Court Opinion

ID: 9374171
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:26:57.125374+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.216367
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IX

  ESTRELLA HOMES LLC                              APELACIÓN
                                                  procedente del
          Recurrido                               Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala de
              v.                                  Caguas
                               KLAN202200793
 YAZMIN CARRASQUILLO
    RIVERA, Et. Als.                              Civil núm.:
                                                  CG2021CV00468
        Recurrentes

                                                  Sobre:
                                                  Relevo de
                                                  Sentencia

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el
Juez Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

      Comparece la señora Yazmín Carrasquillo Rivera (Sra.

Carrasquillo Rivera o parte peticionaria) y solicita que revisemos

y revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Caguas, el 22 de agosto de 2022,

notificada al día siguiente. En esta, el foro primario declaró No Ha

Lugar una solicitud de Relevo de Sentencia.

      Evaluamos el presente recurso y lo acogemos como un

certiorari, conservando el alfanumérico otorgado en la Secretaría,

por tratarse de la revisión de una determinación interlocutoria,

sobrevenida luego de dictada la sentencia.

      Luego de examinada la totalidad del expediente y el derecho

aplicable,   denegamos    la   expedición   del    recurso,   por   los

fundamentos que expondremos a continuación.

                                  I.

      El 24 de febrero de 2021, Luna Acquisition LLC, presentó

Demanda de Cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el

Número Identificador
RES2023_________
KLAN202200793                                                      2

señor José Manuel Figueroa Rodríguez, la señora             Yazmín

Carrasquillo Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos (demandados).         En la demanda adujeron que, por

información y creencia, la dirección postal es HC 23 Box 6153,

Juncos, Puerto Rico 00777 y su dirección física es Lote 181, Calle

10, Comunidad Placita III, Juncos, Puerto Rico 00777, la cual es

la propiedad objeto de esta ejecución.1

        La parte demandante en el pleito realizó el emplazamiento

personalmente el 16 de marzo de 2021 en la aludida dirección

física en la Calle 10, lote 181 Comunidad Placita III, Juncos, PR

00777.

         El 30 de abril de 2021, notificado el 4 de mayo de 2021, el

Tribunal refirió el caso al Centro de Mediación y Conflictos.   El 16

de septiembre de 2021 el foro primario emitió otra orden, al

Centro de Mediación y Conflictos.      Concluido ese trámite, el 27

de enero de 2022 el Centro de Mediación le informó al tribunal

que se procedió el cierre del caso de mediación por ausencia de

los demandados a tres de las citas.2

        Así las cosas, el 1ro de febrero de 2022, Luna Acquisition

LLC solicitó la anotación de rebeldía y sentencia sumaria.        En

respuesta, el 11 de febrero de 2022, notificada el 16 de mismo

mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia

mediante la cual anotó la Rebeldía y declaró Ha Lugar la Demanda.

        Dicha Sentencia fue notificada a los demandados a la

dirección de récord en HC 23 Box 6153, Juncos, PR 007773.

        Tras ello, el 23 de marzo de 2022, Luna Acquisition presentó

Moción Solicitando se Emitan Orden y Mandamiento de Ejecución,

1
  Apéndice pág. 1.
2
  Apéndice págs. 94-95
3
  Apéndice pág. 83.
KLAN202200793                                                               3

y así lo concedió el tribunal mediante orden dictada el 28 de marzo

de 2022. Se ordenó la venta en pública subasta.

           El 9 de mayo de 2022 la parte demandante presentó una

Moción solicitando sustitución de parte de Luna Acquisition por

Estrella Homes quien es aquí la parte recurrida (Estrella Homes o

parte recurrida).            Así las cosas, el 16 de junio de 2022 la

demandante             incoó   una     Moción   Sometiendo      Affidavit   de

Colocación, Publicación de Edicto y Notificación de Subasta. Junto

a la moción, incluyeron unas cartas del 9 de mayo de 2022

enviadas al señor José M. Figueroa Rodríguez y a Yazmín

Carrasquillo Rivera por correo certificado, con acuse de recibo,

relacionadas a la subasta pública a efectuarse los días 21 y 28 de

junio y 6 de julio de 2022. El acuse de recibo aparece firmado por

Yazmín Carrasquillo el 25 de mayo de 2022.4

           El 28 de junio de 2022 se le adjudicó la buena pro a Estrella

Homes.           En esa misma fecha, Estrella Homes presentó una

Solicitud de Orden y Mandamiento de Lanzamiento, más una

Moción         Solicitando     Orden    de   Cancelación   de   Gravámenes

Posteriores en el Registro de la Propiedad. Tras ello, el 30 de junio

de 2022 el foro primario emitió la Orden para la cancelación de

gravámenes en el Registro de la Propiedad.

           Entretanto, el 17 de agosto de 2022 la codemandada

Yazmín Carrasquillo Rivera presentó una Moción Asumiendo

Representación Legal y Solicitando Relevo de Sentencia. En ella

alegó que la Sentencia no fue publicada mediante edicto como lo

requiere la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Por

tanto, arguyó que se había violentado su Debido Proceso de Ley.

Sostuvo, a su vez, que la parte demandante se comportó de

manera impropia al llevar a cabo negociaciones e indicarle a la

4
    Apéndice págs. 84-86.
KLAN202200793                                                     4

demandada que, si llegaban a un acuerdo, estos desistirían del

pleito, cuando a su vez, le solicitaban al Tribunal que continuara

el proceso, obviando lo antes dicho. Por ello, entienden que la

sentencia se obtuvo de manera fraudulenta y no era ejecutable

por lo que debía dejarse sin efecto. Agregó que el banco no le

notificó los documentos que presentó en el pleito, solamente el

edicto de venta en subasta público que le fue notificado por correo

certificado.

      El 19 de agosto de 2022 Estrella Homes presentó su

oposición.     Alegó que a los demandados se les emplazó

personalmente, que fueron notificados de la sentencia a su última

dirección conocida y la codemandada recibió la carta en la que se

le notificaba de la subasta.    Igualmente, se le notificaron las

alternativas de la Unidad de Loss Mitigation y el caso se refirió a

mediación, pero se ausentaron. En fin, adujeron que se le habían

concedido múltiples instancias para que la parte demandada fuera

escuchada, y que se cumplió con el Debido Proceso de Ley. Así

mismo, sostuvo que la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, no requiere notificar la sentencia por edicto cuando la parte

demandada es emplazada personalmente.

      El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud, mediante

Resolución dictada el 22 de agosto de 2022, notificada al día

siguiente.

      En desacuerdo con la Resolución emitida por el Tribunal de

Primer Instancia la señora Carrasquillo Rivera acude ante este

Tribunal y alega el siguiente error:

      Erró el Tribunal Superior al declarar No Ha Lugar una
      Solicitud de Relevo de Sentencia, o al menos, celebrar
      una vista evidenciaría cuando se solicitó conforme a
      derecho y se desprende que el banco actuó de mala
      fe y fraudulentamente en la tramitación del presente
      caso y parte demandada fue inducida a error por el
      demandante y surge evidencia que sustenta dicha
      alegación, en consecuencia, la parte demandada, fue
KLAN202200793                                                                5

      privada de su derecho a ser oída y de una vista
      evidenciaría en violación al Debido Proceso de Ley así
      como privada de su propiedad en contravención a las
      leyes y jurisprudencia vigente.

      Se le concedió término a la parte recurrida para la

presentación de su oposición y esta, sin someterse a la jurisdicción

del Tribunal de Apelaciones, presentó Moción de Desestimación

por Falta de Jurisdicción. El 21 de diciembre de 2022 denegamos

la moción de desestimación y le ordenamos a la recurrida a

presentar su alegato.       Así lo hizo, por lo que el recurso quedó

perfeccionado.

                                    II.

                                    A.

      El     auto   de certiorari constituye         un   vehículo     procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).                           La

característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

discreción     es   "una    forma      de     razonabilidad      aplicada    al

discernimiento       judicial   para        llegar    a    una       conclusión

justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v.

ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.

BBVAPR, supra, pág. 338.

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los
KLAN202200793                                                     6

méritos de    los   asuntos   que   son   planteados mediante     el

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso
      y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
      el caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000).          Como es sabido, en

nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez

Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR
KLAN202200793                                                       7

909 (1986).     El adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Rivera

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).         Por ende, si

no   se   encuentra    presente   en   la   petición   ante   nuestra

consideración ninguno de los criterios antes transcritos y la

actuación del foro primario “no está desprovista de base razonable

ni perjudica derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien corresponde la

dirección del proceso”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554,

572 (1959). De manera que, solo intervendremos con el ejercicio

de dicha discreción en aquellas instancias que se demuestre que

el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió

en un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la

interpretación de     cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo. Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, supra,

pág. 154.

                                  B.

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

49.2, le permite al foro primario relevar a una parte de una

sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos

enumerados en referida regla. SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe,

207 DPR 636, 656-57 (2021); R. Hernández Colón, Práctica

jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan,

LexisNexis, 2017, pág. 452.

      Lo anterior, procederá cuando ocurra alguna de las

siguientes circunstancias excepcionales:

      (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia
      excusable;

      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar
      de una debida diligencia, no pudo haber sido
KLAN202200793                                                    8

      descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de
      acuerdo con la Regla 48;

      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha
      denominado "intrínseco" y el también llamado
      "extrínseco"), falsa representación u otra conducta
      impropia de una parte adversa;

      (d) nulidad de la sentencia;

      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
      cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
      fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
      efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe
      en vigor, o

      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de
      un remedio contra los efectos de una sentencia.
      (Énfasis suplido). Íd; HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689
      (2020).

      Agrega la Regla 49.2, supra, que “[l]a moción se presentará

dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de

transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u

orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo

esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una sentencia ni

suspenderá sus efectos.”

      Se ha resuelto que la Regla 49.2, supra, debe "interpretarse

liberalmente y cualquier duda debe resolverse a favor del que

solicita que se deje sin efecto una anotación de rebeldía o una

sentencia". HRS Erase v. CMT, supra; Díaz v. Tribunal Superior,

93 DPR 79, 87 (1966).        A pesar de que la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, supra, se interpreta liberalmente, el Tribunal

Supremo ha advertido que esta no constituye una “llave maestra”

para reabrir controversias y no debe ser utilizada en sustitución

de un recurso de revisión o una moción de reconsideración. García

Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 541 (2010). Esto es, la

moción de relevo de sentencia no está disponible para corregir

errores de derecho, ni errores de apreciación o valoración de la

prueba.   Estos son fundamentos para la reconsideración o la
KLAN202200793                                                     9

apelación del dictamen, pero no para el relevo. García Colón et

al. v. Sucn. González, supra, págs. 542-543.

      Aun cuando se demuestre la existencia de uno de los

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

es una decisión discrecional del tribunal relevar a una parte de los

efectos de una sentencia, salvo que en los casos de nulidad o

cuando la sentencia haya sido satisfecha. García Colón v. Sucn.

González, supra, pág. 540.

      Una sentencia se considera nula cuando se ha dictado sin

jurisdicción o en violación del debido proceso de ley. SLG Rivera-

Pérez v. SLG Díaz-Doe, supra, pág. 657; HRS Erase v. CMT, supra;

García Colón v. Sucn. González, supra; E.L.A v. Tribunal Superior,

86 DPR 692, 697-698 (1962). La nulidad de una sentencia por

una violación al debido proceso de ley puede materializarse de

distintas maneras. HRS Erase v. CMT, supra, pág. 699. Una de

estas expresiones del quebrantamiento del debido proceso de ley

aplica cuando se le priva a una parte de la notificación o de la

oportunidad de ser oída. López García v. López García, supra,

págs. 61, 63; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, San Juan, Pubs. JTS 2011, T. II, pág. 1415. Ahora bien,

“Esta regla no provee a las partes licencia para dormirse sobre sus

derechos.” Íd.

                                C.

      El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene el

propósito de notificar al demandado sobre la existencia de una

reclamación incoada en su contra y, a su vez, es a través de este

mecanismo que el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona

del demandado. Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379

(2021).   De esta forma, el emplazamiento "representa el paso

inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la
KLAN202200793                                                    10

jurisdicción judicial". Íd.   Así, pues una vez emplazado, el

demandado podrá comparecer al juicio, ejercer su derecho a ser

oído y presentar prueba a su favor. Íd.

      Una vez, la parte ha sido emplazada, la Regla 65.3 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, rige el procedimiento de

notificación de órdenes, resoluciones y sentencias, a saber:

      (a) Inmediatamente después de archivarse en autos
      copia de la notificación del registro y archivo de una
      orden, resolución o sentencia, el Secretario o la
      Secretaria notificará tal archivo en la misma fecha a
      todas las partes que hayan comparecido en el pleito
      en la forma preceptuada en la Regla 67. El depósito
      de la notificación en el correo será aviso suficiente a
      todos los fines para los cuales estas reglas requieran
      una notificación del archivo en autos de una orden,
      resolución o sentencia.

      (b) El Secretario o la Secretaria notificará a la última
      dirección que se haya consignado en el expediente por
      la parte que se autorrepresenta o a la dirección del
      abogado o abogada que surge del registro del Tribunal
      Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento
      con la Regla 9, toda orden, resolución o sentencia que
      de acuerdo con sus términos deba notificarse a las
      partes que hayan comparecido en el pleito.

      (c) En el caso de partes en rebeldía que hayan
      comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le
      notificará toda orden, resolución o sentencia a la
      última dirección que se haya consignado en el
      expediente por la parte que se autorepresenta o a la
      dirección del abogado o abogada que surge del
      registro    del  Tribunal   Supremo     para    recibir
      notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9. En el
      caso de partes en rebeldía que hayan sido
      emplazadas, por edictos y que nunca hayan
      comparecido en autos o de partes demandadas
      desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un
      aviso de notificación de sentencia por edictos para su
      publicación por la parte demandante. […]

      Cuando la parte fue emplazada personalmente y no

comparece, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Yumac Home

Furniture, Inc. v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 114 (2015),

delineó el procedimiento a seguir para la notificación de la

sentencia, en armonía a la Regla 65.3 de Procedimiento Civil. En

ese escenario, el Foro Supremo determinó que “una vez se

emplaza personalmente a una parte, conforme establecen los
KLAN202200793                                                         11

parámetros de la Regla 4 de Procedimiento Civil para este tipo de

emplazamiento, la sentencia que en su momento se dicte deberá

ser notificada a la última dirección conocida de la parte, aunque

se encuentre en rebeldía porque nunca haya comparecido.”

      A la luz de la antes mencionada normativa, evaluamos.

                                III.

      La parte recurrente alega que luego de ser emplazada

contactó al Banco y comenzó negociaciones con estos, y el Banco

no informó al Tribunal ese trámite. Sostiene que, mientras ello

ocurría, el Banco continuó con su solicitud de sentencia sumaria,

contrario a la buena fe que debe permear en los procesos de

mediación. Adujo que el Banco le brindó esperanzas falsas sobre

un desistimiento si llegaban a un acuerdo, todo lo cual amerita

una vista evidenciaria para determinar si procedía o no el relevo

de sentencia. Mencionó que tenía evidencia de haber solicitado

ayudas para el pago de la casa y haber sometido la información al

Banco. Agregó que el Banco no le notificaba las mociones que

presentaba   al   Tribunal,   según    lo   requiere   las   Reglas   de

Procedimiento Civil.   Por todo lo cual entiende que procedía el

relevo de la sentencia.

      El recurrido, por su parte, alega que la parte demandada fue

emplazada personalmente y no compareció. Agregó que la parte

participó en una reunión del Centro de Mediación de Conflictos y

el caso fue cerrado por la posterior ausencia de la parte

peticionaria. A su vez, indica que el 16 de febrero de 2022 el foro

primario les notificó la sentencia a los demandados a su última

dirección conocida, aunque la parte se encuentre en rebeldía por

incomparecencia, a tenor con la determinación del Tribunal

Supremo en Yumac Home Furniture, Inc. v. Empresas Massó,

supra. Arguye también que el 25 de mayo de 2022 la peticionaria
KLAN202200793                                                              12

recibió la carta en la que se le notificaba la celebración de la

subasta y se cruzó de brazos. Señala que la moción de relevo de

sentencia se presentó de forma tardía el 17 de agosto de 2022, a

182 días después de notificada la sentencia.

      Luego        de   examinar       el   expediente     ante      nuestra

consideración, así como el expediente electrónico del portal del

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)

del Poder Judicial, notamos, de entrada, que la peticionaria

presentó la moción de relevo de sentencia luego del período de

los seis meses que estatuye la Regla 49.2, supra. Por tanto, el

foro primario no podía acogerla, salvo en casos de nulidad de la

sentencia.

      Justipreciamos a su vez, que la parte peticionaria no cumplió

con el requisito de nulidad de la sentencia. Veamos. Surge del

expediente que la peticionaria fue emplazada personalmente y

tuvo la oportunidad de participar de los procesos de mediación.

Tras resultar ineficaz ese trámite, el caso continuó su curso hasta

que   el    foro   primario    dictó   sentencia   en    rebeldía.      Esta

determinación fue notificada a la parte demandada-peticionaria a

su última dirección. Posterior a ello, el recurrido les notificó a los

demandados una carta relacionada a la subasta de la propiedad,

hecho que no está en disputa, pues la peticionaria asintió que

recibió la comunicación.

      Por    tanto,     razonablemente      podemos      concluir    que   la

peticionaria no estuvo ajena de los procesos incoados en su contra

y pudo      comparecer        a defenderse, pues fue         debidamente

informada. De esta manera, se le salvaguardó su debido proceso

de ley y tuvo la oportunidad participar del proceso judicial,

independientemente de los trámites que esta alega que seguía

con el Banco.       Lo anterior, nos lleva a concluir que la parte
KLAN202200793                                                        13

promovente     no    satisfizo   los     requisitos   estatutarios   y

jurisprudenciales para el relevo de sentencia. Por tanto, no nos

encontramos ante una situación excepcional de nulidad de

sentencia o de violación al debido proceso de ley que amerite

conceder el relevo solicitado. Ante ello, el foro primario no incidió

en su facultad discrecional de denegar la solicitud post sentencia.

      Igualmente, nada en el expediente nos sugiere que, en el

ejercicio de sus facultades discrecionales de denegar la Moción de

relevo de sentencia, el foro recurrido haya incurrido en error o en

abuso de la discreción que le asiste, que justifique soslayar la

norma de abstención judicial que regula nuestras funciones.

Como no vemos cumplido ninguno de los criterios de la Regla 40

de nuestro Reglamento que amerite nuestra intervención con la

decisión del TPI, procede denegar el recurso.

                                       IV.

      Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición

del presente recurso.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones