Court Opinion

ID: 9941447
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:37:00.322382+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:41.218763
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

JUNTA DE PLANIFICACIÓN                              Certiorari,
   DE PUERTO RICO                                   procedente del Tribunal
                                                    de Primera Instancia,
      Parte Recurrida                               Sala Municipal de
                                                    Hatillo
                                KLCE202301460
             v.                                     Caso Núm.:
                                                    HA2023CV00056

     JULIO PAMÍAS                                   Sobre:
     PORTALATÍN,                                    Cobro de Dinero
JUAN M. VÁZQUEZ MUÑIZ,                              (Regla 60)
   SALUS JOBBE, LLC.

     Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

      Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, Juan M. Vázquez

Muñoz (en adelante, “Vázquez” o “Peticionario”), mediante solicitud de

certiorari presentada el 27 de diciembre de 2023. Nos solicitó la revocación

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal

de Hatillo (en adelante, “TPI”), el 3 de noviembre de 2023, notificada y

archivada en autos el 10 del mismo mes y año. Dicha determinación fue

objeto de una moción de reconsideración que fue declarada “No Ha Lugar”

mediante Orden notificada el 8 de diciembre de 2023.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide y

se revoca la Resolución recurrida.

                                     I.

      El caso de epígrafe tuvo su génesis con la “Demanda” presentada

por la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante, “Junta” o

“Recurrida”) sobre cobro de dinero, al amparo del procedimiento sumario

dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, en

contra del Peticionario y los codemandados, Julio Pamias Portalatín y Salus

Número Identificador
SEN2024______________
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Jobbe, LLC. Mediante la misma, la Junta alegó que los hechos que

originaron la presentación de la “Demanda” se remontan a la presentación

de la Querella núm. 20202-SRQ-009992 el 4 de mayo de 2022, en contra

del Peticionario y el restante de los codemandados (en adelante,

“Querella”).

       Sostuvo que durante el trámite administrativo celebrado se determinó

lo siguiente:

       (1) Que tanto el Peticionario como los codemandados eran dueños,

oficiales, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes del negocio

“Monarca CBD Store”, ubicado en el Municipio de Hatillo;

       (2) Que en la Querella se alegó que a dicho establecimiento se le

expidió un Permiso Único Automático incorrectamente por un ingeniero

autorizado a emitir este tipo de permisos, toda vez que la descripción del

proponente fue: “Venta Fuente de Soda de teses, cafés, aperitivos y otros y

Venta al Detal de Productos CBD”. No obstante, dichos permisos no podían

ser utilizados para, entre otras cosas, cualquier uso que implicara

elaboración y manejo de alimentos o cualquier uso relacionado con venta,

cultivo, producción o distribución de cannabis, de conformidad con las

disposiciones del “Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de

Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de

Negocios de la Junta de Planificación de 2020”, Reglamento Núm. 9233 de

9 de diciembre de 2020 (en adelante, “Reglamento Conjunto”);

       (3) Que el 20 de mayo de 2022, personal de la Junta realizó una

investigación del negocio;

       (4) Que durante la inspección se pudo observar un local comercial

construido en cemento armado y bloques de hormigón con cristales en la

parte frontal, con medidas aproximadas de 20.6 pies de largo por 57 pies de

ancho y 10 pies de alto. Asimismo, que en dicho establecimiento se llevaban

a cabo ventas de café, aperitivos, “alimentos fríos” y venta al detal de

productos de CBD;

       (5) Que, como parte del trámite administrativo, personal de la Junta

verificó los sistemas de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante,
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“OGPe”) y confirmó la existencia del Permiso Único Automático número

2021-398784-PUA-005371, el cual no se podía utilizar para actividades que

implicaran la elaboración y el manejo de alimentos o cualquier uso

relacionado con venta, cultivo, producción o distribución de cannabis.

       Así, arguyó la Junta que luego de celebrado el trámite investigativo

correspondiente a la Querella, se le notificó al Peticionario y al restante de

los codemandados una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa

(en adelante, “Notificación de Hallazgos”) conteniendo las determinaciones

de hechos y conclusiones de derecho alcanzadas a las siguientes

direcciones postales: PO Box 142151, Arecibo, PR, 00614; PO Box 207,

San Germán, PR 00683 y PO Box 1571, Lares, PR 00669. Sostuvo la

Recurrida que mediante dicha Notificación de Hallazgos se le advirtió a la

parte demandada que, en un término de veinte (20) días, tenía que mostrar

causa por la cual no se les debía imponer una multa de $1,000.00 por las

violaciones señaladas y les advirtió que, de no mostrar causa, la multa

quedaría impuesta y se procedería a acudir al Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior, a solicitar una orden judicial para ordenar la paralización de

la actividad comercial y el cobro de la multa. Asimismo, se consignó en la

“Demanda” que se presentó una solicitud de reconsideración ante la Junta,

la cual fue denegada por dicha entidad gubernamental.

       Amparada en lo anterior, la Junta le solicitó al TPI que se condenara

al Peticionario y a los codemandados al pago de $1,000.00 de la multa

impuesta, así como los intereses al porciento legal prevaleciente y las

costas, gastos y honorarios de abogado en una cuantía no menor de

$2,500.00. Así el trámite, la vista en su fondo quedó señalada para el 10 de

mayo de 2023. No obstante, dos (2) días antes del juicio, el Peticionario

presentó “Solicitud de Desestimación”.

       Asimismo, expuso que la “Demanda” no cumplía con los requisitos

necesarios para que procediera una reclamación de cobro de dinero, al

amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, pues la deuda no era

líquida ni exigible, hubo insuficiencia en el emplazamiento, no se agotaron

remedios administrativos y la Junta no tenía una reclamación que justificara
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la concesión de un remedio. En lo concerniente a la presunta falta de

jurisdicción sobre la persona, Vázquez sostuvo que fue emplazado

personalmente el 12 de abril de 2023, o sea, 42 días después de haberse

presentado la “Demanda” y en una dirección postal distinta a la que le

pertenecía. A la luz de lo anterior, indicó que no fue notificado

adecuadamente del proceso, así como de ninguna de las determinaciones

tomadas en el trámite administrativo.

         Adicionalmente, planteó que no era dueño, oficial, agente, sirviente,

empleado, cesionario o causa habitante del negocio objeto de la Querella y

tampoco controlaba las operaciones que se realizan en éste. Asimismo,

expuso que la responsabilidad sobre las operaciones de una actividad de

negocios recae sobre el dueño u operador al cual se le otorgaba un permiso

y no de la agencia administrativa o profesional que evalúa una solicitud de

permiso. Sobre este particular, abundó que su participación en el proceso

de permisología se circunscribió a las disposiciones de la Ley Núm. 161-

2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico”, y del Reglamento Conjunto sobre la

evaluación de los documentos de los dueños, con el objetivo de tramitar una

solicitud de Permiso Único para ser autorizados por la OGPe. Así pues,

argumentó que no existía responsabilidad u obligación alguna para con la

Junta.

         Por otro lado, añadió que el Permiso en controversia fue expedido en

armonía y de conformidad con el estado de derecho aplicable y para los

usos dispuestos en ley. Además, arguyó que el mismo gozaba de una

presunción de corrección que en ausencia de fraude, dolo, engaño,

extorsión, soborno o la comisión de algún delito no procedía la causa de

acción incoada por la Recurrida. De igual modo, expresó que si en las

inspecciones realizadas se identificaran usos o actividades que se están

llevando a cabo sin estar autorizadas en el Permiso Único, pero las mismas

son legítimas en el distrito de calificación, en términos de uso y parámetros

de construcción, se permitirá enmendar el mismo para añadir la autorización

a la actividad o uso, siempre y cuando se paguen los cargos y derechos
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aplicables al año anterior a la renovación como penalidad por llevar a cabo

una actividad no incluida en el Permiso Único.

       Añadió que la orden emitida por la Junta para mostrar causa, además

de ser incompatible con el procedimiento establecido por ley y reglamento,

constituía una orden sujeta a sanciones por su incumplimiento, al amparo

de la Sección 3.21 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida

como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 217 (a), y no como una adjudicación final de la

agencia administrativa o expedición de una multa administrativa que ponga

final al trámite administrativo. Además, manifestó que la Junta debió

inicialmente cumplir con el procedimiento de auditoría contemplado en el

Capítulo 11.3 del Reglamento Conjunto para garantizarle el debido proceso

de ley al Peticionario, notificar adecuadamente y esperar a que se agotaran

todos los remedios administrativos con una determinación final y firme para

poder solicitar la intervención judicial. En vista de ello, expuso que resultaba

imperativo concluir que la Recurrida debía agotar el remedio administrativo

iniciado mediante el mecanismo ordinario de Querella y su reclamación

procedía presentarla ante la Oficina de Auditoría de la Junta, pues esta

última era la división facultada para fiscalizar el cumplimiento de los

profesionales con las disposiciones legales relacionadas con permisos,

licencias o certificaciones expedidas al amparo de la Ley Núm. 161-2009,

supra, y cualquier otra ley o reglamento aplicable.

       Llegado el día del señalamiento del juicio, comparecieron todas las

partes, excepto el codemandado Julio Pamias Portalatín. Sobre este

respecto, la Junta expuso que no se pudo emplazar a este último.

Igualmente, peticionó que se le concediera un plazo de veinte (20) días para

poder replicar a la “Solicitud de Desestimación” presentada por Vázquez.

Fue a base de ello que solicitó un nuevo señalamiento de vista en su fondo.

Escuchadas las argumentaciones de las partes, el TPI ordenó la expedición

de un nuevo proyecto de notificación-citación dirigido al codemandado Julio

Pamias Portalatín, se remitiera al Peticionario la “Demanda” a la siguiente
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dirección postal: HC-01 Box 7280, Hatillo PR 00659 y reseñaló el juicio para

el 16 de agosto de 2023.

       El 30 de mayo de 2023, la Junta presentó “Moción en Oposición a

Solicitud de Desestimación”. Expuso que la causa de acción iniciada

surgía como consecuencia directa de la autorización incorrecta de un

permiso de uso expedido por Vázquez, como ingeniero autorizado por la

Junta para expedir este tipo de permisos. Además, adujo que la Recurrida

le notificó al Peticionario las infracciones a la Ley Núm. 161-2009, supra, y

al Reglamento Conjunto incurridas por su negligencia y le informó sobre la

multa impuesta por las violaciones señaladas. En específico, sostuvo que

se señalaron violaciones al Artículo 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, supra, y

a la Sección 3.7.1.9 del Reglamento Conjunto. Por tanto, fue su contención

que se estaba ante una deuda vencida, líquida y exigible, conforme la Regla

60 de Procedimiento Civil, supra.

       Llegado el día del segundo señalamiento de juicio, el codemandado

Julio Pamia Portalatín expuso que el TPI carecía de jurisdicción, pues

durante   el   proceso    administrativo   se   presentó   una   solicitud   de

reconsideración y nunca se recibió notificación de la agencia tomando una

determinación sobre los méritos de ésta. En dicho señalamiento, la Junta

expresó que el ordenamiento jurídico permitía que las agencias puedan

rechazar de plano o no actuar sobre mociones de reconsideración que se

presenten dentro de un proceso administrativo. Dado a lo anterior, el foro a

quo le concedió a la Recurrida un término de veinte (20) días para que

sometiera una memorando de derecho en el que se estableciera y se

justificara la finalidad del proceso administrativo.

       El 5 de septiembre de 2023, la Junta presentó “Moción en

Cumplimiento de Orden”. Argumentó que la solicitud de reconsideración

presentada ante la agencia se fundamentó en que después de la inspección

realizada por la Recurrida se había obtenido el permiso correspondiente a

su actividad comercial, por lo que se demostró que desde que el

establecimiento comenzó operaciones hasta que se efectuó la inspección

por parte de la Junta, dicho local operó sin el permiso relacionado con su
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actividad de negocio. De igual manera, expresó que la Sección 3.15 de la

LPAU le confiere la potestad a la Junta a rechazar de plano cualquier moción

de reconsideración que se le presente, sin que la falta de notificación de la

decisión implícita de la agencia afecte el derecho de los promoventes a

acudir ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar revisión judicial. Por

tanto, expresó que ni el Peticionario ni el restante de los codemandados

necesitaban una notificación de la Junta para enterarse que su solicitud de

reconsideración había sido rechazada de plano, pues la Sección 3.15 de la

LPAU es clara en cuanto al término que tiene el promovente para solicitar

revisión judicial si la agencia no actúa dentro de los quince (15) días

siguientes a la presentación de su solicitud de reconsideración.

      De conformidad con lo anterior, la Recurrida sostuvo que la inacción

del Peticionario y del restante de los codemandados ante el rechazo de

plano de su solicitud de reconsideración, tuvo el efecto de convertir la

Notificación de Hallazgos en final y firme y no debía tomarse como excusa

para privar a la Junta a ejercer su deber ante el incumplimiento con el

Reglamento Conjunto. El 15 de septiembre de 2023, Vázquez presentó

“Escrito en Cumplimiento de Orden y Réplica en Oposición a Moción

presentada por la Junta de Planificación”. Mediante el mismo, el

Peticionario elaboró los planteamientos que presentó en su solicitud de

desestimación y expuso que el rechazo de plano por parte de la Junta sin

que la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa tuviera las

advertencias correspondientes, no surte efecto jurídico alguno y, por tanto,

no se había activado el derecho de la Junta de recurrir ante el TPI para

reclamar la multa impuesta.

      Adicionalmente, expresó que, ante la falta de culminación de un

proceso de auditoría en su contra, la Junta estaba impedida de recurrir ante

el TPI para reclamar la deuda en su contra, pues su intervención en la

obtención del permiso de uso en controversia se rige por disposiciones

reglamentarias distintas. El 3 de noviembre de 2023, el TPI emitió

Resolución mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de

desestimación de Vázquez y concluyó que la Regla 60 de Procedimiento
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Civil, supra, no permitía pasar juicio ni relitigar asuntos inherentes al

procedimiento administrativo mediante el cual se impuso la multa cuyo pago

se reclamaba en el caso.

       Inconforme, el Peticionario presentó “Moción de Reconsideración”.

Luego de la presentación de la oposición por parte de la Recurrida, el foro

de instancia denegó la solicitud de reconsideración. Aún insatisfecho,

Vázquez presentó el recurso de certiorari que nos ocupa y le imputó al foro

a quo la comisión de los siguientes errores:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
       declararse sin jurisdicción por no haberse agotado el remedio
       administrativo disponible al peticionario, notificaciones
       defectuosas, dejar de exponer una reclamación que justifique
       la concesión de un remedio, ausencia total de una multa
       impuesta, incumplimiento con requisitos procesales y
       sustantivos de la Regla 60.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que existe
       una deuda líquida, vencida y exigible en total ausencia de
       prueba alguna que respalde tal afirmación y sin evaluarse en
       sus méritos el caso manifestando patente prejuicio,
       parcialidad y error craso en contra de los co-demandados.

       El 22 de enero de 2024, la Junta presentó “Memorando de la Parte

Recurrida en Oposición a Solicitud de Certiorari”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                      II.

                                      A.

       La Sección 4.6 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (en adelante, la “LPAU”), establece –en su parte pertinente– lo

siguiente:

       El Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de
       derecho las decisiones, órdenes y resoluciones finales de
       organismos o agencias administrativas. 3 LPRA sec. 9676.

       Asimismo, la Sección 4.2 del precitado estatuto expone que:

       Una parte adversamente afectada por una orden o
       resolución final de una agencia y que haya agotado todos
       los remedios provistos por la agencia o por el organismo
       administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una
       solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro
       de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
       del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden
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       o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable
       de las dispuestas en la sec. 9655 de este título cuando el
       término para solicitar la revisión judicial haya sido
       interrumpido mediante la presentación oportuna de una
       moción de reconsideración. 3 LPRA sec. 9672 (énfasis
       suplido).

       Así, la LPAU establece un procedimiento uniforme para la revisión

judicial de órdenes y resoluciones dictadas por las agencias administrativas

de Puerto Rico. Por virtud de dicha ley, una parte que haya sido afectada

adversamente por una orden o resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios administrativos disponibles, podrá presentar un

recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Comisionado de

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 28 (2006).

       La Sección 1.3 de la LPAU dispone que una orden o resolución

“significa cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que

adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o

que imponga penalidades o sanciones administrativas, excluyendo órdenes

ejecutivas emitidas por el Gobernador”. 3 LPRA sec. 9603(g). De igual

forma, dicho estatuto especifica que una orden o resolución parcial

constituye aquella “acción agencial que adjudique algún derecho u

obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto

específico de la misma”. 3 LPRA sec. 9603(h). Asimismo, define orden

interlocutoria como aquella “acción de la agencia en un procedimiento

adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 3 LPRA

sec. 9603(i).

       Con la intención de evitar una intromisión indebida y a destiempo en

el trámite administrativo por parte de los tribunales, la Asamblea Legislativa

circunscribió la revisión judicial exclusivamente a los dictámenes finales de

las agencias. “Al así hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se

realizara después de que concluyeran los trámites administrativos y se

adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia”.

Comisionado de Seguros v. Universal, supra, págs. 28-29 (énfasis suplido).

       Nuestro máximo foro judicial ha definido una orden o resolución final

de una agencia administrativa como aquella que dispone del caso ante la
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agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre las partes. “Se

trata de la resolución que culmina en forma final el procedimiento

administrativo respecto a todas las controversias. Ello, a su vez, hace

ejecutable entre las partes la decisión administrativa y, por ende, susceptible

de revisión judicial”. Íd., págs. 29-30 (énfasis en el original).

       Respecto a una orden o resolución interlocutoria, la Sección 4.2 de

la LPAU reza lo siguiente:

       Una orden o resolución interlocutoria de una agencia,
       incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se
       desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. La
       disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un
       señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden o
       resolución final de la agencia. 3 LPRA sec. 9672.

                                       B.

       La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9011 et seq., creó la

OGPe, adscrita a la Junta de Planificación de Puerto Rico. 23 LPRA sec.

9012. Este estatuto le transfirió a la OGPe las funciones de la Administración

de Reglamentos y Permisos y, por ende, le concedió jurisdicción para emitir

permisos, recomendaciones, licencias o certificaciones relacionadas al

desarrollo y el uso de terrenos en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9012s y sec.

9018. Así pues, dicho estatuto estableció un esquema de evaluación y

aprobación de permisos de construcción. A estos efectos, toda resolución

aprobando un permiso de construcción puede ser objeto de revisión ante un

ente administrativo.

       La Ley Núm. 161-2009 también confiere a los tribunales de primera

instancia, a manera de excepción, la facultad para resolver acciones que

cuestionan permisos finales expedidos por la agencia. En dichos casos,

dicha pieza legislativa expresamente obliga al tribunal a “presum[ir] la

corrección y la legalidad de las determinaciones finales y permisos

expedidos”. No obstante, la ley le reconoce al tribunal de primera instancia

la facultad de revocar un permiso de construcción o la determinación final

de la agencia siempre que medien ciertas circunstancias.
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      Los Artículos 14.6 y 14.7 de la Ley Núm. 161-2009, supra, le

reconocen a la Junta de Planificación la potestad de atender e investigar

aquellas querellas presentadas por cualquier agencia o dependencia del

Gobierno de Puerto Rico o por una persona privada, natural o jurídica, que

posea algún interés propietario o sea colindante, propietario u ocupante de

una propiedad vecina, cuyo interés personal podría verse afectado. 23

LPRA secs. 9024e y 9024f. Dichas querellas pueden estar fundamentadas

en las siguientes circunstancias: (1) incumplimiento con las disposiciones o

condiciones de los permisos expedidos; (2) la ausencia de un permiso o (c)

el incumplimiento con cualquier disposición de la Ley Núm. 75 de 24 de junio

de 1975, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Junta de

Planificación de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 62 et seq.; la Ley Núm. 161-

2009, según enmendada, las leyes habilitadoras de las Entidades

Gubernamentales Concernidas, según definidas en la Ley Núm. 161-2009,

supra; la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código

Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA secs. 7001 et seq.; o de cualquier

reglamento aplicable. 23 LPRA sec. 9024e.

      Así pues, la Junta de Planificación quedó facultada para expedir

órdenes de cese y desista o de paralización inmediata y/o de mostrar causa

para lograr los propósitos de los antedichos estatutos. 23 LPRA sec. 9024d

(f) y (g). A la luz de los poderes conferidos en la Ley Núm. 161-2009, según

enmendada, la Junta de Planificación aprobó el “Reglamento Conjunto para

la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de

Terrenos y Operación de Negocios de la Junta de Planificación de 2020”,

Reglamento Núm. 9233 de 9 de diciembre de 2020 (en adelante,

“Reglamento Conjunto”). En lo aquí pertinente, la Regla 11.2.3 del

Reglamento Conjunto 2020 instrumenta el procedimiento de investigación

que deberá conducir la Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con

Jerarquía de I a la III o cualquier Entidad Gubernamental Concernida, según

corresponda. Como parte de dicho proceso, el personal designado de la

Junta de Planificación deberá efectuar una inspección y rendir un Informe

de Investigación que contendrá toda la información técnica pertinente a los
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hallazgos. Véase, Sección 11.2.3.3 de la Regla 11.2.3, Reglamento

Conjunto 2020, supra. Dicho Informe de Investigación será referido por el

personal designado por la Junta de Planificación para realizar las

inspecciones al Oficial Auditor de Permisos, o cualquier otro representante

designado por la Junta, para que, en los casos que proceda, esta última

emita una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y proceda

conforme a las facultades reconocidas en la Ley Núm. 75- 1975, supra, y la

Ley Núm. 161-2009, supra. Íd.

       Pertinente a la controversia que nos ocupa, el Reglamento Conjunto

2020 dispone taxativamente que “[l]a Notificación de Hallazgos y Orden de

Mostrar Causa constituirá una determinación interlocutoria de la [Junta

de Planificación]”. Véase, Sección 11.2.3.4 (c) de la Regla 11.2.3,

Reglamento Conjunto 2020, supra, (énfasis suplido). Así, una vez se

culmina el proceso de investigación y de la Notificación de Hallazgos y

Orden de Mostrar Causa, la Junta de Planificación debe emitir una

determinación        final   en    la   que       adjudicará    las    controversias

identificadas en dicha notificación. A esos efectos, la Sección 11.2.3.4

(d) de la Regla 11.2.3 del aludido Reglamento establece lo siguiente:

“[c]ulminados los procesos de investigación y de Notificación de

Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, la JP emitirá una determinación

final en la que adjudicará las controversias identificadas en dicha

notificación”. Íd. (d) (énfasis suplido).1

                                           III.

        Atendemos, en primer orden, el planteamiento jurisdiccional

presentado por el Peticionario. Específicamente, Vázquez plantea que el

TPI carece de jurisdicción para entender en los méritos de la acción en cobro

de dinero presentada por la Junta, puesto que no se ha agotado todo el

trámite administrativo, conforme lo dispone el Reglamento Conjunto 2020.

Por su parte, la Junta la Notificación de Hallazgo y Orden de Mostrar Causa

1 Es menester destacar que, en similares términos, se expresa el Reglamento Conjunto

2020 sobre el proceso de auditorías de determinaciones finales que la Junta de
Planificación conduce cuando, entre otras circunstancias, se investiga una querella sobre
certificaciones y permisos expedidos por la OGPe, así como de determinaciones finales
emitidas por las entidades facultadas por la Ley Núm. 161-2009, supra.
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constituye una determinación final de la agencia y que la misma fue

notificada adecuadamente. No nos convence la postura de la Recurrida.

Veamos.

        Según hemos adelantado en el acápite anterior, la revisión judicial de

las determinaciones administrativas de las agencias está limitada a aquellos

pronunciamientos que sean finales. Es decir, cuando adjudiquen todas las

controversias pendientes ante la agencia y se culmine o agote todo el

trámite administrativo.

        El propio Reglamento Conjunto 2020 cataloga la Notificación de

Hallazgos y Orden de Mostrar Causa como una determinación

interlocutoria. Véase, Sección 11.2.3.4 (c) de la Regla 11.2.3, Reglamento

Conjunto 2020, supra. Entiéndase, por disposición del cuerpo reglamentario

que utilizó la Junta para iniciar el proceso administrativo en contra del

Peticionario, se reconoce taxativamente que este tipo de determinación no

pone fin al trámite administrativo de adjudicación de una querella ante

la Junta de Planificación. Así pues, la Notificación de Hallazgos y Orden

de Mostrar Causa en controversia constituye una acción de la Junta en un

procedimiento adjudicativo que dispone de un asunto meramente procesal.

Véase, 3 LPRA sec. 9603(i).

        Tan es así que el propio Reglamento Conjunto 2020 establece

que una vez termina el proceso investigativo de la querella y se efectúa

la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, la Junta está

en la obligación de emitir una determinación final en la que adjudique

las controversias identificadas en dicha Notificación. Véase, Sección

11.2.3.4 (d) de la Regla 11.2.3, Reglamento Conjunto 2020, supra. De

hecho, en la propia Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa que

obra en los autos del caso y que es eje de la controversia jurisdiccional, se

establece taxativamente los siguiente: “[e]sta notificación se considerará

como una de naturaleza interlocutoria”.2

2 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 13 (énfasis suplido).
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         Por tanto, coincidimos con Vázquez a los efectos de que la

Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa en el presente caso no

constituye una determinación final que puso fin al proceso investigativo de

la Querella núm. 20202-SRQ-009992. No sólo el Reglamento Conjunto así

lo establece, sino que la propia Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar

Causa en controversia también lo reconoce. Hágase hincapié al hecho de

que tanto el Reglamento Conjunto como la Notificación de Hallazgos son

documentos adoptados por la propia Junta. Así pues, no puede la Recurrida

argumentar ante este Tribunal que, por un lado, la Notificación de Hallazgos

constituye una determinación final de la agencia y, por el otro, efectuar un

reconocimiento expreso de que es una determinación interlocutoria. Más

aún cuando el Reglamento Conjunto requiere un paso adicional para

imprimirle finalidad al proceso administrativo de una querella atendida por la

Junta.

         No siendo final el proceso administrativo iniciado con la Querella de

autos, la Junta estaba impedida de recurrir ante el TPI para reclamar el pago

de la multa de $1,000.00 descrita en la Notificación de Hallazgos y Orden

de Mostrar Causa. Nótese que, al amparo de esta última, la Recurrida

fundamentó la “Demanda” de cobro de dinero en contra del Peticionario y

del resto de los codemandados. En fin, somos de la opinión de que la Junta

recurrió ante el foro primario prematuramente a recobrar una multa que no

es final y firme. Correspondía que la Recurrida culminara el trámite

administrativo una vez expidió la Notificación de Hallazgos y Orden de

Mostrar Causa, conforme lo requiere la Sección 11.2.3.4 (d) de la Regla

11.2.3 del Reglamento Conjunto 2020.

                                      IV.

         Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte de la presente Sentencia, expedimos y revocamos la Resolución

recurrida. Consecuentemente, desestimamos la “Demanda” sobre cobro de

dinero presentada por la Junta de Planificación en el caso de epígrafe, por

entender que la misma es prematura, ya que la Notificación de Hallazgos y

Orden de Mostrar Causa no constituye un dictamen final de la agencia que
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pudiera activar la jurisdicción del TPI para adjudicar los méritos de las

reclamaciones incoadas.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones