Court Opinion

ID: 9890319
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:14:56.504259+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:17.285673
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

  EL PUEBLO DE PUERTO                      Certiorari
          RICO                             procedente del
                                           Tribunal de
         Peticionario                      Primera Instancia,
                                           Sala Superior de
              V.             KLCE202300984 Mayagüez

   GUSTAVO J. SÁNCHEZ                          Casos Crim.
       MONTALVO                                Núm.:
                                               I1VP202200477-
                                               481
          Recurrido
                                               Sobre:
                                               Art. 93(A) CP, Art.
                                               5.04 Ley 404, Art.
                                               5.15 Ley 404, Art.
                                               6.01 Ley 404 (2
                                               cargos)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

      Comparece el peticionario, el Pueblo de Puerto Rico,

representado por la Oficina del Procurador General, mediante un

recurso de certiorari y nos solicitan que revisemos una Resolución

del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez,

notificada el 22 de junio del 2023. En este se determinó que no

ameritaba descalificar al Lcdo. Víctor M Souffront Cordero como el

representante legal del señor Gustavo J. Sánchez Montalvo.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto y revocamos la Resolución recurrida.

                               I.

      El 30 de marzo de 2022, el Ministerio Público presentó cinco

denuncias contra el Sr. Sánchez Montalvo. Ese mismo día se

determinó causa para arresto en todos los cargos. Por su parte, el

Número Identificador
SEN2023 _______
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5 de mayo de 2022, el Ministerio Público presentó una Moción

Informativa y en Solicitud de Descalificación del Abogado de

Defensa por Razón de Potencial Conflicto de Intereses.

         El Ministerio Público argumentó en su escrito, entre otros

asuntos, que se debía descalificar al Lcdo. Souffront Cordero

debido a que este había representado con anterioridad al Sr.

Aragonés Nazario en un asunto judicial relacionado con los

hechos que se le imputan al recurrido. Explicó, que el Sr.

Aragonés Nazario fue víctima en los hechos por los cuales el

recurrido está siendo procesado y a la vez se le radicaron cargos

por esos mismos hechos.

         El Ministerio Público añadió que en su rol como abogado del

Sr. Aragonés Nazario, el Lcdo. Souffront Cordero compareció a

una vista el 12 de marzo de 2018, en la cual se discutió una orden

dirigida a que Aragonés Nazario proveyera una muestra bucal de

saliva ante la División de Homicidios del CIC1 de Mayagüez. Según

el Ministerio Público, en esa vista el Lcdo. Souffront Cordero

defendió la posición de su cliente, donde se atendió una petición

de desacato contra Aragonés Nazario tras haber incumplido con

una orden del Tribunal de Primera Instancia.

         Finalmente,     el   Ministerio    Público       argumentó   que    la

representación previa del Sr. Aragonés Nazario presenta un

potencial conflicto de interés en el caso del recurrido, toda vez que

hubo       comunicaciones       confidenciales        y    privilegiadas    que

potencialmente afectarían la representación del recurrido, lo cual

es contrario los Cánones de Ética Profesional.

         En vista de lo anterior, sin el beneficio de la comparecencia

del recurrido, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

1
    Cuerpo de Investigaciones Criminales.
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Resolución, la cual fue notificada el 31 de mayo de 2022, mediante

la cual ordenó la descalificación del Lcdo. Souffront Cordero.

      Por otro lado, el recurrido presentó una Moción de

Reconsideración el 10 de junio de 2022. En su escrito, detalló que

la participación del Lcdo. Souffront Cordero se limitó únicamente

a defender los intereses del Sr. Aragonés Nazario en relación con

una orden del Tribunal para tomarle una muestra bucal para

propósitos de análisis de ADN. Añadió, que en aquel momento el

Sr. Aragonés Nazario no había sido acusado criminalmente ni

surgía como testigo del Ministerio Público, por lo que no fue

defendido por el Lcdo. Souffront Cordero en un asunto de índole

criminal. Con el beneficio de la posición del recurrido, el Tribunal

de   Primera   Instancia   declaró   Ha   Lugar   la   solicitud   de

reconsideración.

      Insatisfecho, el 22 de julio de 2022, el Pueblo, acudió ante

este Tribunal de Apelaciones, mediante una petición de certiorari,

señalándonos el siguiente error:

         El Tribunal de Primera Instancia abusó
         crasamente de su discreción al no descalificar
         al licenciado Souffront Cordero, como abogado
         de defensa del señor Sánchez Montalvo, a
         pesar de que su representación legal en este
         caso está reñida con los Cánones 21 y 38 del
         Código de Ética Profesional, sobre intereses
         encontrados y sobre el deber del abogado de
         evitar hasta la apariencia de conducta
         profesional impropia.

      El 12 de septiembre de 2022, este tribunal determinó que

la decisión del foro de instancia de no descalificar al Lcdo.

Souffront Cordero, basada únicamente en los escritos de las

partes, era prematura e insuficiente. Es por ello, que se le ordenó

al Tribunal de Primera Instancia la celebración de una vista

evidenciaria donde la parte peticionaria pudiera presentar la
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prueba que entienda pertinente para sostener su petición y la

parte contraria pueda refutarla.

      La referida vista evidenciaria se llevó a cabo el pasado 1 de

junio de 2023. En esta, el Ministerio Público presentó como

testigos los siguientes: (1) Sargento Joel Ayala del Valle; (2)

Agente Luis Montalvo Báez; y (3) Agente Leslie Candelaria Ramos.

Por otro lado, compareció el Lcdo. Souffront Cordero representado

por la Lcda. Ana María Strubbe Ramírez. Asimismo, estuvo

presente el Sr. Sánchez Montalvo.

      Durante el examen directo que el Ministerio Público le hizo

al sargento Ayala, quedó meridianamente claro que el Lcdo.

Souffront Cordero representó al Sr. Aragonés Nazario durante la

fase investigativa de la misma situación de hechos que hoy nos

ocupa. El letrado acompañó al Sr. Aragonés Nazario tanto a la

comandancia de Mayagüez, como a una posterior vista de

desacato. Por su parte, en el contrainterrogatorio, el sargento

Ayala reconoció que el Lcdo. Souffront Cordero no representó al

Sr. Aragonés Nazario durante la vista de causa para arresto

celebrada en marzo de 2022.

      Asimismo, el próximo en testificar fue el Agente Luis

Montalvo Báez, quien manifestó no haber interactuado con el

Lcdo. Souffront Cordero. Por último, la Agente Leslie Candelaria

Ramos   declaró   haber   interactuado   con   el   letrado   en   la

comandancia de Mayagüez y, fue ahí donde la agente, partiendo

de que el Lcdo. Souffront Cordero compareció como representante

legal del Sr. Aragonés Nazario, le entregó la orden judicial y la

Resolución del tribunal al letrado. En el contrainterrogatorio, la

agente Candelaria afirmó que su intercambio con el Lcdo.

Souffront Cordero duró tan solo unos minutos.
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        Finalizada la vista evidenciaria, el 21 de junio de 2023,

notificada el 22 de junio de 2023, el foro de instancia emitió una

Resolución en la cual denegó la solicitud de descalificación.

Posteriormente, el Ministerio Público presentó una solicitud de

reconsideración el 30 de junio de 2023, en la cual el Tribunal de

Primera Instancia se rehusó a variar su dictamen y lo notificó el 8

de agosto de 2023.

        Nuevamente insatisfecho, el 7 de septiembre de 2023, el

Pueblo, acudió ante este Tribunal de Apelaciones, mediante una

petición de certiorari, señalándonos el siguiente error:

           El Tribunal de Primera Instancia erró al
           denegar la descalificación del licenciado
           Souffront Cordero como defensor del señor
           Sánchez Montalvo pese a que el Ministerio
           Público, durante la vista evidenciaria efectuada
           el   1    de   junio    de    2023,    demostró
           satisfactoriamente que su representación legal
           exhibe una apariencia de impropiedad y
           entraña un conflicto de interés, en la
           modalidad     de     representación     sucesiva
           adversa, que inciden sobre la confianza que la
           ciudadanía ha depositado en su sistema
           judicial.

        Examinados la petición presentada y demás escritos,

procedemos a resolver.

                                II.

A. Auto de Certiorari

   El    auto   de Certiorari constituye   un   vehículo      procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).                  La

característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción
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encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.

        Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de los asuntos que son planteados mediante el auto

de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de esta naturaleza. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR

83, 97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:

        A. Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.

        B. Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

        C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso
        y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.

        D. Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

        E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
        el caso es la más propicia para su consideración.

        F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causan un fraccionamiento indebido del
        pleito y una dilación indeseable en la solución final del
        litigio.

        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia.

   En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso

abuso     de   discreción. García   v.   Asociación,   165   DPR    311
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(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649,

664     (2000); Lluch     v.   España   Service   Sta., 117    DPR      729

(1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986). La discreción, a

su vez, está caracterizada por la facultad para decidir distintas

formas, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción. García v. Asociación, supra.          No obstante, debemos

recordar que el ejercicio adecuado de la discreción judicial está

inexorable      e   indefectiblemente    atado    al   concepto    de    la

razonabilidad. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211

(2001).

B. Conflicto de Intereses

        El Canon 21 del Código de Ética Profesional les impone a los

profesionales del derecho un deber de completa lealtad hacia su

cliente, 4 LPRA Ap. IX, C. 21. La finalidad de la referida norma

deontológica es reglamentar la conducta profesional que, de

alguna     forma,    pueda     poner    en   peligro   el   principio    de

confidencialidad que caracteriza la relación fiduciaria de abogado-

cliente, y de esa forma menoscabar la imagen de la justicia y la

confianza que tiene el ciudadano en el sistema. In re Báez

Genoval, 175 DPR 28, 35 (2008).

        El referido canon preceptúa tres situaciones en las cuales

todos     los   togados    deben   abstenerse     de   incurrir   y,    por

consiguiente, evitar la representación legal, estas son: (1) cuando

en la representación concurran múltiples clientes con intereses

encontrados de manera simultánea; (2) cuando se trate de una

representación sucesiva adversa; y (3) aceptar representar

legalmente a sabiendas de que su juicio profesional puede verse

afectado por sus intereses personales. In re Báez Genoval, supra,

en la pág. 36; In re Torres Viera, 170 DPR 306, 311 (2007). Ante

cualquiera de estas situaciones bastará con que el conflicto de
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intereses sea potencial, para que el abogado vulnere la lealtad

absoluta que le debe a su cliente. Sánchez Rodríguez v. López

Jiménez, 116 DPR 172, 190 (1985) (Énfasis nuestro).

      La presente controversia nos obliga a enfocarnos, en

específico, en la representación sucesiva adversa. El Tribunal

Supremo ha establecido que, para que se active la prohibición, es

imperativo que exista una relación abogado-cliente dual. In re

Soto Cardona, 143 DPR 50, 55-56 (1997); In re Torres Viera,

supra. Además, también se determinó que, ante un potencial o

actual conflicto de intereses, el togado está obligado a renunciar

a ambas representaciones. In re Torres Viera, supra, en las págs.

311-312. El togado no tendrá la facultad para aducir que no

utilizará las confidencias de un cliente en perjuicio del otro. Tal

prohibición es insoslayable por lo que los clientes no podrán

consentir a la representación conflictiva. In re Báez Genoval,

supra, en la pág. 37.

      Nuestro máximo foro determinó que, ante la eventualidad

de una representación sucesiva adversa, surge una presunción

irrefutable de que la información confidencial que haya provisto el

cliente anterior al letrado será utilizada por este último en

beneficio del nuevo cliente, cuyos intereses son antagónicos a los

del cliente anterior. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115

DPR 778, 792 (1984).

      Ahora bien, al determinar si un abogado incurrió en la

representación sucesiva de intereses encontrados, es preciso

analizar la conducta de éste a la luz del criterio de relación

sustancial. A tenor con dicho criterio, el cliente sólo tiene que

demostrar que la controversia legal en la que el abogado

comparece en su contra está sustancialmente relacionada con la
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causa de acción en la que el abogado previamente le representó.

In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, en la pág. 791.

      Por otro lado, el Canon 38 del Código de Ética Profesional

(Canon 38), supra, puntualiza que los dos valores principales con

los que debe cumplir un abogado son la dignidad y el honor al

ejercer la abogacía y en su vida privada. Para ello, preceptúa una

máxima de suma importancia para el ordenamiento deontológico

de la profesión legal: el deber de evitar hasta la apariencia de

conducta    profesional   impropia.   Asimismo,    ha    quedado

meridanamente claro en nuestra jurisprudencia que un abogado

tiene la obligación de evitar, tanto en la realidad como en la

apariencia, la impresión de conducta conflictiva y tienen el deber

de lucir puro y libre de influencias extrañas a su gestión

profesional. In re Morell Corrada y Alcover García, 158 DPR 791,

811 (2003).

C. Descalificación de Representación Legal

   Los tribunales de primera instancia gozan de amplia discreción

para pautar y conducir la tramitación de los procedimientos ante

su consideración. Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 141

(1996). La determinación que hace el aludido foro sobre la

descalificación de un abogado y de su bufete está impregnada de

un alto grado de discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. News,

151 DPR 649, 664-665 (2000).

      Ahora bien, nuestro máximo foro determinó que las

mociones de descalificación no constituyen de por sí acciones

disciplinarias, sino más bien medidas preventivas para evitar

posibles violaciones a los cánones de ética profesional. K-Mart

Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 633, 637 (1988). Es por

ello por lo que los tribunales de instancia pueden evaluar y

resolver dichas mociones cuando se presenten en casos que se
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ventilan ante sí. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., supra,

en la pág. 638. No obstante, en vista de las implicaciones de la

descalificación, tanto en la parte a la que se priva de la

representación legal, como en los abogados descalificados, se

requiere un trámite riguroso al evaluar la prueba con la que se

reclama esa solicitud de descalificación.

      Cuando un Tribunal evalúa la procedencia de una moción de

descalificación no es necesario tener ante sí prueba sobre una

violación ética para que proceda la misma. En estos casos, “la

apariencia     de   impropiedad        será    utilizada    para      resolver

cualesquiera dudas que         surjan sobre        posible       conflicto   de

intereses, en favor de la descalificación”. In re Carreras Rovira y

Suárez Zayas, supra, en la pág. 792. En el proceso de evaluación,

se deben tomar en consideración los siguientes elementos: (1) si

quien solicita la descalificación tiene legitimación activa para

invocarla; (2) la gravedad del conflicto de interés involucrado; (3)

la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la

controversia y el expertise de los abogados involucrados; (4) la

etapa de los procedimientos y su posible efecto en cuanto a la

resolución justa, rápida y económica del caso; y (5) el propósito

detrás    de   la   descalificación,    es    decir,   si   la    moción     de

descalificación está siendo utilizada como un mecanismo procesal

para dilatar los procedimientos. Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 828

(1996).

      Expuesta la norma jurídica que aplica a los antecedentes

fácticos reseñados, procedemos a evaluar.
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                                III.

      El recurso que atendemos versa sobre el conflicto resultante

entre las representaciones sucesivas de los señores Aragonés

Nazario y Sánchez Montalvo por parte del Lcdo. Víctor Souffront

Cordero. Luego de un análisis ponderado del expediente,

entendemos que el foro primario actuó incorrectamente al

determinar que no procedía la descalificación del referido

letrado.

      En este caso, mantener al Lcdo. Souffront Cordero como

representante legal del Sr. Sánchez Montalvo, resultaría en un

fracaso irremediable a la sana administración de la justicia.

En síntesis, esto se debe a que, previo a asumir la representación

del Sr. Sánchez Montalvo (cliente actual), el Lcdo. Souffront

Cordero fungió como representante legal del Sr. Aragonés Nazario

(cliente anterior) en una cadena de eventos que comienza con una

balacera de carro a carro donde el cliente actual le dispara

al cliente anterior y resulta en la muerte de un tercero que

transitaba junto al cliente anterior.

      Ahora bien, cónsono con la jurisprudencia de nuestro

Tribunal Supremo, para determinar que en efecto existe un

conflicto de intereses que impida la representación sucesiva

adversa, será suficiente que ambas representaciones estén

sustancialmente relacionadas con la causa de acción en la que

el abogado previamente le representó. No queda duda alguna que

ambas representaciones atendían las consecuencias de

una misma balacera desatada entre el cliente anterior y el

cliente actual.

      Por otro lado, el recurrido alega que no se configuró una

representación    legal   y,   en   vista   de   ello,   no   procede   la

descalificación. Su argumento se basa en que, al no fungir como
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representante legal del cliente anterior en la vista de causa

probable para arresto, nunca existió la relación abogado-cliente.

Sin embargo, de la vista evidenciaria se desprende que, el

letrado fungió como representante legal del Sr. Aragonés

Nazario tanto en una comparecencia en la comandancia de

Mayagüez, como en una posterior vista de desacato.

      Asimismo, es menester reiterar que ambas comparecencias

respondían a la balacera anteriormente mencionada que se desató

entre el cliente anterior y el cliente actual. Siendo así, la

representación legal por parte del Lcdo. Souffront Cordero

no tan solo está sustancialmente relacionada, sino que

totalmente relacionada.

      En su alegato en oposición, la parte recurrida aduce, entre

otras cosas, que no procede la descalificación del Lcdo. Souffront

Cordero basándose principalmente en que no existen intereses

encontrados entre el cliente anterior y el cliente actual. Sin

embargo, ha quedado meridianamente claro que, tanto las

comparecencias en representación del Sr. Aragonés Nazario,

como la actual representación del Sr. Sánchez Montalvo,

responden a una cadena de eventos con intereses tan adversos

que resultan en una balacera donde un cliente le estaba

disparando al otro.

      Por último, nuestro Máximo Foro ha reconocido que, bastará

con que el conflicto de intereses sea potencial, para que el

abogado vulnere la lealtad absoluta que le debe a su cliente. En

vista de lo anterior, y a la luz de todo lo antes expuesto,

concluimos que el foro de instancia erró en su determinación y,

en su lugar, procede la descalificación del Lcdo. Víctor

Souffront Cordero.
KLCE202300984                                                  13

                              IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Resolución emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Ordenamos la

descalificación   del      Lcdo.    Víctor   Souffront   Cordero.

Devolvemos el asunto al foro primario para la continuación de los

procedimientos de forma cónsona a lo aquí expresado.

     Notifíquese inmediatamente.

     Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones