Court Opinion

ID: 9374164
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:26:27.507429+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.233931
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VI

  MUNICIPIO DE CAGUAS                           CERTIORARI
                                                procedente del
         Peticionario                           Tribunal de
                                                Primera Instancia,
                                                Sala Superior de
               v.                 KLCE202201295 Caguas

                                                   Civil número:
 HORTENSIA FONTÁNEZ Y                              CG2021CV02849
        OTROS
                                                   Sobre:
         Recurridos                                Expropiación
                                                   Forzosa

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, los
jueces Bonilla Ortiz y Pagán Ocasio.

Birriel Cardona, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

      Comparece         el   Centro   de   Recaudación   de   Ingresos

Municipales (CRIM o la parte recurrente) y solicita la revocación

de la Resolución emitida el 17 de mayo de 2022, por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI o foro primario),

notificada al día siguiente.      Mediante la Resolución recurrida el

foro primario declaró No Ha Lugar la Comparecencia Especial para

Notificar Contribuciones Adeudadas presentada por el CRIM en el

pleito sobre petición sobre expropiación forzosa de una propiedad

declarada estorbo público, presentada por el Municipio de Caguas

ante el TPI.

      Por los fundamentos que pasamos a exponer, denegamos la

expedición del auto de certiorari solicitado por el CRIM.

                                  I

      El 4 de noviembre de 2021, el Municipio de Caguas presentó

ante foro primario una Petición de Expropiación Forzosa con

 Número Identificador
 RES2023 _______________
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designación alfanumérica CG2021CV02849, sobre un inmueble

previamente declarado estorbo público. El Municipio de Caguas

estimó que la justa y razonable compensación que debe pagar por

la adquisición en pleno dominio sobre el inmueble asciende a

$14,000.00.   Sin embargo, el Municipio de Caguas alegó que

conforme a la Sección 5 (a) de la Ley General de expropiación

Forzosa., 32 LPRA sec. 2907, por exceder la cantidad de la deuda

por contribución y por gastos de limpieza y mantenimiento y

gastos necesarios y convenientes a los fines de eliminar la

condición de estorbo público al valor de tasación, existe una

deficiencia a favor Municipio de Caguas de $13,169.26 por lo que

no se requiere depósito de suma alguna en el tribunal por

concepto de justa compensación.

      El 4 de enero de 2022, el CRIM compareció ante el TPI

presentó Comparecencia Especial para Notificar Contribuciones

Adeudadas en la que reclamó el cobro de una contribución de

$7.831.06 sobre el inmueble declarado estorbo público y objeto

de la petición de expropiación. En esencia, el CRIM adujo que

sobre el referido inmueble existe una deuda a su favor por la suma

de $7,831.06 a la fecha de presentación de la petición de

expropiación forzosa; que el CRIM tiene una acreencia por

concepto de contribuciones sobre la propiedad adeudada; solicitó

que se expidiera un cheque a su favor por dicha suma y sostuvo

que esa cantidad debería restarse al valor de tasación al momento

en que el Tribunal calcule la justa compensación.

      El 2 de febrero de 2022, el Municipio de Caguas presentó

oposición a la solicitud del CRIM en la Comparecencia Especial y

argumentó que conforme a la Sección 5 (a) de la Ley General de

Expropiación Forzosa, puede descontar la deuda del CRIM y los

gastos de limpieza y mantenimiento de la propiedad declarada
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estorbo, al momento de estimar la justa compensación y de

consignar el dinero en el Tribunal pues la deuda con el CRIM queda

cancelada en su totalidad.

     Mediante Resolución emitida el 17 de mayo de 2022,

notificada al día siguiente, el TPI declaró No Ha Lugar la

Comparecencia Especial para Notificar Contribuciones Adeudadas

presentada por el CRIM el 4 de enero de 2022, en el pleito sobre

petición de expropiación forzosa presentada por el Municipio de

Caguas referente a la propiedad declarada estorbo público.

Concluyó el foro primario que el CRIM carece de legitimación

activa por no verse afectada su acreencia por los descuentos

realizados por el Municipio.   Asimismo concluyó el TPI que el

municipio puede descontar la deuda del CRIM y los gastos de

limpieza y mantenimiento de la propiedad declarada estorbo, al

momento de estimar la justa compensación y cualquier otro gasto

necesario a los fines de eliminar la condición de estorbo público

del inmueble, al momento de presentar la acción judicial de

expropiación forzosa.

     El 1 de junio de 2022, el CRIM sometió escrito de

reconsideración ante el TPI.     Mediante Resolución emitida y

notificada el 28 de octubre de 2020, el foro primario declaró no

ha lugar la solicitud de reconsideración presentada por el CRIM

     Inconforme, el CRIM compareció ante este Tribunal de

Apelaciones oportunamente mediante el recurso de epígrafe y

señala la comisión de los siguientes errores por parte del foro

primario:

     ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
     INTERPRETAR QUE EL MUNICIPIO TIENE FACULTAD
     CONCEDIDA POR LA SECCIÓN 5A DE LA LEY GENERAL
     DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Y POR EL CÓDIGO
     MUNICIPAL DE 2020, ARTÍCULO 4.010(d), Y PARA
     DESCONTAR LA SUMA DE TASACIÓN DETERMINADA
     TODAS LAS DEUDAS, INTERESES, RECARGOS Y
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      PENALIDADES,      QUE     CORRESPONDAN       A
      CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE,
      Y DE LOS GRAVÁMENES, GASTOS DE LIMPIEZA Y
      MANTENIMIENTO Y/O CUALQUIER OTRO GASTO
      NECESARIO Y CONVENIENTE A LOS FUNES DE
      ELIMINAR LA CONDICIÓN DE ESTORBO PÚBLICO,
      PREVIO A INICIAR EN EL TRIBUNAL LA PETICIÓN DE
      EXPROPIACIÓN SIN DETERMINACIÓN DE JUSTA
      COMPENSACIÓN POR EL TPI.

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
      DECRETAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHO
      ACTO YA QUE EL MISMO CONSTITUYE UNO QUE ES
      CONTRARIO A LA SEPARACIÓN DE PODERES DE
      NUESTRA CONSTITUCIÓN Y CUANDO RESULTA
      CONTRARIO      CON      LAS     DISPOSICIONES
      RELACIONADAS CON LAS FACULTADES DEL CRIM, AL
      FIDEICOMISO ESTABLECIDO, LA DISTRIBUCIÓN
      ESTATUIDA DEL RECAUDO Y LA PRELACIÓN DE
      REDENCIÓN DE DEUDAS ESTATALES Y MUNICIPALES
      ESTABLECIDA EN LA LEY 107-2020.

      El 19 de diciembre de 2022, compareció ante nos el

Municipio de Caguas mediante Alegato en Oposición. En ajustada

síntesis, el Municipio de Caguas sostiene que no incidió el TPI al

declarar No Ha Lugar la Comparecencia Especial para Notificar

Contribuciones Adeudadas presentada por el CRIM el 4 de enero

de 2022, en el pleito sobre     petición de expropiación forzosa

presentada por el Municipio de Caguas referente a la propiedad

declarada estorbo público. Razona el Municipio de Caguas que

toda vez que se trata de la expropiación forzosa de un inmueble

declarado estorbo público, el dueño de la propiedad tiene un

debido proceso de ley que incluye la celebración de una vista sobre

declaración de estorbo por necesidad pública y que el CRIM no

tiene autoridad para cobrar contribuciones en expropiaciones de

inmuebles declarados estorbos públicos, ni para cuestionar el

valor de propiedad.
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                                  II

                                  A.

      El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite    a   un   tribunal    de     mayor    jerarquía    revisar    las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, fija los

asuntos aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias. La

referida regla dispone que:

      [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público
      o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente    nuestra    facultad      discrecional,   la   Regla   40    del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

40, establece los criterios que debemos tomar en consideración al

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. Esta

Regla dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de
      una orden de mostrar causa:
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      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
         a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
         derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para

el ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista

exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). citando a

H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-

Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 560.

      Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el

más poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v.

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos,

110 DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad

que tiene [el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de

escoger entre varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et

al., 200 DPR 724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185

DPR 371 (2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a

una conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., ante;

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451,

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009);
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Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello,

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., ante, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas

por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro

en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro

actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el

ejercicio de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”.

Citibank et al. v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además,

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012);

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                               III

      Tras un análisis del caso de marras, a la luz de los criterios

esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, R. 40, procede abstenernos de ejercer nuestra

función revisora.   Conforme a dichos criterios no surge que el

remedio o la disposición de la Resolución recurrido, sean contraria

a derecho. Tampoco que el foro primario haya incurrido en

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto que amerite

nuestra intervención.

      Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda

la discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios

en los que el TPI haya sido arbitrario, cometido un craso abuso de

discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un error en la

interpretación o la aplicación de cualquier norma procesal o de
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derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que aquí

atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.

      Destacamos además, que es doctrina reiterada que una

resolución denegatoria de un auto de certiorari no implica posición

alguna del Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la

cual trata dicho recurso. Núñez Borges v. Paunetto Rivera, 130

DPR 749, 755 (1992). La denegatoria del tribunal en cuanto a su

expedición, no prejuzga el asunto. Así pues, nada impide que,

luego de que el Tribunal de Primera Instancia adjudique

finalmente la cuestión, quien resulte afectado por el dictamen,

pueda reproducir sus planteamientos de oposición mediante el

correspondiente recurso de apelación. Véase, Núñez Borges v.

Paunetto Rivera supra, a las págs. 755-766

                                 IV

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales

hacemos    formar   parte   de    esa   Resolución,   denegamos   la

expedición del auto de Certiorari solicitado por CRIM.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones