Court Opinion

ID: 9890382
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:20:52.661901+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:36.601526
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
                            PANEL ESPECIAL

       EAST SIDE                                  Revisión de
DEVELOPMENT, LLC. P/C                             Decisión
 ING. CAMILO ALMEYDA                              Administrativa
        EURITE                                    procedente del
                                                  Departamento de
   Proponente-Recurrido                           Desarrollo
                                                  Económico y
              V.                                  Comercio, Oficina
                                                  de Gerencia de
EXCEL GASOLINE & FOOD                             Permisos
      MART, LLC.      KLRA202300370
                                                  Caso Número:
  Interventor-Recurrente                          2020-312000-
                                                  CUB-002846
              V.
                                                  Sobre:
 OFICINA DE GERENCIA                              Consulta de
     DE PERMISOS                                  Ubicación

     Agencia Recurrida

Panel integrado por su presidenta; la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Lebrón Nieves y la Juez Rivera Marchand

Lebrón Nieves, juez ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

      El 18 de julio de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, Excel Gasoline & Food Mart, LLC (en adelante, Excel o

parte recurrente) por medio de Recurso de Revisión y nos solicita que

revoquemos la Resolución emitida el 28 de junio de 2023, notificada

el 10 de julio de 2023, por la Oficina de Gerencia y Permisos (en

adelante, OGPe o agencia recurrida). En virtud de la aludida

decisión, la Junta Adjudicativa de la OGPe consideró favorable una

Consulta de Ubicación Núm. 2020-31200-CUB-002846, promovida

por East Side Development, LLC p/c Ing. Camilo Almeyda Eurite (en

adelante, East Side o parte recurrida). La referida consulta, versaba

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLRA202300370                                                          2

sobre un proyecto comercial -el cual contemplaba la construcción

de una estación de gasolina y un edificio comercial- y, la segregación

de dos (2) parcelas de terreno en las que se ubicaría el aludido

proyecto.

       Por los fundamentos que adelante se esbozan, se confirma la

Resolución recurrida.

                                         I

       El presente caso tiene su génesis en una solicitud de Consulta

de Ubicación Núm. 2020-31200-CUB-002846, presentada ante la

OGPe, el 29 de mayo de 2021, dirigida a los fines de construir una

estación de gasolina y un edificio comercial.1 Como cuestión de

umbral, precisa destacar que esta es la segunda ocasión en que las

partes comparecen a esta instancia judicial dentro del mismo pleito

ante la OGPe. De manera que, el trámite procesal del caso fue

plasmado en una anterior Sentencia, emitida el 26 de enero de 2023,

por este mismo panel, en el recurso con identificación alfanumérica

KLRA202200652. En vista de ello, nos limitaremos a esbozar el

trámite pertinente a la controversia que nos ocupa.

       En el recurso anterior ante este foro revisor, revocamos una

Resolución sobre Consulta de Ubicación, emitida y notificada por la

OGPe el 8 de noviembre de 2022, toda vez que, la misma se apoyaba

en el Reglamento Conjunto 2020, el cual fue declarado nulo por esta

Curia. En lo específico, dispusimos que, un reglamento nulo no era

jurídicamente vinculante, por lo que la determinación emitida había

sido apoyada en “trámites y preceptos inexistentes”.2 A esos efectos,

devolvimos el caso al organismo administrativo para que atendiera

la Consulta de Ubicación Núm. 2020-31200-CUB-002846, “a la luz

de Reglamento que, al presente, [estuviese] vigente.”3

1 Véase, Apéndice 1 del recurso de revisión, pág. 3.
2  Véase, Sentencia emitida en el recurso de revisión identificado con el
alfanumérico KLRA202200652.
3 Íd.
KLRA202300370                                                      3

      Conforme surge, luego de haberse emitido la referida

Sentencia por este Tribunal Apelativo, la agencia recurrida presentó

Solicitud de Reconsideración al Amparo de la Regla 84(A) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXIIB, el 13

de febrero de 2023. Posteriormente, el 16 de febrero de 2023, la

parte recurrente presentó Oposición a Solicitud de Reconsideración.

Examinados los escritos, este foro revisor dispuso No Ha Lugar la

solicitud de reconsideración, mediante Resolución emitida el 21 de

febrero de 2023.

      Así las cosas, el 28 de junio de 2023, notificada el 10 de julio

de 2023, la Junta Adjudicativa de la OGPe emitió una Resolución,

por medio de la cual, reafirmó la aprobación de la Consulta de

Ubicación promovida por East Side, al amparo del Reglamento

Conjunto 2020. Sostuvo que, en consideración a la Opinión Per

Curiam del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 16 de junio

de 2023 en el caso Martínez Fernández et al. v. OGP et al., 2023 TSPR

75, 212 DPR ___ (2023), la Sentencia emitida por esta segunda

instancia judicial, en el caso número KLRA202200652, había

quedado sin efecto.

      En vista de ello, la OGPe emitió la Resolución recurrida,

consignando un total de treinta y dos (32) determinaciones de

hechos. A tenor con tales determinaciones y el derecho allí expuesto,

la OGPe dispuso lo siguiente:

      Por la presente, tomando en consideración lo
      anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades
      conferidas mediante las leyes, normas y órdenes
      administrativas vigentes, la Junta Adjudicativa
      consideró FAVORABLE la solicitud número 2020-
      312000-CUB-002846, sobre Consulta de Ubicación
      para un proyecto comercial (estación de gasolina y
      edificio comercial), y segregación de las dos (2) parcelas
      en que ubicará el proyecto, según se describe en las
      Determinaciones de Hecho, condicionado a:

      •   Se autorizan parámetros de diseño conforme a un
          Distrito C-I.
KLRA202300370                                                            4

       •   Se autoriza el cambio de calificación de la Propiedad
           a un Distrito C-I.

       •   Provisión de un acceso público que cumpla con las
           disposiciones reglamentarias aplicables y atienda las
           recomendaciones efectuadas por la Autoridad de
           Carreteras y Transportación a cada uno de los
           solares a crearse como parte de la propuesta.

       •   Cumplir con las recomendaciones de agencias
           concernidas, y con las recomendaciones de la
           Determinación de Cumplimiento Ambiental (2020-
           312000-DEA-004371).4

       En desacuerdo con lo dictaminado, Excel recurre de la

decisión administrativa antes citada y nos expone los siguientes

señalamientos de error:

       Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al interpretar
       que la Opinión Per Curiam del Tribunal Supremo de
       Puerto Rico en el caso Martínez Fernández v. OGPe,
       supra, dejó sin efecto la Sentencia del Tribunal de
       Apelaciones en el Caso Número KLRA202200652 la
       cual fue emitida el 26 de enero de 2023.

       Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al interpretar
       que la Opinión del TSPR en el caso Martínez Fernández
       v. Oficina de Gerencia de Permisos, supra, es aplicable
       al presente caso al equiparar la consulta con un
       permiso.

       Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al cambiar
       Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho
       sin garantizar la participación de la parte interventora
       en el procedimiento administrativo.

       Erró la Oficina de Gerencia de Permisos al autorizar la
       consulta de ubicación pues la propuesta no cumple con
       la reglamentación aplicable, ni con la Ley Núm. 73 de
       23 de junio de 1978, según enmendada por Ley Núm.
       154 de 18 de junio de 1980; por lo que no existe en el
       expediente administrativo la evidencia sustancial que
       justifique o fundamente la decisión emitida por la
       agencia.

       El 7 agosto de 2023, compareció ante este foro revisor, la

OGPe,       mediante        Oposición       a    Revisión   Administrativa.

Posteriormente, el 16 de agosto de 2023, compareció East Side

mediante Oposición a Recurso de Revisión Administrativa.

       Perfeccionado el recurso, procedemos a esbozar la normativa

que gobierna el asunto ante nos.

4 Apéndice I del recurso de revisión, pág. 30.
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                                     II

A. Estándar de Revisión              Judicial    de    Determinaciones
   Administrativas

      Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por   la   Asamblea   Legislativa.        Hernández   Feliciano   v.   Mun.

Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211 DPR ___ (2023); OEG v. Martínez

Giraud, 210 DPR 79, 87-89 (2022); Pérez López v. Depto. Corrección,

208 DPR 656, 672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR

803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR

117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26,35

(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016);

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012); Asoc.

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Es por

ello que, tales determinaciones suponen una presunción de

legalidad y corrección, que a los tribunales nos corresponde

respetar, mientras la parte que las impugne no presente prueba

suficiente para derrotarlas. Íd. No obstante, tal norma no es

absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia

a las determinaciones administrativas que sean irrazonables,

ilegales o contrarias a derecho.

      En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

      [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
      una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
      cuando: (1) la determinación administrativa no está
      basada en evidencia sustancial; (2) el ente
      administrativo erró en la aplicación o interpretación de
      las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
      administrar; (3) el organismo administrativo actuó
      arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
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       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación      administrativa    lesionó      derechos
       constitucionales    fundamentales.    Es   importante
       destacar que si el tribunal no se encuentra frente a
       alguna de esas situaciones, aunque exista más de
       una interpretación razonable de los hechos procede
       que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. (Énfasis suplido).5

       El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones     administrativas      es   el    criterio   de   razonabilidad.

Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez

Giraud, supra, pág. 90; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 820;

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya

un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 673; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Rolón

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, pág. 216.

       Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

“estableció    el   marco      de   revisión   judicial   de   las   agencias

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; Hernández

Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud,

5 Véase Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra, págs. 819-820.
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supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; Nobbe v.

Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec.

9675. Nuestro Máximo Foro, ha expresado que, esta intervención

“debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se fundamente

en evidencia sustancial o cuando la agencia se equivoque en la

aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.

Siendo así, aquellas determinaciones de hechos formuladas por el

ente administrativo deberán sostenerse cuando estén basadas en

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo

considerado en su totalidad. Íd.; Hernández Feliciano v. Mun.

Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Super

Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por otro lado, las

determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad.

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v.

Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No

obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares

que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37;

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. El Tribunal Supremo

ha dispuesto que, la deferencia que le deben los tribunales a la

interpretación que haga el ente administrativo sobre aquellas leyes

y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede si la agencia:

“(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o

ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.

Íd. págs. 627-628; OEG v. Martínez Giraud, supra. Finalmente,

nuestra más Alta Curia ha expresado que, conforme lo anterior, el

criterio administrativo no podrá prevalecer en aquellas instancias

donde la interpretación estatutaria realizada por una agencia

provoque un resultado incompatible o contrario al propósito para el

cual fue aprobada la legislación y la política pública que promueve.

Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido
KLRA202300370                                                       8

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante

actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a

la comisión de una injusticia”. Íd.

B. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico
   y Reglamento Conjunto

      La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,

Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 23 LPRA §§ 9011 et seq. (en

adelante, Ley Núm. 161-2009), se aprobó a los fines de crear la

OGPe y establecer el marco legal y administrativo integrado que rija

los procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegación de

permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Horizon v. Jta. Revisora,

RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). Dichos procesos están

revestidos del más alto interés público por su relación intrínseca con

el desarrollo económico, la creación de empleos, la prestación de

servicios y el disfrute de una mejor calidad de vida. Ley Núm. 161-

2009, Exposición de Motivos.

      En lo que atañe para atender la controversia ante nuestra

consideración, el Artículo 1.5 de la Ley Núm. 161-2009, supra,

define consulta de ubicación como:

      [E]l procedimiento ante la Oficina de Gerencia de
      Permisos o los Municipios Autónomos con Jerarquía de
      la I a la V, a los cuales se le haya delegado dicha
      facultad por medio del Convenio de Transferencia, para
      que evalúen, pasen juicio y tomen la determinación que
      estimen pertinente sobre propuestos usos de terrenos
      que no son permitidos ministerialmente y que no
      pueden considerarse mediante otro mecanismo. En
      áreas no calificadas incluye propuestos usos de
      terrenos que por su naturaleza y complejidad requieran
      un grado mayor de análisis. 23 LPRA § 9011 (14).

      Por otro lado, la Ley Núm. 161-2009, supra, dispone que un

permiso es lo siguiente:

      Aprobación escrita autorizando el comienzo de una
      acción, actividad o proyecto, expedida por la Oficina de
      Gerencia de Permisos, por un Municipio Autónomo con
      Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado,
      conforme a las disposiciones de esta Ley y para la cual
      no se incluyen licencias, certificados de inspección, ni
      certificaciones[.] 23 LPRA § 9011 (57).
KLRA202300370                                                      9

        Es menester destacar que, la Ley Núm. 161-2009, supra,

determina expresamente que una determinación final de una

consulta de ubicación no supone un permiso mismo. En lo

específico, la referida Ley Núm. 161-2009, supra, dispone, en su

definición de determinaciones finales, lo siguiente:

        Determinaciones finales – Actuación, resolución,
        informe o documento que contiene un acuerdo o
        decisión emitida por la Junta de Planificación, el
        Director Ejecutivo, el Juez Administrativo, los
        Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o un
        Profesional Autorizado, o una Entidad Gubernamental
        Concernida, adjudicando de manera definitiva algún
        asunto ante su consideración o cualquier otra
        determinación similar o análoga que se establezca en el
        Reglamento Conjunto. La determinación se convertirá
        en final y firme una vez hayan transcurrido los términos
        correspondientes para revisión. En el caso de las
        consultas de ubicación, una determinación final no
        constituye la otorgación de un permiso. (Énfasis
        suplido.) 23 LPRA § 9011 (21).

        De otro lado, precisa señalar que, el Art. 15.1 de la Ley Núm.

161-2009, supra, le encomienda a la Junta de Planificación, con

colaboración de la OGPe y las entidades gubernamentales

concernidas, a preparar y adoptar un reglamento conjunto con el fin

de establecer y aplicar lo siguiente: (a) un sistema uniforme de

adjudicación; (b) la evaluación y expedición de determinaciones

finales, permisos y recomendaciones relacionados a obras de

construcción y uso de terrenos; (c) las guías de diseño verde para la

capacitación de los Profesionales Autorizados y a cualquier otra

persona que le interese certificarse bajo las guías de diseño verde de

Puerto Rico; (d) procedimiento de auditorías y querellas ante la

Junta      de   Planificación,   las   Entidades    Gubernamentales

Concernidas y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la

V, según aplique; y (e) cualquier otro asunto que esta Ley haya

referido    atenderse    mediante      reglamentación    y   aquellas

específicamente concernientes a la OGPe.6

6 23 LPRA sec. 9025.
KLRA202300370                                                               10

       Bajo las facultades conferidas por la Ley Núm. 161-2009,

supra, a la Junta de Planificación, tal entidad promulgó el

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de

Negocios, Reglamento Núm. 9233 de 2 de diciembre de 2020, con

vigencia desde el 2 de enero de 2021 (en adelante, Reglamento

Conjunto de 2020). No obstante, el 31 de marzo de 2021, este Foro

emitió una Sentencia mediante la cual declaró nulo el Reglamento

Conjunto de 2020.7 Asimismo, mediante Sentencia emitida y

notificada el 12 de abril de 2021, reafirmó la nulidad del

reglamento.8 El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó los

recursos de Certiorari presentados por la Junta de Planificación que

intentaban revocar la determinación de nulidad del aludido

reglamento emitida por este Tribunal.

       Sin embargo, posterior a ello, el 16 de junio de 2023, el más

Alto Foro emitió una Opinión Per Curiam, en el caso Martínez

Fernández et al. v. OGP et al., supra, en la que declaró “sin

ambages”, la nulidad del Reglamento Conjunto de 2020. Íd. (Énfasis

suprimido en el original.)9 Así pues, el aludido reglamento quedó

invalidado. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

estableció que el efecto de la nulidad tendría carácter prospectivo.

Íd. De manera que, los permisos autorizados y expedidos al amparo

del Reglamento Conjunto de 2020, no quedaron automáticamente

invalidados. En lo específico, el Máximo Foro expuso lo siguiente:

       [T]odo permiso que haya sido autorizado y expedido al
       amparo de los referidos reglamentos, previo a la emisión
       de este pronunciamiento, deberá ser aceptado como
       legal por toda la ciudadanía. Así, decretaremos
       meridianamente que ningún permiso autorizado y
       expedido al amparo del Reglamento Conjunto de 2019

7 Véase KLRA202100044.
8 Véase KLRA202100047.
9 Hacemos constar que en su Opinión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró

la nulidad tanto del Reglamento Conjunto de 2020, como del Reglamento
Conjunto de 2019. No obstante, en la presente sentencia, haremos alusión
únicamente a la nulidad del Reglamento Conjunto de 2020, por ser el relacionado
a la controversia que nos ocupa.
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      y el Reglamento Conjunto de 2020 es inválido por razón
      de que estas regulaciones hayan sido declaradas nulas.

      Las solicitudes de permisos pendientes de
      adjudicación y en las cuales se hayan celebrado o
      señalado vista adjudicativa se podrán continuar
      tramitando al amparo del reglamento conjunto
      aplicable. Esto aplica igualmente a aquellos permisos
      cuya autorización y expedición no es final y firme por
      ser objeto de revisión en los tribunales. Los tribunales
      evaluarán los recursos que se presenten a tales efectos
      a la luz del reglamento que la agencia haya utilizado
      para autorizar y expedir el permiso impugnado, si como
      cuestión de derecho es el aplicable. Íd. (Énfasis nuestro
      y en el original.)

      Cabe destacar que, en la misma fecha en que fue emitida la

aludida Opinión Per Curiam, entiéndase, el 16 de junio de 2023, la

Junta de Planificación adoptó el nuevo Reglamento Conjunto para

la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo,

Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9473

de 16 de junio de 2023 (en adelante, Reglamento Núm. 9473 o

Reglamento   Conjunto    de   2023).   En   virtud   de   este    nuevo

Reglamento, se acogieron las siguientes definiciones, pertinentes al

asunto que nos ocupa:

      Consulta de Terrenos y Ubicación – Procedimiento de
      recalificación mediante el cual se toma una
      determinación final de carácter discrecional, que nunca
      podrá ser considerada como un permiso, sobre:

         a. propuestos usos de terrenos que no son
         permitidos ministerialmente por la reglamentación
         aplicable en áreas calificadas, pero que las
         disposiciones reglamentarias o legales proveen para
         que sean consideradas por la Junta Adjudicativa de
         la OGPe o Municipio Autónomo con Jerarquía de la
         I a la V;

         b. proyectos en los que se propone una densidad o
         intensidad mayor a la que permite el distrito en que
         ubica y no cumplen con el uso permitido en el
         distrito;

         c. proyectos en los que se propone un desarrollo en
         un solar con mayor o menor cabida a la establecida
         y que no pueda considerarse mediante una variación
         en construcción;

         d. propuestos usos de terrenos de carácter regional
         que estén en conformidad con las facultades que
         retiene la Junta de Planificación, bajo las
         disposiciones de la Ley Núm. 81, supra y el
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          Reglamento sobre los Planes de Ordenación
          Municipal y la Transferencia y Administración de
          Facultades (Reglamento de Planificación Núm. 24);

          e. propuestos usos de terrenos que por su
          naturaleza o intensidad requieren una ubicación
          especial o particular para atender situaciones
          especiales, tales como proyectos industriales
          pesados como procesamiento de material de corteza
          terrestre, estaciones de trasbordo o de disposición
          final de desperdicios sólidos, entre otros, pero que en
          ningún      caso      se     consideran       proyectos
          suprarregionales;

          f. propuestos usos de terrenos en áreas no
          calificadas que no han sido contemplados en los
          Reglamentos de Planificación; y

          g. toda mejora pública no inscrita en el Programa de
          Inversiones de Cuatro Años (PICA), excepto las
          transacciones públicas y aquéllas que se declaran
          exentas mediante resolución por la Junta de
          Planificación.10

      […]

      Permiso – Aprobación escrita autorizando el comienzo
      de una acción o actividad, expedida por la OGPe,
      Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por
      un Profesional Autorizado o Entidad Concernida
      conforme a las disposiciones de este Reglamento y para
      el cual no se incluyen licencias, certificados de
      inspección, ni certificaciones.11

                                    III

      Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso

ante nos.

      Por estar relacionados los primeros dos señalamientos de

error, los discutiremos de forma conjunta. En esencia, debemos

determinar si erró la agencia recurrida al emitir la Consulta de

Ubicación    Núm.     2020-31200-CUB-002846           al   amparo     del

Reglamento Conjunto de 2020, de conformidad a lo resuelto por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Martínez Fernández et

al. v. OGP et al., supra. Veamos.

10 Tomo XII, Glosario de Términos, Reglamento Conjunto de 2023, pág. 806 y
Tomo XII Glosario de Términos, Reglamento Conjunto 2020, págs. 798-799.
11 Íd., pág. 858 y pág. 850 respectivamente.
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      Conforme surge del tracto procesal reseñado, conviene

destacar de entrada que, el asunto ante nuestra consideración versa

sobre una consulta de ubicación. A grandes rasgos, una consulta de

ubicación supone un procedimiento de recalificación, en el que se

evalúa y se toma una determinación final de carácter discrecional

sobre, entre otros, propuestos usos de terrenos que no son

permitidos ministerialmente por la reglamentación aplicable en

áreas calificadas, pero pueden ser consideradas por la Junta

Adjudicativa de la OGPe o Municipio Autónomo con Jerarquía de la

I a la V. 23 LPRA § 9011 (14); Reglamento Conjunto de 2023, pág.

806, Reglamento Conjunto 2020, págs. 798-799.

      Por otro lado, tanto la Ley Núm. 169-2009, supra, como el

Reglamento Núm. 9373, definen permiso como una aprobación

escrita, expedida por la OGPe, un Municipio Autónomo con

Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado, que autoriza

la iniciación de una acción, actividad o proyecto. 23 LPRA § 9011

(57); Reglamento Conjunto de 2023, pág. 858, Reglamento Conjunto

2020, pág. 850.

      De las disposiciones legales citadas, surge una clara

distinción entre lo que es un permiso y lo que es una consulta de

ubicación. En adición, tanto la Ley Núm. 169-2009, supra, como el

Reglamento Núm. 9373, así como el Reglamento Núm. 9233,

expresamente disponen que una consulta de ubicación no puede

ser considerada como un permiso.12

      Ahora bien, según expusiéramos previamente, nuestra última

instancia judicial emitió una Opinión Per Curiam, el 16 de junio de

2023, en el caso Martínez Fernández et al. v. OGP et al., supra, en la

que, en lo pertinente, declaró la nulidad del Reglamento Conjunto

de 2020. No obstante, razonó el Alto Foro que, la nulidad tendría

12Véase 23 LPRA § 9011 (21); Tomo XII, Glosario de Términos, Reglamento
Conjunto de 2023, pág. 806.
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efecto prospectivo, a partir de la certificación de dicha opinión. Íd.

De manera que, los permisos autorizados y expedidos al amparo del

Reglamento Conjunto de 2020, continúan gozando de legalidad. Íd.

Asimismo, dispuso la Alta Curia que, las solicitudes de permisos

pendientes      de   adjudicación,       y   aquellos     permisos      cuya

autorización y expedición no es final y firme por ser objeto de

revisión en los tribunales, tampoco son nulos y se podrán

continuar tramitando al amparo del Reglamento Conjunto de

2020. Íd.

       Una lectura del caso antes citado revela que el Tribunal

Supremo de Puerto Rico limitó su decisión prospectiva a: (i)

permisos autorizados y expedidos al amparo del Reglamento

Conjunto de 2020; (ii) solicitudes de permisos pendientes de

adjudicación y, (iii) permisos que no eran finales ni firmes por ser

objeto de revisión en los tribunales.

       De entrada, es meritorio puntualizar que, no es correcto

afirmar, tal cual surge de la Resolución recurrida, que como

corolario de la Opinión Per Curiam aludida, la Sentencia emitida por

este Tribunal Apelativo, en el caso número KLRA202200652, fue

dejada sin efecto. Lo cierto es que, en el caso Martínez Fernández et

al. v. OGP et al., supra, no se hace alusión específica a la consulta

de ubicación, que,        como mencionamos           previamente,     no   es

propiamente un permiso.

       Empero, en un ejercicio de pura hermenéutica, colegimos que,

en el caso de marras procede aplicar, por analogía13, lo allí

resuelto. Ello, por tratarse de una autorización y expedición que no

es final y firme, por ser objeto de revisión en los tribunales. Como

mencionamos, la última instancia judicial dispuso que, los

13 Véase Orraca López v. ELA, 192 DPR 31,45 (2014), citando al tratadista Puig

Brutau, Compendio de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, Vol. I, pág.
105.
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tribunales debíamos evaluar los recursos que se presentaran a tales

efectos, a la luz del reglamento que la agencia hubiese utilizado para

autorizar y expedir el permiso [consulta] impugnado, si como

cuestión de derecho, es el aplicable.

      Como sabemos, en el caso número KLRA202200652, esta

Curia ordenó la consideración de la Consulta de Ubicación Núm.

2020-31200-CUB-002846 al amparo del reglamento vigente al

momento en que se emitió la misma. Habida cuenta que el

Reglamento utilizado por la OGPe al evaluar la Consulta de Ubicación

Núm. 2020-31200-CUB-002846 fue el Reglamento Conjunto 2020,

procede mantener inalterado lo determinado por la agencia

recurrida. Consecuentemente, concluimos que el primer y el

segundo error señalado, no fueron cometidos por la agencia

recurrida.

      En cuanto los señalamientos de errores tercero y cuarto,

nuestra función revisora se limita a dirimir si la agencia actuó de

forma arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su

actuación constituya un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v.

Depto. Corrección, supra, pág. 673; Super Asphalt v. AFI y otros,

supra, pág. 819-820; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág.

36; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.

      Tal y como esbozamos previamente, los tribunales apelativos

debemos otorgar amplia deferencia a las decisiones emitidas por las

agencias administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta

experiencia y pericia para atender aquellos asuntos que se les han

sido delegados por la Asamblea Legislativa. Hernández Feliciano v.

Mun. Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211 DPR ___ (2023); OEG v.

Martínez Giraud, 210 DPR 79, 87-89 (2022); Pérez López v. Depto.

Corrección, 208 DPR 656, 672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros,

206 DPR 803, 819 (2021) y otros. Es por ello que, tales

determinaciones suponen una presunción de legalidad y corrección,
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que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras la parte que

las impugne no presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.

      En el caso que nos ocupa la parte recurrente no nos ha puesto

en posición de intervenir con la determinación recurrida, por lo que

optamos por otorgarle deferencia a lo determinado por el ente

administrativo.

                                IV

      De conformidad a lo antes expuesto, se confirma la Resolución

recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones