Court Opinion

ID: 9916077
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:39.670637+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.413572
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

       PHOENIX                                    CERTIORARI
   ACQUISITIONS, LLC                              procedente del
       Recurrida                                  Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
             v.                                   San Juan
                               KLCE202301100
                                                  Caso número:
 FRANCISCO J. RIVERA                              K AC2015-0885
     FERNÁNDEZ
                                                  Sobre:
    AURORA SOFÍA                                  Sentencia en
   VALLADARES DÍAZ                                consentimiento en
      Peticionaria                                cobro de dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Comparece ante nos la Sra. Aurora S. Valladares Diaz (Sra.

Valladares o Peticionaria) y nos solicita que se deje sin efecto la

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Superior de

San Juan emitida el 21 de septiembre de 2023 y notificada el 22 de

septiembre de 2023. Mediante dicho dictamen, el Tribunal declaró

No Ha Lugar la moción de la Sr. Valladares por la cual solicitaba la

paralización de la ejecución de la Sentencia por Consentimiento que

habían acordado las partes.

      Por los fundamentos discutidos a continuación, se deniega la

expedición del recurso.

                                  I.

      Para el 23 de marzo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia

dictó sentencia en conformidad con la Moción de Sustitución de Parte

y para que se dicte sentencia por consentimiento presentada el 9 de

 Número Identificador
 RES2023 _______________
KLCE202301100                                                            2

marzo de 2017.1 En esta, las partes se sometieron voluntariamente

a la jurisdicción del Tribunal y quedaron obligados al cumplimiento

de sus términos, incluyendo la venta del inmueble objeto de este

pleito. Luego de varios incidentes procesales, dentro de los cuales

estuvo una Moción para que se le ordenase a la Peticionaria el

cumplimiento del acuerdo,2 y una Moción de Relevo de Sentencia

instada por la Peticionaria,3 el TPI emitió una Orden de Ejecución de

Sentencia y Venta de Bienes y un Mandamiento de Ejecución de

Sentencia el 23 de febrero de 2023.4 Ya para el 14 de abril de 2023

el TPI había emitido un Mandamiento de Embargo para proceder con

el embargo de los bienes muebles e inmuebles perteneciente a la Sr.

Valladares por la suma mínima de $12,223,211.91.5 Luego de que

se presentara dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad y

de que el TPI expidiera el edicto para la subasta, la Peticionaria

recurrió al TPI para presentar una URGENTE MOCIÓN DE RELEVO

Y/O PARALIZACIÓN DE “Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de

Bienes” Y LAS ÓRDENES DICTADAS Y MANDAMIENTOS EXPEDIDOS

SUBSIGUIENTEMENTE. La referida moción fue declarada No Ha

Lugar el 21 de septiembre, por lo cual la Peticionaria presentó una

Urgente Moción de Reconsideración, la cual fue denegada el 28 de

septiembre de 2023 y notificada al siguiente día.

       Inconforme, la Sr. Valladares, recurre ante este Tribunal y

solicita que dejemos sin efecto la Orden de Ejecución y el

Mandamiento        de      Ejecución,   así   como   cualquier   orden   o

mandamiento posterior dictado por el Tribunal, y esboza los

siguientes señalamientos de error:

           ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL TPI AL
           DENEGAR EL RELEVO DE LA ORDEN DE
           EJECUCIÓN Y DE LA ORDEN DE EMBARGO

1 Anejo Pet. P.48-49.
2 Anejo pet. P. 17-49 (21/feb/2017).
3 Anejo pet. P. 55-76 (24/mar/2022).
4 Anejo pet. P. 159-168.
5 Anejo pet. P 182-186.
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            CUANDO SON NULAS, YA QUE NI LAS
            MOCIONES SOLICITANDO LOS REMEDIOS, NI
            LAS ORDENES FUERON NOTIFICADAS A LA
            PETICIONARIA

            ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DENEGAR LA
            SOLICITUD DE CORREGIR EL TIPO MÍNIMO
            ESTABLECIDO, EL CUAL NO CORRESPONDE
            AL PACTADO

            ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DENEGAR LA
            SOLICITUD DE MEDIACIÓN COMPULSORIA
            CUANDO LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA
            PROTEGIDA POR LA LEY DE HOGAR SEGURO,
            SIENDO    LA    RESIDENCIA    DE   LA
            PETICIONARIA Y SU HIJO MENOR DE EDAD

      El 19 de octubre de 2023, la parte recurrida presentó su

Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari. Con el beneficio de

contar con las comparecencias de las partes, procedemos a

resolver.

                                 II.

a. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Véase,

además, 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020);

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). En particular, es

un recurso mediante el cual se solicita la corrección de un error

cometido por un foro inferior. Torres González v. Zaragoza Meléndez,

supra. Así pues, la determinación de expedir o denegar un recurso

de certiorari está enmarcada en la discreción judicial. 800 Ponce de

León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la discreción judicial para

expedir o no el auto de certiorari solicitado no ocurre en un vacío ni

en ausencia de unos parámetros. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, supra.

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los
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asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
       diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora      bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio    de    la     discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal
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apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

                                 III.

      Luego de examinar minuciosamente el expediente del recurso

ante nuestra consideración, no encontramos indicio de que el foro

recurrido haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya

abusado al ejercer su discreción o cometido algún error de

derecho. Véase, Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra. En el presente

caso, la peticionaria solicitó al Tribunal bajo juramento que dictara

Sentencia y mediante el cual renunciaba a toda defensa que tuviera

para negar el pago de la deuda. Así pues, no identificamos

fundamentos jurídicos que nos motiven a expedir el auto

de certiorari solicitado, conforme a los criterios que guían nuestra

discreción para ejercer nuestra facultad revisora en este tipo de

recurso.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos formar

parte del presente dictamen, denegamos la expedición del auto

de certiorari solicitado. En consecuencia, devolvemos el asunto al

foro de instancia para la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones