Court Opinion

ID: 9928636
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:31:40.488157+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:28.528288
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

      LA CIMA                                          Recurso de Certiorari
   HOMEOWNERS                                          procedente del
  ASSOCIATION, INC.                                    Tribunal de Primera
                                                       Instancia, Sala
        Recurrido                                      Superior de Carolina

             V.                KLCE202301233           Caso Núm.:
                                                       CA2023CV02422

   HÉCTOR JAVIER                                       Sobre:
  ROSARIO REYES Y
      OTROS                                            Sentencia Declaratoria,
                                                       Injunction Preliminar y
      Peticionarios                                    Permanente

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

                                       -I-

        Comparecen ante nos Héctor Javier Rosado Reyes, su esposa

Aurea Barreto y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos, Jorge Luis Medina Rivera, Sonia Alsina Orozco y Sheila J.

Santiago Vega, su esposo Ángel Cores y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos (parte recurrente) por virtud del

presente recurso de certiorari y solicitan que revisemos una

Resolución dictada y notificada el 11 de octubre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI)1 y

una Orden emitida por dicho foro el 30 de octubre de 2023.2

Mediante la aludida Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar a la

desestimación por falta de parte indispensable que solicitó la parte

recurrente en la demanda instada por La Cima Homeowners

1 Apéndice de Certiorari, págs. 0134-0138.
2 Íd. págs. 0228-0232. Archivada y notificada en autos el 1 de noviembre de 2023.

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202301233                                                                2

Association, Inc., (La Cima Homeowners o la parte recurrida). Por

otro lado, por virtud de la mencionada Orden, el foro primario

decretó que la parte recurrente tenía hasta las cinco de la tarde (5:00

p.m.) del 6 de noviembre de 2023 para contestar en su totalidad y

expresar   los     fundamentos        de      negar   los   requerimientos   de

admisiones cursados por la parte recurrida. Conjunto con el

Certiorari, la parte recurrente presentó una Moción urgente en auxilio

de jurisdicción.

      El 7 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la que

declaramos No Ha Lugar al petitorio de auxilio de jurisdicción y le

concedimos diez (10) días a la parte recurrida para que expusiera su

posición en torno a los méritos del recurso. Oportunamente, el 16

de noviembre de 2023, la parte recurrida sometió su Alegato en

oposición a recurso de certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y por

los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el

auto de certiorari y modificamos la Resolución recurrida a los fines

de que establecer la necesidad de que se enmiende la demanda para

incluir como parte a las villas Condominio Montecillo I, Condominio

Montecillo II, Condominio Montecillo Court y Condominio Montecillo

Town Village y a los miembros de la pasada directiva de Montecillo

Homeowners Association, Inc. (MHOA).

                                       -II-

      El caso ante nuestra consideración dimanó el 1 de agosto de

2023 cuando La Cima Homeowners incoó una Demanda sobre

sentencia declaratoria, injunction preliminar y permanente contra la

parte recurrente. En síntesis, alegó que MHOA es era corporación

agrupada por titulares de cinco (5) villas: Condominio Montecillo I,

Condominio         Montecillo   II,     Condominio          Montecillo   Court,

Condominio Town Village y la Urbanización La Cima, las cuales

forman una comunidad con control de acceso que ubica en la
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entrada del complejo Montecillo. Arguyó que dichas villas se rigen

por la Escritura número trescientos cuarenta y cuatro (344) sobre

Condiciones Restrictivas, otorgada el 20 de noviembre de 1992 en

San Juan, Puerto Rico ante la notario Estela I. Vales Acosta

(Escritura Núm. 344) y la Escritura número quinientos veintidós

(522) sobre Declaración Suplementaria, otorgada el 20 de noviembre

de 1996 en San Juan, Puerto Rico ante la misma notario público.

      Esgrimió que se eligió a Héctor Javier Rosario Reyes del

Condominio Montecillo Court; Jorge Luis Medina Rivera del

Condominio Montecillo II; Sonia Alsina Orosco del Condominio

Montecillo I y Sheila J. Santiago Vega del Condominio Town Village,

como directivos de MHOA, presuntamente en contravención con la

Escritura Núm. 344. Estableció que las antedichas personas se

autoproclamaron directivos de MHOA y sustituyeron a los directivos

electos, según comunicado por Resolución del 24 de enero de 2023.

Alegó que la previa presidenta de MHOA la señora Maritza Esquilín

Hernández, no convocó una reunión para celebrar la elección de la

junta de directores, como establece la Escritura Núm. 344.

      Además, apuntó que los actuales directivos estaban inhibidos

de ser parte del cuerpo directivo de MHOA dado que, sus villas así

como algunos codemandados adeudaban cuotas por concepto de

mantenimiento por un periodo superior a treinta (30) días, en

detrimento de las condiciones restrictivas dispuestas en la Escritura

Núm. 344. Presuntamente, a diferencia de la Urbanización La Cima,

las villas en las cuales residen los miembros de la parte recurrente,

adeudan una cantidad ascendente a treinta y ocho mil doscientos

dos dólares con cuarenta centavos ($38,202.40) por concepto de

cuota de mantenimiento. Sostuvo que los autoproclamados

directivos de MHOA tomaron acciones como: cambio de firmas

autorizadas, retiro de fondos y cierre de la cuenta bancaria del

organismo, intento de cambiar el sistema de vigilancia presencial a
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electrónica,    compra      de   equipos,   aumentos     de   cuotas   de

mantenimiento, realización de referéndums no autorizados y

reuniones sin convocatoria, en menoscabo de lo dispuesto en la

Escritura Núm. 344. Manifestó que dichas acciones les causaron

daños por arriesgar su seguridad, preocupación, desasosiego,

disminución del valor de sus propiedades, entre otros, con la

posibilidad de ser irreparables. Por ello, solicitaron varios remedios,

siendo estos que:

       [D]eclare con lugar la demanda de Sentencia Declaratoria y
       determine que la elección de los demandados a formar parte
       de la junta de directores de [MHOA] es ilegal y por lo tanto
       nula, declare que sus actuaciones son ilegales y se revierta
       toda actuación realizada por la Junta de Directores
       demandada por ser nulas ab-initio por tanto se modifique y
       anule todo contrato realizado por los demandados y se
       restituyan en sus puestos a los directivos que ocupaban
       posiciones a enero de 2023 en la entidad [MHOA]; se ordene
       la paralización de la implantación del sistema de seguridad
       actual a uno virtual; se permita y se ordene la contratación
       de un Contador Público Autorizado (CPA) escogido por los
       demandantes y sufragados en su totalidad por los
       demandados con el propósito de auditar los estados
       financieros de [MHOA] desde que los demandados
       asumieron puestos directivos en dicha entidad sin fines de
       lucro a partir de febrero de 2023; se ordene la devolución de
       los fondos retirados de manera ilegal de la cuenta bancaria
       de [MHOA] y dicte el remedio interdictal provisional para que
       los demandados se abstengan de continuar tomando
       decisiones y en su consecuencia dicte Sentencia de
       Injunction Permanente, condene a los demandados
       solidariamente al pago a los demandantes de daños
       causados en la suma aproximada de $100,000.00 y además
       le imponga a los demandados el pago de las costas, gastos,
       se le impongan sanciones por razón de temeridad y
       honorarios de abogados en la suma mínima de
       $25,000.00[.]3

       Tras varios trámites procesales, el 29 de agosto de 2023, el

TPI emitió una orden protectora al amparo de la Regla 56.5 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.5, para que la parte

recurrente desistiera de cambiar el sistema de vigilancia presencial

a electrónica hasta la celebración de la vista pautada para el 29 de

septiembre de 2023.4 Dicho dictamen se mantuvo en pleno vigor

3 Íd. págs. 017-018.
4 Íd. págs. 0101-A-101-B.
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hasta la celebración de la vista de injunction preliminar, según Orden

dictada el 2 de octubre de 2023.5

       Con relación a una Moción de desestimación radicada el 18 de

septiembre de 2023 por la parte recurrente, esta estableció que era

la única villa de MHOA que alegó ilegalidad en la selección de la

junta de directores.6 Asimismo, planteó que se debía desestimar la

causa de acción en su contra dado que no se incluyó como parte al

Condominio Montecillo Court, Condominio Montecillo I, Condominio

Montecillo II y Condominio Town Village ni a los previos directivos

de MHOA, siendo estos partes indispensables debido a que les

correspondían defenderse de las alegaciones de la demanda y se les

violaba el debido proceso de ley. El 5 de octubre de 2023, la parte

recurrida presentó su Oposición a moción para desestimar la

demanda.7 En esencia, La Cima Homeowners argumentó que la

demanda no adujo alegación en contra de las demás villas como

entidad, sino contra los directivos de MHOA, en su carácter personal

por las violaciones a las restricciones voluntarias contenidas en la

Escritura Núm. 344. Por ello, entendió que el remedio que buscó la

parte recurrida no afectaría los derechos de ninguna otra parte

ausente. En la alternativa, indicó que, del TPI determinar que las

demás villas y los previos directivos de MHOA eran parte

indispensable que se debe acumular, se le conceda un término

razonable para enmendar las alegaciones. En respuesta, el 10 de

octubre de 2023, la parte recurrente presentó una Breve réplica a la

oposición de la parte demandante sobre la moción de desestimación,

en la que reiteró su posición.8 Así las cosas, el 11 de octubre de

2023, el TPI dictó una Resolución en la que declaró No Ha Lugar a

la moción de desestimación, debido a que entendió que podía

5 Íd. págs. 0111-A.
6 Íd. págs. 0102-0108.
7 Íd. págs. 0112-0128.
8 Íd. págs. 0129-0131.
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atender la controversia sin la comparecencia de las partes que se

adujeron como indispensables.9 Esto, dado que el TPI vislumbró que

la controversia se reducía a lo siguiente:

       [C]oncluir a base de la prueba que en efecto no eran morosos
       por lo que su elección es legítima y del mismo modo sus
       actuaciones o[,] por el contrario, eran morosos por lo que su
       elección es nula por ser contrario a las disposiciones [de la]
       Escritura aplicable. De ser así, el Tribunal y las partes tienen
       el remedio a su alcance para elegir a la nueva Junta.10

       Respecto al requerimiento de admisiones y producción de

documentos cursada el 1 de septiembre de 2023 por La Cima

Homeowners,11 el 11 de septiembre de 2023, la parte recurrente

solicitó una prórroga de treinta (30) días para contestar el mismo.12

En respuesta, el 12 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Orden

en la que declaró No Ha Lugar a la prórroga solicitada y le concedió

hasta el 18 de septiembre de 2023, bajo pena de anotación de

rebeldía.13 No obstante, el 21 de septiembre de 2023, la parte

recurrente interpuso una moción en la que objetó el requerimiento

de admisiones al entender que contestar noventa y nueve (99)

incisos en un término de veinte (20) días era una violación al debido

proceso por no cumplir con el término dispuesto en la Regla 33 de

Procedimiento Civil, supra, R.33.14              Además, alegó que la

codemandada Sheila J. Santiago Vega no fue notificada del

requerimiento dado que su dirección de correo electrónico estaba

incompleta      y   que   algunas   aseveraciones      requerían    que    se

acompañaran documentos que no se les incluyó. En igual fecha, el

TPI le concedió veinte (20) días a la parte recurrente para responder

al requerimiento de prueba.15 El 12 de octubre de 2023, la parte

9 Íd. págs. 0134-0138.
10 Íd. pág. 0137.
11 Tomamos conocimiento judicial del expediente digital del caso CA2023CV02422

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada
Núm. 26.
12 Entrada Núm. 30 en SUMAC.
13 Entrada Núm. 33 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 13 de

septiembre de 2023.
14 Apéndice de Certiorari, págs. 0109-0110.
15 Entrada Núm. 48 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 22 de

septiembre de 2023.
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recurrente informó al TPI que remitieron a la parte recurrida los

requerimientos de admisiones.16 Posteriormente, el 24 de octubre de

2023, La Cima Homeowners señaló que la parte recurrente no

contestó     adecuadamente         los    múltiples     requerimientos        de

admisiones; negaron documentos y asuntos obvios y demostraron

una actitud temeraria para obstaculizar el descubrimiento de

prueba.17 Por cuanto, solicitó que el TPI diera por admitido los

requerimientos que la parte no brindó contestación y/o se

eliminaran las alegaciones de la parte recurrente, más que

impusiera en concepto de honorarios de abogados, una cuantía no

menor de cinco mil dólares ($5,000.00). Ulteriormente, el 30 de

octubre de 2023, el TPI emitió una Orden en la que, en suma,

resolvió que la parte recurrente tenía que contestar en su totalidad

las distintas alegaciones contenidas en el documento cursado por la

parte recurrida y expresar los fundamentos.18 El foro primario le

concedió hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del 6 de noviembre

de 2023, bajo la pena de sanciones y/o dar por admitidas las

alegaciones.

       Inconforme, el 8 de noviembre de 2023, la parte recurrente

acudió ante esta Curia mediante un Certiorari, en el que le imputó

al TPI la comisión de los siguientes tres (3) señalamientos de error:

       A. ERRÓ EL TPI AL PERMITIR LA VISTA DE INJUNCTION
       PRELIMINAR Y PERMANENTE ANTE LA EXISTENCIA DE
       UNA ORDEN DE CESE Y DESISTA BAJO LA REGLA 56, Y
       PERMITIR QUE DICHA VISTA SEA ANÁLOGA A UN
       JUICIO.

       B. ERRÓ EL TPI AL PERMITIR DESCUBRIMIENTO DE
       PRUEBA PARA VISTA DE INJUNCTION BAJO LA REGLA
       57 DE PROCEDIMIENTO CIVIL E INCUMPLIMIENTO CON
       LA REGLA 34 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

       C. ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
       MOCIÓN POR FALTA DE PARTE INDISPENSABLE EN LA
       SENTENCIA DECLARATORIA.

16 Entrada Núm. 68 en SUMAC.
17 Apéndice de Certiorari, págs. 0140-0227.
18 Íd. págs. 0228-232. Archivada y notificada en autos el 1 de noviembre de 2023.
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      En resumen, alegó que, por virtud de la orden protectora del

29 de septiembre de 2023, extendida por la Orden del 2 de octubre

de 2023, ya se aseguró y salvaguardó la efectividad de la sentencia

que recaiga en el pleito y que, por ello, la parte recurrida no poseía

un daño irreparable para dar lugar al injunction a la luz de la Regla

56 de Procedimiento Civil, supra, R. 56. Precisó que debido al

requerimiento de admisiones cursado por la parte recurrida, dicha

parte no contó con prueba sobre el daño irreparable que sufriría si

el TPI no expedía el injunction. Por último, subrayó que no se

acumuló como parte indispensable al resto de las villas, ni a los

previos directivos de MHOA. Por cuanto, peticionó que expidamos el

recurso y declaremos con lugar la Moción de desestimación.

      Por su parte, el 16 de noviembre de 2023, La Cima

Homeowners presentó su Alegato en oposición a recurso de certiorari

y, referente al primer señalamiento de error, expresó que se tornó

académico, puesto que la parte recurrente se allanó a la orden de

cese y desista emitida por el TPI. En torno al segundo señalamiento

de error, estableció que debido a la discrecionalidad que cobija el

descubrimiento de prueba, esta Curia carecía de facultad para

revisar la determinación del TPI, excepto prejuicio o parcialidad,

craso abuso de discreción, o equivocación en la aplicación del

derecho. En relación con el tercer señalamiento de error, reiteró que

la controversia se puede adjudicar sin la comparecencia del resto de

las villas y de los previos directivos de MHOA.

                                 -III-

                                 -A-

      El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307
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(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente

su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la

expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las

instancias    y   excepciones   contenidas    en   la   Regla    52.1   de

Procedimiento Civil, supra, R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las

Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).

La mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo". 800 Ponce

de León v. AIJ, supra. Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al

momento de ejercer nuestra facultad discrecional:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                  -B-

      El     mecanismo     procesal     de   acumulación        de    parte

indispensable está predicado en la Regla 16.1 de Procedimiento

Civil, supra, R. 16.1. Una parte indispensable es aquella sin cuya

presencia no se puede adjudicar el pleito debido a que sus derechos

quedarán afectados. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto
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Rico: Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan: Lexisnexis de Puerto

Rico, Inc., 2017, pág. 165. Por ello, la aludida Regla 16.1 de

Procedimiento Civil, supra, R. 16.1, dispone que “[l]as personas que

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse

la   controversia,    se   harán   partes   y   se   acumularán        como

demandantes o demandadas, según corresponda”.

       No obstante, no se trata de cualquier interés en el pleito,

puesto que debe ser un interés que impida la concesión de un

derecho adecuado sin afectar o destruir radicalmente los derechos

de la parte. López García v. López García, 200 DPR 50, 64 (2018). A

la vez, tiene que ser un interés real e inmediato, no futuro ni meras

especulaciones. Íd.

       Esto responde a tres principios: la protección constitucional

que impide que una persona sea privada de su libertad y propiedad

sin un debido proceso de ley; la necesidad de que el dictamen

judicial sea completo y evitar la multiplicidad de pleitos. FCPR v.

ELA et al., 2023 TSPR 26, 211 DPR 521, __ (2023); RPR & BJJ, Ex

parte, 207 DPR 389, 407 (2021); Cirino González v. Adm. Corrección

et al., 190 DPR 14, 46 (2014).

       El Tribunal Supremo estableció que, “[a]l determinar si una

persona es una parte indispensable en un pleito, se requiere un

enfoque    pragmático      e   individualizado,      a   tenor   con    las

particularidades de cada caso”. FCPR v. ELA et al., supra; García

Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010). En tal

sentido, el tribunal deberá evaluar los intereses envueltos en cada

caso y distinguir entre los diversos géneros de casos. Esto, de

acuerdo con el “tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de

derechos, intereses en conflicto, resultado y formalidad”, FCPR v.

ELA et al., supra, citando a Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678

(2001) y, “si el tribunal ‘podrá hacer justicia y conceder un remedio
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final y completo sin afectar los intereses del ausente’”. Íd. citando a

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).

      A su vez, es norma trillada que la ausencia de una parte

indispensable priva de jurisdicción al tribunal dado que la sentencia

es nula. FCPR v. ELA et al., supra; Unysis PR, Inc. v. Ramallo Brother

Printing, Inc., 128 DPR 842, 859 (1991). Por ello, el máximo foro

judicial estableció lo siguiente:

      La falta de parte indispensable constituye un planteamiento
      tan relevante y vital que puede presentarse en cualquier
      momento, es decir, se puede presentar por primera vez en
      apelación e, incluso, un tribunal apelativo puede suscitarlo
      sua sponte, ya que en ausencia de parte indispensable, el
      tribunal carece de jurisdicción. Romero v. SLG Reyes, 164
      DPR 721, 733 (2005).

      Cuando se determina que una parte indispensable está

ausente en el pleito, la acción debe ser desestimada sin perjuicio. Íd.

pág. 734. No obstante, a solicitud de parte y sujeto a que el tribunal

pueda ejercer jurisdicción sobre dicha parte indispensable ausente,

se podrá incluir en el pleito sin desestimar la acción. Cirino González

v. Adm. Corrección et al., supra, págs. 46-47.

                                    -C-

      La Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, R. 33, rige lo

concerniente a los requerimientos de admisiones, mecanismo que

“persigue el propósito de aligerar los procedimientos, definiendo y

limitando las controversias del caso, proporcionando así un cuadro

más claro sobre las mismas” Audiovisual Lang. V. Sist. Est. Natal

Hnos., 144 DPR 563, 571 (1997). Este instrumento procesal permite

que una parte requiera por escrito a otra que admita la veracidad de

cualquiera materia dentro del alcance de la Regla 23.1 de

Procedimiento Civil, supra, R. 23.1 sobre descubrimiento de prueba.

Por otra parte, se ha establecido que la admisión realizada “releva a

la parte adversa de tener que presentar en el juicio prueba del hecho

admitido y de esta forma propicia que se acorte la audiencia y no se

incurran en gastos innecesarios”. Rivera Prudencio v. Mun. De San
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Juan, 170 DPR 149, 171 (2007). La parte interpelada a un

requerimiento de prueba tiene un término de veinte (20) días, de lo

contrario, las cuestiones sobre las que se le solicitó admisión se

tendrán automáticamente por admitidas. Íd. págs. 171-172. Por

cuanto, existe “un deber afirmativo de responder y de efectuar las

gestiones necesarias para obtener la información para admitir o

negar”. Íd. pág. 172.

      Por   otro   lado,   en   el   ordenamiento   jurídico   procesal

puertorriqueño se facilita el descubrimiento de prueba para que el

juzgador esté en mejor posición para resolver un pleito de forma

justa. ELA v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004). Además, allana las

circunstancias para “la tramitación de los pleitos y evitar los

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las

partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos

que en realidad son objeto del litigio”. Íd. Por ello, el alcance del

descubrimiento de prueba es amplio y liberal. Íd., Rodríguez v.

Syntex, 160 DPR 364, 394 (2003). Como norma general, las partes

pueden hacer descubrimiento de prueba sobre cualquier materia,

con las limitaciones de que la información sea pertinente y que no

aplique alguna de las reglas de privilegios evidenciarios. ELA v.

Casta, supra, pág. 10; General Electric v. Concessionaries, 118 DPR

32, 38-39 (1986). En este sentido, “los tribunales de instancia tienen

amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento, pues

es su obligación garantizar una solución justa, rápida y económica

del caso, sin ventajas para ninguna de las partes”. Rivera y otros v.

Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). Así, los tribunales revisores

no deben interferir con la amplia facultad del foro primario, excepto

haya actuado con perjuicio o parcialidad, haya incurrido en un

craso abuso de discreción o se haya equivocado en la interpretación

o aplicación del derecho. Íd.
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                                   -D-

      El Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 8081-8087 et

seq., rige lo atinente a las restricciones privadas sobre fincas, antes

denominadas servidumbres en equidad. Dispone que “[s]on

restricciones voluntarias de carácter real aquellas limitaciones de

uso, construcción y ornato o fines análogos que se imponen a las

fincas . . .”. Íd. sec. 8081. Para que las restricciones privadas sobre

las fincas sean válidas y eficaces, deben ser: (a) razonables, (b)

obedecer a un plan general de mejoras; (c) ser compatibles con la

política pública sobre uso de terrenos; (d) constar de manera

específica en un instrumento público y (e) estar inscritas en el

Registro de la Propiedad. Íd. sec. 8082. Una vez constituidas,

instituyen derechos reales oponibles erga omnes, por lo que no debe

permitirse conducta prohibida por dichas restricciones privadas.

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 327-328

(2021). De igual manera, el Código Civil de Puerto Rico regula las

maneras mediante las cuales se pueden modificar o extinguir las

restricciones privadas sobre fines, siendo:

      (a) en la forma y por las causas dispuestas en el acto jurídico
      que las establece;

      (b) por acuerdo unánime de los interesados, ya sea mediante
      la eliminación total o parcial de las restricciones o mediante
      la constitución de nuevas restricciones que alteran las
      anteriores;

      (c) por efecto del tiempo o por realizarse la condición, si así
      se constituyeron;

      (d) por renuncia o abandono de los propietarios que reciben
      los beneficios de las restricciones mediante conducta que
      demuestre una intención de renunciar a ellos o
      abandonarlos;

      (e) por expropiación forzosa, si las restricciones son
      incompatibles con el uso público de la finca expropiada; y

      (f) por cambios radicales del vecindario. Íd. sec. 8086.

      Por ello, “[p]ara hacer efectivos sus derechos e impedir

violaciones a las limitaciones impuestas, los dueños de predios

sujetos a [restricciones privadas sobre fincas] tienen disponible el
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recurso de injunction. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

supra, pág. 328.

                                  -E-

      El injunction es un recurso extraordinario que está regulado

por la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, R. 57 y por el Código

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3421 et seq. El Artículo 675

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521 reconoce que

un injunction “es un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo

el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para

que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo

su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el

derecho de otra”. En otras palabras, el injunction es un remedio

judicial “dirigido principalmente contra actos futuros que amenazan

ser cometidos o que se anticipa que serán cometidos”. VDE

Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010).

      Los tribunales pueden dictar un entredicho provisional,

injunction preliminar o permanente, siempre que se cumpla con la

Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, R. 57. Meléndez de León et

al. v. Keleher et al., 200 DPR 740, 755-756 (2018). El injunction

preliminar se emite previo al juicio en su fondo y tiene el propósito

de mantener el estatus actual hasta la celebración del juicio, sin que

se produzca una situación que convierta la sentencia en académica

o que en el entremedio se ocasionen daños a quien peticiona el

recurso extraordinario. D. Rivé Rivera, Recursos extraordinarios,

2da. ed., San Juan: Programa de Educación Legal Continua de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 21. Para

conceder el remedio de injunction preliminar, se debe considerar:

      (a) la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a
      las partes de concederse o denegarse el injunction;

      (b) su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado
      en ley;
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      (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca en
      los méritos;

      (d) la probabilidad de que la causa se torne académica

      (e) el posible impacto sobre el interés público.
      Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319
      (2008).

      Estos requisitos no son absolutos, dado que la concesión del

injunction preliminar descansa en la sana discreción judicial, de

acuerdo con los intereses de las partes involucradas. A la vez, es un

recurso que se debe otorgar con mesura, “únicamente ante una

demostración de clara e inequívoca violación de un derecho”. Next

Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 487 (2014). Ante

esto, “la determinación del tribunal no se revocará en apelación,

a menos que se demuestre que el foro abusó de su facultad”. Íd.

(Énfasis nuestro).

      La vista sobre injunction preliminar no es un juicio en sus

méritos, por lo que se permite presentar prueba sin que sea un

requisito cumplir con las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, secs.

101 et seq. D. Rivé Rivera, supra, pág. 37.

      Por su parte, un injunction permanente requiere la celebración

de vista y la evaluación de criterios adicionales como: (a) si el

peticionario ha prevalecido en un juicio en sus méritos; (b) si el

peticionario posee algún remedio adecuado en ley; (c) el interés

público envuelto y (4) el balance de equidades. Aut. Tierras v. Moreno

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).

      La parte promovente de un injunction debe demostrar que, de

no concederse el mismo, sufrirá un daño irreparable que no puede

ser satisfecho mediante los remedios legales disponibles. VDE

Corporation v. F&R Contractors, supra. Por ello, los tribunales deben

divisar si “la acción connota o no un agravio de patente intensidad

al derecho del individuo que reclame urgente reparación”. Íd.

      Ahora bien, cuando se vindica las disposiciones de las

restricciones   privadas   sobre   fincas   mediante    un     injunction
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permanente, sólo se debe demostrar la violación a las restricciones.

Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 321; Asoc.

Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 521, 537 (2002). Es

inmaterial probar si la parte peticionaria sufrió un daño irreparable

o si la ley carece de un remedio adecuado en ley. Asoc. Vec. V.

Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra. Por ello, “el injunction es el

remedio adecuado para hacer valer las disposiciones de una

[restricción privada sobre finca]”. Íd.

                                  -IV-

      Tras evaluar la totalidad del expediente del caso ante nuestra

consideración, nos encontramos ante una controversia susceptible

de revisión mediante recurso de certiorari, conforme la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, dado que se recurrió ante dos

dictámenes interlocutorios emitidos por el TPI. Establecido esto,

procedemos a analizar los errores señalados por la parte recurrente.

      En los primeros dos errores imputados al TPI, la parte

recurrente estableció que el foro primario incidió en permitir la vista

de injunction ante la existencia de una orden de cese y desista y en

acceder a que se descubra prueba para dicha vista. De un análisis

sosegado de los autos y conforme con los criterios esbozados en la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1 y de la Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40,

resolvemos que debemos abstenernos de ejercer nuestra función

revisora.   No   atisbamos    error   alguno   que   amerite   nuestra

intervención, puesto que el TPI no incurrió en error, prejuicio,

parcialidad, un craso abuso de su discreción ni equivocación en la

aplicación del derecho al permitir la vista de injunction y el

descubrimiento de prueba para dicha vista. Recordamos que el

descubrimiento de prueba versa sobre un asunto discrecional del

TPI con el propósito de resolver el pleito de forma justa.
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      Por otro lado, como tercer error, la parte recurrente estableció

que el TPI no debió declarar No Ha Lugar la moción de desestimación

por falta de parte indispensable. Resolvemos que erró el TPI al

entender que las villas Montecillo I, Montecillo II, Montecillo Court y

Montecillo Town Village y los previos directivos de MHOA no

debieron ser incluidos como parte en el caso de marras. Sépase que

la parte recurrida solicitó remedios que inciden sobre las aludidas

villas como la modificación de contratos y que pueden revertir las

acciones tomadas por los previos directivos de MHOA. Las aludidas

villas y los previos directivos de MHOA son partes indispensables

dado que tienen un interés real e inmediato en la resolución de esta

controversia. Empero, en aras de la economía procesal, se devuelve

el caso al TPI para que proceda a autorizar que se enmiende la

demanda y se incluya a las antes mencionadas villas y a los previos

directivos de MHOA como parte, evitando de este modo, la

desestimación de la acción. Véase Cirino González v. Adm. Corrección

et al., supra, págs. 46-47. Por cuanto, instruimos al TPI para que le

conceda a la parte recurrida un plazo razonable para que enmiende

la demanda a los fines de incluir a las referidas villas y previos

directivos como parte demandante.

                                 -V-

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari y se modifica la Resolución dictada el 11 de octubre de

2023 para que deje sin efecto lo resuelto respecto a que Montecillo

I, Montecillo II, Montecillo Court y Montecillo Town Village y a los

previos directivos de MHOA no eran parte indispensable en la

demanda. En mérito de lo anterior, determinamos que las villas

antes aludidas y los previos directivos son partes indispensables en

el caso de marras. Por otro lado, se confirma la Orden emitida el 30

de octubre de 2023.
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     Se devuelve el caso para que el TPI continúe con los

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto.

     Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones