Court Opinion

ID: 9962789
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:52:32.982742+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.613549
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL X

    CONSEJO DE TITULARES DEL                                CERTIORARI
     CONDOMINIO FRANCIA                                     procedente del Tribunal
    DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)                              de Primera Instancia,
                                                            Sala Superior de SAN
                                    KLCE202400142           JUAN
                V.

                                                            Caso Núm.
     SUCESIÓN DE HORTENSIA                                  SJ2023CV03895 (803)
      LUISA PIERLUISI DÍAZ
    COMPUESTA POR LIZZETTE
         VIRGINIA LASSUS                                    Sobre:
      PIERLUISI; HORTENSIA                                  Cobro de Dinero;
     LUISA LASSUS PIERLUISI;                                Regla 60
      JEAN BAPTISTE LASSUS
    PIERLUISI, JUAN DOE, JANE
    DOE; CORPORACIONES A,
               B, C
    DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

                                   SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, hoy día 11 de marzo de 2024.

         Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora HORTENSIA

LUISA PIERLUISI DÍAZ (señora PIERLUISI DÍAZ) mediante Certiorari incoado el

2 de febrero de 2024. En su recurso, nos solicita que revisemos la Resolución

emitida el 2 de enero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de San Juan.1 Mediante la referida determinación, el foro a quo

declaró ha lugar la Moción de Réplica a Comparecencia Especial y Solicitud de

Desestimación presentada el 6 de diciembre de 2023 por el CONSEJO DE

TITULARES DEL CONDOMINIO FRANCIA (CONSEJO).

         Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

1
 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 3 de enero de 2024. Véase
Apéndice del Certiorari, págs. 050-051.

Número Identificador:
SEN2024________
KLCE202400142                                                                  Página 2 de 11

                                            -I-

        El 1 de mayo de 2023, el CONSEJO entabló una Demanda sobre Cobro

de Dinero bajo el procedimiento especial tipificado en la Regla 60 de las de

Procedimiento Civil de 2009.2 Ese mismo día, se presentó Moción Sometiendo

Emplazamientos.3 El 3 de mayo de 2023, se expidieron varias “Notificación y

Citación Sobre Cobro de Dinero”.4

        Posteriormente, el 11 de junio de 2023, el CONSEJO presentó Moción

Solicitando Posposición de Vista y Recalendarización de Señalamiento

aduciendo razones médicas.5 Al día siguiente, 12 de junio de 2023, el tribunal

primario mediante Orden dejó sin efecto la audiencia pautada e indicó que la

misma se recalendarizaría para una fecha futura.6

        Meses después, el 5 de octubre de 2023, el CONSEJO presentó Moción

Solicitando Recalendarización de Señalamiento.7 Así, el 2 de noviembre de

2023, el foro recurrido dictó Orden señalando la audiencia para el 16 de

noviembre de 2023.8

        Subsiguientemente, el 13 de noviembre de 2023, el licenciado de la

señora PIERLUISI DÍAZ presentó Moción Asumiendo Representación Legal.9

Así las cosas, el 15 de noviembre de 2023, la señora PIERLUISI DÍAZ presentó

Comparecencia Especial sin Someterse a la Jurisdicción del Tribunal,

Solicitando Desestimaci[ó]n de la Demanda peticionando, entre otras cosas,

que el caso se convirtiese en uno ordinario en el cual las partes demandadas

tuviesen que ser emplazadas, personalmente o por edictos, y/o por economía

procesal, se desestimase la demanda, ya que habían expirado los ciento veinte

(120) días que conceden las Reglas para diligenciar emplazamientos.10

2
   Véase Apéndice del Certiorari, págs. 001-003.
3
  Íd., págs. 004-016.
4
   En dicha notificación, se pautó audiencia por videoconferencia para el 12 de junio de 2023,
a las 9:00 de la mañana. Íd., págs. 017-017L.
5
   Íd., págs. 018-019.
6
   Íd., pág. 021.
7
   Íd., pág. 022.
8
   Íd., pág. 024.
9
    Íd., pág. 025. Se desprende del documento que la señora Pierluisi Díaz no manifestó
negación sobre atenerse a la jurisdicción del Tribunal.
10
    Íd., págs. 028-031.
KLCE202400142                                                            Página 3 de 11

           A esos efectos, el 16 de noviembre de 2023, se decretó Orden

concediendo a la otra parte término de veinte (20) días para expresar su

posición.11 El 6 de diciembre de 2023, el CONSEJO se opuso mediante Moción

de Réplica a Comparecencia Especial y Solicitud de Desestimación.12 En su

escrito, entre otras cosas, adujo el CONSEJO que notificó a las partes

demandadas mediante correo certificado con acuse de recibo en

conformidad con lo requerido mediante la Regla 60 de las de Procedimiento

Civil de 2009, así como la dirección utilizada es la que surge del Registro de

Titulares. Más adelante, el 2 de enero de 2024, se dictaminó la Resolución

recurrida.

           Insatisfecha con ese proceder, el 2 de febrero de 2024, la señora

PIERLUISI DÍAZ recurrió ante este foro revisor señalando el(los) siguiente(s)

error(es):

                Erró el TPI al negarse a resolver que el debido proceso de ley
                requiere que [,] a un demandado desconocido, o uno cuya
                última dirección no sea conocida, tenga que ser emplazado
                personalmente o por la publicación de edictos, y no por una
                “Notificación y Citación” enviada por correo [ú]nicamente,
                como permite la Regla 60.

                Erró el TPI al negarse a resolver que en un caso que envuelve
                una propiedad inmueble, todos los titulares de esta son partes
                indispensables al caso, y que [,] si el Tribunal no adquiere
                jurisdicción válidamente sobre alguno de estos, no tiene
                jurisdicción en el caso.

           El 6 de febrero de 2024, pronunciamos Resolución en la cual, entre

otras cosas, concedimos un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la

cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen

impugnado. Consecuentemente, el 20 de febrero de 2024, el CONSEJO

presentó su Oposición a Expedición de Auto de Certiorari.

           Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y contando con

el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos encontramos en

posición de resolver. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a las

(s) controversia(s) planteada(s).

11
     Véase Apéndice del Certiorari, pág. 033.
12
     Íd., págs. 037-046.
KLCE202400142                                                                Página 4 de 11

                                          - II –

                                          -A-

        El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas

por una corte de inferior instancia judicial.13 Por ello, la determinación de

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la

discreción judicial.14

        De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.15

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto

del derecho”.16

        Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.17 La mencionada Regla

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo”.18 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este

auto discrecional cuando:19

        (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
        hechos o peritos esenciales;
        (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
        (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
        (4) en casos de relaciones de familia;
        (5) en casos revestidos de interés público; o
        (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 20

13
   Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres
González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,
206 DPR 391, 403 (2021).
14
   Íd.
15
   Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
16
   Íd.
17
   32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
18
   Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
19
   IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012).
20
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare
v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).
KLCE202400142                                                                  Página 5 de 11

        Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.21

        Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en

el vacío o en ausencia de otros parámetros.22 Para ello, la Regla 40 de nuestro

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no

expedir un recurso de certiorari. A saber:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
        diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
        análisis del problema;
        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
        en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
        Instancia;
        (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida
        a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o
        de alegatos más elaborados;
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
        más propicia para su consideración;
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
        causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
        indeseable en la solución final del litigio; y
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
        un fracaso de la justicia.23

        Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva,

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el

ejercicio de nuestra jurisdicción.24 En otras palabras, los anteriores criterios

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se

encuentra el caso.25 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal

21
   McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.
22
   Id.
23
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v.
Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
24
   García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
25
   Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
KLCE202400142                                                           Página 6 de 11

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación que

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”26

       Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.27 Esto es, “que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.28

                                        -B-

       El propósito o finalidad principal de la Regla 60 de las de

Procedimiento Civil de 2009 siempre ha sido: “agilizar y simplificar los

procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas, para de

esa manera lograr la facilitación del acceso a los tribunales y una justicia más

rápida, justa y económica en este tipo de reclamación”.29 Así pues, el referido

estatuto, instituye un proceso sumario para reclamaciones en cobro de

dinero que no excedan los quince mil dólares ($15,000.00), excluyendo los

intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el caso bajo el

procedimiento ordinario.30

       En lo pertinente, la Regla 60 dispone que:

       […]
       [l]a parte demandante deberá presentar un proyecto de
       notificación-citación que será expedido inmediatamente por el
       Secretario o Secretaria. La parte demandante será responsable de
       diligenciar la notificación-citación dentro de un plazo de diez (10)
       días de presentada la demanda, incluyendo copia de ésta,
       mediante entrega personal conforme a lo dispuesto en la Regla 4
       o por correo certificado.
       La notificación-citación indicará la fecha señalada para la vista en
       su fondo, que se celebrará no más tarde de los tres (3) meses a

26
    Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO
Construction Inc., supra.
27
   García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
28
   Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
29
   32 LPRA Ap. V, R. 60; Cooperativa v. Hernández Hernández, 205 DPR 624, 633 (2020).
30
   Íd..
KLCE202400142                                                                   Página 7 de 11

        partir de la presentación de la demanda, pero nunca antes de
        quince (15) días de la notificación a la parte demandada. […]
        Si se demuestra al Tribunal que la parte demandada tiene alguna
        reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, cualquiera de
        las partes tendrá derecho a solicitar que el pleito se continúe
        tramitando bajo el procedimiento ordinario prescrito por estas
        reglas o el Tribunal podrá motu proprio ordenarlo, sin que sea
        necesario cancelar la diferencia en aranceles que correspondan al
        procedimiento ordinario. […].

        Cónsono con lo anterior, a este trámite expedito le aplican las Reglas

de Procedimiento Civil de 2009 respecto a un procedimiento ordinario de

manera supletoria, en tanto y en cuanto, éstas sean compatibles con el

procedimiento sumario establecido en la aludida Regla.31

        Punteamos que, la responsabilidad de diligenciar la notificación-

citación recae sobre la parte demandante.32 Es decir, tan pronto la

secretaria o el secretario del tribunal primario reciba el proyecto de

notificación-citación y allí consigne la fecha de celebración de la vista en su

fondo, tiene el deber de expedirla inmediatamente para que la parte

demandante gestione el diligenciamiento.33

        Sabido es que, el emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene

como propósito notificar a la parte demandada sobre la existencia de una

reclamación incoada en su contra y es mediante este mecanismo que el

tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona de dicha parte.34

        Conforme a ello, la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil expresa lo

siguiente:

        […]
        El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte
        (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha
        de expedición del emplazamiento por edicto. El secretario o
        secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que
        se presenta la demanda. Si el secretario o secretaria no los expide
        el mismo día, el tiempo que se demore será el mismo tiempo
        adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los
        emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de

31
   Cooperativa v. Hernández Hernández, supra.
32
   Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 634. (énfasis nuestro).
33
   Íd. págs. 634-635. (énfasis nuestro). Nótese que independientemente la opción que la parte
demandante escoja ya sea trámite expedito o procedimiento ordinario lo transcendental
es que la notificación–citación sea diligenciada, dentro de los diez (10) días de presentada la
demanda y se acompañe copia de ésta dirigida a la última dirección conocida del deudor
contra quien pesa una reclamación líquida y exigible.
34
   Ross Valedón v. Hospital Dr. Susoni, 2024 TSPR 10; 213 DPR ___; Martajeva v. Ferré Morris
y otros, 210 DPR 612 (2022).
KLCE202400142                                                                 Página 8 de 11

        forma oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho
        término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el
        Tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y
        archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo
        por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el
        efecto de una adjudicación en los méritos.35

        En lo que atañe a solicitar que el pleito continúe ventilándose por el

procedimiento ordinario, es menester destacar que, el reconocimiento de

este derecho a las partes no implica que automáticamente la conversión

deba ser concedida, sino que el foro primario deberá sopesar los méritos de

la solicitud.36 A luz de ello, las instancias por las cuales un litigio al amparo

de la Regla 60 de Procedimiento Civil de 2009, debe o puede convertirse al

procedimiento ordinario son: (1) si la parte demandada demuestra que tiene

una reclamación sustancial; (2) cuando, en el interés de la justicia, las partes

ejercen su derecho de solicitar que el pleito se continúe ventilando por el

trámite civil ordinario; (3) partiendo de ese mismo interés, el tribunal motu

proprio tiene la discreción para así ordenarlo; o (4) cuando la parte

demandante no conoce ni provee el nombre y la dirección del deudor.37

        El profesor Rafael Hernández Colón en su obra jurídica comentó que

“[l]a mejor práctica debe ser presentar el proyecto de notificación–citación

[juntamente] con la demanda, [tal y como] lo exige la [Regla] 4.1 de

Procedimiento Civil”. Agregó que, el estatuto no provee para la

desestimación por incumplimiento con el término del diligenciamiento. A

esos efectos, añadió:38

        [D]ebe tenerse presente que ello puede conllevar que el tribunal
        imponga sanciones y que traslade el caso al procedimiento
        ordinario. En este último supuesto, el tribunal debe ordenarle al
        demandante que presente en la Secretaría los correspondientes
        emplazamientos, en caso de incumplimiento, procedería la
        desestimación automática conforme con la R. 4.3(c) [de
        Procedimiento Civil].

35
   32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). Ross Valedón v. Hospital Dr. Susoni, supra, pág. 6.
36
   Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 637.
37
   Íd., págs. 637-638.
38
   R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6. ed., San
Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, págs. 627– 628.
KLCE202400142                                                        Página 9 de 11

        Asimismo, explicó que: “el término para diligenciar el emplazamiento

comenzaría desde que el tribunal emite la orden de que el caso se

tramite bajo el procedimiento ordinario y no desde que se presentó la

demanda”.39

        Nuestro Máximo Foro ha expresado que por la severidad que conlleva

la desestimación, y el término breve de este mecanismo sumario,

transcurridos los diez (10) días sin que la parte demandante haya diligenciado

la notificación-citación a la parte demandada, no procede obligatoriamente

la desestimación al amparo de la Regla 4.3(c) de las de Procedimiento Civil

de 2009.40

        El Tribunal Supremo puntualizó que:

        [S]i a pesar de la diligencia del promovente de cumplir con las
        exigencias de la Regla 60 para ventilar sumariamente el pleito,
        esto no ha sido posible, lo que procede, en primer lugar, es la
        conversión del pleito al procedimiento civil ordinario, y no
        necesariamente la desestimación de la causa de acción. De modo
        que, siguiendo los pronunciamientos expuestos, queda en manos
        del foro de instancia asegurarse que la causa de acción amerite la
        conversión del procedimiento.41

        Por otro lado, la Regla 4.6. sobre emplazamiento mediante edictos y

su publicación enuncia: (a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de

Puerto Rico, que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de

realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada, o si

es una corporación extranjera sin agente residente y así se compruebe a

satisfacción del tribunal mediante una declaración jurada que exprese dichas

diligencias, y aparezca también de dicha declaración o de la demanda

presentada que existe una reclamación que justifica la concesión de algún

remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es

parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden para disponer

que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un

39
   Íd., pág. 628. (énfasis nuestro).
40
   Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, págs. 639– 640.
41
   Íd., pág. 641.
KLCE202400142                                                                Página 10 de 11

diligenciamiento negativo como condición para dictar la orden que disponga

que el emplazamiento se haga mediante edicto. […] 42

                                          - III -

        En sus señalamientos de error, la señora PIERLUISI DÍAZ nos solicita,

en síntesis, que revisemos la Resolución impugnada basándose en que el foro

primario no tiene jurisdicción para entender el caso, ante el hecho de no haber

emplazado personalmente o mediante edicto, a las partes indispensables de

la sucesión de Hortensia Luisa Pierluisi Díaz.43 En la discusión de los errores,

la señora PIERLUISI DÍAZ expresa que el tribunal recurrido cometió error al no

ordenar la conversión a un procedimiento ordinario.44 Además, manifestó

que la Demanda instada por el CONSEJO debe ser desestimada.

        Por otro lado, el CONSEJO adujo que, descansando en la Resolución

sobre la Declaratoria de Herederos, en su reclamación incluyó a los herederos

de la causante Hortensia Pierluisi Díaz y se le notificó a la última dirección

conocida según surge del Registro de Titulares. Expresó en el inciso (22) de

su escrito, estar dispuesto a aceptar una determinación de que el caso sea

convertido a procedimiento ordinario.

        Ahora bien, habida cuenta de que el recurso ante nuestra

consideración se trata de un Certiorari, este Tribunal de Apelaciones debe

determinar, como cuestión de umbral, si procede su expedición. Evaluados

los criterios establecidos en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de

2009, supra, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

consideramos que el caso de marras se encuentra en la etapa más propicia

para su consideración.45 Al justipreciar los méritos de la solicitud de la

conversión del caso, resulta fundamental reconocer que, en el interés de la

42
   32 LPRA Ap. V, R. 4.6.
43
   La señora PIERLUISI DÍAZ no ha acreditado que, en efecto, sus hermanos Lizzette V. Lassus
Pierluisi y Jean Baptiste Lassus Pierluisi han perecido. Nuestro ordenamiento jurídico
establece que la sucesión civil no posee personalidad jurídica propia. Ante esas
circunstancias, para poder demandar a los miembros que componen una sucesión civil,
incluyendo la sustitución de una parte demandante que ha fallecido, es necesario que se
aperciba por individual a cada uno de sus miembros. Véase Miramar Marine v. Citi Walk, 198
DPR 684 (2017); Villanova v. Villanova, 184 DPR 824 (2012).
44
   Véase la página 12 de recurso.
45
   Véase además Cooperativa v. Hernández Hernández, supra.
KLCE202400142                                                                Página 11 de 11

justicia, este pleito debe convertirse en un procedimiento civil ordinario. Más

aún, el CONSEJO aceptó no tener objeción a ello.

        La conversión del caso para que continúe ventilándose por el

procedimiento ordinario requiere que todas las partes indispensables sean

emplazadas conforme a derecho y según lo dispuesto en la Regla 4 de las de

Procedimiento Civil de 2009.

                                          - IV -

        Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de Certiorari

instado el 2 de febrero de 2024 por la señora PIERLUISI DÍAZ; y, en

consecuencia, se revoca la Resolución intimada el 2 de enero de 2024.

        Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento, el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, puede proceder de conformidad

con lo aquí resuelto, sin que se tenga que esperar por el recibo de nuestro

mandato.46

        Notifíquese inmediatamente.47

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones

46
   4 LPRA Ap. XXII-B R. 35. La Regla 35 (A)(1) enuncia: “La presentación de una solicitud de
certiorari no suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una
orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de
Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el
Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo
contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.
47
   Surge de la Minuta de 22 de enero de 2024 que este caso tiene audiencia (vista de
seguimiento) pautada para el 11 de marzo de 2024 a las 3:00 de la tarde.