Court Opinion

ID: 9408079
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:14:50.029046+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.767563
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                TRIBUNAL DE APELACIONES
                                          PANEL III

             NORFE GROUP CORP.                                    Certiorari
                                                                  procedente del
                   RECURRIDA                                      Tribunal de Primera
                                                                  Instancia, Sala
                          v.                                      Superior de San
                                                                  Juan
                MULTINATIONAL
             INSURANCE COMPANY                                    Civil núm.:
                                            KLCE202300427
                                                                  SJ2019CV09905
                  PETICIONARIA                                    (0603)

                                                         Sobre:
                                                         INCUMPLIMIENTO
                                                         DE CONTRATO;
                                                         DAÑOS Y
                                                         PERJUICIOS
         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
         Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                         SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

                Comparece        Multinational        Insurance   Company      y   Otros

         (Peticionaria o Multinational), mediante recurso de certiorari y nos

         solicita que revoquemos la Resolución que emitió el Tribunal de

         Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro de

         instancia), el 15 de febrero de 20231. En el referido dictamen, el foro

         de instancia denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria que presentó

         la parte peticionaria.

                Por    los     fundamentos    que       exponemos    a   continuación,

         expedimos el auto solicitado y revocamos la Resolución recurrida.

                                                 I.

                El 19 de septiembre de 2019, Norfe Group Corp., (Recurrido o

         Norfe) presentó una Demanda contra Multinational, EIG Group, Inc.

         y otros por incumplimiento de contrato, más daños y perjuicios por

         presuntas infracciones a los Arts. 27.164 y 27.165 del Código de

         1La Resolución fue notificada y archivada en autos el mismo día, 15 de febrero de
         2023.

Número Identificador

SEN2023________________
KLCE202300427                                                         2

Seguros de Puerto Rico, infra. El recurrido reclamó que es el dueño

del Apartamento PH-A del Condominio Olympic Tower, situado en

la Calle Rodríguez Serra, Núm. 1 en San Juan, Puerto Rico. Alegó

que, por causa del paso del huracán María por Puerto Rico, el 20 de

septiembre de 2017, la propiedad en cuestión sufrió daños por la

cantidad de $2,840,333.00, que Multinational se rehusó a

compensar, a pesar de haber expedido una o varias pólizas para

cubrir dicho riesgo2.

      Después    de     considerar   una   Moción     de   Desestimación

presentada por EIG Group, el 26 de noviembre de 2019, el foro de

instancia emitió una Sentencia Parcial al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, en la que desestimó la

acción incoada contra EIG Group, por insuficiencia en las

alegaciones sometidas en contra de la referida empresa3.

      Posteriormente,     Multinational    presentó    una   Moción de

Desestimación por Falta de Jurisdicción y por Falta de Legitimación

Activa de la Parte Demandante4. Expuso que Norfe carecía de

legitimación activa para presentar una demanda en su contra, pues

no existe ninguna póliza que la aseguradora haya emitido a su favor.

Aseguró que en la póliza número 88-CP-000314960-1, a la que Norfe

hace referencia, éste no aparece como beneficiario o titular, por lo

que la reclamación sometida en su contra es improcedente.

      En la alternativa, Multinational argumentó que, aún si

existiera una póliza a su favor, la demanda sería igualmente

improcedente y contraria a derecho, debido a que Norfe no cumplió

con el requisito jurisdiccional que establece la Ley Núm. 247-2018,

que enmendó la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, conocida como

el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq. Según

2 Véase el Anejo 1 en el apéndice del recurso de certiorari.
3  Véanse la Entrada Núm. 9 y 15 en el Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC).
4 Véase el Anejo 2 en el apéndice del recurso de certiorari.
KLCE202300427                                                                3

expuso,        esta     legislación      requiere      agotar    los   remedios

administrativos que ofrece la Oficina del Comisionado de Seguros

para los casos relacionados a los huracanes Irma y María, previo a

incoar cualquier acción judicial.

          Norfe se opuso a la solicitud de Multinational5. Expuso que el

inmueble por cuyos daños se reclama era una de las 20 unidades

aseguradas por la referida póliza. Manifestó que después del paso

del huracán María, Multinational le facturó la prima que le

correspondía a su apartamento y Norfe pagó, por lo que entiende

que procedía la celebración de una vista evidenciaria.

          Después de evaluar la posición de ambas partes, el 6 de

febrero de 2020, el TPI emitió una Sentencia Parcial en la que decretó

Ha Lugar, parcialmente, la solicitud de desestimación sobre el

reclamo de daños y perjuicios que presentó Norfe contra la

aseguradora, al amparo de los Arts. 27.164 y 27.165 del Código de

Seguros6. Determinó que Norfe debía completar el trámite requerido

en el organismo administrativo, antes de acudir al foro judicial. Por

consiguiente, desestimó, sin perjuicio, su reclamo. No obstante, en

cuanto a la controversia sobre la alegada falta de legitimación activa

de Norfe, el TPI decidió que tenía jurisdicción sobre la materia para

atender la causa de acción contractual. En consecuencia, ordenó la

continuación de los procedimientos.

          Insatisfecha con lo resuelto, Multinational presentó una

Moción de Reconsideración de Sentencia Parcial, mediante la cual

expuso que el TPI carecía de jurisdicción sobre todas las causas de

acción que presentó Norfe en su contra, por lo que procedía la

desestimación total del pleito de marras7. Explicó que independiente

de quién sea el titular de la póliza de seguros, el incumplimiento con

5   Véase la Entrada Núm. 30 en SUMAC.
6   Véase el Anejo 4 en el apéndice del recurso de certiorari.
7   Véase el Anejo 5 en el apéndice del recurso de certiorari.
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el requisito que exige el Código de Seguros, priva al tribunal de

jurisdicción para intervenir en el asunto presentado.

      El 18 de febrero de 2020, el TPI le ordenó a Norfe que

presentara su posición respecto a la solicitud de reconsideración en

o antes del 10 de marzo de 2020. Sin embargo, antes de que venciera

el término concedido, el 4 de marzo de 2020, el foro recurrido emitió

Sentencia en reconsideración. En su dictamen, el TPI decidió acoger

la Moción de Desestimación presentada por Multinational como una

solicitud de sentencia sumaria y desestimó todas las reclamaciones

que presentó Norfe en su Demanda8.

      En desacuerdo con el dictamen, Norfe acudió ante este

tribunal intermedio mediante un recurso de apelación, en el que

señaló que el TPI erró al resolver la Moción de Reconsideración, antes

de que transcurriera el término concedido por el propio tribunal,

para que expresara su posición sobre la solicitud9. Argumentó que,

con su acción, el foro de instancia lo privó de su derecho a un debido

proceso de ley. Además, adujo que, antes de dictar la sentencia

desestimatoria,    el foro de instancia debió concluir        con el

descubrimiento de prueba y celebrar una vista evidenciaria, a los

fines de determinar si verdaderamente procedía la desestimación

solicitada. Oportunamente, Multinational se opuso a la apelación

presentada.

      Evaluados los argumentos de las partes, el 4 de febrero de

2021, este Tribunal dictó Sentencia, en la que revocó el dictamen

apelado y devolvió los autos al tribunal primario, para que se le

brindara a Norfe la oportunidad de comparecer y ser oído10. Esto en

consideración a que el foro primario había desestimado la

reclamación, sin percatarse que había concedido un término a Norfe

8 Íd., Anejo 10.
9 Íd., Anejo 11.
10 Íd., Anejo 13, KLAN202000287.
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para oponerse a la desestimación; que dicho término no había

transcurrido y que este no había presentado su escrito en oposición.

Es decir, la revocación del foro primario por un panel hermano

obedeció a un asunto de índole procesal no sustantiva. No obstante,

en dicha ocasión, la compañera Jueza Lebrón Nieves advirtió

mediante un Voto Disidente que, y citamos: “…bien resolvió el foro

apelado, al no ser NORFRE Group, una parte contratante en el

contrato de seguro en controversia, dicha entidad carece de

legitimación activa para reclamarle individualmente a Multinational.

Es incuestionable que, el foro apelado tenía la obligación de

auscultar su jurisdicción. Máxime, cuando la ausencia de esta fue

traída ante su atención por la parte apelada. Consecuentemente, es

la opinión de esta Juez que en el caso de marras procede la

desestimación con perjuicio de la demanda en su totalidad por falta

de jurisdicción al no tener la parte apelante legitimación activa para

incoar el pleito en cuestión.”

          Así las cosas, el 20 de agosto de 2021, Norfe compareció ante

el TPI mediante su Oposición a Moción de Desestimación, en la que

reiteró sus argumentos sobre la procedencia de su demanda11.

Además, argumentó que no existe una definición particular de lo

que es un asegurado en el Código de Seguros, ni su Reglamento.

Entiende que un asegurado puede ser cualquier persona natural o

jurídica. Por otro lado, arguyó que, supuestamente, la Junta de

Directores del Condominio incumplió con las obligaciones que le

impone la Ley de Condominios ante un evento catastrófico. Adujo

que la Junta no preparó un plan de distribución de los fondos para

la reconstrucción de cada apartamiento. Como consecuencia, afirmó

que Norfe se vio obligada a reclamar directamente a la aseguradora.

Finalmente, esbozó que, debido a lo anterior, el TPI debía traer al

11   Íd., Anejo 14.
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pleito como parte indispensable al Consejo de Titulares para

dilucidar si llevaron a cabo los procesos correspondientes, de

acuerdo con la Ley de Condominios.

          Luego de considerar los argumentos de las partes, el 7 de

diciembre de 2021, el TPI emitió una Resolución que declaró No Ha

Lugar la Moción de Desestimación12. Después de aclarar que no se

encontraba en posición de dirimir sobre las alegaciones en cuanto a

la póliza en pugna, por no tener la totalidad del documento,

determinó que, a base de la doctrina de legitimación activa, Norfe

cumple con todos los criterios para promover la reclamación judicial

de marras. No obstante, decretó que Multinational “podría ser

responsable de indemnizar a Norfe por los daños sufridos en el

apartamento […]”. En cuanto a los reclamos relacionados a los Arts.

27.164 y 27.165 del Código de Seguros, supra, decidió abstenerse

de tramitar su reclamo, hasta que Norfe acreditara que agotó los

remedios administrativos que dispone la ley.

          Tras algunas incidencias procesales, el 19 de enero de 2023,

Multinational presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria, en la

que señaló que existen varios hechos sobre los cuales no existe

controversia que establecen prima facie que Norfe no es acreedor de

los daños que reclama bajo la Póliza en controversia13.

          En su escrito, reiteró que Norfe carecía de legitimación activa

para presentar reclamo alguno en su contra, toda vez que la referida

póliza fue expedida únicamente a favor Condominio Olympic Tower

y no en beneficio de Norfe. También, expuso que Norfe perdió su

derecho a reclamar y beneficiarse de los reemplazos, reparaciones y

reembolsos que provee la Póliza, debido a que el recurrido vendió el

apartamento que poseía en el Condominio Olympic Tower el 22 de

marzo de 2018, previo a la presentación de la Demanda de

12   Íd., Anejo 17.
13   Íd., Anejo 19.
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epígrafe14. Por consiguiente, reafirmó que Norfe no tiene legitimación

activa para presentar ningún procedimiento legal en cuanto al

inmueble en controversia.

             Sobre los daños reclamados y cotizados por CDR Group, LLC

en $2,840,333.06, Multinational argumentó que éstos no están

cubiertos por la Póliza del Condominio, por incluir un endoso Bare

Wall que no cubre los perjuicios recibidos en los bienes privativos

del apartamento15. También, alegó que la indemnización que

reclamó Norfe sobre los gastos por remodelación incurridos, no se

encuentran cobijados por la Póliza, por ser una con valoración de

pérdida al Replacement Cost o valoración de reemplazo. Por otro

lado, sostuvo que en caso de que los daños reclamados estuvieran

cubiertos por la Póliza, Norfe no tendría ningún derecho a

compensación, ya que Norfe no efectuó el pago correspondiente a su

porción de la prima de la Póliza del Condominio, hasta después de

haber ocurrido el huracán María.

             Finalmente, expuso que Multinational emitió los pagos

correspondientes a la reclamación de pérdidas que sometió el

Condominio, a tenor con los términos dispuestos en la Póliza y las

disposiciones del Código de Seguros16. Ante este hecho, afirmó que

no existe reclamación alguna que amerite la concesión de un

remedio. En mérito de lo anterior, aseguró que en el caso de marras

no existen los elementos necesarios para que la Póliza responda por

los daños reclamados, por lo que procede la desestimación sumaria

de la causa incoada.

             Norfe se opuso a la Solicitud de Sentencia Sumaria que

presentó Multinational17. Además de reiterar sus argumentos, Norfe

expuso que no existe controversia sobre el alegado asunto de

14   Íd.,   Anejo 15, pág. 372.
15   Íd.,   Anejo 19, pág. 511.
16   Íd.,   pág. 727.
17   Íd.,   Anejo 20.
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legitimación activa, pues éste fue debidamente adjudicado por el TPI

y constituye la ley del caso. A su vez, aseveró que existe controversia

sobre los daños cubiertos bajo la Póliza, ya que Multinational falló

al no determinar cuáles son los daños reclamados que están

excluidos bajo el endoso de Bare Wall y cuáles no, por lo que la

moción de sentencia sumaria sería prematura. Adujo, que su

derecho a reclamar las pérdidas ya fue adjudicado por el foro de

instancia y constituye la ley del caso.

          Evaluadas las posiciones de las partes y la totalidad del

expediente, el 15 de febrero de 2023, el TPI emitió una Resolución,

en la que determinó que no era necesario celebrar una vista en su

fondo para resolver la controversia, en vista de que el foro a quo ya

había dispuesto el reclamo de falta de legitimación activa de Norfe,

cuya decisión no fue recurrida18. Por consiguiente, declaró No Ha

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria y adoptó e incorporó por

referencia a su dictamen los fundamentos de la Moción en Oposición

a “Moción Solicitando Sentencia Sumaria que presentó Norfe.

          En desacuerdo con lo resuelto, Multinational presentó una

Moción de Reconsideración, a la que se opuso Norfe19. Examinados

los argumentos de las partes, el TPI decidió mantener lo resuelto en

su dictamen y declaró No Ha Lugar la solicitud20.

          Aún inconforme, Multinational acudió ante nosotros mediante

el recurso de epígrafe en el que señaló los siguientes ocho errores:

          ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE
          SENTENCIA SUMARIA PROMOVIDA POR EL PETICIONARIO, TODA
          VEZ QUE, CONFORME A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES,
          ENDOSOS Y EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA EXPEDIDA POR EL
          PETICIONARIO A FAVOR DEL CONDOMINIO OLYMPIC TOWER, NO
          EXISTE ESCENARIO ALGUNO EN EL CUAL EL RECURRIDO
          TUVIERA DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS QUE
          RECLAMA AL AMPARO DE LA REFERIDA PÓLIZA.

          ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE
          SENTENCIA SUMARIA PROMOVIDA POR EL PETICIONARIO, TODA

18   Íd., Anejo 21.
19   Íd., Anejos 22 y 23.
20   Íd., Anejo 24.
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    VEZ QUE EL RECURRIDO RECLAMA DAÑOS ALEGADAMENTE
    SUFRIDOS EN EL INTERIOR DE SU APARTAMENTO Y , SEGÚN LOS
    TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CUBIERTA BARE WALL QUE
    OFRECE LA PÓLIZA, LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD PRIVADA E
    INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS TITULARES DEL CONDOMINIO
    QUEDAN EXCLUIDOS DE CUBIERTA POR LA REFERIDA PÓLIZA.

    ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE
    SENTENCIA SUMARIA PROMOVIDA POR EL PETICIONARIO, TODA
    VEZ QUE EL RECURRIDO RECLAMA POR UNOS ALEGADOS
    GASTOS DE REPARACIÓN DE SU APARTAMENTO, AUNQUE
    ADMITIÓ BAJO JURAMENTO NO HABER INCURRIDO EN GASTO
    ALGUNO DE REPARACIÓN PARA EL INMUEBLE EN CUESTIÓN.

    ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE
    SENTENCIA SUMARIA PROMOVIDA POR EL PETICIONARIO, TODA
    VEZ QUE, SEGÚN SE DESPRENDE CLARAMENTE DE LOS HECHOS
    INCONTROVERTIDOS SUSTENTADOS POR EXTENSA PRUEBA
    DOCUMENTAL, EL PETICIONARIO YA PAGÓ Y CERRÓ LA
    RECLAMACIÓN POR LOS DAÑOS DEL HURACÁN MARÍA, PAGO QUE
    INCLUYÓ LA INDEMNIZACIÓN POR AQUELLOS DAÑOS CUBIERTOS
    DEL INMUEBLE EN CUESTIÓN.

    EL TPI   INCURRIÓ EN ERROR CRASO DE DERECHO AL
    DETERMINAR QUE EL RECLAMO DE FALTA DE LEGITIMACIÓN
    ACTIVA DEL RECURRIDO YA HABÍA SIDO ADJUDICADO MEDIANTE
    LA RESOLUCIÓN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021, TODA VEZ QUE
    EL ESTÁNDAR ADJUDICATIVO DE UNA SOLICITUD DE
    DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 DE
    PROCEDIMIENTO CIVIL DIFIERE SUSTANCIALMENTE DEL DE UNA
    SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA AL AMPARO DE LA REGLA
    36.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

    EL TPI   INCURRIÓ EN ERROR CRASO DE DERECHO AL
    DETERMINAR QUE EL RECLAMO DE FALTA DE LEGITIMACIÓN
    ACTIVA DEL RECURRIDO YA HABÍA SIDO ADJUDICADO MEDIANTE
    LA RESOLUCIÓN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021, TODA VEZ QUE
    DE DICHA RESOLUCIÓN SE DESPRENDE CLARAMENTE QUE EL TPI
    SE VIO IMPOSIBILITADO DE ADJUDICAR DICHO ARGUMENTO
    PORQUE LA PÓLIZA QUE PARA ENTONCES OBRABA EN AUTOS NO
    CONTENÍA TODOS SUS ENDOSOS Y LAS MISMA NO HABÍA SIDO
    AUTENTICADA.

    EL TPI INCURRIÓ EN ERROR CRASO DE DERECHO AL ADOPTAR
    E INCORPORAR POR REFERENCIA LOS ARGUMENTOS VAGOS,
    ESTEREOTIPADOS Y NO FUNDAMENTADOS EN PRUEBA ALGUNA
    ESBOZADOS POR EL RECURRIDO EN SU OPOSICIÓN A SOLICITUD
    DE SENTENCIA SUMARIA, TODA VEZ QUE LA REFERIDA
    OPOSICIÓN NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE FORMA
    CODIFICADOS EN LA REGLA 36 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

    EL TPI INCURRIÓ EN ERROR CRASO DE DERECHO AL ADOPTAR
    E INCORPORAR POR REFERENCIA LOS ARGUMENTOS VAGOS,
    ESTEREOTIPADOS Y NO FUNDAMENTADOS EN PRUEBA ALGUNA
    ESBOZADOS POR EL RECURRIDO EN SU OPOSICIÓN A SOLICITUD
    DE SENTENCIA SUMARIA, TODA VEZ QUE LAS DETERMINACIONES
    DE HECHOS NÚMERO 3, 5-9, 9-20, 29-30, 32-34, 37, 41,
    43-44, 50-52, 54-55, 57 Y 59 QUE EL RECURRIDO “NIEGA”
    ESTÁN SUSTENTADAS EN EXTENSA PRUEBA DOCUMENTAL Y NO
    FUERON CONTROVERTIDAS POR ESTE.
KLCE202300427                                                      10

                                  II.

                                  A.

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La discreción judicial se

ha definido como la autoridad para elegir entre diversas opciones

sin enajenarnos del derecho. Los tribunales deben ejercer su

discreción de forma razonable al momento de pasar juicio sobre una

controversia para así poder llegar a una condición justiciera. IG

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, págs. 334–

335.

       Por otro lado, la autoridad del Tribunal de Apelaciones para

expedir un recurso de certiorari está limitada por la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que dispone lo siguiente:

       el recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
       apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
       o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la cual esperar
       a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
       certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
       tiene que fundamentar su decisión. Cualquier otra
       resolución u orden interlocutoria expedida por el
       Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la
       sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los
       errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. V.
KLCE202300427                                                     11

      Superado los criterios esbozados en la regla antes reseñada,

venimos obligados a considerar una segunda revisión al amparo de

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
         y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
         el caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

                                 B.

      Por otro lado, la justiciabilidad requiere la existencia de un

caso o una controversia real para que los tribunales puedan ejercer

válidamente el poder judicial. Ramos Rivera v. García García, 203

DPR 379, 393-394 (2019); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR

406, 420 (1994). Los tribunales únicamente podemos evaluar los

méritos de los casos que sean justiciables. Hernández Montañez v.

Pares Alicea, 208 DPR 727, 738 (2022); Bathia Gauthier v.

Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011).

      No se considera una controversia justiciable cuando: “(1) se

procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece
KLCE202300427                                                      12

de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito

han tornado la controversia en académica; (4) las partes están

tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta

promover un pleito que no está maduro”. Ramos Rivera v. García

García, supra; Bathia Gauthier v. Gobernador, supra, pág. 69;

Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 421.

      Por legitimación activa se entiende la capacidad de una parte

para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y

comparecer como demandante. Esta requiere que la parte tenga una

capacidad individualizada y concreta ‘en la reclamación’ procesal.

Ahora bien, no todo el que tiene ‘capacidad para demandar’ tiene

‘acción legitimada’ en un pleito específico. En cada pleito, además

de ‘capacidad para demandar’, la parte interesada deberá demostrar

que tiene un ‘interés legítimo[’]. Co. Ópticos de P.R. v. Vani Visual

Center, 124 DPR 559, 563 (1989); Serrano Geyls, Derecho

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C.

Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 13. Es un mecanismo de autolimitación

y de prudencia judicial que persigue asegurar que el que presenta

una acción en el tribunal tiene tal interés en el mismo que, con toda

probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente

y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en

controversia. Co. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra, pág.

564; Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982).

      Ante la falta de una ley que expresamente confiera

legitimación activa, una parte demandante la posee si cumple con

los requisitos siguientes, que: (1) ha sufrido un daño claro y

palpable; (2) el referido daño es real, inmediato y preciso, y no

abstracto o hipotético; (3) existe conexión entre el daño sufrido y la

causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge bajo el

palio de la Constitución o de una ley. Ramos Rivera v. García García,

supra, pág. 395; Col. Peritos Elec. v. A. E. E., 150 DPR 327, 331
KLCE202300427                                                          13

(2000); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 599

(1996).

                                   C.

      En cuanto a la doctrina de la “ley del caso”, como norma

general esta proscribe que los planteamientos que han sido objeto

de adjudicación por el foro primario o el Tribunal Apelativo puedan

reexaminarse. Los derechos y las responsabilidades que emanan de

las determinaciones judiciales poseen características de finalidad y

firmeza conforme a la doctrina de la “ley del caso.” Cacho Pérez v.

Hatton Gotay, 195 DPR 1, 9 (2016); Mgmt. Adm. Servs, Corp. v.

E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 (2000). La certeza del derecho, el

trámite pronto y ordenado del litigio promueven el uso de la

doctrina. Ahora bien, solo procede la invocación de la doctrina,

cuando exista una decisión final de la controversia en sus méritos.

Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra.

      No obstante, nuestro más Alto Foro local ha sido enfático en

que no se trata de una regla inviolable y que la doctrina cede ante

una determinación errónea. Se ha enfatizado que “cuando [l]a ley

del caso es errónea y puede causar una gran injusticia, puede

emplearse una norma de derecho diferente”. Mgmt. Adm. Servs,

Corp. v. E.L.A., supra, pág. 607; Félix v. Las Haciendas, 165 DPR

832, 844 (2005); Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, pág. 10;

Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 (1967).

La doctrina de la “ley del caso” ha siempre de orientarse hacia el

“servicio de la justicia, no la injusticia; no es férrea ni de aplicación

absoluta. Por el contrario, es descartable si conduce a resultados

“manifiestamente injustos”. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919,

931 (1992); Estado Libre Asociado de P.R. v. The Ocean Park

Development Corp., 79 DPR 158, 173 (1956). Los tribunales nunca

debemos olvidar que en primera y última instancia nuestro norte

siempre ha de ser la justicia.
KLCE202300427                                                              14

                                     D.

       La Ley de Condominios establece los mecanismos para

tramitar los conflictos inevitables que dimanan del modus vivendi

de   un     condominio.      También      pormenoriza       la   estructura

organizacional     del   gobierno    interno,   cuyo    organismo      rector

deliberativo es el Consejo de Titulares. Este cuerpo, a su vez, está

regido por la Ley de Propiedad Horizontal, la escritura matriz y el

reglamento. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407,

417 (2012)21.

       La Asamblea legislativa delegó ciertos deberes y facultades a

la Junta de Directores como el órgano ejecutivo de la comunidad de

titulares o el Consejo de Titulares. Por esa razón, el legislador le

delegó: (1) atender todo lo relacionado con el buen gobierno,

administración, vigilancia y funcionamiento del régimen y, en

especial, lo relativo a las cosas y elementos de uso común y los

servicios generales; (2) atender la conservación del inmueble y

disponer las reparaciones ordinarias; (3) adoptar las medidas

necesarias dando inmediata cuenta al Consejo respecto a las

reparaciones extraordinarias; (4) cumplir y hacer cumplir las

disposiciones de este capítulo, del reglamento y de los acuerdos del

Consejo de Titulares, entre otras. 31 LPRA sec. 1293b-4; Consejo de

Titulares v. Gómez Estremera, supra, págs. 417-418.

       Por su parte, el Art. 42 de la Ley de Condominios de 2003, 31

LPRA sec. 1293f, regía las impugnaciones de los acuerdos del

Consejo de Titulares, de las determinaciones, omisiones o

actuaciones del director o de la Junta de Directores y del titular que

somete el inmueble al régimen, entre otros. Este artículo establecía

el foro adecuado y con jurisdicción para presentar las distintas

21La opinión citada fue resuelta durante la vigencia de la Ley de Condominios,
Ley Núm. 103-2003, derogada por la Ley Núm. 129-2020. Los hechos ante
nuestra consideración ocurrieron bajo la vigencia de la Ley 103-2003.
KLCE202300427                                                                   15

acciones de impugnación al amparo del régimen de propiedad

horizontal. Según dicho artículo, las impugnaciones presentadas

por los titulares de apartamientos destinados a viviendas tenían que

presentarse ante el Departamento de Asuntos del Consumidor.

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, supra, págs. 418-419.

       El legislador hizo una distinción entre condominios dedicados

a uso comercial no residencial y aquellos en los que por lo menos

existe un apartamento dedicado a vivienda. Esta distinción es

importante, porque de ella depende la jurisdicción del foro donde se

presentarán las impugnaciones de los titulares. Las acciones

relacionadas a edificios comerciales serían presentadas en el

tribunal. Los titulares de condominios dedicados a vivienda

ventilarían sus impugnaciones en el DACo. Ayala Hernández v.

Consejo de Titulares, 190 DPR 547, 563, 565 (2014).

       En cuanto a la controversia que tenemos ante nuestra

consideración,      los   titulares,    mediante      acuerdo     de    quienes

representen la mayoría, podrán asegurar contra riesgos el inmueble

para cubrir las áreas comunes generales, procomunales y limitadas

de éste, así como otros riesgos para beneficio común de los titulares,

sin perjuicio del derecho que asiste a cada uno para asegurar por

su cuenta y beneficio propio su apartamiento. El titular que tenga

un seguro particular para su apartamiento, o que haya saldado su

hipoteca, no queda exonerado de pagar la parte proporcional de

cualquier seguro comunal adoptado por el Consejo de Titulares. Art.

43 de la Ley de Condominios de 2003, 31 LPRA 1293 (g)22.

22 Artículo 43. — Seguro del edificio contra riesgos; derechos individuales de
titulares.

        Los titulares, mediante acuerdo de quienes representen la mayoría,
     podrán asegurar contra riesgos el inmueble para cubrir las áreas
     comunes generales, procomunales y limitadas de éste, así como otros
     riesgos para beneficio común de los titulares, sin perjuicio del derecho
     que asiste a cada uno para asegurar por su cuenta y beneficio propio su
     apartamiento. El titular que tenga un seguro particular para su
     apartamiento, o que haya saldado su hipoteca, no queda exonerado de
     pagar la parte proporcional de cualquier seguro comunal adoptado por
     el Consejo de Titulares.
KLCE202300427                                                                   16

      El Art. 44 de la derogada Ley Núm. 103, 31 LPRA sec. 1293(h),

regulaba la aplicación del seguro en los casos de siniestros. El

legislador confirió a la Junta de Directores la facultad de preparar

un plan para distribuir los fondos para la reconstrucción con las

cantidades    específicas     que    habrían      de   destinarse      a   cada

apartamento conforme a las tasaciones realizadas y a las restantes

áreas comunes del inmueble. No obstante, sería el Consejo de

Titulares quien decidiría finalmente, por voto mayoritario, todo lo

relacionado a la indemnización. La Ley aprobada en el año 2020

también confiere al Consejo de Titulares la facultad de decidir

finalmente, mediante mayoría de votos, todo lo relacionado a la

indemnización. Art. 63, 31 LPRA sec. 1923(h).

                                      III.

      Como parte de la discusión de los errores primero y segundo,

el peticionario sostiene su posición en cuanto a que Norfe no tiene

legitimación activa para reclamar individualmente a Multinational,

por los daños que sufrió su propiedad tras el azote de los huracanes

Irma y María. Fundamenta su postura en que la Póliza 88-CP-

000314960-1 fue expedida a favor del Condominio Olympic Tower y

que la Asociación de Condómines del Condominio Olympic Tower

figura como único Asegurado Nombrado o Named Insured, no así

Norfe. Por tratarse de un asunto medular que incide en la

jurisdicción del Tribunal, procedemos a atenderlo como cuestión de

umbral.

      Todo titular podrá solicitar de la Junta de Directores la inspección de
   los documentos relacionados con los seguros comunales. La Junta de
   Directores podrá sustituir el agente o corredor de seguros, siempre y
   cuando, las cubiertas y condiciones del nuevo seguro sean las mismas,
   o de mayor alcance y beneficio, y al mismo, o menor costo de la que
   estuviera vigente al momento del cambio, previa aprobación del Consejo
   de Titulares.
      Será responsabilidad de la Junta solicitar al corredor de seguros un
   mínimo de tres (3) cotizaciones para cada renovación anual y mantener
   evidencia de las mismas por un periodo mínimo de tres (3) años, así como
   también mantener la evidencia del rechazo a cotizar de cualquier
   aseguradora, si alguna que así lo haya expresado. Dicha evidencia
   deberá estar disponible para la revisión de cualquier titular que así lo
   solicite. 31 LPRA sec. 1293g.
KLCE202300427                                                         17

          Después de un minucioso examen de los términos de la póliza

en pugna, sus condiciones, endosos y exclusiones, somos de la

opinión que lo alegado por Multinational procede en derecho. Un

contrato de seguros, al igual que todo otro contrato, constituye la

ley entre las partes. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR

139, 154 (1996). Resulta claro que la Póliza número 88-CP-

000314960-1 fue emitida a favor del Condominio Olympic Tower y

la Asociación de Condómines que lo representa. Así surge de la

declaración de renovación del seguro, con fecha de vigencia desde el

22 de febrero de 2017 hasta el 22 de febrero de 201823. Ciertamente,

la Póliza, requerida por la Ley de Condominios, cubre las áreas

comunes generales, procomunales y limitadas del inmueble, pero de

ninguna manera protege contra riesgos sobre el contenido de cada

apartamento. No obstante, ello no exonera a los titulares de pagar

la parte proporcional que le corresponde del seguro comunal que

sea adoptado por el Consejo de Titulares. Art. 43 de la Ley de

Condominios, supra. Esto no significa que la póliza expedida cubra

la propiedad privada de cada apartamento, como alegó Norfe. Más

bien, el pago de la póliza es una obligación contraída por los titulares

al adquirir un inmueble bajo el Régimen de Propiedad Horizontal.

          En el caso de marras, Norfe demandó a Multinational para

que ésta lo indemnizara por los daños sufridos en los bienes

privativos que contenía su Apartamento PH-A, en el Condominio

Olympic Tower. Sin embargo, como mencionamos, la referida póliza

no cubre los perjuicios reclamados, toda vez que ésta fue expedida

únicamente a favor de la Asociación de Condómines del Condominio

Olympic Tower, para proteger la estructura del Condominio y las

áreas comunales, entre otros. Específicamente, el endoso Bare Wall,

incluido en la póliza, cubre lo siguiente:

23   Véase la página 452 en el apéndice del recurso de certiorari.
KLCE202300427                                                                   18

          Bare walls coverage meaning the building but no limited
          to the bare perimeter walls, floors, and ceilings of
          individual units on its most basic form. It does not cover
          improvements to the units such as fixtures, appliances,
          interior partitions, wall covering, windows, exterior or
          interior doors, cabinetry neither included electricity
          wiring or equipment, plumbing over the structural wall
          covering, windows, exterior and interiors partitions floor
          roof, or any kind of buildup roof, any kind of built up
          roof, communication wiring, a/c system but no limited
          to compressors, communications lines24.

          Como vemos, lo único que estaba protegido por la póliza en

los apartamentos eran los elementos de fachada y las áreas que

estaban bajo la responsabilidad de la Junta de Condómines.

          No albergamos duda de que Norfe no fue parte contratante en

el contrato de seguro y que sus reclamos, en todo caso, debieron ser

dirigidos a la Asociación de Condómines, si éste entendía que el

organismo no procedió conforme a lo que establece la Ley de

Condominios, como expuso en sus escritos ante el TPI. Ante estos

hechos, es claro que Norfe no tiene legitimación activa para reclamar

a Multinational por los daños ocasionados al contenido privativo en

su apartamento. Ramos Rivera v. García García, supra; Col. Peritos

Elec. v. A. E. E., supra; Hernández Torres v. Hernández Colón, supra.

La póliza, el contrato entre las partes, identifica al “named insured”

como Condominio Olympic Tower. El asegurado es la persona tanto

natural como jurídica, por lo general propietaria de la cosa

asegurable y contratante directa del seguro, quien le solicita al

asegurador mediante solicitud oral o por escrito, un seguro para la

protección de su persona, su propiedad, o sus obligaciones

económicas por actos u omisiones negligentes hacia terceros o por

cualesquiera otros acontecimientos previstos de carácter inciertos

futuros y fortuitos.25

          No obstante, es meritorio señalar que en la Resolución

recurrida el TPI determinó que el reclamo de falta de legitimación

24   Véase el Anejo 19, página 511, en el apéndice del recurso de certiorari.
25   Cruz, Rolando, Derecho de Seguros, San Juan, JTS, 1999, pág. 85.
KLCE202300427                                                                  19

activa de Norfe ya había sido adjudicado mediante el dictamen

emitido el 7 de diciembre de 202126, en el que decretó que Norfe

tenía legitimación activa. Asimismo, declaró que esta decisión no fue

objeto de ningún recurso apelativo, por lo que advino final y firme.

Sin embargo, en mérito de lo anteriormente discutido, concluimos

que la determinación del TPI fue incorrecta. Nos explicamos.

       La doctrina de la ley del caso no constituye un mandato

inflexible, sino que recoge el principio de que las controversias

decididas por un tribunal tengan finalidad y sean respetadas. Mgmt.

Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., supra. Empero, la doctrina no es

absoluta y, excepcionalmente, la determinación final de un tribunal

puede ser variada o descartarse si se establece que fue una decisión

errónea y puede causar una grave injusticia. Mgmt. Adm. Servs,

Corp. v. E.L.A., supra; Rivera Robles v. Insurance Co. of Puerto Rico,

103 DPR 91 (1974); Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior,

supra. Después de todo, la ley del caso sirve para dirigir la discreción

del tribunal, no limita su poder. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra.

       Al examinar la totalidad del expediente, reiteramos que Norfe

no figura como asegurado en la Póliza 88-CP-000314960-1. No

obstante, para abonar a la falta de legitimación de Norfe, debemos

señalar que la prueba sometida demostró que Norfe no era dueño

del apartamento objeto de su reclamo, al momento de presentar la

Demanda contra Multinational. La propiedad ya había sido vendida

a los esposos Nicholas Owen Gunden y Andrea Marcus Gunden, que

adquirieron su dominio mediante compraventa a Norfe el 22 de

marzo de 2018, según consta en escritura pública.27 Es decir, al

26 Íd., Anejo 17.
27 Íd., Anejo 15, página 372. Debemos mencionar que el Consejo de Titulares del
Condominio Olympic Tower hizo un reclamo a Multinational, bajo la Póliza
número 88-CP-000314960-1, por los daños ocasionados al inmueble, tras el azote
de los huracanes Irma y María. La aseguradora emitió su oferta de pago y el
Condominio, reunido en asamblea extraordinaria, aceptó la indemnización
ofrecida por Multinational. Uno de los titulares que participó en la asamblea y
aprobó la oferta de Multinational fue el nuevo dueño del apartamento PH-A, el
señor Owen Gunden. Véase, Anejo 15 en el apéndice del recurso de certiorari, pág.
727.
KLCE202300427                                                         20

momento de la presentación de la Demanda de epígrafe, ya Norfre

no era dueña del apartamento cuyos daños reclama. Tan es así que,

su dueño, señor Owen, compareció a la Asamblea Extraordinaria de

2 de febrero de 2021 y consintió a la aprobación de la distribución

del producto del seguro, según presentado por la Junta de

Directores y aprobado por los titulares.28 Ciertamente, el caso de

epígrafe debía ser desestimado por falta de legitimación activa. Se

trata de un asunto que incide directamente en la jurisdicción del

tribunal para atender y resolver en los méritos la controversia.

Claramente, el tribunal a quo falló al denegar la Solicitud de

Sentencia Sumaria que presentó Multinational y no desestimar la

totalidad del pleito por falta de legitimación activa, de manera que

corrigiera una decisión claramente errónea.

      En consideración a lo anterior, concluimos que los dos

primeros errores señalados por Multinational en su recurso fueron

cometidos, por lo que procede dejar sin efecto la Resolución

recurrida. Ante esta determinación, se hace innecesario la discusión

de los demás errores señalados.

                                  IV.

      Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari, revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan y desestimamos la

Demanda presentada por Norfe, por falta de legitimación activa.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones

28 Véase Minuta Asamblea Extraordinaria, págs. 727 a 730 del apéndice del
recurso.