Court Opinion

ID: 9916089
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:20:37.452504+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:51.010913
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VII

     HÉCTOR GONZÁLEZ                         Revisión Judicial
         ROSARIO                             acogida como
                                             Apelación
          Apelante                           procedente del
                                             Tribunal de Primera
             v.                              Instancia, Sala de
                              KLRA2023004301 San Juan
      NEGOCIADO DE LA
     POLICÍA DE PUERTO                              Sobre:
     RICO; ESTADO LIBRE                             Petición/Revisión
    ASOCIADO DE PUERTO                              Portación sobre Ley
            RICO                                    de Armas

          Apelado                                   Caso Núm.:
                                                    SJ2023CV05546

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

        El apelante, Héctor González Rosario, comparece ante nos y

solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la

determinación emitida y notificada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan, el 6 de julio de 2023. Mediante la

misma, el foro primario ordenó la desestimación y archivo del caso

por falta de jurisdicción. Todo, dentro de una acción sobre revisión

de una determinación administrativa, a través de la cual, la parte

apelada, Negociado de la Policía de Puerto Rico; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, revocó la licencia de portación de armas

número 2732.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos el dictamen emitido.

1
 Este recurso se presentó como una revisión administrativa. Sin embargo, por
recurrir de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, fue
acogido como un recurso de apelación, mediante Resolución del 18 de agosto de
2023.

Número Identificador

SEN2023________________
KLRA202300430                                                             2

                                     I

      El 8 de junio de 2023, el apelante presentó ante el Tribunal

de Primera Instancia, un escrito intitulado Petición. En su solicitud,

peticionó la revisión de la determinación emitida por el Negociado de

la Policía de Puerto Rico, (en adelante, “NPPR”). En el pliego, expuso

que el 27 de abril de 20232 recibió un comunicado del NPPR, por

medio del cual se le revocó su licencia de armas número 2732, Tiro

al Blanco 6589 y Portación Tribunal CPA2010-0021. El NPPR

fundamentó la revocación por falsedad, a tenor con el artículo 2.02,

incisos (a) (2) y (d) (8) de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020,

Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 462a.

      En su petición planteó que el pronunciamiento del NPPR no

cumplió    con   los   requisitos    de   una   notificación    adecuada.

Particularmente sostuvo, que el NPPR se limitó a revocar su licencia

de armas, sin exponer en detalle las razones por las cuales se

fundamentó la determinación. Así pues, solicitó al foro de origen que

ordenara al NPPR cumplir con el debido proceso de ley en lo atinente

a una notificación adecuada, y que se expidiera nuevamente su

licencia de armas.

      El 22 de junio de 2023, el NPPR, presentó una Moción de

Desestimación. En su petitorio, solicitó la desestimación de la acción

entablada, al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 10.2(5). Basó su solicitud en que la causa de acción dejaba

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio, dado que, el apelante está inhabilitado para poseer una

licencia de armas. Ello, según adujo, por el apelante no cumplir con

los requisitos dispuestos en la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020,

supra y la legislación Federal Gun Control Act of 1968, 18 USC, sec.

922 (g) (3).

2
 Según obra en el expediente de autos, el referido comunicado tiene fecha de
emisión del 12 de abril de 2023. Véase Apéndice 4, página 23.
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      Respecto a la normativa local, alegó que la licencia de armas

del apelante fue revocada por la información que se obtuvo a través

de una investigación efectuada por la División de Investigaciones de

Licencias y Permisos de Armas de Fuego. Sobre el particular

mencionó, que el apelante proveyó información falsa a la policía, en

cuanto a su tenencia de una licencia de cannabis medicinal. Ello,

en contravención del artículo 2.02, inciso (d) (8) de la Ley de Armas

de Puerto Rico de 2020, supra. En lo que se refiere a la legislación

federal, argumentó, que dicha normativa prohíbe la tenencia

simultánea de una licencia de cannabis medicinal y de armas, dado

que, el cannabis es una sustancia controlada ilegal para efectos de

sus estatutos. Así pues, solicitó al foro primario la desestimación de

la causa de acción, dado que el incumplimiento con los referidos

requisitos legales constituía una revocación automática de la

licencia de armas, lo cual dejaba al apelante desprovisto de una

reclamación que justificara la concesión de un remedio.

      El 30 de junio de 2023, el apelante presentó Replica a Moción

de Desestimación y en Cumplimiento de Orden. En esencia,

argumentó que la investigación a la que hizo referencia el NPPR fue

realizada en el año 2012, y ello, no fue óbice para renovar su licencia

de armas en la fecha del 26 de mayo de 2016. A su vez, alegó que el

15 de junio de 2022 su registro como paciente del Programa de

Cannabis Medicinal fue inactivado. Además, agregó que, contrario a

la aducido por el NPPR, no es un delito federal poseer a la misma

vez una licencia de cannabis medicinal y una licencia de armas.

Cónsono con lo anterior, arguyó que el tener una licencia de

cannabis medicinal no necesariamente implicaba que fuera usuario

de sustancias controladas.

      De otra parte, expresó que a pesar de que el NPPR le notificó

una revocación de licencia de armas, en realidad su caso versaba

sobre una denegatoria de licencia de armas. Siendo así, alegó que
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no era de aplicación el artículo 7.06 de la Ley de Armas de Puerto

Rico de 2020, 25 LPRA sec. 467e, dado que, solo en los asuntos de

revocación de una licencia de armas aplicaban, de forma supletoria,

las disposiciones de la revisión judicial de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017,

3 LPRA sec. 9672. Así, arguyó que, por procurar la revisión de una

denegatoria de licencia de armas, le era de aplicación el artículo 2.02

(d) (4) de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec.

462a. Por ello, alegó que la revisión de la determinación

administrativa le correspondía al Tribunal de Primera Instancia y no

al Tribunal de Apelaciones.

      En su pliego, agregó que no recibió una notificación adecuada

del NPPR, puesto que de la comunicación que le envío el NPPR no se

desprendían los fundamentos que sustentaran la determinación de

la alegada denegatoria de renovación de la licencia de armas.

      Luego de varias incidencias procesales que no son necesarias

de pormenorizar, el 6 de julio de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia, notificó la Sentencia que nos ocupa. Mediante la misma,

desestimó el caso de epígrafe por falta de jurisdicción. Ello, bajo el

fundamento de que, al tratarse el asunto en cuestión de una

revocación de licencia de armas, la revisión de la determinación

administrativa le correspondía al Tribunal de Apelaciones, a tenor

con las disposiciones sobre revisión judicial de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

Ley 38-2017, supra.

      En su dictamen, el foro primario, también concluyó que la

comunicación del 12 de abril de 2023 no incluyó las advertencias

necesarias y requeridas por el debido proceso de ley, para que dicha

notificación pudiera considerarse una determinación final, por lo

cual, el NPPR aún conservaba la jurisdicción del asunto en

controversia.
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      Inconforme y luego de examinada una oportuna solicitud de

reconsideración, el Juzgador denegó el petitorio mediante una

notificación del 24 de julio de 2023. Aún en desacuerdo, el 16 de

agosto de 2023, el apelante acudió ante nos mediante el recurso de

certiorari que nos ocupa. En su recurso formuló los siguientes

señalamientos de error:

      PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL AL RESOLVER ‘’QUE
      CONTRARIO A LO SUGERIDO POR LA PARTE
      RECURRENTE, LA AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN
      ESPECÍFICA POR PARTE DEL NPPR TRAS LA
      APROBACIÓN DE LA LEY DE ARMAS DE 2020 EN
      CUANTO AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE
      UNA REVOCACIÓN DE UNA LICENCIA DE ARMAS NO
      IMPLICA QUE ESTAS DISPOSICIONES DE LA LPAU Y
      SU   JURISPRUDENCIA    INTERPRETATIVA    SEAN
      INAPLICABLES. TODO LO CONTRARIO, PUES LA
      PROPIA LEY DE ARMAS Y EL REGLAMENTO NÚM.
      9172   REQUIEREN   EXPRESAMENTE     QUE    EL
      PROCESO SE RIJA POR TALES DISPOSICIONES
      PROCEDIMENTALES DE LA PROPIA LPAU’’, LA PARTE
      RECURRENTE NO PLANTEÓ LO ANTERIOR, LO QUE
      SOSTUVO ES QUE EL NPPR NO CUMPLIÓ CON LO
      MANDATADO POR LA LEY 168-2019 Y POR LA MISMA
      LPAU; LEY 38-2017 Y QUE POR TANTO NO ES
      POSIBLE LA UTILIZACIÓN DE LA LPAU EN FORMA
      SUPLETORIA.

      SEGUNDO:    ERRÓ EL TRIBUNAL AL DECLINAR
      JURISDICCIÓN SOBRE EL CASO CUANDO ES EL
      MISMO TRIBUNAL QUE DESTACA QUE “NO
      OBSTANTE, E INDEPENDIENTEMENTE DE LA
      TANGENCIA DE ESA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA
      EN LA ACTUALIDAD, RESALTAMOS UNA VEZ MÁS
      QUE LA LEY DE ARMAS DE 2020 TAMPOCO DISPUSO
      NINGÚN PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN
      ADMINISTRATIVA   Y    JUDICIAL   PARA   LAS
      REVOCACIONES DE LICENCIAS DE ARMAS.”

      TERCERO: ERRÓ EL TRIBUNAL EN CONCLUIR QUE
      “FINALMENTE, SOMOS DEL CRITERIO QUE EL NPPR
      AUN TIENE JURISDICCIÓN SOBRE LA REVOCACIÓN
      DE LICENCIA DE ARMAS EN CONTROVERSIA,
      DEBIDO A QUE LA COMUNICACIÓN DEL 12 DE ABRIL
      DE 2023 NO INCLUYÓ LAS ADVERTENCIAS
      NCESARIAS Y REQUERIDAS POR EL DEBIDO
      PROCESO DE LEY PARA QUE LA MISMA PUEDA
      CONSIDERARSE COMO UNA DETERMINACIÓN FINAL
      Y NO LE ORDENASE AL NPPR CUMPLIR EMITIENDO
      UNA NOTIFICACIÓN ADECUADA EN LEY.’’

      CUARTO: ERRÓ EL TRIBUNAL EN NO CONSIDERAR
      LA SECCIÓN 4.3 DE LA LPAU EN VISTA DE LAS
      DEFICIENCIAS INSALVABLES DE DEBIDO PROCESO
      DE LEY [sic] EXISTENTES; AGOTAMIENTO DE
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       REMEDIOS ADMINISTRATIVOS; RELEVO. (3 LPRA sec.
       9673).

       Luego de evaluar el expediente de autos, el cual incluye la

comparecencia de la parte apelada, procedemos a expresarnos a

tenor con la norma aplicable.

                                     II

                                     A

       El debido proceso de ley, en su vertiente procesal, se extiende

al ejercicio de las facultades adjudicativas delegadas a la agencia,

esto   por   su   intervención     directa   con   intereses   de   estirpe

constitucional. PVH Motor, LLC v. ASG, 209 DPR 122, 130-131

(2022); Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2002).

La adjudicación constituye el procedimiento mediante el cual una

agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios que

corresponden a una parte. Sección 1.6 (b), Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017,

3 LPRA sec. 9603 (b). Nuestro estado de derecho es enfático al

reconocer que el derecho a cuestionar una determinación emitida

por una agencia, ello mediante el correspondiente recurso de

revisión judicial, forma parte del debido proceso de ley. IM Winner,

Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000).

       Ahora bien, para que el pronunciamiento de que trate surta

efecto, no sólo debe ser emitido por un foro con jurisdicción, sino

que tiene que ser adecuadamente notificado a las partes, para que,

entre otras prerrogativas, estas puedan tomar las acciones

ulteriores que estimen convenientes a su causa. Caro v. Cardona,

158 DPR 592, 599 (2003). Al respecto, sabido es que la falta de una

notificación adecuada incide sobre el derecho de una parte

adversamente      afectada   por    determinado     pronunciamiento      a

impugnar sus términos, todo en contravención al debido proceso de

ley. R&G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 520
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(2010).   La correcta y oportuna notificación de las órdenes,

resoluciones y sentencias, constituye un requisito sine qua non para

un sistema judicial ordenado, puesto que afecta el estado procesal

del caso que se atiende. R&G Mortgage v. Arroyo Torres y otros,

supra, pág. 520.

      De este modo, y en el escenario en el que nos expresamos, los

derechos y obligaciones resueltos mediante un pronunciamiento

administrativo, no son oponibles cuando el mismo no les ha sido

notificado a las partes en la forma y manera que lo exige la ley. Cotto

v. Depto. de Educación, 138 DPR 658, 665 (1995). Por ello, ante la

notificación defectuosa de una resolución u orden, los términos que

de ella dimanan no comienzan a decursar. Caro v. Cardona, supra,

págs. 599, 600.

      Cónsono con lo anterior, la sección 3.14 de la Ley 38-2017,

supra, incorpora los criterios que imprimen validez y oponibilidad a

una orden o resolución administrativa final. A tal efecto dispone

como sigue:

      .       .       .        .       .       .        .       .

      La orden o resolución deberá incluir y exponer
      separadamente determinaciones de hecho si éstas no se
      han renunciado, conclusiones de derecho, que
      fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del
      recurso de reconsideración o revisión según sea el caso.
      La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de
      la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por
      ley.

      La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar
      reconsideración ante la agencia o de instar el recurso
      de revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de
      Apelaciones, así como las partes que deberán ser
      notificadas del recurso de revisión, con expresión de los
      términos correspondientes. Cumplido este requisito
      comenzarán a correr dichos términos.
      .       .        .      .        .       .       .       .

      3 LPRA sec. 9654.

      Por otra parte, las resoluciones y órdenes de una agencia

administrativa serán revisables ante este Tribunal cuando se

cumplan con los siguientes criterios: (1) que la resolución que se
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pretenda revisar sea final y no interlocutoria; y (2) que la parte

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios

provistos por la agencia. Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR

656, 672 (2022).

                                      B

      Los procedimientos relacionados a la obtención de una

licencia de armas son regulados vía legislación especial. A tono con

ello, la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, supra, incluye entre

sus   secciones,      disposiciones   relacionadas   a   la   expedición,

denegación y revocación de una licencia de armas. En lo pertinente

a la revocación, esta podrá efectuarse luego de que se realice la

investigación correspondiente. Ley de Armas de Puerto Rico de

2020, supra, 25 LPRA § 462a. Así pues, para que la revocación

proceda, de dicha investigación debe surgir, entre otras, evidencia

del que el investigado ha brindado a sabiendas información falsa o

incumple con los requisitos establecidos en la Ley de Armas de

Puerto Rico de 2020, supra.

      Las determinaciones que emita una agencia en cuanto a la

revocación de una licencia de armas son revisables ante el tribunal.

Para que la referida revisión judicial cumpla a cabalidad con los

criterios legales establecidos, la Ley de Armas de Puerto Rico de

2020, supra, nos remite a la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, supra. Ello, a la luz del

artículo siguiente:

      Salvo que otra cosa se disponga expresamente, todas
      las determinaciones que tengan que realizarse en virtud
      de esta Ley se regirán por las disposiciones de vistas
      informales,   adjudicaciones    y   reconsideraciones
      establecidas en la Ley 38-2017, según enmendada,
      conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
      Uniforme del Gobierno de Puerto Rico’’.

      25 LPRA sec. 467e.

      Así pues, a las determinaciones administrativas de revocación

de licencias de armas le son de aplicabilidad los siguientes términos
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y remedios provistos por la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, supra, para la revisión

judicial:

      Una parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia y que haya agotado
      todos los remedios provistos por la agencia o por el
      organismo administrativo apelativo correspondiente
      podrá presentar una solicitud de revisión ante el
      Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de
      treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo
      en autos de la copia de la notificación de la orden o
      resolución final de la agencia o a partir de la fecha
      aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta
      Ley, cuando el término para solicitar la revisión judicial
      haya sido interrumpido mediante la presentación
      oportuna de una moción de reconsideración.

      3 LPRA § 9672; ACT v. Prosol et als., 210 DPR 897, 908
      (2022).

                                  III

      En síntesis, el apelante plantea, que en el caso de autos no

son de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

supra. También sostiene, que incidió el foro primario al desestimar

el caso de epígrafe por falta de jurisdicción, al determinar que el

dictamen de la agencia no era final por no cumplir con las

disposiciones requeridas para salvaguardar el debido proceso de ley.

Asimismo, indicó que erró el tribunal de origen al no considerar las

excepciones      relacionadas    al     agotamiento    de    remedios

administrativos.

      Luego de un examen detallado del expediente que obra ante

nuestra consideración, determinamos que al apelante no le asiste la

razón. Veamos.

      Según se desprende de la notificación en controversia, el NPPR

informó al apelante sobre la revocación de su licencia de armas. Por

tanto, tal cual fue esbozado en la normativa que antecede, al caso

de epígrafe le son de aplicabilidad las disposiciones de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,
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supra, atinentes a los procesos adjudicativos. En ese sentido, la

notificación en cuestión debía contener los términos y remedios

provistos para la revisión judicial, según dispuestos en dicha

legislación. Así pues, para que la notificación al apelante fuera

adecuada, el NPPR tenía que apercibirle de su derecho a presentar

reconsideración dentro de los veinte (20) días desde la fecha de

archivo en autos de la notificación de la resolución u orden. De igual

modo, el NPPR debió informar al apelante de su derecho a presentar

una solicitud de revisión ante este Foro, dentro del término de

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos

de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la

agencia, o a partir del término dispuesto para los casos en que se

haya presentado una oportuna moción de reconsideración.

      De    la   notificación   en    cuestión   surge,   que    el   NPPR

erróneamente informó al apelante que el foro con jurisdicción para

atender sus planteamientos en revisión era el “Tribunal Municipal”,

y no el Tribunal de Apelaciones, lo cual es contrario al procedimiento

de revisión judicial aplicable. Además, la referida notificación no

cumple con los requisitos necesarios para considerarse una

determinación final, puesto que no incluyó determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho que fundamenten la adjudicación,

toda vez que, el NPPR solo le avisó al apelante la revocación de su

licencia de armas, sin incluir fundamentos que sustentaran tal

determinación. Ante ello, concluimos que el pronunciamiento

emitido por el NPPR es una determinación que carece de finalidad.

      Consecuentemente,         una   vez   la   notificación   cumpla    a

cabalidad con las exigencias en ley y los requisitos del debido

proceso de ley en su vertiente procesal, la jurisdicción para revisar

la determinación final de la agencia administrativa será de este

Tribunal.
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      Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia actuó

correctamente al desestimar el caso de epígrafe por falta de

jurisdicción, toda vez que, una revocación de licencia de armas no

es una determinación administrativa para la cual se le haya

otorgado la facultad legal de revisar.

                                  IV

      Por los fundamentos esbozados, confirmamos el dictamen

recurrido.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones