Court Opinion

ID: 9952154
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:22:25.499219+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:44.097912
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   Panel II

                                                                Certiorari
    HERIBERTO GARCÍA PARRA                                      procedente del
          Peticionario                                          Tribunal de
                                                                Primera Instancia,
                                                                Sala de Bayamón
                    v.                    KLCE202400220
                                                                Caso Núm.
                                                                BY2022CV04226
JOHAN M. DÁVILA RIVERA EN SU
CARÁCTER      PERSONAL     E                                    Sobre:
INDIVIDUAL, JANE DOE EN SU                                      Daños y Perjuicios
CARÁCTER      PERSONAL     E
INDIVIDUAL
          Recurridos

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                                   SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece ante nosotros el señor Heriberto García Parra (señor

García Parra o peticionario), quien se encuentra confinado, mediante

recurso de certiorari, solicitando que revoquemos una Sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el

30 de marzo de 2023.1 Mediante el referido dictamen, el foro primario

desestimó la demanda presentada por el peticionario, al concluir que le

era aplicables las doctrinas de impedimento colateral e inmunidad

condicionada, además de haber dejado de exponer una reclamación que

justificara la concesión de un remedio.

       Por    los    fundamentos        que    expresamos        a   continuación,

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.

1 Notificada el 31 de marzo de 2023. Véase la entrada número 36 del expediente digital

del caso que obra en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC).

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLCE202400220                                                                    2

I. Resumen del tracto procesal

        El 12 de mayo de 2022, el señor García Parra presentó una

Demanda por daños y perjuicios contra la señora Johan Dávila Rivera

(señora Dávila Rivera o recurrida), Técnica Sociopenal del Departamento

de Corrección y Rehabilitación (DCR).2 En esencia, adujo que el 8 de

febrero de 2022 asistió a una cita médica y le asignaron a la señora

Dávila Rivera como su técnica sociopenal. Arguyó que, estando en la cita

médica,      la   recurrida   tuvo   una    conducta      “áspera,    contumaz   y

antipática”.3 Además, alegó que la señora Dávila Rivera le indicó que “[él]

era de difícil manejo por lo que tendría que afrontar las consecuencias”.4

El peticionario añadió que ese mismo día le hizo entrega a la recurrida de

una la lista de las personas que podían visitarlo, (al lugar donde estaba

confinado), entre los que se encontraban su hijo y ex esposa.5

        Continuó alegando el peticionario que, el 26 de febrero de 2023, no

le permitieron la entrada a la persona que lo fue a visitar, (su hijo), pues

los nombres de las personas que lo podían visitar no aparecían en su

expediente, ni en algún otro documento.6 Afirmó que tal omisión le había

ocasionado daños y angustias mentales, por lo cual, solicitó cuarenta

cinco mil dólares ($45,000) como indemnización.

         En respuesta, el 15 de diciembre de 2022, el Estado Libre

Asociado compareció en representación de la señora Dávila Rivera,

mediante Moción de Desestimación. En síntesis, argumentó que procedía

la desestimación por: (1) aplicar la doctrina de impedimento colateral por

sentencia, al existir una determinación administrativa final sobre el

asunto; (2) aplicar la doctrina de inmunidad condicionada, pues la

señora Dávila Rivera se encontraba al momento de los hechos realizando

las funciones de su puesto de trabajo; y (3) por ser las alegaciones

2 Véase la entrada número 1 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
3 Íd., pág. 2.
4 Íd.
5 Íd., pág. 3.
6 Íd., pág. 5.
KLCE202400220                                                                       3

especulativas        y   no    justificarse    la    concesión    de    un    remedio

administrativo.

         Visto lo anterior, el TPI le concedió al peticionario treinta días para

expresarse sobre la Moción de Desestimación.7

         A raíz de esto, el 25 de enero de 2023, el peticionario presentó

Réplica a Moción de Desestimación.8 Esgrimió que no aplicaba la doctrina

de inmunidad condicionada, puesto que la recurrida incurrió en

conducta dolosa o maliciosa.

         Posteriormente, el 28 de febrero de 2023, el peticionario también

instó un Memorando en apoyo a réplica de moción de desestimación. En

lo pertinente, argumentó que no aplicaba la doctrina de impedimento

colateral porque presentó dos acciones en foros distintos, el judicial y el

administrativo.9

         El 30 de marzo de 2023,10 el TPI emitió Sentencia desestimando

la causa de acción. Acogiendo los argumentos presentados por la parte

recurrida en la moción dispositiva presentada, el foro primario desestimó

la causa de acción incoada por el apelante pues: (1) aplicaba la doctrina

de      impedimento       colateral,    dado   que    había      una   determinación

administrativa final y firme que atendía el mismo asunto; (2) aplicaba la

doctrina de inmunidad condicionada, en vista que la recurrida se

encontraba realizando las funciones de su puesto; y (3) la reclamación no

justificaba la concesión de un remedio, pues las alegaciones resultaban

especulativas.

7
    Véase la entrada número 22 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
8 Véase la entrada número 27 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
9 Véase la entrada número 33 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
10 Notificada el 31 de marzo de 2023.
KLCE202400220                                                                       4

       Inconforme, el señor García Parra presentó oportuna Moción en

Solicitud de Reconsideración,11 que fue declarada No Ha Lugar el 23 de

mayo de 2023.12

       No obstante, el 19 de enero de 2024, el señor García Parra

presentó una Moción solicitando el estatus de los procedimientos.13 En su

brevísima moción ante el tribunal a quo, el peticionario aludió a la

referida Demanda por daños y perjuicios, aduciendo desconocer el

estatus en que se encontraba su causa de acción.

       En respuesta, el 23 de enero de 2024,14 el TPI emitió una Orden

indicando lo siguiente:

       El caso está terminado. El Tribunal dictó Sentencia el 30 de
       marzo de 2023, notificada el 31 de marzo de 2023. Además,
       se dictó Resolución sobre la reconsideración solicitada por el
       demandante el 23 de mayo de 2023, notificada el 25 de
       mayo de 2023. El demandante fue notificado
       debidamente de todas las determinaciones, por lo que no
       hay asuntos pendientes.15 (Énfasis provisto).

       Inconforme, el peticionario acude ante nosotros mediante recurso

de certiorari, señalando que el TPI incidió al desestimar la Demanda

presentada.

       Antes de considerar los méritos de la controversia planteada,

estamos obligados a considerar un asunto jurisdiccional.

II. Exposición de Derecho

   A. Jurisdicción

       La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un

tribunal para considerar y decidir casos y controversias.                      Allied

Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 372, 385 (2020);

Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon Media

11 Véase la entrada número 37 del expediente digital del caso que obra en SUMAC. En

SUMAC consta como fecha de anotación el 4 de mayo de 2023, sin embargo, de la
moción surge que el peticionario la realizó el 14 de abril de 2023.
12 Notificada el 25 de mayo de 2023. Véase la entrada número 40 del expediente digital

del caso que obra en SUMAC.
13
   Véase la entrada número 41 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
14 Notificada el 25 de enero de 2024.
15 Véase la entrada número 42 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
KLCE202400220                                                                5

v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros

de instancia como los foros apelativos tienen el deber de, primeramente,

analizar   en   todo   caso   si   poseen   jurisdicción   para   atender   las

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de

las partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA

Holdings, supra, pág. 234; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-

123 (2012). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660

(2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).

      Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un

recurso o sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y

desestimar o denegar. Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660

(2014). En consonancia, no tenemos discreción para asumir jurisdicción

donde aún no la hay. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber

Yard, Inc., supra. En otras palabras, una apelación o un recurso

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave e

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. (Énfasis provisto). Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 936 (2011).

      Por su parte, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil dispone, en lo

pertinente, que el recurso de apelación para revisar sentencias ante el

Tribunal de Apelaciones deberá ser presentado dentro del término

jurisdiccional de treinta días, contados desde el archivo en autos de una

copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.

32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a).

      De igual forma, la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(A), dicta que las apelaciones

contra las sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Primera
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Instancia se presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta

días, contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación

de la sentencia.

   B. Desestimación

        La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83,

establece las circunstancias            en que este foro intermedio puede

desestimar un recurso presentado. En lo que resulta pertinente al caso

ante nuestra consideración, establece:

        B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
        desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

         (1) que el          Tribunal    de    Apelaciones   carece    de
        jurisdicción;

         (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
        cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa
        causa para ello;
        (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de
        buena fe;
        (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha
        presentado una controversia sustancial o que ha sido
        interpuesto para demorar los procedimientos, o
        (5) que el recurso se ha convertido en académico.

        (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
        desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
        discrecional por cualquiera de los motivos consignados
        en el inciso (B) precedente. Íd. (Texto omitido del original)
        (Énfasis nuestro).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

        Según expusimos, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, supra, le

concede a la parte apelante un término jurisdiccional de treinta días, a

partir de la notificación del dictamen apelado, para acudir ante este

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de apelación.

        Según subrayamos en el tracto procesal, emitida la Sentencia cuya

revocación se nos solicita el 30 de marzo de 2023, notificada el 31 de

marzo     de   2023,    el    peticionario    presentó   oportuna   petición   de

reconsideración. La presentación oportuna de una reconsideración tiene

el efecto de suspender los términos para recurrir en alzada, hasta que el
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Tribunal de Primera Instancia disponga finalmente de dicha moción.

Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1005, 1006 (2015). Sin

embargo, emitida la denegatoria de la moción de reconsideración el

23 de mayo de 2023, el plazo para acudir en alzada a través del

recurso de apelación inició a partir de su notificación el 25 de mayo

de 2023. Por tanto, el plazo jurisdiccional de treinta días para presentar

el recurso de apelación venció el 24 de junio de 2023, último día que el

señor García Parra podía instarlo.

    Sin embargo, a pesar de que el término para presentar un recurso

de apelación ante nosotros sobre la Sentencia que desestimó su causa de

acción venció el 24 de junio de 2023, el peticionario instó el recurso que

está ante nuestra atención el 21 de febrero de 2024, habiendo

transcurrido en exceso el término jurisdiccional de treinta días que tenía

para ello. Es decir, al momento de la presentación del recurso ante

nosotros, ya la Sentencia apelada había advenido en final y firme.

    Sobre lo dicho, debemos aclararle al peticionario que la Moción

solicitando estatus de los procedimientos que instó ante el TPI el 19 de

enero de 2024, no tuvo efecto paralizante alguno en el término

jurisdiccional de treinta días con el que contaba para presentar recurso

de apelación ante nosotros, si interesaba la revocación de la Sentencia

emitida por el foro primario el 30 de marzo de 2023. Precisamente por lo

hasta aquí dicho, es que en la Orden emitida por el tribunal a quo el 23

de enero de 2024, dicho foro instruyó al señor García Parra sobre el

hecho de que el caso estaba terminado, y había sido notificado

debidamente a las partes tanto la Sentencia, como la denegatoria a la

Moción de reconsideración.

      Finalmente, aunque el peticionario nombra el presente recurso

como uno certiorari, lo correcto hubiese sido identificarlo como uno de
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apelación, pues pretendía la revocación de la Sentencia dictada por el TPI

el 30 de marzo de 2023, según ya explicamos.

    En definitiva, el presente recurso fue presentado habiéndose

superado con creces el término de treinta días que la ley dispone para

ello, por lo que nos privó de jurisdicción para considerarlo. En

consecuencia,   solo    nos   corresponde   desestimarlo,   por   falta   de

jurisdicción ante su presentación tardía.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, se ordena la desestimación del

recurso presentado, por falta de jurisdicción.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones