Court Opinion

ID: 9941369
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:29:01.145506+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:34.601813
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

   MIRTA ORTIZ ORTEGA                                 Revisión
       RECURRENTE                                     Administrativa
                                                      procedente del
                V.                                    Departamento del
                                                      Trabajo y Recursos
                                                      Humanos
     NEGOCIADO DE     KLRA202300585
  SEGURIDAD DE EMPLEO               Núm. C-01445-23
          (NSE)
       RECURRIDO                    Sobre:
                                    Elegibilidad a los
   CHRISTIAN D. RESTO               beneficios de
        VÁZQUEZ                     compensación por
       RECLAMANTE                   desempleo
                                    Secciones 4(b)(3) de
                                    la Ley de Seguridad
                                    de Empleo de
                                    Puerto Rico, según
                                    enmendada
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

       Comparece Mirta Ortiz Ortega (Ortiz Ortega) mediante una

Revisión Administrativa presentada el 13 de noviembre de 2023. Nos

solicita la revocación de la Decisión1 emitida y notificada el 27 de

septiembre de 2023 por el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos (Departamento). Mediante el referido dictamen, el

Departamento declaró a Christian Resto Vázquez (Resto Vázquez)

elegible a recibir los beneficios del seguro por desempleo.

       Adelantamos que, luego de examinar el recurso, resolvemos

desestimarlo por falta de jurisdicción. Veamos.

                                      I.

       Según surge del expediente, mientras Resto Vázquez era

estudiante de contabilidad, laboró para Ortiz Ortega en calidad de

asistente de contabilidad a tiempo parcial, desde febrero de 2019

1 Expediente Administrativo, Apéndice, págs. 10-12.

Número Identificador

SEN2024________
KLRA202300585                                                              2

hasta su despido en marzo de 2021. Producto de lo anterior, Resto

Vázquez solicitó recibir los beneficios de compensación de seguro

por desempleo ante el Departamento, los cuales el Negociado de

Seguridad de Empleo del Departamento (Negociado) le otorgó

mediante Determinación2 emitida el 3 de diciembre de 2021. El

Negociado fundamentó su dictamen en que el despido de Resto

Vázquez no fue atribuible a conducta incorrecta relacionada con su

trabajo.

       En desacuerdo con lo anterior, Ortiz Ortega solicitó una

audiencia ante un Árbitro de la División de Apelaciones del

Departamento. Luego de varias incidencias procesales que no es

necesario pormenorizar, la referida vista se celebró el 1 de junio de

20233 durante la cual tanto Resto Vázquez como Ortiz Ortega

ofrecieron sus testimonios.

       Evaluado     lo   anterior,   la   División    de    Apelaciones   del

Departamento emitió y notificó una Resolución4 el 23 y 28 de junio

de   2023,    respectivamente.       En   ella,   formuló    las   siguientes

determinaciones de hechos:

       1. La parte reclamante trabajó para la oficina de
          contabilidad de la señora Mirta Ortiz Ortega durante
          2 años aproximadamente.

       2. Patrono despidió al reclamante, ya que éste no
          trabajaba con la agilidad requerida para el puesto e
          incurría en errores al realizar las tareas.

       3. Patrono se reunía con el reclamante para discutir
          aspectos del trabajo que realizaba éste con tal de
          mejorar su ejecutoria.

       4. El reclamante realizaba el trabajo acorde a las
          capacidades y destrezas con las que contaba como
          estudiante de contabilidad.

       5. El reclamante accede a trabajar los sábados para
          patrono y patrono le reduce la carga de trabajo, para
          que éste pueda realizar el trabajo que tenía
          pendiente.

       6. Los errores que el reclamante cometía los corregía
          con la ayuda de la contable, Sra. Ortiz.

2 Expediente Administrativo, Apéndice, pág. 84.
3 Expediente Administrativo, Apéndice, págs. 38-39.
4 Expediente Administrativo, Apéndice, págs. 31-33.
KLRA202300585                                                             3

       7. Patrono percibía que el reclamante no ponía el
          empeño que el trabajo requería y en un momento
          dado, la comunicación entre patrono y el reclamante
          se afectó.

       8. El reclamante entendía que realizaba las labores
          conforme a las instrucciones que patrono le
          brindaba; sin embargo, hubo un error en una labor
          de reconciliación que el reclamante entiende que la
          había realizado conforme a lo requerido, pero al
          patrono revisar, hubo un error que corregir y a raíz
          de ello, el reclamante recibe una llamada de patrono
          donde éste le informa que está despedido.

       Sobre     tales   bases,     la   División     de   Apelaciones   del

Departamento concluyó que Ortiz Ortega despidió a Resto Vázquez

sin justa causa. A su vez, confirmó el dictamen del Negociado y

determinó la elegibilidad de Resto Vázquez para recibir los beneficios

de compensación de seguro por desempleo. Puntualizó que, la

“conducta incorrecta” a la cual se refiere la Sección 4(b)(3) de la Ley

Núm. 74 de 21 de junio de 1956, Ley de Seguridad de Empleo de

Puerto Rico (Ley Núm. 74), 24 LPRA sec. 704(b)(3), para descalificar

a un trabajador de recibir tales beneficios es aquella conducta

intencional del empleado dirigida a afectar los intereses patronales.

       Inconforme, Ortiz Ortega instó una Apelación5 ante el

Departamento y allí cuestionó la adjudicación de credibilidad que

realizó la Árbitro de la División de Apelaciones del Departamento. A

esos efectos, solicitó la revisión de la grabación de la vista, en

particular la reevaluación de su testimonio.

       En respuesta, el 27 de septiembre de 2023, el Departamento

emitió la Decisión6 recurrida mediante la cual confirmó la Resolución

de la División de Apelaciones. Al resolver expuso que, Ortiz Ortega

“no demostró la existencia en el récord de otra evidencia que

razonablemente reduzca o menoscabe la prueba creída por el

árbitro.”7 El referido dictamen fue objeto de reconsideración8

producto de lo cual el Departamento notificó otra Decisión9 el 13 de

octubre de 2023 denegando el petitorio de reconsideración.

5 Expediente Administrativo, Apéndice, págs. 15-21.
6 Expediente Administrativo, Apéndice, págs. 10-12.
7 Expediente Administrativo, Apéndice, pág. 10.
8 Expediente Administrativo, Apéndice, págs. 4-9.
9 Expediente Administrativo, Apéndice, págs. 2-3.
KLRA202300585                                                                      4

       Aun inconforme, Ortiz Ortega comparece ante esta Curia

mediante el recurso de epígrafe y señala la comisión de dos errores:

       El Hon. Secretario [erró] al determinar que “El patrono
       no ha demostrado que existan circunstancias
       extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio,
       parcialidad o error manifiesto en la adjudicación de
       credibilidad del árbitro que presidió la vista
       evidenciaria,”…

       Error manifiesto en la adjudicación de credibilidad del
       árbitro ante incumplimiento del deber de preservar la
       grabación de la vista celebrada.

       En cumplimiento con nuestra Resolución de 16 de noviembre

de 2023, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico

comparece       en    representación        del   Negociado       y   solicita    la

desestimación del recurso de epígrafe. Primeramente, fundamenta

su petitorio en que, Ortiz Ortega carece de legitimación activa para

solicitar   revisión     por   esta    no    ser parte      del    procedimiento

administrativo ante el Negociado, a tenor de lo resuelto en Acevedo

v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 466 (1996). Como

segunda base para la desestimación, informa que la parte apelante

no notificó al Departamento ni al Negociado10 copia del recurso ante

esta Curia.

       En consideración a lo anterior, concedimos un término a Ortiz

Ortega para exponer su posición. En su Oposición al petitorio de

desestimación y a modo de acreditar haber notificado su recurso de

revisión al Negociado y a Resto Vázquez, la parte recurrente anejó a

su moción el recibo de pago del franqueo de los envíos y dos hojas

de rastreo del servicio postal. Precisamos que, Ortiz Ortega no

remitió copia del acuse de recibo por correo certificado a modo de

constatar haber notificado su recurso, tal cual exige la Regla 58(B)(3)

y la Regla 13(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XX-B.

10 La falta de notificación al Negociado surge de la Moción Informativa y Aclaratoria

instada el 19 de diciembre de 2023.
KLRA202300585                                                         5

      Con el beneficio de las comparecencias de las partes,

procedemos a continuación.

                                    II.

A. La jurisdicción

      La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para

considerar y decidir casos y controversias. Muñoz Barrientos v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 105,

resuelto el 1 de septiembre de 2023. Es por ello, que, la falta de

jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v.

Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020).

      Por consiguiente, el primer factor a considerar en toda

situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo es el

aspecto jurisdiccional. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR

495, 503 (2019). Ello, pues los tribunales tienen la responsabilidad

indelegable   de   examinar,   en     primera   instancia,   su   propia

jurisdicción, así como la del foro de donde procede el recurso ante

su consideración. Íd., pág. 500.

      En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo

ha expresado que, los tribunales tenemos el deber de proteger

nuestra jurisdicción, sin poseer discreción para asumirla donde no

la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos,

las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser

resueltas con preferencia. Íd. A causa de ello, al cuestionarse la

jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso,

cuando no haya sido planteado por éstas, dicho foro examinará y

evaluará, con rigurosidad, el asunto jurisdiccional como parte de su

deber ministerial, pues éste incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Torres Alvarado v. Madera

Atiles, supra. Añádase a ello que, la Regla 83(C) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), faculta a este

Tribunal a actuar por iniciativa propia para desestimar un recurso

apelativo ante la ausencia de jurisdicción.
KLRA202300585                                                        6

B. Doctrina de justiciabilidad y legitimación activa

      La doctrina de justiciabilidad limita la intervención de los

tribunales a resolver controversias reales y definidas que afectan las

relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas. Super

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 815 (2021); . Es decir, que el

principio de justiciabilidad requiere que exista un caso o

controversia real para que los tribunales puedan ejercer válidamente

el Poder Judicial. En ese sentido, nuestra intervención “tendrá lugar

solo si existe una controversia genuina entre partes opuestas que

tienen un interés real en obtener un remedio que afecte sus

relaciones jurídicas”. Hernández, Santa v. Srio. De Hacienda, 208

DPR 727, 738 (2022). Por tanto, una controversia no se considera

justiciable cuando:

      1) se procura resolver una cuestión política;
      2) una de las partes carece de legitimación activa;
      3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado
      la controversia en académica;
      4) las partes están tratando de obtener una opinión
      consultiva; o
      5) se intenta promover un pleito que no está
      maduro. Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

      Así, pues, los tribunales debemos evaluar estos requisitos de

origen constitucional antes de considerar y pronunciarnos sobre los

méritos de una controversia. Íd. Como elemento esencial para la

adjudicación de los méritos de una controversia, el principio de

justiciabilidad impone a los tribunales el deber de evaluar si la parte

que   acude    ante   nuestra   consideración    posee    legitimación

activa. Hernández, Santa v. Srio. De Hacienda, supra, en las págs.

738-739. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la

legitimación activa como “la capacidad que se le requiere a la parte

promovente de una acción para comparecer como litigante ante el

tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma,

obtener una sentencia vinculante”. Bhatia Gautier v. Gobernador,

199 DPR 59, 69 (2017).

      Conforme a la doctrina de justiciabilidad, la parte que solicita

un remedio judicial debe demostrar lo siguiente:
KLRA202300585                                                           7

      (1) ha sufrido un daño claro y palpable;
      (2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o
          hipotético;
      (3) existe una conexión entre el daño y la causa de
          acción ejercitada, y
      (4) la causa de acción surge al palio de la
          Constitución. Hernández, Santa v. Srio. De
          Hacienda, supra, en las pág. 739 citando a Bhatia
          Gautier v. Gobernador, supra.11

      En lo pertinente al caso de marras, el Tribunal Supremo

resolvió en Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra, que las

partes en los procesos administrativos ante el Negociado de

Seguridad de Empleo son el exempleado y el Secretario del Trabajo

y Recursos Humanos. Allí también, nuestro más Alto Foro aclaró

que, aunque el patrono tiene derecho a ser notificado sobre estos

procedimientos que implican a un exempleado, eso no los convierte

en parte.

                                   III.

      En su recurso de revisión, Ortiz Ortega cuestiona un dictamen

del Departamento mediante el cual declaró a Resto Vázquez elegible

de recibir los beneficios de seguro por desempleo, al amparo de la

Ley Núm. 74, supra. Según la parte recurrente, la Árbitro de la

División de Apelaciones del Departamento incidió al aquilatar la

prueba testimonial que desfiló ante sí.

      Cabe destacar que, en respuesta al recurso de revisión, el

Departamento solicitó la desestimación por falta de legitimación

activa y por falta de notificación. En cumplimiento con nuestro

requerimiento, y a modo de acreditar haber notificado a la parte

recurrida, Ortiz Ortega nos remitió el recibo de pago del franqueo de

los envíos y dos hojas de rastreo del servicio postal. Sin embargo, no

constató la notificación mediante una copia del acuse de recibo para

dar cumplimiento a la Regla 58(B)(3) de nuestro Reglamento, supra.

Al así actuar, Ortiz Ortega no nos puso en posición de adjudicar si

en efecto la parte recurrida fue notificada del recurso de revisión. De

11 Véase, además, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 943
(2011).
KLRA202300585                                                       8

cualquier manera, nos resta evaluar el segundo planteamiento

jurisdiccional sobre legitimación activa.

      Puntualizamos que, en virtud de lo resuelto en Acevedo v.

Western Digital Caribe, Inc., supra, Ortiz Ortega fue notificada de

estos procesos administrativos ante el Departamento por haber sido

patrono de Resto Vázquez, sin con ello convertirla en parte.

Entiéndase que, Ortiz Ortega carece de legitimación activa para

solicitar la revisión de la Decisión del Departamento debido a que las

partes en este procedimiento son únicamente Resto Vázquez y el

ente administrativo.

      Por todo lo antes, carecemos de jurisdicción para entender en

el presente asunto.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, declaramos ha lugar la

Solicitud de Desestimación instada por la parte recurrida y, en su

consecuencia, desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones