Court Opinion

ID: 9962665
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:40:02.651443+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.583391
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     Panel II

REVERSE MORTGAGE FUNDING                                    Certiorari
LLC                                                         procedente del
        Recurrida                                           Tribunal de
                                                            Primera Instancia,
                                            KLCE202301398   Sala de Humacao

                  v.
                                                            Caso Núm.
                                                            HU2019CV00532

BIENVENIDA QUIÑONES
CONCEPCIÓN y OTROS                                          Sobre:
       Peticionarios                                        Ejecución de
                                                            Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

       Comparece la señora Bienvenida Quiñones Concepción y Otros

(señora Quiñones Concepción, o peticionaria, cuando aludamos a esta en

singular, o los peticionarios, al referirnos al conjunto de estos), mediante

recurso de certiorari, solicitando que revoquemos una Resolución emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI), el

26 de septiembre de 2023.1 Mediante el referido dictamen, el foro

primario declaró No ha lugar una petición de relevo de sentencia instada

por la señora Quiñones Concepción.

1 Notificada el 28 de septiembre de 2023.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLCE202301398                                                           2

      Sostiene la peticionaria que Reverse Mortgage Funding LLC., (RMF

o recurrida), no le notificó adecuadamente una enmienda a demanda,

por lo que el TPI nunca adquirió jurisdicción sobre su persona.

I. Resumen del tracto procesal

      El 18 de abril de 2019, RMF presentó una Demanda sobre

ejecución de hipoteca contra la señora Quiñones Concepción y el señor

Juan Francisco Rosado Maestre, t/c/c Juan Francisco Rosado Mestre

t/c/c, Juan Rosado Mestre (señor Rosado Mestre). Alegó que los

peticionarios eran deudores de una hipoteca constituida en garantía de

un pagaré. Aseveró que, el 24 de diciembre de 2011, en consideración a

un préstamo hipotecario revertido (reverse mortgage), garantizado por la

Administración Federal de Vivienda, los peticionarios suscribieron un

pagaré hipotecario a favor de First Security Mortgage, Inc., o a su orden,

mediante el cual se les concedió un préstamo con un principal de

$180,000.00, e interés anual de 5.060%. En garantía de dicho préstamo,

los peticionarios otorgaron la escritura número 220 ante el notario

Héctor L. Torres Vila, mediante la cual se constituyó hipoteca sobre el

inmueble que se describe a continuación:

      RÚSTICA: PARCELA DE TERRENO MARCADA CON EL
      NÚMERO 63-A DE LA COMUNIDAD RURAL DENOMINADA
      PEPITA LÓPEZ, SITUADA EN EL BARRIO CATAÑO,
      MUNICIPIO DE HUMACAO, PUERTO RICO, CON UNA
      CABIDA SUPERFICIAL DE 682.76 METROS CUADRADOS,
      EN LINDES POR EL NORTE CON CAMINO CATAÑO, POR EL
      SUR, CON CAMINO CATAÑO, POR EL ESTE, CON PARCELA
      NÚMERO 66 Y POR EL OESTE, CON PARCELA 63-B,
      ENCLAVA CASA.

      RMF sostuvo que era tenedora de buena fe del referido pagaré

hipotecario, objeto de petición de ejecución, y la persona con derecho a

exigir su cumplimiento. Adujo que los peticionarios habían incumplido

con los términos y condiciones de la hipoteca, por lo cual, declaró la

deuda vencida. A este momento, alegó que los peticionarios adeudaban

la suma principal de $94,768.67, más intereses por $22,678.20, los
KLCE202301398                                                                          3

cuales continuaban acumulándose a razón de 5.060%, hasta realizarse

el pago en su totalidad, más $18,000.00 en concepto de gastos, costas y

honorarios de abogados. Por lo descrito, RMF solicitó que el TPI

determinara que los peticionarios le adeudaban las sumas señaladas,

ordenara la ejecución y venta en pública subasta del bien inmueble

garantizado hipotecariamente, hasta la cantidad en que dicha propiedad

respondiera.

       Luego, el 26 de junio de 2019, RMF presentó una Moción

sometiendo emplazamientos y en solicitud de autorización para emplazar

por edicto. Argumentó que, a pesar de haber realizado múltiples

diligencias para emplazar a los peticionarios, le había resultado

imposible el emplazamiento personal con copia de la demanda. Para

sustentar lo afirmado, esta parte acompañó a su moción una Declaración

Jurada del emplazador, el señor Jesús Ruiz Vázquez, de dónde

presuntamente surgían las diligencias realizadas por este para lograr el

emplazamiento personal de los peticionarios, sin que lo pudiera lograr.

En consecuencia, solicitó que al TPI que autorizara emplazar mediante

edicto.

       De conformidad, el 15 de julio de 2019,2 el TPI ordenó que el

emplazamiento se hiciera por edicto.

       Sin embargo, el 20 de septiembre de 2019, RMF presentó una

Mo[c]ión solicitando autorización para enmendar la demanda, al haber

advenido en conocimiento de que uno de los codemandados, el señor

Rosado Mestre, falleció. Entonces, la solicitud para enmendar la

Demanda fue los fines de incluir como demandados a la sucesión del

señor Rosado Mestre. Junto a ello, incluyó emplazamientos dirigidos a:

Fulano de Tal, Fulana de tal, Estados Unidos de América, Centro de

2 Notificada el 16 de julio de 2019. Véase la entrada número 8 del expediente digital del

caso que obra en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
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Recaudación de Ingresos Municipales, la señora Quiñones Concepción

por sí y en la cuota viudal de la sucesión del señor Rosado Mestre.

        En consonancia, junto a la solicitud para que se le permitiera

enmendar la demanda, el mismo día RMF presentó propiamente la

Demanda       Enmendada.       Según      ya   mencionado,       adujo     que,    por

información y creencia, fue informado del fallecimiento del señor Rosado

Mestre, por lo cual solicitó que fuera incluida la sucesión de este como

parte    demandada.      Asimismo,      RMF     interpeló    judicialmente     a   los

herederos del señor Rosado Mestre para que aceptaran o repudiaran la

herencia del causante.

        A los pocos días, el 1 de octubre de 2019, RMF presentó una

Moción al Expediente Judicial, afirmando que la señora Quiñones

Concepción, el señor Rosado Mestre, y la sociedad legal de bienes

gananciales compuesta por ambos, fueron debidamente emplazados

mediante edicto, según publicado en el periódico El Nuevo Día, el día 8 de

agosto de 2019.

        Al día siguiente,3 el TPI declaró con lugar la Moción solicitando

autorización para enmendar la demanda.

        A renglón seguido, el 3 de diciembre de 2019, RMF presentó

Moción sometiendo emplazamiento y solicitando emplazamiento por edicto.

La recurrida sostuvo que el 11 de octubre de 2019, lo co-demandados, el

CRIM y Estados Unidos de América, fueron emplazados personalmente,

según constaba en los Certificados de Diligenciamiento que incluyó como

anejo. Además, sostuvo que, según constaba en la declaración jurada de

su emplazador, (anejada junto a esta moción), a pesar de este haber

realizado múltiples diligencias para emplazar a Fulano de tal y Fulana de

tal como posibles herederos desconocidos con interés en la sucesión del

señor Rosado Mestre, había sido imposible. Que, por ser la acción de

3 Notificada el 3 de octubre de 2019. Véase Apéndice XV del recurso de certiorari, pág.

49.
KLCE202301398                                                                        5

epígrafe una in rem, y RMF desconocer de la identidad de los herederos,

solicitaba la autorización para emplazar por edicto a Fulano de tal y

Fulana de tal como posibles herederos desconocidos con interés en la

sucesión del señor Rosado Mestre. De igual forma, solicitó que el TPI

ordenara a los herederos a aceptar o repudiar la herencia.

       Ante dicha solicitud, el 12 de diciembre de 2019,4 el foro primario

autorizó a RMF a que emplazara por edictos a Fulano de tal y Fulana de

tal como posibles herederos desconocidos con interés en la sucesión del

señor Rosado Mestre. También, el mismo foro ordenó a que la señora

Quiñones Concepción, Fulano de tal y Fulana de tal, como posibles

herederos desconocidos, notificaran en un plazo de treinta días si

aceptaban o repudiaban la herencia del señor Rosado Mestre.

       El 10 de abril de 2020, RMF presentó una Moción al Expediente

Judicial, en la que afirmó que los co-demandados, Fulano de tal y Fulana

de tal, fueron debidamente emplazados mediante edicto publicado en el

periódico El Nuevo Día, el 14 de febrero de 2020.

       Después, el 23 de julio de 2020, RMF presentó una Moción en

Solicitud de Sentencia en Rebeldía, sosteniendo que, a pesar de los

peticionarios haber sido debidamente emplazados, había transcurrido el

término para presentar contestación a la Demanda sin que lo hicieran.

En consecuencia, arguyó que: se debían dar por admitidas las

alegaciones contenidas en la Demanda; correspondía anotarles la

rebeldía y; se declare ha lugar la Demanda, ordenando la ejecución de la

hipoteca por la vía ordinaria.

       Según solicitado, el 27 de julio de 2020,5 el TPI emitió Orden

anotando la rebeldía.

4 Notificada el 6 de febrero de 2020. Véase la entrada número 29 del expediente digital

del caso que obra en SUMAC.
5 Notificada el 28 de julio d 2020.
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       Pasados unos meses, el 20 de octubre de 2020,6 el foro recurrido

emitió Sentencia en Rebeldía. Mediante su dictamen el TPI dispuso que

los peticionarios le adeudaban a RMF las siguientes sumas: Unpaid

Principal Balance: $94,768.67; Accrued Interest: $24,258.06; Total

Unpaid     Principal    Balance:     $119,026.73;    Accrued     MIP:   $5,992.63;

Inspections: $240.00; Attorney Fees: $1,160.00 para un total de

$126,419.36. También la suma estipulada de $18,000.00 para gastos,

costas y honorarios de abogado. De igual forma determinó que, ante la

eventualidad de que los peticionarios no hicieran el pago de las sumas

adeudadas a la recurrida dentro del término establecido por ley,

ordenaría a que efectuara la venta en pública subasta de la propiedad

hipotecada para aplicar el importe de la venta al saldo de la deuda.

       El 28 de diciembre de 2020,7 RMF presentó una Moción Solicitando

Ejecución de Sentencia. En lo pertinente, señaló que la notificación de la

Sentencia en Rebeldía había sido publicada el 27 de octubre de 2020 en

el periódico El Nuevo Día, según constaba en la declaración jurada de la

señora Elisa Llanos Rodríguez, representante del periódico. De igual

forma, afirmó que dicha Sentencia fue notificada a los peticionarios,

mediante correo certificado, el 28 de octubre de 2020. Esgrimió que los

peticionarios no habían satisfecho total o parcialmente el importe de la

referida Sentencia, y el término para apelarla había transcurrido, sin que

fuera presentado algún recurso en su contra, por lo que había advenido

en final, firme y ejecutable. A tales efectos, solicitó que se expidiera la

orden y el mandamiento dirigido al señor alguacil, para que dispusiera la

ejecución de la Sentencia mediante la venta en pública subasta del

inmueble gravado por la hipoteca objeto de la causa de acción y así

recuperar la suma adeudada.

6 Notificada el 21 de octubre de 2020.
7 Véase la entrada número 45 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
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       Sin embargo, el 29 de diciembre de 2020, el TPI emitió una Orden

declarando No Ha Lugar la Moción Solicitando Ejecución de Sentencia.8

       Inconforme, el 22 de enero de 2021, RMF presentó una Moción de

Reconsideración, que el TPI declaró Ha lugar el 26 de enero de 2021.

       En consonancia, el 29 de enero de 2021,9 el TPI emitió Orden sobre

ejecución de Sentencia y venta de bienes. Por lo cual, dicho foro ordenó

que fuera expedido el correspondiente mandamiento, dirigido al Alguacil,

para que se procediera a la ejecución de la sentencia dictada, vendiendo

en pública subasta el inmueble. Indicó que el importe de la sentencia no

había sido satisfecho total o parcialmente por los peticionarios, por lo

que, habiendo transcurrido en exceso el término para solicitar su

apelación o revisión, la Sentencia había tornado en final, firme y

ejecutable.

       Luego de varios trámites procesales, el 12 de agosto de 2022, el TPI

emitió una Orden de Confirmación de Adjudicación o Venta Judicial. En

esta Orden el TPI llamó la atención al hecho de que la subasta fue

celebrada el 14 de julio de 2022, y adjudicada la propiedad a RMF por la

suma de $127,000.00 en pago por el monto adeudado, o en abono al

mismo. Además, el foro primario confirmó el procedimiento de ejecución

de hipoteca realizado, declarando que fueron cumplidas las formalidades

requeridas en el trámite judicial.

       El 22 de agosto de 2022, el TPI ordenó que se cancelaran los

gravámenes inscritos y o presentados con posterioridad a la hipoteca

objeto de ejecución.

       Luego, el 8 de septiembre de 2022,10 el tribunal a quo emitió Orden

de Lanzamiento.

8 Véase la entrada número 46 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
9 Notificada el 2 de febrero de 2021.
10 Notificada el 9 de septiembre de 2022.
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        Fue entonces que, el 7 de noviembre de 2022, la señora Haydee

Rosa Quiñones (señora Rosa Quiñones) presentó una Moción urgente

asumiendo representación legal; solicitando paralice y deje sin efecto

lanzamiento; Solicitud de Desestimación; Incumplimiento con la Regla

51.711. Esta solicitó que se declararan nulos todos los procedimientos

posteriores al 19 de enero de 2020, pues el término de 120 días para

diligenciar y notificar la Demanda, según establecido por la Regla 4.3(c)

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), fue incumplido.

Argumentó que, el 6 de febrero de 2020, cuando el TPI ordenó el

emplazamiento por edictos, ya dicho foro se encontraba sin jurisdicción

para autorizarlo, por lo que correspondía desestimar la Demanda por

falta de jurisdicción. Añadió como segundo argumento, que no se llevó a

cabo la venta judicial conforme a derecho, pues RMF había presentado

evidencia solamente de una publicación de edictos del Aviso de Subasta,

en violación a la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

51.7.

        Por ello, el 10 de noviembre de 2022, el TPI emitió una Orden

autorizando la representación legal de la señora Rosa Quiñones y,

concediéndole a RMF un término de veinte días para expresar su

posición con relación al planteamiento jurisdiccional presentado.

        El 5 de diciembre de 2022, RMF presentó Moción en Oposición a

Desestimación      y   Otros.    En    síntesis,    acentuó     que    cuando      el

emplazamiento por edicto es solicitado dentro del término de 120 días, y

el Tribunal lo autoriza, entonces comienza a transcurrir un término

nuevo de 120 días para emplazar por edicto, una vez el emplazamiento es

expedido por el Tribunal. Por tanto, en este caso debía considerarse que

la Demanda fue presentada el 18 de abril de 2019, y, expedidos los

11 En la primera nota al calce de esta moción se manifiesta que Rosa Quiñones es hija

de los codemandados y miembro de la sucesión de Juan Francisco Rosado Mestre,
denominada Fulana de Tal en la demanda. Apéndice 3ero del recurso de certiorari, pág.
3.
KLCE202301398                                                                      9

emplazamientos el 29 de abril de 2019, luego se solicitó la autorización

para emplazar por edictos, el 26 de junio de 2019. Es decir, que la

solicitud para emplazar por edicto ocurrió dentro del término de 120 días

inicial para emplazar, por lo que fue oportuna. Por tanto, cuanto el TPI

autorizó a RMF a emplazar por edicto, comenzó un nuevo término de 120

días para llevar a cabo tal acción, y así se hizo.

       En cuanto al presunto incumplimiento con la Regla 51.7 de

Procedimiento Civil que le imputó la señora Rosa Quiñones, la recurrida

alegó que por error sólo presentó la evidencia de una de las

publicaciones del Aviso de Subasta, por lo que acompañó junto a la

Moción en Oposición a Desestimación y Otros, una declaración jurada de

la señora Milagros Meléndez Martínez, representante del periódico,

certificando la publicación del edicto los días 16 y 24 de junio de 2022.12

       Sopesadas las posturas de las partes, el 24 de julio de 2023,13 el

TPI emitió Resolución declarando No ha lugar la Moción solicitando se

paralice y deje sin efecto el lanzamiento; solicitud de desestimación;

incumplimiento con la Regla 51.7.

       Insatisfecha, el 7 de agosto de 2023, la señora Rosa Quiñones

presentó Moción de Reconsideración, que resultó denegada el 8 de agosto

de 202314.

       Pasado un mes, el 7 de septiembre de 2023, la señora Rosa

Quiñones presentó otra petición, que tituló Moción solicitando relevo de

sentencia; Desestimación por falta de jurisdicción; Solicitud que se deje sin

efecto subasta y lanzamiento por incumplimiento con la Regla 4.6 e

interpelación. Arguyó en esta ocasión que la señora Quiñones

Concepción no había sido notificada de la Demanda Enmendada de

12 Véase el anejo de la entrada número 82 del expediente digital del caso que obra en

SUMAC.
13 Notificada el 26 de julio de 2023.
14 Notificada el 9 de agosto de 2023.
KLCE202301398                                                         10

la misma forma en que fue emplazada, a saber, mediante edicto.

Asimismo, afirmó que esta tampoco había sido interpelada.

       A raíz de ello, el 7 de septiembre de 2023,15 el TPI emitió una

Orden disponiendo lo siguiente: Se toma conocimiento. Parte demandante,

exprese posición en un término de veinte (20) días.16

       El 26 de septiembre de 2023, RMF presentó Moción en Oposición a

relevo de Sentencia. En primer lugar, arguyó que la señora Rosa

Quiñones estaba cuestionando el emplazamiento e interpelación de otra

parte, su madre, la señora Quiñones Concepción, por lo cual, no tenía

legitimación activa para los remedios que solicitaba. En cuanto al

argumento sobre el emplazamiento de la señora Quiñones Concepción,

RMF esgrimió que como esta fue emplazada mediante edicto, lo que

correspondía era dirigirle una copia del emplazamiento y de la

demanda presentada por correo certificado con acuse de recibo o

cualquier otra forma de servicio de entrega de correspondencia con

acuse de recibo al lugar de su última dirección conocida, conforme lo

establece la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. II, R. 4.6. En

concordancia, aseveró haber cumplido con la referida notificación, es

decir, que la señora Quiñones Concepción fue notificada de la

Demanda enmendada.

       Sobre la alegada falta de interpelación a la señora Quiñones

Concepción, RMF sostuvo que, al notificar el emplazamiento, se incluyó

copia de la Demanda Enmendada y esta contenía el lenguaje requerido

para interpelar a los herederos.

       Por último, RMF manifestó que la solicitud de relevo de sentencia

era tardía, fallando la señora Rosa Quiñones en demostrar alguna de las

excepciones al término de seis meses dispuesto en la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. II, R. 49.2, para ello.

15 Notificada el 8 de septiembre de 2023.
16 Apéndice 30 del recurso de certiorari, pág. 88.
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      Habiendo ponderado la posición de las partes, el 26 de septiembre

de 2023, el TPI emitió Resolución declarando No Ha Lugar la Moción de

Relevo de Sentencia instada por la señora Rosa Quiñones.

      No obstante, el 13 de octubre de 2023, compareció la señora Rosa

Quiñones, junto a la señora Quiñones Concepción, presentando en

conjunto   Moción   asumiendo    representación   legal;   Solicitando   de

Reconsideración; Relevo de Sentencia; Desestimación por falta de

jurisdicción; Solicitud que se deje sin efecto subasta y lanzamiento por

incumplimiento con la regla 4.6 e interpelación. Manifestaron que

entendían que la determinación del TPI al declarar No ha lugar la petición

de relevo de sentencia, se debía a un cuestionamiento sobre legitimación

activa, que la señora Rosa Quiñones había presentado argumentos

relacionados a otra parte, la señora Quiñones Concepción, no sobre su

persona. Como respuesta, mediante la presente moción fue incorporada

como peticionaria a la señora Quiñones Concepción. Ello así, solicitaron

que el Tribunal determinara que la recurrida incumplió con la

notificación de la Demanda Enmendada a la señora Quiñones

Concepción, (no se le notificó), y tampoco medió la interpelación

requerida por ley. Peticionaron como remedio que el TPI declarara la

nulidad de los procedimientos post sentencia.

      El 18 de octubre de 2023, el foro primario emitió una Orden

concediéndole término de veinte días a RMF para que expresara su

posición en cuanto a la alegada falta de notificación de la Demanda

enmendada a la señora Quiñones Concepción, conforme a la Regla 4.6

de Procedimiento Civil.

      Como secuela, el 9 de noviembre de 2023, RMF presentó Moción en

torno a orden y reiterando oposición a desestimación. Sobre el único

asunto puntual que el TPI le ordenó que se expresara, -la alegada falta

de notificación de la Demanda enmendada a la señora Quiñones
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Concepción-, este aseveró que la Regla 4.6 aludida no requiere que la

demanda enmendada fuera notificada mediante edicto. Entonces arguyó

que no era correcto alegar que el pleito adolece de nulidad por no emplazar

por segunda vez a Bienvenida Quiñones por edicto cuando ya había sido

emplazada y notificada correctamente y conforme a derecho17. Sostuvo,

además, que la señora Quiñones Concepción fue notificada de la

Demanda Enmendada por correo certificado, conforme a la Regla 4.6

de Procedimiento Civil, y que no tenía que ser emplazada nuevamente

por edictos. A pesar de esta última alegación por RMF, no proveyó

evidencia documental alguna sobre la presunta notificación de la

demanda enmendada a la señora Quiñones Concepción.

       Finalmente, el 9 de noviembre de 2023,18 el TPI emitió la

Resolución cuya revocación nos solicitan los peticionarios, en lo

pertinente, declarando No Ha Lugar la petición de relevo de sentencia. En

esta Resolución el foro recurrido no hizo mención del tema sobre el cual

ordenó a RMF expresarse, si medió o no la debida notificación de la

demanda enmendada a la señora Quiñones Concepción.

        En desacuerdo, los peticionarios recurren ante nosotros mediante

recurso de certiorari, señalando la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       determinar mediante Resolución que tenía jurisdicción sobre
       la codemandada, BIENVENIDA QUIÑONES CONCEPCIÓN, a
       pesar de que la parte recurrida incumplió con lo dispuesto
       en la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, aplicable al caso, en
       clara violación a dichos preceptos.

       SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       determinar mediante Resolución que la parte recurrida fue
       interpelada, a pesar de existir una clara violación al Art. 959
       del Código Civil y por tanto procedía dejar sin efecto la
       Sentencia y todos los procedimientos posteriores.

17 Apéndice 33 del recurso de certiorari, pág. 99.
18 Notificada el 10 de noviembre de 2023.
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      El 29 de enero de 2024, RMF presentó Alegato de la recurrida.

Contando con la comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer

la normativa jurídica aplicable.

II. Exposición de Derecho

   A. El emplazamiento

      El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se le

notifica al demandado de la existencia de una reclamación instada en su

contra y se le requiere que comparezca para que formule alegación

responsiva.    Es      mediante     el    debido         diligenciamiento    del

emplazamiento que el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona

para resolver un asunto. Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319,

330 (2018); Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467

(2017); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005). En consonancia, no

es hasta que se diligencie el emplazamiento que se adquiere jurisdicción,

y la persona puede ser considerada propiamente parte, pues, aunque

haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento

sólo es parte nominal. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis, 2010, pág. 220. Torres

Zayas v. Montano Gómez, supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192

DPR 854 (2015).

      Los requisitos para la expedición, forma y diligenciamiento de un

emplazamiento están regulados por la Regla 4 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4. La inobservancia de dichos requisitos priva

al tribunal de su jurisdicción sobre la persona del demandado.

(Énfasis provisto). Torres Zayas v. Montano, supra, en la pág. 467; Datiz

Vélez v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004). Por tanto, tales

requisitos son de cumplimiento estricto y su adecuado diligenciamiento

constituye    un    imperativo   constitucional    del    debido   proceso   de
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ley. Bernier   González   v.   Rodríguez   Becerra,   200   DPR   637,   645

(2018); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000).

      Como norma general, expedido el emplazamiento, debe ser

diligenciado juntamente con la demanda personalmente, ya sea mediante

su entrega física a la parte demandada, o haciéndola accesible en su

inmediata presencia. Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.4.4. No obstante, cuando la entrega personal no puede efectuarse

porque la persona a ser emplazada está fuera de Puerto Rico o, entre

otros, estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de

realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada,

las Reglas 4.3 (4) y 4.6 de Procedimiento Civil, por excepción, establecen

como alternativa el emplazamiento por edicto. Reglas 4.3 (4) y 4.6 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (4) y 4.6. Para que el tribunal

ordene el emplazamiento mediante edicto, el demandado instará una

moción acompañada por una declaración jurada, conocida como el

afidávit de méritos, acreditando a satisfacción del tribunal las diligencias

realizadas para emplazar personalmente al demandado o que se

manifiesta uno de los casos provistos por la Regla 4.6 de Procedimiento

Civil de 2009, supra. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017,

pág. 269.

      En estos casos, la orden del tribunal dispondrá lo siguiente: que la

publicación del edicto se haga una sola vez en un periódico de

circulación general de Puerto Rico; que dentro de los diez días siguientes

a la publicación del edicto se le dirija por correo certificado con acuse de

recibo copia del emplazamiento y de la demanda a la parte demandada al

lugar de su última dirección física o postal conocida. Regla 4.6 de

Procedimiento Civil, supra.
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      Por su parte, el inciso (b) de la Regla 4.6 de Procedimiento

Civil, supra, establece que el edicto      deberá contener la siguiente

información:

      1) Título- Emplazamiento por Edicto
      2) Sala del Tribunal de Primera Instancia
      3) Número del caso
      4) Nombre de la parte demandante
      5) Nombre de la parte demandada a emplazarse
      6) Naturaleza del pleito
      7) Nombre, dirección y número de teléfono del abogado o
      abogada           de la parte demandante
      8) Nombre de la persona que expidió el edicto
      9) Fecha de expedición
      10) Término dentro del cual la persona así emplazada deberá
      contestar la demanda, según se dispone en la Regla 10.1 de
      este apéndice, y la advertencia a los efectos de que si no
      contesta la demanda presentando el original de la
      contestación ante el tribunal correspondiente, con copia a la
      parte demandante, se le anotará la rebeldía y se dictará
      sentencia para conceder el remedio solicitado sin más citarle
      ni oírle. El edicto identificará con letra negrilla tamaño diez
      (10) puntos toda primera mención de persona natural o
      jurídica que se mencione en éste. Íd. Si la demanda es
      enmendada en cualquier fecha anterior a la de la
      comparecencia de la parte demandada emplazada
      mediante edictos, dicha demanda enmendada se le
      notificará de la forma dispuesta por la regla de
      emplazamiento aplicable al caso.

      (Énfasis provisto).

      B.    La Regla 49.2 de Procedimiento Civil

      La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. II, R.

49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene disponible para

solicitar al foro de instancia el relevo de los efectos de una sentencia

cuando esté presente alguno de los fundamentos allí expuestos. García

Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010). De aquí que, para que

proceda una moción al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de

2009, supra, es obligatorio que se aduzca alguna de las siguientes

razones: (1) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (2)

descubrimiento de evidencia esencial; (3) fraude; (4) nulidad de

sentencia; (5) que la sentencia fue satisfecha o revocada; o (6) cualquier

otra razón que justifique dejarla sin efecto. (Subrayado provisto). Íd.
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       Relevar a una parte de los efectos de una sentencia es una

decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la

sentencia ha sido satisfecha. (Énfasis provisto). García Colón v. Sucn.

González, supra; Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga

Gordils v. Maldonado, 109 DPR 817, 823- 824 (1980). Para conceder un

remedio contra los efectos de una sentencia, el tribunal debe determinar

si bajo las circunstancias específicas del caso existen razones que

justifiquen tal concesión. Olmeda Nazario v. Jiménez, 123 DPR 294, 299

(1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra.

       Este mecanismo tiene un rol dual: adelantar el interés de que los

casos se resuelvan en sus méritos, haciéndose justicia sustancial, y, por

otra parte, otorgarle finalidad a los pleitos. López García v. López García,

200 DPR 50 (2018).19 No es una llave maestra para reabrir controversias

ni sustituye los recursos de apelación o reconsideración. García Colón v.

Sucn. González, supra; Olmeda Nazario v. Sueiro, supra. Es decir, el

precepto no está disponible para alegar cuestiones sustantivas que

debieron ser planteadas mediante los recursos de reconsideración y

apelación. Íd.

       De otra parte, también se ha dicho que esta disposición legal

aplica sólo en aquellas raras instancias en que existe un error

jurisdiccional o una violación al debido proceso de ley que privó a

una parte de la notificación o de la oportunidad de ser oída. (Énfasis

provisto). Íd.

       Dispone la regla que la moción de relevo de sentencia deberá

presentarse dentro de un término razonable, pero en ningún caso

después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la

sentencia u orden. En Rosario v. ELA, 122 DPR 554 (1988), el Tribunal

Supremo aclaró, y así lo ha sostenido, que los seis (6) meses a los que

19 Citando a García Colón v. Sucn. González, supra, a la pág. 540; Municipio de Coamo v.

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 936-937 (1971).
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hace alusión la regla son de treinta días, por tanto, la moción no podrá

exceder los ciento ochenta (180) días del registro de la sentencia; este

término es jurisdiccional y no podrá adjudicarse una moción solicitando

relevo transcurrido dicho plazo, excepto en los casos donde el relevo

de sentencia se solicite por causa de su nulidad. (Énfasis provisto).

García v. Sucn. González, supra; Piazza Vélez v. Isla del Río, 158 DPR

440, 449 (2003), Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 327

(1997), Bco. Santander PR v. Fajardo Farm Corp., 141 DPR 237, 243

(1996).

      Por otro lado, el inciso (4) de la Regla 49.2 bajo discusión, otorga al

Tribunal la facultad de relevar a una parte de los efectos de una

sentencia cuando se determine su nulidad. Una sentencia es nula

cuando se ha dictado sin jurisdicción, o cuando al dictarla se ha

quebrantado el debido proceso de ley. García v. Sucn. González, supra;

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680 (1979). Bajo este

fundamento o hay margen de discreción, como sí los hay bajo los otros

fundamentos de la Regla 49.2, supra, si una sentencia es nula, tiene que

dejarse sin efecto independientemente de los méritos que pueda tener la

controversia o la reclamación del perjudicado. Íd.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                        a.

      Según    ha   quedado    visto,    los   peticionarios   esgrimen   dos

señalamientos de error: (1) la presunta falta de notificación de la

Demanda enmendada a la señora Quiñones Concepción y; (2) la ausencia

de interpelación.

      Con relación al segundo de estos señalamientos de error, la

presunta falta de interpelación por parte de RMF a los peticionarios,

trata de un asunto sustantivo de derecho que debió plantearse a través

del recurso de reconsideración o apelación, sin cabida en algunas de las
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causas previstas en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, que

justificarían el relevo de la sentencia. Además, este señalamiento de error

no supone o plantea una de las excepciones al término de seis meses

para presentar una solicitud de relevo de sentencia20.

        Sin embargo, de tener razón los peticionarios en su primer

señalamiento de error, este sí podría dar lugar al relevo de la sentencia,

por plantear una posible causa de nulidad de la Sentencia.

        Sobre lo anterior, los peticionarios fundamentaron su solicitud de

relevo de sentencia ante el TPI en la afirmación de que RMF no le notificó

la Demanda enmendada a la señora Quiñones Concepción. A partir de

esto, concluyen que el TPI nunca adquirió jurisdicción sobre la señora

Quiñones Concepción, incumpliéndose así el proceso de notificación de

la Demanda Enmendada que se exige en la Regla 4.6 de Procedimiento

Civil, supra.

        Con mayor especificidad los peticionarios aclaran que la señora

Quiñones Concepción sí fue notificada de la Demanda original,

mediante edicto del 8 de agosto de 2019. Sin embargo, sostienen que

cuando el 20 de septiembre de 2019 RMF enmendó la Demanda, no

se la notificó a la señora Quiñones Concepción, quien todavía no

había comparecido al pleito. De esta forma, los peticionarios afirman

que la recurrida no cumplió con el requisito de publicar un nuevo edicto

notificándole a la señora Quiñones Concepción la Demanda Enmendada,

y tampoco se le notificó mediante correo certificado.

         Respecto a esto, RMF sostiene que el foro primario sí adquirió

jurisdicción sobre la persona de la señora Quiñones Concepción desde el

8 de agosto de 2019, fecha en que se publicó el edicto, y le fue notificado

por correo certificado con acuse de recibo, acompañado de la Demanda

20
   Claro, como se verá, una de las implicaciones que tiene determinar si la señora Quiñones Concepción fue
debidamente notificada de la Demanda enmendada, es que fue en esta donde se incluyó el lenguaje relativo
a la interpelación, no en la Demanda original.
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original. En cuanto a la presunta falta de notificación adecuada de la

Demanda Enmendada, la recurrida arguye que, conforme a la Regla 4.6

de Procedimiento Civil, supra, no se debía emplazar nuevamente a la

señora Quiñones Concepción, sino que únicamente se le debía notificar

de la misma por medio de correo certificado. Cónsono con esta última

afirmación, RMF asevera haberle notificado la Demanda Enmendada

a la señora Quiñones Concepción por correo certificado.

                                     b.

      Según puntualizamos en la exposición de derecho, el artículo

4.6(10) de Procedimiento Civil, supra, dispone que, si se enmienda la

demanda antes que la parte demandada emplazada mediante edictos

comparezca al pleito, dicha demanda enmendada se le notificará de la

forma dispuesta por la regla de emplazamiento aplicable al caso. La

referida regla de emplazamiento por edicto establece que la notificación

se hará, enviándole una copia del emplazamiento y de la demanda

presentada, por correo certificado con acuse de recibo o cualquier otra

forma de servicio de entrega de correspondencia con acuse de recibo, […]

al lugar de la última dirección física o postal conocida. Íd. Es decir, se

requiere que cuando se enmiende la demanda, sin que la parte

demandada haya comparecido al pleito y haya sido emplazada mediante

edictos, se le notifique la misma mediante correo certificado u otra forma

de correspondencia con acuse de recibo.

      Entonces, aplicando lo señalado al asunto ante nuestra atención,

no hay duda de que RMF emplazó a la señora Quiñones Concepción

mediante edictos, y luego enmendó la Demanda, (a los fines de añadir a

los posibles herederos del señor Rosado Mestre, y de interpelar a la

sucesión), pero antes de que esta compareciera al pleito. Por tanto, en

virtud del claro mandato de la Regla 4.6(10) de Procedimiento Civil,
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supra, le correspondía a RFM notificar a la señora Quiñones

Concepción de la demanda enmendada, mediante correo certificado.

       Sin embargo, a pesar de que RFM aduce y reitera haber notificado

la Demanda enmendada a la señora Quiñones Concepción, mediante

correo certificado, no incluyó en su Alegato de la recurrida prueba

documental alguna que sirviera para sostener tal presunta notificación.

Sobre lo mismo, notamos que, no obstante el TPI haberle requerido

expresamente a RFM que se manifestara sobre la presunta falta de

notificación   de    la    Demanda   enmendada   a    la    señora   Quiñones

Concepción, mediante Orden de 18 de octubre de 2023, en su Moción en

torno a orden y reiterando oposición a desestimación, de 9 de noviembre

de 2023, dicha parte tampoco pudo presentar prueba sobre la alegada

notificación    de        la   Demanda   enmendada.        Además,   habiendo

examinado este Foro intermedio el expediente digital del caso, a través de

SUMAC, no damos con la evidencia que sirva para sostener la alegada

notificación   de    la    Demanda   enmendada   a    la    señora   Quiñones

Concepción.

      En definitiva, al menos del expediente ante nosotros, solo

contamos con la mera alegación de RFM en la que afirma haber

notificado mediante correo certificado a la señora Quiñones Concepción

de la Demanda Enmendada, sin prueba documental alguna que la

sostenga. La mera alegación sobre un asunto de tan vital importancia no

resulta suficiente en derecho. La determinación sobre la debida

notificación   de    la    Demanda   Enmendada   a    la    señora   Quiñones

Concepción incide sobre la jurisdicción de su persona, ergo, la ausencia

de debida notificación supondría una causa de nulidad de sentencia

esgrimible al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.

Según advertimos, en los casos donde el relevo de sentencia se solicite

por causa de su nulidad, no aplica el término de seis al que están sujetos
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los demás factores que dicha regla identifica para solicitar el relevo de la

sentencia. García v. Sucn. González, supra; Piazza Vélez v. Isla del Río,

supra.

      Por causa de las serias consecuencias que tiene lo explicado en el

párrafo que precede, se debe tener certeza sobre si RFM notificó o no a la

señora Quiñones Concepción de la Demanda Enmendada, mediante

correo certificado. Ante lo cual, determinamos revocar la Resolución

recurrida a los fines de ordenar que el foro primario celebre una vista

para que resuelva si se le notificó o no la Demanda Enmendada a la

señora Quiñones Concepción, mediante correo certificado. Claro está,

una vez dilucidado ese solo asunto, el foro primario estará en verdadera

posición de determinar el rumbo procesal a seguir.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación

recurrida. En consecuencia, ordenamos la devolución del caso al TPI

para que paute la celebración de una vista evidenciaria, a los fines de

precisar si RMF notificó la Demanda Enmendada a la señora Quiñones

Concepción conforme a derecho, según lo aquí explicado.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones