Court Opinion

ID: 9941355
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:34.228352+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.462078
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

     COMPAÑÍA DE                                   Certiorari
  FOMENTO INDUSTRIAL                               Procedente del Tribunal de
    DE PUERTO RICO                                 Primera Instancia,
                                                   Sala de BAYAMÓN
           Recurrida              KLCE202301099

               v.                                  Caso Núm.:
                                                   BY2018CV02412
    MOTOPAC, CORP.;                                consolidado con
 DEFPAC CORPORATION;                               BY2019CV04781
  TRIPLE-S PROPIEDAD,
    INC.; COMPAÑÍA
   ASEGURADORA ABC;                                Sobre:
       COMPAÑÍA                                    Entredicho Provisional,
   ASEGURADORA XYZ;                                Daños, Injunction
     COMPAÑÍA ABC;                                 permanente, Daños y
     FULANO DE TAL                                 Perjuicios Contractuales,
                                                   Incumplimiento de
         Peticionaria                              Contrato

   MOTOPAC, CORP.;
 DEFPAC CORPORATION;
  TRIPLE-S PROPIEDAD,
    INC.; COMPAÑÍA
  ASEGURADORA ABC;
      COMPAÑÍA
  ASEGURADORA XYZ;
    COMPAÑÍA ABC;
    FULANO DE TAL

               v.

     LA CASA DEL
   CAMIONERO, INC., Y
        OTROS

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       Comparece ante nos Triple-S Propiedad, Inc. (en adelante Triple-S o

la peticionaria) mediante un recurso de Certiorari en el que solicita la

revocación de la Resolución emitida el 16 de agosto de 2023, notificada el 17,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante TPI o

Número Identificador

RES2024 _________________
KLCE202301099                                                               2

foro recurrido). Por virtud del aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar

la Moción de Sentencia Sumaria sometida por la peticionaria.

        Examinado el expediente ante nos, en virtud del derecho aplicable

que más adelante consignamos, denegamos expedir el auto de Certiorari

solicitado. Veamos.

                                             -I-

        El caso de epígrafe inició con una demanda instada por la Compañía

de Fomento Industrial de Puerto Rico (en adelante PRIDCo), por

incumplimiento de contrato de arrendamiento y daños y perjuicios, contra

varios demandados, entre éstos Motopac Corp. (en adelante Motopac),

Defpac Corporation (en adelante Defpac) y su compañía aseguradora

Triple-S.1 En síntesis, PRIDCo adujo que, un incendio, provocó un derrame

de aceite de motor, lubricantes y otras sustancias, ocasionando daños

físicos, estructurales en una propiedad que arrienda a Motopac y Defpac.

Asimismo, alegó la ocurrencia de daños ambientales en cuerpos de agua y

otras áreas aledañas a la misma. Según se indicó en la Demanda, la

propiedad arrendada está localizada en la carretera PR-28 de la Zona

Luchetti en Bayamón, Puerto Rico.

        Motopac y Defpac por su parte, instaron un pleito independiente en

contra de La Casa del Camionero, Inc. (en adelante LCC) y otros

demandados, en la cual alegan que incurrieron en gastos por la limpieza

inicial de la emergencia ambiental, reubicación de labores y defensa legal

del pleito instado por PRIDCo.2 Así las cosas, el foro recurrido ordenó la

consolidación de ambos casos civiles.3

        Luego de varios trámites procesales, el 11 de octubre de 2022, Triple-

S sometió una Moción solicitando sentencia sumaria sobre el caso civil

BY2018CV02412. En esta, sostuvo la existencia de la póliza de seguro

1 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1 – 79.
2 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 172 – 180.
3 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 199.
KLCE202301099                                                              3

número 30-CP-81090156-1 a favor de Motopac. Además, señaló que en

dicha póliza Defpac era un asegurado adicional y reclamó la ausencia de

causa de acción en la Demanda que pueda estar cubierta por los términos y

condiciones de la póliza expedida, por lo que debía desestimarse.

        El 10 de noviembre de 2022, PRIDCo se opuso a la moción

dispositiva. Al así hacerlo, adujo que es un tercero para efectos de la

cubierta de la póliza de seguro.4 Además, argumentó que la Cláusula de

Exclusión de Contaminación 2(f) de la forma Commercial General Liability de

la Póliza no era aplicable porque la contaminación no fue la causa del daño,

sino que el derrame se debió al incendio.

        Posteriormente, el 17 de noviembre de 2022, Triple-S presentó una

Moción solicitando se dicte sentencia sumaria a tenor con la Regla 36.2 de

Procedimiento Civil de 2009, dirigida a obtener la desestimación de la

reclamación que Motopac y Defpac instaron contra La Casa del Camionero

(Civil Núm. BY2019CV04781). En dicho escrito, sostuvo que no existía

controversia sobre once (11) hechos. Basándose en estos, y por las razones

específicas señaladas en su escrito, Triple-S negó que la póliza que emitió a

favor de A1 Generator cubra los daños a la estructura arrendada por

Motopac a PRIDCo. Así, en virtud de tal inaplicabilidad, sostuvo la

ausencia de una causa de acción en la Demanda que pueda estar cubierta

por los términos y condiciones de la póliza expedida.5 Sobre este último,

Triple-S alegó que no respondía por los daños causado por ser el daño

ocurrido uno de naturaleza ambiental, expresamente excluido de la

cubierta de la póliza de seguro.

        El 11 de enero de 2023, Motopac y Defpac sometieron Oposición a

“Moción solicitando se dicte sentencia sumaria a tenor con la Regla 36.2 de

Procedimiento Civil de 2009”, en la que sostuvieron que los daños reclamados

4 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 962 – 993.
5 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 210 – 950.
KLCE202301099                                                                   4

no son contractuales, sino que por las actuaciones negligentes de AI

Generator se constituyeron daños a la propiedad rentada al asegurado. 6

Evaluadas las posiciones de las partes, el TPI emitió Resolución en la cual

determinó No Ha Lugar a la Moción Solicitando Sentencia Sumaria.7

Específicamente, al resolver denegar las mociones dispositivas, el foro

recurrido enunció lo que a continuación transcribimos:

         La cláusula citada expresamente excluye contaminantes solo
         cuando: “bodily injury” or “property damage” (1) “Bodily injury”
         or “property damage” arising out of the actual, alleged or
         threatened discharge, dispersal, seepage, migration, realease or
         escape of “pollutants”. La exclusión no aplica a un incendio, como
         el ocurrido en el presente caso. Más aún, la exclusión se activa
         únicamente si la causa del daño a la propiedad es un evento de
         contaminación ambiental. El uso de la frase “arising out” para
         describir el elemento de causalidad es clave, porque requiere que
         se establezca que el daño a la propiedad no habría surgido a no ser
         por el derrame de contaminantes. Ahora bien, el caso ante nos,
         distinguible toda vez que el daño a la propiedad surgió por causa
         del incendio.

         El daño a la propiedad causado por el incendio fue el que posibilitó
         el derrame de aceite, lubricantes y otras sustancias contaminantes
         que Motopac y Defpac tenían almacenadas en la propiedad
         arrendada a PRIDCO. El evento de contaminación ambiental fue
         una de las consecuencias, y no la causa, del incendio. Por lo
         anterior, no es aplicable la exclusión de contaminación
         (“pollution”) aludida por Triple-S. Como toda exclusión en un
         contrato de seguro, la de “pollution” en la póliza emitida por
         Triple-S debe ser interpretada restrictivamente a favor de la parte
         asegurada con el propósito de garantizarle la mayor protección
         posible. Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 (2007).

         En resumen, concluimos que en el presente caso la póliza emitida
         por Triple-S cubre todos los daños alegados en la demanda
         presentada por PRIDCO y no procede desestimar la reclamación
         respecto a la aseguradora en el caso civil núm. BY2018CV02412. 8

         No conforme con lo resuelto por el foro primario, la peticionaria

presentó ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de epígrafe, en el cual

enunció el siguiente señalamiento de error:

         ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LAS PETICIONES DE SENTENCIA
         SUMARIA PRESENTADAS POR TPS [Triple-S] EN LOS CASOS
         CONSOLIDADOS BY2018CV02412 Y BY2019CV04781 Y
         DETERMINAR QUE LAS PÓLIZAS DE SEGURO NÚMERO 30-
         CP-81090156-1 Y 30-CP-81093339-0, EMITIDAS POR TRIPLE-S
         PROPIEDAD, INC. A FAVOR DE MOTOPAC CORP Y DEFPAC
         CORPORATION, PROVEEN CUBIERTA PARA DAÑOS

6
  Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1047 – 1108.
7
  Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1203 – 1230.
8
  Íd. en las págs. 1226 – 1227.
KLCE202301099                                                                5

       RESULTANTES             DE      CONTAMINACIÓN         AMBIENTAL
       (“POLLUTION”).

       Atendido el recurso, el 11 de octubre de 2023, emitimos Resolución

mediante la que concedimos a las partes recurridas un término para

expresarse en cuanto a este. El término concedido fue prorrogado en varias

ocasiones     ante        diferentes   solicitudes   de   prórrogas   sometidas

individualmente por las distintas partes debido a la probabilidad de

alcanzar un acuerdo transaccional. Pendiente de vencer uno de los términos

concedidos, PRIDCo compareció el 7 de diciembre de 2023 y sometió su

Oposición a que se expida el auto de certiorari. Ante la presentación de este

escrito, el 8 de diciembre de 2023, le ordenamos a Motopac y Defpac

informarnos del estatus del acuerdo transaccional. En cumplimiento con

ello, el 14 de diciembre de 2023 sometieron Moción en cumplimiento de orden.

Posteriormente, el 22 de diciembre de 2023, presentaron su Oposición a

Petición de certiorari.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por

sometido el asunto y estando listos para resolver, así lo hacemos.

                                           II

                                          -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica
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la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

        Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

        El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.9

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La

9
  Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto
planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que
se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de
la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301099                                                                7

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra.

                                     -B-

       La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36, regula

todo lo concerniente a la moción de sentencia sumaria- mecanismo procesal

que se utiliza en aquellos litigios que no presentan controversias genuinas

de hechos materiales y que, por consiguiente, no ameritan la celebración de

un juicio en su fondo. Cruz Vélez v. CEE, 206 DPR 694 (2021) al citar a

Mejías Montalvo v Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288, 299 (2012) y otros.

Esta regla, establece que un demandante podrá presentar dicha moción

siempre y cuando esté fundada en declaraciones juradas o en aquella

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de

hechos esenciales y pertinentes. Íd., al mencionar a Bobé v. UBS Financial

Services, 198 DPR 6, 20 (2017) y demás casos allí citados.

       La Regla 36.2 y 36.3 del discutido cuerpo reglamentario, 32 LPRA

Ap. V, R.36.2-36.3, disponen los requisitos de forma que deberá observar la

parte promovente de una solución por la vía sumaria. La última de estas,

debe ser cumplida también por quien se opone a que se dicte sentencia

sumariamente. En particular, al contestar una moción de sentencia sumaria,

el promovido deberá presentar una relación concisa y organizada de

aquellos hechos esenciales y pertinentes que, a su juicio, estén en

controversia,   citando   específicamente     los   párrafos   según   fueron

enumerados por el promovente de la moción. Íd., citando a Bobé v. UBS

Financial Services, supra, a la pág. 21; Mun. de Añasco v. ASES et al., 188

DPR 307, 326 (2013) y Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 (2010).

También, enumerará los hechos que no están en controversia, indicando los
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párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible

donde se establezcan los mismos. Íd. Ello es así, puesto que la parte que se

opone a que se dicte sentencia sumaria no puede descansar en meras

alegaciones. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015). Al

final de cuentas, cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción

de sentencia sumaria, sino que tiene que ser una que permita concluir la

existencia de una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y

pertinentes. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932, 934(2010) al citar a

Ramos Pérez v. Univisión, supra.

       Ahora, el hecho de que la parte promovida no presente prueba que

controvierta la evidencia presentada por la parte promovente de la moción

de sentencia sumaria no implica necesariamente que dicha moción

procederá automáticamente si efectivamente existe una controversia

sustancial sobre hechos esenciales y materiales. Cruz Vélez v. CEE al citar

a Mun. de Añasco v. ASES et al., supra, a la pág. 327 y otros. Por tanto, un

tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones,

contestaciones, interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a las

declaraciones juradas -- si las hubiere -- surge que no existe una

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y solo

restaría por resolver una controversia de estricto derecho. Véase, Regla 36.3

de Procedimiento Civil, supra, y Pepsi-Cola Manufacturing v. Mun. Cidra

et al., 186 DPR 713, 755-56 (2012).

       En cuanto a la revisión judicial de la procedencia de una moción de

sentencia sumaria, es harto conocido que los tribunales apelativos estamos

en la misma posición que el TPI. Cruz Vélez v. CEE, supra, a la pág. 720. Por

ello, “[e]n el proceso de evaluar una sentencia sumaria dictada por el foro

primario, los tribunales revisores están llamados a examinar el expediente

de novo y verificar que las partes cumplieron con las exigencias de la Regla

36.3[ …]. Además, deberán comprobar que, si existen hechos en
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controversia, el juez que dictó sentencia sumaria los haya consignado. En el

caso de que no se encuentren hechos materiales en controversia, igualmente

procede revisar de novo si se aplicó el Derecho correctamente a la

controversia planteada”. Rivera Matos v. ELA, 204 DPR 1010, 1025 (2020).

                                          -C-

        El contrato de seguro es aquel acuerdo mediante el cual una persona

se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o proveerle un beneficio específico

o determinable al producirse un evento incierto previsto en el mismo. Art.

1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102. Véase también, Rivera

Matos v. ELA, supra. En este, el asegurador asume determinados riesgos a

cambio del cobro de una prima o cuota periódica, en virtud de la que se

obliga a responder por la carga económica que recaiga sobre el asegurado

de ocurrir un suceso especificado en el contrato. ECP Incorporated v. OCS,

205 DPR 268 (2020), citando a S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR

372 (2009) y otros allí citados. Así pues, la función primordial de una póliza

de seguro es establecer un mecanismo para transferir un riesgo y de esta

manera proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en el

contrato de seguros. Savary et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1023

(2017), citando a R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699 (2017) y otros.10

        El Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq.,

(Código de Seguros) es la ley que reglamenta las prácticas y los requisitos

del negocio de seguros. Jiménez López et al v. SIMED, 180 DPR 1 (2010).

Tal negocio, está revestido de un alto interés público, por lo que ha sido

regulado ampliamente por el Estado. Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR

260, 266 (2005). Conforme establece el Código de Seguros, todo contrato de

seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus

términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan

10 Se denomina póliza el documento donde se consignan los términos que rigen el contrato

de seguro. Art. 11.140(1) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1).
KLCE202301099                                                             10

ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o solicitud

adherido a la póliza y que forme parte de ésta. 26 LPRA sec. 1125. Así pues,

corresponde interpretar el lenguaje plasmado en la póliza en su acepción

de uso común general, sin ceñirse demasiado al rigor gramatical. Rivera

Matos v. ELA, supra, al citar a Jiménez López et al. v. Simed, supra; SLG

Francis-Acevedo v. SIMED, supra; y Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR

355 (2008). Asimismo, las cláusulas de la póliza se examinarán desde el

punto de vista de una persona normal de inteligencia promedio que fuese

a adquirir el seguro. Rivera Matos v. ELA, supra, mencionando a S.L.G.

Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011).

      En cuanto al ejercicio de interpretación, es menester establecer que

los términos del contrato de seguro se consideran claros cuando su lenguaje

es específico, sin que dé lugar a dudas, ambigüedades o sea susceptible de

diferentes interpretaciones. Sin embargo, toda vez que el contrato de seguro

es uno de adhesión, redactado en su totalidad por el asegurador, aquellas

cláusulas dudosas o ambiguas deben interpretarse liberalmente en

beneficio del asegurado para hacer cumplir el designio intrínseco de la

póliza: dar protección al asegurado. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al.,

185 DPR 880 (2012). Igualmente, será necesario examinar si existen

cláusulas de exclusión en el contrato por virtud de las que la aseguradora

exceptúa determinados eventos, riesgos o peligros de la cubierta. Viruet et

al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015). Tales exclusiones deben

interpretarse restrictivamente en contra del asegurador. No obstante, si los

términos de las cláusulas de exclusión son claros y aplican a una situación

determinada, no podría responsabilizarse a la aseguradora por aquellos

riesgos expresamente exceptuados. Íd., pág. 279.

      Cabe destacar que le corresponde al asegurado el peso de establecer

que su reclamación está comprendida dentro de las disposiciones del

contrato de seguro. Por su parte, es la aseguradora quien tiene que
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evidenciar que aplica alguna exclusión. Rivera Matos v. ELA, supra, citando

a Insurance Claims and Disputes, 6ta ed., St. Paul, Minn., Ed. Thompson

Reuters, 2013, Sec. 9.1, págs. 9-2 y 9.6 (2013).

                                      -III-

       Antes de atender los planteamientos sometidos por Triple-S, es

menester destacar que la determinación recurrida deniega la concesión de

una moción de carácter dispositivo. Por tanto, el asunto traído ante nuestra

consideración versa sobre una de las materias interlocutorias sobre las que,

conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, podrá expedirse el

auto discrecional del Certiorari. Sin embargo, a la luz de los criterios

dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, rechazamos intervenir en los méritos del dictamen recurrido, para

variar la determinación del foro recurrido. Veamos.

       Según expresamos al exponer los hechos procesales, Triple-S

argumenta que el foro primario incidió al denegar su petición de sentencia

sumaria sometida en el caso de epígrafe y determinar que las dos pólizas,

la primera a favor de Motopac y la segunda a favor de AI Generator,

proveen cubierta para daños resultantes de contaminación ambiental.

Además, adujo que la cláusula de exclusión de contaminación 2(f) de la

forma Commercial General Liability de la póliza era clara y libre de

ambigüedad, y, por lo tanto, aplicable al caso que obra en autos. Asimismo,

sostiene que la decisión recurrida debe ser revocada porque la única

cubierta disponible para los reclamantes es bajo el límite de $100,000, según

la Sección III de Límite de Seguro en su Cláusula de Damage to Premises

Rented to you de la póliza.

       Los recurridos, en cambio, al defender la decisión argumentan que

los planteamientos levantados por Triple-S para fundamentar la concesión

de su moción dispositiva, además de incorrectos y en total abstracción de

la jurisprudencia relativa a la interpretación de las cláusulas de una póliza
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de seguros, descansan en jurisprudencia claramente distinguible de la

situación factual del caso.

       Antes de atender estos planteamientos y explicar nuestra decisión,

tal cual nos es exigido, debemos examinar si las mociones de sentencia

sumaria interpuestas por Triple-S para cada una de las causas consolidadas,

así como las respectivas oposiciones instadas ante ellas, cumplieron con los

requisitos de forma que exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.

Examinadas ambas mociones, así como las réplicas y demás escritos sobre

el asunto, concluimos que tanto las mociones solicitando sentencia sumaria

de la peticionaria, así como las oposiciones frente a estas instadas,

cumplieron con tales requisitos.

       Habiéndose determinado lo anterior, procede que evaluemos si en el

presente caso existen controversias de hechos materiales que impidan la

resolución sumaria del pleito. De haberlos, tenemos que exponer

concretamente cuáles son los hechos materiales sobre los que encontramos

existe controversia y cuáles están incontrovertidos. De lo contrario, resta

examinar si la aplicación del derecho fue correcta.

       Conforme surge del expediente, el foro primario en su Resolución

consideró que no existía controversia sustancial sobre veintinueve (29)

hechos. Ahora bien, el foro recurrido identificó como hechos en

controversia, lo siguiente:

          1. A cuánto asciende el daño ambiental producto del incendio.

          2. Si el incendio fue ocasionado por una falla interna de una
             batería que estaba colocada en una silla de vinil; y si es o no
             usual que se coloque una batería con un cargador sobre material
             combustible.

          3. Si Victory fue responsable por el incendio.

          4. Si procede imponer responsabilidad por el incendio AI
             Generator y las compañías aseguradas por Triple-S, bajo la
             póliza núm. 30-CP-81093339-0; y la valoración del daño.

       Al ejercer nuestro rol revisor, tras haber evaluado las mociones

dispositivas sometidas por Triple-S, los documentos que acompañaron sus
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escritos, así como a los argumentos planteados por las partes, coincidimos

con el foro primario en su análisis de hechos incontrovertidos, así como de

aquellos que permanecen en controversia. No identificamos, por tanto,

alguna de las condiciones previstas por nuestro ordenamiento jurídico con

respecto al auto de certiorari que nos muevan a intervenir. Siendo ello así,

procede denegar el recurso.

       Lo aquí resuelto, advertimos, no tiene efecto de juzgar o considerar

en los méritos ninguna de las controversias de derecho planteadas por las

partes, de modo que estas podrían ser planteadas nuevamente en una etapa

posterior al juicio. Esto es así, ya que, como es sabido, una resolución

denegatoria de un auto de Certiorari ni implica posición alguna del Tribunal

respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso. La

resolución denegatoria simplemente es indicio de la facultad discrecional

del tribunal revisor de negarse a revisar en determinado momento una

decisión emitida por el tribunal de instancia. Cacho Pérez v. Hatton Gotay,

195 DPR 1, 12 (2016) al citar a SLG v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755

(1992) y otros.

                                      -IV-

       Por todo lo antes consignado, denegamos la expedición del auto de

Certiorari solicitado por la parte peticionaria.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones