Court Opinion

ID: 9952202
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:27:57.869937+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:14.296093
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

EL PUEBLO DE                                     CERTIORARI
PUERTO RICO                                      procedente del
                                                 Tribunal de Primera
Recurridos                                       Instancia, Sala
                             KLCE202301449       Superior de Caguas
        v.

JONATHAN D.                                      Civil Núm.:
SÁNCHEZ SANTIAGO                                 E IS2008G0001
Peticionarios                                    E IS2008G0002

                                                 Sobre:
                                                 INFR. ART. 144 CP
                                                 (2CS)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

      Comparece Jonathan D. Sánchez Santiago (Sánchez Santiago

o peticionario) y solicita que revisemos la Resolución emitida por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas, el 4

de diciembre de 2023. Mediante la misma, el TPI declaró No Ha

Lugar la solicitud de eliminación de datos del Registro de Personas

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores (Registro de

Ofensores Sexuales) presentada por el peticionario.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

resolvemos expedir el auto de certiorari y confirmar la Resolución

recurrida.

                                  I.

      Según surge del expediente, por hechos ocurridos en octubre

de 2007, el Ministerio Público presentó dos (2) acusaciones contra

Sánchez Santiago por el delito de agresión sexual, tipificado en el

Artículo 142 del Código Penal de 2004. De ambas acusaciones se

desprende que, al momento de los hechos, la víctima tenía 14 años.

Número Identificador
RES2024 __________________
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      El 17 de abril de 2008, Sánchez Santiago y el Ministerio

Público instaron una Moción sobre Alegación Pre Acordada, a través

de la cual se reclasificaron los cargos de agresión sexual a unos de

actos lascivos, tipificado en el Art. 144 (b) del mencionado Código

Penal. En consecuencia, Sánchez Santiago hizo alegación de

culpabilidad y, el 8 de agosto de 2008, fue sentenciado en cada cargo

a una pena de tres (3) años y un (1) día de cárcel, a cumplirse

concurrentes entre sí, de manera suspendida. Además, como parte

de las condiciones especiales de su sentencia, el Tribunal ordenó,

entre otras cosas, lo siguiente:

      1. Deberá registrar el nombre en el Registro de
         Ofensores Sexuales.
      2. […]
      3. No podrá intervenir, ni comunicarse por ningún
         medio con la menor, no con las partes perjudicadas.
      4. No mantendrá comunicación con menores sin la
         supervisión de un adulto.
         […]

      El 1 de noviembre de 2023, Sánchez Santiago incoó una

Solicitud de Eliminación de Lista de Ofensores Sexuales ante el TPI.

Al respecto, argumentó que no fue sentenciado por el inciso del Art.

144 del Código Penal de 2004 relativo a los actos contra una menor

de edad y que, a esa fecha, cumplió su pena. Destacó que, bajo la

Ley de Registro de Ofensores Sexuales, según enmendada, procedía

que se eliminara su nombre del Registro de Ofensores Sexuales, toda

vez que el delito por el cual fue convicto no conllevaba la inscripción

en éste. Esgrimió que la inscripción en dicho registro público tenía

un efecto negativo en el desarrollo de los convictos que demostraban

rehabilitación y desean ser ciudadanos de provecho en la sociedad.

      Así las cosas, luego de evaluar la petición de Sánchez

Santiago, en específico los pliegos acusatorios y lo dispuesto por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Toro Vélez, 2023 TSPR
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115 (Sentencia) y las respectivas opiniones de conformidad,1 el TPI

dictó el pronunciamiento que hoy revisamos. En este determinó que

no procedía la eliminación de los datos de Sánchez Santiago del

Registro de Ofensores Sexuales por no haber transcurrido el término

dispuesto en la Ley aplicable para un Ofensor Sexual Tipo II.

        En desacuerdo con la decisión del foro primario, Sánchez

Santiago comparece ante nosotros mediante el recurso que nos

ocupa y alega que el TPI cometió el siguiente error:

           Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
           de Caguas al declarar No Ha Lugar la solicitud del
           peticionario de ser excluido del Registro por tomar
           en cuenta los delitos imputados en las acusaciones
           originales y no las convicciones del peticionario,
           pasando por alto el lenguaje claro e inequívoco de la
           Ley Núm. 243.

        Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina del

Procurador General de Puerto Rico, en representación del Pueblo de

Puerto Rico, procedemos a resolver.

                                       II.

        La Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales

Violentos y Abuso contra Menores del 1 de julio de 1997, Ley Núm.

28-1997, según enmendada, creó el Registro de Ofensores Sexuales.

Ello, con el propósito de mantener informadas a las autoridades

gubernamentales y la ciudadanía sobre el paradero de aquellas

personas convictas que luego se reintegraban a la libre comunidad.

Art. 1 de la Ley Núm. 28-1997.2 La antedicha Ley ordenaba la

inscripción en el Registro de las personas que fueran convictas por

delitos (o su tentativa) de violación y actos lascivos o impúdicos,

entre otros, cuando la víctima fuese menor de 18 años, conforme al

derogado Código Penal de Puerto Rico de 1974. Art. 3(a) de la Ley

Núm. 28-1997, 4 LPRA sec. 535(a). La persona convicta se

1 Resuelto el 25 de septiembre de 2023.
2Esta ley se aprobó para cumplir con la ley federal, Jacob Watterling Crimes
Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program, 42 USC secs.
14071 et seq. (conocida como la Megan's Law).
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mantendría en el Registro por un período mínimo de 10 años,

contados desde que la persona cumpliera la sentencia de reclusión,

desde que comenzase a cumplir la sentencia bajo el beneficio de

libertad a prueba o desde que fuese liberada bajo palabra. Art. 5 de

la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA sec. 535c. Transcurrido ese término,

el nombre y los datos de la persona serían eliminados del Registro.

Íd.

       Posteriormente, el 9 de septiembre de 2004, se aprobó la Ley

Núm. 266-2004, conocida como Registro de Personas Convictas por

Delitos Sexuales y Abuso de Menores, la cual derogó la Ley Núm. 28-

1997. Esta nueva ley dispuso que el Estado, en su función de parens

patriae, tenía el deber de “continuar ampliando el marco de acción

y adoptar un enfoque de carácter preventivo” mediante la

“recopilación y divulgación de información relativa a las personas

convictas de delitos sexuales y abuso contra menores”. Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 266-2004.3

       En lo pertinente a la controversia que nos atañe, en Pueblo v.

Ferrer Maldonado, 201 DPR 974, 984 (2019), el Tribunal Supremo

de Puerto Rico enunció que:

       En cuanto a la aplicación de esta ley para las personas
       obligadas a registrarse, según la Ley Núm. 28-1997, la
       Ley Núm. 266-2004 dispuso que “quedar[ían]
       registradas las personas que al momento de la
       aprobación de [la] ley, tenían la obligación de estar
       registrados bajo la [Ley Núm. 28-1997]”. Art. 3(d) de la
       Ley Núm. 266-2004 (4 LPRA 536a(d) [ed. 2010]).
       Asimismo, establecía que “no tendr[ían] la obligación de
       registrarse las personas que, al momento de aprobarse
       [la] ley, hayan extinguido la pena impuesta por la
       comisión de alguno de los delitos enumerados”. Íd. Por
       otra parte, en cuanto al término por el cual la
       información de la persona convicta se mantendría en el
       Registro, esta decretaba que sería “por un periodo
       mínimo de diez (10) años desde que se cumplió la
       sentencia impuesta”. Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004 (4
       LPRA 536c [ed. 2010]). A diferencia de su antecesora,
       esta nueva ley aplicaba desde que se extinguía la
       sentencia y no hacía una distinción, en cuanto al

3 La ley no tiene un propósito punitivo. Sirve como un medio para garantizar la

seguridad, protección y bienestar general de los sectores más vulnerables y
merecedores de protección de nuestra sociedad. Art. 1 de la Ley Núm. 266-2004.
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       cómputo para el término de los diez años de inscripción
       en el Registro, entre si la persona convicta cumplía su
       sentencia en la libre comunidad, al amparo de algún
       beneficio de sentencia suspendida o, por el contrario,
       estaba recluida en una institución penitenciaria.

       No obstante, la Ley Núm. 243-2011 enmendó ciertos aspectos

de la Ley Núm. 266-2004.4 Tras reiterar que el Registro de Ofensores

Sexuales no tiene un propósito punitivo, se crearon tres (3)

clasificaciones para los ofensores sexuales de acuerdo con el delito

sexual cometido. Bajo estas clasificaciones, el término mínimo para

el Ofensor Sexual Tipo I conlleva permanecer en el Registro por 15

años, mientras que el Ofensor Sexual Tipo II deberá estar inscrito

durante 25 años. En el caso del Ofensor Sexual Tipo III, debe

permanecer en el Registro durante toda la vida. Pueblo v. Ferrer

Maldonado, supra, pág. 985; 4 LPRA sec. 536c.5 En particular, con

la nueva enmienda se eliminó el término uniforme de 10 años que

se contemplaba anteriormente y se reemplazó por un término

específico, según la gravedad de los delitos.

       Compete resaltar que, con la Ley Núm. 243-2011, se restituyó

el momento desde cuando se comenzaría a contar el término de

inclusión de la persona en el Registro, según la sentencia impuesta.

Es decir, se volvió a hacer la distinción entre las personas que

cumplen su sentencia en una institución correccional y aquellas que

la cumplen en la libre comunidad. Para los que cumplen su

sentencia en la cárcel, la ley dispone que el término comienza a

transcurrir “desde que el ofensor sexual sea excarcelado”. Por otro

lado, para los que la cumplen en la libre comunidad, este se calcula

4 Se enmendó para atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 266-2004 a
aquellas de su homóloga federal, la Adam Walsh Child Protection and Safety Act
of 2006, también conocida como Sex Offender Registration and Notification Act
(SORNA), 42 USC secs. 16901 et seq.
5 La ley clasifica como un Ofensor Sexual Tipo III a una persona que resulte

convicta por los delitos, su tentativa o conspiración, de: violación, seducción,
sodomía, actos lascivos a menores de edad, incestos, secuestro o robo de menores
de edad, conforme al Código Penal de 1974; las modalidades de agresión sexual
no mencionadas para los Ofensores Sexuales Tipo II; actos lascivos contra
menores de trece años, y secuestro de menores de edad. Además, quedan
incluidos aquellos Ofensores Sexuales Tipo II convictos anteriormente de algún
delito sexual. Véase, 4 LPRA sec. 536 (10).
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“desde que se dicta la sentencia, resolución o determinación para

participar de [los] programas [de libertad a prueba, libertad bajo

palabra o programas de desvío, tratamiento o rehabilitación], y se

notifique su inclusión al Registro”. Pueblo v. Ferrer Maldonado,

supra, pág. 985.

       A tenor con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo concluyó

en Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, que la aplicación retroactiva

de las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 a la Ley

Núm. 266-2004 no violan la prohibición constitucional en contra de

la aplicación de leyes ex post facto. Así, resolvió que todas las

disposiciones contenidas en las enmiendas introducidas por la Ley

Núm. 243-2011 aplican de forma retroactiva, independientemente

de si la persona que impugna su anotación en el Registro arguye

que, en su situación particular, corresponde emplear el principio de

favorabilidad, conforme a lo resuelto en Pueblo v. Hernández García,

186 DPR 656 (2012).

       La controversia que hoy atendemos no es novel para nuestro

Tribunal Supremo, más, sin embargo, por no alcanzar un consenso,

no se ha pautado el Derecho.6 En decisiones recientes se ha

establecido que dicho Foro se encuentra igualmente dividido en

cuanto a si una persona convicta por el delito de actos lascivos -

ausente el elemento de minoridad en la víctima- debe o no

inscribirse en el Registro de Ofensores Sexuales. Ello, a pesar de que

en la acusación se desprenda que la víctima era menor de edad, pero

se logró un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual se

reclasificaron los delitos y se eliminó dicho dato.

       De una parte, en la expresión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Estrella Martínez en Pueblo v. Toro Vélez, supra, este

reiteró su posición en cuanto a que la Ley del Registro de Personas

6 Opinión disidente de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez en   Pueblo v. Toro
Vélez, supra.
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Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores no exime de

inscribirse en el Registro de Ofensores Sexuales a las personas

convictas de actos lascivos ausente el elemento de minoridad en la

víctima.

      Asimismo, de la Opinión de conformidad emitida por el Juez

Asociado Rivera García en Pueblo v. Toro Vélez, supra, a la cual se

unió la Jueza Asociada Pabón Charneco y el Juez Asociado Feliberti

Cintrón, este expresó que el interés que tiene el Estado en garantizar

la seguridad, protección y bienestar general no puede estar limitado

por las ventajas administrativas que el mecanismo de alegaciones

preacordadas le pueda brindar, tanto al Ministerio Público, como al

Poder Judicial. En este sentido, enunció que: “La realidad es solo

una. En ocasiones, podrá ser revestida y reinterpretada, pero aún

así, permanecerá intachable y, sobre todo, indiferente a lo que el

humano pueda opinar sobre ella.”

      Además, el Juez Asociado Rivera García manifestó:

           Entonces, si el objetivo de protección social contra
           delitos sexuales que provee el Registro no ha variado
           desde que este se estableció en el 1997, y que sus
           enmiendas han tenido la intención de fortalecer su
           misión, cabe preguntarse lo siguiente:

      i. ¿Cuán compatible es el hecho de eliminar el delito de
         actos lascivos en general, sin minoridad, con la
         política pública que promueve nuestra legislación en
         pro del fortalecimiento y la efectividad del Registro?

      ii. ¿Cuán efectivo puede ser un Registro de esta
          naturaleza, cuando el mismo puede ser burlado fácil
          y constantemente por ficciones jurídicas ajenas a la
          realidad fáctica y motivadas exclusivamente por una
          negociación sobre la pena?

      Por último, expuso que:

      […] Si bien el peticionario fue favorecido al hacer
      alegación de culpabilidad, pues se le concedió el
      beneficio de sentencia suspendida, el Tribunal de
      Primera Instancia, en la discreción judicial que
      viene obligado a ejercer al atender este tipo de
      procedimientos      abreviados,     condicionó    el
      cumplimiento de la sentencia a que el peticionario
      se inscribiera en el registro y, además, a que no se
      acercara ni relacionara con personas menores de
      edad. Esta condición responde a un propósito
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      exclusivo, salvaguardar el propósito de la Ley del
      Registro, de manera que se garantice el bienestar de
      la sociedad ante la posibilidad de actos reincidentes
      de ofensores sexuales como el señor Toro Vélez.
      (Énfasis nuestro).

      Por otro lado, también en Pueblo v. Toro Vélez, supra, el Juez

Asociado Martínez Torres, al interpretar la ley que regula el Registro

de Ofensores Sexuales, concluyó que: “…[L]a Ley Núm. 266-2004

requiere que haya una convicción -por determinados delitos- para

que se genere el deber de inscripción. Una acusación o denuncia es

insuficiente. …[E]l crimen de actos lascivos, sin más, no es uno de

los delitos que el estatuto reconoce para exigir la inscripción del

convicto en el Registro.”

                                 III.

      En esencia, el peticionario aduce que el TPI cometió un error

de derecho craso y manifiesto al denegar su petición de eliminación

de datos del Registro de Ofensores Sexuales, bajo una aplicación

equivocada de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada por la Ley

Núm. 243-2011, y, amparándose en opiniones de conformidad

emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Toro

Vélez, supra, (Sentencia), la cual no es vinculante. Arguye que, si no

se expide el recurso de epígrafe, se permitiría que continúe inscrito

en el Registro de Ofensores Sexuales hasta de por vida, a pesar de

que el delito por el cual fue convicto no está expresamente

enumerado en la mencionada Ley. Particulariza que el punto de

partida para la clasificación de una persona como ofensor sexual

sujeto al Registro es la convicción y no la información que surja de

la acusación.

      Por ende, el peticionario nos invita a que, bajo el principio de

hermenéutica, obviemos la realidad fáctica que se desprende de las

acusaciones presentadas por el Ministerio Público en el 2008 y

únicamente nos centremos en la Sentencia dictada el 8 de agosto de

2008 para resolver la controversia que hoy se nos presenta. Añade
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que el Poder Judicial no puede convertirse en un poder

supralegislativo dirigido a juzgar la sapiencia o deseabilidad de las

determinaciones políticas que establece la Asamblea Legislativa.7

Discute que no debemos tomar en consideración una mera

acusación para determinar si procede o no la inscripción en el

Registro de Ofensores Sexuales, porque ello transgrede el texto

expreso de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, y viola su

derecho constitucional a la presunción de inocencia, toda vez que

los delitos descritos en las acusaciones no fueron probados más allá

de duda razonable. No nos persuaden sus argumentos.

       En la presente causa, los hechos son claros; el peticionario

fue acusado de cometer el delito de agresión sexual contra una

menor de 14 años. Bajo una negociación con antelación a juicio, este

suscribió una alegación preacordada con el Ministerio Público,

mediante la cual se declaró culpable de un delito menor, y en este

acuerdo, se eliminó el hecho de la minoridad de la víctima. Así, este

resultó convicto por el delito de actos lascivos, sin más.

       Un examen ponderado del expediente, el derecho aplicable y

los argumentos de ambas partes, nos lleva a concluir que no

intervendremos con la Resolución recurrida. Si bien la convicción del

peticionario fue por el delito de actos lascivos sin el elemento de la

minoridad, los hechos que surgen de la acusación penal, entiéndase,

los 14 años de la víctima, no se pueden obviar y tornan obligatoria

la inscripción en el aludido Registro. A su vez, de la Sentencia

condenatoria del peticionario surge meridianamente claro que se le

concedió el beneficio de una sentencia suspendida bajo la condición

especial de que se inscribiera en el Registro de Ofensores Sexuales,

no   interviniera     “con    la   menor      [víctima]”,   ni    mantuviera

7 Citando a Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. De Fam., 148 DPR 201 (1999).
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comunicaciones con menores sin la supervisión de un adulto.8 Ello

denota que el Tribunal, bajo su discreción judicial, tuvo la intención

de no invisibilizar la víctima menor de edad y salvaguardar el

propósito del Registro, a pesar de aceptar la alegación preacordada

que eliminaba el dato de la minoridad. Ahora el peticionario no

puede actuar en contra de las propias condiciones especiales a las

que se obligó allá para el 2008 con el objetivo de beneficiarse de una

sentencia suspendida.

       Además, la decisión que hoy tomamos se basa en una

interpretación íntegra de la ley aplicable, y lo que más se ajusta a la

intención legislativa de adoptar como política pública del Estado

precisamente proteger a la comunidad contra actos constitutivos de

abuso sexual y abuso contra menores. Lo anterior, sin importar la

edad de la víctima.9

       Así las cosas, somos del criterio que la determinación del foro

primario no es contraria a derecho, ni se cometió un abuso de

discreción, por lo que no intervendremos con esta.

                                         IV.

       Por las consideraciones que preceden, se expide el auto de

certiorari y se confirma la Resolución recurrida. Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, R. 40.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones

8 Resulta evidente que de la propia Sentencia surge que se trata de una víctima

menor de edad.
9 Como se sabe, la Ley Núm. 243-2011 aplicable (según lo resuelto en Pueblo v.

Ferrer Maldonado, supra) solo identifica distintas edades con el propósito de
distinguir entre las tres (3) clasificaciones de ofensores sexuales (Tipo I, II y III).