Court Opinion

ID: 9962633
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:36:48.037314+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:14.678217
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VII ESPECIAL

       ETHELYN BERNIER                                  Certiorari procedente
          VELÁZQUEZ                                     del Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala Superior
          PETICIONARIO                                  de Salinas
                                    KLCE202300818

                  v.           KLCE202300838 Caso Número:
                                                 GM2019CV00124
                               KLCE202300839
    MITCHELL BERNIER             consolidados Sobre: División o
      RIVERA Y OTROS                             liquidación de la
                                                 comunidad de bienes
        RECURRIDOS                               hereditarios
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez ponente

                                  RESOLUCIÓN

          En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2024.

          Comparecen en los tres (3) recursos de certiorari consolidados del

epígrafe, los peticionarios Ethelyn Bernier Velázquez y Mitchell Bernier

Rivera (Sra, Ethelyn Bernier y Sr. Mitchell Bernier), respectivamente,

como sigue:

          1. En el recurso KLCE202300818, la Sra. Ethelyn Bernier
             nos solicita que se expida el auto discrecional de
             certiorari y se revoque una Resolución emitida y
             notificada el 3 de mayo de 2023, por el Tribunal de
             Primera Instancia, Sala Superior de Salinas (TPI), que
             declaró no ha lugar una Moción de sentencia sumaria
             parcial;1

          2. en el recurso KLCE202300838, el Sr. Mitchell Bernier
             nos solicita que se expida el auto discrecional de
             certiorari y se revoque una Resolución emitida y
             notificada el 3 de mayo de 2023 por el TPI, que declaró
             no ha lugar una Moción de sentencia sumaria parcial con
             relación al inmueble ubicado en Patillas;2 y

          3. en el recurso KLCE202300839, el Sr. Mitchell Bernier
             nos solicita que se expida el auto discrecional de
             certiorari y se revoque una Resolución emitida y
             notificada el 3 de mayo de 2023 por el TPI que declaró
             no ha lugar una Moción de sentencia sumaria en cuanto
             a una demanda de intervención.3

          Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari en

los tres (3) recursos consolidados.
1 Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 510-517.
2 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs.69-113.
3
    Apéndice del recurso KLCE202300839, págs 160-254.

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                              2

                                       I

         El 25 de febrero de 2019, la Sra. Ethelyn Bernier presentó una

demanda ante el TPI sobre la división de una comunidad hereditaria de

bienes compuesta por ella y el Sr. Mitchell Bernier Rivera.4 El 14 de

febrero de 2022, se presentó una Demanda de intervención conforme a la

Regla 21 por la señora Celeste Cintrón también conocida como la señora

Celeste Bernier (Sra. Cintrón; interventora) contra el Sr. Bernier Rivera

quien fue su esposo.5 El Sr. Mitchell Bernier presentó, el 18 de marzo de

2022, el escrito titulado Contestación a la demanda de intervención.6

         En lo pertinente al recurso KLCE202300818 ante nuestra

consideración, el 31 de enero de 2023, la Sra. Ethelyn Bernier presentó

una Moción en Sentencia Sumaria Parcial (Inmueble en Patillas, PR)7

donde expone que el Sr. Mitchell Bernier, en esencia, solicitó al foro

apelado que declarara una propiedad inmueble ubicada en la carretera

número 3, Km. 11.9, en Patillas, Puerto Rico, como parte del caudal

hereditario del causante (conocido Mitchel Bernier de León, Mitchell

Bernier, Mitchell Bernier León, Mitchell Bernier Leoni y Mitchell Bernier),

quien falleció el 7 de octubre de 2018.

         Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió

una Resolución que declaró no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria

Parcial presentada por la Sra. Ethelyn Bernier, el 3 de mayo de 2023.8

Luego de evaluar “las mociones, sus anejos y el expediente judicial”, el

foro recurrido expuso los hechos que no están en controversia, como

sigue:

         1. El 14 de julio de 1981 el demandado, libre y
            voluntariamente otorgó en la ciudad de Nueva York un
            Poder o “Power of Attorney” apoderando al causante a
            ejercer cualquier tipo de transacción de bienes raíces o
            “Real Estate Transactions”. Este poder o mandato (en
            adelante, el “Poder”) fue protocolizado en Puerto Rico el
            30 de julio de 1981, mediante escritura pública número

4 Véase, Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 1-3 (Demanda presentada el 25

de febrero de 2019). El 15 de agosto de 2022, se presentó una demanda enmendada,
según surge del Apendice del recurso KLCE202300818, págs. 1-3.
5 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 69-139.
6 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs.149-159.
7 Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 23-360.
8
  Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 510-517.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                            3

              13 ante el notario Héctor R. Martínez Vélez. Véase
              Exhibit 1 de la Moción de Sentencia Sumaria Parcial
              (S.S.P.).
          2. El Poder de referencia nunca fue revocado y estaba
              vigente a la fecha del fallecimiento del causante el 7 de
              octubre de 2018. Véase Exhibit 2 de la S.S.P.
          3. El 17 de enero de 1984 el demandado, por conducto del
              causante como su apoderado conforme al Poder, advino
              a ser titular de propiedad ubicada en el Barrio
              Guardarraya, Carretera Número 3, Km. 11.9, en Patillas,
              Puerto Rico (en adelante, el “Inmueble”). La transacción
              ocurrió mediante escritura número 1 sobre compraventa
              y asunción de hipoteca otorgada el 17 de enero de 1984,
              ante la Notario Ana J. Bernier Muñoz. Véase Exhibit 3 de
              la S.S.P.
          4. El Inmueble consta inscrito en el Registro de la
              Propiedad al Folio número 48, del Tomo número 93 de
              Patillas, finca número 4,321, Registro de la Propiedad de
              Guayama, Puerto Rico. Véase Exhibit 4 de la S.S.P.
          5. El balance de cancelación ajustado cerca del 11 de
              mayo de 1993, por $5,689.76 de la Primera Hipoteca, fue
              pagada mediante giros postales desde el PO Box 4416,
              Sunnyside, NY 11104. Véase Exhibit 8 de la S.P.P.
          6. La dirección del remitente en los giros era la de su
              padre/causante en Nueva York para la fecha de la
              emisión de éstos. Véase Exhibit 11 de la S.S.P.
          7. El 30 de octubre de 1998, ante la Notario Lucía Rivera
              González, se otorgó una escritura de Cancelación de
              Hipoteca, mediante la cual se solicita al Registrador la
              cancelación de la Primera Hipoteca y Segunda Hipoteca.
              Véase Exhibit 16 de la S.S.P.
          8. El demandado, representado por el causante mediante el
              Poder, vendió el Inmueble a Juan Pérez Rivera y su
              esposa Lydia Cruz García, mediante escritura número 5
              de Compraventa y Reconocimiento de Hipoteca del 18
              de abril de 1994, ante el notario Ramiro Rodríguez
              Ramos. Véase Exhibit 17 de la S.S.P.
          9. Esta escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad
              conforme al asiento número 12 en el Folio 18 del Tomo
              148 de Patillas, en el Registro de la Propiedad de
              Guayama (en adelante, el “Registro”)”, y fue presentada
              al Registro el 2 de marzo de 1996.
          10. El causante inscribió en el Registro su derecho a “Hogar
              Seguro” sobre el inmueble, según consta en la nota
              marginal del Tomo del Folio Móvil número 214 de Patillas
              en el Registro, cuya presentación al Registro ocurrió el
              26 de junio de 2012. Véase Exhibit 19 de la S.S.P.9

          El TPI determinó que está en controversia, “[s]i el inmueble sito en

Patillas pertenece al caudal hereditario del Sr. Mitchell Bernier de León o

al Sr. Mitchell Rivera”10 y, expuso sus conclusiones de derecho, como

sigue:

          Corresponde al Tribunal determinar si, procede lo solicitado
          por la demandante y reconoce el inmueble como parte del
          caudal hereditario.

9
    Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 513-514.
10 Apéndice del recurso KLCE202300818, pág. 515.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                          4

         La parte demandante entiende que, el demandado consintió
         al negocio ocurrido durante el 1994, además, se configuró la
         prescripción adquisitiva ordinaria sobre el bien inmueble en
         controversia, al ser poseído por el causante, en conjunto
         con la parte antecesora, mediante justo título, de manera
         pública, pacífica ininterrumpidamente y de buena fe, en
         exceso del período dispuesto en el Código Civil de Puerto
         Rico entonces vigente. Por lo que procede declarar el
         inmueble en cuestión como parte del caudal hereditario.

         Por su parte el demandado argumenta que, en el presente
         caso no existe controversia alguna sobre el hecho de que
         fue él quien adquirió el inmueble en Patillas, conforme a la
         escritura 1 autorizada por la Notario Público Ana J. Bernier
         el 17 de enero de 1984, y que las escrituras 5 del 18 de abril
         de 1994 ante el Notario Público Ramiro Rodríguez Ramos y
         la 59 del 14 de octubre de 1998 ante la Notario Público
         Lucia Rivera González, no tienen efecto jurídico.

         Siendo la Sentencia Sumaria un remedio discrecional y
         luego de haber evaluado las mociones y sus anejos
         correspondientes el Tribunal identifica una controversia que
         le impide disponer de forma sumaria la titularidad del
         inmueble en cuestión. Lo que procede es la celebración de
         un Juicio Plenario donde se puedan dilucidar todas las
         controversias entre las partes.11

         Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial de la Sra. Ethelyn Bernier, por no ser el

vehículo apropiado para adjudicar en torno a la propiedad sita en Patillas

por lo que será un asunto debe ventilarse en el juicio.12

         En lo pertinente al recurso KLCE202300838 ante nuestra

consideración, el 9 de febrero de 2023, el Sr. Mitchel Rivera presentó una

Moción de sentencia sumaria parcial en relación al inmueble ubicado en

Patillas,13 con el planteamiento de “que el inmueble sito en el Municipio de

Patillas no pertenece al caudal hereditario [,] y que le pertenece de forma

exclusiva”14 y solicitó al TPI lo siguiente:

         (A) Declare nulo, simulado y sin causa la escritura 5
             otorgada el 18 de abril de 1994 ante Ramiro Rodríguez
             Ramos [;]
         (B) Declare nulo, simulado y sin causa la escritura 59
             otorgada el 14 de abril de 1998 ante Lucía Rivera
             González [;]
         (C) Ordene al Registrador a cancelar las inscripciones 12 y
             13 en la finca 4321 de Patillas [;] y
         (D) Ordene a los respectivos notarios y/o archiveros
             notariales en custodia de los respectivos instrumentos

11 Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 516-517.
12 Apéndice del recurso KLCE202300818, pág. 517.
13 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs.69-113.
14   Apéndice del recurso KLCE202300838, pág. 82.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                          5

             públicos antes relacionados expedir nota marginal al
             instrumento proveyendo para el cierre de dichas
             escrituras[s] de forma tal que se tome conocimiento de
             la declaración de nulidad y simulación y se prohíba la
             expedición de copia certificada alguna para evitar
             cualquier consecución en perjuicio que pueda
             ocasionar[.]15

         Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió

una Resolución que declaró no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria

Parcial presentada por el Sr. Mitchell Bernier, el 3 de mayo de 2023.16

Luego de evaluar “las mociones, sus anejos y el expediente judicial”, el

foro recurrido expuso los hechos que no están en controversia, como

sigue:

         1. El 17 de enero de 1984 Mitchell Bernier Rivera adquirió
            la siguiente propiedad inmueble. Véase Anejo I de la
            Moción de Sentencia Sumaria Parcial (M.S.S.P.).
         2. Mitchell Bernier Rivera es hijo del causante y heredero.
            Véase Anejo II de la M.S.S.P.
         3. El Sr. Bernier Rivera adquirió de Adelaida Santiago,
            María Virginia Rivera Santiago, Miguel Ángel Rivera
            Santiago, Juanita Rivera Santiago, Rafael Rivera
            Santiago, Ramira Rivera Santiago y José Antonio Rivera
            Santiago el bien inmueble por el precio de $52,000.00.
            Véase Anejo I de la M.S.S.P.
         4. El precio fue satisfecho mediante la cantidad de
            $10,000.00 que fueron entregados al momento del
            otorgamiento y la asunción de la responsabilidad
            hipotecaria por el importe de $29,824.63, y una segunda
            hipoteca por el importe de $12,175.37 de conformidad
            con los términos y condiciones de la escritura. Véase
            Anejo I de la M.S.S.P.
         5. La primera hipoteca se registró al Folio 54 de la Finca
            4321 de Patillas del Registro de la Propiedad de
            Guayama bajo la inscripción octava y según la escritura
            466 ante el Notario Público Wendell W. Colón el 26 de
            septiembre de 1978. Véase Anejo IX de la M.S.S.P.;
            fotos digitales Finca 4321.
         6. La hipoteca fue objeto de una modificación por Mitchell
            Bernier Rivera bajo la escritura 135. Véase Anejo IX de
            la M.S.S.P.; fotos digitales Finca 4321.
         7. La segunda hipoteca fue constituida el mismo día del
            otorgamiento de la compraventa, o sea, el 17 de enero
            de 1984. Véase Anejo III de la M.S.S.P.
         8. El 18 de abril de 1994 Sr. Mitchell Bernier León, vendió
            el Inmueble a Juan Pérez Rivera y su esposa Lydia Cruz
            García, mediante escritura de Compraventa y
            Reconocimiento de Hipoteca. Véase Anejo VI de la
            M.S.S.P.
         9. En la escritura de Compraventa y Reconocimiento de
            Hipoteca las partes manifestaron que realizan una venta
            por el importe de $60,000.00 de los cuales $35,000.00
            se retuvieron para pagar el balance del principal de las

15 Id.
16 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs. 898-904.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                           6

             hipotecas que gravaban el inmueble y $25,000.00 fueron
             entregados con anterioridad al otorgamiento. Véase
             Anejo VI de la M.S.S.P.
         10. El 18 de abril de 1994, Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia
             Cruz García otorgan un poder general designando a
             Mitchell Bernier León como su apoderado, en la cual se
             le autorizaba a llevar a cabo todos los actos de
             administración y disposición, incluyendo venta y
             donación, sobre el inmueble. Véase Anejo VII de la
             M.S.S.P.
         11. Juan Pérez Rivera falleció intestado el 28 de marzo de
             2015 y le hereda el tercero demandado Heriberto Pérez
             Cruz y su esposa Lydia Cruz García en la cuota viudal
             usufructuaria. Véase Anejo VIII de la M.S.S.P.
         12. El 14 de octubre de 1998 comparecen Juan Pérez Rivera
             y la Sra. Lydia Cruz García para venderle el predio a
             Mitchell Bernier León. Véase Anejo X de la M.S.S.P
         13. Las partes indican que ambas hipotecas fueron
             satisfechas y que Mitchell Bernier León tiene el pagaré
             para cancelarlo. Véase Anejo X de la M.S.S.P.
         14. Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia Cruz García indican
             que el precio de compra de $60,000.00 fue recibido de
             manos de Mitchell Bernier León con anterioridad al
             otorgamiento. Véase Anejo X de la M.S.S.P.
         15. El 30 de octubre de 1998 Mitchell Bernier León
             comparece ante la Notario Lucia Rivera González para
             cancelar ambos pagares hipotecarios saldos desde el 11
             de enero de 1989 y 18 de junio, de 1993,
             respectivamente. Véase Anejo V de la M.S.S.P.17

         El TPI determinó que está en controversia, “[s]i el inmueble sito en

Patillas pertenece al caudal hereditario del Sr. Mitchell Bernier de León o

al Sr. Mitchell Rivera”18 y, expuso sus conclusiones de derecho, como

sigue:

         Corresponde al Tribunal determinar si, procede lo solicitado
         por el demandado y reconoce el inmueble como un bien
         perteneciente al demandado.

         Entiende el demandado que, no existe controversia material
         y genuina sobre la simulación del precio en las sucesivas
         escrituras de compraventa con el fin de privar al verdadero
         dueño Mitchell Bernier Rivera de la titularidad del inmueble
         en Patillas y lograr que la titularidad se refleje a nombre del
         causante Mitchell Bernier De León a través de los
         intermediarios el Sr. Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia Cruz
         García. Por lo que, el inmueble ubicado en el Municipio de
         Patillas no pertenece al caudal relicto objeto de división en
         el presente litigio.

         La parte demandante argumenta que, el titular registral es el
         causante, y si el demandado reclama el inmueble es
         privativo suyo tiene el peso de la prueba de así demostrarlo,
         lo cual no ha sido capaz de hacer pues vive en la indigencia
         dependiendo de beneficencia social en el estado de Nueva
         York.

17 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs. 900-902.
18 Apéndice del recurso KLCE202300838, pág. 902.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                           7

          Siendo la Sentencia Sumaria un remedio discrecional y
          luego de haber evaluado las mociones y sus anejos
          correspondientes el Tribunal identifica una controversia que
          le impide disponer de forma sumaria la titularidad del
          inmueble en cuestión. Lo que procede es la celebración de
          un Juicio Plenario donde se puedan dilucidar todas las
          controversias entre las partes.19

          Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial en relación al inmueble ubicado en Patillas,

presentada por el Sr. Mitchell Rivera y dispuso que la titularidad será un

asunto que debe ventilarse en el juicio.20

          En lo pertinente al recurso KLCE202300839 ante nuestra

consideración, el 9 de febrero de 2023, el Sr. Mitchel Rivera presentó una

Moción de sentencia sumaria en cuanto a la demanda de intervención21

presentada por su ex esposa, la Sra. Celeste Cintrón. Solicitó la

desestimación de la demanda de intervención y la Sra. Cintrón se

opuso.22

          Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió

una Resolución que declaró no ha lugar la Moción de sentencia sumaria

en cuanto a la demanda de intervención presentada por el Sr. Mitchell

Bernier, el 3 de mayo de 2023.23 Luego de evaluar “las mociones, sus

anejos y el expediente judicial”, el foro recurrido expuso los hechos que

no están en controversia, como sigue:

          1. Celeste Cintrón y Mitchell Bernier Rivera contrajeron
             matrimonio en la ciudad de New York el 3 de septiembre
             de 1981. Véase Anejo I de la Moción de Sentencia
             Parcial en cuanto a la Reconvención.
          2. Durante su matrimonio las partes procrearon un hijo, de
             nombre Mitchell Bernier, el cual nació el 13 de junio de
             1982. Véase Anejo II de la Moción de Sentencia Parcial
             en cuanto a la Reconvención.
          3. El matrimonio antes descrito fue disuelto mediante
             sentencia de divorcio emitida el 27 de abril de 1987, en
             el Estado de New York, por el Hon. Martin Schneier.
             Véase Anejo II de la Moción de Sentencia Parcial en
             cuanto a la Reconvención.
          4. Celeste Cintrón nunca solicitó división de activos
             maritales y limitó su pedido a la disolución del
             matrimonio, aspectos de custodia, pensión para el hijo

19 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs. 903-904.
20 Apéndice del recurso KLCE202300838, pág. 904.
21 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 160-254.
22 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 255-278.
23
     Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 279-284.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                       8

          menor de edad, relaciones paternofiliales y volver a
          utilizar su nombre de soltera Celeste Cintrón. Véase
          Anejo IV de la Moción de Sentencia Parcial en cuanto a
          la Reconvención.
       5. El 17 de enero de 1984, el Sr. Mitchell Bernier Rivera
          adquirió un inmueble' en el Municipio de Patillas el 17
          de enero de 1984. Véase Anejo VII de la Moción de
          Sentencia Parcial en cuanto a la Reconvención.24

       El TPI determinó que está en controversia, “[s]i la propiedad

inmueble sita en el Municipio de Patillas es ganancial por haber sido

adquirido durante la vigencia del matrimonio o si por el contrario

pertenece privativamente al demandado”25 y, expuso sus conclusiones de

derecho, como sigue:

       Corresponde al Tribunal determinar si, procede lo solicitado
       por el demandado y reconoce el inmueble como un bien
       perteneciente al demandado.

       Entiende el demandado que; la adquisición del inmueble es
       imputable a su esfuerzo, capital e industria; mientras que la
       interventora no hizo aportación alguna. Al haber inexistencia
       de controversia genuina en cuanto a la falta de méritos de la
       demanda de intervención lo que procede es el dictamen
       sumario de los autos.

       La parte interventora argumenta que, la parte demandada y
       promovente de la solicitud de sentencia sumaria no ha
       demostrado con claridad que no existen controversias sobre
       hechos materiales respecto a la intervención. Además, no
       ha presentado evidencia que contravenga la presunción iuris
       tantum de que el bien inmueble que yace en la
       municipalidad de Patillas y respecto al cual la interventora
       solicita se decrete su derecho de participación sobre la
       propiedad por ser ganancial al ser adquirido durante la
       vigencia del matrimonio entre ambos y respecto al cual no
       se     estableció   régimen    económico     especial     de
       capitulaciones.

       Siendo la Sentencia Sumaria un remedio discrecional y
       luego de haber evaluado las mociones y sus anejos
       correspondientes ante el Tribunal no quedó demostrado que
       el inmueble en cuestión es uno privativo del demandado, por
       lo que, no se puede disponer de los autos de forma
       sumaria.26
       Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por el Sr. Mitchell Rivera, en cuanto al

reclamo de la desestimación de la Demanda de Intervención presentada

por su ex esposa, Sra. Celeste Cintrón, y dispuso que “[c]ualquier

24 Apéndice del recurso KLCE202300839, pág. 281.
25 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 282.
26 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 283-284.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                        9

remedio que pueda surgir de la demanda de intervención tendrá que

esperar a la celebración del juicio en su fondo.”27

       Inconformes, los peticionarios, Sra. Ethelyn Bernier y Sr. Mitchell

Bernier, respectivamente, presentaron sus señalamientos de errores, en

sus correspondientes recursos de certiorari consolidados, como sigue:

       KLCE202300818

       PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR
       COMETIÓ ERROR EL TPI AL NEGARSE A ESTABLECER
       COMO HECHO PROBADO, ADICIONAL A LOS 10 NO
       CONTROVERTIDOS INCLUÍDOS EN SU RESOLUCIÓN,
       EL SIGUIENTE: “EN 1989, LA TERCERA DEMANDADA,
       LYDIA CRUZ GARCÍA, PAGÓ EL MONTO DE $10,279.16
       DEL BALANCE DE $12,175.37 DE LA SEGUNDA
       HIPOTECA   INCURRIDA     POR   EL  DEMANDADO-
       RECURRIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD
       EN 1984.”

       SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR
       ANTE LAS DETERMINACIONES DE HECHOS NO
       CONTROVERTIDAS QUE EL DEMANDADO CONCEDIÓ
       AL CAUSANTE EN 1981 UN PODER PARA “EJERCER
       CUALQUIER TIPO DE TRANSACCIONES DE BIENES
       MUEBLES O ‘REAL ESTATE TRANSACTIONS’ Y QUE
       “DICHO PODER NUNCA FUE REVOCADO Y ESTABA
       VIGENTE HASTA EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE-
       MANDATARIO EN OCTUBRE DE 2018” (Hechos núm. 1 y 2
       de la Resol. de 3 de mayo), COMETIÓ ERROR EL TPI AL
       NO CONCLUIR QUE EL DEMANDADO-MANDANTE
       QUEDABA OBLIGADO POR TODOS LOS ACTOS DEL
       CAUSANTE-MANDATARIO REALIZADOS MEDIANTE EL
       PODER, POR LO QUE QUEDABA OBLIGADO POR LA
       VENTA DE LA PROPIEDAD EN EL 1994.

       TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR
       COMETIÓ ERROR EL TPI AL NO CONCLUIR QUE, EN
       ATENCIÓN A QUE HUBO UN PODER EXPRESO Y
       VIGENTE EL CUAL AUTORIZABA AL CAUSANTE A
       COMPRAR Y VENDER BIENES INMUEBLES EN NOMBRE
       DEL DEMANDADO-RECURRIDO DESDE JULIO 1981
       HASTA OCTUBRE DE 2018, ESTE ÚLTIMO ESTÁ
       IMPEDIDO DE IR CONTRA SUS PROPIOS ACTOS PARA
       IMPUGNAR LA VALIDEZ DE LA TRANSACCIÓN DE
       COMPRAVENTA LLEVADA A CABO EN 1994, MEDIANTE
       LA CUAL SE VENDIÓ LA PROPIEDAD A JUAN PÉREZ Y
       LYDIA CRUZ.

       CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR
       COMETIÓ ERROR EL TPI AL NO DECRETAR QUE LA
       PRESCRICIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA DE 20 AÑOS
       ENTRE AUSENTES OPERA EN FAVOR DE DECLARAR
       AL CAUSANTE PROPIETARIO DEL INMUEBLE EN
       CONTROVERSIA Y, POR LO TANTO, EL INMUEBLE
       PERTENECIENTE AL CAUDAL HEREDITARIO Y/O NO

27 Apéndice del recurso KLCE202300839, pág. 284.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839       10

     DECRETAR QUE EL CAUSANTE ADVINO LEGALMENTE
     EN TITULAR DE LA PROPIEDAD.

     KLCE202300838

     PRIMER ERROR IMPUTADO
     ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
     CONCLUIR     QUE     EXISTÍAN    CONTROVERSIAS
     MATERIALES DE HECHOS QUE LE IMPEDÍAN
     CONCLUIR QUE EL PRECIO EN LA ESCRITURA 5 DEL 18
     DE ABRIL DE 1994 ANTE EL NOTARIO PÚBLICO RAMIRO
     RODRÍGUEZ RAMOS ERA SIMULADO.

     SEGUNDO ERROR IMPUTADO
     ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
     CONCLUIR    QUE    EXISTÍAN   CONTROVERSIAS
     MATERIALES DE HECHOS QUE LE IMPEDÍAN
     CONCLUIR QUE EL PRECIO EN LA ESCRITURA 59 DEL
     14 DE ABRIL DE 1998 ANTE EL NOTARIO PÚBLICO
     RAMIRO RODRÍGUEZ RAMOS ERA SIMULADO.

     TERCER ERROR IMPUTADO
     ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
     DETERMINAR        LA    INEXISTENCIA DE    UNA
     CONTROVERSIA GENUINA SOBRE EL HECHO QUE EL
     CAUSANTE MITCHELL BERNIER DE LEÓN ERA (A) EL
     APODERADO DE FORMA SIMULTANEA DE SU HIJO
     MITCHELL BERNIER RIVERA Y (B) DEL SUPUESTO
     COMPRADOR/VENDEDOR EL SR. JUAN PÉREZ RIVERA
     Y (C) DE LA SUPUESTA COMPRADORA/VENDEDORA LA
     SRA. LYDIA CRUZ GARCÍA Y POR LO TANTO EXISTÍA
     UNA PROHIBICION EXPRESA DE DISPOSICIÓN DE
     BIENES CONFORME AL ARTÍCULO 1348(2) DEL CÓDIGO
     CIVIL DE 1930, 31 LPRA SEC. 3773.

     KLCE202300839

     PRIMER ERROR IMPUTADO
     ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
     CONCEDER LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA
     EN CUANTO A LA CAUSA DE ACCIÓN DE “CHILD
     SUPPORT”   A   PESAR   DE    QUE   NO    EXISTE
     CONTROVERSIA GENUINA SOBRE EL HECHO DE QUE
     EN UNA ACCIÓN SIMULTÁNEA ENTRE LAS MISMAS
     PARTES EL ESTADO DE NEW YORK DETERMINÓ QUE
     LA MISMA ESTÁ PRESCRITA Y, POR LO TANTO, EXISTE
     UN IMPEDIMENTO DE COSA JUZGADA PARA
     CONTINUAR CON LA ACCIÓN EN PUERTO RICO.

     SEGUNDO ERROR IMPUTADO
     ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
     DETERMINAR QUE ENTRE MITCHELL BERNIER RIVERA
     Y CELESTE CINTRÓN SE CONSTITUYÓ UNA SOCIEDAD
     DE BIENES GANANCIALES POR VÍA DE LA DOCTRINA
     DE LEX SITUS Y UNA INTERPRETACION ERRADA DE
     ROSELLÓ PUIG V. RODRÍGUEZ, 183 DPR 81 (2011) AL
     IGNORAR LA DISTINCIÓN DE ROSELLÓ PUIG, SUPRA, A
     LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 1277 DEL CÓDIGO
     CIVIL.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                          11

      TERCER ERROR IMPUTADO
      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
      RECONOCER QUE LA SENTENCIA QUE CONTROLA LA
      DISPOSICIÓN ECONÓMICA DEL MATRIMONIO ENTRE
      MITCHELL BERNIER Y CELESTE CINTRÓN ES LA
      SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 1987 EMITIDA EN EL
      ESTADO DE NEW YORK.

      CUARTO ERROR IMPUTADO
      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
      RECONOCER QUE LOS TRIBUNALES DE PUERTO RICO
      CARECEN DE JURISDICCIÓN PARA RELEVAR DE SUS
      EFECTOS UNA SENTENCIA EMITIDA EN EL ESTADO DE
      NEW YORK Y, AÚN SI DECIDIERA ASUMIR
      JURISDICCIÓN, EL DERECHO DE RIGOR SERÍ
      ESTRICTAMENTE EL DE NEW YORK.

      QUINTO ERROR IMPUTADO
      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
      DETERMINAR QUE EL ÚNICO REMEDIO DISPONIBLE
      PARA LA INTERVENTORA CELESTE CINTRÓN SERÍA EL
      DE    LA   CREACIÓN   DE    UN    FIDEICOMISO
      CONSTRUCTIVO Y ESTO, DE IGUAL FORMA, ESTA
      PRESCRITO.

      SEXTO ERROR IMPUTADO
      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
      DETERMINAR, EN LA ALTERNATIVA DE QUE SE
      DETERMINE JURISDICCIÓN Y UTILICE EL DERECHO DE
      PUERTO RICO, QUE LA CAUSA DE ACCIÓN DE LA
      PARTE INTERVENTORA SOBRE EL INMUEBLE EN
      PATILLAS ESTÁ PRESCRITA.

                                     II

                               A. Certiorari

      El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012), que cita a: Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al

momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v.

BBVAPR, supra. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el

recurso de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1 (Regla 52.1). En específico, la Regla 52.1 dispone lo siguiente:

      […]
      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                           12

       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
       Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al
       denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […] (Énfasis nuestro.)

       Conforme a lo dispuesto en la anterior disposición legal y la

jurisprudencia interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual

para determinar si se expide o no un auto de certiorari. Este examen

consta de una parte objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer

lugar, tenemos que analizar si la materia contenida en el recurso de

certiorari tiene cabida dentro de una de las materias específicas

establecidas en la Regla 52.1, toda vez que esta enumera taxativamente

bajo qué supuestos se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos

escenarios, en los que la materia no esté comprendida dentro de la citada

regla, el tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari.

       Así las cosas, el primer examen al que debemos someter todo

recurso de certiorari para determinar si debemos expedirlo es que debe

tratar sobre alguna de las materias especificadas en la citada Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág.

476.

       Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40),

debemos o no expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                                   13

establece los criterios que debemos tomar en consideración para

determinar si expedimos o no un auto de certiorari, como sigue:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
          derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

       De acuerdo con lo dispuesto en la citada Regla 40, supra,

debemos evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar

si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento

indebido o una dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Así pues, la discreción judicial “no se

da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,28 sino que como

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego

de evaluar los referidos criterios, este tribunal decide no expedir el

recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos

la obligación de así hacerlo.29

                             B. Sentencia Sumaria

       En nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia sumaria se rige por

la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. R. 36. Este

mecanismo “responde al propósito de aligerar la conclusión de los pleitos

28 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).
29 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                       14

eliminando el juicio en su fondo, pero siempre y cuando no exista una

legítima disputa de hecho a ser dirimida, de modo que lo restante sea

aplicar el derecho solamente”. (Énfasis nuestro.) Jusino et als. v.

Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001). Conforme la letra de la Regla 36. 1

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.1, para poder adjudicar en

los méritos una moción de sentencia sumaria a favor del reclamante, lo

que se requiere es que se presente “una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente” ya sea

sobre la totalidad de la reclamación o parte de esta. En este sentido, un

hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.” Meléndez González et

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Por ello, “[l]a controversia

debe ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un

juez la dirima a través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 213 (2010).

       En armonía con lo anterior, la sentencia sumaria solo debe dictarse

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales

en la controversia, no procede que se dicte sentencia sumaria. Sin

embargo, se ha establecido que la sentencia sumaria, “[p]rocede, aunque

se hayan alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero

cuando el promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante

dicha prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre

los hechos medulares.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 577.

Ante esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma

forma, es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia

admisible.” Id.

       Asimismo, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.3, establece unos requisitos de forma a ser cumplidos por la parte

promovente y la parte promovida. Si el promovente incumple con los
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                           15

requisitos de forma, “el tribunal no estará obligado a considerar su

pedido.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111. Del

mismo modo, si el promovido es quien incumple dichos requisitos “el

tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si

procede en derecho.” Id.

       En fin, toda vez que la sentencia sumaria es un remedio de

carácter discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para

su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante

de ‘su día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Mgmt.

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). Siendo esto así,

solo procede que se dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no

puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-

110, que cita a: Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012).

       Según se ha reiterado jurisprudencialmente, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al

revisar la determinación del tribunal primario, estamos limitados de dos

maneras: (1) considerar solamente los documentos que se presentaron

ante el foro de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho

se aplicó de forma correcta. Esto es, estamos impedidos de adjudicar los

hechos materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR

308, 334-335 (2004). El deber de adjudicar hechos materiales y

esenciales es una tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y

no al foro intermedio.

       A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el

estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                           16

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente,

dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y

debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario,

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor.” Meléndez

González v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. Además, reiteró que, por

estar en la misma posición que el foro primario, revisaremos que la

moción de sentencia sumaria y su oposición cumplan con los requisitos

de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id. Por lo

cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, de encontrar

que en realidad existen hechos materiales y esenciales en controversia,

debemos tener en cuenta el cumplimiento de la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.4, y exponer concretamente

cuáles     hechos   materiales   están     controvertidos   y   cuáles   están

incontrovertidos. Por el contrario, de resultar que los hechos materiales y

esenciales realmente están incontrovertidos, entonces nos corresponde

revisar de novo si el foro impugnado aplicó correctamente el

derecho a los hechos incontrovertidos. Id., a la pág. 119.

                                     III

         La Sra. Ethelyn Bernier recurre de una resolución emitida el 3 de

mayo de 2023 por el TPI, que declaró no ha lugar su moción de sentencia

parcial. Nos señala, en el recurso KLCE202300818, que el TPI se

equivocó al negarse a establecer como hecho probado, que “en 1989, la

tercera demandada, Lydia Cruz García, pagó el monto de $10,279.16 del

balance de $12,175.37 de la segunda hipoteca incurrida por el

demandado-recurrido para la adquisición de la propiedad en 1984”.

Añade que el foro recurrido erró “al no concluir que el demandado-

mandante quedaba obligado por todos los actos del causante-mandatario

realizados mediante el poder, por lo que quedaba obligado por la venta de

la propiedad en el 1994, “al no concluir que, en atención a que hubo un

poder expreso y vigente el cual autorizaba al causante a comprar y
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                          17

vender bienes inmuebles en nombre del demandado-recurrido desde julio

1981 hasta octubre de 2018, este último está impedido de ir contra sus

propios actos para impugnar la validez de la transacción de compraventa

llevada a cabo en 1994, mediante la cual se vendió la propiedad a Juan

Pérez y Lydia Cruz” y “al no decretar que la prescripción adquisitiva

ordinaria de 20 años entre ausentes opera en favor de declarar al

causante propietario del inmueble en controversia y, por lo tanto, el

inmueble perteneciente al caudal hereditario y/o no decretar que el

causante advino legalmente en titular de la propiedad.”

      El Sr. Mitchell Bernier recurre de dos (2) resoluciones emitidas por

el TPI el 3 de mayo de 2023 que declaran no ha lugar dos (2) mociones

de sentencia sumaria. Nos señala en el recurso KLCE202300838 que el

TPI erró al “concluir que existían controversias materiales de hechos que

le impedían concluir que el precio en la Escritura 5 del 18 de abril de 1994

ante el notario público Ramiro Rodríguez Ramos era simulado”, “al

concluir que existían controversias materiales de hechos que le impedían

concluir que el precio en la Escritura 5 del 18 de abril de 1994 ante el

notario público Ramiro Rodríguez Ramos era simulado” y, “al no

determinar la inexistencia de una controversia genuina sobre el hecho

que el causante Mitchell Bernier de León era (a) el apoderado de forma

simultánea de su hijo Mitchell Bernier Rivera y (b) del supuesto

comprador/vendedor el Sr. Juan Pérez Rivera y (c) de la supuesta

compradora/vendedora la Sra. Lydia Cruz García y por lo tanto existía

una prohibición expresa de disposición de bienes conforme al Artículo

1348(2) del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3773.”

      En cuanto al recurso KLCE202300839, el Sr. Mitchell Bernier nos

señala que el TPI se equivocó “al no conceder la solicitud de sentencia

sumaria en cuanto a la causa de acción de “child support” a pesar de que

no existe controversia genuina sobre el hecho de que en una acción

simultánea entre las mismas partes el Estado de New York determinó que

la misma está prescrita y, por lo tanto, existe un impedimento de cosa
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839                          18

juzgada para continuar con la acción en Puerto Rico”, “al no conceder la

solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la causa de acción de “child

support” a pesar de que no existe controversia genuina sobre el hecho de

que en una acción simultánea entre las mismas partes el Estado de New

York determinó que la misma está prescrita y, por lo tanto, existe un

impedimento de cosa juzgada para continuar con la acción en Puerto

Rico”, “al no reconocer que la sentencia que controla la disposición

económica del matrimonio entre Mitchell Bernier y Celeste Cintrón es la

sentencia del 27 de abril de 1987 emitida en el Estado de New York” , “al

no reconocer que los tribunales de Puerto Rico carecen de jurisdicción

para relevar de sus efectos una sentencia emitida en el Estado de New

York y, aún si decidiera asumir jurisdicción, el derecho de rigor sería

estrictamente el de New York”, “al no determinar que el único remedio

disponible para la interventora Celeste Cintrón sería el de la creación de

un fideicomiso constructivo y esto, de igual forma, esta prescrito”, y “al no

determinar, en la alternativa de que se determine jurisdicción y utilice el

derecho de Puerto Rico, que la causa de acción de la parte interventora

sobre el inmueble en Patillas está prescrita.

       Primeramente, por tratarse de tres (3) recursos de certiorari, nos

corresponde evaluar si los asuntos ante nuestra consideración versan

sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil. La contestación a dicha interrogante es en la

afirmativa, ya que se recurre de la denegación de tres (3) mociones

dispositivas. Ambos peticionarios recurren de resoluciones emitidas por el

TPI, las cuales declaran no ha lugar sus mociones de sentencia sumaria.

       Lo anterior, ciertamente, incide sobre un asunto contenido en la

Regla 52.1. De tal forma, tenemos jurisdicción bajo dicha disposición

legal. Ahora bien, en segundo lugar, debemos examinar el asunto que se

nos plantea a la luz los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro

Reglamento.
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       Luego de revisar de novo los documentos que acompañaron las

mociones de sentencia sumaria presentadas por la Sra. Ethelyn Bernier y

el Sr. Mitchell Bernier, así como las mociones de oposición, y las tres (3)

resoluciones recurridas, no encontramos que el tribunal primario haya

incurrido en un abuso de discreción o que haya actuado bajo prejuicio o

parcialidad que acarree un fracaso de la justicia. Tampoco se demostró

que el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación o aplicación

de una norma procesal ni que, intervenir en esta etapa, evitaría un

perjuicio sustancial contra la parte peticionaria. Por ello, cónsono con los

principios antes esbozados, resolvemos denegar la expedición del auto

de certiorari.

                                    IV

       Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir los tres

(3) autos de certiorari solicitados. En consecuencia, devolvemos el caso

al foro primario para la continuación de los procedimientos.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones