Court Opinion

ID: 9952353
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:16.755928+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:59.156455
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

Paola S. Rodríguez Díaz                             REVISIÓN
                                                    ADMINISTRATIVA
        Recurrida                                   procedente del
                                                    Departamento de
             vs.                 KLRA202400050      Asuntos del
                                                    Consumidor
Flash Auto Imports,
Inc.                                                Querella Núm.:
Popular Auto LLC                                    SAN-2022-0012725

        Recurrente                                  Sobre: Compraventa
                                                    de Vehículos de
                                                    Motor

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

        Comparece ante nos, Popular Auto LLC (Popular Auto o

parte     recurrente),         quien   presenta   recurso   de   revisión

administrativa en el que solicita la revocación de la “Resolución”

emitida el 22 de noviembre de 2023,1 por el Departamento de

Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante dicha determinación,

el DACo decretó la resolución del contrato de compraventa suscrito

entre la parte recurrente y la señora Paola S. Rodríguez Díaz (Sra.

Rodríguez Díaz o parte recurrida).

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

revocamos el dictamen a los únicos efectos de eliminar la

responsabilidad solidaria impuesta contra Popular Auto, mediante

los fundamentos que expondremos a continuación.

1 Notificada en igual fecha.

Número Identificador

SEN2024 ___________
KLRA202400050                                                              2

                                       I.

       El 1 de diciembre de 2022, la Sra. Rodríguez Díaz presentó

una “Querella” ante el DACo contra Popular Auto y Flash Auto

Imports, Inc. (FAI). En esencia, alegó que le vendieron un vehículo

de motor que presentaba desperfectos mecánicos, y que tenía un

motor que no le correspondía a ese carro.               Por esto, solicitó la

cancelación del contrato de compraventa.

       El 27 de diciembre de 2022, Popular Auto presentó

“Contestación a Querella” y, en lo pertinente, arguyó que la parte

recurrida incumplió con el requisito de notificación previa

dispuesto en la Ley Núm. 68 del 19 de junio de 1964, infra.

Además, negó responsabilidad solidaria por los daños que pudiese

haber causado el vendedor, en este caso, FAI.

       Se celebró vista en su fondo el 13 de octubre de 2023, a la

cual comparecieron ambas partes. Tras un análisis de la prueba

documental y testifical presentada, el 22 de noviembre de 2023,2 el

DACo emitió una “Resolución” mediante la cual formuló las

siguientes determinaciones de hecho, las cuales hacemos formar

parte íntegra del presente dictamen:

       1. Mediante contrato fechado 5 de agosto de 2022, la
       querellante Rodríguez Díaz, adquirió de los querellados
       Flash Auto Imports, un vehículo usado descrito en el
       contrato como un Kia del año 2017, Modelo Soul, Color
       Silver, número de motor (VIN #) KNDJP3A5XH7431914.

       2. El precio de compra pactado por las partes fue por la
       suma de $18,995.00 más $995.00 por un ‘protector’. El
       precio fue satisfecho en su totalidad por la querellante
       mediante un pronto pago por la suma de $3,000.00 y
       financiando un balance de $16,990.00 por medio de
       Popular       Auto,      número       de       préstamo
       82200136800260001.

       3. El primero de diciembre de 2022 se radica la querella
       de epígrafe alegando en síntesis que el vehículo venía
       presentando varios desperfectos y que el ‘motor no le
       correspondía al carro’. Se solicitó la cancelación
       inmediata del contrato.

2 Notificada mediante depósito en el correo el 27 de noviembre de 2023.
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        4. Con fecha de 6 de marzo de 2023 se presentó un
        primer informe de inspección indicando los desperfectos
        que presentaba el vehículo y que en ese momento eran
        reparables. Oportunamente, la parte querellante
        presentó objeción a dicho informe, solicitó la re
        inspección del vehículo para que de esta manera se
        pudiera corroborar la alegación en torno al número de
        motor.

        5. La re inspección del vehículo se llevó a cabo el 9 de
        agosto de 2023. Entre otras cosas, se concluyó por el
        técnico que “el vehículo no está apto para correr en las
        carreteras por reglamentaciones estatales y federales.
        Registración de motor requerido por el negociado de
        vehículos hurtados en la policía de Puerto Rico. Control
        de emisiones por la EPA federal, DACO, y Calidad
        Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
        Testificó que el número de serie (VIN #) es como una
        ‘huella dactilar’. Aparte de la registración del motor,
        testificó que los demás desperfectos que presenta el
        vehículo son reparables.

        6. Conforme se desprende del informe de re inspección,
        el número de serie del motor del vehículo en cuestión es
        KNDJ33AU1L7023992.

        7. Conforme se desprende de la certificación emitida por
        el DTOP fechada 14 de agosto de 2023, ese número de
        motor corresponde a un Kia Soul del año 2020 color
        blanco, registrado a nombre de Universal Insurance
        Company.

        8. La Sra. Aida Merle Ibarra, dueña del dealer de autos
        querellado, testificó que se dedicaba desde hace más de
        10 años a comprar vehículos en subasta, acepto que el
        tipo de problema que se presenta en este caso puede
        surgir cuando se compran vehículos en subasta y
        admitió que este vehículo ella no lo inspeccionó para
        asegurarse que los números de motor y de la caja eran
        los mismos. Testificó estar dispuesta a reparar el
        vehículo incluyendo reemplazar el motor de ser
        necesario.

        Considerando la reglamentación aplicable, el DACo razonó

que, antes de vender el vehículo, FAI tenía que completar el

registro del motor. Asimismo, debía informarle a la parte recurrida

que el motor no era el original.      Sin embargo, concluyó que la

evidencia admitida demostró que ninguna de estas condiciones se

cumplió. Debido a esto, dispuso que el vehículo adquirido por la

Sra. Rodríguez Díaz no puede ser utilizado en las vías públicas del

País.   Por entender que estos incumplimientos recaen sobre “el
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corazón del vehículo”,3 entiéndase, sobre un aspecto determinante

del contrato, y considerando que el desperfecto no puede ser

corregido, resolvió que procedía la resolución del contrato de

compraventa suscrito entre ambas partes.         Así, ordenó a FAI y

Popular Auto a restituir, solidariamente, el pronto pagado y las

mensualidades satisfechas, más el pago de angustias mentales y

honorarios de abogado.

       Inconforme, el 18 de diciembre de 2023, Popular Auto

presentó una “Moción de Reconsideración” y, en síntesis, cuestionó

la determinación de responsabilidad solidaria por tres razones, a

saber: (1) Popular Auto, como entidad financiera, no tiene

responsabilidad ante el comprador por los vicios ocultos, (2) la Sra.

Rodríguez Díaz no evidenció el cumplimiento con el requisito de

notificación previa dispuesto en la Ley Núm. 68 del 19 de junio de

1964, infra, y (3) la parte recurrida tampoco evidenció que Popular

Auto hubiese actuado con temeridad, por lo que no procede

imponerle el pago de honorarios de abogado.

       El DACo no tomó acción alguna sobre la “Moción de

Reconsideración”         presentada   por   la   parte    recurrente.

Oportunamente, Popular Auto recurre ante este foro apelativo

intermedio, y señala la comisión de los siguientes errores:

       Primer Error: Erró DACO al imponer responsabilidad
       solidaria entre el concesionario de venta, Flash Auto, y
       Popular Auto en el reembolso de pronto pago y
       mensualidades.

       Segundo Error: Erró DACO al imponer responsabilidad
       solidaria entre el concesionario de venta, Flash Auto, y
       Popular Auto en el pago de compensación por concepto
       de daños y angustias mentales.

       Tercer Error: Erró DACO al imponer responsabilidad
       solidaria entre el concesionario de venta, Flash Auto, y
       Popular Auto en el pago por concepto de honorarios de
       abogado en ausencia de temeridad.

3 Véase, “Resolución” a la pág. 9.
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                                   II.

                                   -A-

      la Ley Núm. 68 del 19 de junio de 1964, 10 LPRA sec. 731 et

seq., mejor conocida como la Ley de Ventas a Plazos y Compañías

de Financiamiento, según enmendada, es el estatuto regulador de

las   ventas   al   por   menor    a     plazos   y   las    compañías   de

financiamiento. En lo concerniente, el Art. 202 (4) de la Ley Núm.

68 del 19 de junio de 1964, 10 LPRA sec. 742, dispone que:

      Todo contrato de ventas al por menor a plazos deberá
      contener el siguiente aviso:

      El cesionario que reciba o adquiera el presente
      contrato al por menor a plazos o un pagaré relacionado
      con éste, quedará sujeto en igualdad de condiciones a
      cualquier reclamación o defensa que el comprador
      pueda interponer en contra del vendedor. El cesionario
      del contrato tendrá derecho a presentar contra el
      vendedor todas las reclamaciones y defensas que el
      comprador pueda levantar contra el vendedor de los
      artículos o servicios.

      Se trata de una “relación tripartita” entre el comprador, el

vendedor y la entidad financiera, mediante la cual el vendedor cede

su posición en el contrato de venta condicional a la compañía

financiera, incluyendo sus derechos y obligaciones. Berríos v. Tito

Zambrana Auto, Inc., 123 DPR 317, 329 (1989).

      Ahora bien, el Art. 209 (a) (3) de la Ley Núm. 68 del 19 de

junio de 1964, 10 LPRA sec. 749, provee lo siguiente:

      Si el vendedor no hubiere cumplido todas sus
      obligaciones      para    con  usted,    usted    deberá
      notificarlo al cesionario, por escrito, mediante correo
      certificado con acuse de recibo, a la dirección indicada
      en este aviso, dentro de los 20 días siguientes a la
      fecha en que tenga conocimiento de algún hecho que
      pueda dar lugar a una causa de acción o defensa que
      surja de la venta y que pudiera usted tener en contra
      del vendedor.

      Según    ha    manifestado       nuestro    Tribunal    Supremo,   el

propósito de la precitada disposición es “proteger al cesionario de

un contrato de ventas a plazos de aquellas reclamaciones por
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acciones de saneamiento por evicción o vicios ocultos”. Berríos v.

Tito Zambrana Auto, Inc., supra, a la pág. 335.

                                -B-

      La Sección 3.21 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9661, establece

que las agencias, dentro de su función cuasi judicial, poseen la

facultad para imponer sanciones. Entre ellas, la imposición de

costas y honorarios de abogado, en los mismos casos que disponen

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. A esos efectos,

la Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

44.1 (d), rige lo concerniente a la imposición de honorarios de

abogado. Pertinente al caso que nos ocupa dispone lo siguiente:

      (d) Honorarios de abogado – En caso de que cualquier
      parte o su abogado o abogada haya procedido con
      temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en
      su sentencia al responsable el pago de una suma por
      concepto de honorarios de abogado que el tribunal
      entienda correspondan a tal conducta. En caso de que
      el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios,
      agencias o instrumentalidades haya procedido con
      temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en
      su sentencia una suma por concepto de honorarios de
      abogado, excepto en los casos en que esté
      expresamente exento por ley del pago de honorarios de
      abogado.

      El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es

“establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud

desprovista   de    fundamentos,      obliga   a   la   otra     parte,

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport

Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010), citando Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

      Se entiende que un abogado, abogada o una de las partes

actúa temerariamente cuando obliga a otra u otras partes a

incurrir en gastos innecesarios al presentar reclamaciones frívolas,

dilatar los procesos ya instados, o crear gestiones evitables.
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Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010); Jarra

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). Es una actitud que

se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen

funcionamiento y la administración de la justicia.                Aunque la

imposición de honorarios de abogado es discrecional, determinada

la existencia de temeridad la condena de honorarios es obligada.

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334 (1998).

      Ahora bien, no procede la imposición del pago de honorarios

de abogado en las siguientes circunstancias, a saber: (1) cuando lo

que se enuncia ante el tribunal son controversias complejas y

novedosas que no han sido resueltas; (2) cuando se actúa acorde

con una apreciación errónea del derecho y no hay precedentes

establecidos   sobre   el    asunto,      o   (3)   cuando   existe     alguna

discrepancia genuina en cuanto a quién favorece el derecho

aplicable. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). En

estas situaciones, la temeridad es inexistente. VS PR, LLC v. Drift-

Wind, 207 DPR 253, 277 (2021).

      Sin   embargo,    si    no   está       presente   alguna    de    estas

circunstancias, la determinación imputando temeridad descansa

en la sana discreción del foro primario.              Torres Vélez v. Soto

Hernández, 189 DPR 972, 993–994 (2013).                      Por ende, los

tribunales apelativos sólo intervendrán con dicha determinación

cuando surja un abuso de discreción.

                                   III.

      Según revela el trámite procesal discutido, el DACo emitió

una “Resolución” mediante la cual decretó la resolución del

contrato de compraventa suscrito entre las partes. En atención a

lo cual, ordenó a FAI y Popular a Auto al pago solidario de las

cantidades satisfechas por la parte recurrida en concepto de

pronto y mensualidades, más el pago de angustias mentales y

honorarios de abogado.
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       En sus primeros dos señalamientos de error, Popular Auto

cuestiona la imposición de responsabilidad solidaria bajo los

siguientes argumentos: (1) la responsabilidad de que el vehículo

cumpla con las debidas inspecciones es del vendedor (FAI), y no de

la compañía financiera; (2) es el vendedor del vehículo (FAI) quien

responde por los vicios ocultos, y Popular Auto no tiene la

obligación de sanar dichos defectos; y (3) no procede imputarle

responsabilidad solidaria a la compañía financiera cuando la parte

recurrida incumplió con el requisito de notificación previa

dispuesto en el Art. 209 (a) (3) de la Ley Núm. 68 del 19 de junio de

1964, supra.

       Sobre el primer punto, la contención de la parte recurrente

es que, “como Popular Auto no es el vendedor del vehículo de

motor, no tiene la obligación de inspeccionar la unidad que

adquirió [la Sra. Rodríguez Díaz].    Por tanto… no responde por

cualquier daño que cause el incumplimiento del vendedor con el

Reglamento”.4

       A esos efectos, resulta pertinente lo resuelto por nuestro

Tribunal Supremo en el caso de R & J v. D.A.Co., 164 DPR 647,

658 (2005), donde se resolvió que:

       El Art. 8 del Reglamento [de Garantías] dispone
       específicamente que la responsabilidad de someter los
       documentos al D.T.O.P. para la inscripción del vehículo
       es del vendedor, definido como entidad o persona,
       debidamente autorizada, dedicada a la venta de
       vehículos de motor. Por lo tanto, esta obligación es
       del vendedor (cedente) y no de la compañía que
       financió el vehículo. La compañía financiera no es
       considerada un vendedor para la referida
       disposición reglamentaria, razón por la que no
       está llamada a cumplir con esa obligación
       impuesta por dicho cuerpo reglamentario al
       vendedor (cedente).

       (Énfasis nuestro).

       Con esto en mente, procedemos a examinar la Regla 31 del

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm.

4 Véase, apéndice pág. 7.
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7159 del 6 de junio de 2006 (en lo sucesivo, Reglamento de

Garantías), la cual, en términos literales, lee como sigue:

      No se venderá ningún vehículo de motor usado sin
      que:

      a. Haya pasado la inspección que requiere la Ley
      de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

      b. Su velocímetro y odómetro estén trabajando
      satisfactoriamente y se verifique que no han sido
      alterados y que tenga el “vin number” en todas las
      piezas con respecto a aquellos modelos y marcas de
      vehículos de motor que designe de tiempo en tiempo el
      gobierno federal.

      (Énfasis suplido).

      Tras una lectura de la precitada disposición reglamentaria,

concluimos que, la responsabilidad de inspeccionar el vehículo

de motor y asegurarse de que este tenga el “vin number” en

todas las piezas es del vendedor, y no de la compañía que

financió el vehículo. Según la Regla 5 del Reglamento de

Garantías, supra, el término “vendedor” incluye a aquellas

entidades o personas, debidamente autorizadas, que se dediquen a

la venta o permuta de vehículos de motor. Ante un lenguaje claro

y preciso, estamos impedidos de añadirle un significado que no

está contenido en él.      Véase, Art. 19 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 5341.         Como la compañía financiera no está

incluida    dentro   de   esta    definición,   no   puede   exigírsele   el

cumplimiento con una obligación que se le ha impuesto al

vendedor.     Determinar     lo     contrario    sería   otorgarle    una

interpretación extensiva a la referida Regla 31 del Reglamento de

Garantías, supra, imponiéndole así a la firma financiera una

responsabilidad que, por virtud de ley, no le compete.

      Por ende, es el vendedor cedente (FAI) quien tiene la

responsabilidad de cumplir con las obligaciones principales de

todo vendedor, incluyendo las establecidas en el Código Civil, y

aquellas que, de forma específica, se le han impuesto al vendedor
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como, por ejemplo, aquellas impuestas en la Regla 31 del

Reglamento de Garantías, supra.

         Por otro lado, Popular Auto sostiene que es el vendedor del

vehículo (FAI) quien responde por los vicios ocultos que tenía el

vehículo adquirido por la Sra. Rodríguez Díaz, ya que el

concesionario cedente del contrato no queda liberado de su

responsabilidad en cuanto al saneamiento de la cosa vendida.

         Según expresó nuestra Alta Curia en Berríos v. Tito

Zambrana Auto, Inc., supra, a la pág. 330, el hecho de que el

vendedor haya cedido su contrato de venta al por menor a plazos

no implica que éste queda liberado de responsabilidad ante el

comprador. Esto, en virtud del Art. 209 (f) de la Ley Núm. 68 del

19 de junio de 1964, supra.            Por tanto, el concesionario, aun

cuando haya cedido su contrato, sigue siendo responsable ante

el comprador por el saneamiento de la cosa vendida. En ese

contexto, es el vendedor del vehículo (FAI) quien responde por los

vicios ocultos que tenía el vehículo adquirido por la Sra. Rodríguez

Díaz.

         Según dispone nuestro Código Civil, es la persona que

transmite el bien a título oneroso quien responde por sus defectos

ocultos. Véase, Art. 1261 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA

sec. 9851.         En otras palabras, como el saneamiento de la cosa

vendida es una de las obligaciones principales del vendedor, es

este último quien responde por los defectos que pueda presentar el

objeto       vendido.       No   podemos,   por     tanto,   adjudicarle    esta

responsabilidad a la empresa que financia.

         A    su     vez,    Popular   Auto       sostiene   que   no      existe

responsabilidad solidaria entre el cedente y el cesionario cuando el

comprador ha incumplido con el requisito de notificación previa

dispuesto en el Art. 209 (a) (3) de la Ley Núm. 68 del 19 de junio de

1964, supra, el cual lee como sigue:
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      Si el vendedor no hubiere cumplido todas sus
      obligaciones para con usted, usted deberá
      notificarlo al cesionario, por escrito, mediante correo
      certificado con acuse de recibo, a la dirección indicada
      en este aviso, dentro de los 20 días siguientes a la
      fecha en que tenga conocimiento de algún hecho
      que pueda dar lugar a una causa de acción o
      defensa que surja de la venta y que pudiera usted
      tener en contra del vendedor.

      (Énfasis provisto).

      Según manifestó nuestro Alto Foro, el propósito de la

antedicha disposición es “proteger al cesionario de un contrato de

ventas a plazos de aquellas reclamaciones por acciones de

saneamiento por evicción o vicios ocultos”. Berríos v. Tito

Zambrana Auto, Inc., supra, a la pág. 335.

      No    albergamos      duda   de   que,   la    causa   de   acción

presentada por la Sra. Rodríguez Díaz surge por un defecto en

el objeto del contrato.      Por consiguiente, estamos ante una

acción que está dentro del marco de la figura del saneamiento.

Siendo esto así, el Art. 209 (a) (3) de la Ley Núm. 68 del 19 de junio

de 1964, supra, es de aplicación a los hechos del presente caso y,

consecuentemente, la parte recurrida tenía que notificarle a

Popular Auto sobre los defectos que tenía el vehículo de motor, y

en cuanto a la posible causa de acción a presentarse contra el

dealer. Sin embargo, de los autos no surge que la Sra.

Rodríguez    Díaz   haya     cumplido     con       este   requisito   de

notificación previa, dentro del término de 20 días dispuesto en

el Art. 209 (a) (3) de la Ley Núm. 68 del 19 de junio de 1964,

supra.

      Ante esta realidad, no procedía imponer responsabilidad

solidaria entre FAI y Popular Auto. Esta protección que posee el

cesionario no puede ser obviada. Tenía el comprador que notificar

al financiador dentro del término expresado.

      Finalmente, en su tercer señalamiento de error, Popular

Auto solicita que eliminemos la partida de honorarios de abogado,
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puesto que de la “Resolución” recurrida no surge que la parte

recurrente haya incurrido en conducta temeraria.

      Cónsono con el derecho antes esbozado, las agencias poseen

facultad para imponer sanciones, incluyendo la imposición de

honorarios de abogado. Aunque esta determinación descansa en

la sana discreción del foro primario, los tribunales apelativos

estamos facultados a intervenir cuando surja un abuso de

discreción. Por todas las razones que anteceden, concluimos que

Popular Auto no incurrió en temeridad o frivolidad al presentar

una causa de acción impugnando la imposición de responsabilidad

solidaria cuando, como cuestión de derecho, tiene razón. Ante la

ausencia de un reclamo frívolo o desprovisto de fundamentos,

abusó de su discreción el DACo al imponerle a la parte recurrente

el pago solidario de honorarios de abogado.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos

formar parte de este dictamen, se revoca la “Resolución” recurrida,

a los únicos efectos de eliminar la responsabilidad solidaria

impuesta contra Popular Auto.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones