Court Opinion

ID: 9952383
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:11.706125+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:49.373747
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL VII

                                              CERTIORARI
MANUEL REYES                                  Procedente del
FONSECA                                       Tribunal de Primera
                                              Instancia, Sala
Recurrido                                     Superior de Guayama

                                           Civil Núm.:
v.                           KLCE202400044 GM2021CV00464
                                           (303)

HOSPITAL EPISCOPAL                            Sobre:
SAN LUCAS, INC. Y
OTROS                                         Accidentes en
                                              Establecimientos
Peticionarios                                 Comerciales

Panel integrado por su presidenta la jueza Domínguez Irizarry, la
jueza Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

      Comparecen Deya Elevator Service, Inc. y Mapfre Praico

Insurance Company, como aseguradora (en adelante Deya, y Mapfre

respetivamente o parte peticionaria) y solicita que revisemos una

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Guayama, en adelante TPI-Guayama, donde el 28 de

noviembre de 2023 y notificado el 29 de noviembre del mismo año,

declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por

los peticionarios. A su vez, la parte peticionaria solicitó una

Reconsideración el 14 de diciembre de 2023, el Foro a quo declaró

No Ha Lugar la Moción de Reconsideración.

      La parte recurrida, Manuel Reyes Fonseca, (en adelante Reyes

Fonseca o parte recurrida), compareció el 22 de enero de 2024 ante

este Tribunal.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación, se

deniega el auto de Certiorari solicitado. Veamos.

Número Identificador
RES2024___________________
KLCE202400044                                                      2

                                       I.

       El 26 de mayo de 2021 el recurrido Reyes Fonseca presentó

una acción por daños y perjuicios en contra del Hospital Episcopal

San Lucas, Inc. (en adelante Hospital), Deya Elevators (Deya) y su

aseguradora Mapfre Praico Insurance Inc (en adelante Mapfre). En

síntesis, el recurrido alegó que el 29 de noviembre de 2019 se

encontraba en los predios del Hospital por razón de una cita médica.

Cuando se disponía a subir a la oficina médica que iba a visitar

Reyes Fonseca “se dirigió hacia el elevador y acto seguido la puerta

del elevador golpeó su brazo derecho de manera contundente, no se

retrajo para abrir y pinchó al demandante”. Según la alegación del

recurrido, “la puerta del elevador empujó al demandante para

continuar cerrándose”.1

       Tras el accidente sufrido, Reyes Fonseca tuvo que ser

sometido a una operación quirúrgica el 22 de mayo de 2020, donde

también se le insertaron tornillos en su hombro derecho.

Posteriormente tuvo que tomar tratamiento de terapia física y

posteriormente medicamentos por el dolor sufrido. El peticionario

alega que perdió gran parte de la movilidad de su brazo por motivo

del golpe recibido.2

       El 15 de septiembre de 2020 Reyes Fonseca advino en

conocimiento que el control y mantenimiento del elevador lo ofrecía

la compañía Deya Elevator Services, por lo que el 21 de octubre de

2020 le dirigió una reclamación extrajudicial. Una vez presentada la

demanda, el 20 de octubre de 2021, Deya contestó la demanda de

epígrafe y Mapfre presentó su contestación respectivamente el 15 de

noviembre de 2021. Según admiten, Deya tenía un contrato de

servicios con el Hospital para brindar mantenimiento y servicio a los

elevadores de dicho hospital, el cual estaba vigente al momento de

1 Apéndice I del Recurso de Certiorari, pág. 1-5, ¶¶ 8-13
2 Id. ¶ 20-25
KLCE202400044                                                                      3

los hechos alegados en la demanda. No obstante, niegan haber

actuado negligentemente en el servicio y mantenimiento brindado.

En cuanto a Mapfre, se alegó que esta únicamente respondería si

Deya era responsable, lo cual negó.3

       Así las cosas y trabada la controversia entre las partes, la

peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial el

17 de octubre de 2022, donde alegó que Reyes Fonseca no contaba

con evidencia suficiente para sostener la alegada negligencia por

parte de Deya y que, de la misma manera no contrató prueba pericial

para establecer la causa del mal funcionamiento.4 A estos fines,

Reyes Fonseca se opuso el 7 de noviembre de 2023 mediante Moción

a Oposición a Sentencia Sumaria.5 Posteriormente, el 9 de noviembre

del mismo año, Deya presentó una Réplica a dicha Moción. En

esencia, Deya arguye que la oposición presentada por el recurrido

no cumplió con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

R. 36.6

       Ulteriormente, el Foro Primario declaró “No ha lugar” la

Sentencia Sumaria mediante una Resolución emitida el 28 de

noviembre de 2023, notificada el 29 de noviembre del mismo año.7

Inconforme con la decisión del TPI-Guayama, la parte peticionaria

mediante una Solicitud de Reconsideración al dictamen del Foro

Primario el 14 de diciembre de 2023.8 El Foro de Instancia declaró

“No ha Lugar” la Moción de Reconsideración el 14 de diciembre de

2023, y dicha notificación fue efectuada el 15 de diciembre del

mismo año.9

3 Recurso de Certiorari, pág. 3.; Apéndice II y III del Recurso de Certiorari, pág.6-

16.
4 Apéndice IV del Recurso de Certiorari, pág. 17-49.
5 Apéndice V del Recurso de Certiorari, pág. 50-55.
6 Apéndice VI del Recurso de Certiorari, pág. 56-60.
7 Apéndice VII del Recurso de Certiorari, pág. 62-64.
8 Apéndice IX del Recurso de Certiorari, pág. 65-74.
9 Apéndice X del Recurso de Certiorari, pág. 75.
KLCE202400044                                                     4

      Inconforme con el proceder del Foro Primario, el peticionario

recurre ante este Foro y en su recurso le imputa al TPI-Guayama el

siguiente señalamiento de error:

             PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA AL DECLARAR “NO HA LUGAR” LA
             SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA PARCIAL, EN
             SU MODALIDAD DE INSUFICIENCIA DE PRUEBA,
             PRESENTADA POR LAS PARTES CODEMANDADAS-
             PETICIONARIAS, DEYA Y MAPFRE, CARECIENDO
             LA   PARTE    DEMANDANTE-RECURRIDA      DE
             EVIDENCIA   ADMISIBLE   SUFICIENTE   PARA
             ESTABLECER DOS ELEMENTOS INDISPENSABLES
             DE SU CAUSA DE ACCION,       A SABER, LA
             NEGLIGENCIA Y EL NEXO CAUSAL; ELLO LUEGO
             DE    HABER     LLEVADO   A    CABO     UN
             DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA COMPLETO,
             ADECUADO Y APROPIADO; LO CUAL HACE
             INNECESARIO LLEVAR A CABO UNA VISTA
             EVIDENCIARIA A ESOS EFECTOS.

      El recurrido presentó su alegato en oposición el 22 de enero

de 2024. Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                   II

      A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174-175

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:
KLCE202400044                                                        5

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este Foro Apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Rivera Gómez y otros v. Arcos

de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v. Rivera Montalvo,

205 DPR 352, 372 (2020); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175

DPR 83, 96-97 (2008).
KLCE202400044                                                       6

      Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848.

La precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).
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      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000);

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);

citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

      Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen,

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98.

      B. Sentencia Sumaria

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo

para asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso.

Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR ___

(2023); González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y

otros, 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023); Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80,

212 DPR ___ (2023); Universal Insurance Company y otros v. Estado

Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24, 212 DPR ___

(2023). Dicho mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial

o totalmente, de litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales

no exista controversia material de hecho que requiera ventilarse en
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un juicio plenario y el derecho así lo permita. Oriental Bank v.

Caballero García, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208

DPR 964, 979-980 (2022). Este mecanismo lo puede utilizar la parte

reclamante o aquella parte que se defiende de una reclamación. 32

LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.

      Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping

et al., supra. Como se sabe, en aras de prevalecer en una

reclamación,    la   parte   promovente    debe   presentar    prueba

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su

causa de acción. Id.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma, con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Regla
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36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Oriental Bank

v. Caballero García, supra; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR

687, 698 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple con

estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su

pedido”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111

(2015).

      Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra,

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho la parte

promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte

sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd.

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

la parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos

que pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos

materiales adicionales que alega no están en disputa y que impiden

que se dicte sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra. Claro está, para cada uno de estos supuestos deberá

hacer referencia a la prueba específica que sostiene su posición,

según exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil,

supra. Íd. En otras palabras, la parte opositora tiene el peso de

presentar evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que

alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se puede colegir que, ante

el incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole,
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164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues solo procede si

bajo ningún supuesto de hechos prevalece la parte promovida. Íd.,

pág. 625. Además, al evaluar los méritos de una solicitud de

sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar guiado por

la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de

su “día en corte”, componente integral del debido proceso de ley.

León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no

procederá    cuando     existan    controversias       sobre   hechos

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada

en elementos subjetivos como intención, propósitos mentales,

negligencia o credibilidad. Acevedo Arocho y otros v. Departamento

de Hacienda de Puerto Rico y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l.

Shipping et al., supra. (Énfasis suplido). Además, existen casos que

no se deben resolver mediante sentencia sumaria porque resulta

difícil reunir la verdad de los hechos mediante declaraciones juradas

o deposiciones. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579

(2001). De igual modo, no es apropiado resolver por la vía sumaria

“casos complejos o casos que involucren cuestiones de interés

público”. Íd. No obstante, la sentencia sumaria procederá si atiende

cuestiones de derecho. Universal Insurance Company y otros v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, supra.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre

ese particular, nuestro más Alto Foro señaló que:
KLCE202400044                                                         11

       [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el
       expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
       Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al
       foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia
       Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de
       forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en
       realidad existen hechos materiales en controversia y, de
       haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
       Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer
       concretamente cuáles hechos materiales encontró que están
       en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de
       encontrar que los hechos materiales realmente están
       incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
       Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
       Derecho a la controversia.

       Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.

       Conforme a lo anterior, “nos encontramos en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es

una de novo, y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa. Id. De esta manera, si entendemos que los hechos

materiales realmente están incontrovertidos, debemos revisar de

novo si el foro primario aplicó correctamente el derecho. Id.

       Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó de

la jurisprudencia federal la modalidad de sentencia sumaria por

insuficiencia de la prueba.10 En el caso normativo de Medina v.

M.S.&D Química P.R., Inc. 135 DPR 716,732 (1994), añade nuestro

más alto Foro que:

       […] la parte promovente tiene el peso afirmativo de
       demostrar que se ha llevado a cabo un descubrimiento de
       prueba completo, adecuado y apropiado, o sea, que ha
       explorado concienzudamente la posibilidad de la
       existencia de una evidencia admisible. Esto significa que
       tiene que poner al tribunal en posición de evaluar la
       adecuacidad del descubrimiento de prueba que realizó.
       Una simple alegación en la cual se concluya que no
       existe una evidencia suficiente para probar el caso no
       basta para apoyar una moción de sentencia sumaria de
       esta naturaleza. Tampoco se considerará adecuado el
       descubrimiento de prueba cuando un análisis de los
       documentos sometidos con la moción, con la oposición y

10 Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317 (1986)
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       aquellos que constan en el récord, refleje que la parte
       promovente ha dejado de auscultar alguna información
       que le pudiera haber conducido a obtener una prueba
       admisible.

       […]

       La parte promovente tiene el peso de demostrarle al
       tribunal que la parte promovida no cuenta con una
       evidencia admisible suficiente para probar, por lo menos,
       un elemento esencial indispensable para su caso.

       Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, pág. 733,
       reiterado en Pérez v. El Vocero de PR, 149 DPR 427, 448
       (1999)

       En resumen, señala el Tribunal Supremo de Puerto Rico
que:

       […]para derrotar una moción de sentencia sumaria bajo
       la modalidad de la insuficiencia de la prueba, la parte
       promovida puede, entre otras cosas: presentar con su
       oposición    una prueba admisible    en    evidencia  o
       una prueba que pueda convertirse en admisible —aunque
       de momento no lo sea— o que dé lugar a
       una prueba admisible que demuestre que existe evidencia
       para probar los elementos esenciales de su caso; que
       hay prueba en el récord que puede convertirse en
       una prueba admisible y que derrotaría la contención
       de insuficiencia del promovente; que la moción es
       prematura porque el descubrimiento es inadecuado, está
       a medias o no se ha realizado, o que éste, por su
       naturaleza, no es un caso que conviene que se resuelva
       por el mecanismo expedito de la sentencia sumaria.

       Id. pág. 734-735.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico incorporó los requisitos

necesarios para dictar sentencia sumaria en esta modalidad de

insuficiencia de prueba, añadiendo además que:

       […] cuando la parte demandante no cuenta con evidencia
       suficiente para probar su caso y requiere del promovente
       establecer que: (1) el juicio en su fondo es innecesario; (2) el
       demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar
       algún hecho esencial a su reclamación, y (3) como cuestión
       de derecho, procede la desestimación de la reclamación.

       Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 786 (2016).

       C. Prueba Pericial y Reglas de Evidencia

       Sabido es que, bajo las Reglas de Evidencia, 32 LPRA, Ap. VI,

R. 110 surgen varios incisos que precisamos destacar para la más

cabal comprensión de este asunto:
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       Regla 110. Evaluación y suficiencia de la prueba:

       La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la
       evidencia presentada con el propósito de determinar
       cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados,
       con sujeción a los principios siguientes:

       […]

       (C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de
       prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca
       absoluta certeza.
       (D) La evidencia directa de una persona testigo que
       merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier
       hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley.

       […]

       (F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del
       juzgador se hará mediante la preponderancia de la prueba
       a base de criterios de probabilidad, a menos que exista
       disposición al contrario. […]

                                       III.

       Argumenta la parte peticionaria que, porque el recurrido no

cuenta con un perito sobre el tema en cuestión, carece de pruebas

para probar la negligencia de Deya y Mapfre respectivamente.

Arguye       además      que     el   TPI-Guayama    debió   desestimar

sumariamente por no contar con evidencia suficiente, entiéndase un

perito, para probar un hecho esencial sobre su reclamación. No le

asiste la razón.

       Deya acepta que en nuestro estado de derecho no existe una

obligación de presentar prueba pericial para los casos donde se

demuestren daños y perjuicios mediante la culpa o la

negligencia,11 tal como se estableció en Pérez v. El Vocero de PR,

supra. No puede ser de otra manera, que ante su reconocimiento de

que no existe obligación de presentar prueba pericial, se proceda a

desestimar sumariamente por falta de un perito. La jurisprudencia

precitada, bien establece que el promovente de una moción de

Sentencia Sumaria al amparo de la modalidad de insuficiencia de

prueba, es decir que le correspondía a Deya demostrarle al Tribunal

11 Apéndice IV del Recurso de Certiorari, pág. 25.
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que Reyes Fonseca no cuenta con prueba esencial para probar su

caso. La alegación de la necesidad de que Reyes Fonseca tenía que

presentar un perito no derrota la alegada insuficiencia de prueba

invocada por Deya sobre el recurrido.

      Luego de analizar la Regla 52.1, antes citada y habida, cuenta

de que, entendemos que no medió pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto, y que el criterio rector se basa en la razonabilidad,

encontramos que no surge evidencia suficiente que pruebe las

alegaciones de la parte peticionaria y rebata la presunción de

corrección que merece nuestra deferencia hacia el Foro Primario.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de

Certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones