Court Opinion

ID: 9952321
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:40:56.656433+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:17.496554
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL ESPECIAL

                                                   Certiorari procedente
PUEBLO DE PUERTO RICO                              del Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
        RECURRIDOS                                 Superior de Fajardo

                 V.                KLCE202301264 Caso Núm.:
                                                 NSCR202200033
                                                 NSCR202200034
 JOSÉ A. SABAT ESQUILÍN
                                                   (703)
       PETICIONARIO
                                                   Sobre:

                                             Art. 109
                                             Art. 5.05
                                             Ley 404
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa y la Jueza Alvarez Esnard

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

       Comparece en forma pauperis, José A. Sabat Esquilín, (en lo

sucesivo, “el peticionario”). A través del recurso de epígrafe, solicita

nuestra intervención para que dejemos sin efecto la determinación emitida

el 23 de octubre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Fajardo. Mediante el referido dictamen, el foro a quo, declaró

No Ha Lugar la moción que había presentado el peticionario, a los fines

de que se abonara a su pena carcelaria el término en que estuvo no

procesable conforme la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA.

Ap II, R. 240.

       Por     los      fundamentos   que   expondremos,     revocamos   la

determinación recurrida.

                                       I.

       El peticionario actualmente se encuentra convicto en la Institución

Peticionaria de Guerreros-304 del pueblo de Aguadilla. Ello, dado que, el

5 de abril de 2022, el foro primario emitió sentencia condenatoria en su

contra. A la luz de lo anterior, se le impusieron dos penas que se

Número Identificador
SEN2024 ________
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cumplirían consecutivamente. La primera de ellas consistió en una pena

de convicción de seis (6) meses y un día bajo el Artículo 5.05 de la Ley de

Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458d. En la

segunda pena, se impuso una convicción de cuatro (4) años conforme el

Artículo 109 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA, sec. 5162. En la

referida sentencia, el foro recurrido añadió la siguiente expresión:

“abónese lo cumplido en preventiva.”

       Así las cosas, el 11 de mayo de 2023, el peticionario presentó una

moción ante el tribunal sentenciador. En lo pertinente, solicitó que se le

acreditara a su condena el tiempo que el foro primario lo había declarado

no procesable bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra.

Expresó, que en dicho tiempo fue recluido clínicamente en la Oficina de

Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción

(en adelante, por sus siglas ASSMCA). En la misma fecha, el foro de

origen dictó una “Orden” por medio de la cual declaró No Ha Lugar la

solicitud del peticionario.

       Luego de varios trámites procesales que no son necesarios de

pormenorizar, el 19 de octubre de 2023, el peticionario nuevamente

presentó una moción ante el tribunal sentenciador. En síntesis, reiteró su

petición de que se le abonara a su pena carcelaria el tiempo que estuvo

recibiendo    tratamiento     médico   bajo   la   custodia   del   Estado.

Particularmente solicitó, que le fuera abonado la totalidad de un (1) año y

seis (6) meses. En respuesta, el 23 de octubre de 2023, el foro de origen

emitió la “Orden” que nos ocupa. Mediante esta, declaró No Ha Lugar lo

solicitado, conforme el caso de Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228

(2010).

       Inconforme, el 13 de noviembre de 2023, el peticionario presentó el

recurso de epígrafe. Por medio de este, señaló como error que el foro

sentenciador no haya abonado al cumplimiento de su pena el tiempo que

estuvo no procesable. Específicamente nos solicitó lo siguiente:

       The petitioner pleads the Court of Appeal of San Juan to
       declare in favor of the petitioner and grant the one (1) year
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       and six (6) months that would complete the remainder of the
       petitioner sentence, when applied the time the petitioner was
       under the custody of the State at AMSCA [Psychiatric]
       Hospital.

       Luego de concederle a la parte recurrida un término para que

expresara su posición, el 24 de enero de 2024, compareció mediante

“Escrito en Cumplimiento de Orden.” Mediante este, realizó un trasfondo

fáctico de los hechos en cuestión y una exposición del derecho aplicable.

Finalmente, se allanó a lo solicitado por el peticionario.

                                      II.
A. Recurso de Certiorari:

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión

de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). A pesar de la amplitud de errores que pueden ser revisados

mediante el certiorari este auto sigue siendo un recurso discrecional y los

tribunales debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso. Íd., pág.

918. Las resoluciones u órdenes dictadas por los tribunales de primera

instancia son revisables ante este Tribunal de Apelaciones, mediante el

recurso de certiorari. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA

sec. 24y.

       La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

delimita los criterios para la expedición de un auto de certiorari. Así pues,

estas consideraciones “orientan la función del tribunal apelativo

intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional”. Rivera

Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. La aludida regla permite que

el análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en el vacío ni se

aparte de otros parámetros al momento de considerar los asuntos

planteados. Íd.; 800 Ponce de León v. American International, 205 DPR

163, 176 (2020). De conformidad con lo anterior, la Regla 40, supra,

dispone los siguientes criterios:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
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      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

B. Incapacidad Procesal:

      La procesabilidad es uno de los criterios a considerar al momento

en que se va a encarar un proceso judicial en contra de un imputado.

Pueblo v. Pagán Medina, supra a la página 237. El concepto de

procesabilidad se define como “la lucidez con la que un imputado de

delito puede entender la naturaleza y el procedimiento criminal al que se

enfrenta.” Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 364 (2020); Pueblo v.

Pagán Medina, supra a la página 237. La no procesabilidad es distinta a

la incapacidad mental que existe al momento de ocurrir los hechos del

acto criminal. Surge luego de presentada la acusación o denuncia y el

imputado va a ser sometido al proceso penal. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR

492, 499 (2001).

      La importancia de evaluar la capacidad mental de un imputado

estriba en tener la certeza de que el referido imputado pueda entender el

objeto de los procedimientos. Ruiz v. Alcaide, supra a la página 499. De

manera que contribuya en su defensa. Íd. Ello, más allá de solo recordar y

relacionar información pertinente a los hechos, toda vez que, debe

comprender el papel que desempeña dentro de un proceso judicial.

Pueblo v. Pagán Medina, supra, a la página 239. Además, de que

proseguir un proceso en contra de una persona no procesable violentaría
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la cláusula constitucional del debido proceso de ley. Pueblo v. Rivera

Montalvo, supra a la página 364.

       Cónsono con lo anterior, a nivel estatutario se codifica la exigencia

de que un imputado sea procesable. Así pues, la Regla 239 de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA. AP II, R. 239, lee como sigue:

“Ninguna persona será juzgada convicta o sentenciada por un delito

mientras esté mentalmente incapacitada […]” Por su parte, la Regla 240

de Procedimiento Criminal, supra detalla el proceso a seguir en los casos

en que esté en cuestión la procesabilidad de un imputado. La precitada

regla lee como sigue:

       En cualquier momento después de presentada la acusación
       o denuncia y antes de dictarse la sentencia, si el tribunal
       tuviere evidencia, además de la opinión del representante
       legal del imputado o acusado, que estableciere mediante
       preponderancia de la prueba que el acusado está
       mentalmente incapacitado, o que éste no es capaz de
       comprender el proceso y colaborar con su defensa como
       consecuencia de alguna condición que afecta sus destrezas
       de comunicación, expondrá detalladamente por escrito los
       fundamentos para dicha determinación, suspenderá los
       procedimientos y señalará una vista para determinar el
       estado mental y/o funcional del acusado.
       34 LPRA, Ap II, R. 240.

       De forma inicial, la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra le

concede al Juzgador la discreción de determinar si existe o no base

razonable para creer que el imputado está mentalmente incapacitado.

Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 301 (2001). Una vez se

establece la referida base razonable, el tribunal tiene que paralizar los

procedimientos; ordenar que el imputado sea evaluado; y señalar una

vista por medio de la cual se dilucide la procesabilidad de este. Íd.

C. Detención Preventiva:

       Es de rango constitucional que un acusado pueda quedar en

libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. En defecto de

la prestación de fianza el imputado será detenido preventivamente. Ante

ello, la protección constitucional se extiende a que dicha detención

preventiva no exceda de seis (6) meses. Art. II, sec. 11, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1. Por detención preventiva se concibe al período de tiempo
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en que un acusado queda detenido preventivamente mientras espera la

celebración del juicio. Pueblo v. Díaz, Rivera, 204 DPR 472, 484 (2020).

El límite constitucional de seis (6) meses forma parte de las garantías

sobre juicio rápido. Pueblo v. Méndez Pérez, 193 DPR 781, 788 (2015).

De esta manera, se evita la ocurrencia de custodias estatales indefinidas,

y se protege la presunción de inocencia. Íd. Así pues, la detención

preventiva tiene dos (2) propósitos. El primero de ellos, garantiza la

comparecencia del imputado o acusado a juicio. El segundo, protege que

dicho imputado o acusado sea castigado antes de que medie un fallo en

su contra. Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183, 191 (2012). En

cuanto al referido término de seis (6) meses, precisa señalar que no

opera de forma absoluta. Es decir, existen circunstancias excepcionales

que no son contempladas dentro del cómputo de dicho término. Una de

las excepciones consiste en el lapso de tiempo en que un imputado se

encuentra no procesable. Este es un periodo que no se computa como

parte de la obligación del Estado de dar comienzo al juicio, debido a su

incapacidad para actuar. Pueblo v. Méndez Pérez, supra a la página 789.

      Ahora bien, distinto es el caso en el que proceda abonar a un

imputado o acusado el tiempo en que estuvo en detención o reclusión por

incapacidad procesal. En este escenario, se computará todo el tiempo

que el imputado se encontró privado de su libertad, y se abonará a su

pena. Ello, dado que, es principio de nuestro ordenamiento jurídico que

una persona convicta no permanecerá privada de su libertad mas tiempo

del que se disponga en la sentencia. Pueblo v. Méndez Pérez, supra a la

página 789. A tenor con ello, existen dos (2) disposiciones legales: el

Artículo 68 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5101; y la

Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 182. La primera

de ellas lee como sigue:

      A la persona convicta de delito se le abonarán los términos
      de detención o reclusión que hubiere cumplido, en la forma
      siguiente:
      (a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto
      desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado
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       firme, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la
       pena, cualquiera que sea ésta.
       […]
       33 LPRA sec. 5101

       A la luz de lo anterior, nuestro más Alto Foro acogió los

planteamientos de la profesora Dora Nevares-Muñiz. Particularmente las

siguientes expresiones: “[el Art. 68, supra] provee para el abono de la

pena de los días en que la persona estuvo recluida previo a que su

sentencia fuera firme o bajo alguna medida de restricción de libertad o

anulada o revocada.” (Énfasis suplido). Pueblo v. Méndez Pérez, supra, a

la   página   790,   citando   a   D.      Nevares-Muñiz,   Derecho   penal

puertorriqueño: parte general, 7ma ed. rev.., San Juan, Inst. para el

Desarrollo del Derecho, 2015, pág. 383.

       Por su parte, la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, lee

como sigue:

       El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad
       cualquier persona acusada de cometer cualquier delito
       público se descontará totalmente del término que deba
       cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos
       hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de
       libertad.
       34 LPRA Ap. II, R. 182.

       Al nuestro mas Alto Foro interpretar tanto la Regla 182 de

Procedimiento Criminal, supra como el Art. 68 del Código Penal de Puerto

Rico, supra concluyó lo siguiente: “[para que sea de aplicación la

bonificación dispuesta en ambas disposiciones legales] hace falta que [al

imputado] se le prive de su libertad, se le acuse y posteriormente se le

ingrese para cumplir una sentencia por los mismos hechos que se le

detuvo en primera instancia.” Pueblo v. Méndez Pérez, supra a la página

790, citando a Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 657 (2012).

                                    III.

       Luego de evaluar de forma detallada el expediente del caso,

determinamos expedir el auto y revocar la determinación recurrida.

Veamos.
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       En Pueblo v. Méndez Pérez, supra el Tribunal Supremo tuvo ante

sí un caso similar al que nos ocupa. En el referido caso, se dilucidó una

controversia en el que el imputado fue encarcelado por no prestar fianza.

Posteriormente, de forma análoga a nuestra controversia, el imputado fue

encontrado no procesable. Siendo así, nuestro más Alto Foro tuvo que

evaluar si aplicaba abonar a la pena del imputado el término que este

estuvo recluido durante la vigencia de su incapacidad procesal. El

Tribunal Supremo resolvió en la afirmativa. A la luz de ello, el aludido foro

concluyó que el factor decisivo “es el tiempo que una persona haya

estado privada de su libertad desde el momento en que inició el

procedimiento penal y hasta que se dictó la sentencia condenatoria.”

Pueblo v. Méndez Pérez, supra a la página 791.

       De otra parte, en el caso de Pueblo v. Pagán Medina, supra se

concluyó que la restricción de libertad que surge como consecuencia de

la improcesabildad no constituye una detención preventiva. De manera

que, la no procesabilidad responde a otras circunstancias de privación de

libertad. A la luz de ello, se debe realizar una distinción entres los dos (2)

escenarios en que la improcesabilidad coexiste junto a la detención

preventiva. Particularmente, es preciso distinguir entre la incapacidad

procesal para los efectos de juicio rápido y la incapacidad procesal para

los fines de abonar el tiempo de restricción de libertad al cumplimiento de

la pena.

       Excepcionalmente, la incapacidad procesal de un imputado no

forma parte del término de los seis (6) meses que tiene el Estado para

comenzar el juicio, en los casos en que el referido imputado se detiene

preventivamente. Empero, en el segundo escenario la no procesabilidad

se computa de forma conjunta al término de detención preventiva. Es

decir, ambos términos constituyen una restricción de libertad y ambos son

abonados a la pena que surja de la sentencia dictada. Esto ocurre, a la

luz de la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra y el Artículo 68 del

Código Penal de Puerto Rico, supra. Ambas disposiciones legales no
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realizan una diferenciación entre una detención preventiva por no prestar

fianza y una reclusión para recibir tratamiento médico por no

procesabilidad. En cambio, esbozan una normativa que permite que se

abone a la pena todo el tiempo en que un imputado se haya privado de su

libertad. Ello, sin distinción de la causa que de paso a dicha restricción.

       En la controversia ante nuestra consideración, el imputado fue

declarado no procesable luego de ser detenido preventivamente por no

prestar la fianza correspondiente. Según fue expuesto, que ambas

restricciones de libertad coexistan en un mismo caso, no es óbice para

abonar al cumplimiento de la pena ambos términos. Ello, dado que,

ambos supuestos ejemplifican una medida de privación de libertad. Así

pues, señalamos que el concepto de “restricción de libertad” trasciende

los límites de los barrotes carcelarios. Toda vez que, abarca diferentes

tipos de medidas preventivas mediante las cuales un imputado se

encuentre sin el disfrute de su libertad. Así, conforme fue expuesto, una

persona no se exime de estar bajo la custodia del Estado durante el

tiempo que se encuentre no procesable. Ello, dado que, la ausencia de

procesabilidad no es una circunstancia voluntaria y seleccionada por el

imputado. Por tanto, la falta de consentimiento del imputado a la custodia

estatal que surge al decretar su falta de procesabilidad constituye una

privación de libertad.

                                      IV.

       Por los fundamentos esbozados y a tenor con el principio de que

una persona convicta no permanecerá privada de su libertad más tiempo

del que se disponga en la sentencia, determinamos expedir el presente

auto y revocar la determinación recurrida.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones