Court Opinion

ID: 9952236
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:32:12.375423+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.998927
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

    JOSÉ M. ÁLAMO                          CERTIORARI
                                           Procedente de Tribunal
        Recurrido                          de Primera Instancia,
                                           Sala Superior de
             v.              KLCE202400140 Bayamón

                                                Civil núm.:
       SARAH M.                                 D AL2012-1502
      HÉRNANDEZ
                                                Sobre: Alimentos
       Peticionaria

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

      Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Sara M.

Hernández     Rivera    (señora    Hernández   Rivera       o    peticionaria)

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe solicitando nuestra

intervención a los fines de que dejemos sin efecto una Orden emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

(TPI) el 12 de diciembre de 2023, notificada el 18 del mismo mes y

año. Mediante dicho dictamen, el foro primario delimitó el alcance

del testimonio de la perito, Dra. Ana Rosa Díaz Miranda, contratada

por la peticionaria para impugnar el informe social.

      Por    los    fundamentos    que   exponemos      a       continuación,

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos la Orden

recurrida.

                                    I.

      En lo aquí pertinente, surge del recurso que el 17 de octubre

de 2023 la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de

Número Identificador
RES2024_________________________
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Menores informó al TPI haber culminado su informe social.1 El 20

de octubre siguiente, el foro recurrido ordenó proveer copia de este

a los representantes legales de las partes y les concedió el término

de quince (15) días para mostrar causa por la cual no debía acogerse

las recomendaciones de la Trabajadora Social esbozadas en el

informe social.2 El Sr. José M. Álamo Quiñonez (señor Álamo

Quiñones o recurrido) presentó una moción informando estar

conforme con el contenido del informe.3 Por su parte, la señora

Hernández Rivera indicó no estar de acuerdo con este por lo cual

solicitó vista de impugnación.4

        Ante dicha petición, el 14 de noviembre el foro a quo emitió

una orden concediendo término a la peticionaria para informar el

perito a ser contratado para la impugnación. En cumplimiento, el 1

de diciembre esta anunció como perito de impugnación a la Dra.

Ana Rosa Díaz Miranda, psicóloga. Junto a la referida moción se

acompañó copia del Curriculum Vitae de la galena.5 El 12 de

diciembre siguiente, el TPI emitió la Orden recurrida en la cual

consignó que:6

           ...

           Enterado. No obstante, la perito contratada solamente
           podrá impugnar los resultados de las evaluaciones
           sicológicas presentadas y no como tal el informe
           social, toda vez que son disciplinas distintas y se
           aplican teorías y metodologías diferentes.

           Se autoriza a la perito acceso a las evaluaciones
           sicológicas que son parte del informe social.

           ...

         Inconforme         con   el   dictamen,     la    peticionaria   solicitó

reconsideración detallando los fundamentos por los cuales impugna

el informe social e indicó que para ello no se requiere la contratación

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 17.
2 Íd., a la pág. 20-21.
3 Íd., a la pág. 22.
4 Íd., a las págs. 24-33.
5 Íd., a las págs. 35-49.
6 [Subrayado en el original y negrillas nuestras]. Íd., a la pág. 51.
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de un trabajador social.7 El 2 de enero de 2024, el foro recurrido

declaró no ha lugar a dicho petitorio.8 El mismo fue notificado

mediante Notificación Enmendada el 26 de enero siguiente.9

          Todavía en desacuerdo, la peticionaria acude ante este foro

apelativo mediante el auto de certiorari de epígrafe imputándole al

foro primario haber incurrido en los siguientes errores:10

             PRIMERO: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA EN CRASO ABUSO DE DISCRECIÓN O
             ERROR DE DERECHO AL EMITIR LA ORDEN DE 12
             DE DICIEMBRE DE 2023, DETERMINANDO,
             SIMULTÁNEAMENTE,          LA   CLASIFICACIÓN   Y
             DESCALIFICACIÓN DE LA DRA. ANA ROSA DÍAZ
             MIRANDA COMO PERSONA PERITA, SIN QUE
             HUBIERA OBJECIÓN DEL SR. ÁLAMO QUIÑONES
             SOBRE        EL      CONOCIMIENTO,     DESTREZA,
             EXPERIENCIA,             ADIESTRAMIENTO       O
             INSTRUCCIONES DE LA DRA. ANA ROSA DÍAZ
             MIRANDA, EN CONTRAVENCIÓN DE LAS REGLAS 703
             (A) Y (B) Y 109 (A) DE EVIDENCIA.

             SEGUNDO: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA EN CRASO ABUSO DE DISCRECIÓN O
             ERROR DE DERECHO AL EMITIR LA ORDEN DE 12
             DE DICIEMBRE DE 2023, DETERMINANDO,
             SIMULTÁNEAMENTE,          LA    CLASIFICACIÓN    Y
             DESCALIFICACIÓN DE LA DRA. ANA ROSA DÍAZ
             MIRANDA COMO PERSONA PERITA, SIN PERMITIR A
             LA SRA. HERNÁNDEZ RIVERA LA PRESENTACIÓN
             DE      EVIDENCIA        ADMISIBLE    SOBRE    EL
             CONOCIMIENTO,          DESTREZAS,     EXPERIENCIA,
             ADIESTRAMIENTO O INSTRUCCIÓN DE LA DRA. ANA
             ROSA DÍAZ MIRANDA, INCLUYENDO SU PROPIO
             TESTIMONIO, EN CONTRAVENCIÓN DE LAS REGLAS
             703 (A) Y (B) Y 109 (A) DE EVIDENCIA.

             TERCERO: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA EN CRASO ABUSO DE DISCRECIÓN O
             ERROR DE DERECHO AL EMITIR LA ORDEN DE 12
             DE DICIEMBRE DE 2023, DETERMINANDO,
             SIMULTÁNEAMENTE,        LA     CLASIFICACIÓN      Y
             DESCALIFICACIÓN DE LA DRA. ANA ROSA DÍAZ
             MIRANDA COMO PERSONA PERITA, POR MOTIVO DE
             QUE EL INFORME SOCIAL FORENSE FUE
             PREPARADO POR UNA TRABAJADORA SOCIAL Y LA
             DRA. ANA ROSA DÍAZ MIRANDA ES PH.D. EN
             COUNSELING PSYCHOLOGY, EN CONTRAVENCIÓN
             DE LAS REGLAS 703 (A) Y (B) Y 109 (A) DE EVIDENCIA.

          El 8 de febrero de 2024, dictamos una Resolución concediendo

a la parte recurrida el término de diez (10) días para expresarse.

Transcurrido dicho término concedido, sin que la parte recurrida

7 Íd., a las págs. 52-68.
8 Íd., a la pág. 69.
9 Íd., a la pág. 70.
10
     Énfasis y subrayado en el original.
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haya   comparecido,      decretamos       perfeccionado   el   recurso     y

resolvemos sin su comparecencia.

       Luego de evaluar el escrito de la parte peticionaria y el

expediente de autos, así como del estudio del derecho aplicable,

procedemos a resolver las presentes controversias.

                                    II.

Auto de Certiorari

       Todo   recurso    de    certiorari   presentado     ante      nuestra

consideración debe ser examinado primeramente al palio de la Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V. R. 52.1). La

referida norma dispone como sigue:

         Todo     procedimiento   de     apelación,    certiorari,
         certificación, y cualquier otro procedimiento para
         revisar sentencias y resoluciones se tramitará de
         acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas
         que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

         El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
         órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia, solamente será expedido por el
         Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
         resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
         denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
         obstante, y por excepción a lo dispuesto
         anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
         revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
         dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando
         se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
         testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos
         relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
         rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
         que revistan interés público o en cualquier otra
         situación en la cual esperar a la apelación constituiría
         un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la
         expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
         Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
         decisión.

         Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
         expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
         revisada en el recurso de apelación que se interponga
         contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
         de este apéndice sobre los errores no perjudiciales.
         Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. [Énfasis
         Nuestro].

       Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las

materias que podemos revisar, de conformidad con la Regla 52.1 de

las de Procedimiento Civil, supra, previo a ejercer debidamente

nuestra facultad revisora sobre un caso, es menester evaluar si, a la
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luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se justifica nuestra intervención,

pues distinto al recurso de apelación, este tribunal posee

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto esta discreción

no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G.

Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European

Shop, 183 DPR 580 (2011).

       Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).11 Así, pues, se ha

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación

alguna.” Íd.12

       A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,

enumera los criterios que debemos considerar al momento de

determinar si procede que expidamos el auto discrecional de

certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla establece

lo siguiente:

          El tribunal tomará en consideración los siguientes
          criterios al determinar la expedición de un auto de
          certiorari o de una orden de mostrar causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

11 Citas omitidas.
12 Citas omitidas.
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         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008).

Los informes sociales

      A partir de lo resuelto en Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa,

201 DPR 416 (2018), es norma en nuestro ordenamiento que las

partes tienen derecho a recibir copia de los informes sociales en los

pleitos de custodia. El Poder Judicial cuenta con un cuerpo de

trabajadores sociales que constituyen la Unidad Social y estos son

peritos al servicio del tribunal sujetos a las Reglas de Evidencia.

Íd., a la pág. 426. Por ende, y de conformidad con la Regla 709(a) de

las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, estos peritos están

obligados a notificar a las partes sus hallazgos. Íd., a las págs. 426-

427. De igual modo, y como imperativo del debido proceso de ley,

estarán sujetos a contrainterrogatorio con relación a esos

hallazgos. Íd., a la pág. 429. Respecto a esto, el Tribunal Supremo

citó las expresiones de la Jueza Asociada Pabón Charneco (emitidas

como Jueza del Tribunal de Apelaciones) de las cuales resaltamos

las siguientes:

         A fin de velar porque una determinación de custodia
         guarde todas las garantías circunstanciales de
         corrección, las partes deben tener no s[o]lo una
         oportunidad pro-forma de presentar y refutar prueba,
         sino que puedan hacerlo con efectividad. A tales
         efectos, es necesario que las partes afectadas por un
         Informe de una Trabajadora Social puedan formular
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          objeciones al mismo y/o presentar prueba en contra
          de las conclusiones de dicho Informe. En
          consecución de este fin, deben tener acceso a los
          Informes Sociales … […]” Íd., a la pág. 429.13

El testimonio pericial

       En Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 663-

664 (2000) nuestro alto foro consignó lo siguiente:

          […], la Regla 53 de Evidencia regula lo relativo al
          testimonio pericial. A tales efectos dispone:

             (A) Toda persona está cualificada para declarar como
             testigo pericial si posee especial conocimiento,
             destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción
             suficientes para cualificarla como un experto o perito
             en el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio.
             Si hubiere objeción de parte, dicho especial
             conocimiento, destreza, adiestramiento o instrucción
             deberán ser probados antes de que el testigo pueda
             declarar como perito.
             (B) El especial conocimiento, destreza, experiencia,
             adiestramiento o instrucción de un testigo pericial
             podrán ser probados por cualquier evidencia
             admisible, incluyendo su propio testimonio. 32 LPRA
             Ap. IV, R. 53.

             Como podrá apreciarse, la referida regla adopta una
          norma liberal sobre la capacidad para declarar como
          perito. [nota al calce omitida]. El peritaje puede ser
          producto de educación formal, o de conocimientos
          adquiridos por la experiencia. [nota al calce omitida].
          Así, no es necesario poseer una licencia para
          practicar una profesión o tener preparación
          académica formal para cualificar como perito. [citas
          omitidas]
             Ahora, si bien es cierto que existe liberalidad en
          cuanto a la capacidad pericial esto no significa que la
          mayor o menor competencia del perito sea irrelevante
          para apreciar su valor probatorio. [nota al calce
          omitida]. Aunque un mínimo de evidencia sea
          suficiente para establecer la cualificación como perito,
          cuando las credenciales de un perito son excelentes,
          conviene ofrecer toda la evidencia en cuanto a ello, de
          modo que el valor probatorio sea mayor. [cita
          omitida]. [Énfasis nuestro, itálica en el original]”

       Por último, destacamos que la cualificación pericial es una

determinación exclusiva del juzgador luego de celebrar una vista

al amparo de la Regla 109 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA

Ap. VI R. 109, la cual regula las determinaciones preliminares a la

admisibilidad de evidencia.

13 Citando la Sentencia dictada en Marrero v. López Negrón, KLCE2005001093,

resuelto el 13 de septiembre de 2005.
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                                   III.

        En esencia, la peticionaria señaló que erró el foro recurrido al

emitir una orden limitando el testimonio de su perito solo para

impugnar las evaluaciones psicológicas. Sin duda la controversia

aquí planteada está incluida en la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil, supra, y analizada al palio de los criterios de

nuestra Regla 40, determinamos expedir el recurso solicitado por

ser el momento más propicio para atenderla. Por estar los errores

relaciones entre sí, lo discutiremos en conjunto.

        En el presente caso la peticionaria anunció que presentaría

como perito de impugnación a la Dra. Ana Rosa Díaz Miranda,

psicóloga, y adelantó con su moción el Curriculum Vitae de esta. Sin

objeción de la otra parte y sin haber celebrado una vista al palio

de la Regla 109 de las de Evidencia, el TPI emitió la orden recurrida

delimitando el testimonio del perito por entender, sin fundamento

alguno, que las evaluaciones psicológicas y el contenido del informe

social “son disciplinas distintas y se aplican teorías y metodologías

diferentes.” El foro recurrido erró al así hacerlo.

        Del derecho antes consignado surge claramente que las partes

no solo tienen derecho a recibir copia del informe social que realiza

la Unidad Social, sino que, además, a contrainterrogar a la

Trabajadora Social sobre sus hallazgos y recomendaciones.

Como indicamos, y como parte del debido proceso de ley, también

incluye la oportunidad de presentar prueba de impugnación, lo cual

puede     incluir   otros   informes      periciales.   En   ese   sentido,

desconocemos a qué se refirió el TPI al consignar “que son

disciplinas distintas”.

        Por otra parte, reiteramos que en nuestro ordenamiento

evidenciario las cualificaciones de un perito pueden ser objetadas,

por una parte, y una vez objetada, es que el tribunal determinará

si celebrará una vista al palio de la Regla 109 de las de Evidencia.
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Puntualizamos que, incluso al amparo de la Regla 107, el tribunal

puede realizar una admisibilidad limitada cuando así haya sido

solicitado previamente por una parte. En el caso de autos, el

recurrido aceptó el informe y sus recomendaciones. Sin embargo,

del trámite procesal ante el TPI no surge que este haya objetado las

cualificaciones de la perito anunciada por la peticionaria.

      Reiteramos que las cualificaciones de un perito es un asunto

preliminar de admisibilidad de evidencia que requiere la celebración

de una vista según dispone nuestro ordenamiento, y luego de

escuchada la prueba el TPI podrá excluir dicho testimonio o

delimitar el mismo. Además, es luego de celebrada la vista de

impugnación que se aquilata el valor probatorio que dicho

testimonio pericial merezca.

      En conclusión, los errores señalados se cometieron por lo que

procede dejar sin efecto el dictamen impugnado por ser este uno

contrario a derecho.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari solicitado y revocamos la Orden recurrida.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones