Court Opinion

ID: 9962803
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:53:52.495239+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.931487
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

MABEL     DEL CARMEN                             Certiorari
COLÓN      BERRIOS Y                             procedente      del
OTROS                                            Tribunal de Primera
                                                 Instancia,     Sala
        Recurrido                                Superior de Ponce

v.                           KLCE202301361       Caso       Núm.:
                                                 PO2022CV03346

ESTADO        LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO                               Sobre: IMPERICIA
RICO Y OTROS                                     MÉDICA

        Recurrente

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

      Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, (el

ELA o el peticionario) y solicita la revocación de la Orden emitida el

16 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Ponce (TPI o foro primario), notificada el 20 de octubre

de 2023. Mediante la Orden recurrida, el foro primario declaró No

Ha Lugar el Aviso de Injunction Paralizando la Litigación, presentado

por el ELA al amparo del Puerto Pico Oversight, Management and

Economic Stability Act (PROMESA), 48 U.S.C. sec. 2101 et seq., en el

caso de epígrafe, sobre daños y perjuicios por impericia médica

instado en su contra por la señora Mabel del Carmen Colón Berrios

y otros (señora Colón Berrios o la parte recurrida).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación

expedimos el auto de Certiorari solicitado por el ELA y confirmamos

la Orden recurrida.

Número Identificador
SEN2023__________________
KLCE202301361                                                         2

                                      I.

       Por hechos ocurridos entre el 11 de enero de 2021 al 16 de

enero de 2021, la señora Colón Berríos, y la Sra. Alejandra M.

Eusebio Vázquez, esta última por sí y en representación de su hija

menor de edad, A.E.T.E., presentaron Demanda sobre daños y

perjuicios por impericia médica el 5 de diciembre de 2022, en contra

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y el ELA.

En síntesis, estas alegaron que mientras Eduardo Torres Colón,

(señor Torres Colón), hijo de la señora Colón Berríos y padre de la

menor, A.E.T.E., se encontraba ingresado en el Centro Correccional

Las Cucharas en Ponce, este falleció. Alegan en la Demanda que el

señor Torres Colón contrajo sepsis y bacteriemia MRSA, tras recibir

atención médica negligente, inadecuada e ineficiente que se desvió

de los principios que rigen la mejor práctica de la medicina de

emergencias, y que constituyeron el nexo causal de demoras en

identificar las condiciones reales que tuvo el señor Torres Colón.1

       En respuesta, el 15 de febrero de 2023, el ELA presentó Aviso

de Injunction Paralizando la Litigación del Presente Caso al amparo

de PROMESA.2 En esencia, el ELA sostiene que aunque en el párrafo

59 del Confirmation Order emitido el 18 de enero de 2022, por la

Jueza de Distrito de los Estados Unidos Laura Taylor Swain, el

referido Injunction fue modificado para permitir la litigación de casos

bajo la Ley de Pleitos contra el Estado, siempre y cuando el reclamo

se encuentre dentro de los límites estatutarios de $75,000.00 o

$150,000.00, según aplique, la reclamación de la parte apelada

ante el TPI excede los límites estatutarios allí establecidos.

       El 17 de febrero de 2023, el foro primario ordenó a la parte

apelada fijar su posición en torno a la solicitud de paralización del

ELA, en cinco (5) días. Tras solicitar prórroga, el 27 de febrero de

2023, el TPI le concedió un término adicional de diez (10) días.

1 Véase Demanda, Anejo I del Apéndice de la Petición de Certiorari.
2 Véase Anejo V del Apéndice de la Petición de Certiorari.
KLCE202301361                                                      3

       Finalmente, el 16 de octubre de 2023, el foro primario emitió

Orden notificada el 20 de octubre de 2023, en la que declaró No Ha

Lugar el Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente

Caso presentado por el ELA y le concedió diez (10) días a dicha parte

para presentar su alegación responsiva.3

       En desacuerdo, el 31 de octubre de 2023, el ELA presentó

Moción de Reconsideración en la que reitera los argumentos

esbozados en la Aviso de Injunction Paralizando la Litigación.4

Mediante Orden de 31 de octubre de 2023, notificada el 2 de

noviembre de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de

Reconsideración presentada por el ELA.5

       Inconforme, el 4 de diciembre de 2023, el ELA presentó el

recurso de epígrafe y señala la comisión del siguiente error:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL NO ORDENAR LA PARALIZACIÓN DE
       LOS PROCEDIMIENTOS, AUN CUANDO DICHA
       DETERMINACIÓN VA EN CONTRA DE LO
       DISPUESTO EN LA ORDEN DE CONFIRMACIÓN, EL
       PLAN DE AJUSTE Y LA ORDEN EMITIDA POR LA
       CORTE DE TÍTULO III EL 20 DE OCTUBRE DE 2022,
       YA QUE ESTA ÚLTIMA MANTUVO EL INTERDICTO
       PERMANENTE EN EL PRESENTE CASO.

       El 13 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución

mediante la cual le concedimos un término de veinte (20) días a la

parte recurrida para presentar su alegato. Posteriormente, el 9 de

enero de 2024, la parte recurrida presentó una Moción Sobre

Notificación Defectuosa y Solicitud de Prorroga. Mediante Resolución

de 16 de enero de 2024, concedimos una prórroga de veinte (20) días

a la parte recurrida para presentar su postura en torno a la Petición

de Certiorari presentada por el ELA. Así las cosas, el 6 de febrero de

2024, la parte recurrida presentó una Moción Solicitando Prorroga.

Consecuentemente, el 15 de febrero de 2024, emitimos una

3 Véase Anejo XV de la Petición de Certiorari.
4 Véase Anejo XVI de la Petición de Certiorari.
5 Véase Anejo XVII de la Petición de Certiorari.
KLCE202301361                                                          4

Resolución mediante la cual le concedimos a la parte recurrida un

término adicional de diez (10) días.

      Dicho término venció el 26 de febrero de 2024, sin que la parte

recurrida presentara su oposición en torno a los méritos del recurso

de epígrafe, por lo que resolvemos sin el beneficio de su

comparecencia.

                                 II.

                                 A.

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
KLCE202301361                                                           5

      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.
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       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el   Tribunal    Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de    la     discreción    judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

                                  B.

       Con el fin de lidiar con la situación económica de Puerto Rico,

el Congreso de Estados Unidos aprobó el Oversight, Management,

and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USCA sec. 2101 et seq.

El Título III de PROMESA viabilizó el procedimiento para que el

Gobierno de Puerto Rico pudiera invocar protecciones análogas a las

disponibles para una parte que insta una petición de quiebra. Por

esto, incorporó ciertas disposiciones de la Ley de Quiebras federal.

48 USCA sec. 2161. La legislación federal de quiebras se aprobó

con el propósito de ofrecerle al deudor una herramienta que le
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brinde solución a sus problemas financieros a largo plazo y le

permita comenzar de nuevo, entre otras cosas. Puerto Rico v.

Franklin California Tax-Free Trust, 136 S. Ct 1938, 1950, 195 L. Ed.

2d 298 (2016); Marrama v. Citizens Bank of Mass., 549 U.S. 365,

367, 127 S. Ct. 1105, 166 L. Ed. 2d 956 (2007). Dentro de las

cláusulas de la Ley de Quiebras federal que fueron incorporadas en

PROMESA, se encuentra la disposición referente a la paralización

automática, 11 USCA. sec. 362.

      La paralización automática es una de las protecciones básicas

que le ofrece el procedimiento de quiebras al deudor. Midlantic Nat'l

Bank v. New Jersey Dep't of Envtl. Prot., 474 U.S. 494, 503, 106 S.

Ct. 755, 88 L. Ed. 2d 859 (1986).     Esta paralización tiene como

propósito proteger al deudor de las reclamaciones del acreedor y,

además, proteger a los acreedores de reclamaciones realizadas por

otros acreedores. Alan N. Resnick & Henry H. Sommer, Collier on

Bankruptcy, sec. 362.03.    En otras palabras, busca preservar el

caudal del deudor para que se pueda llevar un proceso ordenado de

reorganización. Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, 200 DPR 1

(2018) (Martínez Torres, voto de conformidad) citando a Midlantic

Nat'l Bank v. New Jersey Dep't of Envtl. Prot., supra, pág. 503. El

efecto de la paralización automática es detener los pleitos que

involucren reclamaciones monetarias y que se estén llevando contra

el deudor al momento de radicar la petición de quiebra o aquellas

que hayan podido comenzar antes de la presentación de la petición

de quiebra. 11 USCA sec. 362(a). Morales Pérez v. Policía de Puerto

Rico, supra. De otro modo, las reclamaciones que prosiguieran su

curso en los tribunales tendrían una preferencia que la ley no les

concede, pues cobrarían antes que los demás deudores y, a

diferencia de estos, podrían resarcir su deuda de forma íntegra. Íd.

Todo ello, empequeñecería indebidamente el caudal del quebrado,

en perjuicio suyo y de los demás acreedores. Íd. Para evitar esto, la
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paralización opera de forma automática en los pleitos, no importa la

causa de la reclamación monetaria. Por lo tanto, los tribunales

estatales quedan privados de jurisdicción automáticamente y no

pueden continuar atendiendo los casos en los que exista una

reclamación monetaria contra el deudor que presentó la petición de

quiebra. Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, supra, citando

a Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490-491,

(2010), In re Jamo, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002).

       Por su parte, la Sec. 362(b), 11 USCA 362(b), menciona una

serie de excepciones a la paralización automática. En esencia,

dispone que esta permanecerá hasta que culmine el proceso o hasta

que el tribunal federal la levante parcial o totalmente, de acuerdo

con el procedimiento establecido en la Sec. 362(d) de la Ley de

Quiebras federal, 11 USCA sec. 362(d). Véase, Morales Pérez v.

Policía de Puerto Rico, supra, citando a In re Jamo, supra, pág. 398.

       El texto del Título III de PROMESA, 48 USCA sec. 2164, indica

que "[e]l inicio de un caso bajo este título constituye una orden de

suspensión" (traducción oficial). De lo contrario, el caudal del

deudor disminuiría antes de que el tribunal de quiebras evalúe la

condición económica del deudor y su plan de pago. Todo esto

derrotaría el propósito de proveer un proceso ordenado y uniforme

de reorganización de las finanzas del deudor. Véase, Morales Pérez

v.   Policía   de    Puerto     Rico, supra (Martínez   Torres,    voto   de

conformidad).

       En lo pertinente, el 18 de enero de 2022, el Tribunal de

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico

emitió Order        and     Judgment     Confirming     Modified    Eighth

Amended        Title      III   Joint   Plan   of   Adjustment     of     the

Commonwealth of Puerto Rico, the Employees Retirement

System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico,

and the Puerto Rico Public Buildings Authority (“Confirmation
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Order”).6   Mediante dicha orden, se confirmó el Modified Eighth

Amended Title III Joint Plan Of Adjustment Of The Commonwealth Of

Puerto Rico (Plan de Ajuste de la Deuda) y se fijó como fecha de

efectividad (“effective date”) el 15 de marzo de 2022. Esta

Confirmation Order, en el párrafo 59 trajo consigo cambios en el

proceso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico toda vez que

sustituyó el efecto de la paralización automática que proveen las

secciones 362 y 922 del Código de Quiebras federal, establecidas en

la Sección 301 de PROMESA.

      En lo concerniente al caso de epígrafe, sobre el referido inciso

59 del Confirmation Order, el 20 de octubre de 2022, el Tribunal de

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico

emitió Order Extending Administrative Claim Bar Date For Certain

Parties and Modifying Discharge Injunction en la que la Jueza Laura

Taylor Swain hizo constar lo siguiente:

[…]
            …..
      6. The injunctions contained in section 92.3 of the
      Plan and decretal paragraph 59 of the
      Confirmation Order are modified solely to the
      limited extent of allowing litigation with respect to
      claims authorized to be asserted pursuant to 32
      LPRA sec.3077(a), to the extent the amount of such
      claim asserted is with such statutory limitation of
      $75,000 or $150,000, as applicable, to proceed to
      final judgment and execution, including any
      appeals. .7

                                  C.

      La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada (32 LPRA sec.

3077 et seq.), autoriza las acciones por daños y perjuicios a la

persona o a la propiedad hasta la suma de setenta y cinco mil

dólares ($75,000.00) causados por acción u omisión de cualquier

funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona

actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función,

6 Véase, In re: Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 17BK3283-LTS, ECF No.

19813.
7 Véase, Case No.17-03283, ECF NO.22650, Párrafo 6, (Documento Núm. 22650,)
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cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia. Cuando por tal

acción u omisión se causarán daños y perjuicios a más de una

persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga

derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños

y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder

de la suma de ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00). (32 LPRA

sec. 3077(a)).

                                  III.

      En esencia, el ELA alega que el TPI erró al no ordenar la

paralización de los procedimientos y argumenta que la reclamación

de la parte recurrida excede el límite estatutario aplicable, por lo que

la modificación al interdicto permanente no alteró su aplicación al

caso de referencia. Asimismo, el ELA arguye que la reclamación de

la parte recurrida debe ser atendida en el foro federal a través de

una reclamación de gastos administrativos.

      Esboza el ELA que el foro primario interpretó erróneamente la

Modificación Parcial emitida el 20 de octubre de 2022, por el

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto

Rico. Razona que el TPI está impedido de adjudicar la reclamación

monetaria de la parte recurrida, pues la modificación al interdicto

permanente no aplica al caso de autos, toda vez que la cuantía de la

reclamación en daños presentada por la parte recurrida excede y

está sujeta a los límites estatutarios establecidos en la Ley de Pleitos

contra el Estado.

      La orden que modificó el injunction permanente para autorizar

la litigación de casos de daños instados al palio de la Ley de Pleitos

contra el Estado divulgó la salvedad de que, para que se reactivara

este tipo de casos, la cuantía de la compensación reclamada no

podía exceder los límites estatutarios aplicables. Es decir, de

$75,000.00 por reclamante con una sola causa de acción o

$150,000.00 en los casos en que de los mismos hechos surjan
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múltiples causas de acción para uno o más reclamantes o, cuando

existan múltiples reclamantes de daños por los mismos hechos.

      En el caso que nos ocupa, el 5 de diciembre de 2022, la parte

recurrida instó Demanda en daños y perjuicios por impericia

médica, en contra del ELA, por hechos ocurridos entre el 11 de enero

de 2021 al 16 de enero de 2021, y solicitó una compensación

ascendente a $250,000.00 por sufrimientos físicos y angustias

mentales causados al señor Torres Colón; $100,000.00 por los

sufrimientos y angustias mentales causados a su madre, la señora

Colón Berrios; $200,000.00 por el menoscabo del apoyo económico

y angustias mentales que sufrió la compañera del señor Torres

Colón, Alejandra Eusebio Vázquez y $400,000.00 por los daños

sufridos por la menor A.E.T.E., por la pérdida de la compañía de su

padre y por el menoscabo económico sufrido por esta.

      Aunque en el caso de epígrafe, la cuantía de la reclamación en

daños presentada por la parte recurrida ante el TPI excede los

límites estatutarios establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado,

el foro primario, en el ejercicio de su discreción evaluará si

procede la concesión de los daños reclamados. De prevalecer la

parte recurrida en el pleito, la cuantía concedida no podrá

exceder la establecida por la Ley de Pleitos contra el Estado.

      Establecido lo anterior, concluimos que el foro primario no

está impedido de adjudicar la reclamación en daños contra el ELA

de la parte recurrida. La modificación al interdicto permanente que

permite la adjudicación de reclamaciones en daños en contra del

ELA aplica al caso de autos dentro de los límites estatutarios

establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado. Reiteramos que en

la eventualidad de que recaiga una sentencia en contra del ELA, la

cantidad máxima con la que se podría compensar a las recurridas

por su reclamación jamás podría exceder los límites que establece

la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. En ese
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contexto, concluimos que no incidió el foro primario al denegar la

solicitud de paralización presentada por el ELA.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto

de Certiorari y confirmamos el dictamen recurrido.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones