Court Opinion

ID: 9952396
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:48:29.072467+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:08.799482
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

CARMEN SOCORRO SIMÓN                                   Certiorari, acogido
VALLE                                                  como apelación,
                                                       procedente del
         Apelante                                      Tribunal de Primera
                                                       Instancia, Sala de
             v.                                        Superior de Bayamón
                               KLAN2024000301
MUNICIPIO DE DORADO,
TRIPLE-S PROPIEDAD, INC.,                              Caso Núm.
INTER ISLAND AMUSEMENT,                                BY2023CV03929
INC., JENNIFER M.
QUINTERO GARRIGA,
FULANO DE TAL,                                         Sobre:
SOCIEDAD LEGAL DE                                      Daños y Perjuicios
GANANCIALES, DWIGHT
PASTRANA BETANCOURT,
FULANA DE TAL, SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES,
COMPAÑÍAS DE SEGUROS
X, Y, Z, W, JOHN DOE

         Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

                                        I.

       El 26 de diciembre de 2023, la señora Carmen Socorro Simón

Valle (señora Simón Valle o apelante) presentó ante nos un recurso

intitulado “Petición de Certiorari”, mediante el cual solicita que

revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón, (TPI) el 8 de noviembre de

2023, notificada y archivada en autos al siguiente día.2 Mediante

este dictamen, se desestimó una Demanda en reclamo de daños y

1  Anteriormente KLCE202301455. El 10 de enero de 2024, emitimos una
Resolución por la cual, en parte, ordenamos a la Secretaría de este foro asignar el
alfanumérico correspondiente a una apelación toda vez que se recurre de una
Sentencia Parcial.
2 Apéndice de la Apelación, Anejo 6, págs. 34-36.

Número Identificador
SEN2024________________
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perjuicios promovida por la señora Simón Valle en contra de la

señora Jennifer M. Quintero Garriga (señora Quintero Garriga o

apelada) y su esposo, el señor Dwight Pastrana Betancourt (señor

Pastrana Betancourt o apelado) (en conjunto, los apelados).3

       El 10 de enero de 2024, emitimos una Resolución por la cual

le concedimos a la parte apelada hasta el 25 de enero de 2024 para

presentar su alegato en oposición, y ordenamos a la Secretaría de

este foro asignar el alfanumérico correspondiente a una apelación

toda vez que se recurre de una Sentencia Parcial.

       El 23 de enero de 2024, la señora Quintero Garriga y el señor

Pastrana Betancourt presentaron un Alegato en Oposición, mediante

el cual arguyeron que la apelante no discutió en su escrito cómo las

expresiones públicas de la señora Pastrana Garriga incluyen una

admisión expresa de responsabilidad personal y excluyen el deber

de cumplir con el mandato del Artículo 12.04 de la Ley General de

Corporaciones, Ley Núm. 164 del 16 de diciembre de 2009 (Ley Núm.

164-2009), 14 LPRA sec. 3784. También sostuvieron que la señora

Simón Valle ignora la continuidad de la personalidad jurídica de una

corporación, la cual se extiende por tres (3) años luego de la

disolución, a tenor con el Artículo 9.08 de la Ley Núm. 164-2009,

supra, sec. 3708, y según las alegaciones de los apelados, el que

Inter-Island Amusement, Inc. (Inter-Island) no haya contestado la

Demanda se debe a que la apelante no la emplazó dentro de los 120

días, a tenor con la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 4.3. Por lo que solicitó que se confirme Sentencia dictada por

el TPI.

       Posteriormente, el 29 de enero de 2024, la apelante presentó

una Moción para Alertar al Tribunal sobre Diligenciamientos de

Emplazamiento de las Partes Demandadas a la cual anejó los

3 Íd., Anejo 1, págs. 1-7.
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emplazamientos de los co-demandados incluyendo el de Inter-

Island, quien fue emplazada el 18 de agosto de 2023. En otras

palabras, contrario a lo que alegan la señora Quintero Garriga y el

señor Pastrana Betancourt; esto es, que la apelante no emplazó a

Inter-Island dentro de los 120 días dispuestos por la Regla 4.3 de

Procedimiento Civil, supra, R. 4.3, esta entidad sí fue emplazada

dentro de dicho término y por medio del señor Pastrana Betancourt

como dueño de esta.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por perfeccionado el recurso, y en adelante, pormenorizamos

los hechos procesales atinentes a la Apelación.

                                 II.

      El caso de marras tiene su génesis el 14 de julio de 2023

cuando la señora Simón Valle presentó la Demanda en contra del

Municipio Autónomo de Dorado (Municipio de Dorado), Triple-S

Propiedad, Inc. (Triple-S), Inter-Island, la señora Quintero Garriga,

el señor Pastrana Betancourt y las Compañías Aseguradoras X, Y,

Z, W de Navitown y/o cualquier otra parte responsable (en conjunto,

co-demandados). En la misma se alega que el 27 de diciembre de

2022 cuando la señora Simón Valle visitó el Gran Parque

Agroturístico Ecológico Recreativo El Dorado (“Gran Parque”) en el

Municipio de Dorado donde se llevó a cabo la octava (8va) Edición

de Navitown. La señora Simón Valle, junto a su nieta de nueve (9)

años, se montó en una machina llamada silla voladora. Al parecer,

mientras la machina se movía, la silla voladora colapsó, y tanto la

señora Simón Valle como su nieta y los demás pasajeros se cayeron.

Alega la apelante que, luego del supuesto incidente, la señora

Pastrana Garriga explicó a la prensa que la machina sufrió un

desperfecto mecánico y consecuentemente “le ocasionó daños físicos

y emocionales a todos los pasajeros que se encontraban montados
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cuando ocurrió el accidente”.4 Según surge de la Demanda, la

señora Simón Valle cayó sobre su lado izquierdo, se golpeó la cabeza,

los brazos y la espalda, y perdió la conciencia de forma momentánea.

También alegó haber sufrido otras consecuencias por los supuestos

actos y/u omisiones negligentes y/o culposas, la falta de cuidado, y

la previsibilidad de los co-demandados, tales como angustias

mentales, y salud emocional y calidad de vida             afectadas.

Posteriormente, según surge de las alegaciones contenidas en la

Demanda, la señora Simón Valle fue llevada, mediante ambulancia,

al Doctor’s Center Hospital Orlando Health en Dorado donde le

realizaron Rayos-X, CT-Scan, y la diagnosticaron con “blunt head

trauma, left shoulder tendinitis, and left elbow tendinitis.”5 Al

próximo día, 28 de diciembre de 2022, fue dada de alta. Sin

embargo, según alega la apelante, como consecuencia de los daños

sufridos, visitó lugares para ser atendida médicamente.

        Conforme a las alegaciones de la Demanda, Navitown, Inter-

Island, el Gran Parque y el Municipio de Dorado eran los custodios

de la feria, y los apelados eran los “administradores, productores,

coordinadores y encargados de la 8va Edición de Navitown”.6 La

apelante también arguyó que los co-demandados son responsables

del mantenimiento de las machinas, y la señora Quintero Garriga y

el señor Pastrana Betancourt son oficiales y accionistas de Inter-

Island. Para el 6 de febrero de 2023, según las alegaciones de la

apelante, realizó una reclamación extrajudicial en contra del

Municipio de Dorado, por correo certificado y acuse de recibo, por la

cual, entre otros asuntos, “informó sobre los daños sufridos a

consecuencia de los actos y omisiones negligentes del Municipio de

Dorado, Gran Parque Agroturístico, Navitown, e Inter-Island

4 Apéndice de la Apelación, Anejo 1, pág. 3.
5 Íd., pág. 4.
6 Íd., pág. 5.
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Amusement, Inc.”.7 Además, arguye la apelante que, para la fecha

del alegado incidente, el Municipio de Dorado poseía una póliza de

seguro vigente con Triple-S. En fin, la señora Simón Valle valoró sus

daños físicos en una suma no menor de $150,000.00, y sus

angustias mentales en una cantidad no menor de $200,000.00.

        El 21 de octubre de 2023, la señora Quintero Garriga y el

señor      Pastrana        Betancourt   presentaron   una   Moción   de

Desestimación Parcial de Demanda, a tenor con la Regla 10.2 (5) de

Procedimiento Civil, supra, R. 10.2.8 En esta arguyeron que la

Demanda no contiene reclamación que justifique la concesión de un

remedio; de existir una obligación es de Inter-Island y no de los

apelados como oficiales de esta entidad; la señora Simón Valle

incumplió con el Artículo 12.04 (B) de la Ley Núm. 164-2009, supra,

sec. 3784, y la apelante no alegó los elementos requeridos para la

aplicación de una de las excepciones de este artículo.

        Mediante una Orden del 22 de octubre de 2023, notificada el

23 de octubre de 2023, el TPI ordenó a la apelante a oponerse o

reaccionar en o antes del 10 de noviembre de 2023, a tenor con la

Regla 8.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 8.4.9

        El 30 de octubre de 2023, la señora Simón Valle presentó una

Oposición a Moción de Desestimación,10 mediante la cual arguyó que

los hechos alegados en la Demanda demuestran su derecho a un

remedio. Lo anterior ya que, según alega la señora Simón Valle, los

co-demandados son responsables del mantenimiento de las

machinas, los daños supuestamente sufridos por ella eran

previsibles, y los apelados “eran los administradores, productores,

coordinadores y encargados de la feria donde ocurrió el accidente”.11

7 Íd., pág. 6.
8 Íd., Anejo 2, págs. 8-12.
9 Íd., Anejo 3, pág. 14.
10 Íd., Anejo 4, págs. 15-17.
11 Íd., pág. 16.
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       Ese mismo día, el Municipio de Dorado y Triple-S, presentaron

una     Contestación       a    Demanda.12   Mediante   esta   alegaron

afirmativamente que Triple-S expidió la póliza número 30-CP-

81092164-5 a favor del Municipio de Dorado con efectividad desde

el 30 de junio de 2022 al 30 de junio de 2023. Sin embargo, negaron

imputación de negligencia o responsabilidad porque, según los co-

demandados, el Municipio de Dorado no tenía el control del área

donde ocurrió el incidente objeto de la Demanda. En cambio,

arguyeron que la entidad ILA, LLC “tenía a su cargo la custodia y

control del Gran Parque Agroturístico, Ecológico y Recreativo ‘El

Dorado’”, estaba encargada de “contratar el equipo, personal,

recursos técnicos y propiedad mueble para la celebración del evento

NAVITOWN”, y de llevar a cabo, organizar y producir esta

actividad.13 Según indicado en la Contestación a Demanda, el

Municipio de Dorado suscribió un contrato con ILA, LLC para el

“arrendamiento del Parque Agroturístico, Ecológico y Recreativo ‘El

Dorado’ para la celebración del evento NAVITTOWN del 15 de

diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023”.14 En fin, el Municipio de

Dorado y Triple-S sostuvieron que de probarse el incidente, ILA, LLC

es quien podría responder frente a la señora Simón Valle.

       El 9 de noviembre de 2023, el TPI notificó una Sentencia

Parcial emitida el 8 de noviembre de 2023 desestimando sin

perjuicio la Demanda en contra de los apelados, al amparo de la

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. Específicamente resolvió que:

             [E]ntiende que los codemandados Quintero-
       Pastrana no son solidariamente responsables con los
       demás demandados. Además, el Tribunal concurre con
       los codemandados Quintero-Pastrana en el argumento
       en derecho de que la parte demandante “no ha
       cumplido con el mandato del Artículo 12.04 de la Ley
       General de Corporaciones de Puerto Rico. La parte
       demandante tampoco ha alegado los elementos

12 Íd., Anejo 5, págs. 18-33.
13 Íd., págs. 19-20.
14 Íd., pág. 29 (Defensas Afirmativas).
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         necesarios para que aplique alguna de las excepciones
         al mencionado artículo”.15

         El 20 de noviembre de 2023 la señora Simón Valle presentó

una Moción de Reconsideración.16 En síntesis, arguyó que erró el TPI

al desestimar el pleito de marras en contra de los apelados “sin

ninguna       evidencia     que      liberara    a   los   codemandados     de

responsabilidad y que refutara la presunción que establece la

alegación número 25 de la demanda”, y descansando “únicamente

en la alegación número 26 de la demanda que alega que los

codemandados          son       oficiales   y   accionistas   de   Inter-Island

Amusement, Inc. . . .”.17 La señora Simón Valle también argumentó

que no viene obligada a cumplir con el Artículo 12.04 de la Ley Núm.

164-2009, supra, ya que, las alegaciones de la Demanda versan

sobre los apelados en su carácter personal y no como oficiales o

accionistas de la empresa. Además, según las alegaciones de la

Moción de Reconsideración, Inter-Island fue disuelta antes del

accidente; esto es, el 30 de marzo de 2022, cuando el alegado

incidente ocurrió el 27 de diciembre de 2022. Por lo tanto, al

momento de ocurrir el supuesto accidente “la corporación no podía

llevar a cabo negocios jurídicos como los alegado[s] en la demanda

y moción de desestimación”.18 Específicamente, la apelante arguyó

que, “[c]ualquier contrato que los codemandados hayan firmado en

representación de Inter-Island Amusement, Inc., es nulo e

inexistente”.19 La señora Simón Valle también sostuvo que Inter-

Island Amusement, Inc. no ha contestado la Demanda, por lo cual,

al desestimarla en contra de los apelados, la dejaron desprovista de

remedio alguno. Por último, la apelante alega que, “[e]l Municipio de

Dorado alegó que otra Corporación, ILA, LLC, era el custodio y

15 Íd., Anejo 6, pág. 35.
16 Íd., Anejo 7, págs. 37-56.
17 Íd., pág. 38.
18 Íd., pág. 39.
19 Íd.
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estaba a cargo del Gran Parque Agroturístico, Ecológico y Recreativo

“El Dorado” y no menciona a Inter-Island Amusement, Inc.”, sin

hacer alusión a Inter-Island.20

        El 27 de noviembre de 2023, el TPI notificó una Resolución y

Orden del 21 de noviembre de 2023, declarando “No Ha Lugar” a

Moción de Reconsideración.21

        El 5 de diciembre de 2023, la apelante presentó una Moción

Solicitando Enmendar Demanda en la que solicitó:

              1.     Que en el presente caso recientemente y a
        través del descubrimiento de prueba y la contestación a
        la Demanda de las partes codemandadas, Triple-S
        Propiedad, Inc. y el Municipio de Dorado, hemos
        advenido en conocimiento de la responsabilidad
        solidaria en el caso de epígrafe la compañía llamada
        IIA, LLC, quien a través de la codemandada Jennifer
        Quintero Garriga, el 9 de septiembre de 2022,
        firmaron un contrato con el Municipio de Dorado
        intitulado “Contrato de Arrendamiento Evento
        Navitown Gran Parque Agroturístico, Ecológico y
        Recreativo ‘El Dorado’ Carr. 165 Bo. Mameyal
        Dorado Puerto Rico” para que IIA, LLC planificara,
        organizara, produjera, contratara personal y
        promocionara el evento Navitown del 15 de
        diciembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023.

              2.    A pesar que la contestación a la demanda
        de Triple-S Propiedad, Inc. y el Municipio de Dorado
        mencionan una corporación llamada ILA, LLC como
        la compañía que contrató con el municipio para
        organizar, producir y llevar a cabo la actividad, luego
        de una investigación encontramos que la compañía
        que contrató con el Municipio de Dorado es IIA, LLC
        y no ILA, LLC. Véase Alegación número 9 de la
        Contestación a Demanda de las partes co-
        demandadas Triple-S Propiedad, Inc. y el Municipio
        de Dorado.

                   . . . . 22

        En vista de ello, la señora Simón Valle solicitó al TPI enmendar

la Demanda a esos efectos y expedir los emplazamientos para

emplazar a IIA, LLC.

        Posteriormente, el TPI notificó una Orden el 5 de diciembre de

2023 otorgándole a los co-demandados hasta el 26 de diciembre de

20 Íd., pág. 41.
21 Íd., Anejo 8, pág. 58.
22 Íd., Anejo 9, pág. 59. (Énfasis suplido y subrayado en el original).
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2023 para oponerse o reaccionar a la Moción Solicitando Enmendar

Demanda.23 Al día de hoy no ha sido resuelta dicha moción.

       El 7 de diciembre de 2023, la señora Simón Valle le envió a la

representación legal del Municipio de Dorado y Triple-S un breve

requerimiento de producción de documentos.24

       En desacuerdo con el dictamen alcanzado mediante la

Sentencia Parcial, el 26 de diciembre de 2023, la señora Simón Valle

acudió ante este foro mediante recurso de apelación y formuló los

siguientes señalamientos de error:

                             PRIMERO

       Erró el TPI al dictar Sentencia Parcial basado en la
       Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil al concluir que los
       demandados no responden solidariamente con Inter-
       Island Amusement, Inc., el Municipio de Dorado y
       Triple-S Propiedad, Inc.

                             SEGUNDO

       Erró el TPI al determinar que la demandante venía
       obligada a cumplir con el mandato del Artículo 12.04 de
       [l]a Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.

                             TERCERO

       Erró el TPI al no considerar la moción de
       reconsideración – es decir que las alegaciones de la
       demanda contra los codemandados en su aspecto
       personal son suficientes para no desestimar la
       demanda, que la corporación bajo la cual el TPI se basó
       para desestimar fue disuelta por el Departamento de
       Estado el 30 de marzo de 2022 mucho antes del
       accidente (27 de diciembre de 2022), que luego del
       accidente la codemandada Jennifer M. Quintero se
       presentó y caracterizó como la encargada y productora
       del evento y no menciona corporación alguna, que Inter-
       Island Amusement, Inc. no ha contestado la demanda,
       y (5) el Municipio de Dorado en su contestación a la
       demanda no menciona a Inter-Island Amusement, Inc.,
       como custodio o encargado del Gran Parque
       Agroturístico, Ecológico y Recreativo de Dorado para la
       fecha del accidente, y menciona una corporación (ILA,
       LLC) que no aparece registrada en el Departamento de
       Estado.

23 Íd., Anejo 10, pág. 70.
24 Íd., Anejo 11, pág. 71.
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      En torno a ello, emitimos una Resolución el 10 de enero de

2024, por la cual le concedimos a la parte apelada hasta el 25 de

enero de 2024 para presentar su alegato en oposición.

      El 23 de enero de 2024, la señora Quintero Garriga y el señor

Pastrana Betancourt presentaron un Alegato en Oposición, mediante

el cual arguyeron que la apelante no argumentó en su escrito cómo

las expresiones públicas de la señora Pastrana Garriga incluyen una

admisión expresa de responsabilidad personal y excluyen el deber

de cumplir con el mandato del Artículo 12.04 de la Ley Núm. 164-

2009, supra, sec. 3784. También sostuvieron que la señora Simón

Valle ignora la continuidad de la personalidad jurídica de una

corporación, la cual se extiende por tres (3) años luego de la

disolución, a tenor con el Artículo 9.08 de la Ley Núm. 164-2009,

supra, sec. 3708; y según las alegaciones de los apelados, el que

Inter-Island no haya contestado la Demanda se debe a que no la

emplazó dentro de los 120 días, a tenor con la Regla 4.3 de

Procedimiento Civil, supra, R. 4.3.

      Posteriormente, el 29 de enero de 2024, la apelante presentó

una Moción para Alertar al Tribunal sobre Diligenciamientos de

Emplazamiento de las Partes Demandadas a la cual anejó los

emplazamientos de los co-demandados incluyendo el de Inter-

Island, quien fue emplazada el 18 de agosto de 2023. De este modo

se puede colegir que, contrario a lo que alegan la señora Quintero

Garriga y el señor Pastrana Betancourt; esto es, que la apelante no

emplazó a Inter-Island dentro de los 120 días dispuestos por las

Reglas de Procedimiento Civil, supra, R. 4.3, esta entidad sí fue

emplazada y ocurrió el mismo día que la apelante emplazó al señor

Pastrana Betancourt.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por perfeccionado el recurso. Además, tras un análisis

objetivo, sereno y cuidadoso de la totalidad del expediente, en
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adelante, pormenorizamos las normas jurídicas, máximas y

doctrinas aplicables a los errores imputados.

                                III.
                                 A.

      Nuestro más alto foro ha expresado que una persona contra

quien se presentó una reclamación judicial puede solicitar la

desestimación del pleito “cuando surja de las alegaciones de la

demanda que alguna defensa afirmativa derrotará la pretensión del

demandante”. Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, 211 DPR 70,

83 (2023); véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.,

184 DPR 689, 701 (2012). Específicamente, el inciso (5) de la Regla

10.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 10.2, permite la radicación de

una solicitud de desestimación bajo la defensa de que la demanda

“deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio”. Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 83.

Luego de ello, los tribunales estarán “obligados a tomar como ciertos

—y de la manera más favorable a la parte demandante— todos los

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados

de manera clara y concluyente”. Eagle Security Police, Inc. v.

Dorado, Íd., pág. 84; véase, además, González Méndez v. Acción

Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera Sanfeliz et al. v.

Jta. Dir. Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015). También deberán

“interpretar las alegaciones en forma conjunta y liberal. . .”.

González Méndez v. Acción Social et al., supra, pág. 234; Torres,

Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501-502 (2010); Aut.

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429

(2008); Roldán Rosario v. Lutron, S.M., Inc., 151 DPR 883, 890

(2000). En vista de ello, “[l]a demanda no deberá desestimarse a

menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a

remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar”.
KLAN202400030                                                          12

Trinidad Hernández v. ELA, 188 DPR 828, 833-834, (citando a

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006)).

                                  B.

        Por otro parte, la Ley Núm. 164-2009, supra, rige los asuntos

relativos a la “existencia y vida jurídica de las corporaciones

privadas”. Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 85;

Dorado del Mar Estates Homeowners Association, Inc. v. Weber,

203 DPR 31, 45 (2019). Según dispone su Artículo 1.05, supra, sec.

3505, el proceso por el cual comienza la personalidad jurídica de

una corporación surge con la otorgación y radicación del certificado

de incorporación, junto al pago de los derechos requeridos por ley,

y posteriormente, por medio del registro y emisión del certificado de

incorporación. Véase, además, Ley Núm. 164-2009, supra, secs.

3503-3504; Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra, en la

pág. 86 (citando a Carlos Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado sobre

Derecho Corporativo, 2da ed. rev., Editorial AlmaForte, Ed., 2018,

págs.    103-104);   Dorado     del     Mar    Estates    Homeowners

Association, Inc. v. Weber, supra, pág. 45. Esta personalidad

jurídica, a su vez, será “distinta y separada de sus inversionistas”.

Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 86 (citando a

Carlos Díaz Olivo, supra, pág. 120); véase, además, Miramar

Marine v. Citi Walk, 198 DPR 684, 691 (2017); Librotex, inc. v.

A.A.A., 138 DPR 938, 947 (1995). Por medio de esta, las

corporaciones     ostentarán   legitimación     activa   para    “otorgar

contratos y comparecer a una acción civil como demandante o

demandado bajo su nombre corporativo o participar en cualquier

procedimiento civil, administrativo, de arbitraje o de cualquier otro

género”. Ley Núm. 164-2009, supra, sec. 3522; véase, además,

Eagle     Security   Police,   Inc.    v.   Dorado,   supra,    pág.   87;

Multinational Ins. v. Benítez y Otros, 193 DPR 67, 78-79 (2015).

También “queda[rá] facultada para ejercer los derechos y poderes
KLAN202400030                                                      13

conferidos por los Arts. 2.01 y 2.02 de la Ley de Corporaciones

[supra, secs. 3521-3522]”. Eagle Security Police, Inc. v. Dorado,

supra, pág. 87.

      Como     norma    general,   los   accionistas   no   responden

personalmente por las deudas de una corporación. Santiago et al.

v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 223 (2011) (citando a Carlos Díaz

Olivo, supra, pág. 119). De lo contrario, procede desgarrar el velo

corporativo, norma que se rige por los siguientes principios

fundamentales:

   1. La aplicación de la doctrina depende de los hechos
      específicos de cada caso;

   2. El ignorar la entidad corporativa constituye la excepción
      a la regla;

   3. La corporación posee una personalidad jurídica
      separada y distinta de sus accionistas y la regla general
      es al efecto de que la existencia de la corporación,
      independientemente de sus accionistas no puede ser
      ignorada o descartada;

   4. El fracaso de la corporación en su gestión económica,
      su administración deficiente, y la falla en observar las
      formalidades corporativas no son por sí mismos razón
      suficiente para desconocer la entidad;

   5. El mero hecho de que una persona sea el único
      accionista de una corporación no conlleva de por sí la
      imposición de responsabilidad individual;

    6. El peso de la prueba recae sobre la parte que busca
      descorrer el velo y propone la imposición de
      responsabilidad individual a los accionistas;

    7. El peso de la prueba no se descarga con la mera
      alegación de que la empresa es un alter ego de los
      accionistas;

    8. La prueba del que solicita el desconocimiento debe
      ser prueba fuerte y robusta.

    9. Corresponde a la parte que propone el levantamiento
      del velo presentar prueba que demuestre que:

      (i)    existe tal identidad de interés y propiedad, que la
             corporación y la persona de sus accionistas se
             hallen confundidas; y
      (ii)   que los hechos sean de tal naturaleza que el
             sostener la ficción de la corporación derrota la
             política pública por equivaler a sancionar la
KLAN202400030                                                       14

            utilización de la corporación para perpetuar un
            fraude o promover una injusticia o ilegalidad.

    Carlos Díaz Olivo, supra, págs. 119-120; véase, además,
    Santiago et al. v. Rodríguez et al., supra, pág. 223;
    South Porto Rico Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 88
    DPR 43, 57 (1963); Sucn. De Salvador Pérez y Perez et
    al. v. Tomás E. Gual y La Borinquen Furniture Co.,
    Inc., 76 DPR 959, 964 (1954).

      Respecto a descorrer el velo corporativo, nuestro más alto foro

ha expresado que procede responsabilizar a los accionistas en su

carácter   personal   cuando   “los   bienes   de   la   entidad   sean

insuficientes, y se pruebe que se utilizó la figura corporativa para

sancionar un fraude, promover una injusticia, evadir una obligación

estatutaria, derrotar la política pública, justificar la inequidad o

defender un crimen”. Íd. Véase, además, Sucesión Santaella v.

Srio. De Hacienda, 96 DPR 442, 451-452 (1968); Díaz Aponte v.

Comunidad, 130 DPR 782, 798 (1992); véase, además, San Miguel

Fertil. Corp. v. P.R. Drydock, 94 DPR 424, 430 (1967). También

procede cuando la identidad de la corporación y la persona se

confunden. Carlos Díaz Olivo, supra, págs. 120-121, 140-141;

Sucn. De Salvador Pérez y Perez et al. v. Tomás E. Gual y La

Borinquen Furniture Co., Inc., supra, pág. 964.

      En otras palabras, mientras no se active la doctrina de

descorrer el velo corporativo, los oficiales, directores y accionistas

ostentarán una protección contra reclamaciones por deudas u

obligaciones de la compañía:

      [H]asta que se dicte sentencia final en contra de la
      corporación, y que la ejecución de la misma permanezca
      insatisfecha ni después de tres (3) años a partir de la
      fecha de tal sentencia, y cualquier oficial, director o
      accionista podrá levantar cualquier defensa que la
      corporación hubiere podido levantar contra tal deuda u
      obligación. Ley Núm. 164-2009, supra, sec. 3784;
      Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 90;
      Miramar Marine v. Citi Walk, supra, pág. 693.

      Sin embargo, lo anterior no aplicará a controversias que

versen “contra oficiales o directores de una corporación que estén

en proceso de disolución por mala administración, en el ejercicio de
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sus funciones con arreglo al Capítulo IX de esta Ley. 14 LPRA sec.

3784”. Íd.; véase, además, La Comisión de los Puertos de

Mayagüez v. González Freyre, 211 DPR 579 (2023).

                                  C.

      En otros términos, el Artículo 12.04 (B) de la Ley Núm. 164-

2009, supra, sec. 3784, dispone que:

      No se entablará pleito alguno contra ningún oficial,
      director o accionista por deuda u obligación de la
      corporación de la cual es oficial, director o accionista,
      hasta que se dicte sentencia final en contra de la
      corporación, y que la ejecución de la misma permanezca
      insatisfecha ni después de tres (3) años a partir de la
      fecha de tal sentencia, y cualquier oficial, director o
      accionista podrá levantar cualquier defensa que la
      corporación hubiere podido levantar contra tal deuda u
      obligación. . . .

      En vista de ello, al menos que se cumpla con la excepción a

este artículo; a saber: cuando los oficiales o directores de una

corporación    “est[á]n   en   proceso   de   disolución   por    mala

administración, en el ejercicio de sus funciones con arreglo al

Capítulo IX de esta Ley”, estos quedarán cobijados por la Ley Núm.

164-2009, supra, y no podrán ser demandados para reclamar

derecho o obligación alguna hasta que se dicte una sentencia final

en contra de la corporación y “la ejecución de la misma permanezca

insatisfecha ni después de tres (3) años a partir de la fecha de tal

sentencia. . .”. Íd.

                                  D.

      Ahora bien, la vida de la corporación puede advenir a su final

por medio de la disolución. Ley Núm. 164-2009, supra, sec. 3705;

véase, además, Miramar Marine v. Citi Walk, supra, págs. 691-

692; Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 90. Dicho

evento ocurrirá cuando el certificado de disolución sea eficaz. Ley

Núm. 164-2009, supra, sec. 3705. La Ley Núm. 164-2009, Íd.,

también dispone que la resolución mediante la cual se autorice la

disolución “podrá proveer que, no obstante la autorización o
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consentimiento a la disolución propuesta por parte de los

accionistas, o los miembros de una corporación sin acciones, según

el Artículo 9.06 de esta Ley, la junta de directores o el organismo

directivo podrá abandonar dicha disolución propuesta sin mediar

acto adicional de los accionistas o los miembros”. Íd. Además, el

Artículo 11.01 de la Ley Núm. 164-2009, supra, sec. 3761,

igualmente permite la revocación de la disolución voluntaria.

                                 E.

      Si bien la vida de la corporación finaliza con la disolución, su

personalidad jurídica persiste por tres (3) años adicionales, a partir

de su extinción, disolución o de cualquier otro término mayor

dispuesto por el TPI. Ley Núm. 164-2009, supra, sec. 3708; véase,

además, Íd. sec. 3705; Eagle Security Police, Inc. v. Dorado,

supra, pág. 90; Miramar Marine v. Citi Walk, supra, pág. 693.

Aun así, el propósito de mantener la personalidad jurídica de la

corporación se limita a unos actos en particulares:

      [L]levar adelante los pleitos entablados por la
      corporación y de proseguir con la defensa de los pleitos
      entablados contra ella, ya sean civiles, criminales o
      administrativos, así como a los efectos de liquidar y
      terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y
      de distribuir a los accionistas los activos restantes. Íd.

      Sin embargo, el Artículo 9.08 de la Ley Núm. 164-2009, supra,

sec. 3708, expresamente mandata que, “[n]o podrá continuar la

personalidad jurídica con el propósito de continuar los negocios

para los cuales se creó dicha corporación”. Miramar Marine v. Citi

Walk, supra, págs. 693-694. En otras palabras, la personalidad

jurídica de la corporación será limitada a unos objetivos específicos,

excluyendo el uso de esta para continuar proveyendo los servicios

para los cuales se estableció la entidad. Eagle Security Police, Inc.

v. Dorado, supra, pág. 90; Miramar Marine v. Citi Walk, supra,

pág. 693.

                                 IV.
KLAN202400030                                                        17

        En el caso de marras, el TPI dictó una Sentencia Parcial por la

cual desestimó una Demanda en reclamo de daños y perjuicios

promovida por la señora Simón Valle en contra de la señora Quintero

Garriga y el señor Pastrana Betancourt. El foro primario basó su

determinación en que la parte apelante “no ha cumplido con el

mandato del Artículo 12.04 de la Ley General de Corporaciones de

Puerto Rico. La parte demandante tampoco ha alegado los elementos

necesarios para que aplique alguna de las excepciones al

mencionado artículo”.25 Consecuentemente, concluyó que los

apelados no son solidariamente responsables a los demás co-

demandados.

        En desacuerdo, la Sra. Simón Valle le imputó al foro primario

la comisión de tres (3) errores.

        Se alegó que erró el TPI al dictar la Sentencia Parcial por la

cual determinó que los apelados no responden solidariamente con

Inter-Island, el Municipio de Dorado y Triple-S. Según expuso en su

recurso de apelación, el foro primario no consideró las alegaciones

25, 27 y 28 de la Demanda, las cuales alegan que los apelados “eran

los administradores, productores, coordinadores y encargados de la

8va Edición de Navitown”.26. Es decir, la apelante alegó que, según

unos artículos periodísticos de noticias de Primera Hora y

Telemundo, la señora Quintero Garriga se representó como la

productora del evento y no actuó por medio de una corporación. Así

se identificó ella públicamente en los mencionados artículos.

Además, la señora Simón Valle alegó que, a tenor con lo reclamado

en la alegación 27 de la Demanda, los apelados y demás co-

demandados son responsables por el mantenimiento de las

machinas. Sin embargo, la propia apelante admite desconocer si

ellos tenían conocimiento del mal funcionamiento de la machina, y

25 Íd., Anejo 6, pág. 35.
26 Íd., Anejo 1, pág. 5.
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si estos brindaban el mantenimiento requerido y adecuado a la

misma. La apelante también contendió, por medio de la alegación 28

de la Demanda que, los alegados daños sufridos por la señora Simón

Valle eran previsibles, y los apelados no sometieron evidencia

alguna, tal como el supuesto contrato entre Inter-Island y el

Municipio de Dorado, para liberarlos de responsabilidad.

       En otros términos, y como segundo error, la señora Simón

Valle arguyó que, contrario a la determinación del foro primario, ella

no venía obligada a cumplir con el Artículo 12.04 de la Ley Núm.

164-2009, supra. Lo anterior pues, según alega la apelante, la señora

Quintero Garriga no “indicó o infirió que estuviera hablando en

nombre de una corporación”, y se “presentó y caracterizó ante la

demandante como la productora y encargada del evento” frente a los

medios     noticiosos.27     Además,      la   apelante      sostuvo     que,    al

comunicarse con la apelada, esta “nunca mencionó corporación

alguna”,28 y “[l]a representación que ofreció la codemandada a la

parte demandante fue que ella era la responsable del evento, no una

corporación. Tampoco mencionó que estaba comunicándose en

representación de un tercero”.29

       En su último error, la apelante imputó al foro primario que

erró al no conceder su Moción de Reconsideración, pues (i) Inter-

Island fue disuelta por el Departamento de Estado el 30 de marzo de

2022 antes del supuesto incidente ocurrido el 27 de diciembre de

2022; (ii) la señora Quintero Garriga se presentó y caracterizó como

productora y encargada del evento Navitown sin mencionar

27 Íd., págs. 9-10; Véase, además, Apéndice de la Apelación, Anejo 7, pág. 47 (“A

horas de suscitarse el accidente en el que cuatro personas resultaron heridas tras
el fallo de una machina, la productora de Navitown, Jennifer Quintero, reiteró
que toman todas las medidas necesarias para ofrecer seguridad a los visitantes”.)
(Énfasis suplido); Íd., pág. 49 (“En cuanto a las machinas específicamente, la
productora indicó que, aunque ya habían sido revisadas y certificadas para la
celebración, ese proceso se estaba haciendo una vez más, ‘para estar seguros’”)
(Énfasis suplido); Íd., pág. 51 (“La productora de ‘Navitown’ lamentó en incidente.
. .”.) ((Énfasis suplido).
28 Recurso de la Apelación, pág. 11.
29 Íd.
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corporación alguna; (iii) al desestimar la Demanda contra los aquí

apelados sin que Inter-Island contestara la misma, el TPI dejó

desprovisto a la señora Simón Valle de remedio alguno; (iv) y el

Municipio de Dorado no mencionó a Inter-Island como encargada o

custodia del lugar del evento en su Contestación a Demanda sino a

otra entidad, no co-demandada, llamada ILA, LLC.

       Respecto a la disolución de Inter-Island, la apelante anejó a la

Moción de Reconsideración los Artículos de Disolución de esta entidad

de la cual se desprende palmariamente que la co-demandada fue

disuelta el 30 de marzo de 2022; es decir, previo al alegado incidente

ocurrido el 27 de diciembre de 2022. Por ello, la señora Simón Valle

arguyó que, “[c]ualquier contrato o acuerdo de la mencionada

corporación para esta fecha es nulo. Cualquier contrato que los

codemandados hayan firmado en representación de Inter-Island

Amusement, Inc. es nulo e inexistente”.30

       Por otro lado, alegó la señora Simón Valle que, a pesar de

haber emplazado a Inter-Island conforme a derecho el 18 de agosto

de 2023, el mismo día que emplazó al apelado, y aunque ambos co-

demandados aparecen como los oficiales y agentes residentes de esta

corporación, Inter-Island no ha contestado la Demanda. Por ende, al

desestimar la Demanda, el TPI la dejó desprovista de remedio.

       Adviértase que la apelante arguyó que el Municipio de Dorado

sostuvo que ILA, LLC y no Inter-Island era la entidad custodio a

cargo del lugar del evento. Además, según argumentó la señora

Simón Valle, la apelante recientemente advino en conocimiento de

que IIA, LLC, no ILA, LLC ni Inter-Island, firmó un contrato titulado

Contrato     de    Arrendamiento   Evento   Navitown    Gran   Parque

Agroturístico, Ecológico y Recreativo “El Dorado’ Carr.” 165 Bo.

Mameyal Dorado Puerto Rico con el Municipio de Dorado el 9 de

30 Apelación, pág. 10.
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septiembre de 2022. La apelante encontró que, según surge del

Departamento de Estado, la presidenta y tesorera de IIA, LLC es la

propia señora Quintero Garriga. No obstante, el 7 de diciembre de

2023, la señora Simón Valle solicitó al Municipio de Dorado y Triple-

S un requerimiento de documentos para que produzcan el alegado

contrato celebrado entre el Municipio de Dorado e IIA, LLC, la póliza

de seguro, si alguna, y los documentos complementarios para el

perfeccionamiento     del   alegado    contrato,    enmienda     o   anejo

relacionado al contrato. Al día de hoy dicho contrato no ha sido

producido.31

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica apelativa adjudicativa, resulta forzoso concluir

que no procede la desestimación de la Demanda contra la señora

Quintero Garriga y el señor Pastrana Betancourt en esta etapa de los

procedimientos, pues existe una controversia real de hecho sobre

cuál fue la entidad que contrató con el Municipio de Dorado para

“organizarse, producir y llevar a cabo” el evento de Navitown.32 Esta

controversia debe ser resuelta previo a determinar si a los apelados

les cobija la protección contra posibles reclamaciones como oficiales

de Inter-Island, de ILA, LLC, o de IIA, LLC en el caso de la señora

Quintero Garriga; o si alguna, a tenor con el Artículo 12.04 de la Ley

Núm. 164-2009, supra, y, por ende, no son solidariamente

responsables ante la apelante.

      Según argumenta la señora Simón Valle en la Demanda, la

entidad alegadamente responsable de sus supuestos daños y de la

cual presentó evidencia para sostener que fue disuelta es Inter-

Island. De hecho, tanto la apelante como los apelados están de

acuerdo con que la señora Quintero Garriga y el señor Pastrana

31 Tampoco consta en el expediente digital del caso contenido en el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
32 Apéndice de la Apelación, Anejo 9, pág. 59.
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Betancourt son oficiales y representantes de Inter-Island. Sin

embargo, de la Contestación a Demanda se desprende el nombre de

una compañía distinta llamada ILA, LLC. Conforme al Municipio de

Dorado y Triple-S, esta entidad fue la corporación que suscribió el

contrato con el Municipio de Dorado para “la custodia y control del

Gran Parque Agroturístico, Ecológico y Recreativo ‘El Dorado’”, “la

encargada de contratar el equipo, personal, recursos técnicos y

propiedad mueble para la celebración del evento NAVITOWN”, y “la

encargada de organizar, producir y llevar a cabo dicha actividad para

lo cual las partes pactaron un contrato”.33 A pesar de ello, la apelante

arguye haber llevado a cabo una investigación previa a la

presentación de la Apelación, mediante la cual descubrió que una

entidad que no es Inter-Island ni ILA, LLC, sino IIA, LLC, se encargó

de firmar el contrato con el Municipio de Dorado para “planifica[r],

organiza[r], produ[cir], contrata[r] personal y promociona[r] el evento

Navitown del 15 de diciembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023”.34

A diferencia de ILA, LLC, la señora Simón Valle alegó que IIA, LLC

aparece en el Departamento de Estado. Según alega la apelante, la

agente residente y oficial es la señora Quintero Garriga solamente.

Por lo tanto, del expediente no surge claramente cuál de todas las

entidades mencionadas por las partes estuvo a cargo del evento de

Navitown: la apelante alega que es IIA, LLC, el Municipio de Dorado

arguye que es ILA, LLC y los apelados sostienen que fue Inter-Island.

En otras palabras, ninguna de las partes nos colocó en posición para

determinar cuál de las corporaciones manejó, controló y estuvo a

cargo de dicho evento. Por lo cual el TPI debe resolver este asunto

como cuestión de umbral.

       A    pesar    de      lo   anterior,   del   derecho   aplicable   surge

palmariamente que una entidad disuelta, al menos que haya sido

33 Íd., Anejo 5, págs. 19-20.
34 Apelación, págs. 13-14.
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revocada, no puede continuar con los negocios para los cuales fue

creada. Véase, Ley Núm. 164-2009, supra, sec. 3708. El Artículo

9.08 de la Ley Núm. 164-2009, Íd., es claro en que el propósito de

mantener la personalidad jurídica viva, después de la disolución, es

para defender la entidad en pleitos presentados en su contra,

presentar pleitos a favor de la corporación o llevar “a los efectos de

liquidar y terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y de

distribuir a los accionistas los activos restantes”. Íd. En otras

palabras, si la entidad continúa disuelta, es forzoso determinar que

Inter-Island no tenía la capacidad de contratar con el Municipio de

Dorado el aludido contrato de arrendamiento cuando fue disuelta el

30 de marzo de 2022. No obstante, dicho asunto no ha sido resuelto

por el foro a quo.

      Por lo tanto, en esta etapa de los procedimientos, este foro ad

quem no     puede    resolver si los apelados son responsables

solidariamente ante la señora Simón Valle o si, por el contrario, la

apelante venía obligada a cumplir con el mandato del Artículo 12.04

de la Ley Núm. 164-2009, supra.

      De los autos ante nos resolvemos que se cometieron los errores

señalados, por lo cual el TPI incidió.

      Por todo lo anterior, corresponde revocar la Sentencia Parcial

y devolver el caso al foro primario para la continuación de los

procedimientos.
KLAN202400030                                                      23

                                 V.

      Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia

Parcial apelada, y se devuelve el caso al TPI para la continuación de

los procedimientos, conforme con lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones