Court Opinion

ID: 9916104
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:21:43.691014+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:53.600704
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VIII

   GEORGE MUÑOZ                                  Apelación,
     VÁZQUEZ                                     procedente del Tribunal
                                                 de Primera Instancia, Sala
     Parte Apelante                              Superior de San Juan

                                            Caso Núm.:
                              KLAN202300753 SJ2020CV06910

            v.                                   Sobre:
                                                 Represalias en el empleo
                                                 (Ley-115-1991), Despido
                                                 Injustificado      (Ley-80-
                                                 1976), Discrimen en el
 OFFICE MAX PUERTO                               empleo; Discrimen por
  RICO, INC.; OFFICE                             razón de edad (Ley 100-
   DEPOT PUERTO                                  1959)         Procedimiento
      RICO, LLC.                                 Sumario             Laboral
                                                 dispuesto en la Ley núm. 2
      Parte Apelada                              del 17 de octubre de 1961

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

      Compareció ante este Tribunal la parte apelante, George Muñoz

Vázquez (en adelante, el “señor Muñoz Vázquez” o el “Apelante”) mediante

recurso de apelación presentado el 25 de agosto de 2023. Nos solicitó la

revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (en adelante, el “TPI”) el 15 de agosto de 2023,

notificada y archivada en autos el 17 de agosto de 2023. Mediante el

referido dictamen, el foro apelado determinó que el despido fue uno

justificado y desestimó la “Querella” instada por el Apelante.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos

la Sentencia apelada.

                                     I.

      El 18 de diciembre de 2020, el señor Muñoz Vázquez presentó

“Querella” contra Office Depot Puerto Rico LLC. (en adelante, “Office

Depot” o “Apelado”) por represalias en el empleo, despido injustificado y

discrimen por razón de edad. Alegó que fue terminado de su empleo sin

justa causa, por lo que reclamó una compensación de $95,123.00 por

Número Identificador
SEN2023______________
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concepto de mesada, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

según    enmendada,     mejor   conocida    como    “Ley   sobre   Despidos

Injustificados”, 29 LPRA sec. 185a et seq. Además, arguyó que fue objeto

de represalias en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 115-1991,

según enmendada, conocida como la “Ley contra el Despido Injusto o

Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro

Legislativo, Administrativo o Judicial”, 29 LPRA sec. 194 et seq. A razón de

lo anterior, solicitó la reinstalación en el empleo con todos sus beneficios,

compensación por los ingresos dejados de devengar, indemnización por

concepto de daños estimados en una suma no menor de $50,000.00, más

la doble penalidad, y el pago de honorarios de abogados a razón del 25%

de todas las sumas concedidas.

        En respuesta, el 31 de diciembre de 2020, Office Depot presentó

“Contestación a la Querella”. En síntesis, alegó que el despido del

Apelante fue uno completamente justificado, ya que surgió como

consecuencia de una investigación interna realizada por el Apelado en

respuesta a quejas e imputaciones de conductas impropias y contrarias a

las políticas de la empresa. Dicha investigación, alegadamente, reveló que

el señor Muñoz Vázquez incurrió en falta de integridad y deshonestidad por

asignar a sus subordinados funciones y responsabilidades que le

correspondían a él, entre otras cosas contrarias a la misión y visión de la

compañía.

        Luego de varios trámites procesales impertinentes, el 24 de junio de

2021, el TPI emitió Sentencia Parcial en la que dio por desistida, con

perjuicio, la reclamación de discrimen por razón de edad interpuesta por el

señor Muñoz Vázquez. Posteriormente, el 2 de febrero de 2022 el foro

primario declaró “Ha Lugar” una “Moción de Sentencia Sumaria Parcial”

presentada por Office Depot y desestimó la causa de acción por represalias

presentada por el Apelante. Así, pues, quedó pendiente de adjudicación en

los méritos de las alegaciones sobre despido injustificado.

        Celebrada la vista en su fondo los días 8 al 10, 12 y 18 de mayo de

2023, así como el 12 de junio de 2023, el 15 de agosto de 2023 el TPI

emitió Sentencia en la que determinó que el Apelado mostró con
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preponderancia de la prueba que el despido del señor Muñoz Vázquez fue

uno justificado.

        Inconforme con el aludido dictamen, el señor Muñoz Vázquez

presentó el recurso de apelación que nos ocupa y le imputó al foro primario

haber cometió los siguientes errores:

        ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL DESPIDO FUE
        INJUSTIFICADO, CUANDO LAS DETERMINACIONES DE
        HECHO[S] NO ESTABLECEN QUE EL QUERELLANTE
        HAYA INCURRIDO EN CONDUCTA INCORRECTA.

        ERRÓ EL TPI Y ABUS[Ó] DE SU DISCRECI[Ó]N AL
        CONCLUIR QUE EL DESPIDO FUE JUSTIFICADO.

        A tenor con los errores planteados ante nos, el 28 de agosto de 2023

el Apelante presentó “Moci[ó]n Informativa sobre Exposición Narrativa

de la Prueba”. Mediante la misma, informó que interesaba que se

consideraran los testimonios de Alex Franco Díaz, Aneisha Rogers Scott,

Alexander Gutiérrez y George Muñoz. Además, indicó que auscultaría con

la representación legal del Apelado si poseía los testimonios transcritos de

los aludidos testigos para proveerlos a este Tribunal de Apelaciones. Ante

ello, solicitó a este Tribunal que le concediera un término de diez (10) días

para notificar mecanismo de reproducción de la prueba oral que se

utilizaría.

        Posteriormente, el 8 de septiembre de 2023, compareció Office

Depot mediante “Contestación a ‘Moción Informativa sobre Exposición

Narrativa de la Prueba’ y Solicitud de Orden” en la que, entre otras

cosas, solicitó la desestimación del recurso debido a que el Apelante no

anunció su intención de someter una transcripción o una exposición

narrativa de la prueba testifical dentro del término reglamentario.

        El 14 de septiembre de 2023, este Tribunal emitió Resolución en la

que le ordenó al Apelante a tramitar, en el plazo de diez (10) días, la

regrabación de los procedimientos celebrados ante el TPI y le concedió un

término de treinta (30) días, a partir de la entrega de dicha regrabación,

para presentar la transcripción de la prueba oral debidamente estipulada.

        Luego de acaecidos varios trámites procesales a nivel apelativo, el

20 de octubre de 2023, el señor Muñoz Vázquez presentó un escrito
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intitulado “Proyecto de Exposición Narrativa Oral propuesto por la

parte querellante-apelante”. El 24 de octubre de 2023 emitimos una

Resolución en la cual ordenamos el desglose del aludido escrito, por haber

incumplido nuestra orden para que se presentara la transcripción de la

prueba oral, debidamente estipulada. En vista de lo anterior, le concedimos

un plazo de diez (10) días al señor Muñoz Vázquez para que cumpliera con

lo ordenado y presentara la transcripción de la prueba oral del juicio

debidamente estipulada.

      Insatisfecho, el Apelante presentó “Solicitud de Reconsideración

a Resolución del 24 de octubre de 2023” en la cual suplicó se acogiera

el proyecto de exposición narrativa de la prueba. En desacuerdo, el 26 de

octubre de 2023, Office Depot presentó “Oposición a ‘Solicitud de

Reconsideración a Resolución del 24 de octubre de 2023’ y Solicitud

de Orden”.

      Examinados ambos escritos, dictamos una nueva Resolución

mediante la cual declaramos “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración

presentada por el señor Muñoz Vázquez y lo apercibimos de que si no

comparecía dentro del término concedido adjudicaríamos el recurso sin el

beneficio de la transcripción de la prueba oral. El 31 de octubre de 2023, el

Apelante presentó “Moción Informativa en relación a Resolución del 30

de octubre de 2023”. En síntesis, informó que prescindiría de presentar la

transcripción de la prueba desfilada durante el juicio. El 1 de noviembre de

2023, este Tribunal emitió Resolución en la que se dio por enterado de lo

informado por el Apelante y le concedió un término de veinte (20) días al

Apelado para que presentara su alegato en oposición al recurso.

      El 2 de noviembre de 2023, compareció el Apelado mediante

“Segunda Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción e

Incumplimiento     con    Orden    de    este   Honorable     Tribunal    de

Apelaciones”, en la cual planteó que procedía la desestimación del

recurso, toda vez que no estaríamos en condiciones de evaluar los

señalamientos de error presentados por el Apelante ante la falta de una

transcripción de la prueba oral. Como consecuencia, el 6 de noviembre de

2023, emitimos Resolución en la que declaramos “No Ha Lugar” la segunda
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solicitud de desestimación presentada por Office Depot y se le apercibió

del plazo concedido mediante la Resolución de 1 de noviembre de 2023.

       Así las cosas, el 21 de noviembre de 2023, el Apelado presentó su

alegato en oposición al recurso.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a adjudicar los méritos del recurso ante nos.

                                      II.

       Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, ante la

ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece

la intervención de los tribunales apelativos para revisar la apreciación de la

prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos

formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Ortiz Ortiz v. Medtronic

Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 779 (2022). Al respecto, la

Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que: [l]as

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin

efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar

la credibilidad de los testigos. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.

       Es decir, un tribunal apelativo no tiene facultad para sustituir por sus

propias apreciaciones las determinaciones del foro de instancia. Serrano v.

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). La razón jurídica detrás de esta

normativa se fundamenta en la apreciación que hace el adjudicador de los

hechos de la prueba testifical, porque al ser una tarea llena de elementos

subjetivos, es él quien está en mejor posición para aquilatarla. Sucn.

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). El Tribunal de

Primera Instancia es el foro que tiene la oportunidad de escuchar el

testimonio y apreciar el comportamiento de los testigos. Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Basándose en ello, adjudica la

credibilidad que le merecen los testimonios. Así, la declaración directa de

un sólo testigo, de ser creída por el juzgador de hechos, es prueba

suficiente de cualquier hecho. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR

345, 357 (2009).
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       A tenor con lo anterior, se le concede respeto a la adjudicación de

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos, dado que el

foro   apelativo    cuenta     solamente      con     “récords    mudos      e

inexpresivos”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). No obstante,

la norma de deferencia judicial tiene límites y no supone una inmunidad

absoluta frente a la función de los tribunales revisores. El Tribunal Supremo

aclaró en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, qué constituye que un

juez adjudique con pasión, prejuicio o parcialidad, o que su determinación

sea un error manifiesto. Allí se concluyó que un juzgador incurre en pasión,

prejuicio o parcialidad si actúa “movido por inclinaciones personales de tal

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a

las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna”.

Íd., pág. 782.

       Por otro lado, se consideran claramente erróneas las conclusiones

del foro revisado si de un análisis de la totalidad de la evidencia, el foro

apelativo queda convencido de que “se cometió un error, [...] [porque] las

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, justiciero y

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”. Íd., pág. 772. En otras

palabras, incurre en un error manifiesto cuando “la apreciación de esa

prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o

increíble”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018).

       Por lo tanto, la facultad de los tribunales apelativos para sustituir el

criterio de los tribunales de instancia se reduce a aquellas circunstancias

en las que, a la luz de la prueba admitida, “no exista base suficiente que

apoye su determinación”. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR

783, 794 (2020). Como es conocido, las diferencias de criterio jurídico no

cumplen con el referido estándar de revisión. Íd.

       En lo referente a las apelaciones dirigidas a cuestionar la

apreciación de la prueba efectuada por el foro primario, la Regla 19 del

Reglamento de este Tribunal, en lo pertinente, establece lo siguiente:

       (A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error
       relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la
       apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado,
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       someterá una transcripción, una exposición estipulada o una
       exposición narrativa de la prueba.

       (B) La parte apelante deberá acreditar, dentro del término de
       diez días siguientes a la presentación de la apelación, que el
       método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el
       que propicia la más rápida dilucidación del caso, pudiendo el
       tribunal determinar el método que alcance esos propósitos. 4
       LPRA Ap. XXII-B, R. 19.

       Relativo a lo anterior, la Regla 76 de dicho cuerpo reglamentario

establece que la parte que cuestiona la apreciación de la prueba oral

notificará al Tribunal de Apelaciones, no más tarde de diez (10) días desde

que se presentó el escrito de apelación, que se propone transcribir la

prueba oral, con expresión de las razones por las que considera que la

transcripción es indispensable y propicia mayor celeridad en el proceso. 32

LPRA Ap. XXII-B, R 76. Autorizada la transcripción, el proponente podrá

solicitar al tribunal de instancia la regrabación de los procedimientos. Íd.

                                     III.

       En el caso ante nos, el Apelante trae ante nuestra consideración dos

(2) planteamientos de error que cuestionan la apreciación de la prueba

realizada por el TPI, así como las determinaciones de hechos a la cuales

arribó el foro primario en la Sentencia apelada.

       Según discutido anteriormente, el Apelante nos solicita que

revisemos las determinaciones de hecho realizadas por el TPI, ya que

según alega, éstas no sustentan la conclusión de que el despido fue uno

justificado y, por tanto, sostiene que el foro a quo incurrió en un abuso de

discreción al aquilatar la prueba desfilada. Ante la naturaleza de los

planteamientos ante nuestra consideración, ordenamos al señor Muñoz

Vázquez a que solicitara la regrabación de los procedimientos celebrados

ante el TPI y procediera a presentar la transcripción de la prueba oral del

juicio, debidamente estipulada. Sin embargo, el Apelante prescindió de así

hacerlo. Como consecuencia de esto, este Tribunal no se encuentra en

posición de evaluar los planteamientos esgrimidos por el señor Muñoz

Vázquez sobre la manera en que el foro primario aquilató y apreció la

prueba presentada durante la vista en su fondo. Nos explicamos.

       Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, ante la

ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece
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la intervención de los tribunales apelativos para revisar la apreciación de la

prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos

formuladas por el foro de instancia. Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico

Operations, Co., supra. Asimismo, es sabido que, en nuestra jurisdicción,

las partes que recurren ante este Tribunal tienen la ineludible

responsabilidad de cumplir rigurosamente con las pautas reglamentarias

aplicables que regulan el proceso de perfeccionamiento de los recursos

que se presentan ante nuestra consideración. Hernández Maldonado v.

Taco Maker, supra. Nuestro Reglamento establece que la parte apelante

está en la obligación de presentar una transcripción de la prueba, una

exposición estipulada de la misma o una exposición narrativa de la

evidencia oral presentada ante el foro de instancia cuando esgrime

planteamientos de error cuestionando la apreciación errónea de la

evidencia y las determinaciones de hechos del tribunal de instancia.1

       Según se desprende del expediente, tenemos ante nuestra

consideración planteamientos relativos a la apreciación de la prueba y

tendentes a sugerir que las determinaciones de hechos no están

sostenidas por la evidencia desfilada. No obstante, el expediente no cuenta

con una transcripción de la prueba oral que nos permita evaluar la validez

de los planteamientos traídos ante nuestra consideración, toda vez que el

Apelante renunció a así hacerlo. Por lo tanto, en ausencia de ello, éste

Tribunal está obligado a abstenerse de revisar las determinaciones de

hechos y la apreciación que le dio el foro primario en su ejercicio de

aquilatar la prueba que tuvo ante su consideración.

       En fin, a pesar de que sus argumentos ante nos están centrados en

que el TPI cometió error al apreciar la evidencia desfilada y que sus

conclusiones de derecho no se ajustan a la prueba admitida durante el

juicio, el Apelante entendió que este Tribunal bien podría evaluar los

méritos del recurso sin el beneficio de la reproducción de la prueba oral.

Sostenemos, en cambio, que dicha herramienta era indispensable para

ejercer nuestra función revisora. La ausencia de la transcripción prueba oral

1 Véanse, Reglas 19 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, RR. 19 y 76.
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que justifique nuestra intervención no permite que el Tribunal de

Apelaciones tenga los elementos para descartar la apreciación razonada y

fundamentada del foro de instancia. Hernández Maldonado v. Taco Maker,

supra, pág. 289.

       En otras palabras, estamos ante un panorama en el que contamos

con simples alegaciones que no derrotan la presunción de corrección que

cobija las determinaciones de hechos y conclusiones basadas en la prueba

oral, ni la adjudicación de credibilidad que efectuó el foro primario. Por lo

tanto, huérfano el expediente apelativo de evidencia específica tendente a

establecer que el TPI actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, no estamos en condiciones de variar el dictamen apelado. A la

luz de ello, este foro apelativo no se encuentra en posición de atender los

reclamos que allí se le plantean, por lo que resulta forzoso confirmar el

dictamen apelado.

                                     IV.

       Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, confirmamos la Sentencia apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones