Court Opinion

ID: 9952313
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:40:09.626198+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:52.750476
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                APELACIÓN
POPULAR AUTO, LLC                               procedente del
                                                Tribunal de
Apelado                                         Primera
                                                Instancia, Sala
          v.                   KLAN202300873    Superior de
                                                Carolina
SUCESIÓN DE SUGRIM
J. ALMÉSTICA
ROSARIO, compuesta                              Civil Núm.:
por AWILDA                                      CA2019CV00985
ALMÉSTICA ROSARIO;
RAÚL RODRÍGUEZ                                  Sobre:
FEBUS                                           Cobro de Dinero
                                                por la Vía
Apelantes                                       Ordinaria y
                                                Ejecución de
OSVALDO DURÁN                                   Gravamen
RODRÍGUEZ                                       Mobiliario
                                                (Reposesión de
Tercero Demandado                               Vehículo)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

      La señora Awilda Alméstica Rosario (señora Alméstica

Rosario o parte apelante) acude ante nos y solicita que

revoquemos la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, (TPI) el 8 de agosto

de 2023. Mediante la misma, el foro primario declaró Ha Lugar la

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelada,

Popular Auto, LLC. (Popular Auto). En consecuencia, ordenó a la

señora Alméstica Rosario pagarle a Popular Auto la suma de

$40,689.16 por concepto de deuda más los intereses y cargos

acumulados y $12,206.75 por concepto de honorarios de

Número Identificador
SEN2024 ____________________
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abogado. Además, declaró No Ha Lugar, por el momento, la

reposesión del vehículo en cuestión.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia Parcial apelada.

                                I.

        Según surge del expediente, el 22 de marzo de 2019,

Popular Auto, LLC. (Popular Auto) incoó una Demanda sobre

cobro de dinero por la vía ordinaria y ejecución de gravamen

mobiliario (reposesión de vehículo) en contra de la Sucesión de

Sugrim J. Alméstica Rosario, compuesta por la señora Awilda

Alméstica Rosario. Alegó que, el 3 de agosto de 2013, suscribió

un contrato de arrendamiento con el señor Sugrim Alméstica

Rosario mediante el cual le concedió financiamiento para adquirir

el vehículo marca Hyundai modelo Génesis por la suma de

$28,995.00. Adujo que inscribió el acuerdo de arrendamiento

sobre    el   mencionado   vehículo    en   el   Departamento   de

Transportación y Obras Públicas, conforme dispone la Ley para

Regular los Contratos de Arrendamiento de Bienes Muebles, Ley

Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada. Esbozó que

la parte demandada esgrimió que el vehículo fue hurtado. Añadió

que el señor Sugrim Alméstica Rosario falleció el 9 de julio de

2016 y dejó como única y universal heredera a su madre, la

señora Alméstica Rosario. Esbozó que esta última incumplió con

sus obligaciones al no continuar con el pago del canon

correspondiente, según estipulado en el contrato. Arguyó que,

debido a lo anterior, tenía derecho a la reposesión del vehículo y,

a la fecha de la demanda, al pago de la suma total de $40,689.16,

más los intereses y cargos correspondientes, como fueron

pactados.
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       Popular Auto solicitó al Tribunal que expidiera citación y

orden de interpelación judicial a la señora Alméstica Rosario, al

palio del Artículo 959 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2787. 1 En

junio de 2019, la señora Alméstica Rosario fue emplazada e

interpelada personalmente. En la Orden de interpelación

notificada el 3 de junio de 2019, el TPI expresó lo siguiente:

       […] Se ordena a los herederos de los causantes, a
       saber, Awilda Alméstica Rosario a que dentro del
       término legal de treinta (30) días contados a partir de
       la fecha de la notificación de la presente Orden,
       acepten o repudien la participación que les
       corresponda en la herencia del Sr. Sugrim J.
       Alméstica Rosario.
             Se les apercibe a los herederos antes
       mencionados que de no expresarse dentro de ese
       término de treinta (30) días en torno a su
       aceptación o repudiación de la herencia, esta
       herencia se tendrá por aceptada. También se les
       apercibe a los herederos antes mencionados que
       luego del transcurso del término de treinta (30)
       días antes señalado contados, a partir de la fecha
       de la notificación de la presente Orden, se
       presumirá que han aceptado la herencia del
       causante, y por consiguiente, responden por las
       cargas de dicha herencia conforme dispone el
       Artículo 957 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §2785.
       (Énfasis nuestro).

       El 9 de julio de 2019, la señora Alméstica Rosario presentó

una Contestación a Querella por derecho propio. En esta aceptó

varias alegaciones y negó otras. Específicamente, expuso que

desconocía la obligación contraída por su hijo con Popular Auto.

       El 6 de febrero de 2020, Popular Auto enmendó la demanda

de referencia, con el propósito de añadir como parte demandada

al señor Raúl Rodríguez Febus, su esposa, y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos e incluir nuevas alegaciones

a raíz del informe de investigación realizado, el cual reflejó que

hubo un traspaso de título no autorizado del vehículo en

controversia. Detalló que el señor Rodríguez Febus era el actual

1 El Código Civil de 1930 (derogado) es el aplicable a los hechos de la presente causa   .
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poseedor del automóvil objeto del pleito. El 1 de septiembre de

2020, la señora Alméstica Rosario anunció la contratación de

representación legal.

        Luego de varios trámites no necesarios de pormenorizar

para la resolución de este caso, el 27 de diciembre de 2021,

Popular Auto incoó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.

En relación con la señora Alméstica Rosario, alegó que, al ser la

única heredera de su hijo y haber aceptado la herencia, asumió

la obligación reclamada y, por ende, era responsable de pagar la

cantidad detallada en la demanda. Argumentó que el tribunal

debía determinar si procedía dictar sentencia sumaria en cobro

de dinero en contra de la señora Alméstica Rosario y la reposesión

de vehículo que se encuentra en posesión del señor Rodríguez

Febus.

        En su escrito, Popular Auto enumeró 27 hechos materiales

sobre    los   cuales   entendía   que    no   existía   controversia.

Particularizó que era un hecho cierto el acuerdo entre las partes,

la   titularidad   de   Popular    Auto   sobre    el    vehículo,   el

incumplimiento de la señora Alméstica Rosario con los términos

del contrato y la procedencia del cobro de los cánones vencidos,

así como el reclamo de reposesión del vehículo. Añadió que su

derecho a exigir el pago en cuestión emanaba de los términos y

condiciones pactadas en el contrato como titular del vehículo.

Destacó que, el hecho de que el auto no estuviera registrado en el

Departamento de Obras Públicas y/o el CESCO a nombre de

Popular Auto no le impedía instar la reclamación de referencia.

Así, solicitó al foro de instancia que declarara con lugar la

demanda y dictara sentencia en contra de la señora Alméstica

Rosario, condenándole a pagar las sumas previamente expuestas.
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Además, en virtud de su derecho como titular del vehículo,

Popular Auto requirió que se autorizara la reposesión del vehículo

en cuestión.2

       Por su parte, la señora Alméstica Rosario se opuso a la

solicitud de sentencia sumaria de Popular Auto. A su vez, solicitó

que se dictara sentencia sumaria a su favor, desestimando la

demanda en su contra por ser improcedente como cuestión de

hecho y de derecho. En su comparecencia, argumentó que en el

presente caso concurrían los elementos necesarios para la

aplicación de la doctrina “rebus sic stantibus”. En esa dirección,

adujo que al momento de tramitar la declaratoria de herederos de

su hijo desconocía la existencia del vehículo Hyundai Génesis en

controversia y de la deuda reclamada por Popular Auto. Precisó

que dicha deuda era sumamente onerosa para su condición

económica. Pormenorizó que la pretensión de Popular Auto de

reclamarle la suma adeudada por su hijo fallecido tornaría la

resolución sobre la declaratoria de herederos nula por error en el

consentimiento. Añadió que, de haber sido informada de la

referida deuda, hubiera repudiado la herencia, pues se le haría

imposible pagarla.

       Cónsono con lo anterior, la señora Alméstica Rosario

argumentó que en el caso de autos era aplicable la doctrina de

incuria y abuso del derecho a Popular Auto. Ello, porque desde

diciembre de 2013, el acreedor conocía del incumplimiento de la

obligación, así como del poseedor y usuario del vehículo.

Pormenorizó que Popular Auto nada hizo para reposeer el auto

2 Anejó a su solicitud de sentencia sumaria los siguientes documentos: contrato

de arrendamiento del vehículo concernido; Orden de Compra; declaración jurada
suscrita por la señora Lourdes Mojica Fernández, supervisora de la División Legal
de Popular Auto; Resolución sobre declaratoria de herederos del señor Sugrim
Rosario Alméstica, entre otros. Apéndice del recurso, págs. 83-127.
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oportunamente, con el objeto de mitigar su pérdida. Adujo que,

transcurridos seis (6) años del incumplimiento de la obligación y

a tres (3) años del fallecimiento de su hijo, pretendía cobrarle la

deuda, aun cuando nunca se benefició en forma alguna del auto.

Razonó que la conducta selectiva de Popular Auto en reclamarle

a esta exclusivamente la suma de $40,689.15 constituía un

abuso del derecho. Opinó que el reclamo en cuestión no le era

exigible.3

       Considerado todo lo anterior, y en lo pertinente, el 10 de

agosto de 2023, el TPI dictó la Sentencia Parcial impugnada.

Según adelantado, el foro juzgador declaró ha lugar la solicitud

de sentencia sumaria interpuesta por Popular Auto, en cuanto a

la acción de cobro de dinero. Consecuentemente, ordenó a la

señora Alméstica Rosario pagarle a Popular Auto las siguientes

sumas: (a) 40,689.16, por concepto de deuda más los intereses y

cargos que se

acumularon y (b) $12,206.75 por concepto de honorarios de

abogado. Además, declaró no ha lugar la solicitud de reposesión

del vehículo marca Hyundai, modelo Genesis del año 2013.

       En su análisis, el Tribunal concluyó que Popular Auto

estableció mediante sus alegaciones y documentación anejada

3 Anejó a su solicitud los siguientes documentos: Licencia del vehículo marca
Mitsubishi Outlander, modelo 2011, a nombre de Sugrim Alméstica Rosario; Carta de
23 de junio de 2016 suscrita por Awilda Alméstica Rosario; Petición de Declaratoria
de Herederos, Caso Civil KJV2017-0644; Resolución de Declaratoria de Herederos,
Caso Civil KJV2017-0644; Planilla de Caudal Relicto de Sugrim Alméstica Rosario;
Relevo de Hacienda de Sugrim Alméstica Rosario; Relación de Pagos a First Bank
realizados por la demandada Awilda Alméstica Rosario del vehículo Mitsubishi
Outlander, modelo 2011; Recibo de Pago total préstamo vehículo marca Mitsubishi
Outlander, modelo 2011; Carta de saldo préstamos 00738670774362 de vehículo
Mitsubishi Outlander 2011; Declaración Jurada de Awilda Alméstica Rosario de 5 de
julio de 2017 solicitando el registro a su nombre del vehículo de motor Mitsubishi
Outlander, año 2011; Licencia del vehículo marca Mitsubishi Outlander, año 2011 a
nombre de Awilda Alméstica Rosario; Emplazamiento a Awilda Alméstica Rosario;
Contestación a Demanda radicada por la demandada Awilda Alméstica Rosario;
Querella 2019-8-700-000773 radicada por Awilda Alméstica Rosario; Investigación
realizada por Awilda Alméstica Rosario; Interrogatorio enviado al demandante
acreedor Banco Popular de Puerto Rico por la demandada Awilda Alméstica Rosario;
Contestación a Interrogatorio cursado por el acreedor demandante Banco Popular y
Declaración Jurada de Awilda Alméstica Rosario de 14 de febrero de 2022. Apéndice
del recurso, págs. 150-195.
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que no existía controversia sustancial sobre los hechos materiales

y pertinentes en cuanto al incumplimiento de los términos del

contrato. Esbozó que el fenecido señor Sugrim Alméstica Rosario

se comprometió a efectuar todos los pagos de arrendamiento

como cantidades vencidas aun cuando el vehículo estuviese

dañado, robado o destruido, con defectos o que no pudiese

utilizarlo. Así mismo, asumió su responsabilidad en caso de

pérdida, destrucción o daño del vehículo. Afirmó que Popular

Auto acreditó el incumplimiento continuo con los pagos que se

había acordado mediante contrato escrito.

      Por otra parte, el foro primario expresó que:

      Además de ello, en vista de que el Sr. Sugrim
      Alméstica había fallecido, Popular Auto diligenció
      emplazamiento personal e interpelación judicial a la
      Sra. Awilda Alméstica (madre del Sr. Sugrim
      Alméstica) para que en el término de treinta (30) días
      aceptara o repudiara la herencia. De igual manera, se
      le apercibió que, de no expresarse dentro del
      término concedido, la herencia se tendría por
      aceptada. El diligenciamiento del emplazamiento
      personal se llevó a cabo el 12 de junio de 2019 pero,
      no es hasta el 24 de junio de 2019 que se le informó
      al Tribunal. En el caso que nos ocupa, la Sra. Awilda
      Alméstica en su contestación a la querella se limitó
      alegar que desconocía de la obligación que había
      contraído su hijo (Sr. Sugrim Alméstica). Aludió que
      nunca había visto o tenido conocimiento del vehículo.
      A pesar de lo anterior, presentó querella e informó
      que su hijo había fallecido e informó que esté tenía
      un vehículo marca Hyundai, modelo Genesis
      siendo su paradero desconocido. (Énfasis en el
      original).

      En armonía con lo anterior, el TPI coligió que la señora

Alméstica Rosario no repudió la herencia dentro del término de

30 días que se le concedió y del cual fue apercibida de las

consecuencias de no contestar. Añadió que, transcurrido el

antedicho término, la herencia se entendió aceptada. Así, dispuso

que, tal como establece el ordenamiento jurídico, al aceptar la

herencia, el heredero responde frente a los acreedores del
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causante, no solamente con el valor de los bienes recibidos, sino

también con los propios. Concluyó que, toda vez que la señora

Alméstica Rosario aceptó la herencia y se convirtió en la única

heredera del señor Sugrim Alméstica Rosario, procedía, como

cuestión de derecho, que respondiera a Popular Auto por la deuda

contractual de epígrafe.

      Insatisfecha,   la   señora   Alméstica   Rosario   solicitó

reconsideración, pero la misma fue denegada mediante Orden

emitida y notificada el 1de septiembre de 2023. Aun en

desacuerdo, esta acude ante nos y alega que el TPI cometió los

siguientes errores:

      PRIMER ERROR - Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al ordenar a la apelante Sra. Awilda
      Alméstica Rosario a pagar a Popular Auto la cantidad
      de $40,689.16 de deuda, y $12,206.75 en honorarios
      de abogado, al resolver que esta aceptó la herencia de
      su fenecido hijo Sugrim J. Alméstica Rosario de forma
      pura y simple, a pesar de que medió error en el
      consentimiento de la señora Alméstica Rosario a
      aceptar la herencia de su hijo, debido a que esta no
      tenía forma de diligentemente conocer de esta deuda.

      SEGUNDO ERROR – En la alternativa, erró el
      Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la Sra.
      Awilda Alméstica Rosario a pagar a Popular Auto la
      cantidad de $40,689.16 de deuda y $12,206.75 en
      honoraros de abogado, pues a base de la Ley para
      regular los contratos de arrendamiento de bienes
      muebles, el TPI venia obligado a ordenar la reposesión
      y venta del vehículo arrendado previo a ordenar el
      pago de cuantía alguna al arrendatario.

      El 2 de octubre de 2032, emitimos Resolución, mediante la

cual le concedimos a Popular Auto 20 días para presentar su

alegato. El 17 de octubre de 2023, Popular Auto compareció

mediante Moción Solicitando Prórroga para Cumplir con Orden. A

lo anterior, este Foro concedió un término a vencer el 17 de

noviembre de 2023 con la advertencia de que, transcurrido el

mismo, dispondríamos del recurso sin su posición.
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      El 16 de noviembre de 2023, Popular Auto instó una Moción

Solicitando Renuncia a Representación Legal. En esta, avisó que

el bufete Bellver Espinosa ya no estaría a cargo de la

representación de Popular Auto, por lo que solicitó que se

aceptara su renuncia y concediera un término de 30 días para

anunciar una nueva representación legal. En atención a la

antedicha moción, dictamos Resolución el 4 de diciembre de

2023, aceptamos la renuncia solicitada por Popular Auto y

concedimos hasta el viernes, 8 de diciembre de 2023 para

informar su nueva representación legal. Por medio de una Moción

en Cumplimiento de Orden instada el 20 de diciembre de 2023 por

Popular Auto, esta solicitó nuevamente un término de 30 días

para informar la nueva representación legal. Esta vez otorgamos

hasta el 8 de enero de enero de 2024. Llegado a este punto, el 16

de enero de 2024, dictamos Resolución, en la cual expresamos lo

siguiente:

      El 29 de septiembre de 2023 se presentó el recurso
      de epígrafe. Desde entonces, se le han concedido
      prórrogas a la apelada Popular Auto, LLC. para que
      expongan su posición del recurso instado.

      Las mismas han sido infructuosas por lo que damos
      por perfeccionado el mismo.

      Con el anterior cuadro fáctico, procedemos a resolver sin el

beneficio de la comparecencia de la parte apelada, Popular Auto.

                               II.

                               A.

      La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA,

Ap. V, R. 36; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103,

resuelto el 23 de agosto de 2023. El propósito principal de este

mecanismo procesal es propiciar la solución justa, rápida y
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económica de litigios civiles que no presentan controversias

genuinas de hechos materiales, por lo que puede prescindirse del

juicio plenario. Serrano Picón v. Multinational Life Insurance

Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de septiembre de 2023;

Ferrer et. al. v. PRTC, 209 DPR 574, 580-581 (2022).4 Los

tribunales pueden dictar sentencia sumaria respecto a una parte

de una reclamación o sobre la totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. La

sentencia sumaria procederá si las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna,

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre algún

hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho,

procede hacerlo. Véase, S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189

DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200,

213-214 (2010).5

       El promovente debe presentar una moción fundamentada

en declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos

esenciales y pertinentes sobre la totalidad o parte de la

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Universal Ins. y otro v. ELA

y otros, 211 DPR 455 (2023); Zambrana García v. ELA et al., 204

DPR 328, 341-342 (2020). La controversia sobre los hechos

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa

o abstracta. Es decir, tiene que ser de tal naturaleza que permita

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre

4 Véase, además, Adorno v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022); Rivera Matos et al.

v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024 (2020); González Santiago v. Baxter Healthcare,
202 DPR 281, 290 (2019); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109
(2015).
5 Véase, además, González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023

TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023.
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hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra,

págs. 213-214; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

110.

       Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar

dicha moción a través de declaraciones juradas u otra

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales

que están en disputa que demuestren que existe una controversia

real que debe ser dilucidada en un juicio. Si no lo hace se dictará

en su contra la sentencia sumaria si procediere. Luan Invest.

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665-666 (2000). Ahora,

el hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria no

implica   necesariamente    que   ésta   proceda   si   existe   una

controversia legítima sobre un hecho material. Sin embargo, el

demandante no puede descansar en las aseveraciones generales

de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5, estará

obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus

alegaciones'”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215, citando

a Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 (1983).

       Nuestro estado de derecho les exige a los tribunales que,

independientemente de cómo resuelvan una moción de sentencia

sumaria, emitan una lista de los hechos que encontró que no

están en controversia en el pleito y los que sí lo están. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la

solicitud de sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar

los    documentos   que    acompañan      la   moción    solicitando

la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en oposición y

aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones
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de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en

forma alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc.

Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). El Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado que, casos en los cuales existan

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o

negligencia o cuando el factor de credibilidad sea esencial, no es

apropiado dictar sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión,

supra, pág. 219.

       En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria.

Conforme a ello, debemos utilizar los mismos criterios que los

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar

sumariamente una sentencia. En esta tarea sólo podemos

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se

aplicó de forma correcta. La labor de adjudicar los hechos

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al

foro   de   primera    instancia   en   el   ejercicio   de   su       sana

discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera

Instancia     aplicó     correctamente       el    derecho         a     la

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

119. Véase, además, Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80, resuelto el 26 de

junio de 2023.
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                                B.

      En nuestro sistema de derecho de sucesiones, la herencia

no se adquiere hasta que el llamado heredero la acepte. Rivera

Rivera v. Monge Rivera, 117 DPR 464 (1986). Es decir, el llamado

a heredar no es propietario de las cosas hereditarias hasta que

no acepta la herencia. Íd. El Artículo 959 del Código Civil de

Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 2787, establece el remedio con

el que cuenta un acreedor que interesa proceder contra unos

herederos, para el cobro de una deuda contraída por el causante.

B.B.V.A. v. Latinoamericana, 164 DPR 689, 695 (2005). Este

remedio tiene los siguientes requisitos: (1) el acreedor debe

interpelar judicialmente al heredero para que acepte o renuncie a

la herencia; (2) el foro judicial debe fijar un término no mayor de

treinta días para que el heredero acepte o repudie la herencia; (3)

en la orden judicial correspondiente, el tribunal debe apercibir al

heredero de que si no se expresa dentro del término que se le fijó,

la herencia se tendrá por aceptada y (4) el heredero acepta o

renuncia la herencia, mediante instrumento público o por escrito

judicial. Íd.

      La aceptación y la repudiación de la herencia, una vez

hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugnadas sino

cuando adoleciesen de algunos de los vicios que anulan el

consentimiento, o apareciese un testamento desconocido. La

herencia podrá ser aceptada pura y simplemente, o a beneficio de

inventario. La aceptación pura y simple puede ser expresa o

tácita. Expresa es la que se hace en documento público o privado

y tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente

la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino

con la cualidad de heredero. Los actos de mera conservación o
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administración provisional no implican la aceptación de la

herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de

heredero. Arts. 951-953 del Código Civil derogado, 31 LPRA secs.

2779-2781.

       En consonancia con lo anterior, el Art. 957 del mencionado

cuerpo legal explica que, por la aceptación pura y simple, o sin

beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas

las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino

también con los suyos propios.

                                         C.

       En Puerto Rico existe el principio de la libertad de

contratación. El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA sec. 33716, sobre la existencia del contrato, dispone que:

“[e]l contrato existe desde que una o varias personas consienten

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar

algún servicio.” Es de conocimiento que su perfeccionamiento se

da por el mero consentimiento y desde ahí las partes están

obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas

sus consecuencias, siempre que éstas sean conformes a la buena

fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico,

31 LPRA. sec. 3375.

       Un contrato es válido cuando convergen los siguientes tres

(3) criterios; 1) consentimiento de los contratantes; 2) objeto cierto

que sea materia del contrato, y 3) causa de la obligación que se

establezca. Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA

sec. 3391. Cuando un convenio contiene los antepuestos

elementos, el mismo es obligatorio y aplicará el principio

contractual de pacta sunt servanda. Es decir, que el acuerdo

6 Los hechos del caso de autos surgen durante la vigencia del Código Civil anterior   .
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constituirá   la   ley   entre   las   partes.   Por   consiguiente,

los contratos surten efecto solo entre las partes que lo otorgan.

Artículos 1044, 1209 y 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA secs. 2994, 3374 y 3451.

      Las partes contratantes “pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. El consentimiento

se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre

la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Art. 1214 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 3401. No obstante, cuando el

consentimiento se presta por error, violencia, intimidación o dolo,

es decir, cuando está viciado porque afectó el conocimiento o la

libertad del contratante, el contrato es anulable y aquél que sufrió

el vicio está legitimado para impugnarlo. Art. 1217 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 3404.

                                 D.

      La Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según

enmendada, 10 LPRA sec. 2401 et seq., conocida como la Ley

para Regular Contratos de Arrendamientos (Ley Núm. 76-1994),

se creó con el propósito de regular el arrendamiento de los bienes

muebles en Puerto Rico. La misma le provee unas salvaguardas

a los arrendatarios y unas garantías a los arrendadores. Artículo

2 de la Ley Núm. 76-1994.

      El contrato de arrendamiento financiero o leasing “es un

negocio jurídico cuyo contenido está formado por varias

declaraciones de voluntad, las cuales producen una relación

jurídica [entre las partes suscribientes] y establecen los términos

que la regulan”. Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, 184
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DPR 540, 553-555 (2012); CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz,

141 DPR 27, 33 (1996).

      El Art. 23 de la Ley Núm. 76-1994 explica que, en los

arrendamientos de consumo como el de epígrafe, una vez el

arrendatario esté en mora, el arrendador notificará le notificará

por escrito y le otorgará un plazo de veinte (20) días para que haga

efectivo el pago del canon o cánones atrasados más la penalidad

correspondiente. Se le notificará, además, que, de no efectuarse

el pago dentro de dicho término, se podrá iniciar una acción

judicial de reposesión de bienes muebles, y/o en cobro de

dinero, conforme a las leyes y reglas aplicables, a opción del

arrendador. 10 LPRA sec. 2421 (Énfasis nuestro).

                                III.

      En esencia, la apelante arguye que la Sentencia Parcial debe

ser revocada, toda vez que aceptó la herencia de su hijo bajo la

creencia errada de que el caudal estaba compuesto solamente de

un vehículo Mitsubishi Outlander del 2011, y desconocía del

automóvil en controversia. Alude a que tal desconocimiento la

llevó a cometer un error excusable que vició el consentimiento al

aceptar la herencia, por lo que este debe ser anulado.

      En su primer señalamiento de error, la apelante alega que

estaba impedida de repudiar la herencia de su hijo en el término

concedido por el TPI porque la aceptó desde el 2017. Añade que

el foro a quo conocía de la aceptación previa desde la vista de

estado de los procedimientos celebrada el 22 de octubre de 2019.

      Así, arguye que el Tribunal de Primera Instancia venía

obligado a examinar y analizar su explicación sobre que medió un

error esencial en el consentimiento al momento de aceptar la

herencia de su hijo, pues desconocía la existencia del contrato de
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arrendamiento financiero suscrito con Popular Auto. Resalta que

la deuda en cuestión resulta sumamente onerosa a base de sus

ingresos y sobrepasa, por cuatro (4) veces, el caudal dejado por el

causante, según declarado en la Planilla de Caudal Relicto.

Razona que el error que cometió es excusable, toda vez que no

tenía forma de diligentemente conocer de la existencia del

contrato de arrendamiento financiero con Popular Auto al

momento en que aceptó la herencia.

      Analizado ponderadamente el expediente, es evidente que

el TPI concedió a los miembros de la Sucesión del señor Sugrim

Alméstica Rosario, compuesta por la apelante, el término de 30

días establecido en el Art. 959 del Código Civil de 1930, supra,

para que aceptaran o repudiaran la herencia. Es importante

destacar que esta fue apercibida que, transcurrido dicho término

sin que se expresaran en torno a ello, la herencia se tendría por

aceptada y, por consiguiente, respondería por las cargas de la

herencia, conforme dispone el Art. 957 del Código Civil de 1930,

supra. La interpelación judicial fue notificada personalmente a la

apelante el 12 de junio de 2019. No obstante, ésta no realizó

expresión alguna en el mencionado término. Lo anterior tuvo la

consecuencia de dar por aceptada la herencia de forma pura y

simple, o, lo que es igual, sin beneficio de inventario.

      Según el Art. 957 del Código Civil aplicable, quedará el

heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo

con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios. El

caudal hereditario concernido incluyó la obligación económica

originalmente incurrida por el causante con Popular Auto al

suscribir el contrato de arrendamiento de vehículo cuyo
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incumplimiento se reclamó en la demanda de referencia.         El

primer error no se cometió.

      Por otro lado, mediante su segundo señalamiento de error,

la apelante alega que el TPI venía obligado a resolver, en primera

instancia, si procedía la reposesión del bien mueble arrendado,

aplicara el producto de dicha venta a la deuda del contrato de

arrendamiento financiero y luego cobrara al arrendatario

cualquier deficiencia, si alguna. Añade que la Ley Núm. 76-1994

obligaba al arrendador, en los casos en los cuales opta por

reposeer el bien mueble, a no quedarse cruzado de brazos una

vez obtiene la posesión del bien mueble arrendado, sino que tenía

que satisfacer su deuda mediante la venta de dicho bien o su

subsiguiente   arrendamiento,    acreditándole   al   arrendatario

cualesquiera sumas que reciba por dichos conceptos.

      Conforme al lease concernido, Popular Auto acordó

comprar el vehículo seleccionado por el señor Alméstica Rosario

para propósitos de arrendárselo bajo ciertos términos y

condiciones. Las condiciones importantes que surgen de la

Cláusula 7 del contrato, en lo pertinente, estipulaban lo

siguiente:

      Usted está incondicionalmente obligado a pagar todos
      los pagos del arrendamiento y otras cantidades
      vencidas por el término completo no importa lo que
      suceda, aun si el vehículo le es robado, dañado o
      destruido, si tiene defectos o si usted ya no puede
      utilizarlo. (Énfasis nuestro).

      El señor Alméstica Rosario firmó, además, un “Anejo de

Arrendamiento Vehículo”, el cual, en la cláusula 4 establece, en

lo que nos concierne, que:

      [S]i  usted     está    bajo   incumplimiento     del
      Arrendamiento, nosotros podemos, a nuestra
      opción, proceder a dar por terminado el Contrato con
      usted sin notificarle, y en adición a lo provisto de
      acuerdo al Arrendamiento, podemos cobrarle a usted
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       en caso de una devolución voluntaria del Vehículo, el
       pago total mensual de alquiler de acuerdo al
       Arrendamiento menos el cargo por financiamiento no
       devengado al momento que el Vehículo sea devuelto,
       computado a base del método conocido como la suma
       de los dígitos o Regla 78, el Valor Residual estipulado
       en el correspondiente anejo, si alguno, y los gastos
       razonablemente incurridos en la reparación del
       Vehículo para ponerlo en condiciones de venta o
       alquiler, o su valor en el mercado si lo anterior es
       menor que el costo de la reparación. En adición a
       estas cantidades, si el Vehículo es recobrado
       mediante acción judicial, usted será responsable por
       los cargos. de financiamiento hasta que se dicte
       sentencia, y por los gastos y honorarios de abogados.
       Nosotros le acreditaremos el Producto Neto de la
       Venta del Vehículo, si el mismo es vendido, neto de
       costos y gestos inherentes al traspaso de la
       propiedad, o el Valor Actual bajo el nuevo contrato, si
       el Vehículo es arrendado nuevamente. Si usted
       cumple a nuestra satisfacción con las cantidades
       previamente indicadas y acepta pagar 5% de dicha
       cantidad en un período de no más de quince (15) días
       después que el Vehículo sea devuelto, nosotros
       transferiremos el título del Vehículo a usted. Esta
       cláusula     sola   y   exclusivamente      opera    en
       Arrendamientos de consumo y prevalece sobre
       cualquier cláusula de este contrato que sea
       incompatible o contraria.7

       Resulta      claro     que       el   señor     Alméstica   Rosario   se

comprometió a pagar las mensualidades del arrendamiento por el

término completo del contrato sin importar la condición del

vehículo, incluso en la eventualidad de que el vehículo fuera

robado, dañado o destruido. Debido a que este dejó de pagar las

mensualidades del arrendamiento, indudablemente transgredió

los   términos      y   las    condiciones       del    lease que    suscribió

voluntariamente. Además, la Ley Núm. 76-1994 taxativamente

expone que, a raíz del incumplimiento del arrendatario, el

arrendador tendrá la opción de iniciar una acción judicial de

reposesión de bienes muebles, y/o en cobro de dinero,

conforme a las leyes y reglas aplicables. El segundo error

tampoco se cometió.

7 Apéndice del recurso, págs. 95-100.
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      A nuestro juicio, evaluada de novo la solicitud de sentencia

sumaria concernida y su oposición, así como la prueba

documental anejada, en armonía con la doctrina establecida en

el caso de Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, y

subsiguientes, concluimos que no existe controversia sobre

hechos materiales que impidan resolver el caso de autos

sumariamente. La apreciación de la prueba del foro de instancia

no   se   distancia   de   la   realidad     fáctica    ni    tampoco   es

inherentemente        imposible    o       increíble.        Además,    las

determinaciones del TPI encontraron apoyo en la prueba

admitida, y de ninguna manera confligen con el balance más

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia. En

ese sentido, no encontramos que en este caso haya mediado error

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Por lo tanto,

determinamos que estamos impedidos de sustituir dicho criterio

y lo único que procede es dar deferencia a la evaluación de la

prueba que hizo el tribunal de instancia con respecto a este

asunto.

      Por consiguiente, y en ausencia de alguna fuente de

derecho que nos mueva a interpretar que erró el TPI en su

dictamen, confirmamos la Sentencia Parcial apelada.

                                  IV.

      En virtud de los precedentes fundamentos, confirmamos la

Sentencia Parcial del TPI.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones