Court Opinion

ID: 9962820
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:55:37.727288+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:13.797635
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

BANCO POPULAR DE PUERTO                                  Certiorari
RICO                                                     procedente del
                                                         Tribunal de
          Recurrido                                      Primera Instancia,
                                                         Sala de Superior
                                                         de Bayamón
               v.                   KLCE202400170

                                                         Caso Núm.
PEDRO JUAN RIVERA AMADOR                                 D CD2011-2280
Y LA SOCIEDAD LEGAL DE
BIENES GANANCIALES
COMPUESTA POR SU ESPOSA                                  Sobre:
MERCEDES RIVERA VALDÉS;                                  Cobro de Dinero y
PREMIER FITNESS, INC.;                                   Ejecución de
QUIZNO´S CAFÉ, INC.; JOSÉ                                Hipoteca por la vía
DANIEL RUIZ LOZADA                                       ordinaria

         Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero, y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

                               R E SO L U C I Ó N

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

                                         I.

       El 9 de febrero de 2024, el señor Pedro Juan Rivera Amador

(señor Rivera Amador o peticionario) presentó un Escrito de

Certiorari en el que solicitó que revoquemos una Orden emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI o

foro primario) el 11 de enero de 2024, notificada y archivada en

autos el 18 de enero de 2024.1 Mediante el dictamen, el TPI declaró

No Ha Lugar una solicitud del señor Rivera Amador para que se

declarara nula una venta judicial de dos inmuebles, realizada como

parte de la ejecución de una Sentencia por las alegaciones dictada

por el foro primario en 2016.2 En la misma, se le ordenó al

1 Apéndice del Escrito de Certiorari, Anejo 1, pág. 1.
2 Íd., Anejo 3, págs. 13-23.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400170                                                             2

peticionario y a su esposa, la señora Mercedes Rivera Valdés (señora

Rivera    Valdés),     a      pagar   $1,018,261.80   más    los   intereses

acumulados por varias anualidades no satisfechas.

       El 12 de febrero de 2024, emitimos una Resolución en la que

le concedimos al Banco Popular un término de diez (10) días para

expresar su posición en cuanto a los méritos del recurso.

       Ese mismo día, el señor Rivera Amador radicó un Escrito

acreditando notificación del recurso a través de correo electrónico a

las partes y al TPI en el que informó que notificó el recurso a la parte

recurrida y al foro primario.

       El 23 de febrero de 2024, el Banco Popular presentó un

Memorando en cumplimiento de orden y en oposición a la expedición

de auto de certiorari en el que solicitó que declaremos No Ha Lugar

la solicitud de expedición de certiorari y confirmemos la Orden

recurrida.

       Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos        por     perfeccionado        el   recurso.     En     adelante,

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes al caso de autos.

                                        II.

       El caso de marras tiene su génesis el 9 de septiembre de 2011

cuando el Banco Popular presentó una Demanda en cobro de dinero

y ejecución de hipoteca en contra del señor Rivera Amador, la señora

Rivera Valdés y la sociedad legal de gananciales compuesta por

ambos.3 La reclamación se basó en que debían tres préstamos

garantizados, a su vez, por una serie de pagarés hipotecarios sobre

tres propiedades. La parte recurrida incluyó en el pleito varias

compañías pertenecientes al peticionario, a saber, Premier Fitness

Inc. y Quizno’s Café, Inc.

3 Íd., Anejo 2, págs. 2-12.
KLCE202400170                                                                   3

       Luego de múltiples trámites procesales, el 25 de enero de

2016, el TPI emitió una Sentencia por las alegaciones en la que

declaró Ha Lugar la reclamación del Banco Popular y, por

consiguiente, ordenó al señor Rivera Amador y a la señora Rivera

Valdés a pagar $1,018,261.80 más los intereses acumulados por

varias anualidades no satisfechas, así como los intereses, recargos

y el diez (10) porciento del principal de cada hipoteca para el pago

de las costas, gastos y honorarios de abogado que provocó el litigio.4

Como remedio, especificó que, una vez el dictamen adviniera final y

firme, se ejecutarían mediante venta en pública subasta dos

inmuebles pertenecientes al matrimonio.

       Después de varios años, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió

una Orden de ejecución en la que ordenó a la Secretaría del Tribunal

librar un Mandamiento de Ejecución de Hipotecas, requiriendo así

la venta en pública subasta de dos bienes inmuebles pertenecientes

al señor Rivera Amador y la señora Rivera Valdés.5 Los inmuebles

fueron identificados como Propiedad A (Finca #59,892) radicada en

el Barrio Minillas de Bayamón y Propiedad B (Finca #10,294)

radicada en el Barrio Hato Tejas de Bayamón.

       Posteriormente, la Secretaría del TPI emitió un Mandamiento

de Ejecución de Hipotecas en cumplimiento de las órdenes del foro

primario.6 Luego, el 30 de agosto de 2023, el TPI emitió un Aviso de

venta ordenando la venta en subasta pública de las dos propiedades

inmuebles.7

4 Notificada y archivada en autos el 5 de febrero de 2016. Íd., Anejo 3, págs. 13-

23.
5 Íd., Anejo 5, págs. 26-32.
6 Este hecho procesal es mencionado por el peticionario en su recurso y en

algunos documentos del expediente, tanto por el TPI como por el Banco Popular,
pero no se incluye íntegramente como parte del Apéndice del Escrito de Certiorari.
En vista de que el expediente digital del caso no se encuentra en el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) no tenemos acceso al
documento específico y, por ello, no podemos detallar con precisión la fecha de su
presentación ni su contenido.
7 Apéndice del Escrito de Certiorari, Anejo 8, págs. 43-51.
KLCE202400170                                                                 4

       Tras varios trámites, los cuales incluyeron la paralización de

los procedimientos por varias radicaciones de quiebra, tanto del

señor Rivera Amador como por la señora Rivera Valdés, el 27 de

noviembre de 2023, el Banco Popular presentó una Moción para que

se reanuden los procedimientos post sentencia para la ejecución de

las hipotecas en la que informó que el Tribunal de Quiebras para el

Distrito de Puerto Rico dejó sin efecto la paralización de los

procedimientos en contra de la señora y, en consecuencia, solicitó

que el TPI reanudara la ejecución de la Sentencia por las alegaciones

por medio de venta judicial.8

       El 14 de diciembre de 2023, el Banco Popular radicó una

Moción para someter documentos sobre subastas en la que incluyó,

entre otras cosas, el Aviso de venta, los edictos publicados y

declaraciones juradas sobre la publicación de los edictos en un

periódico de circulación general y en un tablón de edictos.9 En

particular, para acreditar la publicación de los edictos anejó una

declaración      jurada        de   la   señora   Elba     Llanos     Rodríguez,

representante del periódico Primera Hora, en la que expresó que los

edictos del aviso de venta fueron publicados el 30 de noviembre de

2023 y el 7 de diciembre de 2023.

       El 15 de diciembre de 2023, el TPI emitió un Acta de primera

subasta para la Propiedad A10 y otra, para la Propiedad B11. En cada

una se consignó la venta de la propiedad, adjudicándose al Banco

Popular, único licitador, y abonándose el precio al monto de la

deuda.

       El 20 de diciembre de 2023, el Banco Popular presentó una

Solicitud de orden de confirmación de venta y adjudicación en la que

solicitó al TPI que emitiera una Orden de confirmación de venta y

8 Íd., Anejo 6, págs. 33-34.
9 Apéndice de la oposición a expedición de certiorari, Anejo 3, págs. 8-87.
10 Apéndice del Escrito de Certiorari, Anejo 11, págs. 56-59.
11 Íd., Anejo 10, págs. 53-55.
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adjudicación en la que confirmara que los bienes inmuebles fueron

vendidos conforme a todos los requisitos del trámite de ejecución y

que ordenara al Alguacil del Tribunal que dispusiera del precio de

las ventas.12 En la moción, se informó que:

        Se publicó el Aviso de Venta en el periódico de circulación
        general Primera Hora, dos (2) veces y por espacio de dos (2)
        semanas consecutivas con un intervalo de por lo menos siete
        (7) días entre ambas publicaciones, el 30 de noviembre y 7
        de diciembre de 2023, según requerido en la Regla 51.7 de
        Procedimiento Civil vigente, y se dio publicidad por espacio
        de dos (2) semanas mediante avisos por escrito visiblemente
        colocados en tres (3) sitios públicos del municipio de
        Bayamón, a saber: […]13

Según expresó la parte recurrida, el 15 de diciembre de 2023, se

llevó a cabo la primera subasta de las propiedades antes

mencionadas. Sobre ello, consignó lo siguiente:

        6. A esos efectos, compareció la parte demandante,
        representada por el Lcdo. Pedro E. Ruiz Meléndez.
        Anunciada en voz alta la venta de la Finca #59,892, el
        Alguacil se dispuso a recibir ofertas no menores de
        $286,000.00, tipo mínimo fijado para la primera subasta.
        Como único licitador compareció el Lcdo. Pedro E. Ruiz
        Meléndez, en representación de Banco Popular de Puerto
        Rico, quien ofreció $286,000.00, para abonar a la sentencia,
        y no habiendo quien mejorara dicha oferta, se adjudicó la
        buena pro a Banco Popular de Puerto Rico, por la cantidad
        de $286,000.00, en abono a la deuda, no existiendo
        transferencia de Dinero.

        7. Asimismo, anunciada en voz alta la venta de la Finca
        #10,294, el Alguacil se dispuso a recibir ofertas no menores
        de $617,500.00, tipo mínimo fijado para la primera subasta.
        Como único licitador compareció el Lcdo. Pedro E. Ruiz
        Meléndez, en representación de Banco Popular de Puerto
        Rico, quien ofreció $617,500.00, para abonar a la sentencia,
        y no habiendo quien mejorara dicha oferta, se adjudicó la
        buena pro a Banco Popular de Puerto Rico, por la cantidad
        de $617,500.00, en abono a la deuda, no existiendo
        transferencia de dinero.14

        El 8 de enero de 2024, el TPI emitió una Orden de confirmación

de adjudicación o venta judicial en cuanto a la Propiedad A15 y otra,

en cuanto a la Propiedad B.16 En cada una, el foro primario validó

las ventas judiciales realizadas.

12 Íd., Anejo 12, págs. 60-66.
13 Íd., pág. 62.
14 Íd., págs. 64-65.
15 Notificada y archivada en autos el 10 de enero de 2024. Apéndice de la oposición

a expedición de certiorari, Anejos 14, págs. 231-232.
16 Notificada y archivada en autos el 10 de enero de 2024. Íd., Anejo 15, págs.

235-236.
KLCE202400170                                                                      6

       Ese mismo día, el señor Rivera Amador radicó un Escrito

urgente asumiendo co-representación legal, solicitando nulidad de

venta judicial por incumplimiento con la Regla 51.7 de las de

Procedimiento Civil de Puerto Rico, paralización de los procesos y

celebración de vista en el que solicitó, entre otras cosas, que el TPI

declarara nula la venta judicial por incumplimiento con el requisito

impuesto por la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 51.7, de que el aviso de venta judicial debe ser publicado

mediante edicto dos veces con un intervalo de por lo menos siete

días entre ambas publicaciones.17

       El 11 de enero de 2024, el TPI emitió la Orden recurrida en la

que declaró No Ha Lugar los remedios solicitados por el

peticionario.18

       El 9 de febrero de 2024, el señor Rivera Amador presentó el

recurso de epígrafe y solicitó que revoquemos la Orden. En su

escrito, le imputó al TPI la comisión de los siguientes dos errores:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar NO HA
       LUGAR la Solicitud de Nulidad de Venta Judicial a pesar del
       Incumplimiento de la parte demandante en la Publicación de
       los Avisos de Venta, en virtud de la Regla 51.7 de las de
       Procedimiento Civil de Puerto Rico.
       Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar NO HA
       LUGAR la Solicitud de Nulidad de Venta Judicial a pesar de
       que la publicación de los Avisos de Venta no cumplió con el
       intervalo de tiempo exigido en la Regla 51.7 de las de
       Procedimiento Civil de Puerto Rico.

       En suma, argumentó que la venta judicial fue nula porque se

incumplió con el intervalo de tiempo que la Regla 51.7 de

Procedimiento Civil, supra, requiere que haya entre las dos

publicaciones por edicto del aviso de venta judicial. Según planteó,

la segunda publicación no podía ocurrir antes del 8 de diciembre,

puesto que, de esa forma, únicamente habrían transcurrido seis (6)

días entre ambas fechas. Su posición es que el incumplimiento con

17 Apéndice del Escrito de Certiorari, Anejo 13, págs. 67-74.
18 Notificada y archivada en autos el 18 de enero de 2024. Íd., Anejo 1, pág. 1.
KLCE202400170                                                         7

los requisitos de publicación de los avisos de venta provoca la

nulidad de la venta judicial efectuada y, por ello, solicitó que

revoquemos el dictamen del foro primario y la declaremos nula.

      El 23 de febrero de 2024, el Banco Popular radicó un

Memorando en cumplimiento de orden y en oposición a la expedición

de auto de certiorari en el que solicitó que deneguemos la expedición

del auto de certiorari solicitado y confirmemos la Orden recurrida en

todos sus extremos. Es su posición que no existe razón bajo los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, que justifique intervenir con la decisión

del TPI. Asimismo, arguyó que la definición de término dispuesta en

la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 68.1, no puede

aplicarse selectivamente y, por ello, el cómputo de los siete (7) días

dispuestos en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra, debe

hacerse como cualquier otro término. De esta forma, argumentó

que, entre ambas publicaciones, existió un intervalo de por lo menos

siete (7) días, en cumplimiento con los requisitos de la referida regla.

Por último, también señaló que el peticionario no levantó objeción

alguna en otras tres ocasiones anteriores en las que se publicaron

los edictos en el mismo intervalo de tiempo. Sin embargo, en esas

ocasiones, el proceso se vio paralizado por otras razones, como la

pandemia, dos radicaciones de quiebra por el señor Rivera Amador

y una por la señora Rivera Valdés.

      En adelante, esbozamos los fundamentos en derecho que

ilustran nuestra determinación.

                                  III.

                                    A.

      El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite   a   un    tribunal   de    mayor    jerarquía   revisar   las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG
KLCE202400170                                                                  8

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1,19

establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank

v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita

el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender

un recurso de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun. Caguas v.

JRO Construction, Inc., 201 DPR 703 (2019).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que

19 Esta Regla dispone que:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.
       Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el
       Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de
       apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo
       dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
KLCE202400170                                                                 9

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.20

                                       B.

       La Regla 51 de Procedimiento Civil, supra, R. 51 regula los

procedimientos de ejecución de sentencia en los casos civiles. En

particular, la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra, establece las

disposiciones específicas aplicables a la venta judicial y los

requisitos procesales para su validez. En lo pertinente, prescribe lo

siguiente:

       (a) Aviso de venta. Antes de verificarse la venta de los bienes
       objeto de la ejecución, ésta deberá darse a la publicidad por
       espacio de dos (2) semanas mediante avisos por escrito
       visiblemente colocados en tres (3) sitios públicos del
       municipio en que ha de celebrarse dicha venta, tales como la
       alcaldía, el tribunal y la colecturía.

       Dicho aviso será publicado, además, mediante edictos
       dos (2) veces en un diario de circulación general en el
       Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y por espacio de
       dos (2) semanas consecutivas, con un intervalo de por lo
       menos siete días entre ambas publicaciones. Copia del
       aviso será enviada al deudor o deudora por sentencia y a su
       abogado o abogada vía correo certificado con acuse dentro de
       los primeros cinco (5) días de publicado el primer edicto,
       siempre que haya comparecido al pleito. Si el deudor o la
       deudora por sentencia no comparece al pleito, la notificación
       será enviada vía correo certificado con acuse a la última
       dirección conocida.

       En todos los casos en que se plantee que la parte
       promovente de un procedimiento de ejecución de
       sentencia no ha cumplido con alguno de los requisitos de
       esta regla, el tribunal, a solicitud de parte, celebrará una
       vista para resolver la controversia planteada. El aviso de
       venta describirá adecuadamente los bienes que se venderán
       y hará referencia sucintamente, además, a la sentencia que
       se satisfará mediante dicha venta, con expresión del sitio, el

20 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
       análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
       en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
       luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
       alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
       más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
       causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
       indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
       un fracaso de la justicia.
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       día y la hora en que se celebrará la venta. Si los bienes son
       susceptibles de deterioro, el tribunal, a solicitud de parte,
       podrá reducir el término de publicación del aviso a menos de
       dos (2) semanas. Será nula toda venta judicial que se
       realice sin cumplir con el aviso de venta en la forma
       indicada, sin perjuicio de la responsabilidad de la parte
       que promueva la venta sin cumplir con tal aviso.
       […] (Énfasis y subrayado nuestro). Íd.

       Sobre estas disposiciones procesales, nuestro Tribunal

Supremo ha sido claro: los requisitos de publicación y notificación

de la venta judicial son requerimientos del debido proceso de ley.

R&G v. Sustache, 163 DPR 491, 499 (2004); Lincoln Savs. Bank

v. Figueroa, 124 DPR 388 (1989); C.R.U.V. v. Registrador, 117

DPR 662 (1986). De esta forma, ha reconocido que publicar el aviso

sin cumplir con la forma indiciada en la ley o incurrir en otros vicios

o defectos sustanciales provoca la nulidad de la subasta. Íd., pág.

500; Atanacia Corp. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284 (1993).

                                      C.

       Debido a la controversia que presenta este caso, resulta

imperativo estudiar la norma aplicable al cálculo de términos en los

casos civiles. La Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 68.1,

prescribe la forma en la que se computan los términos dispuestos

en las reglas y provistos por los tribunales. En lo pertinente, dispone

que:

       En el cómputo de cualquier término concedido por estas
       reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto
       aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento
       o incumplimiento después del cual el término fijado empieza
       a transcurrir. El último día del término así computado se
       incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta
       legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del
       próximo día que no sea sábado, domingo ni día legalmente
       feriado. También podrá suspenderse o extenderse cualquier
       término por causa justificada cuando el Tribunal Supremo
       de Puerto Rico lo decrete mediante resolución. Cuando el
       plazo concedido sea menor de siete (7) días, los sábados,
       domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán del
       cómputo. Medio día feriado se considerará como feriado en
       su totalidad. (Subrayado nuestro). Íd.

                                     IV.

       Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del recurso de

epígrafe, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1 de
KLCE202400170                                                         11

Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal    de    Apelaciones,   supra,   resolvemos    que   debemos

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio,

no atisbamos motivo o error alguno que amerite nuestra

intervención. La determinación del foro primario es esencialmente

correcta en derecho. De los autos no surge que el TPI haya incurrido

en error, prejuicio, parcialidad o que haya abusado de su discreción

al emitir el dictamen recurrido. No intervendremos con ese

dictamen, en esta etapa de los procedimientos. En consecuencia,

denegamos el recurso de certiorari solicitado por el peticionario.

                                   V.

      Por   los    fundamentos    pormenorizados,      se   deniega   la

expedición el auto de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones