Court Opinion

ID: 9962814
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:54:58.916822+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:36.978371
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL XI

                                                Revisión Administrativa
   JOSUÉ ORTIZ COLÓN                                procedente del
                                                   Departamento de
           Recurrente                                Corrección y
                                                Rehabilitación, División
                                                     de Remedios
                                  KLRA202400074    Administrativos
                v.
                                                      Remedio Administrativo
                                                       Núm.: ICG-1721-2023

   DEPARTAMENTO DE                                            Sobre:
     CORRECCIÓN Y                                       Corrección Hoja de
    REHABILITACION                                        Control sobre
                                                         Liquidación de
            Recurrida                                       Sentencias

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

        Comparece el señor José Ortiz Colón (señor Ortiz Colón o

recurrente) vía revisión administrativa para solicitar la revocación de la

Respuesta al Miembro de la Población Correccional emitida el 6 de

diciembre de 2023 y notificada el 21 de diciembre de 2023 por la

División de Remedios Administrativos del Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante el referido dictamen, la

agencia recurrida denegó corregir la Hoja de Control sobre Liquidación

de Sentencia del recurrente. Por los fundamentos que expondremos a

continuación, desestimamos el presente recurso por falta de

jurisdicción.

        En síntesis, el caso de epígrafe trata de una Solicitud de Revisión

de Decisión Administrativa presentada por el señor Ortiz Colón ante la

Número Identificador

SEN2024 _______________
KLRA202400074                                                           2

División de Remedios Administrativos (División) del DCR. En esta

petición, el recurrente adujo que un técnico de récord expidió una Hoja

de Control sobre Liquidación de Sentencia, cuyo contenido establece

que el 16 de agosto de 2024 cumplirá el periodo mínimo de su

sentencia. Sin embargo, contiende que dicho documento debió indicar

que cumplirá el término mínimo el 16 de enero de 2024 de conformidad

a las enmiendas incorporadas al Código Penal a través de la Ley Núm.

85-2022. Tras examinar la referida solicitud, el Evaluador de la

División determinó que la computación de la liquidación de sentencia

es correcta.

      En desacuerdo, el señor Ortiz Colón presentó una Solicitud de

Reconsideración ante la División. Evaluados sus argumentos, la

División denegó conceder la petición. Brevemente dispuso que el

técnico de récord certificó que la liquidación de sentencia está correcta.

Inconforme con el dictamen agencial, acudió ante nos mediante el

recurso de epígrafe. En esencia, señaló que el DCR actuó arbitraria y

caprichosamente al denegar la corrección de la liquidación de su

sentencia.

      La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24) delimita la

facultad revisora del Tribunal de Apelaciones. El Artículo 4.006 de la

precitada ley permite recurrir al foro apelativo “[m]ediante recurso de

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias

administrativas”. (4 LPRA sec. 24y). Cónsono con lo anterior, la

Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley

Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9672) dispone que una parte adversamente
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afectada por una orden o resolución final, que haya agotado todos los

remedios administrativos, podrá presentar una solicitud de revisión ante

el Tribunal de Apelaciones. Dicha sección, a su vez, establece que una

determinación interlocutoria no será revisable ante el foro apelativo. En

virtud de tales preceptos, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones (4 LPRA A. XXII- B, R. 56) limita la jurisdicción

apelativa a la revisión de las determinaciones administrativas finales.

      En esa dirección, la Sección 3.14 preceptúa los componentes

distintivos de un dictamen final. En específico, esa disposición

establece que una resolución u orden final debe incluir (1)

determinaciones de hechos, (2) conclusiones de derecho y (3) una

advertencia sobre el derecho a solicitar reconsideración o revisión

judicial. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804 (2008). En armonía

con tales criterios, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reitera que en

el ámbito administrativo “una orden o resolución final tiene las

características de una sentencia en un procedimiento judicial porque

resuelve finalmente la cuestión litigiosa y de la misma puede apelarse

o solicitarse revisión”. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR

21, 29 (2006); J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al, 144 DPR 483, 490

(1998).

      Este esquema jurídico procura el agotamiento de remedios

administrativos, cuya finalidad posibilita la culminación de los casos

ante la agencia previo a acudir al foro judicial. Acevedo v. Mun. de

Aguadilla, 153 DPR 788 (2001). La aludida normativa doctrinal

permite que la determinación objeto de revisión judicial refleje “la

posición final de la entidad administrativa”. Íd., pág. 802. De tal modo,

se evita que la parte interesada obvie “el procedimiento de revisión
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interna de la agencia a fin de acelerar la revisión judicial”. Mun. de

Caguas v. At & T, 154 DPR 401, 407 (2001). Quiñones v. A.C.A.A., 102

DPR 746, 749 (1974).

      Por otro lado, el DCR adoptó el Reglamento para Atender las

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros

de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583, 4 de mayo de

2015 (Reglamento Núm. 8583) en virtud del Plan de Reorganización

del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 2011, Núm. 2-

2011. El precitado cuerpo reglamentario dispone que, al presentarse

una solicitud de remedio administrativo, un Evaluador estaría a cargo

de recopilar, recibir, evaluar y contestar la solicitud de remedio

administrativo conforme a la respuesta emitida por el superintendente

de la institución correccional. Regla IV (11), Reglamento Núm. 8583,

supra. La respuesta administrativa consiste en un “[e]scrito emitido

por el Evaluador, en el cual se contesta la solicitud del remedio

administrativo radicada por el miembro de la población correccional”.

Regla IV (20), Reglamento Núm. 8583, supra.

      Si el confinado resulta inconforme con la respuesta del

Evaluador, entonces le corresponde al Coordinador de la División

emitir una determinación denominada Resolución de Reconsideración.

Dicha resolución comprende un “[e]scrito emitido por el Coordinador,

en el cual se contesta la solicitud de reconsideración acogida, radicada

por el miembro de la población correccional”. Regla IV (21),

Reglamento Núm. 8583, supra. Ese dictamen “deberá contener un (1)

breve resumen de los hechos que motivaron la solicitud, (2) el derecho

aplicable y (3) la disposición o solución a la controversia planteada”.

Íd.
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      A tenor con los preceptos legales citados y la norma

jurisprudencial gobernante, resulta evidente que nuestra facultad está

limitada a revisar aquella Resolución de Reconsideración emitida por

el Coordinador de la División. En aras de viabilizar nuestra facultad

revisora, el dictamen administrativo debe exhibir determinaciones de

hechos, conclusiones de derecho y la disposición de la controversia

planteada tal como exige el Reglamento Núm. 8583, supra. Una

resolución con tales elementos es susceptible de considerarse como

final dentro del esquema administrativo, y, por tanto, queda sujeta a la

revisión judicial.

      En vista de lo anterior, reiteramos el pronunciamiento que

emitimos en Vega Feliciano v. Departamento de Corrección y

Rehabilitación, KLRA2016–00453: la Regla XIV (4) y la Regla XV

(1) del Reglamento Núm. 8583, supra, son nulas, excepto en la parte

que se concede treinta (30) días laborables al referido Coordinador para

emitir su Resolución de Reconsideración. Estas disposiciones

reglamentarias       son    incompatibles     con   nuestro    ordenamiento

administrativo y con las normas de autolimitación judicial, toda vez que

permiten al DCR eludir su deber ministerial de emitir una

determinación administrativa final. Asimismo, habilitan a los

confinados a acudir ante este Tribunal de Apelaciones para solicitar

revisión   de    una       mera   respuesta   administrativa    carente   de

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, y sin disponer

concreta y finalmente de la controversia mediante una resolución final.

Véanse, además, Rivera Díaz v. Departamento de Corrección y

Rehabilitación, KLAN202000654; Toro León v. Departamento de

Corrección y Rehabilitación, KLRA201800150; Serrano Casanova v.
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Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201700588;

González Rivera v. Departamento de Corrección y Rehabilitación,

KLRA201601193; Jason O. Flores Torres v. Departamento de

Corrección y Rehabilitación, KLRA2016-00056; García Ojeda v.

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201600786.

      A la luz de la normativa de derecho administrativo esbozada,

determinamos que no ostentamos jurisdicción para ejercer nuestras

facultades revisoras en el caso presente. La determinación agencial

recurrida no exhibe los elementos distintivos de una resolución final de

conformidad a los parámetros establecidos en el Reglamento 8583,

supra. Veamos.

      Surge del expediente ante nuestra consideración, que el señor

Ortiz Colón presentó una Solicitud de Reconsideración a los fines de

que se atendiera su inconformidad en torno a una Respuesta emitida por

el Evaluador de la División. Sometida dicha petición, entonces le

correspondía al Coordinador de la División emitir una Respuesta de

Reconsideración     que    incluyera    determinaciones   de    hechos,

conclusiones de derecho y la disposición de la controversia planteada.

Sin embargo, no consta del expediente un dictamen con tales

elementos. Ante tales circunstancias, nos encontramos imposibilitados

de ejercer nuestra facultad revisora.

      Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de

epígrafe al amparo de la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA A.

XXII- B, R. 83). Consecuentemente, devolvemos el caso al DCR para

que en (30) días laborables el Coordinador de la División de Remedios

emita una Resolución de Reconsideración que exhiba los componentes
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esenciales de un dictamen administrativo final susceptible a la revisión

judicial.

       Se ordena a la Secretaría a notificar copia de esta Sentencia al

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la

Procuradora General. Asimismo, el Secretario del Departamento

deberá entregar copia de esta Sentencia al recurrente, en cualquier

institución correccional donde éste se encuentre.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

       La Jueza Álvarez Esnard disiente sin escrito.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones