteó que el ente competente para regular los endosos de planos

de infraestructura para proyectos de Telecomunicaciones, lo es la

Oficina de Gerencia de Permisos, a través de su Reglamento

Conjunto de 2 de diciembre de 2020, sección 9.11.8 y citó la

siguiente disposición:

          Un eficiente sistema de telecomunicaciones es de
          importancia para la salud, seguridad y bienestar
          regional, así como para todo Puerto Rico. Asimismo, el
          endoso de planos de infraestructura y servidumbre para
          instalaciones de telecomunicaciones, televisión por
          cable, banda ancha y otros es una actividad que
          requiere reglamentación particular y aplicación
          uniforme de la misma; por lo que; su implantación
          corresponde al NET.
          Las solicitudes de permiso para todo proyecto de
          infraestructura y servidumbre para instalaciones de
          telecomunicaciones, televisión por cable, banda ancha
          y otros serán consideradas por el Secretario Auxiliar de
          la OGPe. En los casos de los Municipios Autónomos se
          presentarán las solicitudes ante estos; no obstante, el
          municipio elevará la solicitud a la OGPe, dentro del
          término de diez (10) días siguientes a la presentación de
          la misma y deberá informar, simultáneamente, sobre
          dicha acción al solicitante, por escrito.

          Además, citó disposiciones del Código Municipal de Puerto

Rico, 21 L.P.R.A. sec. 70014:

4
    Ley Núm. 107 del 13 de agosto de 2020, según enmendada.
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      Ningún municipio que tenga la facultad para evaluar y
      expedir permisos para el tipo de obra o proyecto, cuya
      facultad de consideración se retiene por las agencias
      públicas, podrá negarse a aprobar la obra o proyecto,
      de estar dicha obra o proyecto en conformidad con lo
      dispuesto por las agencias públicas, ni podrá modificar
      las condiciones impuestas por estas.

      A su vez, el Apelante presentó como una disposición

mandatoria al municipio, el Artículo 2.110 sec. 7332 del Código

Municipal, y adujo que del antedicho artículo emanaba la obligación

ministerial de recibir el pago de arbitrios de construcción y patentes

municipales. En particular, que dicha sección dispone que una vez

el proyectista notifica al municipio el costo de la obra, este cuenta

con un término de 15 días para evaluar el estimado y aceptar o

rechazar el mismo. El precitado artículo dispone lo siguiente:

      Artículo 2.110-Pago del Arbitrio de Construcción-
      Reclamaciones y Otros (21 L.P.R.A. sec. 7332)
      Los municipios aplicarán las siguientes normas con
      relación al arbitrio de construcción:

      (a) Radicación de Declaración- La persona natural o
          jurídica responsable de llevar a cabo la obra como
          dueño, o su representante, deberá someter ante la
          Oficina de Finanzas del municipio en cuestión una
          Declaración de Actividad detallada por renglón que
          describa los costos totales de la obra a realizarse.

      (b) Determinación del Arbitrio – El Director de Finanzas,
          o su representante autorizado, revisará el valor
          estimado de la obra declarada por el contribuyente
          en la Declaración de Actividad e informará su
          decisión mediante correo certificado con acuse de
          recibo o entrega registrada con acuse de recibo al
          solicitante antes de quince (15) días después de
          radicada la Declaración. El Director de Finanzas
          podrá:

            (1) Aceptar el valor estimado de la obra declarado
                por el contribuyente, en cuyo caso le aplicará
                el tipo contributivo que corresponda y
                determinará el importe del arbitrio autorizado.
            (2) Rechazar el valor estimado de la obra
                declarado por el contribuyente, en cuyo caso
                este procederá a estimar preliminarmente el
                valor de la obra a los fines de la imposición del
                arbitrio, dentro del término improrrogable de
                quince (15) días, contados a partir de la
                radicación de la Declaración por el
                contribuyente. Efectuada esta determinación
                preliminar, la misma será notificada al
                contribuyente por correo certificado con acuse
                de recibo.
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      (c) Pago del Arbitrio- Cuando el Director de Finanzas, o
          su representante autorizado, acepte el valor
          estimado de la obra declarada por el contribuyente
          según el anterior inciso (b)(1), el contribuyente
          efectuará el pago del arbitrio correspondiente dentro
          de los quince (15) días laborables siguientes a la
          determinación final, en giro bancario, método
          electrónico o cheque certificado pagadero a favor del
          municipio. El oficial de la Oficina de Recaudaciones
          de la División de Finanzas emitirá un recibo de pago
          identificando que se trata del arbitrio sobre la
          actividad de construcción. Cuando el Director de
          Finanzas, o su representante autorizado, rechace el
          valor estimado de la obra e imponga un arbitrio
          según el inciso (b)(2) de este Artículo, el
          contribuyente podrá:

         (1) Proceder dentro de los quince (15) días laborables
             siguientes al acuse de recibo, con el pago del
             arbitrio, aceptando así la determinación del
             Director de Finanzas como una determinación
             final.
         (2) Proceder con el pago del arbitrio impuesto bajo
             protesta dentro de los quince (15) días laborables
             siguientes al acuse de recibo de la notificación de
             la determinación preliminar; y, dentro del mismo
             término, solicitar por escrito la reconsideración
             de la determinación preliminar del Director de
             Finanzas, radicando dicha solicitud ante el Oficial
             de la Oficina de Recaudaciones ante quien se
             realice el pago.
         (3) Negarse a efectuar el pago, detener su plan de
             construcción, mover la fecha de comienzo de la
             obra y solicitar una revisión judicial, según lo
             dispuesto por el Artículo 1.050 de este Código,
             dentro del término improrrogable de veinte (20)
             días, contados a partir de la notificación de la
             determinación del Director de Finanzas.
             Todo contribuyente que pague el arbitrio
             voluntariamente o bajo protesta recibirá un
             recibo de pago, por lo que, a su presentación ante
             la Oficina de Permisos correspondiente, esta
             podrá expedir el Permiso de Construcción
             correspondiente.

      Así las cosas, el 23 de junio de 2023 el TPI celebró una vista

de Mandamus, en la que, la parte Apelante presentó tres (13)

Exhibits que fueron estipulados:

      1. Carta del 8 de mayo de 2023 dirigida al alcalde de Ciales,

         Hon. Alexander Burgos Otero.

      2. Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de

         Construcción.

      3. Desglose de los Costos de Construcción.
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         4. Determinación de Cumplimiento Ambiental.

         5. Recomendación Ambiental.

         6. Aprobación del Negociado de Telecomunicaciones.

         7. Aprobación del Departamento de Recursos Naturales.

         8. Aprobación de Bomberos.

         9. Aprobación del Programa de Arqueología.

    10. Aprobación de la Oficina de Preservación de Sitios

            Históricos.

    11. Aprobación de FAA.

    12. Aprobación de Fish & Wildlife.

     13. Aprobación de Luma.

         Tras evaluar la solicitud del demandante, el Tribunal

determinó que, a pesar de la admisión de evidencia documental, de

haber evaluado los testimonios vertidos durante la vista y haber

evaluado la Moción de Desestimación, presentada por la parte

demandada y la Oposición de la parte demandante, este último no

pudo demostrar lo siguiente:

   (a) Que no dispone de otro remedio legal adecuado;

   (b) Que existe un deber ministerial, es decir, un acto no

         discrecional de un deber impuesto por ley y el mismo emana

         de un cargo o función pública.

         En síntesis, que la parte demandante fracasó en señalar

específicamente el estatuto del cual surge el acto mandatorio que

debe realizar el alcalde.

         Por todo lo cual, el TPI declaró No Ha Lugar con perjuicio, a la

petición de Mandamus presentada por Tekcel, LLC.

         Inconforme, el 26 de octubre de 2023, el Apelante recurre a

nuestro foro mediante un Recurso de Apelación y señala el siguiente

error:

         A. Err[ó] el Honorable Tribunal de Instancia al
         declarar No Ha Lugar [a] la solicitud de petición de
         Mandamus y emitir Sentencia contrario a [d]erecho,
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      al razonar que la parte demandante falló en
      demostrar que carece de otro remedio legal
      adecuado y fracas[ó] en señalar específicamente el
      estatuto legal del cual surge el acto mandatorio que
      debe realizar el Alcalde.

      El 30 de octubre de 2023, este Tribunal concedió mediante

Resolución, hasta el lunes, 27 de noviembre de 2023, a la Apelada,

para presentar su alegato. Así las cosas, el 8 de diciembre de 2023,

la Apelada presentó Escrito en Oposición a Apelación.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

resolvemos.

                                  II.

      El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 3421, define el auto de mandamus como un recurso altamente

privilegiado, dictado por un tribunal de justicia a nombre del

Gobierno de Puerto Rico y dirigido a alguna persona, corporación o

tribunal de inferior jerarquía, requiriéndole el cumplimiento de

algún acto dentro de sus atribuciones o deberes ministeriales. El

auto de mandamus sólo procede para exigir el cumplimiento de un

deber impuesto por la ley; es decir, un deber calificado de

“ministerial” y que, como tal, no admite discreción en su ejercicio,

sino que es mandatorio e imperativo. AMPR v. Srio. Educación, ELA,

178 DPR 253, 263 (2010).

      El requisito fundamental para expedir el recurso de

mandamus es la constancia de un deber claramente exigido por ley

que debe ser ejecutado. Si la ley prescribe y define el deber que debe

cumplirse con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la

discreción o juicio, el acto es ministerial. Íd. Sin embargo, cuando

la ejecución del acto o la acción que se describe depende de la

discreción o juicio del funcionario, tal deber no es ministerial y como

tal, queda fuera del ámbito del recurso de mandamus. Íd.

      El deber ministerial que exige el mandamus debe emanar de

un empleo, cargo o función pública, por lo que el recurso procede
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contra todos los funcionarios del ejecutivo. Noriega v. Hernández

Colón, 135 DPR 406, 449 (1994). Puede presentarse en contra de

funcionarios públicos, cualquier agencia, junta o tribunal inferior de

nuestro sistema judicial, siempre que éstos estén obligados a

ejecutar un acto por mandato de ley. Art. 650 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3422.

      El auto de mandamus, como lo expresa la ley, es uno

“altamente privilegiado”. Ello significa que su expedición no se

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana

discreción del foro judicial. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra;

Ortiz v. Muñoz, Alcalde de Guayama, 19 DPR 850 (1913).

      Su expedición no procederá en los casos en que se encuentre

un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. Art. 651

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423.

      La petición de mandamus debe justipreciarse a la luz de

diversos requerimientos, entiéndase: (1) que el demandado tenga un

deber u obligación ministerial impuesto por ley; (2) que el

peticionario tenga un interés especial en el derecho que reclama; (3)

que el deber de actuar de la agencia y el derecho del peticionario

surja de la ley de forma clara y patente; (4) que el peticionario no

tiene otro remedio legal para hacer valer su derecho; y (5) que,

estimado el efecto que tendrá la expedición del auto, el Tribunal

entienda que los fines de la justicia obligan a su expedición. Véase,

32 L.P.R.A secs. 3421-3423.

      Es importante resaltar, que la carga probatoria en la

concesión o denegación de un auto de mandamus descansa sobre el

peticionario. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 269.

                                 III.

      En el caso ante nos, discutiremos el error señalado por el

Apelante quien, en desacuerdo con la determinación del TPI, acude

ante este foro y señala que erró el TPI al declarar No Ha Lugar a su
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Petición de mandamus y que emitió una Sentencia contrario a

derecho, al haber razonado que no pudieron demostrar que carecían

de otro remedio legal adecuado ni señalar específicamente el

estatuto legal del cual surge el acto mandatorio que debía realizar el

alcalde.

      Según explicamos en la discusión del derecho aplicable, el

mandamus es un recurso altamente privilegiado, discrecional y de

naturaleza extraordinaria, que no podrá dictarse en los casos en que

se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de

la ley. La expedición del mandamus no puede invocarse como una

cuestión de derecho, sino que depende de la sana discreción del

Tribunal. De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales

por el foro de instancia, merece nuestra deferencia. Cónsono con lo

anterior, un tribunal apelativo sólo podrá intervenir con el ejercicio

de la discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que el

foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.

      Luego de un análisis de la totalidad del expediente ante

nuestra consideración, forzoso es concluir que no surge el alegado

deber ministerial que el Alcalde ha incumplido. A pesar, de que el

Apelante reiteradamente ha señalado que existe disposición

estatutaria que establece un deber ministerial, de la prueba

presentada, no surge el acto mandatorio. El Apelante no pudo

establecer que no dispone de otro remedio legal adecuado.

      Concurrimos con el dictamen emitido por el TPI, que concluyó

que la parte demandante no pudo demostrar el deber del Alcalde de

actuar de determinada forma, sin margen a ejercer su discreción.
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                                IV.

     Así pues, a tenor con la normativa atinente discutida,

confirmamos el dictamen del tribunal apelado, desestimando con

perjuicio la demanda sobre solicitud de mandamus.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones