Court Opinion

ID: 9952205
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:28:24.292229+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:57.280502
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL X

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                           Certiorari
                                                   procedente del
          Recurrido                                Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
                                                   Superior de Arecibo
                v.               KLCE202400159
                                                   Caso Núm.:
                                                   C LA2006G0308-310
ALEXIS HERNÁNDEZ RIVERA                            (Salón 303)

         Peticionario                              Sobre:
                                                   Art. 5.01 (2 cargos) y
                                                   Art. 5.04

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos, por derecho propio, el señor Alexis

Hernández Rivera (señor Hernández Rivera o peticionario) mediante

recurso de Certiorari presentado el 1 de febrero de 2024, en el que

solicita la revocación de la Orden emitida el 24 de enero de 2024,

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Arecibo (TPI o foro primario). Mediante el aludido

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar una moción bajo la

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal1 presentada por el

peticionario.

       Por    los     fundamentos   que    exponemos   a    continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                      I.

       En su escrito, el señor Hernández Rivera expuso que se

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y

Rehabilitación cumpliendo una sentencia de treinta (30) años de

1 32 LPRA Ap. II, R. 192.1.

Número Identificador
RES2024__________
KLCE202400159                                                                   2

cárcel por la comisión de varios delitos bajo la Ley de Armas de

Puerto Rico. El peticionario manifestó que hizo alegación de

culpabilidad por los delitos imputados en su contra2. Además, indicó

que las penas impuestas serían cumplidas de forma consecutiva

entre sí.

       El 14 de enero de 2024, el peticionario suscribió, por derecho

propio, una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento

Criminal3. En esencia, alegó que la sentencia impuesta en su contra

es ilegal, arbitraria y abusiva por entender que se le está castigando

dos veces por un mismo delito. Sostuvo que la determinación del

foro primario interfiere con la Segunda Enmienda de la Constitución

de los Estados Unidos, el Artículo II, Sección 11 de la Constitución

de Puerto Rico y la jurisprudencia.

       Por consiguiente, el 24 de enero de 2024, notificada al día

siguiente, el TPI emitió una Orden en la que declaró No Ha Lugar la

moción presentada por el peticionario.

       Inconforme, el 1 de febrero de 20244, el peticionario entregó

al Departamento de Corrección y Rehabilitación el recurso que nos

ocupa, mediante el cual solicita la revisión de la Orden recurrida.

       Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, este Tribunal tiene la facultad de “prescindir de

términos      no     jurisdiccionales,       escritos,     notificaciones       o

procedimientos específicos en cualquier caso ante su consideración,

con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”5.

En consideración a lo anterior, damos por perfeccionado el recurso

sin la comparecencia de la parte recurrida y procedemos a resolver.

2 Según surge del Sistema TRIB, en el 2006 el peticionario hizo alegación de
culpabilidad en los casos C LA2006G0308 al C LA2006G0310 por los artículos
5.01 (2 cargos por fabricación, venta y distribución de armas) y 5.04 (1 cargo por
portación y uso de armas de fuego sin licencia).
3 32 LPRA Ap. II, R. 192.1.
4 El recurso fue recibido en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 7 de

febrero de 2024.
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.
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                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior6. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial7. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”8. Empero, el ejercicio de la

discreción     concedida     “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”9.

       Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones10, señala los

criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

6 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,
337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de
Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
7 Íd.
8 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. de Justicia, supra, pág. 91.
9 Íd.
10 4 LPRA XXII-B, R. 40.
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       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento       impone      que   ejerzamos       nuestra   discreción     y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

                                      -B-

       La Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal11, provee a

cualquier persona que se encuentre detenida, luego de recaída una

sentencia condenatoria, a presentar en cualquier momento una

moción ante el Tribunal de Primera Instancia que dictó el fallo

condenatorio, con el fin de anular, dejar sin efecto o corregir la

determinación impugnada, ordenar la libertad del peticionario,

dictar nueva sentencia o conceder nuevo juicio, según sea el caso12.

Específicamente, el mencionado precepto legal, autoriza a cualquier

persona que se halle detenida en virtud de una sentencia dictada

por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia a presentar

una moción a tenor con su derecho a ser puesto en libertad, debido

a que: (a) la sentencia fue impuesta en violación de la Constitución

o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la

Constitución o las leyes de Estados Unidos; o (b) el tribunal no tenía

jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (c) la sentencia

impuesta excede la pena prescrita por la ley, o (d) la sentencia está

sujeta a ataque colateral por cualquier motivo13.

       Una moción al amparo de la citada regla puede ser presentada

en cualquier momento y deberá incluir todos los fundamentos que

tenga el peticionario para solicitar el remedio provisto. Se

considerará      que    los    fundamentos      no    incluidos    han     sido

11 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.
12 Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015); Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR

557, 568-571 (2000); Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, 292 (1975).
13 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.
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renunciados, salvo que el tribunal determine que no pudieron ser

razonablemente presentados. A menos que la moción y los autos del

caso demuestren concluyentemente que el compareciente no tiene

derecho a remedio alguno; el tribunal notificará al fiscal, le proveerá

asistencia de abogado si no la tuviere, y señalará prontamente una

vista. Este procedimiento únicamente está disponible cuando la

sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva

inevitablemente un fracaso de la justicia, o un resultado

inconsistente con los principios básicos del debido proceso de ley.

De ningún modo sustituye el procedimiento ordinario de la

apelación como método para corregir los errores de derecho, los

errores cometidos en el juicio, ni para alegar la inocencia del

peticionario14.

       El   procedimiento       establecido    en   la    Regla   192.1     de

Procedimiento Criminal, supra, es de naturaleza civil y, por tanto, el

peticionario tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene

derecho al remedio solicitado15. El Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha resuelto que una moción al amparo de la Regla 192.1 de

Procedimiento Criminal, supra, puede ser rechazada de plano si de

su faz no se demuestra que el peticionario tiene derecho a algún

remedio16. Es el peticionario quien debe poner en condiciones al

tribunal de resolver la controversia17. Ello se logra a través de la

exposición de datos y argumentos de derecho concretos y, de

cumplir con esto, se hace “imperiosa la celebración de una vista para

atender los planteamientos constitucionales, o de ausencia de

jurisdicción, o de ilegalidad de la pena impuesta”18.

14 Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823-824 (2007).
15 Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826; Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 820-

821 (2006).
16 Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826.
17 Íd.
18 Íd., págs. 826-827.
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       Aun cuando el lenguaje empleado en la transcrita Regla

192.1, supra, es amplio, los fundamentos para revisar una sentencia

bajo este mecanismo se limitan a cuestiones de derecho, por lo que

el precepto no puede ser empleado para levantar cuestiones de

hechos que hubieren sido adjudicadas por el tribunal19. Se trata de

un mecanismo para cuestionar la legalidad de la sentencia, no su

corrección, a la luz de los hechos20.

                                      III.

       El señor Hernández Rivera plantea ante nos que el TPI erró al

declarar No Ha Lugar la moción al amparo de la Regla 192.1 de

Procedimiento Criminal, supra. Asimismo, solicita que se “ordene la

desestimación de la Sentencia impuesta en el Art. 5.04 [de la Ley de

Armas]”21.

       Luego de analizar la totalidad del expediente sometido, a la

luz de la normativa previamente citada, concluimos que el señor

Hernández Rivera no ha rebatido la presunción de corrección que

posee la Orden recurrida. Del escrito presentado por el peticionario

no surge ninguno de los fundamentos para concederle remedio

alguno al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento

Criminal, supra.

       Así pues, tras evaluar los planteamientos esbozados en la

petición de certiorari a la luz de nuestro estado de derecho, no

detectamos criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que amerite nuestra

intervención con la Orden recurrida. Tampoco se desprende que

haya mediado prejuicio o parcialidad en el dictamen recurrido, ni

que éste sea contrario a Derecho. En consecuencia, procede la

denegatoria de la petición ante nuestra consideración.

19 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 896 (1993); Pueblo v. Pérez Adorno,

178 DPR 946 (2010).
20 Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557 (2000).
21 Véase, recurso de certiorari, pág. 4.
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                                 IV.

      Por   los   fundamentos        que   anteceden,   denegamos   la

expedición del auto de certiorari.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones