Court Opinion

ID: 9381077
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:54.892925+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.630447
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IV

     GEORGINA CORTÉS                                   Revisión de Decisión
        QUIJANO                                        Administrativa
    APELANTE(S)-RECURRENTE(S)                          procedente de la Junta
                                                       de Retiro del Gobierno
                                                       de Puerto Rico
                V.                KLRA202200428

                                                       Caso Núm.
                                                       2021-0052
  JUNTA DE RETIRO DEL
  GOBIERNO DE PUERTO
         RICO                                          Sobre:
     APELADA(S)-RECURRIDA(S)                           Pensión por viudez

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, hoy día 28 de febrero de 2023.

       La señora Georgina Cortés Quijano (señora Cortés Quijano)

comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión

de Decisión Administrativa incoado el 8 de agosto de 2022. En su escrito, nos

solicita que revisemos la Resolución decretada el 18 de mayo de 2022 por la

Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico (Junta de Retiro). En dicho

dictamen, el foro administrativo confirmó la decisión emitida el 6 de agosto

de 2021 por la Junta de Retiro en la cual se determinó no considerar

favorablemente su petitorio de pensión por viudez, ello tras concluir que no

satisfizo el requisito estatutario de haber estado casado(a) por un periodo no

menor de diez (10) años al momento del fallecimiento.

       Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

Número Identificador:
SEN2023 ____________
KLRA202200428                                                                        2

                                         -I-

       El 17 de junio de 2021, la señora Cortés Quijano presentó una

Solicitud de Pensión para Viuda(o) y Beneficiarios ante la Administración de

los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura

(Administración).1 Según requerido por el formulario de la Administración,

la señora Cortés Quijano informó que contrajo matrimonio el 10 de febrero

de 2012 con el pensionado Pedro Vargas Fontánez, y este falleció el 13 de

octubre de 2020.

       El 6 de agosto de 2021, la Junta de Retiro emitió misiva conteniendo

su determinación sobre denegación del beneficio de pensión por viudez, por

la razón de que no se satisfizo el requisito de haber estado casada por un

periodo no menor de diez (10) años con el pensionado fallecido, según

establecido en la Ley Núm. 105-1968, infra.2

       En desacuerdo con esta decisión, el 25 de agosto de 2021, la señora

Cortés Quijano presentó una Reconsideración en la cual argumentó que

procedía la aprobación de los beneficios, dado que desde el año 2007 hasta el

momento del matrimonio- 10 de febrero de 2012-, mantuvo una relación de

convivencia similar al matrimonio (more uxorio) con el señor Vargas

Fontánez.3 El 3 de septiembre de 2021, el foro administrativo reafirmó su

decisión.4

       Ante esta situación, el 6 de octubre de 2021, la señora Cortés Quijano

presentó una Apelación ante la Junta de Retiro y, tras varios incidentes

procesales, 27 de abril de 2022, se celebró una audiencia administrativa. 5

Finalmente, el 18 de mayo de 2022, la Junta de Retiro pronunció la

Resolución impugnada mediante la cual confirmó la denegatoria de

1
  Véase Apéndice del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, pág. 28.
2
  Véase Carta fechada 6 de agosto de 2021, Apéndice del Recurso de Revisión de Decisión
Administrativa, pág. 31.
3
  Véase Apéndice del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, pág. 34.
4
  Véase Carta de 3 de septiembre de 2021, Apéndice del Recurso de Revisión de Decisión
Administrativa, pág. 39.
5
  Véase Apéndice del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, pág. 42.
KLRA202200428                                                                          3

beneficios.6

         Inconforme con lo resuelto, el 23 de junio de 2022 la señora Cortés

Quijano presentó una Solicitud de Reconsideración y Determinaciones de

Hecho y Derecho Adicionales.7 La Junta de Retiro no actuó sobre la solicitud

dentro del término provisto para ello, por lo que se entiende rechazado de

plano.

         El 8 de agosto de 2022, la señora Cortés Quijano acudió ante este

Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión de Decisión

Administrativa, y señaló los siguientes errores:

            Erró la Honorable Junta de Retiro al no atender la
            controversia sobre la obstaculización y violación del debido
            proceso de ley relacionado con el hecho de que no se le
            permitió a la parte apelante-recurrente presentar
            inicialmente ante la agencia la evidencia sobre su relación
            de convivencia marital (more uxorio) con su difunto
            esposo.
            Erró la Honorable Junta en su apreciación de la prueba oral
            presentada durante la vista administrativa la cual fue
            suficiente para demostrar la relación de convivencia marital
            (more uxorio) de la apelante-recurrente con su difunto
            esposo.
            Erró la Honorable Junta al no realizar determinaciones de
            hechos y derecho adicionales que le fueron solicitadas por
            la parte apelante-recurrente y que son fundamentales para
            la adecuada resolución del caso de epígrafe y para
            determinar los derechos de la viuda en este caso.
            Erró la Honorable Junta en su interpretación del término
            “casados” en este caso y en el análisis del derecho aplicable
            al denegar los beneficios solicitados por la apelante-
            recurrente.
            Erró la Honorable Junta al aplicar las disposiciones de la Ley
            Núm. 3 de 4 de abril de 2013 al caso de autos.

         Ese mismo día, la señora Cortés Quijano presentó Solicitud de

Reproducción de la Prueba Oral (Regla 66) reclamando que ordenáramos la

reproducción de la prueba oral vertida en la audiencia administrativa. El 11

de agosto de 2022, decretamos Resolución en la cual, entre otras cosas,

concedimos un plazo de treinta (30) días para presentar alegato(s) en

oposición al recurso, así como dispusimos el trámite concerniente a la

6
  Este dictamen fue notificado y archivado en autos el 2 de junio de 2022. Véase Apéndice
del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, pág. 1.
7
  Véase Apéndice del Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, pág. 15.
KLRA202200428                                                                         4

reproducción de la transcripción de la prueba oral. Concedida una prórroga,

el 13 de octubre de 2022, la Junta de Retiro presentó su Alegato de la Parte

Recurrida.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, exponemos las normas de

derecho pertinentes a la controversia planteada a los fines de adjudicar.

                                         - II -
                                         -A-

        La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU) provee un cuerpo de normas mínimas para regir los

procesos de adjudicación y reglamentación en la administración pública.8 Su

sección 4.1 instituye la revisión judicial por este Tribunal de Apelaciones de

las determinaciones finales de las agencias.9

        La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las

agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la

ley.10 El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de un

foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia. 11

Nuestra evaluación de la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a

determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus

acciones constituyen un abuso de discreción.12

        No obstante, las decisiones de los organismos administrativos

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo que

sus conclusiones e interpretaciones merecen gran consideración y respeto.13

Por ello, al ejecutar nuestra función revisora, este Tribunal está obligado a

considerar la especialización y experiencia de la agencia, distinguiendo entre

cuestiones de interpretación estatutaria —sobre las que los tribunales son

8
   Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA §§ 9601-
9713. Saldaña Egozcue v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).
9
   3 LPRA § 9671.
10
   Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 696, 707 (2004).
11
   Otero Mercado v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).
12
   Torres Acosta v. Junta Examinadora, supra, pág. 708.
13
   García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891 (2008); Murphy Bernabe v. Tribunal
Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).
KLRA202200428                                                                             5

especialistas—      y    cuestiones     propias     de     la    discreción     o   pericia

administrativa.14

        El   alcance     de    la   revisión    judicial    de    las   determinaciones

administrativas se ciñe a decidir lo siguiente: (1) si el remedio concedido por

la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia

están basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas.15

        En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán sostenidas por

los tribunales si están respaldadas por evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo considerado en su totalidad.                     16   Evidencia

sustancial es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar como

adecuada para sostener una conclusión. 17                Debido a la presunción de

regularidad y corrección que cobija a las decisiones de las agencias

administrativas, quien alegue ausencia de evidencia sustancial debe presentar

prueba suficiente para derrotar dicha presunción. 18 Para ello “tiene que

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe

el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se

pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo

con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”. 19 A esto se le

conoce como la norma de la evidencia sustancial, con lo cual se persigue

evitar sustituir el criterio del organismo administrativo en materia

especializada por el criterio del tribunal revisor.20 Por lo tanto, aun cuando

exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe

dar deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio por el de esta.21

        De otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables

14
   Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 (1990).
15
   Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627
(2016).
16
   Asociación Vecinos del Hospital San Jorge v. United Medical Corp., 150 DPR 70, 75 (2000).
17
   Otero Mercado v. Toyota, supra, pág. 728.
18
   Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, SE, 160 DPR 409, 431 (2003).
19
   Gutiérrez Vázquez v. Víctor Hernández, 172 DPR 232, 244 (2007).
20
   Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, SE,, supra, pág. 432.
21
   Íd.
KLRA202200428                                                                                6

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno. 22 Aun así,

debemos dar deferencia a las interpretaciones que los organismos

administrativos hacen de las leyes y reglamentos que administran. 23 Ante

ello, “[a]un en casos dudosos en que la interpretación de la agencia no sea la

única razonable, la determinación de la agencia merece deferencia

sustancial”.24

        En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, procede su

confirmación. Por el contrario, los tribunales revisores podemos intervenir

con la decisión recurrida cuando no está basada en evidencia sustancial, o

cuando la actuación es arbitraria, irrazonable o ilegal, o cuando afecta

derechos fundamentales.25

                                            -B-

        La Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto

Rico provee los beneficios de jubilación a los empleados del gobierno y, en

determinadas circunstancias, extiende beneficios al cónyuge sobreviviente, a

las personas que este haya designado como beneficiarios o a los herederos.26

Mediante la Ley Núm. 105 de 28 de junio de 1969, según enmendada, se

ampliaron los beneficios de la Ley de Retiro para conceder una pensión al

cónyuge supérstite y a los hijos menores o incapacitados sobreviviente de un

participante del Sistema de Retiro. 27 En lo pertinente, esta ley dispone lo

siguiente (énfasis suplido):

        (a) Al fallecer un participante del Sistema de Retiro de los
        Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus
        Instrumentalidades y/ del Sistema de Retiro de la Judicatura de
        Puerto Rico mientras estuviere recibiendo una anualidad por
        retiro o por incapacidad de dicho Sistema, el cónyuge
        supérstite e hijos menores o física y/mentalmente
        incapacitados tendrán derecho a una pensión que se
        determinará de acuerdo a lo dispuesto en esta sección.

22
   Rebollo v. Yiyi Motos, 161 DPR 69, 77 (2004).
23
   Torres Santiago v. Departamento de Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).
24
   Id.
25
   Junta de Planificación v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
26
   Conocida como Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 LPRA § 761 y
siguientes, (Ley de Retiro). Véanse Artículos 2-111 a 1-113 de la Ley de Retiro, 3 LPRA §§ 771-
773.
27
   3 LPRA § 788a.
KLRA202200428                                                                       7

       […]
       (b) […]
       (c) […]
       (d) […]
       (e) Si el pensionado al momento de fallecer estuviere cubierto
       por el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social las
       personas mencionadas en el inciso (a) de esta sección, en lugar
       de lo dispuesto en el inciso (b) de esta sección, recibirán
       dividido por partes iguales el cincuenta por ciento (50%) de la
       anualidad que recibía el pensionado al momento de su muerte.
       El cónyuge supérstite del pensionado recibirá la pensión
       dispuesta en este inciso al cumplir sesenta (60) años de edad.
       Disponiéndose, además, que el cónyuge supérstite
       deberá haber estado casado por no menos de diez (10)
       años con el pensionado fallecido al momento de su
       fallecimiento.
       […]

       Por su parte, el Reglamento Núm. 4930 de 26 de mayo de 1993,

complementa en su Regla 40 las disposiciones sobre la pensión al cónyuge

supérstite e hijos de los pensionados bajo la Ley Núm. 105-1969, supra. 28 En

lo aquí pertinente, la Regla 40 lee (énfasis suplido):

       40.1- Al fallecer un pensionado del Sistema de Retiro de los
       Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus
       Instrumentalidades, el cónyuge supérstite y los hijos menores
       o física o mentalmente incapacitados, tendrán derecho a una
       pensión al amparo de la Ley Núm. 105 de 28 de junio de 1969,
       según enmendada.
       40.2- Para tener derecho a recibir una pensión al amparo de la
       Ley Núm. 105, supra, será requisito que:
             (a) el cónyuge supérstite se mantenga en estado de viudez;
             (b) los hijos sean menores de edad o estén física o
             mentalmente incapacitados.
       40.3- Si el pensionado al momento de fallecer estuviere
       cubierto por el Título II de la Ley de Seguridad Social, el
       cónyuge supérstite e hijos menores o física o mentalmente
       incapacitados, recibirán por partes iguales el treinta por ciento
       (30%) de la anualidad que recibía el pensionado al momento
       de su muerte. Para tener derecho a la anualidad el cónyuge
       supérstite debe haber estado casado por no menos de
       diez (10) años con el pensionado fallecido y recibirá la
       anualidad al cumplir la edad de sesenta (60) años.

       Finalmente, la Ley de Retiro, supra, define a un cónyuge supérstite

como “la persona que esté casada con el participante al momento de la

28
  Conocido como el Reglamento General del Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades para la Concesión de Pensiones,
Beneficios y Derechos a los Empleados del Gobierno de Puerto y sus Instrumentalidades.
KLRA202200428                                                                                  8

separación del servicio y que sobreviva al participante”.29

                                             -C-

         Al descargar nuestra función de interpretar una ley, los tribunales

debemos considerar los propósitos que persiguió la Asamblea Legislativa al

aprobar el estatuto, para así imprimirle efectividad a la política pública que

lo inspira.30 En este ejercicio de interpretación estamos obligados a acudir,

en primer término, al texto de la ley.31 Ello, pues “si el lenguaje de la ley no

crea dudas y es claro en cuanto a su propósito, su propio texto es la mejor

expresión de la intención legislativa”. 32 Este principio de hermenéutica

estatutaria se encuentra codificado en el Artículo 19 del Código Civil de 2020,

el cual dispone que “[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su

texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 33 De

modo que, solamente cuando encontramos ambigüedad en el texto de la ley

debemos recurrir a otras técnicas de interpretación para asegurar el

cumplimiento de los propósitos legislativos.34 En ausencia de ambigüedad y

confusión, no debe buscarse más allá de la letra de su texto para encontrar

cuál fue la voluntad del legislador. 35

                                             - III -

         Un argumento hilvana los varios señalamientos de error que la señora

Cortés Quijano elabora en su recurso; este es, que el foro administrativo

realizó una interpretación irrazonable del término cónyuge supérstite

29
    3 LPRA § 763.
30
   Sociedad para la Asistencia Legal, Inc., v. Instituto de Ciencias Forenses de PR, 179 DPR 849,
862 (2010).
31
   Id.
32
   Cruz Parrilla v. Departamento de la Vivienda, 184 DPR 393, 404 (2012).
33
   31 LPRA § 5341.
34
   Sociedad para la Asistencia Legal, Inc., v. Instituto de Ciencias Forenses de PR, supra, pág.
862. Véanse, por ejemplo, los Artículos 21 y 21 del Código Civil de 2020, 31 LPRA §§ 5342 y
5343:
     Artículo 20. - Sentido de la ley.
     Para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son
     ambiguas, se considerará su razón y su espíritu, mediante la atención a los objetivos
     del legislador, a la causa o el motivo para dictarla.
     Artículo 21. - Aplicación analógica.
     La aplicación analógica procede cuando las leyes no contemplan un caso específico,
     pero se refieren a la misma materia u objeto, entre los que se aprecia identidad de
     razón. En tal caso, deberán ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por
     cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo
     que resulte dudoso en otro.
35
   Id.
KLRA202200428                                                                              9

contemplado en la Ley Núm. 105-1969. La señora Cortés Quijano sostiene

que la Junta de Retiro debió interpretar dicho término liberalmente, y

hacerlo extensivo a la relación de convivencia more uxorio que, desde el año

2007 al 2012, mantuvo con el señor Vargas Fontánez. Este periodo, sumado

a los ocho (8) años que estuvo casada con el pensionado, argumenta la señora

Cortés Quijano, serían suficientes para satisfacer el requisito de diez (10)

años de matrimonio al momento del fallecimiento.

        Reseñamos que la Ley Núm. 105-1969, supra, concede el beneficio de

una pensión por viudez al cónyuge supérstite de un participante que hubiera

estado recibiendo una anualidad por retiro al momento de su muerte,

siempre que se cumplan dos (2) requisitos básicos: (1) el cónyuge supérstite

haya cumplido sesenta (60) años, y (2) haya estado casado con el pensionado

fallecido por no menos de diez (10) años. En la Resolución recurrida, el foro

administrativo analizó las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 105-1969,

supra, y la Ley Núm. 447-1951, supra, concluyendo que estas distinguen entre

los participantes casados y los no casados para la concesión de beneficios. 36

Asimismo, coligió que para ser cónyuge supérstite la persona tiene que haber

contraído matrimonio.37

        Recordemos que aun cuando las conclusiones de derecho de una

agencia son revisables en todos sus aspectos, debemos dar deferencia a las

interpretaciones que los organismos administrativos hacen de las leyes y

reglamentos que administran; por lo que, aun ante casos dudosos, donde

pueda concebirse una interpretación distinta de estas leyes y reglamentos, la

determinación de la agencia merece deferencia sustancial.38

        La Ley Núm. 105-1969, supra, expresa que el derecho a la pensión está

reservado al cónyuge supérstite, quien “deberá haber estado casado por no

menos de diez (10) años con el pensionado fallecido al momento de su

36
   Véase Resolución de 18 de mayo de 2022, apéndice del recurso, a la pág. 10.
37
   Id., a la pág. 11.
38
   Rebollo v. Yiyi Motos, supra, pág. 77 (2004); Torres Santiago v. Departamento de Justicia,
181 DPR 969, 1002 (2011).
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fallecimiento”. A su vez, la Ley de Retiro prescribe que cónyuge supérstite

“[s]ignificará la persona que esté casada con el participante al momento de la

separación del servicio y que sobreviva al participante”. Ambos textos son

claros, y susceptibles de ser entendidos en un único sentido. Esto es, el

concepto de cónyuge supérstite que contempla el estatuto no abarca el tipo

de relación de convivencia que, desde el año 2007 al 2012, mantuvo la señora

Cortés Quijano con el pensionado fallecido, sino que se refiere al

matrimonio según definido por nuestro Código Civil, el cual precisa como

requisito para su validez que se celebre y solemnice con arreglo a las

prescripciones de la ley. Esta fue la interpretación que realizó la Junta de

Retiro, y no encontramos motivos para ignorar la doctrina de deferencia

sustancial que debemos a una interpretación razonable de un organismo

administrativo sobre las leyes que le rigen.

       Desde un inicio, la señora Cortés Quijano proveyó a la

Administración de los Sistemas de Retiro todos los datos pertinentes para

que la agencia pudiera tomar una determinación conforme a derecho. De las

certificaciones de matrimonio y defunción incluidos con su solicitud de

pensión surge que el 10 de febrero de 2012, contrajo matrimonio con el señor

Vargas Fontánez, y este falleció el 13 de octubre de 2020. En total, la señora

Cortés Quijano estuvo casada con el pensionado un total de ocho (8) años,

ocho (8) meses y tres (3) días. La prueba documental y testifical que aportó

la señora Cortés Quijano durante la audiencia administrativa reafirma este

hecho fundamental. Es evidente, pues, que en el caso de la señora Cortés

Quijano no se satisface el criterio básico de haber estado casada con el

pensionado fallecido por un término no menor de diez (10) años, por lo que

no tiene derecho a percibir la pensión por viudez.

       Por último, es preciso apuntar que no se cometieron los otros errores

señalados por la señora Cortés Quijano.              Durante la audiencia

administrativa, la señora Cortés Quijano tuvo la oportunidad de presentar

evidencia documental adicional que no pudo presentar al momento de la
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solicitud, además del testimonio propio y de una testigo adicional. Con ello

se salvaguardó su derecho a un debido proceso de ley. De otro lado, el foro

administrativo no tenía la obligación de acoger una solicitud de

reconsideración y/o determinaciones de hecho y conclusiones de derecho

adicionales. Aun en los casos civiles ante el Tribunal General de Justicia no

existe tal deber, pues el juzgador posee discreción para denegar el petitorio,

el cual solo procede para corregir errores manifiestos de hechos o de

derecho.39 En conclusión, la Junta de Retiro no estaba obligada a realizar

determinaciones de hechos adicionales, máxime cuando las determinaciones

de hechos propuestas por la señora Cortés Quijano no pueden tener efecto

sobre la solicitud de pensión por viudez a la luz del derecho aplicable.

Finalmente, por el resultado al que llegamos, es innecesario discutir el quinto

señalamiento de error.

                                              - IV -

           Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Resolución

intimada el 18 de mayo de 2022 por la Junta de Retiro.

           Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones

39
     Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 357 (2003).