Court Opinion

ID: 9952302
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:38:54.807853+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:39.294909
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

                                                  CERTIORARI
                                                  procedente del
KINDRED SPIRITS, INC.                             Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
         Recurrida            KLCE202400048       Superior de
                                                  Bayamón
             V.
                                                  Caso Núm.:
     RANDIEL JOSÉ                                 SJ2023CV05737
    NEGRÓN TORRES                                 (501)

        Peticionario                              Sobre: Libelo,
                                                  Calumnia o
                                                  Difamación

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

       Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Randiel José

Negrón Torres (señor Negrón Torres o peticionario) mediante Petición

de Certiorari solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

(TPI), el 12 de diciembre de 2023, notificada al día siguiente.

Mediante este dictamen, el foro primario declaró, entre otros

asuntos, No Ha Lugar a la moción de desestimación instada por el

peticionario al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos la Resolución

recurrida. En consecuencia, procede desestimar la demanda instada

en contra del peticionario.

                                   I.

      El 14 de junio de 2023 Kindred Spirits, Inc., una corporación

doméstica, dueña y operadora del restaurante Bottles (KSI, Bottles

Número Identificador

SEN2024_________________________
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o recurrida), instó demanda sobre daños y perjuicios, libelo,

calumnia y difamación en contra del peticionario. En síntesis, alegó

que el señor Negrón Torres ha realizado, durante semanas, varias

expresiones públicas a través de distintos medios y redes sociales

sobre la contratación de meseros y meseras por parte de Bottles y la

manera en que se les paga sus salarios. Arguyó que dichas

manifestaciones son falsas, difamatorias, libelosas y fueron

realizadas por el peticionario con grave menosprecio a la verdad para

dañar la imagen y reputación del negocio. Enfatizó que, contrario a

lo expresado por el peticionario, todos los meseros y meseras son

empleados y no contratistas independientes; ningún mesero o

mesera ha recibido una compensación menor al salario mínimo

establecido por ley; y Bottles les entrega a ellos (as) la totalidad de

la propina dejada por un cliente. Manifestó que, a consecuencia de

dichas expresiones públicas, verbales y escritas, ha sufrido daños

reales, así como a su imagen y reputación, estimados en

$1,333,450. Asimismo, solicitó al TPI que imponga el pago de las

costas, gastos y honorarios de abogado.

      El 21 de agosto de 2023, el señor Negrón Torres presentó

Solicitud de Desestimación en la que elaboró varios argumentos por

lo que procede desestimar la causa de acción en su contra. Entre

estos se encuentran que: el restaurante Bottles es una figura

pública; las expresiones y declaraciones del peticionario están

directamente vinculadas a las alegaciones contenidas en una

Querella sobre impago de salarios, incoada en contra de la entidad,

la cual depende de la adjudicación en el Tribunal Federal de Distrito

de Puerto Rico, luego de que la recurrida la removiera a dicha

jurisdicción; las expresiones y declaraciones del señor Negrón Torres

al descansar exclusivamente en la susodicha Querella están

protegidas por el privilegio del reporte justo y verdadero; la recurrida

persigue castigar el ejercicio de la libre expresión por un portavoz de
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la organización Justicia Salarial creada para promover discusión

pública a favor del reconocimiento de los derechos de los (as)

meseros (as); así como para denunciar prácticas violatorias de sus

derechos; y la única declaración que no está comprendida en dicha

Querella es una respecto a que la exigua compensación que reciben

los (as) meseros (as) “es un legado directo de la esclavitud”. No

obstante, alegó que esta última manifestación no es falsa o

difamatoria, sino que está cimentada en escritos académicos y cae

dentro de los contornos de la defensa de hipérbole retórica empleada

para acentuar un asunto de alto interés público. Por lo que, entiende

que la demanda deja de exponer una reclamación que justifica la

concesión de un remedio.

      La recurrida se opuso en su escrito y expresó que el

señor Negrón Torres utilizó el mecanismo desestimatorio de manera

incorrecta al descansar en defensas afirmativas que no son

susceptibles de ser resueltas en una moción de tal naturaleza.

Respecto a lo argumentado por el peticionario ripostó lo siguiente:

los hechos de la demanda no se relacionan con las alegaciones de la

Querella y el motivo de la acción se basa en las expresiones que este

hiciera en las redes sociales y en la prensa contra Bottles; el

peticionario al pretender establecer que sus manifestaciones son

meramente reseñas de la Querella está litigando el motivo de sus

expresiones, lo cual es una evaluación de credibilidad no susceptible

de aquilatar en una moción de desestimación; la alegación de que el

señor Negrón Torres hizo las expresiones en calidad de portavoz de

la organización Justicia Salarial no es un hecho que surja de la

demanda, por lo que es uno nuevo para amortiguar el efecto de sus

actos; el peticionario realizó la mayoría de sus declaraciones en sus

cuentas personales; para que aplique la defensa de reporte justo y

verdadero este debe pertenecer a un noticiero u organización

mediática; tampoco dicho privilegio aplica ya que sus expresiones
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son acusaciones y no un reporte de ciertas alegaciones en contra del

negocio; la acusación de Bottles como esclavista no se puede

interpretar como mera retórica cuando la misma es una conclusión

que este llevó a cabo a raíz de hechos falsos; la expresión “es un

legado     directo    de   esclavitud”    es     susceptible     de    varias

interpretaciones por lo que se configuraría una controversia de

hechos; de la demanda no surge un solo hecho que demuestre que

Bottles es una figura pública; y no ha sido temeraria al incoar la

causa de acción debido a que todo negocio tiene un interés legítimo

en proteger su reputación y buen nombre.

      El señor Negrón Torres presentó una réplica a la oposición en

la cual contestó los antedichos argumentos. En especial, recalcó lo

siguiente: que sus expresiones eran una representación fidedigna de

las alegaciones incluidas en la Querella; la alegación de que el

señor Negrón Torres habló como portavoz de Justicia Salarial surge

del acápite 12 de la demanda; el recurrido falló en citar una fuente

jurídica vinculante que decrete que el privilegio del reporte justo y

verdadero solo es extensivo a periodistas; no procede la acción de

libelo al ser las expresiones privilegiadas por ser estas un reporte

justo y verdadero y; que la referencia al uso simbólico de la figura

de la esclavitud está cobijado bajo la doctrina de hipérbole retórica.

      El    12   de   diciembre   de     2023,    se   celebró   una    vista

argumentativa para discutir la moción de desestimación instada por

el señor Negrón Torres a la que comparecieron las partes y sus

respectivos representantes legales. De la lectura de la misma surge

que se esbozaron los mismos planteamientos incluidos en los

escritos anteriores. Escuchadas las partes, el TPI expresó que

resolvería por escrito.

      Así las cosas, el 12 de diciembre de 2023, notificada al día

siguiente, el foro a quo mediante la Resolución recurrida, declaró No

Ha Lugar a la moción de desestimación instada por el peticionario
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sin fundamentar dicha determinación. A su vez, pautó la

Conferencia Inicial y ordenó a las partes presentar en el término de

treinta (30) la calendarización del descubrimiento de prueba.

      Inconforme con la determinación, el peticionario acude ente

este foro revisor mediante el recurso de certiorari de epígrafe

imputándole al TPI haber incurrido en el siguiente error:

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICICITUD DE
      DESESTIMACIÓN, PESE A QUE, TOMANDO COMO
      CIERTOS LOS HECHOS BIEN ALEGADOS EN LA
      DEMANDA, LAS EXPRESIONES ATRIBUIDAS AL SR.
      RANDIEL   JOSÉ   NEGRÓN    TORRES   ESTÁN
      PROTEGIDAS POR EL PRIVILEGIO DEL REPORTE
      JUSTO Y VERDADERO Y LA DOCTRINA DE
      HIPÉRBOLE RETÓRICA.

      El 19 de enero de 2024, emitimos Resolución concediendo a la

parte recurrida el término de diez (10) días para expresarse. Así, el

22 de enero de 2024, la parte recurrida sometió una Moción de

Prórroga solicitándonos diez (10) días para presentar su posición.

Este Tribunal emitió una Resolución concediéndole hasta el 5 de

febrero de 2024 para expresarse. El 5 de febrero de 2024,

compareció la recurrida. En síntesis, la parte recurrida reiteró los

argumentos planteados anteriormente y, además, añadió que el

recurso se había tornado académico debido a que el peticionario

había sometido sus alegaciones responsivas y que el descubrimiento

de prueba estaba por comenzar. Así pues, al haberse cumplido con

lo ordenado, decretamos perfeccionado el recurso.

      Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo,

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                    II.

El auto de certiorari

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52, establece las instancias en que el recurso de certiorari será

expedido y así revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, aún
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cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, previo a

ejercer debidamente nuestra facultad revisora es menester evaluar

si, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este tribunal

posee discreción para expedir el auto el certiorari. García v. Padró,

165 DPR 324, 334 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en

el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I G Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

         Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar    a   una    conclusión     justiciera.   (citas   omitidas)”.    SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). Así pues,

se ha considerado que la discreción se nutre de un juicio racional

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.

(citas omitidas).” Íd. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, enmarca los criterios que debemos considerar al

momento de determinar si procede que expidamos el auto

discrecional certiorari. I G Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

regla establece lo siguiente:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
             diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
             derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
             para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
             manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
             de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
             a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
             elevados, o de alegatos más elaborados.
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      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

      En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo,

evaluemos    si   alguna    de    las    circunstancias    enumeradas

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del

foro recurrido. Además, es norma trillada que un tribunal apelativo

no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este

último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). También, los criterios antes

transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera sabia

y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la etapa del

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de
Procedimiento Civil

      Una   persona    contra    quien     se   haya   presentado    una

reclamación judicial puede solicitar su desestimación cuando, de la

faz de las alegaciones de la demanda, surja que alguna defensa

afirmativa puede derrotar la pretensión del demandante. Conde

Cruz v. Resto Rodríguez et al, 205 DPR 1043, 1077-1078 (2020);

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).

      A tales efectos, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil,

32 Ap. V, R. 10.2, dispone lo siguiente:

      Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación
      se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción
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      de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
      mediante una moción debidamente fundamentada:

      (1) Falta de jurisdicción sobre la materia;

      (2) Falta de jurisdicción sobre la persona;

      (3) Insuficiencia del emplazamiento;

      (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

      (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la
      concesión de un remedio;

      (6) Dejar de acumular una parte indispensable;
      [...] Si en una moción en que se formula la defensa (5) se
      exponen materias no contenidas en la alegación impugnada,
      y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser
      considerada como una solicitud de sentencia sumaria y
      estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la
      Regla 36 hasta su resolución final, y todas las partes deberán
      tener una oportunidad razonable de presentar toda materia
      pertinente a tal moción bajo dicha regla.

      La citada regla establece los fundamentos para que una parte

en un pleito pueda solicitar la desestimación de una demanda en su

contra, mediante la presentación de una moción fundamentada en

cualesquiera de los motivos en ella expuestos. El Día, Inc. v. Mun. de

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v.

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). En particular, la Regla

10.2(5) de las de Procedimiento Civil, supra, dispone que el

demandado puede fundamentar su solicitud en que la demanda no

expone “una reclamación que justifique la concesión de un remedio”.

En tales casos, la desestimación solicitada se dirige a los méritos de

la controversia y no a los aspectos procesales. Montañez v. Hosp.

Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).

      En fin, la desestimación de la reclamación judicial procede

cuando surja de los hechos bien alegados en la demanda que la

parte demandante no tiene derecho a remedio alguno. Torres, Torres

v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Para alcanzar dicha

conclusión, es necesario que el tribunal considere ciertas todas las

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera clara en

la demanda. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR
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38, 49 (2015); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). La razón

de ser de dicho requisito es que el demandante no viene obligado a

realizar alegaciones minuciosas y técnicamente perfectas, sino que

se le permite limitarse a bosquejar a grandes rasgos su reclamación,

mediante una exposición sucinta y sencilla de los hechos. Sánchez

v. Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001).

      Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en

diversas ocasiones que, ante una moción de desestimación, las

alegaciones   hechas   en   la   demanda   hay    que     interpretarlas

conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible

para la parte demandante. Colón v. Lotería, supra, a la pág. 649;

Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998).

Discreción del Tribunal de Primera Instancia

      Se ha señalado que los tribunales de primera instancia gozan

de   amplio   margen   de   discreción   para    llevar   a   cabo   los

procedimientos que presiden, por lo que sus decisiones merecen

gran deferencia. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735

(2018). Esa discreción se ha definido como “el poder para decidir en

una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción”. García v. Padró, supra, pág. 334; Pueblo v. Ortega Santiago,

125 DPR 203, 211 (1990).

      En consecuencia, los tribunales apelativos —salvo contadas

excepciones— no debemos intervenir con la forma en que los foros

primarios manejen sus casos. Véase, Citibank et al. v. ACBI et al.,

supra, pág. 736; además, Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112,

121 (2006). Por eso, se ha señalado que aquellas determinaciones

que un tribunal inferior haga en el sano ejercicio de su discreción,

“deben ser respetadas por los foros apelativos, a menos, claro está,

que se demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción, una

determinación errónea que cause grave perjuicio a una de las partes,

o la necesidad de un cambio de política procesal o sustantiva”.
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Citibank et al. v. ACBI et al., supra; Ramos Milano v. Wal-Mart, supra;

Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999).

      Sobre   este   particular,    nuestro    Tribunal    Supremo     ha

expresado que un foro judicial incurre en abuso de discreción:

      […] cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión
      que emite, sin fundamento para ello, un hecho material
      importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez,
      por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,
      concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial
      y basa su decisión exclusivamente en este, o cuando, no
      obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos
      materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez
      los sopesa y calibra livianamente. (citas omitidas) Pueblo v.
      Rivera Santiago, supra, pág. 580.

Difamación

      La Constitución de Puerto Rico y la Constitución Federal

garantizan el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Art. II,

sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016. Esta constituye una de

las libertades más apreciadas contenidas en ambas constituciones.

Torres Figueroa v. Vélez Rivera y otros, 210 DPR 665, 679, (2022)

(Opinión de conformidad de la Jueza presidenta Oronoz Rodríguez).

Asimismo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha

expresado, en cuando a la Primera Enmienda de la Constitución

Federal que: “[w]hatever differences may exist about interpretations

of the First Amendment, there is practically universal agreement

that a major purpose of that Amendment was to protect the free

discursion of governmental affairs”.       Landmark Communications,

Inc. v. Virginia, 435 US 829, 838 (1978).

      Además de lo anterior, nuestra Constitución garantiza el

derecho a la intimidad y a la “protección de ley contra ataques

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”.

Art. II, sec. 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 324. Esto

como corolario a la máxima constitucional que dicta que la “dignidad

del ser humano es inviolable”. Art. II, sec. 1, Const. ELA, supra,

pág. 275.
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      Las   acciones de difamación    plantean    la   necesidad   de

balancear el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa, que

comprende el interés del pueblo en fomentar el debate vigoroso sobre

cuestiones de interés público, y el derecho a la intimidad de los

individuos. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 795

(2020), citando a Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR

705, 713 (1988); González Martínez v. López, 118 DPR 190, 192

(1987).

      En nuestra jurisdicción existen dos causas de acción en

daños por difamación, es decir, la establecida en la Ley de Libelo y

Calumnia de Puerto Rico de 1902, 32 LPRA sec. 3141 et seq., y la

derivada del Artículo 1802 del Código Civil de 1930, ahora Artículo

1536 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10801. Sobre la Ley de

Libelo y Calumnia, es necesario señalar que la misma codificó rasgos

básicos del common-law. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R.,

175 DPR 690, 701 (2009). Sin embargo, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado que “… dicha dicotomía [entre la Ley de

Libelo y Calumnia y el Artículo1802] parece ser ya innecesaria,

habida cuenta que jurisprudencialmente se han dejado sin efecto

diversas disposiciones de la Ley de Libelo y Calumnia”. Ojeda v. El

Vocero de P.R., 137 DPR 315, 326, (1994). Asimismo, el Alto Foro ha

señalado que la Ley de Libelo y Calumnia de Puerto Rico, supra, ha

perdido gran parte de su importancia tras la aprobación de nuestra

Constitución en el 1952. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R.,

supra, pág. 713.

      Como norma general, los casos relacionados con este tema se

deben resolver según la normativa de los daños y perjuicios

extracontractuales. Íd. Añade el Tribunal Supremo que debemos

acudir a nuestro derecho para sopesar los intereses involucrados en

los casos por difamación. Esto debido a que Puerto Rico tiene

facultad para establecer sus normas de responsabilidad civil
KLCE202400048                                                                  12

extracontractual en casos de difamación “siempre que no se

imponga una responsabilidad absoluta, ni se reduzca el contenido

de la Primera Enmienda de la Constitución federal.” (cita omitida)

Íd., pág. 713.

      Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado

que, “[e]n este campo, la jurisprudencia norteamericana tiene

solamente carácter ilustrativo o persuasivo, salvo las limitaciones

impuestas por la Constitución federal y a la jurisprudencia

interpretativa del Tribunal Supremo de Estados Unidos”. Íd.,

pág. 709; R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados

Unidos y Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico,

2013, Vol. II, pág. 1348.

      Por su parte, la difamación ha sido definida como la expresión

falsa que constituye un ataque al honor, dignidad y reputación de

una persona. Una expresión difamatoria puede ocurrir mediante el

libelo o la calumnia. El libelo se conoce como la difamación maliciosa

que   se   realiza   contra    una     persona        por     cualquier   medio

escrito de comunicación,       que      tienda      a       exponerle     a    ser

desacreditada, deshonrada o menospreciada. C. J. Irizarry Yunqué,

Responsabilidad Civil Extracontractual: un estudio basado en las

decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 7ma ed., San Juan,

pág. 151. La calumnia, por su parte, trata de una expresión

difamatoria. Íd.

      En una acción por difamación, el objeto de derecho es la

reputación personal del sujeto injuriado públicamente, o sea, se

trata del derecho de este último a defender su nombre ante los

ojos de los demás, en el interés de: (1) proteger las relaciones que

sostiene con terceros; (2) proteger la probabilidad de relaciones

futuras    con   terceros;    (3)   proteger     su        imagen   pública    en

general, y (4) evitar que se le cree una imagen pública negativa si

careciere de reconocimiento         público    en     el    presente.   Soc.   de
KLCE202400048                                                        13

Gananciales v. El Vocero de P.R., 135 DPR 122, 126-127 (1994).

Cuando quien comparece en una causa de acción por difamación es

una persona privada, solo es necesario que se demuestre

negligencia. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415 (1977).

      La negligencia se ha definido como la falta del debido cuidado,

que a la vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona

prudente habría de prever en las mismas circunstancias. Colón,

Ramírez v. Televicentro P.R., supra; Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358

(1962).

      Los criterios que debe utilizar un tribunal para determinar, en

una acción específica de difamación, si la persona demandada

incurrió en negligencia al hacer la publicación alegadamente

libelosa son: (1) la naturaleza de la información publicada y la

importancia del asunto sobre el cual trata, especialmente si la

información es libelosa de su faz y puede preverse el riesgo de daño;

(2) el origen de la información y la confiabilidad de su fuente; (3) la

razonabilidad del cotejo de la veracidad de la información, lo cual se

determina tomando en consideración el costo en términos de dinero,

tiempo, personal, la urgencia de la publicación, el carácter de la

noticia y cualquier otro factor pertinente. Colón, Ramírez v.

Televicentro P.R., supra, pág. 708, citando a Torres Silva v. El Mundo,

Inc., supra.

Privilegio del reporte justo y verdadero

      En casos por difamación, la verdad es objeto de defensa.

Asimismo, existen otras defensas que dependen de la persona

responsable de la publicación y la condición de esta. Irizarry Yunqué,

op cit., págs. 151-152. Una de estas defensas es la comunicación

privilegiada. El Tribunal Supremo ha expresado que “[u]na

comunicación privilegiada es aquella que, a no ser por la ocasión o

las circunstancias, sería difamatoria y sujeta a reclamación”.
KLCE202400048                                                         14

Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 646 (1991), que cita a

Díaz v. P.R. Rv., Lt. & P. Co., 63 DPR 808, 811 (1944). Para el profesor

José Julián Álvarez, se trata de una figura que proviene del

common-law, cuya única función consiste en “establecer las

circunstancias en las que no se impondrá responsabilidad, aun

cuando el demandante haya sufrido daños”. J. J. Álvarez González,

Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales

con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. TEMIS, 2009, pág. 1024. Véase

también, J. J. Álvarez González, Derecho Constitucional, 61 Rev. Jur.

UPR 637, 765 (1992).

      La Sección 4 de la Ley de Libelo y Calumnia, 32 LPRA sec.

3144, establece diversos tipos de comunicaciones privilegiadas. En

lo pertinente, dispone que:

             No se tendrá por maliciosa, ni como tal se considerará
      la publicación que se hace en un procedimiento legislativo,
      judicial, u otro procedimiento cualquiera autorizado por la
      ley. No se presumirá que es maliciosa la publicación que se
      hace:

      Primero. (...)

      Segundo. En un informe justo y verdadero de un
      procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro
      procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso de
      dichos procedimientos.

      Tercero. (...).

      El privilegio condicional del reporte o informe justo y

verdadero aplica a las recopilaciones de lo allí ocurrido que se hacen

para el beneficio de la ciudadanía a través de los medios. Meléndez

Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 201 (2013). Este privilegio se

asienta en la idea de que el reportero actúa como sustituto del

público en la observación de un evento. Villanueva v. Hernández

Class, supra, pág. 648.

      Son dos los requisitos que deben estar presentes para que se

pueda configurar el privilegio del reporte justo y verdadero. En

primer lugar, el reportaje tiene que ser justo en relación con el

proceso que es objeto de información. Villanueva v. Hernández
KLCE202400048                                                       15

Class, supra, pág. 647. El reporte es justo si captura la sustancia

de lo acontecido y si toma en consideración el probable efecto que

tendrá su publicación en la mente de un lector y oyente promedio.

Íd.

      El segundo elemento del privilegio consiste en que lo

publicado tiene que ser cierto y reflejar la verdad de lo expresado o

acontecido en el procedimiento llevado a cabo; ello aún cuando la

información que se brinda en el procedimiento judicial, legislativo u

oficial sea falsa o libelosa. Íd. Para que se cumpla con el elemento

de la veracidad de lo relatado, no es necesario que lo publicado sea

exactamente “correcto”, sino que bastará con que se publique un

extracto sustancialmente correcto de lo ocurrido. Íd.

      Por otra parte, si bien es cierto que este privilegio ha sido

reconocido como uno de los más importantes para la protección de

la prensa contra ataques de libelo, Villanueva v. Hernández Class,

supra, pág. 649, no es menos cierto que su aplicabilidad es

restringida. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 202. Es

decir, si se redacta un relato parcializado y subjetivo de lo ocurrido

en los procedimientos y, se prueba que el demandado publicó la

información maliciosamente con ánimo prevenido, con el fin de

causar daño, o con conocimiento de la falsedad de la información,

el privilegio no aplica. Íd.

      Según la nota al calce Núm. 23, de la decisión de Villanueva

y. Hernández Class, supra, en algunas jurisdicciones, una vez se ha

cumplido el examen de lo que constituye lo justo y verdadero, se

considera que el privilegio cierra las puertas y no se examinan

los motivos, si algunos, que pudo tener el publicador, ni

tampoco su actitud hacia la veracidad de la declaración. En

otras, el privilegio puede ser levantado solo cuando las declaraciones

difamatorias están basadas claramente en informes oficiales y no se

extienden a declaraciones que el lector pueda entender provienen de
KLCE202400048                                                            16

otras fuentes. Aún en otras, el privilegio cubre los reportes y

anuncios oficiales realizados por oficiales públicos en su capacidad

como tales, mas no las publicaciones derivadas de declaraciones no

oficiales.

       Agregamos que en Villanueva v. Hernández Class, supra, el

Tribunal Supremo ha explicado los alcances del referido privilegio:

       [E]l “privilegio del reporte justo y verdadero”, existente en
       nuestro ordenamiento desde principios de siglo [XX], protege
       inclusive a quien publica una información falsa o
       difamatoria, siempre que la misma recoja o refleje
       verazmente lo acontecido en los procedimientos, informes o
       acciones públicas u oficiales de agencias gubernamentales.
       Íd., pág. 648.

       Los informes realizados en torno a hechos de carácter
       delictivo también están protegidos por el mencionado
       privilegio, toda vez que existe un claro interés público en la
       administración de la justicia. Id., pág. 648, nota al calce 20.
       El propósito de lo anterior es permitir que los reporteros o
       periodistas actúen como sustitutos del pueblo en la
       observación de los eventos de importancia para el país en
       general. Íd., pág. 648. En palabras del Tribunal Supremo, se
       trata de “la protección más importante que se ofrece a la
       prensa en materia de libelo”. Íd., pág. 649.

       A pesar de que en nuestra jurisdicción el privilegio del reporte

justo y verdadero tiene su existencia desde principios del siglo XX,

se ha trasado el inicio de este al 1796 en las cortes inglesas. Kyu Ho

Youm, Fair Report Privilege as a Libel Defense: Status for Foreign,

3 (1) Univ. of Florida J. L. P. P 29, 31 (1990). Es desde ese momento

que las cortes en Inglaterra comenzaron a reconocer el rol de la

prensa para informar con precisión sobre procedimientos judiciales

en los tribunales. Íd. Posteriormente, el privilegio fue extendido a

otros procedimientos, como reportes y debates parlamentarios. Íd.

También, se aprobó legislación para extender el privilegio a

procedimientos no gubernamentales. Íd.

       De otro lado, según el profesor Kyu Ho Youm, en los Estados

Unidos la aplicación del reporte justo y verdadero se aplicó de forma

más liberal en comparación con las cortes de Inglaterra. Íd. Por

tanto, se extendió a procedimientos que no habían sido aplicados

por los ingleses. Íd. Sin embargo, no existe uniformidad en cuanto a
KLCE202400048                                                         17

la aplicación de este privilegio. Algunas jurisdicciones abordan la

defensa desde la legislación, otras desde el common law. D. L.

Hudson, The First Amendment: Freedom of Speech, sec. 5:8

(Octubre, 2012). Asimismo, en algunas jurisdicciones existe

legislación que exclusivamente aplica el privilegio a la prensa,

mientras que existe legislación que no hace la distinción entre

personas privadas y la prensa. Ho Youm, supra, 36. Compárese N.J.

Stat. Ann. sec. 2A:43-1 (West); Ariz. Rev. Stat. Ann. sec. 12-653; Ga.

Code Ann. sec. 51-5-7 (West); Mont. Code Ann. sec. 27-1-804 (West);

N.D. Cent. Code Ann. sec. 14-02-05 (West).

      Sobre el abordaje del privilegio desde la legislación o desde el

common-law, nos comenta el profesor Rodney A. Smolla que: “[t]hus,

while the fair report privilege is a venerable common-law doctrine,

it is a doctrine that clearly partakes of First Amendment values,

and it has been suggested that the privilege (in some form)

should perhaps be understood as required by modern First

Amendment principles.” (Énfasis suplido). R. A. Smolla, Law of

Defamation sec. 8:67 (2d ed., 2023). Asimismo, añade el profesor

Smolla que:

             the great landmark decisions in First Amendment
      history, the Supreme Court in New York Times Co. v. Sullivan
      held that traditional common law tort rules governing libel
      were inconsistent with many core free speech values, and
      had to be modified to be brought into conformity with the
      requirements of the First Amendment. In the years since New
      York Times, the Supreme Court has frequently revisited the
      area, defining the contours of First Amendment limitations
      on libel, invasion of privacy, and related torts.

             It is worth noting that while the New York Times
      decision dealt largely with the fault standards that apply to
      defamation law, in its aftermath courts have frequently
      held that other common-law or statutory defamation
      doctrines may also reflect First Amendment values, and
      may indeed come to be understood as required by First
      Amendment principles. A good example is the traditional
      defamation “fair report” privilege which protects fair and
      accurate reporting of judicial proceedings. It has been
      suggested that the fair reports privilege may be required
      by the First Amendment.” (Citado en por la opinión
      concurrente (Citas en el original omitidas). (Énfasis
      suplido). (Citado en la opinión de conformidad emitida por el
      Juez Asociado Colón Pérez a la cual se le unió el Juez
      Asociado Estrella Martínez en el caso Torres, Santana v.
KLCE202400048                                                         18

      Noticentro PR et al., 210 DPR 783, 829 (2022)). Véase 3 R. A.
      Smolla, Smolla & Nimmer on Freedom of Speech, sec. 23:1
      (Abril, 2022).

      Respecto a la controversia sobre si el privilegio puede ser

invocada por ciudadanos particulares, no existe legislación federal

ni jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que

señale que el privilegio se extiende a las personas privadas, más allá

de la prensa. En Puerto Rico, tampoco contamos con legislación ni

jurisprudencia que haga expresa la aplicación del privilegio a

personas que no son miembros de la prensa. Sin embargo, para el

profesor Pedro Malavet Vega este privilegio puede invocarse por

cualquier persona en nuestra Isla. P. Malavet Vega, Derechos y

Libertades Constitucionales en Puerto Rico, Ponce, Ed. Lorena, 2003,

pág. 251.

      A pesar de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se

ha expresado en cuanto a la protección de la libertad de prensa y su

aplicación a la ciudadanía. Nuestro más Alto Foro ha interpretado

que: “… la libertad de expresión brinda a la ciudadanía en

general la misma protección que la ofrecida por la libertad de

prensa a los medios de comunicación.” Colón, Ramírez v.

Televicentro de P.R., supra, pág. 708. De igual manera, en el caso de

Olivera v. Paniagua, nuestro más Alto Foro ha interpretado que:

             El reconocimiento de unos derechos a la prensa
      inexorablemente conlleva extender iguales derechos y
      privilegios a la ciudadanía en particular vía la cláusula
      sobre libertad de expresión. En el desarrollo de una
      sociedad democrática ambas caminan juntas de la mano. En
      última instancia el valor que late en el fondo de la cuestión
      es de singular jerarquía. ‘Lo que se debe proteger no es la
      institución en sí, sino la labor de la prensa: viabilizar un
      vehículo de información y opinión, informar y educar al
      público, ofrecer críticas, proveer un foro para la
      discusión y el debate, y actuar como un sustituto para
      obtener noticias e información para sus lectores, que por
      sí y como individuos no pueden o desean compilarla. Una
      garantía especial de la libertad de prensa deberá aplicar
      no solamente a aquellos que la corte podía clasificar
      como prensa’ sino a quien quiera, de cualquier tamaño,
      y cualquier medio, que regularmente asuma la misión de
      la prensa. (Citas omitidas) (Énfasis nuestro) Oliveras v.
      Paniagua Diez, 115 DPR 257, 268, (1984).
KLCE202400048                                                       19

      Por su parte, para el profesor Jorge M. Farinacci, “[e]l hecho

de que la Sección 4 [del Artículo II de nuestra constitución] utiliza

la frase libertad de prensa, a diferencia de la 'libertad de

expresión', apunta a que se trata de un derecho general de

palabra escrita y no un derecho particular de los medios

noticiosos”. (Énfasis nuestro) J. M. Farrinacci Fernós, La Carta de

Derechos, San Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto

Rico, 1ra ed., 2021, pág. 88. Añade, además, que “[l]o anterior es

confirmado por el historial legislativo. Específicamente, se vincula

la libertad de prensa a la 'difusión escrita'. En esa dirección, la

libertad de palabra se refiere principalmente a expresiones orales,

mientras que la libertad de prensa se refiere a expresiones escritas”.

(Énfasis nuestro). Íd.

Doctrina de la Hipérbole retórica

      La doctrina de “hipérbole retórica” fue adoptada por nuestro

Tribunal Supremo en el caso de Garib Bazain v. Clavell, 135 DPR

475 (1994). Esta derrota una acción por difamación cuando el

balance de intereses se inclina hacia la protección del derecho a la

libertad de expresión y de la prensa.

      Según la doctrina, hipérbole retórica constituye “...una

expresión alegadamente difamatoria que no es accionable si se

utiliza en sentido figurativo, flexible y no necesariamente por su

significado literal”. Aso. Med. Pediátrica v. Romero, 157 DPR 240,

246 (2002). Esto, lo que significa es que la doctrina pretende

proteger    expresiones     que   no    pueden   ser    interpretadas

razonablemente como que expresan hechos reales. Garib Bazain v.

Clavell, supra. Además, la opinión constituye una expresión

“...relativa a cuestiones de interés público que no contenga una

connotación fáctica que sea susceptible de ser probada como

falsa...”. Íd., pág. 489.
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                                       III.

       En esencia, el peticionario señaló que el TPI erró al no

desestimar la demanda en su contra debido a que, aun tomando

como ciertos los hechos bien alegados en esta, las expresiones que

se le atribuyen están protegidas por el privilegio del reporte justo y

verdadero, así como por la doctrina de hipérbole retórica.

       Como      cuestión      de   umbral,      precisa     advertir     que    la

determinación recurrida es un asunto comprendido dentro de las

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1 de

las de Procedimiento Civil, supra, al constituir un dictamen

resolutorio de una moción de carácter dispositivo. Asimismo, a la luz

de las disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,

entendemos que están presentes algunos de los criterios allí

dispuestos para que proceda nuestra intervención con la misma. Este

Tribunal se encuentra ante una controversia novel. Esto pues,

estamos en posición de adoptar una defensa a una persona privada

que solo ha sido aplicada a la prensa y los medios noticiosos del país.1

       El señor Negrón Torres argumenta que parte de sus

expresiones se limitan a describir el contenido de las alegaciones de

una Querella presentada contra Bottles, y que estas fueron realizadas

en calidad de portavoz de la organización Justicia Salarial. Por esta

razón, arguye que sus expresiones están protegidas por el privilegio

del reporte justo y verdadero. Por su parte, Bottles afirma que el

privilegio del reporte justo y verdadero no es de aplicación al caso ante

nuestra consideración debido a que el peticionario es una persona

privada que realizó las expresiones desde sus cuentas privadas en las

1 Aclaramos que este Tribunal expide y atiende el caso conforme a nuestro
Reglamento, por lo que no estamos de acuerdo con la posición de la parte
recurrida en cuanto a que el caso se ha tornado académico debido a la alegación
responsiva que presentó el peticionario. Como tribunal intermedio, estamos en
posición de resolver el asunto ante nuestra consideración, aunque los
procedimientos hayan continuado en el tribunal de primera instancia.
Enfatizamos, además, que no se solicitó la paralización de los procesos ante el TPI
ni esta Curia motu proprio hizo tal determinación. Asimismo, conforme más
adelante se discutirá, la determinación de este tribunal dispone del caso en su
totalidad en el foro revisado.
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redes sociales. Señala, además, que no surge de las expresiones

realizadas que él sea portavoz del grupo Justicia Salarial. También

expresa que, aún si fuera portavoz de Justicia Salarial, en nada

cambia la ecuación del caso, es decir, la no aplicación del privilegio.

Por tanto, según Bottles, el privilegio solo se extiende a periodistas y

a medios noticiosos, no a personas privadas. Para sustentar su

argumento, Bottles cita en su escrito una decisión del Tribunal

Federal para el Distrito de Florida2 en donde dicha corte determinó

que el privilegió del reporte justo y verdadero no se aplica a las

personas privadas.

         Huelga decir que las interpretaciones de otras jurisdicciones

en materia de difamación son meramente persuasivas salvo las

impuestas por la Constitución federal y la jurisprudencia del Tribunal

Supremo de Estados Unidos. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R.,

supra.

         Al momento de esta decisión, y de nuestra investigación

jurídica, debemos advertir que la controversia planteada por las

partes no ha sido interpretada por el Tribunal Supremo Federal. No

obstante, la parte recurrida pretende persuadirnos con un caso del

Tribunal Federal para el Distrito de Florida, el cual no abona a

nuestra interpretación jurisprudencial sobre el derecho a la libertad

de prensa y a la libertad de expresión bajo nuestra Constitución.

Incluso, como bien señalamos anteriormente, existen jurisdicciones

en donde se ha aplicado el privilegio a personas que no pertenecen a

la prensa. Ejemplo de esto es el caso Sahara Gaming Corp. v. Culinary

Workers Union Loc. 226, 115 Nev. 212 (1999), donde la Corte Suprema

de Nevada aplicó el privilegio a una unión laboral.

         Si acogiéramos la interpretación del caso del Tribunal Federal

para el Distrito de Florida, citado por la recurrida, estaríamos

2 Grayson v. No Labels, Inc., No. 620CV1824ORL40LRH, 2021 WL 2869870, at *1

(M.D. Fla. Jan. 26, 2021).
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restringiendo el derecho a la libertad de prensa consagrado en

nuestra Constitución. Así pues, precisa puntualizar que nuestro

más Alto Foro ha resuelto que los derechos y privilegios de la

prensa se extiende a la ciudadanía en particular. Íd.; Olivera v.

Paniagua, supra. De igual forma, lo han entendido los profesores

Farinacci Fernós y Malavet Vega.

       Acorde con lo expresado anteriormente, entendemos que el

privilegio del reporte justo y verdadero puede ser invocado por una

persona privada como defensa en nuestra jurisdicción. Por tanto, en

este caso, el señor Negrón Torres, como individuo privado o como

portavoz del grupo Justicia Salarial, puede invocar la defensa del

reporte justo y verdadero. Al final, debemos recordar lo expresado por

nuestro Tribunal Supremo:

              ‘Lo que se debe proteger no es la institución en sí, sino
       la labor de la prensa: viabilizar un vehículo de información y
       opinión, informar y educar al público, ofrecer críticas,
       proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como
       un sustituto para obtener noticias e información para sus
       lectores, que por sí y como individuos no pueden o desean
       compilarla. Una garantía especial de la libertad de prensa
       deberá aplicar no solamente a aquellos que la corte podía
       clasificar como prensa’ sino a quien quiera, de cualquier
       tamaño, y cualquier medio, que regularmente asuma la
       misión de la prensa. (Citas omitidas) (Énfasis nuestro)
       Oliveras v. Paniagua Diez, supra, pág. 268.

       Como indicamos, para que prevalezca la defensa del privilegio

justo y verdadero se tiene que cumplir con dos requisitos. Primero,

el reporte tiene que ser justo en cuanto al objeto de información. En

otras palabras, debe captar lo acontecido y tomar en consideración

el probable efecto que su presentación tendrá en la mente de un

lector y oyente promedio. Segundo, lo publicado tiene que ser cierto

y reflejar, de manera sustancial, lo verdaderamente expresado o

acontecido en el procedimiento llevado a cabo. Nótese que el

privilegio alberga, incluso, la difusión de una expresión falsa y

difamatoria, si esta es relatada justa y verdaderamente. Además, no

es necesario que lo publicado sea exactamente "correcto".
KLCE202400048                                                                    23

       De una lectura del expediente surge que las expresiones

vertidas por el peticionario contra Bottles están contenidas en la

Querella presentada en el caso GB2023CV002683. Tan es así que el

peticionario hace referencia en sus publicaciones a la Querella

presentada contra la recurrida.4 A modo de ejemplo, el señor Negrón

Torres realizó expresiones en su cuenta personal de la red social

Twitter (Ahora X), donde señaló que: “BOTTLES no paga NADA de

salario a las meseras y meseros; están como ‘servicios profesionales’.

Estas personas tienen derecho a un sub-salario bajo de $2.13, pero

BOTTLES se esconde detrás de la PROPINA para no pagar nada.

Deben más de 30k en salarios”.5 Por su parte, la Querella presentada

contra Bottles contiene las siguientes alegaciones: “Según el patrono,

la relación obrero patronal, iba a ser configurada bajo la figura del

Contratista Independiente y por tal razón la querellada no le pagó el

sub-salario fijado por la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo

de 1938”.6 Se menciona también en la Querella que: “El querellante

trabajó por espacio de 7 meses y su salario fue uno a base de comisión

(no recibió salario directo del patrono) y sus ingresos ascendían a

$850 semanales sin incluir el pago de sub-salario mínimo por hora al

cual tiene derecho, sin embargo, patrono incumplió con la obligación

legal de pagar un sub-salario mínimo de $2.13 por hora”.7 Añade la

Querella: “Que el patrono mantiene un sistema en el cual le incluye a

cada mesa un cargo obligatorio por servicio de 18% pero en realidad

se trata de una propina escondida, sin embargo, la querellada se

queda con la mitad de la cifra a pesar de que por ley la totalidad de

dicha cuantía le corresponde al empleado”.8

3 Este Tribunal tomó conocimiento judicial del caso citado y surge que la parte

querellada es Bottles, Kindred Spirits Inc., y Richard Gonsalves.
4 Apéndice parte peticionaria, Anejo 2, a la pág. 7. (Señala el peticionario en su

cuenta personal de Twitter que: “Escuchadas algunas declaraciones sobre la
Querella contra Bottles aclaramos que, de una lectura simple del doc., se desprende
que patrono no está pagando $2.13 por hora.”).
5 Íd., a la pág. 4
6 Íd., Anejo 6, a la pág. 45.
7 Íd.
8 Íd.
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       Por lo que, luego de analizadas la Querella; así como las

expresiones vertidas por el peticionario, colegimos que tales

expresiones no constituyen una opinión parcializada o subjetiva de

los hechos. Más bien, las mismas están sustentadas e incluso, no

cabe duda, que son extractos de varias alegaciones incluidas en la

referida Querella. Al respecto, debemos recordar que las expresiones

no tienen que ser correctas y que, además, una vez se ha cumplido el

examen de lo que constituye lo justo y verdadero, se cierran las

puertas para examinar los motivos, si algunos, que pudo tener el

publicador, ni tampoco su actitud hacia la veracidad de la

declaración.

       Asimismo, y de lo antes explicado, no podemos ignorar, que en

casos por difamación, la verdad es objeto de defensa.

       En consecuencia, tomando como ciertas las alegaciones, la

defensa del reporte justo y verdadero termina con el pleito instado por

la recurrida. Esto, debido a que resulta forzoso colegir que las

publicaciones del señor Negrón Torres constituyen un informe justo y

verdadero de la Querella instada en contra de la recurrida y, por ende,

una comunicación privilegiada, no sujeta a la reclamación judicial

instada.

       Aún cuando lo antedicho daría fin al caso ante nos, el

peticionario alega que solo la expresión, “ESTO ES UN LEGADO

DIRECTO DE LA ESCLAVITUD”, no está contenida en la Querella

presentada contra Bottles. Sin embargo, arguye que la expresión está

protegida por la doctrina de hipérbole retórica. Bottles, por su parte,

alega que dicha doctrina no es aplicable en este caso debido a que las

expresiones se fundamentan en hechos falsos y representaciones

engañosas no susceptibles de ser tomadas como mera retórica.

       Recordemos que la doctrina de la hipérbole retórica protege

únicamente     expresiones    que   no   pueden    ser   interpretadas

razonablemente como que divulguen hechos reales. Por otro lado, la
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doctrina de opinión protege expresiones relativas a la discusión de

temas de interés público que no contengan aseveraciones fácticas

que sean susceptibles de ser probadas como falsas.

       Así, concurrimos con el señor Negrón Torres cuando expresa

en su recurso que “…ninguna persona en su sano juicio leería estas

expresiones y pensaría que las personas que trabajan para la parte

demandante lo hacen de manera forzada, encadenadas, mientras un

amo les supervisa y les agrede físicamente y emocionalmente si no

hacen lo que les han ordenado”.9 En este sentido, no nos parece

acertado que una persona razonable piense que verdaderamente se

está tildando a Bottles de “amo de esclavos”, como alega la parte

recurrida. Ni menos podemos razonar que la expresión conlleva un

hecho real de que los meseros y las meseras son maltratadas como

esclavos (as). Más bien, esta expresión, únicamente, hace referencia

a como Bottles, conforme a lo alegado en la Querella, realiza la

práctica de la propina, costumbre que es habitual en el comercio de

comida en Puerto Rico. Además, como surge del expediente, dicha

expresión la divulga el peticionario en su carácter de portavoz de

Justicia Salarial, por lo que pretende acentuar un asunto que es de

interés público conforme con su filosofía. Es decir, se busca resaltar

ante la audiencia la discusión sobre los salarios de los meseros y

meseras de la Isla.

       En virtud de todo lo anterior, recalcamos que aún si

tomáramos como ciertas las alegaciones de la demanda, para

propósitos de analizar la procedencia de la solicitud de desestimación

al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra,

concluimos que no existe una causa de acción a favor de Bottles en

contra del peticionario por difamación. Ello, pues, las defensas del

reporte justo y verdadero e hipérbole retórica derrotan la pretensión

9 Véase, el Recurso de certiorari de la parte peticionaria, a la pág. 13.
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de la parte recurrida. Consecuentemente, resolvemos que el foro

recurrido incidió al no desestimar la reclamación instada contra el

señor Negrón Torres, al amparo de la Regla 10.2 de las de

Procedimiento Civil, supra.

      En fin, el TPI cometió el error señalado.

                                    IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, procede expedir el auto

de certiorari solicitado y revocar la Resolución recurrida. En

consecuencia, se desestima la demanda instada por Bottles en contra

del peticionario.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones