Court Opinion

ID: 9962731
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:46:59.193597+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:30.976608
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VI

                                               Apelación,
   YESENIA FELICIANO                           procedente del
       CHÁRRIEZ                                Tribunal de Primera
        Apelante                               Instancia, Sala de
                                               Caguas

 JOSÉ JAVIER SERRANO KLAN202400126 Caso Civil Núm.:
      GONZÁLEZ                     E DI2019-0162
        Apelado
                                   Sobre:
       EX PARTE                    Divorcio

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

      Comparece la Sra. Yesenia Feliciano Chárriez (en adelante,

Sra. Feliciano Chárriez) mediante un recurso de apelación y una

moción en auxilio de jurisdicción y nos solicita la revisión y

paralización de los efectos de un dictamen emitido el 4 de diciembre

de 2023 y notificado el 13 de diciembre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en adelante, TPI).

Mediante este dictamen, el TPI ordenó a la Administración para el

Sustento de Menores (ASUME) el cierre del caso, dando por

terminada la obligación del Sr. José Serrano González (en adelante,

Sr. Serrano González) de pagar alimentos a favor de sus hijas.

      Además, la Sra. Feliciano Chárriez nos solicita la revisión de

una Orden emitida por el TPI en la misma fecha, reducida a escrito

el 21 de diciembre de 2023, y notificada el 12 de enero de 2024,

mediante la cual se ordenó a la ASUME la paralización del pago de

la pensión alimentaria debido a que ninguno de los padres tenía la

custodia de sus hijas.

      Por los fundamentos que expondremos, se revocan el

dictamen y orden apelada.

Número Identificador

SEN2024____________________
KLAN202400126                                                               2

                                       I

        El 14 de octubre de 2009, las partes presentaron ante el TPI

una petición de divorcio por consentimiento mutuo, en la cual

expresaron su voluntad de divorciarse.1 En la petición, las partes

incluyeron estipulaciones con relación a la disposición y liquidación

de los bienes y deudas gananciales, y la custodia, patria potestad, y

pensión alimentaria de sus dos (2) hijas A.S.F y S.S.F., quienes en

ese entonces eran menores de edad.2

        El 29 de octubre de 2009, el TPI dictó Sentencia declarando

roto y disuelto el vínculo matrimonial habido entre las partes y

acogiendo las estipulaciones incluidas en la petición de divorcio.3 En

lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el TPI le

concedió la custodia de las menores a la Sra. Feliciano Chárriez y la

patria potestad a ambos padres. Además, estableció cómo se

llevarían a cabo las relaciones paternofiliales, y fijó en $1,082.56

mensuales la pensión alimentaria que el Sr. Serrano González debía

pagar a favor de sus hijas.

        El 7 de febrero de 2018, se celebró una vista sobre revisión de

pensión ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) a

solicitud del Sr. Serrano González.4 Durante la vista, las partes

llegaron a varios acuerdos con respecto a la pensión alimentaria de

sus hijas. Entre estos, acordaron que el Sr. Serrano González

pagaría una pensión alimentaria de $498.00 bisemanales a través

de ASUME, la cual sería retenida de sus ingresos; sufragaría el

66.49% de sus gastos escolares y gastos médicos no cubiertos, y les

proveería plan médico. El TPI le impartió su aprobación a este

acuerdo y, el 9 de febrero de 2018, emitió una Resolución y Orden

conforme a sus términos.5

1 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 18-21.
2 A.S.F nació el 6 de marzo de 2001 y S.S.F. nació el 1 de marzo de 2005.
3 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 16-17.
4 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 22-23.
5 Íd.
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       Luego de varios incidentes procesales, el 10 de julio de 2023,

el   Sr.   Serrano     González     presentó     una     -Moción    Asumiendo

Representación Legal -Solicitando Relevo de Alimentos -Solicitando

Alimentos a Favor del Demandante -Solicitud de Orden.6 En su

moción, el Sr. Serrano González solicitó el relevo del pago de la

pensión alimentaria alegando que tenía la custodia de la menor

S.S.F. desde hacía tres (3) años y de la joven A.S.F. desde el 18 de

junio de 2023. Añadió que la Sra. Feliciano Chárriez no había hecho

aportación alguna para sufragar las necesidades de sus hijas; no

había informado al Tribunal sobre este asunto, y continuaba

recibiendo el pago de la pensión alimentaria que se suponía que

fuera para el beneficio de sus hijas. Finalmente, el Sr. Serrano

González solicitó que el caso fuera referido a la EPA para que se le

impusiera a la Sra. Feliciano Chárriez una pensión a favor de sus

hijas.7

       El 29 de agosto de 2023, la Sra. Feliciano Chárriez presentó

una Oposición a Solicitud de Relevo de Alimentos y Otros Remedios

Presentada por el Sr. José J. Serrano González el 10 de julio de 2023.8

En su moción, la Sra. Feliciano Chárriez alegó que, hacía apenas

dos (2) meses, el Tribunal había dado por desistida una primera

solicitud de relevo de pensión presentada por el Sr. Serrano

González, y que no existían las circunstancias necesarias para que

se modificara la pensión que se había fijado a favor de sus hijas; y

que tenía la custodia legal de la menor S.S.F. en virtud de la

Sentencia de 29 de octubre de 2009, por lo que era jurídicamente

6 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 27-28.
7 Además, el Sr. Serrano González indicó en su moción que el TPI le había
ordenado a expresarse con respecto a un escrito presentado por sus hijas, en el
cual estas le solicitaban que continuara pagando la pensión alimentaria. Alegó
que no fue notificado de dicho escrito, pero que, no obstante, se oponía a esta
solicitud basado en que tenía la custodia física de sus hijas, por lo que era a la
Sra. Feliciano Chárriez a quien le correspondía aportar, lo que no había hecho.
Añadió que S.S.F. aún era menor, por lo que no podía solicitar alimentos por
derecho propio; y que la joven A.S.F., debía notificarle su escrito para poder
expresarse responsablemente en cuanto este.
8 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 29-32.
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improcedente la solicitud de alimento del padre no custodio ante la

inexistencia de una determinación judicial que alterara lo dispuesto

en dicho dictamen. Además, la Sra. Feliciano Chárriez alegó que,

por acuerdo entre las partes, sus hijas se habían mudado con ella

al estado de la Florida en diciembre de 2021 y que, desde entonces,

ese era su domicilio; y que el hecho de que estas se hospedaran en

casa de su abuela en Bayamón mientras cursaban sus estudios

universitarios, no cambiaba el hecho de que la Florida fuera su

domicilio. Añadió que ella asumía el 100% de los gastos relacionados

al domicilio de sus hijas en la Florida, les suministraba dinero

mensualmente, y les pagaba sus pasajes de regreso a la Florida

durante los recesos académicos.

       Luego de varios trámites procesales,9 el 4 de diciembre de

2023, se celebró una Vista para atender las mociones pendientes

ante la consideración del TPI.10 Antes de finalizar la misma, el TPI le

ordenó en corte abierta a la ASUME el cierre del caso dando por

terminada la obligación del Sr. Serrano González de pagar alimentos

a favor de sus hijas.11 En la misma fecha, reducida a escrito el 21

de diciembre de 2023, y notificada el 12 de enero de 2024, el TPI

emitió una Orden, mediante la cual le ordenó a la ASUME la

paralización del pago de la pensión alimentaria debido a que

ninguno de los padres tenía la custodia de sus hijas.12

       El 18 de diciembre de 2023, la Sra. Feliciano Chárriez

presentó una Solicitud de Enmienda a Minuta Sobre Vista Celebrada

el 4 de diciembre de 2023 y/o Moción de Reconsideración, la cual fue

9 El 17 de octubre de 2023, el Sr. Serrano González presentó una Moción en
Solicitud de Traslado y una Moción Urgente Reiterando Solicitud de Alimentos.
Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 3 y 34-35. En atención a estas mociones
y la solicitud de relevo y su oposición, el TPI emitió una Orden el 7 de noviembre
de 2023, notificada el 8 de noviembre de 2023, mediante la cual señaló una vista.
Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 36.
10 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 2.
11 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 1-2. La Minuta que contiene la

determinación del TPI fue notificada a las partes el 13 de diciembre de 2023.
12 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 14-15.
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declarada No Ha Lugar por el TPI mediante la Resolución emitida el

19 de diciembre de 2023 y notificada el 12 de enero de 2024.13

       Inconforme con las determinaciones emitidas por el TPI, la

Sra. Feliciano Chárriez acudió ante nos el 12 de febrero de 2024

mediante el presente Recurso de Apelación, en el cual señala los

errores siguientes:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       EMITIR UN DICTAMEN QUE IMPLICA QUE UNA
       MENOR NO TIENE DERECHO RECIBIR ALIMENTOS
       POR EL MERO HECHO DE HOSPEDARSE EN LA
       PROPIEDAD DE UN TERCERO MIENTRAS CURSA SUS
       ESTUDIO UNIVERSITARIOS, EN VEZ DE CON SU
       MADRE Y QUIEN OSTENTA SU CUSTODIA LEGAL.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       CONCLUIR QUE, UN PADRE NO CUSTODIO NO TIENE
       OBLIGACIÓN PAGAR PENSIÓN ALIMENTARIA A SU
       HIJA MENOR CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN
       EL HOGAR DE LA MADRE CUSTODIA.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       NEGARLE LA OPORTUNIDAD A LA SRA. FELICIANO
       DE PRESENTAR TESTIMONIO Y PRUEBA A SU FAVOR
       CON RELACIÓN A SUS APORTACIONES ECONÓMICAS
       CON SU HIJA, LAS NECESIDADES DE LA MENOR
       S.S.F. Y LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL APELADO,
       EN LO QUE CONSTITUYÓ UN ABUSO DE DISCRECIÓN
       EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY QUE LE
       COBIJA.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       CONSIDERAR NUEVAMENTE UNA PETICIÓN DE
       RELEVO QUE YA HABÍA SIDO DADA POR DESISTIDA
       MEDIANTE ORDEN QUE ADVINO FINAL Y FIRME,
       ELLO EN VIOLACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA LEY
       DEL   CASO   Y  SIN   QUE   MEDIARAN    LAS
       CIRCUNSTANCIAS NECESARIAS PARA QUE, APENAS
       DOS (2) MESES LUEGO, SE MODIFICARA DICHO
       DICTAMEN.

       El 15 de febrero de 2024, emitimos una Resolución, mediante

la cual retuvimos la jurisdicción sobre el recurso y le ordenamos al

Foro de Instancia a fundamentar la determinación emitida en corte

abierta el 4 de diciembre de 2023 relevando al Sr. Serrano González

del pago de la pensión alimentaria.

       El 21 de febrero de 2024, el Sr. Serrano González compareció

ante nos mediante la presentación de un -Memorando en Oposición

13 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 3-11 y 13.
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a Recurso de Apelación -Solicitud de Desestimación y Honorarios de

Abogado -Solicitud para que se Ordene a la Apelante Presentación de

Transcripción de Vista. En su escrito, el Sr. Serrano González

sostiene que procedía que lo relevaran del pago de la pensión

alimentaria por razón de que la menor S.S.F. se encuentra bajo la

custodia física de la abuela paterna. En la alternativa, alega que

ambos padres deben proveerle alimentos a la menor a través de la

abuela. Además, alega que procede que la Sra. Feliciano Chárriez le

reembolse los pagos que realizó en exceso mientras sus hijas

estuvieron bajo su custodia; que en la vista celebrada el 4 de

diciembre de 2023, el TPI determinó que la abuela era quien tenía

legitimación activa para reclamar alimentos a favor de la menor

S.S.F; y que la Sra. Feliciano Chárriez había procedido con

temeridad, por lo que solicitó que se le impusieran costas, gastos, y

honorarios.

       El 26 de febrero de 2024, emitimos una Resolución

concediéndole un término de veinte (20) días a la Sra. Feliciano

Chárriez para presentar la transcripción estipulada por las partes

de la vista celebrada el 4 de diciembre de 2023.

       El 29 de febrero de 2024, el TPI emitió una notificación

enmendada de su Resolución de 4 de diciembre de 2023, en atención

a lo ordenado por este Tribunal.14 Según surge de su dictamen, en

la vista celebrada el 4 de diciembre de 2023 se atendieron las

solicitudes de relevo y traslado presentadas por el Sr. Serrano

González. El TPI formuló cinco (5) determinaciones de “[h]echos que

no están en controversia”15 y resolvió lo siguiente:

14  Analizada esta resolución y a tenor con la determinación arribada, acordamos
prescindir de la presentación de la transcripción estipulada de la vista celebrada
el 4 de diciembre de 2023.
15      “HECHOS QUE NO ESTAN EN CONTROVERSIA
        1. La menor [S.S.F.] y la joven Alondra Serrano Feliciano residen
        en la calle Lirio D-34, Reparto Valencia, Bayamón, Puerto Rico
        00959. En la residencia de la abuela paterna; porque están
        estudiando.
        2. Que la joven Alondra Serrano Feliciano advino a la mayoría de
        edad.
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    “[…]
    En este caso la menor, [S.S.F.] y la joven [A.S.F.], quien
    advino a la mayoría de edad[,] viven físicamente con la
    abuela paterna. Les corresponde a ambos padres a [sic.]
    mantener económicamente a la menor, [S.S.F.] y no solo
    al apelado, José Javier Serrano González.
    El Tribunal esbozó en corte abierta que residiendo [las]
    menores en Bayamón corresponde a la abuela paterna
    radicar un pleito de alimentos y emplazar a ambos
    progenitores como parte indispensable.
    […]
    En el presente caso, no se desfiló prueba en la vista
    de que la parte peticionaria, Yesenia Feliciano
    Ch[á]rriez proveyera alimentos a su hija en Puerto
    Rico ni el peticionario tampoco. La prueba desfilada
    consistió en la certificación de la Administración Para el
    Sustento de Menores y no hay controversia de que la
    persona recipiente de la pensión es la peticionaria,
    Yesenia Feliciano Ch[á]rriez.
    Ante la falta de prueba de que la menor [S.S.F.] y la
    joven     [A.S.F]   están    recibiendo    la   pensión
    alimentaria[,] el tribunal en aras de la justicia, para
    evitar un enriquecimiento injusto se declaró la solicitud
    de relevo de pensión alimentaria HA LUGAR y, en
    consecuencia, se relevó al Sr. José Javier Serrano
    González del pago de pensión alimentaria para la joven
    [A.S.F.], toda vez que ésta alcanzó la mayoría de edad y
    se orientó a las partes de su responsabilidad de
    proveer alimentos a la menor [S.S.F.].
    De entender la joven [A.S.F] [sic.] la necesitad de
    pensión alimentaria entre parientes, podrá presentar
    moción solicitando [alimentos] entre parientes
    notificando conforme a derecho a todas las partes o en
    su defecto deberá radicar un pleito distinto e
    independiente para reclamar pensión a ambos padres y
    emplazarlos.
    Además, se ordenó a la Administración Para el Sustento
    de Menores [sic.] paralización del pago de la pensión
    alimentaria de [S.S.F.] ya que la menor no está bajo la
    custodia física de ninguna de las partes en este caso.
    No obstante, le corresponde a la parte custodia
    radicar un caso de alimentos. Se orientó de su
    responsabilidad moral legal de alimentar a su hija
    menor de edad; [S.S.F.].

    3. La peticionaria, doña Yesenia Feliciano Ch[á]rriez vive fuera de
    la jurisdicción de Puerto Rico.
    4. La peticionaria, doña Yesenia Feliciano Ch[á]rriez tiene la
    custodia legal de [las] menores.
    5. El peticionario; José J. Serrano González solicitó relevo de
    pensión ya que la pensión es a través de la Administración Para el
    Sustento de Menores y le llega directamente a la cuenta de la
    peticionaria, Yesenia [F]eliciano Ch[á]rriez y esta no tiene la
    custodia física de [las] menores y, además, solicitó el traslado para
    la Región Judicial de Bayamón”.
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      Por último, se ordena el traslado de este asunto a la
      Región Judicial de Bayamón”. (énfasis suplido).

      Examinado el presente recurso, procedemos a disponer del

mismo sin necesidad de ulterior trámite, conforme lo autoriza la

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

                                 II

      Los casos relacionados con alimentos están revestidos del más

alto interés público, siendo su interés principal el bienestar del

menor. Véanse, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009);

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). Esto es así, puesto que

forma parte de la política pública del gobierno de Puerto Rico que

los padres o las personas legalmente responsables contribuyan a la

manutención y al bienestar de sus hijos menores dependientes.

Véase, Artículo 3 de la Ley 5 de 30 de diciembre de 1986, según

enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para

el Sustento de Menores”, 8 LPRA sec. 502. Esta política es de

raigambre constitucional y se desprende del derecho a la vida

consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto

Rico. Véanse, Art. 2, Sec. 10., Const. E.L.A., LPRA Tomo 1; Toro

Sotomayor v. Colón Cruz, supra; Argüello v. Argüello, supra; Chévere

v. Levis, 150 DPR 525 (2000).

      La obligación de proveer alimentos está regulada por nuestro

Código Civil. El Artículo 653 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7531,

define los alimentos como “todo lo que es indispensable para el

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia

médica de una persona, según la posición social de su familia”.

Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden

también:

      “su educación, las atenciones de previsión acomodadas
      a los usos y a las circunstancias de su entorno familiar
      y social y los gastos extraordinarios para la atención de
      sus condiciones personales especiales”. Íd.
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      Si el alimentista alcanza la mayoridad mientras cursa

ininterrumpidamente estudios profesionales o vocacionales, el

Artículo 655 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7533, dispone que:

      “[L]a obligación de alimentarlo se extiende hasta que
      obtenga el grado o título académico o técnico
      correspondiente o hasta que alcance los veinticinco (25)
      años de edad, lo que ocurra primero, a discreción del
      juzgador y dependiendo las circunstancias particulares
      de cada caso.
      […]”. Véase, Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261
      (1985).

      La obligación de los padres de proveer alimentos a sus hijos

tiene dos bases estatutarias. El Artículo 590 del Código Civil, 31

LPRA sec. 7242, establece las facultades y deberes de los padres con

respecto a sus hijos por razón de la patria potestad. Este Artículo

establece que:

      “Los progenitores tienen sobre el hijo sujeto a su patria
      potestad los siguientes deberes y facultades:
      […]
      (b) alimentarlo y proveerle lo necesario para su
      desarrollo y formación integral;
      […]”.

      De otra parte, el Artículo 658 del Código Civil, 31 LPRA sec.

7541, regula lo relacionado a los alimentos entre parientes. En lo

pertinente, este Artículo establece lo siguiente:

      “Están obligados recíprocamente a proporcionarse
      alimentos, en toda la extensión que señalan los
      artículos precedentes:
      (a) los cónyuges;
      (b) los ascendientes y descendientes;
      (c) los hermanos.
      […]”.

      Mientras los hijos son menores de edad y no se han

emancipado, ya sea por razón de matrimonio o por dictamen

judicial, el progenitor custodio con patria potestad está

capacitado para reclamar alimentos para beneficio de estos. Toro

Sotomayor v. Colón Cruz, supra, pág. 535. En esos casos, aunque es
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el padre o madre custodio quien presenta la acción, la misma

pertenece al hijo, es decir, el padre o madre demandante que la inició

solo actúa como un representante. Id., pág. 536. Una vez cesa esa

incapacidad por minoridad, los padres ya no pueden acudir a los

tribunales a representar los intereses de sus hijos. Id. En tal caso,

el hijo ya mayor de edad se encuentra revestido de la capacidad

jurídica necesaria para así hacerlo. Id.

      El hecho de que los hijos puedan comparecer a solicitar

alimentos aun luego de alcanzar la mayoridad obedece a que la

obligación de alimentarlos no cesa automáticamente porque estos

hayan cumplido veinte (21) años. Santiago, Maisonet v. Maisonet

Correa, 187 DPR 550 (2012); Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra;

Key Nieves v. Oyola Nieves, supra.          En otras palabras, la

emancipación por mayoría de edad no conlleva ipso facto la pérdida

del derecho a reclamar alimentos de los padres, pues siempre

subsistirá la obligación que emana del Artículo 658 del Código Civil,

supra, que atiende las necesidades alimentarias entre parientes. No

obstante, ese tipo de obligación requiere que el hijo ya mayor de

edad tenga la necesidad de esa pensión alimentaria, lo que se

analiza bajo criterios distintos a los que se toman en cuenta cuando

se adjudican los alimentos de un menor. Véase, Santiago, Maisonet

v. Maisonet Correa, supra; Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133

DPR 785, (2000); Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 DPR 518

(1976). Por tanto, este viene obligado a probar las circunstancias

que le hacen acreedor de estos. Íd. En cuanto a la tramitación de

esta solicitud, se ha resuelto que:

      “[E]s deber del alimentante, si es que así lo desea, poner
      en conocimiento al tribunal de que sus hijos
      alimentistas están próximos a llegar a la mayoridad y
      su interés de ser relevado del pago de la pensión
      alimentaria. Es decir, la pensión otorgada a un menor
      de edad continuará en vigor –aunque advenga a la
      mayoría de edad- hasta que no se realice el trámite
      procesal descrito anteriormente. Esa moción se le
      deberá notificar al alimentista, de modo que este pueda
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      comparecer dentro de ese mismo pleito -a nombre
      propio- y establecer que sus necesidades permanecen
      vigentes y que reúne los requisitos que le hacen
      acreedor de la pensión a pesar de que ya es mayor de
      edad. Entonces, solo restará que el tribunal, tomando
      en consideración las circunstancias particulares de
      cada caso, evalúe si procede relevar al padre
      alimentante de la obligación que se le había impuesto
      hasta ese momento. Es decir, una vez se ha puesto en
      conocimiento al tribunal de que un alimentista está
      próximo a llegar a la mayoridad, y este último a su vez
      ha informado que por su condición de estudiante aún
      necesita alimentos, el foro primario deberá calendarizar
      una vista evidenciaria para pasar juicio sobre los
      requerimientos de las partes. Por estas razones, será
      imperativo que el tribunal atienda con premura estos
      planteamientos para evitar un daño irreparable a
      cualquiera de las partes”. Santiago Maisonet v. Maisonet
      Correa, supra.

      Finalmente, cabe señalar que la solicitud de alimentos entre

parientes puede presentarse en el mismo caso en el que se

establecieron los alimentos cuando el alimentista era menor de

edad. Ahora se incorpora al alimentista en esta acción porque siendo

este adulto tiene capacidad jurídica para atender la controversia de

alimentos. El alimentista se convierte en parte indispensable para

la controversia de alimentos; por lo que es importante notificarle al

joven adulto todo lo relacionado a dicha controversia.           Toro

Sotomayor v. Colón Cruz, supra. No obstante, una vez los hijos son

emancipados, éstos tienen la capacidad para representar sus

propios intereses ante los tribunales, no pudiéndolo hacer sus

padres desde ese momento. Key Nieves v. Oyola Nieves, supra.

                                 III

      En los primeros tres (3) señalamientos de error de su Recurso

de Apelación, la Sra. Feliciano Chárriez señala que erró el TPI “al

emitir un dictamen que implica que una menor no tiene derecho

recibir alimentos por el mero hecho de hospedarse en la propiedad

de un tercero mientras cursa sus estudios universitarios, en vez de

con su madre y quien ostenta su custodia legal”; “al concluir que,

un padre no custodio no tiene obligación pagar pensión alimentaria

a su hija menor cuyo domicilio se encuentra en el hogar de la madre
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custodia”, y “al negarle la oportunidad … de presentar testimonio y

prueba a su favor con relación a sus aportaciones económicas con

su hija, las necesidades de la menor S.S.F. y la capacidad económica

del apelado, en lo que constituyó un abuso de discreción en violación

al debido proceso de ley que le cobija”.

      Por estar íntimamente relacionados, procedemos a discutir

estos primeros tres (3) señalamientos de error en conjunto.

      Según reseñamos, mediante la Sentencia de 29 de octubre de

2009 dictada en este caso se le concedió la custodia legal de S.S.F.

y A.S.F. a la Sra. Feliciano Chárriez y la patria potestad a ambos

padres. Además, se establecieron relaciones paternofiliales, y se fijó

una pensión alimentaria que el Sr. Serrano González debía pagar a

favor de sus hijas. Mediante un dictamen posterior, la cuantía de la

pensión alimentaria se modificó y se ordenó a que los pagos se

realizaran a través de la ASUME. El Sr. Serrano González solicitó el

relevo de la pensión de sus dos hijas para el 10 de julio de 2023.

      Luego de un análisis del trámite procesal de este caso, así

como de los dictámenes apelados a la luz del derecho expuesto,

concluimos que erró el TPI al relevar al Sr. Serrano González de la

pensión fijada a favor de sus hijas. En primer lugar, esta

determinación tuvo el efecto de dejar desprovista de alimento a la

menor S.S.F.

      Es importante puntualizar que el TPI no ha variado la

determinación de custodia que se emitió en el 2009, por lo que la

Sra. Feliciano Chárriez continúa ostentando la custodia legal de la

menor S.S.F. Ante las alegaciones de mal uso y manejo del dinero

de la pensión que se hicieron en su contra, procedía que se ordenara

y celebrara una vista evidenciaria en la que se le concediera la

oportunidad a la Sra. Feliciano Chárriez de presentar prueba a su

favor con respecto a este asunto.
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      Coincidimos con que a ambos padres les corresponde

proveerles alimentos a sus hijas. Sin embargo, entendemos que fue

desacertado dejar sin efecto la pensión que se había impuesto y

determinar que le correspondía a la abuela paterna presentar un

pleito de alimentos en representación de la menor.

      En segundo lugar, aunque la joven A.S.F. advino a la mayoría

de edad, la pensión fijada a su favor debió continuar en vigor hasta

que se realizara el trámite procesal correspondiente, lo que no surge

de los dictámenes apelados ni del expediente del caso. En particular,

no surge del expediente que la solicitud de relevo presentada por el

Sr. Serrano González se le haya notificado, lo que era indispensable

para que esta pudiera comparecer dentro del mismo pleito, a

nombre propio, y expresar y probar que sus necesidades

permanecen vigentes y que reúne los requisitos que la hacen

acreedora de la pensión, a pesar de que ya es mayor de edad.

      Una vez cumplido el trámite correspondiente, el TPI podía,

tomando en consideración las circunstancias particulares del caso,

evaluar de forma adecuada y garantizando el derecho de todas las

partes, si procedía relevar al padre alimentante de la obligación que

se le había impuesto hasta ese momento.

      Ante   un   escenario    como    el   anteriormente   expuesto,

determinamos que el foro primario debe calendarizar una vista

evidenciaria para pasar juicio sobre los requerimientos y deberes de

cada una de las partes. Por estas razones, será imperativo que el

tribunal atienda con premura estos planteamientos para evitar un

daño irreparable a cualquiera de las partes. Santiago Maisonet v.

Maisonet Correa, supra.

      Por tanto, el TPI debe emitir las órdenes y realizar los trámites

pertinentes para cumplir con el trámite requerido de forma que los

derechos de las partes y, en específico, de la menor S.S.F. y la joven

A.S.F. no se vean afectados de forma irreparable.
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      Finalmente, en el cuarto señalamiento de error de su Recurso

de Apelación, la Sra. Feliciano Chárriez señala que erró el TPI “al

considerar nuevamente una petición de relevo que ya había sido

dada por desistida mediante orden que advino final y firme, ello en

violación de la doctrina de la ley del caso y sin que mediaran las

circunstancias necesarias para que, apenas dos (2) meses luego, se

modificara dicho dictamen”.

      Analizados los argumentos expuestos por la Sra. Feliciano

Chárriez, determinamos que no le asiste la razón en cuanto a este

asunto. Sabido es que las determinaciones de alimentos no

constituyen cosa juzgada. Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR

807 (2012). Por el contrario, tienen un carácter dinámico y siempre

están sujetas a revisión cuando haya cambios sustanciales en las

necesidades del alimentista y los recursos económicos del

alimentante.

                                 IV

     Por los fundamentos expuestos, se revoca el dictamen y orden

apelada y se restablece la pensión alimentaria establecida al Sr.

Serrano González de $498.00 bisemanales, a favor de sus hijas, a

ser pagados a través de ASUME, así como el 66.49% de sus gastos

escolares y gastos médicos no cubiertos, y les deberá continuar

proveyendo plan médico.

     Se devuelve el caso al foro primario para la continuación de

los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.

     Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones