Court Opinion

ID: 9952128
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:19:27.155967+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:23.618062
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL1

                                            Certiorari
       RAÚL E. VÁZQUEZ                      procedente del
           ROMÁN                            Tribunal de Primera
                                            Instancia, Sala de
    Demandante - Peticionario KLCE202400209 Relaciones de
                                            Familia y Menores
              v.                            de Bayamón

     BRISEIDA Y. DELGADO                                Civil núm.:
           MIRANDA                                      D FI2015-0050
                                                        (3001)
     Demandada - Recurrida
                                                        Sobre: Filiación
Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez
Pagán Ocasio y el juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

        Luego de unas vistas en las que se recibió prueba oral, el

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), de forma provisional, ordenó

que las relaciones entre un padre y su hija de 9 años de edad

ocurriesen a través de visitas supervisadas en una institución.

Según se explica en detalle a continuación, hemos determinado no

intervenir con el dictamen recurrido, pues no se cometió un error de

derecho y, de hecho, el peticionario realmente no impugna la

razonabilidad de dicho dictamen.

                                       I.

        En julio de 2023, el Sr. Raúl Vázquez Román (el “Padre”)

presentó ante el TPI una Urgente Moción Solicitando se Restablezcan

las Relaciones Paternofiliales Inmediatamente (la “Moción”). Expuso

que, desde abril de ese año, no se relacionaba con su hija (la

“Menor”). Alegó que ello se debía a que la madre de la menor, la Sa.

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes
adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202301224).

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400209                                                         2

Briseida Y. Delgado Miranda (la “Madre”), ha obstaculizado las

relaciones paterno filiales.

      Según expone el Padre, el TPI celebró varias vistas

evidenciarias para evaluar la Moción.

      Mediante una Resolución notificada el 8 de enero (el

“Dictamen”), el TPI denegó la Moción; no obstante, ordenó que la

Menor    deberá   relacionarse   con    el   Padre   “mediante   visitas

supervisadas, las cuales deben proveer psicoeducación al [Padre]

para desarrollar destrezas protectoras.” Dispuso el TPI que estas

visitas “se llevarán a cabo en el Centro de Consejería y Servicios

Integrales Oasis” y que el Padre “deberá seguir cualquier

recomendación que haga la psicóloga Dra. Alice Pérez y/o Centro de

Consejería y Servicios Integrales Oasis”. El TPI también dispuso que

el Padre “no podrá exponer a la [Menor] a relacionarse con su

hermano adolescente ni le conversará con la menor sobre los

procesos judiciales”.

      En apoyo de su determinación, el TPI consignó que, según la

prueba recibida, la Madre “ha ejercido la custodia de la hija menor

desde su nacimiento y hasta el presente de manera responsable,

adecuada y protectora”. Añadió que el Padre “no posee destrezas

protectoras” y que la Menor “ha sido víctima de maltrato y

negligencia y que existe riesgo de continuar siéndolo durante las

relaciones paternofiliales”. Observó que el Padre “no protege” a la

Menor “de su hermano adolescente de vínculo sencillo” ni ha

“procurado continuar con las recomendaciones de la terapeuta” de

la Menor.

      El 23 de enero, el Padre solicitó la reconsideración del

Dictamen, lo cual fue denegado por el TPI mediante una Orden

notificada ese mismo día.

      Inconforme, el 20 de febrero, el Padre presentó el recurso que

nos ocupa; poco después, sometió una transcripción de las vistas
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evidenciarias pertinentes.   Sobre lo actuado por el TPI, el Padre

indicó que “[p]odemos respetar que por medida provisional se hayan

referido las visitas del padre con la menor al Centro Oasis, pero nos

resulta erróneo que el [TPI] sin prueba alguna determinara que se

incurrió en maltrato … y que la madre de la menor no incurrió en

enajenación parental cuando dicha conducta no ha sido evaluada

por un perito”. El Padre también expuso que el TPI erró al “neg[arle]

la oportunidad de impugnar el testimonio de la [Madre] con el

testimonio de un perito”. Disponemos.

                                 II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para

ejercer nuestra discreción. La referida Regla dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de

mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
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      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII–
      B, R. 40.

      Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se demuestre

abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005).

                                  III.

      Concluimos que no debemos intervenir con el Dictamen.

Adviértase que el Padre no impugna la medida dispositiva tomada

por el TPI. En vez, únicamente impugna los fundamentos utilizados

por el TPI, pues aduce que es errónea la apreciación del TPI sobre

las relaciones entre la Menor y sus progenitores.

      Así pues, al no cuestionarse la parte dispositiva del Dictamen,

declinamos la invitación del Padre a revisar las apreciaciones

actuales del TPI en torno a la dinámica familiar pertinente.

      Por supuesto, en la medida que el Padre pueda luego estar en

desacuerdo con una determinación futura del TPI, en torno a la

custodia de la Menor o sus relaciones paternofiliales, y en la medida

que dicha determinación pudiese descansar, en todo o en parte, en

las actuales apreciaciones del TPI, que el Padre estima son erróneas,

este podría oportunamente solicitar su revisión.

      Resaltamos que, en este tipo de proceso judicial, el TPI no está

obligado por sus determinaciones fácticas anteriores, pues la

situación familiar puede ser fluida y cambiante y, además, el TPI

ordinariamente recibe prueba nueva en las distintas etapas del

proceso.

      En fin, por no haberse solicitado nuestra intervención en

cuanto a la determinación última tomada por el TPI, y por considerar

de todas maneras que lo actuado por el TPI no es contrario a derecho
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ni es el resultado de algún abuso de discreción, no se justifica

nuestra intervención en esta etapa.

                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del auto de certiorari solicitado.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones