Court Opinion

ID: 9941418
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:33:48.669635+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:37.389249
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

    ENRIQUE SEGURA                              Certiorari, acogido
        NIEVES                                  como Apelación,
                                                procedente del
            Recurrido             KLCE202301434 Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala de
                v.                              Bayamón

INÉS PALACIOS TORRECH                                  Civil núm.:
                                                       D DI2009-0345
           Peticionaria
                                           Sobre: Separación
Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el
juez Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria
Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

      El     Tribunal     de    Primera    Instancia   (“TPI”),   de   forma

“provisional”, rebajó en aproximadamente un 50% una pensión de

excónyuge que las partes había estipulado. Según se explica en

detalle a continuación, concluimos que erró el TPI al así actuar pues

(i) dicho foro no ha recibido prueba que le permita pasar juicio al

respecto y (ii) tampoco surge del récord razón alguna para alterar,

en esta etapa, siquiera de forma provisional, la pensión estipulada

por las partes.

                                      I.

      El Sr. Enrique Segura Nieves (el “Exesposo”) y la Sa. Inés

Palacios     Torrech      (la   “Exesposa”)    estuvieron    casados     por

aproximadamente 33 años; se divorciaron en el 2009. La sentencia

de divorcio estableció que el Exesposo pagaría a la Exesposa $900

semanales como pensión entre excónyuges.

      En el 2011, la Exesposa presentó una demanda sobre

liquidación de gananciales contra el Exesposo. Como parte de dicho

trámite, en el 2013, las partes estipularon, entre otros asuntos, que

el Exesposo continuaría pagando la pensión de $900 semanales. En

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202301434                                                        2

mayo de 2013, el TPI dictó Sentencia en la que aprobó los acuerdos

entre las partes.

      Casi diez años luego, en abril de 2023, el Exesposo presentó

una Moción Solicitando Relevo de Pensión Excónyuge (la “Moción”).

Adujo que su estado de salud y capacidad económica habían

cambiado sustancialmente.      Alegó que ello le impedía continuar

pagando la pensión acordada. En específico, expuso que contaba

con 69 años y que padece de condiciones limitantes, tales como alta

presión arterial, diabetes mellitus, esofagitis, fibrilación arterial y

artritis. También expuso que, en junio de 2022, sufrió un infarto

cardiaco y que, desde noviembre de 2022, cesó su práctica

profesional de obstetricia. Adujo, además, que las circunstancias

de la Exesposa habían cambiado porque recibía una pensión de

seguro social y tenía plan médico.

      La Exesposa se opuso a la Moción; afirmó que necesita la

pensión para su sustento, ya que está próxima a cumplir 70 años y

que, por su edad y su falta de destrezas al no haberse desarrollado

profesionalmente, no tiene probabilidades de producir ingresos a

través del trabajo. La Exesposa explicó que, durante su matrimonio,

“se dedicó al cuidado de la familia, la crianza de los cuatro (4) hijos

de las partes y el cuidado del [Exesposo] y del hogar”. Sostuvo que,

mientras tanto, el Exesposo “se dedicó a desarrollar una fructífera,

exitosa y prominente carrera profesional médica”. Añadió que el

Exesposo dejó de pagar el seguro médico antes de que ella cumpliera

los 65 años y, una vez cumplió la edad requerida, se acogió al

Medicare.    Alegó que el Exesposo tenía cuantiosos bienes y

continuaba con su lucrativa práctica privada de la medicina, por lo

que este continuaba produciendo ingresos significativos.

      El 13 de julio, el Exesposo presentó una Moción en

Cumplimiento de Orden y Solicitando Señalamiento de Vista

Evidenciaria; la Exesposa se opuso. El caso fue señalado para vista
KLCE202301432                                                          3

evidenciaria el 3 de octubre.      Finalizado el descubrimiento de

prueba, el 28 de septiembre, las partes presentaron el Informe

Conjunto sobre Conferencia con Antelación al Juicio. Posteriormente,

el TPI, motu proprio, dejó sin efecto la vista pautada para el 3 de

octubre y la transfirió para el 10 de noviembre.

      Mediante una Resolución emitida el 10 de noviembre,

notificada el 4 de diciembre (la “Resolución”), el TPI dejó sin efecto

la vista pautada para el 10 de noviembre, ello debido al fallecimiento

del hermano de una de las abogadas de la Exesposa. Además, a

solicitud del Exesposo, el TPI, como “estado provisional de derecho”,

rebajó la pensión de $900 a $500 semanales, ello “sujeto a los

ajustes que sean pertinentes, si alguno, una vez se lleve a cabo el

juicio en su fondo”.   El TPI señaló el juicio para el 25 de enero

de 2024.

      Inconforme, el 18 de diciembre, la Exesposa presentó el

recurso de referencia; señala que el TPI cometió el siguiente error:

      A la peticionaria se le privó del derecho al debido
      proceso de ley y se le colocó en completo estado de
      indefensión al erróneamente decretar el Tribunal de
      Instancia un estado provisional de Derecho en el
      trámite procesal de la solicitud para el relevo de la
      pensión excónyuge presentada por el demandante-
      recurrido el 24 de abril de 2023. El TPI ordenó la rebaja
      sustancial de la pensión excónyuge acordada por las
      partes de $900.00 semanales a $500.00 semanales, sin
      haber celebrado vista, sin haberse presentado prueba y
      sin que la peticionaria estuviera presente. Aparte de la
      violación a derechos fundamentales, tal estado
      provisional de Derecho no está contemplado en el
      derecho sustantivo ni en el ordenamiento procesal ya
      que está pendiente la celebración de la vista
      evidenciaria de la solicitud del demandante-recurrido.

      Además, el 19 de diciembre, la Exesposa presentó una

Solicitud de Auxilio de Jurisdicción en la que solicitó que se

suspendieran los efectos de la rebaja “provisional” dictada por el TPI.

El Exesposo se opuso. Mediante una Resolución emitida el 20 de

diciembre, este Tribunal concedió el auxilio solicitado y, así, se

paralizaron los efectos de la Resolución; además, se le concedieron
KLCE202301434                                                                     4

20 días al Exesposo para oponerse al recurso. El 3 de enero, el

Exesposo solicitó la reconsideración de esta determinación, lo cual

este Tribunal denegó mediante una Resolución emitida el mismo

día.

       Oportunamente, el Exesposo presentó su oposición al

recurso1.      Planteó que la Exesposa había “empleado tácticas

dilatorias que entorpecieron el descubrimiento de prueba”, lo cual

ha “alargado el tiempo en que [él] se ha visto forzado a continuar

pagando una excesiva pensión … que le es imposible sufragar”.

Sostuvo que no se había justificado la suspensión del juicio,

pautado para el 10 de noviembre, por la muerte del hermano de una

de las abogadas de la Exesposa, ello porque esta tenía dos abogadas.

Reiteró sus alegaciones en cuanto a sus condiciones de salud.

Luego de recibir y escuchar la regrabación de la vista del 10 de

noviembre de 2023, resolvemos.2

                                        II.

       Los alimentos entre excónyuges están regulados por el

Artículo 109 del Código Civil3, 31 LPRA sec. 385, el cual establece,

en lo pertinente, lo siguiente:

       Si decretado el divorcio por cualesquiera de las causales
       que establece la sec. 321 de este título, cualesquiera de
       los ex cónyuges no cuenta con suficientes medios para
       vivir, el Tribunal de Primera Instancia podrá asignarle
       alimentos discrecionales de los ingresos, rentas,
       sueldos o bienes que sean de la propiedad del otro
       cónyuge.

1 El Exesposo solicitó la desestimación del recurso porque, a su juicio, el apéndice

del recurso carecía de unos documentos que debieron incluirse.             Hemos
determinado denegar esta solicitud, pues la norma es clara a los efectos de que la
omisión de documentos en el apéndice no necesariamente conlleva la
desestimación de un recurso. Véanse, por ejemplo, Reglas 12.1 y 34(E)(2) de
nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 12.1 y 34(E)(2). En este caso, el
expediente ante nosotros, junto con el audio de la vista del 10 de noviembre
de 2023, nos permite resolver informadamente.

2  Se acoge el recurso como una apelación, de conformidad con lo dispuesto en
Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998); por conveniencia administrativa, se
mantiene el alfanumérico asignado inicialmente al caso.

3 Vigente a la fecha en que las partes estipularon la pensión excónyuge.
KLCE202301432                                                                    5

       Al establecer si procede imponer una pensión de excónyuge y

la cuantía de esta, el tribunal debe llevar a cabo una evaluación a la

luz de los ocho factores dispuestos en el Artículo 109 del Código

Civil, supra.4      Las pensiones alimentarias de excónyuges están

investidas del mayor interés público.               Cortés Pagán v. González

Colón, 184 DPR 807, 814 (2012). Los “dictámenes sobre pensiones

alimentarias de excónyuges siempre están sujetos a modificación,

según cambie sustancialmente la capacidad del alimentante para

proveer alimentos o la necesidad del alimentista”. Íd.; Cantellops v.

Cautiño, 146 DPR 791, 806 (1998). En ese sentido, el Código Civil

establece lo siguiente:

       Fijada la pensión alimenticia, el juez podrá modificarla
       por alteraciones sustanciales en la situación, los
       ingresos y la fortuna de uno u otro ex cónyuge. La
       pensión será revocada mediante resolución judicial si
       llegase a hacerse innecesaria, o por contraer el cónyuge
       divorciado acreedor a la pensión nuevo matrimonio o
       viviese en público concubinato.

       Las estipulaciones sobre una pensión alimentaria tienen la

naturaleza de un contrato de transacción judicial que obliga a las

partes. Nater v. Ramos, 162 DPR 616, 627 (2004); Igaravidez v.

Ricci, 147 DPR 1, 5(1998); Ex parte Negrón Rivera y Bonilla, 120 DPR

61, 76 (1987); Magee v. Alberro, 126 DPR 228, 232-233 (1990).

Como      norma      general,     el   TPI      aceptará   estos   convenios     y

estipulaciones, los cuales tendrán el efecto de cosa juzgada entre las

partes. Magee v. Alberro, 126 DPR a la pág. 232.

       Sin embargo, “no procede aplicar una regla absoluta de no

modificar las pensiones estipuladas debido a que se trató de un

contrato de transacción”. Íd., a la pág. 233. En lo que se refiere a las

4 Los referidos criterios son los siguientes:

(a) Los acuerdos a que hubiesen llegado los ex- cónyuges; (b) la edad y el estado
de salud; (c) la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un
empleo; (d) la dedicación pasada y futura a la familia; (e) la colaboración con su
trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro
cónyuge; (f) la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal; (g) el caudal
y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge; (h) cualquier otro
factor que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso. Véase,
además, Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959, 977-978 (1996).
KLCE202301434                                                        6

pensiones estipuladas, “la doctrina ha establecido que la alteración

del convenio o estipulación sobre pensión alimenticia en ocasión de

un divorcio procederá solamente cuando exista un cambio

sustancial en las circunstancias que dieron lugar u originaron el

mismo. No basta cualquier cambio en las circunstancias, tiene que

ser uno sustancial.” Íd.; Ex Parte Negrón,120 DPR 61 (1987). En

fin, “[p]ara que proceda un cambio en la pensión estipulada[,] el

peticionario tendría que probar que las circunstancias al momento

de efectuarse la estipulación han cambiado de forma sustancial”.

Íd.

                                 III.

      Concluimos que erró el TPI al rebajar, de forma provisional, la

pensión alimentaria entre las partes. Veamos.

      Nada en el récord de este caso justificaba que el TPI se

apartara de la norma general de aguardar a recibir y evaluar la

prueba pertinente antes de tomar una determinación sobre la

solicitud de rebaja de pensión. Aun partiendo de la premisa, sin

resolverlo, por resultar innecesario aquí, de que el TPI podría, de

conformidad    con   determinadas       circunstancias   excepcionales,

rebajar una pensión de forma “provisional”, sin haber recibido

prueba sobre un potencial cambio sustancial en las circunstancias

de las partes, en este caso no se configuró situación alguna que

pudiese sustentar este proceder.

      Adviértase que, aunque el Exesposo ha alegado que ha

ocurrido un cambio sustancial en su capacidad económica, la

realidad es que este no ha negado la alegación de la Exesposa a los

efectos de que continúa practicando la medicina (ginecología, si bien

no obstetricia). El Exesposo, a pesar de referirse a un número de

supuestas situaciones de salud, no ha alegado encontrarse

incapacitado para trabajar y generar ingresos; tampoco ha negado
KLCE202301432                                                                    7

la alegación de la Exesposa en cuanto a los bienes económicos bajo

su control.

       Por tanto, de su faz, el TPI no tenía ante sí una situación

excepcional que justificase rebajar la pensión de forma “provisional”,

antes de haber recibido prueba alguna.                     Oportunamente, el

Exesposo tendrá la oportunidad de probar que ha ocurrido un

cambio sustancial en sus circunstancias que pudiese ameritar una

rebaja a la pensión vigente. Sin embargo, las alegaciones de las

partes en este caso no eran suficientes para alterar, ni aun

provisionalmente, la pensión estipulada por las partes.

       Por otra parte, y contrario a lo que sugiere el Exesposo, aun

si pudiese concluirse (sin resolverlo, por resultar innecesario) que,

de algún modo, la Exesposa ha intentado dilatar injustificadamente

el trámite del caso, ello no justificaría lo actuado por el TPI. En tal

caso, el TPI tiene otras formas de manejar la situación, por ejemplo,

estableciendo un calendario más acelerado o imponiendo sanciones

económicas.

       En fin, erró el TPI al tomar una determinación que implicó

una reducción sustancial de la pensión excónyuge, sin antes haber

celebrado una vista evidenciaria que le permitiera aquilitar las

alegaciones de las partes.          Resaltamos que, al así resolver, no

estamos pasando, ni adelantando, juicio sobre si, luego de que se

reciba prueba al respecto, procedería algún tipo de rebaja a la

pensión en disputa.

                                        IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución

recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo

aquí resuelto. Al amparo de la Regla 18 (A) de nuestro Reglamento,5

5 Regla 18- Efecto de la Presentación del escrito de apelaciones en casos civiles.
KLCE202301434                                                                8

el Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad

con lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro

mandato.

     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones

   (A) Suspensión.--Una vez presentado el escrito de apelación, se
   suspenderán todos los procedimientos en el Tribunal de Primera
   Instancia respecto a la sentencia, o parte de la misma, de la cual se
   apela, o a las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en
   contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por
   el Tribunal de Apelaciones; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá
   proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión no comprendida en la
   apelación. … 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 18(A) (énfasis suplido).