Court Opinion

ID: 9408069
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:13:48.017858+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.508419
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL IV

       EDWIN RODRÍGUEZ                                 Certiorari
        NIEVES Y OTROS                                 procedente del
                                                       Tribunal de Primera
             Recurridos                                Instancia, Sala
                                                       Superior de San
                                                       Juan
                   v.                  KLCE202300418
                                                       Caso Núm.

       DR. ANÍBAL TORNES                               SJ2020CV05833
        ACOSTA Y OTROS                                 Salón 806

            Peticionarios                              Por:

                                                       Daños y Perjuicios
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Juez Ponente, Rivera Pérez

                                    SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

         Comparece la Universidad de Puerto Rico (en adelante, UPR)

y nos solicita la revisión de la Resolución emitida y notificada el 13

de febrero de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (en adelante, TPI).1 Mediante dicho dictamen,

el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación y/o Sentencia

Sumaria presentada el 24 de enero de 2023 por la UPR.

         Por los fundamentos que expondremos, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.

                                            I

          El 28 de octubre de 2020, el Sr. Edwin Rodríguez Nieves y el

Sr. Edwin O. Rodríguez Santiago (en adelante, parte recurrida)

presentaron Demanda de daños y perjuicios contra el Dr. Aníbal

Tornes Acosta, Fulana de Tal y la Sociedad de Bienes Gananciales

compuesta entre ambos; el Dr. José Santiago Figueroa, Mengana de

Tal y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta entre ambos; el

1   Anejo IV del Certiorari, págs. 22-23.

Número Identificador

SEN2023 _________
KLCE202300418                                                                 2

Centro Médico de Puerto Rico, Inc.; las aseguradoras A, B, C y D;

los doctores E & F; y las corporaciones G y H.2 En síntesis, la parte

recurrida solicitó una indemnización por los daños y perjuicios

sufridos por la alegada falta de pericia de las partes demandadas al

brindarle tratamiento médico al Sr. Edwin Rodríguez Nieves en el

Centro Médico de Puerto Rico, luego de que este sufriera un

2Anejo V del Certiorari, págs. 24-31. En específico, en la demanda se incluyeron
como demandados a las partes siguientes:
      “3. LA PARTE DEMANDADA, DR. ANIBAL TORNES ACOSTA ("Dr.
      Tornes"), es mayor de edad, casado, doctor en Medicina y residente
      de Puerto Rico. Para la fecha de los hechos era empleado,
      contratista independiente o tenía privilegios en CENTRO MÉDICO
      DE PUERTO RICO, INC., en donde le brindó servicios al Sr.
      Rodríguez. Su dirección conocida es: Bo Monacillos Carr. 22, Paseo
      Dr. Jos[é] Celso Barbosa, San Juan, PR 00935, y su número de
      teléfono es: (787) 777-3708.

       4. El Dr. Tornes está casado con Fulana de Tal con quien tiene
       constituida una Sociedad Legal de Gananciales, quienes
       responden solidariamente por los daños que se reclaman en la
       presente demanda.

       5. LA PARTE DEMANDADA, DR. JOSÉ SANTIAGO FIGUEROA
       ("Dr. Santiago"), es mayor de edad, casado, doctor en Medicina y
       residente de Puerto Rico. Para la fecha de los hechos era empleado,
       contratista independiente o tenía privilegios en CENTRO MÉDICO
       DE PUERTO RICO, INC., en donde le brindó servicios al Sr.
       Rodríguez. Su dirección conocida es: Cond Plaza De Diego 310,
       Ave. De Diego Suite 301 San Juan, PR 00909, y su número de
       teléfono es: (787) 721-5505.

       6. El Dr. Santiago está casado con Mengana de Tal con quien tiene
       constituida una Sociedad Legal de Gananciales, quienes
       responden solidariamente por los daños que se reclaman en la
       presente demanda.

       7. LA PARTE DEMANDADA, CENTRO MÉDICO DE PUERTO
       RICO, INC. ("Hospital"), es una entidad corporativa debidamente
       inscrita bajo las leyes de Estado Libre Asociado que proveyó el
       personal médico que le brindó tratamiento negligente al Sr.
       Rodríguez, por lo cual responde vicariamente y solidariamente por
       los daños que se reclaman en la presente demanda. Su dirección
       es: Centro Médico de PR y el Caribe, R[í]o Piedras 00921 San Juan,
       Puerto Rico y su número de teléfono es: (787) 777-3535.

       8. LA PARTE DEMANDADA, las aseguradoras A, B, C, y D, son
       compañías aseguradoras desconocidas las cuales emitieron pólizas
       a favor de cualquiera de los codemandados que cubren los hechos
       que más adelante se relatan. Las aseguradoras A, B, C, y D
       responden solidariamente por los daños que se reclaman en la
       presente demanda.

       9. LA PARTE DEMANDADA, los doctores desconocidos E y F, son
       médicos que proveyeron tratamiento negligente al Sr. Rodríguez,
       de los cuales al presente se desconoce su nombre.

       10. LA PARTE DEMANDADA, las corporaciones G y H, son
       entidades o corporaciones organizadas bajo las leyes del Estado
       Libre Asociado de Puerto Rico, las cuales administraban la sala de
       emergencia, el Hospital o el consultorio médico donde el paciente
       fue tratado, por lo cual responden vicaria y solidariamente por los
       daños que se reclaman en la presente demanda.” Íd., págs. 25-26.
KLCE202300418                                                                   3

accidente en el que hirió una de sus manos mientras operaba una

sierra eléctrica en su hogar.

       El 25 de febrero de 2021, la parte recurrida presentó Primera

Demanda Enmendada con el fin de incluir como parte demandada a

la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (en adelante,

ASEM).3 Luego de varios trámites procesales,4 el 8 de agosto de

3Anejo VI del Certiorari, págs. 32-38. En cuanto a las partes demandadas, en la
Primera Demanda Enmendada se alegó lo siguiente:
       “LA PARTE DEMANDADA, DR. ANIBAL TORNES ACOSTA ("Dr.
       Tornes”), es mayor de edad, casado, doctor en Medicina y residente
       de Puerto Rico. Para la fecha de los hechos era empleado,
       contratista independiente o tenía privilegios en CENTRO MÉDICO
       DE PUERTO RICO, INC., en donde le brindó servicios al Sr.
       Rodríguez. Su dirección conocida es: Bo Monacillos Carr. 22, Paseo
       Dr. Jos[é] Celso Barbosa, San Juan, PR 00935, y su número de
       teléfono es: (787) 777-3708.

       4. El Dr. Tornes está casado con Fulana de Tal con quien tiene
       constituida una Sociedad Legal de Gananciales, quienes
       responden solidariamente por los daños que se reclaman en la
       presente demanda.

       5. LA PARTE DEMANDADA, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
       MÉDICOS DE PUERTO RICO ("Hospital"), es una entidad
       corporativa debidamente inscrita bajo las leyes de Estado Libre
       Asociado que proveyó el personal médico que le brindó tratamiento
       negligente al Sr. Rodríguez, por lo cual responde vicariamente y
       solidariamente por los daños que se reclaman en la presente
       demanda. Su dirección es: Centro Médico de PR y el Caribe, R[í]o
       Piedras 00921 San Juan, Puerto Rico y su número de teléfono es:
       (787) 777-3535.

       6. LA PARTE DEMANDADA, las aseguradoras A, B, C, y D, son
       compañías aseguradoras desconocidas las cuales emitieron pólizas
       a favor de cualquiera de los codemandados que cubren los hechos
       que más adelante se relatan. Las aseguradoras A, B, C, y D
       responden solidariamente por los daños que se reclaman en la
       presente demanda.

       7. LA PARTE DEMANDADA, los doctores desconocidos E y F, son
       médicos que proveyeron tratamiento negligente al Sr. Rodríguez,
       de los cuales al presente se desconoce su nombre.

       8. LA PARTE DEMANDADA, las corporaciones G y H, son
       entidades o corporaciones organizadas bajo las leyes del Estado
       Libre Asociado de Puerto Rico, las cuales administraban la sala de
       emergencia, el Hospital o el consultorio médico donde el paciente
       fue tratado, por lo cual responden vicaria y solidariamente por los
       daños que se reclaman en la presente demanda.” Íd., págs. 32-33.
4 Entre estos, el 19 de marzo de 2021, el Dr. Aníbal Tornés Acosta, su esposa

Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos
presentaron Comparecencia Especial Solicitando Prórroga para Hacer Alegación
Responsiva sin Someterse a la Jurisdicción de este Honorable Tribunal &
Asumiendo Representación Legal. Véase, Anejo XI del Certiorari, a las págs. 75-76.
En lo pertinente, en esta moción se indicó lo siguiente:
       “[…]

       3. Para la fecha de los alegados hechos de esta demanda, el Dr.
       Tornés era un médico contratista de la Administración de Servicios
       Médicos de Puerto Rico (ASEM), desempeñándose en la Sala de
       Emergencia de ASEM. Al Dr. Tornés le cobija la inmunidad que la
       Ley Habilitadora de la ASEM, Ley Número 66 del 22 de junio de
       1978, según enmendada, conocida como la Ley de la
       Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, le otorga a sus
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2022, la parte recurrida presentó Segunda Demanda Enmendada

con el fin de incluir como parte demandada a la UPR.5

       médicos y profesionales de la salud contra demandas de impericia
       médica, cuando actúan de buena fé y dentro del marco de las
       funciones de su cargo.

       4. Por otra parte, el Dr. José Santiago Figueroa era facultativo
       de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas,
       entidad independiente a la ASEM. Es decir, la ASEM no es el
       patrono de este galeno ni éste es contratista de la ASEM.

       […].” (énfasis suplido).

Además, el 3 de mayo de 2021, ASEM presentó Contestación a Primera Demanda
Enmendada. Véase, Anejo XI del Certiorari, a las págs. 77-85. En lo pertinente, en
su contestación ASEM indicó lo siguiente:

       “[…]

       La ASEM no es el patrono de los médicos residentes de Ortopedia
       ni de los facultativos médicos o “attendings” que le supervisan y;
       que prestan servicios en la Sala de Emergencia de la ASEM. Tanto
       el residente como el “attending” están vinculados al Recinto de
       Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. La ASEM no
       responde por las omisiones o acciones negligentes, cometidas si
       alguna, de los médicos o personal de la salud que no sea
       contratista o empleado de la ASEM.

       […]

       El paciente acudió a su primera cita en la Clínica de Ortopedia el
       8 de noviembre de 2019 donde el ortopeda y especialista en cirugía
       de mano, Dr. José Santiago Figueroa lo evaluó. A esa fecha, el Dr.
       Santiago Figueroa era un facultativo médico de la Universidad de
       Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. El paciente nunca
       regresó a la Sala de Emergencia de ASEM.

       […]

       Con relación a las visitas del Sr. Rodríguez Nieves a la Clínica de
       Ortopedia, surge de nuestros registros que éste asistió en tres
       ocasiones ausentándose en otras tres. Las fechas en las que visitó
       la Clínica de Ortopedia y fue atendido por los residentes del
       Servicio de Ortopedia y por el Dr. José Santiago Figueroa,
       “attending” de dicho servicio fueron 8 de noviembre de 2019, 15 de
       noviembre de 2019 y 21 de febrero de 2020. La ASEM no es el
       patrono de los médicos residentes de Ortopedia ni de los
       facultativos médicos o “attendings” que le supervisan y; que
       prestan servicios en la Clínica de Ortopedia. Tanto el residente
       como el “attending” están vinculados al Recinto de Ciencias
       Médicas de la Universidad de Puerto Rico. La determinación de
       operar o no a un paciente está sujeta al criterio médico.

       […].”

5Anejo VII del Certiorari, a las págs. 39-52. En cuanto a las partes demandadas,
en la Segunda Demanda Enmendada se alegó lo siguiente:
       “3. LA PARTE DEMANDADA, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO,
       RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS (en adelante, “Recinto de
       Ciencias Médicas”), es una entidad corporativa debidamente
       formada bajo las leyes de Estado Libre Asociado que proveyó el
       personal médico que le brindó o debió haber brindado tratamiento
       al Sr. Rodríguez, por lo cual responde vicariamente y
       solidariamente por los daños que se reclaman en la presente
       demanda. Su dirección es: Centro Médico de Puerto Rico y del
       Caribe, R[í]o Piedras 00921 San Juan, Puerto Rico y su número de
       teléfono es: (787) 777-3535.
KLCE202300418                                                                5

       El 4 de octubre de 2022, la UPR presentó su Contestación a

Segunda Demanda Enmendada,6 en la cual, en síntesis, negó la

mayoría de las alegaciones de la demanda y levantó varias defensas

afirmativas, entre estas, las siguientes:

       1. La segunda demanda enmendada está prescrita en cuanto
       al codemandado Universidad de Puerto Rico, porque desde el
       21 de marzo de 2021 la parte demandante conocía que los
       médicos especialistas que atendieron al señor demandante
       eran facultad médica de la UPR y no fue hasta el 8 de agosto
       de 2022 que trae al pleito a la UPR. Surge del expediente legal
       digital que:

       a. El 19 de marzo de 2021 [Docket 19] ASEM informó que el
       Dr. Santiago era facultativo de la UPR.

       b. En la contestación a demanda de ASEM de 3 de mayo de
       2021 se informó que los residentes como los “attending” eran
       del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto
       Rico. No obstante, la demanda para traer al pleito a la UPR
       se radicó el 8 de agosto de 2022. Por tanto, levantamos la
       defensa de prescripción, reservándonos el derecho de
       presentar Moción Dispositiva.

       […]

       5. La Universidad de Puerto Rico no es el patrono del
       personal de enfermería y personal paramédico de la Sala de
       Emergencia del Centro Médico (ASEM), ni de las Clínicas de
       Ortopedia de ASEM. Por tanto, no responde por las
       actuaciones de este personal.

       4. LA PARTE DEMANDADA, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
       MÉDICOS DE PUERTO RICO, es una entidad corporativa
       debidamente inscrita bajo las leyes de Estado Libre Asociado que
       proveyó el personal médico que le brindó tratamiento negligente al
       Sr. Rodríguez, por lo cual responde vicariamente y solidariamente
       por los daños que se reclaman en la presente demanda. Su
       dirección es: Centro Médico de PR y del Caribe, R[í]o Piedras 00921
       San Juan, Puerto Rico y su número de teléfono es: (787) 777-3535.

       5. LA PARTE DEMANDADA, las aseguradoras A, B, C, y D, son
       compañías aseguradoras desconocidas las cuales emitieron pólizas
       a favor de cualquiera de los codemandados que cubren los hechos
       que más adelante se relatan. Las aseguradoras A, B, C, y D
       responden solidariamente por los daños que se reclaman en la
       presente demanda.

       6. LA PARTE DEMANDADA, los doctores desconocidos E y F, son
       médicos que proveyeron tratamiento negligente al Sr. Rodríguez,
       de los cuales al presente se desconoce su nombre.

       7. LA PARTE DEMANDADA, las corporaciones G y H, son
       entidades o corporaciones organizadas bajo las leyes del Estado
       Libre Asociado de Puerto Rico, las cuales administraban la sala de
       emergencia, el Recinto de Ciencias Médicas o el consultorio médico
       donde el paciente fue tratado, por lo cual responden vicaria y
       solidariamente por los daños que se reclaman en la presente
       demanda.”

6Anejo IX del Certiorari, a las págs. 55-60. La UPR fue emplazada para el 10 de
agosto de 2022. Véase, Anejo VIII del Certiorari, a las págs. 53-54.
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       6. La Universidad de Puerto Rico responde por los
       facultativos médicos que sean y pertenezcan a la Facultad de
       la Universidad de Puerto Rico.

       […].”

       Así las cosas, el 24 de enero de 2023, la UPR radicó Moción de

Desestimación y/o Sentencia Sumaria.7 En síntesis, la UPR alegó que

fue incluida en el pleito transcurrido el término prescriptivo de un

(1) año establecido en el Artículo 1868 del Código Civil, Edición de

1930, 31 LPRA sec. 5298 (Derogado), para presentar una acción bajo

el Artículo 1802 del Código Civil, Edición de 1930, 31 LPRA sec.

5141 (Derogado). Argumentó que, conforme a la teoría cognoscitiva

del daño, este término prescriptivo comenzó a transcurrir el 19 de

marzo de 2021, fecha en que la parte recurrida advino en

conocimiento de que el Dr. José Santiago Figueroa era uno de sus

facultativos     mediante       la   Comparecencia   Especial   Solicitando

Prórroga para Hacer Alegación Responsiva sin Someterse a la

Jurisdicción de este Honorable Tribunal & Asumiendo Representación

Legal presentada por el Dr. Aníbal Tornés Acosta, et als.8 Añadió

que esta información surgía, además, de la Contestación a Primera

Demanda Enmendada presentada por ASEM el 3 de mayo de 2021.9

       El 13 de febrero de 2023, la parte recurrida presentó Moción

en Oposición a Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria.10 En

síntesis, la parte recurrida alegó que la presentación de la demanda

original tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo en

cuanto a la UPR, por lo que la reclamación no estaba prescrita. Alegó

que en dicha demanda se designó a la UPR con un nombre ficticio

porque se ignoraba el verdadero y se expuso una reclamación

específica contra esta parte; y que, al descubrirse el verdadero

7 Anejo III del Certiorari, a las págs. 13-21.
8 Véase, nota al calce Núm. 4.
9 Íd.
10 Anejo X del Certiorari, a las págs. 61-74.
KLCE202300418                                                           7

nombre, se hizo la correspondiente enmienda a la demanda con la

autorización del TPI.

          Ese mismo día, el TPI emitió y notificó la Resolución recurrida,

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación

y/o Sentencia Sumaria presentada por la UPR el 24 de enero de

2023.11 El 28 de febrero de 2023, la UPR presentó Moción de

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante

Resolución emitida el 15 de marzo de 2023 y notificada el 16 de

marzo de 2023.12

          Inconforme con dicha determinación, la UPR acudió ante nos

el 17 de abril de 2023 mediante el presente recurso de Certiorari, en

el cual señala el error siguiente:

          Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha
          Lugar la Moción de Desestimación y/o Sentencia
          Sumaria por prescripción.

          En esa misma fecha, la UPR presentó Moción en Auxilio de

Jurisdicción, el cual fue declarado No Ha Lugar por este Tribunal

mediante Resolución emitida y notificada el 18 de abril de 2023. En

este dictamen, se le concedió un término de quince (15) días a la

parte recurrida para presentar su alegato en oposición al recurso de

Certiorari presentado por la UPR.

          El 2 de mayo de 2023, la parte recurrida presentó Memorando

en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.

          Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procederemos a resolver.

                                             II

                                            A.

          El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

11   Anejo IV del Certiorari, a las págs. 22-23.
12   Anejos I y II del Certiorari, a las págs. 1-2 y 3-12.
KLCE202300418                                                      8

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

Corp. v. Am. Int'l Ins. Co., 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz

de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324,

334 (2005). En el ámbito judicial, el concepto discreción “no

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra, pág. 338. La discreción, “es una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera.” Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46,

211 DPR ___ (2023); 800 Ponce de León Corp. v. Am. Int'l Ins. Co.,

supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 337. Dicha Regla dispone

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones:

      “cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
      Reglas 56 y 57 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
      R. 56 y 57,] o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
      supra.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia:

      “cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad
      de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos
      relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra situación en
      la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia.” Íd.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos
KLCE202300418                                                       9

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su

decisión.” Íd.

      Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                  B.

      La prescripción extintiva constituye una institución propia del

derecho civil en materia sustantiva, la cual está intrínsecamente

atada al ejercicio del derecho que se pretende vindicar. Campos v.

Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Olmo v. Young & Rubicam

of P.R., Inc., 110 DPR 740, 742 (1981). Es una forma de extinción de

un derecho, por la inercia de una parte en ejercer el mismo dentro

del término prescrito por ley. Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR

182 (2016); Fraguada Bonilla v. Hospital del Auxilio Mutuo, 186 DPR

365 (2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831
KLCE202300418                                                                  10

(2011). Esta figura tiene como objetivo impedir la incertidumbre de

las relaciones jurídicas y sancionar la inacción del ejercicio de los

derechos. Orraca López v. ELA, 192 DPR 31, 49 (2014); COSSEC et

al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010); Santos de García v.

Banco Popular, 172 DPR 759 (2007).

       Cónsono con lo anterior, el Artículo 1868 del Código Civil, 31

LPRA sec. 5298, dispone que las acciones de daños y perjuicios por

culpa o negligencia a las que se refiere el Artículo 1802, 31 LPRA

sec. 5141, tienen un término de prescripción de un (1) año.13 Col.

Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635, 644 (2016); Toro

Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015); Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, supra. El punto de partida de dicho término es la fecha

en que el agraviado conoció o debió haber conocido que sufrió un

daño, quién lo ocasionó, así como los elementos necesarios para

poder ejercitar su causa de acción. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 196

DPR 40 (2016); Toro Rivera v. ELA, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, supra. En nuestro ordenamiento jurídico esta doctrina

se conoce como la teoría cognoscitiva del daño. COSSEC et al. v.

González López et al., supra; García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174

DPR 138 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).

       Una vez iniciado el término prescriptivo, corresponde a la

parte agraviada expresar su voluntad de conservar su derecho a ser

indemnizado. Nuestro ordenamiento reconoce tres maneras de

manifestar la voluntad de conservar un derecho y que interrumpen

efectivamente la prescripción extintiva, a saber: (1) el ejercicio de un

derecho ante un foro judicial; (2) la reclamación extrajudicial de

parte del titular de un derecho dirigida al deudor, y (3) el

reconocimiento de una deuda por parte del deudor. Artículo 1873

13 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por
la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto
Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la
presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por
lo cual esta es la ley que aplica al caso.
KLCE202300418                                                      11

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5303. Una vez se

interrumpe oportunamente la prescripción, el término prescriptivo

comienza a transcurrir nuevamente. SLG García-Villega v. ELA, 190

DPR 799, 816 (2014).

      En materia de prescripción de la causa de acción bajo el

Artículo 1802 del Código Civil, supra, en Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, supra, se adoptó la figura de la solidaridad impropia (o

in solidum) cuando coincide más de un causante de un daño.

Conforme a esta figura, si el perjudicado interesa conservar su

causa de acción contra cada uno de los causantes del daño, deberá

interrumpir la prescripción en relación con cada uno por separado

y dentro del término prescriptivo de un (1) año establecido por el

Artículo 1868 del Código Civil, supra. Véase, además, Maldonado

Rivera v. Suárez y otros, supra.

                                   C.

      Las enmiendas a las alegaciones de una demanda están

reguladas por la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 13.1, la cual dispone lo siguiente:

      “Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en
      cualquier momento antes de habérsele notificado una
      alegación responsiva, o si su alegación es de las que no
      admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido
      señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla
      en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de
      haber notificado su alegación. En cualquier otro caso,
      las partes podrán enmendar su alegación únicamente
      con el permiso del tribunal o mediante el
      consentimiento por escrito de la parte contraria; y el
      permiso se concederá liberalmente cuando la justicia
      así lo requiera. La solicitud de autorización para
      enmendar las alegaciones deberá estar acompañada de
      la alegación enmendada en su totalidad. Una parte
      notificará su contestación a una alegación enmendada
      dentro del tiempo que le reste para contestar la
      alegación original o dentro de veinte (20) días de haberle
      sido notificada la alegación enmendada, cualquiera de
      estos plazos que sea más largo, a menos que el tribunal
      de otro modo lo ordene.”

      A pesar de que las Reglas de Procedimiento Civil favorecen un

enfoque liberal para autorizar enmiendas a las alegaciones, esta
KLCE202300418                                                        12

liberalidad no es infinita. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 730,

(2005). La decisión de permitir enmendar las alegaciones es

discrecional del tribunal. Se han establecido varios criterios para

demarcar el ejercicio adecuado de dicha discreción. Estos son: (a) el

momento en que se solicita la enmienda; (b) el impacto de la

solicitud en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa; (c) la

razón o ausencia de ella para la demora e inacción original del

promovente de la enmienda; (d) el perjuicio que la misma causaría

a la otra parte; y (e) la naturaleza y méritos intrínsecos de la defensa

que se plantea. Íd.

      Por otra parte, la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 13.3, expone la normativa aplicable para enmendar la

demanda con el fin de sustituir una parte. En lo pertinente, esta

Regla dispone lo siguiente:

      “Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la
      alegación enmendada surja de la conducta, del acto, de
      la omisión o del evento expuesto en la alegación
      original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la
      alegación original.

      Una enmienda para sustituir la parte contra la cual se
      reclama se retrotraerá a la fecha de la alegación original
      si, además de cumplirse con el requisito anterior y
      dentro del término prescriptivo, la parte que se trae
      mediante enmienda:

      (1) Tuvo conocimiento de la causa de acción pendiente,
      de tal suerte que no resulta impedida de defenderse en
      los méritos, y

      (2) de no haber sido por un error en cuanto a la
      identidad del(de la) verdadero(a) responsable, la acción
      se hubiera instituido originalmente en su contra.

      Una enmienda para incluir a una parte demandante se
      retrotraerá a la fecha de la alegación original si ésta
      contiene una reclamación que surja de la misma
      conducta, acto, omisión, o evento que la acción original
      y que la parte demandada haya tenido conocimiento,
      dentro del término prescriptivo, de la existencia de la
      causa de acción de los reclamantes que se quieren
      acumular como demandantes y de su participación en
      la acción original.”
      El Tribunal Supremo ha resuelto que “si con la enmienda se

intenta añadir un nuevo demandante o demandado, el momento que
KLCE202300418                                                     13

determina el término prescriptivo es cuándo se incluye el nuevo

demandante o demandado por primera vez en la demanda”. Ortiz

Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 837-38 (1992). Esto

“con excepción de lo dispuesto por las Reglas 15.1, 15.4 y 13.3 de

Procedimiento Civil y la situación en que exist[a] solidaridad entre

el demandante o demandado ya incluido en la demanda original y el

nuevo”. Arce Bucetta v. Motorola, 173 DPR 516, 538-39 (2008).

      Finalmente, la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, 15.4, que establece el mecanismo procesal disponible para incluir

en un pleito a una parte demandada de nombre desconocido,

dispone lo siguiente:

      “Cuando una parte demandante ignore el verdadero
      nombre de una parte demandada, deberá hacer constar
      este hecho en la demanda exponiendo la reclamación
      específica que alega tener contra dicha parte
      demandada. En tal caso, la parte demandante podrá
      designar con un nombre ficticio a dicha parte
      demandada en cualquier alegación o procedimiento, y
      al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda
      prontitud la enmienda correspondiente en la alegación
      o procedimiento.”

      Lo establecido en esta Regla es una excepción a la regla

general que exige que en la demanda se designe al demandado por

su nombre correcto y se le notifique adecuadamente para garantizar

su derecho a un debido proceso de ley. La excepción, en esencia,

busca suplir las deficiencias de los términos prescriptivos en los

momentos en que, a pesar de la debida diligencia y de conocer la

identidad del demandado, se desconoce su nombre correcto. Núñez

González v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 139 (1988).

      En cuanto al alcance de la regla, el Tribunal Supremo ha

expresado que esta disposición es aplicable a la situación en que un

demandante conoce la identidad de un demandado, pero ignora su

verdadero nombre. Padín v. Cia. Fom. Ind., 150 DPR 403, 417 (2000);

José Moa v. E.L.A., 100 DPR 573 (1972); Ortiz v. Gobierno Municipal

de Ponce, 94 DPR 472 (1967). Al respecto, dicho foro ha señalado
KLCE202300418                                                         14

que la “ignorancia del verdadero nombre del demandado debe ser

real y legítima, y no falsa o espuria”. Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73

DPR 959, 986-987 (1952). Véase, además, Menéndez Lebrón v.

Rodríguez Casiano, 203 DPR 885 (2020) (sentencia).

                                   III

      En su recurso de Certiorari, la UPR señala que erró el TPI “al

declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación y/o Sentencia

Sumaria por prescripción.” En síntesis, alega que la UPR fue

incluida en el pleito transcurrido el término prescriptivo de un (1)

año establecido en el Artículo 1868 del Código Civil, supra, para

presentar una acción bajo el Artículo 1802 del Código Civil, supra,

el cual comenzó a transcurrir el 19 de marzo de 2021, fecha en que

la parte recurrida tuvo conocimiento de que el Dr. José Santiago

Figueroa trabajaba para dicha entidad. En su alegato en oposición,

la parte recurrida sostiene, en síntesis, que la demanda original tuvo

el efecto de interrumpir el término prescriptivo con relación a la

UPR, por lo que la causa de acción contra dicha parte no está

prescrita.

      De un examen del expediente del presente caso surge que la

parte recurrida presentó el 28 de octubre de 2020 una demanda

solicitando una indemnización por los daños y perjuicios sufridos

por la alegada falta de pericia de las partes demandadas al brindarle

tratamiento médico al Sr. Edwin Rodríguez Nieves en el Centro

Médico de Puerto Rico entre el 29 de octubre de 2019 y el 21 de

febrero de 2020. La demanda original se presentó en contra del Dr.

Aníbal Tornés Acosta, Fulana de Tal y la Sociedad de Bienes

Gananciales compuesta entre ambos; el Dr. José Santiago Figueroa,

Mengana de Tal y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta

entre ambos; y el Centro Médico de Puerto Rico, Inc. En cuanto a

este último, alegó lo siguiente:
KLCE202300418                                                     15

      “7. LA PARTE DEMANDADA, CENTRO MÉDICO DE
      PUERTO RICO, INC. ("Hospital"), es una entidad
      corporativa debidamente inscrita bajo las leyes de
      Estado Libre Asociado que proveyó el personal
      médico que le brindó tratamiento negligente al Sr.
      Rodríguez, por lo cual responde vicariamente y
      solidariamente por los daños que se reclaman en la
      presente demanda. Su dirección es: Centro Médico de
      PR y el Caribe, R[í]o Piedras 00921 San Juan, Puerto
      Rico y su número de teléfono es: (787) 777-3535.”
      (Énfasis suplido.) Anejo V del Certiorari, págs. 25-26.

      Al momento de presentar esta demanda, la parte recurrida no

conocía todos los detalles relacionados a los hechos, por lo que

demandó también a varias aseguradoras, doctores y corporaciones

de nombres desconocidos. En cuanto a estas partes, alegó lo

siguiente:

      “8. LA PARTE DEMANDADA, las aseguradoras A, B, C,
      y D, son compañías aseguradoras desconocidas las
      cuales emitieron pólizas a favor de cualquiera de los
      codemandados que cubren los hechos que más
      adelante se relatan. Las aseguradoras A, B, C, y D
      responden solidariamente por los daños que se
      reclaman en la presente demanda.

      9. LA PARTE DEMANDADA, los doctores desconocidos
      E y F, son médicos que proveyeron tratamiento
      negligente al Sr. Rodríguez, de los cuales al presente se
      desconoce su nombre.

      10. LA PARTE DEMANDADA, las corporaciones G y H,
      son entidades o corporaciones organizadas bajo las
      leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las
      cuales administraban la sala de emergencia, el
      Hospital o el consultorio médico donde el paciente
      fue tratado, por lo cual responden vicaria y
      solidariamente por los daños que se reclaman en la
      presente demanda.” Íd. (Énfasis suplido.)

      El 25 de febrero de 2021, la parte recurrida presentó Primera

Demanda Enmendada con el fin de corregir un error en cuanto a la

identidad de una de las partes demandadas. Específicamente, se

sustituyó al Centro Médico de Puerto Rico, Inc. por ASEM. En

cuanto a esta parte, continuó alegando lo siguiente:

      “LA PARTE DEMANDADA, ADMINISTRACIÓN DE
      SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO ("Hospital"),
      es una entidad corporativa debidamente inscrita bajo
      las leyes de Estado Libre Asociado que proveyó el
      personal médico que le brindó tratamiento
      negligente al Sr. Rodríguez, por lo cual responde
      vicariamente y solidariamente por los daños que se
KLCE202300418                                                         16

         reclaman en la presente demanda. Su dirección es:
         Centro Médico de PR y el Caribe, R[í]o Piedras 00921
         San Juan, Puerto Rico y su número de teléfono es: (787)
         777-3535. (Énfasis suplido.) Anejo VI del Certiorari,
         págs. 32-33.

         En esta primera enmienda a la demanda, se reiteraron las

mismas alegaciones dirigidas a las aseguradoras, doctores y

corporaciones de nombres desconocidos que se hicieron en la

demanda original.14

         Durante el transcurso del proceso judicial, se presentaron dos

escritos, en los cuales, entre otras cosas, se les informó a las partes

y al TPI que el Dr. José Santiago Figueroa trabajaba para la UPR.

Estos son, la Comparecencia Especial Solicitando Prórroga para

Hacer Alegación Responsiva sin Someterse a la Jurisdicción de este

Honorable Tribunal & Asumiendo Representación Legal presentada

por el Dr. Aníbal Tornes Acosta, et als., el 19 de marzo de 2021; y la

Contestación a Primera Demanda Enmendada presentada por ASEM

el 3 de mayo de 2021.15

         Finalmente, el 11 de julio de 2022, la parte recurrida solicitó,

durante una vista, autorización para enmendar la demanda con el

fin de incluir a la UPR como parte demandada en el pleito. La

Segunda Demanda Enmendada se presentó el 8 de agosto de 2022.

En esta, se alegó lo siguiente en cuanto a la UPR:

         “3. LA PARTE DEMANDADA, UNIVERSIDAD DE
         PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS (en
         adelante, *Recinto de Ciencias Médicas”), es una
         entidad corporativa debidamente formada bajo las leyes
         de Estado Libre Asociado que proveyó el personal
         médico que le brindó o debió haber brindado
         tratamiento al Sr. Rodríguez, por lo cual responde
         vicariamente y solidariamente por los daños que se
         reclaman en la presente demanda. Su dirección es:
         Centro Médico de Puerto Rico y del Caribe, Rio Piedras
         00921 San Juan, Puerto Rico y su número de teléfono
         es: (787) 777-3535. (énfasis suplido) Anejo VII del
         Certiorari, a las págs. 39-52.

14   Véase, nota al calce Núm. 3.
15   Véase, nota al calce Núm. 4.
KLCE202300418                                                          17

         Cabe resaltar que, en esta segunda enmienda a la demanda,

se reiteraron también las mismas alegaciones dirigidas a las

aseguradoras, doctores y corporaciones de nombres desconocidos

que se hicieron en la demanda original y en la primera enmienda a

la demanda.16

         A tenor con la teoría cognoscitiva del daño, el término

prescriptivo de un (1) año establecido en el Artículo 1868 del Código

Civil, supra, para presentar una acción de daños y perjuicios al palio

del Artículo 1802 del Código Civil, supra, comienza a transcurrir una

vez el perjudicado conoció -o debió conocer- que sufrió un daño,

quién se lo causó, así como los elementos necesarios para ejercitar

efectivamente su causa de acción. Maldonado Rivera, supra;

COSSEC et al. v. González López et al., supra. En los casos en que

coincida más de un causante de un daño, se deberá interrumpir

dicho término prescriptivo con relación a cada uno por separado.

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.

         Luego de un análisis de las alegaciones hechas en la demanda

original y la segunda demanda enmendada, descartamos la

aplicación de las Reglas 13.3 y 15.4 de las Reglas de Procedimiento

Civil, supra, al presente caso. La reclamación que se alega tener en

la segunda demanda enmendada contra la UPR como “entidad

corporativa […] que proveyó el personal médico que le brindó o debió

haber brindado tratamiento al Sr. Rodríguez” no se expuso en la

demanda original. De las alegaciones ahí expuestas, no podemos

colegir que la UPR era una parte cuya identidad se conocía.

         A nuestro juicio, la parte recurrida intentó incluir a una parte

nueva a destiempo. Sin embargo, como expusimos, durante el

proceso judicial, la parte recurrida tuvo conocimiento desde el 13 de

marzo de 2021 de que el Dr. José Santiago Figueroa no trabajaba

16   Véase, nota al calce Núm. 5.
KLCE202300418                                                      18

para la ASEM, sino para la UPR. No obstante, la UPR fue traída al

pleito mediante la segunda demanda enmendada presentada el 8 de

agosto de 2022 a más de un (1) año, no sólo de los hechos que dieron

lugar a la causa de acción, sino también desde que se presentó la

demanda original y desde que se tuvo conocimiento de que era la

entidad que proveyó el doctor que le brindó tratamiento médico al

Sr. Rodríguez Nieves.

      La parte apelada una vez advino en conocimiento el 19 de

marzo y 3 de mayo de 2021 de que la UPR era la entidad que le

brindo los servicios médicos no podía cruzarse de brazos y tenía que

hacer la sustitución de parte conforme a derecho de forma oportuna.

      Su tardanza fue excesiva y denoto falta de la debida diligencia

para ejercitar su causa de acción. Por lo tanto, determinamos que la

reclamación en cuanto a la UPR fue realizada a destiempo y está

prescrita y, en consecuencia, procedemos a la desestimación de la

causa de acción en cuanto a esta parte.

                                 IV

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el

auto de certiorari, se revoca la Resolución recurrida, se desestima la

demanda en cuanto a la UPR y se ordena la continuación de los

procedimientos.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones