Court Opinion

ID: 9941376
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Date Created: 2024-02-16 15:29:52.534176+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.505634
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

   PUEBLO DE PUERTO                            APELACIÓN, acogido
         RICO                                  como Certiorari
                                               procedente del
          Recurrido                            Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
                                 KLAN202400055 Superior de
               v.                              Caguas

                                                       Caso Núm.
     JUAN MANUEL                                       E LA2022G0064
   RODRÍGUEZ SELLÉS                                    E LE2022G0140

        Peticionarios                                  Por:
                                                       Art. 6.06 de la ley de
                                                       Armas; Art. 3.2 B Ley
                                                       54
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres; la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Ramos

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                               RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

       Comparecen ante nos el Sr. Juan Rodríguez Sellés (en

adelante, Sr. Rodríguez Sellés o parte peticionaria) mediante escrito

intitulado Apelación Criminal por Derecho Propio y en Forma

Pauperis, el cual acogemos como uno de certiorari1 y conservamos el

alfanumérico asignado para propósitos administrativos. En su

recurso de certiorari, la parte aquí peticionaria solicita la revocación

de la Sentencia dictaminada por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Caguas (en adelante, TPI o foro primario) el 20 de

diciembre de 2023, notificada el 29 de diciembre de 2023.2

       Por   los    fundamentos      que    exponemos       a   continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe por incumplimiento con

nuestro Reglamento.

1 Véase: Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 193, 34 LPRA

Ap. II, R. 193, la cual establece que en casos de alegación de culpabilidad el
mecanismo para la revisión de dichos dictámenes es únicamente mediante el
mecanismo del certiorari.
2 Debido a que la parte aquí peticionaria no acompañó copia de la sentencia ni de

su notificación tomamos conocimiento judicial de las mismas.

Número Identificador

RES2024_________
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                                   I

      Mediante el dictamen impugnado el foro primario dictó

Sentencia, luego de que el Sr. Rodríguez Sellés hiciera alegación de

culpabilidad y de que hubiera evaluado su voluntariedad, con

conocimiento de los delitos imputados y las consecuencias de su

alegación, lo declaró culpable de infracción al Artículo 6.06 de la Ley

Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas

de Puerto Rico de 2020”, 25 LPRA sec. 466e, y del Artículo 3.2 B de

la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada,

conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica”, 8 LPRA sec. 632. El foro primario le impuso una pena

de ocho (8) años de cárcel por el caso E LE2022G0140, y seis (6)

años de cárcel en el caso E LA2022G0064 a ser cumplidas de forma

consecutivas entre sí para un total de catorce (14) meses. Además,

le impuso el pago de trescientos dólares ($300.00) de la pena

especial, por cada caso, en virtud del Artículo 61 del Código Penal,

33 LPRA sec. 5094, y ordenó su registro en el Registro de Personas

Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la

Violencia Doméstica.

      Inconforme, la parte peticionaria presentó el 18 de enero de

2024 recurso de certiorari, en el cual planteó la comisión de los

siguientes errores:

      A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL ENCONTRARME CULPABLE EN
         VIRTUD DE UNA PRUEBA QUE NO DERROTÓ MI
         PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y MUCHO MENOS
         ESTABLECIÓ MI CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE
         DUDA RAZONABLE.

      B. ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
         MOCI[Ó]N DE ARRESTO DEL VEREDICTO[,]
         VIOLENTANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL A
         UN DEBIDO PROCESO DE LEY.

      C. ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL NO IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES
         AL JURADO SOLICITADAS POR EL ABOGADO DE
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           DEFENSA VIOLENTANDO EL DERECHO A UN
           JUICIO JUSTO E IMPARCIAL.

        D. ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL ADMITIR UNAS FOTOS Y
           OBJETADAS    POR   LA   DEFENSA    SIENDO
           ALTAMENTE INFLAMATORIAS VIOLENTANDO EL
           DERECHO A UN JUICIO JUSTO E IMPARCIAL.

        E. ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
           SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN PERETORIA POR LAS
           ACUSACIONES     NO     IMPUTAR     DELITO
           VIOLENTANDO EL DEBIDO PROCESO DE LEY Y EL
           DERECHO A UN JUICIO JUSTO E IMPARCIAL.

        F. ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL JUEZ QUE PRESIDI[Ó] EL JUICIO
           POR JURADO INTERFERIR EN M[Ú]LTIPLES
           OCASIONES EN PRESENCIA DEL JURADO CON
           TRABAJO Y EL CONTRAINTERROGATORIO DEL
           ABOGADO DE DEF[E]NSA VIOLENTANDO EL
           DERECHO A UN JUICIO JUSTO E IMPARCIAL.

        G. NO RENUNCIO AL DERECHO DE PODER
           PRESENTAR     ERRORES       ADICIONALES      DE
           DERECHO ANTE ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE
           APELACIONES, TRAS LA DEBIDA EVALUACIÓN
           DEL EXPEDIENTE DE INSTANCIA Y LA TOTALIDAD
           DE LA PRUEBA ORAL DESFILADA DURANTE EL
           JUICIO EN SU FONDO, POR EL ABOGADO
           APELATIVO A QUIEN LE ASIGNE EL PRESENTE
           CASO. (HENDERSON V. US[,] 133 S Ct. 1121; 2013 Y
           PUEBLO V. SOTO [RÍOS,] 95 [DPR] 483; 1967).

       Es importante puntualizar que la parte aquí peticionaria no

acompañó su recurso con ningún anejo y, aunque expone siete (7)

errores, ninguno guarda relación con dictámenes de alegación de

culpabilidad.

        Por tanto, examinado el expediente a la luz del derecho

vigente,   y    en   atención     a   la   determinación    que   llegamos,

determinamos resolver sin la comparecencia del Procurador

General. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B. R. 7(B)(5). La norma esbozada provee para que

este    Tribunal     de   Apelaciones      prescinda   de   “términos   no

jurisdiccionales,     escritos,       notificaciones   o    procedimientos

específicos”, ello “con el propósito de lograr su más justo y eficiente

despacho”. Id.
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                                   II

                                  A.

      Sabemos que la jurisdicción es la autoridad con la que cuenta

el tribunal para considerar y decidir los casos y controversias que

tiene ante sí. Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384

(2022); Metro Senior v. AFV, 209 DPR 155 (2022); Beltrán Cintrón et

al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020). La jurisprudencia del Foro

Más Alto ha dictado reiteradamente que los tribunales tienen el

deber ineludible de verificar la existencia de jurisdicción, motu

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las

partes en el litigio. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR

345 (2003).

      La falta de jurisdicción de un tribunal no es subsanable, por

lo que el tribunal está impedido de asumir la jurisdicción, a su

discreción, donde no la hay. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo,

169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).

De igual manera, las partes no pueden voluntariamente conferirle o

abrogarle jurisdicción al tribunal.

      Por consiguiente, al determinar que no se tiene jurisdicción,

el tribunal tiene que desestimar la reclamación ante sí, sin entrar a

resolverla en sus méritos. Esto se fundamenta en que, si un tribunal

dicta una sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será

jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero et al. v. ARPe et al.,

187 DPR 445, 447 (2012).

      Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, R.

83, lo siguiente:

         (B) Una parte podrá solicitar en cualquier
         momento la desestimación de un recurso por los
         motivos siguientes:

              (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
                  jurisdicción;
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          […]

          (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa
          propia, podrá desestimar un recurso de
          apelación o denegar un auto discrecional por
          cualesquiera de los motivos consignados en el
          inciso (B) precedente. (Énfasis nuestro.)

       Ante la situación en la que un tribunal carece de autoridad

para     atender   un   recurso,    solamente     procede    decretar      la

desestimación del caso ante su consideración. Lozada Sánchez et al.

v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012). Los tribunales tenemos siempre

la obligación de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues

sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los

méritos del recurso. Cordero et al. v. ARPe et al., supra. Por ser las

cuestiones de jurisdicción privilegiadas, estas deben ser resueltas

con preferencia y de carecer un tribunal de jurisdicción, lo único

que puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado,

172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc.,

supra.

                                    B.

       Cuando un ciudadano hace alegación de culpabilidad,

renuncia a valiosos derechos constitucionales relacionados con el

juicio y, consustancialmente, con el debido proceso de ley, entre

ellos, el derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda

razonable, el derecho a un juicio justo, imparcial y público, el

derecho a ser juzgado ante un juez o jurado, y el derecho a presentar

evidencia a su favor y rebatir la evidencia presentada en su contra.

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 821 (2007); Pueblo v. Montero

Luciano, 169 DPR 360 (2006). No obstante, tal alegación no implica

una renuncia total al derecho constitucional a un debido proceso de

ley. Se reconoce que un ciudadano convicto mediante alegación de

culpabilidad podría atacar dicha convicción y la sentencia dictada

de   conformidad    a   través     de    un   recurso   de   certiorari,   o

colateralmente, a través de procedimientos posteriores a la
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sentencia,   tales   como    la   moción    bajo   la   Regla     192.1   de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, y el recurso de

habeas corpus, si cuenta con un planteamiento o defensa meritoria

de debido proceso de ley. Íd.

      La Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.

193, dispone lo siguiente:

      Las sentencias finales dictadas en casos criminales
      originados en el Tribunal de Primera Instancia podrán
      ser apeladas por el acusado en la forma prescrita por
      estas reglas. En estos casos, el acusado podrá
      establecer una apelación para ante el Tribunal de
      Circuito de Apelaciones, excepto en los casos de
      convicción por alegación de culpabilidad, en los
      cuales procederá únicamente un recurso de
      certiorari, en cuyo caso el auto será expedido por el
      Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción.
      La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de
      los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la
      sentencia fue dictada. Este término es jurisdiccional.

      El término para formalizar el recurso de certiorari se
      calculará a partir de la fecha del depósito en el correo
      cuando ésta sea distinta a la fecha de archivo en autos
      de copia de la notificación de la sentencia. Cuando la
      persona estuviese presente en la sala al momento de ser
      dictada la sentencia, el término se calculará a partir de
      ese momento. (Énfasis suplido).

      Según se estableció en Pueblo v. Román Mártir, supra, y en

Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 211 (1998), una

sentencia dictada a raíz de una alegación de culpabilidad es

revisable    mediante       un    recurso     de    certiorari,     librado

discrecionalmente, para examinar un ataque a: (1) la suficiencia de

la acusación, (2) la jurisdicción del tribunal sentenciador, y (3)

para plantear alguna irregularidad en el pronunciamiento de la

sentencia.

      Además, el hecho de que un acusado haya sido convicto

mediante una alegación de culpabilidad no impide que éste ataque

directamente la validez de la alegación, cuando es el resultado de

coacción o cuando un tribunal incumple su deber de investigar

asuntos requeridos por la Constitución o por la ley. Pueblo v.

Román Mártir, supra. Asimismo, un convicto por alegación de
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culpabilidad puede impugnar colateralmente su sentencia si no fue

producto de una decisión inteligente. Íd.: Pueblo v. Santiago

Agricourt, supra. Véase, además, Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR

950 (2023) (Sentencia).

      Por su parte, la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33 (B), establece el requisito de

notificar el recurso de certiorari a las partes. En lo pertinente, esta

Regla dispone lo siguiente:

      La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari,
      debidamente sellada con la fecha y la hora de
      presentación, a los abogados o abogadas de récord, o en
      su defecto, a las partes, así como al Procurador General
      o Procuradora General, y al Fiscal de Distrito o a la
      Fiscal de Distrito en los casos criminales, dentro del
      término dispuesto para la presentación del recurso.
      Este término será de cumplimiento estricto. […].

      En lo aquí pertinente, la Regla 34 de nuestro Reglamento, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 34, dispone todo lo relacionado al contenido

que deberá tener toda solicitud de certiorari. Esta Regla establece lo

siguiente:

      El escrito de certiorari contendrá:

      (A) Cubierta

      […]

      (B) Índice

      Inmediatamente después, habrá un índice detallado de
      la solicitud y de las autoridades citadas conforme a lo
      dispuesto en la Regla 75 de este Reglamento.

      (C) Cuerpo

      (1) Toda solicitud de certiorari contendrá numerados, en
      el orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes:

         (a) En la comparecencia, el nombre de las partes
         peticionarias.

         […]

         (c) Una referencia a la decisión cuya revisión se
         solicita, la cual incluirá el nombre y el número del
         caso, la Región Judicial correspondiente y la Sala del
         Tribunal de Primera Instancia que la dictó, la fecha
         en que lo hizo y la fecha en que fue notificada; […].
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         (d) Una relación fiel y concisa de los hechos
         procesales y materiales del caso.

         (e) Un señalamiento breve y conciso de los errores
         que a juicio de la parte peticionaria cometió el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (f) Una discusión de los errores señalados,
         incluyendo las disposiciones de ley y la
         jurisprudencia aplicable.

         (g) […].

      […]

      (E) Apéndice

      (1) Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este inciso
      y en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que
      contendrá una copia literal de:

      (a) Las alegaciones de las partes, a saber:

      […]

         (ii) en casos criminales,       la   denuncia   y   la
         acusación, si la hubiere.

      (b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya
      revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de
      hechos y las conclusiones de derecho en que esté
      fundada, si las hubiere, y la notificación del archivo
      en autos de una copia de la notificación de la
      decisión, si la hubiere.

      (c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal
      de Primera Instancia, resolución u orden necesaria
      para acreditar la interrupción y reanudación del
      término para presentar la solicitud de certiorari, y
      la notificación del archivo en autos de una copia de
      la resolución u orden.

      (d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito
      de cualesquiera de las partes que forme parte del
      expediente original en el Tribunal de Primera
      Instancia, en los cuales se discuta expresamente
      cualquier asunto planteado en la solicitud de
      certiorari, o que sean relevantes a ésta.

      (e) Cualquier otro documento que forme parte del
      expediente original en el Tribunal de Primera
      Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de
      Apelaciones a los fines de resolver la controversia.

      (2) […].

      Es norma trillada de derecho que las partes-incluso los que

comparecen por derecho propio-tienen el deber de cumplir fielmente

las normas para el perfeccionamiento de los recursos ante este foro
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apelativo. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Es decir, estos

deben observar rigurosamente las disposiciones reglamentarias

establecidas para la forma, contenido, presentación y notificación de

los escritos ante nos. Hernández Jiménez et al. v. AEE et al., 194

DPR 378, 382-383 (2015). Ello, debido a la necesidad de colocar a

los tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los

casos, contando con un expediente completo y claro de la

controversia que tiene ante sí. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189

DPR 84, 90 (2013).

      De no observarse las disposiciones reglamentarias sobre el

perfeccionamiento, nuestro ordenamiento autoriza la desestimación

del recurso. Véase, Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR

281, 290 (2011). Claro está, ante la severidad de esta sanción,

nuestro Tribunal Supremo exige que nos aseguremos que el

quebrantamiento      de   dichos   postulados   haya   provocado   un

impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso

en los méritos. Por lo tanto, solo si se cumple con dicho parámetro

procederá la desestimación. Román et als. v. Román et als., 158 DPR

163, 167 (2002).

      En suma, la parte compareciente tiene que perfeccionar su

recurso a tenor de los preceptos de la ley vigentes y de nuestro

reglamento. De lo contrario, este Tribunal no estará en posición de

revisar el dictamen recurrido. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 367

(2005).

                                   III

      De la evaluación del escrito de certiorari surge patentemente

que de su faz incumple con las disposiciones de la Regla 34 de

nuestro Reglamento, supra. Al respecto, la parte aquí peticionaria

en su escrito de certiorari alega que acude ante nos de una Sentencia

dictada por el foro primario el 20 de diciembre de 2023, luego de la

celebración de un juicio por jurado del 13 de febrero de 2023 al 13
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de octubre de 2023. Sin embargo, de la Sentencia revisada surge

que el Sr. Rodríguez Sellés hizo alegación de culpabilidad el día 20

de diciembre de 2023 según los delitos imputados.

      Por tanto, de conformidad a lo establecido en Pueblo v. Román

Mártir, supra, y en Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, una

sentencia dictada a raíz de una alegación de culpabilidad es

revisable   mediante     un    recurso    de    certiorari,   librado

discrecionalmente, para examinar un ataque a: (1) la suficiencia de

la acusación, (2) la jurisdicción del tribunal sentenciador, y (3)

para plantear alguna irregularidad en el pronunciamiento de la

sentencia. Asimismo, un convicto por alegación de culpabilidad

puede impugnar colateralmente su sentencia si no fue producto de

una decisión inteligente. Íd.: Pueblo v. Santiago Agricourt, supra.

      De los errores señalados por el Sr. Rodríguez Sellés ninguno

versa sobre errores que se pueden plantear cuando se hace una

alegación preacordada. Por el contrario, la parte aquí peticionaria

plantea errores que versan sobre que no se probó su culpabilidad

más allá de duda razonable, arresto de veredicto, instrucciones al

jurado, admisión de prueba y solicitud de absolución perentoria

todos incompatibles con la alegación pre acordada.

      Por último, hay que destacar con el recurso presentado la

parte peticionaria no incluyó ningún anejo, señaló errores

incompatibles con la revisión de dictámenes de alegaciones pre

acordadas, por lo que se incumplió crasamente con las disposiciones

reglamentarias e impide a esta Curia ejercer adecuadamente

nuestra función revisora.

      Por tanto, procede la desestimación del auto de certiorari por

incumplimiento al Reglamento. Ante los múltiples defectos de que

adolece el presente recurso, nos vemos impedidos de ejercer nuestra

función revisora sobre el mismo.
KLAN202400055                                                     11

                               IV.

     Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos

el recurso de epígrafe por incumplimiento con nuestro Reglamento y

por no satisfacer los criterios normativos para un auto de esta

naturaleza. Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones