Court Opinion

ID: 9941551
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:45:43.819787+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.332069
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V

JJ AUTO AIR, NOMBRE                                    Certiorari
REGISTRADO Y DBA DE                                    procedente del
JUAN JOSÉ MELÉNDEZ                                     Tribunal de Primera
      MOJICA                                           Instancia, Sala
                                                       Superior de
        Peticionario                                   Humacao

             v.                  KLCE202301445 Caso Núm.:
                                               HU2023CV01287
     LUIS J. RODRÍGUEZ
    HACIENDO NEGOCIOS                                  Sobre:
     COMO JJL AUTO AIR                                 Cese y Desista
                                                       Daños
         Recurrido

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2024.

       Comparece JJ Auto Air, Nombre Registrado y DBA de Juan

José Meléndez Mojica (en adelante, parte peticionaria) para

solicitarnos la revisión de la Orden emitida y notificada el 17 de

noviembre de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Humacao (en adelante, TPI). Mediante la Orden

recurrida, el foro primario dispuso que no hay señalamiento de vista

y que se emplace conforme a derecho.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso presentado por ser uno prematuro.

                                       I

       En el caso de autos, la parte peticionaria presentó una

Demanda el 4 de septiembre de 2023 al amparo de la Ley Núm. 169-

2009, Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico.2 Adujo, en

1  Apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 1. Véase, además, el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (en adelante, SUMAC) a la entrada
9.
2 Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre

de 2009, según enmendada, 10 LPRA § 223 nota et seq.

Número Identificador

RES2024______________
KLCE202301445                                                                   2

síntesis, que su nombre comercial estaba registrado ante el Registro

de Marcas del Departamento de Estado y que su negocio se dedicaba

a la reparación de aires acondicionados para automóviles. Expresó

que la parte recurrida del título también se dedicaba a este mismo

tipo de negocio con un nombre y logo similar y que esto le ha

causado confusión tanto a la parte peticionaria como a sus clientes.

Solicitó como remedio que se le ordenara a la parte recurrida a cesar

y desistir de utilizar el nombre del negocio similar al de la parte

peticionaria.

       De ahí, acaecieron varios incidentes procesales, en lo atinente,

uno relacionado el trámite procesal del caso en cuestión,

específicamente, sobre cómo se debe notificar la acción incoada en

su contra a la parte recurrida. Así las cosas, el 9 de noviembre de

2023, la parte peticionaria presentó una Moción en Auxilio de

Jurisdicción y Solicitud de Remedio Conforme a Derecho conforme al

Artículo 30 de la Ley Núm. 169-2009.3

       En respuesta, el 10 de noviembre de 2023, el Tribunal a quo

le ordenó presentar un proyecto de citación para la parte recurrida.4

En cumplimiento con lo ordenado, el 15 de noviembre de 2023, la

parte peticionaria presentó un escrito al cual le acompañó un

proyecto de citación para su expedición.5

       Recibido el escrito, el 17 de noviembre de 2023, el foro

primario resolvió: “[n]o hay vista señalada. Tiene que emplazar

conforme a derecho!”.6 Inconforme con lo anterior, el 4 de diciembre

de   2023,      la   parte   peticionaria      presentó     una     Moción     de

Reconsideración.7 En ella, expresó que los procedimientos al amparo

3 Apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 17-18. Ley de Marcas del Gobierno

de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, 10
LPRA § 224, Art. 30.
4 Apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 19.
5 Apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 20-22.
6 Apéndice de la parte peticionaria, a la pág. 1. Véase, además, el SUMAC, a la

entrada 9.
7 Apéndice de la parte peticionaria, a las págs. 2-4.
KLCE202301445                                                                 3

de la precitada Ley no requerían un emplazamiento, sino el

diligenciamiento de una citación para una vista. Dicha solicitud de

reconsideración no ha sido atendida por el foro primario.

       Así las cosas, el 20 de diciembre de 2023, la parte peticionaria

presentó la petición de Certiorari que se encuentra ante nuestra

consideración y esbozó el siguiente error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia, al violentar el
       estado de derecho vigente de la Ley Especial 169-2009,
       que crea un procedimiento expedito, el cual de forma
       supletoria se deja llevar por las Reglas de Procedimiento
       Civil de 2009, según enmendadas, que crea un
       procedimiento de citación y no de emplazamiento para
       establecer jurisdicción sobre la parte demandada. La
       Ley Especial 169-2009, provee para que se conceda de
       forma expedita un Entredicho Provisional y luego una
       vista para Interdicto Preliminar. Nada de esto ha sido
       permitido por el Tribunal de Primera Instancia[,] Sala
       Superior de Humacao, lo cual ha tornado un pleito
       expedito en uno ordinario o en estatus indefinible.

       Prescindiendo de la comparecencia de la parte recurrida,

procedemos a exponer el derecho aplicable.

                                       II

   A. Jurisdicción y Recurso Prematuro

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su

consideración.8 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden

otorgársela.9 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: “los

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.10

Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción

de los tribunales para atender los recursos ante su consideración

constituyen materia privilegiada.11 De manera que, debido a su

8 AAA v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, 199 DPR 638,

651-52 (2018).
9 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).
10 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012). S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v.
CLE, Id.
11 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).
KLCE202301445                                                                4

naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción deben ser

resueltas con preferencia, ya sea porque fuera cuestionada o motu

proprio, pues, por su naturaleza, incide directamente sobre el poder

que tiene para adjudicar las controversias.12

       Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción,

debe declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus

méritos.13 De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos será

nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar.14 Es decir, una

sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia

nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.15

       Como corolario de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico (en adelante, Tribunal Supremo) ha desarrollado el principio de

la justiciabilidad, el cual recoge una serie de doctrinas de

autolimitación basadas en consideraciones prudenciales que

prohíben al foro judicial emitir opiniones consultivas, y fue

incorporado jurisprudencialmente a nuestro ordenamiento jurídico

mediante el caso de ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 595 (1958).16 La

doctrina de justiciabilidad persigue evitar emitir decisiones en casos

que realmente no existen o dictar una sentencia que no tendrá

efectos prácticos sobre una controversia.17 En ese contexto, un

asunto no es justiciable cuando: (i) se trata de resolver una cuestión

política, (ii) una de las partes carece de legitimación activa para

promover un pleito, (iii) después de comenzado el litigio hechos

posteriores lo tornan en académico, (iv) las partes pretenden obtener

una opinión consultiva y (v) cuando se pretende promover un pleito

que no está maduro.18

12 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018).
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848,

855 (2009).
14 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016). Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).
15 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).
16 R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las

leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Pubs. JTS, 1987, pág. 147.
17 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, 973 (2010).
18 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).
KLCE202301445                                                                    5

       Entre las referidas doctrinas, se encuentra la doctrina de

madurez.19 De acuerdo con esta doctrina, los tribunales debemos

examinar si la controversia sustantiva planteada en el recurso ante

nuestra consideración está definida concretamente, de manera que

nos permita evaluarla en sus méritos, y si el daño aducido es

suficiente para requerir adjudicación.20 En nuestra función revisora,

un recurso judicial es prematuro cuando el asunto del cual se trata

no está listo para adjudicación; esto es, cuando la controversia no

está debidamente delineada, definida y concreta.21 Como ha

pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo, un recurso

prematuro      adolece     del   insubsanable        defecto    de    privar    de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.22 Como tal, su

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico,

pues no hay autoridad judicial para acogerlo.23

                                       III

       Como cuestión de umbral este Tribunal tiene un deber de

auscultar su propia jurisdicción. Acentuamos que: “los tribunales

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.24

       La parte peticionaria aduce que el foro primario denegó una

solicitud de reconsideración mediante la cual le solicitó al TPI que

dejara sin efecto la Orden emitida y notificada el 17 de noviembre de

2023.25 Sin embargo, un examen del expediente ante nuestra

consideración, así como del expediente del caso ante el TPI en el

19  J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones
constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 89.
20 Com. de la Mujer v. Srio de Justicia, 109 DPR 715, 722 (1980).
21 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Juliá et al. v.

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).
22 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., Id., 365.
23 Id., 366.
24 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo,

supra. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra.
25 Apéndice de la parte peticionaria a la pág. 1. Véase además el SUMAC a la

entrada 9.
KLCE202301445                                                                   6

SUMAC revela, tal y cual adelantamos, que la referida solicitud de

reconsideración no ha sido atendida por el foro primario. Veamos.

        Del expediente ante nuestra consideración y del SUMAC se

desprende que: (i) la Orden recurrida fue emitida y notificada el 17

de noviembre de 2023,26 (ii) la Moción de Reconsideración fue

presentada el 4 de diciembre de 2023,27 y que (iii) no hay ninguna

determinación judicial notificada en torno a la aludida moción. Aun

cuando en la petición de Certiorari la parte peticionaria arguye que

el foro primario resolvió la Moción de Reconsideración, colegimos que

se trata de una confusión. Nos explicamos.

        Al repasar los autos ante nuestra consideración y el

expediente judicial en el SUMAC, forzoso es concluir que el

documento presentado en apoyo al argumento para acreditar

jurisdicción      se       refiere   a    una     Notificación   Electrónica    –

Notificación entre Partes OAT-1720, que no es otra cosa que la

constancia de la radicación de la Moción de Reconsideración a través

del SUMAC.28 En otras palabras, el documento presentado en apoyo

al argumento para acreditar jurisdicción no se trata de un dictamen

judicial revisable.

        Reiteramos          que,     un   recurso     prematuro    adolece     del

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

recurre.29 A esos efectos, su presentación carece de eficacia y no

produce ningún efecto jurídico, pues no hay autoridad judicial para

acogerlo.30 Es por todo lo anteriormente expuesto que estamos ante

un recurso prematuro, por lo que no contamos con jurisdicción para

entender en el mismo.

26 Véase el SUMAC, a la entrada 9.
27 Id., a la entrada 10.
28 Id., a la pág. 5. Véase, además, el SUMAC, a la entrada 10.
29 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra.
30 Id., 366.
KLCE202301445                                                     7

                                IV

     Por los fundamentos antes expuestos, tras colegir que no

contamos con jurisdicción, se desestima el recurso presentado, por

ser uno prematuro.

     Lo aquí resuelto no impide que la parte que así lo entienda

pueda acudir ante este foro nuevamente, una vez el foro recurrido

resuelva la Moción de Reconsideración pendiente y notifique su

dictamen.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones