Court Opinion

ID: 9928520
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:21:49.3734+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:47.406099
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL XI
                                      APELACIÓN
                                      procedente del Tribunal
JOEL HERNÁNDEZ DÍAZ Y                 de Primera Instancia
 CLARITZA IVETTE RUÍZ                 Sala de Bayamón
       MEDINA
                                      Caso Núm.
      APELADOS         KLAN202300979 BY2022CV03336

             V.                                    Sala: 505

  LCDO. FERNANDO L.                                Sobre:
   MELÉNDEZ LÓPEZ,
COMAS Y REVUELTA PSC                             CUMPLIMIENTO
                                                 ESPECIFICO, DAÑOS
       APELANTES                                 E INCUMPLIMIENTO
                                                 DE CONTRATO
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      El Lcdo. Fernando L. Meléndez López (en adelante, el Lcdo.

Meléndez o el demandado-apelante) comparece ante este Tribunal por sí,

y en representación legal del bufete Comas & Revueltas, mediante un

recurso de apelación. Solicita la revisión de la Sentencia emitida el 15 de

octubre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en

adelante, TPI). En la referida Sentencia el TPI declaró con lugar la Moción

en Cumplimiento de Orden “Mostrando Causa” y en Solicitud de Orden

Sobre Desistimiento R. 39.1 y denegó la Solicitud de Imposición de Costas

y Honorarios de Abogado por Temeridad.

      Examinado el recurso ante nuestra consideración, se confirma la

Sentencia recurrida.

                                   I.

      El 29 de junio de 2022, el Sr. Joel Hernández Diaz y la Sra. Claritza

Ivette Ruiz Medina presentaron una Demanda contra el Lcdo. Meléndez, el

Lcdo. Manuel Reyes González, el bufete Comas & Revuelta PSC, el

Colegio de Abogados y la Fianza Notarial, Centurion Insurance, Multiples

Número Identificador
SEN-RES2023 ________
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Mortgage y Cooperativa de Ahorro y Crédito Cupey Alto. En dicha demanda

solicitaron el resarcimiento de unos alegados daños sufridos como

consecuencia de no haber logrado inscribir un bien inmueble en el Registro

de la Propiedad.1

       Luego de varios trámites procesales, el 2 de agosto de 2023 se

sometió, y el TPI acogió, un acuerdo transaccional mediante el cual la parte

demandante desistió con perjuicio de la demanda contra todos los

demandados, excepto contra el Lcdo. Meléndez y el Bufete Comas &

Revueltas, PSC. 2 Sin embargo, para el 3 de octubre de 2023 la parte

demandante-apelada igualmente solicitó el desistimiento en cuanto al

Lcdo. Meléndez y el Bufete Comas & Revueltas, PSC, y solicitó que se

autorizara sin imposición de costas, gastos ni honorarios. 3 Ante esto, el

Lcdo. Meléndez presentó una solicitud de imposición de costas, gastos y

honorarios el 9 de octubre de 2023 por entender que la parte demandante

había prolongado el pleito innecesariamente.4

       Con ambos escritos ante su consideración, el TPI dictó sentencia el

15 de octubre de 2023, y fue notificada al día siguiente, en la cual autorizó

el desistimiento de la parte demandante-apelada sin imposición de costas,

gastos ni honorarios. 5 Inconforme con el dictamen del TPI, el apelante

presentó ante este Tribunal un recurso de apelación el 2 de noviembre de

2023, mediante el cual solicitó que enmendemos la Sentencia recurrida

para que se incluya la imposición de costas, gastos y honorarios por

entender que la parte demandante-apelada actuó temerariamente al instar

un pleito frívolo. Como resultado, alega la comisión del siguiente error:

        Erró el Honorable TPI al no imponer a la parte demandante-
        apelada el pago de costas, gastos ni honorarios de abogado
        a favor de la parte demandada-apelante.
        La parte demandante-apelada presentó de manera oportuna su

alegato en oposición el 4 de diciembre de 2023. Con el beneficio de su

comparecencia, procedemos a resolver.

1 Apéndice del recurso de apelación, anejo núm. 1, pág. 1-4.
2 Apéndice del recurso de apelación, anejo núm. 13, pág. 80-94.
3 Apéndice del recurso de apelación, anejo núm. 17, pág. 102-112.
4 Apéndice del recurso de apelación, anejo núm. 18, pág. 113-121.
5 Apéndice de recurso de apelación , anejo núm. 20, pág. 123.
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                                     II.

   A. Costas y honorarios de abogado por temeridad

   En nuestro ordenamiento los gastos asociados al litigio se distinguen

entre costas y honorarios. En cuanto a las costas la Regla 44.1 (a) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., dispone que se concederán a la parte

a cuyo favor se resuelva el pleito, excepto en aquellos casos en que se

disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que concederá

el tribunal son los gastos necesarios y razonables que tuvo que incurrir la

parte prevaleciente del pleito en su tramitación. Rosario Domínguez v. ELA,

198 DPR 197 (2017). La Regla 44.1 (b) dispone que la parte que reclame

el pago de costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria,

dentro del término de 10 días a partir del archivo en autos de copia de la

notificación de la sentencia, un memorándum, rendido bajo juramento o

certificación del abogado, de todas las partidas de gastos y desembolsos

necesarios en que se incurrió durante la tramitación del pleito.

       Como es sabido los honorarios de abogados no forman parte de las

costas anteriormente mencionadas. De ordinario cada parte se encarga de

satisfacer los honorarios de su respectiva representación legal, sin

embargo, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, dispone que:

       [e]n caso que cualquier parte o su abogado haya procedido
       con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su
       sentencia al responsable el pago de una suma por concepto
       de honorarios de abogado que el tribunal entienda
       correspondan a tal conducta.

       De conformidad con lo anterior, es norma reiterada que la imposición

de honorarios de abogado a la parte contraria solo procede cuando una

parte actúa con temeridad. Se entiende que una parte ha sido temeraria

cuando obliga a la otra a incurrir en gastos innecesarios al interponer pleitos

frívolos o alargar innecesariamente aquellos ya presentados ante la

consideración de los tribunales, o que provoque que incurra en gestiones

evitables. Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). Una vez el

tribunal sentenciador concluye que una parte ha sido temeraria, es

imperativa la imposición de honorarios de abogado. La determinación de si
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una parte ha actuado o no con temeridad descansa en la discreción del

tribunal. Por lo cual, los tribunales revisores solo intervendrán con tal

determinación cuando surja de tal actuación un claro abuso de discreción.

Puerto Rico Oil Company, Inc. V. Dayco Products, Inc., 164 DPR 486, 511

(2005)

                                     III.

         Según vimos, el presente recurso nos solicita que enmendemos la

Sentencia recurrida para que incluya la imposición de costas, gastos y

honorarios de abogado por temeridad, a favor de la parte demandada-

apelante para compensar los alegados perjuicios económicos y molestias

supuestamente causadas por las acciones de la parte demandante-

apelada.

         En su recurso, la parte demandada-apelante alegó que las acciones

de la parte demandante-apelada fueron caracterizadas por frivolidad. Al

respecto enfatizó que el TPI tuvo que sancionar a la apelada por incumplir

con el Informe del Manejo del Caso, más tuvo que ordenar a la parte que

proveyera fechas hábiles para una deposición, con la cual luego incumplió.6

Además, planteó que la parte tampoco respondió al Requerimiento de

Admisiones, que no cumplió con las especificaciones de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36, al presentar su oposición a la

moción de sentencia sumaria y que peticionó infundadamente para

descalificar la representación legal del demandado-apelante.7 Añadió que

más frívolo aún fue su acto de presentar un acuerdo transaccional,

esencialmente desistiendo de las causas de acción contra todas las partes

indispensables, excepto contra el Lcdo. Meléndez y el Bufete Comas &

Revueltas, continuando así el pleito innecesariamente.8

         Por su parte, la demandante-apelada recalcó que ejecutó múltiples

gestiones extrajudiciales con el propósito de evitar un litigio, y que no fue

hasta que estas gestiones resultaron infructuosas que ejerció su derecho

6
  Recurso de apelación p. 8-9.
7
  Recurso de apelación p. 9-10.
8
  Recurso de apelación p. 11.
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de reclamar judicialmente.9 Además, añadió que la oferta de transacción

se hizo a todas las partes y que la única razón por la cual se extendió el

pleito fue porque la parte demandada-apelante rechazó la oferta y continúo

radicando mociones.10 La parte demandante también enfatizó que el corto

tiempo del pleito, y el hecho de que en menos de un año ya se había

logrado un acuerdo transaccional, obraba en contra de la alegación de

frivolidad, por tanto, nos solicita que confirmemos el dictamen del TPI. 11

         Luego de analizadas las alegaciones de ambas partes, no

identificamos fundamentos jurídicos que nos motiven a modificar la

Sentencia recurrida. Tampoco encontramos los elementos requeridos para

determinar que el foro primario actuó de forma arbitraria, caprichosa, o

incurrió en craso abuso de discreción, o aplicación errónea de la ley.

        Fue el foro primario quien manejó los procedimientos, quien atendió

los desacuerdos entre las partes y quien tuvo conocimiento directo de los

pormenores del pleito, y fue ese mismo foro quien entendió que las

acciones del demandante-apelado no fueron temerarias. Por tanto,

debemos otorgarle deferencia a la pericia del foro inferior en su

determinación de decretar el archivo del caso, sin especial imposición de

costas, gastos ni honorarios de abogado. En vista de ello, confirmamos la

Sentencia recurrida.

                                                   IV.

        Por los fundamentos esbozados confirmamos la Sentencia

recurrida.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

9
  Alegato de la parte demandante-apelada, p. 13.
10
   Alegato de la parte demandante-apelada, p. 13-14.
11
   Alegato de la parte demandante-apelada, p. 15-16.