Court Opinion

ID: 9941539
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:43.383457+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.647552
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA
                                 PANEL X

                                                  Certiorari
 FÉLIX ARQUER ROMÁN                               procedente del
                                                  Tribunal de
         Recurrido                                Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
                                                  Guayama
              V.
                                KLCE202301297 Caso Núm.:
                                              GM2023CV00640
    AUTORIDAD DE
    ACUEDUCTOS Y                                  Sobre:
 ALCANTARILLADOS DE                               Recurso Especial
     PUERTO RICO                                  de Revisión
                                                  Judicial para el
       Peticionarios                              Acceso a la
                                                  Información
                                                  Pública (Ley Núm.
                                                  141-2019, según
                                                  enmendada)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

      El 21 de noviembre de 2023, compareció ante este Tribunal

de Apelaciones, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de

Puerto Rico (en adelante, AAA o parte peticionaria), por medio de

Certiorari. Mediante este, nos solicita que revisemos la Resolución

expedida y notificada el 20 de octubre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, a través de la cual,

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación de Recurso Especial

de Revisión Judicial para el Acceso a la Información Pública instada

por la AAA.

      Por los fundamentos que adelante se esbozan, se desestima el

recurso de certiorari por falta de jurisdicción, por academicidad.

                                    I

      Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe son los

que adelante se esbozan. El 6 de octubre de 2021, el señor Félix

Número Identificador
RES2024 ________________
KLCE202301297                                                               2

Arquer Román (en adelante, señor Arquer Román o recurrido) objetó

ante la AAA una factura que comprendía el periodo de facturación

del 29 de julio de 2021 al 24 de septiembre de 2021.1 El 15 de

octubre de 2021, la peticionaria contestó la objeción, indicando que,

luego de llevar a cabo la investigación correspondiente, corroboró

que la lectura era correcta y que no se encontraron deficiencias en

las instalaciones de la AAA, por lo que los cargos facturados para el

periodo objetado procedían.

       En desacuerdo, el recurrido presentó reconsideración, el 20

de octubre de 2021. En esencia, arguyó que, su historial de muchos

años era de consumo mínimo, y que no habían ocurrido roturas en

su propiedad.

       Más de un año después, específicamente el 17 de abril de

2023, el señor Arquer Román remitió una carta a la AAA,

expresando que, aún cuando tuvo una suspensión del servicio de

agua en su hogar, pudo percatarse de que los números del contador

continuaban registrando consumo. A esos efectos, manifestó que,

aparentaba existir una relación entre la suspensión del servicio y el

registro inusual de alto consumo plasmado en sus facturas, el cual,

insistió, no aceptaba.

       En respuesta, el 21 de abril de 2023, la peticionaria cursó una

misiva al señor Arquer Román, indicándole nuevamente que, tras la

investigación realizada, no se detectaron pérdidas ni salideros

atribuibles a la AAA, por lo que se sostenían los cargos facturados.

En su carta, la AAA advirtió al recurrido sobre su derecho a solicitar

una vista administrativa, al amparo de la Ley Núm. 33 del 27 de

junio de 19852, en caso de no estar de acuerdo con la decisión. Así

pues, el recurrido solicitó la referida vista.3 Posteriormente, el 12 de

1 Del expediente no surge la objeción presentada por el recurrido.
2 Conocida como, Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la
Suspensión de Servicios Públicos Esenciales.
3 Hacemos constar que, no surge del expediente documento alguno relacionado al

trámite de solicitud de vista.
KLCE202301297                                                                   3

junio de 2023, el recurrido envió otra carta a la AAA. En esencia,

sostuvo que, junto a la solicitud de la vista, remitió unas preguntas

que debían ser contestadas.

       Posteriormente, el recurrido presentó una segunda objeción,

relacionada a la factura que comprendía el periodo de consumo del

31 de marzo de 2023 al 30 de mayo de 2023.4 El 23 de junio de

2023, la AAA envió una comunicación al recurrido, reafirmando los

cargos facturados para dicho periodo.

       El 28 de junio de 2023, el recurrido remitió otra carta a la

AAA, indicando, en esencia, que estaba en desacuerdo con la

determinación notificada el 23 de junio de 2023. El mismo mes de

junio5, el señor Arquer Román emitió un escrito a la Ingeniera Doriel

Pagán Crespo, Presidente Ejecutiva de la AAA, cuestionando una vez

más su facturación.

       Así las cosas, el 7 de agosto de 2023, el señor Arquer Román

presentó un Recurso Especial de Revisión Judicial para el Acceso a

Información Pública ante el Tribunal de Primera Instancia, al amparo

de la Ley Núm. 141 del 1 de agosto de 2019, conocida como la Ley

de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la

Información Pública6 (en adelante, Ley de Transparencia). En virtud

de este, sostuvo que, envió una solicitud por correo a la oficina

regional de la AAA, dirigida al señor Gabriel García Rivera,

requiriendo contestación a un cuestionario, así como que le

proveyeran unos documentos. Junto a su petición, el recurrido

anejó un documento titulado Solicitud de Documentos y Cuestionario

a la AAA, el cual contenía dieciocho (18) incisos en los que solicitaba

información y documentos a la peticionaria.

4 No surge documento en el expediente sobre dicha objeción.
5 La carta tiene una corrección a mano que no permite identificar con precisión la

fecha de la misma.
6 3 LPRA §§ 9911 et seq.
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       El 29 de agosto de 2023, la Secretaría del foro primario expidió

una Notificación dirigida a la AAA, informando sobre la presentación

del recurso especial en su contra. Asimismo, le indicó a esta que

contaba con un plazo de diez (10) días laborables, contados a partir

de la notificación, para comparecer por escrito. En cumplimiento, el

14 de septiembre de 2023, la AAA presentó una Moción de

Desestimación de Recurso Especial de Revisión Judicial para el

Acceso a la Información Pública. A grandes rasgos, adujo que, en sus

sistemas de información no existía evidencia documental alguna de

que se hubiese recibido alguna solicitud de información al amparo

de la Ley de Transparencia, supra, por parte del señor Arquer

Román. Como consecuencia de ello, arguyó que el recurso especial

no procedía, puesto que la alegada solicitud no le fue notificada,

según exige la referida ley. Por otro lado, argumentó que procedía la

desestimación, en tanto el propósito del recurrido era obtener

información dentro del proceso administrativo, para utilizarla en un

potencial litigio. Finalmente, indicó que el recurso especial no

cumplía con varios requisitos de la antedicha Ley de Transparencia,

supra.

       El Tribunal de Instancia intimó Orden el 5 de octubre de 2023,

disponiendo como sigue: “exponga su posición la parte recurrente”.7

El 10 de octubre de 2023, el señor Arquer Román presentó Moción

en Cumplimiento de Orden. En apretada síntesis, indicó que la AAA

se negaba a suministrar la información solicitada, lo que lo privaba

de su derecho constitucional a la información.

       El 20 de octubre de 2023, el foro primario emitió Resolución,

declarando No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada

por la parte peticionaria. En adición, señaló una vista para el 8 de

7 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 34.
KLCE202301297                                                       5

enero de 2024, a las 10:30 de la mañana, a través de

videoconferencia.

      Inconforme con la determinación del foro a quo, la parte

peticionaria acudió ante este foro revisor mediante Certiorari, el 21

de noviembre de 2023, y realizó el siguiente señalamiento de error:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      denegar la Moción de Desestimación de la Autoridad[,]
      ya que no procede la producción de la información
      solicitada por el recurrente en su Recurso Especial de
      Revisión[,] debido a que él nunca ha presentado
      solicitud al respecto[,] y el propósito de la misma es
      utilizarla en procedimientos adjudicativos. Tampoco la
      Autoridad mantiene o genera la información solicitada
      en el Recurso Especial de Revisión de forma rutinaria,
      por lo que no existe obligación de producirla. Por
      último, no procede que se celebre vista al respecto.

      Mediante Resolución emitida el 5 de diciembre de 2023, le

concedimos al recurrido hasta el 11 de diciembre de 2023, para que

se expresara en torno al recurso de Certiorari incoado. Le

apercibimos que, transcurrido el término dispuesto, el recurso se

entendería perfeccionado para su adjudicación final.

      El 8 de diciembre de 2023, el recurrido presentó Moci[ó]n para

Informar al Honorable Tribunal Falsa Representaci[ó]n de la

Autoridad de Alcantarillados de Puerto Rico en cuanto al recibo y

posesi[ó]n de Cuestionario y Solicitud de Documentos al amparo de la

Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para Acceso a la

Informaci[ó]n P[ú]blica (Ley N[ú]m. 141-2019). Luego, el 13 de

diciembre de 2023, instó ante esta Curia, Moci[ó]n al Honorable

Tribunal para Informar Moci[ó]n en Relevo de Sentencia al amparo de

la Regla 49.2 presentada el d[í]a 11 de diciembre de 2023 en el

Honorable Tribunal de Guayama. En lo pertinente, informó a través

de esta que, el 7 de diciembre de 2023, el foro a quo emitió Sentencia

en el caso de epígrafe, denegando el recurso especial instado.

      El 20 de diciembre de 2023 la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados interpuso ante este foro apelativo Moción Informativa

sobre Sentencia Emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
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                                  II

A. El Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más
          elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
          presenta el caso es la más propicia para su
          consideración.

      (F)    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causa un fraccionamiento indebido del
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            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.

        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
            XXII-B, R. 40.

        No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

B. Jurisdicción

        Nuestra más Alta Curia, ha definido la jurisdicción como el

poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los casos

y las controversias que sean presentados a su atención. Beltrán

Cintrón v. ELA, 204 DPR 89, 101 (2020), Torres Alvarado v Madera

Atiles, 202 DPR 495, 499 (2019); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Es normativa reiterada que, los

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción,

es por lo que, los asuntos relativos a la jurisdicción son privilegiados

y deben ser atendidos con prontitud. Torres Alvarado v Madera

Atiles, supra, pág. 500; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176

DPR 848, 856 (2009). La ausencia de jurisdicción puede ser

levantada motu proprio, ya que, esta incide de forma directa sobre el

poder    del   tribunal   para   adjudicar   una    controversia. Allied

Management Group, Inc. v Oriental Bank, 204 DPR 374, 386

(2020); Torres Alvarado v Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon

Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Suffront v. A.A.A., 164 DPR
KLCE202301297                                                        8

663, 674 (2005). Un tribunal no tiene discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos.

Íd.; Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 600

(2014).

       Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones8, confiere facultad a este Tribunal para, a

iniciativa propia o a petición de parte, desestimar un recurso de

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de

jurisdicción.

C. Academicidad

       Como es sabido, los tribunales revisores sólo podremos

resolver los casos que sean justiciables. Super Asphalt v. AFI y otros,

206 DPR 803, 815 (2021); Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 200

DPR 400, 451 (2020); Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68

(2017); Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 766

(2016); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011).

La doctrina de la justiciabilidad de las causas gobierna el ejercicio

de la función revisora de los tribunales, fijando la jurisdicción de

estos. Dicha doctrina nace del principio elemental de que los

tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas

surgidas entre partes opuestas, que tienen un interés real en

obtener un remedio judicial que haya de afectar sus relaciones

jurídicas. Esto es, para el ejercicio válido del poder judicial se

requiere la existencia de un caso o controversia real. Smyth, Puig v.

Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007) (Opinión de Conformidad).

Según lo dispuesto por nuestro Máximo Foro, una controversia no

es justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión política;

(2) una de las partes carece de legitimación activa; (3) hechos

8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLCE202301297                                                        9

posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia en

académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión

consultiva; o (5) se intenta promover un pleito que no está maduro.

Super Asphalt v. AFI y otros, supra; Bhatia Gautier v. Gobernador,

supra, págs. 68-69.

      Una de las manifestaciones concretas del principio de

justiciabilidad es la doctrina de academicidad. Super Asphalt v. AFI

y otros, supra; Smyth, Puig v. Oriental Bank, supra, pág. 78. Sobre

el particular, nuestro más Alto Foro ha reconocido que los tribunales

pierden su jurisdicción sobre una controversia cuando, durante el

trámite judicial, ocurren cambios fácticos o judiciales que tornan en

académica o ficticia su solución. Super Asphalt v. AFI y otros, supra,

pág. 816; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 73. Esto es, el

foro judicial no puede entender sobre un caso que ha perdido su

condición de controversia viva y presente en atención a los cambios

fácticos o de derecho acaecidos en el transcurso del tiempo.

Asimismo, deberán ser evaluados los eventos anteriores, próximos y

futuros, a los fines de determinar si la controversia entre las partes

sigue viva y subsiste con el tiempo. Super Asphalt v. AFI y otros,

supra.

      Una vez se determina que ha desaparecido el carácter

adversativo entre los intereses de las partes involucradas, los

tribunales pierden su jurisdicción en el pleito y, por tanto, deben

abstenerse de considerar el caso en sus méritos. Con esta limitación

sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario

de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos

de los tribunales que resulten superfluos. Smyth, Puig v. Oriental

Bank, supra. Véase también, Super Asphalt v. AFI y otros, supra;

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra.

      Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de epígrafe, procedemos a aplicarla al recurso de epígrafe.
KLCE202301297                                                                   10

                                        III

       Como Tribunal Apelativo, en primer lugar, nos corresponde

auscultar nuestra jurisdicción para atender la controversia ante

nuestra consideración. Veamos.

       Como reseñáramos, la parte peticionaria presentó el auto de

certiorari ante esta segunda instancia judicial el 21 de noviembre de

2023. En su recurso, la AAA solicita que revoquemos la Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, a través de la cual,

denegó una Moción de Desestimación de Recurso Especial de

Revisión Judicial para el Acceso a la Información Pública presentada

por esta, y señaló una vista para el 8 de enero de 2024.

       No obstante lo anterior, tras un examen detenido del

expediente ante nos, así como del expediente electrónico en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC),

nos percatamos de que, el 7 de diciembre de 2023, el foro de

instancia emitió y notificó Sentencia en el presente caso. Esto es,

con posterioridad a la presentación del recurso de marras, el foro

primario emitió un dictamen final en el mismo.

       Cabe destacar que, el recurrido compareció ante nos el 13 de

diciembre de 2023, informando sobre la presentación de una moción

de relevo de sentencia, ante dicho dictamen. Por otro lado, la

peticionaria no nos informó sobre esta incidencia procesal, la cual

es trascendental al momento de determinar si ostentamos

jurisdicción para entender en el recurso.

       Según expuesto, los tribunales revisores sólo podemos

resolver los casos que sean justiciables.9 Una controversia no es

justiciable cuando se torna académica. En lo pertinente, nuestra

última instancia judicial ha reconocido que, los tribunales pierden

9 Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 815; Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE

II, supra; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 68; Torres Montalvo v.
Gobernador ELA, supra; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra.
KLCE202301297                                                                   11

su jurisdicción sobre una controversia cuando, durante el trámite

judicial, ocurren cambios fácticos o judiciales que tornan en

académica o ficticia su solución.10 Los tribunales no pueden

entender sobre un caso que ha perdido su condición de controversia

viva y presente en atención a los cambios fácticos o de derecho

acaecidos en el transcurso del tiempo. En tales casos, la Regla

83(B)(5) y (C) del Reglamento de esta Curia, dispone que, una parte

puede solicitar la desestimación de un recurso, o motu proprio, el

Tribunal podrá desestimar el mismo por falta de jurisdicción.11

       Indudablemente, el que el tribunal a quo haya emitido un

dictamen final en el presente caso, provoca que la controversia ante

nuestra consideración sea académica. En consecuencia, carecemos

de jurisdicción para atenderla. Reiteramos que, cuando un tribunal

carece de jurisdicción, deberá así declararlo y desestimar la

reclamación sin entrar en sus méritos.12

                                       IV

       Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

de certiorari por falta de jurisdicción, por academicidad.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 816; Bhatia Gautier v. Gobernador,

supra, pág. 73.
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
12 Allied Management Group, Inc. v Oriental Bank, supra; Torres Alvarado v Madera

Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., supra; Suffront v. A.A.A., supra;
Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, supra.