Court Opinion

ID: 9952141
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:21:13.622097+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:49.782689
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL II

ROBERTO QUIÑONES RIVERA                        Certiorari
                                               procedente del
          Peticionario                         Tribunal de
                                 KLCE202301334 Primera
               v.                              Instancia, Sala
                                               de Bayamón
    DEPARTAMENTO DE
      CORRECCIÓN Y                                 Caso Núm.
     REHABILITACIÓN                                BY2023CV01722

   ANA ESCOBAR PABÓN                               Sobre:
        Y OTROS                                    Daños

           Recurrido

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

                                  I.

      El 30 de marzo de 2023, Roberto Quiñones Rivera, quien se

encuentra confinado, presentó Demanda sobre daños y perjuicios,

violación de derechos, difamación, libelo y calumnia contra el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Sra. Ana

Escobar Pabón, el Sr. Edwin González Ramos, el Sr. Carlos

Betancourt, la Sra. Brenda Encarnación, la Sra. Ingrid Morales

Colón, la Sra. Liza M. Claudio Vázquez, la Sra. Maribel García

Charriez, el Sr. Marcos Pérez Curet y el Sr. Fernando Rosario Vega.

El 3 de abril de 2023, el Foro primario ordenó la expedición de los

emplazamientos para que fueran diligenciados por el demandante.

A esos efectos, el 4 de abril de 2023, la Secretaría expidió los

correspondientes emplazamientos.

      No obstante, el 15 de mayo de 2023, Quiñones Rivera presentó

Moción Informativa y en Solicitud de Auxilio y de Remedio. Sostuvo

que al estar confinado se le imposibilitaba diligenciar los

emplazamientos. Ante ello, el 16 de mayo de 2023, el Foro primario

Número Identificador

SEN20204__________
KLCE202301334                                                       2

lo autorizó a litigar como indigente y ordenó nuevamente la

expedición de los emplazamientos, esta vez para ser diligenciados

por la Unidad de Alguaciles. En cumplimiento con lo ordenado, la

Secretaría expidió nuevos emplazamientos el 17 de mayo de 2023.

      A pesar de que el alguacil diligenció los emplazamientos

dirigidos a Escobar Pabón, González Ramos, Betancourt, Pérez

Curet y Encarnación, no pudo diligenciar personalmente los

emplazamientos dirigidos a las codemandadas Morales Colón,

Claudio Vázquez y García Charriez, ya que el Superintendente del

Complejo Correccional indicó no conocerlas.

      Respecto al DCR, el 24 de agosto de 2023, Quiñones Rivera

solicitó desistir de su Demanda con el fin de continuar el caso

únicamente contra los funcionarios en su carácter personal. A raíz

de dicha solicitud, al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia

emitió Sentencia Parcial, notificada el 28 de agosto de 2023,

ordenando el archivo sin perjuicio de la Demanda contra el DCR.

      Continuado el pleito contra los demás codemandados, el 1 de

septiembre de 2023, el Departamento de Justicia solicitó con éxito,

prórroga para presentar su alegación responsiva, en representación

de   los   funcionarios   demandados    en   su   carácter   personal.

Posteriormente, el 19 de octubre de 2023, Quiñones Rivera presentó

Moción Informativa y en Solicitud de Remedio. Sostuvo que,

habiendo estado debidamente emplazados los codemandados

procedía que respondieran a las alegaciones de la Demanda.

      Esta última solicitud provocó que el Foro primario dictara otra

Sentencia Parcial, notificada el 20 de octubre de 2023, con relación

a los demandados no emplazados. Así, desestimó sin perjuicio la

Demanda contra las señoras Morales Colón, Claudio Vázquez y

García Charriez por no haber sido emplazadas dentro del término

de ciento veinte (120) días a partir de la expedición, que dispone la
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Regla 4.3 de las Reglas de Procedimiento Civil y ordenó el archivo

sin perjuicio de la Demanda.

       Insatisfecho, el 27 de noviembre de 2023, Quiñones Rivera

acudió ante nos mediante Certiorari.1 Sostiene:

       COMETIÓ UN GRAVE ERROR DE DERECHO EL
       HONORABLE TRIBUNAL AL DESESTIMAR LA
       PRESENTE DEMANDA A FAVOR DE INGRID
       MORALES, LIZA CLAUDIO Y MARIBEL GARCÍA,
       ENTIÉNDASE QUE EL DEMANDANTE PROVEYÓ AL
       TRIBUNAL LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE EN
       LA DEMANDA PARA QUE FUESEN EMPLAZADOS
       LOS DEMANDADOS Y FUE LA OFICINA DE
       ALGUACILES QUE OMITIÓ DILIGENCIAR LOS
       EMPLAZAMIENTOS EN DICHA DIRECCIÓN Y LE
       ENTREGÓ LOS MISMOS A UNO DE LOS
       CODEMANDADOS QUIEN ESTÁ AUTORIZADO POR
       LEY PARA RECIBIRLOS, Y ESTE ALEGÓ NO
       CONOCERLOS. EN LA ALTERNATIVA, EL RESTO DE
       LOS DEMANDADOS PUDIERON SER NOTIFICADOS
       DE LA DEMANDA A LA MISMA DIRECCIÓN QUE
       FUERON NOTIFICADOS EL DCR Y LA SECRETARIA
       DE CORRECCIÓN SRA. ANA ESCOBAR PABÓN.

       El   11    de    diciembre      de    2023,     emitimos      Resolución

concediéndole término de veinte (20) días al DCR y otros para que

expresaran su posición. A esos efectos, el 20 de diciembre de 2023,

la Oficina del Procurador General presentó Comparecencia Especial.

Entre otras cosas, nos informa sobre la Sentencia desestimando sin

perjuicio la totalidad de la presente causa de acción. Además,

expone que el DCR dejó de ser parte del caso y que su comparecencia

se limita a aclarar el estado procesal del caso. Finalmente, solicita

que relevemos al Estado de comparecer en el presente caso en

representación del DCR y de los siguientes funcionarios, Escobar

Pabón, González Ramos, Betancourt, Pérez Curet y Encarnación por

no ser las partes recurridas.

1 Aún el caso pendiente ante nuestra consideración, el 29 de noviembre de 2023,

notificada el 1 de diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió
Sentencia de desestimación al amparo de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil
y ordenó el archivo sin perjuicio.1 Basó su dictamen desestimatorio en la falta de
interés en la tramitación del caso ante el incumplimiento del demandante.
Específicamente, en su inacción en cumplir con la orden de obtener
representación legal, luego de que transcurriera el término concedido para ello, o
al menos, sin que hubiera acreditado las gestiones realizadas a esos fines.
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                                      II.

                                      A.

       El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se le

notifica a la parte demandada sobre la existencia de una

reclamación instada en su contra.2 Mediante esta notificación el

tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona demandada

quedando así éste obligado por el dictamen que en su día recaiga.3

Se ha resuelto que existe una política pública que exige que la parte

demandada sea emplazada y notificada debidamente en aras de

evitar el fraude y garantizar un debido procedimiento de ley.4

       En términos procedimentales, la Regla 4.1 de Procedimiento

Civil,5 exige a la parte demandante presentar el formulario de

emplazamiento conjuntamente a la demanda para que el Secretario

lo expida de forma inmediata. Se trata de un trámite ministerial,

automático, subsiguiente a la presentación de la demanda, como

evento inmediato que inicia la acción civil.6 Nuestro más alto Foro

ha establecido que el adecuado diligenciamiento del emplazamiento

constituye un imperativo constitucional del debido proceso de ley,

por lo que se exige un cumplimiento estricto cuando de obedecer

sus requisitos se trata.7

       Por otro lado, los incisos (f) y (g) de la Regla 4.4 de

Procedimiento Civil8 disponen lo siguiente:

       El emplazamiento y la demanda se diligenciarán
       conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y del
       emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la
       parte demandada o haciéndolas accesibles en su
       inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará
       constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre su
       firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el

2 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019). Véase, además, Rivera

v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).
3 Rivera, 203 DPR, pág. 481; Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637

(2018); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997).
4 Rivera, 203 DPR, pág. 481; Véase, además, Informe de Reglas de Procedimiento

Civil de diciembre de 2009. Énfasis nuestro.
5 32 LPRA Ap. V, R. 4.1.
6 Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20, 24 (1998).
7 Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530, 535 (1992); Rodríguez

v. Nasrallah, 118 DPR 93, 98 (1986).
8 Íd.
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       nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El
       diligenciamiento se hará de la manera siguiente:

        […]

       (f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando
       copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario
       o Secretaria de Justicia o a la persona que designe.

       (g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad del
       Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una
       corporación     pública,      entregando     copia    del
       emplazamiento y de la demanda a dicho(a)
       funcionario(a) o al (a la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha
       instrumentalidad.       Además,       será      requisito
       indispensable que en todos los pleitos que se insten
       contra un(a) funcionario(a) o una instrumentalidad del
       Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una
       corporación pública, la parte demandante entregue
       copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario
       o Secretaria de Justicia o a la persona que este designe.
       Si la instrumentalidad es una corporación pública,
       entregando las copias según lo dispuesto en la Regla 4.4
       (e).

       […].9

       En lo pertinente a la controversia ante nos, en Sánchez

Rodríguez v. Adm. de Corrección10, un confinado presentó una

demanda en daños y perjuicios contra la Administración de

Corrección. Junto con su demanda, solicitó que los emplazamientos

fueran expedidos y diligenciados. Pasado un tiempo y tras el

confinado cuestionar la inactividad del pleito, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó al Alguacil General de Ponce a diligenciar los

emplazamientos. Ordenó que se investigara y evidenciara que fueron

diligenciados. A pesar del demandante haber presentado evidencia

que controvirtió su alegada inacción y señalar que por estar

confinado su responsabilidad se limitaba a presentar la demanda y

a solicitar la expedición de los emplazamientos, el Tribunal de

Primera Instancia desestimó la causa de acción, con perjuicio, por

la alegada falta de diligencia del demandante.

9 Énfasis suplido.
10 177 DPR 714 (2009).
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       Confirmado el dictamen con posterioridad por el Tribunal de

Apelaciones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó y resolvió

que no era correcto atribuirle al demandante la inactividad en

el trámite del pleito y que los hechos particulares del caso no

justificaban la drástica sanción de la desestimación con

perjuicio. Tomó dicha decisión basado en que: 1) el caso revestía

un alto interés público, pues trataba de un confinado alegando

violación de derechos constitucionales, 2) el demandante no contaba

con abogados que pretendieran alargar el proceso como parte de una

estrategia forense, 3) el demandante era un confinado que exigió

información sobre el estado de los emplazamientos, 4) resultaba

difícil entender que existió inactividad por parte del demandante

cuando estaba confinado y el control del proceso lo tenía el tribunal

y 5) el diligenciamiento del emplazamiento, correspondía al alguacil

del tribunal.

       Sobre el mismo tema, en Cirino González v. Administración de

Corrección11, el Tribunal Supremo citó con aprobación sus

expresiones en Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección12, al

considerar que las Reglas 4.3 (b) y 39.2 (b) de Procedimiento Civil13,

deben ser atemperadas a la política pública que favorece que los

casos se ventilen en sus méritos.

                                 III.

       En el presente caso, Quiñones Rivera sostiene que el Foro

primario no debió desestimar su Demanda instada contra Ingrid

Morales, Liza Claudio y Maribel García por falta de emplazamiento.

Tienen razón. Veamos por qué.

       No hay discusión en cuanto a que Quiñones Rivera cumplió

con proveer al Tribunal la dirección de los codemandados para que

11 190 DPR 14 (2014).
12 Sanchez, 177 DPR 714 (2009)
13 32 LPRA Ap. V, R. 39.2.
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estos fuesen emplazados. Tampoco es parte del debate, que estando

confinado bajo la custodia del DCR, Quiñones Rivera presentó su

Demanda por derecho propio el 30 de marzo de 2023 y

oportunamente, presentó moción indicando que al estar confinado

no le era posible diligenciar los correspondientes emplazamientos.

Ante ello, el Foro primario ordenó que el diligenciamiento de los

emplazamientos se volviera a realizar, pero esta vez por la Unidad

de Alguaciles. En cumplimiento, Secretaría expidió los nuevos

emplazamientos el 17 de mayo de 2023.

       Otro hecho importante fuera de discusión es que, la Unidad

de Alguaciles entregó los emplazamientos al Superintendente de la

Institución Correccional de Bayamón y dicho funcionario, alegó no

conocer a los compañeros funcionarios correccionales demandados

Morales Colón, Claudio Vázquez y García Charriez. Aún dándole

entera credibilidad, de todos modos, este tenía el deber de remitirlos

a las oficinas centrales del DCR para que desde allí se diligenciaran

los emplazamientos al resto de los demandados. No lo hizo.

       Somos conscientes de las últimas expresiones emitidas por el

Tribunal Supremo en Pérez Quiles v. Santiago Cintrón,14 respecto a

la forma de diligenciar los emplazamientos y las consecuencias de

no hacerlo. Sin embargo, siendo consecuentes con lo resuelto en

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección15, resultaría incorrecto

atribuir a Quiñones Rivera la falta del diligenciamiento de los

emplazamientos a Morales Colón, Claudio Vázquez y García

Charriez. Quiñones Rivera oportunamente procuró la expedición de

14  Reiteró que el término de ciento veinte (120) días para diligenciar un
emplazamiento comenzará a transcurrir, sin ninguna otra condición o requisito,
una vez la secretaría del Tribunal expida el emplazamiento. A tales efectos,
expedido el emplazamiento, la parte que solicita el mismo cuenta con un término
de ciento veinte (120) días para poder diligenciarlo. Este término es improrrogable
y, consecuentemente, si en ciento veinte (120) días el demandante no ha podido
diligenciar el emplazamiento, su causa de acción se desestimará
automáticamente.
15 Cirino, 190 DPR 14 (2014).
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éstos, así como su diligenciamiento, demostrando su interés y

diligencia en la tramitación de su caso.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuesto, expedimos el Auto de

Certiorari y revocamos la Sentencia Parcial recurrida. Ordenamos la

continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera

Instancia de conformidad con lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones