Court Opinion

ID: 9962638
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:37:20.896124+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:14.889955
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

TRAMPOLINE PARK, LLC                            CERTIORARI
     Recurrida                                  procedente del
                                                Tribunal de Primera
             V.                                 Instancia
                                KLCE202400291   Carolina

   MTPR WAREHOUSE                               Núm Caso:
     VICTORIA LLC;                              CA2023CV03813
   CHRISTIANSE REAL
    ESTATE, INC.; PR                            Sobre:
INDUSTRIAL SOLUTIONS                            Incumplimiento de
     MANAGEMENT;                                Contrato
  ENTIDAD ABC H/N/C
 ALTITUDE TRAMPOLINE
         PARK
      Peticionario
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      El 8 de marzo de 2024, MTPR Warehouse Victoria LLC (MTPR

o peticionaria) compareció ante nos mediante un Recurso de

Certiorari y solicitó la revisión de una Resolución que se emitió el 20

de febrero de 2024 y se notificó el 21 de febrero de 2024 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).

Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar a la

solicitud de MTPR para que el desahucio en contra de Trampoline

Park, LLC (TP o recurrida) se atendiera mediante el mecanismo

extraordinario de injunction. Además, declaró No Ha Lugar a la

solicitud de la parte peticionaria para celebrar una vista sumaria de

desahucio.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

Número Identificador
RES2024 _____________________
                                                                           2

                                       I.

       El 29 de noviembre de 2023, la parte recurrida presentó una

Demanda       sobre     incumplimiento          de   contrato,   cumplimiento

específico de obligaciones contractuales, interferencia torticera con

relación contractual, daños y perjuicios y remedio provisional en

contra de MTPR, Christiansen Real Estate, Inc., Puerto Rico

Industrial Solutions Management, Entidad ABC h/n/c Altitude

Trampoline Park.1 En respuesta, el 22 de enero de 2024, MTPR

presentó su alegación responsiva y una reconvención.2 Al día

siguiente, a saber, el 23 de enero de 2024, la parte peticionaria

presentó una Solicitud Urgente de Vista Evidenciaria sobre

Desahucio, o en la Alternativa, Solicitud de Injunction para la

Expedición de Orden para el Cumplimiento Específico de Contrato.3

Así las cosas, el 12 de febrero de 2024, TP presentó una Oposición a

Solicitud de Injunction y Solicitud de Vista de Desahucio.4

       Evaluadas las posturas de ambas partes, el 20 de febrero de

2024, el TPI dictó una Resolución que se notificó el 21 de febrero de

2024.5 En esta, resolvió lo siguiente:

       El Tribunal, luego de examinar la posición de ambas
       partes, declara no ha lugar, a la solicitud del co-
       demandado MTPR Warehouse Victoria para que su
       solicitud de desahucio se atienda mediante el
       mecanismo de injunction. Ciertamente, la demandada
       tiene un mecanismo en ley para atender su solicitud de
       recuperar la posesión del inmueble y su reclamación se
       atenderá juntamente con la controversia genuina
       trabada entre las partes sobre si hubo o no renovación
       del contrato.

       En cuanto a los daños que alega MTPR se le está
       causando la situación que nos ocupa, los mismos no
       alcanzan la definición de lo que nuestra jurisprudencia
       ha sostenido como “daño irreparable”. De entrada,
       MTPR presentó una reclamación de daños y perjuicios
       por la situación objeto de esta controversia y segundo,
       el daño irreparable es aquel que “no puede ser
       satisfecho mediante la utilización de los remedios
       legales disponibles. Com. Pro. Perm. Bda. Morales v.

1 Véase, págs. 1-12 del apéndice del recurso.
2 Íd., págs. 182-212.
3 Íd., págs. 279-301.
4 Íd., págs. 377-394.
5 Íd., págs. 397-406.
                                                                  3

      Alcalde, 158 DPR 195, 205 (2002); Loíza Sugar
      Company v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 903, 906
      (1924). Esto no es la situación del demandado MTPR.
      Los alegados pueden ser satisfechos mediante la acción
      de daños y perjuicios que presentó.

            […]

      En este caso el demandante expone y reitera como
      justificación para mantener el uso y posesión del
      inmueble objeto de este pleito, la existencia de una
      renovación o extinción del contrato de arrendamiento
      consentida por el codemandado MTPR. Sostiene el
      demandante en su oposición a solicitud de injuction y
      solicitud a vista de desahucio, que la solicitud del co-
      demandado le causaría severos daños económicos a
      Trampoline Park y dejaría a aproximadamente quince
      (15) empleados sin su salario. Además, que pondría en
      riesgo toda una infraestructura de trampolines, equipos
      y otras instalaciones que fueron adheridas a la
      propiedad, relacionado a la operación del parque de
      trampolines, inversión que se perderá o cuyo valor se
      verá sustancialmente disminuido ante una forzada
      salida como la que pretende la parte demandada.

             Este Tribunal determina que las defensas
      esgrimidas por la parte demandante y a la luz de la
      totalidad de las circunstancias antes mencionadas,
      justifica que el procedimiento de desahucio continue
      por la vía ordinaria. Por lo tanto, este Tribunal declara
      por el momento no ha lugar, a la solicitud de vista
      sumaria de desahucio.

      En desacuerdo con esta determinación, el 8 de marzo de 2024,

MTPR presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes

señalamientos de error:

      Primer señalamiento de error: Erró manifiestamente
      el TPI al denegar los remedios sumarios de
      desahucio o injunction preliminar basado en la
      supuesta ausencia de daño irreparable y sin antes
      celebrar una vista evidenciaria y permitirle a MTPR
      presentar evidencia de daño irreparable.

      Segundo señalamiento de error: Erró el TPI al
      manejar este pleito como uno de trámite ordinario.

      Atendido el recurso, el 11 de marzo de 2024, emitimos una

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 18 de marzo

de 2024 para presentar su postura en cuanto al recurso.

Oportunamente, TP presentó una Oposición a la Expedición del Auto

de Certiorari y negó que el TPI cometiera los errores que el MTPR le

imputó. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
                                                                     4

procedemos a resolver el asunto ante nuestra consideración.

Veamos.

                                     II.

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;
                                                                    5

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      En otros términos, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, establece lo siguiente:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                  III.

      Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la
                                                                  6

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso

de epígrafe.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones