Court Opinion

ID: 9962642
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:37:52.569064+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:07.646263
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL XI

 TEST ENVIROMENTAL,                            Apelación
        INC.                                   procedente del
                                               Tribunal de Primera
           Apelados                            Instancia, Sala
                                               Superior de San
              v.                               Juan

  TO GO STORES, INC.         KLAN202400058 Caso Núm.:
                                           KAC2016-0418(908)
         Apelantes
                                               Sobre: Derecho
                                               Contractual,
                                               Incumplimiento de
                                               Contrato y Cobro de
                                               Dinero
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos, To Go Stores, Inc. (parte apelante) y nos

solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia Enmendada

emitida el 24 de octubre de 2023 y notificada el 25 de octubre de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de

San Juan. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró Con Lugar la

Demanda que presentó Test Environmental, Inc. (parte apelada).

      Además, la parte apelante nos solicita que revisemos la

Resolución emitida el 27 de noviembre de 2023, mediante la cual el

TPI declaró Con Lugar el Memorando de Costas que presentó la parte

apelada.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación,

confirmamos la Sentencia Enmendada y la Resolución apelada.

                               I.

      Con fecha del 18 de mayo de 2016, la parte apelada presentó

una Demanda sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero

en contra de la parte apelante. El 19 de julio de 2016, la parte

apelante presentó la Contestación a la Demanda. Posteriormente, el

Número Identificador
SEN2024__________________
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12 de junio de 2017, la parte apelante presentó un Escrito en

Solicitud de Autorización para Presentar Reconvención.

      Acto seguido, el 6 de noviembre de 2017, el TPI emitió una

Resolución mediante la cual autorizó la Reconvención. En dicha

Reconvención, la parte apelante precisó que en la medida en que la

parte apelada no pudo, ni puede, certificar si las medidas tomadas

remediaron el terreno, sufrió pérdidas económicas al invertir en

compra de material químico y pago de honorarios a la parte apelada

por un trabajo que se desconoce si funcionó. Oportunamente, el 18

de enero de 2018, la parte apelada presentó la Contestación a la

Reconvención.

      Luego de varios trámites procesales, se celebró el Juicio en su

Fondo los días 20 al 23 de agosto de 2019 y el 2 de octubre de 2019.

Consecuentemente, el 30 de diciembre de 2019, el TPI emitió una

Sentencia mediante la cual declaró Con Lugar la Demanda y condenó

a la parte apelante al pago adeudado. El 16 de enero de 2020, el TPI

emitió una Sentencia Nunc Pro Tunc mediante la cual corrigió el

lenguaje utilizado en la sentencia.

      Así las cosas, el 14 de enero de 2020, la parte apelante

presentó un Escrito en Solicitud de Determinaciones de Hechos

Adicionales y en Solicitud de Reconsideración. El 15 de julio de 2020,

la parte apelada presentó una Réplica a Moción de Reconsideración.

Así, el 16 de noviembre de 2020, el TPI emitió una Resolución

mediante    la   cual   declaró   No   Ha   Lugar   la   solicitud   de

determinaciones de hechos adicionales y de reconsideración que

presentó la parte apelante.

      Inconforme, el 16 de diciembre de 2020, la parte apelante

presentó un recurso de Apelación ante este Tribunal. Luego de

varios incidentes procesales, innecesarios pormenorizar, el 9 de

marzo de 2023, un panel hermano nuestro dictó Sentencia. En la

misma, se desestimó el recurso presentado por prematuro, pues el
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TPI no había resuelto la Reconvención que presentó la parte

apelante; por lo que, la Sentencia emitida no impartía finalidad a las

controversias habidas entre las partes.

       Así pues, el 24 de octubre de 2023, notificada el 25 de octubre

de 2023, el TPI emitió una Sentencia Enmendada. Mediante dicho

dictamen, el TPI declaró Con Lugar la Demanda y condenó a la parte

apelante     al   pago   de   $288,717.73.    Además,   desestimó     la

Reconvención que presentó la parte apelante.

       El 2 de noviembre de 2023, la parte apelada presentó un

Memorando de Costas. El 9 de noviembre de 2023, la parte apelante

presentó una Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales y

Reconsideración de la Sentencia. El 10 de noviembre de 2023, la

parte apelante presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden para

Replicar Memorando de Costas. El 27 de noviembre de 2023, el TPI

emitió una Resolución mediante la cual declaró Con Lugar el

Memorando de Costas y condenó a la parte apelante al pago de

$2,195.00.

       Subsiguientemente, el 15 de diciembre de 2023, la parte

apelante presentó una Solicitud de Reconsideración con relación a la

Resolución del Memorando de Costas. El 19 de diciembre de 2023,

el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar

la   Solicitud    de   Determinaciones   de   Hechos    Adicionales   y

Reconsideración de la Sentencia y la Solicitud de Reconsideración del

Memorando de Costas que presentó la parte apelante.

       Insatisfecho aun, el 18 de enero de 2024, la parte apelante

presentó un recurso de Apelación ante este Tribunal y alegó la

comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: Erró el Honorable TPI al negarse a
       aplicar la doctrina del contrato no cumplido
       (exceptio non adimpleti contractus), o la modalidad
       de dicha doctrina conocida como la excepción de
       contrato no cumplido adecuadamente o excepción
       de falta de cumplimiento regular (Exceptio Non Rite
       Adimpleti Contractus), que permite al demandado
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      ser liberado de cumplir con su obligación o, en la
      alternativa reducir el importe.

      SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable TPI al arribar
      y consignar determinaciones de hechos y
      conclusiones de derecho que no se ajustan ni a la
      prueba desfilada y admitida en evidencia, ni a las
      disposiciones estatutarias y jurisprudenciales que
      rigen los asuntos en controversia.

      TERCER ERROR: Erró el Honorable TPI en su
      apreciación de la prueba desfilada lo que llevó al TPI
      al resolver mediando elementos de pasión, perjuicio,
      parcialidad o error manifiesto, lo que resultó en
      determinaciones y conclusiones contrarias a
      derecho.

      CUARTO ERROR: Erró el Honorable TPI al
      desestimar la Reconvención a base de su errada
      apreciación de la prueba desfilada por la parte
      demandada apelante.

      QUINTO ERROR: Erró el Honorable TPI al declarar
      Con Lugar, en su totalidad, el memorando de
      derecho presentado por la parte demandante
      apelante y concede el reembolso de los gastos por
      concepto de transcripciones de deposiciones.

      El 1 de febrero de 2024, emitimos una Resolución mediante la

cual le concedimos a la parte apelada un término de veinte (20) días

para presentar su alegato. El 21 de febrero de 2024, la parte apelada

presentó un Alegato de la Parte Apelada. Con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                              II.

   A. La discreción del Tribunal de Primera Instancia

      La discreción es la facultad de los tribunales de justicia para

resolver de una forma u otra y de escoger entre varios cursos de

acción. W.M.M., P.F.M. et als. v. Colegio et als., 211 DPR 871 (2023);

Citibank et al v. ACBI et al, 200 DPR 724, 735 (2018).        Al foro

primario se le reconoce una amplia discreción. Sus decisiones

merecen gran deferencia, debido a que es el foro que conoce las

particularidades del caso, tiene contacto con los litigantes y examina

la prueba. La única limitación es que la medida sea adecuada y

razonable. El ejercicio adecuado de la discreción está inexorable e
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indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Pueblo v.

Gastón Torres, 139 DPR 314 (1995).

      Así pues, la discreción es una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial con el propósito de llegar a una conclusión

justiciera. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002); Bco.

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997). Se nutre

de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado

en un sentido llano de justicia. Los tribunales apelativos no debemos

intervenir con las determinaciones discrecionales del foro primario

con el objetivo de sustituir su criterio por el nuestro. No obstante,

esa deferencia cede, cuando el Tribunal de Primera Instancia actúa

con perjuicio, parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o

incurrió en error manifiesto. Citibank et al v. ACBI et al, supra.

      Ahora bien, no resulta fácil precisar cuándo un Tribunal

abusa de su discreción. Como sabemos, existen ciertas guías para

poder determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción.

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). Así pues, un

tribunal incurrirá en un abuso de discreción - inter alia - cuando el

juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite - sin

fundamento para ello - un hecho material importante que no podía

ser pasado por alto; cuando el juez, por el contrario - sin

justificación ni fundamento alguno - concede gran peso y valor a un

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en

éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez

los sopesa y calibra livianamente. W.M.M., P.F.M. et als. v. Colegio et

als., supra. Véase, además, Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567

(2015); García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005); Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 211(1990).
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   B. Apreciación de la prueba

      En materia de apreciación de prueba, los foros apelativos

habremos de brindar deferencia a las determinaciones de hechos

formuladas por el foro judicial primario. Serrano Muñoz v. Auxilio

Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc.,

148 DPR 420, 433 (1999). La norma general es que, si la actuación

del foro a quo no está desprovista de una base razonable y no

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el

criterio del juez de primera instancia, a quien le corresponde la

dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572

(1959).

      Por ello, este Foro apelativo intermedio evitará variar las

determinaciones de hechos del foro sentenciador, a menos que

medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Regla 42.2

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Véase, además, Dávila

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Ramírez Ferrer

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009). Sobre el particular,

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que:

      Una de las normas más conocidas en nuestro ordenamiento
      jurídico es que los tribunales apelativos no intervendremos
      con la apreciación de la prueba, la adjudicación de
      credibilidad y las determinaciones de hechos que realizan los
      tribunales de instancia, a menos que se demuestre que el
      juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad o
      que incurrió en error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez
      Marín, supra, pág. 753.

      Sin embargo, la aludida norma de autolimitación judicial cede

cuando “un análisis integral de [la] prueba cause en nuestro ánimo

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se

estremezca nuestro sentido básico de justicia; correspondiéndole al

apelante de manera principal señalar y demostrar la base para ello”.

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). Por tanto, como

foro apelativo, no debemos intervenir con las determinaciones de

hechos, ni con la adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal

de Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su criterio, por
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el nuestro. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-

449 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356

(2009). Así pues, la apreciación que hace el foro primario merece

nuestra deferencia, toda vez que es quien tiene la oportunidad de

evaluar directamente el comportamiento de los testigos y sus

reacciones. Recordemos que dicho foro, es el único que observa a

las personas que declaran y aprecia su demeanor. Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods PR, supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153

DPR 280, 291 (2001); Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR

357, 365 (1982).

      En fin, como norma general, no intervendremos con la

apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera

Instancia.   Regla   42.2   de   Procedimiento   Civil, supra.   Véase,

además, Rivera Menéndez v. Action Services, supra, págs. 448-449;

Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 DPR 600, 610

(1995). No obstante, sí, de un examen de la prueba, se desprende

que el juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios

importantes o fundó su criterio en testimonios improbables o

imposibles, se justifica nuestra intervención. C. Brewer PR, Inc. v.

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Ello, sin obviar la norma que

establece que un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una

sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181

(1985).

   C. La imposición de costas

      La Regla 44.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), rige la

concesión de costas en nuestro ordenamiento jurídico. Dicha

disposición tiene una función reparadora, ya que permite el

reembolso de los gastos necesarios y razonables en los que tuvo que

incurrir la parte prevaleciente del pleito en la tramitación de este.

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). Así,
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su derecho no queda menguado por los gastos que tuvo que incurrir

sin su culpa y por culpa del adversario. Íd., pág. 934.

      Así pues, esta norma de derecho procesal tiene dos (2)

propósitos: (1) restituir lo que una parte perdió por hacer valer su

derecho al ser obligada a litigar; y, (2) penalizar la litigación

inmeritoria, temeraria o viciosa. Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 142 DPR

321 (1997). En nuestra jurisdicción, la imposición de costas a la

parte vencida es una norma que es mandatoria. ELA v. El Ojo de

Agua Development, Inc., 205 DPR 502 (2020); Montañez v. U.P.R.,

156 DPR 395, 422-423 (2002). No obstante, su concesión no opera

de forma automática, ya que se tiene que presentar oportunamente

un memorando de costas en el que se precisen los gastos incurridos.

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008);

      Por lo cual, una vez se presenta oportunamente el memorando

de costas, el tribunal deberá determinar cuáles gastos fueron

necesarios y razonables y conceder las mismas a la parte victoriosa.

Auto Servi, Inc. v. E.L.A., supra; J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty

Corp., 130 DPR 456, 461 (1992). Ahora bien, son costas los gastos

necesariamente incurridos en la tramitación de un pleito o

procedimiento, que un litigante debe reembolsar a otro por mandato

de ley o por determinación discrecional del juez. Regla 44.1 de

Procedimiento Civil, supra. Véase, además, J.T.P. Dev. Corp. v.

Majestic Realty Corp, supra, pág. 460; R. Hernández Colón, Derecho

Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, Inc.,

2010, sec. 4201, pág. 381.

      Así, las costas que contempla la Regla 44.1 de Procedimiento

Civil, supra, son gastos: (a) necesarios; (b) incurridos; y, (c)

razonables. Su razonabilidad se entenderá dentro de la realidad

económica de Puerto Rico y, en cuanto a los gastos personales,

además, se tendrá en cuenta la condición económica de las personas

concernidas (testigos y litigantes). No se aprobarán gastos
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innecesarios, superfluos o extravagantes. Garriga, Jr. v. Tribunal

Superior, 88 DPR 245 (1963). Así pues, la razón de ser de esta norma

es, resarcir a la parte que resultó victoriosa de los gastos necesarios

y razonables incurridos por motivo del pleito y penalizar la litigación

viciosa. Íd., pág. 248-249.

                              III.

      En el caso que nos ocupa, la parte apelante aseveró que el foro

de instancia incidió al negarse a aplicar la doctrina del contrato no

cumplido, o la modalidad de dicha doctrina conocida como la

excepción de contrato no cumplido adecuadamente o excepción de

falta de cumplimiento regular, que permite al demandado ser

liberado de cumplir con su obligación o, en la alternativa reducir el

importe. También, alegó que incidió el foro apelado al arribar y

consignar determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que

no se ajustan ni a la prueba desfilada y admitida en evidencia, ni a

las disposiciones estatutarias y jurisprudenciales que rigen los

asuntos en controversia. Indicó, además, que erró el foro recurrido

en su apreciación de la prueba desfilada lo que lo llevó a resolver

mediando elementos de pasión, perjuicio, parcialidad o error

manifiesto, lo que resultó en determinaciones y conclusiones

contrarias a derecho.

      Asimismo, sostuvo el apelante que incidió el TPI al desestimar

la Reconvención a base de su errada apreciación de la prueba que

presentó. Por último, planteó el apelante que erró el foro de instancia

al declarar Con Lugar, en su totalidad, el memorando de derecho

presentado por la parte apelada y conceder el reembolso de los

gastos por concepto de transcripciones de deposiciones.

      Según reseñamos, el Juicio en su Fondo se celebró los días 20

al 23 de agosto de 2019 y el 2 de octubre de 2019; es decir, tuvo una

duración de cinco (5) días. Durante esos cinco (5) días, las partes

presentaron la prueba que entendieron pertinente para probar sus
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respectivas   causas    de   acción.     Específicamente,   las     partes

presentaron como testigos a: Nelson Capote Ortiz, María de los

Ángeles Colón Santiago, Álvaro Morales Vargas y Juan David Negrón

Hernández. En consecuencia, el TPI admitió y tuvo la oportunidad

de examinar la prueba presentada; además, el foro de instancia

pudo observar a los testigos, evaluó su comportamiento, sus

reacciones y adjudicó la credibilidad que le merecía.

      Transcurrido el Juicio en su Fondo, y luego de varios trámites

procesales, el 24 de octubre de 2023, el foro apelado emitió una

Sentencia Enmendada en la cual formuló noventa y seis (96)

determinaciones    de   hechos.    Así    pues,   a   través   de    esas

determinaciones de hechos, quedó demostrado – a satisfacción del

TPI – que la parte apelada fue contratada por la parte apelante para

realizar los trabajos de remediación, los cuales en dicha industria

se realizan por etapas. Además, que para realizar los trabajos de

remediación se toman muestras del terreno y el precio de cada etapa

puede variar debido a que se van determinando los trabajos que se

realizarán conforme a la necesidad. También, quedó demostrado que

los servicios rendidos por la apelante a la apelada fueron aprobados

y negociados por personal de la parte apelante.

      Asimismo, tal y como resolvió el TPI, el único abono de

$30,000.00 realizado por la parte apelante para la factura de la

tercera etapa de inyecciones, contó con el aval de esta. Así, el

contrato entre las partes consistió en el ofrecimiento de un servicio

por la parte apelada y el pago de dichos servicios por la parte

apelante. Ante el incumplimiento de la parte apelante con el pago

acordado, el apelado solicitó el cumplimiento específico de lo

pactado; pues, según se demostró a satisfacción del TPI, la parte

apelada realizó su parte del contrato al haber ejecutado los trabajos

por los que facturó. En consecuencia, coincidimos con el TPI en que

es obligación de la parte apelante cumplir con el pago de los servicios

que la parte apelada rindió.
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      Asimismo, en cuanto a la Reconvención que presentó la parte

apelante, surge que la parte apelada facturó por los servicios que

realizó, llevó a cabo tres (3) etapas de inyecciones de químico

descontaminante en el terreno y realizó dos (2) etapas de toma de

muestras. Sin embargo, la tercera etapa de muestras no se realizó

debido a la destrucción de los pozos de muestreo y tampoco se

facturó. No es posible obviar que, la parte apelante arrendó el

terreno a CVS quienes aceptaron el avance de los trabajos de

remediación y ocuparon el terreno. Dicha ocupación del terreno

contó con el aval de la parte apelante.

      Por lo tanto, no incidió el TPI al realizar sus determinaciones

de hechos y conclusiones de derecho, pues estas encuentran apoyo

en la prueba desfilada. De un examen de la prueba, no se desprende

que la Jueza de instancia haya descartado injustificadamente

elementos probatorios importantes o que fundó su criterio en

testimonios improbables o imposibles, que justifiquen nuestra

intervención. Por lo cual, las decisiones a las que arribó el TPI

merecen gran deferencia, debido a que es el foro que conoce las

particularidades del caso, tiene contacto con los litigantes y examina

la prueba.

      Luego de un análisis minucioso del caso ante nos, no

coincidimos con la parte apelante en cuanto a que el foro recurrido

resolvió mediando elementos de pasión, perjuicio, parcialidad o

error manifiesto.

      Por último, la parte apelante planteó que incidió el TPI al

declarar Con Lugar, en su totalidad, el memorando de derecho

presentado por la parte apelada y conceder el reembolso de los

gastos por concepto de transcripciones de deposiciones. No le asiste

la razón. Según surge del derecho que antecede, la Regla 44.1 de

Procedimiento Civil, supra, permite el reembolso de los gastos

necesarios y razonables en los que tuvo que incurrir la parte
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prevaleciente del pleito en la tramitación de este. Por lo que, su

derecho no queda menguado por los gastos que tuvo que incurrir

sin su culpa y por culpa del adversario.

      Aunque en nuestra jurisdicción, la imposición de costas a la

parte vencida es una norma que es mandatoria, su concesión no

opera de forma automática, ya que se tiene que presentar

oportunamente un memorando de costas en el que se precisen los

gastos incurridos. ELA v. El Ojo de Agua Development, Inc., supra;

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra.

      En el caso ante nos, luego de que el TPI emitió la Sentencia

Enmendada, la parte apelada presentó un Memorando de Costas.

En esta, solicitó, entre otros gastos, el reembolso de los gastos por

concepto de transcripciones de deposiciones. Posteriormente, la

parte apelante presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden para

Replicar Memorando de Costas, mediante el cual se opuso a la

solicitud que presentó la parte apelada. Consecuentemente, el TPI,

en el ejercicio de su sana discreción y luego de evaluar los

argumentos de las partes, concedió el pago de $2,195.00, a favor de

la parte apelada.

      Así pues, no incidió el TPI al declarar Con Lugar, en su

totalidad, el memorando de derecho presentado por la parte apelada

y   conceder   el   reembolso   de   los   gastos   por   concepto   de

transcripciones de deposiciones. El TPI evaluó la justificación

ofrecida por la parte apelada en cuanto a los gastos por concepto de

transcripciones de deposiciones y realizó una determinación. Es

decir, determinó cuales gastos fueron necesarios y razonables y

concedió los mismos a la parte apelada. No encontramos indicios de

que dicha determinación sea un errada, pues dicho gasto no es uno

innecesario, superfluo o extravagante. Garriga, Jr. v. Tribunal

Superior, supra.
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                            IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, los que se hacen formar

parte de este dictamen, se confirma la Sentencia Enmendada

apelada.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones