Court Opinion

ID: 9928480
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:18:14.558225+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:28.998906
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

                                                   Revisión
                                                   procedente de la
     OFICINA DE ÉTICA                              Oficina de Ética
     GUBERNAMENTAL                                 Gubernamental

           Recurrida                KLRA202300424 Caso Núm.: 22-41

                v.                                 Sobre: Violación al
                                                   Inciso (d) del
     SURIMA QUIÑONES                               Art. 4.3 de la Ley
         SUÁREZ                                    Núm. 1-2012,
                                                   según enmendada,
          Recurrente                               Ley Orgánica de la
                                                   Oficina de Ética
                                                   Gubernamental de
                                                   Puerto Rico
Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez
Salgado Schwarz y el juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

       Comparece la Sra. Surima Quiñones Suárez (señora Quiñones

Suárez o recurrente) para que revisemos la Resolución emitida el 12

de julio de 2023,1 por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG o

recurrida), en la que el Director Ejecutivo, Luis A. Pérez Vargas

(Director Ejecutivo), le impuso una multa de $5,000.00 por violar el

inciso (d) del Artículo 4.3 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética

Gubernamental de Puerto Rico.2

       Luego de evaluar los escritos de las partes, los documentos

que los acompañan y el derecho aplicable, revocamos la Resolución

recurrida. Veamos.

                                       -I-

       Surge de los autos ante nuestra consideración, que el 10 de

diciembre de 2021 la OEG presentó una Querella contra la señora

1 Archivada y Notificada el 13 de junio de 2023.
2Ley Núm. 1–2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, 3 LPRA sec.1854 et seq.

Número Identificador
SEN2023 _______________
KLRA202300424                                                                2

Quiñones Suárez.3 En la misma, se le imputó haber violado el inciso

(d) del Artículo 4.3 de la Ley Núm. 1–2012, según enmendada.4 En

síntesis,    alegó    que    mientras      la   recurrente     trabajó   como

administradora        para    la    Administración     para     el   Desarrollo

Socioeconómico de la Familia (ADSEF) contrató —sin la dispensa—

los servicios profesionales de la Sra. Stephanie Nicole Torres Ramos

(señora Torres Ramos), quien es sobrina de la Sra. Estefita Ramos

Guzmán (señora Ramos Guzmán), que a su vez, era la Directora

asociada en Desarrollo de la Familia en la región de Ponce.

       El 28 de diciembre de 2021, la señora Quiñones Suárez

sometió     su    contestación.5      Arguyó     que   la     Querella   omite

circunstancias importantes del proceso de contratación. Entre otras

circunstancias, señaló, que habían varias incongruencias con las

fechas. De igual forma, indicó que había un desconocimiento sobre

el proceso de contratación de ADSEF. Específicamente, manifestó

que la contratación —antes de ser aprobada y firmada por su

persona— era evaluada por cuatro (4) áreas administrativas que

emitían su recomendación; entiéndanse, Área Pragmática, División

de Finanzas, División de Presupuesto y División de Recursos

Humanos.6 En cuanto al parentesco de la señora Torres Ramos con

la señora Ramos Guzmán, la recurrente expresó que desconocía el

mismo y no le fue informado por los entes encargados de dicha

evaluación; en particular, reiteró la ausencia de información sobre

el referido vínculo. En ese sentido, indicó, que tan pronto como

advino en conocimiento de la posibilidad de parentesco, solicitó la

investigación correspondiente y refirió el asunto a la OEG.

3 Anejo 1 de la Recurrente, págs. 1 – 4.
4 Ley Núm. 1–2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, 3 LPRA sec.1854 et seq.
5 Anejo 2 de la Recurrente, págs. 1 – 4.
6 Anejo 5 de la Recurrente, págs. 68, 73.
KLRA202300424                                                           3
         El 12 de mayo de 2022, la OEG presentó una Solicitud de

Resolución Sumaria.7 Planteó diez (10) hechos esenciales sobre los

cuales no había controversia. Para sustentar los mismos, sometió

varios documentos, entre ellos: la Contestación a un Interrogatorio,8

el Contrato de la señora Torres Ramos con fecha del 6 de noviembre

de 2019,9 Certificación de la señora Ramos Guzmán emitida por el

Administrador Auxiliar de la Oficina de Recursos Humanos,10

Certificación de Empleo de la señora Ramos Guzmán,11 y varios

Certificados de Nacimientos.12

         También, adujo que la recurrente —como Administradora de

ADSEF— era la autoridad nominadora de la referida agencia para

otorgar contratos de servicios. Reiteró, que —ante los certificados de

nacimiento— quedaba evidenciado el parentesco de la señora

Ramos Guzmán como tía de la señora Torres Ramos, por lo cual,

indicó     que     una     mínima    diligencia   hubiese   permitido   su

conocimiento. Señaló, que la responsabilidad de cumplir con lo

dispuesto en el Artículo 4.3 (d) de la Ley Núm. 1–2012, supra, recae

en la persona que ostenta el cargo público con la facultad de otorgar

los contratos en la agencia. Añadió, que el haber delegado en otros

funcionarios de la ADSEF no le exime de responsabilidad ante su

incumplimiento.

         Oportunamente, la recurrente se opuso a que sin la

celebración de una vista se le impusiera responsabilidad por la

alegada violación al Artículo 4.3 (d) de la Ley Núm. 1–2012, supra.

Además, alegó que no intervino, ni directa, ni a través de terceros

en la contratación de la señora Torres Ramos. Añadió, que el Sr.

Rubén Rodríguez Ortiz, Ayudante Especial II de ADSEF, el 17 de

7 Anejo 4 de la Recurrente, págs. 18 – 65.
8 Id., en las págs. 32 – 37.
9 Id., en las págs. 38 – 49.
10 Id., en las págs. 50 – 53.
11 Id., en la pág. 54.
12 Id., en las págs. 57 – 60.
KLRA202300424                                                                   4

enero de 2020 emitió una Certificación, en la cual indicó el proceso

de contratación seguido para la señora Torres Ramos, sin ninguna

intervención por parte de la recurrente y siguiendo las leyes y

reglamentos.13

       Además, reiteró que —antes de efectuar la contratación— el

contrato fue evaluado por cuatro (4) componentes sin ninguna

objeción. En específico, señaló que la Directora de la División Legal

de la ADSEF, la Sra. Zayra Márquez Cabán, certificó el 29 de abril

de 2021 que según el expediente:

       “No se desprende del expediente de los contratos de
       Stephanie N. Torres Ramos la información para poder
       certificar que tiene familiares que laboran en la
       agencia.
       En el supuesto que tenga familiares, de los contratos
       otorgados, en la cláusula SIETE, página 6 se desprende que
       Stephanie N. Torres Ramos certificó que no tiene
       relación de parentesco dentro del cuarto grado de
       consanguinidad ni del segundo por afinidad, con
       ninguna persona servidora pública que tenga facultad
       para influenciar y participar en las decisiones
       institucionales de la PRIMERA PARTE”.14

       Igualmente,      la   recurrente     argumentó,       que    advino     en

conocimiento del parentesco en una reunión celebrada en Ponce,15

y que inmediatamente tomó acción para que el asunto se

investigara.16 También, adujo que a la señora Torres Ramos se le

han otorgado otros contratos sin la obtención de la dispensa

requerida.17 Sostuvo, que para imputarle la violación al Artículo 4.3

(d) de la Ley Núm. 1–2012, supra, deben probarse cada uno de los

13 El Sr. Rubén Rodríguez Ortiz indicó:

  Al área de contratos llegaron sobre 30 resumes para la evaluación de candidatos
  a contratación por servicios profesionales en la región de Ponce, de los cuales
  solo serían contratados (servicios profesionales) dieciocho (18). En ningún
  momento se recibió ninguna intervención para la contratación de personal. Se
  tomó en consideración los estudios completados, las destrezas y/o habilidades
  de cada persona, entre otras. Las dieciocho (18) personas contratadas fueron
  las primeras que completaron los requisitos y entregaron todos los documentos,
  según requeridos en el Reglamento para la Otorgación de Contratos Núm. 5449
  del Departamento de la Familia, aprobado el 19 de junio de 1996 y cartas
  circulares del Departamento de Hacienda aplicables a los contratos de servicios
  profesionales y consultivos. Véase, Anejo 4 de la Recurrente, pág. 56.
14 Anejo 5 de la Recurrente, pág. 84.
15 Véase, Anejo 5 de la Recurrente, en las págs. 73 – 74, 117 – 119, 120 – 121.
16 Id., pág. 122.
17 Id., en las págs. 85 – 98, 99 – 100, 101, 102 – 113.
KLRA202300424                                                                   5
elementos que configuran dicha disposición, y la intención real a

cometer dicha infracción.

       Por su parte, la OEG replicó la oposición de la recurrente.18

En síntesis, reiteró los planteamientos de su solicitud sumaria.

Sometida la solicitud y la oposición, el 29 de julio de 2022 se dio

por sometido el asunto.19

       Luego de varios trámites procesales, el 2 de junio de 2023, el

Oficial Examinador (OE) emitió su informe.20 En el cual, emitió las

siguientes Determinaciones de Hechos:

       1. La Sra. Estefita Ramos Guzmán, labora en la ADSEF desde
       el 27 de junio de 1974 hasta el presente. Actualmente ocupa
       el puesto de directora asociada en desarrollo de la familia en
       la región de Ponce. [Hechos estipulados por las partes, acápite
       II, inciso A, sub inicios 5 y 6 del Informe de conferencia con
       antelación a la audiencia; anejos 4 y 5 de la Solicitud de
       resolución sumaria de la parte querellante.]

       2. La Sra. Stephanie Nicole Torres Ramos es sobrina de la Sra.
       Estefita Ramos Guzmán. [Anejos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la
       Solicitud de resolución sumaria de la parte querellante; anejo
       3 de la Oposición a solicitud de resolución sumaria de la parte
       querellada.]

       3. La señora Quiñones Suárez se desempeñó como
       administradora de ADSEF desde el 13 de enero de 2019 hasta
       el 11 de enero de 2020. [Hecho estipulado por las partes,
       acápite II, inciso A, sub inciso I del Informe de conferencia con
       antelación a la audiencia.]

       4. Mientras la querellada fungió como administradora de
       ADSEF fue una servidora pública conforme lo define el articulo
       1.2 (gg) de la LOOEG. [Refiérase al párrafo 5 de la
       Contestación a querella; hecho estipulado por las partes,
       acápite II, inciso A, sub inciso 2 del Informe de conferencia con
       antelación a la audiencia.]

       5. Como administradora, la querellada era la autoridad
       nominadora en ADSEF. [Hecho estipulado por las partes,
       acápite II, inciso A, sub inciso 3 del Informe de conferencia con
       antelación a la audiencia.]

       6. Como administradora de ADSEF, la señora Quiñones
       Suárez tenía facultad para suscribir contratos de servicios
       profesionales. [Véase el párrafo 6 de la Contestación a
       Querella; hecho estipulado por las partes, acápite II, inciso A,
       sub inciso 4 del Informe de conferencia con antelación a la
       audiencia.]

       7. La querellada no solicitó ni obtuvo autorización por parte de
       la OEG para contratar a la señora Torres Ramos, sobrina de
       la Sra. Estefita Ramos Guzmán. [Anejo 2 de la Solicitud de
       resolución sumaria de la parte querellante.]

18 Apéndice I de la OEG, págs. 1 – 4.
19 Notificada el 1 de agosto de 2022.; Véase, Anejo 7 de la Recurrente, pág. 160.
20 Anejo 13 de la Recurrente, págs. 176 – 195.
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    8. El 6 de noviembre de 2019, la querellada, en representación
    de la ADSEF, y la señora Torres Ramos otorgaron el contrato
    de servicios profesionales Núm. 2020-000160. [Hecho
    estipulado por las partes, acápite II, inciso A, sub inciso 7 del
    Informe de conferencia con antelación a la audiencia; anejos
    2 y 3 de la Solicitud de resolución sumaria de la parte
    querellante.]

    9. Como parte del mencionado contrato, la ADSEF le pagaba
    mensualmente a la señora Torres Ramos la cuantía de
    $1,732.50. [Anejo 3 de la Solicitud de resolución sumaria de
    la parte querellante, a las páginas 2 y 3 del contrato.]

    10. El 7 de noviembre de 2019, la Sra. Nerita Molina Ríos,
    administradora auxiliar de Recursos Humanos de la ADSEF,
    la querellada, y un grupo de empleados de la ADSEF de la
    oficina regional de Ponce se reunieron para discutir algunas
    situaciones laborales. Entre los asuntos discutidos los
    empleados mencionaron que se había contratado a una
    sobrina de la directora regional de Ponce. [Anejo 10 de la
    Solicitud de resolución sumaria de la parte querellante; anejo
    1 de la Oposición a solicitud de resolución sumaria de la parte
    querellada.]

    11. Mediante correo electrónico del 8 de noviembre de 2019,
    la Sra. Nerita Molina Ríos le informó a la OEG que dicha
    dependencia había contratado los servicios profesionales de
    una sobrina de la Sra. Estefita Ramos Guzmán. [Anejo 10 de
    la Solicitud de resolución sumaria de la parte querellante.]

    12. Mediante carta del 9 de diciembre de 2019, dirigida a la
    señora Quiñones Suárez, con copia al Hon. Luis Pérez Vargas,
    director ejecutivo de la OEG, entre otras personas, un grupo
    de empleados de la región de Ponce de la ADSEF resumieron
    los asuntos que le habían presentado a la querellada en la
    reunión del 7 de noviembre de 2019. Entre los puntos
    mencionados, los empleados de la ADSEF incluyeron “[...] la
    contratación de familiares de directores de la agencia.”
    [Anejo 11 de la Oposición a solicitud de resolución sumaria de
    la parte querellada.]

    13. Mediante comunicación del 20 de agosto de 2020, el Lcdo.
    Aniano Torres Rivera, subdirector ejecutivo de la OEG, cursó
    comunicación a la Sra. Nerita Molina Ríos en la que le indicó,
    entre otras cosas, que referiría el asunto que aquí nos ocupa
    al Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo
    (AIPA) de la OEG. [Anejo 11 de la Solicitud de resolución
    sumaria de la parte querellante.]

    14. El 2 de noviembre de 2020, el asunto fue referido al AIPA
    de la OEG. [Anejo 12 de la Solicitud de resolución sumaria de
    la parte querellante.]

    15. El 10 de diciembre de 2021, la parte querellante presentó
    la Querella que comenzó el presente caso.

    16. El 10 de diciembre de 2021, la OEG radicó una Querella
    contra el Sr. Alberto E. Fradera Vázquez. En la misma, se
    adujo que el señor Fradera Vázquez, como administrador de
    la ADSEF, contrató en 4 ocasiones los servicios profesionales
    de la señora Torres Ramos, sobrina de la Sra. Estefita Ramos
    Guzmán, quien a su vez es directora asociada en desarrollo
    de la familia de la región de Ponce de la mencionada
    administración gubernamental. Ello, sin haber presentado
    una solicitud de autorización ante la OEG, conforme dispone
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        la LOOEG. [Véanse la Querella y la Resolución del caso
        administrativo OEG v. Alberto E. Fraderas Vázquez, supra, de
        los cuales se tomó conocimiento oficial mediante Orden
        notificada el 23 de mayo de 2023, y obra copia en el
        expediente oficial del presente caso.]

        17. Mediante Resolución del 12 de septiembre de 2022, el
        director ejecutivo de la OEG acogió un Acuerdo de transacción
        en el caso OEG v. Alberto E. Fradera Vázquez, supra. En dicho
        acuerdo, el señor Fradera Vázquez aceptó los hechos
        imputados y su responsabilidad legal, a nivel administrativo.
        [Id.]. 21

        Además, el OE señaló que para incurrir en violación al inciso

(d) del Artículo 4.3 de la Ley Núm. 1–2012, supra, el querellante debe

demostrar mediante prueba clara, robusta y convincente las

siguientes circunstancias: (1) que se trate de una autoridad

nominadora; (2) que lleve a cabo un contrato; (3) en el que pariente de

un servidor público de la agencia tenga o haya tenido, directa o

indirectamente, un interés pecuniario; y (4) no se haya obtenido la

autorización previa de la Dirección Ejecutiva de la OEG.22 Referente

al elemento de la intención, indicó que el mismo no es requisito para

determinar la violación al inciso (d) del mencionado Artículo 4.3 de

la Ley Núm. 1–2012, supra.

        Basado en el expediente, el OE determinó que quedó probada

la violación por parte de la señora Quiñones Suárez al inciso (d) del

Artículo 4.3 de la Ley Núm. 1–2012, supra. Específicamente,

expresó:

        En atención a todo ello, se debe concluir que: (1) la señora
        Quiñones Suárez, autoridad nominadora de la ADSEF; (2)
        llevó a cabo el contrato de servicios profesionales núm. 2020-
        000160; (3) con la señora Torres Ramos, quien es sobrina de
        la Sra. Estefita Ramos Guzmán, directora asociada en
        desarrollo de la familia de la región de Ponce de la ADSEF, en,
        el que la contratista tenía un interés pecuniario de $ l,732.5O
        mensuales durante la vigencia del contrato; y (4) sin haber
        solicitado ni obtenido la autorización previa de la OEG para
        llevar a cabo dicho negocio jurídico. Además, no surge del
        expediente que al contrato en cuestión le sea de aplicación
        alguna de las excepciones que permitiría que no fuera
        necesaria una autorización previa de la Dirección Ejecutiva de
        la OEG.23

21 Anejo 13 de la Recurrente, págs. 180 – 181.
22 Id., pág. 188.
23 Id., a las págs. 194 – 195.
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        Ante tal aplicación, el OE recomendó a la Dirección Ejecutiva

que:

        [e]ncuentre a la querellada incursa en violaciones al inciso (d)
        del artículo 4.3 de la LOOEG e imponga la multa que considere
        adecuada conforme a la discreción que le otorga el inciso (c)
        del artículo 4.7 de nuestra Ley Orgánica. 24

        Mediante Resolución del 12 de julio de 2023,25 la OEG acogió

el Informe del Oficial Examinador,26 y concluyó que la señora

Quiñones Suarez incurrió en una violación al inciso (d) del Artículo

4.3 de la Ley Núm. 1–2012, supra. En síntesis, razonó que la aludida

disposición, le imponía a la recurrente la obligación directa de no

otorgar contratos a parientes de servidores público de la ADSEF sin

la debida dispensa de la OEG. En ese sentido, la recurrente debía

cerciorarse que la señora Torres Ramos y la señora Ramos Guzmán

no eran parientes. Por lo cual, la OEG le impuso a la señora

Quiñones Suárez una multa administrativa de $5,000.00 por

violar el referido articulado.

        Inconforme con la determinación, la Sra. Surima Quiñones

Suárez recurrió ante este foro apelativo el 14 de agosto de 2023.

Mediante el presente recurso de revisión, señaló la comisión de dos

(2) errores:

        Incidió la Oficina de Ética Gubernamental al emitir Resolución
        Sumaria en el caso, a pesar de que existe controversia sobre
        hechos materiales y como cuestión de derecho no procedía el
        remedio sumario.

        La decisión de la Oficina de Ética Gubernamental está
        fundada en la aplicación del automatismo adjudicativo y las
        determinaciones en que se basa son carentes de una base
        racional ya que del récord administrativo surge que la
        recurrente no conocía personalmente a la contratista ni a la
        empleada de ADSEF, no conocía que existiera una relación de
        parentesco, el contrato fue firmado luego de que diversos
        departamentos de la agencia lo hubieran evaluado y se
        certificara que no existía impedimento alguno para que fuera
        otorgado, no existe prueba alguna a los efectos de que la
        recurrente procuró o intervino directa o indirectamente para
        que el contrato se otorgara y tan pronto advino en
        conocimiento de la situación ordenó una investigación y que
        no se realizaran pagos a la contratista.

24 Id., pág. 195.
25 Archivada y Notificada el 13 de junio de 2023.
26 Anejo 13 de la Recurrente, en las págs. 172 – 174.
KLRA202300424                                                               9
       El 12 de septiembre de 2023, la Oficina de Ética

Gubernamental sometió ALEGATO EN OPOSICIÓN A RECURSO DE

REVISIÓN JUDICIAL. Habiendo comparecido ambas partes, estamos

en posición para resolver el asunto.

                                     -II-

                                     -A-

       Sabido es que las determinaciones administrativas están

revestidas de una presunción de corrección y regularidad.27 Es

norma reiterada que los tribunales debemos dar gran peso o

deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las agencias con

respecto a las leyes y los reglamentos que administran, por lo que

no    podemos       descartar     libremente      sus     conclusiones      e

interpretaciones de derecho.28

       Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la

agencia.29 La revisión judicial de dictámenes administrativos debe

limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o

en forma tan irrazonable que su actuación constituya un abuso de

discreción.30

       Utilizando el criterio de razonabilidad y deferencia, los

tribunales no debemos intervenir o alterar las determinaciones de

hechos de un organismo administrativo, “si las mismas están

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo considerado en su totalidad”.31 En ese sentido, la

evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

27 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y Otros, 172 DPR 232, 244 (2007); Hernández

v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006).
28 Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).
29 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).
30 Comisionado de Seguros PR v. Integrand, 173 DPR 900, 914-915 (2008); Murphy

Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).
31 Otero v. Toyota, supra, págs. 727-728.
KLRA202300424                                                                  10

conclusión.32 Más aún, de existir prueba conflictiva los tribunales

debemos considerar como concluyente la determinación de hecho

de la agencia y respetar la determinación de credibilidad realizada

por la agencia.33

       Debido a que las determinaciones del foro administrativo

tienen que basarse en evidencia sustancial, la parte que las impugne

tiene que convencer al tribunal de que la evidencia en la cual se

apoyó la agencia —para formular tales determinaciones— no es

sustancial.34 Es decir, la presunción de regularidad y corrección

debe ser respetada, mientras la parte que las impugne no produzca

evidencia suficiente para derrotarlas.35

       Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme,36 pueden ser revisadas en

todos sus aspectos. Sin embargo, esta revisión total no implica que

los tribunales revisores tengamos la libertad absoluta de descartar

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.37

       En fin, debemos hacer una evaluación —a la luz de la

totalidad del expediente— por lo que de ese modo, podríamos

sustituir el criterio de la agencia por el propio, solo, cuando no

pueda    hallar    una    base    racional    para    explicar    la   decisión

administrativa.38

                                      -B-

       Por otro lado, la controversia ante nos gira entorno al Artículo

4.3 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de

32 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra, pág. 244; Hernández v. Centro

Unido, supra, pág. 615; Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
33 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra, pág. 245; Padín Medina v.

Administración de los Sistemas de Retiro, 171 DPR 950, 961 (2007).
34 Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
35 Calderón Otero v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 181 DPR 386,

395 – 396 (2011); Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
36 Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada conocida como la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec.
9601 et seq.
37 Otero v. Toyota, supra, pág. 729.
38 Id.
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Puerto Rico, específicamente el inciso (d),39 dispone:

       (d) La autoridad nominadora no puede llevar a cabo un
       contrato en el que un servidor público de la agencia o un
       miembro de la unidad familiar, un pariente, un socio o una
       persona que comparta la residencia de este último tenga o
       haya tenido, directa o indirectamente, un interés pecuniario
       durante los últimos dos (2) años anteriores a su
       nombramiento. […].40

       La referida disposición enuncia unas instancias en las cuales

no aplica el precepto:

       [E]sta prohibición no aplica cuando, a discreción de la
       Dirección Ejecutiva, medien circunstancias excepcionales que
       hayan sido evaluadas con anterioridad a que la autoridad
       nominadora contrate con el servidor público o con un miembro
       de la unidad familiar, un pariente, un socio o una persona que
       comparta la residencia de este último.
               Tampoco aplica al recibo de los beneficios del programa
       de Sección 8 a los contratos otorgados con el Departamento de
       Hacienda para operar terminales de lotería electrónica; a los
       contratos celebrados para la adquisición de derechos sobre la
       propiedad literaria o la artística, o sobre las patentes de
       invención; a las subastas públicas en las que concurran todos
       los requisitos establecidos por ley; a la participación en los
       programas de verano ni al recibo de servicios, préstamos,
       garantías o incentivos otorgados bajo los criterios de un
       programa estatal, federal o municipal. Todo ello siempre que,
       bajo las anteriores excepciones, se cumpla con las normas de
       elegibilidad de aplicación general.41

       Por su parte, el Departamento de la Familia a través del

Reglamento 5449 conocido como el Reglamento para el otorgamiento

de contratos del Departamento de la Familia establece las normas

generales que deben regir al momento de otorgar un contrato.42

       En lo pertinente, dicho reglamento establece que los contratos

de servicios profesionales deberán “estar acompañados por una

certificación legal firmada por un abogado licenciado indicativa de

que dicho contrato se revisó en todas sus partes y que no hay objeción

legal al otorgamiento y firma del mismo”.43

                                     -C-

       Por otro lado, la sección 3.7 de la Ley Núm. 38–2017, supra,

39 Ley Núm. 1 de 3 de enero de 2012, según enmendada, conocida como la Ley

Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1857b
inciso (d).
40 Id.
41 Id.
42 Reglamento para el otorgamiento de contratos del Departamento de la Familia,

Reglamento Núm. 5449, 19 de junio de 1996 (Radicado en el Depto. de Estado el
2 de julio de 1996).
43 Artículo, IX, inciso 10 del Reglamento 5449, a la pág. 17.
KLRA202300424                                                                12

establece que cuando la agencia determine que no es necesario

celebrar       una      vista     adjudicativa,      se     podrá      emitir

resoluciones sumarias, ya sean de carácter final o parcial:44

         (b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de las partes
         y luego de analizar los documentos que acompañan la
         solicitud de orden o resolución sumaria y los documentos
         incluidos con la moción en oposición, así como aquéllos que
         obren en el expediente de la agencia, que no es necesario
         celebrar una vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o
         resoluciones sumarias […].45

         No obstante, en aquellos casos donde la ley orgánica de la

agencia disponga lo contrario no se podrá emitir resoluciones

sumarias.46 De igual forma, no se podrá emitir resoluciones

sumarias en aquellos casos que: “(1) existen hechos materiales o

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la

querella que no han sido refutadas; (3) surge de los propios

documentos que se acompañan con la petición una controversia real

sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de

derechos no procede”.47

         Del mismo modo, la OEG mediante su Reglamento Núm. 8231

sobre Asuntos Pragmáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de

Puerto Rico establece lo referente a las resoluciones sumarias.48

Específicamente, el Artículo 6.11 del Reglamento Núm. 8231, supra,

dispone que cualquier parte puede solicitar la resolución sumaria

de las controversias, mediante la presentación de una moción con

no menos de veinte (20) días calendario antes de la audiencia.49 “La

moción establecerá que no existe controversia de hecho esencial que

haya que determinar en la audiencia y estará fundada en

documentos, sin limitarse a: declaraciones juradas, certificaciones,

44 3 LPRA sec. 9647.
45 Id.
46 Id.
47 Id.
48 Reglamento sobre Asuntos Pragmáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de

Puerto Rico, Reglamento Núm. 8231 de la OEG, 17 de julio de 2012.
49 Art. 6.11 del Reglamento sobre Asuntos Pragmáticos de la Oficina de Ética

Gubernamental de Puerto Rico, supra, a las págs. 85 – 86.
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grabaciones, videos o fotografías”.50 La parte que se oponga a la

resolución sumaria, deberá establecer que existe controversia real

sobre algún hecho esencial o que el mecanismo sumario es

inapropiado.51

                                    -III-

         En síntesis, la señora Quiñones Suárez nos señala que la OEG

erró al resolver sumariamente el caso, ya que existe controversia de

hechos e incidió al aplicar el derecho.

         Al examinar la totalidad del presente caso, es forzoso concluir

que la OEG erró al acoger las recomendaciones del OE e imputarle

una infracción del Artículo 4.3 (d) de la Ley Núm. 1-2012 a la Sra.

Surima Quiñones Suárez.

         En primer orden, del expediente se desprende que no existe

controversia de hechos materiales que impidan resolver este caso

sumariamente.

         En segundo orden, y conforme al derecho expuesto, el

Artículo 4.3 inciso (d) de la Ley Núm. 1-2012, supra, dispone que

constituye una violación cuando:

         La autoridad nominadora no puede llevar a cabo un contrato
         en el que un servidor público de la agencia o un miembro de
         la unidad familiar, un pariente, un socio o una persona que
         comparta la residencia de este último tenga o haya tenido,
         directa o indirectamente, un interés pecuniario durante los
         últimos dos (2) años anteriores a su nombramiento. […].

         Ahora bien, cónsono con el artículo antes dicho, se debe tomar

en cuenta el Artículo, IX, inciso 10 del Reglamento 5449 para el

otorgamiento de contratos del Departamento de la Familia, que en

cuanto a los contratos de servicios profesionales, establece lo

siguiente:

         Todo contrato deberá estar acompañados por una certificación
         legal firmada por un abogado licenciado indicativa de que
         dicho contrato se revisó en todas sus partes y que no hay
         objeción legal al otorgamiento y firma del mismo.52

50 Id.
51 Id.
52 Id., a la pág. 17.
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       Es decir, el Reglamento 5449 procura que el funcionario

público realice un grado de diligencia en el marco de las

contrataciones de la agencia que cumpla con este cuadro

reglamentario. Veamos.

       En tercer orden, surge de los autos ante nos, que —antes de

efectuar la contratación— este contrato fue evaluado por cuatro (4)

componentes (Área Pragmática, División de Finanzas, División de

Presupuesto y División de Recursos Humanos) sin ninguna

objeción.53

       Además, la Directora de la División Legal de la ADSEF, la Sra.

Zayra Márquez Cabán, certificó el 29 de abril de 2021 que según el

expediente:

       “No se desprende del expediente de los contratos de
       Stephanie N. Torres Ramos la información para poder
       certificar que tiene familiares que laboran en la
       agencia.
       En el supuesto que tenga familiares, de los contratos
       otorgados, en la cláusula SIETE, página 6 se desprende que
       Stephanie N. Torres Ramos certificó que no tiene
       relación de parentesco dentro del cuarto grado de
       consanguinidad ni del segundo por afinidad, con
       ninguna persona servidora pública que tenga facultad
       para influenciar y participar en las decisiones
       institucionales de la PRIMERA PARTE”.54

       Todavía más, cónsono con la Certificación emitida el 17 de

enero de 2020 por el Sr. Rubén Rodríguez Ortiz, Ayudante Especial

II de ADSEF, la contratación de la señora Torres Ramos ocurrió de

la siguiente manera:

       Al área de contratos llegaron sobre 30 resumes para la
       evaluación de candidatos a contratación por servicios
       profesionales en la región de Ponce, de los cuales solo serían
       contratados (servicios profesionales) dieciocho (18). En
       ningún momento se recibió ninguna intervención para
       la contratación de personal. Se tomó en consideración
       los estudios completados, las destrezas y/o habilidades
       de cada persona, entre otras. Las dieciocho (18)
       personas contratadas fueron las primeras que
       completaron los requisitos y entregaron todos los
       documentos, según requeridos en el Reglamento para la
       Otorgación de Contratos Núm. 5449 del Departamento de la
       Familia, aprobado el 19 de junio de 1996 y cartas circulares
       del Departamento de Hacienda aplicables a los contratos de
       servicios profesionales y consultivos.55

53 Anejo 5 de la Recurrente, pág. 73.
54 Anejo 5 de la Recurrente, pág. 84.
55 Véase, Anejo 4 de la Recurrente, pág. 56.
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      Nótese, que conforme a la norma establecida en el Reglamento

Núm. 5449, este contrato por servicio profesional contó con una

certificación legal que indicó que el mismo fue revisado en todas sus

partes y no había objeción legal para su otorgamiento. Dicha

certificación legal fue obtenida en el contrato en cuestión, y fue

evaluado por varias divisiones de la agencia, antes de que la

autoridad nominadora estampara su firma. A ello, se añade que la

recurrente no procuró o intervino, directa o indirectamente, para

que se otorgara el contrato a la señora Torres Ramos. Además, una

vez   ésta   adquiere   conocimiento   del   parentesco,   inició   una

investigación, solicitó la paralización de pagos a la señora Torres

Ramos, y refirió el asunto a la OEG.

      A todas luces, el grado de diligencia que la señora Quiñones

Suárez desempeñó en este caso, cumple con el cuadro reglamentario

antes discutido. Razón por la cual, resulta forzoso concluir que, la

Resolución recurrida, resulta irrazonable y apartada de los

documentos que obran en el expediente.

      Ante estos hechos, no podemos concurrir con el razonamiento

de la OEG, que le impone a la recurrente una responsabilidad vicaria

absoluta, sin tomar en cuenta la totalidad de las circunstancias

antes expresada. El derecho no opera en el vacío, pues de lo

contrario, seríamos meros autómatas aplicando una norma sin

ningún sentido de justicia.

                                -IV-

      De conformidad con lo antes expuesto, se revoca la

Resolución recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones