Court Opinion

ID: 9381071
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:30.544168+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.673069
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    Panel XI

 EL PUEBLO DE PUERTO RICO                                Certiorari
         Recurrido                                       procedente del
                                                         Tribunal de
                                                         Primera Instancia,
                 v.                   KLCE202201401      Sala de Fajardo

                                                         Caso Núm.
 VÍCTOR M. MORALES ROLDÁN                                NSCR202100401
        Peticionario                                     NSCR202100402

                                                         Sobre:
                                                         Art. 3.1 Ley 54
                                                         (1989) (2 casos)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      Comparece el señor Víctor M. Morales Roldán, (peticionario),

mediante recurso de certiorari, solicitándonos la revocación de una

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Fajardo, (TPI), el 7 de noviembre de 2022. Mediante dicho dictamen el

foro primario denegó una solicitud del peticionario para ordenar a la

Policía de Puerto Rico la devolución de su licencia de arma, y arma

ocupada, luego de que concluyera el proceso criminal seguido en su

contra, sin haberse logrado una convicción.

      Nos plantea el peticionario que, una vez resultó exonerado de los

cargos criminales que pesaban en su contra, el Artículo 2.08 de la Ley de

Armas, según enmendado, 25 LPRA sec. 462(g), impone como deber

ministerial sobre el foro primario, que ordene la devolución del arma

incautada, privándole de discreción judicial para hacer alguna otra

determinación sobre el asunto.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
KLCE202201401                                                                         2

I. Resumen del tracto procesal

       El proceso criminal seguido en contra del peticionario inició con la

presentación por el Ministerio Público de sendos cargos contra el

primero, por presunta infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de

1989, según enmendada, Ley para la Prevención e Intervención con la

Violencia Doméstica, 8 LPRA sec. 631, (Ley 54, en adelante).

       Superadas las etapas previas al juicio, este quedó pautado para ser

celebrado el 18 de enero de 2022. A pesar de ello, llegada la fecha

prevista para el inicio del juicio, el tribunal a quo tuvo que desestimar las

acusaciones que pesaban contra el peticionario, por haberse violentado

los términos dispuestos en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(4).1

       Como resultado, el 18 de mayo de 2022, el peticionario instó ante

el foro primario una Moción solicitando a la Policía de Puerto Rico

devolución de huellas y documentos.

       En respuesta, el 29 de junio de 2022, el TPI emitió Resolución y

Orden accediendo a la solicitud del peticionario, al tenor de lo cual,

ordenó al Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico que

eliminara del sistema computarizado y le devolviera al primero las

huellas dactilares, los documentos y las fotografías por concepto de las

acusaciones aludidas.

       Posteriormente, el 24 de octubre de 2022, el peticionario acudió

nuevamente ente el tribunal a quo, esta vez solicitando que ordenara a la

Policía de Puerto Rico devolverle la licencia de arma, y el arma que le fue

incautada, como producto del proceso criminal iniciado en su contra, ya

desestimado.

       Sin embargo, el 7 de noviembre de 2022, el foro recurrido declaró

No Ha Lugar esta última solicitud del peticionario, afirmando que “Esa

1 R. 64(n)(4) “Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte (120)
días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia.”
KLCE202201401                                                               3

determinación (la de la devolución del arma) la tomará la Policía de

Puerto Rico dentro de su facultad administrativa de la Ley de Armas”.

      Inconforme, el peticionario instó Moción de Reconsideración ante el

mismo foro primario, que fue denegada.

      Es así que, el peticionario acude ante nosotros, mediante recurso

de certiorari, solicitando la revocación de la Resolución de 7 de noviembre

de 2022 aludida, señalando los siguientes errores:

      1) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Fajardo, al declarar No Ha Lugar la solicitud de devolución
      de licencia de armas y del arma, en contravención al Art.
      2.08 de la Ley de Armas de Puerto Rico.
      2) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Fajardo, al declarar No ha Lugar la solicitud y devolución de
      licencia de armas y del arma, disponiendo que esa
      determinación le corresponde a la Policía de Puerto Rico
      dentro de su facultad administrativa.

      Visto lo cual, el 13 de enero de 2023, emitimos Resolución

concediéndole un término de treinta (30) días al Procurador General de

Puerto Rico para que compareciera a exponer su posición sobre el

asunto.   Sin   embargo,   superado      el   término   concedido,   este   no

compareció. En consecuencia, damos el caso por perfeccionado y

procedemos a resolverlo.

II. Exposición de Derecho

                                    a.

      El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020);

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710

(2019); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728

(2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se

solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error

cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334

(2005). La expedición del auto descansa en la sana discreción del

tribunal y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la
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discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición

y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO

Construction, supra, en la pág. 711; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307, 338 (2012). Además, es el trámite adecuado para atender

asuntos postsentencia. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339

(2012) (Énfasis nuestro).

      En los casos atendidos bajo el proceso criminal, la expedición de

un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de los criterios enumerados

por la Regla 40 de nuestro Reglamento, según la cual:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
      análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
      en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
      Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
      luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
      alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
      más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia.

      4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.

      En síntesis, la citada Regla exige que, como foro apelativo,

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas está presente en

la petición de certiorari. De observarse alguna de estas, entonces

podríamos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen

recurrido.

      A pesar de que reconozcamos una de las situaciones previstas en

la Regla 40, supra, —que nos habilitaría para expedir el certiorari—, tal

ejercicio sigue siendo uno discrecional. Según lo explicó nuestro Tribunal
KLCE202201401                                                             5

Supremo, la amplitud del recurso moderno de certiorari no significa que

sea equivalente a una apelación, pues sigue siendo discrecional y los

tribunales debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso. Pueblo

v. Díaz De León, 176 DPR 913,918 (2009). A lo que cabe añadir, que el

ejercicio adecuado de la discreción judicial está indefectiblemente atado

al concepto de la razonabilidad. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203,

211 (2001). Es decir, la discreción judicial es forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.

Íd.

                                     b.

      La Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de 2019, conocida como la

Ley de Armas de Puerto Rico de 2022 (Ley de Armas), según enmendada,

25 LPRA sec. 461 et seq., regula lo concerniente a la posesión y portación

de armas de fuego en Puerto Rico, entre otros asuntos.

      En lo pertinente, el Artículo 2.08 de la Ley de Armas, supra,

dispone lo siguiente:

            Luego de una determinación de causa probable para el
      arresto de cualquier persona que posea una licencia de
      armas, por la comisión de uno o más delitos graves o sus
      tentativas, el tribunal, ordenará la suspensión provisional e
      incautación de la licencia hasta una determinación final y
      firme en el proceso criminal. El tribunal ordenará la
      ocupación inmediata de todas las armas de fuego y/o
      municiones de la persona con licencia de armas, las cuales
      se consignarán para su custodia en el Depósito de Armas y
      Municiones del Negociado de la Policía o en una armería. De
      resultar el acusado con una determinación de no
      culpabilidad, final y firme, el juez vendrá obligado
      ministerialmente por esta Ley a ordenar la inmediata
      devolución de la licencia de armas y de todas las armas
      de fuego y municiones. Toda arma de fuego y munición
      devuelta, deberá entregarse en la misma condición en que se
      ocuparon. (Énfasis y subrayado provistos).

      Previo a la porción legislativa citada, el Artículo 2.07 de la Ley de

Armas de Puerto Rico derogado disponía, sobre el asunto bajo nuestra

atención, lo siguiente:

         Luego de una determinación de causa probable para el
      arresto de cualquier persona a la cual se le haya otorgado
      una licencia de armas, por la comisión de cualquiera de los
KLCE202201401                                                            6

      delitos especificados en el Artículo 2.11 o de violaciones a las
      disposiciones de esta Ley, el tribunal suspenderá
      provisionalmente la licencia hasta la determinación final del
      procedimiento criminal. Disponiéndose además que el
      tribunal ordenará la ocupación inmediata de la totalidad de
      las armas y municiones del concesionario para su custodia
      en el Depósito de Armas y Municiones de la Policía. De
      resultar el acusado con una determinación de no
      culpabilidad, final y firme, el juez ordenará la inmediata
      devolución de su licencia de armas y de las armas y
      municiones. Toda arma y municiones así devueltas deberán
      entregarse en las mismas condiciones en que se ocuparon.
      (Énfasis y subrayado provistos).

      Se ha de indicar que los textos citados exhiben una clara

progresión dirigida a prevenir el ejercicio de la discreción del juez al

momento de disponer sobre las armas de una persona que ha resultado

no culpable, mediante dictamen final y firme. La claridad en la letra de la

ley bajo discusión impone como interpretación concluir que, el Artículo

2.08 de la Ley de Armas citado, exige al juez la incuestionable obligación

ministerial de la devolución de las armas, allí donde medie una

determinación de no culpabilidad final, ergo, sin conceder espacio alguno

discrecional para ordenar de modo distinto o escoger vías alternas.

      Por último, cabe destacar que el legislador no hizo distinción

alguna sobre la aplicación del Artículo 2.08 de la Ley de Armas vigente,

supra, por causa del delito por el cual la persona hubiese sido

encausada, pero encontrado no culpable. Es decir, en el contexto del

artículo citado, cumplida la condición sobre no culpabilidad mediante

sentencia final y firme, el legislador mandó a la devolución inmediata de

las armas, sin que el juez pueda sopesar factores tales como la gravedad

del delito imputado o circunstancias de peligrosidad atribuibles al tipo

del delito.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

       La exposición de derecho previa revela, sin dificultad, el curso

decisorio a ser tomado por esta curia intermedia. En el caso ante nuestra

consideración no hay controversia sobre los siguientes hechos: que al

peticionario le fue incautada un arma y su licencia por causa del proceso
KLCE202201401                                                                      7

criminal iniciado en su contra, al presuntamente infringir la Ley 54; que

por virtud de la Sentencia emitida por el foro primario el 18 de enero de

2022, fueron desestimados los cargos que pesaban en su contra; que la

solicitud del peticionario para que le fuera devuelta su arma y la licencia

aconteció el 24 de octubre de 2022, en un momento procesal en que la

Sentencia aludida ya había advenido final y firme; que, no obstante lo

anterior, el foro primario se negó a ordenar la devolución inmediata de la

licencia y del arma requerida y, refirió tal decisión a la Policía de Puerto

Rico.

          Al así obrar el foro recurrido incidió, pues invirtió el mandato que

surge de la Ley de Armas, en términos de que es el juez quien está

obligado a ordenar a la Policía de Puerto Rico la entrega del arma de

manera inmediata y, no es a esta última a quien le corresponde deliberar

sobre su devolución a través de un proceso administrativo.

          El Artículo 2.08 de la Ley de Armas, supra, no concede espacio

para otra interpretación que no sea la del juez que ordene la devolución

inmediata        del    arma,     cuando      medie     una   determinación   de   no

culpabilidad, final y firme, en la causa penal que dio origen a la

incautación. La Orden del TPI referente a que la devolución del arma

solicitada la tomará la Policía de Puerto Rico dentro de su facultad

administrativa de la Ley de Armas2, va en frontal contraposición con el

claro mandato de la Ley de Armas, por dos razones: 1) porque, como ya

discutido, el Artículo 2.08 de dicha Ley ordena que el juez declare su

devolución inmediata, una vez comprobado el carácter final y firme del

dictamen sobre no culpabilidad; 2) porque la Ley de Armas, a la que

aludió el foro recurrido, no contiene provisión alguna que permita la

conclusión de que cabría delegar en la Policía de Puerto Rico una

2   Apéndice 4to del recurso de certiorari, página 7.
KLCE202201401                                                                       8

determinación que el Legislador impuso exclusivamente sobre la figura

del juez, de darse la referida condición sobre no culpabilidad.3

       En definitiva, comprobado el dictamen de no culpabilidad final y

firme con relación a los cargos que pesaban contra el peticionario, tocaba

al foro recurrido ordenar la devolución inmediata del arma y la licencia

de manera inmediata.

IV. Parte dispositiva

       Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de certiorari

y revocamos la Resolución recurrida. En atención a lo cual, se devuelve

el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, para

que, mediante resolución, ordene a la Policía de Puerto Rico la

devolución inmediata del arma del peticionario y la respectiva licencia.

       Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. La

Juez Lebrón Nieves emite Voto Disidente.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

3 Claro, nuestro razonamiento solo atiende los hechos particulares de este caso, según
nos corresponde. Lo que no supone interpretar que sirva para atender otras posibles
controversias, como, por ejemplo, el curso decisorio a seguir por el TPI frente a una
petición de devolución de armas, cuando todavía estén pendientes otros asuntos sin
dilucidar, referentes a la continua tenencia de un arma, sea ante un foro judicial o
administrativo.
                 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                  REGIÓN JUDICIAL DE FAJARDO
                              PANEL XI

     EL PUEBLO DE                               Certiorari
     PUERTO RICO                                procedente del
                                                Tribunal de Primera
        Recurrido                               Instancia, Sala de
                                                Fajardo

            V.                KLCE202201401 Civil Núm.:
                                            NSCR202100401
                                            NSCR202100402
  VÍCTOR M. MORALES
       ROLDÁN                                   Sobre:
                                                Art. 3.1 Ley 54
       Peticionario                             (1989) (2 casos)

              VOTO DISIDENTE JUEZ LEBRÓN NIEVES

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      Le corresponde a este foro revisor resolver en esta ocasión si,

la primera instancia judicial incidió al denegarle al señor Víctor M.

Morales Roldán (en adelante el peticionario o señor Morales

Roldán), su solicitud para que se le ordenara a la Policía de Puerto

Rico, la devolución de su licencia de arma, y arma ocupada, luego

de que concluyera el proceso criminal seguido en su contra, sin

haberse logrado una convicción.

      La Mayoría de este Panel concluye que, en efecto, incidió el

foro primario. Ello, por entender que, tal como plantea el

peticionario, el Artículo 2.08 de la Ley de Armas, según

enmendada, 25 LPRA sec. 462(g), impone como deber ministerial

sobre el foro primario, que ordene la devolución del arma

incautada, privándole de discreción judicial para hacer alguna otra

determinación sobre el asunto.

      Por las razones que en adelante se esbozan, la Juez que

suscribe disiente del curso de acción tomado por la Mayoría del

Panel, y consigna su desacuerdo con la postura asumida por el
KLCE202201401                                                      2

Pueblo de Puerto Rico en este caso, al allanarse a la solicitud del

peticionario.

          Repasemos brevemente los hechos que dan origen al caso

que nos ocupa. Conforme surge del expediente ante nuestra

consideración y con el beneficio de haber examinado los autos

originales del caso4, el 27 de julio de 2021, el Ministerio Público

presentó dos denuncias contra el peticionario por infringir el Art.

3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada,

conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la

Violencia Doméstica. En particular, se le imputó que allá en o para

el 25 de julio de 2021 y en Vieques, Puerto Rico, que forma parte

de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Fajardo, ilegal, voluntaria y criminalmente, empleó fuerza física

contra la señora Elizabeth Suárez Pizarro, quien es su pareja

consensual y no han procreado hijos, para causarle daño físico a

su persona consistente en que agredió a la perjudicada con

bofetada en el lado derecho. Luego la agarró por el cuello, le dio

con la mano en la boca cayendo al suelo ambos donde la agredió

con los puños en diferentes partes del cuerpo. Hecho contrario a

la ley.

          El 27 de julio de 2021 en vista celebrada mediante

videoconferencia (ZOOM), el foro a quo encontró causa probable

para arresto por el delito imputado. Asimismo, como parte de los

trámites de rigor, el 15 de septiembre de 2021, celebrada la vista

preliminar, el foro primario encontró causa probable para acusar

por dos cargos por violación al Art. 3.1 Grave de la Ley 54, supra.

La lectura de la acusación tuvo lugar el 12 de octubre de 2021 y el

Juicio en su Fondo quedó pautado para el 2 de noviembre de

2021.

4 Los mismos fueron tramitados en calidad de préstamos a través de la
Secretaría de este Tribunal.
KLCE202201401                                                                3

       Acaecidas varias incidencias procesales, entre ellas, las

respectivas mociones relacionadas a la Regla 95 y 95 (A) de

Procedimiento Criminal, el 2 de noviembre de 2021, se reseñaló el

Juicio para el 23 de noviembre de 2021 y se extendió la vigencia de

la Orden de Protección hasta esa misma fecha. Llegada la fecha del

Juicio, el Ministerio Público no estuvo preparado por no tener

disponible la prueba de cargo, por lo que se reseñaló el Juicio para

el 18 de enero de 2022, último día de término y la Orden de

Protección quedó extendida nuevamente.

       Así las cosas, al Juicio pautado para el 18 de enero de 2022

el Ministerio Público no estuvo preparado, toda vez que, tampoco

estuvo presente la prueba de cargo. Por tal razón, la Defensa del

acusado solicitó la desestimación de los cargos, al palio de la Regla

64 (n)(4) de Procedimiento Criminal5. Celebrada la Vista sobre el

particular, el foro primario acogió la solicitud de la Defensa y

ordenó la desestimación al amparo de la Regla 64 (n)(4) de

Procedimiento Criminal, supra, y dictó Sentencia de conformidad.

       El 18 de mayo de 2022, el acusado incoó Moción Solicitando

a la Policía de Puerto Rico Devolución de Huellas y Documentos. En

atención a dicha solicitud, el 19 de mayo de 2022, el foro primario

le concedió 10 días al Ministerio Público para que acreditara si los

casos fueron resometidos. Ante el incumplimiento del Ministerio

Público con la aludida Orden, el 8 de julio de 2022, el Tribunal le

concedió al Ministerio Público, el término final de 5 días para que

cumpliera con lo ordenado, a los fines de acreditarle si los casos

habían sido resometidos. Transcurrido el término provisto, sin que

el Ministerio Público se expresara, el 29 de junio de 2022, el foro

primario emitió Resolución y Orden, en la cual le ordenó al

5 34 LPRA Ap. II, R. 64 (n) (4). Dicho precepto reglamentario establece como
fundamento para la desestimación de la acusación o denuncia o cualquier cargo
cuando a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la
demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su
consentimiento, el acusado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte
(120) días siguientes a la presentación de la acusación o la denuncia.
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Negociado de la Policía o a cualquier agencia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico que eliminara del sistema computarizado

y le devolviera a la parte peticionaria, las huellas dactilares, los

documentos y las fotografías tomadas al peticionario por concepto

de estos casos, durante la etapa investigativa que dio base a la

iniciación de este proceso criminal.

      El 2 de noviembre de 2022, mediante Moción en Solicitud de

Orden el peticionario recabó del foro de instancia que le ordenara

al Negociado de la Policía de Puerto Rico, la devolución de la

licencia de armas 37365 y un arma que tiene registrada a su

nombre en el Negociado y que le fueron ocupadas como parte de la

intervención de la Policía al comienzo de los casos por Ley 54,

supra, que dieron origen al presente recurso.

      El 7 de noviembre de 2022, el foro a quo emitió la Orden

recurrida en la que declaró No Ha Lugar a la solicitud del

peticionario. Señaló que: “Esa determinación la tomará la Policía

de Puerto Rico dentro de su facultad Administrativa de la Ley de

Armas.” En desacuerdo con tal dictamen, el peticionario solicitó

reconsideración, la cual igualmente, fue declarada No Ha Lugar.

Aún en desacuerdo, acude ante este foro el peticionario y solicitó la

revocación de la aludida determinación.

      Sostiene la Mayoría de este Panel, que: “La claridad en la

letra de la ley bajo discusión impone como interpretación concluir

que, el Artículo 2.08 de la Ley de Armas citado, exige al juez la

incuestionable obligación ministerial de la devolución de las

armas, allí donde medie una determinación de no culpabilidad

final, ergo, sin conceder espacio alguno discrecional para ordenar

de modo distinto o escoger vías alternas.” Señala, además, que

“…el legislador no hizo distinción alguna sobre la aplicación del

Artículo 2.08 de la Ley de Armas vigente, supra, por causa del

delito por el cual la persona hubiese sido encausada, pero
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encontrado no culpable. Es decir, en el contexto del artículo citado,

cumplida la condición sobre no culpabilidad mediante sentencia

final y firme, el legislador mandó a la devolución inmediata de las

armas, sin que el juez pueda sopesar factores tales como la

gravedad del delito imputado o circunstancias de peligrosidad

atribuibles al tipo del delito.”

         Empero, es la opinión de esta Juez, que la aplicación

mecánica del Artículo 2.08 de la Ley de Armas, supra, efectuada

por la Mayoría, conlleva inevitablemente, un desvarío de la justicia.

Me explico.

         La Ley de Armas de Puerto Rico de 20206, regula lo

concerniente a la posesión y portación de armas de fuego en Puerto

Rico, entre otros asuntos.         En particular, el Artículo 2.13 de la

precitada ley, establece las facultades de los agentes del orden

público para ocupar armas de fuego sin orden judicial, el proceso a

seguir al momento de ocupar un arma de fuego por un agente del

orden público y la facultad investigativa a nivel administrativo que

tiene el Negociado de la Policía de Puerto Rico al ocupar un arma.

         Por su parte, el Artículo 2.13 de la Ley Núm. 168-2019,

supra, dispone, específicamente, lo siguiente:

         Cualquier agente del orden público ocupará la licencia,
         arma de fuego y/o municiones, que posea un
         ciudadano, de forma temporera, cuando tuviese
         motivos fundados para entender que la persona con
         licencia de armas hizo o hará uso ilegal de las
         armas de fuego y municiones para causar daño a
         otras personas; por haber proferido amenazas de
         cometer un delito; por haber expresado su intención
         de     suicidarse;    cuando      haya     demostrado
         reiteradamente negligencia o descuido en el manejo del
         arma de fuego; cuando se estime que la persona con
         licencia de armas padece de una condición mental, se
         le considere ebrio habitual o sea adicto a sustancias
         controladas; o en cualquier otra situación de grave
         riesgo o peligro que justifique esta ocupación. (…).

         Un agente del orden público estará facultado a
         ocupar el arma de fuego, licencia y municiones, de
         forma temporera, cuando se arreste al tenedor de

6   Ley Núm. 168-2019, según enmendada, 25 LPRA sec. 461 et seq.
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       la misma por la comisión de un delito grave o
       delito menos grave que implique violencia.

       El agente del orden público tendrá que consignar
       inmediatamente las armas de fuego y/o municiones
       ocupadas en un depósito de armas del Negociado de la
       Policía y notificar al Departamento de Justicia. Si el
       Tribunal no encuentra causa por los delitos por los
       cuales fue arrestado la persona con licencia de armas,
       ordenará la devolución inmediata de lo ocupado. Toda
       arma de fuego y municiones que sean devueltas
       deberán entregarse en las mismas condiciones en que
       se ocuparon. Bajo ningún concepto se harán marcas,
       modificaciones o mutilaciones al arma de fuego
       ocupada por los agentes del orden público o por el
       Estado mientras esté bajo su custodia. Esto no
       impedirá que el Negociado de la Policía de Puerto Rico
       pueda iniciar una investigación administrativa.

25 LPRA sec. 462l. (Énfasis nuestro).

       En cuanto a las demás determinaciones que se realicen al

amparo de la Ley Núm. 168-2019, supra, el Artículo 7.06 establece

que:

       Salvo que otra cosa se disponga expresamente, todas
       las determinaciones que tengan que realizarse en
       virtud de este capítulo se regirán por las disposiciones
       de     vistas       informales,    adjudicaciones      y
       reconsideraciones establecidas en las secs. 9601 et
       seq. del Título 3, conocida como “Ley de Procedimiento
       Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

25 LPRA sec. 467e.

       El Artículo 7.09 de la misma ley, 25 LPRA sec. 467h, le

impone al Comisionado de la Policía el deber de establecer

mediante reglamento todo lo relacionado al recibo, custodia y

disposición de armas de fuego que sean ocupadas por la Policía,

depositadas voluntariamente, entregadas por la muerte de la

persona con licencia de armas o por la cancelación de una licencia.

       En consonancia con el precepto legal antes reseñado, el

Capítulo 15 del Reglamento Núm. 9172 de 17 de marzo de 2020,

Reglamento para la Administración de la Ley de Armas, expresa en

el inciso A (25) que:

       Salvo que otra cosa se disponga expresamente, todas
       las determinaciones que tengan que realizarse en
       virtud de la Ley 168-2019[,] supra[,] se regirán por las
       disposiciones de vistas informales, adjudicaciones y
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       reconsideraciones establecidas en la Ley 38-2017,
       según    enmendada,    conocida   como   “Ley   de
       Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
       de Puerto Rico”.

       Cabe destacar que, tanto la licencia de armas como el arma

del peticionario fueron ocupadas como parte de la intervención de

la Policía al comienzo de los casos antes reseñados, en medio de

un incidente de violencia doméstica, en el cual la perjudicada

sufrió agresión física de parte del peticionario. Por consiguiente,

tanto la ocupación del arma de fuego como de la licencia en

cuestión, se efectuó acorde con el segundo párrafo del Artículo

2.13 de la Ley Núm. 168-2019, supra, la cual faculta a un agente

del orden público a ocupar un arma de fuego y licencia, de forma

temporera, cuando se arreste al tenedor de la misma por la

comisión de un delito grave o menos grave que implique violencia.

       Conforme dispone el Artículo 7.06 de la Ley Núm. 168-2019,

salvo que otra cosa se disponga expresamente, todas las

determinaciones relacionadas con dicha ley se regirán por los

procedimientos       establecidos     en     la   Ley    de    Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU).

Cónsono con ello, la Ley Núm. 168-2019, supra, faculta al

Negociado a realizar investigaciones administrativas para conceder

o denegar licencias de armas y para incautar armas de fuego. La

persona afectada por la decisión del Negociado tiene disponible un

procedimiento de revisión, el cual se rige por las disposiciones de

la LPAU.7

       Al ejercer nuestro deber ministerial de impartir justicia en

este caso, no podemos abstraernos del serio problema de violencia

intrafamiliar que arropa a Puerto Rico.8            Conforme establece la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 54 de 5 de agosto de 1989,

7 A modo de ejemplo, véase, Artículo 2.02 de la Ley Núm. 168-2019. 25 LPRA
sec. 462a.
8 Tomamos conocimiento judicial de las estadísticas de la Policía de Puerto Rico

respecto a los incidentes de violencia doméstica reportados.
KLCE202201401                                                                  8

según enmendada, conocida como Ley para la Prevención e

Intervención con la Violencia Doméstica, la violencia doméstica es

definida como aquel comportamiento antisocial compuesto por

maltrato físico y emocional, que sufre una persona por parte de su

cónyuge o ex-cónyuge, o de una persona con quien mantiene o ha

mantenido una relación íntima. Asimismo, la violencia doméstica

o de género atenta contra la integridad y dignidad de las víctimas,

sin importar su sexo, orientación sexual, identidad de género,

estado civil o estatus migratorio9.          Al examinar las estadísticas

ofrecidas por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, es de notar

que, la cantidad de incidentes de violencia de género reportados es

alarmante.     Puesto que, se han reportado miles a través de los

años y no aparenta existir una merma en estos incidentes. Según

los datos expuestos por el Negociado de la Policía de Puerto Rico y

por la Oficina de la Procuradora de la Mujer, durante el periodo de

enero a diciembre de 2022, de forma preliminar, se reportó un

total de seis mil ciento cuatro (6,104) incidentes de violencia de

género10. Por otro lado, durante enero a diciembre de 2021, fueron

reportados siete mil novecientos seis (7,906) incidentes de violencia

de género, de enero a diciembre de 2020, se reportaron seis mil

quinientos cuarenta (6,540) incidentes de violencia doméstica, y

durante enero a diciembre de 2019, fueron reportados siete mil

veintiún (7,021) incidentes de violencia doméstica11. A la fecha en

que se suscribe este Voto Disidente, ya suman cuatro los

feminicidios registrados en los primeros dos meses del 2023.

       Según se desprende de los datos reseñados, en los pasados

años, no se ha visto una disminución en el total de incidentes de

9 Art. 1.2 de la Ley Núm. 54-1989, 8 LPRA sec. 601.
10 Oficina de la Procuradora de las Mujeres
https://docs.pr.gov/files/Mujer/Estadisticas/Violencia%20de%20G%C3%A9ner
o/Incidentes%20de%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero%20A%C3%B1o%202
022.pdf (Última visita, 24 de febrero de 2023.)
11 Negociado de la Policía, Estadísticas Sobre Violencia de Género

https://policia.pr.gov/estadisticas-de-violencia-domestica/ (Última visita, 24 de
febrero de 2023.
KLCE202201401                                                                9

violencia doméstica, sino que, se ha visto como estos son cada vez

más frecuentes.        Ante este escenario, el asunto de violencia

doméstica no debe ser tomado de manera liviana, pues es una

problemática social que nos afecta de forma directa o indirecta a

todos.     Tanto los tribunales como el Estado, tenemos el deber

ministerial y nos encontramos en posición de enfrentar esta

problemática e implementar las medidas necesarias dirigidas a

proteger la vida, la seguridad y dignidad de las víctimas de

violencia de género, sin importar su sexo, identidad de género,

estado civil, estatus migratorio u orientación sexual.

         Los jueces no podemos abstraernos de esta realidad que

aqueja a nuestra sociedad.12 A juicio de esta Juez, el Legislador

contempló      esta     problemática      y    estableció      determinadas

condiciones y requisitos para obtener la licencia de armas y evitar

de este modo, que una persona con antecedentes que denoten una

conducta violenta tenga derecho a portar armas.                  Sobre este

particular, conforme dispone el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 168-

2019, supra, uno de los requisitos para que la oficina de Licencia

de Armas expida la licencia de armas es no estar bajo una orden

del tribunal, o haber estado en cualquier momento durante los

pasados doce meses previos a la fecha de solicitud, que le prohíba

acosar, espiar, amenazar o acercarse a un compañero íntimo, algún

familiar de este o a persona alguna.

         Como sabemos, a raíz del incidente de violencia que dio

origen al caso de marras, contra el peticionario se expidió una

Orden de Protección al amparo de la Ley 54, supra, cuya vigencia

fue extendida en varias ocasiones.              Por lo tanto, ante este

escenario, resulta lógico razonar que, al examinar los criterios para

12 La nueva Ley de Armas, supra, en su Artículo 2.14 provee un procedimiento
expedito de licencia de armas y autorización para portar armas para víctimas de
violencia doméstica y acecho.
KLCE202201401                                                           10

la expedición de la licencia de armas, el peticionario quedaría

automáticamente descualificado para ostentar la misma.

      A esta Juez le resulta inaudita la postura asumida por el

Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador

General, de allanarse a la solicitud del peticionario, amparado en

su análisis y aplicación de la derogada Ley de Armas, Ley 404-

2000, a pesar de que el precepto legal citado, según señala, “no

dispone expresamente el proceso que debe seguir el foro judicial

para devolver el arma de fuego y la licencia de armas ocupada a

raíz de un proceso penal que culmina al amparo de la Regla 64(n)

de Procedimiento Criminal. Es decir, cuando no existe una

adjudicación en los méritos.” Ciertamente, a juicio de esta Juez,

con la postura asumida en este caso, el Pueblo de Puerto Rico se

distancia de su deber ministerial de proteger y defender a una

víctima de violencia doméstica, a favor de la cual se expidió una

Orden de Protección, cuya vigencia fue extendida en más de una

ocasión.

      Por   su   parte,   la      Mayoría   de   este    Panel,   con   su

determinación, extrapola el Artículo 2.08 de la precitada Ley de

Armas, a fin de devolverle el arma al peticionario, y soslaya el

Artículo 2.02 del aludido precepto legal, que, a todas luces,

inhabilitan al peticionario para poseer la licencia de armas y portar

el   arma   ocupada.      Ello,    sin   tomar   en     consideración   las

consecuencias nefastas que dicho curso de acción podría conllevar

para la perjudicada en los casos de origen, así como para las

víctimas de violencia doméstica en general. Consecuentemente,

evaluadas las circunstancias particulares de este caso, conforme a

las disposiciones reglamentarias antes esbozadas, es el criterio de

esta Juez que, actuó correctamente el foro de primera instancia al

negarse a conceder el remedio solicitado por el peticionario y

remitir el asunto al Negociado de la Policía para su consideración.
KLCE202201401                                               11

     Por todo lo anterior, disiento del curso de acción que ha

tomado la Mayoría en este caso.

                  GLORIA L. LEBRÓN NIEVES
                     Juez de Apelaciones