Court Opinion

ID: 9941526
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:38.910689+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.340011
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL II

TIMNA R. SALDAÑA TORRES                                 APELACIÓN
                                                        procedente del
            Apelante                                    Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala
                                                        Superior de Fajardo
                v.
                                                  Caso número:
                                    KLAN202300877 FA2020CV00729
     CLINICAL MEDICAL
      SERVICES, INC.,                                   Sobre:
   ASEGURADORAS ABC y                                   Acoso Laboral,
    XYZ, FULANO DE TAL                                  Discrimen en el
                                                        Empleo, Represalias
            Apelados                                    (Ley 90, Ley 100,
                                                        Ley 44, Ley 115),
                                                        Procedimiento Sumario
                                                        Laboral (Ley 2)

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

       Comparece la parte apelante, Timna R. Saldaña Torres, y nos

solicita que revoquemos la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, el 19 de septiembre de 2023,

notificada el 21 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen, el foro

primario declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por

la parte apelada, Clinical Medical Services, Inc. En su consecuencia,

desestimó y archivó con perjuicio la causa de acción incoada por la parte

apelante.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se revoca el

dictamen apelado. Veamos.

                                      I

       El 13 de noviembre de 2020, Timna R. Saldaña Torres (Saldaña

Torres o apelante) radicó una Querella sobre acoso laboral, discrimen en

el empleo y represalias en contra de Clinical Medical Services, Inc. (Clinical

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
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o apelada).1 La referida causa de acción fue instada al amparo del

procedimiento sumario de la Ley de Procedimiento Sumario de

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2-1961). Por su parte,

el 2 de diciembre de 2020, Clinical presentó su alegación responsiva.2

        Luego de varios trámites procesales y culminado el descubrimiento

de prueba, el 30 de mayo de 2023, se celebró la Conferencia con

Antelación al Juicio.3 Según surge del Informe Preliminar entre Abogados

y Abogadas discutido en dicha conferencia, Clinical informó su intención de

presentar una moción dispositiva, a lo cual Saldaña Torres se opuso por

entender que era tardía.4 Sobre ese particular, se desprende de la

determinación apelada que, las partes argumentaron sobre lo anterior y el

Tribunal de Primera Instancia dispuso que permitiría la presentación de la

moción dispositiva promovida por la parte apelada, sin que ello conllevara

un impedimento para que la apelante presentara nuevamente su objeción

en oposición a la moción dispositiva que se presentaría.5

        Así las cosas, el 29 de junio de 2023, Clinical instó una Solicitud de

Sentencia Sumaria, mediante la cual solicitó la desestimación de la acción

de epígrafe.6 En síntesis, sostuvo que, conforme a los hechos admitidos

por Saldaña Torres durante su deposición, así como a la evidencia

documental presentada, no existía controversia sobre algún hecho material

que ameritara la celebración de un juicio en su fondo. Asimismo, argumentó

que las alegaciones propuestas por la apelante no establecían una causa

1 Apéndice 1 del recurso, págs. 1-7.
2 Apéndice 2 del recurso, págs. 8-16.
3 Entrada Núm. 39 del Caso Núm. FA2020CV00729 en el Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC).
4 Apéndice 14 del recurso, págs. 67-71. Cabe destacar que en el expediente ante nos obra

una copia incompleta del referido informe. Véase, Entrada Núm. 35 del Caso Núm.
FA2020CV00729 en el SUMAC.
5 Apéndice 20 del recurso, pág. 127.
6 Apéndice 15 del recurso, págs. 72-107. Junto a su petitorio, Clinical presentó los

siguientes documentos: (1) copia de la Deposición de Saldaña Torres, con fecha del 23
de marzo de 2023, la cual incluye Exhibits 1-28; (2) copia de la Deposición de Saldaña
Torres, con fecha del 24 de marzo de 2023, la cual incluye Exhibits 29-52; (3) copia de la
Declaración Jurada suscrita por Rosana Ramírez Torres el 29 de junio de 2023; (4) copia
de la Forma de Auto-Identificación, firmada por Saldaña Torres el 25 de junio de 2014.
Véase, Anejos en la Entrada Núm. 40 del Caso Núm. FA2020CV00729 en el SUMAC.
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de acción de discrimen por razón de impedimento, represalias o acoso

laboral, por lo que procedía la desestimación con perjuicio de la Querella.

        En respuesta, el 17 de julio de 2023, Saldaña Torres presentó una

Oposición a que se Considere la Solicitud de Sentencia Sumaria por

Radicación Tardía.7 Alegó que, en ningún momento, Clinical peticionó una

prórroga, ni acreditó una justa causa, para presentar tardíamente la

mencionada solicitud dispositiva. Según adujo, considerar la moción de

sentencia sumaria radicada tardíamente era contrario al propósito sumario

de la Ley Núm. 2-1961, supra, y resultaría en una medida dilatoria en

detrimento de la trabajadora que el citado estatuto pretendía proteger. En

la alternativa, de considerarse el referido petitorio, solicitó una prórroga de

veinte (20) días para presentar su oposición a los méritos de la Solicitud de

Sentencia Sumaria.

        El 4 de agosto de 2023, notificada el 7 del mismo mes y año, el foro

primario emitió una Orden mediante la cual le concedió a Clinical un término

de diez (10) días para exponer su posición, so pena de conceder el remedio

solicitado por Saldaña Torres.8 En cumplimiento con ello, el 7 de agosto de

2023, Clinical replicó.9

        Atendido lo anterior, el 19 de septiembre de 2023, notificada el

21 del mismo mes y año, el foro a quo emitió la Sentencia Sumaria que nos

ocupa.10 En esta, declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria

promovida por Clinical y, en su consecuencia, desestimó y archivó con

perjuicio la causa de acción de epígrafe. En lo aquí atinente, el foro apelado

hizo constar en el tracto procesal de la referida determinación que Saldaña

Torres no había expuesto oposición a los méritos del petitorio sumario y,

en la alternativa, había solicitado que se le concediera un término para

presentar su oposición, fundamentado en la extensión de la moción

dispositiva, la complejidad de la controversia y la cantidad de los anejos.

Sin embargo, el foro primario nada determinó sobre ello.

7 Apéndice 16 del recurso, págs. 108-117.
8 Apéndice 17 del recurso, pág. 118.
9 Apéndice 18 del recurso, págs. 119-124.
10 Apéndice 20 del recurso, págs. 126-152.
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       Inconforme, el 2 de octubre de 2023, la parte apelante acudió ante

esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló el siguiente error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia
       Sumaria entre las partes antes de que la parte apelante
       pudiese presentar su oposición a la Solicitud de Sentencia
       Sumaria y sin considerar la oportuna petición de prórroga
       incoada por la Sra. Saldaña.

       En cumplimiento con nuestra Resolución del 4 de octubre de 2023,

la parte apelada compareció mediante Alegato en Oposición a Apelación el

6 de noviembre de 2023.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                      II

       El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo para

asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso. Serrano Picón

v. Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de

septiembre de 2023; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103,

resuelto el 23 de agosto de 2023; González Meléndez v. Municipio

Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de

2023; Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 80, 212 DPR

___ (2023); Universal Ins. et als. v. ELA et al., 2023 TSPR 24, 211 DPR

___ (2023). Dicho mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial o

totalmente, de litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales no exista

controversia material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario

y el derecho así lo permita. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR

964 (2022). Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella

parte que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

       Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR

20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el tribunal,

como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso judicial,
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mientras simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo

procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico.

Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Como se sabe, en aras de

prevalecer en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa de

acción. Íd.

       Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa impone

unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al momento de

presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: (1) una exposición

breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones

por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3;

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 8; Pérez Vargas v. Office

Depot, 203 DPR 687 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple

con estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

       Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra,

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar esta

solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario de forma tan

detallada y específica como lo ha hecho la parte promovente puesto que,

si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra,

si la misma procede en derecho. Íd.
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      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, la

parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Claro

está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la

prueba específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Íd. En otras palabras, la

parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye

los hechos materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se

puede colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, la

consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción del

Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos los

hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los hechos

y de los documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la

sentencia sumaria, pues solo procede si bajo ningún supuesto de hechos

prevalece la parte promovida. Íd., pág. 625. Además, al evaluar los méritos

de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar

guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de su

“día en corte”, componente integral del debido proceso de ley. León Torres

v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no procederá

cuando existan controversias sobre hechos esenciales materiales, o si la

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como intención,

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Acevedo y otros v. Depto.

Hacienda y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Un
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hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Oriental Bank v. Caballero

García, supra, pág. 7; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ahora bien,

el Foro de última instancia ha reiterado que cualquier duda no es suficiente

para derrotar una moción de sentencia sumaria, pues debe tratarse de una

incertidumbre que permita concluir que existe una controversia real sobre

hechos relevantes y pertinentes. Íd. Además, existen casos que no se

deben resolver mediante sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la

verdad de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones.

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no

es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la sentencia

sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho. Universal Ins. et als.

v. ELA et al., supra.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios que

este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de revisar una

sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v.

M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre ese particular, nuestro más Alto

Foro señaló que:

       [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el
       expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
       Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro
       primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia
       Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de
       forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en
       realidad existen hechos materiales en controversia y, de
       haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4
       de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer
       concretamente cuáles hechos materiales encontró que están
       en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de
       encontrar que los hechos materiales realmente están
       incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
       Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
       Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al.,
       supra, pág. 679.

       Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma posición que

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una
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sentencia sumaria. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial,

Inc.) e Integrand Assurance Company, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de

octubre de 2023; Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company,

supra; González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros,

supra; González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

Por ello, nuestra revisión es una de novo y nuestro análisis debe regirse

por las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, así

como de su jurisprudencia interpretativa. González Meléndez v. Municipio

Autónomo de San Juan y otros, supra. A tenor con la referida normativa,

dicha revisión se realizará de la manera más favorable hacia la parte que

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro de origen y

realizando todas las inferencias permisibles a su favor. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance

Company, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente están

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó

correctamente el derecho. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, supra.

      A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de

la controversia ante nuestra consideración.

                                    III

      Como único señalamiento de error, la parte apelante sostiene que el

Tribunal de Primera Instancia erró al dictar Sentencia Sumaria antes de que

pudiese presentar su oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria

promovida por la parte apelada y sin considerar su oportuna petición de

prórroga solicitada a esos efectos. En particular, planteó que dicho acto

constituyó una vulneración al debido proceso de ley, específicamente a ser

escuchada y tener la oportunidad de refutar los argumentos presentados

por la parte apelada.

      Hemos examinado cuidadosamente de novo el trámite procesal, el

expediente ante nos, los escritos de las partes, así como la normativa
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aplicable y concluimos que el foro primario incidió en su determinación. Nos

explicamos.

       Según esbozado, en el presente caso se celebró una Conferencia

con Antelación al Juicio, en la cual la parte apelada informó su intención de

presentar una solicitud de sentencia sumaria, a lo cual la apelante se opuso

por entender que era tardía. Entendido el asunto, el foro a quo dispuso que

permitiría la presentación de dicha moción, sin que ello conllevara un

impedimento para que la parte apelante presentara nuevamente su

objeción en oposición. La apelada presentó formalmente la solicitud de

sentencia sumaria y, posteriormente, la apelante se opuso nuevamente a

la radicación tardía del petitorio por escrito, conforme a lo dispuesto por el

foro de instancia en la referida Conferencia.

       Igualmente, surge del tracto procesal del caso de autos que, en el

mismo escrito en oposición, la apelante había solicitado al foro primario una

prórroga para presentar la oposición a los méritos de la moción de

sentencia sumaria, ello en la alternativa de si dicho tribunal aceptaba la

presentación tardía del mencionado petitorio. Fundamentó dicha solicitud

en la extensión de la moción dispositiva, la complejidad de la controversia

y la cantidad de los anejos. Así las cosas, el foro apelado le concedió a la

parte apelada un término para exponer su posición y, en cumplimiento con

la orden, esta replicó. Pendiente la solicitud de prórroga de la apelante, el

foro sentenciador declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria y, en

su consecuencia, desestimó y archivó con perjuicio la causa de acción de

epígrafe, privando así a la parte apelante de la oportunidad de oponerse a

los méritos de esta.

       Sabido es que los tribunales de instancia pueden conceder

prórrogas a términos de cumplimiento estricto, siempre y cuando, a su

discreción, la parte que los solicita demuestre que hay justa causa para

concederlos. Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.2;

Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016). Ahora bien, nos

encontramos ante un pleito incoado bajo el procedimiento sumario laboral
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que provee la Ley Núm. 2-1961, supra. Debido a la celeridad con la que

deben encauzarse estos procesos judiciales, se alteraron ciertos términos

y condiciones, los cuales, como regla general, rigen la litigación civil en

nuestro ordenamiento jurídico procesal. Díaz Santiago v. PUCPR et al., 207

DPR 339, 347 (2021). Es decir, la Ley Núm. 2-1961, supra, dispone de

términos más cortos que los provistos para procedimientos ordinarios. Por

lo tanto, los tribunales tienen la obligación de exigir diligencia y prontitud en

la tramitación de las reclamaciones bajo dicho estatuto. Vizcarrondo

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 929 (2008). No obstante, el Tribunal

de Primera Instancia, motu proprio, concedió un término a la apelada para

que replicara, extendiendo así –dentro de su amplia discreción– los

términos cortos propios de un procedimiento sumario, mas no consideró la

prórroga solicitada por la apelante para someter su oposición a los méritos

del petitorio en cuestión. En nuestro ordenamiento jurídico, los foros

apelativos solo ejerceremos nuestra facultad revisora en aquellos casos

que se demuestre que el foro primario actuó de manera arbitraria o cuando

haya abusado de su discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez

Alayón y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023;

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, (2000); Meléndez v.

F.E.I., 135 DPR 610 (1994). Habiendo examinado el expediente ante nos,

concluimos que el foro recurrido debió conceder un término adicional a lo

requerido en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, para que la

apelante presentara su oposición, por lo que incidió en su proceder.

       Al así actuar, el foro de origen se apartó del principio rector de todos

los procedimientos de naturaleza civil que se ventilan ante nuestro Tribunal

General de Justicia, que es garantizar la solución justa, rápida y económica

de los procedimientos. Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 1; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 595

(2011). Ante el escenario anterior, coincidimos con lo propuesto por la parte

apelante, pues resulta forzoso concluir que el foro a quo falló al no

concederle la prórroga solicitada por esta para la presentación de la
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oposición a los méritos de la Solicitud de Sentencia Sumaria instada por la

apelada. En conclusión, el error señalado se cometió.

      En virtud de lo anterior, colegimos que el Tribunal de Primera

Instancia erró al emitir la Sentencia Sumaria desestimando la Querella de

epígrafe, sin darle una oportunidad a la parte apelante de someter su

oposición a los méritos de la Solicitud de Sentencia Sumaria promovida por

la parte apelada. En fin, al evaluar concienzuda y ponderadamente de novo

los eventos procesales al palio de la normativa jurídica antes esbozada,

determinamos que procede conceder la prórroga solicitada oportunamente

por Saldaña Torres. Por consiguiente, revocamos la Sentencia Sumaria

que nos ocupa.

                                     IV

      Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dictamen

apelado y devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones