Court Opinion

ID: 9962608
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:34:15.074073+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.414907
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

     RAFAEL MATOS BERRÍOS                   Certiorari
                                            procedente del
          Recurrido                         Tribunal de
                                            Primera
                                            Instancia, Sala
               v.             KLCE202400315 de Relaciones de
                                            Familia y Menores
                                            de Bayamón
     SARA CANTRES NEGRÓN                        Caso núm.:
                                                D CU2017-0068
        Peticionaria
                                                Sobre:

                                                Custodia

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

       Comparece    la   señora    Sara    Cantres   Negrón,    en

adelante la señora Cantres o la peticionaria, quien nos

solicita que revoquemos la Orden emitida el 9 de febrero

de 2024 y notificada el día 13 del mismo mes y año.

Mediante la misma, el Tribunal de Primera Instancia,

Relaciones de Familia y Menores de Bayamón, en adelante

TPI, declaró no ha lugar la Moción en Cumplimiento de

Orden de la peticionaria.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del auto de Certiorari.

                                 -I-

       En el contexto de un pleito sobre custodia, el 25

de    agosto   de   2023,   el    TPI     concedió   la    custodia

monoparental de Y.Y.M.C., en adelante el menor, a su

Número Identificador
RES2024_______________
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padre, el señor Rafael Matos Berríos, en adelante el

señor Matos o el recurrido.1

      En desacuerdo, el 14 de septiembre del mismo año,

la    señora    Cantres      presentó     una    solicitud    de

reconsideración, en la que solicitó el restablecimiento

de las relaciones maternofiliales, un nuevo estudio

social y una nueva vista sobre impugnación de informe.2

      Por su parte, el 13 de octubre de 2023, el TPI

declaró sin lugar la solicitud de reconsideración.3

      Nuevamente, con fecha de 7 de febrero de 2024, la

señora   Cantres    compareció     ante    el   foro   recurrido

mediante Moción en Cumplimiento de Orden, mediante la

misma, arguyó que resultaba necesario referir el pleito

de epígrafe a la unidad social, “conforme a la situación

actual y a la superación de las partes”, porque tanto

ella como el señor Matos “tuvieron custodia compartida

sin problemas por varios años”; la determinación de la

custodia monoparental a favor del padre retirado se debe

a un discrimen contra la madre por ejercer como policía;

y los hallazgos del informe en que se basó el TPI para

otorgar la custodia monoparental son del 2022, por lo

que “no guardan relación con la realidad de 2024”.4

      Tras evaluar la Moción en Cumplimiento de Orden, el

TPI determinó lo siguiente:

      No Ha Lugar. No se ha colocado al Tribunal en
      posición de determinar que ha ocurrido un cambio
      suficiente en la calidad del cuido que el menor ha
      estado recibiendo o la existencia de un riesgo o
      amenaza para el bienestar o la integridad del menor
      que justifique un cambio en la custodia otorgada
      el 25 de agosto de 2023, es decir, hace tan solo
      cinco (5) meses y trece (13) días.5

1 Apéndice de la peticionaria, págs. 95-105.
2 Id., págs. 106-117.
3 Id., pág. 118.
4 Id., págs. 3-9.
5 Id., págs. 1-2.
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      Insatisfecha, la peticionaria presentó una Petición

de Certiorari, en la que alegó que el TPI cometió los

siguientes errores:

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR
      LA DEMANDADA-RECURRENTE PARA LA REEVALUACIÓN DE LA
      DETERMINACIÓN DE CUSTODIA Y, EN CONSECUENCIA, CON
      SU   DETERMINACIÓN,  REFRENDAR   TÁCITAMENTE   LAS
      DETERMINACIONES DE CARÁCTER CONTRADICTORIO Y
      DISCRIMINATORIO EFECTUADAS Y/O ACOGIDAS POR EL
      HONORABLE TRIBUNAL EN SU RESOLUCIÓN PREVIA DEL 25
      DE AGOSTO DE 2023.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR
      LA DEMANDADA-RECURRENTE Y DESCARTAR, DE PLANO, LOS
      ARGUMENTOS DE ALIENACIÓN PARENTAL, PREJUICIO Y
      DISCRIMEN POR ESTA ESBOZADOS.

      Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede “prescindir

de     términos        no         jurisdiccionales,         escritos,

notificaciones o procedimientos específicos … [ello] con

el   propósito    de   lograr       su   más   justo   y    eficiente

despacho…”. En consideración a lo anterior, eximimos a

la parte recurrida de presentar su alegato en oposición.

      Luego de evaluar el escrito de la peticionaria,

estamos en posición de resolver.

                                  -II-

                                   A.

      Como   cuestión       de     umbral,     la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional      de        las      resoluciones      u      órdenes

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia en los siguientes términos:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones
      u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia, solamente será expedido por
      el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
      una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
      este apéndice o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
      a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
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      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,   asuntos    relativos   a
      privilegios    evidenciarios,    anotaciones   de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
      casos que revistan interés público o en cualquier
      otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia[…].6
                                1.

    Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio      determinar       si        procede      revisar    la

determinación interlocutoria recurrida.

      A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior.7 Distinto al recurso

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por   tratarse      de    ordinario    de   asuntos

interlocutorios.8 Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.9

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto
      de certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A.    Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
            son contrarios a derecho.

6 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
7 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023);
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
8 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,
supra, pág. 334.
9 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Municipio

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG Builders et
al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
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      B.    Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

      C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la
            prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

      D.    Si el asunto planteado exige consideración
            más detenida a la luz de los autos
            originales, los cuales deberán ser elevados,
            o de alegatos más elaborados.

      E.    Si la etapa del procedimiento en que se
            presenta el caso es la más propicia para su
            consideración.

      F.    Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa no causan un fraccionamiento
            indebido del pleito y una dilación indeseable
            en la solución final del litigio.

      G.    Si la expedición del auto o de la orden
            de mostrar causa evita un fracaso de la
            justicia.10

                                B.

      El concepto de “determinación de custodia (custody

determination)… se define como la ‘sentencia, decreto u

otra orden de un tribunal, que dispone de quién es la

custodia del menor o cuándo se le harán las visitas, e

incluye las órdenes permanentes, temporeras, iniciales,

y modificaciones‘”.11

      Ahora bien, existen diferentes tipos de custodia.

La   custodia    compartida    es    la   obligación    de   ambos

progenitores de ejercer directa y totalmente todos los

deberes y funciones que conlleva la patria potestad de

los hijos, relacionándose el mayor tiempo posible y

brindándoles la compañía y atención que se espera del

progenitor responsable.12 Sin embargo, en alguno casos,

la custodia puede ser exclusiva, es decir, se puede

asignar    a    un   solo   progenitor     en   las    siguientes

circunstancias:

10 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; Municipio
v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
11 Perron v. Corretjer, 113 DPR 593, 601 (1982).
12 Art. 602 de la Ley Núm. 55-2020 (31 LPRA sec. 7281).
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      (a)    mientras se ventila el proceso de divorcio o
             de nulidad del matrimonio;

      (b)    luego de decretada la disolución o anulado
             el matrimonio; o

      (c)    cuando hay diferencias irreconciliables o
             reiteradas   entre   los   progenitores   que
             afectan    significativamente   la    crianza
             razonada, responsable y efectiva del hijo.

            En estos casos no puede entorpecerse o
      prohibirse el contacto del otro progenitor con su
      hijo, aunque puede regularse en las circunstancias
      y del modo que autoriza este Código.13

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que en toda controversia sobre la custodia legal de un

menor de edad, el tribunal tendrá como su único norte y

propósito principal el bienestar y los mejores intereses

del   menor.14     Esto      se    puede    aquilatar     mediante      una

evaluación        social     que    tome      en   consideración         los

siguientes factores, a saber: (1) la preferencia del

menor, su sexo, edad, y salud mental y física; (2) el

cariño      que    puede     brindársele       por      las    partes    en

controversia;          (3)   la    habilidad       de    aquellas       para

satisfacer        debidamente       las      necesidades       afectivas,

morales y económicas del menor; (4) el grado de ajuste

del menor al hogar, la escuela y la comunidad en que

vive; (5) la interrelación del menor con las partes, sus

hermanos y otros miembros de la familia; y (6) la salud

psíquica de todas las partes.15

      En lo pertinente, así como el Código Civil de Puerto

Rico de 2020, la Ley Protectora de los Derechos de los

Menores     en    el    Proceso     de     Adjudicación       de   Custodia

13 Art. 606 de la Ley Núm. 55-2020 (31 LPRA sec. 7285).
14 Jusino González v. Norat Santiago, 211 DPR 855, 864 (2023);
Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 167 (2001); Ortiz v. Meléndez,
164 DPR 16, 26-27 (2005). Véase, además, Sánchez Cruz v. Torres
Figueroa, 123 DPR 418, 431 (1989); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107
DPR 495, 508 (1978); Centeno Alicea v. Ortiz, 105 DPR 523, 527
(1977).
15 Nudelman v. Ferrer Bolívar, supra, pág. 511. (Citas omitidas).
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dispone los siguientes criterios en toda determinación

de custodia:

     1.    La salud mental de ambos progenitores, así
           como la del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia
           se va a adjudicar.

     2.    El nivel de responsabilidad o integridad
           moral   exhibido  por  cada   uno   de  los
           progenitores y si ha habido un historial de
           violencia doméstica entre los integrantes
           del núcleo familiar.

     3.    La   capacidad   de  cada   progenitor   para
           satisfacer    las   necesidades    afectivas,
           económicas y morales del menor, tanto
           presentes como futuras.

     4.    El historial de cada progenitor en la
           relación con sus hijos, tanto antes del
           divorcio, separación o disolución de la
           relación consensual, como después del mismo.

     5.    Las necesidades específicas de cada uno de
           los   menores   cuya   custodia  está   en
           controversia.

     6.    La interrelación de cada menor, con sus
           progenitores, sus hermanos y demás miembros
           de la familia.

     7.    Que la decisión no sea      producto   de   la
           irreflexión o coacción.

     8.    Si los progenitores poseen la capacidad,
           disponibilidad y firme propósito de asumir
           la responsabilidad de criar los hijos
           conjuntamente.

     9.    Los verdaderos motivos y objetivos por los
           cuales los progenitores han solicitado la
           patria potestad y custodia compartida.

     10.   Si la profesión, ocupación u oficio         que
           realizan los progenitores impedirá          que
           funcione el acuerdo efectivamente.

     11.   Si la ubicación y distancia de ambos hogares
           perjudica la educación del menor.

     12.   La   comunicación  que   existe  entre   los
           progenitores y la capacidad para comunicarse
           mediante comunicación directa o utilizando
           mecanismos alternos.

     13.   Analizará la presencia de la enajenación
           parental, o cualesquiera otras razones que
           pudieran ocasionar la resistencia del menor
           para   relacionarse   con   sus   padres.  La
           enajenación   parental   se   refiere   a  la
           obstaculización por parte de uno de los
           progenitores de las relaciones filiales de
           sus hijos o hijas, menores de edad, con el
           otro   progenitor,   mediante    el   uso  de
           diferentes estrategias, con el propósito de
           transformar o adoctrinar la conciencia de sus
           hijos o hijas, a los fines de denigrar,
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            impedir, obstruir o destruir sus vínculos con
            el otro progenitor y el menor de edad
            presenta pensamientos o sentimientos de
            rechazo hacia el otro progenitor; demuestra
            actitudes negativas hacia este o si, en
            efecto, se ha afectado el vínculo afectivo
            entre el menor y el otro progenitor. Todas
            las actuaciones que surgen del presente
            inciso deben ocurrir de forma repetitiva de
            modo que constituyan un patrón y no basado
            en hechos aislados.

     14.    Cualquier otro criterio válido o pertinente
            que pueda considerarse para garantizar el
            mejor bienestar del menor.16

     En el proceso de análisis y ponderación de estos

factores,    participan      los     peritos    de   las    Salas    de

Relaciones    de   Familia     por    medio    de    la    Clínica   de

Diagnóstico de la Rama Judicial. Aquellos pueden ser

Trabajadores       Sociales,         Sicólogos       Clínicos        y/o

Siquiatras,    que    realizan       las    evaluaciones     sociales

forenses necesarias a las partes y a los menores.17 No

obstante,     en     el   proceso          decisional      del   foro

sentenciador, las recomendaciones sobre custodia de los

Trabajadores Sociales constituyen uno de los factores a

considerar, más no el único.18

     Así pues, ningún factor por sí sólo es decisivo o

determinante en el proceso de toma de decisiones.19 Por

lo tanto, se insiste en que “[n]o es el derecho de los

padres a relacionarse con la menor el criterio decisivo

en los casos de custodia, sino el mejor bienestar del

menor”.20

     Por tal razón, en los casos en que se demuestre que

alguno de los progenitores no se encuentra capacitado

para ostentar la custodia, los tribunales, actuando en

16 Art. 7 de la Ley Núm. 223-2011 (32 LPRA sec. 3185). (Énfasis
suplido). Véase, además, Art. 604 de la Ley Núm. 55-2020 (31 LPRA
sec. 7283).
17 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 652 (2016).
18 Art. 8 de la Ley Núm. 223-2011 (32 LPRA sec. 3186).
19 Marrero v. García, 105 DPR 90, 105 (1976).
20 Maldonado v. Burris, supra, pág. 168. (Énfasis suplido).
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beneficio de los mejores intereses de los menores, no la

concederá.      No     obstante,      los   tribunales    deben     estar

atentos a cualquier actuación frívola e infundada de

alguno de los progenitores, dirigida a impedir que el

otro progenitor disfrute de la custodia compartida, aun

cuando se encuentre capacitado para ello.21

                                   -III-

        Para la peticionaria, el TPI erró al negarse a

“reatender” lo concerniente a la custodia del menor.

Ello obedece a que la determinación recurrida constituye

“una     situación     prejuiciada,         discriminatoria   y     hasta

punitiva” hacia la señora Cantres, por razón de la

profesión      que     ejerce,    a   saber,    la   de   policía.     En

consideración a lo anterior, solicita que se revoque la

resolución recurrida y se autorice la reevaluación y

adjudicación de la custodia en este caso.

        Por tratarse de una controversia en un caso sobre

relaciones de familia, tenemos facultad para atender la

determinación interlocutoria en cuestión.

        Sin embargo, luego de revisar cuidadosamente el

trámite        ante     nuestra        consideración,       declinamos

intervenir       con     la   resolución        recurrida     por     las

siguientes dos razones. Primero, la resolución recurrida

no es contraria a derecho, Regla 40 (A) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra. Segundo, la etapa

del procedimiento en que se presenta el recurso no es la

más propicia para su consideración. Regla 40 (E) de

nuestro Reglamento, supra.

21   Art. 4 de la Ley Núm. 223-2011 (32 LPRA sec. 3182).
KLCE202400315                                                     10

     En fin, no encontramos ningún otro fundamento al

amparo   de   la    Regla   40    de    nuestro   Reglamento     que

justifique la expedición del auto solicitado.

                                 -IV-

     Por   los     fundamentos    expresados,     se   deniega    la

expedición del auto de Certiorari.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones