Court Opinion

ID: 9896842
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:24:10.04908+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:19.720570
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

     MARÍA DEL ROSARIO                                  Certiorari
      RIVERA CAMACHO                                    procedente del
     CARLOS GONZÁLEZ                                    Tribunal de Primera
         MORALES                                        Instancia, Sala
          PETICIONARIOS                                 Superior de CAGUAS
                                    KLCE202300428
           EX PARTE
                                                        Caso Núm.
                                                        E DI2009-0496
     MARÍA DEL ROSARIO                                  (501)
      RIVERA CAMACHO
  PETICIONARIA(S)-PETICIONARIA(S)

                                                        Sobre:
      CARLOS GONZÁLEZ
                                                        Divorcio
         MORALES                                        (Alimentos)
   PETICIONARIA(S)-RECURRIDA(S)
    CGM AND ASSOCIATES
      ENVIRONMENTAL
     CONSULTANT, C.S.P.
      TERCERO DEMANDADO-
          RECURRIDA(S)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, hoy día 26 de octubre de 2023.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora María

Rivera Camacho (señora Rivera Camacho) mediante un Certiorari

instado el 19 de abril de 2023. En su recurso, nos solicita que

revisemos la Resolución decretada el 27 de enero de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas.1

Mediante la antedicha decisión, el foro primario declaró no ha lugar

la Moción en Solicitud de Traslado Administrativo presentada el 5 de

diciembre de 2022 por la señora Rivera Camacho.

       Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

1 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 30 de enero de

2023. Véase Apéndice del Certiorari, págs. 273- 280.

Número Identificador:
RES2023______________
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                                      –I–

       Los hechos en este caso se originan el 30 de abril de 2009,

con la presentación de una petición sobre divorcio por los señores

Rivera Camacho y Carlos González Morales (señor González

Morales).2 Durante el matrimonio, procrearon dos (2) hijos a saber:

CJGR y SAGR. Entre otras cosas, la custodia de los menores CJGR

y SAGR se otorgó a la señora Rivera Camacho, y se dispuso una

pensión alimentaria a ser satisfecha por el señor González Morales.

       Posteriormente, el 16 de abril de 2019, la señora Rivera

Camacho presentó una Moción Informativa en la cual expuso haber

dialogado con el señor González Morales y coordinado entregarle la

custodia del menor SAGR.3 En vista de ello, el 29 de abril de 2019,

el tribunal a quo emitió Resolución otorgando la custodia legal del

menor SAGR al señor González Morales y relevándole del pago de

la pensión alimentaria en beneficio de dicho menor.4 Así mismo, se

refirió el caso a la consideración de la Examinadora de Pensiones

Alimentarias para la revisión de la obligación de alimentos.

       Se llevaron a cabo varias audiencias para la fijación de la

pensión alimentaria ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias

Vanesa Pérez Ruiz ello desde el 24 de junio de 2019 hasta el 14 de

septiembre de 2022.5

       En la audiencia celebrada el 1 de junio de 2021, los señores

Rivera Camacho y González Morales anunciaron una pensión

alimentaria provisional mediante acuerdo verbal.6 Ante ello, se

recomendó establecer una pensión alimentaria provisional de

2 La petición sobre divorcio no fue incluida como parte del Apéndice del Certiorari

ante nuestra consideración. Tomamos conocimiento judicial mediante el sistema
de Consulta de Casos del portal del Poder Judicial.
3 Véase Apéndice del Alegato en Oposición a Expedición de Certiorari, págs. 1- 2.
4 Este dictamen fue enmendado el 24 de mayo de 2019. Véase Apéndice del

Alegato en Oposición a Expedición de Certiorari, pág. 3.
5 El 29 de septiembre de 2022, a tenor con la Regla 63.1 (d) y (j), la Examinadora

de Pensiones Alimentarias se inhibió del caso. Véase Apéndice del Certiorari, pág.
106.
6 Íd., págs. 118- 119.
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$400.00 mensuales para beneficio del menor SAGR a satisfacerse

directamente al señor González Morales. Así las cosas, el 6 de

agosto de 2021, el foro de instancia dictó Resolución y Orden

acogiendo la recomendación e imponiéndole la obligación de

sufragar la suma de $400.00 mensuales a la señora Rivera

Camacho.7 Ello mediante pago por ATH Móvil a partir de junio de

2021. Además, se pautó nuevo señalamiento.

       Tras varias incidencias procesales que no reseñaremos, el 14

de julio de 2021, la señora Rivera Camacho presentó una Demanda

contra Tercero.8 Arguyó que, como parte del descubrimiento de

prueba, el señor González Morales había expresado ser el único

accionista de la Corporación CGM and Associates Environmental

Consultans, C.S.P (Corporación CGM); por lo que, solicitó

descorrer el velo corporativo. Ello al entender que la referida

corporación era un mero alter ego del señor González Morales, que

ocultaba ingresos e impedía una evaluación justa en el caso de

alimentos. Atendido el petitorio, el 30 de agosto de 2021, se intimó

Orden disponiendo lo siguiente: “Debe presentar la acción civil

independiente en otro pleito”.9 La señora Rivera Camacho solicitó

reconsideración, más la misma fue declarada no ha lugar.10

       En desacuerdo, el 9 de septiembre de 2021, la señora Rivera

Camacho acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante un

recurso de Certiorari asignado el alfanumérico KLCE202101097.11

El 27 de enero de 2022, un panel hermano expidió el mencionado

recurso de certiorari y revocó la determinación recurrida, al razonar

que el foro de instancia había errado al no permitir emplazar a la

Corporación CGM, puesto que, según consignó, era la única forma

7 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 120.
8 Íd., págs. 42-51.
9 Íd., pág. 51A.
10 La reconsideración y lo dispuesto por el TPI no fue incluido en este expediente.

Advinimos en conocimiento mediante la Sentencia dictaminada el 27 de enero de
2022 en el caso KLCE202101097.
11 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 24- 34.
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en que el foro recurrido podía evaluar en una audiencia evidenciaria

si se cumplía con los requisitos para descorrer el velo corporativo.12

         El 5 de febrero de 2022, la representación legal del señor

González Morales solicitó la renuncia al caso, toda vez que fue

nombrado Juez Superior.13 El 28 de febrero de 2022, el tribunal

primario dictaminó una Resolución declarando ha lugar la renuncia,

y concediendo un plazo de veinte (20) días para anunciar nueva

representación legal.14 Así pues, el 10 de mayo de 2022, la licenciada

Ingrid     Alvarado       Rodríguez          presentó     Moción       Asumiendo

Representación Legal.15

         El 12 de agosto de 2022, el foro a quo determinó Orden

pautando una audiencia para el 9 de septiembre de 2022 a las 9:30

de   la    mañana,      ello   relacionada      a    la   Sentencia     del   caso

KLCE202101097.16 El 8 de septiembre de 2022, la señora Rivera

Camacho presentó escrito intitulado Extremadamente Urgente

Moción      Informativa        solicitando      la      recalendarización      del

señalamiento, puesto que coincidía con una recomendación médica

de descanso de la licenciada Yarilis Rivera Vega (licenciada Rivera

Vega), su representación legal, por espacio de tres (3) semanas.17 En

conformidad con la Minuta, ante la ausencia de la representación

legal de la señora Rivera Camacho, la vista evidenciaria fue

reseñalada para el 7 de octubre de 2022 a las 10:00 de la mañana.18

         Surge de la transcripción de la audiencia celebrada el 7 de

octubre de 2022, que comparecieron los señores Rivera Camacho

y González Morales, así como sus respectivas representaciones

12 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 34.
13 Íd., págs. 35-36.
14 La Resolución fue notificada el 4 de marzo de 2022. Íd., pág. 37.
15  La antedicha moción no fue incluida en el expediente ante nuestra
consideración. Tomamos conocimiento judicial a través del expediente digital en
el sistema de Consulta de Casos en el Portal del Poder Judicial.
16 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 80.
17 Íd., págs. 87- 89.
18 Íd., págs. 103- 104.
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legales.19 La audiencia estuvo presidida por la juez María del Pilar

González Moreno, ello debido a que el juez Anthony R. Negrón

Villaderfrancos, tuvo una situación familiar.20 Durante la audiencia,

la licenciada Rivera Vega argumentó que no se podía llevar a cabo

dicha audiencia evidenciaria puesto que la Demanda contra Tercero

no había sido contestada. Ante ello, se concedió un término de veinte

(20) días para presentar una contestación.

        Por otro lado, el señor González Morales y la Corporación

CGM, mediante la licenciada Ingrid Alvarado Rodríguez (licenciada

Alvarado Rodríguez), solicitaron que se refiriera el caso a la

Examinadora de Pensiones Alimentarias para la imposición de una

pensión alimentaria provisional.21 En desacuerdo, la señora Rivera

Camacho        sostuvo que se había determinado una pensión

alimentaria provisional, y no se podía celebrar la audiencia hasta

que no se trajese el ingreso de la corporación.22 Escuchados los

argumentos de las partes, la juez González Moreno expresó que se

haría el referido a la Examinadora de Pensiones Alimentarias y

reseñaló la audiencia para el 18 de noviembre de 2022.23

        El 27 de octubre de 2022, la Corporación CGM presentó su

Contestación a Demanda contra Tercero.24 Más tarde, en la audiencia

pautada para el 18 de noviembre de 2022, el juez Negrón

Villaderfrancos expuso que convertiría la misma en una de estado

de los procedimientos, puesto que: (i) había una contestación a la

Demanda contra Tercero y, (ii) en dicha demanda, se había realizado

una solicitud de desestimación, por lo que iba a conceder un periodo

de tiempo para que se contestase la misma.25 La señora Rivera

19 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 341- 364.
20 Íd., pág. 343.
21  El 7 de octubre de 2022, la licenciada Alvarado Rodríguez asumió la
representación legal de la Corporación CGM. Véase Apéndice del recurso de
Certiorari, págs. 113- 114 y pág. 351, líneas 9- 24; pág. 352, líneas 12- 16.
22 Íd., pág. 353, líneas 23 y 24.
23 Íd., pág. 359, línea 13.
24 Íd., págs. 124- 127.
25 Íd., pág. 369, líneas 22 y 23; pág. 370, líneas 1-4.
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Camacho expuso que el cuerpo de la contestación aludida no

expresaba nada sobre la desestimación, y únicamente existía una

oración solicitando la misma. Es decir, que la desestimación no

estaba fundamentada.26 Ante ello, el señor González Morales y la

Corporación CGM solicitaron un plazo de diez (10) días para

presentar la moción de desestimación “en propiedad”.27 El juez

Negrón Villaderfrancos concedió el término solicitado y expresó que

tomaría la moción como una “complementando, verdad a la solicitud

que ya usted hizo en la contestación”.28

        Después, el juez Negrón Villaderfrancos ordenó a los señores

Rivera Camacho y González Morales a salir de sala, y les pidió a

las representaciones legales que se acercaran al estrado. Allí, tanto

las licenciadas Rivera Vega y Alvarado Rodríguez se increparon por

incidentes ocurridos durante el transcurso del pleito, tanto en sala

como mediante sus comunicaciones fuera del tribunal. El juez

Negrón Villaderfrancos enunció que entendía existía una percepción

distinta en los estilos de comunicación, y debían resolver el asunto

fuera del Tribunal, pues este no intervendría.29

        Así las cosas, el 5 de diciembre de 2023, la señora Rivera

Camacho         presentó         una   Moción   en   Solicitud   de   Traslado

Administrativo.30 Por medio de esta, hizo un recuento de lo ocurrido

en las audiencias celebradas los días 7 y 18 de octubre de 2022. En

esencia, sostuvo que el foro recurrido había actuado “con clara

manifestación de parcialidad” y ello arrojaba “serias dudas sobre la

parcialidad que se espera de los Tribunales y mina la confianza [del]

sistema de justicia”.31 Alegó que durante la audiencia celebrada el

18 de noviembre de 2022, se concedió un término no solicitado a la

26 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 382, líneas 11- 14.
27 Íd., pág. 386, líneas 1- 9.
28 Íd., pág. 386, líneas, 15- 17.
29 Íd., págs. 214- 220 y 391- 416.
30 Íd., págs. 187- 201.
31 Íd., pág. 199.
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Corporación CGM para fundamentar una solicitud de moción de

desestimación que tampoco había sido presentada. Alegó que la

sustitución o cambio de juez no era una alternativa, puesto que

todos los jueces del Tribunal de Caguas habían sido compañeros de

la licenciada Alvarado Rodríguez. Finalmente, solicitó que, de acoger

la solicitud de traslado, el mismo no fuera al Tribunal de Humacao,

toda vez que el abogado que previamente fue representación legal

del señor González Morales en el pleito, laboraba como Juez

Superior en dicho lugar.

        El 13 de diciembre de 2022, el señor González Morales y la

Corporación CGM comparecieron en conjunto mediante Moción en

Torno a Solicitud de Traslado Administrativo, sosteniendo que la

aludida solicitud se reducía a un “ataque directo a la reputación y

buen nombre” de la licenciada Acevedo Rodríguez.32 Adujeron que

la solicitud de traslado era un “táctica dilatoria para continuar

evadiendo la audiencia en sus méritos para determinar si se

descorre o no el velo de la corporación”.33 Por último, sostuvieron

que no existía ninguna prohibición que impidiera que la licenciada

Alvarado Rodríguez representara a ciudadanos por haber ocupado

un puesto en la Judicatura.

        El 16 de diciembre de 2022, la señora Rivera Camacho

presentó Moción Reiterando Solicitud de Traslado y en Réplica a

Moción en Torno a Solicitud de Traslado y sic.34 En su escrito, insistió

en que existía una apariencia impropia. Tras unas prórrogas

concedidas, el 17 de enero de 2023, el señor González Morales y la

Corporación CGM comparecieron mediante Moción en Solicitud de

Remedio Urgente en Torno a Solicitud de Traslado Administrativo.35

Al día siguiente, 18 de enero de 2023, la señora Rivera Camacho

32 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 225- 229.
33 Íd., pág. 226.
34 Íd., págs. 232- 239
35 Íd., págs. 247- 251.
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presentó Réplica a Moción en Solicitud de Remedios Urgentes en

Torno a Solicitud de Traslado Administrativo.36 El 24 de enero de

2023, el señor González Morales y la Corporación CGM

presentaron Dúplica a Réplica a los Únicos Efectos de Aclarar el

Tracto Procesal.37

        En consecuencia, el 27 de enero de 2023, se pronunció

Resolución declarando no ha lugar la solicitud de traslado. En este

dictamen, se concluyó lo siguiente:

        Luego de una evaluación de las alegaciones de la señora
        Rivera Camacho resolvemos que la señora Rivera
        Camacho no demostró que algún empleado o empleada,
        funcionario o funcionaria, juez o jueza de esta Región
        Judicial esté o estuviera con ánimo prevenido en su
        contra. Sus fundamentos no son suficientes para
        generar dudas sobre las actuaciones de esta Región
        Judicial que la inhabiliten para que se ventile el caso de
        epígrafe.

        En fin, luego de estudiar las alegaciones de la señora
        Rivera Camacho, concluimos que no se ha demostrado
        con hechos específicos que el funcionariado y/o los
        señores jueces y juezas de esta Región Judicial estén
        parcializados o estén prejuzgando la controversia de
        manera tal, que pudiera resultar en menoscabo de los
        derechos de la señora Rivera Camacho o que tienda a
        minar la confianza en el sistema de justicia o que atisbe
        la existencia de prejuicio personal hacia la señora
        Rivera Camacho.

        Evaluadas las posiciones de ambas partes, resolvemos
        que la señora Rivera Camacho no ha presentado hechos
        concretos y específicos que evidencien el supuesto
        perjuicio que le ocasionaría si esta causa se ventila en
        la Región Judicial de Caguas.

        En desacuerdo, el 13 de febrero de 2023, la señora Rivera

Camacho presentó su Moción de Reconsideración.38 A grandes

rasgos, sostuvo que se pasó por alto señalamientos específicos de

apariencia impropia. El 7 de marzo de 2023, se intimó Orden

concediendo un periodo de quince (15) días al señor González

Morales y la Corporación CGM para replicar.39 El 10 de marzo de

36 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 261- 262.
37 Íd., págs. 266- 270.
38 Íd., págs. 281- 308.
39 Íd., pág. 418.
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2023, estos presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden y [en]

Torno a Moción de Reconsideración.40

        Finalmente, el 17 de marzo de 2023, se decretó Resolución

declarando no ha lugar la solicitud de reconsideración.41

        Inconforme con ese proceder, el 19 de abril de 2023, la señora

Rivera Camacho recurrió ante este foro revisor mediante un

Certiorari. En el recurso que nos ocupa, se formularon los siguientes

errores:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de Caguas al
        denegar la Solicitud de Traslado Administrativo
        solicitada por la peticionaria, pasando por alto
        señalamientos específicos de apariencia impropia y sin
        evaluar la totalidad de los asuntos esenciales y
        particulares de este caso, que fueron citados
        directamente de la regrabación de los procesos.

        Erró el TPI al determinar que la peticionaria no
        demostró que algún empleado o empleada, funcionario
        o funcionaria, juez o jueza de esta región judicial, esté
        o estuviera con ánimo prevenido en su contra.

        Erró el TPI al determinar que los señalamientos de la
        peticionaria “no son suficientes para generar dudas
        sobre las actuaciones que inhabiliten a la Región
        Judicial de Caguas para que se ventile el caso de
        epígrafe.

        El 4 de mayo de 2023, intimamos Resolución en la cual, entre

otros asuntos, concedimos un plazo perentorio de diez (10) días al

señor González Morales y a la Corporación CGM para mostrar

causa por la cual no debamos expedir el auto de certiorari y revocar

el dictamen impugnado. El 12 de mayo de 2023, el señor González

Morales y la Corporación CGM comparecieron mediante escrito

intitulado Primera Comparecencia y en Solicitud de Breve Prórroga

para Presentar Alegato en Oposición a Expedición de Auto de

Certiorari, solicitando un plazo adicional de quince (15) días para

oponerse al recurso incoado. Concedida la prórroga mediante

Resolución dictaminada el 12 de mayo de 2023, el pasado 5 de junio,

40 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 421- 423.
41 Íd., pág. 425.
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el señor González Morales y la Corporación CGM presentaron su

Alegato en Oposición a la Expedición del Auto del Certiorari

planteando que no se cumplen los criterios para expedir el auto de

certiorari, de conformidad a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones.

       Evaluado concienzudamente el expediente del caso, contando

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y habiendo

examinado minuciosamente la transcripción de la prueba oral

estipulada, nos encontramos en posición de resolver. Detallamos las

normas de derecho pertinentes a la(s) controversia(s) planteada(s) a

los fines de adjudicar.

                                     – II –

                                      -A-

       El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia

judicial.42 Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo

de recurso se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial.43

       De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”.44 Sin embargo, el ejercicio de la discreción

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una

u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho.”45

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

42 Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65; 211 DPR ___ (2023); Torres

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021).
43 Íd.
44 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
45 Íd.
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contenidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.46

La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un recurso de

certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.”47

       En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este

auto discrecional cuando:

       (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
       testigos de hechos o peritos esenciales;
       (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
       (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
       (4) en casos de relaciones de familia;
       (5) en casos revestidos de interés público o
       (6) en cualquier situación en la que esperar a una
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia.48

       Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro

análisis sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar

un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun

cuando un asunto esté comprendido entre las materias que las

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 nos autorizan a revisar, el

ejercicio prudente de esta facultad nos requiere tomar en

consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.49

                                  -B-

       El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío

o en ausencia de otros parámetros.50 Para ello, la Regla 40 de

nuestro Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar

si se debe o no expedir un recurso de certiorari. A saber:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho;

46 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
47 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
48 4 LPRA Ap. XXII-B; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012).
49 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág.

404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).
50 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, en la pág. 404; 800 Ponce de

León v. AIG, supra.
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       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema;
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia;
       (D) Si el asunto planteado exige una consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados;
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración;
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio;
       y
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.51

       Es preciso aclarar que la anterior no constituye una lista

exhaustiva, y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo,

para justificar el ejercicio de nuestra jurisdicción.52 Esto es, los

anteriores criterios nos sirven de guía para poder determinar de la

forma más sabia y prudente si se justifica nuestra intervención en

la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.53 Ello, pues

distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para

expedir el auto de certiorari.54 La delimitación que imponen estas

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación

que causaría la revisión judicial de controversias que pueden

esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”55

       Finalmente,      este   Tribunal      solo   intervendrá      con    las

determinaciones       interlocutorias     discrecionales     procesales     del

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en un

craso abuso de discreción.56 Esto es, “que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

51 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera

Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
52 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
53 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019); Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).
54 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).
55 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486- 487 (2019); Mun. Caguas v.

JRO Construction, Inc., supra.
56 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
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que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.57

                                    – III –

       La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra,

limita las instancias en las que un dictamen interlocutorio es

susceptible de revisión por este Tribunal. Por tanto, el primer criterio

que debe cumplir todo recurso de certiorari para ser expedido es

estar incluido en alguno de los incisos de la antedicha Regla.

       Analizada la Resolución impugnada al amparo de lo anterior,

entendemos que estamos facultados para revisar la determinación

recurrida. Ahora bien, tras un ponderado examen del recurso de

certiorari, las alegaciones de las partes, el derecho aplicable y los

documentos que obran en el expediente, a la luz de los criterios

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, resolvemos abstenernos de nuestra función

revisora. El dictamen recurrido es correcto y entendemos que los

errores alegados no fueron cometidos por lo cual no estaremos

interviniendo con el dictamen recurrido.

       Por otro lado, es menester señalar que, como se observa de los

hechos previamente reseñados, en este caso han ocurrido un

sinnúmero de incidencias procesales que han provocado una

considerable dilación de los procedimientos, dificultando que se fije

una pensión alimentaria final a favor del menor SAGR. No podemos

perder de vista que los asuntos sobre alimentos de menores están

revestidos de un alto interés público, y los mismos deben atenderse

de forma rápida y eficiente. Apercibimos a ambas representaciones

legales que los Cánones de Ética Profesional les exige desplegar la

57 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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diligencia necesaria para evitar que se causen dilaciones indebidas

en la tramitación y solución de las causas.58

       Finalmente, precisamos que nada impide que las partes

puedan recurrir nuevamente, de entenderlo necesario, una vez el

foro primario adjudique, en sus méritos, la totalidad de las

controversias que están subjudice sobre alimentos. En otras

palabras, la denegatoria a la expedición del auto de certiorari no

prejuzga este caso.

                                     – IV –

       Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari incoado el 19 de abril de 2023 por la señora Rivera

Camacho, de conformidad con la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra. Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro

Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia puede proceder de

conformidad con lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por

nuestro mandato.59

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

       La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin

opinión escrita.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

58 Código de Ética Profesional de 24 de diciembre de 1970, según enmendado,

Canon 12.
59 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá

los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en
contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de
Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos
en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones
disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.