Court Opinion

ID: 9916161
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:26:13.895234+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:12.879753
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL XI

    ELVIN ROMÁN DÍAZ                                CERTIORARI
                                                    Procedente del
          Recurrente                                Departamento de
                                                    Corrección y
               v.               KLRA202300448       Rehabilitación

    DEPARTAMENTO DE                                 Núm.
      CORRECCIÓN Y                                  12,464-23
     REHABILITACIÓN
                                                    Sobre:
          Recurrido                                 Cambio de
                                                    Custodia
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

      Comparece Elvin Román Díaz (señor Román Díaz o el

Recurrente) y solicita la revocación de la determinación emitida y

notificada el 21 de junio de 2023 por el Comité de Clasificación y

Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación

(Departamento de Corrección o la agencia recurrida). Mediante la

determinación recurrida, el CCT ratificó el nivel de custodia máxima

del recurrente, fundamentado en una modificación discrecional

para un nivel de custodia más alta, conforme al historial de violencia

excesiva y por estar afiliado a gangas en la institución correccional.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la determinación recurrida.

                                  I

      El 21 de junio de 2023, el CCT se reunió con el propósito de

evaluar el nivel de custodia del señor Román Díaz. Como parte de

los acuerdos tomados, el CCT ratificó el nivel de custodia máxima

en el que se encuentra clasificado el recurrente por los siguientes

fundamentos:

      1. Al aplicar la escala de reclasificación de casos
         sentenciados arroja puntuación correspondiente a

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
KLRA202300448                                                                  2

          custodia mediana.         Por lo que el Comité de
          Clasificación y Tratamiento acoge modificaciones
          discrecionales: historial de violencia excesiva,
          afiliación a gangas; para otorgar un nivel de custodia
          más alto. El miembro de la población correccional fue
          sentenciado por el Honorable Tribunal de Ponce por
          delitos que revelan agresividad y conducta violenta
          (Asesinato en Primer Grado, Tentativa de Asesinato,
          Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de Municiones,
          6 casos por Portación y Uso de Armas de Fuego sin
          Licencia, 7 casos por Posesión o uso ilegal armas largas
          semiautomáticas) ……. Cumple el mínimo de su
          sentencia el 22 de enero de 2038; fecha en la que será
          elegible para la Junta de Libertad Bajo Palabra. Su fecha
          prevista de excarcelación está para el 28 de abril de 3045.
          Posee Detainer Federal. Con dicha sentencia el Tribunal
          pretende garantizar la seguridad institucional y pública.1

       Mediante Resolución emitida y notificada el 21 de junio de

2023, se acogieron los acuerdos y fundamentos del CCT. Tras emitir

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, ratificó el nivel

de custodia máxima del señor Román Díaz. Allí determinó que, si

bien surgen varios ajustes del recurrente, es pertinente señalar que

a su sección de vivienda se le aplicó la Regla 9 del Reglamento para

los   Procedimientos     Disciplinarios      de   Programa     de   Desvío     y

Comunitarios, Reglamento Núm. 9221, de 2020, por encontrarse

durante un registro artículos no autorizado. De igual forma, este fue

dado de baja del tratamiento de Control de Conducta Violenta por

ausencias y por rehusar continuar con el grupo. Finalmente, el CCT

concluyó en la Resolución que,                aunque en la Escala de

Reclasificación el señor Román Díaz arrojó una puntuación

correspondiente      a    un    nivel   de    custodia     mediana,       acogía

modificaciones discrecionales al nivel de custodia arrojado por la

escala y le asigna un nivel de custodia más alto, como consecuencia

de su historial de violencia excesiva y por afiliación a gangas.2

       Inconforme con la determinación, el 26 de junio de 2023, el

señor Román Díaz presentó solicitud de reconsideración.3                      En

esencia, el recurrente sostuvo que la determinación del CCT no tomó

1 Véase Anejo 1 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución.
2 Véase páginas 6-8 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución.
3 Véase páginas13-15 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución
KLRA202300448                                                              3

en consideración que, según el nivel de custodia arrojado por la

Escala de Reclasificación, le correspondía estar en un nivel de

custodia mediana y no en custodia máxima. En esencia, allí razonó

el recurrente que se le modificó discrecionalmente el nivel de

custodia arrojado por la escala, por el historial de violencia excesiva;

y que eso equivale a considerar la gravedad del delito para la

modificación discrecional, lo cual no está permitido por nuestro

ordenamiento.

       Por su parte, el 14 de julio de 2023, la Supervisora de la

Oficina de Clasificación de Confinados, la Sra. Marie F. Cruz

Brownell no acogió la solicitud de reconsideración presentada por el

señor Román Díaz. En lo pertinente, dicha determinación estuvo

fundamentada en que el recurrente tiene historial documentado de

conducta violenta, tales como asesinato, violación, agresión,

intimidación con un arma o incendio intencional que no están

totalmente reflejadas en la puntuación del historial de violencia.4

Además, concluyó en la denegatoria a la solicitud de reconsideración

presentada por el señor Román Díaz que éste tiene afiliación

prominente con gangas y que en la institución es uno de los

dirigentes de un grupo que ocasiona problemas de manejo y utiliza

la violencia para lograr sus objetivos.

       Aún insatisfecho, el señor Román Díaz comparece ante

nosotros mediante el recurso de epígrafe, presentado el 24 de agosto

de 2023. En síntesis, el recurrente sostiene que el CCT erró al no

considerar que lleva confinado diez (10) años en una custodia

máxima. Que obtuvo una puntuación de tres (3) en los Criterios

Objetivos de la Escala de Clasificación de Custodia lo que lo hace

acreedor de una custodia mediana. Razona el señor Román Díaz que

no ha sido objeto de querellas administrativas ni de acción violenta

4 Véase páginas 16-17 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución
KLRA202300448                                                        4

alguna; que cuenta con una Hoja de Ajustes excelente y que ha

completado las terapias de Aprender a Vivir sin Violencia. Sostiene,

además, que el CCT erró en su determinación de denegarle su

reclasificación al nivel de custodia mediana arrojado por la Escala

de Clasificación de Custodia y modificar la misma discrecionalmente

al utilizar como factor determinante un historial de violencia

excesiva que según su contención, no es de aplicación a su caso.

      El 30 de octubre de 2023, el Departamento de Corrección y

Rehabilitación (DCR) compareció ante nos mediante Escrito en

Cumplimiento de Resolución. En síntesis, sostiene que el criterio

discrecional para modificar discrecionalmente el nivel de custodia

arrojado por la Escala de Reclasificación y para ratificar el nivel

custodia máxima no estuvo fundamentado en la gravedad del delito

o en lo extenso de la sentencia, sino que el factor utilizado por el

CCT fue el historial de violencia excesiva del recurrente y su

afiliación a gangas en la institución correccional.

                                  II

                                 -A-

      Toda determinación administrativa está cobijada por una

presunción de regularidad y corrección, por ende, la revisión judicial

de este tipo de decisiones se circunscribe a determinar si la

actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la

misma constituye un abuso de discreción. Otero v. Toyota, 163 DPR

716 (2005).    Los tribunales no deben sustituir el criterio de la

agencia o junta concernida, excepto si se demuestra que la decisión

se tomó de forma arbitraria o caprichosa, o mediante fraude o mala

fe. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 1006

(2009). De igual forma, los tribunales deben dar deferencia a las

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se encuentren

dentro del área de especialidad de éstas. UPR v. Unión Oficiales UPR,
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206 DPR 140, 155 (2021); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116

(2000).

      Dicha deferencia, emana del reconocimiento de que de

ordinario las agencias administrativas están en mejor posición para

hacer determinaciones de hechos al tratar con una materia sobre la

cual tienen un conocimiento especializado. (Énfasis nuestro).

Metropolitana SE v. ARPE, 138 DPR 200, 213 (1995); Gallardo v.

Clavell, 131 DPR 275 (1992). Más aún, cuando la determinación de

una agencia esté apoyada por evidencia sustancial que obre en el

expediente del caso, los tribunales deben abstenerse de sustituir el

criterio de la agencia por el judicial. Otero v. Toyota, supra, págs.

727-728 (2005); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85 (1997).

      Según    nuestro   ordenamiento     jurídico,   el   concepto   de

evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión. Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 550 (2012);

Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Ello no

requiere que a la luz de la prueba que obre en autos la decisión de

la agencia refleje la única conclusión lógica a la que podría llegar un

juzgador. Pero, tampoco se considerará como correcta una

determinación sostenida por un mero destello de evidencia. Ramírez

Rivera v. Depto. de Salud, supra. El criterio rector en estos casos

será la razonabilidad de la determinación de la agencia luego de

considerarse el expediente administrativo en su totalidad. Otero v.

Toyota, supra, págs. 727-728. Por ende, la parte que impugna

judicialmente las determinaciones de hechos de una agencia

administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que éstas

no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que

se llegó son irrazonables. Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, supra,

pág. 560.
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        La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017,

según     enmendada,     conocida     como   Ley   de    Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec.

9675 (“LPAU”), establece que la revisión judicial de una resolución

administrativa se extiende exclusivamente a evaluar: (1) si el

remedio concedido es el adecuado; (2) si las determinaciones de

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora

alguna. Mejor dicho, la intervención del tribunal revisor se limita a

evaluar si la decisión administrativa es razonable y conforme a

derecho.

        Para impugnar la razonabilidad de la determinación o

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo

no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la

prueba en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal

evidencia. OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 227 (2013);

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397-

398 (1999).

        Las   determinaciones   del   Departamento      de   Corrección,

relacionadas al proceso de clasificación de los confinados, merecen

particular deferencia, ya que gozan de una presunción de legalidad

y corrección debido a la experiencia y pericia que este ente

administrativo posee, para llevar a cabo estas evaluaciones. Lebrón

Laureano v. Depto. Corrección, 209 DPR 489 (2022); Super Asphalt

v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Cruz v. Administración, 164

DPR 341, 355 (2005).

                                    -B-

        La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Artículo

VI, establece como política pública del gobierno reglamentar las

instituciones correccionales de modo que sirvan efectivamente sus
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propósitos y faciliten el tratamiento adecuado de su población para

hacer posible su rehabilitación moral y social.

         Mediante la aprobación del Plan de Reorganización Núm. 2-

2011, conocido como Plan de Reorganización del Departamento de

Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización), 3

LPRA Ap. XVIII, Art. 2, se decreta como política pública del Gobierno

de Puerto Rico la creación de un sistema integrado de seguridad y

administración correccional donde las funciones y deberes se

armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y

medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que

han sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y

que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del

miembro de la población correccional o transgresor, con el fin de

fomentar su reincorporación a la sociedad.

         Dicho Plan de Reorganización establece las funciones,

facultades y deberes del Departamento de Corrección, entre las

cuales se encuentran: a) clasificación adecuada y revisión continua

de la clientela conforme a los ajustes y cambios de ésta; b) así como

estructurar la política pública correccional de acuerdo con este Plan

y establecer directrices programáticas y normas para el régimen

institucional. Art. 5 (a)(c) del Plan de Reorganización, 3 LPRA Ap.

XVIII.

         Cónsono con el imperativo constitucional, en función de

mantener un sistema correccional eficaz y, a los fines de

reglamentar los asuntos relacionados con la clasificación y custodia

de un confinado, fue aprobado el Manual para la Clasificación de los

Confinados,      Núm.    9151,   Departamento     de   Corrección   y

Rehabilitación, 22 de enero de 2020 (“Manual de Clasificación o

Reglamento Núm. 9151”).

         Uno de los propósitos del reglamento es establecer un sistema

organizado para ingresar, procesar y asignar a los confinados a
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instituciones y programas de adultos del Departamento. Parte II del

Reglamento Núm. 9151, supra. A tales fines, se creó el Comité de

Clasificación y Tratamiento que es el organismo responsable de

evaluar las necesidades de seguridad y de programas de los

confinados sentenciados. Sec. I del Reglamento Núm. 9151, supra.

      Para realizar las reclasificaciones periódicas, se sigue el

proceso establecido en el Manual de Clasificación, utilizando el

Formulario      de   Reclasificación   de    Custodia.    Formulario     de

Clasificación de Custodia, Apéndice K del Manual de Clasificación,

supra. No obstante, la reevaluación de custodia no necesariamente

resultará en un cambio en la clasificación de custodia o la vivienda

asignada. Su función primordial es verificar la adaptación del

confinado y prestarle atención a cualquier situación que pueda

surgir. Parte II, Sec. 7 del Reglamento Núm. 9151, supra. Por su

parte, el nivel de custodia se determinará empíricamente a través de

un instrumento de medición conocido como Formulario de

Reclasificación de Custodia (Formulario de Reclasificación). Apéndice

K del Reglamento Núm. 9151, supra.

      El Formulario de Clasificación también le provee al evaluador

algunos criterios adicionales, discrecionales y no discrecionales,

para determinar el grado de custodia que finalmente recomendará

para determinado confinado o confinada. De este modo, el DCR

procura asegurar el control y la supervisión adecuada de los

miembros de la población penal, individualmente y como grupo. La

reclasificación responde al resultado de la Parte II y Parte III de la

Escala de Reclasificación, es decir, al resultado de: (1) la puntuación

en la evaluación de custodia; (2) las consideraciones especiales de

manejo;   (3)    las   modificaciones       no   discrecionales;   (4)   las

modificaciones discrecionales para un nivel de custodia más alto, y

(5) las modificaciones discrecionales para un nivel de custodia más

bajo. Lebrón Laureano v. Depto. Corrección, supra, pág. 502.
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      Luego de evaluar ciertos factores objetivos, el nivel de custodia

que se asignará se hará conforme a la escala con clasificaciones de

custodia mínima, mediana o máxima. La escala de evaluación para

determinar el grupo en el que se ubicará al confinado está basada

en criterios objetivos a los que se asigna una ponderación numérica

fija. Así, mientras más alta es la puntuación en la escala, mayor es

el nivel de custodia que necesita el confinado. López Borges v. Adm.

de Corrección, 185 DPR 603, 609 (2012).

      Así, los criterios objetivos que el Comité evaluará en el proceso

de reclasificación de custodia del confinado serán los siguientes: (1)

la gravedad de los cargos y sentencias actuales; (2) historial de

delitos graves previos; (3) historial de fuga; (4) número de acciones

disciplinarias;   (5)   acciones   disciplinarias     previas   serias;   (6)

sentencias   anteriores     por    delitos   graves    como     adulto;   (7)

participación en programas y tratamiento; y (8) la edad del

confinado. A cada criterio descrito se le asigna una puntuación en

la plantilla de evaluación que se sumará o restará según

corresponda a la experiencia delictiva del confinado. El resultado de

estos cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse

objetivamente al evaluado. Formulario de Reclasificación de

Custodia, Apéndice K del Manual de Clasificación, supra.

      Por otra parte, nuestro Más Alto Foro ha reconocido que la

determinación administrativa sobre el nivel de custodia de los

confinados requiere efectuar un adecuado balance de intereses.

López Borges v. Adm. Corrección, supra; Cruz v. Administración,

supra, pág. 352. Por un lado, está el interés público de lograr la

rehabilitación de la persona confinada y el interés en la seguridad

de la institución y de la población penal. Por el otro, el interés de la

persona confinada particular de permanecer en determinado nivel

de custodia. Íd. No empece a ello, el interés público en la

rehabilitación de la población penal y la seguridad institucional debe
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prevalecer sobre el interés particular del confinado en permanecer

en un nivel de custodia en específico o en determinada institución

penal. Íd., a la pág. 354. Dado que, precisa el sopesar una serie de

factores, la determinación sobre la procedencia de un cambio de

custodia requiere la pericia de Corrección. Íd. Recordemos que el

Tribunal Supremo ha expresado que “estos reglamentos delimitan

la discreción que ostenta la Administración de Corrección en

relación con la clasificación de custodia de los confinados”. López

Borges v. Adm. Corrección, supra; Cruz v. Administración, supra. El

nivel de custodia responde al resultado entre la puntuación en la

evaluación de custodia, las consideraciones especiales de manejo y

las modificaciones discrecionales y no discrecionales ya sea para un

nivel de custodia mayor o menor. Como consecuencia, las

determinaciones del DCR con respecto al proceso de clasificación de

confinados merecen particular deferencia. Íd.

      La agencia tiene la discreción de analizar caso a caso el

conglomerado de criterios que tiene a su haber para evaluar el nivel

de custodia en el cual debe estar cada confinado, en ánimo de

salvaguardar no solo su efectiva rehabilitación, sino, además, la

seguridad institucional y de la población confinada. Lebrón

Laureano v. Depto. Corrección, supra, pág. 513.

      Es doctrina reiterada que tomar en consideración únicamente

un factor de la condena al momento de reclasificar al confinado, por

ejemplo, la extensión de la sentencia constituye un claro abuso de

discreción por parte de Corrección. López Borges v. Adm. Corrección,

supra, pág. 611; Cruz v. Administración, supra, págs. 358-359.

      Sin embargo, el criterio de historial de violencia excesiva

para modificar discrecionalmente el nivel de custodia arrojado

por la escala de clasificación comprende las circunstancias

violentas del delito y corresponde a fundamentos distintos al

criterio de gravedad del delito. Esto porque el criterio de
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historial de violencia excesiva se centra en las características

violentas de este y el de gravedad del delito en su clasificación.

Véase, Lebrón Laureano v. Depto. Corrección, supra, págs. 507-508.

Este criterio discrecional de modificación de custodia por historial

de violencia excesiva es un criterio distinto al de gravedad del delito

y a lo extenso de la sentencia y tampoco se circunscribe únicamente

a la conducta del confinado en la institución. El criterio incluye,

pero no se limita, a conducta dentro de la institución. Véase, Lebrón

Laureano v. Depto. Corrección, supra, págs. 509-510. La puntuación

obtenida en la parte II de la Escala de Reclasificación, por sí sola, no

conlleva un cambio automático en la clasificación del nivel de

custodia, ya que procede tomar en consideración otros factores tales

como las modificaciones discrecionales. La aplicación de la

modificación discrecional del nivel de custodia por historial de

violencia excesiva no constituye un abuso de discreción. Véase,

Lebrón Laureano v. Depto. Corrección, supra, pág. 512.

                                  III

      En el caso que nos ocupa, conforme a los criterios objetivos

de la escala de clasificación de custodia, el recurrente arrojó una

puntuación total de tres (3) que corresponde a un nivel de custodia

mediana. Sin embargo, en dicho documento el CCT recomendó una

modificación discrecional del nivel de custodia mediana arrojado por

la escala para un nivel de custodia máxima. El CCT fundamentó la

modificación discrecional a una custodia máxima, conforme al

historial de violencia excesiva del recurrente y por su afiliación a

gangas en la institución correccional.

      Conforme a la normativa jurisprudencial anteriormente

esbozada, al considerar el historial de violencia excesiva para

modificar discrecionalmente el nivel de custodia arrojado por la

escala, el CCT no atribuyó la modificación discrecional a la gravedad

del delito o a lo extenso de su sentencia para así mantenerlo en
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custodia máxima. Como bien se concluye en Lebrón Laureano v.

Depto. Corrección, supra, el criterio de historial de violencia excesiva

para modificar discrecionalmente el nivel de custodia arrojado por

la escala de clasificación comprende las circunstancias violentas del

delito y corresponde a fundamentos distintos al criterio de gravedad

del delito. Esto porque el criterio de historial de violencia excesiva se

centra en las características violentas de este y el de gravedad del

delito en su clasificación. Lebrón Laureno v. Depto. Corrección, supra,

págs. 507-508.

      Como corolario de lo anterior, concluimos que al modificar

discrecionalmente el nivel de custodia mediana arrojado por la

escala de clasificación y ratificar el nivel de custodia máxima al

recurrente, el (DCR) no incurrió en abuso de discreción.          Dicha

modificación discrecional obedeció al historial de violencia excesiva

y a la afiliación a gangas del miembro de la población correccional,

y no a lo extenso de su sentencia.

                                   IV

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales

hacemos formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Resolución

recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones