Court Opinion

ID: 9928558
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:25:06.041572+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:04.103054
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL II

    DIOSDADO GONZÁLEZ                                REVISIÓN
          RIVERA                                     ADMINISTRATIVA
                                                     procedente de la
           Recurrente                                División de
                                                     Remedios
                                                     Administrativos del
                v.                     KLRA202300517 Departamento de
                                                     Corrección y
                                                     Rehabilitación
     DEPARTAMENTO DE
       CORRECCIÓN Y                                      Sobre:
      REHABILITACIÓN                                     Petición de
                                                         Mandamus por
            Recurrido                                    Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

       Comparece ante nos, por derecho propio, la parte recurrente,

Diosdado González Rivera, mediante un recurso intitulado Mandamus, el

cual calificamos como una revisión judicial. En lo pertinente, solicita nuestra

intervención a los fines de que le ordenemos a la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación emitir la

respuesta correspondiente a su Solicitud de Remedio Administrativo

presentada el 23 de mayo de 2023, recibida por la agencia el 5 de junio del

mismo año.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso por falta de jurisdicción.

                                         I

       El presente recurso tiene su génesis en una Solicitud de Remedio

Administrativo, presentada por Diosdado González Rivera (González

Rivera o recurrente) el 23 de mayo de 2023, recibida por la División de

Remedios      Administrativos    del     Departamento    de    Corrección     y

Rehabilitación, Institución Correccional Ponce Adultos 1000 (División de

Remedios Administrativos), el 5 de junio del mismo año, dirigida

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
KLRA202300517                                                                2

específicamente a la Secretaria del Departamento de Corrección y

Rehabilitación Ana Escobar Pabón (Escobar Pabón).1 En la misma, indicó

que, el 27 de enero de 2023, fue trasladado de la Institución Correccional

Ponce Principal a la Institución Correccional Ponce Adultos 1000. Alegó

que, debido a dicho traslado, se interrumpió su plan institucional y se

afectaron sus bonificaciones, ajustes, trabajo como barbero y progreso

académico como estudiante becado en el programa de ingeniería

electrónica de Caribbean University. Según adujo, la institución a la cual lo

trasladaron estaba destinada para reclusos de custodia mediana y no

albergaba a confinados clasificados con custodia mínima, a la cual

pertenecía. Arguyó que la administración de la mencionada institución no

quería mezclar en los salones de clase a los confinados de custodia mínima

con los de custodia mediana –los cuales representaban un noventa y cinco

por ciento (95%) de la población correccional–, razón por la cual no pudo

comenzar a cursar su segundo trimestre universitario. Sostuvo que nunca

se negó a recibir los servicios académicos y que perdió dicho trimestre por

razones ajenas a su voluntad. Describió ser un estudiante comprometido

con su plan institucional y afirmó mantener una excelente conducta, con un

excelente ajuste y progreso en el área académica, así como laboral.

        En su petitorio, González Rivera reiteró que no fue el culpable de

perder su segundo trimestre universitario, por lo cual solicitó que se

impartieran instrucciones al área de sociales para que se le otorgara la

correspondiente bonificación por el tiempo de estudio perdido. Asimismo,

solicitó que se le instruyera a la administración de la Institución

Correccional Ponce Adultos 1000 en miras de buscar una alternativa o

solución para poder recibir, en el trimestre de agosto de 2023, todos los

servicios educativos que, por derecho, como confinado de custodia

mínima, le correspondían. Por último, le pidió ayuda a Escobar Pabón para

que su plan institucional no se viera afectado y solicitó que interviniera para

1 Anejo 1 del recurso.
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que su derecho a la educación, brindada por Caribbean University, no se

viera afectado.

       Transcurridos todos los términos reglamentarios para que la División

de Remedios Administrativos respondiera la solicitud instada por González

Rivera sin que esta lo hiciera, el 25 de septiembre de 2023, recibida el 3 de

octubre del mismo año, el recurrente acudió ante nos mediante el recurso

de epígrafe. A pesar de que la parte recurrente no planteó formalmente en

su recurso ningún señalamiento de error, colegimos que, además de

reiterar los reclamos esbozados en la referida solicitud, denunció el

incumplimiento del organismo administrativo con la reglamentación

aplicable al no emitir respuesta alguna a su petitorio pasado el término

reglamentario correspondiente. Según alegó, habían transcurrido más de

tres (3) meses desde que sometió su solicitud ante la agencia, tiempo que

catalogó como “extremadamente razonable para contestar el mismo”,2

incumpliendo así con los términos establecidos por ley y reglamento.

       Evaluado el recurso, el 23 de octubre de 2023, emitimos una

Resolución en la cual le otorgamos un término de diez (10) días al

Departamento de Corrección y Rehabilitación para que presentara su

alegato. A su vez, le concedimos el mismo término a dicha agencia para

que elevara una copia certificada del expediente administrativo en el caso

de epígrafe.

       El 3 de noviembre de 2023, la Oficina del Procurador General de

Puerto Rico, en representación del Departamento de Corrección y

Rehabilitación (recurrido), presentó una Moción Informativa y en Solicitud

de Término. En esencia, solicitó un término adicional de veinte (20) días

para presentar su alegato. Específicamente, informó que, desde el 26 de

octubre de 2023, le había solicitado al Departamento de Corrección y

Rehabilitación la copia certificada del expediente administrativo de

epígrafe, pero no la había recibido. Atendido el petitorio, el 6 del mismo

mes y año, le concedimos el término adicional solicitado.

2 Véase, recurso intitulado Mandamus, pág. 5.
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       En cumplimiento con lo ordenado, el 27 de noviembre de 2023,

compareció la parte recurrida por medio de Escrito en Cumplimiento de

Orden y Solicitud de Desestimación y, a su vez, incluyó como Anejo I la

copia certificada del expediente administrativo. En síntesis, alegó que el

recurso de revisión instado por González Rivera era prematuro, toda vez

que la determinación de la agencia fue emitida y notificada el 9 de

noviembre de 2023, con posterioridad a la presentación del presente

recurso.

       Por su parte, el 16 de noviembre de 2023, recibida el 1 de diciembre

del mismo año, la parte recurrente sometió una Moción Informativa. Indicó

que, el 9 de noviembre de 2023, recibió en destiempo la respuesta a su

Solicitud de Remedio Administrativo. Sostuvo que la funcionaria que emitió

dicha contestación, la técnica sociopenal Marline Torres Santiago (Torres

Santiago), no era la persona que le correspondía atender su solicitud, ya

que esta última fue exclusivamente dirigida a Escobar Pabón. Arguyó que

Torres Santiago había mentido en la Respuesta al Miembro de la Población

Correccional. Sobre ese particular, adujo que, en enero de 2023, fue

rematriculado en el curso de ingeniería electrónica ofrecido por Caribbean

University, tanto en la institución donde se encontraba previamente como

a la que fue trasladado. Planteó que en ningún momento había sido

entrevistado por la referida universidad, ni había hablado con un funcionario

o gerencial de dicha institución para ser evaluado con el fin de decidir si

continuaba sus estudios o si se daba de baja. A esos efectos, solicitó que

se citara a Caribbean University para que sometiera evidencia de la

asistencia de los profesores que impartían el curso, así como la de los

estudiantes que lo tomaban, para demostrar que, desde la fecha en que

fue trasladado a la Institución Correccional Ponce Adultos 1000, seguían

ofreciendo el curso. Por otro lado, informó que, en desacuerdo, presentó

una solicitud de reconsideración ante la agencia.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.
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                                      II

                                      A

       La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar

y decidir casos y controversias. FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26, 211

DPR ___ (2023); MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 2023 TSPR 8,

211 DPR ___ (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR

384 (2022). Es por ello que, la falta de jurisdicción de un tribunal incide

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Allied

Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es

norma reiterada que los tribunales son celosos guardianes de su

jurisdicción y que tienen el deber ineludible de auscultar dicho asunto con

preferencia a cualesquiera otros. Pueblo v. Torres Medina, 2023 TSPR 50,

211 DPR ___ (2023).

       De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias,

tales como: (1) que no sea susceptible de ser subsanada; (2) las partes no

puedan conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede

este arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia

jurisdicción; (5) obliga a los tribunales apelativos a examinar la jurisdicción

del foro de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

       En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no la hay.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos, las cuestiones

de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas con

preferencia. Íd.; FCPR v. ELA et al., supra.

       Una de las ocasiones en que un tribunal carece de jurisdicción, es

cuando se presenta un recurso tardío o prematuro. Pueblo v. Ríos Nieves,

209 DPR 264 (2022). Un recurso tardío es el que se presenta pasado el
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término provisto para recurrir. Íd.; Yumac Home v. Empresas Massó, 194

DPR 96 (2015); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).

Al igual que un recurso presentado tardíamente, un recurso prematuro

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Pueblo v.

Ríos Nieves, supra. Esto, por razón de que su presentación carece de

eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado que no existe autoridad

judicial para acogerlo.

       La Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57,

establece que el término para presentar el recurso de revisión será dentro

del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en

autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final del

organismo o agencia. De otro lado, el mismo Reglamento en su Regla 83,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, dispone que este Tribunal tiene la facultad para,

a iniciativa propia o a petición de parte, desestimar un recurso por falta de

jurisdicción.

                                     B

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el derecho a

cuestionar las determinaciones administrativas es parte del debido proceso

de ley cobijado por nuestra Constitución. ACT v. PROSOL et als., 2022

TSPR 139, 210 DPR __ (2022); Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190

DPR 843, 847 (2014), citando a Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179

DPR 720, 736 (2010). Ahora bien, el Artículo 4.006 de la Ley de la

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm.

201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24y(c), solo autoriza al Tribunal

de Apelaciones a revisar las órdenes o resoluciones finales emitidas por

organismos o agencias administrativas. Hernández Feliciano v. Mun.

Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211 DPR ___ (2023). Una orden o resolución

se considera final cuando ha sido emitida por la última autoridad decisoria

o adjudicativa del ente administrativo y pone fin a la controversia ante la

agencia, sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Const. Corp. v. A.E.E.,

152 DPR 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al., 144 DPR
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483, 490 (1997). De otro lado, una orden o resolución interlocutoria de una

agencia, incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen

por etapas, no serán revisables directamente. No obstante, la disposición

interlocutoria del organismo administrativo podrá ser objeto de un

señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden o resolución

final de la agencia. Íd. Así, pues, el sistema propende a agotar, en primera

instancia, los remedios provistos a nivel administrativo. Luego, interviene el

foro judicial para revisar las determinaciones de las agencias.

       Cónsono con ello, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017,

según enmendada, 3 LPRA sec. 9672, dispone que:

        Una parte adversamente afectada por una orden o
        resolución final de una agencia y que haya agotado
        todos los remedios provistos por la agencia o por el
        organismo administrativo apelativo correspondiente
        podrá presentar una solicitud de revisión ante el
        Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de
        treinta (30) días contados a partir de la fecha del
        archivo en autos de la copia de la notificación de la
        orden o resolución final de la agencia o a partir de la
        fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este
        título, cuando el término para solicitar la revisión judicial
        haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna
        de una moción de reconsideración. […]. (Énfasis nuestro).

        […]

        Una orden o resolución interlocutoria de una agencia,
        incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se
        desarrollen por etapas, no serán revisables directamente.
        La disposición interlocutoria de la agencia podrá ser
        objeto de un señalamiento de error en el recurso de
        revisión de la orden o resolución final de la agencia.

        La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso
        exclusivo para revisar los méritos de una decisión
        administrativa sea [e]sta de naturaleza adjudicativa o de
        naturaleza informal emitida al amparo de este capítulo.

       A tenor con ello, los factores que operan a favor de preterir la

doctrina de agotamiento de remedios y, a su vez, la exigencia de finalidad

de las órdenes o resoluciones administrativas recurridas, son las

siguientes: (1) cuando dar curso a la acción administrativa cause un daño

inminente, material, sustancial y no teórico o especulativo; (2) cuando el

remedio administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y que no
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ofrezca un remedio adecuado; (3) cuando la agencia claramente no tenga

jurisdicción sobre el asunto y la posposición conllevaría un daño irreparable

al afectado, o (4) cuando el asunto es estrictamente de derecho. ORIL v. El

Farmer, Inc., 204 DPR 229, 240 (2020).

       En lo pertinente al caso de autos, la LPAU no define expresamente

el término orden o resolución final. No obstante, el referido estatuto

contiene una descripción de lo que la orden o resolución tiene que incluir

para considerarse como final. Sobre ese particular, la Sección 3.14 de la

LPAU, 3 LPRA sec. 9654, dispone que una orden o resolución final debe

incluir determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho que

fundamentan la adjudicación, así como la advertencia del derecho a

solicitar una reconsideración o revisión, según sea el caso.

                                     C

       El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional,

Reglamento Núm. 8583, 4 de mayo de 2015 (Reglamento Núm. 8583),

dispone sobre el procedimiento para atender las solicitudes de remedios

presentadas por las personas recluidas en las instituciones correccionales

de Puerto Rico, las cuales se atenderán ante la División de Remedios

Administrativos. La citada reglamentación establece la política pública para

que toda persona recluida en una institución correccional disponga de un

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda

presentar una solicitud de remedio, para su atención, con el fin de minimizar

las diferencias entre los miembros de la población correccional y el

personal, así como para evitar o reducir la radicación de pleitos en los

Tribunales de Justicia. Introducción, Reglamento Núm. 8583, supra. En

esencia, se establece todo un andamiaje procesal para la radicación de

solicitudes de remedios administrativos ante la División de Remedios

Administrativos de la institución penal correspondiente, dentro de los

contornos de la jurisdicción delineada en la reglamentación.
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      El Reglamento Núm. 8583, supra, impone responsabilidades, tanto

a los miembros de la población correccional, como a los funcionarios que

intervienen en este procedimiento. La Regla VII de dicho cuerpo

reglamentario dispone que las personas confinadas deben presentar sus

solicitudes en forma clara, concisa, honesta y de buena fe. En cuanto a las

personas empleadas, la Regla VIII establece la obligación de estas de

observar la implantación de la reglamentación. Incluso, advierte el

ordenamiento que, si se provee intencionalmente información falsa o

incompleta, ello podrá servir de base para acciones disciplinarias contra la

persona funcionaria. Regla VIII(2) del Reglamento Núm. 8583, supra. En

ese contexto, cabe resaltar que, toda persona empleada que incurra en

violación a las normas establecidas en el citado reglamento podrá

estar sujeta a la imposición de medidas disciplinarias. Regla XXI del

Reglamento Núm. 8583, supra.

      Cónsono con lo anterior, en su tercer y cuarto inciso, la Regla VIII

del Reglamento Núm. 8583, supra, dispone lo siguiente:

      El superintendente de la institución, encargado del Hogar de
      Adaptación Social, coordinador del Centro de Tratamiento
      Residencial, supervisor del área concernida, Director Médico
      y supervisor de servicios de alimentos serán responsables de
      que todo el personal bajo su supervisión cumpla con todas
      las disposiciones y términos del presente Reglamento. De no
      cumplirse con el término reglamentario para emitir
      respuesta a la solicitud de remedio, se emitirá una
      notificación de vencimiento al término reglamentario
      para que tome acción en siete (7) días laborables. De no
      recibirse la respuesta en el término dispuesto, se le enviará
      copia al Coordinador quien[,] a su vez[,] remitirá la copia al
      Jefe de Programas del Negociado de Instituciones
      Correccionales en Nivel Central. [E]ste notificará al Director
      Regional por conducto del Secretario Auxiliar en Programas
      y Servicios sobre el incumplimiento del Reglamento.

      El incumplimiento de este Reglamento será notificado [a
      la] Secretari[a] del Departamento de Corrección y
      Rehabilitación, por conducto del Secretario Auxiliar en
      Programas de Servicios, para que actúe conforme al
      Manual de Medidas Disciplinarias para Empleados del
      Departamento de Corrección y Rehabilitación. Regla
      VIII(3)(4) del Reglamento Núm. 8583, supra. (Énfasis
      nuestro).

      Por otro lado, cuando el miembro de la población correccional

radique su solicitud de remedio administrativo, la correspondiente persona
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evaluadora referirá dicho petitorio al superintendente de la institución,

encargado del Hogar de Adaptación Social, Director Médico o al

coordinador del Centro de Tratamiento Residencial en un término no mayor

de quince (15) días laborables a partir del recibo de esta. Regla XII(6) del

Reglamento Núm. 8583, supra. La persona evaluadora utilizará todos

los procedimientos que estime necesarios para la obtención de la

información requerida para brindar una respuesta adecuada al

miembro de la población correccional. Regla XIII(1) del Reglamento

Núm. 8583, supra.

       Será obligación del superintendente de la institución, encargado

del Hogar de Adaptación Social, coordinador del Centro de Tratamiento

Residencial, director médico o supervisor de servicios de alimentos, dar

seguimiento a las áreas pertinentes para que le respondan sobre las

alegaciones vertidas en la solicitud y poder cumplir con el término de

quince (15) días laborables desde que fue notificado por escrito. Regla

XIII(2) del Reglamento Núm. 8583, supra. La respuesta al petitorio no podrá

ser realizada por una persona empleada que haya estado involucrada en

la situación planteada, sino que deberá ser emitida por la persona

supervisora inmediata. Íd. Una vez la persona evaluadora recibe la

información requerida, contestará y entregará por escrito la respuesta

al miembro de la población correccional dentro del término de veinte

(20) días laborables. Regla XIII(4) del Reglamento Núm. 8583, supra. Si

el miembro de la población correccional no estuviere de acuerdo con la

respuesta emitida, podrá solicitar su revisión mediante un escrito de

reconsideración presentado ante el Coordinador, dentro del término de

veinte (20) días calendarios, contados a partir del recibo de la notificación

de la respuesta. Regla XIV(1) del Reglamento Núm. 8583, supra.

       El miembro de la población correccional podrá solicitar revisión ante

el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días

calendarios, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia

de la notificación de la resolución de reconsideración, emitida por el
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Coordinador de Remedios Administrativos, o noventa (90) días a partir de

la radicación de la solicitud de reconsideración acogida, si la agencia no

actúa conforme a esta. Regla XV del Reglamento Núm. 8583, supra.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a disponer del recurso ante

nos.

                                     III

       La parte recurrente sostiene que la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación incidió al

no emitir oportunamente la respuesta correspondiente a su Solicitud de

Remedio Administrativo. Sobre ese particular, argumenta que, aun cuando

solicitó un remedio administrativo ante dicha agencia, habían pasado tres

(3) meses sin recibir ningún tipo de respuesta, incumpliendo así con los

términos establecidos por ley y en el Reglamento Núm. 8583, supra. A su

vez, reitera los reclamos esbozados en dicho petitorio. En específico, indica

que, desde el 27 de enero de 2023, ha confrontado problemas e

interrupción con su plan institucional a causa del traslado arbitrario a una

institución penal de custodia mediana. Plantea que dicha institución no

provee los beneficios, privilegios y servicios que le corresponden por ser

de custodia mínima. Aduce que ello afecta el área académica, laboral y sus

bonificaciones, ya que los servicios, beneficios y privilegios disponibles en

una institución mediana son limitados.

       Por otro lado, la parte recurrida alega que el presente recurso de

revisión judicial es prematuro porque la determinación de la agencia fue

emitida y notificada el 9 de noviembre de 2023, con posterioridad a la

presentación del recurso. Por ello, solicita la desestimación de este.

       Somos conscientes de la realidad de las personas reclusas que

litigan sus causas por derecho propio y de la atención particular que

merecen estos casos; ello, pues, la pérdida de la libertad física tiene el

potencial de constituir uno de los escenarios de mayor vulnerabilidad en

cualquier sociedad. Es decir, las consecuencias propias del confinamiento,

en términos del acceso a la justicia, limita significativamente la capacidad
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que tiene una persona de hacer reclamos cuando entiende que le han

vulnerado sus derechos. L.F. Estrella Martínez, Acceso a la Justicia:

Derecho Humano Fundamental, San Juan, PR, Ed. Situm, Inc., 2017, pág.

353 (2017). Por tal razón, la litigación por derecho propio de las personas

confinadas en las cárceles del país nos exige un cuidado especial al

momento de acreditar nuestra jurisdicción, pues generalmente ellos

carecen de una representación legal adecuada y oportuna que los oriente

sobre aspectos jurisdiccionales, así como estos dependen de los

funcionarios custodios para tramitar sus reclamos. Íd.

      En ese sentido, no se trata de despreciar la rigidez de los plazos

jurisdiccionales, sino de reconocer la situación particular de confinamiento

que les obliga a depender de los propios custodios para hacer llegar sus

reclamos a las personas y organismos que tomarán las decisiones finales.

A tenor con lo anterior, el Reglamento de este Tribunal tiene el propósito

cardinal de impartir justicia y proveer acceso a la ciudadanía para que

atendamos sus reclamos de manera justa y efectiva. Regla 2 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 2. Ahora

bien, sabido es que los tribunales deben ser celosos guardianes de su

jurisdicción y que no poseen discreción para asumirla donde no la tienen.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra. Por consiguiente, los asuntos

relacionados a la jurisdicción de un tribunal son privilegiados y deben

atenderse con primicia. Íd. Así, este Foro debe expresarse, en primer lugar,

sobre el escollo jurisdiccional que tiene ante su consideración.

      El recurso que nos ocupa fue presentado el 25 de septiembre de

2023, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 3 de octubre del mismo

año. A la fecha de presentación, la respuesta a la Solicitud de Remedio

Administrativo, sometida por el recurrente el 23 de mayo de 2023, se

encontraba pendiente de consideración por la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Por

consiguiente, el recurso presentado ante esta Curia es uno prematuro,

privándonos así de jurisdicción para atenderlo en los méritos.
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       Entendemos por prematuro, lo que ocurre antes de tiempo. En el

ámbito procesal, una revisión judicial o recurso prematuro es aquel

presentado en la Secretaría de un Tribunal Apelativo antes de que

este tenga jurisdicción. Una revisión judicial prematura sencillamente

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción.

Independientemente de los méritos que pueda tener un recurso presentado

ante esta Curia, en ausencia de jurisdicción, lo único que podemos hacer

es así declararlo. Después de todo, ante un recurso de revisión judicial, la

determinación final de la agencia correspondiente es necesaria para acudir

ante un tribunal de mayor jerarquía. Según el precitado Reglamento Núm.

8583, supra, el trámite administrativo ante el Departamento de Corrección

y Rehabilitación inicia cuando la persona confinada presenta una solicitud

de remedio administrativo sobre cualquier asunto relacionado a su

confinamiento. De estar inconforme con la respuesta de dicho organismo,

la   persona    confinada     debe     solicitar    la      reconsideración   y,

consiguientemente, el cauce administrativo culmina con la determinación

que haga la agencia. En consecuencia, de estar todavía en desacuerdo, la

persona confinada entonces tiene a su disposición el remedio de la revisión

judicial, el cual se manifiesta mediante un recurso presentado ante el

Tribunal de Apelaciones.

       Reconocemos que la parte apelante intituló su recurso Mandamus y

que, esencialmente, el remedio que nos solicitó fue que le ordenáramos a

la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección

y Rehabilitación que emitiera la respuesta correspondiente a su reclamo,

pasado el término reglamentario para ello. Sin embargo, el mecanismo

adecuado para atender instancias relacionadas a las actuaciones de una

agencia   administrativa    es la    revisión   judicial.    Conforme   nuestro

ordenamiento jurídico, la revisión judicial tiene el propósito de garantizar,

no solo que las agencias administrativas actúen dentro de los márgenes de

aquellas facultades que le fueron delegadas, sino también que la

ciudadanía tenga un foro al cual acudir para vindicar sus derechos y
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obtener un remedio frente a las actuaciones de los organismos

administrativos. Al amparo del principio de apertura de los tribunales y el

derecho humano fundamental de acceso a la justicia, es la responsabilidad

de los Foros revisores salvaguardar tales postulados y atender los casos

en los méritos. Ello, con especial atención y sensibilidad a las realidades

de aquellas personas que acuden a los tribunales en busca de auxilio. No

obstante, en el caso de autos, nos vemos imposibilitados de atender los

méritos del recurso por encontrarnos sin jurisdicción ante la presentación

prematura de este.

       Ahora   bien,   entendemos      meritorio   consignar   que,   en       su

comparecencia ante nos, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,

en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, centra

su postura en que el recurso presentado es prematuro. Con ese enfoque,

expresa que “surge del expediente” que la determinación recurrida se

emitió con posterioridad a la presentación del presente recurso. Sin

embargo, al revisar con detenimiento el recurso ante nos, surge claramente

que el recurrente acude ante nos porque, transcurridos los términos

reglamentarios aplicables para la emisión oportuna de la respuesta a su

solicitud de remedio, la agencia administrativa falló en emitirla. De hecho,

la Oficina del Procurador General de Puerto Rico tuvo que acudir ante esta

Curia solicitando una prórroga de veinte (20) días adicionales porque dicho

organismo incumplió con nuestra Resolución del 23 de octubre de 2023, en

la cual solicitamos elevar una copia certificada del expediente

administrativo en el caso de epígrafe en un término de diez (10) días.

       La copia certificada del expediente administrativo en cuestión fue

incluida como Anejo I en el Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud

de Desestimación de la parte recurrida. En la hoja de certificación, aparece

un desglose de los documentos que obran en el mencionado expediente,

específicamente en el área social. En particular, se certificó lo siguiente:

       •   Radicó Solicitud de Remedio Administrativo el 5 de junio
           de 2023.
       •   Se envía notificación al área concernida el 6 de junio de
           2023.
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      •   Se entrega recibo de copia codificada al miembro de la
          población correccional el 15 de junio de 2023.
      •   Se emite respuesta del área concernida el 9 de noviembre
          de 2023.
      •   Se recibe respuesta del área concernida el 9 de
          noviembre de 2023.
      •   Se hace entrega [de] respuesta del área concernida al
          miembro de la población correccional el 9 de noviembre
          de 2023.
      •   El miembro de la población correccional [n]o radica
          Solicitud de Reconsideración.
      Cabe destacar que tanto la certificación del expediente como la

respuesta a la Solicitud de Remedio Administrativo se emitieron dos (2)

días después que fuera notificada nuestra Resolución del 6 de noviembre

de 2023, mediante la cual concedimos la prórroga solicita por la parte

recurrida para la presentación, tanto de su alegato, como de la copia

certificada del expediente pertinente. Es decir, la agencia emitió la

respuesta correspondiente a tres (3) o cuatro (4) meses aproximados

desde que dicho petitorio fue sometido por el recurrente y recibido por la

agencia. Ello, en exceso a los términos establecidos en el Reglamento

Núm. 8583, supra.

      Habiendo reconocido que estamos impedidos por disposición de ley

de actuar sobre los méritos del presente recurso, en consideración al

principio cardinal de proveer las condiciones para que los ciudadanos

puedan obtener un mayor acceso a la justicia, resulta imprescindible

proveer a las partes la información que sigue.

      Como sabemos, la solicitud de remedio administrativo sirve para

atender cualquier queja o agravio sobre asuntos relacionados al bienestar

físico, mental, seguridad personal o el plan institucional de un miembro de

la población correccional. Este proceso puede servir a la persona confinada

para reclamar un derecho o privilegio concreto. En atención a ello, según

esbozamos, el Reglamento Núm. 8583, supra, impone responsabilidades,

tanto a los miembros de la población correccional, como a los funcionarios

que intervienen en este procedimiento. Asimismo, el referido cuerpo

reglamentario establece que todo funcionario que incurra en violación a las
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normas establecidas en el citado reglamento podrá estar sujeto a la

imposición de medidas disciplinarias.

       Cuando el miembro de la población correccional radica su solicitud

de remedio administrativo, la persona evaluadora asignada referirá dicho

petitorio al funcionario pertinente en un término no mayor de quince (15)

días laborables a partir del recibo de esta. Será obligación de dicho

funcionario dar seguimiento a las áreas pertinentes para que le respondan

sobre las alegaciones vertidas en la solicitud y poder cumplir con el referido

término. Una vez la persona evaluadora recibe la información requerida,

contestará y entregará por escrito la respuesta al miembro de la población

correccional dentro del término de veinte (20) días laborables.

       De no cumplirse con el término reglamentario para emitir respuesta

a la solicitud de remedio, se emitirá una notificación de vencimiento al

término reglamentario para que tome acción en siete (7) días laborables.

De no recibirse la respuesta en el término dispuesto, se le enviará copia al

Coordinador quien, a su vez, remitirá la copia al Jefe de Programas del

Negociado de Instituciones Correccionales en Nivel Central. Este notificará al

Director Regional por conducto del Secretario Auxiliar en Programas y

Servicios sobre el incumplimiento del Reglamento. El incumplimiento de este

Reglamento será notificado a la Secretaria del Departamento de Corrección y

Rehabilitación, por conducto del Secretario Auxiliar en Programas de

Servicios, para que actúe conforme al Manual de Medidas Disciplinarias para

Empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

       Si el miembro de la población correccional no estuviere de acuerdo

con la respuesta emitida, podrá solicitar su revisión mediante un escrito de

reconsideración presentado ante el Coordinador, dentro del término de

veinte (20) días calendarios, contados a partir del recibo de la notificación

de la respuesta. El miembro de la población correccional podrá solicitar

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de treinta (30)

días calendarios, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la

copia de la notificación de la resolución de reconsideración, emitida por el
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Coordinador de Remedios Administrativos, o noventa (90) días a partir de

la radicación de la solicitud de reconsideración acogida, si la agencia no

actúa conforme a esta.

       Por otro lado, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, en

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, indica en

su comparecencia que el recurrente reiteró el petitorio que había realizado

en su Solicitud de Remedio Administrativo y reduce el reclamo de este a

que “[a]llí peticionó la bonificación por estudio por el trimestre en el que no

pudo estudiar por presuntas razones ajenas a su voluntad”.3 Sin embargo,

de una lectura de la Solicitud de Remedio Administrativo, así como del recurso

ante nos, se desprende que fueron varios los reclamos presentados por el

recurrente ante la agencia concerniente. Específicamente, la parte

recurrente solicitó: (1) el cumplimiento con su plan institucional como

confinado de custodia mínima; (2) la reinstalación de sus bonificaciones y

ajustes que se vieron interrumpidos por su traslado; (3) los beneficios,

privilegios y servicios que le corresponden por ser de custodia mínima;

(4) una solución a la pérdida de su trabajo como barbero en la institución

pasada; (5) una solución o alternativa concreta para reanudar los cursos

conducentes a su grado asociado en ciencias en tecnología en ingeniería

electrónica del trimestre académico que comenzó el pasado mes de

agosto; (6) una bonificación por haber perdido los cursos del trimestre de

enero 2023 a causa de su traslado y porque, según alegó, en la institución

no querían mezclar a los confinados de custodia mínima con los de

custodia mediana en los salones de clase.

       En particular, la contestación al petitorio del recurrente que nos ocupa

fue emitida por la técnica sociopenal, Torres Santiago, y reza como sigue:

       El 30 de agosto de 2023 el MPC fue evaluado por Caribbean
       University. El confinado no fue matriculado ya que [el] curso
       en el cual se encontraba matriculado en la Instituci[ó]n Ponce
       Principal (ingenier[í]a electr[ó]nica) no se encontraba
       disponible en ese momento. El mismo d[í]a[,] fue orientado
       por la Sra. Carmen N. Ortiz Gonz[á]lez (supervisora de la
       Unidad Sociopenal Ponce 1000) sobre lo antes expuesto.

3 Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación, pág. 1.
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       Además, en una nota al pie de la página de dicha respuesta, se

encuentra la siguiente advertencia para la funcionaria que emite la

contestación: “Conteste en un término de quince (15) días laborables,

según lo establece el Reglamento de Remedios Administrativos vigente”.

       De una breve y cuidadosa lectura de la citada respuesta que,

eventualmente, la agencia recurrida emitió, surge con meridiana claridad

que esta última no resuelve del todo las controversias o remedios

solicitados. En la citada contestación, Torres Santiago simplemente

informó que el recurrente presuntamente fue evaluado en agosto por la

institución universitaria, que este no fue matriculado porque el curso no se

encontraba disponible en ese momento y que, a su vez, fue orientado por

la supervisora de la Unidad Sociopenal Ponce 1000. Sin embargo, ello no

atiende los reclamos de la parte recurrente en su petitorio, pues no indican

qué curso específico es el que no estaban impartiendo en la institución

correccional en la que se encuentra el recurrente actualmente, ni a qué

trimestre se refería. Tampoco ofrece contexto sobre la alegada evaluación

que le hicieran a este en el mes de agosto, ni brinda alternativas para

reponer el alegado trimestre perdido de enero 2023, así como el trimestre

actualmente en curso. De la misma manera, la respuesta brindada por la

agencia está huérfana de cualquier expresión relacionada con los

planteamientos del recurrente sobre sus bonificaciones, ajustes, servicios,

área laboral y plan institucional que, según sostiene, han sido interrumpidos

y afectados desde su traslado a principios de este año.

      Sabido es que la Ley de la Judicatura, supra, solo autoriza a este

Foro intermedio revisar las órdenes o resoluciones finales emitidas por

organismos o agencias administrativas. Hernández Feliciano v. Mun.

Quebradillas, supra. Una orden o resolución se considera final cuando ha

sido emitida por la última autoridad decisoria o adjudicativa del ente

administrativo y pone fin a la controversia ante la agencia, sin dejar

asunto pendiente alguno. Bird Const. Corp. v. A.E.E., supra.
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       Por lo anterior, el dictamen recurrido, aún se encuentra pendiente

de adjudicación ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación,

el   cual   deberá       regirse   por   los   procedimientos,   términos    y

responsabilidades dispuestos en el Reglamento Núm. 8583, supra. En

ese sentido, reiteramos que el reclamo del recurrente es prematuro, pues,

no solo presentó en destiempo el presente recurso, sino que la agencia

aún no ha emitido una determinación final revisable por este Tribunal

de Apelaciones, que atienda todos los reclamos del recurrente.

       Entendemos necesario reiterar que el inciso (1) de la Regla VIII del

Reglamento Núm. 8583, supra, dispone que “[s]erá responsabilidad de

todos los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que

tengan a su cargo la implantación u observación de este Reglamento,

cumplir con las disposiciones del mismo”. Aunque en el caso de autos ha

pasado en exceso del término reglamentario aplicable sin que se haya

emitido una respuesta final que atienda todos los reclamos presentados

por el recurrente, conforme dispone el Reglamento Núm. 8583, supra, por

carecer de autoridad para atender el recurso, solamente podemos decretar

la desestimación de este. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909

(2012).

                                         IV

       Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso por

falta de jurisdicción.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

       Notifíquese a las partes, al Procurador General y a la Secretaria del

Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Administrador de

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, en

cualquier institución donde este se encuentre.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones