Court Opinion

ID: 9952231
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:31:39.267984+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.335092
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL VII

                                              Certiorari
EL PUEBLO DE PUERTO                           procedente del
        RICO                                  Tribunal de Primera
                                              Instancia, Sala de San
        Recurrido                             Juan

             v.            KLCE202400071 Sobre:
                                         Decisión del Tribunal
                                         de Primera Instancia
   JUAN G. ALMONTE                       sobre Nuevo Juicio al
      OLIVENCE                           amparo de la Regla
                                         192.1 de las de
       Peticionario                      Procedimiento
                                         Criminal

                                              Caso Número:
                                              KVI2012G0053
                                              KLA2012G0494 AL 95

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

      La parte peticionaria, Juan G. Almonte Olivence, comparece

ante nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitida el 19

de diciembre de 2023 y notificada el 21 de diciembre de 2023.

Mediante la misma, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha

Lugar varias mociones presentadas por la parte peticionaria,

mediante las cuales solicitó, en esencia, una solicitud de

modificación de sentencia y una petición de nuevo juicio.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado.

                                  I

      Por hechos ocurridos el 3 de abril de 2012, el Ministerio

Público presentó tres (3) acusaciones contra el peticionario, por

infringir el artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4734

Número Identificador
RES2024 ________________
KLCE202400071                                                             2

y los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley

Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458 (c) y (n) respectivamente.1

Celebrado el juicio, un jurado encontró culpable al peticionario de

todos los cargos, mediante un veredicto de mayoría de nueve (9) a

tres (3). Por ello, el 13 de septiembre de 2013, el Tribunal de Primera

Instancia lo sentenció a cumplir una condena de ciento veintinueve

(129) años en prisión. El foro recurrido desglosó dicha condena

como sigue: noventa y nueve (99) años por infracción al artículo 106

del Código Penal de 2004, supra; diez (10) años por violación al

artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, duplicado al amparo del

artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, para un total de veinte (20)

años; cinco (5) años por una infracción al artículo 5.15 de la Ley de

Armas, supra, duplicado al amparo del artículo 7.03 de la Ley de

Armas, supra, para un total de diez (10) años.

       Inconforme con el dictamen, el peticionario recurrió ante este

Tribunal el 7 de octubre de 2013, mediante recurso de apelación

criminal KLAN201301588. En este, entre sus señalamientos de

error, planteó que el artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, debía

comprenderse dentro del delito de asesinato.            Además, en dicha

apelación, también argumentó que la identificación estuvo viciada y

que    la   misma      fue    sugestiva.2      Luego   de   evaluados   sus

planteamientos este Foro confirmó la Sentencia apelada del Tribunal

de Primera Instancia. Por no estar conforme con la sentencia de este

Tribunal, el 20 de febrero de 2015, el apelante acudió al Tribunal

Supremo de Puerto Rico mediante recurso de Certiorari, el cual fue

denegado.3

       Así las cosas, el 20 de mayo de 2022, el peticionario presentó

una Moción en Solicitud de Modificación de Sentencia al Amparo de

1 Apéndice II del Recurso de Certiorari, pág. 38-43
2 KLAN201301588.
3 CC-2014-1063.
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la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. En esencia, el peticionario

solicitó que se eliminara la pena impuesta por infracción al artículo

5.15 de la Ley de Armas, supra. Planteó que el delito de asesinato y

el de apuntar y disparar un arma, contenido en el artículo 5.15 de

la Ley de Armas, supra, atiende la misma conducta delictiva, y que,

el elemento de apuntar un arma de fuego se configura como el

elemento necesario para el delito de asesinato. Por ende, alegó que

se debía eliminar la pena por la referida infracción.

          Posteriormente, el peticionario presentó una Moción Urgente

para que se Deje sin E[f]ecto la Sentencia al Amparo de la Regla 192.1

de Procedimiento Criminal, el 3 de junio de 2022. En el pliego, expuso

que la norma emitida en Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct. 1390, 590

US ___ (2020), exigía veredictos unánimes y que esta debía ser

aplicada retroactivamente, aunque la sentencia haya advenido final

y firme. Sobre este particular, el peticionario alegó que la referida

norma debía ser aplicada retroactivamente, porque de lo contrario,

existiría un discrimen por condición social, por su ¨condición de

convicto¨.      Además,      el   peticionario   señaló   que   la   evidencia

presentada en cuanto a su identificación, estuvo viciada y fue

sugestiva.

          El 12 de julio de 2022, el Ministerio Público se opuso ante

dichos petitorios mediante Urgente Contestación a Moción Urgente

para que se Deje sin Efecto la Sentencia al Amparo de la Regla 192.1

de Procedimiento Criminal, y argumentó, que la alegación de

discrimen por condición social es improcedente en derecho, por no

ser una de las categorías comprendidas en la Constitución de Puerto

Rico.4 Además, el Ministerio Público sostuvo que la alegación sobre

que la identificación estuvo viciada y sugestiva, fue expuesta ante

este Tribunal en el recurso de apelación de su sentencia y que, los

4
    Art. II sec. 1, CONST. ELA.; LPRA Tomo 1.
KLCE202400071                                                                  4

mismos fueron adjudicados de manera final y firme. Por igual,

planteó que no procedía el argumento sobre la eliminación de la

pena impuesta por la infracción al artículo 5.15 de la Ley de Armas,

supra, por no existir el concurso de delitos entre el referido artículo

y el artículo 106 del Código Penal de 2004, supra.

       El 11 de octubre de 2022 el peticionario presentó una Moción

Supletoria a Razón de la Vista Argumentativa del 15 de septiembre

de 2022 y Moción Urgente para que se Deje sin Efecto la Sentencia al

Amparo      de     la   Regla      192.1     de      Procedimiento      Criminal.

Posteriormente, el 12 de septiembre de 2023, el peticionario

presentó     un     Alegato    Suplementario.        En   todos   los    escritos

presentados se reiteró en sus previos argumentos. Oportunamente,

el Ministerio Público replicó a dichos pliegos, sosteniéndose en su

postura. Luego de evaluados todos los escritos, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución el 19 de diciembre de 2023,

mediante la cual declaró No Ha Lugar las mociones presentadas por

el peticionario.5

       En desacuerdo, y sin haber solicitado reconsideración de la

Resolución recurrida, el 19 de enero de 2024, la parte peticionaria

compareció ante nos mediante el presente recurso de Certiorari. En

la petición, planteó los siguientes señalamientos:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el
       delito de asesinato no absorbe el delito de disparar con
       un arma de fuego aun cuando este es un elemento
       imprescindible para la comisión del delito de asesinato
       y en consecuencia, por negarse a modificar la sentencia
       impuesta al aquí peticionario.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar “No Ha
       Lugar” la petición de nuevo juicio presentada al amparo
       de la nueva norma sobre unanimidad en los veredictos
       en Ramos v. Lousiana y que la misma debe ser aplicada
       retroactivamente en casos finales y firmes por ser
       norma sustantiva de carácter constitucional.

5 Apéndice I del Recurso de Certiorari, pág. 1-38.
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      Contando con el beneficio de la comparecencia de la parte

recurrida, procedemos a expresarnos.

                                    II

                                    A

      Sabido es que el recurso de certiorari es un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un foro inferior. Rivera, et al. v. Arcos

Dorados, et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR ____ (2023); Torres González

v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 847 (2023); Caribbean

Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Medina

Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); 800

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176

DPR 913, 917 (2009). Distinto al ejercicio de sus funciones respecto

a un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o

denegarlo. 800 Ponce de León v. AIG, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 593 (2011); Pueblo v. Díaz de León,

supra, pág. 917; García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
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      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                  III

      Un examen del expediente de autos mueve nuestro criterio a

no intervenir con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia.

Nada en los documentos sugiere que, en el ejercicio de sus

facultades, el tribunal primario haya incurrido en error de derecho

o en abuso de la discreción que le asiste, de modo que competa

soslayar la norma de abstención judicial que, en dictámenes como

el de autos, regula nuestras funciones.

      Así, ante la ausencia de condición alguna que legitime el

ejercicio de nuestras facultades revisoras en la causa de epígrafe,

concluimos no expedir el presente auto por no concurrir los criterios

de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                   IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de Certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones