Court Opinion

ID: 9381079
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:14:02.496758+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.665657
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

     ROLAND CORDERO PEÑA                                Certiorari
                                                        procedente del
          Recurrido                                     Tribunal de
                                                        Primera
                                                        Instancia, Sala
               v.                  KLCE20230106         de San Juan

                                                        Civil Núm.:
     ROSA I. CRUZ BURGOS                                SJ2022RF00793

         Peticionaria                                   Sobre:
                                                        Alimentos
                                                        Excónyuges

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
Cabán, la Jueza Grana Martínez, el Juez Rodríguez
Flores, y el Juez Gómez Monge.

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

        Comparece Rosa I. Cruz Burgos, en adelante la Sra.

Cruz o la peticionaria, y solicita la revisión de una

Resolución          emitida     por      el    Tribunal       de    Primera

Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI. Mediante

la    misma,    se    declaró     No    Ha    Lugar    una    solicitud    de

desestimación         al      amparo    de     la     Regla    10.2(5)     de

Procedimiento Civil de la demanda de pensión excónyuge

presentada por Roland Cordero Peña, en adelante el Sr.

Cordero o el peticionario.

        Por     los        fundamentos         que       expondremos        a

continuación,         se   deniega      la    expedición      del   auto   de

certiorari.

                                       -I-

        Surge del expediente que el Sr. Cordero radicó una

Demanda1 por pensión excónyuge contra la Sra. Cruz en la

cual alegó:

1   Apéndice de la peticionaria, págs. 79-80.
Número Identificador

RES2023_________________
KLCE202300106                                                           2

           . . . . . . . .

           5. […] El [recurrido] no cuenta con medios
           suficientes para vivir y en la actualidad está
           sufriendo vicisitudes y carencias, ya que no puede
           proveer para sus necesidades básicas.

           6. El [recurrido] es una persona de 80 años de
           edad cuyos únicos ingresos son los beneficios del
           seguro social los cuales resultan insuficientes
           para poder sostenerse.

           7. Al presente, el Sr. Cordero tiene serias
           condiciones de salud y le acaban de diagnosticar
           cáncer del colon.

           8.   El   demandante   tiene gastos de   salud,
           alimentación, vestimenta, vivienda, utilidades,
           transportación y otros que no están siendo
           satisfechos adecuadamente.

           9. La parte [peticionaria] ejerce como médico y
           cuenta con ingresos sustanciales, así como un
           caudal considerable.

           10. Por carecer de medios para su sustento, el
           [recurrido] solicita se le ordene a la parte
           [peticionaria] el pago de una pensión excónyuge no
           menor de $4,000.00 mensuales.

           11.   La   [peticionaria] cuenta  con   ingresos
           sustanciales y capacidad para suministrar dicha
           pensión.

           12. Ante el estado de indefensión económica en que
           se encuentra el [recurrido], se solicita se le
           imponga a la [peticionaria] el pago de costas,
           gastos y una cantidad razonable de honorarios de
           abogados no menor de $6,000.00.2

           Por su parte, la Sra. Cruz presentó una Moción de

Desestimación          a       tenor   con   la   Regla   10.2   (5)   de

Procedimiento Civil3 en la que arguyó que, el recurrido,

se limitó a alegar necesidad económica sin detallar que

estas surgen como consecuencia del divorcio.4 Con la

moción incluyó como anejo los siguientes documentos:

(1)        Escritura      de    Capitulaciones     Matrimoniales;5     (2)

Demanda de divorcio;6 (3) Requerimiento de Admisiones

(al        recurrido);7    (4)     Contestación    a   Requerimiento   de

2   Id.
3   Id.,   págs. 12-70.
4   Id.,   pág. 12.
5   Id.,   págs. 24-42.
6   Id.,   págs. 43-45.
7   Id.,   págs. 46-47.
KLCE202300106                                                                 3

Admisiones;8      (5)       Primer   Pliego    de    Interrogatorio           (al

recurrido);9 (6) la Resolución del TPI que incluye los

acuerdos     de        las     partes      para     terminar          con     las

reclamaciones          del     peticionario         en    el     pleito       de

divorcio;10 (7) Sentencia de divorcio;11 (8) documentos

relacionados con el financiamiento de la compra de un

vehículo de motor del recurrido;12 y, finalmente, (9) la

Declaración       de    beneficio       de    seguro      social      del     Sr.

Cordero.13

       Posteriormente la peticionaria presentó una moción

suplementaria14, para incluir como parte de los anejos

de   la   moción       de    desestimación,         la    Contestación         al

Primer     Pliego       de     Interrogatorio            instada       por     el

recurrido.15

       Oportunamente,          el    Sr.      Cordero       presentó          una

Oposición a Moción de Desestimación en la que sostuvo,

en   esencia,     que       cumple   con     los   criterios         necesarios

para    solicitar       una    pensión       excónyuge,        por    lo     cual

procede declarar no ha lugar la desestimación.16

       Así las cosas, el TPI emitió una Resolución17 en la

que resolvió:

       [T]omando   como  ciertas   y  buenas   todas  las
       alegaciones bien y claramente aseveradas en la
       Demanda, no procede su desestimación en esta etapa
       de los procedimientos. En la Demanda de alimentos
       excónyuges, Cordero Peña alegó que estuvo casado
       con Cruz Burgos y que, desde que se decretó el
       divorcio, no cuenta con medios suficientes para
       vivir   y  que   está   sufriendo  vicisitudes   y
       carencias, ya que no puede proveer para sus
       necesidades básicas. Además, sostuvo que es una
       persona de 80 años, cuyos ingresos son los
       beneficios del seguro social, los cuales resultan
       insuficientes para poder sostenerse. Por lo tanto,

8 Id., págs. 48-50.
9 Id., págs. 51-61.
10 Id., págs. 62-64.
11 Id., págs. 65-66.
12 Id., págs. 67-69.
13 Id., pág. 70.
14 Id., pág. 81.
15 Id., págs. 81-89.
16 Id., págs. 96-104.
17 Id., págs. 2-11.
KLCE202300106                                                     4

        interpretando las alegaciones hechas en la Demanda
        conjuntamente, liberalmente y de la manera más
        favorable posible para la parte demandante,
        determinamos que esta expone una reclamación que
        justifica la concesión de un remedio.

        . . . . . . . .

        Cruz Burgos no demostró que Cordero Peña no tiene
        derecho   a   remedio   alguno.   Así,  tomando   en
        consideración que los alimentos entre excónyuges
        tienen su fundamento en el deber jurídico que
        tienen estos de prestarse mutuo socorro en ocasión
        de que no cuenten con medios suficientes para
        vivir, y que este derecho nace una vez decretado
        el divorcio y no antes, no procede acoger la
        solicitud de desestimación en estos momentos. No
        obstante,   es    importante   destacar   que   este
        pronunciamiento no constituye una determinación en
        los méritos.18

        Inconforme, la Sra. Cruz presentó una Moción de

Determinaciones           de        Hechos    Adicionales         y

Reconsideración,19 que el TPI declaró No Ha Lugar.20

        Por entender que erró el TPI en su determinación,

la peticionaria presentó el recurso de Certiorari ante

nuestra consideración en el que aduce que se incurrió

en los siguientes errores:

        ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL NO
        DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN, YA QUE EN LA
        PETICIÓN PRESENTADA EL RECURRIDO NO ALEGA HECHOS
        DEMOSTRATIVOS DE QUE SU ESTADO DE NECESIDAD ES
        SECUELA DE LA RUPTURA CONYUGAL; ES DECIR, QUE NACE
        DE ESE EVENTO Y VA DIRIGIDA A CONJUGAR LAS
        NECESIDADES ALIMENTARIAS DERIVADAS DEL DIVORCIO
        COMO LO REQUIERE EL ESTADO DE DERECHO DEL ART. 466
        DEL CÓDIGO CIVIL DE 2020 Y NUESTRO DERECHO
        PROCESAL.

        ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL NO
        CONSIDERAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA
        POR LA PARTE PETICIONARIA COMO UNA SOLICITUD DE
        SENTENCIA SUMARIA A TENOR CON LA REGLA 10.2(5) DE
        PROCEDIMIENTO CIVIL, Y SUJETO A TODOS LOS TRÁMITES
        ULTERIORES   PROVISTOS   EN   LA   REGLA   36   DE
        PROCEDIMIENTO CIVIL.

        ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL NO
        INCORPORAR EN LA RESOLUCIÓN COMO DETERMINACIONES
        DE HECHOS NO CONTROVERTIBLES, HECHOS CORROBORADOS
        CON LA PRUEBA SOMETIDA Y LOS CUALES NO FUERON
        CONTROVERTIDOS POR LA PARTE RECURRIDA.

        Con    la   petición   de    Certiorari   la   Sra.    Cruz

presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción en la

18   Id., pág. 10.
19   Id., págs. 71-77.
20   Id., pág. 78.
KLCE202300106                                                           5

que solicitó que paralizáramos lo trámites ante el foro

sentenciador       hasta    que     adjudiquemos      el    recurso      de

epígrafe.

        En   cumplimiento     con    una    orden     previa,     el    Sr.

Cordero se opuso tanto a la solicitud de auxilio de

jurisdicción como a la expedición del auto.

        Examinados los escritos presentados por las partes

y los documentos que obran en el expediente estamos en

posición de resolver.

                                  -II-

                                    A.

        Como    cuestión    de      umbral,     la    Regla      52.1    de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional         de     las       resoluciones         u      órdenes

interlocutorias       emitidas      por    el   Tribunal    de    Primera

Instancia en los siguientes términos:

        El recurso de certiorari para revisar resoluciones
        u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
        de Primera Instancia, solamente será expedido por
        el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
        una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
        este apéndice o de la denegatoria de una moción de
        carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
        a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
        Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
        sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
        peritos    esenciales,     asuntos    relativos  a
        privilegios     evidenciarios,     anotaciones  de
        rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
        casos que revistan interés público o en cualquier
        otra situación en la cual esperar a la apelación
        constituiría    un  fracaso   irremediable   de la
        justicia.[…].21

                                    1.

       Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio         determinar       si      procede        revisar      la

determinación interlocutoria recurrida.

21   Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300106                                                        6

     A    esos   efectos,   el    auto     de    certiorari    es   el

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior.22 Distinto al

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de

manera    discrecional,     por   tratarse       de   ordinario     de

asuntos      interlocutorios.       Sin         embargo,      nuestra

discreción       debe   ejercerse     de        manera     razonable,

procurando siempre lograr una solución justiciera.23

     Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

     El Tribunal tomará en consideración los siguientes
     criterios al determinar la expedición de un auto
     de certiorari o de una orden de mostrar causa:

     A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
          son contrarios a derecho.

     B.   Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

     C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
          craso y manifiesto en la apreciación de la
          prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

     D.   Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los
          cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
          elaborados.

     E.   Si la etapa del procedimiento en que se
          presenta el caso es la más propicia para su
          consideración.

     F.   Si la expedición del auto o de la orden de
          mostrar causa no causan un fraccionamiento
          indebido del pleito y una dilación indeseable
          en la solución final del litigio.

     G.   Si la expedición del auto o de la orden de
          mostrar    causa evita un  fracaso  de  la
                    24
          justicia.

22 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
23  Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019);
Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón
v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
24 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300106                                                                          7

                                        B.

      Es norma firmemente establecida que los tribunales

apelativos no intervienen con el manejo de los casos

por parte del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que

se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o

que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o

que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.25        Por      tal    razón,       el     ejercicio            de    las

facultades        discrecionales          por      el    foro        de    instancia

merece nuestra deferencia, salvo que incurra en algunas

de las conductas previamente mencionadas. Además, dicho

foro es el que mejor conoce las particularidades del

caso y quien está en mejor posición para tomar las

medidas    necesarias          que    permitan      cimentar          el       curso       a

trazar     para    llegar        eventualmente           a    una     disposición

final.26

                                      -III-

      Aunque por tratarse de un caso de reclamaciones de

familia podríamos, por excepción, revisar la resolución

recurrida,      hemos        decidido     no      hacerlo.      De        la   lectura

atenta     de     los        documentos      que        obran    en        autos       se

desprende       que      no      se     configura            ninguna           de    las

situaciones        que       contempla       la    Regla        40    de       nuestro

Reglamento que justificaría nuestra intervención.27

      Tampoco observamos indicio alguno de craso abuso

de   discreción         en    las    medidas      sobre      manejo        del      caso

25 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase,
además, Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).
26  Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307
(2012).
27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300106                                                                 8

tomadas   por       el     foro       sentenciador,           supuesto      que

justificaría expedir el auto.28

                                     -IV-

     Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del auto solicitado.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

     El      juez        Rodríguez          Flores         disiente,        muy

respetuosamente,         de    la     mayoría,       con      la   siguiente

expresión.

     La   demanda   de   alimentos   entre   excónyuges
     presentada por el Sr. Roland Cordero Peña,
     aproximadamente ocho (8) meses después de su
     divorcio, carece en alegar y detallar que la
     necesidad de alimentos surge como consecuencia
     directa del divorcio. Por lo anterior, entiendo
     que el Sr. Cordero Peña no cumplió con la Regla
     6.1 de las de Procedimiento Civil del 2009 y
     tampoco con lo resuelto en Morales v. Jaime, 166
     DPR 282 (2005). Soy de la opinión, que la
     liberalidad y favorabilidad con la que se debe
     atender una solicitud de desestimación bajo la
     Regla 10.2, en beneficio de un demandante, no
     pueden ser utilizadas para omitir o subsanar la
     falta de hechos suficientes para una reclamación
     válida. A la luz de los escritos que obran en el
     expediente apelativo, concluyo que el Sr. Cordero
     Peña no tiene derecho al remedio provisto por el
     Artículo 466 del Código Civil del 2020.

     Por otra parte, entiendo que los hechos que nos
     ocupan podrían ser propios para una solicitud de
     alimentos   entre  parientes  y  no   una  entre
     excónyuges.

     Por lo anterior, expediría y revocaría la
     Resolución del 13 de diciembre de 2022, para
     desestimar conforme a la Regla 10.2 (5) de
     las de Procedimiento Civil del 2009.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones

28 Lluch v. España       Service    Sta.,   supra;   Rivera   Durán   v.   Banco
Popular, supra.