Court Opinion

ID: 9896775
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:17:53.265879+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:21.168622
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

       ORIENTAL BANK
                                                           Apelación
     Demandante-Apelado                                    procedente del
                                                           Tribunal de
                 v.                                        Primera
                                                           Instancia, Sala
     ANTONIO A. REYES                                      de San Juan
 RODRÍGUEZ, VIRGINIA DE
  LOURDES VIZCARRONDO
  LORENZO Y LA SOCIEDAD              KLAN202300404 Caso Núm.:
     LEGAL DE BIENES                               KCD2014-1917
 GANANCIALES COMPUESTA                             (802)
        POR AMBOS

    Demandados-Apelantes                                   Sobre:
                                                           Cobro de Dinero
TRI-STELLAR DEVELOPMENT                                    y Ejecución de
GROUP, INC.; COMPAÑÍA DE                                   Hipoteca
       SEGUROS AA

    Terceros Demandados-
           Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Juez Grana Martínez y la Juez Rivera Pérez.1

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

       Comparecen el Sr. Antonio A. Reyes Rodríguez, su esposa

Virginia De Lourdes Vizcarrondo Lorenzo y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos (parte apelante o matrimonio

Reyes Vizcarrondo), para que revoquemos la Sentencia Parcial

dictada el 13 de marzo de 2023 en el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (TPI),2 que desestimó con perjuicio la

Reconvención presentada por la parte apelante contra Scotiabank de

Puerto Rico (Scotiabank o parte apelada).3 Dicho dictamen fue objeto

1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2023-085, la Jueza Grace M. Grana

Martínez sustituye a la Hon. Gina Méndez Miró.
2 Notificada el 15 de marzo de 2023.
3 Scotiabank Puerto Rico fue sucesor de RG Premier Bank. Sin embargo, en el

transcurso del caso hubo una sustitución de parte, ya que Scotiabank se fusionó
con Oriental Bank, surgiendo la Oriental como principal.

Número Identificador
SEN2023_____________
KLAN202300404                                                                  2

de una Moción de Reconsideración, que fue denegada el 5 de abril de

2023.4

        Perfeccionado      el   recurso       de    apelación,    procedemos   a

confirmar la Sentencia Parcial apelada. Veamos.

                                        -I-

        El 25 de agosto de 2014, Scotiabank presentó una acción

civil sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía

ordinaria.5 Alegó que el matrimonio Reyes Vizcarrondo incumplió

con los términos estipulados en un pagaré hipotecario que habían

otorgado. Por lo cual, adeudaban la suma de $255,267.66 por

concepto de principal, más intereses y otras partidas.

        El 4 de noviembre de 2014, el matrimonio Reyes Vizcarrondo

presentó una Contestación a Demanda, Defensas Afirmativas y

Reconvención.6 En lo que respecta a la reconvención, alegó que el

desarrollador —con la anuencia y certificación de Scotiabank—

terminó el proyecto de viviendas diferente a lo estipulado; así, ofreció

a la venta diecinueve (19) unidades con un descuento. Debido a ello,

su apartamento devaluó y solicitó un descuento al precio de venta;

además, $2,000,000.00 por daños emocionales y angustias

mentales.

        El 28 de abril de 2015, Scotiabank presentó una Réplica a

Reconvención. Negó todas las alegaciones y especificó, que las

mismas no iban dirigidas a su parte. Además, señaló que no era la

sucesora de RG Premier Bank of Puerto Rico (RG),7 por lo que, de

haber     alguna     responsabilidad          por   los   daños    alegados,   le

correspondía a RG. Levantó varias defensas afirmativas, entre otras,

la prescripción de la reconvención.

4 Notificada el 10 de abril de 2023.
5 Anejo 4 de la Apelación, págs. 29 – 38.
6 Anejo 5 de la Apelación, págs. 39 – 47.
7 Scotiabank indicó que, mediante una compra asistida, ocurrida el 30 de abril de

2010, adquirió de la Federal Deposit Insurance Corporation algunos activos
incluyendo el préstamo hipotecario que suscribieron los apelantes con RG.
KLAN202300404                                                                    3

       Luego de trámites procesales, el 31 de agosto de 2017

Scotiabank presentó una Moción de Sentencia Sumaría en Torno a

Scotiabank,8 sustentada por diversas evidencias, entre ellas:

declaración jurada, cartas, contestaciones a requerimiento de

admisiones.9 Solicitó que se declarara vencido el pagaré hipotecario,

y se concediera la ejecución de hipoteca a su favor, ya que el 12 de

abril de 2010 el matrimonio Reyes Vizcarrondo compró al

desarrollador Tri-Stella Developers Group (Tri-Stella) el apartamento

1905 del Complejo Camino Verdes II, por lo que suscribieron un

pagaré hipotecario con RG para financiar el referido apartamento.

Sin embargo, desde el 1 de febrero de 2014, el coapelante Antonio

A. Reyes Rodríguez (Reyes Rodríguez) admitió haber dejado de pagar

la propiedad.10 Scotiabank señaló que no fue parte contratante en

el préstamo hipotecario, y que solo fungió como acreedor del

desarrollador del proyecto.11 Tampoco participó del proceso de

compraventa de la parte apelante ni en el proceso de financiamiento

inicial del proyecto. Por lo cual, el matrimonio Reyes Vizcarrondo no

tenía evidencia suficiente para probar sus alegaciones, siendo estas

meras especulaciones.12 Además, la reclamación de daños estaba

8 Anejo 8 de la Apelación, págs. 63 – 240.
9 Entre la evidencia documental sometida, se encuentra:

    (1) Varias secciones de la transcripción de la deposición al coapelante Antonio
    A. Reyes Rodríguez. (Véase, Anejo 8 de la Apelación, págs. 175,178,179)
    (2) Carta con fecha del 24 de mayo de 2011 de los apelantes a Scotiabank.
    (Véase, Anejo 8 de la Apelación, pág. 240)
    (3) Carta con fecha del 17 de junio de 2011 acuse de recibo por parte de
    Scotiabank. (Véase, Anejo 8 de la Apelación, pág. 200)
    (4) Carta con fecha del 26 de marzo de 2012 de los apelantes a Tri-Stella.
    (Véase, Anejo 8 de la Apelación, pág. 202 - 203)
    (5) Carta con fecha del 21 de junio de 2014 de los apelantes solicitando
    prórroga de pago a Scotiabank. (Véase, Anejo 8 de la Apelación, pág. 205).
    (6) Declaración Jurada de Carlos Simmos Rodríguez – Retail Administration
    Officer de Scotiabank. (Véase, Anejo 8 de la Apelación, págs. 207 – 209).
    (7) Requerimiento de Admisiones y sus Contestaciones. (Véase, Anejo 8 de la
    Apelación, págs. 213 – 215, 234 – 238).
    (8) Carta con fecha del 1 de mayo de 2014 de Scotiabank. (Véase, Anejo 8 de
    la Apelación, pág. 239).
10 Anejo 8 de la Apelación, pág. 175.
11 Scotiabank manifestó que se le otorgó un Acuerdo de “Forbearance” al

desarrollador, esto permitió que se culminara el proyecto de vivienda.
12 Scotiabank planteó que de la deposición al señor Reyes Rodríguez, surge que;

  (1) desconoce quién estableció el precio de venta de las restantes 19 unidades
  que alega se vendieron a un precio menor que la suya. (Véase, Anejo 8 de la
  Apelación, pág. 180).
KLAN202300404                                                                 4

prescrita, ya que desde el año 2011 la parte apelante tenía

conocimiento; por lo cual, solicitó la desestimación con perjuicio de

la reconvención.

       El 10 de noviembre de 2017, la parte apelante sometió su

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Arguyó, que este

Tribunal de Apelaciones había atendido los planteamientos de la

solicitud   de    sentencia     sumaria     presentada      en    el   recurso

KLCE201500917.13 Reiteró que Scotiabank fue quien provocó la

devaluación de las propiedades.

       Oportunamente, hubo una réplica por parte de Scotiabank,14

y una dúplica de la parte apelante.15

       Tras varios trámites procesales,16 el 4 de mayo de 2022,

Oriental Bank en sustitución de Scotiabank (Oriental o parte

apelada) presentó una Moción Suplementaria a Solicitud de Sentencia

Sumaria     en   cuanto     a   Reconvención.17      Esbozó      los   mismos

planteamientos de la solicitud de sentencia sumaria presentada por

Scotiabank y la sustentó con varios documentos, entre ellos: una

declaración jurada del Sr. Julio A. Rivera Acevedo y parte de la

deposición del coapelante Reyes Rodríguez.18 Concluyó que la parte

apelante no tenía una reclamación que justificara la concesión de

un remedio; además, que la reclamación estaba prescrita, ya que

tenían conocimiento del daño desde el año 2011, debido a que, para

esa fecha, habían remitido una misiva exponiendo el asunto de la

  (2) quien incumplió su contrato en cuanto a la representación hecha de la
  propiedad que se le vendería fue Tri-Stella (Véase, Anejo 8 de la Apelación,
  pág. 175).
  (3) éste no tiene una tasación reciente de su propiedad (Véase, Anejo 8 de la
  Apelación, pág. 179).
  (4) no han puesto su propiedad en venta. Véase, Anejo 8 de la Apelación, pág.
  178).
13    Tomamos conocimiento judicial sobre la Resolución del recurso
KLCE201500917.
14 Anejo 11 de la Apelación, págs. 406 – 440.
15 Anejo 12 de la Apelación, págs. 441 – 446.
16 Según surge del expediente, el 31 de diciembre de 2019, Scotiabank se fusionó

con Oriental Bank.
17 Véase, Anejo 18 de la Apelación, págs. 501 – 637.
18 Anejo 18 de la Apelación, págs. 537 – 637.
KLAN202300404                                                                   5

devaluación, la razón y la cantidad a la que ascendía la devaluación

de su propiedad.

       El 17 de noviembre de 2022, la parte apelante sometió una

Moción en Oposición a “Moción Suplementaria a Solicitud de

Sentencia Sumaria en Cuanto a Reconvención”.19 Reiteró que había

controversia sobre hechos medulares, por lo que debían atenderse

en un juicio en su fondo. Además, los planteamientos de Oriental

habían sido denegados en el caso KLCE201500917 y los hechos

propuestos no sustentaban su teoría, por lo que debía negarse la

solicitud presentada.

       El 9 de enero de 2023, Oriental presentó Réplica a “Oposición

a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”.20 Arguyó que la parte

apelante no logró derrotar los hechos propuestos. Reiteró su

planteamiento de prescripción, debido a que la reclamación había

sido presentada fuera del término dispuesto para una acción

extracontractual. Recalcó que el TPI no había atendido las

alegaciones de su sentencia sumaria, razón por la cual, no fue objeto

de revisión por este Tribunal de Apelaciones.

       El 13 de marzo de 2023, se emitió una Sentencia Parcial,21

con las siguientes determinaciones de hechos no controvertidas:

       1. El 21 de noviembre de 2009, la parte demandada
       [apelante] opcionó el apartamento 1606 del edificio 16 de
       Camino Verdes II, firmando para ello un contrato de opción de
       compra.

       2. En enero de 2010, la corredora de bienes raíces de Camino
       Verdes II, la señora Olga López, llamó a la parte demandada
       [apelante] para indicarles que había una vacante en el
       edificio 19 que ya estaba construido y listo para entrega.

       3. El 4 de enero de 2010, la parte demandada [apelante]
       otorgó un Contrato de Compraventa sobre Propiedad
       Horizontal sobre el Apartamento número 1905 del Condominio
       Caminos Verdes II.

       4. Scotiabank no compareció en dicho contrato, ni hizo
       representación alguna a la parte demandada [apelante]
       sobre el desarrollo del condominio, las áreas recreativas o el
       valor de las propiedades opcionadas.

19 Anejo 20 de la Apelación, págs. 642 – 799.
20 Anejo 22 de la Apelación, págs. 803 – 829.
21 Notificada el 15 de marzo de 2023.; Anejo 2 de la Apelación, págs. 3 – 22.
KLAN202300404                                                        6

    5. Según el contrato de opción de compra y, de ser necesario,
    la parte demandada [apelante] podía escoger a su discreción
    la institución financiera de su preferencia para el
    financiamiento hipotecario para adquirir la unidad que se
    estaba opcionando.

    6. El 12 de abril de 2010, la parte demandada [apelante]
    adquirió, mediante compraventa del desarrollador Tri-Stella
    Development Group, Inc., el apartamento 1905 del complejo
    Camino Verdes Il.

    7. Para financiar esta compraventa, el 12 de abril de 2010, la
    parte demandada [apelante] suscribió un pagaré hipotecario
    con RG Premier Bank of Puerto Rico por la suma de
    $270,000.00 con intereses a razón de 5.50% anual.

    8. El 30 de abril de 2010, la Oficina del Comisionado de
    Instituciones Financieras de Puerto Rico (en adelante, "OCIF")
    cerró las operaciones de RG y nombró al Federal Deposit
    Insurance Corporation (en adelante, "FDIC") como síndico
    liquidador. En esa misma fecha, y como parte de un proceso
    de compraventa asistida de activos, el FDIC transfirió ciertos
    activos de RG a Scotiabank, dentro de los cuales se
    encontraba el préstamo objeto de la presente reclamación.

    9. El 23 de junio de 2011, Tri-Stella Development Group, Inc.,
    como deudor, y el Sr. Adrián Stella Arroyo, como garantizador,
    otorgaron un Acuerdo de "Forbearance" (con Scotiabank para
    atender señalamientos del préstamo de construcción que se
    encontraba en atraso.

    10. A través del Acuerdo de "Forbearance" Scotiabank no hizo
    representación alguna sobre detalles de construcción del
    proyecto de viviendas.

    11. A través del Acuerdo de "Forbearance" Scotiabank no hizo
    representación alguna sobre el precio de venta o el valor de
    las unidades de vivienda del proyecto de construcción.

    12. El Acuerdo de "Forbearance" permitió que Tri-Stella
    Development Group, Inc. culminara el proyecto de construcción
    del complejo Camino Verdes II.

    13. El 24 de mayo de 2011, la parte demandada
    [apelante] remitió una comunicación a Scotiabank en
    donde solicitó que se le otorgara un crédito a su
    hipoteca por la cantidad de $75,000.00, más cualquier
    otro incentivo otorgado a los nuevos compradores del
    proyecto de viviendas, en vista de la devaluación que
    había sufrido su apartamento.

    14. Mediante dicha comunicación, la parte demandada
    [apelante] informó que la devaluación de su propiedad
    fue producto de la venta de ciertas unidades con su
    misma localización por el precio de $195,000.00.

    15. El 17 de septiembre de 2011 Scotiabank le envió una
    carta a Antonio Reyes y a Virginia Vizcarrondo
    [apelante], en la cual, entre otras cosas decía: “El banco
    no fue el vendedor de la propiedad, sino que es un
    acreedor cuyo rol se limitó a financiar el precio de
    compra pactado entre usted y el desarrollador. El banco
    no puede asumir responsabilidad por la diferencia entre
    el precio actual de tas unidades y precio original.”
KLAN202300404                                                            7

       16. El 26 de marzo de 2012, la parte demandada
       [apelante] remitió una comunicación a Tri-Stella
       Development Group, Inc. en donde reclamaron al
       desarrollador la devolución de la cantidad de
       $75,000.00    que   alega   habían    sufrido    como
       consecuencia del precio de liquidación en el que se
       estaban vendiendo las unidades restantes del proyecto.

       17. Al momento de la compraventa por la parte
       demandada [apelante] de la propiedad en controversia
       el 12 de abril de 2010, Scotiabank no había asumido el
       financiamiento del proyecto de construcción.

       18. Previo a que Scotiabank asumiera el financiamiento del
       proyecto de construcción, Tri-Stella Development Group, Inc.
       había paralizado la construcción del proyecto.

       19. Scotiabank no le hizo ninguna representación a la parte
       demandada [apelante] sobre lo que el proyecto incluiría o
       dejaría de tener.

       20. La oferta de lo que la propiedad tendría o dejaría de tener
       la hizo únicamente Tri-Stella Development Group, Inc.

       21. Scotiabank no tenía ninguna obligación pactada con la
       parte demandada [apelante] para proveer todo lo que Tri-
       Stella Development Group, Inc., como vendedor del desarrollo,
       se había obligado y había dejado de ofrecer.

       22. Scotiabank no fungió como desarrollador, constructor, ni
       contratista del proyecto de viviendas objeto de la presente
       reclamación.

       23. Scotiabank no fungió como vendedor o corredor de bienes
       raíces del referido proyecto de viviendas.

       24. El 31 de diciembre de 2019, Scotiabank se fusionó con
       Oriental Bank (“Oriental”), resultando Oriental en la entidad
       subsistente luego de la fusión.

       25. A raíz de dicha fusión, Oriental se convirtió en la parte
       reconvenida objeto de la presente reclamación.22

       Ante los hechos no controvertidos, el TPI resolvió que la

reconvención contra Oriental estaba prescrita. Señaló que la parte

apelante no tenía prueba suficiente para probar su caso. En lo

pertinente, expresó:

       “[V]ista la Moción de Sentencia Sumaria en torno a Scotiabank
       y la Moción reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria y en
       Solicitud de Sentencia Sumaria en cuanto a Reconvención
       presentada por Oriental de conformidad con la Regla 36 de
       las Reglas de Procedimiento Civil, y luego de haber examinado
       toda la evidencia que obra en autos, se declara CON LUGAR
       la misma y en su consecuencia, se DESESTIMA CON
       PERJUICIO la Reconvención presentada por la parte
       demandada. Se continúan los procedimientos contra Tri-Stella
       Development Group. [ . . .]”.23

22 Anejo 2 de la Apelación, págs. 10 – 12.   Énfasis nuestro.
23 Id., en las págs. 21 – 22.
KLAN202300404                                                                  8

          El 30 de marzo de 2023, la parte apelante sometió una

Moción de Reconsideración.24 Arguyó que la devaluación de la

propiedad no se dio solamente por la venta con descuento de las

diecinueve (19) propiedades, sino que la construcción del proyecto,

contrario a lo estipulado, influyó también en la devaluación. Recalcó

que no conocía del daño hasta que el proyecto finalizó en el año

2014. Reiteró que Scotiabank provocó la devaluación de la

propiedad, lo que le impide el disfrute de esta. Por ello, solicitó la

reconsideración del referido dictamen ya que la cuestión de, cuándo

se advino en conocimiento del daño, era un hecho que se debía

dirimirse en un juicio.

          El 5 de abril de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud

de reconsideración.25 Por lo cual, el 9 de mayo de 2023 el

matrimonio Reyes Vizcarrondo presentó el recurso de apelación con

el siguiente señalamiento de error:

          ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR
          HA LUGAR LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA
          DESESTIMANDO      LA    RECONVENCIÓN      INSTADA,
          BASÁNDOSE EN QUE LA CAUSA DE ACCIÓN CONTENIDA EN
          LA MISMA, ESTÁ PRESCRITA.

          El 16 de junio de 2023, compareció Oriental mediante un

escrito en oposición al recurso de apelación.

                                           -II-

                                           A.

          La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos

materiales y esenciales.26

24 Anejo 3 de la Apelación, págs. 23 – 28.
25 Anejo 1 de la Apelación, págs. 1 – 2.
26 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19 – 20

(2017).
KLAN202300404                                                                9

       En ese sentido, se considera un hecho material esencial

“aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo

al derecho sustantivo aplicable”.27 Por lo tanto, procederá dictar una

sentencia sumaria:

       [S]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
       interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
       declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia,
       demuestran que no hay controversia real sustancial en
       cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que [,] como
       cuestión de derecho[,] el tribunal debe dictar sentencia
       sumaria a favor de la parte promovente.28

       Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho.29

       De manera que, un asunto no debe ser resuelto por la vía

sumaria cuando:

       (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2)
       hallan alegaciones afirmativas en la demanda que no han
       sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que
       acompañan la moción una controversia real sobre algún
       hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no
       procede.30

       La precitada regla establece los requisitos de forma que debe

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.31 El inciso (a) de la

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, dispone que la moción de la parte

promovente deberá contener:

       (1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes;
       (2) los asuntos litigiosos o en controversia;
       (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual
       es solicitada la sentencia sumaria;
       (4) una relación concisa y organizada en párrafos
       enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes
       sobre los cuales no hay controversia sustancial, con
       indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones
       juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se
       establecen los mismos, así como de cualquier otro

27 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).
28 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).
29 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17 – 18 (2015); Mejías v.
Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).
30 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, a la pág. 167. Énfasis

nuestro.
31 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013).
KLAN202300404                                                                 10

       documento admisible en evidencia que se encuentre en el
       expediente del tribunal;
       (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,
       argumentando el derecho aplicable, y
       (6) el remedio que debe ser concedido.32

       Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones

contenidas en sus alegaciones.33 Es preciso que la parte promovida

formule —con prueba adecuada en derecho— una posición

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos

que refuten los hechos presentados por el promovente.34 Por

consiguiente, cualquier duda que plantee sobre la existencia de

hechos materiales en controversia no será suficiente para derrotar

la procedencia de la solicitud.35 Después de todo, “[l]a etapa procesal

para presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por una

parte en su Moción de Sentencia Sumaria no es en el juicio, sino al

momento de presentar una Oposición a la Moción de Sentencia

Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil”.36

       En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.37 Le

corresponde citar con especificidad cada uno de los párrafos, según

enumerados en la solicitud de sentencia sumaria, que entiende se

encuentran en controversia, al igual aquellos que no.38 Dicha tarea,

deberá ser realizada de forma tan detallada y específica como lo haya

hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba

admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página

o sección pertinente.39

32 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a).   Énfasis nuestro.
33 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).
34 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 – 215 (2010).
35 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014).
36 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).
37 Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1).
38 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432.
39 Id.; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, a la pág. 17.
KLAN202300404                                                                   11

       Ahora bien, la inobservancia de las partes con la normativa

pautada tiene repercusiones diferentes para cada una. Al respecto,

nuestro Tribunal Supremo ha señalado que:

       [P]or un lado, si quien promueve la moción incumple con los
       requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a
       considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora
       no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar
       sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si procede
       en derecho. Incluso, si la parte opositora se aparta de las
       directrices consignadas [en la regla] el tribunal podrá no
       tomar en consideración su intento de impugnación [de los
       hechos ofrecidos por el promovente].40

       En ese mismo orden, nuestra jurisprudencia ha establecido

que el deber de numeración no constituye un mero formalismo ni es

un simple requerimiento mecánico sin sentido.41 Este esquema le

confiere potestad a los tribunales para excluir aquellos hechos

propuestos que no hayan sido enumerados adecuadamente o que

no hayan sido debidamente correlacionados con la prueba.42

       Entretanto, es menester señalar que al ejercer nuestra

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega

una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma

posición que los foros de primera instancia.43 Al tratarse de una

revisión de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas

que nuestro ordenamiento les impone a los foros de primera

instancia, y debemos constatar que los escritos de las partes

cumplan con los requisitos codificados en la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra.44 A tenor con lo expuesto, el Tribunal

Supremo insular ha pautado lo siguiente:

       […] el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad
       existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el
       foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia
       de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer
       concretamente cuáles hechos materiales encontró que están
       en controversia y cuáles están incontrovertidos. […]

40 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111.
41 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 434.
42 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 433.
43 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118; Vera v. Dr. Bravo,

161 DPR 308 (2004).
44 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118.
KLAN202300404                                                                 12

       [Por el contrario], de encontrar que los hechos materiales
       realmente están incontrovertidos, el foro apelativo
       intermedio procederá entonces a revisar de novo si el
       Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
       Derecho a la controversia.45

       Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de

prueba que no fue presentada ante el foro de primera instancia ni la

adjudicación de hechos materiales en controversia.46

                                       B.

       Por otra parte, la prescripción de las acciones es un asunto de

derecho sustantivo que persigue “evitar la incertidumbre de las

relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los

derechos”.47

       Conforme el Art. 1861 del Código Civil (1930),48 “[l]as acciones

prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”.49

       De no existir una disposición especial que determine otra

cosa, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se

contará desde el día en que se pudo ejercitar.50

       En el caso particular de las acciones al amparo del Art. 1802

del Código Civil (1930),51 estas prescriben por el transcurso de un

año desde que lo supo el agraviado.52

       En esa evaluación opera la teoría cognoscitiva del daño, según

la cual el plazo prescriptivo comienza a transcurrir desde que el

perjudicado descubrió o pudo descubrir el daño y quién lo causó, y

conoció los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente

su causa de acción.53

45 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs.,118-119.
46 Íd. Énfasis nuestro.
47 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).
48 En el presente caso, corresponde aplicar el Código Civil de Puerto Rico (1930),

ya que es el Código vigente al momento de los hechos.
49 31 LPRA ant. sec. 5291.
50 Art. 1869 del Código Civil de Puerto Rico 1930, 31 LPRA ant. sec. 5299.
51 31 LPRA ant. sec. 5141.
52 Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico 1930, 31 LPRA ant. sec. 5298.; SLG

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 832 (2011).
53 COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010).
KLAN202300404                                                             13

                                      -III-

       En primer orden, estamos en la misma posición que el TPI

para atender una solicitud de sentencia sumaria, por lo cual

procedemos a resolverla. En ese sentido, adoptamos por referencia

las veinticinco (25) determinaciones de hechos incontrovertidos que

esbozó el TPI en la Sentencia Parcial, por entender que están

sustentados en la prueba que se acompañó.

       Como foro apelativo, nos compete determinar si las partes

cumplieron con los requisitos que impone la referida Regla 36 de

Procedimiento Civil.54 Un análisis de los documentos sometidos nos

lleva a concluir que la parte apelada cumplió con todos los trámites

procesales correspondientes a la sentencia sumaria, sin embargo, la

parte apelante no cumplió con ello.

       En específico, la parte apelada cumplió con enumerar los

hechos esenciales y pertinentes, y sostener sus alegaciones con

prueba     admisible       en   evidencia.    En   cambio,   los   apelantes

descansaron en refutar con meras alegaciones sin presentar prueba

en contrario.

       En segundo orden, nos corresponde determinar si el TPI

incidió al desestimar sumariamente la reconvención instada por la

parte apelante, basado en la prescripción. El error no fue cometido.

       Surge del expediente que, la alegada devaluación de la

propiedad era conocida por los apelantes desde el año 2011. Según

la comunicación remitida a Scotiabank el 24 de mayo de 2011,

matrimonio Reyes Vizcarrondo adujo que había sufrido un daño por

la devaluación a su propiedad, por lo que le solicitaron un crédito a

Scotiabank.      Dicho      suceso,    fue    demostrado     mediante    las

determinaciones de hechos no controvertidas #13 y #14.

       13. El 24 de mayo de 2011, la parte demandada remitió una
       comunicación a Scotiabank en donde solicitó que se le
       otorgara un crédito a su hipoteca por la cantidad de

54 32 LPRA Ap. V, R. 36.
KLAN202300404                                                                 14

       $75,000.00, más cualquier otro incentivo otorgado a los
       nuevos compradores del proyecto de viviendas, en vista de
       la devaluación que había sufrido su apartamento.

       14. Mediante dicha comunicación, la parte demandada
       informó que la devaluación de su propiedad fue producto
       de la venta de ciertas unidades con su misma localización
       por el precio de $195,000.00.55

       A tenor con la misiva enviada a Scotiabank, desde el año 2011

la parte apelante tenía conocimiento del daño, su extensión, razón

y alegado causante del mismo. No obstante, no es hasta el 4 de

noviembre de 2014 que presenta la reconvención reclamando la

devaluación sufrida en su apartamento.

       En este caso, al Scotiabank, ahora Oriental, no ser parte

contractual, corresponde aplicar lo referente a las acciones

extracontractuales.56 Como bien señala el Código Civil de 1930,

vigente durante la ocurrencia de esta controversia, las acciones

extracontractuales tienen el término prescriptivo de un (1) año desde

que el agraviado tiene conocimiento del daño y quien fue el causante

de este.

       Ante tales circunstancias, resulta razonable concluir que fue

a partir del año 2011 que el matrimonio Reyes Vizcarrondo conoció

o pudo conocer el alegado daño y el causante del mismo.

       Por lo tanto, la parte apelante tenía un (1) año a partir de

entonces para presentar la correspondiente causa de acción; no lo

hizo. Así, en exceso del término, el 4 de noviembre de 2014 la

presenta tardíamente la reconvención. Tal como apreció el TPI en su

dictamen, la causa de acción contra Scotiabank, ahora Oriental,

está prescrita.

       Razón por la cual, resolvemos que la reconvención presentada

por la parte apelante contra Scotiabank, ahora Oriental, estaba

prescrita. Por ende, resolvemos confirmar la Sentencia Parcial.

55 Anejo 2 de la Apelación, pág. 11.   Énfasis nuestro.
56 Véase las determinaciones de hechos #21 a la #23 (Anejo 2 de la Apelación, pág.

12).
KLAN202300404                                                      15

                                -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar

la Sentencia Parcial apelada.

      Lo acordó el Tribunal y certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones