Court Opinion

ID: 9916042
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:01.73699+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:40.131051
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL III

     EL PUEBLO DE PUERTO                                  Apelación
            RICO                                          procedente del
                                                          Tribunal de
          Apelado                                         Primera
                                                          Instancia, Sala
                                    KLAN202300802         de Fajardo
                v.
                                                          Criminal Núm.:
                                                          N1CR202200017
     LUIS J. SOTO SOTO
                                                          Sobre:
          Apelante                                        Art. 241. A
                                                          MENOS
                                                          GRAVE(2012)

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2023.

        Comparece el señor Luis J. Soto Soto, en adelante

 el señor Soto o el apelante, y solicita que revisemos

 una    Sentencia         emitida     por    el    Tribunal   de     Primera

 Instancia, Sala de Fajardo, en adelante TPI. Mediante

 la misma, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de

 desestimación de la demanda por falta de jurisdicción

 e     interpretó         que   los     elementos       del       delito   de

 alteración a la paz quedaron probados más allá de duda

 razonable.

        Por      los        fundamentos           que     expondremos       a

 continuación, se confirma la sentencia apelada.

                                       -I-

        Surge        de   los   autos        originales     del     caso   de

 epígrafe que al señor Soto le formularon una Denuncia

 por violación al Art. 241 del Código Penal de 2012, en

 los siguientes términos:

Número Identificador

RES2300_________________
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      El referido(a) acusado(a) Luis Javier Soto Soto,
      allá o en para el 19 de febrero de 2022 en el
      lugar, fecha y hora antes mencionados que forma
      parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera
      Instancia Sala de Fajardo ilegal, voluntaria,
      maliciosa y criminalmente, profirió lenguaje.
      Este incurrió en Alteración a la Paz Código Penal
      2.41 alega la señora YASHIRA QUILES CARRASQUILLO,
      por este proferir palabras soeces a la víctima
      por esta negarle la entrada tales como: Que vas
      hacer pendeja, cabrona, te crees que por tener el
      culo ese grande y grasoso no voy a entrar, trapo
      de postmaster tírale foto al bicho mío que con lo
      grande y grasoso yo no llego allá dentro jodía
      pendeja.1

      Luego de varios trámites procesales que resulta

innecesario    pormenorizar     para     la   resolución   de   la

controversia,     el   TPI   determinó    causa   y   celebró   el

juicio en su fondo.2

      Examinada la prueba documental y testifical, el

TPI dispuso lo siguiente:

           A la solicitud de desestimación de la
      defensa por falta de jurisdicción, habiéndose
      resuelto este asunto en la Resolución emitida por
      este Tribunal el 13 de marzo de 2023 la cual
      advino final y firme, y conforme a lo resuelto
      por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en
      torno a que la mera titularidad de determinados
      terrenos por el gobierno de Estados Unidos no
      excluye   automáticamente  la   jurisdicción  del
      Estado en donde éstos se encuentren sitos, se
      dispone No Ha Lugar.

           Habiendo el Tribunal examinado los exhibits
      presentados por ambas partes y escuchado bajo
      juramento a los testigos de cargo; Yashira
      Quiles, Mayra Parrilla, Herminio Rivera, y al
      Agente Ronnie Díaz, así como los testigos de
      defensa; Luis Norat, Gabriel Medina y Angelis
      Colondres, se entiende que el Ministerio Público
      probó el caso más allá de duda razonable y por
      consiguiente declara al acusado LUIS JAVIER SOTO
      SOTO culpable del delito imputado…3

      En desacuerdo, el apelante presentó una Solicitud

de Reconsideración o Nuevo Juicio bajo las Reglas 185,

188(c), 192.1, 193 y 194 de Procedimiento Criminal,4 a

la cual el Ministerio Público se opuso5.

1 Autos originales, Denuncia.
2 Apéndice del apelante, págs. 1-2.
3 Id. (Énfasis en el original).
4 Id., págs. 3-20.
5 Id., págs. 21-23.
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        Con   el   beneficio      de    la    comparecencia      de    ambas

partes, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud del

señor Soto y en lo pertinente determinó:

             Conforme al testimonio vertido en el juicio
        por la testigo victima [sic.] Sra. Yashira Quiles
        Carrasquillo, el convicto le propinó palabras
        soeces, insultantes, y llevo [sic.] a cabo una
        conducta ofensiva contra esta perturbando su paz
        y tranquilidad. Este comportamiento pudo, y en
        efecto provocó, una reacción violenta o airada
        por parte de ella, afectándose también su derecho
        a la intimidad. A dicho testimonio el Tribunal le
        otorgó entera credibilidad. Además, el mismo fue
        corroborado por el resto de la prueba de cargo.6

        Además, el foro sentenciador anejó como nota al

calce     las   expresiones       que    atribuyó       al   apelante,    a

saber: “que [sic.] vas a hacer pendeja, cabrona, te

crees que por tener el culo ese grande y grasoso no

voy a entrar, trapo de postmaster. El bicho mío no

llega adentro de tu culo con lo grande y grasoso que

es”.7

        Insatisfecho       con   dicha       determinación,      el   señor

Soto presentó una Apelación en la que alega que el TPI

incurrió en los siguientes errores:

        ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DETERMINAR QUE POSEÍA
        JURISDICCIÓN DENTRO DE UN ENCLAVE FEDERAL.

        ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DETERMINAR QUE POSEÍA
        JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA PARA ADJUDICAR UN
        ASUNTO   OBRERO   PATRONAL  FEDERAL  BAJO   UNA
        LEGISLACIÓN PENAL ESTATAL.

        ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE SE CONFIGURARON
        TODOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y QUE FUE PROBADO
        MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE Y FUNDADA SEGÚN
        GARANTIZAN LAS ENMIENDAS DE LA CONSTITUCIÓN DE
        LOS ESTADOS UNIDOS Y LA CARTA DE DERECHOS DE LA
        CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO.

        Posteriormente,      este       Tribunal   Intermedio         aceptó

como prueba oral del apelante la Exposición Narrativa

sobre Fragmento del Testimonio de la Testigo Yashira

Quiles     Carrasquillo,         en    adelante    la   señora    Quiles,

6   Id., págs. 25 y 27b.
7   Id.
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reservándose         adjudicarle              el       valor       probatorio         que

estimara        pertinente.                  Luego          ordenó        al   apelado

presentar su alegato.

      Examinados los escritos de las partes, los autos

originales,       el      expediente              y   la     prueba       documental,

estamos en posición de resolver.

                                            -II-

                                             A.

      Un   derecho          constitucional                 fundamental         de    todo

acusado es la presunción de inocencia.8 Como piedra

angular del       procedimiento criminal,                          esta opera como

guardián     de      los      otros          derechos         fundamentales           del

acusado y como principio rector para el ejercicio del

poder público.9 La presunción de inocencia clama que

“toda convicción siempre esté sostenida por prueba que

establezca       más        allá       de     duda         razonable       todos      los

elementos del delito y la conexión del acusado con los

mismos”.10      En     defensa          de        ello,       la     Regla     110     de

Procedimiento           Criminal             dispone          que         el   acusado

criminalmente          se    presume          inocente,            mientras     no     se

pruebe     lo     contrario.11                Además,         de     existir         duda

razonable       sobre       su     culpabilidad,             se     le    absolverá.12

Corresponde          al          Ministerio                Público        probar       la

culpabilidad del acusado de acuerdo a ese estándar.13

      El   estándar          probatorio               de    “más     allá      de    duda

razonable”       implica         que     la       prueba      presentada        por    el

ministerio público debe producir en el juzgador una

certeza    moral        sobre       la       concurrencia            de    todos      los

8 Art. II, Sec. 11, Const. ELA.
9 Sánchez v. González, 78 DPR 849, 856 (1955).
10 Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761 (1985).
11 Regla 110 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II).
12 Id.
13 Id.
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elementos del delito y la conexión del imputado con la

realización       de       estos.14   Conviene     añadir     que,     esta

prueba debe ser suficiente para producir dicha certeza

en una conciencia exenta de preocupaciones o en un

ánimo no prevenido.15

      Lo    opuesto,         es   decir,   la    insatisfacción        del

juzgador con la prueba, es lo que se conoce como duda

razonable.16 Esto no significa que toda duda posible,

especulativa      o    imaginaria       tenga    que   ser   atendida     o

descartada para adjudicar la culpabilidad del acusado,

si   no     que       la     prueba     convenza       al    dirigir     la

inteligencia y satisfacer la razón.17

                                      B.

      El artículo 241 del Código Penal de Puerto Rico

de 2012 dispone en lo pertinente:

      Incurrirá en delito menos grave, toda persona que
      realice cualquiera de los siguientes actos:

      (a) perturbe la paz o tranquilidad de una o
      varias personas con conducta ofensiva que afecte
      el derecho a la intimidad en su hogar, o en
      cualquier otro lugar donde tenga una expectativa
      razonable de intimidad;

      (b) perturbe la paz o tranquilidad de una o
      varias personas mediante palabras o expresiones
      ofensivas o insultantes al proferirlas en un
      lugar donde quien las oye tiene una expectativa
      razonable de intimidad; o

      (c) perturbe la paz o tranquilidad de una o
      varias   personas    en   forma   estrepitosa   o
      inconveniente   mediante   vituperios,  oprobios,
      desafíos, provocaciones, palabras insultantes o
      actos que puedan provocar una reacción violenta o
      airada en quien las escucha.

      Las    primeras         dos     modalidades      del    delito    de

alteración a la paz criminalizan aquella conducta que

perturbe la paz a una o varias personas en función del

14 Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581-582 (1996).
15 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986).
16 Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 (1991).
17 Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992).
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lugar en donde se lleve a cabo la acción punible.18 De

modo, que las expresiones de una persona únicamente

podrán configurar la modalidad del delito cuando se

profieren en el hogar o en un área en donde exista una

expectativa razonable de intimidad. Ello sujeta estas

modalidades del delito a condiciones de tiempo, lugar

y manera de la expresión.19 En cambio, el inciso (c)

constituye una tercera modalidad, dirigida a penalizar

determinadas        expresiones         que        puedan       ocasionar           una

reacción      violenta    o    airada         en    la    persona          que      las

escucha.20 Bajo este tercer supuesto, el énfasis recae

en el contenido de la expresión, mediante el cual,

como resultado de las palabras proferidas, la conducta

del   ofensor       perturba       la   tranquilidad             y       paz   de    la

víctima.21

        Para que se configure el delito de alteración a

la paz bajo el Art. 247 (c), supra, es necesario que

concurran un elemento objetivo y otro subjetivo.22 El

elemento      objetivo        consiste         en     determinar               si    el

lenguaje utilizado23 es lo suficientemente ofensivo o

insultante de modo que pueda ocasionar una reacción

violenta      inmediata       en    una    persona          de       sensibilidad

ordinaria. Esto se determina al evaluar el contexto y

circunstancias en las que se realizó la expresión.24

Bajo la categoría del lenguaje ofensivo se incluyen

las palabras de riña que son “las que por el simple

hecho    de   ser    proferidas         infligen         daño        o    tienden    a

18 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 146 (2011).
19 Id.
20 Id.
21 Id.
22 Id., pág. 157.
23  Cabe destacar que el TSPR ha reconocido una modalidad de
alteración a la paz que no requiere determinado uso de lenguaje
prohibido, sino que se refiere a otros tipos de comportamiento
ofensivo. Pueblo v. Rodríguez Lugo, 156 DPR 42, 50 (2002).
24 Pueblo v. García Colón I, supra.
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causar una inmediata alteración a la paz”.25 Conviene

destacar,     que    para    que    se    constituya       este    elemento

objetivo del delito no es necesario que la víctima, en

efecto, haya respondido al acto o manifestación con

violencia.26     Sin    embargo,         es    indispensable       que    las

manifestaciones hayan sido dirigidas a la persona que

las escucha.27

     En   cambio,       bajo   el    elemento      subjetivo       hay    que

determinar si la paz de la víctima fue, en efecto,

perturbada.28        Para ello, se requiere que la persona a

quien iba dirigida la expresión se encuentre en paz

previo    a     la     conducta          insultante.29      Sobre        este

particular,     el     Tribunal     Supremo      de   Puerto      Rico,    en

adelante TSPR, ha declarado que “[l]a paz de algún

individuo      queda    perturbada        cuando      la   sensación       de

seguridad y tranquilidad que toda persona siente al

amparo de la protección de la ley es invadida”.30                        Este

estado anímico de la víctima antes del incidente debe

ser objeto de prueba, toda vez que si la persona no

estaba en un estado de paz y tranquilidad previo al

momento de la manifestación, no existe paz alguna que

pueda alterarse.31

                                    C.

     Como      norma    general,         los    tribunales        estatales

tienen jurisdicción para atender cualquier asunto al

amparo    de     las        leyes    estatales         y    jurisdicción

concurrente con los tribunales federales para atender

25 Pueblo v. Caro González, 110 DPR 518, 525 (1980).
26 Pueblo v. García Colón I, supra, págs. 157-158.
27 Id., pág. 158.
28 Id.; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 799-800 (2002).
29 Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 158; Pueblo v. De León

Martínez, 132 DPR 746 (1993).
30 Pueblo v. Rodríguez Lugo, supra, pág. 51.
31 Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 158.
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los asuntos que surjan bajo las leyes federales.32

        No         obstante,       el     gobierno           federal     tiene

jurisdicción exclusiva              sobre los asuntos de derecho

federal cuando el Congreso así lo dispone expresamente

o cuando la intención clara de la ley es privar a los

tribunales estatales de la autoridad sobre determinado

asunto federal.33 En cambio, cuando no hay legislación

federal       que        atienda   una    controversia         directamente,

aplica        la    ley     estatal      si   el     Congreso      no   la    ha

desplazado.34

        Por       otra    parte,   la    doctrina       de    ocupación      del

campo        se     ha     desarrollado       para      evitar     conflictos

regulatorios y fomentar así una política uniforme.35 De

modo, que          el Congreso puede ocupar el campo                    de    un

asunto federal y excluir la regulación local.36 Cónsono

con   lo      anterior,       en   González        v.   Mayagüez    Resort     &

Casino, el TSPR resolvió:

             Los problemas jurisdiccionales bajo la
        doctrina de campo ocupado tienen dos aspectos, a
        saber, el legislativo y el adjudicativo. El
        concepto [de] jurisdicción legislativa versa
        sobre [“]quién tiene la facultad para regular,
        mediante legislación, determinada materia, hecho
        o    situación.    ...    [L]a     [‘]jurisdicción
        legislativa[’] se refiere a [‘]qué ley aplica[’]
        a determinada controversia .... Mientras que, por
        otro lado, la [‘]jurisdicción judicial[’] se
        refiere a cuál tribunal (estatal o federal) está
        autorizado para atender en las controversias que
        se susciten dentro del enclave”.37

32 MCS ADVANTAGE, INC. v. Fossas Blanco, 2023 TSPR 8, resuelto el
25 de enero de 2023; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176
DPR 848, 856 (2009); Tafflin v. Levitt, 493 US 455, 458-459
(1990).
33  MCS ADVANTAGE, INC. v. Fossas Blanco, supra; González v.
Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856; Rodríguez v. Overseas
Military, 160 DPR 270, 277–278 (2003).
34 Rodríguez v. Overseas Military, supra, pág. 279; reiterado en

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.
35 SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 679-680 (2009);

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856; Rivera v.
Security Nat. Life Ins. Co., 106 DPR 517, 523 (1977).
36 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856; English

v. General Electric Co., 496 US 72, 78–79 (1990).
37 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 857, citando

a Rodríguez v. Overseas Military, supra, pág. 279 (citas
omitidas).
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        En    lo   aquí    pertinente,             según    resuelto          por   la

Corte Suprema de Estados Unidos, la mera titularidad

de determinados terrenos por el gobierno de Estados

Unidos no excluye automáticamente la jurisdicción del

Estado en donde estos se encuentren sitos.38

        Por    otro    lado,       es    norma       reiterada          que     “[l]a

jurisdicción excepcional no se presume nunca. El que

la alega debe probarla”.39

                                        D.

        La      apreciación         de        la         prueba         testifical

corresponde,          inicialmente,           al     Tribunal       de        Primera

Instancia.         Por      eso,        los        tribunales           apelativos

intervendrán con la misma solo cuando se demuestre que

el   foro      sentenciador        incurrió         en     error    manifiesto,

pasión, prejuicio o parcialidad.40 De modo,                               que       las

determinaciones de hecho del foro sentenciador no se

deben        sustituir     por     el    criterio          del     Tribunal          de

Apelaciones,        salvo    que        de    la    prueba       surja        que   el

primero no contó con base suficiente para establecer

la   culpabilidad           del     acusado          más     allá        de     duda

razonable.41

        Ahora      bien,    en      casos          penales,        el     tribunal

intermedio revisará la aquilatación de la prueba del

foro sentenciador, solamente cuando de su evaluación

minuciosa surjan serias dudas, razonables y fundadas,

38 California Coastal Com’n v. Granite Rock Co., 480 US 572, 581
(1987); Kleppe v. New México, 426 US 529, 543-545 (1976); Wilson
v. Cook, 327 US 474, 487-488 (1946). Véase, además, Pueblo v.
Suárez, 51 DPR 903, 910 (1937).
39 Pueblo v. Suárez, supra.
40 Gómez Márquez v. Periódico El Oriental Inc., 203 DPR 783, 8

(2020); Pueblo v. Torres Feliciano, 196 DPR 62, 71 (2016); Pueblo
v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 479 (2013); Pueblo v. Irizarry,
supra, págs. 788-789; Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54, 61
(2002).
41 Pueblo v. Torres Feliciano, supra, pág. 72; Pueblo v. Maisonave

Rodríguez, 129 DPR 49, 63 (1991).
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sobre la culpabilidad del acusado.42 Así pues, ante la

inconformidad             que     crea        una        duda        razonable,            los

tribunales       apelativos,            aunque           no    están      en    la       misma

posición al apreciar la credibilidad de los testigos,

tienen, al igual que los tribunales de instancia, no

solo el derecho sino el deber de tener la conciencia

tranquila y libre de preocupación.43 En síntesis, como

regla general, la apreciación de la prueba del foro

sentenciador prevalecerá a menos, que a la luz de la

totalidad de la evidencia, se desprendan dudas serias,

razonables           y    fundadas           sobre        la       culpabilidad           del

acusado.44

     En     fin,          en    casos        penales           los     tribunales           de

apelaciones tienen la obligación de garantizar que la

revisión de la sentencia impugnada refleje el balance

más cuidadoso entre la deferencia a la aquilatación de

la prueba del foro sentenciador y los derechos del

acusado.45

                                         -III-

     Para       el       apelante,       el     Congreso             de   los        Estados

Unidos     ha        concedido      jurisdicción                   exclusiva         a     los

edificios        del          correo,        indistintamente              de        que     la

facilidad        sea          alquilada,        comprada              o    expropiada.

Cónsono     con          lo    anterior,        la        seguridad            de     dichos

enclaves        ha       sido     asignada           a        un    cuerpo          especial

identificado             como      “postal           inspector”            o         “postal

police”. Por ende, el incumplimiento de la conducta en

un   edificio             postal        es     de         jurisdicción               federal

exclusiva. En consecuencia, quien reclame intervención

42 Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 417 (2014); Pueblo v.
Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 (1974).
43 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790.
44 Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551.
45 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98-99 (2000).
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local o estatal en una facilidad del correo, tiene que

probar la existencia previa del permiso.

        Por otro lado, el señor Soto argumenta que la

señora           Quiles       incurrió          en        una     práctica          ilícita

patronal al impedir que se realizara una inspección en

las facilidades de USPS en Luquillo. Como consecuencia

de     lo    anterior,          se     terminó            la    paz     laboral       y    la

tranquilidad             en     el     centro            de    trabajo.        Bajo       este

supuesto, no se configuró uno de los elementos del

delito       de        alteración      a       la    paz,       ya    que    la     persona

perjudicada no se encontraba en paz al momento del

incidente con el apelante.

        En        cambio,       el     Ministerio               Público      aduce        que

conforme se expresó el Tribunal de Apelaciones, en el

caso alfanuméricamente clasificado como KLAN202200550

2022        WL        16958645,       los      documentos             que    sometió       el

apelante no demuestran que el gobierno federal compró

o expropió el edificio donde está situado el servicio

postal           de     Luquillo,         de    forma           tal    que     se     pueda

determinar la jurisdicción federal exclusiva.

        En        cuanto        a     los       elementos             del    delito        de

alteración a la paz, el Ministerio Público insiste en

haber probado más allá de duda razonable todos los

elementos del delito. En todo caso, el apelante no nos

puso en posición de evaluar y examinar la prueba oral

vertida en el juicio.

        Como          cuestión       de     umbral,            por     sexta      ocasión,

reiteramos que el Tribunal General de Justicia tiene

jurisdicción             para       atender         el    pleito      de    epígrafe.       A

esos efectos, coincidimos con el apelado en que el

apelante          no     presentó         prueba          sobre       la    jurisdicción
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exclusiva       del     foro        federal     sobre          el     inmueble    en

cuestión.       Conviene        destacar que         la mera titularidad

del   Gobierno        de      los    Estados        Unidos          sobre    ciertos

terrenos dentro de un Estado o Territorio no excluye

la jurisdicción de estos sobre dichos inmuebles.

      Finalmente, aunque alega que no se probaron todos

los elementos del delito de alteración a la paz, el

apelante     no    nos        puso    en     posición          de     impugnar    la

apreciación        de      la        prueba     por           parte     del      foro

sentenciador,         de      modo     que     de    los        testimonios        se

hubiese desprendido alguna prueba que contradijera las

firmes     determinaciones            de     hecho        y    de     derecho    que

apoyan la sentencia apelada.

      Nuestra      revisión          independiente             del     expediente,

específicamente:              la      Exposición              Narrativa        sobre

Fragmento del Testimonio de la Testigo Yashira Quiles

Carrasquillo, la prueba documental presentada por el

apelado     y     por      el        apelante,        y       las      grabaciones

suministradas           por        ambas      partes,          no      proporciona

fundamento alguno para revocar la sentencia apelada.

      En   resumen,        la       evaluación       cuidadosa          de    dichas

piezas probatorias no ha creado dudas, razonables y

fundadas,       sobre      la       culpabilidad          del       acusado.     Por

consiguiente, en tanto el apelante no demostró que el

TPI incurrió en error manifiesto, pasión, prejuicio o

parcialidad,          tampoco          revocó        la         presunción        de

corrección del dictamen recurrido.

                                       -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma

la sentencia apelada.
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    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones