Court Opinion

ID: 9916127
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:40.037853+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:06.414698
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN
                                 PANEL X

 JOSÉ M. ORTIZ COSME                          Certiorari
                                              procedente del
         Recurrido                            Tribunal de
                                              Primera Instancia,
                                              Sala de Familia y
              V.                              Menores de
                                KLCE202301142 Bayamón

    XAVIANA MOLINA                                Caso Núm.:
       FONSECA                                    D CU2017-0187

        Peticionaria                              Sobre:
                                                  Relaciones Filiales

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2023.

      El 13 de octubre de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, la señora Xavianna Molina Fonseca (en adelante, parte

peticionaria o señora Molina Fonseca), por derecho propio y en

forma pauperis, mediante recurso de Certiorari. Por medio del

mismo, la parte peticionaria nos solicita que revoquemos la Orden

emitida el 8 de septiembre de 2023 y notificada el 11 de septiembre

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Familia y

Menores de Bayamón. En virtud de la aludida Orden, el foro a quo

le impuso a la parte peticionaria una sanción económica por la suma

de trescientos dólares ($300.00).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, por

notificación tardía e inadecuada.

                                    I

      El recurso que nos ocupa tiene su génesis en una Demanda

sobre relaciones filiales, instada el 25 de abril de 2017, por el señor

Número Identificador
RES2023 ________________
KLCE202301142                                                                   2

José M. Ortiz Cosme (en adelante, parte recurrida o señor Ortiz

Cosme).

       Luego       de      varios      trámites     procesales      innecesarios

pormenorizar, el 20 de junio de 2023, el foro de primera instancia

celebró    una     Vista    de      Desacato.     Ello,   debido   al    reiterado

incumplimiento de la señora Molina Fonseca, con respecto a las

relaciones paternofiliales. En la Vista, se acordó la integración del

señor Ortiz Cosme en las citas médicas de la menor JOM, hija de las

partes. Asimismo, el foro de primera instancia le concedió a la

señora Molina Fonseca un término de cinco (5) días para que le

informara las fechas de las citas médicas programadas para el mes

de julio de 2023, lista de los médicos y números de teléfonos al señor

Ortiz Cosme.

       Transcurrido el término, el foro primario emitió una Orden el

17 de julio de 20231, en la cual, ordenó a las partes cumplir con lo

ordenado en la vista del 20 de junio de 2023; para lo cual, les

concedió un término improrrogable de diez (10) días. En vista de lo

anterior, la parte recurrida solicitó a la parte peticionaria, mediante

correo    electrónico,      el   referido   informe       de   fechas.   Ante   el

incumplimiento de la parte peticionaria, el 28 de agosto de 2023, la

parte recurrida interpuso una Moción Informativa y en Solicitud de

Orden por Incumplimiento de la Parte Demandada.

       Atendida la misma, el foro a quo emitió la Orden cuya revisión

nos ocupa. En virtud de esta, dispuso lo siguiente:

       Ante el reiterado incumplimiento de la Sra. Molina a las
       órdenes dictadas por el Tribunal, se le impone la suma
       de $300.00 por sanciones económicas a favor del
       Estado. Se le apercibe que futuras violaciones serán
       sancionadas de forma más enérgica.

       En desacuerdo con lo dictaminado, el 12 de septiembre de

2023, la parte peticionaria presentó Moción en Solicitud de

1 Notificada el 19 de julio de 2023.
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Reconsideración.      Examinada la misma, el 13 de septiembre de

2023, la primera instancia judicial la declaró No Ha Lugar.

       Inconforme, la parte peticionaria acudió ante este foro revisor

mediante recurso de Certiorari y esgrimió el siguiente señalamiento

de error:

       La peticionaria con el mayor de los respetos considera
       que este Honorable Tribunal no ha respetado su
       derecho a la defensa y a expresar su versión de los
       hechos antes de emitir la orden de sanción económica.
       “Ante tal escenario, somos del criterio que el TPI erró en
       su proceder al no permitir el ofrecimiento de prueba ya
       discutido, toda vez que se le privó de desfilar prueba
       que, con toda probabilidad, habría permitido llegar a un
       resultado distinto en el presente caso.” AMADOR ARCE
       v. ARANDA PAMBLANCO (KLAN201701101) 20 DE JUNIO
       DE 2019.

       El 18 de octubre de 2023, emitimos Resolución, mediante la

cual le ordenamos a la parte peticionaria que, en o antes del 23 de

octubre de 2023, nos acreditara haber notificado copia del recurso

al Tribunal de Primera Instancia de conformidad con la Regla 33(A)2,

y a la parte recurrida, de conformidad con la Regla 33(B)3 del

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. Le apercibimos que,

el   incumplimiento         con    lo   ordenado      daría   lugar   a   la

desestimación del recurso. De otra parte, le concedimos a la parte

recurrida hasta el 26 de octubre de 2023, para que expresara su

posición en torno al recurso de epígrafe, con el correspondiente

apercibimiento de que, transcurrido el término dispuesto, el recurso

se tendría por perfeccionado para su adjudicación final.

       A esos efectos, el 19 de octubre de 2023, la parte peticionaria

presentó ante este foro Moción en Cumpli[miento] de Orden Regla 33,

en la que afirmó haber notificado el recurso, razón por la cual, dimos

por cumplida nuestra orden.4

       No obstante, el 23 de octubre de 2023, la parte recurrida

interpuso una Moción en Solicitud de Desestimación por Notificación

2 4 LPRA Ap. XXII-B, R.33(A).
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R.33(B).
4 Mediante Resolución emitida el 20 de octubre de 2023.
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Inadecuada y por Incumplimiento con la Regla 33(B) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, en la cual, arguyó que la parte

peticionaria le notificó el recurso el 14 de octubre de 2023 –fuera

del término dispuesto5–, de una forma desorganizada y sin orden

lógico. Apuntó, además, que la notificación no fue adecuada, ya que

la parte peticionaria no incluyó la página número cuatro (4) del

escrito de Certiorari. A razón de lo anterior, solicitó la desestimación

del recurso.

       Mediante Resolución emitida el 25 de octubre de 2023, le

concedimos a la parte peticionaria hasta el 3 de noviembre de 2023,

para exponer su posición en cuanto a la moción presentada por la

parte recurrida.      En igual fecha, la parte peticionaria presentó

Moción Informativa y en Solicitud/ Notificaciones por Correo

Electrónico a la Parte Recurrida, y una Moción en Oposición a

Desestimación de Certiorari. Acotó haber notificado el recurso de

epígrafe a la parte recurrida y, nos solicitó que no desestimáramos

el mismo.

       El 26 de octubre de 2023, la parte recurrida presentó su

Alegato    en   Oposición        a   Expedición   de     Auto   de   Certiorari.

Posteriormente, interpuso Moción en Solicitud de Reconsideración6,

con relación a nuestra Resolución del 20 de octubre de 2023.

Además,     presentó     la      Réplica   a   “Moción    Informativa    y   en

Solicitud/Notificaciones por Correo Electrónico a la Parte Recurrida”,

y la Réplica a “Moción en Oposición a Desestimación de Certiorari”.7

       Subsiguientemente, el 2 de noviembre de 2023, la parte

peticionaria incoó la Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual,

reiteró su oposición a la desestimación del recurso.

5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
6 Presentada el 30 de octubre de 2023.
7 Ambas presentadas el 1 de noviembre de 2023.
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      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración.

                                  II

A. Jurisdicción

      Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los

casos y las controversias que sean presentados a su atención.

Miranda Corrada v. DDEC et al., 2023 TSPR 40, 211 DPR ___ (2023);

Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020); Torres

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019).            Es

normativa reiterada que, los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo que, los asuntos

relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos

con prontitud. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288, 298

(2022); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500.         La

ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu proprio, ya que,

esta incide de forma directa sobre el poder del tribunal para

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204

DPR 374, 386 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág.

500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018);

Suffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005).

      Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos,

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. Íd.;

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014);

Suffront v. AAA, supra, pág. 674; Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa

et al., 210 DPR 384, 394-395 (2022).
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       Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones8, confiere facultad a este Tribunal para a

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de

jurisdicción.

B. Perfeccionamiento del recurso

       Nuestra Máxima Curia ha dispuesto que, para que un recurso

quede perfeccionado, es necesaria la notificación de su presentación

a todas las partes oportunamente. Metro Senior v. AFV, 209 DPR

203, 209 (2022); González Pagán et al. v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR

1062, 1071 (2019). La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D), dispone que, los recursos

de certiorari para revisar órdenes del foro de primera instancia

deberán presentarse dentro del término de treinta (30) días contados

a partir del archivo en autos de una copia de la notificación de la

orden recurrida. Bajo este supuesto, respecto a la notificación del

recurso de certiorari a las partes, la Regla 33(B) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, dispone lo siguiente:

       La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari,
       debidamente sellada con la fecha y la hora de
       presentación, a los abogados o abogadas de récord, o en
       su defecto, a las partes, así como al Procurador General
       o Procuradora General, y al Fiscal de Distrito o a la
       Fiscal de Distrito en los casos criminales, dentro del
       término dispuesto para la presentación del recurso.
       Este término será de cumplimiento estricto.9
       (Énfasis suplido).

       Según puede observarse, el término antes dispuesto es de

cumplimiento estricto. Con relación a los términos de cumplimiento

estricto y jurisdiccionales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013), lo

siguiente:

8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
KLCE202301142                                                      7

        Es norma harto conocida en nuestro ordenamiento que
        un término de cumplimiento estricto puede ser
        prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los
        llamados       términos     jurisdiccionales,      cuyo
        incumplimiento impide la revisión judicial por privar de
        jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v.
        Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin embargo,
        para prorrogar un término de cumplimiento estricto
        “generalmente se requiere que la parte que solicita la
        prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa
        causa por la cual no puede cumplir con el término
        establecido”. Íd. pág. 403.

        Dicha norma fue reiterada posteriormente en Rivera Marcucci

et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016), al indicar que “los

tribunales no gozan de discreción para prorrogar los términos de

cumplimiento estricto automáticamente”10. En el aludido caso11, el

Tribunal Supremo dispuso lo siguiente:

        [E]l foro adjudicativo tiene discreción para extender un
        término de cumplimiento estricto solo cuando la parte
        que lo solicita demuestra justa causa para la
        tardanza. Al ser así, se le requiere a quien solicita la
        prórroga o a quien actúe fuera del término que presente
        justa causa por la cual no puede o pudo cumplir con el
        término establecido.12 En conformidad con esto,
        [nuestra última instancia judicial] ha reafirmado que
        los tribunales podrán eximir a una parte de observar el
        cumplimiento con un término de este tipo únicamente
        si concurren las condiciones siguientes: (1) que en
        efecto exista justa causa para la dilación y (2) que la
        parte le demuestre detalladamente al tribunal las
        bases razonables que tiene para la dilación, es decir,
        que acredite de manera adecuada la justa causa
        aludida.13 (Énfasis nuestro).

        Las partes litigantes deben atender estos requerimientos con

seriedad, ya que “[n]o se permitirá desviación alguna del plazo

[…] so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza

ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”. Pueblo v.

Fragoso Sierra, 109 DPR 536, 539 (1980). Con respecto al requisito

de justa causa, en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, nuestra Alta

Curia reiteró que la justa causa se acredita mediante explicaciones

“concretas y particulares, -debidamente evidenciadas en el escrito-

10 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.
11 Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy, supra, pág. 171.
12 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92.
13 Id., pág. 93.
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que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable

para la tardanza o la demora”. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra,

pág. 93, citando a Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).

       Ha     sido   reiterado     que,   las   normas      que     rigen   el

perfeccionamiento      de    los   recursos     deberán    ser     observadas

rigurosamente. Íd. pág. 90; UGT v. Centro Médico del Turabo, Inc.,

208 DPR 944, 957 (2022); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181

DPR 281, 290 (2011).         El incumplimiento con las disposiciones

reglamentarias concernientes al contenido, forma y presentación de

los recursos podría implicar que sean desestimados.                 Pueblo v.

Valentín Rivera, 197 DPR 636, 641 (2017).

       Por tanto, conforme ha resuelto el Alto Foro, la parte que

comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la obligación de

perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de

poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 165 DPR 356,

367 (2005).

       En consonancia con lo anterior, nuestra última instancia

judicial expresó en Hernández Jiménez et al. v. AEE et al., 194 DPR

378, 382-383 (2015) que:

       Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un
       tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes
       emitidos por los tribunales inferiores.14 Ahora bien, ese
       derecho queda condicionado a que las partes observen
       rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones
       reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento
       jurídico sobre la forma, contenido, presentación y
       notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto en
       los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del
       Tribunal Supremo.15

       Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de epígrafe, procedemos a resolver.

14 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014).
15 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco

Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 130 (1998).
KLCE202301142                                                             9

                                       III

       Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados

a examinar si ostentamos jurisdicción para atender el recurso

presentado. Veamos.

       En el caso ante nos, la señora Molina Fonseca nos solicita que

revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

en la cual, se le impuso una sanción económica de trescientos

dólares ($300.00). A raíz de ello, la parte peticionaria presentó la

Moción en Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha

Lugar el 13 de septiembre de 2023.

       Al examinar el expediente, pudimos constatar que la parte

peticionaria acudió ante este foro revisor el 13 de octubre de 2023,

dentro del término de treinta (30) días dispuesto en nuestro

Reglamento16, para presentar el recurso de Certiorari. Empero,

conforme al derecho reseñado, para que el recurso quede

perfeccionado, entre otros, este deberá notificarse a la otra parte

dentro del término dispuesto para su presentación.17

       En el caso de marras, la parte peticionaria notificó a la parte

recurrida sobre el recurso de epígrafe el 14 de octubre de 2023 –a

los treinta y un (31) días–, es decir, fuera del término de treinta (30)

días provisto por este tribunal para notificar la presentación del

recurso. A pesar de que el mencionado término es de cumplimiento

estricto y puede ser prorrogado por el Tribunal, era el deber de la

parte peticionaria acreditar justa causa para su notificación

tardía.18 No surge que la parte peticionaria haya demostrado justa

causa para su dilación, por ello, en ausencia de esta nos vemos

imposibilitados de atender el recurso.             A lo anterior se añade el

16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D)
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).
18 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92.
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hecho de que la parte peticionaria notificó un recurso incompleto, al

cual, según aduce la parte recurrida, le faltan páginas y anejos.

       Es normativa reiterada que, para que un recurso quede

perfeccionado es necesaria su oportuna notificación.19 Por tanto, el

incumplimiento con las disposiciones sobre forma, contenido,

presentación y notificación de los recursos puede conllevar la

desestimación de estos.

       En consecuencia, procedemos a desestimar el recurso de

epígrafe, de conformidad con la Regla 83(C) del Reglamento de este

Tribunal20, la cual nos confiere facultad para desestimar un recurso

de apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece

de jurisdicción.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

de Certiorari por falta de jurisdicción por notificación tardía e

inadecuada.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

19 González Pagán et al. v. SLG Moret-Brunet, supra, págs. 1070-1071.
20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C).