Court Opinion

ID: 9916076
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:34.702179+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.444165
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    Panel II

   RICARDO J. RIVERA ORTIZ                                   Apelación
          Apelante                                           procedente del
                                                             Tribunal de
                                                             Primera
                 v.                    KLAN202300669         Instancia,
                                                             Sala de San Juan

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA,                                  Caso Núm.
por conducto del SECRETARIO                                  SJ2023CV03549
DE JUSTICIA Y OTROS
          Apelados                                           Sobre:
                                                             Petición de Orden

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el
Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Comparece el señor Ricardo Rivera Ortiz (señor Rivera Ortiz o

apelante), mediante recurso de apelación, solicitando la revocación de la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, (TPI), el 13 de

julio de 2023. Mediante este dictamen, el foro primario desestimó la

reclamación de daños y perjuicios presentada por el señor Rivera Ortiz

en contra del Departamento de la Familia (DF), por falta de jurisdicción

sobre la materia y la persona.

      Examinados los asuntos ante nuestra atención, modificamos el

dictamen apelado.

I. Resumen del tracto procesal

      El 25 de abril de 2023, el señor Rivera Ortiz presentó una

reclamación contra el DF ante el TPI, al amparo de la ley federal

USERRA, infra. Adujo allí que, el 8 de agosto de 2022, sometió una

solicitud de empleo para un puesto de chofer de mensajería en la referida

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
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agencia pública. Como parte de sesta solicitud, aseveró haber acreditado

su experiencia como chofer en el ejército. Sin embargo, el DF le requirió

presentar evidencia adicional de experiencia laboral, por lo cual sometió

copia de una declaración jurada, suscrita por un compañero militar,

quien constató que ocupó el puesto de chofer mientras estuvo en el

servicio militar.

       Luego de que el DF evaluara la solicitud de empleo sometida por el

peticionario, lo declaró inelegible para ocupar el puesto de chofer,

concluyendo que tenía poca experiencia.

       En respuesta al rechazo por el DF de su solicitud de empleo, el

peticionario instó una reclamación ante el Departamento del Trabajo

Federal (DTF), al amparo de USERRA, infra. No obstante, el 18 de enero

de 2023, el DTF le envió una carta de cierre de la querella, indicando

que, basado en la información obtenida durante su investigación, no

encontraron evidencia suficiente para determinar que hubo una violación

a la ley USERRA.

       Es a raíz de lo anterior que el señor Rivera Ortiz instó la demanda

ante el TPI bajo discusión, en la fecha antes precisada, aduciendo haber

sufrido pérdida sustancial de ingresos y otros beneficios laborales, por el

alegado incumplimiento del DF con USERRA al no emplearlo.

       Según la documentación ante nuestra atención, el peticionario

emplazó por dicha demanda al DF, por conducto del Secretario de

Justicia, el 4 de mayo de 2023. En el Certificado de diligenciamiento por

el   alguacil   se   dejó   constancia,   entre   otras,   de   la   fecha   del

diligenciamiento, ya indicada, y de que fue recibido por la representante

del Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, a través de la

licenciada Peñagarícano Brown, Secretaria Auxiliar de lo Civil en el

Departamento de Justicia (DJ).
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      Contrario a ello, el 30 de junio de 2023, el DF presentó

Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación, sin someterse a la

jurisdicción del Tribunal, por falta de jurisdicción sobre la persona y

sobre la materia. Sobre el primero de estos asuntos, arguyó que no se

había emplazado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), quien le

suple la capacidad al Departamento de la Familia, que carece de

personalidad jurídica. En cuanto a la ausencia de jurisdicción sobre la

materia, esgrimió que por disposición expresa de ley, la Comisión

Apelativa del Servicio Público (CASP) es el foro con jurisdicción exclusiva

para atender la reclamación del señor Rivera Ortiz, estando la

reclamación asociada a un área esencial del principio de mérito,

reclutamiento y selección.

      Ante lo cual, el 6 de julio de 2023, el señor Rivera Ortiz presentó

Oposición a Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación. En lo

pertinente, adujo que, según el Certificado de diligenciamiento por

alguacil, el emplazamiento fue diligenciado en el DJ, por conducto de la

licenciada Peñagarícano Brown, Secretaria Auxiliar de lo Civil en el DJ.

Por tanto, arguyó que el emplazamiento se diligenció al representante del

ELA, conforme a lo dispuesto en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil,

infra. Sobre la alegada jurisdicción exclusiva de la CASP para atender la

controversia planteada en la demanda, adujo que más bien se trata de

un tema sobre jurisdicción concurrente del foro administrativo y el

judicial, por lo que haber elegido el TPI para presentar la demanda no

constituye, de suyo, causa para su desestimación.

      Es así como, el 13 de julio de 2023, el foro apelado emitió la

Sentencia cuya revocación nos solicita el señor Rivera Ortiz, acogiendo

los argumentos esgrimidos en la Comparecencia Especial en Solicitud de

Desestimación, ya expuestos.
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      En desacuerdo, acude ante nosotros el señor Rivera Ortiz,

mediante recurso de apelación, planteando los siguientes señalamientos

de error:

       1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar que el
          Secretario de Justicia no fue debidamente emplazado a
          pesar de la prueba presentada.

       2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al interpretar la ley
          USERRA y concluir que dicha ley no le confiere a los
          tribunales del estado jurisdicción cuando el propio
          estado es el empleador.

      Una vez dispusimos de varios asuntos procesales ocurridos a nivel

apelativo, compareció el DF, mediante Alegato del Estado, a través del

cual, de manera especial, solicitó la confirmación de la Sentencia

apelada, o, en la alternativa, su modificación a los fines de decretar el

archivo del caso, hasta tanto la CASP resuelva los asuntos para los

cuales posee jurisdicción exclusiva.

   Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en

posición de resolver.

II.   Exposición de Derecho

      A. Emplazamiento del ELA

      El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se le

notifica a la parte demandada sobre la existencia de una reclamación

instada en su contra. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 202 DPR 462

(2019); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002). A su vez, esta

notificación le permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona

demandada quedando así éste obligado por el dictamen que en su día

recaiga. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018);

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). En lo pertinente a la

controversia ante nos, la Regla 4.4(f) y (g) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 4.4 (f) y (g), dispone lo siguiente:

      El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente. Al
entregar la copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea mediante
su entrega física a la parte demandada o haciéndolas accesibles en su
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inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso
de la copia del emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la
entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El
diligenciamiento se hará de la manera siguiente:

      (f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando copia
      del emplazamiento y de la demanda al Secretario o
      Secretaria de Justicia o a la persona que designe.

      (g) A un funcionario o una funcionaria, o una dependencia
      del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una
      corporación pública, entregando copia del emplazamiento y
      de la demanda a dicho funcionario o dicha funcionaria, o al
      jefe ejecutivo o jefa ejecutiva de dicha dependencia. Además,
      será requisito indispensable que en todos los pleitos que se
      insten contra un funcionario funcionaria o una dependencia
      del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una
      corporación pública, la parte demandante entregue copia del
      emplazamiento y de la demanda al Secretario o la Secretaria
      de Justicia o a la persona que designe. Si la dependencia es
      una corporación pública, se entregará las copias según lo
      dispuesto en la Regla 4.4(e). Regla 4.2 de Procedimiento
      Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 4.2.

      […].

      En Fred y otros v. ELA,150 DPR 599, 606 (2000), se resolvió que:

las corporaciones públicas se emplazan según lo dispuesto en la Regla

4.4 (e) de la de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(e); las

instrumentalidades que no sean corporaciones públicas, según la Regla

4.4(g) citada y, cuando se trate del Estado propiamente, se recurrirá a la

Regla 4.4(f), supra. Además, en Cirino González v. Adm. Corrección, 190

DPR 14, págs. 32-33, se estableció que se debe de diferenciar entre

aquellas entidades gubernamentales que no tienen personalidad jurídica

propia y las que sí la tienen. Cuando la entidad no posea personalidad

jurídica propia, el verdadero demandado es el Estado Libre Asociado,

por lo que se debe recurrir a las Regla 4.4(f). Por tanto, de ser esta

última la situación, no es necesario emplazar al jefe de agencia para

adquirir     jurisdicción   sobre   el   Estado.   J.A.   Echevarría   Vargas,

Procedimiento Civil puertorriqueño, San Juan, [ed. del autor], 2012,

págs. 68–69.
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      Por otro lado, se ha abundado en la distinción entre las

instrumentalidades públicas y las corporaciones públicas, reconociendo

que “en nuestra legislación, el concepto “instrumentalidad” no tiene

significado concreto. Fred y otros v. E.L.A., 150 DPR 599, 606 (2000). En

atención a ello, se resolvió que una corporación pública tiene facultad

para demandar y ser demandada y, a su vez, genera sus propios fondos.

Por   el   contrario,   una   “instrumentalidad”    pública,   aunque   tiene

personalidad jurídica propia y puede demandar y ser demandada, no

genera sus propios fondos, pues estos provienen del ELA. Íd, págs. 606–

607. Al lidiar con ese tipo de entidad gubernamental, el emplazamiento al

Estado Libre Asociado es inválido si se notifica solo al jefe de la entidad

gubernamental, pero no se emplaza al Secretario de Justicia. Echevarría

Vargas, op. cit., pág. 68. Por esta razón, cuando se demanda a

instrumentalidades del ELA, también se tiene que emplazar al Secretario

de Justicia, según lo dispone la Regla 4.4(g), supra, a distinción de una

agencia pública carente de personalidad jurídica, a la que basta con

emplazar al Secretario de Justicia, Regla 4.4(f).

      Como explica Cuevas Segarra, “[c]uando se demanda a un

departamento ejecutivo del Gobierno, sin personalidad propia para

demandar y ser demandado, la verdadera parte de la demanda es el ELA

y no el Departamento. La inclusión del Departamento como parte

querellada o demandada es improcedente y superflua y debe eliminarse.”

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs.

JTS, 2000, T. I, pág. 168. Como regla general, un departamento ejecutivo

no tiene personalidad jurídica distinta y separada del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y, por lo tanto, no puede demandar sin ser

demandado independientemente del Estado. Véase Fred y Otros, supra,

págs. 605–607. Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 168.
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      B. La jurisdicción sobre la materia, primaria y concurrente

                                       a.

      La jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad de un

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal.

Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 D.P.R. 319, 10-11 (2018). En

reiteradas ocasiones, nuestro más alto foro ha indicado que para privar a

un tribunal de su autoridad para conocer sobre algún asunto en particular,

es necesario que algún estatuto expresamente así lo disponga o que ello

surja del mismo por implicación necesaria. Mun. de Arecibo v. Mun. de

Quebradillas, 161 DPR 109, 114 (2004), citando a J. Directores v. Ramos,

157 DPR 818 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997).

      La falta de jurisdicción sobre la materia produce las siguientes

consecuencias, que son inexorablemente fatales: (1) no es susceptible de

ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle

jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede

arrogársela; y (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la

materia son nulos. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). Una

vez el tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, está

obligado a desestimar el caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 10.8; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 124 (2012);

González v. Mayagüez Resort & Casino, a la pág. 855; Pagán v. Alcalde

Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). González Santos v. Bourns

P.R., Inc.,125 DPR 48, 63 (1989).

                                            b.

      Entre las doctrinas de abstención judicial, se encuentra la doctrina

de jurisdicción primaria. Esta atiende el problema de determinar si

el foro con jurisdicción para ventilar una controversia en primera

instancia es el tribunal o la agencia administrativa, lo cual establece un

sistema de prelación o prioridad jurisdiccional. Oficina del Paciente v.
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MCS, 163 DPR 21 (2004); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155

DPR 906, 921 (2001); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 410

(2001); Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261, 266 (1988).

La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos modalidades: (1) la

jurisdicción primaria concurrente; (2) la jurisdicción primaria exclusiva.

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 267 (1996) citando a

Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 449, 469 (1995).

      La jurisdicción primaria concurrente alude a que tanto el foro

judicial, como el administrativo, tienen simultáneamente jurisdicción

legal para entender en la controversia, pero usualmente el foro judicial le

brinda deferencia al foro administrativo para entender en la controversia.

Esto último encuentra su fundamento en la teoría de que, presuntamente

(añadimos), los foros administrativos están mejor equipad[o]s que los

tribunales debido a su especialización y al conocimiento obtenido a través

de la experiencia. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 243 (2001). Por lo

tanto, como regla general, se debe aplicar esta norma de abstención, en

casos en los cuales el peritaje de la agencia sea indispensable para

resolver la controversia, ya que los tribunales [son] de justicia y no centros

académicos para dirimir sutilezas técnicas. Ortiz v. Panel F.E.I., supra, a

la pág. 244, citando a Quiñones v. A.C.A.A., 102 DPR 746, 749-50 (1974),

voto separado del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. Ahora bien, si

las controversias traídas ante el foro judicial “no requieren el peritaje o el

conocimiento especializado de la agencia, el foro judicial no tiene por qué

abstenerse de ejercer su autoridad ordinaria para atender el asunto ante

su consideración”. Báez Rodríguez v. E.L.A., 179 DPR 231, 240 (2010).

      La jurisdicción primaria exclusiva se refiere a que una ley o un

estatuto le confiere jurisdicción a determinado ente administrativo como

único foro con facultad para resolver, inicialmente, determinada

controversia. Por tanto, si una agencia cuenta con la jurisdicción
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primaria exclusiva, los tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el

caso en primera instancia”. Semidey Ortiz v. Consorcio Sur-Central,a la

pág. 677; Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas, 163 DPR 308, 327

(2004). Ha sido enfatizado que [p]ara determinar si la ley le confiere o no

jurisdicción exclusiva a un organismo administrativo, aun cuando la

designación de jurisdicción exclusiva debe ser clara y precisa, el legislador

no siempre utiliza el término “exclusiva”. Báez Rodríguez v. E.L.A., supra a

la pág. 241. De conformidad, [p]ara privar a un tribunal de jurisdicción

general de su autoridad para entender en algún asunto en particular, es

necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que

ello surja del mismo por implicación necesaria. Junta Dir. Cond. Montebello

v. Fernández, 136 DPR 223 (1994) (Sentencia).

        C. Jurisdicción de la Comisión Apelativa de Servicio Público
           (CASP)

        La Ley Núm. 182-2009, conocida como la Ley de Reorganización y

Modernización de la Rama Ejecutiva de 2009, 32 LPRA sec. 8821 et seq.,

estableció el Plan de Reorganización Núm. 2-2010, mediante el cual se

creó la CASP. La CASP es “un organismo cuasi-judicial de la Rama

Ejecutiva, que se especializa en asuntos obrero-patronales y del principio

de mérito". Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033. Esta fue creada

para atender casos laborales, de administración de recursos humanos y

querellas de los empleados públicos. Íd.

        En referencia al mencionado principio de mérito, ha sido descrito

como:

        [C]oncepto de que todos los empleados públicos serán
        seleccionados, ascendidos, retenidos y tratados en todo lo
        referente a su empleo sobre la base de la capacidad, sin
        discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad,
        origen o condición social, ni por sus ideas políticas o
        religiosas, por ser víctima o ser percibida como víctima de
        violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de
        veterano, ni por impedimento físico o mental. La antigüedad
        será un factor en casos de igual capacidad e idoneidad.
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       Artículo 3 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3A LPRA
       Ap. XIII. (Énfasis suplido).

       Sobre lo mismo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que las

acciones relacionadas al principio de mérito son: clasificación de puestos,

reclutamiento        y   selección    de   ascensos,      traslados     y    descensos,

adiestramiento y retención. (Énfasis provisto). Colón Rivera et al. v. ELA,

supra, pág. 1051. De igual forma, entre las facultades, funciones y

deberes dispuestos en el Artículo 8, inciso (l) de la Ley 2-2010, se

encuentran que la CASP:

       Atenderá toda querella o apelación que se presente
       oportunamente y que concierna a su jurisdicción, para lo
       cual deberá interpretar, aplicar y hacer cumplir las
       disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004,
       según enmendada, conocida como la “Ley para la
       Administración de los Recursos Humanos en el Estado Libre
       Asociado de Puerto Rico” 1

       A su vez, la CASP tiene, entre otras, las siguientes

facultades:

       …

       (c) realizar, a petición de parte o por iniciativa propia, todas
       las audiencias, vistas públicas o privadas, reuniones,
       encuestas e investigaciones que, en opinión de la Comisión,
       sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las
       facultades que le confiere este Plan. A tales fines, la
       Comisión o su representante tendrá acceso a cualquier
       evidencia de cualquier persona que esté siendo investigada o
       contra la cual se haya procedido y que se refiera a cualquier
       asunto que esté investigando la Comisión o que esté en
       controversia;

       (d) expedir citaciones para requerir la comparecencia y
       declaración de testigos, requerir la presentación o
       reproducción o cualesquiera papeles, libros, documentos y
       otra evidencia pertinente a una investigación o querella ante
       su consideración. Cuando un testigo debidamente citado no
       comparezca a testificar o no produzca la evidencia que le sea
       requerida o cuando rehúse contestar alguna pregunta o
       permitir la inspección solicitada conforme a las disposiciones
       de este Plan, la Comisión podrá requerir por sí o solicitar el
       auxilio de cualquier Tribunal de Primera Instancia para la
       asistencia a una vista, declaración, reproducción de
       documentos o la inspección requerida, sujeto a lo dispuesto

1 Derogada y sustituida por la Ley 8-2017] y reglamentación vigente, en todo lo relativo

a la administración de los recursos humanos y la relación obrero patronal.
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     en la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, según
     enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento y
     Concesión de Inmunidad a Testigos”;

     …

     (i) conceder los remedios que estime apropiados y emitir las
     órdenes que sean necesarias y convenientes conforme a las
     leyes aplicables. Esto incluye, entre otras, órdenes
     provisionales o permanentes de cesar y desistir; órdenes
     para la reposición de empleados suspendidos o destituidos,
     con o sin el abono de la paga atrasada dejada de percibir y la
     concesión de todos los beneficios marginales a los cuales los
     empleados hubiesen tenido derecho durante el período de
     suspensión o destitución; órdenes imponiendo sanciones
     económicas o procesales a agencias, funcionarios o
     representantes legales por incumplimiento o dilación de los
     procedimientos; y órdenes imponiendo sanciones a agencias,
     organizaciones sindicales o representantes exclusivos,
     incluyendo la descertificación de estos últimos;

     (j) conceder indemnizaciones por daños y perjuicios e
     imponer multas administrativas en todo tipo de discrimen
     que sea aprobado por los empleados que acuden ante este
     foro, sin menoscabo de los “Comisión Apelativa del Servicio
     Público” [Plan de Reorganización 2-2010] Rev. 21 de enero de
     2021 www.ogp.pr.gov Página 7 de 18 derechos de los
     servidores públicos de recurrir al foro judicial para el
     reclamo de daños y perjuicios cuando no lo reclamen ante la
     Comisión. Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 2-
     2010, 3A LPRA Ap. XIII.

     …

     La CASP tendrá jurisdicción exclusiva sobre apelaciones surgidas

como consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores

Individuales y los municipios, en los casos y por las personas que se

enumeran a continuación:

      a) cuando un empleado, dentro del Sistema de
     Administración de los Recursos Humanos, no cubierto por la
     Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada,
     conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio
     Público”, alegue que una acción o decisión le afecta o viola
     cualquier derecho que se le conceda en virtud de las
     disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004,
     según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 8-
     2017], la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según
     enmendada, conocida como la “Ley de Municipios
     Autónomos”, los reglamentos que se aprueben para
     instrumentar dichas leyes, o de los reglamentos adoptados
     por los Administradores Individuales para dar cumplimiento
     a la legislación y normativa aplicable;

     …
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     b) cuando un ciudadano alegue que una acción o decisión le
     afecta su derecho a competir o ingresar en el Sistema de
     Administración de los Recursos Humanos, de conformidad al
     principio de mérito;

     …

     g) cualquier asunto proveniente u originado de la
     administración de los recursos humanos no cubierto en
     otras leyes o convenios colectivos. Artículo 12 del Plan de
     Reorganización Núm. 2-2010, 3A LPRA Ap. XIII.

     (Énfasis provisto).

     D. Jurisdicción bajo USERRA

     La ley federal Uniformed Services Employment and Reemployment

Rights Act of 1994, 38 U.S.C. sec. 4301 et seq., (USERRA), fue

promulgada por el Congreso de Estados Unidos para preservar los

derechos de aquellas personas que se ausentan de su empleo por un

periodo de tiempo para prestar servicio militar, y para prohibir el

discrimen en el empleo contra estas. 38 U.S.C. sec. 4301.

     En lo pertinente, la §4323, inciso (b) de USERRA establece que:

          (b) Jurisdiction.—(1) In the case of an action against a
          State (as an employer) or a private employer commenced
          by the United States, the district courts of the United
          States shall have jurisdiction over the action.

          (2) In the case of an action against a State (as an
          employer) by a person, the action may be brought in a
          State court of competent jurisdiction in accordance
          with the laws of the State.

          (3) In the case of an action against a private employer by
          a person, the district courts of the United States shall
          have jurisdiction of the action.

          (Énfasis provisto).

     De lo anterior surge que, sin duda, bajo USERRA se puede instar

una reclamación en el foro estatal, no obstante, el promovente deberá

acatar las leyes estatales correspondientes a la causa de acción

presentada.
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III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Como se desprende del tracto procesal que efectuamos, son dos los

asuntos esenciales que debemos dilucidar, reducibles a lo siguiente: (1)

si el ELA fue debidamente emplazado; (2) si, determinado que la CASP

tenía jurisdicción exclusiva sobre el reclamo presentado por el apelante

ante el TPI, se justificaba la desestimación de dicha causa de acción. A

continuación, serán discutidos ambos asuntos, en el orden enumerado.

                                    a.

      Al iniciar la discusión sobre si el TPI adquirió jurisdicción sobre la

persona del ELA, a través del emplazamiento que le fuera diligenciado

personalmente a una representante del Departamento de Justicia,

conviene partir de unos entendidos mínimos no cuestionados. El primero

de tales es que, al revisar la Ley Orgánica del Departamento de la

Familia, Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, 3

LPRA sec. 211 et seq., resulta evidente que este es una entidad

gubernamental que no posee personalidad jurídica para demandar o ser

demandada. De esto se sigue que, siendo el Departamento de la Familia

una agencia pública carente de personalidad jurídica, el diligenciamiento

del emplazamiento se hará al ELA, (no propiamente al DF), entregando

copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretaria de

Justicia o a la persona que designe, según lo dispone la Regla 4.4(f) de

Procedimiento Civil, supra.

      Otro asunto que no está en real disputa es que, habiendo el

apelante presentado la demanda ante el TPI el 25 de abril de 2023,

diligenció el emplazamiento al Secretario de Justicia, el 4 de mayo de

2023. Por tanto, se debe entender que el apelante cumplió con diligenciar

el emplazamiento de manera oportuna, pues fue efectuado dentro del

término de ciento veinte días (120) que establece la Regla 4.3(c) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). Además, según consta en
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el Certificado de diligenciamiento por el (la) Alguacil2, en la referida fecha

el Alguacil que se ocupó de diligenciar el emplazamiento en el DJ, le hizo

entrega personal a una agente autorizada del Secretario de Justicia, la

licenciada Susana Peñagarícano, Secretaria Auxiliar de lo Civil.

           Dispuesto lo anterior, quedaría por determinar qué efecto, si

alguno, tuvo sobre la jurisdicción de la persona, que la parte identificara

como demandada en el referido emplazamiento al Departamento de la

Familia, en lugar del ELA.

           Nuestro ordenamiento procesal civil le reconoce la facultad

discrecional al TPI de permitir que se enmiende cualquier emplazamiento

o la constancia de su diligenciamiento. Los errores o defectos que se

pueden enmendar, bajo la Regla 4.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 4.8, son aquellos errores de forma que, tal y como surge de la

jurisprudencia, recaen sobre el nombre del demandado. Lo fundamental

es que pueda concluirse que la parte a quien se dirige el emplazamiento

sea realmente notificada de la reclamación en su contra, no se

perjudiquen sustancialmente sus derechos esenciales, y haya respondido

la reclamación. Ver, Caribbean Orthopedics v. Medshape, Invc., 207 DPR

994 (2021); León García v. Restaurante El Tropical, 154 D.P.R. 249

(2001). Cónsono con lo cual, procede conceder una enmienda al

emplazamiento cuando esto no tenga el efecto de sustituir o incluir

partes nuevas al procedimiento que no han sido emplazadas y sobre las

cuales el tribunal no ha adquirido jurisdicción, y cuando no haya duda

alguna en cuanto a la intención del demandante respecto a la persona

que ha tenido interés en demandar, habiéndose emplazado efectivamente

a dicho demandado o agente autorizado al efecto. Íd. Juzgamos que en

el caso ante nosotros se daban todas las circunstancias para que el TPI

2
    Anejo 4 del recurso de apelación.
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autorizara la enmienda del emplazamiento para que el lugar del DF en la

demanda fuera ocupado por el ELA.

      Aunque resulte reiterativo, ya hemos dicho que el defecto

identificado por el TPI para desestimar la causa de acción por defecto en

el emplazamiento consistió en el nombre que eligió poner el apelante en

el epígrafe de la demanda, DF en lugar del ELA. Sin embargo, al estudiar

el tracto procesal del caso resulta una fácil conclusión, que esta omisión

no le causó perjuicio alguno al ELA, puesto que el Secretario de Justicia

fue debidamente emplazado y enterado de la causa de acción iniciada

contra una de las agencias públicas, el DF, que le corresponde

representar. Cuando se trata de una situación en que se ha consignado

en forma inapropiada el nombre de la persona que realmente se desea

demandar, ha sido decidido que ello debe considerarse como mero error

técnico, especialmente si se ha emplazado en realidad a la persona que

se tiene interés en demandar o a su agente autorizado. Además, no hay

duda alguna de la intención del apelante respecto a la persona que ha

tenido interés en demandar, habiendo sido efectivamente emplazado su

agente, sin la pretensión de incluir o sustituir a una parte. Caribbean

Orthopedics v. Medshape, Invc., supra. En este sentido, reputamos la

omisión del ELA en este contexto como un error técnico enmendable.

      Por    último,     sobre   este   tema,     habiéndose   diligenciado   el

emplazamiento dentro del término de ciento veinte (120) días dispuesto

por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, el foro primario tenía

discreción   para      ordenar   la   enmienda.    Caribbean   Orthopedics    v.

Medshape, Invc., supra. Utilizando las palabras exactas de nuestro

Tribunal Supremo en la Opinión citada, el foro primario tiene discreción

para ordenar la enmienda de un emplazamiento pasado el término de 120

días para emplazar que disponen nuestra Reglas de Procedimiento Civil,
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siempre y cuando el diligenciamiento del emplazamiento original se haya

efectuado durante ese plazo. Íd.

                                       b.

       En su segundo señalamiento de error, el señor Rivera Ortiz arguye

que incidió el foro primario al interpretar que la ley USERRA no le

confiere jurisdicción a los tribunales estatales, cuando el gobierno es el

empleador. Tal no fue la interpretación del foro apelado, sino más bien

que, por disposición de ley especial, la jurisdicción primaria exclusiva

para atender la causa de acción del apelante le fue delegada al CASP, no

al tribunal.

       Según citamos en la exposición de derecho, la ley USERRA

establece que, en el caso de que sea presentada una acción en contra

del Estado como empleador, debe ser incoada in a State court of

competent jurisdiction in accordance with the laws of the State.

(Énfasis suplido). USERRA sec. 4323(b), supra. Es decir, no hay duda de

que dicha legislación le reconoce autoridad a los tribunales de Puerto

Rico para velar por el cumplimiento del mandato que de allí dimana. No

obstante, y según subrayamos al citar la porción de la ley bajo discusión

pertinente, la determinación sobre el foro adecuado para dilucidar una

controversia al amparo de dicha ley debe considerar las leyes del

Estado, en este caso Puerto Rico, referente a dicha materia, de modo

que el proceso se conduzca in accordance with the laws of the State.

       En la Sentencia apelada el tribunal a quo hizo un certero análisis

sobre la legislación federal citada en su aplicación al caso de autos,

aunque como veremos, incidió en el remedio concedido. Explicó dicho

foro   primario,   con   corrección,   que   el   Artículo   2   del   Plan   de

Reorganización Núm. 2-2010, supra, establece que la CASP tendrá la

jurisdicción exclusiva para atender controversias que estén relacionadas

con decisiones o acciones tomadas por las agencias que violen algún
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derecho adquirido por el empleado en virtud de las disposiciones de la

Ley Núm 82017. En este caso, el señor Rivera Ortiz no es empleado

público, sino un solicitante que fue rechazado para el puesto vacante.

Sin embargo, el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010,

supra, le confiere jurisdicción exclusiva a la CASP para atender una

solicitud de apelación de parte de un ciudadano que alegue que una

acción o decisión tomada por una agencia le ha quebrantado su

derecho a competir o ingresar al Sistema de Administración de los

Recursos Humanos, de conformidad con el principio de mérito. Es

decir, la ley provee protección a los ciudadanos en la etapa de

reclutamiento y selección previo a ingresar formalmente como empleado

gubernamental, y cuando alguno de estos alegue que tal principio ha

sido violentado, nuestro ordenamiento ha dispuesto expresamente que

la jurisdicción exclusiva para dilucidar tal controversia recae en la

CASP.

     En término breves, el DF es un Administrador Individual para fines

de la Ley bajo discusión, que necesariamente tiene que adherirse al

principio de méritos al ejercer el reclutamiento de los empleados

públicos. Las controversias sobre lesiones al principio de méritos por los

cuales deben conducirse los Administradores Individuales tienen como

foro primario exclusivo a la CASP, por disposición expresa de ley. La

causa de acción instada por el apelante es una relacionada al proceso de

reclutamiento del DF, ergo, bajo la jurisdicción primaria exclusiva del

CASP.

     En definitiva, cumplir con la aplicación de USERRA en este

contexto comporta reconocer que la ley en Puerto Rico ha designado a la

CASP como el foro con jurisdicción primaria exclusiva. En consecuencia,

es ante dicho foro administrativo donde el señor Rivera Ortiz

correspondía instar su acción.
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      Sin embargo, a pesar del TPI haber efectuado una interpretación

de la ley USERRA conforme a derecho, -al determinar que la jurisdicción

para dirimir la controversia correspondía a la CASP-, decidió desestimar

la causa de acción instada por el apelante. Al así decidir el foro primario

erró, puesto que le correspondía referir el asunto a la CASP, antes que

desestimarlo. El remedio concedido por el foro primario fue inadecuado.

Nuestro ordenamiento jurídico promueve el interés de que todo litigante

tenga su día en corte. Esta postura responde al principio fundamental y

política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos y se

resuelvan de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Banco Popular v. S.LG. Negrón, 164 DPR 855,

874 (2005); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124

(1992); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993).

Desestimar un caso por un error técnico, habiendo notificado sobre la

acción a la persona correcta, y no habiendo causado perjuicio a las

partes, no responde a la política judicial y pública antes mencionada. La

desestimación debe ser la última medida utilizada por el Tribunal.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, procede modificar la Sentencia

apelada, según lo aquí explicado. En consonancia, se devuelve el asunto

al Tribunal de Primera Instancia para que ordene remitir el asunto al

foro apropiado, la CASP, y archive el caso hasta tanto el foro

administrativo lo concluya.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones