Court Opinion

ID: 9941373
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:29:34.074449+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.513591
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL I

GP STATEGIES CORPORATION                        Apelación
                                                Procedente del
           Apelados                             Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
                                                Superior de
               V.                 KLAN202301127 Carolina

MUNICIPIO DE LOIZA Y JULIA                               Civil Núm.:
NAZARIO FUENTES, EN SU                                   CA2021CV01731
CAPACIDAD DE ALCALDESA
DEL MUNICIPIO DE LOIZA

           Apelantes                                     Sobre:
                                                         Cobro de Dinero;
                                                         Incumplimiento de
                                                         Contrato; Daños
                                                         Contractuales

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

                                       I.

       El 15 de diciembre de 2024, el Municipio de Loíza (Municipio

de Loíza o parte apelante) presentó una Apelación en la que solicitó

que revoquemos una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI o foro primario),

el 1 de septiembre de 2023, notificada y archivada en autos el 6 de

septiembre de 2023.1 En el dictamen, el TPI ordenó a la parte

apelante a pagar trescientos sesenta y nueve mil, ciento veintiséis

dólares ($369,126.00) a GP Strategies Corporation (GP Strategies o

parte apelada), más el interés legal que acumule desde la fecha del

dictamen, como determinación parcial en el pleito promovido por la

parte apelada en reclamación de cobro de dinero, incumplimiento

1 Apéndice de la Apelación, Anejo VIII, págs. 863-884.

Número Identificador
SEN2024________________
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de contrato y daños contractuales. Determinó que no existía

controversia   de   hechos   respecto    a   dieciséis   (16)   facturas

presentadas por GP Strategies, las declaró vencidas, líquidas y

exigibles y, por ello, ordenó su pago.

      El 4 de enero de 2024, GP Strategies radicó una Moción

solicitando remedios bajo la Regla 16 (E) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones en la que solicitó una orden requiriéndole al

Municipio de Loíza que sometiera un apéndice que cumpliese con la

Regla 16 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 16 (E). Según esbozó, la parte apelante presentó un

apéndice incompleto, el cual omitió los veintitrés (23) anejos de la

moción de sentencia sumaria que provocó la Sentencia Parcial, una

Moción conjunta en cumplimiento de orden en la que las partes

estipularon los hechos sobre los cuales no había controversia, la

Réplica a documento presentado por el Municipio de Loíza en

oposición a la Moción de Sentencia Parcial radicada por la parte

apelada, la notificación del archivo en autos del dictamen apelado y

los treinta y nueve (39) anejos de la Demanda.

      El 9 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos a la parte apelada hasta el 16 de enero de 2024 para

presentar su alegato en oposición.

      El 10 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos diez (10) días a la parte apelante para expresarse

respecto a lo planteado por GP Strategies sobre el apéndice de la

Apelación.

      El 16 de enero de 2024, GP Strategies presentó un Alegato de

GP Strategies Corporation en oposición a la apelación en el que

sostuvo que el TPI no incidió en el error señalado por el Municipio

de Loíza y solicitó que confirmemos la Sentencia Parcial apelada.

Como apéndice del escrito, sometió aquellos documentos que, según

reclamó previamente, fueron excluidos del Apéndice de la Apelación.
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       El 22 de enero de 2024, el Municipio de Loíza radicó una

Moción en cumplimineto (sic) de orden y Réplica a Moción solicitando

remedios bajo la Regla 16 (E) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones y autorización para presentar apéndice en formato digital

en cumplimiento de la Resolución emitida el 10 de enero de 2024.

En la moción, la parte apelante aceptó lo alegado por la parte

apelada y explicó que, por error o inadvertencia, no incluyó los

documentos señalados por GP Strategies como omitidos. En

consecuencia, sometió el apéndice de la Apelación corregido en

formato digital.

       El 24 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que

autorizamos la presentación de las copias del apéndice en formato

digital.

       Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por perfeccionado el recurso y, en adelante, pormenorizamos

los hechos procesales atinentes a la Apelación.

                                  II.

       El caso de marras tiene su génesis el 9 de julio de 2021

cuando GP Strategies presentó una Demanda en cobro de dinero,

incumplimiento de contrato y daños contractuales en contra del

Municipio de Loíza.2 En la Demanda, la parte apelada reclamó que

el Municipio de Loíza le adeudaba un millón, trescientos noventa y

nueve mil, quinientos dos dólares con cincuenta y siete centavos

($1,397,502.57) por concepto de servicios prestados en virtud de un

contrato de servicios profesionales y evidenciados por treinta y

cuatro (34) facturas vencidas y no pagadas.

       El 2 de noviembre de 2023, el Municipio de Loíza presentó

una Contestación a la Demanda en la que negó la mayoría de las

alegaciones de la reclamación.3

2 Íd., Anejo I, págs. 1-577.
3 Íd., Anejo II, págs. 578-581.
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         El 9 de diciembre de 2021, GP Strategies le notificó al

Municipio de Loíza el Primer pliego de interrogatorios, requerimiento

de admisiones y solicitud de producción de documentos en el que

solicitó que la parte apelante precisara qué partidas objetaba de

cada una de las facturas adeudadas.4 En concreto, el documento

requería lo siguiente:

         “15. Indique cuál es la razón específica por la que el
         Municipio no ha pagado las facturas pendientes. Deberá
         brindar su contestación para cada una de las facturas
         pendientes. En caso de que cuestione alguna partida, deberá
         especificar cuál es la partida cuestionada”.5

         El 25 de febrero de 2022, el Municipio de Loíza notificó su

contestación bajo juramento al Primer pliego de interrogatorios,

requerimiento        de   admisiones    y   solicitud   de   producción    de

documentos, suscrita por el Director de la Oficina de Programas

Federales de la municipalidad, el señor Luis Daniel Pizarro Osorio

(señor     Pizarro      Osorio).6   Sobre   el   párrafo   número   15    del

requerimiento, expresó:

         “Las facturas que no han sido pagadas es por que [sic]
         no han sido aprobadas. En cuanto a las partidas que se
         cuestionan se producirá documentos especificando las
         partidas”.7

En consecuencia, la parte apelada incluyó un Análisis de Facturas

GP Strategies, el cual contenía una tabla de todas las facturas

reclamadas en la Demanda, el total adeudado, el cargo disputado y

los comentarios del Municipio de Loíza respecto a cada una. Según

surge del documento, la parte apelante admitió que no tenía

observaciones respecto a dieciséis (16) de las treinta y cuatro (34)

facturas sometidas por GP Strategies, cuya suma ascendía a

$369,126.00.         En específico,    la   parte   apelante   incluyó    “sin

observaciones” en las facturas 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,

29, 30, 31, 32, 33 y 34.

4 Íd., Anejo III, págs. 592-597.
5 Íd., pág. 595.
6 Íd., págs. 598-604.
7 Íd., pág. 600.
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       El 24 de marzo de 2023, GP Strategies radicó una Moción para

solicitar Sentencia Sumaria Parcial en la que, basándose en el

Análisis de Facturas GP Strategies, solicitó que el TPI dictara

sentencia ordenando al Municipio de Loíza a pagar la suma de las

dieciséis (16) facturas vencidas sobre las cuales no había

controversia al no ser objetadas.8 Según arguyó, dada la admisión

de la parte apelante, no existía controversia en cuanto a la suma por

concepto de las facturas no objetadas y, por ello, constituía una

deuda vencida, así como líquida, cierta y determinada, pudiéndose

exigir su cumplimiento. Junto a su solicitud, la parte apelada

incluyó 23 anejos, entre los que figuraron: (1) la contestación del

Municipio de Loíza al Primer pliego de interrogatorios, requerimiento

de admisiones y solicitud de producción de documentos; (2) las

dieciséis (16) facturas no objetadas; (3) el contrato de servicios

profesionales suscrito por ambas partes; y (4) cuatro Task Orders,

emitidos por las partes durante la vigencia del acuerdo.

       El 2 de mayo de 2023, el Municipio de Loíza presentó una

Moción en oposición a Sentencia Sumaria Parcial en la que solicitó

que el foro primario declarara No Ha Lugar la solicitud de sentencia

sumaria promovida por GP Strategies.9 En suma, planteó que existía

controversia en cuanto a las dieciséis (16) facturas, así como la

procedencia de la reclamación, la cuantía del cobro de dinero, la

corrección de las facturas y la cantidad que había sido pagada por

las primeras tres facturas emitidas. Para demostrar la pretendida

controversia, anejó una alegada declaración jurada de un oficial

administrativo del Municipio de Loíza, el señor Julio Rafael Pérez

Maysonet (señor Pérez Maysonet), con fecha del 1 de mayo de 2023,

la cual contaba con la dación de fe del Notario Ebenecer López Ruyo,

8 Íd., págs. 582-792.
9 Íd., Anejo V, págs. 801-829.
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pero en la que no constaba la firma del declarante.10 Según dicho

escrito, en enero del 2023, el señor Pérez Maysonet investigó varias

de las facturas y se percató que en el documento Análisis de

Facturas GP Strategies se había expresado que no se tenían

observaciones, lo cual le sorprendió, toda vez que el trabajo descrito

en ellas había sido realizado por él y no por GP Strategies. Por esa

razón, disputaba las facturas de julio, agosto, septiembre y octubre

de 2020; es decir, las últimas cuatro facturas. Además, la parte

apelante acompañó su oposición con un reporte de inspección y una

hoja de registros de entrada.           También, alegó que el Análisis de

Facturas GP Strategies solo mencionaba algunas observaciones

sobre las facturas, pero en ningún momento decía que no fueron

objetadas. Asimismo, planteó que el documento de impugnación de

las   partidas,     anunciado      en    la   contestación   al   pliego   de

interrogatorios, estaba trabajándose al interior del Municipio de

Loíza.

         Ese mismo día, el Municipio de Loíza radicó una Moción

aclararatoria [sic] y para corregir presentación de archivos en la que

se disculpó por omitir varios archivos en su oposición a la Moción

para solicitar Sentencia Sumaria Parcial y, en consecuencia, los

sometió junto al escrito.11 Entre los documentos, incluyó un

desglose, una carta del 11 de febrero de 2020, unos correos

electrónicos del 11 de febrero de 2021 y la declaración del señor

Pérez Maysonet con sus propios anejos. En los anejos de la

declaración, incluyó una tabla que solo hacía referencia a cuatro (4)

de las dieciséis (16) facturas presentadas por GP Strategies.

         Más tarde el mismo día, el TPI emitió una Orden en la que le

ordenó a las partes a sostener dentro de treinta (30) días una

reunión para estipular los hechos materiales que no estaban en

10 Íd., págs. 812-813.
11 Íd., Anejo VI, págs. 830-858.
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controversia.12 También, les ordenó consignar dichas gestiones en

una moción conjunta a ser presentada dentro de veinte (20) días a

partir de la reunión.

       El 12 de mayo de 2023, GP Strategies presentó una Réplica a

documento presentado por el Municipio de Loíza en oposición a Moción

de Sentencia Sumaria Parcial en la que reiteró su solicitud de

sentencia sumaria parcial.13 En suma, arguyó que la oposición del

Municipio de Loíza fue radicada tardíamente, que la declaración del

señor Pérez Maysonet carecía de valor probatorio y que los hechos

promovidos como incontrovertidos no fueron refutados. Además,

adujo que el contenido del documento tampoco representó una

oposición a los hechos materiales establecidos en la Moción para

solicitar Sentencia Sumaria Parcial. Al igual, planteó que la moción

no cumplía con los requisitos impuestos por la Regla 36.3 (b) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b).

       El 26 de julio de 2023, las partes sometieron una Moción

conjunta en cumplimiento de orden en la que estipularon diez (10)

hechos materiales que no están en controversia y cada una formuló

su versión de otros hechos incontrovertidos y los fundamentos para

ello, desde su perspectiva.14 En adición, cada parte esbozó las

razones por las cuales no aceptaba los hechos no controvertidos

según propuestos por la otra.

       Ese mismo día, GP Strategies radicó una Moción aclaratoria y

en oposición a solicitud del Municipio para suplementar oposición a

solicitud de Sentencia Parcial en la que solicitó que el TPI denegara

una petición del Municipio de Loíza de tiempo adicional para

suplementar la oposición, que separara unas controversias respecto

al descubrimiento de prueba y que dictara la Sentencia Sumaria

12 Entrada Núm. 59 del expediente digital del caso en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
13 Apéndice de la Apelación, Anejo XIV, págs. 925-937.
14 Íd., Anejo XV, págs. 938-981.
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Parcial ordenando el pago de las facturas que no estaban en

controversia.15

        El 1 de septiembre de 2023, el TPI emitió la Sentencia Parcial

apelada en la que determinó que el Municipio de Loíza no demostró

que existía una controversia real en cuanto a la exigibilidad de las

dieciséis (16) facturas y, por consiguiente, le ordenó a pagar a GP

Strategies la cantidad de $369,126.00, más el interés legal

correspondiente desde la fecha de la sentencia hasta su pago.16 El

foro primario dispuso que no existían controversias sobre los

siguientes hechos materiales:

     1. GP Strategies y el Municipio de Loíza otorgaron el Contrato
        Núm 2019-000099. Luego otorgaron las siguientes
        enmiendas: la Enmienda 2019-000099-A, la Enmienda
        2019-000099-B, la Enmienda 2019-000099-C y la
        Enmienda 2019-000099-D (en adelante “el contrato” o “los
        contratos”), para que GP Strategies le asesorara en el proceso
        de asegurar fondos para la reconstrucción y reparación de
        los daños sufridos por las propiedades del Municipio tras el
        paso del huracán María. Los contratos fueron debidamente
        registrados ante el Contralor de Puerto Rico y son contratos
        válidos.
     2. GP Strategies sometió al Municipio treinta y cuatro (34)
        facturas por trabajos realizados en virtud del Contrato Núm
        2019-000099 y sus enmiendas.
     3. El contrato suscrito entre las partes establece en su inciso
        6.1 que GP Strategies sería compensado por los servicios y
        gastos según aprobados por el contrato, y que presentaría
        facturas mensuales con el detalle del trabajo realizado y los
        gastos incurridos. La base de la compensación se encontraba
        establecida en el Exhibit C del contrato, el cual fue anejado
        a la demanda y a la moción de sentencia sumaria parcial.

        El inciso 6.1 establece:
           6.1 Invoices: GP STRATEGIES will be compensated for the
           Services and approved expenses, as set forth in this Section
           6, and applicable amendments. Unless otherwise provided,
           GP STRATEGIES will invoice MUNICIPALITY on a monthly
           basis for the Services and approved expenses for the
           immediately preceding month. Each invoice must indicate
           the Services performed and expenses incurred, and
           reference either MUNICIPALITY's purchase order or Project
           reference number. Each invoice shall detail the matters
           handled and the time dedicated to the same, Services will
           be quantified at a unit price basis for specific positions
           listed in Exhibit C of this Contract. Positions and Rates will
           not be changed without a contract amendment.
     4. El inciso 6.3 del contrato suscrito entre las partes, en
        síntesis, establecía la forma de pago de las facturas. El
        representante autorizado del Municipio revisaría cada
        factura, y de determinar que las mismas cumplían con las
        regulaciones y guías federales las aprobaría para pago. El
        Municipio emitiría el pago de cada factura dentro de los

15 Íd., Anejo VII, págs. 859-862.
16 Íd., Anejo VIII, págs. 863-884. Notificada y archivada en autos el 6 de
septiembre de 2023.
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     treinta (30) días a partir de su aprobación. En caso de tener
     alguna objeción de buena fe a alguna factura, el Municipio
     debía emitir el pago de la porción no objetada; y notificaría a
     GP Strategies la objeción levantada reteniendo el pago de esa
     porción hasta tanto las partes resolvieran la disputa.

     El inciso 6.3 del contrato indica:
         6.3    Payment:    An     authorized   representative   of
         MUNICIPALITY will review each invoice and, if adequate
         and proven to be compliant with FEMA laws, regulations,
         and eligibility guidelines, will approve and process its
         payment. MUNICIPALITY will pay GP STRATEGIES within
         thirty (30) days after its approval of GP STRATEGIES'
         invoice; provided, however that in the event that
         MUNICIPALITY, in good faith, disputes any portion of the
         charges reflected on the invoice, MUNICIPALITY will notify
         GP STRATEGIES of the dispute and may withhold payment
         on such portion until the parties have resolved the
         dispute…
  5. El 9 de diciembre de 2021, como parte del descubrimiento
      de prueba en este caso, GP Strategies le notificó al Municipio
      el Primer Pliego de Interrogatorios, Requerimiento de
      Admisiones y Solicitud de Producción de Documentos (“Primer
      Pliego de Interrogatorios”).
  6. El 25 de febrero de 2022, la representación legal del
      Municipio de Loíza le notificó a GP Strategies la Contestación
      al “Primer Pliego de Interrogatorios” juramentada por el
      señor Luis Daniel Pizarro Osorio, el entonces Director de
      Programas Federales del Municipio.
  7. En la Contestación a la pregunta número 15 del “Primer
      Pliego de Interrogatorios”, el Municipio de Loíza contestó:
      “Las facturas que no han sido pagadas es por qué no han
      sido aprobadas. En cuanto a las partidas que se cuestionan
      se producirá documento especificando las partidas” (sic).
  8. En respuesta a la pregunta número 23 del “Primer Pliego de
      Interrogatorios” respecto a qué facturas no se recibieron
      previo a la presentación de la demanda, el Municipio
      contestó: “Ninguna, según mi conocimiento todas las
      desglosadas en la Demanda fueron recibidas previo a la
      radicación de la Demanda”. Id.
  9. Junto a la Contestación al “Primer Pliego de Interrogatorios”,
      el Municipio de Loíza produjo un documento titulado
      “Análisis de Facturas GP Strategies”.
  10. El “Análisis de Facturas GP Strategies” producido por el
      Municipio bajo juramento el 25 de febrero de 2022, cuestiona
      alguna de las facturas reclamadas en la demanda. No
      obstante, demuestra que el Municipio no objetó ni impugnó
      porción alguna de las facturas identificadas en dicho
      documento con los números 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
      25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Respecto a estas facturas, el
      Municipio las señaló de manera específica como: “Sin
      observaciones”.
  11. El expediente ante este tribunal demuestra que no existe
      controversia en que la relación de facturas presentada por la
      parte demandante en su Moción Para Solicitar Sentencia
      Sumaria Parcial muestra correctamente la relación entre las
      facturas no objetadas según identificadas por el Municipio
      en el “Análisis de Facturas GP Strategies”, e identificadas por
      GP Strategies en la Moción Para Solicitar Sentencia Sumaria
      Parcial, según se muestra a continuación:
     Núm. de                                      Alegación
               Número de                                     Exhibit de
   Factura en                                       de la
                 Factura                                     la Moción
   Análisis de                                    Demanda
                  según    Mes/año Cuantía de                    de
   Factura GP                                     en la que
               emitida por facturado la Factura              Sentencia
    Strategies                                     se hace
                   GP                                         Sumaria
   producido                                    referencia a
                Strategies                                     Parcial
      por el                                     la Factura
KLAN202301127                                                                   10

      Municipio
      de Loíza

     10           100011770 Junio      $10,997    24              Exhibit 3
                  9         2019
     15           100012606 Noviembre $18,376     29              Exhibit 4
                  9         2019
     18           100012743 Diciembre $15,664.50 32               Exhibit 5
                  5         2019
     19           100012951 Enero 2020 $113,767.7 33              Exhibit 6
                  8                    0
     20           100012953 Enero 2020 $3,294     34              Exhibit 7
                  2
     21           100013053 Febrero    $15,948.24 35              Exhibit 8
                  2         2020
     22           100013059 Febrero    $243.5117 36               Exhibit 9
                  2         2020
     24           100013869 Marzo 2020$64,880.90 47               Exhibit 10
                  9M
     25           100013366 Abril      $11,161.89 38              Exhibit 11
                  1         2020
     26           100013869 Abril      $36,289.88 45              Exhibit 12
                  9Apr      2020
     29           100013869 Mayo 2020 $23,305.90 48               Exhibit 13
                  9May
     30           100013620 Junio      $25,888.50 40              Exhibit 14
                  0         2020
     31           100013731 Julio      $4,148     41              Exhibit 15
                  5         2020
     32           100014006 Agosto     $11,540.75 43              Exhibit 16
                  3         2020
     33           100014006 Septiembre $11,816    42              Exhibit 17
                  2         2020
     34           100014048 Octubre    $1,803.50 44               Exhibit 18
                  0         2020
       12. Las facturas no objetadas por el Municipio suman un
           total equivalente a $369,126.00
       13. No surge del expediente del tribunal que el Municipio
           haya solicitado una segunda prórroga para establecer su
           oposición a la Moción de Sentencia Sumaria Parcial.
       14. El 2 de mayo de 2023 a las 12:01:49 am, el Municipio
           presentó el documento “Moción en Oposición a Sentencia
           Sumaria Parcial”, acompañado de tres (3) anejos.
       15. Posteriormente, el 2 de mayo de 2023, a las 2:29:42 am
           de ese mismo día, el Municipio presentó un documento
           titulado “Moción Aclaratoria para Corregir Presentación
           de Archivos” acompañado de cuatro (4) anejos. El último
           anejo estaba dividido en tres partes. El Municipio
           completó su “oposición”, con los anejos correctos, el 2 de
           mayo de 202318. Lo cual constituye una presentación
           tardía del escrito en oposición.
       16. El Municipio, según aclarados e incluidos en su Moción
           Aclaratoria, sustenta su oposición en cuatro documentos
           presentados como anejos, a saber:
           a. Anejo 1: es un desglose de alegados pagos del
               Municipio a GP Strategies. Este documento ni la
               moción presentada por el Municipio establecen
               relación alguna con las dieciséis facturas objeto de la
               Moción de Sentencia Sumaria Parcial.

17 Sobre este número, el TPI consignó lo siguiente en una nota al calce: “La cuantía

identificad[a] por el Municipio de Loíza en esta factura es de $234.51, se considera
un error gramatical”.
18 En cuanto a este hecho, el TPI expresó lo siguiente en una nota al calce: “El

Municipio hizo referencia a la presentación del documento “correcto” de Moción
en Oposición a Sentencia Sumaria Parcial como, Anejo A de su moción aclaratoria,
pero no lo presentó”.
KLAN202301127                                                              11

           b. Anejo 2: Una carta indicando que en el 2020 el
               Municipio recibió “fondos correspondientes al DR-
               4339 FEMA PW1021-RFR5750 de los Direct
               Administrative Costs (DAC) de las facturas de GP
               Strategies sometidas para reembolso en un Request
               for Reimbursement (RFR) que suman $181,041.34”.
               Este documento tampoco establece relación con, o
               presenta una controversia sobre las facturas que se
               intentan cobrar en la Moción de Sentencia Sumaria
               Parcial.
           c. Anejo 3: Unos correos electrónicos fechados en el año
               2021 donde se indica que hubo reuniones para
               discutir facturas que estaban pendientes para pago.
               Este documento tampoco presenta una contradicción
               material, ni hace referencia a las facturas objeto de la
               Moción de Sentencia Sumaria Parcial.
           d. Anejo 4: una declaración a nombre de un empleado
               del Municipio identificado como Julio Rafael Perez
               Maysonet. La declaración a nombre del empleado del
               Municipio identificado como Julio Rafael Perez
               Maysonet no está firmada3. Por lo cual no constituye
               un documento jurado y suscrito ante un notario. Esta
               declaración contiene anejos que se discutirán más
               adelante en esta sentencia.
       17. La declaración presentada como Anejo 4 está
           acompañada por doce (12) anejos adicionales. El primero
           documento, Anejo 1 de la declaración, se identifica como
           “Tabla de facturas no trabajadas por GP Strategies”. Hace
           referencia a cuatro (4) de las dieciséis facturas
           presentadas en la solicitud de sentencia sumaria e indica
           para cada una de las cuatro facturas: “El Sr. Julio R,
           Perez hizo el trabajo descrito en la factura en
           coordinación con COR3.” Este documento no está
           fechado ni jurado.
       18. Los documentos incluidos como Anejos 2 al 12 de la
           declaración presentan visitas de inspección (“site
           inspection reports”) a diferentes localizaciones, en
           diferentes fechas, y tampoco contradicen partidas
           específicas incluidas en las facturas objeto de la Moción
           de Sentencia Sumaria Parcial.
       19. Una comparación de todos los anejos incluidos en la
           oposición y la Moción Aclaratoria presentada por el
           Municipio, con los trabajos específicos incluidos en las
           facturas presentadas por el demandante, demuestra que
           no se refiere a la misma labor por la cual GP Strategies le
           está cobrando al Municipio. Los documentos presentados
           por el Municipio no contradicen, ni crean una
           controversia de hechos real sobre los trabajos realizados
           por GP Strategies que son objeto de la Moción de
           Sentencia Sumaria Parcial.19

       Cónsono con estas determinaciones, identificó la siguiente

controversia de derecho a resolver: si existía una disputa material

en cuanto a las dieciséis (16) facturas sobre las cuales el Municipio

admitió,    bajo     juramento,      no    tener    observaciones    al   ser

específicamente cuestionado sobre cuáles eran sus objeciones a las

facturas presentadas por el demandante. Aplicando el derecho,

19 Apéndice de la Apelación, Anejo VIII, págs. 865-870.
KLAN202301127                                                     12

concluyó que el Análisis de Facturas GP Strategies presentado bajo

juramento por el Municipio de Loíza admitió y confirmó parte de las

alegaciones de la Demanda en cuanto a la existencia de una deuda

válida de la que GP Strategies era acreedor y la parte apelante,

deudora. Asimismo, resolvió que: (1) el Municipio de Loíza no

demostró haber pagado las facturas identificadas, incluso cuando

no tenía objeción real o material a las mismas; (2) el Municipio de

Loíza presentó tardíamente su oposición y su moción aclaratoria con

los correspondientes anejos para fundamentar correctamente la

oposición; (3) la declaración del señor Pérez Maysonet no tenía valor

probatorio por no estar firmada, lo cual además levantaba serios

cuestionamientos sobre la juramentación ante un Notario que no se

aseguró que el declarante firmara ante él, así como de la

presentación del documento en el tribunal a sabiendas de que no

estaba juramentado; (4) por lo anterior, la declaración no cumplía

con la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.5; (5)

aplicando la doctrina del sham affidavit, procedía excluir la

declaración por ser inadmisible en evidencia e irrelevante a las

partidas de las facturas no objetadas; (6) aún evaluando el contenido

de la declaración y los anejos que la complementan, ninguno

contradijo que el personal de GP Strategies realizó el trabajo

desglosado en las cuatro (4) facturas que buscó impugnar; y (7) los

anejos de la declaración hacían referencia a vistas de inspección

realizadas por el señor Pérez Maysonet, pero no crearon controversia

sustancial que impidiera determinar que GP Strategies entregó el

trabajo por el que fue contratada.

      Además, el foro primario resolvió que el Municipio de Loíza

hizo referencia general a una alegada prueba contenida en correos

electrónicos que no se presentó durante el descubrimiento y que,

según argüía, refutaba la contestación presentada bajo juramento

por el oficial designado por la parte apelante en febrero de 2022.
KLAN202301127                                                                    13

Razonó que el Municipio de Loíza pretendía que, a poco más de un

año de su contestación bajo juramento, se aceptara una oposición

basada en prueba que no contradice sus propias admisiones. Por

último, concluyó que la parte apelante no podía escudarse en la

designación de una nueva directora de la Oficina de Programas

Federales, toda vez que la alegada prueba no producida constaba en

los propios expedientes de la parte, fue evaluada al preparar la

contestación bajo juramento y pudo ser descubierta con un grado

de diligencia razonable.

       El 21 de septiembre de 2023, el Municipio de Loíza presentó

una Moción solicitando reconsideración y sobre otros extremos en la

que le solicitó al TPI que se replanteara el dictamen, así como que

realizara determinaciones de hechos adicionales.20

       El 27 de septiembre de 2023, el Municipio de Loíza radicó una

Moción suplementando moción de reconsideración de Sentencia

Parcial en la que alegó que, por inadvertencia, los anejos a su moción

original estaban incompletos y suministró una copia de la

declaración del señor Pérez Maysonet con su firma al pie de la última

página.21

       El 12 de octubre de 2023, GP Strategies presentó una

Oposición a Moción solicitando reconsideración y sobre otros extremos

en la que solicitó que el TPI rechazara la reconsideración, toda vez

que el Municipio de Loíza no logró plantear fundamentos que

ameritaran la modificación o revisión de la Sentencia Parcial.22 Entre

varios argumentos, esbozó que la alegada prueba ofrecida por la

parte apelante estuvo en su posesión durante el descubrimiento de

20 Íd., Anejo IX, págs. 885-904.
21  Íd., Anejo X, págs. 905-908. Nótese que copia de dicha declaración jurada
constaba en el expediente digital del caso en el SUMAC desde el 2 de mayo de
2023 cuando el Municipio de Loíza la sometió junto a su Moción en oposición a
Sentencia Sumaria Parcial. Véase Entrada Núm. 56 del expediente digital del caso
en el SUMAC. En ese momento, el documento no ostentaba la firma del
declarante, pero aparecía con el testimonio de legitimación de firma de un notario.
Esta situación resulta cuando menos irregular.
22 Íd., Anejo XI, págs. 909-920.
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prueba y el testigo estaba disponible para su utilización en la

oposición a la moción de sentencia sumaria. Asimismo, disputó la

presentación de la declaración del señor Pérez Maysonet con su

firma, puesto que era irrefutable que el documento no fue firmado

ante un notario en o antes del 1 de mayo de 2023 cuando se

presentó en la oposición del Municipio de Loíza sin la firma del

presunto declarante.

        Ese mismo día, la parte apelada radicó una Moción en

cumplimiento de orden y en oposición a suplementación a la moción

de reconsideración del Municipio en la que solicitó que el TPI

declarara No Ha Lugar la Moción suplementando moción de

reconsideración de Sentencia Parcial por haberse presentado de

forma tardía.23

        El 13 de octubre de 2023, el TPI emitió una Orden en la que

declaró No Ha Lugar la reconsideración.24

        Inconforme, el Municipio de Loíza presentó la Apelación de

epígrafe y le imputó al TPI la comisión del siguiente error:

        ERRÓ EL TPI AL PERMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA
        SSSP SIN QUE LA PARTE DEMANDADA HUBIERA
        TERMINADO SU DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y AL
        ENTENDER QUE LA DEUDA SEGÚN PRESENTADA
        POR EL DEMANDANTE ES LÍQUIDA Y EXIGIBLE

En apoyo de su contención, argumentó que GP Strategies actuó

prematuramente al presentar la Moción para solicitar Sentencia

Sumaria Parcial, interrumpió el descubrimiento de prueba y no

presentó evidencia sobre todos los elementos de su reclamación. A

su entender, el Análisis de Facturas GP Strategies sometido por el

Municipio de Loíza era débil, simplista y la única prueba

considerada por el foro primario. Esbozó que la admisión en dicho

documento respondió a que una empleada del Municipio de Loíza

23 Íd., Anejo XII, págs. 921-923.
24 Íd., Anejo XIII, pág. 924. Notificada y archivada en autos el 16 de octubre de

2023.
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preparó una tabla con varias columnas en torno a la factura,

escribiendo en varias de ellas que no había ningún comentario.

Ahora bien, alegó que ello no constituyó una aceptación de las

facturas, sino que se trató de un solo documento del descubrimiento

de prueba. Además, arguyó que el TPI no podía concluir que la

expresión “sin observaciones” significaba que no existían objeciones

respecto a las facturas.

      Asimismo, recordó que, ante el TPI, adujo que un correo

electrónico enviado el 11 de febrero de 2021 por un Project Manager

de GP Strategies, el señor Bill Roberts (señor Roberts), quien ahora

es testigo de la parte apelante, evidenciaba que se dio un proceso de

revisión y reducción de facturas entre las partes. Según el Municipio

de Loíza, ello era suficiente para que el TPI determinara que había

controversias que ameritaban la celebración de un juicio. Para

defenderse de no haber producido el testimonio del señor Roberts

ante la petición de sentencia sumaria, expresó que el alegado

procedimiento de reducción de las facturas encausado por las partes

no era conocido por falta de documentos, pero era materia que debía

explicar el testigo en su testimonio en juicio, teniendo GP Strategies

la oportunidad de contrainterrogarlo. A su vez, alegó que, al

momento de oponerse, no poseía declaraciones bajo juramento del

señor Roberts, las cuales podrían haber utilizado en su defensa.

      Por último, para subrayar la importancia del recurso, destacó

que la Sentencia Parcial en este caso es de alto interés público, toda

vez que trata sobre el proceso de contratación y facturación de

trabajos efectuados por empresas, sufragados por fondos federales

asignados   para   la   restauración   de   ciudades   afectadas   por

fenómenos atmosféricos. Al igual, planteó que la cuantía que se le

ordenó a pagar implicaría un impacto a las debilitadas arcas de la

municipalidad.
KLAN202301127                                                        16

      El 16 de enero de 2024, GP Strategies presentó un Alegato de

GP Strategies Corporation en oposición a la apelación (Alegato) en el

que solicitó que confirmemos la Sentencia Parcial apelada. En suma,

argumentó dos razones independientes en apoyo de su posición: (1)

que el Municipio de Loíza no siguió el procedimiento específico que

provee la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.6, para

situaciones en las que la parte promovida por una moción de

sentencia sumaria aduce que necesita descubrimiento de prueba

adicional para fundamentar su oposición; y (2) que surgía del

expediente que la cuantía reclamada por GP Strategies en cuanto a

las dieciséis (16) facturas era líquida y exigible, no pudiendo la parte

apelante demostrar que había planteamiento ni fundamento que

impidiera su cobro.

      Por un lado, sobre el planteamiento procesal del Municipio de

Loíza, GP Strategies arguyó que era frívolo y artificioso, dado que

omitió que la Moción para solicitar Sentencia Sumaria Parcial se

fundamentó primordialmente en las propias admisiones de la parte

apelante. Asimismo, señaló que se omitió en la Apelación que el

descubrimiento de prueba escrito culminó el 14 de julio de 2023 sin

que la parte apelante produjera evidencia adicional, pese a

anunciarle al foro primario que tenía prueba nueva, pendiente de

notificar. Ello implicaba que, incluso gozando de más tiempo para

realizar el descubrimiento, el Municipio de Loíza no hubiese

presentado evidencia para derrotar la moción. Aún más, planteó que

la parte apelante tenía disponible la prueba que pudo utilizar para

oponerse y escogió suprimirla.

      Por último, respecto a los argumentos sobre la exigibilidad de

la deuda relacionada a las dieciséis (16) facturas, adujo que el correo

electrónico del 11 de febrero de 2021 antecedió por un año el

Análisis de Facturas GP Strategies en el que el Municipio de Loíza

tuvo la oportunidad de objetar las facturas presentadas por la parte
KLAN202301127                                                          17

apelada, disputando dieciocho (18) de las facturas y expresando “sin

observaciones” a las restantes dieciséis (16). En adición, planteó que

el contenido del correo no hizo referencia a las facturas reclamadas,

de forma que se pudieran deducir controversias sobre ellas.

      En adelante, evaluaremos las normas jurídicas atinentes a los

errores planteados por la parte apelante.

                                  III.

                                   A.

      El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1. El propósito de

esta regla es facilitar la solución justa, rápida y económica de litigios

civiles en los cuales no existe controversia real y sustancial de

hechos materiales que no requieren ventilarse en un juicio plenario.

Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); Bobé et al. v.

UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Mediante este

mecanismo, una parte puede solicitar que el tribunal dicte sentencia

sumaria de la totalidad de la reclamación o de parte de esta. De esta

forma se promueve la descongestión de calendarios, así como la

pronta adjudicación de controversias cuando una audiencia formal

resulta en una dilación innecesaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR

308, 331-332 (2004).

      Ahora bien, el mecanismo de sentencia sumaria solo está

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros;

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc.

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). Asimismo, al evaluarse los

méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador debe

actuar guiado por la prudencia, consciente en todo momento de que

su determinación puede privar a una de las partes de su día en
KLAN202301127                                                          18

corte. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020). De la

mano con este precepto del debido proceso de ley, el juzgador deberá

utilizar el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción,

lo cual implica que, de haber dudas sobre la existencia de

controversias de hechos materiales, entonces deberán resolverse a

favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015);

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216-217 (2010).

      Para prevalecer en una moción de sentencia sumaria, su

promovente tiene que establecer su derecho con claridad y debe

demostrar que no existe controversia en cuanto a ningún hecho

material, o sea, ningún elemento de la causa de acción. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Por hechos

materiales se entienden aquellos que pueden afectar el resultado de

una reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. La controversia sobre el hecho

material debe ser real. Íd. A saber:

             [U]na controversia no es siempre real o sustancial, o
      genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente
      como para que sea necesario que un juez la dirima a través
      de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que
      la moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada
      sólo puede negarse si la parte que se opone a ella presenta
      una oposición basada en hechos que puedan mover a un juez
      a resolver a su favor. Si el juez se convence de que no existe
      una posibilidad razonable de que escuchar lo que lee no
      podrá conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe
      dictar sentencia sumaria. Íd., págs. 213-214 citando a P. E.
      Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3
      (Núm. 2) Forum 3, 8 (1987).

En suma, deberá demostrar que: (1) no es necesario celebrar una

vista; (2) el demandante no cuenta con evidencia para probar algún

hecho sustancial; y (3) procede como cuestión de derecho. R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil, 2017, pág. 317.

      En contraste, el oponente a la moción de sentencia sumaria

está obligado a establecer que existe una controversia que sea real
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en cuanto a algún hecho material a la controversia y, en ese sentido,

no es cualquier duda la suficiente para derrotar la solicitud.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. En efecto, la duda

debe ser tal que permita concluir que existe una controversia real y

sustancial sobre los hechos materiales. Íd., citando a Ramos Pérez

v. Univisión, supra, pág. 214. De esta manera, central entre las

responsabilidades de la parte promovida se encuentra que debe

puntualizar los hechos propuestos que pretende controvertir,

haciendo referencia a la prueba específica que sostiene su posición.

León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Es decir, “la parte opositora

tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos

materiales que alega están en disputa”. Íd. De esta forma, no puede

descansar en meras aseveraciones o negaciones de sus alegaciones,

sino que debe proveer contradeclaraciones juradas y documentos

que sustenten los hechos materiales en disputa. SLG Zapata-

Rivera v. JF Montalvo, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra,

pág. 215; Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550

(2007). Lo anterior, además, es cónsono con los requerimientos

establecidos por las Reglas de Procedimiento Civil, supra, en lo

pertinente a este mecanismo procesal.

      En síntesis, ha quedado establecido que los tribunales no

podrán dictar sentencia sumaria en cuatro situaciones: (1) cuando

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) cuando

existen alegaciones afirmativas en la demanda sin refutar; (3)

cuando surge de los propios documentos que acompañan la moción

en solicitud de sentencia sumaria que existe una controversia sobre

algún hecho material o esencial; o (4) cuando no procede como

cuestión de Derecho. Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 26-27

(2014).

      En materia estrictamente procesal, de acuerdo con las Reglas

36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1 & 36.2, el
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promovente de la moción de sentencia sumaria deberá establecer,

mediante declaraciones juradas o con prueba admisible en

evidencia, que no existe controversia real respecto a hechos

materiales de la controversia. Específicamente, la Regla 36.1 de

Procedimiento Civil, supra, prescribe el momento en que una parte

reclamante puede solicitar una sentencia sumaria a su favor,

estableciendo lo siguiente:

      Una parte que solicite un remedio podrá presentar, en
      cualquier momento después de haber transcurrido veinte
      (20) días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte
      demandada, o después que la parte contraria le haya
      notificado una moción de sentencia sumaria, pero no más
      tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite
      establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento
      de prueba, una moción fundada en declaraciones juradas o
      en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una
      controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes,
      para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor
      sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación
      solicitada.

En cambio, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, regula el

momento en que una parte contra quien se reclama solicita el

remedio de la sentencia sumaria, disponiendo lo siguiente:

      Una parte contra la cual se haya formulado una reclamación
      podrá presentar, a partir de la fecha en que fue emplazado
      pero no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la
      fecha límite establecida por el tribunal para concluir el
      descubrimiento de prueba, una moción fundada en
      declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre
      la inexistencia de una controversia sustancial de hechos
      esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia
      sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte
      de la reclamación.

      Entretanto, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R.

36.3, establece el procedimiento para la consideración de la moción

de sentencia sumaria, así como el contenido de la moción y de la

contestación de la parte promovida. Respecto a la moción solicitando

que se dicte una sentencia sumaria, la Regla 36.3(a) de

Procedimiento Civil, supra, R. 36.3(a), dispone que tendrá que

desglosar lo siguiente:

      (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes;
      (2) los asuntos litigiosos o en controversia;
      (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual
      es solicitada la sentencia sumaria;
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      (4) una relación concisa, organizada y en párrafos
      enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes
      sobre los cuales no hay controversia sustancial, con
      indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones
      juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se
      establecen estos hechos, así como de cualquier otro
      documento admisible en evidencia que se encuentre en el
      expediente del tribunal;
      (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,
      argumentando el derecho aplicable, y
      (6) el remedio que debe ser concedido.

      Mientras tanto, la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra,

R. 36.3(b) prescribe que la contestación a la moción de sentencia

sumaria debe contener, además de los sub incisos (1), (2) y (3) del

inciso (a): una relación de los hechos esenciales y pertinentes que

están en controversia, con referencia a los párrafos enumerados por

la parte promovente y con indicación de la prueba en la que se

establecen esos hechos; una enumeración de los hechos que no

están en controversia; y las razones por las cuales no se debe dictar

la sentencia, argumentando el derecho aplicable.

      A estas disposiciones, la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.3(c) añade que, cuando se presente una moción

solicitando sentencia sumaria y se sostenga conforme a la Regla 36,

supra, la parte promovida no podrá descansar únicamente en las

aseveraciones contenidas en sus alegaciones. Por el contrario,

estará obligada a contestar tan detallada y específicamente como lo

haya hecho la parte promovente de la moción. De no hacerlo, la

referida Regla prescribe que se dictará la sentencia sumaria en su

contra, si procede.

      En adición, las Reglas 36.5 y R. 36.6 de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.5 & R. 36.6, reglamentan varios aspectos de las

declaraciones juradas que acompañarán las mociones solicitando

sentencia sumaria. Por un lado, la Regla 36.5, supra, establece que

las declaraciones juradas para sostener u oponerse a la moción se

basarán en el conocimiento personal de la persona declarante y que

contendrán los hechos que serían admisibles en evidencia y
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demostrarán afirmativamente que la persona declarante esta

cualificada para testificar en cuanto a su contenido. Asimismo,

prescribe que “[c]opias juradas o certificadas de todos los

documentos, o de partes de éstos en que se haga referencia en una

declaración jurada, deberán unirse a la declaración o notificarse

junto con ésta”. Íd. Por otro lado, la Regla 36.6, supra, instituye el

mecanismo a seguir cuando no puedan obtenerse declaraciones

juradas. Al respecto, decreta que, si de las declaraciones juradas de

la parte que se oponga a la moción resulta que no puede presentar

mediante declaraciones juradas hechos esenciales para justificar su

oposición, entonces el tribunal podrá denegar la solicitud de

sentencia sumaria o posponer su consideración. En dicho caso, el

foro primario podrá dictar cualquier orden que entienda justa y le

concederá a la parte promovida un término razonable para obtener

declaraciones juradas, tomar deposiciones o conseguir que la parte

contraria le facilite cierta evidencia.

      De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, el Tribunal Supremo delineó el estándar que el Tribunal de

Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o una

concesión de una moción de sentencia sumaria.

      En primer lugar, reafirmó que el Tribunal de Apelaciones se

encuentra en la misma posición que el TPI al momento de revisar

solicitudes de sentencia sumaria, siendo su revisión una de novo y

teniendo la obligación de regirse por la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra, y los criterios que la jurisprudencia le exige al foro

primario. Íd., pág. 118. Asimismo, deberá examinar el expediente de

la manera más favorable hacia la parte promovida, llevando a cabo

todas las inferencias permisibles a su favor. Íd. Ahora bien,

reconoció que el foro apelativo esta limitado, toda vez que no podrá

tomar en consideración evidencia que las partes no presentaron
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ante el foro primario, ni podrá adjudicar los hechos materiales en

controversia. Íd.

      En segundo lugar, prescribió que el Tribunal de Apelaciones

deberá revisar que tanto la moción en solicitud de sentencia

sumaria, como la oposición, cumplan con los requisitos de forma

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Íd.

      En tercer lugar, mandató que, ante la revisión de una

sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones deberá

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y,

de haberlos, estará obligado a exponer específicamente cuáles

hechos      materiales   están   en   controversia   y   cuáles   no,   en

cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R.

36.4. Íd.

      En cuarto lugar, dispuso que, si encuentra que los hechos

materiales realmente no están en controversia, entonces el Tribunal

de Apelaciones deberá revisar de novo si el foro primario aplicó

correctamente el Derecho. Íd., pág. 119.

                                      B.

      En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, nuestro

Tribunal Supremo importó la doctrina del sham affidavit, cuyo

origen se remonta a determinaciones de los tribunales apelativos

federales acogida en la mayoría de los estados. En virtud de esta

doctrina, se impide que una parte intente crear una controversia de

hechos materiales utilizando un testimonio reciente que contradice

una previa declaración bajo juramento si no se provee una

explicación para la contradicción. SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, supra, pág. 439. Por ello, el juzgador no podrá considerar

una declaración jurada provista por la parte promovida si su

contenido es claramente incompatible con una versión de los hechos

provista anteriormente y quien la presenta no aclara la discrepancia.

Íd., pág. 440. Es decir, el tribunal rechazará una declaración jurada
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posterior si la inconsistencia entre las dos declaraciones resulta

evidente y no hay una explicación adecuada para la nueva versión.

Íd. En esa ocasión, nuestro más alto foro aplicó la doctrina ante un

demandante que omitió hechos materiales y esenciales a su causa

de acción en sus respuestas vertidas en una deposición, pero luego,

en oposición a una moción solicitando sentencia sumaria, reveló los

hechos a través de una declaración jurada.

      Posteriormente, en Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation,

194 DPR 209 (2015), se desarrolló aún más la doctrina del sham

affidavit. En esa ocasión, se aplicó la doctrina en su modalidad de

contradicción a un demandante que para oponerse a una moción de

sentencia sumaria presentó una declaración jurada totalmente

contraria a su testimonio en una deposición. Esta modalidad aplica

cuando:

      (1) una parte ha sido examinada mediante preguntas
      precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en detalle
      durante una deposición o ha prestado previamente una
      declaración clara e inequívoca bajo juramento; (2) al
      momento de oponerse a la solicitud de sentencia sumaria esa
      parte presenta una declaración posterior cuyo contenido es
      claramente incompatible con la versión ofrecida; (3) la
      incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta
      evidente, manifiesta o patente, y no se trata de meras
      discrepancias de poca transcendencia o errores de buena
      fe; (4) no se ofrece explicación adecuada para la nueva
      versión, y (5) la declaración posterior no responde al
      descubrimiento de nueva evidencia, la cual a pesar de una
      diligencia razonable, no pudo descubrirse o no estuvo
      disponible al momento en que se prestó la declaración previa
      incompatible. Íd., págs. 221-222.

      Ahora bien, en cuanto a los últimos dos requisitos, el tribunal

deberá permitir que el proponente de la declaración jurada ofrezca

una explicación adecuada para la nueva versión, la cual no puede

descansar     en    meras      ambigüedades       o    planteamientos

estereotipados. Íd., pág. 222. Esto último responde a que la parte

que ha declarado bajo juramento tiene una carga considerable

cuando intenta deshacerse de esa declaración anterior. Íd.

      Por último, cabe destacar que, en Lugo Montalvo v. Sol Meliá

Vacation, supra, nuestro más alto foro consideró el momento en
KLAN202301127                                                       25

que la declaración jurada fue preparada – cuatro (4) días antes de

presentar la oposición – como elemento indicativo adicional de que

la declaración jurada fue elaborada con la intención de crear una

controversia artificial. Íd., pág. 224.

                                   C.

      De ordinario, en la reclamación sobre cobro de dinero, el

demandante solo tiene que probar que: (1) existe una deuda válida,

(2) la deuda no se ha pagado; (3) el demandante es el acreedor; y (4)

la parte demandada es la deudora. Gen. Elec. v. Concessionaries,

Inc., 118 DPR 32, 43 (1986).

      En cuanto a la deuda, es necesario demostrar que la misma

es líquida, vencida y exigible. Ramos y otros v. Colón y otros, 153

DPR 534, 546 (2001). Dentro de este marco, una deuda es líquida

cuando la cantidad debida es cierta y determinada. Íd. Es decir,

cuando se conoce la cuantía que se debe. Asimismo, es exigible y

vencida cuando debe ser satisfecha por la naturaleza de la

obligación o por requerimiento del acreedor. Véase Guadalupe v.

Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).

                                   IV.

      En el caso de marras, el TPI dictó una Sentencia Parcial en la

que le ordenó al Municipio de Loíza a pagar $369,126.00, el total de

dieciséis (16) facturas de un total de treinta y cuatro (34) facturas

adeudadas a GP Strategies sobre las cuales concluyó que no había

controversia. El foro primario basó su determinación en que la parte

apelante admitió que no tenía objeciones respecto a dichas facturas

en un documento titulado Análisis de Facturas GP Strategies, el cual

suministró bajo juramento en respuesta a un interrogatorio al

amparo de la Regla 30 de Procedimiento Civil, supra, R. 30. En lo

pertinente, concluyó que el Municipio de Loíza no demostró que

pagó las facturas y no le otorgó valor probatorio a la declaración del

señor Pérez Maysonet que presentó el Municipio de Loíza en
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oposición a la moción de sentencia sumaria por no estar firmada,

no cumplir con la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra, y por

tratarse de un sham affidavit. Además, coligió que, incluso

evaluando su contenido y anejos, la declaración no contradecía los

hechos materiales que la parte apelante pretendía impugnar.

También, formuló diecinueve (19) determinaciones de hechos que,

examinado el expediente en su totalidad, se sostienen por la

evidencia que obra en él.

      En desacuerdo, el Municipio de Loíza le imputó al foro

primario la comisión de un error, divisible en dos partes.

      Por un lado, arguyó que el TPI erró al dictar la Sentencia

Parcial   sin   que   la    parte   apelante   pudiera   terminar   su

descubrimiento de prueba, en violación del debido proceso de ley.

Es su posición que GP Strategies presentó su solicitud de sentencia

sumaria prematuramente e interrumpió el descubrimiento de

prueba. Según expuso, la determinación fue tomada a espaldas de

la casuística sobre los requisitos formales que debe observar el

gobierno local y estatal para contratar servicios profesionales. Sin

embargo, no adujo cuáles preceptos específicos fueron violados o

ignorados, sino que se limitó a mencionar que la Sentencia Parcial

es de alto interés público por tratarse de fondos federales asignados

para la reconstrucción tras eventos atmosféricos y de las debilitadas

arcas del Municipio de Loíza.

      En un intento de sumar a ese planteamiento, la parte apelante

recalcó que presentó el correo electrónico del 11 de febrero de 2021,

enviado por el señor Roberts en el que expresaba que la compañía

había revisado y reducido las facturas considerablemente y, por ello,

invitaba al recipiente a revisarlas en una fecha posterior. Adujo que

el señor Roberts era testigo del Municipio de Loíza y podía aportar

su testimonio en un juicio en su fondo, pero que al oponerse a la

moción de sentencia sumaria no contaban con su declaración bajo
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juramento. Según la parte apelante, esa situación era suficiente

para que el TPI determinara que existía controversia sobre la cuantía

de las facturas. No obstante, pese a la alegada insuficiencia de

declaraciones juradas para oponerse efectivamente, el Municipio de

Loíza no presentó moción ni declaración alguna al amparo de la

Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra.

       Por otro lado, planteó que el TPI erró al entender que la deuda

según presentada por GP Strategies era líquida y exigible. Es su

contención que la prueba presentada por la parte apelada en apoyo

de su solicitud de sentencia sumaria, el Análisis de Facturas GP

Strategies, era una prueba débil y simplista, y que la alegada

admisión contenida en ella no constituyó una aceptación de las

facturas.   Según     arguyó,   no   procedía    concluir    que   “sin

observaciones” significaba que no existían objeciones en cuanto a

las referidas facturas. En suma, la posición del Municipio de Loíza

sigue la siguiente tesis: si existe controversia sobre la cuantía de las

facturas, entonces las facturas no representan una deuda líquida y

exigible.

       En defensa de la Sentencia Parcial, GP Strategies ofreció dos

razones independientes: por un lado, que la parte apelante no siguió

el procedimiento específico establecido por la Regla 36.6 de

Procedimiento Civil, supra, y, por el otro, que la cuantía total de las

dieciséis facturas sobre las que no había controversia era líquida y

exigible. Como eje central de su argumento planteó que la Moción

para    solicitar   Sentencia   Sumaria    Parcial   se     fundamentó

correctamente en las propias admisiones bajo juramento de la parte

apelante y, en contraste, que el correo electrónico del señor Roberts

precedió dichas admisiones por cerca de un año y su contenido no

demuestra lo que se alegó. Por último, llamó la atención al suceso

procesal de que el descubrimiento de prueba escrito culminó el 14

de julio de 2023 y la parte apelante no produjo evidencia adicional,
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pese a prometer que lo haría. Por ello, arguyó que, incluso si hubiese

tenido más tiempo, el Municipio de Loíza no hubiese presentado

evidencia para derrotar la moción de sentencia sumaria y que,

además, poseía la prueba que hoy alega que le hacía falta para

oponerse, pero escogió suprimirla.

       Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica apelativa adjudicativa, resulta forzoso concluir

que el TPI no incidió en el error señalado. La determinación sumaria

apelada fue correcta tanto procesalmente como en derecho.

       Como asunto de umbral, nuestro análisis del caso es de novo

y desde la misma posición en la que se encontró el foro primario.

Por ello, como nuestra encomienda nos exige la más completa

revisión del expediente en su totalidad, expondremos el análisis que

motiva nuestra conclusión.

       Como      parte    de   su    contestación   al   Primer   pliego de

interrogatorios, requerimiento de admisiones y solicitud de producción

de documentos sometido por GP Strategies, el cual exigía que se

precisaran las partidas objetadas de cada una de las facturas cuyo

pago se reclamó, el Municipio de Loíza incluyó el Análisis de

Facturas GP Strategies. De un estudio del documento surge

palmariamente que contiene una relación de las treinta y cuatro (34)

facturas objeto de la Demanda con detalle del período en el que

fueron emitidas, el total adeudado, el cargo disputado y los

comentarios de la parte apelante. Ello, tal y como se anunció en el

párrafo quince de la contestación al interrogatorio. Entre los

comentarios que ostentan las facturas se pueden encontrar:

“Cantidad de horas facturadas no guarda proporción con trabajo

facturado según descrito – 4 hrs – timesheets for co-workers?

Working on drive documents – projects?”;25 “La facturación no

25 Apéndice de la Apelación, Anejo III, pág. 602.
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corresponde al trabajo rendido. Descripciones tareas ambiguas,

repetitivas y duplicadas con otros de sus propios empleados”;26 y

“no se puede validar su labor”.27 En cambio, en las facturas 10, 15,

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, y 34, se consignó:

“[s]in observaciones”. Es a raíz de esa contestación bajo juramento

que GP Strategies promovió la moción de sentencia sumaria y que

el TPI consideró que no existía controversia sobre un hecho medular

a la causa de acción de cobro de dinero: que el Municipio de Loíza

no tenía objeción respecto a las dieciséis (16) facturas como sí la

tuvo respecto a las demás facturas. Ese hecho se desprende

directamente del documento Análisis de Facturas GP Strategies.

Ninguno de los planteamientos del Municipio de Loíza nos convence

de lo contrario.

         Por un lado, como parte de su oposición a la Moción para

solicitar Sentencia Sumaria Parcial, el Municipio de Loíza presentó

una declaración jurada no firmada del señor Pérez Maysonet, en la

que se afirmaba que los trabajos descritos en las últimas cuatro

facturas sometidas por GP Strategies habían sido realizados por el

declarante. La declaración tenía fecha del 1 de mayo de 2023 y

contaba con la legitimación de firma de un notario. Además de no

poderse considerar por no estar firmada, esta declaración es, a todas

luces, un sham affidavit y por ello debe ser excluida. Para el

momento en que se presentó, resulta evidente que: (1) el Municipio

de Loíza había prestado previamente una declaración clara e

inequívoca bajo juramento en su contestación al interrogatorio y el

Análisis de Facturas GP Strategies que la acompañó; (2) al oponerse

a la solicitud de sentencia sumaria, presentó la declaración del

señor Pérez Maysonet, cuyo contenido es claramente incompatible

con la expresión anterior; (3) dicha incompatibilidad entre ambas es

26 Íd.
27 Íd., pág. 603.
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evidente, dado que la declaración posterior intentó poner en duda

los comentarios admitidos en el Análisis de Facturas GP Strategies;

(4) las explicaciones contenidas en la propia declaración y las

ofrecidas posteriormente por el Municipio de Loíza no son

adecuadas;    y   (5)   la   declaración   posterior   no   respondió    a

descubrimiento de nueva evidencia que no pudo descubrirse

previamente, puesto que el señor Pérez Maysonet estuvo disponible

para la parte en todo momento y el documento fue preparado por la

persona con autoridad y conocimiento personal para expresar su

contenido. Más aún, la fecha de la preparación de la declaración –

el mismo día en que se vencía el término para presentar la oposición

a la Moción para solicitar Sentencia Sumaria Parcial – suma otro

elemento indicativo de que la misma fue elaborada con la intención

de crear una controversia artificial. Aún más, en todo caso, la

declaración únicamente iba dirigida a disputar las últimas cuatro

facturas y el contenido de los documentos consistía en recibos de

inspección que no demostrarían que GP Strategies no llevó a cabo el

trabajo para el que fue contratado. Visto de este modo, el TPI estuvo

correcto en excluir la declaración por tratarse de un sham affidavit,

así como en restarle todo valor probatorio por la falta de la firma del

declarante.

      Por otro lado, posterior a la presentación de la oposición, el

Municipio de Loíza radicó varios documentos que había omitido

previamente. Entre ellos, incluyó el correo electrónico del 11 de

febrero de 2021 enviado por el señor Bill Roberts que según esbozó

demostraba que entre las partes se dio un proceso de revisión y

reducción de las facturas. La expresión contenida en dicho

documento era la siguiente: “[…] we have gone through the invoices

and dropped them considerably. Can we get together tomorrow or

early next week to review. Please let me know how your schedule
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looks”.28 En primer lugar, el correo precede la admisión bajo

juramento del Municipio de Loíza en cuanto a su falta de

observaciones respecto a las dieciséis (16) facturas. Las expresiones

contenidas en una contestación a un interrogatorio sometido a la

otra parte en virtud de la Regla 30 de Procedimiento Civil, supra,

constituyen admisiones de las partes que la suscriben. En segundo

lugar, la expresión contenida en el documento no hace referencia

específica a ninguna de las facturas. De lo anterior resulta

imperativo colegir que el correo electrónico no produce controversia

sobre     los   hechos   propuestos   por   la   parte   apelada   como

incontrovertidos y considerados de esa forma por el TPI.

        Derrotados los argumentos en contra de los hechos materiales

considerados por el foro primario como incontrovertidos, surge

palmariamente que se configuraron los elementos de la causa de

acción de cobro de dinero, promovida por GP Strategies. Lo que las

dieciséis (16) facturas no objetadas y admitidas como correctas bajo

juramento demuestran es que existe una deuda válida de

$369,126.00, que la misma no se ha pagado, que GP Strategies es

su acreedora y que el Municipio de Loíza es su deudor. La deuda es

líquida porque la cantidad debida es cierta y determinada, conforme

al expediente del caso y las facturas que obran en él. De ello se

desprende además que la deuda está vencida y es exigible. Es por

ello por lo que el foro primario no erró al dictar Sentencia Parcial

ordenando la satisfacción de la misma.

        Por todo lo anterior, corresponde confirmar la Sentencia

Parcial apelada. El Municipio de Loíza está obligado a pagar la deuda

según lo ordenó el ilustrado foro primario.

28 Íd., pág. 837.
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                                 V.

     Por los fundamentos pormenorizados, se confirma la Sentencia

Parcial apelada.

     Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones