Court Opinion

ID: 9952277
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:36:17.715416+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:31.453516
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

  ASOCIACIÓN DE                                       Recurso de Certiorari
CONDOMINES METRO                                      procedente del
MEDICAL CENTER, INC.                                  Tribunal de Primera
                                                      Instancia Sala de
         Recurrido                                    Superior de Bayamón

              V.                                      Caso Núm.:
                                                      BY2020CV03775
                                KLCE202400095
         MMC, LLC
                                                      Sobre:
         Recurrido                                    Cobro de Dinero

              V.

 LAS BRISAS PROPERTY
  MANAGEMENT, INC.;
  CHUBB INSURANCE
 COMPANY OF PUERTO
 RICO; ASEGURADORA
 ABC Y ASEGURADORA
         DEF

       Peticionarios
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

       Comparece Chubb Insurance Company of Puerto Rico (en

adelante, Chubb Insurance o parte peticionaria), mediante el

recurso de certiorari.1 Nos solicita que revisemos una Sentencia

Parcial emitida el 29 de noviembre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).2 Mediante dicho

dictamen, el TPI desestimó con perjuicio y de forma exclusiva

1 El recurso ante nuestra consideración   fue presentado inicialmente como una
apelación. Sin embargo, tras evaluar el expediente, concluimos que el recurso
adecuado es el de certiorari. En consecuencia, se ordenó a la Secretaría del
Tribunal de Apelaciones asignar el alfanumérico correspondiente a un certiorari.
Véase Resolución del 22 de enero de 2024.
2 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 1265-1303. Archivada y

notificada en autos el 1 de diciembre de 2023.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400095                                                             2

cualquier reclamación respecto a la póliza de responsabilidad

general comercial número 08-95PR-000800503-0, emitida por

Chubb Insurance. En cuanto a las restantes causas de acción y

controversias, declaró “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia

sumaria.

        Por los fundamentos que expresamos a continuación, en el

ejercicio de nuestra discreción denegamos expedir el auto de

certiorari solicitado.

                                        -I-

        El 25 de noviembre de 2020, la Asociación de Condómines

Metro Medical Center (en adelante, la Asociación de Condómines),

presentó una Demanda sobre cobro de dinero contra de MMC, LLC.

(en adelante, MMC) en concepto de unas pólizas de seguros y cuotas

de mantenimiento de diversas unidades a favor del Condominio

Metro Medical Center (en adelante, Condominio).3 En específico,

adujo     que       MMC     adeudaba    una   cantidad   que   ascendía   a

$347,067.00 en cuotas de mantenimiento y $65,562.78 en pago de

pólizas de seguros.

        Por su parte, el 8 de abril de 2021, MMC presentó una

Contestación a demanda en la que negó las alegaciones presentadas

en su contra.4

        El 3 de junio de 2023, la Asociación de Condómines presentó

una Demanda enmendada con el fin de actualizar la cantidad de

unidades        por   las     cuales,   según   alegaban,      MMC   debía

mantenimiento, así como la cuantía adeudada.5

        El 21 de junio de 2021, MMC presentó una Contestación a

demanda enmendada en la que negó nuevamente las alegaciones

3 Íd., págs. 1-4.
4 Íd., págs. 5-8.
5 Íd., págs. 9-11.
KLCE202400095                                                                 3

presentadas en su contra. Asimismo, presentó defensas afirmativas

para sustentar su posición.6

       En consecuencia, el 24 de agosto de 2021, la Asociación de

Condómines presentó una Segunda demanda enmendada en la que

actualizó de nuevo la cantidad que adeudada por MMC en concepto

de cuotas de mantenimiento y seguro adicional.7

       El 23 de septiembre de 2021, MMC presentó una Contestación

a la Segunda demanda enmendada, reconvención y demanda contra

terceros.8 En esta, negó las alegaciones formuladas en su contra por

parte de la Asociación de Condómines. Además, incluyó una

reconvención contra la Asociación de Condómines, así como una

demanda contra tercero contra Las Brisas Property Management,

Inc. (en adelante, La Brisas) y su compañía aseguradora, Chubb

Insurance. Argumentó que Las Brisas aprobó cuotas y presupuestos

operacionales         desmedidos    en   contravención       de   la    Ley   de

Condominios e instigó el cobro ilegal de cuotas de mantenimiento y

cargos     por    pólizas   de     seguro   contrarios   a    las      prácticas

administrativas establecidas en la Ley de Condominios y el

Reglamento del Condominio. También planteó que Las Brisas y su

compañía aseguradora, Chubb Insurance, incumplieron con su

deber al no proporcionar un desglose sobre las alegadas deudas, no

rendir cuentas y rechazar pagos para negociar de buena fe.

       Por su parte, el 10 diciembre de 2021, Chubb Insurance

presentó una Contestación a la demanda contra terceros contenida

en documentos Sumac 33.9 A través de su respuesta, negó las

alegaciones en su contra y señaló que: (1) expidió una póliza con

número DO3605 a favor de la Asociación de Condómines, en la que

se identificó al Condominio como la parte asegurada; (2) el período

6 Íd., págs. 12-15.
7 Íd., págs. 17-20.
8 Íd., págs. 21-32.
9 Íd., págs. 51-55.
KLCE202400095                                                        4

de cobertura de la referida póliza es del 13 de septiembre de 2021 al

13 de septiembre de 2022; (3) la póliza es del tipo “Directors Trustees

and Officers Indemnity Insurance Policy” y tiene un límite de

responsabilidad de $1,000,000 en el agregado sujeto a un retenido

de auto-seguro de $2,500.00; y (4) la póliza también es del tipo

“claim made” y ningún asegurado notificó oportunamente la

reclamación o la expectativa de una reclamación en relación con los

hechos descritos en la demanda contra terceros.

       Tras varios trámites procesales, el 11 de octubre de 2022,

Chubb Insurance presentó una Moción solicitando sentencia

sumaria parcial en la que alegó que procedía la desestimación con

perjuicio de la reconvención y demanda contra tercero en su

contra.10 En esencia, sostuvo que: (1) la reclamación de MMC está

prescrita, por no haber impugnado dentro del término de treinta (30)

días el presupuesto y las cuotas de mantenimiento aprobados por la

Asociación de Condómines, según establece la Ley de Condominios;

(2) MMC no puede impugnar la validez de las cuotas de

mantenimiento y primas de seguros, ya que no participó ni votó en

la Asamblea del Condominio; (3) luego de la presentación de la

Demanda, MMC pagó parte de las sumas que le fueron reclamadas

sobre varias unidades del Condominio, lo que constituyó una

aceptación de la validez del cobro de dinero instado en su contra; y

(4) las pólizas de seguros que expidió no cubren las reclamaciones

presentadas en la reconvención, por lo que procede la desestimación

de la demanda contra tercero con perjuicio y la imposición del pago

de honorarios de abogado por temeridad contra MMC.

       El 16 de diciembre de 2022, MMC presentó una Oposición a

moción en solicitud de sentencia sumaria parcial de Chubb Insurance

Company of Puerto Rico, Inc.11 En esta, alegó que no procedía la

10 Íd., págs. 124-513.
11 Íd., págs. 514-1264.
KLCE202400095                                                      5

solicitud de desestimación presentada por Chubb Insurance, ya que

existen controversias entre las partes, así como tampoco procede

imponer temeridad en su contra. A su vez, señaló que la póliza de

seguro de Chubb Insurace cubre las actuaciones realizadas por la

Asociación de Condómines y Las Brisas. Además, afirmó que la

causa de acción no estaba prescrita.

       El 29 de noviembre de 2023, el foro primario emitió una

Sentencia Parcial en la que concedió parcialmente la sentencia

sumaria solicitada por Chubb Insurance.12 Es específico, desestimó

con perjuicio y de forma exclusiva cualquier reclamación respecto a

la póliza de responsabilidad general comercial número 08-95PR-

000800503-0, emitida por la parte peticionaria. En cambio, declaró

“No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria sobre las restantes

causas de acción y controversias. En concreto, el TPI determinó que

resulta necesaria la celebración de un juicio en su fondo para

determinar si existe o no cubierta bajo la póliza número DO3605,

también emitida por la parte peticionaria, según sus términos y

exclusiones.

       El 14 de diciembre de 2023, MMC presentó una Moción

solicitando reconsideración parcial de sentencia en la que solicitó

una partida correspondiente a honorarios por temeridad contra

Chubb Insurance. Según su perspectiva, el foro primario determinó

que la parte peticionaria actuó temerariamente pero no incluyó la

partida correspondiente.13 Por el otro lado, Chubb Insurance

presentó una Moción solicitando reconsideración en la que: (1)

solicitó la corrección de la determinación de hechos número 32, por

reflejar de manera incorrecta el período de vigencia y retroactividad

de la póliza número DO3605; (2) argumentó que el litigio inició

previo al comienzo de la vigencia de la póliza número DO3605, por

12 Íd., págs. 1265-1303.
13 Íd., págs. 1304-1310.
KLCE202400095                                                         6

lo que la reclamación de MMC está excluida de cubierta; y, por

último, (3) sostuvo que no incurrió en temeridad, y que por el

contrario, prevaleció parcialmente en la determinación del TPI con

respecto a la póliza de responsabilidad comercial número 08-95PR-

000800503-0. Por ello, concluyó que las alegaciones de MMC sobre

temeridad carecían de fundamentos.14

       El 18 de diciembre de 2023, el TPI emitió y notifico dos (2)

resoluciones. En la primera Resolución denegó la reconsideración

presentada por MMC y aclaró que las expresiones en su sentencia

no constituyeron una determinación de temeridad a tenor con la

Regla 44.1 (d).15 De igual manera, denegó la Moción solicitando

reconsideración presentada por Chubb Insurance.16

       Inconforme con la determinación del foro primario, la parte

peticionaria presentó el recurso que nos ocupa. En el mismo, imputa

la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA   AL   NO   CONCLUIR     QUE   LA
       RECONVENCIÓN Y DEMANDA CONTRA TERCEROS
       PRESENTADA POR MMC DEBIÓ SER DESESTIMADA
       TODA VEZ QUE LOS REMEDIOS SOLICITADOS ESTÁN
       EXPRESAMENTE EXCLUIDOS POR LA PÓLIZA DO365.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO
       CONCLUIR QUE LA RECONVENCIÓN Y DEMANDA
       CONTRA TERCEROS PRESENTADA POR MMC ESTÁ
       RELACIONADA A UN LITIGIO INICIADO PREVIO A LA
       FECHA DE INICIO (INCEPTION DATE) DE LA PÓLIZA
       POR LO QUE ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA DE
       CUBIERTA.

       En vista de los errores imputados, procedemos a discutir las

normas jurídicas aplicables a este recurso.

                                  -III-

                                  -A-

       El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se

asienta en la sana discreción encomendada al tribunal revisor para

14 Íd., págs. 1311-1351.
15 Íd., págs. 1352.
16 Íd., págs. 1354-1355.
KLCE202400095                                                             7

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al

intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En este sentido, la Regla 40 del

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
      el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a
      la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados,
      o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
      la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      De no estar presente algunos de estos criterios, corresponde

abstenernos de expedir el auto de certiorari.

                                    -B-

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuyo objetivo

principal es simplificar la solución justa, rápida y económica de

casos civiles que no presentan controversias genuinas o reales sobre

hechos materiales y esenciales. Regla 36 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36; Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR

6, (2017). Se considera un hecho material esencial aquel que puede

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho
KLCE202400095                                                           8

sustantivo aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares,

184 DPR 133 (2011). En ese sentido:

      La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las
      alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y
      admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si
      las hay, u otra evidencia, demuestran que no hay controversia
      real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente
      y que, como cuestión de derecho, el tribunal debe dictar
      sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3
      (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e)

      En otras palabras, este mecanismo podrá ser empleado en

situaciones en las que la celebración de una vista o del juicio en su

fondo resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para

resolver la controversia y solo resta aplicar el derecho. Burgos López

et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1 (2015); Mejías v. Carrasquillo,

185 DPR 288 (2012). En sentido contrario, un asunto no debe ser

resuelto sumariamente cuando:

      (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2)
          haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han
          sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que
          acompañan la moción una controversia real sobre algún
          hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho
          no procede. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de
          Titulares, supra.

      El inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil establece

que la moción de la parte promovente deberá contener:

      (1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes;
      (2) los asuntos litigiosos o en controversia;
      (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual
      es solicitada la sentencia sumaria;
      (4) una relación concisa y organizada en párrafos
      enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes
      sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación
      de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u
      otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los
      mismos, así como de cualquier otro documento admisible en
      evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;
      (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,
      argumentando el derecho aplicable, y
      (6) el remedio que debe ser concedido.

      Regla 36.3(a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
      36.3(a).

      De manera similar, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil

establece que si no se emite una sentencia sobre la totalidad del
KLCE202400095                                                       9

pleito, no se otorga todo el remedio solicitado, o se deniega la

petición, y es necesario celebrar un juicio, será obligatorio que el

tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, así como los hechos esenciales y pertinentes que están

realmente controvertidos.

      Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones

contenidas en sus alegaciones. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195

DPR 769 (2016). Es preciso que la parte promovida formule, con

prueba adecuada en derecho, una posición sustentada con

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que refuten los

hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200 (2010). Por consiguiente, cualquier duda que plantee

sobre la existencia de hechos materiales en controversia no será

suficiente para derrotar la procedencia de la solicitud. Oriental Bank

v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014). Después de todo, la etapa procesal

para presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por

una parte en su moción de sentencia sumaria no es en el juicio, sino

al momento de presentar una oposición a la moción de sentencia

sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).

      En ese sentido, la parte promovida también está obligada a

cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y (3)

del inciso (a) de la Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3 (b)(1). Le corresponde citar con especificidad cada uno

de los párrafos, según enumerados en la solicitud de sentencia

sumaria, que entiende se encuentran en controversia, al igual

aquellos que no. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414

(2013). Dicha tarea deberá ser realizada de forma tan detallada y
KLCE202400095                                                      10

específica como lo haya hecho la parte promovente y haciendo

referencia a la evidencia admisible en la cual se sostiene la

impugnación, con cita a la página o sección pertinente. Id.

      Así pues, al evaluar si existe controversia de hechos que

impidan dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben: (1) analizar

los documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la

oposición y aquellos que obran en el expediente; y (2) determinar si

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma

alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194

(2000).

      Finalmente, destacamos que, según establecido por nuestro

Tribunal Supremo, este primer foro apelativo se sitúa en la misma

posición que los foros de instancia al revisar las solicitudes de que

determinada    sentencia   sea   dictada   sumariamente.    Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra. Por lo tanto, nuestra revisión es

una de novo.

                                 -C-

      Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha establecido que

la materia de seguros está investida de alto interés público debido a

que desempeña un trascendental rol en la protección de riesgos que

amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos. Serrano Picón v.

Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR __ (2023); RJ

Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706-707 (2017); Natal Cruz v.

Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575-576 (2013). De esta forma,

la industria de seguros está extensamente regulada por el Código de

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq., y supletoriamente

por el Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5311 et seq.

      El contrato de seguro es definido como aquel “mediante el cual

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle

un beneficio específico o determinable al producirse un suceso
KLCE202400095                                                        11

incierto previsto en el mismo”. 26 LPRA sec. 102. De producirse el

suceso incierto previsto en el contrato de seguro, su propósito radica

en proteger al asegurado mediante la transferencia del riesgo que

asumió la compañía aseguradora a cambio del pago de la prima. RJ

Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 707; Natal Cruz v. Santiago

Negrón et al., supra, pág. 576; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176

DPR 372, 384 (2009).

      Los términos acordados entre el asegurado y la aseguradora

están contenidos en la póliza. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al.,

185 DPR 880 (2012). “La póliza es el instrumento escrito en que se

expresa un contrato de seguro”. 26 LPRA sec. 1114 (1). Las cláusulas

contenidas en la póliza constituyen la ley entre las partes. Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 897; SLG Francis-Acevedo

v. SIMED, supra, pág. 386. El Código de Seguros dispone las normas

hermenéuticas que los tribunales deben atribuirles a los contratos de

seguros. RJ Reynolds v. Vega Otero, supra; Echandi Otero v. Stewart

Title, 174 DPR 355, 369 (2008). A saber, “[t]odo contrato de seguro

deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus

términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se

hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o

solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta”. 26 LPRA sec.

1125. Los términos esbozados en la póliza deben ser interpretados en

su acepción general, sin ceñirse demasiado al rigor gramatical. Rivera

Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1020 (2020); Echandi

Otero v. Stewart Title, supra, pág. 370; Marín v. American Int’ l. Ins.

Co. of PR, 137 DPR 356, 361 (1994). “Sin embargo, si de la póliza se

desprende un significado particular para determinado término, este

se aplicará a tenor con lo convenido por las partes”. SLG Francis-

Acevedo v. SIMED, supra, pág. 387. A tal efecto, los tribunales deben

interpretar los términos según su acepción general, como lo

interpretaría una persona de inteligencia promedio que pretenda
KLCE202400095                                                          12

adquirir   la   póliza. Íd.; Serrano   Picón   v.   Multinational     Life

Ins., supra; Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra; Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898; Quiñones López v.

Manzano Posas, 141 DPR 139, 155 (1996).

      Es norma trillada que un contrato de seguro es un contrato de

adhesión, debido a que la aseguradora es la parte que dicta los

términos y las condiciones expuestas en la póliza. SLG Francis-

Acevedo v. SIMED, supra, pág. 386; Maderas Tratadas v. Sun Alliance

et al., supra, pág. 899; En este sentido, toda ambigüedad se debe

interpretar en favor del asegurado, por vía de una interpretación

razonable. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; SLG Francis-

Acevedo v. SIMED, supra, pág. 386; Echandi Otero v. Stewart

Title, supra. Ahora bien, cuando las cláusulas sean claras y libres de

ambigüedad, esta norma hermenéutica no aplicará y el asegurado se

ceñirá por los términos de la póliza. Maderas Tratadas v. Sun Alliance

et al., supra. Los términos de un contrato son claros cuando no dan

lugar a duda, ambigüedad o divergencia en interpretaciones. Rivera

Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1021; SLG Francis-Acevedo

v. SIMED, supra, pág. 387.

      Además, se debe considerar si la póliza contiene cláusulas de

exclusión para cerner los riesgos cubiertos por la aseguradora. SLG

Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pág. 388. Las cláusulas de

exclusión limitan la cubierta de protección y, como consecuencia,

disponen las circunstancias en las que la aseguradora no responderá

por determinados eventos, riesgos o peligros. Íd.; Serrano Picón v.

Multinational Life Ins., supra; Rivera Matos et al. v. Triple-S et

al., supra, pág. 1021; Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR

271, 279 (2015); Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 11

(2010); Echandi Otero v. Stewart Title, supra. Por ello, las cláusulas

de exclusión deben interpretarse restrictivamente para que la

aseguradora     cumpla   su   propósito   de   proveer   protección    al
KLCE202400095                                                              13

asegurado. Íd.; Marín v. American Int’ l. Ins. Co. of PR, supra, pág.

362. Así, cualquier ambigüedad en una cláusula de exclusión debe

resolverse a favor del asegurado. Íd. Empero, cuando los términos,

las condiciones y las exclusiones contenidas en la póliza son claras,

deben interpretarse literalmente, a tenor con la voluntad de las

partes. Íd.; Jiménez López et al. v. SIMED, supra; Quiñones López v.

Manzano Posas, supra, pág. 156. En tal eventualidad, la aseguradora

no está obligada a cubrir los riesgos expresamente excluidos, aun

cuando       otras   cláusulas   de    la    póliza   parezcan   inferir   lo

contrario. Marín v. American Int’ l. Ins. Co. of PR, supra; Quiñones v.

Manzano Posas, supra.

      A la luz de las normas jurídicas antes expuestas, procedemos

a resolver.

                                      -IV-

      Tras un análisis minucioso de los autos, y en el ejercicio de

nuestra discreción bajo la Regla 40, supra, declinamos la invitación

de Chubb Insurance a intervenir con lo actuado por el TPI. La

determinación del TPI para desestimar con perjuicio y de forma

exclusiva     cualquier    reclamación       respecto   a   la   póliza    de

responsabilidad general comercial número 08-95PR-000800503-0, y

declarar “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria sobre las

restantes causas de acción y controversias, se fundamentó en que al

momento existen controversias sobre si hay o no cubierta bajo la

póliza número DO3605, según sus términos y exclusiones. La

determinación es razonable y dicho foro no cometió error de derecho

alguno. Ello pues, conforme nos es requerido, evaluada de novo la

solicitud de sentencia sumaria junto a la documentación en apoyo a

la misma, coincidimos con el TPI tanto en los hechos determinados

como incontrovertidos como los que dicho foro enumeró como

aspectos en controversia, por lo que acogemos los mismos en su

totalidad.
KLCE202400095                                                       14

      Así las cosas, una vez finalice el juicio, el TPI estará en mejor

posición para aquilatar la prueba y dirimir los planteamientos de las

partes. Así las cosas, y no apreciando la comisión de algún error por

el foro primario, declinamos la invitación de la parte peticionaria de

intervenir con la determinación recurrida.

                                 -IV-

      Por los anteriores que anteceden, se deniega la expedición del

auto de certiorari solicitado por Chubb Insurance.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones