Court Opinion

ID: 9394858
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:16:26.862532+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.149715
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL III

                                       Certiorari procedente
                                       del Tribunal de
    CORPORACIÓN PARA LA                Primera Instancia,
        DEFENSA DEL                    Sala Superior de
    POSEEDOR DE LICENCIA KLCE202300291 Guayama
    DE ARMAS DE PUERTO
                                                      Caso Núm.:
    RICO, INC. (CODEPOLA)                             SA2022CV00024
                                                      (303)
         PETICIONARIA
                                                      Sobre: Injunction
                v.                                    Preliminar y
                                                      Permanente
        ACCIÓN SOCIAL Y
    PROTECCIÓN AMBIENTAL                              Caso Núm.:
      (ASPA, INC.) Y OTROS                            SA2022CV00025
                                                      (303)
          RECURRIDOS
                                                      Sobre: Difamación y
                                                      Libelo; Daños y
                                                      Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la
Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Grana Martínez, Jueza Ponente

                               RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

        Comparece la Corporación para la Defensa del Poseedor de

Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (Peticionario o CODEPOLA)

mediante recurso de Certiorari y nos solicita que revoquemos la

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Guayama, el 21 de febrero de 2023.1 En el referido

dictamen, el foro de instancia decretó No Ha Lugar la Moción

Solicitando    Desestimación       de   Reconvención     y   Solicitud    de

Paralización de Descubrimiento de Prueba que presentó CODEPOLA.

        Por   los    fundamentos    que   exponemos      a   continuación,

denegamos expedir el auto solicitado.

1La Resolución fue notificada y archivada en autos el mismo día 21 de febrero
de 2023.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300291                                                                 2

                                       I.

        El 30 de enero de 2022, CODEPOLA presentó una Demanda

de Interdicto Preliminar contra la Corporación Acción Social y

Protección Ambiental, Inc. (ASPA), su presidente, José Juan Cora

Collazo, Rafael Díaz Casiano, su esposa y la Sociedad Legal de

Gananciales que ambos componen y otros codemandados.2 En su

escrito, el Peticionario expuso que la empresa y sus miembros han

hecho     manifestaciones       difamatorias     en    varios    medios      de

comunicación, redes sociales y lugares públicos en contra del

proyecto de polígono de tiro que la parte peticionaria se propone

construir en Salinas, Puerto Rico.            A su vez, arguyó que los

portavoces de la Comunidad Rancho Guayama de Salinas también

se han unido a la campaña difamatoria que ha sostenido la ASPA en

su contra, al manifestar que CODEPOLA no está construyendo un

polígono, sino un vertedero de neumáticos que causa contaminación

al   Acuífero    del    Sur.   El    Peticionario     sostiene    que    estas

manifestaciones públicas, así como las protestas que se han llevado

a cabo le han causado daño a su reputación, además de interrumpir

la construcción del polígono de tiro. Ante ello, solicitó al TPI que

celebrara una vista, le concediera el interdicto preliminar solicitado

o permanente y emitiera una orden de cesar y desistir contra la parte

recurrida.

        El mismo día, 30 de enero de 2022, CODEPOLA presentó otra

Demanda sobre Difamación y Libelo, Daños y Perjuicios en contra

de ASPA.3       En su reclamo, CODEPOLA esgrime nuevamente las

alegaciones sobre difamación que esbozó contra ASPA en su

Solicitud de Interdicto Preliminar.

2 Véanse las páginas 11 a la 19 en el Apéndice del Recurso de Certiorari. A este
caso se le asignó el alfanumérico SA2022CV00024.
3 Íd., págs. 20-28. A este caso el TPI le asignó el alfanumérico SA2022CV00025.
KLCE202300291                                                                 3

         Mediante Orden emitida el 22 de abril de 2022, el TPI

consolidó los casos SA2022CV00024 y SA2022CV00025 y decretó

que los procedimientos continuarían bajo el caso de mayor

antigüedad, SA2022CV00024.4

         La parte recurrida presentó su Contestación a Solicitud de

Injuction Preliminar y Permanente, en la que negó la totalidad de las

alegaciones en su contra5. Levantó como defensas afirmativas, entre

otras, que los actos imputados se encuentran protegidos por el

Artículo II, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos, que garantizan la libertad de expresión de sus ciudadanos.

A su vez, levantaron como defensa que acoger lo pretendido por

CODEPOLA en su solicitud de interdicto, constituiría censura previa

a las expresiones que los residentes de Ranchos Guayama hicieran

sobre el proyecto de polígono de tiro. También, adujeron que las

expresiones y manifestaciones de los opositores al proyecto se han

llevado a cabo en lugares protegidos que han sido catalogados por

la jurisprudencia como foros públicos.

         Arguyeron, además, que el mecanismo de injuction preliminar

o permanente no puede utilizarse para privar a un ciudadano de

ejercer su derecho a comparecer ante las agencias del Estado para

presentar su oposición a proyectos de construcción sin permiso y en

violación a normas ambientales, como tampoco se puede utilizar

para suspender un procedimiento judicial.6

         Los Recurridos también presentaron una Reconvención, en la

que sostuvieron que la finca en donde se está construyendo el

polígono de tiro contiene un gravamen sobre condiciones restrictivas

y servidumbres de equidad que impiden que el Peticionario

4   Véase la Entrada Núm. 30 en SUMAC.
5   Véanse las páginas 29 a la 46 en el Apéndice del Recurso de Certiorari.
6   Íd.
KLCE202300291                                                              4

construya el proyecto propuesto.7 Además, sostuvieron que éstas

no pueden ser modificadas por ningún foro administrativo, por lo

que procede que el TPI ordene la paralización total del proyecto y

desestime el proceso de permiso, si alguno, que CODEPOLA, el señor

Ariel Torres Meléndez y el señor Roberto Ramos Colón estén

gestionando.

          Por otro lado, afirmaron que el Peticionario pretende modificar

la zonificación de las fincas protegidas según el Plan de

Ordenamiento Territorial de Salinas, pero que hasta el momento

CODEPOLA no ha iniciado el proceso de consulta de ubicación que

se requiere a esos fines.

          Finalmente, los recurridos solicitaron al TPI que emitiera un

Interdicto Permanente ordenando la paralización del proyecto en

controversia y que, a su vez, se prohibiera cualquier tipo de

construcción           que   violente   las   condiciones   restrictivas   y

servidumbres de equidad que posee la finca en pugna. Asimismo,

solicitaron que se desestime la petición de CODEPOLA contra los

Recurridos por su improcedencia.8

          Después de innumerables trámites procesales, CODEPOLA

presentó una Moción Solicitando Desestimación de Reconvención y

Solicitud de Paralización de Descubrimiento de Prueba el 11 de enero

de 2023.9 En su escrito, solicitó la desestimación de la Reconvención

que presentó ASPA por falta de jurisdicción al no agotarse los

remedios administrativos ante el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA), falta de parte indispensable y

prescripción de la causa de acción.            Sobre la procedencia de la

desestimación al amparo de la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos, CODEPOLA argumentó que en el DRNA se inició

7   Íd.
8   Íd.
9   Íd., págs. 3-10.
KLCE202300291                                                      5

un procedimiento administrativo sobre la controversia de autos que

debía ser agotado. Por otro lado, sostuvo que la parte recurrida, en

su Solicitud de Intervención ante el DRNA reconoció que el

promovente del polígono no es CODEPOLA, por lo que su alegación

contra CODEPOLA debe ser desestimada por ausencia de parte

indispensable. Ante ello, argumentó que estaría prescrita cualquier

acción que ASPA se propusiera presentar para traer al pleito a otras

personas o entidades en esta etapa del proceso.

          La parte recurrida se opuso a lo solicitado por CODEPOLA

mediante Oposición a Segunda Solicitud de Desestimación de

Reconvención Presentada por el Demandante Reconvenido.10

          Después de evaluar las posiciones de las partes, el 21 de

febrero de 2023, el TPI emitió una Resolución, en la que decretó no

ha lugar la alegación de desestimación al amparo de la doctrina de

agotamiento de remedios administrativos.11 Sobre la alegación de

partes indispensables, determinó que el señor Roberto Ramos Colón

y Ariel Torres Meléndez son partes indispensables en el pleito, por

lo que concedió un término de 30 días a los Recurridos para que

enmendaran sus alegaciones. En cuanto al reclamo de prescripción

de la acción contra CODEPOLA, el TPI determinó que el Peticionario

no elaboró con claridad sus alegaciones. No obstante, decidió acoger

su petición como una solicitud de sentencia sumaria y denegó por

no cumplir con los requisitos procesales que establece la Regla 36

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.

          Inconforme con lo resuelto, CODEPOLA acudió ante nosotros

mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los siguientes dos

errores:

          PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
          DETERMINAR NO HA LUGAR DE PLANO A NUESTRA SOLICITUD DE
          DESESTIMACIÓN DE RECONVENCIÓN RESPECTO A LA FALTA DE
          AGOTAMIENTO DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS.

10   Íd., págs. 62-74.
11   Íd., págs. 1-2.
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      SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      AL DETERMINAR QUE LOS SEÑORES ROBERTO RAMOS COLÓN Y
      ARIEL TORRES MELÉNDEZ SON PARTES INDISPENSABLES EN EL
      PLEITO SIN HABERSE     PRESENTADO    PRUEBA   SOBRE   EL
      PARTICULAR.

                                 II.

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La discreción judicial se

ha definido como la autoridad para elegir entre diversas opciones

sin enajenarnos del derecho.      Los tribunales deben ejercer su

discreción de forma razonable al momento de pasar juicio sobre una

controversia para así poder llegar a una condición justiciera. IG

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra,

págs. 334-335.

      Por otro lado, la autoridad del Tribunal de Apelaciones para

expedir un recurso de certiorari está limitada por la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que dispone lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión. Cualquier otra
      resolución u orden interlocutoria expedida por el
KLCE202300291                                                     7

      Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
      recurso de apelación que se interponga contra la
      sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los
      errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. V.

      Nuestro análisis conlleva una segunda revisión al amparo de

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

                                III.

      En su recurso, CODEPOLA nos argumenta que su solicitud

de desestimación cumplió con los fundamentos jurídicos bajo la

doctrina de agotamiento de remedios administrativos. Entiende que

el foro de instancia tiene los elementos suficientes para desestimar

la Reconvención y detener los trámites ante el TPI, incluyendo el

descubrimiento de prueba.       A su vez, alega que procede la

desestimación de la Reconvención por falta de parte indispensable.

Sobre este particular, argumenta que la parte recurrida sometió la

Reconvención contra CODEPOLA, entidad jurídica que, según alega,
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no es parte del proyecto de polígono de tiro, ya que no figura como

titular de la propiedad ni como proponente del proyecto en

controversia.

      Después de examinar con detenimiento las alegaciones de las

partes y la totalidad del expediente en autos, no encontramos razón

alguna para ejercer nuestra discreción en esta etapa de los

procedimientos e intervenir con la determinación emitida por el foro

a quo. Los argumentos esbozados por CODEPOLA en su recurso no

se ajustan a los criterios que establece nuestra Regla 40, supra, y

que limita nuestra discreción.

                                 IV.

      En mérito de lo anterior, denegamos expedir el auto de

certiorari presentado.

      Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones