Court Opinion

ID: 9890307
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:13:48.643345+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:43.442462
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                                             PANEL VII

              WILMINGTON SAVINGS                              Certiorari
             FUND SOCIETY, FSB, AS                            procedente del
              TRUSTEE OF FINANCE                              Tribunal de
                  OF AMERICA                                  Primera Instancia,
                 STRUCTURED                                   Sala Superior de
                  SECURITIES                                  San Juan
               ACQUISITION TRUST
                   2019 HB1                                   Caso Núm.:
                                                              SJ2022CV01687
                       Recurrida                              (803 CIVIL)
                                           KLCE202300816
                           V.                                 Sobre:
                                                              NULIDAD DE
                SUCESIÓN DE                                   SENTENCIA
             GREGORIO VELÁZQUEZ
                CASTRO T/C/C
             GREGORIO VELÁZQUEZ
                  Y OTROS

                       Peticionario
            Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
            Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

            Grana Martínez, Jueza Ponente

                                           SENTENCIA

            En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

                   El 20 de julio de 2023, la parte peticionaria, Sucesión de

            Gregorio Velázquez Castro, compuesta por sus miembros, Deborah

            Velázquez Oyola; Jonathan Velázquez Oyola; Rebeca Velázquez Oyola;

            Raquel Velázquez Oyola; Abram Velázquez Oyola, Eunice Velázquez

            Oyola y David Velázquez Oyola, compareció ante nos y solicitó nuestra

            intervención para que dejemos sin efecto la Resolución, emitida y

            notificada, el 15 de mayo de 2023, por el Tribunal de Primera

            Instancia, Sala Superior de San Juan. En la misma, el foro recurrido

            declaró Ha Lugar la Oposición a Moción de Relevo de Sentencia,

            presentada por la parte recurrida, Wilmington Savings Fund Society,

            FBS, as Trustee of Finance of America Structured Securities

            Acquisition Trust 2019-HB1 (Wilmington o parte recurrida). Los

            hechos pertinentes a esta controversia son los siguientes.

Número Identificador

SEN2023________________
KLCE202300816                                                            2

                                    I

      El 8 de marzo de 2022, la parte recurrida presentó Demanda de

Nulidad y Relevo de Sentencia. En su escrito, instó dos causas de

acción. Ambas se dirigieron a solicitar que se relevara a las partes de

los efectos de la sentencia emitida el 1 de mayo de 2020 y notificada

el 7 de mayo de 2020, en el caso SJ2018CV4341 del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el cual versaba sobre

un pleito de ejecución de hipoteca, y en el que comparecieron como

partes los litigantes de epígrafe. En la referida determinación, el

tribunal   sentenciador   declaró   que   la   parte   peticionaria   debía

satisfacer, en favor de la parte recurrida, la suma de $60,705.52, más

los interese pactados al 5.060%; y una suma estipulada del 10% en

concepto de gastos, costas y honorarios de abogado. A esos efectos,

ordenó la venta en púbica subasta del inmueble, por ser la acción una

de naturaleza in rem. No obstante, la parte recurrida instó la presente

primera causa de acción para impugnar la validez de la referida

sentencia por motivos de nulidad, toda vez que, alegadamente, la

sentencia fue dictada en contra de una moratoria federal, la cual, a

esa fecha, impedía que se dictase sentencia en ejecución de hipoteca.

      En lo que respecta a la segunda causa de acción, la parte

recurrida fundamentó su petición de relevo de sentencia, bajo el

argumento de que existió fraude en el curso del pleito anterior. Ello,

debido a que, alegadamente, la parte peticionaria tenía conocimiento

sobre un error en la suma esbozada en la demanda del caso previo.

Particularmente, adujo que la parte peticionaria había sido informada,

mediante previas comunicaciones, sobre que la cantidad adeudada

ascendía a $681,671.19. Omitió informar que permitió que se dictara

Sentencia en su contra por una suma menor, específicamente

$60,705.52. Siendo así, arguyó que la suma principal verdaderamente

adeudada era de $681,671.19. A tenor con lo anterior, alegó que la

referida cifra era una vencida y pagadera, conforme surge de la
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Escritura de Hipoteca, dado que el inmueble objeto de ejecución de

hipoteca, no era la residencia principal de ninguno de los sucesores

del señor Gregorio Velázquez Castro. En cuanto al trámite procesal,

cabe resaltar que la sentencia cuya nulidad se pretende fue notificada

a las partes el 7 de mayo de 2020. No es hasta que la Sucesión, aquí

parte peticionaria, revela su interés de satisfacer la sentencia

mediante el pago de los $60,705.52, el 17 de agosto de 2021, más de

un año después de haber advenido final y firme, que Willmington

sostuvo haberse percatado del “alegado error” en la cuantía.

Entonces, presentó Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia y

Solicitud de Demanda Enmendada, en síntesis, suplicando el relevo de

la misma. El foro primario denegó esta por haberse presentado

tardíamente y además concluyó que, aun si hubiese sido presentada

oportunamente, los argumentos presentados como base de la misma,

no justificaban el relevo.1 Ante ello, Wilmington instó una acción

independiente y mediante la misma radicó la presente alegación en

solicitud de un remedio. En virtud de lo esbozado, solicitó al foro de

origen que declarara nula la sentencia notificada el 7 de mayo de

2020; que determinara la existencia de fraude al tribunal y, en

consecuencia, revelara a las partes de la referida sentencia.2

       Así las cosas, el 15 de marzo de 2022, la secretaría del tribunal

recurrido, expidió los emplazamientos de la parte peticionaria. Acto

seguido, el 27 de abril de 2022, la parte recurrida presentó escrito

intitulado Moción Urgente Solicitando Orden para Emplazar por Edicto

al Amparo de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil. En lo pertinente, la

referida parte de una forma sucinta expuso las gestiones que llevó a

cabo para el diligenciamiento de los emplazamientos. En apoyo a sus

argumentos, anejó una declaración jurada, con fecha del 25 de abril

de 2022, suscrita por el emplazador Frank Vega Pérez. Surge de los

1 Véase, pág. 72 del apéndice del recurso.
2 Véase, pág. 1 -11 del apéndice del recurso.
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dichos del emplazador, que el 23 de marzo de 2022, visitó la dirección

donde se ubicaba el inmueble objeto de litigio, Urbanización Milaville

García #32, en el pueblo de San Juan y encontró la propiedad

abandonada.

       Ese mismo día, se presenció a otra dirección, Condominio

Treasure Point, Apt. 323 en la Calle Oliver A-83, Vega Alta, la cual

aparentemente era conocida como posible ubicación de la parte

peticionaria. Se detalla que, en la misma, no se encontró ningún

registro de los nombres y apellidos de la referida parte. En el escrito,

se esboza en forma general, que se hizo una búsqueda en las

plataformas digitales. Además, se menciona el intentó de localización,

mediante otras dos (2) direcciones, de solo dos (2) de los herederos del

causante Gregorio Velázquez Castro; Rebeca Velázquez Oyola y

Abraham Velázquez Oyola. Finalmente, se expresa que se visitó la

residencia de un familiar de la parte peticionara, el cual le informó,

que “todos los miembros de la sucesión de Gregorio Velázquez”

residían en el extranjero. Así pues, la parte recurrida solicitó al

Tribunal de Primera Instancia que autorizara el emplazamiento por

edicto de la parte peticionaria.3 El 28 de abril de 2022, el tribunal de

origen notificó una Orden a esos efectos.

       El 26 de mayo de 2022, la parte recurrida presentó Moción

Informativa sobre Emplazamiento por Edicto. En esencia, le informó al

tribunal recurrido que envió a la parte peticionaria copia de la

demanda y emplazamiento a sus últimas dos (2) direcciones

conocidas. Posteriormente, el 12 de julio de 2022, la parte recurrida

presentó Moción Solicitando Anotación de Rebeldía. En síntesis,

expuso que emplazó a la parte peticionaria mediante edicto y ello fue

conforme a derecho. Siendo así, sostuvo que la parte peticionaria no

presentó alegación responsiva dentro del término dispuesto por las

Reglas de Procedimiento Civil. Por tanto, según alegó, solicitó al foro

3 Véase, págs. 137-139 del apéndice del recurso.
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de origen que anotara la Rebeldía de la parte peticionaria y diera por

admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda.4

       En respuesta al escrito anterior, el 8 de agosto de 2022, el

Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó el 9 de agosto de 2022,

una Sentencia en Rebeldía. En su determinación, el foro recurrido

entendió que la parte peticionaria fue debidamente emplazada. A su

vez, declaró Ha Lugar la demanda de autos, por lo cual dictaminó que

la sentencia emitida el 1 de mayo de 2020 y notificada el 7 de mayo de

2020, era nula, toda vez que, la moratoria federal alegada por la parte

recurrida privaba al Tribunal de jurisdicción. De igual modo,

determinó que existió fraude en el pleito anterior, dado que, la parte

peticionaria indujo al Tribunal a error, ya que conocía la cantidad

principal que se debía realmente. Ante ello, el Tribunal de Primera

Instancia relevó a las partes de los efectos de la referida sentencia.5

       Posteriormente, el 6 de febrero de 2023, la parte peticionaria

presentó escrito intitulado Urgente Moción Solicitando Nulidad y/o

Relevo de Sentencia por Falta de Jurisdicción sobre la persona. En

esencia, alegó que no se le emplazó conforme a derecho, dado que

existieron    múltiples     insuficiencias        en    el   diligenciamiento    del

emplazamiento.       Para    sustentar     su      posición,     sostuvo   que    la

Declaración      Jurada     presentada       por       la    parte   recurrida   era

estereotipada e insuficiente. Específicamente adujo, que la referida

Declaración Jurada carece de establecer las gestiones particulares

realizadas para lograr emplazar a cada uno de los herederos del

causante Gregorio Velázquez Castro. Asimismo, arguyo que, tampoco

se envió copia de demanda y emplazamiento a una dirección

razonablemente calculada, toda vez que el referido envío se realizó a

dos direcciones irrazonables. Una de ellas, relacionada a una

propiedad que se conocía que estaba abandonada y la otra, carente de

4 Véase, pág. 147-157 del apéndice del recurso.
5 Véase, págs. 176-191 del apéndice del recurso.
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evidencia de residencia de alguno de los herederos. De igual modo,

alegó que dicho envío fue dirigido a una persona jurídica inexistente,

es decir, la Sucesión de Gregorio Velázquez Castro. Además, añadió

que la búsqueda de internet realizada por la parte recurrida no

incluyó suficiente información. Ante ello, solicitó al foro recurrido la

nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción sobre la

persona.

       Así las cosas, el 27 de febrero de 2023, la parte recurrida,

presentó Oposición a Moción de Relevo de Sentencia. En síntesis,

expuso que realizó esfuerzos razonables para lograr localizar a la

parte peticionaria. Particularmente, y contrario a lo aducido por la

parte peticionaria, arguyó que se expresaron hechos específicos en la

Declaración Jurada. De igual modo, adujo que se incluyeron fechas,

direcciones, números de teléfonos y búsqueda en las redes sociales. A

su vez, alegó que el Tribunal de Primera Instancia, en su discreción,

determinó la suficiencia de circunstancias para emplazar por edicto.

De otra parte, agregó que la dirección donde ubica el bien inmueble

objeto de ejecución de hipoteca fue una proporcionada y aceptada por

la propia parte peticionaria. Finalmente, solicitó al foro de origen que

declara No Ha Lugar la moción presentada por la parte peticionaria.

       Trabada la controversia, el 15 de mayo de 2023, el Tribunal de

Primera    Instancia     emitió     y   notificó   una   Resolución.        En   la

determinación, el tribunal recurrido declaró Ha Lugar la Oposición a

Moción de Relevo de Sentencia, bajo los fundamentos expuestos en el

escrito de la parte recurrida. En consecuencia, determinó No Ha Lugar

la   solicitud   de   relevo   de   sentencia      presentada   por    la    parte

peticionaria.

       Inconforme, el 30 de mayo de 2023, la parte peticionaria

presentó escrito en reconsideración. En esencia, alegó nulidad de la

sentencia. Ello, por ausencia de notificación, tanto de la sentencia

como del emplazamiento por edicto a todos los herederos y por falta
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de parte indispensable. El 7 de junio de 2023, la parte recurrida se

opuso al anterior escrito, bajo el fundamento de que las gestiones del

emplazamiento fueron evaluadas dentro de la sana discreción del foro

recurrido. El 17 de junio de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

atendió ambos escritos. Así pues, el 20 de junio de 2023, notificó una

Resolución   en   la   que   declaró    No   Ha   Lugar   la   moción   de

reconsideración presentada por la parte peticionaria.

      Aun inconforme, el 20 de julio de 2023, la parte peticionaria

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. En el mismo, planteó

los siguientes señalamientos de error:

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL NO RELEVAR LA SENTENCIA POR CAUSA
      DE NULIDAD. NI EL EMPLAZAMIENTO NI LA DEMANDA
      NOTIFICADA MEDIANTE EDICTOS NI LA SENTENCIA
      FUE ENVIADA A NINGUNO DE LOS 8 CODEMANDADOS.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL NO RELEVAR LA SENTENCIA POR CAUSA
      DE NULIDAD. AL NO ENVIARSE NOTIFICACIONES A
      UNA DIRECCIÓN RAZONABLEMENTE CALCULADA.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL NO RELEVAR LA SENTENCIA CUANDO
      EXISTE CLARA AUSENCIA DE PARTE INDISPENSABLE.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL NO RELEVAR LA SENTENCIA POR CAUSA
      DE NULIDAD. LA DECLARACIÓN JURADA CON LA CUAL
      SE AUTORIZÓ EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTO NO
      ACREDITÓ     GESTIONES    PARTICULARIZADAS   Y
      SUFICIENTES    PARA    EMPLAZAR    A   LOS   8
      CODEMANDADOS.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver el asunto ante nuestra consideración.

                                   II

                       A. Recurso de Certiorari

      El recurso de certiorari está regulado por nuestro ordenamiento

procesal civil. Así pues, la Ley de la Judicatura dispone que el

Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de derecho sentencias

finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones

finales de los organismos administrativos y de forma discrecional
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cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera

Instancia. 4 LPRA sec. 24(u).

      En lo relacionado al auto de certiorari, es sabido, que se define

como un vehículo procesal que permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar las decisiones de un tribunal inferior. 32 LPRA sec.

3491; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders

et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A su vez, posibilita atender

determinaciones, mayormente interlocutorias, que no son finales del

foro de origen. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 106

(2015). En esencia, este mecanismo procesal permite al foro revisor

corregir algún error cometido por el tribunal de menor jerarquía.

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).

El referido recurso es uno de carácter discrecional. Esta discreción,

ha   sido   definida   jurisprudencialmente      “como    una      forma   de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera.” Negrón v. Srio de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001). Al utilizar un sano juicio, el foro revisor evita abstraerse del

resto del derecho, y en consecuencia se libera de cometer un abuso de

discreción. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711

(2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra; Negrón v. Srio de Justicia,

supra.

      Cabe señalar, que el auto de certiorari está delimitado por la

Regla 40 de este Tribunal. Mediante la misma, se establecen una serie

de criterios que ayudan a dirigir el juicio de este Foro en la decisión

de   expedir   o   denegar      el   auto   solicitado.   Dichos    criterios

reglamentarios son los siguientes:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.
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      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
      una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      El delimitar la revisión judicial a los parámetros de la Regla 40,

supra, contribuye a dilatar innecesariamente los procedimientos.

Particularmente, se evita revisar controversias que pudieran esperar a

ser esbozadas en un recurso apelativo. Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,

202 DPR 478, 486 (2019). En cuanto a la facultad discrecional de

denegar o expedir el auto solicitado, el tribunal, de forma comedida,

puede inclinarse a expedir el recurso y adjudicarlo en sus méritos. Al

tomar la referida decisión, el foro revisor asume jurisdicción sobre el

asunto expuesto ante su consideración. Así pues, revisa e interviene

con las decisiones del foro recurrido, para auscultar que estas sean

justas y conforme a la normativa aplicable. Negrón v. Srio. de Justicia,

supra.

      Ahora bien, ha de quedar claro que el certiorari puede ser

expedido para revisar errores de los foros primarios sin importar la

naturaleza de los errores señalados, sean estos de naturaleza procesal

o sustantiva. Pérez v. Tribunal de Distrito y Puig, Interventor, 69 DPR

4, 19 (1948).

                       B. Relevo de Sentencia

      A través de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 49.2, se regula el relevo de sentencia. La precitada regla esboza lo

siguiente:
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      Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que
      sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
      representante legal de una sentencia, orden o
      procedimiento por las razones siguientes:

      (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
      una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a
      tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la
      Regla 48;
      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
      “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa
      representación u otra conducta impropia de una parte
      adversa;
      (d) nulidad de la sentencia;
      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
      cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
      fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
      efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en
      vigor, o
      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
      remedio contra los efectos de una sentencia. (Énfasis
      suplido).

      Para que proceda este mecanismo post-sentencia debe estar

presente alguno de los fundamentos previamente enumerados. SLG

Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al., 207 DPR 636, 657 (2021); Náter v.

Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). Al juzgador determinar la

existencia de algún fundamento aplicable al asunto en consideración,

conlleva, dentro de su buen juicio, establecer un balance entre los dos

(2) intereses en conflicto: de un lado, la culminación de un pleito para

garantizar su finalidad, y de otro lado, que las decisiones sean

conforme a los principios de la justicia. Íd. El análisis del tribunal

debe ser racional y justiciero, y requiere considerar la totalidad del

expediente   del   caso   para   evaluar   si   bajo   las   circunstancias

particulares del asunto existe razón para dejar sin efecto el dictamen

notificado. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 817 (1986).

Para apoyar su quehacer jurídico, el Juez primario, debe estar alerta

ante la existencia de alguno de los siguientes elementos: cualquier

defensa válida que pueda levantar la parte que se opone al relevo de

sentencia; el tiempo que transcurrió entre la sentencia y la solicitud

del relevo; el perjuicio que sufriría la parte opositora si se concede la

solicitud del peticionario; y el perjuicio que sufriría la parte
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promovente de dejarle desprovista del remedio solicitado. Pardo v.

Sucn. Stella, 145 DPR 816, 825 (1998). De otra parte, como regla

general, el mecanismo de relevo de sentencia debe ser interpretado

liberalmente. En caso de duda, la misma debe ser resuelta en favor de

la parte que solicita el remedio post-sentencia. Náter v. Ramos, supra,

pág. 624.

      Empero, el relevar a una parte de los efectos de la sentencia es

una facultad discrecional del foro sentenciador, salvo en los casos de

nulidad o cumplimiento de sentencia. Náter v. Ramos, supra, pág.

625. En cuanto a la existencia de nulidad, una sentencia es nula,

cuando el tribunal carece de jurisdicción para dictarla o de alguna

forma infringe el debido proceso de ley. SLG Rivera-Pérez Torres v. SLG

Díaz-Doe et al., supra; Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 574 (2002);

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979). Al no nacer

lo nulo a la vida jurídica, la parte que meritoriamente ha levantado la

defensa de nulidad debe prevalecer en su solicitud, toda vez que, el

tribunal carece de discreción en la concesión del remedio solicitado.

SLG Rivera-Pérez Torres v. SLG Díaz-Doe et al., supra. De otra parte y,

en síntesis, independientemente del fundamento válido y justificado

que invoque el promovente, no se debe omitir que el referido remedio

de reapertura tiene su génesis en la propia razón del foro judicial, el

hacer justicia. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003).

                          C. Emplazamiento

      El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se

adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado. Su propósito,

recae en notificar a la parte demandada sobre la existencia de una

causa de acción en su contra. Bernier González v. Rodríguez Becerra,

200 DPR 637, 644 (2018). Al ser el emplazamiento un mecanismo

fundamental del debido proceso de ley, su cumplimiento va más allá

de una mera formalidad. Martajeva v. Ferre Morris y otros, 210 DPR

612, 620 (2022). Es por ello, que un demandado se considera
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propiamente parte al emplazarse conforme a derecho, antes del

diligenciamiento es solo una parte nominal. Torres Zayas v. Montano

Gómez et als., 199 DPR 458, 467 (2017). Una vez emplazada, la parte

demandada, podrá ejercer su derecho a comparecer al procedimiento

entablado, ser oído, y presentar prueba a su favor. Martajeva v. Ferre

Morris y otros, supra.

       En nuestro ordenamiento procesal civil existen dos (2) maneras

para   diligenciar   un   emplazamiento.    Las       dos   formas   son:    el

emplazamiento personal y el emplazamiento mediante edicto. Sánchez

Ruiz v. Higueras Pérez et al., 203 DPR 982, 987 (2020). La Regla 4.6

de   Procedimiento    Civil,   32   LPRA   Ap.   V,    R.   4.6,   detalla   el

procedimiento requerido para emplazar por edicto. Así pues, esboza

las siguientes instancias en las que se puede utilizar el referido

mecanismo procesal: (a) cuando la persona a ser emplazada esté fuera

de Puerto Rico; (b) el demandado se encuentra en Puerto Rico, pero no

pudo ser localizado a pesar de las diligencias pertinentes; (c) la

persona se oculte para no ser emplazada; o (d) se trate de una

corporación extranjera sin agente residente. 32 LPRA Ap. V, R. 4.6.

       Cabe señalar, que el emplazamiento por edicto es una vía

excepcional, debido a que, el diligenciamiento personal es el método

idóneo para adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado.

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 865 (2005). A su vez, es

preciso mencionar que los requisitos del emplazamiento por edicto se

deben observar estrictamente. De lo contrario, se violentaría el debido

proceso de ley en su vertiente procesal, y el tribunal no tendría

jurisdicción sobre la persona del demandado, por lo cual, la sentencia

que en su día se dicte sería nula. Torres Zayas v. Montano Gómez,

supra, págs. 468-469; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág.

866. Por lo tanto, el método para emplazar que se utilice tiene que

ofrecer, a la luz de los hechos del caso, una probabilidad razonable de

notificar al demandado sobre la reclamación en su contra. Banco
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Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 863; Márquez v. Barreto, 143

DPR 137, 143 (1997).

      Previo a autorizarse un emplazamiento por edicto, la parte

demandante debe hacer constar que ha efectuado gestiones en forma

eficaz para intentar localizar a la parte demandada y emplazarlo

personalmente. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 23

(1993); Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 513

(1993). Así pues, al presentarse una moción a los efectos de solicitar

el emplazamiento mediante edicto, el juzgador deberá cerciorarse de

que se han realizado las referidas gestiones necesarias para localizar

al demandado. Global v. Salaam, 164 DPR 474, 482 (2005). Estas

gestiones deben llevarse a cabo mediante hechos específicos que

demuestren diligencia. De este modo, el foro primario podrá

determinar tal diligencia en consideración de los hechos particulares

del caso. Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, supra, págs. 513-515.

      La parte promovente de la solicitud del emplazamiento por

edicto deberá acompañar su petitorio con una Declaración Jurada. En

la referida Declaración Jurada deberá constar una relación de hechos

detallados, los cuales demuestren la debida diligencia ejercida y no

mera conclusiones y generalidades, que no serían otra cosa que

prueba de referencia. Global v. Salaam, supra; Banco Popular v. S.L.G.

Negrón, supra, pág. 865; Mundo v. Fúster, 87 DPR 363, 371 (1963).

Para que la Declaración Jurada sea suficiente se deben detallar las

gestiones realizadas, con expresión de las personas con quienes se

investigó y su dirección. De este modo, se evita la existencia de

fraude. Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez et al., supra; Global v. Salaam,

supra, págs. 483-484. Para una investigación efectiva, nuestra

jurisprudencia ha establecido una serie de criterios que deberá

considerar la parte demandante en su intento de localizar a la parte

demandada. Las gestiones que se han ejemplificado reiteradamente

incluyen, el inquirir a las autoridades de la comunidad, la policía, el
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alcalde, el administrador de correos, puesto que, son las personas que

se entienden que pueden conocer la residencia o el paradero de las

personas que viven en la comunidad. Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez

et al., supra, pág. 988; Global v. Salaam, supra, Mundo v. Fuster,

supra, pág. 372. Sin embargo, de forma jurisprudencial, también se

han entendido como una buena práctica las diligencias que estén

acordes a los avances tecnológicos en las comunicaciones, los

cambios culturales y la demografía de nuestro país. Global v. Salaam,

supra, pág. 483; Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, supra. Ante

ello, la parte demandante deberá, en su gestión de emplazar, utilizar

todos los recursos que tenga razonablemente accesibles, y agotar toda

posibilidad razonable disponible para localizar al demandado. De

modo que, el foro judicial no adquirirá jurisdicción, si la Declaración

Jurada que se presenta es insuficiente. Reyes v. Oriental Fed. Savs.

Bank., supra, pág. 25.

      Por otra parte, la Regla 4.6, supra, de igual forma regula las

gestiones que debe seguir un demandante luego de autorizarse el

emplazamiento mediante edicto. Siendo así, en la precitada regla, se

dispone que el demandante deberá dentro de los diez (10) días

siguientes a la publicación del edicto, dirigir a la parte demandada

una copia del emplazamiento y la demanda presentada al lugar de su

última dirección física o postal conocida. 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. La

mencionada notificación, se enviará a cada persona demandada,

puesto que, el emplazamiento debe ser expedido a cada parte que se

encuentre en el epígrafe del caso como demandada. Rivera Marrero v.

Santiago Martínez, 203 DPR 462, 481 (2019). Al interpretar el

concepto de “última dirección conocida”, el foro judicial, acogió un

criterio normativo federal para establecer que la notificación será

efectiva si se envía a una dirección razonablemente calculada. Ello, a

la luz de las circunstancias particulares del caso. Rivera v. Jaume,

supra, pág. 577. De modo que, la notificación de la demanda y el
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emplazamiento se envía a una dirección razonablemente calculada, si

su destino de una forma razonable advierte a la parte demandada de

la reclamación incoada en su contra. Íd.

                          D. Parte Indispensable

      El deber jurídico de acumular en los pleitos toda parte que sea

indispensable     se   encuentra   consagrado      en   la   Regla   16.1   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1. Así pues, surge del

ordenamiento procesal civil, la necesidad de incluir en el litigio a las

personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda

adjudicarse la controversia. Su acumulación, se enmarca en el hecho

de que no se podría dictar algún decreto final en el caso, sin que, con

ello, se menoscabe y afecte sustancialmente su interés. Fideicomiso de

Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Oficina de

Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y

Comercio de Puerto Rico y otros, Res. 14 de marzo de 2023, 2023 TSPR

26.   De   este   modo,    se   salvaguarda   la   garantía    de    que    las

determinaciones finales del foro judicial sean consistentes con la

equidad, la conciencia limpia y se emita un remedio completo. Íd.

Ahora bien, para determinar que una persona es válidamente una

parte indispensable, los tribunales deben examinar si su interés es

real e inmediato y no basado en especulaciones o eventos futuros. Íd.

Ello, se realiza mediante un enfoque pragmático, conforme a las

circunstancias de cada caso. Íd. Para lograr este referido análisis

contextual, se deben considerar factores tales como tiempo, lugar,

modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en conflicto,

el resultado y la formalidad. RPR & BJJ, Ex Parte, 207 DPR 389, 409

(2021).

      Las consecuencias de no acumular una parte indispensable

derivan de la violación constitucional al debido proceso de ley de la

parte ausente. Específicamente, ante la ausencia de un litigante

indispensable, el tribunal carece de jurisdicción para adjudicar la
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controversia y, de emitirse algún dictamen, este sería nulo. Rivera

Marrero v. Santiago Martínez, supra, pág. 479; García Colón et al., v.

Sucn. González, 178 DPR 527, 550 (2010). Siendo así, la ausencia de

parte indispensable constituye una defensa irrenunciable, que

incluso, puede levantarse en cualquier etapa del proceso judicial,

incluyendo la apelativa. RPR & BJJ, Ex Parte, supra, pág. 407; López

García v. López García, 200 DPR 50, 65 (2018).

                   E. Notificación de la Sentencia

      En nuestro ordenamiento jurídico es indispensable que se emita

una notificación adecuada de las resoluciones, órdenes y sentencias a

todas las partes en litigio. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 605 (2003).

Su omisión, podría conllevar demoras indebidas en el proceso judicial,

incluso, afectar el derecho de una parte a cuestionar la determinación

del foro primario. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86,

94 (2011); Caro v. Cardona, supra. En cuanto a lo que respecta a las

notificaciones de una sentencia en rebeldía, su gestión conlleva la

publicación de un edicto en un periódico de circulación general.

Además, es requisito que se le informe a la parte demandada la

sentencia dictada y el término para apelar. R&G Mortgage v. Arroyo

Torres y otros, 180 DPR 511, 520-521 (2010).

                                  III

      En el recurso de certiorari presentado ante nos, la parte

peticionaria planteó cuatro (4) señalamientos de error. En el primero

de ellos, la parte peticionaria expresa que incidió el foro recurrido al

no autorizar el relevo de sentencia por causa de nulidad, toda vez que,

tanto el emplazamiento como la demanda y la sentencia dictada, no

fueron debidamente notificados a los herederos de Gregorio Velázquez

Castro. Veamos.

      Como fue previamente expuesto, el emplazamiento es el

mecanismo procesal por el cual la parte demandada adviene en

conocimiento de la reclamación entablada en su contra. Por tanto, su
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diligenciamiento no es parte de un procedimiento meramente

automatizado, ya que está arraigado al debido proceso de ley, el cual

se encuentra garantizado constitucionalmente. Así pues, en nuestro

ordenamiento jurídico se deben llevar a cabo las diligencias

necesarias para intentar localizar a la parte demandada. Además, es

preciso resaltar que los requisitos del emplazamiento se deben

observar estrictamente y que el emplazamiento mediante edicto es la

excepción y no la normal general. Independientemente de lo anterior,

el método utilizado para emplazar debe ofrecer una probabilidad

razonable de notificar a la parte demandada de la reclamación

incoada. Ello, no se efectuó en el presente caso. Cabe destacar, que

los hechos de esta reclamación tenían a ocho (8) demandados. Cada

demandado tiene una personalidad jurídica independiente, y por ello,

cada uno debía ser notificado mediante gestiones individuales y

efectivas.   La   parte   recurrida   debió   auscultar,   de   forma

particularizada, la dirección de cada demandado y no intentar

notificarles como un todo. Por tanto, no establece una debida

notificación el haber enviado copia de la demanda y el emplazamiento

a solo dos (2) direcciones, las cuales, a la luz de los hechos, no

reflejaban una probabilidad razonable de notificar a todos los

demandados.

      En primer lugar, la parte recurrida no tenía conocimiento de

que los ocho (8) demandados tuvieran la misma residencia. En

segundo lugar, la parte recurrida ya había tenido un litigio anterior

contra la misma parte demandada, lo cual, le coloca en una posición

de tener más recursos para conocer el paradero de los herederos o al

menos le brinda medios adicionales para obtener más información

sobre estos. En tercer lugar, la propia recurrida, según obra en el

expediente de autos, menciona, para sustentar su alegación de que la

deuda es vencida y pagadera, que la propiedad a la cual fue enviada

una de las notificaciones no es la residencia principal de ninguno de
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los ocho (8) demandados. En cuanto a la otra dirección que fue

notificada la demandada y el emplazamiento, la parte recurrida, ya

tenía el conocimiento, según la propia búsqueda que realizó en la

etapa del diligenciamiento, de que no era la dirección de residencia de

la parte peticionaria. Por tanto, ninguno de los demandados tenía una

probabilidad razonable de ser notificados de la acción en su contra.

De igual modo, una sentencia por edicto enviada a una única

dirección abandonada y que no individualiza a cada uno de los ochos

(8) demandados, no tiene la probabilidad razonable de apercibir a

cada demandado de la sentencia dictada y de su derecho a solicitar

remedios post-sentencia.

      En su segundo señalamiento de error, la parte peticionaria

aduce que las notificaciones del caso de autos no fueron enviadas a

una dirección razonablemente calculada. Le asiste la razón. Según se

esbozó previamente, en nuestro ordenamiento civil se dispone que

luego de publicarse un emplazamiento por edicto, la parte recurrida

tiene el deber jurídico de enviar copia de la demanda y emplazamiento

a la última dirección conocida de la parte demandada. Es preciso

señalar, que lo que se entiende por última dirección conocida no

incluye cualquier dirección que obre en la memoria o recuerdo de la

parte demandante, sino que debe ser una razonablemente calculada.

Siendo así, las circunstancias del caso ante nos, desprenden

claramente que la notificación no se realizó a una dirección

razonablemente calculada. De los dichos de la parte recurrida, surge

que la propiedad objeto de ejecución de hipoteca, no es la residencia

de ninguna persona, ya que durante el diligenciamiento del

emplazamiento pudo comprobar que estaba abandonada. De igual

modo, durante su gestión para emplazar corroboró que la otra

dirección en que envió notificaciones no es residencia de ninguno de

los demandados. Asimismo, los hechos particulares de este caso

detallan que son varios los demandados. Ante ello, las referidas
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notificaciones se deben realizar para cada parte demandada, según el

epígrafe del caso, y no se debe notificar a los demandados como si

fueran uno solo. Por tanto, las notificaciones no fueron enviadas una

dirección razonablemente calculada, toda vez que sus lugares de

destino no podían notificar rozablemente a los ocho (8) demandados

del pleito en su contra.

      El tercer error levantado por la parte peticionaria se basa en

que la sentencia se vició de nulidad al dictarse, dado que, hubo

ausencia de parte indispensable mientras se ventilaba el proceso en el

foro primario. Tal y como fue expuesto, una determinación no surte

efecto jurídico si falta alguna persona que tenga un interés de tal

naturaleza en la causa de acción, el cual impida que en su ausencia

se dicte un remedio completo. En el caso ante nuestra consideración,

el Tribunal de Primera Instancia relevó a las partes de los efectos de

una sentencia previamente dictada. Ello, en ausencia de todos los

ochos (8) demandados del caso de epígrafe. En la referida sentencia se

declaró nula la determinación dictada en el proceso judicial anterior.

Además, mediante la misma, se estableció que los (8) demandados

habían inducido al tribunal a error en cuanto a la verdadera suma

adeudada. Ante ello, el relevo de sentencia concedido a la parte

recurrida afecta sustancialmente los derechos de la parte peticionaria,

ya que esta no fue debidamente emplazada, por lo cual no pudo

comparecer, ser oída y defenderse. Por tanto, la sentencia dicta en su

ausencia es nula por violentar su debido proceso de ley.

      De otro parte, se hace meritorio señalar que la parte recurrida

solicitó que se le relevara de los efectos de la sentencia anterior, toda

vez que, existía un error en la cuantía adeudada. Cantidad, que la

propia parte recurrida había detallado en la demanda del pleito

anterior y la cual se había allanado a recibir. Nuevamente advertimos

que el foro primario en el pleito original, habiéndosele presentado la

solicitud bajo la Regla 49.2, supra, denegó su petitorio. Aún
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inconforme, la parte recurrida elevó su reclamo ante el Tribunal

Apelativo y un panel hermano en el KLCE202101337 denegó la

expedición del recurso. No obstante, Wilmington adujo que el foro

apelativo había consignado en su resolución denegatoria que el único

remedio disponible contra la Sentencia era una acción independiente

por fraude o nulidad.6 A tenor con ello, la parte recurrida había

entablado un proceso exclusivamente “in rem,” y no una acción

personal en cobro de dinero. Conforme lo anterior, surge del pagaré

hipotecario, que existe una limitación de responsabilidad en la deuda

hipotecaria. Esta limitación consiste en que el deudor hipotecario no

tendrá ninguna responsabilidad personal por el pago de la deuda. En

consecuencia, la cantidad adeudada solo será satisfecha mediante la

venta de la propiedad en pública subasta. Por tanto, la acumulación

de   los   sucesores     de   Gregorio     Velázquez   Castro   como   partes

indispensables del litigio era vital para salvaguardar sus derechos

propietarios, y para garantizar un proceso justo, el cual se ventile

exclusivamente en torno al bien inmueble objeto de ejecución de

hipoteca, tal como se establece en el pagaré y en la Escritura de

Hipoteca.

       En el último error planteado, la parte peticionaria alega que

incidió el foro de origen, al no establecer que la Declaración Jurada

con la cual se autorizó el emplazamiento por edicto, no acreditó

gestiones particularizadas suficientes para emplazar a los ocho (8)

codemandados. Es norma reiterada, que la Declaración Jurada que se

presenta a los fines de sostener la legitimidad de un emplazamiento

mediante edicto, debe contener hechos demostrativos de la diligencia

de la parte demandante y no meras generalidades. Siendo así, la

Declaración Jurada que obra en autos es insuficiente. Veamos.

       Surge de la Declaración Jurada que la parte recurrida realizó

una búsqueda en internet para cada uno de los demandados-

6 Véase, págs. 1-11 del apéndice del recurso.
KLCE202300816                                                        21

peticionarios. Sin embargo, la parte recurrida meramente menciona

plataformas digitales sin mayor detalle. Así pues, la parte recurrida no

menciona la forma en que colocó los nombres de cada codemandado,

ni los resultados que obtuvo en la búsqueda. De otra parte, la

declaración jurada no menciona las gestiones particulares para lograr

localizar a Deborah Velázquez Oyola, Jonathan Velázquez Oyola,

Eunice Velázquez Oyola y Carmen María Velázquez Vélez. La parte

recurrida solo expresa al final de la Declaración de Jurada que “no he

podido diligenciar personalmente ningún emplazamiento para los

miembros de la sucesión demandada en el caso de epígrafe.”

      Es   destacable   que    en    esta   controversia   existen   dos

codemandados que son reconocidos en el ámbito de la música sacra.

Uno de ellos es Abraham Velázquez Oyola y el otro es David Velázquez

Oyola. Ambos tienen información de contacto accesible en distintas

plataformas digitales. Además, es meritorio resaltar que en el

diligenciamiento del emplazamiento no se le preguntó al familiar de

los herederos la dirección de residencia de estos en el extranjero. De

hecho, surge del expediente que obra en autos que, Carmen María

Velázquez Vélez reside en Caguas, Puerto Rico. Por tanto, una mayor

diligencia de la parte recurrida, junto al uso efectivo de los avances

tecnológicos y la utilización de todos los recursos que tenía

razonablemente accesibles, incluyendo que tuvo un pleito anterior

contra la parte peticionaria, hubiera resultado en una Declaración

Jurada suficiente. Al carecer la misma de tal suficiencia, el foro

primario no tiene jurisdicción sobre la persona de la parte

peticionaria.

                                    IV

      Al existir múltiples deficiencias procesales, las cuales vician de

nulidad la sentencia dictada en rebeldía, toda vez que, existe falta de

jurisdicción sobre la persona de la parte peticionaria y ausencia de

parte indispensable, determinamos expedir el auto solicitado y revocar
KLCE202300816                                                        22

la Resolución emitida y notificada, el 15 de mayo de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia. Como se establece en el caso de

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293 (1998):

“[s]omos Tribunal de Justicia y aunque la justicia se pinta ciega, como

símbolo de su imparcialidad, los tribunales que la imparten deben

tener los ojos bien abiertos para impedir que ella se frustre. Cuando

de hacer justicia se trata, no puede haber moldes técnicos que

aprisionen los remedios justos.”

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones