Court Opinion

ID: 9952419
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:51:07.29459+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:13.798018
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL IX

                                                  Certiorari
ISMAEL HERRERO                                    Procedente del
DOMENECH Y LA CLASE                               Tribunal de Primera
compuesta por todos los                           Instancia, Sala
consumidores                                      Superior de Ponce
residenciales de ENERGÍA
ELÉCTRICA CLIENTES                            Sobre: Reclamación
DE LUMA ENERGY, LLC                           bajo la Ley de
DE PUERTO RICO                                Acción de Clase por
                                              Consumidores de
         Recurridos             KLCE202301359 bienes y Servicios,
                                              según enmendada,
              v.                              33 LPRA sec. 3341,
                                              Enriquecimiento
LUMA ENERGY, LLC y                            injusto,
otros                                         Incumplimiento de
                                              contrato, Dolo,
        Peticionarios                         Daños y Perjuicios

                                                  Caso Núm.:
                                                  SJ2022CV02868

                                                  Certiorari
WENDCO OF PUERTO                                  Procedente del
RICO; MULTISYSTEM                                 Tribunal de Primera
RESTAURANT, INC.;                                 Instancia, Sala
RESTAURANT                                        Superior de Ponce
OPERATORS, INC.;
APPLE CARIBE, INC. por                            Sobre: Sentencia
sí y en representación de                         declaratoria,
todos los comerciantes                            Reclamación bajo la
que hacen negocios en el                          Ley de Acción de
Estado Libre Asociado de                          Clase de
Puerto Rico y son                                 Consumidores de
abonados de LUMA                                  Bienes y Servicios,
Energy, LLC, (LA CLASE                            según enmendada,
A); MANUEL COUVERTIÉ                              32 LPRA sec. 3341
BARRERA por sí y en
representación de todos                           Caso Núm.:
los abonados                                      SJ2022CV03139
residenciales de LUMA
ENERGY LLC, (LA CLASE
B)

         Recurridos

              v.

LUMA ENERGY, LLC y
otros

        Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Número Identificador
RES2024 _______________
KLCE202301359                                                                       2

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

       Comparece LUMA Energy LLC (en adelante, “LUMA o parte

peticionaria”), que revisemos la Resolución emitida el 6 de noviembre

de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Ponce (en adelante, “TPI”). Allí, fue denegada la solicitud de

desestimación por falta de parte indispensable presentada por

LUMA.

       Examinados los escritos de las partes, resolvemos denegar la

presente petición de certiorari. Veamos.

                                         -I-

       Surge del expediente que, el 4 de abril de 2022 sucedió un

incidente en la Central Costa Sur de la Autoridad de Energía

Eléctrica (en adelante, “AEE”), esto provocó una interrupción en el

servicio eléctrico en varias zonas de Puerto Rico.

       Ante tal situación, el Sr. Ismael Herrero Domenech, por sí y

en representación de la clase compuesta por todos los consumidores

residenciales de energía eléctrica clientes de LUMA (en adelante,

“Clase I”), presentó una Demanda de Clase el 13 de abril de 2022.2

La Clase I formuló varias causas de acción, entre ellas: culpa o

negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, enriquecimiento

injusto y daños. Por lo cual, reclamó una indemnización estimada

en $100 millones por los daños sufridos.

       Por otro lado, WendCo of Puerto Rico, Inc. y otros (en adelante,

“Clase A”),3 junto a el Sr. Manuel Couvertié Barrera, por sí y en

representación de todos los abonados residenciales de LUMA (en

1 Notificada el 13 de noviembre de 2023.
2 Apéndice 1 de la Petición de Certiorari, págs. 1 – 10.; En la misma fecha, se
presentó una Demanda Enmendada. Véase, Apéndice 3 de la Petición de Certiorari,
págs. 15 – 23.
3 La Clase A se compone de: WendCo of Puerto Rico, Inc.; MultiSystem Restaurant,

Inc.; Restaurant Operators, Inc.; Apple Caribe, Inc.; todos por sí y en representación
de los comerciantes que hacen negocios en Puerto Rico.
KLCE202301359                                                                    3
adelante, “Clase B”), instaron una Demanda de Clase contra LUMA

el 24 de abril de 2022.4 La Clase A reclamó daños ascendentes a

$300 millones por conceptos de pérdidas económicas a causa del

incidente ocurrido el 6 de abril de 2022. Además, la Clase A y la

Clase B solicitaron la suma de $10 millones en conceptos de daños

causado por la negligencia de la peticionaria.

       A solicitud de la Clase I,5 el 17 de mayo de 2022 el TPI

consolidó ambos pleitos (en adelante, “La Clase o recurridos”).6

       Luego, LUMA compareció el 29 de julio de 2022 mediante

una Moción Informativa para Notificar el Traslado del Pleito al

Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico.7 Indicó, que había

presentado un “Notice of Removal” de los casos ante el Tribunal

Federal para el Distrito de Puerto Rico (en adelante, “Tribunal

Federal”), bajo el procedimiento del Título III de la ley Puerto Rico

Oversight, Management and Economic Stability Act (en adelante,

“PROMESA”). Por lo cual, el TPI emitió el 12 de agosto de 2022

una sentencia decretando la paralización de los procedimientos.8

       Varios trámites procesales después, el 18 de enero de 2023

el Tribunal Federal emitió un “Memorandum Order Overrruling

Objections and Adopting Report and Recommendation”.9 Entre otras

cosas, concluyó que las controversias presentadas por LUMA no

eran relevantes en el caso de quiebra de la AEE. Por ello, recomendó

la devolución del caso al TPI.

       En oposición a la reapertura de los procesos en el foro local,

LUMA presentó su escrito el 2 de febrero de 2023.10 Alegó que el

proceso ante el TPI debía continuar paralizado hasta tanto se

4 Véase, Apéndice 5 de la Petición de Certiorari, págs. 29 – 41.
5 Ambos casos fueron trasladados a Ponce, dado que el incidente ocurrió fue en

Guayanilla, PR. Véase, Apéndices 8 y 9 de la Petición de Certiorari, págs. 44,45.
6 Apéndice 10 de la Petición de Certiorari, págs. 46 – 63.; Véase, además; Apéndice

11 de la Petición de Certiorari, pág. 64.
7 Apéndice 12 de la Petición de Certiorari, págs. 65 – 155.
8 Notificada el 15 de agosto de 2022.; Apéndice 13 de la Petición de Certiorari,

págs. 156 – 158.
9 Apéndice 14 de la Petición de Certiorari, págs. 161 – 168.
10 Apéndice 15 de la Petición de Certiorari, págs. 170 – 172.
KLCE202301359                                                                     4

resolviera el proceso bajo el Titulo III de PROMESA. Señaló, además,

que dicho proceso involucra a la AEE como parte indispensable para

el caso ante el foro de instancia.

       La Clase replicó el 3 de marzo de 2023, esencialmente, adujo

que la AEE no era una parte indispensable.11 Adujo que, el Tribunal

Federal decidió no asumir jurisdicción, ya que no existía un impacto

sustancial en el caudal de la AEE. Por su parte, LUMA reiteró sus

argumentos       para    mantener       paralizado     los      procedimientos.12

Además, argumentó las razones por las cuales la AEE era un parte

indispensable en el presente pleito. Entre ellas, indicó que el

mantenimiento y la operación en cuyas alegaciones se fundamentan

eran responsabilidad de la AEE.

       Celebrada una vista argumentativa,13 y en cumplimiento de

orden, LUMA presentó el 5 de junio de 2023 una Moción de

Desestimación.14 Allí, reiteró las razones por las cuales la AEE debe

ser considerada una parte indispensable, y consecuentemente,

solicitó la desestimación. Sin embargo, La Clase se opuso a la

solicitud sometida,15 y la parte peticionaria replicó.16

       Mediante Resolución emitida el 6 de noviembre de 2023, el

TPI denegó la Moción de Desestimación sometida por LUMA.17 En lo

pertinente, expresó:

       [L]uego de analizadas las alegaciones contenidas en la
       demanda en la forma más favorable a los demandantes —
       según lo requerido por el esquema vigente en nuestro
       ordenamiento jurídico en torno a las mociones de
       desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento
       Civil, supra— así como el derecho aplicable, dando por ciertas
       las alegaciones bien hechas las demandas de epígrafe a los
       efectos de resolver la solicitud de desestimación,
       determinamos que la AEE no es parte indispensable del
       presente caso. Entendemos que, de probarse en su momento
       la veracidad de estas alegaciones, existe la posibilidad de que

11 Apéndice 18 de la Petición de Certiorari, págs. 175 – 178.
12 Apéndice 19 de la Petición de Certiorari, págs. 179 – 182.; Apéndice 20 de la

Petición de Certiorari, págs. 183 – 536.
13 Apéndice 27 de la Petición de Certiorari, págs. 545 – 547.
14 Apéndice 28 de la Petición de Certiorari, págs. 548 – 559.132.
15 Apéndice 34 de la Petición de Certiorari, págs. 568 – 589.
16 Apéndice 37 de la Petición de Certiorari, págs. 596 – 605.
17 Notificada el 13 de noviembre de 2023.; Apéndice 39 de la Petición de Certiorari,

págs. 608 – 620.
KLCE202301359                                                                     5
       los demandantes tengan derecho un remedio a su favor.18

       Acogida la solicitud de reapertura, el 16 de noviembre de

2023, el TPI ordenó la continuación de los procedimientos.19

       Inconforme, LUMA recurrió el 4 de diciembre de 2023 ante

nos y señaló la comisión del siguiente error:

       PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE
       PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA MOCIÓN DE
       DESESTIMACIÓN DE LUMA A PESAR DE QUE EN EL
       PRESENTE CASO FALTA UNA PARTE INDISPENSABLE SIN
       CUYA PRESENCIA EL TRIBUNAL NO ESTÁ EN POSICIÓN DE
       RESOLVER LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS.

       Por su parte, 13 de diciembre de 2023 compareció La Clase

mediante el escrito intitulado: “MEMORANDO CONJUNTO EN

OPOSICIÓN A EXPEDICIÓN DE CERTIORARI”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, damos

por sometido el asunto.

                                        -II-

                                        -A-

       El recurso de certiorari es un medio procesal de carácter

discrecional, que a su vez, permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.20

       Así, se entiende por discreción como el poder para decidir en

una forma u otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción.21

       Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las

instancias en que habremos de atender —vía certiorari— las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar

18 Apéndice 39 de la Petición de Certiorari, pág. 620.
19 Notificada el 17 de noviembre de 2023.; Apéndice 41 de la Petición de Certiorari,

págs. 624 – 626.
20 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
21 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
KLCE202301359                                                                  6

       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].22

       También, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de

Apelaciones nos permite ejercer la discrecionalidad a través los

siguientes criterios para mostrar causa o para la expedición del auto

de certiorari:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
           de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
           a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
           es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia.23

       En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

dispuesto que:

       [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.24

       De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a

quien le corresponde la dirección del proceso.25

                                      -B-

22 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
23 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
24  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
25 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
KLCE202301359                                                             7
       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, establece las defensas

mediante las cuales una parte demandada puede solicitar la

desestimación de la causa de acción que se insta en su contra. Esta

regla dispone, en lo pertinente, que:

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación
       se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción
       de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
       mediante una moción debidamente fundamentada:
         (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
         (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
         (3) insuficiencia del emplazamiento;
         (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
         (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
            concesión de un remedio;
         (6) dejar de acumular una parte indispensable.
          […]26

       Por su parte, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, dispone que

la parte indispensable se trata de “personas que tengan un interés

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se

harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas,

según corresponda”.27

       Se ha precisado que el “interés común” al que hace referencia

la Regla 16.1, supra, no es cualquier interés en el pleito, sino que

tiene que ser real e inmediato y no puede tratarse de meras

especulaciones o de un interés futuro que impida la confección de

un remedio adecuado porque podría afectar o destruir radicalmente

los derechos de esa parte ausente.28

       En acuerdo con lo anterior, la falta de parte indispensable en

un pleito es un interés tan fundamental, que constituye una defensa

irrenunciable que puede presentarse en cualquier momento durante

el proceso.29 Incluso, los foros apelativos, si así lo entienden, pueden

y deben levantar motu proprio la falta de parte indispensable en un

pleito, debido a que ésta incide sobre la jurisdicción del tribunal.30

26 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
27 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.
28 Ex Parte RPR & BJJ, 207 DPR 389, 407 – 410 (2021).; López García v. López

García, 200 DPR 50, 64 (2018).
29 Id. a la pág. 65.
30 Id.
KLCE202301359                                                      8

                                   -III-

      En esencia, LUMA nos plantea que el TPI incidió al no

desestimar la demanda ante la falta de una parte indispensable, ya

que arguye que la AEE es una parte indispensable sin cuya

participación las reclamaciones instadas no pueden resolverse.

      No obstante, nada impide que LUMA pueda traer al pleito a la

AEE. Además, la parte peticionaria no señaló prueba en el

expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción

o actuó con perjuicio, parcialidad o error manifiesto.

      Así, en el ejercicio de la sana discreción que nos permite la

citada Regla 40 del Tribunal Apelaciones, resolvemos denegar la

presente petición de certiorari.

                                   -IV-

      Por lo antes expuestos, denegamos la petición de certiorari

epígrafe.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones