Court Opinion

ID: 9896780
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:18:21.946977+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:09.716836
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL X

HÉCTOR RUBÉN MÁRQUEZ                                Apelación
VILLANUEVA                                          procedente del
                                                    Tribunal de Primera
             Apelante                               Instancia, Sala
                                                    Superior de Carolina
                                 KLAN202300708
                v.
                                                    Civil Núm.:
                                                    CA2020CV01898
WANDA MARGARITA BURGOS                              (408)
RODRÍGUEZ Y OTROS

          Apelados                                  Sobre:
                                                    Acción Resolutoria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

       Comparece ante nos el señor Héctor Rubén Márquez

Villanueva (señor Márquez Villanueva o parte apelante) y solicita que

revoquemos la Sentencia emitida el 14 de julio de 2023, notificada

el 17 de julio de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina (TPI o foro primario). Mediante el referido

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda instada

por la parte apelante y, a su vez, le impuso un pago de honorarios

por temeridad por la suma de $10,000.00 con un interés legal de

8.00%, a computarse desde la fecha en que se dictó la sentencia y

hasta que sea satisfecha.

       Por    los     fundamentos    que     exponemos   a   continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                       I.

       Según surge del expediente ante nos, el 8 de septiembre de

2020, la parte apelante presentó una Demanda1 contra el señor

1 Véase apéndice del recurso, págs. 13-28.

Número Identificador
SEN2023__________
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Mario Peguero y la señora Wanda Margarita Burgos Rodríguez (en

conjunto, parte apelada). En esta, la parte apelante adujo que, el 21

de octubre de 2014, otorgó ante el notario Jaime Alberto Santos

Santiago la Escritura Número Ocho sobre Compraventa Asumiendo

Hipoteca (Escritura Número Ocho), mediante la cual vendió a la

parte apelada un bien inmueble localizado en Trujillo Alto, Puerto

Rico, por el precio de $126,000.00: habiendo pagado $5,000.00;

entregado $30,000.00 al momento del otorgamiento; y asumiendo

una hipoteca por $96,000.00 que gravaba la propiedad. Añadió que

la referida escritura incluía como condición que si la parte apelada

no pagaba la hipoteca, el negocio jurídico quedaría sin efecto y dicha

parte tendría que devolver la titularidad de la propiedad.

Seguidamente, la parte apelante alegó que la parte apelada dejó de

pagar la hipoteca, por lo que adeudaba la suma de $2,892.75 por

concepto de atrasos al 14 de abril de 2020. Además, reclamó la

suma de $50,000.00 en concepto de daños y angustias mentales.

       El 17 de noviembre de 2020, la parte apelada presentó

Contestación a Demanda y Reconvención2. En su alegación

responsiva, la parte apelada negó la mayoría de las alegaciones en

su contra y presentó varias defensas afirmativas. En cuanto a la

reconvención, alegó que la cláusula sexta de la Escritura Número

Ocho es contraria a la ley, la moral y el orden público por entender

que les pretende despojar de la propiedad sin un debido proceso de

ley. La parte apelada sostuvo que ha cumplido con su obligación de

pago. Por tanto, solicitó la suma de $100,000.00 por concepto de

daños y angustias mentales, así como el pago de $15,000.00 por

costas, gastos y honorarios de abogado.

       El 27 de noviembre de 2020, la parte apelante presentó su

Contestación a Reconvención3 en la que negó las alegaciones de la

2 Véase apéndice del recurso, págs. 29-42.
3 Véase apéndice del recurso, págs. 43-44.
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reconvención y reiteró que la parte apelada incumplió con los pagos

de la hipoteca. De esta forma, alegó tener derecho a rescindir un

acuerdo válido incumplido por la parte apelada.

       El 11 de diciembre de 2021, la parte apelada compareció

mediante Contestación Enmendada a la Demanda y Reconvención.

El 14 de diciembre de 2021, la parte apelante presentó una

Contestación a Reconvención Enmendada.

       Luego de varios trámites procesales, el 29 de junio de 2023,

el TPI celebró el juicio en su fondo. El 14 de julio de 2023, notificada

el 17 de julio de 2023, el Tribunal emitió una Sentencia4 en la que

declaró No Ha Lugar la demanda instada por la parte apelante y las

demás reclamaciones incoadas en el caso. Particularmente, el TPI

concluyó lo siguiente:

           Los documentos presentados ante el tribunal demuestran
       que desde el 21 de octubre de 2014 la parte demandada
       cumplió cabalmente con los pagos de la hipoteca. Asimismo,
       la evidencia documental demuestra que el 13 de octubre de
       2021 la parte demandada refinanció el inmueble y liberó a la
       parte demandante de la hipoteca que gravaba el mismo, tal
       como acordado en la escritura de compraventa, a pesar de
       todos los eventos exógenos e imprevisibles que ocurrieron
       durante el período de cinco años.
           Tomando en consideración lo manifestado por la
       representación legal de la parte demandante durante el
       juicio, que constituye una admisión a la luz de la Regla 803(c)
       de las de Evidencia, en el sentido de que se completó la
       transacción de compraventa, resolvemos que no existe
       controversia en cuanto a la titularidad del inmueble a favor
       de la parte demandada y procedemos a evaluar la existencia
       de daños contractuales.
           La parte demandante, que tenía el peso de la prueba para
       demostrar la existencia de tales daños; no presentó ninguna
       evidencia, ni probó mediante preponderancia de prueba, la
       existencia de algún daño contractual. […]5

       Finalmente, por entender que la presentación de la demanda

fue una frívola y carente de evidencia, el foro primario le impuso a

la parte apelante el pago de honorarios por temeridad por la suma

de $10,000.00 con un interés legal de 8.00% a computarse desde la

fecha en que se dictó la sentencia y hasta que sea satisfecha.

4 Véase apéndice del recurso, págs. 1-12.
5 Véase apéndice del recurso, págs. 10-11.
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      Inconforme, el 11 de agosto de 2023, la parte apelante acudió

ante nos mediante recurso de Apelación y le imputó al TPI la

comisión de los siguientes errores:

      Erró el TPI en la apreciación de la prueba testifical al no
      realizar un análisis justo y balanceado de la misma.

      Erró el TPI al imponer honorarios de abogado en las
      circunstancias de este caso.

      El 14 de agosto de 2023, la parte apelante presentó una

Moción de término para someter transcripción de la prueba oral. Por

consiguiente, el 17 de agosto de 2023, este foro emitió una

Resolución en la que autorizó la solicitud para someter la

transcripción de la prueba oral y dispuso sobre los términos

correspondientes para ello. Conforme con nuestra Resolución, la

parte apelante tenía hasta el 27 de septiembre de 2023 para

presentar la transcripción de la prueba oral ante este Tribunal.

      El 8 de septiembre de 2023, la parte apelada presentó Alegato

en Oposición al Recurso de Apelación por Héctor Rubén Márquez

Villanueva.

      Transcurrido en exceso el término concedido sin que la parte

apelante haya sometido la transcripción de la prueba oral ni

solicitado prórroga para ello, el 19 de octubre de 2023, emitimos

una Resolución en la que dimos por perfeccionado el recurso ante

nuestra atención.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                   II.

                                   -A-

      En lo pertinente, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones dispone lo siguiente:

      Regla 19- Reproducción de la prueba oral:

         (A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error
             relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o
             con la apreciación errónea de ésta por parte del
             tribunal apelado, someterá una transcripción, una
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              exposición estipulada o una exposición narrativa de la
              prueba.
          (B) La parte apelante deberá acreditar dentro del término
              de diez (10) días siguientes a la presentación de la
              apelación, que el método de reproducción de la prueba
              oral que utilizará es el que propicia la más rápida
              dilucidación del caso, pudiendo el Tribunal
              determinar el método que alcance esos propósitos.
              […]6.

       Nuestro Reglamento nos confiere autoridad para desestimar,

a iniciativa propia, un recurso de apelación o denegar un auto

discrecional siempre y cuando concurra cualesquiera de los motivos

consignados en el inciso (B) de la Regla 837. Entre los motivos

reconocidos en la referida Regla, se encuentra que el recurso no se

haya presentado o proseguido con diligencia o de buena fe.

       Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias sobre los

recursos a ser presentados, tanto en el Tribunal de Apelaciones,

como en el Tribunal Supremo, podría conllevar la desestimación del

recurso8. Las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los

recursos apelativos deben observarse rigurosamente9. En este

ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que “los

abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el

perfeccionamiento de los recursos ante nos”10. (Énfasis nuestro).

Esta norma es necesaria para que se coloque a los tribunales

apelativos en posición de decidir correctamente los casos, contando

con un expediente completo y claro de la controversia que tienen

ante sí11. En este contexto, nuestro Más Alto Foro ha puntualizado

que “[s]ólo procede que se desestime un recurso por incumplimiento

al Reglamento, cuando éste haya provocado un “impedimento real y

6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19.
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
8 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2005); Cárdenas Maxán v. Rodríguez,

119 DPR 642, 659 (1987).
9 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).
10 Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975).
11 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).
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meritorio para que el tribunal pueda atender el caso en los

méritos”12.

                                         -B-

       En nuestro ordenamiento jurídico “las obligaciones nacen de

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”13. A tenor, las obligaciones que nacen de la culpa o

negligencia se rigen por lo establecido en el Artículo 1802 del Código

Civil de Puerto Rico de 193014. Dicho artículo señala que, “[e]l que

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o

negligencia,    está    obligado     a     reparar   el    daño      causado.    La

imprudencia       concurrente        del       perjudicado      no     exime     de

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”15.

       El   propósito      del   referido       artículo   es     ofrecerle     una

compensación a la persona que sufra daños y lesiones provocadas

por los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género

de culpa o negligencia de otra persona16. Ahora bien, para que

prospere esta acción civil es necesario que la parte demandante

demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) que ha

habido un acto u omisión culposa o negligente; (2) que hay una

relación causal entre el acto y el daño sufrido; y (3) que se ha

causado un daño real al reclamante17.

       Nuestro Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia,

como la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y

12 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 146 (2008); Román Velázquez v. Román

Hernández, 158 DPR 163 (2002).
13 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 2992. El referido

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue derogado por
el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., aprobado
mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, con vigencia
desde el 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, para propósitos de la
adjudicación de este recurso, citamos el Código Civil derogado debido a que los
hechos en controversia surgieron durante su vigencia.
14 Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 5141.
15 Íd.
16 H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico,

Segunda Edición, Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, pág. 4.
17 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 4 (1997).
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prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de

un acto que una persona prudente y precavida habría de prever en

las mismas circunstancias18. Así pues, la figura de previsibilidad es

un       elemento   esencial        de   la   responsabilidad     por    culpa   o

negligencia19. Según el Máximo Foro, la previsibilidad “[no se

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda

amenazar la seguridad sino a aquél que llevaría a una persona

prudente a anticiparlo”20.

          Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la previsibilidad

está atada al concepto de causalidad21. Dicho concepto es conocido

como la doctrina de causalidad adecuada y conforme a la

jurisprudencia, este dispone que, “no es causa toda condición sin la

cual      no   se   hubiera        producido    el   resultado,   sino    la   que

ordinariamente lo produce según la experiencia general”22. A tales

efectos, la figura de causalidad adecuada es un componente

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es

un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el

hecho antijurídico”23.

          Cónsono con lo anterior, en nuestra jurisdicción, la figura de

negligencia no se presume y quien la alega debe probarla24. No

obstante, en los casos de daños y perjuicios, la referida figura no se

tiene que probar mediante prueba directa y se puede probar

mediante prueba circunstancial25.

                                          -C-

          La Regla 44.1 de Procedimiento Civil26 regula la imposición de

honorarios de abogado por temeridad. La conducta que amerita la

18 Valle v. ELA, 157 DPR 1, 18 (2002).
19 SLG Colon-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016).
20 Íd.
21 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005).
22 Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).
23 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra.
24 Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799, 803 (1978).
25 Colón y Otros v. K-Mart Y Otros, 154 DPR 510, 522 (2001).
26 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.
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imposición de honorarios de abogado por temeridad es aquella que

haga necesario un pleito que se pudo evitar. El propósito de la

imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad es

establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud

desprovista     de    fundamentos,         obliga   a   la   otra     parte    a

innecesariamente       asumir     las     molestias,    gastos,     trabajos   e

inconvenientes de un pleito27. Las instancias, en las que el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha reconocido que una parte actúa de forma

temeraria, se constituyen cuando: (1) contesta la demanda y niega

responsabilidad total pero posteriormente la acepta, (2) se defiende

injustificadamente de la acción, (3) cree que la cantidad reclamada

es exagerada y es la única razón que tiene para oponerse a las

peticiones del demandante, y no admite su responsabilidad

pudiendo limitar la controversia a la fijación de la cuantía a ser

concedida, (4) se arriesga a litigar un caso del que se desprende

prima facie su responsabilidad, y (5) niega un hecho que le consta

es cierto a quien hace la alegación28. La imposición de honorarios de

abogado por temeridad es una facultad discrecional del tribunal que

no será variada, a menos que la misma constituya un abuso de

discreción29.

                                        III.

       En su primer señalamiento de error, el señor Márquez

Villanueva cuestiona la apreciación de la prueba testifical por parte

del TPI al emitir la Sentencia en la que declaró No Ha Lugar la

demanda incoada por éste. Particularmente, el señor Márquez

Villanueva aduce que no hubo prueba en contrario de que, debido

27 Andamios de Puerto Rico, Inc. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520
(2010); Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334 (1998); Fernández v. San Juan
Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).
28 COPR v. SPU, 181 DPR 299, 342 (2011); Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, pág.

335; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, pág. 719.
29 Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 926 (2012); Andamios de

Puerto Rico, Inc. v. Newport Bonding, supra, pág. 520.
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al incumplimiento de la parte apelada con los términos del contrato

de compraventa, se le denegó una tarjeta de crédito y perdió una

relación sentimental, lo cual le ha causado daños y angustias

mentales.

       Tras realizar un examen minucioso del expediente ante

nuestra consideración, constatamos que actuó correctamente el TPI

al declarar No Ha Lugar la demanda instada por la parte apelante,

puesto que no identificamos una relación causal entre las

actuaciones u omisiones de la parte apelada y los alegados daños

sufridos por la parte apelante. Veamos.

       Según surge de la Sentencia apelada, el foro primario

determinó que la parte apelante realizó una admisión al afirmar que

se completó la transacción de compraventa, por consiguiente, el

contrato de compraventa otorgado entre las partes se extinguió por

cumplimiento. Además, el TPI, concluyó como sigue:

              La parte demandante [aquí parte apelante], que tenía
       el peso de la prueba para demostrar la existencia de tales
       daños; no presentó ninguna evidencia, ni probó mediante
       preponderancia de prueba, la existencia de algún daño
       contractual. El testimonio de la parte demandante, que se
       limitó a mencionar de manera general que los daños fueron:
       tensión causada por la situación, que no le aprobaron una
       tarjeta de crédito de [Walmart] y que se vió afectada una
       relación que tenía; lo expresado no es evidencia suficiente
       que mueva al tribunal a determinar que exista la existencia
       de tales daños contractuales; mucho menos que exista un
       nexo entre esos alegados daños y la parte demandada.30

       Toda vez que no sometió una trascripción de la prueba oral

como requiere la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, de modo que nos pusiera en posición para

evaluar la determinación del juzgador, no intervendremos con la

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad, ni

sustituiremos el criterio utilizado por el foro primario en el ejercicio

de su discreción. La parte apelante tampoco probó que el foro

primario haya actuado con pasión, prejuicio, parcialidad, craso

30 Véase apéndice del recurso, pág. 11.
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abuso de discreción, o haya incurrido en error manifiesto que nos

intime a descartar las determinaciones de hecho y las conclusiones

de derecho consignadas. En virtud de lo antes expuesto, no

intervendremos con el valor probatorio que le adjudicó el TPI a la

prueba documental y testifical admitida.

      En cuanto al segundo señalamiento de error, al igual que el

primero, es imprescindible contar con la transcripción de la prueba

oral para evaluar si el TPI abusó de su discreción al imponerle a la

parte apelante honorarios de abogado por temeridad ante la

presunta demanda frívola y carente de evidencia. La parte apelante

no nos colocó en posición de determinar si hubo o no abuso de

discreción por parte del foro primario, por lo que estamos impedidos

de intervenir con la decisión impugnada.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones