Court Opinion

ID: 9916122
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:16.644624+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:20.488403
License: Public Domain

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                      Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL XI

                                                    Certiorari procedente
    JUAN C. PÉREZ OLMO                              del Tribunal de Primera
                                                    Instancia, Sala
          RECURRIDO                                 Superior de Mayagüez

                V.                               Civil Núm.:
                                   KLCE202301292 MZ2022CV00709
    MAYAGUEZ MEDICAL
    CENTER DR. RAMÓN                                Sobre: Despido
   EMETERIO BETANCES,                               injustificado (Ley
          INC.                                      Núm.80), discrimen
                                                    (Ley Núm. 100),
       PETICIONARIOS                                represalia en el empleo
                                                    (Ley Núm. 115-1991)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, y la Jueza Álvarez Esnard.

Brignoni Mártir, Juez Ponente.

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2023.

       El 17 de noviembre de 2023 Mayagüez Medical Center Dr. Ramón

Emeterio Betances, Inc (en adelante Hospital o parte peticionaria) presentó

una Petición de Certiorari en la que solicita que modifiquemos la Resolución

y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Mayagüez (TPI), el 6 de noviembre de 2023. Acompañó su recurso con una

Moción en Auxilio de Jurisdicción al amparo de la Regla 79 del Reglamento

del Honorable Tribunal de Apelaciones en la que peticiona que paralicemos

los procedimientos del caso de epígrafe hasta tanto adjudiquemos el

recurso incoado.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación denegamos

la expedición del auto y declaramos No Ha Lugar la solicitud de

paralización.

                                       I

       El 17 de mayo de 2022, Juan C. Pérez Olmo (en adelante “Dr. Pérez”

o recurrido) presentó una Demanda contra el Hospital por despido

Número Identificador
RES2023 ________
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injustificado, discrimen por orientación sexual, origen nacional y raza,

represalia y acoso laboral. Alegó haber sufrido daños físicos, sufrimientos

y angustias mentales valoradas en $150,000.00. Solicitó además ser

reinstalado en su puesto como médico residente, los ingresos dejados de

devengar desde el despido y la mesada.

       Estando el caso en el proceso de descubrimiento de prueba el

Hospital anunció como perito a la psicóloga María del Mar Torres Suria y

requirió que el Dr. Pérez se sometiera a un examen mental a ser realizado

por ésta. El Dr. Pérez accedió al examen y a que su duración fuera de 4

horas. Con posterioridad, el Hospital notificó al Dr. Pérez que debería

suscribir unos documentos durante la evaluación. Por su parte, el recurrido

solicitó que se le adelantara a sus abogados dichos documentos con el fin

de que pudieran examinarlos previamente y no dilatar el proceso, pues,

ante la duda que pudiera tener sobre el efecto legal de la firma de algún

documento durante la evaluación, tiene derecho a consultar con su

abogado. Ante ello, el Hospital respondió que la evaluación no tenía límite

de tiempo pues eso dependía del perito y que no tenían control de los

documentos que el perito le haría llegar. Ante el impase suscitado las

partes optaron por acudir al tribunal para que este pautara las condiciones

de la evaluación.

       A tales efectos, el 6 de noviembre de 2023 el TPI emitió y notificó la

Resolución y Orden recurrida. En esta negó la solicitud de producción de

formularios del Dr. Pérez Olmo, estableció que el tiempo de duración de la

evaluación sería hasta un máximo de 7 horas y ordenó a los abogados del

Dr. Pérez Olmo a comparecer a la evaluación junto a su representado.

       En desacuerdo el Hospital presentó la Petición de Certiorari ante

nuestra consideración. En esta solicita que modifiquemos la determinación

del foro de instancia a los efectos de requerir durante la evaluación pericial

del Dr. Pérez Olmo la presencia de sus abogados pues a su juicio:

       Erró el TPI al ordenar a la representación legal del
       Demandante-Recurrido a comparecer a la evaluación pericial
       a serle realizada a éste pues resulta improcedente en
       Derecho e interferirá indebidamente en el proceso de la
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      misma, además de que el Demandante-Recurrido nunca
      solicitó tal remedio.

      En esencia alegó en su recurso que por cuanto el Dr. Pérez Olmo

alegó en su Demanda sufrimientos y angustias mentales, puso en

controversia su estado emocional e hizo imprescindible que se le realice

una evaluación psicológica que permita la búsqueda de la verdad. A su vez,

argumentó que no existe circunstancia excepcional que amerite que el Dr.

Pérez Olmo sea acompañado por sus abogados a la evaluación pericial.

      A solicitud nuestra el Dr. Pérez Olmo presentó su Moción en

cumplimiento de Orden. En ésta sostuvo la procedencia de la Resolución y

Orden emitida por el TPI ya que según razonó, determinar lo contrario sería

negarle asesoramiento legal y a la vez ponerlo en riesgo de suscribir,

completar y firmar documentos sin saber la implicación legal que esto

pueda tener.

      Contando con la posición de ambas partes estamos en posición de

resolver la controversia ante nuestra consideración.

                                     II

   El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de

jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal

inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics v. Medshape et al, 207 DPR 994 (2021); 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163 (2020). Por tanto,

la expedición del auto de certiorari descansa en la sana discreción del

tribunal revisor. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723,

729 (2016); IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

       La Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes

interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León Corp. v. American

International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF
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Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla

dispone lo siguiente:

         [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
         interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
         solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
         cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
         56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
         dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
         anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
         órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
         Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
         decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
         peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
         evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de
         relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
         en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
         constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
         la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el
         Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
         decisión. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

         Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos jurisdicción

sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y la adjudicación en

sus méritos es un asunto discrecional. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

175 DPR 83, 96 (2008). Sin embargo, tal discreción no opera en el

abstracto. Íd. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

establece los criterios que este foro tomará en consideración para ejercer

prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a

saber:

         A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
            diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
         B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
            para analizar el problema.
         C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
            manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
            de Primera Instancia.
         D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
            a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
            elevados, o de alegatos más elaborados.
         E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
            es la más propicia para su consideración.
         F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
            dilación indeseable en la solución final del litigio.
         G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
            evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

         De   otra   parte,   este   Tribunal   solo   intervendrá   con   las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando
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se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689,

709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                      III

       El Hospital nos solicita que modifiquemos una determinación

interlocutoria mediante la cual el TPI dictó las condiciones bajo las cuales

se llevaría a cabo la evaluación psicológica del Dr. Pérez Olmo. Por cuanto

no se trata de una determinación en torno a la admisibilidad peritos

esenciales, ni a asuntos relativos a privilegios evidenciarios, la

determinación recurrida no está entre las instancias que la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, nos faculta a intervenir de manera interlocutoria.

       Además, luego de examinar detenidamente los argumentos de las

partes no encontramos cumplido ninguno de los criterios de la Regla 40,

supra, de nuestro reglamento que nos mueva a intervenir con la discreción

que el foro primario tiene sobre el manejo del descubrimiento de prueba.

                                      IV

       Por los fundamentos antes expuestos denegamos la expedición del

auto y declaramos No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones