Court Opinion

ID: 9941343
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:26:35.747886+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.287971
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

                                                  CERTIORARI
                                                  procedente del Tribunal
    CARINA MEDINA                                 de Primera Instancia,
   MORALES; SOLANYA                               Sala Superior de
   VARGAS GONZÁLEZ                                San Juan

        RECURRIDOS              KLAN202300820     Caso Núm.
                                                  SJ2019CV06683
               V.
                                 CONSOLIDADO      (806)
     ESTADO LIBRE                   CON:
  ASOCIADO DE PUERTO
 RICO; JUNTA DE RETIRO;                           Sobre:
    LUIS M. COLLAZO
       RODRÍGUEZ                                  LEY DE
                                                  REPRESALIAS Y
      PETICIONARIOS                               OTROS

                                                  CERTIORARI
    CARINA MEDINA                                 procedente del Tribunal
   MORALES; SOLANYA             KLAN202300826     de Primera Instancia,
   VARGAS GONZÁLEZ                                Sala Superior de
                                                  San Juan
        RECURRIDOS
                                                  Caso Núm.
               V.                                 SJ2019CV06683

     ESTADO LIBRE                                 (806)
  ASOCIADO DE PUERTO
 RICO; JUNTA DE RETIRO;
    LUIS M. COLLAZO                               Sobre:
       RODRÍGUEZ
                                                  LEY DE
      PETICIONARIOS                               REPRESALIAS Y
                                                  OTROS
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro.
Brignoni Mártir; Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       Mediante los recursos de apelación consolidados, los apelantes de

epígrafe, la Junta de Retiro (KLAN202300820) y el Lcdo. Luis M. Collazo

Rodríguez (KLAN202300826) —en su carácter oficial como Administrador

del Sistema de Retiro—, nos piden que revisemos la Sentencia Parcial

dictada el 10 de julio de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (en adelante, “TPI”). Mediante el aludido dictamen,

el TPI declaró No Ha Lugar la Moción en solicitud de sentencia sumaria

Número Identificador
SEN2024 ________
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presentada por el Lcdo. Luis M. Collazo Rodríguez, donde solicitaba la

desestimación de la causa de acción en su contra en su carácter oficial, y

a su vez declaró Ha Lugar de forma parcial la Moción de solicitud de

sentencia sumaria presentada por la Junta de Retiro. En esta última,

desestimó las causas de acción de debido proceso de ley, discrimen por

edad y discrimen político, aunque se negó a desestimar las causas de

acción de represalias y acoso laboral. Luego de examinados los

expedientes y a la luz de los fundamentos que proceden, se confirma la

sentencia recurrida.

                                              I.

        El 26 de junio de 2019, la Lcda. Carina Medina Morales (en adelante

“Lcda. Medina”) y la Lcda. Solanya Vargas González (en adelante “Lcda.

Vargas”) presentaron una demanda contra el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, la Junta de Retiro (en adelante, “Junta”) y el Lcdo. Luis M.

Collazo Rodríguez (en adelante, “Lcdo. Collazo”), este último en su

capacidad personal y oficial. Las demandantes alegaron que el 31 de mayo

de 2019 fueron injustamente despedidas de sus puestos como Oficiales

Examinadoras de la Junta de Retiro. Adujeron: 1) que fueron despedidas

sin un debido proceso de ley —el cual se debió observar ya que ostentaban

puestos de carrera—; 2) que sufrieron represalias al amparo de la Ley 115

de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA § 194 et seq.; 3) que fueron

discriminadas debido a sus afiliaciones políticas, y 4) que en el caso de la

Lcda. Vargas, esta sufrió discrimen por razón de edad.1

        Durante el trámite del pleito, este Tribunal desestimó la causa de

acción presentada contra el Lcdo. Collazo en su carácter personal, por

entender que era de aplicación la defensa de inmunidad condicionada.2 Al

año siguiente, el caso estuvo nuevamente ante nuestra consideración, y en

esa ocasión se modificó el dictamen del TPI para ordenar la suspensión de

la auto-representación de las demandantes.3

1
  Apéndice del recurso de apelación del Lcdo. Collazo, Anejo 1, pág. 1-17.
2
  KLCE202000673 (3 de febrero de 2021).
3
  KLCE202000673 (10 de febrero de 2022).
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       Luego de varios trámites procesales, el 18 de julio de 2022 todas las

partes presentaron sus respectivas mociones de sentencia sumaria. La

Lcda. Medina y la Lcda. Vargas presentaron conjuntamente una Moción de

sentencia sumaria donde reiteraron las alegaciones de la Demanda,

reclamando que fueron despedidas sin un debido proceso de ley, del cual

eran acreedoras por poseer puestos de carrera. Enfatizaron que, aun

siendo consideradas empleadas de confianza por la Junta, tenían derecho

a ser notificadas de las infracciones y a la celebración de una vista.

       Por su parte, el Lcdo. Collazo adujo en su Moción en solicitud de

Sentencia Sumaria que su puesto de Administrador no posee capacidad

legal separada de la Junta de Gobierno, por tanto, procedía la

desestimación de la causa de acción en su contra en su carácter oficial.

       En cambio, la Junta de Retiro arguyó en su Moción en solicitud de

sentencia sumaria que aun siendo cierto que la Junta autorizó el cambio de

categoría de los puestos de oficiales examinadores de confianza a carrera,

era necesario la anuencia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cual

nunca se obtuvo.

       El 10 de julio de 2023 el TPI emitió una Sentencia Parcial, donde

declaró No ha lugar a la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la

Lcda. Medina y la Lcda. Vargas. Similarmente declaró No ha lugar la

Moción en solicitud de sentencia sumaria presentada por el Lcdo. Collazo.

Por otro lado, declaró con lugar de forma parcial la Moción en solicitud de

sentencia sumaria presentada por la Junta de Retiro, desestimando así las

causas de acción sobre debido proceso de Ley, discrimen por razón de

edad y discrimen político.

       El foro inferior razonó que las demandantes no eran acreedoras de

un debido proceso de ley ya que sus puestos nunca fueron reclasificados

de puestos de confianza a puestos de carrera, porque además de la

anuencia de la Junta de Retiro era necesario la aprobación de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto, según dicta la Ley Especial de Sostenibilidad

Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
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Rico, Ley Núm. 66-2014, 3 LPRA § 9101, et seq.4 En cuanto al discrimen

político, el TPI entendió que no obraba del expediente que las

demandantes hubieran presentado prueba dirigida a demostrar que fueron

sustituidas por personas con ideologías políticas distintas.5 Similarmente,

se desestimó la causa de acción de discrimen por edad ya que el TPI

estimó que la Lcda. Vargas no presentó prueba que permitiera activar la

presunción de la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley 100 de 30 de junio

de 1959, 29 LPRA § 146, et seq.6

         Sin embargo, el foro inferior no encontró adecuado desestimar las

causas de acción de represalias y acoso u hostigamiento laboral por

estimar que las partes incumplieron con colocar al tribunal en posición de

evaluar conjuntamente las versiones encontradas de los hechos. Por tanto,

entiende que existen hechos en controversia que impiden resolver las

causas de acción por la vía sumaria. 7 El TPI tampoco procedió con la

desestimación de la demanda contra el Lcdo. Collazo en su carácter oficial

por entender que se alegan hechos realizados por Collazo, por sí mismo y

en su capacidad oficial, o a través de su personal de confianza en contra

de las demandantes, y que además, éste continua ejerciendo como

funcionario de la Junta de Retiro.8 El TPI fundamentó su decisión en la

determinación de este Tribunal, cuando desestimamos la causa de acción

en contra del Lcdo. Collazo en su carácter personal por entender que las

actuaciones imputadas fueron en el desempeño de sus funciones como

Administrador.9

         Posteriormente, el Lcdo. Collazo y la Junta presentaron sus

respectivas reconsideraciones el 26 de julio de 2023, 10 a las cual se

opusieron las demandantes el 15 de agosto de 2023,11 y el 18 de agosto el

TPI     emitió     una      resolución       donde       declaró      No     Ha     Lugar       las

4
  Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 38- 44.
5
  Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 52- 53.
6
  Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 45- 51.
7
  Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 53-56.
8
  Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 57-58.
9
  Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 57 (refiriéndose a nuestra Sentencia de 3
de febrero de 2021 (KLCE202000673)).
10
   Apéndice del recurso de apelación del Lcdo. Collazo, Anejo 8, pág. 128.
11
   Apéndice del recurso de apelación del Lcdo. Collazo, Anejo 9, pág. 134.
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reconsideraciones. 12 Inconforme, el Lcdo. Collazo recurre ante este

Tribunal y alega la comisión de los siguientes errores:

           PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL NO DETERMINAR QUE LA MOCIÓN DE
           SENTENCIA SUMARIA DEL CODEMANDADO LUIS M.
           COLLAZO RODRÍGUEZ QUEDÓ SOMETIDA ANTE SU
           CONSIDERACIÓN SIN OPOSICIÓN DE LA PARTE
           DEMANDANTE SEGÚN DISPONE LA REGLA 36.3, INCISO
           C, DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES.

           SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
           DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN CONTRA DEL
           CODEMANDADO LUIS M. COLLAZO RODRÍGUEZ EN SU
           CARÁCTER OFICIAL.

           Por su parte, la Junta de Retiro señala la comisión de los siguientes

errores:

           PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA   AL    DETERMINAR  QUE    EXISTEN
           CONTROVERSIAS DE HECHOS EN CUANTO A 1) SI LA
           PARTE DEMANDANTE HABÍA SUFRIDO ACOSO U
           HOSTIGAMIENTO LABORAL; 2) SI LA PARTE
           DEMANDANTE HABÍA SIDO CESADA DE SUS
           FUNCIONES EN REPRESALIAS, CUANDO EN REALIDAD
           ESTAS SON LAS CONCLUSIONES DE DERECHO QUE
           DEBE HACER EL TRIBUNAL

           SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LAS CAUSAS DE
           ACCIÓN POR ACOSO U HOSTIGAMIENTO LABORAL, ASÍ
           COMO EN REPRESALIAS, DADO QUE LOS HECHOS
           INCONTROVERTIDOS     DETERMINADOS    POR    EL
           TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SUSTENTAN QUE LA
           JUNTA NO INCURRIÓ EN DICHOS ACTOS

           TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL NO DETERMINAR COMO HECHOS
           INCONTROVERTIDOS QUE, EN PRIMER LUGAR, EL 10
           DE MAYO DE 2019, LA LCDA. SOSA PRESENTO AL LCDO.
           COLLAZO UN INFORME DE HALLAZGO SOBRE LA
           OFICINA DE LA JUNTA DE RETIRO” Y, EN SEGUNDO
           LUGAR, EL INFORME DE HALLAZGOS CONTIENE EL
           ESTADO DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA DE LA
           JUNTA AL 10 DE MAYO DE 2019” CUANDO LA PARTE
           DEMANDANTE FALLÓ EN PRESENTAR PRUEBA QUE
           LOS CONTROVIRTIERA.

                                                II.

A. Sentencia Sumaria

12
     Apéndice del recurso de apelación del Lcdo. Collazo, Anejo 10, pág. 140.
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      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuya función es

permitir a los tribunales disponer parcial o totalmente de litigios civiles en

aquellas situaciones en las que no exista alguna controversia material de

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho así lo

permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Rodríguez

Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 769, 784 (2016); Lugo Montalvo v.

Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015).

      La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3,

detalla el procedimiento que debe seguir la parte promovente de una

solicitud de sentencia sumaria. A tales efectos establece que una solicitud

deberá incluir (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes;

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción,

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria;

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones

por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V., R.

36.3; Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); SLG Zapata

Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).

      De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte sentencia

sumaria está obligada a contestar la solicitud de forma detallada. Ramos

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216 (2010). Para ello, deberá cumplir con

los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el promovente, pero,

además, su solicitud deberá contener: (1) una relación concisa y

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la parte

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y

de buena fe controvertidos, (2) con indicación de los párrafos o las páginas
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de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde

se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal. 32 LPRA Ap.

V, R. 36.3 (b) (2). Es decir, el promovido no puede descansar en meras

alegaciones y afirmaciones. Por el contrario, debe someter evidencia

sustancial de los hechos materiales que están en disputa y demostrar que

tiene prueba para sustanciar sus alegaciones. SLG Zapata Berríos v. JF

Montalvo, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. De incumplir

con ello, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, de

proceder en derecho. León Torres v. Rivera, supra, pág. 44; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

      No obstante, aun en ausencia de prueba que controvierta la

evidencia presentada por la parte promovente, esto no significa que

procederá la moción de sentencia sumaria automáticamente, pues el

tribunal no está obligado a resolver a favor del promovente. Se resolverá a

favor de este si el juzgador “queda claramente convencido de que tiene

ante sí, de forma no controvertida, todos los hechos materiales pertinentes

y de que, por lo tanto, una vista en los méritos resulta innecesaria”. Mun.

de Añasco v. ASES et al, 188 DPR 307, 327 (2013). Véase, además,

Fernández Martínez v. RAD-MAN SJ, LLC, 208 DPR 310, 337 (2021);

Jusino Figueroa v. Walgreens of San Patricio, 155 DPR 560, 578 (2001);

Piovanetti García v. Touma, 178 DPR 745, 774 (2010).

      En suma, se dictará sentencia sumaria cuando las alegaciones,

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en

unión a las declaraciones juradas, si las hay u otra evidencia que obre en

el expediente del tribunal, demuestran que no hay controversia real

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente. 32 LPRA Ap. V,

R. 36.3 (e). Así, el criterio rector al considerar la procedencia de un

dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos esenciales

pertinentes, según alegados por las partes en sus respectivas solicitudes u

oposiciones, y que solo reste aplicar el Derecho. Rodríguez García v. UCA,
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supra, pág. 941. Esta determinación debe ser guiada por el principio de

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia

sumaria, para evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en

corte. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 216. Igual que el Tribunal de

Primera Instancia, este Tribunal de Apelaciones se rige por la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia al determinar si procede o

no una sentencia sumaria. Ello quiere decir que debemos realizar una

revisión de novo y examinar el expediente de la manera más favorable a la

parte que se opuso a la moción de sentencia sumaria en el foro primario,

haciendo todas las inferencias permisibles a su favor. Meléndez González

et al v. M Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015).

      Nos toca analizar los documentos que acompañan la moción que

solicita la sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en

oposición, y aquéllos que obren en el expediente del tribunal; con el fin de

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en

forma alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 193

(2000). Si de los documentos surge duda sobre la existencia de una

controversia de hechos, éstas se deben resolver contra el promovente, ya

que este mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones

de credibilidad. Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 809

(2020). Este foro intermedio tampoco puede adjudicar los hechos

materiales y esenciales en disputa. Esa tarea le corresponde al foro de

primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 307, 335 (2004).

      En fin, nuestra evaluación está limitada a la consideración de la

evidencia que las partes presentaron ante el foro de primera instancia.

Debemos revisar que los escritos cumplan con los requisitos de forma

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Además,

verificamos si en realidad existen hechos materiales en controversia.

Finalmente, de encontrar que los hechos materiales realmente están

incontrovertidos, revisamos si la primera instancia judicial aplicó
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correctamente el Derecho a la controversia. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, págs. 118-119.

      Toda injerencia razonable que pueda surgir de los hechos y de la

prueba documental presentada se debe resolver de forma desfavorable

para el promovente de la sentencia sumaria. Ello, dado a que la sentencia

sumaria solo procede si bajo ningún supuesto de hechos prevalece el

promovido. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). Siendo así, destacamos

que cuando existen cuestiones de credibilidad, como regla general, no

procede una solicitud de sentencia sumaria. Segarra Rivera v. Int’l Shipping

et al, 208 DPR 964 (2022). De esta manera se salvaguarda el deber de

prudencia que debe presentar un juzgador al evaluar la referida solicitud.

                                     III.

       El Lcdo. Collazo arguye que como la Lcda. Medina y la Lcda. Vargas

no presentaron propiamente una oposición a su moción de sentencia

sumaria, que los hechos alegados en esta quedaron incontrovertidos y, por

tanto, admitidos. No le asiste la razón. Como discutimos anteriormente, la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, establece que el TPI podrá tomar

como admitidos los hechos alegados en ausencia de prueba que los

controvierta, mas no está obligado a ello.

       Con relación al segundo error, el Lcdo. Collazo argumenta que su

presencia en el caso es como parte nominal y que su título como

Administrador no tiene capacidad jurídica separada de la entidad

gubernamental. Por tanto, considerando que las alegaciones hechas en la

demanda solo fueron relacionadas a su carácter personal, procedía la

desestimación de la causa de acción en su capacidad oficial por ser esta

una ficción jurídica. Para fundamentar lo anterior citó a Cirino González v.

Administración de Corrección, 190 DPR 14 (2014).

       Es nuestro entender que el foro primario tampoco erró al no

desestimar la causa de acción en su capacidad oficial. El Lcdo. Collazo nos

explica que el TPI avaló su teoría de que su capacidad oficial era una ficción
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jurídica, basada en su análisis de Cirino González v. Administración de

Corrección, Id., cuando en realidad el TPI distinguió ese caso del de autos

por tratarse de defectos en el emplazamiento.13 El Lcdo. Collazo también

alega que el TPI concluyó que “la persona natural nombrada como

demandada en su carácter o capacidad oficiales no responde, de manera

alguna, en un pleito de ese tipo y, de hecho, debe ser eliminada aun

nominalmente del pleito al cesar en las funciones”, 14 cuando realmente

esas expresiones del TPI fueron parte del derecho aplicable de su

sentencia, que luego fueron utilizadas para fundamentar su decisión de no

desestimar la causa de acción ya que el Lcdo. Collazo no había cesado

funciones como administrador de la Junta.15

        A nuestro juicio, el foro primario acertadamente concluyó que no

procedía la desestimación, pues entendió que se trataba de un asunto ya

juzgado por este Tribunal en nuestra Sentencia del 3 de febrero de 2021.

Aun examinadas nuevamente las alegaciones, nos vemos obligados a

reiterar que, en efecto, “es claro que las actuaciones imputadas contra el

peticionario fueron llevadas a cabo por este durante el desempeño de sus

funciones como Administrador y como Director del Sistema de Retiro”.16

        Ya atendidos los señalamientos de error del Lcdo. Collazo, pasamos

a los señalamientos de error de la Junta. Por estar relacionados, se

discutirán los primeros dos señalamientos de error conjuntamente.

        Arguye la Junta que, en relación con las causas de acción de acoso

u hostigamiento laboral y represalias, el foro primario erró al clasificar como

hechos en controversia lo que fueron conclusiones de derecho. Estima que,

de haberlos tratado como conclusiones de derecho, hubiera procedido la

desestimación de las causas de acción pues solo restaba aplicar el derecho

a los hechos. Consideramos inmeritorios los argumentos de la Junta.

13
   Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 57.
14
   Recurso de Apelación del Lcdo. Collazo, citando la Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de
2023, pág. 36.
15
   Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 58.
16
   Sentencia de 3 de febrero de 2021, pág. 13 (KLCE202000673))
KLAN202300820 consolidado con KLAN202300826                                      11

           El TPI dejó claro que se le imposibilitaba dirimir la controversia por

la vía sumaria pues existían elementos de credibilidad por dilucidar. Tanto

es así, que el foro expuso que “por cada hecho planteado por las partes

para sustentar sus posturas en estas causas de acción, se identificaba que

ese hecho, a su vez, contenía una gran cantidad de hechos que dificultaban

o no permitían entender el hecho propuesto, aun al examinar los anejos.” 17

Se desprende patentemente de la Sentencia Parcial que existían

numerosos hechos en controversia que justificaba la celebración de un

juicio, por tanto, no erró el foro al no desestimar las casusas de acción.

           Finalmente, la Junta argumenta que el foro inferior erró al no

clasificar como hechos incontrovertibles que el 10 de mayo de 2019 la

Lcda. Sosa, quien laboraba como supervisora de los Examinadores,

presentó al Lcdo. Collazo un Informe de Hallazgos sobre la Oficina de la

Junta de Retiro, y que el Informe contenía el estado de los trabajadores de

la oficina hasta el 10 de mayo de 2019. Resolvemos que el aducido error

no se cometió. Reiteramos que el foro primario acertadamente entendió

que habían hechos controvertidos que impedían una disposición sumaria

del asunto en cuestión, incluyendo los argumentos de credibilidad que la

parte apelada planteo en el presente error.

                                                  IV.

           En virtud de todo lo expuesto confirmamos la muy bien

fundamentada Sentencia Parcial recurrida.

           Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones

17
     Sentencia Parcial del TPI de 10 de julio de 2023, pág. 54.