Court Opinion

ID: 9962758
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:49:29.614253+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:32.526524
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL XI

    MIGUEL OLIVENCIA                         REVISIÓN
                                             ADMINISTRATIVA
          Recurrido                          Procedente del
                                             Departamento de
               v.              KLRA202300643 Asuntos del
                                             Consumidor
PLANET SOLAR ANTILLAS,
 LLC; GENERAC POWER                             Querella Núm.:
    SYSTEMS, INC.                               MAY-2023-0003445

          Recurrente                            Sobre: Ley Núm. 5
                                                de 23 de abril de
                                                1973
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos Planet Solar Antillas, LLC (“Planet Solar”

o “Recurrente”) mediante un Recurso de Revisión Judicial presentado

el 13 de diciembre de 2023. Nos solicita que revoquemos la

Resolución emitida y notificada el 10 de octubre de 2023, por el

Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACo” o “agencia

recurrida”). Mediante el referido dictamen, el DACo decretó la

resolución del contrato de compraventa suscrito entre Recurrente y

el señor Miguel Olivencia (“Sr. Olivencia”). Además, condenó al

Recurrente a reembolsar la cantidad de $27,388.00 y remover el

equipo solar instalado, a su costo.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos

la Resolución recurrida.

                                  I.

      El 18 de marzo de 2021, el señor Miguel A. Olivencia Martínez

(“Sr. Olivencia Martínez” o “Querellante”), la señora Rebeca Morales

Ibarrondo y Planet Solar suscribieron un contrato intitulado

Acuerdo de consultoría, diseño, gestoría, e instalación de sistema

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
KLRA202300643                                                         2

fotovoltaico con/sin batería de reserva de energía.1 Mediante el

referido contrato, la compañía Planet Solar instalaría en la

residencia del Sr. Olivencia Martínez un sistema fotovoltaico con

batería de reserva de energía, el cual estaría garantizado por un

periodo de cinco (5) años. Para dicha instalación, el Sr. Olivencia

Martínez debía pagar la cantidad de $27,388.30.

        Así las cosas, el 17 de enero de 2023, el Sr. Olivencia Martínez

incoó una Querella ante DACo contra Planet Solar.2 En síntesis,

alegó que el 14 y 16 de mayo de 2021 se instaló en su residencia el

sistema de placas solares con la batería, pero el mismo no

funcionaba. Sostuvo que procedió a realizar varias llamadas de

servicio y la compañía visitó la propiedad. En su visita, determinó

que, debido a las fluctuaciones del voltaje en la zona, el sistema solar

se comportaba de manera “anormal”. Añadió que luego de varios

intentos con el sistema, Planet Solar se comprometió a comprarle

un regulador de voltaje, el cual nunca le entregaron. Señaló que no

se realizó un estudio de carga en la propiedad y de haber sabido que

el sistema no funcionaría por el problema de voltaje, no lo hubiese

adquirido. Así que, solicitó que le devolvieran el dinero que pagó por

el sistema.

        Transcurridos varios trámites, el 23 de mayo de 2023, Planet

Solar presentó Contestación a la Querella.3 Mediante esta, señaló

que no había incumplido con los términos del contrato, toda vez que

se había respondido y atendido las llamadas de servicio solicitadas

por el Sr. Olivencia Martínez. Indicó que fue este último quien

rechazó las citas programadas para brindarle servicio. Esgrimió que

se le notificó al Querellante que debía hacer una reclamación en

LUMA Energy para que atendiera el problema de voltaje y que había

1 Apéndice recurso, págs. 197-211.
2 Íd, pags. 3-5.
3 Íd, pags. 23-27.
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autorizado la adquisición, a su costo, de un regulador de voltaje a

instalarse en la residencia del Querellante. Argumentó que no se

podía adjudicar la controversia puesto que faltaba acumular como

parte indispensable a Generac Power System y a LUMA Energy,

además, de que el DACo no tenía jurisdicción sobre la materia. Por

lo cual, solicitó que se desestimara con perjuicio la reclamación.

       El 23 de mayo de 2023, se celebró una vista administrativa.

En esta, la representación legal de la parte Recurrente presentó

alegaciones relacionadas a la falta de parte indispensable.

Argumentó, entre otras cosas, que no se podía dilucidar la

controversia sin la presencia de la compañía Generac Power System,

Inc., (“Generac”).4 Además, levantó como defensa que el Sr.

Olivencia Martínez se había negado a que le instalaran una pieza a

su equipo solar, la cual ayudaría a mitigar el problema de carga de

energía del sistema.5 Con el fin de atender dichos planteamientos,

el 25 de mayo de 2023, notificada el 31 del mismo mes y año, el

DACo Notificación y Orden, en la que ordenó lo siguiente:6

          Se ordena a la parte querellada Planet Solar Antillas,
          LLC., coordinar la cita de instalación de regulador de
          voltaje, con la parte querellante el día 26 de mayo de
          2023.
          Una vez llevada a cabo la instalación del regulador, la
          parte querellante monitoreará el funcionamiento del
          sistema por espacio de 30 días.
          Se ordena a la parte querellada, que dentro del término
          de 10 días provea ante DACO y a la parte querellante,
          la dirección física y postal de Generac.
          Se ordena a la parte querellante enmendar la querella,
          para incluir a Generac, dentro del término de 15 días
          contados a partir de la fecha de notificación de la
          dirección de Generac.

       Posteriormente, el 7 de junio de 2023, se presentó Enmienda

a Querella, en la que incluyó como parte querellada a Generac y

alegó que dicha compañía le ofreció un servicio de reparación por

4 Véase Transcripción de la Prueba Oral (“TPO”), en el Apéndice recurso, págs. 109-

110.
5 TPO, págs. 112, 119, 126-128 y 131.
6 Apéndice recurso, págs. 28-31.
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garantía.7 A su vez, notificó que había radicado una querella ante

LUMA por el asunto de voltaje de su residencia. El 5 de julio de 2023,

Generac presentó Contestación a querella enmendada y defensas

afirmativas,8 en la que negó las alegaciones contenidas en la querella

y solicitó copia de toda prueba que el Querellante pretendía utilizar

en la vista.

       Tras varias incidencias procesales, el 13 de septiembre de

2023, se llevó a cabo la continuación de la vista administrativa.

Evaluadas las posturas de ambas partes, el 10 de octubre de 2023,

el DACo emitió la Resolución recurrida, en la que formuló las

siguientes determinaciones de hechos:9

       1. El día 18 de marzo de 2021, la parte querellante, Miguel
          Olivencia Martínez, otorgó un contrato de compraventa y
          servicio con la parte querellada, Planet Solar Antillas,
          LLC., en adelante Planet, de un sistema solar fotovoltaico
          de 4.07kw. Para esto[,] las partes firmaron un contrato
          intitulado: “Acuerdo de Consultoría Diseño, Gestoría e
          Instalación de Sistema Fotovoltaico con/sin Batería de
          Reserva de Energía”.
       2. Las partes acordaron que el precio total de los servicios y
          equipos objeto del contrato fue de $27,388.30. El
          querellante tomó un préstamo, con un tercero, para
          adquirir el sistema solar. El querellante pagó en su
          totalidad el precio acordado a Planet.
       3. El contrato incluía las gestiones para la interconexión de
          generador distribuido mediante el programa de Medición
          Neta de la Autoridad de Energía Eléctrica (ahora LUMA).
       4. La instalación del sistema solar fue llevada a cabo por
          Planet, entre el 14 de mayo de 2021 y 16 de mayo de
          2021.
       5. Los equipos instalados, tales como, inversor, micro
          inversor y batería son marca Generac. Los paneles
          solares son marca Peimar.
       6. Todos los componentes del sistema fotovoltaico y de
          baterías de reserva de energía utilizados por Planet
          tendrán la garantía original ofrecida directamente por y
          con el manufacturero de los mismos. Planet no es
          responsable por defectos de fábrica de ninguno de los
          componentes utilizados. Las garantías son del equipo, si
          hay cambio de dueño, el nuevo dueño sigue con la
          garantía.
       7. La mano de obra de la instalación está garantizada por
          un término de 5 años, a través de Planet.

7 Íd, págs. 50-54.
8 Íd, págs. 46-49.
9 Íd, págs. 75-86.
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    8. Al momento del diseño e instalación del sistema solar, se
       basó en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica,
       el consumo actual (al momento) y/o proyectado de su
       consumo, aproximado, pies cuadrados requeridos, entre
       otros (que no se expresan en el contrato). El querellado
       Planet, para definir el tamaño de su sistema solar, se
       toma en consideración el consumo promedio diario de los
       meses anteriores, según provistos por el cliente, para ser
       producidos en un periodo promedio de 5.5 horas de sol
       (promedio para Puerto Rico, el cual puede variar según la
       zona en Puerto Rico), la eficiencia y pérdidas del sistema.
    9. Al momento del querellante otorgar el contrato con la
       parte querellada, esta no llevó a cabo medidas del
       voltaje en la residencia; tampoco le advirtió al
       querellante que si ocurría voltaje alto, el equipo no
       funcionaría.
   10. Del querellante haber conocido, que de existir alto
       voltaje en su residencia y que el equipo dejaba de
       funcionar debido a esto, no hubiera adquirido el
       sistema.
   11. El mismo día que se instaló el sistema solar, este no
       funcionó.
   12. El querellante le reclamó tanto a Generac como a Planet,
       que el primer día de instalado el sistema este no
       funcionaba. El querellante estuvo 3 semanas desde
       instalado el sistema sin utilizar el mismo.
   13. Al mes de instalado el sistema, los querellados Planet y
       Generac, acudieron a la residencia del querellante, y
       encontraron, que Planet había olvidado instalar un cable
       de transfer switch, que procedieron a instalar y el sistema
       funcionó.
   14. Luego de la instalación del cable, el sistema funcionaba
       en una semana, 3 días si, y 4 días no, o 4 días si y 3 días
       no, o 2 días si y 5 días no. El sistema no operaba en su
       totalidad todas las semanas.
   15. Para el 6 de junio de 2021, no hubo servicio de energía
       eléctrica en la residencia del querellante por 4 días, y el
       sistema no funcionó.
   16. El querellante reclamó a Generac y Planet que el sistema
       no operaba, lo que dio lugar a que representantes de
       Generac y de Planet acudieran a la residencia del
       querellante a verificar. Durante dicha visita, se presentó
       el Sr. Enrique Aponte, representante del querellado
       Planet, en compañía del ingeniero Fermín Tovar, en
       representación de Generac. Ambos representantes
       querellados, le explicaron al querellante que debido a
       las fluctuaciones de voltaje en la zona el sistema no
       operaba normal.
   17. La Sra. Juliana, empleada de Planet, era la persona con
       quien el querellante se contactaba para brindarle la
       información de las quejas del problema del sistema.
   18. Ante las constantes reclamaciones del querellante, el
       querellado Planet se comprometió en instalar un
       regulador de voltaje para lidiar con la situación de alto
       voltaje en la residencia, y de esta manera el querellante
       pudiera utilizar el sistema adquirido.
   19. El regulador de voltaje se encargaría de enviar a la
       residencia la energía eléctrica necesaria que requiere la
       residencia.
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   20. El querellante se mantuvo constantemente en
       comunicación tanto con Planet como con Generac,
       informando que el sistema no estaba operando
       efectivamente.
   21. Ante las reclamaciones del querellado, Generac autorizó
       el reemplazo del inversor, el cual Planet instaló.
   22. El 18 de septiembre de 2022, el Huracán Fiona pasó por
       el área suroeste de Puerto Rico. Debido al paso del
       Huracán, varias zonas de Puerto Rico se vieron afectadas
       quedándose sin servicio de energía eléctrica. Ante la
       ausencia de servicio de energía eléctrica, el sistema solar
       del querellante operó, y luego cuando regresó el servicio
       de energía eléctrica el sistema dejó de funcionar
       nuevamente.
   23. La parte querellante volvió a reclamar a Planet, ante lo
       cual acudió un técnico y determinó que hay problemas
       con el inversor, y es entonces que Generac autoriza el
       reemplazo nuevamente del inversor, y Planet lo instaló.
   24. Luego del reemplazo del inversor, el sistema solar
       continuó presentando problemas. En la última visita de
       los técnicos, estos desconectaron el sistema porque no
       estaba operando debido a las altas fluctuaciones de
       voltaje en la residencia.
   25. El querellado Planet, no instaló el regulador de voltaje
       que había prometido al querellante.
   26. El querellante presentó una querella en la compañía
       Luma, debido al problema de alto voltaje. A pesar de la
       querella presentada, y las llamadas del querellante,
       LUMA nunca ha acudido a la residencia, ni ha corregido
       la situación de alto voltaje.
   27. El día 17 de enero de 2023, la parte querellante presentó
       ante este Departamento la querella de epígrafe.
   28. El 23 de mayo de 2023, la parte querellada Planet,
       presentó Contestación a Querella, en la cual se alegó y
       expuso en el inciso 7 y 8, que Planet autorizó la
       adquisición, a su costo, de un regulador de voltaje a
       instalarse en la residencia del querellante y que de
       inmediato se instruyó a un comprador para que realizara
       las gestiones; que el regulador debía adquirirse fuera de
       Puerto Rico y tomaría un tiempo en llegar, datos que
       fueron informados al querellante por el personal de
       Planet.
   29. El día 23 de marzo de 2023, se celebró una vista
       administrativa que se convirtió en una vista de estado de
       los procedimientos. Durante dicha vista se atendieron
       varios asuntos y planteamientos, y este Departamento
       emitió la siguiente Notificación y Orden:

                            “NOTIFICACION”
        El día 23 de mayo de 2023, las partes de epígrafe
        comparecieron a la celebración de una vista
        administrativa.
        Durante la vista administrativa, se atendieron varios
        asuntos, entre ellos el trabajo de instalación de u
        regulador de voltaje ofrecido por el querellado, para esto
        la parte querellada se comunicará con la parte
        querellante el día 26 de mayo de 2023, para coordinar
        una cita de instalación. Una vez llevada a cabo la
        instalación del regulador, la parte querellante
        monitoreará el funcionamiento del sistema por espacio de
        30 días. Quedó establecido en la vista, que la instalación
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         del equipo no se interpreta como desistimiento de la parte
         querellante con la querella presentada.
         Por otro lado, se atendió el planteamiento de que no fue
         incluido en la querella, como parte querellada, el
         manufacturero de los equipos y quien provee la garantía,
         Generac. Se ordenó en sala a la parte querellada, que en
         el termino de 10 días debía proveer la dirección física y
         postal de Generac.
         Se ordenó en sala, que la parte querellante tiene 15 días
         a partir de la fecha de notificación de la dirección de
         Generac, para presentar enmienda a querella para incluir
         al manufacturero Generac.
         Posteriormente se citará a las partes a una vista
         administrativa.
         Por todo lo antes expuesto, este Departamento, en virtud
         de las facultades conferidas por la Ley Número 5 del 23
         de abril de 1973, según enmendada, emite la siguiente:

                                  ORDEN

         Se ordena a la parte querellada Planet Solar Antillas,
         LLC., coordinar la cita de instalación de regulador de
         voltaje, con la parte querellante el día 26 de mayo de
         2023.
         Una vez llevada a cabo la instalación del regulador, la
         parte querellante monitoreará el funcionamiento del
         sistema por espacio de 30 días.
         Se ordena a la parte querellada, que dentro del término
         de 10 días provea ante DACO y a la parte querellante, la
         dirección física y postal de Generac.
         Se ordena a la parte querellante enmendar la querella,
         para incluir a Generac, dentro del término de 15 días
         contados a partir de la fecha de notificación de la
         dirección de Generac.
    30. El día 7 de junio de 2023, la parte querellante enmendó
        la querella para incluir a la parte co querellada Generac
        Power System, Inc.
    31. Luego de incluido Generac en la querella, este autorizó el
        reemplazo de la batería del sistema, lo cual así se hizo. A
        pesar del cambio de la batería, el sistema continuó sin
        poder ser utilizado.
    32. El querellado Planet, no instaló el regulador de voltaje.
    33. En el acto de la vista administrativa, del 13 de septiembre
        de 2023, la representante legal del querellado Planet
        estableció que el costo del regulador de voltaje ascendía
        sobre $3,000.00, y que la compra e instalación le
        correspondía al cliente (querellante), por lo que Planet no
        lo instaló.
    34. El sistema solar adquirido por el querellante se encuentra
        desconectado por instrucciones de Planet, cuando visitó
        al querellante, debido a voltaje alto. El querellado solo
        usa la energía eléctrica proveniente de LUMA. Nunca ha
        utilizado el Programa de Medición Neta el cual indicaba
        el contrato otorgado que se inscribiría ante AEE.
    35. El querellante no ha podido hacer uso efectivo del sistema
        solar adquirido a Planet. (Énfasis nuestro).

     En esencia, el DACo resolvió que el Sr. Olivencia Martínez fue

engañado en la contratación de la compra del sistema solar, puesto
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que Planet Solar guardó silencio sobre los asuntos relacionados a

que el alto voltaje de la propiedad provocaría que el sistema no

pudiera cumplir su función. Sostuvo que “el vendedor [Planet

Solar] tiene el deber de notificar al comprador las diferentes

situaciones que ocurren con el sistema solar a consecuencia de

los voltajes, en esencia el vendedor debe manifestare al

comprador lego todo lo relacionado con estos sistemas solares,

para que este tome una decisión informada y consciente de lo

que está ocurriendo”. (Énfasis nuestro). Al no haberse informado

al Sr. Olivencia Martínez sobre el asunto del voltaje, se configuró el

dolo en la contratación. Siendo así, determinó que procedía decretar

la nulidad del contrato, por la existencia de dolo grave que vició el

consentimiento. En consecuencia, ordenó a Planet Solar a

reembolsar la suma de $27,388.00 y a remover, a su costo, los

equipos instalados en la residencia del Sr. Olivencia Martínez.

       En desacuerdo, el 30 de octubre de 2023, Planet Solar

presentó su Moción de Reconsideración,10 la cual no fue acogida por

el DACo. Ante ello, el 13 de diciembre de 2023, Planet Solar acudió

ante nos mediante un Recurso de Revisión Judicial, en el que formuló

los siguientes señalamientos de error:

       Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor,
       Oficina Regional de Mayagüez, al asumir jurisdicción
       sobre la controversia pues la legislación vigente confiere
       jurisdicción primaria exclusiva al Negociado de Energía
       de Puerto Rico, en particular sobre el trasbordo de
       energía eléctrica o interconexión con la red de
       transmisión y distribución.
       Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor,
       Oficina Regional de Mayagüez, al determinar que Planet
       Solar Antillas, LLC incurrió en dolo grave y, por tanto,
       resolver el contrato otorgado por las partes.

       El 21 de diciembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en

la que le confirió un término de treinta (30) días a la parte Recurrida

para que expusiera su oposición al recurso instado. En vista de que

10 Apéndice recurso, págs. 92-102.
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dicha parte no compareció, procedemos a resolver la controversia

sin el beneficio de su comparecencia.

                                  II.
                    A. Revisión Administrativa

      Las determinaciones administrativas están sujetas al proceso

de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Artículo 4.006

de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y;

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022); AAA v. UIA, 200

DPR 903, 910 (2018). La Sección 4.6 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de

30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9676, (“LPAU”),

faculta al tribunal intermedio a revisar decisiones, órdenes y

resoluciones finales de organismos administrativos. Ahora bien, el

proceso de revisión judicial está limitado a determinar: (1) si el

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las

determinaciones de hechos de la agencia están basadas en evidencia

sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) si las

conclusiones de derecho fueron las correctas. Asoc. FCIAS. v. Caribe

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Véase, también, Mun.

de San Juan v. J.C.A. 149 DPR 263, 279 (1999). Los tribunales

apelativos debemos sostener los dictámenes agenciales a menos que

la presunción de legalidad haya sido superada. Capó Cruz v. Jta.

Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v. Policía

de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).

      Las determinaciones administrativas se sostendrán siempre y

cuando estén fundamentadas en evidencia sustancial que obre del

expediente. Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 9675. La

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011).
KLRA202300643                                                          10

En   ese   sentido,   “la   parte    que   impugna     judicialmente   las

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el

peso prueba para demostrar que éstas no están basadas en el

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son

irrazonables”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 89.

      Por otro lado, “cuando de conclusiones de derecho se trata,

los tribunales tenemos una amplia facultad de revisarlas

completa y absolutamente”. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos,

184 DPR 712, 745 (2012); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R.,

144 DPR 425, 436 (1997). La Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos”. Solo intervendremos cuando la actuación administrativa

resulte arbitraria, ilegal o irrazonable. Capó Cruz v. Jta. Planificación

et al., supra, pág. 592. Lo anterior “no equivale a la sustitución

automática     del    criterio   e    interpretación     del   organismo

administrativo”. Íd., pág. 591; Rolón Martínez v. Supte. Policía,

201 DPR 26, 36 (2018). La determinación de una agencia merece

deferencia sustancial aun cuando su interpretación no sea la única

razonable. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003

(2011).

 B. Orden 2022-002 e Interpretación Administrativa 2022-
                       003 del DACo

      Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada,

conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del

Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq., (“Ley Núm. 5”), faculta al

Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACo”) a “vindicar e

implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias

inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un

control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo”.

3 LPRA sec. 341b. Para cumplir con dicho deber ministerial, el

Artículo 6 de la precitada Ley faculta al DACo para, entre otros:
KLRA202300643                                                           11

      (a) Reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los
      precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento
      sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo,
      sobre los artículos, productos y aquellos servicios que
      corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas
      o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en
      aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger
      al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el
      deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la
      economía de presiones inflacionarias. […].
      […].
      (c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas
      presentadas por los consumidores de bienes y servicios
      adquiridos o recibidos del sector privado de la economía. […].
      (d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los
      consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes
      vigentes, a través de una estructura de adjudicación
      administrativa con plenos poderes para adjudicar las
      querellas que se traigan ante su consideración y conceder los
      remedios pertinentes conforme a Derecho. […].
      […].
      (i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran
      necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta ley y
      hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes,
      resoluciones y determinaciones del Departamento. […].
      (j) Reglamentar y fiscalizar los anuncios y las prácticas
      engañosas en el comercio, incluyendo la facultad de
      fiscalizar los reclamos sobre la calidad y demás cualidades
      de los productos y servicios, realizados a través de los
      distintos medios de comunicación, así como requerir de los
      anunciantes evidencia de la veracidad de los reclamos
      realizados.
      […].
      (l) Promover y establecer normas de calidad, seguridad e
      idoneidad en los servicios y en los productos de uso y
      consumo y requerir su cumplimiento. El Secretario podrá
      requerirle, dentro de un tiempo razonable, a toda empresa
      que venda algún producto u ofrezca algún servicio en Puerto
      Rico y que sea objeto de una querella, investigación rutinaria
      o información que impugne la idoneidad del producto o
      servicio, que lleve a cabo pruebas de calidad, seguridad e
      idoneidad, realizadas según se disponga específicamente en
      cada caso y costeadas por la propia empresa. […].
      […].
      (s) En coordinación con las demás agencias y
      departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
      promover y velar por el cumplimiento de todas las leyes,
      reglas, reglamentos y órdenes que afecten los intereses
      del consumidor.
      […].
      (z) Establecer un sistema de licencias y de fianzas para la
      venta y alquiler de bienes, productos y servicios que se
      ofrezcan en Puerto Rico, cuando ello sea necesario y propio
      para poner en efecto los propósitos de esta ley. […]. (Énfasis
      nuestro). 3 LPRA sec. 341e.

      Asimismo, el Artículo 8 (a) de la Ley Núm. 5, supra, dispone

que “[e]l Secretario tendrá poder para aprobar, enmendar o revocar
KLRA202300643                                                      12

aquellas     reglas,   reglamentos,    órdenes,     resoluciones    y

determinaciones necesarias al cumplimiento de esta ley”. 3 LPRA

sec. 341g.

      Al amparo de las facultades conferidas, el 9 de febrero de

2022, el Secretario del DACo emitió la Interpretación 2022-03 para

Aclarar Aspectos Jurisdiccionales del Foro Adjudicativo del DACO

Respecto a los Comercios que Ofrecen Servicios de Venta, Instalación

y/o Mantenimiento de Sistemas de Placas Solares (“Interpretación

2022-03”). El propósito de la Interpretación 2022-03 es aclarar que

tanto el Negociado de Energía de Puerto Rico (“Negociado”), como el

DACo ostentan jurisdicción sobre las posibles controversias

relacionadas a los sistemas de placas solares. Por ello, la aludida

Interpretación sirve a los fines de “delimitar el marco de acción de

cada agencia, así como los efectos que pudiera tener sobre dicha

jurisdicción la existencia de una cláusula de arbitraje”.

      En cuanto a la jurisdicción, la Interpretación 2022-03, supra,

dispone que el DACo ostenta jurisdicción para atender querellas

relacionadas a servicios de paneles o placas solares, siempre que

tales reclamaciones no contengan alegaciones que giren en torno a

aspectos de jurisdicción primaria del Negociado. Sobre ello, expone

el documento, que el Tribunal de Apelaciones ha avalado la

jurisdicción del DACo en los siguientes escenarios: 1) controversias

relacionadas a los servicios en garantía; 2) alegaciones por

incumplimiento contractual, por productos defectuosos, ya sean

placas solares o las baterías; y 3) cualquier controversia relacionada

a la adquisición de un producto (las placas o las baterías), la

instalación y los servicios prestados en relación a los mismos. A su

vez, el DACo ostenta jurisdicción sobre todos los asuntos

relacionados a prácticas engañosas y cuando surjan alegaciones de

daños a la propiedad, como resultado de la instalación defectuosa

de un sistema de placas solares.
KLRA202300643                                                                 13

         En síntesis, el DACo ostentará jurisdicción sobre todo caso

relacionado a la compraventa, instalación y mantenimiento de

servicios de placas solares, “siempre que no estén de por medio

asuntos en torno a la producción de energía, los métodos de

facturación, las tarifas o los problemas de interconexión”. En

cualquier caso que se argumente la nulidad del contrato, se hará

innecesario discutir la validez o no de una cláusula en particular y

“la     jurisdicción     del   foro    adjudicativo     del    DAC[o]      sería

incuestionable”.

      Por su parte, la Interpretación 2022-03, supra, establece que el

Negociado tiene jurisdicción primaria exclusiva sobre los casos y

controversias relacionadas con:

         •   La política pública energética del Gobierno de Puerto
             Rico;
         •   Las tarifas y cargos que establezca la Autoridad y
             cualquier productor independiente de energía;
         •   Trasbordo de energía eléctrica o interconexión entre la
             Autoridad o sus subsidiarias, y toda persona que esté, o
             interese estar, conectada a la red de energía eléctrica o
             con un interés en esos servicios; y
         •   Los contratos entre la Autoridad y los productores
             independientes de energía, así como entre productores
             independientes de energía, incluidos los casos en que se
             cuestione la razonabilidad de las tarifas de interconexión,
             o la razonabilidad de los términos y condiciones de un
             contrato de compra de energía.

         El Negociado cuenta con un procedimiento adjudicativo, en el

cual puede comparecer para instar una reclamación el Programa de

Política     Pública   Energética     del   Departamento       de    Desarrollo

Económico, contra “cualquier persona que este incurriendo o haya

incurrido en acciones u omisiones contrarias a la política pública

energética del Gobierno, y la Oficina Independiente de Protección al

Consumidor (OIPC)”. A su vez, la OIPC tendrá facultad para

presentar querellas o recursos legales ante el Negociado, a nombre

o en representación de clientes de servicio eléctrico, sobre

controversias relacionadas a lo siguiente: factura, tarifas y cargos

de     la    Autoridad    de   Energía      Eléctrica   o     de    productores
KLRA202300643                                                       14

independientes de energía, política publica energética, asuntos

ambientales,   controversias   sobre   los   servicios   de   cualquier

compañía de cualquier servicio eléctrico u otro asunto que afecte los

intereses o derechos de los clientes del servicio eléctrico. Así, la

Interpretación 2022-03, supra, aclara que el Negociado tendrá

jurisdicción primaria “cuando están de por medio asuntos

relacionados con la producción de energía, los métodos de

facturación y/o las tarifas impuestas a los consumidores”. En estos

casos, “el DAC[o] está impedido de actuar directamente”.

      De otro lado, el 9 de febrero de 2023 el DACo emitió la Orden

2022-002 para Detallar los Principales Pasos a Seguir Cuando se

Radique una Querella Relacionada a Servicios de Venta, Instalación

y Mantenimiento de Sistemas de Placas Solares (“Orden 2022-002”).

Dicha orden fue emitida con el propósito de facilitar el trámite

interno del DACo, en los casos que la agencia cuente con

jurisdicción, según dispone la Interpretación 2022-003, supra.

                   C. Dolo en la contratación

   Nuestro ordenamiento contractual sostiene que “[e]l contrato es

el negocio jurídico bilateral por el cual dos o más partes expresan

su consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear,

regular, modificar o extinguir obligaciones.” 31 LPRA sec. 9751. Los

contratos se perfeccionan “desde que las partes manifiestan su

consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en los casos en que

se requiere el cumplimiento de una formalidad solemne o cuando se

pacta una condición suspensiva”. 31 LPRA sec. 9771. Una vez

concurra los elementos de objeto, causa y consentimiento, “[l]o

acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante

sus sucesores y ante terceros en la forma que dispone la ley”. 31

LPRA sec. 9754. Véase, además, Blanco Matos v. Colón Mulero, 200

DPR 398, 407-408 (2018).
KLRA202300643                                                       15

   En cuanto al consentimiento, el Artículo 1218 del Código Civil de

Puerto Rico de 2020, (“Código Civil”) dispone que “[e]xiste

consentimiento por el concurso de la oferta y de la aceptación

cuando el oferente recibe la aceptación”. 31 LPRA sec. 9772. Sin

embargo, en los casos que se celebre un negocio jurídico en el

que medie un vicio de la voluntad, dicho negocio será anulable

si el vicio fue determinante para su otorgamiento. 31 LPRA sec.

6192. (Énfasis nuestro). Sobre ello, el Artículo 285 del Código Civil,

supra, dispone que será un vicio de la voluntad el error, el dolo, la

violencia y la intimidación. 31 LPRA sec. 6191. “El causante del dolo,

la violencia o la intimidación queda sujeto a la indemnización de los

daños y perjuicios resultantes.” 31 LPRA sec. 6192. Ello, debido a

que “[l]a autonomía de la voluntad es uno de los principios

cardinales que rigen las relaciones contractuales en nuestro

ordenamiento”. Blanco Matos v. Colón Mulero, supra.

      Sobre el caso particular del dolo, el Código Civil dicta que el

dolo grave es “la acción u omisión intencional por la cual una parte

o un tercero inducen a otra parte a otorgar un negocio jurídico

que de otra manera no hubiera realizado. Si la acción u omisión

no provoca la realización del negocio jurídico, el perjudicado puede

reclamar los daños y perjuicios que sufra.” 31 LPRA sec. 6211.

(Énfasis nuestro). A su vez, el Artículo 1164 del Código Civil, supra,

establece que el dolo “consiste en el incumplimiento deliberado y de

mala fe de la obligación.” 31 LPRA sec. 9316. El dolo ha sido

entendido como “todo un complejo de malas artes, contrario a las

leyes de la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena,

generalmente en propio beneficio”. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great

American, 182 DPR 48, 63 (2011) citando a, L. Díez-Picazo,

Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 6ta ed. Navarra, Ed.

Thomson/Arazandi, 2007, Vol. I, pág. 170.
KLRA202300643                                                       16

      El elemento objetivo del dolo puede consistir en cualquier

conducta como astucias, argucias, mentiras, sugestiones, artificios,

invención de hechos falsos, ocultación de los existentes o en

suministrar referencias incompletas de éstos. S.L.G. Ortiz-Alvarado

v. Great American, supra, págs. 64-65. El dolo “se caracteriza como

la infracción voluntaria y consciente de un deber jurídico que

ocasiona al otro contratante un perjuicio del que debe responder”.

Íd, pág. 68, citando a Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, 865

(1982). En los casos en los que medie dolo incidental, no se

invalidará el negocio jurídico, “pero su autor debe indemnizar el

daño causado. El dolo recíproco no invalida el negocio ni obliga a

resarcir.” 31 LPRA sec. 6213.

      Por otro lado, “existe otra aplicación del dolo contractual que

surge, no en la etapa de la contratación, sino en el curso de la

consumación del contrato. Este consiste en la omisión consciente,

intencionada y voluntaria de eludir el cumplimiento de la obligación,

con conocimiento de que se realiza un acto injusto”. Colón v. Promo

Motors Imports, Inc. 144 DPR 659 (1997), citando a Canales v. Pan

American, 112 DPR 329, 340 (1982). El dolo no se presume, por lo

cual, no se puede establecer mediante meras alegaciones, sino

“corresponde    a   quien   reclama     dicha   conducta   dolosa    la

responsabilidad de la prueba”. Colón v. Promo Motor Imports, Inc.,

supra, pág. 669. “La prueba de la existencia del vicio y de su carácter

incumbe a quien lo alega.” 31 LPRA sec. 6192.

                                 III.

      En el presente recurso, la parte Recurrente nos alega que erró

el DACo al emitir la Resolución recurrida. En particular, señala que

la agencia recurrida reconoció en su dictamen que el Querellante

tiene un problema de voltajes en su residencia, lo que implica que

la jurisdicción sobre dicha controversia la ostenta el Negociado de

Energía y no DACo.
KLRA202300643                                                                 17

       En su primer error, el Recurrente nos invita a examinar, de

manera prioritaria, si el DACo ostenta jurisdicción sobre la

controversia de autos. Contestamos en la afirmativa.

       Según surge del expediente del caso de epígrafe, el Sr.

Olivencia Martínez instó una Querella ante el DACo en la que alegó

que compró un sistema de placas solares con baterías a Planet

Solar, el cual estuvo defectuoso desde el momento de la instalación.

Afirmó que realizó varias llamadas de servicio a la compañía

Recurrente y recibió varias visitas, en las que le notificaron que su

residencia tenía un problema de voltaje, que provocaba que el

sistema actuara de manera “anormal”. Señaló que, de haber

conocido que el problema de voltaje ocasionaba que el sistema no

funcionara, no lo hubiese adquirido. Además, alegó que la compañía

le prometió un regulador de voltaje para atender el problema, el cual

nunca le instaló.

       De una lectura a las alegaciones contenidas en la querella y

de las determinaciones de hechos realizadas por el DACo, no nos

alberga duda que el DACo ostentaba jurisdicción para atender la

controversia    presentada     por    el     Sr.     Olivencia    Martínez,   de

conformidad con la Interpretación 2022-003, supra. El precitado

documento, dispone que el DACo ostenta jurisdicción sobre todo

caso    relacionado     a      la     compraventa,              instalación   y

mantenimiento de servicios de placas solares, “siempre que no

estén de por medio asuntos en torno a la producción de energía, los

métodos    de   facturación,    las        tarifas    o   los    problemas    de

interconexión”. Además, la Interpretación 2022-003, supra, faculta

a la agencia recurrida a atender todos los asuntos relacionados a

prácticas engañosas en la contratación.

       La cuestión principal que estaba ante la consideración de la

agencia recurrida no era el problema del voltaje. Más bien, la

controversia de autos versa sobre si medió alguna práctica engañosa
KLRA202300643                                                           18

o algún vicio del consentimiento por parte de Planet Solar al

momento de la contratación de la compra del sistema solar.

Además, el Sr. Olivencia Martínez expone que el sistema es uno

defectuoso, que no cumple las funciones para la cual fue adquirido

y que la compañía no lo orientó sobre el hecho de que algún

problema    de   voltaje   en   su   residencia   podría   dificultar   el

funcionamiento del sistema. Asimismo, alegó que la compañía

Recurrente lo engañó al no instalarle un regulador de voltaje que le

prometió.

      Lo anterior pone de manifiesto que la querella incoada por el

Sr. Olivencia Martínez contiene alegaciones que pudieran dar lugar

a una práctica engañosa por parte de una compañía solar e incide

directamente sobre uno elementos esenciales del otorgamiento del

contrato, el consentimiento. Por tal razón, coincidimos que el DACo

es el foro con jurisdicción para ventilar los reclamos del Sr. Olivencia

Martínez.

      En cuanto al segundo error, la parte Recurrente sostiene que

erró el DACo al determinar que existió dolo en la contratación.

Señala que, como parte de los acuerdos, Planet Solar nunca se

obligó a instalar un regulador de voltaje. Arguye que en la vista

administrativa celebrada el 13 de septiembre de 2023, el Sr.

Olivencia Martínez reconoció que leyó el contrato y que la propia

Resolución emitida por el DACo reconoce que se cumplieron con las

obligaciones que emanan del acuerdo. Añade que el Querellante no

logró demostrar que Planet Solar conocía, antes de celebrado el

contrato, que existía un problema de voltaje en la residencia, por lo

que no se pudo probar la existencia de dolo en la contratación. Por

tanto, procede que se revoque la Resolución que aquí se recurre.

      Conforme a nuestro ordenamiento, e]xiste consentimiento por

el concurso de la oferta y de la aceptación cuando el oferente recibe

la aceptación”. 31 LPRA sec. 9772. Sin embargo, en los casos que
KLRA202300643                                                        19

se celebre un negocio jurídico en el que medie un vicio de la

voluntad, dicho negocio será anulable si el vicio fue determinante

para su otorgamiento. 31 LPRA sec. 6192. (Énfasis nuestro).

         En el presente caso, el Sr. Olivencia Martínez logró demostrar

ante el DACo que adquirió un sistema solar de la compañía Planet

Solar, el cual nunca estuvo en funcionamiento. En la vista celebrada

el 13 de septiembre de 2023, este declaró que en ningún momento

fue orientado por el Recurrente que las fluctuaciones de carga de

energía en su residencia provocarían que el sistema solar no

funcionara, ni tampoco realizaron pruebas de cargas antes o

después de la instalación.11 Testificó que si hubiese sabido tal

información, nunca hubiese adquirido el equipo.12 A pesar de que

indicó, a preguntas del Recurrente, que leyó el contrato y que este

contenía unas cláusulas relacionadas a las limitaciones de

responsabilidad de Planet Solar, señaló que la compañía Recurrente

le prometió hacia dos (2) años atrás que le instalaría un regulador

de voltaje, lo cual nunca realizó.13

         Nuestro ordenamiento dicta que constituye dolo grave “la

acción u omisión intencional por la cual una parte o un tercero

inducen a otra parte a otorgar un negocio jurídico que de otra

manera no hubiera realizado. 31 LPRA sec. 6211. En el caso de

autos, contrario a lo que nos alega la parte Recurrente, somos del

criterio que medió un vicio del consentimiento en la contratación. El

Sr. Olivencia Martínez demostró mediante su testimonio que Planet

Solar, compañía que se dedica a hacer negocios de “consultoría

energética, gestoría, venta, instalación de sistemas fotovoltaicos y

baterías de reserva de energía”, ocultó al momento de la

contratación elementos esenciales sobre el funcionamiento de los

11 TPO, págs. 149-150.
12 Íd.
13 Íd, págs. 152, 156 y 163-166.
KLRA202300643                                                             20

sistemas de placas solares que vende. Planet Solar, quien es el que

se dedica a la industria de venta de sistemas solares, debió haber

informado          sobre   las   posibles   situaciones   que   afectan   el

funcionamiento del sistema, según la práctica que ejerce. Ello no

significa que esta compañía solar tiene el deber de predecir

cualquier escenario inimaginable, sino que era su deber, al

momento de la contratación, informar de los escenarios recurrentes

de la industria que dificultan el aprovechamiento óptimo del sistema

que está vendiendo a los consumidores.

       Por otro lado, coincidimos con el DACo en que el Recurrente

incumplió con su promesa y/u obligación de instalar un regulador

de voltaje en la residencia para el mejor funcionamiento del sistema

solar. Según surge de la transcripción de la vista celebrada el 23 de

mayo de 2023, la representación legal de la parte Recurrente alegó

que el Sr. Olivencia Martínez se había negado a la instalación de un

regulador de voltaje que tendría como fin “subsanar el problema de

carga”.14 Sobre la aludida pieza, la representante legal de Planet

argumentó que se trataba de “una pieza que estaba dentro del

contrato, pero por la dilación en lo que la pieza llegó, Planet lo iba a

asumir a su costo […].”15 Es decir, “el regulador [de voltaje] que se

le ofreció [al Sr. Olivencia Martínez] es parte de la garantía”.16 Con

el fin de que Planet Solar pudiera instalar la aludida pieza en la

residencia del Querellante, el DACo emitió una Orden en la que le

concedió un término al Recurrente para instalar la pieza y a partir

de la instalación, el Sr. Olivencia Martínez debía monitorear el

sistema por un término de treinta (30) días. No obstante, el día la

continuación de la vista, el 13 de septiembre de 2023, la

representante de Planet Solar informó que no se instaló el regulador

14 Íd, págs. 112, 119 y 126.
15 Íd, pág. 118.
16 Íd, pág. 131.
KLRA202300643                                                         21

en la residencia del Querellante y que este último tenía que sufragar

los gastos de la compra de la pieza. Añadió que el problema de la luz

no le corresponde resolverlo a Planet Solar.17

       Como mencionamos, la compañía Recurrente incumplió con

los propios acuerdos a los que se obligó mediante el contrato

suscrito y los establecidos en sala el día de la celebración de la vista

administrativa. Su acción de omitir información sustancial al

momento de la contratación y de incumplir con la promesa de

instalar un regulador de voltaje, que por sus propias palabras era

parte de la garantía, dio lugar a que la agencia recurrida resolviera

el contrato. Ante las circunstancias antes expuestas, concluimos

que actuó correctamente al anular el contrato entre las partes y

decretar la devolución de prestaciones. En ausencia de abuso de

discreción o haya actuado de manera arbitraria, irrazonable o

ilegalmente, no encontramos razón para apartarnos de la norma de

deferencia que los tribunales deben conferirle a las determinaciones

finales de los foros administrativos. Por tanto, procede que

confirmamos el dictamen emitido.

                                    IV.

       Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución

recurrida.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones

17 Íd, pág. 146.