Court Opinion

ID: 9962746
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:48:27.603956+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:40.389315
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

LUIS ORLANDO DÁVILA                           CERTIORARI
       RIVERA                                 procedente del
     Peticionario                             Tribunal de Primera
                                              Instancia Sala
             V.                 KLCE202400211 Superior de Carolina

                                                Caso Núm:
                                                CA2022CV00950

  DESSIE ANN RIVERA                             Sobre:
      NAVARRO                                   Liquidación de
      Recurrida                                 Comunidad de
                                                Bienes
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2024.

      El 20 de febrero de 2024, el Sr. Luis Orlando Dávila Rivera

(señor Dávila o peticionario) compareció ante nos mediante un

recurso de Certiorari y solicitó la revisión de una Resolución que se

dictó el 18 de enero de 2024 y se notificó el 22 de enero de 2024 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).

Mediante el aludido dictamen, el TPI resolvió que la Moción

Solicitando Relevo de Sentencia por Nulidad que presentó el señor

Dávila se presentó expirado el término de seis (6) meses desde que

se dictó la Sentencia del caso según lo dispone la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 49.2. Así pues, determinó

que no tenía jurisdicción para atender dicha solicitud por falta de

jurisdicción.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.

                                    I.

      El 25 de marzo de 2022, el peticionario presentó una

Demanda sobre liquidación de bienes gananciales en contra de la

Número Identificador
RES2024 _____________________
                                                                   2

Sra. Dessie Ann Rivera Navarro (señora Rivera o recurrida). Luego

de varios trámites procesales que no son pertinentes discutir, el TPI

dictó una Sentencia el 20 de junio de 2023 que se notificó el 21 de

junio de 2023 mediante la cual le adjudicó una propiedad a la

señora Rivera ubicada en el municipio de Carolina. Además,

condenó al peticionario a pagarle a esta última la cantidad de

$2,426.84 por el remanente del crédito que no fue satisfecho por la

adjudicación de la propiedad antes mencionada.

      Posteriormente, el 20 de diciembre de 2023, el señor Dávila

presentó una Moción Solicitando Relevo de Sentencia por Nulidad al

amparo de la Regla 49.2(d) de Procedimiento Civil, supra. En esta

solicitó que se relevara la Sentencia que el TPI dictó el 20 de junio

de 2023 por la causal de nulidad. El Tribunal le concedió un término

a la parte recurrida para que presentara su posición en cuanto a la

referida solicitud. Oportunamente, el 17 de enero de 2024, la señora

Rivera presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. En esta

argumentó que el TPI no tenía jurisdicción para atender la solicitud

de relevo de sentencia por nulidad toda vez que había transcurrido

el término de seis (6) meses que dispone la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, supra, para presentar una moción de relevo de

sentencia desde que se registró la Sentencia. Por esta razón, le

solicitó al TPI a que declarara No Ha Lugar la solicitud de relevo de

sentencia por nulidad por falta de jurisdicción.

      Evaluados los argumentos de las partes, el 18 de enero de

2024, el TPI dictó un Resolución que se notificó el 22 de enero de

2024, mediante la cual resolvió que la Moción Solicitando Relevo de

Sentencia por Nulidad que presentó el señor Dávila se presentó

expirado el término de seis (6) meses desde que se dictó la Sentencia

del caso según lo dispone la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

supra. Así pues, determinó que no tenía jurisdicción para atender

dicha solicitud por falta de jurisdicción.
                                                                    3

      Inconforme con este dictamen, el 22 de enero de 2024, el

señor Dávila presentó una Moción Solicitando Reconsideración a

Resolución. En síntesis, puntualizó que el término de seis (6) meses

que dispone la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no aplica a

las solicitudes de relevo de sentencia que están basadas en la causal

de nulidad. En respuesta, ese mismo día, a saber, el 22 de enero de

2024, el TPI dictó una Resolución declarando No Ha Lugar la

solicitud de reconsideración. Aún en desacuerdo, el 20 de febrero de

2024, el peticionario presentó el recurso de epígrafe y formuló los

siguientes señalamientos de error:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia,
      Sala Superior de Carolina, al resolver mediante una
      Resolución que la Moción de Relevo de Sentencia
      por Nulidad fue presentada expirado el término de
      seis (6) meses, computado desde Registrada la
      Sentencia, o sea desde el 21 de junio de 2023, y que,
      por ello, este carecía de jurisdicción.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia,
      Sala Superior de Carolina, al interpretar que debido
      a que la Parte Peticionaria acordó constituir hogar
      seguro en beneficio de su hija incapacitada física y
      mentalmente era sinónimo de que hubo un
      consentimiento tácito a que la recurrida viviera la
      propiedad     de   manera     exclusiva    y   como
      consecuencia adjudicarle la propiedad totalmente,
      perdiendo el peticionario su participación ganancial
      sin el debido proceso de ley.

      Atendido el recurso, el 23 de febrero de 2024, emitimos una

Resolución concediéndole a la señora Rivera hasta el 1 de marzo de

2024 para presentar su posición al recurso. Oportunamente, la

recurrida presentó una Oposición a Expedición de Auto de Certiorari

y negó que el TPI cometiera los errores que el peticionario le imputó.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver. Veamos.

                                 II.

                                 -A-

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de
                                                                     4

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      En otros términos, al determinar si procede expedir o denegar

un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto

postsentencia,    debemos     evaluar    únicamente     los   criterios
                                                                    5

enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. Íd. La aludida regla establece lo siguiente:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                 -B-

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, establece el

mecanismo procesal disponible para solicitar al Tribunal de

Instancia el relevo de los efectos de una sentencia. García Colón et
                                                                     6

al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). Específicamente, la

aludida Regla dispone lo siguiente:

        Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que
        sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
        representante legal de una sentencia, orden o
        procedimiento por las razones siguientes:

  (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
  (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
      una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta
      a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con
      la Regla 48;

  (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
      “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa
      representación u otra conducta impropia de una parte
      adversa;

  (d) nulidad de la sentencia;

  (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
      cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
      fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
      efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe
      en vigor, o

  (f)   cualquier otra razón que justifique la concesión de un
        remedio contra los efectos de una sentencia. (Énfasis
        suplido).

        […]

        Para que proceda el relevo de sentencia bajo la referida regla,

“es necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las

razones enumeradas en esa regla para tal relevo”. Íd., pág. 540.

Además, una moción basada en la aludida Regla debe estar bien

fundamentada, pues sabido es que los dictámenes emitidos por

nuestros tribunales gozan de una presunción de validez y

corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690

(1961). Cabe precisar, que, como regla general, dicha acción tiene

que ejercitarse dentro los seis (6) meses siguientes al archivo y

notificación de la sentencia. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del

Turabo, Inc., 205 DPR 689, 698 (2020). Sin embargo, a modo de

excepción, tal norma cede cuando se trata de una sentencia que
                                                                         7

adolece de nulidad. Íd. Entiéndase, “si una sentencia es nula, la

parte promovedora de una moción de relevo de sentencia no

está limitada por el término de seis meses expuesto.” (Énfasis

suplido) Íd., pág. 699.

      A   tenor   con     lo   antes     expuesto,   cabe   precisar   que,

independientemente de la existencia de uno de los fundamentos

expuestos en la regla, relevar a una parte de los efectos de una

sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. (Énfasis

suplido) Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). A tales efectos,

si una sentencia es nula, no hay margen de discreción y es

obligatorio dejar sin efecto la sentencia. García Colón et al. v. Sucn.

González, supra, pág. 543. Ello, “independientemente de los méritos

que pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado”. Íd.,

págs. 543-544. Se considera que una sentencia es nula cuando al

dictarla se quebrantó el debido proceso de ley. Íd., pág. 543.

                                       III.

      En su primer señalamiento de error, el peticionario argumentó

que el TPI erró al resolver que no tenía jurisdicción para atender la

solicitud de relevo de sentencia por nulidad ya que había expirado

el término de seis (6) meses que dispone la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, supra, para presentar dicha solicitud desde que

se registra la Sentencia del caso. Le asiste razón. Veamos.

      Según el precitado derecho, como norma general, una

solicitud de relevo de sentencia se tiene que presentar dentro del

término de seis (6) meses a partir del archivo y notificación de la

Sentencia. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, supra, pág.

698. Sin embargo, a modo de excepción, cuando una solicitud de

relevo de sentencia se basa en la causal de nulidad, el precitado

término no le aplica. Íd. Entiéndase, “si una sentencia es nula, la
                                                                    8

parte promovedora de una moción de relevo de sentencia no está

limitada por el término de seis meses expuesto”. Íd., pág. 699.

      En el caso de autos, el señor Dávila presentó una solicitud de

relevo de sentencia por nulidad al amparo de la Regla 49.2(d) de

Procedimiento Civil, supra. Así pues, el TPI tenía la obligación de

atender esta solicitud a pesar de que no se presentó dentro del

término de seis (6) meses que dispone la referida regla. Ello, ya que

como mencionamos anteriormente, cuando una solicitud de relevo

de sentencia se fundamenta bajo la causal de nulidad no le aplica el

término de seis (6) meses antes mencionados. Por esta razón, le

devolvemos el caso al TPI para que atienda la solicitud de relevo de

sentencia por nulidad que presentó el peticionario. Aclaramos que

con esta determinación no estamos prejuzgando la procedencia de

la referida solicitud. Además, cabe precisar que no discutiremos el

segundo señalamiento de error ya que estaríamos entrando en los

méritos de la controversia en la que se basa la solicitud de relevo de

sentencia por nulidad que presentó el peticionario.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos el dictamen recurrido. En consecuencia, le

devolvemos el caso al TPI para que atienda la solicitud de relevo de

sentencia por nulidad.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones