Court Opinion

ID: 9962599
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:33:18.806849+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.440499
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

                                                  Apelación
ISAAC SANTANA CASTRO                              procedente del
                                                  Tribunal de Primera
          Apelante                                Instancia, Sala de
                                                  Fajardo
              v.                KLAN202301054
                                                  Sobre:
WALMART PUERTO RICO,                              Daños y Perjuicios
     INC.; ET AL
                                                  Caso Número:
          Apelado                                 FA2022CV01052

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

      El apelante, señor Isaac Santana Castro, comparece ante nos

para que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 5 de septiembre de 2023,

notificada el 6 de septiembre del mismo año. Mediante la misma, el

foro primario declaró Ha Lugar una Moción en Solicitud de Sentencia

Sumaria promovida por la parte apelada, Wal-Mart de Puerto Rico,

y, en consecuencia, desestimó una demanda sobre daños y

perjuicios incoada por el apelante.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                    I

      El apelante es empleado de Plaza Provision Company (Plaza

Provision), desde el año 1999. A la fecha del 7 de junio de 2019, era

“vendedor merchandiser” para dicha compañía. Entre sus labores,

se encontraban el visitar establecimientos para colocar la mercancía

en góndolas y neveras y hacer rotación de productos, lo cual incluía

verificar fechas de expiración.          El apelante acudía a los

establecimientos en su propio vehículo y se reportaba al encargado

Número Identificador
SEN2024 ________________
KLAN202301054                                                      2

del departamento correspondiente para las tareas propias a su

empleo.

      El 7 de junio de 2019, el apelante se encontraba colocando

mercancía en las neveras del establecimiento Amigo del centro

comercial Monte Sol en Ceiba. Según surge, cuando caminaba por

el pasillo en el que se encontraba ejerciendo sus funciones, resbaló

a causa de que el suelo estaba mojado. Como resultado, sufrió una

caída que precisó de atención médica, a través de la Corporación del

Fondo de Seguro del Estado, toda vez que, Plaza Provision era un

patrono asegurado a la fecha del accidente. El apelante fue dado de

alta el 21 de abril de 2022.

      El 26 de octubre de 2022, el apelante presentó la demanda de

epígrafe en contra de, entre otras partes, la entidad aquí apelada.

En la misma, alegó que, al momento de los hechos, Wal-Mart

operaba el supermercado en el que se accidentó. En esencia, planteó

que esta fue negligente al no observar la diligencia ni el cuidado

requerido para mantener las facilidades del establecimiento en

condiciones seguras para sus visitantes. A su vez, indicó que la

parte apelada también incumplió al no tener un protocolo de

seguridad sobre ocurrencia, manejo y prevención de accidentes en

el lugar. De este modo, afirmó que fue la responsable de los daños y

angustias mentales resultantes de su caída, por lo que reclamó una

compensación total de $140,000.00.

      El 28 de diciembre de 2022, la apelada Wal-Mart contestó la

demanda de autos y negó la responsabilidad que se le imputó. Ahora

bien, levantó la defensa de inmunidad patronal, así como la

aplicabilidad de la doctrina de patrono estatutario. Así, al amparo

de ello, solicitó la desestimación de la causa de acción promovida en

su contra.

      Tras varias incidencias, el 31 de mayo de 2023, la parte

apelada presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. En
KLAN202301054                                                        3

la misma, afirmó que no existía controversia de hechos en cuanto a

que la norma del patrono estatutario le era oponible. Al abundar,

expuso que, para la fecha del accidente, el apelante se encontraba

realizando funciones para su patrono, Plaza Provision, quien, a

dicha fecha, era un patrono asegurado a tenor con las disposiciones

de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 LPRA sec. 1 et seq.

Sostuvo que, siendo Plaza Provision el patrono directo del apelante,

y estando debidamente cobijado por la inmunidad patronal, dicha

salvaguarda le era de extensión.       Ello, puesto a que, para el

momento del accidente, tenían una relación contractual a través de

la cual los empleados de Plaza Provision le ofrecían ciertos servicios,

entre los que figuraban los asignados al puesto del apelante. Sobre

este particular, la apelada añadió que, tanto en su demanda, como

en la deposición a la que fue sometido, el apelante admitió que, el

día del su accidente, realizaba labores en beneficio de Wal-Mart, ello

por razón del vínculo jurídico habido con su patrono, Plaza

Provision, y en la ejecución de sus funciones como empleado de este.

      A la luz de tales afirmaciones, la entidad apelada expuso que

la norma vigente reconocía que un patrono estatutario es aquel que

contrata los servicios de otra compañía, y que se beneficia de los

trabajadores de esta. Expresó que siendo un patrono indirecto que

contrata con el patrono real del obrero que ejerce el servicio a su

favor, únicamente está obligado a asegurarlo solo cuando este no lo

haya hecho. Enfatizó que, en el escenario de que el patrono real

haya asegurado a sus empleados, el patrono estatutario o indirecto,

queda cobijado por la inmunidad patronal derivada de la Ley Núm.

45, supra. De este modo, apoyándose en los referidos argumentos

legales, la apelada afirmó que no existía controversia de hechos en

cuanto a que al apelante no le asistía causa de acción en su contra.
KLAN202301054                                                                                  4

Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia

sumaria a su favor desestimando la demanda de epígrafe.1

        Tras varias incidencias, el 10 de julio de 2023, el apelante

presentó su Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.

En el pliego, expresó que los argumentos de la parte apelada

carecían de eficacia, toda vez que la figura del patrono estatutario

no resultaba de aplicación al caso. En apoyo a su argumento, señaló

que, contrario a lo aducido por la apelada Wal-Mart, el contrato

existente entre ella y Plaza Provision no era uno de servicio, sino uno

de compraventa mercantil, consistente en la reventa de productos

con ánimo de lucro. El apelante expresó que, de conformidad con lo

establecido        por     la    jurisprudencia          interpretativa         vigente,      la

inmunidad patronal provista por la Ley Núm. 45, supra, no se

extiende a las relaciones contractuales de dicha naturaleza, hecho

que le impedía a la parte apelada reclamar su protección.                                     Al

abundar, sostuvo que el ordenamiento jurídico contempla la

coexistencia de la figura del patrono real y la del patrono estatutario,

solo cuando entre ellos converge una relación contractual derivada,

exclusivamente, de un contrato o subcontrato de obras y servicios,

y solo para aquellos dueños de obra o contratistas que, respecto al

empleado lesionado, tienen una obligación de asegurarlo. De este

modo, y tras sostenerse en que la naturaleza del vínculo habido

entre su patrono Plaza Provision y la apelada Wal-Mart no gozaba

de la protección legal en controversia, el apelante expresó que

resultaba meritorio auscultar los términos del acuerdo entre ambas

empresas, ello mediante el trámite ordinario de adjudicación. Así,

peticionó que se denegara la solicitud de sentencia sumaria

1
 La apelada Wal-Mart acompañó su Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria con la siguiente
prueba documental: 1) certificación expedida por la Corporación del Fondo de Seguro del Estado
acreditando que, para el 7 de junio de 2019, Plaza Provision era un patrono asegurado y; 2) copia
de Transcripción de Deposición del apelante, con fecha del 1 de mayo de 2023.
KLAN202301054                                                                                     5

promovida por la entidad apelada y se proveyera para la celebración

de una vista.2

         El 7 de agosto de 2023, la apelada Wal-Mart presentó su

escrito de Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia

Sumaria. En esencia, expuso que el apelante incumplió con las

normas procesales establecidas para legitimar la eficacia de su

escrito. A su vez, reprodujo su previa afirmación en cuanto a que el

apelante admitió que, el día del accidente en litigio, ejercía múltiples

funciones, análogas a las de un gondolero, todo a los fines de

brindarle ciertos servicios previamente contratados con su patrono

real, y esenciales para el establecimiento en el que acontecieron los

hechos. La parte apelada indicó que ello, de por sí, derrotaba la

postura del apelante sobre que se dedicaba a la venta de productos

por parte de su patrono real, lo que evidenciaba la inexistencia de

controversia de hechos alguna que impidiera la disposición sumaria

del asunto. Para reforzar su contención, sostuvo que el apelante

estaba asignado al establecimiento desde hacía varios años,

visitándolo de dos (2) a tres (3) veces en semana, reportándose ante

el encargado del departamento pertinente y ejerciendo sus funciones

en las góndolas del local. Al amparo de ello, la entidad apelada

afirmó que su relación contractual con Plaza Provision no era solo

una de compraventa, sino también de servicios y obras como los

ejecutados por el apelante el día en cuestión. Así, pues, la apelada

Wal-Mart se reafirmó en la procedencia de la adjudicación sumaria

de la controversia, a los fines de desestimar la demanda de epígrafe.

         El 9 de septiembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

notificó la Sentencia que nos ocupa y declaró Ha Lugar la solicitud

de sentencia sumaria promovida por la entidad apelada. El foro

2
  Del expediente de autos no surge que el apelante haya acompañado su pliego con documento
alguno en apoyo a su contención. No obstante, con fecha del 20 de julio de 2023, el apelante presentó
una Moción Suplementando la Oposición a la Sentencia Sumaria con la cual acompañó copia de
una Sentencia emitida por este Tribunal el 19 de julio de 2023, en el recurso KLCE202300435.
KLAN202301054                                                        6

primario concluyó que la prueba sometida a su consideración

demostró que, a la fecha del accidente en disputa, Plaza Provision,

patrono real del apelante, y la apelada Wal-Mart, existía una

relación contractual consistente en el suministro de mercancía, que

incluía un componente de servicios de su entrega y colocación en

los establecimientos de la empresa compelida. Añadió, el tribunal,

que dichas funciones se diferenciaban de los efectos propios de un

contrato de compraventa y que, contrario a este tipo de vínculo, las

mismas encontraban cabida en las disposiciones y protección de la

Ley Núm. 45, supra. De este modo, el Tribunal de Primera Instancia

resolvió que, dado a que, el día del accidente, el apelante ejerció las

referidas tareas, ello como parte de su empleo y en beneficio de la

apelada Wal-Mart, esta advino a ser un patrono estatutario

amparado por la inmunidad patronal contemplada en la precitada

Ley. Así, determinó que el apelante no controvirtió los hechos

establecidos por la parte apelada, por lo que desestimó con perjuicio

la causa de acción de epígrafe.

      Inconforme, y tras denegada una previa solicitud de

reconsideración, el 27 de noviembre de 2023, el apelante compareció

ante nos mediante el presente recurso de apelación. En el mismo

formula el siguiente señalamiento:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      determinar sumariamente que la inmunidad patronal
      que cobija a Plaza Provision Company, patrono del
      demandante-apelante Isaac Santana Castro, se
      extiende al demandado-apelado Wal-Mart bajo la figura
      de Patrono Estatutario sin haber evaluado el contrato,
      contrario a los resuelto por el Tribunal Supremo De
      Puerto Rico, en Atiles Moréu, Admor v. Comisión
      Industrial, 67 DPR 503 (1947), reafirmado en Santiago
      Hodge v. Parke Davis Co., 126 DPR 1 (1990) y Ortiz
      Jiménez v. Rivera Núñez y Otros, 194 DPR 936 (2016).

      Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a

disponer del asunto.
KLAN202301054                                                        7

                                  II

                                  A

      La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1, permite a una parte que solicite un remedio presentar una

moción para que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la

totalidad o cualquier parte de esta. Así, el tribunal podrá dictar

sentencia sumaria parcial para resolver cualquier controversia que

sea separable de las controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R.

36.1; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR

___ (2023); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 25

(1986).   Este mecanismo procesal es un remedio de carácter

extraordinario y discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y

justa solución de un pleito que carece de controversias genuinas

sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que

trate. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208 DPR 964, 979

(2022); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); Roldán

Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). Un hecho

material es “aquel que puede alterar el resultado de la reclamación

de acuerdo al derecho aplicable”. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et

al., supra, pág. 980. De este modo, y debido a la ausencia de

criterios que indiquen la existencia de una disputa real en el asunto,

el juzgador de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de

celebrar un juicio en su fondo. Universal Ins. y otro v. ELA y Otros,

211 DPR 455, 457 (2023); León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20,

41 (2020); Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652,

665 (2000).

      La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales y fomenta

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan

nuestro ordenamiento jurídico. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al.,

supra, págs. 979-980; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332
KLAN202301054                                                        8

(2004).   Por   tanto,   la   sentencia   sumaria permite   la   pronta

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial. Así pues,

esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la

demanda y falte solo disponer de las controversias de derecho

existentes. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 676; Vera

v. Dr. Bravo, supra, pág. 334; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins.

Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).

      La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos

materiales y esenciales de la acción. Además, deberá demostrar

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia

a su favor. Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 941; Ramos Pérez

v. Univisión, 178 DPR 200, 218 (2010); Vera v. Dr. Bravo, supra, pág.

333. Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar en

párrafos numerados los hechos respecto a los cuales aduce que no

existe disputa alguna. Una vez expuestos, debe especificar la página

o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible que

sirven de apoyo a su contención. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4);

Roldán Flores v. M. Cuebas, et al., supra pág. 677; SLG Zapata-Rivera

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432-433 (2013).

      Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones

juradas   o     documentos     que   controviertan   las    alegaciones

pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.5. Por ello, tiene la obligación de

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto

que evidencien la existencia de una controversia real que deba

ventilarse en un juicio plenario. Roldán Flores v. M. Cuebas, et al.,

supra, pág. 678; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág.
KLAN202301054                                                      9

434; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293, 311 (2007). En esta

tarea, tiene el deber de citar específicamente los párrafos, según

enumerados por el promovente, sobre los cuales estima que existe

una genuina controversia y, para cada uno de los que pretende

controvertir, detallar de manera precisa la evidencia que sostiene su

impugnación. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra; SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433.

      Cuando     de   las   propias   alegaciones,   admisiones    o

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos,

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente. Ante ello,

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en

contra de dicha solicitud. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333-334;

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 611 (2000). Al

evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de

hechos. Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 941; Roig Com. Bank

v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 618 (1990). Lo anterior responde a

que todo litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando

existe la más mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales

y esenciales de la reclamación que se atienda. Sucn. Maldonado v.

Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 185 (2005). Por ese motivo, previo

a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los

documentos que acompañan la correspondiente solicitud junto con

aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros

documentos que obren en el expediente del tribunal.          Iguales

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de

Primera Instancia emitido sumariamente. Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., supra, pág. 981-982; Meléndez González et al. v. M.
KLAN202301054                                                      10

Cuebas, 193 DPR 100, 114 (2015); Vera v. Dr. Bravo, supra, pág.

334.

       En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes

de sentencias sumarias. A tal fin, se expresó como sigue:

       Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v.
       Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se
       encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera
       Instancia al momento de revisar Solicitudes de
       Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la
       Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los
       mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le
       exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo
       intermedio estará limitado en el sentido de que no
       puede tomar en consideración evidencia que las partes
       no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y
       no puede adjudicar los hechos materiales en
       controversia, ya que ello le compete al foro primario
       luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del
       Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe
       examinar el expediente de la manera más favorable a
       favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia
       Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las
       inferencias permisibles a su favor.

       Segundo, por estar en la misma posición que el foro
       primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que
       tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su
       Oposición cumplan con los requisitos de forma
       codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,
       y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo,
       supra.

       Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
       dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe
       revisar si en realidad existen hechos materiales en
       controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio
       tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
       Procedimiento Civil y debe exponer concretamente
       cuáles hechos materiales encontró que están en
       controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta
       determinación puede hacerse en la Sentencia que
       disponga del caso y puede hacer referencia al listado
       numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro
       primario en su Sentencia.

       Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos
       materiales realmente están incontrovertidos, el foro
       apelativo intermedio procederá entonces a revisar de
       novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó
       correctamente el Derecho a la controversia.
KLAN202301054                                                      11

                                 B

      Por su parte, en virtud de la Ley de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 LPRA

sec. 1, et seq., según enmendada, el legislador confirió a nuestro

ordenamiento legal un precepto de carácter remedial capaz de

ofrecer al obrero lesionado una alternativa eficiente, tanto para

prevenir los accidentes o enfermedades que pudieran surgir en su

taller de empleo, como para mitigar las lesiones existentes asociadas

al mismo. Matías v. Mun. de Lares, 150 DPR 546, 554 (2000). Así

pues, se le garantiza “al trabajador lesionado el mejor y más rápido

tratamiento que la ciencia médica sea capaz de proveerle de manera

que este pueda reintegrarse a su empleo regular, totalmente

restablecido de sus lesiones, a la mayor brevedad posible”. 11 LPRA

sec. 1a(b).

      La referida Ley le impone a todo patrono la obligación de dar

cubierta a sus empleados por medio de una aportación anual a un

plan de seguro, a manera de compensación por las enfermedades o

lesiones acaecidas en el curso de su trabajo. 11 LPRA sec. 19; López

Cotto v. Western Auto, 171 DPR 185, 193 (2007). El pago de la

referida póliza le confiere la cualidad de asegurado, por lo que el

obrero accidentado está impedido de proseguir una demanda sobre

daños y perjuicios en contra de su empleador. Arzuaga Monserrate

v. Empresas Ortiz Brunet, Inc., 211 DPR 803, 811 (2023). De ahí que

se reconozca que la política pública que integra la Ley Núm. 45,

supra, es que el patrono posee inmunidad contra dicho tipo de

causas de acción. Íd. La doctrina estima que el referido mecanismo

no constituye una defensa a favor del patrono asegurado, sino que

implica la ausencia total de nexo causal entre él y el daño

reclamado. López Cotto v. Western Auto, supra, pág. 194. Siendo

así, el empleado lesionado solo tiene como remedio las provisiones

compensatorias que le otorga el Artículo 18 de la Ley Núm. 45-1935,
KLAN202301054                                                       12

supra. 11 LPRA sec. 21; Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 DPR 383,

398 (1999); Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 8.

      Ahora bien, la inmunidad patronal provista por la Ley Núm.

45, supra, se extiende al patrono estatutario del obrero contra

demandas por daños y perjuicios, incluidas aquellas que surjan

debido a su negligencia crasa. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez,

194 DPR 936, 942 (2016). La referida figura aplica a los “dueños de

obras y principales a quienes la ley impone la obligación de asegurar

a los empleados de los contratistas que aquellos contraten para la

ejecución de obras y servicios cuando estos no los tengan

asegurados”. Íd, págs. 942-943. En lo que nos ocupa, la doctrina

interpretativa vigente reconoce la coexistencia entre el patrono real

y el patrono estatutario. El patrono real -el contratista- es aquel con

quien los empleados mantienen la relación de trabajo directa,

regular o principal. Por su parte, el patrono estatutario es aquel

para quien los empleados realizan la labor contratada en un

momento determinado, por virtud de la relación contractual surgida

entre éste y su patrono regular. Martínez v. Bristol Myers, Inc.,

supra, págs. 395-396. A tenor con ello, el estado de derecho afirma

que “[l]a determinación de si un demandado es o no patrono

estatutario, depende de las relaciones contractuales entre dicho

demandado y el patrono real de los obreros”. Íd., pág. 396.        Por

tanto, en ausencia de nexo jurídico que relacione al patrono real o

directo del empleado con el causante de la lesión reclamada, no se

está frente a un patrono estatutario, sino, ante un tercero no

protegido por la inmunidad patronal. Martínez v. Bristol Myers, Inc.,

supra, pág. 397; Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 12.

Así, la norma establece que la determinación en cuanto a si un

demandado es o no patrono estatutario es una conclusión mixta de

hecho y de derecho, que dependerá fundamentalmente de las

relaciones jurídicas entre el patrono real y aquel que invoque la
KLAN202301054                                                         13

inmunidad patronal provista por ley. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera

Núñez, supra, pág. 943.

      En, Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico reconoció que la Ley Núm. 45, supra, en su

Artículo 17, contiene lo que se conoce como la “cláusula de

contratista”. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez, pág. 943. La misma

impone a los patronos -dueños de obras, principales, contratistas o

subcontratistas- la responsabilidad subsidiaria de asegurar a los

obreros de aquellos con los que contraten. Íd. Así, la aludida

cláusula busca garantizar una compensación al empleado, ello con

independencia de qué patrono le pague, y de los grados

contractuales en los cuales se puedan encontrar el presunto patrono

y el obrero lesionado. Íd, pág. 947. Por tanto, tal cual expuesto, “[l]o

fundamental es que exista un vínculo principal y agente entre los

que asumen el rol de “patrono” y “empleado”, y que el accidente haya

ocurrido como consecuencia de esta relación laboral”. Íd.

      Ahora    bien,    nuestra    jurisprudencia    únicamente      ha

reconocido la figura del patrono estatutario dentro del contexto de

un contrato o subcontrato de obra o de servicios, y solo para

aquellos dueños de obra, principales contratistas o subcontratistas

que tuvieran, con relación al trabajador lesionado, la obligación legal

común de asegurarlo con el Fondo. Santiago Hodge v. Parke Davis,

Co., supra, pág. 8; FSE v. ELA, 111 DPR 402, 405 (1981). El

entendido doctrinal vigente reconoce que el Tribunal Supremo se ha

negado a extender la protección aquí en controversia, ello en caso

de que el vínculo jurídico entre un patrono real y un patrono

estatutario sea uno de compraventa. Atiles, Admor. v. Comisión

Industrial, 67 DPR 503 (1947).

                                  III

      En la causa de epígrafe, el apelante plantea que el Tribunal

de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria en su contra
KLAN202301054                                                        14

y, en consecuencia, al desestimar la demanda de epígrafe. Conforme

alega, el foro primario incidió al intimar que la inmunidad patronal

de la cual se beneficia su patrono real, Plaza Provision, es extensible

a la apelada Wal-Mart bajo la figura del patrono estatutario.

Habiendo examinado su señalamiento, a la luz de los hechos

establecidos y de la norma aplicable, confirmamos la sentencia

sumaria apelada.

      Un examen del expediente que nos ocupa nos lleva a concluir

que el pronunciamiento que atendemos es uno conforme a derecho

y a la prueba presentada. De los documentos de autos, no surge

controversia alguna de hechos medulares que amerite dirimir el

presente asunto mediante el cauce ordinario de adjudicación. Tras

ejercer nuestras funciones revisoras, coincidimos con que, en el

presente caso, concurren las condiciones procesales propias a la

eficacia   del   mecanismo   adjudicativo   empleado    por    la   sala

sentenciadora. Igualmente, intimamos que la sentencia apelada

responde a una adecuada interpretación y aplicación del derecho

pertinente a la materia que atendemos, ello respecto al nexo jurídico

obrero patronal en el que se sostiene la validez de lo resuelto.

Además, es menester destacar que, en su escrito en oposición a la

solicitud de sentencia sumaria adjudicada, el apelante incumplió

con los criterios procesales aplicables, al no controvertir, ni

cuestionar, en la forma requerida, los hechos propuestos por la

parte apelada.

      Ciertamente, las propias admisiones del apelante, ello en

cuanto a las funciones que desempeñaba el día del accidente en

litigio, gozan de la suficiencia necesaria para acreditar la naturaleza

de la relación contractual habida entre su patrono y la apelada Wal-

Mart. La prueba demostró que, como parte de sus labores como

empleado de Plaza Provision, suministraba mercancía en los

establecimientos pertenecientes a la aquí apelada.            Según se
KLAN202301054                                                       15

dispuso, el apelante se reportaba a los encargados del área de los

lugares en los que venía llamado a ejecutar su trabajo, entre ellos,

el supermercado en el que se accidentó. A su vez, este, colocaba,

rotaba y verificaba la mercancía a entregarse, funciones que, tal cual

lo resuelto, tienen un efecto jurídico distinto al que se produce

mediante un acuerdo de compraventa.            En los contratos de

compraventa, el solo intercambio de las contraprestaciones

acordadas constituye el debido cumplimiento. Sin embargo, en el

presente caso, la continuidad en el ejercicio de las funciones

laborales del apelante, evidencian que entre las empresas aquí

concernidas existe un contrato de servicios por este ejecutado que

redunda en extender a la apelada Wal-Mart la inmunidad que, en

virtud de la condición de asegurado al momento del accidente, le

asistía a Plaza Provision.

      El expediente que nos ocupa nos ha permitido constatar que

las determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia

encuentran apoyo legal y fáctico en los documentos presentados. El

pronunciamiento apelado interpreta y aplica correctamente la

norma vigente en nuestro estado de derecho, ello a la luz de una

juiciosa y razonable apreciación de la prueba que ante el tribunal

primario se presentó. De este modo, dado a que el apelante no

controvirtió los hechos establecidos por la parte apelada, resolvemos

que no existe controversia de hechos alguna sobre la corrección de

la desestimación resuelta. Toda vez la cadena de patronos

involucrados y de vínculos contractuales existentes entre las partes,

la apelada Wal-Mart no es ajena a la relación obrero patronal que

vincula al apelante, por lo que es un patrono estatutario, protegido

por la inmunidad patronal consignada en la Ley Núm. 45, supra.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia

sumaria apelada.
KLAN202301054                                                   16

     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones