Court Opinion

ID: 9962736
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:47:27.079551+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.218101
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL V

CENTRO DE PERIODISMO                                Apelación
  INVESTIGATIVO, INC.                               procedente del
                                                    Tribunal de Primera
             Apelada                                Instancia, Sala de
                                                    San Juan
                 v.

    CARLOS MELLADO
 LÓPEZ, en su capacidad
oficial como SECRETARIO                             Caso Núm.:
DEL DEPARTAMENTO DE                                 SJ2023CV09564
SALUD; WANDA LLOVET                 KLAN202400093
  DÍAZ, en su capacidad
 oficial como directora del
         REGISTRO
    DEMOGRÁFICO DE
 PUERTO RICO; ESTADO                                Sobre:
  LIBRE ASOCIADO DE                                 Mandamus; Derecho
       PUERTO RICO                                  Constitucional de
                                                    Acceso a la
             Apelante                               Información Pública

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                   SENTENCIA

          En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

          Comparece el Gobierno de Puerto Rico por sí y en

representación del Hon. Carlos Mellado López, en su capacidad

oficial como Secretario del Departamento de Salud (en adelante,

Secretario de Salud) y de la señora Wanda Llovet Díaz (en adelante,

señora Llovet Díaz), en su capacidad oficial como Directora del

Registro Demográfico de Puerto Rico (en conjunto, el Estado o

apelante), representado por la Oficina del Procurador General de

Puerto Rico, para solicitarnos la revisión de la Sentencia emitida y

notificada 8 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI o foro primario).1

Mediante la Sentencia apelada, el foro primario declaró Ha Lugar

1
    Apéndice del recurso, a las págs. 539-585.
Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202400093                                                          2

una Petición de Mandamus instada por el Centro de Periodismo

Investigativo, Inc. (en adelante, CPI o apelada) y, en consecuencia,

ordenó al Estado a producir los documentos solicitados por la parte

apelada.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

modifica la Sentencia apelada y así modificada, se confirma.

                                           I

       El 11 de octubre de 2023, el CPI presentó una Petición de

Mandamus (Petición) sobre el derecho constitucional de acceso a la

información pública.2 En la Petición, la parte apelada inició

esbozando que en los últimos años había instado varias peticiones

de Mandamus contra el Estado, en la cual le solicitaba acceso a

documentos del Registro Demográfico de Puerto Rico (en adelante,

Registro Demográfico). Precisa resaltar que, con la Petición ante nos,

este es el cuarto recurso de Mandamus que ha instado el CPI. En

esa dirección, la parte apelada alegó que, como parte de varias

investigaciones realizadas, el 7 de febrero de 2018, instó una

primera petición de Mandamus para que el apelante suministrara la

base de datos sobre mortalidad, así como los certificados de

defunción emitidos en Puerto Rico desde el 18 de septiembre de

2017, hasta la fecha de divulgación de dichos datos. Sostuvo que la

parte apelante se negó a proveer la referida información bajo el

planteamiento de que esos datos eran confidenciales. Indicó que,

allá para el 4 de junio de 2018, el TPI emitió una Sentencia,3 y

resolvió que la información solicitada por el CPI era pública y por

tanto correspondía ordenar su divulgación bajo la única condición

de que se borraran los números de seguro social contenidos en los

documentos.4

2Apéndice del recurso, a las págs. 1-82.
3 En el alfanumérico SJ2018CV00843 consolidado con el SJ2018CV00561.
4Apéndice del recurso, a las págs. 31-57.
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       Por otro lado, la parte apelada adujo que, el 28 de abril de

2020, el CPI presentó una segunda petición de Mandamus contra el

Estado, en la que, una vez más, le solicitó la base de datos de

mortalidad en Puerto Rico, pero esta vez para el periodo de 2007 al

2020.5 Esbozó que posterior a esto, la señora Llovet Díaz entregó la

información solicitada y se acordó que las futuras peticiones sobre

entregas de información se canalizarían ante la Directora de la

Oficina de Comunicaciones de Asuntos Públicos del Departamento

de Salud. Como consecuencia de ello, el CPI destacó que el TPI

emitió una Sentencia por desistimiento.6

       Asimismo, la apelada sostuvo que, el 23 de agosto de 2021, el

CPI presentó una tercera petición de Mandamus contra el Estado,7

dado a que se les había solicitado la base de datos de mortalidad en

Puerto Rico, pero esta vez para los años 2020 y 2021 y, en esta

ocasión, el Estado entregó copia de la información solicitada

suprimiendo ciertos campos, los cuales ya habían sido previamente

divulgados. Sostuvo que tras varios tramites, el foro primario ordenó

la divulgación de los datos requeridos por el CPI y el apelante acató

dicha directriz. Por consiguiente, el 6 de octubre de 2021, el TPI

emitió una Sentencia por desistimiento.8

       La parte apelada continuó su escrito narrando que, en cuatro

(4) ocasiones durante el periodo contenido entre agosto de 2022,

hasta enero de 2023, el CPI solicitó las versiones más actualizadas

de la base de datos de mortalidad en Puerto Rico y ante estas

solicitudes, la parte apelante se allanó y entregó lo solicitado. Sin

embargo, el CPI argumentó que, el 5 de junio de 2023, en respuesta

de una solicitud que le hiciera una periodista del CPI el 26 de mayo

de 2023, el Estado entregó la base de datos con varios campos

5 En el alfanumérico SJ2020CV02641.
6 Apéndice del recurso, a la pág. 61.
7 En el alfanumérico SJ2021CV05403.
8 Apéndice del recurso, a la pág. 62.
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suprimidos, entre los cuales destacaban los nombres, apellidos y

direcciones de los difuntos e informantes, datos que ya habían sido

previamente entregados. Explicó que, al cuestionar la razón de esta

acción, el 14 de junio de 2023, el apelante le envió un correo

electrónico suscrito por el Secretario de Salud, en el cual este estaba

invocando disposiciones de la Health Insurance Portability and

Accountability Act of 1996 (HIPAA) y por ello suprimió la

información.9

       Inconforme con la respuesta, el CPI presentó la Petición de

autos y le solicitó al tribunal a quo que ordenara al apelante a

cumplir con su deber ministerial de entregar la siguiente

información: “[l]a base de datos de defunciones actualizada del

Registro Demográfico para el año 2022 y 2023, y hasta lo más

reciente disponible, en formato Excel, tal como se ha entregado en

ocasiones anteriores”.10

       Atendido el recurso, el 12 de octubre de 2023, el TPI emitió

una Orden de Mostrar Causa,11 en la cual, le concedió un término a

la parte apelante para que comparecieran por escrito y mostraran

causa por la cual no se debería expedir el recurso de Mandamus. Así

las cosas, el 3 de noviembre de 2023, el Estado presentó una Moción

de Desestimación.12 Sostuvo que en esta controversia procedía la

desestimación del pleito toda vez que el Registro Demográfico no

incumplió con su deber ministerial, pues entregó la información

solicitada. Además, agregó que no procedía la divulgación según

solicitada por la parte apelada, ya que las bases de datos que se le

proveyó se excluyó información confidencial inidentificable y

únicamente compartieron los datos estadísticos. Así pues, el Estado

manifestó que el TPI debía hacer un balance de intereses entre al

9 Apéndice del recurso, a las págs. 81-82.
10 Apéndice del recurso, a la pág. 27.
11 Apéndice del recurso, a las págs. 83-84.
12 Apéndice del recurso, a las págs. 85-110.
KLAN202400093                                                             5

derecho al acceso de la información pública y la protección de los

derechos fundamentales de terceros que se vería vulnerados si se

compartiera cierta información sensitiva. Finalmente, justificó el no

compartir los campos suprimidos por el mandato de algunas

disposiciones de la Ley del Registro General Demográfico de Puerto

Rico (Ley del Registro Demográfico),13 algunas disposiciones de la Ley

de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley de Datos

Abiertos)14 y la HIPAA.

         Tras   varios   tramites     procesales   que   son    innecesarios

pormenorizar, el foro primario señaló una vista de Mandamus y

argumentativa, por lo que ordenó a las partes a realizar esfuerzos

para estipular hechos y documentos, así como para que anunciaran

cualquier prueba que se propusieran presentar en evidencia en la

misma. En cumplimiento, las partes presentaron una moción

conjunta con hechos y documentos estipulados. Del mismo modo,

el CPI presentó un escrito para que se tomara conocimiento judicial

de los documentos obrantes en ciertos expedientes judiciales,15

mientras que el Estado informó la prueba documental y testifical

que presentaría en la vista.16

         Llegado el día de la vista, las partes estipularon ciertos

documentos adicionales e informaron al foro primario que con los

hechos y documentos estipulados daban por sometido el asunto

fáctico, por lo que se hizo innecesaria la presentación de testigos.17

En consecuencia, cada parte tuvo la oportunidad de argumentar

ampliamente en torno a la Petición instada, así como a la solicitud

de desestimación. En esta, las partes esbozaron sus respectivas

teorías legales.18 Conforme surge del Sistema Unificado de Manejo y

13 Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 24 LPRA § 1041 et seq.
14 Ley Núm. 122-2019, 3 LPRA § 9891 et seq.
15 Apéndice del recurso, a la pág. 544.
16 Id.
17 Apéndice del recurso, a la pág. 544.
18 Apéndice del recurso, a las págs. 373-378.
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Administración de Casos (SUMAC), en el documento intitulado

Registro General de Evidencia Presentada, se constató que, en la

vista, la prueba admitida por parte del Estado fue la siguiente:

         1. Lista de Renglones que contiene la base de datos de
            defunciones de Puerto Rico (entrada 15)
         2. Captura de pantalla ilustrativa de la base de datos
            remitida el 5 de junio de 2023 (entrada 15)19

         Por otra parte, la prueba admitida por parte del CPI fue la que

sigue:

      1. Petición Mandamus SJ2018CV0561 (entrada 14)
      2. Sentencia SJ2018CV00561 (entrada 14)
      3. Petición de Mandamus (entrada 14)
      4. Sentencia Parcial SJ2019CV02706 (entrada 14)
      5. Petición Mandamus (entrada 14)
      6. Moción Informativa Conjunta SJ2020CV02641
         (entrada 14)
      7. Sentencia SJ2020CV02641 (entrada 14)
      8. Petición Mandamus (entrada 14)
      9. Minuta SJ2021CV05403 (entrada 14)
     10. Sentencia SJ2021CV05403 (entrada 14)
     11. Curriculum Vitae corto de la Dra. Cruz María
         Nazario (entrada 14)
     12. Artículos publicados (entrada 14)
     13. Artículos publicados (entrada 14)
     14. Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch, COVID-
         19: Exceso de cientos, etc. (entrada 14
     15. Jeniffer Wiscovitch, Cambio “dramático” en el perfil
         de mortalidad, etc. (entrada 14)20

         Finalmente, la prueba estipulada por ambas partes fue la

siguiente:

         1. Correo electrónico de Jeniffer Wiscovitch Padilla del
            29 de agosto de 2022 (entrada 13)
         2. Correo electrónico de Elizabeth Cruz González del 13
            de septiembre de 2022 (entrada 13)
         3. Correo electrónico de Jeniffer Wiscovitch Padilla del
            3 de octubre de 2022 (entrada 13)
         4. Correo electrónico de Elizabeth Cruz González del 13
            de octubre de 2022 (entrada 13)
         5. Correo electrónico de Jeniffer Wiscovitch Padilla del
            31 de octubre de 2022 (entrada 13)
         6. Correo electrónico de Elizabeth Cruz González del 8
            de noviembre de 2022 (entrada 13)
         7. Correo electrónico de Jeniffer Wiscovitch Padilla del
            20 de enero de 2023 (entrada 13)
         8. Correo electrónico de Wanda del C. Llovet Díaz del
            20 de enero de 2023 (entrada 13)
         9. Correo electrónico de Elizabeth Cruz González del 2
            de febrero de 2023 (entrada 13)

19 Véase SUMAC, a la entrada 21, en el documento intitulado Registro General de

Evidencia Presentada.
20 Id.
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         10. Correo electrónico de Omaya Sosa Pascual del 26 de
             mayo de 2023 (entrada 13)
         11. Correo electrónico de Annabelle Ruiz Román del 5 de
             junio de 2023 (entrada 13)
         12. Correo electrónico de Omaya Sosa Pascual del 7 de
             junio de 2023 (entrada 13)
         13. Correo electrónico de Annabelle Ruiz Román del 14
             de junio de 2023 (entrada 13)
         14. Carta de Carlos Mellado López y Wanda del C. Llovet
             Díaz del 13 de junio de 2023 (entrada 13)21

          Luego, el 7 de diciembre de 2023, el CPI presentó un

Memorando de Derecho y Oposición a Moción de Desestimación.22 En

síntesis, argumentó que en la presente controversia procedía el auto

de Mandamus. En lo pertinente, abordó que en este caso aplicaba la

doctrina de cosa juzgada toda vez que, en al menos cinco (5)

ocasiones anteriores, el TPI había abordado esta controversia entre

las mismas partes y en todas se le terminó entregando la base de

datos en cuestión de forma completa al CPI. Por otro lado, sostuvo

que la Ley del Registro Demográfico no contenía lenguaje alguno

referente a la confidencialidad de sus documentos y que en esta

controversia no era aplicable la HIPAA ni la Carta de Derechos y

Responsabilidades del Paciente,23 ni la Ley de Datos Abiertos.

Finalmente, concluyó su escrito con el fundamento de que el interés

público de acceder a la información pública supera el interés de

mantener dicha información confidencial.

          Por su parte, el Estado presentó su Réplica a Memorando de

Derecho y Oposición a Moción de Desestimación.24 En ella, insistió en

el planteamiento de que el acceso a los datos solicitados no procedía

ya que era una intromisión injustificada de la intimidad de terceros.

De la misma forma, rechazó la aplicación de la doctrina de cosa

juzgada en el presente caso. Evaluado los argumentos presentados,

el 8 de enero de 2024, el foro primario emitió la Sentencia apelada.25

21 Id.
22 Apéndice del recurso, a las págs. 389-445.
23 Ley Núm. 194-2000, 24 LPRA § 3041 et seq.
24 Apéndice del recurso, a las págs. 446-538.
25 Apéndice del recurso, a las págs. 539-585.
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En la Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar el recurso de Mandamus

presentado por el CPI y No Ha Lugar la solicitud de desestimación

presentada por el Estado.26 En consecuencia, ordenó al Estado a

producir y/o brindar acceso a la información o documentos públicos

existentes y bajo su custodia que fuesen responsivos a la solicitud

de información presentada por el CPI en el término final de cinco (5)

días laborables.

       De igual forma, el foro primario (i) dispuso que el Estado debía

cumplir con su deber ministerial de entregar la base de datos de

defunciones actualizada del Registro Demográfico para los años

2022 y 2023 y hasta lo más reciente posible, en el formato Excel, tal

y cual se le había notificado en años anteriores; (ii) ordenó al Estado

a que prospectivamente, divulgara la información objeto de este caso

cuando le fuese solicitada por el CPI, en los mismos términos

ordenados en la Sentencia emitida, para cumplir con el Artículo 4 de

la Ley 141-2019,27 y la normativa aplicable; y (iii) expresó que

aunque algunos de los datos crudos solicitados en este caso podrían

considerarse sensitivos para algunas personas (aunque no fuesen

confidenciales o privados en términos jurídicos), exhortó a cualquier

medio de comunicación que recibiese la información a que tomara

en cuenta las preocupaciones ciudadanas en cuanto a su manejo

y/o posible publicación subsiguiente a tenor de los preceptos que

rigen la profesión del periodismo en Puerto Rico.

       Puntualizamos que, en la Sentencia apelada, el TPI incluyó

una relación de los argumentos de las partes y de igual manera,

enumeró una serie de hechos estipulados los cuales, para un cabal

entendimiento, reseñaremos a continuación:

       1) El Centro de Periodismo Investigativo, Inc. (“CPI”), es
          una corporación sin fines de lucro debidamente
          organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado

26 Apéndice del recurso, a la pág. 584.
27 Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información

Pública, Ley 141-2019, 3 LPRA § 9911, et. seq.
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       de Puerto Rico. Su Directora Ejecutiva es la
       periodista Sra. Carla Minet Santos Santiago (“señora
       Santos Santiago”).

    2) El CPI tiene como misión fomentar el derecho
       constitucional de acceso a la información en Puerto
       Rico por tres vías principales: el periodismo
       investigativo, la litigación y la formación periodística.
       Su              página                web             es:
       http://periodismoinvestigativo.com/.

    3) El Dr. Carlos Mellado López es el Secretario del
       Departamento de Salud de Puerto Rico. El
       Departamento de Salud existe en virtud de la
       Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto
       Rico. CONST. PR, Art. IV sec. 6. Entre las
       responsabilidades delegadas, el Secretario de Salud
       “tendrá a su cargo todos los asuntos que por ley se
       encomienden relacionados con la salud, sanidad y
       beneficencia pública. . .”. 3 LPRA sec. 171.

    4) La Sra. Wanda del C. Llovet Díaz es la Directora del
       Registro Demográfico de Puerto Rico. El Registro
       Demográfico de Puerto Rico fue creado en virtud de
       la Ley Núm. 24 del 22 de abril de 1931, según
       enmendada, 24 LPRA secs. 1041-1302, está adscrito
       al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado
       de Puerto Rico, y tiene a su cargo “el registro,
       colección, custodia, preservación, enmiendas y
       certificación de récords vitales; la colección de otros
       informes requeridos por esta parte; actividades
       relacionadas a ella, incluyendo la tabulación,
       análisis y publicación de estadísticas vitales”. 24
       LPRA sec. 1042.

    5) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”), es
       el ente jurídico gubernamental a nivel central,
       creado por la Constitución de Puerto Rico, y cuenta
       con capacidad para demandar y ser demandado. Se
       incluyó al ELA en el presente pleito en atención a que
       el Departamento de Salud y el Registro Demográfico
       de Puerto Rico no cuentan con personalidad jurídica
       separada del ELA.

    6) Como parte de una investigación periodística que el
       CPI llevaba a cabo en torno a las muertes vinculadas
       al paso del huracán María por Puerto Rico, el 7 de
       febrero de 2018 el CPI presentó una petición de
       mandamus en contra de la Sra. Wanda Llovet Díaz,
       en su capacidad como Directora del Registro
       Demográfico de Puerto Rico y del Estado Libre
       Asociado y, entre otras cosas, solicitó copia de la
       base de datos sobre causas de muerte que mantiene
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       el Registro Demográfico de Puerto Rico, así como
       copia de todos los certificados de defunción emitidos
       en Puerto Rico desde el 18 de septiembre de 2017
       hasta la fecha en que se ordenase su divulgación.
       (nota omitida)

    7) En dicho pleito, los allí peticionados, Sra. Llovet
       Díaz y el ELA argumentaron, entre otras cosas, que
       la información era confidencial por identificar a la
       persona fallecida y a los informantes de la muerte.
       Asimismo, los allí peticionados alegaron que la
       información solicitada estaba protegida bajo el
       privilegio de información oficial por contener la data
       provista por un informante, médico, forense o
       funerario para que la agencia realizara estadísticas
       vitales confiables y que dicha información no se
       publicaba o utilizaba para otros fines que no fueran
       estadísticos.

    8) El 4 de junio de 2018, se dictó una Sentencia y,
       entre varios asuntos, dispuso lo siguiente: …este
       Tribunal determina que, en primer término, los
       certificados de defunción y la información adicional
       solicitada por los demandantes (nota omitida) son de
       naturaleza pública y, en segundo término, el Estado
       no tiene un interés apremiante para justificar negar
       el acceso a éstos.

       Este Tribunal concluye que, con excepción de los
       números de seguro social, la información contenida
       en los certificados de defunción y la información
       adicional solicitada no es privilegiada. Por lo tanto,
       este Tribunal ordena que se permita el acceso a las
       partes demandantes a los certificados de defunción,
       por inclinarse la balanza a favor del derecho
       constitucional de acceso a la información.
       …
       …el Estado tenía que haber realizado un gran
       esfuerzo por lograr presentar prueba que demuestre
       la existencia de intereses de mayor jerarquía que los
       valores protegidos por el derecho de libertad de
       información. Por ello, examinadas con gran detalle
       todas las alegaciones de las partes, este Tribunal
       concluye que revelar la información solicitada por la
       parte demandante no resulta perjudicial a algún
       interés público o gubernamental, por el contrario, el
       Estado no esbozó razón alguna que justifique la
       secretividad de los documentos en cuestión. El
       permitir que se conozca la verdad contribuiría y
       allanaría el camino para el proceso de recuperación
       del gran dolor que ocasionó el huracán María a miles
       de    familias    puertorriqueñas.    “[P]ermitir   la
       secretividad gubernamental invita y propicia a la
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       arbitrariedad y a la indiferencia gubernamental.”
       (nota omitida)
    9) Con el acceso a la base de datos que proveyó el
       Estado en respuesta a la petición de mandamus de
       dicho pleito (Centro de Periodismo Investigativo v.
       Llovet Díaz, et al., SJ2018CV00561 consolidado con
       The Cable News Network, Inc. v. Llovet Díaz, et al.,
       SJ2018CV00561), el CPI investigó la mortalidad
       causada por el huracán María. Su uso permitió
       identificar a las víctimas, conocer su realidad a
       través de entrevistas con sus familiares, y revelar en
       la investigación Los muertos de María, disponible en
       https://losmuertosdemaria.com/ (última visita el
       16 de noviembre de 2023). (nota omitida)

   10) Como parte de una investigación sobre las muertes
       violentas en Puerto Rico a manos de agentes del
       Negociado de la Policía, el 18 de marzo de 2019, la
       organización Kilómetro 0, Inc., presentó una acción
       de mandamus en contra del Sr. Héctor M. Pesquera
       López en su capacidad como Secretario del
       Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico,
       la Sra. Wanda Llovet Díaz en su capacidad de
       Directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, el
       ELA, entre otros promovidos, con relación a los
       informes sobre el uso de fuerza por parte de los
       miembros del Negociado de la Policía. En lo aquí
       pertinente, en dicho caso Kilómetro 0 Inc. solicitó
       copia de los certificados de defunción de varias
       personas y copia de la base de datos sobre causas de
       muerte desde el 2014 al presente en formato
       procesable, sin datos ni cifras agrupadas. (nota
       omitida)

   11) El 26 de abril de 2019 se dictó una Sentencia Parcial
       en la cual se acogió el aviso de desistimiento parcial
       de la reclamación en contra de la Sra. Wanda Llovet
       Díaz por el Registro Demográfico haber cumplido con
       la entrega del requerimiento de información. (nota
       omitida)

   12) Como parte de una investigación en torno a las
       muertes vinculadas a la pandemia del COVID-19, el
       28 de abril de 2020 el CPI presentó otra petición de
       mandamus en contra de la Sra. Wanda Llovet Díaz,
       en su capacidad oficial de Directora del Registro
       Demográfico de Puerto Rico, y del ELA en la que
       solicitó:
        a. La base de datos de mortalidad en Puerto Rico
       para los años 2007 al 2020, inclusive, con todos sus
       campos, salvo los del número de seguro social, en
       formato reutilizable (CSV, XLS), así como su
       diccionario de datos, tal y como las partes
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       promovidas lo habían compartido como resultado del
       litigio en el caso Centro de Periodismo Investigativo v.
       Llovet, et al., SJ2018CV00561, consolidado con
       SJ2018CV00843 (Sentencia del 4 de junio de
       2018)…

       b. Copia digital de los certificados de defunción
       emitidos desde el 1 de enero de 2020 hasta el
       presente, con todos sus campos, salvo los del
       número de seguro social, tal y como las partes
       promovidas lo habían compartido como resultado del
       litigio en el caso Centro de Periodismo Investigativo v.
       Llovet, et al., SJ2018CV00561, consolidado con
       SJ2018CV00843 (Sentencia del 4 de junio de
       2018)… (nota omitida)

   13) Posteriormente, el 1 de junio de 2020 el CPI y las allí
       promovidas presentaron una moción conjunta para
       informar que se había logrado la entrega de toda la
       información solicitada, por lo que adujeron que se le
       ponía fin a la controversia. A su vez informaron que
       “para evitar controversias futuras sobre la solicitud
       y entrega de los documentos e información aquí
       solicitadas, las partes han acordado que el CPI
       canalizará sus solicitudes futuras a través de
       Michelle de la Cruz, Directora de la Oficina de
       Comunicaciones       y    Asuntos      Públicos    del
       Departamento de Salud, y la persona designada por
       la parte promovida para ese propósito”.(nota
       omitida) Como resultado, el 2 de junio de 2020 se
       dictó una Sentencia de desistimiento con perjuicio.
       (nota omitida)

   14) Con el acceso a la base de datos que proveyó el
       Estado el Estado en respuesta a dicha petición de
       mandamus (SJ2020CV02641), las periodistas
       Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch del CPI
       publicaron el reportaje: COVID-19: Exceso de cientos
       de muertes en Puerto Rico no ha sido investigado por
       el Gobierno (septiembre de 2020) (disponible en
       https://periodismoinvestigativo.com/2020/09/covi
       d-19-exceso-decientos-de-muertes-en-puerto-rico-
       no-ha-sido-investigado-por-el-gobierno/      (última
       visita el 16 de noviembre de 2023). (nota omitida)

   15) Como parte de una investigación relacionada a la
       administración de las vacunas del COVID-19 en
       Puerto Rico, el 23 de agosto de 2021, el CPI presentó
       una nueva petición de mandamus contra las mismas
       partes aquí peticionadas (nota omitida) en el que
       solicitó la base de datos de mortalidad en Puerto
       Rico, esta vez para los años 2020 y 2021, hasta la
       fecha más reciente disponible. (nota omitida)
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   16) El 27 de agosto de 2021 se realizó una vista de
       mandamus en dicho caso (Centro de Periodismo
       Investigativo, Inc. v. Mellado López et al.,
       SJ2021CV05403) y entre varios asuntos, la parte
       peticionada argumentó “que el Departamento de
       Salud para salvaguardar la confidencialidad de la
       información en algunos documentos no brindó el
       nombre de las personas fallecidas, direcciones, el
       nombre del médico que certifica la muerta y el
       nombre del informante. Manifiesta que información
       no provista esa protegida por la Ley HIPAA”. (nota
       omitida)

   17) El 6 de octubre de 2021 se dictó Sentencia de
       desistimiento sin perjuicio dado que el CPI le informó
       al Tribunal que daba por cumplidas las peticiones de
       información “sin perjuicio de que pueda hacer
       preguntas de aclaración o solicitudes de información
       de seguimiento conforme los acuerdos alcanzados”.
       (nota omitida)

   18) Con el acceso a la base de datos que proveyó el
       Estado en respuesta a dicha petición de mandamus
       (Centro de Periodismo Investigativo, Inc. v. Mellado
       López et al., SJ2021CV05403) la periodista Jeniffer
       Wiscovitch Padilla del CPI publicó el reportaje
       Cambio “dramático” en el perfil de mortalidad por
       COVID-19 en Puerto Rico, (9 de diciembre de 2021)
       (disponible                                       en
       https://periodismoinvestigativo.com/2021/12/cam
       bio-dramatico-perfil-mortalidadcovid-19-puerto-
       rico/) (última visita el 16 de noviembre de 2023).
       (nota omitida)

   19) El 29 de agosto de 2022, la periodista Jeniffer
       Wiscovitch Padilla (“Wiscovitch Padilla), del CPI,
       envió un correo electrónico a la señora Llovet Díaz,
       Directora del Registro Demográfico, a la Sra. Lisdián
       Acevedo Román (“señora Acevedo Román”),
       Directora de Comunicaciones del Departamento de
       Salud, como representante del Dr. Mellado López, en
       el que solicitó “la base de datos de defunciones
       actualizada del Registro Demográfico para el año
       2021 y 2022, y hasta lo más reciente disponible, en
       formato Excel, tal como se nos ha entregado en
       ocasiones anteriores”. (nota omitida)

   20) Luego de varias comunicaciones entre las partes, el
       13 de septiembre de 2022, las partes peticionadas
       entregaron un disco compacto (“CD”) con la
       información solicitada por el CPI. (nota omitida)
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   21) El 3 de octubre de 2022, la periodista Wiscovitch
       Padilla envió un correo electrónico a la señora Llovet
       Díaz y a la señora Acevedo Román en el que solicitó
       “los   datos    de    la   base    de     defunciones
       correspondientes al mes de septiembre y lo que va
       de octubre” de 2022. (nota omitida)

   22) Luego de varias comunicaciones entre las partes, el
       13 de octubre de 2022 las partes peticionadas
       entregaron un CD con la información solicitada por
       el CPI. (nota omitida)

   23) El 31 de octubre de 2022, la periodista Wiscovitch
       Padilla envió un correo electrónico a la señora Llovet
       Díaz y a la señora Acevedo Román en el que solicitó
       “la base de datos de defunciones actualizada del
       Registro Demográfico para el año 2022, y hasta lo
       más reciente disponible, en formato Excel, tal como
       se nos ha entregado en ocasiones anteriores”. (nota
       omitida)

   24) El 8 de noviembre de 2022, las partes promovidas
       entregaron un CD con la información solicitada por
       el CPI. (nota omitida)

   25) El 20 de enero de 2023, la periodista Wiscovitch
       Padilla envió un correo electrónico a la señora Llovet
       Díaz y a la señora Acevedo Román en el que solicitó
       “la base de datos de defunciones actualizada del
       Registro Demográfico para el año 2022, y hasta lo
       más reciente disponible, en formato Excel, tal como
       se nos ha entregado en ocasiones anteriores”. (nota
       omitida)

   26) Luego de un mensaje de respuesta de 20 de enero de
       2023 de la señora Llovet Díaz, informando que la
       información sería compartida electrónicamente, el 2
       de febrero de 2023 los datos completos fueron
       entregados en una tabla de Excel protegida por una
       contraseña enviada mediante correo electrónico.
       (nota omitida)

   27) El 26 de mayo de 2023, la periodista Omaya Sosa
       Pascual (“Sosa Pascual”) del CPI envió un correo
       electrónico a la señora Llovet Díaz y a la señora
       Acevedo Román en el que solicitó los datos de
       mortalidad actualizados y contenidos en la base de
       datos de defunciones para el 2022 y lo que va del
       2023. (nota omitida)

   28) El 5 de junio de 2023, las partes promovidas
       entregaron un disco compacto que alegadamente
       incluía la información solicitada por el CPI, pero con
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         varios campos de la base de datos suprimidos, como
         la información de los nombres, apellidos y
         direcciones de los difuntos e informantes. (nota
         omitida)

   29)    El disco compacto con la base de datos de muertes
         de los años 2022 y 2023 entregado el 5 de junio de
         2023 incluyó los siguientes renglones de
         información: fecha de defunción, número de
         certificado, número de control, fecha de inscripción,
         género, edad, lugar de nacimiento, fecha de
         nacimiento, si fue veterano, código postal, municipio
         de fallecimiento, lugar (facilidad) de fallecimiento,
         tiempo en que estuvo en la facilidad antes de fallecer,
         estado marital, tipo de muerte, fecha de la
         declaración de muerte, fecha y hora en el que se
         declaró la muerte, si el cuerpo fue referido al
         Instituto de Ciencias Forenses, número de patología,
         si el cuerpo está pendiente de investigación, fecha de
         la certificación, si el fallecido fue donante de
         órganos, órganos donados, causa de muertes y sus
         descripciones, si al cuerpo se le realizó autopsia, si
         el tabaco está relacionado a la muerte, si la fallecida
         estaba en estado de embarazo, si la muerte fue
         natural o por accidente, educación, raza, ocupación
         y tipo de industria, tiempo en la ocupación, tipo de
         funeral, si el cuerpo fue embalsamado, fecha del
         funeral, funeraria y número de licencia del director
         funerario. (nota omitida)

   30) La parte peticionada suprimió la entrega de 41
       campos de información que no había suprimido en
       las entregas anteriores, siendo algunos de estos:
       nombre de la persona fallecida, segundo nombre,
       apellidos paterno y materno, direcciones, nombres
       del cónyuge, nombre del padre y de la madre,
       nombre y dirección del informante, nombre y
       dirección de la persona que certificó la muerte,
       nombre y licencia del embalsamador, numero de
       licencia de la funeraria, entre otros. (nota omitida)

   31) El 7 de junio de 2023, la periodista Sosa Pascual
       envió un correo electrónico a las partes peticionadas,
       requiriendo la entrega de la base de datos completa,
       es decir, “con los campos que le fueron removidos”.
       (nota omitida)

    32) Tras varias gestiones de seguimiento, el 14 de junio
        de 2023, las partes peticionadas remitieron un
        correo electrónico a la señora Sosa Pascual en el que
        anejaron una carta, con fecha del día anterior,
        suscrita por el Dr. Mellado López. En la
        comunicación se invocaron las disposiciones de la
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              Ley HIPAA para proteger información personal
              identificable de la base de datos de defunciones.
              (nota omitida)

        33) El 11 de octubre de 2023 el CPI presentó la acción
            de mandamus de epígrafe.28

          Establecido lo anterior, en su dictamen, el foro primario

destacó que no existía controversia en torno a que los certificados

de defunción y la base de datos de donde estos surgían son

documentos públicos. Expresó que la cuestión radicaba en torno a

si los campos suprimidos por el Estado constituían información

confidencial. En ese sentido, el TPI determinó la inaplicabilidad de

la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente y de la HIPAA

en esta controversia. Asimismo, subrayó que en la Ley del Registro

Demográfico no surgía lenguaje que clasificara sus documentos

como confidenciales. De la misma forma, interpretó que la Ley de

Datos Abiertos no establece una norma de confidencialidad para

propósitos del derecho constitucional de acceso a información

pública, sino que esta hacía referencia a una excepción al deber de

divulgación rutinaria que tienen las entidades gubernamentales al

cumplir con la política pública general para la digitalización de sus

datos.

          Por último, en cuanto al asunto de la alegada violación de

derechos fundamentales a terceros, el TPI realizó el siguiente

análisis:

          Como ya mencionamos, la parte peticionada no cumplió
          con el peso probatorio para demostrar que la
          información solicitada en este caso esté cobijada por
          alguna norma de confidencialidad establecida de
          manera clara y terminante por la Asamblea Legislativa.
          Además, tampoco demostró que los terceros (familiares
          de las personas fallecidas y los informantes) posean una
          expectativa razonable de intimidad, ya sea en términos
          subjetivos como objetivos, que amerite impedir su
          divulgación a la parte peticionaria. Aun cuando
          entendemos que algunos de los datos crudos de los
          solicitados en el presente caso pudieran considerarse
          sensitivos para algunas personas y que sería razonable

28
     Apéndice del recurso, a las págs. 551-558.
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       que cualquier medio de comunicación tome en
       consideración las preocupaciones ciudadanas en
       cuanto a su manejo o posible publicación, ello no
       justifica que se deniegue el reclamo constitucional de
       acceso a información pública ni tampoco a que se emita
       una orden de censura previa a tales fines.

       Por último, y aun si se considerara que la información
       solicitada en este caso sí está albergada por alguna
       expectativa razonable de intimidad, somos del criterio –
       al igual que lo resolvió este Tribunal en un caso entre
       las mismas partes hace más de cinco años, Centro de
       Periodismo Investigativo v. Llovet Díaz, et al.,
       SJ2018CV00561, y varios tribunales estatales ante
       controversias similares– que en el balance de los
       derechos constitucionales involucrados procede su
       divulgación. La parte peticionada sostuvo que dicha
       conclusión se podía justificar en aquel momento
       histórico debido a que la información se solicitaba para
       examinar los señalamientos en torno a las muertes
       asociadas al paso de los huracanes Irma y María; pero
       que, a su entender, no existen intereses similares al
       presente que justifiquen el acceso a la base de datos del
       registro de defunciones.(nota omitida) No obstante,
       surge del expediente que la solicitud objeto del presente
       litigio está enmarcada en el interés de la parte
       peticionaria en investigar asuntos de interés público
       sobre la mortalidad, específicamente sobre “la
       inesperada alza significativa en la mortalidad en Puerto
       Rico durante el 2022 y 2023. La eliminación de
       información vital para entender estas muertes de
       impide a las periodistas dar curso a dicho trabajo
       investigativo”. Además, destacó el anuncio reciente del
       Departamento de Salud en cuanto a una epidemia de
       influenza. Entradas núm. 1 y 24 del expediente
       electrónico, pág. 29. En ese sentido, somos del criterio
       que el derecho constitucional de acceso a información
       pública, el cual dimana de la libertad de expresión,
       prevalece      –en     el     balance      constitucional
       correspondiente– sobre el reclamo de intimidad de
       terceros levantado por la parte peticionada en el
       presente caso.

       Para concluir, disponemos que procede la divulgación
       de la información solicitada por la parte peticionaria en
       el presente caso. Ello, toda vez que la documentación
       requerida evidentemente es pública y la parte
       peticionada no descargó su responsabilidad probatoria
       para demostrar la aplicabilidad en este caso de alguna
       de las excepciones reconocidas en el derecho
       constitucional de acceso a información pública, como lo
       sería un reclamo de confidencialidad y/o un interés
       apremiante sobre ésta. (nota omitida) Ante ello, procede
       expedir un mandamus para hacer cumplir el derecho
       de acceso a información pública de la parte
       peticionaria.29

29 Apéndice del recurso, a las págs. 583-584.
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       Insatisfecho con el resultado, el 17 de enero de 2024, el

Estado presentó una Moción de Reconsideración.30 En esta, recalcó

el planteamiento en torno a la aplicación de la HIPAA en el presente

caso y a que el foro primario erró al no proteger la información

identificable para proteger el derecho de terceros y de los fallecidos.

El 18 de enero de 2024, el TPI emitió y notificó una Resolución en la

cual determinó No Ha Lugar la reconsideración.31

       Inconforme, el 1 de febrero de 2024, compareció ante nos el

Estado mediante un recurso de Apelación en el cual esgrimió los

siguientes dos (2) errores:

       Primer Error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la
       divulgación total de la base de datos sobre los
       certificados de defunción para los años 2022 y 2023 sin
       eliminar los cuarenta y un campos identificados con
       información personal y sensitiva de las personas
       fallecidas y sus informantes, a pesar de que existe una
       expectativa razonable de intimidad sobre dicha
       información, como bien ha reconocido nuestro Tribunal
       Supremo local en controversias similares.

       Segundo Error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la
       producción de la base de datos al CPI prospectivamente,
       aun cuando dicha orden violenta el principio
       constitucional de justiciabilidad.

       Junto al recurso de Apelación, el Estado presentó, además,

una Urgente Solicitud en Auxilio de Jurisdicción. Examinada la

misma, mediante Resolución emitida el 2 de febrero de 2024, este

Tribunal declaró Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción y

ordenó la paralización de los procedimientos ante el foro primario.

       Tras haberle concedido una breve prórroga para comparecer,

el 6 de marzo de 2024, la parte apelada presentó su Alegato en

Oposición del Centro de Periodismo Investigativo. Con el beneficio de

30 Apéndice del recurso, a las págs. 586-595.
31 Apéndice del recurso, a las págs. 602-603.
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la comparecencia de ambas partes procederemos a disponer del

recurso ante nuestra consideración.

                                        II

   A. Apelación Civil

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil,32

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.33 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.34 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.35 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.36 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

32 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
33 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998).
34 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
35 32 LPRA Ap. V, R. 47.
36 Id.
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    B. Mandamus

         El Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico define el auto

de mandamus como uno altamente privilegiado dictado por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, o por el Tribunal de Primera

Instancia, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, y dirigido a alguna

persona natural, a una corporación o a un tribunal judicial de

inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el

cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté

dentro de sus atribuciones o deberes.37 Así, el auto de mandamus

no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener

la facultad de poder cumplirlo.38

         De igual modo, el auto de mandamus sólo procede para exigir

el cumplimiento de un deber impuesto por la ley; es decir, un deber

calificado de “ministerial” y que, como tal, no admite discreción en

su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo.39 El deber

ministerial que exige el mandamus debe emanar de un empleo,

cargo o función pública, por lo que el recurso procede contra todos

los funcionarios del ejecutivo.40 Es decir, “no se trata de una

directriz o una disposición que permite hacer algo, sino de un

mandato específico que la parte demandada no tiene opción para

desobedecer”.41 Ahora bien, si el acto en cuestión depende de la

discreción o juicio de un funcionario, tal deber se considera como

no ministerial.42

         Para que se logre expedir un auto de mandamus, es necesario

que exista la constancia de un deber claramente definido que deba

ser ejecutado.43 Además, por tratase de un recurso altamente

privilegiado, su expedición no se invoca como cuestión de derecho,

37 32 LPRA sec. 3421, Art. 649.
38 Id.
39 AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 263 (2010).
40 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994).
41 Carrasquillo Román v. Inst. Correccional, 204 DPR 699, 713 (2020).
42 Romero, Valentín v. Cruz, CEE et al., 205 DPR 972, 985 (2020).
43 AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra, a las págs. 263-264.
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sino que descansa en la sana discreción del tribunal.44 Sin embargo,

la procedencia del mandamus depende inexorablemente del carácter

del acto que se pretende compeler mediante dicho recurso.45 En tal

sentido, este recurso extraordinario “sólo procede para ordenar el

cumplimiento de un deber ministerial, que no admite discreción en

su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir

ese remedio”.46 Asimismo, la jurisprudencia ha discutido que para

que proceda un recurso de mandamus es necesario lo siguiente:

        que el peticionario le haya hecho un requerimiento
        previo al demandado para que éste cumpla con el deber
        que se le exige, debiendo alegarse en la petición, tanto
        el requerimiento como la negativa, o la omisión del
        funcionario en darle curso. Sólo se exime de este
        requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento
        hubiese sido inútil e infructuoso, pues hubiese sido
        denegado si se hubiera hecho; ó 2) cuando el deber que
        se pretende exigir es uno de carácter público; a
        diferencia de uno de naturaleza particular que afecta
        solamente el derecho del peticionario”.47

    C. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

        La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.48

La moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa

especial que formula el demandado en la que solicita que se

desestime la demanda presentada en su contra, aun sin necesidad

de formular una alegación previa.49

        La regla establece que:

        Toda defensa de hechos o de derecho contra una
        reclamación se expondrá en la alegación responsiva
        excepto que, a opción de la parte que alega, las
        siguientes defensas pueden hacerse mediante una
        moción debidamente fundamentada:
        (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
        (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
        (3) insuficiencia del emplazamiento;
        (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

44 Id., a la pág. 266.
45 Acevedo Vila v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455 (2006).
46 Id., a las págs. 454-455.
47 Noriega v. Hernández Colon, 135 DPR 406, 448-449 (1994).
48 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
49 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
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       (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
           concesión de un remedio;
       (6) dejar de acumular una parte indispensable.50

       El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable

posible a la parte demandante para determinar si la misma es

suficiente para constituir una reclamación válida.51 No obstante,

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene

derecho a obtener algún remedio.52

       Por su parte, los tribunales deben evaluar el posible impacto

que éste pueda tener sobre los intereses públicos involucrados;

evitar una intromisión indebida en los procedimientos del poder

ejecutivo, y que el auto no se preste a confusión o perjuicio de los

derechos de terceros.53

   D. Health Insurance Portability and Accountability Act of
      1996

       En 1996 entró en vigor la Health Insurance Portability and

Accountability Act of 1996 (HIPAA), como un intento para mejorar la

cobertura de seguros de salud en los mercados grupales e

individuales, mejorar el servicio de atención a largo plazo, evitar el

fraude y los abusos en las aseguradoras entre otros fines.54                    Al

momento de su aprobación, la sec. 264 de esta legislación delegó al

Secretario de Salud del Gobierno federal la encomienda de elaborar

unas recomendaciones detalladas sobre los estándares que se deben

aplicar en cuanto a la privacidad de información de salud

individualmente identificable.55

50 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
51 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010); Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
52 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).
53 AMPR v. Srio. Educacion, E.L.A., supra, a la pág. 268.
54 Véase, Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Ley Pública

Núm. 191 de 21 de Agosto de 1996 (110 Stat 1936).
55 Id., a la sec. 264.
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       Así fue como el Departamento de Salud federal promulgó las

denominadas Standards for the Privacy of Individually Identifiable

Human Information (Privacy Rule). Entre las disposiciones contenida

en estas reglas, se destaca la regulación concerniente a información

de salud protegida.56 Es decir, aquellos datos relacionados a la salud

de los individuos, la cual incluye información demográficos de un

que han sido creados por ciertas entidades del cuidado de la salud

la cual contiene, entre otras cosas, información referente a la salud

física y mental de la persona entre otros datos.57

       Ahora bien, las entidades cubiertas o cover entity a las cuales

les aplica las disposiciones del Privacy Rule son:

       (1) A health plan.
       (2) A health care clearinghouse.
       (3) A health care provider who transmits any health
       information in electronic form in connection with a
       transaction covered by this subchapter.58

       No obstante, pese a que esta regulación exige la protección de

ciertos datos relacionados a la salud de los ciudadanos, el Privacy

Rule no es una reglamentación exhaustiva, pues únicamente aplica

a los cover entity.59 Es decir, únicamente aplica a un número

limitado de personas y organizaciones que poseen información

56 Véase, 45 CFR § 164.502
57 45 CFR § 160.103. El texto original lee de la siguiente manera:

       Individually identifiable health information is information that is a
       subset of health information, including demographic information
       collected from an individual, and:
       (1) Is created or received by a health care provider, health plan,
       employer, or health care clearinghouse; and
       (2) Relates to the past, present, or future physical or mental health
       or condition of an individual; the provision of health care to an
       individual; or the past, present, or future payment for the provision
       of health care to an individual; and
       (i) That identifies the individual; or
       (ii) With respect to which there is a reasonable basis to believe the
       information can be used to identify the individual.

58 45 CFR § 164.104.
59 A modo de referencia véase, J.L. Pritts Altered States: State Health Privacy Laws

and The Impact of The Federal Health Privacy Rule, 2 Yale J. Health Pol'y, L. &
Ethics, 327, 340-345 (2002) donde se discute el impacto de la ley federal de
protección de la privacidad de datos de salud versus los estatutos estatales que
atienden el mismo tema.
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relacionada a la salud. Ello, tiene la consecuencia de que otras

tantas entidades quedan desreguladas, al menos a nivel federal.60

     E. Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el
        Acceso a la Información Pública, Ley 141-2019

       La Ley Núm. 141-2019, cumple con propósitos similares a la

ley federal conocida como Freedom of Information Act (en adelante,

FOIA)61. En ese sentido, ni FOIA ni la Ley Núm. 141-2019 obligan al

Gobierno a crear documentos a la medida, que respondan a una

petición en particular ni a brindar información abstracta, sino a los

documentos que físicamente obran en las agencias.62 A tales efectos,

en la esfera federal, se descarta el uso de los procedimientos de

acceso a la información pública establecidos en FIOA como

mecanismos alternos de descubrimiento de prueba.63

       El Artículo 3 de la Ley Núm. 141-2019, establece como

política pública del Gobierno de Puerto Rico lo siguiente:

       1) La información y documentación que produce el
          gobierno se presume pública y accesible a todas las
          personas por igual.
       2) La información y documentación que produce el
          gobierno en sus estudios, transacciones y en el
          ejercicio de la autoridad pública, de manera directa
          o delegada, son patrimonio y memoria del pueblo de
          Puerto Rico.
       3) El derecho constitucional de acceso a la información
          requiere la transparencia gubernamental.
       4) Toda información o documento que se origine,
          conserve o reciba en cualquier dependencia del
          Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de

60 Existen varios casos en distintas jurisdicciones estatales en Estados Unidos
que no consideran a ciertas agencias gubernamentales como covered entity bajo
HIPAA. A modo de referencia, véase, State v. Downs, 923 So.2d 726, 731
(La.Ct.App.2005), donde se resolvió que un abogado de distrito no es un covered
entity bajo HIPAA; Beard v. City of Chicago, 2005 (N.D.Ill. Jan.10, 2005), donde
se resolvió que el Departamento de Bomberos de una ciudad no es un covered
entity bajo HIPAA; United States v. Mathis, 377 F.Supp.2d 640, 645
(M.D.Tenn.2005) donde se resolvió que las agencias de orden público (law
enforcement agency) no son covered entity bajo HIPAA; U.S. v. Yazzie, 998
F.Supp.2d 1044, 1116 (D.N.M., 2014) donde se resolvió que el FBI no es un
covered entity bajo HIPAA y Fox v. City of Alexandria, 971 So.2d 468, 470, 2007-
810, 3 (La.App. 3 Cir.,2007) donde se resolvió que una ciudad no es un covered
entity bajo HIPAA.
61 5 USCA § 552 et seq.
62 US Department of Justice v. Tax Analysts, 492 US 136, 145-46 (1989). Forsham

v. Harris, 445 US 169, 185 (1980).
63 N.L.R.B. v. Robbins Tire & Rubber Co., 437 US 214, 242 (1978).
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          un tercero, se presume público y debe estar accesible
          al Pueblo y la prensa.
       5) El derecho de acceso a la información pública es un
          pilar constitucional y un derecho humano
          fundamental.
       6) El acceso a la documentación e información pública
          tiene que ser ágil, económico y expedito.
       7) Toda persona tiene derecho a obtener la información
          y documentación pública, sujeto a las normas y
          excepciones aplicables.
       8) El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente
          Ley una política de apertura a la información y
          documentación, que incluya la disponibilidad de la
          tecnología y de los avances necesarios para hacer
          valer el derecho de los solicitantes a acceder a la
          información y documentación pública de forma
          oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable,
          procesable y disponible en formatos accesibles,
          inalterados e íntegros.64

       El Artículo 6 de la referida ley, dispone: “Cualquier persona

podrá solicitar información pública mediante solicitud escrita o por

vía electrónica, sin necesidad de acreditar algún interés particular o

jurídico…”.65

       El Artículo 7 de la Ley Núm. 141-2019, expone sobre la

disponibilidad de información pública: “Toda decisión de denegar la

divulgación de información pública tiene que especificar por escrito

los fundamentos jurídicos en los que se basa la denegatoria o

negativa de entregarla en el término establecido”. 66

       Ahora bien, cuando la información solicitada haya sido

negada por alguna entidad gubernamental, el Artículo 9 de la ley

permite a los ciudadanos presentar un Recurso Especial de Revisión

Judicial. En específico, el referido artículo dispone:

       Cualquier persona a la cual una entidad gubernamental
       le haya notificado su determinación de no entregar la
       información solicitada o que no haya hecho entrega de
       la información dentro del término establecido o su
       prórroga, tendrá derecho a presentar, por derecho
       propio o a través de su representación legal, ante la sala
       del Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial

64 3 LPRA § 9913.
65 3 LPRA § 9916.
66 3 LPRA § 9917.
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       de San Juan, un Recurso Especial de Acceso a
       Información Pública.67

       Cónsono con lo anterior, la cláusula de interpretación de la

ley, en su Artículo 12, lee como sigue: “Esta Ley deberá interpretarse

en la forma más liberal y beneficiosa para la persona solicitante de

información pública”.68

       Por último, cabe destacar que esta ley aplica a las tres (3)

ramas del Gobierno, incluyendo las entidades gubernamentales,

corporaciones públicas y los municipios.69

   F. Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, Ley
      122-2019

       En el 2019 se aprobó Ley de Datos Abiertos del Gobierno de

Puerto Rico (Ley de Datos Abiertos).70 Esta legislación se aprobó con

el propósito de incorporar tendencias innovadoras en el manejo de

datos para el beneficio de los ciudadanos. Así, en su Art. 4, se

decretó como política pública del Gobierno lo que sigue:

       [S]e establece como Política Pública del Gobierno de
       Puerto Rico que el manejo efectivo de datos
       gubernamentales es esencial para apoyar los procesos
       de innovación de todos los sectores en Puerto Rico, el
       facilitar una cultura de mejoramiento continuo y de
       rendición de cuentas en el organismo gubernamental,
       el desarrollo y crecimiento económico sostenible, y el
       generar resultados tangibles, de valor y de impacto a
       nuestros ciudadanos.71

       Del mismo modo, la Ley de Datos Abiertos dispone que todo

reclamo de confidencialidad que haga cualquier Organismo

Gubernamental para proteger o evitar la divulgación de un dato

deberá realizarse conforme a estos criterios:

       a. que una ley así lo dispone;
       b. que el dato está protegido por alguno de los
          privilegios evidenciarios que pueden invocar los
          ciudadanos;
       c. que revelar el dato puede lesionar derechos
          fundamentales de terceros;
       d. que se trate de la identidad de un confidente; o

67 3 LPRA § 9919.
68 3 LPRA § 9922.
69 3 LPRA § 9912.
70 Ley Núm. 122-2019, 3 LPRA § 9891 et seq.
71 3 LPRA § 9894
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           e. que sea “información oficial”, conforme a la Regla
              514 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.72

           Del mismo modo, esta legislación incorpora excepciones

adicionales a la hora de divulgar datos públicos las cuales se

enumeran a continuación:

    i.       Toda información y/o documentación que sea
             clasificada como de seguridad nacional;
    ii.      Reglas o prácticas de personal internas de un
             Organismo Gubernamental;
    iii.     Comunicaciones internas entre dependencias;
    iv.      Información pública que aplique alguno de los
             privilegios reconocidos en la Constitución de los
             Estados Unidos o de Puerto Rico, leyes y Reglas de
             Evidencia, incluyendo la Información Oficial e
             Información Oficial-Decisional en Procedimientos
             Deliberativos    sobre    Política    Pública,   según
             reconocido por la jurisprudencia;
    v.       Información asociada a litigios civiles o criminales en
             los que un Organismo Gubernamental sea parte o
             empleado o funcionario público que por razón de su
             empleo sea parte, siempre que el litigio esté
             pendiente a la fecha de la solicitud o se encuentren
             en el proceso de investigación;
    vi.      Información que si fuera divulgada podría invadir la
             privacidad de un tercero o lesionar sus derechos
             fundamentales;
    vii.     Información sobre confidentes o encubiertos;
             investigaciones y/o procesamiento que incida en que
             a un ciudadano se le prive de un juicio justo e
             imparcial, o información que ponga en peligro la
             seguridad física de cualquier Persona;
    viii.    Sumario del ministerio público, el cual es
             privilegiado, o el (work product) que obre en el
             expediente investigativo, o que contenga información
             y/o documentación relacionada a una investigación
             en curso;
    ix.      Información sobre secretos de negocios obtenidos
             por una Persona, que es confidencial por contrato,
             estatuto o decisión judicial;
    x.       Información comercial o financiera para la que se
             demuestre que la divulgación causaría un daño
             competitivo sustancial a la persona de la que se
             obtuvo la información;
    xi.      Todo tipo de información relacionada a la dirección
             física, número de teléfono, información de contacto
             de emergencia, número de seguro social, número de
             tarjeta de crédito, información contributiva y/o
             financiera,    actividad    bancaria,      información

72 Id.
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              confidencial de terceros privados, secretos de
              negocio, planillas contributivas, débito o número de
              acceso que sea recopilada o mantenida por el
              Organismo Gubernamental; e
    xii.      Información relacionada con la seguridad de la red
              informática o con su diseño, operación o defensa de
              dicha red informática.73

         De igual manera, esta ley le impone a todo el Organismo

Gubernamental el deber de digitalizar una serie de documentos

enumerados en el estatuto. Además, delega al Puerto Rico Innovation

and Technology Service (PRITS) la tarea de implementar la política

pública promulgada por esta ley y crea los puestos de Principal

Oficial de Datos y Oficiales de Datos.

    G. Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente

           Con el fin de cumplir con el objetivo de que todos los

ciudadanos tengan acceso adecuado a servicios y facilidades de

salud médico hospitalarias de calidad, se promulgó la Carta de

Derechos y Responsabilidades del Paciente.74 Conforme reza la

exposición de motivos de este estatuto:

           La promulgación de esta Ley contribuirá visiblemente a
           la formación de un público mejor informado, más
           consciente, más responsable y seguramente más
           saludable, lo cual tendrá el efecto de promover una
           utilización más eficiente de los recursos disponibles en
           esta importante área y redundará a largo plazo en
           considerable provecho para el pueblo de Puerto Rico. Se
           trata, a fin de cuentas, de un componente adicional en
           la reforma de salud y de una herramienta más en la
           búsqueda constante de alternativas y soluciones a los
           problemas de salud de nuestro pueblo, sobre todo del
           sector menos aventajado económicamente.75

           Entre las disposiciones contenidas en esta ley, se destaca lo

concerniente a la confidencialidad de información y récord médicos.

Así en su Art. 11, se establece que:

           Todo paciente, tutor, usuario o consumidor de servicios
           de salud médico-hospitalarios en Puerto Rico tiene
           derecho a:

73 Id.
74 Ley Núm. 194-2000, 24 LPRA § 3041 et seq.
75 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 194-2000.
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         (a) Comunicarse libremente, sin temor y en estricta
             confidencialidad con sus proveedores de servicios de
             salud médico-hospitalarios.
         (b) Tener plena confianza en que su información
             médica y de salud será mantenida en estricta
             confidencialidad por sus proveedores de servicios de
             salud médico-hospitalarios y no será divulgada sin
             la autorización escrita del paciente o de su tutor, y
             en todo caso únicamente para fines médicos o de
             tratamiento,     incluyendo    la    continuación     o
             modificación del cuidado médico o tratamiento o con
             fines de prevención, control de calidad o
             relacionados con el pago de servicios de salud
             médico-hospitalarios.
         (c) Tener la confianza de que la divulgación no
             autorizada de información contenida en récords
             médicos o de salud se hará únicamente por orden
             judicial previa o mediante autorización específica de
             ley, incluyendo, pero sin limitarse a, para fines de
             investigaciones relacionadas con la perpetración de
             fraudes o la comisión de delitos.
         (d) Todo proveedor y toda entidad aseguradora deberán
             mantener      la    confidencialidad    de    aquellos
             expedientes, récord clínico o documentos que
             contengan información sobre el estado médico de un
             paciente. Todo proveedor y toda entidad aseguradora
             deberán también tomar medidas para proteger la
             intimidad de sus pacientes, salvaguardando su
             identidad. Nada de lo dispuesto en esta Ley se tendrá
             como impedimento para fines del intercambio de
             información entre los proveedores de servicios de
             salud y la Administración de Servicios de Salud
             cuando la información provista sea pertinente para
             fines de auditoría y pago de servicios. El beneficiario
             acepta la facultad de ASES para iniciar gestiones de
             cobro y recobro de primas.76
[…]

          Este estatuto aplica a todas las facilidades y servicios de

salud médico-hospitalarios, profesionales de la salud, aseguradores

y planes de cuidado de salud en toda la jurisdicción del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.77 Igualmente aplica a todos los usuarios y

consumidores de tales servicios y facilidades en Puerto Rico.78

76 24 LPRA § 3049.
77 24 LPRA § 3041 nota.
78 Id.
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   H. El Registro Demográfico de Puerto Rico

       En nuestra jurisdicción los hechos y los actos jurídicos

relacionados al estado civil de las personas naturales se harán

constar en el Registro Demográfico de Puerto Rico.79 Dicho registro

será la entidad encargada en conservar y realizar el acopio oficial de

la información que expone y valida los datos demográficos de la

sociedad puertorriqueña.80 De esta forma, el Registro Demográfico

de Puerto Rico fue creado por virtud de la Ley del Registro

Demográfico de Puerto Rico.81 Esta ley define al Registro Demográfico

como una entidad adscrita Departamento de Salud de Puerto Rico y

tiene a su cargo el registro, colección, custodia, preservación y

enmiendas de récords vitales entre otras tareas a fines.82 Además,

el Registro Demográfico tiene a su cargo todo lo relacionado con la

inscripción de los nacimientos, casamientos y defunciones que

ocurran o se celebren en Puerto Rico.83

       En cuanto a los certificados de defunción, el estatuto

establece que debe inscribirse la defunción de un cadáver en el

registro del lugar donde este falleció o en el lugar donde se haya

encontrado el cuerpo.84 Con este certificado entonces se podrá

inscribir el fallecimiento.85      Asimismo,       los     certificados     de

defunción contendrán los siguientes datos para fines legales,

sociales y sanitarios:

       (1) Lugar de la defunción, que incluirá, si la muerte ha
       ocurrido en la zona urbana, la calle y número de la casa;
       si en un suburbio o barriada, el nombre del mismo, calle
       y número; si en un hospital o cualquier otra institución,
       el nombre de la misma debe darse en lugar del nombre
       de la calle y el número de la casa; si en la zona rural, el
       nombre del barrio.
       (2) Nombre y apellidos del fallecido.

79 Véase, Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley 55-2020, 31 L.P.R.A. § 7631,

Art. 681.
80 Id.
81 Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 24 LPRA § 1041 et seq.
82 24 LPRA. § 1042.
83 24 LPRA. § 1071.
84 24 LPRA § 1101.
85 Id.
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     (3) Residencia del fallecido, que será el sitio donde
     residía permanentemente, expresando la población,
     nombre de la calle y número de la casa, si en la zona
     urbana, y la población y el nombre del barrio si en la
     zona rural.
     (4) Tiempo de residencia en el municipio donde ocurrió
     la defunción.
     (5) Si es extranjero, tiempo de residencia en Puerto Rico.
     (6) Sexo.
     (7) Color o raza.
     (8) Estado civil, expresando si el fallecido era soltero,
     casado, viudo o divorciado y en los tres últimos casos,
     el nombre del cónyuge superviviente o premuerto.
     (9) Fecha del nacimiento, la que constará del año, mes
     y día.
   (10) Edad en años, meses y días. Si menor de un día, en
   horas y minutos.
   (11) Ocupación. La ocupación debe informarse, si está
   trabajando en ocupación remunerada, con la siguiente
   información: (a) Oficio, profesión u ocupación, o clase
   especial de trabajo; (b) naturaleza general de la industria,
   negocio o establecimiento en el cual era empleado o
   patrono; (c) fecha en que trabajó por última vez en dicha
   ocupación, y (d) años que ha trabajado en la misma.
   (12) Sitio del nacimiento; nombre del municipio, si es
   natural de Puerto Rico y el nombre del estado o país, si
   es extranjero.
   (13) Nombre del padre.
   (14) Lugar del nacimiento del padre; el nombre del
   municipio, si es natural de Puerto Rico [o] el nombre del
   estado o país, si es extranjero.
   (15) Nombre y apellidos propios de la madre.
   (16) Lugar del nacimiento de la madre; el nombre del
   municipio, si es natural de Puerto Rico [o] el nombre del
   estado o país, si es extranjero.
   (17) Firma y dirección del declarante de la defunción.
   (18) Cementerio donde ha de ser enterrado o sitio donde
   ha de ser trasladado el cadáver y fecha de la inhumación
   o traslado.
   (19) Nombre y dirección del agente funerario o encargado
   del entierro
   (20) Firma oficial del encargado del registro y fecha en
   que se efectuó la inscripción.
   (21) Fecha de la defunción, la que constará del día, mes
   y año.
   (22) Certificación sobre asistencia médica prestada al
   fallecido; cuándo tuvo lugar la defunción; última vez que
   se le vio vivo; la causa de muerte y también la causa
   contribuyente o secundaria si la ha habido; duración de
   cada una de ellas y si se atribuye a condiciones peligrosas
   o malsanas del empleo; firma y dirección del médico o
   funcionario que expide la certificación médica. En casos
   de muerte violenta se expresará si ésta ocurrió por
   accidente, suicidio u homicidio, fecha y sitio donde éste
   ocurrió y el instrumento, arma, máquina u objeto que
   infirió la lesión que causó la muerte. Se especificará,
   también, el nombre y fecha de la operación quirúrgica, si
   ha habido alguna, el motivo que la requirió y el órgano o
   parte del cuerpo afectada, así como el análisis de
   laboratorio que confirmó el diagnóstico, en caso de que
   se hubiere hecho alguno durante el curso de la
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     enfermedad del fallecido. Asimismo, deberá expresarse si
     se verificó autopsia. Las circunstancias personales y los
     datos estadísticos (números 1 al 16) serán autenticados
     por la firma del informante quien podrá ser cualquiera
     persona que tenga conocimiento de los hechos, de
     acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7 de esta Ley.86

        Ahora bien, si se interesa obtener una copia certificada de este

u otros documentos del Registro Demográfico, la Ley provee un

procedimiento para ello.87 De igual modo, el Art. 689 del Código Civil

dispone lo concerniente a las personas legitimadas para solicitar la

certificación de la constancia inscrita.88 Así el mencionado artículo

reza:

        Están legitimados para solicitar la certificación de las
        actas obrantes en el Registro Demográfico las personas
        siguientes:

        (a) las personas legitimadas a las que se refiere o afecta
        la inscripción según establecido en este Código, el
        menor de edad a través de sus progenitores con patria
        potestad y el incapaz a través de su tutor o
        representante legal;
        (b) los causahabientes del inscrito, si es necesario para
        reclamar un derecho o una facultad que surge de su
        persona; y para acreditar su propio estado civil o
        impugnarlo;
        (c) cualquier persona con legítimo interés, previa
        autorización judicial; (d) el ministerio público y el
        Secretario de Salud, si ello es necesario para cumplir
        sus facultades ministeriales;
        (e) los abogados o abogadas y las notarias o los notarios
        admitidos a la práctica de la abogacía o notaría por el
        Tribunal Supremo de Puerto Rico, o abogados y
        abogadas de otra jurisdicción, siempre y cuando estén
        realizando un trámite en representación de sus clientes.
        Para esto, el abogado o abogada deberá acreditar dicha
        representación mediante identificación de admisión a la
        práctica de la abogacía o notaría en el Registro
        Demográfico de Puerto Rico. En el caso de abogados y
        abogadas o notarias y notarios que solicitan certificados
        de nacimiento, matrimonio y defunción, así como
        cualquier otro documento que el Registro Demográfico
        tenga autoridad para expedir, bastará con la
        presentación de una carta en la que se anuncie la
        representación legal bajo la firma y número del Registro
        Único de Abogados(as) (RUA). Igualmente, aplicará lo
        anteriormente expuesto cuando el abogado o abogada,
        notaria o notario, designe un gestor o gestora,
        empleados(as) o representante que acuda a su nombre
        al Registro a solicitar documentos. El Registro
        Demográfico no impondrá requisitos adicionales a los

86 24 LPRA § 1103.
87 Para el procedimiento en cuestión, véase el Art.38 Ley Núm. 24 de 22 de abril

de 1931 24 LPRA § 1237.
88 31 LPRA § 7646, Art. 689.
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         aquí taxativamente establecidos, mediante reglamentos
         o cartas circulares internas; y
         (f) los directores y directoras funerales debidamente
         licenciados y autorizados, siempre y cuando sus
         gestiones se relacionen con la solicitud de
         certificaciones de actas de defunción en representación
         de sus clientes.89

    I. Derecho al Acceso a la información en Puerto Rico

         En Puerto Rico existe un derecho fundamental al acceso a la

información pública el cual está estrechamente relacionado con los

derechos a la libertad de palabra, prese y asociación.90 Este derecho

se funda en la idea de que todas las personas tienen legitimación

activa     para         saber   y   conocer     acerca      de      los   asuntos

gubernamentales.91 La razón de ello obedece a esta sencilla premisa:

“[s]in conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede

exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los

procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada

cuatro (4) años”.92 Esto se convierte en “un vehículo de información

y opinión [para] informar y educar al público, ofrecer críticas,

proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como un

sustituto para obtener noticias e información para sus lectores, que

por sí y como individuos no pueden o desean compilarla”.93

         Así pues, este derecho fundamental se ha ido desarrollando a

través de la jurisprudencia. En Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc,94

el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que el secretismo de

los asuntos públicos es la excepción y no la norma.95 En ese sentido,

se concluyó que un reclamo de confidencialidad por parte del Estado

únicamente podía prosperar en limitadas circunstancias, las cuales

son las siguientes:

         (1) una ley así lo declara;

89 Id.
90 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., 207 DPR 200, 207 (2021).
91 Id.
92 Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982).
93 Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 159 (1986).
94 Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153 (1986).
95 Id. a la pág. 159.
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       (2) la comunicación está protegida por algún privilegio
           evidenciario;
       (3) la divulgación de la información puede lesionar
           derechos fundamentales de terceros;
       (4) se trate de un confidente, según la Regla 515 de
           Evidencia de 2009 (32 LPRA Ap. VI), o
       (5) sea información oficial conforme a la Regla 514 de
           Evidencia de 2009.96

       Asimismo, se ha reconocido que este derecho no es ilimitado

ni absoluto.97 Toda ley que pretenda ocultar información a un

ciudadano bajo el fundamento de confidencialidad tiene que

justificarse a plenitud y contener normas claras y precisas que

permitan identificar adecuadamente el material y las circunstancias

en que habrá de aplicarse la norma de accesibilidad.98 Ahora bien,

para que opere este derecho es necesario que el documento que se

pretenda divulgar goce, de esa condición pública.99

       Una vez se determine que el documento al que se pretende

acceder es público, el ciudadano común tendrá derecho a solicitar

su acceso y el Estado solo podrá negarse en determinadas

circunstancias.100 Ello quiere decir que el Estado no puede negarse

caprichosamente y de forma arbitraria a permitir el acceso de

información pública.101 Así pues, las restricciones que el Estado

imponga para negar información solicitada deben satisfacer los

criterios de un escrutinio estricto.102

       Cuando el Estado alegue la confidencialidad de algún

documento público, este “tiene la carga de probar que satisface

cualquiera de las excepciones antes enumeradas” reconocidas en el

caso de Santiago v. Bobb y el Mundo Inc.103 De esta manera, el

examen     judicial   que   debe    someterse     cualquier     reclamo    de

96 Engieneering Services v. AEE, 205 DPR 136, 148 (2020) citando a Santiago v.

Bobb y El Mundo, Inc., supra.
97 Lopez Vives v. Policia de P.R., 118 DPR 219, 228–229 (1987).
98 Angueira v. J. L. B. P., 150 DPR 10, 24, (2000).
99 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 81 (2017).
100 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., supra, a la pág. 209.
101 Colon Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007).
102 Engieneering Services v. AEE, supra, a la pág. 148.
103 Id.
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confidencialidad de información pública dependerá de la excepción

que invoque el Estado como fundamento vis-à-vis el pedido de

información.104 Ahora bien, entre estos dos (2) derechos, la balanza

debe inclinarse a favor del reclamante de la solicitud y en contra del

privilegio.105

          Por consiguiente, la negativa del Estado al divulgar asuntos

públicos debe estar fundamentada y justificada.106 No es suficiente

plantear meras generalizaciones.107 Por ello, los tribunales deben ser

cautelosos         en   conceder    livianamente       cualquier     pedido   de

confidencialidad del Estado.108 Así pues, el Estado es “quien tiene el

peso de demostrar que la confidencialidad de un documento público

se justifica mediante un interés apremiante”.109

    J. Derecho a la intimidad en Puerto Rico

          En Puerto Rico la intimidad de un ciudadano está protegida

por virtud de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos de América y el Art. II, Secs. 1, 8 y 10 de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Concretamente, el lenguaje

contenido en las aludidas disposiciones constituciones en nuestra

jurisdicción son las ilustradas a continuación:

             Sección 1. — La dignidad del ser humano es
          inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No
          podrá establecerse discrimen alguno por motivo de
          raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social,
          ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el
          sistema de instrucción pública encarnarán estos
          principios de esencial igualdad humana.

             […]

             Sección 8. — Toda persona tiene derecho a
          protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a
          su reputación y a su vida privada o familiar.

             […]

104 Ortiz v. Dir. Adm. De Los Tribunales, 152 DPR 161, 178 (2000).
105 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., supra, a la pág. 218.
106 Id.
107 Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., supra, a la pág. 159.
108 Engieneering Services v. AEE, supra, a la pág.149.
109 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., supra, a la pág. 217.
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              Sección 10. — No se violará el derecho del pueblo a
          la protección de sus personas, casas, papeles y efectos
          contra registros, incautaciones y allanamientos
          irrazonables.

          No se interceptará la comunicación telefónica.

          Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros,
          allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello
          únicamente cuando exista causa probable apoyada en
          juramento o afirmación, describiendo particularmente
          el lugar o registrarse, y las personas a detenerse o las
          cosas a ocuparse.

          Evidencia obtenida en violación de esta sección será
          inadmisible en los tribunales.110

          En ese sentido, nuestro derecho a la intimidad es de alta

jerarquía en nuestro ordenamiento constitucional y aplica ex proprio

vigore, por lo cual puede hacerse valer entre personas privadas y así

estar exento del requisito de acción estatal.111 Así pues, ha sido

norma firmemente reiterada que este derecho goza de la más alta

protección bajo nuestra Constitución.112 Ello, pues, esta protección

es “necesaria no sólo para que se pueda lograr una adecuada paz

social o colectiva […] sino también porque así logramos mantener

una calidad mínima de la vida humana, al mantener un reducto de

ésta fuera del alcance de terceros”.113

          Por tal motivo, este derecho constitucional puede ser

reivindicado por recurso de interdicto o por una acción en daños e

“impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada

o familiar de los demás seres humanos”.114 Sin embargo, pese a esta

condición de ser de la más alta jerarquía en nuestro ordenamiento

constitucional, este no se concibe como un derecho absoluto que

“vence a todo otro valor en conflicto bajo todo supuesto

concebible”.115 Por ello, ante una alegación de violación a la

intimidad, lo que se debe tomar en consideración es si una persona

110 Art. II, Secs. 1,8,10, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
111 Siaca v. Bahía Beach Resort, 194 DPR 559, 582-583 (2016).
112 Lopez Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, 849 (2006).
113 Id.
114 Id., a la pág. 850.
115 E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394, 401 (1983).
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tiene derecho a abrigar, donde sea, dentro de la circunstancia del

caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete.116

        De esta forma, para hacer tal determinación es necesario que

se materialicen dos elementos: “(1) el subjetivo, mediante el cual el

reclamante, según las circunstancias del caso, alberga una

expectativa real de que su intimidad se respete, y (2) el criterio

objetivo, es decir, si la sociedad considera razonable tener tal

expectativa”.117

                                       III

        En el presente recurso, el apelante alega que debemos revocar

la Sentencia que el foro primario emitió y notificó el 8 de enero de

2024. En específico, en su primer señalamiento de error, sostiene

que el TPI incidió al ordenar la divulgación total de los datos

contenidos en los certificados de defunción sin eliminar ciertos

campos. Aduce que el mismo contiene información personal y

sensitiva de personas fallecidas y sus informantes y a su vez plantea

la existencia de una alegada expectativa razonable de intimidad de

los datos solicitados. A su vez, en su segundo señalamiento de error,

argumenta que el TPI erró al ordenar la divulgación prospectiva de

las bases de datos en cuestión, violentándose así el principio

constitucional de justiciabilidad. Por su parte, la apelada reitera que

la información solicitada constituye información pública la cual

debe ser entregada conforme a nuestro estado derecho.

        De entrada, es menester destacar que el presente recurso

versa sobre la cuarta petición de Mandamus instada por el CPI

contra el Estado, en pleitos independientes, concretamente, contra

el Registro Demográfico. Pese a que concurren la más perfecta

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes

116 Id., a la pág. 402.
117 Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 384 (1995).
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y la calidad en la que fueron,118 no estamos en posición de aplicar

la doctrina de cosa juzgada ni el impedimento colateral por

sentencia. Esto responde a que, en el caso de autos, estamos ante

una excepción a la aplicación de esta doctrina. Lo anterior, puesto

a que el presente pleito versa sobre un asunto de alto interés

público: la reiniciación de derechos constitucionales fundamentales.

En ese sentido, se aplica la excepción a la norma de cosa juzgada

reconocida por nuestra jurisprudencia,119 por lo cual procederemos

a entrar a los méritos de la controversia. Veamos.

       Comenzaremos discutiendo el primer señalamiento de error

formulado por el apelante. Allá, para los años 2018, 2020 y 2021, el

foro dictaminó, en sentencias diferentes, que el Estado debía

entregar las bases de datos de los certificados de defunción. Si bien

las sentencias de los casos SJ2020CV02641 y SJ2021CV05403,

fueron dictámenes que obedecieron a una transacción entre las

partes, el caso SJ2018CV00843, el cual se consolidó con

SJ2018CV00561, resuelto en el 2018, fue atendido en sus méritos.

Allí, el TPI determinó que las bases de datos del Registro

Demográfico sobre los certificados de defunción constituían un

documento público, por lo cual el Estado venía obligado a su

producción.120

       A la luz de lo resuelto en los dictámenes antes mencionados,

el CPI tenía legitimación activa para solicitar dicha información. En

vista de ello, en varias ocasiones entre agosto de 2022, hasta febrero

de 2023, la apelada solicitó dicha base de datos y el Estado se las

proveyó.121

118 Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649, 655 (2013).
119  Véase, Beníquez et al v. Vargas et al, 184 DPR 210, 255 (2012) y
Pérez v. Bauza, 83 DPR 220, 226 (1961), donde se reconoce que los tribunales
podemos prescindir de la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en casos de
alto interés público.
120
    Apéndice del recurso, a la pág. 177.
121 Apéndice del recurso, a las págs. 63-75.
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         Ahora bien, el 5 de junio de 2023, el apelante suministró la

información con varios campos                  suprimidos.122       Tras el    CPI

cuestionar la razón por la cual se suprimieron estos datos, el

Secretario de Salud justificó esta acción amparándose en varias

disposiciones de la HIPAA.123 Ante este proceder por parte del

Estado, el CPI instó el auto de Mandamus objeto de esta

controversia. Por su parte, el Estado respondió con un escrito

solicitando la desestimación en la cual adujo que cumplió con su

deber ministerial ya que proveyó la información solicitada, pero que

suprimió ciertos campos que a su juicio eran confidenciales. Para

ello, invocó dos fundamentos: (i) que tanto la HIPAA como la Ley del

Registro Demográfico, así como la Ley de Datos Abiertos disponían

su confidencialidad y (ii) que se lesionaban derechos fundamentales

de terceros al divulgarse esta información.

         Nuestra jurisprudencia ha sido diáfana en cuanto a los

elementos que debemos observar cuando se está invocando el

derecho constitucional al acceso a la información pública. Así pues,

lo primero que se debe evaluar es si la información solicitada

constituye un documento público. Para ello, la casuística ha

planteado        los   distintos     mecanismos         para      determinar   esa

clasificación.124      Sin     embargo,      en    el   presente      caso,    esta

consideración ha sido superada toda vez que, en sus respectivos

escritos, ambas partes han convenido que el documento solicitado

es público.125 Por ello, siendo la base de datos de los certificados de

defunción un documento público, el CPI y cualquier otro ciudadano,

tenía legitimación activa para acceder a esta.126

         Así las cosas, cuando el Estado le entregó la información al

CPI con los cuarenta y un (41) campos suprimidos, invocó la

122 Apéndice del recurso, a las págs. 77-79.
123 Apéndice del recurso, a las págs. 80-82.
124 Ortiz v. Dir. Adm. De Los Tribunales, supra, a las págs. 176-177.
125   Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 390 y a la pág. 452.
126 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., supra, a la pág. 209.
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confidencialidad          de    dicho     documento         público.       Nuestro

ordenamiento jurídico requiere que cuando el Estado plantee la

confidencialidad de un documento público, dicha actuación debe

satisfacer un escrutinio estricto. Ello significa que el (i) Estado

tiene el peso de la prueba;127 (ii) la justificación para negarse a

proveer        información     pública    debe        obedecer    a   un   interés

apremiante;128 (iii) su negativa de divulgar asuntos públicos debe

estar fundamentada y justificada, por lo cual no es suficiente

plantear meras generalizaciones;129 y (iv) la negativa a proveer

información pública debe obedecer a las excepciones que han sido

reconocidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.130 Sobre lo

anterior, es menester señalar que las excepciones en cuestión son

las siguientes: (a) una ley así lo declara; (b) la comunicación está

protegida por algún privilegio evidenciario; (c) la divulgación de la

información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (d)

se trate de un confidente, según la Regla 515 de Evidencia de 2009;

y (e) sea información oficial conforme a la Regla 514 de Evidencia de

2009.131

          En el caso ante nuestra consideración, el Estado invocó dos

(2) excepciones para no brindar acceso a información pública,

entiéndase: (i) el que una ley así lo declara; y (ii) el que la divulgación

de la información puede lesionar derechos fundamentales de

terceros. A continuación, procederemos a analizar cada uno de estos

fundamentos a tenor con los lineamientos pautados por nuestra

jurisprudencia.

          En    primer    lugar,    cuando       el    Estado     promueve     un

planteamiento de negar acceso a información pública bajo el

fundamento de que esta es confidencial por virtud de una ley, se

127 Engieneering Services v. AEE, supra, a la pág.160.
128 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., supra, a la pág. 217.
129 Id., a la pág. 210.
130 Id.
131 Id.
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debe tomar en consideración lo siguiente: “[t]oda ley que pretenda

ocultar    información        a   un    ciudadano     bajo   el   palio   de   la

confidencialidad tiene que justificarse a plenitud y contener

normas claras y precisas que permitan identificar adecuadamente

el material y las circunstancias en que habrá de aplicarse la norma

de accesibilidad”.132 (Énfasis suplido). Si la legislación no tiene los

estándares apropiados para determinar si el documento planea una

norma de confidencialidad absoluta, no podrá superar el rigor de la

cláusula constitucional que garantiza el derecho a la libre

expresión.133

       En este caso, el Estado razonó como justificación para su

negativa a proveer los campos suprimidos tres (3) leyes: (i) la HIPAA;

(ii) la Ley del Registro Demográfico; (iii) y la Ley de Datos Abiertos.

Tras un estudio minucioso de las legislaciones antes mencionadas,

no encontramos ningún lenguaje claro y preciso que justifique

catalogar como confidencial la información suprimida. Coincidimos

con el foro primario en su análisis concerniente a que la HIPAA no

es aplicable a la controversia de autos, toda vez que el Registro

Demográfico no es un covered entity según definido por dicho

estatuto.134 A su vez, la Ley del Registro Demográfico no contiene

ningún lenguaje que nos lleve a concluir que su base de datos sobre

certificados     de defunción          contenga     información confidencial.

Finalmente, coincidimos con la interpretación del foro primario en

cuanto a la inaplicabilidad de las restricciones disposiciones en la

132 Angueira v. J. L. B. P., supra, a la pág. 24.
133 Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 104 (2003).
134  Except as otherwise provided, the standards, requirements, and
implementation specifications adopted under this part apply to the following
entities:

       (1) A health plan.
       (2) A health care clearinghouse.
       (3) A health care provider who transmits any health information in
       electronic form in connection with a transaction covered by this
       subchapter.

45 CFR § 164.104
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Ley de Datos Abiertos toda vez que este estatuto no expresa de

manera clara y precisa que los datos solicitados no puedan

divulgarse.

      En conclusión, tras un análisis ponderado de los estatutos

invocados, colegimos que ninguna de las leyes expuestas por el

Estado contiene un lenguaje que establezca la confidencialidad de

los datos suprimidos. Por ello, el Estado no logró justificar su

negativa de brindar acceso la información pública solicitada bajo el

fundamento de que una ley así dispone su confidencialidad.

      Ahora bien, en segundo lugar, el apelante también adujo que

la divulgación de la información solicitada podría lesionar derechos

fundamentales de terceras personas. Concretamente, hizo alusión a

que la divulgación de datos tales como los nombres, apellidos,

direcciones, nombre del cónyuge, nombre del padre y de la madre,

así como el nombre y dirección del informante constituye una

violación al derecho de la intimidad de estas personas y sus

familiares. Particularmente, el Estado sostuvo que en nuestro

ordenamiento jurídico se reconoce que nadie puede inmiscuirse en

la vida privada o familiar de los demás seres humanos.

      Es preciso reiterar que, en el caso ante nuestra consideración,

no existe controversia en cuanto a que el documento solicitado es

público, por lo cual el apelante viene obligado a satisfacer un

escrutinio estricto si optara por no proveer dicha información

pública. Esto quiere decir que el Estado tiene el peso de la

prueba de demostrar, en esta circunstancia, que se está

lesionando el derecho fundamental de la intimidad. En otras

palabras, el Estado venía obligado a demostrar que tanto a los

familiares de las personas fallecidas y a los informantes, le cobijaba

un derecho a la intimidad en cuanto a la información divulgada.

Para ello, le correspondía demostrar si la persona que reclama ese

derecho a la intimidad tenía el derecho de abrigar, en la
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circunstancia del caso específico, que su intimidad se respetara.135

Además, el Estado debía demostrar dos criterios adicionales en

cuanto a la expectativa de intimidad: (i) el criterio subjetivo,

mediante el cual el que reclama el derecho, alberga una expectativa

real de que su intimidad se respete y (ii) el criterio objetivo, el cual

consiste     en    si   la   sociedad       considera    razonable   tener   tal

expectativa.136

        Nótese que, el apelante tenía que demostrar lo anterior,

satisfaciendo las exigencias de un escrutinio estricto. No basta con

expresar meras generalizaciones. Conforme surge del expediente

ante nuestra consideración, el apelante no presentó prueba para

sustentar sus alegaciones más allá de una captura de pantalla de

las bases de datos solicitadas y una tabla que ilustraba cuáles eran

los campos de dicha base de datos.137 El Estado no presentó prueba

adicional (testifical ni documental) para demostrar la expectativa de

intimidad de las personas que resultarían afectadas con la

divulgación ni bajo el criterio subjetivo ni el criterio objetivo

conforme lo requiere nuestro estado de derecho.

        A la luz del análisis que antecede, concluimos que el apelante

no pudo probar que la divulgación de los datos solicitados lesionaría

los derechos fundamentales de terceras personas. Siendo el Estado

el llamado a demostrar la confidencialidad de la información pública

suprimida, cosa que no logró probar conforme lo exige nuestro

estado derecho, determinamos que el foro primario no incidió en su

determinación de ordenar la divulgación total de las bases de datos

según solicitada por el CPI. Por consiguiente, resolvemos que el

primer señalamiento de error no se cometió.

135 E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, a la pág. 401.
136 López Tristani v. Maldonado, supra, a la pág. 852.
137 Apéndice del recurso, a la pág. 375.
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       Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, el

apelante también sostiene que el TPI erró al ordenar la producción

de la base datos al CPI de forma prospectiva, pese a que esto

contraviene el principio constitucional de justiciabilidad. Colegimos

que le asiste la razón. Nos explicamos.

       En este punto, destacamos que, en la Sentencia apelada, el

foro primario emitió la siguiente expresión:

       Además, y en atención a las circunstancias particulares
       del presente caso y al derecho declarado y aclarado en
       esta Sentencia, se ordena a la parte peticionada que
       divulgue prospectivamente esta información cuando le
       sea solicitada por la parte peticionaria, en los mismos
       términos en los que le sea ordenado divulgar, y en
       cumplimiento con el Artículo 4 de la Ley de
       Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso
       a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA
       sec. 9914, y con la normativa constitucional aplicable
       sobre acceso a la información pública (nota omitida).138

       Dicho lenguaje es confuso y pudiese ser controversial toda vez

que podría interpretarse como una autorización irrestricta para que

el CPI solicite esta base datos sin importar las circunstancias. Ello

entra en conflicto con la máxima de que en nuestro ordenamiento el

derecho es rogado y este lenguaje pudiese interpretarse como una

pre-adjudicación de futuras controversias, ya sea porque el estado

de derecho       sea uno distinto           o porque surja alguna otra

circunstancia que sea meritoria ser examinada por los tribunales.

Ello tampoco representa una licencia para que el Estado se oponga

a producir una información que ha sido reiterada como pública

mediante distintas sentencias. No obstante, pese a lo anterior, las

solicitudes de estos datos públicos deben ser atendidas caso a caso

conforme a la particularidad de las circunstancias. Por tal motivo,

concluimos que el foro primario incidió al ordenar la producción de

las bases de datos de forma prospectiva, por lo cual el segundo

señalamiento de error se cometió.

138 Apéndice del recurso, a las pág. 585.
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      Por último, esta Curia se une a la exhortación que hiciera el

foro primario en su Sentencia referente a la naturaleza de los datos

que solicitados por el CPI. Si bien, jurídicamente dicha información

no es confidencial y es pública, coincidimos en que la misma podría

considerase sensitiva para muchas personas en nuestra sociedad.

Por tal motivo, hacemos un llamado a la prudencia y a la discreción

en cuanto a que se tomen las precauciones ciudadanas sobre el

manejo o posible publicación de la información obtenida, a tono con

los preceptos que rigen la profesión del periodismo en Puerto Rico.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Sentencia

apelada únicamente a los efectos de eliminar el lenguaje referente a

la orden de divulgación de datos de manera prospectiva. Así

modificada, se confirma.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones