Court Opinion

ID: 9962753
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:49:03.131839+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.957606
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

                                                Apelación
       T-BOARDS, LLC                            procedente del
                                                Tribunal de
    Demandante-Apelante                         Primera Instancia,
                                                Sala de San Juan
               v.             KLAN202400098
                                                Civil núm.:
  DEPARTAMENTO DE                               SJ2022CV08446
RECREACIÓN Y DEPORTES                           (803)
   DE PUERTO RICO
                                                Sobre:
    Demandado-Apelado                           Incumplimiento de
                                                Contrato,
                                                Cumplimiento
                                                Específico, Daños
                                                y Perjuicios
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó, por las

alegaciones, una demanda contra el Departamento de Recreación y

Deportes de Puerto Rico (el “Departamento”) relacionada con la

colocación de una valla publicitaria en terrenos del Departamento.

Según se explica a continuación, concluimos que procede confirmar

lo actuado por el TPI, pues, ante las defensas del Departamento, la

parte demandante no negó su falta de diligencia en cuanto a la

obtención de permisos para la valla e, incluso, dicha parte ha

planteado que los referidos permisos no serían jurídicamente

procedentes.

                                 I.

      En septiembre de 2022, T-Boards, Inc. (“TBI”), presentó la

acción de referencia (la “Demanda”) en contra del Departamento.

Alegó que, en octubre de 2016, suscribió un contrato de

arrendamiento con el Departamento (el “Contrato”), con el fin de

Número Identificador
SEN2024________________
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edificar, operar y mantener una valla publicitaria en un terreno del

Departamento en el Parque Teófilo Cruz (el “Terreno”).

      TBI alegó que el Departamento incumplió con el Contrato

cuando, el 29 de junio de 2021, suscribió un contrato de

arrendamiento con un tercero (“NexGen”) con el fin de permitirle

construir y operar, en el Terreno, un “anuncio publicitario digital de

significativo tamaño”. Planteó que, al así actuar, el Departamento

infringió el Contrato, el cual le concedía exclusividad a TBI en

cuanto a vallas publicitarias en el Terreno. TBI alegó que lo actuado

por el Departamento le provocó daños estimados en una cantidad

no menor de $4,000,000.00.

      En diciembre de 2022, el Departamento presentó una Moción

de Desestimación (la “Moción”). En lo pertinente, sostuvo que TBI

no “cumplió con ninguna” de las cláusulas del Contrato y que había

abandonado su interés en obtener los permisos para construir la

valla publicitaria. En particular, alegó que TBI, luego de cinco años

de suscrito el Contrato, no había obtenido los permisos ni cumplido

con su obligación contractual de informar periódicamente al

Departamento en torno al status de los mismos. Sostuvo que TBI

no había “sido diligente en la gestión de los permisos”.

      TBI se opuso a la Moción; no obstante, no rebatió lo alegado

por el Departamento en cuanto a la obtención de permisos por TBI

o en cuanto a la ausencia de informes al Departamento al respecto.

      Mientras tanto, en junio de 2023, TBI informó al TPI de una

Sentencia dictada por otro panel de este Tribunal (la “Sentencia”),

mediante la cual determinamos, a petición precisamente de TBI, que

eran inválidos los permisos otorgados a NexGen para operar los

anuncios digitales en el Terreno. En efecto, mediante la Sentencia

(KLRA202200365, Sentencia de 12 de mayo de 2023), concluimos

que no procedía el permiso allí impugnado, relacionado con una

valla publicitaria en el Terreno, por virtud de la reglamentación
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federal aplicable las vías que forman parte del National Highway

System,   razón   por   la   cual   la   Autoridad   de   Carreteras   y

Transportación (“ACT”) se opuso a la instalación de las referidas

vallas.

      Mediante una Sentencia notificada el 3 de enero de 2024, el

TPI desestimó la Demanda. Razonó que TBI no podía reclamar al

Departamento por su incumplimiento con el Contrato porque TBI

también había incumplido con el mismo, ello al omitir notificar con

regularidad al Departamento sobre el estado de las gestiones para

obtener los permisos. El TPI también concluyó que TBI no obtuvo

ciertas pólizas de seguro exigidas por el Contrato.

      El 2 de febrero, TBI presentó la apelación de referencia;

formula los siguientes señalamientos de error:

            1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al tomar
               como ciertos hechos alegados por la parte
               demandada-apelada en mociones y en una
               vista argumentativa, incluso cuando la
               adjudicación ante sí era una bajo el palio de la
               Regla 10.2 de Procedimiento Civil; y aunque
               no se aportó prueba alguna que sostenga la
               veracidad de las alegaciones de la apelada y
               por tal las determinaciones de hecho
               esbozadas en las que se fundamenta la
               Sentencia.

            2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al
               desestimar la acción de la parte apelante sin
               el beneficio de una vista evidenciaria ni una
               oposición a solicitud de sentencia sumaria,
               como exigen las Reglas de Procedimiento Civil.

            3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al
               desestimar la Demanda de la parte apelante a
               pesar de que dicha desestimación se
               fundamentó en obligaciones accesorias.

      El Departamento presentó su alegato en oposición. Expuso

que, cinco años luego de formalizado el Contrato, TBI nunca había

presentado al Departamento “informes sobre el status de las

solicitudes de los permisos … (ni tan siquiera ha alegado lo

contrario…); y tampoco ha alegado haber realizado esfuerzos de

buena fe que sean suficientes para lograr el cumplimiento de sus
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prestaciones,   esto[]   es,   gestionar   y   obtener   los   permisos”.

Resolvemos.

                                     II.

      La desestimación resuelve un pleito de forma desfavorable

para el demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los

méritos. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005). De

este modo, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 10.2, dispone varios supuestos en los cuales una parte

demandada puede solicitar la desestimación de una acción en su

contra antes de presentar la contestación a la demanda. Aut. Tierras

v. Moren & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).               En lo

pertinente, la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 10.2 (5), establece que:

            Toda defensa de hechos o de derecho contra una
            reclamación en cualquier alegación… se
            expondrá en la alegación respondiente que se
            haga a las mismas, en caso de que se requiera
            dicha alegación respondiente, excepto que, a
            opción de la parte que alega, las siguientes
            defensas pueden hacerse mediante moción
            debidamente fundamentada:
            …
            (5) dejar de exponer una reclamación que
            justifique la concesión de un remedio.
            32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).

      A los fines de disponer de una moción de desestimación, el

tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas las alegaciones

fácticas de la demanda que hayan sido aseveradas claramente.

Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010); Perfect

Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular, 172 DPR 139, 149

(2007); Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649

(2006); García v. E.L.A., 163 DPR 800, 814 (2005); Harguindey Ferrer

v. Universidad Interamericana, 148 DPR 13, 30 (1999); Ramos v.

Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985).              Esto obedece a que el

demandante no viene obligado a realizar alegaciones minuciosas y

técnicamente perfectas, sino que se le permite limitarse a bosquejar
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a grandes rasgos su reclamación, mediante una exposición sucinta

y sencilla de los hechos.   Torres Torres, 179 DPR a la pág. 501;

Sánchez v. Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Dorante v.

Wrangler de P.R., 145 DPR 408, 413 (1998).

      Ahora bien, una moción de desestimación, al amparo de la

Regla 10.2(5), procederá si, a la luz de la situación más favorable al

demandante y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es

insuficiente para constituir una reclamación válida. El Día, Inc. v.

Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Consejo Titulares v.

Gómez Estremera, et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Colón v. San

Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 (1959).       En otras palabras, el

promovente de la moción de desestimación tiene que demostrar que,

presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la demanda no expone

una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Rosario

v. Toyota, 166 DPR 1, 7 (2005); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137

DPR 497, 505 (1994).

      Además, ante una moción de desestimación, hay que

interpretar las alegaciones de la demanda conjunta, liberalmente y

de la manera más favorable posible para la parte demandante.

Rosario, 166 DPR a la pág. 8; Dorante, 145 DPR a la pág. 414. Así

pues, la demanda no se desestimará a menos que se desprenda con

toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno

bajo cualquier estado de hechos que pueda ser probado en apoyo a

su reclamación. Rosario, 166 DPR a la pág. 8; Pressure Vessels, 137

DPR a la pág. 505.

                                 III.

      Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que

intervenga culpa o negligencia. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA
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sec. 2992.1     Las obligaciones que nacen de los contratos tienen

fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con los

mismos.       Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.                  Los

contratos existen desde que una o varias personas consienten en

obligarse con otro a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Art.

1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto

Corp., 173 DPR 870, 886 (2008).

       Una obligación contractual se configura cuando concurren los

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2)

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la

obligación.     Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.                    Al

concurrir lo anterior, se perfecciona el contrato y, desde entonces,

dicho contrato obliga al cumplimiento de lo expresamente pactado y

a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes

a la buena fe, el uso y la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 3375.

       Ahora bien, a tenor con el principio imperante de libertad de

contratación, los contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Art.

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v.

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v.

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165

DPR 1, 17 (2005). Sin embargo, dicha autonomía se limita en tanto

no se deja al arbitrio de uno de los contratantes la validez y el

cumplimiento de los contratos. Art. 1208 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 3373.

       Por otro lado, en el caso de las obligaciones recíprocas, si una

de las partes entiende que el otro contratante incurrió en

1 Haremos referencia al Código Civil vigente a la fecha de los hechos del caso.
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incumplimiento de contrato, el primero puede acudir al foro

competente en búsqueda de un remedio conforme al Art. 1077 del

Código Civil y exigir el cumplimiento específico o la resolución del

contrato, pudiendo en ambos casos exigir el resarcimiento en daños

y el abono de intereses. 31 LPRA sec. 3052.

                                       IV.

        Concluimos que actuó correctamente el TPI al desestimar la

Demanda.

        Como cuestión de umbral, resaltamos que, en el trámite que

culminó en la Sentencia, referente precisamente a la valla colocada

por NexGen a raíz de la actuación impugnada ahora en la Demanda,

TBI planteó que “no es posible autorizar la construcción de un

anuncio digital en una salida de una autopista perteneciente al

National Highway System hacia una marginal de dos carriles”.

Véase     Recurso      de   Revisión     Judicial     presentado      por     TBI,

KLRA202200365, pág. 23.

        A la luz de lo anterior, y de lo alegado por el Departamento en

cuanto a la falta de diligencia de TBI en lo relacionado con la

obtención de los permisos contemplados por el Contrato, y en

cuanto al incumplimiento de TBI con su obligación de informar

periódicamente al Departamento al respecto2, resulta determinante

que TBI ni siquiera haya alegado, ni ante el TPI ni ante este Tribunal,

que haya intentado obtener los referidos permisos.

2 En lo pertinente, la Cláusula Quinta del Contrato dispone que:

        [TBI] comenzará a pagar el canon de arrendamiento establecido,
        una vez obtenido todos los permisos, licencias y documentos para
        operar la pantalla. La fecha de inicio del pago de arrendamiento
        será dentro de los treinta (30) días de haber obtenido el último
        permiso necesario para operar la pantalla. [T-Boards] reconoce que
        independientemente del tiempo que demore la obtención de los
        permisos, el término de vigencia del contrato es desde su firma, no
        pudiendo descontar para efectos del cómputo de los veinte (20)
        años, el tiempo que haya demorado en conseguir dichos permisos.
        A su vez, [T-Boards] será responsable de mantener informado a
        EL DEPARTAMENTO, cada sesenta (60) días, sobre el “status”
        de las solicitudes presentadas para obtener los permisos de
        operación de la pantalla. Esta información deberá ser provista a la
        Oficina de Asesoramiento Legal.
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      Adviértase que surge del Contrato que TBI se obligó a

gestionar los permisos de operación para la valla publicitaria y

acordó informar al Departamento cada 60 días sobre las gestiones

realizadas para obtener los permisos. A pesar de lo alegado por el

Departamento, TBI no ha negado que no ha conseguido los permisos

ni   cumplido   con    mantener        informado   periódicamente   al

Departamento de sus gestiones al respecto. De hecho, el propio TBI

nos planteó, en el recurso que culminó en la Sentencia, que no sería

posible obtener dichos permisos.

      En fin, como TBI no ha negado su incumplimiento con las

cláusulas del Contrato relacionadas con la obtención de permisos

para la valla publicitaria y, más aún, ha planteado formalmente que

la ubicación de una valla en el Terreno, según contemplada en el

Contrato, no sería posible por virtud de la reglamentación federal

aplicable, el TPI actuó correctamente al determinar que TBI no podía

reclamar al Departamento por su incumplimiento con el Contrato,

por lo cual procedía la desestimación de la Demanda.

                                  V.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones