Court Opinion

ID: 9408071
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:14:01.227748+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.731269
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

                                           Revisión de
   JOSÉ J. RODRÍGUEZ                       Decisión
         DÁVILA                            Administrativa
                                           procedente de la
      Parte Recurrida        KLRA202300096 Comisión Apelativa
                                           del Servicio Público
              v.
                                                Caso núm.:
    NEGOCIADO DE LA                             2016-02-0942
   POLICÍA DE PUERTO
          RICO                                  Sobre:
                                                Ascensos
      Parte Recurrente
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      Comparece el Negociado de la Policía de Puerto Rico,

representado por la Oficina del Procurador General (Negociado o

parte recurrente), y solicita que revoquemos la Resolución emitida

por la Comisión Apelativa del Servicio Público (Comisión o CASP).

Mediante el referido dictamen, la Comisión declaró con lugar la

apelación presentada por el Sgto. José J. Rodríguez Dávila (Sgto.

Rodríguez o parte recurrida), y ordenó al Negociado continuar con el

proceso de ascenso del Sgto. Rodríguez, según establecido en la

reglamentación aplicable.

      Examinado el recurso, los planteamientos de las partes y los

documentos anejados a los escritos, así como la normativa legal

aplicable, resolvemos confirmar la determinación administrativa

recurrida.

                                  I.

      El 24 de diciembre de 2015, el Sgto. José J. Rodríguez Dávila

presentó una Solicitud de Impugnación a las Preguntas de Examen

de Ascensos al Rango de Teniente II ante la Junta de Exámenes para

Número Identificador
SEN2023________________
KLRA202300096                                                       2

Ascensos de la Policía de Puerto Rico (Junta).1 En esta, impugnó

ocho (8) preguntas del examen y fundamentó las razones de

impugnación correspondientes a cada una. En síntesis, el Sgto.

Rodríguez alegó que tomó el examen el 5 de diciembre de 2015, que

la Junta corrigió el examen ese mismo día y que le notificaron vía

correo electrónico que obtuvo una puntuación de 55 puntos y que,

para continuar con el proceso de ascenso, se requería una

puntuación de 56 puntos2.

         El 22 de enero de 2016, la Junta le cursó una carta al Sgto.

Rodríguez en la que le indicó que, al amparo del Reglamento para la

Administración de Exámenes para Ascenso de la Policía de Puerto

Rico, sus planteamientos eran improcedentes. También, la Junta le

informó sobre su derecho de apelar dicha determinación ante la

Comisión Apelativa del Servicio Público, así como el término

dispuesto para ello.

         El 19 de febrero de 2016, el Sgto. Rodríguez presentó ante la

Comisión Apelativa del Servicio Público una Solicitud de Apelación y

Solicitud Voluntaria de Servicio de Mediación (Por Derecho Propio)3

junto con el primer escrito de impugnación que había presentado a

la Junta. En resumen, el Sgto. Rodríguez incorporó a su apelación

lo alegado en el escrito de impugnación sobre la redacción de las

preguntas del examen.

         Por su parte, el 16 de marzo de 2016, el Negociado presentó

Contestación a la Apelación4. En síntesis, arguyó que las alegaciones

del Sgto. Rodríguez, en torno a que las preguntas según redactadas

provocaron confusión en los aspirantes, carecían de razonabilidad.

Arguyó que la apelación estaba prescrita, por no haberse presentado

dentro del plazo de treinta (30) días que establece el Reglamento

1   Véase, apéndice del recurso, págs. 73.
2   Íd.
3   Íd., págs. 69-72.
4   Íd., págs. 79-80.
KLRA202300096                                                                                 3

Procesal. Además, que la apelación no justificaba la concesión de un

remedio, que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU) y que carecía de hechos materiales y elementos necesarios

que permitieran rebatir las alegaciones.

           Después, el 26 de febrero de 2018, el Negociado presentó una

Moción en Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción5. En

esta, adujo que la Comisión carecía de jurisdicción sobre la materia,

porque las alegaciones del Sgto. Rodríguez no estaban relacionadas

a controversias de fraude, coerción o discrimen. Al respecto, citó lo

resuelto por la Comisión en el caso 2016-01-0558, Javier Requena

v. Policía, en el que la Comisión determinó que su alcance revisor en

apelaciones            que      recurren        del     resultado        de        las   pruebas

administradas por las juntas de exámenes de ascenso se limita a

revisar la aplicación correcta de la guía de corrección. El 20 de

febrero de 2018, el Sgto. Rodríguez presentó su oposición a la

desestimación, en la cual anejó su parte del informe con antelación

a la vista, pero no elaboró ningún argumento sobre la falta de

jurisdicción alegada por el Negociado6. El 14 de octubre de 2021, el

Negociado presentó una Segunda Moción de Desestimación por Falta

de Jurisdicción en la que reiteró los argumentos presentados en la

primera solicitud de desestimación y añadió que la Junta contaba

con asesoría experta para la redacción de preguntas, que sus

integrantes están certificados a esos efectos y, por tanto, la Junta

tiene el conocimiento experto para la redacción del examen.

           La vista en su fondo se celebró el 28 de octubre de 2021 ante

la oficial examinadora, Lcda. Maribel Rodríguez Ramos. Ambas

partes comparecieron representadas por sus abogados y cada parte

presentó su prueba documental, la cual fue marcada como exhibits

5   Íd., págs. 81-82.
6
    Véase, Informe de la Oficial Examinadora, apéndice del recurso, a la pág. 9.
KLRA202300096                                                                  4

respectivamente7. El Sgto. Rodríguez inició el desfile de prueba con

su testimonio. Por su parte, el Negociado contrainterrogó al Sgto.

Rodríguez, mas no presentó prueba testifical.

       El 7 de octubre de 2022, la oficial examinadora rindió su

informe en el que formuló once (11) determinaciones de hecho. En

las conclusiones de derecho, la oficial examinadora expuso los

fundamentos por los cuales denegó la solicitud de desestimación por

falta de jurisdicción. En específico, explicó que, el procedimiento de

impugnación establecido en el Reglamento para la Administración de

Exámenes para Ascenso en la Policía de Puerto Rico no implica que

se evada la jurisdicción exclusiva que el legislador otorgó a la

Comisión, más aún cuando la controversia versa sobre una de las

áreas esenciales del principio de mérito, como lo es el ascenso.

Señaló que dicho Reglamento nada dispone sobre el poder revisor

de la Comisión cuando un aspirante está inconforme con la

determinación tomada como resultado de la impugnación de su

examen. Destacó, además, que la carta que la Junta le cursó al Sgto.

Rodríguez informando la denegatoria de la impugnación de las

preguntas, le apercibía a este sobre su derecho de apelar ante la

Comisión, por lo que, en dicha misiva, la Junta reconoció el poder

revisor que la Comisión ostenta sobre sus determinaciones

administrativas. Por ello, concluyó que limitar o condicionar el

derecho apelativo que tiene el Sgto. Rodríguez de presentar sus

reclamos ante la Comisión atenta contra su ley habilitadora.

Finalmente, la oficial examinadora determinó que el Sgto. Rodríguez

fundamentó correctamente la impugnación de la primera pregunta,

7 La prueba documental del Sgto. Rodríguez consistió en los siguientes
documentos: Solicitud de Impugnación a las Preguntas de Examen de Ascensos al
Rango de Teniente II (marcada como Exhibit 1 de la parte apelante) y Comunicación
OS-1-6-172 (carta de 22 de enero de 2016) (marcada como Exhibit 2 de la parte
apelante). La prueba documental del Negociado consistió en los siguientes
documentos: Convocatoria Especial para Examen de Ascenso a Teniente Segundo
(marcada como Exhibit 1 de la parte apelada) y Folleto Informativo para Examen
de Ascenso a Teniente II (del 1 de octubre de 2015) (marcado como Exhibit 2 de la
parte apelada).
KLRA202300096                                                    5

por lo que quedó establecido que el contenido del examen no fue

claro y específico. Conforme lo anterior, la oficial examinadora

concluyó que el Sgto. Rodríguez tenía razón y, por tanto, procedía

que se le adjudicara la puntuación correspondiente a dicha

pregunta.

      En esa misma fecha, archivada en autos el 11 de octubre de

2022, la Comisión emitió la Resolución recurrida en la que adoptó e

incorporó el informe de la oficial examinadora. En virtud de la

resolución recurrida, la Comisión concluyó que el Sgto. Rodríguez

pudo rebatir la presunción de corrección de la primera pregunta

impugnada, por lo que resolvió que procedía adjudicarle la

puntuación correspondiente (un (1) punto) en adición a la

puntuación obtenida por el Sgto. Rodríguez en su examen. Como

consecuencia de esto, la puntuación total del Sgto. Rodríguez

ascendió a 56 puntos, cumpliendo así con la puntuación mínima

requerida para aprobar el examen de ascenso. Por lo anterior, la

Comisión declaró con lugar la apelación presentada por el Sgto.

Rodríguez y ordenó al Negociado continuar con el proceso de

ascenso.

      Insatisfecho, el Negociado presentó reconsideración el 31 de

octubre de 2022, la cual fue acogida por la Comisión el 4 de

noviembre de 2022. Finalmente, la Comisión denegó la solicitud de

reconsideración el 27 de enero de 2023.

      Inconforme, el Negociado acude ante nos, imputándole a la

Comisión los siguientes señalamientos de error:

      La Comisión Apelativa del Servicio Público erró al
      acoger la apelación presentada por el sargento
      Rodríguez Dávila a pesar de carecer de jurisdicción para
      ello.

      La Comisión Apelativa del Servicio Público erró al
      acoger la apelación presentada por el sargento
      Rodríguez Dávila, ya que este no derrotó la presunción
      de corrección de la cual gozan las preguntas formuladas
      por la Junta de Exámenes.
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                                       II.

                                      -A-

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal o un organismo administrativo para considerar y decidir los

casos que se someten ante su consideración8. En relación con la

jurisdicción y funcionamiento de las agencias administrativas, esta

se deriva, y a su vez, se delimita por su ley habilitadora y reglamento.

Al aprobar la ley orgánica de una agencia, la Asamblea Legislativa

autoriza y delega a ésta los poderes necesarios para que actúe de

acuerdo con el propósito que persiguió el legislador con su creación.

Al interpretar el alcance de los poderes delegados a una agencia

administrativa, no se debe limitar el análisis a una interpretación

restrictiva de su estatuto habilitador9.

       Para que un foro adjudicativo pueda atender y adjudicar un

caso es necesario que el mismo tenga tanto jurisdicción sobre la

materia como sobre las partes litigiosas. La jurisdicción sobre la

materia se refiere a la autoridad del foro adjudicativo para atender

y resolver una controversia sobre un asunto legal. Cuando no hay

jurisdicción sobre la materia, el foro adjudicativo carece de facultad

o poder para intervenir en la solución de la controversia planteada10.

       Los organismos administrativos con funciones adjudicativas,

al igual que los foros judiciales, no tienen discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Las agencias administrativas

solamente pueden ejercer los poderes que le fueron delegados por

vía estatutaria. Es obligación de todo foro adjudicativo examinar y

evaluar con rigurosidad su ámbito de jurisdicción toda vez que ello

incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una

controversia11.

8
 DACo v. AFSCME, 185 DPR 1 (2012).
9 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1050 (2013).
10 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).
11 Íd., pág. 123.
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       La determinación sobre autoridad para dirimir un caso o

controversia es un asunto de umbral y tiene que atenderse con

prioridad a cualquier otro asunto12. La razón para ello es

sumamente sencilla: la ausencia de jurisdicción es insubsanable.

Tan pronto el foro adjudicativo determina que no tiene jurisdicción,

viene obligado a desestimar el caso13.

       Los organismos administrativos, así como los foros judiciales,

no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Las

agencias administrativas solamente pueden ejercer los poderes que

su ley habilitadora expresamente les ha otorgado y aquellos que

sean indispensables para llevar a cabo su encomienda primordial.

Así, pues la ley es el medio por el cual el legislador autoriza y delega

los poderes a la agencia administrativa para que actúe conforme a

sus propósitos. Por esta razón, una agencia no puede asumir

jurisdicción sobre una actividad, materia o conducta cuando no está

claramente autorizada por ley para ello14.

       Aquella actuación administrativa que no obedezca el poder

que se le confirió mediante legislación debe ser catalogada como

ultra vires. En consecuencia, todos los actos u órdenes ejecutados

por una agencia que se extralimitan de lo dispuesto en la ley

habilitadora son erróneos y nulos15.

       Al revisar la jurisdicción de una agencia hay que recurrir, en

primer lugar, a su ley habilitadora, pues es esta la que define y

delimita    la    extensión      de    la   jurisdicción     del    organismo

administrativo. Por lo tanto, el tribunal determinará en su función

revisora, si la actuación administrativa se ajusta o no al poder

delegado. Para ello es preciso interpretar la ley orgánica de la

12
   Véase, SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873-875 (2007); Peerless Oil
v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012).
13
   Íd.
14
    DACo v. AFSCME, supra, pág. 12.
15
   Íd.
KLRA202300096                                                          8

agencia atisbando la intención legislativa y así asegurar el resultado

que quiso el legislador16.

                                          -B-

          La Comisión Apelativa del Servicio Púbico (CASP) es un

organismo cuasi judicial de la Rama Ejecutiva, que se especializa en

asuntos obrero-patronales y en el principio de mérito. Dicho

organismo fue creado mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de

201017, aprobado el 26 de julio de 2010. En virtud de dicho estatuto,

la Comisión atiende casos laborales, querellas y asuntos de

administración de recursos humanos, de los empleados cobijados

por la Ley Núm. 45-1998 y aquellos cubiertos por la Ley Núm. 184-

2004. Esta Comisión se creó como el ente adjudicativo con

jurisdicción apelativa exclusiva para atender y adjudicar las

apelaciones de los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico

como consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores

Individuales y los municipios en cuanto a las acciones de personal

relacionadas con el principio de mérito. Así se atendió el propósito

jurídico medular de que sea la agencia especializada en determinado

asunto la que lo atienda, conforme a la autoridad delegada por ley18.

          El Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010,

supra, precisa cuál es la jurisdicción apelativa de la Comisión

Apelativa del Servicio Público (CASP). Dicho artículo establece lo

siguiente:

          La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las
          apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o
          decisiones de los Administradores Individuales y los
          municipios en los casos y por las personas que se
          enumeran a continuación:

          a)   cuando un empleado, dentro del Sistema de
               Administración de los Recursos Humanos, no
               cubierto por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998,
               según enmendada, conocida como la “Ley de
               Relaciones del Trabajo del Servicio Público”, alegue

16   Íd., pág. 13.
17   3 LPRA Ap. III.
18   Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1053.
KLRA202300096                                                                9

              que una acción o decisión le afecta o viola cualquier
              derecho que se le conceda en virtud de las
              disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de
              2004, según enmendada, la Ley Núm. 81 de 30 de
              agosto de 1991, según enmendada, conocida como la
              “Ley de Municipios Autónomos”, los reglamentos que
              se aprueben para instrumentar dichas leyes, o de los
              reglamentos adoptados por los Administradores
              Individuales para dar cumplimiento a la legislación y
              normativa aplicable;

         b)   cuando un ciudadano alegue que una acción o
              decisión le afecta su derecho a competir o ingresar
              en el Sistema de Administración de los Recursos
              Humanos, de conformidad al principio de mérito;

         c)   cuando un empleado irregular alegue que la autoridad
              nominadora se ha negado injustificadamente a realizar
              su conversión a empleado regular de carrera, según
              dispone la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958, según
              enmendada, conocida como “Ley de Empleados
              Irregulares”;

         d)   cuando un Administrador Individual alegue que una
              acción, omisión o decisión de la Oficina es contraria a las
              disposiciones generales de la Ley Núm. 184 de 3 de
              agosto de 2004, según enmendada, en las áreas
              esenciales al principio de mérito;

         e)   la Comisión tendrá jurisdicción sobre el personal
              docente y clasificado del Departamento de Educación y
              el personal civil de la Policía de Puerto Rico, que no estén
              sindicados bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998,
              según enmendada;

         f)   la Comisión podrá tener jurisdicción apelativa voluntaria
              sobre los empleados no organizados sindicalmente de
              aquellas agencias excluidas de la aplicación de la Ley
              Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, y
              las corporaciones públicas que operen como negocio
              privado que se sometan voluntariamente al proceso
              apelativo y adjudicativo de la Comisión. El procedimiento
              y costo para que puedan acogerse a esta jurisdicción se
              establecerá, mediante reglamento;

         g)   cualquier asunto proveniente u originado de la
              administración de los recursos humanos no cubierto en
              otras leyes o convenios colectivos.

3 LPRA Ap. XIII, Art. 12. (Énfasis nuestro).

                                        -C-

         La Ley Núm. 184-2004, según enmendada, Ley para la

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico19, vigente al momento en que

19   3 LPRA secc. 1459 et. seq.
KLRA202300096                                                               10

el Sgto. Rodríguez compitió para el ascenso, creó un Sistema de

Administración de Recursos Humanos enteramente harmónico con

la negociación colectiva, cuyo objetivo primordial será aplicar,

evaluar y proteger el principio de mérito en el servicio público20.

Dicha ley establece que las áreas esenciales al principio de mérito

son: clasificación de puestos, reclutamiento y selección, ascensos,

traslados y descensos, adiestramiento y retención21. Además,

ordena    que     los   Administradores       Individuales     provean     los

mecanismos apropiados de ascensos, traslados y descensos de los

empleados para la ubicación de estos en puestos donde deriven la

mayor satisfacción de su trabajo y contribuyan con sus esfuerzos a

obtener los objetivos de la organización con mayor eficacia, conforme

a lo allí establecido22.

       Por su parte, la Ley Núm. 53-1996, según enmendada, Ley de

la Policía de Puerto Rico de 199623, vigente a la fecha de la

presentación de la apelación, le otorgó al Superintendente de la

Policía, hoy Comisionado, la facultad de determinar mediante

reglamento la organización y administración de la policía, las

obligaciones y responsabilidades y conducta de sus miembros y

cualquier otro asunto relacionado con el Cuerpo24. Igualmente,

tendrá la facultad de reglamentar los requisitos de reclutamiento,

adiestramiento e ingreso a la Fuerza y ejercerá el poder nominador25.

Acerca de los ascensos, el Artículo 15 de la Ley Núm. 53 1996,

supra, establece las normas a base de las cuales se podrán llevar a

cabo los ascensos de los miembros del sistema de rango de la Policía

de Puerto Rico. El mismo establece que “[l]os ascensos en rangos se

20  La Ley Núm. 184-2004, supra, fue derogada por la Ley 8-2017, según
enmendada, Ley para la Administración de los Recursos Humanos del Gobierno de
Puerto Rico, 3 LPRA secc. 1469 et. seq.
21 Artículo 6, Sección 6.1, 3 LPRA secc. 1462.
22 Artículo 6, Sección 6.4, 3 LPRA secc. 1462c.
23 25 LPRA secc. 3101 et seq. Derogada por la Ley 20-2017, Ley del Departamento

de Seguridad Pública de Puerto Rico, según enmendada.
24 Artículo 5(b), 25 LPRA secc. 3104.
25 Artículo 5(c), 25 LPRA secc. 3104.
KLRA202300096                                                               11

podrán conceder por razón de mérito o mediante la aprobación de

exámenes”,        y   que    el    Superintendente     establecerá   mediante

reglamento, los procedimientos de examen para el ascenso de rango.

         Ahora bien, antes de la aprobación de la Ley Núm. 53-1996,

supra, le precedió la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según

enmendada, Ley de la Policía de Puerto Rico26, la cual también le

otorgó      al   Superintendente       la   facultad   para   determinar   vía

reglamento la organización y administración de la Policía de Puerto

Rico. Fue en virtud de esta que el Superintendente adoptó el

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento

4216 del 11 de mayo de 1990, según enmendado y vigente. De

conformidad con las antes mencionadas leyes aplicables, el Artículo

13, sección 13.1 (1)(b) del Reglamento dispone lo relativo a los

ascensos de los miembros del sistema de rango y que los requisitos

serán establecidos por el Superintendente mediante convocatorias

de examen. Asimismo, el Superintendente aprobó el Reglamento

para la administración de exámenes para ascenso en la Policía de

Puerto Rico, según enmendado, aprobado el 7 de mayo de 1999,

conforme a las disposiciones de la Ley 53-1996 y el Reglamento

4216, excepto en aquellas disposiciones que fueran incompatibles

con la Ley 184-2004. El Reglamento establece el proceso que regirá

la administración de los exámenes, así como el proceso de revisión

de resultados.

         Mediante el Reglamento se creó la Junta de Exámenes para

Ascenso de los miembros de la Policía de Puerto Rico, la cual tiene

como función cualificar a todo miembro de la Policía de Puerto Rico

que reúna los requisitos establecidos en la Ley Núm. 53-1996 y

aspire a ascender dentro del sistema de rango. Como parte de sus

26   25 LPRA secc. 1001 et. seq.
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funciones, la Junta regula todo lo concerniente a la redacción,

administración, corrección y revisión de los exámenes de ascenso.

      Acerca del procedimiento de revisión del resultado de examen,

el Artículo XIV, inciso A del Reglamento dispone que “[c]ualquier

aspirante podrá solicitar la revisión del resultado de su examen,

debiendo exponer detalladamente los fundamentos en que sustenta

su solicitud, dirigidos a probar fraude, discrimen o coerción en el

proceso”. (Bastardillas nuestras).

      El inciso B del mencionado artículo establece que la solicitud

de revisión deberá presentarse ante la Junta dentro los próximos

treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha de

notificación de la puntuación obtenida. Seguidamente los incisos C

al E esbozan cómo se efectuará el proceso de revisión. En resumen,

el proceso de revisión del resultado del examen consiste en que el

aspirante deberá comparecer a la revisión. La revisión será realizada

por dos (2) miembros de la Junta de Exámenes quienes atenderán

al examinado y le mostrarán a este la contestación correcta. En el

transcurso del proceso de revisión no se discutirá, revisará ni

evaluará el método de evaluación y formulación del examen.

      En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

resulta menester señalar que el tercer párrafo del inciso E establece

lo siguiente: “[t]ampoco se permitirá durante el curso de esta

evaluación, la impugnación de preguntas. Para realizar este tipo de

señalamiento, el aspirante deberá seguir el procedimiento que se

establece en el Artículo XV de este Reglamento.” El Artículo XV

dispone en específico lo relacionado con el proceso de impugnación

a las preguntas del examen. Dicho artículo lee como sigue:

      Cualquier impugnación a las preguntas del examen
      deberá presentarse por escrito a la Junta dentro de los
      treinta (30) días calendario, contados a partir de
      haberse administrado el examen. La Junta, dentro de
      un término razonable, evaluará estos planteamientos y
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       le notificará por escrito             su    posición,    ante     la
       impugnación incoada.27

       En resumen, el Reglamento detalla dos procesos sobre la

revisión del examen. En el proceso de revisión del resultado del

examen, el inciso A del Artículo XIV dispone que el aspirante debe

exponer de forma detallada los fundamentos en que sustenta la

solicitud de revisión y que los mismos sean dirigidos a probar

fraude, discrimen o coerción28. Por su parte, el proceso de

impugnación a las preguntas del examen se encuentra establecido

en el Artículo XV, el cual dispone que el aspirante tendrá treinta (30)

días para presentar por escrito la impugnación ante la Junta quien

en un término razonable le notificará por escrito su determinación.

                                       -D-

       Es norma reiterada que las decisiones de los organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son

estos los que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos

que les son encomendados29. Al momento de revisar una decisión

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la

razonabilidad de la actuación de la agencia30.

       Así pues, las determinaciones de hechos de organismos y

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y

corrección que debe ser respetada mientras la parte que las impugne

no produzca evidencia suficiente para derrotarlas”31. A esos fines, la

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de

27 Véase, Reglamento para la Administración de Ascenso en la Policía de Puerto Rico
del 7 de mayo de 1999, según enmendado.
28 La Convocatoria Especial para Examen de Ascenso a Teniente Segundo incorporó

que en el proceso de impugnación de preguntas los fundamentos del aspirante
sean dirigidos a probar fraude, discrimen y coerción. No obstante, dicho
requerimiento no está contemplado en el proceso de impugnación de preguntas
conforme establecido en el Artículo XV del Reglamento para la Administración de
Exámenes para Ascenso en la Policía de Puerto Rico. Véase, apéndice del recurso
págs. 56-62.
29 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019), The Sembler

Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012).
30
   Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra, pág. 127; González Segarra et
al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).
31
   Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006).
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manera arbitraria, ilegal, o en forma tan irrazonable que su

actuación constituya un abuso de discreción32.

        Por   ende,     la   deferencia          concedida    a     las   agencias

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación

administrativa no esté basada en evidencia sustancial;33 (2) el

organismo      administrativo     haya       errado     en    la    aplicación    o

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo

actúe     arbitraria,    irrazonable         o     ilegalmente,      al    realizar

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la

actuación     administrativa       lesione         derechos       constitucionales

fundamentales34.

        Con el marco teórico legal antes expuesto, resolvemos.

                                      III.

        En el recurso ante nuestra consideración, el Negociado aduce

que la Comisión abusó de su discreción al declarar con lugar la

apelación presentada por el Sgto. Rodríguez, por entender que el

Reglamento para la Administración de Exámenes para Ascenso en la

Policía limita las impugnaciones de preguntas a alegaciones de

fraude, discrimen o coerción. Señala que el Sgto. Rodríguez no

impugnó las preguntas bajo tales alegaciones. Por ello, el Negociado

entiende que la Comisión actuó sin jurisdicción sobre la materia y

solicita se revoque la resolución recurrida.

        Debido a que el primer señalamiento de error versa sobre falta

de jurisdicción, nos corresponde resolver en primer lugar, si la CASP

tiene jurisdicción para atender la apelación presentada por el Sgto.

Rodríguez. Contestamos en la afirmativa. Veamos.

32
    Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra, pág. 127; Rolón Martínez v.
Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018).
33 El concepto evidencia sustancial se define como “aquella prueba relevante que

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una
conclusión”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.
34
   IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012).
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      Al resolver el planteamiento de falta de jurisdicción, es

menester referirse, en primer lugar, a la ley habilitadora de la CASP

y, seguidamente, a las disposiciones reglamentarias y legales que

rigen las transacciones de personal del sistema de rango aplicables

al Sgto. Rodríguez. Conforme surge de la ley orgánica que creó a la

CASP, esta tiene jurisdicción exclusiva cuando un empleado, dentro

del Sistema de Administración de los Recursos Humanos alegue que

una acción o decisión le afecte o viole el derecho a competir o

ingresar en el Sistema de Administración de los Recursos Humanos,

de conformidad al principio de mérito, así como cualquier derecho

concedido a los empleados o ciudadanos en virtud de las leyes

aplicables. Según surge expresamente de su ley habilitadora, la

CASP fue creada como un foro administrativo cuasi judicial

especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de

mérito.

      Además, destacamos que el Reglamento establece en incisos

separados el detalle del proceso de revisión del resultado del examen

y el proceso de impugnación de las preguntas del examen. Mientras

que, en el proceso de revisión de resultado, el Reglamento dispone

que las alegaciones del aspirante deben dirigirse a probar fraude,

discrimen o coerción en el proceso, el procedimiento de impugnación

de preguntas no detalla ni expone condición o limitación alguna a

las alegaciones del aspirante. Aun así, ello en manera alguna, limita

o condiciona la jurisdicción apelativa y poder revisor que la CASP

ostenta sobre toda determinación de apelaciones surgidas de

acciones o decisiones de los Administradores Individuales que

afecten o violen el derecho a competir o ingresar en el Sistema de

Administración de los Recursos Humanos, de conformidad al

principio de mérito, así como cualquier derecho concedido a los

empleados o ciudadanos en virtud de las leyes aplicables.
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      En efecto, la contestación a la apelación enviada por el

Negociado al Sgto. Rodríguez le informó a este sobre su derecho a

apelar la determinación ante la CASP. En vista de lo anterior,

concluimos que la CASP tiene jurisdicción para atender la

controversia planteada en el presente caso. Pretender limitar

mediante un reglamento interno la jurisdicción sobre la materia que

ostenta la CASP, atenta contra los poderes y facultades que le fueron

expresamente conferidos a través de su estatuto habilitador. El

primer señalamiento de error no se cometió.

      Como segundo señalamiento de error, el Negociado alega que

la CASP erró al acoger la apelación del Sgto. Rodríguez, por entender

que este no derrotó la presunción de corrección de la que gozan las

preguntas formuladas por la Junta de Exámenes. No tiene razón.

En el dictamen recurrido, que, a su vez, adoptó el extenso y

fundamentado informe rendido por la oficial examinadora de la

Comisión, la CASP evaluó cada una de las preguntas impugnadas

por el Sgto. Rodríguez Dávila. De la información que tuvo ante sí la

agencia recurrida, surge con claridad que el Sgto. Rodríguez Dávila

logró rebatir la presunción de corrección de la primera pregunta

impugnada. Tan es así, que el material del que trata dicha pregunta

surge de la propia Convocatoria y Folleto Informativo publicado por

el Negociado en el que se especifica cuáles son las materias objeto

del examen. Ante el minucioso estudio que la CASP realizó a la

apelación presentada por el Sgto. Rodríguez, así como la prueba

desfilada por las partes durante la vista, el Negociado no produjo

evidencia suficiente para derrotar ni la presunción de legalidad y

corrección que cobija las determinaciones administrativas, las

cuales merecen nuestra deferencia. Tampoco pudo demostrar que

la CASP actuó de manera arbitraria, ilegal, o en forma tan

irrazonable que su actuación constituya un abuso de discreción.
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      Como bien determinó la CASP, la dirección o limitación de las

alegaciones del Sgto. Rodríguez en nada incide sobre el poder y

jurisdicción apelativa que la comisión ostenta sobre las decisiones

administrativas que le fueron expresamente conferidas en virtud de

su ley habilitadora. Por consiguiente, procede confirmar la

resolución recurrida.

                                    IV.

      Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la

Resolución emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones