Court Opinion

ID: 9962785
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:52:13.859259+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:34.692764
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

   INVERSIONES M & M                     APELACIÓN
         INC.                            procedente del
                                         Tribunal de Primera
         Apelante                        Instancia, Sala
                                         Superior de
             V.            KLAN202400087 Mayagüez

    AUTORIDAD DE                              Caso Núm.
    ACUEDUCTOS Y                              MZ2023CV02238
  ALCANTARILLADOS Y
       OTROS
                                              Sobre:
         Apelados
                                              Injunction

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

      Inversiones M & M, Inc. (en adelante, M & M o apelante) nos

solicita la revisión y revocación de la Sentencia Parcial que dictó

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez el 26 de

diciembre de 2023.     Mediante referida determinación el foro

primario desestimó la causa de acción de Injunction Provisional y

Preliminar presentado por la aquí apelante, por falta de daño

irreparable al existir otros remedios para la resolución de la

controversia.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación,

confirmamos con instrucciones la Sentencia Parcial apelada.

                                I.

      El 20 de diciembre de 2023 Inversiones M & M, Inc. instó

una demanda de Interdicto y/o injunction, acción civil, cese y

desista y daños y perjuicios contra la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados, (en adelante, AAA). En apretada síntesis, alegó

Número Identificador
SEN2024 ________
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que es dueña y opera un negocio de restaurante con el nombre

comercial de La Vaca Enfurecida, en el 1 Calle Muñoz Rivera,

Boquerón, Cabo Rojo, Puerto Rico. Que obtuvo el servicio de agua

y   alcantarillados     mediante   una   cuenta-contrato    número

00023095354. Mencionó que la dirección postal era en la Urb.

Sylvia, Calle 6 D32, Corozal, PR 00783. Alegó que la AAA registró

de manera errónea la dirección física y postal inscrita en la cuenta-

contrato 00023095354 como “9 Muñoz Rivera, Cabo Rojo, PR

00623”. Alegó que la AAA expidió una carta con fecha del 21 de

julio de 2023 sobre alegada “Transferencia de Balance” del

contrato número 000225909969 a la cuenta del demandante

número 000230953549 por la suma de $25,248.51. Adujo que el

8 de agosto de 2023 objetó la transferencia, pero el 14 de agosto

de 2023 la AAA le requirió evidencia de la impugnación, lo cual

consideró una violación a la ley, reglamentos y al debido proceso.

Indicó que el 13 de diciembre de 2023 la AAA le suspendió los

servicios de agua al local y negocio. Como remedio solicitó que

se expida una orden urgente de entredicho provisional para que

le reinstalen los servicios de agua de inmediato, más el

señalamiento de una vista y que el caso de daños continúe bajo

el proceso ordinario.

      El 26 de diciembre de 2023 el TPI dictó sentencia parcial

desestimando parte de los reclamos.          Mencionó el foro, en

síntesis, que a través de la Ley 33-1985 “Ley para Establecer

Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios

Públicos Esenciales”, el abonado del servicio esencial, mediante

un procedimiento administrativo, podrá objetar la suspensión del

servicio y aportar prueba sobre sus alegaciones. Agregó que la

notificación sobre el procedimiento administrativo fue incluida en

la factura anejada a la demanda con fecha del 26 de abril de 2023
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y la factura del 25 de agosto de 2023. El foro primario aludió

además al artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico (Ley Núm.

55-2020) que reconoce que la persona que por culpa o negligencia

causa        daño      a   otra,     viene   obligada    a   repararlo.

Consecuentemente, el foro decretó desestimar la causa de acción

de Entredicho Provisional e Injunction Preliminar presentado por

la parte demandante, “por falta de un daño irreparable al existir

remedios ordinarios para la resolución de la controversia.”1

         En desacuerdo, el 27 de diciembre, Inversiones M & M

presentó       una     Moción      Urgente   de   Reconsideración   y/o

Determinaciones iniciales y/o Adicionales. Alegó que la AAA no

cumplió con la Ley 33-1985 pues suspendió el servicio de agua,

sin hacer una investigación por la objeción realizada y sin notificar

un resultado conforme dispone el artículo 3 de la Ley 33-1985. A

esos efectos, le solicitó al foro primario que reconsidere y emita

una orden de entredicho provisional o de injunction preliminar

para que se reinstale el servicio de agua pues el daño es

irreparable al no obtener remedios con la Ley 33-1985. Solicito

una vista para después de emitido el injunction.             El 28 de

diciembre de 2023 el TPI declaró No Ha Lugar la petición de

Inversiones M & M.

         Tras otros trámites innecesarios pormenorizar, el 26 de

enero de 2024 la AAA presentó la Contestación a la demanda y

Reconvención. Aceptaron que se le suspendió el servicio de agua

al reclamante. No obstante, aclaró que no fue por la falta de pago

por la transferencia, sino por el incumplimiento con un plan de

pago suscrito entre la AAA y la demandante el 15 de septiembre

del 2023 para satisfacer la deuda a ese momento por la cantidad

de $11,493.94.         Alegaron como defensa afirmativa la falta de

1
    Apéndice pág. 8.
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agotamiento de remedios administrativos, pues a la fecha de la

radicación de la demanda la AAA no había tomado una

determinación final sobre la transferencia de los $25,000 a la

cuenta de la demandante. En la reconvención, alegó que el 15 de

septiembre    del   2023   suscribió   un   plan   de   pago   con   la

demandante, para satisfacer la deuda de la demandante por la

cantidad de $11,493.94.        Sostuvo que la parte demandante no

cumplió con el plan de pago, por lo que procede su pago de forma

inmediata. Por lo cual, le solicitó al Tribunal que ordene a la parte

demandante a pagar la cantidad de $9,139.39 en su totalidad más

los intereses, costas y honorarios de abogado.

      El 29 de enero de 2024 Inversiones M & M presentó una

Réplica a Reconvención.        Adujo, en síntesis, que los planes de

pago eran ilegales en violación a la Ley 14-2014. Además, indicó

que quedaba un balance mínimo y que unieron los $25,248.51 a

cualquier otro balance.    Mencionó que la suspensión del servicio

no fue por incumplir el plan de pago.

      Entretanto, ese mismo 29 de enero de 2024 Inversiones M

& M presentó una Apelación en este foro intermedio. Arguyó que

incidió el foro primario al:

      Primero: Al no dictar un entredicho provisional
      ordenando la reinstalación del servicio de agua a los
      demandantes.

      Segundo: Al dictar sentencia parcial desestimando la
      demanda de entredicho provisional, preliminar,
      injunction preliminar y permanente.

      Tercero: Al dictar sentencia parcial desestimando la
      demanda de entredicho provisional, preliminar,
      injunction preliminar y permanente sin la celebración
      de una vista.

      Cuarto: Al negarse reconsiderar la sentencia parcial
      y no señalar vista en virtud de la Regla 56 de
      Procedimiento Civil.

      El 13 de febrero de 2023 Inversiones M & M presentó una

Moción en apoyo a expedición del recurso.          En su escrito nos
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informó que el único fundamento del Tribunal de Primera Instancia

para dictar la sentencia parcial fue que el demandante tenía

remedios contra la AAA en virtud de la Ley 33-1985. No obstante,

informó que, mediante carta del 22 de enero de 2024 (posterior a

la apelación) la AAA le contestó que la reclamación administrativa

no fue cubierta ni será cubierta bajo el procedimiento establecido

de la Ley Núm. 33-1985. Ante ello, alegó que el demandante no

tuvo ni tendrá remedios bajo la Ley 33-1985, por lo que el TPI

erró al desestimar la acción de forma precipitada.

       El 15 de febrero de 2024 la AAA presentó la Oposición a la

Apelación. Mencionaron que estarán reestableciendo el servicio

de agua potable en lo que se dilucidaba la reconvención en el foro

en el TPI.2 Agregaron que comenzó el proceso administrativo para

cuestionar la transferencia y le tocaría al apelante solicitar que se

concluya, incluyendo la posibilidad de solicitar la vista ante un juez

administrativo      conforme      la   sección     3.17    de    la   Ley    de

Procedimiento       Administrativo       Uniforme3.       Reiteró     que    el

demandante        debe      agotar     los    remedios       administrativos

disponibles.

       Varios días después, el 20 de febrero de 2024 la AAA

presentó una Moción Informativa. Explicó que el 16 de febrero el

personal de la AAA se presentó en las facilidades para reconectar

2
  Oposición a Apelación, pág. 7.
3
  Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Sección 3.17. Procedimiento
Adjudicativo de Acción Inmediata. (a) Una agencia podrá usar procedimientos
adjudicativos de emergencia en una situación en que exista un peligro
inminente para la salud, seguridad y bienestar público o que requiera acción
inmediata de la agencia. (b) La agencia podrá tomar solamente aquella acción
que sea necesaria dentro de las circunstancias descritas en el inciso (a)
precedente y que justifique el uso de una adjudicación inmediata. (c) La agencia
emitirá una orden o resolución que incluya una concisa declaración de las
determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y las razones de política
pública que justifican la decisión de la agencia de tomar acción específica. (d)
La agencia deberá dar aquella notificación que considere más conveniente, a
las personas que sean requeridas a cumplir con la orden o resolución. La orden
o resolución será efectiva al emitirse. (e) Después de emitida una orden o
resolución de conformidad a esta Sección la agencia deberá proceder
prontamente a completar cualquier procedimiento que hubiese sido requerido,
si no existiera un peligro inminente. 3 LPRA sec. 9657.
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el servicio y que identificó que el contador estaba mutilado, sin los

aditamentos antihurto.     Informaron que, por ello, tomaron la

decisión de no conectar el servicio hasta tanto el cliente ayude a

aclarar los hallazgos. Adujeron que se le dejó comunicación sobre

el proceso a seguir para reestablecer el servicio.

      Atendidos los escritos, disponemos.

                                II.

                                 A.

      El entredicho Provisional, injunction o interdicto es un

recurso extraordinario discrecional, cuyos contornos se delimitan

en los Artículos 675-695 del Código de Enjuiciamiento Civil de

Puerto Rico, 32 LPRA secs. 3521-3566 y por la Regla 57 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V Regla 57. Se define como un

mandamiento judicial expedido por un tribunal, con el cual se

requiere que una persona se abstenga de hacer, o de permitir que

se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que

infrinja o perjudique el derecho de otra. 32 LPRA sec. 3521.

      Nuestro    ordenamiento      jurídico   reconoce    tres   (3)

modalidades de injunction, éstos son: el injunction permanente,

injunction preliminar y el entredicho provisional. Ver Regla 57 de

Procedimiento Civil, supra.

      La orden de entredicho provisional que emita un tribunal,

que puede inclusive dictarse ex parte, al evaluar la Demanda

luego de presentada, debe cumplir con los requisitos de las Reglas

57.1 y 57.4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.4.

Éstos son: (1) ser preciso en cuanto a lo que se prohíbe o exige

hacer; (2) detallar por qué el daño es inminente, inmediato e

irreparable; (3) explicar por qué se emitió sin notificación previa;

e (4) incluir la cuantía de la fianza que se le requirió al
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demandante para que pueda responder por daños y costas en

caso de que se haya expedido indebidamente.

      En términos generales, el interdicto está encaminado a

prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto, con el fin de

evitar que se causen perjuicios inminentes o daños irreparables a

alguna persona, en casos en los que no hay otro remedio

adecuado en ley. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR

21, 40 (2010). Para determinar si procede es necesario examinar

si la acción que se pretende evitar o provocar, connota o no un

agravio de patente intensidad al derecho del individuo que

reclama una reparación urgente. Íd. Es decir, la parte promovente

deberá demostrar que, de no concederse el remedio, sufrirá

un daño irreparable. Íd. Un daño irreparable es aquél que no

puede ser satisfecho adecuadamente mediante la utilización de los

remedios legales disponibles. Íd; véase, además, Pérez Vda.

Muñiz v Criado, 151 DPR 355, 373 (2000). El propósito

fundamental del injunction preliminar es el de mantener el status

quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos, por lo cual la

orden de injunction preliminar, ya sea requiriendo un acto o

prohibiéndolo, evita que la conducta del demandado produzca una

situación que convierta en académica la sentencia que finalmente

se dicte, o que se le ocasionen daños de mayor consideración al

peticionario mientras perdura el litigio. Mun. Ponce v. Pedro

Rosselló González, 136 DPR 776, 784 (1994).

      Así pues, para expedir un injunction preliminar, se evalúa

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte

peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de

un remedio adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la

parte promovente prevalezca; (d) la probabilidad de que la causa

se torne en académica; (e) el impacto sobre el interés público del
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remedio que se solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que

ha obrado la parte peticionaria. Regla 57.3 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V. (Énfasis nuestro)

      Por otra parte, el injunction permanente se produce por una

sentencia final. Después del juicio en sus méritos y antes de

ordenar un injunction permanente, el Tribunal debe tomar en

consideración, nuevamente, la existencia o ausencia de algún otro

remedio adecuado en ley. Los factores que se deben tomar en

consideración para emitir el recurso de injunction permanente

son: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus

méritos; (2) si el demandante posee algún remedio adecuado en

ley; (3) el interés público envuelto; y (4) el balance de equidades.

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.Corp., 174 DPR 409, 428

(2008).      Procede    conceder      una   petición   de     injunction

permanente si la parte que lo solicita demuestra que no tiene

ningún otro remedio en ley para evitar un daño. Senado de PR v.

ELA, 203 DPR 62, 72 (2019).

                                 B.

      La Autoridad de Acueductos       y    Alcantarillados    es   una

corporación pública e instrumentalidad autónoma del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Núm. 40 de 1

de mayo de 1945, según enmendada, 22 LPRA sec. 142.

      En virtud de la facultad concedida, la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados promulgó el Reglamento Sobre el

Uso de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de

Puerto Rico, Reglamento Número 8901 de 27 de enero de 2017.

El Artículo 2.20 del Reglamento 8901, provee para la transferencia

de deudas. Las objeciones a las facturas están reguladas por los

artículos 2.25 y 3.09. Este último establece que el cliente o usuario

puede objetar los cargos facturados y solicitar que la Autoridad
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realice una investigación. Toda objeción deberá radicarse dentro

de los términos establecidos, de acuerdo con la Ley Núm. 33.

        Mediante la aludida Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985,

conocida como "Ley para Establecer Requisitos Procesales

Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales" se

dispuso de un procedimiento administrativo para garantizar a los

abonados o usuarios una adecuada oportunidad de objetar la

corrección y procedencia de los cargos facturados, una adecuada

notificación de la decisión de suspenderle el servicio por falta de

pago y garantizar además la adecuada divulgación de la totalidad

del procedimiento establecido. Artículo 1 de la Ley 33-1985, 27

LPRA sec. 262.

        El Artículo 3 de la Ley Núm. 33-1985, establece que, “toda

autoridad,    corporación    pública   u   otra     instrumentalidad

gubernamental que provea servicios esenciales a la ciudadanía

dispondrá un procedimiento administrativo para la suspensión

del servicio por falta de pago que deberá ajustarse para conceder

los mecanismos y garantías mínimas al abonado, conforme al

procedimiento dispuesto a continuación:” […] 27 LPRA sec. 262b.

Una vez concluyan las etapas del trámite administrativo, el

Artículo 3 (h) de la Ley 33, establece que “el abonado tendrá

veinte (20) días a partir de la notificación de la decisión del

examinador o árbitro para recurrir en revisión al Tribunal de

Primera Instancia de Puerto Rico conforme a las disposiciones de

la Ley Núm. 11 del 24 de julio de 1952, según enmendada, y a las

Reglas Aplicables a los Recursos para la Revisión de Decisiones

Administrativas ante el Tribunal de Primera Instancia.” 27 LPRA

sec. 262b.

        Por otro lado, el Artículo 1 de la Ley 14 de 3 de enero de

2014,     establece   que,   “La   Autoridad   de    Acueductos   y
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Alcantarillados no podrá cobrar un balance pendiente de pago por

concepto de servicio de agua de un abonado anterior a un nuevo

abonado que solicite servicio de agua para la misma propiedad.

Cualquier balance de pago pendiente será una obligación personal

del cliente anterior y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

podrá usar los medios que en derecho correspondan, para cobrar

cualquier deuda por suministro que no haya sido satisfecha.” 22

LPRA sec. 169.      El Artículo 4, autoriza a la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados a adoptar todas las medidas

reglamentarias, necesarias y convenientes, para cumplir con los

propósitos de esta ley. 22 LPRA sec. 169.

                                C.

      Al amparo de la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos, una parte que desea obtener un remedio en una

agencia debe utilizar todos los medios administrativos disponibles

antes de acudir a un tribunal. Ello implica, pues, que la revisión

judicial no está disponible hasta tanto la parte afectada haya

utilizado todos los procedimientos correctivos ofrecidos por el

procedimiento administrativo. AAA v. UIA, 200 DPR 903,

913 (2018); Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002);

Municipio de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 407 (2001). La

mencionada doctrina busca cumplir varios objetivos, entre los

cuales se encuentran: permitir que la agencia pueda desarrollar

un historial completo del asunto ante su consideración; asegurar

que la agencia pueda adoptar las medidas correspondientes en

conformidad con la política pública formulada por la entidad, y

evitar los disloques causados por las intervenciones inoportunas

de los tribunales en distintas etapas interlocutorias. AAA v. UIA,

supra, pág. 914.     A su vez, la doctrina en cuestión facilita la

revisión judicial, ya que asegura que los tribunales tengan
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información más precisa sobre el asunto en controversia y les

permite tomar una decisión más informada. Íd. Procura a su vez

que la determinación administrativa refleje la postura final de la

agencia. Colon Rivera et al, v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).

                               III.

      Inversiones M & M alega que la AAA violentó la Ley 33-1985,

que prohíbe el corte del servicio mientras se desarrollaba el

procedimiento administrativo de objeción de factura.      Además,

que incumplió con la Ley 14-2014 al realizar una transferencia de

una deuda de un abonado anterior por la cantidad de $25,248.51.

Señaló que, contrario a lo que alega la AAA, el demandante

cumplió con el plan de pago, pero la AAA se negó a recibir los

pagos y cortó el servicio. Mencionó que la AAA no realizó facturas

separadas, sino que mantuvo juntas las deudas de $9,139.39 y la

de $25,248.51. Adujo que en ningún momento la AAA le advirtió

que cortaría el servicio por el alegado incumplimiento con el plan

de pago. Aseveró que los remedios que proveen las leyes 33-

1985 y la 14-2014 fueron violentados por la propia AAA.        Nos

propone el apelante que, de entender que no procede el remedio

interdictal por la Regla 57, supra, que ordenemos la celebración

de una vista en virtud de la Regla 56 de Procedimiento Civil para

el aseguramiento de la sentencia.

      La AAA por su parte alega que la sección 3.17 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 38-2017, contempla

un procedimiento similar al interdicto para atender la reclamación

de la transferencia de la cantidad de $25,248.51 a la cuenta del

apelante, el cual puede ser utilizado por la agencia de así

solicitarse. Aduce que, al existir un procedimiento administrativo,

el apelante debe agotar ese remedio. En cuanto a la suspensión

del servicio, alegó que ello ocurrió porque el apelante no cumplió
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con un acuerdo de plan de pago para satisfacer una deuda

contraída antes de la transferencia.          Por último, expresó que

estará reestableciendo el servicio de agua, mientras se dilucida la

reconvención. Evaluamos.

         Sabido es que la concesión o denegación de un injunction

es una determinación discrecional del juzgador. En estos procesos

se exige que la parte promovente demuestre la ausencia de

un remedio adecuado en ley.

         De los hechos que informa esta causa es evidente que

existen varias leyes que resguardan la reclamación de Inversiones

M & M. Como muy bien indicó el TPI, mediante la Ley 33-1985 la

cual prohíbe la suspensión del servicio de agua, se establecen los

requisitos procesales administrativos para objetar la factura y

aportar      prueba.       De     manera   que,   en   efecto   existe   un

procedimiento adecuado en ley para atender su reclamo.

         En cuanto a la alegación del apelante sobre la transferencia

del balance de los $25,248.51 perteneciente a otro cliente y que

luego se le suspendió el servicio, el foro primario entendió que

este asunto puede ser atendido por el foro administrativo provisto

por la Ley 33-1985 y que “de proceder alguna alegación en daños,

la misma puede ser atendida por un procedimiento ordinario.”4

De manera que, el foro primario justipreció que el daño

reclamado, de probarse en su día, es reparable bajo una causa de

acción ordinaria de daños, lo cual elude el mecanismo interdictal.

Esta determinación resultaría adecuada, por lo que, no amerita

que la variemos.

         Consideramos también que el apelante alude a que la AAA

actuó de forma contraria a la Ley 14-2014. El Artículo 1 de la Ley

14- 2014, le prohíbe a la AAA cobrar un balance pendiente de pago

4
    Sentencia, Apéndice pág. 7.
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por concepto de servicio de agua de un abonado anterior a un

nuevo abonado que solicite servicio de agua para la misma

propiedad.    Esto reitera que, existen otras vías y fuentes de

derecho, para que el apelante pueda reclamar a la AAA, sin que

sea necesario acudir al remedio extraordinario del injunction. En

este punto, la AAA informa que, en el ámbito administrativo,

la Sección 3.17 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, provee un trámite similar al injunction el cual puede ser

invocado por el apelante.

      De     manera   que,   al   evaluar   las   circunstancias   aquí

presentadas, a tenor con el derecho aplicable, solo nos resta

confirmar la determinación parcial del foro primario de desestimar

la acción de Entredicho Provisional e Injunction Preliminar por

falta de un daño irreparable al existir otros remedios ordinarios

para la solución de la controversia.

      Procede devolver la acción al foro primario para la

continuación de los procedimientos, entre ellos debe atender los

asuntos ocurridos luego de la presentación de este recurso. En

particular el apelante nos informó que el 30 de enero de 2024 la

AAA le envió una carta en la cual le informó que la reclamación

por la transferencia del balance no estaba cubierta bajo el

procedimiento establecido en la Ley Núm. 33-1985.

                                  IV.

      Por las razones aquí expresadas, confirmamos la Sentencia

Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones