Court Opinion

ID: 9896779
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:18:15.691433+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:09.680861
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

    JORGE JAVIER                                  Certiorari
   MARRERO GERENA                                 procedente del
                                                  Tribunal de
         Recurrida                                Primera Instancia,
                                                  Sala de Carolina
              v.
                                KLCE202300858 Sobre:
 INTEGRATED CENTRAL                           Injunction
 STATION, INC. Y OTROS                        (Entredicho
                                              Provisional,
        Peticionaria                          Injunction
                                              Preliminar y
                                              Permanente),
                                              Cobro de Dinero –
                                              Ordinario, Daños

                                                  Caso Número:
                                                  CA2023CV01348

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

      Las peticionarias, Integrated Central Station, Inc (Integrated);

y la señora Celimar Collazo (señora Collazo), comparecen ante nos y

solicitan nuestra intervención para que dejemos sin efecto la

determinación emitida y notificada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Carolina, el 23 de junio de 2023. Mediante la

misma, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de

Desestimación por Falta de Jurisdicción, promovida por las

peticionarias.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del presente auto.

                                    I

      El 28 de abril de 2023, la parte recurrida, compuesta por el

Sr. Jorge Javier Marrero, representado por su apoderado, el Sr.

Edgardo Dávila, y el Sr. Louis Rodríguez radicaron la demanda de

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202300858                                                          2

epígrafe. En el pliego, se solicitó una acción derivativa, un cobro de

dinero y daños y perjuicios, por el incumplimiento con las

obligaciones de la señora Collazo, como miembro de la Junta de

Directores de Integrated. Además, se solicitó un injuction preliminar

y permanente mediante el cual se peticionó:(1) orden para que se

provea para el examen de registro de cuentas, resoluciones y libros

corporativos de Integrated; (2) orden para detener operaciones de la

Corporación hasta que se designe Administrador Judicial o Síndico;

y (3) orden para la elección de una nueva directiva.

      Según se alegó en la demanda, el señor Marrero fue uno de

los accionistas incorporadores y era el accionista mayoritario de

Integrated, entidad que se dedica a monitoreo de sistema de

seguridad residencial y comercial. Se indicó que, el señor Marrero

era   quien    estaba   mayormente    ocupándose       de   la   referida

corporación, no obstante, por razones que no describió, señaló se

encontraba ausente.

      Con relación a la acción derivativa, los recurridos señalaron

que advinieron en conocimiento de actos ilegales y fraudulentos

dirigidos por la señora Collazo, los cuales habían puesto en riesgo

la Corporación. Específicamente, alegaron que la señora Collazo

liquidó cuentas y trasladó clientes e ingresos a otras cuentas y

omitió pagos para su propio beneficio, en contra de los mejores

intereses y objetivos de Integrated. Además, se arguyó que la señora

Collazo se había autoproclamado Presidenta y Tesorera de la

Corporación.

      Sobre la acción de cobro de dinero, se detalló que, mediante

un acuerdo entre accionistas, el señor Marrero y la señora Collazo

habían designado como oficial al señor Rodríguez para ser

representante de Integrated y acordaron pagarle dos mil ochocientos

ochenta dólares ($2,880.00) semanales, más ochocientos dólares

($800.00) mensuales por concepto de car allowance. No obstante,
KLCE202300858                                                       3

sostuvieron que no se había cumplido con lo acordado, toda vez que,

la señora Collazo tomó la decisión de no pagarle al señor Rodríguez

las sumas pactadas.

      En virtud de las alegaciones esbozadas, peticionaron al foro

de origen la cuantía $91,300.00, en concepto de salarios dejados de

percibir por el señor Rodríguez y el pago de $25,000.00 por los daños

sufridos por el señor Rodríguez, al no tener los recursos económicos

disponibles para satisfacer sus compromisos económicos y al

obstaculizar el ejercicio de sus funciones como oficial. Además,

solicitaron la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.

      Así las cosas, el 18 de mayo de 2023 las peticionarias

presentaron una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.

En síntesis, alegaron que la reclamación de los recurridos no se

podía dilucidar ante el Tribunal General de Justicia, dado que, sus

tres causas de acción estaban relacionadas a la impugnación de un

Acuerdo de Creación de Negocio Común (Acuerdo), suscrito el 8 de

octubre de 2019, el cual contenía una cláusula de arbitraje

compulsoria.   Según    alegaron,   en   el   referido   Acuerdo   los

contratantes se obligaban a ventilar mediante el procedimiento de

arbitraje, cualquier disputa sobre la interpretación, validez,

cumplimiento o terminación del contrato, cuyo objeto fue crear una

nueva compañía denominada Alpha One Monitoring Inc. Detallaron

que el aludido Acuerdo fue suscrito por los siguientes; el señor

Rodríguez, como testaferro del señor Marrero; Global 10 Inc.,

representada por la señora Collazo; R & S Investments, Inc.,

representada por el señor Severino Mercedes de Jesús; y Kingdom

LLC, representada por el señor Edgar Semper. Particularizaron que

el objeto del Acuerdo era, presuntamente, distribuir el capital

corporativo de Integrated y crear la nueva compañía, Alpha One

Monitoring.
KLCE202300858                                                       4

      Así pues, adujeron que la estipulación sobre arbitraje obligaba

al señor Marrero, toda vez que, consintió al Acuerdo, por medio de

su representante, el señor Rodríguez. En la alternativa, alegaron que

el señor Marrero había ratificado el referido contrato, mediante actos

expresos e implícitos, incluyendo la obtención de beneficios. Siendo

así, argumentaron que el foro primario no tenía la autoridad para

entrar en los méritos de la demanda de epígrafe, toda vez que, las

causas de acción de los recurridos versaban sobre el Acuerdo. Por

tanto, solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que desestimara

la demanda sin perjuicio por falta de jurisdicción sobre la materia,

conforme la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R.10.2, y

ordenara a las partes a dilucidar sus reclamos mediante arbitraje

ante la American Arbitration Association.

      Luego de varias incidencias procesales que no son necesarias

de pormenorizar, el 13 de junio de 2023, los recurridos presentaron

Oposición a Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción y

Solicitud de Orden Protectora. En lo pertinente, los recurridos

adujeron que no procedía la desestimación solicitada, dado a que no

aplicaba la cláusula invocada. Especificaron que el Acuerdo aludido

es un pacto distinto, separado e impertinente al caso de autos.

Resaltaron que, entre el referido negocio jurídico y la controversia

de epígrafe, no existe identidad de partes. Detallaron el hecho de

que el señor Rodríguez suscribió el referido contrato en su carácter

personal y no en representación del señor Marrero. Además,

señalaron que Integrated no fue parte del contrato, así como

tampoco, el señor Marrero. Así, solicitaron al foro primario que

declarara Ha Lugar la oposición y peticionaron que se señalara una

vista urgente.

      Luego de evaluadas las posturas de las partes, el 23 de junio

de 2023, el Tribunal de Primera Instancia notificó la Resolución

recurrida. Mediante la misma, el foro primario declaró No Ha Lugar
KLCE202300858                                                      5

la Moción de Desestimación por falta de Jurisdicción, presentada por

las peticionarias. El tribunal de origen se fundamentó en que la

demanda de epígrafe versa sobre las actuaciones de las peticionarias

en la administración y operación de un negocio corporativo y no

sobre el Acuerdo, en el cual no fueron suscribientes todas las partes

de la reclamación de autos.

       Luego de examinada una Moción de Reconsideración,

presentada oportunamente por las peticionarias el 5 de julio de

2023, el Juzgador denegó el petitorio mediante Resolución,

notificada el 7 de julio de 2023.

      Aun inconformes, el 4 de agosto de 2023, las peticionarias,

acudieron ante nos mediante el recurso de certiorari que nos ocupa.

En el recurso formularon el siguiente señalamiento de error:

            ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DENEGAR
            MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN POR FALTA
            DE   JURISDICCIÓN   CUANDO     LA
            CONTROVERSIA TRABADA ES OBJETO
            DE ARBRITRAJE COMPULSORIO.

      Junto al recurso de certiorari, las peticionarias acompañaron

una Moción en Auxilio de Jurisdicción Solicitando Paralización por

Falta de Jurisdicción sobre la Materia: Arbitraje Compulsorio. Tras

evaluar el escrito, ese mismo día emitimos una Resolución en la que

declaramos No Ha Lugar la solicitud de paralización incoada y le

concedimos a los recurridos un término para presentar su oposición

a la expedición del auto solicitado.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a disponer del asunto ante nuestra consideración.

                                    II

                                    A

      Nuestro ordenamiento procesal civil, permite a un demandado

presentar tres (3) diferentes mociones antes de radicar una

contestación a la demanda. Las referidas mociones son las

siguientes: (1) moción de desestimación; (2) moción para solicitar
KLCE202300858                                                       6

una exposición más definida; y (3) moción eliminatoria. 32 LPRA Ap.

V, R. 10.2, R. 10.5, R. 10.6; Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al.,

205 DPR 1043, 1065 (2020).

      En cuanto a la moción de desestimación, la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, expone seis (6) fundamentos en los que se

puede sustentar su presentación. Estos son: (1) falta de jurisdicción

sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3)

insuficiencia   del    emplazamiento;      (4)     insuficiencia   del

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de

acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

      Es meritorio resaltar que, al evaluar una moción de

desestimación los tribunales deben tomar como ciertos todos los

hechos bien alegados en la demanda y examinarlos de la forma más

favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir.

FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). De este modo, la desestimación

procede, si mediante el análisis de las alegaciones el demandante no

tiene derecho a remedio alguno. Íd. La razón de ello, se fundamenta

en que nuestro estado de derecho reconoce e impulsa el interés de

que todo litigante tenga su día en corte. Banco Popular v. S.L.G.

Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). Es así como el empleo de los

recursos adjudicativos en nuestra jurisdicción se fundamenta en la

política judicial que establece que los casos se ventilen en sus

méritos de forma rápida, justa y económica. Amaro González v. First

Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993).           En consecuencia, la

desestimación de un pleito, previo a entrar a considerar los

argumentos que en el mismo se plantean, constituye el último

recurso al cual se debe acudir, luego de que otros mecanismos

resulten ser ineficaces en el orden de administrar la justicia. S.L.G.

Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 746 (2005); Maldonado v. Srio. de

Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). En este contexto, la
KLCE202300858                                                       7

posición doctrinaria en nuestro sistema de ley es salvaguardar,

como norma general, el derecho de las partes a su efectivo acceso a

los tribunales. Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679,

686 (1987).

                                    B

      El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ____

(2023); Mcneil Healthcase v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403

(2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Mediante

la presentación de un recurso de certiorari, se pretende la revisión

de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de

instancia en el transcurso y manejo del caso que atienden. Distinto

al ejercicio de sus funciones respecto a un recurso de apelación, el

tribunal al que se recurre mediante el vehículo procesal del recurso

de certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya

sea expedir el auto solicitado o denegarlo. 800 Ponce de León v. AIG,

supra, a la pág. 174; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183

DPR 580, 593 (2011); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). No obstante, “[e]l

examen que hace el tribunal apelativo, previo a expedir un certiorari,

no se da en el vacío ni en ausencia de otros parámetros.” 800 Ponce

de León v. AIG, supra, a la pág. 176; IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra, a la pág. 338.

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:
KLCE202300858                                                                8

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

     Ahora      bien,   la   correcta   consecución       de   la    justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad.     De ahí, la premisa normativa que califica la

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso   que    atiende     conforme   le   dicte   su   buen      juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142

DPR 117, 141 (1987).
KLCE202300858                                                         9

      Así, los tribunales apelativos no “deben intervenir con

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio

utilizado por éste en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe

que actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de

discreción o en error manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200

DPR 724, 736 (2018). La discreción es el más poderoso instrumento

reservado al juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004).

Al precisar su alcance, el estado de derecho lo define como la

autoridad judicial para decidir entre uno o varios cursos de acción,

sin que ello signifique abstraerse del resto del derecho. Citibank et

al v. ACBI et al., supra.        Su más adecuado ejercicio está

inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad, de modo que

el discernimiento judicial empleado redunde en una conclusión

justiciera. Citibank et al v. ACBI et al., supra, a la pág. 735; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016); García

v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). En consecuencia, la

doctrina establece que un tribunal incurre “en abuso de discreción

cuando el juez: ignora sin fundamento algún hecho material;

cuando [el juez] le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y

funda su decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando

éste, a pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI

et al., supra, pág. 736.

                                  III

      En esencia, las peticionarias plantean que incidió el Tribunal

de Primera Instancia al denegar la moción de desestimación que

habían presentado, toda vez que, sostienen que el Tribunal General

de Justicia no tiene jurisdicción para entender sobre la reclamación

de autos por ésta ser objeto de una cláusula de arbitraje

compulsorio.
KLCE202300858                                                        10

      Luego de evaluar los documentos que obran ante nos,

determinamos que no existen criterios legales que nos lleven a

intervenir con la Resolución recurrida. En consecuencia, denegamos

la expedición del auto solicitado.

      Al examinar el Acuerdo aludido, es de notar que no existe

identidad de partes entre los que se obligaron contractualmente y

los litigantes de la reclamación de epígrafe. Por tanto, se legitima la

actuación del foro primario de permitir la continuación de los

procedimientos, dado que, en la controversia de epígrafe litigan

partes distintas a los sujetas a la cláusula de arbitraje en cuestión.

      Así pues, tomando en consideración la relación fáctica

expuesta, y acorde con el ejercicio adecuado de nuestra facultad

discrecional, nada nos sugiere que el Tribunal de Primera Instancia

haya incurrido en error de derecho o en abuso de la discreción que

le asiste. Por tanto, no se desprende razón jurídica alguna para

intervenir y sustituir el criterio utilizado por el tribunal primario al

emitir su determinación. Siendo así, denegamos expedir el auto

solicitado.

                                     IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.      La Juez Grana Martínez concurre sin

opinión escrita.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones