Court Opinion

ID: 9916017
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:15:16.518553+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:36.163676
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

    RAÚL SERRANO                                  Certiorari
   GONZÁLEZ Y OTROS                               procedente del
                                                  Tribunal de
        Peticionario                              Primera Instancia,
                                                  Sala de Arecibo
              v.
                                KLCE202300968 Sobre:
 HOSPITAL DR. SUSONI,                         Impericia Médica
 INC., (H/N/C HOSPITAL
  METROPOLITANO DR.                               Caso Número:
   SUSONI) Y OTROS                                AR2021CV01686

         Recurrida

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, juez ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

      El peticionario, señor Raúl Serrano González, comparece ante

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida y

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, el

2 de agosto de 2023. Mediante la misma, el foro primario ordenó la

eliminación de la prueba pericial anunciada por el peticionario, ello

dentro de una acción civil sobre daños y perjuicios por impericia

médica promovida en contra de los aquí recurridos, el Hospital Dr.

Susoni Inc. y el doctor Carlos I. Carrión Lorenzo.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.

                                    I

      Luego de un previo desistimiento sin perjuicio según

decretado mediante Sentencia del 22 de noviembre de 2020, en el

Caso Civil Núm. AR2019CV01813, el 22 de noviembre de 2021, el

peticionario presentó la demanda de epígrafe.        En virtud de la

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLCE202300968                                                       2

misma, solicitó una compensación económica por razón de los

daños físicos y emocionales derivados de una alegada impericia

médica atribuible a los aquí recurridos.

      En respuesta, el 7 de marzo de 2022, el hospital recurrido

solicitó la extensión de una prórroga para presentar su alegación

responsiva. A su vez, en igual fecha presentó dos mociones

adicionales, a saber: Moción Solicitando Pago de Costas y Honorarios

y Moción Solicitando Orden para que Demandante Anuncie Prueba

Pericial. En el primero de los pliegos, el Hospital requirió que se

ordenara al peticionario reembolsar la cantidad de $5,060.86, ello

por concepto de los gastos y los honorarios de abogado invertidos en

el primer pleito que fue desistido. Mientras que, en la moción sobre

orden para anunciar prueba pericial, la institución recurrida,

específicamente expuso que, durante la tramitación del pleito

anterior, el tribunal concernido expidió múltiples órdenes a los fines

de que el peticionario anunciara su perito y produjera el

correspondiente informe pericial. Según sostuvo, el 13 de noviembre

de 2020, día en el que vencía la orden judicial pertinente a tales

efectos, el peticionario optó por desistir de su causa, bajo el

argumento de que, pese a sus múltiples gestiones, no había podido

contratar un perito. El Hospital indicó que, habiendo transcurrido

más de un año desde el desistimiento en controversia, y toda vez la

nueva presentación del pleito, podía presumirse que el peticionario

ya contaba con un perito y, en consecuencia, que estaba listo para

producir el correspondiente informe. En apoyo a su argumento, el

Hospital expresó que, habiendo estado activo, por más de un año, el

pleito original, las partes no solo incurrieron en gastos, sino que,

también, tuvieron la oportunidad de reunirse, revisar expedientes

médicos, intercambiar interrogatorios, comparecer a vistas en el

tribunal, presentar mociones, entre otros trámites. De este modo,

solicitó que, en consideración a ello, ordenara al peticionario a
KLCE202300968                                                        3

notificarle un informe médico pericial respecto a las alegaciones

promovidas en la demanda de epígrafe, ello dentro de un término

perentorio de treinta (30) días.

      El mismo 7 de marzo de 2022, con notificación del siguiente

día, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden por la cual

requirió al peticionario anunciar su prueba pericial y remitir a los

recurridos el curriculum vitae del perito seleccionado, todo dentro del

término de treinta (30) días solicitado. A su vez, le impuso la

obligación de someter el correspondiente informe pericial, ello en un

plazo de treinta (30) días adicionales.

      Así las cosas, el 18 de abril de 2022, el Hospital recurrido

presentó   una   Segunda Moción       Solicitando   Orden   para que

Demandante Anuncie Prueba Pericial. En el pliego, aludió a su previo

petitorio, así como a la antedicha orden judicial.        Al respecto,

sostuvo que, a la fecha de su comparecencia, el peticionario no había

cumplido con lo requerido por el tribunal. A su vez, nuevamente

hizo mención del primer pleito promovido por el peticionario en

cuanto a los hechos de autos, ello a los fines de establecer que, la

razón por la cual desistió del mismo fue por no contar con prueba

pericial. El Hospital afirmó que ya habían transcurrido dos años y

siete meses desde la presentación de la reclamación original, sin que

se hubiese presentado la evidencia exigida para prosperar en

reclamaciones sobre impericia médica. De este modo, y toda vez el

incumplimiento de los términos de la orden judicial de referencia,

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara al peticionario

notificarle el nombre y el curriculum vitae de su perito, todo dentro

de un término perentorio de diez (10) días. Igualmente, peticionó que

se le requiriera presentar el informe pericial en controversia, ello en

un plazo fatal de veinte (20) días.

      Por su parte, el 4 de abril de 2022, el recurrido Carrión

Lorenzo compareció ante el tribunal primario y, mediante moción a
KLCE202300968                                                         4

los efectos, solicitó una prórroga para contestar la demanda de

autos.

         Días después, el 20 de abril de 2022, el Tribunal de Primera

Instancia se pronunció y extendió al peticionario un término

perentorio de diez (10) días, y otro de veinte (20), para,

respectivamente notificar a los recurridos el nombre y el curriculum

vitae de su perito, así como el informe pericial pertinente.

         En respuesta a la referida Orden, el 5 de mayo de 2022, el

peticionario presentó un escrito intitulado Solicitando Litigar en

Forma Pauperis; Reconsideración en Cuanto a Término Perentorio

para Anunciar Perito y en Cuanto a Imposición de Costas.            En

específico, argumentó que el previo desistimiento de su causa de

acción obedeció a la falta de recursos económicos para tramitar los

pormenores del pleito, particularmente a la contratación de un

perito    ortopeda   que   pudiera   suscribir   el   informe   pericial

correspondiente a favor de su reclamo. El peticionario igualmente

indicó que, al presente, no solo enfrentaba dificultades económicas

para sufragar los honorarios aplicables a la contratación de un

perito, sino, también, la inhabilidad de encontrar a un experto

dispuesto a testificar en contra de los recurridos.       Sobre dicho

particular, expresó que sus múltiples gestiones a esos efectos

resultaban infructuosas y que, incluso, en algunas de las oficinas a

la que acudió, se le advirtió que no habría de conseguir ningún

perito. Así, y tras indicar que, por razones económicas, tampoco

pudo contratar a un perito a través de la intervención de una agencia

fuera de Puerto Rico, el peticionario solicitó al tribunal que dejara

sin efecto la imposición de la orden extendiéndole un término

perentorio para la notificación de su perito y la producción del

correspondiente informe.

         El 17 de mayo de 2022, el Hospital recurrido replicó a la

solicitud del peticionario. En apoyo a sus argumentos, volvió a
KLCE202300968                                                                5

reafirmarse en que, tras la presentación de la demanda original, el

peticionario, por espacio de diez meses, “falló, una y otra vez, en

presentar el informe pericial que le [fue] requerido, a pesar de las

prórrogas concedidas”, hasta finalmente desistir de su causa de

acción.1 El Hospital recurrido sostuvo que, a casi tres (3) años de la

presentación de la demanda original, la negativa del peticionario en

cuanto a producir el informe, evidenciaba su pretensión de

“secuestrar el descubrimiento de prueba”2. Así, la institución solicitó

al Tribunal de Primera Instancia que denegara la reconsideración

promovida por el peticionario y, en consecuencia, le ordenara

cumplir con la notificación de su perito y la producción del informe

pericial aplicable, ello en los términos perentorios provistos.

       El 24 de agosto de 2022, el Tribunal de Primera Instancia

notificó una Orden mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud

del peticionario, solo en cuanto a los términos perentorios

impuestos. En consecuencia, dejó sin efecto lo resuelto sobre dicho

particular y le extendió un plazo de cuarenta y cinco (45) días para

informar el status de las gestiones tendentes a la contratación de su

perito médico.

       Meses después, el 12 de octubre de 2022, el Hospital recurrido

presentó    una     Tercera    Moción    Solicitando     Orden    para    que

Demandante Anuncie Prueba Pericial o en la Alternativa que se

Desestime la Demanda. En esta ocasión, una vez más aludió al

tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda original,

sin que el peticionario hubiese provisto información sobre su perito.

Así, y tras afirmar que este había incumplido con la Orden del 24 de

agosto de 2022, el Hospital solicitó al tribunal que ordenara al

peticionario a notificar el nombre y curriculum vitae del perito a

1  Véase: Apéndice, Anejo VIII, Réplica a Moción “Solicitando Litigar en Forma
Pauperis, Reconsideración en cuanto a Término Perentorio para Anunciar Perito y
en cuanto a Imposición de Costas”, pág. 36.
2 Íd., pág. 39.
KLCE202300968                                                        6

utilizarse en el pleito, ello en un plazo perentorio de diez (10) días,

así como a remitir el informe pericial en un término, también

perentorio, de veinte (20) días, so pena de la desestimación con

perjuicio del pleito. En atención a lo anterior, el tribunal de origen

requirió al peticionario exponer su posición en cuanto a la súplica

de la institución recurrida.

      El 7 de noviembre de 2022, el Hospital recurrido presentó una

Moción Solicitando Desestimación por Incumplimiento con las

Órdenes del Tribunal y por Falta de Prueba Pericial. En esta ocasión,

denunció el incumplimiento del peticionario, en cuanto a expresarse

en torno a los méritos de su previo pliego.         De este modo, y

reafirmándose    en     que    los   incumplimientos   reiterados   del

peticionario, respecto a las órdenes judiciales emitidas en cuanto a

su persona, evidenciaban que este no contaba con la prueba

necesaria para prevalecer en el caso, el Hospital solicitó que se

desestimara la demanda de epígrafe a tenor con lo dispuesto en la

Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2.

      Así las cosas, el 8 de noviembre de 2022, el peticionario

compareció mediante escrito sobre Prórroga para Oponernos a

Desestimación. Específicamente, indicó que su representante legal

confrontó ciertos inconvenientes en la gestión de contestar todos los

documentos pendientes en el caso. A tenor con ello, solicitó que se

le concediera un plazo de treinta (30) días para actuar de

conformidad.    En respuesta, el 10 de noviembre de 2022, con

notificación del 21 de dicho mes y año, el Tribunal de Primera

Instancia extendió un término final de diez (10) días para oponerse

a la desestimación solicitada y para cumplir con todo asunto

pendiente en el caso.

      El 7 de diciembre de 2022, el peticionario presentó su

Oposición a Desestimación por Prescripción y Solicitando Remedio.

Poco después, el 20 de diciembre de 2022, presentó un escrito
KLCE202300968                                                       7

intitulado Notificando Perito y Solicitando Término para Someter

Curriculum Vitae y Rendir Informe.     En lo pertinente, anunció al

doctor Luis H. Padró Rosado como el perito a cargo de rendir el

informe pericial propio a sus alegaciones sobre impericia médica.

Así, y tras reiterar que su condición económica imposibilitó el que

pudiera contratar de manera oportuna, la prueba pericial, solicitó

que se le proveyera un término cierto para presentar el curriculum

vitae del galeno y el informe en controversia.

      El 21 de febrero de 2023, el Hospital recurrido presentó una

Cuarta Moción Solicitando Orden para que Demandante Anuncie

Prueba Pericial o en la Alternativa que se Desestime la Demanda. En

esta ocasión, indicó haber provisto al peticionario los expedientes

médicos correspondientes, más sostuvo que, a la fecha de la

comparecencia, este no había sometido el curriculum vitae de su

perito ni el informe pericial. Así pues, solicitó que se ordenara

proveer la referida prueba, ello dentro de los términos perentorios

de diez (10) y veinte (20) días, respectivamente, so pena de

desestimación.

      En igual fecha, el Hospital recurrido también presentó una

Moción de Orden para Compeler Descubrimiento de Prueba. En el

pliego, sostuvo que, el 5 de marzo de 2022, cursó al peticionario un

pliego de interrogatorio y un requerimiento de producción de

documentos. Al respecto, expresó que vencido el término procesal

dispuesto en la Regla 30.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 30.1, para someter las contestaciones correspondientes, el

peticionario no presentó sus respuestas. Así pues, el Hospital

solicitó que se ordenara al peticionario a actuar de conformidad, ello

en un plazo perentorio de diez (10) días y que le impusiera las

sanciones aplicables a su incumplimiento. Mediante Orden del 22

de febrero de 2023, el Tribunal de Primera Instancia proveyó tal cual
KLCE202300968                                                        8

solicitado y apercibió al peticionario que, de no observar su

mandato, quedaría sujeto a una sanción de $300.00.

      De otra parte, mediante Orden notificada el 14 de marzo de

2023, el foro primario requirió al peticionario presentar el curriculum

vitae de su perito dentro de diez (10) días fatales y, el informe

pericial, dentro de cuarenta y cinco (45). En igual fecha, el Hospital

recurrido compareció ante el tribunal y, mediante moción a los

efectos, notificó que el peticionario no había contestado el

interrogatorio, todo en incumplimiento de lo ordenado. Como

resultado, mediante Orden del 28 de marzo de 2023, el Tribunal de

Primera Instancia impuso al peticionario la sanción de $300.00 de

la cual fue debidamente apercibido. A su vez, le ordenó cumplir con

el previo mandato de 22 de febrero de 2023, so pena de que su causa

fuera desestimada.

      El 14 de abril de 2023, el Hospital sometió a la consideración

del Tribunal de Primera Instancia una Moción Informativa sobre

Incumplimiento de la Parte Demandante con las Órdenes del Tribunal.

En particular, expuso que, en clara inobservancia de lo mandatado

por el tribunal, el peticionario no había cumplido con las Órdenes

del 22 de febrero de 2023 y del 28 de marzo de 2023. Igualmente,

indicó que este tampoco había consignado la sanción económica que

le fue impuesta. Más tarde, el 16 de mayo de 2023, el Hospital

presentó una Segunda Moción Informativa sobre Incumplimiento de

la Parte Demandante con las Órdenes del Tribunal y Solicitud para

que se Desestime la Demanda. Esta vez, detalló cada uno de los

incumplimientos del peticionario con todos los términos perentorios

que le fueron extendidos, ello en cuanto a dar curso al

descubrimiento de prueba del caso. A tenor con ello, expuso que

este aún no les había remitido el curriculum vitae de su perito, ni el

informe pericial pertinente, por lo que se reafirmó en la procedencia

de la desestimación del pleito de autos.
KLCE202300968                                                       9

      Por su parte, el 18 de mayo de 2023, el peticionario sometió

un Escrito al Expediente Judicial y Prórroga. En el mismo, expuso

que los expedientes médicos revisados por su perito eran

voluminosos, por lo que solicitó que se le concediera una prórroga

de quince (15) días para someter el informe pendiente y el curriculum

vitae en disputa. Así las cosas, el 21 de junio de 2023, el Hospital

recurrido presentó una Segunda Moción Solicitando Desestimación

por Incumplimiento con las Órdenes del Tribunal y por Falta de

Prueba Pericial. En su escrito, nuevamente expuso un tracto de los

incumplimientos del peticionario y sostuvo que la prórroga por este

solicitada era una tardía, toda vez el vencimiento de los términos

perentorios dentro de los cuales se le ordenó actuar, sin que figurara

su cumplimiento.     De este modo, solicitó al foro a quo que, en

consideración a todos los años de trámite entre las partes, ello desde

la presentación de la demanda original, sin que le peticionario

hubiera provisto el informe pericial pertinente a sus alegaciones,

conjuntamente con los incumplimientos de las órdenes judiciales

emitidas a tales fines, decretara la desestimación de la causa de

autos, ello con la imposición de costas, gastos y honorarios de

abogado.

      En respuesta, el 28 de junio de 2023, el peticionario presentó

un escrito intitulado Oposición a Desestimación y Encarecida Súplica

de Última y Breve Prórroga para Someter Informe Pericial,

Considerando que el Curriculum Vitae Ordenado ya fue Sometido. En

lo atinente, el peticionario indicó haber provisto el curriculum vitae

del doctor Padró Rosado. Sobre el informe pericial, indicó que, por

razones personales, su perito se vio imposibilitado de completarlo

dentro del término debido, por lo que solicitó que se denegara la

desestimación solicitada por el Hospital y se le concediera un último

término de quince (15) días para someterlo.
KLCE202300968                                                      10

      Ese mismo 28 de junio de 2023, notificada al siguiente día, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden por la cual extendió

un término de cinco (5) días al peticionario para presentar evidencia

sobre las razones que esbozó para excusar la tardanza en la

presentación del informe pericial. El foro a quo le apercibió que, el

incumplimiento con lo ordenado conllevaría la imposición de una

sanción económica de $500.00. A su vez, le extendió un término

final no prorrogable, a vencer el 31 de julio de 2023, para remitir el

informe pericial en controversia, so pena que, de incumplir, se

eliminara la prueba pericial anunciada y se resolviera la solicitud de

desestimación promovida por el Hospital recurrido. La Orden de

referencia se notificó, tanto a las partes, como a sus abogados.

      El 1 de agosto de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

notificó una Orden a las partes, ello a los efectos de que estas

informaran si el peticionario remitió el informe pericial. Ese mismo

día, el Hospital recurrido presentó una moción informativa en la que

denunció el incumplimiento del peticionario con los términos de la

Orden del 28 de junio de 2023. Así, solicitó al tribunal primario que

desestimara la demanda de epígrafe. Por su parte, en igual fecha,

el recurrido Carrión Lorenzo también informó al Tribunal de Primera

Instancia no haber recibido el informe pericial en controversia.

      Ahora bien, el 2 de agosto de 2023, el peticionario presentó

un escrito intitulado Solicitando Excusas por la Demora y Oposición

a Desestimación. En el mismo, pidió excusas por su incumplimiento,

el cual atribuyó a la carga laboral de su representante legal. Ese

mismo día, sometió el informe pericial en cuestión.

      En igual fecha, el Tribunal de Primera Instancia notificó la

Orden aquí recurrida. Mediante la misma, decretó la eliminación de

la prueba pericial por este anunciada. A su vez, le ordenó a exponer

su postura en cuanto a los méritos de la desestimación solicitada

por el Hospital recurrido.
KLCE202300968                                                         11

      Inconforme, el 1 de septiembre de 2023, el peticionario

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En

el mismo expone el siguiente señalamiento:

      Erró el Honorable Tribunal de Instancia al eliminar la
      prueba pericial en el caso de autos, considerando el
      pobre acceso a la justicia del peticionario y que dicha
      eliminación equivale a una desestimación de la causa
      de acción por impericia médica, sin cumplirse los
      requisitos de previa notificación al peticionario y de
      previa sanción económica.

      Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a

expresarnos.

                                   II

      En nuestra jurisdicción, el descubrimiento de prueba

constituye el mecanismo del cual disponen las partes en un pleito

para obtener hechos, títulos, documentos u otras cosas que están

en poder de la parte demandada, o que son de su exclusivo

conocimiento    y   que   son   necesarias   para   hacer   valer   sus

derechos. Mcneil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659,

672 (2021). El propósito de esta etapa procesal es: (1) delimitar las

controversias; (2) facilitar la consecución de evidencia; (3) evitar las

sorpresas en el juicio; (4) facilitar la búsqueda de la verdad, y (5)

perpetuar la prueba. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023

TSPR 46, 211 DPR ____ (2023), págs. 24-25; García Rivera et al. v.

Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001). De ahí que, nuestro

ordenamiento jurídico reconoce lo valioso y necesario que resulta un

descubrimiento de prueba amplio y liberal. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, supra; Mcneil Healthcare v. Mun. Las Piedras

II, supra, pág. 672.

       Ahora bien, en lo aquí atinente, la Regla 34.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.1, contempla la ocasión

en la que concurra alguna controversia relacionada con el
KLCE202300968                                                         12

descubrimiento de prueba. Al respecto, dispone que los tribunales

únicamente considerarán las mociones pertinentes, siempre que el

promovente certifique, de forma particularizada, que realizó

esfuerzos razonables con la representación legal de la parte adversa

para resolver los asuntos planteados. El promovente deberá

demostrar, a su vez, que actuó con prontitud y buene fe, y que todos

sus esfuerzos resultaron infructuosos. Regla 34.1, supra. Una vez

establecido ello, se podrá solicitar al tribunal que dicte una orden

para que se obligue a la parte promovida a descubrir lo solicitado.

Regla 34.2, supra.

        Por su parte, la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 34.3, esboza las consecuencias de no acatar una orden

sobre descubrimiento de prueba. En síntesis, entre las sanciones

aplicables, contempla el desacato, así como la emisión de órdenes

relacionadas a lo siguiente: (1) que las materias comprendidas sean

consideradas probadas; (2) una orden para impedir que la parte que

incumple se sostenga u oponga a determinadas reclamaciones o

defensas o para prohibirle presentar determinada materia en

evidencia; (3) eliminar alegaciones o parte de ellas; (4) suspender

todos los procedimientos posteriores hasta que la orden sea acatada;

(5) desestimar el pleito o procedimiento, o cualquier parte de ellos;

(6) dictar sentencia en rebeldía; (7) considerar como desacato al

tribunal la negativa a obedecer cualquiera de dichas órdenes

excepto una orden para someterse a examen físico o mental; (8)

sanciones económicas a cualquier parte, testigo, y representante

legal, y; (9) el pago de los gastos incurridos incluyendo honorarios,

salvo    que   se   demuestre   una   justificación   válida   para   el

incumplimiento.

        El estado de derecho actual avala la imposición de sanciones

severas a la parte que incumpla una orden relacionada al

descubrimiento de prueba. HRS Erase v. CMT, 205 DPR 659, 700-
KLCE202300968                                                         13

702, 709 (2020). No obstante, el ordenamiento jurídico advierte que

las mismas no deben emplearse de manera liviana, sino que, previo

a ello, resulta de aplicación el empleo de sanciones menos drásticas.

Íd. En este contexto, y atinente a la controversia sometida a nuestro

escrutinio, se ha resuelto que la medida severa de excluir el

testimonio de un perito es análoga a la medida extrema de la

desestimación, por lo que solo debe ser aplicada de manera

excepcional. Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. 2023

TSPR 65, 212 DPR ____, pág. 13; Valentín v. Mun. De Añasco, 145

DPR 887, 895 (1998).

      En el contexto particular de la desestimación, sabido es que

nuestro estado de derecho reconoce e impulsa el interés de que todo

litigante tenga su día en corte. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et

al., 132 DPR 115, 121 (1992). Ello se fundamenta en la política

judicial que establece que los casos se ventilen en sus méritos de

forma rápida, justa y económica. Amaro González v. First Fed.

Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993).              En consecuencia, la

desestimación de un pleito, previo a entrar a considerar los

argumentos que en el mismo se plantean, constituye el último

recurso al cual se debe acudir, luego de que otros mecanismos

resulten ser ineficaces en el orden de administrar la justicia. S.L.G.

Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 746 (2005); Maldonado v. Srio. De

Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).

                                  III

      En el recurso de autos, el peticionario aduce que erró el

Tribunal de Primera Instancia al ordenar la exclusión de su prueba

pericial, por constituir, ello, la desestimación de sus alegaciones

sobre daños por impericia médica. Al respecto, plantea que, previo

al decreto en cuestión, el foro a quo debió haber considerado sus

limitaciones para cumplir con los trámites que le fueron requeridos,

así como imponerle sanciones alternas, según las exigencias del
KLCE202300968                                                         14

estado de derecho. Habiendo examinado el referido planteamiento,

a la luz de los trámites acontecidos, resolvemos expedir el auto

solicitado y revocar la resolución recurrida.

      Al entender sobre la prueba documental que obra en autos,

podemos advertir que, en efecto, el aquí peticionario incumplió con

múltiples órdenes debidamente emitidas y notificadas por el

tribunal recurrido.     Sin embargo, es nuestro parecer que la

determinación que nos ocupa considera aspectos e incidencias

procesales independientes a la causa de autos, hecho que, en efecto,

lacera los derechos del peticionario.

      Es cierto que nuestro ordenamiento procesal tiene como

principio la celeridad en la tramitación de los casos. No obstante,

toda parte que acude al auxilio de los tribunales está plenamente

facultada para tener un día en corte que le garantice la adjudicación

de su causa. En reiteradas ocasiones, el estado de derecho ha sido

enfático en la protección de esta garantía, la cual ejecuta la premisa

cardinal del acceso a la justicia.      Por ello, los tribunales están

obligados a resguardarla, mediante el más razonable ejercicio de sus

facultades discrecionales adjudicativas.

      En el caso que atendemos, surge que los fundamentos que

dieron base a la acogida de los argumentos del Hospital responden

a las incidencias de un pleito anterior debidamente desistido, con

garantías procesales independientes a las que aplican en el pleito

que hoy nos ocupa.         El   Hospital recurrido,     en todas sus

comparecencias, aludió a los trámites del caso anterior para

justificar el petitorio que en este promovió, y así acelerar la etapa del

descubrimiento de prueba a la que ambas partes tienen derecho en

el presente caso. Sin embargo, dado a que la demanda de autos,

igual que aquella que dio origen a la causa anterior, goza de

garantías, procesos y consideraciones propias, sus argumentos no

debieron haber recibido el peso que se les arrogó. Lejos de ello, el
KLCE202300968                                                                 15

Tribunal de Primera debió haber estimado con mayor rigor las

condiciones que, en la causa de acción de epígrafe, el peticionario

expuso para justificar los inconvenientes para presentar el informe

pericial.

       Precisa destacar que el Hospital recurrido, a pesar de que

señala los varios incumplimientos del peticionario con vehemencia,

también incurrió en ciertas faltas procesales que contradicen su

postura respecto a la protección de la administración de la justicia.

En específico, de la prueba surge que la institución recurrida no

cumplió con presentar su alegación responsiva en término, trámite

al   que     dio   cumplimiento      cuando     ya    estaba   ante    nuestra

consideración el recurso que nos ocupa. Si bien, el ordenamiento

procesal vigente ya no califica la contestación a la demanda como el

punto de partida para el inicio de la etapa de descubrimiento de

prueba, ello no obsta para que todas las partes en el pleito se sujeten

a    las    exigencias     procesales.    Por     tanto,     dicho    principio,

conjuntamente        con     la   inobservancia      antes   indicada,    resta

legitimación a la postura del Hospital recurrido, en cuanto a resaltar

las faltas de la conducta procesal del peticionario.

       En mérito de lo antes expuesto, y toda vez los efectos que,

sobre la causa del peticionario, tiene la eliminación de la prueba

pericial decretada, revocamos la determinación recurrida, por

concurrir los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA AP. XX-B, R. 40. Ciertamente, ello equivale a

la desestimación de sus alegaciones, hecho que incide directamente

sobre las garantías que le asisten en este nuevo pleito. En cuanto a

este particular, apuntamos que, el 2 de agosto de 2023, el

peticionario presentó el informe pericial objeto de disputa entre las

partes, hecho que el Tribunal de Primera Instancia, por constarle,

debió haber considerado previo a emitir el pronunciamiento que hoy

dejamos sin efecto.
KLCE202300968                                                     16

      Ahora bien, advertimos al peticionario su deber de tramitar la

causa de acción que interesa de manera diligente, implicando ello,

a su vez, la debida observancia a los mandatos del tribunal.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones