Court Opinion

ID: 9890386
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:21:13.912432+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:39.112222
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL V

                                                  APELACIÓN
   COMISIONADO DE                                 procedente del
 SEGUROS DE PUERTO                                Tribunal de Primera
        RICO                                      Instancia, Sala
      Apelante                                    Superior de San
                                KLAN202300675     Juan
               V.
                                                  Civil. Núm.
    INTEGRAND                                     SJ2019CV005526
ASSURANCE COMPANY
      Y OTROS                                     Sobre:
      Apelado                                     LIQUIDACIÓN DE
                                                  COMPAÑÍA DE
                                                  SEGUROS

Panel Integrando por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

      El 4 de agosto de 2023, el Comisionado de Seguros en su

carácter de Liquidador de Integrand Assurance Company (el

Comisionado o apelante) compareció ante nos mediante recurso de

Apelación y solicitó la revisión de una Sentencia Parcial que se dictó

y notificó el 7 de julio de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (TPI de San Juan). Mediante el aludido

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Comparecencia Especial y

Solicitud de Retiro de Fondos Consignados por Integrand […] que

presentó el Sr. Erdy Quiñones Rivera (señor Quiñones o apelado).

Consecuentemente, le ordenó a la Unidad de Cuentas del Tribunal

a remitirle el dinero e intereses consignados por Integrand

Assurance Company (Integrand) en el presente caso y provenientes

del pleito Civil Núm. FCCI2008-00611 a favor del apelado.

   Por   los    fundamentos      que   expondremos    a    continuación,

confirmamos el dictamen recurrido.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLAN202300675                                                                2

                                          I.

       A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la

disposición del recurso, los cuales surgen del expediente ante

nuestra consideración y del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC).

       El 11 de diciembre de 2008, el señor Quiñones y la Sra. Luz

Figueroa Ortiz (señora Figueroa o en conjunto, los demandantes)

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del

Sr. Jorge E. Mercado (señor Mercado) y su aseguradora, Integrand.1

Así la cosas, se celebró un juicio en su fondo y posteriormente, el 17

de agosto de 2010, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Carolina (TPI de Carolina) dictó Sentencia2 en el caso Civil Núm.

FCCI2008-00611 mediante la cual condenó al señor Mercado y a

Integrand      a      indemnizarle   la    suma   de   $146,448.78     a   los

demandantes en concepto de daños y perjuicios sufridos más los

intereses legales al 4.25% anual desde la presentación de la

Demanda y $2,000.00 por concepto de honorarios de abogado. Por

consiguiente, el 1 de octubre de 2010, Integrand presentó un

escrito intitulado Moción Consignando Pago de Sentencia mediante

el cual consignó en el TPI de Carolina la suma inicial de $150,208.37

a favor de los demandantes.3

       Inconforme con la cantidad consignada, el señor Quiñones

acudió al foro intermedio impugnando dicha suma de dinero y

mediante una Sentencia en Reconsideración4 (KLAN201001686) el

Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia que dictó el TPI en

cuanto a las partidas concedidas y le ordenó a revalorizar la

cantidad concedida por daños. En cumplimiento con este mandato,

1 Véase págs. 44-46 del apéndice de la oposición del recurso.
2 Íd., págs. 51-64.
3  Íd., págs. 66-68. Cabe precisar que, de la cantidad antes mencionada,
$25,000.00 le correspondían a la señora Figueroa. Dicha suma se le entregó a la
co-demandante por el TPI mediante un cheque y, por ende, luego de eso ya no
formaba parte del caso.
4 Íd., págs. 71-95.
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el TPI emitió una Sentencia Enmendada y condenó al señor Mercado

y a Integrand a pagarle al señor Quiñones solidariamente la suma

de $638,659.47.5 Posteriormente, el 11 de septiembre de 2014,

dicha     cantidad      se   modificó   por   virtud   de   una   Sentencia

(KLAN201300915) que emitió el Tribunal de Apelaciones en la cual

ordenó eliminar las partidas            de honorarios de abogado e

incapacidad.6 El 7 de enero de 2015, Integrand consignó una suma

adicional de $434,185.02 en el TPI de Carolina.7

        Así las cosas, el 13 de marzo de 2017, el TPI de Carolina

emitió una Resolución en la cual determinó que la consignación en

pago de sentencia que efectuó Integrand estuvo correcta y que se

incluyeron todas las partidas correspondientes a tenor con la

Sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones el 11 de septiembre

de 2014. Insatisfecho con el dinero consignado, el señor Quiñones

impugnó esta Resolución ante el foro intermedio que confirmó el

dictamen recurrido mediante una Sentencia (KLCE201700866) con

fecha del 13 de diciembre de 2018.8 La extensa litigación apelativa

culminó el 17 de mayo de 2019 mediante una denegatoria por

parte del Tribunal Supremo de expedir un recurso de certiorari que

presentó el señor Quiñones ante dicho foro cuestionando aun la

consignación realizada por Integrand.9

        Paralelamente, en el caso Civil Núm. SJ2019CV05526, el 30

de mayo de 2019, la parte apelante presentó una Petición de Orden

para Rehabilitar Asegurador en contra de Integrand. Luego de varios

trámites procesales que no son pertinentes discutir, el 12 de

septiembre 2019, el Comisionado solicitó que se convirtiera el

procedimiento de rehabilitación en uno de liquidación.10 Así pues,

5 Íd. págs. 97-124.
6 Íd., págs. 126-150.
7 Íd., pág. 127.
8 Íd., págs. 161-170.
9 Íd., pág. 171.
10 Véase, SUMAC, Entrada Núm. 184.
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el 23 de septiembre de 2019, el TPI de San Juan emitió una Orden

de Liquidación que fue notificada el 25 de septiembre de 2019 en la

cual estableció un procedimiento para la liquidación de los activos

de Integrand conforme lo dispone el Art. 40 del Código de Seguros,

infra.11

        Mientras continuaban los trámites en el caso Civil Núm.

SJ2019CV05526, el señor Quiñones Rivera presentó varias

solicitudes para poder retirar el dinero consignado a su favor ante

el TPI de Carolina. Integrand se opuso a dichas solicitudes

argumentando, en síntesis, que el dinero consignado era parte de

los activos que eran objeto de liquidación en el caso Civil Núm.

SJ2019CV05526 y, por ende, el TPI de Carolina carecía de

jurisdicción para atender cualquier asunto relacionado a las

cantidades consignadas. Sin embargo, luego de evaluar los

argumentos de ambas partes, el 23 de septiembre de 2020, el TPI de

Carolina emitió una Orden que se notificó el 29 de septiembre de

2020 en la cual le ordenó a la Unidad de Cuentas del Tribunal a

remitirle al señor Quiñones el dinero consignado.12

        Mediante una comparecencia especial, el Comisionado

presentó una solicitud de reconsideración que fue denegada y, por

ende,      Integrand    acudió     ante    el    Tribunal    de   Apelaciones

(KLCE202001018) el cual expidió el recurso de certiorari y revocó la

Orden recurrida.13 Fundamentó su determinación en que era el TPI

de San Juan en el caso Civil Núm. SJ2019CV05526 quien ostentaba

la jurisdicción exclusiva para atender todo asunto relacionado con

Integrand ya que al iniciarse el procedimiento de liquidación, el TPI

de Carolina y el Tribunal de Apelaciones se quedó sin jurisdicción

11 Véase, SUMAC, Entrada Núm. 196.
12 Véase pág. 217 del apéndice de la oposición al recurso.
13 Véase págs. 57-66 del apéndice del recurso.
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para evaluar los argumentos sustantivos sobre quien era el dueño

de los fondos depositados en el Tribunal.

        Así las cosas y tras varios trámites procesales, el 10 de agosto

de 2021, la Unidad de Cuentas del Tribunal de Carolina transfirió

los fondos consignados al TPI de San Juan. Ante ello, el 15 de

octubre de 2021, mediante una comparecencia especial, el señor

Quiñones presentó una solicitud de retiro de fondos ante el referido

foro.14 En primer lugar, argumentó que desde que Integrand

consignó en el TPI de Carolina la cantidad de $150,208.37 el 1 de

octubre de 2010 y la suma de $638,659.47 el 7 de enero de 2015

para satisfacer su deuda, se había liberado de esta. Añadió que, el

13 de marzo de 2017, el TPI de Carolina declaró como correctas las

cantidades consignadas por Integrand.

        Particularmente sostuvo que el caso Civil Núm. FCCI2008-

00611 había culminado con el mandato que emitió el Tribunal

Supremo el 22 de mayo de 2019 denegando su recurso de certiorari

impugnando la Sentencia del 13 de marzo de 2017. Por lo tanto,

señaló que el 25 de septiembre de 2019, fecha en que el TPI de San

Juan expidió la Orden que Liquidación, ya el otro caso había

culminado por lo que los fondos consignados dejaron de ser parte

del patrimonio de Integrand hacia años y, en consecuencia, no

formaban parte del proceso de liquidación. Por estos motivos, le

solicitó al TPI a que le entregara la totalidad del dinero consignado.

        En respuesta, el 19 de noviembre de 2019, el Comisionado

presentó una Oposición a Moción Solicitando Retiro de Fondos.15 En

esencia argumentó lo siguiente: (1) que el dinero que reclama el

señor Quiñones es un activo del caudal de la liquidación de

Integrand ; (2) que los fondos reclamados constituyen una

transferencia de fondos que equivale a una preferencia anulable al

14 Íd., págs. 1-13.
15 Íd., págs. 14-30.
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amparo del Art. 40.250 del Código de Seguros, infra; (3) que la

solicitud del señor Quiñones podría constituir una ejecución de

sentencia prohibida por el Art. 40.520 del Código de Seguros, infra;

y, por último, (4) que el TPI de San Juan carece de jurisdicción para

atender el reclamo del pago toda vez que dicha reclamación es una

de cobro mediante una solicitud de intervención que no se permite

por el Código de Seguros, infra. Posteriormente, el señor Quiñones

presentó una Dúplica a la Oposición y el Comisionado presentó una

Réplica a la Dúplica.

       Luego de un análisis ponderado de los argumentos de ambas

partes y el derecho aplicable, el 5 de julio de 2023, el TPI emitió una

Sentencia Parcial que fue notificada el 7 de julio de 2023. En esta,

declaró Ha Lugar la solicitud de retiro de fondos que presentó el

señor Quiñones pues resolvió que el dinero consignado ya no

formaba parte del caudal de Integrand al momento de la Petición de

Rehabilitación y tampoco constituía un pago preferente conforme a

los términos del Código de Seguros.

       En síntesis, explicó que la Resolución del 13 de marzo de

201716, mediante la cual el TPI de Carolina declaró como correctas

las cantidades consignadas por Integrand, tuvo el efecto de extinguir

la obligación de pago de sentencia por Integrand. Puntualizó que

dicha extinción a su vez se retrotrajo al 7 de enero de 2015, fecha

en que se consignó el restante del dinero debido de la sentencia.

Para apoyar dicha conclusión, discutió el caso de TOLIC v. Rodríguez

Febles, 170 DPR 804, 820 (2007), en el cual el Tribunal Supremo

estableció que en los casos en los que se declaraba correcta la

consignación, los efectos del pago se retrotraían al momento del

16 Cabe precisar que, el TPI señaló que a pesar de que esta Resolución fue objeto

de un cause apelativo extenso, los tribunales de mayor jerarquía confirmaron
dicho dictamen. Por lo tanto, expresó que a pesar de que dicho cauce apelativo
finalizó con un mandato del Tribunal Supremo con fecha del 22 de mayo de 2019,
confirmando que en efecto la consignación realizada por Integrand fue correcta,
los efectos de la consignación se retrotraen al momento del depósito de la cosa
por el deudor.
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depósito de la cosa. Por lo tanto, concluyó que el 7 de enero de 2015,

marcó el punto de transferencia patrimonial mediante el cual

Integrand se desprendió de los fondos consignados para que estos

fuesen puestos a la disposición del señor Quiñones.

      Por otra parte, tomando en consideración lo antes expuesto,

resolvió además que, el dinero consignado ya no se podía considerar

una transferencia preferente pues al momento de haberse

consumado y aceptado el pago por Integrand, ya había transcurrido

el plazo de un (1) año que dispone el Art. 40.250 del Código de

Seguros, infra. Por último, en cuanto al argumento del Comisionado

de que la reclamación del apelado era una ejecución de sentencia,

acto que está prohibido conforme a lo que dispone el Art. 40.050 del

Código de Seguros, infra, determinó que dicho argumento era

incorrecto. Fundamentó que la ejecución de una sentencia se lleva

a cabo cuando el obligado por la sentencia no la cumple. Por ende,

sostuvo que el acto de Integrand consignar el dinero hizo innecesario

recurrir al mecanismo procesal de ejecución de sentencia que regula

la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, infra. Expresó que ello es así

ya que poner la cosa bajo el poder de la autoridad judicial presupone

la ejecución de un acto voluntario por parte del deudor. Así pues,

resolvió que la solicitud de retiro que presentó el señor Quiñones no

constituía una ejecución de sentencia, sino que encarnaba una

acreencia sobre unos fondos que le pertenecen desde que fueron

consignados el 7 de enero de 2015.

      Inconforme con este dictamen, el 4 de agosto de 2023, el

apelante presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes

señalamientos de error:

      Erró el TPI al determinar que el dinero que reclama
      Quiñones Rivera no resulta ser un activo del caudal
      de la liquidación de Integrand.

      Erró el TPI al determinar que los fondos reclamados
      por Quiñones no constituyen una transferencia de
      fondos que equivale una preferencia anulable en
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      vista de que coloca a éste en mejor posición de cobro
      que los otros acreedores similarmente situados.

      Erró el TPI al determinar que poseía jurisdicción
      sobre el reclamo de pago presentado por Quiñones
      Rivera toda vez que esto constituye una
      reclamación de cobro mediante una solicitud de
      intervención no permitida por el Código de Seguros
      y/o ausente un formulario de reclamación ante el
      proceso administrativo de la liquidación de
      integridad.

      Atendido el recurso, el 14 de agosto de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole a la parte apelada hasta el 5 de septiembre

de 2023 para presentar su alegato en oposición. Oportunamente, el

señor Quiñones presentó una Oposición al Recurso Presentado […] y

negó que el TPI cometiera los errores que el Comisionado le imputo.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes

procedemos a resolver.

                                   II.

                                  -A-

      La consignación procura brindar a un deudor un mecanismo

mediante el cual pueda realizar el depósito judicial de la cosa debida

y liberarse de su obligación. ASR v. Proc. Rel. Familia, 196 DPR 944,

950 (2016). El depósito de la cosa estará bajo el poder de la

autoridad judicial que retendrá y pondrá a disposición del acreedor.

J. Vélez torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. Rev., San Juan,

Programa de Educación Contínua, Universidad Interamericana,

1997, pág. 186. Particularmente, el Art. 1132 del Código Civil de

1930, 31 LPRA sec. ant. 318217, establece que la consignación se

hará depositando las cosas debidas a disposición de la autoridad

judicial y mediante la acreditación del ofrecimiento del pago al

acreedor. Una vez se consigne la cosa debida, el deudor tendrá la

obligación de notificárselo a las partes interesadas. Íd.

17Resaltamos que el cuerpo legal vigente en el momento que se presentó la
Demanda era el Código Civil del 1930.
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      Ciertamente, la consignación supone una forma de pago que

le permite al deudor solicitar a un tribunal que ordene la cancelación

de la obligación. Sin embargo, el Art. 1131 del Código Civil, 31 LPRA

sec. ant. 3181, establece que para que la consignación sea eficaz, el

deudor debe ajustarse estrictamente a las disposiciones que regulen

su pago. En otras palabras, para que la obligación se considere bien

hecha y para que pueda constituir el pago de lo debido, es

indispensable que el pago se haga “a la persona en cuyo favor

estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla

en su nombre”. Art. 1116 del Código Civil, 31 LPRA sec. ant. 3166;

ASR v. Ex Parte Proc. Rel. Fam., supra, pág. 951.

      Por otro lado, cabe precisar que el Art. 1134 del Código Civil,

31 LPRA sec ant. 3164, dispone que “[m]ientras el acreedor no

hubiese aceptado la consignación, o no hubiere recaído declaración

judicial de que está bien hecha”, la obligación podría subsistir si el

deudor retira la cuantía consignada. En fin, la consignación surte

efecto en dos instancias, a saber: (1) mediante la aceptación de la

cuantía consignada por parte del acreedor, o (2) por vía de una

declaración judicial a los efectos de que la consignación se realizó

conforme a derecho. ASR v. Ex Parte Proc. Rel. Fam., supra, pág. 950.

      Esta determinación judicial de que la consignación se hizo

conforme a derecho es una declaración por parte del Tribunal de que

la consignación está bien hecha, reconociéndole los efectos

liberatorios que perseguía el deudor desde que depositó la cosa.

TOLIC v. Rodríguez Febles, 170 DPR 804, 819-820 (2007). Así pues,

los efectos liberatorios del depósito de la cosa deben surtir efecto

desde el momento en que el Tribunal declare que la consignación

está bien hecha. Íd. La doctrina española coincide en que la eficacia

retroactiva de la consignación bien hecha alcanza hasta el momento

en que tuvo lugar la práctica del depósito. Vélez Torres, ante, pág.

189. Es decir, cuando se declara correcta la consignación, se
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“retrotraen los efectos del pago al momento del deposito de la

cosa…”. Íd., pág. 820.

                                     -B-

       La Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, también conocida

como El Código de Seguros de Puerto Rico, según enmendada, 26

LPRA sec. 101 et seq. (Código de Seguros) “provee para para la

protección del caudal del asegurador insolvente estableciendo un

procedimiento para una ordenada distribución del mismo entre los

reclamantes del asegurador”. A.I.I.Co. v. San Miguel, 161 DPR 589,

599 (2004). Particularmente, el Capítulo 40 del Código de Seguros,

26 LPRA sec. 4001 et seq. regula los procedimientos cuando una

aseguradora adviene en estado de insolvencia de modo tal que, de

ser posible, se logre su rehabilitación o, de lo contrario, se inicie su

procedimiento de liquidación. San José Realty, S.E. v. El Fénix de

P.R., 157 DPR 427, 436 (2002).

       Cónsono con lo anterior, cuando una compañía aseguradora

está insolvente y los intentos para rehabilitarla no dan resultados,

el Código de Seguros, supra, autoriza al Comisionado de Seguros a

solicitar una orden del Tribunal de Primera Instancia en la que este

último autorice y ordene la liquidación de la aseguradora insolvente.

San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 437. Así, el Art.

40.150 del referido estatuto dispone que una vez el Tribunal de

Primera Instancia conceda la orden de liquidación solicitada,

comienza el procedimiento de liquidación y se designa como

liquidador al Comisionado de Seguros, quien tomará posesión

inmediata de los activos de la compañía y los administrará bajo la

supervisión del Tribunal Supervisor.18 26 LPRA sec. 4015; San José

18 El Artículo 40.030 del Código de Seguros, supra, define tribunal supervisor
como “el salón de sesiones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan
al cual ha sido asignado el procedimiento de liquidación o rehabilitación”.
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Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 437; A.I.I.Co. v. San

Miguel, supra, pág. 599.

      Asimismo, el referido artículo establece que “[e]l liquidador

estará legalmente investido con título sobre toda la propiedad,

contratos y derechos de acción y sobre todos los libros y expedientes

del asegurador a quien se ha ordenado liquidar, donde quiera que

se encuentren, a partir de la fecha en que se dicte la orden final de

liquidación”. Ahora bien, conforme al inciso (2) del Art. 40.150, “los

derechos y obligaciones del asegurador y los de sus tenedores de

pólizas, acreedores, accionistas, miembros y toda otra persona

interesada en sus bienes quedarán definidos conforme existan a la

fecha de emisión de la orden de liquidación, salvo como se dispone

en los Artículos 40.160 y 40.340”.

      Por otra parte, respecto a la naturaleza del procedimiento de

liquidación, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que

se trata de un procedimiento especial, de naturaleza estatutaria, por

lo tanto, la jurisdicción de los tribunales está limitada por el estatuto

que la rige. San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 438;

Intaco Equipment Corp. v. Arelis Const., 142 DPR 648, 651 (1997).

Específicamente, el Artículo 40.040(2) del Código de Seguros, supra,

sobre jurisdicción y competencia, en lo pertinente, dispone que:

       “[n]ingún tribunal de Puerto Rico tendrá jurisdicción
      para considerar, celebrar vistas o llegar a
      determinaciones sobre ninguna acción donde se solicite
      la disolución liquidación, rehabilitación, embargo,
      conservación o administración de un asegurador o
      donde se solicite un interdicto u orden restrictiva u otro
      remedio preliminar, incidental o con relación a, tal
      procedimiento que no sea de conformidad con este
      Capítulo”. 26 LPRA sec. 4004.

      A tenor con lo que antecede, nuestro Más Alto Foro se ha

pronunciado a favor de la centralización del proceso de liquidación,

esto es, “una vez un tribunal declara insolvente a una compañía

aseguradora y comienza el proceso de liquidación, todas las

reclamaciones contra la aseguradora deben consolidarse en un solo
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foro; el foro administrativo”. A.I.I. Co. v. San Miguel, supra, pág. 600.

Será el tribunal que ordene la liquidación de la aseguradora

insolvente quien retendrá “jurisdicción sobre todas las acciones en

contra la aseguradora, incluso las que existen con anterioridad a la

orden”. San José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 449. La

finalidad es que el proceso de liquidación lo atienda una sola entidad

“con visión integral de toda la problemática respecto a la capacidad

financiera (potencial económico para el pago de las obligaciones) de

la aseguradora de que se trate”. Íd., pág. 452.

      Por último, cabe precisar que el Art. 40.430(1) dispone que la

terminación del procedimiento de liquidación se podrá producir

mediante una solicitud por parte del liquidador al Tribunal

Supervisor a los efectos que se descargue la liquidación. 26 LPRA

sec. 4043. Específicamente, dicha solicitud se hará “cuando todos

los activos que justifiquen el gasto de cobro y distribución hayan

sido cobrados y distribuidos con arreglo [al Capítulo 40]”. Íd.

      De otro modo, el Art. 40.250 del Código de Seguros, 26 LPRA

sec. 4025, establece lo que es una preferencia. Específicamente

dispone que una preferencia es una “transferencia de una propiedad

de un asegurador a, o para beneficio de un acreedor, por o a cuenta

de una deuda antecedente consumada o aceptada por el asegurador

dentro de un (1) año antes de la radicación de una petición exitosa

de liquidación con arreglo a este Capítulo cuyo efecto puede ser

permitir al acreedor obtener un porcentaje mayor de esta deuda que

el que hubiera recibido por otro acreedor de la misma clase”. Ahora

bien, en cuanto a la anulación de dicha preferencia, el referido

artículo expone que para dicho proceder se tienen que materializar

al menos una (1) de las cuatro (4) situaciones siguientes:

      (1) el asegurador estaba insolvente al momento de la
          transferencia; o

      (2) la transferencia se efectuó dentro de ciento veinte
          (120) días antes de la radicación de la petición; o
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      (3) el acreedor que la recibió o que habría de
          beneficiarse de la misma o su agente en la
          transacción tenían, al momento de efectuarse la
          transacción, suficiente razón para creer que el
          asegurador estaba insolvente o estaba a punto de
          quedar insolvente; o

      (4) el acreedor que la recibió era un funcionario,
          empleado o abogado u otra persona que de hecho
          estaba en una posición de influencia en el
          asegurador comparable a la de un funcionario,
          independientemente que ocupara o no tal posición,
          o una corporación afiliada, o un accionista que
          tuviera directa o indirectamente más de cinco por
          ciento de cualquier clase de acciones emitidas por el
          asegurador o cualquier otra persona, firma,
          corporación, sociedad o conjunto de personas con
          quienes    el   asegurador     mantenía     negocios
          regularmente.

                                 -C-

      La Regla 50 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 50,

regula el procedimiento de apremio o ejecución de sentencia. En lo

pertinente, la Regla 51.1 del referido estatuto, supra, establece que:

      [l]a parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá
      ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta
      Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años
      de ésta ser firme. Expirado dicho término, la sentencia
      podrá ejecutarse mediante una autorización del
      tribunal, a moción de parte y previa notificación a todas
      las partes. Si después de registrada la sentencia se
      suspende su ejecución por una orden o sentencia del
      tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual
      ha sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del
      cómputo de los cinco (5) años durante los cuales podrá
      expedirse el mandamiento de ejecución.

      Este procedimiento “le imprime continuidad a todo proceso

judicial que culmina con una sentencia”, y es necesario utilizarlo

cuando la parte obligada incumple con los términos de la sentencia.

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 248 (2007)

citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico;

derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de PR, 1997, Cap. 63,

pág. 453. Como regla general, las sentencias se ejecutan en el

tribunal que dictó la sentencia que se pretende ejecutar. Mun. de

San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 248.
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                                 III.

      En su recurso de Apelación, el Comisionado impugna un

dictamen que dictó el TPI de San Juan ordenándole a la Unidad de

Cuentas del Tribunal a remitirle al señor Quiñones los fondos e

intereses consignados por Integrand provenientes del caso Civil

Núm. FCCI200800611. Específicamente, en su primer señalamiento

de error, el apelante sostuvo que el TPI erró al determinar que el

dinero que reclamó el señor Quiñones no es un activo del caudal de

liquidación de Integrand. Cónsono a esto, en su segundo

señalamiento de error, insistió en que el TPI erró al resolver que los

fondos reclamados por el señor Quiñones no constituyen una

transferencia de fondos que equivale a una preferencia anulable ya

que coloca al apelado en una mejor posición de cobro que otros

acreedores similarmente situados.

      En síntesis, el Comisionado insiste que no fue hasta el 22 de

mayo de 2019, fecha en la cual se notificó el mandato del Tribunal

Supremo, que de manera definitiva se resolvió que la consignación

por parte de Integrand fue correcta. Ante ello, razonó que al

validarse la consignación días antes de que se presentara la solicitud

de rehabilitación el 30 de mayo de 2019 en su contra, esta podía ser

anulada por estar compuesta de fondos de preferencia que podían

ser retirados y remitidos como parte de los activos pertenecientes al

proceso de liquidación. Ello, por haber sido convalidados dentro del

término de un (1) año antes de que se presentara la petición de

rehabilitación como lo establece el Art. 40.250 del Código de

Seguros, supra.

      Por último, argumentó que el TPI de San Juan carecía de

jurisdicción para atender el reclamo que presentó el apelado ya que

dicha reclamación se debió realizar mediante una intervención ante

el proceso administrativo de la liquidación de Integrand. No le asiste

la razón. Veamos.
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      Discutiremos el primero y segundo señalamiento de error en

conjunto por estar íntimamente relacionados entre sí. En el caso de

autos, el 17 de agosto de 2010, el TPI de Carolina dictó Sentencia en

el caso Civil Núm. FCCI2008-00611 condenándole al señor Mercado

y a Integrand el pago solidario a favor de los demandantes de una

indemnización por concepto de daños y perjuicios. Así pues, el 1 de

octubre de 2010, Integrand voluntariamente consignó una suma

inicial de $150,208.37 ante el TPI de Carolina.

      Posteriormente, el señor Quiñones impugnó la cuantía

consignada y el foro intermedio ordenó la revalorización de los

daños. En cumplimiento con este mandato, el TPI emitió una

Sentencia Enmendada en la cual condenó al señor Mercado y a

Integrand a pagarle al señor Quiñones la cantidad de $638,659.47.

Luego de vario trámites procesales, el 7 de enero de 2015,

Integrand consignó una suma adicional de $434,185.02 en el TPI

de Carolina.

      Más adelante, el 13 de marzo de 2017, el TPI emitió un

dictamen    en   el   cual   resolvió   que   Integrand    consignó

correctamente las indemnizaciones en concepto de pago de

sentencia. Dicha determinación fue objeto de un cauce apelativo

extenso, sin embargo, el 17 de mayo de 2019, la litigación apelativa

culminó con un dictamen del Tribunal Supremo denegando expedir

el recurso de certiorari que presentó el señor Quiñones. El mandato

del Tribunal Supremo se notificó el 22 de mayo de 2019. Así pues,

se confirmó la Resolución del 13 de marzo de 2017 y esta advino

final y firme.

      Paralelamente en el presente caso, el 30 de mayo de 2019, el

Comisionado presentó una Petición de Orden para Rehabilitar

Asegurador en contra de Integrand. Esto luego se convirtió en un

proceso de liquidación mediante una Orden de Liquidación que

emitió el TPI y la cual fue notificada el 25 de septiembre de 2019.
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Mientras continuaban los trámites del proceso de liquidación ante

el TPI de San Juan, el señor Quiñones solicitó el retiro de los fondos

consignados ante el TPI de Carolina. Luego que Integrad se opusiera

a estas solicitudes, el TPI de Carolina dictó una Orden mediante la

cual le ordenó a la Unidad de Cuentas a que le remitiera al señor

Quiñones los fondos consignados. El Comisionado solicitó una

reconsideración mediante comparecencia especial y esta fue

denegada. Por consiguiente, el dictamen fue objeto de una revisión

ante el tribunal intermedio. Este foro determinó que le correspondía

al TPI de San Juan atender cualquier asunto relacionado con

Integrad. Así pues, los fondos consignados fueron transferidos al TPI

de San Juan mediante solicitud que presentó el Comisionado.

      Según el precitado derecho, cuando un Tribunal hace una

determinación declarando que una consignación está bien

hecha, le reconoce los efectos liberatorios que perseguía el

deudor desde que depositó la cosa. (Énfasis suplido) TOLIC v.

Rodríguez Febles, supra, pág. 819-820. Consecuentemente, nuestro

Tribunal Supremo estableció que cuando se declara correcta la

consignación, se retrotraen lo efectos del pago al momento del

depósito de la cosa y se extingue la obligación. (Énfasis suplido)

Íd., pág. 820.

      Siendo ello así, si bien es cierto que no fue hasta el 22 de mayo

de 2019 que el Tribunal Supremo confirmó la Resolución del 13 de

marzo de 2017 en la cual el TPI de Carolina declaró la consignación

como bien hecha, los efectos del pago para extinguir la obligación se

retrotraen al momento en que se depositaron los fondos. En

consecuencia, desde el 7 de enero de 2015, fecha en que se consignó

totalmente el pago para satisfacer la sentencia, Integrad se había

liberado de su obligación y las cantidades consignadas dejaron de

ser parte de sus activos.
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      Tomando en consideración lo antes expuesto, es forzoso

concluir que los fondos consignados no pueden anularse y

considerarse como una transferencia que se realizó dentro del

término de un (1) año antes de la radicación de la petición de

rehabilitación conforme lo dispone el Art. 40.250 del Código de

Seguros, supra. Ello, ya que como mencionamos anteriormente, los

los efectos de la consignación de los fondos se retrotrajeron al 7 de

enero de 2015 y la petición de rehabilitación se radicó el 30 de mayo

de 2019. Por lo tanto, la Comisión no tiene el derecho de retirar la

suma de $150,208.37 que Integrand consignó el 1 de octubre de

2010 como tampoco la suma de $434,185.02 que esta última

consignó el 1 de enero de 2015. Estas sumas no constituyen un pago

preferente al amparo del Art. 40.250 del Código de Seguro, supra.

De igual forma, estas cantidades no forman parte de los activos del

proceso de liquidación y le pertenecen al señor Quiñones. Así pues,

el primer y segundo señalamiento de error no se cometió.

      Ahora bien, en cuanto al tercer señalamiento de error,

tampoco le asiste la razón al Comisionado.        Específicamente, el

apelante aduce que el señor Quiñones presentó una reclamación de

cobro que constituye una ejecución de sentencia prohibida por el

Art. 40.040 del Código de Seguros, supra. Por tanto, sostiene que el

TPI de San Juan no tenía jurisdicción para atender el reclamo, pues

este debe ventilarse en un procedimiento administrativo. La

jurisprudencia reseñada demuestra que el TPI de San Juan actuó

correctamente.

      En primer lugar, el Tribunal Supremo estableció que el

tribunal que ordene la liquidación de la aseguradora retendrá

jurisdicción sobre todas las acciones en contra de esta, incluyendo

las existentes con anterioridad a la orden. (Énfasis suplido) San

José Realty, S.E. v. El Fénix de P.R., supra, pág. 449. La finalidad es

que una sola entidad con visión integral de la problemática respecto
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a la capacidad financiera de la aseguradora atienda el proceso de su

liquidación. Íd., pág. 452. A tenor con ello, el TPI de San Juan es el

foro con jurisdicción para atender la controversia relacionada a las

consignaciones que realizó Integrand previo a su proceso de

liquidación.

      Además, cabe señalar que la reclamación del señor Quiñones

no se trata de una ejecución de sentencia. El mecanismo de

ejecución de sentencia se utiliza cuando un deudor se niega a

satisfacer el pago de una sentencia que recayó en su contra. Como

resolvimos previamente, cuando las consignaciones se decretaron

bien realizadas, esa decisión se retrotrajo a la fecha en que Integrand

depositó los fondos. En ese momento, la obligación de Integrand se

extinguió y los fondos se encontraban a la disposición del señor

Quiñones. Por ello, ante la ausencia de una deuda que se tenga que

reclamar contra Integrand, la figura de la ejecución de sentencia no

tiene cabida en este escenario. Consecuentemente, el tercer

señalamiento de error no se cometió. En vista de lo antes expuesto,

procede que la Unidad de Cuentas del TPI de San Juan le remita al

señor Quiñones el dinero e intereses consignados en este caso y

provenientes del pleito Civil Núm. FCCI2008-00611.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el

dictamen recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones