Court Opinion

ID: 9952208
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:28:43.334637+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:52.705630
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

                                                  Certiorari
                                                  procedente del
JOHN EDWARD HERZOG                                Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
         Recurrido                                Sala Superior de
                                                  Bayamón

              V.                KLCE202301468 Caso Núm.:
                                              SJ2020CV03636

DEWBERRY ENGINEERS,                               Sobre:
    INC. Y OTROS                                  Caída, Despido
                                                  Injustificado (Ley
       Peticionarios                              Núm. 80), Ley de
                                                  Represalia en el
                                                  Empleo (Ley Núm.
                                                  115-1991)

Panel integrado por su presidente; el Juez Rivera Colón, la Juez
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

      El 27 de diciembre de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, Dewberry Engineers, Inc. (en adelante, DEI), Dewberry

and Davis, Inc. (en adelante, DDI) y The Dewberry Companies (en

conjunto, Dewberry o parte peticionaria), mediante Petición de

Certiorari. En la misma, nos solicita que revoquemos la Resolución

emitida el 6 de noviembre de 2023 y notificada el 7 de noviembre de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón. Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró No Ha

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte

peticionaria, por entender que los documentos acompañados con la

moción eran insuficientes para resolver sumariamente la causa de

acción, ya que existían controversias que debían ser dirimidas en

un juicio plenario.

Número Identificador
SEN2024 ________________
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       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el recurso de Certiorari y confirmamos la determinación

recurrida.

                                        I

       El recuso de epígrafe tiene su origen en una Querella incoada

el 14 de julio de 2020 por el señor John Edward Herzog (en adelante,

señor Herzog o parte recurrida) al amparo del procedimiento

sumario que provee la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32

LPRA sec. 3118 et seq., en la cual reclamó despido ilegal bajo la Ley

Núm. 45, infra; despido en represalia bajo la Ley Núm. 115, infra;

daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil de 1930, en la

modalidad de una reclamación contra un patrono no asegurado1;

despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, infra; y compensación

adeudada por horas extras y periodo de tomar alimentos bajo la Ley

Núm. 379, infra.

       En la Querella, la parte recurrida adujo que, fue reclutado por

Dewberry en junio de 2018, para trabajar con NISTAC E, LLC. (en

adelante, NISTAC) en un proyecto de recuperación de desastre,

contratado por la Agencia para el Manejo de Emergencias de los

Estados Unidos (en adelante, FEMA), quien requirió que se

movilizaran recursos a Puerto Rico y se proveyeran empleados

profesionales y técnicos, que trabajaran en la recuperación de la Isla

luego del paso del huracán María. Alegó que, el 6 de abril de 2019,

mientras se encontraba en horas laborables, sufrió una caída al

bajar unas escaleras en el centro de FEMA, en donde ubicaba la

oficina de su patrono. Como consecuencia de la caída, sufrió una

fractura de muñeca, por lo que, fue enyesado y recibió terapias de

rehabilitación. Asimismo, acotó que, aun teniendo conocimiento

1 El derecho aplicable en el caso de epígrafe se remite al Código Civil de Puerto

Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141, puesto que, los hechos que dan base a esta
causa de acción tuvieron su lugar antes de la aprobación del nuevo Código Civil
de Puerto Rico, Ley 55-2020, según enmendado.
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sobre el accidente, la parte peticionaria no refirió el incidente a la

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, CFSE) ni

rindió el informe patronal, según requerido por la Ley Núm. 45,

infra. Alegó, además, que como empleado no exento nunca se le

compensó por las horas que trabajó en exceso; y que disfrutaba de

un periodo de treinta (30) minutos, a pesar de que el patrono no

gestionó el acuerdo para la reducción del periodo de tomar

alimentos, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 379, infra.

        El 3 de septiembre de 2020, la parte peticionaria presentó su

Contestación a la Querella, en la cual, negó las alegaciones

esbozadas por la parte recurrida, y levantó varias defensas

afirmativas. Entre estas, que el señor Herzog era un empleado

exento al cual no le aplicaban las disposiciones de las leyes

invocadas en la Querella, y que Dewberry poseía inmunidad

patronal en virtud del Defense Base Act (DBA), 42 USC sec. 1651 et

seq. Posteriormente, presentó una Contestación Enmendada a la

Querella.2

        Acaecidas    varias    incidencias     procesales,    innecesarias

pormenorizar, el 4 de noviembre de 2020, el foro primario ordenó la

conversión del caso al procedimiento ordinario. Así las cosas, luego

de concluido el descubrimiento de prueba, el 20 de enero de 2023,

la parte peticionaria presentó la Moción de Sentencia Sumaria, en la

que solicitó la desestimación de todas las causas de acción

presentadas en su contra. A su vez, estableció ciento veintiún (121)

hechos, respecto a los cuales entendió que no existía controversia.

En igual fecha, la parte recurrida presentó una Moción en Solicitud

de Sentencia Parcial y estableció ciento dieciocho (118) hechos,

respecto a los cuales, a su juicio, no existían controversias de

hechos materiales. En respuesta, la parte peticionaria presentó su

2 Dicha Contestación Enmendada a la Querella fue presentada el 25 de enero de

2021.
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Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Parcial el 13 de febrero

de 2023. Consecuentemente, la parte recurrida presentó su Moción

en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.3

        A tales efectos, el 6 de noviembre de 2023, notificada el 7 de

noviembre de 2023, la primera instancia judicial emitió una

Resolución, en la cual, declaró No Ha Lugar las solicitudes de

sentencia sumaria presentadas por las partes. Así pues, determinó

que los hechos presentados por las partes, así como los documentos

acompañados para sustentar sus argumentos, eran insuficientes

para resolver sumariamente las causas de acción. De esta manera,

el foro primario estableció cincuenta y cinco (55) determinaciones de

hechos incontrovertidos, y diez (10) determinaciones de hechos en

controversia.

        En desacuerdo con la determinación, el 22 de noviembre de

2023,     la    parte    peticionaria      presentó       una    Solicitud   de

Determinaciones         de   Hechos      Adicionales      y     Enmiendas    y

Reconsideración de Resolución. En esta, solicitó que se acogieran

como incontrovertidos treinta y cinco (35) hechos adicionales y que

se enmendaran otros hechos incontrovertidos en la Resolución.

Solicitó, además, que se reconsiderara la determinación, a los fines

de desestimar ciertas causas de acción sumariamente. En

contestación a la misma, el Tribunal de Primera Instancia

emitió Resolución el 24 de noviembre de 2023 y notificada el 28 de

noviembre de 2023, en la cual la declaró No Ha Lugar.

        Aún inconforme, la parte peticionaria acudió ante este foro

revisor el 27 de diciembre de 2023, mediante recurso de certiorari y

formuló los siguientes señalamientos de error:

        Primer Error: Erró el TPI al no tomar como
        incontrovertidos los hechos presentados por Dewberry
        en su Sumaria que fueron admitidos por el demandante
        en su Oposición y estipulados por las partes, así como

3 Dicha oposición se presentó el 13 de febrero de 2023.
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      los que no fueron debidamente controvertidos por el
      demandante.

      Segundo Error: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la
      Moción de Sentencia Sumaria de Dewberry por
      encontrar que la prueba sometida en apoyo era
      insuficiente para resolver todas las controversias de
      derecho[,] aun cuando las mismas son separables y los
      hechos incontrovertidos son suficientes para dirimir
      todas las controversias del caso por la vía sumaria.

      El 29 de enero de 2024, compareció la parte recurrida

mediante Oposición a Expedición del Auto Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos

a resolver.

                                 II

A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
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       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más
           elaborados.

       (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
           presenta el caso es la más propicia para su
           consideración.

       (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causa un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución final
             del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.4

       No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

       Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el

4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
      el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis nuestro).
      Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

      Según se desprende de la precitada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones.

      El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v.

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna
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Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular,

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Sentencia Sumaria

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible

en nuestro ordenamiento que nos permite resolver controversias sin

que se requiera llegar a la etapa de juicio.5 Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., 208 DPR 964 (2022); Serrano Picón v. Multinational

Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); González Meléndez v.

Mun. San Juan, 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023); Birriel Colón v.

Econo y Otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023) Delgado Adorno

v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022). La sentencia sumaria

está regida por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap. V, R. 36, la cual desglosa los requisitos específicos con los que

debe cumplir esta norma procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá

Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015); Rosado Reyes v. Global

Healthcare Group, LCC., supra, pág. 290.

      Ante la ausencia de una controversia sustancial y real sobre

hechos materiales, sólo resta aplicar el derecho pertinente a la

controversia. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra, pág. 6.

Cuando se habla de hechos materiales, nos referimos a aquellos que

pueden determinar el resultado de la reclamación, de conformidad

con el derecho sustantivo aplicable.         Así pues, el propósito de

la sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y económica

solución de los casos que no presenten controversias genuinas de

hechos materiales.6 Alicea Pérez v. Coop. Seg. Múlt. et al., 210 DPR

71 (2022); Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág.

5; Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, LCC., supra, pág. 290;

5 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN et al., 208 DPR 310 (2021); Rosado Reyes v. Global Healthcare Group,
LCC., 205 DPR 796, 290 (2020).
6 Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017);

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 13; Roldán Flores v. M. Cuebas,
Inc., 199 DPR 664, 676 (2018).
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González Meléndez v. Mun. San Juan, supra.                   Procede dictar

sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones y admisiones

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra

evidencia admisible, se acredita la inexistencia de una controversia

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y material y,

además, si procede en derecho. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN,

supra, pág. 13; Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 6;

Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; González Meléndez v. Mun. San

Juan, supra.7      De la prueba adjunta a la solicitud de sentencia

sumaria, deberá surgir preponderadamente la inexistencia de

controversia sobre los hechos medulares del caso. Birriel Colón v.

Econo y Otros, supra.

       Cónsono con esto, en el pasado el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el mecanismo de

sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar los

calendarios de los tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo

que implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase Carpets

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 100

DPR 259 (1971); Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019).

       La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, detalla

el procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar

que se dicte una sentencia sumaria a su favor. A esos efectos,

establece que una solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (1) una

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

7 Véase Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG Zapata-Rivera

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).
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declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde

se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser

concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200

DPR 929, 940 (2018); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra,

pág. 14.

      Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico expresó además en Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág.

699, que el inciso (e) de la Regla 36.3 establece lo siguiente:

      La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si
      las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
      interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
      declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia
      demuestran que no hay controversia real sustancial en
      cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como
      cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia
      sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal
      podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza
      interlocutoria para resolver cualquier controversia entre
      cualesquiera partes que sea separable de las
      controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse
      a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte
      contraria no presenta la contestación a la sentencia
      sumaria en el término provisto en esta regla, se
      entenderá que la moción de sentencia sumaria queda
      sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA
      Ap. V, R. 36.3(e).

      La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: (1)

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) haya

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas;

(3) surja de los propios documentos que se acompañan con la

moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial;

o (4) como cuestión de derecho, no proceda. SLG Fernández-Bernal

v. RAD-MAN, supra, pág. 14; Serrano Picón v. Multinational Life Ins.,

supra.

      De conformidad con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia

ha expresado que, el oponente debe controvertir la prueba
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presentada con evidencia sustancial y no puede simplemente

descansar en sus alegaciones Birriel Colón v. Econo y Otros, supra;

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras

afirmaciones no bastan. Íd. “Como regla general, para derrotar una

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v.

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 677. Además, se le exige a la parte que

se oponga ciertas exigencias adicionales.    Primeramente, deberá

presentar una relación concisa y organizada de los hechos

esenciales y pertinentes que, a su juicio, estén en controversia,

citando específicamente los párrafos según fueron enumerados por

el promovente de la moción. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN,

supra, pág. 15. También, deberá enumerar los hechos que no estén

en controversia, con indicación de los párrafos o páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible donde se establezcan

estos. Íd. En adición, deberá esbozar las razones por las cuales no

se debe dictar sentencia sumaria, argumentando el derecho

aplicable. Íd.

      Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra,

se podrán considerar como admitidos y se dictará la Sentencia

Sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.,

supra, pág. 677.

      Respecto a la revisión de las sentencias sumarias, el foro

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de

Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra,

pág. 679; González Meléndez v. Mun. San Juan, supra. Nuestro

Máximo Foro ha sido claro en que, [l]os tribunales apelativos

estamos limitados a: (1) considerar los documentos que se
KLCE202301468                                                         12

presentaron ante el foro de primera instancia; (2) determinar si

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y

esenciales, y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma correcta.

Birriel Colón v. Econo y Otros, supra. De acuerdo a lo anterior, el

foro apelativo está obligado a examinar de novo la totalidad de los

documentos incluidos en el expediente de la forma más favorable al

promovido.    Íd.    Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra;

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 679.

C. Ley de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo

      Mediante      la   aprobación   de   la   Ley   del   Sistema   de

Compensaciones por Accidentes en el Trabajo, Ley Núm. 45 de 18

de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq., se

crearon el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial de

Puerto Rico, con el propósito de asegurar al trabajador empleado

una compensación justa y rápida por los daños sufridos a

consecuencia de accidentes o enfermedades acaecidas en el

desempeño de su trabajo. Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 693, 727

(2002). La aprobación de esta legislación surgió como resultado de

mutuas concesiones entre los obreros, cuya fuerza era limitada, y

los patronos quienes enfrentaban una intensa presión de parte de

sus obreros. Guzmán y otros v. ELA, supra, citando a R. E. Bernier,

La constitucionalidad de dar inmunidad al patrono estatutario

cuando el contratista independiente se ha asegurado a través del

Fondo del Seguro del Estado, 53(1) Rev. Col. Abog. 53 (1992). La ley

estableció un esquema de aportación patronal compulsoria a un

fondo estatal de seguro, con el fin de compensar lesiones que

provengan de cualquier acto o función del obrero, siempre que sean

inherentes a su trabajo, o que ocurran en el curso de éste. González

v. Multiventas, 165 DPR 873, 880-881 (2005); Martínez Rodríguez v.

Bristol Myers, Inc., 147 DPR 383, 393 (1999); Odriozola v. Superior

Cosmetic Distributors Corp., 116 DPR 485, 499 (1985).
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       Conforme al esquema de la CFSE, el patrono asume el riesgo

de la lesión, entendiéndose que su responsabilidad es absoluta.

Siendo así, el empleado que se acoge a la CFSE por un accidente del

trabajo no tendrá que probar que hubo negligencia de parte del

patrono como causa de la lesión o enfermedad, por lo que es

inmaterial que el accidente haya ocurrido a consecuencia de la

negligencia del patrono, de un tercero, o hasta del propio empleado.

Guzmán y otros v. ELA, supra, pág. 729. Es decir, el empleado recibe

compensación independientemente de quién sea responsable por el

accidente. La legislación evita que el empleado tenga que enfrentar

las dificultades de una reclamación civil ante los tribunales, donde

tendría que probar el elemento de culpa o negligencia. Guzmán y

otros v. ELA, supra, pág. 730. A cambio de esta protección, el

patrono asegurado recibe inmunidad contra cualquier reclamación

civil en daños y perjuicios que pueda entablar el empleado lesionado

en su contra. Id. González v. Multiventas, supra, págs. 881-882.

       Por otra parte, es vasta la jurisprudencia del Tribunal

Supremo de Puerto Rico que destaca el carácter absoluto de la

inmunidad patronal. Ni siquiera la negligencia crasa de parte del

patrono quiebra esta inmunidad, y es el remedio provisto por la

CFSE el único remedio disponible para el empleado lesionado.

Guzmán y otros v. ELA., supra, pág. 730; Hernández Sánchez v.

Bermúdez & Longo, S.E., 149 DPR 543, 549 (1999); Admor., FSE v.

Flores Hnos. Cement Prods., Inc., 107 DPR 789, 796 (1978). No

obstante, por excepción, la inmunidad patronal no aplica en

aquellas situaciones en las que el daño sufrido por el obrero se deba

a un acto intencional o discriminatorio de parte del patrono. Ante

este tipo de actuación del patrono, se le reconoce al empleado

afectado una causa de acción para reclamarle civilmente a su

patrono. (Citas omitidas). González v. Multiventas, supra, págs. 882-

883.
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       El Art. 16 de la Ley Núm. 45, supra, dispone que, todo patrono

de los comprendidos dentro de las disposiciones de la Ley de

Compensaciones estará obligado a asegurar a sus empleados en la

CFSE la compensación que estos deban recibir por lesiones,

enfermedad o muerte. Cuando el patrono asegure a sus obreros y

empleados de acuerdo con la ley, el derecho estatutariamente

establecido para obtener compensación será el único remedio en

contra del patrono y por ende gozará de inmunidad patronal.8

Cualquier accidente que ocurra antes de verificarse el pago, será

considerado como un caso de patrono no asegurado a menos que el

patrono verifique el pago dentro del término fijado por el

Administrador. Mientras no se haya hecho este pago por el patrono,

dicho patrono no tendrá derecho a las inmunidades provistas por la

Ley con respecto a las lesiones, enfermedades o muertes que

pudieren ocurrir a los obreros o empleados de tal patrono durante

el período que cubre el pago de dichas primas. Íd.

       Además, en el caso de que ocurriere un accidente a un obrero

o empleado cuando trabajare para un patrono que en violación de

la ley no estuviere asegurado, el Administrador de la CFSE

determinará la compensación que proceda más los gastos en el caso

y cobrará al patrono dicha compensación y gastos para ser

ingresados en el Fondo. Art. 13 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de

1935, supra.

D. Ley sobre Despidos Injustificados

       La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,

29 LPRA sec. 185a et seq., conocida como la Ley de Indemnización

por Despido sin Justa Causa9, regula las acciones relacionadas con

el despido de un empleado. Tiene el propósito de proteger al

8 11 LPRA sec. 21.
9 Destacamos que la Ley Núm. 80 fue enmendada por la Ley Núm. 4 de 2017,
conocida como Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, aprobada el 26 de
enero de 2017.
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empleado de actuaciones arbitrarias del patrono e imponer remedios

económicos que desalienten la práctica de despedir a los empleados

injustificadamente. Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759 (2022);

Romero et als. v. Cabrera Roig et als., 191 DPR 643, 649-650

(2014). SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929

(2015). González Santiago v. Baxter Health Care, 202 DPR 281

(2019); Segarra Rivera v. Int'l Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964, 7

(2022).

      En consonancia con su propósito, dicha pieza legislativa

establece que “aquellos empleados de comercio, industria o

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) están contratados

sin tiempo determinado; (2) reciben una remuneración, y (3) son

despedidos de su cargo, sin que haya mediado una justa causa”,

tienen derecho al pago de una compensación por su patrono

(además del sueldo devengado), típicamente denominada como la

mesada. Rodríguez Gómez v. Multinational Ins., 207 DPR 540, 550

(2021); Indulac v. Unión, 207 DPR 279, 298 (2021); Orsini v. Srio de

Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009).

      Sin embargo, es meritorio destacar que, según se ha

establecido    doctrinalmente,   “en    Puerto     Rico   no   existe una

prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe

justa causa, éste puede ser despedido”.              Santiago v. Kodak

Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992); Segarra Rivera v. Int'l

Shipping Agency, Inc., supra,          pág.   7;   Rodríguez Gómez v.

Multinational Ins., supra, pág. 549; Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra,

pág. 771.     Por ende, la Ley Núm. 80, supra, no proscribe la acción

del despido, sino que le impone al patrono un elemento disuasivo

para no despedir al trabajador sin justa causa. Íd.; Véase, Luis H.

Sánchez Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los

Oficiales y Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34

Rev. Jur. UIPR 183, 210-11 (2000). De no existir justa causa, el
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remedio provisto es la imposición al patrono del pago de la mesada

a favor del empleado. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368,

380 (2011); Rodríguez Gómez v. Multinational Ins., supra, págs. 549-

550; Indulac v. Unión, supra, pág. 298. Así, la mesada constituye el

remedio exclusivo disponible para los empleados despedidos

injustificadamente, siempre que no existan otras causas de acción

al amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan otros

remedios. (Citas omitidas).    Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation,

supra, págs. 230-231; Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, pág. 771.

      De otra parte, destacamos que, una vez un empleado insta

una   causa   de    acción    contra   su   patrono   al   amparo   de

la Ley Núm. 80, supra, el patrono podrá plantear la defensa de justa

causa, a base de los criterios dispuestos en la Ley Núm 80, supra,

en su Art. 2. González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico,

202 DPR 281, 291 (2019).

      Asimismo, la propia Ley Núm. 80, supra, estatuye claramente

las ocasiones en las que un patrono tendrá justa causa para

desvincular a un empleado del puesto. De este modo, en su Artículo

2 reconoce que:

      Artículo 2.

      Se entenderá por justa causa para el despido de un
      empleado aquella que no esté motivada por razones
      legalmente prohibidas y que no sea producto del mero
      capricho del patrono. Además, se entenderá por justa
      causa aquellas razones que afecten el buen y normal
      funcionamiento de un establecimiento que incluyen,
      entre otras, las siguientes:

      (a) Que el empleado incurra en un patrón de
      conducta impropia o desordenada.

      (b) Que el empleado incurra en un patrón de
      desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio,
      pobre, tardío o negligente. Esto incluye incumplir con
      normas y estándares de calidad y seguridad del
      patrono, baja productividad, falta de competencia o
      habilidad para realizar el trabajo a niveles razonables
      requeridos por el patrono y quejas repetidas de los
      clientes del patrono.
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      (c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y
      reglamentos    razonables     establecidos   para    el
      funcionamiento del establecimiento siempre que copia
      escrita de los mismos se haya suministrado
      oportunamente al empleado.
      […]29 LPRA sec. 185b.

      Sin embargo, esas tres instancias, al igual que las demás que

se enumeran en la Ley Núm. 80, supra, “son solo ejemplos de las

posibles causas que constituyen justa causa para el despido”. Esto

se debe a que “el concepto justa causa es uno dinámico, que se nutre

de múltiples y fluidas situaciones imposibles de prever”. La Ley

Núm. 80, supra, “no pretende, ni puede, considerar la variedad de

circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de

trabajo, ser un código de conducta que contenga una lista de faltas

claramente definidas y la sanción que corresponda a cada una y en

cada instancia”. En otras palabras, la enumeración de escenarios

que se consideran justa causa contenida en la Ley Núm. 80 no es

taxativa. (Citas omitidas). SLG Torres-Matundan v. Centro Patología,

supra, pág. 930; Véase Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, pág. 773;

Indulac v. Unión, supra, pág. 299. Las circunstancias constitutivas

de justa causa, esbozadas en el Art. 2 de la Ley Núm. 80 constituyen

meros ejemplos de instancias asociadas a un despido. Íd.

      Por esa razón, los patronos están en libertad de adoptar los

reglamentos y las normas razonables que estimen necesarias para

el buen funcionamiento de la empresa y en las que se definan las

faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como

sanción.   Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001);

González Santiago v. Baxter Health Care, supra, págs. 291-292.

Según nuestro Máximo Foro, en las situaciones en las que un

patrono despide a un empleado por una causal que no se encuentre

enumerada en la Ley Núm. 80, supra, el análisis para determinar si

esta constituye justa causa se apoya en el principio rector de la

propia ley, contenido en el segundo párrafo de su Art. 2, supra, el
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cual establece lo siguiente: “No se considerará despido por justa

causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón

relacionada   con    el   buen    y   normal    funcionamiento     del

establecimiento”. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra,

pág. 931; González Santiago v. Baxter Health Care, supra, pág. 292.

De igual forma, nuestro Máximo Foro ha destacado que, las

violaciones de las normas del empleo constituirán justa causa para

el despido en aquellas instancias en las que el patrono consiga

demostrar: “(1) que las reglas establecidas para el funcionamiento

del establecimiento son razonables[;] (2) que le suministró una copia

escrita de dichas normas al empleado, y (3) que el empleado las violó

en reiteradas ocasiones”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, págs. 773-

774, citando a Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001).

      Con esa regla como norte, y a modo de excepción, hace más

de treinta y cinco años nuestra más alta instancia judicial reconoció

que la Ley Núm. 80, supra, “no excluye de la sanción o despido en

primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad de agravio así

lo requiera en protección de la buena marcha de la empresa y la

seguridad de las personas que allí laboran”.       Íd. págs. 292-293

citando a Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 383 (2011) y a

Srio. del Trabajo v. ITT, 108 DPR 536, 543 (1979). Es decir, aunque

la Ley Núm.80, supra, “no favorece el despido como sanción a la

primera falta, ello podría considerarse justificado si dicha acción u

omisión, por su gravedad y potencial de agravio, pone en riesgo la

seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el funcionamiento

del negocio”. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004) González

Santiago v. Baxter Health Care, supra, págs. 292-293.

      En esos casos particulares, “la falta o acto aislado que dé lugar

al despido del empleado en primera ofensa ha de ser de tal seriedad

o naturaleza que revele una actitud o un detalle de su carácter, tan

lesivo a la paz y al buen orden de la empresa, que constituiría una
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imprudencia esperar [a que se repita, para entonces proceder con el

despido]”. (Citas omitidas). Íd. citando a Rivera v. Pan Pepín, supra,

pág. 690; Indulac v. Unión, supra, pág. 300.

E. Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico
   (Periodo de tomar alimentos)

       Como se sabe, en nuestro ordenamiento jurídico, las

reclamaciones de salarios están revestidas del más alto interés

público debido a la importancia que el pago de éstos acarrea para la

subsistencia de los obreros y sus dependientes. Rodríguez v. Syntex,

160 DPR 364, 380 (2003).

       Entre las distintas leyes protectoras del empleo vigentes

actualmente, la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según

enmendada, 29 LPRA sec. 271 et seq., conocida como la Ley de

Horas y Días de Trabajo, establece una jornada de trabajo y, fija los

periodos de descanso, establece los deberes de los patronos, y le

impone a estos, penalidades por la violación de sus disposiciones.

Colón v. Syntex, 162 DPR 200, 206-207 (2004); 29 LPRA sec. 271 et

seq; Ruy N. Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación

Protectora del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, Revisión

2001, San Juan, Ramallo.

       En consonancia con lo anterior, la Ley Núm. 379, supra,

establece, en su artículo 2, que ocho (8) horas de labor constituyen

la jornada diaria de trabajo en Puerto Rico, y cuarenta (40), la

jornada de trabajo semanal.10 Por su parte, su artículo 3 dispone

que son horas regulares de trabajo ocho (8) durante cualquier día

de trabajo y cuarenta (40) durante cualquier semana de trabajo.11

10 29 LPRA. sec. 271. Originalmente, y hasta el año 1974, la ley disponía que la
jornada de trabajo semanal era de cuarenta y ocho (48) horas.
11 29 LPRA. sec. 272. Originalmente, y hasta el año 1974, la ley disponía que

eran horas regulares de trabajo cuarenta y ocho (48) durante cualquier semana.
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       La Ley Núm. 379, supra, dispone lo pertinente al periodo

destinado para tomar alimentos.12 El mencionado estatuto mantuvo

la jornada laboral legal diaria en Puerto Rico en ocho horas y que

estas se consideran horas regulares si se trabajan dentro de un

periodo de veinticuatro (24) horas consecutivas. Permaneció

inalterada, además, la disposición que establece que por cada hora

extra trabajada el patrono pagará un tipo de salario igual al doble

del tipo convenido para las horas regulares.

       Mediante la Ley 349, supra, a pesar de que la duración del

periodo de tomar alimentos se mantuvo en una hora, se añadió que

podía fijarse un periodo menor para conveniencia del empleado por

estipulación de éste y su patrono con la aprobación del Comisionado

del Trabajo (actualmente, Secretario del Trabajo).

       Se destaca que entre los propósitos de la ley se encuentra la

efectiva protección de la salud, la seguridad y la vida del trabajador.

Acevedo v. P.R. Sun Oil, supra, pág. 759. Asimismo, el conceder un

periodo para tomar alimentos dentro de la jornada diaria de trabajo,

persigue el proteger la salud de los empleados, concediéndoles

tiempo para que puedan alimentarse y descansar. Almodóvar vs.

Cervecería India, Inc., 103 DPR 407, 409 (1975). La obligación de un

patrono de conceder una hora, o fracción de hora, para que sus

obreros tomen alimentos, presupone una interrupción en la

prestación de los servicios que presta el empleado, y que éste haga

uso libremente de dicho tiempo, sin que durante el mismo tenga que

prestar atención, aunque sea mínima, a las obligaciones de su

cargo. Pamblanco vs. Unión Caribe, 90 DPR 712, 720 (1964).

12 La Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 derogó y sustituyó la Ley Núm. 49 de

7 de agosto de 1935, ley mediante la cual se estableció que la jornada regular de
trabajo sería de ocho horas y que las horas trabajadas en exceso de dicha jornada
diaria se pagarían por el patrono al tipo doble del salario que se estuviese pagando
por hora al empleado. Además, se dispuso en la citada Ley 49 que, el tiempo
señalado para tomar alimentos no sería menor de una (1) hora. Acevedo v. P.R.
Sun Oil Co., 145 DPR 752, 758 (1998).
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      En lo pertinente, la sección 283 de la Ley de Horas y Días de

Trabajo, supra, establece que:

      Todo patrono fijará en un lugar visible del
      establecimiento, taller, fábrica, plantación, oficina o
      sitio de trabajo, según fuere el caso, un aviso impreso,
      haciendo constar el número de horas de trabajo que se
      exige diariamente a los empleados durante cada día de
      la semana, las horas de comenzar y terminar el trabajo,
      y la hora en que empieza y termina el período destinado
      a tomar los alimentos dentro de la jornada regular.

      Los períodos señalados para tomar los alimentos que
      ocurran dentro o fuera de la jornada regular del
      empleado pueden ser menores de una hora. Si por
      razón de conveniencia mutua para el empleado y su
      patrono, y por estipulación escrita de ambos, se fijare
      un período menor éste no podrá nunca ser menor de
      treinta (30) minutos, excepto para croupiers,
      enfermeras, enfermeros y guardianes de seguridad que
      podrá ser de hasta un mínimo de veinte (20) minutos.
      En el caso de los períodos de tomar alimentos que
      ocurran fuera de la jornada regular del empleado,
      cuando no se trabaja más de dos (2) horas después de
      la jornada regular, éstos podrán ser obviados mediante
      acuerdo escrito entre empleado y patrono, para
      beneficio mutuo y sin la intervención del Secretario del
      Trabajo y Recursos Humanos.

      […..]

      Todo patrono que emplee o permita que un empleado
      trabaje durante el período destinado para tomar los
      alimentos vendrá obligado a pagarle por dicho período
      o fracción del mismo un tipo de salario igual al doble
      del tipo convenido para las horas regulares. En aquellos
      casos en que, de acuerdo a las disposiciones de esta
      sección, el período destinado para tomar los alimentos
      sea reducido a un período menor de una hora, el
      patrono vendrá obligado a pagar dicho tipo de salario
      igual al doble del tipo convenido para las horas
      regulares únicamente si emplea o permite que un
      empleado trabaje durante el período al cual ha sido
      reducida la hora señalada para tomar alimentos.

      […..]

      A esos efectos, la sección 282 de la misma Ley Núm. 379,

establece que todo empleado que reciba una compensación menor

que la fijada para el período señalado para tomar los alimentos, esto

es, el doble del tipo convenido para horas regulares, “tendrá derecho

a recobrar de su patrono mediante acción civil las cantidades no

pagadas, más una suma igual por concepto de liquidación de daños

y perjuicios, además de las costas, gastos y honorarios de abogados
KLCE202301468                                                         22

del procedimiento”.    29 LPRA sec. 283; Almodóvar v. Cervecería

India, Inc., supra, pág. 409.

      En Pamblanco v. Unión Carbide, 90 DPR 712, 719 (1964),

nuestro Tribunal Supremo resolvió que la hora para tomar

alimentos no debe considerarse como una hora extra. Sobre este

particular, expresó: “Si la intención del legislador hubiese sido

considerar esta hora para tomar alimentos como hora extra, fácil le

hubiese sido incluirla en la enumeración del Art. 4 de la Ley Núm.

379, supra, como lo hizo, entre otros, en el caso de las horas extras

trabajadas durante el día de descanso o en aquellos días en que el

establecimiento en que preste servicios deba permanecer cerrado al

público”. Señaló además que, el propósito legislativo fue en adición

a la penalidad criminal proveer una "penalidad civil" con miras a

lograr que los patronos no desatendieran la obligación que les

imponía la ley de conceder a los empleados un periodo para tomar

alimentos. Tampoco se trata de una compensación menor a la fijada

para horas regulares, pues conforme se revolvió en Encarnación v.

Jordán, 78 DPR 505, 513 (1955), ésta se refiere al salario convenido,

al salario mínimo fijado para la ocupación, industria o negocio en

cuestión, y a falta de otro, al salario que suele pagarse en la localidad

por trabajos similares. Salgado v. Tribunal Superior, 92 DPR 367,

372 (1965).

      Por otro lado, el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos promulgó el Reglamento Núm. 13, a los fines de definir

los términos “Administrador”, “Ejecutivo” y “Profesional”. Dispone,

pues, que los empleados que realicen funciones de acuerdo a los

términos definidos quedan exentos de las disposiciones, entre otras,

de la Ley Núm. 379, supra.

      Atinente a nuestra controversia, el Artículo V del aludido

Reglamento establece que el término “Administrador” significa todo

empleado que: (1) recibe una compensación a base de su salario no
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menor de $455.00 semanales; (2) cuya función primordial sea el

realizar trabajo de oficina; y (3) posean ejercicio de discreción y juicio

independiente con relación a asuntos de importancia.

      Igualmente,     el    Artículo    VII   establece   que   el   término

“Profesional”   significa    todo      empleado   que:    (1)   recibe   una

compensación a base de su salario no menor de $455.00 semanales;

(2) y el cargo de su función requiere de conocimientos avanzados en

alguna profesión o materia, los cuales fueron adquiridos a través de

estudios prolongados de instrucción y de estudio intelectual

especializado. Cabe resaltar que, el hecho de que un empleado

pueda ser considerado exento bajo más de una excepción, de

conformidad con el referido Reglamento, ello no afecta su estatus de

exento bajo cada una de ellas en particular.

      Nuestro Máximo Foro ha expresado que, la determinación de

si un empleado cae bajo alguno de los referidos términos, dependerá

de la concurrencia de todos los requisitos enumerados en la referida

disposición reglamentaria. Malavé v. Oriental, 167 DPR 593, 602

(2006). “La exclusión de un empleado de los beneficios reconocidos

en la legislación laboral debe ser clara y debe interpretarse

restrictivamente.” Íd. Al hacer dicha determinación, debemos

analizar las funciones que efectivamente realiza cada empleado y no

el título del puesto que ocupa. Íd.

F. Defense Base Act

      El Defense Base Act (DBA), 42 USC sec. 1651 et seq., es una

ley federal que extiende las disposiciones de la Ley de Compensación

para Trabajadores de Muelles y Puertos (Longshore and Harbor

Workers' Compensation Act, 33 USC sec. 901 et seq.), para brindar

protección de compensación laboral a los empleados civiles que

trabajan fuera de los Estados Unidos, en bases militares o en virtud

de un contrato con el gobierno de los Estados Unidos, para obras

públicas o para la defensa nacional. Esta legislación, tiene el
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propósito de asegurar al empleado una compensación justa por los

daños sufridos a consecuencia de accidentes, sea lesión o muerte,

en el desempeño de su trabajo.

      En particular, el inciso (a) de la referida ley, 42 USC sec.

1651(a), establece que sus disposiciones serán de aplicación en los

siguientes casos:

      (1)   […]

      (2)   […]

      (3)   upon any public work in any Territory or
            possession outside the continental United States
            (including the United States Naval Operating Base,
            Guantanamo Bay, Cuba; and the Canal Zone), if
            such employee is engaged in employment at such
            place under the contract of a contractor (or any
            subcontractor or subordinate subcontractor with
            respect to the contract of such contractor) with the
            United States; but nothing in this paragraph shall
            be construed to apply to any employee of such a
            contractor or subcontractor who is engaged
            exclusively in furnishing materials or supplies
            under his contract;

      (4)   under a contract entered into with the United
            States or any executive department, independent
            establishment, or agency thereof (including any
            corporate instrumentality of the United States), or
            any subcontract, or subordinate contract with
            respect to such contract, where such contract is to
            be performed outside the continental United States
            and at places not within the areas described in
            subparagraphs (1)-(3) of this subdivision, for the
            purpose of engaging in public work, and every such
            contract shall contain provisions requiring that the
            contractor (and subcontractor or subordinate
            contractor with respect to such contract) (1) shall,
            before commencing performance of such contract,
            provide for securing to or on behalf of employees
            engaged in such public work under such contract
            the payment of compensation and other benefits
            under the provisions of this chapter, and (2) shall
            maintain in full force and effect during the term of
            such contract, subcontract, or subordinate
            contract, or while employees are engaged in work
            performed thereunder, the said security for the
            payment of such compensation and benefits, but
            nothing in this paragraph shall be construed to
            apply to any employee of such contractor or
            subcontractor who is engaged exclusively in
            furnishing materials or supplies under his
            contract;

      (5)   […]
KLCE202301468                                                        25

      (6)   […]

      De lo anterior se desprende que, todo empleado que trabaje

en un territorio de los Estados Unidos, con el fin de realizar trabajos

u obras públicas en virtud de un contrato aprobado y financiado por

los Estados Unidos y bajo los parámetros de la DBA, gozará de los

beneficios de compensación. Ante ello, el patrono tendrá el deber de

garantizar que la cobertura de la DBA se extienda a sus contratistas

y, respectivamente, a sus empleados.

      Por su parte, la DBA establece un principio de exclusividad de

remedio, el cual protege a los patronos contra causas de acción

incoadas en su contra por accidentes ocurridos a empleados dentro

de las funciones del empleo. 42 USC sec. 1651(c). Dicha doctrina

tiene el propósito de equilibrar los intereses entre empleadores y

empleados, proporcionando una compensación garantizada para

sus empleados, a su vez que, provee inmunidad al patrono contra

cualquier reclamación. Director, OWCP v. Perini North River Assocs.,

459 US 297 (1983). Así pues, el inciso (c) de la referida ley, cita de

la siguiente manera:

      The liability of an employer, contractor (or any
      subcontractor or subordinate subcontractor with
      respect to the contract of such contractor) under this
      chapter shall be exclusive and in place of all other
      liability of such employer, contractor, subcontractor, or
      subordinate contractor to his employees (and their
      dependents) coming within the purview of this chapter,
      under the workmen's compensation law of any State,
      Territory, or other jurisdiction, irrespective of the place
      where the contract of hire of any such employee may
      have been made or entered into. 42 USC sec. 1651(c).

      La DBA está diseñada típicamente para ser un remedio

exclusivo, por lo que, al aceptar los beneficios provistos por esta, un

empleado implícitamente renuncia al derecho de perseguir otras

reclamaciones legales contra su patrono, relacionadas a lesiones o

muerte en el trabajo. Íd. En otras palabras, si un empleado cubierto

por la DBA sufre una lesión mientras labora en Puerto Rico, en

virtud de un contrato con los Estados Unidos para realizar obras
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públicas, ese empleado queda principalmente obligado por las

disposiciones de la DBA para beneficios de compensación. Empero,

es preciso destacar que, aunque la DBA proporciona un remedio

exclusivo,    nada      impide    que    el   empleado   lesionado   persiga

reclamaciones contra terceros cuya negligencia haya contribuido a

la lesión. Sun Ship, Inc. v. Pensylvania, 447 US 715 (1980).

                                        III

       En el ejercicio de nuestra función revisora, nos corresponde:

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla

36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro

primario; 2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como

su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la

referida Regla 36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en

controversia y cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que

los hechos materiales realmente están incontrovertidos, revisar de

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el

Derecho a la controversia.13

       De un ponderado análisis del expediente ante nuestra

consideración, surge que, la parte peticionaria en su Moción de

Sentencia Sumaria cumplió con las formalidades dispuestas por la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. De igual manera, cumplió la

parte recurrida en su Moción en Oposición a Moción de Sentencia

Sumaria. Puesto que, en la solicitud de sentencia sumaria, la parte

peticionaria, incluyó las alegaciones de las partes, realizó una

enumeración        de    hechos     sobre     los   cuales   entendía   eran

incontrovertidos, de manera detallada, separada y sustentada.

13 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 679.
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Asimismo,     hizo    referencia    a   declaraciones      juradas      y   otros

documentos que obran en el expediente. En cuanto a la oposición,

la parte recurrida hizo referencia a la prueba documental que

entendía que controvertía los hechos alegados por la parte contraria

e indicó los párrafos a los que hacía referencia.14

       Superado este análisis, en el caso ante nos, la parte

peticionaria nos solicita que revoquemos el dictamen emitido por el

foro a quo, en el cual declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia

Sumaria. Específicamente, sostiene dicha parte que incidió el foro

primario: (1) al no tomar como incontrovertidos los hechos

esbozados en su moción, los cuales fueron admitidos por la parte

recurrida en su oposición, así como los que no fueron debidamente

controvertidos; y (2) al declarar No Ha Lugar la solicitud de sentencia

sumaria, bajo el fundamento de que la prueba presentada era

insuficiente para resolver el asunto por la vía sumaria. De entrada,

advertimos que no le asiste la razón a la parte peticionaria. Veamos.

       En     cumplimiento       con     la    normativa      vigente       sobre

la sentencia sumaria, evaluamos de novo las determinaciones de

hechos esbozadas por el foro primario y las acogemos, por no estar

en controversia y estar basadas en evidencia suficiente. Cónsono

con     el    análisis     correspondiente,        coincidimos       con      las

determinaciones de hecho esbozadas por el foro a quo, por lo que,

procedemos a transcribir las mismas, tal cual:

                   DETERMINACIONES DE HECHOS
                       INCONTROVERTIDAS

       1.    DDI y DEI son compañías hermanas que
             pertenecen a la misma empresa matriz
             denominada The Dewberry Companies, Inc.

       2.    The Dewberry Companies, Inc., no rinde servicios
             y no tiene empleados.

       3.    NISTAC E, LLC. es una compañía de
             responsabilidad limitada con dos (2) miembros.

14 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, pág.

15.
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          Además, era uno de cuatro (4) Contratistas de
          Asistencia    Técnica    (“Technical    Assistance
          Contractors” o “TACS”) en “stand-by” retenidos por
          FEMA para proveer apoyo en recuperación de
          desastres bajo el Programa de Asistencia Pública
          federal.

     4.   AECOM y DEI son socias en el NISTAC Joint
          Venture.

     5.   DEI se hizo socia de NISTAC E, LLC., como
          sucesora en interés de Dewberry & Davis LLC, una
          compañía de responsabilidad limitada del estado
          de Virginia.

     6.   AECOM era originalmente URS Group, Inc., quien
          junto a Dewberry & Davis LLC, formaban parte del
          NISTAC Joint Venture.

     7.   DDI nunca obtuvo autorización         para   hacer
          negocios en Puerto Rico.

     8.   DEI es una corporación organizada bajo las leyes
          del Estado de Nueva York y autorizada como
          corporación foránea a hacer negocios en Puerto
          Rico.

     9.   DDI y DEI tenían vigente para las fechas en que
          ocurrieron los hechos relevantes al caso de autos
          un “Management Services Agreement” mediante el
          cual DDI acordó proveer empleados profesionales y
          técnicos a DEI.

     10. Bajo el “Management Services Agreement”, DDI era
         el patrono de los empleados profesionales y
         técnicos, a los efectos del pago de salarios,
         beneficios    complementarios,    beneficios   de
         jubilación y cualquier impuesto que surgiera de la
         relación patrono-empleado.

     11. El objetivo de la Orden de Trabajo FEMA-DR-4339-
         PR era movilizar personal técnico a Puerto Rico
         para llevar a cabo visitas a lugares o facilidades
         destruidas o dañadas por el Huracán María,
         elaborar descripciones detalladas de los daños y
         dimensiones        de    las    instalaciones      o
         infraestructuras dañadas, preparar los alcances de
         los trabajos necesarios para reparar las facilidades
         o instalaciones, realizar inspecciones del lugar,
         elaborar estimados de costos de reparación y
         restauración, prestar apoyo a la mitigación de
         daños, y proporcionar individuos para ayudar a
         FEMA con la presentación de informes, con el
         propósito de implementar el Programa de
         Asistencia Pública federal de FEMA.

     12. Para la Orden de Trabajo de FEMA-DR-4399-PR,
         NISTAC movilizó a Puerto Rico aproximadamente
         ochenta y un (81) recursos para ocupar puestos
         técnicos.
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     13. Para la fecha de los eventos y al presente, el Sr.
         Mark Montgomery es empleado de DEI y era la
         persona encargada de aprobar la contratación de
         los empleados que iban a ser asignados a trabajar
         en Puerto Rico.

     14. El querellante, Sr. John Edward Herzog tiene sobre
         veinte (20) años de experiencia de trabajo en
         manejo de proyectos en desarrollo de tierra,
         permisos, cumplimiento, calidad, control de
         calidad como contratista o subcontratista, así
         como en programas de gobierno. Asimismo, ha
         trabajado en programas del gobierno federal con el
         Departamento de Defensa, el Negociado de
         Reclamaciones, el Departamento del Interior y
         clientes de esa naturaleza en proyectos de
         construcción,       ambientales,    permisos     y
         cumplimiento, así como en proyectos de diseño de
         plantas de tratamiento de agua, tecnología de
         control geotécnico y distribución de agua.

     15. El 26 de marzo de 2018, el querellante recibió una
         oferta de empleo de DEI para trabajar a tiempo
         parcial (part-time employment) como “Emergency
         Management Specialist”.

     16. El Sr. John Edward Herzog aceptó la oferta de
         empleo cursada por DEI mediante firma digital el
         27 de marzo de 2018.

     17. El Sr. Mark Montgomery era el Deputy Project
         Director del proyecto al cual el querellante fue
         asignado cuando comenzó su empleo con DEI.

     18. El querellante John Edward Herzog fue movilizado
         (deployed) a Puerto Rico para trabajar con NISTAC
         en el proyecto de recuperación de desastre
         FEMADR-4399-PR.         FEMA    le   emitió   una
         notificación titulada “Deployment Request Report -
         You are Deployed”.

     19. En la notificación titulada “Deployment Request
         Report - You are Deployed” se indicaba que la fecha
         en la cual el querellante debía llegar al proyecto era
         el 27 de junio de 2018, que la duración de este era
         279 días y su fecha de salida esperada era el 1 de
         abril de 2019.

     20. El Sr. John Edward Herzog realizaba trabajo de
         estimación de costo como parte del Grupo de
         Estimación de Costos de FEMA (“Cost Estimating
         Group” o “CEG”).

     21. La clasificación provista al querellante Sr. John
         Edward Herzog por FEMA era de Especialista
         Técnico (“Technical Specialist”).

     22. En el Grupo de Estimación de Costos de FEMA, el
         querellante realizó estimaciones de costos para
         todos los grupos principales de infraestructura.
         Trabajó estimaciones para infraestructuras de
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         transporte,    acueductos     públicos,   edificios
         públicos.

     23. En la labor de estimación de costos, el Sr. John
         Edward Herzog desarrollaba un alcance de trabajo,
         hacía preguntas, solicitaba información y estimaba
         cuál sería la reparación o el reemplazo, utilizando
         varias herramientas, una de ellas era una base de
         datos nacional de costo económico, o RS Means.

     24. La Orden de Trabajo de FEMA-DR-4399-PR
         requería que se trabajara sesenta (60) horas a la
         semana por un período de al menos un (1) año.

     25. Generalmente, el John Edward Herzog trabajaba
         entre cincuenta (50) a cincuenta a cinco (55) horas
         semanales de no haber un día feriado o día que
         FEMA informara que no se iba a trabajar.

     26. El querellante John Edward Herzog devengaba un
         salario fijo de $3,000.00 semanales, recibía un
         estipendio para comida y reembolsos de gastos (per
         diem) y un pago adicional por horas extras sobre
         las cuarenta (40) horas, a razón de 1/40 de su
         salario semanal.

     27. El Sr. John Edward Herzog tenía que completar
         una hoja de tiempo diaria indicando la cantidad de
         horas trabajadas en el día para el proyecto, ya que
         el cliente (FEMA) lo requería para poder facturarle
         los servicios.

     28. Como parte de sus funciones en el empleo el Sr.
         John Edward Herzog no supervisaba empleados, ni
         participaba en el reclutamiento de éstos y tampoco
         tenía facultad para despedirlos o tomar medidas
         disciplinarias.

     29. El Contrato PA-TAC y la Orden de Trabajo FEMA-
         DR-4399-PR disponían un límite máximo de horas
         de labor autorizadas para rembolso y un límite
         máximo de fondos asignados al proyecto.

     30. Los empleados exentos y los no exentos tenían que
         completar el mismo formulario de hojas de trabajo
         (timesheets).

     31. La Sra. Sandra Smith se reportaba directamente al
         Sr. Mark Montgomery y era la que aprobaba las
         hojas de horas de trabajo del Sr. John Edward
         Herzog.

     32. Según se les instruyó a los empleados de DEI, en
         caso de una pregunta relacionada con Dewberry,
         estos debían acudir en primera instancia a su TAC
         Coordinator, que en el caso de John Herzog era
         William Riggs, y si este no podía contestar la
         pregunta, entonces estos podían acudir a donde
         Mark Montgomery.
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     33. El Sr. William Riggs laboraba como empleado a
         tiempo parcial (part time) de DEI como “TAC
         coordinator”. Además, era considerado por
         Dewberry como un empleado no exento.

     34. DDI era la entidad que pagaba los salarios de John
         Herzog y según surge de los avisos de pagos, la
         dirección de DDI era la misma de DEI, apareciendo
         la dirección de esta última como la del remitente.

     35. El contrato de PA-TAC entre FEMA y NISTAC había
         sido enmendado por FEMA efectivo el 3 de abril
         2018, (“Amendment of Solicitation / Modification
         of Contract”) para incorporar la cláusula del
         “Federal Acquisition Regulation 52.228-3” y
         requerirle a NISTAC tener una póliza de seguro de
         accidentes del trabajo bajo el Defense Base Act.

     36. El Sr. Mark Montgomery conocía que el requisito
         de FEMA de tener la póliza bajo el Defense Base Act
         era parte del contrato PAC-TAC entre NISTAC y
         FEMA, que expresamente requirió dicha cubierta.
         El señor Montgomery lo supo cuando FEMA emitió
         la Orden de Trabajo FEMA-DR-4399-PR (Huracán
         María) en abril de 2018.

     37. El 15 de octubre de 2018, el Departamento del
         Trabajo de los Estados Unidos, Office of Workers
         Compensation Programs emitió la notificación
         “Industry Notice No. 169”, para aclarar que a todo
         contratista federal trabajando en Puerto Rico en la
         recuperación de desastres post huracanes Irma y
         María se le requería tener la cubierta del Defense
         Base Act para cubrir accidentes del trabajo de sus
         empleados laborando en Puerto Rico; y que dichos
         contratos federales tenían que contener una
         cláusula requiriendo la cobertura del Defense Base
         Act.

     38. El sábado, 6 de abril de 2019, en horas de trabajo,
         aproximadamente a las 12:00 p.m., el querellante
         John Edward Herzog tropezó mientras bajaba unas
         escaleras en el FEMA ANNEX Center, en la
         Carretera 165 en Guaynabo, donde ubicaban las
         oficinas del patrono. Como consecuencia del
         tropiezo, el querellante sufrió una caída que le
         provocó una fractura de muñeca, por la cual estuvo
         enyesado del 8 de abril de 2019 al 22 de mayo de
         2019. Luego de que le removieran el yeso, el
         querellante estuvo en terapias de rehabilitación
         desde mayo hasta octubre 2019.

     39. El querellante recibió servicios médicos para
         atender su fractura de la muñeca izquierda en el
         Hospital Auxilio Mutuo, en las oficinas del Dr.
         Héctor Pagán Marrero, MRN Therapy, Quadrangle
         Imaging Center. El Dr. Pagán no le ordenó reposo.

     40. El Sr. Mark Montgomery advino en conocimiento
         que el querellante John Edward Herzog se había
         lesionado en el trabajo el día después del accidente,
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         es decir, domingo 7 de abril de 2019, luego de que
         el querellante buscara atención médica.

     41. El querellante no trabajó el lunes, 8 de abril de
         2019, pero sí trabajó el resto de la semana
         siguiente al accidente, de martes a viernes.

     42. Después del accidente, el querellante continuó
         trabajando, pero en unas horas más reducidas en
         ciertos días de mayo de 2019; y no trabajó los
         sábados debido a sus terapias. Asimismo, hubo
         uno o dos días que el querellante no trabajó[,] sino
         que permaneció en descanso por su lesión.

     43. El 14 de abril de 2019, el querellante le escribió
         nuevamente al patrono presentándole el formulario
         de beneficios por el accidente del trabajo del 6 de
         abril de 2019 y envió otras comunicaciones de
         seguimiento a su reclamación, dirigidas al
         coordinador del patrono en Puerto Rico y a su
         supervisor directo.

     44. El 15 de abril del 2019, el querellante John Edward
         Herzog sometió un borrador del formulario LS-202
         del United States Department of Labor (“USDOL”)
         a su TAC coordinator William Riggs, quien a su vez
         se lo proveyó a su supervisor, el Sr. Mark
         Montgomery.

     45. El querellante hizo solicitudes adicionales a su
         patrono      en     cuanto      los    documentos
         cumplimentados y radicados para su reclamación
         de   compensación      de    empleado     (“workers’
         compensation”) y el 7 de mayo de 2019, le envió un
         correo electrónico al Sr. William Riggs indicándole
         que nada había pasado con su reclamación. Este
         último envió un correo electrónico al señor
         Montgomery sobre la falta de acción en torno a la
         reclamación del querellante.

     46. El 10 de mayo de 2019, el Sr. William Riggs le envió
         un segundo correo electrónico al Sr. Mark
         Montgomery sobre la falta de acción de la
         reclamación del querellante.

     47. El 13 de mayo de 2019, el querellante John Edward
         Herzog le envió un correo electrónico al Sr. Mark
         Montgomery, solicitando la información de
         contacto del coordinador de la reclamación.

     48. Durante una reunión llevada a cabo el 6 de junio
         de 2019, entre el querellante, Lonnie Hill de FEMA
         y la Sra. Stephanie Coppock, “NISTAC Tac
         coordinator”, el querellante les informó que aún
         estaba bajo tratamiento con su doctor y tomando
         terapias físicas, bajo el workers’ compensation.

     49. NISTAC/Dewberry no habían sido dispensados por
         la CFSE de su obligación de asegurar a sus
         empleados bajo dicha entidad, para cubrir los
         accidentes en el empleo.
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       50. Bajo el contrato NISTAC Joint Venture, no se hizo
           ningún trabajo en una base militar en Puerto Rico.

       51. El 6 de junio de 2019, el Sr. Mark Montgomery le
           notificó al querellante John Edward Herzog que
           sería desmovilizado del proyecto ese mismo día y
           dio por terminada la relación de empleo.

       52. El 6 de junio de 2019, el querellante fue despedido
           de su empleo sin aviso escrito de terminación de
           empleo por el Sr. Mark Montgomery y DEI, ni
           justificación escrita por parte de FEMA.

       53. Nunca hubo una queja sobre el desempeño el
           querellante en su trabajo en DEI como técnico
           especialista y experto en habilidades geotécnicas.

       54. El querellante John Herzog en ningún momento
           fue colocado bajo un programa de mejora de
           rendimiento, antes o después del accidente que
           sufriera el 6 de abril del 2019.

       55. El Sr. Mark Montgomery nunca consultó los
           alegados problemas de actitud del querellante, con
           Davis Francis, Director de Recursos Humanos y
           Cumplimiento de Dewberry.

       Con relación al primer señalamiento de error, la Regla 36.3 (d)

de Procedimiento Civil, supra, le concede al tribunal la potestad de

excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes que

no hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación

específica a la evidencia admisible que supuestamente los sostiene.15

De igual manera, aunque en el proceso de considerar una solicitud

de sentencia sumaria el tribunal retiene la discreción de examinar

evidencia admisible que obre en los autos, pero que ha sido omitida

por las partes, éste no viene obligado a hacerlo.

       Al examinar la Moción de Sentencia Sumaria y su oposición,

encontramos que los documentos presentados por la parte

peticionaria para sustentar los hechos propuestos en su moción no

son suficientes para acoger todos los hechos propuestos como

hechos incontrovertidos. Si bien la parte recurrida los tomó como

admitidos en su oposición, el foro primario tiene discreción para

15 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(d).
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excluir aquellos hechos que, a su juicio, no están sustentados por

la prueba documental. En particular, los treinta y cinco (35) hechos

propuestos       por   Dewberry16,    que   no    fueron     acogidos   como

incontrovertidos por el foro de primera instancia, no están

sustentados con prueba suficiente. Concurrimos con el foro a quo,

en   que   los    mismos     involucran     asuntos    que    ameritan     ser

sustentados mediante prueba, a esos efectos e incluso, envuelven

asuntos de credibilidad. Por consiguiente, colegimos que, el primer

error señalado no fue cometido.

       En la discusión del segundo señalamiento de error, Dewberry

–para sustentar sus argumentos– arguye que: (1) la parte recurrida

es un empleado exento, por lo que no tiene derecho al pago de horas

extras ni por periodo de alimentos; (2) la parte peticionaria es un

patrono asegurado por la DBA, por lo cual goza de inmunidad ante

cualquier reclamación derivada del accidente ocurrido en el trabajo,

al amparo de la Ley Núm. 45, supra; (3) la parte recurrida no tiene

una causa de acción por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80,

supra.

       En lo concerniente al primer argumento, acota la parte

peticionaria que, el señor Herzog es un empleado altamente

compensado y que cumple con los requisitos para ser considerado

un “Profesional” de conocimiento avanzado en ciencias geológicas,

así como un “Administrador”; de modo que, no le es de aplicación

las disposiciones de la Ley Núm. 379, supra. En cuanto al segundo

argumento, sostiene que, al estar asegurado por la DBA, la parte

recurrida está impedida de reclamar compensación bajo leyes

estatales. Por último, apunta que no procede una causa de acción

bajo la Ley Núm. 80, supra, toda vez que, el señor Herzog fue

contratado por tiempo determinado; y, que, de aun entenderse que

16 La parte peticionaria estableció un total de ciento veintiún (121) hechos
esenciales y pertinentes sobre los cuales entendió que no existía controversia.
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fue contratado por un término indefinido, este fue despedido antes

de que se cumpliera el periodo probatorio automático de doce (12)

meses que dispone la referida ley.

      En respuesta, la parte recurrida plantea en su oposición que,

la oferta de empleo que le fue cursada no establecía un término

definido de duración de empleo; que como parte de las funciones de

su empleo no figuraba supervisar a otros empleados, ni tenía la

facultad para despedir o tomar medidas disciplinarias en contra de

estos; y que tenía un horario de trabajo establecido, por lo que, no

cumplía con los requisitos para ser considerado un empleado

exento. Arguye, además, que, al momento de la ocurrencia del

accidente, Dewberry no contaba con una póliza de seguros vigente

a su favor, ni con el DBA ni con la de la CFSE, de modo que, tenía

derecho a reclamar compensación bajo la ley Núm. 45, supra. Por

último, apuntó que no solo fue despedido sin justa causa en

violación a lo dispuesto en la Ley Núm. 80, supra, sino también

ilegalmente por represalias.

      Conforme al derecho reseñado, no procederá dictar sentencia

sumaria cuando surja de los propios documentos que se acompañan

con la moción una controversia real sobre algún hecho material y

esencial o porque como cuestión de derecho, no proceda.17 En el caso

ante nos, el foro primario determinó que no procedía resolver las

causas de acción sumariamente, toda vez que, los documentos

acompañados      con   la   solicitud   de   sentencia    sumaria   eran

insuficientes para resolver las controversias. De esta manera,

formuló    las   siguientes    Determinaciones       de    Hechos    en

Controversia:

      1.   Quién era el patrono del querellante John Edward
           Herzog.

      2.   Si aplica o no la doctrina de patrono único.

17 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 14; Serrano Picón v.
Multinational Life Ins., supra.
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      3.   Si el querellante John Edward Herzog era un
           empleado exento o no exento.

      4.   Si el querellante John Edward Herzog era un
           empleado regular por tiempo indefinido o por un
           término fijo.

      5.   Si se le adeuda o no al querellante una
           compensación adecuada por horas extras no
           pagadas.

      6.   Si el querellante John       Edward    Herzog   fue
           despedido sin justa causa.

      7.   Si el despido del querellante John Edward Herzog
           fue o no en represalia por su reclamación debido a
           su accidente ocupacional de conformidad.

      8.   Si el patrono del querellante John Edward Herzog
           estaba asegurado o no bajo una póliza conforme el
           Defense Base Act que cubría el accidente
           ocupacional.

      9.   Si el patrono del querellante John Edward Herzog
           tenía o no la obligación legal de obtener una póliza
           con el Fondo.

      10. Si el patrono del querellante gozaba o no de
          inmunidad patronal.

      Al revisar de novo el expediente ante nuestra consideración,

concordamos con el foro primario en que, en el caso ante nos existen

controversias de hechos materiales –las cuales acogemos– que

impiden dictar sentencia sumaria a favor de la parte peticionaria.

Mas aun, cuando las controversias involucran aspectos de

credibilidad que ameritan la celebración de un juicio en su fondo.

En fin, nos es forzoso concluir que, la prueba documental

presentada es insuficiente para resolver todas las controversias

sumariamente. Resolvemos, pues, que no incidió el foro a quo al

declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria; en esencia, el

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la

controversia.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el recurso

de Certiorari y confirmamos el dictamen recurrido.
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     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones