Court Opinion

ID: 9928515
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:21:25.141669+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:46.402333
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

 NAZARENO PAINTING,                               Apelación
  INC. REPRESENTADA                               procedente del
  POR SU PRESIDENTE                               Tribunal de
 RAYMOND PÉREZ RUIZ                               Primera Instancia,
                                                  Sala de Ponce
          Apelado
                                KLAN202300858     Sobre:
              v.                                  Reivindicación

 ELUID ALBERT LEÓN,                               Caso Número:
  ELBA MORALES Y LA                               J AC2007-0574
 SOCIEDAD LEGAL DE
    GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS

          Apelante

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Los apelantes, señor Eliud Albert León, su señora esposa,

Elba Morales y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos

compuesta, comparecen ante nos para que dejemos sin efecto la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Ponce, el 17 de agosto de 2023, notificada el 24 de agosto de 2023.

Mediante la misma, el foro a quo declaró Ha Lugar una acción civil

sobre reivindicación promovida por la parte aquí apelada, Nazareno

Printing, Inc.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la sentencia apelada.

                                    I

      Conforme surge, el 2 de julio de 2007, la entidad apelada

presentó la demanda de epígrafe. En la misma, alegó ser dueña, a

pleno dominio, de un inmueble sito en el municipio de Ponce,

colindante con una propiedad de los apelantes. Según sostuvo, los

Número Identificador
SEN2023 ________________
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apelantes, de manera intencional, movieron los puntos de

colindancia establecidos, redundando ello en una confusión en los

terrenos de las partes. La parte apelada calificó la conducta de los

apelantes como una constitutiva de invasión y ocupación, toda vez

que, conforme arguyó, estos estaban efectuando actos de dominio

no autorizados en parte de su predio. Al amparo de ello, y tras

sostener que sus gestiones extrajudiciales para solucionar la

disputa resultaron infructuosas, solicitó al Tribunal de Primera

Instancia que ordenara el deslinde de los terrenos en controversia,

ello mediante la intervención de un agrimensor autorizado.

Igualmente, la entidad compareciente solicitó que se requiriera a los

apelantes remover toda estructura y verja erigida en su solar, así

como, también, reinstalar en su lugar original las verjas que

correctamente separan los inmuebles. A su vez, en su súplica, la

parte apelada peticionó que se encontrara a los apelantes incursos

en temeridad y, en consecuencia, que se les impusiera el pago de

una suma de $3,500.00 por concepto de honorarios de abogado.

      El 2 de octubre de 2007, los apelantes presentaron su

Contestación a la Demanda.      En esencia, y de manera escueta,

negaron las alegaciones hechas en su contra y calificaron de frívola

la demanda de epígrafe.

      Así las cosas, y luego de acontecidos múltiples trámites

procesales, el 14 de agosto de 2023, se celebró la vista en su fondo.

Conforme se desprende de la Sentencia apelada, ambas partes de

epígrafe estipularon cierta prueba documental y testifical. A su vez,

se desprende que la parte apelada presentó el testimonio del su

perito agrimensor, el señor Ángel Noel Colón Guzmán, quien declaró

sobre el informe que realizó, tras estudiar los planos estipulados,

inspeccionar los predios y sus colindancias, y confeccionar un plano

con las conclusiones de su intervención. Por su parte, según surge

de la Sentencia apelada, la representación legal de los apelantes no
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contrainterrogó al Perito de la parte apelada, ni presentó testigos en

apoyo a su teoría.

      Tras entender sobre la evidencia sometida a su consideración,

y luego de arrogar entera credibilidad al Perito de la parte apelada,

el 24 de agosto de 2023, el Tribunal de Primera Instancia notificó la

Sentencia que nos ocupa. Mediante su dictamen, dispuso que,

según establecido, surgía que el terreno reclamado por la parte

apelada era de su propiedad, todo de conformidad con los planos

pertinentes y con la declaración judicial de una cesión de terreno

hecha a su favor. Añadió que, de acuerdo con la prueba, y tal cual

lo alegado, los apelantes, con conocimiento de que la porción de

terreno por ellos invadida pertenecía a la parte apelada, movieron

los linderos, construyeron verjas y edificaron el solar. Igualmente, el

tribunal primario expuso que los apelantes, con conocimiento de la

cesión de terreno en controversia, persistieron en negar las

imputaciones de la demanda, ello a pesar de haber tenido acceso

previo a los planos de los inmuebles en disputa, retrasando así, por

espacio de dieciséis (16) años, la resolución del litigio de autos. Así

pues, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda

de autos y proveyó para el deslinde y la reivindicación de terreno

peticionado, todo de conformidad con los datos de mensura

contenidos en los planos confeccionados por el agrimensor Colón

Guzmán. A su vez, el Juzgador dispuso que la conducta procesal de

los apelantes era una constitutiva de temeridad, razón por la cual le

impuso el pago de $5,000.00 a favor de la parte apelada, por

concepto de honorarios de abogado.

      Inconforme, el 25 de septiembre de 2023, los apelantes

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación.

En el mismo formulan los siguientes señalamientos:

      Erró el TPI al no tomar en consideración los informes
      presentados por el agrimensor Rafael Mojica Torres,
      fungiendo como perito del propio tribunal.
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      Erró el TPI al dictar una sentencia que revoca otra
      sentencia reivindicatoria dictada en el caso Proyecto La
      Molina vs. Rafael Méndez, Civil Número JAC85-1093.

      Erró el TPI al imponer temeridad a Eliud Albert León,
      aún cuando un perito nombrado por el propio tribunal
      coincide con la teoría legal del demandado.

      Luego de entender sobre el expediente que nos ocupa,

procedemos a expresarnos.

                                  II

                                  A

      “[L]a tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que

realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición del juez

o la jueza a la prueba presentada […]”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209

DPR 759, 778 (2022); Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR

783, 792 (2020), citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR

750, 771 (2013). De ahí que las determinaciones de credibilidad que

realiza el tribunal primario están revestidas de una presunción de

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio

margen de deferencia por parte del foro intermedio. Dávila Nieves

v. Meléndez Marín, supra.     Asimismo, como norma, un tribunal

apelativo está impedido de sustituir o descartar, por sus propias

apreciaciones, las determinaciones de hechos que realiza el foro

sentenciador, fundamentando su proceder en un examen del

expediente sometido a su escrutinio. Íd.

      De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos.

Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, págs. 778-779; Gómez Márquez et al.

v. El Oriental, supra, pág. 792; López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,

136 (2004). En este contexto, el juzgador de hechos goza de

preeminencia al poder apreciar sus gestos, contradicciones,
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manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad que le permite

formar en su conciencia la convicción de si dicen, o no, la verdad.

      Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de carácter

absoluto. Si bien el arbitrio del foro primario es respetable, sus

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a

los principios de legalidad y justicia. Méndez v. Morales, 142 DPR

26, 36 (1996). Al amparo de ello, el ordenamiento jurídico vigente

dicta que el criterio de deferencia antes aludido cede, entre otras

instancias, cuando se determina que el juzgador de hechos incurrió

en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Gómez Márquez

et al. v. El Oriental, supra, pág. 793.

      Por otra parte, y en vista de que toda sentencia o

determinación judicial está protegida por una presunción de

corrección y validez, la parte que acude al auxilio del tribunal

apelativo tiene el deber de colocar a dicho foro en condiciones

suficientes para que pueda conceder el remedio solicitado. Morán v.

Marti, 165 DPR 356, 366 (2005). Por tanto, para poder atender en

los méritos los argumentos de su recurso, el promovente del mismo

no sólo debe discutir a cabalidad los señalamientos alegados, sino,

también, acompañarlo con la prueba necesaria para demostrar el

error o el abuso de discreción invocado. Íd. Sobre ello, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que:

      […] cuando un peticionario señala errores dirigidos a
      cuestionar la apreciación de la o suficiencia de la
      prueba, la naturaleza del derecho apelativo requiere que
      éste ubique al foro revisor en tiempo y espacio de lo
      ocurrido en el foro primario utilizando alguno de los
      mecanismos de recopilación de prueba oral, como lo
      son: (1) transcripción de la prueba; (2) exposición
      estipulada o; (3) exposición narrativa.

      Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR 35, 211 DPR ___,
      pág. 16.

      En ausencia de alguno de los mecanismos de prueba antes

indicados, los tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir a

cabalidad la función revisora que les asiste. Pueblo v. Pérez Delgado,
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supra, pág. 17. Así pues, si la parte apelante no coloca al tribunal

intermedio en la posición de ponderar y adjudicar los errores

señalados, procede la desestimación del recurso que atiende o la

confirmación del dictamen apelado. Bajo estas circunstancias y en

lo aquí pertinente, en ausencia de la trascripción de la prueba

testimonial, el tribunal intermedio sólo revisará la comisión de un

error de derecho cuando éste claramente se desprenda del

expediente apelativo. Santos Green v. Cruz, 100 DPR 9, 15 (1971).

                                  B

      Por su parte, la temeridad constituye aquel patrón de

conducta que lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de

un litigio cuya controversia pudo haberse resuelto fuera de los

tribunales y que afecta la sana administración de la justicia.

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013). Una

parte ha incurrido en temeridad cuando está presente alguna de las

siguientes circunstancias: 1) contestar una demanda y negar

responsabilidad total; 2) defenderse injustificadamente de la acción

en su contra; 3) creer que la cantidad reclamada es exagerada y que

tal sea el único motivo por el cual se opone a las alegaciones del

demandante, pudiendo limitar la controversia a la fijación de la

correspondiente cuantía; 4) incurrir en un litigio del cual prima facie

se desprende su responsabilidad y; 5) negar un hecho cuya

veracidad conste. Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335-336

(1998).

      Una vez un tribunal con competencia determina que se ha

incurrido en temeridad, está llamado a imponer, a la parte que así

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de

honorarios de abogado. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR

760, 778 (2016). Al respecto, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), en lo pertinente, dispone como

sigue:

         .          .       .        .        .      .      .        .

         (d) Honorarios de Abogado - En caso de que cualquier
         parte o su abogado o abogada haya procedido con
         temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en
         su sentencia al responsable el pago de una suma por
         concepto de honorarios de abogado que el tribunal
         entienda correspondan a tal conducta. […].

         El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema procesal

la intención de establecer una penalidad a un litigante perdidoso

que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito. SLG González-Figueroa v. SLG et al.,

209 DPR 138, 148-149 (2022): Torres Montalvo v. Gobernador ELA,

supra, pág. 778, citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, 179

DPR 503, 520 (2010). De ahí que, como regla general, establecida la

concurrencia de tal conducta, la condena de honorarios resulta ser

imperativa. Así, el juzgador tendrá que adjudicar el monto

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el actor, ello

mediante el ejercicio de su sano juicio. Siendo así, la determinación

que en su día emita solo será objeto de revisión si ha mediado abuso

de discreción en el ejercicio de su ministerio. Colón Santos v. Coop.

Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008). En dicho contexto, la

doctrina vigente reconoce que un tribunal incurre “en abuso de

discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún hecho

material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un hecho

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del

caso,        hace   un   análisis   liviano   y la   determinación   resulta

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).
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                                 III

      En la presente causa, los apelantes aducen que el Tribunal de

Primera Instancia erró al arrogar credibilidad a la prueba ofrecida

por la parte apelada y, en consecuencia, al proveer para la acción

reivindicatoria promovida en su contra. En particular, plantean que

el foro primario incidió al descartar los informes de agrimensura

provistos por el perito del tribunal, el agrimensor Rafael Mojica

Torres, así como sus conclusiones en el caso. A su vez, los apelantes

aducen que la sentencia apelada erróneamente dejó sin efecto el

dictamen emitido en un caso anterior que adjudicó la titularidad de

los predios aquí en disputa, Caso Civil Núm. JAC85-1093.

Finalmente, los apelantes impugnan la determinación de temeridad

emitida en su contra y, consecuentemente, la imposición del pago

de honorarios de abogado resuelta. Habiendo examinado los

referidos señalamientos a la luz de la norma aplicable y de los

hechos establecidos, se confirma la sentencia apelada.

      Los apelantes cuestionan la apreciación que de la prueba

efectuó el tribunal sentenciador. Sin embargo, no sometieron ante

nos copia de la transcripción de los procedimientos, de modo que

nos colocaran en posición tal de poder entender sobre sus

planteamientos. Por tanto, en ausencia de la trascripción oral,

nuestra intervención se ciñe a atender cuestiones puramente

normativas a la luz de la evidencia expresamente contenida en el

expediente apelativo que atendemos.

      Según se desprende del pronunciamiento apelado, el derecho

de dominio de la parte apelada sobre la porción de terreno en litigio

quedó establecido no solo mediante la intervención pericial del

testigo   Colón   Guzmán    y   la     prueba   estipulada   por   los

comparecientes. Conforme expresamente se hizo constar en las

determinaciones de hechos, el mismo también se reconoció

mediante la Sentencia emitida en el Caso Civil Núm. JAC85-1093.
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Al respecto, los apelantes plantean que dicho pronunciamiento

dispuso de una controversia idéntica a la de autos, que se resolvió

en favor de su vendedor, por lo que, sostienen, debió haberse

aplicado al caso de autos la figura de la cosa juzgada. No obstante,

en estricto derecho, los criterios propios a la referida defensa no se

hacen presentes en la causa que atendemos, por lo que su raciocinio

es errado. A su vez, estos también aducen que, luego de emitido el

antedicho dictamen, la parte apelante removió los linderos en

contravención a lo allí resuelto. Sin embargo, nada en la Sentencia

apelada respalda dicho argumento, así como, tampoco, sugiere que

el   mismo   haya   sido   propuesto   ante   el   tribunal   primario.

Ciertamente, ello limita el ejercicio de nuestras facultades.

      De otra parte, los apelantes cuestionan el hecho de que el

Tribunal de Primera Instancia arrogó entrera credibilidad al

testimonio del perito Colón Guzmán, descartando, alegadamente,

las apreciaciones del perito del propio tribunal. No obstante, precisa

destacar que la Sentencia apelada no indica la intervención pericial

en el caso por parte del agrimensor Mojica Torres. De ahí que, en

ausencia de la transcripción de los procedimientos, nada podamos

resolver sobre el planteamiento que, en cuanto a ello, se nos

propone. Además, surge que, en su turno de prueba, los apelantes

no ofrecieron la declaración de perito alguno, ni contrainterrogaron

al Perito de la parte apelada. Por tanto, ello, unido a la ausencia de

la transcripción, nos lleva a concluir que estamos impedidos de

minar la credibilidad que al tribunal primario le mereció el

testimonio pericial del agrimensor Colón Guzmán.

      Finalmente, los apelantes impugnan la determinación por la

cual se les impuso el pago de una suma de dinero por concepto de

honorarios de abogado, ello tras una determinación judicial de

temeridad en su contra.        Sobre dicho particular, igualmente

resolvemos abstenernos de imponer nuestro criterio sobre lo
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dispuesto por el tribunal sentenciador.       Tal cual esbozado, la

determinación que sobre la temeridad de una parte en determinado

pleito un tribunal emita, constituye un asunto propio a la discreción

que le asiste en su tarea adjudicativa. Siendo ello así, el

pronunciamiento que en su día recaiga, únicamente será revisable

en caso de que haya mediado abuso de discreción en el ejercicio del

ministerio judicial competente. En el caso de autos, los apelantes

no demostraron que el Juzgador hubiese abusado de su discreción.

Por tanto, dado a que su planteamiento carece de apoyo fáctico,

estamos llamados a sostener lo resuelto por el foro primario.

      En mérito de lo antes expuesto, sostenemos el dictamen

apelado en toda su extensión.         Toda vez la naturaleza de los

señalamientos propuestos por los apelantes, se hacía meritoria la

presentación de la transcripción de los procedimientos para

colocarnos en posición suficiente de adjudicar las controversias

planteadas. Sin embargo, en defecto de ello, y en ausencia de un

error de derecho que invalide lo dispuesto por el foro a quo, no

podemos sino abstenernos de ejercer nuestra función revisora en los

términos solicitados.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones