Court Opinion

ID: 9928582
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:27:02.270617+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:13.807786
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL II

   CARLOS JAVIER CORTÉS                             CERTIORARI
           LUNA                                     procedente del
                                                    Tribunal de Primera
             EX PARTE                               Instancia, Sala
                                      KLCE202301393 Superior de Carolina
            Peticionario
                                                        Caso número:
                                                        CA2023CV00224

                                                        Sobre:
                                                        Expediente de
                                                        Dominio

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2023.

        Comparece ante nos la parte peticionaria, Carlos Javier Cortés

Luna, mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Carolina, el 16 de octubre de 2023, notificada el 18 del mismo mes y año.

Mediante el referido dictamen, el foro primario determinó que la acción de

jurisdicción voluntaria sobre expediente de dominio, incoada por la parte

peticionaria, tenía que tramitarse por la vía ordinaria y no ex parte.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

                                        I

        El 24 de enero de 2023, Carlos Javier Cortés Luna (Cortés Luna o

peticionario) instó una Petición sobre expediente de dominio, mediante la

cual reclamó su derecho respecto a un aumento de cabida que carecía de

título inscribible, ubicada en una finca bajo su posesión de la que alegaba

ser dueño.1

1 Anejo 5 del recurso, págs. 15-19.

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
KLCE202301393                                                              2

        Luego de varios trámites procesales, el 16 de octubre de 2023,

notificada el 18 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia

emitió la Orden que nos ocupa.2 Indicó que la finca en cuestión estaba

inscrita en el Registro de la Propiedad. En vista de ello, concluyó que,

conforme a los Artículos 183 y 184 de la Ley del Registro de la Propiedad

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210- 2015,

según enmendada, 30 LPRA secs. 6282 y 6283 (Ley del Registro de la

Propiedad), la acción de epígrafe tenía que tramitarse por la vía ordinaria y

no ex parte. Por ello, concedió un término de veinte (20) días a Cortés Luna

para enmendar su Petición.

        En desacuerdo, el 24 de octubre de 2023, Cortés Luna presentó una

Moción de Reconsideración, mediante la cual sostuvo que no procedía la

conversión del caso en una acción ordinaria.3 Arguyó que el Artículo 183

de la Ley del Registro de la Propiedad, supra, no era de aplicación al

presente caso, ya que la referida finca, en efecto, aparecía inscrita en el

Registro de la Propiedad a favor de este; razón por la cual tampoco

aplicaba el Artículo 184 del citado estatuto. Argumentó que su Petición se

incoó al amparo de los Artículos 182, 185, 186 y 195.3 de la Ley del

Registro de la Propiedad, supra, específicamente bajo el Artículo 186 que

disponía lo relacionado a la inscripción de un exceso de cabida mayor del

veinte por ciento (20%) que constaba inscrita. Adujo que había cumplido

con todos los requisitos exigidos en una acción de esta naturaleza,

incluyendo con la notificación al dueño anterior de la propiedad, aun cuando

había adquirido la finca mediante escritura pública.

        Evaluada la solicitud, el 25 de octubre de 2023, el foro primario

emitió y notificó una Resolución declarándola No Ha Lugar, sin más.4

        Insatisfecho, el 3 de noviembre de 2023, Cortés Luna instó una

Segunda Moción de Reconsideración.5 En esencia, reiteró los fundamentos

esbozados en su primer petitorio de reconsideración. Solicitó al foro a quo

2 Anejo 25 del recurso, pág. 60.
3 Anejo 26 del recurso, págs. 61-62.
4 Anejo 27 del recurso, pág. 63.
5 Anejo 28 del recurso, págs. 64-66.
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que reconsiderara su postura, toda vez que, convertir la acción de epígrafe

en una ordinaria según establecía el Artículo 183 de la Ley del Registro de

la Propiedad, supra, requeriría que este fuera demandante y demandado a

la vez, por ser tanto dueño registral como extrarregistral. Según alegó,

nuevamente, el proceso correcto y exigido por los Artículos 182, 185 y

195.3 del referido estatuto era el expediente de dominio (ex parte). En

apoyo a su contención, por primera vez, comparó dicho procedimiento con

la ley hipotecaria española y citó los requisitos necesarios para hacer

constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida, según

desglosados por el jurista español Ramón María Roca Sastre en su obra

jurídica Derecho Hipotecario.

        Atendido el petitorio, el 16 de noviembre de 2023, notificada el 21

del mismo mes y año, el foro recurrido emitió una Resolución en la cual

declaró No Ha Lugar la Segunda Moción de Reconsideración.6

        Inconforme con dicha determinación, el 8 de diciembre de 2023, la

parte peticionaria acude ante nos mediante el recurso de epígrafe y realiza

los siguientes señalamientos de error:

        Err[ó] el TPI al dictar Orden requiriendo [que] se enmiende la
        Petici[ón] para convertir el procedimiento de dominio en un
        caso ordinario.

        Err[ó] el TPI al dictar Resoluci[ó]n declarando No Ha Lugar
        las dos mociones de reconsideraci[ó]n del recurrente.

        Err[ó] el TPI al proveer “nada que proveer” a la moci[ó]n del
        recurrente para que se dicte Sentencia.

        Procedemos a expresarnos de conformidad con la norma aplicable

a su trámite en alzada.

                                      II

                                      A

        La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar

y decidir casos y controversias. FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26, 211

DPR ___ (2023); MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 2023 TSPR 8,

211 DPR ___ (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR

6 Anejo 29 del recurso, pág. 67.
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384 (2022). Es por ello que, la falta de jurisdicción de un tribunal incide

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Allied

Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es

norma reiterada que los tribunales son celosos guardianes de su

jurisdicción y que tienen el deber ineludible de auscultar dicho asunto con

preferencia a cualesquiera otros. Pueblo v. Torres Medina, 2023 TSPR 50,

211 DPR ___ (2023).

       De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias,

tales como: (1) que no sea susceptible de ser subsanada; (2) las partes no

puedan conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede

este arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia

jurisdicción; (5) obliga a los tribunales apelativos a examinar la jurisdicción

del foro de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

       En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no la hay.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos, las cuestiones

de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas con

preferencia. Íd.; FCPR v. ELA et al., supra.

       Una de las ocasiones en que un tribunal carece de jurisdicción, es

cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. Pueblo v. Ríos Nieves,

209 DPR 264 (2022). Un recurso tardío es el que se presenta pasado el

término provisto para recurrir. Íd.; Yumac Home v. Empresas Massó,

194 DPR 96 (2015); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83

(2008). Al igual que un recurso presentado prematuramente, un recurso

tardío adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción.

Pueblo v. Ríos Nieves, supra. Esto, por razón de que su presentación
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carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado que no existe

autoridad judicial para acogerlo.

       La Regla 32(C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 32(C), establece que el término para presentar el recurso de certiorari

para revisar las resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción

voluntaria dictadas por el Tribunal de Primera Instancia será dentro del

término jurisdiccional de treinta (30) días, contados desde el archivo en

autos de una copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. De

otro lado, el mismo Reglamento en su Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83,

dispone que este Tribunal tiene la facultad para, a iniciativa propia o a

petición de parte, desestimar un recurso por falta de jurisdicción.

                                     B

       Sabido es que “los tribunales tienen el poder inherente de

reconsiderar sus determinaciones, a solicitud de parte o motu proprio,

siempre que, al actuar de esa manera, todavía conserven jurisdicción sobre

el caso”. División de Empleados Públicos de la Unión General de

Trabajadores v. Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, 2023

TSPR 107, resuelto el 5 de septiembre de 2023, citando a Pueblo v. Román

Feliciano, 181 DPR 679, 684 (2011); Interior Developers v. Mun. de San

Juan, 177 DPR 693, 701 (2009). La moción de reconsideración “es el

mecanismo que provee nuestro ordenamiento para permitir que un tribunal

modifique su fallo y enmiende o corrija los errores en que haya incurrido”.

Íd., citando a Interior Developers v. Mun. de San Juan, supra; Lagares v.

E.L.A., 144 DPR 601, 612 (1997).

       A tenor con ello, la Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, 32

LPRA Ap. V, R. 47, dispone lo concerniente a la presentación de la moción

de reconsideración y sus efectos procesales. En ella, se dispone que la

parte adversamente afectada por una resolución u orden del Tribunal de

Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de

quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de copia de la

notificación de la resolución u orden, presentar una moción de
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reconsideración. En términos generales, lo que se procura es que el

tribunal considere nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de

Apelaciones. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014).

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, una vez

presentada la moción de reconsideración y/o de determinaciones iniciales

o adicionales de manera oportuna, quedarán interrumpidos los términos

para recurrir en alzada para todas las partes. En lo pertinente, el tratadista

José A. Cuevas Segarra (Cuevas Segarra), adelantó que la controversia

actualmente de cuándo se entendía como oportuna una moción se iba a

trasladar a la consideración sobre si la moción cumple o no con los

requisitos de especificidad de la citada Regla. A lo que añadió que, salvo

mociones escuetas y sin fundamentos de clase alguna, una moción que

razonablemente cuestiona la decisión y la cual fundamenta su

planteamiento, será suficiente para cumplir con la precitada Regla. J.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan,

Publicaciones JTS, Tomo II, pág. 1366. Por otra parte, añadió que la

moción no tendrá efecto interruptor, ya sea titulada reconsideración o de

enmiendas a las determinaciones de hechos y conclusiones de derechos

adicionales cuando —excepto por el título— nada en la moción aluda a la

reconsideración, a las determinaciones o conclusiones adicionales

solicitadas, ni se alegue su pertinencia para un recurso apelativo. Íd. Tales

requisitos tienen como propósito disuadir la presentación de escuetas

mociones dirigidas únicamente a dilatar la finalidad de la sentencia. Íd. Es

por ello que las mociones de reconsideración deben de examinarse caso a

caso, a la luz de las particulares controversias de hechos pertinentes y

materiales que presenten, de manera flexible. Íd. A tenor con lo anterior, el

tratadista Cuevas Segarra razonó que no existen razones de orden público

para imponerle un rigor desmedido a los requisitos de forma de esta que

puedan afectar el derecho de apelación. Íd.

       Una vez presentada de manera oportuna la moción sobre

reconsideración, el término para recurrir en alzada comenzará a decursar
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nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la

notificación de la resolución resolviendo la moción. 32 LPRA Ap. V, R. 43.2;

Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 1000 (2015); Es

decir, contrario a lo que ocurría bajo las Reglas de Procedimiento Civil de

1979, en la que el término para recurrir en alzada se entendía interrumpido

únicamente si el tribunal consideraba la moción, ahora la mera

presentación oportuna paraliza automáticamente el término concedido en

ley para acudir ante un tribunal de mayor jerarquía y comenzará a

transcurrir una vez el foro primario resuelva definitivamente la solicitud de

reconsideración y/o determinaciones iniciales o adicionales. Morales y

otros v. The Sheraton Corp., supra.

       Ahora bien, la presentación de una segunda moción de

reconsideración interrumpe el término para acudir ante este Tribunal

de Apelaciones solo cuando: (1) el dictamen impugnado fue alterado

sustancialmente      como     consecuencia       de    una    moción      de

reconsideración anterior, independientemente de quien la haya

presentado; y (2) cumple con los criterios de especificidad y

particularidad exigidos por la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.

Marrero Rodríguez v. Colón Burgos, 201 DPR 330, 341 (2018). Es decir,

para que una subsiguiente solicitud de reconsideración interrumpa el

término jurisdiccional para acudir ante este Foro revisor, esta debe exponer

cuáles son los hechos o el derecho a reconsiderarse, así como cuáles son

las alteraciones sustanciales producto de una primera reconsideración o de

las nuevas determinaciones de hechos o conclusiones de derecho cuya

reconsideración se solicita por primera vez. Íd., págs. 341-342. De esta

manera, se impide que el término para recurrir en revisión judicial quede

extendido indefinidamente por la presentación de subsiguientes mociones

de reconsideración frívolas, basadas en los mismos fundamentos. Íd.,

pág. 342.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.
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                                             III

        Sabido es que los tribunales deben ser celosos guardianes de su

jurisdicción y que no poseen discreción para asumirla donde no la tienen.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra. Por consiguiente, los asuntos

relacionados a la jurisdicción de un tribunal son privilegiados y deben

atenderse con primicia. Íd. Así, este Tribunal debe expresarse, en primer

lugar, sobre el escollo jurisdiccional que tiene ante su consideración.

        En el caso de autos, la parte peticionaria solicita que revoquemos la

Orden emitida el 16 de octubre de 2023, notificada el 18 del mismo mes y

año. Por su parte, el término para recurrir de dicho dictamen fue

interrumpido oportunamente por la presentación de una Moción de

Reconsideración el 24 de octubre de 2023. Este término comenzó a

transcurrir nuevamente a partir de la Resolución emitida y notificada al día

siguiente, mediante la cual el foro primario declaró No Ha Lugar la referida

solicitud de reconsideración. Aún en desacuerdo, el 3 de noviembre de

2023, el peticionario sometió una Segunda Moción de Reconsideración

reproduciendo los fundamentos esbozados en su primer petitorio. No

obstante, cuando la parte peticionaria instó la segunda solicitud de

reconsideración, el término para acudir ante este Foro no quedó

interrumpido nuevamente.

        Ante la insatisfacción con la primera determinación adversa por

parte del Tribunal de Primera Instancia, correspondía que la parte

peticionaria acudiera mediante un recurso de certiorari ante esta Curia,

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días que impone nuestro

ordenamiento jurídico. Esto es, a raíz del primer “No Ha Lugar” del foro a

quo, dictado y notificado el 25 de octubre de 2023, el peticionario tenía

hasta el 27 de noviembre del mismo año para presentar su recurso de

certiorari ante este Tribunal.7 Sin embargo, no lo hizo.

7 Originalmente, el término de   treinta (30) días para presentar el recurso de certiorari
vencía el viernes, 24 de noviembre de 2023. No obstante, el Poder Judicial decretó dicha
fecha como “cierre total de operaciones”. Por tanto, el término jurisdiccional para presentar
el recurso de certiorari quedó extendido hasta el próximo día laborable, es decir, hasta el
lunes, 27 de noviembre de 2023.
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       La parte peticionaria optó, en vez, por presentar una Segunda

Moción de Reconsideración, la cual no surtió efecto interruptor alguno,

pues el dictamen impugnado no fue alterado sustancialmente como

consecuencia de su primera moción de reconsideración. Por ende, cuando

el peticionario acudió ante nos mediante su recurso de certiorari el 8 de

diciembre de 2023, ya habían transcurrido once (11) días desde que expiró

el término para su presentación. Al así actuar, la parte peticionaria privó de

jurisdicción a este Tribunal. Por consiguiente, estamos impedidos de

atender, en los méritos, el presente recurso.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el presente

recurso por falta de jurisdicción.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones