Court Opinion

ID: 9928604
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:29:04.328374+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:36.125443
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

 JULIO ARANGO FRÍAS                           Revisión Judicial
                                              Procedente del
          Apelante                            DEPARTAMENTO DEL
                                              TRABAJO Y RECUROS
               v.               KLRA202300616 HUMANOS

     NEGOCIADO DE                                 Apelación Núm.:
     SEGURIDAD DE                                 SJ-00397-23
      EMPLEO (NSE)
                                                  Sobre:
          Apelado                                 Elegibilidad a los beneficios
                                                  de compensación por
 DAMARIS GONZÁLEZ                                 desempleo, Sección 4(b)(3)
    MARTÍNEZ                                      de la Ley de Seguridad de
                                                  Empleo de Puerto Rico
        Reclamante

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

       El 4 de diciembre de 2023, el Doctor Julio Arango Frías (en adelante,

apelante/peticionario o Doctor Arango) compareció ante este Tribunal de

Apelaciones y nos solicitó la revocación de la Decisión del Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, Decisión) emitida en la causa de

epígrafe con fecha del 1 de noviembre de 2023. Por virtud del aludido

dictamen, la Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos desestimó la Apelación que este instó sobre el

Aviso al último patrono sobre determinación por haberse presentado

tardíamente.

       Evaluado el recurso y los documentos que lo acompañan, tal como

nos autoriza a hacer la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7(B)(5), a los fines de impartir justicia,

prescindimos de la comparecencia del Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos (en adelante, DTRH) y demás partes y resolvemos.

Número Identificador

SEN2023 _________________
KLRA202300616                                                                        2

                                           I

        Conforme surge del apéndice del recurso, el 14 de agosto de 2023, el

Negociado de Seguridad de Empleo, División de Seguro por Desempleo del

DTRH emitió, dirigido al Doctor Arango, un Aviso al último patrono sobre

determinación relacionado al caso de Damaris González Martínez (en

adelante, González Martínez).1 En este, le notificó que González Martínez

solicitó los beneficios por desempleo, identificándolo como su último

patrono y que la determinación en cuanto a tal solicitud era una favorable

“debido a que el despido o suspensión no se considera que fuera causado

por conducta incorrecta relacionada con su trabajo”. El aviso advertía que,

de no estar de acuerdo con la decisión, podía apelarla dentro de los quince

(15) días siguientes a la fecha de su envío, utilizando el formulario del aviso

o personalmente en la oficina local del Negociado de Seguridad de Empleo

de su área. Asimismo, indicaba que el último día para apelar era el

08/29/2023 (29 de agosto de 2023).2

        Por discrepar de la decisión notificada, el Doctor Arango instó

Apelación en la que, señalando la decisión que apelaba, informó su

descontento con la misma, afirmó y sometió evidencia acreditativa de que

el despido de González Martínez fue justificado, y solicitó la celebración de

una vista oral. El 1 de noviembre de 2023, notificada al día siguiente, el

DTRH emitió la Decisión. En esta, consignó que “[l]a Resolución de la

Árbitro le fue notificada a las partes el 28 de marzo de 2023, y el patrono-

apelante radicó su escrito de apelación ante el Secretario del Trabajo y

Recursos Humanos el 27 de septiembre de 2023.” Luego, señaló que la

apelación instada por el peticionario había sido sometida luego de haber

expirado el término de quince (15) días que la ley establece, procediendo

entonces a desestimarla.

1 Caso núm. XXX-XX-XXXX.
2 Según observamos, el matasellos del sobre indica que el aviso fue notificado el 15 de

agosto de 2023.
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      Insatisfecho, el Doctor Arango instó el recurso de epígrafe y señala

que el DTRH se equivocó al desestimar su apelación y que tal

determinación fue una injustificada y en clara violación al debido proceso

de ley que le cobija. Específicamente señala que las fechas que la Decisión

contiene no son aquellas correspondientes al caso, por lo que la

desestimación fue incorrecta. En primer lugar, señala que, contrario a lo

señalado en la Decisión, la determinación sobre la que se instó la apelación

se notificó el 14 de agosto de 2023 y no el 28 de marzo del mismo año.

Segundo, apunta a que su Apelación fue presentada el 29 de agosto de 2023

no el 27 de septiembre de 2023 como señala la Decisión.

      Atendido el recurso, hemos estudiado minuciosamente el Aviso al

último patrono sobre determinación; la Apelación sometida por el Doctor

Arango y la determinación recurrida. Así hecho, estamos convencidos de

que la desestimación decretada por el DTRH es inconsistente con los

documentos que conforman el expediente por lo que debe ser revocada.

Explicamos.

                                     II

                                     A.

      La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU

dispone sobre la revisión judicial aplicable a aquellas órdenes, resoluciones

y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias, las que serán

revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3

LPRA Sec. 9671. Asimismo, la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia, que

haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el

organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una
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solicitud de revisión dentro de treinta (30) días contados a partir de la fecha

de archivo en autos de la notificación de la orden o resolución final. 3LPRA

Sec. 9672. La finalidad de esta disposición es delimitar la discreción de los

organismos administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR

254, 264 (2007).

       Para impugnar la razonabilidad de la determinación administrativa,

es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que

reduzca o menoscabe el peso de la evidencia que obra en el expediente

administrativo. Domínguez v. Caguas Expressway Motor, 148 DPR 387,

397-398 (1999) citando a Hilton Hotels. v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR

670, 686 (1953). La misma, debe ser suficiente como para que pueda

descartarse en derecho la presunción de corrección de la determinación

administrativa, no pudiendo descansar en meras alegaciones. Com. Vec.

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). El criterio rector para

examinar una decisión administrativa es la razonabilidad de la actuación

de la agencia recurrida. González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

       Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen administrativo

se determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en evidencia

sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4)

su actuación lesiona derechos constitucionales fundamentales, entonces la

deferencia hacia los procedimientos administrativos cede. IFCO Recycling

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012), citando a Empresas Ferrer v.

A.R.Pe., supra, a la pág. 264.

                                      B.
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        Con el fin de promover la seguridad de empleos facilitando las

oportunidades de trabajo por medio del mantenimiento de un sistema de

oficinas públicas de empleo y proveer para el pago de compensación a

personas desempleadas por medio de la acumulación de reservas se aprobó

la Ley 74 del 21 de junio de 1956, y mejor conocida como la “Ley de

Seguridad de Empleo de Puerto Rico” (en adelante (Ley 74), según

enmendada. La Sección 3 de la Ley 74 establece la fórmula para el pago del

beneficio de desempleo, mientras que la Sección 4 establece la elegibilidad

para recibir el mismo.3 En cuanto a la controversia que atendemos, la

Sección 5 regula lo concerniente a las determinaciones, notificación y pago

de beneficios.

        En cuanto a la notificación escrita de determinaciones, el inciso (e)

de la Sección 5 de la Ley 74, dispone como a continuación se transcribe:

        (e) Notificación escrita de determinaciones. —

        (1) Al reclamante se le dará prontamente una notificación escrita de
        la determinación que se haga sobre su condición de asegurado.
        Dicha notificación incluirá información sobre si el reclamante es un
        trabajador asegurado, la cantidad de salarios por trabajo asegurado
        que le hubiere sido pagado a él por cada patrono durante su
        período básico, y los nombres de los patronos que le hicieron dichos
        pagos. Con respecto a un trabajador asegurado, la notificación
        incluirá, además, información sobre su año de beneficio, su
        cantidad por semana de beneficio y la cantidad máxima de
        beneficios que puedan serle pagados por su desempleo durante
        dicho año. Y en cuanto a un trabajador no asegurado, el aviso
        incluirá información en cuanto a las razones de tal determinación.

        (2) Si de acuerdo con la Sección 4 el Director determinase que un
        reclamante no es elegible para recibir crédito por semana de espera
        o beneficios por cualquier semana o semanas, suministrará
        prontamente a dicho reclamante una notificación escrita de dicha
        determinación, juntamente con información en cuanto a las razones
        de la misma y sobre el período cubierto por ésta. Se dará una sola
        notificación escrita al reclamante sobre dicha determinación con
        respecto al período cubierto por la misma, excepto que si el Director
        determinase que en cuanto a semanas sucesivas de desempleo
        dicho reclamante debe quedar descalificado bajo las disposiciones
        de la Sección 4 (b) (1) ó (6) por razón de los mismos hechos, se dará
        prontamente notificación escrita al reclamante de dicha
        determinación con respecto a la primera de dichas semanas. Y en lo
        sucesivo se dará prontamente notificación escrita de tal
        determinación al reclamante y a solicitud de éste con respecto a
        cualquier subsiguiente semana o semanas, o en ausencia de tal

3 29 LPRA Secs. 703 y 704.
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          solicitud, se le dará pronta notificación con respecto a cada período
          que no exceda de cuatro (4) semanas.

          (3) La unidad de empleo que últimamente hubiere empleado al
          reclamante tendrá derecho a ser notificada por escrito de una
          determinación que se haga bajo la Sección 4(b), pero solamente si,
          con anterioridad a dicha determinación, ella hubiere suministrado
          información al Director de acuerdo con las disposiciones de la
          Sección 5(c) y se dará, asimismo, pronta notificación escrita a dicha
          unidad de empleo de cualquier determinación que se haga de
          acuerdo con la Sección 4(b) que esté basada totalmente o en parte
          en la información suministrada, juntamente con las razones de tal
          determinación, o se dará notificación escrita si se determinase que
          la persona en cuestión no es un trabajador asegurado.

          (4) La notificación escrita de cualquier determinación a que una
          persona tenga derecho le será hecha con prontitud mediante el
          envío de la misma por correo u otro medio a su última dirección
          conocida. Dicha notificación contendrá información clara con
          respecto al derecho de apelación de las partes.

          De otra parte, el inciso (f) de dicha sección establece que “[u]na

determinación será considerada como final a menos que la parte que tenga

derecho a ser notificada de la misma solicite su reconsideración o apele de

ella dentro de quince (15) días desde que dicha notificación le hubiere sido

enviada por correo o de algún otro modo a su última dirección conocida.

Disponiéndose, que dicho período puede ser prolongado por justa causa. A

los fines de la Sección 5(g), un pago de beneficios será considerado como

una determinación, y se dará aviso al reclam[a]nte de su elegibilidad para

recibir pago por el período cubierto por la misma.”

          Por último, la Sección 6 de la Ley 74- en cuanto a las apelaciones-

dispone en su inciso (b) que “[c]ualquier parte con derecho a recibir

notificación de alguna determinación según lo dispuesto en la Sección 5(e)

puede establecer apelación contra la determinación ante un árbitro dentro

del tiempo especificado en las Secciones 5(f) y 5(g)(6).”.

                                           III

          Conforme ya adelantamos, tras estudiar el recurso de revisión

sometido ante nuestra consideración por el peticionario y los documentos

en   él     contenidos     hemos     concluido    que    la   deferencia    que   las

determinaciones administrativas como regla general merecen debe ceder en
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el presente caso. Ello así, ya que- como correctamente señala el Doctor

Arango- el Aviso al último patrono sobre determinación sobre el que este instó

Apelación se emitió el 14 de agosto de 2023 y no el 28 de marzo del mismo

año como indica la decisión recurrida. De la misma manera, el ponche de

radicación de la Apelación claramente demuestra que esta fue sometida el

29 de agosto de 2023 y no el 27 de septiembre de 2023 como señaló el DTRH

al desestimarla.

       Utilizando las fechas que surgen de los documentos emitidos por la

propia agencia, así como la copia de la Apelación producida por el

peticionario, puede apreciarse que la Apelación sometida por el Doctor

Arango fue instada dentro del término de 15 que arriba indicamos establece

la Ley 74 para ello. Por tanto, la desestimación de la Apelación descansó en

información incongruente a la realidad del expediente administrativo. Por

ello, la revocamos.

                                     IV

       Por los fundamentos antes esbozados, revocamos la Decisión del

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida en la causa de epígrafe con

fecha del 1 de noviembre de 2023 y se ordena al Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos a continuar con los procedimientos conforme lo aquí

resuelto.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones