Court Opinion

ID: 9554676
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:16:02.365321+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:08.794534
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL III

                                                Certiorari
    RICARDO J. SUÁREZ                           procedente del
        MARTÍNEZ                                Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
          Parte Recurrida         KLCE202300614 Superior de
                                                Carolina
                 v.
                                                       Civil núm.:
   ESTHER L. GAUTIER                                   CA2021CV00662
  TORRES; GERARDO E.
 OLIVERA HERNÁNDEZ Y                                   Sobre:
        OTROS                                          Partición Judicial de
                                                       Herencia
      Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

                               RESOLUCIÓN

          En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

          La parte peticionaria, Esther Lydia Gautier Torres y Gerardo

Enrique Olivera Hernández, solicita que revoquemos la Sentencia1

emitida el 1 de marzo de 2023, notificada el 7 de marzo de 2023, por

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina. Mediante el

referido dictamen, el TPI atendió las mociones de sentencia sumaria

presentadas por las partes y declaró nula una escritura de donación

hecha por el causante Rafael Suárez Alicea a favor de Gerardo

Enrique Olivera Hernández, nieto de la viuda Esther Lydia Gautier

Torres, por ser contraria a la prohibición de donaciones por razón

de matrimonio.

          El recurrido, Ricardo José Suárez Martínez, compareció

mediante Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de

Certiorari.

          Perfeccionado el recurso y evaluados los escritos de las partes,

concluimos que no procede la expedición del auto de certiorari.

1 El dictamen es uno interlocutorio que no adjudica de forma final la causa de

acción.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300614                                                                     2

                                         I.

       El 8 de julio de 2019, don Rafael Suárez Alicea (don Rafael o

causante) falleció intestado estando casado con doña Esther Lydia

Gautier Torres (doña Esther). A raíz de su deceso, se instó la

correspondiente declaratoria de herederos. Mediante Resolución

dictada el 25 de noviembre de 2020, el TPI determinó que los únicos

y universales herederos de don Rafael son sus cuatro hijos, de

nombres Ricardo José Suárez Martínez, Miriam Ileana Suárez

Martínez, Angie Magali Suárez O’Neill, Orlando Rafael Suárez

O’Neill, y su viuda doña Esther Lydia Gautier Torres en la cuota

viudal usufructuaria.2

       Así las cosas, el 17 de marzo de 2021, Ricardo José Suárez

Martínez presentó demanda solicitando la partición de la herencia

de Don Rafael.3 Alegó que, desde el fallecimiento de Don Rafael, doña

Esther ha residido en una residencia localizada en la Urb. Quintas

de Country Club sin el consentimiento de los herederos. El

demandante adujo que interesa vivir la vivienda y que doña Esther

lo ha privado a él y a sus hermanos de todo disfrute de la propiedad,

mueble e inmueble, perteneciente al caudal hereditario de su padre.

Por tanto, solicitó los siguientes remedios:(1) la partición judicial de

la herencia, (2) que se ordenara a doña Esther desalojar

inmediatamente al arrendatario que habita en el segundo piso de la

propiedad o, en su defecto, que ésta entregara a los herederos el

producto de los cánones del arrendamiento, (3) que se concediera

un crédito a los herederos por el tiempo que doña Esther ha ocupado

y alquilado la propiedad desde el fallecimiento del causante y (4) la

imposición de honorarios de abogados y costas por temeridad.

2 Ricardo José Suárez Martínez, Ex parte, civil número CA2020CV02472.
3 El 27 de abril de 2021, en respuesta a la solicitud de Ricardo José Suárez
Martínez, el TPI notificó una Sentencia Parcial en la que dio por desistida la causa
de acción en cuanto a Miriam Ileana Suárez Martínez, por ésta haber otorgado
una escritura de repudiación de la herencia de don Rafael.
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       Posteriormente, el 9 de mayo de 2021, doña Esther, sin

someterse a la jurisdicción del tribunal, presentó Contestación a

Demanda. En ella, aceptó algunos hechos, negó otros y planteó

varias defensas afirmativas. Entre éstas, aseguró que el demandante

carecía de una causa de acción en su contra, porque la vivienda no

pertenecía al causante al momento del fallecimiento. Explicó que,

mediante la Escritura Número Diez (10) de Donación y Aceptación

otorgada el 3 de agosto de 2012, ante el notario público Jorge Luis

Martín Cintrón Pabón, el causante había donado la referida

propiedad a Gerardo Enrique Olivera Hernández, nieto de doña

Esther por su anterior matrimonio.

       Ante ello, durante la vista celebrada el 8 de septiembre de

2021, el tribunal manifestó que había que incluir, como parte

indispensable, al donatario Gerardo Enrique Olivera Hernández.

       Así pues, el 13 de septiembre de 2021, Ricardo José Suárez

Martínez presentó Demanda Enmendada. En ésta, incluyó como

codemandado a Gerardo Enrique Olivera Hernández y alegó que la

escritura número 10 de donación, antes mencionada, era nula al

amparo del Artículo 1287 del Código Civil de Puerto Rico del 19304.

Además, señaló que el codemandado Gerardo Enrique Olivera

Hernández, no residía en la propiedad. Tampoco había presentado

la planilla de donación en la Oficina de Herencia y Donaciones del

Departamento de Hacienda (por lo que la donación no cuenta con el

correspondiente relevo), ni la escritura de Donación y Aceptación en

el Registro de la Propiedad. Por último, arguyó que, para todos los

efectos, doña Esther es la dueña de la propiedad, burlando así la

prohibición de donación entre cónyuges.

4 31 LPRA sec.3589 (derogado). El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue
derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, aprobado mediante la Ley
Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
Para fines de la presente controversia, se hace referencia únicamente al Código
Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia ante nuestra
consideración.
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      Doña Esther, sin someterse a la jurisdicción del tribunal,

contestó la demanda enmendada el 5 de noviembre de 2021. En lo

pertinente, como defensas afirmativas sostuvo, entre otras, que: (1)

el causante le profesaba una gran estima, respeto y, para todo

efecto, fue la figura paternal de su nieto, el donatario; (2) para la

fecha de la donación, el donatario mantenía su residencia en la

propiedad con el causante mientras cursaba estudios en seminarios

conducentes a su ordenación sacerdotal; (3) ni la inscripción en el

Registro de la Propiedad ni el relevo del Departamento de Hacienda

son requisitos constitutivos del derecho de donación; y (4) ella reside

allí con el consentimiento y autorización expresa de su titular.

      Por su parte, el codemandado Gerardo Enrique Olivera

Hernández presentó su Contestación a la Demanda Enmendada el

10 de enero de 2022.

      El 23 de agosto de 2022, las partes presentaron Informe de

Conferencia con Antelación al Juicio. En el mismo, estipularon trece

(13) hechos como no controvertidos. El 30 de agosto de 2022, se

celebró la Vista de Conferencia con Antelación al Juicio, durante la

cual las partes añadieron una (1) estipulación adicional de hecho y

también cierta prueba documental.

      Posteriormente, el 11 de octubre de 2022, doña Esther y

Gerardo Enrique Olivera Hernández conjuntamente presentaron

una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial. En la misma,

solicitaron que se dictara sentencia parcial a su favor por no existir

controversia sobre la validez de la antes mencionada Escritura

Número Diez (10) de Donación y Aceptación de Donación.

Sostuvieron que el inmueble objeto de esta acción pertenecía en

carácter   privativo   al   causante,   habiéndolo    adquirido    con

anterioridad a su matrimonio con doña Esther y teniendo la libre

disposición de éste. Además, que el causante cedió en calidad de

donación a Gerardo Enrique Olivera Hernández el inmueble, y que
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entre éste y el causante no existen vínculos de consanguinidad ni

de afinidad. Añadieron que el donatario no era heredero presunto

del causante-donante al momento de la donación. Por último,

adujeron que siendo el donatario Gerardo Enrique Olivera

Hernández titular legal del antes referido inmueble, éste no formaba

parte del caudal hereditario de don Rafael, por lo cual, no estaba

sujeto a partición.

      El 14 de noviembre de 2022, Ricardo José Suárez Martínez

presentó Oposición a “Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial”

y para que se dicte Sentencia Sumaria Parcial a Favor del

Demandante. En síntesis, sostuvo que la donación del causante a

favor del nieto de su viuda era nula porque se hizo en violación al

Artículo 1287 del Código Civil, supra, que prohíbe a un cónyuge

realizar donaciones a los hijos del otro cónyuge de diverso

matrimonio y a aquellas personas de quienes el cónyuge no donante

sea heredero presunto al momento de la donación, y/o se utilizó

como subterfugio para burlar la prohibición de donarse entre

cónyuges. Por lo cual, el demandante sostiene que, al ser nula ab

initio, la donación debe ser devuelta al caudal hereditario de don

Rafael. En vista de ello, solicitó que se declarara no ha lugar la

solicitud de sentencia sumaria presentada por doña Esther y

Gerardo Enrique Olivera Hernández. Por ello, igualmente, pidió que

se dictara sentencia sumaria a su favor declarando nula la donación

y ordenando llevar a cabo la partición de herencia del causante.

      Doña    Esther   y   Gerardo   Enrique   Olivera   Hernández

presentaron Réplica a Oposición a Moción Solicitando Sentencia

Sumaria Parcial y a Solicitud de Sentencia Sumaria el 5 de diciembre

de 2022. En síntesis, alegaron que no existía controversia en cuanto

a la existencia, otorgamiento y contenido de la Escritura de

Donación, por tratarse de un documento auténtico notarial.

Expresaron que como el donatario Gerardo Enrique Olivera
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Hernández no es heredero del causante, no se daba la figura de la

colación. También, aseveraron que tampoco se había presentado

evidencia alguna a los efectos que el donante-causante no reservara

lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus

circunstancias y que hubiera dejado de vivir de esa manera luego de

la donación. Añadieron que Gerardo Enrique Olivera Hernández no

era ni es hijo del cónyuge del causante-donante, ni heredero

presunto del causante-donante, al momento de la donación. De otro

lado, arguyeron que cuando una donación se realiza intervivos, y a

un tercero que no es heredero forzoso, el bien en cuestión sale y deja

de formar parte del patrimonio del donante desde el momento mismo

de la donación, por lo que ya no forma parte de su acervo ni formará

por tanto parte de su caudal. En fin, razonaron que el bien inmueble

objeto de la acción de epígrafe no forma parte del caudal hereditario

del causante y, por lo tanto, no puede ser objeto de partición de

herencia. Así que, solicitaron se declarara no ha lugar la oposición

y solicitud de sentencia sumaria la parte demandante, y se dictara

sentencia sumaria parcial declarando la validez de la escritura de

donación.

      El 13 de febrero de 2023, el demandante presentó Moción en

Cumplimiento de Orden y en Réplica a “Réplica a Oposición a Moción

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial y a Solicitud de Sentencia

Sumaria”. En la misma, reiteró sus previos argumentos para refutar

la solicitud de sentencia sumaria de los codemandados. Además,

arguyó que procede dictar sentencia sumaria a su favor declarando

nula la escritura de donación, ordenando la partición judicial y

declarando titular en partes iguales a los herederos del causante del

único bien que poseía: la propiedad objeto de este pleito.

      Luego de examinar la totalidad del expediente, el 1 de marzo

de 2023, el TPI emitió la Sentencia objeto del presente recurso. En
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ella, consignó las siguientes determinaciones de hechos, según

estipulados por las partes:

      1. El causante falleció intestado el día 8 de julio de
      2019.

      2. El demandante Ricardo José Suárez Martínez, y los
      codemandados Angie Magali Suarez O’Neill y Orlando
      Rafael Suárez O’Neill son los herederos de su padre
      Rafael Suárez Alicea.

      3. Esther Lydia Gautier Torres es soltera por viudez de
      Rafael Suárez Alicea y como tal tiene derecho a la cuota
      viudal usufructuaria del caudal de Rafael Suárez Alicea
      que determina la Ley.

      4. Rafael Suárez Alicea era el titular registral de la
      propiedad sita en la Urbanización Quintas de Country
      Club, solar 1 del Bloque A, Finca número 36,706 de
      Carolina Norte, a la fecha de su muerte.

      5. Miriam Ileana Suárez Martínez repudió la herencia
      de su padre Rafael Suárez Alicea.

      6. Esther Lydia Gautier Torres reside en la antes
      descrita propiedad.

      7. Las contribuciones sobre propiedad inmueble de la
      propiedad antes descrita no han sido pagadas.

      8. Gerardo Enrique Olivera Hernández es nieto de
      Esther Lydia Gautier Torres.

      9. El codemandado donatario, Gerardo Enrique Olivera
      Hernández, es hijo de Mizraim Hernández Gautier,
      quien a su vez es hija de la viuda codemandada Lydia
      Esther Gautier Torres y por consecuencia el primero es
      nieto de esta última.

      10. Que, bajo la fe notarial del notario oficiante, dicho
      donatario codemandado compareció en la escritura
      representado por su madre Mizraim Hernández Gautier
      por ser menor de edad.

      11. Gerardo Enrique Olivera Hernández, no reside en la
      propiedad antes descrita.

      12. La escritura de Donación y Aceptación número 10
      del 3 de agosto de 2012 ante el notario Jorge Luis
      Martín Cintrón Pabón no consta presentada en el
      Registro de la Propiedad.

      13. La escritura de Donación y Aceptación número 10
      del 3 de agosto de 2012, ante el notario Jorge Luis
      Martín Cintrón Pabón no cuenta con certificado de
      cancelación de gravamen tributario expedido por el
      Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado
      de Puerto Rico.
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      14. Mizraim Hernández Gautier es hija de la
      codemandada Lydia Esther Gautier y es madre del joven
      donatario, Gerardo Enrique Olivera Hernández.

      A continuación, el TPI concluyó que el Artículo 1287 Código

Civil de 1930 (derogado), supra, aplicable al presente caso,

expresamente prohibía a un cónyuge donar durante el matrimonio

a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio, o a las

personas de quienes sea heredero presunto. Conforme a la

interpretación doctrinal del tratadista José Ramón Vélez Torres, el

TPI coligió que el antes mencionado artículo del Código Civil de 1930

se refería a donaciones hechas a los descendientes del otro cónyuge,

sean hijos o nietos. Por consiguiente, resolvió que es nula la

donación del inmueble hecha por don Rafael a favor del nieto de

doña Esther, Gerardo Enrique Olivera Hernández, por contravenir

la prohibición contenida en el artículo 1287 del Código Civil, supra.

De tal forma, dictó sentencia declarando nula la Escritura Número

10 de Donación y Aceptación otorgada el 3 de agosto de 2012 ante

el notario público Jorge Luis Martín Cintrón Pabón. Al así actuar,

implícitamente, declaró con lugar la moción de sentencia sumaria

parcial presentada por Ricardo José Suárez Martínez y denegó la

moción de sentencia sumaria de los codemandados doña Esther y

Gerardo Enrique Olivera Hernández.

      En virtud de lo anterior, el TPI ordenó que la residencia

localizada en la Urb. Quintas de Country Club fuera devuelta al

caudal hereditario de don Rafael. También ordenó la partición de la

herencia de dicho causante entre sus únicos y universales

herederos, Ricardo José Suárez Martínez, Angie Magali Suárez

O’Neill, Orlando Rafael Suárez O’Neill, y doña Esther en la cuota

viudal usufructuaria. El TPI excluyó a Miriam Ileana Suárez

Martínez, por ésta haber repudiado la herencia.

      El 20 de marzo de 2023, doña Esther y Gerardo Enrique

Olivera   Hernández     presentaron     una    Moción     Solicitando
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Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclusiones de Derecho y

Reconsideración de Sentencia. Mediante Resolución emitida el 1 de

mayo de 2023, y notificada el 2 de mayo de 2023, el TPI denegó la

referida solicitud.

      Inconforme, el 31 de mayo de 2023, los mencionados

codemandados incoaron el presente recurso y apuntaron los

siguientes señalamientos de error:

      A. Erró el TPI en su interpretación de las claras
         disposiciones del Código Civil y como consecuencia
         de dicho error declarar nula la Escritura Número 10
         de Donación y Aceptación otorgada el 3 de agosto de
         2012 ante el Notario Público Jorge Luis Martín
         Cintrón Pabón y determinar que la propiedad objeto
         del litigio debe ser devuelta al caudal hereditario de
         don Rafael Suárez Alicea.

      B. Erró el TPI al no determinar que el Código Civil no
         establece una prohibición a las donaciones a los
         nietos del cónyuge cuando no media relación de
         afinidad ni consanguinidad entre el donante y el
         donatario.

      C. Erró el TPI al no determinar que el Código Civil no
         establece una prohibición a las donaciones a los
         nietos del cónyuge producto de un diverso
         matrimonio.

      D. Erró el TPI al no determinar que el Código Civil no
         establece una prohibición a las donaciones a las
         personas de quienes no sea heredero presunto al
         tiempo de la donación.

      E. Erro el TPI al denegar la Moción Solicitando
         Determinaciones     Adicionales de    Hechos y
         Conclusiones de Derecho y Reconsideración
         radicada por los demandados-recurrentes.

      Por su parte, en su Memorando en Oposición a la Expedición

del Auto de Certiorari, Ricardo José Suárez Martínez expone las

razones por las cuales entiende que este Tribunal no debe intervenir

con el dictamen impugnado.

                                 II.

                                -A-

      El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal   de   mayor   jerarquía      revisar   las   determinaciones
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interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.5

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil6, nos faculta a revisar

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia, cuando se recurre de la denegatoria de una

moción de carácter dispositivo, como lo es la denegatoria de una

moción de sentencia sumaria.

       Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro

de las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla

52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados

en la Regla 40 de nuestro Reglamento7, se justifica nuestra

intervención. A tenor con ésta, este foro apelativo no habrá de

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera

Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o que el tribunal

[hubiera actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [hubiera

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial”.8 Lo anterior le impone a este

Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al

intervenir con el discernimiento del foro primario.9 Por tanto, de no

estar presente ninguno de los criterios esbozados, procede

abstenernos de expedir el auto solicitado.

                                      -B-

       La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona

dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra que la acepta.10

No obstante, el Artículo 1287 del Código Civil de 1930, supra,

5 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
6 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
8 Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
10 Art. 558 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1981 (derogado).
KLCE202300614                                                       11

aplicable a los hechos de este caso, dispone que “[s]erá nula toda

donación hecha durante el matrimonio por uno de los cónyuges a

los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio, o a las

personas de quienes sea heredero presunto al tiempo de la

donación”.

                                 III.

      Al evaluar la petición de certiorari, concluimos que, aun

cuando el asunto está contemplado en los supuestos sujetos a

revisión de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la

solicitud de la parte peticionaria no cumple con ninguno de los

criterios de la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 40.

      En síntesis, Doña Esther y Gerardo Enrique Olivera

Hernández aducen que el TPI interpretó de manera errónea el

Artículo 1287 del derogado Código Civil de 1930. Sin embargo, no

presentaron argumentos que demuestren que, al emitir su

determinación, el TPI actuara de forma arbitraria o caprichosa, o en

abuso de su discreción o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho. Ante dicho

escenario, nos abstenemos de intervenir con el dictamen recurrido.

                                 IV.

      A la luz de lo antes expuesto, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones