Court Opinion

ID: 9962649
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:38:33.67613+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:21.870598
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

  HM GENERAL SOLUTIONS                                       REVISIÓN
       GROUP, LLC,                                           procedente de la Junta
                                                             de Subasta del
            Recurrente,                                      Municipio de Aguada.

                  v.                     KLRA202400096
                                                             Sobre:
   JUNTA DE SUBASTAS                                         impugnación de
    DEL MUNICIPIO DE                                         adjudicación de
  AGUADA; VELOCITY, LLC;                                     Subasta Informal Núm.
   CONSTRUCTORA V&M,                                         11, Serie 2023-2024.
    INC.; OV GENERAL
   CONSTRUCTION, INC.;
    EMPRESAS PA´ LO
     HOOONDO!, INC.,

             Recurrida.

 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                      SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

         Comparece la parte recurrente HM General Solutions Group, LLC, y

 nos solicita que revisemos y revoquemos la Resolución emitida y notificada

 el 15 de febrero de 2024. En ella, se notificó a todos los licitadores que la

 buena pro de la Subasta Informal Núm. 11, Serie 2023-2024, había sido

 adjudicada por la Junta de Subastas del Municipio de Aguada a Velocity,

 LLC.

         Por     los    fundamentos        que     expondremos   a   continuación

 confirmamos la Resolución recurrida.

                                              I

         El 5 de septiembre de 2023, el Municipio de Aguada generó una

 invitación para varias subastas informales de la serie 2023-2024. En lo

 pertinente, invitó a las siguientes entidades: HM General Solutions Group,

 LLC; Velocity, LLC; Constructora V&M, Inc.; OV General Construction,

 Inc., y Empresas Pa´ Lo Hooondo!, Inc., a la Subasta Informal Núm. 111.

 1 Véase, apéndice de la parte recurrida, a las págs. 2-3.

Número identificador

SEN2024_________________
KLRA202400096                                                                         2

Ello, con el fin de presentar propuestas para la construcción de un muro en

hormigón en la Carr. 419, Km. 0.2 int., Bo. Cerro Gordo del término

municipal de Aguada.

         De conformidad con el proceso aplicable, el 10 de octubre de 2023,

se celebró la adjudicación de la subasta2. La Junta de subastas, luego de

realizar las evaluaciones pertinentes, determinó que HM General Solutions

Group, LLC, había cumplido con la presentación de todos los documentos

requeridos en el pliego de subastas, sin embargo, había utilizado el pliego

equivocado. A su vez, acordó otorgar la buena pro al segundo mejor postor,

en este caso, Velocity, LLC, dado que la referida empresa había satisfecho

los requisitos expuestos en el pliego correcto de la subasta. En cuanto a su

determinación, surge de la minuta que la Junta tomó en consideración los

mejores intereses del Municipio y que el licitador agraciado había cumplido

con todos los términos y condiciones del pliego3.

         El 15 de febrero de 2024, la Junta de Subastas notificó a las partes

su determinación4. En ella, reiteró lo expuesto en la minuta.

         Inconforme con la referida determinación, el 26 de febrero de 2024,

la parte recurrente presentó su recurso de revisión judicial y formuló los

siguientes señalamientos:

         Erró la Junta de Subastas del Municipio de Aguada al no
         adjudicarle la Subasta Número II, Serie 2023-2024 a la Parte
         Recurrente a pesar de haber cumplido con toda la
         información solicitada en el pliego de la Subasta, como lo
         reconoce la propia junta en su adjudicación.

         Erró la Junta de Subastas del Municipio de Aguada al no
         adjudicarle la Subasta Número II, Serie 2023-2024 a la Parte
         Recurrente cuando este fue el licitador cuya propuesta fue
         más baja.

         Erró la Junta de Subastas del Municipio de Aguada al no
         adjudicarle la Subasta Número II, Serie 2023-2024 a la Parte
         Recurrente solamente porque alejadamente no utilizó el
         pliego correcto, cuando ello no es correcto, ya que el pliego
         presentado por la parte Recurrente contenía toda la
         información y partidas solicitadas, solo variando levemente el
         orden de algunos de los encasillados

2 Cabe resaltar que solo tres de las compañías invitadas sometieron propuestas. Apéndice

del recurso, a las págs. 19-20.
3 Íd., a la pág. 20.

4 Íd., a las págs. 21-22.
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        Erró la Junta de Subastas del Municipio de Aguada al no
        adjudicarle la Subasta Número II, Serie 2023-2024 a la Parte
        Recurrente cuando a la luz de los propios criterios utilizados
        por la Junta de Subastas para la adjudicación de subastas, el
        beneficio a los mejores intereses del Municipio y que se
        cumpliera con todos los términos y condiciones del pliego
        sugieren que la subasta debió ser adjudicada a la Parte
        Recurrente.

(Énfasis omitido)5.

        Por su parte, el 8 de marzo de 2024, el Municipio de Aguada

presentó su alegato en oposición. En síntesis, expresó que no se le

adjudicó la subasta a la parte recurrida pues esta no cumplió a cabalidad

con lo peticionado a través del pliego de subasta.

        Perfeccionado el recurso, resolvemos6.

                                           II

                                           A

        Es norma reiterada que las decisiones de los organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821

(2012). Además, al momento de revisar una decisión administrativa, el

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la

agencia. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

        Así pues, las determinaciones de hechos de organismos y agencias

“tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser

respetada mientras la parte que las impugne no produzca evidencia

suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). Es

por ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco

de los poderes que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR

696, 708 (2004).

5 Hacemos la salvedad de que a pesar de que los señalamientos de error hacen referencia

a la subasta con el número dos (2) romano, a lo largo del recurso se apunta a la Subasta
Núm. 11.

6 El 15 de marzo de 2024, la parte recurrida presentó un escrito de réplica al alegato en

oposición de la parte recurrente. El mismo se tiene por no puesto.
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      Cónsono con lo anterior, con el propósito de “convencer al tribunal

de que la evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe demostrar

que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda

concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con

la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”. Misión Ind. P.R.

v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998).

      No obstante, las conclusiones de derecho de las agencias

administrativas serán revisables en toda su extensión. Torres Santiago v.

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011); Asoc. Fcias. V. Caribe

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010). Sin embargo, esto no significa

que los tribunales podemos descartar libremente las conclusiones e

interpretaciones de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).

      En fin, como ha consignado el Tribunal Supremo, la deferencia

concedida a las agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la

determinación administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el

organismo administrativo haya errado en la aplicación o interpretación de

las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3)

cuando el organismo administrativo actúe arbitraria, irrazonable o

ilegalmente, al realizar determinaciones carentes de una base racional; o,

(4) cuando la actuación administrativa lesione derechos constitucionales

fundamentales. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-

745 (2012).

                                     B

      La subasta tradicional y el requerimiento de propuestas (request for

proposals o RFP) son los dos vehículos procesales que tanto el gobierno

central como los municipios utilizan para la adquisición de bienes y

servicios. Puerto Rico Asphalt v. Junta, 203 DPR 734, 737 (2019). A la luz

de que la adjudicación de subastas gubernamentales conlleva el

desembolso de fondos públicos, estos procedimientos están revestidos de
KLRA202400096                                                               5

un gran interés público. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176

DPR 978, 994 (2009). Por ello, la consideración primordial al momento de

determinar quién debe resultar favorecido, debe ir acorde con el interés

público de proteger los fondos del erario. Íd. Conforme a esto, la norma

imperante es procurar conseguir los precios más económicos y evitar el

favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y

el descuido al otorgarse los contratos, así como minimizar el riesgo de

incumplimiento. Íd.

       Ahora bien, aunque de ordinario la adquisición competitiva de bienes

y servicios por el Gobierno se realiza mediante el mecanismo de la subasta

pública formal o tradicional, ello también se puede efectuar mediante el

mecanismo de un request for proposals o RFP. R & B Power v. E.L.A., 170

DPR 606, 620-621 (2007). Se recurre a este tipo de mecanismo cuando se

trata de la adquisición de bienes o servicios especializados, que involucran

asuntos altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos

competidores cualificados. Íd., a la pág. 622.

       El ordenamiento también provee para la selección a base de

cualificaciones       (request      for   qualifications).    Sin   embargo,

independientemente del método que el ente gubernamental escoja, nuestro

Tribunal Supremo ha resuelto que “las agencias gubernamentales son las

llamadas a adoptar las normas a seguir en sus propios procedimientos de

adjudicación de subastas.” Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176

DPR, a las págs. 993-994, que cita a Perfect Cleaning v. Cardiovascular,

162 DPR 745, 757 (2004).

       También, ha reiterado que las agencias gozan de una amplia

discreción en la evaluación de las propuestas sometidas ante su

consideración,       pues   estas    poseen    “una   vasta   experiencia   y

especialización que la colocan en mejor posición que el foro judicial

para seleccionar el postor que más convenga al interés público.”

Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR, a la pág. 1006

(énfasis nuestro).
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      De otra parte, a diferencia de las subastas habituales, el

requerimiento de propuesta se destaca por ser un procedimiento informal

y flexible, que permite al oferente negociar con el gobierno central o

municipal, y enmendar o revisar las ofertas antes de la adjudicación de un

contrato de adquisición de bienes y servicios. PR Eco Park et al. v. Mun.

de Yauco, 202 DPR 525, 531-532 (2019). A su vez, la entidad pública que

esté considerando las diversas ofertas de los licitadores tiene un mayor

grado de discreción en comparación con las subastas formales.

      Independientemente de que se trate de un procedimiento de subasta

formal o de un requerimiento de propuestas, el Tribunal Supremo ha

resuelto que, una vez se adjudique la buena pro, los tribunales no debemos

sustituir el criterio de la agencia o junta concernida, a menos que se

demuestre que la decisión se tomó de forma arbitraria o caprichosa, o

que medió fraude o mala fe. Caribbean Communications v. Pol. de P.R.,

176 DPR, a la pág. 1006.

                                     C

      Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico carece de un estatuto

especial que regule los procesos de subastas. Puerto Rico Asphalt v. Junta,

203 DPR, a la pág. 737. Por ello, corresponde a los entes gubernamentales

ejercer su poder reglamentario para establecer el procedimiento y las guías

que han de seguir en las subastas para la adquisición de bienes y servicios.

Íd.

      En cuanto a los entes municipales, si bien la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601,

et seq., reglamenta ciertos aspectos de las subastas, esta legislación

excluyó a los municipios de la definición de agencia. Puerto Rico Asphalt v.

Junta, 203 DPR, a las págs. 737-738. Por ende, las subastas que los

municipios celebren quedan reguladas por la Ley Núm. 107-2020, según

enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA

sec. 7001, et seq.
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        En su parte pertinente, el Código Municipal de Puerto Rico establece

que la Junta de Subastas de cada municipio adjudicará la subasta a favor

del postor razonable más bajo cuando se trate de compras, construcción o

suministro de servicios. No obstante, la Junta “podrá adjudicar a un postor

que no sea necesariamente el más bajo o el más alto, según sea el caso,

si con ello se beneficia el interés público”. Art. 2.04(a), 21 LPRA sec. 72167.

Al adjudicar la buena pro, la Junta tomará en consideración los siguientes

factores:

        […] que las propuestas sean conforme a las especificaciones,
        los términos de entrega, la habilidad del postor para realizar
        y cumplir con el contrato, la responsabilidad económica del
        licitador, su reputación e integridad comercial, la calidad del
        equipo, producto o servicio y cualesquiera otras condiciones
        que se hayan incluido en el pliego de subasta.

21 LPRA sec. 7216.
                                          III

        Por estar estrechamente relacionados, discutiremos en conjunto los

señalamientos esbozados por la parte recurrente. Tal como detallamos, la

parte recurrente sugiere que la Junta de Subastas del Municipio de Aguada

erró y abusó de su discreción al no adjudicar la Subasta Núm. 11 a su favor.

Adelantamos que no le asiste la razón. Veamos.

        En ánimo de prevalecer en su argumento, la parte recurrente adujo

que había cumplido con todos los requisitos del pliego a pesar de haber

utilizado uno distinto. En cuanto a ello, expresó que su propuesta contenía

toda la información y las partidas solicitadas, y que solo variaba levemente

el orden en que fueron presentadas. A su vez, planteó que su propuesta

era la más baja8. Por tanto, arguyó que, según la misma fuera presentada,

no solo cumplía con todos los criterios utilizados por la Junta de Subastas

de Aguada, sino que era la de mayor beneficio en cuanto a los intereses

del Municipio.

7 Subrayamos que también el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que no

existe una regla inflexible que exija adjudicar una subasta al postor más bajo.
Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR, a la pág. 1007; Torres Prods. v.
Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 897 (2007).
8 La propuesta de la recurrente HM General Solutions Group, LLC, tenía un costo total de

$135,536.00, mientras que la de Velocity, LLC, tenía un costo de $137,125.00. Véase,
apéndice de la oposición al recurso, a las págs. 16-17.
KLRA202400096                                                                        8

        Por su parte, el Municipio de Aguada planteó que contrario a lo

planteado por la recurrente la propuesta presentada no había cumplido con

todos los requisitos del pliego. En específico, planteó que una simple

mirada al pliego de subasta revelaba que se solicitaba la instalación

de una “tubería perforada 41 Lf de 4” a lo largo del muro, cubierta con

piedra 3/4”, sin embargo, la parte recurrente cotizó para una tubería

perforada de 48 Lf9. Ello, mientras que tanto Velocity, LLC, como OV

General Construction, Inc., habían utilizado los pliegos correctos y habían

cotizado para el tubo especificado.

        Ahora bien, según discutimos, una vez adjudicada la buena pro, los

tribunales no debemos sustituir el criterio de la junta concernida, a menos

que se demuestre que la decisión se tomó de forma arbitraria o caprichosa,

o que medió fraude o mala fe. Por lo que, evaluada la totalidad del

expediente ante nuestra consideración, a la luz de los hechos y el derecho

aplicable, no podemos sino concluir que la subasta estuvo bien adjudicada.

Nada surge de los documentos o de los escritos presentados que persuada

a este Tribunal de que, en la determinación final de la Junta de Subastas

del Municipio de Aguada medió fraude o mala fe. Por el contrario, surge

que la Junta tomó en consideración los mejores intereses del Municipio y

que el licitador agraciado cumplió con todos los términos y condiciones del

pliego de la subasta informal.

        El estudio del expediente revela que la determinación de la Junta de

Subastas del Municipio de Aguada no se basó en el mero orden del pliego

sometido, sino en que, contrario a las demás licitadoras, la parte recurrente

no cumplió fiel y cabalmente con los requisitos del pliego para la Subasta

Núm 11. Reafirmamos que una junta de subastas podrá adjudicar a un

postor que no sea necesariamente el más bajo o el más alto, según sea el

caso, si con ello se beneficia el interés público. En este caso, coincidimos

con que ese postor fue Velocity, LLC.

9 Véase, apéndice de la oposición al recurso, a las págs. 15-16. Aclaramos, que “Lf” se

refiere a la unidad de medida denominada lineal feet.
KLRA202400096                                                         9

                                    IV

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución emitida

y notificada por la Junta de Subastas del Municipio de Aguada el 15 de

febrero de 2024.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones