Court Opinion

ID: 9928610
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:29:31.327551+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:36.885910
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                             TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL VII

         CARLOS RIVERA ROMÁN                            Revisión
                                                        administrativa
                 RECURRENTE                             procedente del
                                                        Departamento de
                        v.                              Corrección y
                                          KLRA202300540 Rehabilitación
            DEPARTAMENTO DE
              CORRECCIÓN Y                                   Caso Núm.
             REHABILITACIÓN                                  ICG-1348-2023

                  RECURRIDA                                  Sobre:
                                                             Bonificaciones

        Panel integrado por su presidente, la Jueza Domínguez Irizarry, la
        Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

        Grana Martínez, Juez Ponente

                                          SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

               El 18 de octubre de 2023, el señor Carlos Rivera Román, (en

        adelante, el señor Rivera Román o parte recurrente), presentó el

        recurso de epígrafe ante este Tribunal. El 1 de noviembre de 2023

        se le concedió un término de 30 días a la parte recurrida para

        presentar su alegato en oposición. El 1 de diciembre de 2023, el

        Departamento de Corrección y Rehabilitación compareció con su

        alegato en oposición ante este foro.

               Los hechos pertinentes para atender este recurso son los

        siguientes.

                                             I.

               El señor Rivera Román fue sentenciado a 8 años por violar el

        Art. 5.05 de la Ley de Armas, (en adelante Ley en Armas), Ley Núm.

        404-2000, 25 LPRA, (hoy derogada) y según enmendada por la Ley

        Núm. 137-2004.1 Así las cosas, el 5 de septiembre de 2023, el señor

        Rivera Román presentó una solicitud de remedio administrativo

        1 Del recurso presentado no se desprende en qué momento el señor Rivera Román

        comenzó a cumplir su sentencia.

Número Identificador

SEN2023_____________
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ante el Departamento de Remedios Administrativos. En esencia,

solicitó ante la agencia que se le acreditaran las bonificaciones que

había recibido de manera retroactiva por estudiar y trabajar por un

año en la Institución Ponce 1000. El señor Henry Luna Bravo,

Evaluador, emitió respuesta el mismo 5 de septiembre de 2023 y

notificada al recurrente el 6 de septiembre de 2023. El Evaluador

desestimó la solicitud de remedio administrativo, toda vez que había

sido   presentado   un     recurso   solicitando   el   mismo   asunto

previamente,2 de acuerdo con lo establecido en la Regla XIII, inciso

5 (c), del Reglamento Núm. 8583. No empece a esto, el 12 de

septiembre de 2023, el señor Rivera Román presentó una solicitud

de reconsideración ante la agencia.

       Posteriormente, el 28 de septiembre de 2023, la señora Melisa

Ruiz Sepúlveda, Coordinadora, denegó la solicitud presentada y

orientó al recurrente del porqué de la denegatoria.3 A diferencia de

la primera denegatoria que emitió el Evaluador, por ser una segunda

solicitud sobre un mismo asunto, y según lo establecido en el

Reglamento 8583, la Coordinadora le orientó que no se le puede

aplicar bonificación, toda vez que una violación al Art. 5.05 de la Ley

de Armas no cualifica para bonificaciones. Esta denegatoria fue

notificada el mismo día.

       Inconforme con la decisión, el recurrente presentó este

recurso en el que hace el siguiente señalamiento de error:

       Los recursos Administrativos (sic) (DRA) ni la adm.
       De Corrección (sic) (DCR) atendieron correctamente
       el asunto plantiado (sic) de bonificaciones
       retroactivas, evaden lo que el Supremo y la ley
       establecen en sus reglamentos.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes

procedemos a resolver.

2 ICG-1176-2023.
3 ICG-1348-2023.
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                                 II.

A. Deferencia Judicial a las Resoluciones Administrativas

      Las determinaciones de las agencias administrativas están

sujetas a la revisión judicial del Tribunal de Apelaciones. La Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

autoriza expresamente la revisión de las decisiones, órdenes y

resoluciones finales de los organismos administrativos. La revisión

judicial tiene el objetivo de asegurar que las agencias actúen

conforme a las facultades concedidas por ley. Los tribunales

revisores debemos conceder deferencia a las decisiones de las

agencias, debido a su experiencia y conocimiento especializado

sobre los asuntos ante su consideración. Los dictámenes de las

agencias gozan de una presunción de legalidad y corrección que

subsiste mientras no se produzca suficiente prueba para derrotarla.

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022); AAA v. UIA, 200

DPR 903, 910 (2018).

   La parte que impugna judicialmente las determinaciones de

hechos de una agencia tiene el peso de demostrar que no están

basadas en el expediente o que las conclusiones del foro

administrativo son irrazonables. La razonabilidad es el criterio

rector al momento de pasar juicio sobre la decisión de una agencia.

La revisión judicial está limitada a evaluar si la agencia actuó

arbitraria, ilegalmente, de forma irrazonable o abusó de discreción.

OEG v. Martínez Giraud, supra, a la pág. 89; González Segarra et al

v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716,

728 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004).

      La evidencia sustancial en la que debe estar basada la

determinación       administrativa,       ha      sido      definida

jurisprudencialmente como aquella que es relevante y que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión. Sin embargo, esta aceptación no podrá estar sostenida
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por un ligero destello de evidencia o por simples inferencias. Las

determinaciones de derecho de las agencias son revisables en todos

sus aspectos. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.

      La revisión se ciñe a determinar si: (1) el remedio concedido

por la agencia fue el apropiado, (2) las determinaciones de hecho de

la agencia están basadas en evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo y (3) las conclusiones de derecho fueron

correctas. Respeto a la resolución administrativa se sostiene hasta

que no se presente evidencia suficiente para derrotar la presunción

de legalidad. OEG v. Martínez Giraud, supra, a la pág. 90.

      La deferencia a la interpretación que las agencias hacen sobre

las leyes que le corresponde poner en vigor, cede cuando: 1) erró al

aplicar la ley, 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente o 3)

lesionó   derechos   constitutivos   fundamentales.     El   criterio

administrativo no prevalece, cuando la interpretación estatutaria

que realiza la agencia provoca un resultado incompatible o contrario

al propósito para el cual se aprobó la legislación y con la política

pública promovida. OEG v. Martínez Giraud, supra. a la pág. 91.

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010);

Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35-36 (2018); Otero v.

Toyota, supra.

B. Departamento de Corrección y Rehabilitación

      El Departamento de Corrección y Rehabilitación es el

organismo gubernamental responsable de implementar la política

pública relacionada al sistema correccional y al proceso de

rehabilitación de adultos y de menores. Como parte de sus

funciones, facultades y deberes está asegurarse de la aplicación

correcta de los sistemas de bonificación por trabajo y estudio

que permitan las leyes aplicables. Arts. 4 y 5(f) del Plan de

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación
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Núm. 2 de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Artículos 4 y 5(f). (Énfasis

nuestro).

      La Ley Núm. 116-1974 conocida como la Ley Orgánica de la

Administración de Corrección, 4 LPRA sec. 1101 et seq, fue

enmendada por la Ley Núm. 208-2009, conocida como la Ley

Orgánica de la Administración de Corrección, y fue aprobada con el

propósito de enmendar el Artículo 17 de dicha ley.4 La enmienda

sobre las bonificaciones por trabajo, estudio o servicios al término

de cumplimiento de la sentencia dispone que:

      Bonificación por trabajo estudio o servicios

      A toda persona sentenciada por hechos cometidos con
      anterioridad de o bajo la vigencia del nuevo Código
      Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a
      cumplir pena de reclusión, en adicción a las
      bonificaciones autorizadas en el artículo anterior, el
      Administrador       de     Corrección     concederá     las
      bonificaciones a razón de no más de cinco (5) días por
      cada mes en que el recluso esté empleado en alguna
      industria o que esté realizando estudios como parte de
      un plan institucional, bien sea en la libre comunidad o
      en el establecimiento penal donde cumple su sentencia,
      y preste servicio a la institución penal durante el primer
      año de reclusión. Por cada año subsiguiente, podrá
      abonarse hasta siete (7) días por cada mes.

    La enmienda establecida en la Ley Núm. 208-2009, supra, entró

en vigor a los ciento veinte (120) días de su aprobación y su

aplicación fue retroactiva al 1 de mayo de 2005, fecha en que estaba

en vigor el Código Penal 2004, 33 LPRA (hoy derogado). El Artículo

12 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y

Rehabilitación, Ley Núm. 2-2011, según enmendado, 3 LPRA Ap.

XVIII, incorporó la misma norma y texto que la Ley Núm. 208-

2009, supra, sobre las bonificaciones por trabajo y estudio.

(Énfasis nuestro).

4La Ley Núm. 116-1974, fue derogada y actualmente está vigente el Plan de
Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ley Núm. 2-
2011, según enmendada. 3 LPRA Ap. XVIII.
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C. Principio de Especialidad

      Si bien es sabido, el Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm.

146-2012, 33 LPRA sec. 5001, según enmendado, es la legislación

penal que impera en nuestro ordenamiento jurídico, también existe

un principio de especialidad que ha sido reiterado por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico. A estos fines, la jurisprudencia

interpretativa y el Art. 12 del Código Penal, supra, ha establecido

que cuando existen dos o más disposiciones estatutarias que

regulan en aparente conflicto la misma materia, la disposición

especial prevalecerá sobre la general. Pueblo v. Hernández

Villanueva, 179 DPR 872, 892 (2010).

      En ese sentido, este principio descarta cualquier discreción

que pueda tener el Estado sobre por cuál delito debe acusar, pues

hace mandatorio la aplicación del estatuto especial sobre el

general. Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR 35, 211 DPR ___

(2023). Es decir, no solo aplicará al delito que debe acusar, sino que

impide que se le apliquen beneficios que están expresamente

prohibidos dentro de la ley especial, en este caso, la Ley de Armas,

supra. (Énfasis nuestro).

      Cuando un mismo hecho se regula por diversas disposiciones

penales, la disposición de la ley especial prevalece sobre la

general. En estos casos se aplica la ley especial, ya que se parte

del supuesto de que la finalidad de una regulación especial es

excluir o desplazar la general. El principio de especialidad está

basado en que quien realiza el tipo específico siempre consuma el

genérico. Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826, 836-837 (2007).

(Énfasis nuestro).

      La Ley 137-2004 enmendó el Art. 5.05 de la Ley de Armas,

supra, que tipifica el delito de fabricación, posesión y distribución
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de armas blancas.5 El artículo, según fue enmendado, expresa lo

siguiente:

       Toda persona que sin motivo justificado usare contra
       otra persona, o la sacare, mostrare o usare en la
       comisión de un delito o su tentativa, manoplas,
       blackjacks, cachiporras, estrellas de ninja, cuchillo,
       puñal, daga, espada, honda, bastón de estoque, arpón,
       faca, estilete, arma neumática, punzón, o cualquier
       instrumento similar que se considere como un arma
       blanca, incluyendo las hojas de navajas de afeitar de
       seguridad, garrotes y agujas hipodérmicas, o
       jeringuillas con agujas o instrumentos similares,
       incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será
       sancionada con pena de reclusión por un término fijo
       de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes,
       la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un
       máximo de seis (6) años; de mediar circunstancias
       atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de
       seis (6) meses y un (1) día. Las penas que aquí se
       establecen serán sin derecho a sentencia
       suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a
       disfrutar de los beneficios de algún programa de
       desvío, bonificaciones o alternativas a la reclusión,
       reconocidas en esta jurisdicción, debiendo cumplir
       en años naturales la totalidad de la pena impuesta.
       La prohibición establecida en este Artículo se extiende
       a cualquier persona recluida por la comisión de
       cualquier delito. (Subrayado nuestro).

       El Reglamento Interno de Bonificación por buena conducta,

trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios contiene un

listado de los artículos de la Ley de Armas que están excluidos de

bonificaciones por buena conducta, trabajo y estudio, entre los que

se encuentra el Art. 5.05, supra.6 No obstante, el Artículo III (3)

establece    que    los    miembros      de    la   población     correccional

sentenciados por delitos cometidos con un arma serán acreedores

de bonificación, una vez hayan extinguido la sentencia por el

delito de la Ley de Armas.7

5 Destacamos que la Ley Núm. 137-2004, sobre las enmiendas a la Ley de Armas,

era la aplicable al momento de la sentencia del señor Rivera-Román. Es menester
destacar que, al presente, la Ley de Armas vigente es la Ley Núm. 168-2019, según
enmendada, 25 LPRA sec. 461.
6 Véase, Reglamento Interno de Bonificación por buena conducta, trabajo, estudio

y servicios excepcionalmente meritorios, pág. 5.
7 Id. a la pág. 8.
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                                  III.

      El recurrente cuestiona la negativa del Departamento de

Corrección y Rehabilitación a conceder bonificaciones al término de

su sentencia por violación al Art. 5.05 de la Ley de Armas, supra.

Sin embargo, este señalamiento había sido objeto de revisión dos (2)

veces ante la agencia. Como parte de la deferencia judicial que

debemos    a    las    agencias   administrativas,    examinamos       el

señalamiento de error por parte del recurrente y determinamos que

no se cometió el error. La denegatoria de la agencia a acreditarle la

bonificación, mientras extingue la sentencia, es un mandato de la

Ley Núm. 137-2004, supra, toda vez que el artículo se cumple en

años naturales y no da espacio a acreditar las bonificaciones.

      Es menester destacar que, al presente, la Ley de Armas

vigente es la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, 25 LPRA sec.

461. Sin embargo, esta ley no es de aplicación a los hechos de este

caso. Por la falta de información que surge de este recurso, no se

puede precisar la fecha de la sentencia del señor Rivera-Román.

Dicha omisión no coloca en posición a este Tribunal para derrotar

la deferencia que debemos al organismo administrativo.

      Como consecuencia, resolvemos que el Departamento de

Corrección actuó correctamente al no conceder bonificaciones a la

sentencia por violación al Artículo 5.05, supra. Esta ley excluyó

expresamente a los sentenciados por violación al Artículo 5.05,

supra, del derecho a recibir bonificaciones en el término de su

sentencia. Así correctamente concluyó el foro administrativo

durante las solicitudes de bonificaciones previamente realizadas. La

mera insatisfacción por parte de la parte recurrente con el dictamen

emitido no es motivo suficiente para que como tribunal apelativo

intervengamos    con    la   decisión    administrativa.   Pues   la   ley

expresamente establece que la negativa a recibir bonificaciones,
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mientras cumplen sentencia por violación al artículo 5.05 de la ley

especial es clara y libre de ambigüedad.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Domínguez Irizarry concurre sin voto escrito.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones