Court Opinion

ID: 9374147
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:25:15.846547+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.318250
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                 APELACIÓN
EL PUEBLO DE PUERTO                              procedente de
RICO                                             Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala
          Apelado                                Superior de Ponce

                                            Crim. Núm.:
            vs.               KLAN202200126 JLE2020G0159
                                            JIS2020G0005 AL
                                            JIS2020G0009
EFRÉN A. NEGRÓN
RAMÍREZ                                          Sobre: Art. 75B Ley
                                                 177, Art. 144 (A) CP,
         Apelante                                Art. 133 (A) CP, Art.
                                                 131, CP

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Rodríguez Flores y la Jueza Díaz Rivera1.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      Comparece el apelante, el Sr. Efrén A. Negrón Ramírez

(apelante), y solicita nuestra intervención para que revoquemos

una Sentencia emitida el 26 de enero de 2022, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Ponce. Mediante dicho dictamen, se

sentenció al apelante, luego de que un jurado rindiera un veredicto

de culpabilidad el 15 de diciembre de 2021, por infracción del Art.

144(a) del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA sec. 4772

(actos lascivos); tres cargos por la infracción del Art. 133(a) del

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5194 (actos lascivos cuya

víctima es menor de dieciséis años); infracción del Art. 131 del

Código Penal de 2012; 33 LPRA sec. 5192 (incesto); e infracción al

Art. 75 de la Ley Núm. 177-2003 conocida como la Ley para el

Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, 8 LPRA sec. 450c

(maltrato de menores).

1Mediante Orden Administrativa OATA-2022-140 se designa a la Hon. Karilyn
M. Diaz Rivera en sustitución del Hon. Felipe Rivera Colón.

Número Identificador
SEN2022 _______
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      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

revoca la Sentencia apelada en cuanto al cargo por el Art. 131 del

Código del 2012, supra, y se confirma en cuanto al cargo por el Art.

144(a) del Código del 2004, supra, el cargo por el Art. 75(a) de la

Ley Núm. 177-2003, supra, y los tres (3) cargos por el Art. 133(a)

del Código Penal del 2012, supra.

                                   I.

      Por hechos ocurridos entre agosto del 2007 al verano del

2009, y otros a principios del año 2016, el 8 de diciembre de 2020,

el Ministerio Público presentó seis (6) acusaciones en contra del

apelante, por violaciones al Art. 144(a) del Código Penal de Puerto

Rico del 2004, supra; Art. 133(a) del Código Penal del 2012, supra,

(3 cargos); Art. 131 del Código Penal del 2012, supra, y Art.75 de la

Ley Núm. 177-2003, supra. En dichas acusaciones, se le imputó al

apelante lo siguiente:

      Caso núm. JIS2020G005, Art. 144(a) (actos lascivos),
      derogado Código Penal de 2004

      El referido acusado, Efrén Antonio Negrón Ramírez, allá en
      o para el mes de agosto del año 2007 hasta el verano 2009
      y en Juana Díaz, Puerto Rico, que forma parte de la
      jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Ponce, a propósito y sin intentar consumar el delito de
      agresión sexual, sometió a la menor Natasha Ivette
      Rodríguez Negrón, de entre 6 a 7 años de edad, a un acto
      que tendió a despertar, excitar o satisfacer la pasión o
      deseos sexuales de este, consistente en que la ponía a jugar
      caballito mientras la hacía brincar hacia arriba y hacia
      abajo sentada en el área de su pene; le toca sus senos por
      encima y por debajo de la ropa y le rozaba el pene sus
      nalgas y su vulva mientras movía el pene hacia arriba y
      hacia abajo, teniendo este una relación de parentesco por
      consanguinidad por ser su tío materno.

      Caso núm. JIS2020G0006, Art. 133(a) (actos lascivos cuya
      víctima es menor de dieciséis años), Código Penal de Puerto
      Rico.

      El referido acusado, Efrén Antonio Negrón Ramírez, allá en
      o para el mes de mayo del 2016 y en Juana Díaz, Puerto
      Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de
      Primera Instancia, Sala de Ponce, a propósito y sin intentar
      consumar el delito de agresión sexual, sometió a la menor,
      Natasha Ivette Rodríguez Negrón, de 14 años de edad, a un
      acto que tendió despertar, excitar o satisfacer la pasión o
      deseos sexuales de este, consistente en que se puso detrás
      de la menor, mientras esta estaba inclinada sobre un
      mueble, le rozaba su pene sobre sus nalgas mientras se
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    movía hacia adelante y hacia atrás, y le rozó sus dedos
    sobre su vulva hacia adelante y hacia atrás hasta sus
    nalgas, teniendo este una relación de parentesco por
    consanguinidad con la menor por ser su tío materno.

    Caso núm. JLE2020G0159, Art. 75 (maltrato), derogada
    Ley Núm. 117-2003

    El referido acusado, Efrén Negrón Ramírez, allá en o para el
    mes de agosto de 2007 hasta el año 2008 y en Juana Díaz,
    Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal
    de Primera Instancia, Sala de Ponce, a propósito y por
    acción incurrió en un acto de conducta obscena que causó
    daño a la menor, Natasha Ivette Rodríguez Negrón, de entre
    6 y 7 años de edad, y la puso en riesgo de sufrir daño a su
    salud e integridad física, mental o emocional, consistente
    en que la puso a ver una película pornográfica donde había
    una mujer mamando dos penes y el acusado de epígrafe le
    señalaba a la muchacha de la película y le decía que
    aprendiera a hacer eso.

    Caso núm. JIS2020G0007, Art. 131 (incesto), Código Penal
    de Puerto Rico

    El referido acusado, Efrén Antonio Negrón Ramírez, allá en
    o para principios del año 2016, y en Juana Díaz, Puerto
    Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de
    Primera Instancia, Sala de Ponce a propósito llevó a cabo
    una penetración sexual vaginal digital con la menor [TIRN]
    de 11 años de edad, consistente en que le metió la mano
    por arriba del pantalón y después él con un dedo lo metió
    completo en su vagina y lo movía para los lados como por
    cuatro a cinco minutos, teniendo este una relación de
    parentesco por consanguinidad con la menor por ser su tío
    materno.

    Caso núm. JIS2020G0008, Art. 133(a)(actos lascivos),
    Código Penal de Puerto Rico

    El referido acusado, Efrén Antonio Negrón Ramírez, allá en
    o para principios del 2016, y en Juana Díaz, Puerto Rico,
    que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera
    Instancia, Sala de Ponce, a propósito, y sin intentar
    consumar el delito de agresión sexual, sometió a la menor
    [TIRN] de 11 años de edad, a un acto que tendió a
    despertar, excitar o satisfacer su pasión o deseos sexuales,
    consistente en que le tocaba su vagina con sus manos por
    encima de la ropa y se la rozaba por varios minutos,
    teniendo    este   una     relación   de   parentesco   por
    consanguinidad con la menor por ser su tío materno.

    Caso núm. JIS2020G0009, Art. 133(a)(actos lascivos),
    Código Penal de Puerto Rico

    El referido acusado, Efrén Antonio Negrón Ramírez, allá en
    o para principios del 2016, y en Juana Díaz, Puerto Rico,
    que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera
    Instancia, Sala de Ponce, a propósito, y sin intentar
    consumar el delito de agresión sexual, sometió a la menor
    [TIRN] de 11 años de edad, a un acto que tendió a
    despertar, excitar o satisfacer su pasión o deseos sexuales,
    consistente en que le rozaba su pene en las nalgas por
    encima de la ropa, sintiendo esta la punta del pene en la
    parte de arriba de sus nalgas, mientras lo movía de arriba
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      hacia abajo, teniendo este una relación de parentesco por
      consanguinidad con la menor por ser su tío materno.

     Luego del proceso de Desinsaculación de Jurado, el desfile de

prueba del Juicio en su Fondo se llevó a cabo los días 3, 8, 9, 10,

13 y 15 de diciembre de 2021. La prueba documental de cargo

presentada para sostener los cargos imputados consistió en la

siguiente: (1) Las advertencias Miranda (Exhibit 1); (2) Declaración

de persona sospechosa (Exhibit 2); (3) Documento CEA-3 (Exhibit 3)

y (4) Copia de seis (6) folios de un diario de la testigo, Natasha I.

Rodríguez Negrón (Exhíbit 4). Además, el Ministerio Público

presentó el testimonio bajo juramento de las siguientes personas:

(1) Sra. Gilmarie Santiago Negrón (2) Sra. Elba Rosa Morales

Negrón (3) Sra. Milagros Negrón Ramírez (4) Agte. Amarilis

Sotomayor Pérez (5) la menor TIRN (6) la joven Natasha I.

Rodríguez Negrón. La Sra. Limari López Santiago no fue utilizada

como testigo y se puso a la disposición de la defensa. Por su parte,

el apelante presentó, como prueba de defensa, el testimonio bajo

juramento de la Sra. Ana M. Ramírez Rodríguez.

      Así las cosas, escuchados los testimonios de los testigos y

evaluada la totalidad de la prueba que tuvo ante sí, el 15 de

diciembre de 2021, el Jurado emitió un veredicto de culpabilidad

en todos los cargos imputados al apelante. Ese mismo día, el

Tribunal de Primera Instancia aceptó los veredictos y declaró al

apelante culpable.

      Posteriormente, el 26 de enero de 2022, se llevó a cabo la

Vista de Imposición de Sentencia. Mediante el dictamen, el Tribunal

de Primera Instancia sentenció al apelante de la siguiente forma:

por el Art. 144(a) del Código Penal de 2004, supra, ocho (8) años de

cárcel; por el Art. 133 (a) del Código Penal de 2012 (3 cargos),

supra, quince (15) años de cárcel en cada cargo; por el Art. 131 del

Código Penal de 2012, supra, cincuenta (50) años de cárcel; y, por
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el Art. 75 (b) Ley Núm. 177-2003, supra, ocho (8) años de cárcel.

Además, por entender que existía un concurso real de delitos y de

conformidad con el Art. 71(b)(3) del Código Penal de 2012, 33 LPRA

sec. 5104, (concurso de delitos), el Tribunal de Primera Instancia

impuso el 20% de la pena máxima de cincuenta (50) años como

pena agregada, para un total de diez (10) años. De otra parte,

debido a la reincidencia simple que fue aceptada por el apelante, el

Tribunal de Primera Instancia añadió el 25% a la pena fija de

cincuenta (50) años, para un total de doce (12) años y seis (6)

meses, aumentando la pena a un total de setenta y dos (72) años y

seis (6) meses de cárcel.

      Inconforme con la Sentencia, el 25 de febrero de 2022, el

apelante acudió a este Foro apelativo intermedio y señaló la

comisión de los siguientes errores:

      Erró el Juzgador de los hechos al declarar culpable a
      nuestro representado cuando la prueba de cargo no
      estableció su culpabilidad más allá de duda razonable en
      violación al derecho a presunción de inocencia y al debido
      proceso de ley.

      El Ministerio Público no probó los elementos constitutivos
      del delito de Incesto y en particular el elemento de la
      penetración por lo que no se rebatió la presunción de
      inocencia.    Por tal motivo, la prueba de cargo fue
      insuficiente en derecho y -en consecuencia- no se rebatió la
      presunción de inocencia más allá de duda razonable ni se
      estableció la culpabilidad al o establecerse dicho elemento
      del delito.

                                  II.

      El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, Art. II Const. ELA, LPRA, Tomo 1,

garantiza a todo acusado de delito, el derecho fundamental a la

presunción de inocencia durante todo el proceso criminal. Ese

derecho, constituye uno de los imperativos del debido proceso de

ley, según lo ha reconocido nuestro más alto Foro en múltiples

ocasiones. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011).

Además, y de manera más específica, la Regla 110 (F) de
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Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone que, en los casos

criminales, la culpabilidad de la persona debe ser establecida más

allá de duda razonable. Es el Ministerio Público, quien tiene la

obligación de presentar evidencia para cumplir con la carga

probatoria de establecer la culpabilidad del acusado. Dicho de otra

forma, el Ministerio Público tiene que probar - más allá de duda

razonable - todos los elementos del delito, la intención o

negligencia criminal en su comisión y la conexión de la persona

acusada con los hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84,

99 (2000).

      No obstante, lo anterior, es necesario señalar que la duda

razonable no es una duda especulativa ni se extiende a cualquier

duda posible. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido

como duda razonable, aquella duda fundada que surge como el

raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos en un caso.

Nuestro más alto Foro ha expresado además que, para poder

rebatir la presunción de inocencia, el Ministerio Público deberá

probar cada uno de los elementos del delito imputado y producir

certeza   o   convicción   moral   en   una   conciencia   exenta   de

preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Bigio

Pastrana, 116 DPR 748 (1985), Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR

3 (1984); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).

      Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, es norma

reiterada que, al enfrentarnos a la tarea de revisar la suficiencia de

la prueba en convicciones criminales, nuestra función revisora está

enmarcada dentro de unas consideraciones que nos limitan. Como

sabemos, al momento de revisar las determinaciones que realizan

los juzgadores de primera instancia, ya sea Juez o Jurado,

debemos otorgarle una gran deferencia en cuanto a la prueba

testifical presentada ante ellos. La regla general es que el tribunal
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revisor no debe intervenir con la adjudicación de credibilidad de los

testigos ni sustituir las determinaciones de hechos basadas en las

apreciaciones de esa prueba. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834

(2018). Además, el veredicto del jurado, como la sentencia del juez,

es un acto investido con la alta dignidad de la magistratura en la

función juzgadora de la conducta de los hombres, y no es para

echarse a un lado con liviandad e indiferencia. Pueblo v. Figueroa

Rosa, 112 DPR 154 (1992). La norma expuesta, descansa en el

hecho de que los foros de instancia están en mejor posición para

evaluar la prueba desfilada, pues tienen la oportunidad de

observar y escuchar a los testigos y, por ello, su apreciación

merece gran respeto y deferencia. Pueblo v. Acevedo Estrada,

supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591 (1995).

      Claro está, a pesar de que la determinación de culpabilidad

hecha por el juzgador de los hechos merece gran deferencia, ésta

podrá ser revocada en apelación si se demuestra que hubo pasión,

prejuicio o parcialidad y/o si se incurre en error manifiesto debido

a que la prueba no concuerda con la realidad fáctica o es increíble

o imposible. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991); Pueblo v.

Acevedo Estrada, supra, pág. 99. Así, pues, a menos que existan

los elementos mencionados o que la apreciación de la prueba se

distancie de la realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible

o increíble, el tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir

con la apreciación de la prueba hecha por el juzgador de los

hechos. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra.

      En el caso Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

782 (2013), nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de

definir lo que es pasión, prejuicio o parcialidad y error manifiesto. A

esos efectos, nuestro más alto Foro expresó que se incurre en

pasión, prejuicio o parcialidad cuando se actúa “movido por
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inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones,

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que

no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en

sala e incluso antes de que se someta prueba alguna.” Por su

parte, las determinaciones del foro revisado son un error manifiesto

si de un análisis de la totalidad de la evidencia, el foro revisor

queda convencido de que se cometió un error porque las

conclusiones están en conflicto con el balance más racional,

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida debido a

que se distancian de la realidad fáctica o es inherentemente

imposible o increíble. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág.

772.

       Finalmente, en cuanto a la cantidad de prueba requerida

para sostener una convicción, es necesario acudir a la Regla 110

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Conforme al inciso (D) de dicho

precepto reglamentario, “[l]a evidencia directa de una persona

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley.” Por ello,

el testimonio de un sólo testigo - de ser creído por el juzgador de

los hechos - es suficiente para sustentar una convicción; toda vez

que no se trata de un análisis de cantidad.

                                 III.

       En el presente caso, mediante el primer señalamiento de

error, el apelante aduce que el foro primario erró al declararle

culpable, cuando la prueba de cargo no estableció su culpabilidad

más allá de duda razonable, en violación al derecho a la

presunción de inocencia y al debido proceso de ley. Como parte de

su discusión del primer señalamiento de error, el apelante

argumentó que la prueba presentada por el Ministerio Público

durante el Juicio en su Fondo, no cuenta con suficiente garantía de
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confiabilidad, que los testimonios de las perjudicadas crean dudas

en cuanto a cómo ocurrieron los hechos y que no se probaron

todos los elementos del delito de actos lascivos ni el de maltrato

tipificado en el Art. 75(a) de la Ley Núm. 77-2003, supra. No le

asiste la razón.

      Con relación a la alegada falta de credibilidad de los testigos

de cargo y las dudas que sus testimonios hayan podido crear, el

Jurado estuvo en mejor posición para evaluar la prueba desfilada

que este Tribunal apelativo intermedio. Fue el Jurado, quien tuvo

la oportunidad de observar y escuchar a los testigos de cargo y de

defensa.    Es     por   ello   que,    de     conformidad   con   nuestro

ordenamiento jurídico, ante la ausencia en el expediente de algún

indicio de pasión, perjuicio o parcialidad, este Foro Revisor le

otorga completa deferencia a la apreciación de la prueba -

particularmente la adjudicación de credibilidad - que hizo el

Jurado sobre los testigos.

      Por otro lado, como discutiremos a continuación y según

surge de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) que obra en

autos, la prueba presentada por el Ministerio Púbico durante el

Juicio, bastó para establecer que, en este caso, concurrieron los

elementos del delito de actos lascivos y de maltrato, por los cuales

el apelante fue acusado. Por consiguiente, la comisión de esos

delitos por parte del apelante se probó más allá de duda razonable.

      Al respecto, precisamos que el derogado Art. 144(a) del

Código Penal de 2004 tipificaba como delito la conducta de actos

lascivos, cuando la víctima era menor de dieciséis (16) años al

momento de los hechos. Por su parte, en el actual Código Penal de

Puerto Rico de 2012, el delito de actos lascivos cuando la víctima

es menor de dieciséis (16) años está codificado en el Art. 133(a). Es

necesario   señalar,      que    el    texto    de   ambos   artículos   es
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prácticamente idéntico, por lo que procedemos a discutir sus

elementos de manera conjunta. A esos efectos, ambos artículos

tipifican como una de las modalidades de actos lascivos, el que una

persona a propósito, con conocimiento o temerariamente, sin

intentar consumar el delito de agresión sexual, someta a otra

persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la

pasión o deseos sexuales del imputado, si la víctima al momento

del hecho es menor de dieciséis (16) años.

   Como mencionáramos, el apelante fue declarado culpable en

cuatro (4) cargos de actos lascivos, uno bajo el derogado Art. 144(a)

del Código Penal de 2004, supra, y tres (3) bajo el Art. 133(a) del

Código Penal de 2012, supra. Bajo el precitado Art. 144(a) del

Código Penal de 2012, supra, al apelante se le imputó que allá en o

para el mes de agosto del año 2007 hasta el verano 2009, a

propósito y sin intentar consumar el delito de agresión sexual,

sometió a la menor, Natasha Ivette Rodríguez Negrón, quien es su

sobrina, de entre 6 a 7 años de edad, a un acto que tendió a

despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales de este,

consistente en que la ponía a jugar caballito mientras la hacía

brincar hacia arriba y hacia abajo sentada en el área de su pene;

le toca sus senos por encima y por debajo de la ropa y le rozaba

con el pene sus nalgas y su vulva mientras movía el pene hacia

arriba y hacia abajo, teniendo este una relación de parentesco por

consanguinidad por ser su tío materno. En cuanto con dicho

cargo, el apelante argumentó que, al momento de los hechos, la

niña no sabía lo que era una erección y no estaba desarrollada en

el área de los pechos para poder despertar su interés de tocarla.

Alegó, además, que la menor no tenía la consciencia ni la malicia

para concluir que él – su tío - tenía intención de abusar

sexualmente de ella, tocándola, para de esa forma sentir algún tipo
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de placer. En consecuencia, asevera que no se probaron todos los

elementos del delito.

     No obstante, surge del expediente ante nuestra consideración,

particularmente de la TPO, que Natasha Ivette Rodríguez Negrón,

declaró bajo juramento sobre esos hechos2. Específicamente,

declaró que, en una ocasión, cuando ella tenía como 6 ó 7 años,

estaba jugando con su hermana y que el apelante, quién es su tío

materno, llegó y le pidió que lo acompañara al cuarto del abuelo a

ver los muñequitos. Continuó declarando, que ella y su hermana

se sentaron a ver la televisión y el apelante les ofreció jugar a

caballito. Que jugar a caballito, era que el apelante se acostaba

boca arriba y ponía sus pies en el piso, en ese caso, la cama.

Continuó diciendo que, ella se sentó en el área de su pene y su

hermana sobre su estómago. Que, en su caso, ella rozaba el pene

del apelante para al frente y hacia atrás y con el tiempo él tuvo su

erección. Que sintió que el pene del apelante se puso duro y que

ella lo sentía en su vulva. Adviértase que, del testimonio de

Natasha Ivette Rodríguez Negrón, surgen claramente los elementos

del delito imputado. Es decir, ella relató que a la fecha de los

hechos tenía entre 6 y 7 años, por lo que era menor de 16 años.

Que su tío, el apelante, la llamó para el cuarto del abuelo y le

ofreció jugar a caballito. Que, jugando caballito, ella se sentó en el

pene de su tío y le rozó su pene hasta que este tuvo una erección

que ella sintió en su vulva.

     Es preciso señalar, que el elemento de que “el acto tienda a

despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales del

imputado”, es un elemento subjetivo que ocurre en la mente del

imputado de delito y no en la mente de la perjudicada. En otras

palabras, es el sujeto activo – en este caso el apelante - y no el

2   Véase TPO, págs. 219-289
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sujeto pasivo - la menor - quien debe tener la conciencia y malicia

de despertar o satisfacer sus deseos sexuales mediante la conducta

imputada. Por esa razón, es inmaterial a los hechos del presente

caso, el que la menor en ese momento no supiera lo que era una

erección. Para probar el acto, era suficiente que la testigo

describiera, como en efecto describió, que sintió que el pene de su

tío se puso duro durante el acto y que su testimonio fuera creído

por el Jurado. Igualmente, es inmaterial el argumento de que la

menor no estaba desarrollada en el área de los pechos para poder

despertar el interés sexual del apelante, pues también es un

elemento subjetivo que ocurre en la mente del imputado, que

puede ser probado con evidencia circunstancial, tal cual fue

probado con el testimonio de Natasha Ivette Rodríguez Negrón.

   Además, el apelante fue declarado culpable por el Art. 75(a) de

la derogada Ley Núm. 177-2003. En ese cargo, el Ministerio

Público alegó que el apelante, allá en o para el mes de agosto de

2007 hasta el año 2008, a propósito y por acción incurrió en un

acto de conducta obscena que causó daño a la menor, Natasha

Ivette Rodríguez Negrón, de entre 6 y 7 años, y la puso en riesgo de

sufrir daño a su salud e integridad física, mental o emocional,

consistente en que la puso a ver una película pornográfica donde

había una mujer mamando dos penes y el acusado de epígrafe le

señalaba a la muchacha de la película y le decía que aprendiera a

hacer eso. Con relación a dicho cargo, el apelante argumentó que

ese articulado, a quien penaliza es a la persona responsable del

menor. Añadió, que el Art. 2(y) de la Ley Núm.177-2003, supra,

define a la persona responsable como “el custodio, los/as

empleados/as y funcionarios de los programas o centros o

instituciones   que   ofrezcan   servicios   de   cuido,   educación,

tratamiento o detención de menores durante un periodo de
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veinticuatro (24) horas al día o parte de este”. Concluyó, que el

apelante no cae bajo la citada definición de persona responsable.

No tiene razón. El Art. 75 de la Ley Núm. 177-2003, supra, dispone

que:

        Todo padre, madre o persona responsable por el bienestar
        de un menor o cualquier otra persona que por acción u
        omisión intencional que cause daño o ponga en riesgo a
        un menor de sufrir daño a su salud e integridad física,
        mental o emocional, incluyendo pero sin limitarse a
        incurrir en conducta constitutiva de delito sexual, incurrir
        en conducta constitutiva de violencia doméstica en
        presencia de menores, incurrir en conducta obscena o la
        utilización de un menor para ejecutar conducta obscena,
        será sancionado con pena de reclusión por un término fijo
        de cinco (5) años o multa que no será menor de cinco mil
        (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o
        ambas penas a discreción del Tribunal. De mediar
        circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá
        ser aumentada hasta un máximo de ocho (8) años; de
        mediar circunstancias atenuantes, la pena fija podrá ser
        reducida hasta un máximo de tres (3) años…

           Se considerarán agravantes en estos casos las
        siguientes circunstancias:

           (a) Si la víctima es ascendiente o descendiente en
               cualquier grado, incluyendo las relaciones
               adoptivas o por afinidad.

            (b) Si la víctima es colateral hasta el cuarto (4to) grado
        de consanguinidad, de vínculo doble o sencillo, incluyendo
        relaciones por adopción o por afinidad… (Énfasis suplido).

       De una lectura del citado artículo, se desprende que el

mismo penaliza, no sólo a la persona responsable del menor, sino

también a “cualquier otra persona” que incurra en la conducta

descrita. Por tal razón, es forzoso concluir que no le asiste la razón

al apelante. Cónsono con lo discutido, concluimos que el primer

error no se cometió.

       En su segundo señalamiento de error, el apelante alega que

el Ministerio Público no probó los elementos constitutivos del delito

de incesto, particularmente el elemento de la penetración.

Sostiene, que al no haberse probado que hubo una penetración,

procede la revocación de la convicción por el delito de incesto.

Veamos.
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      La acusación presentada por el Ministerio Público en cuanto

al cargo de incesto, tipificado en el Art. 131 del Código Penal de

Puerto Rico del 2012, supra, le imputa al apelante que allá en o

para principios del año 2016, a propósito llevó a cabo una

penetración sexual vaginal digital con la menor [TIRN] de 11 años

de edad, consistente en que le metió la mano por arriba del

pantalón y después él con un dedo lo metió completo en su vagina

y lo movía para los lados como por cuatro a cinco minutos,

teniendo este una relación de parentesco por consanguinidad con

la menor por ser su tío materno. Al respecto, el Art. 131 del Código

Penal de 2012, supra, dispone lo siguiente:

      Serán sancionadas con pena de reclusión por un término fijo
      de cincuenta (50) años, aquellas personas que tengan una
      relación de parentesco, por ser ascendiente o descendiente,
      por consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral por
      consanguinidad o adopción, hasta el tercer grado, o por
      compartir o poseer la custodia física o patria potestad y que
      lleven a cabo un acto orogenital o una penetración sexual
      vaginal o anal, ya sea ésta genital, digital o instrumental…
      (Énfasis suplido).

      No obstante, para un análisis completo del delito de incesto,

es necesario atender también el Art. 132 del Código Penal del

2012, 33 LPRA sec. 5193, que establece las circunstancias

esenciales del delito de incesto y agresión sexual. A esos fines,

dicho artículo dispone que “[e]l delito de agresión sexual o de

incesto consiste esencialmente en la agresión inferida a la

integridad física, síquica o emocional y a la dignidad de la persona.

Cualquier acto orogenital o penetración sexual, vaginal o anal, ya

sea ésta genital, digital o instrumental, por leve que sea, bastará

para consumar el delito.” En otras palabras, el acto prohibido en

el delito imputado es una penetración sexual de cualquiera de los

siguientes modos: vaginal, anal, orogenital, digital o instrumental,

con la presencia de una relación de parentesco colateral por

consanguinidad, hasta el tercer grado.
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       Precisa resaltar que el Código Penal de Puerto Rico no

contiene una definición de lo que es penetración. Ante ello,

debemos interpretar la palabra penetración, según el contexto y el

significado sancionado por el uso común y corriente3. En

consecuencia, debemos concluir que la penetración conlleva

necesariamente el acto de introducir, por leve que sea.

       Del segundo señalamiento de error           planteado por el

apelante, se puede colegir que éste alega que la prueba desfilada

en el Juicio en su Fondo no demostró que hubiera una penetración

y que; en ausencia de ese elemento, procede que se revoque la

convicción del delito de incesto. Para discutir este señalamiento de

error, es necesario acudir al testimonio de la joven TIRN, según

surge de la TPO4. Sobre el incidente en cuestión, la joven TIRN

declaró que el apelante la llamó a su cuarto para darle algunos

dulces. Dijo que entró y ambos estaban solos. Entonces, ella se

paró frente a la cama, tomó los dulces y comenzó a comérselos.

Añadió que mientras tanto, el apelante comenzó a acariciarle los

muslos, hasta que le tocó sus nalgas y su vagina. Describió el

movimiento de arriba hacia abajo y hacia los lados. Continuó

diciendo que se quedó quieta mientras eso pasaba y se sintió mal.

       Luego de que la testigo se refrescara la memoria con su

declaración jurada, indicó que el apelante le tocaba la vagina, le

bajó los pantalones y comenzó a acariciarle la vagina otra vez, por

debajo de su ropa interior. Explicó, que el apelante estaba

sobándola, que la acariciaba hacia los lados, o hacia arriba y

hacia abajo con sus dedos en su vagina, por debajo de su ropa

interior5. Finalmente, a preguntas de la fiscal en cuanto a qué era

lo que el apelante hacía con los dedos en el área de su vagina, la

3 Véase Art. 12 del Código Penal de Puerto Rico.
4 Véase TPO, págs. 132-217
5 Véase TPO, págs. 162-163
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joven contestó que solo los movía por los lados, en la

superficie6.

         Luego de analizar con detenimiento el testimonio de todos

los testigos de cargo, según transcritos en la TPO que obra en el

expediente ante nos - particularmente el de la joven TIRN -

concluimos que en el presente caso hay ausencia de prueba sobre

el elemento de la penetración requerido en el delito de incesto,

tipificado en el Art. 131 del Código Penal de 2012, supra. Ello,

constituye un error manifiesto debido a que la conclusión de que

se cometió el delito de incesto está en conflicto con la evidencia

desfilada en el Juicio. Por lo tanto, procede la revocación de la

convicción por dicho artículo, pues no se establecieron todos sus

elementos más allá de duda razonable.

                                        IV.

         Por los fundamentos que anteceden, los cuales se hacen

formar parte de este dictamen, se confirma la Sentencia apelada en

cuanto al cargo por el Art. 144(a) del Código Penal de 2004, supra,

los tres (3) cargos por el Art. 133(a) del Código Penal del 2012,

supra, y el Art. 75(a) de la Ley Núm. 177-2003, supra; y se revoca

con relación al cargo por el Art. 131 del Código Penal de 2012,

supra. Consecuentemente, se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Ponce, para que se lleve a cabo una

nueva Vista para dictar Sentencia, de conformidad con lo aquí

expuesto.

         Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

6   Véase TPO, pág. 163, líneas10-14.