Court Opinion

ID: 9941423
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:34:40.179057+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:39.678920
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL XI

 JUNTA DE PLANIFICACIÓN                              CERTIORARI
    DE PUERTO RICO                                   Procedente del
                                                     Tribunal de Primera
            Recurrida                                Instancia, Sala
                                                     Superior de
                 v.                    KLCE202301389 Mayagüez

   GILBERTO RODRÍGUEZ                                 Civil Núm.:
       GUASH y otros                                  MZ2022CV01627
                                                      (206)
          Peticionarios
                                                Sobre: Injuction
                                                (Entredicho
                                                Provisional,
                                                Injunction
                                                Preliminar y
                                                Permanente)
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

       Comparece el señor Gilberto Rodríguez Guash (“señor

Rodríguez Guash” o “Peticionario”) mediante el recurso de certiorari

presentado el 8 de diciembre de 2023. Nos solicita la revocación de

una Resolución emitida y notificada el 25 de octubre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (“foro

primario” o “foro a quo”). Mediante el aludido dictamen, el foro

primario declaró No Ha Lugar la Moción Urgente de Relevo de

Sentencia presentada por el Peticionario.

       Por los fundamentos que discutiremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                         I.

       El 31 de octubre de 2022, la Junta de Planificación del

Gobierno (“Junta”) instó una Demanda contra el señor Rodríguez

Guash.1 En dicha reclamación, incluyó al señor Ramón Martínez

1 Apéndice del Peticionario, pág. 2.

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLCE202301389                                                                  2

Torres (“señor Martínez Torres”) como parte con interés y titular de

la propiedad objeto de controversia.

       En síntesis, la Junta alegó que el Peticionario operaba un

refugio de animales en una propiedad localizada en el pueblo de

Añasco. Señaló que el Peticionario no tenía los correspondientes

permisos en contravención con la Ley para la Reforma de Permisos

de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9024, según

enmendada (“Ley de Reforma de Permisos”) y el Reglamento Conjunto

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al

Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 2 de

diciembre de 2020 (“Reglamento Conjunto”).2 Además, adujo que

éste invadió la aludida propiedad ubicada en un distrito clasificado

R-1, el cual era incompatible con las operaciones del albergue

animal. Ante tales circunstancias, solicitó un injunction estatutario

al amparo del Artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, supra.

       Posteriormente, el 22 de diciembre de 2022, la Junta presentó

una Moción Acreditando Publicación de Emplazamiento por Edicto.3

En ésta, consignó la notificación de la copia del emplazamiento y la

demanda por medio de correo certificado remitido al Peticionario y

al señor Martínez Torres.

       Tras celebrar la vista de injunction, el 8 de febrero de 2023.

Según surge de la Minuta, los codemandados no comparecieron a la

vista y se les anotó la rebeldía. Luego de vertido el testimonio del

testigo de la Junta, el foro primario declaró Con Lugar la petición del

recurso extraordinario e impuso al Peticionario y al señor Martínez

2 Cabe destacar, que la fecha de la presentación de la demanda, el 31 de octubre

de 2022, las disposiciones del Reglamento Conjunto para la Evaluación y
Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación
de Negocios del 2 de diciembre de 2020, eran las aplicables para la evaluación de
permisos, de conformidad con lo resuelto en el caso Martínez Fernández y otros v.
Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 75
resuelto el 16 de junio de 2023.
3 Íd., pág. 7.
KLCE202301389                                                         3

Torres el pago de $2,500.00 en concepto de honorarios de

abogados.4

        Posteriormente, el 13 de febrero de 2023, notificada el 23 del

mismo mes y año, el foro primario dictó Sentencia en rebeldía.5 En

el aludido dictamen, dispuso lo siguiente:

        Los hechos no controvertidos demuestran que la parte
        demanda se encuentra confiriendo a la propiedad objeto
        de la presente demanda un uso ilegal del albergue de
        animales, para el cual no posee permiso y clasificación
        de la zona en que se encuentra la propiedad lo prohíbe.
        En adición a lo anterior, la parte demandada invadió la
        propiedad forma ilegal, puesto que no es titular de la
        misma.6

        Consecuentemente, ordenó el cierre inmediato del albergue de

animales. En adición, requirió al Peticionario desalojar la propiedad

en controversia.

        El 23 de mayo de 2023, la Junta presentó una Moción

Acreditando Publicación de Sentencia por Edicto y Notificación, la cual

acompañó con una Declaración Jurada en la que se acreditó la

publicación de la Sentencia mediante edicto.7

        Eventualmente, el 1 de septiembre de 2023, la Sucesión del

señor Martínez Torres (“Sucesión”), compuesta por la señora Nancy

Isabel Torres Quiñones, la señora Perla María Torres Ríos y la señora

Beda Raquel Quiñones, presentó un documento intitulado Moción

Asumiendo Representación y en Solicitud de Lanzamiento.8 Aseveró

que el tribunal emitió una Resolución en el caso SG2019CV00793,

en la cual declaró a éstas como únicas herederas del señor Martínez

Torres.9 Por consiguiente, la Sucesión arguyó que posee justo título

de la propiedad aludida, y solicitó el desalojo del Peticionario de la

propiedad.

4 Íd., pág. 9.
5 Íd., pág. 10.
6 Íd., pág. 14.
7 Apéndice del Peticionario, pág. 15; Apéndice de la Junta, pág. 1.
8 Apéndice de la Sucesión, pág. 20.
9 Íd., págs. 20-24.
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        Así las cosas, el 14 de septiembre de 2023, la Sucesión

sometió una Moción Urgente de Auxilio ante el foro primario.10

Mediante esta, reiteró la solicitud de desalojo de la propiedad por

medio de la expedición de la orden y el mandamiento de

lanzamiento.

        Evaluada la petición de la Sucesión, el 22 de septiembre de

2023, el foro primario emitió Resolución en la que declaró Ha Lugar

la referida solicitud.11 A esos fines, el 27 de septiembre de 2023,

emitió Orden para que la Secretaria del TPI decretase el libramiento

del mandamiento.12 Ese mismo día, el foro a quo expidió el

correspondiente Mandamiento.13

        Así las cosas, el 16 de octubre de 2023, el Peticionario

presentó una Moción Urgente de Relevo de Sentencia.14 En ésta,

alegó falta de notificación de la demanda y de la sentencia en

contravención al debido proceso de ley. A su vez, adujo que la causa

de acción presentada es académica debido a que el albergue cerró

en junio de 2022 y los animales fueron removidos. Por otro lado,

arguyó que la Junta indujo a error al foro primario, puesto que no

posee autoridad para solicitar su desalojo de la propiedad. También,

señaló que la Sucesión intervino en la reclamación de injunction

estatutario a los fines de solicitar un desahucio, sin enmendar la

demanda. Por lo anterior, sostuvo que el dictamen fue emitido sin

jurisdicción, y consecuentemente, solicitó el relevo de sentencia al

amparo de la Regla 49.2 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 49.2 (d).

        En respuesta, el 17 de octubre de 2023, la Sucesión radicó su

Oposición a Moción Urgente de Relevo de Sentencia.15 En esencia,

10 Apéndice del Peticionario, pág. 17.
11 Íd., pág. 19.
12 Íd., pág. 20.
13 Íd., pág. 22.
14 Íd., pág. 23.
15 Íd., pág. 37.
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indicó que, tanto el emplazamiento como la publicación de edicto de

la sentencia fueron realizados conforme a derecho. Advirtió, además,

que el Peticionario presentó la solicitud de relevo de sentencia a más

de seis (6) meses del dictamen. Argumentó que éste invadió

ilegalmente su propiedad por más de cinco (5) años afectando la

tranquilidad del vecindario. Evaluada la referida moción, el 25 de

octubre de 2023, el foro primario emitió y notificó Resolución en la

que declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia.16

        Insatisfecho, el 11 de septiembre de 2023, presentó un escrito

intitulado Moción Enmendada con Firma Digital de Reconsideración

y en Solicitud Urgente de Paralización de Ejecución de Orden de

Lanzamiento.17 En este escrito, solicitó la paralización de la

ejecución del lanzamiento hasta que la Sucesión incoara una nueva

demanda, acreditando que ostenta la titularidad de la propiedad en

controversia. Ese mismo día, radicó una Moción en Auxilio de

Jurisdicción Solicitando la Paralización del Lanzamiento.18 En dicha

solicitud, expuso que, de no atender su reclamación, la petición de

reconsideración se tornaría académica. También, solicitó la

protección de su derecho a pernoctar en un lugar seguro.

        El 10 de noviembre de 2023, la Sucesión presentó su

Oposición a Moción de Reconsideración.19 En ésta, arguyó que el

Peticionario debió haber presentado un recurso apelativo para

dilucidar los planteamientos en torno a la sentencia impugnada.

        Tras evaluar los argumentos expuestos, el 10 de noviembre de

2023, el foro primario emitió y notificó Resolución y Orden

declarando No Ha Lugar la reconsideración solicitada.20 En lo

pertinente, determinó lo siguiente:

        Examinada la Moción de Reconsideración y su
        correspondiente Oposición, se declara No Ha Lugar la

16 Íd., pág. 41.
17 Íd., pág. 42.
18 Íd., pág. 48.
19 Íd., pág. 52.
20 Íd., pág. 1.
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         Reconsideración presentada en torno al lanzamiento y
         se ordena a llevar a cabo el lanzamiento tal como
         expusimos en la Sentencia dictada en Rebeldía el 13 de
         febrero de 2023 donde se determina como hecho
         probado que la propiedad fue invadida. Al día de hoy la
         Sentencia es final y firme y fue notificada por edictos el
         21 de marzo de 2023. Además, fue notificada a la última
         dirección conocida del Sr. Gilberto Rodríguez Guash y
         recibida por la Sra. María Guash. Desde que la
         Sentencia fue emitida se ordenó el desalojo de la misma
         y se advirtió de la posibilidad de lanzamiento.21

         Respectivamente, ordenó la activación del protocolo de

personas sin hogar por medio de la correspondiente notificación de

la determinación a la coordinadora auxiliar del Programas

Judiciales.

         Inconforme con el dictamen, el 8 de diciembre de 2023, el

señor Rodríguez Guash acudió ante nos mediante el recurso de

certiorari. En su escrito, señala la comisión de los siguientes errores

por el foro primario:

         1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
            DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE
            RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD URGENTE DE
            PARALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ORDEN DE
            LANZAMIENTO     PRESENTADA   POR   GILBERTO
            RODRÍGUEZ GUASH Y ORDENAR EL DESALOJO DE LA
            PROPIEDAD OBJETO DE ESTE RECURSO, PESE A QUE
            EL DESAHUCIO ESTÁ FUERA DE LAS FACULTADES
            ENUMERADAS EN EL ART. 14.5 DE LEY NÚM. 161-
            2009, SUPRA, Y LA PARTE CON INTERÉS NO
            DEMOSTRÓ TENER UN TÍTULO SOBRE LA PROPIEDAD
            Y/O UN INTERÉS SOBRE ESTA.
         2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
            DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE
            RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD URGENTE DE
            PARALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ORDEN DE
            LANZAMIENTO     PRESENTADA   POR   GILBERTO
            RODRÍGUEZ GUASH Y ORDENAR EL DESALOJO DE LA
            PROPIEDAD OBJETO DE ESTE RECURSO, PESE A QUE
            LA ACCIÓN DE EPÍGRAFE ERA ACADÉMICA AL
            MOMENTO DE PRESENTARSE.
         3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
            DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE
            RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD URGENTE DE
            PARALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ORDEN DE
            LANZAMIENTO   PRESENTADA     POR   GILBERTO
            RODRÍGUEZ GUASH Y ORDENAR EL DESALOJO DE LA
            PROPIEDAD OBJETO DE ESTE RECURSO, PESE A QUE
            LA PARTE RECURRIDA BASÓ SU ACCIÓN EN EL
            REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA EVALUACIÓN Y
            EXPEDICIÓN DE PERMISOS RELACIONADOS AL

21 Íd.
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         DESARROLLO, USO DE TERRENOS Y OPERACIÓN DE
         NEGOCIOS DE 2020.
      4. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
         DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE
         RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD URGENTE DE
         PARALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ORDEN DE
         LANZAMIENTO     PRESENTADA    POR    GILBERTO
         RODRÍGUEZ GUASH Y ORDENAR EL DESALOJO DE LA
         PROPIEDAD OBJETO DE ESTE RECURSO, PESE A QUE
         LA PARTE CON INTERÉS INDUJO A ERROR AL TPI.
      5. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
         DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE
         RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD URGENTE DE
         PARALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ORDEN DE
         LANZAMIENTO     PRESENTADA    POR    GILBERTO
         RODRÍGUEZ GUASH Y ORDENAR EL DESALOJO DE LA
         PROPIEDAD OBJETO DE ESTE RECURSO, PESE A QUE
         ESTA TENÍA UN DERECHO A RETENER LA PROPIEDAD
         HASTA TANTO SE LE COMPENSARA POR LOS COSTOS
         INCURRIDOS EN LA LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE
         LA PROPIEDAD ABANDONDONADA POR LA PARTE CON
         INTERÉS.

      El 13 de diciembre de 2023, esta Curia emitió una Resolución

concediendo a la parte recurrida diez (10) días para que se expresara

en torno al recurso presentado. El 22 de septiembre de 2022, la

Sucesión presentó una Moción en Oposición a que se Expida el

Certiorari y en Cumplimiento de Orden. Respectivamente, el 26 de

diciembre de 2023, la Junta sometió su Alegato en Oposición al

Recurso de Certiorari.

      Contando con la comparecencia de todas las partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                 II.
                           A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza
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Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril

de 2023.

       No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023);

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios

son:

       (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
             a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
             derecho.
       (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
             indicada para el análisis del problema.
       (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
             manifiesto en la apreciación de la prueba por el
             Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
             caso es la más propicia para su consideración.
       (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causan un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución final
             del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.

       El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713.

                         B. Relevo de Sentencia

       La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.49.2,

dispone que una parte puede solicitar que el tribunal la releve de los

efectos de una sentencia. Lo anterior, procederá cuando ocurra

alguna de las siguientes circunstancias excepcionales:
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      (a) error, inadvertencia,      sorpresa   o   negligencia
          excusable;
      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
          una debida diligencia, no pudo haber sido
          descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio
          de acuerdo con la Regla 48;
      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
          “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa
          representación u otra conducta impropia de una
          parte adversa;
      (d) nulidad de la sentencia;
      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
          cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
          fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
          efecto, o no sería equitativo que la sentencia
          continúe en vigor, o
      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de
          un remedio contra los efectos de una sentencia.
          (Énfasis nuestro). Íd.

      Este mecanismo post sentencia, tiene el propósito de proveer

un justo balance entre dos intereses conflictivos de nuestro

ordenamiento jurídico. “Por un lado, se encuentra el principio de

que todo caso se resuelva justamente, mientras que por otro lado se

encuentra el interés de que los litigios concluyan.” HRS Erase v.

CMT, 205 DPR 689 (2020), citando a García Colón et al. v. Sucn.

González, 178 DPR 527, 540 (2010). Por ello, el Tribunal Supremo

ha reiterado que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe

“interpretarse liberalmente y cualquier duda debe resolverse a favor

del que solicita que se deje sin efecto una anotación de rebeldía o

una sentencia”. HRS Erase v. CMT, supra, citando Díaz v. Tribunal

Superior, 93 DPR 79, 87 (1966).

      Ahora bien, es menester señalar que los tribunales tienen la

discreción de sopesar estos factores y determinar si procede relevar

a una parte de los efectos de una sentencia. Íd, citando a Náter v.

Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). Además, el promovente de la

solicitud de relevo de sentencia deberá presentarla “dentro de un

término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos

seis (6) meses de haberse registrado la sentencia”. Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, supra. No obstante, tales normas ceden cuando
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se trata de una sentencia que adolece de nulidad o cuando la

sentencia ha sido satisfecha. HRS Erase v. CMT, supra, citando

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). Sin embargo, la

consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir

controversias,   ni   sustituye   los   recursos   de   apelación    o

reconsideración. Es decir, el precepto no está disponible para alegar

cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas mediante los

recursos de reconsideración y apelación. García Colón et al. v. Sucn.

González, supra, pág. 541.

      Sobre ello, nuestro máximo foro ha resuelto lo siguiente:
      […] una interpretación liberal de la regla permite que se
      considere una moción de reconsideración como una de
      relevo de sentencia. Esto aunque haya transcurrido el
      término para considerar la reconsideración o aun
      después de que haya advenido final y firme la sentencia,
      siempre y cuando la referida moción cumpla
      estrictamente con los requisitos establecidos en dicha
      regla. Es decir, una moción de reconsideración que
      aduzca los fundamentos subsumidos en la Regla 49.2
      de Procedimiento Civil, supra, puede ser considerada
      como una moción de relevo de sentencia, aun si es
      presentada después de los quince días. García Colón et
      al. v. Sucn. González, supra, pág. 541.

      De otro lado, si una parte solicita el relevo de sentencia al

amparado en el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, y demuestra que la sentencia es nula, el foro primario

no tendrá discreción para denegar la misma. “[S]i una sentencia es

nula, tiene que dejarse sin efecto independientemente de los méritos

que pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado”. HRS

Erase v. CMT, supra, citando a García Colón et al. v. Sucn. González,

supra, págs. 543-544. “[C]uando una sentencia es nula, se tiene por

inexistente, por lo que no surte efecto alguno”. López García v. López

García, 200 DPR 50, 62 (2018). “[A]nte la certeza de nulidad de una

sentencia, resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello

independientemente del hecho de que la solicitud a tales efectos se

haga con posterioridad a haber expirado el plazo de seis (6) meses”.

HRS Erase v. CMT, supra, citando a Montañez v. Policía de P.R., 150
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DPR 917 (2000). Así, que la parte promovente no está limitada por

el término de seis (6) meses dispuesto en la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil.

      Sobre ello, nuestro máximo foro ha expresado lo siguiente:
      El esquema amplio y abarcador de remedios que provee
      la Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de
      esta acción independiente a los casos en que ha
      transcurrido el término fatal de seis meses y las
      circunstancias sean de tal índole que el tribunal
      pueda razonablemente concluir que mantener la
      sentencia constituiría una grave injusticia contra
      una parte que no ha sido negligente en el trámite de
      su caso y que, además, tiene una buena defensa en
      los méritos. (Énfasis nuestro). Figueroa v. Banco de
      San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979).

      De igual modo, se considera que una sentencia es nula

cuando el tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se quebrantó el

debido proceso de ley de alguna de las partes. HRS Erase v. CMT,

supra, citando a García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág.

543. Cuando se alega que la nulidad de la sentencia por alguna

violación al debido proceso de ley, el profesor Rafael Hernández

Colón señaló que el “[q]uebrantamiento del debido proceso de ley es

un   concepto   mucho       más   amplio    y    pueden     haber    tantas

manifestaciones del mismo como principios del debido proceso

existen y que se hayan quebrantado en un caso en especial”. R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010, sec. 4807, pág. 408.

Así que, se ha resuelto que la ausencia de una parte indispensable

es   una   violación   al   debido     proceso   de   ley   que     conlleva

obligatoriamente el relevo de la sentencia. HRS Erase v. CMT, supra,

citando a García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 551.

                                     III.

      En el recurso presente, el Peticionario alega que incidió el

Tribunal de Primera Instancia al denegar la concesión del relevo de

sentencia. En específico, arguye que erró el foro primario al ordenar

su desalojo de la propiedad, pese a que el desahucio no está
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contemplado en la Ley de Reforma de Permisos, supra. Por lo

anterior, solicita la revocación del dictamen recurrido y la

desestimación de la demanda instada en su contra.

      Adviértase que en el presente recurso se recurre de una

Resolución emitida en etapa post sentencia. Esta clase de

determinaciones no está comprendida en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra. En vista de ello, nos corresponde

examinar    si   debemos    ejercer   nuestra   facultad   revisora   de

conformidad a la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.

      Tras evaluar detenidamente el presente caso, determinamos

que no se han producido las circunstancias que exijan la

intervención de este Tribunal. En particular, no encontramos los

elementos requeridos en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones,

supra, para dictaminar que el foro primario actuó de forma

arbitraria, incurrió en craso abuso de discreción o en aplicación

errónea de la ley. A la luz del marco legal reseñado, no identificamos

los criterios que nos motiven a expedir el auto de certiorari.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expresados, denegamos la

expedición del auto de certiorari y devolvemos el asunto al Tribunal

de Primera Instancia para la continuidad de los procesos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones