Court Opinion

ID: 9962825
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:56:03.474698+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.121748
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL X

HÉCTOR RUBÉN MÁRQUEZ                                      Apelación
VILLANUEVA                                                procedente del
                                                          Tribunal de Primera
              Apelante                                    Instancia, Sala
                                                          Superior de Carolina
                                  KLAN202300708
                 v.
                                                          Civil Núm.:
                                                          CA2020CV01898
WANDA MARGARITA BURGOS                                    (Civil 408)
RODRÍGUEZ Y OTROS

           Apelados                                       Sobre:
                                                          Acción Resolutoria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2024.

        Comparece ante nos el señor Héctor Rubén Márquez

Villanueva (señor Márquez Villanueva o parte apelante) mediante

recurso de Apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia1

emitida el 14 de julio de 2023, notificada el 17 de julio de 2023, por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI o

foro primario). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha

Lugar la Demanda incoada por la parte apelante y le impuso el pago

de honorarios por temeridad.

        Por    los     fundamentos    que   exponemos        a   continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                       I.

        Según surge del expediente apelativo, el 8 de septiembre de

2020,     la    parte      apelante   presentó    una       Demanda2    sobre

incumplimiento de contrato y daños en contra de la señora Wanda

Margarita Burgos Rodríguez, el señor Mario Peguero y la Sociedad

1 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1-12.
2 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 13-28.

Número Identificador
SEN2024__________
KLAN202300708                                                        2

Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, parte

apelada). En síntesis, la parte apelante alegó que el 21 de octubre

de 2014, las partes otorgaron la Escritura Pública Número Ocho (8)

sobre Compraventa Asumiendo Hipoteca (Escritura Núm. Ocho),

mediante la cual vendió a la parte apelada un bien inmueble sito en

Trujillo Alto, Puerto Rico, por el precio de $126,000.00, de los cuales

$96,000.00 correspondían al balance pendiente de la hipoteca que

gravaba la propiedad. La parte apelante añadió que, la cláusula

sexta de la Escritura Núm. Ocho incluía como condición que si la

parte apelada no pagaba la hipoteca, esta debía devolver la

titularidad de la propiedad. Seguidamente, señaló que la parte

apelada dejó de pagar la hipoteca, por lo que adeudaba la suma de

$2,892.75 por concepto de atrasos, los cuales presuntamente la

institución bancaria estaba cobrando al señor Márquez Villanueva.

Ante ello, solicitó la rescisión del negocio jurídico, así como la

restitución de la posesión y titularidad de la propiedad. Asimismo,

reclamó la suma de $50,000.00 por concepto de daños y angustias

mentales.

       El 17 de noviembre de 2020, la parte apelada presentó su

Contestación a Demanda y Reconvención3. En su alegación

responsiva, la parte apelada negó la mayoría de las alegaciones en

su contra y presentó varias defensas afirmativas. En cuanto a la

reconvención, alegó que la cláusula sexta de la Escritura Núm. Ocho

es contraria a la ley, la moral y el orden público por entender que

les pretende despojar de la propiedad sin un debido proceso de ley.

La parte apelada sostuvo que ha cumplido con su obligación de

pago. Por tanto, solicitó la suma de $100,000.00 por concepto de

daños y angustias mentales, así como el pago de $15,000.00 por

costas, gastos y honorarios de abogado.

3 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 29-42.
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       El 27 de noviembre de 2020, la parte apelante presentó

Contestación a Reconvención4, en la que negó las alegaciones de la

reconvención y reiteró que la parte apelada incumplió con los pagos

de la hipoteca. De esta forma, alegó tener derecho a rescindir un

acuerdo válido incumplido por la parte apelada.

       El 11 de diciembre de 2021, la parte apelada compareció

mediante Contestación Enmendada a la Demanda y Reconvención.

El 14 de diciembre de 2021, la parte apelante presentó una

Contestación a Reconvención Enmendada.

    Tras varias incidencias procesales innecesarias pormenorizar

para atender el recurso, el 29 de junio de 2023, el TPI celebró el

juicio en su fondo, en el cual se dilucidó la controversia de daños

contractuales, única controversia pendiente5. Según se desprende

del expediente, las partes sometieron en el juicio la siguiente prueba

documental estipulada:

       1. Instrumento público número 8 de 21 de octubre de 2014,
          escritura de compraventa y asumiendo hipoteca,
          otorgada ante el notario Jaime Alberto Santos Santiago.

       2. “Payoff Statement” de 5 de octubre de 2021.

       3. Carta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mayagüez
          con fecha de 13 de octubre de 2021, sobre trámite de
          saldo de préstamo hipotecario número 27784685 a
          nombre de Héctor Márquez.

       4. Cheque número 025132 a favor de Select Portfolio
          Servicing, Inc. por la suma de $87,137.54, con fecha 19
          de octubre de 2021.

       5.    Carta de saldo de hipoteca de 1 de noviembre de 2021,
            enviada por Select Portfolio Servicing (SPS) a la parte
            demandante, evidencia de pago a SPS, Inc. por
            $87,137.54 liberando a la parte demandante de la
            hipoteca.

       6. Pagaré hipotecario juramentado en el testimonio 4,556,
          el 13 de octubre de 2021 ante el notario Félix Rafael
          Passalaqua.

       7. Acta Sobre Designación de Hogar Seguro, instrumento
          público número 6, otorgado el 16 de octubre de 2020,
          ante el notario Ian Alejandro Lebrón Ward.

4 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 43-44.
5 El Lcdo. Morales Arroyo, representante legal de la parte apelante, manifestó
durante el juicio en su fondo que la transacción de compraventa y liberación de
hipoteca estaba finalizada y que solamente se estaría dilucidando la controversia
sobre daños contractuales. Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 7-8.
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       8. Historial de pagos por parte demandada a Banco Popular
          y Select Portfolio Servicing durante los años 2018, 2019
          y 2020.
       9. Certificación registral de la Finca 3081-012632 emitida
          por el Registrador de la Propiedad.

       Consecuentemente, el 14 de julio de 2023, notificada el 17 de

julio de 2023, el Tribunal emitió la Sentencia6 apelada en la que

formuló diecinueve (19) determinaciones de hechos. En su

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda instada

por la parte apelante y le impuso a esta parte el pago de honorarios

por temeridad por la suma de $10,000.00 con interés legal de 8.00%.

Además, declaró No Ha Lugar las demás reclamaciones incoadas en

el caso. El TPI concluyó lo siguiente:

           Los documentos presentados ante el tribunal demuestran
       que desde el 21 de octubre de 2014 la parte demandada [aquí
       parte apelada] cumplió cabalmente con los pagos de la
       hipoteca. Asimismo, la evidencia documental demuestra que
       el 13 de octubre de 2021 la parte demandada refinanció el
       inmueble y liberó a la parte demandante de la hipoteca que
       gravaba el mismo, tal como acordado en la escritura de
       compraventa, a pesar de todos los eventos exógenos e
       imprevisibles que ocurrieron durante el período de cinco
       años.
           Tomando en consideración lo manifestado por la
       representación legal de la parte demandante durante el
       juicio, que constituye una admisión a la luz de la Regla 803(c)
       de las de Evidencia, en el sentido de que se completó la
       transacción de compraventa, resolvemos que no existe
       controversia en cuanto a la titularidad del inmueble a favor
       de la parte demandada y procedemos a evaluar la existencia
       de daños contractuales.
               La parte demandante [aquí parte apelante], que tenía
       el peso de la prueba para demostrar la existencia de tales
       daños; no presentó ninguna evidencia, ni probó mediante
       preponderancia de prueba, la existencia de algún daño
       contractual. El testimonio de la parte demandante, que se
       limitó a mencionar de manera general que los daños fueron:
       tensión causada por la situación, que no le aprobaron una
       tarjeta de crédito de [Walmart] y que se vió afectada una
       relación que tenía; lo expresado no es evidencia suficiente
       que mueva al tribunal a determinar que exista la existencia
       de tales daños contractuales; mucho menos que exista un
       nexo entre esos alegados daños y la parte demandada.

       […]7

       En desacuerdo con la determinación, el 11 de agosto de 2023,

la parte apelante compareció ante nos mediante el recurso de

epígrafe y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

6 Véase apéndice del recurso, págs. 1-12.
7 Véase apéndice del recurso, págs. 10-11.
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       Erró el TPI en la apreciación de la prueba testifical al no
       realizar un análisis justo y balanceado de la misma.

       Erró el TPI al imponer honorarios de abogado en las
       circunstancias de este caso.

       El 14 de agosto de 2023, la parte apelante presentó Moción de

Término para Someter Transcripción de la Prueba Oral. Por ello, el 17

de agosto de 2023, emitimos una Resolución en la que autorizamos

la solicitud para someter la transcripción y le concedimos término a

las partes a los fines de perfeccionar el recurso.

       El 8 de septiembre de 2023, la parte apelada compareció

mediante Alegato en Oposición al Recurso de Apelación por Héctor

Rubén Márquez Villanueva.

       Luego, el 30 de noviembre de 2023, las partes comparecieron

mediante Moción Conjunta Estipulando Transcripción.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como

la transcripción de la prueba oral estipulada, procedemos a resolver.

                                       II.

                                       -A-

       Es norma reiterada que las determinaciones de hechos y la

adjudicación de credibilidad que hace un foro de instancia son

merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales

apelativos debido a la oportunidad que tiene el juzgador de hecho

en dicho foro de observar y escuchar a los testigos. Así pues, un

tribunal    apelativo     no    debe     intervenir    con     las   referidas

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad

que haya hecho el Tribunal de Primera Instancia, salvo que medie

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto8. Solo ante la

presencia de estos elementos o cuando la apreciación de la prueba

8 Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016), Serrano
Muñiz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246
(2006); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005); López Delgado v. Cañizares, 163
DPR 119 (2004); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 424-425 (2001).
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no concuerde con la realidad fáctica es que un foro apelativo debe

intervenir con la apreciación efectuada9.

       Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que

“[a]unque el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, y merece

deferencia, no es absoluto”10. Por eso, la apreciación errónea de la

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función

revisora de un tribunal apelativo11. Cuando del examen de la prueba

se desprende que el juzgador descartó injustificadamente elementos

probatorios importantes o fundó su criterio en testimonios

improbables o imposibles, el Tribunal Supremo ha justificado la

intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la prueba

realizada por el tribunal sentenciador12. El Tribunal Supremo reiteró

estos principios y expresó que “el nivel de pasión, prejuicio o

parcialidad que hace falta demostrar para impugnar exitosamente

las determinaciones del foro primario sobre los hechos varía de caso

a caso”13. Ante una alegación de este tipo, los foros apelativos

debemos evaluar si el juzgador cumplió su función judicial de

adjudicar la controversia específicamente conforme a derecho y de

manera imparcial, pues solo así podremos descansar con seguridad

en sus determinaciones de hechos14.

       En fin, como foro apelativo podemos intervenir únicamente

con la apreciación de la prueba oral que haga el foro recurrido

cuando este actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o cuando

cometa un error manifiesto. Si no se demuestra que la sentencia fue

dictada en esas circunstancias, tales determinaciones deben

respetarse en la etapa de apelación.

9 Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133 (2009); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780

(2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
10 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013), Méndez v. Morales,

142 DPR 26 (1996).
11 Íd.
12 C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972).
13 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 775-776.
14 Íd., pág. 777.
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                                      -B-

       En cuanto a la evaluación y suficiencia de prueba, la Regla

110 de las de Evidencia dispone, en lo pertinente, que:

              La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar
       la evidencia presentada con el propósito de determinar
       cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados, con
       sujeción a los principios siguientes:
              (a) El peso de la prueba recae sobre la parte que
       resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de
       las partes.
              (b) La obligación de presentar evidencia primeramente
       recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto
       en controversia.
              (c) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado
       de prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca
       absoluta certeza.
              […]
              (f) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o
       del juzgador se hará mediante la preponderancia de la
       prueba a base de criterios de probabilidad, a menos que
       exista disposición al contrario. En los casos criminales, la
       culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más
       allá de duda razonable. 15

       Como regla general, en los litigios civiles la presentación de

evidencia le corresponde a la parte que hace la alegación que sirve

de base a una reclamación16.

       Por otro lado, el juzgador de los hechos deberá aplicar el

estándar de la preponderancia de la prueba para determinar su

suficiencia de la prueba. El Tribunal deberá determinar si la

evidencia presentada es suficiente para convencer al juzgador de la

veracidad de los hechos alegados17. Sobre la prueba a presentarse,

el Tribunal Supremo ha sido enfático en señalar que no bastará con

meras alegaciones o teorías, sino que es necesario que se presente

evidencia real para probar la causa de acción18.

                                      -C-

       La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, faculta a los tribunales

a imponer el pago de una cuantía por concepto de honorarios de

abogado. Al respecto, la referida disposición establece lo siguiente:

15 32 LPRA Ap. VI, R. 110.
16 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 912-913 (2011).
17 Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998).
18U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir.
Cond., 182 DPR 485, 510 (2011).
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       […]

       d) En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya
       procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
       imponerle en su sentencia al responsable el pago de una
       suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal
       entienda correspondan a tal conducta. […]19.

       La temeridad se ha descrito como un comportamiento que

incide en los procesos judiciales y afecta, tanto el buen

funcionamiento de los tribunales, como la administración de la

justicia20. La temeridad permite que se celebre o se prolongue un

litigio innecesariamente u obliga a otra parte a litigar por su

contumacia u obstinación21. De modo que, el propósito de la

imposición de honorarios por temeridad es penalizar a la parte que,

por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito22.

       Así pues, una vez el foro primario determina que una parte

incurrió en conducta temeraria, procede la imposición de los

honorarios de abogado a favor de la otra parte23. La determinación

de temeridad es de índole discrecional, por lo que sólo debemos

intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de

discreción24.

                                     III.

       La determinación que nos ocupa está acompañada de una

presunción de corrección25. Corresponde a la parte apelante

colocarnos en posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos

19 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.
20Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 778 (2016); Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013).
21 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).
22 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010); Rivera v.

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999); Ramírez v. Club Cala de Palmas,
123 DPR 339, 349-350 (1989); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc. 118 DPR
713, 718 (1987).
23 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 211; Maderas Tratadas v. Sun.

Alliance et al., 185 DPR 880, 925 (2012).
24 Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).
25 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).
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a los dictámenes del TPI que es quien ve y escucha a los testigos.

Por eso, la parte apelante no puede descansar meramente en sus

alegaciones. Por el contrario, tiene el peso de rebatir la presunción

de corrección que gozan las actuaciones de los tribunales de primera

instancia26.

       En su primer señalamiento de error, la parte apelante

cuestiona la apreciación de la prueba testifical por parte del TPI al

emitir la Sentencia mediante la cual declaró no ha lugar la demanda

incoada por éste. Particularmente, aduce que no hubo prueba en

contrario de que, debido al incumplimiento de la parte apelada con

los términos del contrato de compraventa, se le denegó una tarjeta

de crédito y perdió una relación sentimental, lo cual le ha causado

daños y angustias mentales.

       Tras realizar un examen minucioso del expediente ante

nuestra consideración, particularmente los anejos y la trascripción

de la prueba oral estipulada, colegimos que el primer error alegado

por la parte apelante no fue cometido. Veamos.

       De la transcripción de la prueba oral se desprende que,

durante el examen directo, el señor Márquez Villanueva testificó

sobre el presunto incumplimiento de la parte apelada y los daños

sufridos por éste. En lo pertinente, testificó lo siguiente:

              […]
              P      Mire, ¿y cuánto…? Usted dice que la casa
       estaba atrasada. ¿cuánto estaba atrasada, cuando a usted le
       comunican por primera vez?
              R      Bueno, la casa debía, creo que eran seis meses,
       y estaba… y estaba ya... cuando me llamaron, porque ellos
       lograron llamarme y hablaron conmigo pa’ hacer un plan de
       pago y yo les dije, “Mira, yo no puedo hacer un plan de pago
       porque la casa yo no la vivo, la casa yo… yo la vendí… --digo,
       la cuenta-- …y yo voy hablar con mi abogado y entonces que
       él… que él hable con ellos, porque la casa estaba ya a ley
       de… de embargarse.
              P      ¿Y?
              R      De embargo.
              P      …esto pasa cuánto tiempo después de que se
       firmó la escritura?
              R      En el 2021 o 2022 (fonética), por ahí, por ahí.
              […]

26 Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974).
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              P      Bien. Y cuando usted se enteró de que eso
       estaba pasando, ¿cómo usted se sintió?
              R      Wow, se me fue el mundo encima, porque yo
       jamás pensé, porque como no me llegaban las cartas, porque
       ellos cambiaron la dirección, pues al ellos contactarme y… y
       decirme lo que está pasando, ya… Y decirme que la casa lo
       que quedaba era na’ pa’ remate, que ellos me querían ayudar,
       pero que… pero es que la casa yo no puedo ponerla al día,
       porque se supone que ellos tengan la obligación, porque hay
       un contrato firmado que ellos no podían dejar atrasar la casa
       en ningún momento.
              […]
              P      Bien. ¿Y cómo le han afectado a usted esa
       situación, cómo le afectó, si de alguna manera?
              R      Bueno, pues… pues no pude dormir y estuve
       tiempo con… con usted, con el licenciado aquí hablando y…
       y en verdad me preocupé demasiado de mucho, porque
       hasta… hasta… hasta la relación que tenía la perdí, porque
       no tenía… no tenía cabeza más que… más que en eso.
              […]
              P      Mire, ¿y su crédito, cómo se afectó, si de alguna
       manera?
              R      No tenía crédito en ningún lado. Una vez llené…
       una vez llené en Walmart y me lo denegaron.
              […]27

       Durante el contrainterrogatorio, el señor Márquez Villanueva

manifestó lo siguiente:

              […]
              P     Ah, o sea, que usted tuvo en ley de quiebra…
       ¿cuándo fue?
              R     2010, 2011, más o menos, porque, verdad,
       no…
              P     ¿Al momento de la venta usted estaba en
       quiebra?
              R     Eso es correcto.
              P     Okay. O sea, que usted no podía… no podía
       cumplir con sus obligaciones.
              R     Eso es correcto.
              P     Okay. La razón es ciertamente que usted
       estaba preocupado con el pago de la hipoteca, aún cuando
       usted no pudo cumplir con sus obligaciones previas.
              R     Es correcto.
              P     Ah, bien.
              R     Ese fue… ese fue el acuerdo.
              P     Ese fue el acuerdo. Que ciertamente, su crédito
       está dañado cuando usted vendió la casa, ¿correcto?
              R     Correcto.
              P     O sea, que tenía usted el crédito ya dañado.
       ¿Eso es así?
              R     No, no dañado totalmente, porque estaba en ley
       de quiebra.
              P     Estaba en quiebra, ciertamente, estaba
       quebrado.
              R     Exacto.
              P     Estaba quebrado. Muy bien. Y por tal razón
       tiene que aguantar… ¿qué periodo de tiempo estuvo… usted
       tuvo realmente para sanar y liberarse de la quiebra?
              R     Ahora mismo hace dos años atrás.
              P     Hace dos años atrás, en el 2021. Estamos en el
       2023.
              R     Eso es correcto.

27 Véase transcripción de la prueba oral, págs. 19-21.
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               P       ¿En el 2021 usted sal… sal… fue liberado de la
       quiebra?
               R       Ajá. Sí, porque después fue que hice crédito
       otra vez.
               P       ¿Cuándo hizo crédito?
               R       Fue un año, un año y medio, por ahí.
               […]28
               P       Okay, está bien. Entonces dice que a usted se
       le fue el mundo. ¿Fue al médico?
               R       Siquiatra.
               P       ¿Al siquiatra? ¿Tiene evidencia?
               R       Sí.
               P       ¿Dónde está la evidencia?, porque no se
       presentó aquí. Aquí (ininteligible). Y quién es el médico
       (ininteligible) que identifique en este momento?
               R       Eso habría que hablar con él.
               P       Ah, bueno, pues no está aquí en el tribunal.
       ¿Está en este momento aquí?
               R       No.
               […]29
               P       ¿Solamente a usted le fue denegada una tarjeta
       de crédito en Walmart?
               R       Eso es correcto.
               P       ¿Solamente?
               R       Sí.
               P       ¿En qué año fue eso, qué año fue ese?
               R       Algunos dos… dos años… por ahí, dos años y
       medio o dos años, por ahí.
               […]30
               P       …usted dijo que le llamaron del banco. ¿Quién
       le llamó del banco? Usted dijo eso, está bajo juramento.
               […]
               P       O sea, no lo llamaron del banco, ¿y entonces
       cómo usted estableció realmente, si (ininteligible), si no lo
       llamaron del banco?
               R       Me llamó la casa acreedora, que iba a embargar
       la casa. El banco le pasó la hipoteca a una casa cobradora y
       la casa pues me… me llamó a mí y me lo dijeron.
               […]
               P       ¿Cuál fue la casa cobradora que lo llamó?
               P       En específico.
               R       …¿usted tiene la carta?
               P       No, no, no diga usted, conteste usted.
               […]
               R       Aquí ahora mismo no me acuerdo de eso.
               […]
               P       No se ha presentado ninguna carta aquí. La
               carta que le enviaron no fue presentada. ¿Cuál
               carta?31

       Luego de un detenido análisis del expediente de autos, en

particular, la transcripción de la prueba oral, colegimos que el curso

decisorio del TPI fue correcto y razonable. El foro primario resolvió

basado en la prueba testifical y documental que surge del expediente

y la aplicación correcta de la normativa jurídica a la insuficiencia de

28 Véase transcripción de la prueba oral, págs. 25-27.
29 Véase transcripción de la prueba oral, pág. 28.
30 Véase transcripción de la prueba oral, pág. 29.
31 Véase transcripción de la prueba oral, págs. 30-34.
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prueba. Reiteramos que la parte apelante no probó haber sufrido

algún daño como consecuencia del alegado incumplimiento

contractual por la parte apelada.

       Por otro lado, en cuanto al segundo señalamiento de error, al

igual que el primero, es imprescindible analizar la transcripción de

la prueba oral para evaluar si el foro primario abusó de su discreción

al imponerle a la parte apelante honorarios de abogado por

temeridad por la suma de $10,000.00.

       En nuestro ordenamiento, la Regla 44.1(d) de Procedimiento

Civil de 2009, supra, establece que cuando una parte o su

representación legal “haya procedido con temeridad o frivolidad, el

tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de

una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal

entienda correspondan a tal conducta”32. La imposición de

honorarios de abogados es una práctica que recae en la sana

discreción del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con ella

en caso en que dicho foro haya abusado de tal facultad33.

       Al imponer honorarios de abogado el foro primario tendrá que

ponderar el grado o la intensidad de la conducta temeraria para

determinar la cantidad que habrá de imponer por dicha conducta34.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la imposición

de honorarios por temeridad, así como la cuantía, son asuntos

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, que deberá guiarse

por los siguientes factores: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo

realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía

involucrada; y (5) el nivel profesional de los abogados”35. Al hacer tal

determinación, el foro sentenciador puede declarar expresamente

que la parte perdidosa fue temeraria e imponerle la cuantía de

32 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.
33 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010).
34 Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 738 (1990).
35 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342-343 (2011), que cita a Hernández Colón,

supra, secc. 4402, pág. 391.
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honorarios de abogado que entienda procedente o simplemente

puede imponérselos en la parte dispositiva del dictamen, lo que

implica que entendió que fue temeraria en la litigación36.

       Delimitando el amplio concepto de temeridad, el Tribunal

Supremo ha reiterado que la temeridad no procede en litigios que

encierran planteamientos complejos y novedosos aún no resueltos

en nuestra jurisdicción37. Tampoco procede cuando la parte

concernida responde a lo que resulta ser una apreciación errónea

del derecho o una desavenencia honesta en cuanto a la aplicación

del   Derecho,     especialmente       cuando     no    existan    precedentes

vinculantes38.

       Las circunstancias antes mencionadas no están presentes en

el caso de autos. Por el contrario, en el caso que nos ocupa, la parte

apelante presentó una reclamación carente de prueba documental y

testifical que sustentara las alegaciones presentadas. Por tanto,

coincidimos con la determinación del foro primario, por lo cual el

segundo error no fue cometido.

       En virtud de lo anterior, consideramos que las conclusiones

de derecho del TPI encuentran apoyo en la prueba que dicho foro

tuvo ante su consideración. Cabe mencionar que, como parte de

nuestra función revisora, debemos deferencia a la apreciación de la

prueba por parte del juzgador, en ausencia de prejuicio, parcialidad

o error manifiesto al aplicar el derecho a los hechos. A esos efectos,

nos resulta forzoso concluir que la parte apelante descansó en

meras alegaciones y no aportó prueba real para sostener sus

reclamos.

36 Véase, Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra, pág. 702, que cita con aprobación

a Montañez Cruz v. Metropolitana Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962).
37 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 212.
38 Íd.
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                               IV.

     Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la

Sentencia apelada.

     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones