Court Opinion

ID: 9928605
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:29:09.671733+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:19.723535
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  Panel II

ALPROEM ENGINEERING                                        Apelación
 CONTRACTORS, CORP.                                        procedente del
      Apelante                                             Tribunal de
                                                           Primera Instancia
                                                           Sala de San Juan
             v.                  KLAN202300756
                                                           Caso Núm.
                                                           SJ2021CV02784
FIRSTBANK        PUERTO
RICO, INC. Y OTROS                                         Sobre:
        Apelados                                           Daños y
                                                           Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

      Comparece Alproem Engineering Contractors Corp. (Alproem o el

apelante), solicitando la revocación de una Sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, (TPI), el 20 de

junio de 2023. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar

una Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte demandada,

FirstBank Puerto Rico Inc., (Firstbank o apelado), denegando a su vez la

instada por Alproem, y en consecuencia, ordenando la desestimación y

archivo de la causa de acción presentada por este último contra Firsbank.

       La controversia ante nuestra consideración se enmarca en el

contexto de una transferencia electrónica que Alproem adujo fue

fraudulenta, causada por un jáquer, a través de la cual se logró la

transferencia a favor de un tercero, de una importante suma de dinero

proveniente de sus cuentas en Firsbank. Imputó responsabilidad Alproem

a Firstbank en tal transacción, por presuntamente no tener o seguir

medidas de seguridad comercialmente razonables, al amparo de la Ley de

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
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Transacciones Comerciales, infra, que hubiesen evitado el resultado de tal

acto.

I. Resumen del tracto procesal

        El 6 de mayo de 2021, Alproem Engineering Contractors Corp. (en

adelante apelante o Alproem) instó una Demanda por daños y perjuicios en

contra de: FirstBank; Bank of America, N.A. (en adelante, Bank of America);

Compañía Aseguradora ABC (en adelante ABC); y John Doe y/o XYZ, Inc.

En síntesis, adujo que, el 7 de mayo de 2020, uno de los socios fundadores

de Alproem, el Señor Luis E. Ramírez (en adelante, señor Ramírez), le

solicitó mediante correo electrónico a una asociada de contabilidad de esa

misma corporación, la señora Lisandra Miranda Matos (en adelante, la

señora Miranda), que transfiriera de la cuenta de ahorros núm. ***2162, a

la cuenta de reserva núm. ***6953, la cantidad de $990,667.00 por

concepto de “Desembolso de Préstamo”. Se continuó alegando en la

Demanda, que el dinero de dicha transacción fue producto del Programa

de Protección de Pago de Cheques (PPP) que ofrece la Administración de

Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), para que pequeñas

empresas pudieran cubrir los gastos de nómina de sus empleados.

        Sostuvo Alproem, además, que, el 8 de mayo de 2020, un tercero

desconocido, y sin ningún tipo de relación con            la corporación,

fraudulentamente jaqueó el correo electrónico del señor Ramírez y le

ordenó a la señora Miranda que transfiriera los $990,667.00 de la cuenta

núm. ***6953, a una cuenta “Business Fundamentals Checkings” de Bank

of America en la ciudad Mesa, Arizona. Acción que presuntamente se

concretó.

        Alproem aseveró en la demanda que, a pesar de lo narrado en el

párrafo anterior, FirstBank, ni Bank of America, ejercieron los protocolos

de seguridad necesarios para alertar rápidamente sobre la transferencia

fraudulenta de fondos y así evitar la apropiación por parte de un tercero

desconocido. En la misma tónica el apelante aseveró que, no fue hasta once
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días después de realizada la transferencia aludida que Bank of America

alertó a FirstBank de que dicha transacción se trataba de un posible caso

de fraude. Añadió, que FirstBank se comunicó con Alproem por primera

vez el 22 de mayo de 2020, a través de un correo electrónico, notificándole

sobre la alerta de fraude emitida por Bank of America. En lo pertinente, le

imputó a Firsbank, entre otros: haber fallado en ejercer una adecuada

verificación, revisión de las actividades bancarias de Alproem y de evaluar

todos los factores de riesgos antes de autorizar le mencionada transacción

fraudulenta; no confirmar por vía telefónica o por ningún otro medio la

veracidad de la transferencia electrónica, a pesar de tratarse de una

transacción altamente irregular; conociendo el historial de transacciones

bancarias de Alproem, FirstBank omitió su deber de cuidado mínimo para

con Alproem.

      A raíz de lo anterior, Alproem sostuvo que FirstBank y Bank of

America incurrieron en actos culposos y negligentes que le provocaron una

pérdida económica, ascendiente a $829,600.00, más una cantidad de

$100,000 por concepto de daños y perjuicios.

      Posteriormente, Alproem presentó un aviso de desistimiento

voluntario, sin perjuicio, de su Demanda contra Bank of America, que el

foro apelado acogió mediante Sentencia Parcial.

      Por su parte, FirstBank presentó Contestación a demanda. Habiendo

admitido ciertas alegaciones de la demanda, y negado otras, afirmó no

haber incurrido en los actos u omisiones culposas o negligentes que se le

atribuyeron en la Demanda. Enfatizó que de las propias alegaciones de la

Demanda surgía que cualquier responsabilidad por la transferencia

aludida se le debe atribuir a Alproem y/o terceros. En específico, aseveró

que Alproem fue negligente al no implementar las medidas de seguridad

apropiadas para evitar que terceros infiltraran en sus sistemas de

información. Esgrimió, que una vez recibió el correo electrónico de la señora

Miranda sobre la transferencia, se comunicó con ella por teléfono para

confirmar, pero no la consiguió. De igual forma, FirstBank sostuvo que le
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escribió por correo electrónico para confirmar la transacción, solicitando la

dirección física del beneficiario y el propósito de la transacción. Sobre esto,

indicó que en menos de una hora recibió respuesta de la señora Miranda

con la información solicitada y reiterando la transferencia. Finalmente,

FirstBank alegó que, el 26 de mayo de 2020, Alproem firmó un relevo de

responsabilidad en el cual liberó a FirstBank de toda responsabilidad.

        Luego, y superadas varias instancias procesales relativas al

descubrimiento de la prueba, el tribunal a quo emitió otra Sentencia Parcial,

esta vez acogiendo una solicitud de desistimiento con perjuicio de Alproem,

en cuanto a la causa de acción sobre responsabilidad civil extracontractual

dirigida contra Firstbank. De este modo, el único reclamo incluido en la

causa de acción presentada que subsistió fue el de la alegada pérdida

sostenida por la transferencia fraudulenta, la cual ascendía a $829,600.

        Culminado el descubrimiento de prueba, FirstBank presentó una

Moción de Sentencia Sumaria. Al tenor, propuso ciento ocho (108) hechos

como incontrovertidos, con alusión a la prueba documental que

presuntamente los sustentaban. En discusión de derecho, arguyó sobre el

relevo de responsabilidad suscrito por las partes respecto a la controversia

alzada por Alproem. Elaboró sobre la ausencia de causa de acción de

Alproem al considerarse el articulado relativo a la Ley de Transacciones

Comerciales, infra. Particularmente, sostuvo que, según dicho estatuto, la

orden de pago resultaba válida de haber sido autorizada por el remitente,

y en este caso, eso fue lo ocurrido, en tanto intervino la autorización de

Alproem a través de la señora Miranda, persona autorizada a esos efectos.

Esgrimió que, aunque lo dicho disponía de la controversia, en cualquier

caso,    Firstbank   sí   estableció   unos   procedimientos   de   seguridad

comercialmente razonables, consistentes en no menos de cinco distintos

mecanismos de seguridad, entre estos: la designación de usuarios

autorizados y la segregación de funciones por usuarios autorizados.

Finalmente, FirstBank manifestó haber seguido todos los procedimientos
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de seguridad establecidos en sus manuales y que, de haber algún tipo de

responsabilidad, esta sería exclusivamente atribuible a Alproem, por no

tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger sus sistemas

informáticos de actos fraudulentos.

      A su vez, el mismo día Alproem también presentó su Moción de

Sentencia Sumaria. Inició por afirmar que a ese punto ya se contaba con

una serie de hechos estipulados, que permitían disponer de la controversia

pendiente de manera sumaria. A tales efectos, afirmó que no existía

controversia sustancial de que FirstBank quebrantó su deber contractual

con Alproem al no cumplir con sus medidas de seguridad establecidas.

Entonces, pasó a enumerar quince (15) hechos esenciales y pertinentes que

identificó como incontrovertidos. En la discusión de derecho, entre otros

asuntos, argumentó que la Ley de Transacciones Comerciales, infra, les

exige a las instituciones bancarias protocolos de seguridad para proteger

las órdenes de pago de sus clientes, a los que FirstBank hizo caso omiso.

Sostuvo que FirstBank incumplió su protocolo de seguridad, pues el Cash

Management Procedure Manual de FIS, le requería una confirmación

telefónica de las transacciones sospechosa, pero FirstBank realizó dicha

confirmación mediante correo electrónico. Esgrimió que FirstBank

incumplió con sus políticas de seguridad, al solicitar la confirmación de

orden de pago a la misma persona que la inició, en este caso la señora

Miranda, contrario al Commercial Transaction Banking Terms & Conditions

(en adelante “Terms & Conditions”).

      Así las cosas, FirstBank presentó su Oposición a solicitud de

Sentencia Sumaria presentada por Alproem. En esta, sostuvo que la

solicitud de Alproem se debía declarar No ha Lugar, pues: (1) la señora

Miranda autorizó la Orden de Pago, por lo que resultaba innecesario entrar

en los procedimientos de seguridad de FirstBank; (2) FirstBank confirmó la

Orden de pago con la misma persona que la generó, porque así Alproem le

instruyó a proceder; (3) el argumento de que la cuenta donde salió la orden
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de pago que termina en ***6953 no estaba autorizada, va en contra de sus

propios actos.

      Ese mismo día, el 23 de marzo de 2023, Alproem presentó Oposición

a sentencia sumaria. En síntesis, expuso que existe una controversia

respecto a los hechos relacionados a la reunión de orientación que

FirstBank llevó a cabo para ofrecer sus productos. Además, planteó que

permanecía en controversia los Terms & Conditions, los cuales establecen

segregación de funciones y prohíbe la confirmación de una orden de pago

por la misma persona que la generó. Por otro lado, insistió sobre su

planteamiento de que FirstBank debió cumplir con el procedimiento de

confirmación de órdenes de pago por medio de una llamada telefónica y/o

correo electrónico del listado de usuarios autorizados. Asimismo,

argumentó que el relevo que firmó el señor Ramírez era un contrato de

adhesión, el cual debía ser interpretado a favor de la parte más débil.

Finalmente, reiteró que FirstBank no acató sus propios protocolos de

seguridad establecidos para la plataforma de banca electrónica, y por tal

razón no evitó el fraude y los daños ocasionados en la pérdida de casi un

millón de dólares a Alproem.

      Habiendo considerado las mociones dispositivas presentadas por las

partes, el TPI dictó Sentencia Sumaria cuya revocación se nos solicita,

declarando Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por

FirstBank, y desestimando la única causa de acción pendiente de adjudicar

instada por Alproem. Al así decidir, el foro primario enumeró veintidós

hechos materiales que no estaban en controversia. En específico, el TPI

determinó que los siguientes hechos materiales no estaban en controversia.

      1.   Alproem ha tenido varias cuentas comerciales con FirstBank desde el
           24 de octubre de 2001.

      2.   FirstBank visitó las instalaciones de Alproem para darle asesoramiento
           relacionado a sus productos, contestar dudas y preguntas, y recopilar
           información e instrucciones del Alproem, las cuales FirstBank utilizó
           para personalizarle a Alproem la plataforma digital.

      3.   El 24 de octubre de 2012, Alproem y FirstBank otorgaron el (F.A.C.I.L.)
           FirstBank Access and Control Information Link Agreement (en
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          adelante, FACIL AGREEMENT), por virtud del cual FirstBank le
          habilitó a Alproem acceso a su plataforma de banca comercial digital.

    4.    El 24 de abril de 2015, la adenda de usuario del Smart Cash
          Management Solutions Product Agreement, suscrito por las partes y
          ejecutada en esa misma fecha, autorizó y proveyó códigos de acceso y
          contraseñas a la Sra. Miranda para que pudieran realizar, en el
          Sistema de Smart Cash Management Solutions, las siguientes
          funciones: (1) balance reporting; (2) stop payment (3) ACH (input &
          approval) ; (4) money transfers (input & approval); (5) eStatements;
          (6) book transfers.

    5.    En la adenda de usuario con fecha de 24 de abril de 2015, Alproem le
          asignó a la Sra. Miranda, al Sr. Rafael Rivera y a la Sra. Maricarmen
          Díaz, las funciones de iniciar y aprobar las transacciones monetarias,
          como método de verificación de autenticidad de órdenes de pago.

    6.    FirstBank contaba con los siguientes procedimientos de seguridad:
          (1) designación de usuarios autorizados; (2) segregación de funciones
          entre sus usuarios autorizados; (3) designación de un nombre de
          usuario y contraseña; (4) un sistema de doble verificación de
          autenticación en el que se utilizaba un token físico; (5) topes
          monetarios; (6) monitoreo de transacciones y validación adicional.

    7.    FirstBank recomendó a Alproem mediante el documento Commercial
          Transaction Banking & Conditions no asignar funciones de inicio y
          aprobación de transferencias monetarias a una sola persona
          autorizada.

    8.    Para mayo de 2020, Alproem mantenía las cuentas ***2162 y ***6953
          con FirstBank.

    9.    Para mayo de 2020, Alproem obtuvo la cantidad de $990,667.00 en
          concepto de préstamo a través de Paycheck Protection Program (“PPP”)
          que ofrece Small Business Administration (“SBA”) préstamo número
          4782647207.

    10. El 7 de mayo de 2020, Lisandra Miranda transfirió electrónicamente
        desde la cuenta número ***262 hacia la cuenta número ***6953 la
        cantidad de $990,667.00.

    11. La orden de pago objeto de este litigio fue realizada por Lisandra
        Miranda (“Miranda”) el 8 de mayo de 2020 para hacer una
        transferencia cablegráfica (“wire transfer”) por la cantidad de $990,
        667.00 desde la cuenta ***693 de Alproem hacia la cuenta de
        457040822406 de la sucursal de Bank of America en Mesa, Arizona, a
        nombre de “Larry P. Wiley”.

    12.    El 11 de mayo de 2020, personal de FIS, el proveedor de servicios de
          monitoreo de transacciones de FirstBank, le escribió un correo
          electrónico al FACIL Team de FirstBank para que verificaran “[t]he Wire
          activity in the amounf of $990,667 from today as well as any other
          recent trasactions. Reason for Escalation: New Payee”.

    13. En su correo electrónico del 11 de mayo de 2020, el personal de FIS
        expresó que la Orden de Pago había sido “held”.

    14. El Cash Management Procedure Manual en su inciso 1.3 establece que
        el cliente, debe ser contactado al número telefónico y/o al correo
        electrónico que aparece disponible en la base de datos, cuando es
        necesaria una confirmación de transferencia cablegráfica, cuando esta
        se encuentra “held”.
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      15. El 11 de mayo de 2020, personal del FACIL Team de FirstBank le
          remitió un correo electrónico a Miranda solicitando que confirmara la
          Orden de Pago, proveyera la dirección física del beneficiario e
          informara el propósito de la transacción.

      16. Miranda replicó al correo electrónico escribiendo el nombre del
          beneficiario, Larry P. Wiley, proveyendo su dirección física e
          informando el propósito de la transacción.

      17. El 22 de mayo de 2020, Bank of America se comunicó con FirstBank
          mediante un mensaje electrónico interbancario indicándole que tenía
          una sospecha sobre la transferencia electrónica.

      18. El 22 de mayo de 2020, FirstBank le remitió a Alproem el mensaje de
          Bank of America vía correo electrónico enviado a Maricarmen Díaz y
          Lisandra Miranda.

      19. El 22 de mayo de 2020, Alproem y FirstBank suscribieron un contrato
          titulado Hold Harmless and Indemnification Agreement.

      20. El 22 de mayo de 2020, FirstBank le escribió un mensaje interbancario
          a Bank of America informándole que Alproem confirmó que la Orden
          de Pago no procedía, por lo que le solicitó la devolución de los fondos
          “lo más pronto posible”.

      21. El 3 de junio de 2020, FirstBank le notificó a Alproem que Bank of
          America estaba realizando una investigación y que esta podría durar
          hasta (90) días.

      22. El 17 de febrero de 2021, la SBA condonó a Alproem el préstamo
          número 4782647207.

      Alproem presentó una Moción de Reconsideración, que resultó

denegada por el foro apelado.

      Inconforme, Alproem comparece ante este Tribunal de Apelaciones,

mediante el Recurso de apelación, señalando la comisión de los siguientes

errores por el tribunal a quo:

      A. El TPI erró al determinar que los procedimientos de
      FirstBank son comercialmente razonables según la Ley de
      Transacciones Comerciales.

      B. El TPI erró al determinar que FirstBank cumplió con los
      procedimientos de seguridad establecidos.

      En respuesta, FirstBank presentó su Alegato en Oposición al recurso

de Apelación. Esgrimió que procede la confirmación de la Sentencia

apelada, por las siguientes razones: (1) FirstBank no tenía que confirmar

la orden de pago (Wire) con una persona distinta a la señora Miranda;

(2) no había un deber por parte de FirstBank de confirmar la orden de pago

(Wire) a través de una llamada telefónica; (3) el FACIL User Guide traído a

colación por la parte apelante no guarda relación con la controversia en el
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presente caso; (4) la carencia de controles internos por parte de Alproem

imposibilita responsabilizar a FirstBank por el alegado incidente de fraude.

      Estamos en posición de resolver.

II. Exposición de Derecho

   A. La función apelativa ante la Sentencia Sumaria dictada por el
      Tribunal de Primera Instancia

      El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Roldan Flores v. M. Cuebas et al.,

199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195 DPR

769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014).

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho

esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”.

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36; González Santiago

v. Baxter Healthcare, supra; Roldan Flores v. M. Cuebas et al., supra; Lugo

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG Zapata-

Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

      Al revisar sentencias dictadas por Tribunal de Primera Instancia

mediante el mecanismo de la sentencia sumaria, o las resoluciones

denegatorias de una moción de sentencia sumaria, el Tribunal de

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el tribunal inferior para

evaluar su procedencia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Al

disponer de una moción de sentencia sumaria, el tribunal necesariamente

tendrá que escudriñar las alegaciones de la demanda o las defensas

interpuestas para determinar si existen hechos en controversia que deban

esclarecerse mediante un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Los

criterios para seguir por este foro intermedio al atender la revisión de una
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sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido enumerados con

exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Íd. Según los tales, el Tribunal de

Apelaciones debe:

       1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la
          Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia
          le exigen al foro primario;

       2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su
          oposición cumplan con los requisitos de forma
          codificados en la referida Regla 36, supra;

       3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
          controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la
          Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
          exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró
          que están en controversia y cuáles están incontrovertidos;

       4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
          incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
          Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
          Derecho a la controversia.

      Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia

sumaria, estamos limitados de dos maneras: (1) solo podemos considerar

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia;

(2) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar asuntos

que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras que el

segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su

consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos

materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd., pág. 115. También, se ha

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera

instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

   B. Ley de Transacciones Comerciales (LTC)

      Con la aprobación de la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto

Rico (LTC), Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, 19

LPRA § 1105 et seq., se incorporaron las disposiciones federales
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establecidas por los Artículos 1, 3, 4 y 4A del Uniform Commercial Code

(UCC),   en   cuanto   a   los   procedimientos   bancarios,   instrumentos

negociables y transacciones comerciales. A consecuencia de esto, las

disposiciones aplicables a los procedimientos bancarios, así como las

normas generales y de interpretación sobre las relaciones entre los bancos

y sus clientes se encuentran dispuestas en la LTC.

      La Sección 4-103 de la LTC, supra, define orden de pago como:

      Una instrucción del remitente a un banco receptor,
      transmitida verbalmente, electrónicamente, o por escrito, para
      que pague, u ordene que otro banco pague, una cantidad de
      dinero fija o determinable a un beneficiario, si:
      (i) la instrucción no indica otra condición de pago al
      beneficiario que no sea el momento de pago,
      (ii) el banco receptor ha de ser reembolsado mediante un cargo
      a una cuenta del remitente, o mediante otra forma de pago por
      el mismo, y
      (iii) la instrucción es transmitida por el remitente directamente
      al banco receptor o a un agente, sistema de transferencias de
      fondos o sistema de comunicación, para transmisión al banco
      receptor. 19 L.P.R.A. § 1023.

      De igual forma, la Sección 4-104 del mismo estatuto define

transferencia de fondos como:

      Una serie de transacciones, comenzando con la orden de pago
      del originador, efectuadas con el propósito de pagarle al
      beneficiario de la orden. El término incluye toda orden de pago
      emitida por el banco del originador o por un banco
      intermediario, con intención de llevar a cabo la orden de pago
      del originador. Una transferencia de fondos se completa
      mediante la aceptación por el banco del beneficiario de una
      orden de pago a favor del beneficiario de la orden de pago del
      originador. 19 L.P.R.A. § 1024.

      Por su parte, la Sección 4-201 de la LTC define procedimiento

de seguridad de la siguiente forma:

      un procedimiento establecido por un acuerdo entre un
      cliente y un banco receptor para (i) verificar que una orden
      de pago o comunicación que enmienda o cancela una orden de
      pago sea la orden del cliente, o (ii) detectar errores en la
      transmisión o contenido de la orden de pago o
      comunicación. El procedimiento de seguridad puede requerir
      el uso de algoritmos u otros códigos, palabras o números de
      identificación, métodos crípticos, corroboración telefónica u
      otros sistemas de seguridad similares. La comparación de una
      firma en la orden de pago o comunicación con una firma
      registrada del cliente no constituye, de por sí, un
      procedimiento de seguridad. 19 L.P.R.A. § 1051.
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      Además, sobre las órdenes de pago autorizadas y verificadas, la

Sección 4-202 de la LTC dispone lo siguiente:

      (a) Una orden de pago recibida por el banco receptor es la orden
      autorizada de la persona identificada como remitente si esa
      persona autorizó la orden o está en alguna otra forma obligada
      por ella bajo el derecho que rige el mandato.

      (b) Si un banco y su cliente han acordado que la autenticidad
      de las órdenes de pago emitidas al banco a nombre del cliente
      como remitente serán verificadas de acuerdo con un
      procedimiento de seguridad, una orden de pago recibida por el
      banco receptor será efectiva como orden del cliente, esté tal
      orden autorizada o no, si (i) el procedimiento de seguridad
      es uno comercialmente razonable para proveer seguridad
      contra órdenes de pago no autorizadas, y (ii) el banco
      prueba que aceptó la orden de pago de buena fe y en
      cumplimiento con el procedimiento de seguridad y todo
      otro acuerdo escrito o instrucción del cliente que restrinja
      la aceptación de órdenes de pago emitidas en su nombre.
      El banco no está obligado a cumplir con una instrucción que
      contravenga un contrato escrito con el cliente o de la que no
      tenga aviso en un plazo y de tal manera que le conceda al
      banco una oportunidad razonable para actuar respecto a ella
      antes de aceptar la orden de pago.

       (c) La razonabilidad comercial de un procedimiento de
      seguridad es una cuestión de derecho a resolverse tomando en
      consideración los deseos expresados por el cliente al banco, las
      circunstancias del cliente conocidas por el banco incluyendo el
      monto, clase, y frecuencia normal de emisión de sus órdenes
      de pago al banco, los procedimientos de seguridad alternos
      ofrecidos al cliente, y los procedimientos de seguridad en uso
      general por clientes y bancos receptores en situación similar.
      Se considerará como comercialmente razonable un
      procedimiento de seguridad si (i) fue escogido por el cliente
      luego del banco ofrecer, y el cliente rehusar, un
      procedimiento de seguridad que era comercialmente
      razonable para ese cliente, y (ii) el cliente expresamente
      acordó por escrito quedar obligado por cualquier orden de
      pago, ya sea esta autorizada o no, que fuese emitida en su
      nombre y aceptada por el banco en cumplimiento con el
      procedimiento de seguridad escogido por el cliente. 19
      L.P.R.A. § 1052.

      (Énfasis provisto).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                     a.

      Según hemos advertido, la Sentencia apelada fue dictada a través del

mecanismo procesal que provee la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,

la sentencia sumaria. De ordinario, y por causa de que la revisión de los

dictámenes sumarios provenientes de los foros primarios por este Tribunal
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de Apelaciones acontece de novo, antes de atender los planteamientos de

derecho esgrimidos por las partes, nos damos a la tarea de examinar si las

mociones dispositivas ante la atención del tribunal a quo cumplieron con

las formalidades requeridas para ponerlo en posición de atenderlas, y

entonces verificar que los hechos propuestos por las partes como esenciales

e incontrovertibles lo sean, es decir, si fueron sustentados por la prueba

documental anejada a las mociones.

      Vistas las mociones dispositivas de las partes en este caso, en efecto,

juzgamos que cumplieron con los requerimientos formales para colocar en

posición al TPI, y a este foro intermedio, de entrar en su contenido.

      Señalado lo anterior, notamos, sin embargo, que en el recurso de

apelación   ante   nuestra   consideración   Alproem    no   cuestionó    las

determinaciones de hechos incontrovertidos realizadas por el TPI en el

dictamen apelado. Al contrario, Alproem destinó la totalidad de la

argumentación al señalamiento de por qué, desde su óptica, el TPI incidió

al aplicar el derecho a tales hechos. Por tanto, siendo que nuestra labor

adjudicativa se ve limitada esencialmente a la discusión de los errores que

planteen en sus escritos las partes que promueven la revisión apelativa, no

encontramos razones para modificar de forma alguna la enumeración de

los hechos incontrovertidos hecha por el foro apelado. En atención a lo

cual, reiteramos, nos limitaremos a discutir los errores de derecho

levantados por Alproemn en el Recurso de apelación que radicó.

                                       b.

      Al discutir el primer señalamiento de error Alproem parte de la

premisa legal, correcta, de que Firstbank tenía que contar con un

procedimiento comercialmente razonable para proveer seguridad contras las

órdenes de pago no autorizadas, pero entonces concluye, de manera

incorrecta, que resulta evidente dicho banco no ejerció cautela ni

razonabilidad alguna al manejar la transacción que claramente resultaba

altamente sospechosa. Al hacer este argumento Alproem pone el acento en
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que, por la prolongada relación que había sostenido con Firstbank, esta

institución debió percatarse de que la emisión de orden de pago resultaba

altamente sospechosa, en consideración a que: involucró a un beneficiario

nuevo; dirigida hacia un banco fuera de la jurisdicción de Puerto Rico; por

una cantidad mucho más alta de lo normal; desde una cuenta de la cual

nunca se había hecho una transacción electrónica.

      Sin embargo, muy al contrario de lo esgrimido por Alproem, los

hechos establecidos como incontrovertidos por la prueba documental

presentada en las respectivas mociones dispositivas, lo que logran

demostrar es que los mecanismos de seguridad establecidos por Firstbank

sirvieron para advertir de manera oportuna sobre la transacción

sospechosa, y esta entidad bancaria actuó con premura, siguiendo el

protocolo establecido para tratar de evitarla, dando lugar a un proceso de

verificación de su legitimidad. En este sentido, lo correcto es que Firsbank

logró identificar la transacción como irregular, lo que precisamente dio

lugar a la activación del proceso de verificación con la persona autorizada

por Alproem para tal propósito, ocurriendo la autorización final solo

después de superadas las medidas de seguridad establecidas entre las

partes.

      La cautela ejercida por Firstbank al confrontarse con la transacción

sospechosa quedó ilustrada a través de la sucesión de los hechos

establecidos como incontrovertidos por el TPI, (no cuestionados ante

nosotros), que, en apretada síntesis, demostraron que: la señora Miranda,

persona autorizada por Alproem para originar y aprobar transacciones

monetarias en representación de esta ante Firstbank, originó, autorizó y

confirmó la orden de pago (Wire) objeto del litigio, luego de que FirstBank

levantara bandera roja y solicitara de parte de Alproem una confirmación

escrita para completar el mismo. En efecto, al notar la anomalía en la

transacción aludida, el sistema de monitoreo de FirstBank que se

encargaba de evaluar las transacciones a base del historial del cliente,
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congeló la transacción, y requirió la confirmación manual de un agente

autorizado por Alproem. La confirmación fue provista por la señora

Miranda, quien, aunque resulte reiterativo, era una de las agentes

autorizadas por Alproem para tal propósito. No es una controversia que,

habiendo advertido Firstbank a Alproem de la transacción sospechosa,

aguardó hasta obtener la confirmación de dicha transacción por la

representante de Alproem para entonces autorizarla.

      Obsérvese que era en Alproem, como parte demandante, en quien

residía la carga probatoria para establecer que Firstbank no ejerció cautela

al manejar la transacción que resultó altamente sospechosa, pero la prueba

documental ante nuestra consideración resultó insuficiente en derecho

para lograr tal propósito, y, en cualquier caso, sirvió para establecer lo

contrario.

                                     b.

      Como segundo señalamiento de error, la parte apelante esgrime que

el foro primario incidió al concluir que FirstBank cumplió con los

procedimientos de seguridad establecidos por ley. A contrario sensu,

Alproem afirma FirstBank incumplió con las obligaciones relativas a la

seguridad de la transacción porque: este no podía confirmar la orden de

pago (Wire) a través de la misma persona que la generó; el Cash

Management Procedure Manual, y el mensaje que recibió de Bank of

America, le requerían a FirstBank confirmar la orden de pago (Wire) por

teléfono; FirstBank no le produjo el FACIL User Guide durante el

descubrimiento de prueba, lo que suponía un incumplimiento contractual

que le impedía a       FirstBank unilateralmente imponerle requisitos

operacionales. No nos persuade.

      En la sección siete del Commercial Transaction and Banking Terms &

Conditions se establece que:

      FirstBank may require confirmation of Wire Transfer Payment
      orders. Customer and Bank shall agree on the method of
      confirming Wire Transfer payment orders received from
      customer. Customer shall designate Authorized Users to
      confirm Wire Transfer payment methods. Bank recommends
KLAN202300756                                                               16

        a minimum of three potential Authorized Users to confirm Wire
        Transfer payment orders and that Authorized Users serve as
        an initiator or a confirmer, but not both. Customer may
        change the Authorized Users appointed under this
        agreement.

        […]

        The confirmation of Wire Transfer payment orders
        initiated by Customer through the System shall be verified
        and approved by Customer prior to their transmission to
        Bank. All System Wire Transfer payment orders shall be
        initiated in accordance with the security procedures
        established for the System. (Énfasis provisto).1

        Luego, en la sección ocho del mismo documento, titulado Wire

Transfer Notifications, se indica lo que sigue:

        Wire Transfer Notifications to Customer for outgoing Wire
        Transfer incoming Wire Transfers, or Wire Transfer payment
        order rejections will be done through the System or by
        telephone. (Énfasis provisto)2.

        Además, en el Cash Management Procedure Manual, ya citado, se

manifiesta lo siguiente:

        Due to the immediacy of wires, if an alert is generated
        wires go into HELD status until transaction is confirmed.
        Bank is able to view wires and release them if necessary. If the
        wire is deemed to be fraudulent, it goes into the rejected state.
        For ACH transactions the bank only can cancel the
        transaction, if it’s deemed fraudulent, if the BeB ACH cut has
        not occurred. For security purpose transactions can only be
        confirmed by one of the authorized users listed on the system.
        User must be contacted using the phone number and
        emails available in BeB. (Énfasis provisto).3

        Con relación al primer argumento esgrimido por el apelante, atinente

a la autorización y aprobación del Wire aludido, podemos ver que el

Commercial Transaction and Banking Terms & Conditions recomienda un

mínimo de tres usuarios autorizados para autorizarlo o confirmarlo. Sin

duda, en el mismo documento se dispone que un usuario no debe ejercer

ambas labores. No obstante, tal documento también establece que el cliente

tiene la libertad de cambiar los usuarios autorizados en el acuerdo

entre las partes, tal como lo subrayamos al citarlo. Asimismo, y

1 Anejo 5 del Recurso, pág. 0395.
2 Íd.
3 Anejo 5 del Recurso, pág. 0382.
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continuando con el mismo documento, en este se establece que, previo a la

orden de pago, el cliente debe verificar y aprobar la transferencia, antes de

someter la orden al banco, y que las mismas deben iniciarse de acuerdo

con los procedimientos acordados. Finalmente, allí se dispone que las

notificaciones de las órdenes de pago (Wires) deben hacerse a través del

sistema o por teléfono y que, de haber alguna alerta, la transacción será

detenida hasta que se provea una confirmación del cliente a través de un

agente autorizado.

      A raíz de lo anterior, nos queda claro que, tal como lo proveía el

Commercial Transaction and Banking Terms & Conditions, Firstbank

recomendó separar el agente que efectuaba la autorización del Wire del que

la confirmaba, pero Alproem seguía en posición de disponer que la misma

persona hiciera ambas funciones, según lo hizo. Sobre lo mismo, no pasa

por inadvertido que FirstBank visitó el establecimiento de Alproem para

recopilar información y proveer instrucciones sobre su plataforma digital,

y, conforme a dichas instrucciones, Alproem otorgó un documento por

virtud del cual designó a los usuarios autorizados y segregó sus funciones.

En este documento, la segregación de funciones excluyó a la señora

Miranda de realizar “Book Transfers”. Sin embargo, tres años más tarde, el

24 de abril de 2015, Alproem enmendó la designación de usuarios,

autorizando a todos a ejercer las mismas labores. FirstBank alega

desconocer la razón detrás del cambio de autorización. No obstante, queda

claramente evidenciado en el expediente que, FirstBank cumplió en proveer

y orientar a Alproem sobre las medidas de seguridad, y cumplió con

ejecutar las mismas, según lo acordado por las partes como método de

confirmación de transferencia de pagos. La decisión de otorgar los mismos

permisos a todos los agentes autorizados, eliminando así la segregación de

labores, fue una hecha unilateralmente por Alproem, contraria a las

recomendaciones hechas por FirstBank, pero concebida dentro de las

posibilidades acordadas por las partes.
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      Por otro lado, en cuanto a la alegación de que se debía contactar al

cliente por teléfono y por correo electrónico confirmando la transacción,

juzgamos que tal afirmación no se sostiene con la documentación

presentada. Esto, por cuanto la sección de Normas Departamentales del

Cash Management Procedure Manual, citada por                Alproem,   aludía

específicamente a las transacciones de ACH, y no a los Wire transfers, nos

explicamos. Según citamos del Commercial Transaction and Banking Terms

& Conditions, allí se hizo una distinción entre “wire transfers” y “ACH

transaction”, siendo ambas órdenes de pago, pero se diferencian en cómo

procesalmente se efectúan. La indicación de que el usuario debía ser

contactado por vía telefónica y por correo electrónico, refería a las

estipulaciones de transacciones ACH, pero no a los Wire transfers. De aquí

que la notificación que hiciera Firstbank a Alproem mediante correo

electrónico resultara suficiente, según el acuerdo alcanzado por las partes.

      Por otra parte, el Electronic Code of Federal Regulations define las

transferencias ACH o los Automated Clearing House Systems de la

siguiente forma:

      Funds transfer system, primarily governed by the ACH Rules,
      which provides for the clearing and settlement of batched
      electronic entries for participating financial institutions.
      When referring to ACH systems, the terms in this regulation
      (such as “originating depository financial institution,”
      “operator,”   “originating    gateway     operator,”  “receiving
      depository financial institution,” “receiving gateway operator,”
      and “third-party sender”) are defined as those terms are
      defined in the ACH Rules. 12 CFR 233.2 (b).

    De igual forma, allí se define wire transfers de la siguiente forma:

      A system through which an unconditional order to a bank
      to pay a fixed or determinable amount of money to a
      beneficiary upon receipt, or on a day stated in the order,
      is transmitted by electronic or other means through the
      network, between banks, or on the books of a bank. When
      referring to wire transfer systems, the terms in this regulation
      (such as “bank,” “originator's bank,” “beneficiary's bank,” and
      “intermediary bank”) are defined as those terms are defined in
      12 CFR part 210, appendix B. 12 CFR 233.2 (cc).

      Es decir, los ACH y los Wire son dos formas de hacer transferencias

bancarias. Sin embargo, se diferencian, entre otras cosas, en la rapidez con
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la que se efectúan, y en la manera en que internamente las instituciones

financieras procesan los mismos, de aquí las distinciones en los requisitos

que las gobiernan.

      Finalmente, de manera somera Alproem aduce que FirstBank no le

produjo el FACIL User Guide durante el descubrimiento de prueba, lo que

constituyó un incumplimiento contractual que le impedía a FirstBank

unilateralmente imponerle requisitos operacionales. Con relación a esta

alegación, no nos puso en posición de considerarla con relación a la prueba

documental contenida en las mociones dispositivas presentadas. A ello se

opone que, de la lectura del expediente se concluye que Alproem fue

debidamente orientado por FirstBank sobre el uso de la plataforma digital

y la forma en la que se debían establecer los agentes autorizados, siguiendo

los protocolos de seguridad establecidos por ley.

      En definitiva, tal cual fue adjudicado en la Sentencia apelada,

juzgamos que, examinada la prueba documental que tuvo ante su atención

el foro primario, este caso era susceptible de su disposición por la vía

sumaria, y la determinación final adoptada por el TPI encuentra apoyo en

la documentación presentada por las partes, por lo que cabe confirmar.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia

apelada.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones