Court Opinion

ID: 9916046
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:21.779902+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:41.849825
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                     REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO
                                 PANEL X

MARÍA I. COSME COSME                              Certiorari
                                                  procedente del
         Recurrida                                Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
              V.                                  Arecibo
                                KLCE202301067
                                                  Caso Núm.:
DARÍO VÉLEZ NEGRÓN Y                              AR2022CV02078
SLG CON JUANA DOE Y
       OTROS                                      Sobre:
                                                  Accidente de
       Peticionarios                              Tránsito

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

      El 27 de septiembre de 2023, compareció ante este Tribunal

de Apelaciones, el Municipio de Florida y MAPFRE Praico Insurance

Company (en adelante, parte peticionaria), por medio de Petición de

Certiorari. Mediante esta, nos solicita que revisemos la Resolución y

Orden emitida el 17 de agosto de 2023 y notificada el 21 de agosto

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Arecibo. Mediante el aludido dictamen, el foro a quo, declaró No Ha

Lugar la Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial

presentada por el Municipio de Florida por ser prematura, por

entender que existen controversias de hechos y derecho que

requieren un quantum mínimo de descubrimiento de prueba, previo

a determinación.

      Anticipamos que, por los fundamentos que en delante se

esbozan, se expide el recurso de certiorari y se revoca el dictamen

recurrido. Consecuentemente, se desestima la Demanda en cuanto

al Municipio de Florida.

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLCE202301067                                                      2

                                  I

      Los hechos que propiciaron la controversia de epígrafe se

remontan a una Demanda sobre daños y perjuicios, presentada por

la señora María I. Cosme Cosme (en adelante, señora Cosme Cosme

o parte recurrida), por sí y en representación de su hija menor NMC,

en contra de la parte peticionaria, del señor Darío Vélez Negrón (en

adelante, señor Vélez Negrón), Ana G. Ríos Pagán (en adelante,

señora Ríos Pagán), y el Departamento de Obras Públicas del

Gobierno de Puerto Rico (DTOP).

      De las alegaciones de la Demanda surge que el 19 de

noviembre de 2021, la menor NMC transitaba por la carretera 140,

km 49.9, del Barrio Perol en el Municipio de Florida, cuando fue

impactada por un vehículo conducido por el señor Vélez Negrón, que

pertenecía a la señora Ríos Pagán. Subsiguientemente, la agente

Ana L. Maldonado Vázquez (en adelante, agente Maldonado

Vázquez), preparó la Querella núm. 2021-2-028-01374, donde le

atribuyó negligencia a la menor NMC.       Consecuentemente, a la

menor NMC le radicaron cargos por violación al Art. 5.07 de la Ley

Núm. 22-2000.     La parte recurrida adujo que, en la vista para

determinar causa probable, la agente Maldonado Vázquez declaró

que, “la carretera era peligrosa; estrecha y que no había espacio

suficiente en el lado derecho de la carretera[,] lo que hacía que los

vehículos pudieran invadir el carril contrario al que conducían”.

Asimismo, indicó que, el foro primario determinó no causa y

desestimó el caso a favor de la menor NMC.

      En la Demanda, la parte recurrida le imputó negligencia y

responsabilidad al DTOP y al Municipio de Florida, por entender que

el accidente había sido provocado, en parte, por la peligrosidad de

la carretera y por su diseño. Añadió que, debido a que la carretera

no era segura, existían altas probabilidades de que ocurriera un

accidente y que, tanto el DTOP como el Municipio de Florida debían
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saberlo. Por otro lado, también le imputó responsabilidad al señor

Vélez Negrón al razonar que, fue negligente debido a que no condujo

de forma segura y al no tomar en consideración las condiciones de

la carretera. Arguyó que, las actuaciones alegadamente negligentes

de las partes codemandadas le causaron daños materiales, físicos y

angustias y sufrimientos mentales. Finalmente, como consecuencia

de los daños alegados, solicitó una partida por daños y perjuicios

ascendente a cien mil dólares ($100,000.00).

      Acaecidas varias incidencias procesales, la parte peticionaria

presentó la Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial,

por medio de la cual, sostuvo que, el lugar donde ocurrió el accidente

no se encontraba bajo el control, jurisdicción y mantenimiento del

Municipio de Florida, por lo tanto, procedía que se desestimara la

Demanda en cuanto al Municipio de Florida y MAPFRE.            En su

escrito, elaboró como hechos incontrovertidos, los siguientes: 1) [e]l

alegado accidente descrito en la Demanda ocurrió el [19] de

noviembre de 2021 mientras [NMC] transitaba por la carretera 140,

Km. 49.9, del barrio Perol del Municipio de Florida; 2) [l]a parte

demandante alega que no había suficiente espacio en la carretera y

estaba resbalosa; 3) [p]ara la fecha del alegado accidente, [19] de

noviembre de 2021, la carretera 140, Km. 49.9, del barrio Perol del

Municipio de Florida, no estaba bajo el cuidado, control ni

mantenimiento del Municipio de Florida.        En esencia, la parte

peticionaria argumentó que, la carretera número 140, km. 49.9, del

Barrio Perol en el Municipio de Florida era una vía estatal. De igual

manera, arguyó que, aun tomando por ciertas todas las alegaciones

de la Demanda, el Municipio de Florida en nada respondía a la parte

recurrida, ya que por disposición expresa de ley, estaban prohibidas

las acciones en daños y perjuicios contra un municipio y su

compañía aseguradora en los casos donde ocurran accidentes en las

aceras de carreteras, avenidas, calles y vías públicas estatales.
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Conforme a lo anterior, la parte peticionaria le solicitó al foro a quo

la desestimación con perjuicio de la Demanda. Cabe destacar que,

la parte peticionaria acompañó su moción con una Certificación

sobre titularidad o jurisdicción, emitida por el Municipio de Florida

donde se certifica que, la carretera número 140, km. 49.9, del Barrio

Perol en el Municipio de Florida, a la fecha del accidente, no

pertenecía ni era jurisdicción del Municipio.

      Posteriormente, la parte recurrida presentó la Réplica a

Moción de Desestimación y/o Solicitud de Sentencia Sumaria

Presentada por el Municipio de Florida y MAPFRE. En su escrito, la

parte recurrida cuestionó la veracidad de la Certificación sobre

titularidad o jurisdicción, y argumentó que, esta no era suficiente

razón en derecho para desestimar la Demanda.             Expresó que,

entendía que era necesario llevar a cabo el descubrimiento de

prueba con el propósito de comprobar si la alegación hecha por el

Municipio era real, y si no tenía jurisdicción sobre la carretera en

cuestión. A estos efectos, solicitó al foro de primera instancia que

declarara No Ha Lugar la Moción de Desestimación y/o Sentencia

Sumaria Parcial.

      Subsiguientemente,      el   Gobierno     de   Puerto   Rico,   en

representación del Departamento de Transportación y Obras

Públicas (DTOP), presentó la Contestación a la Demanda, donde

aceptó tener la jurisdicción, control y mantenimiento de la

carretera 140 km.49.9 del Barrio Perol del Municipio de Florida.

No obstante, refutó lo alegado por la parte recurrida y negó la

responsabilidad imputada por la parte recurrida.

      El 9 de agosto de 2023, se celebró la Conferencia Inicial.

Según surge de la Minuta, el DTOP aceptó que la carretera en

cuestión formaba parte de su jurisdicción. Por otro lado, la parte

peticionaria reiteró que, no tenía jurisdicción sobre la aludida

carretera y que, por ello, solicitó al foro a quo que declarara Ha Lugar
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su solicitud de desestimación de la causa de acción en cuanto al

Municipio de Florida y MAPFRE como su aseguradora. Mientras

que, la parte recurrida alegó que, tenía evidencia que demostraba

que, en un momento particular, el Municipio de Florida le dio

mantenimiento a la carretera aun cuando esta era estatal.

Argumentó que, existían unos acuerdos colaborativos entre el

Gobierno de Puerto Rico y los municipios para el mantenimiento de

las carreteras.   Finalmente, como mencionamos previamente, el

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar, por prematura,

la moción dispositiva presentada por la parte peticionaria.

      Posteriormente, para el 11 de agosto de 2023, la parte

peticionaria presentó la Moción Solicitando Aclaración de Minuta.

Por medio de esta, le solicitó al foro de primera instancia que

aclarara si la moción dispositiva había sido declarada No Ha Lugar,

y que, de ese ser el caso, notificara a las partes una Minuta

Resolución de la cual pudieran solicitar reconsideración y/o recurrir.

      A estos efectos, el 17 de agosto de 2023, la primera instancia

judicial emitió la Resolución y Orden cuya revisión nos atiene.

Mediante esta declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación y/o

Sentencia Sumaria Parcial. Expresó lo siguiente:

      En esta etapa de los procedimientos, se declara NO HA
      LUGAR POR PREMATURA la moción dispositiva
      presentada por el Municipio de Florida, por cuanto se
      debe hacer un quantum mínimo de descubrimiento de
      prueba.

      Subsiguientemente, el 28 de agosto de 2023, la parte

peticionaria presentó la Moción de Reconsideración de Orden, donde

reiteró su posición. El foro recurrido declaró la misma No Ha Lugar,

mediante Orden emitida y notificada el 29 de agosto de 2023.

      Inconforme aún con la determinación del foro a quo, la parte

peticionaria acudió ante este foro revisor mediante recurso de

Certiorari y esgrimió el siguiente señalamiento de error:
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      Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir un
      descubrimiento de prueba bajo la Regla 36.6 de
      Procedimiento Civil, aun cuando la certificación
      presentada, las admisiones de las partes y la opinión en
      González Meléndez v. Municipio Autónomo de San
      Juan, 2023 TSPR 203, no daba espacio para que
      ejerciese su discreción al tomar tal determinación.

      Transcurrido el término reglamentario sin que la parte

recurrida compareciera ante este foro revisor para exponer su

posición en torno al recurso de marras, procedemos a resolver el

recurso sin el beneficio de su comparecencia.

                                   II

A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al.,

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). La expedición del auto de certiorari descansa en la sana

discreción del foro apelativo. Torres González v. Zaragoza Meléndez,

supra. Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Rivera

et al. v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, supra,

pág. 372. La precitada Regla dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:
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       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
       presenta el caso es la más propicia para su
       consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.1

       No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

       Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
      hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
      privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en
      casos de relaciones de familia, en casos que revistan
      interés público o en cualquier otra situación en la cual
      esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia. Al denegar la expedición
      de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal
      de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
      (Énfasis nuestro). Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
      supra.

      Según se desprende de la precitada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones.

      El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v.

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa
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etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular,

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Sentencia Sumaria

       Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal.2

       La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de

juicio.3 Al no haber controversia sustancial y real sobre hechos

materiales, sólo falta aplicar el derecho pertinente a la controversia.

Cuando se habla de hechos materiales nos referimos a aquellos que

pueden determinar el resultado de la reclamación, en conformidad

con el derecho sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la

sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y económica solución

de los casos que no presenten controversias genuinas de hechos

materiales.4

       En consonancia con lo anterior, en el pasado nuestro Tribunal

Supremo      ha    afirmado     que     -utilizado     ponderadamente-       el

mecanismo de sentencia sumaria es un vehículo idóneo para

descongestionar los calendarios de los tribunales y evitar el

derroche de dinero y tiempo que implica la celebración de un

juicio en su fondo.5 (Énfasis nuestro).

       La parte contra quien se reclama en un pleito, al presentar

una moción de sentencia sumaria al amparo de esta Regla 36.2,

deberá cumplir con los requisitos de forma preceptuados en la Regla

2 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).
3 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).
4 Luan Invest Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida).
Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017).
5 Véase: Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi,

100 DPR 259 (1971). Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 DPR 687
(2019).
KLCE202301067                                                               10

36.3 de Procedimiento Civil; a saber: (1) una exposición breve de las

alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia;

(3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria;

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia

donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro

documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente

del tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar la

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que

debe ser concedido.6

       Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3

establece que:

       La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si
       las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
       interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
       declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia
       demuestran que no hay controversia real sustancial en
       cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como
       cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia
       sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal
       podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza
       interlocutoria para resolver cualquier controversia entre
       cualesquiera partes que sea separable de las
       controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse
       a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte
       contraria no presenta la contestación a la sentencia
       sumaria en el término provisto en esta regla, se
       entenderá que la moción de sentencia sumaria queda
       sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA
       Ap. V, R. 36.3(e). William Pérez Vargas v. Office Depot
       /Office Max, Inc., supra.

       Conforme ha resuelto la Alta Curia, el oponente debe

controvertir la prueba presentada con evidencia sustancial y no

puede simplemente descansar en sus alegaciones.7 Las meras

afirmaciones no bastan. Id. “Como regla general, para derrotar una

6 Véase 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc.,

supra.
7 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216.
KLCE202301067                                                                      11

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente”.8

       Ahora bien, reiteradamente el Máximo Foro ha indicado que,

el mecanismo de sentencia sumaria no es el apropiado para resolver

casos en donde hay elementos subjetivos, de intención, propósitos

mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad sea

esencial.9 De la misma manera, también ha dicho que “hay litigios

y controversias que por la naturaleza de los mismos no hacen

deseable o aconsejable el resolverlos mediante una sentencia

sumariamente dictada, porque difícilmente en tales casos el

Tribunal puede reunir ante sí toda la verdad de los hechos a través

de ‘affidavits’ o deposiciones”.10

       Nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez González v. M.

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso de revisión de

las sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso el

Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y

aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y

la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3)

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y,

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y

cuáles están incontrovertidos; y 4) de encontrar que los hechos

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar

8 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. M.

Cuebas, Inc., 199 DPR 664, 677 (2018).
9 Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507 (1999) citando a: Soto v. Hotel Caribe

Hilton, 137 DPR 294 (1994).
10 Elías y otros v. Chenet y otros, supra, citando a: García López v. Méndez García,

88 DPR 363, 380 (1963).
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de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el

Derecho a la controversia.11

       En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y

de derecho, nuestra última instancia judicial ha llamado la atención

a lo siguiente:

       Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital
       que los tribunales distingan puntualmente entre lo que
       es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho"
       en el campo jurídico es un acontecimiento o un
       comportamiento determinado y pertinente para la
       norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica
       se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para
       arribar a determinada conclusión de derecho.
       [. . .]

       En todo caso debidamente instado ante un foro judicial
       habrá siempre una controversia de derecho presente y
       es precisamente esa controversia la que vienen los
       tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de
       catalogar las controversias de derecho como
       controversias de hecho se eliminaría virtualmente el
       mecanismo de sentencia sumaria de nuestro
       ordenamiento      procesal,   pues      este    requiere
       expresamente la inexistencia de una controversia de
       hechos materiales para que un tribunal pueda dictar
       sentencia de esa forma.12

C. Responsabilidad de los Municipios por accidentes en
   carreteras pertenecientes al Gobierno estatal, ocurridos
   dentro de la demarcación territorial municipal

       Desde      tiempos     inmemoriales,       la    casuística   sobre    la

responsabilidad por conservación y mantenimiento de las aceras [y

carreteras] se ha mantenido casi inalterada. La responsabilidad de

los municipios se había ido expandiendo a medida que nuestro más

Alto Foro se pronunciaba al respecto, estableciendo así, una

responsabilidad clara en la conservación de éstas.13 González

Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, 2023 TSPR 95.

11 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 679.
12 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, págs. 226-227.
13 En Vélez v. La Capital, 77 DPR 701, 708 (1954), el Alto Foro interpretó que el

Municipio de San Juan era responsable del mantenimiento de las aceras a ambos
lados de la Avenida Muñoz Rivera, incluyendo las reatas o jardineras, por lo que
debía mantenerlas en buen estado de conservación. Véase, además, Oliver v.
Municipio de Bayamón, 89 DPR 442, 445 (1963); Del Toro v. Gobierno de la Capital,
93 DPR 481-485 (1966); Pérez v. Municipio de Lares, 155 DPR 697, 709 (2001).
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        En consonancia con lo anterior, los diferentes estatutos

vigentes que se habían aprobado sobre la conservación y

mantenimiento de las carreteras estatales, proveían jurisdicción a

los municipios, ya fuera para el mantenimiento, jurisdicción

temporera o permanente, así como para establecer servidumbres de

paso, entre otras. Véase la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973,

según       enmendada,   conocida   como Ley    de    administración,

conservación y policía de las carreteras estatales de Puerto Rico (Ley

Núm. 54 de 1973), 9 LPRA sec. 2101 et seq.

        Empero, desde la aprobación de la Ley de Municipios

Autónomos, Ley Núm. 81-1991, según enmendada, 21 LPRA sec.

401 (hoy derogada), la ley fue sufriendo enmiendas, toda vez que,

exponía a los municipios a responsabilidad por daños y perjuicios,

aunque el lugar o carretera no fuera parte de su control y

jurisdicción.    A tales fines, la Ley 81-1991, según enmendada,

conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y

según se desprende de su Exposición de Motivos, fue enmendada

para añadir un nuevo inciso (g) al Artículo 15.005, “a los fines de

establecer que no se podrá radicar acciones civiles por daños y

perjuicios a la persona o a la propiedad, contra los municipios cuando

ocurran accidentes en carreteras o aceras propiedad del Gobierno

Estatal”.

        Posteriormente, la Ley de Municipios Autónomos fue derogada

mediante la aprobación del “Código Municipal de Puerto Rico”, Ley

Núm. 107-2020, según enmendada, 21 LPRA (en adelante, Código

Municipal). En lo atinente al caso que nos ocupa, el Artículo 1.053

del aludido Código Municipal, dispone lo siguiente:

        Artículo 1.053 — Acciones por Daños y Perjuicios No
        Autorizadas (21 LPRA § 7084) No estarán autorizadas
        las acciones contra el municipio por daños y perjuicios
        a la persona o la propiedad por acto u omisión de un
        funcionario, agente o empleado de cualquier municipio:
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       (a) En el cumplimiento de una ley, reglamento u
       ordenanza, aun cuando éstos resultaren ser nulos.

       (b) En el desempeño de una función de carácter
       discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción.

       (c)   En la imposición o cobro de contribuciones.

       (d) Constitutivo de acometimiento, agresión u otro
       delito contra la persona, persecución maliciosa,
       calumnia, libelo, difamación y falsa representación e
       impostura.

       (e) Ocurrida fuera de la jurisdicción territorial de
       Puerto Rico.

       (f) En el desempeño de operaciones de combate por
       las fuerzas navales o militares en caso de guerra,
       invasión, rebelión u otra emergencia debidamente
       declarada como tal por las autoridades pertinentes.

       (g) Cuando ocurran accidentes en las carreteras o
       aceras estatales. (Énfasis suplido).

       Dispone, además, que la sentencia que se dicte contra

cualquier municipio de acuerdo con este Capítulo no incluirá, en

ningún caso, el pago de intereses por período alguno anterior a la

sentencia, ni concederá daños punitivos, ni impondrá honorarios de

abogados. La imposición de costas se regirá por el procedimiento

ordinario.

       Pertinente al caso que nos ocupa, en González Meléndez v.

Municipio Autónomo de San Juan, supra, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico tuvo ante su consideración una controversia similar,

donde se cuestionaba la responsabilidad del ayuntamiento por una

caída en la acera. Nuestra más Alta Curia, refiriéndose al artículo

1.053 del Código Municipal, supra, destacó que: “Del aludido

articulado se desprende que el legislador, dentro de sus facultades

constitucionales, prohibió la presentación de reclamaciones en daños

y perjuicios en contra de los municipios, en la medida en que esté

presente cualquiera de los incisos enunciados.14 En ese sentido, la

14 Nota al calce original: “Cabe destacar que, la Ley Núm. 107-2020, según
enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7001 et
seq. (la cual derogó la Ley de Municipios Autónomos), contiene las mismas
disposiciones de su antecesora en el Art. 1.053, 21 LPRA sec. 7084.” González
Meléndez, supra, a la pág. 9.
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aprobación del inciso (g) del Art. 15.005 de la Ley de

Municipios Autónomos, supra, incluyó una medida protectora

adicional a favor de los municipios, la cual está limitada a la

eventualidad de que ocurra un accidente en una carretera o

acera estatal.15 Nótese que la Asamblea Legislativa condicionó la

falta de responsabilidad del municipio y la limitó únicamente para los

propósitos autorizados en el Art. 15.005 de la Ley de Municipios

Autónomos, supra”.16          (Énfasis nuestro).         A estos fines, la

certificación emitida por el municipio constituyó prueba suficiente

para demostrar que este no ostentaba la jurisdicción y control de la

calle en cuestión.

       Al presente, en el Código Municipal, supra, no existe

excepción alguna a esta “inmunidad” aplicada a los municipios ni

tampoco alguna otra que haya sido interpretada por nuestro

Máximo Foro en esa dirección. Por el contrario, la enmienda a la

Ley    de   Municipios,     supra,    referente    a   esta    exclusión      de

responsabilidad, fue insertada de manera idéntica, en el Código

Municipal vigente.

       Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de    epígrafe,   procedemos      a   aplicarla   al   caso    ante   nuestra

consideración.

                                      III

       En su único señalamiento de error, nos plantea la parte

peticionaria que, erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir

un descubrimiento de prueba bajo la Regla 36.6 de Procedimiento

Civil, aun cuando la certificación presentada, las admisiones de las

partes y la opinión en González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan, supra, no daba espacio para que ejerciese su discreción

15 Véase la Exposición de motivos de la Ley Núm. 143-2019, para enmendar el Art.

15.005 de la Ley de Municipios Autónomos. 21 LPRA ant. sec. 4705.
16 González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, supra, a la pág. 9.
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al tomar tal determinación. Coincidimos con tal aseveración. Nos

explicamos.

       De entrada, es preciso señalar que, la controversia que nos

corresponde dirimir es una de estricto derecho. Esta es, si al palio

de la legislación y casuística vigente, el Municipio de Florida le

responde a la parte recurrida por el accidente ocurrido el 19 de

noviembre de 2021, en la carretera 140, Km. 49.9, del Barrio Perol

del Municipio de Florida. Veamos.

       Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, cuando se

instó la Demanda, se acumularon como partes codemandadas, al

Municipio de Florida y al Departamento de Transportación y Obras

Públicas, entre otras.       Como parte de las incidencias del pleito,

innecesarias pormenorizar, el Municipio de Florida y su compañía

aseguradora, MAPFRE, instaron Moción de Desestimación y/o

Sentencia Sumaria, con la cual acompañaron una “Certificación

sobre titularidad o jurisdicción” emitida el 3 de marzo de 2022. En

la misma, el Municipio certificó que la carretera número 140 Km.

49.9 del Bo. Perol de Florida, no pertenece ni es jurisdicción de dicho

Municipio.17

       Por otro lado, destacamos que, como señalamos previamente,

en la Contestación a la Demanda, el Gobierno de Puerto Rico, en

representación del Departamento de Transportación y Obras

Públicas (DTOP), aceptó que dicha agencia ostenta la jurisdicción y

control de la carretera 140 km. 49.9 del pueblo de Florida.18 Como

mencionamos previamente, conforme lo establecido en el inciso (g)

del artículo 1.053 del Código Municipal, supra, el Municipio no

responde por los daños resultantes de accidentes que ocurran en

las carreteras o aceras estatales, máxime, cuando estos no ostentan

la jurisdicción y control de las mismas.

17 Apéndice 2 del recurso, pág. 11.
18 Apéndice 8 del recurso, pág. 35.
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      A la luz de lo antes expuesto, resulta forzoso concluir que, en

el caso de marras, el Municipio de Florida no responde por los daños

y perjuicios reclamados, máxime, cuando el propio Departamento

de Transportación y Obras Públicas, aceptó tener la jurisdicción, el

control y el mantenimiento de la vía de rodaje en cuestión. En

consecuencia, resolvemos que, erró el foro primario al denegar la

Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial instada por

la parte peticionaria.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de

certiorari y se revoca el dictamen recurrido. Consecuentemente, se

desestima la Demanda en cuanto al Municipio de Florida.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones