Court Opinion

ID: 9941565
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:47:02.203097+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.904832
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

                                     Revisión de
IDALIA M. DÍAZ PEDROZA               Decisión
                                     Administrativa
     Parte Recurrida                 procedente la
                       KLRA202300075 Oficina de
            v.                       Apelaciones de la
                                     Autoridad de
    AUTORIDAD DE                     Acueductos y
    ACUEDUCTOS Y                     Alcantarillados
 ALCANTARILLADOS DE
     PUERTO RICO                     Caso núm.:
                                     OA-21-013
    Parte Recurrente
                                     Sobre:
                                     Revisión de escala y
                                     Revalorización de
                                     puesto
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.1

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2024.

      La    parte    recurrente,    Autoridad   de   Acueductos   y

Alcantarillados (AAA o parte recurrente), solicita que revoquemos la

Resolución Final Parcial emitida por la Oficina de Apelaciones de la

AAA (en adelante OA) el 14 de noviembre de 2022 y notificada en

igual fecha. Mediante el referido dictamen, la OA ordenó a la AAA

realizar un estudio de revalorización correspondiente al perfil de

clase de Asesor Legal que ocupa la parte recurrida, la Lcda. Idalia

M. Díaz Pedroza (Lcda. Díaz Pedroza o parte recurrida).

      Mediante Resolución emitida el 14 de marzo de 2023,

ordenamos a la Oficina de Apelaciones de la AAA a someter copia

certificada del expediente administrativo OA-21-013, el cual la

agencia nos presentó el 13 de abril de 2023.

1 Véase Orden Administrativa OAJP-2022-099A.

Número Identificador
SEN2023________________
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          Evaluados los escritos presentados por las partes, así como la

copia certificada del expediente administrativo, desestimamos el

recurso por falta de jurisdicción.

                                          I.

          El 2 de diciembre de 2020, la Lcda. Idalia M. Díaz Pedroza

notificó una carta2 a la Sra. Glorimar Chiclana, Directora de

Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la AAA. En esta, la

Lcda. Díaz Pedroza solicitó la revisión y/o reevaluación de la escala

salarial del puesto de Asesor Legal y que se reevaluara su salario,

bajo la doctrina de igual paga por igual trabajo y/o los criterios

establecidos por la Ley de Igualdad Salarial. Al no recibir respuesta,

el 23 de diciembre de 2020, la Lcda. Díaz Pedroza cursó una

segunda carta3 a la Sra. Chiclana en la que informó que estaría

presentado su solicitud ante la Oficina de Apelaciones de la AAA,

por haber transcurrido el término establecido sin recibir respuesta

a su primera carta.

          Así, el 9 de julio de 2021, la Lcda. Idalia M. Díaz Pedroza

presentó una apelación ante la Oficina de Apelaciones de la AAA. En

resumen, la Lcda. Díaz Pedroza expuso que es abogada y empleada

de la División Legal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

en donde ocupa un puesto de Asesora Legal4. Arguyó que comenzó

a trabajar para la AAA el 26 de febrero de 2015, con un salario de

$3,335.87 mensuales. Alegó que existen otros empleados dentro de

la clase de asesor legal en el servicio de carrera que cuentan con

cualificaciones y experiencia inferiores a la Lcda. Díaz Pedroza y que

estos reciben mayor compensación, a pesar de realizar tareas de

menor complejidad. La Lcda. Díaz Pedroza arguyó que la clase de

Gerente Técnico está ubicada en una escala de retribución superior

2 Véase, apéndice del recurso, págs. 179-185.
3
    Id. pág. 186.
4 Puesto número 1504-0017.
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(escala 8) a la de Asesor Legal (escala 7). La Lcda. Díaz Pedroza

señaló que, tomando en cuenta las clases y valor relativo de los

puestos dentro de la estructura organizacional, era necesario se

reevaluara la clase de asesor legal a escala 8. Por ello, la Lcda. Díaz

Pedroza solicitó a la OA que declarase con lugar su apelación y

concediera los siguientes remedios:

         1) Se iguale o se ajuste el sueldo de la querellante (sic) a
            tenor con los criterios expuestos en la política y/o plan
            afirmativo, reglamentos y normas de la AAA, relacionados
            a la ley de Igual paga por Igual trabajo; y/o

         2) Se conceda un aumento de sueldo, diferencial y/o
            cualquier otro tipo de compensación adicional que
            proceda a tenor con el artículo 9 de las normas de
            retribución y/o el artículo 15.1 y 15.2 del reglamento de
            recursos humanos de la AAA.

         3) Se ordene la revalorización del puesto de Asesor Legal a
            la escala 8 con las consecuencias legales que esto pueda
            tener.5

         La AAA presentó su Contestación a la Apelación el 23 de julio

de 20216. Luego de varios trámites procesales, el 2 de junio de 2022,

la Lcda. Díaz Pedroza presentó una Moción de Sentencia Sumaria.

En esta, alegó que la revalorización del puesto que ejerce como

asesora legal se justifica bajo la sección 9.3(2) del Reglamento de

Recursos Humanos de la AAA y formuló los hechos que entiende que

no están en controversia, por los cuales procede se conceda el

remedio solicitado.

         En respuesta, el 26 de julio de 2022, la AAA se opuso a la

solicitud de la Lcda. Díaz Pedroza7. Aunque la AAA coincidió con la

recurrida en que no existía controversia sobre los hechos

propuestos, por su parte alegó que las funciones y factores

compensables del puesto no han cambiado y que la revalorización

de un puesto y estructura de sueldos son prerrogativas gerenciales.

La AAA adujo que la norma aplicable a la revalorización de puestos

la establece la sección 9.3 del Reglamento de Recursos Humanos de

5 Véase, Apelación, apéndice del recurso págs. 176-178.
6
    Apéndice del recurso, págs. 169-175.
7
    Apéndice del recurso, págs. 71-85.
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la AAA (aprobado 28 de febrero de 2008) y que no se ha dado

ninguna de las circunstancias allí establecidas para proceder con la

revalorización. Además, la AAA señaló que la reclamación estaba

prescrita. Lo anterior, porque el plan de clasificación se aprobó en

2007, ninguno de los asesores legales impugnó la valorización de su

clase y, para la fecha de nombramiento de la Lcda. Díaz Pedroza, la

OA había adjudicado las impugnaciones al plan de clasificación

presentada por varios empleados. Por ello, la AAA solicitó se dictara

resolución sumaria parcial a su favor desestimando la reclamación

de revalorización del puesto.

       Por su parte, el 5 de agosto de 2022, la Lcda. Díaz Pedroza

presentó un escrito de réplica, el cual acompañó de varios

documentos. La OA le concedió un término a la AAA para expresar

su posición en torno a la réplica.

       Finalmente, el 14 de noviembre de 2022, notificada en igual

fecha, la OA emitió la Resolución Final Parcial8 recurrida. En esta, la

OA destacó lo siguiente:

       Breve introducción

       […]

             Cabe señalar que la apelante además de solicitar
       la revalorización del puesto que desempeña como
       Asesor(a) Legal reclama en el recurso de apelación
       sometido ante este Foro igual paga por igual trabajo y
       un aumento salarial en una escala salarial superior.

              Ahora bien, lo que nos compete atender y resolver
       en esta etapa procesal son las solicitudes de la apelante
       y de la Autoridad de resoluciones sumarias respecto a
       la revalorización del puesto de Asesor(a) Legal.

           Determinaciones de Hechos no Controvertidos

              Los hechos que a continuación determinamos
       son aquellos que se desprenden de los documentos
       oficiales de la Autoridad y de otros bajo juramento que
       fueron acompañados por la apelante con sus escritos.
       La Autoridad no ofreció prueba documental y
       descans[ó] para sus argumentos en un análisis de los
       documentos oficiales presentados por la apelante y la
       reglamentación aplicable.

8 Id., págs. 22-38.
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           Los hechos que más adelante se consignan no
    existen controversias reales y sustanciales sobre los
    mismos. Así, no es necesaria la celebración de una vista
    plenaria para dilucidar estos. Gladys Bobé v. UBS
    Financial, 198 DPR 6 (2019) págs. 20-21. (Subrayado
    en el original).

    Hechos

       1. La apelante ocupa el puesto de Asesora Legal en el
          servicio de carrera de la Autoridad y labora en la
          división legal desde el mes de febrero de 2015.

       2. El 8 de noviembre de 2007, la Autoridad aprobó el
          Manu[a]l del Plan de Clasificación y Retribución del
          Personal Gerencial del Servicio de Carrera.

       3. El referido Manual fue adoptado a tenor con la Ley
          Número 184 del 3 de agosto de 2004, la que fue
          sustituida por la Ley 8 de 2017 conocida como Ley
          para la Administración y Transformación de los
          Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. La
          Autoridad no ha efectuado ningún cambio o enmienda
          al Manu[a]l del Plan de Clasificación, ni al Reglamento
          de Recursos Humanos el cual fue aprobado el 28 de
          febrero de 2008.

       4. El Manual establece que el Plan de Clasificación y
          Retribución     se   compone       de   dos    procesos
          independientes que se completan entre sí: (a) la
          identificación, análisis y clasificación de los puestos
          gerenciales que responden a las necesidades de
          servicios y necesidades operacionales, en las áreas
          medulares y de apoyo de la Autoridad y (b) el diseño y
          desarrollo de las Estructuras de Sueldos a la cual se
          asignar[á]n las clases, según las normas de
          administración que respondan a la política de
          administración de sueldos de la Autoridad.

       5. El desarrollo de un Plan de Clasificación consiste de
          un proceso a través del cual se estudian, se analizan
          y se ordenan, en forma sistemática, los diferentes
          puestos que integran la organización para su
          agrupación en clases. Conforme el análisis se
          establece el valor relativo de las clases, según sean
          iguales o sustancialmente similares en cuanto a la
          naturaleza y complejidad de los deberes de los puestos
          incluidos en las mismas clases y el grado de autoridad
          y responsabilidad delegado.

       6.    Un puesto se define como el conjunto de deberes y
            responsabilidades que requieren el empleo de una
            persona durante una jornada de trabajo parcial o
            completa. Una clase puede consistir de un puesto o
            grupo de puestos cuyos deberes, naturaleza del
            trabajo, autoridad y responsabilidad sean de tal modo
            semejante que pueda razonablemente denominarse
            con el mismo título. Una serie de clases significa la
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             agrupación de clases que reflejan los distintos niveles
             jerárquicos de trabajo existentes en la organización.

         7. Durante este proceso se identifican los problemas
            para atraer y retener talento, situaciones de inequidad
            interna o externa, tendencias de compensación en el
            mercado competitivo, disponibilidad de talento y otras
            oportunidades que permitan analizar y realinear el
            programa de administración de sueldos y otra
            compensación directa e indirecta, con las estrategias,
            en este caso las de la Autoridad.

         8. El sistema de valorización de Perfiles de Clases
            consiste de los siguientes valores compensables: (1)
            Responsabilidad Gerencial (30%); (2) Complejidad
            Técnica (20%); (3) Preparación Académica (20%); (4)
            Experiencia (15%); (5) Licencias/Certificaciones
            (10%).

         9. Entre las responsabilidades del Directorado de
            Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la
            Autoridad bajo el Manual del Plan de Clasificación y
            Retribución del Personal Gerencial del 8 de noviembre
            de 2007, se encuentran: asegurar que las normas de
            administración del Plan de Clasificación se apliquen
            uniformemente y consistentemente.

         10. El puesto de Asesor(a) Legal está ubicado en la escala
            7 de la Estructura de Sueldos de la Autoridad. Según
            la Escala; esta consiste en un sueldo mínimo a un
            máximo, con distintas gradaciones.

         11. Se toma conocimiento administrativo cuasi judicial
            que el 17 de junio de 2022 la Junta de Gobierno de la
            Autoridad aprobó la Resolución Número 3302, a los
            fines de enmendar la Resolución 2342 de 30 de
            octubre de 2007, para revisar y establecer nuevos
            tipos mínimos y máximos a las escalas salariales de
            los    empleados       gerenciales   de   carrera   y
            administrativos de la Autoridad. Esta enmienda fue
            efectiva el 1ro de julio de 2022. Dicha enmienda solo
            afectó a las ocho (8) escalas de retribución aquí
            concernidas.

         12. También, se ubican en la escala número 7 los puestos
             de Asesor(a) Técnico(a), Gerente de Cumplimiento,
             Gerente de Laboratorio, Gerente de Mantenimiento
             Preventivo, Gerente de Redes de Acueductos y
             Alcantarillados, Gerente de Servicio al Cliente, y el
             Gerente de Tecnología de Sistemas de Información.

             […]

      En virtud de las anteriores determinaciones, la OA concluyó

que la lectura del perfil de la clase de asesor legal era suficiente para
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concluir que procedía que la Autoridad realizara la revalorización del

perfil y la escala salarial. Como parte de sus determinaciones, la OA

reiteró que lo que estaba bajo consideración era la revalorización del

puesto, no si se debía ordenar o no ubicar la clase de asesor legal a

la estala salarial 8. Sobre el particular, la OA enfatizó que no

adelantaba criterio en cuanto a la solicitud de reubicar el puesto de

asesor legal en la escala 8, y que no estaba en posición de así

hacerlo9. Al final de la resolución, la OA consignó lo siguiente:

        A tenor de todo lo anterior y en vista que no existe razón
        alguna para posponer esta decisión, por tratarse de una
        causa de acción separada e independiente a las otras
        que plantea la apelante en este recurso, se emite la
        presente Resolución Final Parcial.

        También, la OA consignó en su resolución el apercibimiento a

las partes sobre los términos para solicitar reconsideración del

dictamen, así como de revisión judicial.

        Inconforme, el 5 de diciembre de 2022 la AAA presentó una

Moción de Reconsideración de Resolución Parcial Final10. La AAA

alegó que la OA no expresó bajo cuál criterio de la Sección 9.3 del

Reglamento de Recursos Humanos procedía la revalorización

ordenada. Añadió que tampoco establecen los cambios en los

requisitos mínimos y funciones del puesto que justifiquen dicha

revalorización, de conformidad con las normas reglamentarias.

Argumentó que lo resuelto por la OA acarrea que sean los empleados

y la OA quienes decidan cuándo y cómo se lleven a cabo las

revalorizaciones de puestos en la Autoridad. La AAA señaló que ello

abre la puerta para que se entienda que un puesto debe ser

revalorizado sin que estén presentes los criterios reglamentarios

aplicables. Adujo que la Lcda. Díaz Pedroza no cumplió con la carga

probatoria de demostrar que el puesto ha sufrido cambios en los

9 Íd., a la pág. 36.
10 Íd., págs. 13-21.
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requisitos mínimos o funciones, por lo que procedía que la OA

reconsiderara el dictamen emitido.

       El 5 de diciembre de 2022, notificada el 6 de diciembre de

2022, la OA acogió la moción de reconsideración y concedió término

a la Lcda. Díaz Pedroza, quien compareció mediante Oposición a

Moción de Reconsideración, presentada el 28 de diciembre de 202211.

En su escrito, la Lcda. Díaz Pedroza argumentó que el perfil de la

clase de asesor legal fue modificado en 2012 para incluir

competencias técnicas adicionales y licencias relacionadas con la

práctica en la esfera federal, lo cual no existía cuando se aprobó el

plan de clasificación de 2008. Por tal razón, la Lcda. Díaz Pedroza

arguyó que dicho cambio era suficiente para que se ordenara el

estudio de revalorización, a tenor con la Sección 9.3 (2), (3) y (4). La

Autoridad presentó escrito de réplica12.

       Finalmente, el 12 de enero de 2023, notificada el 13 de enero

de 2023, la OA declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración

de la Autoridad13.

       Inconforme, la Autoridad acude ante nos vía solicitud de

revisión administrativa y formuló el siguiente señalamiento de error:

       ERRÓ LA OA AL DETERMINAR QUE PROCEDE LA
       REVALORIZACIÓN DE LA CLASE DE PUESTO DE
       ASESOR LEGAL, A PESAR DE QUE LA RECLAMACIÓN
       ESTÁ PRESCRITA Y NO SE CUMPLE CON LOS
       CRITERIOS REGLAMENTARIOS PARA QUE PROCEDA
       TAL REVISIÓN Y DE NO ESTABLECERSE CAMBIO
       ALGUNO EN LOS CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE
       PUESTO.

       El 14 de marzo de 2023, la Lcda. Idalia M. Díaz Pedroza

compareció      ante    este   foro   intermedio      mediante      Moción     de

Desestimación al Amparo de la Regla 83 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones. En síntesis, la Lcda. Díaz Pedroza argumenta que la

11 Véase, Oposición a Moción de Reconsideración”, apéndice del recurso, págs. 6-

11.
12 Véase, Réplica a “Oposición a Moción de Reconsideración”, apéndice del recurso,

págs. 3-5.
13 Véase, Resolución, apéndice del recurso, págs. 1-2.
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resolución recurrida es interlocutoria, por lo que no es revisable

directamente ante este foro. Lo anterior, porque la resolución no

pone fin a las controversias del caso y no constituye una

adjudicación de los remedios solicitados por la recurrida ante la OA.

       El 23 de marzo de 2023, la AAA presentó Oposición a Moción

de Desestimación presentada por la recurrida y en solicitud de que se

de por sometido el recurso sin oposición, y arguye que la resolución

de la OA pone fin a la controversia de revalorización del puesto de

Asesor(a) Legal y que la OA incluso apercibió a las partes sobre los

términos para acudir en revisión ante este foro apelativo. La AAA

entiende que, aunque la resolución está denominada como parcial,

le da finalidad a una reclamación independiente presentada por la

Lcda. Díaz Pedroza.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos

en posición de resolver.

                                 II.

                                 A.

       La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según

enmendada14, establece un procedimiento uniforme para la revisión

judicial de órdenes y resoluciones dictadas por las agencias

administrativas de Puerto Rico. Por virtud de dicha ley, una parte

que haya sido afectada adversamente por una orden o resolución

final de una agencia y que haya agotado todos los remedios

administrativos disponibles, podrá presentar un recurso de revisión

ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30)

días contados a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la

notificación de la orden o resolución final de la agencia. Sobre el

14 3 L.P.R.A. § 9601 et seq.
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particular, la Sección 4.2 de la Ley 38-2017, supra, establece lo

siguiente:

        Una parte adversamente afectada por una orden o
        resolución final de una agencia y que haya agotado
        todos los remedios provistos por la agencia o por el
        organismo             administrativo             apelativo
        correspondiente podrá presentar una solicitud de
        revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de
        un término de treinta (30) días contados a partir de
        la fecha del archivo en autos de la copia de la
        notificación de la orden o resolución final de la
        agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas
        en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término para
        solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido
        mediante la presentación oportuna de una moción de
        reconsideración. La parte notificará la presentación de
        la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes
        dentro del término para solicitar dicha revisión. La
        notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose,
        que si la fecha de archivo en autos de copia de la
        notificación de la orden o resolución final de la agencia
        o     del     organismo       administrativo      apelativo
        correspondiente es distinta a la del depósito en el correo
        de dicha notificación, el término se calculará a partir de
        la fecha del depósito en el correo.15 (Énfasis nuestro)

        Por otra parte, la sección 1.3 de la Ley 38-2017, supra,

dispone que una orden o resolución “[s]ignifica cualquier decisión o

acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u

obligaciones de una o más personas específicas, o que imponga

penalidades o sanciones administrativas excluyendo órdenes

ejecutivas emitidas por el Gobernador.”16 De igual forma, dicho

estatuto especifica que una orden o resolución parcial es aquella

“acción agencial que adjudique algún derecho u obligación que no

ponga fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la

misma.”17 También define una orden interlocutoria como aquella

“acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que

disponga de algún asunto meramente procesal.”18

        La     Asamblea   Legislativa   limitó   la   revisión   judicial

exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así hacerlo,

15
   3 LPRA § 9672.
16
   3 LPRA § 9603(g).
17
   3 LPRA § 9603(h).
18
   3 LPRA§ 9603(i).
KLRA202300075                                                                 11

se aseguró que la intervención judicial se realizara después de que

concluyeran los trámites administrativos y se adjudicaran todas las

controversias pendientes ante la agencia. La intención legislativa

consistió en evitar una intromisión indebida y a destiempo en el

trámite administrativo por parte de los tribunales.19 Al respecto, el

Artículo 4.2 de la Ley 38-2017, supra, expresa lo siguiente:

       […]

       Una orden o resolución interlocutoria de una agencia,
       incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se
       desarrollen   por    etapas,    no   serán    revisables
       directamente. La disposición interlocutoria de la
       agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en
       el recurso de revisión de la orden o resolución final de
       la agencia.

       […]

3 LPRA § 9672.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que una

orden o resolución final es aquella que culmina el procedimiento

administrativo, tiene efectos sustanciales sobre las partes y resuelve

todas las controversias ante la agencia, les pone fin, sin dejar

pendiente una para ser decidida en el futuro.20 El Alto Foro ha

determinado, además, que una orden o resolución final tiene las

características de una sentencia en un procedimiento judicial

porque resuelve finalmente la cuestión litigiosa y de la misma puede

apelarse o solicitarse revisión.21 Es decir, una orden o resolución

final de una agencia administrativa es aquella que dispone del caso

ante la agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre las

partes. Se trata de la resolución que culmina en forma final el

procedimiento administrativo respecto a todas las controversias.22

Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la decisión

administrativa y por ende susceptible de revisión judicial.

19 Comisionado de Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006).
20 Íd. página 29, citando a ARPE v. Coordinadora, 165 DPR 850 (2005); Tosado v.

AEE, 165 DPR 377 (2005); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483 (1997).
21
   J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra.
22
   Íd.
KLRA202300075                                                                  12

          El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Bennett v. Spear,

expresó dos condiciones que tienen que ser satisfechas para que

una decisión administrativa pueda ser considerada final. Primero,

la actuación de la agencia debe representar la culminación de su

proceso decisorio; y segundo, la actuación administrativa debe ser

una en la cual se determinen todos los derechos y obligaciones de

las partes o surjan consecuencias legales. 23

          No obstante, aunque es necesario que la orden o resolución

sea final para que sea susceptible de revisión por parte del Tribunal

de Apelaciones, en el caso Junta Examinadora de Tecnólogos

Médicos v. Elías, supra, el Tribunal Supremo expresó que una

situación clara de falta de jurisdicción de la agencia es una

excepción a la norma de que sólo serán revisables ante el Tribunal

de      Apelaciones      las   resoluciones       finales   de     una   agencia

administrativa. Comenta el tratadista Demetrio Fernández sobre la

referida normativa jurisprudencial, lo siguiente:

          Es innecesario e injusto requerirle a una parte que
          litigue si el organismo administrativo carece de
          jurisdicción con el solo fin de que se cumpla con el
          requisito de finalidad.24

          Lo anterior fue reiterado por nuestro Tribunal Supremo en el

caso de Procuradora del Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004), donde

se reafirmó la doctrina de que un caso claro de falta de jurisdicción

de una agencia administrativa constituye una excepción a la norma

de la finalidad. No obstante, es preciso aclarar que “no toda

alegación de ausencia de jurisdicción va a tener el efecto de liberar

a la parte de culminar sus gestiones en la agencia”25 ni implicará

una aplicación automática de la excepción. Sólo en aquellos casos

en      los   que    carece    realmente     de     jurisdicción    la   agencia

23
     Comisionado de Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006).
24 Íd. citando a D. Fernández, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, págs. 474-475; J.
Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, pág. 492.
25
   Colón Ventura v. Méndez, 130 DPR 433, 444 (1992).
KLRA202300075                                                                13

administrativa, el proceso administrativo se convierte en final por

no quedar asuntos o controversias pendientes de dilucidar por la

agencia y sólo entonces sería revisable por el Tribunal de

Apelaciones.

                                      B.

       Como bien es sabido, ante la situación en la que un tribunal

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede

decretar la desestimación del caso ante su consideración.26 “Las

cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas

con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que

puede hacer es así declararlo”.27 Al realizar esta determinación,

debe desestimarse la reclamación “sin entrar en los méritos de la

cuestión ante sí”.28 Por tal razón, la ausencia de jurisdicción es

insubsanable.29

       Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y

controversias”.30 Particularmente, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción

“trae consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de

ser   subsanada;      (2)   las   partes   no   pueden     voluntariamente

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3)

conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los

tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción;

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede

26
   Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).
27
   Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo
Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).
28
   González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).
29
   SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. ARPE,
128 DPR 513, 537 (1991).
30 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682.
KLRA202300075                                                               14

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las

partes o por el tribunal motu proprio”.31

       Por consiguiente, un tribunal que carece de jurisdicción

solamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el

caso.32 A tenor con lo anterior, les corresponde a los tribunales ser

los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la

cuestión haya sido planteada anteriormente o no.33

       Por su parte, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad al Tribunal

para desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes

circunstancias:

       Regla 83 Desistimiento y desestimación

       […]

       (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
       desestimación de un recurso por los motivos
       siguientes:

          (1)     que el Tribunal de Apelaciones carece de
                  jurisdicción;

          (2)    que el recurso fue presentado fuera del
          término de cumplimiento estricto dispuesto por
          ley sin que exista justa causa para ello.

          (3) que no se ha presentado o proseguido con
          diligencia o de buena fe;

          (4) que el recurso es frívolo y surge claramente
          que no se ha presentado una controversia
          sustancial o que ha sido interpuesto para
          demorar los procedimientos;

          (5)  que el recurso se ha convertido en
          académico.

       (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia,
       podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un
       auto discrecional por cualesquiera de los motivos
       consignados en el inciso (B) precedente.

(Énfasis nuestro)

31 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009), citando a

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).
32 SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).
33 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); SLG Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 882.
KLRA202300075                                                               15

                                      III.

       De entrada, discutiremos la alegación de la Lcda. Díaz

Pedroza, respecto a si el dictamen recurrido es revisable por este

foro apelativo. Veamos. La resolución emitida por la OA constituye

la determinación de la agencia sobre la solicitud de sentencia

sumaria que presentó la Lcda. Díaz Pedroza. En dicha solicitud, la

recurrida específicamente solicitó se ordene la revalorización del

puesto de asesor legal y se asigne a escala 8. De una lectura de la

resolución recurrida, surge que esta pone fin a la controversia entre

las partes en cuanto al reclamo sobre revalorización del puesto de

asesor legal. La resolución apercibe a las partes sobre los términos

para solicitar reconsideración en la agencia, así como de su derecho

a acudir en revisión ante este foro.

       Sin embargo, la resolución recurrida no pone fin a todas las

controversias presentadas ante la OA. A saber, aún está pendiente

ante la OA si procede que el puesto de Asesor(a) Legal se asigne a la

escala salarial 8, así como también queda pendiente la solicitud de

la Lcda. Díaz Pedroza de que se le iguale o ajuste su sueldo a tenor

con los reglamentos y normas de la AAA relacionados a la Ley de

Igual Paga por Igual Trabajo. Aun cuando la resolución recurrida

incorporó el lenguaje utilizado en los dictámenes parciales judiciales

que establecen las Reglas de Procedimiento Civil, e incluyó los

apercibimientos sobre los términos para solicitar reconsideración y

acudir en revisión judicial, esta no puede considerarse como una

resolución final conforme definida y establecida en la Ley 38-2017.

       El   Tribunal    Supremo       ha     enfatizado   que   la   Ley   de

Procedimiento Administrativo Uniforme desplaza y predomina

cualquier reglamentación de una agencia que sea contrario a ella, lo

cual incluye los asuntos de revisión judicial.34 Por lo anterior, aun

34 Veáse, ACT v. PROSOL et als., 2010 DPR 897 (2022), citando a Cordero Vargas

v. Pérez Pérez, 198 DPR 858 (2017).
KLRA202300075                                                      16

cuando la AAA arguye que el dictamen recurrido puso fin a la

controversia expuesta por las partes en sus solicitudes sumarias, y

que incluye el lenguaje sobre revisión judicial, ello no significa que

la Resolución Final Parcial emitida por la OA es un dictamen

revisable directamente por este foro intermedio cuando el trámite

administrativo no ha culminado ante la OA.

      Salta a la vista que, en la parte introductoria la resolución

recurrida expresó los remedios solicitados por la Lcda. Díaz Pedroza.

Seguidamente, se consigna que lo que la resolución atiende y

resuelve “en esta etapa procesal” son las solicitudes de la apelante

y de la Autoridad de resoluciones sumarias respecto a la

revalorización del puesto de Asesor(a) Legal. Por último, la OA

expresó en su dictamen que no adelantaba criterio en cuanto a la

solicitud de reubicar el puesto de asesor legal en la escala 8. En

virtud de lo anterior, estamos ante una resolución parcial que no es

revisable directamente por este foro. Tampoco estamos ante la

excepción del requisito de finalidad por falta de jurisdicción de la

agencia. Por tal razón, procede la desestimación del presente

recurso, por falta de jurisdicción.

       Destacamos que la disposición interlocutoria de la OA en la

resolución recurrida puede ser objeto de un señalamiento de error

en el recurso de revisión del dictamen final de la OA una vez

concluya el trámite administrativo en su totalidad.

      Dicho de otro modo, una vez se adjudiquen de forma final

todas las controversias presentadas ante la consideración de la OA

la parte adversamente afectada por la determinación final de la

agencia podrá entonces acudir ante este foro vía recurso de revisión.

                                      IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el

presente recurso por falta de jurisdicción.
KLRA202300075                                                      17

     Notifíquese.

     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones