Court Opinion

ID: 9962677
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:41:20.398018+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:07.908570
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

Katiria Torres Barreto                             REVISION
                                                   ADMINISTRATIVA
   Persona Custodia                                procedente del Depto.
      Recurrente                                   de la Familia, Adm.
                                                   para el Sustento de
            vs.              KLRA202400133         Menores, Sala Adm.
                                                   de Aguadilla
Emar Rivera Arocho
                                                   Caso Núm.: 0516480
 Persona no Custodia
      Recurrido                                    Sobre: Alimentos-
                                                   (Revisión)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos, la señora Katiria Torres Barreto (Sra.

Torres Barreto o recurrente), quien presenta recurso de revisión

administrativa en el que solicita la revocación de la “Resolución”

emitida el 14 de noviembre de 2023, por el Departamento de la

Familia. Mediante dicha determinación, se declaró Con Lugar el

“Recurso de Revisión” presentado por el señor Emar Rivera Arocho

(Sr. Rivera Arocho o recurrido).

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

desestimamos       el   recurso   mediante   los     fundamentos    que

expondremos a continuación.

                                   I.

      El 14 de noviembre de 2023, el Departamento de la Familia

emitió una “Resolución” mediante la cual adoptó las siguientes

determinaciones de hecho, las cuales hacemos formar parte

íntegra del presente dictamen:

Número Identificador

SEN2024 ___________
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    1. La Sra. Katiria Torres Barreto es la madre y persona
    custodia del menor alimentista registrado en el caso,
    quien presentó ante la Administración de sustento de
    menores (ASUME), una Petición de revisión de pensión
    alimentaria a favor de éste, con fecha de firma el 22 de
    febrero de 2019.

    2. La pensión alimentaria de origen administrativo y
    vigente a la fecha de la Petición era por la cantidad de
    $171.00 mensual, efectivo al 21 de mayo de 2013.

    3. De febrero de 2019 al 28 de julio de 2021 no hay
    registrado en el expediente de la agencia alguna
    incidencia en el caso.

    4. El 29 de julio de 2021 la persona custodia radicó una
    Moción en seguimiento a la moción de febrero de 2019.

    5. De febrero de 2019 al 23 de febrero de 2023 no se
    registraron en el expediente incidencias ni esfuerzos de
    localización del alimentante por parte del personal de la
    agencia.

    6. El 24 de febrero de 2023 la Administradora de la
    ASUME emitió una Notificación de alegación de revisión
    y modificación de pensión alimentaria para notificar a
    las partes la intención de revisar la orden de alimentos
    a petición de la persona custodia.

    7. La Notificación indica en el inciso 1 que el 22 de
    febrero de 2019 la persona custodia solicitó a la ASUME
    una revisión y modificación de la pensión alimentaria.

    8. El Sr. Emar Rivera Arocho es el padre y persona no
    custodia del alimentista, a quien se le notificó el proceso
    mediante el documento Notificación de Alegación de
    Revisión y Modificación de Pensión Alimentaria enviado
    por correo certificado y cuyo acuse de recibo consta en
    el expediente de la agencia con fecha de firma el 3-11-
    23.

    9. Consta en el expediente que el señor Rivera Arocho
    radicó una Comparecencia ante el Administrador de la
    Administración para el Sustento de Menores con fecha
    de firma el 28 de marzo de 2023.

    10. En la Comparecencia en el inciso 1 indicó que
    recibió la Notificación el 21 de marzo de 2023, y en el
    inciso 2 indicó tener la intención de participar del
    proceso que la agencia sigue para determinar si procede
    la revisión y modificación de la pensión alimentaria.

    11. Ambas partes radicaron sus respectivas planillas
    de información personal y económica (PIPE) con anejos:
    el alimentante el 11 de abril de 2023 y la persona
    custodia el 17 de abril de 2023.

    12. En la PIPE de la persona custodia anejó: talonario
    del 4/14/23; contrato de arrendamiento del 28 de
    noviembre de 2022; tarifas del plan médico First
    Medical 2023; listado de libros semestre 2022-2023 de
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    Los Pinos Bilingual School; certificación de gastos de
    estudios año escolar 2022-2023 con fecha del 31 de
    marzo de 2023; y carta suscrita por la persona a cargo
    del cuido del menor del 3 de abril de 2023.

    13. En la PIPE del alimentante anejó cuatro talonarios
    correspondientes a las semanas del año 2023: 29/1 al
    4/2; 12 al 18 de febrero; 26/2 a 4/3; y, 12 a 18 de
    marzo.

    14. La administradora de la ASUME emitió una
    Resolución sobre revisión de pensión alimentaria el 24
    de abril de 2023, en la cual modificó la orden de
    alimentos a $612.00 mensual efectivo al 1 de febrero de
    2019.

    15. Habiéndose determinado sobre la revisión de la
    pensión el 24 de abril de 2023 con efectividad
    retroactiva al 1 de febrero de 2019, la Resolución indica
    que por concepto de retroactividad de la pensión existen
    atrasos de $24,714.00, y que para el saldo de la deuda
    se le ordena, además, pagar la cantidad de $91.00
    mensual por concepto de plan de pago.

    16. La Resolución indica que ambas partes
    comparecieron a los procedimientos y a la reunión
    citada por la especialista de pensiones alimentarias.

    17. El 15 de mayo de 2023 el alimentante compareció
    por derecho propio ante la Sala Administrativa
    mediante Moción por Derecho Propio.

    18. La sala acogió la moción como un recurso de
    Revisión y citó a vista administrativa mediante
    videoconferencia para el 6 de junio de 2023.

    19. El 5 de junio de 2023 la Lcda. Elyvette Fuentes
    Cosme radicó una Moción Anunciando Representación
    Legal de la persona custodia.

    20. A la vista celebrada el 6 de junio de 2023
    compareció la persona custodia y su representante
    legal, la Lcda. Elyvette Fuentes Cosme; el alimentante
    por derecho propio; y la Procuradora Auxiliar, Lcda.
    Evelyn González Rodríguez. A ambas partes se les tomó
    juramento.

    21. En la vista el alimentante reiteró su solicitud de
    Revisión de la determinación emitida por la
    Administradora de la ASUME.

    22. La representante legal de la persona custodia se
    opuso al recurso de Revisión y solicitó que se
    mantuviera la Resolución emitida por la agencia.

    23. La Procuradora Auxiliar de la ASUME expresó que:
    el caso estuvo pendiente por mucho tiempo; que no se
    veía en el expediente electrónico que se hubiera
    solicitado información del alimentante en el 2019, 2020
    ni 2021; que la especialista debió trabajar la pensión
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      alimentaria de forma escalonada y; que la pensión
      debía ser válida desde que se peticionó.

      24. El 6 de junio de 2023 la sala emitió por escrito una
      Orden dada al alimentante en sala, a los efectos de
      proveer copia de talonario correspondiente a la primera
      semana de febrero y el último recibido en diciembre de
      2019, y la W-2 del año 2019. Fue notificada el 8 de
      junio.

      25. El 20 de junio de 2023 la abogada de la persona
      custodia radicó una Moción Informativa y en Solicitud
      de Orden. Indicó que le refirió su dirección postal al
      alimentante, según acordado en la vista, pero que el
      alimentante incumplió con enviarle la información
      ordenada.

      26. El 20 de junio de 2023, el Sr. Emar Rivera Arocho,
      persona no custodia, radicó a través de un
      representante legal, el Lcdo. José Luis Plaza Delestre,
      una Moción de Relevo de Resolución por Falta de
      Jurisdicción sobre la Persona. En esta expuso las
      razones por las cuales entendía que la ASUME
      incumplió con todos los preceptos del debido proceso de
      ley al no notificar oportunamente la solicitud de revisión
      de la persona custodia.

      27. El 24 de agosto compareció la licenciada Fuentes
      Cosme mediante Moción en Solicitud de Orden y/o
      Resolución en la que expuso que el alimentante
      incumplió con la orden emitida por la sala, que el
      representante legal del alimentante radicó una moción
      que le notificó a la persona custodia pero no a ella como
      su representante legal, y solicitó que se declarara no ha
      lugar el recurso de revisión.

      Tras un análisis del derecho y los hechos antes reseñados, el

Departamento de la Familia determinó que el Sr. Rivera Arocho no

tuvo una oportuna notificación de los procedimientos, toda vez que

este fue notificado de la petición de revisión de pensión alimentaria

en el año 2023, o sea, cuatro (4) años después de radicada la

misma. A su vez, concluyó que la modificación no podía hacerse

retroactiva al año 2019, puesto que ésta se computó a base de los

ingresos que las partes generaban en el año 2023. Por ello,

modificó la Resolución sobre revisión alimentaria emitida el 24 de

abril de 2023, a los únicos efectos de que la pensión alimentaria

revisada sería efectiva al 24 de febrero de 2023, fecha en que el

recurrido fue notificado y se iniciaron los procedimientos.
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       Oportunamente, la Sra. Torres Barreto presentó “Moción en

Solicitud de Reconsideración” y, en síntesis, argumentó que al

recurrido se le salvaguardó su debido proceso de ley, ya que éste

tuvo oportunidad de presentar prueba y de poder estar presente en

los procedimientos.

       Atendida      su   petición,     el    2   de   febrero   de   2024,1   el

Departamento de la Familia emitió “Resolución sobre el Recurso de

Reconsideración”, y declaró No Ha Lugar la “Moción en Solicitud de

Reconsideración” presentada por la recurrente.

       Aún insatisfecha, la Sra. Torres Barreto recurre ante este

foro apelativo intermedio, y señala la comisión del siguiente error,

a saber:

       1. Erró la Administración para el Sustento de Menores,
          Sala Administrativa de Aguadilla, al determinar que
          no se cumplió con el debido proceso de ley y
          modificar la fecha de efectividad de la revisión de
          pensión alimentaria.

                                        II.

                                        -A-

       Los tribunales tienen la responsabilidad de examinar su

propia jurisdicción, así como la del foro de donde procede el

recurso ante su consideración. Torres Alvarado v. Madera Atiles,

202 DPR 495, 500 (2019). La jurisdicción se refiere al “poder o la

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o

controversias”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR

652, 660 (2014). Los tribunales deben ser celosos guardianes de

su jurisdicción y no tienen discreción para asumir jurisdicción

donde no la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 2022 TSPR 49. Por

consiguiente, los foros judiciales de Puerto Rico tienen autoridad

para atender cualquier causa de acción, salvo que no tengan

jurisdicción sobre la materia. Rodríguez Rivera v. De León Otaño,

191 DPR 700, 708 (2014).

1 Notificada el 9 de febrero de 2024.
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      La jurisdicción sobre la materia “se refiere a la capacidad del

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto

legal”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño,

[s.l.], [ed. del autor], 2010, pág. 25. “[P]ara privar a un ‘tribunal de

jurisdicción general’ de su actividad para entender en algún asunto

en particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente

en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación

necesaria”. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme 582 (3ra ed. 2013). La

ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las

consecuencias siguientes:

         (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las
         partes no pueden voluntariamente conferírsela a un
         tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3)
         conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4)
         impone a los tribunales el ineludible deber de
         auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los
         tribunales apelativos el deber de examinar la
         jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y
         (6) puede presentarse en cualquier etapa del
         procedimiento, a instancia de las partes o por el
         tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón et al v. ELA et
         al, 204 DPR 89, 101-102 (2020).

      Si un tribunal carece de jurisdicción, sólo resta declararlo

así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, a la

pág. 660. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, enumera los criterios que dicho foro

deberá considerar para poder decidir si atiende o no las

controversias que le son planteadas. Pueblo v. Ríos Nieves, supra.

La referida regla dispone que, al determinar si el recurso fue

presentado en la etapa más oportuna para su consideración, el

tribunal considerará los siguientes factores, a saber:

      (1) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho. (2) Si la situación de hechos
      planteada es la más indicada para el análisis del
      problema. (3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o
      error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
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      por el Tribunal de Primera Instancia. (4) Si el asunto
      planteado exige consideración más detenida a la luz de
      los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o
      de alegatos más elaborados. (5) Si la etapa del
      procedimiento en que se presenta el caso es la más
      propicia para su consideración. (6) Si la expedición del
      auto o de la orden de mostrar causa no causa un
      fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio. (7) Si la
      expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento
      del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                -B-

      La Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA sec.

9655, (LPAU) rige el procedimiento por el cual la parte perjudicada

por   una     determinación     administrativa     puede     solicitar

reconsideración ante la agencia. En lo pertinente, la precitada

regla dispone que:

      La parte adversamente afectada por una resolución u
      orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte
      (20) días desde la fecha de archivo en autos de la
      notificación de la resolución u orden, presentar una
      moción de reconsideración de la resolución u orden.

      Presentada la moción de forma oportuna, la agencia tendrá

15 días para considerarla, contados a partir de la presentación de

la moción. Íd. Dentro del referido término de 15 días, la agencia

podrá hacer tres cosas, a saber: (1) acoger la moción; (2)

rechazarla; o (3) no actuar. A esos efectos, la LPAU provee que:

      Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los
      quince (15) días, el término para solicitar revisión
      comenzará a correr nuevamente desde que se
      notifique dicha denegatoria o desde que expiren
      esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare
      alguna determinación en su consideración, el término
      para solicitar revisión empezará a contarse desde
      la fecha en que se archive en autos una copia de
      la notificación de la resolución de la agencia
      resolviendo     definitivamente    la   moción      de
      reconsideración. Íd.

      (Énfasis nuestro).

      En cuanto al término para solicitar revisión judicial, la Sec.

4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, establece que:
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       Una parte adversamente afectada por una orden o
       resolución final de una agencia y que haya agotado
       todos los remedios provistos por la agencia o por el
       organismo administrativo apelativo correspondiente
       podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el
       Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de
       treinta (30) días contados a partir de la fecha del
       archivo en autos de la copia de la notificación de
       la orden o resolución final de la agencia o a
       partir de la fecha aplicable de las dispuestas en
       la Sección 3.15 de esta Ley cuando el término
       para solicitar la revisión judicial haya sido
       interrumpido mediante la presentación oportuna
       de una moción de reconsideración.

       (Énfasis suplido).
                                      III.

       Según revela el tracto procesal discutido, el Departamento de

la Familia emitió una “Resolución” el 14 de noviembre de 2023.

Oportunamente,2 la Sra. Torres Barreto solicitó la reconsideración

del dictamen. Atendida su petición, el 2 de febrero de 2024,

notificada el 9 de febrero de 2024, el Departamento de la Familia

declaró No Ha Lugar la “Moción en Solicitud de Reconsideración”

presentada por la recurrente.

       Cónsono con el marco legal expuesto en el acápite anterior,

la parte adversamente afectada por una orden o resolución final de

una agencia posee un término de treinta (30) para solicitar revisión

judicial, a computarse a partir de la fecha del archivo en autos de

la copia de la notificación de la orden o resolución final de la

agencia. No obstante, este término queda interrumpido mediante

la oportuna presentación de una moción de reconsideración. En

cuyo caso, el término de treinta (30) días para solicitar revisión

judicial comienza a computarse: (1) desde que se notifique la

denegatoria de la reconsideración; (2) a partir de que expiren los

quince (15) días que la agencia posee para considerar la

reconsideración, en cuyo caso se entenderá rechazada de plano; o

(3) si la agencia acoge la reconsideración, desde la fecha en que

2 Aunque del apéndice no surge la fecha en que se notificó la “Resolución”, en la

“Resolución sobre el Recurso de Reconsideración” se hizo constar que la petición
presentada por la recurrente fue oportuna.
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se archive en autos una copia de la notificación de la

resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción

de reconsideración.

      En el presente caso, la recurrente solicitó oportunamente la

reconsideración de la “Resolución” emitida por el Departamento de

la Familia. Por consiguiente, el término de treinta (30) días para

solicitar revisión judicial quedó debidamente interrumpido. La

agencia administrativa acogió su solicitud y, mediante “Resolución

sobre el Recurso de Reconsideración” emitida el 2 de febrero de

2024, y notificada el 9 de febrero de 2024, declaró No Ha Lugar

la petición de reconsideración presentada por la Sra. Torres

Barreto.

      Por ende, el término de treinta (30) días para solicitar

revisión judicial comenzó a transcurrir el 9 de febrero de 2024,

fecha en que el Departamento de la Familia archivó en autos copia

de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo

definitivamente la moción de reconsideración. Siendo ello así, la

recurrente tenía hasta el 11 de marzo de 2024 para recurrir

ante este Tribunal de Apelaciones. No obstante, el mismo fue

radicado el 14 de marzo de 2024, luego de transcurrido el

término de treinta (30) días dispuesto en la LPAU. En palabras

sencillas, la Sra. Torres Barreto recurrió ante esta segunda

instancia judicial de forma tardía y, consecuentemente, no

tenemos jurisdicción para atender el asunto y debemos

desestimar el recurso.

      Debemos aclarar que, en su recurso, la recurrente alega que

la “Resolución sobre el Recurso de Reconsideración” le fue

notificada el 12 de febrero de 2024.   No obstante, del apéndice

surge que esta determinación fue notificada el 9 de febrero de
KLRA202400133                                                        10

2024, y no se nos ha puesto en posición para concluir lo

contrario.3

                                  IV.

       Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de este dictamen, desestimamos el recurso presentado por la

señora Katiria Torres Barreto, por falta de jurisdicción.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

3 Véase, apéndice pág. 25.