Court Opinion

ID: 9928642
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:32:11.720791+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:48.187527
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VIII

     EL PUEBLO DE                                 Certiorari,
     PUERTO RICO                                  procedente del Tribunal
                                                  de Primera Instancia,
      Parte Recurrida                             Sala Superior de Caguas

                               KLCE202301247 Caso Núm.:
                                             E HO1999G0111
              v.
                                                  Sobre:
                                                  Eliminación Registro de
                                                  Ofensores Sexuales
 JOSÉ J. RIVERA ROSA
                                                  Por:
     Parte Peticionaria                           Tent. Art. 99 C.P. (1974)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

      Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, José Rivera

Rosa (en adelante, el “señor Rivera Rosa” o el “Peticionario”) mediante

recurso de Certiorari presentado el 9 de noviembre de 2023. Nos solicitó la

revocación de la Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Caguas (en adelante, el “TPI”) el 27 de septiembre de 2023,

notificada y archivada en autos el 10 de octubre de 2023. Mediante el

referido dictamen, el foro recurrido determinó que no procedía la eliminación

del nombre del Peticionario del Registro de Personas Convictas por Delitos

Sexuales y Abuso contra Menores (en adelante, “Registro de Ofensores

Sexuales”).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el

auto de Certiorari presentado ante nuestra consideración y confirmamos la

Orden recurrida.

                                     I.

      El señor Rivera Rosa fue sentenciado el 29 de agosto de 2000 a

cumplir una pena de diez (10) años bajo el privilegio de sentencia

Número Identificador
SEN2023______________
KLCE202301247                                                                2

suspendida, por infracción al Artículo 99 del derogado Código Penal de

Puerto Rico de 1974, en su modalidad de tentativa, el cual tipificaba el delito

de violación. 33 LPRA sec. 4061 (derogado). Sin embargo, el 11 de mayo

de 2001, el TPI revocó el mencionado privilegio y el Peticionario fue

ingresado en una institución penal del país. Posteriormente, el 23 de octubre

de 2006, se le concedió el privilegio de libertad bajo palabra. Finalmente,

extinguió su sentencia el 3 de noviembre de 2007.

       Entretanto, el 24 de octubre de 2006, se inscribió por primera vez en

el Registro de Ofensores Sexuales, en cumplimiento con la Ley Núm. 266-

2004, según enmendada, 4 LPRA secs. 536 et seq. Esta pieza legislativa

imponía un término de diez (10) años de permanencia en el Registro para

las personas convictas por el delito de tentativa de violación, entre otros

delitos. Por lo que, bajo el estado de derecho vigente en aquel entonces, al

señor Rivera Rosa le correspondía permanecer registrado hasta el 24 de

octubre de 2016. No obstante, el 14 de diciembre de 2011, luego de que

el Peticionario cumpliera su sentencia, pero, anterior a que cumpliera

su término en el Registro de Ofensores Sexuales, se aprobó la Ley

Núm. 243-2011, infra, la cual a su vez enmendó la Ley Núm. 266-2004,

supra.

       Así las cosas, el 31 de agosto de 2023, el Peticionario presentó

“Petición para Eliminación del Nombre [del] Registro de Ofensores

Sexuales”. Argumentó que, a pesar de la aprobación de la Ley Núm. 243-

2011, infra, ésta no es de aplicación a su caso, ya que cuando se aprobó

dicha enmienda, el Peticionario ya había extinguido su sentencia. Así pues,

solicitó se eliminara su nombre del Registro de Ofensores Sexuales por

haber cumplido con el término de diez (10) años que inicialmente establecía

la Ley Núm. 266-2004, supra.

       En respuesta, el 11 de septiembre de 2023, el Pueblo de Puerto Rico

(en adelante, el “Ministerio Público”) radicó “Moci[ó]n Sobre Petici[ó]n de

Orden sobre Inscripción en el Registro de Ofensores Sexuales”. Alegó

que, según lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Ley Núm.

243-2011, infra, era de aplicación retroactiva por lo que, lo correspondiente
KLCE202301247                                                             3

es que el señor Rivera Rosa permanezca inscrito en el Registro de

Ofensores Sexuales de por vida.

       Analizadas las dos posiciones, el 27 de septiembre de 2023,

notificada y archivada el 10 de octubre de 2023, el TPI emitió Orden en la

cual declaró No Ha Lugar la petición presentada por el señor Rivera Rosa.

       Inconforme con tal determinación, el 9 de noviembre de 2023, el

Peticionario acudió ante este Tribunal mediante el recurso de Certiorari que

nos ocupa y le imputó al foro primario haber cometido los siguientes errores:

       1. Erró el TPI al denegar la petición de eliminación de
       datos del señor Rivera Rosa del Registro de Ofensores
       Sexuales, a pesar de haber calculado el término de los
       diez años requeridos por la Ley 28-1997, según
       enmendada por la Ley 266-2004, que era el estado derecho
       vigente al momento de dictarse su sentencia y al
       momento de extinguirla.

       2. Erró el TPI al interpretar que era de aplicación
       retroactiva al caso de autos el deber de inscribirse de por
       vida, introducido al Registro por la Ley 243-2011, a pesar
       de que cuando fue promulgada el señor Rivera Rosa había
       cumplido previamente su sentencia.

       El 27 de noviembre de 2023, el Gobierno de Puerto Rico, por

conducto de la Oficina del Procurador General, presentó su alegato en

oposición.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                     II.

                                     A.

       El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una decisión

de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Al

ser un recurso extraordinario de carácter discrecional, este solo se expedirá

luego de justipreciar los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Con el fin de que podamos ejercer

de una manera sensata nuestra facultad discrecional de entender o no en

los méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso, la

precitada disposición reglamentaria dispone lo siguiente:
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       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:
              A. Si el remedio y la disposición de la decisión
              recurrida a diferencia de sus fundamentos son
              contrarios a derecho.
              B. Si la situación de hechos planteada es la más
              indicada para el análisis del problema.
              C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
              y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
              Tribunal de Primera Instancia.
              D. Si el asunto planteado exige consideración más
              detenida a la luz de los autos originales, los cuales
              deberán ser elevados, o de alegatos más
              elaborados.
              E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
              el caso es la más propicia para su consideración.
              F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
              causa no causa un fraccionamiento indebido del
              pleito y una dilación indeseable en la solución final
              del litigio.
              G. Si la expedición del auto o de la orden de
              mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Íd.
       Las delimitaciones que imponen estas disposiciones reglamentarias

tienen como objetivo intrínseco prevenir la “dilación que causaría la revisión

judicial de controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación”. Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al.,

201 DPR 703, 712 (2019). Nótese que, distinto al recurso de apelación, el

auto de certiorari, por ser un recurso discrecional, debe ser utilizado con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 918.

       En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente

ha indicado que la discreción significa tener poder para decidir en una u otra

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado ejercicio de la discreción

judicial está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así

pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones

emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. S.L.G.

Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).
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                                     B.

      La Ley Núm. 28, aprobada el 1 de julio de 1997 (en adelante, “Ley

Núm. 28”), fue promulgada con el propósito de crear el Registro de Personas

Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores, toda vez

que se reconoció el deber del Estado de proteger a la ciudadanía y a las

víctimas de delito, en consideración a la peligrosa reincidencia en la

sociedad de delitos sexuales o abuso contra menores. Véase, Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 28 de 1997. Fue por ello que se entendió

necesario crear el Registro del 1997, mediante el cual se crearía un sistema

en el que se ordenaría la inscripción de personas convictas por delitos

sexuales y de abuso contra menores. De esta forma, se brindaría acceso a

esta información, tanto a las agencias encargadas de mantener el orden

público como a la comunidad en general, procurando así mayor seguridad

pública.

      Según la citada Ley, en el Registro del 1997 serían inscritas las

personas convictas por los siguientes delitos o su tentativa:

      [V]iolación, seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos;
      proxenetismo, rufianismo o comercio de personas cuando la
      víctima fuere menor de dieciocho (18) años y el delito
      agravado; delito contra la protección a menores, incesto,
      restricción de libertad cuando la víctima fuere menor de
      dieciséis (16) años y no fuere su hijo, secuestro cuando la
      víctima fuere menor de dieciocho (18) años y no fuere su
      hijo, robo de menores, perversión de menores cuando se
      admitiere o retuviere a un menor de dieciocho (18) años en
      una casa de prostitución o sodomía; maltrato agravado de
      un menor y agresión sexual conyugal, comprendidos en los
      Artículos 99, 101, 103, 105, 110(a) y (c) y 111, 115, 122,
      131(e), 137 A(a), 160 y 163(e) de la Ley Núm. 115 de 22 de
      julio de 1974, según enmendada, y en los Artículos 3.2(g) y
      3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
      respectivamente; y el delito de maltrato a menores
      establecido en los Artículos 37 y 38 de la Ley 75 de 28 de
      mayo de 1980, según enmendada. Art. 3 (a) de la Ley Núm.
      28, supra, 4 LPRA sec. 535 (derogada).

      Se dispuso, además, que debían registrarse aquellas personas que

al momento de la aprobación de la Ley Núm. 28 se encontraban “recluidas

por la comisión de alguno de los delitos enumerados en este Artículo y

aquellas personas a las que se le[s] revoque su libertad por el

incumplimiento de alguna condición”. Íd.
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       Dicha Ley establecía, en su Artículo 5, que las personas convictas

por los delitos indicados en el estatuto se mantendrían en el Registro por un

período de diez (10) años desde que la persona cumplió su sentencia, desde

que comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio de libertad a prueba o

desde que es liberada bajo palabra. Igualmente, el estatuto disponía que,

una vez transcurrido este término, los datos del convicto serían eliminados.

Íd.

      Ahora bien, dicha pieza legislativa fue derogada por la Ley Núm. 266-

2004, según enmendada, conocida como la “Ley del Registro de Personas

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores”, 4 LPRA sec. 536

et seq. (en adelante, “Ley Núm. 266”), la cual creó el Registro. Conforme a

la Ley Núm. 266, quedarían registradas:

       Las personas que hayan sido o sean convictas por delitos
       similares, o sus tentativas o conspiraciones, a los enumerados
       en el Artículo 2 de esta Ley por un tribunal federal, estatal, de
       tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal,
       extranjero o militar, y se les haya garantizado el debido
       proceso de ley en el país que fueron convictos, que se
       trasladen a Puerto Rico para establecer su residencia, o que
       por razón de trabajo o estudio se encuentren en Puerto Rico,
       aunque su intención no sea la de establecer domicilio en el
       País. 4 LPRA sec. 536a(c).

      Cabe destacar que de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266,

supra, claramente se desprende que el propósito de la política pública

establecida mediante este estatuto no tenía un propósito punitivo, sino el de

garantizar la seguridad, protección y bienestar general de la población más

vulnerable de la sociedad. Posteriormente, mediante la aprobación de la Ley

Núm. 243-2011 (en adelante, “Ley Núm. 243-2011”), la Ley Núm. 266 se

enmendó para atemperar la ley local a la ley federal “Adam Walsh Child

Protection and Safety Act of 2006”, también conocida como el “Sex Offender

Registration and Notification Act” (SORNA, por sus siglas en inglés). En la

Exposición de Motivos de tal enmienda, se reiteró que el propósito del

Registro no es uno punitivo, sino el garantizar la seguridad de la ciudadanía.

       Mediante las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011,

supra, la cual entró en vigor el 14 de diciembre de 2011, se incluyó en la Ley

Núm. 266, supra, una clasificación de ofensores sexuales en tres (3)

categorías: Ofensor Sexual Tipo I, Tipo II y Tipo III. En lo que nos concierne,
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el Artículo 2 de la Ley Núm. 266 establece que un Ofensor Sexual Tipo III

se define como una persona que ha cometido los siguientes delitos, o su

tentativa:

       (a) Violación; seducción; sodomía; actos lascivos cuando la
       víctima no ha cumplido los dieciséis (16) años; incesto;
       secuestro cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18)
       años y no fuere su hijo, robo de menores comprendidos en los
       Artículos 99, 101, 103, 105, 122, 137-A(a) y 160,
       respectivamente, de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974,
       según enmendada; y agresión sexual conyugal, según
       tipificada en la sec. 635 del Título 8.

       (b) Agresión Sexual, según comprendido en los incisos (a), (b),
       (c), (d), (e) o (g) de la sec. 4770 del Título 33.

       (c) Actos lascivos, cuando la víctima no ha cumplido los trece
       (13) años de edad; secuestro de menores; secuestro agravado
       cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años, según
       comprendidos en las secs. 4762, 4772 y 4798(a) del Título 33.

       (d) Un Ofensor Sexual Tipo II convicto anteriormente de un
       delito sexual y que posteriormente comete otro delito sexual.

       (e) Cualquier delito antecedente o sucesor de los
       mencionados en las cláusulas (a), (b) y (c) de este inciso. 4
       LPRA sec. 536 (énfasis suplido).

       En consonancia con lo anterior, el Artículo 5 de la Ley Núm. 266

dispone que los Ofensores Sexuales Tipo III estén registrados de por vida.

4 LPRA sec. 536c. Como puede observarse, las enmiendas introducidas por

la Ley Núm. 243-2011, supra, incorporaron requisitos más rigurosos para

los ofensores sexuales sujetos al Registro, a la misma vez que se mantuvo

el carácter no punitivo del mismo.

       Relativo a las controversias que nos ocupan el Artículo 15 de la Ley

Núm. 243-2011 dispuso que la misma tendría vigencia inmediata después

de su aprobación, excepto los incisos (f) y (g) del Artículo 4, los cuales

tendrían efecto prospectivo. Ahora bien, dicho Artículo establece que “[l]as

demás disposiciones podrán tener efecto retroactivo”. Véase, Pueblo v.

Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019). A esos efectos, el Tribunal

Supremo expresó lo siguiente:

       [L]a aplicación retroactiva de las enmiendas introducidas por
       la Ley Núm. 243-2011 a la Ley Núm. 266-2004 no violan la
       prohibición constitucional en contra de la aplicación de
       leyes ex post facto. Esta ley, y sus más recientes enmiendas,
       es de carácter civil, no penal ni punitiva, y cumple cabalmente
       con la metodología adjudicativa adoptada en Smith v. Doe. En
       aras de evitar cualquier posible ejercicio de arbitrariedad, y
       para promover la uniformidad en las decisiones de los
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       tribunales en Puerto Rico, luego de una reflexión ponderada
       sostenemos que: todas las disposiciones contenidas en las
       enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 aplican de
       forma retroactiva, independientemente de si la persona que
       impugna su anotación en el Registro arguye que, en su
       situación particular, corresponde emplear el principio de
       favorabilidad. Íd., pág. 999.

                                        III.

       Por estar intrínsecamente relacionados entre sí, discutiremos los

errores señalados en conjunto.

       En el caso de autos, el señor Rivera Rosa trae ante nuestra

consideración dos (2) planteamientos de error que cuestionan la

determinación del TPI en cuanto a la aplicación retroactiva de la Ley Núm.

243-2011, supra. Como parte de los argumentos, expresó que la aprobación

de la Ley Núm. 243-2011, supra, ocurrió luego de que éste extinguiera su

sentencia. Por lo que, según su teoría, lo correspondiente sería que se

eliminara su nombre del Registro de Ofensores Sexuales. Destacó que, en

el caso Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, el peticionario aún se

encontraba cumpliendo su sentencia, por lo que el caso de autos era

distinguible de la controversia a la cual se enfrentó el Tribunal Supremo en

dicha ocasión. No le asiste la razón.

       Si bien es cierto que, en Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, el Sr.

Efraín Ferrer Maldonado aún se encontraba cumpliendo su sentencia, el

Tribunal Supremo no condicionó la aplicación retroactiva de la Ley al

cumplimiento de la condena del peticionario. De hecho, se estableció que la

aplicación retroactiva de las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-

2011, supra, no violan la prohibición constitucional en contra de la aplicación

de leyes ex post facto. De hecho, el Tribunal Supremo fue más allá al

expresar taxativamente lo siguiente: “las enmiendas introducidas por la Ley

Núm. 243-2011 aplican de forma retroactiva, independientemente de si la

persona que impugna su anotación en el Registro arguye que, en su

situación    particular,    corresponde        emplear   el    principio    de

favorabilidad”. Íd., pág. 999 (énfasis suplido). Esto debido a que la misma

es de carácter civil, no penal ni punitivo. Además, el alto foro judicial local

dejó claro que, con el fin de uniformar las decisiones realizadas por los
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tribunales en Puerto Rico, todas las disposiciones contenidas en las

enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011, supra, aplican de

forma retroactiva para evitar la aplicación arbitraria de ésta. Íd.

Adicionalmente, encontramos expresiones del Tribunal Supremo en Pueblo

v. Ferrer Maldonado, supra, que son indicativas de que se tomó en

consideración el momento en que se presente la petición de eliminación del

Registro. Específicamente, dicho foro expresó lo siguiente:

      A la luz de todo esto, el señor Ferrer Maldonado, quien quedó
      registrado según los parámetros de la Ley Núm. 28-1997
      pero cuya moción ante el foro primario para que sus
      datos e información personal fuesen eliminados del
      Registro ocurrió luego de la aprobación de las
      enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011, nos
      lleva a concluir que estas le aplican retroactivamente. Íd.,
      pág. 989 (énfasis suplido).

      Por otro lado, nos resultan persuasivas las expresiones del Tribunal

Supremo en Placer Román v. ELA y otros, 193 DPR 821 (2015) (Sentencia),

las cuales igualmente fueron citadas por dicho foro para determinar que las

disposiciones de la Ley Núm. 243-2011 aplican retroactivamente. Allí, la

opinión de conformidad suscrita por la entonces Jueza Presidenta, Hon.

Liana Fiol Matta, y las opiniones concurrentes de los Jueces Asociados,

Hon. Rafael Martínez Torres y Hon. Luis F. Estrella Martínez, sostuvieron

que, en ese caso, no era de aplicación retroactiva la Ley Núm. 243-2011,

supra, debido a que, entre otras cosas, en el momento en el que entró en

vigor el mencionado estatuto, ya el señor Placer Román había cumplido el

término de diez (10) años de registrado. Véase, Íd., págs. 838, 840 y 860-

861. Por tanto, distinto al caso que nos ocupa, allí se cumplió con el

término de inscripción en el Registro de Ofensores Sexuales antes de

las enmiendas incorporadas a la Ley Núm. 266-2004 por medio de la

Ley Núm. 243-2011, supra. Coincidimos con dicha apreciación.

      No podemos perder de perspectiva que la Ley Núm. 243-2011, supra,

tiene como propósito divulgar cierta información al público y, a su vez,

promover la seguridad de la ciudadanía. Siendo así, el interés del estado es

garantizar la protección de los sectores más vulnerables ante la posibilidad

de reinserción en la sociedad de las personas convictas por dichos delitos.

Entiéndase, al examinar la interacción de los estatutos aplicables a las
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controversias que nos ocupan, en conjunto con la jurisprudencia

interpretativa sobre el tema, somos de la opinión de que en este tipo de

asuntos el cumplimiento de la condena impuesta no es un elemento

esencial, sino el momento en que vencía el plazo de inscripción en el

Registro y cuándo se solicita la remoción del mismo.

       No existe controversia sobre la fecha de inscripción del Peticionario

en el Registro de Ofensores Sexuales y, por tanto, tampoco debe existir

contención alguna sobre cuándo se expiraba el plazo que éste debía

permanecer, conforme la Ley Núm. 266-2004, supra. En el presente caso,

el señor Rivera Rosa extinguió su pena de reclusión el 3 de noviembre de

2007 y se inscribió por, primera vez, en el Registro de Ofensores Sexuales

el 24 de octubre de 2006, según lo establecido por la Ley Núm. 266-2004.

Cónsono con lo anterior, se suponía que el Peticionario cumpliera con su

permanencia en el Registro el 24 de octubre de 2016. Sin embargo,

aprobada la Ley Núm. 243-2011, supra, y estando aún vigente el plazo del

Peticionario en el Registro, se enmendó el término correspondiente al delito

por el cual el señor Rivera Rosa fue hallado culpable, por lo que la nueva

normativa establece que la inscripción de éste en el Registro de Ofensores

Sexuales es de por vida, al considerársele un Ofensor Sexual Tipo III por

haber sido hallado culpable por tentativa de violación.

       Adviértase que, si bien es cierto que al momento de la aprobación

de la Ley Núm. 243-2011, supra, el Peticionario ya había cumplido su

sentencia, no es menos cierto que para ese entonces aún no se había

extinguido el término de su inscripción en el Registro de Ofensores Sexuales

y solicitó su eliminación del Registro ya estando vigente sus disposiciones.

Según adelantamos en el acápite I de la presente Sentencia, dicho plazo

vencía en el 2016. Por tanto, al entrar en vigor la Ley 243-2011, supra, antes

de que el Peticionario cumpliera con el término de diez (10) años

inicialmente impuesto y quedando establecido que su aplicación es

retroactiva, lo correcto es que el señor Rivera Rosa permanezca inscrito en

el Registro de Ofensores Sexuales de por vida, en cumplimiento con el

ordenamiento jurídico vigente.
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                                     IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, expedimos el auto de Certiorari

presentado ante nuestra consideración y confirmamos la Orden recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones