Court Opinion

ID: 9928650
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:32:52.92458+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:41.358494
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL XI

    SERVIMETAL, INC.                            CERTIORARI
                                                Procedente del
          Recurrida                             Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
                v.                              Superior de Toa
                                  KLCE202301232 Alta
 CHALLENGER BRASS &
    COPPER, INC.                                    Núm.:
                                                    TA2022CV00833
    ABIMAEL PADILLA
        NEGRÓN                                      Sobre:
                                                    Cobro de Dinero —
         Peticionario                               Vía Ordinaria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos el señor Abimael Padilla Negrón (“señor

Padilla Negrón” o “Peticionario”). Nos solicita la revocación de la

Resolución emitida y notificada el 25 de agosto de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta (“TPI” o “foro

primario”). Mediante la referida Resolución el foro primario declaró

No Ha Lugar la Moción Urgente en Solicitud de Desestimación

presentada por el Peticionario en la reclamación sobre cobro de

dinero presentada en su contra por Servimetal Inc., (“Servimetal” o

“Recurrida”).

      Por        los       fundamentos      que     expondremos     a

continuación, denegamos la expedición del auto certiorari.

                                      I.

      El 16 de agosto de 2022, Servimetal presentó Demanda sobre

cobro de dinero por la vía ordinaria en contra de Challenger Brass

& Copper Inc., Roy D. Allen y el Peticionario, en la que alegó que

estos le adeudan la suma total de $20,795.75 por concepto de

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
KLCE202301232                                                            2

mercancía y material conocido como “Hot Rolled Steel” y Galvalume,

más otros gastos.1 De igual forma, Servimetal alegó que les requirió

el pago de la deuda, pero que las gestiones de cobro resultaron

infructuosas. Cónsono con lo anterior, esbozó que la deuda está

vencida y es líquida y exigible. Servimetal alegó, además, que Roy

D. Allen y el Peticionario en su capacidad personal, suscribieron el

4 de octubre de 2019 una solicitud de crédito y un Contrato de

Garantía Continua, por lo que de forma solidaria se obligaron a

pagar cualquier deuda que tuviera Challenger Brass & Copper Inc.2

          En lo pertinente, el 13 de julio de 2023, el señor Padilla Negrón

presentó Moción Urgente en Solicitud de Desestimación.3 Allí expuso

que tras el fallecimiento del Sr. Roy D. Allen, Servimetal liberó a sus

sucesores de su porcentaje de responsabilidad en la alegada deuda,

toda vez que el 9 de septiembre de 2022, la Recurrida solicitó al foro

primario que procediera a desestimar la demanda en cuanto a éste.4

En síntesis, razonó el Peticionario que la Demanda, además de dejar

de acumular parte indispensable, dejó de exponer una reclamación

que justifique la concesión de un remedio, por lo que procede su

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap.V, R.10.2.

          En respuesta, el 27 de julio de 2023, Servimetal presentó

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.5              En esencia,

sostuvo que en la Demanda se había alegado que la deuda estaba

vencida y anejó a la misma como prueba los siguientes documentos:

solicitud de crédito, el Contrato de Garantía Continua firmado por

el Sr. Roy D. Allen y el señor Padilla Negrón, las facturas

desprovistas de pago y el estado de cuenta debidamente notificado.

A esos fines, arguyó la Recurrida que presentó las alegaciones

1
    Véase Anejo 1 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
2 Véase Anejo 2 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
3 Véase Anejo 5 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
4 Véase Entrada Núm. 6 de SUMAC en el caso TA2022CV00833.
5 Véase Anejo 7 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
KLCE202301232                                                       3

correspondientes y prueba de la existencia y liquidez de la deuda,

así como de obligación solidaria. Por tanto, la desestimación de la

Demanda solicitada era improcedente.

       Así las cosas, mediante Resolución de 25 de agosto de 2023,

el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción Urgente en Solicitud

de Desestimación presentada por el señor Padilla Negrón.6

       En desacuerdo, el 11 de septiembre de 2023, el Peticionario

presentó Moción en Solicitud de Reconsideración, en la que reiteró los

argumentos esbozados en la Moción Urgente en Solicitud de

Desestimación7 presentada. Acto seguido, el 29 de septiembre de

2023, Servimetal presentó Moción en Oposición a Solicitud de

Desestimación.8 Finalmente, mediante Resolución de 4 de octubre de

2023, notificada el 6 de octubre del corriente año, el foro primario

declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Reconsideración

presentada por el señor Padilla Negrón.

       Inconforme, el Peticionario presentó el recurso de epígrafe y

señaló la comisión de los siguientes errores por parte del foro

primario:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN EN
       SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LO
       RESUELTO EN ORTIZ V. MORA DEVELOPMENT, 187 DPR
       649 (2013); ASOC. FOTOPERIODISTAS V. RIVERA
       SCHATZ, 180 DPR 920 (2011); SÁNCHEZ V. AUTORIDAD
       DE LOS PUERTOS, 153 DPR 559 (2001), EXISTIENDO
       OTRAS DEFENSAS Y FUNDAMENTOS ALEGADOS
       APLICABLES AL CASO PARA DESESTIMAR.
       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN EN
       SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN Y LA SOLICITUD DE
       RECONSIDERACIÓN, AL NO APLICAR EL ARTÍCULO
       1100 DEL CÓDIGO CIVIL QUE DISPONE QUE LA
       CONDONACIÓN DE LA DEUDA CON CUALQUIER
       DEUDOR SOLIDARIO DE LA MISMA CLASE EXTINGUE
       LA OBLIGACIÓN CON RESPECTO A LOS DEMÁS.
       TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN EN
       SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR FALTA DE PARTE
       INDISPENSABLE     Y    LA     SOLICITUD     DE

6 Véase Anejo 8 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
7 Véase Anejo 9 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
8 Véase Anejo 10 del Apéndice de la Solicitud de Certiorari.
KLCE202301232                                                      4

      RECONSIDERACIÓN, TODA VEZ QUE DE MANERA
      INCONTROVERTIDA SURGE QUE LA PARTE RECURRIDA
      DEJÓ FUERA Y EXCLUYÓ A LA PARTE INDISPENSABLE
      ROY D. ALLEN Y/O SUS SUCESORES.
      CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN EN
      SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN Y LA SOLICITUD DE
      RECONSIDERACIÓN, EN CONTRA DEL PETICIONARIO,
      TODA VEZ QUE DE LA TOTALIDAD DEL DOCUMENTO
      DE SOLICITUD DE CRÉDITO SURGE QUE ESTE
      COMPARECIÓ EN CAPACIDAD REPRESENTATIVA DE LA
      CORPORACIÓN Y LOS ÚNICOS SOLICITANTES DE
      CRÉDITO LO FUERON LA CORPORACIÓN Y LA PARTE
      EXCLUÍDA POR LA PARTE RECURRENTE, EL SR. ROY D.
      ALLEN Y/O SU SUCESIÓN.
      QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA AL
      CONTENER MATERIAS NO CONTENIDAS EN LA
      DEMANDA LAS CUALES NO FUERON EXCLUÍDAS POR
      EL TRIBUNAL.
      SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD
      DE RECONSIDERACIÓN AL AMPARO DE LOS
      ARGUMENTOS ESBOZADOS EN LOS ESCRITOS DE LAS
      PARTES, AL NO PRESENTARSE OPOSICIÓN DE LA
      PARTE RECURRIDA RESPECTO A LA DEFENSA DE
      EXONERACIÓN, SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA,
      SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR FALTA DE
      JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA.
      SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD
      DE RECONSIDERACIÓN AL HABERSE TORNADO
      ACADÉMICO EL CASO Y NO SER JUSTICIABLE.

      El 16 de noviembre de 2023, Servimetal compareció ante nos

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden; Oposición de Certiorari.

En esencia, sostuvo que no empece determinó no proseguir la

reclamación en contra del Sr. Roy D. Allen, co-deudor fallecido, esto

implicó que no condonó al Peticionario de la deuda reclamada, quien

es deudor solidario de la obligación contraída. Sobre esos extremos,

razonó que no incidió el foro primario al denegar la solicitud de

desestimación presentada por el peticionario.

                                 II.
                                 A.

      El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía
KLCE202301232                                                                      5

revise las determinaciones9 de un foro inferior.10 Esta facultad

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un

recurso     de    certiorari,   está   limitada     por    la   Regla    52.1    de

Procedimiento Civil de Puerto Rico,11 que establece cuáles asuntos

interlocutorios serán revisables.

       Esta      norma    procesal      faculta    nuestra      intervención     en

situaciones determinadas. En específico, dispone que:

            […]
           El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
       obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el
       Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre
       la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones
       de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación
       en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
       irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un
       recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de
       Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
           Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
       expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
       revisada en el recurso de apelación que se interponga
       contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de
       este apéndice sobre los errores no perjudiciales12.

       Una vez el tribunal apelativo determina que la resolución

interlocutoria es revisable según la Regla 52.1, supra, procede su

evaluación al amparo de otros parámetros. Así pues, la discreción

del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin

parámetros13. Al ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad

9 “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable

mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al.,
203 DPR 708, 718 (2019).
10 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338
(2012). Véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___
(2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023.
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
12 Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar

la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar
a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp.
et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).
13 Véase Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).
KLCE202301232                                                                6

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para

ello debemos considerar14. Éstos son:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
          a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
          derecho.
       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.
       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
       D. Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
          y una dilación indeseable en la solución final del
          litigio.
       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

       Nuestro ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto15. Esta norma de

deferencia también aplica a las decisiones discrecionales de los

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

       No hemos de interferir con los tribunales de instancia en
       el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en
       aquellas situaciones en que se demuestre que este último
       (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un
       craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la
       interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o
       de derecho sustantivo16.

       Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento       impone      que    ejerzamos      nuestra    discreción   y

14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
15 Coop. de Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
16 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
KLCE202301232                                                                  7

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención. No obstante, “[a]l denegar

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”.17

                                       B.

       La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil,18 “es aquella que formula el demandado antes

de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que

se desestime la demanda presentada en su contra”.19 La citada regla

dispone que la parte demandada puede presentar una moción de

desestimación en la que alegue las defensas siguientes:

       (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
       (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
       (3) insuficiencia del emplazamiento;
       (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
       (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
       concesión de un remedio;
       (6) dejar de acumular una parte indispensable.20

       Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5)

de Procedimiento Civil, supra, los tribunales deberán tomar “como

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no

den margen a dudas”.21 La norma que impera es que “tales

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y

de la manera más favorable posible para la parte demandante”.22

Por lo tanto, “al examinar la demanda para resolver este tipo de

moción se debe ser sumamente liberal y “únicamente procedería

[desestimar] cuando de los hechos alegados no podía concederse

17 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
18 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
19 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).
20 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.” (Énfasis en el original).   González Méndez v. Acción
Social de Puerto Rico, 196 DPR 213, 234 (2016).
21 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 428.
22 Íd., en la pág. 429.
KLCE202301232                                                                  8

remedio alguno a favor del demandante”.23 Además, “[t]ampoco

procede la desestimación, si la demanda es susceptible de ser

enmendada”.24

       Nuestro máximo foro judicial ha expresado que al examinar

una moción de este tipo “debemos considerar, ‘si a la luz de la

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda

a favor de [e]ste, la demanda es suficiente para constituir una

reclamación válida’”. (Énfasis suplido).25 Además, el Tribunal debe

aceptar como ciertos todos los hechos que hayan sido bien alegados

en la demanda y excluir de sus análisis conclusiones legales. Luego,

debe determinar si, a base de esos hechos que aceptó como ciertos,

la demanda establece una reclamación plausible que justifique la

concesión de un remedio. Si de este análisis el Tribunal entiende

que no se cumple con el estándar de plausibilidad entonces debe

desestimar la demanda, pues no debe permitir que proceda una

demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las

alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba26.

       El tratadista Cuevas Segarra nos comenta que nuestro

Tribunal Supremo explicó de forma acertada en Reyes v. Sucn.

Sánchez Soto lo siguiente:

       El texto de la actual Regla es a[u]n más favorable para un
       demandante, ya que la moción para desestimar no ha de
       considerarse s[o]lo a la luz de una causa de acción
       determinada y sí a la luz del derecho del demandante a la
       concesión de un remedio, cualquiera que [e]ste sea. En
       vista de ello, las expresiones que hicimos en el caso de
       Boulon, particularmente la de que una demanda no debe
       ser desestimada por insuficiencia, a menos que se
       desprenda con toda certeza que el demandante no
       tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado
       de hechos que puedan ser probados en apoyo de su
       reclamación, tienen aún mayor virtualidad […]. (Énfasis
       nuestro).

23 Colón Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013), citando a R.
Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis,
2007, pág. 231.
24 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 429.
25 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 429 que cita a

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., [137 DPR 497 (1994)], Unisys v. Ramallo
Brothers, 128 DPR 842 (1991).
26 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis,

2010, pág. 268.
KLCE202301232                                                      9

        Para que el demandado prevalezca al presentar una moción

de desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento

Civil, supra, “debe establecer con toda certeza que el demandante

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho

que pueda ser probado en apoyo a su reclamación, aun

interpretando la demanda de la forma más liberal posible a su

favor”27. Sin embargo, esto último “se aplica solamente a los hechos

bien alegados y expresados de manera clara y concluyente que de

su faz no den margen a dudas”28.

        Por último, cabe mencionar que se plantea que cuando se

presenta una moción de desestimación bajo la Regla 10. 2(5) de

Procedimiento Civil, supra, “[l]a controversia no es si el demandante

va finalmente a prevalecer, sino, si tiene derecho a ofrecer prueba

que justifique su reclamación, asumiendo como ciertos los hechos

[correctamente] alegados en la demanda”. Así pues, al analizarse

una moción de desestimación presentada tras una demanda “el

tribunal debe concederle el beneficio de cuanta inferencia sea

posible de los hechos alegados en dicha demanda”.29

                                        III.

        Es la contención principal del Peticionario en el recurso de

epígrafe que incidió el foro primario al denegar su Moción Urgente en

Solicitud de Desestimación presentada al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra.

        De acuerdo con el marco jurídico antes reseñado, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta la revisión de

resoluciones dictadas por el TPI, a manera de excepción, cuando se

recurre de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

Tanto la moción desestimación al amparo de la Regla 10.2 de

27 Íd., en la pág. 530.
28 Cuevas Segarra, op. cit., en la pág. 529.
29 Íd., en la pág. 532.
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Procedimiento Civil, supra, como la solicitud de sentencia sumaria,

son mociones de carácter dispositivo cuya denegatoria por el foro

primario es revisable ante este Tribunal de apelaciones mediante

petición de certiorari.

      Sin embargo, es preciso recalcar que nuestra discreción no se

ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, establece los criterios para nosotros determinar

si debemos ejercer nuestra facultad discrecional revisora.

      Evaluado el recurso de certiorari aquí presentado por el

Peticionario, junto a la Resolución recurrida, bajo los criterios de la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, somos

del criterio que procede denegar la expedición del auto de certiorari

solicitado por el señor Padilla Negrón. Es nuestro criterio que en la

resolución recurrida no medió prejuicio, parcialidad o error craso y

manifiesto por parte del TPI. Véase, Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra. Lo cierto es que no está presente

ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento,

supra, que mueva nuestra discreción para intervenir con el

dictamen recurrido.

      No identificamos que el foro primario haya actuado de manera

arbitraria, caprichosamente o que hubiese abusado de su discreción

al emitir la resolución recurrida. Tampoco nos encontramos ante

una situación que amerite nuestra intervención para evitar un

fracaso de la justicia. Por tanto, al amparo de los criterios que guían

nuestra discreción, resolvemos que no se han producido las

circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los

procedimientos. En consecuencia, procede denegar la expedición

del auto de certiorari solicitado por el señor Padilla Negrón.

                                  IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones