Court Opinion

ID: 9962603
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:33:45.22823+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.423792
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL X

        MARY POWER                               Certiorari
 PETICIONARIA(S)-RECURRIDA(S)                    procedente del Tribunal
                                                 de Primera Instancia,
                                                 Sala Municipal de SAN
               V.                  KLCE202301257 JUAN

                                                      Caso Núm.
  JOSÉ ORLANDO COLÓN                                  SJL284-2023-3869
         CRUZ
  PETICIONADO(S)-PETICIONARIO(S)
                                                      Sobre:
                                                      Ley 284

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Barresi Ramos, juez ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, hoy día 27 de marzo de 2024.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor JOSÉ

ORLANDO COLÓN CRUZ (señor COLÓN CRUZ) mediante Certiorari Civil

incoado el 13 de noviembre de 2023. En su recurso, nos solicita que

revisemos la Resolución Enmendada dictada el 14 de septiembre de

2023 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Municipal de

San Juan.1 Mediante dicha decisión, el foro a quo archivó el caso

por la incomparecencia de la señora MARY POWER (señora POWER).

       Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

                                       –I–

       El 6 de septiembre de 2023, la señora POWER instó una

Petición de Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho

en Puerto Rico.2 Al día siguiente, el 7 de septiembre de 2023, el

1 Esta determinación judicial enmendada fue notificada y archivada en autos el

18 de octubre de 2023. Véase Apéndice del Certiorari Civil, págs. 7- 8.
2 Íd., págs. 26- 29.

Número Identificador: RES2024____________
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tribunal primario dictaminó una Orden de Protección Ex Parte al

Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico; y expidió una

Orden de Citación en la cual pautó una audiencia para el 14 de

septiembre de 2023.3

         A la audiencia pautada para el 14 de septiembre de 2023 no

compareció la señora POWER. El señor COLÓN CRUZ compareció

personalmente junto a su representación legal. En la aludida vista,

el señor COLÓN CRUZ argumentó que la competencia -para atender

el caso- era la región de Caguas. Ello, debido a que la señora POWER

reside    fuera    de   la   jurisdicción      de   Puerto   Rico.4   Ante   la

incomparecencia de la señora POWER, el foro recurrido determinó

una Resolución.5

         Más tarde, el 29 de septiembre de 2023, el señor COLÓN CRUZ

presentó su Moción Solicitando Reconsideración y la Concesión de

Honorarios de Abogados Regla 44.1.(d) y 47, Reglas de Procedimiento

Civil 2009 (RPC).6 El 2 de octubre de 2023, el foro recurrido decretó

la Resolución Enmendada “a los fines de corregir comparecencia de

las partes”.

         Al tiempo, el 2 de noviembre de 2023, el señor COLÓN CRUZ

presentó una Segunda Moción Solicitando Reconsideración y la

Concesión de Honorarios de Abogados Regla 44.1.(d) y 47, Reglas de

Procedimiento Civil 2009 (RPC).7 El 7 de noviembre de 2023, el

tribunal recurrido mediante Notificación declaró no ha lugar a la

segunda solicitud de reconsideración.8

3 Véase Apéndice del Certiorari Civil, págs. 20- 25 y 19.
4 Íd., pág. 15. El 23 de octubre de 2023, este mismo panel tuvo ante sí el caso

KLCE202301131 y en aquella ocasión, el recurso de certiorari fue desestimado
por falta de jurisdicción dado que no se había atendido una solicitud de
reconsideración.
5 Íd., pág. 18.
6 Íd., págs. 10- 17.
7 Íd., págs. 2- 6.
8 Íd., pág. 1.
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       Insatisfecho con dicho proceder, el 13 de noviembre de 2023,

el señor COLÓN CRUZ entabló un Certiorari Civil ante este Tribunal de

Apelaciones. En su escrito, señala el(los) siguiente(s) error(es):

          Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
          Municipal de San Juan, como cuestión de hecho y de
          derecho al dictar Resolución archivando la petición al
          no querer considerar los argumentos de hecho y de
          derecho del Peticionario presentados en la vista final.

       A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones,     este   Foro    puede     “prescindir       de   términos    no

jurisdiccionales,       específicos,”       escritos,      notificaciones     o

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo

y   eficiente   despacho...”.9     Ante      ello,      prescindimos    de   la

comparecencia de la señora Power.

                                   – II –

                                   –A–

       El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia

judicial.10 Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo

de recurso se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial.11

       De ordinario, la discreción consiste en; “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”.12 Empero, el ejercicio de la discreción

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una

u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho”.13

9 4 LPRA Ap. XXII-B.
10 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___

(2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021).
11 Íd.
12 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
13 Íd.
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       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

contenidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.14

La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un recurso de

certiorari cuando, “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”.15

       En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este

auto discrecional cuando:16

       (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
       testigos de hechos o peritos esenciales;
       (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
       (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
       (4) en casos de relaciones de familia;
       (5) en casos revestidos de interés público; o
       (6) en cualquier situación en la que esperar a una
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia.17

       Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro

análisis sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar

un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun

cuando un asunto esté comprendido entre las materias que las

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 nos autorizan a revisar, el

ejercicio prudente de esta facultad nos requiere tomar en

consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.18

       Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se

da en el vacío o en ausencia de otros parámetros.19 Para ello, la Regla

14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
15 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
16 4 LPRA Ap. XXII – B; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012).
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205
DPR 163 (2020).
18 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v.

AIG, supra.
19 Id.
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40 de nuestro Reglamento instituye los indicadores a considerar al

evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari. A saber:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
       a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho;
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema;
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
       de Primera Instancia;
       (D) Si el asunto planteado exige una consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados;
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración;
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio; y
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.20

       Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista

exhaustiva, y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo,

para justificar el ejercicio de nuestra jurisdicción.21 En otras

palabras, los anteriores criterios nos sirven de guía para poder

determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica nuestra

intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el

caso.22 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación

que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación.”23

       Finalmente,      este   Tribunal      solo   intervendrá      con    las

determinaciones       interlocutorias     discrecionales     procesales     del

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en un

20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera

Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
21 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
22 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
23 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v.

JRO Construction Inc., supra.
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craso abuso de discreción.24 Esto es, “que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.25

                                    –B–

       En lo concerniente a la Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento

Civil de 2009, cuando una parte, o su representación legal, haya

procedido de manera temeraria en la correcta tramitación de un

pleito, el tribunal deberá imponerle, en la sentencia que emita, la

obligación de satisfacer el pago de una suma por concepto de

honorarios de abogado.26 Según la hermenéutica, la temeridad

constituye aquel patrón de conducta que lleva a una de las partes

a incurrir en los gastos de un litigio cuya controversia pudo haberse

resuelto fuera de los tribunales.27

       Por ende, una parte incurre en temeridad cuando está

presente alguna de las siguientes circunstancias: (1) contestar una

demanda       y   negar     responsabilidad       total;   (2)   defenderse

injustificadamente de la acción en su contra; (3) creer que la

cantidad reclamada es exagerada y tal sea el único motivo por el

cual se opone a las alegaciones de la parte demandante, pudiendo

limitar la controversia a la fijación de la correspondiente cuantía; (4)

incurrir en un litigio del cual prima facie se desprende su

responsabilidad y; (5) negar un hecho cuya veracidad conste.28

24 González Ramos v. Pacheco Romero, 209 DPR 138 (2022); García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005).
25 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
26 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d); Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760

(2016).
27 Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR

556 (1994); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990). (énfasis nuestro).
28 Blas v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118

DPR 713 (1987).
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       Así pues, una vez un tribunal con competencia determina que

se ha incurrido en temeridad, está llamado a imponer, a la parte que

así haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto

de honorarios de abogado.29 Específicamente, la Regla 44.1 (d) de

las de Procedimiento Civil de 2009 enuncia:

       (d) Honorario de Abogado - En caso de que cualquier parte
       o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o
       frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al
       responsable el pago de una suma por concepto de
       honorarios de abogado que el tribunal entienda
       correspondan a tal conducta. En caso de que el Estado
       Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o
       instrumentalidades haya procedido con temeridad o
       frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia
       una suma por concepto de honorarios de abogado, excepto
       en los casos en que esté expresamente exento por ley del
       pago de honorarios de abogado.

       El precitado estatuto preceptúa en nuestro ordenamiento

jurídico procesal la intención de “establecer una penalidad a un

litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo

e inconveniencias de un pleito.”30

       De este modo, el juzgador tendrá que adjudicar el monto

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el actor, ello

mediante el ejercicio de su sano juicio. Esto quiere decir que, la

determinación que en su día emita sólo será objeto de revisión si ha

mediado abuso de discreción en el ejercicio de su ministerio.31 En

ese contexto, la doctrina vigente reconoce que un tribunal incurre

“en abuso de discreción cuando el juez: ignora sin fundamento

algún hecho material; cuando le concede demasiado peso a un

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del

29 Torres Montalvo v. Gobernador ELA, supra, pág. 779.
30 Íd., pág. 778, citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520

(2010); Blás v. Hosp. La Guadalupe, supra, a la pág. 335.
31 Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. PR, 173 DPR 170 (2008); Blás v. Hosp. La

Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan Cement Co., supra.
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caso,     hace     un    análisis   liviano      y la   determinación   resulta

irrazonable”.32

                                       – III –

         En su recurso, el señor COLÓN CRUZ punteó que el foro

primario incidió al archivar la petición, y no considerar los

argumentos de hecho y de derecho presentados en la vista final. En

sinopsis, argumentó que la sala de San Juan no era la competente

por la señora Power residir fuera de la jurisdicción de Puerto Rico;

se declaró no ha lugar dicho planteamiento sobre competencia dado

que surgía en el expediente una dirección en San Juan; y la señora

Power y su representación legal procedieron con temeridad y

frivolidad razón por la cual el tribunal debía imponerles la

responsabilidad de pagar honorarios de abogados.

         Habida cuenta de que el recurso ante nuestra consideración

se trata de un Certiorari, este Tribunal de Apelaciones debe

determinar, como cuestión de umbral, si procede su expedición. Tal

y como hemos expuesto, un tribunal intermedio no intervendrá con

el ejercicio de la discreción de los Tribunales de Primera Instancia,

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o

actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.

Por otra parte, es sabido que la imposición de honorarios de abogado

es una discrecional.

         El señor COLÓN CRUZ no ha demostrado que el foro de

instancia actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o que incurrió en

error manifiesto. Nada en el expediente nos convenció para utilizar

nuestra función revisora en esta etapa de los procedimientos. Sus

planteamientos no nos mueven para inmiscuirnos en el manejo del

32   Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).
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caso o en la discreción del(de la) juez quien presidió la audiencia. De

igual modo, no observamos error alguno de parte del foro primario

al emitir la Resolución Enmendada recurrida.

                                – IV –

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la

expedición del auto de Certiorari interpuesto el 13 de noviembre

de 2023.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones