Court Opinion

ID: 9962687
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:42:27.905799+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:24.623258
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

  LUZ EVELYN MUÑIZ                                    Apelación
       MUÑOZ                                          procedente del
                                                      Tribunal de Primera
         Apelante                                     Instancia, Sala
                                                      Superior de Mayagüez
              v.                 KLAN202200747
                                                      Caso Núm.:
 ABEL DURANT TORO                                     ISCI201800340

          Apelado                            Sobre:
                                             Liquidación de
                                             Sociedad Gananciales
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez
Rodríguez Flores y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

       Comparece la señora Luz Evelyn Muñiz Muñoz (señora Muñiz

o apelante) mediante recurso de Apelación, para solicitarnos la

revisión de la Sentencia emitida el 28 de junio de 2022, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en

adelante TPI). Mediante el dictamen apelado, el foro primario declaró

Ha Lugar la Demanda sobre liquidación de bienes gananciales.2

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

modifica la Sentencia apelada y así modificada se confirma.

                                        I

       El 1 de mayo de 2018, la señora Muñiz presentó una Demanda

sobre liquidación de bienes gananciales contra Abel Durant Toro

(señor Durant o apelado).3 Adujo que las partes de epígrafes

contrajeron matrimonio el 16 de octubre de 1994, bajo el régimen

de sociedad legal de gananciales. Sostuvo que el 29 de septiembre

de 2016, se notificó una sentencia de divorcio por la causal de

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
Hon. Grace Grana Martinez.
2 Apéndice de la apelante, a las págs. 16-39.
3 Id., a las págs. 43-49.

Número Identificador

SEN2024______________
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ruptura irreparable, la cual disolvió el vínculo matrimonial antes

mencionado. Alegó que, al momento de la presentación de la aludida

Demanda, existía una comunidad de bienes post-divorcio que

sobrepasaba los cincuenta mil dólares ($50,000.00) y manifestó que

deseaba no continuar en estado de indivisión. Por otro lado,

mencionó que, en el pleito de divorcio, le solicitó al TPI la

coadministración de una corporación llamada A.D. Comunications

Group Inc. (Corporación), el cual era un negocio ganancial. A su vez,

recalcó que, en ese pleito de divorcio, el TPI emitió una Resolución y

Orden el 12 de mayo de 2016 en la cual le ordenó al señor Durant

concretar ciertas acciones so pena de desacato, tales como

prohibirle     enajenar     de   forma   unilateral   bienes    gananciales,

permitirle a la señora Muñiz la coadministración de la Corporación,

entre otras directrices.

       Así pues, en el caso que nos ocupa, la señora Muñiz planteó

en la Demanda que el señor Durant incumplió en varias instancias

con la referida Orden del 12 de mayo de 2016. En tal sentido, la

apelante solicitó en el caso de autos, liquidar la comunidad de

bienes, lo que antes era la sociedad legal de gananciales, y exigió el

cumplimiento por parte del apelado, de las órdenes emitidas en el

pleito de divorcio. Por su parte, el 25 de julio de 2018, el señor

Durant presentó una Contestación a Demanda en la cual negó

algunas alegaciones y levantó sus correspondientes defensas

afirmativas.4

       Conforme surge de los autos originales del caso, transcurrido

un tiempo desde que la apelante interpuso su Demanda, el 24 de

julio de 2019, esta presentó una Moción en Solicitud de Permiso para

Enmendar Demanda. En dicho escrito, le solicitó al TPI permiso para

incluir    tres   (3)   corporaciones,    algunas     creadas   durante   el

4 Id., a las págs. 40-42.
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matrimonio y otras con posterioridad al divorcio, por el señor

Durant. Ese mismo día, el TPI emitió una Resolución y Orden en la

cual, entre otros asuntos, le concedió un término de diez (10) días a

la señora Muñiz para que enmendara su Demanda. No obstante, de

un examen del expediente y conforme expresó posteriormente el TPI

en la Sentencia apelada, la señora Muñoz no enmendó su Demanda

para los propósitos que solicitó.

       Transcurrido varios tramites procesales los cuales no son

necesarios pormenorizar, el 24 de febrero de 2021, las partes de

epígrafe      presentaron      el   Informe     Preliminar     de    Abogados

Enmendado.5 Mediante este, las partes plantearon sus respectivas

versiones de los hechos; presentaron estipulaciones de hechos,

documentos y asuntos sobre los cuales no había controversia y

aquellos en los que sí existía controversia; informaron la prueba

documental estipulada, la prueba documental que las partes

estarían ofreciendo en el juicio y la lista de testigos y peritos de cada

parte entre otros tantos asuntos.

       Así las cosas, el 10 de mayo de 2022, se celebró el juicio en

su fondo.6 Posteriormente, el 28 de junio de 2022, el foro primario

emitió la Sentencia apelada.7 En esencia, el foro primario determinó

cuáles serían las respectivas participaciones de las partes en la

comunidad de bienes post-ganancial y especificó cómo se pagarían.

Por otra parte, producto de la vista, el TPI emitió veintiséis (26)

determinaciones de hechos en su Sentencia las cuales transcribimos

in extenso:

   1. Las partes constituyeron una Sociedad Legal de
      Gananciales desde el 16 de octubre de 1994, fecha en
      que contrajeron matrimonio hasta el día en que advino
      final y firme la Sentencia de divorcio.

5 Apéndice del Alegato suplementario de la apelante, a las págs. 1-65.
6 Apéndice de la apelante, a la pág. 18.
7 Id., a las págs. 16-39.
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 2. La demanda de divorcio se radicó, por la aquí
    demandante, el 2 de mayo de 2016[,] en conjunto con
    una solicitud de coadministración.

 3. El Tribunal de Relaciones de Familia declaró Con Lugar
    dicha   solicitud   de   coadministración     mediante
    Resolución y Orden emitida el 12 de mayo de 2016.

 4. La Sra. Luz Evelyn Muñiz Muñoz y Sr. Abel Durant Toro
    eran empleados de la compañía AD Communication a
    la fecha del divorcio de las partes.

 5. Que AD Communications Inc fue creada durante el
    matrimonio del Sr. Abel Durant Toro y la Sra. Luz
    Evelyn Muñiz Muñoz.

 6. Que la compañía AD Communications Inc pagaba el
    seguro social de la Sra. Luz Evelyn Muñiz Muñoz y del
    Sr. Abel Durant Toro.

 7. Que el sueldo de la demandante en el año 2016 fue
    pagado por AD Communications Inc. y ascendió a
    $26,000.00 para un sueldo mensual de $2,166.66
    mensuales.

 8. Que la corporación AD Communications Inc. cesó de
    operar y rendir sus funciones desde diciembre de 2016.

 9. Que[,] durante el matrimonio entre el demandado y la
    demandante, se adquirieron bienes muebles e
    inmuebles sujetos a división. Que ambas partes están
    de acuerdo en que el Tribunal proceda a determinar la
    división y liquidación de las participaciones que le
    correspondan a cada parte en relación a la extinta
    Sociedad Legal de Gananciales.

 10. Que la demandante reside junto a sus dos hijas [en] una
     de las propiedades de la extinta Sociedad Legal de
     Gananciales, ubicada en Km. 13.3 Sector Los Martínez
     de Cabo Rojo, por haberse determinado por el Tribunal
     en el caso de divorcio que la propiedad era hogar seguro
     de las menores hijas del matrimonio. A esta fecha las
     hijas son mayores de edad.

 11. Que el Sr. Abel Durant reside en una de las propiedades
     de la Extinta Sociedad Legal de Gananciales, ubicada
     en la Urb. Elizabeth C-I, de Cabo Rojo, la cual est[á]
     salda desde antes de la fecha de la radicación del
     divorcio.

 12. Que las partes en común acuerdo sometieron las cuatro
     propiedades inmuebles pertenecientes a la extinta
     Sociedad Legal de Gananciales para tasación y las
     mismas fueron tasadas.
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 13. Que el demandado[,] el 28 de julio 2016[,] incorporó una
     empresa de nombre AVAD Communications Inc.

 14. Que se estipula que AD Communications Inc y AVAD
     Communications Inc fueron fusionadas para 18 de
     octubre de 2016, para formar una sola corporación, por
     lo que los ingresos provenientes de la corporación AVAD
     Communications Inc debían ser los mismos ingresos
     adjudicados a la corporación AD Communications Inc.

 15. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
     Mayagüez[,] dictó Sentencia de divorcio declarando roto
     y disuelto el vínculo matrimonial el 29 de septiembre de
     2016.

 16. Que el demandado después de haberse divorciado (29
     de septiembre de 2016) registró una corporación de
     nombre VALAD Communications Inc Inc., el 7 de enero
     de 2017.

 17. Que se estipulan como parte del caudal los cuatro (4)
     inmuebles y los valores establecidos por tasación:

    (a) Solar de 1,056.46 mc que contiene edificio en la PR-
        3311, km. 0.1, Sector Los Matos, Bo. Guanajibo,
        Cabo Rojo, PR[,] el cual no tiene deuda. Esta
        propiedad fue tasada por acuerdo de las partes y el
        valor establecido fue de $71,000.00.

    (b) Solar de 1,059.3670 mc en la PR-3311, km.0.1,
        Sector Los Matos, LOB-3, Bo. Guanajibo, Cabo Rojo,
        PR[,] el cual no tiene deuda. Esta propiedad fue
        tasada por acuerdo de las partes y el valor establecido
        fue de $37,000.00.

    (c) Solar de 400.41 mc con estructura residencial
        localizado en la Urb. Elizabeth, C-I Calle Romanos,
        Cabo Rojo, el cual no tiene deuda. Esta propiedad
        fue tasada por acuerdo de las partes y el valor
        establecido fue de $100,000.00.

    (d) Solar de 5,399.30 mc con estructura residencial
        localizada en el Km.13.3, sector Los Martínez, Cabo
        Rojo, PR. Esta propiedad tiene una deuda
        hipotecaria. Esta propiedad fue tasada por acuerdo
        de las partes y el valor establecido fue de
        $290,000.00[.]

 18. Que se estipulan como parte del caudal los once (11)
     vehículos y sus valores:

    (a) Truck Ford 350, año 2003, tablilla 724-964, a
        nombre del demandado. Valor $2,500.00.
    (b) Truck Ford 450, año 2000, tablilla H35-759, a
        nombre del demandado. Valor $1,700.00.
    (c) Ford Transit, año 2011, tablilla 898-372, a nombre
        del demandado. Valor $3,000.00.
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    (d) Lancha Pursuit de 25 pies con carretón continental,
        año 2013, tablilla 132841. El demandado tiene la
        posesión. Valor $15,000.00.
    (e) Montero Dakar, Mitsubishi, año 2001, tablilla EBY-
        294, a nombre de la demandante. Valor $500.00.
    (f) Motor Home, Chevrolet, año 1996, tablilla H44-027.
        La demandante tiene la posesión. Valor $5,500.00.
    (g) Nissan, Pathfinder, año 2013, tablilla ICE-152, a
        nombre de la demandante. Valor $9,430.00.
    (h) Jeep Compass, año 2014, tablilla IGS-053, a
        nombre del demandado. La posesión la tiene la hija.
        No se valoró ya que se le dejó a su hija.
    (i) Jeep Wrangler, año 2014, tablilla IHP-844, a
        nombre del demandado. La posesión la tiene la hija.
        No se valoró ya que se le dejó a su hija.
    (j) Ford Van, año 2000, tablilla 663-569, es chatarra
        no tiene uso. No se valoró por ser chatarra.
    (k) Grand Marquis, año 2004, tablilla FXA-386, es
        chatarra no tiene uso. No se valoró por ser chatarra.

 19. Que se estipulan como parte del caudal las siguientes
     cuentas de banco y sus balances a la fecha del divorcio:

    (a) Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, a
        nombre de la demandante:

        1. Cta. núm. 14774 (cheques)
           Balance al divorcio: ________ $39,913.00

        2. Cta. núm. 14774 (acciones)
           Balance al divorcio: ________$18,014.57

        3. Cta. núm. 14774 (ahorros)
           Balance al divorcio: _________$8,978.36

    (b) Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, a
        nombre del demandado:

        1. Cta. núm. 10936 (acciones)
           Balance al divorcio: _________$1,710.07
        2. Cta. núm. 10936 (ahorros)
           Balance al divorcio: _______ $15,699.84

    (c) Oriental Bank:

        1. Cta. núm. NEE09350, IRA a nombre de la
           demandante
           Balance al divorcio: ________ $5,390.16

        2. Cta. núm. 4806782481 (ahorros) a nombre de la
           demandante y su hija
           Balance al divorcio: ___________$423.07

        3. Cta. núm. 4863720033 (ahorro) a nombre del
           demandado y su hija
           Balance al divorcio: ___________$306.62
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    (d) Banco Popular, a nombre de la demandante:

       1. Cta. núm. 6714578 IRA Regular
           Balance al divorcio: ________$59,516.60

       2. Cta.núm.206-053116(cheques)
          Balance al divorcio: _________ $7,191.23

       3. Cta. núm. 783-276605(ahorros)
          Balance al divorcio: ____________ $34.64

    (e) Banco Popular, a nombre del demandado:

       1. Cta. IRA Regular:
          Balance al divorcio: ________ $12,041.55

    (f) BCU, a nombre de la demandante:

       1. Cta. núm. 2037693 (ahorros)
          Balance al divorcio: _____________ $5.00

       2. Cta. núm. 2037693 “Rain Days Savings”
          Balance al divorcio: _______ $10,696.44

       3. Cta. núm. 2037693 (cheques)
          Balance al divorcio: _________ $1,000.00

    (g) BCU, a nombre del demandado:

       1. Cta. núm. 1793131 (ahorros)
          Balance al divorcio ________ $10,332.17

       2. Cta. núm. 179131 (cheques)
          Balance al divorcio: _______ $11,405.45

20. Que se estipulan como bienes del caudal el mobiliario
    de la residencia donde vive la demandante, valorado en
    $5,000.00 y el mobiliario de la residencia del
    demandado valorado en $1,000.00.

21. Que se estipulan como parte del caudal las siguientes
    deudas y sus balances a la fecha del divorcio:

    (a) Hipoteca con el Banco Popular núm. 700891393

        Al divorcio la deuda era: ________$142,496.41
        Al 31 de enero de 2021 la deuda es
        de: _____________________________ $83,285.48

    (b) De la Nissan Pathfinder (2013) con el BCU:

        Al divorcio se debía: _____________$10,696.44

     (c) Del Jeep Wrangler (2014) con el BCU:

        Al divorcio se debía: _____________$15,681.90
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                 Sobre estos vehículos ya no se adeuda pago
            alguno ya que la Nissan Pathfinder fue pagada por
            el demandado y el Jeep Wrangler fue pagado por la
            demandante. Ambas partidas fueron pagadas
            posterior al divorcio.

        (d) Tarjeta American Express________$9,343.68

        (e) Tarjeta FirstBank ________________$7,981.41

                Sobre estas últimas dos tarjetas estas ya no se
            adeuda pago alguno ya que el demandado las pagó.

 22. Que el demandado, estando todavía casado con la
     demandante, se le impuso el 14 de julio de 2016 una
     pensión provisional por la cantidad de $1,972.00 que
     incluía la pensión básica y los reclamos de vivienda.
     Que el 14 de febrero de 2017 se estipuló una pensión
     final de $1,650.00 mensuales más el pago completo de
     la mensualidad hipotecaria ($1,498.00). Ya para esta
     fecha las partes estaban divorciadas desde el 29 de
     septiembre de 2016.

 23. Que el demandado fue relevado de la pensión el 8 de
     abril de 2019.

 24. Que la demandante retiró de la cuenta de ahorros
     número 14779 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de
     Cabo Rojo, las siguientes cantidades en las siguientes
     fechas:

       (a) 7 de abril de 2016 __________ $15,000.00
       (b) 13 de abril de 2016 _________ $35,000.00
       (c) 19 de abril de 2016 _________ $25,000.00
       (d) 27 de abril de 2016 _________ $15,000.00

 25. Estos retiros realizados aproximadamente 30 días antes
     de la radicación del divorcio, fueron en efectivo, no se
     depositaron en ninguna cuenta bancaria y no se le
     notificó al demandado de dichos retiros.

 26. La parte demandante no produjo evidencia documental
     alguna relacionada al uso o destino de dichos fondos
     retirados.8

       Producto de las determinaciones de hechos y las conclusiones

de derecho que surgen de la referida Sentencia, el foro primario

concluyó lo siguiente:

       La participación de la Sra. Luz Evelyn Muñiz Muñoz,
       parte demandante, totaliza la cantidad de $361,832.64.
       La participación del Sr. Abel Durant Toro, totaliza la
       cantidad de $389,170.44. Ambas participaciones serán

8 Apéndice de la apelante, a las págs. 19-24.
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        pagader[a]s de la forma y manera establecidas en esta
        Sentencia.

        Esta Sentencia será utilizada igualmente como ORDEN
        para que los bancos, cooperativas e instituciones
        bancarias realicen los pagos en concordancia con la
        forma y manera que aquí se dictamina incluyendo el
        pago de la hipoteca.

        Se les apercibe a las partes que no podrán retirar dinero
        alguno de las cuentas incluidas en esta Sentencia desde
        la notificación de esta Sentencia que no sea cónsono
        con lo aquí dictaminado. El incumplimiento de lo aquí
        señalado podrá conllevar un desacato.

        Se establece que[,] si alguna de las cuentas aquí
        determinadas no reflejara la cantidad incluida en esta
        Sentencia al momento de retirarse los dineros para
        pagar la participación de cada parte por razón de que la
        parte con control de estas haya retirado dicho dinero
        con anterioridad a la firma de esta Sentencia, entonces
        surgirá una causa de acción a favor de la parte que no
        reciba su participación tal y como se establece en este
        dictamen.

        Las costas, gastos y honorarios en relación a la
        actividad notarial de los bienes inmuebles entre las
        partes para realizar los cambios pertinentes ante el
        Registro de la Propiedad, a base de lo establecido en la
        Sentencia, se hará por partes iguales, o sea, cada parte
        aportará el 50%.

        Esta Sentencia se emite con la imposición de honorarios
        por temeridad contra la parte demandante en la
        cantidad de $4,000.00 a favor de la parte demandada.9

        Inconforme, el 13 de julio de 2022, la apelante presentó una

Moción Solicitando Determinaciones de Hechos y de Derecho y Moción

de Reconsideración.10 En su escrito, la señora Muñiz esbozó que el

TPI se equivocó en cuanto a su apreciación de la prueba en el juicio

y que por ello debía realizar determinaciones de hechos adicionales

los cuales servirían para reconsiderar la Sentencia según emitida.

Por su parte, el 9 de agosto de 2022, el apelado presentó Moción en

Cumplimiento de Orden.11 En esta, adujo que presentó dicho escrito

en cumplimiento con una orden previa del TPI, en el cual el foro

primario le solicitó que respondiera a la moción de reconsideración

9Id., a las págs. 38-39.
10Id., a las págs. 8-15.
11Id., a las págs. 2-7.
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de la apelada. Así pues, el señor Durant realizó sus planteamientos

en cuanto al por qué el TPI no debía reconsiderar su Sentencia.

Posteriormente, mediante Orden emitida el 16 de agosto de 2022, el

foro primario declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración

presentada por la apelante.

      En desacuerdo aún, el 21 de septiembre de 2022, la apelante

presentó un recurso de Apelación, mediante el cual esgrimió la

comisión de tres (3) errores por el foro primario, a saber:

      PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia
      en la apreciación de la prueba, al emitir
      determinaciones de hechos que no van acorde con la
      prueba testifical ni documental desfilada; y basar sus
      conclusiones en hechos particulares y no en la totalidad
      de la prueba, por lo que cometió error manifiesto al
      aquilatar la prueba.

      SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia, en la aplicación del derecho respecto a los
      créditos concedidos al demandado, como parte de los
      pagos emitidos por la demandante a la hipoteca
      ganancial.

      TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia,
      en la aplicación del derecho en relación a no permitir
      pasar prueba sobre los alegatos de la demandante, en
      relación a la corporación cuya co-administración había
      sido ordenada por el Tribunal, para poder establecer
      que se desviaron dineros pertenecientes a la comunidad
      post-ganancial sujeta a división, y que dichos ingresos
      no fueran considerados como parte del inventario.

      Luego de que la parte apelante presentara la transcripción de

la prueba oral (en adelante, TPO) y de que la parte apelada no

presentara objeción alguna sobre la misma, dimos por estipulada

dicha transcripción. De igual manera, el 4 de abril de 2023, la

apelante presentó su alegato suplementario. Finalmente, el 6 de

junio de 2023, el apelado compareció con su Alegato en Oposición

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procederemos a exponer el derecho aplicable.
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                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil,12

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.13 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.14 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.

       En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de
       sus instrumentalidades que no fuere una corporación
       pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus
       funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el
       recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte
       en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia,
       presentando un escrito de apelación dentro del término
       jurisdiccional de sesenta días, contados desde el
       archivo en autos de una copia de la notificación de la
       sentencia dictada por el tribunal apelado. 15

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.16 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

12 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
13 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
14 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
16 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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moción.17 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

    B. Sociedad Legal de Gananciales y Comunidad de Bienes
       Post-Ganancial

         En nuestro ordenamiento jurídico la Sociedad Legal de

Gananciales (en adelante, SLG) es el régimen económico que

habitualmente regula la institución del matrimonio en nuestro

país.18 La SLG comienza el mismo día que se realiza el matrimonio.19

Luego de contraído el matrimonio bajo este régimen, la gestión

económica que realiza cada cónyuge se hace en beneficio de la

sociedad y no para beneficio individual.20

         En   la   SLG,   los   cónyuges   figuran   como    codueños     y

administradores de todo el patrimonio matrimonial sin adscribírsele

cuotas específicas a cada uno.21 Además, la SLG es una entidad con

personalidad jurídica propia, por lo que es distinta y separada de los

dos (2) miembros que la componen.22 A la luz de lo anterior, esta no

absorbe la personalidad individual de los cónyuges que la

integran.23 A raíz de ello, la SLG es una entidad económica

familiar sui generis que no tiene el mismo grado de personalidad

jurídica que las sociedades ordinarias o entidades corporativas.24

         El Código Civil de Puerto Rico (en adelante, Código Civil)

menciona cuales son los bienes que se consideran gananciales:

         (1) Los adquiridos por título oneroso durante el
         matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la
         adquisición para la comunidad, bien para uno solo de
         los esposos.
         (2) Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de
         los cónyuges o de cualquiera de ellos.

17 Id.
18 Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 465 (2017); SLG Báez-Casanova

v. Fernández, 193 DPR 192, 211 (2015); Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411,
420 (2004).
19 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 978 (2010).
20 Id.
21 Id.; Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 93 (2011).
22 Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 594 (1984).
23 Id.; Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 542 (2009).
24 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra.
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       (3) Los frutos, rentas o intereses percibidos o
       devengados durante el matrimonio, procedentes de los
       bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los
       cónyuges.25

       No obstante, la naturaleza ganancial de los bienes adquiridos

durante el matrimonio, al igual que la de las deudas es

controvertible.26 Para esto, la parte que alegue el carácter privativo

tendrá el peso de la prueba para derrotar esta presunción de

ganancialidad.27

       Con ello en mente, debemos hacer mención sobre el Código

Civil, el cual lee:

       Serán a cargo de la sociedad de gananciales:
       (1) Todas las deudas y obligaciones contraídas durante
       el matrimonio por cualquiera de los cónyuges.
       (2) Los atrasos o créditos devengados durante el
       matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen
       afectos así los bienes propios de los cónyuges como los
       gananciales.
       […]
       (5) El sostenimiento de la familia y la educación de los
       hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges.
       (6) Los préstamos personales en que incurra cualquiera
       de los cónyuges. 28

       Por su parte, las deudas contraídas por alguno de los

cónyuges desde la fecha de presentación de la demanda de divorcio

hasta la fecha en que la sentencia dictada en el caso se convierte en

firme, son responsabilidad exclusiva del cónyuge que las contraiga,

salvo que cuente con la autorización expresa del tribunal.29

       Aunque la disolución del matrimonio acarrea la terminación

del régimen de la SLG, la liquidación del capital común de los

excónyuges       no    siempre      ocurre     simultáneamente          a    esta

25 31 LPRA § 3641, Art. 1301. El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia únicamente al
Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia que nos
ocupa.
26 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, 980-981.
27 Id.
28 31 LPRA § 3661. Art. 1308.
29 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, 982.
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disolución.30 Al concluir la SLG, se forma con los bienes existentes

hasta ese momento una comunidad ordinaria. En ese momento

sobreviene un período en el que se mezclan y confunden

provisionalmente los bienes de los excónyuges, hasta que se

liquida finalmente la comunidad de bienes post ganancial que se

crea entre ellos una vez se disuelve el matrimonio.31 Sus comuneros,

en este caso los excónyuges, ostentan una cuota abstracta sobre la

masa ganancial, y no una cuota concreta sobre cada uno de los

bienes.32 Presentada la demanda para liquidar y dividir la SLG se

procederá a la formación de un inventario, el cual comprenderá

numéricamente, para colacionar las cantidades que, habiendo sido

pagadas por la SLG, deban rebajarse del capital de cada uno de los

excónyuges.33

    C. Pensión Alimentaria a Menores de Edad

         En Puerto Rico, los menores de edad tienen un derecho

fundamental a recibir alimentos el cual emana de la cláusula

constitucional del derecho a la vida consagrado la Carta de Derechos

de la Constitución de Puerto Rico.34 Es por ello que este tipo de casos

está revestido del más alto interés público, siendo así el interés

principal, el mejor el bienestar del menor.35

         A tono con lo anterior, el Código Civil de Puerto Rico de 1930

definía el concepto de alimentos como “todo lo que es indispensable

para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la

posición       social   de    la   familia”.36   En   ese     sentido,   nuestro

ordenamiento jurídico dispone que la obligación de alimentar al

menor de edad es inherente a la maternidad y paternidad, y por lo

cual la obligación recae en estos desde el momento en que la relación

30 Id.
31 Id., 982-983.
32 Id., 983.
33 Id., 983-984.
34 Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022).
35 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012),
36 31 LPRA § 561. Art. 142.
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filial queda establecida legalmente.37Asimismo la cuantía de los

alimentos será proporcional a los recursos del que los da y a las

necesidades del que los recibe.38 Del mismo modo se reducirán o

aumentarán en proporción a los recursos del alimentante y a las

necesidades del alimentista.39

         Es preciso destacar que, pese a que los progenitores

estuviesen divorciados, esta obligación es personal de cada uno de

los excónyuges, por tal motivo debe ser satisfecha del propio peculio

y de forma proporcional a sus recursos y a la necesidad del menor

una vez decretado el divorcio. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202

DPR 93, 108 (2019) La doctrina jurídica ha establecido que, las

determinaciones de alimentos y de custodia de menores de edad no

constituyen propiamente cosa juzgada, ya que están sujetas a

revisión judicial, en el TPI, si ocurre un cambio en las circunstancias

que así lo justifique, siempre, claro está, tomando en consideración

los mejores intereses y el bienestar de los menores.40

    D. Estipulaciones

         Las admisiones judiciales son las que hace una parte en el

transcurso de un proceso civil al contestar una demanda o estipular

unos hechos, por lo que éstas no son controvertibles.41 A raíz de ello,

cuando una parte hace una alegación o acepta una estipulación,

queda obligada por la alegación salvo que el tribunal le permita

retirarla.42 A la luz de lo anterior, las estipulaciones son admisiones

judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier

contención contraria a ellas.43 No obstante, deben de interpretarse

liberalmente y de forma compatible con la intención de las partes

37 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, 718.
38 31 LPRA § 565. Art. 146.
39 Id.
40 Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998).
41 Díaz Ayala et. als. v. ELA, 153 DPR 675, 693 (2001).
42 Id.
43 Id.; Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 439 (2012).
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con el propósito de hacer justicia.44 Sin embargo, de existir duda en

cuanto a la intención de las partes, se debe adoptar la contención

que sea más favorable para la persona a cuyo favor se hizo la

estipulación.45

         Es decir, la estipulación constituye un acuerdo de las partes

que litigan ante un tribunal, sobre algún asunto o incidente del

litigio.46 En esencia, estas son herramientas esenciales en las etapas

iniciales del proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas

de Procedimiento Civil.47 A tales efectos, por medio de las

estipulaciones se busca evitar dilaciones, inconvenientes y gastos,

es por eso por lo que nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico

promueve su uso para lograr justicia rápida y económica.48 Esto se

debe a que, estas son favorecidas en nuestro ordenamiento porque

eliminan desacuerdos, y de esa forma, facilitan y simplifican la

solución de las controversias jurídicas.49

         En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres (3)

clases de estipulaciones.50 La primera clase trata sobre las

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del

requisito de probarlos.51 Así, las cosas, una vez un hecho es

estipulado, este no puede ser impugnado.52 Como corolario de lo

anterior, la estipulación del hecho, de ordinario, constituye una

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al

tribunal.53 Por su parte, la segunda clase es la que reconoce

derechos y tienen el alcance de una adjudicación.54 Por otro lado, la

tercera clase es aquella que trata sobre materias procesales, donde

44 Id.; Ramos Rivera v. ELA, 148 DPR 118, 126 (1999).
45 Ramos Rivera v. ELA, supra.
46 Black’s Law Dictionary, 6ta Ed., West Pub. Co., St. Paul, 1990, pág. 1415.
47 Rivera Menéndez v. Action Service, supra.
48 Ramos Rivera v. ELA, supra.
49 Rivera Menéndez v. Action Service, supra.
50 Id.
51 Id.
52 Id., 439-440.
53 Id.
54 Id., 439.
KLAN202200747                                                                     17

las partes pueden estipular la forma y manera en la que llevarán

determinado curso de acción o el que se admita determinada

prueba.55 Cabe señalar que, la estipulación de un hecho, contrario

a la estipulación sobre la autenticación de evidencia, implica el

relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los tribunales no

debemos dar un hecho por estipulado si ello no surge claramente de

lo acordado por las partes.56

    E. Las Corporaciones en Puerto Rico

        La Ley Núm. 164-2009, según enmendada, mejor conocida

como la Ley General de Corporaciones,57 es el estatuto que instaura

las corporaciones en Puerto Rico. Estas son una ficción jurídica que

está facultada para realizar cualquier tipo de gestión lucrativa o sin

lucro, siempre y cuando sea lícita.58 Estas entidades facilitan el

desarrollo de las empresas toda vez que poseen personalidad

jurídica propia, independiente y distinta a la de sus dueños o

miembros quienes por lo general no responderán con su patrimonio

por aquellos actos de la corporación sino hasta el monto de su

inversión.59

    De esta manera, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la

existencia de las corporaciones con fines lucrativos, las cuales se

dedican a hacer negocios y se distinguen por repartir las ganancias

que generan con sus accionistas.60 En tal sentido, son esos

accionistas quienes se denominan como los propietarios de la

corporación con fines lucrativos.61 Así pues, aquellos que son

titulares de las acciones de una corporación, posee entonces una

parte alícuota de su capital, un derecho general a participar de sus

55 Id., 440.
56 Id., 443.
57 14 LPRA sec. 3501 et seq.
58 Rivera Sanfeliz y otros v. Junta de Directores de Firstbank Corporate, 193 DPR

38, 49 (2015).
59 Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 214 (2011) citando a: C.E. Díaz

Olivo, Corporaciones, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pág. 11.
60 Id., 215.
61 Id.
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ganancias y además, posee un derecho sobre la distribución de sus

activos en caso de liquidación. 62

    F. Apreciación de la Prueba, Deferencia Judicial y Discreción
       Judicial

         Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.63 Por

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver,

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus

lenguajes no verbales.64 Por su parte, un foro apelativo cuenta

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador

primario de los hechos.65 En ese sentido, y como regla general, no

debemos intervenir con las determinaciones de hechos formuladas

por el foro primario en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto.66

         En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,     salvo     cuando       estén     presentes       circunstancias

extraordinarias o cuando un análisis integral de la prueba así lo

justifique, o cuando haya indicios de pasión, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto.67 El Alto Foro ha determinado que un juzgador

incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones,

62 Id.
63 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero,

120 DPR 92, 111 (1987); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
64 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021); Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148
(2009); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
65 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009); Trinidad v. Chade, supra, 291.
66 Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 (2022).
67 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996); Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987); Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
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preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que

no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala

e incluso antes de que se someta prueba alguna.68 En consecuencia,

al este tribunal apelativo enfrentarse a la tarea de revisar las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de

discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.69

       Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida.70 Por tanto, debe existir base suficiente en la

prueba admitida que apoye la determinación del foro.71

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.72

       Ahora bien, cabe destacar que, el Tribunal Supremo ha

resuelto que, en instancias en que las conclusiones de hecho que

realice el TPI estén basadas en prueba pericial o documental, un

68 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
69 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011); Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002);
Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
70 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 772.
71 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018); Pueblo v. Irizarry, supra.
72 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra; Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR

117, 148 (2020); Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a
Pueblo v. Maisonave, supra, 63; Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584
(2009); Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
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tribunal revisor estará en la misma posición que el tribunal a quo.73

Por tanto, ante dichas instancias, este tribunal apelativo “tendrá la

facultad para adoptar su propio criterio en la apreciación y

evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque

resulte técnicamente correcta”.74

         A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la

dirección del proceso.75 Los foros apelativos podremos intervenir con

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.76

         Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción.77 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de

discreción cuando el juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la

decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material

importante que no podía ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en

éste; o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los

sopesa y calibra livianamente.78

         A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la

evidencia presentada en los casos y controversias.79 No obstante,

73 González Hernández v. González Hernández, supra, 777.
74 Id.
75 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
76 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
77 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013); Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
78 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
79 González Hernández v. González Hernández, supra, 776.
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una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.80 A

esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro

apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un

análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las

partes.81

                                       III

       En el caso ante nuestra consideración, la apelante nos plantea

que el foro primario erró al formular unas determinaciones de

hechos que no iban acorde con la prueba testifical ni documental

desfilada en el juicio y al no fundamentar sus conclusiones de hecho

en la totalidad de la prueba presentada. Además, esboza que el TPI

incidió en aplicar unos créditos concedidos al apelado como parte

de unos pagos que este realizó a una hipoteca ganancial. Por último,

la apelante sostiene que la primera instancia judicial erró al no

permitir     desfilar    prueba      relacionada    a   una    corporación

coadministrada por las partes, para así poder establecer que se

desviaron fondos pertenecientes a la comunidad de bienes post-

ganancial sujetos a división. Veamos.

                                       -a-

       En primer lugar, es preciso resaltar, que las determinaciones

de hechos que le corresponde hacer al TPI en una sentencia, es un

ejercicio fundado en su discreción judicial basado en su apreciación

de la prueba. Por tal motivo, como foro revisor, a no ser que se

encuentre presente los elementos de pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto, estaremos impedidos de intervenir.

       En su primer señalamiento de error, la apelante impugna

ciertas conclusiones a las que arribó el TPI, ya que, presuntamente,

el foro primario erró en su apreciación de la prueba que tuvo ante

80 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra.
81 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
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sí. Específicamente, en su recurso, la apelante sostiene que el TPI

incidió en determinar que la cuantía de noventa mil dólares

($90,000.00) retirada por la apelante no benefició a la comunidad

post-ganancial y al determinar que dicho retiro se hizo con la

intención de defraudar.82 Asimismo, impugna la credibilidad que le

otorgó el foro primario al testimonio del apelado en torno al asunto

de una cuantía de cien mil dólares ($100,000.00) aparentemente

retirado de un banco, por el señor Durant y su posterior depósito en

una caja fuerte.83

        Tras haber examinado con detenimiento los documentos que

obran en el expediente, así como la TPO y los autos originales, no

encontramos los elementos que justifiquen nuestra intervención con

las determinaciones de hechos por el TPI. Insistimos en que esta

Curia, como foro revisor, únicamente tiene facultad para intervenir

con la apreciación de la prueba que ejerce el TPI en caso de que haya

mediado error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad,84 o, en

caso de que la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble.85 En ausencia total de

cualquiera de las circunstancias que nos permitirían intervenir en

la apreciación de la prueba realizada por el foro de instancia,

colegimos que el primer señalamiento de error no se cometió.

        Por otra parte, en su segundo señalamiento de error, la

apelante cuestiona la concesión de un crédito otorgado al apelado

referente a unos pagos que este le realizó a una hipoteca ganancial.

Surge de los autos que, en el caso de divorcio de las partes, el cual

está identificado con la designación alfanumérica ISRF2016-00483,

como parte del proceso para establecer la pensión alimentaria a

82 Apéndice de la apelante, a la pág. 33.
83 Id., a la pág. 34.
84 González Hernández v. González Hernández, supra; Ramírez Ferrer v. Conagra

Foods PR, supra; Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Maisonave, supra.
85 Pueblo v. Martínez Landrón, supra, citando a Pueblo v. Maisonave, supra, a la

pág. 63; Pueblo v. Viruet Camacho, supra; Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v.
Acevedo Estrada, supra.
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favor de las dos hijas de las partes, la Examinadora de Pensiones

Alimentarias (EPA) emitió una Acta con sus recomendaciones para

la consideración del TPI, en cuanto al establecimiento de la pensión

alimentaria de las hijas menores de edad del señor Durant y la

señora Muñiz.86 Del Acta se desprende que la EPA recomendó la

estipulación sometida por las partes en la cual se acordó que el

señor Durant pagaría mil seiscientos cincuenta dólares ($1,650.00)

mensuales en concepto de pensión alimentaria de manera final.

Igualmente,        surge     del   Acta   que,    “[c]omo        parte   de   su

responsabilidad alimentaria, el [señor] Durant pagará al Banco

Popular de Puerto Rico la hipoteca de la residencia que ocupa la

demandante [apelante] junto a las menores, cuyo pago asciende a

$1,500.00 dólares mensuales”.87 Sin pormenorizar por juzgarlo

innecesario, la EPA también recomendó, como parte de la

estipulación sometida por las partes, el pago de otros gastos de

pensión alimentaria suplementaria.

        Las recomendaciones antes mencionadas fueron recibidas,

aprobadas y adoptadas por el TPI mediante una Resolución emitida

el 14 de febrero de 2017.88 Nótese que, en este caso, la EPA en

cumplimiento con su facultad delegada por la Ley Orgánica de la

Administración Para el Sustento De Menores,89 recomendó que se

acogiera la estipulación que las partes presentaron luego de que se

celebrara una vista.90 En ese sentido, la EPA tras recibir la

estipulación de las partes, recomendó que, como parte de la

obligación alimentaria del señor Durant hacia sus hijas, debía pagar

la hipoteca de la residencia donde habitaban. Así las cosas, y según

hemos expuesto, el 14 de febrero de 2017, el foro primario las

86 Apéndice del alegato suplementario de la apelante, pág. 77.
87 Id. (Énfasis en el original)
88 Apéndice del alegato suplementario de la apelante, pág. 77.
89 Ley Núm 5 del 30 de diciembre de 1985, 8 LPRA § 501 et seq.
90 8 LPRA § 513, Art. 14.
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aprobó y adoptó mediante una Resolución, la cual constituye la ley

del caso y cuya efectividad fue establecida al 1 de marzo de 2017.

       Es preciso traer a colación la doctrina reiterada en nuestro

ordenamiento jurídico referente a que “el derecho a alimentos

corresponde al menor y lo hace acreedor de aquellos alimentos que

satisfagan lo indispensable para su sustento según los medios y la

posición social de los obligados”.91 Conforme se desprende de los

autos y luego de evaluar minuciosamente el expediente ante nuestra

consideración, así como las determinaciones de hechos relacionadas

a este asunto, el pago de la hipoteca que realizó el señor Durant

como parte de la estipulación reducida a escrito en el Acta de la

Examinadora de Pensiones Alimentarias, así como de la Resolución

del TPI del 14 de febrero de 2017, es claro que constituían parte del

pago de su responsabilidad alimentaria y por tanto se hizo en

beneficio de sus hijas menores de edad y no de la comunidad post-

ganancial. Puntualizamos que cuando una parte hace una alegación

o acepta una estipulación queda obligada por la alegación, salvo que

el tribunal le permita retirarla.92 Es por todo lo anterior que es

forzoso concluir que el TPI cometió el segundo señalamiento de error

imputado por la apelante.

                                         -c-

       Por último, nos resta examinar el tercer señalamiento de error.

En este, la apelante sostiene que el TPI debió haberle permitido

presentar prueba en torno a planteamientos relacionados a una

corporación cuya coadministración había sido ordenada por el foro

primario. La consecuencia de esto fue que no se pudo establecer el

reclamo de créditos y de ingresos dejados de reportar por el apelado.

Conforme surge de la TPO, el foro primario fue enfático al tipo de

91 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, 724.
92 Díaz Ayala et. als. v. ELA, supra, 693.
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prueba que se iba permitir en cuanto a la Corporación.93 Así pues,

el TPI únicamente permitió preguntas dirigidas a aquellas

aportaciones que hizo la Sociedad Legal de Gananciales a la

Corporación, más no permitió aquella evidencia relacionada a los

ingresos de la Corporación.94 De igual manera, expresó que los

negocios de la Corporación tales como el depósito en una cuenta de

banco     corporativa       eran    eventos      que       no   se   tomarían   en

consideración.95 El fundamento de esto responde a que esta

Corporación, al ser una persona jurídica se considera como un

tercero que debió haber sido traído al pleito. De hecho, conforme

surge de la propia sentencia apelada y de los autos originales, el foro

primario le concedió oportunidad a la apelante, para que enmendara

su Demanda e incluyera a las corporaciones, incluyendo aquella a

la que se ordenó la coadministración, pero la apelante optó por no

realizar gestión alguna a esos efectos.96 Por tal motivo, el foro

primario no incidió al no tomar en consideración la situación de los

ingresos de la Corporación toda vez esta no se trajo al pleito y por

consiguiente el tercer señalamiento de error no se cometió.

        En resumen, atendidos los errores esgrimidos por la apelante

y luego de examinar la totalidad del expediente ante nuestra

consideración, incluyendo las posiciones de las partes y la TPO,

colegimos que corresponde modificar la sentencia apelada a los

únicos efectos de revocar la determinación de la concesión del

crédito al apelado por concepto del pago de hipoteca que realizó a

partir de 1 de marzo de 2017 -y hasta que fue relevado del pago de

pensión alimentaria-, a la luz de las incidencias procesales del

alfanumérico ISRF2016-00483, emitida el 14 de febrero de 2017. Así

modificada, confirmamos.

93 Véase la TPO a la pág. 34, líneas 5-13.
94 Id., a la pág. 125, líneas 6-23; pág. 126, línea 1-2.
95 Id., a la pág. 140, líneas 13-23; pág. 141, líneas 1-15.
96 Apéndice de la apelante, a la pág. 33.
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                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Sentencia

apelada según la discusión que antecede y así modificada se

confirma.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. El Juez Rodríguez Flores concurre sin

escrito.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones