Court Opinion

ID: 9690442
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-24 19:13:25.281055+00
Date Added: 2024-06-11T09:10:02.559858
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

   HIRAM TORRES                                     APELACIÓN
  MONTALVO, en su                                   procedente del
     carácter como                                  Tribunal de Primera
 Secretario Designado                               Instancia, Sala
 del DEPARTAMENTO                                   Superior de San
  DE ASUNTOS DEL                                    Juan
 CONSUMIDOR (Astrid
Michelle Ramírez Varela)            KLAN202300509   Civil. Núm.
                                                    SJ2023CV02110
  Demandante-Apelado
                                                    SALA: 904
             Vs.
                                                    Sobre:
      CONSORCIO                                     SOLICITUD PARA
    INVERSIONISTA                                   HACER CUMPLIR
   AUTOMOTRIZ, INC.                                 ORDEN

  Demandado-Apelante                                Daco Núm. SAN-
                                                    2020-0006617
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

       El 12 de junio de 2023, el Consorcio Inversionista Automotriz,

Inc. (Consorcio o apelante) compareció ante nos mediante Apelación

y solicitó la revocación de la Sentencia dictada y notificada el 21 de

abril de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan (TPI o foro primario). Por virtud del aludido dictamen, el

TPI determinó que el apelante incumplió con una Resolución emitida

por el Departamento de Asuntos de Consumidor (DACo o agencia).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos el dictamen apelado.

                                          I.

       El 8 de marzo de 2023, el DACo presentó una Petición Para

Hacer Cumplir Orden.1 Mediante esta, alegó que la agencia atendió

una querella instada por Astrid Michelle Ramírez Valera (señora

1 Véase el Apéndice 1, págs. 1-3.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
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Ramírez), en contra del Consorcio, Hyundai de Cayey y Oriental

Bank. En la mencionada querella, la señora Ramírez le solicitó al

Consorcio “que saldara la deuda del vehículo entregado en “trade in”

y se eliminara la información negativa de su historial de crédito”.2

Consiguientemente, el pleito administrativo siguió su tracto

ordinario hasta que el 30 de marzo de 2021, el DACo dictó una

Resolución en la cual determinó lo siguiente:

        Se declara Ha Lugar la presente querella.

        En un término de veinte (20) días contados a partir del
        archivo en autos de la presente Resolución, la parte
        querellada Consorcio Inversionista Automotriz, Inc.
        deberá llevar a cabo las gestiones para las agencias de
        informe de crédito corrijan la información adversa del
        historial de crédito de la querellante. La parte
        querellante deberá brindar toda la cooperación e
        información solicitada. Una vez completadas las
        gestiones, se concede un término de noventa (90) días
        para que las agencias corrijan la información negativa
        correspondiente al préstamo de Oriental Bank del
        Nissan Sentra. Si transcurren los noventa (90) días sin
        que las agencias de informes de crédito hayan corregido
        la información, la parte querellada deberá pagar a la
        querellante la suma de $15,000.00.3

        Así las cosas, la agencia recurrió al TPI para hacer valer su

dictamen ya que, a pesar de haber concedido un término para su

cumplimiento, su orden no ha sido acatada por el apelante. En vista

de lo anterior, le solicitó al foro primario a que emitiera una

sentencia       disponiendo       el   cumplimiento   de   la   Resolución

administrativa y le impusiera al Consorcio la suma de quinientos

dólares ($500.00) por concepto de honorarios de abogados.

        Consecuentemente, el 10 de marzo de 2023, el TPI dictó una

Orden de Mostrar Causa.4 En esta, se le concedió un término de diez

(10) días al apelante para que mostrara causa por la cual no se le

debía dictar sentencia en su contra por el incumplimiento de la

Resolucíon dictada por el DACo. Posteriormente, el 10 de abril de

2 Íd. pág. 4.
3 Íd. pág. 7.
4 Véase el Apéndice 2, pág. 12.
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2023, el foro primario le concedió a la agencia un término final de

cinco (5) días para presentar el diligenciamiento de la Orden de

Mostrar Causa.5 En cumplimiento con ello, el 17 de abril de 2023,

la agencia presentó una Moción Presentado Orden de Mostrar Causa

Diligenciada.6 Junto a esta, anejó el documento de diligenciamiento

debidamente juramentado en cual constaba que la fecha del

diligenciamiento de la orden se hizo el 11 de abril de 2023.7 Así pues,

el 21 de abril de 2023, el TPI emitió una Sentencia. Por virtud de

este dictamen, el foro primario determinó lo que sigue:

        La Orden fue diligenciada al peticionado. Habiendo
        transcurrido el término para mostrar causa por la cual
        no debíamos dictar la correspondiente Sentencia,
        procedemos a resolver. Conforme a lo advertido y en
        vista de su incomparecencia, este Tribunal procede a
        dictar Sentencia declarando HA LUGAR la Petición. Por
        lo que se acoge y confirma la Resolución emitida por
        DACO.8

        No obstante, ese mismo día, el Consorcio presentó una Moción

Solicitando Reconsideración Asumiendo Representación Legal y

Solicitando Término para Presentar Posición sobre Orden Demostrar

Causa.9 En síntesis, esbozó que el TPI dictó su sentencia previa a

que venciera el término de los diez (10) días otorgados por el propio

tribunal. En ese sentido, puntualizó que no se podía resolver que

hubo incomparecencia de su parte toda vez, aun no se ha vencido el

término para comparecer. Examinada esta moción, el 24 de abril de

2023, el TPI emitió una Orden en la cual le concedió al Consorcio

hasta el 26 de abril de 2023 para que mostrara su postura.10

Oportunamente, el 26 de abril de 2023, el apelante presentó una

Moción en Cumplimiento de Orden y de Mostrar Causa.11 En esencia,

sostuvo que el Consorcio había hecho las gestiones de arreglar el

5 Véase el Apéndice 3, pág. 14.
6 Véase el Apéndice 4, pág. 15.
7 Íd., pág. 18.
8 Véase el Apéndice 6, pág. 20.
9 Véase el Apéndice 7, pág. 21.
10 Véase el Apéndice 8, pág. 23.
11 Véase el Apéndice 9, pág. 24.
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historial crediticio de la señora Ramírez con una de las agencias de

crédito desde el 27 de abril de 2021. Asimismo, planteó que el 1 de

julio de 2021, se realizó otro trámite ante las agencias crediticias.

Esbozó que ha tratado de comunicarse con la señora Ramírez para

saber el estatus de su historial de crédito, pero que los intentos han

sido infructuosos. Ante esto, le solicitó al TPI que no concediera la

petición del DACo.

       Evaluado estos argumentos, el foro primario realizó la

siguiente determinación: “[e]nterado. En vista de que, a la fecha de

haber dictado Sentencia, la Resolución del DACO no había sido

cumplida, se mantiene la Sentencia emitida”.12

       Inconforme con el resultado anteriormente reseñado, el 11 de

mayo de 2023, el Consorcio presentó una Moción de Reconsideración

y Solicitando la Celebración de una Vista Evidenciaría.13 En

resumen, planteó que en la petición del DACo no surge un reporte

de crédito actualizado de la señora Ramírez o prueba documental

que acredite el alegado incumplimiento de la resolución. Cabe

aclarar que esta moción de reconsideración se distingue de aquella

que presentó el apelante anteriormente el 21 de abril de 2023. En la

primera,     el   Consorcio         recurre   de   una   determinación   de

incomparecencia. En la reconsideración del 11 de mayo de 2023,

recurre del dictamen del TPI en cuanto al incumplimiento de la

Resolución del DACo.

       Examinados los planteamientos del apelante, el 12 de mayo

de 2023, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la

reconsideración.14

       Aun insatisfecho, el Consorcio acudió ante nos el 12 de junio

de 2023, y formuló los siguientes señalamientos de error:

12 Véase el Apéndice 10, pág. 40.
13 Véase el Apéndice 11, pág. 41.
14 Véase el Apéndice 12, pág. 46.
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      Primer Error Señalado: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al determinar que el Consorcio
      Inversionista     incumplió      la     Resolución
      Administrativa dictada por DACO.

      Segundo Error Señalado: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al dictar Sentencia sin la celebración de
      una vista evidenciaria.

      Tercer Error Señalado: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia a dictar Sentencia en violación a la
      garantías mínimas a un debido proceso de ley.

      Atendido el recurso, el 14 de junio de 2023, emitimos una

Resolución en la cual le concedimos hasta el 12 de julio de 2023 a

la parte apelada para presentar su alegato. En cumplimiento con

nuestra orden, el 17 de julio de 2023, compareció el DACo. Con el

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver

el recurso que está ante nuestra consideración.

                                    II.

                                    -A-

      La   Ley   Orgánica   del   Departamento     de   Asuntos   del

Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA secs. 341 et

seq., (Ley Núm. 5) le otorga la facultad al Secretario del DACo

(Secretario) para resolver las quejas y querellas presentadas por los

consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector

privado de la economía. Igualmente, la aludida legislación le concede

al Secretario la facultad para conceder los remedios que sean

procedentes conforme al derecho aplicable así como la la potestad a

interponer cualquier remedio legal que sea necesario para hacer

efectivo los propósitos de la ley. En ese sentido, el Secretario podrá

presentar cualquier petición para hacer cumplir una orden del

DACo, en la Sala del Tribunal de Justicia correspondiente a la

Oficina Regional del Departamento donde se haya llevado a cabo el

procedimiento de querella. Véase, 3 LPRA sec. 341e (i). Esta facultad

delegada al DACo por la Asamblea Legislativa tienen su motivo en

que las agencias carecen del poder coercitivo que ostentan los
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tribunales para exigir el cumplimento de sus propias órdenes y

resoluciones. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR

782, 795 (1992).

      Cónsono con lo anterior, el Reglamento de Procedimiento de

Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034 del

14 de junio de 2011, dispone en su Regla 30.3 que cuando el

querellado en un procedimiento ante esta agencia administrativa

incumple con la resolución u orden emitida, el Departamento podrá

acudir a un Tribunal. De la misma forma, la Carta Circular Núm.

11 del año fiscal 2010-2011 de la Oficina de Administración de los

Tribunales estableció una directriz relativa a la competencia de las

peticiones para hacer cumplir órdenes provenientes del DACo con el

fin de uniformar este tipo de procedimientos en el poder juncial.

      Por otra parte, es sabido que una vez concluye el

procedimiento administrativo y la determinación de la agencia

adviene final y firme, comienza el procedimiento de ejecución. Ortiz

Matías v. Mora Development Corp., 187 DPR 649, 657 (2013). Por

ello, nuestro ordenamiento jurídico le provee la alternativa tanto a

la parte favorecida como a la misma agencia para acudir al Tribunal

para exigir que se ponga en vigor la resolución u orden Íd. En ese

sentido, el foro primario “como parte de su poder inherente para

reglamentar los procedimientos que se ventilan ante sí, está

facultado para poner en vigor y ordenar la ejecución, por la vía

procesal ordinaria, de cualquier resolución del DACo, así como

implantar cualquier otro remedio que estime pertinente ante el

cumplimiento de sus órdenes”. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San

José, Inc., supra, págs. 811–812.

      Cabe mencionar que este procedimiento en el cual se pide la

intervención del Tribunal para que se ponga en vigor una resolución

de la agencia no es análogo con el procedimiento de revisión judicial.

Industria Cortinera, Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 DPR 654, 664
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(1993). Ambos procesos atienden aspectos distintos, ya que en el

proceso de poner en vigor una resolución administrativa, el foro

primario no pasa juicio sobre la corrección de la determinación

administrativa que está ante sí, sino más bien, lo que tiene a su

haber es que se ejerza su cumplimiento. Dicha consideración sobre

la corrección de una determinación administrativa se atiende en el

proceso de revisión judicial. Íd.

                                    III.

           Por estar estrechamente relacionados, procederemos a

discutir los tres señalamientos de error de manera conjunta. En su

recurso, el apelante nos invita a que revisemos la Sentencia del TPI

mediante la cual el foro primario le ordenó el cumplimiento de la

Resolución del DACo dictada el 30 de marzo de 2021. Sin embargo,

el Consorcio sostiene que ya cumplió con lo ordenado por el

dictamen de la agencia adminsitrativa, por lo cual el TPI incidió en

su proceder. Veamos.

           En la presente controversia, el DACo por medio de una

determinación que advino final y firme, le ordenó al Consorcio “llevar

a cabo las gestiones para [que] las agencias de informe de crédito

corrijan la información adversa del historial crediticio de la

querellante”.15 La agencia le concedió un término de veinte (20) días

para que el Consorcio cumpliera con dicha directriz.16 Ahora bien,

del expediente que esta ante nos, se desprende que el 27 de abril de

2021, el apelante le remitió un correo certificado a la agencia

crediticia Trans Union con los documentos para corregir la

información del historial de crédito de la señora Ramírez.17 Del

mismo modo, surge que el 3 de junio de 2021, la señora Marisela

Rodríguez, Gerente de Administración del Consorcio sostuvo varias

15 Véase el Apéndice 1, pág. 7.
16   Íd.
17 Véase el Apéndice 9, pág. 27.
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comunicaciones por correo electrónico con la señora Ramírez

informándole sobre el estatus de las gestiones con las agencias

crediticias.18 Mediante este medio, le comunicó a la señora Ramírez

que el Consorcio estaría realizando una segunda gestión con las

agencias crediticias, ya que en su primer intento de comunicarse

con ellos, hubo una discrepancia en las fechas de los documentos

lo cual les obligaba a realizar el trámite nuevamente.19

         Nótese que, la orden del DACo no especifica el tipo de tarea

que el Consorcio se debe realizar para que el aludido historial

crediticio de la señora Ramírez quede arreglado. Simplemente se

limita a ordenarle al apelante que debe “llevar a cabo gestiones” para

repararlo.

         A tenor con el análisis antes expuesto, resolvemos que el TPI

incidió al emitir su dictamen y por lo tanto corresponde revocar la

Sentencia apelada y devolver el caso al foro primario para que se

lleve a cabo una vista evidenciaria con el propósito de dilucidar si

en efecto existe prueba que demuestre si se ha incumplido con la

Resolución del DACo. Vale destacar, que no estamos adjudicando si

el Consorcio cumplió o no con la Resolución del DACo, pues le

corresponde al TPI atender dicha controversia.

                                   IV.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos el dictamen apelado y devolvemos el caso al foro

primario para la continuación de los procedimientos conforme a lo

aquí dispuesto

         Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones

18 Íd., págs. 31-32
19 Íd.