Court Opinion

ID: 9890374
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:20:05.866661+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:40.749349
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VIII

 VÍCTOR RAFAEL RÍOS                               Certiorari,
        RÍOS                                      procedente del Tribunal
                                                  de Primera Instancia,
      Parte Recurrida                             Sala Superior de San
                                                  Juan
                               KLCE202300957
             v.
                                                  Caso Núm.:
                                                  SJ2022CV00656
    ONE ALLIANCE
      INSURANCE                                   (508)
    CORPORATION;
  BERKLEY INSURANCE
  COMPANY Y BERKLEY                               Sobre:
INTERNATIONAL PUERTO                              Discrimen por edad Ley
       RICO, LLC.                                 Núm. 100-1959
                                                  Procedimiento Sumario
     Parte Peticionaria                           establecido por la Ley
                                                  Núm. 2-1961

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

      Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, One Alliance

Insurance Company (en adelante, “One Alliance” o “Peticionaria”),

mediante petición de Certiorari presentada el 31 de agosto de 2023. Nos

solicitó la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, el “TPI”), el 17 de abril

de 2023, notificada y archivada en autos ese mismo día. Mediante el

referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de

descalificación interpuesta por One Alliance en contra de los Lcdos. Luis.

N. Saldaña Román y Fernando Sabater Clavell, así como del Bufete

Saldaña, Carvajal & Vélez-Rivé, P.S.C. (en adelante y en conjunto, los

“representantes legales”), quienes ostentan la representación legal de la

parte recurrida, Berkley Insurance Company y Berkley International Puerto

Rico, LLC (en adelante y en conjunto, “Berkley” o la “Recurrida”).

Número Identificador
SEN2023______________
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       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el

auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida.

                                     I.

       Los hechos del presente caso se originaron con la presentación de

una “Querella” por parte del Sr. Víctor Rafael Ríos Ríos en contra de One

Alliance y otros codemandados desconocidos, fundamentada en una

alegado despido injustificado, actuaciones constitutivas de discrimen en el

empleo y violaciones a la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, conocida

como la “Ley para Establecer la Jornada de Trabajo”, 29 LPRA sec. 282 et

seq. Luego de varios trámites procesales impertinentes, el 12 de julio de

2022, el señor Ríos Ríos presentó “Moción Solicitando Emplazamientos

a Nombre de Berkley Insurance Company; Berkley International

Puerto Rico, LLC”. Mediante la misma, expuso que durante el

descubrimiento de prueba iniciado en el caso pudo identificar que la

compañía aseguradora de One Alliance era Berkley, por lo que solicitó se

expidieran los correspondientes emplazamientos y se permitiera la

presentación de una enmienda a la “Querella”.

       Así las cosas, el 8 de agosto de 2022, el foro primario ordenó la

expedición de los emplazamientos y convirtió el pleito a uno ordinario, entre

otras cosas. El 17 de agosto de 2022, Berkley presentó “Contestación a

la Querella Enmendada”. Alegó afirmativamente que emitió la póliza de

seguros denominada Management Liability Insurance número 23-

00009436/00 a nombre de One Alliance, con período de vigencia de 23 de

agosto de 2021 a 1 de febrero de 2022. Sostuvo que el límite de

responsabilidad de la póliza era hasta $2,000,000.00 y sujeto a todos los

términos, limitaciones, condiciones, condiciones precedentes y exclusiones

allí establecidas. Asimismo, especificó que las cubiertas tenían un retenido

de $25,000.00. No obstante, planteó que la Póliza no cubría todas las

causas de acción contenidas en la “Querella Enmendada”.

       Específicamente, expuso que la Exclusión A de la Póliza era de

aplicación, razón por lo cual Berkley denegaría cubierta por cualquier y toda

alegación y reclamo del querellante relacionado a daños físicos. Asimismo,
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expuso que la Exclusión C también es de aplicación, por lo que denegaría

cubierta por cualquier reclamo relativo a incumplimiento del contrato de

empleo del querellante. De igual manera, planteó que la Exclusión I de la

Póliza también aplicaba y, por tanto, cualquier alegación relacionada con

la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, supra, no estaba cubierta.

      El 27 de septiembre de 2022, One Alliance presentó una “Solicitud

de Descalificación”. Argumentó que los representantes legales habían

radicado trece (13) demandas en contra One Alliance, en las cuales le

imputaron a ésta incumplimiento de contrato y mala fe. Aludió al pleito

presentado bajo el caso PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC v.

One Alliance Insurance Corporation, Caso Núm. SJ2019CV09195,

ventilado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Sostuvo que en dichos casos los representantes legales hicieron graves

imputaciones sobre un presunto patrón de prácticas desleales y atropellos,

falta de capacidad para poder responder con sus obligaciones y aludir a

que la situación económica y solidez financiera de One Alliance era

precaria.

      Expresó que dichas expresiones eran violatorias del Artículo 27.070

de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida

como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, 26 LPRA sec. 2707,

renumerado como el Artículo 27.080. Especificó que las cláusulas de la

Póliza exigían una participación de Berkley en la defensa de una

reclamación en contra de One Alliance. Asimismo, expuso que Berkley

controlaba las determinaciones sobre la defensa de la Peticionaria. A la luz

de lo anterior, arguyó One Alliance que la comparecencia de los

representantes legales constituía al menos un potencial o una apariencia

de conflicto de intereses que ameritaba su descalificación, a tenor con los

Cánones 21 y 38 de los de Ética Profesional, infra.

      Por su parte, Berkely presentó “Oposición a ‘Solicitud de

Descalificación’”. Como primer argumento, expresó que One Alliance

carecía de legitimación activa para solicitar la descalificación, puesto que

los representantes legales no fueron abogados de la Peticionaria en los
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trece (13) casos a los que hizo alusión. Asimismo, esgrimió que PR Asset

Portfolio no formaba parte del caso de epígrafe y que actualmente los

representantes legales no ostentaban la representación de dicha parte en

aquel pleito. Finalmente, expuso que dicho caso previo no se relacionaba

con el de autos. Añadió que en el caso de autos Berkley se podía

considerar una parte adversa a One Alliance, puesto que había invocado

como defensas que existían varias condiciones de la Póliza que excluían

cubierta para varios remedios, partidas y reclamaciones de la “Querella

Enmendada”. Así pues, aludió a que la representación sucesiva adversa

se refería a que los abogados hayan representado en algún momento a la

parte que invoca el conflicto.

       En cuanto a la alegación de One Alliance a los efectos de que los

representantes legales controlarán la defensa de la Peticionaria, expuso

que las disposiciones de la Póliza a las que se hicieron referencia

únicamente regulan cómo una aseguradora manejará su participación

cuando uno de sus asegurados sea demandado, esto con el fin exclusivo

de evaluar si eventualmente cubrirá o no cualesquiera de los daños

reclamados. Por tanto, fue su apreciación, que el acceso a información que

tendrá Berkley en este caso es la misma que tendría cualquier otra

aseguradora demandada. Esbozó que los hechos de los casos eran

distintos y que One Alliance falló en probar desventaja indebida alguna.

       Destacó que la Póliza no incluía el conocido término duty to defend,

lo cual implica que la aseguradora está obligada a proveer representación

legal al asegurado, así como asumir los gastos del litigio. De hecho, arguyó

que One Alliance estaba en la libertad de escoger su propia representación

legal y la controlaba completamente. Asimismo, aclaró que los

representantes legales nunca advinieron en conocimiento de información

confidencial o privilegiada durante el litigio presentado en contra de One

Alliance. En suma, planteó Berkley que los representantes legales no son

ni nunca han sido abogados de One Alliance, por lo cual, nunca ha existido

una relación abogado-cliente entre ellos y esta última.
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       Presentadas las correspondientes réplica y dúplica, el TPI emitió

Resolución el 17 de abril de 2023, notificada y archivada en autos ese

mismo día, mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

descalificación. El foro primario basó su determinación en el hecho de que

entre One Alliance y los representantes legales nunca ha existido una

relación abogado-cliente. Asimismo, expuso el foro a quo que las acciones

presentadas por estos últimos en contra de la Peticionaria no estaban

relacionadas con las controversias laborales que se ventilan en el caso de

epígrafe. Así pues, entendió el TPI que los perjuicios alegados por One

Alliance, si no se concedía la solicitud de descalificación, no cumplían con

los criterios establecidos en nuestra jurisdicción para adjudicar este tipo de

petitorio.

       Inconforme,     la    Peticionaria      presentó       “Solicitud    de

Reconsideración        de     Resolución        sobre     Descalificación”.

Posteriormente,    Berkley    presentó      “Oposición    a    ‘Solicitud   de

Reconsideración de Resolución sobre Descalificación’”. Así las cosas,

y posterior a la presentación de las correspondientes réplica y dúplica, el

foro de instancia emitió Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar

la solicitud de reconsideración. Dicho dictamen fue notificado y archivado

en autos el 18 de agosto de 2023.

       Aún insatisfecha, One Alliance presentó el recurso de certiorari que

nos ocupa. Le imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores:

       Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de
       Primera Instancia al no ordenar la descalificación del Bufete
       Saldaña, Carvajal & Vélez Rivé y sus abogados, Lcdo.
       Fernando- Sabater y Lcdo. Luis M. Saldaña por un potencial
       conflicto de intereses en la representación legal sucesiva
       conforme a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética
       Profesional.

       Erró grave y manifiestamente el Honorable Tribunal de
       Primera Instancia al no ordenar la descalificación del Bufete
       Saldaña, Carvajal & Vélez Rivé y sus abogados, Lcdo.
       Fernando- Sabater y Lcdo. Luis M. Saldaña por una violación
       a los Cánones 15 y 38 del Código de Ética Profesional y al
       Código de Seguros de Puerto Rico.

       El 11 de septiembre de 2023, Berkley presentó “Memorando en

Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari”.
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       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                       II.

       Como es sabido, “los procedimientos de descalificación de

abogados no constituyen de por sí acciones disciplinarias sujetas a la

jurisdicción exclusiva del Tribunal Supremo”. Oficina para Reglamentación

de la Industria Lechera v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229, 241 (2020). Véase

K-Mart Corp v. Walgreens de PR, Inc., 121 DPR 633, 637-638 (1988);

Liquilux Gas v. Berrios, 138 DPR 850, 864 (1995). La descalificación “es

una medida preventiva para evitar posibles infracciones a los Cánones de

Ética Profesional … [y] funge como un ‘mecanismo para asegurar la

adecuada marcha de un litigio evitando los actos disruptivos provenientes

del abogado’”. Oficina para Reglamentación de la Industria Lechera v. El

Farmer, Inc., supra, pág. 241 (citando a R. Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis

Nexis, 2017, pág. 82); véase, K-Mart Corp v. Walgreens de PR, Inc., supra,

pág. 637. En ese sentido, “los jueces tienen la potestad de descalificar a un

abogado si ello resulta necesario para lograr una solución justa, rápida y

económica de los pleitos”. Meléndez Vega v. Caribbean Intern News, 151

DPR 649, 661 (2000). Particularmente, “la descalificación puede otorgarse

con el fin de: (1) prevenir una violación a cualquier de los Cánones del

Código de Ética Profesional o (2) evitar actos disruptivos de los abogados

durante el trámite de un pleito”. Oficina para Reglamentación de la Industria

Lechera v. El Farmer, Inc., supra, pág. 241.

      El Tribunal Supremo ha dispuesto que “[a]l evaluar lo sustantivo de

la procedencia de una descalificación, los tribunales deben hacer un

análisis de la totalidad de las circunstancias ‘para valorar si la actuación del

abogado constituye un ‘acto disruptivo’ o si tiene el potencial de

desembocar en una violación de los Cánones del Código de Ética

Profesional’”. Íd., pág. 242. Para ello, se establecen los siguientes factores:

“(1) si quien solicita la descalificación tiene legitimación activa para

invocarla; (2) la gravedad de la posible violación ética involucrada; (3) la
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complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la controversia y el

expertise de los abogados implicados; (4) la etapa de los procedimientos

en que surja la controversia sobre descalificación y su posible efecto en

cuanto a la solución justa, rápida y económica del caso, y (5) el propósito

detrás de la descalificación, es decir, si la moción se está utilizando como

mecanismo para dilatar los procedimientos”. Íd., págs. 242-243; véase, Job

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 597-598 (2012); Liquilux

Gas v. Berrios, supra, págs. 864-866.

      Además, “el juez que atiende una moción de descalificación

presentada por la parte adversa deberá analizar si la continuación de la

representación legal le causará perjuicio o desventaja indebida a quien la

solicita”. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 598. De igual

forma, “[e]l tribunal deberá sopesar, además, el derecho que le asiste a

todo ciudadano de escoger con libertad el abogado que lo represente”.

Otoña v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996).

       Cabe recordar que la determinación de descalificar a un abogado

por el foro adjudicador es una determinación de derecho ejercida dentro

del marco de discreción de sus funciones en el manejo procesal de un caso.

Por tal razón, los tribunales apelativos no debemos sustituir nuestro criterio

en el ejercicio de esa discreción, salvo en casos en que ese foro incurra en

arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez v. Caribbean Int.

News, supra, pág. 664.

       En lo pertinente, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, C. 21, describe las circunstancias que pueden configurar un

conflicto de interés que impide a un abogado representar a un cliente

determinado. Es decir, les impone a los miembros de la profesión legal el

deber de lealtad y fidelidad hacia el cliente al evitar incurrir en la

representación de intereses encontrados. In re Rafucci Caro, 206 DPR 589,

608 (2021). Por su parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, C. 38, establece que el abogado deberá evitar hasta la

apariencia de conducta profesional impropia.
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       La obligación de representar al cliente según esa lealtad que le

impone el Canon 21, supra, a todo togado incluye, entre otras cosas,

“ejercer un criterio profesional independiente y desligado de sus propios

intereses y no divulgar los secretos y las confidencias que el cliente haya

compartido durante el transcurso de sus representaciones pasadas y

presentes”. Otaño v. Vélez, supra, págs. 825-826.

       El Canon 21, supra, le impone a todo abogado y abogada el deber

de evitar tres situaciones básicas: (1) asumir la representación legal de una

persona cuando a su juicio el ejercicio de esa representación pueda verse

afectado por sus expectativas o intereses personales; (2) aceptar la

representación legal simultánea de dos clientes distintos con intereses

contrapuestos; y (3) aceptar la representación de un cliente en asuntos que

puedan afectar adversamente los intereses de un cliente anterior.

       En lo aquí atinente, el referido Canon 21 proscribe expresamente

que el abogado incurra en una representación simultánea o sucesiva

adversa. El fin ulterior es garantizar que la información personal y

profesional que el cliente entregó antes o que ahora entrega a su abogado

no será utilizada en su contra en el nuevo escenario en que ese mismo

abogado tiene la representación de otra parte antagónica o potencialmente

antagónica en un pleito simultáneo o posterior. Íd., pág. 826; Liquilux Gas

v. Berrios, supra, pág. 859.

       Ahora bien, debe quedar claro que el Canon 21, supra, no impide la

representación sucesiva o simultánea de dos clientes por un mismo

abogado ante la total ausencia de un posible conflicto de intereses entre

ambas representaciones. Otaño v. Vélez, supra, pág. 827. La doctrina

sobre la representación sucesiva adversa se refiere a la descalificación del

abogado individual que, luego de representar a un cliente intenta

representar a otro con intereses adversos. Robles Sanabria, Ex Parte, 133

DPR 739, 748 (1993).

       Este tipo de conflicto se configura cuando un abogado representa a

un cliente en un asunto que está sustancialmente relacionado con otro

asunto en el cual representó a un cliente anterior y los intereses de ambos
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son adversos. In re Soto Aguilú, 202 DPR 137, 144 (2019). “Después de

todo, los abogados no solo deben evitar el conflicto de intereses actual,

sino también el potencial.” In re Meléndez Figueroa, 203 DPR 18, 22

(2019). Bajo dicha premisa, el cliente no tiene que probar que hubo una

violación al principio de confidencialidad. In re Rafucci Caro, supra, pág.

610.

       Solo se requiere que se demuestre que el abogado mantuvo
       una relación de abogado-cliente con una persona que al
       tiempo presente tiene una controversia con otra persona que
       él representa; que la representación legal de su cliente
       anterior está sustancialmente relacionada con la
       representación profesional de su cliente actual, y que la
       representación legal actual resulta adversa a los intereses de
       su cliente original. Finalmente, este conflicto no se subsana
       solo porque el letrado alegue que no utilizará las confidencias
       de sus clientes en perjuicio de estos. Íd.

       En P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 133 DPR 112 (1993), el

Tribunal Supremo amplió la doctrina prevaleciente sobre la representación

sucesiva adversa para atender posibles conflictos de intereses de bufetes

o grupos de abogados. Así, la doctrina de la descalificación imputada

autoriza, en ciertas circunstancias, la descalificación de todo un bufete o

grupo de abogados si uno o más de sus integrantes está personalmente

descalificado a raíz de un conflicto de intereses. La descalificación personal

se denomina “descalificación primaria” y la de los demás miembros del

bufete o agrupación se denomina “descalificación secundaria”. Eliane Exp.

Ltd. v. Maderas Alfa, Inc., 156 DPR 532, 543 (2002). El objetivo principal

de esta doctrina es “proteger al cliente que acude a un bufete o grupo de

abogados contra violaciones vicarias de las reglas sobre conflictos de

intereses”. Robles Sanabria, Ex Parte, supra, pág. 749. Los criterios a

aplicarse en estas situaciones son esencialmente los mismos de la

descalificación individual.

       Entre los factores a considerar para evaluar una situación de

representación múltiple adversa, se destacan: (1) el grado en el cual los

intereses de los clientes difieren; (2) la naturaleza de la representación; (3)

la probabilidad de que el abogado sea influenciado por uno de los clientes;

y (4) la extensión en que los intereses de los clientes puedan ser afectados

de quedar influenciado el abogado por alguno de ellos. In re Carreras
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Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778, 790 (1984). Por lo dicho, el conflicto

de intereses por razón de representación múltiple debe ser examinado a la

luz del criterio de impropiedad, sin necesidad de que se aporte prueba de

una violación ética como tal. Íd., pág. 792.

       Por otro lado, el Canon 15 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 15, dispone la conducta que debe observar la clase togada

respecto a los testigos y los litigantes. En lo pertinente, dicho Canon

establece:

       Un abogado debe tratar a los testigos y litigantes adversarios
       con respeto y consideración. No debe actuar inspirado por la
       animosidad ni por los prejuicios de su cliente ni debe permitir
       que éste dirija el caso ni que se convierta en el dueño de la
       conciencia del abogado.

       Será impropio utilizar los procedimientos legales en forma
       irrazonable o con el fin de hostigar la parte contraria. Íd.

       De conformidad con lo anterior, se ha resuelto que los abogados

tienen la obligación de defender la causa de su cliente con gran vigor,

energía y vehemencia, pero siempre evitando ser irrespetuoso o

imprudente. In re Feliciano, 198 DPR 369, 381 (2017). “Es decir, los

abogados como ‘actores principales en la litigación, deben ejercer, al

máximo de sus facultades, el deber de cortesía, respeto y consideración

que les impone el mencionado canon’”. Íd. (citando a In re Irisarri Castro,

172 DPR 193, 210 (2007)).

                                     III.

       Nos corresponde determinar si el TPI incidió al denegar la solicitud

de descalificación interpuesta por One Alliance.

       En su primer señalamiento de error, la Peticionaria básicamente

reprodujo los mismos planteamientos esgrimidos ante el foro primario.

Específicamente, One Alliance señala que, si bien es cierto que los

representantes legales nunca han sido sus abogados, este Tribunal debía

analizar la relación existente entre la representación legal de la

aseguradora y el asegurado. A su entender, sostiene que se configura una

relación abogado-cliente, no en virtud de un contrato de representación

legal, sino en virtud del contrato de seguro habido entre las partes. Sobre

el particular, argumenta que los representantes legales controlarán la
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defensa de One Alliance, como abogados de Berkley. Para respaldar su

teoría cita una serie de casos del Estado de California. Veamos.

       Para    disponer       efectivamente   de   dicha   controversia,   es

imprescindible que evaluemos si a base de la totalidad de las

circunstancias presentes en el caso, la actuación de los representantes

legales constituye un acto disruptivo o si tiene el potencial de desembocar

en una violación de los Cánones del Código de Ética Profesional.

Primeramente, no vemos cómo el hecho de que los representantes legales

sean abogados de Berkley en el caso de autos configure un acto disruptivo

por éstos haber tenido una relación abogado-cliente con partes opuestas a

One Alliance en varios litigios. La mera radicación de pleitos en contra de

la Peticionaria no puede interpretarse como una barrera para que los

representantes legales puedan continuar con su relación profesional con

Berkley. Más aún cuando en dichos litigios éstos no representaban a One

Alliance. No vemos cómo bajo dicho escenario se le crea una desventaja

indebida a la Peticionaria.

       Analicemos, pues, si en el presente caso se configura un potencial

conflicto de intereses, en contravención con las disposiciones del Canon

21 de Ética Profesional, supra.

       Según hemos adelantado, el aludido Canon 21, supra, le impone a

todo togado la obligación de ejercer un criterio profesional independiente y

desligado de sus propios intereses, y de no divulgar los secretos y las

confidencias que el cliente haya compartido durante el transcurso de sus

representaciones pasadas y presentes. Por ello, es norma reiterada que el

Canon 21 proscribe expresamente que un abogado incurra en

representación simultánea o sucesiva adversa. Bajo este último escenario,

un abogado representa a un cliente en un asunto que está

sustancialmente relacionado con otro asunto en el cual representó a un

cliente anterior y los intereses de ambos clientes son adversos.

       One Alliance sostiene que en el caso de autos Berkley le provee

representación y controla su defensa, bajo las disposiciones de la Póliza.

Sobre el particular, la Peticionaria arguye que dicha representación legal
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es una indirecta, a la luz de los términos del aludido contrato de seguro. Es

decir, One Alliance argumenta que la relación abogado-cliente habida entre

los representantes legales y ella es una sui generis que se configura por la

naturaleza del contrato de seguros suscrito entre las partes. No nos

convence dicha apreciación.

      No podemos olvidar que la controversia se centra en una alegación

de representación sucesiva adversa que, en primer término, requiere que

haya existido una relación abogado-cliente entre quien alega la existencia

del conflicto y los abogados que se pretenden descalificar. Sin embargo, el

expediente es claro en cuanto a que los representantes legales nunca han

sido abogados de One Alliance. Ni antes del presente litigio, ni en la

actualidad existe una relación de fiducia que pudiera generar un conflicto

de interés patente o potencial. De hecho, el récord refleja que la única

relación que existía entre los representantes legales fue con PR Asset

Portfolio en el pasado y actualmente, con Berkley. Ciertamente, conforme

arguye Berkley, la doctrina de representación sucesiva adversa requiere,

como requisito sine qua non, que los abogados hayan representado en

algún momento a la parte que invoca el conflicto. No podemos perder de

vista que lo que se busca preservar al invocarse un conflicto de interés por

relación sucesiva adversa es el deber de confidencialidad que el abogado

debe a sus clientes anteriores, y que lo divulgado en confidencia por un

cliente anterior no sea utilizado en contra de éste en una representación

posterior. Lo anterior sencillamente no surge con las relaciones antes

discutidas.

      Por otro lado, tampoco existe relación alguna entre dichos pleitos en

los que los representantes legales mantenían una relación abogado-cliente

con partes adversas a One Alliance y el pleito de epígrafe. Tal y como lo

expuso la Peticionaria, dichos litigios estaban predicados en presuntas

violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico, mientras que el caso que

nos ocupa versa sobre una reclamación laboral en contra de One Alliance

y en la que se acumuló a Berkley como aseguradora de esta última. Acoger

la teoría de la Peticionaria equivaldría a prohibir que unos abogados y la
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firma legal a la que pertenecen puedan litigar sucesivamente contra una

parte contra la que hayan litigado en pleitos anteriores. Nótese que, en el

caso de autos, Berkley invocó una serie de defensas y sostiene que la

Póliza no provee cubierta para ciertas reclamaciones que el querellante

esgrimió en contra de One Alliance, como su antiguo patrono, por lo que

entre las partes aquí comparecientes existen argumentos opuestos que

requerirán una adjudicación en los méritos por parte del foro primario.

       En cuanto a la teoría esgrimida por la Peticionaria relacionada con

que este Tribunal debe interpretar que existe una relación abogado-cliente

entre ésta y los representantes legales, por virtud de la Póliza, concluimos

que carece de méritos. Nos explicamos.

       No podemos perder de perspectiva que la alegada violación o

potencial violación que invoca la Peticionaria está predicada en las

disposiciones del Canon 21 de Ética Profesional, supra, bajo la modalidad

de representación sucesiva adversa. Por tanto, aún si entendiéramos que

actualmente existe una relación abogado-cliente entre One Alliance y los

representantes legales como consecuencia del contrato de seguros en

controversia, no se configuran los elementos necesarios que nuestro

ordenamiento ha establecido para probar dicho tipo de conflicto, pues el

mismo está fundamentado en la existencia de una relación abogado-cliente

anterior con quien alega la existencia del conflicto. Según hemos

adelantado, One Alliance y los representantes legales nunca han tenido

este tipo de relación de fiducia, por lo que no se configura el elemento inicial

que se debe establecer para reclamar la existencia del conflicto.

       Aun así, al analizar las disposiciones contractuales de la Póliza,

somos de la opinión de que la defensa de One Alliance no es controlada

exclusivamente por Berkley. Adviértase que, si bien es cierto que, como

parte de sus deberes contractuales, la Peticionaria tiene que cumplir con

proveer cierta información relacionada con la defensa del caso o consultar

con Berkley antes de arribar a un acuerdo transaccional, no es menos cierto

que dicho contrato también prohíbe que la aseguradora pueda transigir un

pleito sin el consentimiento de One Alliance. Igualmente, es claro que la
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Peticionaria escogió su propia representación legal, lo cual, se manifiesta

como un indicador adicional de que Berkley no controla un cien por ciento

la defensa de One Alliance, como parece indicar esta última. De hecho,

coincidimos con Berkley a los efectos de que las disposiciones de la Póliza

a las que se hicieron referencia únicamente regulan cómo una aseguradora

manejará su participación cuando uno de sus asegurados es demandado,

esto con el fin de evaluar si eventualmente cubrirá o no cualesquiera de las

reclamaciones incoadas. No se cometió el primer error.

         De otra parte, sostiene la Peticionaria que el TPI cometió error al no

ordenar la descalificación de los representantes legales, pues se configura

una violación al Canon 15 de Ética Profesional, supra. No nos convence

dicha postura.

         Conforme hemos establecido, el referido Canon regula la conducta

que debe observar la clase togada respecto a los testigos y los litigantes.

One Alliance arguye que procede la descalificación de los representantes

legales por, presuntamente, efectuar una serie de imputaciones sobre

críticas maliciosas y en detrimento de su situación económica en unos

pleitos que en nada están relacionados con el caso de autos. Si One

Alliance entiende que dichas expresiones son violatorias del aludido

Canon, debió entonces presentar su solicitud en dichos pleitos.

Recuérdese que el mecanismo de la descalificación se utiliza para asegurar

la adecuada marcha de un litigio y lograr una solución justa, rápida y

económica del mismo. No puede la parte promovente de dicha petición

pretender que se penalice a la parte contraria utilizando la descalificación

de su abogado, por expresiones o señalamientos que tan siquiera se han

efectuado dentro del mismo caso. A pesar de lo anterior, entendemos que

las expresiones a las que hace referencia One Alliance no son fundamento

suficiente para que los representantes legales no puedan defender los

intereses de Berkley en el caso de autos, a la luz de lo dispuesto en el

Canon 15 de Ética Profesional, supra. Tampoco se cometió el segundo

error.
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      En fin, concluimos que en el presente caso no se configuró ningún

conflicto de interés, ni están presentes las circunstancias que puedan

tender a establecer la existencia de un potencial conflicto de interés

proscrito por el Canon 21 de Ética Profesional, supra. Tampoco concurren

las circunstancias necesarias para ordenar la descalificación por violación

al Canon 15 o al Canon 38 que requiere que todo abogado evite la

apariencia de conducta impropia.

                                    IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte del presente dictamen, expedimos el auto de certiorari y confirmamos

la Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones