Court Opinion

ID: 9941397
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:45.213046+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.521837
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

 ISLA VERDE HOLDINGS, LLC                                      Certiorari
                                                               procedente del
           Peticionarios                                       Tribunal de Primera
                                                               Instancia, Sala de
                                                               Bayamón
                  v.
                                        KLCE202301301 Caso Núm.
                                                      DO2018CV00096
GOLDEN DEBT, LLC; GOLDEN
  RE, LLC; DAVID EFRÓN,                                        Sobre:
 EFRÓN DORADO S.E., LLC;                                       Incumplimiento de
   PDP HOLDINGS, LLC                                           contrato, solicitud
                                                               de cumplimiento
            Recurridos                                         específico, dolo
                                                               contractual; daños y
RAMÓN CALDERÓN, HOLSUM                                         perjuicios; en la
  OF PUERTO RICO, INC.,                                        alternativa, culpa in
      PUEBLO, INC.                                             contrahendo; daños
                                                               y perjuicios ex
           Peticionarios                                       contractu

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Romero García, el Juez Monge
Gómez y la Jueza Díaz Rivera1.

Monge Gómez, Juez Ponente

                                   SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

       Compareció la parte peticionaria, Isla Verde Holdings, LLC (en

adelante, “IVH”) y el Sr. Ramón Calderón Rivera, Holsum of Puerto Rico,

Inc. y Pueblo, Inc. (en adelante, “Terceros Demandados”) (en conjunto, los

“Peticionarios”), mediante petición de certiorari presentada el 21 de

noviembre de 2023. Nos solicitó la revocación de la Resolución emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante,

el “TPI”), el 25 de mayo de 2023, notificada y archivada en autos al día

siguiente. Dicho dictamen fue objeto de una solicitud de reconsideración

interpuesta por los Peticionarios, declarada “No Ha Lugar” mediante

Resolución de 23 de octubre de 2023, notificada y archivada en autos en

la misma fecha.

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2024-005, se designó a la Hon. Karilyn M. Díaz

Rivera, en sustitución del Hon. Abelardo Bermúdez Torres, para entender en los méritos
el recurso de epígrafe.

Número Identificador
SEN2024__________
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      Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos

el auto de certiorari y confirmamos la Resolución apelada.

                                       I.

      El presente recurso se originó el 27 de julio de 2018, con la

presentación de una “Demanda” por parte de IVH en contra de Golden RE,

LLC. y Golden Debt, LLC (en adelante, “Golden RE” y “Golden Debt”,

respectivamente, y, en conjunto, “Golden” o los “Recurridos”). Arguyó que

los Recurridos se rehusaron a efectuar sus prestaciones como parte de un

contrato de compraventa, mediante el cual Golden acordó venderles cierto

inmueble. Por tanto, IVH acumuló dos causas de acción: (1) cumplimiento

específico de contrato y (2) los daños y perjuicios resultantes del presunto

incumplimiento. En su defecto, solicitó una indemnización por daños bajo

la doctrina de culpa in contrahendo.

      Tras múltiples trámites procesales, el 23 de septiembre de 2019,

Golden presentó una “Demanda contra Terceros” en contra de Pueblo,

Inc., Holsum de Puerto Rico, Inc., y del Sr. Ramón Calderón Rivera (en

adelante, “Pueblo”, “Holsum” y el “señor Calderón”), en la cual solicitó que

se descorriera el velo corporativo de IVH, en aras de imponerles

responsabilidad por los daños reclamados en cierta “Reconvención”,

presentada el 9 de octubre de 2018. Mientras tanto, IVH presentó

“Demanda Enmendada” el 9 de octubre de 2020. Allí, acumuló como parte

codemandada a Efrón Dorado, S.E. (en adelante, “EDSE”), al Sr. David

Efrón, Green Family Bridgehampton, LLC. y PDP Holdings, LLC. En lo

pertinente a la controversia ante nos, solicitó que se descorriera el velo

corporativo en cuanto a Golden y EDSE para responsabilizar al señor Efrón

en su capacidad personal. Sostuvo que éste utilizó a EDSE y a Golden

como su alter ego para provocar, entre otras cosas, que no se cumpliera

con el contrato entre IVH y Golden para la adquisición de la propiedad

objeto de dicho contrato.

      Así las cosas, el 10 de marzo de 2021, EDSE presentó “Moción de

Desestimación (Impedimento Colateral)”. Esgrimió que debido a que el
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foro primario había determinado que no existía una relación contractual

entre Golden RE y IVH, relación de la cual dependían las causas de

acciones alegadas en la “Demanda Enmendada”, procedía desestimar la

misma. Añadió que era improcedente descorrer el velo corporativo, a raíz

de la inexistencia de un contrato entre éstos, pues con quien había

negociado era con Golden.

      De igual forma, el 11 de marzo de 2021, el señor Efrón y Golden

Debt presentaron sus respectivas mociones de desestimación. El primero

adoptó y reiteró los argumentos expuestos por EDSE en su moción.

Mientras que Golden Debt sostuvo que el caso se tornó académico de su

parte, por lo que estaba impedido de cumplir con lo requerido en la

“Demanda Enmendada”. Ello puesto a que había dejado de ser el

poseedor de las hipotecas que gravaban la propiedad objeto de

compraventa.

      El 5 de mayo de 2021, IVH presentó sus respectivas oposiciones a

las mociones de desestimación. Luego de evaluar las mismas, el foro

recurrido emitió Sentencia Parcial el 21 de abril de 2023, notificada en

misma fecha. En cuanto a la solicitud de desestimación de la causa de

acción para descorrer el velo corporativo interpuesta por EDSE y el señor

Efrón, el foro a quo concluyó que la misma fue instada prematuramente por

IVH. Expuso que, para que procediera la misma, debía haber una sentencia

en contra de la corporación que estableciera una deuda u obligación y que

dicha sentencia no hubiese podido ejecutarse después de tres (3) años, en

virtud de lo establecido en el Artículo 12.04 de la Ley Núm. 164-2009,

según enmendada, conocida como la “Ley General de Corporaciones”, 14

LPRA sec. 3784. Debido a que al momento de dictar la Sentencia Parcial

no se había emitido ninguna otra sentencia a favor del demandante que

estableciera una obligación o deuda por parte de EDSE y el señor Efrón, y

que ameritare que se pudiera descorrer el velo corporativo, desestimó, sin

perjuicio, dicha causa de acción acumulada en la “Demanda Enmendada”.
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Aclaró que, aunque Golden no había solicitado la desestimación de ésta,

su interpretación le era extensiva bajo el mismo razonamiento.

        A la luz de dicha determinación, el 4 de mayo de 2023, los Terceros

Demandados presentaron, de manera individual, sus respectivas mociones

de desestimación de la “Demanda contra Terceros”, basados en la

doctrina de la ley del caso. En síntesis, plantearon que en la media en que

el tribunal de instancia determinó que procedía desestimar la causa de

acción de descorrer el velo corporativo en contra del señor Efrón, de EDSE

y Golden cuando no hubiese una sentencia contra una persona jurídica que

no se haya podido ejecutar por más de tres (3) años, procedía a su vez que

el foro de primario desestimara la acción instada por Golden en su contra.

Oportunamente, Golden presentó sus oposiciones a las mociones de

desestimación el 25 de mayo de 2023. Alegó que, a diferencia de su caso,

IVH realmente era un alter ego que no contaba con activos para cumplir

con el reclamo contractual que adelantó en su “Demanda Enmendada”, ni

para responder por los daños que alegadamente habían ocasionado.

Añadió que el señor Calderón manejaba a IVH, Pueblo y Holsum sin

atención a sus personalidades jurídicas independientes y que éste

pretendía rehuir de las responsabilidades de IVH, drenando a ésta de

capital para su beneficio y el de las otras entidades que procuraba excluir

del litigio.

        Analizadas las mociones presentadas, el foro recurrido notificó el 26

de mayo de 2023, una Resolución en la cual declaró “No Ha Lugar” las

solicitudes de desestimación solicitadas por los Terceros Demandados.

Inconformes, el 12 de junio de 2023, presentaron solicitud de

reconsideración, mediante la cual solicitaron, nuevamente, que se aplicara

de forma uniforme la ley del caso a todas las partes o, en la alternativa, que

se dejara sin efecto la desestimación de la causa de acción de descorrer el

velo corporativo presentada en la “Demanda Enmendada”. Golden, a su

vez, presentó “Oposición a Moción en Solicitud de Reconsideración” el

6 de julio de 2023. Argumentó que el único fundamento de los Terceros
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Demandados para solicitar la desestimación era que éstos mismos habían

acatado la decisión tomada por el foro recurrido en la Sentencia Parcial,

por lo que no enfrentaron las alegaciones en su contra a tenor con la Regla

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Evaluadas las posturas de las

partes, el 23 de octubre de 2023, el TPI emitió y notificó una Resolución

declarando “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración sin ulterior

explicación.

       En desacuerdo con tal proceder, el 21 de noviembre de 2023 los

Peticionarios presentaron el recurso de certiorari ante nos, mediante el cual

le imputaron al TPI la comisión del siguiente error:

       ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA
       CONTRA TERCEROS AL AMPARO DE SU SENTENCIA
       PARCIAL Y LA DOCTRINA DE LA LEY DEL CASO.

       El 20 de diciembre de 2023, los Recurridos presentaron su

“Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari”. En

la misma fecha, se le concedió un término de veinte (20) días al foro de

instancia para que fundamentara la Resolución notificada el 26 de mayo de

2023. El 22 de diciembre de 2023, la Recurrida presentó “Moción de

Reconsideración y Solicitud para que se deje sin efecto Orden” la cual

fue declarada “No Ha Lugar” el 8 de enero de 2024.

       En el ínterin, y en cumplimiento con nuestra Resolución de 20 de

diciembre de 2023, el 5 de enero de 2024 el foro recurrido dictó Resolución

en cumplimiento con Orden del Tribunal de Apelaciones e informó que

acogió los argumentos esbozados por Golden en sus mociones en

oposición a las desestimaciones y expuso que las alegaciones de la

“Demanda contra Terceros” eran distinguibles de la causa de acción

desestimada sobre descorrer el velo corporativo. A esos efectos, expuso

que contra los Terceros Demandados se reclamaron daños por una

solicitud de orden sobre prohibición de enajenar, se alegó que éstos

actuaron de mala fe en las negociaciones contractuales fallidas que

motivaron el presente litigio y se planteó que el señor Calderón manejaba

IVH, Pueblo y Holsum como una sola entidad. En vista de lo anterior,
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concluyó el foro a quo que, al tratarse de reclamaciones distinguibles,

resultaba improcedente aplicar el mismo razonamiento expuesto en la

Sentencia Parcial. Así las cosas, el 11 de enero de 2024, los Peticionarios

presentaron “Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción”. El 12 de enero

de 2024, emitimos Resolución mediante la cual paralizamos los

procedimientos, únicamente en cuanto al descubrimiento de prueba sobre

la “Demanda contra Terceros” y le concedimos a las partes un plazo de

diez (10) días para que expusieran su posición en torno a los argumentos

detallados por el foro recurrido en su Resolución de 5 de enero de 2024.

      El 22 de enero de 2024, Golden presentó “Moción en

Cumplimiento de Orden y Reiterando Oposición a la Expedición del

Auto”, mientras que el 25 de enero de 2024, los Peticionarios presentaron

“Moción Informando Posición en torno a Argumentos del TPI”.

      Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,

procedemos a resolver.

                                     II.

                                     A.

      La Ley Núm. 64 de 2009, según enmendada, conocida como la “Ley

General de Corporaciones”, 14 LPRA sec. 3501 et seq. (en adelante, “Ley

Núm. 64-2009” o “Ley de Corporaciones”), “es el estatuto especial por

virtud del cual se deben atender los cuestionamientos relativos a la

existencia y vida jurídica de las corporaciones privadas”. Eagle Security v.

Efrón Dorado et al., 2023 TSPR 5, 211 DPR ___ (2023). Es norma reiterada

que una corporación debidamente organizada bajo el referido estatuto tiene

su propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, distinto al de la

personalidad y patrimonio de sus accionistas, ya sean estos personas

naturales o jurídicas. D.A.Co. v. Alturas FI. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905,

924 (1993).

      En nuestro ordenamiento jurídico se adoptó la doctrina de descorrer

el velo corporativo, la cual, fue desarrollada jurisprudencialmente por los

tribunales federales. El profesor Carlos Díaz Olivo describe la misma como
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“un mecanismo de control que cierra el paso al abuso y utilización impropia

de la figura corporativa”. C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: tratado sobre

derecho corporativo, 2da ed. rev., Colombia, Ed. AlmaForte, 2022, pág.

118. Ello podría ocurrir “cuando una corporación toma el control de otra

entidad, que usualmente desaparece y se demuestra que esa sustitución

tiene propósitos ilegales, constituye una violación de política pública, se

perpetuaría una injusticia o un fraude, o se incumpliría con una obligación”.

Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. P.R., 151 DPR 383, 398 (2000). De igual

forma, una corporación puede ser el alter ego de un accionista cuando la

identidad de ambas partes esté confundida a tal grado que la corporación

no es en realidad una persona jurídica independiente y separada. Así,

pues, nuestro más alto foro judicial ha reconocido que el análisis bajo esta

doctrina requiere que se demuestren propósitos o intentos de cometer

actos ilegales. Íd. Es por tal razón que la doctrina busca evitar la utilización

indebida de la corporación como instrumento para perpetuar un fraude o

una acción ilegal. Díaz Olivo, op. cit. pág. 118.

       Establecido lo anterior, la única forma en que un tribunal puede

descartar la personalidad jurídica de una corporación para sujetar el

patrimonio de ésta con el de sus accionistas, a los fines de que la

corporación responda por las deudas y obligaciones de los accionistas,

será en aquellos casos en que la corporación actúe meramente como un

alter ego o instrumento económico pasivo de sus únicos accionistas,

recibiendo estos exclusiva y personalmente los beneficios producidos por

la gestión corporativa. Por lo tanto, “[l]a consecuencia de la aplicación de

la doctrina de descorrer el velo corporativo es suspender la exención de

responsabilidad que de ordinario asiste a los accionistas de una

corporación con respecto a las deudas corporativas, para hacerlos

responsables de estas”. Díaz Olivo, op. cit. pág. 117.

       Por otro lado, y como norma general, los accionistas, directores y

oficiales de una corporación no vienen obligados a responder de manera

personal por las obligaciones de ésta. Ahora bien, el Artículo 12.04 de la
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Ley Núm. 64-2009, supra, establece ciertas excepciones en donde se les

puede imponer responsabilidad personal a los oficiales, directores y

accionistas por las deudas de una corporación. Íd., pág. 427. El precitado

Artículo regula el procedimiento que los acreedores podrán seguir en estos

casos, el cual expresamente dispone lo siguiente:

       A. Cuando los oficiales, directores o accionistas de cualquier
       corporación estén obligados a pagar las deudas, o cualquier
       parte de las deudas de la corporación, según lo dispuesto en
       esta Ley, cualquier acreedor podrá entablar una acción en
       contra de uno o más de ellos. En la demanda se consignará
       la reclamación en contra de la corporación y el fundamento
       por el cual el demandante espera recobrar de los
       demandados personalmente.

       B. No se entablará pleito alguno contra ningún oficial, director
       o accionista por deuda u obligación de la corporación de la
       cual es oficial, director o accionista, hasta que se dicte
       sentencia final en contra de la corporación, y que la ejecución
       de la misma permanezca insatisfecha ni después de tres (3)
       años a partir de la fecha de tal sentencia, y cualquier oficial,
       director o accionista podrá levantar cualquier defensa que la
       corporación hubiere podido levantar contra tal deuda u
       obligación. Este inciso (B) no aplicará a los pleitos que se
       entablen contra oficiales o directores de una corporación que
       estén en proceso de disolución por mala administración, en
       el ejercicio de sus funciones con arreglo al Capítulo IX de esta
       Ley. 14 LPRA sec. 3784.

       De una lectura de las transcritas disposiciones estatutarias, se

desprende que para que un demandante pueda instar una acción en contra

de los directores, oficiales o accionistas de una corporación, por las deudas

u obligaciones de ésta, debe contar con una sentencia previa dictada a su

favor por el tribunal y en contra de la corporación, sin que haya podido ser

ejecutada y antes de que expire el término de tres (3) años a partir de la

dictada la sentencia. Satisfechas dichas exigencias, el demandante

quedará legitimado para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la

corporación.

       Ahora bien, el profesor Díaz Olivo explica que “las exigencias

dispuestas en el Artículo 12.04 sólo aplican a aquellas obligaciones cuya

responsabilidad la Ley [Núm. 64-2009, supra,] impone expresamente a un

oficial, director o accionista”. Díaz Olivo, op. cit., pág. 427. Es decir, el

Artículo 12.04(b), supra, únicamente aplica en aquellos casos dispuestos

en los Artículos 4.07, 5.08, 5.22 y 9.12 de la Ley de Corporaciones, 14
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LPRA secs. 2727, 2768, 2782 y 3012, respectivamente. Véase además,

Lone Star Indus., Inc. v. Redwine, 757 F.2d 1544 (5th Cir.) (1985). Éstos se

refieren a la responsabilidad de los directores u oficiales por publicar

informes falsos sobre la corporación; de los accionistas por el pago de

acciones parcialmente pagadas; a los directores por violaciones a la ley en

el pago de dividendos o en la compra de acciones de la propia corporación;

y de los accionistas por los activos distribuidos a ellos luego de disuelta la

corporación. Íd.

       De conformidad con lo anterior, si la responsabilidad del funcionario

o del accionista no se deriva expresamente de la Ley Núm. 64-2009, supra,

es decir, no se fundamenta en ninguno de los artículos antes mencionados,

no son de aplicación las disposiciones del Artículo 12.04(b), supra. Díaz

Olivo, op. cit., págs. 427-428. Por tanto, salvo dichos escenarios, cualquier

demandante puede incoar una causa de acción en contra de los

accionistas, oficiales o directores, incluyendo la de descorrer el velo

corporativo, sin que sea indispensable obtener una sentencia a su favor.

                                     B.

       Es norma reiterada en nuestro acervo jurídico que “los derechos y

obligaciones adjudicadas en el ámbito judicial, mediante dictamen firme,

constituyen la ley del caso”. MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR

599, 606 (2000) (citando a In re: Tormos Blandino, 135 DPR 573 (1994)).

Esta doctrina, más que constituir un mandato inflexible, recoge la

costumbre deseable de respetar como finales aquellas controversias

sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de un

caso. Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto, 130 DPR 749, 754

(1992). Ello aplica tanto a las controversias adjudicadas por tribunales de

primera instancia como por tribunales apelativos. Berkan et al. v. Mead

Johnson Nutrition, 204 DPR 183, 201 (2020). Es decir, los tribunales

buscan evitar reexaminar asuntos que hayan sido considerados por

cualquiera de los foros dentro de un mismo caso para velar por el trámite
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ordenado y expedito de los litigios, así como promover la estabilidad y

certeza del derecho. Íd., págs. 200-201.

       No obstante, esta doctrina procede, solamente, cuando exista una

decisión final de la controversia en sus méritos. Cacho Pérez v. Hatton

Gotay y otros, 195 DPR 1, 10 (2016). Por consiguiente, las controversias

previamente dirimidas y adjudicadas por el foro primario o por un tribunal

apelativo no pueden reexaminarse. Íd., pág. 9. Es decir, dichos asuntos no

pueden reevaluarse, pasado el periodo provisto para la reconsideración y

para la revisión, a menos que las determinaciones previas sean

erróneas o puedan causar una grave injusticia. In re Fernández Díaz,

172 DPR 38, 43-44 (2007).

       El Tribunal Supremo ha dicho que los Tribunales de Primera

Instancia “deben realizar el esfuerzo máximo posible por evitar la emisión

de dictámenes contradictorios e inconsistentes”. Núñez Borges v. Pauneto

Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992). Así, se garantiza un trámite ordenado de

los litigios, y la estabilidad y la certeza de los derechos y obligaciones de

las partes. En resumen, las órdenes y resoluciones emitidas por un tribunal,

mediante las cuales resuelve en los méritos el asunto traído a su atención,

se consideran finales y firmes, convirtiéndolos en la ley del caso, una vez

haya transcurrido el periodo provisto para la reconsideración y para la

revisión por un tribunal de mayor jerarquía, sin que éstas sean modificadas

o revocadas.

                                     III.

       En el presente recurso, nos corresponde determinar si erró el foro

de instancia al no desestimar la “Demanda contra Terceros” presentada

por los Recurridos, a raíz de la determinación de la Sentencia Parcial

emitida el 21 de abril de 2023 y la doctrina de la ley del caso. Veamos.

       Surge de los acápites anteriores del presente dictamen, que el foro

recurrido emitió una Sentencia Parcial en la cual desestimó la causa de

acción que perseguía descorrer el velo corporativo, según acumulada en la

“Demanda Enmendada”. Allí, IVH solicitó al foro de instancia que se
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descorriera el velo corporativo de Golden y EDSE. Ello fundamentado en

que, presuntamente, el señor Efrón utilizó a dichas compañías como su

alter ego para provocar el incumplimiento de contrato entre Golden e IVH.

El TPI    determinó que dicha         causa de     acción    fue presentada

prematuramente, pues concluyó que IVH no había cumplido con lo

dispuesto en el Artículo 12.04(b) de la Ley de Corporaciones, supra. Es

decir, IVH no contaba con una sentencia a su favor que estableciera una

obligación o deuda por parte de EDSE y del señor Efrón y, por tanto, no

había transcurrido el término de tres (3) años prescrito en el aludido Artículo

durante el cual no hubiese podido ejecutarse la misma.

       Amparado en dicha determinación, IVH solicitó la desestimación de

la causa de acción de descorrer el velo corporativo presentada en su contra

en la “Demanda contra Terceros”. Analizadas las posturas de las partes,

el foro a quo denegó la solicitud desestimatoria. Fundamentó su decisión

en que las causas de acción de la “Demanda Enmendada” y la “Demanda

contra Terceros” sobre descorrer el velo corporativo eran distinguibles,

por lo que resultaba improcedente aplicar el mismo razonamiento expuesto

en la Sentencia Parcial. Asimismo, acogió los argumentos esbozados en la

oposición a la desestimación presentada por los Peticionarios. En síntesis,

en la mencionada oposición, Golden destacó que los Terceros

Demandados no formalizaron una moción de desestimación que cumpliera

con la reglamentación procesal, ni confrontaron las alegaciones

particulares de la “Demanda contra Terceros”.

       Conforme lo dispuesto anteriormente, el Artículo 12.04 de la Ley

Núm. 64-2009, supra, únicamente aplica a aquellas obligaciones que

expresamente la ley le impone la responsabilidad de cumplimiento a un

oficial, director u accionista de la corporación. Por tanto, de dicha

responsabilidad no derivarse de la Ley de Corporaciones, supra, no será

necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso b del

Artículo 12.04, supra. En el presente caso, la causa de acción de descorrer

el velo corporativo presentada por los Recurridos no está comprendida en
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ninguno de los Artículos 4.07, 5.08, 5.22 y 9.12 de la Ley Núm. 64-2009,

supra.    Por    consiguiente,   determinamos     que,   como    la   presunta

responsabilidad alegada por Golden, según expuesto en la “Demanda

contra Terceros”, no se deriva expresamente de la Ley de Corporaciones,

supra, no procede la aplicación del Artículo 12.04(b) del mencionado

estatuto.

         Recordemos que la “Demanda contra Terceros” incluyó una causa

de acción de descorrer el velo corporativo, así como una de daños y

perjuicios en contra del señor Calderón, Holsum y Pueblo. En sus

alegaciones, el Recurrido sostuvo que:

         34. Existe perfecta identidad de accionistas y gerencia entre
         Isla Verde Holdings, Pueblo y Holsum. Las tres entidades
         tienen un solo director y accionista: Calderón. Calderón
         controla todos los asuntos corporativos de Isla Verde
         Holdings, Pueblo y Holsum. Calderón utiliza los activos de Isla
         Verde Holdings como los suyos propios, así como también lo
         hace con los activos de Holsum y de Pueblo. Calderón, Isla
         Verde, Pueblo y Holsum mezclan activos entre entidades.

         35. El cliente principal de Holsum es Pueblo y entre estas,
         Calderón e Isla Verde Holdings se entremezclan los dineros,
         las fuentes de financiamiento y las contribuciones de capital.
         Para proteger este esquema de alter egos corporativos, todas
         utilizan los mismos contables y auditores externos.

         36. Además, existen cuentas por cobrar y por pagar
         recíprocas entre Calderón, Pueblo, Holsum e Isla Verde
         Holdings. Holsum le provee capital a Pueblo y a Isla Verde
         Holdings. Calderón le provee capital a las tres entidades,
         indistintamente. Durante el año fiscal 2017 y el año fiscal
         2018, Holsum hizo aportaciones de capital a Pueblo de
         $2,516,676 y de $1,378,251, respetivamente.

         37. Por su parte, en los años fiscales 2017 y 2018 Holsum le
         pagó dividendos a Calderón por la suma de $2,000,000.00 y
         $4,300,000.00, respectivamente, dinero que luego fue
         utilizado por Calderón para ficticiamente capitalizar a Isla
         Verde Holdings con el propósito de dar la impresión al Banco
         Santander que tenía capital. Posteriormente, por información
         y/o creencia Calderón ha retirado todo o parte de ese dinero
         para su uso personal o de Holsum o Pueblo.2

         Asimismo, expuso que el señor Calderón tuvo un rol central en la

transacción objeto de este caso, en aras de beneficiarse él y todas las

entidades que controla. Añadió que IVH realmente es un alter ego que no

tiene activos para responder por los daños causados por la orden de

2 Véase, Entrada Núm. 163 de SUMAC.
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prohibición de enajenar ilegalmente obtenida en contra de Golden y que,

como entidad única, no tiene nada que perder, por ser un fantasma

corporativo controlado por el señor Calderón, por Pueblo y por Holsum,

quienes, según alegado, actuaron de forma dolosa y negligente durante el

curso de negociación de la transacción fallida. Asimismo, arguyó que

dichas entidades, en realidad, operan como una sola, tienen un solo dueño

–el señor Calderón– los mismos empleados, iguales contables y flujo de

dinero recíproco. Por lo que, tanto el señor Calderón, como Pueblo y

Holsum pretenden escudarse detrás de la separabilidad corporativa para

rehuir de los actos constitutivos de daños y perjuicios alegadamente

ocasionados.

      Debido a que, al igual que en la “Demanda Enmendada”, la causa

de acción de descorrer el velo corporativo de la “Demanda contra Tercero”

no está comprendida en los Artículos 4.07, 5.08, 5.22 y 9.12 de la Ley de

Corporaciones, supra, no procede la desestimación de la causa de acción

de descorrer el velo corporativo incoada por Golden amparada en las

disposiciones del Artículo 12.04 de la Ley de Corporaciones, supra. Así

pues, concluimos expresamente que la determinación del foro de instancia,

en cuanto a que la causa de acción sobre la doctrina de descorrer el velo

corporativo acumulada en la “Demanda Enmendada” fue presentada

prematuramente es errónea en derecho, pues tomando como ciertas las

alegaciones incorporadas en la misma, las disposiciones del Artículo 12.04

de la Ley de Corporaciones, supra, no les son extensivas. Repetimos, la

aplicabilidad de dicho Artículo se da en ciertos escenarios contemplados

en el estatuto, por lo que, en ausencia de alguno de ellos, no es necesario

esperar a que transcurra el plazo de tres (3) años sin que una sentencia en

que se imponga responsabilidad por cualquier de dichos escenarios pueda

ejecutarse.

      En vista de ello, no aplica la doctrina de la ley del caso a la moción

de desestimación presentada por los Terceros Demandados. Recuérdese

que, si bien los asuntos resueltos por los foros judiciales no pueden
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reevaluarse pasado el periodo provisto para la reconsideración y para la

revisión, no es menos cierto que cuando dichas determinaciones previas

son erróneas o pueden causar una grave injusticia sea hace

indispensable evaluarlas y, en los casos en que amerite, no aplicarlas

irrestrictamente. In re Fernández Díaz, supra, págs. 43-44. Por lo tanto,

colegimos que no erró el foro primario al denegar la moción de

desestimación presentada por los Terceros Demandados, puesto que no

es de aplicación el Artículo 12.04 de la Ley de Corporaciones, supra, al

caso de autos. Ninguna de las causas de acción presentadas para que se

descorra el velo corporativo está fundamentada en las disposiciones de los

Artículos 4.07, 5.08, 5.22 y 9.12 del estatuto.

       Después de todo, al momento de una parte solicitar una moción de

desestimación por dejar de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio, el tribunal está llamado a dar por ciertos los

hechos bien alegados en la demanda. Asimismo, y aun interpretando la

demanda lo más liberalmente a su favor, ésta no será desestimada “a

menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser

probados en apoyo de su reclamación”. Pressure Vessels PR. v. Empire

Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).

       En las mociones de desestimación, los Terceros Demandados

únicamente se limitaron a argumentar la aplicación de la doctrina de la ley

del caso, sin más. No nos cabe duda de que la “Demanda contra

Terceros” incorpora unas alegaciones que deben ser objeto de un

descubrimiento de prueba que permita establecer si aplica o no la doctrina

de descorrer el velo corporativo en contra de los Peticionarios. Ello pues,

recordemos que la doctrina busca evitar la utilización indebida de la

corporación como instrumento para perpetuar un fraude o una acción ilegal.

Eso es precisamente lo que se alegó en la “Demanda contra Terceros”.

La utilización de una corporación por parte de un accionista cuando la
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identidad de ambas partes está confundida a tal grado que la corporación

no es en realidad una persona jurídica independiente y separada.

       Así pues, sostenemos que no erró el foro recurrido al declarar “No

Ha Lugar” las mociones de desestimación.

                                     IV.

       Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte de la presente Sentencia, expedimos y confirmamos la Resolución

recurrida. En atención a lo anterior, se devuelve el caso al foro de instancia

y se ordena la continuación de los procedimientos.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones