Court Opinion

ID: 9952311
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:39:57.497736+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:44.076202
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL XI

RAQUEL RAMÍREZ BENÍTEZ                           CERTIORARI
                                                 Procedente del
           Peticionaria                          Tribunal de
                                                 Primera
                v.                 KLCE202301410 Instancia, Sala
                                                 Superior de
       CONST CONTROL                             Ponce
        COMPANY, INC.
                                                     Civil Núm.:
            Recurrido                                PO2022CV03068
                                                     (604)

                                                     Sobre: Despido
                                                     Injustificado (Ley
                                                     80 y otros)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el
Juez Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz
Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos Cost Control Company, Inc. (“Cost

Control”    o   “Peticionario”),   mediante   Petición   de   certiorari

presentada el 13 de diciembre de 2023. Nos solicita que

revoquemos la Resolución emitida y notificada el 12 de octubre de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Ponce (“foro primario” o “foro a quo”). Mediante el referido

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por el Peticionario. En desacuerdo, el

Peticionario presentó una solicitud de reconsideración, la cual fue

declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida y notificada

el 16 de noviembre de 2023.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos

el auto de certiorari y modificamos la Resolución recurrida y así

modificada, confirmamos.

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLCE202301410                                                                     2

                                         I.

       Los hechos que inician la presente controversia se

remontan al 9 de febrero de 2022, cuando la señora Raquel

Ramírez Benítez (“Sra. Ramírez Benítez” o “Recurrida”) instó una

Querella contra el Peticionario sobre despido injustificado.1 En

síntesis, alegó que era empleada de la compañía Peticionaria

desde julio de 2018, hasta que fue despedida injustificadamente

el 2 de agosto de 2021. Sostuvo que su despido fue ilegal y

constituía una violación a la Ley de Indemnización por Despido

sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq., (“Ley Núm. 80”). Por tales

razones, solicitó una indemnización ascendente a $7,801.09, más

el pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

       Transcurridos         varios     trámites      procesales       que     son

innecesarios mencionar, el 15 de septiembre de 2022,

notificada al próximo día, el foro primario dictó Sentencia en la

que acogió la solicitud de desistimiento presentada por la parte

Recurrida.2 En consecuencia, desestimó sin perjuicio la querella.

       Posteriormente, el 6 de noviembre de 2022, la Sra.

Ramírez Benítez instó una segunda Querella3 contra Cost Control

al amparo del procedimiento sumario instituido en la Ley de

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2

de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118

et seq., (“Ley Núm. 2”).4 Sin embargo, en esta ocasión añadió una

causa de acción de discrimen por edad, al amparo de la Ley contra

1 Véase el caso PO2022CV00279 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración

de Casos (“SUMAC”). Apéndice certiorari, págs. 69-70.
2 Apéndice certiorari, pág. 77.
3 Caso Civil Número PO2022CV03068. Apéndice certiorari, págs. 3-7.
4 Mediante Resolución emitida el 6 de febrero de 2023, notificada al próximo día, el

foro primario ordenó que el caso se continuara ventilando como uno ordinario.
Apéndice certiorari, pág. 17.
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el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,

según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq., (“Ley Núm. 100”).

        Señaló que, a la fecha de su despido, tenía 46 años y fue

reemplazada en su puesto por una persona de menor edad. Indicó

que la compañía incurrió en un patrón de discrimen por su edad,

en violación a la Ley Núm. 100, supra. A su vez, añadió una causa

de acción de daños, en la que alegó que los incidentes provocados

por la culpa y/o negligencia de los empleados del Peticionario le

ocasionaron daños emocionales y angustias mentales. Esgrimió

que luego del despido le remitió una carta al presidente de Cost

Control, a lo fines de que reconsiderara su determinación, la cual

nunca fue contestada.5 Por tales razones, solicitó la reinstalación

de su empleo con todos sus beneficios y derechos, más el pago de

sus haberes y/o el back paid. Solicitó, además, una cuantía de

lucro cesante y/o daños emocionales y económicos que estiman

a $500,000.00.

        El 18 de enero de 2023, Cost Control presentó su

Contestación a Querella.6 Mediante esta, negó prácticamente

todas las alegaciones de la querella. Arguyó que la Recurrida fue

amonestada en tres (3) ocasiones, lo cual tuvo como desenlace su

despido. Sostuvo que el despido de la Sra. Ramírez Benítez fue

justificado, pues respondió a su incapacidad para cumplir con las

políticas de la compañía e incumplimientos crasos con sus

deberes.

        En cuanto a la causa de acción de discrimen y daños,

señaló que la primera querella instada ante el foro primario

(PO2022V00279) y la querella presentada ante el Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos por la Recurrida, no se

5 Cabe destacar que en el expediente apelativo no se incluyó la aludida carta.
6 Apéndice certiorari, págs. 8-16.
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incluyeron alegaciones relacionadas a daños o discrimen. Por lo

cual, al momento de la presentación de la segunda querella, estas

causas de acción estaban prescritas.

        Así las cosas, el 19 de septiembre de 2023, Cost Control

presentó Solicitud de Desestimación.7 Por virtud de esta, solicitó

la desestimación de la reclamación en su contra, puesto que

estaban prescritas. En cuanto a la reclamación de despido

injustificado, señaló que el despido se efectuó el 2 de agosto de

2021 y la primera querella se presentó dentro del término

dispuesto en Ley. No obstante, la reclamación se desistió sin

perjuicio mediante Sentencia emitida el 15 de septiembre de

2022, notificada al próximo día. En vista de que la segunda

querella se presentó el 6 de noviembre de 2022 y no se incluyeron

alegaciones específicas relacionadas al despido injustificado,

dicha causa de acción esta prescrita.

        Sobre la reclamación de discrimen, alegó que, en la primera

querella presentada por la Recurrida (PO2022CV00279), solo se

incluyeron alegaciones sobre despido injustificado y nada se

mencionó sobre las alegadas acciones de discrimen. Siendo así,

al momento de la presentación de la segunda querella, dichas

reclamaciones ya estaban prescritas. Por tales razones, solicitó la

desestimación de la querella al amparo de la Regla 10.2 (5) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2 (5).

        En respuesta, el 9 de octubre de 2023, la Sra. Ramírez

Benítez presentó Oposición a Desestimación. En esta, arguyó que

no procedía la desestimación de la reclamación, puesto que la

primera       querella       contenía   alegaciones   suficientes   para

interrumpir el término prescriptivo de cualquier otra reclamación

7 Apéndice certiorari, págs. 19-24.
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laboral. En específico, señaló que en la alegación número 12 de

la primera querella se reservó el derecho a reclamar a personas

adicionales y levantar causas de acción adicionales, como la de

discrimen. Sostuvo que la Regla 6.1 de Procedimiento Civil,

supra, R.6.1, no exige que se presente detalladamente en la

demanda todos los hechos que dan base a una reclamación. En

cuanto a la reclamación de despido injustificado, expuso que en

la segunda querella no tenía que exponer alegaciones específicas

a esos fines, ya que en la causa de acción de discrimen denota

que el despido fue ilegal e injustificado.

        Evaluados los argumentos presentados por las partes, el 12

de octubre de 2023, el foro a quo emitió y notificó la Resolución8

recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por el Peticionario.

        En desacuerdo, el 18 de octubre de 2023, el Peticionario

presentó Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No

Ha Lugar mediante Resolución emitida y notificada el 16 de

noviembre de 2023.

        Inconforme aún, el 13 de diciembre de 2023, Cost Control

acudió ante esta Curia mediante Petición de certiorari, en la que

le imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores:

        Erró el TPI al no desestimar la querella laboral a pesar
        de que las causas de acción levantadas por la
        querellante han prescrito.
        Erró el TPI al no resolver que carece de jurisdicción
        para atender la querella de epígrafe por prescripción.

     El 19 de diciembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en la

que le concedió un término de diez (10) días a la parte Recurrida

para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto

de    certiorari   y   revocar   la determinación   impugnada. En

8 Íd, pág. 48B.
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cumplimiento con lo ordenado, el 16 de enero de 2024, la parte

Recurrida presentó Alegato en oposición y en cumplimiento de

orden mostrando causa.

   Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                 II.
                           A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019).   “El   recurso   de certiorari es   un   vehículo   procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto

el 12 de abril de 2023.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.52.1, establece que el recurso de certiorari solo se expedirá

cuando se recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios

provisionales o injunction o (2) la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de

(1) decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2)

asuntos de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de

relaciones de familia, o (4) en casos que revistan interés público.

Íd. De igual manera, puede revisarse “cualquier otra situación

en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia”. Íd. Los límites a la facultad revisora

del foro apelativo tienen como propósito evitar la dilación que

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar
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a ser planteadas a través del recurso de apelación. Scotiabank v.

ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además,

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR

__ (2023), 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023.

Estos criterios son:

      (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
            a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.
      (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
      (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1.
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             B. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

   La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,

permite a la parte demandada solicitar al tribunal que desestime

la demanda antes de contestarla “cuando es evidente de las

alegaciones de la demanda que alguna de las defensas afirmativas

prosperará”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1065

(2020) citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569

(2001). La precitada regla fija los siguientes fundamentos para

solicitar la desestimación: (1) falta de jurisdicción sobre la

materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular

una parte indispensable. (Énfasis nuestro).

   Al evaluar una solicitud desestimatoria, “el tribunal tomará

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que

hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de

su faz no den margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.

Corp., 174 DPR 409 (2008). Cabe destacar que, “no procede la

desestimación a menos que se deduzca con toda certeza que el

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su

reclamación”. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821

(2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407, 423

(2012).

   Ante   una    moción    de   desestimación,    “resulta   evidente

interpretar las alegaciones conjunta y liberalmente a favor del

promovido”. Torres, Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 502

(2010); Sánchez v. Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001).
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El tribunal debe examinar “si a la luz de la situación más

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste,

la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”.

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Pressure Vessels P.R.

v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).

             C. Regla 6.1 de Procedimiento Civil

   La Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo

siguiente:

          Una alegación que exponga una solicitud de remedio
      contendrá: (1) Una relación sucinta y sencilla de los
      hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene
      derecho a un remedio, y (2) una solicitud del remedio a
      que crea tener derecho. Podrán ser solicitados remedios
      alternativos o de diversa naturaleza.

   La precitada Regla establece unos requisitos simples para la

redacción de una demanda. Se trata meramente de un escrito que

incluya “[u]na relación sucinta y sencilla de los hechos

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un

remedio. Regla 6.1 (a) de Procedimiento Civil, supra, R.6.1(a).

(Énfasis nuestro). Es decir, una alegación en la que se solicite un

remedio, como por ejemplo una demanda, deberá incluir lo

siguiente: (1) una relación sucinta y sencilla de los hechos que

demuestran que procede el remedio solicitado, y (2) la solicitud

del remedio que se alega debe concederse. Conde Cruz v. Resto

Rodríguez, 205 DPR 1043, 1062 (2020). “[N]o tienen que

exponerse detalladamente en la demanda todos los hechos que

dan base a la reclamación. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DOR

20, 40 (2020).

   Ahora bien, es norma reiterada que las alegaciones se

deberán interpretar de manera conjunta y liberalmente a

favor de la parte demandante, a los fines de hacer justicia. Íd,

citando a Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481 (2010). “[L]a
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finalidad esencial de las alegaciones es alertar a la parte adversa

en el proceso sobre los hechos y las reclamaciones a las que debe

hacer frente en el transcurso del trámite judicial.” Íd. La

información provista en la demanda debe contener los requisitos

mínimos de notificación, según requiere el debido proceso de ley.

   En cuanto a las garantías sobre el debido proceso de ley,

nuestro máximo Foro ha advertido que el propósito de las

alegaciones es “notificar a la parte contraria, a grandes rasgos,

de las reclamaciones en su contra para, de este modo,

brindarle la oportunidad de comparecer al proceso y

defenderse, si es que lo desea”. (Énfasis nuestro). Íd, págs. 40-

41. Véase, además, Torres, Torres v. Torres et al., supra. Por lo

cual, la demanda debe incluir un mínimo de detalles que le

informen a la parte contraria sobre los alegados actos lesivos que

causaron el alegado perjuicio.

                          D. Prescripción

   La prescripción de las acciones es un asunto de derecho

sustantivo, no procesal, que persigue “evitar la incertidumbre de

las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los

derechos.” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147

(2008). Véase, además, SLG Haedo-López v. SLG Roldán-

Rodríguez, 203 DPR 324, 336 (2019). El Artículo 1189 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 9481, dispone que “[l]a

prescripción es una defensa que se opone a quien no ejercita un

derecho o acción dentro del plazo de tiempo que la ley fija para

invocarlo”. A su vez, el aludido artículo añade que “[l]as acciones

prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley”. Íd. Sobre

ello, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, en ausencia

de un acto interruptor, el titular de una causa de acción
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pierde su derecho a instarla si no la ejerce en el plazo que

establece la Ley. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág.

1067.

   Existen tres (3) maneras de interrumpir la prescripción, a

saber: (1) la presentación de la acción judicial correspondiente,

(2) por una reclamación extrajudicial hecha por el acreedor,

dirigida al deudor, o (3) el reconocimiento de la obligación por

parte    del   deudor.    Producida     la   interrupción,   comienza

nuevamente a transcurrir el cómputo del plazo. (Énfasis nuestro).

Art. 1197 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 9489.

Véase, además, Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra.

   La prescripción extintiva promueve que las personas ejerzan

sus causas de acción con diligencia, lo que fomenta la estabilidad

en las relaciones y el tráfico jurídico. SLG Haedo-López v. SLG

Roldán-Rodríguez, supra, pág. 336.

        Al fijar un plazo determinado en el cual se deberá instar
        una acción, se pone punto final a las situaciones de
        incertidumbre jurídica y se evita que las personas estén
        sujetas de forma indefinida a la contingencia de una
        reclamación. De lo contrario, un demandado podría
        encontrarse en una situación de indefensión como
        consecuencia del paso del tiempo y la desaparición de
        la prueba. (Énfasis nuestro). Conde Cruz v. Resto
        Rodríguez, supra.

 E. Término prescriptivo en las reclamaciones laborales al
     amparo de la Ley Núm. 80, supra y la Ley Núm. 100,
                            supra

   Nuestro Máximo Foro ha establecido que la Ley Núm. 80,

supra, y la Ley Núm. 100, supra, son estatutos laborales de

carácter    reparador.    Sin   embargo,     ambos   cuerpos    legales

contienen serias diferencias en cuanto los propósitos que

persiguen y los remedios que proveen. Díaz Santiago v.

International Textiles, 195 DPR 862 (2016).

   Por un lado, la Ley Núm. 80, supra, fue aprobada con el fin

primordial de proteger de una forma más efectiva el derecho del
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obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo. A su vez, esta

pieza legislativa se promulgó para otorgar unos remedios más

justicieros y consubstanciales con los daños causados por un

despido injustificado, desaliente la incidencia de este tipo de

despido. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 424

(2013). Su propósito proteger el derecho de los trabajadores ante

acciones “arbitrarias y caprichosas” de los patronos. En ese

sentido, esta normativa impone el pago de una indemnización,

conocida como “mesada”, al patrono que sin justa causa despida

a un empleado que es contratado por un periodo de tiempo

indeterminado. Indulac v. Unión, 207 DPR 279, 298 (2021); León

Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 (2020). Según dispone el Art.

1 de la referida Ley, una reclamación de despido injustificado

requiere, entre otras condiciones, que se demuestre que el

empleado fue despedido y que no medió justa causa. 29 LPRA

sec. 185a.

   De otro lado, la Ley Núm. 100, supra, tiene como fin sancionar

el discrimen en el empleo, prohibiendo que un patrono despida,

suspenda o discrimine a un empleado por las clasificaciones allí

protegidas. Díaz Santiago v. International Textiles, supra, págs.

873-874; 29 LPRA sec. 146. “Los elementos esenciales para una

causa de acción por despido discriminatorio de la Ley 100 son los

siguientes: el empleado fue despedido, sin justa causa y existe la

modalidad del discrimen alegado.” Íd. (Énfasis en original).

   En cuanto a los términos prescriptivos, ambas reclamaciones

han instituido un término de un (1) año para instar una causa de

acción al amparo de dichas protecciones estatutarias. Veamos.
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   El Art. 12 de la Ley Núm. 80, supra, establece lo siguiente:9

            Los derechos que concede esta Ley prescribirán por el
       transcurso de un (1) año a partir de la fecha efectiva del
       despido mismo. Las reclamaciones por despidos
       realizados previo a la fecha de vigencia de la “Ley de
       Transformación y Flexibilidad Laboral” quedarán sujetas
       al término de prescripción previamente en vigor. 29 LPRA
       sec. 185l. (Énfasis nuestro).

   En cuanto a las reclamaciones instadas al amparo de la Ley

Núm. 100, supra, el término prescriptivo es de un (1) año y podrá

ser interrumpido “con la reclamación extrajudicial, con la

radicación de la acción judicial correspondiente o por el

reconocimiento de la deuda por parte del patrono o de su agente

autorizado”. 29 LPRA sec. 150. Véase, además, Díaz Santiago v.

International Textiles, supra.

   Ahora bien, el Tribunal Supremo ha resuelto que existe

identidad entre el despido discriminatorio y una reclamación de

despido injustificado. Ello, debido a que el despido injustificado

es un elemento esencial de la causa de acción por despido

discriminatorio. “[P]ara que prospere una reclamación por

discrimen[,] el empleado debe haber probado el hecho básico

que fue despedido sin justa causa.” Íd, pág. 876. (Énfasis

nuestro).

   Sin embargo, en Díaz Santiago v. International Textiles, supra,

se resolvió lo siguiente:

          […] la identidad de derechos entre el despido
       discriminatorio y el despido injustificado no opera a la
       inversa, pues el despido discriminatorio no es un elemento
       esencial del despido injustificado. Precisamente, así lo
       expresamos en Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR
       364, 387 (2001), cuando señalamos que “no todo despido
       injustificado es discriminatorio a su vez; y, por el
       contrario, todo despido discriminatorio sí es
       injustificado”. En consecuencia, la notificación de una
       reclamación por despido injustificado no tendrá el
       efecto de interrumpir el término prescriptivo de una
       reclamación por discrimen, salvo que la notificación

9 Mediante la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero

de 2017, 29 LPRA sec. 121 et seq., se enmendó el término para instar reclamaciones
al amparo de la Ley Núm. 80, supra, a un (1) año.
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      haya incluido alegaciones de discrimen. (Énfasis y
      subrayado nuestro).

                               III.

      Por estar íntimamente relacionados, procedemos a resolver

los señalamientos de error de manera conjunta. Veamos.

      En el caso de autos, la parte Peticionaria nos invita a que

revoquemos una Resolución emitida por el foro primario, en la que

denegó desestimar la reclamación de epígrafe. El Peticionario nos

alega que la causa de acción de despido injustificado y la de

discrimen están prescritas, toda vez que la parte Recurrente las

radicó fuera del término prescriptivo de un (1) año. Fundamenta

su alegación en que, de conformidad con el caso Díaz Santiago v.

International Textiles, supra, la primera querella instada por la

Sra. Ramírez Benítez sobre despido injustificado, no tuvo el efecto

de interrumpir el término prescriptivo de la reclamación de

discrimen. En cuanto a la causa de acción de despido

injustificado, señala que en la segunda querella instada por la

Recurrida no se incluyeron alegaciones específicas sobre despido

injustificado. Por tales razones, nos solicita que desestimemos

ambas causas de acción.

      Por su parte, la Recurrida sostiene que actuó correctamente

el foro primario al denegar la desestimación de la querella. En

primer lugar, señala que el Artículo 2.18 de la Ley de

Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero

de 2017, 29 LPRA sec. 122q, abrió la puerta para que cualquier

demanda que incluya acciones derivadas del contrato laboral, se

interrumpan para todos los propósitos. Añade que la primera

querella contiene alegaciones suficientes para interrumpir el

término jurisdiccional para cualquier reclamación laboral y

cumplen con los estándares establecidos en la Regla 6.1 de
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Procedimiento Civil, supra. En cuanto al caso Díaz Santiago v.

International Textiles, supra, arguye que es distinguible al de

autos y no procede la desestimación.

      Tenemos ante nuestra consideración una controversia

relacionada a si el foro primario ostenta jurisdicción para atender

la querella instada por la parte Recurrida. Por lo cual, nos

corresponde determinar si, tanto la causa de acción de despido

injustificado como la de discrimen, están prescritas. A esos fines,

procedemos a exponer un resumen de los eventos procesales más

importantes, para una mejor compresión de la controversia.

      Según surge del expediente, la Sra. Ramírez Benítez era

empleada de Cost Control desde julio de 2018 hasta que fue

despedida el 2 de agosto de 2021. En desacuerdo con el actuar

de su patrono, el 9 de febrero de 2022, instó su primera

querella ante el foro primario sobre despido injustificado.

Posteriormente, el 14 de septiembre de 2022, la Recurrida

presentó un escrito intitulado Desistimiento, solicitando al foro

primario que autorizara el desistimiento sin perjuicio de la

reclamación. Mediante Sentencia emitida el 15 de septiembre de

2022, notificada al próximo día, el foro primario decretó el

desistimiento sin perjuicio de la querella. Así las cosas, el 6 de

noviembre de 2022, la Recurrida acudió nuevamente al foro

primario mediante la presentación de una segunda querella.

      Como puede observarse, la parte Recurrida acudió al foro

primario en dos ocasiones a reclamar compensación por su

alegado despido ilegal, que también estima fue discriminatorio.

Sus reclamos están apoyados en la Ley Núm. 80, supra, y la Ley

Núm. 100, supra. Ahora bien, es meritorio destacar que ambos

cuerpos legales tienen propósitos distintos. Por tanto, al instar
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una reclamación por despido injustificado y discriminatorio,

habrá que cumplir con distintos parámetros dispuestos en cada

Ley especial.

      En las reclamaciones instadas al amparo de la Ley Núm.

80, supra, la parte demandante deberá demostrar que fue

despedido y que no medió justa causa. 29 LPRA sec. 185a. De

otro lado, las reclamaciones bajo la Ley Núm. 100, supra, habrá

que demostrar que el empleado fue despedido, sin justa causa y

que existe una modalidad del discrimen protegida por ley. En

cuanto al término prescriptivo, ambos cuerpos legales disponen

que este será de un (1) año, contados a partir de la fecha del

despido. Díaz Santiago v. International Textiles, supra. Véase,

además, 29 LPRA sec. 150 y 1851.

      En el presente caso, no existe controversia que la Recurrida

fue despedida el 2 de agosto de 2021. A partir de esta fecha, la

parte Recurrida contaba con un (1) año para instar una

reclamación de despido injustificado y discrimen. Dentro del

término, el 9 de febrero de 2022, la Recurrida instó su primera

querella, en la que alegó lo siguiente:

      […].
      8. El día 2 de agosto de 2021, la parte querellada [Cost
         Control] despidió a la querellante de forma ilegal e
         injustificada.
      9. La actuación de la querellada comprende una violación
         a la Ley 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada.
         Dicho despido, al ser sin justa causa, concede a los
         querellantes una indemnización que por despido
         injustificado tiene derecho a recibir.
    10. A tenor con dicha ley, se traduce para la querellante en
        una indemnización ascendente a $7,801.09, sin
        renunciar en su día a probar una cuantía mayor a la
        reclamada.
    11. Conforme a la ley, la querellante solicita el pago de las
        costas, gastos y honorarios de abogado a ser pagados
        a su favor por la parte querellada.
    12. Se incluye como parte querellada a Fulano de Tal,
        querellado de nombre desconocido, a cualquier
        persona jurídica o natural que pueda serle responsable
        al querellante por lo reclamado.
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        Luego de un examen liberal y conjunto de todas las

alegaciones contenidas en la querella, notamos que la Recurrida

instó     una    reclamación     exclusivamente       de    despido

injustificado. Contrario a lo que alega la Recurrida, la querella

no contiene alegación alguna que dé lugar a notificar a Cost

Control que se pretende reclamar también bajo las disposiciones

de la Ley Núm. 100, supra. Resolver lo contrario violaría el debido

proceso de ley de la parte Peticionario. Recordemos que el debido

proceso de ley requiere que la información contenida en la

demanda cumpla con unos requisitos mínimos de notificación al

demandado, para así brindarle la oportunidad de comparecer al

proceso y defenderse, si es que lo desea. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra. Además, no nos convence las alegaciones de la

parte Recurrida sobre que la información contenida en la querella

tuvo el efecto de interrumpir el término para cualquier

reclamación laboral, puesto que era necesario que el querellado

(Cost Control) pudiera entender que también se estaba alegando

que el despido fue discriminatorio. Por tanto, concluimos que la

única causa de acción que contiene la querella presentada por la

parte Recurrida el 9 de febrero de 2022 era exclusivamente de

despido injustificado.

        Ahora bien, el Peticionario alega que la querella de epígrafe

esta prescrita en su totalidad. En cuanto a la reclamación al

amparo de la Ley Núm. 100, supra, somos del criterio que la

misma esta prescrita. Según mencionamos, la Recurrida fue

despedida el 2 de agosto de 2021. A partir de esta fecha, la

perjudicada contaba con un término de un (1) año para instar

una reclamación de discrimen por edad. Este término podía ser

interrumpido mediante la presentación de una reclamación
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extrajudicial,   la   radicación    de     una    acción    judicial     o    el

reconocimiento de deuda por parte del patrono o su agente

autorizado. 29 LPRA sec. 150.

      En el presente caso, la Recurrida no presentó evidencia

tendente   a     demostrar   que      el    término       prescriptivo       fue

interrumpido mediante el reconocimiento de la deuda por parte

del patrono o por una reclamación extrajudicial. Luego del

despido, el 9 de febrero de 2022, la Recurrida instó una querella

exclusivamente sobre despido injustificado. Conforme a nuestro

ordenamiento, la notificación de una reclamación por despido

injustificado no tendrá el efecto de interrumpir el término

prescriptivo de una reclamación por discrimen, salvo que la

notificación haya incluido alegaciones de discrimen. Díaz

Santiago   v.    International     Textiles,     supra.    Por   tanto,       la

presentación de la querella de despido no tuvo el efecto de

interrumpir el término para fines de una reclamación de Ley

Núm. 100, supra. A pesar de que el 6 de noviembre de 2022, la

Recurrida presentó una segunda querella, en la que alegó actos

de discrimen de parte de Cost Control, la causa de acción de Ley

100, supra, había prescrito y procede su desestimación. En virtud

del análisis que antecede, resolvemos que erró el foro primario al

no desestimar la causa de acción de discrimen al amparo de la

Ley Núm. 100, supra.

      En cuanto a la reclamación de despido injustificado, el

Peticionario alega que, de conformidad con Díaz Santiago v.

International Textiles, supra, la querella de epígrafe esta prescrita.

Veamos.

      Como establecimos anteriormente, el despido de la

Recurrida se efectuó el 2 de agosto de 2021 y la primera querella
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sobre despido injustificado se presentó el 9 de febrero de 2022,

dentro del término prescriptivo. Mediante Sentencia emitida el 15

de septiembre de 2022 y notificada al próximo día, el foro

primario decretó el desistimiento sin perjuicio de la querella.

Producida la interrupción por virtud de la presentación de una

acción judicial, comenzó a transcurrir nuevamente el cómputo de

un año para instar la reclamación. Véase 31 LPRA sec. 9489. Es

decir, a partir del 16 de septiembre de 2022, la Recurrida

contaba con un (1) año para reclamar nuevamente su acción.

      En efecto, el 6 de noviembre de 2022, la Recurrida presentó

una segunda querella, la cual contenía las siguientes alegaciones:

      […].
      7. La querellante fue despedida por COST de su empleo
         el 2 de agosto de 2021.
      8. A la fecha de su despido, la querellante tenía 46 años
         de edad, edad protegida.
      9. La querellante rindió labores para COST por [t]res (3)
         años.
    10. La querellante trabajaba entre 40 horas semanales, y
        en ocasiones horas extras.
    11.   El salario del querellante era a razón de $10.27 la
          hora.
    12. Eso equivale a $21,361.60 anual, $1,780.13 mensual,
        y/o $410.80 semanal.
    13. La querellada comenzó un patrón de discrimen contra
        la querellante por su edad.
    14. El 1 de abril de 2021, estando la querellante en la
        oficina de la Administradora del Residencial Juan
        Ponce de León en Ponce, Puerto Rico, con la
        administradora Odalis Colón, esta última le profirió de
        manera       despectiva,     negativa,      humillante,
        ofensivamente y discriminatoriamente diciéndole que
        dejara de estar hablando así porque era una vieja ya
        que el tono de voz de una vieja le molesta.
    15. La querellante en ese momento que estaba humillada,
        se sentía mal, nerviosa, con miedo, entre otros
        sentimientos, le indicó a Odalis Colón que porqué me
        dices eso así, y Odalis Colón le contestó que podía
        quejarse donde quisiera que allí la que mandaba era
        ella.
    16. No conforme con eso, el 7 de abril de 2021, Odalis
        Colón, le profirió de manera despectiva, negativa,
        humillante, ofensivamente y discriminatoriamente
        diciéndole que ese pelo que tienes hoy es como de vieja.
    17. Ese mismo día (7 de abril de 2021) y después que la
        querellante había ponchado su salida del empleo,
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        Odalis Colón la citó a su oficina, indicándole de manera
        amenazante, que tenía que enviar unos correos
        electrónicos a los morosos, diciéndole que eso lo hace
        fácil hasta una niña, implicando que ella como vieja se
        tardaría.
    18. El 3 de mayo de 2021, Odalis Colón estando disponible
        ella y la subadministradora no depositaron en el Banco
        los dineros que correspondía, incurriendo en un pago
        tardío el 4 de mayo de 2021.
    19. El 11 de mayo de 2021 la querellante no pudo cuadrar
        los dineros obtenidos de renta por culpa de que Odalis
        Colón no le había entregado $54.00 pagados por un
        residente que ella mantuvo.
    20. La querellante después del despido, al otro hizo una
        carta al Presidente indicándole las situaciones
        ocurridas como una reconsideración.
    21. Por represalias y/o el discrimen a la querellante, los
        querellados nunca le contestaron esa carta a la
        querellante.
    22. La querellada fue sustituida en su empleo por una
        persona de menor edad.
    23. Todos los actos anteriores fueron actos de discrimen,
        represalias y/o en daños y perjuicios de los querellados
        contra la querellante, en violación a la [L]ey 100 del 30
        de junio de 1959 según enmendada ([L]ey 100), por su
        edad.
    24. Como consecuencia de todo lo anterior provocados por
        la culpa y/o negligencia de los querellados, la
        querellante sufrió intensos daños emocionales y/o
        angustias mentales, por los actos y el despido
        discriminatorio en violación a la ley 100.
    25. Todos y cada uno de los daños sufridos por la
        querellante, se debieron única y exclusivamente por la
        culpa y/o negligencia de los querellados consistente en
        mantener el ambiente hostil, los actos de discrímenes
        por edad, las represalias y/o el despido ilegal en
        violación de la ley 100 de Puerto Rico antes
        mencionada.
    26. Todos estos daños por ley tienen que ser compensados
        al doble.
    27. Entre las conductas impropias, culposas, y/o
        negligentes de los querellados contra la querellante
        estaba que no atendieron las quejas presentadas
        verbalmente y por escrito por la querellante.

     Las alegaciones contenidas en esta querella denotan que la

Recurrida reclama ser despedida de su empleo, sin justa causa y

discriminatoriamente. Según fue resuelto en Díaz Santiago v.

International Textiles, supra, existe identidad entre el despido

discriminatorio y una reclamación de despido injustificado. Ello,

debido a que el despido injustificado es un elemento esencial

de la causa de acción por despido discriminatorio. Contrario
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a lo que alega el Peticionario, aclaramos que el caso Díaz Santiago

v. International Textiles, supra, es distinguible del de autos, toda

vez que el análisis del primero se centra en si una reclamación de

discrimen ante una agencia administrativa tenía el efecto de

interrumpir el término prescriptivo de una causa de acción de

despido injustificado.

      A pesar de que el Peticionario nos expone que la

reclamación esta prescrita, somos del criterio que la información

incluida en la querella de epígrafe contiene los requisitos mínimos

para que Cost Control pueda entender que se esta reclamando un

despido injustificado y discriminatorio al amparo de la Ley 100,

supra, y la Ley Núm. 80, supra. El Tribunal Supremo ha resuelto

que “para que prospere una reclamación por discrimen[,] el

empleado debe haber probado el hecho básico que fue despedido

sin justa causa.” Díaz Santiago v. International Textiles, supra,

pág. 876. En vista de ello, concluimos que las alegaciones de la

querella de epígrafe contienen alegaciones suficientes que den

lugar a entender que se está ejerciendo una acción al amparo de

la Ley Núm. 80, supra.

      No debemos perder de perspectiva que ante una solicitud

de desestimación, “resulta evidente interpretar las alegaciones

conjunta y liberalmente a favor del promovido”. Torres, Torres v.

Torres Serrano, supra. Por lo tanto, resolvemos que actuó

correctamente el foro primario al no desestimar la causa de

acción bajo el palio de la Ley Núm. 80, supra.

                                IV.

      Por lo fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari   y   modificamos     la   Resolución   recurrida.    En

consecuencia, desestimamos con perjuicio la causa de acción de
KLCE202301410                                                  22

discrimen al amparo de la Ley Núm. 100, supra. A su vez,

confirmamos el dictamen recurrido en cuanto a que la causa de

acción de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, supra, no

está prescrita. Así, devolvemos el caso ante el foro primario para

la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí

resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

               LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones