Court Opinion

ID: 9952310
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:39:51.285766+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:39.566853
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                             TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL VII

           JOSÉ A. SÁNCHEZ ROA                               Revisión
                                                             administrativa
                 RECURRENTE                                  procedente del
                                                             Departamento de
                         v.                                  Corrección y
                                                             Rehabilitación
            DEPARTAMENTO DE               KLRA202400026
              CORRECCIÓN Y                                   Caso Núm.
             REHABILITACIÓN                                  ICG-1918-2023

                  RECURRIDA                           Sobre:
                                                      SUSPENSIÓN DE
                                                      VISITA
        Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
        Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

        Grana Martínez, Jueza Ponente

                                        SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

               La parte recurrente, José A. Sánchez Roa, comparece ante nos

        mediante un recurso de revisión administrativa. En el mismo,

        solicita la revocación de una determinación administrativa emitida

        por del Departamento de Corrección y Rehabilitación el 29 de

        diciembre de 2023, notificada el 4 de enero de 2024. Mediante el

        referido dictamen, el organismo recurrido le indicó al señor Sánchez

        Roa que no tenía jurisdicción sobre las medidas que se imparten

        como sanciones disciplinarias colectivas.

               Los antecedentes que permiten entender el curso de acción

        que hoy tomamos se incluyen a continuación.

                                              I.

               El señor Sánchez Roa es miembro de la población correccional

        bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación

        (Departamento).       Actualmente      se    encuentra     recluido   en    la

        Institución Correccional Guerrero de Agudilla, en el Módulo 8-B-II.

               Surge del expediente que, el 13 de noviembre de 2023, se

        realizó un registro en el referido módulo, mediante el cual se

        incautaron       varios   artículos   de    contrabando.    Ante   ello,   los

Número Identificador

SEN2024_____________
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Superintendentes          de     la    referida   institución,   Claudio   Cortés

Meléndez y Marguerite García Mestre, aplicaron la Regla 9 del

Reglamento para Establecer el Procedimiento Disciplinario de la

Población Correccional, Reglamento Núm. 9221 de 8 de octubre de

2020, y les suspendieron los privilegios siguientes a los confinados

del mencionado módulo por un periodo de diez (10) días:

       1. Paquetes;

       2. Comisaría;

       3. Participación de actividades especiales;

       4. Recreación;

       5. Correspondencia, exceptuando la legal;

       6. Visitas, a excepción de su                         abogado       o
          representante de la agencia), y

       7. Cualquier otro privilegio que se le conceda en la
          institución.1

       En desacuerdo, el 4 de diciembre de 2023, el recurrente

presentó una solicitud de remedio administrativo, la cual fue

recibida por el Oficial Examinador el 29 del mismo mes y año. En la

misma, planteó que el Departamento no tenía facultad para cancelar

el privilegio de visitas como sanción disciplinaria colectiva.

       Así    las       cosas,    el    20   de    diciembre     de   2023,    los

Superintendentes les informaron a los confinados del Módulo 8-B-II

que, según solicitado, el Oficial Examinador, como medida de

seguridad, había extendido la suspensión de privilegios por un

periodo adicional de veinte (20) días.

       El 29 de diciembre de 2023, la División de Remedios

Administrativos respondió a la solicitud del señor Sánchez Roa.

Aseveró que no tenía jurisdicción sobre sanciones disciplinarias

colectivas que se imparten al amparo de la Regla 9 del Reglamento

Núm. 9921, supra.

1Anejo I del recurso.
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       Inconforme, el 11 de enero de 2024, el recurrente suscribió

este recurso.2 Esencialmente, nos solicita que ordenemos al

organismo recurrido a abstenerse de imponer la cancelación de

visitas   como      medida     disciplinaria       colectiva,   puesto   que,

presuntamente, va en contra de lo dispuesto por el ordenamiento

jurídico vigente.

       Habiendo examinado el expediente que nos ocupa, y con el

beneficio de la posición del Departamento, procedemos a delimitar

el trasfondo normativo aplicable.

                                    II.

A. Deferencia Judicial a las Resoluciones Administrativas

       Las determinaciones de las agencias administrativas están

sujetas a la revisión judicial del Tribunal de Apelaciones. La Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

autoriza expresamente la revisión de las decisiones, órdenes y

resoluciones finales de los organismos administrativos. La revisión

judicial tiene el objetivo de asegurar que las agencias actúen

conforme a las facultades concedidas por ley. Los tribunales

revisores debemos conceder deferencia a las decisiones de las

agencias, debido a su experiencia y conocimiento especializado

sobre los asuntos ante su consideración. Los dictámenes de las

agencias gozan de una presunción de legalidad y corrección que

subsiste, mientras no se produzca suficiente prueba para derrotarla.

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022); AAA v. UIA, 200

DPR 903, 910 (2018).

       La parte que impugna judicialmente las determinaciones de

hechos de una agencia tiene el peso de demostrar que no están

basadas en el expediente o que las conclusiones del foro

administrativo son irrazonables. La razonabilidad es el criterio

2 Finalmente, presentado el 18 de enero de 2024.
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rector al momento de pasar juicio sobre la decisión de una agencia.

La revisión judicial está limitada a evaluar si la agencia actuó

arbitraria, ilegalmente, de forma irrazonable o abusó de discreción.

OEG v. Martínez Giraud, supra, a la pág. 89; González Segarra et al

v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716,

728 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004).

      La evidencia sustancial en la que debe estar basada la

determinación        administrativa,      ha      sido        definida

jurisprudencialmente como aquella que es relevante y que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión. Sin embargo, esta aceptación no podrá estar sostenida

por un ligero destello de evidencia o por simples inferencias. Las

determinaciones de derecho de las agencias son revisables en todos

sus aspectos. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.

      La revisión se ciñe a determinar si: (1) el remedio concedido

por la agencia fue el apropiado, (2) las determinaciones de hecho de

la agencia están basadas en evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo y (3) las conclusiones de derecho fueron

correctas. Respeto a la resolución administrativa se sostiene hasta

que no se presente evidencia suficiente para derrotar la presunción

de legalidad. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.

      La deferencia a la interpretación que las agencias hacen sobre

las leyes que le corresponde poner en vigor, cede cuando: 1) erró al

aplicar la ley, 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente o 3)

lesionó   derechos    constitutivos    fundamentales.    El   criterio

administrativo no prevalece, cuando la interpretación estatutaria

que realiza la agencia provoca un resultado incompatible o contrario

al propósito para el cual se aprobó la legislación y con la política

pública promovida. OEG v. Martínez Giraud, supra. a la pág. 91.

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010);
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Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35-36 (2018); Otero v.

Toyota, supra.

B. Solicitudes de remedios Administrativos Radicadas por la
   Población Correccional

        La División de Remedios Administrativos (División) fue creada

para que toda persona recluida en una institución correccional

disponga de un organismo administrativo, en primera instancia,

ante el cual pueda presentar una solicitud de remedio, con el fin de

minimizar las diferencias entre los miembros de la población

correccional y el personal, y para evitar o reducir la radicación de

pleitos en los tribunales de justicia. Introducción del Reglamento

para    Atender   las   Solicitudes   de     Remedios    Administrativos

Radicadas por la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 del

4 de mayo de 2015. Así, pues, la referida división podrá atender toda

solicitud presentada por una persona sumariada relacionada a

cualquier incidente que afecte su plan institucional directa o

indirectamente. Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230,

243 (2017).

        El Reglamento Núm. 8583, supra, define la solicitud de

remedio como un recurso que presenta un miembro de la población

correccional relacionado a su confinamiento, y que afecte su calidad

de vida y seguridad. Regla IV (24). Habida cuenta de ello, la División

tiene   jurisdicción    para   atender     cualquier   acto   que   afecte

personalmente al confinado en su bienestar físico, mental, en su

seguridad mental o plan institucional. Íd., Regla VI (a).

C. Reglamento Disciplinario para la Población Correccional

        Sabido es que las prisiones son lugares de cautiverio

involuntario de personas que no han sido capaces de ajustarse a las

normas de convivencia pacífica y ordenada. Por ello, y para asegurar

la protección de las personas que trabajan en las instituciones

carcelarias, es necesario que se tomen rigurosas medidas de
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seguridad. Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828, 836 (1986). En

virtud de lo anterior, se aprobó el Reglamento para Establecer el

Procedimiento    Disciplinario   de    la   Población    Correccional,

Reglamento Núm. 9221 de 8 de octubre de 2020, con el propósito

de mantener un ambiente de seguridad y orden en las instituciones

penales. El Reglamento establece un mecanismo flexible y eficaz

para imponer medidas disciplinarias a los confinados que incurran

en violaciones a las normas y procedimientos establecidos en la

institución.

      En lo pertinente al caso de marras, la Regla 16 del referido

cuerpo normativo incluye una lista de los actos prohibidos de Nivel

II de severidad, en la cual se incluye el contrabando. El mismo, se

define como:

      [l]a posesión de artículos o materiales considerados no
      peligroso, que no sean suministrados o autorizados por
      el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
      También se considera contrabando aquellos artículos
      en exceso de los permitidos en el área de vivienda, tales
      como los artículos de consumo, o cualquier otro
      establecido por el Departamento de Corrección y
      Rehabilitación, excluyendo aquellos tipificados como
      contrabando peligroso.

      Reglamento Núm. 9921, supra.

      El confinado que comete un acto prohibido puede ser

sancionado con la privación de sus privilegios, que incluyen la

participación en actividades especiales, recreación activa, compra

en la comisaría, visitas y cualquier otro remedio que se conceda en

la institución. Íd., Regla 17 (5). Los referidos privilegios pueden ser

suspendidos sin la celebración de una vista administrativa en

circunstancias que pongan en riesgo la seguridad institucional. Sin

embargo, la suspensión no podrá exceder de un periodo de diez días.

Regla 9 (2) del Reglamento Núm. 9921, supra.

      Ahora bien, queda prohibido que se suspenda el privilegio de

visitas a un grupo, unidad de vivienda, edificio o institución como

medida disciplinaria. Se podrá suspender dicho privilegio si
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responde estrictamente a una medida de seguridad. Regla 9 (2) del

Reglamento Núm. 9921, supra. Una de las circunstancias que el

Reglamento considera necesario aplicar una medida de seguridad es

ante el hallazgo de contrabando peligroso o cualquier material

prohibido por ley o reglamento. Íd., Regla 9(3)(d).

                                   III.

      El recurrente plantea que el Departamento no podía imponer

la cancelación de visitas como medida disciplinaria colectiva. Luego

de haber repasado el derecho aplicable a la controversia de autos,

resolvemos que no le asiste la razón al señor Sánchez Roa.

      Según reseñamos, a pesar de que el Reglamento 9221, supra,

establece que en ninguna circunstancia se cancelará el privilegio de

visitas a un grupo como medida disciplinaria, el mismo se podrá

suspender si responde a una medida de seguridad. El Reglamento

específicamente dispone que se justifica imponer la referida medida

de seguridad cuando se encuentre contrabando peligroso o

cualquier material prohibido.

      En el presente caso, se le canceló el privilegio de visitas al

recurrente, y a otros confinados los cuales se encontraban recluidos

en el Módulo 8-B-II, luego de que se incautaran una serie de

artículos de contrabando. En virtud de lo anterior, el Departamento

estaba legitimado para imponer la cancelación de visitas como

medida de seguridad.

      Por otra parte, entendemos que es correcta en derecho la

determinación del organismo recurrido de no acoger el reclamo que

nos ocupa, al amparo de que no tenía jurisdicción para considerar

cuestiones colectivas. El Reglamento Núm. 8583, supra, establece

que la División de Remedios Administrativos únicamente tendrá

jurisdicción   para    atender     cualquier       cuestión   que    afecte

personalmente    al   confinado.     Por   ello,    coincidimos     con   el

Departamento en cuanto a que la mencionada división no está
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facultada para acoger asuntos que afecten a un grupo de

sumariados.

                                 IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

resolución recurrida.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones