Court Opinion

ID: 9916079
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:46.828088+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:51.164944
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                     PANEL ESPECIAL

                                                   REVISIÓN
                                                   procedente de la
                                                   Oficina de la
                                                   Procuradora de
OFICINA DE LA                                      las Mujeres
PROCURADORA DE LAS
MUJERES; ROXANA I.
TORRES VILLALOBO                                   Querella Núm.:
                                                   OPM-Q-2022-01
Recurrida
                                  KLRA202300303 Sobre:
             v.                                    Ley 427-2000,
                                                   “Ley Para
DEPARTAMENTO DE                                    Reglamentar el
EDUCACIÓN                                          Periodo de
                                                   Lactancia o
Recurrente                                         Extracción de
                                                   Leche Materna”;
                                                   Ley 20-2001, “Ley
                                                   de la Oficina de la
                                                   Procuradora de
                                                   las Mujeres”;
                                                   Ley 155-2002,
                                                   “Ley para
                                                   Designar Espacios
                                                   para la Lactancia
                                                   en las Entidades
                                                   Públicas del
                                                   Gobierno de
                                                   Puerto Rico”;
                                                   Ley 212-1999,
                                                   “Ley para
                                                   Garantizar la
                                                   Igualdad de
                                                   Oportunidades en
                                                   el Empleo por
                                                   Género”
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      El Departamento de Educación del Gobierno de Puerto

Rico, representado por la Oficina del Procurador General de

Puerto Rico, (Departamento o parte recurrente) solicita que

revisemos la Resolución y Orden emitida por la Oficina de la

Procuradora de las Mujeres (OPM) el 1 de febrero de 2023,

Número Identificador
SEN2023 ______________
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notificada el 2 de febrero de 2023. Mediante dicha determinación,

la OPM impuso y ordenó al Departamento, entre otras cosas, la

obligación de pagarle a la señora Roxana I. Torres Villalobos

(señora Torres Villalobos) la suma de $20,055.60 por esta no

poder disfrutar el derecho a extraerse la leche materna en un

espacio higiénico y con buena ventilación por 72 días, de

conformidad con la Ley Núm. 427-2000, infra.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Resolución y Orden de la OPM.

                                 I.

      Según surge del expediente, el 25 de octubre de 2021, la

señora Torres Villalobos, quien para esa fecha ocupaba un puesto

como maestra en la Escuela Nueva Brígida Álvarez de Vega Baja, se

reincorporó a trabajar luego de agotar su licencia por maternidad.

Ese día se comunicó con las oficinas de la OPM para recibir

orientación sobre los cuartos de lactancia. El 1 de noviembre de

2021, llamó nuevamente a la OPM e informó que su lugar de trabajo

no contaba con un cuarto de lactancia o espacio destinado para esos

efectos. Añadió que el salón que se le asignó no cumplía con las

facilidades de almacenamiento de leche materna (nevera), entre

otras cosas.

      A raíz de la antedicha llamada, 17 de noviembre de 2021, la

investigadora de querellas de la OPM, señora Nohemí Rodríguez

Rosa, realizó una inspección en la escuela concernida. De la

investigación se desprendió que la sala de lactancia: tenía un

desagüe en el piso que fue tapado, pero había un tubo que

representaba peligro; el cuarto no era higiénico; no había nevera y

no tenía reglamento para su uso. Como consecuencia, se le

concedieron cinco (5) días al Departamento de Educación para que

corrigiera los hallazgos notificados por la investigadora de la OPM.
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       Una segunda inspección se llevó a cabo el 9 de diciembre de

2021, en la cual la señora Rodríguez Rosa halló que en el lugar

designado como cuarto de lactancia se instaló un lavamanos y una

nevera, más aún no tenía disponible el reglamento para el uso de

dicha sala. La investigadora advino en conocimiento que la señora

Torres Villalobos era quien se encargaba de la limpieza del salón de

lactancia, junto a otra maestra.

       El 4 de enero de 2022, la investigadora Rodríguez Rosa

presentó ante la OPM su Informe Final de Investigación, en el cual

recogió todos sus hallazgos en el caso.1

       Así las cosas, el 12 de abril de 2022, la señora Torres

Villalobos instó una querella contra el Departamento de Educación

ante la OPM. En esencia, alegó que, una vez se reincorporó al trabajo

luego de su periodo de maternidad, no se le proveyó un cuarto de

lactancia seguro, privado e higiénico, conforme dispone la Ley Núm.

427 de 16 de diciembre de 2000, según enmendada, conocida como

Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o Extracción de Leche

Materna (Ley Núm. 427-2000). Añadió que, el 21 de octubre de 2021,

día que regresó a la escuela tras agotar su licencia de maternidad,

notificó a la directora, señora Laura E. Flores Bagú, su preocupación

con el estado del cuarto de lactancia y la necesidad de agilizar los

procesos para su acondicionamiento.

       Consecuentemente, el 19 de julio de 2022, la OPM emitió el

documento Procedimiento Adjudicativo de Acción Inmediata; Orden

para Mostrar Causa contra el Departamento de Educación.

Mediante este, se le concedió 20 días calendarios para que mostrara

causa por las cuales no se le debía imponer multas al palio de la Ley

Núm. 427-2000, la Ley Núm. 55-2002 y la Ley Núm. 212-1999. El

1 De la transcripción de la vista adjudicativa se desprende que la fecha correcta

del Informe es el 4 de enero de 2022 y no el 20 de abril de 2022, como dice el
documento. La propia investigadora apuntaló que ello fue un error. Véase, pág.
21 de la TPO del 9 de noviembre de 2022.
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Departamento contestó oportunamente y solicitó a la OPM que se le

concediera un término adicional para el total cumplimiento y no se

le impusieran multas. Específicamente, arguyó que, con el propósito

de sistematizar el uso de las salas de lactancia en la agencia, se

encontraba inmerso en la culminación del trámite establecido por la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico.2

       El 17 de octubre de 2022, se celebró una vista transaccional

y conferencia con antelación a la vista adjudicativa, a la cual

comparecieron ambas partes por conducto de sus representantes

legales. Del 8 al 10 de noviembre de 2022 se celebró la vista

adjudicativa. La prueba testifical de la señora Torres Villalobos y la

OPM incluyó a la señora Torres Villalobos, la señora Wandalis Santa

Ortiz, asesora de lactancia materna, y la señora Nohemí Rodríguez

Rosa, investigadora de querellas de la OPM. Por parte del

Departamento de Educación testificaron: la señora Laura E. Flores

Bagú, directora escolar, la señora Glorivee Medina Cordero,

oficinista, y la señora Maribel Figueroa Quiñones, trabajadora

social.

     Además, las partes presentaron los siguientes exhibits que

fueron admitidos en evidencia, entre los cuales se encuentran

diversos documentos, fotos, screenshots y videos:

     Exhibits por Estipulación:

       7. Talonario de la Sra. Torres Villalobos correspondiente
           al periodo de trabajo desde el 28 de octubre de 2021
           hasta el 10 de noviembre de 2021.
       8. Reglamento Núm. 9413 de 26 de octubre de 2022,
           “Reglamento para la Administración de los Períodos
           y de los Espacios de Lactancia o Extracción de Leche
           Materna en el Departamento de Educación de Puerto
           Rico."
       9. Hoja de Inspección de Salas de Lactancia con fecha
           del 17 de noviembre de 2021.

       Exhibits de la OPM:

2 Anejo III, apéndice del recurso, págs. 9-11.
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     1. Foto de mensaje de texto por la plataforma digital
        "WhatsApp" entre la Sra. Torres Villalobos y la Sra.
        Laura Flores, con fecha del 5 de octubre de 2020.
     2. Foto de mensaje de texto por la plataforma digital
        "WhatsApp" entre la Sra. Torres Villalobos y la Sra.
        Laura Flores, con fecha del 24 de mayo de 2021.
     3. Foto de mensaje de texto por la plataforma digital
        "WhatsApp" entre la Sra. Torres Villalobos y la Sra.
        Laura Flores, con fecha del 21 de octubre de 2021.
     4. Foto de mensaje de texto por la plataforma digital
        "WhatsApp" entre la Sra. Torres Villalobos y la Sra.
        Maribel Figueroa, con fecha del 21 de octubre de
        2021.
     5. Foto de mensaje de texto por la plataforma digital
        "WhatsApp" entre la Sra. Torres Villalobos y la Sra.
        Maribel Figueroa, con fecha del 22 de octubre de
        2021.
     6. Foto y video del cuarto de lactancia, con fecha del 25
        de octubre de 2021.
     7. Foto de mensaje de texto por la plataforma digital
        "WhatsApp" entre la Sra. Torres Villalobos y la Sra.
        Laura Flores, con fecha del 25 de octubre de 2021.
     8. Foto de mensaje de texto por la plataforma digital
        "WhatsApp" entre la Sra. Torres Villalobos y la Sra.
        Laura Flores, con fecha del 15 de noviembre de
        2021.
     9. Foto del cuarto de lactancia, con fecha del 22 de
        noviembre de 2021.
    10. Exhibits 10a y 10b: Dos fotos del cuarto de lactancia,
        con fecha del 24 de noviembre de 2021.
    11. Exhibits 11a y 11b: Dos fotos del cuarto de lactancia,
        con fecha del 30 de noviembre de 2021.
    12. Foto del cuarto de lactancia, con fecha del 24 de
        mayo de 2022.

     Exhibits del Departamento de Educación:

     1. Hoja de Orden de Servicio, con fecha del 5 de
        noviembre de 2021.
     2. Hoja de Trámite, con fecha del 24 de noviembre de
        2021, dirigida a la Sra. Torres Villalobos, maestra.
        Remitente: Laura E. Flores Bagú. Sobre: Entrega de
        la llave del cuarto de lactancia.

     Conocimiento oficial:

        Se tomó conocimiento oficial del Memorando Núm.
        2019-01, de 9 de enero de 2019, suscrito por la
        entonces Procuradora de las Mujeres, Lcda. Lersy G.
        Boria Vizcarrondo, dirigido a los jefes(as) de
        agencias, corporaciones públicas, organismos,
        oficinas,   comisiones,   administradores(as)    de
        instrumentalidades      y    alcaldes(as).   Dicho
        memorando versa sobre el cumplimiento con las
        disposiciones legales referentes a las salas de
        lactancia, particularmente con la Ley 427-2000 y la
        Ley 155-2002.

     Tras evaluar la totalidad de los testimonios vertidos durante

la vista adjudicativa y de aquilatar la credibilidad y el valor
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probatorio que estos le merecieron, así como la apreciación integral

de la prueba documental admitida en evidencia, el 30 de enero de

2023, el Oficial Examinador de la OPM emitió un detallado Informe

de Recomendación.3 En este incluyó las siguientes determinaciones

de hechos relevantes para la resolución de la querella de epígrafe y

para sustentar su recomendación a la Procuradora de las Mujeres:

     1.    Para la fecha de los hechos relacionados al caso de
           epígrafe, la querellante, Sra. Roxana Torres
           Villalobos, ocupaba el puesto regular de maestra de
           educación secundaria en la Escuela Especializada
           en Ciencias y Matemáticas, Nueva Brígida Álvarez,
           ubicada en Vega Baja.
     2.    Para la fecha de los hechos relacionados al caso de
           epígrafe, entiéndase, el período entre el 25 de
           octubre de 2021 y el 24 de mayo de 2022, la Sra.
           Torres Villalobos devengaba un salario mensual de
           $2,011.672.
     3.    Tomamos motu proprio conocimiento oficial de que
           los(as) maestros(as) que ocupan puestos regulares
           en el Departamento de Educación reciben pago
           completo de su salario por los días feriados y los días
           de receso navideño y de verano.
     4.    A base de los dos hechos anteriores, computamos
           que el salario anual de la querellante era de
           $24,140.04. Tomamos motu proprio conocimiento
           oficial de que un año tiene 52 semanas y que cada
           semana tiene 5 días considerados generalmente
           como laborables (lunes a viernes). Por consiguiente,
           un año tiene 260 días considerados generalmente
           como laborables. Si dividimos el salario anual de la
           querellante entre el total de días laborables en un
           año, obtenemos un salario diario de $92.85.
     5.    La querellante laboraba de lunes a viernes en un
           horario desde las 7:30AM hasta las 2:30PM, con un
           período de almuerzo desde las 12:00PM hasta la
           1:00PM.
     6.    El hijo varón de la querellante, relacionado a los
           hechos de este caso, nació el 24 de mayo de 2021.
           Ese mismo día, en mensaje escrito mediante la
           aplicación WhatsApp, la querellante le informó a la
           entonces directora escolar, Sra. Laura E. Flores
           Bagú, sobre el nacimiento de su hijo. Durante su
           contrainterrogatorio, la Sra. Flores Bagú testificó
           que tenía conocimiento de que la querellante había
           regresado de su licencia de maternidad y que era
           madre lactante.
     7.    La querellante es madre lactante y durante los
           primeros 6 meses luego del parto alimentó a su hijo
           únicamente con leche materna.
     8.    El 21 de octubre de 2021, luego de tratar
           infructuosamente de comunicarse mediante llamada
           telefónica, la querellante envió un mensaje escrito
           mediante la aplicación WhatsApp a la directora

3 Íd., págs. 148-173.
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       Flores Bagú, indicándole que necesitaba "cuadrar" lo
       del lugar que utilizaría como sala de lactancia. La
       directora Flores Bagú no contestó dicho mensaje.
   9. La aplicación WhatsApp era uno de los medios
       ordinarios de comunicación entre la directora Flores
       Bagú y los maestros de la Escuela Nueva Brígida
       Álvarez sobre asuntos de trabajo, incluyendo el envío
       de comunicados.
   10. El 21 de octubre de 2021, la querellante también
       envió, posteriormente en horas de la noche,
       mensajes escritos mediante la aplicación WhatsApp
       a la trabajadora social de la escuela, Sra. Maribel
       Figueroa Quiñones, indicando que estaba lactando
       "full" a su hijo y que necesitaba el tiempo y el lugar
       para extraerse la leche materna cuando se
       reincorporara a sus labores en la escuela. La Sra.
       Figueroa Quiñones contestó, mediante el mismo
       medio, que eso era un derecho de la querellante, que
       debía ser un lugar con buena higiene y que iba a
       preguntar a la enfermera de la escuela. La Sra.
       Figueroa Quiñones también le sugirió a la
       querellante que hiciera una carta manifestando su
       necesidad de un espacio para la lactancia y
       formalizando su solicitud del mismo.
   11. El 25 de octubre de 2021, luego de agotar su licencia
       de maternidad, la querellante se reincorporó a sus
       labores magisteriales en la escuela Nueva Brígida
       Álvarez.
   12. La querellante se encontró con que la sala de
       lactancia que había disponible era un cuarto que se
       había segregado dentro del salón de química, el cual
       anteriormente había sido el comedor escolar. Dicho
       cuarto había sido construido voluntariamente por
       unos padres a solicitud de la maestra de química,
       Heidy Canales, quien había sido madre lactante
       anteriormente.
   13. La referida sala de lactancia tenía dos mesas, una
       silla pequeña y un abanico de pared. No había
       ventilación o flujo de aire, toda vez que sólo contaba
       con una ventana pequeña, ubicada a una altura que
       resultaba inalcanzable para la querellante, y cuya
       manigueta u operador para abrir y cerrar se
       encontraba al otro lado de la pared, es decir, fuera
       del cuarto de lactancia. La perilla de la puerta del
       cuarto era de las que se conocen como "ciegas", que
       no tienen llave ni cerradura interna; y sólo había un
       pestillo en el lado de la puerta que daba al interior
       del cuarto.
   14. El cuarto expedía un olor desagradable y estaba
       sucio teniendo la querellante que limpiarlo y
       desinfectarlo, ella misma, cada vez que lo utilizaba.
       El cuarto tampoco contaba con un lavamanos o
       alguna otra fuente de agua, ni con una nevera donde
       la querellante pudiera almacenar la leche materna
       extraída. La querellante utilizaba una nevera
       perteneciente a la maestra de química, Heidy
       Canales, para almacenar la leche extraída. Esa
       nevera también era utilizada por otros maestros y
       por estudiantes. Debido a la falta de ventilación, el
       cuarto era tan caluroso que la querellante tenía que
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       desvestirse parcialmente -quitarse la camisa- cada
       vez que realizaba el proceso de extracción de leche.
   15. Al encontrarse con una sala de lactancia en dichas
       condiciones, la querellante llamó ese mismo día, 25
       de octubre de 2021, a la OPM para orientarse sobre
       el asunto. Igualmente, se comunicó mediante
       WhatsApp con la directora Flores Bagú solicitando
       que pusieran una perilla de puerta con cerradura y
       para ver cómo se podía agilizar el proceso de instalar
       un lavamanos.
   16. Los conserjes de la escuela no limpiaban la sala de
       lactancia. La querellante era quien se encargaba de
       botar la basura y desinfectar las superficies de las
       mesas y la silla. La maestra de química, Heidy
       Canales, barría y mapeaba la sala de lactancia,
       aproximadamente una vez al mes, cuando limpiaba
       el salón de química dentro del cual estaba ubicada
       la sala de lactancia.
   17. La querellante nunca pidió directamente a los
       conserjes que limpiaran la sala de lactancia, como
       tampoco le solicitó a la directora Flores Bagú que
       instruyera a los conserjes a realizar dicha función.
       Durante su contrainterrogatorio, la Sra. Flores Bagú
       admitió que no tenía conocimiento de que, según las
       leyes sobre lactancia, es al patrono (Departamento
       de Educación) a quien corresponde proveerle una
       sala de lactancia limpia e higiénica a las madres
       lactantes, sin que estas tengan que solicitar que se
       realice la limpieza. Admitió, además, que un lugar en
       el que no se desinfectan los muebles y está días sin
       que se bote la basura no es un lugar higiénico.
   18. El 5 de noviembre de 2021, la directora Flores Bagú
       envió una "orden de servicio" al Sr. Sigfrido Carrión,
       Director de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas
       Públicas (OMEP), para que instalaran un lavamanos
       en la sala de lactancia.
   19. El 15 de noviembre de 2021, cuando la querellante
       fue a utilizar la sala de lactancia, se encontró con
       que dicho cuarto expedía un fuerte hedor a "pozo
       muro", que provenía de unos tubos de desagüe que
       estaban dentro de la sala de lactancia y que
       sobresalían del piso. La querellante tuvo que
       extraerse la lecha materna en la oficina de la
       trabajadora social de la escuela.
   20. Ese día, 15 de noviembre de 2021, la querellante
       envió el siguiente mensaje a la directora Flores Bagú
       por la aplicación WhatsApp, sin recibir respuesta de
       su parte: “Buen día! Es imposible sacarme leche en
       ese cuarto hoy! Apesta a pozo muro!!!! Buscando
       dónde hacerlo!” La querellante también llamó a la
       OPM para informar la situación, de donde le
       indicaron que enviarían una investigadora a
       inspeccionar el cuarto de lactancia. Al día siguiente,
       la querellante habló con el Presidente del Consejo de
       Estudiantes de la escuela, quien le indicó que había
       puesto "tape" al tubo de desagüe que salía del piso
       del cuarto de lactancia, para intentar detener el mal
       olor. No obstante, aunque el mal olor había
       disminuido, el mismo aún persistía y la querellante
       se vio obligada a extraerse la leche en esas
       condiciones.
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   21. El 17 de noviembre de 2021, la entonces
       investigadora de querellas de la OPM, Sra.
       Nohemí Rodríguez Rosa, acudió a la Escuela Nueva
       Brígida Álvarez para inspeccionar la sala de
       lactancia. Como parte de sus hallazgos, recogidos en
       una "Hoja de Inspección de Salas de Lactancia",
       encontró que la sala de lactancia no era segura, toda
       vez que los tubos de desagüe que salían del piso
       representaban una condición de peligro; no era una
       sala que cumplía con el requisito de higiene; no
       contaba con una nevera propia para el
       almacenamiento de la leche extraída; no existía un
       reglamento para el uso de la sala según requiere la
       Ley 155-2002; y no existía un registro de visitantes.
       La Sra. Rodríguez Rosa escribió, a manera de
       comentario final en la hoja de inspección, lo
       siguiente: "El espacio es uno privado, pero no es una
       sala de lactancia o lugar habilitado a esos efectos. No
       cuenta con acceso a agua ni nevera. No es un lugar
       seguro ni higiénico."
   22. El 24 de noviembre de 2021, cuando la querellante
       acudió a la sala de lactancia para el proceso de
       extracción, encontró que ya se había instalado el
       lavamanos. Igualmente, se le hizo entrega de la llave
       del cuarto de lactancia, toda vez que se había
       cambiado la perilla de la puerta a una con cerradura.
       Para el 30 de noviembre de 2021, se había instalado
       un dispensador de papel y se colocó una nevera
       pequeña para uso exclusivo del cuarto de lactancia.
       No obstante, persistía el problema de la falta de
       higiene, ya que la querellante continuaba utilizando
       parte de su tiempo de extracción para botar la
       basura y desinfectar las superficies de los muebles,
       así como la falta de ventilación y el consecuente calor
       excesivo que obligaba a la querellante a quitarse la
       camisa cada vez que realizaba el proceso de
       extracción.
   23. El 9 de diciembre de 2021, la investigadora de la
       OPM, Sra. Rodríguez Rosa, realizó una segunda
       inspección del cuarto de lactancia provisto a la
       querellante. En esta ocasión encontró que la sala de
       lactancia cumplía con todos los requisitos
       enumerados en la "Hoja de Inspección de Salas de
       Lactancia", excepto el requisito de contar con un
       reglamento para el uso de la sala, según dispone la
       Ley 155-2002. No obstante, según su testimonio
       durante la vista adjudicativa, en su "Informe Final
       de Investigación" con fecha de 4 de enero de 2022, la
       Sra. Rodríguez Rosa concluyó que desconocía si,
       luego de la segunda inspección, la sala de lactancia
       continuaba cumpliendo con el requisito de higiene.
       También declaró que la querellante le comunicó que
       continuaba a cargo de la limpieza de la sala, a lo que
       la Sra. Rodríguez Rosa respondió que esa gestión era
       una obligación del patrono, no de la madre lactante.
   24. Según establecido por el testimonio de la
       querellante, el último día que utilizó la sala de
       lactancia fue el 24 de mayo de 2022. Hasta ese día,
       la sala continuaba extremadamente calurosa debido
       a la falta de ventilación y la escuela continuaba sin
       ocuparse de su higiene, en tanto que fue la
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        querellante quien continuó ejerciendo la tarea de
        botar la basura y desinfectar las superficies.
    25. La querellante nunca entregó una carta o solicitud
        formal para la utilización de una sala de lactancia,
        como        tampoco      certificaciones     médicas
        demostrativas de que era madre lactante. La
        directora Flores Bagú, a su vez, nunca le requirió a
        la querellante que entregara dicha carta o solicitud
        formal, como tampoco le pidió que proveyera
        certificaciones médicas acreditativas de que era
        madre lactante.
    26. La Sra. Torres Villalobos presentó su querella ante
        la OPM el día 12 de abril de 2022.
    27. El 26 de octubre de 2022, el Departamento de
        Estado del Gobierno de Puerto Rico aprobó el
        Reglamento Núm. 9413 del Departamento de
        Educación, "Reglamento para la Administración de
        los Períodos y de los Espacios de Lactancia o
        Extracción de Leche Materna en el Departamento de
        Educación de Puerto Rico", el cual ya se encuentra
        en vigor de conformidad con el proceso establecido
        en la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, "Ley de
        Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
        de Puerto Rico".
    28. Mediante el testimonio no refutado de la querellante
        durante la vista adjudicativa, así como del resto de
        la prueba admitida y creída por este Oficial
        Examinador, se estableció que el Departamento de
        Educación no le garantizó a la querellante su
        derecho a extraerse leche materna en una sala o
        espacio que cumpliera cabalmente con las
        condiciones que exige la Ley 427-2000, durante un
        total de 72 días […].

      Así las cosas, el Oficial Examinador recomendó a la

Procuradora de las Mujeres lo siguiente:

      1. Que se imponga a la parte querellada, Departamento
         de Educación, la obligación de pagar a la parte
         querellante, Sra. Roxana I. Torres Villalobos, la
         suma de veinte mil cincuenta y cinco dólares con
         sesenta centavos ($20,055.60) por los 72 días que
         no pudo disfrutar del derecho a extraerse la leche
         materna en un espacio higiénico y con buena
         ventilación, de conformidad con la fórmula de
         compensación establecida en el Artículo 9 de la Ley
         Núm. 427 de 16 de diciembre de 2000, "Ley Para
         Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción
         de Leche Materna".

      2. Que se imponga a la parte querellada, Departamento
         de Educación, la obligación de pagar una multa
         administrativa de cuatro mil dólares ($4,000.00)
         por haber incumplido de manera prolongada con la
         Ley Núm. 427 de 16 de diciembre de 2000, "Ley Para
         Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción
         de Leche Materna", al igual que con la política
         pública promulgada por la Ley Núm. 20 de 11 de
         abril de 2001, "Ley de la Oficina de la Procuradora
         de las Mujeres", al no haberle habilitado y provisto a
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           la parte querellante, Sra. Roxana I. Torres Villalobos,
           un espacio higiénico y con buena ventilación para
           que ejerciera de manera plena su derecho a extraerse
           leche materna en su lugar de trabajo. Dicha omisión
           por parte del Departamento de Educación constituyó
           una laceración a los derechos de la Sra. Torres
           Villalobos como mujer y como madre lactante
           trabajadora.

       3. Que se imponga a la parte querellada, Departamento
          de Educación, la obligación de pagar una multa
          administrativa de seis mil dólares ($6,000[.00])
          por su incumplimiento prolongado y persistente con
          la Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, "Ley Para
          Designar Espacios Para la Lactancia en las
          Entidades Públicas del Gobierno de Puerto Rico", al
          igual que con la política pública promulgada por la
          Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, "Ley de la
          Oficina de la Procuradora de las Mujeres", al no
          contar con un espacio designado como sala de
          lactancia que cumpla con el requisito de higiene y
          buena ventilación, ni haber subsanado su
          incumplimiento con el requisito de establecer e
          implementar un reglamento sobre el uso y operación
          de la sala de lactancia en la Escuela Nueva Brígida
          Álvarez. Durante la vista adjudicativa celebrada en
          el caso de epígrafe, el Departamento de Educación
          no presentó evidencia de haber corregido la
          condición de falta de higiene y de buena ventilación
          en el único espacio que tiene la Escuela Nueva
          Brígida Álvarez para ser utilizado como sala de
          lactancia por las empleadas que así lo requieran.
          Tampoco presentó evidencia de que efectivamente
          implementó un reglamento para el uso de esa sala
          de lactancia ubicada en la Escuela Nueva Brígida
          Álvarez, ni de haber designado la misma oficialmente
          como espacio para uso exclusivo como sala de
          lactancia.

       Luego de justipreciar el Informe de Recomendación del Oficial

Examinador, el 1 de febrero de 2023, la Procuradora de las Mujeres

acogió todas sus recomendaciones y emitió la Resolución y Orden

que hoy revisamos.4

       En desacuerdo, el Departamento de Educación presentó ante

la OPM una Solicitud de Reconsideración5, en la cual, esencialmente,

cuestionó la cuantía de la compensación concedida a la señora

Torres Villalobos, por los días que se concluyó no pudo disfrutar del

derecho a extraerse leche materna en un espacio adecuado. Arguyó

4 Íd., págs. 145-147.
5 Íd., págs.175-189.
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que el referido espacio cumplió con los requisitos que exigen los

estatutos aplicables. Añadió que la indemnización no se justificaba,

máxime cuando, a su entender, la empleada en ningún momento

demostró que: (1) no pudiera extraerse la leche materna durante el

periodo de tiempo; (2) la falta de higiene fuera consecuencia de actos

u omisiones del Departamento de Educación; y (3) hubiera poca

ventilación. Además, esbozó que el pronunciamiento de la

Procuradora de las Mujeres no era correcto, porque básicamente

exponía que todas las sanciones impuestas contra el Departamento

de Educación procedían por razón del incumplimiento relacionado

a que la sala de lactancia cumpliera con ser un espacio higiénico y

con buena ventilación. En suma, la agencia requirió a la

Procuradora de las Mujeres que reconsiderara la Resolución y Orden

del 1 de febrero de 2023 y dejara sin efecto la imposición de las

sanciones y multas administrativas dictadas en su contra. La OPM

y la señora Torres Villalobos se opusieron al petitorio de

reconsideración oportunamente.6

       Tras   acoger     la   solicitud   de   reconsideración   para   su

consideración en los méritos, y evaluada su oposición, mediante

Resolución sobre Moción de Reconsideración, el Oficial Examinador

declaró no ha lugar la primera.

       Aun inconforme, el 21 de junio de 2023, el Departamento de

Educación, por conducto de la Oficina del Procurador General de

Puerto Rico, presentó ante nos el Recurso de Revisión Administrativa

que nos ocupa. En este alega que la OPM erró:

       Al imponer al Departamento de Educación de Puerto
       Rico una multa de $20,055.60 equivalente a tres veces
       el salario diario de la querellante, por setenta y dos días
       en que presuntamente esta no pudo disfrutar de su
       derecho a lactar en un lugar con ventilación e higiénico,
       así como una multa de $4,000.00 por infringir las
       disposiciones de la Ley Núm. 427-2000 y otra multa de
       $6,000.00 por violentar la Ley Núm. 155-2002, ambas

6 Apéndice del recurso, págs. 190-196.
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      siendo excesivas y desproporcionadas a la luz de la
      evidencia que obra en el expediente administrativo.

      El 10 de octubre de 2023, el Departamento de Educación,

luego de haber sometido la transcripción de la prueba oral, presentó

un Alegato Suplementario.    El 9 de noviembre de 2023, la OPM

presentó una Oposición A: Recurso de Revisión Administrativa.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así

como con la transcripción de los procedimientos ante la agencia,

procedemos a resolver.

                                II.

      A. Revisión Judicial

      Como axioma de la doctrina de revisión judicial, sabido es que

los tribunales apelativos están llamados a otorgar amplia deferencia

a las decisiones de las agencias administrativas. Graciani Rodríguez

v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); Vélez v.

A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716,

727 (2005). Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe

determinar si ésta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable,

constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción. El criterio

rector es la razonabilidad de la agencia recurrida. Véase, Torres

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); IFCO Recycling v.

Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012); García Reyes v. Cruz

Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008).

      Entre las actuaciones administrativas sujetas a una revisión

judicial limitada se encuentran los procedimientos mediante los

cuales una agencia impone penalidades por violaciones a la ley o al

reglamento cuya implantación se le ha delegado. Comisionado v.

Prime Life, 162 DPR 334, 340-341 (2004), citando a Assoc. Ins.

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 441 (1997). El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que las agencias

gozan de una amplia discreción en lo referente a la imposición de
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sanciones, pues diariamente implantan la ley orgánica y los

reglamentos, y son las que, por su conocimiento especializado, están

en mejor posición de establecer cuál es el efecto de la violación en el

sector reglamentado. Comisionado v. Prime Life, supra, págs. 341-

342.7 Siempre que la sanción administrativa esté fundamentada en

evidencia sustancial, no constituya una actuación “ultra vires” y

tenga una relación razonable con los actos que se quieren prohibir,

los tribunales le brindarán gran deferencia. La revisión judicial de

este tipo de actuación administrativa, de ordinario, no depende de

si el tribunal considera que la sanción es muy fuerte o no, ya que en

la implantación de la ley y en la consecución de los objetivos

legislativos es la agencia, y no el tribunal, la que debe determinar

cuál es la sanción que aplica a cada situación fáctica. Íd.

       Así, al momento de evaluar una decisión administrativa, los

tribunales tomarán en consideración, no solo la especialización y

experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante sí,

sino que también deben distinguir entre cuestiones relacionadas a

la interpretación de las leyes —donde los tribunales son los

especialistas— y aquellos asuntos propios para la discreción o

pericia administrativa. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág.

892. Véanse, además, Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803

(2021); Capó Cruz v. Jta. Planificación, 204 DPR 581 (2020); Román

Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947 (2020).

       Al aplicar el criterio de razonabilidad y deferencia, se ha

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no deben

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial

que obre en el expediente administrativo.8 Bajo dicho escenario, los

7 Véase, además, E.L.A. v. Frig. y Alm. del Turabo, Inc., 155 DPR 27 (2001).
8 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero v. Toyota,
supra, a la pág. 728.
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foros apelativos deben sostenerlas. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec.

9675. Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150

DPR 70, 75 (2000).

       Del mismo modo, las conclusiones de derecho y las

interpretaciones que realizan las agencias sobre la ley que le

corresponde administrar, a pesar de ser revisables en toda su

extensión, deben sostenerse a nivel apelativo si estas son

razonables, aunque haya alguna otra interpretación igualmente

adecuada. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 283

(2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998).

       Ahora bien, debido a que las resoluciones de los organismos

administrativos se presumen correctas, quien las impugne tiene el

peso de la prueba, por lo que deberá presentar evidencia suficiente

para derrotar la presunción que estas poseen. Pacheco v. Estancias,

160 DPR 409, 431 (2003). De lo anterior, surge claramente que la

carga probatoria le corresponde a la parte recurrente. Si incumple,

la decisión administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo.

       B. Ley Núm. 427-2000 y Ley Núm. 155-2002

       Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones en Estados

Unidos y en el mundo, reconoce y protege el derecho de la mujer

trabajadora a amamantar o extraerse leche materna en su lugar de

trabajo. Siaca v. Bahía Resort, 194 DPR 559, 576 (2016). La Ley para

Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche

Materna, Ley Núm. 427 de 16 de diciembre de 2000, según

enmendada, 29 LPRA sec. 478 et seq., reconoce la política pública

de la lactancia otorgando un período de lactancia o extracción de

leche materna tanto en la empresa privada como en el Gobierno, sus

instrumentalidades, municipios y corporaciones públicas.9

9 Esta fue enmendada por la Ley Núm. 239-2006 para atemperar la legislación

original a las necesidades verdaderas de las madres lactantes trabajadoras y
aumentar a una (1) hora el período disponible para la extracción de leche materna.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 239-2006. También se enmendó mediante
la Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017.
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      La legislación vigente en Puerto Rico establece que toda mujer

trabajadora que se encuentre amamantando o lactando a su hijo o

hija podrá disfrutar, luego de reintegrarse a su lugar de empleo, de

un período de una (1) hora para amamantar a su recién nacido, si

el patrono cuenta con una facilidad de cuido de infantes, o para

extraerse la leche materna “en el lugar habilitado a estos efectos en

su taller de trabajo”. Art. 3 de la Ley Núm. 427-2000, 29 LPRA secs.

478 (a) y (b). Este período puede ser distribuido en dos (2) periodos

de 30 minutos o tres (3) períodos de 20 minutos. Esta licencia de

lactancia tendrá una vigencia de 12 meses dentro del taller de

trabajo a partir del regreso de la empleada a sus funciones. Art. 4

de la Ley Núm. 427-2000, 29 LPRA sec. 478b.

      En Siaca v. Bahía Resort, supra, pág. 591, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico expuso que, si el patrono no le reconoce a

la empleada su derecho a amamantar o a extraerse leche materna

en el lugar de trabajo, esta podrá reclamar su derecho ante los foros

pertinentes. A esos efectos, la Ley Núm. 427-2000 dispone que

“toda madre lactante a quien su patrono le niegue el período

otorgado mediante esta Ley para lactar o extraerse la leche

materna podrá acudir a los foros pertinentes para exigir que se

le garantice su derecho. El foro con jurisdicción podrá imponer

una multa al patrono que se niegue a garantizar el derecho aquí

establecido por los daños que sufra la empleada y que podrá ser

igual a: (1) tres veces el sueldo que devenga la empleada por

cada día que se le negó el período para lactar o extraerse la leche

materna o; (2) una cantidad no menor de tres mil (3,000)

dólares, lo que sea mayor.”. 29 LPRA sec.478h. (Énfasis nuestro).

Asimismo, especifica que los remedios provistos por este Artículo

serán compatibles y adicionales a los remedios provistos por

cualquier otro estatuto aplicable.
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         Aunque la Ley Núm. 427-2000, según enmendada, no detalla

las condiciones que debe cumplir el lugar provisto por el patrono

para facilitar la lactancia; toda vez que únicamente dispone que

debe estar “habilitado” para estos efectos en particular, en Puerto

Rico se aprobaron otras leyes para proteger y promover la lactancia

materna que, al tratar sobre la misma materia, permitieron llenar

dicho vacío. Siaca v. Bahía Resort, supra, pág. 580.

         En armonía con lo anterior, la Ley para Designar Espacios

para la Lactancia en las Entidades Públicas del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002 (Ley Núm. 155-2002),

29 LPRA sec. 478 n., reconoce el derecho de toda madre trabajadora

a lactar a su hijo o hija, conforme a lo establecido por la Ley Núm.

427-2000 en un espacio físico “adecuado”, entiéndase un “área o

espacio físico que garantice a la madre lactante privacidad,

seguridad e higiene, sin que ello conlleve la creación o construcción

de estructuras físicas u organizacion[al]es en la agencia. Siaca v.

Bahía Resort, supra, pág. 581.10 Esta Ley dispone que el área o

espacio físico para lactancia no podrá coincidir con el área o espacio

físico    destinado    para    los   servicios    sanitarios,     comúnmente

conocidos como baños. Artículo 2A. Además, los Secretarios,

Directores Ejecutivos y Directores de las entidades gubernamentales

y los Presidentes de ambos cuerpos legislativos deberán establecer

un reglamento sobre la operación de estos centros o salones de

lactancia. Artículo 3.

         C. Ley Núm. 20-2001

         De otra parte, la Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, según

enmendada, conocida como la Ley de la Oficina de la Procuradora de

las Mujeres (Ley de la Procuradora de las Mujeres o Ley Núm. 20-

10 Asimismo, mediante la Ley Núm. 456-2004 se reiteró que el área de lactancia y

extracción de leche materna que se establezca en los centros comerciales, puertos,
aeropuertos y centros gubernamentales deberán garantizar a la madre lactante
privacidad, seguridad e higiene. Además, dichas áreas no podrán coincidir con el
área de los baños. 23 LPRA sec. 43-1.
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2001), 1 LPRA sec. 311 et. seq., creó la Oficina y el cargo de la

Procuradora de las Mujeres. Ello, con el objetivo de fiscalizar la

implantación y el cumplimiento por parte de agencias públicas y las

entidades privadas de la política pública del Gobierno de Puerto Rico

de garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos humanos

de las mujeres, así como el ejercicio y disfrute de sus libertades

fundamentales. Esta Procuraduría está dotada de funciones

educativas, investigativas, fiscalizadoras, de reglamentación y cuasi

judiciales, con el propósito de que se investiguen y se provean los

remedios y las actuaciones correctivas que sean necesarias ante

acciones u omisiones que lesionen los derechos de las mujeres.

Asimismo, esta Procuraduría está facultada para actuar por sí, en

representación de mujeres en su carácter individual o como clase

para la defensa de sus derechos, así como para aprobar

reglamentación    para   fiscalizar   y   velar   que   las   agencias

gubernamentales y las entidades o instituciones privadas cumplan

con la política pública y los objetivos de esta Ley [este capítulo].

Artículo 3 de la Ley Núm. 20-2001.

      En lo pertinente al caso de autos, el Art. 10 de la Ley Núm.

20-2001 establece que, la Procuradora de las Mujeres, a fin de

cumplir con los propósitos de este capítulo, tendrá, además, los

siguientes poderes y funciones:

      (a) Atender, investigar, procesar y adjudicar querellas
          relacionadas con acciones y omisiones que lesionen
          los derechos de las mujeres […]

      (b) […]

      (c) Realizar investigaciones, por su propia iniciativa o
          en relación con las querellas que investigue,
          obtener la información que sea pertinente,
          celebrar vistas administrativas y llevar a cabo
          inspecciones oculares. Las vistas ante la
          Procuraduría serán públicas a menos que por razón
          de interés público se justifique que se conduzcan en
          privado.

      (d) […]
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      (e) […]

      (f) Inspeccionar récords, inventarios, documentos e
          instalaciones de las agencias públicas y de las
          personas y entidades privadas cuando ello sea
          pertinente y necesario para una investigación o
          querella ante su consideración.

      (g) Ordenar la comparecencia y declaración de testigos,
          requerir la presentación o reproducción o
          cualesquiera papeles, libros, documentos y otra
          evidencia pertinente a una investigación o querella
          ante su consideración. [...]

      (h) Imponer y cobrar multas administrativas hasta
          un máximo de $10,000 por acciones u omisiones
          que lesionen los derechos de la mujer amparados
          por la Constitución y las leyes del Estado Libre
          Asociado de Puerto Rico, de conformidad y fijar la
          compensación por daños ocasionados, en los casos
          que así proceda. [...]

         […]

                                III.

      En su único señalamiento de error, el Departamento de

Educación aduce que las multas impuestas por la OPM por infringir

las disposiciones de la Ley Núm. 427-2000 y la Ley Núm. 155-2002,

fueron excesivas e irrazonables. Según la agencia, la prueba

testifical y documental desfilada por la OPM no sostienen el

dictamen recurrido. Por ende, solicita que modifiquemos y

reduzcamos las referidas multas, por entender que la Escuela Nueva

Brígida Álvarez sí tenía disponible un área para que la señora Torres

Villalobos pudiera extraerse la leche materna y que, una vez

corregida ágilmente las deficiencias señaladas por la investigadora

de la OPM, el área designada era segura, higiénica y privada.

      En síntesis, analizaremos si las multas que se le impusieron

al Departamento de Educación son razonables. Debemos resaltar

que este Tribunal no puede sustituir el juicio o el criterio de la OPM

por el suyo, a menos que el ente administrativo haya actuado de

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera del marco de los

poderes que se le delegaron.
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      Según expuesto, la OPM impuso al Departamento de

Educación una multa de $4,000.00 por incumplir de manera

prolongada las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 427-2000,

al igual que con la política pública promulgada por la Ley Núm. 20-

2001, al no haberle habilitado y provisto a la señora Torres

Villalobos un espacio higiénico y con buena ventilación para que

ejerciera de manera plena su derecho a extraerse leche materna en

su lugar de trabajo. Asimismo, la OPM le impuso al Departamento

de Educación una multa de $6,000.00 por quebrantar de manera

extensa y persistente las disposiciones de la Ley Núm. 155-2002, al

igual que con la política pública de la Ley Núm. 20-2001, al no

contar con un espacio designado como sala de lactancia que

cumpliera el requisito de higiene y buena ventilación, ni haber

rectificado su incumplimiento con el requisito de establecer e

implementar un reglamento sobre el uso de la sala de lactancia. A

su vez, se le impuso al referido Departamento la obligación de

pagarle a la señora Torres Villalobos la suma de $20,055.60 por los

72 días que esta no pudo disfrutar del derecho a extraerse leche

materna en un espacio higiénico y con buena ventilación, de

conformidad con la Ley Núm. 427-2000.

      Del expediente ante nos surge que el Departamento de

Educación no cuestiona la imposición de las multas, sino que se

circunscribe a esgrimir que estas son excesivas, y que constituyeron

un abuso de discreción por parte de la Procuradora de las Mujeres.

Este argumenta que, a pesar de que corrigió la situación

concerniente a la falta de un reglamento sobre lactancia, la OPM lo

multó por infringir reiteradamente con la Ley Núm. 155-2002.

Sostiene que, para la fecha en que la señora Torres Villalobos

regresó a su trabajo, luego de agotar su licencia por maternidad, ya

existía un área de lactancia. Arguye que, contrario a lo decidido por

la OPM, de la prueba desfilada en la vista adjudicativa surge que las
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acciones del Departamento de Educación fueron siempre dirigidas a

mantener un cuarto de lactancia, tomando en consideración las

limitaciones de espacio de la Escuela Nueva Brígida Álvarez, para

mantenerlo en condiciones adecuadas. Añade que ello quedó

demostrado cuando actuó de forma rápida y efectiva ante los

señalamientos de la señora Torres Villalobos y la OPM, instalando

un lavamanos, cambiando la cerradura de la puerta del salón de

lactancia, según ésta lo solicitó por cuestiones de seguridad.

      Analizado ponderadamente el expediente, así como los

alegatos de las partes, concluimos que las multas que impuso la

OPM se basaron en determinaciones de hechos que están

sustentadas con la prueba vertida en la vista adjudicativa. Las

alegaciones de la señora Torres Villalobos y los documentos que

obran en el expediente administrativo avalan las determinaciones de

hechos realizadas por la OPM. No fue hasta que la agencia

reguladora intercedió con el caso de autos, bajo la función

fiscalizadora que le fue delegada, que el Departamento de Educación

reaccionó ante sus incumplimientos relacionados al espacio de

lactancia de la Escuela Nueva Brígida Álvarez. Veamos.

      No hay controversia sobre el hecho que, desde antes de

reincorporarse a sus labores como maestra en la Escuela Nueva

Brígida Álvarez, la señora Torres Villalobos fue proactiva en la

comunicación con la directora del plantel, señora Flores Bagú, y la

trabajadora social, señora Figueroa Quiñones, al notificar que era

madre lactante a tiempo completo. En ese sentido, alertó a su

patrono para que, en el momento en que regresara de su licencia de

maternidad, el área de extraerse leche materna al cual tenía derecho

estuviera apta para tales funciones. El expediente demuestra que el

Departamento de Educación le brindó atención al reclamo de la

señora Torres Villalobos, como, por ejemplo, la directora de la

escuela contactó a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas
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Públicas y solicitó un lavamanos para el cuarto de lactancia, así

como una cerradura para la puerta de dicho espacio.11

       Es preciso establecer que la señora Torres Villalobos siempre

tuvo la oportunidad de extraerse leche materna en su lugar de

trabajo. Sin embargo, por un tiempo prolongado, el cuarto de

lactancia disponible no se ajustó a los requerimientos que exige

nuestro ordenamiento jurídico, conforme la política pública de

permitir que las madres lactantes puedan disfrutar del derecho de

extraerse leche materna en su lugar de trabajo.

       De la primera intervención de la investigadora de la OPM se

desprende que esta hizo unos señalamientos que fueron remediados

por el Departamento de Educación, referentes a la higiene del salón;

un tubo de desagüe; que el cuarto de lactancia no tenía nevera de

almacenamiento de la leche, reglamento, ni registro de visitantes.12

Quedó evidenciada la poca higiene que tenía la sala de lactancia,

pues, según testificó la señora Torres Villalobos, los conserjes de la

Escuela no limpiaban dicha sala. Así, en muchas ocasiones el cuarto

concernido no cumplió con los requisitos de higiene y, al mismo

tiempo, era muy caluroso. Nótese que la señora Torres Villalobos

tenía que llevar sus propios materiales de limpieza para poner el

cuarto en condiciones sanitarias previo a extraerse la leche

materna.13 Bajo esa misma línea, la directora de la escuela testificó

que no tenía conocimiento que la legislación aplicable al asunto de

lactancia en el lugar de trabajo le impone la obligación al patrono de

mantener el espacio higiénico.14

       En su segunda intervención, la investigadora de la OPM pudo

observar que en el cuarto de lactancia se instaló un lavamanos y

había una nevera, por lo que indicó que el espacio cumplía con los

11 TPO, vista del 8 de noviembre de 2022, pág. 51.
12 TPO, vista del 9 de noviembre de 2022, págs. 5, 11-17.
13 TPO, vista del 8 de noviembre de 2022, págs. 30, 35, 39-40, 42, 46-48.
14 TPO, vista del 10 de noviembre de 2022, págs. 30-31.
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requisitos de la hoja de inspección que marcó.15 No obstante, es

claro   que    el   Departamento          de   Educación   no   subsanó   el

incumplimiento de establecer e implementar un reglamento sobre el

uso y operación del mencionado cuarto de lactancia.16 El Oficial

Examinador detalló en su Informe de Recomendación los días que la

Escuela en cuestión infringió las leyes y reglamentación aplicables,

siendo estos 72. En esa dirección, el cálculo de la compensación de

$20,055.60 es uno razonable y legal, consecuencia de las

actuaciones ejercidas por el Departamento de Educación que

menoscabaron los derechos de la señora Torres Villalobos, bajo la

Ley Núm. 427-2000, supra, y la Ley de la Procuradora de las

Mujeres, supra.

        Cabe destacar que el 26 de octubre de 2022, el Departamento

de Estado del Gobierno de Puerto Rico aprobó el Reglamento Núm.

9413, “Reglamento para la Administración de los Períodos y de los

Espacios de Lactancia o Extracción de Leche Materna en el

Departamento de Educación de Puerto Rico.” Sin embargo, en su

Informe de Recomendación, el Oficial Examinador expresó que, a

base de su mera aprobación, no podía concluir que el referido

reglamento (el cual fue creado como una norma uniforme aplicable

a todas las escuelas públicas de Puerto Rico) fue efectivamente

implementado de manera inmediata en la Escuela Nueva Brígida

Álvarez. Por ende, a la fecha de los hechos, el Departamento de

Educación no contaba con una reglamentación para el uso y

operación de las salas de lactancia designadas en los lugares de

trabajo, según lo establecen las leyes Núm. 20-2001, supra, y Núm.

155-2002, supra.

        Ante la falta de prueba en el récord que demostrara que la

OPM y, consecuentemente, la Procuradora de las Mujeres actuaron

15 Apéndice del recurso, págs. 79 y 85.
16 TPO, vista del 9 de noviembre de 2022, págs. 18-19.
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de manera irrazonable al imponer las multas impugnadas por el

Departamento de Educación, procede conceder deferencia al

dictamen recurrido. El Oficial Examinador de la OPM le otorgó

entera credibilidad al testimonio de la señora Torres Villalobos.

Dicha determinación está apoyada en la evidencia que contiene el

expediente administrativo. Además, el Departamento de Educación

no logró controvertir la presunción de legalidad y corrección que le

cobija a las decisiones de las agencias. Graciani Rodríguez v. Garage

Isla Verde, supra.

      En   conclusión,   las    alegaciones   del   Departamento   de

Educación no han demostrado o evidenciado perjuicio alguno de

parte de la OPM y mucho menos el perjuicio real exigido por la

norma jurisprudencial. Por tanto, sostenemos la determinación del

foro administrativo ante ausencia de indicios de irregularidad,

irrazonabilidad, arbitrariedad o error.

      Recordemos que la facultad que poseen las agencias para

imponer sanciones tiene el propósito, no únicamente de castigar las

infracciones a la ley, sino de advertir a la persona que está

infringiendo la ley, disuadirla de incurrir nuevamente en esa

conducta y corregir una situación. Comisionado v. Prime Life, supra,

pág. 344. Es importante que el Departamento de Educación, como

patrono, asuma de manera prudente su obligación de salvaguardar

la política pública relacionada a sus empleadas madres lactantes y

desista de incurrir reiteradamente en infracciones de esta índole que

tienen la consecuencia de lesionar los derechos de las mujeres.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Resolución y Orden recurrida.
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    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones