Court Opinion

ID: 9941562
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:46:45.549246+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.762688
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

        MARIO TORRES                                   CERTIORARI
          CINTRÓN,                                     procedente de Tribunal
                                                       de Primera Instancia,
            Recurrida,                                 Sala Superior de
                                                       Guayama.
                  v.                   KLCE202301328

     NEGOCIADO DE LA                                   Civil núm.:
    POLICÍA DE PUERTO                                  SA2023CV00003.
    RICO; ESTADO LIBRE
   ASOCIADO DE PUERTO
           RICO,                                       Sobre:
                                                       injunction.
           Peticionaria.

 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                     SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2024.

         El Negociado de la Policía de Puerto Rico, por conducto de la Oficina

 del Procurador General (Negociado), solicita que este Tribunal revoque la

 Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

 Guayama, dictada y notificada el 17 de agosto de 20231. En ella, el foro

 primario declaró sin lugar la solicitud de desestimación de la demanda de

 injunction preliminar y permanente presentada por el señor Mario Torres

 Cintrón (señor Torres), cuya finalidad es que se le devuelva de manera

 inmediata su licencia de armas y el arma incautada por el Negociado.

         Conforme a lo planteado por el Negociado, y rechazado por el foro

 primario, el remedio extraordinario del injunction no constituye el

 mecanismo procesal adecuado en ley para lograr la devolución del arma y

 de su licencia, sino que al señor Torres le corresponde agotar el remedio

 administrativo provisto por la ley y el reglamento correspondientes. Es

 decir, que existen remedios adecuados en ley para vindicar los derechos

 que asisten al señor Torres, por lo que el injunction resulta improcedente.

 1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 16-26.

Número identificador

SEN2024__________________
KLCE202301328                                                                2

        Evaluado el recurso a la luz del derecho aplicable, expedimos el auto

de certiorari, revocamos la resolución del foro primario, y desestimamos la

demanda instada en el caso del título.

                                            I

        Conforme surge de las alegaciones de la demanda instada el 11 de

enero de 20232, allá para el 21 de abril de 2022, en la noche, el señor

Torres se encontraba estacionado en el sector conocido como Las

Ochentas, que ubica frente a la orilla de la playa en el Municipio de Salinas.

Se encontraba acompañado de otra persona.

        Allí y entonces, se le acercó un vehículo de motor tipo pick-up, con

dos personas en su interior y otras cuatro en la parte trasera. De acuerdo

con lo alegado por el señor Torres, inicialmente pensó que se trataba de

un atraco, por lo que sacó su arma de fuego3. Las personas que se bajaron

de la pick-up realizaron varias detonaciones con sus armas de fuego. El

señor Torres hizo lo mismo.

        En síntesis, el incidente narrado en la demanda culminó con el

arresto del señor Torres. Los ocupantes de la pick-up resultaron ser

agentes de la policía. Como consecuencia del incidente, al señor Torres le

ocuparon su arma de fuego y su licencia de armas.

        El apelado aduce, además, que por ese incidente no se le

sometieron cargos criminales, no obstante, el Negociado mantiene

ocupada el arma de fuego y su licencia.

        El 16 de febrero de 2023, compareció el Negociado y solicitó la

desestimación de la demanda4; ello, al amparo de la Regla 10.2 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El Negociado planteó que el remedio

extraordinario del injunction resultaba improcedente. En síntesis, adujo que

el señor Torres contaba con un remedio adecuado en ley; a decir, el

procedimiento administrativo ante el Negociado, el cual no había agotado.

2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 27-31.

3El arma de fuego en controversia es una Glock, modelo 30SF, calibre .45, serie
BFFY341. El señor Torres contaba con la licencia de armas núm. 229175.

4 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 36-50.
KLCE202301328                                                                           3

        Horas más tarde, el mismo 16 de febrero de 2023, el Negociado

presentó un Suplemento a Moción de Desestimación5, al cual adjuntó copia

de una carta suscrita por el teniente coronel Roberto Rivera Miranda,

Comisionado Auxiliar en Investigaciones Criminales, fechada el 17 de

noviembre de 2022, enviada por correo certificado con acuse de recibo al

señor Torres6. En ella, el Negociado le informó de la revocación de su

licencia de armas, debido a una investigación que se le había realizado y

que había resultado desfavorable. Le apercibió, además, que contaba con

un término de 15 días para solicitar una vista administrativa.

        El 9 de marzo de 2023, el peticionario se opuso a la solicitud de

desestimación e insistió en la devolución inmediata del arma de fuego y de

su licencia7. En esta ocasión, aludió al Art. 2.08 de la Ley de Armas de

20208, 25 LPRA sec. 462g, que impone la obligación al tribunal que atienda

un caso criminal grave, en que el acusado resulte con una determinación

de no culpabilidad, final y firme, de ordenar la inmediata devolución de la

licencia de armas y de todas las armas de fuego y municiones que se le

hubieren ocupado al acusado.

        El 28 de marzo de 2023, el Negociado replicó9.

5 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 51-54.

6 En este punto debemos destacar que una solicitud de desestimación al amparo de la

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, debe limitarse al análisis de las
alegaciones bien hechas en la demanda. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193
DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). No obstante,
la propia regla dispone que, si en una moción en que se formula la defensa número 5 se
exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y estas no son excluidas
por el tribunal, “la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia
sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su
resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar
toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla”. Véase, además, Torres Capeles v.
Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 309 (1997). Sin embargo, el mero hecho de someter un
documento ajeno a las alegaciones de la demanda no impide la consideración de la
moción al amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil.

En este caso, el foro primario examinó la notificación de la revocación de la licencia de
armas del señor Torres, por lo que se abstuvo temporeramente de expedir el injunction
preliminar hasta tanto auscultara tal hecho. Véase, Resolución del 17 de agosto de 2023,
a la pág. 26 del apéndice del recurso.
7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 61-84.

8 No hemos encontrado referencia alguna a la fecha de expedición de la licencia de armas

del señor Torres. No obstante, en todo momento, este ha consignado que su licencia
fue expedida al amparo de la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, intitulada Ley
de Armas de Puerto Rico de 2020 (Ley de Armas de 2020), 25 LPRA secs. 461-467l.
A la luz de ello, ese es el estatuto que rige nuestro análisis.

9 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 85-91.
KLCE202301328                                                                          4

        El 29 de marzo, notificada el 30 de marzo de 2023, el foro primario

ordenó al señor Torres que informara si “los remedios” contenidos en la

carta del 17 de noviembre de 2022, que le informaba de la revocación de

su licencia de armas, eran “suficientes para garantizar el debido proceso

de ley”10.

        El 10 de mayo de 2023, el señor Torres presentó su Moción en

cumplimiento de orden11. En ella, adujo que la carta del 27 de noviembre

de 2022 no había sido recibida y que, aun cuando hubiera sido recibida, la

misma no satisfacía los requisitos para garantizar su derecho a un debido

proceso de ley.

        En respuesta, el 24 de mayo de 2023, el Negociado presentó una

moción informativa12 para notificar que, tras varias diligencias, había podido

constatar que la carta del 27 de noviembre de 2022 había sido devuelta por

el servicio postal por una deficiencia en la dirección. Por tanto, el Negociado

optó por notificar nuevamente, con fecha del 23 de mayo de 2023, la

revocación de la licencia de armas del señor Torres y, nuevamente, le

concedió un término de 15 días para solicitar la celebración de una vista

administrativa.

        Sometido el asunto, el foro primario emitió su Resolución el 17 de

agosto de 2023, en la que denegó la solicitud de desestimación del

Negociado. Citó a una vista argumentativa, a celebrarse el 16 de noviembre

de 202313.

10 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 92. La orden dispuso textualmente como sigue:

“PARTE DEMANDANTE EXPONGA SU POSICIÓN SOBRE LA CARTA DEL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2022. INDIQUE SI LOS REMEDIOS QUE SE INFORMAN EN LA
CARTA SON SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE LEY”.
(Mayúsculas en el original).
11 Íd., a las págs. 93-98.

12 Íd., a las págs. 99-104.

13 La vista argumentativa fue re-señalada para el 1 de diciembre de 2023. Íd., a la pág.

105. En esa fecha, según surge de la minuta correspondiente, a la cual accedimos a través
del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el foro primario
optó por dejar sin efecto la vista y esperar por la determinación de este Tribunal de
Apelaciones, en este recurso.
KLCE202301328                                                              5

         El 31 de agosto de 2023, el Negociado presentó su solicitud de

reconsideración14. El 25 de octubre, notificada el 26 de octubre de 202315,

el tribunal declaró sin lugar la solicitud de reconsideración.

         Inconforme aún, el Negociado presentó este recurso el 27 de

noviembre de 2023. En él, apuntó la comisión del siguiente error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar con
         perjuicio la Demanda de injunction presentada por el señor
         Torres Cintrón, toda vez que el recurrido tenía que agotar los
         remedios administrativos disponibles ante el Negociado para
         revisar la revocación de su licencia de armas.

         Tanto la parte peticionaria, como el recurrido en su oposición a la

expedición al recurso presentada el 11 de diciembre de 2023, reiteraron

sus respectivas posiciones, conforme argumentadas ante el foro primario.

         Perfeccionado el recurso, resolvemos.

                                            II

                                           A

        Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya

sea expidiendo el auto o denegándolo. Rivera Figueroa v. Joe’s European

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334

(2005). Así pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).

        Claro está, la discreción para atender un recurso de certiorari no se

ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece

los criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional; a decir:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

         B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.

14 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 3-13.

15 Íd., a las págs. 1-2.
KLCE202301328                                                                 6

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso

de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o

que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR

729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de

ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de primera instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008).

                                       B

       La Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, y los

Artículos 675 y 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs.

3521, et seq., son las disposiciones de ley que regulan en nuestro

ordenamiento el recurso del injunction. En particular, la Regla 57 de las de

Procedimiento Civil establece la existencia de tres modalidades de

injunction, a saber: (a) el entredicho provisional, (b) el injunction preliminar

y (c) el injunction permanente. Véase, además, Next Step Medical v.

Bromedicon et al., 190 DPR 474, 486 (2014).

       En Puerto Rico, el interdicto es el instrumento más eficaz para

vindicar los derechos protegidos por nuestra Constitución. Pedraza Rivera
KLCE202301328                                                                 7

v. Collazo Collazo, 108 DPR 272, 276 (1979). Este remedio provisional se

emite en cualquier momento de un pleito, después de celebrada una vista

en la que las partes hayan presentado prueba en apoyo y en oposición de

tal solicitud. Next Step Medical v. Bromedicon et al, 190 DPR, a la pág. 486;

Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994). Su propósito

fundamental es mantener el statu quo, hasta tanto se celebre un juicio en

los méritos para adjudicar la controversia en cuestión. Asoc. Vec. Villa

Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 173 DPR 304, 316 (2008).

       Con la expedición de una orden de injunction preliminar, sea para

requerir o prohibir un acto, se evita que la conducta del demandado

produzca una situación que pueda convertir en académica los reclamos del

demandante, y por ende, la sentencia que en su día se dicte. Íd. Este

recurso extraordinario, además, va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución

de determinado acto, con el fin de evitar que se causen perjuicios

inminentes o daños irreparables a alguna persona, en los casos en

que no hay otro remedio adecuado en ley. E.L.A. v. Asociación de

Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). El Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha reiterado que la expedición de un injunction preliminar descansa en el

ejercicio de la sana discreción del tribunal. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A.,

142 DPR 656, 680 (1997).

       Del mismo modo, el Tribunal Supremo estableció en Puerto Rico

Telephone Company v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975), y

reiteró en Asoc. Vec. Villa Caparra, 173 DPR, a la pág. 319, los criterios

que el foro judicial deberá evaluar al determinar si concede o no un

injunction preliminar: “a) la naturaleza de los daños que pueden

ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el injunction; b) su

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; c) la

probabilidad de que la parte promovente prevalezca en los méritos.”

(Énfasis nuestro).

       Valga aclarar que tales criterios se encuentran debidamente

recogidos en la Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil de 2009,
KLCE202301328                                                                      8

disposición que añade, además, los siguientes criterios: “(d) la probabilidad

de que la causa se torne en académica; (e) el impacto sobre el interés

público del remedio que se solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que

ha obrado la parte peticionaria”.

                                         C

       La Segunda Enmienda de la Constitución Federal, Emda. II, Const.

EE.UU., LPRA, Tomo 1, consagra el derecho a portar armas. Esta

protección constitucional se extendió a los estados de la unión y demás

territorios. No obstante, este derecho no es absoluto. McDonald v. City

of Chicago, 561 US 742, 786 (2010); District of Columbia v. Heller, 554 US

570, 626 (2008).

       El Estado tiene la facultad para regular la posesión, portación y venta

de armas con el fin de velar por la seguridad y bienestar público. Rolón

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 37 (2018). Al respecto, el Tribunal

Supremo expresó:

       […] Al interpretar esa disposición, el Tribunal Supremo de
       Estados Unidos ha expresado que ese derecho no es
       ilimitado. Es decir, no hay un derecho a poseer y portar
       cualquier arma de cualquier manera y para cualquier
       propósito. […] De esa forma quedó claro que el Estado está
       facultado para regular la posesión, portación y venta de las
       armas de fuego.

       Acorde con lo anterior, el Estado, mediante ese poder
       inherente de reglamentación y con el fin de promover una
       mayor seguridad y un mejor bienestar público para el Pueblo
       de Puerto Rico, aprobó [la Ley de Armas].

Íd. (Citas omitidas). Véase, además, Pueblo v. Rodríguez López et al., 210
DPR 752, 767-769 (2022).

       Conforme a dicho poder de reglamentación, y con el propósito de

unificar los requisitos para la concesión de licencias, el Estado aprobó - con

anterioridad a la jurisprudencia federal citada - la Ley de Armas de Puerto

Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA ant. sec. 455, et

seq. Posteriormente, este estatuto fue derogado mediante la aprobación de

la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168-2019, según

enmendada, 25 LPRA 461, et seq. (Ley de Armas de 2020)16.

16 Reiteramos que, conforme surge de la demanda instada en este caso, el señor Torres

obtuvo su licencia de armas al amparo de la Ley de Armas de 2020. Véase, apéndice del
KLCE202301328                                                                             9

         La Ley de Armas de 2020, le reconoce cierta facultad al

Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (Comisionado)

para ejercer el poder que el Estado le delegó de reglamentación de la

portación y posesión de armas. En lo pertinente, el Art. 2.02(d)(8) de la Ley

de Armas de 2020 dispone:

         (8) El Comisionado podrá, cuando tenga motivos fundados y
         sospecha razonable y de forma pasiva, sin perturbar la paz y
         tranquilidad del investigado o interrumpir la privacidad del
         hogar, realizar investigaciones que estime pertinentes
         después de otorgarse la licencia al peticionario, para
         investigar las querellas presentadas por proveer
         información falsa en contra de la persona con licencia de
         armas. Si después de realizada la investigación
         pertinente resultare que el peticionario ha dado
         información falsa a sabiendas en su solicitud o no
         cumple con los requisitos establecidos en este capítulo,
         se procederá de inmediato a la revocación e incautación
         de la licencia de armas y a la incautación de todas las
         armas de fuego y municiones que tuviera el peticionario,
         quedando este sujeto a ser procesado por el delito de perjurio
         y por las correspondientes violaciones a este capítulo o
         cualquier otra ley aplicable. […].

         Será deber ministerial del Comisionado investigar toda
         querella presentada. La Oficina de Licencias de Armas17
         llevará un registro del resultado de las investigaciones al fin
         de mantener estadísticas sobre las querellas y los resultados
         de las investigaciones.
         .         .       .        .       .        .       .         .

25 LPRA sec. 462a(d)(8). (Énfasis nuestro).

         De otra parte, concedida una licencia de armas al amparo de las

exigencias del Art. 2.02(a) del estatuto, 25 LPRA sec. 462a(a), el proceso

para su revocación tiene que regirse por los principios fundamentales del

debido procedimiento de ley, según recogidos en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm.

38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9601, et seq. A esos efectos, el

Reglamento Núm. 9162 aprobado el 17 de marzo de 2020, intitulado

Reglamento para administrar la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020,

dispone en su Capítulo 15(A)(25), sobre disposiciones generales, que:

“Salvo     que    otra    cosa     se    disponga       expresamente,        todas      las

recurso, a la pág. 28, alegación núm. 5. Así pues, en este recurso aplicaremos los artículos
pertinentes del estatuto de 2020.

17 La Ley de Armas de 2020 creó la Oficina de Licencias de Armas, adscrita al Negociado

de la Policía de Puerto Rico. 25 LPRA sec. 462.
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determinaciones que tengan que realizarse en virtud de la Ley 168-

2019 supra se regirán por las disposiciones de vistas informales,

adjudicaciones y reconsideraciones establecidas en la Ley 38-2017,

según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico”. (Énfasis nuestro).

       Ahora bien, y por excepción, la propia Ley de Armas de 2020 provee

para la devolución inmediata de un arma de fuego y de su licencia en una

circunstancia muy particular. En lo pertinente, el Art. 2.08 de la Ley de

Armas de 2020 establece el procedimiento a seguir luego de una

determinación de causa probable para el arresto por la comisión de uno o

más delitos graves o sus tentativas. Específicamente, dispone en su parte

pertinente lo siguiente:

       […]. [E]l tribunal ordenará la suspensión provisional e
       incautación de la licencia hasta una determinación final y
       firme en el proceso criminal. El tribunal ordenará la
       ocupación inmediata de todas las armas de fuego y/o
       municiones de la persona con licencia de armas, las cuales
       se consignarán para su custodia en el Depósito de Armas y
       Municiones del Negociado de la Policía o en una armería. De
       resultar el acusado con una determinación de no
       culpabilidad, final y firme, el juez vendrá obligado
       ministerialmente por esta Ley a ordenar la inmediata
       devolución de la licencia de armas y de todas las armas
       de fuego y municiones. […].

25 LPRA sec. 462g. (Énfasis nuestro).

       La lectura del Art. 2.08 de la Ley de Armas de 2020 revela que la

Asamblea Legislativa encomendó, de manera expresa, al Tribunal de

Primera Instancia la obligación ministerial de ordenar la devolución de un

arma de fuego o de la licencia correspondiente; ello, sin embargo, solo

cuando el peticionario haya obtenido un veredicto o un fallo de no

culpabilidad. Es decir, que el caso criminal haya sido atendido en sus

méritos y el acusado haya sido absuelto por un jurado o por un

tribunal de derecho. Además, el Art. 2.08 exige que esa determinación

haya advenido final y firme.

       Una vez satisfechos todos esos requisitos, el tribunal carece de

discreción para disponer otra cosa que no sea la devolución del arma y de

la licencia.
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                                      D

      Como norma general, los tribunales pueden atender toda

controversia que sea traída ante su consideración y que sea justiciable. No

obstante, a manera de excepción, la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos constituye una norma de abstención o autolimitación

judicial. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008);

Asociación de Pescadores v. Marina Puerto del Rey, 155 DPR 906, 916

(2001). Esta lo que postula es que:

      [U]na persona que desee obtener un remedio y acude
      primero a la agencia que posea jurisdicción sobre la cuestión,
      tendrá la obligación, como regla general, de utilizar todos los
      recursos, procedimientos, y las vías que administrativamente
      estén disponibles, antes de recurrir a la rama judicial.

Ortiz Rivera v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 241 (2001).

      La propia LPAUG dispone que dicha norma tiene ciertas

excepciones, es decir, detalla aquellas circunstancias en que el trámite

administrativo podría ser eludido, a saber: “[…] en el caso de que dicho

remedio [administrativo] sea inadecuado, o cuando el requerir su

agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance

de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la

violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil

agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los

procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la

agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es

innecesaria la pericia administrativa.” Sección 4.3 de la LPAUG, 3 LPRA

sec. 9673.

      En el contexto del recurso de injunction, el Tribunal Supremo ha

expresado que solo puede eludirse el trámite administrativo a manera de

excepción y en ciertas circunstancias particulares. Es decir,

      [c]ónsono con estas excepciones al requisito de agotamiento
      de remedios, hemos expresado que cuando “el agravio sea
      uno de ‘patente intensidad al derecho del individuo que
      reclame urgente reparación’, se puede utilizar el injunction
      para eludir el cauce administrativo”. (Citas omitidas.) Rivera
      v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 596 (1988).

S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR, a la pág. 852.
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       A pesar de lo anterior, el Tribunal Supremo también ha sido enfático

al aclarar que, para que el tribunal le permita a una parte, mediante un

injunction, preterir los remedios administrativos, no basta con que estos

sean lentos, sino que deben constituir “una gestión inútil e inefectiva o que

produzcan un daño irreparable”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173

DPR, a la pág. 852.

       De otra parte, y partiendo de la premisa de la existencia de una

jurisdicción concurrente entre el tribunal y la agencia, para determinar si es

el foro administrativo o el judicial el que debe atender la reclamación en

primera instancia, contamos con la doctrina de jurisdicción primaria. Ortiz

Rivera v. Panel F.E.I., 155 DPR, a las págs. 242-243. Esta responde a la

deferencia que merecen las agencias por estar mejor preparadas que los

tribunales para resolver asuntos relacionados a su área de conocimiento

especializado. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ed. Forum, Bogotá (2001), págs.

434-435. La mencionada doctrina cobija los principios de jurisdicción

primaria exclusiva y la jurisdicción concurrente. Rivera Ortiz v. Mun. de

Guaynabo, 141 DPR 257, 266-267 (1996).

       La primera de estas surge cuando la ley otorga autoridad primaria al

organismo       administrativo   para    atender     la   reclamación. Íd. En

consecuencia, los tribunales estarán impedidos de intervenir inicialmente

en el asunto. Íd. Por otra parte, la jurisdicción concurrente “se da cuando la

ley permite que la reclamación se inicie bien en el foro administrativo o en

el judicial”. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 676 (2009).

Esta doctrina de la jurisdicción primaria nos ayuda a concluir a cuál de los

foros se debe acudir en primer término. Íd. Es decir, “[…] la doctrina sólo

nos ayuda a concluir cuál de las vías, la administrativa o la judicial, se debe

seguir en primer lugar a pesar de que ambos foros poseen jurisdicción legal

[cita omitida]”. Íd.

       Al poseer ambos foros facultad para atender la reclamación, los

tribunales se abstendrán de considerarla cuando la controversia
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contenga cuestiones de hechos que requieran la pericia o

conocimiento especializado de la agencia o ante la complejidad y

especialidad que envuelve la reclamación. Ferrer Rodríguez v. Figueroa,

109 DPR 398, 402 (1980). En estos casos, es la agencia el organismo

adecuado para considerar inicialmente la causa de acción.

      Ahora bien, si el estatuto le confiere la jurisdicción al
      organismo administrativo, se trata de una jurisdicción
      estatutaria (exclusiva). […]. El concepto de jurisdicción
      estatutaria o exclusiva guarda relación con la jurisdicción
      primaria concurrente, pero es distinto en cuanto a su alcance
      y naturaleza. […]. En la jurisdicción exclusiva se trata de
      situaciones en que no aplica la doctrina de jurisdicción
      primaria concurrente porque la propia ley aclara que esta
      última no existe. Es decir, el propio estatuto establece una
      jurisdicción exclusiva. Véase Colón v. Méndez, Depto.
      Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433 (1992). En tales casos
      estamos frente a un mandato legislativo. […].

SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR, a la pág. 676-677. (Énfasis
nuestro; bastardillas en el original; citas internas omitidas).

                                     III

      Este Tribunal intermedio es plenamente consciente de su obligación

de no intervenir a destiempo en los procesos que se llevan a cabo ante el

foro primario. No obstante, concluimos que el Tribunal de Primera

Instancia, en este caso particular, erró en su interpretación del derecho

aplicable, por lo que se nos impone la obligación de intervenir.

      En primer lugar, coincidimos con la postura del Negociado de la

Policía en cuanto a que el remedio extraordinario del injunction no es el

mecanismo idóneo para ordenar la inmediata devolución del arma y de la

licencia del señor Torres. Aun cuando el recurrido se ampara en su derecho

constitucional a portar armas, tal derecho no es absoluto o irrestricto, ni

justifica la preterición del cauce administrativo que está obligado a seguir

ante el Negociado.

      Por su parte, el tribunal, con excepción de lo claramente dispuesto

en el Art. 2.08 de la Ley de Armas de 2020, 25 LPRA sec. 462g, tampoco

tiene un deber ministerial de ordenar la devolución inmediata del arma de

fuego. Como bien señala el señor Torres, él no ha sido acusado
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formalmente de delito alguno, por lo que no cuenta con una absolución final

y firme que obligue al foro primario a ordenar la devolución solicitada.

       Inclusive, al aplicar la doctrina de jurisdicción primaria y sobre el

agotamiento de remedios administrativos, nos resulta inescapable concluir

que el foro administrativo con la pericia y el conocimiento especializado

para dirimir la controversia en primera instancia es el Negociado de la

Policía y no el tribunal.

       De otra parte, y contrario a lo aseverado por el recurrido, el

Negociado sí cuenta con un procedimiento para atender su reclamo. Él ya

ha sido apercibido de que existe una investigación administrativa en su

contra, que podría resultar en la devolución de su arma de fuego y de su

licencia, o en su revocación. Ello, una vez culmine el proceso

administrativo, el cual, según dispone el Reglamento Núm. 9162 de 17 de

marzo de 2020, en su Capítulo 15(A)(25), tendrá que regirse por las

disposiciones de vistas informales, adjudicaciones y reconsideraciones

establecidas en la LPAUG.

       Por lo tanto, a la luz de que el señor Torres cuenta con un remedio

adecuado en ley que hace inmeritoria la concesión del remedio

extraordinario del injunction, se impone la desestimación de su causa de

acción.

                                       IV

       A la luz de los hechos y el derecho antes expuestos, este Tribunal

expide el auto de certiorari y revoca la Resolución emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, el 17 de agosto de 2023.

En su consecuencia, este Tribunal ordena la desestimación de la

demanda instada por el señor Mario Torres Cintrón el 11 de enero de 2023.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones