Court Opinion

ID: 9962711
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:45:02.151722+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:32.228845
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

  YADIRA ABOUOMAR                                APELACIÓN
       RIVERA                                    Procedente del
                                                 Tribunal de Primera
         Apelante                                Instancia, Sala
                                                 Superior de San
             v.               KLAN202301067      Juan

 AXESA SERVICIOS DE                              Caso Núm.:
  INFORMACIÓN S. EN                              SJ2019CV12136
         C.                                      (504)

         Apelado                               Sobre: Despido
                                               injustificado (Ley
                                               80)
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos la señora Yadira Abouomar Rivera (“Sra.

Abouomar Rivera” o “Apelante”) mediante Apelación, presentada el

29 de noviembre de 2023. Nos solicita que revoquemos la Sentencia

Sumaria emitida y notificada el 8 de septiembre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (“foro a

quo” o “foro apelado”). Mediante el referido dictamen, el foro a quo

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por las

co-demandadas Axesa Servicios de Información, S. en C. (“Axesa”) y

Caribe Media, Inc. (“Caribe”), (en conjunto, “los Apelados”).

      Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos

la Sentencia Sumaria apelada.

                                  I.

      El 22 de noviembre de 2019, la Sra. Abouomar Rivera

presentó una Demanda sobre despido injustificado, al amparo de la

Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de

30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a, et seq.

(“Ley Núm. 80”), contra Axesa y Caribe. En síntesis, alegó que había

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
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trabajado para la compañía Axesa por más de quince (15) años,

hasta que el 10 de enero de 2019 fue despedida sin justa causa.

Señaló, además, que su despido se realizó en pleno proceso de su

tratamiento de cáncer y que no recibió indemnización alguna por su

despido. A raíz de ello, solicitó al amparo de la Ley Núm. 80, supra,

una compensación de $199,747 en concepto de mesada.

       Por su parte, el 13 de enero de 2020, Axesa argumentó en su

Contestación a Demanda, que el puesto de Gerente de Ventas que

ocupaba     la   Apelante     fue   eliminado     como     parte    de   una

restructuración bona fide de la compañía. Sostuvo que la compañía

había sufrido una merma de clientes a consecuencia de una

reducción millonaria en su volumen de ventas, la cual se agravó con

el paso del Huracán María.1 Como estrategia para abatir la

disminución de ingresos, Axesa despidió a varias personas,

incluyendo empleados con la misma clasificación que la Sra.

Abouomar Rivera. Añadió que la Apelante conocía la situación

económica que atravesaba Axesa y que había sido temeraria al

establecer que fue despedida en pleno proceso de cáncer, puesto que

la compañía sufragó los gastos de plan médico por un año luego de

su despido. Asimismo, Caribe presentó Contestación a Demanda, en

la que alegó que es un ente jurídico separado e independiente a

Axesa, por lo cual, en ningún momento figuró como patrono de la

Apelante.

       Luego de varios trámites procesales, el 12 de febrero de 2022,

los Apelados presentaron Moción de Sentencia Sumaria, en la que

solicitaron la desestimación de la demanda en su totalidad. En

síntesis, los Apelados alegaron que no existía controversia sobre que

Axesa llevaba años en un proceso de restructuración para

1 Las Apeladas alegaron en su contestación a la demanda que luego del paso del

Huracán María muchos de sus clientes cerraron sus puertas. Esto resultó en una
merma en ventas que agravó la situación económica que enfrentaba Axesa.
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atemperarse a los cambios tecnológicos y con el paso del Huracán

María se agravó su situación económica, lo cual dio lugar a varios

despidos, incluido el de la Apelante. Señalaron que la Apelante

admitió en su deposición tener conocimiento del proceso de

restructuración de la compañía y su despido estuvo justificado, de

conformidad con el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra. Para

sustentar sus argumentos, incluyeron como anejo informes

financieros,    con    el   fin   de   demostrar     como   Axesa   llevaba

experimentando una disminución paulatina en sus ingresos desde

el 2012, que a su vez provocó una serie de cambios operacionales.2

A su vez, Caribe alegó que no figuró como patrono de la Apelante.

       Por su parte, el 9 de diciembre de 2022, la Sra. Abouomar

Rivera presentó Moción de Sentencia Sumaria, en la cual solicitó que

se dictará sentencia sumaria a su favor. Sostuvo que los Recurridos

no han evidenciado que Axesa tenía un plan de restructuración, ni

presentaron evidencia de los ahorros logrados, por lo que su despido

fue producto de un mero capricho y arbitrariedad. Señalaron que

antes y después del despido, los Recurridos contrataron empleados,

lo cual derrota la defensa sobre que la compañía quería ahorrarse

un millón de dólares. Añadió que Caribe y Axesa eran un solo

patrono, puesto que Caribe fue quien tomó la decisión y ejecutó el

despido de la Apelante. Cabe destacar que ambas partes

presentaron sus respectivas oposiciones a las solicitudes de

sentencia sumaria sometidas ante el foro primario.

       Evaluadas las mociones de sentencia sumaria ante su

consideración, el 8 de septiembre de 2023, el foro a quo dictó la

Sentencia Sumaria apelada, en la que declaró Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria de la parte Apelada y No Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria sometida por la Sra. Abouomar Rivera. En su

2 Exhibit D de la Moción de Sentencia Sumaria de Axesa.
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dictamen, el foro primario determinó que no existe controversia

sobre los siguientes hechos:

      1. El 1 de julio de 2003 Abouomar Rivera comenzó a
         trabajar por tiempo indefinido para Axesa.
      2. El 10 de enero de 2019 Axesa despidió a Abouomar
         Rivera.
      3. Mientras laboró para Axesa, Aboumar Rivera ocupó
         varias posiciones y al momento de su despido esta
         ocupaba el puesto de Gerente de Ventas.
      4. Axesa es una compañía que ofrece servicios de publicidad
         digital e impresa en Puerto Rico para conectar a los
         negocios con los consumidores. A través de su portafolio
         de productos, Axesa provee a sus clientes servicios de
         búsquedas locales para satisfacer todas sus necesidades
         de información sobre productos y servicios en Puerto
         Rico.
      5. La W-2 de Abouomar Medina correspondiente al año
         2017 contiene bajo la información del patrono el nombre
         de Axesa Servicios de Información S en C”.
      6. Cuando la demandante fue despedida de Axesa el 10 de
         enero de 2019, su plan médico continuó en vigor a través
         del beneficio de COBRA, sufragado por Axesa durante un
         año posterior a la fecha de su despido.
      7. Como consecuencia del paso del huracán María por
         Puerto Rico en septiembre de 2017, la falta de
         electricidad, agua potable y servicios esenciales de salud
         ocasionó el cierre temporero y permanente de miles de
         establecimientos comerciales en Puerto Rico, incluyendo
         las operaciones de Axesa, lo que a su vez se tradujo en
         una reducción significativa en las ventas de sus
         productos.
      8. Para el 3 de octubre de 2017, y solamente hasta las 2:00
         p.m., el edificio donde ubica Axesa en la avenida Américo
         Miranda comenzó a operar con planta eléctrica y agua
         potable. A partir del 11 de octubre de 2017 Axesa
         comenzó a operar con algunos empleados, únicamente
         hasta las 3:00 p.m. El horario se fue extendiendo
         gradualmente y a partir del 4 de diciembre de 2017 el
         edificio comenzó a operar hasta las 5:00 p.m.
      9. Axesa no pudo comenzar con la Campaña Metro en el
         tiempo planificado porque estaba fuera de operaciones
         como consecuencia del paso del Huracán María por
         Puerto Rico.
    10. Durante las semanas en que Axesa estuvo cerrado, no se
        registró venta nueva, ni se pudieron renovar cuentas
        existentes.
    11. Los libros de publicidad Business Register, Shoppers
        Magazine y USVI fueron descontinuados como
        consecuencia del paso del Huracán María, lo que resultó
        en pérdida de ingresos.
    12. Por otro lado, durante tres (3) meses luego del paso del
        huracán María, Axesa no pudo facturar el libro de
        publicidad Metro, ya que se comenzó a renovar luego de
        dicho periodo como consecuencia del paso del huracán.
    13. A raíz del paso del huracán María, Axesa experimentó
        pérdida de clientes. Las prioridades de estos cambiaron
        drásticamente y sus presupuestos se dirigieron a
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        salvaguardar las necesidades de sus negocios limitando
        las oportunidades de Axesa de hacer negocios con estos.
   14. Desde el año 2012 hasta el año 2017 Axesa ha
       experimentado     una    reducción    en   su   ingreso
       bruto/volumen de ventas, por la cantidad de
       $13,836,174. En el año 2012, Axesa registró un ingreso
       bruto/volumen de ventas de $36,700,967, reduciéndose
       gradualmente a través de los años hasta llegar a
       $22,864,793 en el 2016. El ingreso bruto/volumen de
       ventas para el año 2017 fue de en $19,626,295, para una
       reducción, comparado con el ingreso bruto del año 2016,
       de $3,238,498.
   15. El ingreso neto se vio reducido de $5,373,316 en el año
       2012 a $3,289,825 en el año 2016, para una reducción
       total de $2,083,491. El ingreso neto para el año 2017 fue
       de $1,316,774, para una reducción -comparado con el
       ingreso neto del año 2016- de $766,717.
   16. Para el mes de agosto de 2017, Axesa cobró de sus
       clientes la suma de $1,461,148. Sin embargo, en el mes
       de septiembre cobró $1,054,707, $406,440 menos que el
       mes anterior.
   17. En el mes de octubre de 2017, los cobros fueron aun
       menores, por la suma de $767,261, $287,447 menos que
       el mes anterior.
   18. El ingreso neto se redujo de $1,316,774 en el año 2017 a
       $453,285 en el año 2018, para una reducción total de
       $863,489 o 65.6%.
   19. El volumen de ventas de Axesa para el 2018, en
       comparación con el mismo periodo en el año 2017, se
       redujo de $19,626,295 a $13,832,749, para una
       reducción de $5,793,546 o 29.5%.
   20. Como resultado de las consecuencias del paso del
       huracán María por Puerto Rico según antes detalladas, y
       del impacto negativo que ello tuvo en sus ya deterioradas
       finanzas, Axesa comenzó un proceso paulatino de
       reorganización de sus operaciones.
   21. Axesa ha eliminado un sinnúmero de plazas con el
       propósito de reducir gastos operacionales y así poder
       afrontar la reducción en su volumen de ventas e ingreso
       neto.
   22. Al 13 de octubre de 2017, fueron suspendidos de empleo
       y sueldo 33 vendedores de los 55 que tenía Axesa a esa
       fecha, quedándose con una fuerza de ventas de 22
       vendedores.
   23. Transcurridos tres (3) meses luego de la suspensión de
       empleo, efectivo el 11 de enero de 2018, todos los
       vendedores suspendidos quedaron despedidos pues no se
       reintegró a ninguno a su puesto a esa fecha.
   24. El impacto en las finanzas de Axesa debido a la reducción
       de personal realizada en octubre de 2017 se refleja en una
       reducción    anual     en   gastos    operacionales     de
       $2,395,143.71.
   25. Cuatro (4) meses después, es decir, el 24 de mayo de
       2018, se eliminaron tres (3) plazas del Departamento de
       Operaciones.
   26. El 14 de septiembre de 2018 se eliminaron seis (6) plazas.
       En ese momento, se eliminaron dos plazas en el
       Departamento de Ventas, dos plazas en el Departamento
       de Administración, una plaza en el Departamento de
       Finanzas y una plaza en el Departamento de Mercadeo.
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    27. Al 9 de enero de 2019, un (1) día antes del despido de la
        demandante, Axesa tenía veintidós (22) vendedores.
    28. Continuando con la eliminación de plazas, el 10 de enero
        de 2019 se eliminaron seis (6) plazas gerenciales.
    29. Con la eliminación de estas seis (6) plazas, Axesa alcanzó
        un ahorro aproximado anual de $1,010,000.
    30. La plaza de Gerente de Ventas se eliminó y se mantuvo
        eliminada por más de tres (3) años.
    31. La Sra. Paniagua es la CEO de Caribe Media y de Axesa,
        y es miembro del “Board” de directores de Axesa y Caribe
        Media.
    32. La Sra. Paniagua participó en la decisión que provocó el
        despido de Abouomar Rivera.
    33. La participación de la Sra. Paniagua en la decisión de
        despedir a Abouomar Rivera fue identificar “cost savings”
        por un millón de dólares ($1,000,000.00) y velar por el
        mantenimiento de la operatividad del negocio.
    34. La Sra. Paniagua declaró que se eliminaron plazas para
        llegar a “ahorros de costo” de un millón de dólares
        ($1,000,000).
    35. La Sra. Paniagua declaró que luego del despido de la
        demandante en febrero de 2019, se presentó el
        presupuesto y se había logrado la meta de “cost savings”
        de un millón de dólares ($1,000,000).

      En esencia, el foro primario concluyó que no existía

controversia sobre las dificultades económicas que enfrentó Axesa,

lo cual dio lugar al despido de la Apelante. El foro primario reconoció

que, según dispone Segarra Rivera v. Int’l Shipping Agency, Inc., los

patronos pueden modificar su forma de hacer negocios para poder

optimizar sus recursos y aumentar ganancias, esto último, sin la

necesidad de presentar un plan de reestructuración específico.

Determinó que basta con la presentación de prueba suficiente de

que la decisión fue una válida ante las circunstancias que enfrenta

la empresa. Señaló que Axesa logró demostrar las razones que lo

llevó a reducir su plantilla laboral y que el puesto de la Apelante fue

eliminado por completo, lo cual justificó su despido. Además, por

entender que el despido fue justificado, el foro primario no consideró

necesario determinar si Caribe era o no patrono de la Apelante.

      Inconforme,     la    Sra.     Abouomar       Rivera     presentó

Reconsideración el 22 de septiembre de 2023 la cual fue declarada

No Ha Lugar, mediante Resolución emitida y notificada el 30 de
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octubre de 2023. Insatisfecha aún, el 29 de noviembre de 2023,

acudió ante esta Curia y alegó la comisión de los siguientes errores:

      Erró el TPI al obviar las alegaciones de la contestación
      a la demanda de la parte demandada y establecer que
      el despido de la Sra. Abouomar fue justificado al
      entender que Axesa no tiene que demostrar la
      reorganización y/o restructuración alegada de forma
      alguna.
      Erró el TPI al no considerar la presunción de despido
      injustificado que le favorece a la Sra. Abouomar.
      Erró el TPI al considerar hechos controvertidos para
      fundamentar su determinación de Sentencia Sumaria.
      Erró el TPI al no considerar los hechos materiales no
      controvertidos que establecen la relación laboral de
      Caribe Media con la Sra. Abouomar y que Caribe Media
      y Axesa son un único patrono frente a la Sra.
      Abouomar.

      El 6 de diciembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en la

que le concedió un término de treinta (30) días a la parte Apelada

para presentar su oposición al recurso. En cumplimiento de orden,

el 8 de enero de 2024, la parte Apelada presentó su Alegato en

Oposición.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.

                                 II.
                      A. Sentencia Sumaria

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuyo

propósito principal es facilitar la solución justa, rápida y económica

de los litigios que no presentan controversias genuinas de hechos

materiales y, por lo tanto, no ameritan la celebración de un juicio a

fondo. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos e Integral

Assurance Company, 213 DPR ___ (2023), 2023 TSPR 120, resuelto

el 3 de octubre de 2023; Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208

DPR 964, 979 (2022). La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R.36, permite que, en un litigio, cualquiera de las partes le

solicite al tribunal que se dicte sentencia sumaria a su favor, ya sea
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sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada.

Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, para

que una sentencia sumaria proceda, es necesario que de los

documentos que la acompañan, se demuestre que no existe una

controversia real sobre los hechos y solo reste aplicar el derecho.

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos e Integral Assurance

Company, supra; SLG Szendrey v. Consejo de Titulares, 184 DPR

133, 138 (2011); Ramos Pérez v. Univisión de Puerto Rico, Inc., 178

DPR 200, 214 (2010).

       Para poder demostrar eficientemente la falta de controversia

sobre hechos esenciales, el promovente de la sentencia sumaria

debe: (1) exponer las alegaciones de las partes; y (2) desglosar en

párrafos debidamente enumerados los hechos sobre los cuáles, a su

entender, no hay controversia. Regla 36.3 de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.3.

       En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100

(2015), el Tribunal Supremo estableció “el estándar específico” que

debe utilizar este Foro al “revisar denegatorias o concesiones de

Mociones de Sentencia Sumaria”. A esos efectos, el Tribunal dispuso

que:

         [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de
         novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla
         36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia
         le exigen al foro primario; (2) revisar que tanto la
         Moción de Sentencia Sumaria como su oposición
         cumplan con los requisitos de forma codificados en
         la referida Regla 36; (3) revisar si en realidad existen
         hechos materiales en controversia y, de haberlos,
         cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
         Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer
         concretamente cuáles hechos materiales encontró
         que están en controversia y cuáles están
         incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos
         materiales realmente están incontrovertidos, debe
         proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera
         Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
         controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199
         DPR 664, 679 (2018), citando a Meléndez González
         et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.
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       Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal

de Primera Instancia para resolver, por lo que debe evaluar las

mociones presentadas en el foro primario y cumplir con los

requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,

al emitir su dictamen. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.

“[L]a revisión del foro apelativo conlleva examinar de novo el

expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso

a la solicitud de sentencia sumaria en el tribunal de instancia y

realizando todas las inferencias permisibles a su favor. Birriel Colón

v. Supermercado Los Colobos e Integral Assurance Company, supra,

citando a Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.

                B. Ley Sobre Despidos Injustificados

       La Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,3 (“Ley Núm.

80”), tiene como propósito proteger el derecho de los trabajadores

ante las acciones arbitrarias y caprichosas de los patronos. Segarra

Rivera v. International Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964 (2022);

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR ___ (2020), resuelto el 29 de

febrero de 2020, pág. 16. Por su carácter reparador, esta Ley debe

ser interpretada de manera liberal y favorable al empleado. Jusino

et al. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001). El referido estatuto le

impone el pago de indemnización conocida como la mesada al todo

patrono que despida sin justa causa a un empleado. 29 LPRA sec.

185a. Para recibir dicha compensación, el empleado despedido debe

cumplir con los siguientes requisitos: (1) ser un empleado

contratado por tiempo indeterminado; (2) recibir una remuneración;

3 29 LPRA sec. 185a et seq. La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley

Núm.4 de 26 de enero de 2017, 29 LPRA sec. 121 et seq., (“Ley Núm. 4-2017”),
cuya vigencia es inmediata, enmendó varios artículos de la Ley, Ley Núm. 80,
supra. No obstante, en su Art. 1.2 dispone que su aplicación será prospectiva. En
vista de que el despido de la Apelante surgió luego de la aprobación de la Ley
Núm. 4-2017, supra.
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y (3) ser despedido de su puesto sin justa causa. Íd; Torres Álvarez

v. Centro de Patología Avanzada, 193 DPR 920, 929 (2015); Orsini

García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009).

      El despido del empleado ocurre cuando el patrono, de forma

unilateral, rompe el contrato que celebró con el empleado. Díaz v.

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). Ahora bien, no

todo despido conlleva una reclamación por despido injustificado. A

tales efectos, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, define “justa causa”

para un despido como “[a]quella que no esté motivada por razones

legalmente prohibidas y que no sea producto del mero capricho del

patrono”. 29 LPRA sec. 185b. También, se considerarán justa causa

para el despido “[a]quellas razones que afecten el buen y normal

funcionamiento de un establecimiento […]”. Íd. A su vez, el Art. 2 de

la precitada Ley establece ciertas circunstancias o actos que afectan

el buen y normal funcionamiento de un establecimiento, sin que se

entienda como una lista taxativa de circunstancias, a saber:

      (a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta
          impropia o desordenada.
      (b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño
          deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o
          negligente. Esto incluye incumplir con normas y
          estándares de calidad y seguridad del patrono, baja
          productividad, falta de competencia o habilidad para
          realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el
          patrono y quejas repetidas de los clientes del patrono.
      (c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y
          reglamentos     razonables   establecidos  para   el
          funcionamiento del establecimiento siempre que copia
          escrita de los mismos se haya suministrado
          oportunamente al empleado.
      (d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del
          establecimiento. En aquellos casos en que el patrono
          posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el
          cierre total, temporero o parcial de las operaciones de
          cualquiera de estos establecimientos donde labora el
          empleado despedido, constituirá justa causa para el
          despido a tenor con este Artículo.
      (e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como
          los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se
          produce o maneja por el establecimiento y los cambios en
          los servicios rendidos al público.
      (f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias
          debido a una reducción en el volumen de producción,
          ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al
          ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la
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         competitividad o productividad del establecimiento.
         Íd. (Énfasis nuestro).

      Las    primeras    tres   circunstancias       son   conductas

específicamente concernientes al comportamiento del empleado,

mientras que el resto responden al cierre, reorganización o

reducción de la empresa. Segarra Rivera v. International Shipping

Agency, Inc., supra. Con relación a esto, la Ley Núm. 80, supra,

dispone que “[n]o se considerará despido por justa causa aquel que

se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con

el buen y normal funcionamiento del establecimiento”. 29 LPRA

sec. 185b (2017); León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 17;

Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664 (2018).

      En Segarra Rivera v. Int’l Shipping Agency, Inc., supra, el

Tribunal Supremo analizó los contornos de un despido al amparo de

los incisos (d), (e) y (f) del Art. 2 de Ley Núm. 80, supra. “[L]as

circunstancias previstas en estos tres incisos giran en torno a las

actuaciones del patrono sobre la administración de su negocio, y

principalmente ocurren por razones de índole económica que

enfrenta su operación diaria”. Íd, pag. 984. En estos casos, la Ley

permite a los patronos a cesantear a sus empleados sin la obligacion

de   pagar   una   indemnización,   si   enfrentan   alguna   de   las

circunstancias antes descritas. Como limitación a esta norma, es

que los patronos vendrán obligados a “retener con preferencia en el

empleo al empleado con más antigüedad siempre que subsistan

puestos vacantes u ocupados por empleados de menos antigüedad

en el empleo dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser

desempeñados por ellos”. Íd. Véase, además, 29 LPRA sec. 185c.

“Sin embargo, la retención por antigüedad tiene que ser en la

misma clasificación ocupacional y no entre clasificaciones

ocupacionales distintas.” Íd, pág. 984-985. (Énfasis nuestro).
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      En cuanto a los incisos (e) y (f) del Artículo 2 de la precitada

Ley Núm. 80, supra, nuestro máximo foro expresó lo siguiente:

      […] siempre y cuando responda a una reestructuración bona
      fide, el patrono puede “modificar su forma de hacer negocios
      a través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus
      recursos y aumentar las ganancias, ya sea eliminando
      plazas, creando otras nuevas o fusionando algunas ya
      existentes como vehículo para enfrentar problemas
      financieros o de competitividad”. Así, sostuvimos que los
      cambios en la empresa pueden acarrear el despido y el
      reclutamiento simultáneo de personal debido a que “las
      reformas en ocasiones exigen prescindir de labores hasta
      entonces útiles para el funcionamiento del negocio y la
      incorporación de posiciones nuevas con destrezas
      diferentes     necesarias   para     lograr   unas    metas
      empresariales actualizadas”. No obstante, indicamos que
      para que el patrono pueda justificar el despido al amparo
      del inciso (e) —por reorganización—debe “presentar
      evidencia acreditativa del plan de reorganización
      implantado, así como su utilidad”.
      Por otra parte, en relación con el Art. 2(f) de la Ley Núm. 80,
      supra, esbozamos que “la situación económica provocada por
      la baja en la producción, ventas o ganancias en una
      empresa puede llevar al patrono a tomar medidas
      necesarias para limitar los gastos tales como disminuir
      la plantilla laboral”. A su vez, explicamos que, según este
      inciso, no “toda merma en ventas o ganancias se tradu[ce] en
      justa causa para un despido. Por el contrario, esta aplicará
      únicamente a aquellas situaciones en las cuales la aludida
      disminución sea una sustancial al punto que atente
      contra la continuidad de la empresa”. Así pues, si el
      patrono pretende justificar el despido al amparo del Art. 2(f)
      —por disminución de ganancias— debe presentar
      evidencia que acredite “la alegada disminución en la
      producción, ventas o ganancias”. En ese sentido indicamos
      que el patrono debe establecer un nexo causal entre las
      circunstancias económicas de la empresa y la necesidad del
      despido.
      A modo ilustrativo, resaltamos que recientemente nuestra
      Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 4-2017, supra,
      mejor conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad
      Laboral, la cual enmendó la Ley Núm. 80, supra, para entre
      otras cosas, ampliar los criterios para llevar a cabo una
      reorganización o reducción de personal. Ello, con el fin de
      añadir una nueva circunstancia al inciso (f) que permitiera a
      la empresa una reducción de empleados con el propósito de
      aumentar la competitividad o productividad del
      establecimiento. (Énfasis en original). (Citas omitidas).
      En cuanto a la presunción establecida en la Ley Núm. 80,

supra, previo a las enmiendas de la Ley Núm. 4-2017, supra, el

Tribunal Supremo estableció lo siguiente:

      […] como parte del estado de derecho previo a la aprobación
      de la Ley Núm. 4-2017, supra, cuando un empleado instaba
      un pleito al amparo de la Ley Núm. 80, supra, se activaba la
      presunción de que el despido fue injustificado y recaía sobre
      el patrono la obligación de rebatirla. Ahora bien, esa
      presunción se estableció para facilitar al empleado probar su
      caso, más no relevarlo de la necesidad de presentar
      evidencia alguna para probar sus alegaciones. (Énfasis en
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        original). (Citas omitidas).
                                       III.

        En el presente recurso, la parte Apelante nos solicita que

revoquemos una Sentencia dictada sumariamente por el foro a quo.

En vista de ello, le corresponde a este foro revisor realizar un

examen de novo, tanto de las solicitudes de sentencia sumaria

presentadas por ambas partes y sus anejos, así como sus

respectivas oposiciones. Efectuado tal ejercicio, resolvemos que

tanto    la    parte    Apelante        como   las   Apeladas   cumplieron

esencialmente con los requisitos dispuestos en la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra.

        Ahora bien, nos corresponde revisar si en realidad existen

hechos materiales en controversia y, de haberlos, exponer

concretamente cuáles hechos materiales encontró el foro a quo que

están en controversia y cuáles están incontrovertidos. Véase Roldán

Flores v. M. Cuebas et al., supra. Evaluados los escritos presentados

por las partes, así como los anejos incluidos con las solicitudes de

sentencia sumaria, acogemos las determinaciones de hechos

emitidas por el foro apelado y la hacemos formar parte del presente

dictamen, por entender que no existe controversia sobre tales

hechos. Por tal razón, solo nos resta determinar si el foro primario

aplicó correctamente el derecho a los hechos.

        Aclaramos que, en aras de esbozar nuestro análisis de manera

coherente, se atenderán los señalamientos de error de la parte

Apelante en un orden distinto al presentado. Comenzaremos con el

primer y tercer señalamiento de error. En estos, la parte Apelante

alega que el foro primario acogió los hechos propuestos por la parte

Apelada en su solicitud de sentencia sumaria, a pesar de que no

estaban sustentados en la prueba. Señala que, además, falló el foro

primario al no justificar por qué no adoptó los hechos propuestos en

su solicitud de sentencia sumaria. Argumenta que el foro primario
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erró al establecer que el despido fue justificado por entender que no

era necesario que las Apeladas presentaran prueba que acreditara

la existencia de un plan de reorganización. Alega la Sra. Abouomar

Rivera que las Apeladas no produjeron evidencia acreditativa sobre

un proceso de reorganización bona fide o de su necesidad para ello,

como exige Segarra Rivera v. Int’l Shipping Agency, Inc., supra, y las

Guías para la Interpretación de la Legislación Laboral del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, DTRH (2019),

(“Guías”). No le asiste la razón.

      En primer lugar, debemos establecer que este Tribunal ha

revisado, de novo, las solicitudes de sentencia sumaria, y sus anejos,

así como sus respectivas oposiciones. Tal ejercicio nos lleva a

concluir que las determinaciones de hechos emitidas en la Sentencia

apelada fueron sustentadas con la prueba que obra en el expediente,

la cual es la misma que estuvo ante la consideracion del foro

primario. Añadimos que nuestro ordenamiento no obliga al foro

primario a justificar por qué rechazó los hechos propuestos por las

partes como no controvertidos. De conformidad con la Regla 42.2 de

Procedimiento    Civil,   supra,    R.   42.2,   “[n]o   será   necesario

especificar los hechos probados y consignar separadamente las

conclusiones de derecho[,] al resolver mociones bajo las Reglas 10

o 36.1 y 36.2”. (Énfasis nuestro). Es decir, aquellos pleitos que

hayan sido resueltos por la vía sumaria, solamente se exige que el

foro sentenciador aplique el derecho a los hechos sobre lo que

no existen controversia.

      En cuanto a las alegaciones sobre que los Apelados no

demostraron la existencia de un plan de reorganización bona fide,

la Apelante hace una interpretación errónea del derecho citado.

Como ya vimos, en Segarra Rivera v. Int’l Shipping Agency, Inc.,

supra, el Tribunal Supremo aclaró que, cuando un patrono

justifique su despido en el inciso (e) del Art. 2 de la Ley Núm. 80,
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supra, aunque es necesario presentar prueba acreditativa de la

necesidad de una restructuración, el estatuto no requiere que la

prueba sea de una forma particular o específica. Dicho de otra

manera, la Ley Núm. 80, supra, no requiere que se presente un plan

en el cual se detalle de alguna manera particular los cambios

organizacionales a llevarse a cabo por el patrono, ni requiere la

presentación un estudio que evidencie la reducción en plantilla

laboral como exige la Apelante. Solo se exige prueba “acreditativa

del plan de reorganización implantado, así como su utilidad”.

Segarra Rivera v. Int’l Shipping Agency, Inc., supra.

       Además, aunque las Guías requieren un estudio interno

cuando la reducción en plantilla se debe al deseo del patrono de

aumentar su competitividad o productividad, la jurisprudencia del

Tribunal Supremo claramente estableció los parámetros para probar

que el despido fue justificado en estas circunstancias. Por tanto, al

no tener que cumplir con requisitos de forma, ni exigencias

particularizadas de ley, la determinación de suficiencia de prueba

acreditativa queda sujeta a la apreciación y credibilidad que le

otorgue el juzgador.

      De nuestro examen del expediente, es irrefutable que Axesa

llevaba años experimentando una reducción constante en ventas,

por lo que los despidos obedecieron a un plan de restructuración, y

no a un mero capricho o arbitrariedad. Es evidente que la

reorganización fue una manera bona fide de adaptarse a las

realidades   del   mercado,   estrategia   permisible    por   nuestro

ordenamiento jurídico. En vista de ello, resolvemos que el foro

inferior aplicó correctamente el derecho a los hechos y concluyó

acertadamente que el despido de la Sra. Abouomar Rivera obedeció

a medidas de restructuración de la compañía Axesa. Por tanto,

resolvemos que el primer y tercer error no se cometió.
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      En su cuarto señalamiento de error, la Apelante señala que

erró el foro primario al determinar que no era necesario discutir si

Caribe Media era o no patrono de la Sra. Abouomar Rivera. Alega

que se sustentó mediante prueba que Caribe era patrono de la

Apelante. Señala que procedía que el foro primario entrara en los

méritos de la alegación e hiciera dicha determinación, porque al

igual que Axesa, a Caribe le correspondía rebatir la presunción de

despido injustificado.

      En vista de que hemos determinado que los Apelados lograron

demostrar que el despido de la Apelante estuvo justificado, a la luz

de las dificultades económicas que enfrentaba Axesa y el

subsiguiente proceso de restructuración bona fide, resultaría

superfluo tener que determinar quién sería responsable de pagar

una mesada a la cual no tiene derecho la Apelante.

      Finalmente, en su segundo señalamiento de error, la Sra.

Abouomar Rivera alegó que el foro inferior erró al no considerar la

presunción de despido injustificado que le favorece. En el presente

caso, el despido de la Apelante fue realizado el 10 de enero de 2019,

luego de la aprobación de la Ley Núm. 4-2017, supra, la cual

enmendó las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra. Su texto alteró

el lenguaje de la Ley Núm. 80, supra, eliminando el lenguaje alusivo

a la presunción de que el despido fue injustificado y recaía sobre el

patrono la obligación de rebatirla. Sin embargo, somos del criterio

que dicha normativa está vigente, sin embargo, el empleado no esta

relevado de presentar evidencia que tienda a demostrar que su

despido fue uno caprichoso e injustificado. Véase Segarra Rivera v.

Int’l Shipping Agency, Inc., supra.

                                      IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el

dictamen recurrido.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones