Court Opinion

ID: 9916100
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:21:26.460614+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:52.709015
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

                                                    Certiorari procedente
    MARIBEL RODRÍGUEZ                               del Tribunal de Primera
        ALVARADO                                    Instancia, Sala
                                                    Superior de Fajardo
          RECURRIDA
                                               Civil Núm.:
                V.               KLCE202301097 FA2023CV00103

   GINNY GRACE AVILÉS                               Sobre:
         AVILÉS
                                                    Liquidación de
        PETICIONARIA                                Comunidad de Bienes

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

       Ginny Grace Avilés Avilés (señora Avilés o peticionaria) presentó

una Recurso de Certiorari en el que solicita que revoquemos la Orden

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI)

el 8 de agosto de 2023. En el aludido dictamen el foro de instancia mantuvo

la anotación de rebeldía en contra de la peticionaria.

       Por los fundamentos que esbozaremos a continuación expedimos el

auto solicitado y revocamos la determinación recurrida. Veamos.

                                      I

       El 7 de febrero de 2023, Maribel Rodríguez Alvarado (demandante

o recurrida) presentó una Demanda contra la señora Avilés sobre

liquidación de comunidad de bienes. En esencia solicitó la liquidación de

una propiedad inmueble que adquirieron en común pro indiviso en un 50%

mientras ambas convivían como pareja. Según alegó, ambas aportaron la

suma de $125,000.00 para la compra de la propiedad y desde su

separación en el 2012 la señora Avilés permaneció residiendo la misma

con exclusividad.

Número Identificador
SEN2023 ________
KLCE202301097                                                               2

        El 8 de febrero de 2023, el TPI expidió el emplazamiento

correspondiente. No obstante, antes de que transcurriera el término para

diligenciarlo la demandante radicó Moción de Emplazamiento por Edicto en

la que alegó que a pesar de las múltiples gestiones realizadas, su

emplazadora no pudo localizar a la demandada en su dirección que es la

del apartamento objeto de litigio. Acompañó su solicitud con una

Declaración Jurada suscrita por la emplazadora, Evelyn Méndez Rivera,

quien entre otros asuntos indicó que hizo una búsqueda de la demandada

en las redes sociales mas no pudo localizarla.

        En atención a lo solicitado el TPI autorizó el emplazamiento por

edicto,1 el cual fue publicado en el Periódico El Nuevo Día, el 11 de abril de

2023. El 24 de abril de 2023, trece días después de publicarse el edicto, la

demandante notificó copia del edicto y de la demanda a la dirección postal

de la demandada, mediante correo certificado con acuse de recibo a su

dirección postal.2 Ante la incomparecencia de la demandada, y a solicitud

de la demandante, el TPI ordenó que se anotara la rebeldía contra la

señora Avilés el 15 de mayo de 2023. Con posterioridad, dicho foro emitió

una Orden señalando vista en rebeldía para el 25 de septiembre de 2023,

la cual fue notificada a todas las partes el 22 de mayo de 2023.

        El 11 de julio de 2023, la señora Avilés presentó Contestación a la

Demanda en la que admitió que la demandante obra como dueña de la

propiedad en común pro indiviso, pero negó que ésta hiciera aportación

alguna en la adquisición del bien inmueble o en los pagos de la hipoteca.

Ese mismo día sometió Moción Solicitando Dejar sin Efecto Anotación de

Rebeldía. En ésta informó que no supo del procedimiento judicial pues se

encontraba en Orocovis, en la residencia de su familia, desde diciembre de

2022 hasta el 3 de abril de 2023, y desde el 12 de abril hasta el 1 de mayo

de 2023. Regresó a Fajardo el 12 de junio de 2023, por una cita médica y

durante esa semana recibió la notificación del Tribunal sobre el

1 Mediante Orden del 4 de abril de 2023.
2 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 20.
KLCE202301097                                                                         3

señalamiento de la vista en rebeldía. A su vez, solicitó que se dejara sin

efecto la anotación en rebeldía en su contra ya que, por una parte, la

demandante no realizó todas las gestiones para emplazarle personalmente

pues conocía la dirección y ubicación exacta de la casa de su familia en

Orocovis, y de otro lado, incumplió con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil

al no notificarle la demanda y el edicto dentro del término de diez (10) días

siguientes. La parte demandante se opuso a que se levantara la rebeldía.

       Luego de evaluar la posición de ambas partes el TPI emitió la Orden

recurrida declarando No Ha Lugar la solicitud para dejar sin efecto la

rebeldía.3 Aun en desacuerdo la señora Avilés presentó el recurso ante

nuestra consideración en el que peticiona que revoquemos la Orden que

mantuvo la anotación de rebeldía, pues a su juicio:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       ENCONTRAR    JUSTIFICADAS  LAS   DILIGENCIAS
       REALIZADAS POR LA EMPLAZADORA Y AUTORIZAR EL
       EMPLAZAMIENTO POR EDICTO.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       ANOTAR Y MANTENER LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA
       AÚN CUANDO LA PARTE RECURRIDA INCUMPLIÓ CON
       LA NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 DÍAS
       QUE EXIGE LA REGLA 4.6 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA LA NO
       LEVANTAR LA REBELDÍA ANOTADA A LA PARTE
       PETICIONARIA CUANDO EXISTEN TODOS LOS
       ELEMENTOS EN DERECHO PARA LEVANTAR LA
       MISMA.

        La recurrida presentó su Oposición a expedición del auto de

Certiorari. En ésta indicó que antes de solicitar el emplazamiento por edicto,

su emplazadora agotó toda posibilidad razonable disponible para lograr el

emplazamiento personal de la señora Avilés según se desprende de la

Declaración Jurada. En cuanto a la demora para enviar por correo copia

del edicto y de la demanda explicó que no fue hasta el 17 de abril de 2023

que el periódico le acreditó la fecha de publicación del edicto y que desde

esa fecha es que empieza a transcurrir el término de 10 días dispuesto en

la Regla 4.6 de Procedimiento Civil. En suma, solicitó que se mantuviera la

3 La señora Avilés solicitó reconsideración mas el Tribunal la denegó mediante Orden del

8 de agosto de 2023.
KLCE202301097                                                              4

anotación de rebeldía, pues a su juicio, la señora Avilés ha venido dilatando

la liquidación desde los intentos extrajudiciales iniciados hace más de 10

años.

                                      II

A. Certiorari

   El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de

jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal

inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics v. Medshape et al, 207 DPR 994 (2021); 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163 (2020). Por tanto,

la expedición del auto de certiorari descansa en la sana discreción del

tribunal revisor. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723,

729 (2016); IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

        La Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes

interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León Corp. v. American

International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla

dispone lo siguiente:

        [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
        solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
        cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
        56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
        dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
        anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
        órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
        Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
        decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
        peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
        evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de
        relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
        en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
        la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el
        Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
        decisión. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202301097                                                               5

         Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos jurisdicción

sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y la adjudicación en

sus méritos es un asunto discrecional. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

175 DPR 83, 96 (2008). Sin embargo, tal discreción no opera en el

abstracto. Íd. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

establece los criterios que este foro tomará en consideración para ejercer

prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a

saber:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
            diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
         B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
            para analizar el problema.
         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
            manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
            de Primera Instancia.
         D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
            a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
            elevados, o de alegatos más elaborados.
         E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
            es la más propicia para su consideración.
         F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
            dilación indeseable en la solución final del litigio.
         G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

         De   otra   parte,   este   Tribunal   solo   intervendrá   con   las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando

se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689,

709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

B. El emplazamiento

         El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se le

notifica a un demandado que hay una reclamación judicial en su contra y

que le permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre su persona. Bernier

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Cirino González

v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 29-30 (2014); Banco Popular v. SLG

Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). A través del emplazamiento se

satisfacen las exigencias del debido proceso de ley, en su vertiente
KLCE202301097                                                             6

procesal, que requiere que se notifique al demandado toda reclamación en

su contra, para que tenga la oportunidad de comparecer a juicio, ser oído

y presentar prueba a su favor. Global Gas v. Salaam Realty, 164 DPR 474,

480 (2005).

       En mérito de lo anterior, a los demandados les asiste el derecho de

ser emplazados conforme a derecho. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,

192 DPR 854, 869 (2015). De lo contrario, una sentencia que se dicta sin

que el tribunal haya asumido jurisdicción sobre las partes o cuando al

dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley, es nula. García Colón

v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010); Figueroa v. Banco de San Juan,

108 DPR 680, 688 (1979); Rodríguez v. Albizu, 76 DPR 631 (1954).

       En todas las circunstancias, el emplazamiento se diligenciará en el

término de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. Regla

4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El método para emplazar

que se utilice debe tener una probabilidad razonable de notificar o informar

al demandado sobre la acción encaminada en su contra, de forma tal que

pueda comparecer a defenderse, si así lo desea. Márquez Resto v. Barreto

Lima, 143 DPR 137, 143 (1997).

       Las Reglas de Procedimiento Civil establecen dos maneras para

diligencia un emplazamiento: de forma personal o mediante edictos.

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 987 (2020). La Regla 4.6 de

Procedimiento Civil, supra, rige el procedimiento a seguir cuando el

emplazamiento del demandado se realice mediante edictos. En lo aquí

pertinente, el inciso (a) de dicha regla indica lo siguiente:

       (a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de
       Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser
       localizada después de realizadas las diligencias
       pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es
       una corporación extranjera sin agente residente, y así
       se compruebe a satisfacción del tribunal mediante
       declaración jurada que exprese dichas diligencias, y
       aparezca también de dicha declaración, o de la
       demanda presentada, que existe una reclamación que
       justifica la concesión de algún remedio contra la
       persona que ha de ser emplazada, o que dicha
       persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal
KLCE202301097                                                           7

      podrá dictar una orden para disponer que el
      emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá
      un diligenciamiento negativo como condición para
      dictar la orden que disponga que el emplazamiento se
      haga por edicto.
              La orden dispondrá que la publicación se haga
      una sola vez en un periódico de circulación general de
      la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además,
      que dentro de los diez (10) días siguientes a la
      publicación del edicto se le dirija a la parte demandada
      una copia del emplazamiento y de la demanda
      presentada, por correo certificado con acuse de recibo
      o cualquier otra forma de servicio de entrega de
      correspondencia con acuse de recibo, siempre y
      cuando dicha entidad no posea vínculo alguno con la
      parte demandante y no tenga interés en el pleito, al
      lugar de su última dirección física o postal conocida, a
      no ser que se justifique mediante una declaración
      jurada que a pesar de los esfuerzos razonables
      realizados, dirigidos a encontrar una dirección física o
      postal de la parte demandada, con expresión de éstos,
      no ha sido posible localizar dirección alguna de la parte
      demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el
      cumplimiento de esta disposición. (Énfasis nuestro).
      32 LPRA Ap. V, R. 4.6(a).

      Según surge de la regla antes citada, para que se permita el

emplazamiento por edicto, tiene que haberse intentado efectuar

previamente un emplazamiento personal, y después de haberse sometido

una declaración jurada con la expresión de las diligencias efectuadas.

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra. Al evaluar la suficiencia de tales

diligencias, el tribunal deberá tener en cuenta todos los recursos

razonablemente accesibles al demandante para intentar encontrar al

demandado y si se ha agotado toda posibilidad razonable disponible al

demandante para poder localizarlo. Íd.

C. Anotación de rebeldía

      La Regla 45 de Procedimiento Civil regula lo relativo a la anotación

de rebeldía al disponer en lo aquí pertinente que:

            Cuando una parte contra la cual se solicite una
      sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado
      de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma
      según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe
      mediante una declaración jurada o de otro modo, el
      Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.
            El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte,
      podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la
      Regla 34.3(b)(3).
KLCE202301097                                                              8

              Esta anotación tendrá el efecto de que se den por
       admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas,
       sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b). … Regla 45.1 de
       Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

       Tal cual indica la regla precitada, el tribunal tiene la facultad para

motu proprio o a solicitud de parte, anotar la rebeldía a una parte por no

comparecer a contestar la demanda o a defenderse como estipulan las

reglas, o como sanción. Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 179

(2015). Aunque la rebeldía constituye un mecanismo procesal discrecional

para el foro de instancia, tal discreción debe darse dentro del marco de lo

que es justo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587,

590 (2011). El efecto de la anotación es que se dan por ciertos los hechos

que están correctamente alegados y se autoriza al tribunal para que dicte

sentencia, si esta procede como cuestión de derecho. Íd., pág. 591; Regla

45.1 de Procedimiento Civil, supra. Para evitar que a una parte se le anote

la rebeldía no basta una mera comparecencia, sino que, de la

comparecencia debe surgir la intención de la parte de defenderse. Bco.

Popular v. Andino Solís, supra, pág. 180.

       Empece lo anterior, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra,

dispone expresamente que el tribunal podrá dejar sin efecto una anotación

de rebeldía por causa justificada. 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. Ello quiere decir

que para conseguir el levantamiento de la anotación de rebeldía la parte

interesada necesita probar la causa justificada, presentando evidencia de

circunstancias que a juicio del tribunal demuestran justa causa para la

dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus méritos y el grado

de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte con relación al proceso

es razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,

supra; Neptune Packing Corp. v. Wakenhut Corp., 120 DPR 283, 293

(1988). Esta regla debe interpretarse de manera liberal, resolviéndose

cualquier duda a favor de que se deje sin efecto la anotación o la sentencia

en rebeldía. Íd.

       Si bien bajo la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, el dejar sin

efecto la anotación de rebeldía dependerá de la existencia de justa causa,
KLCE202301097                                                               9

la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, también se puede utilizar para

levantar la rebeldía, en aquellas circunstancias en las que se incumple con

los requisitos para requerir su anotación. Íd. A tales efectos, y pertinente a

la controversia del presente caso, el Tribunal Supremo ofreció el siguiente

ejemplo:

       [E]l demandado que reclama el levantamiento de una
       anotación de rebeldía porque puede probar que no fue
       emplazado debidamente al momento de la anotación,
       no necesita una “causa justificada” para probar el
       levantamiento de esa anotación de rebeldía. Su
       fundamento en derecho para lograr tal levantamiento
       sería el incumplimiento por parte del promovente con
       la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. O sea, el
       promovente no podrá probar que la parte en rebeldía
       no contestó la demanda a pesar de haber sido
       debidamente emplazada, porque en realidad la parte
       no fue debidamente emplazada. Rivera Figueroa v.
       Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 592 (2011).

                                      III

      La señora Avilés nos solicita que expidamos el Recurso de Certiorari

y revoquemos la determinación del TPI que ordenó mantener la anotación

de rebeldía en su contra. Esta es una de las instancias que la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra nos faculta a revisar de manera interlocutoria.

Por lo que, luego de revisar los argumentos esbozados por la peticionaria

a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, hemos

decidido expedir el auto solicitado y revocar la determinación recurrida.

      La señora Avilés sostiene que el TPI incidió al mantener la anotación

de rebeldía a pesar de que: 1) la demandante no agotó todos los medios

disponibles para localizarla que justificara el emplazamiento por edicto; (2)

la demandante incumplió con notificarle el emplazamiento por edicto en el

término dispuesto en la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, pues le

notificó habiendo transcurrido 13 días de la publicación; y (3) existen todos

los elementos en derecho para levantarla. Habiendo analizado los errores

señalados entendemos que el error tercero se cometió.

      Según vimos la facultad del foro de instancia para dejar sin efecto

una anotación de rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de Procedimiento
KLCE202301097                                                             10

Civil, supra, se enmarca en la existencia de justa causa. En este caso la

señora Avilés estableció en su Moción Solicitando Dejar sin Efecto

Anotación de Rebeldía que su demora en comparecer al pleito se debía a

que se encontraba en Orocovis, en la residencia de su familia, y que no fue

hasta que regresó a Fajardo el 12 de junio de 2023, para asistir a una cita

médica que advino en conocimiento del proceso judicial en su contra.

Cónsono con ello, de la Declaración Jurada de la emplazadora surge que

en dos de las tres ocasiones que visitó la dirección de la demandada, ésta

no se encontraba. Además, del expediente se desprende que la notificación

de la demanda y del edicto remitidas con acuse de recibo a la dirección

postal de la peticionaria fueron devueltas a la remitente por no haber sido

reclamada. De otro lado, es preciso considerar que en su Contestación a

la Demanda la peticionaria alegó afirmativamente que la recurrida no hizo

aportación económica alguna para la adquisición de la propiedad o para el

pago de la hipoteca. A su vez conviene advertir que el caso se encuentra

en una etapa inicial y que la vista de Conferencia Inicial fue señalada para

el 23 de enero de 2024, por lo que el levantamiento de la rebeldía

representa un perjuicio mínimo a la parte demandante.

       En atención a los parámetros antes señalados, al principio cardinal

de que los casos se ventilen en sus méritos y a la interpretación liberal que

se recomienda en estas circunstancias, concluimos que procede dejar sin

efecto la anotación de rebeldía.

       En cuanto al primer señalamiento de error nos limitaremos a indicar

que, si bien la emplazadora detalló varias gestiones para localizar a la

señora Avilés, lo cierto es que una de esas gestiones le permitió advenir en

conocimiento de la posible ubicación de ésta en Orocovis. Según surge de

la misma Declaración Jurada la búsqueda de la demandada en internet

arrojó el siguiente resultado:

       http://www.truepeoplesearch.com...
       Ginny G Aviles, Age 59 – Lives in Orocovis, PR
       Profile for Ginny G. Aviles, Ginny G Avilesaviles, Ginny Aviles-
       Aviles…4

4 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 12.
KLCE202301097                                                               11

      Con relación al segundo señalamiento de error disponemos que el

hecho de que la demandante no haya notificado copia de la demanda y del

edicto dentro de los 10 días de haberse publicado el edicto no es causa

suficiente para concluir que el emplazamiento por edicto fue inoficioso. Esto

ya que en este caso dicha dilación no fue la razón para que la demandada

se demorara en comparecer al pleito, pues según ésta misma admitió,

nunca recibió dicha notificación.

                                     IV

      Por los fundamentos antes expuestos revocamos la determinación

recurrida y ordenamos que se deje sin efecto la anotación de rebeldía en

contra de la señora Avilés.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones