Court Opinion

ID: 9952365
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:45:23.662259+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:01.632489
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VII

                                                 CERTIORARI
  EL PUEBLO DE                                   Procedente del
  PUERTO RICO                                    Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala de
  Peticionario               KLCE2O23O 1281 Aguadilla

  y.                                             Caso núm.:
                                                 A M12023-0091
                                                 A BD2023G0075
  JUAN CARLOS VIDAL                              A LA2023G0 106
  ROSA                                          1(502)
  Recurrido                                      Sobre: Habeas Corpus

 Panel integrado por su presidenta la juez Dominguez Irizarry, la juez
 Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio.

 Pérez Ocasio, Juez Ponente

                              SENTENCIA
 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos la Oficina del Procurador General de I

 Puerto Rico, en adelante, el Procurador o peticionaria, solicitando I

 que revoquemos una «Sentencia» del Tribunal de Primera Instancia, I

¡ Sala de Aguadilla, en adelante, TPI -Aguadilla, emitida y notificada el
 14 de octubre de 2023.

       En la «Sentencia» ante nuestra consideración, el TPI-Aguadilla

 ordenó la excarcelación de Juan Carlos Vidal Rosa, en adelante,
Vidal Rosa o recurrido, acorde con la «Certificación para Habeas

 Gorpus» emitida por la Oficina de Récord Criminal del Departamento

de Corrección y Rehabilitación, en adelante, Oficina de Récord

Criminal del DCR.
       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el recurso de autos y revocamos la «Sentencia» recurrida.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202301281                                                             2

                                         :i.

            El 24 de marzo de 2023 se radicaron tres denuncias en contra
de Vidal Rosa, al amparo de los Artículos 189 (Robo) y 245 (Empleo

de Violencia o Intimidación Contra la Autoridad Pública) del Código

Penal de Puerto Rico de 2012, en adelante, Código Penal, Ley Núm.
146 de 30 de julio de 2012, 33 LPRA secs. 5259 y 5335.' Además,

se     le     imputó   una violación al Artículo 6.05 (Portación,
Transportación o Uso de Arma de Fuego sin Licencia) de la Ley de

Armas de Puerto Rico de 2020, en adelante, Ley de Armas, Ley Núm.

168 de 11 de diciembre de 2019, 25 LPRA sec. 466d.2

            Las denuncias le imputan a Vidal Rosa la apropiación de

objetos pertenecientes a una ciudadana, mediando el uso de un

arma de fuego, sin tener licencia para ello. Además, las denuncias
alegan que Vidal Rosa, mediando violencia e intimidación contra un

agente de la policía, intentó evitar ser puesto bajo arresto.

         El imputado ingresó a la cárcel ese mismo día, 24 de marzo

de 2023, cuando el TPI-Aguadilla encontró causa probable para su
arresto, en ausencia. Sin embargo, el Foro Primario solo encontró

causa para los delitos de Robo y Portación, Transportación o Uso de
Armas de Fuego sin Licencia. En consecuencia, se le impuso al

imputado una fianza global de cincuenta mil dólares ($50,000), la

cual no prestó

         La Vista Preliminar del caso contra Vidal Rosa fue señalada

para el 3 de mayo de 2023. Sin embargo, llegado el día para la vista,

la representación legal del imputado de delito indicó que Vidal Rosa

era paciente de salud mental, y no estaba cooperando con ella.
Además, señaló que, como prueba de esto, se encontraba el padre
del denunciado,         quien   podría         testificar sobre los pasados

1   Apéndice del recurso, págs. 28-31.
2   Id. pág. 32.
    Id. pág. 34.
KLCE202301281                                                       3

tratamientos de salud mental que este ha recibido. Sin embargo,
este último no tuvo que testificar, ya que el Ministerio Público no se

opuso a un referido de procesabiliclad, al amparo de la Regla 240 de

las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963. Ley Número 87 de 26

de junio de 1963, 34 LPRA Ap. II, R. 240.

      El 12 de junio de 2023 se celebró la vista de procesabilidad,

en la cual el perito del Estado declaró que el imputado de delito del

caso de marras se encontraba procesable.4 Esta recomendación fue
acogida por el TPI -Aguadilla. Luego de encontrar causa probable

para acusar, el 23 de junio de 2023, el Ministerio Público presentó

sus acusaciones en contra de Vidal Rosa.5
      Luego de la lectura de acusación el 27 de junio de 2023, se

señaló la fecha del 5 de septiembre de 2023, para el juicio. Llegada

la precitada fecha, la representación legal de Vidal Rosa indicó

nuevamente que no ha podido comunicarse efectivamente con su
cliente, y entendía que este ameritaba otra evaluación de
procesabilidad.

      Además de solicitar por segunda vez una evaluación de
procesabilidad, durante la vista, Vidal Rosa argumentó que luego

del 24 de septiembre de 2023, el término constitucional de 180 días
para detención preventiva habrá terminado. Indicó que, por lo tanto,

luego de esa fecha, deberá ser excarcelado bajo un recurso de

habeas corpus.

      En respuesta, el Foro Primario le indicó que de esos 180 días

se descontaría el tiempo de la primera y segunda solicitud de

procesabilidad. Refiriéndose a Vidal Rosa, el TPI-Aguadilla dijo

"[u]sted no está en habeas corpus porque usted estuvo en una Regla
240".6 Continuó diciéndole que "[c]uando usted estuvo en una Regla

 Apéndice del recurso, pág. 36.
 Id. págs. 37-40.
 Regrabación de la vista del 5 de septiembre de 2023, mm. 13:44.
    KLCE202301281                                                        4

    240 todo ese término no se computa para el habeas corpus y el

    que va a estar ahora, tampoco".

         Ahora bien, la segunda vista de procesabilidad se celebró el 2

    de octubre de 2023, en la cual el perito del Estado declaró,

    nuevamente, que Vidal Rosa se encontraba procesable.7 El TPI         -

Aguadilla acogió la recomendación, y ordenó la continuación de los

procesos el 3 de octubre de 2023, para la Conferencia con Antelación

al Juicio.

         Llegado el día señalado para la mencionada conferencia, Vidal

Rosa presentó una «Petición de hábeas corpus», indicando que

permanecía encarcelado, ininterrumpidamente, desde el 24 de

    marzo de 2023.8 DemandO, así, su excarcelación. Al día siguiente,

durante la celebración de la vista, se adjudicó la petición del

acusado.9 En la misma, Vidal Rosa indicó que, aunque se habían

dado dos procedimientos bajo la Regla 240 de Procedimiento

Criminal, supra, en ambas había resultado procesable, por lo que el

término de detención preventiva nunca se interrumpió.

         En aquel momento, el fiscal no tuvo reparo a la solicitud de

habeas corpus, y aunque aclarO no tener el expediente consigo,

admitió tener conocimiento de la pasada solicitud al amparo de la

Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra.'°

         A diferencia de su postura en la vista del 5 de septiembre de

2023, el Foro Primario asumió la postura de Vidal Rosa,

concluyendo que, por haber resultado procesable en ambos

procedimientos, el término aludido nunca se interrumpió. Por lo

tanto, el TPI -Aguadilla ordenó la excarcelación de Vidal Rosa.

         Sin embargo, el 6 de octubre de 2023, el Ministerio Público
presentó una «Moción Urgente de Reconsideración a Expedición de

'

  Apéndice del recurso, pág. 45.
8 Id. pág. 46.
  Id. pág. 49.
10 Regrabación de la vista del 5 de septiembre de 2023, mm. 4:40-4:44.
 KLCE202301281                                                         5

 Recurso de Habeas Corpus", en la que rectificó su postura con

 relación a la excarcelación de Vidal Rosa.1' En su petitorio, el

 Ministerio Público señaló que el recurso de habeas corpus fue

 presentado prematuramente,        ya que los      procedimientos    de
 procesabilidad interrumpieron el término de detención preventiva.

 De manera específica, indicó que se tenía que excluir del término en

 cuestión las fechas del 3 de mayo de 2023 al 12 de junio de 2023 y

 del 5 de septiembre de 2023 al 2 de octubre de 2023. Durante esos
espacios de tiempo, los procedimientos de la Regla 240 de

Procedimiento Criminal, supra, suspendieron los términos de juicio

rápido.

       El 10 de octubre de 2023, el TPI -Aguadilla le confirió cinco (5)

días a Vidal Rosa para presentar su posición respecto a la moción

del Ministerio Público, quien cumplió con dicho requerimiento el 12

de octubre de 2023, mediante una «Moción Informativa en
Cumplimiento de Orden".'2

       Luego, el 16 de octubre de 2023, el TPI -Aguadilla emitió una

 «Resolución y Orden" en la que denegó la moción del Ministerio
Público.'3 El Foro Primario entendió que el término de detención
preventiva no quedó interrumpido con los procesos bajo la Regla 240

de Procedimiento Criminal, supra, ya que Vidal Rosa había sido

encontrado procesable en ambas.

       Inconforme, el Procurador recurre ante esta Curia haciendo el
siguiente señalamiento de error:

       EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRO AL ORDENAR
      LA EXCARCELACIÓN DEL SEÑOR VIDAL ROSA, MEDIANTE
      LA CONCESIÓN DE UN AUTO DE HABEAS CORPUS, SIN
      TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE, ES INCORRECTO EN
      DERECHO, NO EXCLUIR DEL TÉRMINO DE DETENCIÓN
      PREVENTIVA, EL TIEMPO EN EL QUE EL RECURRIDO

11 Apéndice del recurso, pág. 3.
12 Id. pág. 12.
13 Id. pág. 16.
KLCE202301281                                                      6

      ESTUVO EN EVALUACIÓN -AL AMAPARO DE LA REGLA
      240 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, 34 LPRA AP. II. ES
      DECIR,    DESDE    LA    DETERMINACIÓN       DE   "BASE
      RAZONABLE"      HASTA      QUE     FUE    ENCONTRADO
      PROCESABLE.

      El 27 de noviembre de 2023 emitimos una "Resolución" en la

que le concedimos diez (10) días a la parte recurrida para expresarse

con relación al recurso de Certiorari que nos ocupa, según dispone
la Regla 37 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII -B, R. 37. El 12

de diciembre de 2023, Vidal Rosa compareció ante nos mediante un

"Escrito en Cumplimiento de Orden".

      Con el beneficio de la comparecencia y exposición de las

posturas de ambas partes, procedemos a resolver.

                                 II.

      A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una
decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros y. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR      (2023);

Torres González y. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847

(2023); Caribbean Orthopedics y. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021). El tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto

de certiorari de manera discrecional. El Certiorari es un recurso

extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior
puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior.

Pueblo y. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).
      Expedir el recurso "no procede cuando existe otro recurso

legal que protege rápida y eficazmente los derechos de la parte

peticionaria". Pueblo y. Díaz de León, supra. Conviene destacar que

la discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión
KLCE2O23O 1281                                                        7
justiciera". Torres González y. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847;

Mun. de Caguas u. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019);

Pueblo y. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). SLG Zapata             -

Rivera y. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). A esos

efectos, se ha considerado que "la discreción se nutre de un juicio

racional apoyado en la razonabilidad y en un sentido llano de

justicia y no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni

limitación alguna". SLG Zapata -Rivera u. J.F. Montalvo, supra.
      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez y. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera Gómez
y otros y. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo y.
Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020). La precitada Regla
dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
     (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
     manifiesto en la apreciación de la prueba por el
     Tribunal de Primera Instancia.

     (D) Si el asunto planteado exige consideración más
     detenida a la luz de los autos originales, los cuales
     deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

     (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
     presenta    el caso es     la más propicia para su
     consideración.
     (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
     causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
     y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
KLCE2O23O 1281

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII -

      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García y. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005). Por

lo que, de los factores esbozados "Se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así
como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio".
Torres Martínez   y.   Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.    (Énfasis
omitido).
      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor "no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un

perjuicio sustancial". Rivera y otros y. Bco. Popular, 152 DPR 140,

155 (2000). Zomiak Air Servs. y. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170,

181 (1992), citando a Liuch u. España Service Sta., 117 DPR 729,

745 (1986). (Énfasis suplido).

      B. Habeas Corpus

      El auto de hábeas corpus es un recurso extraordinario de

naturaleza civil, mediante el cual una persona detenida ilegalmente,

solicita de la autoridad judicial competente su libertad. Pueblo y.

Díaz, Rivera, 204 DPR 472, 485 (2020); Quiles u. Del Valle, 167 DPR

458, 466 (2006); Ramos Rosa y. Maldonado Vázquez, 123 DPR 885,
KLCE202301281                                                         9
889 (1989). Este recurso es uno de carácter constitucional, pues

está reconocido y establecido en nuestra Carta Magna. Art. II, Sec.

13, LPRA, Tomo 1, ed. 2008.

      Por ser un remedio extraordinario, su uso debe estar limitado

a situaciones excepcionales donde se hayan agotado todos los

remedios ordinarios disponibles antes de recurrir a este recurso.

Pueblo y. DíazAlicea, supra, pág. 485; Quiles u. Del Valle, supra, pág.

467; Ortiz u. Alcaide Penitencia Estatal, 131 DPR 849, 861 (1992).

      Particularmente, el Art. 469 del Código de Enjuiciamiento
Criminal dispone lo siguiente con respecto a quién puede solicitar el
auxilio de un hábeas corpus:

      a) Cualquier persona que sea encarcelada o ilegalmente
      privada    de su libertad puede solicitar un auto
      de habeas corpus a fin de que se investigue la causa de dicha
      privación.
      b) Ningún juez vendrá obligado a considerar una solicitud
      de hábeas corpus para investigar la validez de la detención
      de una persona recluida en virtud de una sentencia dictada
      por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia, si
      aparece que la legalidad de dicha detención ha sido ya
     determinada por cualquier juez del Tribunal de Primera
     Instancia    con      motivo     de     una      solicitud
     de habeas corpus anterior, y la nueva solicitud no aduce
     ningún fundamento que no haya sido presentado y
     adjudicado anteriormente, y el juez o tribunal está
     convencido de que la expedición del auto no servirá los fines
     de la justicia.
     c) Ningún juez considerará una solicitud de habeas corpus
     presentada por un confinado recluido en virtud de sentencia
     final que no haya agotado el remedio provisto en la Regla
      192.1 de Procedimiento Criminal, Ap. II de este título.
     Cuando habiéndolo solicitado le hubiese sido denegado, el
     tribunal no considerará una solicitud de habeas corpus a
     menos que aparezca que el remedio provisto por dicha regla
     era inadecuado o inefectivo para impugnar la validez de la
     detención.

     Una persona no tiene derecho a solicitar hábeas corpus

a menos que esté sufriendo, como cuestión de hecho, una
KLCE2O23O 1281                                                        10

restricción ilegal de su libertad. Tiene que existir una custodia o

detención ilegal y una persona que tenga detenido ilegalmente a
aquél en cuyo favor se solicita el auto. Díaz y. Campos, 81 DPR 1009,

1015 (1960).

      En lo concerniente al caso de marras, se nos presenta un

particular escenario en el que una persona detenida por el estado

puede presentar un recurso de habeas corpus, alegando detención

ilegal por violación al término de detención preventiva. En nuestra

constitución se estableció que:
      En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del
      derecho a un juicio rápido y público [...] La detención
      preventiva antes del juicio no excederá de seis meses.

      Constitución de Puerto Rico. Art. II, Sec. 11 de la
      Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA.
      Luego de su arresto, una persona no puede permanecer

detenida preventivamente    -
                                antes de su juicio   -
                                                         indiscriminada e

ininterrumpidamente      por    tiempo    indefinido.     Este   derecho,

consagrado en nuestra ley fundamental, responde a la necesidad de

proteger a los ciudadanos de un ejercicio abusivo y arbitrario de

restricción a la libertad, por parte del Estado. Pueblo y. Dia2 Alicea,
supra, pág. 492; Sánchez y. González, 78 DPR 849, 854 (1955).

      El mencionado artículo constitucional dispone que una

persona no puede permanecer detenida por más de seis (6) meses,

sin que se haya celebrado el juicio en su contra. Salvá Rivera u. Adm.

Correc. y otro, 206 DPR 841, 844 (2021). Es decir, este término

concierne únicamente al periodo antes del juicio. Pueblo u. Díaz

Alicea, 204 DPR 472 (2020).
      Durante     la   Convención        Constituyente      de   nuestra

Constitución se estuvo discutiendo brevemente el plazo para la
detención preventiva. En estas discusiones, nuestros constituyentes
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expresaron que una de las razones por las que se delimitó un

término a estos efectos, fue para obligar al Ministerio Público a

movilizar   en    su    labor    prosecutorial,    y   no      mantenga

indiscriminadamente a un imputado de delito encarcelado. 3 Diario
de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, en

adelante, Diario de Sesiones de la Convención, pág. 1949 (1952).

      Durante los debates, el Sr. Benítez propuso, entre otras cosas,

enmendar el texto de la constitución para que en lugar de seis (6)

meses, la detención preventiva antes del juicio se limitara a dos (2)
meses. Diario de Sesiones de la Convención, supra, pág. 1946.
      La discusión de la enmienda, inicialmente acogida, redundó

en el hecho de que los fiscales tienen sesenta (60) días para radicar

una acusación. Sin embargo, el Sr. Alvarado hizo la siguiente

observación: "Se ha fijado Su Señoría que el texto no se refiere a la

formulación de la acusación, sino a la celebración del juicio?". Diario
de Sesiones de la Convención, supra, pág. 1947. Posteriormente, se

produce una breve discusión al respecto antes de votar, en la que el

delegado Alvarado explica que el término de seis (6) meses responde

a la legislación que concede sesenta (60) días para la radicación de

una acusación y ciento veinte (120) días para la celebración del
juicio. Diario de Sesiones de la Convención, supra, págs. 1948-53.

Esto, para sumar el total de los ciento ochenta (180) días dentro del

periodo de seis (6) meses.

      En sus exposiciones al respecto, el Sr. Alvarado hizo las

siguientes declaraciones en cuanto al término en cuestión, y el

habeas corpus:
      Este término que estamos fijando es tan ytan perentorio que
      si llegan los seis meses y el acusado no ha sido sometido a
     juicio, la corte tiene que ponerlo en la calle por un hábeas
      corpus inmediatamente que hayan pasado los seis meses.

      Diario de Sesiones de la Convención, supra, pág. 1948.
KLCE202301281                                                         12

      La progenie jurisprudencial sobre la solicitud de un habeas

corpus, al amparo de la violación a los términos de juicio rápido, ha

protegido con recelo los seis (6) meses de detención preventiva. Este

Tribunal reconoce la severidad con la que nuestro estado de derecho

evalúa el transcurso del término de detención preventiva sin la

celebración de juicio. No obstante, lo cierto es que ningún derecho

es tan absoluto que no encuentre excepción en su aplicación.
       Poco luego de establecida nuestra Constitución, nuestro Alto

Foro ya había comenzado a delimitar los contornos del derecho a

solicitar un habeas corpus. En el caso de Sánchez y. González,
supra, nuestro Tribunal Supremo reconoce que las situaciones o

actuaciones que impidan al Ministerio Público ejercer su función,

condicionan el ejercicio de este derecho. A esos efectos, así rezan las

expresiones del Alto Foro:

      El derecho que dimana de ese precepto, sin embargo, no es
      absoluto. Como es un derecho que madura normalmente por
      el mero lapso del tiempo, ni la ilegalidad ni el fraude de un
      acusado --en actos tendentes a producir la incapacidad del
      Estado para someterle a juicio --ampararían su ejercicio
      incondicional. Ese derecho, que no puede ser objeto de
      renuncia, tampoco puede ser objeto de rapto, y de mediar
      circunstancias del carácter de las apuntadas, el acusado no
      podría reclamarlo hasta que el Estado, pudiendo descargar
      prontamente su responsabilidad trayéndole a juicio, dejare
      de hacerlo.

      Sánchez y. González, supra, pág. 858.

      Con relación a la condicionalidad del derecho a solicitar un

recurso de habeas corpus, es relevante a la controversia ante nos el
caso de Ruiz u. Alcaide, 155 DPR 492 (2001), el cual atiende por
primera vez el cuestionamiento de la procesabilidad, frente a los

términos de detención preventiva y habeas corpus.
      En el precitado caso, Nuestro Alto Foro determinó que un

acusado sumariado, cuyo juicio aún no se ha visto por un

cuestionamiento de procesabilidad, no se encuentra detenido
KLCE2O23O 1281                                                      13

preventivamente para los efectos de la disposición constitucional en

cuestión. Ruiz y. Alcaide, supra, págs. 505-506. Es decir, en este

caso, el Tribunal Supremo denegó la excarcelación del imputado,
por entender que los procedimientos bajo la Regla 240 de

Procedimiento    Criminal,    supra,   le   niegan   la   protección

constitucional sobre los términos máximos de detención preventiva.
Ruiz u. Alcaide, supra, pág. 506.

       C. Regla 240 de Procedimiento Criminal

       Como es sabido, una persona acusada de cometer un delito

no podrá enfrentar juicio salvo que sea procesable. Pueblo y. Rivera
Montalvo, supra, pág. 364.      La procesabilidad se refiere a la

capacidad con la que un imputado de delito puede entender la

naturaleza y el proceso criminal al que se enfrenta. Pueblo y. Rivera

Montalvo, supra, pág. 364; Pueblo y. Pagan Medina II, 178 DPR 228,
237 (2010); E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, lera ed., Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol.

III, pág. 348.

      Cuando hablamos del estado mental de un imputado en el

contexto jurídico penal, hay dos circunstancias en las que se puede

levantar la defensa de incapacidad mental: en el momento de

cometer los hechos (inimputabilidad) y al momento de ser procesado

criminalmente (procesabilidad). Ruiz y. Alcaide, supra, pág. 499.

      El reconocimiento del impacto que el estado mental de un

individuo tiene sobre su responsabilidad criminal, se remonta al

derecho romano, quien apadrino los primeros conceptos de
incapacidad mental para el derecho germánico, canónico y español.

D. Nevares -Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, en adelante,

Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma cd. Rev., San Juan, Instituto

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 283. En sus estados

más primitivos, el desarrollo jurídico de esta materia reconoció los
KLCE202301281                                                    14

estados de excitación, depresión y la discapacidad intelectual.

Derecho Penal Puertorriqueño, supra, pág. 283. La Profa. Dora

Nevárez nos explica que "[ejn la época contemporánea se considera

la enfermedad mental como un proceso cerebral que transforma el

funcionamiento de la psiquis en términos que afectan la conducta

normal del sujeto". Derecho Penal Puertorriqueño, supra, pág. 284.

        Aunque nuestro sistema de justicia criminal presume la

sanidad mental de un imputado de delito, lo cierto es que la misma

puede ser rebatida. De entre las muchas complicaciones que se

pueden producir cuando la capacidad mental de un imputado está

siendo cuestionada, una relevante al caso de epígrafe es la posición

y el rol evaluador que debe asumir el juzgador.

        No es necesario probar que el imputado se encuentra

totalmente incapacitado para que prospere la alegación de
incapacidad mental, sino que la misma es substancial, y en el caso

de autos, suficiente para que el imputado no pueda entender los

procedimientos o cooperar efectivamente con su defensa. También,

presenta un reto para el Tribunal la evaluación de una situación,

cuyos    profesionales   en el campo    -
                                            entiéndase psicólogos,

psiquiatras, terapeutas, etc.   -
                                    difieren grandemente en sus

posturas. Bien lo explicó nuestro Alto Foro cuando expresó que "fell

problema para los tribunales se comp lica porque todavía no

[tienenJ suficiente información sobre la mente humana para

poder predecir la peligrosidad de una persona y hay posiciones

conflictivas sobre la percepción del problema entre los

psiquiatras." Pueblo u. Marcano Pérez, 116 DPR 917, 926 (1986).

El estado mental de un imputado de delito puede variar, mejorar o

deteriorase, en cualquier etapa de los procedimientos, incluso entre
KLCE202301281                                                                  15

medio de la evaluación al amparo de la Regla 240 de Procedimiento

Criminal, supra, y la vista de procesabilidad.'4

       Ahora bien, ¿por qué tiene un imputado que estar procesable

a la hora de enfrentar los procedimientos en su contra? La respuesta

a esta pregunta comienza con nuestra más importante fuente de

derecho. Procesar criminalmente a un individuo que está, al
momento de los procedimientos penales, incapacitado mentalmente,

constituiría una violación al debido proceso de ley, enmarcado en la

Sección 7, Art. I de la Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. Es decir,

la suspensión de los procesos criminales enfrentados por un

acusado no procesable tiene el fin de salvaguardar el derecho al

debido proceso de ley de este. Ciertamente un imputado, cuya
condición mental le impide comprender la naturaleza y el objeto de
los procedimientos en su contra para consultar con su abogado y

ayudar en su defensa, no puede ser sometido a juicio, pues

constituiría una violación a la cláusula constitucional de debido
proceso de ley. Ruiz y. Alcaide, supra, pág. 501.

       Por su parte, la Regla 239 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap II, R. 239, establece de manera estatutaria que "[n}inguna

persona será juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras

esté mentalmente incapacitada".

       Ahora bien, el mecanismo para hacer valer el reclamo de la no
procesabilidad de un individuo es là Regla 240 de Procedimiento

Criminal, supra. Previo a su actual texto, la mencionada regla, en lo
aquí pertinente, rezaba de la siguiente manera:

       (a)      Vista;      peritos. En cualquier momento después de
       presentada la acusación o denuncia y antes de dictarse la
       sentencia, si el tribunal tuviere base razonable para creer
       que      el     acusado     está mentalmente incapacitado,
       inmediatamente          suspenderá los procedimientos y

14   American        Psychiatric   Association,   What   is   Mental   Illness?,
https: / ¡www.psychiatry.org / patients -families/what-is -mental -illness
[última visita: 30 de enero de 2024].
KLCE2O23O 1281                                                        16
     señalará una vista para determinar el estado mental del
     acusado. Deberá el tribunal designar uno o varios peritos
     para que examinen al acusado y declaren sobre su estado
     mental. Se practicará en la vista cualquier otra prueba
     pertinente que ofrezcan las partes.

     (b) Efectos de la determinación. Si como resultado de la
     prueba el tribunal determinare que el acusado está
     mentalmente capacitado, continuará el proceso. Si el
     tribunal determinare lo contrario, podrá ordenar la reclusión
     del acusado en una institución adecuada. Si luego de así
     recluirse al acusado el tribunal tuviere base razonable para
     creer que el estado mental del acusado permite la
     continuación del proceso, citará a una nueva vista que se
     llevará a cabo de acuerdo con lo provisto en el inciso (a) de
     esta regla, y determinará entonces si debe continuar el
     proceso.

     (c) [...]

     (d) Procedimiento en la vista preliminar. Si el magistrado
     ante quien hubiere de celebrarse una vista preliminar tuviere
     base razonable para creer que el acusado está mentalmente
     incapacitado, suspenderá dicha vista y levantará un acta
     breve al efecto, de la cual dará traslado inmediato, con los
     demás documentos en autos, al secretario de la sala del
     Tribunal de Primera Instancia correspondiente, ante la cual
     se celebrará una vista siguiendo lo dispuesto en el inciso (a)
     de esta regla. Si el tribunal determinare que el acusado está
     mentalmente capacitado, devolverá el expediente al
     magistrado o tribunal de origen, con su resolución, y los
     trámites de la vista preliminar continuarán hasta su
     terminación. Si el tribunal determinare lo contrario, actuará
     de conformidad con lo provisto en el inciso (b) de esta regla,
     solo que a los efectos de la vista preliminar.

      [Énfasis suplido].

      Como podemos apreciar de la mencionada regla, y conocimos

en el caso de Ruiz y. Alcaide, supra, el efecto que produce en los
términos     de   detención   preventiva    un    cuestionamiento     de

procesabilidad ha sido atendido de manera clara. La Regla 240 de

Procedimiento Criminal, supra, tiene el efecto de suspender estos
términos. La regla en cuestión utiliza, precisamente, este tipo de
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vocabulario para ilustrar sus efectos. El inciso (d) sobre la etapa de

vista preliminar, la cual nos compete en la controversia aquí vertida,

utiliza palabras derivadas del verbo suspender, el cual significa

"[d]etener o diferir por algún tiempo una acción u obra" y el repetido
uso de las palabras conjugadas del verbo "continuar".'5 Esto nos
obliga a concluir que ha sido la voluntad de nuestro legislador poner

en alto los procedimientos, una vez se cuestione la procesabilidad

de un imputado.

       Luego de que Ruiz y. Alcaide, supra, estableció que quien este

recluido en una institución para recibir tratamiento mental, no está

preventivamente detenido, le tocó a nuestro Alto Foro resolver en

qué momento se comienza a descontar el cómputo de la

procesabilidad, la cual detiene los términos de detención preventiva.

En Pueblo y. Pagan Medina I, 175 DPR 557 (2009), el Tribunal

Supremo de Puerto Rico determinó que este quedará suspendido

cuando el imputado sea trasladado a recibir tratamiento, luego de ser

encontrado no procesable. Es decir, en esta ocasión, el Alto Foro

estableció que la determinación de no procesabilidad no era

suficiente para comenzar a descontar el término en cuestión, sino
que era necesario el traslado de custodia del imputado.

       Sin embargo, en reconsideración del caso Pueblo u. Pagan

Medina I, supra, nuestro Tribunal Supremo rectificó su postura
inicial, estableciendo que los términos de detención preventiva

quedarán pausados una vez el Tribunal determine que hay "base

razonable» para creer que el imputado no se encuentra procesable.

Pueblo u. Pagan Medina 14178 DPR 228, 245 (2010).

       Resaltamos que, en su segundo pronunciamiento al respecto,

el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que en su solicitud de

1REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.a
ed., [versión 23.7 en lIneal. https: / /dle.rae.es/suspender [última visita:
29 de enero de 2024].
KLCE202301281                                                           18
reconsideración, la Procuradora General argumentO que "mientras

se encuentre pendiente el proceso dictado por la Regla 240[,] el

acusado no se 'encuentra pendiente de la celebración del juicio', ya
que el procedimiento penal queda suspendido en su totalidad,

y el Ministerio Público está impedido de procesar al acusado".

Pueblo y. Pagán Medina II, supra, pág. 243. (]nfasis suplido).
      Nuestro Alto Foro le otorgó la razón en cuanto a esto último a

la Procuradora General, y amplía de la siguiente forma:
      En primer lugar, el proceso dictado por la Regla 240 no
      comienza con la vista de procesabiidad ("vista de Regla 240")
      -la cual hace obligatoria la comparecencia de prueba
      pericial-sino con la determinación de "base razonable" por
      parte del juez de instancia. Mientras el imputado, en quien se
      ha encontrado "base razonable" para ordenar la evaluación
      de su condición mental, se encuentre en espera de tal
      evaluación, el Ministerio Público se encuentra, a su vez, legal
      y constitucionalmente vedado -"con las manos atadas"- de
      proseguir con el procesamiento criminal que tiene el deber de
      ejecutar."

      Pueblo y. Pagán Medina II, supra, pág. 243. (]nfasis suplido).

      La   aludida        paralización   responde     a la aparente     no

procesabilidad del imputado.              Por ello,    la Regla 240 de

Procedimiento Criminal, supra, le permite al juez suspender los

procedimientos de forma inmediata. De esta forma, asegura que no

continúen ocurriendo situaciones en el proceso que la persona

imputada pudiera no tener la capacidad de entender, y que tenga

como consecuencia no poder cooperar con su defensa. Una vez el

foro primario,     motu proprio o a solicitud de parte, paraliza los
procedimientos       al      amparo      de   una     "base    razonable",

automáticamente se activa una presunción de no procesabilidad

que podrá ser o no revertida en la vista de procesabilidad. En el

caso en que la "base razonable" sea confirmada, significa que el
imputado se encontraba no procesable desde el momento en el cual
 KLCE2O23O 1281                                                       19

 se paralizaron los procedimientos y,         consecuentemente,      el

Ministerio Público nada podía hacer.

      Mientras el imputado de delito se encuentre no procesable, el

Estado se encuentra restringido constitucionalmente para poder

continuar con los procedimientos en su contra. Pueblo y. Pagán

Medina II, supra, págs. 243-244. Además, la garantía constitucional

de detención preventiva pretende promover la diligencia del

Ministerio Público en su ejercicio fiscalizador, y limitar su autoridad
para custodiar. Pueblo y. Méndez Pérez, 193 DPR 781, 788 (2015).

      Nuestra Alta Curia expresó que "[s}i al amparo de la Regla 240,

supra, se determina finalmente que el acusado no es procesable,
este permanecerá bajo la jurisdicción del tribunal, quien deberá

regirse por lo que dispone la Regla 241 de Procedimiento Criminal,

supra. Pueblo u. Rivera Montalvo, supra, pág. 366. Por otro lado, si

se determina que el imputado está procesable, se levanta la

suspensión de los procedimientos criminales alcanzados previo a la

solicitud al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal,
supra, y se continua con los mismos.

      En una reciente resolución, nuestro Alto Foro tuvo que

determinar si descontaba del tiempo de detención preventiva, el
término que estuvo el imputado bajo la custodia del estado de

Carolina del Norte. Ortiz García y. Inst. Penal Bayamón, 203 DPR

1033, 1034 (2020). Nuestra más Alta Curia resolvió que ese tiempo

no se descontaría, arguyendo que, por estar el imputado fuera de la
jurisdicción de Puerto Rico, el Ministerio Público no tenía control

sobre este. Ortiz García u. Inst. Penal Bayamón, supra, pág. 1034.

      Aunque esta determinación del Alto           Foro no resulta

vinculante, su análisis nos resulta ilustrativo óon relación a la
importancia de suspender los términos de detención preventiva. Si

no se pausan estos términos una vez se determina base

razonable para cuestionar la procesabilidad de un imputado,
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se ultrajan las facultades fiscalizadoras del Ministerio

Público.
      El Profesor Chiesa, en su análisis del caso Pueblo y. Pagán

Medina II, supra, hace unas ilustrativas expresiones sobre la
importancia de la paralización dentro de los procedimientos

criminales, cuando un magistrado determina "base razonable" para

la no procesabilidad:
      Me parece razonable lo resuelto por la mayoría, pues el
      término máximo de detención preventiva, aparte de
      fortalecer la presunción de inocencia, va dirigido al rápido
      enjuiciamiento. Pero si no es posible enjuiciar al imputado
      tras la determinación de la base razonable, y habida cuenta
      del derecho constitucional del imputado a quedar en libertad
      bajo fianza, no es imputable al Ministerio Fiscal que no se
      pueda enjuiciar al imputado dentro de los seis meses a partir
      de su detención.

      Ernesto, L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 80 Rev.
      Jur. UPR 681, 691 (2011).

      Finalmente, con relación a Pueblo y. Pagan Medina II, supra,

nuestro Tribunal Supremo hizo unas expresiones que debemos

destacar, por ser parte medular de la controversia y nuestra

adjudicación. Resuelto el asunto en cuanto al momento en que

comienza a descontarse el término para computar los 180 días de

detención preventiva, nuestro Alto Foro atendió una interrogante
que no le fue planteada, y que ha resultado en una aplicación

confusa del derecho esbozado en el caso:
      ¿Qué ocurre si una vez se determinO "base razonable" para
      paralizar     tos
                    procedimientos, la prueba pericial que se
      presente durante la vista de la Regla 240 -y que tiene que
      celebra rse  como próximo paso para corroborar la
      determinación inicial del juez- demuestra que el imputado sí
      se encuentra procesable? El efecto sería que la aparente
      improcesabilidad del imputado nunca se materializó, que debe
      entenderse que siempre estuvo procesable y el término de
      detención preventiva -que transcurre en contra del Ministerio
      Público y afavor del propio imputado- nunca se interrumpió.
KLCE202301281                                                         21

        Pueblo y. Pagán Medina II, supra, pág. 244.

        Al año siguiente a este caso, nuestra Legislatura aprobó la Ley

Núm. 281- 2011, la cual enmendó, entre otros, la Regla 240 de

Procedimiento Criminal, supra. En su proyecto, la Cámara de

Representantes, propuso, entre otras cosas, delimitar con mayor

especificidad el proceso de la Regla 240 de Procedimiento Criminal,

supra, incluyendo aquel durante la vista preliminar. P. de la C.

3381, 16ta Asamblea, 5ta Sesión Ordinaria, 10 de mayo de 2011.

Por ejemplo, en la primera radicación de este proyecto, se propuso

se exigiera evidencia, además de la mera opinión de la defensa, sobre

la incapacidad del imputado. Además, en el inciso (a) sobre vistas y

perito, y en la (d) sobre vista preliminar, se propuso exigir que el

magistrado detalle por escrito los fundamentos para determinar la

incapacidad mental. También, en estos incisos se le exige a la

representación legal del imputado que notifique con no menos de

tres (3) días de anticipación a la vista, su intención de solicitar la

paralización de los procedimientos al amparo de la regla.

        La Comisión de lo Jurídico y 1tica recogió expresiones

positivas de la Policía de Puerto Rico, en adelante, PPR y el

Departamento de Justicia, en adelante, Dpto. Justicia, con relación

a las enmiendas a la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra.
Informe de la Comisión de lo Jurídico y Etica, en adelante Informe
de la Cámara, l6ta Asamblea, 5ta Sesión Ordinaria, 21 de junio de

2011.

        De la Policía de Puerto Rico, se expuso lo siguiente:

        [H]an presenciado cómo muchas de las personas que
        cometen delitos graves, particularmente asesinatos, optan
        por establecer como una defensa a su favor, que no están
        capacitados mentalmente para enfrentar el proceso criminal.
        Y, toda vez levantada la misma por parte de la defensa del
        imputado, suele comenzar una dilación extrema en la
        ventilación del caso, lo que afecta la adjudicación del
KLCE2O23O 1281                                                        22
      mismo, con el tiempo prolongado que ocurre en lo que
      se determina o no la procesabilidad del imputado.

      Informe de la Cámara, supra, pág. 14. (Énfasis suplido).

      Por su parte, el Dpto. Justicia razonó que el simple

planteamiento de no procesabilidad es insuficiente para justificar

una vista al amparo de la regla en cuestión. Aun así, advirtió que:
      [E]n la práctica la mera alegación de no procesabilidad por
      parte de la representación legal tiene el efecto de suspender
      inmediatamente los procedimientos judiciales en lo que se
      determina en una vista aparte la capacidad mental del
      imputado o acusado. Lo anterior, pretende dilatar, en
      muchas ocasiones innecesaria e irrazonablemente, los
      procedimientos. Además, desalienta la cooperación de los
      testigos del Estado. De conformidad con lo expresado, el
      Departamento respalda la enmienda propuesta en la medida
      que atiende la situación de requerir que la determinación
      inicial de no procesabilidad, la cual da paso a la
      suspensión inmediata de los procedimientos y al
      señalamiento     de   una    vista para     determinar     la
      capacidad mental del imputado o acusado, esté
      fundamentada en factores claros y objetivos. En
      términos más concretos, la medida evaluada requiere a la
      representación legal del imputado o acusado presentar
      alguna prueba sobre la incapacidad mental de su
      representado. Resulta insuficiente su mera opinión o
      preocupación al respecto.

      Informe de la Cámara, supra, pág. 14. (Énfasis suplido).

      Por otro lado, luego de que el proyecto de la Cámara fue

enviado al Senado, la Comisión de lo Jurídico Penal también recogió

expresiones del Dpto. Justicia y la PPR, así también las de la Oficina

de Administración de Tribunales, en adelante, OAT, y la Sociedad

para la Asistencia Legal, en adelante, SAL. Informe de la Comisión

de lo Jurídico Penal, en adelante, Informe del Senado, l6ta

Asamblea, 5ta Sesión Ordinaria, 7 de diciembre de 2011.

      El Dpto. Justicia, nuevamente, se expresa de manera positiva

con respecto a las enmiendas a la Regla 240 de Procedimiento
KLCE202301281                                                         23

Criminal, supra, indicando que "la enmienda aquí evaluada fomenta

el reducir el número de paralizaciones innecesarias de los

procedimientos criminales, lo que redunda en una mejor y más

eficiente administración de la justicia en beneficio del Pueblo, ello

sin vulnerar los derechos del imputado o acusado de delito al debido

proceso de ley". Informe del Senado, supra, pág. 56. La PPR se

expresó nuevamente a favor de las enmiendas en cuestión.

      Por otra parte, la OAT entendió que las nuevas exigencias de

la medida, con relación a la Regla 240 de Procedimiento Criminal,

supra, en la etapa de vista preliminar "implica[n] una innecesaria

multiplicación de esfuerzos". Informe del Senado, supra, pág. 57.

      La SAL tampoco se expresó de manera positiva con relación a

las enmiendas a la regla en cuestión, por entender que estas son

"trabas irrazonables en los referidos para evaluación por razón de

salud mental". Informe del Senado, supra, pág. 58. El informe recoge
lo siguiente, en cuanto a las expresiones de la SAL:

      La medida parece sugerir, según discute SAL, que la Regla
      240 de las de Procedimiento Criminal se utiliza para dilatar
      los procesos. No obstante, dicha premisa inarticulada dista
      de la realidad. Basado en la reciente jurisprudencia del
      Tribunal Supremo, los términos de detención preventiva
      (6 meses) se detienen desde el momento en que el
      abogado presenta la solicitud de referido a evaluación
      de procesabilidad. Por tanto, este procedimiento no
      representa un incentivo para el cliente que se encuentra
      sumariado, ya que no podrá recurrir al recurso de
      habeas corpus, si queda vencido el término de seis (6)
      meses de detención preventiva entretanto se atiende la
      petición. Esto toda vez que se tendrá que excluir del término
      de detención preventiva el lapso de tiempo transcurrido
      desde la solicitud del referido hasta la determinación de
      procesabilidad.

      Informe del Senado, supra, pág. 60. (Énfasis suplido).

      No obstante, a las oposiciones de la OAT y la SAL, el Senado

aprobó el entirillado del Informe de la Cámara con su propuesta para
KLCE20230 1281                                                      24
la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, sin enmiendas a

estas. El 27 de diciembre de 2011, la Ley Núm. 281-2011 se

convirtió en ley, enmendando la Regla 240 de Procedimiento

Criminal, supra, al siguiente texto:
      (a) Vista; peritos. En cualquier momento después de
      presentada la acusación o denuncia y antes de dictarse la
      sentencia, si el tribunal tuviere evidencia, además de la
      opinión del representante legal del imputado o acusado,
      que estableciere mediante preponderancia de la prueba
      que el acusado está mentalmente incapacitado, o que éste
      no es capaz de comprender el proceso y colaborar con
      su defensa como consecuencia de alguna condición que
      afecta   sus   destrezas   de comunicación,      expondrá
      detalladamente por escrito los fundamentos para dicha
      determinación, suspenderá los procedimientos y señalará
      una vista para determinar el estado mental y/o funcional
      del acusado. Una vez se señale esta vista, deberá el
      tribunal designar uno o varios peritos para que examinen al
      acusado y declaren sobre su estado mental y/o funcional.
      Se practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente
      que ofrezcan las partes. En estos casos, la representación
      legal del imputado o acusado deberá presentar al
      tribunal una moción informando la intención de
      solicitar la paralización de los procedimientos por
      razón de la incapacidad mental y/o funcional de su
      representado acompañada de evidencia pericial de tal
      incapacidad, dentro de un término no menor de tres (3)
      días antes de la fecha señalada para la vista de que se
      trate.

      (b) Efectos de la determinación. Si como resultado de la
      prueba el tribunal determinare que el acusado está
      mentalmente y/ofuncionalmente capacitado, continuará el
      proceso. Si el tribunal determinare lo contrario, podrá
      ordenar la reclusión del acusado en una institución
      adecuada. En aquellos casos en que el tribunal hallare
      que el imputado o acusado padece de alguna condición
      que no le permite comprender el proceso y colaborar con
      su defensa podrá ordenar, de entenderlo necesario, que
      éste sea ingresado en un centro de adiestramiento para
      el desarrollo de destrezas de vida independiente. Si
      luego de así recluirse al acusado el tribunal tuviere base
      razonable para creer que el estado mental y/o funcional del
KLCE202301281                                                          25

    acusado permite la continuación del proceso, citará a una
    nueva vista que se llevará a cabo de acuerdo con lo provisto
    en el apartado (a) de esta Regla, y determinará entonces si
    debe continuar el proceso.

    (c) E.. .1

    (d) Procedimiento en la vista preliminar. Si el magistrado
    ante quien hubiere de celebrarse una vista preliminar tuviere
    evidencia, además de la opinión del representante legal
    del          imputado,    que     estableciere       mediante
    preponderancia de la prueba que el imputado está
    mentalmente incapacitado, o que éste no es capaz de
    comprender el proceso y colaborar con su defensa como
    consecuencia de alguna condición que afecta sus
    destrezas de comunicación, expondrá detalladamente
    por escrito los fundamentos para dicha determinación,
    suspenderá dicha vista y levantará un acta breve al efecto,
    de la cual dará traslado inmediato, con los demás
    documentos en autos, al secretario de la sala del Tribunal de
    Primera Instancia correspondiente, ante la cual se celebrará
    una vista siguiendo lo dispuesto en el inciso (a) de esta Regla.
    En estos casos, la representación legal del imputado
    deberá presentar al tribunal una moción informando la
    intención de solicitar la paralización de los
    procedimientos por razón de la incapacidad mental y/o
    funcional de su representado acompañada de evidencia
    pericial de tal incapacidad, dentro de un término no
    menor de tres (3) días antes de la fecha señalada para
    la vista preliminar. Si el tribunal determinare que el
    imputado        estámentalmente y/o funcionalmente
    capacitado, devolverá el expediente al magistrado o tribunal
    de origen, con su resolución, y los trámites de la vista
    preliminar continuarán hasta su terminación. Si el tribunal
    determinare lo contrario, actuará de conformidad con lo
    provisto en el inciso (b) de esta Regla, solo que a los efectos
    de la vista preliminar.

    (Énfasis suplido).
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         D. Obiter Dictum

         La frase «obiter dictum" pertenece al latín, y traducido de

manera literal al español, significa "dicho de paso".'6 Según la Real

Academia Española, en el contexto del Derecho, el obiter dictum se

refiere a un "[ajrgumento empleado en una resolución judicial sin

relevancia para el fallo".17

        El concepto obiter dictum es de aplicación cuando un tribunal

emite expresiones innecesarias en un caso o una controversia que

se encuentra ante su consideración, y acerca de interrogantes

jurídicas que, propiamente, no le han sido planteadas. En el

2001, nuestro Alto Foro hizo unas declaraciones muy ilustrativas

con relación a los pronunciamientos obiter dicta. En lo relevante al

caso de epígrafe, destacamos del mismo lo siguiente:
        [E]l concepto de obiter dictum presupone, según definido,
        que el tribunal ponente tiene ante SÍ un caso real y una
        controversia justiciable; un obiter dictum sólo implica que,
        al resolver, el tribunal incurre en pronunciamientos
        innecesarios sobre otros asuntos que no esthn en
        controversia o que no le han sido propiamente planteados en
        el caso. A diferencia de una Opinión consultiva, el obiter
        dictum emitido por un tribunal simplemente se debe tener
        por no puesto, ya que no constituye parte necesaria del fallo,
        sino que muchas veces son meras expresiones judiciales
        excesivas e innecesarias".

        Ortiz y. Panel FEI, 155 DPR 219, 252-253 (2001) (Enfasis
        suplido).

        En el ámbito estatal, cuyos pronunciamientos tienen valor

persuasivo, se ha declarado que cuando un caso no se resuelve en

sus méritos, cualquier otra discusión o comentario atinente a los

méritos del caso constituye obiter dictum. Purgear y. State, 810 So

2d 901, 905 (Fla, 2002). En Clemmons y. Office of Child Support

16   REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.a
ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dlerae.es> [24 de enero de 20241.
17 Id.
KLCE202301281                                                         27

Enforcement, 345 Ark. 330, 348 (Ark, 2001) se produjo una

reveladora discusión sobre la diferencia entre la ley del caso y

el obiter dictum. El precitado caso expresó lo siguiente:

      Aunque bajo la doctrina del res iudicata, la decisión de un
      tribunal no se perturbará, por ser esta la ley del caso, lo
      cierto es que el tribunal no queda obligado por una
      conclusión establecida como obiter dictum esto aun cuando
                                                -

      haya sido expresada en términos que supongan que el foro
      ha llegado a una conclusión al respecto. Este tipo de
      expresiones no tienen fuerza de ley bajo res iudicata, ya que
      el obiter dictum es un mero comentario de la corte, y no una
      decisión de este

      (Traducción nuestra).

      Las expresiones de un foro judicial que, conforme al cuadro

jurídico establecido, constituyen obiter dictum, representan un

atavío del razonamiento requerido para la resolución de un caso.

Este tipo de expresiones no forman parte de la ratio decidendi, por

lo que no son vinculantes.

                                  III.

      El Procurador nos plantea que el TPI -Aguadilla errO

excarcelando a Vidal Rosa, al concederle un recurso de habeas

corpus. Nos argumenta que el Foro Primario se equivocó al no

descontar del término de detención preventiva del recurrido, el
tiempo   desde que       se encontró "base razonable" para los
procedimientos bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra,

hasta que fue encontrado procesable. Este Tribunal entiende que al

peticionario le asiste razón.

      En su introducción, el Procurador expresa que la controversia

planteada, provocada por las expresiones del Tribunal Supremo de

Puerto Rico en caso de Pueblo y. Pagán Medina II, supra, "ha

provocado confusión y opiniones encontradas en la comunidad

jurídica, resultando así en una divergencia de criterios". Nos señala,

además, que esta división jurídica se compone de quienes, por una
KLCE202301281                                                          28
parte, entienden que las expresiones que atienden este asunto en el

caso precitado constituyen un dictum. Por otro lado, están aquellos
que consideran estas expresiones vinculantes.            Por ello,     el

peticionario nos ha solicitado que adoptemos una posición de

manera fundamentada, en este "vacío jurídico que necesita análisis,

desarrollo y discusión".

      Habiendo estudiado y analizado la controversia que se nos

plantea con la solemnidad que amerita, nos vemos obligados a

resolver a favor del peticionario, justipreciando que las expresiones
de nuestra Alta Curia en el caso de Pueblo u. Pagán Medina II, supra,

con relación a la suspensión de términos cuando el imputado es
encontrado procesable, son un dictum. Además, entendemos que

la interpretación de estas por el Foro Primario está errada en

derecho.

      En la vista del 3 de octubre de 2023, mediante una solicitud

de habeas corpus, la defensa de Vidal Rosa planteó que este llevaba

más de 180 días encarcelado sin que se le celebrara juicio, y debía

ser excarcelado inmediatamente. Argumentó que los términos de

detención preventiva nunca habían sido suspendidos, dado a que

en ambos procedimientos de la Regla 240 de Procedimiento

Criminal, supra, el recurrido había sido encontrado procesable.

Veamos.

  Períodos de encarcelamiento                         Total de días
   24 de marzo de 2023      3 de mayo de 2023         40 días
  (Causa probable para      ("Base razonable"         (Periodo fuera
  arresto)                  procesabilidad)           de la R. 240)

  12 de junio de 2023       5 de septiembre de 2023   85 días
  (Encontrado procesable)   ("Base razonable"         (Periodo fuera
                            procesabilidad)           de la R. 240)

  2 de octubre de 2023      4 de octubre de 2023      2 días
  (Encontrado procesable)   (Excarcelado por habeas   (Periodo fuera
                            corpus)                   de la R. 240)
KLCE202301281                                                        29

      La cantidad total de los días que Vidal Rosa estuvo

encarcelado suman 194 días. La defensa arguyó que de ese cómputo

no se podían descontar los 67 días que el recurrido estuvo bajo los

procesos de Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, ya que en

ambos, el TPI -Aguadilla lo encontró procesable. Para esto, la

representación legal de Vidal Rosa arguyó que en Pueblo u. Pagán

Medina II, supra, nuestro Alto Foro había creado un precedente para

estos casos. Por tanto, planteó que, en miras de la procesabilidad de

su cliente, los términos de detención preventiva nunca se
interrumpieron, sobrepasando así estos el máximo de 180 días.

      El Foro Primario acogió este argumentó y ordenó la

excarcelación del recurrido. Sin embargo, esta Curia entiende que el
TPI -Aguadilla debió denegar el recurso de habeas corpus. A los 194

días en reclusión, se le debieron descontar los 67 días bajo los

procedimientos procesabilidad, para un total de 127 días. Este

Tribunal concluye que para la fecha de su excarcelación el 4

de octubre de 2023, al recurrido aún le quedaban 53 días de

detención preventiva.
      Como vimos, la historia y el lenguaje legislativo de la Regla

240 de Procedimiento Criminal, supra, ha sido clara en su intención

de suspender los términos de detención preventiva cuando un
imputado se encuentra bajo sus procedimientos. Pueblo u. Méndez

Pérez, supra, pág. 788. El texto mismo de la regla, antes y después

de la Ley Núm. 281-2011, supra, utiliza palabras derivadas de

«suspender", «continuar" y "paralizar", al hablar de los efectos de los

referidos de procesabilidad.

      Más allá del argumento textual que ofrecemos, lo cierto es que

el desarrollo de nuestra jurisprudencia se ha afianzado en esta

interpretación. Aun con la fortaleza constitucional con la que se

defienden los términos de detención preventiva, desde la década de
KLCE202301281                                                        30

los cincuenta, nuestro Alto Foro ha reconocido la existencia de

escenarios excepcionales que suspenden estos términos.

         Hace más de veinte (20) años que nuestro Tribunal Supremo

reconoció que la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra,

pausan los términos de detención preventiva. Durante estos años,

ha razonado que esto es lo justo para el individuo que es insertado

a un procedimiento criminal, y no está mentalmente capacitado
para enfrentarlo. Además, ha reconocido, y en esto anclamos

nuestro razonamiento para lo que aquí resolvemos, que durante los

procedimientos de procesabilidad, el Ministerio Público se encuentra

constitucionalmente vedado e incapacitado de continuar la marcha

penal de su caso. Pueblo u. Méndez Pérez, supra, págs. 788-789.

         No logramos ubicar la lógica de retrotraer los términos de

detención preventiva al momento de encontrar "base razonable",

cuando el imputado es hallado procesable, con el fin de pretender

que nunca descorrieron. ¿Puede el Ministerio Público rebobinar

tos procesos criminales a ese momento también, para así

recuperar el tiempo en el que no tenía autorización en derecho

para hacer su trabajo? Contestamos en la negativa.

         Hacemos notar que no utilizamos la frase "el tiempo que

perdió para hacer su trabajo", ya que, durante el mismo, el

Ministerio Público permanece inmovilizado, no porque actúe con

irresponsabilidad o descuido, sino porque el procesamiento criminal

se encuentra paralizado. Pueblo y. Méndez Pérez, supra, pág. 789.

Es decir, en estricto derecho, el Ministerio Público no tiene opción

alguna.

         Por otro lado, aun con las diversas interpretaciones que

abarrotan la delicada y complicada mezcla jurídica-psicológica, una

cosa resulta inobjetable: la condición mental de un individuo puede
variar     durante   los   largos   y   duros   procesos    criminales.

Argumentamos,        además,    que     si   para   los   procesos   de
KLCE202301281                                                         31

inimputabilidad, los términos no se retrotraen al momento en el que

se levantó la defensa, una vez el individuo es encontrado imputable,

¿por qué hacerlo para los casos de procesabilidad? Aunque estas

dos defensas se levantan para propósitos distintos en el proceso

criminal, lo cierto es que evalúan lo mismo      -
                                                     la capacidad mental

del imputado. Y en ambas se paralizan los procesos.

      En el proceso adversativo de un caso penal, lo que para la

parte imputada constituye un derecho,         no puede resultar en el
atropello del Ministerio Público que   -
                                           en representación del Pueblo

de Puerto Rico -busca hacer valer la ley y el orden público.

      La parte recurrida, quien está representada por la SAL, nos

plantea en su recurso que conforme a Pueblo y. Pagán Medina II,

supra, el habeas corpus procedía, ya que los términos de detención

preventiva nunca se suspendieron. No obstante, en el estudio y en

la búsqueda del espíritu detrás de la Regla 240 de Procedimiento

Criminal, supra, nos topamos con una postura, también de la SAL,

presentada posterior al aludido caso, que distan significativamente

de lo que ahora le plantea a este Tribunal.

      Cuando nuestra legislatura decidió formalizar los procesos al
amparo de la regla que aquí nos ocupa, SAL compareció para

oponerse. En aquel momento, señaló que los motivos de esta

enmienda parecían sugerir que la regla era utilizada como

mecanismo de dilación procesal. Para rebatir la misma, reconoció
que los términos de detención preventiva se suspendían en los

procedimientos de procesabilidad, y por ello, la Regla 240 de

Procedimiento Criminal, supra, "no representa un incentivo para el

cliente que se encuentra sumariado, ya que no podrá recurrir al
recurso de habeas corpus, si queda vencido el término de seis (6)
meses de detención preventiva entretanto se atiende la petición".

Informe del Senado, supra, pág. 60.
KLCE202301281                                                     32

       Los planteamientos levantados por la SAL quedan probados

con el ejemplo que produce la controversia ante nos. Las alegaciones
de dilaciones que inspiraron el fortalecimiento y la estructuración

de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, quedan redimidos

ante los ojos de esta Curia. Esto último entendemos, precisamente,

porque a diferencia de sus postulados para las enmiendas de la Ley

Núm. 281-2011, supra, la SAL, en la defensa de su cliente aquí

recurrido, logró la excarcelación de este, por medio de sus dos

solicitudes de procesabilidad. La misma fue posible, por conducto

de un recurso de habeas corpus, al amparo de un reclamo por

términos de detención preventiva.

       Aún   si        hubiésemos   quedado   convencidos   por   su

razonamiento,         la parte   recurrida está amparada en unas

expresiones que no nos vinculan. Pocos ejemplos resultan más

claros que este el pequeño párrafo que nuestro Alto Foro añadió al
                  -

final de Pueblo y. Pagán Medina II, supra, constituye un dictum. En

el precitado caso, la Oficina del Procurador General le solicito a

nuestro Alto Foro que reconsiderara "una opinión del Tribunal

Supremo [...] en la que se resolvió que la paralización del proceso

para celebrar un juicio de acuerdo con la Regla 240 de

Procedimiento Criminal, no excluye el término de detención
preventiva el periodo en el cual el Ministerio Público está impedido

de procesar al individuo". Pueblo y. Pagán Medina II, supra, pág.

232.

       La pregunta sobre, qué ocurre cuando se determina 'base

razonable' para paralizar los procedimientos, y la prueba pericial

que se presente durante la vista de la Regla 240 demuestra que el

imputado está procesable, no le fue planteada a nuestro Alto Foro.

Ni siquiera formaba parte de los hechos del caso, ya que el imputado

en el mismo, fue originalmente encontrado no procesable. Sin

embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico la atendió. En su
KLCE202301281                                                     33

dictum, determinó que, en estos casos, el término aludido no se

entendía interrumpido.

      Luego de evaluar todo lo aquí esbozado, este Tribunal asume

una postura frente al vacío jurídico apuntalado por el Procurador
General, y concluye que las expresiones de Pueblo y. Pagán Medina

II, supra, son producto de un obiter dictum. Además, entendemos

que concluir lo contrario sería entregarle una espada desenvainada

a los imputados de delito para dilatar los procesos, y abusar de los

importantes recursos provistos por la Regla 240 de Procedimiento

Criminal, supra, y de habeas corpus.

                                 Iv.

      Por los fundamentos aquí esbozados, expedimos el auto

solicitado, revocamos la «Sentencia» recurrida, ordenamos la
encarcelación de Juan Carlos Vidal Rosa y devolvemos el caso al TPI-

Aguadilla para la continuación de los procedimientos, conforme a lo

aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana disiente mediante voto escrito.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                   Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL VII

     EL PUEBLO DE                                          CERTIORARI
     PUERTO RICO                                           Procedente del
                                                           Tribunal de Primera
        Peticionario                                       Instancia, Sala de
                                                           Aguadilla
              V.
                                                       I           núm.:
                   KLCE202301281 I Caso
 JUAN CARLOS VIDAL                 A M12023-0091
           ROSA                I                           ABD2023G0075
                                                       IA LA2023G0 106
         Recurrido                                         (502)
                                                           Sobre: Habeas Corpus

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la
jueza Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio.

       VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ

       Para que sea eficiente la garantía del derecho a un juicio justo

e imparcial se requiere que el acusado goce de un estado específico

de capacidad mental como criterio para medir la capacidad

procesal.' De ahí que ninguna persona será juzgada, convicta o

sentenciada        por    un       delito   mientras         esté     mentalmente

incapacitada.      .

       La capacidad procesal se presume y se evalúa al ser invocada

independientemente que, al momento de los hechos imputados, el

acusado gozaba de capacidad sustantiva.3 Se ostenta capacidad

procesal, cuando el acusado comprende la naturaleza de los

procesos que se llevan en su contra y participa en los mismos con
plena conciencia de su significado.4 Cualquier enfermedad no es

suficiente para privar de capacidad, sino aquella que no le permite
al acusado proyectarse en tiempo, espacio y lugar, enajenándolo

'O. E. Resumil de Sanfihippo, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal
Penal, Orford, New Hampshire, Quity Publishing Company, Tomo I, sec. 5.18,
pág. 10 1.
2 34 LPRA Ap. II, R. 239.

  Resumil de Sanfihippo, op. cit, sec. 5.18, pág.101.
  Incompetent persons «are not really present at trial; they may not be able
properly to play the role of an accused person, to recall relevant events, to produce
evidence and witnesses, to testify effectively on their own behalf, to help confront
hostile witnesses, and to project to the trier of facts a sense of their innocense."
Medina u. California, 505 US 437, 457-458 (1992).
    KLCE2O23O 1281                                                              2

    completamente de la conciencia de sí y su relación con el ambiente

    circundante, de modo que le impida operar una defensa conforme a

    sus intereses, defenderse adecuadamente o, simplemente no poder

    colaborar con su defensa.5 Requiere que el acusado entienda la

    naturaleza de los procedimientos, de forma que pueda ayudar a su

    abogado y a sí mismo, a su mejor defensa. La comprensión de la

    naturaleza y propósito de los procedimientos por parte del imputado

va más allá de un mero conocimiento del proceso criminal en su

contra. Este entendimiento incluye, además, si el imputado o

acusado entiende racionalmente: (1) los cargos en su contra; (2) el

rol del juez y del fiscal; (3) recordar y relatar hechos relacionados

con sus acciones; (4) seguir instrucciones; (5) identificar testigos,

ayudar a localizarlos y a interrogarlos; (6) tomar decisiones, luego

de una completa explicación de las alternativas; (7) testificar

eficientemente y, a su vez, ser contrainterrogado. Pueblo y. Santiago

Torres, 154 DPR 291, 307 (2011)6.

         Por otro lado, en el 2011, como bien reconoce la Sentencia de

la opinión mayoritaria, ciertas Reglas de Procedimiento Criminal se

enmendaron para, entre otras, requerir que se presentase una

moción, dentro de un término no menor de tres (3) días antes de la

vista señalada, en la que se notificara al tribunal la intención de

  Resumil de Sanfihippo, op. cit, sec. 5.18, pág. 102.
6 Silten & Tullis, Mental Compentency inCriminal Proceedings, 28 Hasting L. J.
 1053, 1061 (1977).
  Se enmendó la regla nuevamente mediante la Ley 174-20 18 para, entre otras
cosas, atender los problemas de las personas sordas que habían sufrido
desahucios, la remoción de sus hijos menores de edad y la pérdida de su libertad
sin la intervención oportuna de un intérprete, en detrimento de sus derechos
constitucionales y estatutarios, como el que aquí se discute. En dicha ocasión se
atendía la problemática que aquejaba la comunidad sorda en ciertas etapas del
proceso penal. Por ejemplo, el ejercicio de un derecho tan elemental como el de
comunicarse efectivamente con su abogado, se le hacía imposible a las personas
sordas que utilizaban el lenguaje de señas porque no existía un procedimiento
establecido que permitiese retirarles las esposas y simultáneamente garantizar la
seguridad de los presentes. Tampoco existían medidas efectivas para la
preservación de un récord de equivalencia dinámica que resultase manejable para
las personas sordas. Por la naturaleza gesticular y visual del lenguaje de señas,
un récord meramente escrito o auditivo de la interacción en sala, no conservaba
la integridad de los procedimientos y resulta deficiente para esta comunidad.
Consecuentemente, las personas sordas se enfrentaban a un sistema judicial que
no había sido preparado con ellas en mente, en el que, en ocasiones, resultaba
obstruido el ejercicio de sus derechos constitucionales. Véase, Exposición de
Motivos de la Ley 174-2018.
KLCE2O23O 1281

solicitar la paralización de los procedimientos por razón de
incapacidad mental del imputado o acusado; que en la vista la

representación legal presentara alguna prueba de la incapacidad

mental del imputado o acusado, además de su propio testimonio;

que el magistrado o juez determinara, mediante preponderancia de

la prueba, que el imputado o acusado de delito se encontraba

mentalmente incapacitado y que expusiese detalladamente por

escrito, los fundamentos que motivaban su determinación de

suspender los procedimientos y señalar una vista para determinar

la capacidad mental de éste.8 Después de la enmienda, la regla en

la actualidad lee:

       Regla 240. Capacidad mental y/o funcional del
       acusado; procedimiento para determinarla

       (a) Vista; peritos. En cualquier momento después de
           presentada la acusación o denuncia y antes de
           dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere evidencia,
           además de la opinión del representante legal del
           imputado o acusado, que estableciere mediante
           preponderancia de la prueba9 que el acusado está
           mentalmente incapacitado, o que éste no es capaz de
           comprender el proceso y colaborar con su defensa
           como consecuencia de alguna condición que afecta
           sus destrezas de comunicación, expondrá
           detalladamente por escrito los fundamentos para
           dicha determinación, suspenderá los procedimientos
           y señalará una vista para determinar el estado
           mental y/o funcional del acusado.

       Una vez se señale esta vista, deberá el tribunal designar
       uno o varios peritos para que examinen al acusado y
       declaren sobre su estado mental y/o funcional. Se
       practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente
       que ofrezcan las partes. En estos casos, la
       representación legal del imputado o acusado deberá
       presentar al tribunal una moción informando la
       intención de solicitar la paralización de los
       procedimientos por razón de la incapacidad mental
       y/o funcional de su representado acompañada de

8 Véase, Exposición de Motivos Ley 281-2011.
  En muy raras ocasiones es posible determinar un hecho con certeza o exactitud
matemática. Exigir ese tipo de prueba a un litigante equivaldría prácticamente a
requerirle un imposible. Por esto, la ley y la jurisprudencia se limitan a requerir
que los casos se prueben por preponderancia de la prueba, que es tanto como
establecer como hechos probados aquéllos que con mayores probabilidades
ocurrieron. Zambrana y. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 521(1980).
Preponderancia de la prueba -mayor peso de la prueba, no en cuanto a cantidad
(número de testigos o de documentos presentados), sino en cuanto a calidad
(credibilidad y mayor peso de importantes hechos probados). I. Rivera García,
Diccionario de Términos Jurídicos, 2da edición rev., Orford, New Hampshire,
Equity Publishing, pág. 215.
KLCE2O23O 1281

     evidencia pericial de tal incapacidad, dentro de un
     término no menor de tres (3) días antes de la fecha
     señalada para la vista de que se trate.

     (b) Efectos de la determinación. Si como resultado de la
         prueba el tribunal determinare que el acusado está
         mentalmente y/o funcionalmente capacitado,
         continuará el proceso.
     Si el tribunal determinare lo contrario, podrá ordenar la
     reclusión del acusado en una institución adecuada. En
    aquellos casos en que el tribunal hallare que el
    imputado o acusado padece de alguna condición que no
    le permite comprender el proceso y colaborar con su
    defensa podrá ordenar, de entenderlo necesario, que
    éste sea ingresado en un centro de adiestramiento para
    el desarrollo de destrezas d vida independiente. Si
    luego de así recluirse al acusado el tribunal tuviere base
    razonable para creer que el estado mental y/o funcional
    del acusado permite la continuación del proceso, citará
    a una nueva vista que se llevará a cabo de acuerdo con
    lo provisto en el apartado (a) de esta Regla, y
    determinará entonces si debe continuar el proceso.

     (c)   Procedimiento en la vista preliminar. Si el
    magistrado ante quien hubiere de celebrarse una vista
    preliminar tuviere evidencia, además de la opinión del
    representante legal del imputado, que estableciere
    mediante preponderancia de la prueba que el
    imputado está mentalmente incapacitado, o que
    éste no es capaz de comprender el proceso y
    colaborar con su defensa como consecuencia de
    alguna condición que afecta sus destrezas de
    comunicación, expondrá detalladamente por escrito
    los fundamentos para dicha determinación,
   suspenderá dicha vista y levantará un acta breve al
    efecto, de la cual dará traslado inmediato, con los
   demás documentos en autos, al secretario de la sala del
   Tribunal de Primera Instancia correspondiente, ante la
   cual se celebrará una vista siguiendo lo dispuesto en el
   inciso (a) de esta Regla. En estos casos, la
   representación legal del imputado deberá presentar
   al tribunal una moción informando la intención de
   solicitar la paralización de los procedimientos por
   razón de la incapacidad mental y/o funcional de su
   representado acompañada de evidencia pericial de
   tal incapacidad, dentro de un término no menor de
   tres (3) días antes de la fecha señalada para la vista
   preliminar. Si el tribunal determinare que el imputado
   está mentalmente y/o funcionalmente capacitado,
   devolverá el expediente al magistrado o tribunal de
   origen, con su resolución, y los trámites de la vista
   preliminar continuarán hasta su terminación. Si el
   tribunal determinare lo contrario, actuará de
   conformidad con lo provisto en el inciso (b) de esta
   Regla, solo que a los efectos de la vista preliminar.

   34 LPPA Ap. II. (1nfasis nuestro).
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      En relación con la enmienda a la regla, surge de los informes

considerados por las comisiones que estudiaron la propuesta de

enmienda, consideraciones pertinentes a la controversia que hoy

atendemos. En el Informe Positivo de la Cámara sobre la Ley 281-

2011 se puntualizó que la Policía de Puerto Rico señaló que, aun

cuando se solidarizaban con el propósito de la enmienda, habían

sido testigos del abuso de la regla. Particularizaron haber
presenciado como "muchas de las personas que cometen delitos

graves, particularmente asesinatos, optan por establecer como una

defensa a su favor, que no están capacitados mentalmente para

enfrentar el proceso criminal. Y, toda vez levantada la misma por

parte de la defensa del imputado, suele comenzar una dilación

extrema en la ventilación del caso, lo que afecta la adjudicación del

mismo, con el tiempo prolongado que ocurre en lo que se determina

o no la procesabilidad del imputado. Por tal razón, la Policía
señalaba con agrado el que la enmienda contemplara que el

Tribunal no descansara únicamente en las alegaciones de la defensa

y sus peritos para determinar procesabilidad del acusado, sino que

se viera precisado, luego de escuchada las partes, fundamentar si la

persona es procesable o no, es decir si la condición mental de ésta

permitía que se continuase con el procedimiento criminal en su

contra. De igual manera aceptaban con agrado la enmienda que

obligaría a la defensa a presentar una moción para paralizar la Vista

que se trate, por la alegada no procesabilidad de su cliente, con 3

días de antelación de la celebración de la Vista. Señalaban
acertadamente que sería un mecanismo acertado para evitar las

suspensiones de los procedimientos de manera imprevista, por la

alegada no procesabilidad del acusado.

      Por su parte, el Departamento de Justicia y sobre el mismo

tema, concordaba con lo expresado por la Policía, a los efectos de

"que, para justificar la necesidad de una vista para determinar la
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competencia o capacidad mental del acusado, debe haber alguna

evidencia que cree duda sobre el asunto. El mero planteamiento del

mismo resulta insuficiente." Igual que la Policía señalaron que, en

la práctica, la alegación de falta de capacidad del acusado muchas

veces pretendía dilatar, en muchas ocasiones, innecesaria e
irrazonablemente, los procedimientos. Además, desalentaba la

cooperación de los testigos del Estado. Aplaudían la intención de

establecer que la determinación inicial de no procesabilidad esté

fundamentada en factores claros y objetivos. Especialmente

pertinente al caso que hoy atendemos, expresaba la ponencia del

Departamento; "en términos más concretos, la medida evaluada

requiere a la representación legal del imputado o acusado presentar

alguna prueba sobre la incapacidad mental de su representado.

Resulta insuficiente su mera opinión o preocupación al respecto.

Además, como fundamento para paralizar los procedimientos y

señalar una vista para determinar la capacidad mental de su
representado resulta insuficiente su mera opinión o preocupación al

respecto.   Así también, como fundamento para paralizar los

procedimientos y señalar una vista para determinar la capacidad

mental, la medida requiere que el juzgador determine mediante

preponderancia de la prueba que, el imputado o acusado de delito,

se encuentre mentalmente incapacitado. También se requiere que el
magistrado    o juez exponga detalladamente por escrito los

fundamentos que motivan su determinación." Por último, concluían

que requerir que se presente al tribunal una moción informando la

intención de solicitar la paralización de los procedimientos, por

razón de la incapacidad mental del imputado o acusado, dentro de

un término no menor de tres (3) días, antes de la fecha señalada

para la vista de la cual se trate, le concedía al Ministerio Público una

oportunidad real de prepararse para rebatir cualquier alegación en

torno a la incapacidad del imputado o acusado.
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       Por su parte, la propuesta de enmiendas a la regla en el

 Senado contó con las ponencias, entre ellas, la Sociedad para la

 Asistencia Legal (SAL). Esta manifestó su inconformidad con lo que

 catalogó como trabas irrazonables en los referidos para evaluación

 por razón de salud mental. Reconocieron, en su ponencia, que la

 medida imponía sobre el abogado de defensa y el imputado, el peso

 de   presentar     evidencia      independiente    que    establezca    por

preponderancia de prueba que el acusado estaba mentalmente

incapacitado, además de tener que exponer por escrito los

fundamentos para dicha determinación tres (3) días antes de la
vista. Puntualizó que la regla hasta entonces, el examen de base

razonable había sido interpretado por el Tribunal Supremo y la

Corte Suprema de los Estados Unidos, a los fines de establecer que

el debido proceso de ley requería que el magistrado tomara su

determinación apoyándose en indicadores,                  tales   como   los
comportamientos erráticos durante el proceso, que al momento de

alegarse su procesabilidad se trajese historial de citas, indicios de

que el imputado se encuentra bajo los efectos de sustancias

controladas o en "retirada" además, de un coeficiente intelectual

mermado,    entre      otras.   Identificaron su preocupación sobre
conflictos éticos de sus abogados al tener el peso de presentar
prueba que sustente elementos, en su mayoría, de naturaleza

altamente subjetiva y perceptible tan sólo entre las partes, cuando
tenía contacto con los acusados, muy poco tiempo a la vista

preliminar y en muchas ocasiones, sus clientes no habían recibido

ningún tipo de tratamiento de salud mental y eran diagnosticados

por primera vez dentro de los procesos de la Regla 240.

      Para SAL su obligación debía limitarse al acto de referir a

evaluación a los clientes cuando sospechara que pudiesen presentar
un cuadro de no procesabilidad. En cuanto al argumento del

Departamento      de    Justicia    de   que   la   mera alegación       de
KLCE202301281                                                                 8

inimputabilidad         se    utilizaba       para   detener     los   procesos

irrazonablemente manifestaron lo siguiente, lo cual por su
pertinencia citamos: "[b]asado en la reciente jurisprudencia del

Tribunal Supremo, los términos de detención preventiva (6 meses)

se detienen desde el momento en que el abogado presenta la

solicitud de referido a evaluación de procesabilidad. Por tanto, este

procedimiento no representa un incentivo para el cliente que se

encuentra sumariado, ya que no podrá recurrir al recurso de

habeas corpus, si queda vencido el término de seis (6) meses de

detención preventiva entretanto se atiende la petición. Esto

toda vez que se tendrá que excluir del término de detención

preventiva el lapso de tiempo transcurrido desde la solicitud del

referido hasta la determinación de procesabilidad." (Énfasis

nuestro).

         El legislador aprobó la enmienda sin incorporar cambios, aun

conociendo, las objeciones a la medida; específicamente que se le

impusiera el peso de la prueba al acusado; se obligara a los jueces

a efectuar las determinaciones sobre las cuales descansara su

decisión de referir para determinación de procesabilidad, y de la

advertencia de SAL de que el término de detención preventiva se

paralizaba ante la alegación de falta de capacidad y su consabido

referido. Los informes de análisis de la medida nos ayudan a

comprender la discusión generada y el alcance de la medida

aprobada.

         De manera que ha de quedar claro, que durante el

procesamiento criminal se podrá traer a la atención del juzgador la

falta de procesabilidad del acusado. Esta regla se sostiene en la

máxima de que el procesamiento criminal de un acusado
incompetente        viola    el   debido      proceso. 10   No   obstante,   la

'°   Cooper y. Oklahoma, 517 US 348 (1996).
      KLCE2O23O 1281                                                                    9

      determinación de competencia no podrá sostenerse únicamente en
      la opinión del representante legal del acusado. Su defensa tendrá el

      peso de la prueba para establecer, mediante preponderancia de la

      prueba, que el acusado está mentalmente incapacitado, o que éste

      no es capaz de comprender el proceso y colaborar con su defensa,
      como consecuencia de alguna condición que afecta sus destrezas de

      comunicación. Además, el juzgador deberá exponer detalladamente,
      por escrito, los fundamentos de su decisión, suspenderá los

      procedimientos y señalará una vista para determinar el estado

      mental y/o funcional del acusado. Entre los indicadores que

      pudieran sugerir que un imputado no es procesable se encuentran

      el que demuestre un comportamiento errático durante el proceso;

     que al momento de alegarse que no es procesable se traiga ante la

     consideración del juez evidencia de un historial de comportamiento

     severamente irracional; que se presente evidencia de que el

     imputado se encuentra bajo la influencia de drogas o sufriendo del

     "síndrome de retirada". Además, las evaluaciones siquiátricas,
     tarjetas de citas y hospitalizaciones en el Hospital de Siquiatría, y

     resultados de exámenes que demuestran un cociente intelectual

El   mermado, podrán brindar la "base razonable" necesaria para creer

     que el imputado está mentalmente incapacitado y para proceder a

     la vista de procesabilidad. Pueblo y. Pagan Medina, 178 DPR 228,

     240 (2010); Pueblo y. Santiago Torres, supra, pág. 303.

            Ahora bien, señala Chiesa" que el Tribunal Supremo de

     Puerto Rico, en Sánchez y. González, 78 DPR 849 (1955)12, tuvo la

     oportunidad de evaluar si las solicitudes de posposición de juicio

     hechas por un acusado, en dos ocasiones antes de transcurrir el
     término de seis (6) meses y concedidas por el juzgador, equivalían a

     11 E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
     ira ed., Colombia, Editorial Forum (i992), Volumen II, pág. 463.
     12 Aunque es
                   una Sentencia y no se considera precedente, el Tribunal Supremo
     de Puerto Rico en varias ocasiones cita la misma en el análisis de este tema. Véase,
     Pueblo y. Díaz Alicea, 204 DPR 472 (2020); Pueblo y. Aponte Ruperto, supra.
KLCE2O23O 1281                                                                    10

una renuncia al término de detención preventiva. El foro judicial
respondió negativamente. Señaló que hay una renuncia implícita en

la esfera de juicio rápido, pero no en cuanto a la detención

preventiva. Concluyó el foro que, el derecho invocado, a un término

máximo de detención preventiva de seis meses, ni es renunciable, ni
tampoco      absoluto. Razonó que la posposición de un juicio, a

solicitud de un acusado, por causa fundada, interrumpe el término

estatutario de 120 días dentro del cual debe celebrarse el juicio y

excluye las consecuencias jurídicas del sobreseimiento del proceso.

El derecho de un acusado a una posposición-bien se encuentre en

libertad bajo fianza o bajo custodia-no puede medirse en términos

de renuncia o de sacrificio del derecho a su libertad personal, luego

de seis meses de detención, ni éste puede medirse en términos de

renuncia o de sacrificio del derecho a la posposición, si ésta procede.

Afirmó que la posposición requiere el ejercicio de una discreción

judicial sobria, para proteger al acusado en el disfrute de su derecho

a un juicio justo, y en sus oportunidades de defensa. Se concede por

consideraciones que no afectan la situación de libertad o custodia

del acusado, y al concederse, que surte efectos de renuncia, tan sólo

en la esfera del juicio rápido, no puede derrotar su derecho a la
libertad provisional sin fianza después de seis meses, ni puede

condicionarse a que éste renuncie a tal derecho. Ahora bien, quedó

claro, que dicho derecho es irrenunciable, y que tampoco es

absoluto. El Tribunal Supremo claramente expresó que ni la
ilegalidad13 ni el fraude'4 de un acusado llevando a cabo actos

orientados a que el Estado sea incapaz de someterle a juicio serían

aceptables.

13 Se define como Acción ilegal. Los sinónimos son: infracción, trasgresión, delito,

falta,             quebrantamiento,           chanchullo,             irregularidad.
https: / /dle.rae.es/ilegalidad?m=form (última visita 8 de febrero de 2024).
14 En lo penal se considera un acto fraudulento aquel acto cometido mediante

ardid, simulación, trama, treta o cualquier forma de engaño. I. Rivera García, op.
cit., pág. 108.
 KLCE202301281                                                                       11

         Nuevamente         mediante        Sentencia,'5       la     Opinión       de
 conformidad emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez en
 Pueblo     y.   Aponte Ruperto,        199 DPR 538 (2018), reitera las

 expresiones del entonces Juez Asociado Negrón Fernández, el Juez

 Presidente Snyder y el Juez Asociado Sifre Dávila del Tribunal

 Supremo a los efectos de que, cuando el acusado interfiera

 indebidamente con su enjuiciamiento no podrá oponerle al Estado
 su derecho a no ser detenido preventivamente por más de seis
 meses.'6 Está claro que, mientras se evalúa la condición mental del

 imputado, "el Ministerio Público se encuentra, a su vez, legal y

 constitucionalmente vedado -'con las manos atadas'- de proseguir
 con el procesamiento criminal que tiene el deber de ejecutar". Pueblo
 y. Pagan Medina,       supra, pág. 243.17 Lo que constituye la tercera

excepción establecida por la jurisprudencia en cuanto al término de

detención preventiva. A manera de repaso, este se interrumpe por
ilegalidad, fraude o desde que se encuentra base razonable por el

magistrado para creer que el acusado no es procesable. Razona que

tal proceder no se fundamenta en justa causa, sino en que el debido

proceso de ley le impide como salvaguarda constitucional al Estado

procesar a un acusado, mientras se determina su procesabilidad.

Así declara expresamente que; "[ej S justamente esta prohibición

 15 No siempre
                se resuelven los casos mediante opinión. Por ejemplo, el Tribunal
 Supremo de Puerto Rico a veces resuelve asuntos ante su consideración mediante
 sentencia. Se trata de decisiones generalmente no publicadas, aunque a veces se
publican cuando algún juez concurre o cuanto disiente mediante opinión.
Usualmente son escritos muy breves, que no analizan con profundidad los
problemas jurídicos que el caso plantea porque realmente el asunto es de poca
importancia jurídica, o requiere una solución tan trillada en la jurisprudencia que
no amerita publicación. Por no presentar un análisis completo y profundo, y por
no estar publicadas y accesibles a la profesión en general, es impropio invocarlas
como precedente en los escritos jurídicos, o siquiera citarlas. Ni siquiera cuando
se les publica porque provocan la redacción de alguna opinión concurrente o
disidente, tienen las sentencias valor precedencial. C. I. Gorrín Peralta, Fuentes y
Procesos de Investigación Jurídica, Orford, New Hampshire, Equity Publishing
Company, 1991, pág. 481.
16 Opinión de
                Conformidad emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez en
Pueblo y. Aponte Ruperto, supra, pág. 547. (Sentencia)
17 If a
        defendant is incompetent, due process considerations require suspension
of the criminal trial until such time, if any, that the defendant regains the capacity
to participate in his defense and understand the proceedings against him. Medina
y. Ca1fornia, supra, pág. 448.
KLCE20230 1281                                                     12
constitucional la que posibilita que se interprete que el término que

dure el trámite de procesabilidad quede excluido del término de

detención preventiva."

      Luego de traer a la atención el Derecho pertinente a la

controversia advierto que el objetivo principal de una moción de

reconsideración es dar una oportunidad a la corte que dictó la

sentencia o resolución para enmendar o corregir los errores en que

hubiese incurrido al dictarla. Lagares y. E.L.A., 144 DPR 601, 609

(1997). No creo que el foro recurrido haya cometido error alguno, me

explico. El término de seis meses de detención preventiva

transcurrió. El juzgador que apreció la prueba y observó de primera

mano el comportamiento del acusado ejerció su discreción, luego de
evaluar en dos ocasiones al acusado. El acusado, en todo momento,

estuvo bajo el control y la custodia del Estado; no surge que en

ningún momento se haya planteado por el Ministerio Público que la

alegación de la defensa sobre la procesabilidad estuviese motivada

por alguna ilegalidad, se hiciera para dilatar los procesos o se

incurriera en algún acto fraudulento o treta para dilatar el proceso.

Es más, el día de la vista de Habeas Corpus, según consta en la

Sentencia del TPI, el Ministerio Público expresó; "que no existía

impedimento legal que se conociera para que se concediera el

Habeas Corpus." Sostiene la Sentencia que, en la reconsideración,

el Ministerio Público alegó que omitió plantear la improcedencia del

Habeas Corpus conforme Pueblo y. Pagan Medina II. A mi entender,

se reconsidera lo que previamente se consideró, no una teoría, una
nueva estrategia, no algo a lo que anteriormente se consintió.
Considero que permitir esta intervención atenta contra la certeza de
los dictámenes y estabilidad del sistema. No hallo un fundamento

legal razonable para revocar la determinación de un juzgador que

ha tomado las providencias a las cuales viene obligado ante una
alegación de falta de capacidad para ser procesado. En su quehacer
 KLCE202301281                                                       13

judicial, ha consultado las partes sobre su parecer acerca de la

 excarcelación del acusado, ha recibido prueba mediante testimonio
y ha procedido a ordenar la misma. Esto con el consentimiento del

Ministerio Público.

       Por último, el resultado al cual llega la Opinión mayoritaria

permite que el Estado descuente del término de detención preventiva

todo lo que al Estado le tome desde que un juzgador entiende que

existe base razonable para creer que el acusado no se encuentra

procesable hasta que se determine que sí lo está. Sin término de

tiempo, ni siquiera directivo. Y bajo el absoluto control procesal del

Estado. La persona que, por su condición de pobreza, no pueda

prestar la fianza, y a quien no olvidemos, se le presume inocente

hasta que se le pruebe lo contrario, tendrá que estar encarcelada

hasta que se determine que está procesable. Mientras que aquel que

tiene recursos y pudo prestar fianza, no se verá de manera alguna

afectado por la dilación del Estado. No creo que una protección

constitucional de tal envergadura, que se originO para proteger al

ciudadano de los abusos del Estado, deba ser menguada por

consideraciones ajenas al bienestar de aquellos a quienes concibió
proteger en   su origen, para paliar el sistema de procesamiento
criminal. El Estado siempre tendrá los criterios de fraude o
ilegalidad para considerar, en cada caso particular, si un acusado

mediante treta, chanchullo o engaño intentó burlar el sistema.

      Por las razones antes expresadas, hubiese denegado el

recurso.
En San Juan, Puerto Rico, a      de febrero de 2024.

                                 A.
                    Grace M. Grana Martínez
                Jueza del Tribunal de Apelaciones