Court Opinion

ID: 9916066
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:18:52.798022+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:49.495111
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

    ASOCIACIÓN DE                                 APELACIÓN
 RESIDENTES DE VALLE                              procedente del
    FORESTAL, INC.                                Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
          Apelada               KLAN202300694     Superior de San
                                                  Juan
              v.
                                                  Civil Núm.:
  JOSÉ D. SANTIAGO Y                              SJ2020CV06366
        OTROS
                                                  Sobre:
         Apelantes                                Cobro de Dinero,
                                                  Regla 60
Panel integrado por su presidente, el Juez Ronda del Toro, la Jueza
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Álvarez Esnard, jueza ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

      Comparecen José D. Santiago (señor Santiago ), Lizzie Negrón

(señora Negrón) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos (en conjunto, los Apelantes) y solicitan la revocación de la

Sentencia emitida el 20 de diciembre de 2020, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o foro primario),

notificada el 30 de junio de 2023. Mediante la referida Sentencia, el

foro primario declaró Ha Lugar la Demanda en cobro de dinero

presentada por la Asociación de Residentes del Valle Forestal Inc.,

(Asociación de Residentes o la Apelada) en contra de los Apelantes

al amparo del procedimiento sumario que provee la Regla 60 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, y les ordenó pagar a la

Apelada la suma de $6,200.00 por concepto de cuotas de

mantenimiento adeudadas, las costas y una suma de $200.00 por

concepto de honorarios de abogado.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
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                                   I

      Los Apelantes son titulares de un inmueble ubicado en la

Calle Ficus C-1 de la Urbanización Valle Forestal, en San Juan, la

cual se encuentra dentro del control de acceso que administra la

Apelada. El 25 de noviembre de 2020, la Asociación de Residentes

presentó Demanda en cobro de dinero por concepto de cuotas de

mantenimiento adeudadas en contra de los Apelantes, al amparo de

la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.1 En síntesis, la Asociación

de Residentes alegó en la Demanda que los Apelantes, como titulares

del inmueble localizado en la Urbanización Valle Forestal, están

obligados a pagar cuotas de mantenimiento conforme a las

Condiciones Restrictivas del Reglamento de la Asociación de

Residentes de Valle Forestal Inc.      De igual forma, esbozan en la

demanda que el canon de mantenimiento corresponde a la cantidad

de $40.00 mensuales pagaderos durante los primeros cinco días del

mes y que los apelantes dejaron de pagar las mismas, por lo que

hasta el mes de noviembre de 2020 adeudaban la suma de

$5,615.00. Arguyen además, que dicha suma incrementa a razón

de $40.00 mensuales; que la Apelada le ha requerido el pago de la

suma adeudada y los Apelantes se han negado a pagarla; que la

Asociación de Residentes declaró vencida la totalidad de la deuda y

que las cantidades reclamadas son líquidas y exigibles.

      Al respecto, el 20 de octubre de 2021, el foro primario expidió

Notificación y Citación sobre Cobro de Dinero al amparo de la Regla

60 de Procedimiento Civil, supra, dirigida al señor Santiago, a la

señora Negrón y a la sociedad legal de gananciales, en la que les

notificó señalamiento de juicio para el 15 de diciembre de 2021

mediane videoconferencia.2

1 Entrada Núm. 1 de SUMAC.
2 Véase Entrada Núm. 3 de SUMAC.
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      El 10 de diciembre de 2021, los Apelantes presentaron

Contestación a Demanda y Reconvención, ante el TPI. Éstos

levantaron como defensas afirmativas falta de legitimación activa de

la Asociación de Residentes y falta de parte indispensable de los

propietarios de las fincas identificadas y localizadas en el plano

certificado, más no negaron la existencia de la deuda reclamada en

la Demanda.3 En síntesis, en la Contestación a Demanda y

Reconvención los Apelantes alegaron que como la Apelada no había

evidenciado su legitimación activa para cobrar la suma por concepto

de cuota de mantenimiento alegadamente adeudada por éstos sobre

el inmueble en cuestión, la reclamación de la Asociación de

Residentes está sujeta a una causa de nulidad. 4

      La vista de Regla 60 se celebró el 15 de diciembre de 2021

mediante videoconferencia, y durante la misma el abogado de la

Apelada, el licenciado Piovanetti Dohnetti, informó que a esa fecha

la deuda por concepto de cuota de mantenimiento ascendía a

$6,200.00.     En representación de la Asociación de Residentes

compareció su presidenta, la Sra. Mayra Piazza Pérez y la tesorera,

la Sra. Maritza González Pérez. Durante la vista, el señor Santiago

expresó que la Apelada carecía de legitimación activa para cobrar la

cuota de mantenimiento. La Asociación de Residentes procedió a

presentar como prueba el certificado de Good Standing de la

Asociación de Residentes de la Urbanización Valle Forestal y el

documento donde ubica la residencia de los Apelantes. De igual

forma el foro primario, tras escuchar los planteamientos de las

partes, resolvió que los Apelantes no tenían razón en solicitar la

conversión al procedimiento ordinario, que éstos debían la

suma reclamada por la Apelada por concepto de cuotas de

3 Véase Entrada Núm. 4 de SUMAC
4 Véase página 20 de la Contestación a Demanda y Reconvención. (Entrada

Núm. 4 de SUMAC)
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mantenimiento y que dictaría sentencia con la imposición de

pago de cuota de mantenimiento por la suma de $6,200.00 más

costas, gastos y honorarios de abogado por la suma de $200.00.5

       Por consiguiente, mediante Sentencia emitida el 20 de

diciembre de 2021, notificada el 30 de junio de 2023, el foro primario

declaró Ha Lugar la Demanda en cobro de dinero presentada por la

Asociación de Residentes en contra de los Apelantes, al amparo del

procedimiento sumario de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra,

y les ordenó pagar a la Apelada la suma de $6,200.00 por concepto

de cuotas de mantenimiento adeudadas, las costas y una suma de

$200.00 por concepto de honorarios de abogado.6

       En desacuerdo, el 11 de julio de 2023, los Apelantes

presentaron Moción Urgente de Reconsideración en la que alegaron

falta de legitimación de la Asociación de Residentes y argumentaron

que por ello, existía controversia sobre la liquidez de la deuda.7

Mediante Resolución emitida y notificada el 12 de julio de 2023 el

foro primario declaró No Ha Lugar la Moción Urgente de

Reconsideración presentada por los Apelantes.

       Inconformes, los Apelantes presentaron el recurso de epígrafe

el 9 de agosto de 2023 y señalan la comisión de los siguientes errores

por parte del foro primario:

              ERRÓ EL TPI AL NO EXAMINAR LA
              NOTIFICACIÓN-CITACIÓN   A  TODAS   LAS
              PARTES Y NO ATENDER LA CONTROVERSIA DE
              LA JURISDICCIÓN LA CUAL TENÍA ANTE SI,

5 Véase Minuta de 17 de diciembre de 2021, sobre la Vista celebrada el 15 de

diciembre de 2021, Entrada Núm. 7 de SUMAC
6 Mediante Sentencia emitida el 24 de mayo de 2022 en el caso con designación

alfanumérica KLAN202200228, este Tribunal de Apelaciones desestimó por
prematura la Apelación de la Sentencia emitida 20 de diciembre de 2021 por el
TPI en el caso SJ2020CV06366, y presentada también en aquella ocasión por los
aquí Apelantes. La desestimación de la Apelación por prematura, en el caso
KLAN202200228 obedeció a la falta de notificación a la señora Negrón y a la
sociedad legal de gananciales, de escritos posteriores a la Sentencia de 20 de
diciembre de 2021, presentados por la Asociación de Residentes del Valle Forestal
Inc., lo que impidió la activación del término para acudir en alzada ante este
Tribunal de Apelaciones. El 29 de junio de 2023 la Asociación de Residentes
presentó Moción Urgente en Cumplimiento de Orden en la que acreditó la
notificación de las mociones a todos los Apelantes. (Entrada Núm.31 de SUMAC)
El 30 de junio de 2023, el TPI notificó nuevamente la Sentencia emitida el 20 de
diciembre de 2021.
7 Véase Apéndice 8 de la Apelación.
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           INCUMPLIENDO CON LA REGLA 4.4 (E) DE
           PROCEDIMIENTO CIVIL Y ENTRAR EN LOS
           MÉRITOS DEL CASO. LA PARTE APELADA NO
           HA   PRESENTADO     EVIDENCIA    DE   LA
           NOTIFICACIÓN-CITACIÓN   AL   SR.    JOSÉ
           SANTIAGO POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE
           LA    SOCIEDAD    LEGAL    DE     BIENES
           GANANCIALES.

           ERRÓ EL TPI AL NO EXAMINAR Y ATENDER LA
           CONTROVERSIA SOBRE LA JURISDICCIÓN POR
           FALTA DE LEGITIMACIÓN LA CUAL TENÍA ANTE
           SI. LA PARTE APELADA NO HA PRESENTADO
           EVIDENCIA NECESARIA DE DOCUMENTO
           LEGAL QUE VINCULE EL NÚMERO DE FINCA
           DE LOS APELANTES CON LA ASOCIACIÓN.

           ERRÓ EL TPI AL NO EXAMINAR Y ATENDER LA
           CONTROVERSIA SOBRE EL NÚMERO DE
           MIEMBROS Y LA PROPORCIÓN POR MIEMBRO,
           LA CUAL TENÍA ANTE SÍ. LA PARTE APELADA
           NO HA PRESENTADO EVIDENCIA DE PLANO
           CERTIFICADO POR UN PROFESIONAL QUE
           CERTIFIQUE EL NÚMERO DE MIEMBROS Y LA
           PROPORCIÓN POR MIEMBRO.

           ERRÓ EL TPI AL NO EXAMINAR Y ATENDER LA
           CONTROVERSIA SOBRE LA LIQUIDEZ DE LA
           DEUDA, LA CUAL TENÍA ANTE SÍ, LA PARTE
           APELADA NO HA PRESENTADO EVIDENCIA
           NECESARIA Y PERTINENTE PARA ATENDER
           ESTE ERROR PLANTEADO.

     Por su parte, la Asociación de Residentes compareció ante nos

el 8 de septiembre de 2023, mediante Alegato de la Parte Apelada.

En síntesis, la Apelada sostiene que el foro primario atendió y

adjudicó adecuadamente la controversia sobre la liquidez de la

deuda por concepto de cuotas de mantenimiento, la cual es una

suma que está vencida y es líquida y exigible. Como argumento

central, afirma la Apelada que los Apelantes reconocieron ante el

foro primario que pagaron solamente las cuotas de mantenimiento

sobre la propiedad objeto de la reclamación de cobro, desde que

adquirieron el inmueble en el año 2003 hasta el año 2010; que

dejaron de pagar las cuotas a partir de enero de 2011 hasta el

presente y que los Apelantes no cuestionaron la cuantía reclamada

por la Asociación de Residentes. De igual forma, aduce la Apelada

que no incidió el TPI al resolver que las demás controversias
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planteadas por los Apelantes tenían que presentarse mediante un

procedimiento ordinario, independiente a la reclamación de cobro

de dinero presentada por la Apelada al amparo de la Regla 60 de

Procedimiento Civil, supra.     También sostiene la Asociación de

Residentes que mediante la declaración jurada prestada por la

Sra. Maritza González Pérez, tesorera de la Asociación de

Residentes, la Apelada acreditó el balance adeudado e incluyó el

estado de cuenta de la propiedad de los apelantes. Finalmente, la

Apelada sostiene que durante el día de la vista ante el foro primario

presentó un estado de cuenta actualizado a esa fecha que acreditó

el balance adeudado por cuotas de mantenimiento, sin que los

Apelantes presentaran prueba en contrario

                                  II

                                  A.

      La Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, establece un

proceso sumario de cobro de dinero, en el cual las demás reglas de

procedimiento civil para trámites ordinarios aplican de manera

supletoria, siempre que no menoscaben la disposición sumaria del

asunto. RMCA v. Mayol Bianchi, 208 DPR 100 (2021).                  El

mecanismo provisto por la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra,

es uno de carácter sumario, cuya principal finalidad es imprimir

celeridad al curso del procedimiento que al amparo de sus

disposiciones atiende.    La Regla 60, supra, provee un método

especial para dirimir reclamaciones de cobro de dinero de cuantías

que no excedan quince mil dólares ($15,000), provee de este modo,

una pronta y ágil adjudicación en cuanto a este tipo de controversias

y facilita, a su vez, el acceso a la maquinaria judicial. Precisamente,

dado que la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, busca

simplificar la adjudicación de la causa que atiende, el rigor de los

preceptos ordinarios incluidos en las Reglas de Procedimiento Civil,

le son aplicables de manera supletoria. Así pues, el foro primario
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está facultado para atender el día de la vista todas las cuestiones

litigiosas y dictar sentencia. Véase, Asoc. Res. Colinas Metro v.

S.L.G., 156 DPR 88 (2002). En conformidad con lo anterior la Regla

60, supra dispone lo siguiente:

       La notificación-citación indicará la fecha señalada para la
       vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de los
       tres (3) meses a partir de la presentación de la demanda,
       pero, nunca antes de quince (15) días de la notificación a
       la parte demandada. En la notificación se advertirá a la
       parte demandada que en la vista deberá exponer su
       posición respecto a la reclamación, y que si no comparece
       podrá dictarse sentencia en rebeldía en su contra.

       La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o
       mediante representación legal. El Tribunal entenderá en
       todas las cuestiones litigiosas en el acto de la vista y
       dictará sentencia inmediatamente. Como anejo a la
       demanda, el demandante podrá acompañar una
       declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos
       en la demanda o copia de cualquier otro documento
       que evidencie las reclamaciones de la demanda.

       Para la tramitación de un pleito conforme al
       procedimiento establecido en esta Regla, la parte
       demandante debe conocer y proveer el nombre y la última
       dirección conocida de la parte demandada al momento de
       la presentación de la acción judicial. De lo contrario, el
       pleito se tramitará bajo el procedimiento ordinario.

      “[E]n el procedimiento sumario de la referida Regla 60 se

prescinde de la contestación a demanda y del descubrimiento de

prueba. Además, éste no considera la presentación de alegaciones

tales como la reconvención y demanda contra terceros, entre otras”.

RMCA v. Mayol Bianchi supra, pág. 109; Asoc. Res. Colinas Metro v.

S.L.G., supra, págs. 99-100.       En lo pertinente a las defensas

afirmativas, estas comprenden materia de naturaleza sustantiva y/o

materia constitutiva de excusa, por la cual la parte demandada debe

responder a las reclamaciones en su contra. RMCA v. Mayol Bianchi

supra, pág. 110; Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263,280

(2012). “Las defensas afirmativas solo tienen un propósito defensivo,

entiéndase, impedir que el reclamo [en contra de la parte

demandada] prospere”. RMCA v. Mayol Bianchi supra, pág 110

citando a Bacardí Corp. Torres Arroyo, 202 DPR 1014,1023 (2019)
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      En lo pertinente, al emplazamiento, la citación y el

diligenciamiento la doctrina vigente en el contexto de la Regla 60,

supra, según esbozada en Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra.

páginas102-103 dispone lo siguiente:

             “Al ser el diligenciamiento personal el método más
             efectivo para garantizar que a la parte demandada se
             le notifica de la reclamación en su contra y de la fecha
             cuando se celebrará la vista en su fondo, para que
             pueda comparecer a defenderse, si así lo desea, éste
             es compatible con la Regla 60, supra, por lo tanto, está
             permitido a pesar de no estar específicamente
             dispuesto en dicha regla. (Citas omitidas)
             Debido a las diferencias descritas anteriormente entre
             el procedimiento de la Regla 60, supra, y el
             procedimiento ordinario y, más aún, entre el
             emplazamiento y la notificación-citación, entendemos
             que el término de seis meses que proveen las citadas
             Reglas 4.3(b) y 39.2 (b) no aplican al procedimiento de
             la Regla 60, supra.

             Sobre la aplicación de la Regla 4.3(b), supra, al
             procedimiento de la citada Regla 60 hay que tomar en
             consideración que bajo la Regla 60, supra, no se
             expide un emplazamiento sino una notificación
             citación, y que su diligenciamiento, por su naturaleza
             está en manos del propio tribunal, no del
             demandante. Así lo dispone expresamente la citada
             Regla 60: “cuando no se solicite específicamente en la
             demanda tramitar el caso bajo el procedimiento
             ordinario prescrito por las reglas, el secretario
             inmediatamente notificará al demandado por correo o
             cualquier otro medio de comunicación por escrito”, esta
             notificación incluirá no sólo la demanda, sino también
             la citación para la vista del caso en su fondo”.

      Indistintamente de lo anterior, procede evaluar si los trámites

procesales ante el TPI reflejan o no sin lugar a dudas, que luego de

la notificación-citación, el tribunal ha continuado tramitando el

caso, bajo el procedimiento ordinario de las Reglas de Procedimiento

Civil. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 104.

      Según surge de la precitada Regla 60, existen varias

instancias en las cuales es viable convertir una causa de acción

incoada bajo esta regla en un procedimiento ordinario, a saber: (1)

si la parte demandada demuestra que tiene una reclamación

sustancial; (2) si, en el interés de la justicia, las partes solicitan que

el pleito continúe bajo el trámite civil ordinario; y (3) si, partiendo de

ese mismo interés, el tribunal motu proprio lo ordena. RMCA v. Mayol
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Bianchi, supra, pág. 108, citando a Cooperativa v. Hernández

Hernández, 205 DPR 624, 637-638 (2020). Si bien ambas partes

tienen derecho a solicitar la conversión del procedimiento, ello no

implica que automáticamente la conversión deba ser concedida, sino

que el foro de origen debe sopesar los méritos de la solicitud.

Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 637.

      En una acción de cobro de dinero, la parte demandante tiene

que probar ser la acreedora de una deuda vencida, líquida y exigible.

RMCA v. Mayol Bianchi, supra, pág. 108; Ramos y otros v. Colón y

otros, 153 DPR 534, 546 (2001). Sobre ese particular, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico definió que es líquida aquella deuda cierta

y determinada, mientras que se considera exigible porque puede

demandarse su cumplimiento. Íd. Es decir que, “al alegarse que la

cuenta es ‘líquida y exigible’ se están exponiendo hechos, a saber:

que el residuo de la cuantía ha sido aceptado como correcto por el

deudor y que está vencido”. Íd., citando a Guadalupe v. Rodríguez,

70 DPR 958, 966 (1950). (Énfasis omitido).

      El hecho de que la deuda sea líquida y exigible en una

demanda sobre cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de

Procedimiento Civil, supra, es un elemento que, además de la

notificación-citación, debe ser superada por la parte promovente

para que el tribunal pueda atender todas las cuestiones litigiosas y

dictar sentencia inmediatamente. RMCA v. Mayol Bianchi, supra,

pág. 109; Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 636,

citando a Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 100.

                                 III

      Como cuestión de umbral enfatizamos que los documentos a

los que aluden los Apelantes en el recurso de epígrafe pertinentes al

procedimiento sumario al amparo de la Regla 60 de Procedimiento

Civil, supra, tales como la Demanda, la Contestación a Demanda y

Reconvención, la Notificación y Citación Sobre Cobro de Dinero y la
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Minuta de la Vista en su Fondo celebrada el 15 de diciembre de

2021, no fueron incluidos en el Apéndice de los Apelantes, por lo

que fue necesario accederlos a través del Sistema Unificado de

Manejo y Administración de Casos (SUMAC) para la adjudicación de

la Apelación.

      Es la contención de los apelantes en su primer señalamiento

de error que en la notificación -citación el foro primario tenía que

cumplir con la Regla 4.4 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.4.4(e) referente a los emplazamientos. Sobre el particular,

aclaramos que conforme a lo resuelto en Asoc. Res. Colinas Metro v.

S.L.G., supra. páginas102-103, el Tribunal Supremo hizo constar lo

siguiente:

             “[H]ay que tomar en consideración que bajo la Regla
             60, supra, no se expide un emplazamiento sino
             una     notificación    citación,     y   que    su
             diligenciamiento, por su naturaleza está en manos
             del propio tribunal, no del demandante. Así lo
             dispone expresamente la citada Regla 60: “cuando
             no se solicite específicamente en la demanda
             tramitar el caso bajo el procedimiento ordinario
             prescrito    por    las   reglas,    el  secretario
             inmediatamente notificará al demandado por
             correo o cualquier otro medio de comunicación
             por escrito”, esta notificación incluirá no sólo la
             demanda, sino también la citación para la vista del
             caso en su fondo.” (Énfasis suplido)

      De la Notificación-Citación sobre Cobro de Dinero expedida el

20 de octubre de 2021 por el foro primario al amparo de la Regla

60 de Procedimiento Civil, supra, surge que la misma fue dirigida al

señor Santiago, a la señora Negrón y a la sociedad legal de

gananciales compuesta por ambos, y que dicha notificación-citación

les indicó la fecha señalada para la vista en su fondo, la cual se

celebró el 15 de diciembre de 2021. Los Apelantes comparecieron a

la vista en su fondo y tuvieron oportunidad de controvertir la prueba

desfilada por la Asociación de Residentes sobre la existencia y la

liquidez de la deuda.

      Hay que tener presente que en el caso de epígrafe los

Apelantes no incluyeron como defensa afirmativa la iliquidez de la
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deuda en la Contestación a Demanda, sino que su defensa afirmativa

estuvo centrada en el planteamiento de alegada falta de legitimación

activa de la Asociación de Residentes para gestionar el cobro. Dicho

planteamiento continuó durante la vista en su fondo celebrada el 15

de diciembre de 2021.

      Luego de examinar el expediente ante nos, se desprende

claramente que la deuda reclamada por la Apelada por concepto de

cuota de mantenimiento es una deuda determinada, vencida,

líquida y exigible.   Surge, además, del expediente que con la

demanda, la Apelada incluyó una Declaración Jurada, prestada por

la Sra. Maritza González Pérez, tesorera de la Asociación de

Residentes, que acreditó el balance adeudado y el estado de cuenta

de la propiedad de los Apelantes.

      Cabe destacar que según surge de la Minuta del juicio en su

fondo celebrado el 15 de diciembre de 2021, al amparo de la Regla

60 de Procedimiento Civil, supra, las partes comparecieron y estuvo

presente la Sra. Maritza González Pérez, tesorera de la Asociación

de Residentes que prestó la declaración jurada y acreditó el balance

adeudado por los Apelantes.

      De igual forma, surge de dicha Minuta que durante el juicio,

los Apelantes se limitaron a cuestionar la legitimación activa de la

Asociación de Residentes para reclamar el pago de la deuda, y a

argumentar que procedía la conversión al procedimiento ordinario

sin negar la existencia de la deuda y sin presentar prueba en

contrario a la desfilada por la Apelada.

      En el caso que nos ocupa, se desprende de la Minuta del juicio

celebrado el 15 de diciembre de 2021, que la Asociación de

Residentes presentó un estado de cuenta actualizado a esa fecha

que acreditó el balance adeudado por los apelantes por concepto

cuotas de mantenimiento, sin que estos presentaran prueba

contraria a la desfilada . En consecuencia, al quedar demostrada la
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liquidez de la deuda el TPI denegó la solicitud de los Apelantes para

la conversión del procedimiento en uno ordinario. La naturaleza del

procedimiento en ningún momento cambió para convertirse en uno

ordinario.

      En esa dirección, advertimos, además, que como los Apelantes

no presentaron como defensa afirmativa la iliquidez de la deuda en

la Contestación a Demanda, no incidió el foro primario al denegar la

solicitud de éstos de conversión al procedimiento ordinario. Como

corolario de lo anterior, no procede atender el segundo y tercer

señalamiento de error de los Apelantes en el recurso de epígrafe ya

que éstos no están relacionados a la liquidez ni a la exigibilidad de

la   deuda   sino   a   señalamientos   que   serían   objeto   de   un

procedimiento ordinario.

      A la luz de lo esbozado, concluimos que no incidió el foro

primario al declarar vencida y exigible la deuda por concepto de

cuota de mantenimiento, reclamada por la Asociación de Residentes

a los Apelantes.

                                IV

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales

hacemos formar parte de esta Sentencia confirmamos la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones