Court Opinion

ID: 9941488
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:40:20.661366+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:48.409834
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL V

    JUDITH PÉREZ                                   Apelación
  VELÁZQUEZ T/C/C                                  procedente del
  JUDITH SUÁREZ Y                                  Tribunal de Primera
     RAMÓN ABIN                                    Instancia, Sala
REPRESENTADO POR SU                                Superior de Ponce
 MANDATARIA JUDITH
  PÉREZ VELÁZQUEZ
                                                   Caso Núm.:
          Apelantes                                J DP2016-0383
                                   KLAN202301072
               v.
                                                   Sobre:
   ASOCIACIÓN DE                                   Acción Civil por
  TITULARES PATIO                                  Persecución
SEÑORIAL, INC., ET ALS                             Maliciosa; Daños y
                                                   Perjuicios; Solicitud
          Apelados                                 de Devolver
                                                   Elementos Comunes
                                                   a su Estado Original

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                   SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

       Comparece la señora Judith Pérez Velázquez (en adelante,

señora Pérez Velázquez y/o apelante) mediante un recurso de

Apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia Parcial 1

emitida y notificada el 2 de octubre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, TPI). En

dicha Sentencia Parcial, el TPI declaró Ha Lugar la Moción Solicitando

Sentencia Sumaria Parcial 2 , y, en consecuencia, desestimó las

alegaciones de la Demanda Enmendada en contra de la Asociación

de Titulares Patio Señorial (en adelante, Asociación y/o parte

apelada).

       Conforme        a     los   fundamentos   que   expondremos     a

continuación, se confirma la Sentencia Parcial apelada.

1 Apéndice de la apelante, a las págs. 1-12.
2 Id., a las págs. 94-108.

Número Identificador

SEN2024______________
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                                   I

        El 26 de octubre de 2016, la señora Pérez Velázquez y el señor

Ramón Abin Rodríguez (en adelante, señor Abin Rodríguez),

representado por su mandataria, la señora Pérez Velázquez ,con

quien tenía una unión consensual, presentaron una Demanda por

persecución maliciosa, daños y perjuicios y solicitud de devolver

elementos comunes a su estado original.3 La señora Pérez Velázquez

era mandataria del señor Abin Rodríguez mediante la Escritura

Núm. 21 de Protocolización de Poder Especial del 4 de octubre de

2016.4 Ambos residían en el apartamento G-2 B en Patio Señorial

Apartments, pero el dueño registral era el señor Abin Rodríguez,

según la Escritura Núm. 3 del 23 de octubre de 2008. La parte

demandada era el Consejo de Titulares Patio Señorial, Inc. 5 (en

adelante, Consejo), la señora Elsa Cortés Cruz (en adelante señora

Cortés Cruz), su esposo Pedro E. Muñiz Díaz (en adelante, señor

Muñiz Díaz), la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos (en conjunto, pareja Cortés-Muñiz) y las Aseguradoras A y B

de nombre desconocido.

        La señora Cortés Cruz alegadamente ha actuado como

tesorera y/o administradora y/o presidenta y/o secretaria del

Consejo. Alegaron que, la pareja Cortés-Muñiz de forma ilegal y sin

la aprobación ni consentimiento de la Asociación de Condómines ni

de la Junta de Directores, se apropiaron del área común verde que

separa los edificios en donde ubican los respectivos apartamentos

de las partes. Expusieron que, la pareja Cortés-Muñiz alteró la

configuración del terreno, rellenando el espacio con tierra para crear

un patio nivelado superior al nivel original de su apartamento para

su uso exclusivo. Aducen que, debido a esa obra se taparon los

3 Id., a las págs. 36-57.
4 Id., a las págs. 44-54.
5 Id., a la pág. 55.
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desagües del edificio donde vive la señora Pérez Velázquez y el señor

Abin Rodríguez, causando que las aguas de escorrentías hayan

provocado daños a su apartamento. Además, señalan que la pareja

Cortés-Muñiz colocó una planta eléctrica en el espacio que cuando

es encendida tira los gases hacia el apartamento de la señora Pérez

Velázquez y el señor Abin Rodríguez.

       Añadió que, debido a lo antes expuesto, la pareja Cortés-

Muñiz comenzó hacia la señora Pérez Velázquez un patrón malicioso

de persecución, hostigamiento y calumnias, acusándola de cometer

delitos públicos y actos contrarios a la ley.6 Se adujo que debido a

que las actuaciones de la señora Cortés Cruz, además de a nombre

propio, fueron a nombre y en representación del Consejo, todos los

demandados le respondían solidariamente por los daños causados.

Por las angustias mentales y morales estimó los daños en

$50,000.00 dólares; mientras que, por los daños a su reputación,

honra y buen nombre solicitó $50,000.00 dólares; además,

$15,000.00 dólares por gastos extraordinarios y $10,000.00 dólares

en honorarios de abogados.

       El 11 de enero de 2017, el Consejo y la señora Cortés Cruz

presentaron la Contestación a Demanda. 7 Aclararon que, la

dirección postal del señor Abin Rodríguez es 8925 Collins Ave. PHB

Surside FL 33154. De igual forma, aclararon que la agente residente

del Consejo es la señora Cortés Cruz, y esta preside dicho Consejo

desde el 15 de junio de 2016. Además, aclararon que la señora

Cortés Cruz y el señor Muñiz Díaz no están casados, sino que tienen

una relación consensual. Informó que, la aseguradora del Consejo

es MAPFRE PRAICO Insurance (en adelante, MAPFRE). Alegó que,

el Tribunal emitió dos (2) Órdenes de Protección sobre Ley Contra el

Acecho en Puerto Rico a favor de la señora Cortés Cruz por los

6 Id., a las págs. 56-57.
7 Id., a las págs. 58-62.
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periodos del 31 de mayo al 15 de junio de 2016 y del 15 de junio al

15 de septiembre de 2016.

        Del recurso de Apelación surge que, el 3 de abril de 2017, el

Consejo y la señora Cortés Cruz presentaron una Moción de

Desestimación o de Paralización de los Procedimientos por Falta de

Jurisdicción sobre la Materia. En dicha moción alegaron que,

procedía la desestimación de la Demanda porque la jurisdicción

primaria del caso le correspondía al Departamento de Asuntos del

Consumidor (por sus siglas, DACo). Luego, surge que el 16 de junio

de 2017, dichas partes presentaron Moción de Desestimación por

Inactividad al Amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil y

Réplica a Moción Urgente Solicitando Orden. Por su parte, surge que,

el 23 de junio de 2017, la señora Pérez Velázquez presentó Réplica

a Mociones de Desestimación Presentadas por los Co-demandados

Consejo de Titulares Patio Señorial, Inc. y Elsa Cortés Cruz. Alegó en

la réplica que no procedía la desestimación porque la reclamación

había sido presentada al amparo del Artículo 1802 del Código Civil

de 1930. 8 Entonces, el TPI, el 26 de junio de 2017, emitió una

Resolución declarando No Ha Lugar la moción del 16 de junio de

2017.

        A esos efectos, el TPI, el 14 de noviembre de 2017, emitió una

Sentencia Parcial en la cual declaró No Ha Lugar la desestimación

en cuanto a la reclamación por daños y perjuicios y ordenó la

continuación de los procedimientos. 9 Sin embargo, desestimó la

acción referente al uso de las áreas comunes, el retiro de la planta

eléctrica y la solicitud para que se restablezca a su estado original,

debido a que determinó que existía jurisdicción primaria exclusiva

en el DACo, agencia ante la cual se encontraba la Querella número

C-PON-2017-0000254 presentada el 9 de mayo de 2017. El 28 de

8 31 LPRA § 5141, Art. 1802.
9 Apéndice de la apelante, a las págs. 63-76.
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mayo de 2019, el Tribunal de Apelaciones mediante Sentencia

confirmó la Sentencia Parcial.

       El 16 de octubre de 2019, la señora Pérez Velázquez y el señor

Abin Rodríguez presentaron una Moción Solicitando Remedio

Adecuado.10 Expusieron que, al Consejo se le invalidó su certificado

de registro el 17 de agosto de 2018 por la corporación haber sido

creada en contravención a la Ley de Condominios. 11 Procedieron,

entonces, a inscribir otra corporación, la Asociación.12 A la luz de lo

anterior, solicitaron que se sustituyera el nombre del Consejo por el

de la Asociación. El 29 de octubre de 2019, el Consejo presentó una

Urgente Réplica a “Moción Solicitando Remedio Adecuado”.13 El 15 de

noviembre de 2019, el TPI emitió una Resolución en la cual dispuso

sobre dos (2) mociones.14 En lo concerniente a la moción del 16 de

octubre de 2019, la declaró Ha Lugar y ordenó presentar demanda

enmendada sustituyendo al Consejo por la Asociación. Por su parte,

en lo que respecta a la moción del 29 de octubre de 2019, determinó

que se daba por cumplida.

       Según surge del recurso de Apelación, el 16 de diciembre de

2019, se presentó la Demanda Enmendada. El 17 de diciembre de

2019, el TPI dictó una Orden aceptando la Demanda Enmendada e

incluyendo a MAPFRE como la aseguradora.

       El 15 de mayo de 2020, MAPFRE presentó su Contestación a

Demanda Enmendada. Por su parte, el 28 de julio de 2020, la

Asociación presentó su Contestación a Demanda Enmendada.

También, el 7 de abril de 2021, el señor Muñiz Díaz presentó su

Contestación a Demanda Enmendada.

10 Id., a las págs. 77-87.
11 Id., a la pág. 81. Ley de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958,

según enmendada, 31 LPRA § 1291 et seq, derogada.
12 Id., a la pág. 82.
13 Id., a las págs. 88-93.
14 Id., a la pág. 137.
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        A tales efectos, el 19 de abril de 2023, la Asociación presentó

una Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Señalamos que, el 30 de

junio de 2023, fue el día designado para el cierre del descubrimiento

de prueba. El 12 de septiembre de 2023, la señora Pérez Velázquez

y el señor Abin Rodríguez presentaron una Réplica a “Moción de

Sentencia Sumaria Parcial”.15

        El 2 de octubre de 2023, el TPI emitió y notificó una Sentencia

Parcial.16 En dicha Sentencia Parcial, determinó dos (2) hechos que

no estaban en controversia:

        1. La Asociación de Titulares de Patio Señorial, Inc. fue
           incorporada el 17 de septiembre de 2018, según
           surge de las constancias públicas del Registro de
           Corporaciones y Entidades del Departamento de
           Estado.
        2. La naturaleza o propósito de la Asociación de
           Titulares de Patio Señorial, Inc. es “administrar
           cuotas de mantenimiento del Consejo de Titulares a
           través de la Junta de Directores”.

        Por otro lado, determinó que existía un hecho en controversia:

        1. Las alegaciones de la Demanda Enmendada en torno
           al resto de los codemandados.

        Consecuentemente, el TPI determinó que la Asociación fue

incorporada el 17 de septiembre de 2018, y que, conforme al Artículo

1.05 de la Ley General de Corporaciones17, es a partir de esa fecha

que cobró vida y quedó constituida su personalidad jurídica como

ente corporativo. Por consiguiente, determinó que la Asociación no

era responsable de los hechos alegadamente ocurridos en o antes

del año 2016, según consignados en la Demanda Enmendada. Así,

las cosas, declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial

presentada por la Asociación. Cónsono con lo anterior, desestimó

las alegaciones de la Demanda Enmendada en contra de la

Asociación.

15 Id., a las págs. 109-137.
16 Id., a las págs. 1-12.
17 Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según

enmendada, Art. 1.05 (A), 14 LPRA § 3505.
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       El 17 de octubre de 2023, la señora Pérez Velázquez y el señor

Abin Rodríguez presentaron Moción de Reconsideración. 18 Solicitó

que, debido a que el descubrimiento de prueba no ha finalizado ya

que se había pautado una deposición al presidente y/o director del

Consejo, que se reconsidere la Sentencia Parcial hasta tanto se lleve

a cabo la deposición. Señaló y presentó prueba al respecto de que

fue el licenciado Edgar Pérez Durán quien compareció en

representación del Consejo; y, que luego ese mismo licenciado

compareció en representación de la Asociación.19 A través de todo el

procedimiento        judicial,     el   licenciado,   además,   ha   estado

representando a la señora Cortés Cruz.

       El 18 de octubre de 2023, y notificada 23 de octubre de 2023,

el TPI emitió una Resolución en reconsideración. 20 En dicha

Resolución, determinó No Ha Lugar la reconsideración.

       Inconforme con la determinación del TPI, la señora Pérez

Velázquez acudió ante esta Curia mediante un recurso de Apelación.

El recurso se presentó ante el TPI el 22 de noviembre de 2023. En

esa misma fecha, se nos notificó el recurso, conforme a la Regla 14

(C) del Reglamento de este Tribunal.21 El recurso fue recibido en este

Tribunal el 29 de noviembre de 2023. Mediante el recurso de

apelación, la parte apelante esbozó la comisión de los siguientes dos

(2) errores:

       Primer error: Cometió grave error de Derecho y
       [a]bus[ó] de su discreción el TPI al dictar Sentencia
       Parcial desestimando la Demanda Enmendada contra
       la corporación Asociación de Titulares Patio Señorial,
       Inc. cuando el [d]escubrimiento de [p]rueba aún no ha
       concluido.

       Segundo error: Cometió grave error de Derecho y
       [a]bus[ó] de su discreción el TPI al desestimar la
       [D]emanda Enmendada en contra de la corporación
       Asociación de Titulares Patio Señorial, Inc. cuando el
       propio abogado de la parte demanda nos informó que
       dicha corporación sustituiría a la otra anterior.
18 Apéndice de la apelante, a las págs. 13-33.
19 Id., a las págs. 32-33.
20 Id., a las págs. 34-35.
21 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14 (C).
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       Pasado el término sin que la parte apelada haya presentado

su escrito en oposición, procedemos a esbozar el derecho a aplicable

a la controversia ante nos.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil 22 ,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.23 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial. 24 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.25
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.26 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.27 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

22 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
23 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
24 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
25 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
26 32 LPRA Ap. V, R. 47.
27 Id.
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   B. La Presentación              y    Notificación   de   un     Recurso     de
      Apelación

       Conforme       dispone          nuestro   ordenamiento      jurídico,   el

perfeccionamiento de un recurso de apelación, en lo relativo su

presentación y a su notificación está regulado por la Regla 14 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones 28 . Estas disposiciones

reglamentarias deben observarse rigurosamente para el correcto

perfeccionamiento de los recursos.29

       La Regla 14(C) del citado Reglamento, dispone la manera en

que se presentará y notificará un recurso de apelación y en lo

pertinente lee de la siguiente forma:

       […]
       (C) De presentarse el recurso de apelación en la
       Secretaría de la sede del Tribunal de Primera
       Instancia que haya dictado la sentencia apelada, la
       Secretaría del tribunal apelado retendrá una copia del
       escrito de apelación, sin Apéndice, y la parte apelante
       notificará a la Secretaría del Tribunal de
       Apelaciones, dentro de las cuarenta y ocho horas
       siguientes a la presentación del escrito de apelación,
       el original del escrito con el arancel cancelado y tres
       copias del mismo, debidamente selladas por la
       Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia,
       con la fecha y hora de presentación. En este caso, de
       enviarse por correo, la fecha del depósito del
       original y las tres copias en el correo se considerará
       como la de su entrega en la Secretaría del Tribunal
       de Apelaciones. El término aquí dispuesto será de
       cumplimiento estricto.30 (Énfasis suplido).
       […]

   C. La Sentencia Sumaria

       Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de las Reglas de

Procedimiento Civil31, la cual desglosa los requisitos específicos con

los que debe cumplir esta figura procesal.32 El mecanismo procesal

de sentencia sumaria es un remedio discrecional extraordinario que

únicamente se concederá cuando la evidencia que se presente con

28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14.
29 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).
30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14 (C).
31 32 LPRA Ap. V, R. 36.
32 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).
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la moción establezca con claridad la existencia de un derecho. 33

Solamente debe ser dictada una sentencia sumaria “en casos claros,

cuando el Tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos

pertinentes”.34

       El propósito de la sentencia sumaria es facilitar la solución

justa, rápida y económica de los litigios civiles que no presenten

controversias genuinas de hechos materiales, razón por la cual no

ameritan la celebración de un juicio en su fondo. 35 En otras

palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo

cuando esté claramente convencido que la vista evidenciaria es

innecesaria. 36 Al no haber controversia sustancial y real sobre

hechos materiales, sólo falta aplicar el derecho pertinente a la

controversia.37

       En lo pertinente al término para presentar una solicitud de

sentencia sumaria, la Regla 36.2 de las Reglas de Procedimiento

Civil dispone lo siguiente:

       Una parte contra la cual se haya formulado una
       reclamación podrá presentar, a partir de la fecha en que
       fue emplazado pero no más tarde de los treinta (30) días
       siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal
       para concluir el descubrimiento de prueba, una moción
       fundada en declaraciones juradas o en aquella
       evidencia que demuestre la inexistencia de una
       controversia sustancial de hechos esenciales y
       pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia
       sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier
       parte de la reclamación.38

       En      consonancia        con      lo    anterior,     el     mecanismo

de sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar

los calendarios judiciales y evitar el derroche de dinero y tiempo que

33 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).
34 Id. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986).

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 726 (1994). Cuadrado Lugo
v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990).
35 García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 337 (2001). Pilot Life Ins. Co. v.

Crespo Martínez, 136 DPR 624, 632 (1994).
36 Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).
37 García Rivera et al. v. Enríquez, supra.
38 32 LPRA Ap. V, R. 36.2.
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implica la celebración de un juicio en su fondo.39 La Regla 36.3 de

las Reglas de Procedimiento Civil 40 , detalla el procedimiento que

deben seguir las partes al momento de solicitar que se dicte una

sentencia sumaria a su favor. A esos efectos, establece que una

solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (i) una exposición breve

de las alegaciones de las partes; (ii) los asuntos litigiosos o en

controversia; (iii) la causa de acción, reclamación o parte respecto a

la cual es solicitada la sentencia sumaria; (iv) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (v) las

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando

el derecho aplicable; y, (vi) el remedio que debe ser concedido.41

       Por su parte, la Reglas 36.3 inciso (a)(4) de las Reglas de

Procedimiento Civil dispone:

       (a) La moción de sentencia sumaria se notificará a la
           parte contraria y contendrá lo siguiente: …
       (4) una relación concisa, organizada y en párrafos
       enumerados de todos los hechos esenciales y
       pertinentes sobre los cuales no hay controversia
       sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas
       de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en
       evidencia donde se establecen estos hechos, así como
       de cualquier otro documento admisible en evidencia que
       se encuentre en el expediente del tribunal…42

       Por otro lado, la Regla 36.3 inciso (c) de las Reglas de

Procedimiento Civil lee como sigue:

       (c) Cuando se presente una moción de sentencia
           sumaria y se sostenga en la forma provista en esta

39 Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615, 630 (2009). Padín v. Rossi, 100

DPR 259, 263 (1971). William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203
DPR 687, 699 (2019).
40 32 LPRA Ap. V. R. 36.3.
41 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).

William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra, 698.
42 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a)(4).
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           Regla 36, la parte contraria no podrá descansar
           solamente en las aseveraciones o negaciones
           contenidas en sus alegaciones, sino que estará
           obligada a contestar en forma tan detallada y
           específica como lo haya hecho la parte promovente.
           De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en
           su contra si procede. 43

       Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3 de

las Reglas de Procedimiento Civil establece que:

       La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si
       las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
       interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
       declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia
       demuestran que no hay controversia real sustancial en
       cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como
       cuestión     de     derecho,     el    tribunal    debe
       dictar sentencia sumaria a     favor    de   la   parte
       promovente.44

       Sin embargo, el solo hecho de no presentar evidencia que

controvierta la presentada por la parte promovente no implica que

necesariamente proceda la sentencia sumaria.45

       Conforme ha resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en

adelante, Tribunal Supremo), el demandante no puede descansar en

las aseveraciones generales de su demanda, “sino que, a tenor con

la Regla 36.5, estará obligada a demostrar que [tiene] prueba para

sustanciar sus alegaciones”.46 Las meras afirmaciones no bastan.47

“Como        regla      general,        para       derrotar       una       solicitud

de sentencia sumaria la             parte      opositora        debe       presentar

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente”.48

43 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c).
44 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e). García Rivera et al. v. Enríquez, supra, 338. Roldán

Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018). Lugo Montalvo v. Sol Meliá
Vacation, supra, 225. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430
(2013).
45 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, 913. García Rivera et al. v. Enríquez,

Id. Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 DPR 538, 549 (1991).
Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, supra, 281. Corp. Presiding Bishop CJS of
LDS v. Purcell, supra, 721.
46 Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 (1983). Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010).
47 Id.
48 Ramos Pérez v. Univisión, supra, 215. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra,

677.
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         El Tribunal Supremo se expresó en cuanto al proceso de

revisión de las sentencias sumarias y estableció que en dicho

proceso el Tribunal de Apelaciones debe: (i) examinar de novo el

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de las Reglas de

Procedimiento Civil49, y la jurisprudencia le exigen al foro primario;

(ii) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su

oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la

referida Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil50; (iii) revisar

si en realidad existen hechos materiales en controversia y, de

haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de las Reglas de

Procedimiento Civil 51 , de exponer concretamente cuáles hechos

materiales encontró que están en controversia y cuáles están

incontrovertidos; y, (iv) y de encontrar que los hechos materiales

realmente     están    incontrovertidos,      debe    proceder     a   revisar

de novo si     el   TPI      aplicó   correctamente     el   Derecho     a   la

controversia.52

         La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: (i)

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (ii) haya

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas;

(iii) surja de los propios documentos que se acompañan con la

moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial;

o, (iv) como cuestión de derecho, no proceda.53 Además, al revisar la

determinación del TPI respecto a una sentencia sumaria, estamos

limitados de dos (2) maneras: (i) solo podemos considerar los

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y,

(ii) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó

49 32 LPRA Ap. V, R. 36.
50 Id.
51 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.
52 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 679. Meléndez González v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 118-119 (2015).
53 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, 208 DPR 310, 335 (2021).
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de forma correcta. 54 Las partes no pueden añadir en apelación

exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentados

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el

foro apelativo.55 Mientras que el segundo limita la facultad del foro

apelativo a revisar si en el caso ante su consideración existen

controversias reales en cuanto a los hechos materiales, pero no

puede adjudicarlos.56 También, se ha aclarado que al foro apelativo

le es vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa,

porque dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia.57

                                      III

         La parte apelante acudió ante nos mediante un recurso de

Apelación y esbozó que erró el TPI al dictar Sentencia Parcial

desestimando la Demanda Enmendada contra la Asociación cuando

el descubrimiento de prueba no había concluido y cuando

presuntamente el propio representante legal de la parte apelada fue

quien informó que dicha corporación sustituiría a la otra anterior.

La controversia ante nos, se circunscribe a determinar si el TPI erró

al desestimar sumariamente las alegaciones de la Demanda

Enmendada en torno a la Asociación. Tras juzgar que los errores

esgrimidos se encuentran relacionados, procedemos a discutirlos en

conjunto.

         Primeramente, recalcamos que en el proceso de revisión de las

sentencias sumarias este Tribunal debe: examinar de novo el

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de las Reglas de

Procedimiento Civil58, y la jurisprudencia le exigen al foro primario;

y, de encontrar que los hechos materiales realmente están

54 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 114.
55 Id.
56 Id., 115.
57 Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).
58 32 LPRA Ap. V, R. 36.
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incontrovertidos, debe revisar de novo si el TPI aplicó correctamente

el Derecho a la controversia.59

       En el caso ante nos, el 26 de octubre de 2016, la señora Pérez

Velázquez y el señor Abin Rodríguez presentaron una Demanda.60

Luego de varios trámites, el 14 de noviembre de 2017, el TPI emitió

una Sentencia Parcial declarando No Ha Lugar la desestimación en

cuanto a la reclamación por daños y perjuicios y ordenó la

continuación de los procedimientos.61 El 16 de octubre de 2019, la

señora Pérez Velázquez y el señor Abin Rodríguez presentaron

Moción Solicitando Remedio Adecuado, en la cual solicitaron que se

sustituyera el nombre del Consejo por el de la Asociación.62 El TPI

declaró Ha Lugar la solicitud incoada y, en consecuencia, le ordenó

presentar una demanda enmendada para sustituir al Consejo por la

Asociación. Hacemos la salvedad que en el apéndice del recurso no

se nos incluyó la resolución en la cual se autorizó la sustitución y

se ordenó presentar la demanda enmendada, además, tampoco se

nos incluyó la demanda enmendada. Luego, producto de una

solicitud para que se dictara sentencia sumaria presentada por la

Asociación, el foro primario emitió y notificó la Sentencia Parcial

apelada. 63 En dicha sentencia, declaró Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial presentada por la Asociación y procedió a

desestimar las alegaciones de la Demanda Enmendada en contra de

la Asociación.

       El Código Civil de Puerto Rico de 1930, en su Artículo 27

menciona quién es considerado una persona jurídica:

       (1) Las corporaciones y asociaciones de interés público,
       con personalidad jurídica reconocida por la ley.
       Su personalidad empieza desde el instante mismo, en
       que con arreglo a derecho, hubiesen quedado
       válidamente constituidas.

59 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. Meléndez González v. M. Cuebas, supra,

118-119.
60 Apéndice de la apelante, a las págs. 36-57.
61 Id.
62 Apéndice de la apelante, a las págs. 77-87.
63 Id.
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       (2) Las corporaciones, compañías o asociaciones de
       interés particular, sean civiles, mercantiles o
       industriales, a las que la ley conceda personalidad
       jurídica.64

       El Artículo 1.05 de la Ley General de Corporaciones dispone

que:

       […]
       A. Otorgado y radicado el certificado de incorporación,
          según lo dispuesto en el inciso (D) del Artículo 1.03
          de esta Ley y pagados los derechos requeridos por
          ley, la persona o las personas que de tal modo se
          asociaren, sus sucesores y sus cesionarios,
          constituirán, a partir de la fecha de dicha radicación,
          o de haberse establecido en el certificado de
          incorporación, desde una fecha posterior que no
          exceda de noventa (90) días, una entidad corporativa
          con el nombre que aparezca en el certificado, sujeta
          a disolución según se dispone en esta Ley.65
       […]

       Quiérase        decir,       luego       de       que       se      emite

el certificado de incorporación, la corporación adviene a la vida

jurídica y a menos que contenga una disposición en el certificado

que limite su existencia, continuará existiendo hasta que decida

disolverse o hasta que el Estado anule su condición como

corporación.66

       Es correcto que el descubrimiento de prueba no había

finalizado debido a que se había pautado una deposición al

presidente y/o director del Consejo. Esto a pesar de que, el 30 de

junio de 2023, fue el día designado para el cierre del descubrimiento

de prueba. Sin embargo, antes de llevarse a cabo, el TPI emitió su

Sentencia Parcial el 2 de octubre de 2023. No juzgamos que el TPI

haya incurrido en un abuso de discreción al haber atendido la

64 31 LPRA § 101, Art. 27. El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia únicamente al
Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia que nos
ocupa.
65 Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según

enmendada, Art. 1.05 (A), 14 LPRA § 3505.
66 C.   E. Díaz Olivo, Derecho Corporativo: Corporaciones, Puerto Rico,
Publicaciones Puertorriqueñas, 1999, pág. 241.
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Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial previo a que culminara

en descubrimiento de prueba.

       Reiteramos que, las decisiones discrecionales que toma el TPI

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó

de su discreción. 67 Es menester recordar que, al este tribunal

apelativo enfrentarse a la tarea de revisar las determinaciones del

foro de instancia, no debe intervenir con las determinaciones de

hechos, con la apreciación de la prueba ni con la adjudicación de

credibilidad    efectuadas     por    el   mismo,     excepto    en    aquellas

situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó con

prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un craso abuso de discreción;

o, (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo.68 Puntualizamos que, un

tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción cuando el

juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía

ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin justificación ni

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste;

o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los sopesa y

calibra livianamente.69

       Acentuamos que, existen dos (2) modalidades de sentencia

sumaria: (i) la que se dicta a base de documentos ofrecidos por el

promovente que demuestran que no existe controversia real de

hechos y procede aplicar el derecho; y, (ii) la que se dicta luego de

un descubrimiento de prueba exhaustivo, donde se determina que

67 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 434. Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009).
68 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002).
Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
69 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
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la   prueba      existente     no    es     suficiente    para   sustentar

las alegaciones de la demanda, y, por ende, procede desestimarla.70

El caso ante nos es un ejemplo de la primera modalidad de sentencia

sumaria previamente mencionada. Es decir, no era necesario

concluir el descubrimiento de prueba para hacer las dos (2)

determinaciones      de   hechos     incontrovertidos      emitidas   en   la

Sentencia Parcial.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

Parcial apelada. En consecuencia, se ordena la continuación de los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

70 Ramos Pérez vs. Univisión, 178 DPR 200, 214 y 218 (2010).