Court Opinion

ID: 9941470
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:52.943959+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.395213
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

   DEPARTAMENTO DE                                         Certiorari
  RECURSOS NATURALES                                       procedente del
     Y AMBIENTALES                                         Tribunal de Primera
     Parte Recurrente                                      Instancia, Sala
                                                           Superior de
                                                           San Juan

                vs.                                        Caso Núm.
                                    KLCE202301425
                                                           SJ2023CV04237
                                                           (Salón 903)

 SERVIDORES PÚBLICOS
  UNIDOS DE PUERTO                                         Sobre:
     RICO (AFSME)
    Parte Recurrida                                        Reprimenda Escrita
                                                           Kenneth Morales
                                                           Valle

                                                           Revisión de Laudo
                                                           de Arbitraje Obrero-
                                                           Patronal Núm. L-23-
                                                           010
                                                           Para el Caso AQ-21-
                                                           0427
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, 22 de enero de 2024.

       Comparece ante nos el Departamento de Recursos Naturales

y Ambientales (en adelante, DRNA) y nos solicita la revocación de

la Sentencia emitida el 10 de noviembre de 2023, y notificada el 14

de noviembre de 20231 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (en adelante, TPI). Mediante dicha Sentencia

el TPI declaró No Ha Lugar el recurso de revisión judicial de laudo

de arbitraje presentado por el DRNA, sosteniendo la validez del

Laudo de Arbitraje Núm. L-23-010, emitido por la Comisión

Apelativa del Servicio Público (en adelante, CASP) a favor de los

1 Anejo V de la Petición de Certiorari, a las págs. 349-364.

Número Identificador

SEN2024 _________
KLCE202301425                                                                       2

Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (AFSME, en adelante SPU

o Unión).

          Por los fundamentos que expondremos a continuación

expedimos el auto de Certiorari solicitado y confirmamos el dictamen

recurrido.

                                           -I-

          El 14 de octubre de 2021, la SPU radicó a nombre del Sr.

Kenneth Morales Valle (en adelante, Sr. Morales Valle), una solicitud

de Arbitraje de Quejas y Agravios en CASP, en contra de DRNA.2 Así

las cosas, el Sr. Santos Colón Quiñones, Director Interino de la

División de Métodos Alternos, emitió una notificación de solicitud de

servicios de arbitraje de quejas y agravios señalando vista para el 11

de agosto de 2022.3

          Una vez celebrada la vista de arbitraje, en la cual las partes

tuvieron la oportunidad de interrogar, contrainterrogar testigos y de

presentar        toda     la   prueba     documental        para        defender   sus

correspondientes posturas, el caso quedó sometido para su

adjudicación.

          El 10 de abril de 2023, la CASP emitió el Laudo de Arbitraje

Obrero-Patronal Núm. L-23-010 en el caso AQ-21-0427, notificado

al día siguiente, en el cual la sumisión4 en controversia a resolver

2
    Apéndice Anejo I de la Petición de Certiorari, a las págs. 81-91.
3 Id.
4
 Las partes no acordaron la sumisión, por lo que radicaron sus respectivos
proyectos:
       Proyecto de Sumisión de la Unión:
             a. Que esta [H]onorable Comisión determine si conforme a
                 derecho, Convenio Colectivo y Prueba desfilada, procede la
                 Reprimenda Escrita así como el cobro impuesto al Vigilante
                 Keneth Morales.
             b. De determinar que no procede la reprimenda escrita ni el cobro,
                 se ordenen el DRNA a eliminar del expediente de personal dicha
                 medida, así como cualquier otro documento relacionado con la
                 misma.
       Proyecto de Sumisión de la Agencia:
             a. Que esta Honorable Comisión determine si tiene jurisdicción
                 para atender controversias sobre cobro o facturas a emitirse a
                 empleados que no est[á] madura.
             b. Que esta Honorable Comisión determine si conforme al
                 Convenio Colectivo, el derecho aplicable y la prueba desfilada
                 en vista, la Reprimenda Escrita impuesta al empleado estuvo
                 justificada o no.
KLCE202301425                                                                3

era la siguiente: “[d]eterminar conforme a los hechos, convenio

colectivo y el derecho aplicable si la Reprimenda Escrita impuesta al

Sr. Kenneth Morales Valle estuvo justificada o no”. Una vez emitido

el laudo por la CASP se ordenó al DRNA dejar sin efecto la

Reprimenda Escrita determinando que “conforme a los hechos,

convenio y derecho aplicable”, la misma no estuvo justificada debido

a que el DRNA incumplió con el término dispuesto en el Artículo 28

del Convenio Colectivo Unión Cuerpo de Vigilantes del DRNA Local

3647 SPUPR Concilio 95 AFSCME.5                CASP en el laudo emitido

realizó las siguientes determinaciones de hechos:6

        1. El Sr. Kenneth Morales Valle ostenta el puesto de
           Vigilante en la AGENCIA.

        2. El 3 de febrero de 2019, el QUERELLANTE tuvo un
           accidente en el vehículo oficial con tablilla GE-
           08613.

        3. La AGENCIA no realizó una investigación previa a
           imponer la medida disciplinaria.

        4. El 21 de septiembre de 2021, el Sr. Rafael Machargo
           Maldonado, secretario le notificó al QUERELLANTE
           una Reprimenda Escrita.

        De conformidad a las determinaciones de hechos realizadas

por CASP en el procedimiento de arbitraje respecto a la Reprimenda

Escrita Impuesta al Sr. Morales Valle emitió el Laudo siguiente:

        Se determina conforme a los hechos, convenio y derecho
        aplicable que la Reprimenda Escrita impuesta al Sr.
        Kenneth Morales Valle no estuvo justificada. Se le
        ordena a la AGENCIA dejar sin efecto la misma. Se
        [o]rdena, además[,] a notificarle al QUERELLANTE y la
        UNIÓN que la misma se dejó sin efecto. Todo lo anterior
        dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de este
        Laudo.7

        Inconforme, el DRNA el 8 de mayo de 2023 presentó ante el

TPI Revisión de Laudo para impugnar el Laudo AQ-23-0 10.8 En

                c. Que de haber sido impuesta justificadamente y correctamente
                   la Reprimenda Escrita se desestime y archive la apelación de
                   epígrafe. Id., a la pág. 82.
5 Id.
6 Id., a la pág. 83.
7 Id., a la pág. 88.
8 Id., a las pág. 4-19.
KLCE202301425                                                                 4

síntesis, el DRNA argumentó que la investigación de un accidente

vehicular en el cual está involucrado un vehículo oficial propiedad

del Estado le corresponde realizarla de manera exclusiva a la ASG,

y el DRNA no puede imponerle a esa agencia término para realizar

su investigación. Además, arguyó que la DRNA no tiene que una

investigación adicional a la que realiza la ASG. Por último, el DRNA

sostuvo que la Artículo 28 del Convenio Colectivo no era de

aplicación al caso de autos. El 22 de mayo de 2023, el foro primario

dictaminó orden, notificada al día siguiente, requiriéndole a la SPU

exponer su posición sobre el recurso de revisión de laudo, ello dentro

del término de cuarenta y cinco (45) días.9

       El 19 de julio de 2023, la SPU presentó en el foro primario su

Oposición a Recurso de Revisión Judicial de Laudo.10 En su escrito,

la SPU arguyó que el Artículo 28 del Convenio Colectivo si es de

aplicación al caso, y que la agencia incumplió con el término

dispuesto para realizar una investigación sobre los hechos que

motivaron la acción disciplinaria, por lo que procede dejarla sin

efecto. El 15 de septiembre de 2023, el DRNA presentó una Dúplica

a Oposición a Recurso de Revisión Judicial de Laudo, en la cual

reiteró sus planteamientos.11

       Así las cosas, el TPI dictó Sentencia el 10 de noviembre de

2023, y notificada el 14 de noviembre de 2023, en el cual el foro

primario entre sus determinaciones de hechos resaltamos las

siguientes:12

       1. El DRNA y AFSMCE pactaron el Convenio Colectivo
          el 15 de mayo de 2012.

           […]

       14. El 29 de abril de 2021, el Programa de Transporte
       de la Administración de Servicios Generales de Puerto
       Rico (ASG) emitió un Informe de Investigación y
       Recomendación (Informe) sobre un accidente de un
9 Apéndice Anejo II de la Petición de Certiorari, a la pág. 286.
10 Apéndice Anejo III de la Petición de Certiorari, a las págs. 287-298.
11 Apéndice Anejo IV de la Petición de Certiorari, a las págs. 299-348.
12 Apéndice Anejo V de la Petición de Certiorari, a las págs. 352, 354-355.
KLCE202301425                                                     5

       vehículo marca Jeep, tablilla GE-086 13, ocurrido el 3
       de febrero de 2019 mientras lo manejaba Morales
       Valle.13

       15. Según el Informe, en el accidente hubo negligencia
       por parte de Morales Valle y la compañía de seguros
       MAPFRE cubrió $179.00 de los daños ocasionados al
       vehículo.14

       16. El Informe incluyó la recomendación de que el
       DRNA tramitara el cobro de los remanentes $124.00 de
       los daños a Morales Valle.

       17. El 6 de mayo de 2021, el Informe fue recibido en la
       oficina del Secretario de la DRNA.

       18. El 16 de agosto de 2021, la Oficina de Recursos
       Humanos del DRNA le envió a la Oficina de Asuntos
       Legales una carta sobre el Informe.15

       19. La carta de la Oficina de Recursos Humanos incluyó
       una recomendación para aplicarle a Morales Valle una
       reprimenda escrita y el pago de $124.00 por concepto
       de su totalidad no sufragada por MAPFRE.

       20. El 14 de septiembre de 2021, el señor Rafael A.
       Machargo Maldonado, Secretario del DRNA; el Lcdo.
       Hiram Zayas Rivera, Director Interino de la Oficina de
       Asuntos Legales; y la Lcda. Raquel Román Hernández,
       abogada de Asuntos legales, firmaron el documento
       titulado "Recomendación Legal sobre Incidente Kenneth
       Morales Valle" en el cual indican haber examinado el
       Informe y la recomendación de la Oficina de Recursos
       Humanos y concurren en cuanto a las medidas
       correctivas a imponerle.16

       21. El 21 de septiembre de 2021, el Secretario de DRNA,
       Rafael A. Machargo Maldonado, le envió una carta
       titulada "Reprimenda escrita/pago cantidad no
       cubierta por seguro."17

       22. En la carta del 21 de septiembre de 2021, el DRNA
       le informó a Morales Valle la decisión de imponerle la
       sanción disciplinaria de reprimenda escrita y el pago de
       $124.00 por concepto de la cantidad de las
       reparaciones no sufragadas por MAPFRE.

       El TPI declaró en su Sentencia No Ha Lugar el recurso de

revisión judicial del laudo de arbitraje presentado por el DRNA, y

confirmó así el Laudo de Arbitraje Núm. L-23-010, emitido por CASP

en el caso AQ-21-0427, en el cual determinó que la reprimenda

13 Véase nota al calce 12, a las págs. 311-319.
14
   Id., a la pág. 331.
15
   Id., a las págs. 320-326.
16
   Id., a las págs. 340-342.
17
   Id., a las págs. 343-348.
KLCE202301425                                                                     6

escrita      impuesta       al   Sr.   Morales     Valle    incumplió      con   las

disposiciones del Artículo 28 del Convenio Colectivo, por lo cual le

ordenó a la DRNA dejarla sin efecto.18

          Aún inconforme, el 14 de diciembre de 2023, el DRNA, acudió

ante nos mediante el recurso que nos ocupa. Señala la comisión del

siguiente error:

          Erró el Tribunal de Primera Instancia al confirmar el
          Laudo de Arbitraje emitido por la CASP y concluir que
          en el Artículo 28 del Convenio Colectivo es una
          aplicación a este caso a pesar de ser contrario a su texto
          y una interpretación integral del mencionado
          documento.

          Así las cosas, el 18 de diciembre de 2023, le concedimos un

término de diez (10) días a la parte recurrida para presentar su

escrito en oposición. En cumplimiento con lo ordenado, el 29 de

diciembre de 2023, la SPU presentó su Oposición a Expedición de

Certiorari.

          Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                          -II-

                                           A.

          En lo pertinente al presente caso, la Regla 32(D) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R.32(D), establece que el recurso de certiorari es el vehículo

procesal adecuado para revisar las resoluciones, órdenes o

sentencias finales de un laudo de arbitraje del TPI. (Énfasis

nuestro).

          El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

18
     Apéndice Anejo V de la Petición de Certiorari, a las págs. 349-364.
KLCE202301425                                                           7

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,    “es   una    forma    de   razonabilidad      aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800

Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el

recurso   de   certiorari   para    revisar   resoluciones    u   órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd.
KLCE202301425                                                       8

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                  B.

      En nuestro ordenamiento, las relaciones obrero-patronales, la

negociación colectiva, y los procedimientos de arbitraje están

vinculadas al desarrollo económico, a la paz industrial y, por ende,

a la consecución de los intereses públicos. COPR v. SPU, 181 DPR

299, 319 (2011). El arbitraje está considerado como un método

alterno a la intervención judicial para la solución de conflictos.

COPR v. SPU, supra, pág. 362. En Puerto Rico existe una vigorosa

política pública a favor del arbitraje obrero-patronal. Se entiende

que el arbitraje es el medio menos técnico, más flexible, menos

oneroso y, por tanto, más apropiado para la resolución de las

controversias que emanan de la relación laboral. Martínez Rodríguez

v. A.E.E., 133 DPR 986 (1993). El arbitraje es un procedimiento de
KLCE202301425                                                       9

poderes delegados y mediante el convenio colectivo se le confiere la

autoridad al árbitro para que evalúe y resuelva las controversias que

allí se especifican. A. Acevedo Colom, Legislación protectora del

trabajo comentada, 8va ed. Rev., Puerto Rico, Ed. Ramallo Printing

Bros., 2005, pág. 393.

      Referente al proceso de arbitraje, el laudo representa la

determinación que toma el árbitro respecto a la controversia laboral.

COPR v. SPU, supra, pág. 368. Se ha establecido que el laudo de

arbitraje no es ni un contrato ni una sentencia, pero disfruta de la

naturaleza de ambos. Íd., pág. 328. El contenido del laudo de

arbitraje incluye dos elementos principales: 1) la parte sustantiva de

derecho en la que se expone la razón de la decisión y, 2) la parte

dispositiva en la que se establece el remedio a la disputa. La emisión

del laudo termina la función adjudicativa del árbitro. Íd., en las

págs. 368-369.

      Referente a la revisión judicial de los procesos de arbitraje,

nuestro más alto foro ha expresado que, aunque la intervención no

esté vedada, ante un convenio de arbitraje lo más prudente es la

abstención judicial. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR

133 (1994). Por ello, cuando se acuerda el uso del arbitraje como

mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro sustituto

a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece gran

deferencia. López v. Destilería Serrallés, 90 DPR 245 (1964); J.R.T.

v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988).

      Es por esto, que la revisión de los laudos de arbitraje se

circunscribe a la determinación de: (1) la existencia de fraude, (2)

conducta impropia, (3) falta del debido proceso de ley, (4)

violación a la política pública, (5) falta de jurisdicción o, (6) que

el laudo no resuelve todos los asuntos en controversia. No

obstante, si las partes pactan que el laudo arbitral sea conforme a

derecho, los tribunales podrán corregir errores jurídicos en atención
KLCE202301425                                                                10

al derecho aplicable.19 De igual modo, las decisiones de los

tribunales de primera instancia, de las agencias administrativas y

los laudos arbitrales se reputarán persuasivas. Íd. En tal supuesto,

la revisión judicial de los laudos de arbitraje es análoga a la revisión

judicial de las decisiones administrativas. Rivera v. Dir. Adm. Trib.,

144 DPR 808 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos PR, 149

DPR 347 (1999); UCPR v. Triangle Engineering Corp., supra. Sin

embargo, el Tribunal Supremo ha aclarado que la intervención

judicial no se justifica por una mera discrepancia de criterio con el

árbitro ya que se destruiría la esencia de los procesos de arbitraje.

UGT v. Centro Médico del Turabo, 208 DPR 944, 929 (2022). Por lo

tanto, es la norma que los foros judiciales apelativos tendrán la

autoridad para revisar todas las cuestiones de derecho sustantivo

resueltas por el árbitro para poder determinar si son correctas.

COPR v. SPU, supra, pág. 370. Es decir, procede la anulación solo si

no se ha resuelto la controversia conforme a derecho. Íd.

                                       C.

       El convenio colectivo constituye la ley entre las partes que lo

suscriben, siempre que no contravenga las leyes, la moral ni la

Constitución. Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 DPR 118,

122 (1963). El convenio colectivo recoge las normas que habrán de

marcar las relaciones entre patronos y empleados por lo que sus

términos y condiciones obligan tanto al patrono como a la unión y a

sus miembros. J.R.T v Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR

318, 333 (1998). Al pactar su contenido, las partes deben cumplirlo

con estricta rigurosidad. Ni el patrono ni los obreros pueden

pretender beneficiarse de ciertas cláusulas y rechazar otras. COPR

v. SPU, supra, seguido en Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 (2012).

19 Cuando el procedimiento de arbitraje es conforme a derecho, ello significa que

el árbitro no puede ignorar o dejar pasar por desapercibidas las normas
interpretativas, en el campo laboral, de derecho sustantivo emitidas por el
Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el de Puerto Rico. J.R.T. v. Hato Rey
Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 68 (1987).
KLCE202301425                                                          11

    El Artículo 27 del Convenio Colectivo establece el procedimiento

para la resolución de quejas y agravios entre las partes.           Dicha

cláusula del convenio colectivo opera una vez la agencia ha impuesto

la medida disciplinaria contra el empleado. La Sección 1 del Artículo

27 del Convenio Colectivo define la queja de la siguiente manera:

    Sección 1 Definición de Queja

    Una queja es cualquier controversia, disputa o
    reclamación, presentada por escrito por La Unión o por
    La Agencia, que concierne la interpretación, aplicación,
    definición o violación, en cualquier forma, de cualquier
    cláusula de este Convenio Colectivo o de cualquiera otra
    disposición o de un derecho de los empleados contenida
    en las Leyes del estado Libre Asociado, Leyes federales
    aplicables, Reglamentos Internos, Cartas Circulares,
    Órdenes Ejecutivas, Memorandos del Patrono o cualquier
    otras que afecten los términos de este Convenio Colectivo.

      Por otro lado, el Artículo 28 del Convenio Colectivo Unión

Cuerpo de Vigilantes del DRNA Local 3647 SPUPR Concilio 95

AFSCME dispone respecto al procedimiento en caso de querellas

presentadas por el público por una falta de un miembro del Cuerpo

de Vigilantes lo siguiente:

      Sección 1. Presentación de Querella
      Cualquier persona que tenga conocimiento de que un
      miembro del Cuerpo de Vigilantes ha incurrido en
      conducta que constituya falta a las normas de conducta
      establecidas, podrá presentar una querella formal por
      escrito al Comisionado del Cuerpo de Vigilantes o al
      Secretario del DRNA.

      Sección 2. Procedimiento en la Tramitación de la
      Querella
      El Comisionado del Cuerpo de Vigilantes evaluará la
      información recibida. Antes de tomar acción notificará
      al Vigilante de la presentación de la querella y las faltas
      que se le imputan. Acto seguido en no más tarde de
      veinte (20) días, solicitará al Comité de Ética e
      Integridad del Cuerpo de Vigilante que proceda a
      realizar una investigación administrativa a los fines de
      evidenciar por escrito las faltas que se le imputan al
      vigilante. La investigación se completará dentro de los
      treinta y cinco días laborables desde la fecha en que el
      Comisionado del Cuerpo de Vigilantes solicitó la misma.
      Como parte de la investigación, el Vigilante imputado
      podrá ser entrevistado para que pueda manifestar su
      posición.
      El informe deberá tener, pero sin limitarse, los hechos
      alegados y determinados, el nombre de los testigos
      presenciales, la versión del Vigilante investigado,
      evidencia documental que sostenga la acción que se
KLCE202301425                                                     12

    recomienda (podrá incluir declaraciones juradas de los
    testigos y del vigilante), normas que se determinaron
    infringidas (si alguna) y medidas correctivas
    recomendadas conforme a las Guías para la Aplicación
    de Medidas Correctivas del DRNA según vigente y
    Reglamento del Cuerpo de Vigilantes del DRNA.
    El Comisionado del Cuerpo de Vigilantes referirá el
    informe con los hallazgos a la Oficina de Recursos
    Humanos y copia a la Unión. La Oficina de Recursos
    Humanos referirá a la Oficina de Asuntos Legales no
    más tardes de treinta y cinco (35) días laborables sus
    recomendaciones. La Oficina de Asuntos Legales
    analizará las recomendaciones y preparará la acción
    disciplinaria para la firma del Secretario no más tarde
    de veinte (20) días laborables. A partir de la notificación
    de esta acción disciplinaria se continuará con el
    procedimiento disciplinario establecido en este
    convenio.

    Sección 3. Investigación
    La Agencia vendrá obligada a realizar la investigación
    en un periodo no mayor de noventa (90) días y someter
    su informe con recomendaciones sobre las sanciones
    correspondientes en [un] periodo no mayor de cinco (5)
    días calendarios al terminar la investigación.

    Sección 4. Expedientes
    La Agencia entregará copia de todo el expediente
    relacionado al representante autorizado de la Unión.
    Del empleado(a) no estar de acuerdo con la decisión
    tomada por la Agencia recurrirá al procedimiento del
    Albitraje acelarado.

    Sección 5. Reconocimiento de la Autoridad
    Nominadora
    Se considera como autoridad al Secretario del
    Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

    Sección     6.  Notificación     en    Investigaciones
    Administrativas
    Cuando la Agencia se proponga iniciar una
    investigación administrativa cualquier miembro de la
    Unidad Apropiada (B) lo notificará con veinte (20) días
    de antelación a la persona investigada y a la Unión.
    Luego que cumpla con la notificación y la Agencia
    proceda hacer dicha investigación deberá ser
    completada dentro de un término de noventa (90) días
    laborables.

    Sección 7. Archivo de la Querella
    De la Agencia no cumplir con estos términos y/o
    requisitos de querella y/o cargos contra el empleado(a)
    serán archivados y eliminados de sus expedientes y no
    podrán ser utilizados en investigaciones futuras.

    Sección 8. Aplicabilidad
    Lo expresado en la sección 7 será aplicable a Vistas
    Administrativas por posibles faltas al Reglamento del
    Cuerpo de Vigilantes y/o al Reglamento de Personal de
    DRNA.
KLCE202301425                                                                     13

       Sección 9. Prohibición de Doble Sanción por el
       Mismo Incidente
       Ningún empleado será sancionado más de una vez por
       los mismos hechos o circunstancias. (Énfasis suplido.)

                                    D.

       El DRNA, en virtud de la autoridad que le confiere la Ley Núm.

23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, mejor conocida como

Ley    Orgánica      del   Departamento        de    Recursos      Naturales      y

Ambientales, 3 LPRA sec. 151 et seq.;20 la Ley Núm. 1 de 29 de junio

de 1977, según enmendada, mejor conocida como Ley de Vigilantes

de Recursos Naturales del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, 12 LPRA ant. sec. 1201 et seq.; y la Ley Núm. 170 de

12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA ant. sec. 2101, et.

seq.,21 adoptó el 6 de diciembre de 2011 el Reglamento del Cuerpo

de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales, Reglamento

Núm. 8114 (en adelante, Reglamento).

       El Artículo 2 de dicho Reglamento establece que el propósito

de este es:

       ¨[d]ar cumplimiento al mandato de Ley y propiciar el
       desempeño eficiente de las funciones asignadas al
       Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y
       Ambientales, garantizando una administración eficiente
       y proporcionando a los Miembros del Cuerpo, el pleno
       disfrute de los principios de mérito en el servicio
       público, que les garantiza la Ley Núm. 184 de 3 de
       agosto de 2004, según enmendada, mejor conocida
       como Ley Para la Administración de los Recursos
       Humanos en el Servicio Público del Estado Libre
       Asociado de Puerto Rico.¨

       Por otro lado, el Artículo 3 establece que el mismo es aplicable

20 Ley fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 110-2020, según enmendada,

conocida como “Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales
del Gobierno de Puerto Rico”.
21 La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como

la “Ley de Procedimiento Administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”,
3 L.P.R.A. sec. 2101, et. seq. fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 38-2017,
según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
del Gobierno de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. sec. 9601, et. seq. Se hace referencia a la
ley anterior por ser la vigente al momento de la aprobación del Reglamento.
KLCE202301425                                                        14

a los Miembros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y

Ambientales. Así como también que los términos y condiciones de

empleo   que   establece   este   Reglamento    aplicarán    a   los(as)

empleados(as) en la medida que las mismas no sean incompatibles

con las disposiciones del Convenio Colectivo vigente.

      Respecto a los Aspectos Disciplinarios la Sección 7.3 (b) el

Reglamento establece que el procedimiento para presentar querella

por falta a las normas de conducta y para la aplicación de acciones

disciplinarias es como sigue:

      i. Cualquier persona, ciudadano(a), empleado(a) del
         Departamento o del Cuerpo que tenga conocimiento
         de que un Miembro del Cuerpo ha incurrido en una
         conducta que constituya una falta a las normas de
         conducta establecida, podrá presentar una querella,
         la cual será evaluada por el(la) Comisionado(a).

      ii. De tener mérito, el(la) Comisionado(a), no más tarde
          de veinte (20) días, ordenará a la Oficina de Ética e
          Integridad,    que      realice    una   investigación
          administrativa a los fines de evidenciar por escrito
          las faltas que se le imputan al Miembro del Cuerpo.
          La investigación se completará dentro de los
          treinta y cinco (35) días laborables, desde la fecha
          que el(la) Comisionado(a) solicitó la misma. De la
          investigación    requerir      tiempo  adicional     al
          establecido en este Artículo, se le notificará a las
          partes afectadas.

      […]

      iv. El(La) Comisionado(a) evaluará el informe y remitirá
          los hallazgos a la Oficina de Recursos Humanos. La
          Oficina de Recursos Humanos referirá a la Oficina
          de Asuntos Legales no más tarde de treinta y
          cinco (35) días laborales sus recomendaciones. La
          Oficina de Asuntos Legales analizará las
          recomendaciones y preparará la acción disciplinaria
          correspondiente para la firma del (de la)
          Secretario(a), no más tarde de veinte (20) días
          laborables. En los casos de los Miembros del
          Cuerpo perteneciente a una Unidad apropiada, a
          partir de la notificación de esta acción
          disciplinaria, se continuará con el procedimiento
          disciplinario establecido en las leyes y
          reglamentos aplicables o el Convenio Colectivo
          vigente. El Personal no cubierto por el Convenio
          Colectivo podrá solicitar vista administrativa
          informal dentro de los quince (15) días del recibo de
          la formulación de cargos.
KLCE202301425                                                      15

         […]

                                 III

      El DRNA nos plantea que erró el foro primario al confirmar el

Laudo de Arbitraje emitido por la CASP y concluir que el Artículo 28

del Convenio Colectivo es de aplicación al caso a pesar de ser

contrario a su texto y de hacer una interpretación integral del

mismo. No le asiste la razón. Veamos.

      Del Laudo de Arbitraje emitido por CASP el 10 de abril de 2023

surge que antes de entrar a discutir la sumisión de la controversia

atendió la controversia levantada por la Unión respecto a que la

medida disciplinaria no fue tramitada conforme a derecho según los

términos dispuestos en la Sección 6 del Artículo 28 del Convenio

Colectivo. La Unión arguyó al respecto que eran de aplicación los

términos dispuestos en la Sección 6 del Artículo 28 del Convenio

Colectivo, supra, que estable lo siguiente:

            Cuando la Agencia se proponga iniciar una
      investigación administrativa cualquier miembro de la
      Unidad Apropiada (B) lo notificará con veinte (20) días
      de antelación a la persona investigada y a la Unión.
      Luego que cumpla con la notificación y la Agencia
      proceda hacer dicha investigación deberá ser
      completada dentro de un término de noventa (90) días
      laborables. (Énfasis suplido.)

      En específico, la Unión alegó que en este caso en particular

los hechos que dieron lugar a la medida disciplinaria ocurrieron el

3 de febrero de 2019 y que no fue hasta el 21 de septiembre de 2021,

o sea, dos (2) años y siete (7) meses después, de haber ocurrido el

incidente que se impone la medida disciplinaria, lo cual excedió el

término de noventa (90) días laborables que tiene la Agencia para

realizar y culminar la investigación. Por tanto, la Unión planteó que

en el caso de autos no surgió un informe realizado por el DRNA, sino

que el único informe que existió fue el realizado por la

Administración de Servicios Generales (en adelante, ASG) el cual fue

recibido el 6 de mayo de 2021. Ante estos hechos, argumentó la
KLCE202301425                                                      16

Unión que la Sección 7 del Artículo 28 del Convenio Colectivo

dispone que de la agencia no cumplir con los términos y/o requisitos

de la querella y/o cargos contra el empleado serán archivados y

eliminados de su expediente. Por último, llamó la atención respecto

a que la Sección 8 del Artículo 28 del Convenio Colectivo expresa

que lo dispuesto en la Sección 7 "será de aplicación a Vistas

Administrativas por posibles faltas al Reglamento del Cuerpo de

Vigilantes y/o al Reglamento de Personal del DRNA."

      Por el contrario, al respecto la Agencia arguyó que al caso de

autos no le era de aplicación lo dispuesto en el Artículo 28 del

Convenio Colectivo, supra, y que lo aplicable eran las disposiciones

del Artículo 27 del Convenio Colectivo, supra.        En específico

argumentó que lo ocurrido fue un accidente de tránsito por faltas al

convenio y al reglamento de medidas disciplinarias; por lo cual se

hizo una investigación que concluyó con la medida disciplinaria.

      CASP al respecto determinó que las Secciones de la 1 a la 4

del Artículo 28 del Convenio Colectivo no le son aplicable a la

situación fáctica del caso de marras. Sin embargo, concluyó que las

Secciones 6 a la 8 del Artículo 28 del Convenio Colectivo si le eran

de aplicación al caso de autos. En específico expresó lo siguiente:

      Esto por lo que dio base a la medida disciplinaria fue
      un accidente de tránsito en que estuvo envuelto el
      QUERELLANTE y el vehículo Oficial de la AGENCIA el
      cual sufrió daños. Ante estos hechos la AGENCIA
      debió haber hecho una investigación para poder
      concluir en la medida disciplinaria que nos ocupa.

      De la prueba presentada surgió que hubo un accidente
      de tr[á]nsito el 3 de febrero de 2019. A partir de dicha
      fecha la AGENCIA tenía veinte (20) días para notificar [a
      la] UNION que pretendía iniciar una investigación. Una
      vez cumpliera con ella tenía noventa (90) días para
      completar la investigación. Esto quiere decir que hasta
      el 24 de mayo de 2019. Una vez cumpliera con ambos
      términos podía de entenderlo así, imponer la medida
      disciplinaria que correspondiera. De la prueba
      presentada no surgió que hubo una notificación al
      QUERELLANTE ni a la UNION que se pretendía
      realizar alguna investigación. No se presentó algún
      informe de investigación de la AGENCIA por lo que
      no cumple con el requisito que dispone la Sección 6.
KLCE202301425                                                               17

       Por lo que podemos concluir que la AGENCIA no
       realizó su propia investigación cumpliendo así con
       dicha sección. Como ya mencionamos la fecha de los
       hechos fueron el 3 de febrero de 2019 y la AGENCIA
       tenía hasta el 24 de mayo de 2019, para completar la
       investigación e imponer la medida disciplinaria. Dicha
       medida disciplinaria fue impuesta el 21 de septiembre
       de 2021 por lo que está fuera de término de noventa
       [(90) días] que dispone el [A]rtículo 28, Seçción 6 del
       convenio colectivo. Por tanto, la medida disciplinaria
       impuesta al QUERELLANTE no fue [conforme] a las
       disposiciones del convenio colectivo. Por lo que[,]
       determinamos dejar sin efecto la misma conforme a las
       Secciones 7 y 8 del convenio colectivo.22

       De la documentación que obra en el expediente judicial surge

que el mismo día del accidente 3 de febrero de 2019 se cumplimentó

el Informe de Accidente de Tránsito y el Informe Amistoso de

Accidente y que el 5 de marzo de 2019 se presentó en la ASG Aviso

de Accidente23, documentación de la cual surge con claridad para el

DRNA la fecha del accidente. Es importante puntualizar que del

análisis minucioso del expediente y de los proyectos de sumisión

presentados por la DRNA sometidos ante el proceso de arbitraje no

se hizo referencia a las disposiciones de la reglamentación de la ASG.

       Sin embargo, el Reglamento para la Administración y Control

de Vehículos de Motor y Otros Medios de Transporte del Gobierno de

Puerto Rico, Reglamento 9177, Departamento de Estado, 12 de mayo

de 2020, el cual es de aplicación a “todas las agencias que componen

la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, así como a sus

empleados y funcionarios, con excepción de aquellas entidades

gubernamentales que estén exentas por ley de la jurisdicción de la

Administración, las corporaciones públicas y sus municipios.”

Artículo 3 (a) del Reglamento 9177. 24 La Parte Décimo Primera del

Reglamento 9177 contiene toda la normativa relacionada a los casos

de accidentes.     En específico el Artículo 103 (d)(2) establece que

luego de la correspondiente investigación junto a la prueba

22
   Véase nota al calce número 2, pág. 87.
23
   Véase nota al calce 18, a las págs. 328-330 y 336-338.
24
   Este reglamento estaba vigente al momento de hacerse la investigación.
KLCE202301425                                                       18

recopilada de entenderse que se debe responsabilizar al conductor

por negligencia u otros actos se dispone que: “[…] se enviará copia

del expediente del caso al jefe de la agencia para la cual el conductor

trabaja, quien determinará si se sostiene una imputación de

negligencia o de violación a las normas establecidas en este

Reglamento.”    El Reglamento 9177 es claro respecto a que es el

DRNA a quien le compete determinar si se va a iniciar un proceso

de investigación contra el empleado envuelto en el accidente, ello

conforme a lo pactado en el Convenio Colectivo suscrito entre las

partes. En el mejor de los escenarios para la Agencia, de comenzar

a decursar los términos dispuestos en las Secciones 6 a la 8 del

Artículo 28 del Convenio Colectivo, el 6 de mayo de 2021 fecha en la

cual se notificó el Informe del Programa de Transporte de la ASG,

hay que concluir que el DRNA no cumplió con lo estipulado en el

convenio colectivo. En el caso ante nos, el DRNA sin que se hubiese

realizado la notificación mandatada en el término de veinte (20) días

al Sr. Morales Valle y realizado la investigación requerida en el

término de noventa (90) días le impuso una reprimenda por escrito.

En específico, el DRNA en violación de la estipulado en el convenio

le notificó el 21 de septiembre de 2021 al Sr. Morales Valle una

misiva titulada “Reprimenda Escrita/Pago Cantidad No Cubierta Por

Seguro” en la cual le impuso como sanción una reprimenda escrita

y el pago de $124.00 por concepto de las reparaciones no cubiertas

por MAPFRE.

      Contrario a lo alegado por el DRNA, de una lectura mesurada

del Artículo 27 podemos establecer que el mismo opera una vez la

Agencia ha tomado alguna acción contra el empleado. El

procedimiento de Quejas y Agravios se lleva por conducto de la

Unión, una vez la medida disciplinaria es notificada. Por lo tanto, no

es cierto que el Artículo 27 del Convenio Colectivo sirva a los

propósitos de establecer el procedimiento de investigación de una
KLCE202301425                                                                19

querella relacionada a una falta administrativa cometida por un

miembro del Cuerpo de Vigilantes.

       Es harto conocido que, el título no hace la cosa, sí su

contenido.25 Surge del contenido del Artículo 28 del Convenio

Colectivo que “cualquier persona” puede realizar una querella. El

mencionado artículo no hace excepciones sobre el tipo de persona

que pueda realizar una querella formal.

       Del análisis normativo anteriormente expresado, hay que

concluir que no erró el TPI en su determinación de que lo resuelto

por el CASP en el Laudo de Arbitraje Núm. L-23-010, fue conforme

a derecho, pues se pretirió el trámite dispuesto en el Artículo 28 del

Convenio Colectivo.

       Por tanto, el foro primario no incidió al emitir su dictamen y

confirmar el Laudo de Arbitraje Núm. L-23-O1O, emitido por CASP

en el caso AQ-21-0427, en el cual determinó que la reprimenda

escrita   impuesta      al   Sr.   Morales    Valle    incumplió     con    las

disposiciones del Artículo 28 del Convenio Colectivo, por lo cual

procede que la DRNA deje sin efecto la misma. El error señalado no

se cometió.

                                      IV

       Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

Certiorari y confirmamos la Sentencia recurrida.

       NOTIFÍQUESE.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones

25 Véase García Morales y Otros v. Padró Hernández y Otros, 165 DPR 324 (2005).