Court Opinion

ID: 9388082
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:11:47.198325+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.415027
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL V

LUNA COMMERCIAL II, LLC                        Certiorari
                                               procedente del
            Recurrida                          Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
                v.               KLCE202201234 Superior de Bayamón

MAIL EXPRESS                                        Caso Núm.:
CORPORATION, ET AL                                  D CD2010-2796

           Peticionario                             Sobre:
                                                    Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Juan Hernández Sánchez,
la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

               SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

         Examinada        la    “Moción    Solicitando   Reconsideración”

presentada el 9 de enero de 2023 por la parte peticionaria,

compuesta por Mail Express Corporation, Torrimar Express Inc., el

señor Ramón Flores Garrido, la señora Melissa Martínez Castrillón

la Sociedad Legal de Gananciales Flores Martínez, el señor Ramón

Flores Esteves, la señora Sonia Garrido Miranda, así también la

Sociedad Legal de Gananciales Flores Garrido, al amparo de la Regla

84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones1, en el ejercicio de

nuestra facultad revisora, acogemos la reconsideración a los fines

de incluir la discusión del segundo señalamiento de error.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

modificamos la Sentencia impugnada, emitida el 16 de diciembre de

2022, y nos reiteramos en la determinación esbozada en nuestra

Sentencia previa.

                                      I.

         Acogemos los hechos plasmados en la Sentencia emitida el 16

de diciembre de 2022. Sin embargo, destacamos que, según surge

1   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84.

Número Identificador
SEN2023__________
KLCE202201234                                                                    2

del expediente, el 16 de agosto de 2010, el Banco Popular de Puerto

Rico (Banco Popular o acreedor original) presentó Demanda2 en

cobro de dinero contra la parte peticionaria en la que reclamó la

cantidad de $167,484.72 de principal, más intereses y honorarios.

La parte peticionaria compuesta por Mail Express Corporation,

Torrimar Express Inc., el señor Ramón Flores Garrido y la señora

Melissa Martínez Castrillón, la Sociedad Legal de Gananciales Flores

Martínez fueron emplazados personalmente3; y la señora Sonia

Garrido Miranda, el señor Ramón Flores Esteves y la Sociedad Legal

de Gananciales Flores Garrido, fueron emplazados por edicto4.

       Así las cosas, el acreedor original instó una Solicitud de

Anotación de Rebeldía al amparo de la Regla 45.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.15. El 3 de enero de 2011, el TPI dictó

Sentencia en Rebeldía6 en la que declaró Con Lugar la demanda

instada por el acreedor original, la cual fue notificada por edicto7 a

todas las partes. Asimismo, el 1 de septiembre de 2011, el acreedor

original presentó Moción Solicitando Ejecución de Sentencia.

       Según surge del expediente, el 16 de diciembre de 2022,

emitimos una Sentencia en la que expedimos el auto de Certiorari y

2 Véase, apéndice del recurso de Certiorari, anejo A.
3 Véase, apéndice del recurso de Certiorari, anejos B, C, D y E (emplazamientos).
4 Véase, apéndice del recurso de Certiorari, anejos I, y J.
5 Véase, apéndice del recurso de Certiorari, anejo G.
6 Véase, apéndice del recurso de Certiorari, anejo L.
7 Legajo 1, autos originales. Detallamos que el 21 de febrero de 2022, ordenamos

a la secretaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón que nos
enviara por correo electrónico copia de la Notificación de la Sentencia por Edicto.
Ese mismo día, enmendamos la Resolución, con el único fin de identificar
correctamente el número de caso en el TPI. El 24 de febrero de 2023, la secretaria
del TPI de Bayamón cumplió lo ordenado. A tenor con lo anterior, correctamente,
el TPI notificó la sentencia en rebeldía a las partes, la cual se rige por la Regla
65.3.(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3 que, en su inciso
pertinente, dispone lo siguiente:
   (c) En el caso de partes en rebeldía que hayan comparecido en autos, el
   Secretario o Secretaria le notificará toda orden, resolución o sentencia a la
   última dirección que se haya consignado en el expediente por la parte que se
   autorepresenta o a la dirección del abogado o abogada que surge del registro
   del Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento con la Regla
   9. En el caso de partes en rebeldía que hayan sido emplazadas, por edictos
   y que nunca hayan comparecido en autos o de partes demandadas
   desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un aviso de notificación de
   sentencia por edictos para su publicación por la parte demandante.
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confirmamos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón

(TPI o foro primario).

         Sin embargo, y dentro del término reglamentario, la parte

    peticionaria presentó una Moción Solicitando Reconsideración, en la

    cual fundamentó que nuestro foro no atendió el segundo error

    señalado en el recurso de Certiorari, a saber:

         ERRÓ EL TPI AL OBVIAR QUE LA SENTENCIA EN REBELDÍA POR LAS
         ALEGACIONES DE LA DEMANDA SE DICTÓ IGNORANDO LA FALTA DE
         PRUEBA DE SOLIDARIDAD Y OBVIANDO QUE LA SENTENCIA NO
         PROCEDE COMO CUESTIÓN DE DERECHO.

         Además, solicitó que se declare con lugar el Certiorari, se

    revoque en todos sus extremos al TPI, incluyendo la Resolución y

    Orden del 13 de octubre de 2022, y se declare que no procede la

    ejecución de sentencia.

                                      II.

                                     -A8-

         Es norma reiterada que [u]n dictamen judicial es final cuando

se archiva en autos la notificación y se registra la sentencia, pero se

convierte en firme una vez haya transcurrido el término para pedir

reconsideración o apelar sin que esto se haya hecho9.

         Nuestro Tribunal Supremo explicó que, una sentencia es final

o definitiva “cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el

litigio entre las partes, en tal forma que no queda pendiente nada

más que la ejecución de la sentencia”. Lo anterior no significa, sin

embargo, que se trate necesariamente de una inapelable10.

                                     -B-

         La Regla 45.3 de Procedimiento Civil11, dispone que el tribunal

tiene facultad para dejar sin efecto una anotación de rebeldía por

causa justificada y, además, cuando se ha dictado sentencia en

8 Se añade la siguiente doctrina jurídica.
9 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Ed. Lexis Nexis, 2010,
Puerto Rico, págs. 378-379. Cruz Roche v. Colón y otros, pág. 323.
10 Véase Johnson & Johnson Inc. v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840 (2007). (Citas

omitidas). Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 313, 323 (2011).
11 32 LPRA Ap. V, R. 45.3
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rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto a la luz de los criterios

dispuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil12.

         En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp.13, el Tribunal

Supremo ponderó los siguientes factores al dejar sin efecto una

sentencia en rebeldía: (1) las defensas presentadas por la parte

rebelde; (2) la etapa de los procedimientos del caso; (3) el perjuicio

que le ocasionaría a las partes si levantaban o no la anotación de

rebeldía; (4) si el demandante fue quien causó confusión en el

proceso y como resultado se le anotó la rebeldía al demandado; y (5)

la diligencia del demandado durante el pleito.

                                        -C-

         Los tribunales pueden relevar a una parte de los efectos de

una sentencia, orden o procedimientos por las razones definidas en

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil14. Las razones que provee

la referida Regla son las siguientes: (1) error, inadvertencia, sorpresa

o negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia esencial

que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio; (3) la existencia

de fraude extrínseco o intrínseco, falsa representación u otra

conducta impropia de la parte adversa; (4) nulidad de sentencia; (5)

la sentencia fue satisfecha o renunciada; (6) la sentencia anterior en

la cual se fundaba fue revocada; (7) no sería equitativo que la

sentencia continúe en vigor; y (8) cualquier otra razón que justifique

la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia15.

         La persona que se ampara en la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, debe aducir al menos de una de las razones antes

enumeradas16. Asimismo, la existencia de una buena defensa, más

algunas de las razones antes mencionadas, deben inclinar la

12   32 LPRA Ap. V, R. 49.2
13   120 DPR 290, 291-295 (1988).
14   32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
15   Íd.
16   García Colón et a. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010).
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balanza a favor de conceder el relevo17. No obstante, el relevo no se

puede conceder si le ocasiona perjuicio a la parte contraria o si se

alegan cuestiones sustantivas que debieron ser formuladas

mediante solicitud de reconsideración o una apelación18. La facultad

para dejar sin efecto una sentencia es discrecional y la revisión

apelativa debe dirigirse a evaluar si el foro sentenciador abusó o no

al ejercer dicha facultad19.

       Solamente es mandatorio el relevo cuando la sentencia es

nula, se violenta el debido proceso de ley o la sentencia fue

satisfecha20. El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha

expresado que “la moción de relevo de sentencia no está disponible

para corregir errores de derecho”21. Si el foro de instancia comete un

error de derecho al dictar sentencia, el error no es fundamento para

conceder un relevo22.

                                        -D-

       Es un principio de derecho ampliamente reconocido que la

solidaridad no se presume. Es decir, sólo tendrá lugar cuando la

“obligación expresamente lo determine”23. En otras palabras, la

solidaridad es una excepción en el régimen de las obligaciones

contractuales.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Pérez et al v. Lares

Medical et al.24 reiteró la diferencia entre mancomunidad y

solidaridad, sobre lo cual expresó lo siguiente:

              Cuando concurre una pluralidad de deudores a una
       obligación, nuestro Código Civil distingue entre las
       obligaciones mancomunadas y las solidarias. En las
       obligaciones mancomunadas, cada deudor tendrá que
       cumplir solamente con la parte de la prestación que le
       corresponda. En cambio, en una obligación solidaria cada
       acreedor tiene el derecho a reclamarle a cualquiera de los

17 Íd., págs. 540-541.
18 Íd., pág. 541.
19 García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 540 y 546 esc. 10.
20 Íd., págs. 540 y 543.
21 Íd., págs. 542-543.
22 Íd., pág. 547.
23 Art. 1090 del Código Civil, sec. 3101. Campolieto v. Anaya, supra, a la pág. 597;

Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 596 (1984).
24 207 DPR 965, 977 (2021).
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          deudores la totalidad de la prestación y cada uno de los
          deudores está obligado a realizarla íntegramente.

                 En las obligaciones solidarias existe una relación
          entre los acreedores y los deudores, llamada la relación
          externa, y otra entre los deudores solidarios, llamada la
          relación interna. En la relación interna, al pagar uno de los
          deudores más de la porción que le correspondía, procede
          realizar una redistribución del gravamen entre todos ellos.
          Por lo tanto, una vez un deudor solidario paga más de la
          proporción que le corresponde, este tiene una acción de
          nivelación o de regreso contra los demás codeudores al
          amparo del Art. 1098 del Código Civil. Este derecho, también
          llamado de contribución o de reembolso, “es el que tiene un
          deudor solidario que ha pagado, para recobrar lo que ha
          pagado en exceso, en relación con la responsabilidad de los
          codeudores entre sí”. Esta característica es distintiva de las
          obligaciones solidarias ya que, en las obligaciones
          mancomunadas, los deudores solo responden hasta la
          porción que les corresponde. Igualmente, distintivo de las
          obligaciones solidarias es que “[l]a interrupción de la
          prescripción aprovecha o perjudica por igual a todos los
          acreedores y deudores”.

                 Como norma general, en nuestro ordenamiento, las
          obligaciones   se    presumen       mancomunadas       cuando
          concurren una pluralidad de deudores. A modo de excepción,
          una relación solidaria existe solo cuando las partes lo pactan
          expresamente o cuando la ley así lo establezca.

          Es meritorio mencionar que, en lo que respecta a la relación

con el acreedor, un fiador solidario es un pagador (deudor) principal

y como tal tiene la obligación de cumplir el contrato íntegra y

totalmente desde el momento en que el fiado deja de cumplir lo

convenido25. Según el Artículo 1721 del Código Civil26, un fiador que

se obliga solidariamente con un deudor principal está sujeto a las

disposiciones de los Artículos 1090 al 110127.

          Súmese a lo anterior que, se ha expresado que el lenguaje de

los documentos y las circunstancias que rodeen la transacción

determinarán si se trata de codeudores o fiadores solidarios. Así, en

Mansiones P. Gardens. Inc. v. Scotiabank, supra, se tomó en cuenta

que se empleara consistentemente el término ‘garantía’ para

describir la acción de las personas envueltas. En ese caso, se otorgó

un pagaré por algunos de los fiadores para garantizar un préstamo,

por lo que, se determinó que no podía argumentarse dentro del

25   Mansiones P. Gardens. Inc. v. Scotiabank, supra.
26   31 LPRA sec. 4871.
27   31 LPRA secs. 3101 a 3112.
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contexto de las transacciones consumadas que su ejecución

respondió a un préstamo directo y no a una fianza solidaria.

                                 III.

      En síntesis, debemos resolver si el TPI actuó correctamente al

no dejar sin efecto la Sentencia en Rebeldía emitida el pasado 3 de

enero de 2011, aun cuando la parte peticionaria argumenta que, el

TPI erró al mantener vigente la Sentencia, obviando la falta de

prueba de solidaridad en el presente caso.

      Tras un examen minucioso del expediente, surge que la parte

peticionaria fue debidamente emplazada, pero ninguno de ellos

compareció ante el foro primario para formular defensas o mociones

dispositivas contra las alegaciones esbozadas en la demanda. Ante

ello, la parte peticionaria renunció a su derecho a defenderse de la

reclamación, así como de argumentar las razones por las cuales

entendía que era de aplicación la doctrina jurídica de solidaridad.

Ante el vacío creado por la misma parte peticionaria, esto le permitió

al Banco Popular solicitar al TPI la anotación de rebeldía y la

sentencia correspondiente.

      Al examinar la demanda podemos observar que en esta se

identificó a la parte peticionaria como garantizadores solidarios del

préstamo objeto de la reclamación, así también, se alegó que el

préstamo número 7350026972 era de carácter solidario. Sin

embargo, el pagaré suscrito por el señor Ramón Flores Garrido no

mencionó a las partes individuales. En la demanda se alegó

afirmativamente que todos los componentes de la parte peticionaria

eran garantizadores solidarios de la deuda reclamada. Por

consiguiente, el efecto de la anotación de rebeldía fue dar por

admitida esta alegación.

      Así pues, la Sentencia apelada partió de la premisa de una

anotación de rebeldía correcta en Derecho. El TPI declaró Con Lugar
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la demanda instada por el acreedor original, la cual fue notificada

por edicto28 a todas las partes.

       Reiteramos      que    “[c]omo       norma   general,     en   nuestro

ordenamiento, las obligaciones se presumen mancomunadas

cuando concurren una pluralidad de deudores. A modo de

excepción, una relación solidaria existe solo cuando las partes lo

pactan expresamente o cuando la ley así lo establezca”29. En el caso

de autos, las partes pactaron la solidaridad y la parte peticionaria

renunció a levantar sus defensas cuando optó por no participar en

el proceso judicial.

       Conforme a lo antes expuesto, a nuestro juicio, el segundo

error imputado tampoco fue cometido. La acción tomada por el TPI

es cónsona con la normativa vigente. En consecuencia, nos

reafirmamos en la Sentencia emitida por este foro el 16 de diciembre

de 2022.

                                      IV.

       Por los fundamentos antes expuesto, expedimos el recurso de

certiorari presentado y confirmamos la Sentencia recurrida.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones

28 Legajo 1, autos originales. Véase la Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 65.3(c).
29 Pérez et al v. Lares Medical et al., supra.