Court Opinion

ID: 9952161
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:23:09.683592+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:08.285751
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

    YESEIDA CRUZ                                     Apelación
     HERNÁNDEZ                                       procedente del
                                                     Tribunal de Primera
        Apelante                                     Instancia, Sala
                                                     de Bayamón
            v.                KLAN202300964
                                                     Caso Núm.:
    MUNICIPIO DE                                     CZ2022CV00006
  COROZAL Y OTROS
                                                     Sobre: Daños y
        Apelados                                     Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece       la   parte    apelante,    señora     Yeseida     Cruz

Hernández (señora Cruz Hernández o apelante), quien nos solicita

la revocación de la Sentencia Parcial emitida el 25 de agosto de

2023, notificada el día 29 siguiente, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). En el referido

dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la reclamación civil de la

compareciente contra la parte apelada, conformada por la

Autoridad de Carreteras y Transportación y la aseguradora Mapfre

Praico Insurance Company (ACT, Mapfre o apelados).

       Anticipamos la revocación del pronunciamiento judicial

impugnado.

                                      I.

       La causa del título se inició el 19 de enero de 2022, ocasión

en que la señora Cruz Hernández instó una Demanda2 contra el

Municipio de Corozal y su aseguradora, Óptima Seguros, el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (Estado), el Departamento de

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó al Juez Cruz Hiraldo, por virtud de la

Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre de 2023.
2 Apéndice de la parte apelante, págs. 2-5.

Número Identificador

SEN2024 ______________
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Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como contra otros

demandados         y    compañías       de     seguros      con     nombres

desconocidos. Previo a la presentación de la reclamación judicial,

el 4 de marzo de 2021, la apelante cursó por correo certificado

sendas comunicaciones interruptoras al Secretario de Justicia y al

Municipio de Corozal.3

       En síntesis, la señora Cruz Hernández alegó que el 18 de

enero de 2021 tuvo un accidente en la carretera 164 Km 14.7, en

el Barrio Palmarejo, bajo la jurisdicción del Municipio de Corozal.

La apelante narró que bajó de su vehículo y pisó un hueco en

dicho lugar. Describió que el suelo estaba desnivelado, deteriorado

y sin el mantenimiento adecuado. A pesar de ello, apuntó que, en

el lugar del accidente, no existía aviso alguno que advirtiera sobre

la condición de peligrosidad. Sostuvo que sufrió varias lesiones

corporales, por lo que recibió asistencia y un extenso tratamiento

médico.

       Por consiguiente, adujo que la parte apelada era responsable

de manera solidaria por sus daños y perjuicios. En cuanto al

resarcimiento peticionado, en la Demanda Enmendada,4 la señora

Cruz Hernández solicitó $60,000 por los daños físicos, $5,000 por

las angustias mentales, $5,000 por los ingresos dejados de

devengar y $5,000 por los gastos médicos pasados y futuros.

       En lo que atañe a la controversia de autos, el 4 de abril de

2022, Óptima Seguros, en representación de su asegurado,

presentó    una     Moción    de    Desestimación.5      Planteó    que,    de

conformidad con una Certificación expedida por el Departamento

de Planificación y Desarrollo Económico, adscrito al Municipio de

Corozal, el ayuntamiento no tenía jurisdicción sobre la carretera

3 Apéndice de la apelante, págs. 6-7; 8-9. Véase, Zambrana Maldonado v. E.L.A.,

129 DPR 740, 759-760 (1992).
4 Apéndice de la apelante, págs. 44-47. El TPI aprobó la primera enmienda a la

reclamación de la apelante en su Resolución de 21 de diciembre de 2023,
notificada el día 23 siguiente; véase, Apéndice de la apelante, pág. 48.
5 Apéndice de la parte apelante, págs. 21-22.
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164 Km. 14.7 en el Barrio Palmarejo y, por ende, no respondía

civilmente por los daños alegados en la reclamación de la señora

Cruz Hernández. En particular, se certificó que “donde ocurrió el

accidente, es una carretera estatal”.6 En respuesta, la apelante

instó un escrito para desistir, voluntariamente y sin perjuicio, la

causa de acción incoada contra el Municipio de Corozal y Óptima

Seguros.7 A tales efectos, el 18 de abril de 2022, el TPI dictó una

Sentencia Parcial.8

       Luego, el pleito del epígrafe estuvo paralizado entre el 31

de mayo de 2022 y el 23 de diciembre de 2022, cuando el TPI

notificó una Resolución, mediante la cual dejó sin efecto la

paralización decretada.9

       Reanudados       los   procedimientos,       el   Estado     y   DTOP

presentaron conjuntamente Contestación a Demanda el 27 de

enero de 2023.10 En esencia, sólo aceptaron la notificación

interruptora al Secretario de Justicia por parte de la apelante y

negaron el resto de los enunciados que requerían alegación

responsiva. Por igual, presentaron varias defensas afirmativas y se

reservaron el derecho de levantar otras defensas, una vez

culminara el descubrimiento de prueba.

       Así las cosas, el 30 de enero de 2023, la señora Cruz

Hernández cursó al Estado y al DTOP un Primer pliego de

interrogatorio   y    requerimiento    de    documentos,11      para    cuyas

contestaciones éstos solicitaron prorrogar el término.12 El TPI

autorizó la extensión por un plazo de treinta días.13 El 31 de marzo

de 2023, el Estado y el DTOP juramentaron sus respuestas, pero

6  Énfasis nuestro. Apéndice de la parte apelante, pág. 23.
7  Apéndice de la parte apelante, pág. 24.
8 Apéndice de la parte apelante, pág. 25.
9 Refiérase al Apéndice de la parte apelante, págs. 10-20; 26-29; 30-36; 37-41;

42-47; 48.
10 Apéndice de la parte apelante, págs. 49-53.
11 Apéndice de la parte apelante, pág. 54. El Estado y el DTOP cursaron el

mismo mecanismo de descubrimiento de prueba a la parte apelante el 10 de
febrero de 2023; véase, Apéndice de la parte apelada, pág. 1.
12 Apéndice de la parte apelante, págs. 55-56.
13 Apéndice de la parte apelante, pág. 57.
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las remitieron a la apelante el 3 de abril de 2023.14 En los incisos

números 4 y 22 consignaron lo siguiente:

               .       .     .       .    .     .      .     .
         4. En el área indicada como el lugar donde ocurrió el
         accidente se había llevado a cabo un proyecto de
         repavimentación        realizado   por   un     contratista
         independiente. El proyecto fue administrado por la
         Autoridad de Transportación y Carreteras. Para la fecha
         del accidente, el Departamento de Transportación y
         Obras Públicas no había aceptado el proyecto.
               .       .     .       .    .     .      .     .
         22. Surge de la investigación, que la repavimentación de
         la carretera en el lugar del alegado accidente estaba a
         cargo de la Autoridad de Carreteras y Transportación
         (ACT), así que corresponde a dicha Agencia, tomar la acción
         pertinente.15 (Énfasis nuestro).
               .       .     .       .    .     .      .     .

         El 3 de abril de 2023, la señora Cruz Hernández solicitó

presentar la Segunda Demanda Enmendada.16 Explicó que la

enmienda resultó al advenir en conocimiento de que el verdadero

propietario o quien tenía jurisdicción, control, manejo y deber de

mantenimiento del lugar donde ocurrió el accidente que dio motivo

a su reclamación era la ACT. Acotó que, en la Demanda original, se

habían reservado los incisos correspondientes a John Doe para la

ACT y el de la Compañía de Seguros X para Mapfre. Los

emplazamientos de ambas partes fueron expedidos y diligenciados.

         ACT y Mapfre incoaron un escrito intitulado Solicitud de

Desestimación y/o Sentencia Sumaria el 17 de julio de 2023.17

Arguyeron que por haber transcurrido en exceso el término de un

año, a partir de los hechos alegados, la reclamación en su contra

estaba prescrita. Aseveraron que la parte apelante tenía suficiente

información para conocer que debía investigar su causa de acción.

Imputaron a la señora Cruz Hernández haberse cruzado de brazos

14   Apéndice de la parte apelante, págs. 58-72.
15 Apéndice de la parte apelante, págs. 59-60. Refiérase, además, al Apéndice del

Estado y del DTOP, pág. 6.
16 Apéndice de la parte apelante, págs. 73-74, con anejos a las págs. 75-80

Segunda Demanda Enmendada; 81-82 Emplazamiento de ACT; 83-84
Emplazamiento de Mapfre. El Estado y el DTOP contestaron la reclamación
enmendada; véase, Apéndice del Estado y del DTOP, págs. 17-21.
17 Apéndice de la parte apelante, págs. 85-97. El Estado y DTOP también

solicitaron la desestimación de la causa en su contra; la apelante se opuso; y el
TPI declaró sin lugar la petición; así como la reconsideración instada. Véase,
Apéndice del Estado y del DTPO, págs. 1-5, con anejo a la pág. 6; 7-8; 9-10; 11-
13; 14-16.
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y no llevar a cabo las diligencias pertinentes para interrumpir el

término prescriptivo contra la parte apelada.

       La apelante ripostó la defensa de prescripción mediante una

Oposición interpuesta el 1 de agosto de 2023.18 Rechazó que el

desconocimiento del verdadero propietario de lugar del accidente

se debiera a su desidia. Señaló que el caso estuvo paralizado

durante varios meses y no fue hasta su reapertura que el Estado y

el DTOP presentaron su alegación responsiva y pudo iniciarse el

descubrimiento de prueba. Explicó que fue durante dicho proceso,

en particular el 3 de abril de 2023, que la apelante advino en

conocimiento sobre que la titularidad del lugar en controversia

recaía en la ACT, por lo que, en la misma fecha, enmendó su

reclamación. Por consiguiente, al amparo de la teoría cognoscitiva

del daño, invocó que su causa no estaba prescrita.

       El 29 de agosto de 2023, el TPI notificó la Sentencia Parcial

aquí apelada,19 en la que determinó probados los siguientes

hechos, a los que hemos suplido énfasis:

       1. La parte demandante alega que los hechos descritos en
          la Demanda y en la Demanda Enmendada ocurrieron 18
          de enero de 2021.

       2. El 19 de enero de 2022 se radicó la Demanda en este
          caso.

       3. El 21 de enero de 2022 se expidieron emplazamientos
          dirigidos a John y Jane Doe.

       4. En la [D]emanda se incluyeron como demandados al
          Municipio de Corozal, Estado Libre Asociado de Puerto
          Rico, Departamento de Transportación y Obras Públicas
          y Optima Seguros entre otros.

       5. No se incluyeron en la [D]emanda original a MAPFRE, ni
          a la Autoridad de Carreteras y Transportación en
          (adelante ACT).

       6. Se incluyeron en la [D]emanda espacios para
          demandados cuyo nombre no se conoce pero que
          pudieran surgir durante el descubrimiento de prueba

18 Apéndice de la parte apelante, págs. 98-104, con anejos a las págs. 105-110

Primer pliego de interrogatorio y producción de documentos de la apelante a la
ACT; 111-114 Contestaciones del Estado al Primer pliego de interrogatorio y
producción de documentos; 115 documento fechado el 11 de febrero de 2022 y
suscrito por el DTOP; 116-117 fotografías del lugar del accidente; 118-125
Informe Diario de Trabajo del DTPO.
19 Apéndice de la parte apelante, págs. 126-130.
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         John Doe, Jane Doe, Richard Roe y Compañas
         Aseguradoras X, Y y Z.

      7. El 1 de abril de 2022, el Estado Libre Asociado de
         Puerto Rico en representación del Departamento de
         Transportación y Obras Públicas, a través de su
         representación legal radicó “Aviso de Injunction
         Paralizando la Litigación del Presente Caso y Sobre el
         Requisito   de     Presentar   Solicitud      de   Gastos
         Administrativos ante el Tribunal de T[í]tulo III”.

      8. El 31 de mayo de 2022, se dictó Sentencia mediante la
         cual se ordenó la paralización y archivo de los
         procedimientos por falta de jurisdicción.

      9. El 21 de diciembre de 2022, se dictó Resolución
         ordenando la reapertura y continuación de los
         procedimientos.

     10. El [27] de enero de 2023, el Estado Libre Asociado de
        Puerto Rico en representación del Departamento de
        Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico radicó
        Contestación a Demanda.

     11. El 30 de enero de 2023 la parte Demandante sirvió a la
        codemandada Departamento de Transportación y Obras
        Públicas Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento
        de Producción de Documentos.

     12. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico en
        representación del Departamento de Transportación y
        Obras     Públicas    sometió    Contestaciones   a
        Interrogatorios servidos por la parte demandante el
        día 3 de abril de 2023.

     13. En    las    contestaciones     sometidas     por el
        Departamento de Transportación y Obras se anejó un
        documento que certificaba que el lugar donde ocurrió
        el accidente que da base a la presente demanda
        estaba bajo la jurisdicción y control de la ACT.

     14. El 3 de abril de 2023, la parte demandante radicó
        “Moción Solicitando Que Se Acepte Segunda Demanda
        Enmendada y se Expidan Emplazamientos”.

     15. En la [S]egunda [D]emanda [E]nmendada se alega que la
        demandada ACT es la verdadera titular de lugar donde
        ocurrió el accidente que da base a la presente demanda.

     16. También se alega que MAPFRE es la aseguradora de
        ACT.

     17. MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY fue emplazado
        personalmente el 4 de mayo de 2023.

     18. La Autoridad de Carreteras y Transportación fue
        emplazada personalmente el 4 de mayo de 2023.

      Al tenor de las aseveraciones fácticas citadas, el TPI concluyó

que el expediente del caso adolecía de gestiones afirmativas de la

parte apelante, dirigidas a conocer a quién pertenecía el predio

donde tuvo lugar el accidente, así como que la señora Cruz
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Hernández inició el descubrimiento de prueba pasado el plazo de

prescripción. En consecuencia, desestimó, con perjuicio, la causa

de acción contra la ACT y Mapfre.

       Insatisfecha, la apelante solicitó la reconsideración del

dictamen,20 a la que se opusieron la ACT y Mapfre.21 El 3 de

octubre de 2023, el TPI se negó a reconsiderar y declaró sin lugar

el pedimento.22

       Aún inconforme, la señora Cruz Hernández acudió ante esta

curia el 30 de octubre de 2023 y esbozó en su Apelación los

siguientes señalamientos de error:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE [PRIMERA]
       INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA MOCIÓN
       DE RECONSIDERACIÓN RADICADA POR LA PARTE
       APELANTE YESEIDA CRUZ HERNÁNDEZ.

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE [PRIMERA]
       INSTANCIA AL RESOLVER QUE LA DEMANDA
       PRESENTADA CONTRA LAS APELADAS ACT Y MAPFRE
       ESTABA PRESCRITA.

       Tanto la ACT y Mapfre, como el Estado y el DTOP

presentaron sendos alegatos el 17 y 21 de noviembre de 2023,

respectivamente.      Con     el   beneficio    de    sus   comparecencias,

procedemos a resolver.

                                       II.

                                       A

       La Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.2 (5) provee para que una parte pueda presentar como defensa

una moción de desestimación bien fundamentada cuando la

reclamación en su contra no justifica la concesión de un remedio.

Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828, 833 (2013);

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). Al

disponer de una moción de desestimación bajo este fundamento,

“el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en

20 Apéndice de la parte apelante, págs. 131-140, con anejos a las págs. 141-142

Carta al Secretario de Justicia; 143-144 Carta al Municipio de Corozal.
21 Apéndice de la parte apelante, págs. 145-150.
22 Apéndice de la parte apelante, pág. 1.
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la demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Además, ante una moción de

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda tienen que

ser interpretadas en conjunto, liberalmente y de la manera más

favorable posible para la parte demandante. Id. La demanda no

deberá desestimarse, a menos que se demuestre que el

demandante     no   tiene   derecho    a   remedio    alguno    bajo

cualesquiera hechos que pueda probar. Trinidad Hernández et al.

v. ELA et al., supra, pág. 834; Consejo Titulares v. Gómez Estremera

et al., 184 DPR 407, 423 (2012). En suma, el tribunal debe

“considerar si a la luz de la situación más favorable al

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda

es suficiente para constituir una reclamación válida”. Pressure

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).

                                 B

      La prescripción extintiva es una institución legal que

extingue el derecho a ejercer determinada causa de acción.

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 192 (2016). Por

igual, la prescripción es una defensa afirmativa que debe

plantearse expresa y oportunamente o, de lo contrario, se entiende

renunciada. Id., pág. 193. A través de la prescripción, se promueve

que las reclamaciones se insten oportuna y diligentemente. De esta

manera, se propende a la estabilidad en las relaciones y a la

seguridad en el tráfico jurídico. Id., pág. 192. Además, se evita que

una persona esté sujeta indefinidamente a una reclamación y a

una situación de indefensión, como consecuencia del paso del

tiempo, la pérdida de evidencia, la memoria imprecisa y la

dificultad para encontrar testigos. Id., pág. 193; Fraguada Bonilla

v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012). Ahora, lo anterior

no es óbice para la interrupción del plazo prescriptivo mediante el
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ejercicio   del   derecho   ante   los   tribunales,   una   reclamación

extrajudicial del acreedor o el reconocimiento del deudor. Id.

      Es norma asentada que la figura de la prescripción es de

naturaleza sustantiva y no procesal, por lo que se rige por los

principios del Código Civil de Puerto Rico. Dist. Unidos Gas v. Sucn.

Declet Jiménez, 196 DPR 96, 116 (2016); COSSEC et al. v. González

López et al., 179 DPR 793, 805 (2010); Santos de García v. Banco

Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). En torno a la causa de acción

provista en el Artículo 1536 del Código Civil, 31 LPRA sec. 10801,

para exigir la reparación de un daño extracontractual causado por

culpa o negligencia, el Código Civil establece que tiene un término

prescriptivo de un año, “desde que la persona agraviada conoce

la existencia del daño y quién lo causó”. (Énfasis nuestro). Art.

1204 (a) del Código Civil, 31 LPRA sec. 9496 (a). Cónsono con la

citada disposición estatutaria y a base de la teoría cognoscitiva del

daño, el Tribunal Supremo ha reiterado que “este término

comienza a transcurrir una vez el perjudicado conoció —o debió

conocer— que sufrió un daño, quién se lo causó, así como los

elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa de

acción”. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 194, que

cita a COSSEC et al. v. González López et al., supra, pág. 806 y a

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984).

      Por ello, si mediante el descubrimiento de prueba u otro
      medio el agraviado conoce de la existencia de otro
      coautor y del resto de los elementos necesarios para
      reclamarle, el término prescriptivo contra ese alegado
      cocausante comenzará a transcurrir en ese momento.
      Esto, pues un estatuto de prescripción cuyo efecto sea
      exigir a la parte demandante que presente una causa de
      acción antes de tener conocimiento de la existencia de ésta,
      viola el debido proceso de ley. (Énfasis nuestro). Fraguada
      Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 390.

      El alto foro ha expresado que la prescripción no es una

figura rígida, sino que admite ajustes judiciales, según lo requieran

las circunstancias particulares de los casos y la noción sobre lo

que es justo. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 328 (2004), que cita
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a Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002). Por tanto, no es

hasta que se conocen todos los elementos necesarios para poder

ejercitar la acción —el daño y la identidad de quien lo causó—

que el término prescriptivo comienza a cursar. Vera v. Dr. Bravo,

supra. Claro está, “si el desconocimiento que impide ejercer la

acción se debe a la falta de diligencia del reclamante, entonces no

aplican estas consideraciones liberales sobre la prescripción”. Id.,

pág. 329, que cita a Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96

(2002) y Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403 (2000).

       Finalmente,      en    materia       de   prescripción,   en   nuestra

jurisdicción rige la obligación in solidum de la causa de acción por

responsabilidad civil extracontractual cuando coinciden dos o más

cocausantes. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág.

389. Por ende, “en las obligaciones solidarias que provengan de

coacusación del daño, cuando el acreedor reclama de uno de los

deudores sólo la parte que le corresponde, no se interrumpe por

ello la prescripción respecto a los otros codeudores”. Art. 1095 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 9054. Esto significa que, si bien el

agraviado puede recobrar de cada cocausante el total de la

prestación adeudada,23 debe interrumpir la prescripción en

relación con cada uno por separado, dentro del término de un año

establecido por el Artículo 1204 del Código Civil, supra, en caso de

que interese conservar su causa de acción contra cada uno de los

cocausantes del daño. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,

supra, pág. 389.

                                        C

       La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

15.4, permite la reclamación contra una persona cuyo nombre se

desconoce, al designarlo en la demanda con un nombre ficticio. A

esos efectos, la norma procesal dispone lo siguiente:

23 Art. 1096 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9055.
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     Cuando una parte demandante ignore el verdadero nombre
     de una parte demandada, deberá hacer constar este hecho
     en la demanda exponiendo la reclamación específica que
     alega tener contra dicha parte demandada. En tal caso,
     la parte demandante podrá designar con un nombre ficticio
     a dicha parte demandada en cualquier alegación o
     procedimiento, y al descubrirse el verdadero nombre, hará
     con toda prontitud la enmienda correspondiente en la
     alegación procedimiento.

     Esta disposición es aplicable a la situación en que un

demandante conoce la identidad, mas no el verdadero nombre de

un demandado. Del mismo modo, es preciso que se haga constar

en la demanda las reclamaciones específicas contra el demandado

de nombre desconocido. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 417

(2000); Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 140

(1941). El desconocimiento del verdadero nombre del demandado

debe ser real y legítimo, y no falso o espurio. Martínez Díaz v.

E.L.A., 132 DPR 200, 210 (1992); Ortiz v. Gobierno Municipal de

Ponce, 94 DPR 472, 478 (1967); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73

DPR 959, 986-987 (1952). La parte reclamante puede valerse de

los mecanismos de descubrimiento de prueba para “obtener los

nombres   verdaderos   y   las   direcciones   de   los   demandados

designados con nombres ficticios y luego proceder a enmendar la

demanda y emplazarlos personalmente”. Núñez González v.

Jiménez Miranda, supra, pág. 143. Una vez se descubra y se

advenga en conocimiento del verdadero nombre de la parte, la

regla requiere que se presente con prontitud una enmienda a

la alegación. Entonces, se procederá a emplazar a la parte para

que pueda comparecer y defenderse. La única forma en que la

decisión del tribunal surte efecto sobre la persona designada

mediante un nombre ficticio es incluyendo su nombre correcto en

la demanda y brindándole una notificación con tiempo suficiente

para que pueda defenderse de la reclamación. Núñez González v.

Jiménez Miranda, supra, pág. 141.
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      En armonía con la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 13.3, las enmiendas para sustituir el nombre del

demandado ahora identificado se retrotraerán al momento en que

se presentó la demanda original. La norma reza como sigue:

      Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la
      alegación enmendada surja de la conducta, del acto, de la
      omisión o del evento expuesto en la alegación original, las
      enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación
      original.

      Una enmienda para sustituir la parte contra la cual se
      reclama se retrotraerá a la fecha de la alegación original
      si además de cumplirse con el requisito anterior y dentro
      del término prescriptivo, la parte que se trae mediante
      enmienda: (1) tuvo conocimiento de la causa de acción
      pendiente, de tal suerte que no resulte impedida de
      defenderse en los méritos, y (2) de no haber sido por un
      error en cuanto a la identidad del (de la) verdadero(a)
      responsable, la acción se hubiera instituido originalmente
      en su contra. (Énfasis nuestro).
            .      .      .     .      .    .      .      .

      Según se desprende de la precitada norma, para que las

enmiendas se retrotraigan al tiempo de la presentación de la

demanda original, éstas deben surgir de la conducta, acto, omisión

o evento expuesto en la alegación original. Así, si la demanda

original se presentó oportunamente, las enmiendas también

estarán en tiempo. “[N]o surgirá, pues, problema alguno de

prescripción,   no   importa   cuándo    se   hayan   presentado    las

enmiendas”. Ortíz Díaz v. R&R Motors Sales Corp., 131 DPR 829,

837 (1992). En los casos en que la enmienda añade a un nuevo

demandado, el alto foro ha opinado que el momento que determina

el término prescriptivo es cuando se incluye el nuevo demandado

por primera vez en la demanda”, salvo lo dispuesto en las Reglas

15.4 y 13.3 de Procedimiento Civil, supra. Véase, Arce Bucetta v.

Motorola, 173 DPR 516, 538-539 (2008); Ortiz Díaz v. R. & R.

Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 837-838 (1992).

                                 III.

      En la causa presente, la señora Cruz Hernández plantea que

el TPI incidió al desestimar con perjuicio su reclamación contra la
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ACT y Mapfre, toda vez que no había razón para llevar un

descubrimiento de prueba sobre la identidad del titular del lugar

donde aconteció el accidente. Sostiene que, de la Certificación

emitida por el    Departamento de Planificación y         Desarrollo

Económico, adscrito al Municipio de Corozal, se desprende

claramente que la carretera 164 Km 14.7, Barrio Palmarejo, en la

jurisdicción de Corozal, era estatal; esto es, bajo la jurisdicción y

control del Estado y el DTOP. Enfatiza que no se cruzó de brazos

para realizar el descubrimiento de prueba, sino que se vio

impedida   de   gestionar   cualquier   mecanismo     debido   a   la

paralización decretada por el TPI. Reitera que no fue hasta el 3 de

abril de 2023, cuando el Estado y el DTOP refirieron sus

contestaciones al interrogatorio, que advino en conocimiento que,

para el tiempo en que ocurrió el accidente, en el predio en

cuestión, se llevó a cabo un proyecto de repavimentación a cargo

de la ACT y que el DTOP todavía no había aceptado el proyecto. En

idéntica fecha, solicitó enmendar su reclamación. Aboga que, al

palio de la teoría cognoscitiva del daño y quién lo causó, el término

prescriptivo comenzó a discurrir ese 3 de abril de 2023. Le asiste la

razón.

      En este caso, la señora Cruz Hernández alegó que, el 18 de

enero de 2021, sufrió daños compensables por causa de la

presunta negligencia en el mantenimiento adecuado y la ausencia

de advertencias en la carretera 164 Km 14.7, en el Barrio

Palmarejo, bajo la jurisdicción del Municipio de Corozal. A esos

efectos, dio aviso interruptor el 4 de marzo de 2021 al Secretario

de Justicia y al Municipio de Corozal e incoó su Demanda el 19 de

enero de 2022 contra el Estado, el DTOP, el Municipio de Corozal y

Óptima Seguros. En su oportuna reclamación, además, la apelante

reservó las siguientes alegaciones para demandados de nombres

desconocidos:
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             .      .     .      .       .    .      .      .
   5. Que John Doe es una corporación o ente jurídico organizado
   y/o haciendo negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de
   Puerto Rico, con capacidad para demandar y ser demandada, y
   cuyo nombre se desconoce, es una corporación o ente jurídico
   con capacidad para demandar y ser demandada y/o haciendo
   negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
   es el verdadero propietario del lugar donde ocurre el accidente que
   da motivo a esta demanda y/o es quien tenía jurisdicción,
   control, manejo y deber de mantenimiento y/o es quien
   responde por todo acto u omisión en administración y/o de
   mantenimiento de los elementos comunes y/o responsable de
   brindar seguridad en el lugar donde ocurre el accidente que da
   motivo a esta demanda y/o es por ende principal y
   directamente responsable de cualquiera los daños que estos
   hubiesen causado a la parte demandante.
             .      .     .      .       .    .      .      .
   9. Que la Compañía de Seguros X es una corporación o ente
   jurídico organizado y/o haciendo negocios bajo las leyes del
   Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con capacidad para
   demandar y ser demandada, cuyo nombre se desconoce, y es o
   son, los o las compañías aseguradoras de uno, algunos y/o
   todos los aquí codemandados por ende principal y
   directamente responsable de cualesquiera daños que hubiesen
   causado a la parte demandante.
             .      .     .      .       .    .      .      .

       Un examen de las alegaciones transcritas revela la intención

inequívoca de la señora Cruz Hernández de incluir como partes

demandadas        a   otras    personas      naturales   y   jurídicas   que

intervinieron con la carretera PR-164, kilómetro 14.7 del Barrio

Palmarejo de Corozal, donde aconteció su caída. En ausencia de

evidencia tendente a demostrar la falta intencional de diligencia, es

forzoso concluir que procede la Segunda Demanda Enmendada. La

ACT y Mapfre fueron incluidos con tiempo suficiente para que

pudieran comparecer al pleito y defenderse. Recuérdese, que

nuestro Tribunal Supremo ha rechazado la rigidez de la figura de

la prescripción, según lo exijan las circunstancias particulares del

caso y la justicia. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 328.

       De otro lado, surge de los autos que el Departamento de

Planificación y Desarrollo Económico, adscrito al ayuntamiento,

certificó el 8 de octubre de 2021 que el predio en controversia era

una carretera estatal.24 De hecho, con relación al caso de autos,

el 11 de febrero de 2022, el DTOP afirmó que “[l]a jurisdicción,

24 Apéndice de la parte apelante, pág. 23.
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control y mantenimiento de la carretera PR-164, kilómetro 14.7

del Barrio Palmarejo de Corozal pertenece al Departamento de

Transportación y Obras Públicas”.25 (Énfasis nuestro). Ante esa

información,      la    apelante     desistió   voluntariamente       de    su

reclamación en contra del Municipio de Corozal y su aseguradora,

por lo que se dictó Sentencia Parcial;26 y continuó el litigio contra el

Estado y el DTOP. Luego, según reseñamos,                      al palio de

PROMESA,27 el pleito estuvo paralizado durante gran parte del año

2022. Inmediatamente que se decretó la reapertura, a petición de

la señora Cruz Hernández, el Estado y el DTOP contestaron la

Demanda e iniciaron el descubrimiento de prueba.

        El 3 de abril de 2023, ocasión en que el Estado y el DTOP

remitieron a la apelante las contestaciones del Primer pliego de

interrogatorio y requerimiento de documentos, informaron que, al

tiempo del accidente, el predio en cuestión fue objeto de un

proyecto de repavimentación a cargo de la ACT y que el DTOP no

había recobrado la jurisdicción sobre el mismo. Por cierto, en el

expediente ante nos, obra una Certificación de 14 de abril de 2023,

en que el DTOP, esta vez, acredita que “en el lugar de la caída de

la señora Cruz Hernández, había una construcción y para la

fecha    del    accidente,      ésta    no    había   sido   entregada      al

Departamento de Transportación y Obras Públicas”.28 De

manera expedita, el 3 de abril de 2023, la señora Cruz Hernández

solicitó sustituir los nombres de las personas demandadas con

nombres desconocidos reservadas por los de la ACT y su

aseguradora Mapfre.

        Ciertamente, la inclusión de demandados de nombres

desconocidos, mediante alegaciones específicas, tuvo el propósito

25 Apéndice de la parte apelante, pág. 115.
26 Apéndice de la parte apelante, pág. 25.
27 Acrónimo de Puerto Rico Oversight Management, and Economic Stability Act, 48

USC sec. 2101 et seq., aprobada el 30 de junio de 2016.
28 Apéndice del Estado y el DTOP, pág. 6.
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de que, en la eventualidad, éstos fueran sustituidos una vez se

conociera quiénes eran e incluirlos como partes demandadas. Por

ello, con relación a la supuesta demora que se menciona en el

dictamen apelado, somos del criterio que el mismo no es imputable

a la apelante. Primero, ésta descansó en las certificaciones oficiales

emitidas por el Municipio de Corozal y el DTOP; segundo, esperó

que el litigio se eximiera de la paralización, bajo el Plan de Ajuste

del proceso de quiebra ante el Tribunal Federal para el Distrito de

Puerto Rico, para dar continuidad a la etapa de descubrimiento de

prueba. Precisamente, fue en dicho proceso extrajudicial, a través

de las respuestas 4 y 22, que la apelante advino en conocimiento

de   quién   realmente    ostentaba    la   jurisdicción,   control   y

mantenimiento de la carretera PR-164, kilómetro 14.7 del Barrio

Palmarejo de Corozal. Conocido el hallazgo, diligentemente solicitó

la sustitución de los nombres John Doe por el de la ACT y el de la

Compañía de Seguros X por el de Mapfre.

      Contrario a lo resuelto por el TPI, la causa de acción contra

la ACT y Mapfre no estaba prescrita. Al amparo de la teoría

cognoscitiva del daño, el término prescriptivo contra la ACT y

Mapfre comenzó a cursar el 3 de abril de 2023. Ello así, ya que la

apelante conoció de la existencia de los cocausantes mediante el

procedimiento de descubrimiento de prueba, así como el resto de

los elementos necesarios para reclamarles los daños alegados.

Nótese que ni siquiera el Estado y el DTOP conocían esa

información, la cual surgió luego de su propia investigación. Por lo

tanto, argüir que era previsible para la apelante que la ACT tenía el

control del predio en controversia no es correcto. Exigir la

presentación de la causa de acción con anterioridad a conocer de

la participación de la ACT y Mapfre transgrede el debido proceso de

ley de la apelante. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra,

pág. 390. En resumen, las alegaciones contra la ACT y Mapfre,
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esbozadas en la Segunda Demanda Enmendada presentada el 3 de

abril de 2023, no están prescritas. Consecuentemente, el TPI

incidió al desestimar con perjuicio la reclamación de la apelante.

                                IV.

      Por   los   fundamentos   antes   expuestos,   revocamos       la

Sentencia Parcial dictada el 25 de agosto de 2023 y notificada el 29

de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia.

Consecuentemente, restituimos todas las reclamaciones de la

señora Yeseida Cruz Hernández en contra de la Autoridad de

Carreteras y Transportación y Mapfre Praico Insurance Company.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones