Court Opinion

ID: 9962629
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:36:18.027803+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:10.183224
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                         Panel IV

            JULIO RUIZ COLÓN                                           Apelación
                 Apelado                                               procedente del
                                                                       Tribunal de
                          v.                                           Primera Instancia
                                                         KLAN201901135 Sala de San Juan
AUTORIDAD DE CARRETERAS                              y
TRANSPORTACIÓN DE PR                                                                Caso Núm.
          Demandada                                                                 K AC2013-0155

JOSÉ A. LUGO LUGO y JAL OUTLET,                                                     Sobre:
INC.                                                                                Acción Civil,
           Apelantes                                                                Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón y el Juez Adames
Soto y el Juez Bonilla Ortiz1

Adames Soto, Juez Ponente

                                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2024.

        Comparece el señor José A. Lugo Lugo y JAL Outlet, Inc., (en conjunto,

los apelantes), solicitando que revoquemos una Sentencia Sumaria Final2

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,

(TPI), el 3 de julio de 2018. Mediante dicho dictamen el foro primario declaró

Con Lugar una demanda presentada por el señor Julio Ruiz Colón (señor

Ruiz Colón o el apelado), que inicialmente fue dirigida contra la Autoridad de

Carreteras y Transportación, (ACT), pero que resultó posteriormente

enmendada          para        incluir   como       demandados           a    los    apelantes.        En

consecuencia, ordenó a los apelantes a satisfacer la suma de $360,000.00,

más costas e intereses, así como $7,000.00 en concepto de honorarios de

abogados por temeridad.

1
 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-040 se designa al Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz, en sustitución
de la Hon. Gina R. Méndez Miró quien dejó de ejercer funciones como Jueza del Tribunal de Apelaciones desde
el 24 de febrero de 2023.
2 El 6 de septiembre de 2019, el foro a quo enmendó la sentencia sumaria apelada a los

únicos fines de añadir en su parte dispositiva a la co-demandada JAL Outlet., Inc.
Anejo XXXIX del Apéndice del escrito de apelación, págs. 170-179.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLAN201901135                                                                               2

       Según se advierte en el epígrafe, estamos ante una causa de acción

por cobro de dinero, cuya rápida dilucidación se ha visto afectada, entre

otras razones, porque fue paralizada a causa de que la ACT se acogiera al

proceso de quiebra dispuesto por la Public Law 114-187, Puerto Rico

Oversight, Management, and Economic Stability Act, (PROMESA).

I. Resumen del tracto procesal pertinente

       El 4 de marzo de 2013, el señor Julio Ruiz Colón h/n/c/ HMP

Management Corp., incoó una Demanda contra la ACT, al amparo del Art.

1489 del derogado Código Civil de Puerto Rico3, 31 LPRA sec. 4130. Este

solicitó al TPI que ordenara a la ACT, a retener cierta cantidad de dinero

como presunto dueño de obra, para que los pagara al señor Ruiz Colón, como

consecuencia de unos trabajos de construcción realizados en un proceso de

expropiación forzosa. Se adujo que la ACT había acordado con el señor Julio

A. Lugo Lugo, que este llevaría a cabo unos trabajos para viabilizar la referida

expropiación forzosa, siendo el dueño de la propiedad a ser expropiada

Desarrollo Industriales y/o José Arturo Lugo.

       Luego de varios incidentes procesales, el 3 de septiembre de 2013, la

ACT presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de

las de Procedimiento Civil de 2009.4 Arguyó que procedía la desestimación de

la demanda, por esta no exponer una reclamación que justificara la

concesión de un remedio, así como por falta de parte indispensable. Sobre lo

último, esgrimió que de las propias alegaciones de la demanda surgía el

nombre del dueño del inmueble a ser expropiado, Desarrollos Industriales

y/o José A. Lugo, pero no fue incluido como parte.

       El 31 de octubre de 2013, el TPI celebró una vista sobre el estado de

los procedimientos, en la cual la ACT reiteró su planteamiento sobre falta de

parte indispensable.

3 El Código Civil de Puerto Rico de 1030 fue derogado por el Código Civil de Puerto Rico de

2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines de la presente,
se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la
controversia que nos ocupa.
4 Anejo V del Apéndice de la Apelación, págs. 11-23.
KLAN201901135                                                                             3

       Habiendo concedido el foro primario amplia oportunidad para que el

apelado enmendara la demanda, a los fines de incluir una parte

indispensable, el 3 de junio de 2014 se presentó la Demanda Enmendada,

incluyendo como partes al señor José A. Lugo Lugo, a su esposa, la señora

Doris Rivera Hernández, a la Sociedad Legal de Gananciales compuestas por

estos, (matrimonio Lugo-Rivera), y a JAL Oulet Inc. A tenor, el 14 de

septiembre de 2014, fue emplazado el señor José Arturo Lugo, por sí y en

representación de la sociedad de bienes gananciales5.

         El 22 de julio de 2014, la ACT presentó su Contestación a la Demanda

enmendada, negando la mayoría de las alegaciones y levantando defensas

afirmativas.6

       Concedidas varias prórrogas por el TPI, y otros pronunciamientos,

(entre ellos una Orden dejando sin efecto la anotación de rebeldía

previamente emitida contra los apelantes), el 12 de diciembre de 2014, tanto

JAL Outlet, Inc., como el señor José A. Lugo, presentaron sus

respectivas      contestaciones        a    la   demanda        enmendada.         En    la

contestación a demanda presentada por José A. Lugo, y en la de JAL Outlet,

compareció el mismo bufete de abogados, Ramírez Ramírez, aunque

suscritas por el licenciado José Rafael Ramírez Ramos. En ambos escritos

fue informado que la señora Rivera Hernández había fallecido, el 2 de

diciembre de 2014.

       Posteriormente, en una vista del 21 de mayo de 2017, fue llevada a la

atención del tribunal a quo que la ACT fue incluida entre las entidades

gubernamentales que se acogieron al proceso de quiebra bajo PROMESA.

Ante lo cual, fue argumentado que procedía la paralización automática de

los procedimientos en su contra, en virtud del Automatic Stay dispuesto en

las secciones 362 y 922 del Código de Quiebra Federal, 11 USC secs. 362(a)

5 Apéndice IV del recurso de apelación, pág. 10. Contrario a lo que afirman los apelantes en

el recurso de apelación, estos fueron emplazados dentro del término de 120 días que dispone
la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c).
6 Íd., Anejo XVI, págs. 45-50.
KLAN201901135                                                                           4

y 922(a).7 De conformidad, el 16 de junio de 2017, el foro de instancia emitió

una Sentencia ordenando la paralización y el archivo administrativo de los

procedimientos en contra de la ACT, hasta que el foro federal considerando

la petición de quiebras determinara otra cosa.8 Esta Orden de paralización

no fue extendida a las demás partes en el pleito, por lo que el proceso siguió

su curso respecto a estas.

        Pasado un tiempo, el 8 de febrero de 2018, los apelantes presentaron

una Moción de Sentencia Sumaria.9 En su brevísima Moción de sentencia

sumaria, estos enumeraron una serie de hechos que presuntamente no

estaban en controversia, aunque sin incluir un solo documento para

sustentarlos. Entonces, al referirse al derecho aplicable, adujeron que

procedía desestimar la demanda sumariamente, porque la reclamación del

apelado estaba basada en el Art. 1489 del Código Civil, supra, el cual

aplicaba solo a materialistas en una obra de construcción. Es decir,

sostuvieron que la acción provista por el artículo aludido proporcionaba un

remedio a los terceros ajenos a la relación contractual, a saber, el contrato

de obra, para que pudieran recobrar el valor de los materiales y servicios

prestados. Sobre lo cual, arguyeron que los contratos con una agencia o

entidad gubernamental tenían que constar por escrito y notificarse a la

Oficina del Contralor, y en el caso de epígrafe no existía un contrato entre la

ACT y el demandante, de aquí que el artículo del Código Civil aludido no

resultara de aplicación en este caso.

        A raíz de ello, los apelados presentaron Escrito en oposición a la

sentencia sumaria del demandado10. En este se aseveró que la Moción de

7 Íd., tercer párrafo.
8 Íd.
9 Íd., Anejo XXXII, págs. 145-148.
10 A pesar de que la Regla 16(E)(1)(d) y (e) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B,
requiere que en el apéndice del recurso de apelación se incluya, en lo pertinente, toda
moción que conste en el expediente original del TPI, donde se discuta expresamente
cualquier asunto planteado en el escrito de apelación, y cualquier documento que le pueda
ser útil a este foro intermedio para resolver la controversia, los apelantes no incluyeron
copia del Escrito en oposición a la sentencia sumaria del demandado. No hay duda de que
tal documento resultaba esencial para atender el asunto ante nuestra consideración.
Tomamos conocimiento de dicha moción, por cuanto ordenamos que los autos originales
fueran alzados y así pudimos examinarlo, pero debió haber sido provisto por los apelantes.
KLAN201901135                                                               5

sentencia sumaria instada por los apelantes no cumplía con los requisitos

específicos que requieren la Regla 36 de Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V,

R. 36. El resto del contenido del Escrito en oposición a la sentencia sumaria

fue dedicado por entero a refutar argumentos de derecho esgrimidos en la

moción de sentencia sumaria, referentes a la contratación gubernamental.

Es decir, en este escrito en oposición a sentencia sumaria no fue propuesta

una lista de hechos incontrovertidos, que diera lugar a la aplicación del

derecho correspondiente y, a su vez, habilitara al foro primario dictar

sentencia a su favor. En consonancia, los apelados sólo solicitaron como

remedio, la imposición de honorarios de abogado a los apelantes por

temeridad, y la denegatoria del remedio sumario solicitado.

      Pendiente por resolver la moción dispositiva aludida, el 7 de febrero de

2018, el apelado incoó una Moción Solicitando Eliminación de las Alegaciones

del Demandado por Incumplimiento de las Reglas de Descubrimiento de

Prueba. Transcurridos unos días, esta misma parte instó sendas mociones

reiterando su solicitud de eliminación de alegaciones, el 14 de marzo y 25 de

abril de 2018.

      En el interín, el foro apelado emitió Sentencia Parcial, acogiendo una

solicitud del apelante para desistir con perjuicio de la demanda presentada

en contra de la ACT. Tal determinación del tribunal a quo se tomó a pesar de

que, desde el 16 de junio de 2017, se había emitido una Sentencia ordenando

la paralización y el archivo administrativo de los procedimientos en contra

de la ACT, hasta que el foro federal que se encontraba considerando la

petición de quiebras determinara otra cosa.

      Lo cierto es que, volviendo la atención a la Moción de sentencia sumaria

instada por los apelantes pendiente por resolver, el TPI emitió una

Sentencia sumaria final el 3 de julio de 2018, pero a favor de los

apelados, notificada a las partes el 11 de julio de 2018.

      En la referida Sentencia sumaria final el foro primario enumeró una

serie de determinaciones de hechos, para entonces concluir que: entre las
KLAN201901135                                                                  6

partes había surgido una relación contractual para la realización de unos

trabajos de construcción; tales trabajos, realizados por el apelado, habían

beneficiado a los co-demandados, aquí apelantes. Asimismo, determinó que,

luego de los apelantes haber recibido el pago por parte de la ACT, cuya

compensación no se hubiera recibido de no haberse realizado las obras en el

terreno, se habían negado a satisfacer la suma acordada al apelado por los

servicios prestados. Como resultado, el TPI dispuso que procedía dictar

sentencia sumaria a favor del apelado, condenando al demandado José A.

Lugo a satisfacerle la suma de $360,000.00, más costas e intereses, y

$7,000.00, en concepto de honorarios de abogado. Dispuso además el foro

primario, desestimar sin perjuicio la causa de acción instada contra la

señora Doris Rivera, por cuanto, una vez fallecida, las partes no solicitaron

su sustitución como lo requiere la Regla 22 de Procedimiento Civil11.

       Pasado un tiempo desde que fuera notificada la Sentencia Sumaria

Final, el 17 de septiembre de 2018, tanto José A. Lugo como JAL Outlet,

Inc., instaron una Moción para que se notifique la sentencia. Tal como lo

indica el título de dicha moción, sus promoventes sostuvieron no haber

encontrado la notificación de la Sentencia en sus correos electrónicos. Es

decir, los apelantes adujeron no haber sido debidamente notificados de la

Sentencia.

       En respuesta, mediante Orden de 10 de octubre de 2018, el tribunal a

quo dispuso que la referida Sentencia había sido notificada al correo

electrónico del representante legal de los apelantes y al alterno, el 11 de julio

de 2018.

       Con todo, el apelante José A. Lugo instó una segunda moción

reiterando su solicitud para que se notificara la Sentencia, aduciendo haber

comparecido a la Secretaría del Tribunal y no haber encontrado allí evidencia

de su notificación.

11 32 LPRA Ap. V, R. 22.
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      Entretanto, el 6 de diciembre de 2018, los apelados instaron una

Moción interesando ejecución de Sentencia.

      Por su parte, el 2 de enero de 2019, el TPI emitió una Resolución

resolviendo lo siguiente: (1) en cuanto a la moción reiterando notificación

de Sentencia instada por el apelante José A. Lugo, No Ha Lugar, pues

esta suscriptora (la Juez) ha visto la notificación y surge que se

notificaron ambas, la Sentencia Parcial y la Sentencia Final al Lcdo.

Cardona a su correo electrónico que registró en el Registro Único de

Abogado (RUA); (2) Ha Lugar la moción para que fuese ordenada la ejecución

de la Sentencia instada por el apelado. A este último dictamen se acompañó

un Mandamiento de ejecución de Sentencia, de 11 de enero de 2019.

   El dictamen recogido en el párrafo que precede no fue impugnado a través

de una moción de reconsideración ante el propio foro que la emitió, o

mediante la presentación de recurso de certiorari ante nosotros.

   Posteriormente, el 3 de septiembre de 2019, el apelado presentó ante el

foro primario una Moción solicitando sentencia sumaria final contra J.A.L.

Outlet Inc. En síntesis, este planteó que en la parte dispositiva de la Sentencia

Sumaria Final emitida el 3 de julio de 2018, el TPI no había incluido a todos

los demandados, pues solo se refirió a José A. Lugo, omitiendo a JAL Outlet

Inc., corporación que también figuraba como parte demandada. El apelado

llamó la atención al hecho de que en la Sentencia se hizo un recuento de los

Requerimientos de Admisiones que se incorporaron como parte de la

Oposición a Sentencia Sumaria, los cuales incluían a JAL Outlet Inc., además

de ser mencionada como una corporación debidamente registrada en el

Departamento de Estado de Puerto Rico. Reiteró que, en el cuerpo de la

Sentencia JAL Outlet Inc. se determinó que dicha corporación fue parte del

proceso de expropiación y de los acuerdos con la ACT, lo que clara y

diáfanamente también surgía de las argumentaciones incluidas en las

mociones de sentencia sumaria. A tenor, solicitó que fuera dictada Sentencia
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Sumaria Final incluyendo a dicha corporación como corresponsable por la

sentencia.

      En consecuencia, el 9 de septiembre de 2019, el TPI emitió una

Sentencia Sumaria Final Nunc Pro Tunc, acogiendo la solicitud del apelado, a

los únicos fines de incorporar a JAL Outlet Inc. en la parte dispositiva del

dictamen que había emitido el 3 de julio de 2018. Esta Sentencia Sumaria

Final Nunc Pro Tunc fue notificada a las partes el 9 de septiembre de 2019.

   Entonces, tomando la fecha de la notificación de la Sentencia Sumaria

Final Nunc Pro Tunc como punto de partida para presentar recurso de

apelación, los apelantes instaron tal recurso ante nosotros el 7 de octubre de

2019. Estos le imputaron al TPI la comisión de los siguientes errores:

      1. Erró el TPI al dictar sin jurisdicción sentencia sumaria final contra
         los demandados apelantes porque estos fueron emplazados fuera
         de la fecha establecida para diligenciar los emplazamientos.

      2. Erró el TPI al dictar sentencia sumaria final sin jurisdicción contra
         los demandados apelantes porque hacía falta una parte
         indispensable.

      3. Erró el TPI al dictar sentencia sumaria final contra los demandados
         apelantes sin tomar en cuenta las sustanciales controversias de
         hechos y de derecho.

      4. Erró el TPI al interpretar y aplicar el derecho sobre contratos.

      5. Erró el TPI al dictar sentencia sumaria sin tomar en consideración
         que no fue sustituida una de las partes que falleció durante el
         proceso.

      6. Erró el TPI al no considerar la solicitud de sentencia sumaria
         [presentada] por los demandados apelantes la cual no fue
         contestada por el demandante apelado conformen (sic) a derecho.

      Por su parte, el 28 de octubre de 2019, el apelado compareció ante

nosotros, mediante escrito intitulado Alegato de la Parte Apelada.

      Sin embargo, luego de este Panel haber estudiado las incidencias

procesales del caso, mediante Sentencia de 19 de agosto de 2020, decidió

ordenar la paralización de los asuntos pendientes en apelación, hasta que

culminase el proceso de quiebra seguido por la ACT en la Corte Federal, al

amparo de PROMESA. Como ha venido ocurriendo en casos bajo similares

circunstancias, tal determinación tuvo como consecuencia que este caso se
KLAN201901135                                                                           9

mantuviera paralizado en su etapa apelativa por un tiempo prolongado, a

causa de las incidencias atribuibles al proceso de quiebra aludido.

       Finalmente, habiendo acontecido unos cambios importantes en el

proceso federal en el que participa ACT bajo PROMESA, según detallamos en

nuestra Resolución de 31 de enero de 2023, decidimos reactivar el trámite

apelativo pendiente ante nosotros en este caso respecto a los apelantes,

aunque manteniendo la paralización de los asuntos referentes a la ACT. Por

tanto, interpretamos que la paralización de los procesos apelativos por

motivo de PROMESA continuaba afectando la causa de acción presentada

contra la ACT, pero no respecto a los apelantes12.

       Finalmente, luego de atender varios asuntos procesales atinentes a la

reapertura del cauce apelativo, y de haber ordenado la elevación de los autos

originales, (por cuanto el apéndice del recurso de apelación se encontraba

incompleto), nos hemos confrontado con una controversia jurisdiccional,

cuya solución prima sobre cualquier asunto.

II. Exposición de Derecho

       A. Jurisdicción

       La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un tribunal

para considerar y decidir casos y controversias. JMG Investment, Inc. v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 203 DPR 708, 715 (2019); Ruiz Camilo

v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); Yumac Home v. Empresas

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings,

191 DPR 228, 233 (2014). Los tribunales estamos llamados a ser fieles

guardianes de nuestra jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes

invoque tal defecto. Por lo anterior, tanto los foros de instancia, como los

foros apelativos, tienen el deber de analizar de forma prioritaria si poseen

jurisdicción para atender las controversias que le sean presentadas. (Énfasis

12 Los apelantes recurrieron de nuestra determinación sobre la reapertura del caso ante el

Tribunal Supremo, mediante recurso de certiorari. Sin embargo, dicho alto Foro denegó la
expedición del recurso de certiorari aludido, mediante Resolución de 14 de abril de 2023,
notificada el 20 del mismo mes y año. Ver, CC-2023-0149.
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provisto). Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, en la pág. 268; Horizon

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda,

187 DPR 109, en las págs. 122-123 (2012).

       Lo anterior responde a que las cuestiones jurisdiccionales son materia

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. JMG

Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra. El Tribunal

Supremo ha añadido, que evaluar los aspectos jurisdiccionales son parte de

nuestro deber ministerial y debe hacerse antes de que el tribunal pueda

conocer del pleito. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Mun. San

Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 652, 660 (2014); García v.

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). (Énfasis nuestro). De aquí

que, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre

una controversia determinada, debemos así declararlo y proceder a

desestimarlo, pues, no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde

no la hay. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Yumac Home v. Empresas

Massó, supra.

       El Tribunal de Apelaciones debe ser celoso guardián de su jurisdicción

y no tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla donde no la hay.

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Cuando un tribunal acoge un

recurso a sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa

de manera ultra vires. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55

(2007). Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un

recurso, lo único que procede en Derecho es la desestimación de la causa de

acción.   Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 (2006); Carattini v.

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003); Pérez v. C.R. Jiménez,

Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999).

       En armonía con lo dicho, el Tribunal de Apelaciones puede desestimar,

motu proprio, un recurso por falta de jurisdicción. Regla 83(B)(1) y (C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y

(C).
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      B. El término para presentar recurso de apelación

      La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un

recurso de apelación están establecidas claramente en las disposiciones

legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, conocida como Ley de la

Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la Judicatura de 2003), según

enmendada, 4 LPRA secs. 24(t) et seq., la Regla 52.2(a) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2(a), y en la Regla 13 de nuestro Reglamento, 4

LPRA Ap. XXII-B R. 13. A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que

el Artículo 4.006(a) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 LPRA sec.

24y(a), indica que este Tribunal conocerá de toda sentencia final dictada por

el Tribunal de Primera Instancia mediante recurso de apelación.          Este

Tribunal tiene facultad para atender los méritos de un recurso de apelación

al amparo del citado Artículo 4.006(a), supra, si el mismo se presenta

oportunamente dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días,

contado a partir de archivo en autos de copia de la notificación de la

sentencia apelada, a tenor con lo dispuesto por la Regla 13(A) de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 13(A). (Énfasis provisto).

      De igual modo la Regla 52.2 (a) de Procedimiento dispone que “[l]os

recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo para

revisar sentencias deberán presentarse dentro del término jurisdiccional de

treinta (30) días contados desde el archivo en autos de copia de la

notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado”. 32 LPRA Ap. V

R. 52.2(a).

      Los términos para apelar sentencias sean penales o civiles, son fijados

por ley para conferir jurisdicción al tribunal apelativo. Pueblo v. Ortiz

Couvertier, 132 DPR 883, 890-891 (1993); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR

569, 574 (1984); Pueblo v. Miranda Colón, 115 DPR 511, 513 (1984). Es

norma reiterada que un término de naturaleza jurisdiccional es de carácter

fatal y su incumplimiento priva al foro apelativo de jurisdicción para atender

el recurso instado.    En virtud de ello, “[c]ontrario a un término de
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cumplimiento estricto, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e

insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, como

tampoco es susceptible de extenderse”. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp.,

151 DPR 1, 7 (2000).

      C. La enmienda a Sentencia Nunc pro tunc

      La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1, dispone

que “[l]os errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes del

expediente y los que aparezcan en [e]stas por inadvertencia u omisión,

podrán corregirse por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia iniciativa,

o a moción de cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordena.” Otero

Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76, 91 (2018). (Énfasis provisto). Esta

regla le permite al tribunal que dictó sentencia corregir cualquier error de

forma o que no vaya a la sustancia de la sentencia, orden o resolución, ni que

se relacionan con asuntos discrecionales. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart

Corp., 154 DPR 523, 529 (2001).

      Con relación al momento en que el tribunal puede corregir los errores

de forma, inadvertencias u omisiones en las sentencias, al menos desde

Lawton v. Rodríguez, 41 DPR 447 (1930), se indicó que puede ser hasta

después de transcurridos los términos para apelar. La Regla 49.1 citada

expresamente indica que la corrección por el tribunal puede ser en cualquier

tiempo.

      Cabe añadir que, aunque la Regla 49.1 dispone lo relativo a la facultad

del Tribunal de corregir los errores de forma, inadvertencia y omisión

aludidos, también se considera la facultad para hacer correcciones de este

tipo como una de carácter inherente al poder judicial. R. Hernández Colón,

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta Ed., 2017,

LexisNexis, pág. 464. Ejemplo de lo afirmado por el tratadista citado es la

expresión de nuestro Tribunal Supremo en Security Insurance Co. v. Tribunal

Superior, 101 DPR 191, 203-204 (1973), a los efectos de que en varias

ocasiones hemos hecho reconocimiento de la facultad inherente que tienen los
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tribunales de corregir errores de forma que aparezcan de sus récords. Además,

independientemente de la facultad concedida estatutariamente para ello, se

afirma que los tribunales tienen poder inherente para corregir sus expedientes,

para que reflejen la realidad, y bajo este poder inherente, las cortes han

corregido frecuentemente sus sentencias finales, cuando por errores u

omisiones, las dictadas no correspondían con las que se intentó emitir.

Sucesión Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 DPR 678 (1961).

      El mismo Alto Foro ha señalado que se puede utilizar la Regla 49.1 de

Procedimiento Civil, supra, para corregir errores de forma que surjan de los

expedientes del tribunal, Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 DPR 678, 682-

683 (1961), y errores del secretario del tribunal al anotar la sentencia, Pueblo

v. Miranda, 56 DPR 601, 603 (1940). También, ha permitido el uso de la

enmienda nunc pro tunc para añadir la condena de entregar los frutos al

reconocimiento del derecho de propiedad, Martínez v. Delgado et al., 18 DPR

382 (1912), y para conceder costas en la sentencia cuando éstas se

reconocen en la opinión, Lawton v. Rodríguez, 41 DPR 447 (1930). Es decir,

la omisión en conceder el remedio es subsanable, por ser error de forma,

mediante enmienda nunc pro tunc, si el derecho a cierto remedio está

claramente sostenido por el expediente. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart

Corp., supra, pág. 530, citando a Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra.

      Por otra parte, la facultad inherente que tienen los tribunales de

corregir los errores de forma que aparezcan de sus récords se ha usado para

añadirle a una sentencia remedios adicionales que se deriven del remedio

concedido originalmente. Por ejemplo, a la desestimación de una tercería se

le ha añadido posteriormente la condena a pagar lo percibido por el tercerista

en la venta de ciertos bienes tomados en posesión por este durante el

procedimiento. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra, a la págs. 203–

204, citando a González v. Santini & Co., 26 DPR 553 (1918).

      En Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 DPR 405 (1972), el

Tribunal Supremo consideró que era un error de forma, corregible bajo la
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Regla 49.1, la omisión de conceder intereses desde la interposición de la

demanda cuando de la sentencia surgía, implícitamente, la temeridad de la

parte perdidosa, toda vez que fue condenada a pagar honorarios de abogado.

Allí se sostuvo que la cuestión envuelta no era una de derecho sustantivo,

sino que era una mera omisión o inadvertencia de las cubiertas por la Regla

49.1, supra. Íd., a las págs. 204-205.

      Una sentencia puede ser enmendada nunc pro tunc, cuando los autos

revelan que la sentencia tal como ha sido enmendada hubiese sido

dictada desde el primer momento, a no ser por la inadvertencia de la

corte o el error u omisión del secretario. Lawton v. Rodríguez, supra, pág.

4. (Énfasis provisto). Si el derecho a cierto remedio está claramente sostenido

por el récord, la omisión en concederlo es subsanable, por ser un error de

forma, mediante enmienda nunc pro tunc añadiéndolo. Security Ins. Co. v.

Tribunal Superior, supra.

      Al igual que en el caso de una enmienda ordinaria de una sentencia,

la facultad del tribunal para enmendar sus sentencias nunc pro tunc no se

extiende a modificar la sentencia substantiva previamente dictada o que se

tuvo la intención de dictar. La intención del tribunal debe ser clara y la

sentencia debe ajustarse en un todo a la opinión que la sirve de base.

Lawton v. Rodríguez, supra, pág. 2. (Énfasis provisto).

      Las referidas enmiendas deberán estar sostenidas por el expediente

judicial y no podrán menoscabar los derechos ya adquiridos por cada

litigante cuando ha transcurrido en exceso el término dispuesto para apelar

o solicitar revisión. Otero Vélez v. Schroder Muñoz, supra, pág. 91. Es decir,

no procede una enmienda nunc pro tunc para corregir errores de derecho,

porque afectaría los derechos sustantivos de las partes. Íd. Tampoco procede

tal tipo de enmienda ante una cuestión de interpretación de ley. Infante de

Arce v. Montalvo Mulero, 165 DPR 757, 779 (2005). El criterio rector es que

la cuestión a ser enmendada no conlleve la alteración de un derecho

sustantivo, sino la corrección de una mera inadvertencia. Íd. Por lo mismo,
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el Dr. Cuevas Segarra afirma que esta regla no se puede utilizar como

sustituto del recurso de apelación, ni para relevar a una parte de una

sentencia. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed.

Tomo IV, Publicaciones JTS, 2011, pág. 1393.

       Finalmente, las enmiendas encaminadas a corregir los tipos de errores

previstos en la Regla 49.1, son de naturaleza nunc pro tunc, es decir, que se

retrotraen a la fecha de la sentencia o resolución original. (Énfasis

provisto). Otero Vélez v. Shroder Muñoz, supra, pág. 91.

III. Aplicación del Derecho a los Hechos

                                             a.

       Según ha quedado visto, los apelantes presuntamente acuden ante

nosotros solicitando la revocación de la Sentencia Sumaria Final “Nunc Pro

Tunc”, dictada por el tribunal a quo el 6 de septiembre de 2019, y notificada

a las partes en esa misma fecha. Tomando esta fecha como punto de partida

para computar el término jurisdiccional de treinta días con el que contaban

los apelantes para presentar el recurso de apelación, en principio, se podría

pensar que estos acudieron de manera oportuna ante este Tribunal de

Apelaciones, pues fue presentado el 7 de octubre de 201913.

       No obstante, lo cierto es que, como lo indica su título, la referida

Sentencia responde a una enmienda Nunc Pro Tunc que se introdujo a la

Sentencia Sumaria Final dictada por el foro primario el 3 de julio de 2018,

notificada a las partes el 11 de julio de 2018.

       Entonces, partiendo del entendido de que las enmiendas previstas por

la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra, de naturaleza nunc pro tunc, se

retrotraen a la fecha de la sentencia o resolución original, Otero Vélez v.

Shroder Muñoz, supra, pág. 91, (énfasis provisto), nos resulta esencial

determinar si la fecha en que se emitió y notificó la Sentencia Sumaria Final

“Nunc Pro Tunc” marcó el punto de partida para computar el término para

13 Con precisión, el término de treinta días se cumplía el 6 de octubre de 2019, pero, por ser

domingo, resultaba extendido al próximo día laborable, lunes 7 de octubre, fecha en que fue
presentado el recurso de apelación ante nuestra consideración.
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presentar el recurso de apelación ante nuestra consideración, o si, por el

contrario, la fecha correcta que inició dicho cómputo fue en la que se notificó

a las partes la Sentencia Sumaria Final, el 11 de julio de 2018. Esta es la

interrogante de carácter jurisdiccional a la que nos referimos, y su

dilucidación precede cualquier otro asunto planteado. Ruiz Camilo v. Trafon

Group, Inc., supra.

                                      b.

      Sobre lo anterior, cabe iniciar resaltando que, dictada la Sentencia

Sumaria Final el 3 de julio de 2018, y notificada a las partes el 11 de julio de

2018, los apelantes no presentaron recurso en alzada alguno para

cuestionar dicho dictamen. Es decir, notificada la referida Sentencia Sumaria

Final, transcurrieron los términos para presentar moción de reconsideración

o recurso de apelación, sin que los apelantes instaran alguna de dichas

acciones, o solicitaran remedios post sentencia.

      Entonces, no fue sino hasta el 17 de septiembre de 2018, ya

superados los términos para apelar, que tanto José A. Lugo, como JAL

Outlet Inc., acudieron al TPI a presentar una Moción para que se notifique

la sentencia. Nótese que, en este momento procesal, ya había transcurrido el

término jurisdiccional para que los apelantes pudieran presentar un recurso

de apelación. En cualquier caso, en esta moción los apelantes sostuvieron

que no habían encontrado la notificación de la Sentencia Sumaria Final en

sus correos electrónicos. Véase que los apelantes no esgrimieron que el TPI

utilizara una dirección electrónica distinta o incorrecta a la utilizada en el

resto del trámite procesal del caso para notificarles la Sentencia Sumaria

Final, sino que, presuntamente, no encontraron la notificación de la Sentencia

Sumaria Final en dichos correos electrónicos. Más adelante los apelantes

presentaron otra moción ante el foro primario, planteando esencialmente el

mismo asunto.

       Esta controversia, sobre la alegada falla en la notificación de la

Sentencia Sumaria Final, fue resuelta por el tribunal a quo de manera
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taxativa en contra de los apelantes, advirtiendo en su dictamen dicho foro,

mediante Resolución de 2 de enero de 2019, que la propia Juez que presidía

los procesos había visto la notificación de la Sentencia Final hecha a las

partes, y, en referencia a los apelantes, dicha notificación había sido

dirigida al Lcdo. Cardona, a su correo electrónico, según registrado en

RUA. Es decir, el TPI zanjó que los apelantes habían sido debidamente

notificados de la Sentencia Sumaria Final a la dirección electrónica provista,

según constaba en RUA.

      Habiendo decidido el TPI en contra de los apelantes el planteamiento

sobre alegada falta de notificación de la Sentencia Sumaria Final, estos no

recurrieron de tal dictamen ante nosotros, ni presentaron posteriormente

alguna otra moción en que la cuestionaran. Cabe notar que, a pesar de que

la falta de notificación válida de un dictamen judicial podría dar lugar a la

presentación de una solicitud de nuevo juicio bajo la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, una vez los apelantes obtuvieron

un reclamo adverso sobre la presunta notificación defectuosa, no volvieron

a levantar tal argumento.

      Entonces, ya superado con creces el año de haberse notificado a las

partes la Sentencia Sumaria Final, el apelado instó ante el TPI una Moción

solicitando sentencia sumaria final contra JAL Oulet, Inc., el 3 de septiembre

de 2019. Según precisamos en el tracto procesal, en su moción el apelado

arguyó que procedía añadir en la parte dispositiva de la Sentencia Sumaria

Final a JAL Oulet, Inc. para responder como codemandado pues: esta fue una

de las partes demandadas, expresamente mencionadas en la referida

Sentencia; en el cuerpo del dictamen el foro primario había reconocido a esta

corporación; el foro primario asignó responsabilidad por la causa de acción

presentada.

      Es así como, acogiendo la petición del apelado, el foro apelado emitió

la Sentencia Sumaria Final Nunc Pro Tunc, a los únicos fines de incorporar a
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JAL Outlet, Inc. en la parte dispositiva del referido dictamen, y así la notificó

a las partes el 6 de septiembre de 2019.

                                       b.

      Establecido lo anterior, solo resta por determinar si el foro primario

estaba en posición de enmendar la Sentencia Sumaria Final utilizando el

mecanismo provisto por la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra, es decir,

nunc pro tunc, o tenía algún impedimento para ello.

      Cabe empezar recalcando que el TPI se encontraba hábil para

enmendar la Sentencia Sumaria Final, aunque hubiese pasado más de un

año de haber sido notificada, pues la Regla 49.1 dispone que los errores de

forma en las sentencias pueden ser corregidos en cualquier tiempo, hasta

después de transcurridos los términos para apelar. Lawton v. Rodríguez,

supra. Por tanto, el foro primario actuó dentro de sus facultades inherentes

de poder corregir los errores de forma que dimanen de sus dictámenes, en el

momento procesal elegido.

      Entonces, dirimiendo propiamente si el TPI podía añadir a JAL Oulets,

Inc. en la parte dispositiva de su Sentencia Sumaria Final, utilizando el

mecanismo provisto en la Regla 49.1, supra, es decir, mediante un dictamen

nunc pro tunc, contestamos en la afirmativa.

      Al así afirmar, lo primero que llama nuestra atención al comparar el

contenido de la Sentencia Sumaria Final vis a vis la Sentencia Sumaria Final

“Nunc Pro Tunc”, es que, a excepción de su parte dispositiva, resultan

idénticas. Es decir, no hay cambio ostensible alguno que identificar entre

estas, a excepción de la falta de mención de JAL Outlets en la parte

dispositiva. Como elaboraremos más adelante, JAL Outlets es distinguida

como parte demandada, y responsable del impago al recurrido, a lo largo del

contenido de ambas determinaciones.

      Ya hemos acentuado que la enmienda nunc pro tunc ha sido autorizada

cuando los autos revelan que la sentencia, tal como ha sido enmendada,

hubiese sido dictada desde el primer momento, a no ser por la
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inadvertencia de la corte. Lawton v. Rodríguez, supra. (Énfasis provisto).

El criterio rector es que la cuestión a ser enmendada no conlleve la

alteración de un derecho sustantivo, sino la corrección de una mera

inadvertencia. Otero Vélez v. Shroder, supra. (Énfasis provisto). Si el derecho

a cierto remedio está claramente sostenido por el récord, la omisión en

concederlo es subsanable mediante enmienda nunc pro tunc, por ser un error

de forma. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, supra. (Énfasis provisto). En

los próximos párrafos nos detendremos a verificar si la inclusión de JAL

Outlet, Inc. en la parte dispositiva de la Sentencia Sumaria Final “Nunc Pro

Tunc” estuvo sostenida por el récord.

      Es de notar que, luego de que el apelado presentara Enmienda a

demanda, en la que JAL Outlet, Inc. fue incluida como parte demandada,

esta corporación compareció como demandada en todos los procedimientos

sobrevenidos antes del TPI dictar la Sentencia Sumaria Final. Así, esta

corporación presentó: Contestación a la demanda enmendada, de manera

separada de José A. Lugo Lugo; instó, por mencionar algunos, Contestación

a interrogatorio y requerimiento de admisiones, Moción de sentencia sumaria

y Moción para que se notifique la sentencia, junto a José A. Lugo.

      Con relación a si el remedio concedido mediante la Sentencia Sumaria

Final Nunc Pro Tunc, estaba claramente sostenido por el récord y hubiese sido

dictado desde el primer momento, a no ser por la inadvertencia de la corte,

claramente acontece en este caso. Tanto en la sección Trasfondo Procesal,

como en las Determinaciones de hechos de Sentencia Sumaria Final ya se

había mencionado expresamente a JAL Outlet, Inc. como corporación

demandada, participante del proceso mediante el cual se acordó que el

demandante hiciera unos trabajos que le favorecían, razón por la cual

también fue dirigida la causa de acción en su contra. Examinada con

detenimiento la Sentencia Sumaria Final resulta patente que el foro primario

no incluyó a JAL Outlet, Inc. en su parte dispositiva, por una mera

inadvertencia, factor que precisamente viabilizó que el tribunal, a posteriori,
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pudiera corregir el error de forma mediante el mecanismo concebido en la

Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra. En este contexto, la enmienda

autorizada por el foro primario a la Sentencia Sumaria Final, a través de la

Sentencia Sumaria Final Nunc, no tuvo un efecto en el derecho sustantivo,

sino que atendió un mero error de forma.

           Más aún, resulta evidente que el TPI dictó Sentencia Sumaria favorable

a la parte recurrida basándose en el Requerimiento de Admisiones que la

parte apelada cursó a los apelantes. A partir de ello, el foro apelado llegó a

las siguientes determinaciones de hechos, de manera idéntica, tanto en la

Sentencia Sumaria Final14, como en la Sentencia Sumaria Final “Nunc Pro

Tunc”15:

              a. JAL y/o José A. Lugo realizó unos acuerdos con la Autoridad de
                 Tierras los cuales fueron reconocidos en los casos K EF005-0301
                 y K EF2004-0695.
              b. JAL acordó con la ACT realizar obras de construcción para unos
                 predios de JAL que la ACT expropió.
              c. La construcción que JAL acordó realizar fue para beneficio de la
                 ACT y pagada con fondos de la expropiación.
              d. Para dar cumplimiento de la construcción requerida por la
                 Autoridad de Tierras, JAL subcontrató a Julio Ruiz Colón, quien
                 construyó la obra con especificaciones de la ACT.
              e. JAL conoce que Julio Ruiz Colón realiza negocios como HMP
                 Managment.
              f. JAL adeuda la suma de $360,000.00 al señor Julio Ruiz
                 Colón.

              (Énfasis provisto).

           La lectura de lo citado despeja cualquier duda sobre el hecho de que

el TPI impuso responsabilidad conjunta a JAL Outlet, Inc. y a José A.

Lugo desde la Sentencia Sumaria Final, pero por mera inadvertencia no

incluyó inicialmente a JAL en la parte dispositiva, lo que resulta

precisamente en el fundamento que le permitió a dicho foro corregir

posteriormente tal omisión a través de la enmienda nunc pro tunc. Es decir,

los autos revelan sin dificultad alguna que la sentencia, tal y cual resultó al

ser enmendada, hubiese sido dictada desde el primer momento contra JAL

14
     Apéndice 39 del recurso de apelación, pág. 173.
15
     Apéndice 41 del recurso de apelación.
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Outlet, Inc., a no ser por la inadvertencia del TPI de no incluirla en la parte

dispositiva.

      En consecuencia, habiendo el TPI efectuado una mera corrección de

forma en la Sentencia Sumaria Final notificada a las partes el 11 de julio de

2018, esta fecha marcaba fue la que marcó el inicio del término jurisdiccional

de treinta (30) días que tenían los apelantes para instar recurso de apelación,

no la fecha en que fue notificada la Sentencia Sumaria Final Nunc Pro Tunc.

Es decir, las enmiendas incorporadas a la Sentencia Sumaria Final a través

de la Sentencia Sumaria Final Nunc Pro Tunc, se retrotrajeron a la fecha en

que fue dictada y notificada la sentencia original. Por tanto, la presentación

por los apelantes del recurso de apelación ante nuestra consideración el 7 de

octubre de 2019 fue tardía, privándonos de jurisdicción para atenderlo.

      Habiendo determinado que no tenemos jurisdicción para considerar el

recurso de apelación ante nuestra consideración, solo resta así declararlo y

desestimar, pues no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no

la hay. Mun. de San Sebastián v. Q.M.C., supra.

IV. Parte Dispositiva

      Careciendo este Tribunal de Apelaciones de jurisdicción para entender

en el recurso de apelación instado, al haber sido presentado de manera

tardía, procede su desestimación.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones