Court Opinion

ID: 9962669
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:40:32.131191+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.602060
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

                                                  Revisión de
  MASTER PAINTS AND                               Decisión
   CHEMICALS CORP.                                Administrativa
                                                  procedente del
        Recurrente                                Municipio
                                                  Autónomo de
                                                  Mayagüez
              V.                KLRA202400098
                                                  Subasta Núm.:
                                                  2024-039
 MUNICIPIO AUTÓNOMO
    DE MAYAGÜEZ                                   Sobre:
                                                  Art. 1.050
         Recurrido                                Ley 107-2020
                                                  (Código Municipal)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

      El 26 de febrero de 2024, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, Master Paints and Chemicals Corp. (en adelante,

Master Paints o parte recurrente), por medio de Recurso de Revisión

Judicial. Mediante este, nos solicita que revisemos la Resolución

emitida el 13 de febrero de 2024 y notificada el 15 de febrero de

2024, por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de

Mayagüez (en adelante, parte recurrida o Junta de Subastas),

relacionada a “Suministro de Pinturas de Primera Calidad” (RFP

Núm. 2024-039), y en la cual, se descalificó a la parte recurrente

como licitadora.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso por haberse tornado académica la controversia.

                                    I

      Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 24

de enero de 2024, el Municipio Autónomo de Mayagüez publicó una

Número Identificador
SEN2024 ________________
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subasta en el periódico Primera Hora para la adquisición de pinturas

de calibre industrial, entiéndase, “Suministro de Pinturas de

Primera Calidad” (RFP Núm. 2024-039).

        Conforme se desprende de los pliegos de la subasta, los

licitadores interesados en participar en dicha subasta tenían que

entregar los documentos requeridos por la parte recurrida, a los

fines de ofrecer productos o servicios al gobierno, a saber:

        “… 1. Propuesta en original y una (1) copia acompañada
        de copia todos los documentos… 18. Certificación de
        Deuda del Municipio donde radique su negocio… 19. En
        sustitución de estos documentos podrán someter la
        Certificación del Registro de Licitadores del Municipio
        de Mayagüez y/o la Certificación del Registro Único de
        Licitadores de la Administración de Servicios Generales
        (“RUL”) …”

        La parte recurrente es una compañía que se dedica a la

manufactura de pintura y otros productos de petróleo en Puerto

Rico. Arguye la parte recurrente que, a pesar de que presentó una

oferta oportunamente, conjuntamente con su certificación de

elegibilidad en el RUL vigente hasta el 22 de mayo de 2024, de

manera sorpresiva, la parte recurrida ilegalmente, la descalificó por

no haber entregado un certificado de deuda del Municipio Autónomo

de Mayagüez.

        En desacuerdo con la determinación de descalificación, la

parte recurrente acudió ante este foro revisor y esgrimió el siguiente

señalamiento de error:

        Erró la Junta de Subastas del Municipio de Mayagüez
        y cometió una violación al debido proceso de ley al
        descalificar a Master Paints de la subasta número
        2024-039.

        Más tarde, el mismo día de la presentación de su recurso, la

parte    recurrente   instó   ante   nos,   Moción   Informativa   sobre

Notificación de Escritos de Conformidad con las Reglas 58 y 71 del

Reglamento del Tribunal Apelativo y Presentando Mejor Copia de

Sobre de Notificación. Mediante nuestra Resolución del 28 de febrero

de 2024, nos dimos por enterados de la moción antes aludida y le
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concedimos a la parte recurrida hasta el 7 de marzo de 2024 para

exponer su posición en torno al recurso de epígrafe.

      El 6 de marzo de 2024, compareció la parte recurrida

mediante Urgente Moción Anunciando Representación Legal, y en la

cual indicó, además, no tener constancia de haber recibido el

recurso que nos ocupa. En igual fecha, la parte recurrente ripostó

a la aludida moción mediante Contestación a Urgente Moción

Anunciando Representación Legal. Aseveró haber notificado el

recurso a las direcciones oficiales de correo de la Oficina del Alcalde

y al Presidente Interino de la Junta de Subastas del Municipio

Autónomo de Mayagüez. Añadió que, como cortesía, le reenvió a la

parte recurrida el recurso, tal cual le fue notificado el 26 de febrero

de 2024.

      El 7 de marzo de 2024, la parte recurrida interpuso ante este

foro, Urgente Moción en Solicitud de Prórroga mediante la cual solicitó

que le concediéramos un término adicional de treinta (30) días para

exponer su posición en torno al recurso. En igual fecha, compareció

ante nos la parte recurrente mediante Oposición a Urgente Moción

en Solicitud de Prórroga, en la que recabó que no le concediéramos

a la parte recurrida el término solicitado, sino un término de ocho

(8) días para expresarse.

      En atención a los escritos presentados por las partes, el 8 de

marzo de 2024, emitimos Resolución en la cual, aceptamos al Lcdo.

Simone Cataldi Malpica del Bufete Aldarondo & López Bras, LLC,

como el representante legal del Municipio Autónomo de Mayagüez.

Por otro lado, invitamos a la parte recurrida a que examinara

nuestra Resolución del 28 de febrero de 2024, mediante la cual nos

dimos por enterados de la notificación del recurso y le concedimos

hasta el jueves 7 de marzo de 2024 para exponer su posición en

torno al recurso.
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      En cuanto a la Urgente Moción en Solicitud de Prórroga

presentada por la parte recurrida el 7 de marzo de 2024, así como

la Oposición a Urgente Moción en Solicitud de Prórroga incoada por la

parte recurrente el 7 de marzo de 2024, le concedimos término

adicional a la parte recurrida hasta el lunes 18 de marzo de 2024

para exponer su posición en torno al recurso de epígrafe.         Le

apercibimos que, transcurrido el término dispuesto, el recurso se

tendría por perfeccionado para su adjudicación final. De otra parte,

le ordenamos a la parte recurrida que, en igual término, nos

sometiera copia certificada del expediente de la Subasta Número

2024-039.

      El 15 de marzo de 2024, la parte recurrida interpuso Moción

en Solicitud de Desestimación. En la misma indicó que, luego de

remitirse la Comunicación del 13 de febrero de 2024, consideró la

necesidad de reevaluar las especificaciones en la Solicitud de

Propuestas en el RFP Núm. 2024-039, para el “Suministro de

Pinturas de Primera Calidad” para tener una perspectiva más

abarcadora y comprensiva de los servicios a prestarse en beneficio

del interés público. Acotó que, a esos efectos, la Junta de Subastas

se reunió el 15 de marzo de 2024 y tomó la determinación de

no descalificar la propuesta sometida por la parte recurrente,

por lo que solicitó la desestimación del recurso de autos por

academicidad.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                 II

Doctrina de academicidad

      Como es sabido, los tribunales revisores solo podremos

resolver los casos que sean justiciables. Bhatia Gautier v.

Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920 (2011). La doctrina de la justiciabilidad de las
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causas gobierna el ejercicio de la función revisora de los tribunales,

fijando la jurisdicción de estos. Dicha doctrina nace del principio

elemental de que los tribunales existen únicamente para resolver

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas, que tienen

un interés real en obtener un remedio judicial que haya de afectar

sus relaciones jurídicas. Esto es, para el ejercicio válido del poder

judicial se requiere la existencia de un caso o controversia real.

Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007); Bhatia Gautier

v. Gobernador, supra, pág. 68.     Según lo dispuesto por nuestro

Máximo Foro, una controversia no es justiciable cuando: (1) se

procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece

de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito

han tornado la controversia en académica; (4) las partes están

tratando de obtener una opinión consultiva; o (5) se intenta

promover un pleito que no está maduro. Super Asphalt v. AFI y otros,

206 DPR 803 (2021); Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 68-

69.

      Atinente al caso de marras, nuestro más Alto Foro ha

reconocido que los tribunales pierden su jurisdicción sobre una

controversia cuando, durante el trámite judicial, ocurren cambios

fácticos o judiciales que tornan en académica o ficticia su solución.

Esto es, el foro judicial no puede entender sobre un caso que ha

perdido su condición de controversia viva y presente en atención a

los cambios fácticos o de derecho acaecidos en el transcurso del

tiempo. Pueblo v. Pagán Medina, 177 DPR 842, 844 (2010); Super

Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 816.     Asimismo, deberán ser

evaluados los eventos anteriores, próximos y futuros, a los fines de

determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste

con el tiempo. Íd.

      Una vez se determina que ha desaparecido el carácter

adversativo entre los intereses de las partes involucradas, los
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tribunales pierden su jurisdicción en el pleito y, por tanto, deben

abstenerse de considerar el caso en sus méritos. Con esta limitación

sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario

de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos

de los tribunales que resulten superfluos. (Citas omitidas). Smyth,

Puig v. Oriental Bank, supra, pág. 78. Véase Super Asphalt v. AFI y

otros, supra, pág. 816.

      Como corolario de lo anterior, la Regla 83 (B) (5) y (C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83

(B) (C) expone lo siguiente:

      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

           [. . . . . . . .]

           (5) Que el recurso se ha convertido en académico.

      (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia,
      podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un
      auto discrecional por cualesquiera de los motivos
      consignados en el inciso (B) precedente.

                                  III

      Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados

a examinar si ostentamos jurisdicción para atender el recurso

presentado.      Tal y como mencionamos previamente, la parte

recurrente acude ante este foro revisor ante la determinación de la

parte recurrida de descalificarla como licitadora en la subasta para

la adquisición de pintura de calibre industrial, entiéndase,

“Suministro de Pinturas de Primera Calidad” (RFP Núm. 2024-039).

      Como mencionamos previamente, mediante su Moción en

Solicitud de Desestimación del 15 de marzo de 2024, la parte

recurrida nos indicó que, luego de remitirse la comunicación del 13

de febrero de 2024, consideró la necesidad de reevaluar las

especificaciones en la Solicitud de Propuestas en el RFP Núm. 2024-

039, para el “Suministro de Pinturas de Primera Calidad” para tener
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una perspectiva más abarcadora y comprensiva de los servicios a

prestarse en beneficio del interés público.

       En vista de que, según nos informó la parte recurrida, la

Junta de Subastas se reunió el 15 de marzo de 2024 y tomó la

determinación de no descalificar la propuesta sometida por la

parte recurrente, en efecto, procede la desestimación del

recurso de autos por academicidad.

       Como sabemos, una controversia que en sus inicios era

justiciable se convierte en académica cuando “los cambios fácticos

o   judiciales   acaecidos     durante     el   trámite     judicial   de   una

controversia, tornan en académica o ficticia su solución”.1 Así, se

debe evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a los fines

de determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste

con el tiempo.2 Cuando un foro adjudicativo determine que un caso

es académico, su deber es abstenerse de considerar los méritos de

ese caso.3

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

por haberse tornado académica la controversia.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones

1 Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 283 (2014).
2 Pres. del Senado, 148 DPR 737, 759 (1999).
3 CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 936 (1993).