Court Opinion

ID: 9941517
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:52.340611+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.291425
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

MUNICIPIO AUTÓNOMO                           CERTIORARI
DE SALINAS; ESTADO                           procedente del
LIBRE ASOCIADO DE                            Tribunal de
PUERTO RICO en                               Primera Instancia,
representación del             KLCE202400042 Sala Superior de
DEPARTAMENTO DE                              Guayama
RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTALES
                                                  Civil Núm.:
Peticionario                                      GM2023CV00959
            v.                                    Sobre:
                                                  Injunction
PABLO VERGARA                                     (entredicho
RAMOS; JUDITH                                     provisional,
AGNES RIVERA                                      injunction
DÍAZ y la sociedad                                preliminar y
legal de gananciales                              permanente)
compuesta por
ambos

Recurrido

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

      Mediante Petición de Certiorari instada el 11 de enero de 2024,

comparece ante nos el Municipio Autónomo de Salinas (Municipio)

y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico

(DRNA) (en conjunto, parte peticionaria) y solicitan que revisemos

dos (2) órdenes notificadas por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Guayama (TPI), el 9 de enero de 2024. Por medio

de éstas, el TPI permitió a la parte recurrida, el señor Pablo Vergara

Ramos, su esposa Judith Rivera Díaz y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Vergara Rivera),

contestar la demanda de epígrafe y le concedió un término de 10

Número Identificador
SEN2024 __________________
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días para presentar una reconvención. Ello, dentro de un pleito de

injunction estatutario al amparo de la Ley Núm. 161-2009, infra.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y revocamos los dictámenes

recurridos.

                                I.

      Según surge del expediente, el 28 de noviembre de 2023, el

Municipio Autónomo de Salinas y el Departamento de Recursos

Naturales incoaron una Demanda de injunction estatutario al palio

de la Ley Núm. 161-2009, contra el matrimonio Vergara Rivera.

Alegaron que éstos iniciaron, mantenían y disfrutaban de ciertas

construcciones en el Camino los Indios, Sector Las Mareas, sin los

permisos ni autorizaciones correspondientes. Adujeron que el

Tribunal debía declarar la ilegalidad de las construcciones, ordenar

la paralización inmediata y permanente del uso de la estructura, así

como la demolición de toda estructura construida dentro de la

propiedad en cuestión. También requirieron el pago de una suma no

menor de $5,000.00 por concepto de costas y honorarios de

abogados.

      A raíz de lo anterior, el 4 de diciembre de 2023, el TPI dictó

una Orden y Citación, en la cual citó al matrimonio Vergara Rivera

a comparecer a una vista inicial a celebrarse el 18 de enero de

2024. El 19 de diciembre de 2023, el Municipio y el Departamento

de Recursos Naturales acreditaron al tribunal el diligenciamiento

personal de citación a los componentes del matrimonio Vergara

Rivera.

      Tras varios trámites, el 4 de enero de 2024, el matrimonio

Vergara Rivera contestó la demanda. Ese mismo día, solicitó al foro

primario un término adicional para presentar una reconvención, a

tenor con lo dispuesto en la Regla 11.4 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 11.4. El Municipio y el Departamento de Recursos
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Naturales se opusieron al antedicho petitorio, bajo el fundamento de

que el trámite del pleito de referencia era uno sencillo, que se

reducía a probar si el matrimonio Vergara Rivera ostenta o no

permisos para construir las obras descritas en la demanda.

Añadieron que, precisamente por su carácter sumario, el Artículo

14.1 de la Ley Núm. 161-2009 no contempla la reconvención como

una alegación que pueda presentarse.

      Así las cosas, el 9 de enero de 2024, el Tribunal de Primera

Instancia notificó los pronunciamientos que hoy revisamos. Según

adelantamos, se aceptó la contestación de la demanda y se le

concedió al matrimonio Vergara Rivera el término de 10 días

solicitado para presentar una reconvención.

      En desacuerdo, el Municipio y el Departamento de Recursos

Naturales acuden ante nosotros y aducen que el TPI cometió los

siguientes errores:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      autorizar la presentación de una reconvención dentro
      del procedimiento especial y de carácter sumario
      contemplado en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      autorizar la presentación de una reconvención a tenor
      con la Regla 11.4 de Procedimiento Civil aun cuando la
      parte recurrida admite que conocía la alegada causa de
      la reconvención con anterioridad a la presentación de la
      demanda.

      Junto a su recurso, el Municipio y el Departamento de

Recursos Naturales instaron una Urgente Solicitud en Auxilio de

Jurisdicción, con el propósito de que se paralizaran los efectos de las

órdenes recurridas. Añadieron que ningún efecto práctico tendría

que se concediera el remedio solicitado con posterioridad a que se

presente la reconvención y se le obligue contestarla, sucumbiendo

en un procedimiento ordinario que rechaza toda la política pública

que persigue la aprobación de los remedios extraordinarios

contemplados en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.
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       El 12 de enero de 2024, emitimos Resolución, mediante la cual

concedimos a la parte recurrida un término para someter su

posición en torno a la solicitud de paralización de los procedimientos

y al recurso de certiorari. Presentada su Memorando en Oposición a

Expedición de Auto de Certiorari, procedemos a resolver con el

beneficio de la comparecencia de todas las partes.

                                        II.

                                        A.

       El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera

et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR__(2023); Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211DPR___(2023); León v. Rest. El Tropical, 154

DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos atender

mediante el referido recurso. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et

al., 207 DPR 994 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478

(2019).1

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

1 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

      Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).
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                                       B.

       En lo concerniente a la controversia que hoy revisamos, el Art.

14.1 de la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9024,

según enmendada,2 dispone lo siguiente:

       La Junta de Planificación, así como cualquier entidad
       gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
       Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
       instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en
       representación del interés público o una persona
       privada, natural o jurídica, que tenga un interés
       propietario o personal que podría verse adversamente
       afectado, podrá presentar una acción de injunction,
       mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra
       acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un
       permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho
       utilizando información incorrecta o falsa; (2) la
       paralización de una obra iniciada sin contar con las
       autorizaciones y permisos correspondientes, o
       incumpliendo con las disposiciones y condiciones del
       permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no
       autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que
       al momento de la presentación del recurso y al momento
       de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de
       construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque
       el mismo ha sido revocado.

       […]

       El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar
       vista dentro de un término no mayor de diez (10)
       días naturales desde la presentación del recurso y
       deberá dictar sentencia en un término no mayor de
       veinte (20) días naturales desde la celebración de la
       vista.
       En aquellos casos en los cuales se solicite la
       paralización de una obra o uso, de ser la misma
       ordenada por el tribunal, se circunscribirá única y
       exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso
       impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo
       en la propiedad y que cuente con un permiso o
       autorización debidamente expedida.

       […]

       (Énfasis nuestro).

       El injunction estatutario es independiente del tradicional y,

por consiguiente, generalmente exento de la normativa aplicable a

este último. Los requisitos del injunction tradicional son más

2 El mencionado Artículo fue enmendado por el Art. 53 de la Ley Núm. 151-2013

y el Art. 49 de la Ley Núm. 19-2017.
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rigurosos que los exigidos para el estatutario. En particular, la

concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento

especial, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más

acotado. Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 497

(2014).

      En ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 443-444 (2003), el Tribunal

Supremo de Puerto Rico expresó, en el contexto de interdictos

estatutarios y procedimientos especiales como el proscrito en el Art.

14.1 de la Ley Núm. 161-2009, que:

      [C]oncluimos que el mecanismo que provee dicho
      articulado es estatutario, especial y sumario, limitado
      a la obtención de órdenes para la paralización
      inmediata, provisional o permanente de usos
      contrarios a la ley. A.R.PE. v. Rodríguez, 127 DPR 793,
      808-809 (1991). (Énfasis nuestro).

                                 III.

      Por medio de sus dos (2) señalamientos de errores, la parte

peticionaria esboza que el foro a quo se equivocó al emitir los

pronunciamientos recurridos. Alega que, ante la presentación de la

demanda sobre injunction estatutario, lo correcto era que el tribunal

determinara preliminarmente si la controversia está o no cobijada

por el estatuto citado. Es decir, si la parte recurrida ostenta o no

permisos para usar y construir una obra en el lugar concernido.

      Así, la parte peticionaria aduce que, el TPI, en un acto ultra

vires, señaló la vista a celebrarse en este caso bajo la Ley Núm. 161-

2009 en un término mayor a los 10 días naturales que esta dispone.

En esa misma dirección, destaca que el tribunal erró cuando

catalogó la vista pautada para el 18 de enero de 2024 como una

inicial y no en sus méritos.

      En consonancia con lo anterior, la parte peticionaria arguye

que el TPI erró al autorizar la reconvención solicitada por la parte

recurrida al palio de la Regla 11.4 de Procedimiento Civil, la cual, a

su entender, resulta incompatible con el procedimiento estatutario
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contemplado en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Argumenta

que en el carácter especial de la ley bajo la cual se instó la demanda

de referencia no procedía la reconvención. Máxime, cuando la parte

recurrida conoce de la alegada causa de acción desde antes de

contestar la demanda. Particulariza que, si la parte recurrida

entiende que tiene alguna reclamación en su contra, debía

presentarla en un procedimiento aparte.

      Analizado    con    detenimiento    el   expediente,   si   bien

reconocemos que, como parte del manejo de sus casos, el TPI tiene

amplia facultad para emitir las órdenes o remedios que entienda

procedan, en este caso resulta necesaria nuestra intervención con

la discreción ejercida. El expediente revela que el trámite por el cual

se ha regido el tribunal no es uno sumario y especial, como dicta el

estatuto bajo el cual se instó la demanda de epígrafe. Según el Art.

14.1 de la Ley Núm. 161-2009, la vista en el caso de autos debía

celebrarse dentro de los 10 días naturales de presentada la

demanda, lo cual ocurrió el 28 de noviembre de 2023. Sin embargo,

el foro de instancia pautó una vista “inicial” para el 18 de enero de

2024, vulnerando desde el inicio el trámite expedito que persigue la

ley aplicable. A su vez, el Tribunal autorizó una reconvención

solicitada por la parte recurrida, la cual ciertamente es incompatible

con la naturaleza sumaria que dispone el injunction estatuario.

      Recuérdese que, bajo el mencionado Art. 14.1 de la Ley Núm.

161-2009, solicitado el recurso de injunction correctamente, la labor

del TPI se ciñe a evaluar los fundamentos y el derecho invocado. Si

determina que la parte recurrida incurrió en la infracción alegada

por la parte peticionaria, expedirá una orden de paralización.

Resolver de otra manera contraviene la intención legislativa y el

mecanismo sumario y limitado que dispone el referido Artículo.

      Finalmente, por entender que las decisiones recurridas son

contrarias a derecho, y bajo los criterios de la Regla 40 de nuestro
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Reglamento, resolvemos expedir el recurso de certiorari y revocarlas.

Ello, con el objetivo de evitar un fracaso de la justicia.

                                           IV.

       Por las consideraciones que preceden, expedimos el auto de

certiorari y revocamos los dictámenes recurridos. Se declara ha lugar

la Urgente Solicitud en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte

peticionaria. En consecuencia, se dispone que la vista señalada para

el 18 de enero de 2024 sea una en sus méritos, conforme lo aquí

resuelto. De igual forma, disponemos que la reconvención

presentada por la parte recurrida es incompatible con las

disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, supra.

       Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento,3 el

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con

lo aquí resuelto, sin tener que esperar por el recibo de nuestro

mandato.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

3 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en
contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de
Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos
en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones
disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.