Court Opinion

ID: 9896787
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:18:58.074684+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:10.667614
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V

     GIOMAR LLC,                                     Apelación
                                                     procedente del
        Apelante                                     Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
            v.                                       Superior de Salinas

ILKA ROBLES TORRES                           Caso Núm.:
 T/C/C ILKA CELESTE            KLAN202300806 SA2021CV00192
   ROBLES TORRES
                                                     Sobre:
         Apelada                                     Acción Civil;
                                                     Sentencia
                                                     Declaratoria;
                                                     Cumplimiento
                                                     Específico;
                                                     Consignación

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

       Comparece Giomar LLC (en adelante, Giomar y/o parte

apelante) mediante un recurso de Apelación, para solicitarnos la

revisión y revocación de la Sentencia Enmendada (en adelante, la

Sentencia apelada) emitida el 11 de agosto de 2023, notificada el 14

de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Salinas (en adelante, TPI).1 Mediante el dictamen

apelado, el foro primario declaró Sin Lugar la Demanda presentada

por Giomar y Con Lugar la Reconvención presentada por la señora

Ilka Robles Torres (en adelante, señora Robles Torres y/o apelada).

En consecuencia, ordenó a Giomar a pagar a la señora Robles Torres

la suma de $3,000.00 dólares por concepto de sufrimientos y

angustias mentales, más los gastos y costas del procedimiento y los

intereses al tipo legal desde la fecha de la radicación de la Demanda.

Además, le impuso el pago de $4,000.00 dólares por concepto de

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1622-1630.

Número Identificador

SEN2023______________
KLAN202300806                                                        2

honorarios de abogado            y ordenó la devolución del dinero

consignado, por la suma de $30,000.00 dólares a Giomar.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                        I

       El 20 de julio de 2021, Giomar presentó una Demanda sobre

sentencia declaratoria, cumplimiento específico y consignación

contra la señora Robles Torres, también conocida como Ilka Celeste

Robles Torres.2 Adujo que la señora Robles Torres era dueña de un

solar en el área Mar Blanco del Barrio Las Mareas del municipio de

Salinas (en adelante, Solar M-18), Puerto Rico, con la siguiente

descripción:

       SOLAR NÚMERO: M – DIECIOCHO (M-18): de veinte
       metros de frente camino por treinta y dos metros de
       fondo de área aproximada de quinientos metros
       cuadrados, sita en área Mar Blanco del Barrio Las
       Mareas del Municipio de Salinas, Puerto Rico; colinda
       por el NORTE, con camino-calle privado de la finca, por
       el SUR; con aguas del Mar Caribe; por el ESTE; con
       finca principal privada solar ocupado María V. Lebrón
       Torres por el OSTE; con finca principal solar
       actualmente desocupado.

       Expresó que, allá para el 7 de abril de 2021, las partes

suscribieron un Contrato de Opción de Compra (en adelante, el

Contrato) mediante declaración jurada. Arguyó que, mediante el

Contrato, la señora Robles Torres concedió a Giomar la opción de

adquirir la propiedad por el precio alzado de $30,000.00 dólares.

Con la firma del Contrato, la señora Robles Torres recibió el pago de

$15,000.00 dólares, mientras que los restantes $15,000.00 dólares,

serían pagados al momento en que finalizara el término de la opción

y al momento de la firma de la escritura de compraventa.

       El término del Contrato era de noventa (90) días a partir de la

fecha en que fue suscrito, es decir, hasta el 6 de julio de 2021. Alegó

que, presuntamente el término del Contrato fue extendido y/o

2 Id., a las págs. 37-47 y 1204-1210.
KLAN202300806                                                      3

prorrogado por Giomar hasta el 16 de julio de 2021. Solicitó al foro

primario que recibiera los fondos que estarían consignando,

entiéndase, $15,000.00 dólares, que alegadamente le faltaban por

pagar a la señora Robles Torres y que le ordenara a esta última a

suscribir la escritura de compraventa del Solar M-18.

       Por su parte, el 9 de septiembre de 2021, la señora Robles

Torres presentó Contestación a la Demanda.3        En ella incluyó,

además, una Reconvención. En la Contestación a la Demanda alegó

que el 6 de julio de 2021, venció el Contrato sin que Giomar tuviera

algún tipo de comunicación con la señora Robles Torres, esto a pesar

de ella haber tratado de comunicarse en varias ocasiones a través

de llamadas y mensajes de texto. Respecto a la alegada reunión del

11 de julio de 2021, alegó que el licenciado Calixto Díaz Alonso (en

adelante, licenciado Díaz), presidente y administrador de Giomar,

llegó tarde a la misma y en ningún momento le ofreció los

$15,000.00 dólares que restaban pagar para que se diera la venta.

Expuso que no hubo otros acuerdos que no fueran los consignados

en el Contrato firmado por las partes en San Juan, Puerto Rico, el

día 7 de abril de 2021, ante el notario Carlos Rosario Rivera. Indicó

que, Giomar no solicitó prórroga o término adicional por escrito a la

señora Robles Torres ni durante la vigencia del Contrato, ni después

del vencimiento, para pagar el balance del precio de venta. Con este

escrito, consignó un cheque por $15,000.00.00 dólares por la

devolución de la prima de la opción que pagó Giomar.

       Por otro lado, mediante la Reconvención presentada, la señora

Robles Torres indicó que, debido a la radicación de la Demanda, no

ha podido vender el Solar M-18 a pesar de que se le han acercado

varios clientes interesados en el mismo. Solicitó el reembolso de los

gastos de mensura por $1,000.00 dólares, daños y perjuicios por

sufrimientos y angustias mentales estimados en $10,000.00 dólares

3 Id., a las págs. 48-53.
KLAN202300806                                                                    4

y la suma de $30,000.00 dólares por pérdidas económicas al no

poder vender el Solar M-18. Por su parte, el 14 de septiembre de

2021, Giomar presentó una Réplica a Reconvención.4

        Así las cosas, y en lo pertinente, el 8 de julio de 2022, las

partes presentaron un Informe Preliminar entre Abogados para la

Conferencia con Antelación al Juicio (en adelante, ICAJ).5 Respecto a

la exposición sobre los asuntos en controversia, Giomar alegó que

existían cuatro (4): (i) si hubo una prórroga del Contrato por las

manifestaciones de la señora Robles Torres; (ii) si la señora Robles

Torres se obligó o generó una nueva obligación de vender el Solar

M-18; (iii) si continuaba la obligación asumida y reconocida por la

señora Robles Torres el 11 de marzo de 2021; y, (iv) si existe o no

temeridad de parte de Giomar. Por su parte, la señora Robles Torres

alegó la existencia de tres (3) asuntos en controversia: (i) si el

Contrato caducó y por tanto se extinguió la obligación de vender; (ii)

si el Contrato venció; y, (iii) si hubo temeridad por parte de Giomar.

        Luego, el 17 de agosto de 2022, las partes presentaron una

Moción Conjunta Suplementando Informe Preliminar entre Abogados

para Informe de Conferencia con Antelación a Juicio (en adelante,

ICAJ suplementado).6 Del ICAJ suplementado se desprende que las

partes lograron conciliar ciento veinticinco (125) estipulaciones de

hechos.7 De igual forma, en cuanto a la prueba documental

enumerada en el inciso A, las partes lograron estipular la

autenticidad       y   admisibilidad     de    veintiún    (21)    documentos,

enumerados del 1-21.8 En relación a cuatro (4) documentos

adicionales, enumerados del 22 al 25,9 las partes estipularon que

4 Id., a las págs. 54-57.
5 Id., 66-94.
6 Id., a las págs. 95-106 y 792-803.
7  Apéndice de la parte apelante, a las págs. 95-103. Las primeras 19
estipulaciones sobre hechos sobre los cuales no existía controversia surgieron del
Informe Preliminar entre Abogados para la Conferencia con Antelación al Juicio. Por
su parte, los hechos adicionales estipulados del 20 al 125 surgieron posterior a la
Conferencia con Antelación al juicio.
8 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 103-104.
9 Id., a la pág. 104.
KLAN202300806                                                               5

fueron debidamente enviados y recibidos, mas no estipularon su

contenido. Por otro lado, Giomar informó un documento adicional,

enumerado como Parte VI, Inciso B, número 1,10 mientras que la

señora Robles Torres informó cinco (5) documentos, enumerados

como Parte VI, inciso C, del 1 al 5.11 En relación con los testigos,

cada parte informó los suyos. Giomar informó que tendría ocho (8)

testigos mientras que la señora Robles Torres tendría tres (3).

         Así las cosas, el 7 de noviembre de 2022, Giomar presentó

una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.12 Allí, Giomar

consignó ciento sesenta y cuatro (164) propuestas de hechos

incontrovertidos, enumeradas desde el acápite 61 hasta el 219.

Señalaron los siguientes asuntos en controversia: (i) si hubo una

prórroga del Contrato por las manifestaciones de la señora Robles

Torres; (ii) si la señora Robles Torres se obligó (novación tácita) o

generó una nueva obligación de vender el Solar M-18; (iii) si

continuaba la obligación asumida y reconocida el 11 de marzo de

2021; (iv) si existe o no temeridad de parte de la señora Robles

Torres; y, (v) si procede desestimar la Reconvención. Expusieron que,

el 16 de julio de 2021, recibieron una carta del licenciado Manuel E.

Fuster     Martínez      indicando     que    las      obligaciones   quedaron

unilateralmente extintas y le devolverían los $15,000.00 dólares

pagados. A esos efectos, solicitaron que el foro primario ordenara a

la señora Robles Torres a dar cumplimiento específico a los pactos

acordados a los efectos de que traspasara la titularidad del Solar M-

18 a Giomar y desestimara la Reconvención. Además, consignaron

en el Tribunal el monto de $15,000.00 dólares que le restaba a

Giomar pagar.

         El 30 de diciembre de 2022, la señora Robles Torres presentó

una Moción en Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria y en

10 Id., a la pág. 801.
11 Id.
12 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-767.
KLAN202300806                                                            6

Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria Parcial a Favor de la

Parte Demandada.13 Se opuso a la Moción en Solicitud de Sentencia

Sumaria y solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor y que

se señalara una vista evidenciaria para discutir lo relativo a los

daños reclamados en la Reconvención.

        Mediante Orden emitida el 30 de enero de 2023, el tribunal a

quo, dio por sometido el asunto en cuestión.14 De ahí, el 9 de febrero

de 2023, el foro primario emitió una Resolución mediante la cual

denegó la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por

Giomar.15 Empero, emitió doce (12) determinaciones de hechos

incontrovertidos.16 El foro primario concluyó que los siguientes

asuntos se encontraban en controversia:

        1. Si hubo una prórroga del contrato de opción por las
           manifestaciones de la parte Demandada.
        2. Si la Demandada se obligó o generó una nueva
           obligación de vender el solar.
        3. Si continuaba la obligación asumida y reconocida
           por la Demandada el 11 de marzo de 2021, en el
           Restaurante Las Casitas.17

        Luego,      producto       de   una   Moción    en   Solicitud   de

Reconsideración           y/o   Determinaciones   de   Hechos   y   Derecho

Adicionales18, presentada por Giomar el 15 de febrero de 2023, el

tribunal a quo, el 8 de marzo de 2023, emitió una Resolución -en

Reconsideración-.19 Conforme se desprende de los autos, la finalidad

de la Resolución -en Reconsideración- fue para añadir treinta y dos

(32) determinaciones de hecho incontrovertidos.20

        Luego, el 9 de marzo de 2023, la señora Robles Torres

presentó una Moción de Reconsideración y/o para que se Aclaren

Hechos Incontrovertidos.21 En respuesta, el 10 de marzo de 2023, la

13 Id., a las págs. 768-1486.
14 Id., a la pág. 1504.
15 Id., a las págs. 1508-1513.
16 Id., a las págs. 1510-1511.
17 Id., a la pág. 1511.
18 Id., a las págs. 1514-1524.
19 Id., a las págs. 1525-1532.
20 Id., a la pág. 1530.
21 Id., a las págs. 1533-1534.
KLAN202300806                                                                    7

primera instancia judicial emitió Resolución mediante la cual

expresó lo siguiente:

       Como se pide. Se aclara que los hechos declarados como
       incontrovertidos en los números 6, 20, 30 y 31 de la
       Resolución con fecha del 8 de marzo de 2023 (entrada
       92) es a los únicos efectos de establecer que se enviaron
       y recibieron los mensajes de texto. No son hechos
       incontrovertidos el contenido de los referidos mensajes
       de texto.22

       De lo que sigue, el Juicio en su Fondo se celebró del 13 al 15

de marzo de 2023. Se desprende de los autos que, llamado el caso

para Juicio en su Fondo,23 el foro primario constató que la prueba

testifical anunciada por Giomar, la cual constaba de ocho (8)

testigos24, no se encontraba completa. Es decir, el foro primario hizo

constar que faltaron dos (2) personas testigos, el señor José Castro

Torres y la señora Ángela Colón Flores, correspondientes a la prueba

de Giomar. La señora Colón Flores compareció el segundo día de

juicio; por su parte, el señor Castro Torres no se presentó ni excusó

su comparecencia. En fin, durante el juicio, Giomar presentó los

testimonios de tres (3) personas, a saber: (i) Elaine Cintrón Brandes;

(ii) Elaine Sotomayor Cintrón; y (iii) el del licenciado Díaz. Por su

parte, la señora Robles Torres solo presentó su propio testimonio.

Con relación a los otros testigos, determinó que no serían

interrogados por considerarlos prueba acumulativa, por lo que los

puso a disposición de Giomar.

       En relación con la prueba documental, el foro primario

expresó lo siguiente:

       La prueba documental, aunque en su mayoría
       estipulada según surge del Informe de Conferencia con
       Antelación a Juicio, fue cargada por las partes a través
       de la plataforma SUMAC… Sin embargo, la única
       prueba documental que se presentó y admitió fue la
       marcada como Exhbit E-1 Contrato de Opción del 7 de
       abril de 2021, suscrito por Ilka Robles Torres y el Lcdo.

22 Id., a las págs. 1535.
23 Id., a las págs. 1622-1623.
24 Los ocho (8) testigos eran: (1) el licenciado Calixto Díaz Alonso; (2) la señora

Elaine Cintrón Blandes; (3) la señora Elaine Marie Sotomayor Cintrón; (4) el señor
José Castro Torres; (5) la señora Ángela Colón Flores; (6) la señora Ilka Robles
Torres; (7) el señor Jean Pierre Robles; y (8) la señora Glorimar Gutiérrez.
KLAN202300806                                                       8

        Calixto Díaz Alonso en representación de Giomar LLC;
        el marcado como E-8 Mensaje de texto de Ilka Robles a
        Elaine Sotomayor el viernes 9 de julio de 2021, y el E-
        11 recibos de las Mensuras (2/julio/2021 y
        8/julio/2021). No se admitieron los propuestos y
        marcados e identificados como exhibits número 22 y 23
        presentados por la parte demandante. Dicha parte no
        los pudo autenticar, además, los retiró.

        Celebrado el juicio, el 2 de mayo de 2023, el foro primario

emitió una Sentencia.25 La misma fue notificada al día siguiente. De

la Sentencia se desprende, además, que las controversias ante la

consideración de la primera instancia judicial eran: (i) determinar si

el Contrato se prorrogó, extendió o caducó al amparo del Código Civil

vigente; (ii) si existía alguna responsabilidad de Giomar hacia la

señora Robles Torres; (iii) determinar si hubo daños económicos, y

daños por sufrimientos y angustias mentales; y, (iv) si Giomar debía

reembolsarle a la señora Robles Torres los gastos de mensura de

$1,000.00 dólares incurridos por esta para medir el solar que había

opcionado a Giomar.26

        Luego, a raíz de una Moción en Solicitud [de] Reconsideración

de Sentencia y/o Determinaciones de Hechos y Derecho Adicionales

y Otros Extremos27, y sus correspondientes réplicas28, el 11 de

agosto de 2023, el TPI emitió una Sentencia Enmendada, la cual fue

notificada el 14 de agosto de 2023 (en adelante, la Sentencia

apelada).29 Conforme surge de la Sentencia apelada, luego de haber

reconsiderado y producto de diecisiete (17) determinaciones de

hechos emitidas,30 que, conforme expresó el foro primario, fueron

emitidos a base de la prueba y de la credibilidad de los testigos,

resolvió lo siguiente:

25 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1541-1549.
26 Id., a la pág. 1543.
27 Id., a las págs. 1550-1580.
28 Id., a las págs. 1581-1587, 1593-1599 y 1603-1616.
29 Id., a las págs.1622-1630.
30 Id., a las págs. 1623-1625.
KLAN202300806                                                          9

         Se declara Sin Lugar la Demanda, y Con Lugar la
         Reconvención.

         En su consecuencia, el Tribunal condena a la
         demandante-reconvencionada GIOMAR, LLC, a pagar a
         la demandada Ilka Robles Torres t/c/c Ilka Celeste
         Robles Torres la suma total de tres mil dólares
         ($3,000.00), por concepto de sufrimientos y angustias
         mentales; más los gastos y costas del procedimiento, y
         los intereses al tipo legal desde la fecha de la radicación
         de la demanda. Además, se impone el pago de cuatro
         mil dólares ($4,000.00) por concepto de honorarios de
         abogado.

         De acuerdo a lo anterior, se ordena la devolución del
         dinero consignado por la suma de treinta mil dólares
         ($30,000.00) a la parte demandante GIOMAR, LLC.31
         (Énfasis en el original).

         En la Sentencia apelada, el foro primario concluyó lo

siguiente:

         En este caso, quedó demostrado que el contrato de
         opción venció el 6 de julio de 2021; que el mismo no se
         extendió o renovó; que la demandada no tiene ninguna
         obligación en ley de venderle a la demandante; que la
         demandada incurrió en gastos de mensura por mil
         dólares ($1,000.00); que tuvo sufrimientos y angustias
         mentales que se estiman en la cantidad de tres mil
         dólares ($3,000.00).

         No obstante, entendemos que la parte demandada no
         probó su reclamación sobre daños económicos toda vez
         que con excepción del solar M-18, no había
         impedimento para que vendiera los otros solares. Aún
         más, la oferta que recibió de la demandada era para la
         compra de cualquiera de los terrenos, pero no vendió
         ninguno.32

         Insatisfecha aún, el 12 de septiembre de 2023, compareció

Giomar, mediante un recurso de Apelación, mediante el cual

esgrimió la comisión de cinco (5) errores por el foro primario, a saber:

         PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR:
         Erró el TPI al ignorar todas y cada una de las
         admisiones judiciales vinculantes para las partes y el
         propio Tribunal de Primera Instancia al momento de
         dictarse la Sentencia eran finales, firmes e inapelable[s].

         SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR:
         Erró el TPI [al] mantener absoluto silencio sobre la
         prueba anunciada por la Apelada, la cual
         voluntariamente suprimió; al no activar la presunción
         establecida por la Regla 304(5) de Evidencia, id.

31 Id., a la pág. 1629.
32 Id.
KLAN202300806                                                                   10

       TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR:
       Erró el TPI al declarar Ha Lugar la reconvención instada
       por la Apelada.

       CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR:
       Erró el TPI al imponer al Apelante honorarios de
       abogado, sin una determinación de temeridad.

       QUINTO SEÑALAMIENTO DE ERROR:
       Erró el TPI en aquilatar prueba que desfiló en juicio y la
       que fue estipulada en la Moción Conjunta
       Suplementa[n]do Informe Preliminar Entre Abogados
       Para Informe de Conferencia con Antelación a Juicio.

       El 12 de octubre de 2023, la señora Robles Torres presentó su

Alegato en Oposición. Contando con la comparecencia de ambas

partes procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil33, dispone que los

recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término

jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia

de la notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es

insubsanable.34 La correcta notificación de una sentencia es una

característica imprescindible del debido proceso judicial.35 Como

corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de este

Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.36
       […]

33 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
34 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
35 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
36 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
KLAN202300806                                                                   11

    B. Estipulaciones

         Las admisiones judiciales son las que hace una parte en el

transcurso de un proceso civil al contestar una demanda o estipular

unos hechos, por lo que éstas no son controvertibles.37 A raíz de ello,

cuando una parte hace una alegación o acepta una estipulación,

queda obligada por la alegación salvo que el tribunal le permita

retirarla.38 A la luz de lo anterior, las estipulaciones son admisiones

judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier

contención contraria a ellas.39 No obstante, deben de interpretarse

liberalmente y de forma compatible con la intención de las partes

con el propósito de hacer justicia.40 Sin embargo, de existir duda en

cuanto a la intención de las partes, se debe adoptar la contención

que sea más favorable para la persona a cuyo favor se hizo la

estipulación.41

         Es decir, la estipulación constituye un acuerdo de las partes

que litigan ante un tribunal, sobre algún asunto o incidente del

litigio.42 En esencia, estas son herramientas esenciales en las etapas

iniciales del proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas

de Procedimiento Civil.43 A tales efectos, por medio de las

estipulaciones se busca evitar dilaciones, inconvenientes y gastos,

es por eso por lo que nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico (en

adelante, Tribunal Supremo) promueve su uso para lograr justicia

rápida y económica.44 Esto se debe a que, estas son favorecidas en

nuestro ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y de esa forma,

facilitan y simplifican la solución de las controversias jurídicas.45

37 Díaz Ayala et. als. v. ELA, 153 DPR 675, 693 (2001).
38 Id.
39 Id. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 439 (2012).
40 Id. Ramos Rivera v. ELA, 148 DPR 118, 126 (1999).
41 Ramos Rivera v. ELA, Id.
42 Black’s Law Dictionary, 6ta Ed., West Pub. Co., St. Paul, 1990, pág. 1415.
43 Rivera Menéndez v. Action Service, supra.
44 Ramos Rivera v. ELA, supra.
45 Rivera Menéndez v. Action Service, supra.
KLAN202300806                                                                   12

         En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres (3)

clases de estipulaciones.46 La primera clase trata sobre las

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del

requisito de probarlos.47 Así, las cosas, una vez un hecho es

estipulado, este no puede ser impugnado.48 Como corolario de lo

anterior, la estipulación del hecho, de ordinario, constituye una

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al

tribunal.49 Por su parte, la segunda clase es la que reconoce

derechos y tienen el alcance de una adjudicación.50 Por otro lado, la

tercera clase es aquella que trata sobre materias procesales, donde

las partes pueden estipular la forma y manera en la que llevarán

determinado curso de acción o el que se admita determinada

prueba.51 Cabe señalar que, la estipulación de un hecho, contrario

a la estipulación sobre la autenticación de evidencia, implica el

relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los tribunales no

debemos dar un hecho por estipulado si ello no surge claramente de

lo acordado por las partes.52

    C. Apreciación de la Prueba y Deferencia Judicial

         Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.53 Por

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver,

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus

lenguajes no verbales.54 Por su parte, un foro apelativo cuenta

46 Id.
47 Id.
48 Id., 439-440.
49 Id.
50 Id., 439.
51 Id., 440.
52 Id., 443.
53 Pueblo v. Pérez Nuñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad
v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
54 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148
(2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
KLAN202300806                                                                 13

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador

primario de los hechos.55 En ese sentido, y como regla general, no

debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.56

       En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,     salvo     cuando      estén     presentes      circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo

justifique.57 El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

antes de que se someta prueba alguna.58 En consecuencia, al este

tribunal     apelativo   enfrentarse      a   la   tarea    de   revisar    las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un craso abuso de

discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.59

55 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, supra, 291.
56 Pueblo v. Pérez Nuñez, supra, 529.
57 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
58 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
59 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002).
Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
KLAN202300806                                                                  14

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.60

       Ahora bien, cabe destacar que, el Tribunal Supremo ha

resuelto que, en instancias en que las conclusiones de hecho que

realice el TPI estén basadas en prueba pericial o documental, un

tribunal revisor estará en la misma posición que el tribunal a quo.61

Por tanto, ante dichas instancias, este tribunal apelativo “tendrá la

facultad para adoptar su propio criterio en la apreciación y

evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque

resulte técnicamente correcta”.62

       A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la

dirección del proceso.63 Los foros apelativos podremos intervenir con

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.64

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.65 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de

discreción: (i) cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la

60 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR

117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a
Pueblo v. Maisonave, Id., 63. González Hernández v. González Hernández, Id., 777.
Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry, supra.
Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
61 González Hernández v. González Hernández, Id. Sepúlveda v. Depto. de Salud,

145 DPR 560, 573 (1998).
62 González Hernández v. González Hernández, Id. Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez

et al., 154 DPR 333, 363 (2001). Prieto v. Mary land Casualty Co., 98 DPR 594,
623 (1970).
63 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
64 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
65 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
KLAN202300806                                                         15

decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material

importante que no podía ser pasado por alto; (ii) cuando el juez, por

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran

peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión

exclusivamente en éste; o, (iii) cuando, no obstante considerar y

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y

descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.66

       A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la

evidencia presentada en los casos y controversias.67 No obstante,

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.68 A

esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro

apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un

análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las

partes.69

   D. La Sentencia Sumaria

       Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de las Reglas de

Procedimiento Civil70, la cual desglosa los requisitos específicos con

los que debe cumplir esta figura procesal.71 El mecanismo procesal

de sentencia sumaria es un remedio discrecional extraordinario que

únicamente se concederá cuando la evidencia que se presente con

la moción establezca con claridad la existencia de un derecho.72

Solamente debe ser dictada una sentencia sumaria “en casos claros,

66 Pueblo v. Rivera Santiago, Id.
67 González Hernández v. González Hernández, supra, 776.
68 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra.
69 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
70 32 LPRA Ap. V, R. 36.
71 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).
72 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).
KLAN202300806                                                                     16

cuando el Tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos

pertinentes”.73

       El propósito de la sentencia sumaria es facilitar la solución

justa, rápida y económica de los litigios civiles que no presenten

controversias genuinas de hechos materiales, razón por la cual no

ameritan la celebración de un juicio en su fondo.74 En otras

palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo

cuando esté claramente convencido que la vista evidenciaria es

innecesaria.75 Al no haber controversia sustancial y real sobre

hechos materiales, sólo falta aplicar el derecho pertinente a la

controversia.76 Ahora bien, reiteradamente el Tribunal Supremo ha

indicado     que,     el   mecanismo        de sentencia sumaria no es           el

apropiado para resolver casos en donde hay elementos subjetivos,

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor

de credibilidad sea esencial.77

       Ahora bien, la Regla 36.4 de las Reglas de Procedimiento Civil

aborda lo que sucede cuando el pleito no es decidido en virtud de

moción:

       Si en virtud de una moción presentada bajo las
       disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre
       la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio
       solicitado o se deniega la moción, y es necesario
       celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva
       la moción mediante una determinación de los hechos
       esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay
       controversia sustancial y los hechos esenciales y
       pertinentes que están realmente y de buena fe
       controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los
       daños u otra reparación no está en controversia,
       ordenando los procedimientos ulteriores que sean
       justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria
       limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el
       juicio, se considerarán probados los hechos así
       especificados y se procederá de conformidad.

73 Id. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986).

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 726 (1994). Cuadrado Lugo
v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990).
74 García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 337 (2001). Pilot Life Ins. Co. v.

Crespo Martínez, 136 DPR 624, 632 (1994).
75 Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).
76 García Rivera et al. v. Enríquez, supra.
77 Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507, 521 (1999). Soto v. Hotel Caribe

Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR
656, 663 (2017).
KLAN202300806                                                                17

       A base de las determinaciones realizadas en virtud de
       esta regla, el tribunal dictará los correspondientes
       remedios, si alguno.78

   E. Regla 304 (5) de las Reglas de Evidencia

       Por razones de lógica y conveniencia, se estima que las partes

litigantes presentarán toda la prueba que les sea favorable en un

juicio.79

       El Capítulo I de las Reglas de Evidencia aborda varias

disposiciones generales. La Regla 110 dispone lo relativo a la

evaluación y suficiencia de la prueba. La Regla 110, en lo

concerniente, lee como sigue: “La juzgadora o el juzgador de hechos

deberá evaluar la evidencia presentada con el propósito de

determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados,

con sujeción a los principios siguientes: […] (G) Cuando pareciere

que una parte, teniendo disponible una prueba más firme y

satisfactoria, ofrece una más débil y menos satisfactoria, la

evidencia ofrecida deberá considerarse con sospecha. […]”.80

       El Capítulo III de las Reglas de Evidencia aborda lo relativo a

las presunciones. En la Regla 304 se menciona una serie de

presunciones específicas. La Regla 304, en lo aquí pertinente, lee

como sigue: “Las presunciones son aquéllas establecidas por ley o

por decisiones judiciales. Entre las presunciones controvertibles se

reconocen las siguientes: […] (5) Toda evidencia voluntariamente

suprimida resultará adversa si se ofreciere. […]”.81 Cuando se trata

de un testigo anunciado por una parte, la referida Regla obliga a la

parte que lo anuncia y no lo va a usar, a ponerlo a disposición de la

otra parte para escapar la presunción de que su testimonio le sería

adverso.82

78 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.
79 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta

ed., San Juan, Ed. Situm, 2015, pág.171.
80 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (G).
81 32 LPRA Ap. VI, R. 304(5).
82 E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Primera Edición, Estados Unidos

de Norte América, Publicaciones JTS, 2005, Tomo II, pág. 1013.
KLAN202300806                                                                    18

   F. Reconvención

       La Regla 5.1 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda

cuales son las alegaciones permitidas, entre ellas se encuentra la

reconvención.83 Por su parte la Regla 11.1 explica lo que es una

reconvención compulsoria:

       Una alegación contendrá por vía de reconvención
       cualquier reclamación que la parte que la formula tenga
       contra cualquier parte adversa al momento de notificar
       dicha alegación, siempre que surja del acto, de la
       omisión o del evento que motivó la reclamación de la
       parte adversa y no requiera para su adjudicación la
       presencia de terceros sobre quienes el tribunal no
       pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será
       necesario    incluir  dicha    reclamación    mediante
       reconvención si al momento de comenzarse el pleito tal
       reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente.84

       Respecto al alcance de la reconvención, la Regla 11.3 dispone

que: “Una reconvención puede disminuir o derrotar la reclamación

de la parte adversa y también puede reclamar un remedio por

cantidad mayor o de naturaleza diferente al solicitado en la

alegación de la parte adversa”.85

   G. Honorarios de Abogado por Temeridad

       La Regla 44 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo

relativo a costas, honorarios de abogado e interés legal. La Regla

44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil tiene un fin de índole

disuasivo: desalentar los pleitos temerarios y superfluos.86 En

particular, la Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento Civil

dispone lo siguiente sobre los honorarios de abogados:

       […]
       (d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte
       o su abogado o abogada haya procedido con temeridad
       o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su
       sentencia al o a la responsable el pago de una suma por
       concepto de honorarios de abogado que el tribunal
       entienda correspondan a tal conducta. […]87

83 32 LPRA Ap. V, R. 5.1.
84 32 LPRA Ap. V, R. 11.1.
85 32 LPRA Ap. V, R. 11.3.
86 J.T.P. Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992).
87 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d).
KLAN202300806                                                                    19

       El concepto temeridad no está expresamente definido por la

Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil.88 La temeridad

ha sido definida como:

       […] una actitud que se proyecta sobre el procedimiento
       y que afecta el buen funcionamiento y la administración
       de la justicia. También sujeta al litigante inocente a la
       ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos
       innecesarios y a la contratación de servicios
       profesionales, incluyendo abogados, con el gravamen a
       veces exorbitante para su peculio.89

       Existen varias instancias bajo las cuales puede surgir

temeridad,     a    saber:    (i)   contestar    una     demanda          y   negar

responsabilidad total, aunque se acepte posteriormente; (ii)

defenderse injustificadamente de la acción; (iii) creer que la cantidad

reclamada es exagerada y que sea esa la única razón que se tiene

para oponerse a las peticiones del demandante sin admitir

francamente su responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a

la fijación de la cuantía a ser concedida; (iv) arriesgarse a litigar un

caso del que se desprendía prima facie su responsabilidad; y, (v)

negar un hecho que le conste es cierto a quien hace la alegación.90

A tales efectos, el propósito de la imposición de honorarios de

abogado en casos de temeridad es: “establecer una penalidad a un

litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo

e inconveniencias de un pleito”.91

       La determinación de temeridad es de índole discrecional, por

lo que los tribunales apelativos solo debemos intervenir con ella

cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de discreción.92 Ahora

bien, una vez el tribunal sentenciador concluye que una parte ha

88 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).
89 Id. H. Sánchez, Rebelde Sin Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982).
90 Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335-336 (1998). Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., Id.
91 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). Fernández v.

San Juan Cement Co., Inc., Id.
92 S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Colón Santos v.

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008). P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005).
KLAN202300806                                                         20

sido temeraria, es imperativa la imposición de honorarios de

abogado.93

                                         III

       La parte apelante acudió ante este tribunal revisor mediante

un recurso de Apelación y esboza que el foro primario cometió cinco

(5) errores, entiéndase: (i) erró al ignorar todas y cada una de las

admisiones judiciales vinculantes para las partes y para el Tribunal,

que al momento de dictarse la Sentencia apelada eran finales, firmes

e inapelables; (ii) erró el al mantener absoluto silencio sobre la

prueba anunciada por la apelada, la cual voluntariamente suprimió,

al no activar la presunción establecida por la Regla 304 (5) de las

Reglas de Evidencia94; (iii) erró al declarar Ha Lugar la Reconvención

instada por la apelada; (iv) erró al imponer a la parte apelante

honorarios de abogado, sin una determinación de temeridad; y, por

último, que (v) erró en aquilatar prueba que desfiló en juicio y la que

fue estipulada en el ICAJ suplementado.

       El Solar M-18 objeto de esta controversia radica en el área

Mar Blanco del Barrio Las Mareas del municipio de Salinas, Puerto

Rico. El 7 de abril de 2021, las partes suscribieron un Contrato de

Opción, mediante el cual la señora Robles Torres concedió a Giomar

la opción de adquirir la propiedad por el precio alzado de $30,000.00

dólares. Al Solar M-18 se le realizaron dos (2) mensuras que

arrojaron una cabida mayor. En el caso ante nos, no existe

controversia en cuanto al precio ni la mensura/cabida del Solar M-

18. Además, tampoco existe controversia sobre la fecha de

vencimiento original del Contrato, es decir, el 6 de julio de 2021.

       No obstante, si existía controversia en cuanto a si el Contrato

se prorrogó, extendió o caducó. El término del Contrato conforme a

la cláusula uno (1) era de noventa (90) días a partir de la firma del

93 P.R. Oil v. Dayco, Id., 511 (2005).
94 32 LPRA Ap. VI, R. 304(5).
KLAN202300806                                                     21

Contrato, es decir, el 7 de abril de 2021, por lo que vencía

originalmente el 6 de julio de 2021, como ya indicamos. Con la firma

del Contrato, la señora Robles Torres recibió el pago de $15,000.00

dólares. No obstante, los restantes $15,000.00 dólares debían ser

pagados al momento en que finalizara el término de la opción y al

momento de la firma de la escritura de compraventa.

        Coincidimos con la parte apelante cuando expresa que en el

presente caso existen unas admisiones judiciales vinculantes para

las partes, las cuales fueron producto del descubrimiento de prueba

cursado. Empero, en la Contestación a Requerimiento de Admisiones,

la parte apelante admitió que en el Contrato no existe ninguna

cláusula que aborde si el término de este podía ser prorrogado o si

podía ocurrir una renovación de la obligación, tampoco existía

prohibición al efecto.95 Sin embargo, en la parte de Otorgamiento y

Aceptación del Contrato dispone que: “Este contrato contiene todos

los acuerdos tomados y ninguna de las partes quedará obligada por

ninguna cláusula que no esté incluida en este contrato”.96 En la

Contestación a Requerimiento de Admisiones, la parte apelante

admitió que no solicitó prórroga en cuanto al Contrato por escrito,

bajo la premisa de que no era un requisito.97 A su vez, el Contrato

no disponía que pudiese ser enmendado de forma alguna, es decir,

ni de manera escrita ni verbalmente.

        En lo que respecta a la Reconvención, la apelada expuso que

instó la acción debido a que por la radicación de la Demanda no

había podido vender el Solar M-18, a pesar de que presuntamente

se le habían acercado varios clientes interesados en el mismo. En la

determinación de hecho número trece (13) de la Sentencia apelada,

el TPI determinó que:

        Según el testimonio de demandada, esta se ha visto
        impedida de vender el solar M-18 y otros solares que

95 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 814.
96 Id., a la pág. 805.
97 Id., a la pág. 813.
KLAN202300806                                                       22

         tiene en Las Mareas por la radicación de este caso.
         Declaró que recibió ofertas para comprar cualquiera de
         los solares del Sr. Jorge Palau por doscientos mil
         dólares ($200,000.00) y Rafael Pomales por setenta mil
         dólares ($70,000.00) respectivamente, los cuales son
         amigos de la demandada, y de Yanitza Robles Díaz por
         ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00), quien es su
         sobrina.98

         No obstante, en la determinación de hecho número catorce

(14) el foro primario aclaró que: “Con excepción del solar M-18, no

había impedimento para que la demandada pudiera vender los otros

solares”.99

         Independiente de las determinaciones de hechos emitidas en

la Resolución denegando la Moción en Solicitud de Sentencia

Sumaria, el TPI dispuso sobre cuáles eran las controversias

pendientes que requerían la celebración de un juicio para dirimirlas

y otorgar el valor probatorio, por estar enmarcadas en elementos

subjetivos y de credibilidad. Quiérase decir que, no obstante, la

determinación de hechos incontrovertidos, las mismas no operan en

el vacío, sino que hay que enmarcarlas dentro de lo que eran las

controversias determinadas por el TPI y sobre las cuales se desfiló

la prueba. A raíz de ello, debido a que no contamos con una

transcripción de la prueba oral, no se nos colocó en posición de

variar las determinaciones de hecho emitidas durante el juicio.

         Por su estrecha relación, discutiremos el primero, segundo y

quinto señalamiento de error en conjunto. La parte apelante en su

primer y quinto señalamiento de error considera que el foro primario

ignoró todas y cada una de las admisiones judiciales vinculantes

para las partes y para el Tribunal; y, que erró al aquilatar la prueba

desfilada, tomando en consideración que en el caso del título

existían unas estipulaciones conforme al ICAJ suplementado. No nos

convence. Elaboramos.

98 Id., a la pág. 1625.
99 Id.
KLAN202300806                                                                  23

       Como parte de los trámites procesales seguidos por el foro

primario       juzgó     que,     independientemente        de    las    sendas

determinaciones de hechos realizadas en virtud de la Moción en

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte apelante, era

necesaria la celebración de un juicio por entender que las

controversias       determinadas,        las    cuales   contenían    elementos

subjetivos, por lo que, requerían ser justipreciadas mediante la

celebración de un juicio en su fondo. Acentuamos que, el mecanismo

procesal     de    sentencia       sumaria      es   un remedio      discrecional

extraordinario que únicamente se concederá cuando la evidencia

que se presente con la moción establezca con claridad la existencia

de un derecho.100 Cabe señalar, sin embargo, que el mecanismo de

sentencia sumaria no es el apropiado para resolver casos en donde

hay elementos subjetivos o cuando el factor de credibilidad sea

esencial.101

       Es de ver, además, que, igual situación ocurrió con los hechos

estipulados como parte del ICAJ suplementado. Bajo el crisol

doctrinario, las estipulaciones deben de interpretarse liberalmente

y de forma compatible con la intención de las partes con el propósito

de hacer justicia.102 Reiteramos que, la estipulación de un hecho,

contrario a la estipulación sobre la autenticación de evidencia,

implica el relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los tribunales

no debemos dar un hecho por estipulado si ello no surge claramente

de lo acordado por las partes.103

       Insistimos, examinados los autos ante nuestra consideración

pudimos constatar que no contamos con una transcripción de la

prueba oral. A la luz de todo lo anterior y basándonos en la totalidad

100 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra.
101 Elías y otros v. Chenet y otros, supra. Soto v. Hotel Caribe Hilton, supra.
Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra.
102 Rivera Menéndez v. Action Service, supra. Díaz Ayala et. als. v. ELA, supra.

Ramos Rivera v. ELA, supra.
103 Rivera Menéndez v. Action Service, Id., 443.
KLAN202300806                                                                   24

del expediente, no vemos razón para variar lo actuado por el tribunal

apelado, y juzgamos que previo al juicio no existía una admisión que

pudiésemos considerar que dio por enmendado el Contrato.

Entonces, forzoso es concluir que dichas admisiones no atienden la

controversia medular, por lo que no nos mueven a modificar la

decisión emitida por el foro apelado. La parte apelante no logró

demostrar ante el foro primario que el Contrato se hubiese

prorrogado o extendido hasta el 16 de julio de 2021.

       Por su parte, en el quinto error, hay elementos de apreciación

de la prueba. No obstante, es menester recordar, que en este caso

existían elementos subjetivos que el Tribunal aquilató en el juicio en

su fondo, además de juzgar la credibilidad para determinar si en

efecto hubo tal prórroga o incluso una novación del Contrato. Como

ya hemos destacado, no contamos con una transcripción de la

prueba oral, por lo que debemos otorgarle al foro primario deferencia

respecto a su apreciación de la prueba. Debemos tener presente que,

un foro apelativo cuenta solamente con “récords mudos e

inexpresivos”, por lo que se le debe respeto a la adjudicación de

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos.104

       Cónsono con lo anterior expresado, al este tribunal apelativo

enfrentarse a la tarea de revisar las determinaciones del foro de

instancia, no debemos intervenir con las determinaciones de

hechos, con la apreciación de la prueba ni con la adjudicación de

credibilidad    efectuadas      por   el   mismo,     excepto     en   aquellas

situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó con

prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un craso abuso de discreción;

o, (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo.105 Un tribunal de justicia

104 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, supra. Trinidad v.

Chade, supra.
105 González Hernández v. González Hernández, supra. Ramírez Ferrer v. Conagra

Foods PR, supra. Rivera y otros v. Bco. Popular, supra. Pueblo v. Irizarry, supra.
Pueblo v. Maisonave, supra, 62-63.
KLAN202300806                                                                       25

incurre en un abuso de discreción cuando: (i) el juez no toma en

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello,

un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; (ii)

el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa

su decisión exclusivamente en éste; o, (iii) no obstante considerar y

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y

descartar     los     irrelevantes,     el   juez       los     sopesa    y    calibra

livianamente.106 Es de ver que, cónsono a lo todo lo antes

mencionado, no contamos con elementos suficientes para variar la

determinación del foro primario puesto a que tras nuestra

evaluación      como     tribunal       revisor,    tendríamos       que       quedar

convencidos      de     que    el   juzgador       de     los    hechos       descartó

injustificadamente       elementos       probatorios          importantes      o   que

fundamento su criterio solo en testimonios con escaso valor,

improbables o increíbles.107 Esta no es la situación ante nos.

       Con relación al alegado absoluto silencio sobre la prueba

anunciada       por     la    apelada        y     presuntamente          suprimida

voluntariamente, según esbozado en el segundo error, no tiene razón

la parte apelante. Veamos.

       De la Sentencia apelada se desprende que, aun cuando existía

prueba estipulada por las partes durante la celebración del juicio en

su fondo, solo se desfiló prueba sobre alguna prueba documental,

no sobre toda. En su segundo señalamiento de error, la parte

apelante nos invita a que concluyamos que el foro primario guardó

silencio en cuanto a la prueba documental anunciada por la parte

apelada y que se le debió presumir adversa tras presuntamente no

haberse presentado. En el caso ante nuestra consideración no debe

existir duda alguna sobre cuál de las partes tenía el peso de la

106 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
107 C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972).
KLAN202300806                                                       26

prueba en este caso. Conforme a la Regla 110 (A) y (B) de las Reglas

de Evidencia108 en este caso el peso de la prueba lo tenía la parte

apelante, no la apelada. Si la parte apelante estaba bajo la impresión

de que esos documentos le eran favorables, los pudo haber incluido

como parte de su prueba para asegurarse de que el Tribunal la

recibiera y aquilatara, de admitirse.

        Vemos que, la apelada en su turno de preguntas no presentó

alguna prueba testimonial tras razonar que le resultaba innecesaria

y acumulativa. Precisamos que, según la Sentencia apelada, dicha

prueba no se refería a la prueba documental, sino a la prueba

testimonial. El TPI no hizo ninguna referencia en la Sentencia

apelada a que se hubiese producido alguna controversia o

argumentación sobre las alegadas presunciones en cuanto a prueba

documental de la parte apelada. Abona a lo anterior, que, luego de

examinar el expediente en este caso, incluyendo, además, el ICAJ, y

el suplementado, concluimos que no existe ninguna prueba

documental sobre la cual se hubiese determinado que no sería

necesario desfilar prueba. Entiéndase, de las estipulaciones que

llegaron las partes en cuanto a los documentos, no surge que fuese

innecesario desfilar. Solo se desprende que había prueba estipulada

en cuanto a autenticidad y admisibilidad, mas no se desprende que

se hubiese estipulado el contenido.109 Por tanto, coincidimos con el

foro primario cuando en la Sentencia apelada hizo referencia a la

prueba admitida y sobre la cual se desfiló prueba, la cual juzgamos

fue justipreciada.110 Insistimos, que, en atención a todo lo exterior

y reiterando que nos encontramos huérfanos de método de

reproducción de la prueba oral, forzosamente concluimos que

debemos otorgarle deferencia al TPI.

108 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (A) y (B).
109 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 103-104.
110 Id., a la pág. 1623.
KLAN202300806                                                          27

        En su tercer error, la parte apelante considera que el foro

primario incidió al declarar Ha Lugar la Reconvención instada por la

apelada. No tiene razón. Aunque resulte reiterativo que no contamos

con una transcripción de la prueba oral, puntualizamos que no

contamos con los elementos para conocer si las cantidades por

concepto de sufrimientos y angustias mentales, más los gastos y

costas del procedimiento, reclamadas por la apelada fueron

impugnadas por la parte apelante durante el juicio en su fondo. En

el escrito de Apelación la parte apelante aspira a que concluyamos

que    no    se    probaron   las   alegaciones   de   la   Reconvención.

Nuevamente, para demostrar lo contrario y cónsono a las

determinaciones de hecho emitidas por el foro primario, haría falta

una transcripción de la prueba oral. En lo que a este aspecto de la

Reconvención respecta, el TPI, entre sus determinaciones de hechos

emitidas en la Sentencia apelada, expuso:

        15. La demandada declaró[,] además[,] que [se] ha visto
        afectada emocionalmente porque entre ambas familias
        había lazos de estrecha amistad, que se perdieron por
        el pleito, que se encuentra triste y deprimida, y que tuvo
        y tiene pérdidas económicas, ya que ella solo recibe
        ingresos del seguro social.111

        Por tal razón, y luego de evaluar las determinaciones de

hechos emitidas por el foro primario durante la celebración del juicio

en su fondo, debemos dar deferencia a la apreciación de la prueba,

razonando que no se ha presentado ninguna de las circunstancias

que, a falta de un método de transcripción de la prueba oral, nos

muevan a variarla. Forzosamente concluimos que la parte apelante

no colocó en posición a este tribunal revisor como para variar las

determinaciones de hechos emitidas por el foro primario, como parte

de la celebración del juicio.

        Por último, en cuanto al cuarto señalamiento de error, la parte

apelante esbozó que el foro primario erró al imponerle $4,000.00

111 Id., a la pág. 1625.
KLAN202300806                                                       28

dólares en honorarios por temeridad, aduciendo que en la Sentencia

apelada no hubo una determinación de temeridad. No le asiste

razón. Veamos. La Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento

Civil dispone lo siguiente sobre los honorarios de abogados: “[…] En

caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido

con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su

sentencia al o a la responsable el pago de una suma por concepto

de honorarios de abogado que el tribunal entienda corresponda a tal

conducta. […]112 Ahora bien, este foro solo intervendrá en la

determinación de temeridad que realice el TPI, si de nuestra

apreciación resulta que hubo abuso de discreción. Por su parte, en

lo que a la cuantía respecta, el criterio para determinarla es a base

de la razonabilidad. En este caso, no tenemos elementos para variar

la determinación del foro primario, no es nuestra apreciación que

haya habido un abuso de discreción ni que la cantidad impuesta

haya sido irrazonable. En este caso, la parte apelante resultó ser la

parte perdidosa, mientras que el foro primario concedió el remedio

solicitado vía Reconvención a la apelada, a excepción de su

reclamación por daños económicos.

                                  IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

112 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d).