Court Opinion

ID: 9916157
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:59.637086+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:10.967504
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

                                     Revisión Judicial
COMISIÓN DE JUEGOS DEL               procedente de la
 GOBIERNO DE PUERTO                  Comisión de Juegos
         RICO          KLRA202300479 del Gobierno de
                                     Puerto Rico
       Recurrida
                                     Caso Núm.
                                     NH-23-16
           v.
                                     Sobre:
                                     Violación Cap. 7-
   MANUEL ROSARIO                    Art. XXX, Secc.
  JINETE LIC. #20-338                3011 (b) (c) (e) (f)
                                     del Reglamento
       Recurrente                    Hípico-Parte
                                     General y de
                                     Licencias #8944 del
                                     6 de abril de 2017

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez
Aldebol Mora y la Juez Ortiz Flores1

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

                                      I.

        El 21 de marzo de 2023, la Comisión de Juegos de Puerto

Rico instó Querella contra el Sr. Manuel Rosario. De dicha Querella

se desprende que, luego de las carreras celebradas el 16 de marzo

de 2023, ese mismo día el Jurado Hípico presentó Informe del Jurado

Hípico al Director Ejecutivo. En dicho Informe el Jurado suspendió al

jinete Manuel Rosario de sus labores por violaciones al Artículo 3011

(b), (c), (e) y (f) del Reglamento de Carreras, Reglamento Núm. 8493

de 6 de abril de 2017 y lo refirió al trámite administrativo

concerniente.

       Al día siguiente, la Confederación de Jinetes Puertorriqueños

presentó Solicitud para que se Deje sin Efecto la Suspensión Sumaria

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-180 de 17 de octubre de 2023,

por haberse inhibido el Hon. Nery E. Adames Soto se designa en sustitución a la
Hon. Laura I. Ortiz Flores, para entender y votar en el recurso del epígrafe.

Número Identificador

SEN2023__________
KLRA202300479                                                       2

Impuesta al Jinete Manuel Rosario. Arguyeron que el Reglamento

Hípico no facultaba al Jurado a suspender a los jinetes o personas

con licencia otorgadas por la Comisión de Juegos de Puerto Rico. El

19 de marzo de 2023, el Jurado remitió un Informe al Director del

Negociado Hípico sobre el incidente que ocurrió entre el Juez de

Salidas y el señor Rosario. Además, solicitaron que el caso fuera

evaluado para una posible suspensión de licencia o declaración de

estorbo hípico.

      El 21 de marzo de 2023, se le notificó formalmente la

presentación de la Querella al señor Rosario y se le citó a comparecer

a un Vista en la Comisión de Juegos el 24 de marzo de 2023. Llegado

el día de la vista, la Comisión de Juegos accedió a levantar la

suspensión del señor Rosario hasta que se dilucidara el caso. Tras

varias suspensiones de vistas, y luego de imponerle una sanción

económica al Representante legal del señor Rosario, el 9 de agosto

de 2023 se celebró la Vista en su fondo. Allí, ambas partes

comparecieron representadas, pero el señor Rosario no presentó

prueba documental u oral alguna, y tampoco ejerció su derecho a

contrainterrogar a los testigos de cargo.

      El 15 de agosto de 2023, notificada el 21, la Comisión de

Juegos emitió Resolución declarando “Con Lugar” la Querella y

suspendió la licencia de jinete del señor Rosario por el término de

treinta y cinco (35) días naturales. En la Resolución, se le apercibió

al señor Rosario de su derecho a presentar reconsideración y

posteriormente revisión administrativa ante la Comisión de Juegos.

      Insatisfecho, el 11 de septiembre del 2023, el señor Rosario

acudió ante nuestra consideración mediante Solicitud de Revisión

Judicial. Planteó:

      Primer error:
      Erró el Juez Administrativo al sostener la suspensión
      sumaria que le fuera impuesta al peticionario, cuando
      de las disposiciones aplicables de Ley Hípica y el
      reglamento Hípico vigente se desprende que el Jurado
KLRA202300479                                                          3

       Hípico no tiene facultad para la imposición de una
       suspensión sumaria.

       Segundo error:
       Erró el Juez Administrativo al declarar con lugar la
       querella presentada en contra del peticionario, cuando
       de las disposiciones aplicables de ley se desprende que
       el Jurado Hípico había violentado el debido proceso de
       ley al que éste tiene derecho.

       Tercer error:
       Erró el Juez Administrativo al adjudicar y declarar con
       lugar una querella presentada en contra del peticionario
       por el Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos,
       cuando de las disposiciones de ley aplicables se
       desprende que el Director Ejecutivo de la agencia perdió
       jurisdicción sobre el caso por haber celebrado la vista
       para atender una suspensión sumaria luego de
       transcurridos los 5 días laborables para ello, y cuando
       el Director Ejecutivo no tiene facultad en ley para
       imponer sanciones basado en una declaración de
       prácticas indeseables y/o estorbo hípico.

       El   13    de      septiembre   de   2023,   emitimos   Resolución

concediéndole término de treinta (30) días a la Comisión de Juegos

para que se expresara sobre el presente recurso. El 13 de octubre

de 2023, la Comisión de Juegos instó Moción en Solicitud de

Desestimación basado en que carecíamos de jurisdicción. Arguyó

que, el señor Rosario debía de agotar los remedios administrativos

de la Agencia según dispone el Reglamento Núm. 9423.

       Por su parte, el 24 de octubre de 2023, el señor Rosario

presentó Moción en Oposición a Desestimación. Planteó que, la Ley

de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico, Ley Núm. 83 del

2 de julio de 1987, según enmendada,2 permite llevar un recurso de

revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico luego de

obtener una resolución final. Señaló, además, que, cualquier

disposición del Reglamento Núm. 9423 que esté en contravención

con la Ley Núm. 83-1987, vulnera el debido proceso de ley.

       Posteriormente, el 26 de octubre de 2023, el señor Rosario

instó Moción en Oposición a Desestimación Enmendada. En esta

ocasión sostuvo que, fue notificado de la Resolución el 21 de agosto

2 15 LPRA § 198 et seq.
KLRA202300479                                                                4

de 2023, y que la suspensión era efectiva desde el 23 de agosto de

2023. A esos efectos, se le hacía imposible agotar los remedios

administrativos antes de que se viera afectado por la disposición del

caso. Aun así, alegó que conforme la Ley Núm. 83-1987, era

improcedente la Moción en Solicitud de Desestimación.

        Contando con el beneficio de las comparecencias de las

partes, procedemos a resolver.

                                          II.
                                          A.

        La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según

enmendada,3 delimita la facultad revisora de este Tribunal de

Apelaciones. En lo pertinente, establece que se podrá recurrir ante

este Foro “[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá

como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones

finales de organismos o agencias administrativas”.4 Cónsono con ese

mandato legal, la Regla 56 de nuestro Reglamento limita nuestra

jurisdicción revisora a determinaciones administrativas finales.5

        Lo anterior es igualmente compatible con las disposiciones de

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017,6 y con la

doctrina de agotamiento de remedios administrativos. Al respecto,

el Sec. 4.2 de la LPAU dispone que, “[u]na parte adversamente

afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el

organismo           administrativo    apelativo       correspondiente   podrá

presentar        una    solicitud    de    revisión   ante   el   Tribunal   de

Apelaciones”.7

3 4 LPRA § 24 et seq.
4 Íd. § 24 y (c).
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56.
6 3 LPRA § et seq.
7 Íd., § 9672.
KLRA202300479                                                                   5

        En cuanto a la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos,       sabemos      que       constituye    una     norma      de

autolimitación judicial que determina la etapa en que un tribunal

de justicia debe intervenir en una controversia que se ha presentado

inicialmente en un foro administrativo.8 Al determinar la etapa en la

cual el litigante puede recurrir a los tribunales, esta doctrina evita

una intervención judicial innecesaria que interfiera con el trámite

normal del proceso administrativo.9             La necesidad de agotar los

remedios administrativos antes de acudir al foro judicial es un

requisito jurisdiccional,10 el cual impide la intervención judicial

hasta    tanto    no    hayan     sido    agotados      todos     los     remedios

administrativos disponibles al nivel de la agencia.11 Así, la

determinación administrativa reflejará la postura final de la

agencia.12

                                         B.

        La Ley Núm. 81-2019, rectora de la política pública del

Gobierno de Puerto Rico en torno a las apuestas en eventos

deportivos y ligas de juegos electrónicos,13 creó la Comisión de

Juegos de Puerto Rico. Su Artículo 2.2 dispone que la Comisión de

Juegos regirá, fiscalizará y tendrá jurisdicción sobre todos los

asuntos de la industria de las apuestas autorizadas por internet, en

deportes, ligas de juegos electrónicos e inclusive, sobre los asuntos

dispuestos en la Ley de la Industria y Deporte Hípico de Puerto

Rico.14 Entiéndase, que la Comisión de Juegos queda facultada para

reglamentar lo concerniente a la industria y el deporte hípico.15

Cónsono con lo anterior, la Comisión de Juegos está facultada para

8 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008).
9 Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42, 49 (1993).
10 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 (2001).
11 Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 693, 714 (2002).
12 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013).
13 Art. 1.2 de la Ley Núm. 81-2019. 15 LPRA § 981a.
14 15 LPRA § 982a.
15 Art. 4 de la Ley Núm. 83 de julio de 1987, según enmendada, conocida como

Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico, 15 LPRA § 198e.
KLRA202300479                                                                     6

dictar todas aquellas órdenes, reglas y resoluciones, además de

tomar medidas necesarias conducentes a la seguridad física,

económica      y   social    de   las   personas      naturales      o   jurídicas

relacionadas con la industria y el deporte hípico.16

         Recientemente la Comisión de Juegos creó el Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos ante la Comisión de Juegos de Puerto

Rico, Reglamento Núm. 9423 de 27 de diciembre de 2022. En lo

pertinente, dicho Reglamento tiene como propósito uniformar y

establecer las normas que aplicarán a todos los procedimientos

adjudicativos ante la Comisión de Juegos y el Negociado del Deporte

Hípico.

         En cuanto a las solicitudes de reconsideración, el Artículo

3.40 del Reglamento 9423 dispone que, “la parte afectada por la

resolución u orden de la Comisión podrá, dentro del término de

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación

de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración

[…]”. Mientras que, sobre el proceso de revisión judicial, el Artículo

3.41 del Reglamento 9423, establece que:

         Una parte adversamente afectada por una orden o
         resolución final de la Comisión, y que haya agotado
         todos los remedios administrativos podrá presentar
         una solicitud de revisión ante el Tribunal de
         Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días
         contados a partir de la fecha del archivo en autos de la
         copia de la notificación de la orden o resolución final.
                                        C.

         Es axioma encumbrado y trillado que un recurso prematuro

al igual que uno tardío, “sencillamente adolece del grave e

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

recurre”.17 Sin embargo, existe una importante diferencia en las

consecuencias que acarrean. La desestimación por tardío priva

fatalmente a la parte de poder presentar el recurso nuevamente,

16 Íd.
17 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra,

150 DPR 649, 654 (2000).
KLRA202300479                                                                   7

ante el mismo foro o cualquier otro. No obstante, la desestimación

de un recurso por prematuro permite que la parte que recurre pueda

presentarlo nuevamente, una vez el foro apelado resuelve lo que

estaba ante su consideración.18 Según nuestro Tribunal Supremo

de Puerto Rico, prematuro es lo que ocurre antes de tiempo; en el

ámbito procesal, una revisión o un recurso prematuro es aquel

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que

éste tenga jurisdicción.19

       La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia y

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante

en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido autoridad judicial o

administrativa alguna para acogerlo; menos, para conservarlo con

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción

informativa.20

       Es sabida norma que la jurisdicción es la autoridad que tienen

los foros judiciales para atender controversias con efecto vinculante

para las partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos

impide que nosotros podamos atender la controversia que se nos

presenta.21 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.22

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia

a cualesquiera otras”.23 Los tribunales no pueden atribuirse

18 Véase: Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015); Torres
Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).
19 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).
20 Julia, 153 DPR, pág. 367; Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR, pág. 654.
21 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013); Souffront v. AAA,

164 DPR 663, 674 (2005).
22 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Carattini v. Collazo

Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537
(1991).
23 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364
(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun.
de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).
KLRA202300479                                                                      8

jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden

otorgársela.24

        La ausencia de jurisdicción es insubsanable.25 Así, cuando un

tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.26 Las

disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante

este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.27

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre

desistimiento      y    desestimación,         nos    concede     facultad       para

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta

de jurisdicción.28

                                        III.

        De    inicio,   nos    corresponde       determinar      si       ostentamos

jurisdicción para atender el presente Recurso. Veamos.

        El 21 de septiembre de 2023, el señor Rosario fue notificado

sobre    la    Resolución      que     emitió    la    Comisión           de   Juegos

suspendiéndole su licencia de jinete desde el 23 de agosto de 2023

hasta el 15 de septiembre del mismo año. En la Resolución se

apercibió     al    señor     Rosario     de     su    derecho        a    presentar

reconsideración ante la Comisión. No obstante, el señor Rosario optó

por acudir ante nos mediante Solicitud de Revisión Administrativa.

Evidentemente, el señor Rosario ignoró la exigencia reglamentaria

de reciente creación, de presentar una moción de reconsideración

como parte de los remedios administrativos provistos por dicho

Reglamento previo a presentar una solicitud de revisión judicial ante

24 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
25 Íd; Souffront, 164 DPR, pág. 674.
26 Caratini, 158 DPR, pág. 356; Vega, 156 DPR, pág. 595.
27 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR
84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez,
165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).
28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLRA202300479                                                     9

este Foro de apelaciones. Ciertamente, su proceder nos priva de

jurisdicción para atender su recurso, y corresponde que ordenemos

su desestimación.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso por falta de jurisdicción.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La juez Aldebol Mora emite por escrito Voto

Concurrente.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                  Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

COMISIÓN DE JUEGOS DEL                           Revisión Judicial
 GOBIERNO DE PUERTO                              procedente de la
         RICO                                    Comisión de Juegos
                                                 del Gobierno de
         Recurrida                               Puerto Rico

                                                 Caso Núm.
             v.                                  NH-23-16
                                KLRA202300479
                                                 Sobre:
    MANUEL ROSARIO                               Violación Cap. 7-
   JINETE LIC. #20-338                           Art. XXX, Secc.
                                                 3011 (b) (c) (e) (f)
        Recurrente                               del Reglamento
                                                 Hípico-Parte
                                                 General y de
                                                 Licencias #8944 del
                                                 6 de abril de 2017

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez
Aldebol Mora y la Juez Ortiz Flores.

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ WALESKA ALDEBOL MORA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

      Concurro con lo resuelto mediante la Sentencia de epígrafe,

por entender que procede la desestimación del recurso por falta de

jurisdicción, toda vez que nos encontramos ante un recurso

prematuro en el cual la parte recurrente no agotó los remedios

administrativos provistos por el Reglamento de Procedimientos

Adjudicativos ante la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico,

Reglamento Núm. 9423 de 27 de diciembre de 2022 (Reglamento

Núm. 9423). Ahora bien, la Mayoría de este Panel descansa su

análisis en que una parte tiene la obligación de presentar una

solicitud de reconsideración sobre una determinación final de

una agencia antes de acudir ante este Tribunal oportunamente

mediante    un      recurso   de   revisión   administrativa.   Esta

interpretación que convierte la presentación de una solicitud de

reconsideración en una condición sine qua non para activar la

jurisdicción de este Foro es desacertada. Sabido es que la solicitud
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de reconsideración de una resolución final de un organismo

administrativo es un derecho –no una obligación– que ostenta una

parte que entienda que esa determinación administrativa le afecta

negativamente. El criterio para activar la jurisdicción de este

Tribunal intermedio es claro: que se recurra de un dictamen final

emitido por un ente administrativo. Es decir, no se requiere que una

parte recurra de una resolución que resuelva una solicitud de

reconsideración sobre un dictamen final o luego de pasado el

término para ello sin que la agencia la resolviera. No hay cabida para

tal interpretación en nuestro ordenamiento jurídico.

      Por el contrario, en el caso de autos, el remedio que no se

agotó previo a la presentación del presente recurso fue la solicitud

de revisión ante la Junta de Comisionados, dentro del término

jurisdiccional de veinte (20) días a partir de la notificación de la

determinación a ser revisada. En particular, el Artículo 3.39 del

Reglamento Núm. 9423 reza como sigue:

      Cualquier parte adversamente afectada por las
      órdenes, decisiones, suspensiones o multas
      impuestas por el Director Ejecutivo o cualquier otro
      funcionario autorizado para ello, en el ejercicio de los
      deberes y poderes conferidos, podrá personalmente, o
      mediante representación legal, solicitar la revisión
      ante la Junta de Comisionados dentro del término
      jurisdiccional de veinte (20) días a partir de la
      notificación de la determinación a ser revisada. (Énfasis
      nuestro).

      […]

      De hecho, en su Moción en Solicitud de Desestimación, la parte

recurrida argumentó que los remedios que tenía que agotar la parte

recurrente, previo a acudir ante este Foro, eran la presentación de

una solicitud de reconsideración o una revisión ante la Junta de

Comisionados. En específico, señaló que “las órdenes, decisiones,

suspensiones o multas impuestas por el Director Ejecutivo, así como

las de cualquier otro funcionario autorizado, son revisables ante la
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Junta de Comisionados”.1 Dicho planteamiento es cónsono con el

precitado Artículo del Reglamento Núm. 9423.

       Incluso, de las advertencias esbozadas en la propia Resolución

que nos ocupa, surge claramente que la parte recurrente podía

presentar un petitorio de reconsideración o un recurso de revisión

ante la Junta de Comisionados. Nada se expresó sobre el derecho

de la parte a presentar una revisión judicial ante este Tribunal,

pues primerio tenía que agotar un recurso similar ante la

referida Junta. En lo pertinente, la determinación recurrida lee de

la siguiente forma:

       La parte adversamente afectada por una Resolución u
       Orden, parcial o final del Directo Ejecutivo o del Jurado
       Hípico, podrá, dentro del término de veinte (20) días
       desde la fecha de archivo en autos de la Notificación de
       la Resolución u Orden, presentar una Moción de
       Reconsideración.

       El Director Ejecutivo, dentro de los quince (15) días
       siguientes a haberse presentado dicha Moción de
       Reconsideración, deberá considerarla. Si la rechazare
       de plano o no actuare dentro de los 15 días, el término
       de veinte (20) días para solicitar revisión ante el cuerpo
       rector de la Comisión de Juegos (en adelante[,] la
       Comisión) comenzará a correr nuevamente desde que se
       notifique la denegatoria o que expiren esos 15 días,
       según sea el caso.

       Si se tomare alguna determinación en su consideración,
       el término para solicitar revisión ante la Comisión
       empezará a contarse desde la fecha en que se archiva
       en autos una copia de la Notificación de la Resolución
       del Director Ejecutivo resolviendo definitivamente la
       Moción cuya Resolución deberá ser emitida y archivada
       en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la
       presentación de la Moción de Reconsideración. Si el
       Director Ejecutivo dejare de tomar alguna acción con
       relación a la Moción de Reconsideración dentro de los
       noventa (90) días de haber sido presentada, acogida
       para Resolución, perderá jurisdicción sobre la misma y
       el término jurisdiccional de veinte (20) días para
       solicitar la revisión ante la Comisión empezará a
       contarse a partir de la expiración de dicho término de
       noventa (90) días, salvo que por justa causa se
       prorrogue el término para resolver.

       Cualquier persona afectada por las órdenes,
       decisiones, suspensiones o multas impuestas por el
       Director Ejecutivo, el Jurado Hípico o cualquier
       otro funcionario autorizado para ello, podrá

1 Véase, Moción en Solicitud de Desestimación, pág. 6. (Énfasis omitido).
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       personalmente, o mediante representación legal,
       solicitar la revisión ante la Comisión. Las solicitudes
       de revisión no suspenderán los efectos de las órdenes,
       decisiones, suspensiones y/o multas mientras se
       resuelven por la Comisión, salvo que exista justa causa.
       Disponiéndose que la Comisión, ante una solicitud para
       tales efectos, para determinar justa causa, escuchará a
       ambas partes, antes de dejar en suspenso cualquier
       orden, decisión, suspensión o multa impuesta por el
       Director Ejecutivo, el Jurado Hípico o cualquier otro
       funcionario autorizado para ello. En casos de multa, la
       persona castigada no podrá inscribir, entrenar, cuidar
       ni montar caballos a menos que deposite en la Oficina
       del Director Ejecutivo el importe de la multa, el cual le
       será devuelto, de serle favorable la Resolución de la
       Comisión. Toda solicitud de Revisión Administrativa
       deberá presentarse en la Secretar[í]a de la Comisión
       dentro del término jurisdiccional de 20 días a partir de
       la notificación de la Orden o Resolución. (Énfasis
       nuestro).2

       En consecuencia, contrario a lo interpretado por la Mayoría

de este Panel, cuando el Artículo 3.41 del citado Reglamento dispone

que, previo a la presentación del recurso ante nos, se requiere que

la   parte     recurrente      “haya         agotado   todos   los   remedios

administrativos”, se refiere a la solicitud de revisión ante la Junta

de Comisionados, no a la moción de reconsideración; pues esta

última no es exigible para nosotros poder ejercer nuestra

jurisdicción, más la primera sí.

       Por todo lo antes, respetuosamente concurro con el dictamen

emitido.

                            Waleska Aldebol Mora
                             Juez de Apelaciones

2 Véase, Exhibit 1 del recurso, págs. 8-9.