Court Opinion

ID: 9916053
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:55.950205+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:46.121063
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL X

     JOSÉ L. CAMACHO RAMOS                                       Revisión de Decisión
            RECURRENTE(S)                                        Administrativa
                                                                 procedente del
                   V.                    KLRA202300485           Departamento de
                                                                 Corrección y
        DEPARTAMENTO DE                                          Rehabilitación (DCR)
          CORRECCIÓN Y
         REHABILITACIÓN                                          Caso Núm.
             RECURRIDA(S)
                                                                 B-1170-23

                                                                 Sobre:
                                                                 Remedio Admi-
                                                                 nistrativo

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

                                   SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, hoy día 30 de noviembre de 2023.

        Comparece ante nos el señor JOSÉ L. CAMACHO RAMOS (señor

CAMACHO RAMOS), por derecho propio e in forma pauperis, mediante

Solicitud de Revi[s]ión Administrativa instada el 28 de agosto de 2023.1 En su

escrito, nos solicita que revisemos la Respuesta al Miembro de la Población

Correccional (Respuesta) emitida el 2 de agosto de 2023 por el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).2 En la antedicha

Respuesta, el DCR determinó que “el Evaluador tiene la facultad para

desestimar”.

        A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal que

acompaña a la presente controversia.

1 En futuras ocasiones, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) deberá

suministrarle la Solicitud para que se Exima de Pago de Arancel por Razón de Pobreza [OAT
1480] y Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis)
[OAT 1481] para que la parte promovente pueda cumplimentar los mismos y sean
juramentados en presencia de los funcionarios autorizados en la agencia. Plan de
Reorganización de Corrección, Plan de Reorganización Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII,
Artículo 7 (11).
2
  Esta determinación administrativa fue notificada el 8 de agosto de 2023. Véase Apéndice de
la Solicitud de Revi[s]ión Administrativa, pág. 1.

Número Identificador
SEN2023________
KLRA202300485                                                                  Página 2 de 8

                                               -I-

           El 5 de junio de 2023, el señor CAMACHO RAMOS suscribió una Solicitud

de Remedio Administrativo en la cual solicitó que se hiciera “una

interpretación correcta sobre la Ley 66 del 2022 esto toda vez que la técnica

de Récord Criminal en esta institución, Sra. Naihomy Gilbes manifiesta que

dicha ley que enmendó la Ley 87 del 2020 de bonificaciones por buena

conducta y asiduidad y bonificaciones por estudio y trabajo, según ella es solo

para las personas que est[á]n disfrutando del privilegio que concede la Junta

de Libertad Bajo Palabra o se encuentren disfrutando de algún programa de

desv[í]o”.3 Esta fue recibida el 1 de agosto de 2023 por el DCR.

           Al día siguiente, el 2 de agosto de 2023, la señora Maribel García

Charriez, evaluadora, decretó la Respuesta al Miembro de la Población

Correccional recurrida aduciendo: “Regla XIII Sección 5- el Evaluador tiene la

facultad para desestimar. A- Que no haya cumplido con el trámite procesal

del presente Reglamento, incluyendo lo establecido en la Regla VII. Regla VII.

Sección I- Será responsabilidad del miembro de la población correccional

presentar las solicitudes de remedios en forma clara, concisa y honesta,

estableciendo las fechas y nombres de las personas involucradas en el

incidente. Igualmente, ofrecerá toda la información necesaria para dilucidar

su reclamo efectivamente. Sr. Camacho, le recuerdo que todo remedio tiene

que ser presentado de manera corta, concisa y precisa. Tiene que plantear

todos sus argumentos de forma breve. Además[,] le recuerdo que nuestra

División no dirige Remedios Administrativos a la División Legal de la

Agencia. De usted tener alguna duda en cuanto a la aplicabilidad de la Ley

#66 deberá escribir directamente al director de la División Legal de la Adm.

de Corrección”. Dicha Respuesta fue notificada el 8 de agosto de 2023.

           El señor CAMACHO RAMOS presentó una Solicitud de Reconsideración.

El 11 de agosto de 2023, DCR dictó su Respuesta de Reconsideración al

3
    Véase Apéndice de la Solicitud de Revi[s]ión Administrativa, págs. 2- 7.
KLRA202300485                                                                Página 3 de 8

Miembro de la Población Correccional.4 Esta Respuesta de Reconsideración

expresa:

        “Luego de evaluar la Solicitud de Reconsideración se determinó
        DENEGAR la misma. Al examinar la totalidad del expediente
        administrativo concluimos confirmar y modificar la respuesta
        recibida por parte de la Sra. Maribel García Charriez,
        Evaluadora de Remedios Administrativos Oficina de Bayamón.
        Sr. Camacho, le orientamos el Reglamento para Atender las
        Solicitudes de Remedios Administrativos Radicados por los
        Miembros de la Población Correccional expone que se podrá
        desestimar si la solicitud de remedios administrativos no se
        realiza de forma clara, concisa y honesta. Estableciendo las
        fechas y nombres de las personas involucradas en el incidente.
        Igualmente ofrecerá toda la información necesaria para
        dilucidar su reclamo efectivamente. Y cuando el miembro de la
        población correccional emite opinión en la solicitud. De tener
        alguna duda puede solicitar entrevista con el Área Seguridad”.

        Inconforme, el 28 de agosto de 2023, el señor CAMACHO RAMOS

presentó ante este Tribunal de Apelaciones su Solicitud de Revi[s]ión

Administrativa. Dicho escrito no contiene su(s) señalamiento(s) de error.

        El 3 de octubre de 2023, pronunciamos una Resolución concediendo

un plazo de treinta (30) días para exponer su posición sobre este recurso al

DCR. Luego de la concesión de una prórroga, el 27 de noviembre de 2023, el

DCR, representado por el Procurador General de Puerto Rico, presentó su

Escrito en Cumplimiento de Orden en el cual nos solicita que confirmemos la

determinación recurrida.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s)

controversia(s) planteada(s).

                                          - II -

                         A.      Revisión Administrativa

        La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU), provee un cuerpo de reglas mínimas para gobernar los

procesos de adjudicación y reglamentación en la administración pública.5 Su

4
  Esta decisión administrativa fue notificada el 16 de agosto de 2023. Véase Apéndice de la
Solicitud de Revi[s]ión Administrativa, págs. 8- 9.
5
  Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA §§ 9601-
9713. SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).
KLRA202300485                                                            Página 4 de 8

sección 4.1 establece la revisión judicial por este Tribunal de Apelaciones de

las determinaciones finales de las agencias.6

        La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las

agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la

ley.7 El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de un

foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia.8 Nuestra

evaluación de la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a

determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus

acciones constituyen un abuso de discreción.9

        No obstante, las decisiones de los organismos administrativos

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo que

sus conclusiones e interpretaciones merecen gran consideración y respeto.10

Por ello, al ejecutar nuestra función revisora, este Tribunal está obligado a

considerar la especialización y experiencia de la agencia, distinguiendo entre

cuestiones de interpretación estatutaria —sobre las que los tribunales son

especialistas— y cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa.11

        Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro

ha instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a

derecho.12 Particularmente, concretó las normas básicas sobre el

alcance de la revisión judicial al expresar:

        [L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una
        agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la
        determinación administrativa no está basada en evidencia
        sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o
        interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
        encomendado administrar; (3) el organismo administrativo
        actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
        determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
        actuación administrativa lesionó derechos constitucionales
        fundamentales. Es importante destacar que, si el tribunal no
        se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque
        exista más de una interpretación razonable de los hechos
        procede que se valide la interpretación que realizó la agencia
        administrativa recurrida.

6
   3 LPRA § 9671.
7
   Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004).
8
   Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).
9
   JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
10
    Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625- 626 (2016).
11
   Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 (1990).
12
    Torres Rivera v. Policía de PR, supra.
KLRA202300485                                                                 Página 5 de 8

        El alcance de la revisión de las determinaciones administrativas se

ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la agencia fue

el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia están basadas

en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) si las

conclusiones de derecho fueron las correctas.13

        En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán sostenidas por

los tribunales si están respaldadas por evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo considerado e su totalidad.14 Evidencia sustancial

es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar como adecuada

para sostener una conclusión.15 Debido a la presunción de regularidad y

corrección que cobija a las decisiones de las agencias administrativas, quien

alegue ausencia de evidencia sustancial debe presentar prueba suficiente para

derrotar dicha presunción.16 Para ello “tiene que demostrar que existe otra

prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la

prueba que tuvo ante su consideración”.17 A esto se le conoce como la norma

de la evidencia sustancial, con lo cual se persigue evitar sustituir el criterio

del organismo administrativo en materia especializada por el criterio del

tribunal revisor.18 Por lo tanto, aun cuando exista más de una interpretación

razonable de los hechos, el tribunal debe dar deferencia a la agencia, y no

sustituir su criterio por el de esta.19

        Por otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.20 Aun así,

debemos dar deferencia a las interpretaciones que los organismos

administrativos hacen de las leyes y reglamentos que administran. Es por ello

13
   Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud,
2022 TSPR 93, 210 DPR ____ (2022).
14
   Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).
15
   Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
16
   Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).
17
   Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).
18
   Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).
19
   Íd.
20
   Rebollo v. Yiyi Motos, 161 DPR 69, 77 (2004).
KLRA202300485                                                                   Página 6 de 8

que, ante casos dudosos, donde pueda concebirse una interpretación distinta

de estas leyes y reglamentos, la determinación de la agencia merece

deferencia sustancial.21

        En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, procede su

confirmación.22 Por el contrario, los tribunales revisores podemos intervenir

con la decisión recurrida cuando no está basada en evidencia sustancial, o

cuando la actuación es arbitraria, irrazonable o ilegal, o cuando afecta

derechos fundamentales.23

                           B.      Reglamento Núm. 8583

        En cumplimiento con el Plan de Reorganización del Departamento de

Corrección y Rehabilitación de 2011; la Ley de Derechos de Personas

Institucionalizadas,24 y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme25, en

junio de 2015, se instituyó el Reglamento para Atender las Solicitudes de

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población

Correccional conocido como el Reglamento Núm. 8583.

        Dicho Reglamento fue adoptado con la finalidad de promover que

cada institución correccional resuelva efectivamente los reclamos de la

población correccional.26

        La División de Remedios Administrativos se instituyó para atender las

quejas y agravios de las personas institucionalizadas en contra de DCR o sus

funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo áreas tales como: agresiones

físicas, verbales y sexuales; propiedad de confinados; revisiones periódicas a

la clasificación; traslados de emergencia; confinados a ser recluidos en el

anexo de máxima seguridad; reclusión solitaria, plan de recreación, ejercicios

y uso de biblioteca para fines recreativos; servicios médicos y servicios

religiosos. Así mismo, tendrá jurisdicción sobre solicitudes relacionadas,

21
   Torres Santiago v. Departamento de Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).
22
   García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008).
23
   Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero
Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
24
   Civil Rights of Institutionalized Persona Act (CRIPA,) Ley Pública Núm. 96-2476-(H.R.- 10).
25
   Conocida como la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada.
26
   Véase, Introducción del Reglamento Núm. 8583, pág. 1.
KLRA202300485                                                     Página 7 de 8

directa e indirectamente, a “[a]ctos o incidentes que afecten personalmente

al confinado en su bienestar físico, mental, seguridad personal o en su plan

institucional, minimizar las diferencias entre los confinados y el personal,

para evitar o reducir la radicación de pleitos en los Tribunales, plantear

asuntos de confinamientos al DCR”, entre otros asuntos.27

        Una solicitud de remedio es un recurso que presenta un miembro de

la población correccional por escrito, de una situación que afecte su calidad

de vida y seguridad, relacionado a su confinamiento.28

        Las Reglas XII- XV instituyen el procedimiento sobre: la radicación de

la solicitud; emitir respuesta; revisión de respuesta de reconsideración de

remedios administrativos; y revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones.29

                                         - III -

        El señor CAMACHO RAMOS alegó que el Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR) incidió al negarse a realizar una

interpretación correcta de la Ley Núm. 66- 2022 sobre la acreditación de

bonificaciones. En su escrito, el señor CAMACHO RAMOS no hizo señalamiento

de error alguno. Empero, expresó su disconformidad con la Respuesta.

        En el caso de marras, la División de Remedios Administrativos del

DCR desestimó la Solicitud de Remedio Administrativo (Solicitud) por el

incumplimiento para con el Reglamento Núm. 8583. Esto es, el señor

CAMACHO RAMOS no presentó una petición para atender actos o incidentes

que le afectaran personalmente en su bienestar físico, mental, seguridad

personal o en su plan institucional. Más aún, el DCR aleccionó que podía

dirigir su inquietud o duda a la División Legal de la DCR.

        Consideramos que no existen fundamentos o motivos que justifiquen

nuestra intervención con la discreción administrativa del DCR. Las

alegaciones del señor CAMACHO RAMOS carecen de fundamento para derrotar

27
   Véase, Introducción del Reglamento Núm. 8583, pág. 2- 3.
28
   Reglamento Núm. 8583, Regla IV, Inciso 24, pág. 10.
29
   Íd., págs. 24- 33.
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la presunción de validez de la Respuesta al Miembro de la Población

Correccional (Respuesta). Más aún, no nos ha colocado en posición de alterar

la decisión administrativa. Es por ello, que no procede que sustituyamos el

criterio administrativo por la nuestra. Tampoco se ha demostrado que la

agencia administrativa haya actuado de manera arbitraria o ilegal, o en forma

tan irrazonable que haya abusado de su discreción. Hallamos que debemos

abstenernos de intervenir con la Respuesta dado que esta coincide con el

interés apremiante del Estado de mantener el orden y la seguridad en las

instituciones correccionales. Por ello, discernimos que el DCR no cometió

error alguno al desestimar la Solicitud.

                                     - IV -

       Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Respuesta al

Miembro de la Población Correccional dictaminada el 2 de agosto de 2023 por

el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

       Notifíquese inmediatamente.

       Notifíquese al(a la) señor(a) JOSÉ L. CAMACHO RAMOS quien se

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y

Rehabilitación: Institución Correccional Bayamón 501 Industrial

Luchetti 50 Carr. Núm. 5 Unidad 501 2-F Bayamón, PR 00961-7403 o en

cualquier institución en donde se encuentre.

       Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones