Court Opinion

ID: 9952362
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:45:09.853522+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:17.798603
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

    ROLANDO MARTELL                             Revisión Judicial
      BARTOLOMEY
       RECURRENTE

               V.                               Núm. 118471

                              KLRA202400021
    JUNTA DE LIBERTAD
      BAJO PALABRA
        RECURRIDO

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

      Comparece ante nosotros, por derecho propio, el señor

Rolando Martell Bartolomey (Sr. Martell Bartolomey) mediante

Revisión Judicial. En su recurso, el Sr. Martell Bartolomey parece

solicitar la revisión de un dictamen de la Junta de Libertad Bajo

Palabra el cual presuntamente le denegó recibir tal beneficio debido

a que la vivienda propuesta no es viable.

      Adelantamos que, luego de examinar el recurso, resolvemos

ordenar su desestimación por carecer de jurisdicción para entender

sobre el asunto. Veamos.

                                 I.

      El Sr. Martell Bartolomey presentó ante esta Curia el recurso

de epígrafe. Lo anterior, sin anejar una copia del dictamen de la

Junta Bajo Palabra del cual recurre, ni de los demás documentos

que forman parte del expediente original ante dicha agencia.

      En virtud de la Regla 7 (b) (5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) (5), optamos por prescindir

de los términos, escritos o procedimientos ulteriores "con el

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho".

Número Identificador

SEN2024________
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                                       II.

   A. La jurisdicción

      La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para

considerar y decidir casos y controversias. Muñoz Barrientos v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 105,

resuelto el 1 de septiembre de 2023. Es por ello, que, la falta de

jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v.

Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020).

      Por consiguiente, el primer factor a considerar en toda

situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo es el

aspecto jurisdiccional. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR

495, 503 (2019). Ello, pues los tribunales tienen la responsabilidad

indelegable      de   examinar,   en     primera   instancia,   su   propia

jurisdicción, así como la del foro de donde procede el recurso ante

su consideración. Íd., pág. 500.

      En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo

ha expresado que, los tribunales tenemos el deber de proteger

nuestra jurisdicción, sin poseer discreción para asumirla donde no

la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos,

las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser

resueltas con preferencia. Íd. A causa de ello, al cuestionarse la

jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso,

cuando no haya sido planteado por éstas, dicho foro examinará y

evaluará, con rigurosidad, el asunto jurisdiccional como parte de su

deber ministerial, pues éste incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Torres Alvarado v. Madera

Atiles, supra.

   B. Perfeccionamiento de los recursos de revisión ante el Tribunal
      de Apelaciones

      Para lograr el perfeccionamiento adecuado de un recurso

presentado ante este foro apelativo intermedio es necesaria la

oportuna presentación y notificación del recurso a las partes
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contrarias. Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203 (2022). Lo anterior,

puesto que, la falta de una oportuna notificación a todas las partes

en el litigio conlleva la desestimación del recurso. González Pagán v.

SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062, 1071 (2019). Ello, por razón de

que, un recurso que no se notifique a todas las partes, priva de

jurisdicción al Tribunal para ejercer su facultad revisora. Íd.

      Como vemos, la inobservancia de las reglas de los foros

apelativos puede imposibilitar la revisión judicial. Montañez Leduc

v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 549-550 (2017). De manera que,

las       disposiciones      reglamentarias        que        gobiernan     el

perfeccionamiento de los recursos apelativos deben acatarse

rigurosamente, sin dejar su cumplimiento al arbitrio de las partes o

sus abogados. Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585, 590

(2019).

      Sobre este tema, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59, establece los requisitos para

lograr el perfeccionamiento de los recursos de revisión judicial en

términos de su contenido. Particularmente con respecto al apéndice,

la citada Regla 59 exige que incluya “toda moción, resolución u

orden necesaria para acreditar la interrupción y reanudación del

término para presentar el recurso de revisión.”

      Por otro lado, el Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003,

Ley Núm. 201-2003, establece que el Tribunal de Apelaciones tendrá

competencia       para    revisar   las   decisiones     de    las   agencias

administrativas. Véase, ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229 (2020).

A tenor con lo anterior, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley

Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9672, dispone que:

          [u]na parte adversamente afectada por una orden o
          resolución final de una agencia y que haya agotado todos los
          remedios provistos por la agencia o por el organismo
          administrativo apelativo correspondiente podrá presentar
          una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
          dentro de un término de treinta (30) días contados a partir
          de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación
          de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la
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       fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este
       título, cuando el término para solicitar la revisión judicial
       haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna
       de una moción de reconsideración.
       […]

      Además, la antes citada Sección 4.2 de la LPAU requiere que

la parte que recurra de una orden o resolución final de una agencia

administrativa notifique la presentación de su solicitud de revisión

a la agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar la

revisión. De igual manera, la Regla 58(B)(1) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58(B)(1), establece

como requisito para el perfeccionamiento adecuado del recurso que

la parte recurrente notifique de la presentación de su solicitud de

revisión “a los abogados o abogadas de récord del trámite

administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la agencia

o al funcionario administrativo o funcionaria administrativa de cuyo

dictamen se recurre, dentro del término para presentar el recurso,

siendo éste un término de cumplimiento estricto.”

      El Tribunal Supremo ha expresado que "los requisitos

de notificación no constituyen una mera formalidad procesal, sino

que son parte integral del debido proceso de ley". Montañez Leduc v.

Robinson Santana, supra, pág. 551. A esos efectos, nuestro más Alto

Foro ha resuelto que, en el contexto particular de la presentación de

recursos   ante   el   Tribunal   de   Apelaciones,    la notificación es

imperativa puesto que informa a la parte contraria del recurso de

revisión presentado. Íd. Al mismo tiempo, la notificación adecuada,

otorga a las personas cuyos derechos pudieran verse transgredidos,

una mayor oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios

que le han sido concedidos por ley. HRS Erase v. CMT, 205 DPR

689, 697 (2020). Es por ello, que, la falta de una notificación

adecuada trastoca las garantías del debido proceso de ley. Íd.

      Análogamente, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, dispone que, la falta de

oportuna notificación a todas las partes en el litigio priva de
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jurisdicción al Tribunal para ejercer su facultad revisora.1

Puntualizamos que, cuando un tribunal determina que no tiene

jurisdicción para intervenir en un asunto, procede la inmediata

desestimación del recurso apelativo, conforme lo ordenado por las

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra, pág. 386. A esos efectos,

la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 83(C), faculta al foro apelativo a actuar por iniciativa

propia para desestimar un recurso apelativo ante la ausencia de

jurisdicción.

                                     III.

       Como asunto umbral, nos corresponde auscultar nuestra

jurisdicción previo a ejercer la función revisora que se nos delegó.

Conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y a la

jurisprudencia aplicable antes citada, los recursos de revisión

judicial instados ante esta Curia tienen que estar acompañados de

un apéndice que contenga todos los documentos que resultan

esenciales para ejercer nuestra función revisora. De igual manera,

la Regla 58 de nuestro Reglamento, supra, requiere que tanto el

recurso de revisión judicial incoado como sus anejos sea notificado

a todas las partes del pleito, dentro del término dispuesto para su

presentación. De lo contrario, el recurso no se perfecciona y no

adquirimos jurisdicción sobre el mismo.

       Al examinar con detenimiento el expediente ante nuestra

consideración observamos que, el Sr. Martell Bartolomey no dio

cumplimiento a los requisitos de forma y contenido para el

perfeccionamiento de su recurso, según establece la Regla 59 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Particularmente, el

Sr. Martell Bartolomey no anejó una copia del dictamen del cual

recurre.   Tampoco       incluyó    una     copia   de   la   moción   que

presuntamente le denegó la Junta de Libertad Bajo Palabra y demás

1 Véase, además, González Pagán v. SLG Moret-Brunet, supra.
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documentos que forman parte del expediente original. Añádase a

ello que, ha transcurrido mayor término a lo dispuesto en la Regla

59(E)(2) de nuestro Reglamento, supra, para completar el apéndice

con posterioridad a la presentación del recurso. Por último, el Sr.

Martell Bartolomey no acreditó haber notificado a la Junta de

Libertad Bajo Palabra sobre la presentación de su recurso de

revisión, como garantía de su debido proceso de ley.

      Puntualizamos que, las referidas omisiones son requisitos

reglamentarios para el perfeccionamiento del recurso ante esta

Curia e inciden sobre nuestra autoridad para revisar los méritos del

recurso de epígrafe. Por todo lo anterior, carecemos de jurisdicción

para atender el presente recurso, según presentado.

                                IV.

      Por   los   fundamentos   antes   expuestos,     ordenamos   la

desestimación del recurso del Sr. Martell Bartolomey, por falta de

jurisdicción.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones