Court Opinion

ID: 9928561
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:25:22.363268+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:05.615678
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL

El Pueblo de Puerto                                        APELACIÓN
Rico                                                       procedente del
                                                           Tribunal de Primera
           Apelado                                         Instancia, Sala
                                                           Superior de Fajardo
               vs.                 KLAN202300386
                                                           Crim. Núm.:
Salil A. Zaveri                                            NSCR202100308
                                                           NSCR202100310
          Apelante
                                                           Sobre: Art. 6A (3er
                                                           Grado) Ley 154 (2008)
                                                           Art. 6.14 Ley 168
                                                           (2019) Grave

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                        SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

        Comparece ante nos, el señor Salil A. Zaveri Flores (Sr.

Zaveri Flores o apelante), quien presenta recurso de apelación en el

que solicita la revocación de la “Sentencia Mixta” emitida el 14 de

abril de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Fajardo. Mediante dicho dictamen, el foro primario impuso al

apelante una pena de tres (3) años y un (1) día, a ser cumplida

bajo     el   régimen        de        restricción   domiciliaria   (en   el   caso

NSCR202100308). A su vez, impuso una pena de un (1) año y un

(1) día de cárcel, a cumplirse en la institución penal (en el caso

NSCR202100310). Dispuso que ambas penas serían cumplidas de

forma consecutiva, e impuso una multa por $3,000.00 (en el caso

NSCR202100308), y el pago de una pena especial por la cantidad

de $300.00 en ambos casos.

1 Notificada el 19 de abril de 2023.

Número Identificador

SEN2023 ___________
KLAN202300386                                                          2

       Además, el Sr. Zaveri Flores solicita que revisemos la

determinación hecha por el foro primario el 14 de abril de 2023,

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación

radicada por el apelante en corte abierta.

       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

confirmamos        el   dictamen       mediante   los   fundamentos   que

expondremos a continuación.

                                        I.

       El 9 de mayo de 2021, se presentaron tres denuncias contra

el Sr. Zaveri Flores. Se le imputó infringir las siguientes

disposiciones penales: (1) el Art. 7 (a) de la Ley Núm. 154-2008,

infra; (2) el Art. 6.14 de la Ley Núm. 168-2019, infra; y (3) el Art.

249 (c) del Código Penal.2 En esencia, se le imputó que, el 8 de

mayo de 2021, disparó un arma de fuego en un lugar abierto al

público, con la intención de ocasionarle la muerte a un perro. En

esa misma fecha, tras la celebración de una vista para la

determinación de causa probable, al amparo de la Regla 6 de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6, el magistrado

determinó causa probable para arresto por cada uno de los cargos.

       El 19 de agosto de 2021,3 se celebró Vista Preliminar, y el

juez determinó que existía causa probable para creer que el

apelante cometió los delitos imputados.           Tras la celebración del

acto de lectura de acusación, el 10 de septiembre de 2021, el Sr.

Zaveri Flores hizo alegación de no culpable.

       Iniciado el juicio en su fondo, el Sr. Zaveri Flores presentó

evidencia con el propósito de probar que actuó en legítima defensa.

En apretada síntesis, la prueba testimonial presentada por la

defensa intentó demostrar que el apelante actuó por terror, ya que

2 33 LPRA sec. 5339.
3 Notificada el 20 de abril de 2023.
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el perro lo estaba persiguiendo de forma agresiva.      A su vez, se

presentó prueba pericial para demostrar que este último posee un

“stress postraumático” por experiencias vividas durante su niñez.

Además de la prueba testifical, el Tribunal pudo evaluar prueba

ilustrativa consistente en videos presentados como evidencia. Tras

evaluar la totalidad de la prueba presentada, el Tribunal de

Primera Instancia concluyó que, el Sr. Zaveri Flores no actuó por

terror, sino por un sentimiento de molestia. Por ende, determinó

que no se demostró la concurrencia de los elementos necesarios

para la aplicación de la defensa afirmativa reclamada por el

apelante, entiéndase, la legítima defensa.

        Como consecuencia de lo anterior, el 14 de abril de 2023,4 el

foro a quo emitió una “Sentencia Mixta” mediante la cual impuso al

Sr. Zaveri Flores una pena de tres (3) años y un (1) día, a ser

cumplida bajo el régimen de restricción domiciliaria (en el caso

NSCR202100308). A su vez, impuso una pena de un (1) año y un

(1) día de cárcel, a cumplirse en la institución penal (en el caso

NSCR202100310). Aclaró que, ambas penas serían cumplidas de

forma consecutiva, e impuso una multa por $3,000.00 (en el caso

NSCR202100308), y el pago de una pena especial por la cantidad

de $300.00 en ambos casos.

        Inconforme, el 3 de mayo de 2023, el Sr. Zaveri Flores

recurre ante esta segunda instancia judicial, y plantea la comisión

de los siguientes errores, a saber:

                                       Primer Error
             Cometió error de derecho el Tribunal de Instancia
        al denegar la solicitud para la desestimación de la
        acusación por violación al artículo 6.14 de la Ley 168-
        2019 (Ley de Armas) fundada en que el pliego
        acusatorio no imputaba delito.
                                       Segundo Error
             Incidió el foro de instancia al encontrar culpable
        al apelante de haber incurrido en una violación al

4 Notificada el 19 de abril de 2023.
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      artículo 6.14 de la Ley 168-2019 (Ley de Armas), a
      pesar de habérsele planteado que el texto de dicha
      disposición es vago, amplio y general ya que no informa
      adecuadamente la conducta prohibida lo que es
      contrario al principio de legalidad y, por ende, al debido
      proceso de ley.
                            Tercer Error
             El Ministerio Público no cumplió con el quántum
      de prueba constitucionalmente requerido ya que no
      estableció la culpabilidad del apelante más allá de
      duda razonable, no rebatió la presunción de inocencia
      ni estableció los elementos de los delitos imputados.
                            Cuarto Error
            Erró el Tribunal de Instancia al emitir fallo
      condenatorio, a pesar de que la prueba de cargo no
      debió merecer credibilidad alguna, por lo que el
      juzgador de hechos erró al darle peso y valor probatorio
      a dichos testimonios.
                            Quinto Error
            Incidió el TPI al dictar sentencia individual y
      separada por los cargos por el artículo 6.A de la Ley
      154-2008 y el artículo 6.14 de la Ley 168-2019, aunque
      aplican las disposiciones del concurso de delitos.

                                 II.

                                 -A-

      La Constitución de Estados Unidos y la Constitución de

Puerto Rico reconocen que ninguna persona será privada de su

libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. Véase, Art. II,

Sec. 7 Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emda. V, Const. EE. UU., LPRA,

Tomo 1.   Por lo que, cuando el Estado atenta contra el interés

libertario o propietario de una persona, deberá resguardar, entre

otras garantías, una notificación adecuada del proceso. Vázquez

González v. Mun. de San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010).             En

virtud de lo anterior, el acusado, quien está propenso o expuesto a

ser privado de su libertad, tiene derecho a ser notificado de la

causa de acción en su contra, recibiendo copia de la acusación.

Véase, Art. II, Sec. 11 Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emda. VI, Const.

EE. UU., LPRA, Tomo 1.
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      Según la Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.

II, R. 34, la acusación se define como “una alegación escrita hecha

por un fiscal al Tribunal de Primera Instancia en la cual se imputa

a una persona la comisión de un delito”. Entre otras cosas, esta

deberá contener:

      Una exposición de los hechos esenciales constitutivos
      del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y
      conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier
      persona de inteligencia común. Las palabras usadas en
      dicha exposición se interpretarán en su acepción usual
      en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas
      palabras y frases definidas por ley o por la
      jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su
      significado legal. Dicha exposición no tendrá que
      emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y
      podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado.
      En ningún caso será necesario el expresar en la
      acusación o denuncia presunciones legales ni materias
      de conocimiento judicial. Regla 35 (c) de Procedimiento
      Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 35 (c).

      Como puede observarse, la precitada Regla exige que “la

acusación exponga todos los hechos constitutivos del tipo delictivo,

de forma que cualquier acusado de inteligencia mediana pueda, en

efecto, entender de qué se le acusa”. Pueblo v. Pérez Feliciano, 183

DPR 1003, 1011 (2011).     Por esto, resulta indispensable que, al

exponer las alegaciones contenidas en el pliego acusatorio, el

Estado se asegure de describir adecuadamente el delito que se

pretende imputar, incluyendo todos sus elementos.            De lo

contrario, el pliego acusatorio será insuficiente, y procederá su

desestimación por no imputar delito alguno. Regla 64(a) de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(a). De ser este el

caso, el acusado podrá presentar una moción de desestimación en

cualquier etapa del procedimiento, toda vez que ésta posee un

carácter privilegiado.   Regla 63 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II., R. 63.

      En cambio, si el defecto en el pliego acusatorio no afecta los

derechos sustanciales del acusado, estamos ante un defecto de

forma. Regla 36 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 36.
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Un defecto, imperfección u omisión de forma puede ser enmendado

en cualquier momento, e incluso, “se entenderá subsanado

[automáticamente] una vez rendido el veredicto del jurado o el fallo

del tribunal”.     Regla 38 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap.

II., R. 38.

       Ahora bien, nuestro Alto Foro ha manifestado que “la

acusación debe incluir todos los elementos del delito, de lo

contrario será insuficiente y sufrirá de un defecto sustancial”.

Pueblo v. Pérez Feliciano, supra, a la pág. 1012. A diferencia de los

defectos de forma, un defecto sustancial afecta los derechos

sustanciales del acusado, ya sea porque le impide preparar

adecuadamente        su   defensa,    o    porque   tiene   el   efecto   de

insuficiencia del pliego acusatorio. Íd. Un defecto sustancial podrá

ser subsanado en cualquier momento antes de la convicción o

absolución del acusado.        Regla 38 de Procedimiento Criminal,

supra.        No obstante, “el acusado tendrá derecho a que se le

celebre de nuevo el acto de la lectura de la acusación”. Íd.

       Finalmente, la Regla 49 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II., R. 49, provee que, una acusación “no será insuficiente por

razón de que no se nieguen en ellas las excepciones o excusas

establecidas por ley, a menos que la excepción o excusa hubiere

sido incorporada formando parte inseparable de la definición del

delito”.

                                     -B-

       En nuestro ordenamiento jurídico, es principio básico del

debido proceso que, cuando un estatuto no es claro y preciso, éste

adolece de nulidad por vaguedad.           In re Sueiro del Valle, 194 DPR

510, 534 (2016). Nuestro Máximo Foro ha sido enfático en que la

doctrina de vaguedad opera cuando: “(1) una persona de

inteligencia promedio no queda debidamente advertida del acto u

omisión que el estatuto pretende prohibir y penalizar; (2) se presta
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a la aplicación arbitraria y discriminatoria, y (3) interfiere con el

ejercicio   de   derechos   fundamentales    garantizados    por   la

Constitución”.   Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 DPR

229, 239-240 (1988).

      En el contexto del derecho penal, resulta indispensable, por

ejemplo, que el legislador, al tipificar cualquier delito, disponga

una norma determinable de culpabilidad. Esto es, que una

persona de ordinaria inteligencia tenga oportunidad razonable para

conocer, sin tener que adivinar, la conducta prohibida y el sujeto a

quien está dirigida. Pueblo v. Mantilla, 71 DPR 36, 40 (1950). De

ahí, que el delito tiene que estar tipificado con todos sus elementos

bien definidos, pues, como se trata de imponer responsabilidad

penal, su lenguaje se evaluará con más rigurosidad que el de las

leyes civiles. Pueblo v. Diaz, 160 DPR 1, 31 (2003). Así lo exigen

los principios de legalidad y nullum crimen sine lege. Íd., a la pág.

30.

      Ahora bien, todas las leyes, por más claras que sean, pueden

ser interpretadas judicialmente. Pueblo v. APS Healthcare of P.R.,

175 DPR 368, 378 (2009).      Por esto, a través de nuestra labor

interpretativa, estamos facultados para mitigar la vaguedad de

determinado estatuto considerando sus términos y la intención

legislativa, dentro de un ámbito permisible de interpretación que

no requiera un análisis amplio para salvar su validez. Pueblo v.

Diaz, supra, a las págs. 31-32.

                                  -C-

      Como regla general, un foro apelativo no debe intervenir con

las determinaciones de hechos ni         con la adjudicación de

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos. Serrano

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). Es decir, los

tribunales apelativos deben mantener la deferencia para con la
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apreciación de la prueba que realiza el Tribunal de Primera

Instancia. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004).

      El fundamento de esta deferencia hacia el Tribunal de

Primera Instancia consiste en que el juez del foro primario tuvo la

oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo tanto,

se encuentra en mejor posición que el tribunal apelativo para

considerarla.   Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573

(1998). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que es el

juzgador quien, de ordinario, está en mejor posición para aquilatar

la prueba testifical desfilada, ya que fue quien observó y escuchó a

los testigos. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001). Esto es

así, pues, como nos afirma el tratadista Cuevas Segarra, el juez

sentenciador ante quien deponen los testigos es quien tiene la

oportunidad     de        poder   apreciar      sus      gestos,     titubeos,

contradicciones,     manerismos,        dudas,        vacilaciones   y,     por

consiguiente, de ir formando gradualmente en su consciencia la

convicción en cuanto a si dicen la verdad. J.A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Civil. San Juan, Pubs. JTS, T. II, pág. 685

(2000).

      Por   ende,    el    tribunal   revisor    no    intervendrá    con    la

apreciación de la prueba hecha por el juzgador de los hechos, salvo

que exista error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-

777 (2011). Lo anterior se fundamenta en que, de ordinario, “solo

tenemos récords mudos e inexpresivos”. Muñiz Noriega v. Muñoz

Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). Sin embargo, nuestro Tribunal

Supremo ha expresado que esta norma no es absoluta. Méndez v.

Morales, 142 DPR 26, 36 (1996).           Así, cuando el foro primario

realice una apreciación errónea de la prueba, su determinación

estará sujeta a la facultad revisora de los foros apelativos.

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 712 (1990).
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De ese modo, los tribunales apelativos intervendrán cuando la

apreciación de la prueba no represente el balance más racional,

justiciero y jurídico de toda la evidencia recibida. Méndez v.

Morales, supra, a la pág. 36.

                                   -D-

      En nuestro ordenamiento jurídico existen varias causas de

exclusión de responsabilidad penal, entre ellas, la legítima defensa.

Sobre este particular, el Art. 25 del Código Penal, 33 LPRA

sec. 5038, dispone lo siguiente:

      No incurre en responsabilidad penal quien defiende su
      persona, su morada, sus bienes o derechos, o la
      persona, morada, bienes o derechos de otros en
      circunstancias que hicieren creer razonablemente que
      se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya
      necesidad racional del medio empleado para impedir o
      repeler el daño, falta de provocación del que ejerce la
      defensa, y que no se inflija más daño que el necesario
      para repeler o evitar el daño.

      Cuando se alegue legítima defensa para justificar el dar
      muerte a un ser humano, es necesario creer
      razonablemente que al dar muerte al agresor, el
      agredido o la persona defendida se hallaba en
      inminente o inmediato peligro de muerte o de grave
      daño corporal.

      Cuando el actor cause la muerte de un ser humano, y éste

invoque legítima defensa en la morada, vehículo, lugar de negocios

o empleo, el juzgador de los hechos presumirá que, al dar muerte

al agresor, el actor se encontraba en inminente riesgo de muerte o

grave daño corporal. Véase, Art. 25A (c) del Código Penal, 33 LPRA

sec. 5038a. Lo anterior, siempre y cuando el actor demuestre que

sabía o tenía razón para creer que la persona contra quien se usó

la fuerza o violencia:

      (i) penetró ilegalmente, o intentaba penetrar ilegalmente,
      al interior de la morada, vehículo, lugar de negocios o
      empleo, ocupado en tal momento por el actor o la
      persona a quien el actor protege; y/o

      (ii) secuestró o intentó secuestrar; al actor o alguna otra
      persona, del interior de la morada, vehículo, lugar de
      negocios o empleo, ocupado en tal momento por el actor
      o la persona a quien el actor protege. Íd.
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      Por tanto, si el actor demuestra que causó la muerte de un

ser humano según las disposiciones del precitado Art. 25A del

Código Penal, supra, este “no incurrirá en responsabilidad penal o

civil por los daños o muerte del agresor”. Véase, Art. 25A (g) del

Código Penal, supra.

      Claro está, para justificar la defensa de la morada, vehículo,

lugar de negocios o empleo, “las circunstancias indicarán una

penetración ilegal o que la persona que se halle en la morada,

vehículo, lugar de negocios o empleo, tenga la creencia razonable

que se cometerá un delito”. Art. 25 del Código Penal, supra. A su

vez, debemos destacar que las presunciones dispuestas en el Art.

25A del Código Penal, supra, son controvertibles. Véase, Art. 25A

(h) del Código Penal, supra.       Por ejemplo, las presunciones

establecidas en los incisos (a) y (c) no son de aplicación cuando,

entre otras razones, el actor haya provocado a la persona a quien

se causó la muerte. Véase, Art. 25A (d) del Código Penal, supra.

                                -E-

      Es posible que una persona, mediante uno o varios actos,

cometa dos o más delitos. Cuando ello acontece, es de aplicación

la figura del concurso de delitos. Dicho principio tiene un propósito

dual, a saber: (1) primero, evita que una persona sea castigada dos

veces por un mismo hecho, y (2) segundo, modera la pena

impuesta. Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587, 592 (2008). El

concurso de delitos está reconocido en el Art. 71 del Código Penal

de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5104, el cual dispone que:

      (a) Concurso ideal y medial de delitos: Cuando sean
      aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales,
      cada una de las cuales valore aspectos diferentes del
      hecho, o cuando uno de éstos es medio necesario para
      realizar el otro, se condenará por todos los delitos
      concurrentes, pero sólo se impondrá la pena del delito
      más grave.

      (b) Concurso real de delitos: Cuando alguien haya
      realizado  varios   delitos  que   sean   juzgados
      simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su
KLAN202300386                                                    11

      propia pena, se le sentenciará a una pena agregada,
      que se determinará como sigue:

      (1) Cuando uno de los delitos conlleve pena de reclusión
      de noventa y nueve (99) años, ésta absorberá las
      demás.

      (2) Cuando más de uno de los delitos conlleve reclusión
      por noventa y nueve (99) años, se impondrá además
      una pena agregada del veinte (20) por ciento por cada
      víctima.

      (3) En los demás casos, se impondrá una pena para
      cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena
      agregada del veinte (20) por ciento de la pena para el
      delito más grave.

      Como puede observarse, del precitado artículo surgen tres

tipos de concurso: (1) ideal, (2) medial y (3) real. Pueblo v.

DiCristina Rexach, 204 DPR 779, 790 (2020). El primero (concurso

ideal), se configura cuando “un solo hecho o unidad de conducta

infringe varios tipos delictivos que tutelan bienes jurídicos

distintos”.   Pueblo v. Álvarez Vargas, supra, a la págs. 592-593.

En estos casos, aunque se acusa al imputado por todos los delitos

cometidos, solamente se sanciona con la pena del delito más grave.

Pueblo v. DiCristina Rexach, supra, a la pág. 790. O sea, se impone

la pena más alta entre todos los delitos cometidos.

      El segundo (concurso medial), incluye aquellas instancias en

las que el acusado comete más de un delito, pero uno de los delitos

fue el medio necesario para cometer el otro. Íd. A diferencia del

concurso ideal, existe una pluralidad de hechos. No obstante,

aplican las normas del concurso ideal, entiéndase, se acusa al

imputado por todos los delitos cometidos, pero solamente se

sanciona con la pena del delito más grave. Íd.

      Por último, el tercero (concurso real) contempla aquellas

situaciones en las que un acusado, en actos distintos, infringe el

mismo o varios delitos.     En estos casos, existen varios actos y

varios delitos. Íd., a las págs. 790-791.
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      Para que proceda la aplicación del concurso de delitos, deben

cumplirse los siguientes criterios: (1) la identidad de sujeto activo;

(2) la comisión por ese sujeto de varios delitos independientes entre

sí; (3) un juicio simultáneo según las Reglas de Procedimiento

Criminal, y (4) que una disposición especial no prohíba la

formación de la pena agregada. Pueblo v. Álvarez Vargas, supra, a

la pág. 599. En cuanto al requisito de juicio simultáneo, basta con

que se cumpla con la Regla 37(a) de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, respecto a la acumulación de delitos en un solo

proceso judicial. Pueblo v. Álvarez Vargas, supra, a la pág. 600.

      Por ende, las disposiciones relativas al concurso de delitos

no serán de aplicación cuando exista una disposición especial que

prohíba la formación de la pena agregada. Pueblo v. DiCristina

Rexach, supra, pág. 794. En lo que nos atañe, el Art. 6.01 de la

Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 466, mejor conocida como la

“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, según enmendada,

expresamente dispone que “[t]odas las penas de reclusión que se

impongan bajo esta Ley serán cumplidas consecutivamente entre

sí y consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley”.

                                  III.

      En el primer señalamiento de error, nos corresponde resolver

si el pliego acusatorio presentado contra el Sr. Zaveri Flores por

infracción al Art. 6.14 de la Ley Núm. 168-2019, infra, es

defectuoso. En su escrito, el apelante alega que dicho pliego

acusatorio no imputa delito alguno, toda vez que no se alega un

elemento esencial del tipo delictivo: que el arma se utilizó en

legítima defensa.

      El Art. 6.14 de la Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 466m,

tipifica la siguiente conducta:

      Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un
      término fijo de cinco (5) años, toda persona que, salvo
      en casos de legítima defensa, propia o de terceros,
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      o de actuaciones en el legítimo desempeño de
      funciones oficiales o actividades legítimas de
      deportes:

      (a) voluntariamente dispare cualquier arma de
      fuego fuera de los lugares autorizados por esta
      Ley, aunque no le cause daño a persona alguna; o

      (b) intencionalmente apunte hacia alguna persona con
      un arma de fuego, aunque no le cause daño a persona
      alguna.

      […] (Énfasis nuestro).

      El precitado artículo tipifica dos (2) conductas distintas. La

primera, disparar un arma de fuego. La segunda, apuntar el arma

de fuego. Obviamente, para que se configure el delito no basta con

que se cumpla el acto de apuntar o disparar, sino que, también es

necesario que concurra el elemento subjetivo y las demás

circunstancias para ello. Por ejemplo, los elementos de la primera

modalidad de este delito, según tipificado en el inciso (a), son los

siguientes: (1) disparar un arma de fuego, (2) voluntariamente, (3)

fuera de los lugares autorizados por la Ley de Armas, supra.

      Por tanto, es necesario que, para cumplir con la Regla 35 (c)

de Procedimiento Criminal, supra, la acusación exponga cada uno

de los hechos antes enumerados. En el caso de autos, el pliego

acusatorio presentado contra el Sr. Zaveri Flores por infracción al

Art. 6.14 de la Ley Núm. 168-2019, supra, lee de la siguiente

forma:

      El referido acusado Salil A. Zaveri, allá en o para el día
      8 de mayo de 2021 y en Río Grande; Puerto Rico, que
      forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera
      Instancia, Sala de Fajardo, ilegal, voluntaria y
      criminalmente, a propósito y con conocimiento, en tres
      ocasiones disparó un arma de fuego, marca Glock,
      modelo 26, calibre 9mm, color negra, fuera de los
      lugares autorizados por ley, en el campo de golf
      del hotel Wyndham Rio Mar, de Rio Grande.

      (Énfasis suplido).

      Como puede apreciarse, en el pliego acusatorio se alegó que

el apelante: (1) disparó un arma de fuego, (2) voluntariamente, (3)

fuera de los lugares autorizados por la Ley de Armas, o sea, en el
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campo de golf del hotel Wyndham Rio Mar, de Rio Grande.        Por

ende, concluimos que el Estado cumplió con exponer todos los

hechos constitutivos del tipo delictivo. Así, no existe un

defecto sustancial en el pliego acusatorio que haya afectado

los derechos sustanciales del Sr. Zaveri Flores.

      Queremos aclarar que, contrario a la postura del apelante, la

legítima defensa, propia o de terceros, no es un elemento del

tipo delictivo, sino una excepción al mismo. De una lectura al

Art. 6.14 de la Ley Núm. 168-2019, supra, surge que, comete delito

toda persona que incurra en las conductas descritas en los incisos

(a) y (b), salvo que, entre otros casos, lo haya hecho en legítima

defensa, propia o de terceros.    La Regla 49 de Procedimiento

Criminal,   supra,   dispone     que,   una   acusación   no   será

insuficiente por razón de que no se nieguen en ellas las

excepciones o excusas establecidas por ley, salvo que dicha

excepción sea parte inseparable de la definición del delito. En

este caso, la legítima defensa no es parte inseparable de la

definición contenida en el inciso (a) del Art. 6.14 de la Ley

Núm. 168-2019, supra.           Por tanto, el Estado no estaba

obligado a negar que el Sr. Zaveri Flores actuó en legítima

defensa. Por entender que el pliego acusatorio cumple con los

criterios de suficiencia a la luz de nuestro ordenamiento legal, el

primer error no fue cometido.

      En su segundo señalamiento de error, el apelante alega que,

el Art. 7 (a) de la Ley Núm. 154-2008, 5 LPRA sec. 1670, conocida

como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”,

según enmendada, está redactado de forma amplia, vaga y general

porque no informa adecuadamente la conducta prohibida.

      Su contención es que, la Ley Núm. 154-2008, supra, define

los conceptos de “animal” y “animal realengo”, distinguiendo así

entre uno y otro. Sostiene que, el Art. 7 (a) de la Ley Núm. 154-
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2008, supra, tipifica el maltrato de un “animal”, por lo que, como el

delito no incluye expresamente el concepto de “animal realengo”, el

tribunal actuó “en contra de la intención legislativa [al] crear por

analogía un delito inexistente”. En palabras sencillas, aduce que

el Art. 7 (a) de la Ley Núm. 154-2008, supra, no castiga el maltrato

de un “animal realengo”.

      Reiteradamente, nuestro Máximo Foro ha enunciado que:

      ... [Es] principio cardinal de hermenéutica que ‘[a]l
      interpretar una disposición específica de una ley, los
      tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los
      propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al
      aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle un
      sentido que asegure el resultado que originalmente se
      quiso obtener’ ... Nuestra obligación fundamental en
      estos casos, es imprimirle efectividad a la intención
      legislativa, propiciando de esta forma la realización del
      propósito que persigue la ley... Al interpretar y aplicar
      un estatuto hay que hacerlo teniendo presente el
      propósito social que lo inspiró... Pizarro v. Nicot, 151
      DPR 944, 951 (2000), citando a Vázquez v. A.R.P.E.,
      128 DPR 513, 523 (1991).

      Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 154-2008, supra, los animales son seres vivientes dignos de

un trato justo y humanitario, incluyendo respeto, atención,

cuidado y protección por parte del ser humano. Por esta razón, se

reconoce la “vital importancia [de] proteger y cuidar de los

animales” mediante la creación de un estatuto abarcador que

permita “disuadir y/o procesar a las personas del abuso contra los

animales”. Íd. Queda claro que el propósito del estatuto no es otro

que el de tomar “medidas para evitar que se continúe con el

maltrato de animales… no sólo para la protección de estos seres

indefensos, sino para colaborar a desarrollar una sociedad

puertorriqueña mentalmente saludable”. Íd.

      Con esta intención legislativa en mente, procedemos a

analizar las distintas disposiciones de la Ley Núm. 154-2008,

supra.   En primer lugar, procedemos a analizar las definiciones

contenidas en el Art. 2 de la Ley Núm. 154-2008, 5 LPRA sec.
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1660. El antedicho artículo define el término “animal” como

“cualquier animal mamífero, aves, reptiles, anfibios, peces,

cetáceos y cualquier otro animal de los tipos (phyla) superiores o

que esté en cautiverio o bajo el control de cualquier persona, o

cualquier animal protegido por leyes federales o estatales u

ordenanzas municipales”. (Énfasis provisto).

      Como el texto legislativo no ofrece una definición intrínseca

del término “mamífero”, podemos definir el concepto por medio de

un diccionario. R.E. Bernier y J.A Cuevas Segarra, Aprobación e

Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan,

Pubs. JTS, pág. 250, 1987.         La palabra “mamífero” incluye

aquellos animales vertebrados cuyo embrión “se desarrolla casi

siempre dentro del seno materno, y cuyas crías son alimentadas

por las hembras con la leche de sus mamas”. Diccionario de la

Lengua Española, Real Academia Española, 22ed., Madrid, Ed.

Espasa Calpe, 2001, T.II. A su vez, la Real Academia Española

define la palabra “perro” como un “[m]amífero doméstico de la

familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos,

según las razas, que tiene olfato muy fino y es inteligente y muy

leal a su dueño. Íd. (Énfasis nuestro).

      A su vez, el Art. 2 de la Ley Núm. 154-2008, supra, define el

concepto de “animal realengo” como “aquél que no tenga guardián

conocido”. Íd. Asimismo, el aludido artículo “maltrato” incluye “a

todo acto u omisión en el que incurre una persona, sea guardián o

no, que ocasione o ponga a un animal en riesgo de sufrir daño a

su salud e integridad física y/o emocional”. (Énfasis nuestro).

      Expresándose sobre la interpretación de los estatutos

penales, en Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 739 (2014),

nuestro Máximo Foro expresó que:

      [T]odas las leyes, incluyendo las de índole penal, están
      sujetas a interpretación. Conforme a ello, ante una
      duda de qué es lo que constituye delito bajo
KLAN202300386                                                                     17

       determinada disposición penal, el tribunal debe aplicar
       los correspondientes principios de hermenéutica, lo cual
       podría resultar en alcanzar una interpretación
       restrictiva o extensiva del delito.

       Acorde lo anterior, el principio de legalidad estatuido en el

Art. 2 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5002, no nos

impide ejercer nuestra función interpretativa cuando se trata de

leyes penales.5 De hecho, así lo reconoce nuestro Código Penal al

indicar que “[l]as palabras y frases se interpretarán según el

contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente”.

Véase, Art. 12 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5012.

Esto implica que, al analizar una ley penal:

       En primer lugar, el principio de legalidad no obliga al
       tribunal que va a interpretar a adoptar “una
       interpretación restrictiva cuando inicialmente surge una
       duda sobre que dispone el delito”. En segundo lugar, y
       sin rayar en la analogía, el Tribunal puede optar por
       una interpretación extensiva del delito, “siempre y
       cuando la misma no sobrepase el sentido literal posible
       del estatuto penal”. Cosme Morales, J., Los Seres
       Sensibles y el Principio de Legalidad, Revista de
       Derecho Puertorriqueño, 60:2, Pág. 728, (2021). (Citas
       Omitidas).

       Dicho esto, procedemos a interpretar el delito de maltrato

agravado de animales, según definido en el Art. 7 (a) de la Ley

Núm. 154-2008, 5 LPRA sec. 1670, el cual dispone que:

       a. Una persona comete el delito de maltrato agravado
       de animales si la persona intencionalmente o a
       sabiendas:

            i. Tortura un animal; o

            ii. Mata a un animal bajo circunstancias que
            demuestren malicia premeditada o un grave
            menosprecio por la vida.

            (Énfasis suplido).

       Este delito posee dos modalidades: (1) tortura o (2) muerte.

En cuanto a la segunda, los elementos del tipo delictivo son los

siguientes: (1) una persona, (2) intencionalmente o a sabiendas, (3)

5 El principio de legalidad prohíbe cualquier acción penal contra una persona por la
comisión de cualquier hecho que no esté expresamente definido como delito. También
prohíbe la creación de delitos por analogía.
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mata un animal, (4) bajo circunstancias que demuestren malicia

premeditada o grave menosprecio por la vida.

       Como puede apreciarse, al definir el delito, el legislador

utilizó la palabra “animal”, y dejó de incluir el término de “animal

realengo”.    El Sr. Zaveri Flores asevera que, como el delito no

incluye la muerte de un “animal realengo”, se le aplicó por

analogía. Su argumento no tiene méritos.

       Según adelantamos, la clara intención legislativa detrás de la

aprobación de la Ley Núm. 154-2008, supra, es clara: respetar,

proteger y cuidar a todos los animales. Por su parte, el término

“animal”, según definido en el Art. 2 de la Ley Núm. 154-2008,

supra, incluye, entre otros, a cualquier animal mamífero. Un

perro, según la Real Academia Española, es un animal mamífero.

       Primero, queremos dejar claro que, a nuestro juicio, la

intención del legislador es la de defender a todos los animales,

sin importar si éstos poseen o no algún guardián conocido. Por

lo que, para efectos de la comisión del delito de maltrato agravado,

el describirlo o añadirle el adjetivo de “realengo” no hace diferencia

alguna.      No obstante, aún asumiendo que éstos quedasen

excluidos, el apelante incurrió en la conducta tipificada, pues,

como ya mencionamos, un perro es un “animal” para los efectos

de la Ley Núm. 154-2008, supra.6                   Por ende, no podemos

adoptar la postura del apelante, respecto a que éste no fue

advertido adecuadamente sobre el acto u omisión que el Art. 7 (a)

de la Ley Núm. 154-2008, supra, pretende prohibir. La prohibición

es fácilmente discernible, y no deja al arbitrio irrestricto de las

autoridades la determinación de los elementos de la ofensa. Por

ello, el segundo error tampoco fue cometido.

6 De hecho, el Art. 3 (d) de la Ley Núm. 154-2008, 5 LPRA sec. 1666, hace alusión
expresa a los perros.
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       En su tercer y cuarto señalamiento de error, el Sr. Zaveri

Flores cuestiona la credibilidad otorgada por el foro a quo en su

evaluación     de   la   prueba    testifical.   Por   estar     íntimamente

relacionados, discutiremos ambos errores en conjunto.

       La posición del apelante es que la prueba desfilada demostró

que actuó en legítima defensa “de un compañero de golf y luego en

la suya propia”.7 En ese contexto, aduce que demostró los

elementos necesarios para que opere la mencionada defensa

afirmativa, ya que: (1) tenía la creencia de que iba a sufrir un daño

inminente, (2) hubo ausencia de provocación por su parte, (3)

existía necesidad racional para emplear el arma de fuego, (4) no

infligió más daño que el necesario para repeler o evitar el daño, y

(5) tenía motivos fundados para creer que se encontraba en peligro

de muerte o grave daño corporal. Además, alude a que el Estado

no logró rebatir la presunción establecida en el Art. 25A del Código

Penal, supra.

       En    cambio,     el   Ministerio   Público     apuesta    a   que   la

presunción del Art. 25A del Código Penal, supra, es inaplicable al

caso. A su vez, niega la concurrencia de los elementos necesarios

para que opere la defensa afirmativa invocada por el apelante.

       Primero, atenderemos lo relativo a la aplicación de la

presunción.      Debemos comenzar nuestro análisis mencionando

que “[l]as presunciones son aquéllas establecidas por ley o por

decisiones judiciales”. Regla 304 de Evidencia de Puerto Rico, 32

LPRA Ap. VI, R. 304. Una presunción es aquella “deducción de un

hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se haga de otro

hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la acción”.

Regla 301 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 301.

“El hecho base es ese elemento fáctico establecido previamente, y

7 Véase, apéndice pág. 19.
KLAN202300386                                                       20

el hecho deducido mediante la presunción, se le denomina hecho

presumido”. Íd.

      En palabras literales, el Art. 25A del Código Penal, supra,

provee lo siguiente:

      (a) Se presumirá la razonabilidad de la creencia del
      actor de que él, u otra persona, está en riesgo de sufrir
      daño inminente a su integridad corporal, la ausencia de
      provocación por parte del actor y la necesidad racional
      del medio empleado y del daño ocasionado para
      impedir o repeler el daño, si:
            (1) el actor sabía o tenía razón para creer que la
            persona contra quien se usó la fuerza o violencia:
              (i) penetró ilegalmente, o intentaba penetrar
              ilegalmente, al interior de la morada, vehículo,
              lugar de negocios o empleo, ocupado en tal
              momento por el actor o la persona a quien el actor
              protege; y/o
      […]
      (b) La presunción establecida en el inciso (a) no es de
      aplicación, si:
      […]
            (3) hubo provocación por parte del actor para con la
            persona contra quien se usó la fuerza o violencia; o
      […]
      (c) Al causarse la muerte de un ser humano, se
      presumirá la razonabilidad de la creencia del actor para
      creer que, al dar muerte al agresor, el actor o la persona
      defendida se hallaba en inminente o inmediato peligro
      de muerte o de grave daño corporal si:
            (1) el actor sabía o tenía razón para creer que la
            persona a quien se causó la muerte:
              (i) penetró ilegalmente, o intentaba penetrar
              ilegalmente, al interior de la morada, vehículo,
              lugar de negocios o empleo, ocupado en tal
              momento por el actor o la persona a quien el actor
              protege; y/o
      […]
      (d) La presunción establecida en el inciso (c) no es de
      aplicación si:
      […]
            (3) hubo provocación por parte del actor a la persona
            a quien se causó la muerte; o

      Como puede observarse, la precitada disposición aplica en

favor del actor que utiliza fuerza o violencia o causa la muerte de

un ser humano o de una persona para, entre otras cosas,

defender su vehículo.      Así surge del propio Art. 14 del Código
KLAN202300386                                                                   21

Penal, 33 LPRA sec. 5014, el cual define el término de “actor” como

“aquella persona que, en defensa de su morada, vehículo, negocio

o lugar de trabajo o en defensa de la morada, vehículo, negocio o

lugar de trabajo de otra persona, causa daño o la muerte a un ser

humano”. (Énfasis suplido). A su vez, el antedicho artículo aclara

que el concepto de “persona” se refiere a “las personas naturales y

las personas jurídicas”. Íd. (Énfasis provisto). Incluso, el propio

Art. 2 de la Ley Núm. 154-2008, supra, distingue los conceptos de

“animal” y “persona”, definiendo este último como cualquier

“individuo,     corporación,      fideicomiso,     asociación,     sociedad     o

cualquier otra entidad legal, natural o jurídica”. Aunque nuestro

Código Penal ni la Ley Núm. 154-2008, supra, definen propiamente

el término de “ser humano”, no albergamos duda de que éste se

utiliza para sustituir el concepto de persona natural.

       De conformidad con el análisis de interpretación gramatical

que antecede, no podemos asumir el hecho presumido de que

las actuaciones del Sr. Zaveri Flores fueron razonables, toda

vez que el apelante no logró demostrar el hecho base: que, con

el propósito de defender su vehículo, utilizó fuerza o violencia

o causó la muerte de un ser humano o de una persona. Aquí,

la víctima es un animal que, aunque siente y padece, no puede

considerarse una persona o ser humano.8 Por ende, concluimos

que la presunción del Art. 25A del Código Penal, supra, es

inaplicable al caso.

       Aclarado este asunto, procedemos entonces a determinar si

concurren los elementos necesarios para una legítima defensa. El

juicio fue celebrado por tribunal de derecho los días 30 y 31 de

enero, y 1, 2, 6, 8, 10, 13 y 16 de febrero de 2023. A continuación,

8 El Art. 67 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 5501, dispone que hay dos tipos de
persona: (1) natural y (2) jurídica. Asimismo, preceptúa que “[t]odo ser humano es
persona natural”. (Énfasis nuestro).
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resumimos los aspectos relevantes de los testimonios pertinentes a

la defensa afirmativa en la que se ampara el apelante:

         Pedro Javier Nevárez Bruno: Declaró que, el 8 de mayo de

2021, estaba en Western Rio Mar participando en un juego de golf

junto con un grupo de amigos.9 Relató que la partida se componía

de 18 hoyos y que, aproximándose al hoyo 17, pudo observar tres

perros pequeños jugando entre ellos.10 Una vez finalizado el hoyo

17, pasó entonces al hoyo 18 y escuchó una detonación.11 Acto

seguido, observa a un caballero en el green del hoyo 17 ejecutando

un segundo tiro.12 En ese momento, se percata de que el ruido

proviene de ese lugar, y que es ocasionado por un arma de fuego.13

Posteriormente, visualiza al caballero acercarse un poco más a lo

que le estaba disparando, y hace un tercer tiro.14 Manifestó que,

aunque escuchó tres tiros, solo pudo observar dos de ellos.15

Expresó que, luego de realizado el tercer tiro, el caballero colocó su

arma de fuego en el carrito de golf, cogió su palo de golf y terminó

su partida como si nada pasara.16 Indicó que fue hasta el lugar y

observó al perro muerto.17 Aunque había visto los perros muchas

veces,18 estos nunca le atacaron.19 Comentó que, nunca los

consideró como una amenaza,20 y que los había visto jugando y

cazando iguanas.21

         Tory Green: Expresó que, el 8 de mayo de 2021, estaba

jugando golf con el apelante, Wissan Mouneyard y Robert

Philipps.22       Una vez llegan al hoyo 17, pegó un segundo tiro al

9 TP de 30 de enero de 2023, pág. 92 líneas 24 y 25; pág. 93 líneas 1-5.
10 Íd., pág. 94 líneas 8-25.
11 Íd., pág. 95 líneas 8-9; 19-23.
12 Íd., pág. 97 líneas 6-22.
13 Íd.
14 Íd.
15 Íd., pág. 99 líneas 22-25; pág. 145 líneas 1-13.
16 Íd., pág. 102 líneas 11-13; pág. 111 líneas 21-25; pág. 112 líneas 1-7.
17 Íd., pág. 103 líneas 12-15 y 23-25; pág. 104 líneas 1-3.
18 Íd., pág. 115 líneas 1-3.
19 Íd., pág. 117 líneas 9-11.
20 Íd., pág. 117 líneas 10-25.
21 Íd., pág. 118 líneas 8-12.
22 TP de 1 de febrero de 2023, pág. 27 líneas 2-24.
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green,23 y un perro cogió su bola y comenzó a correr hacia el

fairway.24 Allí permaneció sentado junto a otros dos perros,25 y

después soltó la bola y comenzó a correr en dirección distinta a la

que ellos se encontraban.26 Habiendo el perro soltado la bola, fue

hasta allá y la recogió.27 Mientras manejaba su carrito de golf

hasta el green, el perro comenzó a perseguirlo.28 Posteriormente,

dejó de seguirlo.29 Continuó su marcha por la parte posterior del

green, una montaña alta que le impedía visibilidad hacia el otro

lado.30 Es entonces cuando escucha dos disparos provenientes del

otro lado del green.31 Hasta ese momento, desconocía que el

apelante estaba armado.32 Quería ver lo que estaba sucediendo,

por lo que caminó desde la parte posterior del green y pudo

observar al apelante con el arma de fuego.33                       Además, visualizó

cuando disparó al perro por tercera ocasión.34                            Expresó que la

muerte del perro le causó molestia,35 y que no quiso seguir

jugando.36 Sus compañeros continuaron jugando el hoyo 18 hasta

que llegó la policía.37

        En el contrainterrogatorio, dijo que no escuchó al apelante

decir “vamos a brincar (skip) el hoyo 17”.38 Tampoco observó al

perro perseguir al apelante.39 Es más, no visualizó ninguna

interacción entre el apelante y el perro, a parte del tercer disparo.40

Admitió que el tercer tiro le pareció fue uno de misericordia porque

el perro estaba sufriendo.41 Declaró que, a pesar de que el perro lo

23 Íd., pág. 30 líneas 5-21.
24 Íd., pág. 33 líneas 3-17.
25 Íd., pág. 33 líneas 19-22.
26 Íd., pág. 35 líneas 9-25; pág. 38 líneas 2-8.
27 Íd., pág. 38 líneas 12-20.
28 Íd., pág. 38 líneas 22-25; pág. 39 líneas 1-12; pág. 82 líneas 4-10.
29 Íd., pág. 39 líneas 16-23; pág. 82 líneas 4-10.
30 Íd., pág. 40 líneas 2-9; pág. 82 líneas 19-22.
31 Íd., pág. 40 líneas 11-24; pág. 41 líneas 2-13.
32 Íd., pág. 42 líneas 13-25.
33 Íd., pág. 43 líneas 15-24.
34 Íd., pág. 44 líneas 3-8.
35 Íd., pág. 47 líneas 10-12 y 20-22; pág. 53 líneas 2-6.
36 Íd., pág. 47 líneas 13-16.
37 Íd., pág. 58 líneas 7-17.
38 Íd., pág. 79 líneas 12-19.
39 Íd., pág. 83 líneas 9-21.
40 Íd., pág. 116 líneas 1-11.
41 Íd., pág. 101 líneas 1-19.
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persiguió, no sabía si estaba atacando o jugando.42 Finalmente,

expresó que, previo al día de los hechos, había visto a los perros

alrededor del parque de golf, que las personas comentaban sobre el

tema, y que todos sabían que había perros en el área.43

        Wissan Mouneyard: Testificó que, el 8 de mayo de 2021, se

encontraba en Western Rio Mar jugando golf con el apelante.44

Dijo que, al llegar al hoyo 17, observó los perros.45 Los veía todo el

tiempo, y en esta ocasión, estaban sentados en el fairway.46

Relató que su compañero, Tory Green, golpeó su pelota y,

posteriormente, uno de los perros la cogió y comenzó a jugar con

ella.47 Declaró que Tory Green fue a buscar la bola en su carro de

golf, pero tuvo que regresar luego de que uno de los perros

comenzara a seguirlo.48              Después, el apelante intentó buscar la

bola en su carro de golf, pero, como el perro también lo siguió, este

regresó y se estacionó a su lado.49 En ese momento, se percató de

que el apelante tenía un arma de fuego y comenzó a hacer bromas

al respecto.50 Le dijo: “¿qué vas a hacer? ¿vas a dispararle a los

perros?”, y comenzó a reírse.51 Aunque el apelante sugirió obviar

(skip) el hoyo 17, éste se fue, por segunda ocasión, a buscar la

bola.52     Según       observó,      de     los     tres   perros,    dos   de   ellos

permanecieron sentados, y solo uno comenzó a seguirlo.53 Al ver

lo que sucedía, comenzó a reírse y no pensó que era peligroso.54

Mientras tanto, el apelante intentó evadir el perro, pero le

disparó.55         Al ejecutar la primera detonación, el perro se

encontraba a una distancia aproximada de seis (6) pies del

42 Íd., pág. 104 líneas 2-10.
43 Íd., pág. 125 líneas 12-25; pág. 126 líneas 1-12; pág. 128 líneas 1-14.
44 TP de 31 de enero de 2023, pág. 24 líneas 6-25.
45 Íd., pág. 26 líneas 17-25.
46 Íd., pág. 28 líneas 4-16; pág. 33 líneas 19-24.
47 Íd., pág. 34 líneas 3-16.
48 Íd., pág. 35 líneas 2-14.
49 Íd., pág. 36 líneas 16-25.
50 Íd., pág. 38 líneas 16-24.
51 Íd., pág. 41 líneas 2-11; pág. 42 líneas 18-25.
52 Íd., pág. 41 líneas 2-11; pág. 44 líneas 13-25; pág. 45 1-16.
53 Íd., pág. 46 líneas 1-15.
54 Íd., pág. 83 líneas 11-24.
55 Íd., pág. 46 líneas 1-15.
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apelante.56 Acto seguido, el apelante detiene su carro de golf, se

baja, y hace un segundo disparo.57 Indicó que, luego de lo

acontecido, el apelante continuó jugando y golpeó su pelota.58

Asombrado por lo ocurrido, fue donde el apelante y le dijo “pero

qué hiciste, no era necesario”.59                    El apelante le contestó: “¿qué

querías      que     hiciera?      Podía      tener     rabia”.60    Como    el   perro

continuaba moviéndose, el apelante le disparó en una tercera

ocasión.61 Continuaron su juego hasta que llegó la policía.62

         A preguntas de la defensa, declaró que, a su entender, el

apelante no tenía la intención de matar el perro.63 Igualmente

señaló que el apelante estaba triste después de matar el animal.64

Sin embargo, reiteró que continuaron jugando.65 Asimismo,

sostuvo que el perro, mientras perseguía al apelante, estaba

ladrando.66 Además, aseveró que creía que el tercer tiro fue uno de

misericordia.67 También, admitió conocer que el apelante tenía

miedo a los perros realengos.68 Reconoció que, aunque el apelante

le pidió saltar u obviar el hoyo 17,69 se negó a hacerlo porque veía

los perros todo el tiempo y no les tenía miedo.70                        En cuanto al

carácter, expresó que el apelante no le parecía una persona

violenta, sino amable.71             No obstante, aclaró que su opinión se

basa en las cuatro o cinco veces que compartió con él en el campo

de golf.72 Finalmente, hizo constar que, en una ocasión el apelante

le comentó que había dejado su arma de fuego en la bolsa de golf,

por lo que le preguntó: “para qué necesitas el arma de fuego en un

56 Íd., pág. 49 líneas 9-16.
57 Íd., pág. 46 líneas 1-15; pág. 49 líneas 17-25.
58 Íd., pág. 52 líneas 24 y 25; pág. 53 líneas 1-24.
59 Íd., pág. 55 líneas 6-20.
60 Íd.
61 Íd., pág. 58 líneas 9-24.
62 Íd., pág. 92 líneas 9-25; pág. 93 líneas 1-4.
63 TP de 2 de febrero de 2023, pág. 86 líneas 6-15.
64 Íd., pág. 86 líneas 16-23.
65 Íd., pág. 172 líneas 15-25; pág. 173 líneas 1-6.
66 Íd., pág. 87 líneas 3-10.
67 Íd., pág. 88 líneas 3-10.
68 Íd., pág. 99 líneas 12-22.
69 Íd., pág. 122 líneas 6-12.
70 Íd., pág. 123 líneas 2-10.
71 Íd., pág. 133 línea 25; pág. 134 líneas 1-4; pág. 161 líneas 15-23.
72 Íd., pág. 166 líneas 7-17.
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campo de golf”, a lo que el apelante le contestó: “Uno nunca sabe,

hay perros que pueden tener rabia”.73

        Robert Philipps: Durante el juicio, se admitió en evidencia

una declaración jurada que prestó el testigo.74             Este relató que

pudo observar cuando Tory Green fue a recoger su bola, pero el

perro se lo impidió.75 Aunque reconoció que estaba enfocado en su

bola de golf y mirando el piso al momento en que se hicieron los

primeros dos disparos,76 aclaró que el apelante dijo que el perro lo

atacó y que no tenía razón para no creerle.77 Especificó que el día

de los hechos los perros estaban más agresivos.78

        Salil Ashok Zaveri: Testificó que, al llegar al hoyo 17, cada

cual estaba manejando su propio carro de golf,79 y que no podía

ver el fairway ni los perros.80 Después que hicieron su primer

tiro,81 fueron donde las bolas habían caído y, en ese instante, pudo

observar a los perros.82            Antes de hacer su segundo tiro, estaba

analizando si quería o no jugar el hoyo 17, pues había tres perros

directamente frente a ellos.83 Mientras tanto, Tory Green le pegó a

su bola, y uno de los perros comenzó a jugar con ella.84 Eso le

pareció bonito (cute), y pensó que el perro era juguetón (playful).85

Al verlo jugar, su nivel de tensión bajó.86 Esto, a pesar de que

normalmente piensa que los perros realengos son peligrosos,

especialmente si andan en jauría.87 Declaró que los otros dos

perros permanecieron sentados en el medio del fairway cogiendo

sol.88 Ello provocó que su nivel de tensión bajara aún más.89 Por

73 Íd., pág. 190 líneas 19-25; pág. 191 líneas 1-11.
74 Esta declaración jurada fue estipulada por las partes.
75 Íd., pág. 241 líneas 15-19.
76 Íd., pág. 241 líneas 24 y 25; pág. 242 líneas 1-4.
77 Íd., pág. 242 líneas 6-9.
78 Íd., pág. 242 líneas 10 y 11.
79 TP de 9 de febrero de 2023, pág. 31 líneas 4-25.
80 Íd., pág. 32 líneas 3-10.
81 Íd., pág. 33 líneas 13-16.
82 Íd., pág. 34 líneas 5-9.
83 Íd., pág. 35 líneas 1-11.
84 Íd., pág. 35 líneas 12-25.
85 Íd., pág. 36 líneas 1-3.
86 Íd., pág. 36 líneas 17-21.
87 Íd., pág. 36 líneas 6-16.
88 Íd., pág. 36 líneas 22-25.
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consiguiente, continuó jugando y le pegó a su bola por segunda

ocasión.90 Luego, continuó moviéndose adelante, y ahí fue cuando

uno de los perros comenzó a seguirlo.91 Los otros dos perros

permanecieron sentados.92 Como el perro estaba distante, logró

esquivarlo.93 Ante lo sucedido, sintió terror, y tenía el arma en su

mano porque estaba bajo ataque.94 Regresó donde estaba, se

estacionó al lado de Wissan Mouneyard, y le dijo “vamos a brincar

(skip) el hoyo”.95            Ya no quería seguir jugando.96   Sin embargo,

pudo apreciar que uno de los perros comenzó a perseguir a Tory

Green, y pensó que también lo estaban atacando.97 En ese

momento, sintió que era necesario defender a Tory Green.98 Se

montó en su carro de golf,99 empezó a conducir hacia su

compañero,100 y comenzó a gritar “hey hey hey” para evitar que el

perro continuara persiguiéndolo.101 Cuando el perro lo escuchó, se

giró y comenzó a correr a donde él.102 Testificó que el perro estaba

saltando hacia él para entrar al carro de golf, por lo que le disparó

en el pecho para detenerlo.103 Todo sucedió en fracción de

segundos, por lo que tuvo que tomar la decisión de disparar.104

Pensó que los perros estaban actuando en conjunto para causarle

daño corporal o la muerte.105 Luego del disparo, los otros dos

perros se fueron huyendo,106 y el perro herido estaba en el suelo

temblando rigorosamente.107 Sintió pena por él, y se bajó a

89 Íd., pág. 37 líneas 2-6; pág. 46 líneas 1-24.
90 Íd., pág. 37 líneas 7-20.
91 Íd., pág. 47 líneas 1-17.
92 Íd., pág. 52 líneas 4-18.
93 Íd., pág. 56 líneas 4-16.
94 Íd., pág. 59 líneas 1-15.
95 Íd., pág. 58 líneas 16-21.
96 Íd., pág. 60 líneas 1-8.
97 Íd., pág. 66 líneas 17-25; pág. 67 líneas 2-11.
98 Íd., pág. 69 líneas 22-25; pág. 70 líneas 1-4.
99 Íd., pág. 70 línea 8.
100 Íd., pág. 72 líneas 19-21.
101 Íd., pág. 72 líneas 22-25; pág. 73 líneas 1-4.
102 Íd., pág. 74 líneas 16-25.
103 Íd., pág. 81 líneas 2-21.
104 Íd., pág. 82 líneas 4-20.
105 Íd., pág. 77 líneas 2-17; pág. 83 líneas 1-9.
106 Íd., pág. 89 líneas 2-5.
107 Íd., pág. 88 líneas 8-19.
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ayudarlo.108 Se sintió muy mal porque él ama a los perros y ha

rescatado muchos.109 Su única opción era sacarlo de ese

sufrimiento,110 por lo que apuntó a su cabeza y disparó por

segunda ocasión.111 Después de esto, Robert Philipps y Wissan

Mouneyard le pegaron a sus bolas de golf, por lo que, como le

tocaba su turno, también le pegó a la suya.112 Es entonces cuando

Wissan Mouneyard le dice “el perro aún se mueve”. Al ver esto, fue

a buscar su arma, se le acercó, y le disparó por tercera ocasión.113

Aclaró que la motivación detrás de ese tercer tiro fue parar el

sufrimiento del perro.114

        En el contrainterrogatorio, admitió que, del propio video que

tomó el apelante, surge que los perros estaban calmados cuando

este se dirigía hacia ellos.115 Y que, mientras se les continuaba

acercando, éstos permanecieron calmados.116 Además, reconoció

ser rescatista de animales, y de haber ayudado a animales de la

calle.117 Finalmente, aceptó que, después de lo acontecido, se fue

al hoyo 18 y continuó jugando.118

        Evaluados los testimonios que anteceden, el Tribunal

concluyó que el Sr. Zaveri Flores no actuó en legítima defensa, sino

por un sentimiento de molestia, ya que él quería terminar su juego

y el perro se lo impedía.119              Determinó que el apelante no tenía

terror, puesto que éste se convirtió en un cuidador de perros y

tiene perros de mascota.120 Asimismo, razonó que la manifestación

del apelante en cuanto a “vamos a brincar (skip) el hoyo” no

demostraba terror de su parte, toda vez que dicha expresión no

108 Íd., pág. 90 líneas 12-24.
109 Íd., pág. 99 líneas 3-19.
110 Íd., pág. 103 líneas 3-7.
111 Íd., pág. 104 líneas 1-23.
112 Íd., pág. 107 líneas 12-22; pág. 108 líneas 4-6.
113 Íd., pág. 108 líneas 12-24; pág. 109 líneas 2-25; pág. 110 líneas 1-12.
114 Íd., pág. 107 líneas 12-22; pág. 108 líneas 4-6.
115 TP de 10 de febrero de 2023, pág. 47 líneas 14-23.
116 Íd., pág. 48 líneas 11-25; pág. 49 líneas 1-4.
117 Íd., pág. 166 líneas 1-17.
118 Íd., pág. 171 líneas 9-12; pág. 172 líneas 7-13.
119 TP de 16 de febrero de 2023, pág. 21 líneas 5-9.
120 Íd., pág. 13 líneas 6-16.
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significa que él se quería ir del lugar, sino continuar su juego en

un hoyo distinto.121

          Para llegar a su conclusión, el foro a quo no tan solo

consideró el testimonio de los compañeros del apelante que

presenciaron el acto por el cual se le acusó, sino que también

evaluó dos videos que tomó Wissan Mouneyard justo antes del

acontecimiento.122

          En el primer video, aparece el apelante montado en su carro

de golf conduciendo en dirección a los tres perros.123 Se puede

observar a uno de los tres perros cuando comienza a ladrar y

perseguir su carro.124 En esa ocasión, el apelante da un viraje

hacia la derecha acelerando su vehículo.125 Se puede percibir

cuando el perro deja de perseguirlo.126 El carro del apelante se

aleja y sale de la toma de la cámara mientras el perro que lo estaba

persiguiendo permanece enfocado.127 Se puede escuchar a Wissan

Mouneyard mientras se ríe y le dice al apelante “shoot it”, Salil”, en

son de broma.128

          En el segundo video comienza enfocando al apelante, quien

está montado en su carrito del golf con la mano izquierda en el

volante y, en su mano derecha, sujetando un objeto que fue

descrito como el arma de fuego.129 Luego, cambia el enfoque hacia

una vista panorámica del campo de golf, donde se observan los

tres perros.130

          Además, el foro primario pudo presenciar un video que fue

tomado por el propio apelante,131 en el cual se le observa

121 Íd., pág. 15 líneas 9-24.
122 TP de 31 de enero de 2023, pág. 75 líneas 9-15.
123 Íd., pág. 81 líneas 5-18.
124 Íd.
125 Íd.
126 Íd.
127 Íd.
128 Íd., pág. 85 líneas 13-25; pág. 86 líneas 3-5.
129 Íd., pág. 89 líneas 19-25; pág. 90 líneas 1-3.
130 Íd., pág. 90 líneas 1-3.
131 TP de 9 de febrero de 2023, pág. 39 líneas 14-24.
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acercándose a los perros,132 y cuando se le cae el teléfono,133

porque uno de ellos lo comenzó a perseguir.134

          Evaluado la totalidad del legajo apelativo, incluyendo las

transcripciones de los testimonios vertidos en sala, concluimos que

la “Sentencia” recurrida carece de error manifiesto, pasión,

prejuicio o parcialidad alguna que permita nuestra intervención

con la apreciación de la prueba que realizó el Tribunal de Primera

Instancia. Por el contrario, la determinación recurrida constituye el

balance más racional, justiciero y jurídico de toda la evidencia

presentada.

          De los testimonios ya discutidos, surge que, salvo el propio

apelante, ninguno de los testigos oculares declaró que el perro

estuviese en posición de atacar y brincar al carro de golf. Por el

contrario, hasta el propio Tory Green declaró que, a pesar de que el

perro lo persiguió, no sabía si estaba atacando o jugando. Incluso,

también expresó que la muerte del perro le causó molestia, un

indicativo de que nunca se sintió amenazado por el perro que le

perseguía. Al igual que lo hizo el foro recurrido, entendemos que

no puede existir “terror” en una persona que indicó que los perros

le parecían bonitos (cute), y que ha estado cerca de perros toda su

vida y posee un largo historial con ellos.135 No tan solo eso, sino

que este fue quien optó por acercársele a los perros, no en una

ocasión, sino en dos de ellas.

          Asimismo, no puede tener “terror” una persona que ha

jugado golf en ese lugar por unas 50 ocasiones,136 y casi siempre

veía los perros en jaurías.137 Adicionalmente, sus expresiones en

cuanto a “vamos a brincar (skip) el hoyo” no demuestran tal

132 Íd., pág. 47 líneas 1-5.
133 Íd., pág. 51 líneas 1-13.
134 Íd., pág. 47 líneas 6-21.
135 Íd., pág. 111 líneas 2-12.
136 Íd., pág. 78 líneas 2-14.
137 Íd.
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“terror”,138 puesto estas expresiones no tienen el efecto de

abandonar el lugar por miedo, sino de moverse a un hoyo

diferente, el cual está ubicado en el mismo parque de golf donde

permanecen los perros realengos.

       También, coincidimos con el foro primario en que el perro no

estaba persiguiendo al apelante, sino al carro de golf en el que

estaba transitando.139 Ninguno de los testigos declaró que los

perros estuviesen persiguiendo o atacando a las personas allí

presentes. Por el contrario, la prueba demostró que, a pesar de

que Robert Philipps estuvo parado a menos de quince pies de los

perros, éstos nunca le hicieron nada. Sino que, los perros se

limitaron a perseguir los carros donde conducían Tory Green y el

apelante, sin que se demostrara que se le hubiese causado daños a

alguno de ellos.

       Por las razones que anteceden, no podemos concluir que

existían unas circunstancias tan particulares que le hicieren creer

al apelante que razonablemente iba a sufrir un daño inminente.

       Empero, aun asumiendo que el apelante tenía dicha

creencia, somos del criterio que no existía una necesidad racional

de emplear un arma de fuego para impedir o repeler el daño.

Máxime, cuando del video surge que el Sr. Zaveri Flores logró

esquivar al perro en una primera ocasión con tan solo acelerar su

vehículo. También, el propio apelante testificó que existían otros

medios para defenderse del perro, como tirarle con agua o con las

bolas que tenía en su carro.140

       Por     otro    lado,      entendemos   que     en   este   caso   hubo

provocación por parte del apelante. Como ya indicamos, los perros

estaban tranquilos y jugando con una pelota. En ningún momento

los perros se les acercaron a los testigos e intentaron hacerles

138 TP de 16 de febrero de 2023, pág. 15 líneas 9 y 24.
139 Íd., pág. 14 líneas 9 y 10.
140 TP de 9 de febrero de 2023, pág. 50 líneas 6-14.
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daño.     Sino que, fueron Tory Green y el apelante quienes se

montaron en sus vehículos y manejaron hasta el lugar donde

estaban los tres perros, provocando así que uno de estos les

persiguiera. De hecho, Tory Green y el apelante expresaron que,

tan pronto se alejaron lo suficiente, el perro dejó de perseguirlos.

        Finalmente, concluimos que, al utilizar su arma de fuego, el

Sr. Zaveri Flores infligió más daño que el necesario para repeler o

evitar el daño. Como mucho, pudo haber disparado su arma de

fuego al suelo, y de seguro los perros salían corriendo, como en

efecto sucedió cuando ejecutó su primer disparo.141 No era

necesario dispararle directamente al animal, y mucho menos,

efectuarle dos tiros cuando éste se encontraba ya en el suelo, sin

representar amenaza alguna para el apelante.

        Por todo lo anterior, determinamos que el Sr. Zaveri Flores

no cumplió con los requisitos necesarios de una legítima defensa.

Acorde lo anterior, los errores tres y cuatro tampoco fueron

cometidos.

        En su último señalamiento de error, el apelante alega que se

le debió aplicar la figura del concurso ideal y/o medial, toda vez

que, el hecho de disparar infringió dos tipos delictivos, esto es, el

Art. 6.14 de la Ley Núm. 168-2019, supra, y el Art. 7 (a) de la Ley

Núm. 154-2008, supra.

        No obstante, nuestra Alta Curia ya ha expresado que las

disposiciones relativas al concurso de delitos no aplican cuando

exista una disposición especial que prohíba la formación de la

pena agregada. Pueblo v. DiCristina Rexach, supra, a la pág. 794

En ese contexto, el Art. 6.01 de la Ley Núm. 168-2019, supra,

expresamente dispone que “[t]odas las penas de reclusión que se

impongan bajo esta Ley serán cumplidas consecutivamente entre

sí y consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley”.

141 Íd., pág. 88 línea 25; pág. 89 líneas 2-5.
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      En atención a lo cual, la teoría del concurso de delitos es

inaplicable al caso que atendemos y, consecuentemente, no tiene

méritos el argumento del apelante. Por tanto, el quinto error

tampoco fue cometido.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, confirmamos la “Sentencia” apelada,

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones