Court Opinion

ID: 9381069
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Date Created: 2023-03-21 19:13:20.260073+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.636362
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL VIII

     EL PUEBLO DE                       Recurso de certiorari
     PUERTO RICO                        procedente del
       Recurrida                        Tribunal de Primera
                                        Instancia, Sala
             v.           KLCE202300087 Superior de Mayagüez

                                             Caso Núm.
    PEDRO ANTONIO                            ISCR200601377
     QUILES LÓPEZ
      Peticionario                           Sobre:
                                             Art. 198/Robo

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                          RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

       Comparece ante nos, Pedro A. Quiles López (peticionario o

Quiles López), y solicita que revoquemos la Resolución emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI o foro

primario), el 18 de octubre de 2022, notificada el 22 de noviembre

de 2022. Mediante su dictamen, el foro primario, en lo atinente,

mantuvo en efecto la pena por reincidencia habitual dictada en la

Sentencia de epígrafe.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, procede

denegar la expedición del auto de certiorari. Veamos.

                                 I.

       En mayo de 2006, Quiles López fue acusado por infracciones

a los delitos de robo, tentativa de robo y robo agravado, Artículos

198 y 199 del entonces vigente Código Penal de 2004, Ley Núm. 149-

2004, 33 LPRA secs. 4826 y 4827, y por infracción al delito de

portación ilegal de armas, Artículo 5.04 de la hoy derogada Ley Núm.

404-2000, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA

Número Identificador:

RES2023________
KLCE202300087                                                                       2

sec. 458c.1 En el pliego acusatorio presentado por el Ministerio

Público (recurrido), Quiles López hizo alegación de reincidencia

habitual por los siguientes casos:

      Núm.       Delito         Fecha            Sentencia         Fecha
     de Caso                    Hechos                            Disp. Fin.
    ISC02G0315   Art.     4 de octubre de 2001    3 años     1 de mayo de 2002
                 404-A
                 SC
    ISC02G0316   Art.     4 de octubre de 2001    3 años     1 de mayo de 2002
                 404-A
                 SC
    ISC02G0654   Art.     22 de junio de 2002     2 años     29 de agosto de 2002
                 404
                 SC

       Así las cosas, el 25 de agosto de 2006, el TPI dictó Sentencia

en la cual impuso una pena global de ciento cincuenta y ocho (158)

años de cárcel, de los cuales noventa y nueve (99) años fueron por

reincidencia habitual.2

       Inconforme, Quiles López radicó una Apelación ante esta

Curia y mediante Sentencia emitida el 23 de abril de 2007, con

designación alfanumérica KLAN200601214, un panel hermano

confirmó la referida sentencia condenatoria.3

       Tiempo después, el 28 de diciembre de 2021, el peticionario

instó una Moción Urgente Solicitada al Amparo de la Regla 192.1 de

Procedimiento Criminal para Modificar la Sentencia Impuesta.4 En lo

pertinente, arguyó que, para sustentar la alegación de reincidencia

habitual, el Ministerio Público no alegó una convicción previa que

fuera por la infracción de los Arts. 401, 405, 411 y 411(a) de la Ley

de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA secs. 2401,

2405, 2411 y 2411a, según dispone el Art. 81(c) del Código Penal de

2004, 33 LPRA sec. 4709. En específico, argumentó que el Art. 404

1 Anejo III, págs. 3-4.
2 Anejo IV, pág. 5.
3 Cabe destacar que Quiles López acudió ante esta Curia mediante Petición de

Certiorari impugnando la denegatoria de una moción sobre su cuestionamiento a
la reincidencia habitual, entre otros asuntos, ante el foro primario para que se
corrigiera su Sentencia, al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34
LPRA Ap. II, R. 185. Evaluado el petitorio, mediante Resolución emitida el 5 de
febrero de 2019, con designación alfanumérica KLCE201801744, un panel
hermano acogió la petición al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal
y denegó la expedición del auto solicitado.
4 Anejo V, págs. 6-24.
KLCE202300087                                                                    3

de la Ley de Sustancias Controladas, supra, estaba excluido de ser

utilizado para justificar la alegación de reincidencia habitual del Art.

81(c) del Código Penal de 2004, supra. Según adujo, el Art. 81(c) del

Código Penal de 2004, supra, expresamente disponía que, para

poder aplicar la reincidencia habitual, la persona tenía que resultar

culpable por un nuevo delito por violación a los Arts. 401, 405, 411

o 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra. Asimismo,

sostuvo que la Asamblea Legislativa dejó fuera de la aplicación de la

reincidencia habitual cualquier comisión de delito en violación al

restante de los artículos de la Ley de Sustancias Controladas, supra,

incluyendo su Art. 404. Basado en lo anterior, planteó que la

Sentencia con reincidencia habitual impuesta en el caso de autos

fue en violación a nuestro ordenamiento jurídico.

          En respuesta, el Ministerio Público se opuso.5 Alegó que, del

tracto procesal surgía que luego de ser sentenciado, Quiles López

utilizó los mecanismos disponibles para apelar la Sentencia que le

fue impuesta. Expuso que, lo propuesto por Quiles López, en

particular       los   cuestionamientos           sobre   la   aplicación   de   la

reincidencia habitual aceptada por este, fueron debidamente

evaluados y adjudicados, por lo que constituían cosa juzgada. Por lo

anterior, sostuvo que no procedía lo solicitado.

          Evaluado lo anterior, el TPI emitió la Resolución recurrida,

mediante la cual y pertinente al recurso ante nos, mantuvo en efecto

la pena por reincidencia habitual dictada en la Sentencia de

epígrafe.6 Expresó que, a los fines de determinar la aplicación de la

reincidencia habitual, el Ministerio Público debía probar que Quiles

López había cometido uno de los delitos comprendidos en el Art.

81(c) del Código Penal de 2004, supra. Sobre ello, particularizó que,

en el caso de autos, entre los delitos por los cuales fue acusado y

5   Anejo VII, págs. 26-30.
6   Anejo VIII, págs. 31-36; Anejo IX, pág. 37.
KLCE202300087                                                        4

convicto Quiles López se encontraba el robo agravado, clasificado

como un delito grave de segundo grado, y, además, que este había

sido convicto y sentenciado por dos (2) delitos graves por violaciones

a la Ley de Sustancias Controladas, supra. Razonó que los Arts. 401,

405, 411 o 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra, eran

los únicos por los cuales, de resultar convicto en un procedimiento

posterior, permitirían aplicar la reincidencia habitual por la

convicción de delitos graves en tiempos diversos e independientes.

No obstante, concluyó que los citados artículos eran adicionales al

delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado o

cualquier delito grave en violación a la Ley de Explosivos de Puerto

Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, 25 LPRA sec. 561 et

seq., y a la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de

junio de 1978, 25 LPRA sec. 971 et seq. Además, añadió que Quiles

López aceptó la alegación de reincidencia habitual, previo a

comenzar el juicio, relevando así al Ministerio Público de presentar

prueba sobre ello durante el juicio.

          En desacuerdo, el 6 de diciembre de 2022, Quiles López

presentó una solicitud de reconsideración.7 Por su parte, el

Ministerio Público se opuso.8

          Tras la denegatoria del petitorio de reconsideración,9 y en

desacuerdo aún, el peticionario acudió ante esta Curia mediante

recurso de certiorari, el 27 de enero de 2023, y le imputó al foro

primario la comisión del siguiente error:

          Erró el TPI al no corregir la Sentencia en el Caso
          Número ISCR200601389, por infracción al Artículo 199
          del Código Penal de 2004, por robo agravado, a los fines
          de eliminar la reincidencia habitual impuesta contra el
          peticionario.

          En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 30 de enero

de 2023, compareció la parte recurrida mediante Escrito en

7   Anejo X, págs. 38-41.
8   Anejo XI, págs. 42-45.
9   Anejo I, pág. 1; Anejo II, pág. 2.
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Cumplimiento de Resolución, por lo que, contando con la posición de

las partes, procedemos a resolver.

                                 II.

      A. El recurso de certiorari

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Art. 670

del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec.

3491; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020), citando

a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). A diferencia

del recurso de apelación, el tribunal superior puede expedir el auto

de certiorari de manera discrecional. Íd. Sin embargo, esa discreción

no es irrestricta. Íd. Así, el Tribunal Supremo ha expresado que los

jueces, so pretexto de ejercer su discreción, no pueden olvidarse de,

ni relegar a un segundo plano, los mandatos y dictados de nuestra

Constitución y los de las leyes, pertinentes a la cuestión en

controversia. De esa forma, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, fija unos criterios para que el

tribunal revisor intermedio ejerza prudentemente su discreción al

decidir si atiende en los méritos el recurso. Íd. La referida Regla

dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto
      de certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
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      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. Íd.

      La deferencia que se le confiere al foro primario descansa en

un marco de discreción y razonabilidad. Pueblo v. Rivera Montalvo,

supra. En ese sentido, esa discreción es una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera. Íd. Los tribunales revisores podremos sustituir el criterio

que utilizó el foro primario por el nuestro únicamente cuando

existen circunstancias extraordinarias en las que se pruebe que el

foro primario actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en

craso abuso de discreción o en error manifiesto o de derecho. Íd. Un

juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido

por   inclinaciones   personales   de   tal   intensidad   que   adopta

posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba

recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna. Íd.

Por otro lado, un tribunal puede incurrir en abuso de discreción

cuando el juez: (1) ignora sin fundamento algún hecho material

importante que no podía pasar por alto; (2) concede demasiado peso

a un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese

hecho irrelevante, o (3) a pesar de examinar todos los hechos del

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable.

Íd. Por último, un juzgador incurre en error manifiesto que justifica

la intervención del tribunal apelativo cuando la apreciación de la

prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente

imposible o increíble. Íd.
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   B. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal

   La persona que resulta convicta puede atacar colateralmente la

pena impuesta mediante el mecanismo provisto por la Regla 192.1

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1; Pueblo v.

Rosario Paredes, 2022 TSPR 46, 209 DPR ___ (2022); Pueblo v.

Rivera Montalvo, supra; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809

(2007). La Regla 192.1 dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

      Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se
      halle detenida en virtud de una sentencia dictada por
      cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que
      alegue el derecho a ser puesta en libertad porque (1) la
      sentencia fue impuesta en violación de la Constitución
      o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la
      Constitución y las leyes de Estados Unidos, o (2) el
      tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha
      sentencia, o (3) la sentencia impuesta excede de la pena
      prescrita por la ley, o (4) la sentencia está sujeta a
      ataque colateral por cualquier motivo, podrá presentar
      una moción a la sala del tribunal que impuso la
      sentencia para que anule, deje sin efecto o corrija la
      sentencia. (Énfasis en el original)
      La moción para dichos fines podrá ser presentada en
      cualquier momento. En la moción deberán incluirse
      todos los fundamentos que tenga el peticionario para
      solicitar el remedio provisto en esta regla. Se
      considerará que los fundamentos no incluidos han sido
      renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una
      moción subsiguiente, determine que no pudieron
      razonablemente presentarse en la moción original.

      El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una sentencia

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente es contrario

al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966

(2010). La referida Regla es de naturaleza excepcional y le permite

al convicto revisar la sentencia en cualquier momento posterior, aun

si la sentencia es final y firme. Regla 192.1 de Procedimiento

Criminal, supra; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646 (2012);

Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823 y 828.

      La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también

requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que

tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se
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entienden renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. El

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla mencionada

se limita a planteamientos de derecho y no puede utilizarse para

revisar cuestiones de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág.

966; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824.

      El proceso establecido en la Regla 192.1 de Procedimiento

Criminal, supra, es de naturaleza civil y, por tanto, el peticionario

tiene el peso de la prueba de demostrar que tiene derecho al remedio

solicitado. Pueblo v. Hernández Doble, 2022 TSPR 130, resuelto el 1

de noviembre de 2022; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826;

Pueblo v. Rivera Crespo, 167 DPR 812, 820-821 (2006). El Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una moción al amparo de

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, puede ser

rechazada de plano si de su faz no se demuestra que el peticionario

tiene derecho a algún remedio. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág.

826. Es el peticionario quien debe poner en condiciones al tribunal

de resolver la controversia. Íd. Ello se logra a través de la exposición

de datos y argumentos de derecho concretos y, de cumplir con esto,

se hace “imperiosa la celebración de una vista para atender sus

fundados planteamientos constitucionales, o de ausencia de

jurisdicción, o de ilegalidad de la pena impuesta […]”. Íd., págs. 826-

827. Finalmente, al evaluar este recurso debemos tomar en

consideración “que el proceso de impartir justicia incluye la debida

protección del principio de finalidad de los procedimientos penales”.

Íd., pág. 827.

      C. La reincidencia habitual

      El derogado Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4629 et

seq.,10 establecía tres (3) tipos de reincidencia dirigidas a la persona

10Es preciso destacar que el caso de autos se rige por las disposiciones del
derogado Código Penal de 2004, supra.
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condenada en más de una ocasión: (1) reincidencia simple; (2)

reincidencia agravada; y (3) reincidencia habitual.

      En lo atinente a la controversia ante nos, el Art. 81(c) del

Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4709(c), establecía lo siguiente

sobre la reincidencia habitual:

      [. . .]

      (c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido
      convicto y sentenciado por dos o más delitos graves,
      cometidos y juzgados en tiempos diversos e
      independientes unos de otros, cometa posteriormente
      un delito grave de primer grado o un delito grave de
      segundo grado o cualquier delito grave en violación a
      la Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de
      28 de junio de 1969 y a la Ley Contra el Crimen
      Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978,
      violación a los Artículos 401, 405, 411 y 411(a) de la Ley
      de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4
      de 23 de junio de 1971 o a los Artículos 2.14, 5.03 y
      5.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según
      enmendadas. La pena a aplicar será de noventa y
      nueve (99) años. (Énfasis nuestro).

      Es decir, la reincidencia habitual se configuraba cuando una

persona cometía cualquiera de los delitos esbozados en el Art. 81(c),

supra, si anteriormente había sido convicta y sentenciada por dos o

más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos distintos e

independientes unos de otros. Por otro lado, el precitado artículo

disponía que la pena aplicable para la reincidencia habitual sería de

noventa y nueve (99) años.

      Por otro lado, sabido es que, en un proceso criminal, la

persona acusada solo puede ser juzgada por el delito que se le

impute en la acusación. Pueblo v. Montero Luciano, 169 DPR 360,

375 (2006). A tenor con ello, la Regla 48 de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, R. 48, dispone que una acusación o denuncia no

deberá contener alegación alguna de convicciones anteriores de la

persona acusada, a menos que una alegación en tal sentido fuere

necesaria para imputar la comisión de un delito, o para alegar la

condición de reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual

en relación con la persona acusada. Dicha disposición establece,
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expresamente, la obligación del Ministerio Público de alegar las

convicciones anteriores de la persona acusada en la acusación o

denuncia si pretende establecer la condición de reincidente y que se

le imponga una pena mayor a esta de resultar convicta. Pueblo v.

Montero Luciano, supra. Véase, además, Pueblo v. Pagán Rojas et al.,

187   DPR   465    (2012).    Ello,   forma parte   de   la   protección

constitucional de la persona acusada de estar debidamente

informada de los cargos en su contra, y con la obligación del

Ministerio Público de probar todos los elementos de un delito más

allá de duda razonable. Íd.

      Ahora bien, cuando la acusación imputare un delito en algún

grado de reincidencia, la persona acusada podrá, al momento de

hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere

antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o

convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en

forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones. 34

LPRA Ap. II, R. 68.

      Sobre ese particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

enfatizado que, cuando en una acusación se alegan convicciones

previas de la persona acusada, esta tiene dos cursos de acción, a

saber: (1) aceptar las convicciones anteriores, o (2) negarlas. Pueblo

v. Montero Luciano, supra. Si la persona acusada acepta las

convicciones previas, el Ministerio Público no puede mencionarlas

durante el juicio. Íd. Es decir, la admisión de la convicción previa de

parte de la persona acusada releva al Ministerio Público de probar

la comisión de los delitos anteriores alegados en la acusación. Íd.

Por el contrario, si la persona acusada niega las convicciones

previas, el Ministerio Público está en la obligación de probar las

convicciones anteriores durante el juicio, como cualquier otro

elemento del delito. Íd., págs. 375-376.
KLCE202300087                                                             11

          A su vez, nuestro más Alto Foro ha analizado la validez

constitucional de estatutos que imponen penas mayores a aquellas

personas que han sido convictas por delitos en más de una ocasión.

Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 378. En esas instancias, al

sostener la constitucionalidad de estos estatutos, el Tribunal

Supremo ha realizado un análisis de los propósitos de la Asamblea

Legislativa al imponer unas penalidades mayores a los delincuentes

habituales. Íd. A modo ilustrativo, en Pueblo v. Reyes Morán, 123

DPR 786 (1989), el Tribunal Supremo resolvió que la imposición de

una penalidad adicional, para quien hubiese sido convicto en más

de dos ocasiones, era parte de las prerrogativas constitucionales de

la Asamblea Legislativa. Asimismo,                concluyó que la      Rama

Legislativa podía legislar para imponer a los delincuentes habituales

una        penalidad        mayor       dentro   de   la   autoridad    que

constitucionalmente le asistía para la imposición de castigos. Pueblo

v. Montero Luciano, supra. A tenor con lo anterior, nuestro más Alto

Foro determinó que ello no violaba la cláusula contra castigos

crueles e inusitados, consagrada en el Art. II, Sec. 12, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1. Pueblo v. Reyes Morán, supra, pág. 797.

                                          III.

          El peticionario comparece ante nos y solicita la revocación del

dictamen emitido por el foro primario mediante el cual, en lo

pertinente, mantuvo en efecto la pena por reincidencia habitual

dictada en la Sentencia de epígrafe. En esencia, sostiene que la

segunda parte del Art. 81(c) del Código Penal de 2004, supra,

excluye de forma definitiva el Art. 404 de la Ley de Sustancias

Controladas, supra, como delito cometido para justificar la alegación

de reincidencia habitual.11 A su vez, señala que el citado Art. 404

regula la reincidencia, toda vez que dispone cómo habrá de

11   Véase, Certiorari Criminal, págs. 7-8.
KLCE202300087                                                     12

castigarse a una persona que haya sido convicta previamente y

cometa posteriormente otra infracción al mismo artículo.12 Sobre

ese particular, el peticionario invoca la aplicación de Pueblo v.

Ramos Rivas, 171 DPR 826 (2007), a los efectos de la aplicabilidad

del principio de especialidad cuando hay un concurso aparente de

leyes.13

          Hemos examinado con detenimiento el recurso ante nos y

tomando en consideración las normas antes expresadas debemos

sopesar si procede nuestra intervención, según los criterios

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

          De una lectura de la Resolución recurrida, surge que el TPI

basó su determinación en lo expresamente estatuido en el Art. 81(c)

del Código Penal de 2004, supra, sobre la aplicabilidad de la

reincidencia habitual en el caso de autos. Según esbozáramos

anteriormente, el Art. 81(c) del Código Penal de 2004, supra, dispone

que la reincidencia habitual se da cuando el que ha sido convicto y

sentenciado por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en

tiempos diversos e independientes, cometa posteriormente un

delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado o,

en lo atinente, cualquier delito grave en violación a los Arts. 401,

405, 411 y 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra. En el

caso de autos, el peticionario fue convicto y sentenciado en el año

2001 y 2002 por violaciones a los Arts. 404-A y 404 de la Ley de

Sustancias Controladas, supra. Es decir, el peticionario fue convicto

y sentenciado por dos delitos graves. Ahora bien, posteriormente,

fue convicto y sentenciado, entre otros, por robo agravado, un delito

clasificado como grave de segundo grado, estatuido por el Art. 199

del Código Penal de 2004, supra. Ante ese escenario, según resuelto

12   Íd., págs. 8-9.
13   Íd., pág. 9.
KLCE202300087                                                          13

por el TPI, aplica la reincidencia habitual del Art. 81(c) del Código

Penal de 2004, supra, y su pena correspondiente.

      Cabe destacar que los delitos incluidos en el citado Art. 81(c)

del Código Penal de 2004, supra, fueron separados por la

conjugación “o”. Esta conjunción disyuntiva fue utilizada por la

Asamblea Legislativa para denotar alternativas entre los delitos allí

esbozados. Por tal razón, no tiene cabida las alegaciones del

peticionario en cuanto a que, posterior a sus previas convicciones,

tiene que ser encontrado culpable por violaciones a los Arts. 401,

405, 411 o 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra. Se

desprende claramente del citado Art. 81(c) del Código Penal de 2004,

supra, que estos son en adición a los demás delitos, en el caso de

autos, al delito grave de segundo grado, como lo es el robo agravado.

      Asimismo, del expediente surge que, el peticionario aceptó la

reincidencia habitual previo a la celebración del juicio en su contra,

por lo cual, al así hacerlo, relevó al Ministerio Público de probar la

convicción por los delitos previos (por infracción al Art. 404 de la Ley

de Sustancias Controladas). Es decir, la aceptación de la

reincidencia   habitual   por   parte   del   peticionario   acarreó   la

consecuencia de la imposición de noventa y nueve (99) años de

cárcel al momento del TPI dictar las penas por los nuevos delitos.

Ante ese escenario fáctico, el foro sentenciador carecía de discreción

para no imponer la pena estatuida para la reincidencia habitual

imputada por el Ministerio Público y aceptada por el peticionario.

Por consiguiente, el foro primario no abusó de su discreción, ni

medió pasión, prejuicio o parcialidad, al mantener en efecto la pena

por reincidencia habitual dictada en la Sentencia de epígrafe.

      Por otro lado, tras examinar lo resuelto en Pueblo v. Ramos

Rivas, supra, según propuesto por el peticionario, colegimos que su

precedente no es de aplicación al caso de autos. Nos explicamos.

Allí, el Tribunal Supremo concluyó que, en casos donde se plantee
KLCE202300087                                                     14

un conflicto entre la disposición de reincidencia del Código Penal de

1974 y la Ley de Sustancias Controladas, supra, procede aplicar lo

dispuesto en la ley especial, conforme el principio de especialidad

estatuido en el Código Penal.

      No obstante, a diferencia del caso de epígrafe, en Ramos Riva

la allí peticionaria fue acusada por una violación al Art. 401 de la

Ley de Sustancias Controladas, supra, y se declaró culpable por

violación al Art. 406 de la misma Ley. En Ramos Riva hubo una

infracción a la Ley de Sustancias Controlada,           supra, con

posterioridad a las convicciones que tuvo la peticionaria bajo esa

misma Ley. Sin embargo, en el caso de autos, el delito que se cometió

posterior a las convicciones bajo la Ley de Sustancias Controladas,

supra, fue por un delito grave general estatuido en el Código Penal

de 2004, no en una ley especial. Por tanto, los hechos del caso de

epígrafe se distinguen por lo que no es de aplicación el principio de

especialidad aplicado a un cuadro fáctico distinto expuesto en

Pueblo v. Ramos Rivas, supra.

      Luego de evaluar el expediente ante nos y la normativa antes

señalada, concluimos que no concurren los criterios que justifiquen

nuestra intervención sobre la Resolución recurrida, la cual no se

aparta del estado de derecho vigente y aplicable al asunto

presentado por el peticionario. Es preciso señalar que, nuestro más

Alto Foro ha establecido que dicha disposición estatutaria, la cual

implica la lamentable separación permanente de la sociedad, no es

inconstitucional, por lo que los tribunales, tanto el foro primario

como esta Curia, carecen de discreción para no aplicarla. Pueblo v.

Reyes Morán, 123 DPR 786 (1986). Tampoco identificamos indicio

de pasión, parcialidad o error manifiesto en la determinación

emitida por el TPI. En mérito de lo anterior y al amparo de lo

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de
KLCE202300087                                                      15

Apelaciones, supra, no procede la expedición del auto de certiorari,

según presentado.

                                IV.

      Por   los   fundamentos   antes   expuestos,   denegamos     la

expedición del auto de certiorari presentado por Quiles López.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones