Court Opinion

ID: 9952245
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:33:01.058823+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:18.448769
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

  MUNICIPIO DE CAGUAS                                      APELACIÓN
                                                           Procedente del
            Apelado                                        Tribunal de
                                                           Primera Instancia,
                v.                                         Sala Superior de
                                                           Caguas
    CARLOS ESTEVES                  KLAN202200770
   TORRES, CENTRO DE                                       Civil Núm.:
    RECAUDACIÓN DE                                         CG2022CV00807
 INGRESOS MUNICIPALES
        (CRIM)                                             Sobre:
         y otros                                           Expropiación
                                                           Forzosa
           Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

       Comparece el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

(en adelante parte apelante o CRIM) mediante un recurso de

Apelación, para solicitarnos la revisión de la Sentencia emitida el 1

de septiembre de 2022 y notificada el 2 de septiembre de 2022 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en

adelante TPI).2 Mediante el dictamen apelado, el foro primario

declaró Ha Lugar la Petición sobre expropiación forzosa presentada

por el Municipio de Caguas (en adelante Municipio o apelado).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

                                        I

       El 11 de marzo de 2022, el Municipio presentó una Petición

sobre expropiación forzosa.3 Mediante esta, justificó la necesidad de

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
de la Hon. Alicia Álvarez Esnard.
2 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 292-303.
3 Id., a las págs. 1-6.

Número Identificador

SEN2024____________
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adquirir la propiedad objeto de dicha acción por medio de la

Ordenanza Municipal Número 20, Serie Núm. 2018-2019, ya que el

aludido inmueble había sido declarado estorbo público. El Municipio

estimó que la compensación justa y razonable que se debía pagar

por la propiedad era la suma de cuarenta y siete mil dólares

($47,000.00), sin embargo, sostuvo que conforme a la Sección 5(a)

de la Ley General de Expropiación Forzosa,4 existía una deuda por

contribuciones y gastos de limpieza, mantenimiento y otras

expensas necesarias para eliminar la condición de estorbo público,

las cuales totalizaban $61,308.40. Ante esto, el apelado razonó que

no se requería depositar ninguna suma de dinero al TPI en concepto

de justa compensación y, en consecuencia, solicitó, entre otras

cosas, que el Municipio quedara investido con el título de pleno

dominio sobre la propiedad en cuestión.

       Por su parte, el 5 de abril de 2022, la parte apelante presentó

un documento intitulado Comparecencia Especial para Notificar

Contribuciones      Adeudadas.5       En    esencia,    argumentó     que   la

propiedad que el Municipio pretendía expropiar tenía una deuda

contributiva de $90,971.32 y que el CRIM tenía una acreencia sobre

dicha cantidad. A tales efectos, solicitó al TPI que se emitiera un

cheque a favor del CRIM por la cantidad antes mencionada, para

cubrir toda la deuda contributiva de la propiedad expropiada.

       Subsiguientemente, el 3 de mayo de 2022, el TPI emitió una

Orden en la cual declaró Ha Lugar una moción del Municipio en la

que solicitaba el emplazamiento y notificación por medio de edictos

de las partes con interés Carlos Esteves Torres, John Doe y Richard

Roe.6 Consecuentemente, el TPI ordenó que estas personas fuesen

emplazadas y notificadas conforme a la Regla 58.4 de Procedimiento

4 Ley General de Expropiación Forzosa, Ley de 12 de marzo de 1903, 32 LPRA sec.

2902.
5 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 100-106.
6 Id., a las págs. 122-123.
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Civil.7     Cabe   aclarar     que   surge    del   expediente   que   estos

emplazamientos se expidieron el 5 de mayo de 2022.8

          Por otro lado, el 5 de mayo de 2022, la parte apelada presentó

una Moción en en (sic) Oposición a Solicitud del CRIM Hecha en

Comparecencia Especial para Notificar Contribuciones Adeudadas

(SUMAC Doc. 6).9 Fundamentó su postura con el planteamiento en

torno a que no procedían los remedios solicitados por la parte

apelante toda vez que en casos de propiedades declaradas como

estorbos, los municipios tendrían la facultad en los casos de

expropiación forzosa para deducir de la suma de dinero estimada

como justa compensación, las deudas, gravámenes por concepto de

multas y gastos de limpieza y mantenimiento de la propiedad

inmueble.

          Tras una serie de eventos procesales los cuales no son

necesarios pormenorizar, el 31 de agosto de 2022, el Municipio

presentó una Moción para Someter Affidavit de Publicación de

Edicto,10 en la cual anejó evidencia relacionada a que se había

publicado el emplazamiento por edicto en un periódico de

circulación general. De ahí, el 29 de agosto de 2022, se llevó a cabo

una vista argumentativa11 y el 1 de septiembre de 2022 el TPI emitió

su Sentencia.12 En el dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la

expropiación de conformidad con los siguientes pronunciamientos:

          1. Se declara No Ha Lugar a la Moción Uniéndonos a la
             Representación Legal y Solicitando Paralización por
             Falta de Parte con Interés presentada por el CRIM el
             29 de agosto de 2022.

          2. Habiéndose declarado Ha Lugar el Exhibit “A”
             Enmendado que radicó el Municipio conjuntamente
             con una solicitud de enmienda, dicho Exhibit “A”
             Enmendado se hace formar parte de esta Sentencia
             para todo fin legal.

7   32 LPRA Ap. V, R. 58.4.
8 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 125-126.
9 Id., a las págs. 128-154.
10 Id., a las págs. 285-286.
11 Id., a las págs. 287-289.
12 Id., a las págs. 292-303.
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        3. Se decreta que la justa compensación a pagarse por
           la propiedad expropiada lo constituye la suma de
           CUARENTA Y SIETE MIL DOLARES ($47,000.00), la
           cual por exceder las cantidades adeudadas por
           contribuciones, gastos de limpieza, mantenimiento y
           aquellos necesarios para la eliminación del estorbo
           público, crea una deficiencia de SESENTA Y UN MIL
           TRESCIENTOS OCHO D[Ó]LARES CON CUARENTA
           CENTAVOS CIENTO (-$61,308.40) a favor del
           Municipio por lo que no se requiere de consignación
           alguna.

        4. Se Ordena al CRIM a eliminar del expediente
           contributivo de la propiedad aquí expropiada,
           catastro número 225-074-189-17-001 la deuda por
           contribuciones sobre la propiedad acumulada.

        5. El Municipio tiene derecho al título en pleno
           dominio, posesión y uso inmediato de la propiedad
           expropiada, la cual deberá entregar materialmente
           toda persona que la ocupe o est[é] a cargo de ella.

        6. El Honorable Registrador de la Propiedad deberá
           inscribir a favor del MUNICIPIO DE CAGUAS el título
           en pleno dominio de la propiedad que se describe en
           el Exhibit “A” Enmendado, libre de toda clase de
           cargas, menciones, defectos o reservas de cualquier
           clase o naturaleza.

        7. Se Ordena la eliminación de John Doe y Richard Roe
           por carecer de interés en estos procedimientos.13

        Dicha Sentencia se notificó el 2 de septiembre de 2022 a la

representación legal del CRIM y del Municipio.14 Inconforme, el 3 de

octubre de 2022, compareció el CRIM mediante un recurso de

Apelación en el cual esgrimió la comisión de dos (2) errores por el

foro primario, a saber:

        A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al entender
           que el CRIM no tiene legitimación activa para cobrar
           o recaudar la contribución por entender que el
           Municipio tiene facultad concedida por la Sección 5A
           de la Ley General de Expropiación Forzosa y por el
           Código Municipal de 2020, Artículo 4.010(d), para
           descontar de la suma determinada como justa
           compensación inicial todas las deudas por gastos de
           limpieza y mantenimiento para eliminar la condición
           de estorbo público y deudas, intereses, recargos,
           penalidades, que correspondan a contribuciones
           sobre la propiedad inmueble, en el acto de instar la
           acción de expropiación en el Tribunal equiparando
           dicho acto inherente de un proceso de expropiación

13 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 302-303.
14 Id., a la pág. 292.
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          a un acto administrativo dentro de un proceso de
          declaración de un estorbo público y determinando
          que el mismo no es revisable por el Tribunal. Aun
          cuando ello constituye un acto contrario a la
          separación de poderes de nuestra Constitución y
          cuando resulta contrario con las disposiciones
          relacionadas con las facultades del CRIM, al
          fideicomiso establecido, la distribución estatuida del
          recaudo y la prelación de redención de deudas
          estatales y municipales establecida en la Ley 107-
          2020.

       B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al impedirle al
          CRIM tener la oportunidad de examinar mediante el
          mecanismo de contrainterrogatorio en una vista la
          evidencia de las deudas por gastos de limpiezas y
          mantenimiento para eliminar la condición de estorbo
          público en violación al debido proceso de ley en su
          acepción de juicio justo a pesar de ya haber señalado
          vista a los efectos y de haber ordenado que la parte
          contraria se expresara.

       Puntualizamos que de los autos pudimos constatar que, al

menos a la fecha en que se presentó el escrito de Apelación, el foro

primario no había emitido una notificación de sentencia por edicto,

menos aún su publicación. Oportunamente, el 1 de noviembre de

2022, compareció le Municipio con su Alegato en Oposición de la

parte Apelada. Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver la controversia que está ante nuestra

consideración.

                                       II

   A. Jurisdicción

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su

consideración.15 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden

otorgársela.16 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que:

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que

15 AAA v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, 199 DPR 638,

651-52.
16 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).
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no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la

tienen”.17 Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la

jurisdicción de los tribunales para atender los recursos ante su

consideración constituyen materia privilegiada.18 De manera que,

debido a su naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción

deben ser resueltas con preferencia, ya sea porque fuera

cuestionada o motu proprio, pues, por su naturaleza, incide

directamente sobre el poder que tiene para adjudicar las

controversias.19

       Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción,

debe declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus

méritos.20 De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos será

nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar.21 Es decir, una

sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia

nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.22

   B. Notificación Adecuada.

       En nuestro ordenamiento jurídico es necesario que la

notificación de las ordenes, resoluciones y sentencias emitidas por

los tribunales se den de forma adecuada.23 Ello, pues así el debido

proceso de ley en su vertiente procesal lo exige.24 Así pues, “[l]a

incorrecta notificación de los dictámenes emitidos por los tribunales

atenta contra los derechos de las partes al privarles de cuestionar el

dictamen emitido y causarles demoras e impedimentos en el proceso

judicial.25 Por ello, al no notificarse adecuadamente alguna

17 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).
18 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).
19 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018).
20 Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
21 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016); Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).
22 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).
23 Berrios Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 250 (2016).
24 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011).
25 Berrios Fernández v. Vázquez Botet, supra, 250-251.
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resolución, orden o sentencia, estas no surten efecto y los términos

no comienzan a transcurrir.26

   En armonía con lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha explicado que “[l]a notificación adecuada de una

parte es aquella que se dirige específicamente a la parte o a su

representación legal”.27

    En ese sentido, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, regula lo

concerniente al proceso de notificación de órdenes, resoluciones y

sentencia a aquellas partes que han sido emplazados mediante

edicto:

       En el caso de partes en rebeldía que hayan sido
       emplazadas, por edictos y que nunca hayan
       comparecido en autos o de partes demandadas
       desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un
       aviso de notificación de sentencia por edictos para su
       publicación por la parte demandante. El aviso
       dispondrá que éste, debe publicarse una sola vez en un
       periódico de circulación general en la Isla de Puerto Rico
       dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación
       e informará a la parte demandada de la sentencia
       dictada y del término para apelar. Copia del aviso de
       notificación de sentencia publicado será notificada a la
       parte demandada por correo certificado con acuse de
       recibo dentro del término de diez (10) días luego de la
       publicación del edicto a la última dirección conocida del
       demandado. Todos los términos comenzarán a
       computarse a partir de la fecha de la publicación del
       edicto, la cual deberá acreditarse mediante una
       declaración jurada del (de la) administrador(a) o
       agente autorizado(a) del periódico, acompañada de
       un ejemplar del edicto publicado. (Énfasis suplido).28

       La citada regla establece que la Secretaría del TPI tiene la

obligación de notificar una sentencia para su publicación por edicto

en tres (3) circunstancias determinadas, cuando la parte se emplazó

por edicto, no compareció o era un demandado desconocido.29 A esto

también se ata la norma reiterada referente a que la notificación a

26 Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 183 (2015).
27 R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 525 (2010).
28 32 LPRA Ap. V, R. 65.3.
29 Bco. Popular v. Andino Solís, supra, 185.
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las partes es un requisito importante para que una sentencia

contenga un aspecto de finalidad y firmeza. Un dictamen judicial es

final cuando se archiva en autos la notificación y se registra la

sentencia, pero se convierte en firme una vez haya transcurrido el

término para pedir reconsideración o apelar sin que esto se haya

hecho.30 Sin embargo, si la sentencia “no se notifica a una parte

la misma carece de eficacia y los términos para solicitar

remedios o presentar recurso contra ella no decursan”. (Énfasis

suplido).31 Así, “si no se cumple con el trámite de notificación de las

sentencias, éstas no surtirán efecto alguno ni podrán ser

ejecutadas”.32

                                        III

       Como cuestión de umbral, este tribunal intermedio tiene la

obligación de auscultar nuestra jurisdicción para atender el recurso

de Apelación presentado por el CRIM. La parte apelante acudió ante

nos y esgrimió la comisión de dos (2) errores por parte del TPI: (i)

que el foro primario erró al determinar que el CRIM no tenía

legitimación activa para cobrar una contribución por entender que

el Municipio tiene la facultad concedida por ley para descontar de la

suma determinada como justa compensación todas las deudas que

correspondan a contribuciones sobre propiedad inmueble y (ii) que

el foro a quo incidió al impedirle al CRIM la oportunidad de

contrainterrogar en una vista, la prueba relacionada a los gastos

para eliminar la condición de estorbo público.

       Es menester resaltar que la parte apelante presentó el

presente recurso el 3 de octubre de 2022. Asimismo, el TPI emitió

su Sentencia, en la que declaró Ha Lugar la Petición de expropiación

30 Cruz Roche v. Colon y Otros, 182 DPR 313, 323, (2011), citando a R. Hernández

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Ed. Lexis Nexis, 2010, Puerto Rico, págs.
378–379.
31 R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta

ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2802, pág. 212.
32 Velez v. A.A.A., 164 DPR 772, 789 (2005).
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forzosa el 1 de septiembre de 2022 y la notificó el 2 de septiembre

de 2022. Surge de dicha notificación que el foro primario notificó su

dictamen a las siguientes personas: Alexis Miguel Acevedo Colón,

Brenda I Varay López y Fernando Van Derdys quienes fueron la

representación legal del CRIM e igualmente se le notificó a Cynthia

Torres Torres quien fue la representación legal del Municipio.

        Sin embargo, conforme surge de expediente, en una moción

intitulada Moción para Someter Affidavit de Publicación de Edicto,33

de la propia Sentencia apelada y de la minuta de la vista

argumentativa que se celebró el 29 de agosto de 2022, se constató

que se emplazó por edicto a las partes con interés en este caso, a

saber, Carlos Esteves Torres, John Doe y Richard Roe.

        Como parte de nuestro ejercicio para auscultar nuestra

jurisdicción examinamos los autos del TPI en el SUMAC. Los autos

revelan que posterior a que la parte apelante presentara el presente

recurso de Apelación ante esta Curia, el 9 de junio de 2023, el

Municipio presentó ante el TPI una Escrito al Expediente Judicial.34

Mediante esta, explicó que la Sentencia no había sido notificada por

edicto y publicada conforme a las disposiciones de la Regla 65.3 (c)

de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, por lo cual le solicitó al

TPI que emitiera la orden a los efectos de cumplir con dicha

disposición. Así pues, el 13 de junio de 2023, el foro primario notificó

una Orden, para que se notificara por edicto la Sentencia apelada.35

Así las cosas, el 10 de julio de 2023, el Municipio presentó una

Moción Informativa en la cual acreditó que la sentencia fue publicada

mediante edicto, el 16 de junio de 2023.36 Es claro que todos estos

incidentes procesales ocurrieron luego de la presentación del

33 Véase, SUMAC, a la entrada 30
34 Id., a la entrada 56.
35 Id., a la entrada 57.
36 Id., a la entrada 59.
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recurso de Apelación, es decir estando el caso ante nuestra

consideración.

       Forzoso es concluir, que al momento en que la parte apelante

presentó su Apelación, la Sentencia apelada no había cobrado

eficacia toda vez que no se les había notificado a las partes con

interés que fueron debidamente emplazadas por edicto y que no

comparecieron al pleito. La Regla 65.3 (c) es clara en cuanto a que

toda sentencia debe notificarse por edicto a aquellas partes que

fueron emplazadas mediante ese mismo medio y no comparecieron

al pleito.37 El no cumplir con esta norma no solo repercute en la

eficacia del dictamen y el impedimento de que las partes puedan

recurrir de esta, sino que también constituye una violación al debido

proceso de ley. Por consiguiente, es forzoso concluir que en el

presente pleito no queda ninguna otra vía más que desestimar el

recurso por falta de jurisdicción por este ser prematuro.

                                  IV

       Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

de apelación por falta de jurisdicción, por haberse presentado

prematuramente.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

37 32 LPRA Ap. V, R. 65.3.