Court Opinion

ID: 9962764
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:50:05.561818+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:32.653890
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

 CARLOS M. CASTELLÓN                               CERTIORARI
     NIGAGLIONI                                    Procedente del
                                                   Tribunal de Primera
         Recurrido                                 Instancia, Sala de
                                                   Guaynabo
             v.                 KLCE202400056
                                                   Civil Núm.:
  CONSEJO TITULARES,                               BYL1402023-06894
 JUNTA DE DIRECTORES                               (101)
 DEL CONDOMINIO VILLA
       CAPARRA                                     Sobre: Ley 140

        Peticionarios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos el Consejo de Titulares del Condominio

Villa Caparra Plaza y su Junta de Directores, (en conjunto

“Peticionarios”), mediante Petición de certiorari presentada el 17 de

enero de 2024. Nos solicitan que revisemos la Orden emitida y

notificada el 12 de diciembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Municipal de Guaynabo (“foro primario” o “foro a

quo”). Mediante la referida orden, el foro primario declaró No Ha

Lugar la solicitud de desestimación presentada por los Peticionarios.

      Adelantamos       que,   por   los   fundamentos   expuestos   a

continuación, expedimos el auto de certiorari y revocamos el

dictamen recurrido.

                                     I.

      El 20 de septiembre de 2023, el señor Carlos M. Castellón

Nigaglioni (“Sr. Castellón Nigaglioni”), el señor Christian Gabriel

Ojeda Pérez y su esposa la señora Sofia Teresa Rivera Grunder

(“matrimonio Ojeda-Rivera”), (todos en conjunto, “Recurridos”),

Número Identificador
SEN(RES)2024____________
KLCE202400056                                                                   2

instaron una Querella1 al amparo de la Ley sobre Controversias y

Estados Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de junio de

1974, según enmendada, 32 LPRA sec. 2871 et seq., (“Ley sobre

Controversias y Estados Provisionales de Derecho”), contra los

Peticionarios. En síntesis, la parte Recurrida alegó que el Sr.

Castellón Nigaglioni era propietario de un apartamento del

Condominio Villa Caparra Plaza (“Condominio”) y a su vez,

arrendatario de un apartamento perteneciente al matrimonio Ojeda-

Rivera. Adujeron que el matrimonio Ojeda-Rivera adquirió un

vehículo     eléctrico     y    la    señora    Evelyn      Mojica     Machuca,

Administradora del Condominio (“Administradora”), les envió una

propuesta para instalar en su estacionamiento privado un medidor

autocontenido para mantener un récord del consumo del cargador

del   vehículo,     propuesta        que   alegadamente      fue     aceptada   y

sufragados los gastos por dicha parte.

       Sin     embargo,        según       alegaron   los     Recurridos,       la

Administradora emitió una comunicación al Sr. Ojeda, informándole

que el circuito que había sido aprobado para su estacionamiento

sería removido. Ello, debido a que en la Asamblea celebrada el 29 de

marzo de 2023 se rechazó un proyecto presentado por Junta de

Directores. El aludido proyecto estaba dirigido a regular la

instalación de metros de uso común para vehículos eléctricos, en los

estacionamientos de visitas del Condominio. Siendo así, la

Administradora le comunicó que sería removido el cargador de su

estacionamiento privado y restringió el servicio eléctrico del

receptáculo que utilizaba para recargar el vehículo. Por tales

razones, solicitaron los siguientes remedios provisionales: 1) que se

ordenara la restitución del servicio eléctrico en el receptáculo del

estacionamiento; y 2) que se le brindara un permiso provisional para

1 Apéndice certiorari, págs. 1-13.
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recargar el vehículo en su estacionamiento privado, bajo su

responsabilidad y costo.

       Así las cosas, el 2 de noviembre de 2023, los Peticionarios

presentaron Moción de Desestimación.2 Por virtud de esta, señalaron

que, de conformidad con la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley

Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada, 31 LPRA

1921 et seq., (“Ley de Condominios”), el Departamentos de Asuntos

del Consumidor (“DACo”) ostenta jurisdicción primaria y exclusiva

para atender reclamos relacionados a las acciones u omisiones de la

Junta de Directores y Administradores de condominios de uso

residencial. Sostuvieron que la Ley sobre Controversias y Estados

Provisionales de Derecho, supra, solo le confiere jurisdicción al foro

primario para atender controversias entre vecinos que afecten la

convivencia y el orden social. En vista de ello, argumentan procede

la desestimación con perjuicio de la reclamación.

       En respuesta, el 21 de noviembre de 2023, los Recurridos

presentaron su oposición mediante escrito intitulado Querella. En

este, alegaron que el Artículo 39(a) de la Ley de Condominios, supra,

faculta al foro primario a emitir cualquier remedio provisional al

amparo de la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de

Derecho, supra. A su vez, sostuvieron que el Artículo 2 de la

precitada Ley dispone que el foro primario podrá resolver aquellas

controversias en las que se alegue la existencia de perturbaciones

que interrumpan el libre uso de la propiedad, como se alega en el

presente     caso.   Siendo   así,   arguyeron   que   no   procedía   la

desestimación de la reclamación.

       Evaluados los argumentos de las partes, el 1 de diciembre de

2023, notificada el 12 del mismo mes y año, el foro a quo emitió la

2 Íd, págs. 15-17.
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Orden recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por la parte Peticionaria.

      En desacuerdo, el 19 de diciembre de 2023, los Peticionarios

presentaron Moción de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha

Lugar mediante Orden emitida el 20 de diciembre de 2023,

notificada el 10 de enero de 2024. No obstante, el 8 de enero de

2024, entiéndase antes de que fuera notificada la determinación del

foro primario, los Peticionarios acudieron a esta Curia mediante

Petición de Certiorari acompañada por una Moción en auxilio de

jurisdicción para la paralización de los procedimientos ante el TPI

(KLCE202400021). El 11 de enero de 2024, este Tribunal emitió

Resolución, en la que se vio obligado a desestimar el recurso por falta

de jurisdicción, puesto que su presentación fue prematura. A su vez,

declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción.

      El 17 de enero de 2024, los Peticionarios comparecieron

nuevamente mediante Petición de Certiorari, en la cual le imputaron

al foro primario la comisión del siguiente error:

      Erró el TPI al no desestimar el caso ante la clara falta
      de jurisdicción.

      Por su parte, el 9 de febrero de 2024, los Recurridos

presentaron su Oposición al Certiorari y una Moción en solicitud de

reconsideración, cumplimiento de orden y solicitando se deniegue el

auto de certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.

                                  II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718
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(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. Rivera Gómez y otros v. Arcos

Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); 2023 TSPR             65

resuelto el 8 de mayo de 2023. Véase, además, Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de: (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

       No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023),

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios

son:
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      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
          a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
          derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
          una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

           B. Ley de Condominios y Jurisdicción de DACo

   El Artículo 65 de la Ley de Condominios, supra, establece el foro

adecuado para atender las impugnaciones de acciones u omisiones

de la Junta de Directores, de un Administrador Interino y/o de

Acuerdos y Determinaciones del Consejo de Titulares. El referido

artículo dispone lo siguiente:

      Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del
      Administrador Interino, del Agente Administrador así
      como los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser
      impugnados por los titulares en los siguientes supuestos:
      a) cuando sean contrarios a esta Ley, la escritura matriz y
      reglamento del condominio;
      b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los
      intereses de la comunidad o a un titular;
      c) cuando resulten gravemente perjudiciales para algún
      titular que no tenga obligación jurídica para soportarlo y
      no haya sido previsible al momento de la compra.
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      Los titulares que sean dueños de apartamentos en
      condominios que sean dedicados exclusivamente a uso
      comercial, tendrán que presentar la impugnación ante el
      Tribunal de Primera Instancia, el cual tendrá jurisdicción
      primaria y exclusiva. En el caso de los titulares sean
      dueños de apartamentos en condominios con al menos
      un apartamento de uso residencial, la jurisdicción será
      primaria y exclusiva del Departamento de Asuntos del
      Consumidor,     así   como     cualquier    reclamación
      presentada en contra del agente administrador. 31
      LPRA sec. 1923j. (Énfasis y subrayado nuestro).

   A esos fines, el Art. 66 de la Ley de Condominios, supra, añade

lo siguiente:

      El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá una
      División Especial de Adjudicación de Querellas de
      Condominios, para atender todo lo relacionado a todo
      condominio en el que exista por lo menos un
      apartamento dedicado a vivienda. […]. 31 LPRA sec.
      1923k. (Énfasis nuestro).

      Así pues, acorde con este artículo y con los poderes conferidos

por la Ley de Condominios, supra, el DACo promulgó el Reglamento

de Condominios, Reglamento Núm. 9386 de 6 de junio de 2022,

(“Reglamento de Condominios”), con el propósito de “proteger a los

titulares de apartamentos sometido al Régimen de Propiedad

Horizontal y de reconocer el derecho de los mismos al pleno disfrute

de su apartamento y de las áreas comunes…”. Regla 3 del

Reglamento de Condominios, supra. En cuanto a la jurisdicción de

DACo para atender querellas de condóminos, la Regla 23 del

Reglamento de Condominios, supra, dispone lo siguiente:

      Las acciones u omisiones de la Junta de Directores,
      Administrador Interino, Agente Administrador, Sindico,
      así como los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser
      impugnados ante el Departamento por los titulares en los
      siguientes supuestos:
      (a) Cuando sean contrarios a la Ley de Condominios de
      Puerto Rico, la escritura matriz, el reglamento del
      condominio y a este Reglamento.
      (b) Cuando resulten gravemente perjudiciales a los
      intereses de la comunidad o a un titular.
      (c) Cuando resulten gravemente perjudiciales para algún
      titular que no tenga obligación jurídica para soportarlo y
      no haya sido previsible al momento de la compra.
      […].
      II. El Departamento no tendrá jurisdicción para adjudicar
      querellas que surjan en condominios de uso
      exclusivamente comercial o profesional. En estos casos la
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       jurisdicción corresponderá al Tribunal de Primera
       Instancia. Igualmente quedarán excluidas de la
       jurisdicción del DACO, las querellas entre titulares o
       cuando el Consejo de Titulares, el Director o la Junta de
       Directores presente una reclamación contra uno o varios
       titulares o residentes del condominio. La jurisdicción para
       ventilar estas acciones corresponderá al Tribunal de
       Primera Instancia.

       Es notorio que la propia Regla excluyó de la jurisdicción del

DACo ciertos asuntos, a saber: (1) querellas que surjan en

condominios de uso exclusivamente comercial o profesional; (2)

condominios donde exista por lo menos una unidad de vivienda, y

la querella sea interpuesta por titulares que sean propietarios de

apartamentos no residenciales; (3) cualquier reclamación que

consista en cuestionar alguna cláusula de la escritura matriz o el

reglamento del condominio inscrito en el Registro de la Propiedad.

   La propia Ley de Condominios, supra, y el precitado Reglamento

sobre Condominios, supra, confirió al DACo jurisdicción exclusiva

para “adjudicar reclamos que pudieran presentar los condóminos,

relativos a la administración del edificio”, y para atender todas

aquellas acciones de “impugnación de los acuerdos del Consejo de

Titulares, las determinaciones, actuaciones u omisiones del

Director    o   la   Junta     de   Directores,     relacionadas      con    la

administración de inmuebles que comprendan por lo menos un

apartamento destinado a vivienda.” Consejo Titulares v. Gómez

Estremera et al., 184 DPR 407, 420 (2012).3

       Por otra parte, el Artículo 39 (b) de la Ley de Condominios,

supra, establece que las infracciones a los principios generales del

uso y disfrute de los apartamentos podrán dar lugar a acciones de

daños. En particular, el referido artículo dispone lo siguiente:

       El uso y disfrute de cada apartamento estará sometido a
       las reglas siguientes:
       a) En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo
       de esta Ley regirán los principios generales del derecho,

3 Citando a Amill v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 DPR 495 (2002); Consejo Cond.

Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 659 (2006); Srio. DACO v. J. Condóminos C.
Martí, supra; First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 DPR 426 (1983).
KLCE202400056                                                                     9

       particularmente, los enunciados en el Artículo 2 de esta
       Ley.4
       b) La infracción de estos principios o la de las reglas
       enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al
       ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel
       titular u ocupante que resulte afectado, además de
       cualquier otra acción que corresponda en derecho,
       incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley Núm.
       140 de 23 de julio de 1974, según enmendada,
       conocida como, “Ley Sobre Controversias y Estados
       Provisionales de Derecho”, y cualquier otro remedio en
       equidad. La Junta de Directores queda expresamente
       autorizada a presentar acciones interdictales a nombre del
       Consejo de Titulares contra aquellos que cometan
       infracciones a las reglas establecidas en esta Ley. 31 LPRA
       sec. 1922k. (Énfasis nuestro).

     C. Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de
                             Derecho

       La Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de

Derecho, supra, faculta a los jueces municipales a “intervenir,

investigar, ventilar y resolver provisionalmente controversias a

solicitud de parte interesada, según el trámite dispuesto en esta ley”.

32 LPRA sec. 2872. El propósito de dicha legislación es establecer

un procedimiento de ley que sea rápido, económico y eficiente para

la adjudicación provisional de controversias por jueces municipales.

Dpto. de la Familia v. Ramos, 158 DPR 888, 897 (2003). Entre sus

facultades, el inciso (j) del Artículo 2 de la referida Ley le confiere la

autoridad al juez municipal para atender controversias en las que

se alegue “la existencia de perturbaciones que fueren perjudiciales

4 El referido Artículo 2 de la Ley de Condominios, supra, dispone lo siguiente:

               Esta Ley se aprueba con el propósito, entre otros, de
       viabilizar la propiedad individual sobre un apartamento, que forma
       parte de un edificio o inmueble sometido al Régimen de Propiedad
       Horizontal, de acuerdo con los criterios que más adelante se
       establecen.
               El titular de un apartamento sometido al Régimen de
       Propiedad Horizontal tiene el derecho al pleno disfrute de su
       apartamento y de las áreas comunes, siempre que con ello no
       menoscabe el derecho de los demás titulares al disfrute de sus
       respectivas propiedades.
               Cada titular reconoce que el ejercicio del dominio en el
       Régimen de Propiedad Horizontal está limitado por los derechos de
       los demás titulares y que el derecho de propiedad sobre su
       apartamento tiene que ejercerse dentro del marco de la sana
       convivencia y el respeto al derecho ajeno.
               En el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares
       actuarán conforme a los principios de la buena fe, de la prohibición
       de ir en contra de sus propios actos y la del abuso del derecho. 31
       LPRA sec. 1921.
KLCE202400056                                                        10

a la salud o a los sentidos, o que interrumpan el libre uso de la

propiedad, de modo que impidan el cómodo goce de la vida o de los

bienes, de las que dan lugar a una acción bajo el Artículo 277 del

Código de Enjuiciamiento Civil, según enmendado, conocido como

Ley sobre Perturbación o Estorbo”.

         De otro lado, el Artículo 5 de la Ley Sobre Controversias y

Estados Provisionales de Derecho, supra, establece que “[u]na orden

resolviendo una controversia y fijando un estado provisional de

derecho, según esta ley, será inapelable, pero no constituirá cosa

juzgada respecto a ninguno de los puntos adjudicados en la misma

ni impedirá ningún otro trámite judicial reclamando daños y

perjuicios u otro derecho”. 32 LPRA sec. 2875. La propia Ley dispone

no se impedirán trámites ulteriores para solicitar otros derechos

relacionados con el asunto en cuestión. Dpto. de la Familia v. Ramos,

supra.

                                  III.

      En el presente recurso, los Peticionarios nos solicitan que

revoquemos la Orden emitida por el foro primario, en la que decretó

que ostenta jurisdicción para emitir un remedio provisional sobre la

controversia    de   autos.   Sostienen,   además,   que   procede   la

desestimación de la querella en su contra, por falta de jurisdicción.

A su vez, alegan que la Ley de Condominios, supra, otorga

jurisdicción primaria y exclusiva sobre la controversia de autos al

DACo.

      Por su parte, la Recurrida sostiene que este Tribunal de

Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso de

epígrafe, puesto que la Ley sobre Controversias y Estados

Provisionales de Derecho, supra, establece que las determinaciones

de un Tribunal Municipal son inapelables. En la alternativa, plantea

que tanto la Ley de Condominios, supra, como la Ley sobre
KLCE202400056                                                               11

Controversias y Estados Provisionales de Derecho, supra, faculta al

foro primario a emitir cualquier remedio provisional en este caso.

        Surge del expediente que los Recurridos presentaron una

querella ante el Tribunal de Municipal, al amparo de la Ley sobre

Controversias y Estados Provisionales, supra, con el propósito de

impugnar       una     determinación         de   la   Administración      del

condominio.        Según      surge     de   la   querella   presentada,    la

Administradora del condominio ordenó la eliminación de la estación

de carga instalada en el estacionamiento de los Recurridos, además

de ordenar la restricción del servicio eléctrico al receptáculo de dicho

estacionamiento. En particular, los Recurridos establecen lo

siguiente:

              La controversia presentada ante el Tribunal
       Municipal se trata de la obstrucción que ha llevado la
       Junta de Directores contra la parte recurrida de
       impedirles que conecten su vehículo eléctrico en el
       receptáculo que tienen en su estacionamiento privado (no
       comunal) a pesar de hacerse cargo de los gastos de
       electricidad del equipo, de haber llevado el
       procedimiento que inicialmente había provisto la
       propia Junta por conducto de su Administradora y
       cuando la propia Ley Núm. 81 de 2 de julio de 2014, según
       enmendada, conocida como “Ley para el Fomento de los
       Vehículos Impulsados Mayormente por Electricidad”, en
       adelante, Ley Núm. 81-2014, así lo establece sin
       ambages.5 (Énfasis y subrayado nuestro).

       De una lectura al texto antes citado, es evidente que la parte

Recurrida esta impugnando una determinación y acción de la

administración del condominio y la Junta de Directores. En

consecuencia, el foro con jurisdicción para atender esta controversia

no es el judicial, sino el administrativo. El legislador fue claro en su

intención de delegar las controversias como la que nos ocupa al

DACo. Véase 31 LPRA sec. 1923j. Para ello, no solo determinó que

la jurisdicción del DACo sería primaria y exclusiva, sino que ordenó

la creación de una división especializada para atender estas

controversias. Igualmente, el DACo promulgó reglamentación para

5 Véase Oposición al Certiorari, pág. 15.
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atender casos de esta índole. No empece los artículos 39 (b) de la

Ley de Condominios, supra, y el Art. 2 (j) de la Ley sobre

Controversias y Estados Provisionales, supra, proveen para que un

condómine pueda solicitar un remedio provisional ante un Tribunal

Municipal,     ciertamente     la    controversia     de    autos    donde

particularmente se cuestionan las actuaciones de la Junta de

Directores y la alegada negativa a que los Recurridos conecten su

vehículo     eléctrico   en   el    receptáculo     que    tienen   en   su

estacionamiento privado, son controversias bajo la jurisdicción del

DACo.

      En cuanto a los argumentos presentados por la parte

Recurrida relacionados a que esta Curia carece de jurisdicción

porque las determinaciones del foro municipal son inapelables, no

le asiste la razón. La determinación recurrida no es una orden

fijando un estado provisional de derecho, según establece el Art. 5

de la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales, supra.

Además, las cuestiones relativas a la jurisdicción son de índole

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia, “pues la falta de

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada”. Báez Figueroa v.

Adm. Corrección, 209 DPR 288 (2022). Véase, además, Fuentes

Bonilla v. ELA et al, 200 DPR 364, 372 (2018).

      Por lo anterior, resolvemos que el foro primario carece de

jurisdicción para atender el caso de epígrafe, por tanto, incidió al

declarar No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por los

Peticionarios. Sin embargo, nada impide que los Recurridos

presenten sus reclamos ante el DACo y soliciten cualquier remedio

que estimen conveniente, mientras se ventilan y adjudican las

controversias entre las partes.

                                     IV.

      Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos el dictamen recurrido. En consecuencia,
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desestimamos la querella de epígrafe, por falta de jurisdicción del

foro primario para atender la controversia.

      Notifíquese inmediatamente a la Hon. Eillim Torres Ríos

y demás partes.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones