Court Opinion

ID: 9408090
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:16:19.309364+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.794552
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL V

RAFAEL FUENTES CARDONA                            Apelación
                                                  procedente del
               Apelado                            Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
                                                  Superior de
                  v.                KLAN202300369 Bayamón

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS                               Civil Núm.:
Y ALCANTARILLADOS DE                                  BY2021CV02663
PUERTO RICO; MAPFRE;                                  (503)
FULANO DE TAL; COMPAÑÍAS
X, Y, Z
                                                      Sobre:
             Apelantes                                Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

         Comparece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

(AAA) y Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre) (en conjunto,

apelantes) mediante recurso de Apelación y nos solicitan la revisión

de la Sentencia Parcial emitida el 24 de marzo de 2023, notificada el

28 de marzo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Bayamón (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el TPI

determinó que la AAA es responsable por los daños a la propiedad

inmueble del señor Rafael Fuentes Cardona (señor Fuentes Cardona

o apelado).

         Por    los     fundamentos    que    exponemos   a   continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                         I.

         El 9 de julio de 2021, el señor Fuentes Cardona presentó una

Demanda1 sobre daños y perjuicios en contra de las apelantes. En

1   Véase apéndice del recurso, págs. 1-14.

Número Identificador
SEN2023__________
KLAN202300369                                                                        2

esta, alegó que es dueño de una propiedad inmueble ubicada en el

municipio de Bayamón, Puerto Rico, la cual enclava una casa de

concreto para uso residencial que constituía su vivienda principal.

Adujo que su casa quedó en ruina total debido a la rotura de un

tubo en la estación de bombas perteneciente a la AAA que ubica

aproximadamente a unos 300 metros de la propiedad. Alegó que, a

consecuencia de la escorrentía resultante del tubo roto y la

negligencia de la AAA, su propiedad sufrió daños que requieren

demoler la estructura, reacondicionar el terreno y reconstruir la

vivienda. Solicitó como remedio la suma de $334,600.00, costas,

intereses legales y honorarios de abogado por temeridad en una

suma no menor de $90,000.00. El 10 de septiembre de 2021, las

apelantes presentaron su Contestación a Demanda2.

            El 21 de diciembre de 2021, las partes presentaron el Informe

para el manejo de caso3. Atendido el informe, el 5 de enero de 2022,

notificada el 10 de enero de 2022, el foro primario emitió una Orden4

en la que les concedió a las partes hasta el 31 de marzo de 2022

para informar el estado del descubrimiento de prueba. Además,

advirtió       que      las     partes       debían    especificar   los   asuntos   y

requerimientos pendientes, así como las fechas de entrega. Por

último, ordenó informar si las partes tomarían deposiciones y las

fechas en que se realizarían.

            El 13 de enero de 2022, el apelado informó al TPI que había

cursado a la AAA un pliego de interrogatorio y producción de

documentos, así como un requerimiento de admisiones. Asimismo,

indicó que a Mapfre le cursó un pliego de interrogatorio y

requerimiento de producción de documentos5.

2   Véase   apéndice   del   recurso,   págs. 15-23.
3   Véase   apéndice   del   recurso,   págs. 24-32.
4   Véase   apéndice   del   recurso,   pág. 33.
5   Véase   apéndice   del   recurso,   pág. 34.
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       El 3 de febrero de 2022, las apelantes presentaron una Moción

de Prórroga6 en la que solicitaron que se les concediera hasta el 28

de   febrero    de   2022     para    notificar   sus   contestaciones   al

descubrimiento de prueba cursado por el apelado. El 4 de febrero de

2022, el foro primario concedió la solicitud de prórroga7.

       El 25 de mayo de 2022, el apelado presentó una Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial8 mediante la cual adujo que no existía

controversia en cuanto a los hechos sustanciales y materiales de la

reclamación. Sostuvo que los requerimientos de admisiones

cursados el 13 de enero de 2022 a la AAA debían darse por

admitidos debido a que habían transcurrido ciento treinta y un (131)

días y aún no habían sido contestados. Además, solicitó que se

declara ha lugar la demanda y se ordenara la celebración de una

vista evidenciaria para determinar la cuantía de los daños.

       El 26 de junio de 2022, notificada al día siguiente, el TPI

emitió una Notificación9 en la que consignó que mediante orden

emitida el 5 de enero de 2022, se les concedió a las partes hasta el

31 de marzo de 2022 para informar el estado del descubrimiento de

prueba y estas no cumplieron. En consecuencia, el foro primario dio

por concluido el descubrimiento de prueba. En esta misma fecha, el

TPI les concedió a las apelantes hasta el 31 de julio de 2022 para

replicar a la solicitud de sentencia sumaria10.

       En desacuerdo, el 27 de junio de 2022, el apelado presentó

una Solicitud de Reconsideración11. En esta, adujo que las apelantes

debieron replicar a la solicitud de sentencia sumaria en o antes del

14 de junio de 2022, pero no lo hicieron. Sobre ello, arguyó que las

apelantes      no    habían      presentado       las   contestaciones   al

6  Véase apéndice del recurso, págs. 35-36.
7  Véase apéndice del recurso, pág. 37.
8 Véase apéndice del recurso, págs. 38-47.
9 Véase apéndice del recurso, pág. 48.
10 Véase apéndice del recurso, pág. 49.
11 Véase apéndice del recurso, págs. 50-51.
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descubrimiento de prueba cursado ni provisto información o

documento alguno, por lo que dar por concluido el descubrimiento

de prueba les proveería una ventaja indebida a las apelantes. El 11

de julio de 2022, el TPI le concedió cinco (5) días a las apelantes para

replicar y les apercibió que, de no hacerlo, acogería la solicitud del

señor Fuentes Cardona12.

         Inconformes, el 12 de julio de 2022, las apelantes presentaron

una Moción de reconsideración sobre terminación del descubrimiento

de prueba13. En esencia, alegaron que les resultó imposible concluir

oportunamente su investigación sobre los hechos alegados en la

demanda y presentar sus contestaciones al descubrimiento de

prueba. Por ello, solicitaron hasta el 15 de julio de 2022 para

cumplir con el descubrimiento de prueba que se les ha requerido y,

además, solicitaron hasta esta fecha para replicar a la solicitud de

reconsideración presentada por el apelado.

         El 15 de julio de 2022, las apelantes presentaron Moción al

Expediente mediante la cual notificaron haber enviado al apelado

sus      contestaciones      a      interrogatorios   y   requerimientos   de

admisiones. En esta misma fecha presentaron Réplica a Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial14.

         Por su parte, el 18 de julio de 2022, el apelado se opuso a la

solicitud de reconsideración presentada por las apelantes15. Sostuvo

que las apelantes presentaron sus contestaciones al descubrimiento

de prueba ciento cuarenta (140) días después de transcurrido el

término concedido por el tribunal. Asimismo, adujo que las excusas

presentadas por las apelantes no justificaban su incumplimiento.

En cuanto al requerimiento de admisiones, alegó que, según la Regla

33 de Procedimiento Civil16, procedía que se dieran por admitidas.

12   Véase apéndice del recurso,   pág. 52.
13   Véase apéndice del recurso,   págs. 53-54.
14   Véase apéndice del recurso,   págs. 57-84.
15   Véase apéndice del recurso,   págs. 85-88.
16   32 LPRA Ap. V, R. 33.
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         Evaluada la moción de reconsideración presentada por las

apelantes, el 29 de julio de 2022, el TPI la declaró No Ha Lugar y

sostuvo su determinación sobre la terminación del descubrimiento

de prueba17. Además, en esa misma fecha, admitió la réplica tardía

presentada por las apelantes18.

         Inconforme con esta última determinación, el apelado

presentó una Solicitud de Reconsideración en la que pidió que la

solicitud de sentencia sumaria fuera sometida sin la oposición19. En

atención a ello, el 16 de agosto de 2022, notificada al día siguiente,

el TPI determinó como sigue:

         […]

         1. El descubrimiento de prueba concluyó el 26 de junio de
            2022 según les fuera notificado y reiterado.

         2. La contestación de la AAA a los requerimientos de
            prueba cursados por la parte demandante informados
            mediante moción del 15 de julio de 2022 "fueron
            tardíos y posteriores a que el tribunal diera por
            concluido el descubrimiento de prueba". El tribunal se
            sostiene que se tienen por admitidas los requerimientos
            de admisiones cursados por la parte demandante.

         3. Conforme con la jurisprudencia vigente, el tribunal se
            sostiene en su "ruling": habiéndose presentado réplica a
            solicitud de sentencia sumaria el tribunal tiene por
            sometido para estudio tanto la solicitud de sentencia
            sumaria como su réplica20.

         Así las cosas, el 24 de marzo de 2023, notificada el 28 de

marzo de 2023, el TPI emitió Sentencia Parcial21 mediante la cual

determinó que la AAA es responsable por los daños a la propiedad

inmueble del señor Fuentes Cardona y, en consecuencia, solo queda

por determinar los daños a los que tiene derecho reclamar el

apelado. En específico, el foro primario concluyó lo siguiente:

                De los hechos queda más que claro que la AAA no
         contestó el requerimiento de admisiones a tiempo. Esto no lo
         niega la AAA su único argumento es que el tribunal tiene la
         potestad de permitir enmendar o negar las admisiones. Sin
         embargo, la AAA no expone razón ni presenta prueba alguna
         que demuestre que el acoger el requerimiento de admisiones

17   Véase   apéndice   del   recurso,   pág. 90.
18   Véase   apéndice   del   recurso,   pág. 91.
19   Véase   apéndice   del   recurso,   págs. 92-93.
20   Véase   apéndice   del   recurso,   pág. 94.
21   Véase   apéndice   del   recurso,   págs. 96-105.
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         cause una injusticia o viole alguna ley, meramente la AAA
         alega que tenemos potestad para dejar sin efecto el
         requerimiento de admisiones. […] En otras palabras, la mera
         negación de las admisiones ya dadas por admitidas, no son
         suficientes para hacerle creer a este tribunal que es
         necesario dejar sin efecto su resolución de tener por admitido
         el requerimiento de admisiones. En consecuencia, nos
         volvemos a reiterar que se tiene por admitido todo lo
         presentado por el señor Fuentes en su requerimiento de
         admisiones y por tanto es la AAA la responsable por los
         daños sufridos al bien inmueble que le pertenece a este
         demandante22.

         Aún inconforme, el 27 de abril de 2023, las apelantes acuden

ante nos mediante recurso de Apelación y le imputan al TPI la

comisión de los siguientes señalamientos de error:

         Erró el TPI y abusó de su discreción al dar por culminado el
         descubrimiento de prueba interesado por las apelantes.

         Erró el TPI y abusó de su discreción al dar por admitidos los
         requerimientos notificados por la parte apelada o, en la
         alternativa, al no relevar a la AAA de tales admisiones.

         Erró el TPI y abusó de su discreción al emitir la sentencia
         sumaria parcial solicitada por la parte apelada basada en los
         hechos dados por admitidos por no presentar la AAA
         oportunamente su contestación al pliego de requerimiento de
         admisiones y no considerar como hecho en controversia los
         expuestos por las apelantes en su Réplica a solicitud de
         sentencia sumaria parcial.

         El 11 de mayo de 2023, el señor Fuentes Cardona compareció

mediante Oposición a Recurso de Apelación en la que reiteró sus

planteamientos. Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que nos

ocupa.

                                        II.

                                        -A-

         El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias

ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y

discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una

controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar

el derecho23. En términos generales, al dictar sentencia sumaria, el

tribunal deberá hacer lo siguiente:

22   Véase apéndice del recurso, pág. 104.
23   Maldonado v. Cruz., 161 DPR 1, 39, (2004).
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         (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de
         sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en
         oposición, así como aquellos que obren en el expediente del
         tribunal;

         (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún
         hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda
         que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna
         por los documentos24.

         Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia

sumaria        cuando      existan    hechos       materiales   y   esenciales

controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la demanda

que no han sido refutadas; cuando surja de los propios documentos

que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho

material y esencial, o cuando como cuestión de derecho, no

procede25. La sentencia sumaria se puede dictar a favor o en contra

de la parte que la solicita, según proceda en Derecho26.

         Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante

sí documentos no controvertidos27. Es importante mencionar que,

este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de

Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia

sumaria28.

         Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al

atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes:

         1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que
            la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la
            jurisprudencia le exigen al foro primario;

         2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como
            su oposición cumplan con los requisitos de forma
            codificados en la referida Regla 36, supra;

         3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
            controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
            la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
            exponer concretamente cuáles hechos materiales
            encontró que están en controversia y cuáles están
            incontrovertidos;

24   Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).
25   Íd., págs. 333-334.
26   Maldonado v. Cruz, supra.
27   Íd., pág. 334.
28   Íd.
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         4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
            incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
            Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
            Derecho a la controversia29.

                                        -B-

         Reconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen

una gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados

en sus salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces30. En el ámbito del

desempeño judicial, la discreción no significa poder para actuar en

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho;

ciertamente, esto constituiría un abuso de discreción. La discreción

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera31. Tal conclusión justiciera

deberá estar avalada por el convencimiento del juzgador de que la

decisión tomada se sostiene en el estado de derecho aplicable a la

cuestión planteada. Ese ejercicio constituye "la razonabilidad" de la

sana discreción judicial32.

         En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente

con la discreción judicial. Es norma reiterada que este foro no habrá

de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de

Instancia, salvo en caso de "un craso abuso de discreción o que el

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial"33.

29   Roldan Flores v. M Cuebas, 199 DPR 664, 679 (2018).
30   Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981).
31   Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1997).
32   Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
33   Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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                                        -C-

       Nuestras Reglas de Procedimiento Civil34, establecen varios

mecanismos para permitir a las partes descubrir, obtener o

perpetuar la prueba necesaria para sustanciar sus alegaciones en el

acto del juicio. Estos mecanismos están basados en el principio

básico de que, antes del juicio, las partes tienen derecho a descubrir

toda la información relacionada con su caso, independientemente

de quién la posea35.

       Las normas de descubrimiento de prueba persiguen los

siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia; (2)

obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, evitando así

sorpresas en esta etapa de los procedimientos; (3) facilitar la

búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar evidencia. En esencia, su

finalidad es permitir que las partes puedan prepararse para el juicio,

de forma tal que tengan la oportunidad de obtener la evidencia

necesaria para evaluar y resolver las controversias del caso36.

       En    múltiples      ocasiones      se    ha    establecido    que     dicho

mecanismo de descubrimiento de prueba debe ser uno amplio y

liberal, de manera que se logren soluciones justas, rápidas y

económicas a las controversias existentes entre las partes                   37.   No

obstante, la flexibilización de este procedimiento no implica que el

mismo sea uno ilimitado38. El Tribunal de Primera Instancia tiene

amplia      discreción     para    pautar       el    procedimiento      sobre     el

descubrimiento de prueba que se va a seguir39. En consideración a

lo anterior, el tribunal viene obligado a cumplir con la máxima de

34 32 LPRA Ap. V.
35 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000), citando a: J.A. Cuevas
Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs.
J.T.S., 1985, Vol. II, pág. 123.
36 Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, págs. 151-152.
37 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659 (2021); Berríos Falcón v.

Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR
729, 744 (1986).
38 Alfonso Bru v. Trane Export, 155 DPR 158, 167-168 (2001).
39 Berríos Falcón v. Torres Merced, supra, pág. 971; Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117

DPR 838, 849 (1986).
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llevar a cabo un proceso justo para las partes, asumiendo un rol

activo en el mismo y como tal tiene discreción para limitar o extender

el alcance para descubrir prueba40.

                                      -D-

       El requerimiento de admisiones o autenticidad de documentos

es un escrito que una parte le dirige a otra para que admita la

certeza de ciertos hechos o la autenticidad de ciertos documentos41.

Según comenta el tratadista J. Cuevas Segarra, “[e]ste es un

mecanismo sencillo y económico, de excepcional utilidad en la

práctica contenciosa”42. Aunque la jurisprudencia considera que el

requerimiento de admisiones no es propiamente un mecanismo de

descubrimiento de prueba, [citas omitidas], ciertamente es un

instrumento eficaz para delimitar las controversias y para lograr

admisiones que acorten la audiencia y eviten gastos innecesarios

con las admisiones que son admisibles en evidencia43.

       Ahora bien, el requerimiento de admisiones está regulado por

la Regla 33 de Procedimiento Civil44, que dispone:

       Todas las cuestiones sobre las cuales se solicite una
       admisión se tendrán por admitidas, a menos que dentro
       de los veinte (20) días de haberle sido notificado el
       requerimiento, o dentro del término que el tribunal
       concediese mediante moción y notificación, la parte a
       quien se le notifique el requerimiento le notifica a la
       parte que requiere la admisión, una contestación
       suscrita bajo juramento por la parte o una objeción
       escrita sobre la materia. A menos que el tribunal acorte el
       término, una parte demandada no estará obligada a notificar
       contestaciones u objeciones antes de transcurridos veinte
       (20) días a partir de haberle sido entregada copia de la
       demanda y el emplazamiento, debiéndose en este caso
       apercibirle en el requerimiento que de no contestarlo en el
       término dispuesto se entenderá admitido. (Énfasis nuestro).

       Si la parte a quien se le notificó no cumple con en el término

antes señalado, “las cuestiones sobre las cuales se solicitó la

40 32 LPRA Ap. V, R. 34.3.
41 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LEXISNEXIS DE
PUERTO RICO, INC., 2017, pág. 369.
42 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., Estados Unidos

de Norte América, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1000.
43 Íd., pág. 1001.
44 32 LPRA Ap. V, R. 33.
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admisión, automáticamente se tendrán por admitidas”45. Igualmente,

señala el profesor R. Hernández Colón, que al recibir el

requerimiento la parte puede:

          No hacer nada: En ese caso, expirado el término de 20 días
          de la regla, o el concedido, se tendrán por admitidos los
          hechos o la autenticidad de los documentos. En otras
          palabras, para que se tengan por admitidos los hechos no es
          necesario que la parte contraria haga algo; no tiene que
          presentar una contestación46.

          Por lo tanto, la admisión de un requerimiento se considerará

definitiva, salvo que el tribunal permita su retiro o una enmienda a

ésta47. Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha declarado que

en “el ejercicio de su discreción el tribunal debe interpretar la regla

de forma flexible favoreciendo, en los casos apropiados, que el

conflicto se dilucide en los méritos”48.

          Finalmente, al examinar la naturaleza jurídica referente a la

objeción del requerimiento de admisiones, el tratadista J. Cuevas

Segarra, afirma:

          Para impugnar requerimientos de admisiones es
          imprescindible exponer objeciones en forma precisa y
          específica, ya que la carga de persuasión en cuanto a la
          validez de éstos recae sobre la parte objetante, pero antes de
          acudir al tribunal con objeciones formales, la parte objetante
          debe intentar de buena fe de manera extrajudicial de resolver
          la controversia al amparo de la Regla 34.1. Sólo así y
          acompañando        la   moción     con    una     certificación
          particularizada de los esfuerzos razonables para llegar a un
          acuerdo con el abogado de la parte adversa, es que
          procedería interponer la moción cuestionando las
          contestaciones a los requerimientos de admisiones o las
          objeciones al requerimiento formulado. En tal caso, debe
          relacionarse en la moción por separado el requerimiento, su
          contestación y la base para su impugnación. A menos que el
          tribunal determine que una objeción al requerimiento está
          justificada, ordenará que se conteste lo requerido49.

                                         III.

          Mediante el primer señalamiento de error, las apelantes

aducen que el foro primario incidió al dar por culminado el

descubrimiento de prueba. Señalan que el no poder completar el

45   Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 172 (2007).
46   R. Hernández Colón, op. cit., pág. 370.
47   Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág.171.
48   Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 574 (1997).
49   J. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1002.
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descubrimiento de prueba los coloca en un estado de indefensión y

les priva de su derecho a un debido proceso de ley.

          Según surge de los hechos de este caso, el 9 de julio de 2021,

el señor Fuentes Cardona presentó la Demanda50 en contra de las

apelantes. Luego de varios trámites procesales, el 5 de enero de

2022, notificada el 10 de enero de 2022, el foro primario emitió una

Orden51 en la que les concedió a las partes hasta el 31 de marzo de

2022 para informar el estado del descubrimiento de prueba. No

obstante,       las    partes    incumplieron        con    lo    ordenado.   En

consecuencia, el 26 de junio de 2022, notificada al día siguiente, el

TPI dio por concluido el descubrimiento de prueba.

          Tras analizar detenidamente el expediente apelativo y los

argumentos de las partes, concluimos que las apelantes tuvieron

suficiente tiempo para llevar a cabo un descubrimiento de prueba

adecuado, pero optaron por no hacerlo. Incluso, nunca informaron

al foro primario sobre el estado del descubrimiento de prueba. No

fue hasta el 12 de julio de 2022, después de que el TPI dio por

concluido el descubrimiento de prueba, que las apelantes indicaron

que les resultó imposible concluir oportunamente su investigación

sobre los hechos alegados en la demanda y presentar sus

contestaciones a los mecanismos de descubrimiento de prueba.

          No cabe duda de que los tribunales conservan amplia

discreción para regular el descubrimiento de prueba y así poder

cumplir con su obligación de “garantizar una solución justa, rápida

y económica del caso, sin ventajas para ninguna de las partes”52.

Además, las apelantes no han demostrado que el foro primario

obrara mediando prejuicio, parcialidad o un error craso y

manifiesto. Por lo cual, no procede nuestra intervención con el

50   Véase apéndice del recurso, págs. 1-14.
51   Véase apéndice del recurso, pág. 33.
52   Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 1, 13 (1962).
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manejo del caso y la determinación del TPI. En consecuencia, el

primer señalamiento de error no se cometió.

         En su segundo señalamiento de error, las apelantes arguyen

que erró el TPI y abusó de su discreción al dar por admitidos los

requerimientos notificados por el apelado o, en la alternativa, al no

relevar a la AAA de tales admisiones. Argumentan, que la Regla 33(b)

de Procedimiento Civil, supra, permite al tribunal sentenciador

retirar o enmendar admisiones.

         En el presente caso, el 13 de enero de 2022, el apelado

informó al TPI que había cursado a la AAA un pliego de

interrogatorio      y   producción      de      documentos,    así   como   un

requerimiento de admisiones. Luego, el 3 de febrero de 2022, las

apelantes presentaron una Moción de Prórroga53 para notificar sus

contestaciones al descubrimiento de prueba y el foro primario

concedió hasta el 28 de febrero de 2022. Sin embargo, no fue hasta

el 15 de julio de 2022 que estas notificaron haber enviado al

apelado sus contestaciones a interrogatorios y requerimientos de

admisiones. Nótese, que a esa fecha, habían transcurrido más de

seis (6) meses desde que el apelado cursó los mecanismos de

descubrimiento de prueba a las apelantes.

         Conforme al derecho antes expuesto, la parte a quien se le

cursa un requerimiento de admisiones deberá presentar su

contestación u objeción escrita dentro del término de veinte (20) días

de haberle sido notificado el requerimiento. En el caso que nos

ocupa,      las    apelantes     fueron      debidamente      notificadas   del

requerimiento de admisiones. Sin embargo, aunque el TPI les

concedió una prórroga para presentar sus contestaciones, éstas

comparecieron ciento treinta y siete (137) días después de expirada

la prórroga. Cabe señalar que las apelantes tampoco presentaron

53   Véase apéndice del recurso, págs. 35-36.
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una solicitud de término adicional para contestar. Por tanto,

procedía dar por admitido el requerimiento de admisiones cuando

expiró el término para contestarlo u objetarlo.

      Por otro lado, ciertamente, la Regla 33(b) de Procedimiento

Civil, supra, permite al foro primario retirar o enmendar admisiones

cuando ello contribuye a la disposición del caso en sus méritos o

cuando existe causa justificada para la tardanza. Colegimos que en

el presente caso no se demostró una causa justificada para la

excesiva tardanza en presentar las contestaciones al requerimiento

de admisiones cursado por el apelado. Por tanto, el segundo

señalamiento de error no se cometió.

      Por último, en el tercer señalamiento de error las apelantes

afirman que el foro primario erró al emitir la sentencia sumaria

parcial solicitada por el apelado basada en los hechos dados por

admitidos por no presentar la AAA oportunamente su contestación

al pliego de requerimiento de admisiones y no considerar como

hecho en controversia los expuesto por las apelantes en su réplica a

solicitud de sentencia sumaria parcial.

      Como indicamos, el mecanismo de sentencia sumaria es uno

discrecional en el cual el tribunal, una vez determina que no existe

una controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en

vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho,

procederá entonces a dictar la sentencia solicitada. Al estar este foro

revisor en la misma posición que el TPI para adjudicar solicitudes

de sentencia sumaria, es nuestra obligación indagar y examinar si

en realidad existen controversias de hechos materiales. Dicho

proceso de revisión nos lleva a examinar de novo la Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial presentada por el apelado, así como la

Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por las

apelantes.
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      Es preciso señalar que, conforme a lo resuelto por nuestro

Tribunal Supremo en Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos.,

supra, la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, permite utilizar los

hechos admitidos en requerimiento de admisiones como base para

una moción de sentencia sumaria. Por tanto, el TPI tenía que

considerar los hechos admitidos mediante el requerimiento de

admisiones, al evaluar la procedencia de la moción de sentencia

sumaria presentada por el apelado.

      De nuestra revisión de novo y el análisis realizado, conforme

a lo dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su

jurisprudencia interpretativa, podemos colegir que los hechos

materiales incontrovertidos esbozados por el foro primario en su

Sentencia Parcial encuentran apoyo en las admisiones de las

apelantes. Por tanto, determinamos que el tercer señalamiento de

error tampoco fue cometido. En consecuencia, confirmamos la

Sentencia Parcial emitida por el foro primario.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia Parcial apelada. Se devuelve el caso al TPI para la

celebración de una vista a los fines de determinar los daños a los

que tiene derecho el señor Fuentes Cardona.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones