Court Opinion

ID: 9952415
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:50:38.275529+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:11.949899
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL1

ZUEÉ ADORNO RIVERA Y                              Certiorari
OTROS                                             procedente del
                                                  Tribunal de
    Demandantes-Recurridos                        Primera Instancia,
                                    KLCE202301391 Sala Superior de
     Vs.                                          Bayamón

MANUEL ADORNO                                             Caso Núm.:
CABRERA Y OTROS                                           BY2020CV03341
                                                          (505)
    Demandados-Recurridos
                                                          Sobre:
     Vs.                                                  Nulidad de
                                                          Compraventa,
LCDO. IVÁN LUIS                                           Daños y
MONTALVO BURGOS                                           Perjuicios,
                                                          Interdicto
Tercero Demandado-                                        Posesorio
Peticionario
________________________
                                                          Caso Núm.:
MANUEL ADORNO                                             BY2020CV03488
CABRERA                                                   (505)

    Demandante                                            Sobre:
                                                          Dolo, Fraude,
     Vs.                                                  Explotación
                                                          Económica,
CARMEN L. RIVERA                                          Nulidad de
CINTRÓN Y OTROS                                           Donación de
                                                          Inmueble y Daños
    Demandados                                            y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Bermúdez Torres y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                               RESOLUCIÓN

           En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2024.

           Comparece ante nos, el Lcdo. Iván L. Montalvo Burgos (en

adelante, “Notario Montalvo Burgos o peticionario”), para que

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, el 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para la
asignación de recursos nuevos previamente presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel. Véase,
además, la Orden Administrativa OATA-2023-214 del 8 de diciembre de 2023,
mediante la cual se modificó la composición del panel que atendió los
correspondientes recursos anteriores (KLCE202200164 y KLCE202201190).

Número Identificador
RES2024_____________
KLCE202301391                                                                2

revisemos la Resolución emitida el 14 de octubre de 2023,2 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en

adelante, “TPI”), en la cual, denegó la solicitud de sentencia sumaria

que presentó el peticionario. Cabe indicar que el 9 de noviembre de

2023, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.

       Evaluada la totalidad del expediente, denegamos el auto

solicitado.

                                         -I-

       Pertinente al peticionario, surge de los autos ante nuestra

consideración que el 24 de octubre de 2020, la Sra. Zueé Adorno

Rivera y su esposo, el Sr. Carlos Figueroa Miranda (en adelante,

“matrimonio Adorno–Figueroa”) presentaron una acción sobre

nulidad de compraventa, interdicto posesorio y daños contra el Sr.

Manuel Adorno Cabrera (en adelante, “señor Adorno Cabrera”),3 el

Sr. Jorge Adorno Giusti y su esposa, la Sra. Santa Enid Nieves

Rivera (en adelante, “matrimonio Adorno–Nieves”).4 En resumen, el

matrimonio Adorno-Figueroa alegó que el señor Adorno Cabrera,

mediante escritura ante el Notario Montalvo Burgos, le donó un

inmueble sito en Bayamón a la Sra. Zueé Adorno Rivera el 14 de

julio de 2020.

       Arguyeron, además, que el 8 de agosto de 2020, el señor

Adorno Cabrera otorgó una escritura de compraventa a favor del

matrimonio Adorno–Nieves.5 En la misma fecha, la escritura de

compraventa fue presentada en el Registro de la Propiedad.

       De otro lado, tanto el matrimonio Adorno–Nieves como el

señor Adorno Cabrera contestaron la demanda y reconvinieron.6

Adujeron fraude, dolo y explotación financiera por parte del

2 Notificada el 16 de octubre de 2023.
3 Según los   autos, el Sr. Manuel Adorno Cabrera es padre del Sr. Jorge Adorno
Giusti y tío de la Sra. Zueé Adorno Rivera.
4 Apéndice 2 del Recurso de Certiorari, a las págs. 17 – 22.
5 Surge del expediente que, la escritura de compraventa fue otorgada ante la

Notaria Carla M. Martínez Caraballo.
6 Apéndices 3 y 4 del Recurso de Certiorari, a las págs. 23 – 51, 52 – 77.
KLCE202301391                                                                    3

matrimonio Adorno–Figueroa. Además, señalaron que el señor

Adorno Cabrera no tenía intención de donar el inmueble.

       Luego de varios trámites procesales, el 19 de noviembre de

2020, el matrimonio Adorno–Nieves radicó contra el Notario

Montalvo Burgos una Demanda contra tercero.7 Consecuentemente,

el peticionario presentó su contestación a demanda contra tercero

el 2 de febrero de 2021.8 Allí, negó responsabilidad sobre las

alegaciones instadas.

        Así pues, el 3 de junio de 2021, el matrimonio Adorno–

Nieves sometió una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.9 En

síntesis, alegó que la escritura de donación se mantuvo ineficaz

desde el 14 de julio de 2020 hasta el 15 de diciembre de 2020, ya

que los sellos no fueron cancelados hasta esa última fecha.

       No obstante, el peticionario se opuso, y a su vez presentó una

Solicitud de Desestimación de Demanda de Terceros y/o de Sentencia

Sumaria el 19 de julio de 2021.10 Entre otras cosas, solicitó la

desestimación de la demanda contra tercero, ya que, el notario no

era parte indispensable en un pleito donde se cuestiona la validez

de un instrumento público. Referente a la insuficiencia arancelaria,

sostuvo que dicha insuficiencia no hace el instrumento nulo sino

anulable hasta que sea subsanada. Además, señaló que la

contraparte estaba enmendado sus alegaciones, lo que no era

permisible. Por su parte, el 9 de agosto de 2021 el matrimonio

Adorno–Nieves radicó su oposición a la solicitud sumaria presentada

por el peticionario.11

       Examinadas ambas mociones, las mismas fueron declaradas

No Ha Lugar por el TPI el 13 de enero de 2022.12 Por lo cual, el 28

7 Apéndice 8 del Recurso de Certiorari, a las págs. 92 – 94.
8 Apéndice 12 del Recurso de Certiorari, a las págs. 102 – 105.
9 Apéndice 16 del Recurso de Certiorari, a las págs. 138 – 193.
10 Apéndice 17 del Recurso de Certiorari, a las págs. 194 – 215.
11 Apéndice 24 del Recurso de Certiorari, a las págs. 244 – 253.
12 Notificada el 14 de enero de 2022.; Apéndice 25 del Recurso de Certiorari, a las

págs. 254 – 267.
KLCE202301391                                                                   4

de enero de 2022, el peticionario solicitó reconsideración y

determinaciones de hechos adicionales.13 Por otra parte, el 4 de

marzo de 2022,14 el señor Adorno Cabrera y el matrimonio Adorno–

Nieves    se   opusieron      a   la   solicitud de     reconsideración       del

peticionario.15 Respectivamente, cada parte presentó réplica y

dúplica.16

       Atendida todas las mociones, el 28 de septiembre de 2022,

el TPI denegó la reconsideración del peticionario.17

       Entre tanto,18 el descubrimiento de prueba concluyó, por lo

que a este caso se refiere, el peticionario solicitó una sentencia

sumaria, entre otras partes.19 Entre sus argumentos, el Notario

Montalvo Burgos indicó que la contraparte carece de prueba.

Específicamente, señaló que dicha parte no tiene prueba sobre el

alegado engaño al señor Adorno Cabrera, ya que no estuvo presente

durante el otorgamiento del instrumento público. Además, señaló

que ninguno de los otorgantes del instrumento de la donación,

presentó alguna reclamación en su contra. Por lo que, solicitó la

desestimación de la demanda en su contra. En oposición a la

sumaria presentada, compareció el matrimonio Adorno–Nieves el 17

de julio de 2023.20

13 Apéndice 26 del Recurso de Certiorari, a las págs. 268 – 281.
14 El matrimonio Adorno–Nieves recurrió ante este Tribunal apelativo el 14 de
febrero de 2022 mediante el caso KLCE202200164, el cual fue denegado. Véase,
Apéndice 37 del Recurso de Certiorari, a las págs. 383 – 392.
15 Apéndices 28 y 29 del Recurso de Certiorari, a las págs. 287 – 289, 290 – 295.
16 Apéndices 30, 31 y 32 del Recurso de Certiorari, a las págs. 296 – 303, 304 –

307, 308 – 310.
17 Notificada el 29 de septiembre de 2022.; Apéndice 33 del Recurso de Certiorari,

a las págs. 311 – 312.
18 En el ínterin ocurrieron varios trámites procesales, a saber:

• Denegatoria del recurso KLCE202201190 instado por el peticionario ante este
    Foro. Véase, Apéndice 45 del Recurso de Certiorari, a las págs. 431 – 439.
• Enmienda a la Demanda contra terceros solicitada el 27 de diciembre de
    2022. Véase, Apéndice 41 del Recurso de Certiorari, a las págs. 401 – 411.
• Contestación a la Demanda contra terceros enmendada. Véase, Apéndice 47
    del Recurso de Certiorari, a las págs. 445 – 460.
• El peticionario radicó una reconvención contra matrimonio Adorno–Nieves, la
    cual fue contestada el 13 de marzo de 2023. Véase, Apéndice 48 del Recurso
    de Certiorari, a las págs. 461 – 464.
19 Apéndice 52 del Recurso de Certiorari, a las págs. 469 – 730.
20 Apéndice 55 del Recurso de Certiorari, a las págs. 861 – 1013.
KLCE202301391                                                                     5

       Evaluadas todas las solicitudes de sentencias sumarias

presentadas, el TPI emitió una Resolución el 14 de octubre de

2023.21      Allí,   determinó      los   siguientes      hechos      como      no

controvertidos:

       1.       El 14 de julio de 2020, don Manuel y la señora Adorno
                Rivera comparecieron ante el Notario Iván Luis
                Montalvo Burgos, para otorgar la “Escritura número 27
                sobre donación y aceptación”.
       2.       Mediante dicha escritura, se donaba un inmueble
                ubicado en Villas del Olimpo #2, en Bayamón, Puerto
                Rico, descrito en el Registro Inmobiliario de Puerto Rico
                como Parcela número 2, localizada en el Barrio Cerro
                Gordo de Bayamón con una cabida de 3,565.041 m/c.
       3.       El tercero demandante, Jorge Adorno Giusti, no estuvo
                presente durante el otorgamiento de la referida
                “Escritura número 27”, sobre donación y aceptación.
       4.       El licenciado Montalvo era conocido por don Manuel, ya
                que éste lo había contratado para otros asuntos
                notariales. Don Manuel había otorgado al menos 5
                escrituras ante el Lcdo. Montalvo, entre ellas, una
                escritura de testamento abierto y dos donaciones.
       5.       Como parte de la preparación para la autorización del
                instrumento público, el licenciado Montalvo obtuvo un
                estudio de título el 7 de julio de 2020, preparado por el
                Sr. Federico L. Morales Señeríz, investigador de títulos.
       6.       Conforme a dicho estudio de título, el dominio de la
                finca constaba inscrito a favor de don Manuel y sus
                hijos Jorge y Manuel Adorno Giusti, en comunidad de
                bienes hereditaria.
       7.       No obstante lo anterior, el licenciado Montalvo recibió
                copia de la “Escritura número 13”, sobre liquidación de
                sociedad de gananciales, liquidación, adjudicación y
                partición de herencia, ratificación de compraventa de
                participación, otorgada el 30 de agosto de 2019, ante
                el Notario Héctor Cora Santiago.
       8.       En la “Escritura número 13” comparecieron el
                demandado, don Manuel y los terceros demandantes.
       9.       En la escritura de partición surge que, entre otros
                bienes muebles e inmuebles objeto de la liquidación
                hereditaria entre don Manuel y los terceros
                demandantes, figuraba la finca número 2, ubicada en
                Villas del Olimpo #2, en Bayamón, Puerto Rico, objeto
                de este pleito. Se identifica como la propiedad B.
       10.      Mediante la escritura de partición, la exclusiva
                titularidad de la propiedad B objeto de este pleito,
                valorada en $285,000.00, fue adjudicada a favor de
                don Manuel.
       11.      La “Escritura número 13” fue presentada en el Registro
                de la Propiedad el 5 de septiembre de 2019, pero fue
                notificada con faltas. El documento fue retirado y se
                presentó nuevamente el 3 de octubre de 2019 y
                nuevamente fue notificado por tener faltas. Fue retirado

21 Notificada el 16 de octubre de 2023.; Apéndice 1 del Recurso de Certiorari, a las

págs. 1 – 16.
KLCE202301391                                                                   6

              el 21 de noviembre de 2019. Finalmente, fue
              presentado nuevamente el 29 de julio de 2020.
       12.    El relevo de Hacienda, sobre la donación, fue expedido
              el 15 de septiembre de 2020.
       13.    Don Manuel tenía plena confianza en la señora Rivera
              y por ello otorgó a favor de ella un “Poder general” para
              que ella realizara gestiones en su nombre tales como
              procurar el mantenimiento de sus bienes en Puerto
              Rico, pagar por los servicios de mantenimiento de sus
              bienes en Puerto Rico y comprar sus medicamentos,
              entre otros.
       14.    El 8 de agosto de 2020 el don Manuel y los esposos
              Adorno-Nieves comparecieron ante la Notaria Carla
              Martínez Caraballo, para otorgar la Escritura Número
              12 de Compraventa. La propiedad objeto de la venta
              fue la misma que fue donada por don Manuel a su
              sobrina Zueé Adorno, mediante la referida Escritura
              Número 27, sobre Donación y Aceptación. El precio de
              venta de la propiedad fue $225,000.00.22

       Además, determinó que los siguientes hechos estaban en

controversia:

              1.      Si don Manuel estaba plenamente consciente y era su
                      intención donarle el inmueble a la señora Adorno-
                      Rivera.
              2.      Si el licenciado Montalvo realizó todas las
                      advertencias y averiguaciones necesarias para
                      conocer la verdadera intención de don Manuel.
              3.      Si alguno o todos: señora Adorno-Rivera, la
                      señora Rivera y el licenciado Montalvo
                      cometieron algún fraude o dolo.
              4.      Si la señora Rivera conocía que la intención de
                      don Manuel era vender el inmueble objeto de la
                      controversia.23

       En consecuencia, el TPI concluyó, en lo pertinente que:

              [A]hora bien, en este momento no podemos
       desestimar las acciones de don Manuel y el Sr. Jorge Adorno,
       porque existe una controversia real sobre la intención
       de don Manuel, al donar el inmueble, y si este fue intimidado
       o se cometió fraude por parte de la señora Adorno Rivera, su
       madre la señora Rivera y el licenciado Montalvo, actuando
       como notario. Aunque es cierto que el fraude y dolo no se
       presumen, sino que deben probarse, y que las escrituras
       públicas gozan de la presunción de corrección, no es
       menos cierto que en el presente caso los hechos que puedan
       dar pie a la acción de don Manuel y su hijo ocurrieron al
       momento de la otorgación de la escritura de donación. Esto
       quiere decir que la prueba demostrativa de dolo y
       fraude es testimonial, pues se retrotrae al momento en que
       las partes comparecieron a otorgar la escritura de donación y
       el tribunal debe examinar en sala la credibilidad de
       cada testigo. No podemos olvidar que don Manuel es una
       persona de edad avanzada. Tampoco podemos dejar pasar el
       hecho de que el inmueble donado parece constituir una porción

22 Id., a las págs. 6 – 8.; El TPI añadió como hechos probados los esbozados en la

Resolución y Orden del 14 de enero de 2022 [Entrada 146].
23 Apéndice 1 del Recurso de Certiorari, a las págs. 8 – 9.
KLCE202301391                                                                  7

        considerable de los activos de este demandado y que al menos
        por un tiempo don Manuel quiso y llevó a cabo gestiones para
        vender el inmueble. Tampoco podemos pasar por alto que la
        señora Rivera era la apoderada de don Manuel y que es su
        hija la que se benefició con la donación del inmueble, aun
        cuando la señora Rivera pudo haber conocido que don Manuel
        realmente quería vender el inmueble. En fin, en este
        momento hay suficientes dudas que ninguna parte ha
        logrado despejar para este tribunal poder resolver la
        controversia, mediante sentencia sumaria. Mas bien,
        según los hechos debemos examinar a las partes en un juicio
        plenario, y determinar la credibilidad de cada testigo para
        luego proceder conforme a derecho.24

        Así, el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria

presentada por el peticionario. En lo pertinente, expresó: “[e]ste

tribunal DENIEGA la “Moción de sentencia sumaria para desestimar

demanda de terceros” (Entradas 206 y 207), presentada por el tercero

demandado, el Lcdo. Iván Luis Montalvo Burgos. […]”.25

        El    30    de    octubre   de    2023     el   peticionario    solicitó

reconsideración,26 la cual, fue declarada No Ha Lugar el 9 de

noviembre de 2023.27

        Inconforme, el 8 de diciembre de 2023, el Notario Montalvo

Burgos recurrió ante este Tribunal de Apelaciones y señaló el

siguiente error:

        ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA CUANDO
        DECLARA NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN
        Y/O SENTENCIA SUMARIA DEL TERCERO DEMANDO
        LICENCIADO IVÁN LUIS MONTALVO BURGOS, CUANDO NO
        EXISTEN CONTROVERSIAS DE HECHO QUE DEBAN
        DIRIMIRSE EN UN JUICIO PLENARIO; LAS ALEGACIONES DE
        LA DEMANDA DE TERCERO NO SON SUFICIENTES EN
        DERECHO; EL TERCERO DEMANDANTE NO TIENE ACCIÓN
        LEGITIMADA PARA LA ACCIÓN CONTRA EL NOTARIO; EL
        TERCERO DEMANDANTE NO CUENTA CON PRUEBA
        SUFICIENTE EN DERECHO PARA PROBAR SU CAUSA DE
        ACCIÓN Y EL DERECHO LE ASISTE A ESTA PARTE.

        En oposición a la expedición del auto solicitado, el 2 de enero

de 2024 compareció el matrimonio Adorno–Nieves. En la misma

fecha, compareció el Sr. Manuel Adorno Cabrera oponiéndose al

24 Id., a las págs. 14 – 15.
25 Id., a la pág. 15.
26 Apéndice 62 del Recurso de Certiorari, a las págs. 1392 – 1401.
27 Notificada el 10 de noviembre de 2023.; Apéndice 65 del Recurso de Certiorari,

a las págs. 1418 – 1419.
KLCE202301391                                                                  8

recurso solicitado. Habiendo comparecido todas las partes, damos

por sometido el asunto.

                                      -II-

                                      -A-

       Sabido es que el auto de certiorari es un medio procesal que

se distingue por su carácter discrecional. Ello permite a un tribunal

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal

inferior.28 En ese sentido, se entiende por discreción como el poder

para decidir en una forma u otra; esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción.29

       Así, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las

instancias en que habremos de atender y revisar un recurso de

certiorari emitido por un TPI; en ese sentido, dispone:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].30

       Bajo el palio de la discrecionalidad, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal Apelaciones nos establece los siguientes criterios para

la expedición de un certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
           de Primera Instancia.

28 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
29 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
30 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
KLCE202301391                                                                 9

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
           a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
           es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia. 31

       En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

dispuesto que:

       [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.32

       De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.33

                                      -B-

       En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.34 A tal

efecto, la Regla 36 de las de Procedimiento Civil dispone el proceso

mediante el cual cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal

que dicte sentencia sumaria a su favor.35 De esta forma, cuando

cualquier parte le solicite al tribunal que el pleito sea resuelto por la

vía sumaria, deberá demostrar en su solicitud, “la inexistencia de

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para

31 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
32  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
33 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
34 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).
35 32 LPRA Ap. V., R. 36.
KLCE202301391                                                                10

que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la

totalidad o cualquier parte de la reclamación”.36

         Los hechos esenciales y pertinentes a los que se refieren las

Reglas de Procedimiento Civil son los que se conocen como “hechos

materiales”.37 Al respecto, un hecho material es aquel que puede

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es

siempre real o sustancial o genuina. La controversia debe ser de una

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima

a través de un juicio plenario.38

         Ahora bien, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, detalla el

procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar

que se dicte una sentencia sumaria a su favor.39 A esos efectos, la

mencionada regla establece que una solicitud al amparo de ésta

deberá incluir:

            (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes;
            (2) los asuntos litigiosos o en controversia;
            (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es
                solicitada la sentencia sumaria;
            (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados
                de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales
                no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos
                o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba
                admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así
                como de cualquier otro documento admisible en evidencia que
                se encuentre en el expediente del tribunal;
            (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,
                argumentando el derecho aplicable; y
            (6) el remedio que debe ser concedido.40

         Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que

36 32 LPRA Ap. V., R. 36.1 y 36.2.
37 Id.
38 32 LPRA Ap. V., R. 36.1.; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214
(2010).
39 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.
40 Id.; Pérez Vargas v. Office Depot / Office Max, Inc., 203 DPR 687, 698 (2019).
KLCE202301391                                                                11

el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte

sentencia sumaria a su favor. Es decir, el hecho de que una parte

solicite sentencia sumaria no implica que la misma debe ser resuelta

a su favor. Esto es así porque la sentencia sumaria puede dictarse

a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.41

                                      -III-

       De entrada, acogemos las determinaciones de hechos no

controvertidos     de   la   Resolución        recurrida.    De   igual   modo,

coincidimos con la denegatoria de la sentencia sumaria en cuanto a

que todavía quedan hechos en controversia que se deben atender

mediante prueba testimonial, cuya credibilidad debe ser evaluada

por el TPI.

       Es decir, el caso ante nos no presenta ninguna de las

circunstancias      contempladas       en      la   citada   Regla    52.1   de

Procedimiento Civil, que nos motive expedir el auto solicitado.

Tampoco encontramos justificación alguna para intervenir con la

Resolución recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la

citada Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En

consecuencia, toda vez que el peticionario no señaló prueba en el

expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción

o actuó con prejuicio, parcialidad o error manifiesto, denegamos la

expedición del auto de certiorari.

                                      -IV-

       Por lo antes expuestos, denegamos el auto de certiorari

solicitado.

       Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

41 Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 941.