Court Opinion

ID: 9962714
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:45:18.772359+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.690152
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL
                            OATA-2023-1651

   CYNTHIA MÉNDEZ                                      CERTIORARI
      SEGARRA                                          procedente del
                                                       Tribunal de Primera
Demandante-Recurrida                                   Instancia, Sala
                                                       Superior de San
             v.                                        Sebastián

   CASA REALTY                  KLCE202300841 Caso Núm.
CORPORATION H/N/C                             LR2022CV00095
FARMACIA GRITO DE
  LARES Y OTROS                                        Sala: 0002 Distrito y
                                                       Superior
      Demandados
                                                       Sobre:
  MAYBETH TORRES
     SIGURANI                                          DESPIDO
                                                       INJUSTIFICADO (LEY
      Codemandada                                      80), DISCRIMEN
       Peticionaria                                    (LEY 100)
Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza
Santiago Calderón y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

       Comparece la parte peticionaria, Maybeth Torres Sigurani,

para solicitarnos que se revise y revoque la Orden emitida y

notificada el 18 de mayo de 2023 y la Resolución emitida el 22 de

junio de 2023 y notificada el 27 de junio de 2023 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián donde,

respectivamente, decretó No Ha Lugar a una solicitud de

desestimación      y   declaró     No    Ha    Lugar     a   la    Moción   de

Reconsideración presentada por la peticionaria. El 21 de febrero de

2024, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

Enmendada fundamentando y reafirmando su dictamen.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

expide el auto de certiorari. Se modifica la Resolución Enmendada,

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-165 se designa al Juez Joel A.

Cruz Hiraldo en sustitución de la Jueza Eileen J. Barresi Ramos.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLCE202300841                                                               2

a fines de desestimar la causa de acción bajo la Ley Núm. 100, y

así modificada, se confirma.

                                      I

       El 1 de abril de 2022, la Sra. Méndez Segarra instó una

Demanda en contra de Casa Realty Corporation, haciendo negocios

como Farmacia Grito de Lares, y Ludovina Sigurani, en su carácter

personal, por discrimen bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

19592 (en adelante, “Ley Núm. 100”), por hostigamiento y acoso

laboral, por despido constructivo al amparo de la Ley Núm. 80 de

30 de mayo de 19753 (en adelante, “Ley Núm. 80”) y por daños y

perjuicios.

       En apretada síntesis, la Sra. Méndez Segarra laboró por

catorce (14) años y siete (7) meses como Técnica de Farmacia en la

Farmacia Grito de Lares bajo la supervisión de la Sra. Ludovina

Sigurani, dueña y presidenta de Casa Realty Corporation. Según

las alegaciones de la Demanda, la Sra. Méndez fue sujeta a un

ambiente hostil y humillante tras ser expuesta a constantes

comentarios degradantes, burlas sobre su peso y condiciones de

salud, conducta abusiva y actos ilegales, todo perpetrado por la

Sra. Ludovina Sigurani. En fin, el 23 de septiembre de 2021, la

Sra. Méndez Segarra alegó que se vio forzada a renunciar su

empleo    y,   poco    después,    presentó     la   acción    de   epígrafe,

reclamando por daños sufridos, daños punitivos, pérdida de

ingreso, mesada e indemnización al amparo de la Ley Núm. 80,

doble compensación al amparo de la Ley Núm. 100 y honorarios de

abogado. Ante el fallecimiento de la Sra. Ludovina Sigurani, el 11

de enero de 2023, la demandante presentó una Demanda

Enmendada con el propósito de incluir como parte demandada a la

2 Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según

enmendada, 29 LPRA § 146 et seq.
3 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1975, según

enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
KLCE202300841                                                               3

Sucesión de Ludovina Sigurani, compuesta por Maybeth Torres

Sigurani, Raymond Torres Sigurani y Stephanie Torres Muñiz.

       Acaecidos diversos trámites procesales, el 8 de mayo de

2023, la demandada Maybeth Torres Sigurani presentó una Moción

de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento

Civil. Arguyó que, se debió desestimar con perjuicio la demanda

por los siguientes planteamientos: 1) la causa de acción bajo la Ley

Núm. 80 contra la Sucesión de la Sra. Ludovina Sigurani en su

carácter personal, por ser una causa de acción exclusiva obrero

patronal; 2) la causa de acción bajo la Ley Núm. 100, por no

haberse establecido un caso prima facie de discrimen al no

contener alegación alguna de discrimen y ser un remedio obrero

patronal; 3) la demanda en su totalidad por constituir cosa juzgada

e impedimento colateral. por sentencia ante una resolución por el

Departamento del Trabajo en el caso núm. M-04079-21AE; y 4) la

demanda en su totalidad, por insuficiencia en las alegaciones y por

no exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio.

       El 11 de mayo de 2023, la demandante presentó su

oposición a la solicitud de desestimación. En primer lugar, expresó

que la demandada Maybeth Torres Sigurani fue incluida en el

pleito para responder por las actuaciones de su madre, la Sra.

Ludovina Sigurani, mediante las reclamaciones bajo los Artículos

1536 y 1540 del Código Civil4. En segundo lugar, esgrimió que la

doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia no

era de aplicación debido a que en los procesos llevados por el

Negociado de Seguridad de Empleo en el Departamento de Trabajo

solo se atendió el seguro por desempleo y que no tienen

jurisdicción para atender los reclamos de la demanda. Por último,

4 Arts. 1536 y 1540 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020,

según enmendada, 31 LPRA § 10801 y 10804.
KLCE202300841                                                                 4

se arguyó que la solicitud de desestimación, esencialmente, se

basa en la falta de justificación de la concesión de un remedio y

que, al aplicarse la Regla 10.2 de Procedimiento Civil5 y las

alegaciones tomadas como ciertas, se debió concluir que existe una

controversia real y específica que justifica una concesión de un

remedio.

       El 11 de mayo de 2023, notificada el 18 de mayo de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la cual declaró

No Ha Lugar a la solicitud de desestimación. No obstante, el 1 de

junio de 2023, la demandada Maybeth Torres Sigurani presentó

una moción de reconsideración. El 6 de junio de 2023, el foro

primario celebró una vista en la cual atendió la moción de

reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia señaló que

existía una controversia sobre si nuestro ordenamiento jurídico

permite una reclamación contra un funcionario de la empresa en

su carácter personal por actuaciones de daños por discrimen y

acoso laboral. Ante ello, el Foro de Instancia le concedió un

término a la demandante para mostrar su posición sobre la

reconsideración y permitió las correspondientes réplicas de las

partes.

       El 14 de junio de 2023, la demandante presentó una Moción

en    Cumplimiento        de    Orden     en     Oposición       a   Moción   de

Reconsideración. En cuanto a la controversia traída por el Tribunal

de Primera Instancia, la demandante arguyó que la misma fue

resuelta por el Tribunal Supremo en Cabeller Rivera v. Adriel

Toyota et al.6, donde la demandante utilizó el análisis hecho por el

Tribunal sobre que un autor de actos de hostigamiento sexual

podía responder en su carácter personal y, en apretada síntesis,

esgrimió que ello era de igual aplicación al presente caso. Así las

5 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
6 Cabeller Rivera v. Adriel Toyota et al., 200 DPR 120 (2018).
KLCE202300841                                                        5

cosas, el 20 de junio de 2023, la demandada Maybeth Torres

Sigurani presentó una réplica en la cual esgrimió que la

jurisprudencia presentada por la demandante es exclusivamente

sobre hostigamiento sexual, que no es de aplicación al presente

caso por no ser de hostigamiento sexual y que la legislación

aplicable solo concede remedios en contra de los patronos y no

empleados en su carácter personal.

         Luego de una dúplica presentada por la demandante, el 22

de junio de 2023, notificada el 27 de junio de 2023, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución declarando No Ha Lugar a

la solicitud de reconsideración amparándose en el caso de Cabeller

Rivera v. Adriel Toyota et al.7. Inconforme, el 31 de julio de 2023, la

demandada-peticionaria, Maybeth Torres Sigurani, presentó el

auto de certiorari ante nos con los siguientes señalamientos de

error:

                          PRIMER ERROR

         INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO EL HONORABLE
         TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
         DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN BAJO LA LEY
         80 DE DESPIDO INJUSTIFICADO EN CONTRA DE UN
         AGENTE DEL PATRONO QUE ALEGADAMENTE
         INCURRIO [sic] EN CONDUCTA DE HOSTIGAMIENTO
         LABORAL POR LAS QUE LA AGRAVIADA TUVO QUE
         RENUNCIAR A SU EMPLEO.

                         SEGUNDO ERROR

         ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA CAUSA DE
         ACCIÓN AL AMPARO DE LA LEY 100 SOBRE
         DISCRIMEN        LABORAL         IMPONIENDO
         RESPONSABILIDAD PERSONAL AL AGENTE O
         EMPLEADO DEL PATRONO POR HECHOS QUE NO
         ACTIVAN ESTA PROTECCIÓN LABORAL.

                          TERCER ERROR

         ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA CASUSA [sic] DE
         ACCIÓN DE HOSTIGAMIENTO LABORAL AL AMPARO
         DEL ARTÍCULO 1536 DEL CÓDIGO CIVIL DE
         PUERTO RICO POR LOS MISMOS HECHOS EN LOS
         QUE SOLICITA UNA REPARACIÓN DE LOS AGRAVIOS

7 Id.
KLCE202300841                                                                  6

        BAJO LA LEY 80 SOBRE DESPIDO INJUSTIFICADO Y
        LA LEY 100 SOBRE DISCRIMEN PRODUCIENDO QUE
        SE DE UNA DOBLE COMPENSACIÓN.

        El 9 de febrero de 2024, emitimos una Resolución donde le

ordenamos al Tribunal de Primera Instancia a atender a cada uno

de los planteamientos contenidos en la Moción de Desestimación,

según nos permite la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones8. El 21 de febrero de 2024, el foro primario emitió una

Resolución Enmendada en cumplimiento con nuestra orden.

        En la Resolución Enmendada, el foro a quo reafirmó su

postura sobre la responsabilidad en el carácter personal de un

empleado bajo la Ley Núm. 100 y resolvió que no procede la

desestimación, ya que se desprende que puede existir una

reclamación que justifique la concesión de un remedio a favor de la

demandante.      Añadió que, de probarse, las actuaciones de

hostigamiento que se le imputan a la demandada pudieran

conllevar al resarcimiento de daños y que su desestimación sería

darle   inmunidad      a    la   autora    del    daño.   En      cuanto   a   la

responsabilidad en el carácter personal al amparo de la Ley Núm.

80, el foro de instancia indicó que fue presentada por la

demandante en la alternativa de no probarse la reclamación por

hostigamiento bajo la Ley Núm. 100 y que está dirigida hacia la

corporación y no en el carácter personal de la Sucesión Ludovina

Sigurani. Además, aclaró que no responderían en su carácter

personal bajo la Ley Núm. 80. En fin, declaró nuevamente No Ha

Lugar a la solicitud de reconsideración de la codemandada y aquí

peticionaria, Maybeth Torres Sigurani.

        Examinado      el    recurso      en     su   totalidad     y,   con   la

comparecencia de ambas partes en aras de lograr el más justo y

eficiente   despacho,       damos   por        perfeccionado   el    recurso   y

procedemos a establecer el derecho aplicable y resolver.

8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.1.
KLCE202300841                                                                 7

                                        II

A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de

carácter discrecional que le permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las determinaciones del tribunal recurrido.9 La

Regla 52.1 de Procedimiento Civil10 establece los preceptos que

regulan la expedición discrecional que ejerce el Tribunal de

Apelaciones     sobre   el   referido        recurso   para   la   revisión   de

resoluciones y órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia.11 En lo pertinente, la Regla 52.1 dispone lo

siguiente:

             El recurso de certiorari para revisar resoluciones
      u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante,    y   por    excepción     a    lo   dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas
      por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra
      de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
      hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
      privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en
      casos de relaciones de familia, en casos que revistan
      interés público o en cualquier otra situación en la cual
      esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de
      un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de
      Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
             Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
      expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá
      ser revisada en el recurso de apelación que se
      interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en
      la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.12

      La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del

resto del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión

9 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___

(2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG
Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
10 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
11 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300841                                                              8

justiciera. 13 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el

auto de certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de

parámetros.14 Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones15 orienta la función del tribunal

intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional y

establece los criterios que debe considerar al determinar si procede

o no expedir un auto de certiorari.16 La referida regla dispone lo

siguiente:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

13 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023);
Mun. Caguas v. JRO Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR,
supra, 338.
14 Id.
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
16 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLCE202300841                                                                 9

solamente por razones de peso.17 Es por ello que los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.18 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1)

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.19

B. La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil

         Nuestro ordenamiento procesal civil permite que una parte

demandada solicite la desestimación de una causa de acción

presentada en su contra si resulta evidente que de las alegaciones

de la demanda prosperará alguna de las defensas afirmativas que

establece la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.20 Particularmente,

en su inciso (5), dicha regla establece que la parte demandada

puede fundamentar su solicitud de desestimación bajo la defensa

de que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique

la   concesión    de    un   remedio.21     Este      tipo   de   solicitud   de

desestimación se dirige a los méritos de la controversia y no a los

aspectos procesales del caso.22

         Al considerarse una moción de desestimación al amparo de

esta regla, los tribunales tienen que tomar como cierto y de la

forma más favorable para la parte demandante todos los hechos

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de

17 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
18 Id.
19 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al. v.
Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular,
152 DPR 140, 155 (2000).
20 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González

Freyre, 211 DPR 579, 614 (2023).
21 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).
22 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, 211 DPR 70, 83 (2023).
KLCE202300841                                                                10

manera clara y concluyente.23 Cónsono con lo anterior, los foros

adjudicativos tienen el deber de interpretar las alegaciones de una

demanda de manera conjunta y liberalmente a favor de la parte

demandante para facilitar el amparo judicial.24

       Para que prevalezca una solicitud de desestimación, el

tribunal debe convencerse con certeza que el demandante no tiene

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se

pudiere probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la

demanda lo más liberalmente a su favor.25 Así pues, los foros

judiciales deben ponderar si, a la luz de la situación más favorable

al demandante y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es

suficiente para establecer una reclamación válida.26 Asimismo, el

Tribunal Supremo resolvió que el estándar de revisión de la moción

de   desestimación       se   extiende    a    la   solicitud   de    remedios

alternativos.27

C. Ley Núm. 80

       La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 197628 (en adelante, “Ley

Núm. 80”) cumple el fin de proteger a los empleados de

actuaciones arbitrarias del patrono al disponer de remedios

económicos que desalienten los despidos injustificados.29 Según

establecido por el Tribunal Supremo, esta legislación tiene dos

propósitos principales: 1) desalentar la práctica de despedir a

empleados sin que medie justa causa; y 2) proveer a los empleados

23 Id., pág. 84; Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384,
396 (2022).
24 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra; González Méndez v. Acción Social

et al., 196 DPR 213, 234 (2016).
25 Rivera Sanfeliz et al. V. Jta. Dir. Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015).
26 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra.
27 La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González Freyre, supra; Cobra

Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, supra, págs. 400-400.
28 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

según enmendada, 29 LPRA § 185a et seq.
29 Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 770 (2022);

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015).
KLCE202300841                                                                    11

remedios consustanciales a los daños causados por los despidos

injustificados.30

       El estatuto dispone que todo empleado contratado sin

tiempo determinado que trabaja para un patrono mediante

remuneración y que fuere despedido sin que haya mediado una

justa causa tendrá derecho a recibir de su patrono una

indemnización, comúnmente conocida como “la mesada”.31 Este

resarcimiento constituye un remedio exclusivo disponible para

aquellos empleados que fueron despedidos injustificadamente, en

tanto no existan otras causas de acción independientes al

despido.32 Cabe destacar que nuestro ordenamiento laboral no

prohíbe el despido de un empleado ya que un empleado puede ser

despedido mediante justa causa, pero cuando no exista justa

causa, se configurará la repercusión de que el patrono deberá

asumir el pago de la mesada a favor del empleado.33

       Ahora bien, el esquema estatutario de la Ley Núm. 80

establece una presunción de que todo despido es injustificado y le

impone al patrono el deber de demostrar, mediante preponderancia

de la prueba, que hubo justa causa para el mismo.34 No obstante,

para disfrutar de dicha presunción, el demandante tiene la

obligación de aportar prueba que establezca los hechos básicos

que den lugar a la presunción, estos siendo, que fue empleado por

tiempo indeterminado del patrono, que recibía remuneración por

su trabajo y que fue despedido de su puesto.35

30 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 229-230 (2016).
31 Art. 1 de la Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de

1976, según enmendada, 29 LPRA 185a; Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico
Operations, Co., supra, pág. 771.
32 Indulac v. Central General de Trabajadores, 207 DPR 279, 298 (2021); León

Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 36-37 (2020).
33 Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra; Segarra Rivera v.

International Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964, 983 (2022).
34 Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra, pág. 774; Rivera Figueroa

v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011).
35 Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra, pág. 775.
KLCE202300841                                                                12

       Por último y pertinente al caso ante nos, el Artículo 14(g) de

la Ley Núm. 8036 define “patrono” como “toda persona natural o

jurídica que emplee o permita trabajar a cualquier empleado

mediante compensación”.

D. Ley Núm. 100

       Nuestra Constitución establece como derecho fundamental

la protección de toda persona contra ataques abusivos a su honra,

reputación y vida privada o familiar.37 De igual forma, prohíbe el

discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen,

condición social e ideas políticas o religiosas.38 Por ello, nuestro

Tribunal Supremo ha indicado que la inviolabilidad de la dignidad

del ser humano es el principio cardinal sobre el cual se cimentan

los derechos fundamentales de toda persona.39 La Ley Núm. 100

de 30 de junio de 1959, conocida como la “Ley Antidiscrimen de

Puerto Rico”40 (en adelante, “Ley Núm. 100”), se aprobó con el

propósito de instrumentar el mandato constitucional de esencial

igualdad humana en el contexto obrero-patronal.41

       Este estatuto sirve de protección para los empleados y

candidatos a empleo contra el discrimen por parte de patronos u

organizaciones obreras.42 La Ley Núm. 100 establece una causa de

acción civil por daños a favor de toda persona que sea despedida,

privada de oportunidad de empleo o de otro modo afectada

negativamente en su empleo por motivo de edad, raza, color, sexo,

orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional,

condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o

por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia

36 Art. 14(g) de la Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo

de 1976, según enmendada, 29 LPRA § 185n(g).
37 Art. II, Sec. 8, Const. ELA [Const. PR] LPRA, Tomo 1, ed. 2016.
38 Art. II, Sec. 1, Const. ELA [Const. PR], supra.
39 UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1014 (2013).
40 Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,

según enmendada, 29 LPRA § 146 et seq.
41 Torres Rivera v. Econo Rial, Inc., 208 DPR 346, 355 (2021); Mestres Dosal v.

Dosal Escandón, 173 DPR 62, 69 (2008).
42 Torres Rivera v. Econo Rial, Inc., supra.
KLCE202300841                                                                 13

doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex-militar,

servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados

Unidos o por ostentar la condición de veterano.43 En fin, la Ley

Núm. 100 prohíbe y penaliza el discrimen en el empleo.44 Su

propósito es erradicar las prácticas discriminatorias en el empleo y

propiciar mayor igualdad de oportunidades en el empleo.45

       En cuanto a la indemnización, el patrono que violente dicha

ley incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble

del importe de los daños que el acto haya causado al empleado o

solicitante de empleo         o, de no poderse determinar daños

pecuniarios, una suma no menor de quinientos dólares ($500.00)

ni mayor de dos mil dólares ($2,000.00), según la discreción del

tribunal.46 A la primera partida se le conoce como “la doble

penalidad” y abarca tanto los daños económicos como los

sufrimientos y las angustias mentales que pruebe el promovente.47

En adición, el patrono incurrirá en un delito menos grave y sería

castigado con multa de hasta cinco mil dólares ($5,000.00) o cárcel

por un término no mayor de noventa (90) días, o ambas penas, a

discreción del tribunal sentenciador.48 Por último, la ley permite la

restitución del obrero en su empleo y la orden de cese y desista del

acto    discriminatorio.49     Cabe     destacar      que    cuando      existe

concurrencia de acciones entre la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100,

solo procederá la indemnización estatutaria que ofrezca la mayor

compensación al obrero.50

43 Art. 1 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, según enmendada, 29 LPRA § 146.
44 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 988.
45 Mestres Dosal v. Dosal Escandon, supra, pág. 69.
46 Art. 1 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, según enmendada, supra.
47 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 209 (2021).
48 Art. 1 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, según enmendada, supra.
49 Id.; Torres Rivera v. Econo Rial, Inc., supra, pág. 356.
50 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 991.
KLCE202300841                                                                14

       Ahora bien, previo a la reforma laboral introducida por la Ley

Núm. 4-201751, el lenguaje original del Art. 3 de la Ley Núm. 10052

establecía una presunción de discrimen de carácter controvertible

cuando los actos antes referidos se hayan cometido sin justa

causa.53 En toda causa de acción instada simultáneamente al

amparo de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100, el demandante debe

primero alegar en su demanda que su despido fue injustificado y

luego establecer su caso prima facie por discrimen.54 Los elementos

que debe el promovente establecer son: 1) que fue despedido, 2) sin

justa causa y 3) que está ubicado dentro de la modalidad de

discrimen bajo la cual reclama.55 Una vez establecido el caso prima

facie por discrimen, la presunción se activa y el patrono puede

atacarla al derrotar el hecho básico de ausencia de justa causa,

destruir el hecho presumido de causa por motivos discriminatorios

o destruir el hecho básico y presumido a la vez.56 De atacarse la

presunción exitosamente, el demandante deberá presentar prueba

dirigida a establecer la existencia del discrimen, sin contar con el

beneficio de la presunción.57

       En lo pertinente al caso ante nos, el estatuto define

“patrono” como “toda persona natural o jurídica que emplee

obreros, trabajadores o empleados, y al jefe, funcionario, gerente,

oficial,    gestor,     administrador,        superintendente,         capataz,

mayordomo, agente o representante de dicha persona natural o

jurídica”.58

51 Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, 29 LPRA §
121 et seq.
52 Art. 3 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, según enmendada, 29 LPRA ant. § 148. Hacemos constar que este
artículo ha sido enmendado y su lenguaje actual no establece una presunción
completamente distinta a la original.
53 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 988.
54 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 989 citando

a López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 124 (2011).
55 Id.
56 Id.
57 Id.
58 Art. 6(2) de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio

de 1959, según enmendada, 29 LPRA § 151(2).
KLCE202300841                                                   15

                               III

      Como primer señalamiento de error, la peticionaria indicó

que el foro primario incidió al no desestimar la causa de acción

bajo la Ley Núm. 80 por ser en contra de un agente del patrono en

su carácter personal. En esencia, la peticionaria arguye que los

remedios solicitados y las reclamaciones laborales bajo la Ley

Núm. 80 son exclusivamente atribuibles a patrono y no pueden ser

impuestas a empleados en su carácter personal. Por otro lado, la

recurrida arguyó que este señalamiento de error no debe ser

considerado por este foro revisor debido a que no existe

reclamación de despido constructivo en contra de la Sra. Ludovina

Sigurani. Igualmente, en su Resolución Enmendada, el Tribunal de

Primera Instancia concurrió con la demandante y resolvió que la

causa de acción bajo la Ley Núm. 80 está dirigida hacia patrono,

Casa Realty Corporation. Coincidimos con el raciocinio del foro de

instancia.

      Aunque la redacción de las reclamaciones de la Demanda

Enmendada resulta ser relativamente confusa, concluimos que la

causa de acción al palio de la Ley Núm. 80 sólo se dirige contra

patrono, Casa Realty Corporation, según se desprende de la

alegación treinta y uno (31) de la Demanda Enmendada. Así lo

afirmó la demandante en su escrito e igualmente lo resolvió el

Tribunal de Primera Instancia en su Resolución Enmendada. Por

tanto, no existe una causa de acción en el carácter personal de la

Sucesión Ludovina Sigurani al amparo de la Ley Núm. 80, por lo

que solo resta confirmar al foro primario en cuanto a este

señalamiento de error.

      En cuanto al segundo señalamiento de error, la peticionaria

igualmente indicó que el Tribunal de Primera Instancia que incidió

al no desestimar la causa de acción bajo la Ley Núm. 100. La

peticionaria arguyó que dicha causa de acción es de índole obrero-
KLCE202300841                                                               16

patronal y que las alegaciones de la demanda no contienen acto

discriminatorio alguno que se encuentre bajo la protección de la

Ley Núm. 100. Por otro lado, la recurrida argumentó que la

controversia sobre si se puede demandar en carácter personal a un

funcionario de la empresa por actuaciones de daños por discrimen

y acoso laboral fue resuelta por el Tribunal Supremo en el caso

Cabeller Rivera v. Adriel Toyota59. Luego de un concienzudo estudio

del expediente del presente caso, resulta forzoso concluir que

estamos ante una controversia quimérica y que la causa de acción

por discrimen al amparo de la Ley Núm. 100 es improcedente.

         Ciertamente, en circunstancias particulares tales como los

casos sobre hostigamiento sexual, se puede demandar a un

funcionario de una empresa en su carácter personal según fue

resuelto por el Tribunal Supremo en Cabeller Rivera v. Adriel

Toyota60 y en Rosario Toledo v. Dist. Kikuet, Inc.61. No obstante,

dicha polémica es irrelevante cuando de la misma Demanda

Enmendada surge que no existe alegación alguna que sostenga

una reclamación al palio de la Ley Núm. 100. Es decir, al tomar

como cierto y de la forma más favorable para la demandante-

recurrida    todos los hechos bien alegados en la                     Demanda

Enmendada, no existe reclamación válida bajo la Ley Núm. 100,

pues, no se alega discrimen alguno que se contemple bajo dicho

estatuto. Veamos.

         En la Demanda Enmendada, la demandante-recurrida alude

a actos de discrimen en numerosas ocasiones, sin especificar la

modalidad      de    discrimen      cometido.      No     obstante,    de   las

alegaciones número quince (15) y veintiuno (21), se desprende

que el alegado discrimen es por razón del “peso y condición de

salud” de la demandante-recurrida. La Ley Núm. 100 es clara en

59 Id.
60 Id.
61 Rosario Toledo v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000)
KLCE202300841                                                                 17

cuanto a las distintas categorías de discrimen que se prohíben,

estas siendo: por razón de edad, raza, color, sexo, orientación

sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición

social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser

víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica,

agresión sexual o acecho, por ser militar, ex-militar, servir o haber

servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por

ostentar la condición de veterano.62 Evidentemente, la Ley Núm.

100 no contempla un discrimen por razón de peso o condición

de salud, por lo que tampoco provee un remedio para ello.

        La realidad del caso es que la demandante-recurrida no

alegó una indicativa de cualquier modalidad de discrimen bajo la

Ley Núm. 100, por lo que es insostenible e improcedente la causa

de acción por discrimen bajo la referida ley. Resolver al contrario

permitiría que se sostengan causas de acción sin alegaciones que

la apoyen, sometiendo a las partes adversarias a una litigación

sobre controversias inexistentes, según ocurrió en el presente caso.

        El Tribunal de Primera Instancia negó desestimar esta causa

de acción basándose en las alegadas actuaciones de hostigamiento

porque, de probarse éstas, podrían conllevar una indemnización

por daños sufridos. Además, el foro a quo cita la jurisprudencia de

Cabeller Rivera v. Adriel Toyota63 y en Rosario Toledo v. Dist.

Kikuet, Inc.64 en apoyo a su conclusión. Le recordamos al foro de

instancia que la Ley Núm. 100 es una ley que atiende asuntos de

discrimen y se utilizó, en conjunto con otras leyes, en la precitada

jurisprudencia bajo el contexto de discrimen por razón de sexo,

entre    otras.    El   presente      caso     trata    sobre   un    despido

constructivo mediante hostigamiento y acoso laboral, sin

pretexto alguno de discrimen. Las alegaciones de hostigamiento
62 Art. 1 de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, según enmendada, supra.
63 Id.
64 Rosario Toledo v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000)
KLCE202300841                                                             18

y acoso laboral, por sí solas y sin algún acto discriminatorio, no

pueden sustentar una causa de acción bajo la Ley Núm. 100. Por

tanto, procede la desestimación de la causa de acción por

discrimen bajo la Ley Núm. 100 en contra de Casa Realty

Corporation y la Sra. Ludovina Sigurani, ahora sustituida por la

Sucesión, en su carácter personal.

       Como tercer y último señalamiento de error, la peticionaria

indicó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no

desestimar la causa de acción en daños y perjuicios por

hostigamiento y acoso laboral al amparo del Artículo 1536 del

Código Civil de Puerto Rico65. En esencia, la peticionaria arguyó

que el remedio aplicable de la Ley Núm. 80 es exclusivo por lo que

no procede una acción de daños y perjuicios y aún menos a un

empleado en su carácter personal. No le asiste la razón.

       Una parte demandada puede presentar una moción de

desestimación sobre una causa de acción presentada en su contra

si resulta evidente que de las alegaciones de la demanda

prosperará alguna de las defensas esbozada en la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil66, entre ellas la defensa de que la demanda

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio.67 Empero, para que la parte promovente prevalezca es

necesario que el tribunal se convenza con certeza de que no existe

derecho a algún remedio bajo cualquier estado de derecho que se

pudiera probar en apoyo a su reclamación e interpretada de la

forma más liberal y favorable para la demandante.

       Tras un prolijo estudio de las alegaciones de la Demanda

Enmendada junto al expediente del caso de autos, no podemos, en

buena conciencia, desestimar la acción judicial en esta etapa de

los procedimientos. Las alegaciones de hostigamiento y acoso
65 Art. 1536 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, según

enmendada, 31 LPRA § 10801.
66 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
67 Id., R. 10.2(5).
KLCE202300841                                                         19

laboral, tomadas de la forma más favorable a la demandante y

resolviendo toda duda a su favor, pudieran, de probarse, encontrar

un remedio bajo algún estado de derecho aplicable, siendo esta

suficiente para establecer una reclamación válida. Por ende,

concluimos   que   el   Tribunal        de   Primera   Instancia   actuó

correctamente en derecho y no cometió el señalado error.

                                   IV

      Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos

formar parte de este dictamen, se expide el auto de certiorari. Se

modifica la Resolución Enmendada emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián, a fines de

desestimar la causa de acción bajo la Ley Núm. 100, y así

modificada, se confirma.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones