Court Opinion

ID: 9952401
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:49:02.270517+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:09.717494
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V ESPECIAL

    N & V BUSINESS, LLC.                             Apelación
                                                     Procedente del Tribunal
            Apelado                                  de Primera Instancia,
                                                     Sala de UTUADO
                v.                  KLAN202301099

       MUNICIPIO DE                                  Caso Núm.:
  ADJUNTAS, por conducto                             UT2021CV00374
  de su alcalde JOSÉ HIRAM
        SOTO RIVERA;
        LEGISLATURA                                  Sobre:
       MUNICIPAL DE                                  Injunction (entredicho
  ADJUNTAS, por conducto                             provisional, injunction
 de su presidente RAFAEL A.                          preliminar y
   MUNET MALDONADO;                                  permanente) y otros
  DOMINGO EMANUELLI
     HERNÁNDEZ, como
   Secretario de Justicia del
   Estado Libre Asociado de
          Puerto Rico

            Apelante

Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

       El 7 de diciembre de 2023, el Municipio de Adjuntas (en adelante,

Municipio) instó un Escrito de apelación, mediante el cual nos solicitó la

revocación de la Sentencia enmendada nunc pro tunc emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (en adelante, TPI o foro

primario), el 25 de octubre de 2023, notificada al día siguiente. Mediante el

aludido dictamen, el TPI enmendó la Sentencia dictada originalmente en el

caso el 13 de junio de 2022.

       Por los fundamentos que a continuación exponemos, desestimamos

el recurso de epígrafe. Veamos.

Número Identificador

SEN2024 _________________
KLAN202301099                                                                    2

                                         I

       El 13 de junio de 2022, notificada el día 21, el TPI dictó en la causa de

epígrafe una Sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar la Acción civil,

injunction preliminar y permanente; sentencia declaratoria sometida por N&V

Business, LLC., (en adelante, N&V o parte apelada). Mediante la demanda

instada en dicho pleito, N&V solicitó que el TPI declarara inconstitucional

la Ordenanza Municipal Núm. 05, Serie 2021-2011 titulada, Para reglamentar

el establecimiento de centros de cultivo, investigación, manufactura, laboratorio,

transporte y dispensa de cannabis medicinal y productos derivados o relacionados

en el cuadrante frente a la plaza de recreo del Municipio de Adjuntas (en adelante,

Ordenanza). Esta, prohibía el establecimiento de dispensarios de cannabis

medicinal dentro de una distancia específica de la Plaza de Recreo del

Municipio.

       Consideramos que para comprender las cuestiones que el foro

primario tuvo que resolver en el caso y adecuadamente atender la

controversia planteada ante nos, es de suma importancia reproducir el

proceso evaluativo efectuado por el TPI en dicho momento. Por ello, a

continuación, reproducimos las razones expuestas por el foro primario para

emitir su decisión:

       […]

       Surge del contenido textual de la Ordenanza Municipal Núm. 05,
       que el Municipio de Adjuntas aprobó dicha ordenanza con el
       propósito de implementar la política pública de “promover la
       salud, seguridad y oportunidades de esparcimiento y recreación
       sanos de nuestra niñez y juventud.” Para lograrlo, el Municipio de
       Adjuntas prioriza ante todo “mantener la Plaza de Recreo de
       nuestro municipio como un lugar seguro, saludable y no expuesto
       a actividades que puedan comprometer ese objetivo”. (Énfasis en
       el original). En consecuencia, la sección primera de dicha
       ordenanza prohibió “el establecimiento de centros de cultivo,
       investigación, manufactura, laboratorio, transporte y dispensa de
       cannabis medicinal y productos derivados o relacionados en las
       calles Rius Rivera, Rodulfo González y del Castillo, Luis Muñoz
       Rivera y San Joaquín, en las secciones de dichas calles aledañas a la
       Plaza de Recreo de nuestro municipio, y que forman el cuadrante
       de la Plaza de Recreo”. Observamos que, en apoyo a esta
       proposición, el texto de dicha ordenanza explica que “la Plaza de
       Recreo también se utiliza para actividades deportivas, culturales y
       para promover la sana participación de nuestra niñez y juventud a
KLAN202301099                                                                    3

        los fines de lograr el pleno desarrollo de sus destrezas de
        comunicación y socialización, así como virtudes cívicas.” La
        violación de cualquiera de sus disposiciones, según advierte la
        sección segunda de la Ordenanza Municipal Núm. 05, conllevará el
        pago de una multa de dos mil dólares ($2,000.00) o el reclamo del
        ente municipal para la revocación de su licencia correspondiente
        ante la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal.

        Al comparar el contenido textual de la Ordenanza Municipal Núm.
        05 con la Exposición de Motivos de la Ley Medicinal, encontramos
        que la ley estatal indica que “la prohibición del uso recreacional del
        cannabis en todas sus formas, incluyendo aquellas que requieren
        su combustión. Del mismo modo, no se permite el consumo
        público de esta sustancia, su uso en dispensarios o el acceso de
        menores de edad a dispensarios. El cannabis medicinal deberá
        utilizarse en lugares privados, según definidos en esta Ley.”1 Entre
        los espacios prohibidos que define dicha ley, se incluye la escuela.
        Específicamente, el artículo 17, inciso (a) reglamenta lo siguiente:

             iii. Ninguna de las operaciones de las licencias de cultivo,
             investigación, manufactura, laboratorios, transporte y
             dispensación podrá estar a menos de cien (100) metros de
             una escuela pública o privada y/o centro de cuido. La Junta
             deberá establecer requisitos de seguridad adicionales a todo
             operador de licencia que se encuentre a una distancia de
             cien (100) metros de una escuela pública, privada y/o centro
             de cuido, a los fines de garantizar el bienestar de los
             menores de edad.

             iv. De igual forma, se prohíbe la presentación, promoción,
             rotulación o cualquier anuncio de un dispensario de
             cannabis medicinal en un radio de cien (100) metros de una
             escuela pública, privada y/o centro de cuido.

        Como podemos apreciar, la disposición anterior establece una
        prohibición clara en cuanto a la distancia entre dichos espacios
        señalados. Ante la preocupación legítima de la parte demandada
        respecto a que la Plaza de Recreo y sus calles aledañas que
        conforman el cuadrante no estén expuestas a actividades que
        puedan comprometer el objetivo de “promover la salud, seguridad
        y oportunidades de esparcimiento y recreación sanos de nuestra
        niñez y juventud”, coincidimos con la parte demandante en que
        dicho objetivo ya estaba contemplado en la Ley Medicinal al
        prohibir el consumo público del cannabis medicinal, y el acceso de
        menores, entiéndase la niñez y juventud, en dichos dispensarios, e
        incluso delimitar la distancia y especificar el perímetro entre las
        escuelas y las operaciones de cannabis. Dado que la Plaza de Recreo
        es considerada un lugar público en el cual está prohibido el
        consumo de dicha sustancia y que la Ley Medicinal provee medidas
        para proteger a la niñez y la juventud, concluimos que la
        Ordenanza Municipal Núm. 05 es redundante a esos fines. Más aun
        cuando la Ley Medicinal no contiene ninguna laguna normativa
        que amerite aclararse o complementarse con otra ley u ordenanza.

        Hasta este punto, ambas legislaciones satisfacen su objetivo de
        proteger a la niñez y la juventud de la exposición al cannabis
        medicinal. Ahora bien, debemos evaluar si la propuesta de la
        Ordenanza Municipal Núm. 05 armoniza con el concepto de
        escuela pública o privada conforme a la Ley Medicinal o se crea
        algún conflicto entre ambas disposiciones. Como bien ha señalado
        la parte demandante, en la Exposición de Motivos de la Ordenanza

1 Énfasis en original.
KLAN202301099                                                                 4

      Municipal Núm. 05 se define la Oficina de Cultura y Turismo de
      Adjuntas como “un centro de recreación y enseñanza de artes
      musicales y destrezas artesanales y artísticas para nuestros jóvenes
      y niños”, en un intento por equipararla con una “escuela” conforme
      a la Ley Medicinal y extenderle así la restricción a cualquier
      establecimiento de cannabis que se encontrara cerca de un radio de
      cien metros (100.00 mc) de una escuela pública, privada o centro de
      cuido.

      Es preciso distinguir que, en términos conceptuales, la Ley
      Medicinal no provee un significado legal de la “escuela pública o
      privada”. Sin embargo, al aprobar el Reglamento 9038, la Junta
      Reglamentadora del Cannabis Medicinal definió el término
      “escuela” como un centro de educación primaria y secundaria y/o
      centro de cuido diurno activo o en operaciones que esté autorizado
      por el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico
      (DE).

      Como resultado de nuestro análisis, rechazamos el alcance que se
      le pretende otorgar a la Oficina de Cultura y Turismo de Adjuntas.
      El hecho de que ambos espacios convergen en su propósito de
      llevar a cabo la enseñanza no es suficiente para convencernos de
      que ambas legislaciones comparten el significado estatutario del
      concepto de “escuela”. Por tal razón, coincidimos por segunda
      ocasión con la interpretación de la parte demandante en cuanto a
      que las actividades de recreación y enseñanza de artes musicales y
      destrezas artesanales y artísticas que se imparten en la Oficina de
      Cultura y Turismo de Adjuntas no se enmarcan propiamente en el
      concepto de “escuela” que establece la Ley Medicinal. Razonamos
      pues que la Ordenanza Municipal Núm. 05 es incompatible y entra
      en conflicto irreconciliable con la Ley Medicinal en cuanto la
      primera se refiere a un contexto extracurricular que en ninguna
      circunstancia podría considerarse subsumido en el concepto de
      escuela pública o privada y mucho menos en un centro de
      educación primaria y secundaria autorizado por el DE. A su vez,
      dicha pieza municipal tiene el efecto de ampliar el significado legal
      de “escuela” provisto por la Ley Medicinal en relación con las
      operaciones de cannabis para establecer prohibiciones adicionales,
      usurpando de tal modo un campo que está expresamente ocupado
      por la ley estatal antes citada y que únicamente podría modificarse
      por decreto de la Asamblea Legislativa y no mediante la aprobación
      de una ordenanza municipal.

      Concluimos que la aprobación de la Ordenanza Municipal Núm. 05
      constituyó un acto ultra vires que carece de validez por tratarse de
      una pieza contraria a la Ley Medicinal, cuya norma es de rango
      superior a la ordenanza impugnada, y que a la luz de lo
      anteriormente expuesto hemos determinado que sus disposiciones
      no armonizan entre sí.

      En virtud de este análisis, el foro primario resolvió que la Ordenanza

Municipal del Municipio de Adjuntas era inconstitucional e inválida.

Además, le ordenó al Municipio de Adjuntas a expedir las patentes

municipales a la parte demandante, una vez se acreditara el pago o la

consignación de los arbitrios de construcción “junto a la licencia
KLAN202301099                                                               5

correspondiente para autorizar la operación del dispensario de cannabis

medicinal.”

       El 24 de julio de 2023, N&V sometió una Solicitud de enmienda a la

sentencia nunc pro tunc en la que informó que tras haberse declarado

inconstitucional la Ordenanza sometió ante el Departamento de Finanzas

del Municipio de Adjuntas la documentación necesaria para la expedición

de la patente municipal, incluyendo la Notificación de precualificación de

licencia para establecimiento de cannabis medicinal. De igual manera, indica

que, ante la falta de una respuesta, emitió comunicación escrita a dicho

departamento reiterando la petición para la expedición de la patente. En

respuesta a dicha misiva, según indicó la parte apelada, el Director del

Departamento de Finanzas del Municipio remitió una misiva en la que

indicó que según el lenguaje de la sentencia dictada, para expedir la patente

se requería la presentación de la licencia para autorizar la operación del

dispensario.

       Ante los hechos relatados, N&V argumentó que la interpretación

literal que el Municipio está efectuando de la sentencia dictada crea un

absurdo jurídico, ya que para la concesión de la licencia a la que esta alude,

es necesaria la expedición de la patente municipal; documento que el

Municipio se negaba a expedir por alegadamente ser necesaria en virtud

del texto de la sentencia dictada. Por ello, y considerando que el asunto

medular    concedido     por    la   sentencia   era   la   declaración    de

inconstitucionalidad de la Ordenanza, solicitó se enmendara la sentencia a

los fines de corregir la omisión de la palabra precualificación.

       El Municipio sometió su oposición a la solicitud de enmienda. En

esta, negó que la enmienda solicitada se tratara de un mero error de forma

y afirmativamente estableció que la patente municipal no es requisito para

operar. N&V replicó este escrito; mientras que el Municipio, por su parte,

sometió una dúplica a la réplica. Con el beneficio de estos documentos, el
KLAN202301099                                                                   6

TPI emitió Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc. En esta incluyó como nota

al calce 1, lo siguiente:

       Esta sentencia se enmienda a petición de la Parte Demandante con
       el único propósito de aclarar el lenguaje omitido en el inciso (ii) de
       la quinta parte de la Sentencia en lo que respecta a la sustitución de
       la “licencia correspondiente” por la “precualificación de la
       licencia”. Ello es corroborable con el formulario CM-L-01, titulado
       “Solicitud para licencia de cannabis medicinal” emitido por la Junta
       Reglamentadora del Cannabis Medicinal adscrita al Departamento
       de Salud de Puerto Rico, de cuyo documento tomamos
       conocimiento judicial en cuanto a la mención de la patente
       municipal para solicitar la licencia de cannabis medicinal.
       Advertimos que dicha enmienda no varía el dictamen original en
       sus méritos que ya advino final y firme, pues la aclaración del
       referido inciso no es sustancial a la controversia adjudicada por el
       tribunal sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal.

       La sentencia enmendada modificó el inciso (ii) de la parte dispositiva

a los efectos de ordenarle al Municipio a expedir la patente municipal una

vez se acreditara el pago o la consignación de los arbitrios de construcción

junto a la precualificación de la licencia correspondiente para autorizar la

operación del dispensario de cannabis medicinal.

       En desacuerdo, el Municipio instó el recurso de apelación de

epígrafe y alegó que se equivocó el foro primario al emitir la sentencia

enmendada. Específicamente, negó que la modificación incluida en la

enmienda se tratara de un error de forma y, en contrario, arguyó que

mediante la enmienda efectuada se le reconoció algo a lo que N&V no tiene

derecho.

       A los fines de establecer que la enmienda efectuada está impedida,

el Municipio señala que en la demanda N&V no solicitó como remedio

específico que se expidiera la patente municipal “una vez se acredite el pago

o consignación de los arbitrios junto a la pre-cualificación de licencia

correspondiente para autorizar la operación del dispensario de cannabis

medicinal”, como compareció a requerir al solicitar la enmienda a la

sentencia. Así, argumenta que la razón para no haber solicitado tal remedio

fue que conforme el documento de precualificación de licencia claramente

establece, la expedición de este documento no constituye una licencia.
KLAN202301099                                                               7

También plantea que, dado que la precualificación no le otorga el derecho

a operar- necesitándose la expedición de una licencia para ello-, el habérsele

concedido la emisión de la patente municipal sujeta a la producción de la

precualificación constituyó el reconocimiento de un derecho que no fue

reconocido en la sentencia original. Es precisamente por todo ello, que

reclama que la enmienda realizada no trata de un mero error de forma y

debe ser revocada.

       N&V por su parte, en su Alegato de la parte apelada N&V Business, LLC.

afirma, que los argumentos del Municipio se aferran a una interpretación

literal y absurda de la porción de la sentencia proponiendo un absurdo

jurídico contrario y en abstracción total de la regulación vigente. Esto,

debido a que la patente municipal es requisito para la expedición por parte

de la Junta Reglamentadora de la correspondiente licencia. Así, discute que

la enmienda se hizo para corregir una omisión insustancial que en nada

afecta el asunto medular concedido por el tribunal; la inconstitucionalidad

de la ordenanza municipal. Por último, asevera que la expedición de la

licencia se trata de un trámite administrativo que se rige por sus propias

reglas y que no es parte del dictamen del caso, por lo que la sentencia ni

siquiera tenía que hacer mención de ello.

       Aparte de su alegato, N&V sometió una Moción de desestimación por

falta de jurisdicción en la que alega que el recurso instado por el Municipio

trata realmente de un certiorari, por lo que el término para instar el recurso

era de 30 días, habiéndose pues radicado el mismo en el presente caso

tardíamente. Al día de hoy el Municipio no ha comparecido en oposición

de este escrito. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos

por sometido el asunto y procedemos a resolver.

                                      II

                                     -A-
KLAN202301099                                                              8

      Mediante la sentencia se adjudican las controversias habidas en un

pleito y se definen los derechos de las partes involucradas. Vélez v. A.A.A.,

164 DPR 772, 791 (2005); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983,

989 (1995) y Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 656 (1987). La

Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra, permite que los errores de forma

en las sentencias, así como en las órdenes u otras partes del expediente,

puedan corregirse por el tribunal mediante una enmienda nunc pro tunc. Tal

enmienda, puede realizarse en cualquier momento, a iniciativa propia o a

solicitud de parte. Otero Vélez v Schroder Muñoz, 200 DPR 76 (2018);

Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 191, 202 (1973).

      Por ser de naturaleza nunc pro tunc, las enmiendas se retrotraen a la

fecha de la sentencia o resolución original. Otero Vélez v Schroder Muñoz,

supra; Vélez v. A.A.A., supra; S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154

DPR 523, 530 (2001); y otros. Estas, deberán estar siempre sostenidas por el

expediente del tribunal. Asimismo, cuando ya ha transcurrido en exceso el

término dispuesto por ley para apelar o solicitar revisión de la sentencia u

orden, las enmiendas solicitadas no podrán menoscabar los derechos ya

adquiridos por cada litigante. El criterio rector para conocer la fecha a la

que se retrotrae la enmienda es que es que la cuestión a ser enmendada no

conlleve la alteración de un derecho sustantivo, sino la corrección de una

mera inadvertencia. Otero Vélez v Schroder Muñoz, supra.

      Nuestra jurisprudencia reconoce como los errores de forma más

comunes aquellos clericales u oficinescos, los errores mecanográficos, los

errores en nombres de personas, lugar, fechas, números o cifras. Vélez v.

A.A.A., supra a la pág. 792 y S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp, supra, a

la pág. 530. Así pues, mediante la herramienta provista por la Regla 49.1 de

Procedimiento Civil, supra, puede añadirse como condena entregar frutos

luego de que se ha reconocido el derecho de propiedad de una parte.

Además, se puede permitir dar una descripción completa en la sentencia de
KLAN202301099                                                              9

una propiedad en disputa. S.L.G. Coriano Correa v. K-mart Corp., supra, a

la pág. 530.

                                     -B-

       La jurisdicción es el poder o autoridad con el que contamos los

tribunales para considerar y decidir los casos y controversias que nos son

presentados ante nuestra consideración. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al.,

204 DPR 89, 101 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-

500 (2019).    En Puerto Rico, aun cuando los tribunales poseemos

jurisdicción general, adquirimos autoridad para entender sobre los asuntos

judiciales por virtud de ley. Por tanto, no la podemos atribuir ni las partes

no las pueden otorgar.

       Acorde con la norma imperante, estamos emplazados a ser fieles

guardianes de nuestra jurisdicción y carecemos de discreción para asumirla

donde no la hay. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386

(2020); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Por

ende, las cuestiones relativas a la jurisdicción pueden considerarse motu

proprio o a petición de parte, en cualquier etapa de los procedimientos,

incluso en la apelativa. Rosario Domínguez et als v. ELA et al., 198 DPR 197,

206 (2017); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016).

       La ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada e

incide de forma consustancial con la autoridad que nos ha sido conferida

para atender en los méritos una controversia o un asunto sobre un aspecto

legal. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil v. Hnos.

Torres Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012). De esa forma, si al hacer el

análisis jurisdiccional, concluimos, que carecemos de jurisdicción para

adjudicar la cuestión ante nuestra consideración, tenemos el deber de así

declararlo y proceder con la desestimación del recurso apelativo.

       De conformidad con lo anterior, la Regla 83 de nuestro Reglamento,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, la cual regula el desistimiento y la desestimación,
KLAN202301099                                                                             10

nos da la facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso de

apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre otras

razones, por falta de jurisdicción.

                                             III

        Según arriba consignamos, N&V sometió una moción mediante la

cual alega que carecemos de jurisdicción para atender el recurso de epígrafe

debido a que la presentación de este fue tardía. Específicamente, arguye que

la decisión apelada se trata de una determinación discrecional en la que se

corrige un error de forma contenido en una sentencia, por lo que alega que

el vehículo adecuado para recurrir de dicha decisión es el auto de certiorari.

Así pues, señala que conforme la Regla 32 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, el término jurisdiccional para someter un certiorari es de 30

días y que el recurso sometido por el Municipio se presentó a los 42 días de

haberse enmendado la sentencia.2

        Como se sabe, los asuntos jurisdiccionales deben ser atendidos con

preferencia. Asimismo, y conforme discutimos en la porción relativa al

derecho aplicable de esta Sentencia, el criterio factor para conocer la fecha a

la que se retrotrae la enmienda efectuada a una sentencia bajo la Regla 49.1

de Procedimiento Civil, supra, es que el cambio realizado no altere un

derecho sustantivo, sino que se trate de la corrección de una mera

inadvertencia. Otero Vélez v. Schroder Muñoz, supra. Ello así, ya que los

errores de forma no tienen el efecto de interrumpir el término dispuesto

en nuestro ordenamiento jurídico para instar los remedios posteriores a

la sentencia. Vélez v. A.A.A., supra, a la pág. 790. Por tanto, ante el reclamo

de ausencia de jurisdicción de N&V debemos antes que nada determinar si

la enmienda efectuada a la sentencia del caso de epígrafe trata de un mero

error de forma que ocasiona que el dictamen se retrotraiga a la fecha en que

2 Recordemos que el término jurisdiccional para instar un recurso de certiorari es de 30 días,

aún en pleitos en los que el Estado es parte. Véase, Abrams v. ELA, 178 DPR 914, 929 (2010).
KLAN202301099                                                                  11

originalmente se dictó o, si por el contrario, estamos ante una enmienda

sustantiva que activa un nuevo término para instarse apelación. Veamos.

      En la parte dispositiva de la Sentencia emitida el 13 de junio de 2022,

el foro primario le ordenó al Municipio a expedir la patente municipal a

favor de N&V, condicionado esto a que se acreditara el pago de los

correspondientes arbitrios de construcción y la presentación de la licencia

correspondiente para autorizar la operación del dispensario de cannabis

medicinal. Una lectura de la sentencia, particularmente de la porción arriba

transcrita, demuestra que tal remedio respondió a que al contraponer las

disposiciones de la Ordenanza Municipal con aquellas de la Ley 42-2017, el

foro primario concluyó que era imposible armonizar las disposiciones de

ambas regulaciones.

      En virtud de ello, y debido a que la Ley 42-2017 contiene una

cláusula de supremacía y una prohibición clara en cuanto a la distancia en

la que está prohibido el establecimiento de un dispensario de cannabis

medicinal cerca de una escuela, el TPI dictaminó que las medidas

contenidas en la Ordenanza Municipal- ante aquellas establecidas en la Ley

42-2017 para proteger a la niñez y juventud-, eran redundantes. Habiéndose

decretado la nulidad de la ordenanza, como remedio a favor de N&V, el

foro primario le ordenó al Municipio expedir la patente municipal

correspondiente, sujeto a, entre otras cosas, la presentación de la licencia

que le autoriza a operar como un dispensario de cannabis medicinal.

      Posteriormente, y a solicitud de N&V con oposición del Municipio,

se emitió la sentencia nunc pro tunc apelada a los únicos fines de enmendar

la parte dispositiva. Particularmente, para disponer que el documento que

debe entregarse al Municipio para la expedición de la patente municipal es

la precualificación de la licencia. En la nota alcance número 1 de la

sentencia, el TPI hizo constar lo que a continuación transcribimos:

      1 Esta sentencia se enmienda a petición de la Parte Demandante con

      el único propósito de aclarar el lenguaje omitido en el inciso (ii) de
KLAN202301099                                                                   12

       la quinta parte de la Sentencia en lo que respecta a la sustitución de
       la “licencia correspondiente” por la “precualificación de la
       licencia”. Ello es corroborable con el formulario CM-L-01, titulado
       “Solicitud para licencia de cannabis medicinal” emitido por la
       Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal adscrita al
       Departamento de Salud de Puerto Rico, de cuyo documento
       tomamos conocimiento judicial en cuanto a la mención de la
       patente municipal para solicitar la licencia de cannabis
       medicinal. Advertimos que dicha enmienda no varía el dictamen
       original en sus méritos que ya advino final y firme, pues la
       aclaración del referido inciso no es sustancial a la controversia
       adjudicada por el tribunal sobre la inconstitucionalidad de la
       ordenanza municipal. (Énfasis nuestro).

       Como puede observarse de lo antes transcrito, el tribunal explicó que

la enmienda se hacía para sustituir la frase “licencia correspondiente” por

“precualificación de la licencia”. También se advierte que el foro primario

expresó que el error u omisión era corroborable mediante el formulario CM-

L-01 (Solicitud para licencia de cannabis medicinal) emitido por la propia Junta

Reglamentadora del Cannabis Medicinal. Específicamente, según señaló,

de la porción en la que se establece que la patente municipal es uno de los

requisitos para poder solicitar la licencia.

       Hemos corroborado la sección de cumplimiento con leyes y

reglamentos del formulario señalado por el TPI. Constatamos que,

efectivamente, la patente municipal es uno de los requisitos que la Junta

Reglamentadora establece para que pueda expedirse una licencia a un

dispensario de cannabis medicinal para operar. Siendo ello así, nos es

forzoso concluir que la enmienda efectuada, como tuvo a bien explicar el

TPI, se hizo a los efectos de corregir el título del documento que N&V debía

someter junto con acreditación o consignación de los arbitrios de

construcción, para la emisión de la patente municipal y no para reconocerse

un derecho adicional previamente no brindado.

       Quiere decir, pues, que estamos ante una enmienda nunc pro tunc

realizada a los fines de corregir una omisión o inadvertencia; o sea, un error

de forma. Esto causa que, conforme el derecho expuesto, la enmienda se

retrotraiga a la fecha original de emisión. O sea, que no se activó en el
KLAN202301099                                                               13

pleito un nuevo término para que pueda apelarse, tal como lo sugiere la

parte apelante.

       En el presente caso, la sentencia enmendada fue originalmente

dictada el 13 de junio de 2022. Retrotrayéndose la enmienda a esta fecha, es

más que claro que el término de treinta (30) días para recurrir en revisión

judicial en el presente caso ya expiró, siendo este dictamen hoy día uno final

y firme.

                                     IV

       Por virtud de todo lo consignado declaramos Ha Lugar la Moción de

desestimación por falta de jurisdicción sometida por N&V y, en consecuencia,

desestimamos la apelación de epígrafe.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones