Court Opinion

ID: 9928511
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:20:50.016829+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:26.660410
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                CERTIORARI
LUIS ROSADO VIANA,                              procedente del
ESTHER ORTIZ ROSA y la                          Tribunal de
Sociedad Legal de                               Primera
Gananciales                                     Instancia, Sala
                                                Superior de
Recurridos                        KLCE202301015 Humacao
             v.
                                                      Civil Núm.:
BOSCO CREDIT II TRUST                                 HU2021CV00053
SERIES 2017-1; FRANKLIN
CREDIT MANAGEMENT                                     Sobre:
CORPORATION                                           Nulidad de
                                                      Sentencia
Peticionarios                                         Incumplimiento
                                                      deber de buena fe,
                                                      Daños RESPA
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparecen Bosco Credit II, Trust Series 2017-1 y Franklin

Credit Management Corporation (parte peticionaria) y solicitan

nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto la Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao (TPI), el 31 de agosto de 2023. Mediante la aludida

determinación, el foro primario dio por admitido los hechos incluidos

en el requerimiento de admisiones dirigido a la parte peticionaria, al

palio de la Regla 33 de Procedimiento Civil, infra.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la

expedición del auto de certiorari solicitado.

                                  I.

      Según surge del expediente, el 18 de septiembre de 2007, se

incoó contra el señor Luis Rosado Viana, la señora Esther Ortiz Rosa

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (parte

Número Identificador
RES2023 ______________
KLCE202301015                                       Página 2 de 10

recurrida) una acción en cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El

27 de marzo de 2008, el TPI dictó una Sentencia, mediante la cual

declaró con lugar la demanda y condenó a la parte recurrida a

satisfacer la suma de $653,030.50 de principal, más intereses a

razón del 5.75% anual desde el 1 de abril de 2007 hasta su total y

completo pago, más la suma de $66,920.00 estipulada para costas

y honorarios de abogado.

         Luego de múltiples trámites postsentencia, el 19 de enero de

2021, la parte recurrida presentó una Demanda sobre nulidad de

sentencia, incumplimiento del deber de buena fe y daños bajo el

Real Estate Settlement Procedure Act (“RESPA”) contra Bosco Credit

II, Trust Series 2017-1 y Franklin Credit Management Corporation.

Dentro de los incidentes procesales acaecidos en este pleito se

encuentran la presentación ante este Tribunal de los recursos

apelativos KLCE202300803 y KLCE202300941.

         En lo pertinente al asunto que hoy atendemos, el 25 de julio

de 2023, la parte recurrida le cursó a Bosco Credit II, Trust Series

2017-1 y Franklin Credit Management Corporation un Primer Pliego

de Requerimiento de Admisiones. El 21 de agosto de 2023, la parte

recurrida presentó ante el tribunal una Moción Informativa:

Admisión Automática del Requerimiento de Admisiones. Alegó que el

término de 20 días para contestar y notificar la contestación al

requerimiento de admisiones venció sin recibir contestación de la

parte peticionaria. Así, invitó al foro primario que tomara

conocimiento de las admisiones automáticas incluidas en dicho

documento, conforme lo dispuesto en la Regla 33 de Procedimiento

Civil.

         El 22 de agosto de 2023, Bosco Credit II, administrado por

Franklin Credit se opuso al petitorio de la parte recurrida y adujo

que lo que procedía era convocar una reunión bajo la Regla 34 de

Procedimiento Civil. Solicitó al TPI que le concediera una prórroga
KLCE202301015                                        Página 3 de 10

hasta el 15 de septiembre de 2023 para contestar lo solicitado.

Mediante Orden emitida el 24 de agosto de 2023, el TPI denegó la

solicitud de extensión por estar fuera de término.

      En desacuerdo, el 30 de agosto de 2023, Bosco Credit II,

administrado por Franklin Credit presentó una moción de

reconsideración, pero la misma fue declarada no ha lugar por el

Tribunal de Primera Instancia mediante la Orden impugnada. En su

pronunciamiento, el foro a quo expresó lo siguiente:

      Atendido lo dispuesto en la Regla 33 de Procedimiento
      Civil, nada de lo contenido en el escrito explica o
      justifica el incumplimiento de la parte en contestar el
      requerimiento, objetar el mismo oportunamente o
      solicitar prórroga para cumplir a los fines que nos
      permita relevar a la parte de las admisiones en el
      ejercicio de la discreción que la referida norma nos
      provee.

      Inconformes, Bosco Credit II, Trust Series 2017-1 y Franklin

Credit Management Corporation comparecen ante nos y alegan que

el TPI cometió los siguientes errores:

      Erró el Honorable Tribunal de Instancia al imponer el
      Requerimiento de Admisiones Resolución del Tribunal
      de Primera Instancia (sic) que denegó a la parte
      demandada      aquí    peticionaria,  como   sanción
      excediéndose y trascendiendo el Tribunal de Primera
      Instancia el ámbito de su discreción.

      Erró el Honorable Tribunal de Instancia en su
      interpretación y aplicación al caso de epígrafe, d ellos
      criterios y elementos deliberativos dispuestos por la
      Regla 34 y 37 de Procedimiento Civil para el ejercicio de
      su discreción.

      El 11 de octubre de 2023, la parte recurrida incoó su

Oposición a Escrito de Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,

procedemos a resolver.

                                     II.

                                     A.

      El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera
KLCE202301015                                                  Página 4 de 10

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v.

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.

Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).1

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

       Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

1 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
KLCE202301015                                       Página 5 de 10

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                 B.

      Uno de los instrumentos con los que cuentan las partes

litigantes para delimitar las controversias del pleito y con ello

promover la solución expedita de los procedimientos es el

requerimiento de admisiones. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan,

170 DPR 149, 171 (2007); Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos.,

144 DPR 563, 573-574 (1997). El mismo se encuentra regulado por

la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 33. Esta

dispone lo siguiente:

   (a) Requerimiento de admisión. A los efectos de la acción
       pendiente únicamente, una parte podrá requerir por
KLCE202301015                                       Página 6 de 10

     escrito a cualquier otra parte que admita la veracidad
     de cualesquiera materias dentro del alcance de la Regla
     23.1 contenidas en el requerimiento, que se relacionen
     con cuestiones de hechos u opiniones de hechos o con
     la aplicación de la Ley a los hechos, incluyendo la
     autenticidad de cualquier documento descrito en el
     requerimiento. Se notificarán copias de los documentos
     conjuntamente con el requerimiento, a menos que
     hayan sido entregadas o suministradas para inspección
     y copia. El requerimiento podrá notificarse, sin el
     permiso del tribunal, a la parte demandante luego de
     comenzado el pleito y a cualquier otra parte luego de
     haber transcurrido el término de los treinta (30) días
     siguientes a la fecha de su emplazamiento. Si la parte
     demandada inicia cualquier tipo de descubrimiento
     dentro del referido plazo, dicha limitación no será de
     aplicación.

     Cada materia sobre la cual se requiera una admisión
     deberá formularse por separado. Todas las cuestiones
     sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por
     admitidas, a menos que dentro de los veinte (20) días de
     haberle sido notificado el requerimiento, o dentro del
     término que el tribunal concediese mediante una
     moción y notificación, la parte a quien se le notifique el
     requerimiento le notifica a la parte que requiere la
     admisión una contestación suscrita bajo juramento por
     la parte o una objeción escrita sobre la materia. A
     menos que el tribunal acorte el término, una parte
     demandada       no    estará    obligada     a   notificar
     contestaciones u objeciones antes de transcurridos
     veinte (20) días a partir de haberle sido entregada copia
     de la demanda y el emplazamiento. En este caso se debe
     apercibir a la parte demandada en el requerimiento que
     de no contestarlo en el término dispuesto se entenderá
     admitido. Si se objeta el requerimiento de admisión,
     deberán hacerse constar las razones para ello. […]

     […]

  (b) Efecto de la admisión. Cualquier admisión hecha en
      conformidad con esta regla se considerará definitiva, a
      menos que el tribunal, previa moción al efecto, permita
      el retiro o enmienda de la admisión. Sujeto a lo
      dispuesto en la Regla 37, que regula las enmiendas de
      una orden dictada en conferencia con antelación al
      juicio, el tribunal podrá permitir el retiro o la enmienda
      de la admisión si ello contribuye a la disposición del
      caso en sus méritos y la parte que obtuvo la admisión
      no demuestra al tribunal que el retiro o la enmienda
      afectará adversamente su reclamación o defensa.
      Cualquier admisión de una parte bajo estas reglas sólo
      surtirá efecto a los fines del pleito pendiente y no
      constituirá una admisión de dicha parte para ningún
      otro fin ni podrá ser usada contra ella en ningún otro
      procedimiento.

     Según expuesto, la norma impone que la parte interpelada

conteste el requerimiento cursado bajo juramento, admitiendo o
KLCE202301015                                        Página 7 de 10

negando lo inquirido, en un término mandatorio de 20 días. De

incumplirse con dicho término se          tendrá por admitido el

requerimiento, relevando así a la parte adversa de tener que

presentar prueba en el juicio sobre el particular. Rivera Prudencio

v. Mun. de San Juan, supra, a las págs. 171 y 174.

      En el ejercicio de su discreción el tribunal debe interpretar la

regla de forma flexible para favorecer en los casos apropiados que el

conflicto se dilucide en los méritos. Debe de ejercer especial cuidado

cuando se trata de una admisión tácita, o sea, por no haberse

contestado el requerimiento dentro del término establecido para ello.

Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, págs. 573-574. El

tribunal podrá, “[s]ujeto a lo dispuesto en la Regla 37 que regula las

enmiendas de una orden dictada en conferencia con antelación al

juicio, ... permitir el retiro o enmienda de la admisión si ello

contribuye a la disposición del caso en sus méritos y la parte que

obtuvo la admisión no demuestra al tribunal que el retiro o

enmienda afectará adversamente su reclamación o defensa”. Regla

33(b) de Procedimiento Civil, supra.

      Ahora bien, es importante recalcar que las disposiciones de la

Regla 33 de Procedimiento Civil son mandatorias, no meramente

directivas, lo que implica que debe haber un cumplimiento

sustancial con las mismas. No obstante, al aplicarla e interpretarla

no se puede permitir que consideraciones técnicas prevalezcan en

detrimento de la justicia sustancial. Véase, Regla 1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1.

                                 III.

      En la presente causa, analizaremos si, conforme a los hechos

del caso de autos, procedía dar por admitido el requerimiento de

admisiones que le fue cursado a la parte peticionaria.

      En esencia, la parte peticionaria aduce que el Tribunal se

equivocó al dar por admitidos los hechos incluidos en el
KLCE202301015                                           Página 8 de 10

requerimiento de admisiones por no haberse contestado en el

término que dispone la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra. Alega

que dicha actuación fue una sanción irrazonable que tuvo como

consecuencia privarle de un debido proceso de ley y de presentar

prueba en contrario cuando se ventile el caso en los méritos. Añade

que al dejar sin efecto la determinación objetada no se afectaría

adversamente la reclamación de la parte recurrida, ni el calendario

del caso. Por otro lado, la parte recurrida está de acuerdo con la

decisión impugnada por entender que constituyó un ejercicio de

discreción adecuado apoyado por las disposiciones procesales y

sustantivas aplicables.

      Al    examinar   los   argumentos     de    las    partes   y   el

pronunciamiento sujeto a revisión, determinamos no intervenir con

la actuación del TPI. En el caso de autos, el requerimiento de

admisiones quedó admitido tácitamente bajo el transcurso de

tiempo que concede la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra. La

aludida Regla 33 es diáfana al exponer que “[t]odas las cuestiones

sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por admitidas,

a menos que dentro de los veinte (20) días de haberle sido

notificado el requerimiento, o dentro del término que el tribunal

concediese mediante una moción y notificación, la parte a quien

se le notifique el requerimiento le notifica a la parte que

requiere la admisión una contestación suscrita bajo juramento

por la parte o una objeción escrita sobre la materia.” Es decir, si

la parte a quien se le cursó el requerimiento no cumple con el

mencionado término, “las cuestiones sobre las cuales se solicitó

la admisión, automáticamente se tendrán por admitidas”.

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, pág. 573. (Énfasis

nuestro).

      Según el tracto fáctico expuesto, el 25 de julio de 2023, la

parte recurrida le envió por correo electrónico a la parte peticionaria
KLCE202301015                                                Página 9 de 10

el primer pliego de requerimiento de admisiones. El 27 de julio de

2023, se renotificó el mismo, a través de la representación legal de

la parte peticionaria. Transcurrido el término aplicable en nuestro

ordenamiento jurídico civil, el 22 de agosto de 2023, la parte

peticionaria solicitó prórroga para contestar el requerimiento en

cuestión, esto luego de que la parte recurrida solicitara al Tribunal

que lo diera por admitido por falta de una contestación oportuna. El

tribunal no concedió la prórroga. El 1 de septiembre de 2023, la

parte    peticionaria      finalmente      notificó    la    contestación      al

requerimiento de admisiones, la cual no fue aceptada por la parte

recurrida ante su contestación a destiempo.2

        Analizado el expediente, aunque se tratan de admisiones

tácitas de ciertos hechos, en las cuales los tribunales deben de

ejercer especial cuidado, de este no se desprenden las causas que

justificaran la tardanza en notificar la contestación al requerimiento

de admisiones de la parte peticionaria o la razón por la cual solicitó

una extensión inoportunamente. La mencionada Regla 33 de

Procedimiento Civil establece un término mandatario de 20 días

para admitir o negar un requerimiento de admisiones.

        Así las cosas, entendemos que la decisión del TPI fue

razonable. Por lo tanto, somos del criterio que el foro primario no

erró, ni abusó de su discreción en su determinación, ni en el manejo

del caso. La parte peticionaria no ha demostrado que el TPI actuó

con pasión, prejuicio, parcialidad o que incurrió en error manifiesto

al emitir la Orden impugnada.

        Ahora bien, precisa resaltar que la decisión recurrida no

dispone del caso de forma automática. Recordemos que nuestro

2 La parte peticionaria notificó la contestación al requerimiento de admisiones el

1 de septiembre de 2023. Ante ello, el 5 de septiembre de 2023, la parte recurrida
le envió un correo electrónico en el cual expuso que la contestación fue tardía e
inoficiosa y que las materias requeridas en el documento concernido se
encontraban admitidas desde el 17 de agosto de 2023, conforme los términos de
la Regla 33 de Procedimiento Civil. Apéndice del recurso, pág. 101.
KLCE202301015                                    Página 10 de 10

ordenamiento jurídico favorece que los casos se ventilen en los

méritos. Así, el foro a quo deberá examinar toda la prueba

presentada por ambas partes y resolver de acuerdo con ésta.

                               IV.

     Por   los   fundamentos   antes   expuestos,    denegamos     la

expedición del auto de certiorari. Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones