Court Opinion

ID: 9890342
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:17:12.611279+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:21.608003
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL X

   CONSEJO TITULARES                               Revisión Judicial
    DEL CONDOMINIO                                 Procedente del
    TERRAZAS DE SAN                                Departamento de Asuntos
     JUAN; SR. PEDRO                               del Consumidor
       MONTALVO,                 KLRA202300332
       PRESIDENTE
                                                   Caso Núm.:
          Recurrida                                SAN-2022-0010612

              v.
                                                   Sobre:
      UNLIMITED                                    Ley Núm. 5 de 23 de abril
  CONSTRUCTION, INC.;                              de 1973 (Ley Orgánica de
      UNIVERSAL                                    DACO)
 INSURANCE COMPANY

          Recurrente

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza
Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

       El 5 de julio de 2023, Unlimited Construction, Inc. (en adelante,

Unlimited o recurrente) sometió ante la consideración de este Tribunal de

Apelaciones una Revisión judicial de decisión administrativa en la que nos

solicita la revocación de la Resolución administrativa emitida el 28 de abril de

2023 y notificada el 4 de mayo de 2023 por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (en adelante, DACo). Por virtud del aludido dictamen, el

DACo declaró Con Lugar la Querella instada por el Consejo de Titulares del

Condominio Terrazas de San Juan (en adelante, parte recurrida).

       Examinado el legajo apelativo, resolvemos confirmar la decisión

recurrida.

                                        I

       Según demuestra el expediente, el 3 de enero de 2022 la parte

recurrida instó ante el DACo y contra la recurrente una Querella en la que,

Número Identificador

SEN2023 _________________
KLRA202300332                                                                        2

en síntesis, alegó haber suscrito un contrato con Unlimited para unos

trabajos relacionadas a las tejas de 13 edificios y que la recurrente no ejecutó

el contrato adecuadamente. Así, solicita el cumplimiento específico del

contrato y el pago de una compensación por daños, así como costas y

honorarios de abogado. En la alternativa, se solicita que se obligue a

Universal Insurance Company- aseguradora con la que Unlimited contrató

el correspondiente Performance Bond, al desembolso de la fianza, de manera

que pueda culminarse los trabajos y reparar las filtraciones que algunos

residentes del condominio sufren.

       Tras los trámites de rigor, la vista administrativa fue celebrada los

días 23 de enero de 2023 y el 16 de marzo de 2023. Recibida la prueba, el 28

de abril de 2023, el DACo emitió su Resolución. En esta, formuló 33

determinaciones de hechos en virtud de las que determinó como a

continuación se transcribe:

         En el presente caso la parte querellada, tenía la obligación de prestar
         los servicios para los cuales fue [contratada] según se había
         estipulado entre las partes, construcción en la residencia de la parte
         querellante. La prueba que obra en el expediente administrativo
         demostró que la parte querellada incumplió su obligación al no
         realizar un trabajo satisfactorio, veamos.

         En la querella de epígrafe, la Querellada fue contratada para realizar
         unos trabajos de construcción en los edificios de la Querellante,
         específicamente, debía remover 7,840 pies cuadrados de tejas que
         habían sufrido daños tras los embates de los huracanes Irma y María.
         Además, debían trabajar el área de las rejas removidas para poder
         instalar nuevas tejas en dichas áreas. Es decir, debía limpiar y trabajar
         en el techo para sellar el área e instalar las nuevas tejas. En cuanto a
         costos relevantes a esta resolución, las tejas tenían un costo de
         $38,240.00 y el sellador de techo tenía un costo de $33,600.00. La
         prueba demostró que la Querellante tuvo que contratar un nuevo
         contratista para trabajar filtraciones persistentes, las cuales se
         subsanan mediante la instalación de sabaletas en 34 áreas a un costo
         lump sum de $300 por área trabajada. Esto, toda vez que los trabajos
         realizados por Unlimited resultaron insuficientes para sellar las
         filtraciones en esas áreas.

         Según el propio contrato entre las partes, el sellado de las áreas a
         trabajarse era cuantificablemente equivalente al costo de las tejas, por
         lo cual este Departamento entiende que el sellado de las áreas era una
         condición esencial de ese contrato y dicha condición fue incumplida
         o defectuosamente ejecutada causando que la Querellante incurriera
         en costos adicionales de flashing para subsanar las filtraciones
         persistentes. Sin embargo, la prueba también demostró que la
         Querellada no trabajó sobre toda la superficie de los techos, razón por
         la cual el DACO está tomando como medida de costos, excluyendo
KLRA202300332                                                                     3

        bajo el derecho abajo aplicado el costo estimado por el Sr. Amador y
        sustituyéndolo por el Sr. Morales, la cantidad de $300 x 34=
        $10,200.00.

        Se utiliza la medida de costos presentada por la Querellante, toda vez
        que la parte Querellada, correctamente alegó que la Regla 14.4 del
        Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO, que
        dispone que:

              “La persona encargada de la investigación o inspección, luego
        de culminada, preparará en forma detallada un informe que cubra
        toda la investigación. El informe deberá ser claro y conciso
        conteniendo un estimado de costos detallado de las piezas,
        artículos, materiales y la cantidad global de costos de los servicios
        necesarios para un remedio adecuado.”

        Fue incumplida por el Departamento, al no contener
        det[a]lladamente su informe un estimado de las piezas, artículos,
        materiales y la cantidad de costos de los servicios necesarios para
        proveer un remedio adecuado. Es decir, un informe de inspección
        realizado bajo la Regla 14.4 del Reglamento, debe contener un
        estimado de costos detallados de las piezas, artículos, materiales y la
        cantidad global de costos de los servicios necesarios para proveer un
        remedio adecuado. No puede descansar meramente en un estimado
        global de dichos costos.

        Por todo lo anterior y conforme las facultades delegadas bajo la Ley
        Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, este Departamento
        emite la siguiente:

                                       ORDEN

        Por los fundamentos que anteceden se declara CON LUGAR la
        querella de epígrafe y, en consecuencia, se ordena a la parte
        querellada, Unlimited Construction, Inc., a pagar a la parte
        querellante, Consejo de Titulares del Condominio Terrazas de San
        Juan, la cantidad ajustada de $10,200.00 en concepto de daños y/o
        reembolso por los trabajos de construcción defectuosos bajo el
        contrato de obras. Dicha obligación deberá cumplirla en un
        término de treinta (30) días calendarios desde el archivo en autos
        de la presente [resolución].

        La misma acumulará los intereses legales vigentes para las
        sentencias judiciales y estará sujeta a la imposición de multas
        reglamentarias por incumplimiento de hasta diez mil dólares
        ($10,000.00).

      En desacuerdo con lo resuelto en el caso, Unlimited sometió una

Moción de reconsideración con fecha del 20 de mayo de 2023. El DACo no

atendió dicho escrito dentro del término que la ley establece debe hacerlo,

por lo que la recurrente instó el recurso de revisión administrativa de

epígrafe. En este, señaló que el DACo se equivocó al:

        […] concluir que las áreas de las tejas trabajadas por Unilimited
        Construction[,] Inc[.] sufrían de filtraciones, pese a la ausencia
        total de prueba para ello.
KLRA202300332                                                                4

         […] no tomar en consideración el único testimonio pericial en el
         caso, el del Ingeniero Antonio Echevarría Velázquez, quien
         concluyó que los trabajos fueron realizados según contratados y
         que los problemas de filtración no están relacionados a las tejas
         instaladas por Unlimited Construction[,] Inc[.]

         […] sustituir el costo estimado preparado por el inspector del
         DACO, Edgardo Amador, por el del comerciante contratado por
         la recurrida, Héctor Morales Méndez.

       Atendido el recurso, el 11 de julio de 2023, emitimos Resolución

mediante la que le ordenamos a la parte recurrida a someter su posición en

30 días. Vencido este plazo, esta no ha comparecido, por lo que damos por

perfeccionado el recurso y procedemos a resolver sin el beneficio de su

comparecencia.

                                       II

                                      A.

       La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU

dispone sobre la revisión judicial aplicable a aquellas órdenes, resoluciones

y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias, las que serán

revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3

LPRA Sec. 9671. Asimismo, la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia, que

haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el

organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una

solicitud de revisión dentro de treinta (30) días contados a partir de la fecha

de archivo en autos de la notificación de la orden o resolución final. 3LPRA

Sec. 9672. La finalidad de esta disposición es delimitar la discreción de los

organismos administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR

254, 264 (2007).
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       Para impugnar la razonabilidad de la determinación administrativa,

es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que

reduzca o menoscabe el peso de la evidencia que obra en el expediente

administrativo. Domínguez v. Caguas Expressway Motor, 148 DPR 387,

397-398 (1999) citando a Hilton Hotels. v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670,

686 (1953). La misma, debe ser suficiente como para que pueda descartarse

en derecho la presunción de corrección de la determinación administrativa,

no pudiendo descansar en meras alegaciones. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v.

J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). El criterio rector para examinar una decisión

administrativa es la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida.

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

       Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen administrativo

se determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en evidencia

sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4)

su actuación lesiona derechos constitucionales fundamentales, entonces la

deferencia hacia los procedimientos administrativos cede. IFCO Recycling

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012), citando a Empresas Ferrer v.

A.R.Pe., supra, a la pág. 264.

       En lo referente a la revisión judicial de las determinaciones de hechos

dictaminadas por una agencia administrativa, es importante recordar que

dicho ejercicio se circunscribe a evaluar si las mismas se basaron en

evidencia    sustancial    considerando    la   totalidad   del   expediente

administrativo. 3 LPRA, sec. 9675; Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR

803, 820 (2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117

(2019). Evidencia sustancial es toda aquella prueba relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Íd.,

a la pág. 127.
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       En aquellos casos en que la impugnación de las determinaciones de

hecho se base en la prueba oral desfilada, así como en la credibilidad que

esta le mereció a la agencia administrativa, es imprescindible que se traiga

a la consideración del foro revisor la transcripción de la vista celebrada o

una exposición narrativa de la prueba. Íd., a la pág. 129, citando a Camacho

Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 92 (2006). En ausencia de la prueba oral,

“difícilmente se podrá descartar la determinación impugnada, siendo tarea

de la parte interesada someter al foro revisor la prueba oral bajo la que se

pretende impugnar las determinaciones de una agencia administrativa. Id.

                                    -III-

       Según expusimos, en el presente recurso Unlimited recurre de la

determinación emitida por el DACo mediante la que se declaró Ha Lugar

la reclamación instada en su contra por la parte recurrida. Así, en la

discusión del primer error señalado, señala que la conclusión que alcanzó

el DACO sobre la deficiencia de los trabajos realizados por ella no encuentra

apoyo en la prueba. En contrario, afirma que “toda la prueba desfilada,

tanto de la recurrente como de la recurrida, demostró que todos los edificios

del [C]ondominio Terrazas de San Juan sufrían de serias filtraciones en

todas sus áreas, más allá del área que ubican las tejas.” Para apoyar este

argumento, hace referencia al testimonio del Sr. Héctor Morales Méndez de

HJ Máster Solutions; al testimonio y la opinión pericial del Ing. Antonio

Echevarría Velázquez, su perito; y a la declaración del Arq. Jonathan

Rocafort, quien fue el inspector del proyecto.

       De otra parte, en su segundo señalamiento de error, Unlimited

plantea que la decisión alcanzada es una errada que no consideró el

testimonio de su perito, quien estableció que los trabajos fueron realizados

adecuadamente, según contratados. En particular, expone que el testimonio

de su perito merece entero crédito y contiene un valor probatorio

significativo; resalta que las cualificaciones de este no fueron impugnadas
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ni minadas durante el turno del contrainterrogatorio. Por último y en

cuanto a este asunto, argumenta que, dado que la resolución recurrida no

expresa que dicho testimonio no le mereció credibilidad, el no haberlo

considerado es razón suficiente para que se revoque el dictamen emitido

por el DACo.

        Finalmente, al argumentar su tercer y último señalamiento de error,

Unlimited expone que el DACo falló cuando, luego de descartar el informe

del inspector por no estar preparado conforme a la reglamentación de la

agencia, utilizó el testimonio del Sr. Héctor Morales Méndez de HJ Máster

Solutions para calcular la cantidad que impuso en la resolución como pago

por las alegadas deficiencias en el trabajo de la recurrente. Sostiene que al

descartarse el informe preparado por el inspector del DACo, la agencia

quedó desprovista de evidencia que le permitiera aquilatar los hechos

alegados en la Querella, por lo que procedía revocarle.

        Como podemos observar, cada uno de los errores señalados y

discutidos por Unlimited, está directa o indirectamente relacionado con el

valor probatorio y la suficiencia de la prueba que tuvo el DACo ante su

consideración para resolver la controversia. Pese a este hecho,

sorprendentemente, Unlimited no hizo uso de ninguno de los instrumentos

que tenía disponibles para procurar obtener la reproducción de la prueba

testifical.1 O sea, que no tenemos disponible, porque no se nos proveyó, una

transcripción de la prueba oral que nos coloque en posición de evaluar las

determinaciones de hechos emitidas por el DACo en el caso de autos, así

1 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones en su Regla 66, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 66,

establece que cuando se apunte un error en la apreciación de la prueba oral o que alguna
determinación de hechos no esté sostenida por la prueba y sea necesario recurrir a la
reproducción de la prueba oral, la parte recurrente lo hará constar en moción por separado,
presentada junto al escrito de revisión. Igualmente, la citada regla establece que en el
escrito a ser sometido, la parte interesada sustanciará y probará la necesidad de recurrir a
la prueba oral, con vista a las determinaciones de hechos de la agencia o del funcionario o
funcionaria, haciendo referencia a las cuestiones planteadas en la solicitud de revisión y al
contenido de los testimonios específicos que se interesa utilizar. Es menester señalar que
la reproducción de la prueba oral a la que esta regla se refiere, debe hacerse conforme a lo
estatuido en las Reglas 76 y 76.1 de nuestro Reglamento.
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como la razonabilidad de estas frente a la prueba contenida en el expediente

administrativo.

      Debido a la presunción de corrección que reviste a las decisiones

administrativas, según discutido, la recurrente tenía la obligación de

colocarnos en posición de poder atender correctamente sus planteamientos

sobre la apreciación, credibilidad y valor probatorio de la prueba oral

desfilada ante el DACo. Esto, causa que no podamos intervenir con las

determinaciones de hechos del DACo, así como aquellas conclusiones

alcanzadas por este en virtud de la prueba oral que tuvo ante su

consideración. Lo que tenemos ante nos son meras alegaciones, y sabido es

que ello, no constituye prueba.

                                    IV

      Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Resolución

emitida por el DACo en la causa de epígrafe.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones