Court Opinion

ID: 9394874
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:18:31.845995+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.747808
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
                                PANEL XI

                                                  Revisión de Decisión
                                                  Administrativa
    OFICINA DE ÉTICA                              procedente de la
    GUBERNAMENTAL                                 Oficina de Ética
                                                  Gubernamental
         Recurrida
                                              Caso Núm.:
                                KLRA202300022 22-54
              V.
                                                  Sobre:
                                                  Violación al inciso (d)
    JUAN L. RODRÍGUEZ                             del Artículo 4.3 de la
          REYES                                   Ley Orgánica de la
                                                  Oficina de Ética
        Recurrente                                Gubernamental de
                                                  Puerto Rico, Ley
                                                  Núm. 1-2012, según
                                                  enmendada

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2023.

      Comparece ante nos el señor Juan Luis Rodríguez Reyes (en

adelante, el recurrente) y nos solicita que revisemos la Resolución

emitida el 12 de diciembre de 2022 y notificada al día siguiente, por

la Oficina de Ética Gubernamental (en adelante, OEG o parte

recurrida), mediante la cual se determinó que este había violado lo

dispuesto en el Artículo 4.3(d) de la Ley Orgánica de la Oficina de

Ética Gubernamental de Puerto Rico;1 (en adelante, Ley 1-2012),

según enmendada, y se le impuso una multa administrativa por

$5,000.00.

      Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a

continuación, se confirma la determinación impugnada.

1 Ley 1 de 3 de enero de 2012; Ley 1-2012, según enmendada, 3 LPRA sec.
1857b(d).

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLRA202300022                                                                 2

                                           I

         Los eventos procesales y fácticos del caso ante nos, son los

que a continuación se esbozan.

         El recurso que nos ocupa tiene su génesis en una Querella

instada el 10 de diciembre de 2021, por la OEG en contra del señor

Juan L. Rodríguez Reyes, al amparo de la Ley 1- 2012, supra; la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico (en adelante, LPAUG o Ley 38-2017);2 y del Reglamento sobre

Asuntos Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de

Puerto Rico.3

         Conforme surge del expediente ante nuestra consideración,

desde el 16 de enero de 2021 hasta el presente, el recurrente es un

servidor público y ha ocupado el puesto de Administrador de la

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (en

adelante,      ADEA)    Entre    las   funciones    de   su   puesto    como

Administrador, el recurrente es la autoridad nominadora de la ADEA

y tiene la facultad de otorgar contratos.

         La señora Anaishka S. Legrand Muñoz comenzó a laborar

para la ADEA en marzo de 2017, adscrita a la Oficina de Sistemas

de Información de dicha agencia. El señor Michael Silva Vega, por

su parte, es contratista de la ADEA, también adscrito a la Oficina de

Sistemas de Información, desde abril de 2018. Cabe señalar que, la

señora Anaishka S. Legrand Muñoz y el señor Michael Silva Vega

están legalmente casados desde el 4 de enero de 2019, por lo que,

son parientes según lo define el Art. 1.2(y) de la Ley 1-2012.

         El 1 de julio de 2021, el señor Silva Vega fue contratado por

la ADEA mediante el contrato Núm. 2022-000010, por la cantidad

máxima de $10,000.00. La vigencia del aludido contrato sería desde

la fecha de su otorgamiento hasta el 30 de junio de 2022.

2   Ley 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, 3LPRA secs. 9671-9672.
3   Reglamento Núm. 8231, aprobado el 18 de julio de 2012.
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      A solicitud de la señora Legrand Muñoz, el 21 de agosto de

2021, se canceló su contrato de Servicios Profesionales con la

ADEA. Subsiguientemente, el 23 de agosto de 2021, la señora

Legrand Muñoz fue nombrada en un puesto de confianza como

Oficial Principal de Informática de la ADEA, adscrita a la Oficina de

Sistemas de Información de dicha agencia, el cual actualmente

ocupa, convirtiéndose así, en servidora pública.

      Desde el 23 de junio de 2021, la ADEA había solicitado

autorización a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante,

OGP) y a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, para

contratar al señor Michael Silva Vega, para rendir los servicios de

consultoría en informática y tareas afines, a la Oficina de Sistemas

de Información, ello, por la cantidad de $36,120.00. La vigencia del

aludido contrato sería desde la fecha de su otorgamiento hasta el 30

de junio de 2022.

      El 30 de julio de 2021, la OGP aprobó la solicitud de

autorización presentada por la ADEA para la contratación del señor

Silva Vega por la cantidad de $36,120.00, la cual              como

mencionamos, había sido previamente peticionada por la ADEA el

23 de junio de 2021.

      El 27 de agosto de 2021, el recurrente, en representación de

la ADEA, otorgó con el señor Silva Vega el contrato Núm. 2022-

000010A,     intitulado   Enmienda      Contrato     de    Servicios

Profesionales, a los fines de aumentar hasta un máximo de

$36,120.00, por el término del contrato, la cuantía establecida

previamente en la cláusula “Cuarta” del Contrato Núm. 2022-

000010. La aludida contratación se efectuó sin contar con la previa

autorización de la OEG.

      Conforme surge de las determinaciones de hechos esbozadas

en el Informe de la Oficial Examinadora y acogidas por la OEG en la

Resolución impugnada, el 21 de septiembre de 2021, se recibió en el
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Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación (en adelante, AAJL) de

la OEG, una Solicitud de Inhibición de Anaishka Suhaily Legrand

Muñoz, de 26 de agosto de 2021, dirigida al recurrente. En esta, la

señora Legrand Muñoz, como Oficial Principal de Informática de la

ADEA, hizo constar su inhibición sobre los asuntos de su esposo, el

señor Silva Vega.

      Mediante comunicación de 28 de septiembre de 2021, el señor

Luis A. Pérez Vargas, Director Ejecutivo de la OEG, indicó que el

documento de inhibición de la señora Legrand Muñoz cumplía con

los parámetros establecidos por la OEG y que dicho documento

pasaría a formar parte del Registro de Mecanismos de Inhibición.

Asimismo, hizo constar en dicha comunicación, que se había

percatado de la enmienda al contrato del señor Silva Vega, esposo

de la señora Legrand Muñoz, otorgada el 27 de agosto de 2021, y

que no se solicitó la autorización de la OEG para ello.         Por

consiguiente, advirtió al querellado que, mientras la señora Legrand

Muñoz ocupara el puesto de Oficial Principal de Informática, la

ADEA tenía que presentar una solicitud de autorización ante la

OEG, ello, con anterioridad a realizar cualquier enmienda al

contrato del señor Silva Vega o renovar el mismo, debido al

parentesco entre estos.

      Ante dicho escenario, el señor Pérez Vargas refirió el asunto

al Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (en

adelante, AIPA) de la OEG para el trámite correspondiente. El 29 de

septiembre de 2021, el AAJL de la OEG también refirió al AIPA el

asunto.   Consecuentemente, la OEG presentó una Querella en

contra del señor recurrente Rodríguez Reyes, alegando, en esencia,

que este, como Administrador de la ADEA, contrató al esposo de una

servidora pública de dicha agencia sin haber solicitado autorización

previa de la OEG. Le imputó haber violado el artículo 4.3(d)2 de la
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Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico,

Ley Núm.1-2012, supra.

      En atención a la referida Querella, el 28 de diciembre de 2022,

el recurrente presentó Contestación a la Querella y Solicitud de

Desestimación. En síntesis, señaló que, no se requería la

autorización previa de la OEG para la contratación aludida. Arguyó

que, al momento de la contratación original, los esposos no eran

servidores públicos de la ADEA, sino contratistas independientes.

Por tal razón, solicitó la desestimación de la Querella.

      Subsiguientemente, el 3 de febrero de 2022, la OEG presentó

Oposición a Solicitud de Desestimación, en la que argumentó que el

querellado cometió la infracción al citado artículo cuando firmó una

enmienda al contrato original del esposo de una de las empleadas

de ADEA, luego de que esta fuera nombrada en dicha agencia, sin

la previa autorización de la OEG. Sostuvo que, la enmienda al

mencionado convenio conllevó un aumento en la cuantía original, lo

que constituyó un nuevo acuerdo de voluntades que tiene que

cumplir con la misma rigurosidad de cualquier contratación

gubernamental.

      El 14 de febrero de 2022, el recurrente presentó una Breve

Réplica a “Oposición de Solicitud de Desestimación Radicado por la

Querellante”. En su réplica, reiteró su postura y añadió que, el

contrato original fue preparado con la intención de otorgarse con

una cuantía mayor, según surge de las cláusulas del contrato

original y la solicitud de autorización que presentó la ADEA ante la

OGP y que el contratista no se benefició de dicha enmienda.

      Por otro lado, el 11 de mayo de 2022, la OEG presentó una

Solicitud de Resolución Sumaria argumentando que la aludida

controversia podía resolverse sin la necesidad de una vista, toda vez

que, los hechos del caso están libres de controversias materiales.
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      El 25 de mayo de 2022, la entonces designada Oficial

Examinadora, la Lcda. Lourdes R. Vázquez Vargas, emitió Orden

denegando la petición instada por la OEG. Por su parte, el 9 de

junio de 2022, el recurrente presentó su Oposición a “Solicitud de

Resolución Sumaria” que radicara la OEG. El 22 de junio de 2022,

la OEG presentó su Réplica a “Oposición a Solicitud Sumaria que

Radicara la OEG”.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 12

de diciembre de 2022, la OEG emitió una Resolución, que fue

notificada al día siguiente. En la misma, la OEG adoptó en su

totalidad el Informe de la Oficial Examinadora sometido el 15 de

noviembre de 2022, y lo hizo formar parte de la referida Resolución.

En su dictamen, la OEG encontró al recurrente incurso en violación

al inciso (d) del Artículo 4.3 de la Ley de Ética Gubernamental,

supra. En consecuencia, le impuso una multa de $5,000.

      Inconforme, el 21 de diciembre de 2022, el recurrente

presentó una Solicitud de Reconsideración. Posteriormente, el 28 de

diciembre de 2022, mediante Resolución en Reconsideración, la OEG

sostuvo lo resuelto en su Resolución del 12 de diciembre de 2022.

Aún insatisfecho, el 17 de enero de 2023, el recurrente compareció

ante este foro revisor mediante Revisión Administrativa, e hizo los

siguientes señalamientos de error:

      1. Erró la Oficina de Ética Gubernamental al acoger el
         Informe de la Oficial Examinadora cuando esta erró
         al interpretar que el querellado-recurrente violentó
         las disposiciones del artículo 4.3 (d) de la Ley de
         Ética Gubernamental cuando ella interpretó
         erradamente que la enmienda al contrato 2022-
         000010A del Sr. Michael Silva Vega, adicionando la
         cantidad de $26,120.00 que había sido aprobada
         previo al nombramiento de la Sra. Anaishka S.
         Legrand Muñoz, como empleada de la Agencia,
         constituía la otorgación de un nuevo contrato y, por
         lo tanto, violaba el referido artículo ya que no medió
         consulta previa a la OEG para firmar la referida
         enmienda del contrato mediante la cual se
         adicionaba la cantidad mencionada.
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      2. Erró la Oficina de Ética Gubernamental al acoger el
         informe de la Oficial Examinadora y esta erró al no
         aplicar lo resuelto en el caso OEG v. Manuel B.
         Martínez Giraud, 2022 TSPR 93 en cuanto al
         estándar probatorio a ser utilizado cuando se le
         impute a un funcionario público haber violentado la
         Ley de Ética Gubernamental.

      3. Erró la Oficina de Ética Gubernamental al no
         notificar la designación de la Lcda. Michelle Marie
         Vélez Berríos como Oficial Examinadora, antes de
         resolver el asunto de epígrafe, privándole del debido
         proceso de ley sustantivo como procesal al
         querellado-recurrente de su derecho de poder
         solicitar la inhibición o descalificación de la Oficial
         Examinadora debido a que esta ha sido la
         representante legal de la OEG ante los Tribunales de
         Puerto Rico tan recientemente como en el caso de
         OEG v. Manuel B. Martínez Giraud, 2022 TSPR 93 del
         7 de julio de 2022.

      4. Erró la Oficina de Ética Gubernamental al acoger el
         informe de la Oficial Examinadora cuando esta erró
         abusando de su discreción al no celebrar una vista
         presencial para que la parte querellada-recurrente
         pudiese presentar prueba testifical para exponer sus
         razones que lo llevaron a firmar la enmienda para
         adicionar la cuantía de dinero previamente
         aprobada, y así demostrar que no hubo intención de
         violar el estatuto privándole así de unas garantías
         mínimas a un debido proceso de ley, tanto al aspecto
         sustantivo como procesal de su derecho.

      El 19 de enero de 2023, emitimos una Resolución en la que le

concedimos a la parte recurrida hasta el 16 de febrero de 2023 para

presentar su alegato en oposición. En cumplimiento con lo

ordenado, el 13 de febrero de 2023, compareció ante nos la OEG

mediante Alegato en Oposición de la Parte Recurrida.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración.

      En adelante, esbozamos el derecho que gobierna las

controversias planteadas ante este foro revisor.

                                  II

A. Contratación Gubernamental

      Es normativa reiterada que, las obligaciones nacen de la ley,

de los contratos y cuasicontratos, de los actos ilícitos, u omisiones

en que interviene culpa o negligencia, y cualquier otro acto idóneo
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para producirlas.   Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec.

2992; Payano v. Cruz, 2022 TSPR 78 (2022); NHIC et al. v. García

Passalacqua et al., 206 DPR 105 (2021).            Los contratos se

perfeccionan cuando median el objeto, consentimiento y causa. Art.

1213 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3391.     El contrato existe

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto

de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Art. 1206

del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3371; Aponte Valentín et al. v.

Pfizer Pharm., LLC, 208 DPR ___ (2021). En nuestro ordenamiento

jurídico se ha reconocido el principio de libertad de contratación, el

cual permite a las partes pactar los términos y condiciones que

tengan por convenientes. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 2022

TSPR (2022); Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 7-8

(2015); Arthur Young & Co. V. Vega III, 136 DPR 157 (1994). No

obstante, tal libertad no es infinita, puesto que, encuentra su límite

en el Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. El referido

artículo dispone que, los términos y condiciones que las partes

establezcan serán válidas cuando no sean contrarias a la ley, la

moral, ni al orden público. 31 LPRA sec. 3372; Burgos López et al.

v. Condado Plaza, supra, págs. 7-8; Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR

7, 15 (2014). Una vez perfeccionado el contrato, lo acordado tiene

fuerza de ley entre las partes, “y desde entonces obligan, no solo al

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las

consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena

fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec.

3375; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., supra; Payano v. Cruz,

supra; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, pág. 8.

      En lo pertinente a la contratación gubernamental, [l]a

Constitución de Puerto Rico establece que “[so]lo se dispondrá de las

propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el

sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y
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en todo caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec. 9, Const. PR., LPRA,

Tomo 1, ed. 2016, pág. 444. En virtud de este mandato

constitucional, [nuestra Alta Curia ha] sido consecuente al exigir el

manejo ético y apropiado de los fondos públicos. Vicar Builders v.

ELA et al., 192 DPR 256 (2015); Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al.,

190 DPR 448 (2014); Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730

(2013). Ello, en miras de que “[l]a buena administración de un

gobierno es una virtud de democracia, y parte de una buena

administración implica llevar a cabo sus funciones como comprador

con eficacia, honestidad y corrección para proteger los intereses y

dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa”. Génesis

Security v. Depto. Trabajo, 204 DPR 986, 997 (2020).

         A esos fines, la Asamblea Legislativa ha desarrollado un

andamiaje de distintos estatutos que tienen como propósito

garantizar el control fiscal y regular la contratación gubernamental.

Vicar Builders v. ELA et al., supra, pág. 262. De igual modo, [nuestro

Tribunal Supremo] ha afinado los preceptos de una sana

administración pública mediante nuestra jurisprudencia. Jaap

Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 741. En consecuencia, la

facultad del Gobierno de Puerto Rico y de sus entidades para

contratar y comprometer fondos públicos está limitada por estas

normas.4

         A la luz de lo anterior, [el Máximo Foro ha] determinado que

todo contrato gubernamental debe cumplir con los requisitos

siguientes: (1) reducirse a escrito; (2) mantener un registro que

establezca su existencia; (3) remitir copia a la Oficina del Contralor

de Puerto Rico, y (4) acreditar que se realizó y otorgó quince días

antes. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537 (2011);

Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988). Los

4   Id, págs. 997-998.
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contratos gubernamentales deben cumplir rigurosamente con cada

una de estas exigencias, “ya que sirven como mecanismo de cotejo

para perpetuar circunstancial y cronológicamente esos contratos y,

así, evitar pagos y reclamaciones fraudulentas”. Vicar Builders v.

ELA et al., supra, pág. 264.

      De otra parte, como norma general, el Departamento de

Hacienda de Puerto Rico (Departamento de Hacienda) tiene la

responsabilidad   de   diseñar   y   administrar   los   sistemas   de

contabilidad y los procedimientos de pago e ingresos de las

dependencias y entidades gubernamentales. Ley de Contabilidad del

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, 3

LPRA sec. 283 et seq. En el ejercicio de estas funciones, el Gobierno

de Puerto Rico preinterviene en todas las transacciones financieras

de sus dependencias públicas, con el propósito de garantizar su

exactitud, corrección, necesidad y legalidad. 3 LPRA sec. 283e.

      Respecto a la contratación gubernamental, el Estado está

obligado por imperativo constitucional a manejar los fondos

públicos con los principios fiduciarios y éticos más altos. Jaap Corp.

v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 739 (2013); C.F.S.E. v. Unión

de Médicos, 170 DPR 443, 452 (2007).

      Por otro lado, el Art. 2 de la Ley Núm. 237-2004, 3 LPRA sec.

8612, establece claramente que la contratación gubernamental de

servicios profesionales debe ser la excepción y que solo se utilizará

“cuando la entidad gubernamental no cuente [o] no pueda utilizar

los recursos internos a ser contratados, o cuando el expertise,

destreza o experiencia del contratista sea necesario para la

consecución de los fines para lo cual es contratado”. Este artículo

también exige que, al momento de contratar los servicios de un

contratista, el Estado tome en cuenta “la necesidad real de los
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servicios a contratarse, la situación económica y el presupuesto de

la entidad gubernamental contratante”.5

          Además de establecer que la contratación gubernamental de

servicios profesionales debe ser excepcional, la Ley Núm. 237-2004

enumera en su Art. 3, una serie de requisitos, tanto de forma como

sustantivos, con los cuales debe cumplir todo contrato entre el

Estado y un contratista. 3 LPRA sec. 8613. En específico, este

Artículo requiere:

         (a)   El otorgamiento de un contrato de servicios
               profesionales o consultivos entre un contratista y
               el Gobierno deberá ser prospectivo. Toda entidad
               gubernamental pagará únicamente por servicios
               rendidos.

         (b)   Debe formalizarse por escrito e incluirse en el texto
               del mismo la disposición legal que faculta a la
               entidad gubernamental a otorgar contratos.
               (Énfasis suplido). Íd.

         El resto de los incisos de esta disposición legal detalla la

información que debe contener el contrato sobre el contratista, los

servicios que prestará, la vigencia del contrato, la cuantía máxima a

pagarse y la forma de pago. Íd. Más adelante, el Art. 5 de la misma

ley, 3 L.P.R.A. sec. 8615, requiere que se incluya en el contrato una

lista extensa de cláusulas mandatorias.

         Vemos, pues, que la Ley Núm. 237, supra, establece que todo

contrato gubernamental de servicios profesionales o consultivos,

categoría que incluye la prestación de servicios legales, solo será

válido si se hace constar por escrito y tiene vigencia prospectiva. Sin

lugar a dudas, la Ley Núm. 237, supra, prohíbe la contratación

verbal y retroactiva de servicios profesionales y consultivos.6

         Nuestro      Alto   Foro    ha    señalado      que      “[l]as   distintas

disposiciones estatutarias [que] regul[an] la realización de obras y

contratación de servicios para el Estado y sus agencias e

5   Rodríguez Ramos, et als v. ELA et al, supra, págs. 458-459.
6   Id, pág. 459.
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instrumentalidades tienen por meta la protección de los intereses y

dineros del pueblo contra el dispendio, la prevaricación, el

favoritismo y los riesgos del incumplimiento.” Ríos v. Municipio de

Isabela, 159 DPR 839 (2003); citando a Cancel v. Municipio de San

Juan, 101 D.P.R. 296, 300 (1973).

B. Ley de Ética Gubernamental

       La Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de

Puerto Rico, supra, fue creada con el objetivo principal de renovar y

reafirmar la función preventiva y fiscalizadora de la Oficina de Ética

Gubernamental.7 Según se ha dispuesto, uno de los propósitos

principales para la creación del precitado estatuto, fue promover y

preservar la integridad de los servidores públicos y de las

instituciones del gobierno.8 La Oficina de Ética Gubernamental,

“fiscaliza, mediante los mecanismos y los recursos que la ley le

provee, la conducta de los servidores públicos y penaliza a todos

aquellos que transgreden la normativa ética que integra los valores

en el servicio público”.9 Dentro de su función preventiva, busca

atacar y prevenir la corrupción del Gobierno, la conducta ilegal de

los empleados públicos, los conflictos de intereses, el abuso de poder

y el ejercicio de influencias indebidas.10

       La Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de

Puerto Rico, supra, dispone que, la OEG “fiscaliza la conducta de los

servidores públicos y penaliza a todos aquellos que transgreden la

normativa ética que integra los valores del servicio público".11 Ante

ello, esta oficina adquiere jurisdicción sobre la conducta de los

servidores de la Rama Ejecutiva.12            Por consiguiente, tiene la

7 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1-2012, supra, pág. 2.
8 OEG v. Martínez Giraud, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 122 (2003).
9 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1-2012, supra, pág. 2; Véase, Pueblo v.

Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 154 (2020).
10 OEG v. Rodríguez, supra, págs. 122-12.
11 Íd.
12 3 LPRA sec. 1857.
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autoridad para sancionar a servidores públicos que actúen en

contravención a la propia ley orgánica.13

      A esos fines, se establece que para que se configure una

infracción bajo la Ley Orgánica de la OEG es un requisito

indispensable que la conducta objeto de la infracción haya sido

ejecutada por un servidor público. Así las cosas, define a un

servidor público como sigue:

      persona en el Gobierno que interviene en la formulación
      e implantación de la política pública o no, aunque
      desempeñe      su     encomienda      permanente        o
      temporalmente, con o sin remuneración. También,
      incluye al contratista independiente cuyo contrato
      equivale a un puesto o cargo, o que entre sus
      responsabilidades está la de intervenir directamente en
      la formulación e implantación de la política pública.14

      El artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental establece

una serie de prohibiciones éticas de carácter general. Textualmente,

el inciso (s) del mencionado postulado dispone que, “[u]n servidor

público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la

imparcialidad e integridad de la función gubernamental”. En otras

palabras, se penaliza la acción que pueda crear una percepción o

apariencia de conducta impropia y deshonestidad en las funciones

gubernamentales.

      La Ley Núm. 1-2012, supra, define “servidor público” como

aquella “[p]ersona en el Gobierno que interviene en la formulación e

implantación de la política pública o no, aunque desempeñe su

encomienda       permanente       o   temporalmente,        con    o    sin

remuneración”.15

C. Función adjudicativa de las agencias administrativas

      En aras de fiscalizar la conducta de los servidores públicos y

penalizar a todos los que transgredan normas éticas que envuelvan

los valores en el servicio público, la OEG, al igual que otras agencias

13 3 LPRA 1857a - 1857e.
14 3 LPRA sec. 1854 (gg).
15 Art. 1.2(gg) de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1854(gg); OEG v. Martínez

Giraud, supra, pág. 12.
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administrativas, lleva a cabo funciones adjudicativas consistentes

en decidir casos y controversias aplicando a los hechos la normativa

legal pertinente.16 En ese sentido, este tipo de funciones representa

una marcada semejanza con los procedimientos tradicionales

utilizados por los tribunales de justicia para decidir los asuntos ante

su consideración. OEG v. Martínez Girod, 2022 TSPR 93.

       Es norma conocida que los procedimientos disciplinarios en

el foro administrativo, generalmente, no se rigen por los mismos

criterios probatorios que los casos criminales en los tribunales. De

ordinario, el quantum de prueba necesario para prevalecer en el

ámbito administrativo es el de preponderancia de la prueba.17 Sin

embargo,     los    procedimientos      administrativos     que     suponen

violaciones a disposiciones éticas deben ser atendidos a través de

un crisol más riguroso. En comparación con los procedimientos

éticos que aquí discutimos, las imputaciones al amparo de los

Cánones de Ética Profesional,18 requieren que la prueba sea

aquilatada a la luz del estándar de prueba clara, robusta y

convincente.19

       En ese sentido, la prueba clara, robusta y convincente es un

estándar intermedio de suficiencia de la prueba que, en esencia, es

más    exigente     que     el   comúnmente      aplicado     estándar     de

preponderancia de la prueba en casos civiles, pero que, a su vez, es

menos riguroso que la prueba establecida más allá de duda

razonable. Si bien es cierto que el referido estándar no es susceptible

de ser definido de forma precisa, [se ha] descrito la prueba clara,

robusta y convincente como aquella evidencia que produce en un

juzgador    de     hechos    una   convicción    duradera     de    que   las

16 3 LPRA secc. 1854 et seq.
17 Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 36–37 (2001).
18 4 LPRA Ap. IX.

19 Véanse, In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445, 459 (2017) (Per curiam); In re

Quiñones Artau, 193 DPR 356, 386 (2015) (Per curiam); In re Muñoz, Morell, 182
DPR 738, 750 (2011) (Per curiam).
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contenciones fácticas son altamente probables.20 Nótese, además,

que aunque se trate de una mera apariencia, el cargo ético debe

quedar establecido por prueba clara y convincente, no afectada por

reglas de exclusión ni a base de conjeturas.21

       Particularmente atinente al caso de marras, el Art. 4.3(d) de

la Ley de Ética Gubernamental, supra, respecto a las prohibiciones

relacionadas con otros empleos, contratos o negocios, dispone lo

siguiente:

       (d) La autoridad nominadora no puede llevar a cabo un
       contrato en el que un servidor público de la agencia o
       un miembro de la unidad familiar, un pariente, un socio
       o una persona que comparta la residencia de este
       último tenga o haya tenido, directa o indirectamente, un
       interés pecuniario durante los últimos dos (2) años
       anteriores a su nombramiento. Esta prohibición no
       aplica cuando, a discreción de la Dirección Ejecutiva,
       medien circunstancias excepcionales que hayan sido
       evaluadas con anterioridad a que la autoridad
       nominadora contrate con el servidor público o con un
       miembro de la unidad familiar, un pariente, un socio o
       una persona que comparta la residencia de este último.
       […].22

       En síntesis, para que se configure una violación al

mencionado artículo, es necesario que concurran los siguientes

requisitos: (1) que la autoridad nominadora; (2) lleve a cabo un

contrato; (3) en el que el pariente de un servidor público de la

agencia tenga o haya tenido, directa o indirectamente, un interés

pecuniario y, (4) que no se haya obtenido la autorización de la

Dirección Ejecutiva de la OEG, previo a otorgar el contrato.

       Por   otro    lado,   el   artículo   1.2   de    la   Ley   de   Ética

Gubernamental, supra, define los términos “autoridad nominadora”,

“contrato”, “pariente” y “servidor público” del siguiente modo:

       (h) autoridad nominadora — aquel o aquellos cuya
       función inherente es la de nombrar, ascender,
       remunerar o contratar.

20 Señala el Profesor Ernesto Chiesa, “[e]ste estándar se usa cuando está por el
medio un derecho demasiado fundamental para permitir ser afectado por la sola
preponderancia      de    la   evidencia”.      E.L.   Chiesa    Aponte, Reglas
de Evidencia Comentadas, Ediciones SITUM, 2016, págs. 51–52.
21 OEG v. Martínez Giraud, supra.
22 3 LPRA sec. 1857b.
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       […]

       (ñ) Contrato — convenio o negocio jurídico para hacer o
       dejar de hacer determinado acto, otorgado con el
       consentimiento de las partes contratantes, relacionado
       con un objeto cierto y por virtud de la causa que se
       establezca. Incluye, pero sin limitarse, los acuerdos de
       bienes, de obras, de servicios y las órdenes de compra y
       de servicios.

       […]

       (y) Pariente — los abuelos, los padres, los hijos, los
       nietos, los tíos, los hermanos, los sobrinos, los primos
       hermanos, el cónyuge, los suegros y los cuñados del
       servidor público, así como los hijos y los nietos de su
       cónyuge.

       […]

       (gg) Servidor público — persona en el Gobierno que
       interviene en la formulación e implantación de la
       política pública o no, aunque desempeñe su
       encomienda permanente o temporalmente, con o sin
       remuneración. También, incluye al contratista
       independiente cuyo contrato equivale a un puesto o
       cargo, o que entre sus responsabilidades está la de
       intervenir directamente en la formulación e
       implantación de la política pública.23

C. El Debido Proceso de Ley

       Tanto en nuestra Constitución como en la Constitución

Federal se consagra el derecho fundamental al debido proceso de

ley.24 Dicho precepto constitucional establece que, “[n]inguna

persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido

proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual

protección de las leyes”.25 El debido proceso de ley cuenta con dos

vertientes: la procesal y la sustantiva. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, 133 DPR 881, 887 (1993). El debido proceso de ley, en su

dimensión procesal, se refiere al “derecho de toda persona a tener

un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto

en el ámbito judicial como en el administrativo”. Aut. Puertos v. HEO,

186 DPR 417, 428 (2012). Cónsono con ello, se han reconocido las

23 3 LPRA sec. 1854.
24 Véase, Const. P.R. Art. II, Sec. 7; Const. EE. UU., Emdas. V y XIV, Tomo I;
González Segarra et al. v. C.F.S.E., 188 DPR 252 (2013).
25 Íd. Const. P.R. Art. II, Sec. 7.
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siguientes garantías procesales, las cuales conforman el debido

proceso de ley en su vertiente procesal: (1) la concesión de una vista

previa; (2) una notificación oportuna y adecuada; (3) el derecho a ser

oído; (4) el derecho a confrontarse con los testigos en su contra; (5)

a presentar prueba oral y escrita a su favor; y (6) la presencia de un

adjudicador imparcial. Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352 (2017)

(Sentencia). Las garantías procesales del debido proceso de ley se

han extendido a los procesos administrativos. Íd. pág. 359. Sin

embargo, en el derecho administrativo el debido proceso de ley no

tiene la misma rigidez que en los procedimientos penales. Báez Díaz

v. E.L.A., 179 DPR 605, 693 (2010).

          Cónsono con la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, conocida

como la LPAU se dispone que, el derecho que tienen las personas a

ser oídas, antes de ser despojadas de algún interés protegido, es un

requisito fundamental del debido proceso.26 Por lo tanto, el privar de

la libertad o propiedad a una persona sin proveer la oportunidad de

ser oído es contrario al debido proceso.27

          El Tribunal Supremo, ha expresado en varias ocasiones, el

principio de que el debido proceso de ley ofrece protección contra la

arbitrariedad administrativa, pero en modo alguno es “molde rígido

que prive de flexibilidad” a los organismos administrativos.

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 202

(1987); Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 DPR 335, 340 (1975).

          Los    procesos      adjudicativos      administrativos,    conforme

establece el debido proceso de ley, deben ser llevados a cabo de

manera imparcial. Ello constituye la esencia del debido proceso.28

En Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692 (2010), el

Tribunal Supremo de Puerto Rico catalogó el derecho a un juicio

26   Véase, Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, pág. 889.
27   Íd.
28   Véase, Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35, 46-47 (1975).
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imparcial como uno de los pilares del debido proceso de ley. En el

mencionado caso, nuestro Máximo Foro Judicial además puntualizó

que, la LPAU les confiere a los jefes de agencia la facultad de delegar

su función de presidir las vistas adjudicativas administrativas.29 La

persona sobre quien recae esa función es seleccionada de acuerdo

con su criterio personal. Cuando opta delegar la función de presidir

la audiencia, pero retiene la facultad de adjudicar, se entiende que

a quien designa es a un oficial examinador. Tosado v. A.E.E., 165

DPR 377, 386 (2005). En esos términos, la Sec. 3.3 de la LPAU

establece que, “[t]oda agencia podrá designar oficiales examinadores

para presidir los procedimientos de adjudicación que se celebren en

ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente abogados,

particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno

informal”.30 Por su parte, la figura del oficial examinador tiene a su

cargo la crucial tarea de adjudicar los hechos en controversia

durante el transcurso de la vista evidenciaria. Su cargo le exige

recopilar, de manera integral, la evidencia presentada en los

procedimientos; esto es, es el responsable de la formación del

expediente administrativo. Por ende, su importancia como partícipe

en los procedimientos, pues debe asegurar que se desarrolle un

expediente administrativo que presente adecuadamente la postura

de las partes envueltas.31

         Lo anterior, para que cuando el adjudicador examine el caso

en sus méritos, pueda revisarlo completamente de novo sin

dificultad alguna. Garantizándose así que el adjudicador final lo

haga       de    manera       independiente       y   objetiva,     ateniéndose

exclusivamente al expediente constituido mediante un proceso justo

y libre de influencias.32

29   3 LPRA sec. 2153; Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, en la pág. 709.
30   3 LPRA sec. 2153.
31   Véase, Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, en la pág. 710.
32   Íd., a las págs. 710-711.
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      Ahora bien, sabido es que la celebración de un litigio justo

ante un juzgador imparcial es un derecho básico de todo individuo.

Por ende, ante una alegación de parcialidad en un procedimiento

administrativo, se debe determinar sobre cual asunto podría existir

dicha parcialidad. Es por esto, por lo que las agencias y tribunales

deben estar atentos ante alegaciones de parcialidad que se hagan

respecto a un oficial examinador sobre aspectos de hechos del caso.

Íd. Ello, pues cuando el oficial examinador ha prejuzgado cuestiones

o hechos específicos del caso, podría dar lugar a su descalificación.

En fin, para que prevalezca la alegación de parcialidad, a los efectos

de descalificar a un oficial examinador, es necesario que se evidencie

su compromiso previo para obtener determinada conclusión con

relación a cuestiones específicas del caso. Íd. Específicamente, el

oficial examinador debe haber incurrido en un comportamiento de

un grado tan alto de favoritismo o antagonismo que hace imposible

la solución justa del caso. (Citas omitidas).        Aquel perjudicado,

podrá solicitar la descalificación del funcionario que preside la vista

cuando este se aparte de su función de juzgador de los hechos y

actúe como acusador; cuando dirija los procedimientos de un modo

que subvierta la integridad del proceso, o cuando se evidencia que

ha prejuzgado cuestiones fácticas específicas.33

      A tenor con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo dispuso

que, las meras alegaciones de parcialidad o perjuicio no son

suficientes para sostener una alegación de violación al debido

proceso de ley.34 Después de todo, para rebatir la presunción de que

los administradores que fungen como adjudicadores carecen de

parcialidad, las alegaciones deben revelar un verdadero perjuicio o

un interés pecuniario o institucional que los descalifique.35

33 Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra. a la págs. 715-716.
34 Véase, Henríquez Soto v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 210
(1987).
35 Íd.
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D. Disposición sumaria en el ámbito administrativo

         Los procedimientos adjudicativos de la OEG, conforme

establece la Ley de Ética Gubernamental, se llevarán a cabo

conforme a lo establecido en la LPAU.36

         Como es sabido, nuestro más Alto Foro ha incorporado al

ámbito administrativo normas aplicables a los litigios civiles.

Rodríguez Rivera v. Autoridad de Carreteras, 110 DPR 184 (1980).

En ese sentido, los principios que rigen la disposición sumaria de

los casos, también le son de aplicación a los casos que se ventilan

ante el foro administrativo.

         En lo pertinente a las resoluciones emitidas sumariamente en

los procesos adjudicativos administrativos, la sección 3.7(b) de la

LPAU establece que:

         Si la agencia determina a solicitud de alguna de las
         partes y luego de analizar los documentos que
         acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria
         y los documentos incluidos con la moción en oposición,
         así como aquellos que obren en el expediente de la
         agencia, que no es necesario celebrar una vista
         adjudicativa, podrá dictar órdenes o resoluciones
         sumarias, ya sean de carácter final, o parcial
         resolviendo cualquier controversia entre las partes, que
         sean separable de las controversias, excepto en aquellos
         casos donde la ley orgánica de la agencia disponga lo
         contrario.

         La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones
         sumarias en los casos en que (1) existen hechos
         materiales o esenciales controvertidos; (2) hay
         alegaciones afirmativas en la querella que no han sido
         refutadas; (3) surge de los propios documentos que se
         acompañan con la petición una controversia real sobre
         algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de
         derecho no procede.

         Así pues, en nuestro ordenamiento jurídico, el mecanismo de

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). La

36   Artículo 7.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
KLRA202300022                                                       21

sentencia sumaria es un mecanismo procesal para disponer de

ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa del juicio. Ramos

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Velázquez

Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017).

      Por otra parte, conforme a la Regla 36.3 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar sentencia sumaria si las

alegaciones, deposiciones, y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia acreditan la

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún

hecho esencial y material y, además, si el derecho aplicable así lo

justifica. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. Consecuentemente,

se permite disponer de asuntos sin necesidad de celebrar un juicio,

ya que únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no

controvertidos. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664

(2018). La parte promovente de la moción de sentencia sumaria

viene obligada a desglosar los hechos sobre los que aduce que no

existe controversia y, para cada uno, especificar la página o párrafo

de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que

lo apoya. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; Zapata-Rivera v.

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.,

supra.

      Por otro lado, la parte que se opone tiene el deber de hacer

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que
KLRA202300022                                                             22

entiende que están en controversia y para cada uno, detallar la

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Es decir, el

oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia

sustancial     y    no     puede   simplemente      descansar     en     sus

alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216. Las

meras afirmaciones no bastan. Id. “Como regla general, para

derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que

pongan    en       controversia    los    hechos   presentados     por    el

promovente”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita

omitida). Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. Ahora bien, si el

oponente no controvierte los hechos propuestos de la forma en la

que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se podrán

considerar como admitidos y se dictará la sentencia sumariamente

en   su   contra,     si   procede.      Regla   36.3   de   Procedimiento

Civil, supra. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra.

      En lo que nos atañe, el Artículo 6.11 del Reglamento sobre

Asuntos Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental,

aprobado el 17 de julio de 2012, establece lo pertinente a resolución

sumaria de los asuntos adjudicativos ante su consideración.               El

mencionado cuerpo reglamentario dispone lo siguiente:

      Cualquier parte podrá solicitar la resolución sumaria de
      todas o de cualquiera de las controversias a ser
      ventiladas en una audiencia mediante la presentación
      de una moción con no menos de veinte días calendario
      de antelación a dicha audiencia. La moción establecerá
      que no existe controversia de hecho esencial que haya
      que determinar en la audiencia y estará fundada en
      documentos, sin limitarse a: declaraciones juradas,
      certificaciones, grabaciones, videos o fotografías.

      Dentro del término de diez días calendario, a partir de
      la notificación de una moción de resolución sumaria, la
      parte que se oponga a dicha moción deberá presentar
      su oposición. En ésta, deberá establecer que existe una
      controversia real sobre algún hecho esencial a
      determinar en la audiencia o que la resolución sumaria
      es inapropiada por alguna otra razón.
KLRA202300022                                                       23

      No procederá dictar una resolución sumaria si: (1)
      existen hechos materiales o esenciales controvertidos;
      (2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no
      han sido refutadas; (3) surge de los documentos que se
      acompañan con la petición una controversia real sobre
      algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de
      derecho no procede.

      Si todas las controversias se resuelven mediante una
      resolución sumaria, no se celebrará audiencia y el
      oficial examinador procederá a emitir su informe; o el
      juez administrativo procederá a emitir su resolución
      final. Si sólo se deciden algunas de las controversias, el
      oficial examinador emitirá un informe parcial sobre las
      controversias resueltas; o el juez administrativo emitirá
      una resolución parcial. La audiencia continuará
      respecto a las controversias no resueltas.

E. Deferencia a los foros administrativos

      Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por la Asamblea Legislativa. OEG v. Martínez Giraud, 2022 TSPR 93,

210 DPR ___ (2022); Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 656,

672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021);

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019);

Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera

v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Es por ello, que, tales

determinaciones suponen una presunción de legalidad y corrección,

que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras la parte que

las impugne no presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.;

OEG v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185

DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma no es absoluta, es por

lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no podemos

imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia a las

determinaciones administrativas que sean irrazonables, ilegales o

contrarias a derecho.
KLRA202300022                                                                24

          En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

          [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
          una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
          cuando: (1) la determinación administrativa no está
          basada en evidencia sustancial; (2) el ente
          administrativo erró en la aplicación o interpretación de
          las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
          administrar; (3) el organismo administrativo actuó
          arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
          determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
          actuación      administrativa      lesionó     derechos
          constitucionales    fundamentales.      Es   importante
          destacar que si el tribunal no se encuentra frente a
          alguna de esas situaciones, aunque exista más de
          una interpretación razonable de los hechos procede
          que se valide la interpretación que realizó la agencia
          administrativa recurrida. (Énfasis suplido).37

          El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v.

Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág.

820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya

un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 673; OEG v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y

otros, supra, pág. 819-820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde,

supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36;

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.

          Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, supra,

“estableció       el   marco    de    revisión    judicial   de   las   agencias

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

37   Véase, Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820.
KLRA202300022                                                         25

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; OEG v. Martínez

Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 626-627;

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3

LPRA sec. 9675.     Nuestro Máximo Foro, ha expresado que, esta

intervención “debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se

fundamente en evidencia sustancial o cuando la agencia se

equivoque en la aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía,

supra, pág. 36. Siendo así, aquellas determinaciones de hechos

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad. Íd; OEG v. Martínez

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por

otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas en

su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec.

9675. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes

particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627.

      El Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le

deben los tribunales a la interpretación que haga el ente

administrativo   sobre    aquellas   leyes   y    reglamentos   que   le

corresponde poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar la

ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó

derechos constitucionales fundamentales.         Íd. págs. 627-628; OEG

v. Martínez Giraud, supra. Finalmente, nuestra más Alta Curia ha

expresado que, conforme lo anterior, el criterio administrativo no

podrá prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación

estatutaria realizada por una agencia provoque un resultado
KLRA202300022                                                         26

incompatible o contrario al propósito para el cual fue aprobada la

legislación y la política pública que promueve. Así, “la deferencia

judicial al expertise administrativo, concedido cuando las agencias

interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que resulten

irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia”. Íd.

                                     III

        En su primer señalamiento, el recurrente nos plantea, en

esencia, que erró la OEG al determinar que la enmienda efectuada

al Contrato 2022-0000-10 A, en virtud de la cual se le aumentó la

remuneración al señor        Michael Silva Vega         en $26,120.00,

constituyó un contrato nuevo otorgado en violación al Artículo 4.3

(d) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, por no haber mediado

consulta previa a la OEG.

        En apretada síntesis, sostiene el recurrente que el Contrato

2022-0000-10 A, en virtud de la cual se le aumentó la remuneración

al señor Michael Silva Vega en $26,120.00, constituyó una

enmienda al contrato Núm. 2022-000010, el cual, como dijimos,

había sido otorgado el 1ro de julio de 2021, por la cantidad máxima

de $10,000.00.

        Tal y como señalamos previamente, el Art. 4.3(d) de la Ley de

Ética    Gubernamental,     supra,     respecto   a   las   prohibiciones

relacionadas con otros empleos, contratos o negocios, establece que:

        (d) La autoridad nominadora no puede llevar a cabo un
        contrato en el que un servidor público de la agencia o
        un miembro de la unidad familiar, un pariente, un socio
        o una persona que comparta la residencia de este
        último tenga o haya tenido, directa o indirectamente, un
        interés pecuniario durante los últimos dos (2) años
        anteriores a su nombramiento. Esta prohibición no
        aplica cuando, a discreción de la Dirección Ejecutiva,
        medien circunstancias excepcionales que hayan sido
        evaluadas con anterioridad a que la autoridad
        nominadora contrate con el servidor público o con un
        miembro de la unidad familiar, un pariente, un socio o
        una persona que comparta la residencia de este último.
KLRA202300022                                                       27

          […].38

          En síntesis, para que se configure una violación al

mencionado artículo, es necesario que concurran los siguientes

requisitos: (1) que la autoridad nominadora; (2) lleve a cabo un

contrato; (3) en el que el pariente de un servidor público de la

agencia tenga o haya tenido, directa o indirectamente, un interés

pecuniario y, (4) que no se haya obtenido la autorización de la

Dirección Ejecutiva de la OEG, previo a otorgar el contrato.

          Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el

recurrente, ha fungido como como Administrador de la ADEA desde

el 16 de enero de 2021 hasta el presente, con facultad para otorgar

contratos.

          El 1 de julio de 2021, el recurrente, en el ejercicio de sus

facultades como autoridad nominadora de la ADEA, contrató al

señor Silva Vega mediante el contrato Núm. 2022-000010, por la

cantidad máxima de $10,000.00. La vigencia del aludido contrato

sería desde la fecha de su otorgamiento hasta el 30 de junio de

2022.39

          Desde el 23 de agosto de 2021, la señora Legrand Muñoz,

esposa del señor Silva Vega, había sido nombrada en el puesto de

confianza como Oficial Principal de Informática de la ADEA, el cual

actualmente ocupa, convirtiéndose así, en servidora pública.

          Apenas cuatro días con posterioridad al nombramiento de la

señora Legrand Muñoz, el 27 de agosto de 2021, el recurrente

también como autoridad nominadora, en representación de la

ADEA, otorgó con el señor Silva Vega el contrato Núm. 2022-

000010A, intitulado Enmienda Contrato de Servicios Profesionales.40

Ello, a los fines de aumentar hasta un máximo de $36,120.00, por

38   3 LPRA sec. 1857b.
39   Véase Anejo 3 del recurso del recurrente.
40   Véase Anejo 5 del recurso del recurrente.
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el término del contrato, la cuantía establecida previamente en la

cláusula “Cuarta” del Contrato Núm. 2022-000010. La aludida

contratación se efectuó sin la debida autorización de la OEG.

       La parte recurrente arguye que, desde el 23 de junio de 2021,

la ADEA había solicitado autorización a la OGP y a la Oficina de la

Secretaría de la Gobernación, para contratar al señor Michael Silva

Vega, por la cantidad de $36,120.00, para ofrecer servicios de

consultoría en informática y tareas afines a la Oficina de Sistemas

de Información.       No obstante, esta incidencia procesal resulta

irrelevante    para     adjudicar     la   controversia      ante    nuestra

consideración. Destacamos que, estamos ante un contrato nuevo,

que además de la autorización de la OGP; requería, el aval de la

OEG, tal y como dicho foro administrativo lo determinó.

       En vista de lo anterior, es un hecho indubitado que, para la

fecha en que la autoridad nominadora otorgó el contrato Núm. 2022-

000010A, intitulado Enmienda Contrato de Servicios Profesionales,

por la relación de esposos habida entre la señora Legrand Muñoz y

el señor Silva Vega,41 por mandato de ley, se requería el aval de la

OEG para la referida contratación. Tal y como mencionamos

previamente, el artículo 4.3 (d) de la Ley de Ética Gubernamental,

supra, prohíbe expresamente que la autoridad nominadora otorgue

un contrato en el que un servidor público de la agencia o un

miembro de su unidad familiar, o pariente, tenga directa o

indirectamente un interés pecuniario durante los últimos dos (2)

años anteriores a su nombramiento.

       Habida cuenta de la relación de esposos entre el señor Silva

Vega y la señora Legrand Muñoz -quien ya fungía como servidora

pública de la misma agencia- sin duda, el recurrente debió haber

41El señor Michael Silva Vega y la señora Anaishka Suhaily Legrand Muñoz
contrajeron matrimonio el 4 de enero del 2019, en San Juan, Puerto Rico. Véase,
Anejo 2 del recurso del recurrente.
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solicitado autorización a la OEG, previo a otorgar el contrato en

controversia y justificar la contratación del señor Silva Vega. Por lo

tanto, ante la ausencia de dicha autorización y la prohibición de

contratación indicada en el artículo 4.3 (d) de la Ley de Ética

Gubernamental, supra, la violación al referido precepto legal es

incuestionable.

       En su segundo señalamiento, plantea el recurrente que erró

la OEG al acoger el Informe de la Oficial Examinadora, quien, a su

vez, no aplicó el estándar probatorio adecuado cuando se le imputa

a un funcionario haber violentado la Ley de Ética Gubernamental.

       De ordinario, el quantum de prueba necesario para prevalecer

en el ámbito administrativo es el de preponderancia de la prueba.42

Sin embargo, los procedimientos administrativos que suponen

violaciones a disposiciones éticas deben ser atendidos a través de

un crisol más riguroso. En comparación con los procedimientos

éticos que aquí discutimos, las imputaciones al amparo de los

Cánones de Ética Profesional,43 requieren que la prueba sea

aquilatada a la luz del estándar de prueba clara, robusta y

convincente.44 Lo anterior, bajo el supuesto de que, en los procesos

contra los abogados, está en juego su título y, por ende, el derecho

fundamental a ganarse su sustento.

       Como dijimos, la prueba clara, robusta y convincente es un

estándar intermedio de suficiencia de la prueba que, en esencia, es

más    exigente    que     el   comúnmente       aplicado     estándar     de

preponderancia de la prueba en casos civiles, pero que, a su vez, es

menos riguroso que la prueba establecida más allá de duda

razonable. Si bien es cierto que el referido estándar no es susceptible

42 Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 36–37 (2001).
43 4 LPRA Ap. IX.
44 Véanse, In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445, 459 (2017) (Per curiam); In re

Quiñones Artau, 193 DPR 356, 386 (2015) (Per curiam); In re Muñoz, Morell, 182
DPR 738, 750 (2011) (Per curiam).
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de ser definido de forma precisa, se ha descrito la prueba clara,

robusta y convincente como aquella evidencia que produce en un

juzgador    de    hechos    una     convicción     duradera     de   que    las

contenciones fácticas son altamente probables.45 Nótese, además,

que aunque se trate de una mera apariencia, el cargo ético debe

quedar establecido por prueba clara y convincente, no afectada por

reglas de exclusión ni a base de conjeturas.46

       Luego de un ponderado análisis de la controversia de marras,

no albergamos duda de que, la agencia recurrida, probó con prueba

clara, robusta y convincente que, el recurrente incurrió en violación

al artículo 4.3 (d) de la Ley de Ética Gubernamental está respaldada

por la evidencia que obra en el expediente. Obra en autos copia de

los contratos, así como de la verificación del matrimonio entre los

esposos Silva-Legrand. Por tanto, somos del criterio, que, en efecto,

la agencia recurrida cumplió con el estándar probatorio según

establecido en la reciente decisión de nuestro Tribunal Supremo en

OEG v. Manuel B. Martínez Giraud, 202 TSPR 93-

       Por otro lado, en su tercer señalamiento de error, el

recurrente nos plantea que, se le violentó su derecho al debido

proceso de ley, tanto en su vertiente procesal como en la sustantiva,

al no notificarle de la designación de la Oficial Examinadora,

privándolo de solicitar la inhibición o descalificación por esta haber

sido representante de la OEG ante los Tribunales de Puerto Rico.

       De entrada, destacamos que, en su argumentación la parte

recurrente no hace referencia a ninguna fuente de derecho que

establezca el deber legal de la agencia administrativa de notificarle

a las partes la identidad del (la) Oficial Examinador (a), con

anterioridad a la celebración de los procedimientos ante su

45 Señala el Profesor Ernesto Chiesa, “[e]ste estándar se usa cuando está por el
medio un derecho demasiado fundamental para permitir ser afectado por la sola
preponderancia de la evidencia”. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia
Comentadas, Ediciones SITUM, 2016, págs. 51–52.
46 OEG v. Martínez Giraud, supra.
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consideración. Como sabemos, la LPAU les confiere a los jefes de

agencia la facultad de delegar su función de presidir las vistas

adjudicativas administrativas.47 La persona sobre quien recae esa

función es seleccionada de acuerdo con su criterio personal. Cuando

opta delegar la función de presidir la audiencia, pero retiene la

facultad de adjudicar, se entiende que a quien designa es a un oficial

examinador. Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377, 386 (2005). En esos

términos, la Sec. 3.3 de la LPAU establece que, “[t]oda agencia podrá

designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos de

adjudicación que se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser

necesariamente            abogados,        particularmente         cuando    el

procedimiento en cuestión es uno informal”.48 Por su parte, la figura

del oficial examinador tiene a su cargo la crucial tarea de adjudicar

los hechos en controversia durante el transcurso de la vista

evidenciaria. Su cargo le exige recopilar, de manera integral, la

evidencia presentada en los procedimientos; esto es, es el

responsable de la formación del expediente administrativo. Por ende,

su importancia como partícipe en los procedimientos, pues debe

asegurar que se desarrolle un expediente administrativo que

presente adecuadamente la postura de las partes envueltas.49

         Lo anterior, para que cuando el adjudicador examine el caso

en sus méritos, pueda revisarlo completamente de novo sin

dificultad alguna. Garantizándose así que el adjudicador final lo

haga       de    manera       independiente       y    objetiva,    ateniéndose

exclusivamente al expediente constituido mediante un proceso justo

y libre de influencias.50

         Ahora bien, sabido es que la celebración de un litigio justo

ante un juzgador imparcial es un derecho básico de todo individuo.

47   3 LPRA sec. 2153.
48   3 LPRA sec. 2153.
49   Véase, Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, en la pág. 710.
50   Íd. a las págs. 710-711.
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Por ende, ante una alegación de parcialidad en un procedimiento

administrativo, se debe determinar sobre cual asunto podría existir

dicha parcialidad. Es por esto, por lo que las agencias y tribunales

deben estar atentos ante alegaciones de parcialidad que se hagan

respecto a un oficial examinador sobre aspectos de hechos del caso.

Íd. Ello, pues cuando el oficial examinador ha prejuzgado cuestiones

o hechos específicos del caso, podría dar lugar a su descalificación.

En fin, para que prevalezca la alegación de parcialidad, a los efectos

de descalificar a un oficial examinador, es necesario que se evidencie

su compromiso previo para obtener determinada conclusión con

relación a cuestiones específicas del caso. Íd. Específicamente, el

oficial examinador debe haber incurrido en un comportamiento de

un grado tan alto de favoritismo o antagonismo que hace imposible

la solución justa del caso. (Citas omitidas).     Aquel perjudicado,

podrá solicitar la descalificación del funcionario que preside la vista

cuando este se aparte de su función de juzgador de los hechos y

actúe como acusador; cuando dirija los procedimientos de un modo

que subvierta la integridad del proceso, o cuando se evidencia que

ha prejuzgado cuestiones fácticas específicas. Com. Seg. v. Real

Legacy Assurance, supra. a la pág. 715-716.

           A tenor con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

dispuesto que, las meras alegaciones de parcialidad o perjuicio no

son suficientes para sostener una alegación de violación al debido

proceso de ley. Véase, Henríquez Soto v. Consejo de Educación

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Después de todo, para rebatir

la presunción de que los administradores que fungen como

adjudicadores carecen de parcialidad, las alegaciones deben revelar

un verdadero perjuicio o un interés pecuniario o institucional que

los descalifique.51

51   Íd.
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      Según dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico, los

procedimientos de descalificación de abogados no constituyen

acciones disciplinarias de por sí. ORIL v. El Farmer Inc., 204 DPR

229, 241 (2020); Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR

585, 596 (2012); Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 DPR 649,

660 (2000). Puesto que, la descalificación es una medida preventiva

que tiene como fin (1) evitar posibles infracciones a los cánones del

Código de Ética Profesional o (2) evitar actos disruptivos de los

abogados durante el trámite de un pleito. ORIL v. El Farmer Inc.,

supra, pág. 241; Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág.

596. Es por lo que, los foros de instancia están facultados para

evaluar y resolver las mociones de descalificación cuando estas sean

presentadas en los casos que se ventilan ante sí. Liquilux Gas Corp.

v. Berríos Zaragoza, 138 DPR 850, 864 (1995). Los jueces podrán

descalificar a los abogados si ello resulta necesario para lograr la

solución justa, rápida y económica de los pleitos. ORIL v. El Farmer

Inc., supra, pág. 241. Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que “[a]l

evaluar lo sustantivo en la procedencia de una descalificación, los

tribuales deben hacer un análisis         de la totalidad de las

circunstancias para valorar si la actuación el abogado constituye un

acto disruptivo o si tiene el potencial de desembocar en una

violación de los Cánones del Código de Ética Profesional”. Íd. pág.

242; Meléndez v. Caribbean Int´l News, supra, pág. 662.

      La descalificación puede darse en dos instancias, ya sea (1)

por orden del tribunal motu proprio, o (2) cuando el Tribunal accede

a solicitud de una parte. En lo pertinente, cuando la parte adversa

solicita la descalificación, el Tribunal Supremo ha expresado que, la

mera presentación de la moción de descalificación no conlleva

automáticamente la concesión de tal petición. ORIL v. El Farmer

Inc., supra, pág. 242; Liquilux Gas Corp. v. Berríos Zaragoza, supra,

pág. 864. Cuando el tribunal evalúe una moción de descalificación,
KLRA202300022                                                             34

deberá además evaluar la totalidad de las circunstancias de acuerdo

con los siguientes factores: (1) si el solicitante de la descalificación

tiene legitimación activa para invocarla; (2) la gravedad de la posible

violación ética involucrada; (3) la complejidad del derecho o los

hechos pertinentes a la controversia y el expertise de los abogados

implicados; (4) la etapa de los procedimientos en que surja la

controversia sobre descalificación y su posible efecto en cuanto a la

solución justa, rápida y económica del caso, y (5) el propósito detrás

de la descalificación, es decir, si la moción se está utilizando como

mecanismo     para   dilatar     los   procedimientos. Íd.    págs.      242-

243; Liquilux Gas Corp. v. Berríos Zaragoza, supra, págs. 864-

865; Otano v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996); Job Connection

Center v. Sups. Econo, supra, págs. 597-598.

       El juzgador de hechos podrá denegar una solicitud de

descalificación presentada por una parte adversa si entiende que

esta   ha   sido   interpuesta     como    una   táctica     dilatoria    del

procedimiento. Íd.; Otano v. Vélez, supra, pág. 828. También podrá

ser denegada en instancias donde la solicitud sea considerada

frívola o cuando se presenta con el propósito de intimidar a la parte

adversa.    Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág.

598. Cuando el tribunal atiende una moción de descalificación

deberá analizar si la continuación de la representación legal podría

causarle perjuicio o una desventaja indebida en el caso a su

solicitante. Íd.; ORIL v. El Farmer Inc., supra, pág. 243. Asimismo,

deberá sopesar el derecho que le asiste a toda persona de escoger

con libertad su representación legal. Íd. Finalmente, el abogado

contra quien se interponga la moción de descalificación tiene

derecho a ser oído y a presentar prueba a su favor.                Íd.; Job

Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 598.

       Nos queda meridianamente claro que, no surge del expediente

ante nos que la parte recurrente haya solicitado oportunamente la
KLRA202300022                                                                  35

descalificación de la Oficial Examinadora tan pronto advino en

conocimiento de su identidad. Ello, a pesar de que el recurrente

conocía o debió haber conocido la identidad de la Oficial

Examinadora desde al menos, el 25 de mayo de 2022, esta denegó

la Solicitud de Resolución Sumaria incoada por la OEG.

         Como      sabemos,     nuestra     última    instancia     judicial   ha

establecido que, “los organismos administrativos cuasijudiciales

tienen la facultad de dirimir mociones de descalificación con miras

a mantener el orden y control en sus procedimientos y evitar una

posible violación a los Cánones de Ética Profesional”.52 Esto, toda

vez que los abogados están llamados a observar los mismos

principios de ética profesional tanto en los foros administrativos

como en los tribunales.53

         En consonancia con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones

tiene jurisdicción para revisar interlocutoriamente -por vía de

excepción- una orden de descalificación de abogado emitida por una

agencia administrativa, a través de las excepciones estatuidas

conforme al Art. 4.3 de la LPAU, supra.54

         En otras palabras, de haber estado presentes los requisitos

para la descalificación de la Oficial Examinadora, la parte recurrente

bien pudo solicitar oportunamente su descalificación ante el foro

recurrido y no lo hizo.          Por tanto, dicha parte está impedida de

plantear el asunto, por primera vez, ante este foro revisor.

         Por último, en su cuarto señalamiento de error, el recurrente

señala que, se le privó de su debido proceso de ley, tanto en el

aspecto sustantivo como procesal, al no celebrar una vista

presencial para que pudiese presentar prueba testifical para

exponer sus razones que lo llevaron a firmar la enmienda para

52   K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., 121 DPR 633, 637-638 (1988).
53   ORIL v. El Farmer Inc., supra, pág. 244-245.
54   Íd.
KLRA202300022                                                      36

adicionar la cuantía de dinero previamente aprobada, y así

demostrar que no hubo intención de violar el estatuto.         No nos

persuade.

       Tal   y   como   expusimos     previamente,   en   el   ámbito

administrativo se reconoce la adjudicación sumaria, sin que ello

necesariamente, infrinja el debido proceso de ley que le asiste a toda

persona.

      En lo pertinente a las resoluciones emitidas sumariamente en

los procesos adjudicativos administrativos, la sección 3.7(b) de la

LPAU establece que:

      Si la agencia determina a solicitud de alguna de las
      partes y luego de analizar los documentos que
      acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria
      y los documentos incluidos con la moción en oposición,
      así como aquellos que obren en el expediente de la
      agencia, que no es necesario celebrar una vista
      adjudicativa, podrá dictar órdenes o resoluciones
      sumarias, ya sean de carácter final, o parcial
      resolviendo cualquier controversia entre las partes, que
      sean separable de las controversias, excepto en aquellos
      casos donde la ley orgánica de la agencia disponga lo
      contrario.

      La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones
      sumarias en los casos en que (1) existen hechos
      materiales o esenciales controvertidos; (2) hay
      alegaciones afirmativas en la querella que no han sido
      refutadas; (3) surge de los propios documentos que se
      acompañan con la petición una controversia real sobre
      algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de
      derecho no procede.

      Por igual, en consonancia con las disposiciones de la LPAUG,

el Reglamento Núm. 8231, sobre Asuntos Programáticos de la

Oficina de Ética Gubernamental, supra, en su Artículo 6.11, dispone

lo pertinente a resolución sumaria de los asuntos adjudicativos ante

dicho foro administrativo. Particularmente, el mencionado cuerpo

reglamentario dispone lo siguiente:

      Cualquier parte podrá solicitar la resolución sumaria de
      todas o de cualquiera de las controversias a ser
      ventiladas en una audiencia mediante la presentación
      de una moción con no menos de veinte días calendario
      de antelación a dicha audiencia. La moción establecerá
      que no existe controversia de hecho esencial que haya
      que determinar en la audiencia y estará fundada en
KLRA202300022                                                        37

      documentos, sin limitarse a: declaraciones juradas,
      certificaciones, grabaciones, videos o fotografías.

      Dentro del término de diez días calendario, a partir de
      la notificación de una moción de resolución sumaria, la
      parte que se oponga a dicha moción deberá presentar
      su oposición. En ésta, deberá establecer que existe una
      controversia real sobre algún hecho esencial a
      determinar en la audiencia o que la resolución sumaria
      es inapropiada por alguna otra razón.

      No procederá dictar una resolución sumaria si: (1)
      existen hechos materiales o esenciales controvertidos;
      (2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no
      han sido refutadas; (3) surge de los documentos que se
      acompañan con la petición una controversia real sobre
      algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de
      derecho no procede.

      Si todas las controversias se resuelven mediante una
      resolución sumaria, no se celebrará audiencia y el
      oficial examinador procederá a emitir su informe; o el
      juez administrativo procederá a emitir su resolución
      final. Si sólo se deciden algunas de las controversias, el
      oficial examinador emitirá un informe parcial sobre las
      controversias resueltas; o el juez administrativo emitirá
      una resolución parcial. La audiencia continuará
      respecto a las controversias no resueltas.

      Examinado de novo y concienzudamente el caso ante nuestra

consideración, al palio del derecho antes esbozado, coincidimos con

la determinación     por la vía sumaria emitida por el             ente

administrativo. Por consiguiente, ante la ausencia de una actuación

arbitraria, ilegal, irrazonable o que constituya un abuso de

discreción por parte de la agencia administrativa, razonamos que

resulta innecesario que intervengamos con su determinación.

                                 IV

      Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la

determinación administrativa impugnada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones