Court Opinion

ID: 9916063
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:18:38.963265+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:49.482966
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

                                                    Certiorari
  EL PUEBLO DE PUERTO                               procedente del
           RICO                                     Tribunal de
     Parte Peticionaria                             Primera
                                                    Instancia, Sala
                                    KLCE202301266   Superior de
                                                    Bayamón
                v.
                                                    Criminal Núm.:
                                                    D LA2023G0043
                                                    D LA2023G0044
 DAVID ANDINO VÁZQUEZ                               D LA2023G0045
     Parte Recurrida                                D SC2023G0033
                                                    D SC2023G0034

                                                    Sobre:
                                                  INFR. ART. 6.02
                                                  LEY 168; INFR.
                                                  ART. 6.09 LEY
                                                  168; INFR. ART.
                                                  6.12D LEY 168;
                                                  INFR. ART. 401
                                                  LEY 4 (2 CASOS)
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

       Comparece El Pueblo de Puerto Rico, representado por la

Oficina del Procurador General mediante recurso de certiorari

instado el 13 de noviembre de 2023. Solicita que revisemos la

Resolución emitida el 11 de septiembre de 2023, y notificada el 13

de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó los

casos de epígrafe por violación a los términos para la celebración de

un juicio rápido, de conformidad con la Regla 64(n)(4) de

Procedimiento Criminal1.

1 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(4).

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301266                                                                2

       Evaluado el escrito y su apéndice, desestimamos el recurso de

certiorari por falta de jurisdicción. Veamos.

                                        I.

       El 29 de agosto de 2022, el Ministerio Público presentó dos

denuncias en contra del señor David Andino Vázquez2. El 12 de

enero de 2023, se presentaron otras tres denuncias en su contra,

por los mismos cargos presentados en igual fecha en contra de los

señores Jonathan Andino Vázquez y Roberto Antonio Medina

Pagán.3 El 31 de enero de 2023, se determinó causa para arresto

contra todos los imputados por todos los delitos.4 Los imputados

prestaron      la   fianza   impuesta        y   quedaron   bajo   supervisión

electrónica.

       El 21 de marzo de 2023, se determinó causa para acusar

contra todos los imputados por los delitos mencionados. Así, el 24

de marzo de 2023, se presentaron las acusaciones.5 El acto de

lectura de acusación se llevó a cabo el 17 de abril de 2023. La vista

para el juicio en su fondo fue señalada para el 15 de mayo de 2023.6

Ese día, en su lugar se celebró una vista sobre el estado de los

procedimientos y el TPI señaló el juicio para el 31 de mayo de 2023.7

       Surge de la minuta de la vista pautada para comenzar el juicio

que, luego de conversaciones en el estrado, el TPI informó que el

asunto sería reseñalado. A preguntas del tribunal, la Defensa

manifestó que la nueva fecha había sido escogida por las partes,

pero que el Ministerio Público no se encontraba preparado ese día.

Además, hizo constar que no renunciaba a los términos de juicio

2  Infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.
Apéndice del recurso, págs. 1-6.
3 Infracción a los Arts. 6.02, 6.09 y 6.12 de la Ley de Armas de Puerto Rico de

2020, Ley Núm. 168-2019. Apéndice del recurso, págs. 7-22.
4 Íd., págs. 23-32.
5 Íd., págs. 37-48.
6 Íd., págs. 33-36.
7 Íd., págs. 59-62.
KLCE202301266                                                       3

rápido. El juicio en su fondo quedó pautado para el 18 de julio de

2023.8

       En esa vista del 18 de julio de 2023, el Ministerio Público

manifestó que no se encontraba preparado porque varios de sus

testigos no se encontraban presentes en sala. El tribunal reconoció

que los términos vencían el 24 de julio de 2023, pero expresó que,

en esa semana, el Poder Judicial tenía programados cierres

parciales y totales, por lo que los términos podían extenderse. Tras

conversaciones en el estrado, el TPI señaló que el próximo

señalamiento sería el último día de los términos extendidos y pautó

el juicio para el 2 de agosto de 2023.9

       El 2 de agosto de 2023, comparecieron tres de los nueve

testigos del Ministerio Público. Según surge de la minuta, la Defensa

expresó que entre los testigos de cargo ausentes se encontraba el

agente confidente participante, el cual tenía que estar presente en

sala para poder iniciar el juicio. Por su parte, el Ministerio Público

manifestó que se encontraba preparado para el juicio y que

comenzaría con la prueba que estaba presente. Entonces, la Defensa

expresó que ese era el último día de los términos extendidos y, ante

el hecho de que no se encontraban presentes en sala todos los

testigos de cargo, solicitó la desestimación de las acusaciones. El

tribunal indicó que se tendría que celebrar una vista evidenciaria en

cuanto a los términos de juicio rápido y sugirió que se podía señalar

otra fecha para que los testigos estuvieran presentes y comenzar con

los procedimientos. Así, el acto del juicio quedó señalado para el 11

de septiembre de 2023.10

       Llegado el día, solamente comparecieron tres de los nueve

testigos de cargo. El testigo confidente participante no compareció.

8 Íd., págs. 63-64.
9 Íd., págs. 63-66.
10 Íd., págs. 67-71.
KLCE202301266                                                      4

El Ministerio Público solicitó que se comenzara el juicio con los

testigos que estaban disponibles en sala. La Defensa insistió en que

todos los testigos de cargo tenían que estar presentes en sala para

poder comenzar el juicio, en particular, ese testigo ausente. El TPI

decidió celebrar la vista evidenciaria estatuida en la Regla 64(n) de

Procedimiento Criminal11. En dicho proceso, el Ministerio Público

solicitó que se eliminara de la acusación al testigo ausente y que se

procediera con la celebración del juicio. La Defensa reiteró su

solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(n)(4) de

Procedimiento Criminal, supra. Escuchados los argumentos de las

partes, el TPI desestimó las acusaciones por violación a los términos

de juicio rápido establecidos en la mencionada regla y ordenó la

remoción de la supervisión electrónica a todos los acusados. La

Minuta Resolución que recoge lo acontecido en la vista del 11 de

septiembre de 2023 contiene la firma del juez que presidió el

procedimiento.12

        El 19 de septiembre de 2023, el Ministerio Público presentó

una Moción Solicitando Reconsideración de la determinación de

desestimar las acusaciones. Mediante orden notificada el 28 de

septiembre de 2023, el TPI concedió un breve término a la Defensa

para expresarse en cuanto a la reconsideración solicitada.13 La

Defensa instó su Moción en Oposición a Reconsideración el 2 de

octubre de 2023.

        El 3 de octubre de 2023, notificada el 13 de octubre de 2023,

el TPI dictó una Resolución mediante la cual declaró no ha lugar la

Moción en Oposición a Reconsideración y expresó “Véase Minuta

Resolución del 11 de septiembre de 2023”.14 Sin embargo, el TPI

11 34 LPRA Ap. II, R. 64(n).
12 Apéndice del recurso, págs. 72-83.
13 Íd., págs. 129-131.
14 Íd., pág. 148.
KLCE202301266                                                                 5

nada dispuso en cuanto a la Moción Solicitando Reconsideración

presentada por el Ministerio Público.

        A su vez, el mismo 13 de octubre de 2023, el TPI notificó la

Resolución emitida el 11 de septiembre de 2023, mediante la cual

“[p]or los fundamentos expuestos en corte abierta” desestimó las

acusaciones al amparo de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento

Criminal.15

        Inconforme con el dictamen emitido el 11 de septiembre de

2023, y notificado el 13 de octubre de 2023, el Pueblo de Puerto Rico

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente

recurso de certiorari y apuntó el siguiente señalamiento de error:

        El Tribunal de Primera Instancia erró al dejar de
        fundamentar por escrito los fundamentos de su
        decisión de desestimar las acusaciones contra los
        recurridos, al amparo de la Regla 64(n) de las de
        Procedimiento Criminal, contraviniendo la instrucción
        de dicha regla y privando a las partes de comprender
        exactamente las bases para su determinación.

                                         II.

        La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal

para considerar y decidir casos o controversias.16 Por esa razón, lo

primero que se debe considerar en toda situación jurídica

presentada ante un foro adjudicativo, es el aspecto jurisdiccional.

Cónsono con ello, los tribunales tienen la responsabilidad

indelegable        de   examinar,   en     primera   instancia,    su   propia

jurisdicción. Esto debido a que el foro judicial está obligado a

auscultar el cumplimiento de los requisitos jurisdiccionales que la

ley establece, antes de considerar los méritos de una controversia.17

Ello en vista de que el Tribunal Supremo ha reafirmado que los entes

adjudicativos tienen que ser guardianes celosos de su jurisdicción y

no poseen discreción para asumirla si no existe.18

15 Íd., pág. 86.
16 Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 DPR 402, 414 (2022); Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).
17 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.
18 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 196 DPR 157, 165 (2016).
KLCE202301266                                                               6

         Así, si un recurso de revisión o apelación se presenta mientras

el foro apelado tiene ante su consideración una determinación que

se encuentra pendiente y no ha sido resuelta, el foro apelativo debe

desestimar el recurso por este ser prematuro. En cambio, un recurso

que se presenta luego del término que provee la ley para recurrir

debe desestimarse por ser un recurso tardío. La presentación

prematura o tardía del recurso priva de jurisdicción al tribunal al

cual se recurre.19 De manera que, cuando un tribunal carece de

jurisdicción, está obligado a desestimar el recurso.20

         Por esa razón, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones21, nos autoriza a desestimar un recurso a iniciativa

propia, cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.

         En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración, dicho

precepto legal dispone:

         (E) Cuando se presente un recurso prematuro por estar
         pendiente de resolver una moción de reconsideración
         ante el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de
         Apelaciones podrá, a petición de parte o motu proprio,
         tomar medidas mientras se dilucida la moción de
         reconsideración para facilitar el trámite apelativo
         posterior en aras de la economía procesal y de la
         reducción de costos de las partes.22

         Precisamente la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal,

supra, expresamente reconoce la disponibilidad del mecanismo de

reconsideración para las determinaciones concernientes a los

términos de juicio rápido.

         Una oportuna moción de reconsideración de una resolución u

orden interlocutoria durante un proceso penal interrumpe el

término de treinta (30) días para acudir mediante certiorari ante este

Tribunal     de   Apelaciones.        El   referido   término   comenzará   a

19 Pueblo v. Rivera Ortiz, supra, págs. 414-415.
20 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., supra.
21 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 83 (C).
22 Íd.
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transcurrir cuando se notifique la resolución que resuelva la

solicitud de reconsideración.23

                                      III.

       Surge de los autos que el 19 de septiembre de 2023, el

Ministerio     Público     presentó          una   oportuna   moción   de

reconsideración de la decisión de desestimar las acusaciones,

emitida el 11 de septiembre de 2023. En respuesta, la Defensa

presentó Moción en Oposición a Reconsideración. El 3 de octubre de

2023, el TPI denegó la referida moción en oposición. Dicha

resolución de 3 de octubre de 2023 no adjudicó los planteamientos

relativos a la reconsideración solicitada por el Ministerio Público.

       Tampoco podemos inferir que mediante la resolución que

denegó la moción en oposición a la solicitud de reconsideración, el

TPI igualmente atendiera la petición de reconsideración del

Ministerio Público. Hemos examinado la Moción en Oposición a

Reconsideración de la Defensa y de esta no surge ningún

requerimiento distinto más allá de una contestación u objeción a la

reconsideración solicitada por el Ministerio Público.

       La presentación de la moción de reconsideración interrumpió

el término para acudir mediante certiorari ante este tribunal

apelativo. Al momento de la presentación del recurso, dicha moción

de reconsideración aún no ha sido resuelta por el foro recurrido. Por

ende, hasta tanto el TPI notifique la resolución que adjudique la

moción de reconsideración, el término para solicitar la revisión del

dictamen no ha comenzado a transcurrir. Consecuentemente, la

presentación del recurso de certiorari de epígrafe fue prematura, por

lo que estamos impedidos de atenderlo en sus méritos.

23 Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 693 (2011).
KLCE202301266                                                       8

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de

certiorari presentado por El Pueblo de Puerto Rico, por falta de

jurisdicción al ser prematuro. Se ordena el desglose de las copias

del apéndice del recurso.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones