Court Opinion

ID: 9916073
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:22.38589+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.168636
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

JESÚS SANTIAGO RUIZ                             APELACIÓN
      Y OTROS                                   procedente del
                                                Tribunal de Primera
Demandantes-Apelantes                           Instancia, Sala
                                KLAN202300936   Superior de San
             v.                                 Juan

   MUNICIPIO DE SAN                             Caso Núm.
    JUAN Y OTROS                                SJ2023CV01413

 Demandados-Apelados                            SOBRE: LIBELO,
                                                CALUMNIA O
                                                DIFAMACIÓN
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Comparece la parte apelante, Jesús Santiago Ruíz, para

solicitarnos que se revise y revoque la Sentencia dictada el 15 de

agosto de 2023, notificada el 22 de agosto de 2023 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la cual

desestimó la Demanda instada por el apelante.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                    I

      El Sr. Santiago Ruíz laboraba para el Departamento de

Seguridad Pública del Municipio de San Juan hasta su destitución

el 22 de noviembre de 2019 por imputaciones de hostigamiento

sexual, en su modalidad de ambiente hostil y sexualmente ofensiva

en el área de trabajo, contra la Sra. Evelyn Rodríguez Heredia. Previo

a su destitución, el Sr. Santiago Ruíz fue suspendido sumariamente,

se condujo una investigación administrativa, se celebró una vista y

la Autoridad Nominadora le remitió una carta informándole de su

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLAN202300936                                                          2

destitución. El 25 de noviembre de 2019, el Sr. Santiago Ruíz

recurrió a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP)

mediante Apelación, caso de designación CASP 2019-11-0217.

Según consta el apelante en su escrito, la CASP llevó a cabo una

vista adjudicativa en sus méritos en el mes de febrero de 2023 y aún

se encuentra pendiente la resolución final.

         El 19 de febrero de 2020, el Sr. Santiago Ruíz, Aida Ruíz

Álvarez y la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos

instaron una Demanda en contra del Municipio de San Juan (en

adelante, “Municipio”), entre otros, por daños y perjuicios a causa

de      los   eventos   antes    descritos,   caso   de    alfanumérica

SJ2020CV05653. Alegaron que las imputaciones de hostigamiento

sexual son frívolas e infundadas, que la destitución fue ilegal,

caprichosa, represiva y arbitraria y que sufrieron daños a causa de

ello.

         El 28 de abril de 2021, notificada al día siguiente, el Tribunal

de Primera Instancia dictó Sentencia desestimando sin perjuicio la

Demanda por falta de jurisdicción al entender que la CASP poseía

jurisdicción exclusiva para atender la impugnación de la destitución

del Sr. Santiago Ruíz. El Foro Primario añadió que la acción de

daños y perjuicios dependerá de la determinación de la CASP. El Sr.

Santiago Ruíz apeló el dictamen ante este foro revisor y, el 16 de

septiembre de 2021, este Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia en

la cual confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera

Instancia.1 El 11 de febrero de 2022, notificada el 17 de febrero de

2022, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución

donde denegó el auto de certiorari presentado por el Sr. Santiago

Ruíz.2 La Sentencia advino final y firme.

1  Véase Sentencia del recurso KLAN202100535 y apéndice del recurso
KLAN202300936, págs. 51-61.
2 Véase caso número CC-2021-0826.
KLAN202300936                                                        3

      Así las cosas, el 16 de febrero de 2023, el Sr. Santiago Ruíz,

Aida Ruíz Álvarez y la sociedad de bienes gananciales compuesta

por ambos presentaron una segunda e idéntica Demanda, con la

excepción de tres (3) demandados adicionales y el señalamiento de

que la Demanda está relacionada con la demanda previamente

instada. El 10 de julio de 2023, el Municipio y los demás

demandados presentaron una Moción de Desestimación y en

Solicitud de Imposición de Honorarios por Temeridad. En esencia,

arguyeron que aplica la doctrina de cosa juzgada debido a que

persisten las mismas circunstancias que en la primera Demanda,

que el foro a quo carece de jurisdicción sobre la materia y que aplica

la inmunidad soberana al Municipio por tratarse de causas de

acción por difamación, calumnia y libelo. Por último, argumentaron

que al no existir una reclamación que justifique la concesión de un

remedio debería desestimarse la Demanda e imponerse honorarios

de abogados por temeridad.

      El 14 de agosto de 2023, los demandantes presentaron una

Moción Urgente en Oposición a Desestimación. En apretada síntesis,

los demandantes arguyeron lo siguiente: 1) que la desestimación

inicial fue sin perjuicio, por lo que no aplica cosa juzgada; 2) que la

Demanda busca la adjudicación de los daños causados por la

destitución y no atacar la validez de la destitución, cuya encomienda

le corresponde a la CASP; 3) que parte del propósito de esta segunda

Demanda era interrumpir el término prescriptivo de la acción en

daños y perjuicios, pues, el procedimiento administrativo no

interrumpe dicho término prescriptivo de un (1) año; y 4) que, en la

alternativa, se paralicen los procedimientos hasta que culmine el

trámite administrativo.

      El 15 de agosto de 2023, notificada el 22 de agosto de 2023,

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en la cual dispuso

lo siguiente:
KLAN202300936                                                              4

      Evaluadas las mociones anteriores, determinamos Ha
      Lugar la solicitud de desestimación sumaria presentada
      por la parte demandada y se acogen e incorporan en su
      totalidad los hechos y fundamentos allí establecidos y
      conforme a los resuelto en el caso KLAN202100535 del
      Tribunal de Apelaciones. Esta Sentencia se dicta con
      costas, y sin imposición especial de gastos ni honorarios
      de abogado. (Énfasis en Original).3

      Inconforme, el 20 de octubre de 2023, el Sr. Santiago Ruíz

presentó la Apelación de Sentencia ante nos con los siguientes

señalamientos de error:

      Erró el Honorable Tribunal al declarar en [sic] Ha Lugar
      la Moción de Desestimación presentadas [sic] por los
      DEMANDADOS RECURRIDOS y[,] en consecuencia[,]
      emitir una Sentencia desestimando la causa de acción
      en su totalidad y con perjuicio.

      Erró el Honorable Tribunal al emitir Sentencia
      declarando Ha Lugar la Solicitud de Desestimación,
      acogiendo e incorporando “en su totalidad los hechos y
      fundamentos” en ella recogidos y lo resuelto por el
      Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN202100535.

      Erró el Honorable Tribunal al emitir Sentencia
      desestimando sumariamente y con perjuicio la totalidad
      de la causa de acción, obviando las doctrinas de
      abstención judicial y paralización de los procedimientos
      en tanto se concluyan todos los procesos en el foro
      administrativo, así como el t[é]rmino prescriptivo
      aplicable a las causas de acción en daños y perjuicios.

      Comparecido las partes y presentado sus escritos, damos por

perfeccionado el recurso de epígrafe. Examinado el expediente en su

totalidad, procedemos a establecer el derecho aplicable y resolver.

                                     II

A. Cosa Juzgada

      El Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 19304

codificó la doctrina de cosa juzgada, o res judicata, en nuestra

jurisdicción. En lo pertinente, el referido Artículo dispone lo

siguiente:

            Para que la presunción de cosa juzgada surta
      efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso
3 Véase apéndice de recurso de apelación KLAN202300936, pág. 2.
4 Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendada, 32 LPRA

sec. 3343. Hacemos constar que dicho Código Civil ha sido derogado por la Ley
Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
KLAN202300936                                                                5

          resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea
          invocada, concurra la más perfecta identidad entre las
          cosas, las causas, las personas de los litigantes y la
          calidad con que lo fueron. […]5

          Aún con la adopción del nuevo Código Civil de Puerto Rico6,

la      vigencia   de   la   doctrina   continúa   a   través   de   nuestra

jurisprudencia. La doctrina de cosa juzgada está fundada en

consideraciones de orden público y necesidad, pues, se busca, en el

interés del Estado, que se pongan fin a los litigios, que no se

eternicen las cuestiones judiciales, dar la debida dignidad a los

fallos de los tribunales y que no se someta en dos ocasiones a un

ciudadano a las molestias de litigar la misma causa.7 Además, la

doctrina “persigue poner fin a los litigios luego de que los tribunales

los adjudiquen de forma definitiva y, de este modo, garantizar la

certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una

resolución judicial” y así evitar gastos adicionales al Estado y a los

litigantes.8 De esta manera se promueve la economía judicial y

administrativa al evitar litigios innecesarios y evitar decisiones

inconsistentes entre sí.9

          Una vez aplicada, el efecto de ésta es que la sentencia dictada

en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior

entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas,

las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron

haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción

anterior.10 Así es la realidad jurídica que el efecto de cosa juzgada

en una sentencia judicial permanece, aunque la misma sea

errónea.11

5 Id.
6 Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
7 Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961).
8 Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649, 655 (2013); Presidential v.
Transcaribe, 186 DPR 263, 273-274 (2012); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et
al., 133 DPR 827, 833-834 (1993)
9 Rodríguez v. Colberg, 131 DPR 212, 218 (1992)
10 Pagán v. UPR, 107 DPR 720, 732-733 (1978).
11 Ramos González v. Medina, 121 DPR 312, 339 (1988).
KLAN202300936                                                                   6

       Para la presunción de cosa juzgada se requiere que concurra

la más perfecta identidad de cosas, causas, partes y la calidad en

que lo fueron en el caso resuelto por la sentencia y aquel en que

dicha defensa afirmativa sea invocada.12 El requisito de identidad de

cosas exige que el primer y segundo pleito versen sobre el mismo

objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.13 El criterio para

determinar si existe identidad de cosas es si un juez se expone a

contradecir una determinación anterior.14 En cuanto al requisito de

identidad de causas se examina el origen o motivo de las acciones

planteadas y resueltas. Esta identidad existe cuando “los hechos y

los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta a la

cuestión planteada”.15 Para ello es necesario cuestionar si ambas

reclamaciones se basan en el mismo núcleo de hechos o misma

transacción.16 Por último, la identidad de las personas y la calidad

en que lo fueron se constituye cuando “los litigantes del segundo

pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito

anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los

que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que

tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas”.17

                                       III

       Debido a que los tres (3) señalamientos de error están

íntimamente relacionados,           estos se discutirán en conjunto.

Esencialmente, el apelante arguyó que el Tribunal de Primera

Instancia erró al desestimar la Demanda y acogerse a los hechos y

fundamentos de la moción de desestimación presentada por la parte

demandada y lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones en el caso

KLAN202100535. No le asiste la razón.

12 Ortiz Matías v. Mora Development, supra; Rodríguez v. Colberg, supra, pág. 219.
13 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274; A & P Gen. Contractors v.   Asoc.
Caná, 110 DPR 753, 764 (1981)
14 Presidential v. Transcaribe, supra.
15 Id., pág. 275.
16 Id.
17 Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, supra.
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      Según constamos anteriormente y reconoce el apelante en sus

escritos, la Demanda de epígrafe fue presentada en una ocasión

anterior y desestimada mediante sentencia final y firme. El Tribunal

de Primera Instancia desestimó la primera vez por falta de

jurisdicción debido a que la CASP posee jurisdicción exclusiva para

atender la impugnación de la destitución del Sr. Santiago Ruíz y que

la acción en daños y perjuicios dependerá de la determinación de la

CASP. Los procedimientos ante la CASP siguen pendientes de

adjudicación. Las circunstancias desde la primera desestimación no

han cambiado.

      Ahora bien, para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada

se requiere la identidad de cosas, causas, personas litigantes y la

calidad en que lo fueron. Primeramente, examinamos la identidad

de causas y cosas. La primera y segunda Demanda presentada por

el apelante son idénticas, con excepción de los nuevos demandados,

tratan exactamente sobre los mismos hechos y contienen las

mismas causas de acción. Por tanto, resulta ineludible concluir que

existe una identidad de causas por tratarse de hechos y

fundamentos idénticos e identidad de cosas por versar sobre la

misma materia y causas de acción.

      Por último, debe haber identidad de las partes y la calidad en

que lo fueron. Evidentemente, las partes de ambos pleitos son las

mismas. La segunda Demanda solo añadió al actual alcalde del

Municipio en su carácter oficial y al Sr. Arrillaga Reyes, esposo de la

Sra. Rodríguez Heredia, junto a la sociedad legal de bienes

gananciales, la cual luego se probó que no existía y se solicitó la

desestimación, sin oposición del apelante. El Tribunal de Primera

Instancia desestimó el pleito en su totalidad antes de resolver la

solicitud de desestimación. Por ende, resulta forzoso concluir que

existe identidad de partes y la calidad en que lo fueron persiste.
KLAN202300936                                                       8

        Sin duda alguna, aplica la doctrina de cosa juzgada al caso de

epígrafe al concurrir todos los requisitos. La Sentencia dictada en el

caso de KLAN202100535 advino final y firme y constituye cosa

juzgada en el presente caso. Aún está pendiente de adjudicación la

procedencia o no de la destitución del empleo del apelante ante la

CASP, quien es el organismo que posee jurisdicción exclusiva sobre

dicho asunto y del cual depende la causa de acción presentada por

el apelante en el presente pleito. El propósito de la doctrina de cosa

juzgada es impedir la litigación de asuntos ya adjudicados, evitar

dictámenes inconsistentes y evitar que las partes incurran en gastos

innecesarios. En virtud de lo anterior, la determinación del Tribunal

de Primera Instancia fue correcta y procede la desestimación del

pleito.

                                  IV

        Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos

formar parte de este dictamen, se confirma la Sentencia apelada

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones