Court Opinion

ID: 9941502
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:41:31.954447+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.015615
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

                                                Apelación
TERESA SOTO AMADEO                              procedente del
                                                Tribunal de
Parte Apelante                                  Primera
                                                Instancia, Sala
                                  KLAN202300743 Superior de
v.                                              Aguadilla

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
AGUADILLA, HONORABLE                                   Civil Núm.:
JULIO ROLDÁN                                           AG2022CV01786
CONCEPCIÓN, en su
capacidad como alcalde del                             Sobre:
municipio autónomo de                                  Mandamus;
Aguadilla, CARMEN                                      Notificación
FELICIANO CORTÉS; JANE                                 Defectuosa,
DOE; CORPORACIÓN ABC;                                  Sentencia
CORPORACIÓN DEF;                                       Declaratoria;
ASEGURADORA ABD;                                       Destitución Ilegal
ASEGURADORA DEF.

Parte Apelada
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. Teresa

Soto Amadeo (señora Soto Amadeo), mediante recurso de Apelación

Civil, y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, el 14 de

febrero de 2023, notificada el mismo día. Mediante el referido

dictamen, el TPI desestimó el recurso extraordinario de Mandamus,

la solicitud de sentencia declaratoria y las restantes causas de

acción asociadas a los hechos contenidos en la demanda.

      El 1 de marzo de 2023, la señora Soto Amadeo presentó una

Moción de Reconsideración y el 20 de julio de 2023, mediante

Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar el petitorio.

Número Identificador
SEN2024_______________
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       Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                         I.

       Allá para el 7 de julio de 1997, la señora Soto Amadeo fue

contratada por el Municipio de Aguadilla (Municipio) para un

nombramiento provisional II, hasta el 15 de agosto de 1997. Luego

de esta fecha, la señora Soto Amadeo fue nombrada como Ayudante

Especial para dirigir la Oficina de Compras del Municipio hasta el

21 de julio de 2000. Por su buen desempeño, el 19 de octubre de

2015, el Municipio nombró a la señora Soto Amadeo como directora

del Programa Head Start y Early Head Start (el Programa) en

Aguadilla.

       El 16 de febrero de 2022, notificada el 22 de febrero de 2022,

el Municipio le notificó a la señora Soto Amadeo una carta de

destitución, firmada por el Sr. Julio Roldán Concepción (señor

Roldan Concepción), Alcalde del Municipio, y la Sra. Carmen

Feliciano Cortés (señora Feliciano Cortés), Presidenta de la Junta de

Gobierno de Puerto Rico, en la cual le informaron que su contrato

de empleo no sería renovado.1 La carta disponía lo siguiente:

       Hacemos referencia a Contrato de Empleo, Núm. 2021-
       322, en el cual se compromete a prestar a el Municipio
       de Aguadilla sus servicios en calidad de Directora del
       Proyecto Head Start y Early Head Start. Este contrato
       entró en vigor el 1 de marzo de 2021 y tendrá vigencia
       hasta el 28 de febrero de 2022.

       Le informamos que el mismo no será renovado, por lo
       que su contrato con el municipio vence el 28 de febrero
       de 2022, según establecido en la cláusula
       decimonovena. Esta decisión se hace conforme a
       recomendación de la Junta de Gobierno, basada en
       comunicación de ACUDEN, donde establece que la
       agencia delegada de nuestro municipio fue clasificada
       como una de alto riesgo.

       En adición a lo antes indicado, hemos recibido una
       comunicación de la oficina del Contralor en el informe
       de auditoría M-22XT que cubre el periodo auditado del
       1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2019. Usted
       conoce el contenido del informe ya que le fue notificado

1 Véase, Apéndice de la Apelación Civil, pág. 4.
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          y en el mismo se hace una serie de señalamientos de
          carácter extremadamente serios en relación a la
          administración de Head Start y Early Head Start.

          Por los hechos anteriores, el 30 de noviembre de 2022, la

señora Soto Amadeo presentó una Demanda y como parte de sus

alegaciones, expuso que la referida comunicación por parte del

Municipio no le notificó su derecho de solicitar revisión judicial al

amparo de la reglamentación aprobada por el Municipio.2 Además,

alegó que la comunicación violó la reglamentación aplicable

relacionado a la destitución del puesto de directora del Programa,

ya que el proceso utilizado no incluyó los procesos indispensables

para el proceso de destitución. Señaló que la Administración para el

Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), reconoció su

labor sobresaliente como directora y que estos, como Administración

del Departamento de la Familia, eran responsables de administrar

los fondos Federales del Programa, de los cuales el Municipio de

Aguadilla es parte. Finalmente, alegó que el puesto de directora del

Programa estaba regulado por el Reglamento de la Junta de

Gobierno del Programa Head Start y Early Head Start, firmado por

el señor Roldán Concepción, por lo que se debía seguir con unas

determinadas obligaciones y un debido proceso de ley en caso de

destitución de dicha posición.

          El 30 de noviembre de 2022, la señora Soto Amadeo presentó

una Petición de Mandamus y Sentencia Declaratoria, en la cual exigió

al foro primario el proceso correcto de una destitución, cónsono con

la reglamentación del Programa de Head Start y Early Head Start.3

Según el reglamento antes citado, el procedimiento a seguir en caso

de una destitución es el siguiente:

          a. Deberá convocarse a la Junta de Gobierno del
             programa, quienes someterán un informe escrito que
             sustente la falta disciplinaria según el reglamento
             interno sobre jornada de trabajo.

2 Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 7-15.
3
    Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 56-69.
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      b. Dicho informe deberá ser presentado a la autoridad
         nominadora.
      c. Se le notificará por escrito al director sobre la
         formulación de los cargos administrativos.
      d. Se le notificará al director de su derecho a una
         audiencia disciplinaria para explicar su versión de
         los hechos, la cual podrá solicitar dentro del término
         de 5 días laborables contados a partir de la fecha del
         recibo de la comunicación.
      e. Dicha vista evidenciaria se celebrará ante el pleno de
         la Junta de Gobierno.
      f. La Junta de Gobierno citará por escrito al director
         con no menos de 5 días laborables de anticipación.
      g. Derecho de ofrecer su versión de los hechos, así
         como presentar todo testigo y documento que
         entienda necesario para sustentar su posición.
      h. Celebrada la audiencia disciplinaria, la Junta de
         Gobierno remitirá un informe con sus hallazgos y
         recomendaciones.
      i. En el caso de que la acción final conlleve la
         destitución del director, previo a notificarle al
         director su determinación, la Junta de Gobierno
         deberá notificar por escrito al Comité de Política
         Normativa de su intención de destituir al director.
         Dicha notificación deberá estar acompañada con
         copia del informe rendido por la Junta de Gobierno.
      j. […]
      k. […]
      l. En el caso del Comité de Política Normativa avalar la
         destitución del director, la Junta de Gobierno
         procederá a notificar al director su decisión final y
         apercibirle de su derecho de apelar ante el Tribunal
         de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, dentro del
         término de 20 días a partir de la notificación
         conforme al artículo 1.050 del Código Municipal.

         […]

      Además, alegó que quien ostenta la jurisdicción para realizar

una destitución de la plaza de director es la Junta de Gobierno del

Programa, y no el alcalde de la dependencia municipal. Finalmente,

arguyó que el proceso utilizado en su contra violó los preceptos más

básicos del debido proceso de ley. Por lo anterior, la señora Soto

Amadeo solicitó al TPI una sentencia declaratoria para que se

determinara los derechos de la apelante de solicitar una nueva carta

de destitución con su derecho de apelación y una orden al Municipio

para que cumpliesen con su obligación ministerial de notificar una

carta de destitución según la Ordenanza Municipal Número 23, serie

2021-2022.
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          El 12 de diciembre de 2022, el Municipio presentó una Moción

de Desestimación de Recurso Extraordinario de Mandamus en la cual

negaron que la señora Soto Amadeo no hubiese sido notificada de la

determinación del Municipio de la terminación del contrato de

servicios.4 En lo especifico, alegaron que la señora Soto Amadeo fue

notificada de la determinación de no renovar su contrato el 16 de

febrero de 2022, la cual fue recomendada por la Junta de Gobierno,

basada en una comunicación de ACUDEN donde se establecía que

la delegada del municipio fue clasificada como una de alto riesgo.

Señaló que la Ordenanza Municipal Número 23 aplicaba a casos de

destitución del empleado y no a casos de terminación de relación

contractual como el de autos.

          En respuesta, el 23 de diciembre de 2022, la señora Soto

Amadeo presentó su oposición en la cual reiteró las alegaciones

contenidas en la Demanda.5

          El 14 de febrero de 2023, el TPI emitió una Sentencia,

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Demanda y desestimó el

recurso extraordinario del Mandamus, la solicitud de sentencia

declaratoria y las restantes causas de acción asociadas a los hechos

contenidos en la demanda. En lo pertinente, dispuso lo siguiente:

          En el caso de autos no surge que la parte demandante
          no fuese notificada de su despido o que fuese necesario
          notificar el despido conforme la ordenanza 23, serie
          2021-2022. Por el contrario, de los autos surge que la
          relación laboral existente entre la demandante y el
          Municipio de Aguadilla estuvo regida por un contrato de
          servicios profesionales suscrito entre ambos. El referido
          contrato tenía una fecha de inicio y una de terminación
          que las partes estaban obligadas a cumplir, excepto en
          aquellas instancias dispuestas en el acuerdo
          contractual. Por tanto, una vez expirado el término que
          disponía el contrato, el Municipio tenía la potestad de
          no renovarlo. Ante ello, somos del criterio que no
          procede el recurso de mandamus solicitado.

4
    Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 36-44.
5
    Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 45-50.
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          El 1 de marzo de 2023, la señora Soto Amadeo presentó una

Moción de Reconsideración, solicitando al foro primario que

celebrara una vista evidenciaria para recibir prueba de las funciones

que ejercía ésta en su posición como directora, de las garantías

legales establecidas en los procesos de destitución y las alegadas

violaciones al procedimiento establecido en ley para la destitución.6

          El 27 de marzo de 2023, el Municipio presentó una Oposición

a Moción de Reconsideración en la cual solicitó al TPI que declarara

No Ha Lugar la moción en reconsideración presentada por la señora

Soto Amadeo, pues consistía en alegaciones erradas de la Demanda

sin proveer autoridades jurídicas que sostuvieran su teoría de que

un despido es igual a una no renovación de un contrato de servicio.7

          El 20 de julio de 2023, el TPI mediante Resolución, declaró No

Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por la señora

Soto Amadeo.8

          Aun inconforme con la determinación del TPI, el 21 de agosto

de 2023, la señora Soto Amadeo presentó el recurso de Apelación

Civil de epígrafe. En su comparecencia, la señora Soto Amadeo

solicitó a este Honorable Tribunal que determinara los derechos que

según su interpretación le correspondían sobre solicitar una nueva

carta de destitución en la cual se incluya su derecho de apelar,

según       la   Ordenanza       Municipal      Número    23.   Además,   que

determináramos si la señora Soto Amadeo tenía derecho a pasar por

el proceso administrativo adjudicativo según su puesto de empleo,

cónsono con lo establecido en la Ordenanza Municipal Número 23.

Además, le imputó al TPI la comisión del siguiente error:

          Erró el TPI al desestimar la Demanda debido a que la
          apelante tenía derecho a ser notificada de una carta de
          destitución que incluyera los términos de revisión
          judicial establecidos en Ordenanza Municipal Número
          23, Serie 2021-2022, titulada “Para adoptar el nuevo

6 Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 23-29.
7
    Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 19-22.
8
    Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 1-2.
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         Reglamento de la Junta de Gobierno del Programa Head
         Start y Early Head Start del Municipio Autónomo de
         Aguadilla para derogar la Ordenanza Número 68 serie
         2010 Guión 2011, para derogar la Ordenanza Número
         82 serie 2009 Guión 2010 y para otros fines.

         El 19 de septiembre de 2023, el Municipio presentó Oposición

a Recurso de Apelación.

                                         II.

                                         A.

         La Regla 10.2 de Procedimiento Civil9, establece que en la

alegación responsiva cualquier defensa de hecho o de derecho que

se tenga en contra de una reclamación. Sin embargo, la parte contra

quien se ha instado la demanda podrá optar por presentar una

moción de desestimación en la que alegue cualquiera de las

siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2)

falta de jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del

emplazamiento,         (4)    insuficiencia      del     diligenciamiento        del

emplazamiento, (5) dejar de exponer una reclamación que justifique

la concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular una parte

indispensable.10

         A los fines de disponer de una moción de desestimación por el

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que

justifique la concesión de un remedio, los tribunales vienen

obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la

demanda y considerarlos de la manera más favorable a la parte

demandante.11 La demanda no deberá ser desestimada a menos que

se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho

a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser

probados en apoyo de su reclamación.12

9 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
10 Íd.
11 Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera

et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013).
12 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012);

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).
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       Por lo tanto, es necesario considerar si, a la luz de la situación

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de

éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación

válida.13 Tampoco procede la desestimación de una demanda, si la

misma es susceptible de ser enmendada.14

                                       B.
       En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer los

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes,

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y al orden

público.15 De manera que, los contratos en Puerto Rico se

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde ese momento, las

partes se obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a

todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a

la buena fe, al uso y a la ley.16

       Como se sabe, las partes contratantes quedan obligadas a las

condiciones y los términos pactados cuando concurren los

elementos de consentimiento, objeto y causa.17 Al respecto, el objeto

del contrato ha de ser una cosa determinada, mientras que, la causa

corresponde a “la prestación o promesa de una cosa o servicio”.18

       En materia contractual, cuando los términos de un contrato

son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes,

se estará al sentido literal de sus cláusulas.19 De lo contrario, las

cláusulas del contrato deben leerse de forma integrada e

interpretarse las unas por las otras, resolviendo cualquier

13 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.
14 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
15  Art. 1232 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 9753;
Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 182 (2018).
16 Art. 1237 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 9771.
17 Engineering Service v. AEE, 209 DPR 1012, 1027 (2022); Art. 1233 del Código

Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9754.
18 Art. 269 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6131. Véase, además: Rosario

Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 180, 189 (2016).
19 Art. 354 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6342; Marcial v. Tomé, 144 DPR

522, 536 (1997).
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ambigüedad de modo que todas sus partes surtan efecto.20 Es decir,

los términos de un contrato se reputan claros “cuando por sí mismos

son bastante lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin

dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y

sin necesitar para su comprensión razonamientos o demostraciones

susceptibles de impugnación.”21

                                         C.

       En lo concerniente a la contratación gubernamental, “el

Estado está obligado, por imperativo constitucional, a manejar los

fondos públicos con los principios fiduciarios y éticos más altos”.22

En específico, la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de

Puerto Rico establece que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y

fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y

funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por

autoridad de ley”.23

       Por tanto, en nuestro ordenamiento los contratos con

entidades gubernamentales están revestidos del interés público más

alto.24 Por esta razón, existen ciertos estatutos especiales que

regulan la contratación gubernamental.25 Al respecto, el Tribunal

Supremo ha expresado que “[l]a validez de los contratos con los

municipios      tiene    que    determinarse       según     las    disposiciones

pertinentes de la Ley de Municipios Autónomos, y no según la teoría

de las obligaciones y contratos del Código Civil, que tan solo aplica

supletoriamente”.26 Por ello, es crucial que los municipios actúen

“acorde con los procedimientos establecidos por ley y nuestra

20 Art. 1236 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9757.
21 SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 (2009).
22 Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., supra, pág. 456 (2014); Jaap Corp. v. Depto.

Estado et al., 187 DPR 730, 739 (2013); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR
443, 452 (2007).
23 Art. VI, Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
24 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 530–533 (2011); Fernández &

Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 DPR 824, 829 (1999).
25 Landfill Technologies v. Mun. de Lares, 187 DPR 794, 801 (2013); Johnson &

Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 854–855 (2008), Cordero Vélez v.
Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245–252 (2007).
26 Landfill Technologies v. Mun. de Lares, supra, pág. 800.
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jurisprudencia interpretativa al momento de desembolsar fondos

públicos para el pago de las obligaciones contraídas”.27

        De hecho, el Tribunal Supremo ha reiterado que las partes

que contratan con cualquier entidad gubernamental sin cumplir con

los requisitos de contratación gubernamental se arriesgan a asumir

la responsabilidad por sus pérdidas. Cónsono con ello, ha rechazado

la   aplicación     de   cualquier    remedio         en   equidad,   como   el

enriquecimiento injusto, para convalidar la obligación pública sin

contrato escrito y así indemnizar los daños sufridos por una parte

privada al no cumplir con estos requisitos.28

        Siendo así, conforme a las disposiciones del Código Civil

citadas, un contrato entre una parte privada y un municipio que no

cumpla con las leyes fiscales que imponen controles fiscales será

nulo e inexistente.29

                                      III.

        En el presente caso, la señora Soto Amadeo alega, en síntesis,

que el Municipio de Aguadilla la destituyó de su puesto como

Directora del Programa de Head Start y Early Head Start en dicho

municipio, sin seguir los procedimientos adecuados, violentando así

su debido proceso de ley. Además, arguye que en la notificación de

la comunicación de destitución, ésta no fue informada de su derecho

a solicitar revisión judicial al amparo de la reglamentación aprobada

por el Municipio de Aguadilla.

        Por su parte, el Municipio acepta que en efecto, la señora Soto

Amadeo fue nombrada como Directora del Programa Head Start y

Early Head Start del Municipio de Aguadilla y que se le notificó

mediante una carta que no renovarían su contrato de servicios

mediante el cual ésta rendía sus labores como Directora del

27 ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 537.
28 Íd., pág. 552.
29Artículo 1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3372; Rodríguez
Ramos et al. v. ELA et al., supra, págs. 456-457.
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Programa. Sin embargo, alega que la carta enviada a la señora Soto

Amadeo cumple con la responsabilidad de notificar a un servidor

público sobre la decisión de terminación de su relación laboral con

un ayuntamiento municipal y que no podía notificarle que había

sido destituida de su puesto cuando, de los mismos términos del

contrato suscrito entre ellos, se desprendía que la relación

contractual había concluido y que la misma no se habría de renovar.

      Según antes discutido, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

supra, provee para que un tribunal, a solicitud de parte, mediante

la presentación de una moción de desestimacion, desestime una

demanda cuando se alegue algunas de las defensas antes

mencionadas.

      Por otro lado, el recurso extraordinario del Mandamus procede

tomando en consideración lo siguiente: (1) que el Mandamus es el

recurso apropiado cuando el peticionario no dispone de otro remedio

legal adecuado para hacer valer su derecho y cuando se trate del

incumplimiento de un deber ministerial que se alega ha sido

impuesto por ley; (2) la solicitud de Mandamus tiene que ir dirigida

contra el funcionario principal encargado del cumplimiento del

deber, se levantan cuestiones de interés y el problema planteado

requiere una solución pronta y definitiva; (3) el peticionario

establece que hizo un requerimiento previo al funcionario para que

este realizase el acto cuyo cumplimiento se solicita; y (4) el

peticionario tiene un interés indiscutible en el derecho que se

reclama, distinto al que pueda tener cualquier otro ciudadano.30

      Surge del expediente, que la señora Soto Amadeo fue

contratada por el Municipio de Aguadilla, mediante un Contrato de

Empleo, el 26 de febrero de 2021, para el Proyecto Head Start y Early

30Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423; Romero,
Valentín v. Cruz, CEE et al., 205 DPR 972, 985 (2020); Báez Galib y Otros v.
Comisión Estatal de Elecciones, 152 DPR 382, 395 (2000).
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Head Start.31 En el referido contrato, la cláusula pertinente a la

controversia ante nos dispone lo siguiente:

       DECIMOSÉPTIMA: Este CONTRATO entrará en vigor el
       1ro de marzo de 2021 y tendrá vigencia hasta el 28 de
       febrero de 2022. “LA SEGUNDA PARTE” reconoce que
       a la fecha de vencimiento del presente contrato no
       existe garantía de continuidad ya que depende de
       que     el   concesionario   asigne     los   fondos
       correspondientes al proyecto y de que persista la
       necesidad del servicio contratado.

       (Énfasis nuestro).

       La anterior cláusula dispone el tiempo de vigencia del contrato

suscrito entre el Municipio y la señora Soto Amadeo, y además,

dispone que el referido contrato no contaba con una garantía de

continuidad, ya que estaba sujeto a unas condiciones que le

correspondía al Municipio dilucidar.

       Luego de analizar las alegaciones de la demanda, así como la

comparecencia de ambas partes, y tal como lo determinó el TPI,

colegimos en que nos encontramos frente a un contrato de servicios,

firmado y suscrito por la señora Soto Amadeo con el Municipio de

Aguadilla, a través del señor Roldán Concepción, alcalde de dicho

municipio. El contrato contiene cláusulas claras, específicas y no

dejan duda sobre la intención de los contratantes. En este caso, la

intención de las partes consistía en que la señora Soto Amadeo

brindara sus servicios en calidad de Directora del Programa Head

Start y Early Head Start para el Municipio de Aguadilla para el año

fiscal 2021-2022 por un tiempo determinado. En ese término, la

señora Soto Amadeo devengaría un sueldo bisemanal y acumularía

tanto días de vacaciones como de enfermedad. Además, dicho

contrato también establecía que podía ser rescindido por cualquiera

de las partes en cualquier momento mediante notificación previa a

su efectividad, sujeto a lo establecido con las normas generales para

regir la administración del personal.

31 Véase, Apéndice de la Oposición a Recurso de Apelación, págs. 1-9.
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      Finalmente,    la    cláusula   vigesimotercera    dispone    el

procedimiento a seguir en caso de que el contrato se rescindiera o

se determinara la no renovación del mismo. En lo particular,

dispone la cláusula lo siguiente:

      […]

      En la eventualidad que este contrato se rescinda o se
      determine que no se va a renovar luego de su
      vencimiento “LA SEGUNDA PARTE” de no estar de
      acuerdo tendrá derecho acudir al Tribunal de
      Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla dentro
      del término jurisdiccional de veinte (20) días a partir
      de la notificación, conforme dispone el Artículo 2.007
      de la Ley Número 107-2020 según enmendada,
      conocida como Código Municipal de Puerto Rico, por lo
      que a estos efectos se dará por notificada.

      (Énfasis nuestro).

      Si tomamos en consideración los términos y condiciones del

contrato, el mismo establece que de la señora Soto Amadeo no estar

de acuerdo con la no renovación del contrato, ésta podía acudir al

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla para apelar la

determinación del Municipio. En este caso, el Municipio le comunicó

el 16 de febrero de 2022, a la señora Soto Amadeo que su contrato

no sería renovado. No es hasta el 20 de noviembre de 2022, que la

señora Soto Amadeo presentó la Demanda en el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Aguadilla, para hacer valer sus

derechos. Claramente, el término para que la señora Soto Amadeo

cuestionara la determinación del Municipio, expiró pues pasaron

meses luego de la notificación de la carta de no renovación.

      Por todo lo anterior, concluimos que el Municipio, cumpliendo

con su derecho de no renovar el contrato gubernamental suscrito

por las partes, a finales del mes de febrero 2022, remitió la carta de

no renovación a la señora Soto Amadeo, en la cual le informó que el

mismo no habría de ser renovado, por recomendación de ACUDEN

y de la Junta de Gobierno. Cabe señalar que, contrario a las

alegaciones contenidas en la Demanda y como antes mencionado,
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nos encontramos ante un contrato de servicio suscrito por las

partes, y no frente a una destitución del puesto que ostentaba la

señora Soto Amadeo. Establecido lo anterior, no era necesario que

el Municipio cumpliera con lo establecido en la Ordenanza

Municipal 23, serie 2021-2022, pues la carta de no renovación del

contrato remitida a la señora Soto Amadeo cumplió con notificarle a

ésta sobre la decisión tomada por la Junta de Gobierno y ACUDEN,

mas no debía advertir de algún término para apelar la decisión.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

      Notifíquese.

      Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones