Court Opinion

ID: 9962824
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:56:00.109278+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.101233
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

   ASHLINE NICOLE                                CERTIORARI
   OLIVO VILLAFAÑE                               procedente del
                                                 Tribunal de Primera
       Peticionaria           KLCE202400236      Instancia, Sala
                                                 Superior de Carolina
             v.
                                                 Caso núm.:
  FÉLIX ELNES RAMOS                              CA2024RF00011
        CIRINO
                                                 Sobre: Divorcio,
        Recurrido                                Ruptura Irreparable

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2024.

      Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Ashline Nicole

Olivo Villafañe (la señora Olivo Villefañe o la peticionaria) mediante

el recurso de certiorari de epígrafe solicitándonos que revoquemos

una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina (TPI), el 24 de enero de 2024, notificada el 26

del mismo mes y año. En dicho dictamen, el foro primario declaró

No Ha Lugar a la Moción para emplazar por medio de edictos

presentada por la peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos el dictamen

recurrido.

                                     I.

      El 8 de enero de 2024, la señora Olivo Villafañe instó una

Demanda de Divorcio por Ruptura Irreparable contra el Sr. Félix

Elnes Ramos Cirino (el señor Ramos Cirino). Adujo que se

encuentran separados desde el 2018, no tienen bienes, ni hijos en

Número Identificador
SEN2024 _________________________
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común, ni deudas. Además, señaló que el señor Ramos Cirino reside

en New York y que su última dirección conocida es: 2086 Honeywell

Ave., Bronx, NY 10460.1 En consecuencia, ese mismo día presentó

una Moción para emplazar por medio de edictos acompañada con

una Declaración Jurada en la cual en el inciso tres (3) indicó lo

siguiente:2

               Que desconozco el paradero de la parte demandada
           FELIX ELNES RAMOS CIRINO a pesar de haber
           realizado gestiones para obtener alguna dirección de
           este. Sólo tengo conocimiento de que vive en el estado
           de New York, Estados Unidos de América.

        El 24 de enero de 2024, notificada el 26 del mismo mes y año,

el TPI emitió el dictamen recurrido en el cual consignó como sigue:3

              No ha lugar. En el affidávit de mérito dice
           desconocer dirección alguna del demandado por lo que
           no da certeza de conocer una dirección específica
           donde este reside. Emplace de conformidad con la
           Regla 4.6 de Procedimiento Civil. [Énfasis nuestro]

        Inconforme, la peticionaria solicitó al TPI la reconsideración

de su dictamen. Alegó que la Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil

dispone que procede la autorización de un emplazamiento por edicto

cuando la “parte peticionada” se encuentra fuera de Puerto Rico y

que imponerle la carga de localizar al señor Ramos Cirino

menoscaba su derecho a un juicio rápido, justo y económico.4

        El 26 de enero de 2024, notificada el 29 siguiente, el foro

recurrido dictó la siguiente Orden:5

              No ha lugar. [sic.] En los casos en que el demandado
           se encuentra fuera de Puerto Rico y la parte
           demandante ignora la dirección del demandado fuera
           de Puerto Rico, se exige prueba de las diligencias
           específicas para localizar al demandado antes de
           expedir el emplazamiento por edicto y relevar al
           demandante del envío por correo de los documentos
           pertinentes.
              Del caso de Jaume se desprende la necesidad de
           hacer las diligencias pertinentes. Estas diligencias no
           pueden ser mediante una declaración jurada de parte
           con interés. Al no conocerse la dirección específica
           deben acreditarse previo a la [a]utorización del
           emplazamiento por edicto las diligencias para

1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 1 y 2.
2 Íd., a la pág. 6.
3 Íd., a la pág. 13.
4 Íd., a las págs. 16 y 18.
5 Íd., a la pág. 22.
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         localizar la persona por parte sin interés en el pleito.
         [Énfasis nuestro]

      Todavía insatisfecha, la peticionaria acude ante este tribunal

intermedio imputándole al TPI haber incurrido en el siguiente error:

         ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA, SALA DE CAROLINA, AL DECLARAR NO
         HA LUGAR LA SOLICITUD DE EMPLAZAR MEDIANTE
         EDICTO, ESTANDO LA PARTE DEMANDADA FUERA
         DE LA JURISDICCIÓN DE PUERTO RICO.

      En atención a la determinación arribada, determinamos

prescindir de trámite ulterior según nos faculta la Regla 7(B)(5) del

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 7(B)(5). Esta norma nos faculta para prescindir de términos no

jurisdiccionales,    escritos,   notificaciones     o    procedimientos

específicos en cualquier caso ante nuestra consideración, con el

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho.

      Analizado el escrito de Certiorari, los documentos incluidos en

el apéndice; así como estudiado el derecho aplicable, resolvemos.

                                   II.

Auto de Certiorari

      La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52, establece que el recurso de certiorari para resolver

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones

cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2)

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.
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      El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Es, en esencia, un

recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de

superior jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal

inferior. García v. Padró, supra, pág. 324; Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).

      La Ley de la Judicatura, Ley núm. 201-2003, dispone en su

Artículo 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA

sec. 24y (b).

      La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento,

4 LPRA Ap. XXII-B. El tribunal tomará en consideración los

siguientes criterios:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      La precitada regla exige que, como foro apelativo, evaluemos

si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente está
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presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente,

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen

recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto,

y, por tanto, deberá prevalecer la determinación del foro recurrido.

      En síntesis, estos criterios sirven de guía para poder

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por otro

lado, el ejercicio de las facultades de los tribunales de primera

instancia merece nuestra deferencia, por tanto, solo intervendremos

con el ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias en que se

demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510, 523 (2006);

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).

Emplazamiento por edicto

      “Nuestras Reglas de Procedimiento Civil establecen dos

maneras para diligenciar un emplazamiento: de forma personal o

mediante edicto. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et. al., 203 DPR 982,

987 (2020). El emplazamiento personal es el método idóneo para

adquirir jurisdicción. Ahora bien, por excepción y en circunstancias

específicas, nuestras Reglas de Procedimiento Civil permiten que se

utilice el mecanismo del emplazamiento por edicto. Regla 4.6(a) de

Procedimiento Civil, supra.” Caribbean Orthopedics v. Medshape, et.

al., 207 DPR 994, 1008-1009 (2021).

      El emplazamiento por edicto está regulado en la Regla 4.6 de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual establece:

     (a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de
         Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo
         ser localizada después de realizarse las diligencias
         pertinentes, o se oculte para no ser emplazada o si es
         una corporación extranjera sin agente residente, y así
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         se compruebe a satisfacción del tribunal mediante
         declaración jurada que exprese dichas diligencias y
         aparezca también de dicha declaración, o de la
         demanda presentada, que existe una reclamación
         que justifica la concesión de algún remedio contra la
         persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona
         es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar
         una orden para disponer que el emplazamiento se
         haga por un edicto. No se requerirá un
         emplazamiento negativo como condición para dictar
         la orden que disponga que el emplazamiento se haga
         por edicto.
              La orden dispondrá que la publicación se haga una
         sola vez en un periódico de circulación general de la Isla
         de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que
         dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
         del edicto se dirija a la parte demandada una copia del
         emplazamiento y de la demanda presentada, por correo
         certificado con acuse de recibo o cualquier otra forma
         de servicio de entrega de correspondencia con acuse de
         recibo, siempre y cuando dicha entidad no posea
         vínculo alguno con la parte demandante y no tenga
         interés en el pleito, al lugar de su última dirección
         física o postal conocida, a no ser que se justifique
         mediante una declaración jurada que a pesar de los
         esfuerzos razonables realizados, dirigidos a
         encontrar una dirección física o postal de la parte
         demandada, con expresión de éstos, no ha sido
         posible localizar dirección alguna de la parte
         demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el
         cumplimiento de esta disposición.
     (b) El contenido del edicto …
     (c) ....

     De una lectura de la regla surge que el emplazamiento

mediante edictos está contemplado para cuatro (4) situaciones

específicas: (1) cuando la persona a ser emplazada se halla fuera

de Puerto Rico; (2) cuando la persona a ser emplazada, aunque se

encuentre en Puerto Rico, no puede ser localizada; (3) cuando la

persona a ser emplazada, estando en Puerto Rico, se oculta para

no ser emplazada; y (4) cuando se trata de una corporación

extranjera sin agente residente. En Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., supra, la corporación demandada estaba creada

y/u organizada bajo las leyes del estado de Georgia, y no contaba

con un agente residente en nuestra jurisdicción y el alto foro

concluyó que conforme dispone la “… Regla 4.6 (a) de Procedimiento

Civil, supra, actuó correctamente el foro primario al expedir el
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emplazamiento por edicto.” Íd., a la pág. 1006. Asimismo, consignó

que un demandante queda excusado de cumplir con el requisito

de enviar copia del emplazamiento y de la demanda a la última

dirección conocida del demandado, “siempre y cuando” justifique

en una declaración jurada que, a pesar de los esfuerzos realizados,

no ha podido localizar dirección alguna. Íd., a la pág. 1009. Por

lo cual, “[l]a controversia ante nos cumple con el requisito general

debido a que la parte demandante conocía la última dirección de

la parte demandada.” Íd. En cuanto a este aspecto, el Tratadista

Cuevas Segarra explica:6

          “La Regla 4.6 exige la comprobación de diligencias
          vigorosas y honesto esfuerzo para citar al demandado
          personalmente sólo cuando, estando en Puerto Rico, el
          demandado no puede ser emplazado, o cuando estando
          en fuera de Puerto Rico, se ignora su dirección y
          paradero.”

       En lo aquí pertinente, en el Informe de Reglas de Procedimiento

Civil, publicado por el Secretariado de la Conferencia Judicial y

Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, señaló sobre este inciso

de la Regla 4.6 lo siguiente:7

          […].”… Por el contrario, cuando el demandado se
          encuentra fuera de Puerto Rico, y al demandante le
          consta el lugar específico donde éste se encuentra y
          así lo informa al tribunal, no se requiere la
          comprobación de diligencias vigorosas y honesto
          esfuerzo para citarle personalmente, y es
          compulsorio el envío por correo certificado con acuse de
          recibo de la copia de la demanda, la orden para
          emplazar por edictos y el edicto mismo. [nota al calce
          omitida].”

                                      III.

       Examinado el recurso ante nuestra consideración al palio de

la Regla 52.1 de la Reglas de Procedimiento Civil, supra, y la Regla

40, supra, de nuestro reglamento, determinamos que procede

expedir el mismo por entender que esperar a la apelación

6 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed. San Juan, Pubs.
JTS, 2011, T.1 a la pág. 356, citado en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et al., 203
DPR 982, 989 (2020).
7 Véase, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, emitido en diciembre del 2007

por el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, a la pág. 55 y citando a Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002).
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constituiría un fracaso irremediable de la justicia y la etapa del

procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su

consideración.

       Mediante el único señalamiento de error formulado, la

peticionaria sostiene que incidió el foro primario al denegar

autorizar la expedición del emplazamiento por edicto. Ello, cuando

presentó una declaración jurada indicando que el señor Ramos

Cirino reside fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, e incluyó

su última dirección conocida, con especificidad de número de

casa, calle, ciudad y estado de residencia. Tiene razón. Veamos.

       Conforme      surge     del    derecho     antes     consignado,       el

emplazamiento mediante edictos está contemplado en cuatro (4)

instancias, entre ellas, cuando la persona a ser emplazada se halla

fuera de Puerto Rico. De igual manera, establecimos que en los

casos en que el demandado se encuentre fuera de Puerto Rico y la

parte demandante ignora la dirección del demandado fuera de

Puerto Rico, es que se exige prueba de las diligencias específicas

para localizarlo antes de expedir el emplazamiento. De esta manera

se le exime del envío por correo de los documentos pertinentes.

       Ahora bien, el caso de autos cumple con el requisito general

debido a que la señora Olivo Villafañe juramentó ante el TPI que el

señor Ramos Cirino reside fuera de Puerto Rico y que conocía su

última dirección, según lo alegó en la Demanda. Destacamos que,

si bien la declaración jurada de la peticionaria pudiera resultar

confusa en cuanto asevera “haber realizado gestiones para obtener

alguna dirección”, en la Demanda consignó la única por ella

conocida.8 De las alegaciones de la Demanda ni de la moción

solicitando el emplazamiento por edicto surge que la peticionaria

8 Destacamos que el foro recurrido, en el ejercicio de su discreción, pudo haber

señalado una vista evidenciaria o emitir una orden de mostrar causa para que la
peticionaria aclarara lo allí expresado.
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solicitara ser relevada del envío por correo de los documentos

pertinentes. Al respecto, nuestro estado de derecho es claro al

señalar que cuando el demandado se encuentra fuera de Puerto

Rico, y al demandante le consta el lugar específico donde este se

encuentra y así lo informa al tribunal, no se requiere la

comprobación de diligencias para citarle personalmente o para ser

relevado del envío de los documentos por correo.

       En resumen, colegimos que resulta innecesario que la

peticionaria acredite las diligencias realizadas para citar al señor

Ramos Cirino personalmente, ya que esta tiene conocimiento de que

se encuentra fuera de Puerto Rico. Así lo acreditó ante el tribunal

mediante declaración jurada, e informó en la demanda la dirección

que, a su mejor entender, es donde este reside. En este punto,

precisa apuntalar que, en Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750

(1983), el Tribunal Supremo decretó que la referida exigencia no

aplica cuando al demandante le consta que el demandado se halla

fuera de Puerto Rico en un lugar determinado que ha sido informado

al tribunal. Véase, además, Rivera v. Jaume, supra. Lo que

evidentemente ocurrió en el caso, por lo que procede emitir la orden

para emplazar por edicto.

       En conclusión, el error imputado fue cometido por el foro a

quo.

                                IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se expide el certiorari

de epígrafe, y revocamos el dictamen recurrido. Consecuentemente,

se le ordena al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Carolina, que autorice y expida el emplazamiento para emplazar por

edicto.

       Notifíquese.
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     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones