Court Opinion

ID: 9408065
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:13:26.034421+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.558002
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL

    DELIA VIVAS BARLUCEA                                CERTIORARI
                                                        procedente del
         Peticionaria                                   Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala
              vs.                                       Superior de San
                                                        Juan
    ERICK DAVID ASTACIO           KLCE202200825
         MARRERO                                        Caso Núm.:
                                                        SJ2019RF01148
          Recurrido
                                                        Sobre:
                                                        Divorcio (R.I)

Panel integrado por su presidente, el Juez Ronda del Toro, la Jueza
Díaz Rivera y la Jueza Martínez Cordero1 .

Martínez Cordero, jueza ponente.

                                 SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

        Comparece ante nos, la señora Delia M. Vivas Barlucea (en

adelante, señora Vivas Barlucea y/o peticionaria), a través de un

Recurso de Certiorari, y nos solicita la revocación de la Resolución y

Orden emitida el 8 de junio de 20222, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI) en la cual

declaró No Ha Lugar el cambio o transferencia de escuela de la

menor AAV (en adelante, la menor), solicitado por la peticionaria. No

obstante, instruyó a las partes a continuar con el proceso para que

la menor concluyera sus evaluaciones y recibiera los servicios de

educación especial a través del Programa de Educación Especial del

Departamento de Educación, y que se mantuviera informado al

tribunal del proceso.

        Examinado el recurso de autos, así como la totalidad del

expediente ante nuestra consideración, incluyendo las posiciones de

1 Véase Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023 en la que
se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
del Hon. Felipe Rivera Colón.
2 Apéndice de la peticionaria, Anejo 1. Transcrita el 14 de junio de 2022 y

notificada el 15 de junio de 2022.

Número Identificador

SEN2023 ___________
KLCE202200825                                                                2

las partes, la transcripción de la vista evidenciaria y cónsono a

nuestro ordenamiento jurídico, expedimos el auto de Certiorari y se

confirma y modifica, la Resolución y Orden recurrida, por los

fundamentos que expondremos a continuación.

                                       I

       Producto del matrimonio entre la peticionaria y el señor Erick

D. Astacio Marrero (en adelante, señor Astacio Marrero y/o

recurrido) procrearon a la menor AAV, quien nació el 8 de junio de

2015.3 A esta fecha, la menor debe contar con siete (7) años. El

matrimonio entre las partes quedó disuelto el 6 de diciembre de

2019, mediante Sentencia de Divorcio.4 En su Sentencia, el TPI

determinó que la custodia provisional se ejercería de forma

compartida entre ambos progenitores. Luego, tras varios incidentes

procesales, el 20 de abril de 2020, se presentó un Informe Social

Forense el cual recomendó que la patria potestad y la custodia fuese

compartida entre ambos progenitores.5 Sin embargo, tomando

conocimiento judicial del caso Delia M. Vivas Barlucea v. Erick D.

Astacio Marrero, KLAN202000004, destacamos que, actualmente, la

custodia provisional de la menor es ejercida exclusivamente por la

señora Vivas Barlucea y que al momento de la presentación de este

recurso, la determinación de custodia permanente se encontraba

sub judice.

       En lo atinente a la controversia ante nuestra consideración,

previo a que las partes se separaran, estos acordaron que la menor

recibiría servicio de cuido en la escuela Leadership Christian

Academy (en adelante, LCA) comenzando en agosto del año 2019.6

Así las cosas, el 5 de agosto de 2020, el recurrido presentó

Urgentísima Solicitud de Orden en la que requirió al TPI que emitiera

3 Apéndice de la peticionaria, Anejo 2. Transcrita el 11 de diciembre de 2019 y
notificada el 17 de diciembre de 2019.
4 Id.
5 Apéndice del recurrido, Anejo 1.
6 Apéndice de la peticionaria, Anejo 6.
KLCE202200825                                                                  3

una orden a los fines de que la menor se mantuviese matriculada en

LCA para cursar el grado kínder.7 El 6 de agosto de 2020, el TPI

emitió una Orden mediante la cual no autorizó el cambio de

escuela.8 El 11 de agosto de 2020, la peticionaria instó una Moción

de Reconsideración, Solicitud de Vista Urgente y Otros Extremos.9 En

ella, presentó su oposición a la Orden emitida por el TPI y solicitó el

cambio a la escuela Bonneville Bilingual School (en adelante, BBS),

como mejor opción educativa para la menor.10 Luego de celebrada

una vista, el 24 de agosto de 2020, el TPI emitió una Resolución,11

en la cual ordenó que la menor que se mantuviera en LCA, ante la

ausencia de acuerdo entre los progenitores. Fundamentó su

determinación en qué en la vida de la menor habían ocurrido

muchos cambios con motivo del divorcio de las partes, mientras que

la escuela era una de las pocas variables que podía permanecer

como una constante.12 Así mismo, refirió el caso a la Unidad Social

de Relaciones de Familia y Menores, para evaluar a qué escuela

debía acudir la menor para agosto del año 2021.13

       El 9 de noviembre de 2020, la señora Vivian Maldonado Colón,

Trabajadora Social de la Oficina de Relaciones de Familia y Menores

(en adelante, Trabajadora Social), rindió un Informe de Labor

Realizada.14 En dicho informe expuso que la menor: “Muestra

cualidades     que    sugieren     muy     buena      capacidad      de   ajuste.

Entendemos que, de considerarse un cambio de escuela, la menor

se encuentra en el mejor momento para el mismo, pues aún no ha

echado raíces en la escuela de procedencia”.15 Además, destacó que

7 Apéndice de la peticionaria, Anejo 4.
8 Apéndice de la peticionaria, Anejo 5.
9 Apéndice de la peticionaria, Anejo 6.
10 Id.
11 Apéndice de la peticionaria, Anejo 9. Notificada el 27 de agosto de 2020.
12 Id.
13 Id.
14 Apéndice del recurrido, Anejo 1.
15 Id.
KLCE202200825                                                                          4

“no se desprende que el cambio le vaya a afectar ni emocionalmente,

ni académicamente”.16

        Posteriormente, el 9 de febrero de 2021, la Trabajadora Social

rindió otro Informe de Labor Realizada.17 En dicho informe, volvió a

enfatizar que la menor: “Muestra cualidades que sugieren muy

buena capacidad de ajuste”.18 No obstante, se recomendó:

        Que se considere la realización de una evaluación
        psicométrica/psicoeducativa a la menor para
        validar o descartar la necesidad en el área de
        aprendizaje y sus capacidades académicas para
        responder a las demandas académicas de la institución
        educativa actual o a la que se determine matricular de
        considerarse el cambio escolar.19 (Énfasis suplido).

        Así las cosas, el 18 de marzo de 2021, la peticionaria presentó

una Moción en la que sugirió como alternativa para la menor, la

Escuela Especializada en el Desarrollo de Talentos Dr. Antonio S.

Pedreira, la cual es una escuela pública bajo el Departamento de

Educación.20 Además, presentó opciones adicionales, con las cuales

no tendría reparo.21 El 15 de abril de 2021, el recurrido presentó

una Réplica a Escrito sobre Nuevas Alternativas de Colegios y otros.22

Respecto a su investigación sobre los ofrecimientos de las demás

escuelas, mencionó ofrecimientos que no tenían algunas de las

escuelas sugeridas por la peticionaria.23 Explicó que la menor

recibía descuentos en la matrícula, mensualidad, almuerzo y

horario extendido, entre otros beneficios, en LCA.24 Adujo que la

menor recibía dichos beneficios, debido a que la abuela paterna

trabajaba en LCA. En el Alegato Suplementario25 presentado ante

16 Id.
17 Apéndice del recurrido, Anejo 2.
18 Id.
19 Id.
20 Apéndice de la peticionaria, Anejo 11.
21 Id. Las otras instituciones educativas propuestas fueron: (i) Colegio Del Carmen

en Trujillo Alto, (ii) Creative Learning School en Trujillo Alto, y (iii) Casa Montessori
del Niño en Cupey.
22 Apéndice de la peticionaria, Anejo 12.
23 Id.
24 Id.
25 El Alegato Suplementario fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 11

de octubre de 2022.
KLCE202200825                                                                5

esta Curia, la peticionaria adujo que el descuento era por una suma

alrededor de cien ($100.00) dólares mensuales.

          Cónsono con la recomendación de la Trabajadora Social, a la

menor        se    le   practicó     una       evaluación   psicoeducativa   y

posteriormente se rindió el Informe de Evaluación Psicoeducativa.26

El resumen interpretativo de las pruebas realizadas reveló que los

resultados de las escalas ubicaban a la menor en una clasificación

promedio.27 No obstante, a nivel emocional se identificaron

indicadores         relacionados        con      impulsividad,    agresividad,

inestabilidad, falta de equilibrio o base firme, falta de límites,

necesidad de llamar la atención, inmadurez, controles internos

insuficientes y ansiedad.28 Se entendió que dichos hallazgos podrían

ser un reflejo de su estado emocional y su ejecución académica.29

En lo que respecta a su estado emocional, se recomendó evaluación

visual para validar o descartar la necesidad de tratamiento

correctivo.30

          Ante esta situación, el 24 de septiembre de 2021, la

peticionaria presentó una Moción, en la cual solicitó que se

permitiera el cambio de la menor a una escuela pública, que

proveyera los servicios de educación especial y terapias que la menor

necesitaba.31 Expuso en dicha moción, que los hallazgos del Informe

de Evaluación Psicoeducativa, fueron que la menor: (i) debía recibir

terapia educativa, del habla y lenguaje; (ii) debía ser evaluada en el

área de habla, lenguaje y ocupacional; (iii) debía recibir servicios

psicológicos; (iv) debía recibir tutorías; (v) necesitaba que la escuela

pudiese atender sus necesidades y tener acomodo razonable (tiempo

adicional para completar los exámenes y trabajos durante la clase);

26   Apéndice de la peticionaria, Anejo 23A.
27   Id.
28   Id.
29   Id.
30   Id.
31   Apéndice de la peticionaria, Anejo 13.
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y, (vi) requería asistencia individualizada en el salón de clases y

contacto visual con la maestra.32 Arguyó, además, que LCA no

ofrecía esos servicios y que obtenerlos de manera privada sería muy

costoso, aún más, cuando la menor cualificaba para que el

Departamento de Educación los cubriese.33 Explicó que el

diagnóstico de la menor era trastorno específico de aprendizaje, con

dificultad de fluidez en la lectura y en las matemáticas al realizar

cálculos; y, que se identificó rezago de más de un (1) año.34 Acorde

con lo anterior, propuso como alternativa dos (2) escuelas

públicas.35

       Así las cosas, el TPI celebró una vista evidenciaria, la cual por

motivos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, se fragmentó

en varias fechas. El foro primario recibió prueba testimonial y

documental. En lo que respecta a la prueba testimonial, la parte

peticionaria presentó como testigos a: (i) la Trabajadora Social, (ii) la

señora Xiomara Figueroa Rivera, Facilitadora del Programa de

Educación Especial del Departamento de Educación (en adelante,

Facilitadora), y (iii) su propio testimonio. El recurrido no ofreció

prueba testimonial.

       Habiendo       quedado      la    controversia      sometida      ante    la

consideración del foro a quo, el 8 de junio de 2022,36 el TPI emitió

Resolución y Orden en la cual declaró No Ha Lugar el cambio o

transferencia de escuela de la menor, concluyendo que no quedó

convencido de que sería en beneficio de esta.37 Además, ordenó a

ambos progenitores continuar con el proceso para que la menor

concluyese sus evaluaciones y recibiera los servicios de educación

especial mediante el Programa de Educación Especial y que se

32 Apéndice de la peticionaria, Anejo 13 y 23A.
33 Apéndice de la peticionaria, Anejo 13.
34 Apéndice de la peticionaria, Anejo 13 y 23A.
35 Apéndice de la peticionaria, Anejo 13.
36 Apéndice de la peticionaria, Anejo 1. Transcrita a escrito el 14 de junio de 2022

y notificada el 15 de junio de 2022.
37 Id.
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mantuviese informado al foro a quo del proceso.38 Mientras tanto, la

menor, comenzaría de inmediato a recibir terapias educativas,

ocupacionales y psicológicas de manera privada.39 Para ello, dispuso

que las terapias serían costeadas por la señora Janery Marie Astacio

Marrero (en adelante, señora Astacio Marrero) y la señora María De

Lourdes Marrero Feliz (en adelante, Marrero Feliz, en conjunto, tías

de la menor).40 No obstante, el TPI expresó que de existir

incumplimiento por parte de las tías             de la menor,        sería

responsabilidad del señor Astacio Marrero cumplir con el pago de

las mismas.41 El TPI en dicha Resolución y Orden no incluyó

determinaciones de hecho y derecho ni hizo referencia a la prueba

desfilada.

          Inconforme, el 29 de junio de 2022, la señora Vivas Barlucea

presentó una Moción de Reconsideración y en Solicitud de

Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho.42 Solicitó que

se reconsiderara la Resolución y Orden del 8 de junio de 2022 y que

se emitiera una nueva resolución, con las correspondientes

determinaciones solicitadas que le permitieran ejercer sus derechos

dentro del procedimiento judicial.43 El mismo día, el TPI declaró No

Ha Lugar la moción presentada.44

          Inconforme aun, la peticionaria recurrió ante este tribunal

revisor, mediante un recurso de Certiorari, presentado el 28 de julio

de 2022, en el cual le imputó al TPI la comisión de los siguientes

tres (3) errores:

             PRIMER ERROR: Erró y abusó de su discreción el
             TPI al denegar el cambio de escuela solicitado por la
             recurrente, obligando a la hija menor de las partes a
             permanecer en una institución educativa que no
             ofrece los Servicios de Educación Especial que la
             niña necesita, siendo ello contrario al mejor

38   Id.
39   Id.
40   Id.
41   Id.
42   Apéndice de la peticionaria, Anejo 25.
43   Id.
44   Apéndice de la peticionaria, Anejo 26.
KLCE202200825                                                                  8

           bienestar de la niña y demostrando prejuicio,
           parcialidad y error craso y manifiesto en la
           apreciación de la prueba.

           SEGUNDO ERROR: Erró y abusó de su discreción el
           TPI al denegar el cambio de escuela de una menor
           con    necesidades   especiales   que    ha   sido
           diagnosticada con trastornos específicos de
           aprendizaje y cuya escuela actual no le provee los
           servicios de educación especial que necesita por el
           fundamento de que la recurrente no lo convence.

           TERCER ERROR: Erró y abusó de su discreción el
           TPI al emitir una Resolución y Ordena [sic] luego de
           un proceso que incluyó la celebración de nueve
           vistas sin emitir determinaciones de hecho ni
           conclusiones de derecho, privando a la peticionar[i]a
           de conocer los fundamentos de su determinación
           para poder ejercer su derecho a recurrir de la misma
           en violación al debido proceso de ley.

       En esa misma fecha, la peticionaria presentó Urgente Escrito

Informativo y Solicitud de Autorización para que este foro autorizara

la presentación de la transcripción de la prueba oral de la vista

evidenciaria celebrada de forma fragmentada los días 19 de febrero

de 2021, 15 de diciembre de 2021, 26 de enero de 2022, 16, 17 de

marzo de 2022, y 8 de junio de 2022, y la presentación del

correspondiente alegato suplementario.

       En apretada síntesis, el 1 de septiembre de 2022, esta Curia

emitió una Resolución, en la que concedió término al Hon. José A.

Alicea Rivera, juez superior que presidió la vista evidenciaria ante el

TPI, para que fundamentara la Resolución y Orden emitida el 8 de

junio de 2022.45 El 6 de septiembre de 2022, el TPI emitió,

Resolución la cual notificó a esta Curia.

       Posteriormente, el 11 de octubre de 2022, la peticionaria

presentó su Alegato Suplementario. En dicho escrito, la parte

peticionaria: (i) expresó que la Resolución del 6 de septiembre de

2022, emitida por el TPI a raíz de lo dispuesto por esta Curia

adolecía de los mismos errores planteados en el Certiorari, ya que

45Conforme lo establece la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 83.1, 4 LPRA Ap XXII-B.
KLCE202200825                                                       9

solo hacía un recuento parcial del tracto procesal del caso y nada

indicó con relación a la prueba pericial desfilada descartada, ni a la

prueba documental admitida. Solicitó que para que esta Curia

pudiese considerar los errores planteados que cometió el TPI en la

apreciación de la prueba, era indispensable, que se permitiera

presentar la transcripción de la prueba oral desfilada. El 4 de

noviembre de 2022, el recurrido presentó su Alegato en Oposición a

Alegato Suplementario – Certiorari.

          Finalmente, luego de ser autorizada por esta Curia, la

peticionaria presentó la transcripción de la prueba oral, la cual

destacamos fue estipulada por el recurrido. De ahí, el 27 de febrero

de 2023, la peticionaria presentó un nuevo Alegato Suplementario

junto a la transcripción de la prueba oral. Por su parte, el 28 de

marzo de 2023, el recurrido presentó Oposición Suplementaria a

Alegato Suplementario del 27 de febrero de 2023.

          Contando con el beneficio de los escritos de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                      II

      A. Expedición del recurso de Certiorari

          Los recursos de Certiorari presentados ante el Tribunal de

Apelaciones deben ser examinados en principio bajo la Regla 52.1

de Procedimiento Civil.46 Esta Regla limita la autoridad y el alcance

de la facultad revisora de este Tribunal mediante el recurso

de Certiorari sobre órdenes y resoluciones dictadas por los

Tribunales de Primera Instancia. La Regla lee como sigue:

          […]
          El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u
          órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
          Primera Instancia, solamente será expedido por el
          Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
          resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
          denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
          obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
          el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o

46   R.P. CIV. 52.1, 32 LPRA Ap. V.
KLCE202200825                                                                  10

       resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
       sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés público o en
       cualquier otra situación en la cual esperar a la
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
       Certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
       tiene que fundamentar su decisión. 47 (Énfasis suplido).
       […]

       Por su parte, la Regla 52.2 (b) dispone sobre los términos y

efectos de la presentación de un recurso de Certiorari que:

       […]
       (b) Recurso de “certiorari” […]
       Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones
       para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de
       Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar
       las demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal
       de Apelaciones en recursos discrecionales o para revisar
       cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de
       Apelaciones deberán presentarse dentro del término de
       treinta (30) días contados desde la fecha de notificación
       de la resolución u orden recurrida. El término aquí
       dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo
       cuando medien circunstancias especiales debidamente
       sustentadas en la solicitud de certiorari.48
       […]

       El recurso de Certiorari es un vehículo procesal que permite a

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.49 Este recurso es uno extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior.50 Distinto al

recurso     de    apelación,      el   tribunal     al     que     se    recurre

mediante Certiorari tiene       discreción     para      atender    el   asunto

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.51 Conviene

destacar que la discreción ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

47 R.P. CIV. 52.1, 32 LPRA Ap. V.
48 R.P. CIV. 52.2 (b), 32 LPRA Ap. V.
49 800 Ponce de León, Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163, 174 (2020).
50 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).
51 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Pueblo v.

Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
KLCE202200825                                                              11

conclusión justiciera”.52 A esos efectos, se ha considerado que “la

discreción se nutre de un juicio racional apoyado en la razonabilidad

y en un sentido llano de justicia y no es función al antojo o voluntad

de uno, sin tasa ni limitación alguna”.53 La Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, esboza los criterios que el Tribunal

deberá considerar para expedir un auto de Certiorari, como sigue:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
            contrarios a derecho.

         B. Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.

         D. Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los cuales
            deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.

         F. Si la expedición el auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.

         G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa evita un fracaso de la justicia. 54

         El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal

Supremo) ha establecido que un tribunal revisor no debe sustituir

su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto.55 Quiérase decir, no hemos de

interferir con los Tribunales de Primera Instancia en el ejercicio de

sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en

que se demuestre que este último: (i) actuó con prejuicio o

52   SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
53   Id.
54   Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 40, 4 LPRA Ap XXII-B.
55   Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
KLCE202200825                                                               12

parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de discreción, o (iii) se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo.56

     B. La Patria Potestad

       La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que

corresponde a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada

uno de sus hijos no emancipados como medio de realizar la función

natural que les incumbe de protegerlos y educarlos.57 A esos efectos,

el tribunal investigará si los padres poseen la capacidad,

disponibilidad y firme propósito de asumir la responsabilidad de

criar los hijos conjuntamente.58 A su vez, ello implica superar

desavenencias personales, y por imperativo, sostener adecuada

comunicación para adoptar aquellas decisiones conjuntas que

redunden en beneficio y los mejores intereses del menor.59

       El Código Civil de Puerto Rico dispone que la patria potestad

sobre los hijos no emancipados corresponde a ambos padres

conjuntamente.60 La patria potestad conlleva unas facultades y

deberes de los padres, entre ellas el de educar a sus hijos.61 Dicha

obligación debe ser ejercida responsablemente, velando bienestar y

los mejores intereses del menor.62

       El Tribunal Supremo ha resuelto en reiteradas ocasiones que,

aun cuando los derechos de un progenitor sobre sus hijos poseen

un gran arraigo en el campo del derecho de relaciones de familia,

estos ceden ante la facultad de parens patriae de la cual está

investido el Estado de cumplir con su obligación de salvaguardar y

proteger el bienestar del menor.63 La función de parens patriae del

56 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
57 Ex parte Torres, 118 DPR 469, 473 (1987).
58 Id., 482.
59 Id.
60 CÓD. CIV. PR art. 152, 31 LPRA § 591.
61 CÓD. CIV. PR art. 153, 31 LPRA § 601.
62 CÓD. CIV. PR art. 166, 31 LPRA § 634.
63 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). Ortiz v. Meléndez,

164 DPR 16 (2005). Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959 (2005). Pena v. Pena, 152
DPR 820, 832–833 (2000).
KLCE202200825                                                                  13

Estado es aquella por la cual asume y ejerce en cumplimiento de su

deber de brindar protección a los sectores más débiles de la

sociedad.64 En la eventualidad de que un tribunal perciba un

conflicto entre intereses ajenos y el mejor interés de un menor, se

debe resolver a favor de este último.65 A luz de lo anterior, el tribunal

tiene la potestad de ordenar las investigaciones de índole social que

entienda procedentes.66 A tales efectos, las unidades sociales de

relaciones de familia y asuntos de menores tienen como función

principal ofrecer al juzgador asesoramiento social mediante

evaluaciones periciales que permitan tomar decisiones informadas

en los casos ante su consideración.67 Además, puede, al amparo de

tal facultad, ordenar que los menores involucrados se sometan a

evaluaciones sicológicas o siquiátricas cuando las circunstancias lo

ameriten.68

     C. La Discreción Judicial

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.69 Es decir, no se intervendrá con la apreciación que de

la prueba desfilada haya hecho el foro inferior en ausencia de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.70 Un tribunal de

justicia incurre en un abuso de discreción: (i) cuando el juez no toma

en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para

ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto;

(ii) cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento

alguno, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste; o (iii) cuando,

64 Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 27-28 (2005).
65 Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005).
66 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 652 (2016). Pena v. Pena, 164

DPR 949, 962 (2005). Pena v. Pena, 152 DPR 820, 832–833 (2000).
67 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 652 (2016).
68 Pena v. Pena, 164 DPR 949, 962 (2005).
69 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 434. Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009).
70 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987).
KLCE202200825                                                                14

no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez los

sopesa y calibra livianamente.71

         A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la

evidencia presentada en los casos y controversias.72 Como es sabido

los jueces del TPI son quienes están en mejor posición de aquilatar

la prueba testifical desfilada, ya que tienen la oportunidad de

apreciar de cerca las alocuciones de los testigos, mientras observan

sus gestos, contradicciones, dudas, manerismos y titubeos.73 No

obstante,      una    apreciación    errónea    de   la   prueba   no     tiene

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un

tribunal revisor.74 Quiérase decir que, en ausencia de los criterios

que han sido mencionados, los tribunales revisores no debemos

intervenir con las determinaciones y conclusiones derivadas de la

apreciación de la prueba testifical.75

         El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

antes de que se someta prueba alguna.76 A esos efectos, conviene

destacar que, la intervención del foro apelativo con la prueba

desfilada tiene que estar basada en un análisis independiente y no

a base de los hechos que exponen las partes.77

71   Pueblo v. Rivera Santiago, Id.
72   González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011).
73   Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).
74   Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987).
75   S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 623 (2002).
76   Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
77   Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
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                                 III

      La peticionaria acude ante esta Curia y nos ha alegado que el

foro inferior cometió tres (3) errores que ameritan ser revisados. El

primer error esgrimido plantea que el TPI abusó de su discreción el

al denegar el cambio de escuela, obligando a la menor a permanecer

en una institución educativa que no ofrece los Servicios de

Educación Especial, siendo ello contrario al mejor bienestar de la

niña y demostrando prejuicio, parcialidad y error craso y manifiesto

en la apreciación de la prueba. El segundo error esgrimido plantea

que el TPI abusó de su discreción al denegar el cambio de escuela,

por el fundamento de que la peticionaria no lo convenció. Por último,

el tercer error esgrimido plantea que el TPI abusó de su discreción al

emitir una Resolución y Orden luego de un proceso que incluyó la

celebración de nueves (9) vistas sin emitir determinaciones de hecho

ni conclusiones de derecho, privando a la peticionaria de conocer los

fundamentos de su determinación para poder ejercer su derecho a

recurrir de la misma, en violación al debido proceso de ley. Por estar

íntimamente relacionados los errores esgrimidos, procederemos a

discutirlos en conjunto. Veamos.

      Apuntamos que esta Curia tuvo la oportunidad de estudiar

minuciosamente los autos ante nuestra consideración, incluyendo

los escritos presentados por ambas partes, los documentos del

expediente judicial ante el TPI que fueron incluidos en los apéndices,

así como la transcripción de la vista evidenciaria celebrada ante el

foro inferior, en la cual ambas partes tuvieron la oportunidad de

interrogar y contrainterrogar a los testigos presentados.

      Antes de adentrarnos en la discusión, resulta menester

destacar que al momento en que se presentó el recurso ante nos: (i)

se encontraba sub judice la adjudicación de la custodia permanente

de la menor en el foro inferior; (ii) la menor estaba atravesando un

proceso de múltiples evaluaciones para determinar qué diagnósticos
KLCE202200825                                                                16

tiene, que podían afectarle su desempeño educativo y que requerían

ser atendidos y (iii) el TPI no contaba con el resultado de dichas

evaluaciones, en atención a ello, ordenó a las partes a mantener

informado al Tribunal a quo.

      Destacamos que la controversia ante la consideración del TPI

y ahora en revisión ante nos trata exclusivamente sobre cuál es la

institución   educativa   donde       debe    estudiar    la    menor.    Esta

controversia tuvo su génesis durante la pandemia ocasionada por el

COVID-19. Es de ver que la menor tuvo una entrada accidentada a

la vida estudiantil dado a este evento sin precedente en esta era

moderna. La menor estuvo asistiendo de forma virtual a la escuela

desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 15 de marzo de 2021, con

motivo de la pandemia.

      Por otro lado, reconocemos que los tribunales tienen amplia

discreción en el manejo de los procesos ante su consideración. De

igual forma, reconocemos el alto interés del que están revestidos los

asuntos de relaciones de familia. Es por esto por lo que, en ausencia

de algún factor o situación que apunte a un error manifiesto en

derecho   o   a   un   fracaso    a    la    justicia,   el    foro   primario,

específicamente, la sala de relaciones de familia merece deferencia

y está en mejor posición para entender sobre la controversia que nos

ocupa, ello en el interés óptimo de la menor.

      Coincidimos con la peticionaria en que en la Resolución y

Orden emitida por el TPI el 8 de junio de 2022, el juez superior que

presidió la vista evidenciaria, no expresó los fundamentos para su

determinación ni hizo referencia alguna a la prueba desfilada y que

se limitó a hacer un recuento de algunos de los incidentes procesales

ante el tribunal. Posteriormente, a raíz de la Resolución emitida por

esta Curia, el mismo juez superior, emitió una Resolución el 6 de

septiembre de 2022, en la cual de manera escueta emitió

determinaciones en ánimos de aspirar cumplir con lo ordenado por
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esta Curia. Ante esta situación, al justipreciar esta Resolución

colegimos   que    fue    totalmente   necesario   adentrarnos    en   la

transcripción     de     la   prueba   oral,   para    poder     cumplir

responsablemente con nuestra función revisora.

      Insistimos en que, la controversia ante nos es solo una, la

educación de la menor y no otras desavenencias entre las partes,

con motivo de su separación y divorcio.

      Vemos que producto de la vista evidenciaria, la cual por

distintas circunstancias se fragmentó en varias fechas, el 8 de junio

de 2022, el TPI emitió Resolución y Orden en la que declaró No Ha

Lugar el cambio o transferencia de escuela de la menor. Con su

curso decisorio, mantuvo a la menor en la escuela LCA. En dicha

Resolución y Orden, el foro inferior determinó que las terapias

privadas que estaría recibiendo la menor serían costeadas por las

tías de esta. Por su pertinencia, citamos la determinación del TPI:

      […]
      Las terapias serán costeadas por la Sra. Janery Marie
      Astacio Marrero y la Sra. María De Lourdes Marrero
      Feliz; tías de la menor. De existir incumplimiento por
      parte de las tías, será responsabilidad de la parte
      demandada, Sr. Erick Astacio Marrero, cumplir con el
      pago de las mismas.
      […]

      Con el curso decisorio del TPI, la menor se mantuvo

matriculada en LCA, que es una escuela privada. Cónsono a la

prueba desfilada, y dado a que la menor se mantuvo en una escuela

privada, tomaría algún tiempo en lo que la esta pueda recibir los

servicios costeados por el Departamento de Educación, esto, debido

a la larguísima lista de espera en el Programa de Educación

Especial. Sin embargo, distinto a lo expresado por el foro a quo,

razonamos que, por el momento, dado a que la menor se mantuvo

en la escuela LCA, son los padres de la menor y no terceras

personas, quienes tienen la obligación legal de proveer para sus

necesidades     educativas.    Entiéndase,     ofrecerle   las   terapias
KLCE202200825                                                         18

educativas, ocupacionales y psicológicas de manera privada,

mientras que el Programa de Educación Especial puede comenzar a

ofrecérselas, de forma gratuita. Sobre el particular, abundaremos.

      Según el testimonio de la Facilitadora, a la menor se le estaba

evaluando para ser registrada como estudiante de educación

especial, de forma tal que se le brindara los servicios de terapia que

necesitaba de forma gratuita. Sin embargo, como la menor estaba

matriculada en LCA (escuela privada) no recibiría los servicios de

forma automática (es decir, en treinta (30) días a partir del registro),

sino que entraría en una lista de espera, pendiente a que el gobierno

federal asigne los fondos para ofrecerle los servicios gratuitamente.

Conforme a su testimonio, el turno de espera para la menor estaba

en ese momento aproximadamente en tres mil (3,000). Es decir,

aproximadamente tres mil (3,000) solicitudes de servicios previos a

la de la menor. Ahora bien, conforme a la prueba desfilada, si el

tribunal autorizaba el cambio de escuela a una del sistema público,

se le podrían activar los servicios con una corporación de la agencia

lo que provocaría que en los siguientes treinta (30) días a la fecha

en que fuese matriculada, comenzaría a recibir los servicios. Por su

parte, de la prueba desfilada surgió que el recurrido y su familia

estaban dispuestos a brindarle a la menor (costear), de forma

privada los servicios, hasta que el Programa de Educación Especial

se los proveyera.

      Ahora bien, el recurrido alzó ante el TPI que parte de la familia

paterna costearía las terapias, entiéndase, unas tías de la menor.

Sin embargo, los autos del presente caso no reflejan que esos

familiares sean parte en este caso como para considerar, si quiera,

imponerle una obligación alimentaria. Por tanto, a base de su

testimonio, razonamos que será responsabilidad del señor Astacio

Marrero cumplir con el pago de estos servicios educativos, en su
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totalidad, a pesar de que internamente lo haga con apoyo familiar

por la vía paterna, según se comprometió.

      Ahora bien, a base de la totalidad de la prueba, y de que el

recurrido es quien costeará en su totalidad los servicios antes

expresados, por voluntad propia, esta Curia no considera que, en su

curso decisorio, el foro primario hubiese actuado con prejuicio,

parcialidad o que hubiese cometido un error manifiesto. Más bien,

coincidimos con el foro a quo, al mantener a la menor en la misma

institución educativa, pero tomando la precaución de ordenar a las

partes a informar el resultado de las evaluaciones a la menor, para

determinar en efecto el diagnóstico final y servicios educativos

necesarios.

      De esta forma, pero tomando en consideración que el

recurrido se comprometió a sufragar los gastos de los servicios

educativos recomendados al momento, la menor tendría menos

procesos   de   cambio,   mientras   culminaba    el   resto   de   las

evaluaciones. Por tanto, evaluada la determinación recurrida del

foro de instancia determinamos que la misma constituye un ejercicio

discrecional basado en la razonabilidad y en el interés óptimo de la

menor en el ejercicio del parens patriae.

      A luz de todo lo anterior, aun cuando coincidimos con la

peticionaria en que el foro primario falló al no incluir las

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho para

fundamentar su decisión de forma tal que pudiésemos ejercer

adecuadamente su función revisora, y que la Resolución emitida por

el TPI a raíz de lo ordenado por esta Curia fue una escueta, la

presentación de la transcripción de la prueba oral nos colocó en

posición de así hacerlo. Luego de evaluar la prueba presentada

durante la vista evidenciaria, esta Curia coincide con la apreciación

del TPI de mantener a la menor en la misma escuela donde se

encuentra matriculada, al menos hasta que el foro inferior reciba el
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cumplimiento con lo ordenado en la misma Resolución y Orden

recurrida, entiéndase, el resultado de las evaluaciones de la menor.

Será en ese momento en que los progenitores estarán en una mejor

posición para evaluar lo más conveniente para su hija, basado en

su diagnóstico final y la capacidad económica que tengan estos para

emprender la sensible misión de educar por largos años y formar a

su hija menor de edad.

      En fin, no existe prueba que indique el TPI no haya desplegado

juiciosamente     su    discreción     judicial   en   la   búsqueda

del interés óptimo de la menor. Recordemos, además, que los

asuntos de familia no constituyen cosa juzgada y reiteramos que la

vida de los menores es cambiante y dinámica. He aquí, un ejemplo

de ello. A esos fines, las determinaciones tomadas por el foro inferior

y esta Curia podrían ser reevaluadas cuando se cuente con un

panorama más claro sobre los diagnósticos de la menor, producto

de las evaluaciones que quedaron pendientes, los servicios

educativos que le sean recomendados, sus costos y la capacidad

económica con la que cuenten los progenitores para cubrir las

mismas.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, y aplicando el alcance en

nuestra función como tribunal revisor, se expide el auto de

Certiorari, se confirma, pero se modifica la misma, a los fines de que

es el señor Astacio Marrero, quien cubrirá los gastos educativos

señalados por el foro primario en la Resolución y Orden recurrida.

Devolvemos el caso al TPI, para que las partes cumplan con la Orden

emitida por el foro a quo y para que le notifiquen los resultados de

las evaluaciones a las que se informó sería sometida la menor. De

esa forma, los progenitores y, de ser necesario, el foro primario

estará en una mejor posición para realizar una determinación

permanente, tomando en consideración el diagnóstico final, los
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servicios recomendados, así como la capacidad económica de los

progenitores para suplir las necesidades educativas que se

identifiquen o la conveniencia de que la menor deba ser matriculada

en una institución educativa pública.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones