Court Opinion

ID: 9952244
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:32:55.546261+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:18.453989
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

    NORTH SIGHT                                     REVISIÓN
  COMMUNICATIONS,                                   ADMINISTRATIVA
        LLC                                         Procedente de la
                                                    Junta de Subastas
       Recurrente                                   del Municipio
                                                    Autónomo de
             v.                                     Aguadilla

     MUNICIPIO
   AUTÓNOMO DE
  AGUADILLA; JUNTA
  DE SUBASTAS DEL
     MUNICIPIO                                      Núm.: 2024-62
   AUTÓNOMO DE
     AGUADILLA

       Recurridos
                               KLRA202300601
   JULIO SANTOS                                     Sobre: Impugnación
    APONTE DBA                                      de Adjudicación de
    DIVERSIFIED                                     Subasta Núm.
 BUSINESS SYSTEMS                                   2024-62 sobre
                                                    ¨Adquisición e
       Proponente                                   Instalación de
      Seleccionado                                  Cámaras de
                                                    Seguridad Centros
   JG SOLUTIONS;                                    Head Start y Early
    ARIMAR, INC.;                                   Head Start¨
    BONNEVILLE
 CONTRACTING AND
TECHNOLOGY GROUP
LLC; AMPHEX GROUP,
    LLC; GENESIS
SECURITY SERVICES,
         INC.

   Otros Proponentes

Panel integrado por su presidente, el Juez Pagán Ocasio, el Juez
Marrero Guerrero y la Jueza Prats Palerm1.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

      Comparece el recurrente, North Sight Communications, LLC

(¨recurrente¨ o ¨NSC¨) mediante recurso de revisión administrativa.

Solicita la revisión de la Notificación de Adjudicación de Subasta

notificado por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de

1 Véase OATA-2023-212 del 6 de diciembre de 2023.

Número Identificador
SEN2024____________
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Aguadilla (¨recurridos¨ o ¨Junta de Subastas¨) el 16 de noviembre

de 2023, con relación a la Subasta Núm. 2024-62. Mediante esta, la

Junta de Subastas notificó la adjudicación de la buena pro de la

subasta a Julio Santos Aponte DBA Diversified Business Systems

(¨DBA¨).

                                 I.

      Conforme surge del expediente de autos, el 11 de septiembre

de 2023, el Municipio Autónomo de Aguadilla (¨Municipio¨) publicó

una invitación sobre la Subasta Núm. 2024-62 para la Adquisición

e Instalación de Cámaras de Seguridad Centros Head Start y Early

Head Start, a llevarse a cabo el 3 de octubre de 2023.

      En lo pertinente, el Municipio estableció como Requisitos

Generales que:

      NO SE CONSIDERARÁN PROPUESTAS QUE SUS
      LICITADORES      NO     CUMPLIERAN        CON LOS
      REQUISITOS SOLICITADOS.
      […]
      ¨DEBEN CUMPLIR CON ´BUY AMERICAN LAWS AND
      BUY AMERICAN ACTS´ (LEY DE COMPRA DE
      PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES)¨. Véase, página 26
      y 32-33 del Apéndice del Recurso de Revisión.

      Previo a la fecha de apertura de la subasta, los licitadores

tuvieron la oportunidad de someter preguntas a la Junta de

Subastas. El 26 de septiembre de 2023, la Junta de Subastas

circuló el Addemdum #1 respondiendo a preguntas sometidas por

NSC, Amphex Group, LLC (¨Amphex¨), Bonneville Contracting &

Technology Group, LLC (¨Bonneville¨), JG Solutions (¨JG¨), Genesis

Security Services, Inc. (¨Genesis¨), Arimar, Inc. (¨Arimar¨) y AGMA

Security (¨AGMA¨). Tras una interrogante sometida por NSC, la

Junta de Subastas respondió:

      Preguntas y/o comentarios hechos por North Sight
      Communications, LLC

      1. Tomando en consideración que los fondos utilizados
      para la adquisición del sistema de cámaras de
      seguridad son federales, favor de validar que los
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      licitadores deben cumplir con el ¨Buy American Act¨
      (Made in USA).

      Contestación: Sí, todo lo instalado debe de cumplir
      con ¨Buy American Act¨.

      […]. Véase, página 51 del Apéndice del Recurso de
      Revisión.

      Así, el 3 de octubre de 2023, NSC, Amphex, Bonneville, JG,

Arimar, AGMA y Julio Santos presentaron ofertas.

      Posteriormente, el 16 de noviembre de 2023, la Junta de

Subastas notificó el Aviso de Adjudicación de la Subasta,

adjudicando la buena pro de la subasta a Julio Santos, ¨ya que fue

el licitador con la oferta más económica; cumplió con todas las

especificaciones y completó los documentos del Registro de

Licitador¨.

      Surge de la notificación que los licitadores realizaron las

siguientes propuestas: (1) JG, $94,280.00; (2) NSC, $358,408.56; (3)

Arimar, $190,264.24; (4) Julio Santos, $73,845.00; (5) Bonneville,

$390,000.00; (6) Amphex, $130,596.00, y; (7) Genesis, $89,824.31.

A su vez, indicaron que todos los licitadores, excepto JG y Amphex,

cumplieron con las especificaciones y certificaciones requeridas.

      Inconforme, el 22 de noviembre de 2023, NSC acudió ante este

Tribunal mediante Recurso de Revisión Judicial. Solicitó que

revoquemos la determinación de la Junta de Subastas y ordenemos

que se adjudique la buena pro de la subasta a NSC. Realizó el

siguiente señalamiento de error:

      Erró la Junta de Subastas del Municipio al adjudicar la
      buena pro de la Subasta a Julio Santos, a sabiendas de
      que la oferta de Julio Santos no cumplió con múltiples
      requerimientos y especificaciones de la Subasta y por
      ende no era responsiva.

      Los recurrentes argumentaron que, el Buy American Act,

requiere que todos los productos manufacturados y materiales de

construcción   utilizados   en     proyectos   gubernamentales      de

infraestructura sean producidos en los Estados Unidos. NSC señaló
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que en los Requisitos Generales y en el Addendum #1 de la Junta

de Subastas quedó establecido que los licitadores debían cumplir

con el Buy American Act.

      NSC destacó que el licitador seleccionado, Julio Santos,

incumplió con el Buy American Act al cotizar cámaras de seguridad

Epcom E Series sin certificar que provenían de los EE. UU.

Expusieron que, las cámaras Epcom E Series son manufacturadas

por Shenzhen TVT Digital Technology Co., Ltd., quienes operan

varias sucursales en China.

      De igual manera, alegaron que Genesis y Arimar tampoco

cumplieron con el Buy American Act. Evidenciaron que las cámaras

modelo    ipc324sr3-dsf28km-g,      cotizadas   por    Genesis     son

manufacturadas     por   Uniview,   cuyas   oficinas   centrales    se

encuentran localizadas en China, según surge de la página de

internet de la compañía. Por su parte, Arimar cotizó cámaras Eagle

Eye Networks/Geovision e indicó en su propuesta que provenían de

¨USA/Taiwan/China¨.

      Debido a esto, NSC adujo que procedía descalificar y rechazar

las ofertas de Julio Santos, Genesis y Arimar, ya que incumplieron

con el requisito de que los productos fueran manufacturados en los

EE. UU.

      En cambio, NSC adujo que cotizó las cámaras de seguridad

Motorola Pelco VideoXpert Professional con procedencia de EE. UU.

También alegó que, anejó en su oferta una carta del manufacturero,

Motorola Solutions, certificando que es un fabricante de los EE. UU.,

en cumplimiento con el Buy American Act.

      Por otro lado, señaló que conforme a las Condiciones

Generales de la Subasta y al Addendum #1 se requería que los

licitadores proveyeran: (1) copia vigente de la Certificación de

Elegibilidad de la Administración de Servicios Generales (¨ASG¨); (2)

estados financieros certificados por un CPA; (3) copia de las
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especificaciones detalladas con el proyecto, acreditando que se

cumple con las mismas, y; (4) garantía mínima de un (1) año de

piezas y servicio.

      Según NSC, Julio Santos, Génesis y Arimar no proveyeron,

junto con sus ofertas, copia vigente del Certificado de Elegibilidad

de la ASG, estados financieros certificados por un CPA y las

especificaciones detalladas de los productos ofertados. Además,

señaló que Arimar no proveyó una garantía para el producto

cotizado. Por su parte, alegó que NSC cumplió con todos los

requisitos y especificaciones.

      El 28 de noviembre emitimos una Resolución concediéndole a

las partes recurridas hasta el 22 de diciembre de 2023 para

presentar su alegato en oposición.

      Luego, el 4 de diciembre de 2023, Julio Santos presentó una

Solicitud de Prórroga para Presentar el Alegato en Oposición de la

Revisión de Decisión Administrativa. Mediante Resolución del 6 de

diciembre de 2023, extendimos el término para presentar alegato

hasta el 8 de enero de 2024.

      El 3 de enero de 2024, el Municipio de Aguadilla presentó una

Solicitud de Desestimación y/u Oposición a Solicitud de Revisión

Judicial en Cumplimiento de Resolución.

      El Municipio adujo que, previo a acudir en revisión judicial,

los recurrentes solicitaron y se les hizo entrega de las propuestas de

todos los licitadores, conforme a la Ley 141-2019, Ley de

Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la

Información Pública.   No obstante, alegó que NSC no solicitó los

anejos de las propuestas y, en consecuencia, no se le hizo entrega

de estos. Según el Municipio, los anejos demuestran que las

propuestas de Julio Santos, Genesis y Arimar cumplieron con los

requisitos y especificaciones de la Junta de Subastas.
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      Añadieron que, Julio Santos sometió una propuesta completa

y que la misma cumplía con el pliego de especificaciones. Sobre el

requisito de Buy American, expresaron que las cámaras Epsom

Series E fueron adquiridas a El Paso Communications Systems, Inc.

dba Epcom, (¨EPCS¨) la cual adujeron que es una planta de

ensamblaje ubicada en El Paso, Texas. Además, el Municipio señaló

que, en el documento de descripción de propuesta, Julio Santos

certificó, a puño y letra, que la procedencia de dichos productos es

¨USA¨.

      El Municipio presentó el documento de descripción de

propuesta sometido por Julio Santos. Surge del mismo documento,

que Julio Santos incluyó un Statement de TVT en donde declararon:

      To parties concerned:

      We SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., l.td,
      the supplier of ¨E¨ Series CCTV products mentioned
      hereby, having its principal place of business at 23rd
      Floor Building B4 Block 9, Shenzhen Bay science and
      technology ecological garden, Nanshan District,
      Shenzhen, P.R. China make, constitute and appoint El
      Paso Communication Systems, Inc., dba EPCOM, a
      company duly organized under the laws of USA and
      having its principal place of business at 1630 E Paisano
      Dr, El Paso, TX, USA, 79901, to be our true and lawful
      partner in fact to do the following acts and deeds to
      supply non-Hilisilicon product line as enlisted below
      […]. Véase, página 69 del Apéndice del Recurso en
      Oposición.

Al final del referido Statement, firmaron los representantes de TVT y

EPCS. En el recuadro correspondiente a la firma del representante

de TVT se dispone ¨(Name of Supplier)¨. Por el contrario, en el de

EPCS se dispone ¨(Name of Wholesaler)¨. (Énfasis suplido).

      Posteriormente, el 8 de enero de 2024, Julio Santos presentó

una Moción Conjunta Solicitando Prórroga para Presentación de

Alegato de Apelación solicitado, nuevamente, una prórroga para

presentar su alegato.

      El 9 de enero de 2024, NSC presentó una Oposición a Moción

de Desestimación del Municipio de Aguadilla – Regla 68. Expusieron
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que, EPCS no manufactura ni ensambla los productos Epcom E

Series ofertados, meramente distribuye los productos procedentes

manufacturados por TVT en China. También señalaron que, el

Municipio no presentó prueba para demostrar que los productos

hayan sido manufacturados en EE. UU. En consecuencia,

argumentaron que el hecho de que Julio Santos haya comprado los

equipos ofertados a un suplidor en los EE. UU. y no directamente al

fabricante en China no es suficiente para cumplir con el requisito

del Buy American Act.

      Vencido el término concedido a Julio Santos para exponer su

oposición, damos por sometido el asunto y resolvemos.

                                   II.

A. Procedimiento de Subastas

      Las subastas son el medio a través del cual se invita a varios

proponentes a presentar ofertas para la adquisición de bienes y

servicios. Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 716

(2016). El fin primordial del proceso de subasta “es proteger los

fondos públicos, fomentando la libre y diáfana competencia entre el

mayor número de licitadores posibles”. Transporte Rodríguez v.

Jta. Subastas, supra, pág. 716; Empresas Toledo v. Junta de

Subastas, 168 DPR 771, 778 (2006). Es por esto que, el

procedimiento de pública subasta es de suma importancia y está

revestido   del   más   alto   interés   público.   Empresas    Toledo,

Inc. v. Junta de Subastas, supra.

      Por ello, el propósito de la legislación que regula la realización

de obras y la contratación para la compra de bienes y los servicios

de calidad necesarios para el Gobierno por vía de los sistemas

de subasta gubernamentales, es la de lograr los precios más bajos

posibles, evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la

prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgar los contratos
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y minimizar los riesgos de incumplimiento, a la vez que promueve la

competencia de licitadores responsables.       RBR Const., S.E. v.

A.C., 149 DPR 836 (1999) ; Mar-Mol, Co. v. Adm. Servicios Gens., 126

DPR 864, 871 (1990); Cancel v. Municipio de San Juan, 101 DPR

296, 300 (1973).

      Cuando está involucrado el uso de bienes o fondos

públicos, es esencial la aplicación rigurosa de todas las normas

pertinentes a la contratación y desembolso de dichos fondos, a

fines de proteger los intereses y el dinero del Pueblo. De Jesús

González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999). (Énfasis suplido).

      El Artículo 2.035 del Código Municipal, Ley Núm. 107-2020,

21 LPRA sec. 7211, regula lo pertinente a las subastas celebradas

por los municipios. En lo pertinente, dispone que la adjudicación de

las subastas será realizada por la Junta de Subastas. A su vez,

establece que ¨[e]l municipio establecerá un reglamento que

incluirá, entre otros asuntos, las condiciones y requisitos que

solicite el municipio para la adquisición de los servicios, equipos,

y/o suministros necesarios¨. Íd.

      Por otro lado, el Artículo 2.040 (a) del Código Municipal, 21

LPRA sec. 7216, apercibe que:

      La adjudicación de una subasta será notificada a todos
      los licitadores certificando el envío de dicha
      adjudicación mediante correo certificado con acuse de
      recibo, o mediante correo electrónico, si así fue provisto
      por el licitador o licitadores. […] La Junta de Subastas
      notificará a los licitadores no agraciados las razones por
      las cuales no se le adjudicó la subasta. Toda
      adjudicación tendrá que ser notificada a cada uno de
      los    licitadores,     apercibiéndolos     del    término
      jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión
      judicial de la adjudicación ante el Tribunal de
      Apelaciones, de conformidad con el Artículo 1.050 de
      este Código.

      Sobre la revisión judicial de las subastas, el Art. 1.050, 21

LPRA sec. 7081, dispone:

      El Tribunal de Apelaciones revisará, el acuerdo final o
      adjudicación de la Junta de Subastas, el cual se
      notificará por escrito y mediante copia por correo escrito
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      regular y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La
      solicitud de revisión se instará dentro del término
      jurisdiccional de diez (10) días contados desde el
      depósito en el correo de la copia de la notificación del
      acuerdo final o adjudicación. La notificación deberá
      incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir
      ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones para la
      revisión judicial; término para apelar la decisión; fecha
      de archivo en auto de la copia de la notificación y a
      partir de qué fecha comenzará a transcurrir el término.
      La competencia territorial será del circuito regional
      correspondiente a la región judicial a la que pertenece
      el municipio.

B. Revisión judicial

      Ahora bien, corresponde delimitar el alcance de la función

revisora de los tribunales en casos de subastas celebradas por

agencias gubernamentales.

      Los tribunales, en su función revisora, tienen el deber de

examinar que en los procesos de subastas del gobierno no resulte

adversamente afectado el erario público o se menoscabe el esquema

de ley que persigue asegurar la integridad de las subastas

públicas. Cotto Guadalupe v. Departamento de Educación, 138 DPR

658 (1995).

      Asimismo, nuestro más alto foro ha expresado que las

agencias administrativas, de ordinario, se encuentran en mejor

posición que los tribunales para evaluar las propuestas o

licitaciones ante su consideración a la luz de los parámetros

establecidos por la ley y los reglamentos aplicables. Autoridad de

Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398

(2009).

      Una     vez   la   agencia   o   junta   involucrada   emite   una

determinación, los tribunales no deberán intervenir con ésta salvo

que se demuestre que la misma se tomó de forma arbitraria,

caprichosa o mediando fraude o mala fe, pues la agencia, con su

vasta experiencia y especialización, se encuentra, de ordinario, en

mejor posición que el foro judicial para determinar el mejor licitador,

tomando en consideración los factores esgrimidos tanto por la ley
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como por su reglamento de subastas. A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434

(2004).

      Así, pues, en ausencia de fraude, mala fe, o abuso de

discreción, ningún postor tiene derecho a quejarse cuando otra

proposición es elegida como la más ventajosa. La cuestión debe

decidirse a la luz del interés público y ningún postor tiene un

derecho adquirido en ninguna subasta. Víctor Torres Products v.

Junta de Subastas del Municipio de Aguadilla, 169 DPR 886 (2007).

      Por otro lado, el peso de la prueba para demostrar la

ocurrencia de fraude o abuso de discreción recae en el demandante,

y si este no puede demostrar ausencia de factores racionales o

razonables para la determinación de la agencia, deberá demostrar

un perjuicio o una violación a los estatutos o reglamentos aplicables.

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra.

      Como en el caso de cualquier decisión de una agencia

administrativa, la función revisora del tribunal en controversias en

torno a la adjudicación de subastas, aunque restringida, tiene como

propósito fundamental delimitar la discreción de los organismos

administrativos y velar porque sus actuaciones sean conformes a la

ley y estén dentro del marco del poder delegado. Misión Ind. P.R. v.

J.P., 146 DPR 64, a la pág. 129.

C. Buy American Act

      El Buy American Act requiere que todos los materiales

destinados a fines públicos adquiridos por el gobierno sean

manufacturados en los Estados Unidos. A tales efectos, dispone:

      (a) In general. —

            (1) Allowable materials. Only unmanufactured
            articles, materials, and supplies that have been
            mined or produced in the United States, and
            only manufactured articles, materials, and
            supplies that have been manufactured in the
            United States substantially all from articles,
            materials, or supplies mined, produced, or
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            manufactured in the United States, shall be
            acquired for public use unless the head of the
            Federal agency concerned determines their
            acquisition to be inconsistent with the public
            interest, their cost to be unreasonable, or that the
            articles, materials, or supplies of the class or kind
            to be used, or the articles, materials, or supplies
            from which they are manufactured, are not
            mined, produced, or manufactured in the United
            States in sufficient and reasonably available
            commercial quantities and of a satisfactory
            quality. 41 U.S.C.A. § 8302 (a)(1). (Énfasis
            suplido).

Como corolario de lo anterior, los productos y materiales adquiridos

con fondos públicos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

deberán ser manufacturados en Puerto Rico o en Estados Unidos.

                                 III.

      Evaluado el derecho aplicable y la prueba documental, se

declara No Ha Lugar la moción de desestimación del Municipio de

Aguadilla, que presentaron en conjunto con su alegato en oposición.

      Mediante el único señalamiento de error, NSC alega que la

Junta de Subastas incidió al adjudicarle la buena pro de la subasta

a Julio Santos, a sabiendas de que este incumplió con los requisitos

y especificaciones de la misma. Le asiste la razón. Veamos.

      En lo pertinente, la contención de NSC es que, de conformidad

con el Buy American Act, la Junta le requirió a todos los licitadores

que los productos ofertados en sus propuestas debían ser

manufacturados en EE. UU. No obstante, Julio Santos incumplió

con este requisito al ofertar productos manufacturados en China.

En otras palabras, la postura del recurrente es que, a pesar de que

la Junta de Subastas conocía la procedencia de los productos, le

adjudicó la buena pro de la subasta a un licitador que no cumplió

con todos los requisitos.

      No existe controversia entre las partes sobre el requisito del

Buy American Act respecto a la procedencia de los productos. La
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controversia en el caso de autos gira en torno a si el licitador

agraciado cumplió con el referido requisito.

      El Municipio expresa que Julio Santos cumplió con el

requisito ya que, adquirió los productos a EPCS, la cual alegan ser

una ¨planta de ensamblaje¨ en EE. UU. Sin embargo, no

presentaron prueba alguna para evidenciar que EPCS fuera una

planta manufacturera.

      Por el contrario, el Municipio presentó la propuesta de

subasta sometida por Julio Santos con los correspondientes anejos,

tal cual fue recibida por la Junta de Subastas. Entre los anejos

presentados por Julio Santos, que debieron ser examinados en su

totalidad, quedó demostrado que EPCS es un wholesaler de los

productos de TVT. Es decir, TVT manufactura los productos en

China y EPCS los distribuye en EE. UU.

      Surge de los propios documentos presentados por el

Municipio de Aguadilla ante esta Curia que, Julio Santos adquirió

los productos ofertados en EE. UU. a una distribuidora de productos

manufacturados en China. El Municipio no puede alegar que los

productos cotizados cumplen con el requisito de Buy American Act

cuando la referida legislación expresamente establece que los

productos    adquiridos   con    fondos    públicos    deberán      ser

manufacturados en EE. UU. El mero hecho de adquirir los

productos en EE. UU. no es suficiente para cumplir con los

requisitos de la Ley cuando el producto en controversia no fue

manufacturado dentro del territorio estadounidense.

                                IV.

      Por todo lo anterior, se revoca el Aviso de Adjudicación de la

Subasta.    Consecuentemente,    se   devuelve   el   caso   ante    la

consideración de la Junta de Subastas del Municipio de Aguadilla
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para que adjudique la buena pro de la Subasta Núm. 2024-62 al

licitador que cumpla con todos los requisitos dispuestos por ley.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. El Juez Marrero Guerrero está conforme

con el resultado alcanzado mediante el cual se revoca la

determinación de la Junta de Subastas del Municipio de Aguadilla

por el incumplimiento por parte del licitador agraciado con los

requisitos de la Subasta. Sin embargo, disiente de la determinación

de devolver el asunto ante la consideración de la Junta de Subastas

del Municipio, y ordenaría la adjudicación de la Subasta 2024-62 a

la    parte      recurrente. Véase      casos     KLRA202300637,

KLRA201500742, KLRA20151196.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones